LAS NOTICIAS IGNOMINIOSAS QUE GENERA EL SUSODICHO
2008-2005
"Tiene todo el respaldo personal y político del Gobierno y del PP" ( Francisco Camps. Pte de la Generalitad valenciana.19.12.03 )
Tensión en el CGPJ por los candidatos a presidir la Audiencia de Castellón
La elección del presidente de la Audiencia provincial de Castellón ha sido uno de los motivos que ha elevado la tensión entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que votaran mañana la elección de varios cargos. El desacuerdo para este nombramiento se ha centrado, fundamentalmente, en el seno del llamado grupo progresista, en el que los apoyos están divididos, cuando esta audiencia provincial tiene actualmente un especial relieve ya que hasta ella llegan los recursos del caso Fabra.
Los consejeros han barajado también la "inquietud" que puede provocar la posible reelección del actual presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, dada su relación manifiesta con el propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Ante todo, de cara a la sociedad y después de que Domínguez no haya tenido reparos en aparecer en público con el político, imputado e investigado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal.
Sin embargo, el del presidente de la Audiencia de Castellón no es el único puesto que se decide en la votación del pleno del CGPJ de mañana y el acuerdo parece haber pasado por la cesión del puesto de Castellón por parte de los progresistas con el fin de llegar a un acuerdo en la elección de los nuevos presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Galicia y de las Audiencias Provinciales de Madrid y Cáceres.
El llamado sector progresista cuenta con mayoría en el pleno del Consejo pero entre sus miembros se encuentra el representante de la Asociación Francisco de Vitoria, a la que pertenece Carlos Domínguez. Éste ya obtuvo, hace cinco años, el apoyo mayoritario del Consejo, cuando entonces estaba dominado por el sector más conservador y pese a que la Francisco de Vitoria no contaba con ningún representante.
El Consejo General del Poder Judicial suele optar por la reelección en los casos de las presidencias de Audiencias provinciales. En el caso de Castellón, Carlos Domínguez logró, hace cinco años, el respaldo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más conservadora y cuyos representantes fueron elegidos a propuesta del PP. Al igual que entonces, José Manuel Marco, de la Asociación Jueces para la Democracia, es el segundo candidato a ocupar el puesto.
En esta ocasión, la reelección ha sido motivo de debate, en el que ha participado el vicepresidente del CGPJ y ex consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana, Fernando De Rosa. La relación entre el presidente de la Audiencia y el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, no se limita a actos institucionales sino que se extiende a festejos taurinos o partidos de fútbol. Además, el pasado mes de mayo, la Diputación de Castellón editó y presentó públicamente un libro de la esposa de Domínguez sobre derecho eclesiástico.
Nadie pone en duda en el consejo la capacidad como jurista del candidato a la reelección pero, en algunos casos, sí se observan con recelo las incursiones que el propio magistrado ha tenido en el caso Fabra, en las que llegó a vulnerar las normas de reparto dictadas desde la propia Audiencia. Éstas establecen que todos los recursos contra resoluciones judiciales en la fase de instrucción de una misma causa penal deben tramitarse y resolverse en la misma sección. Con su aplicación, le tocó a la sección II de la Audiencia hacerse cargo de todos los recursos del caso que se sigue contra el presidente del PP de Castellón, iniciado hace cinco años. Sin embargo, en noviembre de 2006, la sección I, que preside Domínguez, tramitó y resolvió uno de estos recursos. La alerta llegó cuando, en junio de 2007, la misma sección, la I, se hizo cargo de otro recurso cuando, según la norma, no debía tramitarlo. Aún así, Domínguez lo tramitó y marcó fecha para su resolución. El mismo día en el que debía resolverse, decidió devolverlo a la sección II, a la que debería haber llegado desde un principio para su tramitación.
Así, transcurrieron ocho meses desde que los abogados de Fabra presentaron el recurso y la resolución de éste que, finalmente, desestimó la petición del abogado de Fabra de limitar en tiempo y forma el acceso de los peritos a los datos tributarios tanto del presidente de la Diputación como de su familia y sus empresas.
UN EX ALTO CARGO DE AGRICULTURA RECONOCE QUE FABRA SE INTERESÓ POR LOS PRODUCTOS DE NARANJAX
Comidas en los mejores restaurantes, gestorías intermediarias, reuniones secretas en hoteles de Madrid, funcionarios que no controlaban las sustancias químicas que las empresas presentaban para su análisis antes de lanzar al mercado sus productos insecticidas. Levante-EMV ha tenido acceso a la transcripción de la declaración judicial de Domingo Cadahía, que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2006 y que forma parte del sumario del caso Fabra. El ex alto cargo del Ministerio de Agricultura fue citado a declarar como imputado por la juez de Nules por sus supuestas reuniones con el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, que se autoinculpó de haber lanzado al mercado sustancias tóxicas sin control gracias a las mediaciones de Fabra y de Cadahía. El gerente de Naranjax dice que pagó cantidades millonarias a ambos a cambio de que sus licencias salieran al mercado.Cadahía niega haber cobrado comisiones pero reconoce que en 1993, un año después de su jubilación, fundó Consultores Agroquímicos, una asesoría creada para tramitar los permisos de venta de los fitosanitarios. En su declaración, el ex director adjunto admite que entre 1999 y 2000 mantuvo una reunión "directamente con el señor Fabra" para tratar sobre los problemas que empresas como Naranjax tenían para sacar sus productos al mercado, aunque eran "relaciones de tipo institucionales. No recuerdo la fecha pero sí que tuve esa reunión, no recuerdo tampoco lo que se habló, sí que el señor Fabra estaba interesado en el conocimiento del proceso".
Cuando los abogados y la juez le preguntan por sus contactos con Vilar y Fabra, Cadahía dice: "Tuvimos una reunión en el Hotel Palace, creo que sí, aunque no había visto al señor Fabra con anterioridad (...) Vilar me dijo: le voy a presentar al presidente de la diputación, que está interesado por mis negocios". Durante la reunión, Fabra se muestra "sin hablar demasiado, iba más como acompañante", aunque, según Cadahía, su intención era "enterarse de las dificultades de obtención de registros" (permisos fitosanitarios).
El ex responsable de Sanidad Vegetal dice que "seguramente" la reunión giró entorno a las dificultades que Naranjax encontraba para obtener los permisos y la importancia de presentar "una documentación adecuada" a través de su asesoría. Sobre Vilar, Cadahía dice que "era un hombre muy dado a las reuniones con gente importante y a mí me invitaba a comer con él cuando pasaba por Madrid. Y supongo que en este caso veo que estaba interesado el señor Fabra, porque precisamente está Artemis por medio, la señora de Fabra". Artemis 2000 es la sociedad filial que fundaron las mujeres de Vilar y Fabra para canalizar las licencias de venta de los insecticidas agrícolas fabricados por Naranjax. Fuentes próximas al caso calculan que los permisos tendrían en el mercado un valor de 600 millones de pesetas.El ex director adjunto negó haber asesorado a Vilar sobre cómo falsificar la documentación para obtener licencias. "Jamás pude manifestar que tenía noticias de que algunas empresas falsificaban los resultados de las analíticas. Jamás he podido decir nada así".
"No hay nadie que vigile"
Cadahía reconoció que los análisis que se hacían eran "teórico. En la práctica no hay nadie que los vigile. Puedes presentar un producto para su aprobación y luego nadie sigue qué productos llegan a las fábricas". Muchas de estas sustancias que se aprobaron al margen de la normativa son tóxicas para la salud humana.
"Los funcionarios no son policías, no son investigadores de documentos, los documentos que llegan ahí se consideran válidos. La administración se enteró de que los cuños eran falsos cuando lo declaró el señor Vilar en los periódicos. Yo no soy responsable", alegó.
La Unión de Consumidores (UCE), personada como acusación popular en el caso Fabra, ha pedido a la juez que investigue el cobro de comisiones por funcionarios del ministerio que supuestamente asesoraban a los empresarios sobre cómo presentar la documentación para facilitar la tramitación.
NAVIDADES IMPUNES PARA FABRA: LA FISCALÍA NO TENDRÁ ANTES DE LAS FIESTAS EL DOSSIER CRUCIAL PARA ACUSARLE
La Fiscalía tendrá que esperar hasta después de navidades para tener el informe de la Agencia Tributaria sobre Carlos Fabra, el presidente del PP y de la Diputación de Castellón imputado por nueve delitos contra la Hacienda y Administración Públicas. Se esperaba que los peritos concluyeran el trabajo antes de las fiestas, pero lo que el estamento judicial esperaba como un “regalo de Papá Noel” para desbloquear la causa, atascada en los tribunales desde hace cinco años, no llegará antes de que finalice enero. Anticorrupción achaca el retraso a la “exasperante lentitud de la Administración de Justicia” y a la pasividad de algunas entidades bancarias, que no acaban de enviar la información sobre las cuentas de Fabra y su familia.
Pero tras este gran paso, el caso abierto hace cinco años en el Juzgado número 1 de Nules ha sufrido un nuevo revés. Y es que, aunque la Fiscalía Anticorrupción esperaba recibir antes de navidad el informe de los peritos de la Agencia Tributaria sobre las cuentas de Fabra, no será posible tenerlo hasta después de las fiestas.
La Fiscalía, sin “regalo de Papá Noel”
La posibilidad de que aparezca un “regalo de Papá Noel” –según bromeaban en el estamento judicial- para desatascar la infinita causa se diluye. Es “imposible” concluir un dossier crucial para acusar al presidente castellonés antes de que termine el año. Es más: los expertos en delincuencia económica de Anticorrupción son pesimistas sobre las posibilidades de que el informe esté terminado y entregado en el Juzgado de Nules a finales de enero.
“Exasperante lentitud” de la Justicia
Las fuentes consultadas por Levante EMV culpan del retraso a la “exasperante lentitud de la Administración de Justicia” así como a la pasividad de algunos bancos, que continúan mostrándose reticentes a facilitar a la Justicia información sobre los movimientos contables del dirigente.
Juzgado sin juez
Asimismo, sigue faltando un juez titular en el Juzgado número 1 de Nules, por el que ya han desfilado nueve magistrados y varios fiscales a lo largo de la instrucción –todos han abandonado-, una carencia que significa un escollo insalvable. Recientemente, el Gobierno central acusó al Consell de no proveer los medios necesarios para cubrir esta plaza –vacante desde el verano-.
La Generalitat, culpable del retraso
Según se indicó en el Parlamento, el Consejo General del Poder Judicial ya ha aprobado dos jueces y dos secretarios de refuerzo para el citado órgano judicial. Pero la Generalitat, en manos del popular Francisco Camps, continúa “retrasando la provisión de los citados medios” a pesar de “la repercusión social del asunto investigado”
El juez imputa a los autores del montaje contra el abogado que acusa a Fabra
Reabierta la investigación del intento de soborno al letrado José Luis Vera
El titular del Juzgado de Instrucción 14 de Valencia ha admitido a trámite el recurso del abogado José Luis Vera contra los dos supuestos periodistas de Intereconomía que tendieron una trampa al letrado que ejerce de acusación en el caso Fabra. El juez reabre así la investigación y llama a declarar en calidad de imputados por un presunto delito de revelación de secretos a los dos individuos que se hicieron pasar por empresarios y que llevaban acreditaciones del grupo Intereconomía cuando fueron detenidos por la policía el día 4 de noviembre en Valencia. Uno de ellos es José Antonio Expósito, el guardaespaldas que se ocupó de proteger a los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras impedir el acceso del PSOE al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Expósito fue contratado, poco después, por Intereconomía. Además, el juez ha reclamado que entreguen las cintas en las que se grabó el encuentro con el letrado. El abogado presentó el recurso después de que este mismo juez que ahora lo reabre decidiera su archivo.
Los dos supuestos periodistas deben entregar al juez la grabación
El caso comenzó a principios de noviembre cuando Vera recibió una propuesta de asesoramiento procedente de dos supuestos empresarios. Ambos concertaron un encuentro en el que alegaron haber acudido a él por recomendación y con el objetivo de asesorarles en la implantación de su negocio en Valencia. Pero Vera sospechó y antes de la cita comprobó que el nombre de la empresa no figuraba en el registro y que era falsa su supuesta dirección postal. Puso los hechos en conocimiento de la policía, que montó un dispositivo de vigilancia. Durante el encuentro, le preguntaron por el caso Fabra y llegaron a decir, con intención de sonsacarle, que "ya es hora de que le metamos en la cárcel", aunque el letrado les explicó su obligación de no aportar datos sobre el asunto. Finalmente, uno de ellos le ofreció un "detalle para su esposa", un anillo de oro y supuestos diamantes que Vera rechazó, momento en el que intervino la policía.
"Ante el cerco judicial, el PP no puede dejarlo caer, no vaya a ser que haga mucho ruido", alegó el propio Vera después de señalar al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o a alguien de su entorno como posibles responsables del montaje.
No era la primera vez que los supuestos periodistas de Intereconomía irrumpían en defensa deCarlos Fabra. En septiembre, cuatro personas con cámaras y micrófonos asistieron a un pleno de la Diputación de Castellón tras el que trataron de boicotear el acceso de los periodistas a Fabra.
El PP aclama de nuevo a Fabra, imputado por tráfico de influencias
El reelegido presidente provincial de Castellón sigue para defender su "nombre"
Los populares valencianos aclamaron ayer de nuevo en su reelección como presidente provincial del partido en Castellón a Carlos Fabra, imputado por tráfico de influencias y fraude fiscal. El presidente de la Diputación de Castellón justificó ayer en Peñíscola, donde se celebra el congreso provincial, su continuidad en la política y como líder castellonense. "Lo hago para defender a mi familia, mi nombre y al Partido Popular", alegó. Fabra, investigado por presuntos delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal, realizó, en la presentación de su candidatura en el décimosegundo congreso de los populares de Castellón, un alegato sobre la presunción de inocencia y los derechos humanos. Fue el único que osó referirse a la investigación judicial de la que es objeto y despejó cualquier duda sobre su futuro, al menos, a medio plazo. "Sigo aquí, firme", dijo. Y aunque sostuvo que ésta será la última vez que opte a la presidencia del partido, después de más de 18 años en el puesto, puntualizó que hace poco más de un año que repitió como presidente de la Diputación, cargo para el que no tiene fecha de abandono. Fabra, quien pretendió hacer una gracia, aunque de mal gusto, al alegar que padecía Alzheimer y así justificar que leyera su intervención, habló de sus nietos y pidió empezar de cero después de 30 años vinculado a la política provincial.
El presidente dice que Fabra "es lo mejor que le puede suceder a Castellón"
"Esto no es el principio de una sucesión", afirma un compromisario
Tan emotiva fue la intervención de Fabra que así lo resaltó el presidente regional del PP, Francisco Camps, quien alegó que Castellón "es la esencia del buen hacer de los políticos del PP". Camps desbordó sus elogios al reelegido presidente provincial al decir que "es capaz de saludar por su nombre a la práctica totalidad de los ciudadanos de la provincia de Castellón" y al afirmar que "es lo mejor que le puede suceder a la provincia".
El gesto de crear un cargo de adjunto a la presidencia, que ocupará el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, con el que el PP ha pretendido escenificar el principio de la renovación del partido en Castellón, quedó ayer totalmente diluido al hacerse públicos los nombres de quienes ocupan la dirección provincial y al aprobarse, a la vez, la inclusión de otro cargo intermedio, al que se otorga el control de las vicesecretarías. Además, el 12 congreso del PP de Castellón concedió a los diputados provinciales un puesto en el organigrama del PP de Castellón, con lo que Fabra mantiene el control sobre todo el organigrama provincial."Los proyectos personales no suelen cuajar", advirtió Fabra al nuevo adjunto a la presidencia después de desvelar que ha repescado al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos para ocupar un puesto en el comité ejecutivo del PP de Castellón. Un comité ejecutivo en el que el presidente puede designar hasta a cinco miembros, según los estatutos, aunque, en esta ocasión, el propio Fabra decidió que fueran seis. Su "propuesta", lanzada a los congresistas sin la posibilidad de obtener respuesta poco antes de que se celebrara la votación, fue tan incuestionada como su propia candidatura, que obtuvo el 98,83% de los votos de los afiliados que participaron en el congreso. Sólo hubo 12 votos en blanco y nueve nulos, con lo que la reelección de Fabra alcanzó un porcentaje, según dijo, "mayor de lo que podía haber soñado después de 18 años, cinco meses y cinco días".
Tras aceptar "el encargo de ser presidente provincial durante los próximos tres años", Fabra dijo compartir con Camps la idea de "convertir nuestra provincia en la Florida de Europa".
Fabra quiso alentar la ambigüedad sobre su posible sucesor y habló de Moliner indicando que "el día de mañana, si el partido lo considera conveniente y él tiene ganas e ilusión" asumirá la responsabilidad de presidir el PP de Castellón. Sin embargo, aconsejó a Moliner "trabajar mucho", pero no desveló qué funciones delegará en él. Los estatutos aprobados también ayer designan como única función del adjunto a la presidencia la coordinación y el seguimiento de los programas electorales, además de "las tareas que delegue el presidente". Sin embargo, Fabra eludió explicar a qué se dedicará el nuevo adjunto a la presidencia y sólo dijo que le "sustituirá en muchos sitios".
Tampoco Javier Moliner pudo adelantar mucho sobre su tarea en el partido y sólo dijo que llega "con una mochila cargada de ilusión y con ganas de trabajar".
Pese a los intentos de perpetuarse demostrados ayer por Carlos Fabra y pese a la recuperación de Víctor Campos en el organigrama del partido, algunos afiliados abandonaron el congreso sopesando la posibilidad de que Camps encargue a Moliner y, por tanto, al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, una revuelta desde dentro que, de verdad, ponga fin al fabrismo. Así, vaticinaron la importancia del papel que jugará el propio Alberto Fabra, si se da el caso, aunque también plantearon el hecho de que la relación de éste con Víctor Campos puede dar lugar a una sucesión más tranquila y más acorde a las pretensiones de Carlos Fabra que, en cualquier caso, ya ha manifestado su deseo de que su hija, Andrea Fabra, mantenga la saga, siga con la línea sucesoria y llegue a ser presidenta de la Diputación de Castellón.
"Esto no es el principio de una sucesión", afirmaba ayer con rotundidad uno de los compromisarios antes de añadir que "quizá" la renovación llegue en el próximo cónclave de los populares castellonenses y sólo en el caso de que "se celebre un congreso de verdad". Fabra fue ayer centro, eje y núcleo del congreso. Las ponencias, las comunicaciones y cada una de las intervenciones hicieron referencia a sus bondades y al continuo resultado en las urnas que, en las últimas elecciones, llevó al PP a lograr más del 50% de los votos de los castellonenses. "El partido gira entorno a la figura de Carlos Fabra", dijo Marisol Linares poco antes de ser reelegida como secretaria general provincial.
"Hemos venido a votar y a aplaudir a Carlos Fabra", dijo Francisco Camps, y así lo hicieron incluso cuando el propio Fabra dijo "soy uno de los vuestros" y cuando anunció que el grupo elegido para amenizar el tiempo de votación era Presuntos Implicados, lo que provocó más de un codazo, dada la situación judicial en la que se encuentra.
La imputación de Fabra por varios supuestos delitos contra la administración pública y un fraude fiscal apenas tuvo eco en el congreso. El secretario regional, Ricardo Costa, lo limitó a lo que, a su parecer, es "una obsesión enfermiza" de los socialistas contra Fabra. Costa añadió que ha obtenido siempre el "apoyo unánime y masivo de todos los militantes de Castellón".
Fabra
denuncia
el
acoso
de
la
izquierda:
"No
respetan
ni
la
Declaración
de
los
Derechos
Humanos
ni
la
Constitución"
No
se
siente
culpable.
Ni
mucho
menos.
Y
además,
va a
ser
nuevamente
reelegido
como
presidente
del
PP
castellonense.
En
su
discurso
en
el
Congreso
provincial,
el
presidente
de
la
Diputación
de
Castellón,
Carlos
Fabra,
ha
sacado
a
flote
su
discurso
más
victimista
para
"denunciar"
las
protestas
que
de
su
impunidad
fiscal
viene
haciendo
la
izquierda
en
los
últimos
tiempos.
Sus
declaraciones
no
tienen
desperdicio:
"En
cinco
años
he
soportado
descalificaciones
por
parte
de
la
izquierda
provincial,
a
través
de
videos,
fotomontajes,
webs,
canciones
o
panfletos
para
insultarme
a mí
y a
mi
familia,
sin
respetar
ni
siquiera
los
principios
más
elementales,
como
la
Declaración
de
Derechos
Humanos
o la
Constitución,
que
establece
la
presunción
de
inocencia
hasta
que
no
se
demuestre
lo
contrario".
Al respecto, explicó, "he sido objeto de risas y burlas por parte de responsables políticos que no tienen proyectos y que han intentado convertir el debate político en un circo", pero yo sigo firme aquí para defender mi nombre, a mi familia y al PP, porque, a diferencia de otros, creo que no vale todo para alcanzar el poder".
Seguirá en la brecha
A pesar de estas dificultades, 18 años, cinco meses y cinco días después de ser elegido por primera vez presidente provincial del PP en Castellón, Fabra ha asegurado sentirse "orgulloso" del progreso de la provincia, "pues las realidades superan con creces a los proyectos inconclusos, pero queda mucho por hacer, y lo vamos a hacer mejor porque Castellón aún nos necesita". Y a esto, añade una dura pulla al Gobierno central: "No podemos abandonar la provincia a la suerte de un Gobierno sectario que nos ningunea, que nos niega el agua, que nos sitúa a la cola de transferencias económicas, que niega que somos un millón más de valencianos y que prometió el AVE para 2007 y todavía no tiene proyecto constructivo".
Casi reelegido
Por todo ello, Fabra ha pedido el voto de los compromisarios para su reelección. Una prueba casi superada, pues se trata de la única candidatura presentada, además, con nada más y nada menos que 1.290 avales -cuando el reglamento establece que apenas son necesarios 75-. La ciudad de Peñíscola está siendo, por tanto, testigo de lo que, en palabras de la secretaría provincial del PP, está siendo “el Congreso de Carlos Fabra”.
Congreso-homenaje Y aunque todo indica que el Congreso del PP castellonés se ha diseñado como un homenaje a su líder, siempre respaldado por los suyos a pesar de estar imputado en nueve delitos contra la Hacienda y la Administración públicas, en un caso que dura ya cinco años, fuentes citadas por el diario El País señalan que también podría ser su último cónclave. Se pronuncian de este modo basándose en un dato: la creación del “adjunto a la presidencia”, un nuevo cargo que será ocupado por el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, en quien muchos ven al sucesor.
Cinco años desde que se abrió la causa Es cierto, sin embargo, que las interpretaciones son múltiples. También hay quien opina que la colocación de Moliner ha sido un mero gesto simbólico y que este es un “convidado de piedra” sin facultad alguna. En cualquier caso, pocos días después de su proclamación, se cumplirán cinco años desde que el Juzgado número 1 de Nules abrió las diligencias del llamado caso Fabra. Un órgano famoso, además, por haber visto pasar a nueve jueces sin que ninguno quisiera seguir instruyendo el caso.
9 jueces y varios fiscales
Precisamente, esta cuestión la llevó el diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, al Congreso. Herrera dio cuenta de que “inexplicablemente, hasta 9 jueces han pasado por este caso, así como un buen número de fiscales, hecho que ha ido eternizando la investigación”, una “huida que comienza a ser inquietante”, informa el rotativo Público.
La Generalitat no ha provisto de los medios La respuesta del Gobierno llegó por boca de Francisco Camaño, secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios –dependiente del Ministerio de Presidencia encabezado por María Teresa Fernández de la Vega- y fue clara: el Consell es el culpable de los “retrasos”. Y es que, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado mes de septiembre dos jueces y dos secretarios de refuerzo para los juzgados de Nules, pero su incorporación está pendiente, a falta de que la Generalitat los provea de los medios materiales y humanos correspondientes.
Fabra arremete contra Bermejo
En definitiva, “a pesar de la repercusión social del asunto investigado”, el Ejecutivo de Francisco Camps continúa “retrasando la provisión de los citados medios”. Precisamente, apenas ayer la Consejería de Justicia informó de la designación de dos funcionarios; sin embargo, además de ser la mitad de los autorizados por el CGPJ, no se incorporarán hasta enero. Ese mismo día, Fabra se dejó ver criticando al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. “Bermejo es un incompetente por alargar la causa”, apostilló.
El Gobierno responsabiliza
al Consell del retraso
judicial del 'caso Fabra'
El dirigente del PP de
Castellón será reelegido hoy
en presencia de Camps
El Gobierno lo podía
decir más alto pero
no más claro y, en
una respuesta al
diputado de
Iniciativa per
Catalunya Joan
Herrera, señala a la
Generalitat
valenciana como
responsable de
"retrasar" la
provisión de medios
para la buena marcha
del juzgado de Nules
en el que se
instruye el llamado
caso Fabra
desde hace cinco
años. El Consejo
General del Poder
Judicial (CGPJ)
aprobó el pasado
septiembre una
dotación de dos
jueces y dos
secretarios de
refuerzo para los
juzgados de Nules,
lo que serviría para
desatascar el
juzgado y, en alguna
medida, dar algo de
celeridad a la
instrucción, en la
que ya han
participado siete
juezas y cuatro
fiscales. Sin
embargo, su
incorporación está
pendiente de que la
Generalitat provea a
los juzgados de los
medios materiales y
humanos
correspondientes, lo
que ha provocado la
crítica del
Gobierno, que acusa
al Gobierno de
Francisco Camps de
que, "a pesar de la
repercusión social
del asunto
investigado", sigue
"retrasando la
provisión de los
citados medios". No
fue hasta ayer,
después de conocida
la respuesta del
Gobierno, cuando la
consejería de
Justicia dio a
conocer la
designación de dos
funcionarios para
cada uno de los
juzgados, aunque no
se incorporarán
hasta enero y pese a
que la recomendación
del CGPJ cifraba en
cuatro los
funcionarios a
designar. Fuentes de
la consejería
aseguraron que en
ningún momento han
"obstaculizado" la
instrucción del
caso.
El líder
castellonense
califica de
"incompetente"
al ministro
de Justicia
Mientras, Carlos
Fabra será hoy
reelegido presidente
provincial del PP de
Castellón en
presencia del propio
Camps y sin nadie
como oponente. Fabra
asumirá su
proclamación en
Peñíscola en el que
puede ser su último
congreso.Carlos
Fabra será hoy
proclamado en
Peñíscola, de nuevo,
presidente
provincial del PP,
un puesto que ocupa
desde hace 18 años.
Todo hace prever que
no habrá voces
discordantes. Sin
embargo, varias
fuentes del partido
sí han señalado que
éste podría ser el
último congreso de
Fabra y, como dato,
esgrimen la creación
de un nuevo cargo,
el adjunto a la
presidencia, que
será ocupado por el
vicealcalde de
Castellón, Javier
Moliner. Se trata
del hombre fuerte
del alcalde de la
capital de la Plana,
Alberto Fabra, que,
como presidente de
la agrupación local,
no ha demostrado, de
momento, gran
interés por
vincularse y atender
en mayor medida las
tareas orgánicas del
PP castellonense.
Sin embargo, las
interpretaciones
sobre la
"colocación" de
Moliner en un puesto
tan destacado,
aunque sin apenas
funciones, según la
ponencia de
estatutos, son
variadas. Hay quien
apunta que la tarea
del vicealcalde no
será otra que la de
mantener el desgaste
que pueda suponer el
cargo hasta que
Carlos Fabra deje su
puesto, momento en
el que la formación
auparía a Alberto
Fabra como líder.
Otros sostienen que
Carlos Fabra ha
realizado únicamente
un gesto admitiendo
a Javier Moliner
como "convidado de
piedra" en la
organización del
partido para acallar
susceptibilidades.
El puesto que sí
reforzará hoy el
congreso será el de
vicesecretario de
organización, que
ocupará el
vicepresidente de la
Diputación, Vicente
Aparici, que
concentrará la
estructura
provincial.
Días después de la
proclamación de
Fabra se cumplirán
cinco años desde que
el juzgado número 1
de Nules abriera
diligencias para
investigar la
posible comisión de
varios presuntos
delitos contra la
administración
pública y,
posteriormente, un
posible fraude
fiscal. Desde
entonces, se han
practicado un sinfín
de pruebas e
interrogatorios y en
la instrucción han
participado hasta
siete jueces, dado
el carácter temporal
de la plaza, y
cuatro fiscales.
Además, el de Nules
es un juzgado
objetivamente
saturado, tal como
ha reconocido el
Tribunal Superior de
Justicia (TSJCV) en
sus memorias.
Después de más de
cuatro años de
instrucción, el TSJ
decidió solicitar al
Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ)
la dotación de
refuerzos para este
juzgado. El
Ministerio de
Justicia aprobó el
refuerzo solicitado
por CGPJ con lo que
el propio Gobierno
considera que,
"dentro del ámbito
de sus
competencias", ha
adoptado todas las
medidas necesarias
"para agilizar y
mejorar el
funcionamiento de la
Administración de
Justicia" también en
el supuesto del caso
Fabra por el que
preguntó el diputado
Joan Herrera. La
respuesta, fechada
en noviembre,
apunta, además, que
el Gobierno
considera que el
margen del que
disponen las
comunidades
autónomas con
competencias de
justicia
transferidas "no
debe convertirse en
arbitrariedad y
mucho menos
obstaculizar la
labor de los
juzgados". Por
tanto, concluye que
"debe procederse de
manera urgente a la
provisión de los
medios necesarios
para agilizar el
funcionamiento de
estos juzgados".
El propio Carlos
Fabra optó ayer por
arremeter contra el
ministro de
Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, a
quien calificó de
"incompetente" y al
que culpó de no
haber solucionado
los problemas de los
juzgados de Nules
hace tiempo. "Lo que
tenía que haber
hecho el ministro",
dijo Fabra, "es
solucionar el
guirigay de los
juzgados desde hace
mucho tiempo".
“He comprado el 27931 y si me toca me
sacaré la pirula y me mearé en la sede
de Izquierda Unida”
Suele decirse que las probabilidades de
que a una persona le caiga un rayo por
la calle son mayores que las de ser
premiado con la lotería. Semejante
afirmación carece de sentido en la
persona de Carlos Fabra, el presidente
de la diputación de Castellón. Hasta
tres veces ha sido agraciado por la
fortuna el popular político. Las
malas lenguas lo relacionan con la
compra de billetes para el blanqueo de
dinero. Incluso ha llegado a circular un
fotomontaje en Internet en el que se le
caracteriza como al famoso calvo de la
lotería. Fabra ha acusado al partido
Esquerra Unida de su elaboración y ha
anunciado que ha comprado ya el número
que aparece en la imagen: 27931.
“Si me toca me sacaré la pirula y mearé
en la sede de Izquierda Unida”,
ha adelantado Fabra.
El presidente del PP de Castellón
hizo estas afirmaciones durante una
celebración organizada por el PP del
Grau en el restaurante castellonense
Celebrity. Allí fueron homenajeados
la diputada Andrea Fabra, hija de
Carlos y futura sustituta al frente
de la Diputación, el senador Juan
Ortiz y el ex vicepresidente del
Consell y ahora fuera de la vida
pública, Víctor Campos. Fabra
aprovechó su comparecencia para
acusar a los socialistas de
ladrones, informa
Levante.
Un
calvo con pelo y gafas de sol
Ataviado con sus inseparables gafas
de sol, Fabra extiende su mano y con
un soplido reparte suerte entre los
españoles. De sus dedos sale el
número 27931. Es el fotomontaje en
el que se representa a Carlos Fabra
como el calvo de la lotería de
navidad que solía aparecer por estas
fechas en la publicidad del sorteo
nacional. La imagen pretende bromear
sobre la fortuna del presidente de
la Diputación de Castellón, que ha
sido agraciado hasta tres veces en
este tipo de sorteos. La última vez,
en el sorteo del Niño, con 2
millones de euros.
“Me
sacaré la pirula”
Hay quienes creen que Fabra podría
haber comprado los boletos
a
posteriori a sus propietarios
para justificar algunos de los
ingresos que no es capaz de explicar
en las causas por supuestos delitos
contra la Administración pública y
fraude fiscal que tiene abiertos.
Pero el presidente confía en su
suerte y así lo demostró anunciando
que había comprado ya el número del
fotomontaje: “He comprado el 27931 y
si me toca me sacaré la pirula y me
mearé en la sede de Izquierda
Unida”.
Sin
décimos en la mano
El escatológico anuncio se debe a
que Fabra responsabiliza del
fotomontaje a la parlamentaria de
Esquerra Unida por Castellón, Marina
Albiol. El dirigente dijo haber
encontrado el número en la
administración 199 de la calle Costa
Rica de Madrid y haber comprado toda
la serie (diez décimos). Por
desgracia, Fabra se disculpó ante
los presentes por no disponer en ese
instante de ningún décimo con él.
“A
robar, a robar, a robar”
Fabra, micrófono en ristre, dejó la
lotería de lado y comenzó a cargar
contra el Gobierno, al que acusó de
discriminar a Castellón y llamó
perdedores y ladrones a los
socialistas. "¿Sabéis cómo se llama
a la web del PSOE: a robar, a robar,
a robar. com", explicó. "Estos
zapateristas -continuó-, y no me
refiero a los de [Emiliano] Zapata,
pues éstos robaban a los pobres para
dárselo a los ricos. Los de aquí
roban a los pobres y a los ricos y
no solucionan nada".
La
dinastía Fabra continuará
Fabra explicó a los presentes cuáles
eran sus deseos de sucesión al
frente de la Diputación de
Castellón, que no son otros que los
de colocar a otro Fabra, su hija
Andrea, diputada del PP y
homenajeada con una placa
conmemorativa durante la misma cena.
“Sería la sexta generación de mi
familia”, recordó Carlos Fabra.
Exaltación del líder
De momento, él seguirá aspirando a
presidir el PP de Castellón, puesto
en el que será revalidado el próximo
12 de diciembre, en el congreso
provincial que se celebrará en
Peñiscola. Todo está a punto para el
evento, preparado para exaltar al
líder, según anunció la presidenta
del comité organizador, Susana
Marqués: "Tenemos preparada alguna
sorpresa. Queremos que se refleje el
apoyo del partido a Carlos Fabra y a
su decisión de volver a presentarse,
que ha sido acertada".
Fabra admite que sólo se investigan sus cuentas y no las de la
diputación
Carlos
Fabra rectificó ayer ante el pleno de la
diputación y admitió que sólo se investigan sus
cuentas personales y no las de la institución
provincial como dijo el mes pasado.
El presidente de la
Diputación de Castelló, Carlos Fabra, afirmó ayer en el pleno
que la institución «no está siendo investigada» en respuesta a
una pregunta del portavoz socialista, Francesc Colomer, en el
pleno de octubre acerca de la actuación de la policía al entrar
en varias entidades bancarias para acceder, supuestamente, a las
cuentas de Fabra. El socialista formuló entonces la pregunta en
base a la respuesta de Fabra de que «no tengo un centenar de
cuentas bancarias» porque en la mayoría era «firma autorizada
porque son cuentas de la propia diputación y los organismos que
presido en razón de mí cargo».. De ahí que admite ahora que se
investigan sólo sus cuentas.
La respuesta que Fabra llevaba ayer por escrito se produjo tras
reclamar Colomer que le contestara e interpelarle ante la falta
de respuestas. En su contestación Fabra, que se acogió al
derecho a la presunción de inocencia, acusó al socialista de
formular «una acusación libre y gratuita» que «pone en
entredicho la honradez y profesionalidad de los funcionarios de
esta casa a los que, implícitamente está acusando» con sus
preguntas. Al tiempo que buscaba cortar esta serie de preguntas
al afirmar que «no voy a volver a responder ninguna pregunta ya
contestada, que no proceda por su dudosa legitimidad».
Colomer reitera la necesidad de que Fabra responda y aclare las
dudas en beneficio de la ética institucional y ante la alarma
social que genera el caso que se investiga en los juzgados de
Nules desde hace cuatro años. Colomer reclamó ayer moderación y
contención en los gastos de la corporación y más en los
suntuosos. Así aludió al pago, mediante un decreto, de los
11.600 euros al despacho de abogados que defendió a Fabra en el
procedimiento judicial contra la Cadena Ser por denunciar los
gastos en cátering, champagne y cohibas (puros) en la feria
taurina de la Magdalena 2004. Alusión que no tuvo réplica del
PP. El socialista lamentó que la institución pagase la defensa
de Fabra cuando éste había afirmado en un pleno que no costaría
un euro porque ganarían la apelación.
El socialista instó a Fabra a explicar dónde estaba el interés
general de adquirir entradas por 9.000 euros para la novillada
del 25 de octubre de 2008 en la plaza de toros de Castelló.
Tampoco aclaró el portavoz popular, Vicente Aparici, quién está
detrás de la empresa a la que la diputación transferirá 400.000
euros. Tan sólo una larga respuesta escrita-leída en el pleno en
que se insiste en que será una «sociedad que busca optimizar y
mejorar los servicios públicos a través de una sociedad
mercantil» y se centrará «en la promoción, apoyo y participación
de actividades económicas que contribuyan al desarollo económico
y generar empleo y riqueza»
Tampoco halló respuesta oral, ni obtuvo apoyo suficiente, ni tan
siquiera el del Bloc que se abstuvo, para su propuesta de
impulsar un plan estratégico contra la crisis. Plan que pasaba
por la creación de una mesa contra el paro en la que estuvieran
presentes los agentes sociales implicados: UJI, empresarios,
sindicatos y Administración. En un intento de que la diputación
liderase el proceso de «repensar» el modelo.
Aparici le replicó que la moción era «humo» y no definía el
marco de trabajo. Y recordó las reuniones con los empresarios.
LA DIPUTACIÓN
PAGÓ A FABRA LOS 21.000 EUROS DE SUS DOS RECURSOS CONTRA UNA
EMISORA
La Diputación de
Castelló ha pagado de sus presupuestos el coste de una querella
interpuesta por Carlos Fabra contra Radio Castellón, según
recogía ayer la emisora en base a los decretos de la institución
provincial de 2007 y 2008.
La emisora informó
sobre los invitados de Fabra en el palco de la diputación en la
plaza de toros de Castelló, durante La Magdalena 2004. Los
invitados disfrutaron de abundante catering, champán francés y
puros Cohíba. Entonces, apunta, Fabra entendió que la noticia
dañaba el honor y la imagen de la Diputación, y presentó una
querella en nombre de la institución provincial.
Tanto el juzgado
número 6 de Castelló, como la Audiencia Provincial, fallaron en
contra confirmando la veracidad de las informaciones y le
condenaron a sufragar las costas del proceso. Entonces Fabra
dijo que la institución no pagaría nada porque iba a recurrir la
decisión hasta el final, pero a la vista de los dos decretos
firmados por Fabra, en los que ordena el pago de esas costas
procesales eso no ocurrió así.
En el primer
decreto, Fabra ordena una transferencia bancaria para pagar
13.415 euros por perder el juicio en primera instancia. En el
segundo decreto, Carlos Fabra ordena el pago de otros 7.576
euros después de perder el recurso. El PSPV y el Bloc han
exigido que pague el líder del PP pague esos 21.000 euros de su
bolsillo.
Fabra nombrará en el
congreso del PP de Castellón un "asistente" que le ayude
El
presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra,
aprovechará el congreso provincial que tendrá lugar el
mes que viene para nombrar un adjunto que le ayude en
las tareas del partido. Los estatutos que aprobarán los
compromisarios del PP de Castellón, presentados ayer por
el vicesecretario provincial Vicente Aparici, preven una
reorganización de cargos en el organigrama. Así, Carlos
Fabra, que se presentará a la reelección en el PP
provincial sin oposición pese a su condición de imputado
en varios delitos contra la Administración pública y el
fisco, tendrá un "asistente".
El
secretario general provincial de Castellón seguirá
contando con un adjunto para las labores de
coordinación, aunque ahora los estatutos regularán con
mayor precisión las funciones de este cargo. La
dirección provincial se completará con 11 coordinadores
de área y 21 secretarios de área. Aparici destacó que en
esta nueva etapa el PP provincial pondrá en marcha las
unidades de acción comarcal, cuyos coordinadores serán
diputados provinciales y formarán parte de la dirección.
Los cambios
previstos en la ponencia de estatutos tienden a
reforzar, aún más si cabe, el poder de Carlos Fabra, que
ha recabado más avales a su candidatura que
compromisarios acudirán al congreso, en la estructura
provincial del PP. Mientras en Castellón Fabra prepara
una exhibición de su poder orgánico, en Alicante los dos
candidatos a la presidencia provincial, José Joaquín
Ripoll, presidente de la Diputación, y Manuel Pérez
Fenoll, alcalde de Benidorm, siguieron ayer lanzándose
puñales.
Pérez Fenoll
acusó a Ripoll de no haber dado nunca la cara como
cartel electoral del PP y esconderse siempre detrás con
una calculadora. Ripoll criticó el papel de la dirección
regional del PP por apoyar a Pérez Fenoll. "Si viene
gente de Valencia bienvenida sea, aunque no tienen por
qué venir aquí, porque no tienen ninguna competencia en
estos congresos", dijo.
El Consell encarga trabajos al bufete al que se marchó el primer fiscal del caso Fabra
Carlos Saiz Díaz, el primer fiscal anticorrupción del caso Fabra, dejó su puesto hace tres años para fichar por el bufete madrileño Gómez-Acebo y Pombo, uno de los despachos que han asesorado al Consell en los últimos meses sobre la construcción del parque temático Mundo Ilusión, el proyecto emblemático del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra.
El gobierno valenciano reconoció el pasado mes de mayo que ha pagado cantidades millonarias a empresas privadas por un proyecto que lleva embarrancado desde casi una década. En concreto, el conseller de Economía, Gerardo Camps, reconoció la existencia de hasta cuatro expedientes adjudicados "a dedo", por 804.000 euros, a empresas privadas que han asesorado sobre el parque de atracciones proyectado en Orpesa. Una de estas firmas es el despacho Gómez-Acebo y Pombo, aunque el Consell aún no ha querido desvelar cuánto ha pagado al bufete situado en el 216 del Paseo de la Castellana.
Carlos Saiz fue asignado como fiscal anticorrupción del caso Fabra en junio del año 2004 y ocupó este puesto hasta septiembre del año 2005, cuando solicitó la excedencia de la función pública para fichar por Gómez-Acebo.
En una entrevista telefónica aseguró que no tiene "ni idea" de lo que significa el proyecto Mundo Ilusión, un parque temático impulsado por el presidente de la diputación hace casi diez años y que sigue sin construirse, pese a los gastos millonarios que origina.
"No sé ni lo que es Mundo Ilusión. Abandoné hace tres años el caso Fabra y desde entonces no he tenido relación ni con las personas que toman parte en él ni por supuesto con los implicados", explica.
El ahora letrado del prestigioso despacho Gómez-Acebo recalca que, como representante de la Fiscalía Anticorrupción, puso todo su empeño y "énfasis personal en sacar adelante el caso Fabra". Y alega: "Ahora, cada vez que sale alguna información sobre este señor en la que se me quiere relacionar a mí, pues no me gusta".
Sobre los supuestos contratos de asesoramiento que el bufete ha firmado con el Consell sobre Mundo Ilusión, confiesa que desconoce de qué tipo de informes se trata: "Estas gestiones las llevaría nuestro despacho y nuestro equipo en Valencia".
Instrucción en Nules
El ex fiscal del caso Fabra recuerda que cuando tomó parte en la causa abierta en el Juzgado de Nules "esto de Mundo Ilusión no aparecía por ningún lado en la instrucción" y apostilló: "No veo qué relación ni qué interés puedo tener yo en esto". Saiz asegura que en ningún momento sus compañeros de la delegación de Valencia se han puesto en contacto con él para pedirle asesoramiento o colaboración en la tramitación de los supuestos expedientes e insiste en que dejó la acusación pública del caso Fabra y su puesto en la Fiscalía Anticorrupción por cuestiones personales. "Fui abogado antes que fiscal, mi padre era abogado, no veo qué interés pueda tener esto", añade.
El Consell ha reconocido que pagó diversas cantidades por los informes sobre el parque de atracciones Mundo Ilusión. En mayo de 2005 el gobierno autonómico desembolsó 290.000 euros a The Added Value Group por un documento que se tituló Elaboración de la segunda fase del Plan Estratégico; en junio de 2005 volvió a gastarse185.600 euros en un contrato con Lobby Comunicación; el tercer expediente se adjudicó, en junio de 2006, a Peonia Consulting por 46.400 euros; y finalmente la Generalitat firmó otro contrato con Baker Leisure Group por otros 26.000 euros. El conseller no quiso referirse a otros contratos que, sumados a los anteriores, alcanzan los 804.000 euros.
UNO DE LOS ACOSADORES DEL ABOGADO DEL CASO FABRA SE EXPONE A 9 AÑOS DE PRISIÓN POR SIMULAR SER ESPÍA
Uno de los empleados de Intereconomía que simuló ser un empresario para tender una trampa al abogado que, en nombre de la Unión de Consumidores, ejerce la acusación popular en el caso Fabra se enfrenta a una posible pena de hasta 9 años de prisión por hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según información difundida ayer por la Cadena Ser en Madrid. La citada emisora explicó que el caso está pendiente de señalamiento después de una larga investigación del Juzgado de Instrucción número 25 de la capital de España. En su escrito de acusación, el fiscal pide, además de la pena de cárcel, que se le imponga a José Antonio Expósito una multa de 4.000 euros. Se le acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y delito continuado de falsedad de documento oficial.
Junto a él se sentarán en el banquillo dos miembros de la Policía Nacional para los que la Fiscalía pide 5 años de cárcel por revelación de secretos. Fuentes jurídicas citadas por la Cadena Ser indicaron que José Antonio Expósito mantuvo engañados hasta su detención a numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que hacía creer que era un agente del CNI. Expósito conseguía así que le proporcionaran información confidencial con la que obtenía importantes beneficios económicos. Expósito ha interpretado varios personajes en su condición de empleado de Intereconomía. El último de sus papeles conocidos lo protagonizó en Valencia la semana pasada cuando se hizo pasar por empresario de Ciudad Real fabricante de maquinaria de serigrafía interesado en trasladar las instalaciones a Valencia, según denunció el letrado de la acusación del caso Fabra, José Luis Vera. Junto a otro empleado del citado grupo de comunicación intentaron un montaje consistente en contratar a Vera como asesor y, en señal de agradecimiento, le ofrecieron hasta un anillo de diamantes para su esposa, la ex diputada socialista Maria Antonia Armengol. Vera había alertado a la policía al sospechar de los clientes y la brigada de delitos económicos desbarató el montaje.
El citado empleado de Intereconomía hizo de escolta de los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez cuando dieron la espantada en la Asamblea de Madrid para no votar la investidura de Rafael Simancas. El escándalo obligó a una nueva convocatoria electoral, que convirtió a Esperanza Aguirre en presidenta.
Preguntado por el caso Fabra, el presidente del PP, Mariano Rajoy, dijo ayer en esa emisora: "No me voy a erigir en juez de nadie". Y concluyó: "Me parece que es una función lo suficientemente importante como para que por impresiones o informaciones uno no tome decisiones; esperaré a lo que digan los tribunales".
RASTREAN 15.000 OPERACIONES BANCARIAS DE LA FAMILIA FABRA
La Fiscalía Anticorrupción investiga 15.000 operaciones bancarias realizadas a través de casi un centenar de cuentas corrientes en las que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, figura como titular, cotitular o persona autorizada junto a su mujer y sus hijos, según se desprende del examen que llevan a cabo los peritos de Hacienda.
Este volumen contable supone que el líder del PP, su mujer y sus hijos suscribieron al año una media de 3.000 movimientos bancarios. O lo que es lo mismo, 250 operaciones mensuales.
Durante ese período, el matrimonio y sus cuatro hijos realizaron centenares de transferencias bancarias cuyo origen y destino analizan los expertos de la Agencia Tributaria para averiguar qué fuentes de ingresos alimentaron el supuesto incremento patrimonial de la familia.
En su análisis, los peritos han descartado operaciones menores que no tienen relevancia para el caso, como el pago de las nóminas de Fabra a sus hijos, y se han centrado en las denominadas "operaciones cruzadas" que el presidente de Castelló y miembros de su familia han podido realizar desde el año 99. Los expertos en derecho fiscal califican como operaciones cruzadas aquellas "de activo y pasivo" que se realizan entre un cliente y uno o más bancos. Mediante este sistema, el particular acude a la entidad y aporta una suma como garantía para obtener un crédito o préstamo para él, para una persona de su confianza o una empresa propia o ajena. Ese préstamo, que en ningún caso puede superar el límite de la garantía, lo devolverá el prestatario aportando una nueva cantidad en metálico o cubriéndolo con una transferencia de otra entidad financiera. De ahí el concepto de operación cruzada.
Cabe recordar que un particular tiene la obligación de identificarse cuando va a realizar un ingreso superior a los 3.000 euros, pero esta obligación desaparece si la cantidad se fracciona e ingresa en diferentes entidades.
Anticorrupción rastrea los cheques, pagarés y cantidades millonarias en metálico que, mediante este sistema, se pueden haber trasvasado entre las distintas oficinas bancarias. Las fuentes judiciales señalan que los investigadores están examinando, una a una, cada transferencia, ya que un programa informático no detecta la operación cruzada cuando las cantidades de entrada y salida no coinciden por la acumulación de intereses y otros gastos añadidos.
Este trabajo contable que llevan a cabo los técnicos de la Fiscalía, casi artesanal, podría retrasar aún más la elaboración del informe, que en un principio tendría que estar terminado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Nules antes de Navidad.
Lo más complicado, añaden las fuentes, será averiguar el origen de los ingresos de Carlos Fabra y su familia, ya que en muchas ocasiones no consta información documental en Hacienda y tendrán que ser las entidades financieras quienes lo aclaren. Precisamente ayer, la Fiscalía estaba a la espera de recibir una importante remesa de datos procedente de uno de los grandes bancos del país, con delegación en Castelló, sobre las cuentas de Carlos Fabra.
La investigación de la Fiscalía avanza de forma constante, a pesar de que el juzgado de Nules lleva meses sin titular y sin jueces de apoyo. Fabra figura como imputado en un delito contra la Administración Pública y fraude fiscal.
EL PP RETA AL ABOGADO A LLEVAR AL PARTIDO O A FABRA A LOS TRIBUNALES
En una rueda de prensa a preguntas de los periodistas, Costa indicó que "si ese abogado tiene pruebas de que está siendo presionado, chantajeado y coaccionado", parafraseó al informador, lo que tiene que hacer es "ir al juzgado y denunciarlo", agregó.
El dirigente popular manifestó que "si una persona quiere acusar al PP de determinadas actuaciones o al señor Fabra, que le lleve a los tribunales" y si Fabra, apostilló, "quiere tomar actuaciones legales porque hay una persona que ha manchado su honor, como ha hecho en otras ocasiones, que lo haga, pero que se asuman las consecuencias", advirtió.
Costa aseguró que se ha enterado de esta cuestión porque ayer lo leyó "de pasada en un medio de comunicación" e ironizó señalando que esta tarde va a acudir al preestreno de la última película del agente 007 James Bond, "y cuando la vea le podría contestar, porque no entiendo muy bien cual es la operación del abogado de la UCE o de no se quien, con no se qué periodistas para no se qué historia". Por ello, señaló que como no la entiende, no la valora.
En cualquier caso, si la denuncia planteada por Vera prospera, expresó su "respeto absoluto a las actuaciones judiciales y por lo tanto, colaboración si nos piden algún tipo de colaboración".
En relación a la situación de Fabra, recordó que "hay un caso abierto que está siendo investigando por la justicia y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la cual pido diligencia y rapidez", mostró su respeto absoluto al proceso, ofreció su colaboración y reclamó prudencia respecto a determinadas informaciones, que deben mantenerse "en el ámbito judicial", sin vulnerar el derecho a la información.
Asimismo, aprovechó para criticar que los socialistas pidan "presunción de inocencia en los casos de Denia, Bigastro, San Fulgencio, Zarra y alguna ex parlamentaria" y que, aunque los hayan suspendido de militancia, los "mantenga en el puesto" de alcalde. Por ello, Costa reclamó al PSPV "igualdad de trato", que respete la presunción de inocencia y que no haga juicios paralelos.
FABRA HA PAGADO DECENAS DE MILES DE EUROS AL GRUPO QUE ACOSA AL ABOGADO DE LA ACUSACIÓN
El grupo Intereconomía ha lanzado una ofensiva contra todo aquél que cuestione al presidente de la diputación, Carlos Fabra, imputado por varios posibles delitos. El último episodio ha sido el intento fallido de dos reporteros que, haciéndose pasar por empresarios, trataron de tender una trampa al abogado de la acusación del caso Fabra, invitándole participar en un negocio millonario y ofreciéndole un anillo de diamantes, como informó ayer Levante de Castelló. Este grupo de comunicación, vinculado al sector más conservador del PP, ha recibido en los últimos años decenas de miles de euros de las arcas de la diputación de Castelló en concepto de suscripciones a sus publicaciones y publirreportajes.
Los diputados provinciales reciben periódica e individualmente la revista Trámite parlamentario y municipal -una de las cuatro publicaciones de Intereconomía-, que sale a la venta cada mes con un precio de nueve euros. Época ha sido otra de las cabeceras habituales en los despachos de la diputación, que también hace llegar a los ayuntamientos. El semanario, dirigido desde hace unos meses por el periodista Carlos Dávila, afín al PP, se dirige a un público "de derechas", según se explica en la web del grupo de comunicación.
Los pagos a Intereconomía se llevan produciendo desde hace varios años e incluso han sido objeto de reparos por parte de los servicios técnicos de Intervención por el modo en que se contrataron las suscripciones. Así ocurrió a finales de 2004, cuando el PP acordó abonar la suscripción con Época por 3.749 euros, además de otra factura por 34.800 euros por la publicación en la misma revista de un publirreportaje sobre los atractivos turísticos de la provincia.
A cambio de la inyección de dinero público, Carlos Fabra ha encontrado un aliado en los medios vinculados al grupo Intereconomía. El semanario Época salió en auxilio del líder provincial cuando estalló el caso Fabra. Últimamente ha encontrado el apoyo de Intereconomía TV. El pasado mes de septiembre, el canal digital envió a Castelló a pseudoperiodistas ataviados con gafas de sol y gorras para impedir que la reportera del programa de la Sexta Caiga quien Caiga preguntara a Fabra al finalizar el pleno de la diputación. La última entrega ha sido la trampa de dos reporteros de Intereconomía disfrazados de empresarios contra el abogado de la Unión de Consumidores, José Luis Vera.
FALSOS EMPRESARIOS INTENTAN TENDER UNA TRAMPA AL ABOGADO QUE ACUSA A FABRA
La policía desbarató ayer en Valencia un montaje que presuntamente tenía como fin desacreditar al abogado José Luis Vera, que representa a la Unión de Consumidores Valenciana, organización presente como acusación popular en la causa que se sigue por múltiples delitos contra el presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Dos personas que simularon ser directivos de una empresa que no figura en el Registro Mercantil y a los que se intervinieron sendas identificaciones como miembros del grupo de comunicación Intereconomía, próximo al PP, intentaron tender una trampa a Vera. Este diario intentó recabar ayer, sin éxito, la versión de Intereconomía.
La policía retuvo a los falsos empresarios para su identificación y les requisó una grabadora camuflada en una agenda y una aparente sortija de brillantes, que ofrecieron a Vera como aperitivo de lo que le pagarían después por asesorarles en instalar una planta de serigrafía en Valencia. Los falsos empresarios le ofrecían la sortija como una expresa atención para la esposa del letrado, la ex diputada socialista en el Parlamento valenciano María Antonia Armengol.
La cita, que tuvo lugar en la cafetería de un hotel valenciano a las 8.30, fue una farsa por ambas partes. Vera sabía desde la víspera que alguien quería tenderle una trampa porque los supuestos empresarios se dirigieron a él previamente invocando el nombre de dos personas, una de ellas un redactor de EL PAÍS. Alegaban que éstas les habían recomendado contratar los servicios de Vera para una asistencia jurídica de sus negocios en expansión en la región. El letrado sospechó que la cita era una maniobra oscura y puso los hechos en conocimiento de la policía, que montó una vigilancia del encuentro. El letrado, además, había comprobado que la empresa invocada por sus pretendidos contratistas, Facsoil Group, no existía ni cuadraban sus direcciones domiciliarias.
En la mañana de ayer, uno de los supuestos empresarios, que se presentó como Rubén Bret, tras introducirlo en la cafetería aparentando ser un mero secretario, le dejó a solas en una mesa con su pretendido jefe empresarial, que dijo llamarse Alberto Sánchez Poveda. Entretanto, uno de los agentes desplegados permanecía en las proximidades.
Sánchez Poveda explicó a Vera que controlaba numerosas empresas a través de Infraestructuras y Gestión, supuesta matriz de diversas firmas, con una facturación multimillonaria. Alegó que su padre era muy amigo de Francisco Tomás y Valiente, el asesinado ex presidente del Tribunal Constitucional. A grandes rasgos, el negocio que le dibujó consistía en la exportación de máquinas de serigrafía a Argelia y a Italia a través del puerto de Valencia, para lo que pretendía instalar dos naves en Gandía.
El pretendido empresario alardeó ante Vera de que era militante socialista, a lo que el letrado replicó que él no lo era y le preguntó qué importancia podía tener el ser militante o no del PSOE para el negocio que estaban tratando, según la denuncia que interpuso después contra los dos falsos empresarios por chantaje, obstrucción a la justicia, amenazas y revelación de secretos.
El fingido empresario, según el relato del denunciante, le confesó que estaba seguro de que la Administración valenciana, bajo mandato del PP, le pondría muchos problemas. Llegó a decir que el Ejecutivo valenciano le daba "asco" y que por ello había dilatado su implantación en esta región. El falso empresario preguntó a Vera si conocía a alguien en Aduanas con la supuesta intención de pedirle que mediara. El abogado negó tener tal contacto. La guinda de la encerrona se produjo cuando el tal Bret puso sobre la mesa lo que denominó "un detalle para la esposa" de Vera. Y de una bolsa de fieltro blanca extrajo un anillo de oro que llevaba engarzados supuestos diamantes. Vera rechazó el regalo. El falso empresario le insistió en vano que lo cogiese como compensación por haberlos atendido tan rápidamente. Y se jactó de que ya lo consideraba socio suyo. Vera reiteró su negativa a aceptarlo. Y, en ese momento, le avisó la policía por el móvil de que era momento de intervenir. Ambos empresarios alegaron que no llevaban sus DNI; sólo portaban sendos carnés de Intereconomía. La policía descubrió que habían grabado la reunión con una falsa agenda.
LA 'DEFENSA' DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
El 12 de septiembre, cuatro individuos (embozados con gorras y grandes gafas de sol) con cámaras y micrófonos de Intereconomía asistieron a un pleno de la Diputación de Castellón. En ese foro, Carlos Fabra se ha negado reiteradamente a aclarar la procedencia de los ingresos millonarios en sus cuentas. Al finalizar la sesión, Intereconomía trató de boicotear el acceso de otros periodistas a Fabra. Entre empujones y codazos, el presidente del PP de Castellón salió del salón de plenos, sin atender a los medios de comunicación, rodeado por sus propios diputados, ante la imposibilidad de que sus escoltas llegaran al punto en el que se encontraba.
Entre los miembros del equipo enviado por Intereconomía se encontraba José Antonio Expósito, el guardaespaldas que se ocupó de proteger a los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras impedir el acceso del PSOE al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, Expósito fue fichado por Intereconomía.
José Luis Vera, magistrado de la Audiencia de Valencia hasta 2003, forma parte del despacho de abogados que, como letrados, representan a la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en el caso Fabra, en el que actúa como acusación popular. Vera ha acudido en varias ocasiones al Juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el caso por el que se investiga al líder del PP de Castellón ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y un supuesto fraude fiscal. Además, Vera ha intervenido hablando sobre el asunto en varios reportajes televisivos.
Por otra parte, el PP de Castellón dio a conocer ayer que el único candidato a la presidencia provincial del partido es Carlos Fabra, al que la secretaria popular, Marisol Linares, calificó de "líder indiscutible de toda la provincia".
Ante la próxima celebración del congreso, el 12 de diciembre, Linares habló de Fabra como la "única persona capaz de aglutinar a toda la provincia entorno suyo".
La investigación que la Fiscalía Anticorrupción está siguiendo contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, no está siendo en balde. A pesar de que nadie, ni siquiera el propio Fabra, es capaz de explicar de dónde vienen tantos ingresos millonarios, al menos sí se va sabiendo qué clase de persona es el político del PP: Un amante del marisco. Así lo reflejan numerosas facturas en las marisquerías más selectas de Madrid y Castelló, a donde Fabra podía ir tres veces por semana y pagar facturas que rozan los 1.000 euros.
Todos estos gastos se desprenden de la información que los peritos de Anticorrupción han conseguido del diario contable de Carmacas, una empresa que fundó Fabra en 2000 y que de la que fue administrador único hasta junio de 2004.
Carmacas S.L.
La empresa Carmacas es oficialmente un sociedad que ofrece servicios de consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión de empresas privadas, pero los peritos están investigando si durante sus gestiones, Fabra cobró comisiones millonarias por agilizar licencias de comercialización de la empresa fitosanitaria Naranjax, a través de sus contactos en los ministerios durante el Gobierno de José María Aznar. Relaciones públicas
Dentro del diario contable de la empresa, bajo el ambiguo epígrafe de “Relaciones Públicas”, se concentran decenas de facturas en restaurantes y marisquerías de alta categoría tanto en Castellón como Madrid. Un ejemplo del tren de vida de Carlos Fabra en aquella época son los ágapes que se daba en 2001, según revela el diario Levante.
Afición por el marisco
El 2 de febrero, Fabra pagó 711 euros en el restaurante Rafael de El Grao de Castelló. Dos días antes se había dejado caer por la catedral del marisco madrileño La Trainera, donde desembolsó casi 1.000 euros en una comida. Y dos días después, el 4 de febrero, Fabra visitaba el exquisito restaurante Rausell de Valencia, para librar tres facturas que en total suman 484 euros. Una cantidad que Fabra cargó a Carmacas.
Alta cocina
El día 26, Fabra siguió con su dieta y se pasó por la marisquería Santa Cruz de Valencia, para gastar una cantidad más reducida, casi 200 euros. Pero el 2 de abril se resarció repitiendo en La Trainera madrileña, donde firmó una factura por 729 euros. Justo una semana después pagó 835 euros en el restaurante Green de Valencia. Ya en octubre, el líder del PP castellonense no dejó pasar una visita a Madrid para pasar por el famosísimo Casa Lucio y gastarse 283 euros.
Cajón de sastre
Las investigaciones de la Agencia Tributaria presentan la empresa de Carmacas como un cajón de sastre que Carlos Fabra utilizaba como un cajón de sastre para sus gastos. Así se explica que el presidente de la Diputación cargara a la empresa 450 euros de compras en Cortefiel Caballeros. O que en los libros aparezca una factura por 3.467 euros a nombre de una agencia de viajes, Mediterraneo Holidays.
Difícil de explicar
Incluso para Fabra tanto movimiento de dinero es difícil de explicar. Hasta 17 veces le han citado para aclarar ingresos que había recibido entre 1999 y 2000. Su único argumento fue que a menudo sacaba grandes cantidades de dinero para tenerlas en su casa e ingresarlas de nuevo en los bancos.
¿Síndrome de Diógenes?
Pero para los inspectores, esta variante inédita del síndrome de Diógenes es insostenible, ya que no tiene sentido que las cuentas de Fabra quedaran al descubierto, generando grandes gastos en intereses, según recoge el informe fiscal de Hacienda. En la última diligencia de actuación, Fabra alegó estar indispuesto y evitó la entrevista con los inspectores.
ANTICORRUPCIÓN SIGUE EL RASTRO DE DIEZ CUENTAS OCULTAS DE FABRA QUE HACIENDA NO CONTROLABA
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, manejó al menos diez cuentas corrientes que escaparon al control de la Base de Datos de la Agencia Tributaria, según se desprende de la investigación que están llevando a cabo los peritos de la Fiscalía Anticorrupción.
La Justicia investiga el origen de más de un millón de euros en ingresos, en su mayoría injustificados, que el líder provincial del PP obtuvo entre 1999 y 2000, y que canalizó a través de casi un centenar de cuentas corrientes en las que aparece como titular, cotitular o persona autorizada.
Las 10 cuentas que no constaban en las pantallas de la base de datos de Hacienda fueron abiertas a nombre de Carlos Fabra y su esposa, María Amparo Fernández.
En concreto, se trata de 4 cuentas del Banco Guipuzcoano, 3 de Bancaja, 2 del Banco de Valencia y una de Caja Madrid. Algunas de ellas las aportó espontáneamente el presidente de la diputación en sus primeras entrevistas con los inspectores y otras fueron descubiertas, durante la inspección, cuando los investigadores reclamaron a los bancos justificantes de los movimientos en efectivo. Fuentes próximas al caso aseguraron ayer que los peritos de la Fiscalía Anticorrupción han pedido a los bancos toda la información de que dispongan sobre estas cuentas para realizar su informe final sobre el patrimonio de Fabra.
En el año 1999, el presidente de la diputación se benefició de 146 ingresos por importe de 600.000 euros sin justificar, lo que generó una cuota defraudada al erario de 120.000 euros. A su vez, en el año 2000 obtuvo al menos 68 ingresos en metálico, cheque o pagaré por un importe de 427.740 euros, lo que obligó a los inspectores de Hacienda a abrir 17 diligencias de investigación contra el líder provincial del Partido Popular.
Además, los peritos de Anticorrupción investigan la operación de compraventa de unos terrenos en La Coma, por los que Fabra pagó 1.600.000 pesetas en el año 1999 a la entidad Planning y Promociones. Esta empresa declara haber recibido el dinero de Fabra con anterioridad al acto de firma de la escritura. Según consta en la querella por fraude fiscal que la Agencia Tributaria presentó en mayo de 2005 contra el presidente de la diputación, no se han podido acreditar los medios de pago que Fabra empleó en esa operación.
Una cuenta personal de Fabra refleja decenas de miles de euros sin justificar
Los extractos bancarios analizados de 2000 y 2001 registran ingresos en efectivo y en cheques por cantidades muy superiores a las nóminas del líder del PP y de su esposa
Decenas de cheques e ingresos en efectivo por cantidades de entre 12.000 y 100.000 euros (a veces en un mismo mes) figuran en los extractos de una de las decenas de cuentas bancarias en las que figura como titular o autorizado Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia. La cuenta analizada -de momento sólo en los ejercicios 2000 y 2001, aunque la documentación requisada alcanza hasta 2004- corresponde al banco más próximo al domicilio de Fabra. Estaba a nombre del líder del PP y de su mujer, y en ella ingresaban ambos cada mes sus respectivas nóminas, según fuentes de la investigación.
En un mes gastó 18.000 euros en muebles, ropa, zapatos y comidas
La cuenta es la misma cuyo análisis ya dio resultados muy comprometedores para el dirigente popular en el ejercicio de 1999, por el que fue imputado por delito fiscal al no declarar a Hacienda ingresos superiores a 600.000 euros, cuyo origen no ha podido justificar hasta el momento.
Éste es uno de los primeros datos que ya obran en la investigación que Anticorrupción puso en marcha hace poco más de un mes para aclarar el origen de seis millones de euros que, según la Fiscalía, Fabra no ha justificado. Anticorrupción requisó la documentación de una veintena de entidades bancarias de Castellón donde Fabra tenía cuentas corrientes.
El presidente de la Diputación de Castellón está imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude fiscal. Esta imputación se basa en la investigación judicial abierta a raíz de la denuncia presentada por Vicente Vilar, un fabricante de productos fitosanitarios que, supuestamente, pagaba a Fabra comisiones ilegales a cambio de que el presidente de la Diputación Provincial de Castellón presionase a ministros y secretarios de Estado del entonces Gobierno de José María Aznar para conseguir autorizaciones de Agricultura y Sanidad.
En medio de esa investigación, la Agencia Tributaria destapó un delito fiscal que habría cometido Fabra al no declarar a Hacienda en 1999 ingresos por más de 600.000 euros, cuyo origen todavía hoy se desconoce.
La investigación en marcha ha descubierto que los extractos bancarios de la cuenta citada registran mensualmente los ingresos por nóminas de Fabra (algo más de 2.700 euros) y de su esposa (1.500 euros) y, además, ingresos en efectivo o por cheques con cantidades muy superiores.
El presidente del PP de Castellón, según la documentación requisada, contrató un crédito junto a su hija (hoy diputada nacional del PP) por 648.000 euros que le obligaba a abonar cada trimestre 14.104 euros (4.700 al mes) para pagar la compra de una vivienda.
La documentación recabada por Anticorrupción recoge también los gastos de una tarjeta de crédito American Express que Fabra compartía con su mujer. En uno de los meses que se han analizado figuran cargos por valor de 18.000 euros (los ingresos mensuales de ambos eran de 4.200 euros) por compra de muebles, ropa, zapatos y comidas en restaurantes de Madrid, una de ellas por valor de 600 euros. Uno de los restaurantes que aparece entre los pagos con la tarjeta de crédito es el que supuestamente utilizaba Fabra para comer con las personas que le podían facilitar las autorizaciones para fabricar fitosanitarios, según denunció el empresario Vicente Vilar en su día ante el juez. Vilar llegó a relatar en los juzgados que en ese restaurante se pagaron miles de euros a personas que podían intermediar para lograr las autorizaciones correspondientes.
Pese a estos hechos, el Partido Popular no ha abierto aún expediente disciplinario a Fabra, en contra de lo que establece el código ético del propio partido. Tanto Mariano Rajoy como Francisco Camps, respectivamente líderes del PP nacional y valenciano, han ensalzado en varias ocasiones de manera pública al presidente de la Diputación de Castellón.
La única respuesta que Fabra ha dado sobre sus ingresos a la oposición llegó anteayer por escrito, cuando sugirió que muchas de las cuentas corrientes cuya propiedad se le atribuye son en realidad de la Diputación Provincial de Castellón y, por tanto, los ingresos no son suyos. La cuenta analizada por Anticorrupción donde figuran ingresos muy superiores a su salario es la que comparte con su mujer en la sucursal más próxima a su domicilio.
Por otro lado, la investigación que encabeza el fiscal anticorrupción Luis Pastor ha tenido mucho cuidado en excluir de su ámbito de pesquisas todas aquellas cuentas relacionadas con la actividad institucional de Fabra. Por tanto, los datos inquietantes que salen de la primera lectura de sus numerosas cuentas -más de 15 millones de euros movidos entre 1999 y 2004 y casi la mitad con origen desconocido o injustificado- se refieren exclusivamente a las que posee en solitario o comparte con sus parientes directos
Hacienda devolvió a Carlos Fabra alrededor de 14.000 euros entre 1999 y 2004 ya que todas sus declaraciones de renta le salieron a devolver, pese a los ingresos multimillonarios en sus cuentas. Ya en 1999, ejercicio en el que se detectaron las primeras supuestas anomalías fiscales, Hacienda le devolvió 2.800 euros en una declaración en la que se detectó un supuesto fraude de 150.000 euros por el impago de cuotas en el IRPF. Según la documentación que obra en las diligencias de investigación que instruye el juzgado número 1 de Nules, el presidente de la Diputación de Castellón obtuvo en 1999 retribuciones por un total de 73.136 euros. Por este ejercicio fiscal, Hacienda le devolvió 2.783 euros que, según su declaración, correspondían a la cuota diferencial. En 2000, sus rendimientos de trabajo alcanzaron los 78.618 euros y la cuota diferencial se fijó en 1.611 euros. Al año siguiente, Carlos Fabra apenas aumentó sus rendimientos de trabajo en 1.000 euros y su declaración exhibe que la cantidad a devolver fue de 2.246 euros. En la mayoría de los casos, el líder del PP de Castellón no percibió estas cantidades sino que las compensó con el pago que debía efectuar su esposa, a la que la declaración sí le salía positiva.
Los ingresos por trabajo obtenidos en 2002 se incrementaron hasta 83.636 euros, mientras que éste fue el año, de los cinco investigados, que más dinero le salió a devolver: 4.230 euros. Algo menos, 3.109 euros, fue lo que percibió en 2003 después de declarar unos rendimientos de trabajo de más de 88.000 euros, mientras que en 2004 percibió 3.286 de devolución de Hacienda con unos ingresos declarados de 91.304 euros.
ANTICORRUPCIÓN INICIA LA CUENTA ATRÁS PARA CALIFICAR EL CASO CONTRA CARLOS FABRA
El fiscal Anticorrupción del caso Fabra, Luis Pastor, ha pedido ya al Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules que le remita parte de la causa para estudiarla, lo que en algunos medios judiciales se interpreta como un paso previo antes de tomar la decisión de concretar una acusación formal contra los imputados o pedir el archivo de las diligencias. Este intento de la Fiscalía por llevar el caso a su recta final se produce a pesar de que los juzgados de Nules siguen sin jueces titulares y mientras el Consell sigue aplazando el nombramiento de los dos jueces de apoyo y sus funcionarios.
El informe del fiscal Pastor no se producirá de ninguna manera mientras no tenga sobre su mesa el complejo informe sobre las cuentas de Carlos Fabra que deben elaborar los peritos de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción. Este informe podría estar concluido antes de Navidad, según fuentes próximas a la investigación.
Hace poco más de un mes, policías y peritos de la Fiscalía se desplazaron a Castelló para recabar personalmente los datos bancarios de la familia Fabra que 23 bancos han evitado facilitar desde que estalló el escándalo político a finales del año 2003. A pesar de la operación policial desplegada por la Fiscalía Anticorrupción, a fecha de hoy aún hay entidades financieras que no han transmitido toda la documentación de que disponen relativa a los supuestos ingresos millonarios del presidente de la diputación castellonense.
Además, este último impulso a la investigación desde la Fiscalía se produce días después de que Fabra hiciera unas contundentes declaraciones a una emisora de radio, a la que aseguró que tiene "ganas" de que se juzguen cuantos antes sus causas pendientes para "dejar de ser portada de algún periódico".Las declaraciones de Fabra contrastan con la actuación de sus abogados, que desde que estalló el caso han ido recurriendo, sistemáticamente, cada paso que daban los dos juzgados de instrucción de Nules.
La causa, que acumula ya más de 20.000 folios, se abrió a finales del año 2003, cuando un empresario, Vicente Vilar, gerente de Naranjax, interpuso dos querellas contra Carlos Fabra y lo acusó de cobrar comisiones millonarias por favores políticos en los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Las fuentes consultadas señalan que la petición del fiscal al juzgado para que le vaya remitiendo la causa, por tomos, suele ser un paso previo a la elaboración de un escrito de calificación, en el que el ministerio público realiza una acusación formal contra los imputados. En el caso de que Pastor no advierta la existencia de delito solicitaría a la juez el archivo del expediente.
Fabra figura como imputado en delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal.
FABRA DICE QUE LAS CUENTAS QUE LE INVESTIGAN SON DE LA DIPUTACIÓN
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cumplió ayer con su deber de contestar, por escrito, a las preguntas formuladas por el portavoz socialista, Francesc Colomer, en el último pleno. "¿Quién le ingresa tantos millones y a cambio de qué?", fue una de las preguntas que formuló el socialista en referencia a la investigación de los peritos de Hacienda sobre sus cuentas y movimientos bancarios.
Sin embargo, Fabra sólo respondió sobre la parte pública y alegó que no es titular de casi un centenar de cuentas, sino que en muchas de ellas aparece como firma autorizada cuando se trata de cuentas de organismos públicos, tal como se ha dicho reiteradamente. Además, Carlos Fabra, en una respuesta muy medida, afirmó que se trata de "ingresos relacionados" con la Diputación y con los organismos que preside y que no le pueden ser atribuidos.
Francesc Colomer acusó al presidente de la Diputación de no haber respondido a sus preguntas, en las que reclamaba explicaciones sobre los ingresos privados de Fabra. "No tengo los ingresos millonarios que usted se empeña en atribuirme", reiteró, y acusó al portavoz de la oposición de "mentir". Al finalizar el pleno, Fabra volvió a quitarle el turno de palabra al portavoz socialista.
Minutos antes se había debatido una moción en cuya redacción no se dejó descalificación alguna en el tintero el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Vicent Aparisi. En la exposición de motivos señala que la Confederación Hidrográfica del Júcar "de manera tan metódica como obstruccionista informa negativamente de cualquier desarrollo urbano", y sostiene que las negativas a desarrollos urbanísticos por insuficiencia de recursos hídricos sólo se dan en municipios gobernados por el PP. "En muchos casos, el comportamiento no es sólo hostil sino indolente", añade la moción, que acusa a la entidad de ejercer un "sistemático y lesivo comportamiento".
La moción, que se queja de "la constante y generalizada obstrucción" que efectúa la Confederación, fue aprobada con los votos a favor del PP, los votos en contra de los socialistas y la abstención del Bloc. Pese a lo que dice la moción, la Confederación Hidrográfica del Júcar sí informó a favor de la macrourbanización prevista entre Oropesa y Cabanes, que abarca cerca de 18 millones de metros cuadrados. Ambos municipios están gobernados por el PP.
La diputación gasta 85.000 euros en 1.500 corbatas de seda de 7 pliegues y 500 pashminas personalizadas para distinguir a los VIP
La seda es el
material con el
que la
Diputación de
Castelló
distingue a los
VIP. Y es que a
tal fin la Junta
de Gobierno del
PP contrató mil
quinientas
corbatas de seda
de siete
pliegues y 500
pashminas
(pañuelos de
mujer)
personalizadas.
Todo contra el
desembolso de
84.840 euros.
Regalos
corporativos,
imagen de la
institución, a
cambio de un
importante
desembolso. Un
gasto que pudo
ser mayor si en
el camino no se
hubiera quedado
el lote de 2.100
corbatas,
también de seda,
habida cuenta
que el concurso
público quedó
desierto, lo que
habría elevado
por encima de
los 140.000
euros el coste
de estos
detalles
exclusivos.
El encargo cuida
al máximo los
detalles. Así,
desde la calidad
del bordado de
las iniciales al
embalaje de
corbatas y
pashminas,
pasando por el
color de los
mismos han sido
tenidos en
cuenta a la hora
de seleccionar
la empresa
adjudicataria
Cityties
Inversiones, SL.
Esta firma
ofrece 3.000
combinaciones de
color en el caso
de las corbatas
de siete
pliegues de
seda, que los
expertos
consideran el
epítome del
lujo, y 1.123 en
el caso de los
pañuelos de
cuello.
La medida se
adopta en plena
crisis económica
y mientras desde
distintos
sectores de la
sociedad,
incluidas las
administraciones
públicas, se
hacen llamadas a
la austeridad
para salvar esta
situación que
tiene efectos
impredecibles.
De ahí que desde
el principal
grupo de la
oposición: el
PSPV se lamente
la ocasión
perdida para
aplicar medidas
de contención
del gasto.
Este tipo de
encargos tiene
antecedentes en
años anteriores
apuntan, pero en
el presente
cobra una
trascendencia
mayor por cuanto
se da en tiempo
de crisis y
cuando se
reclaman más
fondos a la
Administración
central y tras
cerrar un plan
de ayudas a la
implantación de
energías
renovables en
pequeños
municipios del
interior que
deja pendientes
26 proyectos por
agotar el
presupuesto de
75.000 euros.
Por ello, desde
el grupo
Socialista, su
diputado Juli
Domingo califica
esta actuación
del grupo que
preside Carlos
Fabra como "una
provocación en
plena crisis,
mientras se
están adoptando
medidas para
contener los
gastos más
directos, como
pueden ser las
percepciones de
los diputados,
que Fabra nos
venta ahora a
gastarse ochenta
mil euros en
corbatas de seda
de siete
pliegues es,
cuando menos, ir
contra
corriente. Es
una burla, una
burla hacia los
ciudadanos de
una persona que
es capaz de
gastarse una
cantidad como
esta en regalos
corporativos,
más que el
dinero gastado
en publicaciones
culturales".
Domingo
considera que
esos fondos
públicos habrían
tenido un mejor
aprovechamiento
destinándolas a
financiar
actuaciones
municipales en
el interior. Lo
contrario "es
gestionar de
espaldas a la
realidad".
Nuevas empresas
Los socialistas
entienden que es
una forma de
entender el
gobierno de una
institución, la
misma que es
capaz de llevar
al pleno una
modificación del
presupuesto por
la que se libera
una partida de
400.000 euros
para crear una
empresa para
gestionar
proyectos de
desarrollo
endógeno y
exógeno de la
provincia, sin
que ofrezca "al
pleno dato
alguno sobre el
nombre de la
empresa, sus
cometidos o el
personal que
tendrá en
plantilla".
Recuerdan
también los
socialistas de
la corporación,
asimismo, que a
detalles
promocionales de
la institución
también se
destinan
cantidades en el
presupuesto del
Patronato
Provincial de
Turismo Costa de
Azahar.
EL POLICÍA
DETENIDO POR
SUPUESTO TRÁFICO
DE DROGAS ES
FAMILIAR Y EX
ESCOLTA DE
FABRA
El agente de la
Policía Local de
Castelló
detenido por su
presunta
relación con una
red de tráfico
de drogas es L.
S. B., ex
guardaespaldas y
familiar del
presidente de la
diputación,
Carlos Fabra.
Fuentes
policiales
confirmaron la
identidad del
arrestado, que
ayer se
encontraba en
los calabozos de
la Comisaría de
Castelló, a la
espera de pasar
a disposición
judicial.
Según fuentes
consultadas, el
detenido ingresó
hace más de una
década en la
plantilla de la
Policía Local y
forma parte de
una de las
primeras
promociones. El
pasado 20 de
octubre de 2006,
la junta de
gobierno local
del ayuntamiento
de la capital
acordó conceder
la excedencia
voluntaria a
L.S.B., que se
hizo efectiva el
15 de noviembre
del mismo año.
El permiso fue
para un mínimo
de dos años
continuados,
según el acta de
la reunión
consultada por
este diario. Por
lo tanto, podía
pedir la
reincorporación
a partir de
mediados del mes
que viene.
El agente estuvo
adscrito a la
división de
servicios
especiales de la
Policía Local,
de la que
depende el grupo
de escoltas para
protección de
autoridades. En
los últimos años
fue uno de los
guardaespaldas
habituales de
Carlos Fabra,
del que es
sobrino segundo.
La estampa
imponente del
policía acompañó
al líder
provincial del
PP (que tiene
derecho a
escolta por ser
concejal de
Castelló) a
declarar a los
juzgados de
Nules, como
refleja la foto
de mediados de
2006.
Sin embargo,
hace dos años
Serrano decidió
interrumpir su
actividad
profesional para
embarcarse en
negocios
personales.
Según compañeros
de profesión,
ingresó una
cantidad
importante de
dinero gracias a
la
recalificación
de un terreno.
Las mismas
fuentes explican
que viajaba
habitualmente a
Sudamérica y que
en Brasil abrió
un gimnasio. Y
es que el
policía era un
apasionado del
deporte y
practicaba boxeo
y remo, entre
otras
actividades. Sus
compañeros lo
recuerdan como
una persona que
se relacionaba
poco y que
cuando salía a
la calle era muy
eficaz, gracias
a su
intimidatorio
aspecto físico.
"Imponía mucho
respeto",
recuerdan. Antes
de formar parte
del cuerpo de
escoltas,
trabajó en
atestados.
También eran
conocedores sus
colegas del
vínculo familiar
del agente con
Carlos Fabra. "Sabíaos
que estaba muy
bien
relacionado",
apuntan. De
hecho, el cargo
de escolta es
codiciado en el
cuerpo policial
por la comodidad
( aunque no
exento de
riesgos), según
dicen. La
detención de
Luis Serrano y
su posible
implicación en
una red de
narcotráfico
-que disponía de
laboratorios
clandestinos de
cocaína en
Castelló- ha
causado gran
sorpresa en la
Policía Local,
ya que el agente
tenía fama de
disfrutar de una
holgada
situación
económica.
RAJOY ELOGIA AL "PARTIDO EJEMPLAR"
QUE DIRIGEN CAMPS Y FABRA
"Este es un partido ejemplar", señaló
ayer Mariano Rajoy en Valencia frente a
Francisco Camps, Rita Barberá y la
mayoría de los cuadros de su formación
que jaleaban su discurso económico y se
pavoneaban ante los piropos de su líder.
Y es que el presidente del PP no dejó de
incidir en lo "contento" que estaba por
encontrarse entre ellos y de destacar
que la Comunidad Valenciana era "un
orgullo para todos los españoles". Y así
fue como, llevado por el entusiasmo, a
Rajoy no se le ocurrió nada mejor que
extender el "ciudadano ejemplar" que le
dedicó a Carlos Fabra hace unos meses al
resto del partido.
Aparte de eso, su discurso se centró en
el agua y los Presupuestos. De los temas
de corrupción que asolan a los
conservadores, ni palabra. Del
presidente de la Diputación de
Castellón, imputado por varios delitos
contra la Hacienda Pública y que se
encontraba presente en el acto, ni
referencia. Y eso que se sentaba en
primera fila. Eso sí, desplazado hacia
un extremo.
Al dirigente castellonense se le veía
tranquilo. Más tras confirmarse que su
partido no emprenderá ninguna acción
contra él hasta que no exista "una
condena en firme", tal y como se ha
aprobado dentro de la ponencia de
Estatutos del PP valenciano.
Durante el acto solo se presenció un
apretón de manos entre Rajoy y él. Nada
más llegar y rápido. Pero lo justo para
que todos los focos se volvieran hacia
ellos. El líder del PP también saludó a
su hija, Andrea, que se sentaba en la
mesa presidencial del XII Congreso. No
había tiempo para ir uno por uno. Por
eso no se percató hasta subir al
escenario de que detrás de él se
acomodaban José María Michavila y Juan
Costa, uno de los dirigentes que amagó
con presentar su candidatura a la
dirección del partido en plena crisis.
El jefe de la oposición se centró en lo
suyo. Volvió a repetir su discurso sobre
el agua, que ya había lanzado el día
anterior en Murcia, echándole la culpa a
Zapatero por "liquidar unilateralmente
el Plan Hidrológico Nacional". Él mismo
admitió que su discurso estaba lleno de
"obviedades". "El agua es para todos",
insistió, olvidándose de que la
Secretaría General del partido apoyó en
las Cortes de Castilla-La Mancha el fin
del trasvase Tajo-Segura en 2015.
Pero no fue lo único que le reprochó al
Gobierno. También le echó en cara que no
cumpliera con "dos de sus obligaciones:
la seguridad y la justicia". Después de
la manifestación del sábado contra el
ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy
se quejó porque el Gobierno "no cumple
con la Policía ni con la Guardia Civil".
Desde el público se oyó un "¡viva la
Guardia Civil!" que arrancó el "¡viva!"
a coro.
Entrando en materia económica, Rajoy
anunció que su partido plantearía al
Gobierno "una reforma fiscal" esta
semana en el debate de Presupuestos (ver
recuadro). A su juicio, estos no deben
servir para "contentar" al PNV o al BNG,
sino para "los intereses generales de
todos los españoles".
Si para Rajoy los Presupupues son
"perjudiciales", para el resto de sus
compañeros no iba a ser menos. Todos
cargaron contra ellos. Así, Javier
Arenas censuró que "por dos platos de
lentejas el nacionalismo excluyente del
País Vasco y Galicia" le hubiera dado el
visto bueno a las cuentas. Y Francisco
Camps denunció que "si los partidos
nacionalistas radicales, que no creen en
España, habían dicho que sí a estos
Presupuestos", era porque "no son los
que necesita España".
Carlos Fabra recibió ayer la
placa de la Orden de Jaime I El
Conquistador en representación
de la Diputación de Castellón,
que preside. El presidente de la
Generalitat valenciana,
Francisco Camps (en la imagen le
entrega el premio a Fabra), ha
instaurado estos galardones que
ayer recibieron también, entre
otros, los ex presidentes de la
Generalitat y los tres
cardenales valencianos.
El PP
blinda a Fabra y no le suspenderá sin una condena en
firme
La
dirección regional sitúa a la hija del imputado en
la mesa del XII Congreso
El Partido Popular de la Comunidad
Valenciana, que preside Francisco Camps, ha
decidido blindar la presencia en el partido
del presidente de la Diputación de
Castellón, Carlos Fabra, imputado por varios
delitos contra la Administración pública y
supuesto delito fiscal. Le blinda a él y al
resto de cargos imputados, y no le
investigará ni le abrirá expediente hasta
que no haya una "condena firme en un
procedimiento penal" por delitos que
perjudiquen a terceros.
La ponencia de Estatutos que aprobarán los
populares valencianos en su XII congreso
regional, que se celebra hoy en la Feria de
Valencia, asegura que sólo se procederá a
"la suspensión automática de funciones y
militancia cuando existiese una condena
firme en un procedimiento penal por la
comisión de un delito doloso".
Un requisito que garantiza la plenitud de
derechos en el PP a Carlos Fabra -a quien la
investigación judicial pide que explique la
procedencia de ingresos que superan los seis
millones de euros sin justificar-, pero
también a otros altos cargos imputados.
Entre ellos, al alcalde de Torrevieja y
diputado autonómico, Pedro Hernández Mateo,
imputado por un pelotazo urbanístico; al ex
alcalde de Alicante y diputado autonómico
Luis Díaz Alperi, que tiene todavía viva una
causa por un supuesto desfalco en
Mercalicante; al senador y ex alcalde de
Burriana Alfonso Ferrada, investigado por
malversación de fondos públicos y contra la
ordenación del territorio; o al diputado
provincial de Calpe Juan Roselló, por
sobrecostes en la red municipal de agua.
El congreso de los populares valencianos,
que reelegirá a Camps como presidente
regional sin ninguna oposición, aprobará
también un "compromiso ético". En él se
señala que, "en consonancia con lo acordado
el XVI congreso nacional del PP", se amplía
la potestad sancionadora de los órganos de
dirección regional para "velar por la
correcta actuación" de todos sus militantes.
La paradoja estriba en que cuatro meses
después de la celebración del XVI congreso,
los Estatutos nacionales del PP siguen
todavía sin publicarse.
Los nuevos Estatutos del PP en la Comunidad
Valenciana, que saldrán adelante hoy,
aseguran que la transparencia, la dignidad,
el decoro, la buena fe y la moralidad
adornan el compromiso de los cargos públicos
populares con la sociedad.
En ese contexto, la diputada e hija de
Carlos Fabra, Andrea, cuyas cuentas y
patrimonio están siendo investigados a raíz
de las imputaciones contra el presidente de
la Diputación de Castellón, será nombrada
hoy vicepresidenta primera de la mesa del
XII congreso del PP de la Comunidad
Valenciana.
Camps ha contestado
así en el pleno de Les Corts a una pregunta de la portavoz de
Compromís, Mònica Oltra, sobre las medidas adoptadas por la
Generalitat para dotar de medios a los juzgados, en la que ha
denunciado la situación "vergonzante" del Juzgado de Nules,
donde se siguen las causas contra el presidente de la Diputación
y del PP de Castellón, Carlos Fabra.
Oltra ha mostrado a
los diputados una foto de Fabra, al que se ha referido
irónicamente como "hombre ejemplar", y ha explicado que el
Consejo General del Poder Judicial asignó el pasado 11 de
septiembre los jueces y secretarios de refuerzo. Pero, se ha
preguntado "dónde están los funcionarios para acelerar el caso
Fabra" que corresponde enviar al Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana.
La diputada ha
destacado que el propio Camps ha reconocido que tiene una
"íntima amistad" con el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Oltra ha indicado
que entiende que la defensa de Fabra quiera "dilatar" la
imputación fiscal y la imputación de delitos contra la
Administración pública que tiene el presidente provincial del PP
cde Castellón, pero no puede entender que el Consell "esté en
connivencia con la defensa del señor Fabra".
La portavoz de
Compromís ha señalado que el Consell debería estar "defendiendo
los intereses generales, que son dotar de funcionarios esos
juzgados para que el juez y secretario de refuerzo puedan
actuar", y ha espetado a Camps: "Fabra no es un hombre ejemplar,
y su política de Justicia tampoco lo es".
En el turno de
réplica, Camps se ha centrado en reivindicar la "excepcional"
inversión en materia de Justicia que el Consell ha llevado a
cabo en los últimos tiempos, algo que "posiblemente le duele" a
la portavoz de Compromís, y ha insistido en que esta comunidad
es "modélica" en aplicar las competencias de Justicia.
El president ha
lamentado que a los diputados de la izquierda no les guste "que
las cosas funcionen bien" en la Comunitat, adonde vienen del
resto de autonomías a ver las inversiones hechas y "copian" el
modelo de ciudades de la justicia, y ha reivindicado el "enorme
esfuerzo" hecho en estas inversiones.
Camps ha invitado a
Oltra, si quiere mejorar la prestación de los servicios públicos
y que la justicia valenciana cuente con un mayor esfuerzo
económico, a sumarse a la defensa de un modelo de financiación
que reconozca la realidad demográfica de la Comunitat.
Por su parte, el
portavoz adjunto de Compromís Enric Morera ha propuesto un
acuerdo que sólo supondría 3.200 euros, y que consistiría en que
hoy mismo el director general de Justicia firmara una orden para
que el TSJCV dotara a los juzgados 1 y 2 de Nules de
funcionarios para poder instruir correctamente los casos que "un
alto representante de la política valenciana" tiene allí.
Le ha respondido la
consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, quien le ha
acusado de no querer un debate "sereno" sobre los medios de la
Justicia, sino emitir juicios de valor y sentencias sobre un
caso concreto por parte de alguien a quien no le corresponde.
Morera ha insistido
en que firmar esa propuesta lanzaría el mensaje de que, por
encima de ideologías, se dota a un juzgado y no se intenta
dilatar el proceso, y ha considerado que Camps "ha ligado su
futuro político al futuro político de Fabra".
La consellera ha
respondido que no va a entrar en el juego de Compromís, al que
podría contestar que se ha creado un cuarto juzgado en Nules, se
ha puesto la prolongación de jornada para todos los funcionarios
de tres juzgados de allí, y se van a planificar los planes de
refuerzos que sean necesarios, como en todos los juzgados.
Sin embargo, ha
considerado que a la oposición no le interesa esto, sino sólo
"buscar un espacio político y mediático sobre un caso concreto
que les interesa a ustedes y no a los ciudadanos de la Comunitat".
FABRA RECUERDA A
CAMPS QUE EL PP DE CASTELLÓ HA SIDO GENEROSO CON ÉL
El presidente
provincial del Partido Popular y de la Diputación de Castelló,
Carlos Fabra, confía en mantener el actual peso en la futura
dirección que surja del congreso regional del PP el próximo fin
de semana. Fabra aseguró que el presidente Camps "siempre ha
sido generoso con esta provincia porque esta provincia ha sido
generosa siempre con el partido y especialmente con él y yo creo
que él lo tiene muy claro", dijo.
El líder popular en
Castelló aludió así al apoyo que ofreció a Francisco Camps el PP
de Castelló en su pugna con los zaplanistas por el control del
partido en el pasado congreso regional. "Yo creo que estaremos
todos satisfechos", aventuró el mandatario popular. Además,
Fabra aseguró que no tiene que aclarar nada sobre su patrimonio
"a nadie que no sean los tribunales". Fabra respondió a las
declaraciones del delegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana, Ricardo Peralta, quien criticó que el mandatario
popular no dé explicaciones de "dónde viene" su "importante
patrimonio".
"No asume la responsabilidad"
Según Carlos Fabra,
el delegado tiene que asumir "la responsabilidad que no asume, y
yo no tengo que aclarar nada ni a Peralta ni a nadie que no sean
los tribunales de Justicia". Además, el delegado debería de ser
"mucho más consecuente con la responsabilidad que debe asumir y
no dejar que en este país las instituciones funcionen
separadamente, y no como un guirigay que les interesa
políticamente". Fabra hizo estas declaraciones durante la rueda
de prensa de presentación de las enmiendas elaboradas por Nuevas
Generaciones a las ponencias del XII Congreso Regional, que se
celebra en Valencia el próximo fin de semana en el que apela a a
la "generosidad" de Camps para mantener el actual peso.
FABRA SE NIEGA A
EXPLICAR LOS INGRESOS SIN JUSTIFICAR
El presidente de la
Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, se negó ayer
nuevamente a aclarar la procedencia de los ingresos millonarios
sin justificar hallados en sus cuentas bancarias. Fabra,
imputado por la posible comisión de varios delitos contra la
Administración pública y un posible fraude fiscal, se negó a
responder en el pleno de la Diputación de Castellón al portavoz
socialista, Francesc Colomer.
"Me asiste el
derecho a contestar por escrito", dijo Fabra para no responder
al portavoz de la oposición. Colomer, que ya fue insultado por
Fabra tras reclamar aclaraciones sobre su situación judicial,
replicó: "Si no contesta, no puede permanecer, por decencia
democrática, ni un minuto más sentado donde está". Francesc
Colomer hizo referencia a la información publicada en EL PAÍS el
pasado 26 de septiembre y aludió a los ingresos de seis millones
de euros detectados entre 1999 y 2004 que, según la
investigación, carecen de justificación. El representante
socialista tampoco obtuvo respuesta cuando preguntó: "¿Quién le
ingresa tantos millones y a cambio de qué? ¿No cree que un cargo
público debe responder en caso de que haya dudas?".
Fabra se negó a
contestar todas las preguntas y al finalizar el pleno de la
Diputación, y sólo ante los periodistas, dijo: "Soy inocente
mientras no se determine lo contrario".
El caso Fabra se
inició hace casi cinco años. Ayer, el ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo, responsabilizó en parte del retraso a
los miembros del Consejo del Poder Judicial saliente por no
haber autorizado el refuerzo que necesitaba el juzgado que
investiga el caso.
El PP respalda a
Fabra tras revelarse que no justificó seis millones
El Partido
Popular y el Gobierno valenciano salieron ayer en
defensa del presidente de la Diputación de Castellón,
Carlos Fabra, tras desvelarse que entre 1999 y 2004
ingresó un total de seis millones de euros sin
justificar en sus cuentas corrientes, según las
investigaciones judiciales abiertas contra él. El PP
evitó valorar el contenido de la información de EL PAÍS,
que revela que el líder del PP de Castellón movió en el
citado periodo cerca de 15 millones de euros a través de
un centenar de cuentas bancarias.
La
secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal,
afirmó: "No me gusta como ciudadana ver filtraciones de
una instrucción de cualquier procedimiento en ningún
medio, porque es malo para la justicia y para la
democracia". De Cospedal recalcó que "hay que defender
la presunción de inocencia".
Carlos Fabra
está imputado por varios delitos contra la
Administración pública y fraude fiscal y está siendo
investigado por el juzgado número 1 de Nules (Castellón)
y la Fiscalía Anticorrupción.
El
vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente
Rambla, del PP, dijo que "Fabra sufre los defectos del
sistema judicial y tiene derecho a que se le juzgue y a
que se acabe este ensañamiento".
CARLOS FABRA INGRESÓ SEIS
MILLONES DE EUROS SIN JUSTIFICAR ENTRE 1999 Y 2004
Carlos Fabra, presidente de la
Diputación de Castellón desde hace 21 años, y del PP regional, movió entre
1999 y 2004 cerca de 15 millones de euros a través del centenar de cuentas
bancarias en las que figura como titular o autorizado y que investiga el
juzgado número 1 de Nules y la Fiscalía Anticorrupción a partir de una
denuncia por delito contra la salud, según los extractos bancarios que obran
ya en el sumario. Al menos seis millones de dichos ingresos carecen de
justificación, según la investigación. Una buena parte de los ingresos son
aportaciones que, de momento, resultan opacas para los investigadores, ya
que proceden de cheques o ingresos en metálico. Esto impide saber quién le
pagó y a cambio de qué, justo la tarea que ahora se investiga con la actual
requisa de documentación en 23 bancos.
Los 15 millones de euros
ingresados en cuentas de Fabra contrastan con sus ingresos oficiales
declarados, 73.000 euros en 1999, según el informe de la Agencia Tributaria.
Por ese ejercicio, Hacienda ya le imputó un delito fiscal debido a que
ocultó más de 800.000 euros que ingresó aquel año. La suma de 15 millones de
euros que se deriva de la documentación en poder del juzgado sólo es el
reflejo de las cantidades que han circulado por sus cuentas, y no incluye el
resto de su patrimonio, según fuentes conocedoras de la investigación, en la
que participan expertos de Policía y Hacienda. Este balance podrá afinarse
cuando se conozca la documentación bancaria que ahora se ha requisado y se
esclarezca el origen de todos sus ingresos.
Una parte, según la
investigación, podría proceder de trasvases en metálico entre cuentas de
Fabra. Pero los expertos consideran que sería un porcentaje marginal y que
la mayoría de los ingresos de las cuentas de Fabra tienen un origen externo.
"No tendría sentido que estuviera pasando de una cuenta a otra el mismo
dinero", opinan profesionales conocedores de la operativa.
Tampoco parece vinculado a
operaciones inmobiliarias, ya que Fabra paga religiosa y transparentemente
sus hipotecas, a tenor de dicho material bancario incorporado al sumario. Y
sus ingresos opacos tampoco parecen responder a ventas inmobiliarias, según
expertos consultados.
Pero no es eso lo llamativo de
sus cuentas. Lo singular es que, según la documentación que obra en el
sumario, existe una abultada relación de ingresos en efectivo o cheques en
favor del político popular durante dicho periodo. Sólo tomando en
consideración las aportaciones más significativas, por encima de los 3.000
euros por ejemplo, se producen casi 200 ingresos por cantidades muy
respetables, incluidas algunas que superan los 40.000 o los 100.000 euros.
Los movimientos de dinero suponen más de 30 veces sus ingresos oficiales.
La documentación sobre las
operaciones bancarias de Fabra se recopiló a lo largo de casi un año de
pugna del juzgado y Anticorrupción con las distintas entidades bancarias
requeridas. ¿Qué material ha requisado ahora a los bancos el juzgado? Toda
la información que permita identificar a las personas que ingresaron los
cheques o sumas en efectivo a las cuentas del político castellonense. Todo
ello con vistas a saber quién pagó a Fabra durante este periodo y por qué.
La identificación del origen del dinero puede llevar, según los
investigadores, a un escenario penal distinto de mero delito fiscal: se
indaga si tales pagos se relacionan con actos o decisiones del político en
favor de su financiador, lo que, de producirse, supondría cohecho.
Hay un punto que simplifica la
investigación y complica la vida de Fabra: en la medida en que él declara
tener como única fuente económica su sueldo oficial de presidente de la
Diputación castellonense, y niega tener empresas, cualquier ingreso que
aflore tiene amplias posibilidades de ser un dinero opaco al fisco y
perfilaría el origen real de su patrimonio, que incluye dos costosas
viviendas en Madrid. Por otro lado, aunque se han rastreado todas las
cuentas de sus parientes directos y de las empresas de su ex esposa, son sus
cuentas personales las que han arrojado más indicios de entregas en efectivo
sin justificación aparente, según fuentes conocedoras de dicha
documentación.
EL PARTIDO POPULAR VE UNA
CONSPIRACIÓN CONTRA FABRA
El PP de Castellón aseguró el jueves en un comunicado
que la información que publican los medios de comunicación sobre el proceso
judicial en el que está inmerso su presidente,
Carlos Fabra,
responde a una "campaña orquestada" entre "el PSOE de Madrid" y una larga
lista de medios. La conspiración serviría para crear "una cortina de humo"
que evite que se conozcan los pormenores de la elección de un nuevo líder de
los socialistas de Valencia, calificada de "guerra civil" en la nota emitida
por los conservadores.
Los hechos, sin embargo, apuntan
más bien a un legítimo derecho a la información sobre las actividades de un
cargo público del que se tienen serios indicios de corrupción. Fabra,
presidente de la Diputación de Castellón, está acusado desde hace cinco años
de nueve delitos entre los que se cuentan el cohecho o la malversación de
fondos. La instrucción de su caso se está retrasando por los ocho cambios de
juez en el juzgado que investiga el caso.
La renta, a devolver
Uno de los cargos por lo que está imputado es el
fraude fiscal. A este respecto, un informe de la Agencia Tributaria que obra
en poder del Juzgado determina que Fabra defraudó a Hacienda 149.000 euros
en el ejercicio de 1999. Ese mismo año, la declaración le salió a devolver
463.114 pesetas. Actualmente,
peritos judiciales investigan
sus movimientos bancarios y los de sus familiares más cercanos en los
últimos cinco años.
Carlos Fabra reivindica su
derecho a la presunción de inocencia pero evita contestar a las preguntas
que se le plantean sobre su situación judicial. El PP autonómico le presta
su total apoyo: haciendo uso de sus mayorías absolutas, ha evitado que tanto
las Cortes Valencianas como la Diputación de Castellón y la de Valencia
apoyen mociones presentadas por el PSOE en las que se pedía que se agilice
el juzgado de Nules, el que instruye la causa.
LA UNIÓ DENUNCIA LOS ATAQUES
DE CARLOS FABRA A LOS PERIODISTAS
La Unió de Periodistes
Valencians trasladará a la Federación Española de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) y al Síndic de Greuges las denuncias recibidas
ante los "nuevos ataques contra los periodistas" por parte del presidente de
la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
La entidad que representa
mayoritariamente a los periodistas valencianos expresó su preocupación por
los nuevos ataques de Fabra, imputado en varios delitos contra la
Administración pública y delito fiscal, y sus intentos de coartar la
libertad de expresión cuando se le pregunta en comparecencias públicas por
la investigación judicial respecto a su patrimonio personal.
"Los periodistas de un programa
de una cadena de televisión de ámbito nacional fueron boicoteados cuando
intentaban preguntarle sobre su situación judicial", indica la Unió, que
tacha de grave que una institución que "debería velar por el respeto al
trabajo de los periodistas, no garantizara que éstos pudieran cumplir con
una labor reconocida en la Constitución Española". En el segundo caso que ha
motivado el pronunciamiento de la Unió de Periodistes Fabra aludió a
"cuestiones relativas a la vida privada de un periodista y a
descalificaciones de carácter personal para eludir dar explicaciones sobre
aspectos relativos a su gestión".
Por ello, esta organización
profesional que representa a más de 700 periodistas subrayó que los cargos
públicos "están sujetos al control de los medios de comunicación cuyo papel
es velar por la transparencia, la veracidad informativa y el interés general
sobre cuestiones que afectan a los ciudadanos y que, además, son motivo de
debate público".
Por su parte, el coordinador
general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, tildó ayer en Valencia a
Carlos Fabra de "símbolo de la dinámica de especulación urbanística y
política que más daño ha hecho en los últimos años a la política democrática
y a la ciudadanía". Llamazares, que pronunció una conferencia en Valencia,
lamentó que en asuntos como el caso Fabra "el Gobierno y al poder judicial,
no sean capaces de abordar temas tan graves como este y se pudran en el
tiempo provocando el escándalo de la ciudadanía".
El vicesecretario regional del
PP, David Serra, aseguró que su partido es respetuoso con las decisiones
judiciales y reclamó que se respete la presunción de inocencia de Carlos
Fabra.
La policía rastrea en 23 bancos de
Castellón las cuentas de Carlos Fabra
Anticorrupción insta a la juez a acelerar la investigación sobre el político del PP
El atuendo de los policías sorprendió a empleados y clientes. "Es un requerimiento del Juzgado número 1 de Nules", dijo uno de los agentes, ataviado con bermudas y una sudadera con capucha. Pasaban unos minutos del mediodía cuando una clienta presenció la entrada de este agente en una sucursal de Caja Madrid en Castellón. Poco antes, los miembros de la policía judicial y los peritos judiciales habían "visitado" una oficina del BBVA. Más tarde, otro equipo requería información en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Salieron tapándose la cara, uno de ellos ayudado de un pañuelo que llevaba anudado al cuello. A primera hora de la mañana ya habían pasado por el Banco Santander y a lo largo de la jornada completaron la visita a 23 oficinas bancarias.
La inspección abarca también los ingresos de familiares del dirigente popular
La fiscalía indaga si cometió delitos contra la Administración y fraude fiscal
Los agentes de la unidad de la policía judicial adscrita a la Fiscalía Anticorrupción se presentaron ayer en las sucursales bancarias para obtener información de las cuentas del presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que está personada en la causa desde 2004, se puso en marcha la operación con el requerimiento realizado por la juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules, donde se instruye el llamado caso Fabra, que investiga al dirigente del Partido Popular por presuntos delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal.
La investigación se inició después de que un empresario acusara al dirigente popular de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de su mediación política en la obtención de autorizaciones para fabricar productos fitosanitarios. Durante los casi cinco años de instrucción del caso, han pasado por el juzgado ocho jueces y cuatro fiscales, lo que ha dilatado aún más el proceso.
El objetivo del requerimiento judicial es que los peritos obtengan toda la información necesaria para realizar un informe tras cotejar los datos de los ingresos declarados a Hacienda y los movimientos de sus cuentas bancarias. El cruce de datos permitirá comprobar si lo que le reportan a Fabra su trabajo y sus inversiones coincide con el dinero del que dispone en bancos y cajas. El informe de los peritos resulta crucial para la investigación y, posiblemente, de su resultado dependerá la decisión de abrir juicio oral al dirigente popular o archivar el caso.
Carlos Fabra ya se negó a aclarar el origen de más de 600.000 euros que los inspectores de Hacienda detectaron en sus cuentas en la investigación del ejercicio fiscal de 1999. La inspección acabó en denuncia después de certificar ingresos en efectivo realizados en 19 cuentas bancarias de las que Fabra era titular y en otras 75 en las que figuraba como cotitular. Muchos de estos ingresos fueron realizados en días consecutivos y por un importe no superior a los 3.000 euros. Aún hoy, el presidente de la Diputación de Castellón no ha aclarado la procedencia de este dinero, ya que se negó a declarar ante la juez.
Ayer, Carlos Fabra manifestó estar tranquilo. "No estoy nada nervioso por el tema", comentó, aunque mostró su disconformidad con el hecho de que la operación se haya desvelado. "Me sorprende que, una vez más, sean ustedes los que informan a la opinión pública", declaró a los periodistas. Según Fabra, los bancos han remitido en "reiteradísimas ocasiones" los documentos que ayer buscaba la policía en las sucursales de Castellón. Añadió que le parece muy bien "que se mire con pulcritud todo el tema".
En la misma línea, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, dijo acatar la decisión de la juez de Nules y criticó a la Administración de justicia que, según dijo, "debería ser más vigilante y cuidadosa con determinada información que aparece en los medios de comunicación, y que debería ceñirse al ámbito judicial porque puede afectar a la seguridad jurídica o la imagen de la persona de la cual estamos hablando".
La investigación de las cuentas bancarias no se limita a Carlos Fabra, sino que se extiende al patrimonio y a las cuentas de su familia después de que la Audiencia de Castellón admitiera como pruebas estos datos, porque en este tipo de delitos "no es infrecuente que el eventual lucro obtenido trate de ocultarse en la esfera familiar", señaló el propio tribunal. El mismo auto indicaba que, cuando se trata de delitos contra la hacienda pública, su complejidad "determina la necesidad de la práctica de diligencias que pueden afectar a un amplio círculo de personas". Así, el juzgado de Nules decretó para los peritos el acceso a los registros públicos de la propiedad, mercantiles y de hacienda. Hace un año, la juez requirió a los bancos que aportaran documentación.
Sin embargo, la respuesta de éstos no siempre ha sido rápida. De hecho, en enero, la juez mandó un requerimiento a las entidades que, en algunos casos, habían enviado documentación incompleta. Ayer, un policía judicial y un perito se personaron en cada una de las 23 oficinas para reclamar, exactamente, los documentos que precisaban.
El Tribunal Superior de Justicia valenciano señaló que el objetivo del despliegue es "evitar la demora de meses que hubiese supuesto solicitar la documentación a través del correo ordinario".
El Parlamento valenciano deniega personal al juzgado del 'caso Fabra'
El Partido Popular rechazó en las Cortes Valencianas, donde se celebra el debate de política general, una resolución presentada por los socialistas para dotar de personal funcionario a los juzgados de la Comunidad Valenciana. La iniciativa no lo menciona pero va dirigida fundamentalmente a cubrir las seis plazas que requieren los dos nuevos jueces de refuerzo para el juzgado de Nules (Castellón), donde se instruye la causa que se sigue contra el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra.
La socialista Josefa Andrés denunció desde la tribuna de la Cámara autonómica que "es insoportable que digan [los populares] que no pueden contratar a seis personas para los juzgados de Nules". "La inmunidad de que gozamos los parlamentarios es una cosa", siguió Josefa Andrés, "y otra cosa es la impunidad".
Asunción Quinzá, del PP, defendió que el dirigente de su partido Carlos Fabra es el primer interesado en que se resuelva su caso y negó apoyo a la resolución presentada por los socialistas porque "ya está previsto" cubrir las plazas necesarias en 2009. Finalmente, sentenció: "Les molesta Carlos Fabra porque gana las elecciones con mayoría absoluta", desde hace 13 años.
Rajoy rehúye defender al presidente del PP de Castellón
¿Volvería a afirmar que Carlos Fabra es un ciudadano y político ejemplar?, le preguntó ayer un periodista al presidente del PP, Mariano Rajoy, en Barcelona. Rajoy, un tanto confuso por la pregunta, se quedó mirando al informador y se limitó a contestar: "Yo estoy a lo que digan los tribunales. Siguiente pregunta".
La polémica frase - "Es un ciudadano ejemplar"- la pronunció Rajoy el pasado 10 de julio, precisamente en un acto de homenaje a Fabra en Castellón. Se habían congregado más de 600 simpatizantes populares y Rajoy no se anduvo con titubeos para defender a su compañero de filas. "Puede haber alguien a quien no le guste lo que digo", añadió, antes de sacar a colación los buenos resultados de Fabra en la provincia y el apoyo que "ha tenido entre los vecinos".
Quizá nunca lo sospechó, pero Victorino Fabra Gil, alias el agüelo pantorrilles, hizo algo más que batirse el cobre contra los carlistas en el Maestrazgo durante la segunda mitad del siglo XIX. Su alias, en valenciano castellanizado, lo debe a la costumbre de usar calzón corto, pero su fe liberal no fue mucho más larga: pronto se pasaría con sus huestes al Partido Conservador y, desde allí, controlaría una provincia convulsa.
Sin saberlo, estaba inaugurando una fecunda saga de políticos castellonenses que, durante más de 100 años, impregnaría la política local con los aromas afrutados del caciquismo. Él fue el tío del bisabuelo de Carlos Fabra Carreras (Castellón, 1946), actual presidente de la Diputación de Castellón. Le seguirían Victorino, Hipólito y Plácido, tres sobrinos que para sí hubieran querido los papas Borgia. La Diputación de Castellón, de hecho, parece hecha a medida de los Fabra. Al fin y al cabo, Carlos la heredó de su padre Carlos Fabra Andrés, y este del suyo, Luis Fabra Sanz.
Del franquista Fabra Andrés, que fue alcalde de la ciudad en la durísima posguerra y ahora da nombre a un trofeo de golf, leí hace poco una necrológica retrospectiva en un periódico local donde se le atribuía “el gran despegue de Castellón como una ciudad moderna, abierta, luminosa y mediterránea” (sic).
Cada Fabra ha añadido su granito de arena a la leyenda. Carlos, por ejemplo, tiene una inconfundible estampa gracias a sus sempiternas gafas de cristales ahumados. En realidad, oscurece su visión no para infundir temor a sus enemigos, sino para ocultar un ojo de cristal que perdió en una reyerta infantil. Con esa vista sesgada tiene en un puño a su partido y a la provincia. No contento con ello, en las últimas elecciones aupó a su hija Andrea Fabra al senado.
Andrea está casada con Juan José Güemes, consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre y está incluida, por cierto, en el sumario que se sigue contra su padre por múltiples delitos.
Antes de que los abruptos términos cohecho, prevaricación y tráfico de influencias se dieran de bruces con él, Carlos Fabra era un ciudadano ejemplar que se dedicaba al honrado negocio de la política, como todos sus antepasados. No hace mucho tiempo, Mariano Rajoy tuvo que utilizar ese apelativo –“ciudadano ejemplar”– para referirse al todopoderoso presidente de la Diputación, pero para entonces la vida había deparado a Fabra la inmersión en una kafkiana causa judicial urdida por un socio despechado. Vicente Vilar, en efecto, le acusó de haber mediado ante altas instancias del Gobierno de Aznar para legalizar fraudulentamente determinados productos fitosanitarios. Vilar cumple actualmente condena por haber violado a su esposa (nadie es perfecto).
Acostumbrado a que nadie le tosa y a que todos le besen la mano, Fabra no lleva bien ser objeto de una eternizada investigación judicial que busca saber, entre otras cosas, cuál es el origen de los 600.000 euros que en 1999 tenía repartidos en 19 cuentas. Para un hombre al que la declaración de la renta le sale a devolver no es una pregunta baladí.
A la justicia, sin embargo, también le interesa saber si es cierto que medió en el Ministerio de Agricultura para conseguir la legalización de los fitosanitarios de marras. Algunos ex ministros de Aznar fueron citados a Nules para aclarar esos asuntillos, aunque prefirieron pudorosamente testificar por escrito.
Cinco años después, el llamado caso Fabra es un molesto legajo que los jueces de Nules se van sacudiendo de encima uno tras otro. Ya van ocho jueces y cuatro fiscales. Mientras tanto, al interfecto le ha tocado varias veces la lotería (millones de euros, ya ven) y, de paso, tuvo a bien atribuir a la madre del jefe de la oposición en la Diputación –Francesc Colomer– un oficio poco halagüeño. A lo mejor tiene razón él y, en ese caso, “hijo de puta” sería una frase habitual en boca de cualquier castellonense de buen linaje, y ser agraciado con la suerte de la loto es lo propio de todo multimillonario que dedique algunos eurillos a la cosa del azar. En caso de no tener razón, sin embargo, mentar la madre seguiría siendo algo muy feo –y más para todo un presidente de Diputación– y el truco de la lotería un sistema muy acreditado para, presuntamente, blanquear dinero.
El episodio en que Fabra mentaba a la madre de Colomer originó un corolario divertido al tiempo que patético, cuando un equipo del programa Caiga quien caiga de La Sexta intentó entrevistarle durante el pleno que siguió al insulto. Ni que decir tiene que ni siquiera pudieron acercarse al presidente, protegido inopinadamente por una guardia de armarios del canal Intereconomía. Este episodio parece revelar que Fabra se ha convertido ya en un icono de los sectores del conservadurismo más recalcitrante y su impunidad judicial está a punto de granjearle el estatus de héroe para los que admiran la dureza, al tiempo en la mano y en el rostro.
Genio y figura, Carlos Fabra aguanta lo que le echen. Harán falta otros ocho jueces juntos para su caso y otros cinco años, si cabe, de suspense judicial. Sólo en ese momento, este “ciudadano ejemplar” dejará de sonreír bajo la sombra alargada de su nariz, aunque puede que ni siquiera entonces deje de rellenar distraídamente la bonoloto, contemplando la visión especular del retrato del agüelo pantorrilles.
EL CONSELL NO ENVIARÁ
FUNCIONARIOS A LOS JUZGADOS
DE APOYO AL CASO FABRA HASTA
ENERO DE 2009
La investigación del caso
Fabra acumulará al menos
otros tres meses de retraso.
La Conselleria de Justicia
no destinará hasta enero del
próximo año a los
funcionarios de los dos
nuevos juzgados de Nules que
fueron aprobados por el
Consejo General del Poder
Judicial en su reunión de la
semana pasada y que deben
auxiliar a los jueces de
apoyo que han sido nombrados
para desatascar el
procedimiento contra el
presidente de la Diputación
de Castelló, Carlos Fabra, y
el resto de causas
pendientes en este partido
judicial, según informaron
ayer fuentes de este
departamento del Consell.
La Comisión Permanente del
Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) acordó en su
reunión del pasado jueves
crear dos plazas de juez de
refuerzo para Nules, así
como otra de secretario y
tres funcionarios (un gestor
y dos tramitadores) por cada
uno de los dos nuevos
juzgados que se crearán.
La designación de los jueces
y los secretarios es
competencia estatal y podría
acordarse de forma
relativamente rápida -dos o
tres semanas a lo sumo,
según el CGPJ-, pero compete
a la Conselleria de Justicia
de la Generalitat Valenciana
elegir a los seis
funcionarios, y esta
cuestión parece que irá más
lenta. Las fuentes de la
Conselleria de Justicia
consultadas ayer por Levante
de Castelló explicaron que
los funcionarios de refuerzo
se van adjudicando según
planes semestrales, a modo
de bolsa de trabajo, y todos
los que aspiran a una plaza
están adscritos en estos
momentos a algún destino en
juzgados valencianos. No hay
por tanto personal
disponible. De esta manera,
«habrá que esperar al 1 de
enero del próximo año»,
aseguran las mismas fuentes.
La única fórmula con la que
cuenta la Conselleria de
Justicia para acelerar la
creación de los dos nuevos
órganos judiciales sería
nutrir estas plazas con el
personal que ya trabaja en
la actualidad en alguno de
los juzgados de Nules. Pero
esta medida sólo podría
acordarse si la plantilla
decide voluntariamente
prolongar su jornada laboral
por las tardes, algo que ya
se está haciendo en otros
órganos jurisdiccionales
valencianos, como los
juzgados de Violencia
Doméstica y los Registros
Civiles. Precisamente en el
Registro Civil de Castelló
los funcionarios doblan su
jornada después del
mediodía. Con todo, es más
que probable que los
trabajadores de Nules no
estén dispuestos a continuar
con sus tareas por las
tardes, por lo que el caso
Fabra seguirá paralizado al
menos hasta enero.
El pasado mes de junio la
sala de Gobierno del TSJCV
solicitaba al CGPJ un juez
de refuerzo para cada uno de
los dos juzgados de Nules
que investigan el caso
Fabra.
Fabra asegura que
"hijo de puta" es una frase "bastante corriente" en Castellón
"Es una
frase bastante corriente en nuestra provincia". Así
justificó
el presidente de la Diputación de
Castellón, Carlos Fabra, el insulto que propinó en el
pleno de julio al portavoz socialista de la corporación, Francesc Colomer, a quien llamó "hijo de puta". Y ayer,
lejos de disculparse, como le pedían los socialistas,
Fabra, del PP, negó el turno de palabra a Colomer,
cuando, precisamente, se hablaba de democracia.
En realidad,
nadie esperaba que Fabra pidiera perdón por su insulto
en aquel pleno. Entonces, nada más levantar la sesión,
en la que Colomer le había preguntado por sus causas
judiciales -está siendo investigado por presuntos
delitos contra la administración pública y fraude
fiscal- Fabra, dirigiéndose a su vicepresidente, cuando
el micrófono aún estaba abierto, dijo: "Qué hijo de
puta". Ayer se justificó: "Pronuncié una frase bastante
corriente en nuestra provincia de la que usted se sintió
personalmente aludido. Yo le pregunto, señor Colomer,
por qué se sintió aludido", dijo con sarcasmo.
Hace unos
días, Fabra aseguró que daría explicaciones a Colomer "a
la carita", después de que los socialistas le reclamaran
disculpas. Pero ayer Fabra no dejó que, tras la retahíla
que le espetó al portavoz del grupo mayoritario de la
oposición, éste pudiera hablar, ni por alusiones, ni en
los ruegos y preguntas.
Después de
que Fabra acusara a Colomer de faltar a la verdad, el
Grupo Socialista emitió ayer un comunicado. "La actitud
cobarde y escapista del presidente a la hora de negarle
la palabra [a Colomer] se ha debido únicamente a la
necesidad de impedir que se diga la verdad sobre sus
escándalos políticos", señalaban. Y añadían: "Es
rotundamente falso que Fabra haya facilitado la
información solicitada por la Agencia Tributaria, ya
que, entre otras cosas, se desconoce el origen de los
más de 100 millones de pesetas que ingresó en sus
cuentas en un año y que, según Hacienda, escondió a la
Agencia Tributaria".
El salón de
plenos de la Diputación apareció más concurrido que
nunca. Entre el público había varios de los más de 30
cargos de libre designación de Fabra, que cumplieron su
tarea: aplaudir y evitar que se oyera cualquier voz que
no fuera la del presidente. Al acabar, Fabra se negó a
atender a algunos periodistas y abandonó la Diputación
evitando las cámaras.
Una televisión vinculada al
PP envió a cuatro personas
al pleno para impedir que
CQC preguntara a Fabra
El pleno en el que Carlos Fabra negó que
hubiera dicho "¡Qué hijo de puta!" a
Francesc Colomer ha terminado en un
enfrentamiento mediático entre la Sexta e
Intereconomía TV, un grupo mediático
vinculado al sector más derechista del
Partido Popular.
Según confirmó ayer a Levante-EMV el
director general de Intereconomía TV, Xavier
Horcajo, los cuatro periodistas que evitaron
que CQC preguntara a Carlos Fabra tras el
pleno del viernes "son de Intereconomía".
Horcajo explicó que estas cuatro personas,
que iban ataviadas con gafas de sol y
gorras, no pertenecen a ningún programa, ni
tampoco a los informativos de la televisión
de su grupo de comunicación, sino que
"queríamos ver qué hace CQC cuando les hacen
lo mismo que ellos". Horcajo no explicitó
que la intención de sus periodistas fuera
defender a Fabra del programa de sátira
política de la Sexta. Lo que sí que
reconoció el máximo responsable de
Intereconomía TV es que "no es habitual que
periodistas de Madrid se desplacen a
Castelló a cubrir un acto".
Altercado con la reportera
En cuanto al altercado con la reportera de
CQC, Horcajo aseguró que Estíbaliz
Gabilondo, "arrancó las gafas y la gorra" a
algunos de sus periodistas presentes en el
pleno y amenazó que si no recibe una
disculpa desde la televisión participada por
Mediapro y El Terrat emitirán las imágenes
de la supuesta agresión. "CQC se burlan de
todo el mundo y luego les molesta que se
burlen de ellos", apuntó Horcajo.
Por su parte, la periodista de CQC,
Estíbaliz Gabilondo, negó que agrediera a
ningún periodista de Intereconomía. "Estas
cuatro personas se dedicaron a boicotear mi
trabajo para que yo no pudiera llegar a
Carlos Fabra", afirmó Gabilondo. Según
explicó la periodista, la estrategia de los
cuatro enviados de Intereconomía era que no
preguntara, así, "me gritaban a la cara
preguntas inconexas e incluso me llegaron a
impedir físicamente que me acercara al
presidente de la Diputación". "Supongo que
querían sacarme de mis casillas para
desacreditarnos, pero no lo consiguieron",
comentó la reportera, quien aseguró que
"nunca" se había encontrado en una situación
parecida.
Según Gabilondo, cuando se encontraba a 5
metros del presidente provincial,
"aparecieron los cuatro periodistas de
Intereconomía que me boicotearon el trabajo.
Esta gente llevaba grabándonos y actuado
extrañamente desde que llegamos a la
Diputación de Castelló". Por su parte, Pablo
Averenda, productor de CQC, se comprometió
ayer a enseñar las cuatro horas de grabación
real de cada una de sus cuatro cámaras para
demostrar que la reportera del programa no
agredió a nadie.
Pero no fueron sólo los enviados por Horcajo
los que impidieron que se acercara a Fabra.
La periodista también relató que muchos de
los asistentes al pleno, donde se
encontraban militantes y cargos del PP,
"dificultaron mi trabajo mediante
empujones".
Encuentro el miércoles
El programa CQC había acudido a Castelló
para realizar un reportaje sobre los
retrasos judiciales, tomando como ejemplo el
Juzgado Nº 1 de Nules y en concreto el caso
Fabra, por el que han pasado 9 jueces y 3
fiscales. Así, según confirmó Averenda, el
miércoles ya consiguieron hablar con el
presidente de la Diputación en un acto en
Vila-real, aunque, "misteriosamente se nos
estropeó un micro". Por ello, aseguró el
productor, "acudimos al pleno con previo
aviso a los responsables de prensa de Fabra,
que nos aseguraron que no habría ningún
problema en que podríamos hablar con él".
Esa fue la razón por la que mucha gente
conocía la llegada del programa de la Sexta
al pleno. El equipo de CQC realizó una
entrevista al socialista Francesc Colomer,
horas después del pleno de la Diputación, en
plena Avenida del Rei, para completar su
reportaje sobre el retraso en la justicia.
www.levante-emvv.com 14.09.09
Fabra asegura que
"hijo de puta" es una frase "bastante corriente" en Castellón
"Es una
frase bastante corriente en nuestra provincia". Así
justificó
el presidente de la Diputación de
Castellón, Carlos Fabra, el insulto que propinó en el
pleno de julio al portavoz socialista de la corporación, Francesc Colomer, a quien llamó "hijo de puta". Y ayer,
lejos de disculparse, como le pedían los socialistas,
Fabra, del PP, negó el turno de palabra a Colomer,
cuando, precisamente, se hablaba de democracia.
En realidad,
nadie esperaba que Fabra pidiera perdón por su insulto
en aquel pleno. Entonces, nada más levantar la sesión,
en la que Colomer le había preguntado por sus causas
judiciales -está siendo investigado por presuntos
delitos contra la administración pública y fraude
fiscal- Fabra, dirigiéndose a su vicepresidente, cuando
el micrófono aún estaba abierto, dijo: "Qué hijo de
puta". Ayer se justificó: "Pronuncié una frase bastante
corriente en nuestra provincia de la que usted se sintió
personalmente aludido. Yo le pregunto, señor Colomer,
por qué se sintió aludido", dijo con sarcasmo.
Hace unos
días, Fabra aseguró que daría explicaciones a Colomer "a
la carita", después de que los socialistas le reclamaran
disculpas. Pero ayer Fabra no dejó que, tras la retahíla
que le espetó al portavoz del grupo mayoritario de la
oposición, éste pudiera hablar, ni por alusiones, ni en
los ruegos y preguntas.
Después de
que Fabra acusara a Colomer de faltar a la verdad, el
Grupo Socialista emitió ayer un comunicado. "La actitud
cobarde y escapista del presidente a la hora de negarle
la palabra [a Colomer] se ha debido únicamente a la
necesidad de impedir que se diga la verdad sobre sus
escándalos políticos", señalaban. Y añadían: "Es
rotundamente falso que Fabra haya facilitado la
información solicitada por la Agencia Tributaria, ya
que, entre otras cosas, se desconoce el origen de los
más de 100 millones de pesetas que ingresó en sus
cuentas en un año y que, según Hacienda, escondió a la
Agencia Tributaria".
El salón de
plenos de la Diputación apareció más concurrido que
nunca. Entre el público había varios de los más de 30
cargos de libre designación de Fabra, que cumplieron su
tarea: aplaudir y evitar que se oyera cualquier voz que
no fuera la del presidente. Al acabar, Fabra se negó a
atender a algunos periodistas y abandonó la Diputación
evitando las cámaras.
CARLOS FABRA INSULTA EN UN PLENO AL PORTAVOZ DEL PSOE
El presidente provincial
del Partido Popular y de la Diputación de Castellón, Carlos
Fabra, volvió ayer a colocarse en el centro de una nueva
polvareda política. En esta ocasión por llamar "hijo de
puta" al portavoz socialista en la Diputación, Francesc
Colomer, según los propios socialistas.
El escándalo se publicitó
a través de Internet. En la página de Youtube se
difundió ayer el vídeo del último pleno celebrado en la
Diputación de Castellón, celebrado el pasado 29 de julio, en
el que se oye con claridad el insulto. Un exabrupto que en
su momento pasó inadvertido para el propio Colomer, que sólo
oyó las risas de los populares, pero que quedó perfectamente
registrado en la grabación.
En el vídeo se puede
observar con claridad cómo Fabra escucha la intervención de
Colomer. En su turno, el portavoz socialista interroga al
dirigente del PP sobre porqué, siendo "un ejemplo de
político y de ciudadano" para Mariano Rajoy, no ha prestado
la máxima colaboración a la justicia para aclarar las
imputaciones que pesan sobre él. Fabra está imputado por un
presunto delito fiscal y varios delitos contra la
Administración pública.
A la pregunta, Fabra
contesta malhumorado: "Tanta lentitud [de la justicia] les
permite seguir insultando con total impunidad. Vulneran el
principio de presunción de inocencia desde hace cinco años".
Colomer insiste en pedir a Fabra que ofrezca todas las
explicaciones que requiere la institución y la ciudadanía.
En este momento, Fabra, ya desafiante, afirma: "No le quiero
contestar ahora". Mientras, sus correligionarios del PP ríen
la negativa de Fabra, que en ese momento levanta la sesión.
Y entonces exclama en referencia a Colomer: "¡Qué hijo de
puta!", según los socialistas. Éstos exigieron ayer a Fabra
que ofrezca disculpas públicas por lo sucedido. Los
populares guardaron silencio
FABRA Y SU SEGUNDO EN LA DIPUTACIÓN NO JUSTIFICAN LAS
CUENTAS NI FINCAS DONADAS
En su
campaña para las elecciones locales del 27-M, el PSPV-PSOE
emitió un anuncio en el que conectaba episodios de
"corrupción" en Castelló con el millón de euros
supuestamente ingresado por el presidente de la Diputación,
Carlos Fabra, la donación de doce fincas rústicas al
vicepresidente de esta institución, Francisco Martínez, y 30
casos de manipulación de censos electorales.
Fabra y
Martínez reaccionaron interponiendo una demanda por daño al
honor que fue desestimada por una juez de Castelló y que
ahora rechaza también la Audiencia Provincial, al considerar
que los demandantes no han conseguido romper el "principio
de veracidad" de las acusaciones realizadas por los
socialistas sobre las 94 cuentas y el presunto delito fiscal
de Fabra y la donación de fincas sin explicar para el
alcalde de Vall d'Alba y vicepresidente de la diputación,
Francisco Martínez. La demanda iba dirigida contra Juan
María Calles, candidato socialista a la Alcaldía de
Castelló, que aparecía en el anuncio titulado Contra la
corrupción: Paciencia hasta el 27 de mayo. La cuña
publicitaria aseguraba que a Francisco Martínez "le han
regalado doce fincas, masías y viviendas".
El
vicepresidente de la Diputación alegó durante el juicio que
en un 90% se trataba de donaciones de sus padres, que habían
fallecido ese año. El tribunal ha considerado que este
argumento sólo ha sido probado en una de las fincas, "pero
en el resto los donantes son personas cuya vinculación con
el señor Martínez desconocemos, ya que nada explicó en el
acto del juicio sobre quiénes eran".
La
sentencia establece además que Martínez no ha aportado al
juicio ningún documento que acredite el origen de estas
transmisiones patrimoniales y que pueda desvincularle de las
acusaciones a que hacía referencia el Partido Socialista.
Respecto a Carlos Fabra, que demandó a Calles por acusarle
de tener un millón de euros repartidos en 94 cuentas el
mismo ejercicio del año 99 en que la declaración de renta le
salió a devolver, el tribunal confirma igualmente la
sentencia del juzgado de primera instancia y rechaza el
recurso de Fabra. La resolución subraya que Fabra no negó
estos hechos durante el acto del juicio y que "se limitó a
indicar que podría tener incluso más cuentas, que vinculó a
los cargos públicos que ocupa". Además, el líder provincial
del PP declaró durante la vista que no recuerda si la
declaración de la renta le había salido a devolver.
Fabra
se refirió ayer a la sentencia del Tribunal Supremo,
difundida el lunes, y que rechaza el recurso de casación que
interpusieron sus abogados para frenar la investigación
patrimonial contra su familia. Fabra dijo que "está claro"
que se han "vulnerado" los datos de su familia, "diga lo que
diga el Supremo".
Más medios para saber la verdad
Mientras, el portavoz socialista en la Diputación de
Castelló, Francesc Colomer, defendió en el pleno de ayer la
necesidad de frenar el trasiego de jueces por los Juzgados
de Nules. Una situación que ralentiza el proceso y que
genera inquietud social. Por eso, recogiendo las demandas de
los ciudadanos ha pedido agilizar el proceso y "conocer la
verdad".
El tribunal dice
que la instrucción en Nules no vulnera el derecho a la
intimidad de la familia
La Justicia ha
propinado un nuevo revés a Carlos Fabra. El Tribunal Supremo
ha desestimado el recurso de casación que interpuso el
presidente de la Diputación de Castelló contra la
investigación que los juzgados de Nules y la Fiscalía
Anticorrupción llevan a cabo, desde hace más de cuatro años,
sobre su patrimonio y el de su familia. La sentencia del
Supremo, que fue difundida ayer, concluye que la instrucción
judicial no ha vulnerado su derecho fundamental a la
intimidad económica, contra lo que aducía el líder
provincial del PP en su recurso. "No advertimos las
infracciones múltiples que denuncian los recurrentes y, en
todo caso, la corrección de las que eventualmente pudieran
haberse producido corresponde al juez penal", dice el fallo.
Fabra figura como imputado por varios delitos contra la
Administración pública (tráfico de influencias, cohecho y
negociaciones prohibidas) desde que el empresario Vicente
Vilar, propietario de Naranjax, se querelló contra él a
finales de 2003. Además, durante la investigación Hacienda
halló ingresos sin justificar por importe de 600.000 euros
en su declaración de la renta del año 99 y remitió el
expediente al juzgado por un supuesto delito fiscal. El
líder del PP ha defendido durante estos años que la
investigación de los inspectores de la Agencia Tributaria es
ilegal por haber conculcado su derecho a la intimidad.
Pagará las
costas
El fallo,
dictado por la sección séptima de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, impone
además las costas a Fabra y al resto de los recurrentes, que
serán de hasta 3.000 euros "en razón de las circunstancias
del asunto y de la dificultad que comporta".
El líder del PP
había recurrido en casación ante el Supremo después de que
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
(TSJCV) desestimara, en 2005, el recurso de súplica por la
misma causa. El presidente de la diputación, su esposa, su
cuñada y sus dos hijas habían alegado que varias actuaciones
realizadas durante el proceso habían lesionado el derecho
fundamental a la intimidad económica que les reconoce la
Constitución. De esta manera, la familia Fabra considera
contraria a derecho una citación que la Agencia Tributaria
cursó en 2004 durante una inspección contra Carmacas -la
asesoría del líder provincial del PP- y la remisión que hizo
la Agencia Tributaria al fiscal jefe del TSJCV del
expediente abierto al presidente de la diputación por
supuestas irregularidades en su IRPF del año 99. Según el
recurso, el juzgado de Nules había tenido acceso, a través
de Hacienda, a información personal sobre extractos,
movimientos bancarios y operaciones mercantiles de la ex
esposa de Fabra, María Amparo Fernández, la hermana de ésta
y dos hijas del matrimonio, entre ellas la diputada Andrea
Fabra, personas todas ellas que según el líder provincial
del Partido Popular no estaban relacionadas con los
procedimientos abiertos inicialmente.
"Intempestivo"
El recurso de
súplica fue rechazado por el TSJ valenciano por
"intempestivo", al haber transcurrido más de un año. Ahora
es el Supremo el que corrobora esta tesis siguiendo los
argumentos de la Abogacía del Estado y del fiscal. Así, el
fiscal recuerda que el TSJCV no llegó a pronunciarse sobre
la vulneración del derecho a la intimidad económica alegada
por los recurrentes porque el recurso fue declarado
inadmisible, al haberse presentado fuera de plazo. Por su
parte, el abogado del Estado critica la "defectuosa"
redacción del recurso, que para el Supremo "no es un ejemplo
de escrito de interposición" por "la manera en que está
construido, la mezcla de preceptos infringidos y cuestiones
planteadas y la inclusión en motivos de fondo de aspectos
formales".
La Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ), que se reunirá
hoy en Madrid en su última sesión antes de
las vacaciones, no tratará tampoco esta vez
la petición de refuerzos para el Juzgado de
Nules realizada por el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El máximo órgano jurisdisccional de la
Comunitat ha pedido dos jueces de apoyo, en
comisión de servicio durante seis meses,
para agilizar el caso Fabra y el resto de
causas pendientes en Nules. Sin embargo, la
petición no ha sido abordada por la Comisión
Permanente del CGPJ en sus últimas reuniones
ni tampoco lo hará en la de hoy, la última
antes del mes de agosto, que es inhábil. De
esta manera, el nombramiento de los jueces
de refuerzo para el caso Fabra queda
aparcado hasta el mes de septiembre. Fuentes
judiciales aseguran que la polémica
suscitada por la renovación del CGPJ en la
que se encuentran inmersos PP y PSOE, está
dificultando la asignación de medios a este
caso, que lleva embarrancado desde el mes de
diciembre, cuando la juez titular, Lourdes
Noverques, pidió el cambio de destino. Por
otra parte, la diputada socialista Isabel
Escudero exigió ayer al presidente de la
Generalitat que "en lugar de ir a Castelló a
hacerse la foto y reírse de los ciudadanos,
cumpla con su deber y ponga a disposición
del juzgado de Nules los medios materiales y
personales necesarios para desbloquear el
'caso Fabra'". Escudero valoró así el acto
de Camps en Vila-real para colocar la
primera piedra de la sede judicial. Escudero
se refirió al "cinismo de Camps" por este
acto en Castelló.
Rajoy dice que
Carlos Fabra es un "ciudadano y político ejemplar"
El
presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, no esperó
ayer a presentarse ante los más de 600 simpatizantes y
afiliados convocados en Castellón para mostrar su apoyo
al presidente del PP provincial, Carlos Fabra.
Admitiendo que "puede haber alguien a quien no le guste
lo que digo", Rajoy tildó a Fabra, imputado por la
posible comisión de varios delitos contra la
Administración pública y un posible fraude fiscal, de
"ciudadano y político ejemplar". Rajoy sustentó sus
calificativos apelando a la presunción de inocencia y
argumentó su respaldo en la consideración de que "ha
merecido el apoyo de los vecinos", a la vez que recurrió
al mismo argumento que utiliza el propio Fabra de
recordar los resultados electorales que han obtenido los
populares castellonenses en los últimos comicios. Así
evitó, además, contestar a porqué el PP no ha cumplido
su código ético de obligar a abandonar los cargos a
todos aquellos imputados en casos de corrupción.
Con el apoyo
explícito a Fabra, Mariano Rajoy abordó también la
posición en la que ha quedado Juan Costa, diputado por
Castellón que ayer, contra todo pronóstico, acudió al
acto. Costa esperó a su presidente, quien no pudo evitar
que el saludo quedara en un frío apretón de manos.
"Estoy convencido, y esa es mi voluntad, de que seguirá
colaborando con nosotros", mantuvo el líder del PP.
Ya lo dijo
Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano y
hermano del que fue cabeza de lista por Castellón: "Esta
cena es exactamente lo que parece: un homenaje de
Mariano Rajoy a todo el trabajo del PP de Castellón y de
la Comunidad Valenciana". Y es que Rajoy tenía que
agradecer al presidente provincial del PP, Carlos Fabra,
el hecho de que finalmente se decantara por apoyarle
abiertamente en el congreso de los populares,
otorgándole no sólo su aval sino el de todos los
compromisarios de Castellón, excepto el de Juan Costa,
tal como dijo el propio Fabra. De esta manera, el ex
ministro y diputado, en los días previos a la
celebración del cónclave del PP, cuando amagó con
presentar una candidatura alternativa a la de Rajoy, se
encontró con la espalda de sus propios compañeros de
agrupación.
"Tengo que
agradecer el esfuerzo que ha hecho Carlos Fabra y el
alcalde de Castellón [Alberto Fabra] y su apoyo en el
último congreso del partido", dijo.
La cena a la
que acudió Rajoy estuvo convocada por el alcalde de
Castellón, Alberto Fabra, y contó con la presencia de
toda la plana mayor del PP valenciano, con Francisco
Camps a la cabeza. Carlos Fabra ya ha anunciado su
intención de presentarse a la reelección de presidente
provincial.
EL FISCAL PIDE QUE SE ACUMULE LA TRAMA DE LOS
CUÑOS FALSOS AL SUMARIO DEL CASO FABRA
Luis Pastor considera que existen elementos de
conexión entre ambas causas que se están instruyendo por separado
El fiscal Anticorrupción del caso Fabra, Luis
Pastor, ha solicitado la acumulación de los dos grandes procedimientos que
se instruyen en la actualidad, por separado, en dos juzgados de Nules, según
informaron fuentes judiciales. En un informe que ha remitido al Juzgado de
Instrucción Número 2 de esta localidad, el que se encarga de investigar la
trama de los cuños falsos del caso Fabra, Pastor informa a la juez de que
existen elementos de conectividad suficientes que aconsejan la acumulación
de esta causa al sumario principal, que se sigue en el Juzgado Número 1 por
delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal contra el
presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y otros seis ex altos
cargos de los gobiernos de Aznar.
El escándalo se destapó a finales del año 2003,
cuando el empresario fitosanitario Vicente Vilar, gerente de Naranjax,
interpuso dos querellas contra el líder provincial del PP, en las que le
acusaba de cobrar comisiones millonarias por favores políticos, tales como
mediar ante organismos autonómicos y estatales con el fin de agilizar las
licencias de comercialización de una larga lista de productos fitosanitarios
fabricados por la empresa de Artana.
Desde el principio el caso Fabra se fraccionó en
dos juzgados diferentes, el número 1, que se hizo cargo de la parte
principal y que investiga si el presidente de la diputación y los demás
imputados cometieron delitos contra la Administración Pública -entre ellos
el cohecho y la prevaricación-, y el número 2, que indaga si hubo
falsificación de documentos oficiales, lo que se conoce como trama de los
cuños falsos. Esta ramificación secundaria del caso Fabra estaba en vía
muerta desde hace meses y la decisión del fiscal de acumularla al sumario
principal se interpreta en medios judiciales como un intento de reactivarla.
Según el empresario Vilar, Fabra estaba al corriente de que centenares de
cuños y documentos públicos fueron falsificados y presentados ante los
ministerios de Agricultura y Sanidad para eludir los controles de toxicidad
de las sustancias con las que se fabricaban los productos plaguicidas para
el campo. La juez que se encarga de las diligencias en el Juzgado de
Instrucción Número 2 emitió ayer una providencia en la que constata que ha
recibido el informe del fiscal que pide la fusión de ambas causas en un
mismo procedimiento. Además, la juez ha dado un plazo de cinco días a las
partes para que hagan las alegaciones que estimen oportunas. Pasado este
plazo, emitirá un auto en el que con toda probabilidad acordará la
acumulación. La instrucción del caso Fabra arrastra una lentitud
considerable debido a que ocho juezas y cuatro fiscales han ido pasando por
los juzgados de Nules desde el año 2003.94
Fernando de Rosa, consejero de Justicia y
Administraciones Públicas del Gobierno valenciano, aseveró que el Ejecutivo
autonómico no puede contratar a un magistrado de refuerzo para el juzgado
que lleva el caso Fabra y que, entretanto, debe respetarse la “presunción de
inocencia” del imputado. La causa contra el presidente de la Diputación de
Castellón comenzó a finales de 2004, y sigue estancada “porque no hay ningún
juez dispuesto a tomar las riendas”, según denunció Marina Albiol, la
diputada de Compromís que interpeló al consejero al respecto.
De Rosa dio estas polémicas declaraciones en la
Comisión de Gobernación y Administración Local de las Cortes Valencianas, en
respuesta a una pregunta de la diputada de Compromís. Albiol pretendía saber
“si la Consejería de Justicia piensa pedir formalmente al Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) un magistrado de refuerzo” para el Juzgado número
1 de Nules, encargado del caso, o si lo pondrá “directamente”.
El Poder Judicial, responsable
El consejero de Justicia había escurrido el bulto
previamente, apuntando que es al órgano Judicial al que correspondía nombrar
los magistrados. Albiol, en consecuencia, manifestó su deseo de conocer “qué
medidas se han tomado o se piensan tomar” desde el Gobierno comunitario para
garantizar “un juicio con celeridad”.
¿Caso eterno?
Es que, aunque el presidente de Castellón está
acusado de fraude fiscal y delitos contra la Administración Pública desde
hace más de cuatro años, la cosa no avanza.
Por Nules han pasado por lo menos siete magistrados –según Albiol,
la cifra ya asciende a nueve-, que han rehúsado continuar instruyendo el
caso. Entretanto, más de 20.000 folios de pruebas documentales, testificales
y periciales aguardan por un juez que emita la sentencia correspondiente.
Para la diputada, es “intolerable la lentitud de la instrucción y la
escalada de cambios de jueces y fiscales en este juzgado”.
Jueces jóvenes interesados
Antes esta sequía,
varios jueces jóvenes telefonearon recientemente al
órgano en cuestión preguntando sobre el “volumen de trabajo de
los juzgados de Nules en general y en concreto sobre el estado de la
instrucción del caso Fabra”, Y aunque los susodichos se mostraron
interesados en el caso, la plaza sigue vacante. Según denuncia Albiol, la
instrucción “está estancada” porque no hay ninguno “dispuesto a tomar las
riendas” de la investigación.
El consejero, preocupado en general
De Rosa salió al paso de las interpelaciones de la
diputada de Compromís, recordando que ya en febrero había comparecido en las
Cortes para dar las explicaciones pertinentes. El consejero, no obstante,
mostró su “preocupación” por el hecho de que “cualquier procedimiento en la
Comunidad Valenciana no se tramite con la agilidad y eficacia que se merecen
todos los ciudadanos”. “La preocupacón está” no sólo en el número uno de
Nules “sino en todos” los juzgados, apuntó el de Justicia.
La “losa” de la tardanza judicial
“Esta es una losa que puede caer sobre cualquier
ciudadano que se esté investigando”, concluyó el político, convirtiendo la
delicada cuestión en una generalización. En esta misma línea, lamentó que
cualquier persona tenga que pasar ese tiempo mientras se “duda” de
“honorabilidad sin tener una sentencia que determine su inocencia o su
culpabilidad”.
Albiol no se rinde
La de Compromís, sin embargo, volvió a intervernir
y aunque agradeció la preocupación del consejero, apostó por la “capacidad
para contratar a otro juez” que tienen las instituciones judiciales. Los
ciudadanos, apostilló la diputada, “merecen respuestas” sobre “un caso con
el que pasarán por el juzgado muchos ex altos cargos del Gobierno presidido
por José María Aznar”.
Condena y dimisión
La contundente Albiol finalizó señalando que cuando
llegue “la más que probable condena a Carlos Fabra” ésta “tendrá que ir
acompañada inexcusablemente de la dimisión, entre otros, del presidente de
la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, que ha permitido que esta
persona se volviera a presentar en una lista electoral del PP y volviera a
repetir como presidente de la Diputación de Castellón”.
De Rosa, irónico sobre los “dotes de premonición”
En respuesta, De Rosa señaló que “sería una
prevaricación” que la Generalitat contratara jueces y criticó los “dotes de
premonición” de la diputada, culpándola de violar la “presunción de
inocencia” de Fabra. Esperemos, en todo caso, se cumpla el refrán de que la
Justicia tarda, pero llega.
JUECES EN PRÁCTICAS SE INTERESAN POR LA PLAZA VACANTE EN EL JUZGADO DEL CASO FABRA
Varios jueces jóvenes a punto de terminar el período de prácticas se han interesado ya por la situación en la que se encuentra el caso Fabra, y estarían dispuestos a optar a la plaza que ha quedado vacante en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, el órgano judicial que instruye el grueso de la investigación por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y otros seis ex altos cargos del gabinete de José María Aznar.
Desde que la séptima jueza del caso, Lourdes Noverques, solicitó en diciembre el cambio de destino, el juzgado de Nules no cuenta con un titular y el puesto lo cubre una sustituta. Sin embargo, esta situación podría cambiar en las próximas semanas, ya que varios jueces jóvenes han telefoneado en los últimos días a la oficina judicial para solicitar información sobre el "volumen de trabajo de los juzgados de Nules en general y en concreto sobre el estado de la instrucción del caso Fabra", según informaron fuentes próximas al Poder Judicial. Con todo, las fuentes judiciales consultadas recuerdan que el hecho de que jueces jóvenes se informen acerca de la situación del juzgado de Nules no significa que finalmente acepten este destino.
Se da la circunstancia de que en los últimos meses ningún juez ha querido solicitar de forma voluntaria hacerse cargo de la plaza vacante en Nules, por lo que tendrá que ser el Consejo General del Poder Judicial, a través de su oferta de plazas y vacantes, el que asigne uno nuevo.
El presidente de la Diputación de Castelló figura como imputado por presuntos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal por supuestas mediaciones en favor de las licencias de comercialización de productos insecticidas fabricados por Naranjax, la empresa de Vicente Vilar. Días atrás, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirmaba a este diario que la plaza de Nules ha quedado desierta por falta de peticionarios, y que el caso Fabra carecerá de juez titular hasta el próximo mes de julio. Casi con toda probabilidad, un juez novato, recién salido de la carrera, se hará cargo del voluminoso expediente que se abrió en 2003 y que acumula ya más de 20.000 folios en testimonios de testigos y pruebas periciales.
La actual juez sustituta, la octava al frente de la investigación, no ha ordenado desde el mes de diciembre diligencia de investigación alguna.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 18 de enero el concurso para proveer la plaza de titular del juzgado de Nules, pero ha quedado desierto. Las fuentes del CGPJ explicaron que esta situación se debe a que "ningún juez ha solicitado ir al juzgado número 1 de Nules". La falta de impulso a la investigación del caso Fabra y el constante cambio de jueces y fiscales provocó una airada protesta de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE), que elevó una queja al CGPJ.
La causa de que ningún magistrado haya querido hacerse cargo del caso Fabra de forma voluntaria es que los juzgados de Nules se encuentran "saturados y con escasos medios".
FABRA MARCA DISTANCIAS CON CAMPS EN EL APOYO A RAJOY
El presidente del Partido Popular de Castellón, Carlos Fabra, quiere hacer saber que no tiene dueño. En los últimos días, con una "ambigüedad calculada", ha hablado de la crisis en el partido. "Disidentes sólo hay en Cuba, Corea y China", dijo el presidente del PP valenciano, Francisco Camps, quien ha mostrado un apoyo incondicional a Mariano Rajoy. Y Fabra no quiere ser considerado "disidente", pero cada vez que habla arroja dudas sobre su posición. No en vano, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tiene entre sus principales aliados y seguidores al yerno de Fabra, Juan José Güemes, esposo de la diputada Andrea Fabra y consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Si el martes saltó a la palestra con un "yo soy de Fabra y haré lo que crea que debo hacer en beneficio de mi partido y de mi provincia", ayer quiso resituarse asegurando que Mariano Rajoy tiene su aval "desde hace 25 días". Pero añadió: "Cuando me lo pidieron, lo di". Imputado por varios supuestos delitos de fraude fiscal y contra la Administración Pública, Fabra sabe que no puede enfrentarse a Francisco Camps, aunque se permite marcar distancias. "Una cosa es dar el aval y otra distinta votar la candidatura", señaló ayer un dirigente del PP de Castellón www.elpais.com, 16/05/08
¿QUIÉN SE ENCARGA DEL 'CASO FABRA'?
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado que la plaza del juzgado de Nules, que investiga el caso Fabra ha quedado desierta por falta de peticionarios, y que el caso que investiga al presidente de la Diputación en Castellón por supuestos delitos contra la administración pública y fraude fiscal carecerá de juez titular hasta el próximo mes de julio, según ha informado la Cadena SER.
La última juez titular del juzgado número 1 de Nules, que investiga a Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón, abandonó el juzgado en diciembre. Al frente de la investigación se encuentra una juez sustituta, la octava magistrada al frente del caso, que desde entonces no ha ordenado diligencia de investigación alguna. La situación será corregida en julio "cuando salga la nueva promoción de jueces", y uno de ellos se encargue del caso a petición del Poder Judicial.
El consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, ha abogado hoy en Castellón por modificar la legislación para que el CGPJ regule "en determinados casos concretos" la posibilidad del traslado de jueces para "evitar que no se cumpla el principio de celeridad y agilidad en el procedimiento". "Debería modificarse la legislación y que los traslados de los jueces fuesen relativos, atendiendo a los casos que llevaran, para evitar que por un determinado órgano judicial pasaran constantemente jueces y diera una situación provisional a los asuntos que llevan", ha manifestado de Rosa.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 18 de enero el concurso para proveer la plaza de titular del juzgado de Nules, pero ha quedado desierto. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial han asegurado a radio Castellón Cadena SER que se ha debido a que "ningún juez ha solicitado el juzgado número 1 de Nules".
FABRA NOMBRA ASESOR A UN CANDIDATO QUE NO SALIÓ ELEGIDO
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha nombrado asesor a Carlos Murria, senador por Castellón la pasada legislatura. Las inclusiones de Juan Costa, que no entró en la lista de Madrid, y de Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación, relegaron a Murria hasta el puesto número 4 de la lista del PP de Castellón, tras el zaplanista Miguel Barrachina, que se ganó la confianza de Mariano Rajoy hasta ser incluido en un puesto de salida. El PP barajó que Costa optara a un cargo o que, como en anteriores ocasiones, dejara su puesto en el Congreso. Sin embargo, parece que los tres diputados electos permanecerán en el escaño, por lo que Fabra ha buscado una salida a Murria.
Según el Boletín Oficial de la Provincia, el ex senador cobrará 45.000 euros al año y pasará a formar parte del elenco de 35 asesores y cargos eventuales de la Diputación de Castellón, que suponen un coste anual de más de 1 millón de euros. El portavoz socialista en la Diputación, Francesc Colomer, ha vuelto a exigir a Fabra que sus asesores realicen "un balance público de su gestión". (www.elpais.com, 08/04/08)
EL CLUB DE GOLF QUE PRESIDE FABRA RECIBE 1,3 MILLONES EN SUBVENCIONES
"¿Qué le vamos a hacer?" Así, sin mayores explicaciones y con un cierto conformismo teñido de resignación, explicaban desde la vicepresidencia de la Generalitat las razones que habían llevado al Gobierno valenciano a subvencionar con cerca de 1 millón de euros el máster de golf de la Comunidad Valenciana que se celebrará -casualidad de las casualidades- en el club de Castellón que preside Carlos Fabra. La cantidad, sin embargo, no parece suficiente para cubrir los gastos de tan ambicioso proyecto y ayer mismo la Diputación castellonense que, no por casualidad, también preside Carlos Fabra, aprobó en sesión plenaria una modificación de crédito para incrementar las aportaciones públicas en 300.000 euros. Total, 1,3 millones que saldrán de los contribuyentes para patrocinar otro evento deportivo con que consolidar la marca de Castellón y de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, cuando el proyecto se presentó en Fitur, la feria de turismo celebrada en Madrid, el Consell aseguró que los cinco millones de euros en que está presupuestado el campeonato iban a ser aportados por la iniciativa privada.
El torneo se denominará Comunitat Valenciana Masters-Castellón Costa Azahar y de los cinco millones que costará, dos se destinarán a los premios. El campeonato se disputará en el Club de Campo del Mediterráneo a finales de este año en una fecha todavía por precisar.
El máster se presentó en Fitur con un amplio despliegue informativo y generó una cierta polémica al conocerse el coste del mismo y el hecho de que se celebrara en el club que preside Carlos Fabra. Fue entonces cuando desde la Generalitat se anunció que el torneo se financiaría con aportaciones privadas. Ayer, el Gobierno de Francisco Camps rectificó y justificó su aportación económica con el argumento de que el campeonato de golf a celebrar en Castellón debía tener el mismo tratamiento financiero que la Copa del América o la Volvo Ocean Race de Alicante.
Fabra matizó, durante el pleno de la Diputación, que el Club de Campo del Mediterráneo no es su campo de golf, porque tiene otros 1.200 socios más. Un argumento que le sirvió para anunciar que la Diputación abonará otros 100.000 euros para patrocinar otro campeonato que se celebrará el mismo campo, el Open de España Senior.Para Fabra, todas las ayudas son pocas, hasta el punto que llegó a decir: "No estaría mal que le diéramos 5 millones de euros, en el caso de que los tuviéramos", mientras el vicepresidente de la institución, Vicent Aparici, tuvo el desliz de hablar de una subvención para "promocionar el campo".
El golf fue uno de los temas centrales del debate del pleno de la Diputación de Castellón celebrado ayer. Mientras el PP defendió el patrocinio del torneo que se celebrará en el club de campo que preside el propio Carlos Fabra, el portavoz socialista, Francesc Colomer, le echó en cara el gasto público mientras que no se ha construido ninguno de los 12 campos de golf que están proyectados para la provincia de Castellón. "Hace 12 años que habla de golf, pero no ha hecho nada", le recriminó Colomer. "Yo no tengo potestad para aprobar los campos de golf y no estoy en absoluto de acuerdo con quienes la tienen", espetó Fabra y nombró tanto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como al consejero de Territorio. En su postura contraria a los dictámenes de la Administración autonómica que dirige su mismo partido, añadió: "Estoy hasta el pirri de que no me aprueben los campos". Y amenazó: "Si no me hacen caso, tomaré otras medidas". El portavoz socialista criticó la "retórica provincialista" de Fabra y le acusó de haber tenido muy poco éxito como "conseguidor".
La acusación popular reclama un juez que concluya el 'caso Fabra'
La Unión de Consumidores exige al Poder Judicial que intervenga
La Unión de Consumidores de España (UCE), que representa a la acusación popular en el caso Fabra, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que evite los sucesivos cambios de jueces en el juzgado de instrucción número 1 de Nules, donde se instruyen las diligencias de investigación del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ante la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal. Esta es la segunda ocasión en que la UCE traslada su queja al órgano de gobierno de los jueces por el mismo motivo.
En julio de 2005, tras poco más de un año de instrucción del caso, la acusación ya formuló una reclamación ante el continuo cambio de jueces. En aquella ocasión, el Consejo General del Poder Judicial únicamente apeló a la legalidad de los nombramientos. Ahora, en su escrito, la UCE solicita al Consejo que "adopte las medidas necesarias para lograr una continuidad en un asunto cuya trascendencia es notoria", con el fin de "evitar dilaciones que ponen en grave peligro la administración de justicia".
El juzgado de Nules es un juzgado de los llamados "de paso", en el que los jueces suelen recaer antes de ascender a magistrados, momento en el que son trasladados a otra plaza. Este hecho ha motivado que durante la instrucción del caso Fabra por este juzgado hayan pasado ocho jueces, aunque aún falta por designar a una nueva titular que ocupará la plaza en la que ahora se encuentra una juez sustituta. La queja de la UCE hace referencia a que, "en un caso tan complejo, los jueces sustitutos no adoptan decisiones graves", mientras que con los titulares "deben acomodarse a una laboriosa instrucción de tal manera que, hasta tomar posesión mediante la rigurosa ilustración del procedimiento, éste se dilata considerablemente".
Además, el escrito remitido al CGPJ hace referencia a la necesidad de una "unidad de impulso y dirección". "Los criterios suelen ser dispares", señala el escrito, que añade: las decisiones "heredadas" pueden ser "no compartidas" o, incluso "contradictorias".Según fuentes consultadas, existe un precedente semejante en una larga y compleja instrucción como fue la del caso Malaya, en el juzgado número 5 de Marbella, que también es un juzgado de tránsito para los jueces.
El instructor solicitó varias prórrogas para permanecer en aquella plaza y así finalizar la instrucción. Dado que los jueces tienen autonomía para decidir sobre sus traslados y ascensos, el máximo órgano judicial sólo puede sugerir la permanencia que, en cualquier caso, ha de partir del instructor y recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial.
En la tramitación de las solicitudes de prórroga participan también el Tribunal Superior de Justicia, que ha de dictar un informe preceptivo pero no vinculante. En cualquier caso, las prórrogas no paralizan la carrera judicial de los jueces ya que su incorporación a la nueva plaza únicamente se demora.
No solo la Unión de Consumidores de España (UCE) ha hecho públicas sus quejas sobre la lentitud en la instrucción del caso y el problema de los continuos cambios de juez. El propio Fabra ha manifestado también su deseo de que la justicia sea rápida aunque, en su caso, no se conoce que haya presentado ninguna queja formal.
"El ciudadano se muestra desorientado, pierde la confianza en la justicia, cuyas decisiones se hacen borrosas y desdibujadas, y cae en la tentación de atribuir las decisiones de los continuos cambios a intereses espúreos", concluye la queja de la acusación particular que, además, pide que "se ofrezca una nota explicativa de los motivos legales que han creado la actual situación".
El escrito remitido por la UCE al órgano de gobierno de los jueces refleja el malestar sobre un caso que amenaza con eternizarse tras cuatro años en el juzgado de Nules. El pasado mes de diciembre la séptima juez que ha investigado los hechos relacionados con el caso Fabra logró su traslado a otro juzgado. Lo sorprendente es que el nuevo destino de la última juez que ha instruido el caso Fabra solo está a pocos metros de su antiguo despacho, en el mismo edificio. Así, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Nules se hizo cargo del Juzgado número 4 del mismo partido judicial, un departamento de nueva creación asignado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ésta fue la última juez titular y la que más tiempo permaneció al frente del juzgado número 1 de Nules, ya que llegó en septiembre de 2005. Sin embargo, fue la única que protagonizó un traslado a petición propia y no por un ascenso a plaza de magistrado.
Desde diciembre, la investigación del caso Fabra está cubierta, de forma provisional, por un juez sustituto, que es el octavo que se hace cargo de las diligencias. El próximo juez titular, que está pendiente de nombramiento, será el noveno que tendrá que hacerse cargo del caso que afecta a Carlos Fabra.
www.elpais.es 28.02.08
Fabra destaca el hándicap 2 de golf de su nueva asesora
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, defendió ayer los méritos de la hermana del golfista Sergio García, que ha pasado a ocupar un puesto de asesores en la institución provincial. Al responder sobre los méritos de Mar García para ocupar el puesto, Fabra señaló que es licenciada por una universidad americana, que habla inglés y alemán y que es hándicap 2 de golf, por lo que "conoce a la perfección" este deporte. Estos valores le llevarán a cobrar de las arcas públicas más de 45.000 euros anuales, de los que más de 33.000 corresponden al complemento específico ya que el sueldo base del grupo por el que ha sido contratada, el del nivel E, es el más bajo de la contratación pública.Después de que el portavoz socialista en la Diputación y alcalde de Benicàssim, Francesc Colomer, llamara a la "rebelión social" y reclamara, de nuevo, explicaciones sobre las gestiones que realizan los 33 cargos de libre designación de la Diputación, Fabra respondió ayer que no tiene que "justificar a nadie" los asesores que nombra.
www.elpais.com 07/02/08
Carlos Fabra acumula ya 33 asesores, la mayoría familiares de altos cargos del PP
El presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha colocado como nueva asesora del área de presidencia en la institución provincial a la hermana del jugador de golf Sergio García. El presidente provincial y el golfista mantienen una estrecha relación, y ambos son socios del club de golf La Coma, en la localidad castellonense de Borriol. Un club que preside el propio Fabra, y donde este año, pretende celebrar el campeonato master internacional de golf que promueve la Generalitat valenciana.
La hermana de Sergio, Mar García, ha sido contratada como personal eventual perteneciente al grupo E, sin titulación alguna, pero cobrará uno de los sueldos más altos del grupo de asesores del presidente de la Diputación, ya que percibirá un total de 45.157 euros al año, o lo que es lo mismo, 3.225 euros por 14 pagas mensuales, según publica el Boletín Oficial de la Provincia.
Mar García sustituye en el cargo de asesora de presidencia al ex portavoz del PP en Benicàssim, Manuel Gual, que ha sido nombrado adjunto al director técnico del Instituto Provincial del Deporte, que también depende de la Diputación. Un cargo por el que Gual también cobrará 45.157 euros al año.
Carlos Fabra tiene 32 asesores y cargos eventuales en la Diputación de Castellón. De ellos, 25 son familiares de cargos del PP, alcaldes de municipios pequeños, o ex concejales y portavoces de este mismo partido.
Camps coloca a la hija de Fabra en el Congreso y a un alto cargo imputado en el Senado
La senadora Andrea Fabra está siendo investigada también en relación con el supuesto delito fiscal por el que está imputado su padre
El presidente de los populares valencianos, Francisco Camps, ha colocado de número dos en la lista del PP al Congreso por Castellón a Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, imputado en varios delitos contra la Administración. La vacante que dejará Andrea Fabra en el Senado será ocupada por otro cargo del PP imputado,
el ex alcalde de Burriana y actual secretario regional de Política Económica y Empleo, Alfonso Ferrada.
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha explicado que la elección de su hija, que está situada tras el coordinador del programa electoral nacional Juan Costa, había sido una propuesta del propio Camps. Andrea Fabra, elegida senadora territorial tras las últimas elecciones autonómicas, está siendo investigada también en relación con el supuesto delito fiscal por el que está imputado su padre.
Una vez logre el acta de diputada, la vacante de Andrea Fabra en el Senado será ocupada por Alfonso Ferrada, imputado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y atentar contra la ordenación del territorio tras aprobar un polémico proyecto urbanístico. Ante el juzgado número 1 de Vila-real, Ferrada ha admitido que tanto su esposa como su suegro poseen cuentas bancarias en Andorra, lugar en el que tiene propiedades.
Camps aprovechó la confección de las listas de las tres circunscripciones valencianas para reducir al mínimo el número de diputados fieles a Eduardo Zaplana. En las candidaturas Camps también ha colocado un buen número de alcaldes, al presidente nacional de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, y al ex ministro José María Michavila, ambos en la lista por Valencia.
Fabra: "Aquí se puede llamar corrupto al que se quiera"
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, recurrirá la sentencia del juzgado número 1 de Castellón que absuelve al PSPV de la demanda en la que acusaba a los socialistas de haber vulnerado su derecho al honor y su imagen. "Aquí se puede llamar corrupto a quien se quiera, sin tener nada, porque la libertad de expresión está por encima del honor", concluyó Fabra como valoración del fallo. "No se puede insultar a nadie sistemáticamente", mantuvo y aseguró que llegará con los recursos "hasta el final". La sentencia considera probado que Fabra es titular de 94 cuentas después que el líder del PP provincial no lo negara en su declaración en el juzgado. Fabra criticó los criterios de la judicatura y, ayer, en la sede de la Diputación, sí explicó que alrededor de 70 de las cuentas corresponden a la Corporación, el PP y la sociedad promotora del aeropuerto de Castellón, entre otras entidades, con lo que la veintena restante sí son cuentas abiertas como titular o autorizado de forma particular.
Tras la petición de dimisión realizada por los socialistas, el líder del PP provincial recordó los resultados de las últimas elecciones municipales, por los que los populares obtuvieron un diputado provincial más, y se pavoneó: "A mí no me ha condenado ningún juzgado a nada". "A nada", insistió y se jactó de que "ni siquiera" está procesado, ya que en las diligencias en las que se le investiga ante la posible comisión de varios delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal solo figura como imputado. Carlos Fabra será considerado procesado cuando concluyan las diligencias, que llevan más de cuatro años instruyéndose.
www.elpais.es 17.01.08
UN JUEZ SUBRAYA LA "RELEVANCIA PÚBLICA" DEL INCREMENTO PATRIMONIAL DE FABRA
Un juez considera "cierto" y de "relevancia pública" el incremento patrimonial de Carlos Fabra y añade que resulta "sintomático" que el presidente de la Diputación de Castellón no recuerde que, pese a tener un millón de euros en sus cuentas, le salió a devolver la declaración de la renta. Estas afirmaciones forman parte de una sentencia que desestima una demanda contra los socialistas presentada por el jefe del PP de Castellón en respuesta a una publicidad electoral contra la corrupción que citaba a Fabra y al vicepresidente primero de la Diputación castellonense y alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez.
Fabra y Martínez presentaron una demanda contra el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, y el PSPV-PSOE por vulnerar su derecho al honor y su imagen. El motivo eran unos anuncios publicados en periódicos locales, durante la campaña de las pasadas elecciones municipales, bajo el encabezamiento "Contra la corrupción: Paciencia hasta el 27 de mayo".
En ellos se preguntaba a los lectores si alguna vez les habían regalado fincas como al vicepresidente de la Diputación, si habían tenido un millón de euros repartidos en 94 cuentas [según la sentencia, 39 según la publicidad] como Fabra, a quien, además, le salía la declaración de la renta a devolver, y si en su casa había votado más de una familia, en referencia a la supuesta manipulación de censos electorales en varios municipios de la provincia.
Carlos Fabra y Francisco Martínez entendían en su demanda que se les estaba "tildando de corruptos" sobre la base de "unos hechos o supuestas irregularidades que son falsas", y reclamaban una indemnización de 240.000 euros.
El titular del Juzgado número 1 de Castellón rechaza en su sentencia, emitida el pasado 7 de enero, las pretensiones de ambos cargos del PP y absuelve a los socialistas. El juez Rafael Giménez dice que los hechos denunciados en la campaña publicitaria "están dotados de relevancia pública". El magistrado añade que "contribuye a ese interés la anormalidad" de los hechos denunciados y concluye que las informaciones ofrecidas sobre Fabra y Martínez "son ciertas", porque el propio vicepresidente primero "reconoció" en su declaración ante el juzgado que "recibió en donación bastantes fincas", además de lo expuesto en "las notas registrales" presentadas por los demandados referidas a sus propiedades.
Respecto al millón de euros en 94 cuentas de Fabra, el titular del Juzgado número 1 de Castellón sostiene que "debe llegarse al mismo resultado", es decir, a la veracidad de las afirmaciones, "porque es sintomático que", en su declaración judicial, Carlos Fabra "no recuerde si le salió a devolver la declaración de la renta y que no niegue la titularidad de las cuentas o el importe referido en las mismas". Respecto a la supuesta trama de los censos electorales, el juez dice que "el interés general" de esta información "está fuera de toda duda", y admite "la existencia y notoriedad" de varios casos.
El juez concluye que se trata de "hechos veraces y de relevancia pública", y condena a Carlos Fabra y a Francisco Martínez a las costas del proceso, que ascienden a unos 10.000 euros más IVA, según fuentes del caso.
La curiosa buena estrella del imputado Carlos Fabra
Ésta es la tercera vez que resulta agraciado con un premio de lotería
No hay mucha gente que pueda decir que le ha tocado la lotería hasta en tres ocasiones. Uno de los que puede afirmarlo con rotundidad es el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que el sorteo de El Niño le ha reportado un premio de 2 millones de euros.
Pero hace unos años, entre los meses de septiembre y noviembre de 2004, Fabra tuvo la suerte de llevarse 16.261 euros gracias a su buena estrella. Así consta en su declaración correspondiente al ejercicio fiscal de ese año, que recoge la documentación procedente de Loterías y Apuestas del Estado.
En Castellón, ayer, no se hablaba de otra cosa aunque, en la mayoría de los casos, de forma irónica o sarcástica. Imputado por la posible comisión de varios delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal, Fabra recibió ayer la enhorabuena de un sinfín de dirigentes del PP con los que coincidió en la presentación de un proyecto educativo del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
"Suena a broma de mal gusto", decían ayer algunos internautas, mientras que en los bares se comentaba el hecho conocido de que Carlos Fabra suele comprar grandes cantidades de lotería para los sorteos más importantes. "Dicen que llevaba más de sesenta décimos", apostaban en las barras de diferentes establecimientos.
Según fuentes cercanas al dirigente, el presidente de la Diputación adquirió los décimos en la misma administración número 3 de la capital de La Plana de la que salieron los 550 billetes premiados con el primer premio. Según otras fuentes, Fabra no ha sido el único agraciado sino que sus guardaespaldas y su chófer también podrían haber conseguido "un pellizco", aunque no de las dimensiones de su jefe.
"Es lo que pasa con las loterías, le pueden tocar a cualquiera", comentaban en la red algunos críticos con el presidente provincial del PP castellonense.
Claro que Fabra no es cualquiera. A cualquiera no le sonríe la fortuna en tantas ocasiones ni cualquiera logra sumas tan cuantiosas como las que alcanza con su buena estrella el presidente de la Diputación de Castellón y del PP, tan afortunado él.
www.elpais.es 08.01.08
El traslado de la séptima juez en 4 años eterniza el 'caso Fabra'
La magistrada ocupará otro despacho a unos metros del anterior
El caso Fabra amenaza con eternizarse. La séptima juez que ha investigado los hechos en los últimos cuatro años ha logrado un traslado a otro juzgado. Lo insólito es que su nuevo destino se encuentra escasos metros de su antiguo despacho, en el mismo edificio. Lourdes Noverques, hasta la fecha titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules se hará cargo el viernes del Juzgado número 4 del mismo partido judicial, un departamento de nueva creación que le ha asignado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Noverques ha sido la juez que ha permanecido más tiempo al frente de este juzgado, al que llegó en septiembre de 2005, aunque es la única que ha protagonizado un traslado a petición propia y no por ascenso a plaza de magistrado. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juzgado número 4 de Nules fue uno de los destinos solicitados por la juez. Sin embargo, no pudieron precisar si fue su primera opción.
La investigación del caso Fabra será cubierta, de forma provisional, por un juez sustituto hasta que sea nombrado el próximo titular, lo que elevará a nueve el número de jueces por cuyas manos hayan pasado las diligencias previas. Será uno de estos dos el que, probablemente, reciba el informe de los peritos inspectores de Hacienda sobre el patrimonio, las cuentas y los ingresos de la familia Fabra. Tras este dictamen, el fiscal podría solicitar la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. En cualquier caso, aún está pendiente de llamar a declarar de nuevo el propio Fabra, para interrogarle sobre ingresos en efectivo de hasta 600.000 euros en sus cuentas efectuados en pequeñas cantidades.
El proceso de designación de un nuevo titular demorará la instrucción. Lourdes Noverques se ha convertido de esta manera en la séptima juez que abandona el llamado caso Fabra, en el que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y provincial del PP por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
La causa se inició con la querella de un empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de gestiones políticas para tratar de agilizar la autorización de productos fitosanitarios. Cuando se cumplen cuatro años desde que se abrieran las diligencias, la causa ha sido instruida por siete jueces y cuatro fiscales.
www.elpais.es 20.12.07
CONTRADICCIÓN ENTRE EX CARGOS DEL PP SOBRE EL 'CASO FABRA'
El ex secretario general de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad Rubén Moreno afirmó ayer "no ser cierto" que fue él quien encargó a la ex directora general de Sanidad del Gobierno de Aznar Dolores Flores la redacción de un documento sobre el estado de la tramitación de los productos fitosanitarios vinculados al caso Fabra. Flores declaró, en calidad de imputada, el pasado lunes ante la titular del juzgado número 1 de Nules, donde verificó la autenticidad del documento, que, afirmó, respondía a una solicitud de Moreno, según fuentes del caso. En declaraciones a la Cadena SER, Moreno negó ayer que reclamara el escrito en el que se informaba de la autorización de los fitosanitarios, cuya licencia había sido solicitada por Artemis 2000, empresa que de la que eran socias la esposa del presidente de la Diputación y líder del PP provincial, Carlos Fabra, y la esposa del empresario Vicente Vilar. Éste denunció a Fabra, al que acusó de cobrarle dinero a cambio de tratar de agilizar las licencias de fitosanitarios con gestiones ante los ministerios de Agricultura y Sanidad, que debían autorizarlas.
UNA EX ALTO CARGO ADMITE MANIOBRAS DE FABRA PARA LA FIRMA DE SU ESPOSA
La ex directora general de Sanidad durante el gobierno de Aznar, Dolores Flores, admitió en un juzgado de Nules haber informado de la tramitación de autorizaciones para los productos fitosanitarios vinculados al llamado caso Fabra, así como de que esos productos iban a tener salida "en unos días". Flores reconoció su firma en uno de los faxes que forman parte de las diligencias, en el que ella misma informa textualmente de "los nombres de las sustancias y productos que he firmado para dar salida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación". El documento respondía, tal como admitió, a una solicitud formulada por el entonces secretario general de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, el valenciano Rubén Moreno, quien reclamó que le informara del estado de la tramitación de dichos fitosanitarios. La petición de autorización de la mayoría de esos productos había sido formulada por la empresa Artemis 2000, de la que era socia la esposa del presidente de la Diputación y líder del PP provincial, Carlos Fabra.
Dolores Flores declaró en calidad de imputada, ante la titular del juzgado número 1 de Nules donde se instruye la causa por la que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón por supuestos delitos contra la Administración pública y un presunto fraude fiscal. La causa está abierta desde que el empresario Vicente Vilar acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Las solicitudes para dichos productos habían de obtener, primero, la aprobación del Ministerio de Sanidad para, posteriormente, ser autorizados por el de Agricultura.
La vinculación admitida por Flores ratifica que el "interés" mostrado por varios dirigentes del PP sobre los productos del empresario Vicente Vilar no se limitaba al Ministerio de Agricultura sino que también se extendió al de Sanidad. En el fax remitido por la directora general de Sanidad, ésta "detalla" en una lista las sustancias y productos para los que ya ha firmado la autorización y añade, de su puño y letra: "En unos días espero que puedan salir la mayoría". Pese a que Dolores Flores dijo ayer ante el juez no haber enviado el documento directamente a Fabra sino a Rubén Moreno, el hecho es que el escrito llegó finalmente a manos de Vilar y, según éste, fue el propio presidente de la Diputación quien se lo hizo llegar para presentárselo como "prueba" de las gestiones que estaba llevando a cabo en favor de sus productos. Rubén Moreno ya fue interrogado ante la juez y, en aquella ocasión, el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, no le formuló ninguna pregunta. Por ello, sólo respondió a preguntas de su abogado ante el que desmintió cualquier vinculación con el caso.
En cualquier caso, la mayoría de los nombres que incluyó Flores en su escrito se refiere a productos de la empresa Artemis 2000, creada por las entonces esposas de Vilar y Fabra, Monserrat Vives y Amparo Fernández, respectivamente. Ambas están igualmente imputadas en la causa.
El juzgado número 1 de Nules acogió también ayer la declaración de otra imputada, la ex directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana Pilar Máñez. Según la denuncia de Vilar, fue ella la responsable de la concesión de una "rápida" autorización para obtener la licencia de gestor de residuos no peligrosos tras una entrevista concertada por Carlos Fabra. Ayer, ante el juez, Máñez admitió la celebración de aquella reunión, con asistencia de Fabra y Vilar.
Fabra intenta marcarle la raya a la juez de instrucción
No es nada corriente que se le diga a un juez qué pruebas debe tener en cuenta - y las que no - en la instrucción de un proceso que está en sus manos. Más raro resulta todavía, si quien marca la raya es el principal imputado y sospechoso del caso. Pues tal y así es como ha actuado el sátrapa del PP en Castellón, Carlos Fabra, presidente bicéfalo del partido conservador y de la diputación.
Según confirman fuentes judiciales, la jueza Lourdes Novarques, que instruye en el juzgado número 1 de Nules el “caso Fabra”, tiene en su poder desde hace meses un escrito del letrado, Javier Boix, pidiéndole que desestime como pruebas testificales, unas cuentas corrientes de organismos públicos y empresas privadas. En ellas Fabra tiene poderes otorgados para ordenar transferencias y pagos a su voluntad. Se trata de cuentas de la diputación, del Hospital provincial de Castellón y de “Aerocas”, empresa promotora del aeropuerto de Castellón. El abogado de Fabra justifica su sorprendente petición porque si se investigan las citadas cuentas corrientes, “podrían resultar perjudicadas terceras personas”, dice el escrito, sin entrar en más detalles.
Retrasar el juicio Además de sorpresa e indignación, la oposición de izquierdas todavía no tiene claro si Fabra actúa de esta manera tan anodina para retrasar su juicio por todo lo que contiene su voluminoso sumario en ciernes: delitos contra la administración del Estado, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
Cacique conservador castellonense No descartan las mismas fuentes una intención de mayor magnitud, urdida por el cacique conservador castellonense. Sospechan que Fabra se ve solo y con el aliento de la justicia más cerca de su cogote. Denotan que el jefe del PP en Castellón “se siente ahora más abandonado” por quienes antes le protegían en el partido. Por esta razón, “amenaza con poner el ventilador”, comentan. Incluso, puede estar dando el primer aviso, a la desesperada, de que si le salen mal las cosas a él con la justicia, puede llevarse por delante a otros gerifaltes del PP no implicados en este asunto de corrupción, de momento.
Excepción a la regla judicial El “caso Fabra” está resultando ser una complicada y dudosa excepción a la regla judicial. Llama estrepitosamente la atención en medios jurídicos y políticos la demora en la instrucción sumarial. Está a punto de cumplir cuatro años, desde que en diciembre de 2003, desveló la trama de corruptelas y tráfico de influencias el empresario Vicente Vilar. Acusó a Fabra de haberle entregado cantidades millonarias de dinero, por conseguir del gobierno del PP licencias para productos fitosanitarios. Más tarde se comercializaron en la empresa Artemis, gestionada por las esposas de ambos.
Siete titulares del juzgado trasladados Es excepcional igualmente que hasta ahora hayan sido siete los titulares del juzgado de Nules los que se han ocupado de la instrucción y dejado a medias después, pidiendo “por causas personales” el traslado a otra jurisdicción. Y serán ocho muy pronto, cuando a la actual jueza, Lourdes Noverques, le confirmen un nuevo destino que ella misma ha solicitado voluntariamente. Han sido cuatro fiscales hasta hoy los que se han encargado de la acusación.
Una realidad Más pronto o más tarde, el juicio de Carlos Fabra empieza a verse desde el propio PP valenciano como una realidad a la que tendrá que hacer frente. Lo que no quieren sus dirigentes es que los juicios en cascada coincidan con la precampaña electoral. No se descarta que así sea antes de las generales de 2007. Tal eventualidad explica, según se oye decir por cenáculos de Castellón, el actual distanciamiento entre Carlos Fabra y Juan Costa, ex ministro de Aznar, y coordinador del programa del PP. Fabra desea que Costa sea cabeza de lista por Castellón, pero éste intenta incluirse, bien en la de Madrid u otra gran ciudad, lo mas lejos del territorio que controla Fabra.
Se le han complicado las cosas De puertas para dentro en el PP de Castellón, a su presidente Fabra se le han ido complicando las cosas últimamente. Antes de las elecciones del 27-M, su hombre de confianza, Victor Campos, a la sazón miembro del gobierno de Francisco Camps, le dio brutalmente la espalda, anunciando que dejaba la secretaria general provincial y la política activa. Para esta vacante, Fabra ha tenido que echar mano de una dirigente “popular” que no es de su cuerda, la diputada autonómica, Marisol Linares. Esta le hizo guiños en su día al zaplanismo, a través de un grupo que controla el dirigente popular valenciano, Serafín Castellano con su tentáculo en Castellón a cargo del diputado nacional, Miguel Barrachina.
LA JUEZ CONCLUYE QUE LA SENADORA ANDREA FABRA DEBE SER INVESTIGADA POR LOS PERITOS DE HACIENDA
La senadora por Castelló Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, tendrá que someterse a la misma investigación fiscal y patrimonial que su padre después de que el Juzgado de Nules haya enmendado un error judicial que la había dejado oficialmente al margen de la causa durante casi cinco meses.
De esta manera se abre la puerta a que los inspectores de Hacienda puedan referirse también a ella y a sus actividades económicas en el informe que están ultimando.
La investigación de los peritos contra Andrea Fabra se vio privada de cobertura legal, desde enero hasta junio, porque a la juez de Nules se le pasó incluir a la senadora en la lista de los familiares del presidente que debían ser investigados por expreso mandato de la Audiencia Provincial de Castelló. Este tribunal advirtió en marzo de 2006 que en asuntos como el caso Fabra «no suele ser infrecuente que el lucro obtenido se oculte en la esfera familiar».
El error judicial se consumó el pasado 23 de enero, cuando la juez de Nules, Lourdes Noverques, concedió «habilitación general» a los peritos de la Fiscalía Anticorrupción para acceder a las bases de datos de la Agencia Tributaria y recabar información fiscal y patrimonial de Carlos Fabra, su mujer María Amparo Fernández, y de los hijos del matrimonio: Borja Fabra, Claudia Fabra y Carlos Fabra Fernández. En aquella providencia, la juez incurrió en un lapsus y se olvidó de la senadora. Han tenido que pasar casi cinco meses, hasta el pasado 7 de junio, para que la titular del juzgado se diera cuenta del olvido y acordara que «procede conceder a los peritos habilitación general para acceder a las bases de datos de la Agencia Tributaria en las que conste información de trascendencia tributaria correspondiente a Andrea Fabra».
El mandato se extiende también a todas las declaraciones que la hija del presidente haya presentado «por todos los conceptos tributarios» en el periodo comprendido entre 1999 y 2004.
La decisión de Noverques provocó la inmediata respuesta de Carlos Fabra, quien en el enésimo recurso de apelación elevado a la Audiencia Provincial de Castelló alegó que tal decisión supone «una lesión de su derecho fundamental a la intimidad» y de otras personas investigadas, «incluso no imputadas», refiriéndose a su hija Andrea Fabra y al resto de familiares.
El abogado de Fabra, Javier Boix, insiste además en el escrito en que la investigación de los inspectores de la Fiscalía Anticorrupción sobre los hijos de la familia Fabra supone un riesgo ante la posibilidad de que se filtren a la prensa «un buen número de datos personales e íntimos», que a su juicio no tienen nada que ver con la investigación judicial. Además, considera que la titular de Nules no ha controlado suficientemente a los dos peritos en su labor de obtención de unos datos «sumamente protegidos» por la Agencia Tributaria. El recurso está pendiente de resolución en la Audiencia Provincial y tanto el abogado del Estado (que representa los intereses del Ministerio de Hacienda) como el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, se opusieron al mismo. El representante del Ministerio Público llega a decir en su escrito que el recurso del líder provincial del PP contra la labor de los peritos «sólo puede entenderse desde la ignorancia y el desconocimiento de las garantías, sistemas y procedimientos que regulan la obtención de datos de la Agencia Tributaria». En una providencia fechada el 26 de septiembre, Noverques hace constar que ha recibido ya la información «de trascendencia tributaria» sobre Andrea Fabra que los peritos han obtenido en los ficheros oficiales.
Ahora los inspectores están a la espera de recibir la información que los bancos deben remitir sobre el presidente de la diputación, su mujer y sus descendientes para poder realizar su informe final. El presidente de la diputación, su esposa y 6 ex altos cargos del PP figuran como imputados en supuestas mediaciones en favor de Naranjax.
Andrea Fabra está casada con el consejero madrileño de Sanidad, Juan José Güemes. El líder del PP la colocó en el Senado el pasado mes de julio.
Celia Villalobos admite ante la juez que Fabra se interesaba por la lentitud de los permisos
La ex ministra de Sanidad Celia Villalobos también ha reconocido ante la juez de Nules que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, se interesaba por la lentitud con la que el Ministerio de Agricultura aprobaba los permisos de los productos fitosanitarios, entre ellos los de Naranjax, la empresa de Vicente Vilar.
La versión como testigo que Villalobos ha dado a la juez que instruye el caso Fabra es similar a la que han aportado sus ex compañeros de gabinete, los ex ministros de Agricultura Jesús Posada y Arias Cañete, quienes reconocieron que Fabra les preguntaba por las autorizaciones del sector fitosanitario.
La ex ministra de Sanidad declaró por escrito acogiéndose a su derecho como aforada. Cuando el abogado de Vilar le preguntó sobre el supuesto interés que Fabra demostraba en los fitosanitarios, Villalobos contestó que «el señor Fabra planteó la lentitud con que los aprobaba Agricultura, según los técnicos de Sanidad Vegetal de dicho ministerio» . Respecto a cuál fue su reacción tras la mediación de Fabra, Villalobos zanjó la cuestión con contundencia: «Mi costumbre era que una vez transmitido el motivo de la reunión y no habiendo más asuntos que tratar, daba por finalizada la misma». La líder del PP andaluz reconoció que tras los contactos con Fabra pidió a la Dirección General de Salud Pública un informe sobre la situación de los productos fitosanitarios. Sobre futuros contactos en beneficio de Naranjax, dijo que no hizo ninguna otra gestión más en este asunto y negó que su marido, Pedro Arriola, asesor de José María Aznar, tuviera algo que ver: «Mi marido era asesor del presidente del PP no del presidente del Gobierno» .
A preguntas de los abogados de la Unión de Consumidores de España, la ex ministra admitió que de Vicente Vilar sabía «su nombre y que era un empresario de su provincia que tenía problemas con la Dirección General de Salud» . Apostilló que «el señor Fabra, como otros políticos de cualquier partido, se interesaba por los problemas de su provincia» . Villalobos aclaró que nunca dio instrucciones sobre Naranjax a Dolores Flores, ex directora general de Salud Pública y Consumo, y que no llegó a recibir a otros políticos de Castelló para tratar sobre la empresa Naranjax. Según la versión de Vicente Vilar, Villalobos les echó a él y a Fabra de su despacho cuando le pidieron que agilizara el trámite.
Posada, ex ministro de Agricultura con el PP, admite reuniones con Fabra
Posada ha reconocido que se reunió en 1999 en el Ministerio con Carlos Fabra, con el entonces senador, Miguel Prim, y con los diputados del PP por Castellón Juan José Ortiz y Juan Costa
El ex ministro de Agricultura del PP,
Jesús Posada, ha admitido ante la justicia que se reunió con Carlos Fabra y otros cargos de su partido para abordar el retraso de los fitosanitarios de Naranjax. Posada dice que no recuerda ningún caso más de políticos que se interesaran ante el Ministerio por el retraso en los fitosanitarios
El juzgado número 1 de Nules, que investiga el 'caso Fabra', ha recibido ya las declaraciones por escrito de los ex ministros de Agricultura con Aznar, Jesús Posada y
Miguel Arias Cañete. El primero ha reconocido que se reunió a mediados del mes de julio de 1999 en el Ministerio con el presidente de la Diputación y del PP en Castellón, Carlos Fabra, con el entonces senador, Miguel Prim, y con los diputados del PP por Castellón por aquella época, Juan José Ortiz, y
Juan Costa.
Posada dice que la reunión se realizó a instancias de Ortiz, y que además de interesarse por la instalación de un punto de inspección fronteriza en el puerto de Castellón, se habló de los retrasos que sufrían los productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, y de su producto estrella, el ABAC, que poco después sería autorizado y comercializado con notable éxito por las entonces esposas de Vilar y Fabra a través de la empresa Artemis 2000.
El ex ministro de Agricultura afirma también en su declaración judicial que no recuerda que Carlos Fabra o el resto de sus interlocutores se interesasen por otra empresa de Castellón en aquella reunión, y que era inhabitual que los políticos se interesasen ante el ministerio por los retrasos en los fitosanitarios. De hecho, Posada dice que no recuerda ningún otro caso como este.
Jesús Posada también dice que fue el senador Prim quien introdujo en la reunión el tema de los fitosanitarios, y admite que el senador por Castellón le envió una carta pidiendo celeridad en los trámites que no contestó por su carácter poco pertinente.
El detalle de los miembros de la reunión por parte de Posada deja en evidencia a Juan Costa, quien en su declaración judicial dijo que no recordaba que hubiera participado en reunión alguna.
Por su parte, el sucesor de Posada en el ministerio de Agricultura, Miguel Arias Cañete, reconoce que Miguel Prim le abordó alguna vez por los pasillos del Congreso de los Diputados para preguntarle por los fitosanitarios de Naranjax, pero dice que este tipo de situaciones eran normales.
El juzgado de Nules todavía no ha recibido las respuestas de la ex ministra de Sanidad, Celia Villalobos, que también tiene que declarar como testigo en el proceso.
Los inspectores piden a los bancos más datos sobre Fabra
La juez ha admitido una nueva prueba solicitada por los peritos de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que investigan las cuentas de Fabra y su familia. En un auto fechado el pasado 18 de octubre, la juez acuerda ordenar a los bancos de Castelló que faciliten información sobre contratos de apertura de las cuentas de la familia y las empresas ligadas al presidente de la diputación durante el periodo 1999-2004. La titular del juzgado de Nules accede también a la petición de los inspectores de que los bancos informen de los extractos de los movimientos de las cuentas y depósitos; de las tarjetas de crédito o débito y de cualquier operación en la que figuren, al menos, fecha, lugar, concepto e importe de la misma. Los bancos deberán remitir además toda la información de que dispongan sobre préstamos bancarios o créditos a nombre de Fabra, su mujer, sus hijos y Carmacas y Artemis, las firmas vinculadas a la familia del líder popular. Por último, el auto de la juez acuerda que los bancos aporten toda la documentación que tengan en su poder respecto al alquiler de las cajas de seguridad de las personas investigadas, en concreto contratos de apertura, relación de autorizados y registros de utilización. Fabra se ha vuelto a oponer a que los peritos de Hacienda indaguen en su patrimonio y en el de sus hijos, alegando que supone una intromisión en su derecho al honor. Además, considera que ampliar la indagación fiscal contra su familia supone una extralimitación de la competencia judicial. La juez de Nules ha desestimado su recurso bajo el argumento de que fue la Audiencia Provincial de Castelló la que en su día delimitó concretamente las personas que deben ser investigadas, entre las que se encuentran la mujer y los hijos del presidente de Castelló. Por su parte, el diputado autonómico socialista, Antonio Such, criticó ayer «el uso y abuso» del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ante «el beneplácito del presidente de la Generalitat, Francisco Camps» , apuntó. Such hizo estas declaraciones tras conocer que el presidente de la Diputación «ha nombrado a los hijos del alcalde de Montán y del ex primer edil de Vinaròs como asesores de los cargos de gobierno» , según publicaron varios medios de comunicación. Con estos ya son más de 20 los familiares de cargos del PP que Fabra ha «colocado» en la institución, criticó. «Es evidente que Fabra hace un uso partidista y familiar de los recursos económicos de Castellón que exceden de lo prudente» , afirmó Such. En este sentido, cuestionó la actitud « despótica» del presidente de la diputación con respecto a los bienes de los ciudadanos de la provincia.
www.levante-emv.com 10.11.07
La séptima juez del 'caso Fabra' pide el traslado
La investigación está pendiente del informe pericial sobre el incremento patrimonial del jefe del PP en Castellón
La historia se repite. De Isabel Belinchón a Lourdes Noverques son ya siete las jueces que, hasta ahora, han participado en la instrucción del caso Fabra. Y la lista aumentará al menos en dos más. Con la solicitud de traslado voluntario de la todavía titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) serán nueve los jueces que, como mínimo, tengan que ver con la causa, ya que, según el procedimiento habitual, Noverques (la séptima) tendrá un sustituto (8) hasta que se nombre al próximo titular (9). En diciembre, se cumplirán cuatro años desde el inicio de una causa -por la que han pasado también cuatro fiscales- en la que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y jefe del PP provincial, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal.
Noverques es la juez que ha permanecido más tiempo en el puesto. Cuando se hizo cargo del juzgado, en septiembre de 2005, aún había pendientes de realizar muchas diligencias que durante estos dos años se han ido practicando, sobre todo porque, tras el rechazo inicial del juzgado, finalmente han sido admitidas por la Audiencia provincial. Poco antes de la llegada de Noverques a Nules, las acusaciones a Fabra de presuntos delitos contra la administración pública se ampliaron a un posible fraude fiscal tras la denuncia de la Agencia Tributaria respecto del ejercicio de 1999. En estos dos años, ha tomado declaración a diputados, senadores y ex ministros, y ha empezado a recibir la documentación de los inspectores fiscales después de que se autorizara investigar el patrimonio de Fabra y de su familia.
La investigación está en un momento crucial ya que el juzgado recibirá en breve el informe de los peritos de Hacienda sobre los ingresos declarados por Fabra y su familia y su incremento patrimonial. El juzgado aún está pendiente de llamar a declarar de nuevo al dirigente del PP para interrogarle sobre el ingreso en efectivo de 600.000 euros en sus cuentas en pequeñas sumas.Al contrario que las dos titulares que la precedieron (las otras cuatro jueces han sido sustitutas), Noverques no se traslada por un ascenso sino que ha solicitado el traslado voluntario a otro juzgado valenciano, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia. Este traslado puede ser aprobado la próxima semana.
La primera titular del juzgado de Nules que se hizo cargo del caso, Isabel Belinchón, rechazó las querellas del empresario Vicente Vilar, en las que acusaba a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar la tramitación de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Sin embargo, Belinchón abrió una investigación de oficio ante la posible comisión de "uno o varios" delitos contra la Administración pública y protagonizó el primer interrogatorio judicial a Fabra. Poco después, fue ascendida a magistrada y trasladada a Teruel.
Una juez sustituta, Carmen Albert, asumió la investigación de forma interina hasta la incorporación de María Fernanda Lorite, que procedía de Gernika. La juez vasca también ascendió a magistrada y dejó la sede de Nules para ser sustituida por Reyes Gavara, que apenas estuvo un mes. Tras ella llegó Marta García, de los juzgados de Parla (Madrid), quien apenas estuvo dos. Como sustituta, hasta la llegada de Noverques, ocupó la plaza María del Mar Julve.
Fabra nombra asesores de la Diputación de Castellón a los hijos de un alcalde y un ex alcalde del PP
Cada uno de ellos cobrará 32.000 euros al año. En total, veinticinco de los 32 asesores de Fabra en la Diputación son familiares, alcaldes o ex concejales del PP
El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, es el encargado de completar la lista de asesores y cargos eventuales en la institución provincial de Castellón. El pasado mes de julio decidió ampliar a 32 el número de estos cargos, pero le faltaban por cubrir algunas plazas. Lo ha hecho con los hijos de un alcalde y un ex alcalde, ambos del PP.
Hoy, el Boletín Oficial de la Provincia publica el nombramiento de Inmaculada Moliner como asesora del vicepresidente segundo de la institución provincial, Vicente Aparici. La nueva asesora es hija del ex alcalde popular en Vinaroz, Jacinto Moliner, ha sido contratada como grupo D o graduado escolar, y percibirá un sueldo de 32.000 euros al año.
El segundo nombramiento es el de Sergio Fornás, que es hijo del alcalde de Montán y diputado provincial hasta las pasadas elecciones, Antonio Fornás, como asesor del vicepresidente primero, Francisco Martínez. El hijo del alcalde de Montán, calificado como grupo E, sin titulación alguna, percibirá un sueldo anual de 32.000 euros.
"Iba a ser yo"
El alcalde de Montán, Antonio Fornás, ha revelado en declaraciones a la Cadena SER que "en realidad iba a ser yo [el asesor], pero al tener 70 años no puedes ser contratado por las administraciones". Fornás ha insistido en que "en principio yo iba a ser el asesor y el alcalde, pero al encontrar con eso [el impedimento legal], como mi hijo me ha ayudado en la comarca pues le han nombrado a él".
De los 32 asesores y cargos eventuales nombrados por Carlos Fabra en la Diputación de Castellón, un total de 25 son familiares de cargos del PP, alcaldes de municipios pequeños, o ex concejales y portavoces de este mismo partido, que desempeñan diversas tareas a cargo del erario público. Entre ellos el hijo del ex alcalde de Almassora, una sobrina del vicepresidente primero, la cuñada de Carlos Fabra, y hasta un familiar de la ex ministra de Medio Ambiente con el PP, Elvira Rodríguez
LA DIPUTACIÓN PAGARÁ 21.000 EUROS POR UN JUICIO QUE PERDIÓ FABRA
La Diputación de Castellón pagará los 21.000 euros que, en concepto de costas, le ha obligado a pagar un juzgado tras una querella contra la Cadena Ser. El presidente de la institución provincial, Carlos Fabra, interpuso la denuncia después de que la emisora informara de que durante las fiestas de la Magdalena de 2004, en el palco de la plaza de toros reservado por la Diputación, se sirvieron champán francés y puros Cohíba, además de la tradicional merienda. Por aquel palco pasaron dirigentes del PP provincial, empresarios y personajes de la prensa rosa. Durante el año anterior, Carlos Fabra gastó 26.000 euros en entradas de toros, 1.500 en cáterin y 165.000 en comidas. Fabra presentó la denuncia como presidente de la Diputación, ya que entendió que se había atentado contra la institución. Al archivarse la causa, es el denunciante el que ha de pagar el coste del procedimiento en lo que se refiere a los profesionales que intervinieron. Así, la Diputación desembolsará esos 21.000 euros, de los que 19.500 son para pagar la minuta del abogado, mientras que el resto se abonará al procurador. El pago ha sido aprobado a través de dos decretos que ha firmado el propio Carlos Fabra, con lo que el gasto no pasará por el pleno. Según el portavoz del Grupo Socialista, Francesc Colomer, el hecho de que sean las arcas públicas las que costeen las costas del juicio supone una demostración más de que Fabra "confunde la privado con lo público y lo particular con lo general". Además, a través de este sistema se ha aprobado también un gasto de casi 7.000 euros para la renovación del mobiliario de una diputada. www.elpais.com, 30/10/07
Cuatro años en el cargo con la corrupción en los talones
Las imputaciones por distintos delitos contra el jefe del PP en Castellón, presidente de la Diputación, se eternizan en el juzgado
La justicia no es rápida. Y el sistema jurídico español dispone de toda una serie de recursos para garantizar los derechos y la defensa de los presuntos autores de un delito. En ocasiones, esas garantías se convierten en el arma más apropiada para dilatar y dilatar procedimientos judiciales. El abogado del líder del Partido Popular en Castellón y presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, es experto en eso, según han reconocido algunos de sus compañeros. Incluso, los que comparten defensa o acusación con él.
Desde que empezó a tramitarse el caso han pasado siete jueces por el Juzgado de Nules
Un empresario le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos
En diciembre de 2003, Vicente Vilar, empresario y amigo de Carlos Fabra, presentó una querella contra el presidente de la Diputación castellonense, del PP, en la que le acusaba de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La mediación que supuestamente ejercía Fabra ante los ministerios de Sanidad y Agricultura estaba encaminada a tratar de acelerar autorizaciones para la fabricación de los productos fitosanitarios del propio Vilar.
En medio de esta trama se desenvolvían dos empresas. Una del propio Carlos Fabra, llamada Carmacas, por la que el presidente del PP de Castellón cobraba importantes cantidades de dinero en concepto de asesoría de otra sociedad, denominada Artemis 2000, cuyas propietarias eran las esposas del dirigente político y el empresario de los fitosanitarios.
Un año después de la creación de Artemis 2000, Fabra tuvo unos ingresos extraordinarios en sus cuentas de 931.000 euros, aunque declaró a Hacienda que había cobrado 73.000 y consiguió 3.000 euros de devolución en la declaración de la renta. La Agencia Tributaria le abrió un expediente por un supuesto fraude fiscal de 149.000 euros por el que ahora está también imputado.
Casi cuatro años después de que se destapara el escándalo, el conocido como caso Fabra sigue en su fase inicial, con interrogatorios a testigos aún por celebrar, al margen de la práctica de múltiples pruebas que, con meses de dilación, se van aprobando. Todas ellas se incluyen en la investigación derivada de la imputación a Carlos Fabra ante la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios) y un fraude fiscal. Además de la ralentización que ha supuesto la resolución de los recursos presentados, sobre todo por el líder del PP, el procedimiento judicial ha sufrido otras dificultades.
El caso Fabra se instruye en un juzgado "de pueblo" que habitualmente no es más que una plaza "de paso" para los jueces. Desde que empezó a tramitarse la querella presentada contra Fabra, han pasado por el juzgado de Nules hasta siete jueces distintos que se han tenido que responsabilizar de las actuaciones. En el caso de los fiscales, el procedimiento fue asumido, en un principio, por el entonces fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, quien tuvo una sonada intervención durante el primer interrogatorio a Carlos Fabra a quien preguntó: "¿Usted arriesgaría su carrera política y profesional por la cuestión de tráfico de influencias máxime estando tan próximas las próximas elecciones generales y por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aquí?".
Tras esas elecciones, la Fiscalía Anticorrupción apartó del caso a Arias y asumió la investigación en junio de 2004. Desde entonces, han sido cuatro los fiscales que han tenido que estudiar las cada vez más abultadas diligencias. Tantos han sido los cambios que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, llegó a reconocer en un momento que éstos podían "perturbar la marcha del proceso".
En cualquier caso, quienes se han mantenido en su sitio son los representantes de la Unión de Consumidores, los representantes de los usuarios, en consecuencia, de los ciudadanos, que apenas tres meses después de iniciarse el procedimiento solicitaron personarse en la causa. En este caso, se aceptó que lo hicieran como acción popular y no como acusación particular. Esta fórmula se utiliza porque realmente lo que ejerce la UCE no es una acusación a favor de los intereses de un particular sino la defensa de los derechos de todos y la protección de la legalidad, el servicio público y el respecto a la ley.
Así, argumentaron su legitimización para personarse en el caso abierto contra el presidente de la Diputación Provincial de Castellón alegando que entre sus fines se encuentra la defensa del consumidor y de los usuarios, también en el ámbito de las Administraciones públicas, y expusieron la posibilidad de un menguado control en la autorización de registros de productos fitosanitarios y, en consecuencia, el peligro que esto podía suponer para el consumidor. Además, arguyeron que, de probarse la alteración en el normal funcionamiento de la Administración se estaría alterando también el sistema al que son sometidos los usuarios. La Unión de Consumidores señaló que la "única intención y finalidad" era "ayudar al tribunal en las presentes diligencias de instrucción e investigación".
El caso es que la UCE ha sido durante estos años la parte más activa en la investigación del llamado caso Fabra. Entre otras cosas, solicitó los interrogatorios a los ex ministros del Gobierno de Aznar que intervinieron en alguna de las reuniones o encuentros en los que se trataron los fitosanitarios de Vilar, reclamó la intervención de peritos que estudiarán las cuentas de Carlos Fabra y logró que en una sola causa se acumulara la acusación por los supuestos delitos de tráfico de influencias y por fraude fiscal ya que, tal como indicaron, ambas pueden estar íntimamente ligadas y ser origen y consecuencia.
Los representantes de la UCE son reacios a aparecer públicamente y a expresar sus valoraciones sobre el procedimiento judicial abierto en Nules. Consideran que la acción de la organización debe limitarse únicamente a la defensa de la legalidad ante la posibilidad de que ésta se haya alterado con prácticas contrarias al derecho. Su intención es que se restaure el orden normativo y se penalice a quienes hayan podido pervertir y alterar servicios públicos.
En una cosa coinciden con Fabra, en su deseo de que el caso no se eternice más. Porque, después de casi cuatro años de investigación, sigue habiendo un cargo público, que revalidó su puesto en las últimas elecciones municipales del 27 de mayo y sigue cobrando del erario público, al que la sospecha de corrupción le pisa los talones. Siete jueces le han investigado tras comprobar que existían múltiples indicios de que Fabra hubiera cometido varios delitos mientras. El procedimiento judicial al que está sometido no tiene plazos, fechas ni visos de pronta resolución. Sea en el sentido que sea. www.elpais.es 20.10.07
LA SECRETARIA DE VILAR DICE QUE EL CHÓFER DE FABRA RECOGÍA "SOBRES"
La secretaria de Vicente Vilar, el empresario que acusó al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, aseguró ante el juez que el chófer del dirigente del PP acudía a la fábrica a recoger "sobres y cajas". La empleada de Vilar hubo de declarar ante el juzgado de instrucción número 2 de Nules donde se instruyen unas diligencias en la que Fabra figura como imputado por un presunto delito de falsificación. En su declaración como testigo manifestó que tanto Carlos Fabra como su esposa, Amparo Fernández, habían acudido a la fábrica en varias ocasiones ya que, de hecho, ambos mantenían entonces una relación de amistad con Vicente Vilar.
La acusación que originó esta investigación se refiere al supuesto encargo y elaboración de cuños falsificados para tratar de autentificar documentos que posteriormente se presentaban ante la administración para tramitar las autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. Según Vilar, Fabra no sólo sabía de la existencia de estos cuños falsos sino que colaboró en su elaboración. Tras esta acusación, el juzgado abrió la causa al margen de la iniciada por otro juzgado de Nules, que investiga al presidente de la Diputación de Castellón ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal en el llamado caso Fabra.
La diputada autonómica de Compromís, Marina Albiol, señaló ayer que la afirmación de la empleada "apunta de nuevo a un uso fraudulento de recursos públicos". Albiol indicó que este nuevo testimonio "demuestra que, entre otras actividades ilícitas, también se puede tratar, sin ninguna duda, de un uso fraudulento de los recursos públicos", ya que "sólo con el testimonio de esta administrativa se demuestra cómo el presidente de la Diputación ha empleado el coche oficial para sus asuntos personales, sean éstos legales o no". Así, manifestó su confianza en que los cambios en la Fiscalía de Castellón "ayuden a dar el impulso necesario" para avanzar y concluir el caso Fabra ya que, a su juicio, "el anterior fiscal y los propios y continuos obstáculos de Fabra han hecho que la instrucción de este caso se eternice".
Sin embargo, la testigo dijo que no puede saber cuál es el contenido de las cajas y sobres que transportaba Del Campo, ya que nunca llegó a verlos. Lo que sí confirmó la empleada de Naranjax es que tanto Carlos Fabra como su esposa, María Amparo Fernández, visitaban la fábrica porque tenían una "estrecha relación de amistad" con Vilar y su mujer, Montserrat Vives.
El líder en Castellón de las juventudes del PP arremete contra Fabra y dimite
El presidente provincial de Nuevas Generaciones (NNGG) en Castellón, Mariano Sardina, ha presentado su dimisión por desavenencias con el presidente provincial, Carlos Fabra, según confirmaron ayer fuentes del PP. La presidenta regional del colectivo juvenil del PP en la Comunidad Valenciana, Verónica Marcos, aseguró no tener constancia de la dimisión, después de que se conociera que Sardina había criticado duramente las formas empleadas por Carlos Fabra desde la dirección del Partido Popular en Castellón, que calificó de "dictadura".
"Se ha convertido en un partido de pensamiento único, aunque por detrás, nunca a la cara, hay mucha gente descontenta", declaró Sardina a Levante-EMV. "Todo está demasiado jerarquizado y no hay libertad de expresión", añadió. Sin embargo, ayer estuvo todo el día "desaparecido" y no atendió llamadas.
Han tenido que ser los jóvenes del PP, y su cabeza más visible, el presidente de NNGG, quienes se hayan atrevido a desafiar el férreo "poder" que Carlos Fabra ostenta sobre el partido en la provincia. A desafiar y a reconocer que en la ciudad de Castellón "los resultados no fueron todo lo buenos que se esperaban, aunque nadie se atreve a decir que el caso Fabra ha perjudicado", indicó. Las fuentes consultadas aseguran que el desencuentro entre Sardina y Fabra viene de lejos y que, entre otras cosas, la postura de Carlos Fabra en relación con la Universidad Jaume I y sus dirigentes fue uno de los temas que enfrentó a ambos. "La mala relación se agudizó con la confección de las listas", indicaron las mismas fuentes.
Así, la crítica de Sardina, quien además estuvo vinculado al sector zaplanista, llega en un momento en el que su postura es achacable a una "rabieta" al haber sido excluido de las listas autonómicas en las que sí aparecía en 2003. De hecho ésta fue la argumentación de algunos miembros del PP castellonense que, sin conocer la dimisión, sí admitieron estar al tanto del descontento en NNGG tras la publicación de los nombres que ocupaban las candidaturas.
Según el citado diario, Mariano Sardina decidió dejar su cargo "harto" de la "dictadura" de Carlos Fabra a quien ya remitió un escrito antes de que se celebraran las pasadas elecciones del 27 de mayo en la que le hacía saber su disconformidad con el proceso de elaboración de las candidaturas en las que no se respetaban los cauces para incluir a integrantes de Nuevas Generaciones. Al parecer, el líder del PP le respondió mostrando su desacuerdo con lo que Sardina formalizó su dimisión como presidente de NNGG tras las elecciones.
www.elpais.es 27.07.07
Manifestante contra Blanco
Mariano Sardina accedió a presidente de Nuevas Generaciones en 1999 y sostiene que la organización juvenil del PP ha sufrido un "ninguneo" constante por parte de la dirección del partido. Así, destacó la inclusión de Jesús Lecha, uno de los asesores del ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, en la candidatura autonómica en detrimento de otros jóvenes. "No se nos ha dejado trabajar y se nos impuso el nombre de Jesús Lecha para que entrase en la estructura nacional, cuando aquí en Castellón no lo queremos nadie", señaló en declaraciones al diario Levante. Pero no sólo mencionó la inclusión de Lecha en los puestos de salida sino también de otros dos jóvenes entre los que nombró a la concejal de Castellón, Carmen Albert, "que nunca ha militado en NNGG".
El dimisionario, que ayer fue tachado de "extremista" por la diputada de Compromís pel País Valencià en Castellón Marina Albiol, fue uno de los manifestantes que acudió a la puerta del Teatro Principal de Castellón coincidiendo con una visita del secretario de organización del PSOE, José Blanco. Sardina no se escondió para gritar "asesinos" a los dirigentes socialistas y, además, señaló que volvería a manifestarse cada vez que un líder del PSOE o del Gobierno acudiera a Castellón.
www.elpais.es 27.07.07
La Audiencia de Castellón imputa a dos ex altos cargos del PP en el 'caso Fabra'
La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Unión de Consumidores de España (UCE), acusación particular en el caso que se sigue contra el presidente del PP y de la Diputación en Castellón, Carlos Fabra, y ha imputado a dos ex altos cargos en los gobiernos central y valenciano.Se trata de la ex directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Dolores Flores, que en la actualidad es directora general de la Familia, Infancia y Voluntariado en el Ayuntamiento de Madrid,
y la ex directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana y subsecretaria de la Consellería de Bienestar Social del Gobierno del popular Francisco Camps hasta el pasado junio, Pilar Mañez.Ambas políticas del PP deberán declarar en los juzgados sobre presuntos delitos contra la Administración Pública en la causa en la que está imputado Fabra por cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad en documento, y fraude fiscal.
Tráfico de influencias
Las declaraciones de ambas mujeres como imputadas fueron admitidas ya en su día por la sala segunda de la Audiencia Provincial, pero por un delito contra la salud pública. Sin embargo, el tribunal de la sala primera considera que ambas deben ser citadas ahora en calidad de querelladas porque en la querella se les imputan hechos que pueden integrar cualquiera de los delitos contra la Administración Pública a que se refería la misma, concretamente los relacionados con las gestiones de intermediación en la concesión de informes para la autorización de productos fitosanitarios, encajables en el tipo penal de tráfico de influencias.Así mismo, la sala, en su mismo auto, deniega la práctica de otras cuatro pruebas solicitadas por la UCE, algunas porque ya se están practicando por el juzgado, otras porque no se estiman pertinentes ni relevantes y otras porque son imposibles de practicar, según las mismas fuentes.
El Comité Electoral Regional del PP designó a una de las hijas del presidente de la Diputación de Castellón para ocupar uno de los puestos de senador de designación territorial que hoy se han de votar en las Cortes Valencianas. Sin haber ocupado cargo institucional alguno y sin pasar por un proceso electoral -ya que la propuesta es de libre designación-, Carlos Fabra coloca a la que, sin duda, es una de sus personas de confianza y para la que ya trató de lograr un puesto en las elecciones generales de 2004.
Entonces, tanto su propio partido como el peso de las imputaciones por las que está siendo investigado el líder del PP de Castellón (tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal) impidieron que colocara a una de sus hijas.
Sin embargo ahora, pese a que el único cargo que ha ocupado Andrea Fabra es el de vocal del comité ejecutivo provincial que preside su propio padre, el PP no ha puesto ningún impedimento a que la propuesta sea elevada a las Cortes Valencianas y la hija de Fabra ocupe el puesto durante cuatro años. Junto a ella, se votará hoy a otros dos candidatos populares, el ex presidente de las Cortes Valencianas Julio de España y el ex diputado Juan Antonio Rodríguez Marín, y a los socialistas Joan Lerma, ex presidente de la Generalitat, y Andrés Perelló, hasta ahora diputado autonómico.
Ricardo Costa, secretario regional del PP de la Comunidad Valenciana y hermano del recién elegido director del programa electoral del PP, Juan Costa, justificó ayer la designación de Andrea Fabra, de la que destacó que lleva años militando en el partido, pertenece a sus órganos de representación y tiene "todos los derechos y todas las cualidades" para acceder a este cargo.
Fabra tiene cuatro hijos, dos varones y dos mujeres.
Costa sostuvo que los senadores territoriales constituyen un "nuevo activo" para el partido y que trasladarán a la Cámara alta "la voz de todos los valencianos", ya que conocen "milimétricamente" las necesidades de la Comunidad Valenciana y las exigencias que hay que plantear al Gobierno central. Andrea Fabra reside en Madrid desde hace años, pues está casada con el consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. Durante unos años ha formado parte de la Fundación Telefónica a las órdenes de Arturo Moreno.
La hija de Carlos Fabra tampoco se ha visto exenta de la investigación del caso que afecta a su padre, ya que la Audiencia de Castellón aceptó la investigación de su patrimonio y cuentas, al igual que el de sus tres hermanos y su madre, que también está imputada en el mismo procedimiento judicial. Sin embargo, pese a que los datos fiscales de la familia del líder del PP de Castellón entre 1999 y 2004 ya han llegado al juzgado, la abultada documentación no incluye ninguna información relativa a Andrea Fabra. Lo que sí figura en las diligencias es que la futura senadora es titular de una parte de la empresa de su padre, Carmacas, a través de la que, según el empresario que denunció a Fabra, se realizaban los pagos por los "favores políticos" de los que le acusa.
También figura Andrea Fabra como propietaria de un chalé en Pozuelo de Alarcón y copropietaria de otro chalé en Les Platgetes de Bellver (Oropesa).
Mientras tanto, el primer pleno de la Diputación de Castellón aprobó ayer la subida de sueldo de su presidente, Carlos Fabra, que pasará a cobrar 92.400 euros en catorce pagas, lo que supone un incremento del 10% respecto al sueldo que percibía durante el anterior mandato. Sus vicepresidentes, que han pasado de cuatro a seis, cobrarán 69.300 euros (lo que supone un incremento de 10.000 euros). Tal como ocurre desde que llegó a la presidencia de la Diputación, y pese a su generosa remuneración, Fabra no tiene dedicación exclusiva.
Además, el pleno de la Diputación castellonense aprobó ayer el nuevo elenco de cargos de libre designación que, en el caso del PP, asciende de 23 a 33 personas. Junto a los tres asesores designados por el PSPV y el correspondiente a Bloc Nacionalista Valencià, ambos en la oposición, el conjunto de asesores costará a las arcas públicas cerca de 1,2 millones de euros anuales.
LA HIJA DE FABRA LLEGA AL SENADO SÓLO CON EL APOYO DEL PP VALENCIANO
Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias, fue elegida ayer senadora territorial por las Cortes Valencianas con el único apoyo de su grupo, el PP. Julio de España y Juan Rodríguez fueron también elegidos senadores del PP. Los socialistas se limitaron a respaldar a sus candidatos Joan Lerma y Andrés Perelló en una votación que no fue en bloque.
La inclusión en la lista del PP de Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra -imputado por supuesto tráfico de influencias-, no contó con el refrendo del Grupo Socialista en el Parlamento valenciano, que votó sólo a sus candidatos Joan Lerma, actual portavoz del PSOE en el Senado, y Andrés Perelló, diputado autonómico.
Los votos del Grupo Popular reeligieron como senador a Juan Rodríguez Marín, mientras que en el caso de Julio de España, ex presidente de las Cortes Valencianas, y Andrea Fabra, es la primera vez que ocupan un escaño en la Cámara alta. La candidatura de la mayor de las hijas del presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón fue avalada por el comité electoral regional del partido, que ha apostado para este puesto por una mujer que no ha desempeñado responsabilidades institucionales ni se ha sometido a proceso electoral alguno. Andrea Fabra, de 34 años, reside en Madrid y está casada con el consejero de Sanidad del gobierno de Madrid, Juan José Güemes.
Los socialistas valencianos recordaron ayer que hace cuatro años se votó igual, por separado, a los candidatos a pesar de que la elección de los senadores de designación territorial es fruto de un pacto entre las dos formaciones políticas mayoritarias en la Cámara autonómica. La instrucción de la dirección, que reunió a todo el grupo minutos antes de iniciarse el pleno, fue que cada formación votaría a los suyos. Un detalle que confundió a cinco diputados del PP, que apoyaron a los candidatos socialistas, fue la distribución de papeletas de voto con una lista única.
Así, los tres senadores a propuesta del PP obtuvieron 54 votos, los mismos que diputados tiene el grupo, mientras que los senadores socialistas lograron 42 apoyos, los de los 37 diputados del PSPV que había en el momento de la votación y los cinco parlamentarios del PP que votaron en bloque los candidatos al Senado presentados por ambos grupos. Un desmayo de Glòria Marcos, portavoz del tercer grupo con representación en las Cortes Valencianas, Compromís pel País Valencià, le impidió participar en la votación. Su grupo votó en blanco a la propuesta de los dos grupos mayoritarios.
La vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Isabel Escudero, dijo que la designación de Andrea Fabra "es otro síntoma de cómo utiliza el PP el poder, en este caso, el poder familiar". La diputada de Compromís Marina Albiol añadió que lo visto ayer "es un insulto a todos los valencianos". El secretario general del PP, Ángel Acebes, consideró "una exageración" las críticas a los populares por haber elegido a Fabra. "Son ganas de meterse con el PP", replicó.
Fabra aboga por recuperar el prestigio de la clase política «porque no somos sinvergüenzas»
El presidente de la Generalitat valenciana, el popular Francisco Camps (a la izquierda), acudió a Castellón a arropar a Carlos Fabra, de nuevo, en su toma de posesión al frente de la Diputación. Fabra, reelegido presidente de la corporación provincial y actual responsable del PP castellonense, está imputado en varios delitos contra la Administración y por delito fiscal.
La regeneración de la clase política, el final de la crispación y evitar que los ciudadanos vean a los representantes públicos como «sinvergüenzas» son los retos que se marcará el reelegido presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, a la hora de plasmar el programa del PP para la provincia en estos cuatro años. Junto a esta apuesta por la autocrítica «de todos, aunque algunos más que otros», Fabra, que inició ayer su cuarto mandato político, desveló pocas novedades en cuanto a los proyectos prioritarios, marcados de nuevo por la culminación del aeropuerto, la llegada del AVE a Castelló o el «irrenunciable» trasvase del Ebro.
Respaldado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez; el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y cinco consellers, Carlos Fabra abogó por impulsar un discurso basado en la responsabilidad y, sobre todo, en «recuperar el prestigio de la clase política», algo que, apuntó, «nos incumbe a todos». Aún escuece en el seno del PP la pasada campaña electoral, marcada según Fabra por «la agresividad» de partidos como PSPV y EU en torno a las investigaciones judiciales abierta contra su persona.
Pese a ello, el presidente de la diputación se comprometió a «dejar de lado el rencor y el sectarismo para mirar al futuro con optimismo», declaración de intenciones que, a su juicio, empieza con buen pie «porque me ha gustado el tono y las formas empleadas por el portavoz socialista», Francesc Colomer. A Camps le lanzó lisonjas pero también reivindicaciones. Agradeció su apoyo a proyectos como el aeropuerto, pero le recordó las carencias sanitarias, culturales y educativas «que espero que se subsanen en estos cuatro años». Fabra se mostró comprensivo con la lluvia de millones que ha recibido Valencia durantela pasada legislatura, pero no dudó en recriminarle al presidente del Consell que «había muchos otros proyectos que se deberían haber priorizado».
Tampoco eludió reivindicar más atención al Gobierno, a quien criticó por «el sinsentido de dejarnos de lado en lo que se refiere al AVE y al corredor mediterráneo», dejando claro que «no renunciaremos al agua del Ebro porque, junto al principio de solidaridad, nosotros tenemos el de la legalidad ya que Castelló también forma parte de la Cuenca del Ebro».
Sobre el aeropuerto, Fabra aseguró que ya se ve el final del largo camino de un proyecto que «en breve permitirá a operadores y empresarios competir en igualdad de condiciones con otros destinos».
Elude aclarar si agotará los cuatro años
El reelegido presidente de la diputación, que suma su cuarto mandato consecutivo en el octavo periodo de la institución provincial en la época democrática, no aclaró ayer las dudas sobre su futuro político y la posibilidad de que no agote el mandato para dar paso a una renovación del partido en sus altas estancias. Fabra, a la pregunta de si acabará los cuatro años que le quedan por delante, se salió por la tangente al apuntar que «hay que hablar de momento de la constitución de la nueva corporación». De hecho, eludió la respuesta concreta hablando a su juicio de lo que es prioritario en estos momentos: «preparar el desarrollo turístico.
www.levante-emv.com 13.07.07
Los periodistas valencianos llevan las amenazas de Fabra a la FAPE
La Unió de Periodistes Valencians ha denunciado ante la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de la que forma parte, las "inaceptables amenazas" que el pasado lunes dirigió hacia algunos medios de comunicación el presidente en funciones de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP.
En un comunicado hecho público , la organización profesional se refirió así a las declaraciones realizadas por Fabra el pasado lunes, en las que anunció su intención de emprender acciones legales "contra algún medio de comunicación y alguna periodista de esta provincia", en referencia a EL PAÍS y a la redactora de este periódico en Castellón María Fabra. El presidente de la Diputación y del PP de Castellón está imputado por varios delitos contra las Administraciones públicas y es objeto de una investigación por la Agencia Tributaria en relación con un supuesto delito fiscal, que se suma a la que lleva a cabo un juzgado de Nules (Castellón) por otro supuesto caso de tráfico de influencias.
Fabra dijo el lunes que el proceso electoral que le ha llevado a revalidar su cargo como presidente de la Diputación constituye un "juicio popular" y trazó un paralelismo con los procesos judiciales en los que se encuentra inmerso.
El comunicado hecho público por la Unió de Periodistes, organización mayoritaria de los profesionales de la comunicación en la Comunidad Valenciana, considera "inaceptable que el presidente de esta Diputación, imputado por los tribunales por tráfico de influencias, soborno, negociaciones prohibidas y un presunto fraude fiscal, intente coartar el trabajo de los profesionales de la prensa, que ejercen su derecho constitucional de informar con libertad". Critica, asimismo, que ésta no sea "la primera vez que Carlos Fabra intenta amordazar la libertad de expresión y a los periodistas".
La Unió de Periodistes recordó también que otorgó en 2004 sus Premis Llibertat d'Expresió a los cinco medios de comunicación de Castellón denunciados por informar sobre la investigación judicial a Fabra: EL PAÍS, Radio Castellón (cadena SER), Heraldo de Castellón, Castellón al Día y Levante de Castellón.
Fabra cree que los votos le han "absuelto con sobresaliente"
El presidente provincial del Partido Popular en Castellón, Carlos Fabra, calificó ayer de "juicio popular" el proceso electoral que le ha llevado a revalidar su cargo como presidente de la Diputación, y trazó un paralelismo con la investigación a la que está siendo sometido por varios presuntos delitos contra la Administración pública y por un posible fraude fiscal. Fabra considera que con los resultados del 27-M ya ha habido sentencia: "Nos han absuelto con sobresaliente".
El líder de los populares en la provincia de Castellón achacó los buenos resultados obtenidos en estos comicios a la "campaña en positivo del PP, ofreciendo el futuro para la provincia", mientras "la oposición sólo ha descalificado e insultado sistemáticamente". El presidente provincial del PP mantuvo que los resultados en Castellón "suponen el triunfo del PP y de la confianza en las instituciones, en las personas y en el futuro de la provincia" e ironizó sobre algunas previsiones que vaticinaban resultados ajustados en los partidos judiciales clave para la Diputación donde, finalmente, el PP ha obtenido un diputado más de los que tenía hasta ahora, es decir, 16 en total.
Para Carlos Fabra, los ciudadanos han mostrado en los comicios del 27 de mayo "su rechazo más absoluto al PSOE, que no ha sabido respetar ni a los ciudadanos, llevando a cabo una campaña de insultos, calumnias y mentiras", en alusión a las críticas por los casos de corrupción que le involucran a él y también al espectacular aumento patrimonial del vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, obtenido mediante donaciones de fincas en el pueblo del que es alcalde Vall d'Alba (donde ha revalidado una apabullante mayoría del 68,1% y ocho concejales frente a tres de los socialistas).
Las afirmaciones de Carlos Fabra llevaron al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, a asegurar, en declaraciones a Radio Nacional de España, que "las urnas dan o quitan el puesto representativo, pero no borran las acusaciones, ni borran las sospechas". "Eso se tendrá que ir dirimiendo en los tribunales, que es el lugar donde se tiene que hacer", añadió.
En su comentario de los resultados del PP, Carlos Fabra estuvo acompañado por el secretario general del partido y vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, y por los candidatos a la alcaldía de Castellón, Alberto Fabra, y a las Cortes autonómicas por esa circunscripción, Alejandro Font de Mora. Víctor Campos habló de una campaña "difícil y atípica", y añadió: "Nos hemos tenido que enfrentar al resto de partidos a nivel autonómico y, aquí, además, a los otros, es decir, a algunos medios de comunicación que de forma activa irrumpieron en la campaña de forma casi violenta para conseguir resultados y que el PP perdiese las elecciones, pero también hemos ganado a éstos".
Los comentarios del candidato autonómico por la circunscripción de Castellón, Alejandro Font de Mora, fueron más políticos y destacó el "apoyo masivo" a los candidatos del PP, lo que, en su opinión, "supone el afianzamiento absoluto del proyecto que encabeza Francisco Camps", de quien elogió su enorme capacidad de trabajo y dijo que "ha diseñado un proyecto que podría titularse Horizontes de grandeza".
Por su parte, Alberto Fabra, reelegido en estos comicios alcalde de Castellón, también se refirió a la dureza de la campaña y sostuvo que pese a la pérdida de un concejal (su candidatura ha pasado de 15 a 14 ediles mientras los socialistas pasaban de 10 a 12), "lo importante es que el PP sigue siendo el partido de gobierno".
FABRA AMENAZA A LA PRENSA
El líder provincial del PP en Castellón aprovechó su exultante comparecencia sobre los resultados del 27-M para anunciar que emprenderá acciones legales contra la prensa por el trato que le dio durante la campaña. Fabra especificó que actuará "contra algún medio de comunicación y alguna periodista de esta provincia", en referencia a la redactora de este diario María Fabra
Fabra gastó en 2004 el doble en pagar préstamos de lo que ingresó
Carlos Fabra y su esposa gastaron en 2004 el doble en amortizar préstamos de lo que declararon a Hacienda haber ingresado. El presidente de la Diputación de Castellón pagó un total de 131.000 euros como amortización de dos créditos hipotecarios que tenía vigentes. Sin embargo, según la documentación fiscal que obra en poder del juzgado de instrucción número 1 de Nules, que instruye el llamado caso Fabra, sus ingresos declarados ascendieron a 100.621 euros, teniendo en cuenta su sueldo como cargo público y los valores que entonces poseía y de los que extraía rendimientos.
El mismo año, su esposa, Amparo Fernández, hizo frente también al pago de su parte proporcional de dos créditos hipotecarios, de los que amortizó 225.631 euros. Fernández declaró ese ejercicio un total de 84.608 euros de ingresos, procedentes de sus retribuciones y del rendimiento de otros bienes. Fabra y su esposa amortizaron en total más de 355.000 euros en préstamos durante un año en el que sólo declararon haber ganado 185.229.
El juzgado investiga las cuentas que Fabra declaró a Hacienda, así como las de todos los miembros de su familia después de que la Agencia Tributaria presentara denuncia por presunto fraude fiscal en el ejercicio de 1999. Ese año, además, Fabra ingresó, en pequeñas cantidades y en distintas cuentas, cerca de 600.000 euros de los que aún no ha justificado la procedencia, ya que se acogió a su derecho a no declarar ante la juez. La investigación fiscal se ha unido a la iniciada por la posible comisión de delitos de tráfico de influencias y cohecho, después de que un empresario le acusara de cobrar "cantidades millonarias" por mediar ante la Administración para tratar de agilizar licencias de productos fitosanitarios.
Donaciones de fincas
Por otra parte, en relación con el número dos de Fabra en la Corporación provincial, que ha incorporado a sus posesiones 13 fincas no registradas, en su mayor parte mediante donaciones, la información del registro de la propiedad indica que una finca que compró la madre del vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, por 2.185 euros fue vendida a una sociedad por 48.080 euros un año después. Esta sociedad revendió el terreno por el mismo precio a un pequeño promotor, Raul Babiloni, socio de Martínez, ya que con él comparte otro terreno en Vall d'Alba, del que es alcalde el vicepresidente de la Diputación.
La finca que comparten el dirigente del PP y el promotor es un terreno de 8.600 metros cuadrados por el que pagaron 285.000 euros. Poco después, el alcalde de Vall d'Alba recalificó la zona, que pasó a ser edificable.www.elpais.es 24.05.07
Fabra cobró 841.000 euros por asesorar a empresas siendo presidente de la Diputación
Carlos Fabra cobró entre 2000 y 2004 un total de 841.021 euros por asesorar a siete empresas mientras era presidente de la Diputación de Castellón, según se desprende de la documentación que obra en poder del Juzgado número 1 de Nules, en el que se investiga al líder del PP castellonense y jefe de la corporación provincial por supuestos delitos de tráfico de influencias y fraude fiscal. Esa cantidad, que supera con creces los ingresos recogidos en sus declaraciones individuales a Hacienda, fue recaudada a través de la empresa Carmacas, SL, de la que era administrador único hasta que en 2004 le sustituyó una de sus hijas, Claudia Fabra Fernández.
Fabra abonó retribuciones de hasta 32.000 euros a sus hijos a través de la sociedad de la que era administrador único
La asesoría del jefe de la corporación castellonense pagó 739.545 euros a Urbanizadora Somosaguas
El político del PP recibió a través de Carmacas 163.581 euros del empresario que lo denunció por cobrar comisiones
Según Vicente Vilar, el empresario que denunció haber pagado a Fabra comisiones millonarias por sus gestiones políticas para agilizar la aprobación de productos fitosanitarios que él fabricaba, una parte del dinero fue ingresado a través de Carmacas, la firma de asesoría de la que era titular el político castellonense. En la documentación de Hacienda, en efecto, figuran ingresos de Naranjax, SL por valor de 107.707 euros en dos pagos de 24.046 euros en 2000 y de 83.660 en 2001, así como 55.773 euros en 2000 procedentes de Comercial de Industrias Químicas Arcavi, SL. Ambas sociedades son propiedad de Vilar. Por otra parte, Artemis, 2000, SL, una empresa de la que eran accionistas al 50% las esposas de Fabra y Vilar, María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente, pagó a la asesoría del dirigente del PP de Castellón 83.660 euros en 2003.
Además de esas dos firmas, en la contabilidad de Carmacas, cuya sede social estaba situada en el propio domicilio de Carlos Fabra en Castellón, hay ingresos de 209.152 euros entre 2000 y 2003 procedentes de Cottocer, SL, firma vinculada al empresario de la conocida industria cerámica Pamesa, Fernando Roig; de 316.183 euros entre los años 2000 y 2004 de la Unión de Mutuas, en la que Fabra era consejero; de 60.101 euros correspondientes a Libel XXI, SL, una empresa vinculada a María José Arquimbau y Francisco Molina, cuya firma Viveros Azahar Jardinería y Riegos, SA, es beneficiaria de concesiones de parques y jardines en la ciudad de Castellón, y de 8.441 euros en los años 2001 y 2003 procedentes del Despacho Tirado y Asociados, del vicepresidente de Bancaja Antonio Tirado.
La asesoría de Fabra, a la que Hacienda llegó a devolver 7.772 euros en el ejercicio de 2002 porque la declaración del impuesto de sociedades resultó negativa, dedicó la mayor parte de sus beneficios a una compra inmobiliaria en Madrid y al pago de diversos préstamos. Así, entre 2001 y 2003, Carmacas desembolsó un total de 739.545 euros a Urbanizadora Somosaguas (el pago de 2003 fue especialmente voluminoso: 530.543 euros en un solo ejercicio). Una hija de Fabra, Andrea, tiene residencia en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid. Otra residencia de la familia Fabra en la capital madrileña, en la plaza de las Salesas, costó más de 900.000 euros en esos años. La sociedad Carmacas pagó 33.764 euros en 2000, 10.037 en 2001 y 9.200 en 2002 a Santander Consumer, así como 22.198 en cada uno de los años entre 2002 y 2004 a Bancaja. Ambas líneas de gasto corresponden a liquidaciones de préstamos bancarios.
La sociedad de Carlos Fabra, de otro lado, satisfizo retribuciones salariales a varios miembros de su familia. Borja Fabra Fernández cobró 2.604 euros en 2000, 21.636 en 2001, 28.608 en 2002, 32.424 en 2003 y 32.424 en 2004 de la empresa de su padre. Su hermano Carlos Fabra Fernández cobró 1.974 euros en 2001, 14.350 en 2002, 16.506 en 2003 y 6.091 en 2004. Ese último año, la propia esposa del dirigente castellonense del PP, María Amparo Fernández, recibió una retribución de 10.362 euros.
La descoordinación y la lentitud en las investigaciones del llamado caso Fabra, que ha cambiado siete veces de jueces y fiscales, quedan de nuevo patentes en la documentación remitida por los peritos judiciales. Entre los 2.549 folios que recogen la información de "trascendencia tributaria" no se ha incluido la referente a uno de los cuatro hijos de Fabra. Concretamente, falta la de Andrea, casada con el consejero de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes. El olvido podría retrasar el informe pericial definitivo.
En cualquier caso, la documentación revela que los sueldos de la familia del líder del PP de Castellón no alcanzaban, ni de lejos, al del padre de familia y, sin embargo, soportaban créditos hipotecarios millonarios. Se dan casos, como el del ejercicio de 2001, en el que, con retribuciones de apenas 6.000 euros, hacían frente a créditos de más de 140.000. La información incluye el movimiento patrimonial de Amparo Fernández y la adquisición de una masía a la Fundación Blasco de Alagón, una entidad que rehabilita patrimonio bajo el protectorado de la Generalitat valenciana de cuyo órgano de gobierno forma parte la Diputación que preside Fabra.www.elpais.es 19.05.07
"Intachable" o "indecente"
El portavoz del Consell, el popular Vicente Rambla, salió ayer en defensa de la "trayectoria política intachable" de Carlos Fabra. El consejero del Ejecutivo que preside Francisco Camps aseguró que el presidente de la Diputación castellonense, "a pesar de todo lo que se le ha difamado e intentado desprestigiar, hoy sigue siendo el líder político más reconocido en Castellón y acompañará al PP en la victoria electoral porque es lo que quieren los ciudadanos". Rambla reprochó a EL PAÍS que tuviese más información "que el mismo Fabra" y recalcó que "hasta ahora no ha habido ninguna resolución contra él y sí contra quien lo denunció [el empresario Vicente Vilar]".
Por su parte, la vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Isabel Escudero, consideró "indefendible mantener en el cargo a una persona que ha ganado más dinero de su actividad privada que de su cargo público". Escudero calificó de "indecencia" la actitud del PP y pidió a Mariano Rajoy, Francisco Camps y Alberto Fabra (alcalde de la capital de La Plana) que "reflexionen sobre la conveniencia de seguir respaldando a Carlos Fabra", que va tercero en la lista municipal del PP en Castellón. "Los ciudadanos castigarán el 27-M la indecencia del PP al mantener a Fabra pese a los escándalos", sentenció la dirigente socialista.
La candidata a la Generalitat de la coalición Compromís pel País Valencià (en la que se integran Esquerra Unida y el Bloc Nacionalista Valencià), Glòria Marcos, dijo que las informaciones publicadas "ponen de manifiesto que el PP está encubriendo a los tramposos y les ampara en sus listas electorales". Marcos pidió "el voto de la ética y la dignidad para desalojar a la derecha de la Generalitat y del resto de instituciones por salud democrática".www.elpais.es 19.05.07
El líder del PP en Castellón, imputado por delito fiscal, cuadruplica su patrimonio en cinco años
El líder del PP en Castellón, Carlos Fabra, cerró su ejercicio fiscal en 1999 con un patrimonio cuyo valor catastral era de poco más de 150.000 euros. En 2004, ese valor se había cuadruplicado y ascendía hasta 646.440 euros, según consta en la documentación remitida por los peritos al Juzgado número 1 de Nules, donde se investiga al presidente de la Diputación de Castellón por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y un posible fraude fiscal. La documentación, que abarca más de 2.500 folios, incluye también los datos relativos a sus declaraciones de renta que, en todos y cada uno de los cinco años, le salieron a devolver, en cantidades que oscilan entre los 1.600 y los 4.200 euros.
Las cinco declaraciones de renta de esos años fueron negativas y le devolvieron cantidades entre 1.600 y 4.200 euros
El presidente de la Diputación de Castellón siempre ha negado un incremento patrimonial injustificado
Carlos Fabra vio incrementado su patrimonio de 150.000 a 646.440 euros entre los años 1999 y 2004
El origen de la investigación a Carlos Fabra es la denuncia de un empresario, Vicente Vilar, que le acusó de cobrarle "cantidades millonarias" por mediar ante la Administración para tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. El juzgado abrió el caso de oficio ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública. Poco después, la Agencia Tributaria presentó otra denuncia por un posible fraude fiscal por las irregularidades detectadas en la declaración de la renta de 1999. La posible vinculación entre el tráfico de influencias y el delito fiscal llevó al juzgado a unir las investigaciones y a ampliarlas a cinco ejercicios fiscales, tal como solicitaron la acusación popular, representada por la Unión de Consumidores (UCE) y la fiscalía anticorrupción, que se hizo cargo del caso.
Pese a que la investigación se inició hace más de tres años, los continuos cambios de fiscal y de juez, así como los recursos presentados por el propio Fabra contra todas las decisiones judiciales, han provocado que aún no se haya determinado la apertura del juicio oral. Tras todo este tiempo "bajo sospecha", Carlos Fabra anunció su decisión de volver a presentarse como número tres en la lista del PP de Castellón, puesto que puede permitirle revalidar su puesto en la presidencia de la Diputación castellonense, en el caso de que los populares obtengan el mayor número de diputados en la provincia.
El valor catastral de los bienes nada tiene que ver con el valor real de los inmuebles aunque, en este caso, sí sirve de referencia para revelar la magnitud de un índice de incremento patrimonial. Castellón no registró en esos cinco años ninguna revisión catastral que justificara el incremento del valor de los bienes que el líder del PP ya tenía en 1999. La variación se fundamenta, además, en la adquisición de inmuebles que, en algunos casos, Fabra compró como bien ganancial.
El presidente de la Diputación de Castellón siempre ha negado la existencia de un injustificado incremento patrimonial. De hecho, poco después de que estallara el conocido como caso Fabra, él mismo facilitó una lista de sus bienes, aunque no aportó el valor de los mismos y simplemente argumentó las variaciones en su capacidad de endeudamiento. De hecho, en la documentación que obra en el juzgado aparecen datos relativos a sus deudas que, por ejemplo, de 2002 a 2003 se incrementaron en cerca de 300.000 euros cuando ésta ya eran de más de 600.000. Es decir, Fabra debía a los bancos más de 900.000 euros cuando sus rendimientos de trabajo se limitaban a poco más de 88.000 euros.
En la documentación que ahora han remitido los peritos al juzgado aparecen los datos relativos a su patrimonio. Carlos Fabra acabó el ejercicio fiscal de 1999 con cinco parcelas en la urbanización La Coma, de Castellón, un inmueble en el pequeño municipio de Culla y dos viviendas, una de ellas en Castellón y, la otra, en el municipio castellonense de Forcall, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El valor catastral de este patrimonio era de poco más de 150.000 euros, aunque sólo una de las viviendas, la de Castellón, ya estaba valorada en 126.000 euros.
En 2004, según la información que consta en los archivos públicos, la misma vivienda de Castellón había incrementado su valor en apenas 10.000 euros. El resto de bienes, hasta alcanzar los más de 660.000, corresponden a una casa en la urbanización Les Platgetes, en Oropesa, un piso en la Plaza de Las Salesas, en Madrid, la casa de Culla y otra vivienda que heredó de su madre, también en Castellón.
La diferencia entre el valor catastral y el valor de adquisición de los bienes queda patente en la misma documentación donde figuran, entre otras, las dos cantidades relativas al piso de Madrid. Mientras que el valor catastral del mismo se sitúa en los 170.000, el valor de la compra se fijó, según los documentos, en 901.000 euros.
El sueldo y los rendimientos de trabajo de Carlos Fabra no son escasos pero chocan con la rentabilidad que de ellos obtiene, tal como refleja el incremento patrimonial. Además, tal como señalan los documentos, las declaraciones presentadas entre 1999 y 2004 le salieron a devolver. Según la documentación de "trascendencia tributaria" obtenida por los peritos en las bases de datos de contribuyentes, el presidente de la Diputación de Castellón obtuvo en 1999 retribuciones por un total de 73.136 euros. Por este ejercicio fiscal, Hacienda le devolvió 2.783 euros que, según su declaración, correspondían a la cuota diferencial. En 2000, sus rendimientos de trabajo alcanzaron los 78.618 euros y la cuota diferencial se fijó en 1.611 euros. Al año siguiente, Carlos Fabra apenas aumentó sus rendimientos de trabajo en 1.000 euros y su declaración exhibe que la cantidad a devolver fue de 2.246 euros. En la mayoría de los casos, el líder del PP de Castellón no percibió estas cantidades sino que las compensó con el pago que debía efectuar su esposa, a la que la declaración sí le salía positiva.
Los ingresos por trabajo obtenidos en 2002 se incrementaron hasta 83.636 euros, mientras que éste fue el año, de los cinco investigados, que más dinero le salió a devolver ya que la cantidad se fijó en 4.230 euros. Algo menos, 3.109 euros, fue lo que percibió en 2003 después de declarar unos rendimientos de trabajo de más de 88.000 euros, mientras que en 2004 percibió 3.286 de devolución de Hacienda con unos ingresos declarados de 91.304 euros.
La declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2004 también incluye otro tipo de ingreso, según señala la documentación, procedente de Loterías y Apuestas del Estado. Carlos Fabra obtuvo, entre septiembre y noviembre de este año, dos premios que alcanzaron un total de 16.261 euros.
Durante 1999 Fabra ingresó en 94 cuentas bancarias 600.000 euros cuya procedencia no pudo justificar
Los problemas de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esta provincia, con Hacienda, tienen su origen en 1999 aunque fueron conocidos muchos años después.
Ese año, registró en sus cuentas ingresos en efectivo por un importe cercano a los 600.000 euros cuya procedencia no pudo justificar ante la Agencia Tributaria, por lo que este organismo presentó contra él una denuncia por presunto delito fiscal.
Los ingresos en efectivo se realizaron en 19 cuentas bancarias en las que Fabra era titular y en otras 75 en las que figuraba como cotitular. Hacienda consideró en su denuncia que el líder del PP demoró la entrega de documentos solicitados por la inspección para que prescribiese el posible delito.
Fabra no justificó los ingresos en efectivo realizados en las 94 cuentas. Además, su declaración de ingresos ante Hacienda por el rendimiento de su actividad como abogado y agente de seguros, no coincidía con la documentación aportada por dos compañías aseguradoras.
Con la declaración de la renta que el líder del PP presentó a Hacienda en 1999, el erario público le devolvió cerca de 3.000 euros. Una declaración que resultó negativa tras haber declarado cerca de 73.000 euros como ingresos del ejercicio.
La Agencia Tributaria sostiene en su denuncia que "la cuota presuntamente defraudada en el IRPF durante el ejercicio de 1999 asciende a 149.198 euros" y apunta "como elemento subjetivo" que ha existido una "actitud dolosa" por parte del presidente de la Diputación de Castellón, ya que existen indicios de "haber ocultado deliberadamente en la declaración del impuesto una parte de las rentas obtenidas en el ejercicio, con la finalidad de eludir el pago de las cuotas impositivas".
La mayor parte de la gruesa denuncia presentada por Hacienda está compuesta por los datos del cerca de un centenar de cuentas bancarias de las que Fabra era titular o cotitular en el citado ejercicio fiscal. En el análisis de las cuentas, la Agencia Tributaria detectó "numerosos ingresos en efectivo que ascienden a un total de 107.247.000 pesetas (644.567 euros). De este importe, el contribuyente ha explicado únicamente el origen de dos ingresos que suman 9.400.000 pesetas (56.495 euros)".
La juez del caso Fabra suspende la declaración del ex asesor de Aznar porque no le encuentra
D.Carlo y D.Alfredo , en un gesto singular, tienen un problema común e intransferible
La titular del juzgado número 1 de Nules ha permitido a las partes que accedan a los 3.000 folios de investigación fiscal del mandatario provincial. La juez también pide los datos de todas las cuentas bancarias en las que tengan relación Fabra o su familia, y suspende la declaración del ex jefe de gabinete de Aznar, Alfredo Timermans, porque no le encuentra. La SER le localizó en Nueva York el pasado mes de octubre
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana ha informado en un comunicado que la titular del juzgado número 1 de Nules, Lourdes Noverques, permite a las partes personadas en el caso Fabra el acceso a la documentación remitida por los peritos relativa a la investigación de la Agencia Tributaria al presidente del PP y de la Diputación en Castellón, y por la que está imputado por su supuesto delito fiscal. Se trata de más de 3.000 folios de sumario. La juez ha rectificado, según las acusaciones particulares, porque hace dos semanas impidió a las partes el acceso a esta documentación, alegando que podría violar el derecho a la intimidad del imputado.
Además, la juez de Nules requiere a alrededor de 30 entidades bancarias, “los datos de aquellas cuentas personales en las que Carlos Fabra y su familia figuren como titulares, autorizados y/o apoderados, y las tarjetas de crédito y débito asociadas a estas cuentas, así como la documentación referida al alquiler de cajas de seguridad”.
Así mismo, la juez instructora del caso Fabra, ha suspendido la declaración de Alfredo Timermans, último secretario de Comunicación de Aznar, que debía comparecer como testigo este viernes en la causa abierta contra Fabra por tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas, para explicar por qué el propio Fabra y el empresario denunciante, Vicente Vilar, visitaron la Moncloa, y si en aquella reunión se habló de los fitosanitarios que Fabra, supuestamente, ayudó a legalizar gracias a sus contactos con el Gobierno de Aznar, y por los que, al parecer, cobró comisiones millonarias
La Cadena SER le localizó en Nueva York
La juez explica que desde hace dos años, Timermans no reside en el domicilio facilitado por la Policía en Madrid, por lo que le ha sido imposible realizar la citación, pero el pasado mes de octubre, cuando la juez aseguró que llevaba 6 meses buscándole, la Cadena SER localizó a Alfredo Timermans en Nueva York, donde trabaja en la sede de una conocida multinacional española.
A pesar de las numerosas imputaciones en las que está implicado Carlos Fabra, este dirigente 'popular' concurre como número 3 de su partido al Ayuntamiento de Castellón y opta a revalidar como presidente de la Diputación. www.cadenaser.com 16.05.04
La UCE aporta una cinta en la que un empresario reconoce que pagó comisiones a Vilar para Fabra
La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE), personada como acusación particular en la causa abierta por el caso Fabra, ha aportado como prueba al juzgado de Nules una cinta magnetofónica grabada el 11 de marzo de 2004, en la que un ex directivo murciano confiesa haber entregado 90.000 euros al empresario Vicente Vilar para que éste hiciera llegar el dinero al presidente de la diputación de Castelló, Carlos Fabra.
En aquella entrevista telefónica que realizó Levante de Castelló , José Gabriel Muñoz, entonces director comercial de la firma murciana Agroáguilas SL, reconoce que entregó la suma a Vilar con el fin de «ayudar un poquito a la campaña electoral» del PP en las elecciones generales del año 2000. Muñoz llega a afirmar que los 90.000 euros fueron entregados, en el transcurso de una comida, a la «señora Montse» (Montserrat Vives, ex mujer de Vilar): «Fue poco antes de las elecciones del año 2000, entre enero y febrero. La entrega del dinero se hizo en mano, en la fábrica de Naranjax. Estábamos Vicente Vilar, la señora Montserrat, Manuel Martínez Ros, gerente de Agroáguilas, y yo» .
Durante dos años la cinta ha estado en poder del Juzgado de Lo Penal Número 2 de Valencia como principal prueba en el juicio por la querella que uno de los asistentes a la cita de Naranjax, Manuel Martínez Ros, interpuso contra su empleado por injurias y calumnias. Tras meses de instrucción y el correspondiente juicio, el pasado 20 de febrero el juzgado valenciano absolvió a Muñoz al considerar que no mintió ni injurió a su gerente cuando decidió airear los entresijos de aquella comida en Naranjax, en el transcurso de la cual se produjo la entrega del dinero. Entre otras cosas, al juez de Valencia le llamó la atención que nadie pudiera justificar, mediante algún contrato o recibo, el objeto y las condiciones de aquella transacción económica.
Muñoz recuerda que los cuatro participantes en la reunión comieron en el salón de la fábrica de Naranjax, donde se hizo la entrega de los 15 millones de pesetas «en mano, en paquetes de billetes contantes y sonantes» . El director comercial de Agroáguilas afirma en la cinta de audio que «cada paquete tenía un millón de pesetas, hasta quince paquetes». Y añade: «No he visto tanto dinero junto en mi vida».
La UCE quiere ahora que tanto la sentencia del Juzgado de lo Penal de Valencia como la conversación grabada se aporten a la causa abierta en el juzgado de Nules, que investiga a Carlos Fabra por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. En este sumario el presidente del PP provincial figura como imputado por haber cobrado de Naranjax a cambio de beneficiar a esta empresa para que pudieran salir al mercado productos fitosanitarios. La UCE cree que el contenido de la cinta resulta «relevante» para la investigación que se abrió en Nules a finales de 2003, ya que los dos directivos de Agroáguilas son testigos importantes y los hechos están «directamente relacionados» con los que se investigan en el caso Fabra.
José Gabriel Muñoz es el quinto directivo que en los últimos cuatro años se han visto salpicado directamente por el escándalo político. Entre los nombres que Vicente Vilar ha aportado figuraban los industriales Ginés Márquez, de Gandia, Camilo Valenzuela, de Sevilla, y Manuel Ruiz y José Moreno, de Almería. A estos cuatro hay que unir el de José Gabriel Muñoz.
www.elpais.es 29.04.07
CUATRO DIPUTADOS DE FABRA COBRAN EN UN DÍA MÁS DE 1.100 EUROS
Miguel Ángel Mulet, Rubén Ibáñez, Adelino Santamaría y Manuel Ferreres, todos ellos del PP, se embolsaron ayer más de 1.100 euros, cada uno, por las poco más de cinco horas durante las que participaron en diversas comisiones y en el pleno de la Diputación de Castellón. Ninguno de los cuatro tiene dedicación exclusiva por lo que, además, cobran de otras instituciones. Sin embargo, el día de ayer fue especialmente fructífero. Mulet tiene delegadas las competencias de Cultura pero, además de asistir a la comisión (reunión) en la que se analizan y debaten temas de su departamento, asistió a las comisiones de Cooperación, Hacienda y Personal. Por su asistencia cobra 160 euros por cada una. En realidad, él es únicamente titular en dos de estas comisiones. Sin embargo, diputados que cuentan con dedicación exclusiva y, por tanto, tienen el sueldo asegurado, excusan su asistencia y delegan su puesto en un sustituto que es Miguel Ángel Mulet. Así, en el caso del día de ayer, el diputado y concejal del Ayuntamiento de Castellón cobró por acudir a las cuatro reuniones que se celebraron ente las 9.30 y las 12.00 horas. A mediodía, el diputado participó también en la junta de gobierno, el órgano de gobierno de la Diputación provincial, formado por los diputados del PP y por cuya asistencia, que normalmente no sobrepasa la media hora, cobra alrededor de 200 euros. Por la tarde, Mulet también acudió al pleno de la institución provincial y sumó 300 euros a la "caja" que ya había hecho durante la mañana.
En el caso de Rubén Ibáñez, la suma es la misma. Tiene la delegación de las competencias de Personal y es titular de dos comisiones aunque, de forma más que habitual, asiste a entre tres y cuatro cada semana en calidad de "sustituto" de otros diputados. Asimismo, participa en la junta de gobierno, que también se celebra todas las semanas, y asiste a los plenos que, de forma ordinaria, se celebran mensualmente.
Manuel Ferreres y Adelino Santamaría, alcaldes de Sant Mateu y Borriol, respectivamente, se embolsaron la misma cantidad. Y eso que la suma hubiera sido de 160 euros más en el caso de que se hubiera celebrado la quinta comisión que se celebra los martes, la de Medio Ambiente, a la que los cuatro también asisten de manera regular.
Su jornada laboral en la Diputación acabó poco antes de las 20.00, apenas dos horas después de que se iniciara el pleno en el que, habitualmente, sólo votan. En el mismo pleno, el PP aprobó una modificación de crédito de más de 3 millones de euros para el pago, entre otras cosas, de diversas subvenciones a asociaciones culturales y festivas. El "bou per la vila" de Castellón, el carnaval de Vinaròs, la "colla del Rei barbut" o la "colla Bacalao", son algunos de los entes a los que se asignó un total de 243.000 euros.www.elpais.com, 28/02/07
EL JUEZ FALLA QUE EL INDUSTRIAL QUE REVELÓ UN PAGO DE 90.000 EUROS PARA FABRA NO COMETIÓ INJURIAS
El Juzgado de lo Penal Número 2 de Valencia ha absuelto de los delitos de calumnias e injurias a José Gabriel Muñoz, un empresario murciano que aseguró haber participado en la entrega de comisiones al industrial Vicente Vilar para que éste las hiciera llegar al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. Vilar es el gerente de Naranjax SL que hace tres años denunció en los juzgados el presunto sobornó al líder provincial del PP para que mediara en la tramitación de productos fitosanitarios cuyas licencias estaban bloqueadas en los ministerios de Agricultura y Sanidad.
Muñoz, ex director comercial de la empresa murciana Agroáguilas SL, reveló a Levante-EMV en su edición del 12 de marzo de 2004, que esta firma llegó a pagar 90.000 euros a Vilar con el fin de «ayudar un poquito a la campaña electoral» del Partido Popular en las elecciones generales de 2000. Muñoz mantuvo que el dinero fue entregado a la «señora Montse» (Montserrat Vives, ex mujer de Vilar) tras una comida en la sede de Naranjax. «Fue poco antes de las elecciones de 2000, entre enero y febrero. La entrega del dinero se hizo en mano, en la fábrica de Naranjax. Estábamos Vicente Vilar, la señora Montserrat, Manuel Martínez Ros, gerente de Agroáguilas, y yo», añadió. Dos semanas después de conocerse las declaraciones de Muñoz, Manuel Martínez Ros interpuso una querella por calumnias e injurias contra su ex compañero. El querellante alegaba que el relato de José Gabriel Muñoz sobre la reunión en Naranjax era falso.
Ahora el juez de Valencia desestima la querella que interpuso el gerente de Agroáguilas y avala las informaciones que publicó este diario sobre los supuestos pagos del caso Fabra . La sentencia considera que Muñoz no mintió ni injurió a su ex jefe cuando relató cómo se produjo la entrega del dinero en la fábrica de Vilar. El fallo recoge que el «acusado comparte una reunión y comida entre otros con el acusador, Manuel Martínez Ros, en la que presencia la entrega de esos 15 millones de pesetas, sin que se firme contrato alguno o documento que justifique la entrega del dinero» . Un detalle que llama la atención del juez quien muestra su sorpresa de que no haya aparecido «causa alguna que justifique la, al menos, sospechosa entrega de quince millones de pesetas en metálico» . El juez concluye que Levante-EMV se limitó a difundir una noticia en el «ejercicio legítimo del derecho a la información» , y que no incurrió en los delitos de injurias y calumnias, al no darse ninguno de los requisitos legales.
www.levante-emv.com 25.02.07
LA JUEZ DE NULES RECHAZA CITAR A DECLARAR A JOSÉ MUÑOZ PARA QUE EXPLIQUE CÓMO HIZO LOS PAGOS
Durante la vista oral, los abogados de Levante-EMV aportaron las cintas de audio que recogen la entrevista con José Gabriel Muñoz el 11 de marzo de 2004. El juez las requirió como prueba de que el ex directivo de Agroáguilas participó en la comida de Naranjax. En la grabación, Muñoz aporta datos sustanciosos de cómo se realizaban los pagos: «En mano, en paquetes de billetes contantes y sonantes» . Según el testigo del caso Fabra, «cada fajo tenía un millón de pesetas, hasta quince paquetes. No he visto tanto dinero junto en mi vida». El directivo afirma que Vicente Vilar les garantizó que se encargaría personalmente de hacer llegar el dinero al presidente de la diputación y agregó que el pago fue un «apoyo a este señor Fabra para apostar por la campaña electoral de este partido, para que le hicieran una buena ayuda»Asegura que la persona que más insistió en que el dinero fuera destinado al PP fue «la señora Montserrat» , quien les comunicó que los quince fajos tenían que ser para «ayudar a financiar la campaña. Cómo utilizaran luego ese dinero ya no lo sabemos» , matizó. El ex directivo murciano de Agroáguilas -ahora trabaja para otra empresa- mantiene que «se supone que Montserrat Vives y el señor Fabra habían hablado para estar de acuerdo en que el dinero iba a parar al partido. Que ese dinero fuera para el PP o para las arcas del señor Fabra, eso es algo que ya no sé» . Insiste en que sólo vio al líder provincial del Partido Popular «una vez, en la fábrica de Artana. Montse nos presentó, pero fue un simple saludo» . Sobre su relación con Vicente Vilar, alega que ambos mantenían un trato «constante» y que el industrial de Artana era un «proveedor habitual» de Agroáguilas. En los primeros contactos en 1999, Muñoz hizo saber a Vilar que la empresa murciana estaba interesada en presentar una documentación en el Ministerio de Agricultura para obtener sus «propios registros» porque cualquier petición era rechazada. Por esta razón, Vilar dice que contactó con el líder del PP para que desbloqueara la situación. El testimonio de Muñoz servirá para poco, ya que la juez de Nules que investiga el caso Fabra ha rechazado tomarle declaración.
www.levante-emv.com 25.02.07
El TSJ rechaza la última ofensiva de Fabra para anular toda la causa por supuesto fraude fiscal
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ha agotado su última carta para tratar de anular toda la investigación que contra él abrió la Justicia por supuesto fraude fiscal en su declaración de la renta del año 99, cuando supuestamente obtuvo ingresos de 600.000 euros, la mayoría sin justificar, e incurrió en una cuota defraudada de 300.000. Ayer, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó el recurso que el líder provincial del PP presentó bajo el argumento de que los inspectores de la Agencia Tributaria lo colocaron en una situación de indefensión por no haberle comunicado el trámite de audiencia previa para que pudiera defenderse. El TSJCV considera que el recurso de Fabra debe ser rechazado por falta de jurisdicción, lo que significa que la sala no se considera competente para resolver su petición, por lo que ordena que se remita todo el expediente a la vía penal. Hacienda remitió el informe sobre las cuentas de Fabra al fiscal jefe del TSJ el 26 de mayo de 2005, al considerar que existían indicios de un delito fiscal. Fabra recurrió ante la Audiencia Provincial, que rechazó su pretensión y concluyó que la omisión del trámite de audiencia del contribuyente no es suficiente para anular un expediente administrativo. Fabra decidió abrir la vía contenciosa, que ayer también se cerró para él. La sentencia subraya que «las actuaciones no se hicieron a espaldas del demandante», puesto que las continuas alegaciones que hizo sobre el derecho a no declarar contra uno mismo evidencian «que sí tuvo conocimiento y que participó» de las mismas. El TSJCV recuerda a Fabra que «con audiencia previa o sin ella» sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia quedan salvaguardados por el sistema de «filtros sucesivos» que contempla la investigación penal en su fase de instrucción. El primero de estos filtros es el fiscal, que cuando recibe la denuncia puede acordar el archivo si considera que no hay delito. En segundo término, «presentada la denuncia o querella por parte del ministerio fiscal, pasa al Juzgado de Instrucción, donde el denunciado puede personarse y pedir todo tipo de pruebas exculpatorias». Por último, en el caso de iniciarse el juicio oral, el denunciado mantiene todos los instrumentos legales para defenderse. Afirmar que la omisión del trámite de audiencia al contribuyente vulnera el derecho a la tutela «sería tanto como afirmar que nuestro proceso penal no cumple con las garantías mínimas establecidas por la Constitución», dice el TSJ.
www.levante-emv.com 03.02.07
El ex ministro de Ciencia y Tecnología por el PP Juan Costa ha declarado hoy como testigo ante el juzgado de Instrucción número 1 de Nules que investiga al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos contra la Administración Pública. Costa ha manifestado que no recuerda nada de la supuesta reunión que mantuvo con el propio Fabra y con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, según ha informado a la Cadena SER uno de los abogados que ha asistido al juicio.El ex ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aznar, no ha recordado siquiera si existió tal reunión con Fabra y Posada ni si visitó el Ministerio de Agricultura con aquél, extremo que confirmó el propio Posada. Según explicaron desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJC), la declaración de Costa versó sobre el contenido de dicha reunión, mantenida en 1999, y en la que se habló, supuestamente, sobre las licencias de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, propiedad del empresario castellonense Vicente Vilar. Costa finalmente ha debido personarse en las dependencias judiciales, ya que no pudo acogerse al derecho de testificar por escrito al que sí se acogieron los ex ministros de Agricultura, Jesús Posada y Miguel Arias Cañete, y la ex ministra de Sanidad, Celia Villalobos. La comparecencia de Costa, al igual que la de los otros tres ex ministros, fue decretada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón que estimó el recurso presentado por la Unión de Consumidores. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está siendo investigado por supuestos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, una investigación que la jueza del número 1 de Nules sumó a la causa abierta en 2003 referente a una supuesta falsificación en documentos y permisos para productos los fitosanitarios. La denuncia que originó estas diligencias fue presentada por el empresario Vicente Vilar ante el Ministerio de Agricultura, que la remitió a Fiscalía Anticorrupción y recayó sobre el citado juzgado, que imputó al empresario, a su ex esposa Montserrat Vives, a Fabra y a su cónyuge, Amparo Fernández. En la denuncia se reveló una supuesta falsificación de sellos en los documentos de unos productos fitosanitarios con el fin de agilizar la aprobación de las licencias en los correspondientes ministerios, de Agricultura y de Sanidad.www.cadenaser.com 03.02.07
El ex ministro Juan Costa acude a declarar en el 'caso Fabra'
El ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa acudirá hoy al juzgado de Nules para declarar en calidad de testigo en el caso Fabra. Costa participó en una de las reuniones en las que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se interesó por productos fitosanitarios del que entonces era su amigo Vicente Vilar. Este empresario acusó luego a Fabra de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de mediar ante varios ministerios, con el fin de acelerar las autorizaciones. Esta denuncia implicó que el líder del PP castellonenses fuera imputado ante la posible comisión de delitos contra la administración pública y fraude fiscal.La denuncia original ya incluía el nombre del ex ministro que, con anterioridad, fue secretario de Estado de Hacienda después de ser elegido diputado por Castellón. Sin embargo, es ahora, más de tres años después de que se presentara el escrito en el juzgado, cuando Costa podrá ser interrogado por la titular del juzgado número 3 de Nules y por las partes. A la oposición de una juez anterior a que acudiera a declarar, que fue revocada, se unió la imposibilidad de localizar la casa del ex ministro. Una vez conocido, la comparecencia se ha pospuesto porque Costa quiso acogerse al privilegio que algunos cargos públicos a declarar por escrito, a pesar de que no era ministro en el momento de los hechos.Costa será preguntado por aquella reunión, en septiembre de 1999, de la que al estallar el caso dijo no recordar apenas nada. Según adelantó, acudió al Ministerio de Agricultura para hablar con el ex titular Jesús Posadas del Puesto de Inspección Fronteriza para el puerto de Castellón. Costa obvió otro de los motivos de la visita, que fue para hablar de un producto particular de Vilar y las dificultades que encontraba para ser aprobados. Sin embargo, el propio Posadas admitió que en la reunión se hizo referencia a este fitosanitario que, apenas un mes después, fue autorizado. En la misma reunión estaban Fabra, el entonces diputado Juan José Ortiz y el director general de Sanidad Vegetal. El hermano de Juan Costa, el vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, medió en la compra de la sociedad que compartieron la esposa de Fabra y la ex esposa de Vilar.www.elpais.es 03.02.07
La Audiencia y Anticorrupción se cruzan reproches por retrasos en el 'caso Fabra'
La Audiencia de Castellón ha calificado de "inexplicable" el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción tardase "más de un año" en presentar un escrito de alegaciones a uno de los recursos interpuestos por el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, en el procedimiento por el que es investigado debido a unas denuncias de tráfico de influencias formuladas por el empresario Vicente Vilar, antiguo amigo suyo.La acusación particular, representada por la Unión de Consumidores (UCE) solicitó en 2005 un perito, con la calificación de inspector de Hacienda, para que cruzase los datos del patrimonio de Fabra, de su familia y de sus cuentas bancarias con los de su supuesta mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para la obtención de permisos de fabricación de productos fitosanitarios de las empresas de Vilar. En aquella fecha, la Agencia Tributaria aún no había presentado la denuncia por un presunto fraude fiscal, por lo que el juzgado número 1 de Nules no contaba con los datos contables del líder del PP de Castellón. Así, la juez admitió la solicitud y Carlos Fabra recurrió a la Audiencia en mayo de 2005. En diez días, se pronunciaron tanto la acusación particular como el resto de las partes afectadas en el procedimiento. Sin embargo, el escrito de alegaciones de la fiscalía anticorrupción no llegó hasta junio de 2006, por lo que la Audiencia no pudo decidir sobre la designación del perito hasta este mismo mes.
Versión de Anticorrupción
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción salió al paso del reproche de la Audiencia señalando que ésta no dio traslado al fiscal de un recurso de apelación, por lo que desde mayo de 2005 a mayo de 2006 la causa estuvo pendiente, informa Julio M. Lázaro.Según Anticorrupción, la defensa de Fabra recurrió en reforma, ante el propio juzgado, la designación como peritos a funcionarios de la Agencia Tributaria que presta apoyo a Anticorrupción. El fiscal se opuso a ese recurso y el juzgado desestimó el recurso de Fabra. Éste presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, recurso del que no se dio traslado al fiscal. Hasta mayo de 2006 la causa estuvo pendiente de ser examinada por el tribunal. En esas fechas, la audiencia, "al observar que no se había cumplido el trámite de dar traslado al fiscal, devolvió el recurso al juzgado para que el fiscal formule alegaciones y se le notifica el 5 de junio de 2006". El fiscal formuló su recurso de apelación el pasado 21 de junio, concluye Anticorrupción.Esta diligencia ha sido considerada como una de las más importantes del llamado caso Fabra, ya que el perito analizará los datos contables del dirigente popular y su posible correspondencia con los pagos que el empresario Vicente Vilar aseguró haberle hecho a cambio de hacer valer sus influencias políticas. www.elpais.es 30.11.06
La Audiencia Provincial de Castellón responsabiliza al fiscal del caso Fabra de retrasos en el proceso
La Audiencia Provincial de Castellón responsabiliza al Fiscal del caso Fabra de retrasos en el proceso. El último episodio lo reflejan en un auto al que ha tenido acceso la SER. La Audiencia califica de inexplicable que el Ministerio Fiscal haya tardado más de un año en pronunciarse sobre el recurso que presentó Carlos Fabra contra la designación de un inspector de hacienda para examinar los movimientos bancarios suyos y de su familia. El fiscal Luis Pastor ha asegurado a la SER que haber ocupado cargos de libre designación en el Gobierno de Aznar, tal y como adelantó esta emisora, no afecta a su independencia.
El juzgado de Nules acordó en abril de 2005 designar un inspector de hacienda para examinar las cuentas de Carlos Fabra y de su familia. El presidente de la diputación de Castellón y del PP en la provincia está acusado, entre otros delitos, de cobrar dinero a cambio de favores políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
Este acuerdo fue recurrido por los abogados de Carlos Fabra en mayo de 2005. Un recurso sobre el que se pronunciaron rápidamente las partes personadas en el proceso a excepción del Ministerio Fiscal que lo impugnó un año después. La Audiencia Provincial de Castellón que ha desestimado el recurso que interpuso Fabra califica de “inexplicable este retraso”.
Conversación con Pastor
La Cadena SER se ha puesto en contacto con Luis Pastor, quien asegura que el juzgado de Nules se retrasó casi un año en trasladarle el recurso que presentó el líder del PP en Castellón.
En una conversación con esta emisora, Luis Pastor descarta que pueda influir en su imparcialidad el hecho de haber ocupado cargos de libre designación en el Gobierno de José María Aznar. En concreto, en el Ministerio de Justicia con José María Michavila. También rechaza que pueda afectar a su independencia que familiares de Fabra y Michavila compartan intereses en una sociedad de inversión .www.cadenaser.com 29.11.06
La Audiencia vuelve a respaldar una información de «Levante-EMV» sobre la causa contra Fabra
La Justicia ha vuelto a pronunciarse a favor de las informaciones que Levante-EMV viene publicando desde hace tres años sobre el caso Fabra. La Audiencia Provincial de Castelló ha rechazado el recurso de apelación que el presidente de la diputación interpuso contra el periodista de esta redacción José Antonio Antequera, al que acusaba calumnias e injurias por sus informaciones sobre el proceso judicial abierto en 2003 en un juzgado de Nules, donde el líder popular figura como imputado de varios delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal.
En su recurso, los abogados de Fabra alegaban que Levante-EMV incurrió en «incesantes fábulas a modo de goteo diario que va calando en la opinión pública, dejando entrever que el señor Fabra se enriqueció con las entregas injustificadas de dinero por parte de Naranjax a Carmacas», asesoría que fundó el dirigente del PP. Sin embargo, la sentencia dice que las informaciones se limitaron a contar las querellas interpuestas contra Fabra, un dato que, a juicio del tribunal, «era noticia». «Lo que no puede pretender el querellante, dedicado desde hace años a la alta política provincial, con un importante cargo, es que el periodista, al dar la noticia, sea tan discreto o reservado como a él personalmente le gustaría o le conviniera», dice el fallo. Sobre las noticias que este diario difundió en relación con la actuación de la Guardia Civil que inmovilizó productos fitosanitarios distribuidos por Artemis -empresa participada por la esposa de Fabra-, la Audiencia considera que se trata de noticias «objetivas y reales» que no imputan nada al líder del PP y que acabaron tratándose en el Juzgado de Nules. Además, Levante-EMV informó en ediciones posteriores que la juez había levantado la medida cautelar, aunque la sentencia apostilla que «el levantamiento de la inmovilización era para algunos productos, al parecer no para todos».
Noticia «rectamente obtenida»
El fallo califica de «veraz» la información que este diario facilitó sobre los supuestos pagos que un empresario almeriense dijo haber realizado al empresario Vilar y que éste asegura haber entregado a Fabra para agilizar la tramitación de los plaguicidas. En este punto, los magistrados recuerdan que de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, «la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio». La Audiencia dice que Fabra no puede judicializar las informaciones periodísticas y que en cualquier caso tiene el derecho de «matizar, desmentir o aclarar». Descartadas las calumnias, el tribunal desecha que haya habido injurias . Las noticias siempre han sido de interés general y sobre personajes públicos como Fabra, que están «obligados a soportar cierto riesgo de que sus derechos subjetivos resulten afectados». Sobre el reportaje publicado con el titular En el nombre de los hijos, y que trata sobre el patrimonio de Fabra, su mujer y sus descendientes, la sentencia aclara que no tiene ninguna «connotación mafiosa», como invocaba la querella, ya que no existe una película que bajo este título tenga tal significado. Probablemente los abogados de Fabra se refirieran a la película «En el nombre del hijo, dirigida por Terry George y Jim Sheridan», puntualiza la sentencia, pero «tratando un tema del IRA y del nacionalismo irlandés no vemos otra connotación mafiosa que la personal correlación que hace el redactor de la querella, sin más comentarios». La Audiencia cree ajustado el titular «Fabra reconoció que ha compatibilizado sus responsabilidades como presidente de la diputación y como directivo de Carmacas, dedicada al asesoramiento empresarial», ya que el periodista no tacha esta actuación de ilegal. Y sobre el epígrafe «escándalo político», que ha venido utilizando Levante-EMV para presentar sus informaciones, la Audiencia entiende que no es ni falso ni tendencioso, ya que el proceso abierto contra el presidente «derivó en una confrontación, en un enzarzamiento político y un alboroto partidista».
www.levante-emv.com 11.11.06 Jueces para la Democracia acusa a Fabra de presionar a la magistrada
Jueces para la Democracia (JpD) consideró ayer en un comunicado «inadmisible» que el presidente de la Diputación de Castelló y de la sociedad promotora del aeropuerto, Carlos Fabra, formule «descalificaciones y amenazas veladas contra la juez del juzgado de instrucción número 4 que ordenó la paralización cautelar de parte de las obras». Ante las informaciones sobre valoraciones realizadas por Fabra, se recuerda que la magistrada «ha acordado la suspensión de las obras en el ámbito de su independencia judicial». En consecuencia, «resulta inadmisible que un cargo público de cierta relevancia se dedique a formular descalificaciones y amenazas veladas». Añade que las resoluciones pueden merecer discrepancias, pero deben exteriorizarse a través de recursos, «sin que puedan admitirse este tipo de presiones ilegítimas que sólo pueden tener como finalidad influir en el ánimo de un juez»www.elpais.es 08.11.06 La juez investigará si hay prevaricación en el aeropuerto de Castellón
La titular del juzgado número 4 de Castellón ha decidido mantener la paralización parcial de las obras del aeropuerto al considerar que existen "suficientes indicios de la comisión de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y contra la ordenación del territorio". Además, la juez considera que ha de investigarse también la posible comisión de un delito de prevaricación en las autorizaciones administrativas que han participado en el proyecto, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El aeropuerto de Castellón es una infraestructura promovida por la sociedad pública Aerocas, formada por la Generalitat y la Diputación de Castellón, y autorizada por el Ministerio de Fomento cuando Francisco Álvarez Cascos era el máximo responsable del mismo.
La paralización parcial (la tercera en la historia de la obras del aeropuerto) fue consecuencia de una denuncia presentada por el Grupo Ecologista para la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) al considerar que parte de las obras, las realizadas en el Monte de Santa Bárbara, no estaban incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental. Ante la decisión judicial, Aerocas presentó un recurso acogiéndose a los informes realizados por Fomento que avalan que el citado monte sí estaba incluido en la declaración aunque el Ministerio de Medio Ambiente informó de lo contrario.
Una vez analizadas las alegaciones de todas las partes, la juez comprobó, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que se estaban realizando obras al noreste de la carretera CV-145, consistentes en perforaciones para el uso de explosivos y voladuras para transformar el terreno, en una zona previamente roturada y desbrozada. Es decir, se estaba volando el monte o paraje de Santa Bárbara y, de hecho, la ermita ya no existe. Además, la instructora solicitó un informe a la dirección general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente que sostiene que en el plano de localización del proyecto que consta en el estudio de impacto ambiental, elaborado por el promotor, el monte de Santa Bárbara está fuera de la zona de actuación.
Así, y para "prevenir la continuidad de la actividad delictiva y proteger el interés general en la conservación de los espacios protegidos por su valor ecológico y paisajístico", según indicaron las mismas fuentes, la juez ha decidido mantener la paralización adoptada, como medida cautelar, el 10 de octubre, para que se investigue, tal como denunció Gecen, la posible comisión de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y contra la ordenación del territorio, investigación a la que la juez unirá la posible comisión de un delito de prevaricación en las autorizaciones administrativas. www.elpais.es 04.11.06
Novedades sobre el 'caso Fabra'. La Justicia lleva seis meses intentando localizar a Alfredo Timermans, que fuera hombre de confianza de José Mª Aznar y su último secretario de Estado de Comunicación. En el PP, con quien se puso en contacto la Policía judicial, han asegurado -literalmente- que no saben dónde está ese señor.
El último informe de la Policía dirigido a los juzgados de Castellón, al que ha tenido acceso la Cadena SER, asegura que no han podido conseguir ninguna información que conduzca al que fuera mano derecha de Aznar. Los agentes aseguran que se trata de un “contribuyente no identificado” y que tampoco dan con él a través del Instituto Nacional de Estadística.
Pero lo más sorprendente, sin duda, es la respuesta obtenida por la Policía en la calle Génova, sede del Partido Popular: no saben dónde está Timermans y éste no figura en los archivos del partido.
La acusación particular no descarta solicitar de inmediato una orden de busca y captura contra Timermans, de quien se pretende que explique por qué recibió al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en La Moncloa, y si trató con él de los negocios del todavía líder del PP en Castellón, imputado entre otros delitos por tráfico de influencias.
La Cadena SER se ha puesto en contacto con el PP. Insisten en que no saben nada sobre el paradero de Timermans y añaden que atendieron a la Policía por orden de un alto cargo del partido que no van a revelar.
Esta redacción ha podido comprobar, sin embargo, que el ex secretario de Estado de Aznar se encuentra en Nueva York, concretamente en el despacho de una importante empresa española para la que trabaja desde que abandonó La Moncloa. Sin embargo, Timermans no ha querido hacer ningún comentario a la Cadena SER.
No es el único caso
Los ex ministros del PP Jesús Posada, Celia Villalobos y Miguel Arias Cañete todavía no han declarado en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia, a pesar que la Audiencia Provincial de Castellón ordenó el pasado 14 de marzo su comparecencia para que explicasen su supuesta vinculación con el caso.
Los tres siguieron la misma estrategia; se acogieron a un privilegio que contempla la Ley para que los ex ministros puedan declarar desde sus despachos. Una estrategia que también ha empleado el consejero de Territorio y Vivienda valenciano, Esteban González Pons para, en su caso, obligar al juzgado de Nules a desplazarse hasta su despacho para tomarle declaración como testigo.
La Justicia debe decidir ahora si estima el recurso de la acusación particular y obliga a los ex ministros a desplazarse hasta Nules.
Posada ha admitido que se reunió con Fabra por los fitosanitarios, y Villalobos que recibió en su despacho al mandatario provincial y al empresario denunciante Vicente Vilar, pero les echó. Arias Cañete ha negado que conociera a Fabra o recibiera presiones para legalizar los fitosanitarios. El ex ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, no ha podido acogerse al privilegio legal que han utilizado sus compañeros de partido porque en la época en la que se produjeron los hechos sólo era secretario de Estado de Hacienda. Costa, que acompañó a Fabra en la reunión con Posada en la que se habló de los fitosanitarios de la empresa a nombre de la esposa del imputado, tendrá que declarar en Nules el próximo 17 de noviembre.www.cadenaser.es 26.10.06
Un ex alto cargo ratifica el interés de Fabra por una empresa privada
El ex subdirector general de Medios de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura, Juan José Guitián, confirmó ayer el "interés" mostrado por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los productos de Naranjax, la empresa de su entonces amigo Vicente Vilar. Guitián aseguró que Fabra y diputados y senadores del PP se interesaron por los productos fitosanitarios que tramitaba el ministerio. Guitián declaró ayer en el juzgado de Nules para declarar como testigo en la causa contra Fabra tras la denuncia de Vilar de que el dirigente del PP le cobró cantidades millonarias por favores políticos.El ex subdelegado del Gobierno Vicente Sánchez Peral y los ex diputados Miguel Prim y Juan José Ortiz fueron algunas de las personas que señaló el ex alto cargo de Agricultura. Todos aparecen en documentos del sumario. Guitián, en cualquier caso, aseguró que nunca fue presionado.En el otro procedimiento abierto contra Fabra, por presunto delito de falsificación de documento público, declaró ayer como imputado el ex director adjunto de Sanidad Vegetal Domingo Cadahía, que reconoció haberse reunido con Fabra y Vilar en el Hotel Palace de Madrid para "asesorarles", pero negó haber sugerido que falsificasen análisis.www.elpais.es 30.09.06
González Pons declarará por el 'caso Fabra' en su despacho
El Consejero de Territorio, Esteban González Pons, declarará el próximo día 20 de octubre, en calidad de testigo, en el llamado caso Fabra. Sin embargo, el consejero no se trasladará a los juzgados de Nules, donde se instruye la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y un fraude fiscal. El dirigente popular obligará al traslado del personal del juzgado, así como de los abogados, para ser interrogado en su despacho de consejero, un privilegio que le otorga la ley. En cualquier caso, esta será la segunda cita de González Pons con el juzgado después de que anulara la primera fecha fijada para el interrogatorio al justificar la imposibilidad de acudir a Nules.El consejero fue portavoz del Grupo Popular en el Senado cuando se iniciaron las supuestas gestiones realizadas por Fabra para tratar de acelerar las licencias de productos fitosanitarios de su entonces amigo Vicente Vilar. González Pons habrá de responder de las gestiones realizadas en el Senado acerca de la ley de fitosanitarios. Su nombre es uno de los que aparecen en los documentos facilitados por el propio Vilar sobre las personas que participaron en las mediaciones realizadas por Fabra.Además del consejero, tampoco tienen previsto pasar por el juzgado los cuatro ex ministros del Gobierno de José María Aznar citados a declarar. Los ex responsables de Agricultura Jesús Posada y Miguel Arias Cañete, y de Sanidad Celia Villalobos han solicitado a la juez declarar por escrito. Por su parte, el ex titular de Ciencia y Tecnología Juan Costa podría seguir el mismo camino cuando el juzgado lo encuentre, ya que, no ha sido localizado en ninguna de las direcciones facilitadas por los abogados. Publicado en
www.elpais.es 26.09.06
La Fiscalía ve suficientes indicios para procesar a Fabra por delitos contra la Administración
La Fiscalía Anticorrupción dispone ya de «suficientes elementos de juicio» para pedir a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules que dicte auto de procesamiento contra el presidente de la Diputación Provincial de Castelló, y del PP, Carlos Fabra, por uno o varios delitos contra la Administración Pública, entre los que se encuentra el tráfico de influencias y el cohecho, según ha podido saber este diario por fuentes próximas a la Fiscalía General del Estado en Madrid. Las pruebas documentales y testificales practicadas hasta el momento en la causa principal del caso Fabra apuntan a que el líder provincial del PP pudo haber tenido una «participación directa» en la trama empresarial que fue denunciada a finales del año 2003 por el empresario químico Vicente Vilar, gerente de Naranjax. Según este industrial, Fabra cobraba comisiones millonarias por contactar con altos cargos de los ministerios de Agricultura y Sanidad para convencerles de que debían relajarse las trabas administrativas que impedían la salida al mercado de los productos insecticidas de Naranjax. Además Artemis 2000 -vinculada a Naranjax y de la que eran socias al 50% las esposas de Fabra y Vilar-, canalizaba las licencias de comercialización. Las fuentes consultadas de la Fiscalía en Madrid estiman que la instrucción de este sumario -por el que han pasado ya diez juezas y cuatro fiscales-, puede prolongarse al menos durante un año más. Y aunque es cierto que la investigación aún no ha concluido, según las fuentes «parece claro» que a estas alturas de la instrucción Fabra tendrá que enfrentarse a una petición de procesamiento que puede llevarle a un juicio oral. La Fiscalía tiene claro además que los cuatro ex ministros que han declarado como testigos en el caso Fabra quedan exentos de cualquier responsabilidad penal, ya que no cometieron ninguna irregularidad cuando se reunieron con Fabra y otros parlamentarios del PP de Castelló para tratar sobre los problemas de Naranjax. Todos los indicios apuntan en la dirección de que Arias Cañete y Jesús Posadas -ex titulares de Agricultura-, Celia Villalobos -de Sanidad-, y Juan Costa -de Ciencia y Tecnología- han reconocido que las reuniones existieron, pero que «siempre las mantuvieron por el interés general, como se pudieron reunir a lo largo de esos años con otras muchas empresas o asociaciones privadas», añaden las fuentes dignas de toda solvencia. Tan clara parece tener la Fiscalía la imputación de Carlos Fabra que el fiscal asignado al caso, Luis Pastor, no pedirá que declaren muchos más testigos a partir de ahora.
La segunda gran causa que tiene pendiente el presidente -por delitos contra la Hacienda Pública- se encuentra en un momento «muy avanzado», según las citadas fuentes. El informe de los inspectores de Hacienda, que revela ingresos sin justificar por 600.000 euros en la declaración de la Renta de 1999 de Fabra, puede ser también causa suficiente para abrir juicio oral. Incluso se apunta desde la Fiscalía General que el expediente abierto por la Agencia Tributaria ha sido «suave», cuando podía haber sido aún más severo. En esta causa al fiscal Pastor sólo le queda por recibir las conclusiones de Hacienda sobre las declaraciones de renta del periodo 2000-2004 de Fabra y los informes de los numerosos bancos en los que el presidente tenía cuentas depositadas.
El caso Fabra tiene una tercera ramificación en los tribunales: la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 2 de Nules por la trama de los cuños falsos. Según las acusaciones de Vilar, Fabra estaba al corriente de las manipulaciones en la documentación que Naranjax presentaba en el Ministerio de Agricultura para lograr la aprobación de las licencias de los pesticidas, y a pesar de ello mediaba en favor de las sustancias.
Sin embargo, las fuentes de la Fiscalía que ha consultado Levante-EMV consideran que en esta causa ni Fabra ni su mujer, María Amparo Fernández -ex socia de la empresa Artemis, ligada a Naranjax- tienen responsabilidad alguna, ya que no hay pruebas de que participaran en la manipulación de los cuños que certificaban la legalidad de los productos, por lo que parece más que claro que el auto de procesamiento irá dirigido en este caso contra el empresario Vicente Vilar y aquellos empleados y demás personas que le siguieron en la supuesta falsificación de documentos. Anticorrupción tiene claro que la falsificación de documentos del Ministerio de Agricultura está plenamente acreditada y que este sumario, que está prácticamente concluido, no precisa de más diligencias documentales ni de más testigos. En el delito de falsedad la pena recae sobre el que participa materialmente en su elaboración o favorece la misma, por lo que los funcionarios que hayan podido permitir la tramitación de productos químicos fitosanitarios sin control no cometen este delito. No obstante, las fuentes consultadas consideran que no es descartable que de esta causa se puedan derivar otros procesos por delitos como la prevaricación o el cohecho si finalmente se demuestra que hubo funcionarios implicados en la tramitación irregular de los expedientes. En la trama de los cuños falsos figuran como imputados Fabra, su mujer, Vilar, su ex esposa Montserrat Vives, dos ingenieros químicos de Naranjax, un comercial jubilado acusado de falsificar los cuños y el ex subdirector general de Medios de Producción Agrícolas, Domingo Cadahía. Publicado en Levante .08.07.06
El fiscal del 'caso Fabra' fue asesor de los gobiernos del PP
El fiscal del caso Fabra, Luis Pastor Motta, fue asesor primero del Ministerio de Justicia y después del de Exteriores, en ambos casos en gobiernos del PP, según ha avanzado esta tarde la cadena SER. Así, Mota ocupó cargos de libre designación en Justicia en 2002, departamento que dirigía entonces José María Michavila. Después, fue asesor de la Agencia Española de Cooperación en 1998, cuando Abel Matutes ocupaba la cartera de Exteriores.
En septiembre de 1998, el Gobierno de José María Aznar declaró en situación de servicios especiales a Luis Pastor Motta, hoy en día fiscal del caso Fabra, que fue nombrado Asesor Técnico Principal en la Oficina de Cooperación de Guatemala, dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
El Boletín Oficial del Estado publicó su reingreso en la carrera fiscal un año después. No fue éste el único caso. En octubre de 2002, el Ministerio de Justicia, que dirigía entonces José María Michavila, fichó a Pastor Motta como asesor de la Dirección General para la Modernización de la Justicia. Ocupó el cargo durante nueve meses.El fiscal Luis Pastor Motta se encarga del caso Fabra, desde principios de este año. Por el momento, siete jueces y cuatro fiscales, contando con Pastor Motta, han sido asignados al caso.
La Cadena SER se ha puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, que no ha querido ofrecer ninguna explicación al respecto. El juzgado de Instrucción número 1 de Nules tiene abierta una causa contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por uno o varios presuntos delitos contra la Administración Pública. Publicado en
www.elpais.es 08.06.06
El empresario Vilar, Fabra y sus ex esposas airean turbulentas relaciones en el tribunal
Los magistrados de la sala segunda de la Audiencia Provincial de Castelló tienen ante sí el caso más extraño, oscuro y mediático de sus carreras. El mismo presidente de la sala, José L. Antón, reconoció que estaba ante un caso rodeado de «circunstancias especiales». Y quizá, entre ellas puedan hallar los jueces el hilo del que tirar para salir del laberinto de pasiones del juicio contra Vicente Vilar por agresión sexual a su ex mujer.
Pero vayamos por partes. Para empezar, la vista oral ha tenido todos los ingredientes de un culebrón. Por la sala han desfilado todos los personajes del último best seller: un hombre y una mujer que se odian; un presidente de diputación que no duda en hacer el papel de fiel protector de la supuesta víctima, a costa de su reputación, mientras trata de arruinar la vida a su ex amigo empresario; la esposa del político, elegante y calculadora; guardias civiles que no recuerdan nada; un escolta que recuerda todo lo necesario para sacar del lío a su jefe; vídeos escabrosos, detectives de medio pelo, controvertidos informes forenses y un imperio en liquidación, el de Naranjax del que todos quieren sacar tajada.
Vicente Vilar. El empresario se dejó retratar, entre arrumacos junto a su actual pareja. Básicamente se ha defendido alegando que, aquella mañana del 13 de abril de 2003, Montserrat Vives le denunció ante la Guardia Civil al verse desesperada porque se le venía abajo su plan para arrebatarle la gerencia de sus empresas, entre ellas Artemis 2000, la firma de la que era socia al 50% junto a María Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra. «Si me descuidome encierran y me lo quitan todo», asegura Vilar. Ahora se enfrenta ahora a 15 años de prisión por agredir sexualmente a su ex mujer, secuestrarla durante horas, robarle el móvil y la cartilla del banco y amenazarla con una pistola. Pese a todo, durante el juicio quedó acreditado que ha llegado a un acuerdo civil con ella por el que le transfiere 60 millones de pesetas. Hasta el mismo presidente de la sala se extrañó de este hecho: «No nos importa. Ya va bien servida la señora Vives» dijo el magistrado.
Montserrat Vives. Su imagen fue la de una mujer ultrajada, desposeída de sus bienes por un marido déspota y enloquecido. A poco de entrar en la sala, comenzó a llorar.La víctima se ratificó en que su ex marido acudió al piso de alquiler en el que vivía y que la violó durante horas. Además, se sacó un as de la manga al decir que la obligó a tener sexo oral y anal, algo que no consta en el relato de hechos del fiscal. Como tampoco consta el modelo de pistola con el que la intimidó, ya que dijo que no la vio. «¿No es verdad que lo más importante de toda esta historia era conseguir el poder total sobre Artemis?», le preguntó Navarro. «Lo más importante era mi libertad», respondió Vives.
Carlos Fabra. Acudía en calidad de testigo al juzgado. No tuvo reparos en reconocer que dio el visto bueno para que su mujer y Vives firmaran las actas que destituían al empresario como administrador único de Artemis: «Yo no estaba pero me pareció muy bien», alegó. Se quejó de que, durante semanas, su amigo le estuviera amenazando con mostrarle determinados vídeos grabados por detectives, en los que supuestamente aparecería su ex pareja con otros hombres. «Me decía que estaba liada con el cocinero, con un empleado de Naranjax y con un patrón de yate», ironizó, para quien «esos vídeos sencillamente no existen». Sin titubeos, se mantuvo firme en su relato. Entre el 13 y el 15 de abril, tras conocer que su amiga había sido violada, ordenó a su jefe de escolta que fuera a recogerla al cuartel de Artana.
El guardaespaldas la llevó al chalé de Platgetes del líder del PP, escoltada por agentes de la Guardia Civil, y allí los investigadores le tomaron una declaración que los letrados de Vilar califican de atípica. «Les dejé el ordenador de mis hijos, les dejé los folios y dejé que la Guardia Civil hiciera su trabajo», dijo Fabra, quien atribuyó a la Benemérita la decisión de que la denuncia se tramitara así. En todo momento presentó a Vives como una mujer desvalida, por lo que le facilitó una Visa y 3.000 euros. Y aunque dicen que la amistad está por encima de todo, exigió a la víctima un análisis de sangre para descartar que tomaba drogas. Negó que el fallecido ex subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral, presionara a los agentes durante la declaración de Vives en el chalé de Orpesa: «Estaba en el chalé como amigo». Aunque no pudo describir el alcance real de las heridas de Vives, el político manifestó que se encontraba «en peor estado psíquico que físico». Salvó el momento más comprometido cuando el abogado de Vilar le preguntó si alguna vez había estado con Montse Vives en el Más del Borrás. «Nunca he ido al Más del Borrás, se dónde está porque conozco todas las carreteras de la provincia», apostilló.
María Amparo Fernández. Abogados de ambas partes coincidieron en calificarla de «señora», en su declaración no le falló a Fabra. Llegó a tocar la fibra sensible al abogado de Vilar, que dejó de hacerle preguntas comprometidas y hasta la justificó: «Ella ya tiene bastante con lo que tiene a su lado», dijo. Fue hiriente para Vilar cuando le calificó de «hombre desagradable que habla mal de todos» y cuando reconoció que decidieron apartarle de Artemis 2000 «porque nos lo pedía el cuerpo». Fue la más explícita sobre las supuestas lesiones de Vives: «Tenía hinchada la parte izquierda de la cara». Pero, los forenses no reflejan esa lesión en su informe.
Conclusiones. El problema para los magistrados surge porque obran en la causa dos informes contradictorios sobre las lesiones de la víctima: el primero, firmado por los médicos de Artana y del hospital de Vilar-real, sólo aprecia un leve arañazo en un ojo, mientras que el segundo, el de los forenses del juzgado -concluido el día 15- aprecia un hematoma en la pierna y contusiones en el cuello. La fiscal, lo tiene claro: el informe de los forenses debe prevalecer. Por ello, y porque en casos de agresión sexual prevalece la doctrina del estado mental subjetivo de la víctima -apta como prueba de cargo suficiente cuando la mujer recuerda detalles muy concretos de la violación-, la fiscal decide elevar la pena para Vilar a 15 años de prisión. Tampoco sirve para la representante del ministerio público un informe psicológico que califica a Montserrat Vives como una persona con «tendencia a llorar y a la fabulación». Los magistrados deberán decidir el color del cristal con que redactarán la sentencia. Publicado en Levante .28.05.06
Los hijos de Fabra deben dar cuentas de su patrimonio entre 1999 y 2004
Su derecho a la intimidad queda incólume". La Audiencia de Castellón ha desestimado el recurso de los cuatro hijos del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, para que la investigación a la que están siendo sometidos sus padres no les alcanzara. Por ello habrán de dar explicaciones de sus cuentas y su patrimonio entre 1999 y 2004. Fabra y su esposa están siendo investigados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. El presidente del PP provincial está acusado, además, de un fraude fiscal.
El auto reitera los argumentos que el tribunal esgrimió en su día ya que, cuando se trata de delitos contra la Hacienda Pública, su complejidad "determina la necesidad de práctica de diligencias que pueden afectar a un amplio círculo de personas que se relacionan con aquellos a quienes se atribuye su comisión, y en especial si son próximas a estos". Además, la Audiencia sostiene que en el caso de la familia Fabra-Fernández, el vínculo "también es empresarial o societario".Publicado en www.elpais.es 16.05.06
Más altos cargos del PP citados para declarar en relación al 'caso Fabra'.
Sigue el goteo de altos cargos del PP que deben declarar en calidad de testigos en el llamado 'caso Fabra'. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha citado en esta ocasión al conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons, y al senador del PP por Castellón Juan José Ortiz. Ambos comparecerán el próximo mes de junio para ser interrogados en la causa abierta contra el presidente de la Diputación castellónense, Carlos Fabra, también presidente provincial del PP, por un presunto delito contra la Administración pública. La juez tiene también previsto llamar a declarar al que fuera secretario de Estado de Comunicación y ex jefe del Gabinete de Aznar, Alfredo Timmermans.
A estas citaciones se unen las de cuatro ex ministros del PP, Miguel Arias Cañete, Jesús Posada, Celia Villalobos y Juan Costa, que deberán testificar ante dicho juzgado el 26 de mayo.
El ex jefe de Gabinete de Aznar, también
Además, la juez ha solicitado que se averigüe el domicilio de tres personas más, entre las que figuran el que fuese jefe del gabinete del ex presidente del Gobierno José María Aznar, Alfredo Timermans, con la intención de que presten también declaración en este caso.
Denuncia de un empresario
Las diligencias se iniciaron tras la denuncia de un empresario, Vicente Vilar, quien aseguró haber pagado a Fabra para que el Ministerio de Agricultura agilizara la aprobación de licencias de productos fitosanitarios. Aunque la denuncia fue desestimada, el juzgado inició una investigación de oficio por entender que podría haberse cometido uno o varios delitos contra la administración pública.
Imputados
Además de Fabra, están imputados en esta causa su esposa, María Amparo Fernández; el empresario Vicente Vilar y la ex mujer de éste, Montserrat Vives, así como tres ex altos cargos del PP (el ex senador Miguel Prim, el ex director general del Ministerio de Agricultura Rafael Milán y el ex secretario general del Ministerio de Sanidad Rubén Moreno), que declararon ante el juzgado de Instrucción número 1 de Nules el pasado mes de marzo.
La juez ratifica que Fabra no esté presente en la designación de los inspectores de Hacienda
Durante meses el presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, ha tratado de evitar que el juzgado nombre a los peritos de Hacienda que deben investigar sus cuentas y ha solicitado a la juez con insistencia que, en el peor de los casos, pudiera estar presente si finalmente eran designados, una iniciativa que la Justicia desestimó el pasado martes.
Fabra ya había perdido la batalla por evitar que inspectores de Hacienda indaguen en su patrimonio, pero el último revés le ha llegado el 2 de mayo, cuando una providencia dictada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, que instruye el caso Fabra, comunicó al político del PP que «no ha lugar a acceder» a su petición de estar presente en el nombramiento de los peritos. De esta forma, la juez ha confirmado el acto de designación que se celebró el pasado 16 de marzo, cuando los inspectores de la Agencia Tributaria Francisco Javier Rubio Castañera y Conrado Miguel Caviro Pérez juraron desempeñar fielmente su función en la elaboración del informe fiscal del presidente castellonense.
El pasado 6 de marzo, la juez emitía una providencia por la que daba 20 días de plazo a los peritos para acudir al acto de designación. El 13 de marzo, los abogados de Carlos Fabra llevaban un escrito al juzgado de Nules en el que se oponían a esta medida y reclamaban que la juez fijara día, lugar y hora para la celebración del nombramiento de los dos inspectores que deben actuar como peritos. Otra providencia del juzgado, esta vez emitida el 15 de marzo, advertía al presidente de la Diputación Provincial de que la ley de enjuiciamiento criminal se limita a dar veinte días a los peritos para personarse en el juzgado y jurar sus cargos, y aclaraba que en ningún caso existe obligación legal alguna de que el querellado esté presente en el acto de designación. El 24 de marzo los abogados de Fabra volvieron a la carga, alegaron indefensión y reiteraron su petición de que su defendido estuviera presente en la jura de los peritos. Las partes se opusieron y el 27 de marzo una nueva providencia de la juez daba por recibida la petición de Fabra, que insistió con otro escrito más fechado el 3 de abril. La juez tomó la decisión final el martes. Destaca que de los escritos de Fabra no puede «derivarse la voluntad de recurrir la providencia de 15 de marzo» ya que no se plantearon como recurso. Publicado en Levante .05.05.06
La Audiencia de Castellón permite investigar el patrimonio de Fabra
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha rechazado el escrito presentado por el presidente de la Diputación, Carlos Fabra (PP), en el que solicitaba la nulidad de una orden de esta sala para investigar el patrimonio de su entorno familiar. La Audiencia había autorizado esas indagaciones sobre los bienes de familiares próximos a Fabra para detectar posibles irregularidades.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Audiencia ha ratificado el auto que dictó el pasado 28 de febrero, en el que consideró "útil" que se aportara a la causa abierta contra Fabra, por posibles delitos contra la Administración Pública, una investigación del patrimonio de su esposa y de sus hijos.
Este auto recuerda que los hechos investigados por un juzgado de Nules podrían ser constitutivos de "delitos contra la Administración Pública", y entre ellos, "más concretamente", se encontrarían los de "cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas". Por ello, debido a la "complejidad" de los delitos económicos y a que "son menos evidentes que un homicidio o un robo con violencia", considera que sería "útil" para la investigación que se aportaran las certificaciones del Registro de la Propiedad sobre las propiedades de Fabra, su esposa y los hijos de ambos. Subraya la importancia de las mismas en la posible existencia de un delito contra la Hacienda Pública, "pudiendo además suministrar siquiera algún dato indiciario sobre la recepción de concretas dádivas o de beneficios económicos derivados de un presunto tráfico de influencias".
Asimismo, el auto ordena la realización de una prueba pericial para determinar "la naturaleza y el origen del incremento patrimonial" del presidente de la Diputación de Castellón, de su esposa, "de sus hijos y de las sociedades directamente controladas por los mismos", así como "su incidencia fiscal en el periodo que media entre 1999 y 2004". El tribunal considera que el patrimonio de los hijos de Fabra ha de estar al "alcance" de la investigación, ya que "no es infrecuente" que el posible lucro obtenido "se trate de ocultar en la esfera familiar". Fuentes del TSJCV precisaron que la Audiencia debe resolver también otro incidente de nulidad presentado por los hijos del presidente de la Diputación de Castellón por motivos similares. Publicado en El País.28.04.06
Agricultura suspende la comercialización de los fitosanitarios relacionados con el ‘caso Fabra’
El Ministerio de Agricultura ha suspendido de forma cautelar la comercialización de todos los fitosanitarios de Artemis 2000, la empresa fundada por las esposas de Vicente Vilar y del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por las sospechas de que las analíticas de los productos fueron manipuladas. La Unión de Consumidores se plantea pedir la reapertura del caso por delitos contra la salud pública.El Ministerio de Agricultura ha confirmado a Radio Castellón de la Cadena SER que ha suspendido, de forma cautelar, la comercialización de los más de 30 productos fitosanitarios a nombre de Artemis 2000 y ha paralizado los trámites de aprobación de otros 30, al hallar “indicios fundados” de que “las analíticas” de sus pesticidas y fertilizantes “fueron manipuladas”. La actuación de Agricultura se produce a raíz de la denuncia del empresario Vicente Vilar, quien aseguró que tanto él como Carlos Fabra decidieron falsificar y manipular las analíticas de los fitosanitarios que querían aprobar con sellos y firmas falsas de fabricantes chinos y checos, ante las dificultades para cumplimentar la documentación. Después, según el empresario, Fabra se encargaba de mediar, a cambio de millones, ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para agilizar la aprobación de los productos que luego eran comercializados a través de Artemis 2000, la empresa que pusieron a nombre de sus esposas. El asunto ha provocado la apertura de una nueva causa en el juzgado número 2 de Nules por falsedad documental, en el que están imputados el presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el empresario Vicente Vilar, la ex esposa de éste, Montserrat Vives, y la de Fabra, María Amparo Fernández. La Unión de Consumidores de España, acusación particular en el proceso, ha confirmado, después de conocer la decisión del Ministerio de Agricultura, que estudia pedir la reapertura del proceso por delitos contra la salud pública, que fue archivada el año pasado antes de conocerse la situación actual. La UCE entiende que si las analíticas de los pesticidas fueron manipuladas y falsificadas, pudo cometerse ese delito. Carlos Fabra, ya está imputado en los juzgados de Nules por tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, falsedad en documento y fraude fiscal. Publicado en la Cadena Ser.11.04.06
La Audiencia desestima una querella de Fabra contra EL PAÍS
La Audiencia Provincial de Castellón ha desestimado el recurso de apelación presentado por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del Partido Popular, contra la sentencia en la que se desestimaba la querella presentada contra EL PAÍS.La sentencia, ratificada ahora por la Audiencia de Castellón, desestima la demanda de Fabra contra EL PAÍS por supuesto atentado contra el derecho al honor y le condena a pagar las costas. Fabra consideraba que las informaciones publicadas por este diario relativas a las diligencias penales sobre varios supuestos delitos de tráfico de influencias, que se instruyen en los juzgados de Nules (Castellón), respondían a una campaña mediática de desprestigio y estaban referidas a actuaciones estrictamente privadas.El fallo de la Audiencia Provincial recuerda que "no puede prescindirse del interés público y social de la noticia, dadas las circunstancias del sujeto (presidente de la Diputación Provincial e importante dirigente del Partido Popular) y el objeto de la misma".En la sentencia se indica que "la lectura de las informaciones, noticias y comentarios no permite descubrir expresiones injuriosas, insultantes, vejatorias, ni afirmaciones falsas". Añade la sentencia que "no cabe hacer reproche alguno a la diligencia de los informadores".En la argumentación de los jueces también se indica que "se intentó infructuosamente contrastar las informaciones con el afectado, sin encontrar respuesta" y que EL PAÍS se hizo "eco de los apoyos recibidos" por Carlos Fabra. Publicado en El País.03.04.06
La decisión de la Audiencia Provincial de llamar a declarar a cuatro ex ministros ha alcanzado de lleno el corazón político del PP y estrecha el cerco sobre José María Aznar. La citación de los ministros Jesús Posada y Miguel Arias Cañete (Agricultura), Celia Villalobos (Sanidad) y Juan Costa (Ciencia y Tecnología) traslada la investigación judicial al ámbito de lo político, en un nivel de responsabilidad impensable hace ahora dos años. Los ex ministros deberán dar explicaciones puntuales sobre el papel que desempeñaron como miembros del Gobierno en las mediaciones políticas del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, en favor del grupo Naranjax, encabezado por Vicente Vilar. El subdirector del Gabinete de la Presidencia y ex secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timermans, será otro de los llamados por la juez de Nules, esta vez para aclarar las visitas de Carlos Fabra al palacio de la Moncloa para abordar asuntos relacionados con Naranjax y la tramitación de productos fitosanitarios estancada en los ministerios. Desde el estallido del caso, Vilar ha mantenido que Fabra recurrió a la amistad con el ex presidente en las vacaciones en Orpesa para despejar las trabas ministeriales. El sumario judicial incorpora pruebas documentales que salpican al ex presidente. Montserrat Vives -ex mujer de Vilar y socia fundadora con la mujer de Fabra, María Amparo Fernández, de la sociedad Artemis 2000- escribió una carta a Aznar el 30 de abril de 2002, en la que denunciaba el obstruccionismo de los ministerios y le pedía que intercediera. «Me consta que su Gabinete fue informado del problema hasta el más mínimo detalle y también se comprometieron a manifestárselo a usted del mismo modo», escribía Vives, quien le recordaba a Aznar aquello de «cuando se quiere, se puede», una expresión usual del presidente del Gobierno durante su etapa de líder de la oposición al Gobierno del PSOE. Publicado en Levante .15.03.06
La Audiencia ordena que se investigue si Fabra puso como testaferros a su esposa y a sus hijos
La Justicia indagará hasta sus últimas consecuencias en el patrimonio del presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, y en el de su esposa e hijos, al considerar la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castelló que esta investigación es necesaria para esclarecer si se cometieron uno o más delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas en la tramitación de una larga lista de productos pesticidas agrícolas fabricados por la empresa Naranjax de Artana. En un extenso auto judicial firmado el pasado 28 de febrero, la Audiencia Provincial decide estimar la mayoría de las pruebas que la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) solicitó en julio de 2005, al considerar los magistrados que estas diligencias pueden ser imprescindibles para el esclarecimiento del caso Fabra. El juzgado de Instrucción Número 1 de Nules rechazó en primera instancia esta batería de documentos y testigos pero la organización presentó un recurso ante la Audiencia, que ahora ha decidido revocar la resolución de la juez de instrucción y dar vía libre a las pruebas. El tribunal deja constancia en su auto de que no ha dejado de reflexionar y de «sopesar» a la hora de extender la investigación también a posibles testaferros del presidente de la diputación, pero finalmente llega a la conclusión de que es «inevitable» porque en este tipo de delitos «no es infrecuente que el eventual lucro obtenido trate de ocultarse en la esfera familiar». El auto ordena al juzgado de Nules que se aporten varios documentos , como los certificados acreditativos de las cuentas anuales de Artemis 2000 SL, la empresa en la que participaron al 50% María Amparo Fernández, esposa de Fabra, y Montserrat Vives, ex mujer de Vicente Vilar, propietario de Naranjax. Según Vilar, Artemis no es más que una empresa tapadera que sirvió para canalizar las licencias que se concedían gracias a las presiones y mediaciones de Fabra. La Audiencia insta además al juzgado de Nules a que pida oficio a la Tesorería de la Seguridad Social para que este organismo informe sobre los empleados dados de alta en Carmacas SL, la asesoría que el líder del PP provincial creó y a través de la cual supuestamente canalizó las comisiones millonarias que obtenía por estudios jurídicos elaborados para Naranjax. En este punto, la Audiencia cree conveniente que la Tesorería aporte los nombres de los empleados de esta empresa, así como sus periodos de contratación y el régimen laboral en el que se encontraban. El auto insta a que se aporten los certificados del Registro de la Propiedad de los inmuebles de los que sean titulares Fabra y su esposa, así como los hijos de la pareja. Otra de las líneas de investigación que se seguirá hasta el final conduce al patrimonio financiero de la familia Fabra. La Audiencia requiere al juzgado de Nules para que solicite extractos de las cuentas y depósitos con titularidad del matrimonio y de los hijos.
Los regalos de Vilar
Los supuestos regalos que Vilar realizó a la familia Fabra también serán investigados, ya que la Audiencia ordena que los responsables de la sala de arte Braulio y los de las joyerías Guinot y Ricardo Caro informen sobre las ventas realizados a la familia. Entre las pruebas que se deberán realizar figura también una tasación de todas las fincas que sean titularidad de la familia, así como una pericial que deberá realizar un inspector de Hacienda sobre el incremento patrimonial «en toda clase de impuestos». Publicado en Levante .15.03.06
IU denuncia al fiscal del Estado las posibles presiones del caso Fabra
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha dirigido una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para exigirle más recursos humanos y técnicos en el proceso abierto contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por presuntos delitos contra la Administración Pública, un presunto delito fiscal y un supuesto delito de falsificación de documento, así como que se investiguen «posibles presiones» externas contra los jueces y fiscales del caso, según informaron fuentes de la formación política. Llamazares ha remitido la carta a Cándido Conde-Pumpido y al fiscal jefe de la Fiscalía especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción «ante los continuos cambios de jueces y fiscales que investigan el denominado 'caso Fabra».
En su escrito, Gaspar Llamazares solicita a Cándido Conde-Pumpido y al máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción que se abra una inspección al respecto «si fuese necesario», adoptando, en todo caso, las medidas oportunas «para garantizar una mayor estabilidad de las personas encargadas de la instrucción y acusación en éste y otros procedimientos similares».
Recursos humanos
Además, IU reclama que se dote de recursos humanos y materiales «suficientes» para asegurar la «rápida investigación» del caso Fabra y otros casos similares, sugiere que se formen equipos de trabajo «que impidan en la mayor medida posible que puedan existir presiones indebidas», así como que se investigue la «eventual existencia de cualquier presunto ataque a la independencia judicial».
IU realiza esta iniciativa un día después que la diputada Isaura Navarro haya registrado en el Congreso una serie de preguntas al Gobierno para, «dentro del absoluto respeto a la independencia judicial», pedir información que pueda aclarar los «retrasos y hechos anómalos detectados en la instrucción del caso Fabra».
La Audiencia vincula el supuesto fraude fiscal de Fabra a la investigación de tráfico de influencias
El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, habrá de responder, ante el mismo tribunal, por supuestos delitos contra la administración pública y por presunto fraude fiscal. La Audiencia de Castellón ha rechazado los recursos en los que se esgrimía la falta de conexión entre su presunta mediación para favorecer a una empresa de productos fitosanitarios y los ingresos, de 600.000 euros, no justificados y detectados por la Agencia Tributaria. Además, el tribunal sostiene que Fabra no ha visto vulnerados sus derechos por la indefensión que argumentaba al no haber sido objeto de audiencia como prevé la nueva ley tributaria, ya que no es aplicable puesto que la inspección comenzó antes de su entrada en vigor.
La Sección Segunda de la Audiencia provincial de Castellón ha desestimado los dos recursos que el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, presentó tras la admisión de la denuncia por presunto delito fiscal remitida por la Agencia Tributaria al juzgado de Nules, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Así, el tribunal ha dictaminado que la investigación por el posible fraude se realice junto a la de los otros presuntos delitos, contra la administración pública, que se le imputan a Fabra en esta causa, entre los que se encuentra el tráfico de influencias. Tal como ya marcó la juez de Nules, la Audiencia apunta que "el presunto delito fiscal imputado deriva precisamente de ingresos patrimoniales no justificados en dinero en sus cuentas corrientes", con lo que considera "justificada la conexión establecida" para esclarecer si estos ingresos proceden del presunto tráfico de influencias que también se le imputa.
Además, la Audiencia ha rechazado el argumento de indefensión pretendido por Carlos Fabra, así como su intención de paralizar el procedimiento porque se le había privado del trámite de audiencia ya que la inspección fiscal se inició antes de que esta exigencia legal, sin carácter retroactivo, entrara en vigor.
De esta manera, el líder del PP de Castellón volverá a ser llamado a declarar como imputado por el juzgado de Nules, donde se instruye la causa, ante cuya titular dijo que no se sometería al interrogatorio por el presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria hasta que estos recursos no estuvieran resueltos. El principal eje de la denuncia por fraude fiscal es la falta de justificación de la procedencia de ingresos en efectivo por un valor de 600.000 euros en cuentas de Fabra y su familia de los que son imputables directamente al líder del PP de Castellón, según Hacienda, un total de 300.000. Sin embargo, la Agencia Tributaria también le acusó del impago de cuotas del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por un valor de unos 150.000 euros en el ejercicio de 1999.
En el primero de los recursos resueltos por la Audiencia, Fabra se quejaba porque, a su entender, no existía conexión entre la investigación ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública y el presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria. En este sentido, el tribunal hace suya la consideración de la juez que ya apuntó que la investigación estaba tratando de averiguar si Fabra, "haciendo uso de su influencia por el cargo que ostenta, medió ante las distintas autoridades para la concesión de las licencias y autorizaciones necesarias para la comercialización de productos fitosanitarios, recibiendo por ello dádivas y cantidades de dinero en efectivo". A su vez, recoge, tal como hizo la juez, que "en la denuncia de la Agencia Tributaria se constata la existencia en las cuentas corrientes de las que es titular o cotitular el señor Fabra de numerosos ingresos en efectivo cuyo origen no se corresponde con las rentas declaradas, sin que por el contribuyente se haya justificado ese origen", y que se corresponden, por fechas, al momento "en el que presuntamente comienza su relación con el señor Vilar [el empresario que le denunció]".
Respecto al trámite de audiencia que se le negó, el tribunal sostiene que "el procedimiento de inspección se inició con anterioridad al 1 de julio de 2004, fecha de entrada en vigor de la ley procesal tributaria", que es la que incluye, sin carácter retroactivo y como exigencia legal, la ejecución de este trámite. Precisamente, antes de notificar el auto con la resolución de los dos recursos, Fabra presentó un escrito para que el tribunal tuviera en cuenta el auto dictado por la Audiencia de Valencia en el caso de Terra Mítica. Sin embargo, además de que la resolución ya estaba dictada, la Audiencia de Castellón considera, al igual que el fiscal del caso de Terra Mítica, que el requisito no es exigible si el procedimiento de inspección se inició antes de la entrada en vigor de la nueva ley tributaria . Publicado en El País.08.02.06
Un imputado del 'caso Fabra' fabricó sellos sin saber que eran falsos
El responsable de la imprenta a la que el empresario Vicente Vilar solía hacer los encargos admitió ayer ante la juez haber participado en la elaboración de varios tampones y sellos de caucho con simbología china e india. Manuel Martínez fue llamado a declarar por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Nules, en el que se instruye una de las causas abiertas contra el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública, un presunto delito fiscal y otro de falsificación. El presidente de la Diputación de Castellón ha sido acusado de haber cobrado "cantidades millonarias" por interceder ante la Administración central para obtener autorizaciones de fabricación de fitosanitarios, entre otros, para una firma de la que era socia su esposa, María Amparo Fernández, y la ex esposa del empresario denunciantes, Monserrat Vives.
Los interrogatorios celebrados ayer corresponden a la investigación por la falsificación de documentos que, según denunció Vilar, se entregaban a los ministerios de Sanidad y Agricultura para obtener permisos de fabricación. Según el empresario, los escritos (analíticas y cuños) se falsificaban porque los productos no reunían los requisitos que exigía el Ministerio de Agricultura. Vilar aseguró que Fabra era conocedor de estas maniobras, aunque el líder del PP en Castellón lo negó.
En su declaración ante la juez, el responsable de la imprenta admitió haber recibido dichos encargos. Martínez indicó, según fuentes del caso, que le "extrañó" que los sellos de caucho portaran simbología china e india, pese a lo cual cumplió con los encargos que el propio Vilar y, en ocasiones, su ex esposa, le realizaron directamente. El imputado recordó haber facilitado más de medio centenar de estos tampones. Martínez dijo, además, que "nunca" recibió encargo alguno de Fabra, al que sólo conoce por los medios de comunicación. Quien sí reconoció ayer haber visto al presidente de la Diputación en la fábrica de Vilar fue uno de los químicos que trabajaba en su laboratorio, Mohamed Chakir, que, al igual que Martínez, fue llamado a declarar como imputado. Chakir negó haber participado en ninguna falsificación de analíticas.Publicado en El País.04.02.06
La juez cita a declarar como imputados en el caso Fabra a tres ex altos cargos del PP
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules ha citado a declarar como imputados en el caso Fabra al ex senador del PP Miguel Prim, al anterior director general de Agricultura, Rafael Milán, y a Rubén Moreno, ex secretario general de Gestión Sanitaria.
La titular del juzgado les tomará declaración a los tres el próximo día 3 de marzo, a las once de la mañana. El juzgado ordena además que se notifique a la Policía Local de Castelló para que informe sobre el fallecimiento de otro de los imputados en la causa: el ex subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral. La actuación judicial se produce en el curso de la investigación que abrió este juzgado de oficio y que ha llevado a los tribunales, como imputado en uno varios delitos contra la Administración Pública, al presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra. En este procedimiento figuran también como imputados el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, quien destapó el caso a finales del año 2003 con dos querellas contra el político del Partido Popular, a quien el empresario de Artana acusa de cobrar comisiones millonarias por influir en los ministerios en favor de los productos del grupo empresarial castellonense.
Ambas querellas fueron archivadas por defecto de forma, pero el juzgado abrió una investigación de oficio y además la Unión de Consumidores de España (UCE) interpuso otra querella. En esta causa figuran también como imputados María Amparo Fernández, esposa de Fabra, y la ex mujer de Vilar, Montserrat Vives, así como otros dos altos cargos: Dolores Flores, ex directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad; y Pilar Máñez, ex directora general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente.
Tras varios recursos de Fabra, la Audiencia Provincial de Castelló estimó «pertinente y necesaria» la declaración en calidad de imputadas de todas las personas que aparecen en la querella interpuesta por la UCE el 2 de abril de 2004. Cabe recordar que hasta el momento en que la Audiencia intervino sólo figuraban como imputados en el caso Fabra el presidente de la diputación, su esposa, Vilar y la ex mujer de éste. Previsiblemente, la juez preguntará a Rafael Milán sobre las gestiones que los funcionarios a su cargo realizaron durante la tramitación de los productos insecticidas de la empresa Naranjax. Estas preguntas irán dirigidas también contra el ex directivo de la Conselleria de Sanidad. Por su parte, Prim explicará la existencia de varios faxes que se cruzaron al ministerio para favorecer a Naranjax SL. Publicado en El Levante 01.02.06
La juez pide a la Caja Rural que justifique una transferencia de 150.000 euros a Fabra
La juez de Nules que instruye el caso Fabra quiere saber qué pasó con 150.253 euros que, según el empresario Vicente Vilar, propietario de Naranjax, salieron de la Caja Rural de Artana en el año 99 y fueron a parar a una cuenta corriente del presidente de la Diputación Provincial de Castelló.
La titular del Juzgado de Instrucción Número 1, Lourdes Noverques, dictó el pasado 1 de diciembre una diligencia en la que solicita al director de la entidad financiera, Pascual Silvestre, que aporte a la causa toda la documentación contable correspondiente al apunte del día 17 de septiembre de 1999, fecha en la que supuestamente se realizó la operación. Según se desprende de la notificación del juzgado, los 150.000 euros salieron de la cuenta 2775, titularidad de Naranjax SL., aunque desde ese momento se pierde el rastro del dinero. Hasta la fecha el único registro que ha quedado de la transacción es un apunte contable de la Caja Rural que da cuenta de que la operación se realizó efectivamente. Pero no se sabe ni quién sacó el dinero ni si se volvió a transferir a otra cuenta en otra entidad bancaria. Según Vilar, el dinero se entregó a Fabra en metálico como pago por sus favores políticos y contactos en el Ministerio de Agricultura, pero el líder popular lo ha negado tajantemente en sus declaraciones como imputado en los juzgados de Nules. Hacienda, que ha imputado a Fabra la comisión de un supuesto delito fiscal por no justificar al menos 300.000 de los 643.000 euros que ingresó en un centenar de cuentas a lo largo de ese ejercicio, refleja en su informe que el mes de septiembre del 99 fue especialmente fructífero para el presidente de la diputación. En concreto, el día 17 ingresó en una entidad bancaria de Castelló dos cheques por importe de 567 y 31.357 euros (5.217.502 de pesetas), ambos sin justificar. Tres días después, la lista de ingresos no acreditados de Fabra volvió a crecer al beneficiarse de cuatro entregas en efectivo por valor de 2.404 euros, dos por 4.808 euros y otro por 5.409 euros. Al día siguiente, Fabra volvió a ver aumentada su cuenta con otros tres ingresos -dos por 4.808 y un tercero de 5.409 euros-. El espléndido mes de septiembre del líder popular culminó con un último ingreso por importe de 12.020 euros.
Pascual Silvestre ha sido requerido también para que aporte la documentación contable sobre la persona que retiró los 150.200 euros de la cuenta de Naranjax. Fue probablemente la ex esposa de Vilar, Montserrat Vives, una de sus contables, o ambas, según mantiene el industrial. Silvestre ha declarado como testigo en dos ocasiones y con toda probabilidad tendrá que volver a hacerlo. En una de ellas, el director fue preguntado también sobre supuestos pagos que Naranjax efectuó, a través de esta entidad financiera, a nombre de Carmacas SL., la asesoría de Fabra. Publicado en Levante.04.12.05
El empresario Vilar asegura que pagó millones a altos cargos de Agricultura con el PP
Vilar ha acudido en la nueva causa abierta contra Carlos Fabra, el empresario de Artana, su ex esposa y la mujer de Fabra, por falsedad en documento. Vilar ha implicado a Carlos Fabra en la supuesta trama de falsificación de sellos y analíticas de fitosanitarios. Según su versión, la idea de falsificar surgió ante la dificultad de que les admitiesen sus productos, y tras un encuentro en Madrid en septiembre de 1999, en el que participaron Fabra, Vilar y un asesor que había sido subdirector general de Agricultura. Vilar ha relatado que “la idea era conseguir registros de fitosanitarios de multinacionales, para poder comercializarlos a través de Artemis 2000, la empresa de las esposas de Fabra y Vilar”; una actividad que resultaría muy lucrativa ya que había pocas empresas con esa posibilidad. Vilar dice que se valieron de “documentos reales de fabricantes chinos, indios y checos”, y “falsificaron sus firmas y sellos”. El empresario de Artana ha asegurado que en el ministerio de Agricultura “cobraban todos”, y que él y Fabra pagaron a un “subsecretario de Agricultura 40 millones de pesetas en un sobre”, en un “restaurante madrileño”, para que “facilitase la aprobación de los productos falsificados”.
También dice que entregaron “entre 2 y 3 millones de pesetas a un director general” del mismo ministerio, que les pidió además que “a cambio” le comprasen “un chalé en Altea”, e hiciesen posible “que su hija pudiera llevar el negocio de catering del palco vip del Villarreal CF”. Vilar añade que después de la “presión económica a los técnicos y políticos del segundo escalafón, llegaba el momento de la presión política a través de Fabra a sus diputados y senadores, a los ministros e incluso a Aznar.”
El presidente de la Diputación y del PP en Castellón, Carlos Fabra, está imputado en 3 causas distintas: por supuestos delitos contra la administración pública, falsedad en documento, y delito fiscal.
El actual consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, que fuera subsecretario de Agricultura con el PP durante los años a los que se refiere Vilar, ha emitido un comunicado en el que asegura que es "rotundamente falso que recibiera ningún tipo de compensación económica de esta persona ni de ninguna otra". Además, Lamela añade que "dentro de las funciones" de su cargo "no figura la autorización de productos fitosanitarios" y asegura que "de no retractarse" Vilar o "de no producirse una aclaración de las mismas", ejercitará de inmediato las acciones judiciales pertinentes. Publicado en la Cadena SER.12.11.05
Una juez imputa a Fabra un nuevo delito por presunta falsificación de documentos
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Nules interrogará el próximo día 25 de noviembre a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia, por un presunto delito de falsificación de documentos, derivado de la manipulación de cuños y sellos para validar informes requeridos por los ministerios de Agricultura y Sanidad para la concesión de permisos de fabricación de productos fitosanitarios. Fabra se enfrenta ya a otra causa abierta por los presuntos delitos de fraude fiscal y contra la Administración pública por tráfico de influencias. Fabra habrá de acudir, por tercera vez, al juzgado en calidad de imputado. La nueva acusación procede de un tribunal distinto al que hasta ahora le investigaba, pero se basa en una denuncia estrechamente ligada a las anteriores imputaciones por uno o varios delitos contra la Administración pública y un presunto delito fiscal. Fabra será interrogado el día 25 por la titular del Juzgado número 2 de Nules, según un auto dictado por el juzgado, ante su posible colaboración en la comisión de un delito de falsedad. La imputación tiene su origen en una denuncia presentada por Vicente Vilar, el empresario que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, cuyas incriminaciones dieron lugar a la primera investigación y a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción. De momento, el PP, tanto la dirección nacional como la autonómica y, especialmente, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, han mostrado su apoyo al imputado y han rechazado abrirle un expediente informativo. La denuncia a la que se enfrenta ahora Fabra se refiere a la presunta falsificación de sellos y cuños utilizados en documentos requeridos por los ministerios de Agricultura y Sanidad para la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Vilar ya acusó a Fabra de cobrarle "cantidades millonarias" por interceder ante la Administración central con el fin de agilizar la tramitación de estas autorizaciones. En las gestiones frente a los ministerios participaban otros cargos, como el ex diputado y ex senador del PP por Castellón Miguel Prim, quien también está imputado, así como tres ex altos cargos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, una de la Generalitat Valenciana y el anterior subdelegado del Gobierno en Castellón, recientemente fallecido.Posteriormente, el propio Vilar se autoinculpó de otro presunto delito y desveló la falsificación de sellos, tampones y documentos para dar validez a unos análisis sobre productos fitosanitarios que no reunían los requisitos de pureza que exigía el Ministerio de Agricultura. Por ello, habrá de acudir también a declarar en calidad de imputado el próximo día 11. Pero, además, el empresario sostuvo que Fabra conocía las irregularidades de esta documentación presentada para la obtención de unas autorizaciones por las que el presidente de la Diputación intercedía, según la denuncia. Algunas de las autorizaciones se solicitaban a favor de Artemis 2000, una empresa que formaron la ex esposa de Vilar, Monserrat Vives, y la esposa de Fabra, Amparo Fernández. Ambas figuran también en el nuevo auto judicial como imputadas.Pese a que los representantes de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, que actúan como acusación particular en el llamado caso Fabra, solicitaron la investigación de estas presuntas falsificaciones en la misma causa, la titular del Juzgado número l rechazó la petición. Sin embargo, su compañera en el Juzgado número 2 cuenta, como información anexa a la denuncia y a los sellos y tampones manipulados que presentó Vilar, con un informe de Agricultura que sostiene la existencia de "indicios razonables" de manipulación en la documentación presentada.Por otra parte, la información publicada ayer por este diario sobre la investigación abierta a Fabra por el Gobierno sobre el presunto uso electoral de los censos de extranjeros desencadenó diversas reacciones políticas. La Subdelegación de Gobierno de Castellón mantiene con firmeza que existe constancia y sospechas claras de que por parte del PP de la provincia se ha solicitado información a algún Ayuntamiento sobre el censo local de inmigrantes, informa Amparo Panadero.El subdelegado del Gobierno, Juan María Calles, que participó en unas jornadas de los socialistas castellonenses en Morella, se mostraba ayer contundente al asegurar que alguna junta local del PP en la provincia de Castellón ya ha remitido peticiones por escrito a ayuntamientos para acceder a los datos del censo de inmigrantes. "Estamos pendientes de saber si algún gobierno local ha trasladado al PP algún tipo de información", dijo. Y Joan Ignasi Pla, líder de los socialistas valencianos, manifestó que "Castellón no merece ser conocida sólo por el caso Fabra".Por su parte, Concha Amorós, coordinadora local de Esquerra Unida en Castellón, afirmó que "es, además de una ilegalidad, una clara y notoria demostración de que ante el fenómeno de la inmigración lo único que le interesa al PP es conseguir al precio que sea, con métodos legales o ilegales, los votos de los ciudadanos rumanos".Publicado en El País.07.11.04 El Gobierno investiga a Fabra por uso electoral de censos de extranjeros
El Gobierno ha abierto expediente informativo para esclarecer si el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, o alguno de los jefes locales a los que envió una circular pidiendo el censo de inmigrantes han vulnerado la ley de régimen electoral, que prohíbe el acceso a datos personalizados del censo. Los populares de Castellón están muy interesados en la nutrida colonia de inmigrantes rumanos, que podrán votar en las elecciones locales de 2007 si se cumplen los plazos de adhesión de su país a la UE.
El presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, envió el pasado mes de septiembre una carta a los presidentes locales de los populares de la provincia en la que les reclamaba el "censo de inmigrantes" de cada población. Tal como indica Fabra en la misiva, el objeto de su solicitud se centra en "la importancia que el tema de inmigración tiene en las próximas elecciones municipales de 2007". El escrito, fechado el 13 de septiembre, expone la urgencia por la obtención de dichos datos y reclama a los responsables del PP que los remitan a la sede provincial "antes de finalizar el mes de septiembre".
El conocimiento de que Fabra ha cursado esa circular ha provocado la apertura de un expediente informativo con el fin de averiguar si se ha producido el envío de la misma, tal como anunció ayer el subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles. Esta investigación se ha abierto dado que la Ley Orgánica del Régimen Electoral prohíbe, expresamente, el acceso a "cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción de los que se soliciten por conducto judicial", tal como señala el artículo 41 de dicha norma, en el que se describe la protección de los datos censales.
El artículo incluye otras excepciones, que señalan que la copia del censo puede facilitarse también a las comunidades autónomas y a los candidatos, pero sólo en periodo electoral. Además, uno de los apartados del mismo artículo 41 indica que "la oficina del censo electoral puede facilitar datos estadísticos que no revelen circunstancias personales de los electores". El PP se acogió ayer a esta excepción para justificar la legalidad de la petición de Fabra. En cualquier caso, la investigación tratará de esclarecer por qué el PP ha reclamado la información a los municipios y no a la oficina electoral, y si la pretensión de los populares era la de obtener los datos completos de los inmigrantes registrados en los padrones municipales, que es el documento a partir del cual se elabora el censo y está en continuo proceso de actualización.
El subdelegado del Gobierno sostuvo ayer que la petición formulada por Carlos Fabra supone una "posible grave irregularidad" y anunció que, en el caso de que se certifique el envío de dicha información, se solicitará por vía judicial que se adopten las medidas oportunas. Este diario trató ayer, sin éxito, de conocer la versión del jefe provincial del PP y presidente de la Diputación. En cualquier caso, la ley "perseguiría" a quienes hayan facilitado los datos y no a quien los maneje.
El incremento de la población inmigrante en Castellón ha provocado una retahíla de iniciativas promovidas por las instituciones castellonenses, gobernadas por el PP, durante los últimos meses, aunque el objetivo ha sido, prioritaria y especialmente, un colectivo: la población rumana. Esta comunidad alcanza en la provincia, aproximadamente, las 30.000 personas, de las que cerca de 18.000 están empadronados en la capital de La Plana, lo que representa más del 60% del crecimiento poblacional registrado en la ciudad en los últimos cinco años. En el caso de que Rumania se adhiera, con plenos derechos, a la Unión Europea el 1 de enero de 2007, los recién incorporados ciudadanos europeos con derecho a ejercer su voto tendrían en su mano la elección de alrededor de tres concejales, contando con una participación de un 50% del censo. Este dato no resulta banal para ningún partido.
Tanto el Ayuntamiento de Castellón como la Diputación han intensificado sus relaciones con las cinco asociaciones de inmigrantes rumanos existentes en la provincia. Por ejemplo, han enviado ayuda tras las inundaciones o han firmado convenios de colaboración. El propio alcalde, Alberto Fabra, viajó a finales del mes pasado a Rumanía para "conocer más esta sociedad", según dijo, y negó que la visita a la comarca de la que procede la mayoría de los inmigrantes censados en Castellón tuviera cualquier tipo de interés electoralista. En relación con la circular de Fabra, el alcalde defendió la petición realizada por su partido y la justificó con el objetivo de "asumir la realidad de la sociedad para hacer frente a las propuestas electorales". Fuentes del equipo de gobierno de Castellón aseguraron que el PP no ha solicitado estos datos en el Ayuntamiento de la capital de La Plana. Sin embargo, otros ayuntamientos consultados por este periódico admitieron que han recibido la solicitud del PP, aunque ninguno de ellos reconoció haber facilitado más información que el número de extranjeros empadronados. Publicado en El País 05.11.05
Agricultura halla indicios de que el empresario asesorado por Fabra falseó documentos
El Ministerio de Agricultura investiga todos los productos fitosanitarios registrados por el empresario Vicente Vilar, al que asesoraba y cobraba el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, tras comprobar que falsificó sellos y firmas de sus productos para superar los filtros del departamento y poder así legalizarlos. Sobre estos hechos deberá testificar en breve Fabra en el Juzgado número 3 de Nules, que instruye el caso sobre un posible delito sobre la salud pública para esclarecer si, como denunció Vilar, el dirigente del PP estaba al corriente de dichas manipulaciones.
La investigación de Agricultura arranca en diciembre de 2004, tras publicar Interviú un artículo titulado Los sellos falsos del caso Fabra. La Dirección General de Agricultura halló "indicios de la existencia de falsificaciones de sellos y firmas de solicitud de autorización presentada por una de las empresas del Grupo Naranjax [de Vilar]". Agricultura trasladó todos sus datos a la Fiscalía Anticorrupción, que los derivó tanto al juzgado número 3 de Nules donde se tramita este fleco del caso Fabra por presunto delito de salud pública, como al juzgado número 1, que investiga al dirigente del PP castellonense por cohecho, tráfico de influencias y falsedad, más un delito fiscal por impago de 150.000 euros de cuotas en 1999.
Un informe de la Abogacía del Estado recordaba que Vilar sostenía que Agricultura le vetó registros procedentes de países asiáticos "porque las impurezas de las sustancias eran superiores a las permitidas y porque su grado de riqueza era escaso". Fue entonces, según dicho informe, cuando "Fabra y Vilar decidieron que tenían dar al Ministerio [de Agricultura] lo pedido, ideando falsificar las analíticas, aprovechando que el departamento no hace sus propios análisis para verificar que la información es verdadera, falsificando, en efecto, sellos de varios laboratorios de China e India".
Agricultura comprobó esta sospecha: "Funcionarios adscritos al registro oficial de Productos y Material Fitosanitario han efectuado una exhaustiva verificación de los documentos que pudieran ser objeto de falsificación en el primer expediente que ha correspondido resolver, relativo a un producto de alguna de las empresas del Grupo Naranjax y que corresponde a la sustancia activa denominada GA4+GA7 Técnico Expediente 23.383, cuya homologación fue solicitada el 4 de diciembre de 2001 por la empresa Comercial de Industrias Arcavi".
El informe concluyó: "Se ha encontrado que los sellos y la firma del general manager de la empresa fabricante, Shengua Group Company, de Zhegianj (China) que figuran en el certificado de composición, especificaciones y demás documentación técnica -del que se adjunta fotocopia-, no concuerdan con los que figuran en el documento de designación de representación a favor de Comercial de Industrias de Arcavi S.L. que consta en el expediente".
"A la vista de todo ello, la Dirección General de Agricultura, después de manifestar que se han dado instrucciones para que se sometan a examen las autorizaciones concedidas a fin de identificar los productos fitosanitarios que puedan resultar afectados por estas posibles irregularidades, solicita informe de esta Abogacía del Estado sobre la calificación que corresponde a tales hechos, así como las acciones que deben iniciarse por la dirección general".
La Abogacía del Estado señaló el camino: "Poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado las circunstancias apreciadas en los documentos originales que constan en esa dirección general, de los que resultan las notables discrepancias entre los sellos y las firmas de los documentos aportados, en los expedientes abiertos para las autorizaciones de plaguicidas y otras sustancias con destino a la agricultura". Y añadía que dicha dirección debería "mantener abierta una atención especial en cuanto que de resultar efectivamente comprobada la existencia de delito para la obtención indebida de registro podría determinar que hubiere de ejercitar sus facultades o potestades de revisión de oficio en cuanto que los actos administrativos que son las autorizaciones de los productos fitosanitarios podrían ser considerados nulos de pleno derecho, al haberse producido merced a unas certificaciones y otros documentos que pudieran ser constitutivos de infracción penal".
Seis expedientes dudosos
El informe remitido a los juzgados documenta seis expedientes de registros de fitosanitarios con firmas y sellos dudosos. Todos ellos fueron presentados en la Subdelegación del Gobierno en Castellón, cuyo titular era Vicente Sánchez-Peral, ya fallecido. Una nota interna de Agricultura de 2000 sobre las "presiones políticas" en favor de los productos de Vilar, sostenía que Sánchez-Peral se entrevistó con dos altos cargos del ministerio para "interesarse por la situación de nuevos expedientes de Naranjax".
En 1999, la Consejería de Sanidad valenciana, en una inspección a Naranjax, ya comprobó que dicha empresa de Vilar importaba "algunas materias activas de China y de la India, de cuyas industrias dice ser representante". No consta mayor investigación del Gobierno valenciano sobre estos productos orientales. Ni entonces ni tras la denuncia de Vilar en 2004.
La persona física que firmó las seis solicitudes de registros en 2001 bajo sospecha de falsificación es Montserrat Vives, la ex esposa de Vilar, que entonces ya era socia de la mujer de Fabra a través de la empresa Artemis 2000. El problema que se plantea ahora es doble según fuentes de la investigación: cómo pasaron dichos productos y cuál era su composición real.Publicado en El País 26.10.05
Los tribunales confirman la veracidad de las informaciones de la SER sobre el 'caso Fabra'
Nuevo revés judicial para el presidente de la Diputación Provincial y del PP de Castellón, Carlos Fabra. La Audiencia Provincial ratifica la sentencia dictada en primera instancia contra Fabra y confirma punto por punto la veracidad de las informaciones emitidas por la Cadena SER. El fallo desestima la demanda interpuesta por el presidente de la Diputación de Castellón contra la SER y algunos de sus profesionales, obligando además al político popular a pagar las costas del proceso
La sentencia subraya, una vez más, la veracidad de las informaciones emitidas por la Cadena SER, su interés general y su relevancia pública, cuestionada por Carlos Fabra. Dice textualmente que la relavancia pública "es evidente cuando se están siguiendo uno o varios procedimientos penales contra un personaje público que ocupa el cargo de presidente de una diputación provincial".
El origen de la demanda está en la entrevista que Carlos Llamas realizó en el programa Hora 25 al empresario Vicente Vilar, en diciembre de 2003. El Presidente de la Diputación de Castellón entendió que se había atentado contra su derecho al honor.
La sentencia de la Audiencia de Castellón sostiene, sin embargo, que la Cadena SER invitó al dirigente popular "proponiéndole expresamente entrar en la entrevista, a lo que él se negó", tal y como admitió el propio Fabra en el juicio que se celebró en primera instancia. Además, concluye, "el entrevistador se limita a preguntar al Sr Vilar sobre el contenido de las querellas y de sus relaciones con el Sr Fabra, siendo el empresario acusador quien iba contestando, sin que por el periodista se realizara añadido o comentario alguno que pudiera ser atentatorio al honor"
Sobre las múltiples informaciones que siguieron a esta entrevista, relacionadas con el patrimonio de Carlos Fabra y su mezcla continua de política e intereses privados, la Audiencia de Castellón también respalda la veracidad de las mismas.
Respecto al patrimonio de Fabra dice literalmente la sentencia que "es cierto que tanto él como su esposa, que compareció como testigo en el juicio, reconocieron la existencia de varias adquisiciones de bienes en los últimos años. Si bien añadieron que parte de ellos están hipotecados, y que al menos dos vehículos, un Mercedes y un Jaguar, así como un chalet ubicado en una zona residencial de Madrid se atribuyen a Fabra cuando no constan a su nombre y sí al de la empresa Carmacas". "Este hecho -sigue la sentencia- debe calificarse de inexactitud y no de información inveraz, ya que en aquel momento, como el mismo Sr. Fabra reconoció en el juicio, él era el propietario de 90 de las 100 participaciones esta empresa, por lo que indirectamente, dichos bienes también eran de su propiedad". Publicado en la Cadena SER.13.10.05
Arias Cañete fue alertado en 2000 de que Fabra proseguía sus presiones a Agricultura
La documentación remitida por el Ministerio de Agricultura al juzgado que investiga al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por un delito fiscal y otro contra la Administración no sólo evidencia las presiones en 1999 de sus allegados sobre el ministro de Agricultura Jesús Posada. El sucesor de éste, Miguel Arias Cañete, recibió un informe del director general de Agricultura, en julio de 2000, en el que le advertía: "Las presiones políticas de los parlamentarios y del presidente de la Diputación de Castellón por los asuntos de Naranjax continúan".
La nota fue enviada por el director general de Agricultura, Rafael Milán. Respondía a la orden de la jefa del gabinete del ministro Arias Cañete, Catalina de Miguel, quien le había hecho llegar un acusatorio relato de Naranjax sobre supuestas trabas que hallaba para legalizar sus productos: "Rafael, me están llamando continuamente en relación con este tema, y dentro de poco el ministro tendrá que recibir a estos señores. ¿Podrías hacerme llegar unas notas con tus observaciones al respecto".
Milán le hizo llegar dos notas. Ambas, sin firma. La primera, de 28 de junio de 2000, alertaba de que Naranjax se empeñaba en "obtener sus autorizaciones por influencias políticas, y éste es un sistema nada deseable puesto que no se podría pedir un comportamiento digno a unos funcionarios a quienes se les presionase a emitir dictámenes, firmados por ellos mismos, para favorecer a quienes tienen acceso a personalidades influyentes de la política".
Pero una "nota complementaria sobre el dossier Naranjax", elevada por Milán al ministro el 20 de julio, ya puso nombre a los políticos que asediaban a los funcionarios. El informe relataba las presiones o quejas de Vicente Vilar -dueño de Naranjax que pagó supuestos asesoramientos de Fabra en 1999, y cuyas esposas crearon la empresa Artemis 2000 para comercializarlos- sobre Agricultura bajo el mandato del ministro socialista Vicente Albero y de la ministra del PP Loyola de Palacio. Y recogía una reunión en el verano de 1996 de Vilar con el director general de Agricultura Ramón Vázquez . La cita fue "desagradable". Naranjax no aportó pruebas. Luego envió "cartas amenazantes". Posteriormente, según la nota, Vilar contactó con el jefe de gabinete de la ministra "para que se examinara el producto Abac" tanto por parte de directivos del ministerio como de la Generalitat valenciana. "Ante la tensión creada", se consideró desde Agricultura que "la situación se podría desbloquear con un informe de la Generalitat valenciana sobre la capacidad de Naranjax para fabricar los productos en cuestión, y procedió a solicitarlo".
La inspección de la Generalitat sobre la planta de Naranjax se produjo el 12 de enero de 1999. Y se tradujo en un escrito que, según el informe elevado a Arias Cañete, "informa de la existencia de sustancias activas procedentes de China e India, para los cuales Naranjax no había solicitado el registro, lo que pudo motivar la incoación del oportuno expediente sancionador de la Generalitat valenciana, sobre lo que se carece de información".
El informe agregaba que "de todas las demás incidencias, incluido el extravío de la valija entre las consellerías de Sanidad y de Agricultura [con datos de la inspección], también se carece de información".
La nota remitida por Milán al gabinete de Arias Cañete denunciaba el "acoso" para que "el director general de Agricultura firmase una resolución de autorización sin que se hubiese producido dicho informe preceptivo [del Ministerio de Sanidad]". Y, a renglón seguido, destapaba la caja de los truenos: "En el momento actual, las anteriores presiones políticas de los parlamentarios y del presidente de la Diputación de Castellón por los asuntos de Naranjax continúan. Prueba de ello es que en los últimos meses el subdelegado del Gobierno en Castellón [Vicente Sánchez-Peral] ha mantenido varias entrevistas con el director general de Medios de Producción Agrícolas y con el director general de Agricultura para interesarse por la situación de nuevos expedientes de Naranjax, presentados en su nombre y en el de otras empresas". Y resaltaba que sólo tras "recibir los solicitantes las notificaciones de la Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas indicando los defectos a subsanar se produce la intervención del subdelegado del Gobierno".
"Resulta llamativo", proseguía la nota, "que Vilar esté continuamente implicando a personas conocidas de la vida pública (el ex ministro Vicente Albero, el señor Alegre, de la plaza de toros de Castellón; el presidente de la Diputación de Castellón y los senadores de esa provincia, la entonces ministra de Agricultura, los miembros de su Gabinete) para que intercedan en la resolución de problemas que él mismo crea".
La nota concluía pidiendo ayuda a Miguel Arias Cañete frente a tal ofensiva respaldada por cargos populares sobre el funcionariado de Agricultura: "Es necesario que el ministerio, previas las comprobaciones pertinentes, les defienda de las injurias que viene vertiendo impunemente en la Prensa y ante los diputados, senadores, el propio ministro y posiblemente ante el presidente del Gobierno, aprovechando la recepción de verano que organiza el presidente de la Diputación de Castellón, como así se ha filtrado en su momento a dichos funcionarios (...) Este tipo de presiones también ha llegado hasta los funcionarios del Ministerio de Sanidad y Consumo".Publicado en El País.24.09.05
El PP también medió a favor de la empresa de la mujer de Fabra
Miguel Prim no sólo se interesó, en septiembre de 1999, cuando era senador del Partido Popular, ante el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, por los productos fitosanitarios del empresario Vicente Vilar, al que asesoraba Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón. Prim también ejerció presión, dos años después, ya como diputado, para que el ministerio diera luz verde a productos de la empresa Artemis 2000, participada por la ex esposa de Vilar y por la esposa del propio Carlos Fabra.
La asiduidad con la que Prim, primero senador y después diputado del PP, reclamaba información o celeridad para las autorizaciones solicitadas para sus productos fitosanitarios por las empresas del llamado caso Fabra queda patente a través de varios escritos. Así lo demuestra la documentación que ha llegado al juzgado de Nules, donde se instruye la causa abierta al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública, a la que se ha sumado el de un presunto delito fiscal.
Entre los escritos requeridos por el juzgado a los ministerios de Agricultura y de Sanidad se encuentra un tarjetón, con membrete del Congreso de los Diputados, enviado por el diputado popular en septiembre de 2001. Prim, que ya había escrito al ministerio en 1999, se dirige al "ministro" y en estas fechas ya no le pregunta por el grupo Naranjax, propiedad del empresario Vicente Vilar, que posteriormente denunció a Fabra, sino que indaga sobre las autorizaciones solicitadas por Artemis 2000, la empresa participada por la ex esposa de Vilar y por la esposa del propio Fabra.
"Mucho te agradecería me informaras de la situación actual de la solicitud de la empresa Artemis de Castellón, de varios registros de productos fitosanitarios que tiene solicitados desde hace más de un año", requiere Prim. Este escrito está supuestamente dirigido al entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien dos meses antes ya había recibido una carta del mismo diputado que reclamaba información sobre "las dificultades experimentadas en la tramitación de solicitudes de autorización y registro de productos fitosanitarios". Prim aporta su número de teléfono móvil para que el ministro pueda localizarle más fácilmente y le mantenga informado.
Finalmente, Cañete contestó en noviembre y dio cuenta del momento de tramitación en que se encontraban.
El tarjetón desvela cómo Prim insistió en sus gestiones realizadas ante el Ministerio de Agricultura respecto a las empresas de Vilar y de la esposa de Fabra después de que el ministerio autorizase algunos de los productos reclamados. Este documento se une a los intercambiados por los responsables de la Administración central y el diputado del PP, entre los que se encuentra también el escrito en el que se prueba la presión que ejercía el cargo del PP a favor de estas empresas (ver EL PAÍS en su edición de ayer).
Precisamente, el conocimiento de las "exigencias" planteadas por Miguel Prim provocó ayer la reacción de los socialistas, que, en boca de la vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Isabel Escudero, reclamó la dimisión inmediata del presidente de la Diputación de Castellón. "Ya no es una exigencia de la oposición, sino que la consideramos completamente necesaria, tanto para la salud de la política valenciana como para las instituciones públicas", señaló Escudero. Se "ha pasado de la presunción de la irregularidad a la confirmación irrefutable del tráfico de influencias, sin lugar a dudas, diseñada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y mantenida por el PP y por sus dirigentes", concluyó.
El diputado nacional del PP Miguel Prim preguntó al entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, por una empresa de su comunidad, Artemix. Curiosamente, esa empresa era propiedad de la mujer de su jefe político, el presidente del PP de Castellón, y de la diputación provincial, Carlos Fabra. Publicado en El País.23.09.05
Un documento oficial prueba la presión del PP a Agricultura en favor de Fabra
El senador popular Miguel Prim exigió por carta en septiembre de 1999 al entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, el cumplimiento del acuerdo alcanzado dos meses antes en una reunión con cuatro altos cargos del PP castellonense para aprobar fitosanitarios de un empresario al que Carlos Fabra, presidente de la diputación provincial de Castellón, cobraba por asesoramiento. En la misiva, Prim solicita al ministro que "a la máxima brevedad posible se dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos" de la firma vinculada a Fabra.
Los documentos oficiales del Ministerio de Agricultura siguen destapando las presiones recibidas en ese departamento en la etapa del Gobierno del Partido Popular desde el lobby de este partido en Castellón a favor de una empresa, Naranjax, cuyo empresario pagaba por asesoramiento a Fabra, ahora imputado por un delito contra la Administración Pública y un delito fiscal.
Con membrete del Senado, el 2 de septiembre de 1999 Prim escribió una carta al ministro de Agricultura, de la que queda registro oficial en el ministerio, para pedirle cuentas. "Recordarás que el pasado 19 de julio estuve en tu despacho acompañando a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, Juan Costa [secretario de Estado de Hacienda] y Juan José Ortiz [diputado del PP] y hablamos sobre la autorización de un pesticida (la abamectina) por parte de la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios a la fábrica de pesticidas de Castellón denominada Naranjax". El dueño de Naranjax, Vicente Vilar, pagó dinero a Fabra por supuestos asesoramientos en 1999. Es justamente ese año el que ha sido analizado por la Agencia Tributaria para imputar un delito fiscal a Fabra por no justificar sus ingresos ni declararlos a Hacienda.
El senador recordó en su carta al ministro que "en dicha reunión quedó clara la aprobación de dicho producto para el 22 de julio pasado, y para septiembre la del Metamidofos y del Fogetil". Acto seguido, Prim lanza su reproche: "Al finalizar el mes de agosto, he sido informado de que sólo se aprobó en dicha reunión del día 22 de julio la materia activa de la abamectina y NO el producto comercial preparado por Naranjax, por lo que sigue dicha firma sin estar legalizada para venderlo". Y no oculta su estupor: "¿No se quedó en la reunión mantenida contigo que la abamectina sería aprobada entendiéndose con ello que sería también el producto comercial de Naranjax? Te solicito que a la máxima brevedad posible se dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos que te he mencionado en este escrito". Y adjuntó una imperativa nota con su número de teléfono móvil: "Agradecería la máxima celeridad en solucionar el problema".
Su carta surtió rápido efecto. Agricultura le envió cinco días después un informe para detallarle todo el interés tomado por el producto cuya aprobación urgía el senador. Le indicaban que inicialmente estaba abocado a su denegación, pero tras una hábil labor interna y externa, frente a Sanidad, se había reconducido. Sólo faltaba la luz verde de Sanidad. "Hoy mismo se ha urgido por fax a la dirección general de Salud Pública la emisión de informe correspondiente a la abamectina técnica, y del correspondiente al formulado Abac. En cuanto se reciban ambos informes se notificará a la comisión de evaluación que se trata de un preparado que no requiere evaluación por haberse determinado que es igual a otros ya autorizados, y se procederá a la autorización del técnico y del formulado". Un alto cargo de Agricultura, además, informó telefónicamente a Prim de todos los pasos dados, "haciéndole especial mención de que las instrucciones recibidas son de agilizar al máximo la resolución de dichos expedientes". La abamectina fue aprobada en octubre, un mes después del ultimátum de Prim. El PP, hasta la fecha no ha incoado expediente interno a Fabra, pese a todos los documentos oficiales que evidencian sus presiones a favor de uno de sus clientes y a pesar del delito fiscal que ya se le imputa
La investigación de dos delitos
La investigación del caso Fabra, momentáneamente atascada por los relevos de jueces y fiscales encargados de la causa, intenta aclarar si el presidente de la Diputación de Castellón cometió delitos contra la administración, entre ellos, el fraude al fisco.
El presidente de la Diputación de Castellón durante 1999 registró 146 ingresos a través de las 19 cuentas en las que era titular, más otras 175 en las que era cotitular. De los más de 600.000 euros percibidos, el dirigente popular, que aún goza del respaldo de la cúpula del PP, sólo pudo justificar menos de un 10%. De ahí el supuesto delito fiscal. Pero la investigación no se quiere quedar en esta irregularidad ya acreditada, sino que pretende obtener nuevas periciales que permitan esclarecer el origen de tales fondos. En el origen de esos pagos puede estar el indicio de prueba de un delito de tráfico de influencias, en la medida en que coincida el nombre de los que pagaron con el de los beneficiarios de sus actividades políticas. Publicado en El País. 22.09.05
Anticorrupción vincula los pagos a Vilar con el enriquecimiento de Fabra
Uno de los últimos escritos que el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Sáiz, ha enviado al Juzgado de Nules poco antes de dejar la investigación del caso que salpica al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, revela que todos los indicios apuntan a que el político castellonense medió ante organismos públicos y obtuvo un incremento patrimonial que no declaró a Hacienda. Sáiz ha dejado de ser el fiscal asignado a la instrucción del caso Fabra por motivos personales y a partir de ahora el representante del ministerio público será Daniel Campos, también adscrito a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción.
Fabra está siendo investigado desde hace dos años por uno o varios delitos contra la Administración Pública y la inspección de Hacienda le ha abierto un expediente judicial este verano por un supuesto fraude fiscal al no haber declarado 300.000 euros correspondientes al ejercicio 1999.
El documento del ya ex fiscal del caso Sáiz es una completa alegación concebida para responder a la batería de recursos que en las últimas semanas ha ido presentando en el juzgado el líder provincial del PP.
Carlos Sáiz asegura en el documento que considera «innecesario» recordar que la investigación judicial y tributaria que se lleva a cabo contra el presidente Fabra se ha centrado primero en las «entregas de dinero» en efectivo -coincidiendo precisamente en el tiempo con el ejercicio fiscal del año 1999, por el que Hacienda ha denunciado a Fabra- y posteriormente a través de facturas emitidas sin causa por diversas sociedades.
Sáiz recuerda que estas entregas de dinero eran realizadas por Vicente Vilar y su grupo de empresas, Naranjax S.L., a Carlos Fabra, quien como presidente de la Diputación Provincial de Castelló y dirigente del Partido Popular «mediaba» ante las autoridades competentes para obtener la concesión de las licencias y las autorizaciones de explotación de determinados productos fitosanitarios que no salían al mercado al no cumplir los requisitos legales sanitarios y administrativos. «En consecuencia -dice Sáiz- una de las principales líneas de investigación se centra en la justificación de pagos y cobros realizados entre las partes y su repercusión delictiva».
Relación comercial a partir de 1999
El completo relato que esboza Sáiz añade que el empresario que destapó el escándalo -y también imputado en la causa- Vicente Vilar, ha declarado haber realizado distintos pagos en efectivo a Carlos Fabra «a partir del inicio de su relación personal y comercial acaecida en el año 1999».
Incide además el ministerio público en que posteriormente diversos testigos que tuvieron contacto con el caso Fabra «han declarado la existencia de pagos en efectivo» efectuados a través de las empresas de Vilar, si bien «evidentemente no tienen certeza del destinatario de dichas cantidades».
El escrito del fiscal va más allá al asegurar que «en la presente instrucción puede llegar a acreditarse» una «vinculación» entre las entregas de dinero en efectivo que supuestamente hacía Vilar a Fabra y los ingresos también en efectivo en cuentas corrientes del líder del PP, y concluye que estas inyecciones de capital eran «generadoras de incrementos de patrimonio».Publicado en Levante.18.09.05
Anticorrupción insta a investigar los cuños falsos del caso Fabra
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Nules, Julia Mínguez, tiene sobre su mesa un oficio de la Fiscalía Anticorrupción que la insta a abrir diligencias penales por la supuesta trama de los sellos falsos del caso Fabra, según informaron a este diario fuentes de la Administración. El escrito, remitido por Carlos Sáiz, fiscal Anticorrupción adscrito al caso, va acompañado de cuatro carpetas con una extensa y completa documentación sobre la masiva falsificación de documentos que poco antes del verano denunció en el Ministerio de Agricultura el empresario Vicente Vilar, de Naranjax. El oficio de la fiscalía entró por el registro de Nules, que por reparto dio traslado del mismo al Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad.
Según la denuncia que el industrial de Artana puso en conocimiento del Ministerio de Agricultura, el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, estaba al corriente de la manipulación de los análisis, sellos, cuños oficiales y otros documentos que supuestamente sirvieron para engañar al Ministerio de Agricultura durante la tramitación de las licencias de comercialización de al menos 30 productos insecticidas para uso agrícola. Sin estas supuestas falsificaciones, la Administración jamás habría dado luz verde a la venta de los productos fitosanitarios, ya que tanto los ministerios de Sanidad como de Agricultura los habrían rechazado al no cumplir con los requisitos de garantía y control establecidos en la ley.
Desde finales del año 2003 Vilar mantiene en el juzgado que Fabra presionó en altas instancias oficiales, a cambio de comisiones millonarias, para que las autorizaciones de los productos cuya documentación fue manipulada salieran al mercado cuanto antes. Según consta en la declaración judicial del empresario, el propio Vilar, Fabra y altos cargos del anterior gabinete de José María Aznar se reunieron en diversas ocasiones en la ciudad de Madrid para acelerar los permisos de las sustancias sospechosas.
La denuncia que el empresario interpuso en el Ministerio de Agricultura fue tramitada antes del verano por los responsables de este departamento ministerial, quienes a lo largo del mes de julio emitieron varias circulares instando a todas las empresas del sector fitosanitario a no vender los productos que se encuentran en la lista negra. Según Vilar, todos los plaguicidas fueron confeccionados al margen de la ley y muchos de ellos pueden ser tóxicos y afectar a la salud de las personas. Tras dar curso a la denuncia, Agricultura puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.Publicado en Levante. 03.09.05
Una cena con el imputado Fabra
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, del PP, acudió la noche del pasado viernes a una cena con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del mismo partido, que se celebró en la casa de veraneo de éste, en Les Platgetes de Bellver, en Oropesa. Nada extraño entre dos dirigentes del PP valenciano, si no fuera porque Fabra está siendo investigado por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública y otro por presunto fraude fiscal.
Unos ingredientes no muy ligeros para confeccionar el menú de una velada cuya digestión política duró todo el fin de semana. La oposición ha criticado virulentamente la nueva demostración de apoyo del presidente valenciano a un imputado que, en su momento, fue pieza clave en el ascenso y consolidación de Camps al frente del partido y contra los seguidores del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. El mismo entorno de Fabra se encargó de airear la noticia de la cena a los medios de comunicación.
Ayer, las reacciones continuaban. Camps optó primero por quitar hierro al asunto: "Yo no malinterpreto noticias ni cenas. Se trataba de una cena como tantas tengo". Luego explicó que tiene "capacidad y posibilidad" de reunirse con compañeros suyos de partido, a lo que añadió una suerte de trabalenguas: "Los que malinterpretan son los que malinterpretan, y eso es cuestión de los que malinterpretan".
El pasado viernes, Camps compartió mesa con Fabra y su esposa, acompañado por el vicepresidente y dos consejeros del Gobierno valenciano, además de otros cargos públicos. En consecuencia, el presidente se considera eximido de asistir el próximo viernes a una cena-homenaje a Fabra, convocada por particulares y colectivos y de la que el PP se ha querido desvincular. Dicen los organizadores que ya han vendido 1.500 tíquets para esta nueva velada, que, en cualquier caso, no se celebrará en el chalé de Fabra, en Oropesa.
En la casa de Les Platgetes cenaron también José María Aznar, siendo presidente del Gobierno, y su esposa, Ana Botella, con el hoy imputado presidente de la Diputación de Castellón, cuando la pareja veraneaba en el lugar. Pero de eso ya hace unos años.
El líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, se refirió ayer a la cena más reciente de Fabra y Camps. "Cenar con Fabra ha sido la irresponsabilidad mayor de un presidente de la Generalitat en los últimos años", afirmó. "Más allá de la presunción de inocencia y más allá del delito o no, lo cierto es que la Agencia Tributaria ha presentado una denuncia porque Fabra ha defraudado más de 25 millones de pesetas [150.000 euros]", cuando "todos los españoles estamos pagando la renta religiosamente". Pla cargó las tintas y acusó al presidente de la Generalitat de dar "soporte a un defraudador", al tiempo que calificó el encuentro de "impresentable".
La coordinadora de Esquerra Unida, Glòria Marcos, ya había dado el sábado su interpretación de la cena: "[Fabra] está pasando el platillo a todos los que le deben favores políticos". Además, criticó que Camps haya "unido su futuro político con el de Fabra".
Desde el PP valenciano, el vicesecretario regional, Ricardo Costa, tachó de "humillante" que el PSPV "atente contra la presunción de inocencia" y destruya sin pudor "los límites democráticos.Publicado en El País. 11.07.05
Fabra ingresó 600.000 euros en efectivo en 1999 cuya procedencia no ha justificado
Carlos Fabra, presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, realizó 146 ingresos en efectivo por una cantidad superior a los 600.000 euros en 1999 en las cuentas bancarias de las que era titular o cotitular. También ingresó 286.573 euros a través de 20 cheques. Fabra explicó que en 2000 extraía de sus cuentas importantes sumas en efectivo para mantenerlas en su domicilio durante semanas o incluso meses y volverlas a ingresar nuevamente en las cuentas de su titularidad.
Fabra se mostró en un acto de la ejecutiva local del PP en La Vall d'Uixó, muy seguro ante el resultado de las investigaciones fiscales, "No sólo no me imputarán ningún delito fiscal, ni siquiera [habrá] una sanción administrativa", aseguró. "Tengo la conciencia tranquila", dijo y añadió: "Cuando no hay asesinato no hay asesino".
El informe redactado por la Inspección Regional de Valencia de la Agencia Tributaria recoge las alegaciones presentadas por el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, durante el periodo en el que se investigó su declaración de la renta de 1999. En este ejercicio, según la denuncia presentada por Hacienda por un presunto delito fiscal, las cuentas de las que era titular o cotitular registraron hasta 146 ingresos de dinero en efectivo, en general en pequeñas cantidades, por un valor total de más de 600.000 euros.
Tal como indica el escrito presentado primero ante la fiscalía y después ante el juzgado, Carlos Fabra sólo ha justificado la procedencia de menos de un 10% de esos ingresos en las 19 cuentas bancarias en las que Fabra era titular y en otras 75 en las que figuraba como cotitular. "Ante la ausencia de explicaciones sobre el origen de los referidos ingresos", tal como indica el informe, se procedió a realizar análisis y "depuración" de estos ingresos que pudieran estar correlacionados con otras cuentas de Fabra o de su familia con lo que, finalmente, la Agencia Tributaria ha concluido que le es imputable una variación positiva de patrimonio de cerca de 12 millones de pesetas (72.000 euros).
Además de los ingresos en efectivo, los movimientos de las cuentas de Fabra desvelan el ingreso de un total de 20 cheques durante 1999 por un importe global de 286.573 euros. Los cheques recibidos por Fabra se concentran sobre todo a principios y finales del año fiscal, y las cantidades casi siempre eran de varios miles de euros.
Ya en enero de 1999, Carlos Fabra ingresó dos cheques en sus cuentas del BBVA y Caja Madrid por 14.367 y 31.627 euros respectivamente. Febrero y marzo también fueron meses pródigos en ingresos para el presidente de la Diputación de Castellón porque cobró casi 55.000 euros en cuatro cheques distintos ingresados en el BSCH y en el Banco de Valencia. Tres cheques más llegarían en los meses de abril y julio con un importe de casi 30.000 euros más en BSCH y Bancaja, mientras que entre septiembre y diciembre de 1999 se produjo la mayor parte de las aportaciones a sus cuentas.
En septiembre percibió tres cheques; dos por más de 31.000 euros y otro por 568, en noviembre ingresó cuatro cheques más de 12.000, 15.000, 4.800 y de 22.342 euros. Sobre este último, el representante legal del presidente del PP en Castellón, Alejandro Lorca, explicó a la Agencia Tributaria que se trataba de "un préstamo personal de un empresario a Fabra del que no existe justificación documental". Por último, durante el mes de diciembre de 1999, Carlos Fabra recibió otros cuatro cheques de 24.000, 8.400, 4.800 y 900 euros.
El mismo informe revela que la investigación sobre el presidente de la Diputación se ha extendido a la declaración de 2000. A este respecto, señala que aunque "la problemática" sobre los ingresos en efectivo es "similar" a la del ejercicio de 1999, "el volumen de ingresos es inferior".
El texto añade que respecto a la petición de explicaciones sobre los ingresos de 2000 "el contribuyente ha proporcionado un número mayor de explicaciones, si bien las mismas no resultan lógicas". Así, describe cómo Carlos Fabra, en sus alegaciones para justificar los continuos ingresos en efectivo en sus cuentas, explicó que extraía de sus propias cuentas "importantes sumas en efectivo para mantenerlas en su domicilio durante semanas o incluso meses y volverlas a ingresar nuevamente en las cuentas bancarias de su titularidad al cabo de este periodo".
Es decir, que sacaba dinero de su cuenta no para gastarlo sino para guardarlo en su casa y, un tiempo después, volver a ingresarlo. Para la inspección fiscal "esto que, en principio, ya resulta poco habitual se convierte todavía en algo más ilógico al constatar que el obligado tributario ha mantenido diversas cuentas de préstamo y crédito (...) así como descubiertos en sus cuentas corrientes, todo lo cual ha supuesto para él un coste financiero significativo".
El informe añade que "no parece razonable" que Carlos Fabra pagara intereses por descubiertos y créditos mientras tenía "importantes cantidades de dinero en efectivo". La inspección añade más calificativos a la explicación dada por el líder del PP castellonense y sostiene que "el contribuyente no ha proporcionado, hasta el momento, una explicación mínimamente razonable o plausible del origen o procedencia de los ingresos realizados en efectivo en sus cuentas bancarias, lo que llevaría a su consideración como ganancias patrimoniales cuya adquisición no se corresponde con la renta o patrimonio declarados por él mismo".Publicado en El País. 17.06.05
Aunque las líneas de investigación sobre las actividades de Fabra partieron de dos orígenes diferentes, ambos procedimientos se han acumulado en la instrucción que dirige el Juzgado número 1 de Nules, en Castellón. Una de ellas, la que analiza la acusación por la presunta comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública, está íntimamente ligada a su actividad pública como presidente de la Diputación, ya que un empresario le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La segunda, surgida de la denuncia por la comisión de un posible delito fiscal y la acusación de un incremento patrimonial injustificado, podría circunscribirse al plano personal. Pero la juez ha entendido que entre ambas existe una conexión.
Pese a ambas imputaciones, la dirección del PP no ha reclamado su cargo al presidente del partido en Castellón. Lo evitó en diciembre de 2003, cuando se inició el procedimiento, y lo ha eludido de nuevo este mes, pese a que la acusación ya no parte ni siquiera de un particular sino de una institución como es la Agencia Tributaria, que presentó la denuncia contra Fabra por el presunto fraude de una cuota de IRPF de 149.198 euros.
No es éste el único punto que incumple el llamado caso Fabra. El código ético del PP también sostiene que la dirección del partido y sus cargos "asumen el compromiso de abrir", en el caso de existir indicios racionales de delito y, por tanto, una imputación, "una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos y que, a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del Reglamento de Conflictos y Disciplina".
Sin investigación interna De momento, ni el PP de Castellón, ni el de la Comunidad Valenciana, ni la dirección nacional han iniciado investigación o expediente alguno. Bien al contrario, todos sus dirigentes se han mostrado explícitos al manifestar su apoyo a Fabra, hecho que éste ha aprovechado e incluido en los comunicados que ha leído como única respuesta a las acusaciones. Así, en su última intervención, recordó que cuenta con el apoyo de su partido, "de forma unánime", según dijo, y desde "todas las esferas", tal como sostuvo tras desvelar que había estado en Madrid.
Y es que Fabra no es únicamente un cargo que se aferre a su sillón pese a que su partido mostrara su "preferencia" teórica por separar de la actividad pública a los imputados en procesos judiciales, aun teniendo en cuenta la presunción de inocencia. Han sido muy pocos los que han hablado, también en su defensa, siempre con la boca pequeña y antes de que, cada vez que se le requiriera, el presidente regional del PP en la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mostrara su apoyo incondicional a quien le ayudó a mantenerse en el liderazgo de los populares valencianos.
La grave crisis que sufrió el PP autonómico, centrada en la lucha de poder entre Camps y su antecesor, el actual portavoz parlamentario Eduardo Zaplana, puso a Fabra o, lo que es lo mismo, al PP de Castellón, como árbitro y poseedor de los votos necesarios para inclinar la balanza del lado de Camps, que finalmente se alzó con la presidencia regional. Para algunos, el pago de aquel favor está siendo demasiado elevado, ya que el presidente de la Generalitat valenciana une, cada vez más, su futuro al de Fabra.
En cualquier caso, "sin micrófonos" las versiones no cambian mucho, aunque las consideraciones personales llevan a más de uno a resoplar cuando es preguntado por la situación en la que queda el PP ante el incumplimiento de sus propias normas. "Mientras Camps le apoye...", aseguran. Aun así, mientras que cuando se presentó la primera denuncia contra el presidente de la Diputación Provincial de Castellón varios dirigentes sí se atrevieron a sostener que la falta de aplicación del código ético se debía a que no existía en aquel momento una imputación penal, ahora prefieren alegar que dicho compromiso no se encuentra en los estatutos del partido.
Aquel código basado en los principios de lealtad, dedicación, transparencia y responsabilidad que presentó el entonces presidente del Gobierno y presidente nacional del PP, José María Aznar, como la panacea de las medidas anticorrupción ha caído en saco rotoPublicado en El País. 27.06.05
El vicepresidente del Gobierno valenciano critica la difusión de datos de la declaración de renta de Fabra
El vicepresidente del Gobierno valenciano y secretario provincial del PP de Castellón, Víctor Campos, volvió a salir ayer en defensa del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y respecto a los datos de la denuncia de la Agencia Tributaria contra Fabra alegó desconocerlos. Campos criticó la falta de protección en los datos de la declaración de la renta del líder del PP de Castellón y su divulgación.
El número dos del Gobierno valenciano calificó de "curioso" que se conozca el contenido de la denuncia. "Yo siempre había pensado que estas cosas tenían una cierta protección a la hora de su divulgación y que había cierta privacidad en estas cuestiones, pero parece que en este caso no es así y no sé exactamente a qué obedece", sentenció Campos, que recalcó: "No he visto la declaración o parte de la declaración de la renta de Fabra". De esta manera, Campos zanjó las preguntas sobre el contenido de la denuncia de la Agencia Tributaria.
En cualquier caso, el vicepresidente del Consell sí estuvo más explícito respecto a la cena-homenaje que distintos colectivos sociales han organizado para apoyar a Carlos Fabra bajo el lema A tu lado somos muchos. El desagravio por la campaña de acoso a la que, según el propio Fabra, está siendo sometido, ha provocado esta semana la crítica de representantes socialistas, entre ellos el secretario de la ejecutiva local del PSPV en Castellón, Juli Domingo, quien sostuvo que el evento "puede ser una megafiesta de defraudadores". Ayer, Víctor Campos acusó al líder local del PSPV-PSOE de "insultar" a quienes acudan a este homenaje y calificó la crítica del socialista de "barbaridad y disparate para quienes, voluntariamente y de buena fe, deciden acompañar a Carlos Fabra en esa cena". El vicepresidente de la Generalitat acudirá al homenaje. "Si no estoy fuera de España", precisó.
No sólo Víctor Campos salió en defensa del acto organizado en favor de Carlos Fabra sino que representantes de los colectivos organizadores, cercanos al PP, defendieron la idoneidad en el tiempo para esta convocatoria y aseguraron que se trata de una iniciativa que "nace del corazón de colectivos que nada tienen que ver con la política".
Fabra ha sido citado por el juzgado número 1 de Nules a declarar como imputado por un presunto delito fiscal el próximo 5 de julio. La cena de homenaje, en la que los populares pretenden reunir a mil personas, está prevista para 10 días después en una sala de fiestas. Publicado en El País. 17.06.05
Un informe de Agricultura revela amenazas de la empresa por la que medió Carlos Fabra
El ministro de Agricultura Jesús Posada (PP) recibió el 12 de julio de 1999 en su despacho al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de su mismo partido, que le reclamó autorizaciones para un producto fitosanitario que comercializaba la firma Naranjax, y a la que facturaba supuestos servicios. Posada tenía un informe interno elaborado por funcionarios que acusaba a Naranjax de intentar "conseguir sus autorizaciones supliendo las deficiencias de las documentaciones exigibles mediante visitas a todas las autoridades del ministerio (de este Gobierno y de los anteriores)". El producto fue registrado tres meses después.
Para la cita de Posada con Fabra, el entonces director general de Agricultura, Rafael Milán, aportó al gabinete del ministro "una nota confidencial sin membrete elaborada por el subdirector general de productos fitosanitarios", el funcionario encargado del registro. En esa nota se resumían las tormentosas relaciones de Naranjax con dicha subdirección general. El informe acusaba a la empresa que avalaba Fabra de prácticas irregulares. El presidente de la Diputación de Castellón está imputado por supuestos delitos contra la Administración y acusado de un supuesto delito fiscal (fraude de al menos 150.000 euros en 1999). El PP no le ha abierto ningún expediente y el presidente valenciano, Francisco Camps, le ha manifestado su apoyo. En el informe de Agricultura se denunciaban las prácticas de Fabra para conseguir autorizaciones en el ministerio a favor de la empresa a la que facturaba.
- Plagada de incidentes. "La empresa Naranjax de Castellón fabrica productos fitosanitarios, además de fertilizantes en una planta ubicada en Artana (Castellón). Tiene inscritas en el registro y consecuentemente autorizada su comercialización más de 40 productos técnicos y formulados.Las relaciones de esta empresa con el registro han estado plagadas de incidentes serios a partir de un determinado momento:
- En el año 1993, por la lentitud con que se autorizaban sus productos.
- En el año 1996, acusan formalmente a los funcionarios del registro de tener organizado un compló para beneficiar a las multinacionales de las que recibían pagos y prebendas (Hubo una inspección exhaustiva sobre dichos funcionarios).
- En el mismo año de 1996, se amenaza telefónicamente a funcionarios del Ministerio de Sanidad y de Agricultura.
- En el año de 1998, se pide al vicepresidente primero del Gobierno [Francisco Älvarez Cascos] y a la ministra de Agricultura [Loyola de Palacio] destituir al subdirector general de Sanidad Vegetal por las innumerables ilegalidades cometidas, además de hacer declaraciones en la prensa valenciana en el mismo sentido. Incidentes jamás producidos con ninguna de las otras 450 empresas registradas".
- Suplir defectos con visitas. "Con mucha diferencia, [Naranjax] es la empresa que ha tratado de conseguir sus autorizaciones supliendo las deficiencias de las documentaciones exigibles mediante visitas a todas las autoridades del ministerio y otras (de este Gobierno y de los anteriores). Un ex ministro de Agricultura, que en algún momento debió de ser socio de la empresa, llamó prevaricador al subdirector general de Sanidad Vegetal cuando éste le afirmó que estaba cumpliendo una orden ministerial que él mismo había firmado".
- Documentación irregular. "Independientemente de los posibles errores del registro, que en la tramitación de expedientes pudieran existir (como en otras empresas), los retrasos en las autorizaciones o las denegaciones de las autorizaciones se producen por el siguiente motivo: la documentación presentada no responde a ninguna realidad física, es inventada o corresponde a otros productos existentes en el mercado y no a los que la empresa dice sintetizar. No es concebible, por repugnar a la inteligencia, que sustancias que dice sintetizar las certifique como libres de impurezas. No es verosímil que, cuando se advierten incoherencias, certifique inmediatamente después lo contrario. No es creíble que su capacidad de sintetizar sustancias tan distintas como antibióticos u órgano-fosforados sea posible. Ni las grandes multinacionales tienen tal versatilidad".
- Falta de respuesta clara. "Resolver las dudas antedichas no es fácil por la poca colaboración de la administración autonómica, de la que se recabó apoyo. Se ha conseguido saber que la empresa no estaba inscrita en el registro de establecimientos, ni disponía del libro oficial de movimientos, pero no se ha obtenido (después de más de dos años) respuesta clara respecto a sus capacidades de sintetizar y de si realmente sintetiza, lo que determinaría la falsedad o no de la documentación aportada".
- Productos sin autorización. "Respecto de la empresa, la opinión de las dos asociaciones de fabricantes existentes en España, Aepla y Aefisa, es muy negativa, tanto respecto a sus procedimientos fabriles como comerciales. Se conoce que comercializa productos sin autorización (el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha intervenido al menos dos veces productos de la empresa). De la abamectina, producto en trámite de autorización, se tienen noticias de que la distribuye directamente a los agricultores".
- Falta de sensibilidad. "De las conversaciones con los responsables de la empresa se puede deducir la falta de sensibilidad respecto al material manejado en cuanto a las consecuencias medioambientales. Comparan este tipo de fabricación con la de azulejos. Respecto a la actitud del registro frente a la empresa es demostrable y así se hizo, que cuando la documentación ha sido asumible, las autorizaciones se han producido con idéntico ritmo que otras empresas y sólo cuando los datos aportados ni sobre el papel eran sostenibles, los expedientes se han retrasado o han sido resueltos negativamente".
- Vaticinio favorable. Pese a tan demoledor informe sobre Naranjax, Milán vaticinaba lo siguiente en un informe propio que entregó al gabinete del ministro antes de su cita con Fabra: "Al haberse cambiado el registro de productos fitosanitarios a otra subdirección general y teniendo en cuenta que estamos en vías para que se apruebe la abamectina por la que tanto se interesa Naranjax, y posteriormente el resto de productos que tiene solicitados, creo que lo mejor es olvidar el pasado y centrarnos en la solución de problemas futuros".
Y por si no quedaba claro a qué obedecía tal interés, Milán añadía en otra nota: "En todo caso, sobre la solución del problema que interesa al presidente de la Diputación de Castellón, que afecta a Naranjax, se tendrá una información definitiva sobre la que adoptar una resolución después de la reunión de la comisión de Evaluación que se celebrará el 14 de julio". Tres meses después, la abamectina fue autorizada. Publicado en El País. 10.06.05
Documentos oficiales confirman que Fabra se reunió con el ministro de Agricultura para favorecer a la empresa vinculada con su mujer
Fabra, negó hasta en tres ocasiones ante la juez de Nules Isabel Belinchón, en su declaración como imputado por uno o varios delitos contra la Administración Pública el 3 de febrero del año pasado, que hubiera realizado gestión alguna a favor del empresario Vicente Vilar o sus fitosanitarios, en la reunión que mantuvo en 1999 con el ministro de Agricultura Jesús Posadas. Sin embargo, según un documento de aquella reunión al que ha tenido acceso la Cadena SER, ocurrió justo lo contrario.
En el informe, remitido al Ministro por el entonces director general de Agricultura, Rafael Milán, que también está imputado, se asegura textualmente, en dos ocasiones, que “el presidente de la Diputación se interesa por la situación de los productos de Naranjax”, y no por la situación general de los fitosanitarios, como dijo Fabra ante la juez.
Además, Fabra muestra un interés particular por los retrasos que sufre el Abac, cuando el presidente de la Diputación dijo que no se habló de ningún producto en concreto.
También respecto a las fechas se producen contradicciones entre lo dicho por Fabra y los documentos oficiales.
Fabra aseguró que la reunión con Posadas fue el 19 de julio de 1999; cinco días después de que el ministerio aprobase el Abac. Esto fue utilizado por Fabra ante la juez para demostrar que la reunión no tenía nada que ver con el asunto, porque el producto de Vilar ya había sido aprobado días antes. Sin embargo, según el documento del ministerio, la reunión entre Fabra y el ministro tuvo lugar el 12 de julio. Es decir, dos días antes de que el Ministerio diera el visto bueno al Abac. Con él, el empresario de Artana ganó cantidades millonarias y, según asegura, pagó a Fabra por ese servicio. Publicado en la Cadena SER.03.03.05
La Agencia Tributaria analiza las declaraciones de Carlos Fabra de 2000 y 2001
La Agencia Tributaria está revisando los datos fiscales presentados por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, correspondientes a los períodos impositivos de 2000 y 2001, según informaron diversas fuentes. La investigación sobre las cuentas declaradas por Fabra se inició tras las presuntas anomalías detectadas en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del también líder del PP de Castellón del año 1999, que han tenido como consecuencia la presentación de una denuncia por presunto delito fiscal. Las averiguaciones de la Agencia Tributaria se están llevando con cierta premura ante la posibilidad de que las presuntas irregularidades prescriban. La celeridad es mayor en el caso de la declaración presentada en junio de 2001 sobre los ingresos y el patrimonio de 2000, que podría prescribir este mismo mes en el caso de que la propia Agencia no haya comunicado a Fabra el hecho de que está siendo investigado.
A las peticiones de dimisión de los partidos de la oposición una vez conocida la denuncia por presunto delito fiscal contra Carlos Fabra, se sucedieron ayer las críticas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que salió en defensa del presidente de la Diputación de Castellón. El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Sarriá, recriminó además al vicepresidente del Consell, Víctor Campos, que dudara de la actuación de la Agencia Tributaria, cuestión que considera "inadmisible" por parte de un responsable institucional, "más cuando precisamente en estos momentos cientos de miles de ciudadanos de esta Comunidad están haciendo sus correspondientes declaraciones de renta", según dijo.
Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Glòria Marcos, vaticinó ayer, desde Alzira, la aparición de "más casos de corrupción vinculados al PP", en un momento en el que los populares "se enfrentan, casi sin duda, al principio del fin de su mandato". Para Marcos, la denuncia de la Agencia Tributaria es la demostración "de que los conservadores están en la cuesta abajo de su periodo de Gobierno al frente de la Generalitat". Además, la diputada en el Congreso por Esquerra Unida-Entesa, Isaura Navarro, presentó el viernes una batería de preguntas al Gobierno sobre la denuncia por un supuesto fraude fiscal. Entre las formuladas, Navarro pregunta al Ejecutivo el motivo de la denuncia y si "existen indicios de gran calado para presentarla". Además, considera que es necesario que el Gobierno informe sobre el "año al que corresponde el presunto fraude fiscal de Fabra. Publicado en El País. 05.06.05
Camps asegura que nadie va a demostrar nada contra Fabra
El presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, expresó ayer su convencimiento de que "nadie va a demostrar nada" de lo que se afirma en las denuncias contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra. Camps arropó a Fabra sólo unas horas después de difundirse que Hacienda ha denunciado al político popular por un supuesto delito fiscal, tras descubrir que ocultó 150.000 euros en la declaración de 1999.
"Llevamos año y medio con estas cuestiones y nadie ha demostrado nada", afirmó Camps, que recalcó: "Estoy convencido de que nadie va a demostrar nada".
La Agencia Tributaria presentó el pasado 27 de mayo la denuncia por supuesto delito fiscal ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que decidió trasladar el escrito al juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón). Éste es el juzgado en el que se instruye la causa en la que figura Fabra como imputado por uno o varios presuntos delitos contra la Administración Pública. El traslado de la denuncia presentada por Hacienda se produjo tras ser consultado el fiscal Anticorrupción, que considera que existe relación entre el contenido de la misma y la investigación del juzgado de Nules.
El PP valenciano decidió ayer salir en tromba a arropar al presidente de la Diputación de Castellón. El vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, compareció en su condición de secretario general del PP provincial de Castellón, para manifestar: "Todo tiene visos de ser una persecución política del Partido Socialista en una estrategia puesta en marcha hace año y medio".
"Si [el caso Fabra] es el gran escándalo nacional ellos [los socialistas] sabrán por qué lo hacen. En el Partido Popular seguimos confiando en el señor Fabra y no hay ningún cambio respecto a nuestra posición de hace dos días [antes de conocerse la existencia de la denuncia por supuesto delito fiscal]", dijo Campos, que reconoció que había hablado por teléfono con el presidente de la Diputación de Castellón. "Del señor Fabra he notado absoluta tranquilidad de conciencia, de que no ha cometido ninguna irregularidad", argumentó Campos.
Otros cargos destacados del PP de Castellón reclamaron que se le aplique a Fabra la presunción de inocencia. Por su parte, tanto el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) como Esquerra Unida reclamaron nuevamente la dimisión de Fabra y advirtieron a Camps, que ha unido su destino político al del presidente de la Diputación.
También Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle millonarias cantidades de dinero a cambio de favores políticos, indicó que la denuncia de Hacienda significa que "hay alguien más que ve cosas que no están claras en sus negocios".
El escrito de denuncia de la Agencia Tributaria sobre el presunto delito fiscal del que se acusa a Fabra señala que las cuotas de IRPF no declaradas se refieren a actividades profesionales.Según el registro de intereses que el propio Fabra presentó ante la Diputación de Castellón ese mismo año, las actividades tanto públicas como privadas generadoras de ingresos económicos o susceptibles de generarlos eran nueve (tres públicas y seis privadas, entre las que figuran las de abogado y corredor de seguros).
El escrito remitido a la fiscalía también hace referencia al incremento patrimonial detectado y que no se corresponde con los ingresos declarados. Según el acta notarial que el propio Fabra hizo pública, en 1999 sólo adquirió una parcela en una urbanización de la localidad de Borriol.
Según las fuentes consultadas, el escrito solicita a la fiscalía "celeridad" en la tramitación de la denuncia ante la posibilidad de que el presunto delito fiscal prescriba. En cualquier caso, la parte administrativa de ese presunto delito habría prescrito ya, mientras que la penal lo hará el próximo 30 de junio, fecha en la que el juez se debe haber pronunciado sobre la denuncia al objeto de que se interrumpa el plazo de prescripción. De la celeridad que reclama la Agencia Tributaria, se desprende que Fabra no debió recibir comunicación formal acerca de la investigación a la que estaba siendo sometido ya que, de esa manera, el tiempo de prescripción se hubiera interrumpido. Publicado en El País. 04.06.05
Hacienda denuncia al presidente del PP en Castellón por supuesto delito fiscal
La Agencia Tributaria ha presentado una denuncia ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, ante la posible comisión de un presunto delito fiscal. La denuncia supuestamente se basa en la declaración de Hacienda correspondiente al año 1999, en la que el dirigente del PP no habría presentado cuotas correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por valor de más de 150.000 euros.
La inspección de Hacienda ha detectado un incremento patrimonial que no se corresponde con los datos de los ingresos declarados por Fabra por el desarrollo de actividades profesionales, según varias fuentes consultadas que apuntaron que la denuncia corresponde al presunto fraude cometido durante un año en concreto, por lo que no se descarta que la inspección investigue las declaraciones posteriores a 1999.
La denuncia, que sólo afecta a un ejercicio fiscal, se precipitó ante el temor de los inspectores de que el supuesto delito pudiese prescribir el próximo julio al haber transcurrido ya más de cinco años desde la presentación de la declaración de la renta.
El delito fiscal está tipificado en el artículo 305 del Código Penal y su comisión conlleva penas de privación de libertad de entre uno y cuatro años. La cantidad estipulada como mínima para considerar que las irregularidades cometidas son un delito y no una falta se sitúa en algo más de 90.000 euros, montante no ingresado que, según las fuentes consultadas, Carlos Fabra supera. El Código Penal no especifica que la comisión de un delito contra la Hacienda Pública suponga la inhabilitación del defraudador para ocupar cargos públicos y sí marca la sanción a abonar que multiplica por seis la cantidad defraudada.
El propio delegado de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana, Inocencio Altozano, fue quien, el pasado viernes, presentó la denuncia ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, después de que la Inspección investigara la declaración presentada a Hacienda y encontrara los suficientes indicios como para considerar necesaria la presentación de una denuncia por supuesto delito fiscal.
Según fuentes de la fiscalía, el escrito ha sido trasladado al juzgado de instrucción número 1 de Nules tras recabar instrucciones del fiscal Anticorrupción que, además, está investigando a Fabra por uno o varios delitos contra la Administración Pública, y tras considerar que existe una relación entre el contenido de la misma y la investigación que realiza dicho órgano judicial.
La investigación fiscal al presidente del PP en la provincia de Castellón se inició de oficio hace unos meses. Diversas fuentes consultadas han indicado que la inspección de Hacienda no precisa denuncia alguna para realizar este tipo de investigaciones, con lo que comenzó su trabajo al margen de las averiguaciones que se están llevando a cabo en el juzgado de Nules y de las diligencias solicitadas ante dicho órgano por la acusación particular y por el ministerio público. De hecho, el fiscal Anticorrupción solicitó, como prueba pericial, que un inspector de Hacienda analizara las cuentas de las empresas implicadas en el sumario por los presuntos delitos contra la Administración pública, pero esta prueba aún no ha sido admitida. Por su parte, la acusación particular, representada por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, reclamó que la investigación demandada por el fiscal se ampliara a todas las cuentas particulares de Fabra así como a su patrimonio y al de su familia y que se realizara a través del Banco de España.
Juzgado de Nules En cualquier caso, esta prueba pericial no se ha iniciado, de momento, ya que la juez titular de Nules no se pronunciado al respecto y, además, está recurrida por el letrado del propio presidente del PP provincial.
El juzgado de Nules habrá de determinar ahora si se hace cargo también del presunto delito fiscal y lo acumula en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón o si se inhibe y devuelve la denuncia a la fiscalía para que ésta lo remita al decanato y entre en el reparto habitual.
Fabra no quiso ayer realizar ningún tipo de declaración sobre esta nueva acusación. Nadie en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ni en el partido en Castellón, quiso entrar a valorar la nueva denuncia contra el presidente provincial del PP. Se escudaron en la falta de información sobre su contenido.Publicado en El País. 03.06.05
El presidente de la Diputación provincial y hombre de confianza de Camps afronta dos investigaciones
Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y hombre de confianza del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se enfrenta ya a dos investigaciones. Fabra, que controla desde hace años el PP provincial y cuyo apoyo ha sido determinante para Camps -en su pugna con Eduardo Zaplana por el liderazgo del partido a nivel autonómico- empezó a tener problemas con los juzgados en diciembre de 2003. En esa fecha, un empresario, Vicente Vilar, presentó, en los juzgados de Nules, dos querellas contra Fabra por estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, contra la salud pública y contra la propiedad industrial. Ninguna de las dos denuncias fue admitida pero tras leer el relato del empresario, la titular del Juzgado de Nules decidió abrir un procedimiento penal de oficio, ante la posible comisión de uno o varios presuntos delitos contra la Administración pública, entre los que figuran el tráfico de influencias y el cohecho. Vilar acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de interceder ante la Administración para tratar de acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Así, la juez decidió no limitar la investigación al presidente de la Diputación sino que la extendió al empresario denunciante, a la esposa de Fabra, Amparo Fernández, y a la ex esposa de Vilar, Monserrat Vives. La implicación de las dos últimas fue consecuencia de su aparición como titulares de una empresa compartida, Artemis 2000, a través de la que se solicitaban los registros de los productos fitosanitarios.
Otro de los sistemas de cobro, según el empresario, se realizaba a través de una sociedad de la que es titular Fabra. Esta mercantil, Carmacas, facturó hasta 140.000 euros al grupo empresarial de Vilar, Naranjax, por la supuesta confección de informes sobre prevención de riesgos laborales. La juez reclamó los citados informes, que se limitan a reproducir un texto que se encuentra en Internet y la guía de una mutua de trabajo local.
Las acusaciones de Vilar motivaron la investigación del patrimonio de Fabra, quien justificó su notable incremento -varias viviendas emplazadas en áreas residenciales en municipios de Castellón y Madrid- con su actividad como abogado y corredor de seguros en ejercicio, actividades que compatibiliza con el puesto de presidente de la Diputación de Castellón. Publicado en El País. 03.06.05
El código ético del PP cumple 12 años sin que se haya aplicado en el caso Fabra
Hoy se cumplen 12 años desde que José María Aznar presentara el Código Ético del Partido Popular, un compendio de directrices para evitar casos de corrupción entre sus cargos institucionales. El partido exigía así a sus militantes un «compromiso ético» basado en los principios de «lealtad, dedicación, transparencia y responsabilidad», y establecía normas para prevenir o detener las actuaciones sospechosas de corrupción.
Estas normas siguen aún pendientes de aplicación en el «caso Fabra», que, a falta de que la justicia determine la verdad o falsedad de las acusaciones, requeriría la activación de los mecanismos internos del Partido Popular proclamados en su Código Ético.
El texto, elaborado en 1993 por Alberto Ruiz Gallardón y Federico Trillo, era explícito respecto a posibles asuntos como los que ahora afectan al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. El Código se refiere expresamente al caso de que «de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito».
Las medidas internas que el texto contempla ante «la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional» son dos. Por un lado, los cargos públicos implicados deberán «comunicar a la Dirección del Partido Popular y poner a su disposición el puesto público que desempeñaran». Una situación que ahora no se ha cumplido, si se atiende a las declaraciones que el secretario general del partido, Mariano Rajoy, efectuó el pasado mes de marzo, cuando aseguró que si el «caso Fabra» «continúa, pues qué quiere que le diga, no me lo conozco».
Por otra parte, «el PP asume el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos», algo que hoy por hoy aún no se ha emprendido. A la ignorancia sobre el tema manifestada por Rajoy se suma la defensa repetida de la figura de Carlos Fabra por parte del responsable autonómico del PP, Francisco Camps. Sin embargo, el texto de Gallardón y Trillo iba aún más lejos y establecía que la comisión, «a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del Reglamento de Conflictos y Disciplina».
Al igual que no ha trascendido que esto haya sido aplicado, el partido tampoco ha ejercido otro derecho recogido en el texto, que obliga al cargo a hacer pública una declaración notarial de bienes y actividades si «ha sido puesta en entredicho la integridad de su conducta».
Actividades económicas
Otro artículo del Código Ético del PP debería repercutir también sobre el «caso Fabra». La guía imponía a los cargos públicos «el compromiso de no dedicarse por sí ni por persona interpuesta a actividades de gestión, asesoramiento o mediación que puedan tener la más mínima relación con el objeto de las competencias que por su cargo le están encomendadas».
En cambio, la esposa de Carlos Fabra, María Amparo Fernández, era copropietaria de Artemis 2000, la empresa que comercializaba los productos fitosanitarios cuya licitación podría haber sido favorecida por el presidente de la diputación si se confirmaran las acusaciones de Vicente Vilar, propietario de Naranjax.Publicado en Levante.24.04.05
El juez admite que un inspector de Hacienda investigue las empresas de Fabra
La juez de Nules ha aceptado la propuesta del fiscal Anticorrupción, Carlos Sáiz, y un inspector de Hacienda investigará las cuentas de las sociedades del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, imputado por delitos contra la Administración, pese a que éste se opuso inicialmente en un escrito del pasado 30 de marzo.
El ministerio público pidió a la juez de Nules que nombrara como perito a un inspector de Hacienda para investigar las cuentas, libros contables y declaraciones de impuestos del entramado empresarial implicado en el «caso Fabra»: Carmacas S.L. -la consultoría del presidente de la diputación-, Artemis 2000 -de la que era socia al 50% María Amparo Fernández, esposa del político castellonense-, Naranjax y Laboratorios Ibáñez.
A finales de marzo, los abogados de Fabra iniciaron una batalla judicial para evitar que el juzgado nombrara al perito propuesto por Anticorrupción. El argumento que esgrime Fabra para rechazar al funcionario público de Hacienda es que puede estar «contaminado en su doble condición».Publicado en Levante.12.04.05
Acebes obvia el código ético del PP en el caso Fabra y aduce que todavía no hay sentencia
Acebes pasó ayer auténticos apuros para justificar ante la prensa la contundencia con la que el partido exige explicaciones al PSOE por «casos de corrupción» mientras se abstiene de censurar las actuaciones del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, envuelto en un escándalo político judicial a raiz de la denuncia de un empresario que lo acusó de cobrar comisiones a cambio de favores. Acebes mantuvo que el caso Fabra es «claramente diferente» al que ha salpicado recientemente a los socialistas en el Ayuntamiento de Sevilla por la existencia de facturas falsas ya que en el primero «niega la acusación» y el segundo «está acreditado y reconocido».
A preguntas de los periodistas, el número dos del PP no aclaró porque el partido se ha saltado
su propio código ético que establece que la mera imputación de un cargo público en un caso judicial es suficiente para apartarle del puesto y adujo que sobre Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración Pública, no se pueden determinar responsabilidades «mientras no conozcamos cuál es la resolución de la Justicia». «Carlos Fabra goza de la presunción de inocencia», señaló.
El caso Fabra se ha convertido en un auténtica patata caliente para el Partido Popular cuya dirección nacional ha tratado de evitar un respaldo explícito al presidente provincial del partido en Castelló. El propio presidente del PP, Mariano Rajoy, eludió el asunto en su reciente visita a Valencia en fallas al indicar que no estaba al corriente de las últimas novedades del proceso judicial. Ayer Acebes evitó también una defensa cerrada a Fabra, pero tuvo dificultades para sortear las preguntas en la rueda de prensa convocada por el partido antes de la reunión del comité regional.
Fue él quien abrió el melón en su comparecencia ante los medios al exigir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicaciones por el caso del Ayuntamiento de Sevilla. Lamentó que «vuelven a las páginas de los periódicos casos de corrupción» y «los sobrinos, los amigos, los cuñados, las recalificaciones de terrenos y los pelotazos». Asuntos, añadió, que serían abordados en la reunión del partido. En privado, algunos responsables del PP, consideraban que había sido un error estratégico incidir en estos temas en Valencia cuando, además del caso Fabra, colean otros asuntos como la condena al ex conseller de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, el caso Merca Alicante, que está salpicando al alcalde Díaz Alperi y las plusvalías obtenidas por el alcalde de Torrevieja por la compraventa de terrenos.
Acebes insistió en que el PP «no aplica un doble rasero» con sus cargos y militantes al tiempo que descartó que la dirección se plantee el relevo de Fabra al frente del partido en Castelló. Recalcó que «los militantes han decidido de manera soberana cuáles son sus direcciones y quienes los presiden» por lo que la dirección «ni menos que nadie el secretario general, puede rectificar ni llevarles la contraria».
Por otro lado, dijo desconocer la operación de compra-venta de solares del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernádez Mateo. Preguntado por este caso, el presidente regional del PP, Francisco Camps, evitó responder si había pedido explicaciones al alcalde y aseguró que sabía de los hechos a través «de lo que he leído en los medios de comunicación». Y añadió: «Creo que nadie puede decir que se pueda delimitar en estos términos lo que dicen que ha ocurrido». Publicado en Levante.30.03.05 Un empresario pagó 11 millones de pesetas para que Fabra agilizase las licencias de productos fitosanitarios
Un empresario declara ante la Justicia que pagó 11 millones de pesetas en una bolsa de plástico para que Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia, agilizase las licencias de productos fitosanitarios. El empresario, según fuentes judiciales consultadas por la Cadena SER, ha admitido que, tras el pago, se desbloqueó la situación en los ministerios correspondientes.
El empresario de fitosanitarios Manuel Ruiz ha declarado hoy en el juzgado almeriense de Roquetas de Mar como testigo en el ‘caso Fabra’. Ruiz ha corroborado ante el juez las manifestaciones del empresario denunciante, Vicente Vilar, al asegurar que pagó 11 millones de pesetas en una bolsa de plástico que, según le contó Vilar, eran para el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, a cambio de su mediación ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para agilizar la concesión de las licencias de fitosanitarios. Ruiz también ha asegurado que el pago causó efecto y que se desbloquearon las licencias en Madrid.
La declaración del empresario se incorporará ahora al proceso que se sigue en los juzgados de Nules contra el presidente del PP y de la Diputación en Castellón, Carlos Fabra, y otros nueve imputados por supuestos delitos contra la Administración Pública. De ellos, tres son en la actualidad altos cargos en la Generalitat valenciana y un cuarto lo es en el Ayuntamiento de Madrid. Dos de los imputados ocuparon altos cargos en los ministerios de Agricultura y Sanidad durante los gobiernos del PP.
El empresario Vicente Vilar acusó a Carlos Fabra de cobrar cantidades millonarias a cambio de su mediación ante dos ministerios para facilitar la concesión de licencias de productos fitosanitarios. Publicado en la Cadena SER.03.03.05
Cuatro de los seis nuevos imputados por el caso Fabra siguen ocupando altos cargos
Cuatro de los seis nuevos imputados por el caso Fabra, siguen ocupando altos cargos en administraciones gobernadas por el PP. Tres de ellos en la Generalitat valenciana y uno en el ayuntamiento de Madrid. Este último caso es el de Dolores Flores, directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid y persona de confianza de la concejal Ana Botella
Desde el departamento de Ana Botella, del que depende la dirección de empleo, guardan silencio porque todavía no han recibido ninguna notificación y por tanto desconocen porqué se le imputa. Fuentes cercanas a Dolores Flores aseguran que ha cumplido con la Ley en todo momento durante su etapa como directora general de salud pública en el Ministerio de Sanidad.
Los otros tres imputados trabajan en la Generalitat valenciana. Una es Pilar Máñez, subsecretaria de la conserjería de bienestar social del gobierno que preside Francisco Camps. Ni la interesada ni el Ejecutivo autonómico han querido entrar a valorar la imputación de la que fuera directora de calidad Ambiental en la Generalitat Valenciana.
Los otros dos son el ex subdelegado de Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, actualmente director de industria y Rubén Moreno, que se encontraba en el Ministerio de Sanidad cuando se conoció el Caso Fabra y ahora es director general de una Fundación subvencionada fundamentalmente por la Generalitat.
El pasado 11 de febrero la Justicia imputó a seis ex cargos públicos del PP en el Caso Fabra, con lo que son ya 10 las personas imputadas. La Audiencia de Castellón esta investigando al presidente de la Diputación y líder del PP, Carlos Fabra, y a las otras nueve personas por presuntos delitos contra la Administración pública ( Cadena SER.Febrero 2005 )
Seis nuevos imputados en el 'caso Fabra'
Tres ex altos cargos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, una de la Generalitat Valenciana, el anterior subdelegado del Gobierno y un ex diputado del PP en el Congreso han sido imputados por la Audiencia de Castellón en el caso Fabra, en el que se investiga un supuesto delito de tráfico de influencias. En ese sumario estaban ya imputados el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su esposa, junto al empresario que le denunció y su ex mujer.
Fabra, líder del PP castellonense, está siendo investigado por la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública en un proceso en el que interviene la Fiscalía Anticorrupción. Fabra fue denunciado por el empresario Vicente Vilar, que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios.
Los que en el momento de los hechos denunciados (1999-2002) eran director general del Ministerio de Agricultura, Rafael Milián; directora general de Salud Pública, Dolores Flores; secretario general de Gestión Sanitaria, Rubén Moreno, ambos del del Ministerio de Sanidad; subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, y directora general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Pilar Máñez (actualmente subsecretaria de la Consejería de Bienestar Social), además del ex diputado por Castellón en el Congreso Miguel Prim, serán llamados próximamente a declarar en calidad de imputados por la titular del juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el caso. Con esta decisión, la Audiencia admite la petición de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE), personada como acción popular, en una providencia que anula la decisión de la juez de Nules, que había desestimado la solicitud.
Con esta providencia, la Audiencia admite, parcialmente, el recurso presentado por la UCE y califica de "pertinente y necesaria" la declaración en calidad de imputados de los seis ex altos cargos del PP. Todos ellos aparecen en los documentos aportados por Vilar con los que pretende probar el supuesto tráfico de influencias propiciado por Fabra.
El auto de la Audiencia de Castellón acepta también la declaración de varios testigos. Algunos, como el chófer de Fabra o el diputado autonómico del PP Ricardo Costa, ya han prestado declaración. Entre los que la juez ha de llamar ahora se encuentran los guardaespaldas del presidente de la Diputación; el subdirector general de Promoción Agrícola, Juan José Guitián; el entonces diputado y hoy senador del PP por Castellón Juan José Ortiz y el entonces portavoz del PP en el Senado y actualmente consejero portavoz de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons. La Audiencia rechaza de momento que testifiquen los ex ministros de Agricultura Jesús Posada y Miguel Arias Cañete; de Sanidad Celia Villalobos, y de Ciencia y Tecnología Juan Costa, así como Alfredo Timmermans, entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno José María Aznar.( El País. Febrero 2005 )
Fabra tiene contratada a su cuñada como jefa de sus secretarias
Entre los 26 asesores y cargos eventuales que tiene contratados el presidente de la Diputación Provincial de Castellón en esta institución, con un coste para el erario público de 730.000 euros, figura su cuñada y el cuñado de la ex ministra de Medio Ambiente con el PP, Elvira Rodríguez. Carlos Fabra, el presidente de la Diputación y del PP en Castellón, cuenta con un equipo de colaboradores elegidos a dedo que tienen un coste para la institución provincial superior, por ejemplo, a la aportación en infraestructuras para municipios y para el plan de electrificación rural juntos.
Araceli García Payá, la cuñada de Fabra, cobra 27.573 euros al año por ser la jefa de sus secretarias. Wilfred Medcalf Calderón, el cuñado de la ex ministra de Medio Ambiente, percibe 33.851 euros por llevar la agenda del presidente de la Diputación.
El portavoz adjunto del PSOE en la Diputación, Juli Domingo, añade que Carlos Fabra también ha contratado a la sobrina del vicepresidente Francisco Martínez, Silvia Capdevila, por casi 20.000 euros al año.
Domingo critica “el desprecio (de Fabra) por la función pública y por las instituciones” y su actitud de “cacique”. Para el portavoz socialista “con Fabra ha regresado el régimen de los cuñadísimos” y cree que “su modelo y su gestión están acabados y sería bueno que lo estuvieran de una vez por el bien de los ciudadanos de Castellón”
Por su parte, el portavoz del Bloc, Josep María Pañella, afirma que las contrataciones de los cuñados y familiares de cargos del PP en la Diputación son cuanto menos “sospechosas”, y dice que “queda demostrado que el presidente de la Diputación utiliza dinero público para pagar favores políticos”.( Cadena SER. Enero 2005 )
Fabra gasta 700.000 euros al año en asesores : llega ya a los 26 asesores nombrados a dedo
El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la contratación de Amparo Marín Andrés, como nueva asesora del presidente Carlos Fabra en la Diputación. Con ella, ya son 26 los asesores y cargos eventuales escogidos directamente por el presidente de entre ex alcaldes o antiguos diputados del PP, que perciben entre los 38.000 y los 19.000 euros al año. En total, la nómina anual de los 26 cargos de libre designación le cuestan a la provincia 730.000 euros al año; más de 120 millones de pesetas.
La cifra de cargos eventuales y asesores se ha incrementado en cada legislatura de la Diputación con Fabra al frente de la misma. Su antecesor, el socialista Paco Solsona, tenía tres en 1995, y Carlos Fabra nombró primero a once, incrementó la cifra hasta llegar a los 17, y ahora ya tiene a 26. El portavoz socialista en la Diputación, Enrique Navarro, dice que el gasto en asesores de Fabra “supera la aportación conjunta de la Diputación en infraestructuras para municipios y para el plan de electrificación rural”, en los que desembolsa “300.000 euros al año para cada uno”. A juicio de Navarro, “los 21 asesores directos del presidente de la Diputación y los cinco que también tiene a cargo del Grupo Popular en la institución provincial son un número excesivo” y dice que “Fabra ya ha llegado al límite”. Navarro también recuerda que Fabra se comprometió en el 95 a reducir el número de asesores y directores generales.
Carlos Fabra es el presidente de Diputación de la Comunidad Valenciana que tiene más asesores. El presidente de la Diputación de Valencia tiene tres, mientras que el de Alicante tiene nueve. ( Cadena SER. Enero 2005 )
