LAS NOTICIAS IGNOMINIOSAS QUE GENERA EL SUSODICHO  2004

La Justicia vuelve a fallar en contra de Carlos Fabra

La Audiencia Provincial de Castellón ha vuelto a fallar en contra de Carlos Fabra, presidente de la Diputación y líder del PP en esta provincia. Fabra pretendía, y así lo solicitó en los juzgados de Castellón, que se silenciara a la Cadena SER y a otros medios que están informando sobre los presuntos casos de corrupción en los que está implicado. Los magistrados concluyen que semejante medida supondría una "grave restricción a los derechos fundamentales de expresión e información".

Los abogados del político llegaron a pedir que "se suspendiera toda actividad de difusión de la Cadena SER" y que se "secuestraran en comercios y librerías" los ejemplares de las publicaciones que hablaran sobre su caso. Eso fue hace ahora un año, cuando está cadena de emisoras informó del creciente enriquecimiento del político y de sus entrevistas con varios ministros del PP para tratar de favorecer los negocios de su mujer.

El juzgado de primera instancia ya falló en contra de Fabra, y ahora es la Audiencia la que se manifiesta en idéntico sentido, condenando además al político popular a pagar los gastos del proceso. El auto subraya una vez más la veracidad de las informaciones emitidas por la Cadena SER, su interés general y su relevancia pública.

De Vicente Vilar, el empresario que denunció a Fabra por cobrar a cambio de influencia y favores políticos, dicen que el político pretende silenciar a la persona que ha puesto en conocimiento de la Justicia hechos que han dado lugar a un proceso penal en el que el propio presidente de la Diputación aparece ahora como imputado. Y añaden al argumento que buena parte de los hechos atribuidos a Fabra tienen "transcendencia criminal", lo que ha dado lugar a la apertura de diligencias penales a las que se ha sumado la Fiscalía anticorrupción.

La Audiencia desestima por tanto los intentos de Fabra para que se deje de informar de su caso. El mes pasado, y también la Audiencia de Castellón, sentenció que la Cadena SER no ha atentado nunca contra el honor del político porque las informaciones emitidas, y los jueces las analizan una a una, son ciertas. Cadena Ser. 28.12.04

El PP reelegirá en Castellón a Fabra pese a estar imputado 

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, será reelegido hoy presidente del PP provincial casi un año después de que se presentasen las primeras querellas contra él por varios supuestos delitos contra las Administraciones públicas. Imputado como supuesto autor de varios delitos de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias, Carlos Fabra ha optado finalmente por renovar hoy su cargo de presidente del PP provincial de Castellón sin oposición alguna. Fabra fue elegido el pasado mes de noviembre miembro de la dirección del PP valenciano que preside Francisco Camps, de quien ha sido un firme aliado en la pugna por el control de la organización regional con el sector zaplanista.

El congreso provincial del PP de Castellón, que clausurará hoy el propio Camps, coincide con la petición de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) a la juez del juzgado número 1 de Nules, que instruye el denominado caso Fabra, para que se amplíe la investigación a la supuesta falsificación de sellos, tampones y documentos que el empresario Vicente Vilar asegura haber realizado en colaboración con el propio presidente de la Diputación de Castellón, según relató Vilar al semanario Interviú.

La UCE, que se ha personado como acusación particular, pide en su escrito a la juez que se tome declaración al empresario, junto a Carlos Fabra y su esposa María Amparo Fernández y a la ex esposa de Vicente Vilar, Montserrat Vives, sobre los citados sellos que se utilizaron, supuestamente, para falsificar análisis sobre productos fitosanitarios que no reunían los requisitos exigidos por el Ministerio de Agricultura. El País. 17.12.04

Desestimada la denuncia de D. FABRIZIO contra la Cadena SER

El juzgado de primera instancia número 1 de Castellón ha desestimado la demanda interpuesta por el líder del PP en Castellón, Carlos Fabra, contra la Cadena SER y el Grupo PRISA al considerar que ninguna de las informaciones emitadas en el último año por esa cadena de emisoras atenta contra el derecho al honor y la intimidad personal del político popular. La sentencia obliga a Fabra a pagar las costas del proceso.

La jueza estima en su razonamiento jurídico que, en este caso, prevalecen dos derechos fundamentales como son la libertad de expresión y de información, "esenciales para asegurar el pluralismo pólitico que precisa el estado social y democrático de derecho".

"No se puede olvidar -añade- el interés público suscitado por las noticias en relación a Carlos Fabra, tanto a nivel local como nacional".

La SER informó, en exclusiva hace ahora un año, de las gestiones realizadas por Fabra aprovechando su posición política ante distintas administraciones, para obtener con ello beneficios para sus empresas familiares.

A esta primera información se han sumada muchas otras, publicadas también por otros medios de comunicación, que evidencian el estrecho vínculo entre los negocios privados y la actividad pública de Carlos Fabra.

Carlos Fabra está actualmente imputado por presuntos delitos contra la Administración Pública. El proceso, al que se ha sumado la fiscalía anticorrupción, está todavía abierto en el juzgado de Nules.Publicado en la edición digital de la Cadena SER. 16.12.04

Anticorrupción investiga los ingresos de Fabra como asesor antes de la sociedad Carmacas

El presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, asesoró al empresario Vicente Vilar, propietario de Naranjax, al menos dos años antes de que constituyera la asesoría Carmacas S. L., según se deduce de su declaración como imputado del pasado 3 de febrero.

Esta declaración está siendo analizada por el fiscal Anticorrupción, Carlos Saiz, con el fin de averiguar si Fabra tenía ingresos profesionales antes de fundar la mercantil Carmacas SL y si los puede justificar ante Hacienda con facturas o libros de contabilidad.

En un momento de la declaración la juez Isabel Belinchón, ahora trasladada a Teruel, preguntó al presidente popular si la labor de asesoramiento a Vicente Vilar la desarrolló desde el principio de la relación de amistad que ambos mantuvieron durante años. El líder del PP fue rotundo: «Desde el principio». Fabra aclaró que tuvo su primera reunión con el empresario de Artana «en vísperas de la Magdalena del 98 o 99», de lo cual se deduce que el presidente de la diputación castellonense mantuvo relaciones comerciales con Vilar antes de fundar la asesoría Carmacas SL, constituida legalmente el 28 de abril de 2000 con el objetivo de elaborar informes jurídico-técnicos para empresas privadas, entre ellas la sociedad que dirige Vilar. El fiscal Saiz quiere saber qué pasó en esos dos años, cuántos trabajos realizó Fabra y cómo justificó sus honorarios.

El líder del PP dio más detalles a la juez al asegurar que asesoró a Vilar en la construcción de un polígono industrial en Artana y llega a afirmar que realizó «gestiones y trabajos sobre una fábrica de detergentes, ladrillos (...) Quería [se refiere a Vilar] hacer un polígono industrial en Artana y me hizo hablar con dos o tres empresas constructoras, a ver el coste por metro cuadrado, un estudio y cuánto costaría traer el gas hasta allí, porque no había gas». En otro párrafo Fabra hace un esfuerzo de memoria y recuerda que Vilar le sugirió: «Yo quiero que tú me asesores, te lo pagaré».

Entonces la juez le pregunta si todos estos negocios los realizó a través de la empresa Carmacas SL y el líder del Partido Popular responde: «Sí, sí a través de Carmacas». Unos folios después, sin embargo, Fabra tiene que matizar ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules: «Para el grupo de empresas [de Naranjax] no hice nada antes de constituirse Carmacas pero para el señor Vilar sí, como lo del polígono industrial». Por contra, el industrial químico castellonense mantiene que nunca recibió ningún informe de asesoramiento sobre la construcción del futuro polígono de Artana, sino que era el propio Carlos Fabra el que estaba interesado en que el proyecto saliera adelante, con el apoyo de otros empresarios de la provincia.

Negativa de Vilar

Vilar declaró en su momento que estos «asesoramientos» de Fabra nunca fueron respaldados por estudios o informes jurídico-laborales sino que simplemente ingresaba a cuenta del líder del PP «comisiones millonarias» en agradecimiento a sus contactos en organismos públicos como el Ministerio de Agricultura, donde el presidente provincial del PP influyó, según Vilar, para que salieran al mercado determinados productos insecticidas fabricados por Naranjax.

En su comparecencia como imputado, Fabra llega a admitir que antes de constituir Carmacas SL hizo gestiones para Vilar aunque no le facturó hasta que fundó la asesoría. Para esclarecer una declaración que estaba resultando cuanto menos confusa, la juez le invita a explicar si esas «gestiones» al margen de la actividad de Carmacas las cobraba y el líder del PP no titubea: «Las cobraba, claro».

Belinchón le formula entonces una pregunta no exenta de picardía: «¿Pero esas gestiones eran comentarios de café?». Y Fabra descubre una nueva carta al responder: «De café nada. Preparar una visita a Bolonia para visitar una empresa como System no es un comentario de café sino que hay mucho trabajo. Me reúno con los técnicos italianos entre ocho y diez horas y él [Vilar] habló con ellos y le asesoré de la no conveniencia de montar una fábrica azulejera».

Carlos Fabra, su esposa, Vicente Vilar y su ex mujer figuran como imputados en uno o varios delitos contra la Administración Pública en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules ( 05.12.04 )

La Fiscalía Anticorrupción anuncia diligencias "letales" en el proceso contra Carlos Fabra

Un nuevo fiscal se hace cargo

"Estas diligencias son muy extensas y muy letales". De esta manera se refirió ayer el fiscal anticorrupción Carlos Saiz al procedimiento por el que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra, ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública. Fabra fue denunciado por el empresario Vicente Vilar, quien le acusó de haberle cobrado cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

El fiscal, que asumió el caso tras la autorización otorgada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no quiso adelantar qué diligencias propondrá practicar a la titular del Juzgado número 1 de Nules, que inició, de oficio, el proceso. "Unas diligencias dan lugar a la práctica de otras y, por tanto, todavía no se pueden sacar conclusiones", sostuvo. En cualquier caso, sí anunció que "todavía" no se va a llamar a declarar a miembros del antiguo Gobierno del PP. En el sumario aparecen citados el ex ministro de Agricultura Jesús Posada, la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos, y el ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa, así como varios diputados del PP que, según la denuncia, participaron en el supuesto intento por agilizar la autorización de fabricación de productos fitosanitarios.

Además, el denunciante, Vicente Vilar, anunció que tiene previsto solicitar la declaración como testigo del empresario Fernando Roig, ya que una empresa de la que es apoderado facturó a Carmacas, la firma de Carlos Fabra, 153.378,28 euros entre los años 2000 a 2002, según se desprende de los balances presentados por el propio Fabra ante el juzgado.

El fiscal anticorrupción participó ayer en la toma de declaraciones a tres testigos. Uno de ellos fue asesor laboral de Naranjax -de la que es titular Vilar-, que aseguró desconocer los informes que Fabra entregó al juzgado para justificar facturas de cobro de al menos 140.000 euros. Tal como dijo ayer Francisco Borrás ante la juez de Nules, Naranjax tiene su propio asesor laboral, que es él, y además está adscrita a la Unión de Mutuas por lo que, según señaló, los informes que supuestamente redactó la empresa de Fabra no eran necesarios.( Noviembre 2004 )

El asesor laboral de Naranjax tampoco vio los informes por los que Fabra dice que cobraba

El asesor laboral de Naranjax, Francisco Borrás, declaró ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules que nunca vio ningún informe técnico ni de asesoramiento laboral elaborado por el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, imputado por uno o varios delitos contra la Administración Pública junto a su mujer María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar, propietario de Naranjax, y la ex esposa de éste, Montserrat Vives.

Borrás, que declaró como testigo en la mañana de ayer, mantuvo la misma versión que su compañera Sonia Badía, ex contable de Naranjax, quien en su comparecencia ante la juez del pasado 7 de mayo reconoció que en ningún momento pasó por sus manos informe alguno confeccionado por Carlos Fabra.

Además, Borrás alegó que en el caso de que Carmacas hubiera diseñado informes técnicos para Naranjax, el precio de tales estudios no hubiera alcanzado nunca más de 500 euros, y en ningún caso los casi 7.000 que se deducen de los extractos emitidos por la Caja Rural de Artana, en los que se prueba que Naranjax realizó cuatro ingresos millonarios a nombre de Carmacas entre febrero y julio del año 2001, tal y como avanzó Levante de Castelló en su edición de ayer viernes.

Los extractos bancarios demuestran que la asesoría de Carlos Fabra recibió 12.020 euros (dos millones de pesetas) y otros tres por 6.971,74 euros -30 de abril, 31 de mayo y 2 de julio de 2001-. La cantidad total que recibió Carmacas asciende a 32.933 e.( Noviembre 2004 )

Una amiga de los Fabra reconoce que pidió a un joyero que abriera en festivo

Josefa Rovira, amiga de la familia Fabra y de los Vilar, reconoció ayer ante la juez Lorite que pidió a la joyería Guinot que abriera el establecimiento comercial en día festivo para que el industrial de Artana y su ex esposa, Montserrat Vives, pudieran comprar regalos de lujo, aunque se desmarcó al asegurar que su discreción le impedía saber quiénes eran los destinatarios de los obsequios. Según Vilar, uno de los regalos que compró ese día fue un reloj de lujo para el ex subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral, en agradecimiento a sus supuestas mediaciones ministeriales, siempre según las acusaciones del empresario de Artana. Además, Rovira aclaró que una vez que la joyería abrió sus puertas se marchó de la calle Luis Zorrilla sin preocuparse de más.

Esta versión contrasta con la efectuada por el representante legal de Guinot, quien en su declaración como testigo aseguró que Josefa Rovira no estuvo ese día en la tienda, tal y como asegura el empresario Vicente Vilar. Ante esta contradicción, los abogados de Vilar tienen previsto solicitar un careo entre ambos testigos a fin de determinar si alguno de ellos ha cometido falso testimonio. El empresario Vilar mantiene que Rovira estaba enterada de que los regalos eran para Fabra, Sánchez Peral y sus mujeres.

Al ser interrogada por la juez sobre los supuestos viajes que Rovira y su pareja, el empresario Armando Alegre, realizaron a Madrid en compañía de Vicente Vilar y su ex mujer, la testigo respondió con negativas. En estos supuestos viajes, las dos parejas mantenían contactos en Madrid con funcionarios de la Administración y con empresarios distribuidores del sector fitosanitario para tratar del problema de las licencias sanitarias y agrícolas de los insecticidas.

Por otra parte, los abogados de Vilar tienen previsto proponer que declare en los próximos días el industrial Fernando Roig y otros empresarios de Castelló. Los letrados de Vilar creen necesario que la juez conozca de primera mano si Fabra recibió otros pagos millonarios de sociedades de la provincia a cambio de los supuestos informes técnicos laborales y jurídicos. ( Noviembre 2004 )

Un testigo contradice a Fabra al asegurar que sí negoció la venta de Naranjax

El empresario Ginés Márquez, uno de los testigos del caso Fabra, declaró que el presidente de la Diputación Provincial participó en una cena en la que se trató sobre la venta de la firma Naranjax a un grupo portugués, una operación que iba a generar casi 14,5 millones de euros de beneficios. Esta declaración pone en evidencia la que realizó Fabra el pasado mes de febrero, cuando dijo textualmente ante la juez:«No he participado en nada de Naranjax».

En su declaración como imputado del pasado mes de febrero, el presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, negó haber participado en una cena en la sede de la empresa Naranjax S. L., a la que supuestamente asistieron el industrial Vicente Vilar, su ex mujer Montserrat Vives, el diputado autonómico del PP Ricardo Costa y representantes de la empresa portuguesa Sapec.

 El empresario Ginés Márquez, de Bellreguard (Valencia), que compareció en calidad de testigo del caso, dio una versión completamente distinta al asegurar que Fabra sí asistió a aquella cena con los empresarios portugueses en la que se trataba de cerrar la venta de la licencia comercial del producto Piclor y de la práctica totalidad del grupo Naranjax, una gestión que podía generar 14,5 millones de euros.

Márquez, en aquella época director comercial de Sapec, mantiene que la cena estaba prevista en un principio sólo con representantes de Naranjax y que no esperaban que nadie más acudiera a la cita. En un momento de la velada, Fabra entró en la sede de Naranjax, según Márquez, lo que provocó la sorpresa del director gerente del grupo Sapec, el portugués Joao Estrela. «Mi jefe se quedó extrañado de que un político de esa altura estuviera presente en un asunto como el del registro del "Piclor". No entendíamos por qué estaba allí», explicó   a la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules.

Carlos Fabra, su mujer María Amparo Fernández, Vicente Vilar y su ex esposa, Montserrat Vives, figuran como imputados por delitos contra la Administración Pública. En su declaración de febrero Fabra fue tajante: «No conozco ninguna empresa portuguesa». La juez Isabel Belinchón, que en aquel momento llevaba el caso, insistió:«Yo le digo lo que ha dicho el señor Vilar y usted me dice si tiene conocimiento al respecto. Era una empresa portuguesa que quería comprar Naranjax». El líder del PP volvió a responder: «No tengo ni idea. No he participado absolutamente en nada de Naranjax. De sus temas me ha contado lo justito». La juez volvió a la carga: «Entonces ¿No es cierto que hubo una reunión a la que vinieron representantes de la empresa Sapec que querían comprar Naranjax y usted le dijo a Vilar: "Vicente, déjame hablar a mí que de estos temas yo sé más"...Y que pidieron 2.400 millones de pesetas». Fabra fue explícito: «Es absolutamente falso». «¿De eso no sabe absolutamente nada?», inquiere la magistrada. «No, no es que no sepa nada, es que es absolutamente falso», termina Fabra.Según fuentes judiciales, Márquez reconoció   que Vilar le pidió un anticipo de 25 millones de pesetas para «compras de un producto fitosanitario», aunque el industrial de Artana devolvió posteriormente esa cantidad mediante cheque.

Además, Ginés Márquez aportó datos a la juez sobre supuestas comidas que Fabra mantuvo con grupos empresariales de Castelló y de fuera de la provincia para tratar sobre el problema del tratamiento de los residuos tóxicos y aseguró que él acudió a una de esas comidas en el Restaurante Rafael del Grao, aunque negó que asistiera a otra en el Mare Nostrum.

Por su parte, el abogado del empresario Vilar, Juan Navarro, aseguró tras salir del Juzgado de Instrucción de Nules que en las pruebas testificales celebradas   «ha habido alguna declaración muy sorprendente que pone en entredicho algunas manifestaciones del presidente de la Diputación, Carlos Fabra».

En estos términos se expresó el letrado de Vicente Vilar tras declarar como testigos Ginés Márquez; el diputado autonómico del Partido Popular, Ricardo Costa; Pascual Silvestre, jefe de la Caja Rural de Artana; y el chófer de Carlos Fabra, José Salvador del Campo.

Por su parte, Francisco Borrás, asesor laboral de Naranjax, y Pepa Rovira, amiga de la familia Fabra, no acudieron  a declarar al juzgado de Nules a pesar de que estaban citados como testigos ( Noviembre 2004 )

El chófer de Fabra niega que su mujer tenga abiertas ocho cuentas corrientes

José Salvador del Campo, chófer de Fabra, respondió en calidad de testigo a las preguntas del fiscal anticorrupción y de la acusación particular. Del Campo tuvo que dar explicaciones sobre el origen de ocho cuentas corrientes que supuestamente había abierto a nombre de su mujer. Del Campo se defendió al asegurar que desconocía la existencia de tales cuentas.

Sobre los supuestos cobros que según Vicente Vilar realizaba en nombre del presidente de la Diputación Provincial de Castelló, el chófer respondió que él «no cobraba nada», aunque acto seguido el fiscal le mostró dos cheques por valor de 12.000 y 8.000 euros girados en el BBV y en la CAM para que explicara por qué aparecían sus datos personales. Del Campo negó haber participado en la emisión de ambos documentos y dijo que no recordaba haber ido a cobrar el dinero.

Además, el conductor del presidente popular tuvo que dar explicaciones a los abogados de Vilar y de la Unión de Consumidores de España -personada como acusación privada-, sobre la venta de yacimientos de arcilla y de unas explotaciones mineras, propiedad de su hija, a María Amparo Fernández, la mujer de Carlos Fabra. Los letrados le pidieron detalles de la operación, en la que supuestamente la esposa del líder provincial del PP adquirió y pagó en efectivo entre el 30 y el 40 por ciento de las acciones, en una transmisión que se cerró en varios plazos.

Por su parte, el diputado autonómico Ricardo Costa negó en un primer momento haber participado en la cena en Naranjax en la que se habló de la venta a Sapec, aunque más tarde dejó abierta esa posibilidad. Finalmente, Pascual Silvestre, director de la Caja Rural de Artana, aportó los extractos bancarios y será llamado a declarar de nuevo.( Noviembre 2004 )

El fiscal anticorrupción pedirá que declare «más gente» en el juzgado

El fiscal anticorrupción, Carlos Sáiz, participó  por primera vez en el proceso judicial que se sigue en Nules. Tras la comparecencia de los testigos, ninguna de los personas que declararon quisieron hacer declaraciones y Sáiz tan sólo se limitó a señalar que «la instrucción no ha terminado y se llamará a más gente a declarar». El fiscal explicó además que no puede realizar manifestaciones al respecto, porque «eso corresponde al fiscal jefe anticorrupción».

Se da la circunstancia de que Sáiz ha solicitado en los últimos días más pruebas, algunas de las cuales son ampliación de las que ya solicitó al juzgado en su día la Unión de Consumidores de España (UCE), que se personó como acusación privada. Entre las pruebas que pidió UCE figuran una tasación pericial de todas las fincas que sean titularidad de Carlos Fabra, su esposa y sus hijos Borja Fabra, Carlos, Claudia y Andrea.

Los abogados de UCE creen conveniente, y así lo hicieron constar en el escrito de petición de nuevas pruebas, que declare Jesús Saro Boardman, presidente del consejo de administración de la firma mexicana que supuestamente mantuvo trato comercial con el presidente de la Diputación Provincial, según relató Vicente Vilar en su declaración como imputado.

La juez, por su parte, examinará ahora todas las facturas que aporte la Caja Rural de Artana, una entidad a través de la cual se hicieron pagos entre Naranjax y Carmacas, la empresa de Carlos Fabra. ( Noviembre 2004 )

EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN INTERROGA A SEIS TESTIGOS

Media docena de testigos declararán en Nules en relación con el caso Fabra, que afecta al presidente de la Diputación de Castellón. En la toma de declaración intervendrá por primera vez el fiscal anticorrupción, adscrito al caso surgido tras las denuncias del empresario Vicente Vilar contra Carlos Fabra por supuestos cobros a cambio de favores políticos para facilitarle la tramitación de permisos de productos fitosanitarios. Carlos Saiz Díaz, el fiscal nombrado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, para el llamado caso Fabra, participará, por primera vez, en la toma de declaración a seis testigos que han sido llamados por la titular del juzgado número 1 de Nules, en la causa por la que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública. El procedimiento, abierto de oficio, se inició tras las denuncias interpuestas por el empresario Vicente Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias por un supuesto trato de favor ante la administración central con el fin de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios.

Pese a que, en un principio, la acusación pública fue asumida por el fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, éste fue apartado del caso después de que, el pasado mes junio, la fiscalía general del Estado autorizara a Anticorrupción a asumir dicha competencia. Tres meses antes, en marzo, el PSOE pidió al entonces fiscal general, Jesús Cardenal, que Anticorrupción investigara "una presunta red de tráfico de influencias" en Castellón. Cardenal rechazó la posibilidad, que fue retomada por su predecesor, Conde-Pumpido.

Saiz es un especialista en delitos económicos y es el fiscal designado por anticorrupción para llevar la acusación pública de la instrucción, después de que esta sección de la fiscalía general del Estado decidiera asumir el caso. Interrogará al portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, cuya asesoría participó en la venta de un registro fitosanitario de la empresa de Vilar. Según el empresario, fue Fabra quien designó la mediación de Costa en la tramitación de la venta. Además, el empresario asegura que el despacho del diputado popular también participó en las gestiones para la compra de la sociedad Artemis 2000, que comparten la esposa de Fabra, María Amparo Fernández y la ex mujer de Vilar, Monserrat Vives, ambas imputadas también en el proceso.

Entre los seis testigos llamados se encuentra también el chófer de Fabra, José Salvador Del Campo. Éste fundó en 1995 una empresa minera cuyas acciones, parcialmente, revendió a la esposa de Fabra. En Explotación Minera Vanesa, que es como se llama la sociedad, es socio de otras firmas que lideran destacados empresarios azulejeros castellonenses. Además, Vilar le señaló como el "correo" de Fabra en la entrega de algunas cantidades de dinero.

Acudirán al juzgado por segunda vez el asesor fiscal de Naranjax, la empresa de Vicente Vilar, José Gas, y el empresario fitosanitario Ginés Márquez. El primero, en su anterior declaración, explicó cómo Naranjax justificaba contablemente los pagos que supuestamente realizaba a Fabra y dijo ser conocedor del pago que Vilar realizó a Carlos Fabra en "un maletín" con, según dijo, más de 330.000 euros.

El segundo reconoció la participación del presidente de la Diputación en una reunión con productores de fitosanitarios cuando en Madrid se debatía una ley que afectaba directamente a los pequeños empresarios fitosanitarias a los que Fabra defendía . El director de la Caja Rural de Artana, municipio en el que se ubica la empresa de Vilar y Josefa Rovira, amiga de las familias de Vilar y Fabra, cerrarán esta tanda de testificales con la que se reanuda el caso Fabra. ( Noviembre 2004 )

LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN SE DA POR ALUDIDA Y  SE DA ALGO MÁS QUE UNA VUELTA POR ESTE ASUNTILLO 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha aceptado todas las propuestas que le ha dirigido el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, para hacerse cargo de diversas diligencias sobre delitos económicos relacionados con la corrupción que están dispersas por distintas jurisdicciones o que lleva la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Entre las propuestas de Anticorrupción a las que el fiscal general ha dado luz verde se encuentra el caso Fabra, sobre una presunta red de tráfico de influencias, cuya investigación ha sido asumida por la fiscalía especial, tras autorizarlo el fiscal del Estado. 

La fiscalía anticorrupción ha apartado al fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, del llamado caso Fabra, que afecta al presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, y designar representante del ministerio público a uno de sus fiscales. A partir de ahora ejercerá dichas funciones Carlos Saiz Díaz 

Este caso se abrió después de que un empresario, Vicente Vilar, denunciara y acusara al dirigente popular de cobrar cantidades millonarias por supuestos favores políticos. Las dos querellas que presentó el industrial no fueron admitidas, pero los Jugados números 1 y 3 de Nules abrieron sendos procedimientos de oficio, en un caso por sospecha de la comisión de delitos contra la Administración pública, y en otro, para investigar un supuesto delito contra la salud pública por la comercialización de fitosanitarios no autorizados por el Ministerio de Agricultura. Las investigaciones se extienden a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández Blanes; al empresario que presentó la denuncia y a la ex esposa de éste, Montserrat Vives. 

Apoyo de Camps. El presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, es uno de los interlocutores designados por el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, para negociar con los hombres de confianza del portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, una salida a la crisis que atraviesa el PP para la elección del nuevo presidente regional del partido. 

El presidente del Consell ha expresado su solidaridad con Fabra, a quien ha expresado su afecto en todo momento pese a las advertencias de que una sentencia condenatoria contra el dirigente del PP de Castellón podría lastrarle políticamente. El entorno de Camps justifica que Fabra sea negociador porque es presidente del PP de Castellón.( Junio 2004)

La juez admite a la Unión de Consumidores como acusación popular en el 'caso Fabra'

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, Fernanda Lorite, ha admitido la personación de la Unión de Consumidores (UCE) de la Comunidad Valenciana como acción popular en la investigación al presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública. La juez ha exigido a la UCE una fianza de 600 euros. La organización imputa a varios altos cargos, señala en su querella seis supuestos delitos y quiere que se llame a declarar a dos ex ministros, un ministro en funciones y dos diputados. La juez señala a la UCE que, en el caso de que quiera personarse en el otro procedimiento, por un presunto delito contra la salud pública, deberá formular de nuevo la solicitud de forma separada y específica ya que, de momento, no acumulará las causas en un solo procedimiento. La UCE no ha logrado su personación en el llamado caso Fabra como acusación particular sino como acción popular, con lo que queda la puerta abierta para que otros colectivos y asociaciones se sumen a la causa de "luchar por los derechos de los consumidores y usuarios, también en el ámbito de la Administración". Con la admisión de la querella presentada por la Unión de Consumidores, la acusación ya no recaerá únicamente en el fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, que había asumido el caso y que fue criticado, incluso por sus propios compañeros, por mantener una actitud benévola en sus interrogatorios a Carlos Fabra, a su esposa, Amparo Fernández, y a Monserrat Vives, ex esposa del empresario Vicente Vilar, que originó el caso y que también está imputado.

Vilar presentó dos querellas contra Fabra que fueron desestimadas. Sin embargo, la juez abrió dos procedimientos de oficio al entender que, del relato de las mismas y de los documentos aportados, se sostenía la sospecha de la posible comisión de un delito contra la salud pública y uno o varios contra la administración pública. Vilar apuntó a Carlos Fabra como único cargo institucional responsable de la comisión de los presuntos delitos, consistentes en cobrar por gestiones políticas para favorecer la autorización de productos fitosanitarios. Sin embargo, la querella de la UCE señala como acusados a otros cargos, todos ellos no aforados, entre los que se encuentran los entonces director general de Agricultura, Rafael Milán, la directora general de Sanidad, Dolores Flores, y el subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral. Además, la UCE quiere que se llame a declarar, de momento en calidad de testigos, al ex ministro de Agricultura, Jesús Posada, a la ex ministra de Sanidad, Celia Villalobos, al ministro en funciones de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, y a los diputados del PP Juan José Ortiz y Miguel Prim.

La querella presentada por la UCE señala la comisión de hasta seis presuntos delitos.

• Tráfico de influencias. La Unión de Consumidores considera que Carlos Fabra, desde su posición de privilegio como autoridad institucional, utilizó su cargo para reunirse con ministros con el fin de acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios tanto para Artemis 2000, la empresa que comparten su esposa y la ex esposa de Vilar, como para Naranjax, firma que mantiene el empresario.

• Cohecho. La querella recoge la acusación de Vicente Vilar, quien asegura que Carlos Fabra le cobró por las gestiones políticas realizadas. Los trabajos que presentó Fabra para justificar las facturas emitidas al empresario, por valor de 140.000 euros, transcriben parte de la guía de una mutua, intercalados con partes de la ponencia, accesible en Internet, de la directora de una auditora.

• Prevaricación. El documento indica que pese a que Fabra no disponía de competencias para dictar resoluciones injustas, sí instó a otros a que lo hicieran. En este caso, el supuesto delito recaería en aquellos funcionarios que las hubieran dictado.

• Malversación de fondos públicos. La UCE entiende que Fabra utilizó la sede y algunos medios de la Diputación de Castellón en beneficio propio. Y señala las visitas que algunos empresarios del sector fitosanitario hicieron al presidente de la Corporación y el uso de medios técnicos.

• Abusos de los funcionarios en el ejercicio de su función. El presidente de la Diputación de Castellón habría abusado de su cargo para tener acceso a informaciones que, de otra manera, no hubiera obtenido. Además ese abuso se habría ejercido también para obtener beneficios propios.

• Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. La denuncia sostiene que el líder del PP en Castellón no sólo ejerció su cargo como presidente de la Diputación sin haber declarado todas sus actividades sino que además pudo cometer un delito por su condición de "socio encubierto" en Naranjax, la empresa que fabrica los productos para los que se lograron las autorizaciones ( Abril 2004 )

Los socialistas mantienen su compromiso de que actúe la Fiscalía Anticorrupción

El diputado del PSOE por Castellón y futuro ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, mantuvo   su compromiso de que el próximo Fiscal General de Estado encargue a la Fiscalía Anticorrupción que investigue al presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra. "Hay datos de sobra", señaló Sevilla en unas declaraciones realizadas   en la capital de La Plana, después de calificar de "razonable" que la juez de Nules encargada del caso haya admitido la querella de la Unión de Consumidores (UCE) de la Comunidad Valenciana en el procedimiento en el que se investiga a Fabra por presuntos delitos contra la Administración pública.

Antes de las elecciones, Jordi Sevilla lideró el envío de un escrito al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que solicitaba la intervención de los fiscales anticorrupción al considerar que "se está juzgando a un cacique y sería bueno que se hiciera fuera del lugar donde ejerce su caciquismo". Para el socialista, la personación de la UCE en el papel de acusación popular "introducirá más transparencia en el proceso", ya que "es bueno que en los procedimientos judiciales se manifieste el interés público no sólo a través de la figura del ministerio fiscal".

Por su parte, el grupo de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados anunció   que pedirá a los ministerios de Agricultura y de Sanidad la documentación relativa al proceso de legalización de los insecticidas comercializados por empresas relacionadas con Carlos Fabra. La solicitud será una de las primeras iniciativas parlamentarias que el grupo Esquerra Unida (EU-IU) pretende llevar a cabo en el Congreso de los Diputados, a través de la secretaria de la Mesa del Congreso y diputada por EU, Isaura Navarro, con el objetivo de determinar si se ha producido "tráfico de influencias" en la actuación de los citados ministerios.

La diputada Isaura Navarro explicó   que IU pretende conocer "no sólo la implicación del presidente de la Diputación de Castellón en este caso, sino también la de altos cargos del PP en el anterior Gobierno". Además, el portavoz de EU en las Cortes Valencianas, Joan Ribó, consideró   que articular esta iniciativa a través de las Cortes Generales es más eficaz ya que, según dijo, "hay aspectos de la corrupción que el PP ha desarrollado en este país que se podrán controlar y analizar mejor desde las instituciones estatales". Así, manifestó que intentar analizar en las Cortes Valencianas casos como el que afecta a Fabra "es difícil" porque el PP, con la mayoría absoluta de que dispone en la Cámara autonómica, "bloquea" todas las iniciativas que proponen los grupos parlamentarios de la oposición ( Abril 2004 )

FABRA FUE ACCIONISTA DE UNA MINA EN LA QUE SON SOCIOS SU ESPOSA Y SU CHÓFER JUNTO A CONOCIDOS EMPRESARIOS  

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, declaró en 1995 el 30% de una explotación minera, Vanessa, SL, de la que su chófer es consejero y su esposa accionista, junto a conocidos empresarios de la provincia. La declaración de bienes que presentó cuando accedió al cargo en 1995 incluye un 30% del capital de la mercantil que el documento denomina Vanessa, SL. Esta participación no fue recogida, sin embargo, en la declaración de actividades de ese año que él mismo hizo pública hace unos meses cuando estalló la polémica tras las denuncias del empresario Vicente Vilar, quien le acusó de cobrar por gestiones políticas para tratar de acelerar la autorización de productos fitosanitarios.Pese a la participación de Fabra en la empresa, el registro mercantil no desvela su presencia en los órganos de administración, en los que, en cambio, sí figura su chófer, José del Campo, junto a destacados empresarios de la provincia de Castellón y empresas vinculadas a propietarios de firmas cerámicas. Explotación Minera Vanessa, SL, se creó el 9 de junio de 1995. El 26 de junio de ese año, Fabra dejó constancia de su participación en la declaración de bienes preceptiva al acceder al cargo de diputado. Dos meses después, en agosto, fue nombrado presidente de la sociedad Antonio Bonet, que   preside el Club Deportivo Castellón, y el chófer de Fabra, José del Campo, fue designado consejero. Tras las elecciones de junio de 1999, cuando Fabra fue reelegido diputado, presentó otra declaración en la que ya no aparece su participación en la mercantil, mientras que un mes después Explotación Minera Vanessa registró un cambio con la entrada de Jaime Ramos Marco. Éste explicó el pasado mes de enero a EL PAÍS: "[El chófer de Fabra] adquirió unos terrenos con yacimientos arcillosos. Negoció con nosotros, la empresa Tierra Atomizada, y creó Explotación Minera Vanessa". El chófer aportó a la sociedad, creada con un capital de 72.000 euros, terrenos por valor de unos 29.000, según Ramos, quien explicó cómo "el señor Del Campo vendió una participación accionarial hará unos dos años a la esposa del señor Fabra", Amparo Fernández. Ésta posee el 30% de la sociedad y el chófer se quedó con un 10%. ( Marzo 2004 )

FABRA DENUNCIA A ZAPATERO POR EL "NO ROBARÁS 

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, anunció , durante un mitin en Burriana, que presentó una demanda contra el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Fabra explicó que la denuncia se debe a la referencia que hizo el socialista a sus cuatro principios, entre los que se encontraba el "no robarás". "Por si acaso, yo hubiera hecho dimitir al presidente de la Diputación de Castellón", dijo Zapatero, alusión por la que Fabra cree lesionado su derecho al honor. El presidente del PP de Castellón hizo otra referencia a los socialistas de quienes dijo que son "especialistas en mentir y mienten más que hablan". Fabra también dijo que ha puesto una denuncia contra EL PAÍS, pero no especificó por qué.( Marzo 2004)

RAJOY : es un asunto privado

Rajoy se ha referido también al caso de Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón, del PP, investigado por el juez de Nules por delitos contra la Administración. En su opinión, el caso se reduce a “un problema privado entre Fabra y una determinada persona”. Por el momento, decía, nadie ha demostrado que haya hecho algo mal. Preguntado por si un imputado debería dimitir, Rajoy decía que “depende del caso”.( Cadena SER.10.03.04)

Fabra multiplicó su patrimonio por 7 desde que preside la Diputación de Castellón

El presidente de la Diputación y del PP en Castellón, Carlos Fabra, ha multiplicado por siete el valor de su patrimonio desde que accedió a su cargo en 1995. Además, Fabra ha multiplicado por 11 el número de sus acciones en bolsa: de 696 a 7.910.

Carlos Fabra negó en una declaración ante notario a principios del pasado mes de enero que su patrimonio se hubiera incrementado en sus casi ocho años al frente de la Diputación. Sin embargo, sus declaraciones de bienes confirman lo contrario.

En su declaración de 26 de junio de 1995 reconoce la posesión de la mitad de su vivienda en la calle Gasset de Castellón y cuatro parcelas en la urbanización La Coma, con un valor total de 327.475 euros, y de una casa en Forcall con un valor estimado de 24.000. Posteriormente, el 9 de julio de 1999, declara, además, la adquisición de una villa de dos plantas situada en Culla, y la compra de una parcela en la urbanización La Coma.

En esta declaración omite la compra de su lujosa villa de Playetes de Bellver, en Oropesa, junto a la casa en la que Aznar pasaba las vacaciones, con una hipoteca de 608.107 euros. El valor de su patrimonio con las nuevas propiedades alcanza en 1999 los 935.000 euros.

El despegue patrimonial de Fabra se constata en la declaración de bienes de 2003. Reconoce, el pasado 19 de junio, la adquisición de un nuevo piso en Castellón con una hipoteca de 186.300 euros, y la mitad del lujoso piso de la madrileña plaza de las Salesas, con una hipoteca de 691.000 euros.

También en esta declaración omite la compra de otra vivienda en Pozuelo, por la que suscribe una hipoteca de 601.190 euros, y de dos coches de lujo mediante leasing, un Jaguar y un Mercedes, por valor de 120.000 euros. Estas tres últimas propiedades a nombre de su sociedad CARMACAS. En total, el patrimonio de Fabra en bienes inmuebles alcanza ya en 2003 los 2.500.000 euros, multiplicando por 7 el valor del que tenía en 1995.

La carrera también es espectacular en el capítulo de acciones. Carlos Fabra Carreras declaró en 1995 la propiedad de 696 títulos bursátiles. En 2003, declaró la posesión de 7.910, multiplicando por más de once su número en ocho años. Sus 469 acciones declaradas en 1995 del Banco de Valencia, se transforman en 2.388 en 2003.

En 1995 también declara la posesión de 25 acciones en Inversiones Valencia, y en 2003 tiene ya 2.842 títulos de esta sociedad. Además, el año pasado declara un paquete accionarial que no tenía hace ocho años: la posesión de 1.366 acciones del BBVA, 21 nuevas acciones del BSCH, 114 acciones de Repsol, 52 de Endesa, 122 de Altadis, 377 de telefónica móviles, 555 de Inditex, y 66 de Deustche Telecom ( Marzo 2004 )

Fabra gastó 165.000 euros en comidas y 26.000 en entradas de toros en 2003  

Las partidas de gastos atribuibles al protocolo y a la representación institucional en la Diputación de Castellón se incrementan año a año. Carlos Fabra, presidente de la Corporación provincial, gastó 165.000 euros en comidas, cócteles, cenas y vinos de honor durante 2003 (66.000 de ellos se cargaron a protocolo y el resto a otras partidas). Entre sus gastos de representación, Fabra destinó 26.000 euros a entradas para varias corridas de toros y 300.000 a publicidad institucional, más allá de los presupuestado para filmar actos protocolarios y regalar artículos de promoción.

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, presupuesta, con el paso del tiempo, cantidades más elevadas para protocolo y representación, así como para publicidad y propaganda, filmación de actos institucionales y artículos de promoción. Durante 2003, los gastos de protocolo ascendieron a 154.000 euros aunque, en total, Fabra gastó más de 165.000 euros en comidas, cenas, cócteles y vinos de honor (66.000 se cargaron a protocolo y 99.000, de la fiesta de los funcionarios y el día de la provincia, se presupuestaron en otras partidas). El presidente de la Corporación compró entradas de toros, para la feria de la Magdalena y para la corrida de la Beneficencia que organiza la propia Diputación, por valor de cerca de 26.000 euros.

La publicidad y la propaganda institucional alcanzaron unos gastos de más de 300.000 euros, al margen de los 98.000 euros presupuestados para la filmación de actos institucionales y los 30.000 euros de artículos de promoción. Estas partidas corresponden sólo a la institución provincial ya que otros organismos dependientes de ella, como el patronato de Turismo, disponen de presupuesto propio, que se une al diseñado por Carlos Fabra. Así, en la promoción del sector turístico, el equipo de gobierno de la Diputación calculó para el año pasado más de 90.000 euros en material promocional de regalo, y otros 200.000 para publicidad.

La semana de las fiestas de la Magdalena es una de las etapas que concentra un mayor desembolso del dinero de las arcas públicas provinciales. Las comidas y cenas y el pago de la estancia en hoteles de los invitados por el presidente de la Diputación, entre otros, eleva el gasto a más de 102.000 euros, a los que se unen los 12.000 dedicados a la compra de entradas de toros. Sin embargo, la generosidad de Fabra no se acaba en las comidas y las invitaciones a los festejos taurinos, sino que la liquidación del presupuesto de la institución provincial revela cómo las arcas públicas han costeado 1.500 euros del servicio de catering ofrecido en la plaza de toros. Todo pese a que durante las pasadas fiestas de la Magdalena se restringieron las apariciones de los cargos del PP, inmersos en plena guerra en Irak.

Fuentes del grupo socialista en la Diputación se refirieron no sólo a estas partidas sino al hecho de que, por ejemplo, en personal eventual, las arcas provinciales desembolsan más de 700.000 euros al año, mientras que las inversiones descendieron en 2003.

Por otra parte, la Unión de Consumidores de Castellón explicó que no fue informada de la decisión de la UCE de la Comunidad Valenciana de personarse como acusación particular en la querella contra Fabra ( Marzo 2004)

 

Las licencias obtenidas por la empresa de la mujer de Fabra superan los mil millones de pesetas

El valor de las once licencias de Artemis 2000, la empresa de la esposa de Carlos Fabra, María Amparo Fernández, la esposa de Fabra que carece de experiencia en el sector según ha reconocido ella mismo ante la juez de Nules, y de la ex mujer del empresario denunciante Vicente Vilar, sobrepasaría los mil millones de pesetas, según varios expertos.Los mismo expertos consultados añaden que varios productos de Artemis y Naranjax han arrasado el mercado más importante de España en el sector: el litoral mediterráneo. Además, estos productos, como Abac, Zeus, Zambu, Procit, Dilan o Cirox entre otros, han acaparado una gran cuota de mercado al venderse a un precio muy inferior al de sus competidores directos. Vilar ha asegurado ante la juez de Nules que Carlos Fabra y él acordaron poner Artemis a nombre de sus esposas pero que en realidad era de ellos y que esta empresa y Naranjax obtenían sus licencias de productos fitosanitarios gracias a la mediación de Fabra ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad, a cambio de sumas millonarias que se pagaban en negro o a través de Artemis 2000 y Naranjax. Carlos Fabra ha reconocido en su declaración ante la juez que visitó ambos ministerios acompañado de Vilar y otros diputados del PP. Después de esas reuniones, durante los años 2002 y 2003, Artemis, según consta en la página web del Ministerio de Agricultura, obtuvo las licencias de los 11 productos fitosanitarios. Por otra parte, María Amparo Fernández afirma en su declaración judicial que pagó 250.000 pesetas para la constitución de la empresa, pero tanto ella como la ex mujer de Vilar, Montserrat Vives, sostienen en su declaración que no han realizado ningún gasto más en Artemis 2000. Sin embargo, para obtener del Ministerio de Agricultura las 11 licencias de fitosanitarios tuvieron que desembolsar entre 300.000 y dos millones de pesetas por cada producto en memorias técnicas y analíticas. Las dos socias, María Amparo Fernández y Montserrat Vives, dicen que no realizaron gasto alguno a pesar de ser copropietarias. Vives incluso confesó a la juez que desconocía el domicilio social de la empresa y que ella, como administradora, no había hecho nada en Artemis. Vicente Vilar afirmó a la juez que era él quien realizaba los pagos y que su esposa y la de Fabra sólo figuraban en la empresa como tapadera de los verdaderos propietarios y beneficiarios de la gestión: él mismo y Carlos Fabra Carreras.(Marzo 2004)

El fiscal jefe sigue sin ordenar ninguna diligencia

El fiscal jefe, que sigue sin ordenar ninguna diligencia en la investigación, calificó de «ilusoria» y «alucinante» la declaración que realizó ante el juez el propietario de Naranjax SL, Vicente Vilar. Asimismo, Arias calificó de «irrisorio» el precio que cobró Carlos Fabra a cambio de supuestos informes que, según el Vilar, jamás existieron. Fabra había reconocido ante el juez que percibió 126.000 euros a cambio de dos informes jurídicos y de asesoramientos verbales. El portavoz de Esquerra Unida también criticó que el PP haya censurado en las Cortes Valencianas una pregunta sobre Fabra al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Tras una primera negativa por defecto de forma, el grupo popular ha bloqueado la pregunta hasta después de elecciones. «Le queríamos preguntar sobre los negocios del presidente de la diputación y si considera razonables sus actividades. En Fabra se personifica la corrupción del PP en Castelló y la Comunidad Valenciana, imagen encarnada antes en el ex conseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena».(Marzo 2004)

Unión Progresista de Fiscales cree que Arias quería exculpar a Fabra en el interrogatorio

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) lanzó , a través de su portavoz, Antonio Camacho, una crítica contundente al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castelló por su actuación en el caso Fabra. Camacho, presidente de UPF, aseguró que la forma en que Javier Arias condujo el interrogatorio del presidente de la Diputación Provincial fue «impropia» de un fiscal. El responsable del ala progresista de la Fiscalía se refirió al momento en que Arias calificó de «ilusorio» y «alucinante» el testimonio de Vicente Vilar, el empresario que acusa de tráfico de influencias a Carlos Fabra, y dejó claro que se trata de calificativos que «no puede realizar de ninguna manera un funcionario público y menos cuando interroga a un imputado. Parecía que quería exculparlo, esa actitud sólo tiene una respuesta». Camacho fue más lejos en sus críticas al asegurar que no se extrañó por la actitud del fiscal jefe de Castelló, ya que el Gobierno del PP tiene «amansada y sometida» la carrera fiscal. «Muchos de nuestros fiscales ya se han visto perjudicados por una actuación que iba contra algún miembro del Gobierno. Desde la reforma del estatuto del pasado mes de junio se ha cesado a todos aquellos que investigaban algo. No queda ni un sólo fiscal jefe en el Estado que sea autónomo», denunció. En relación a la actividad de los representantes del Ministerio Público en ejercicio de sus cargos, manifestó que «no sólo hay miedo, yo diría que hay pánico a las consecuencias que una determinada intervención puede acarrearles».

Sobre el caso Fabra, aseguró que tendría que «estudiarlo» para tener una opinión, pero añadió que «me preocupa que en este país, desde el año 96, sea imposible abrir un proceso a algún miembro del partido en el Gobierno». Puso como ejemplos los casos Piqué y Matas, que fueron archivados y aseguró que estas actuaciones «hacen que los ciudadanos pierdan aún más la confianza en la Justicia, además del daño que se hace al ámbito de los derechos y libertades». Camacho cree que el Gobierno del Partido Popular «se ha olvidado de la reforma de la Fiscalía General del Estado que propuso en su día, porque se ha dado cuenta de que no era conveniente». Añadió que los ciudadanos «no son conscientes» de la situación de «control» de la Justicia por parte del Gobierno y aseguró que «es algo que ya asusta». A lo largo de su interrogatorio a Fabra, el fiscal-jefe de la Audiencia de Castelló efectuó una serie de preguntas más propias de la defensa que de la acusación. En una de ellas le preguntó al líder del PP: «¿Usted arriesgaría su carrera política y profesional por la cuestión de tráfico de influencias, máxime estando tan próximas las elecciones generales y por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aquí?». La respuesta de Fabra fue la que cabía esperar: «Nunca. Ni por un precio irrisorio ni por nada». Otra pregunta que también consta en la declaración fue: «¿Usted ha utilizado el cargo del PP o como presidente de la Diputación de Castelló, directa o indirectamente, en cualquier ministerio o autoridades estatales o autonómicas para favorecer los productos de Naranjax, Arcavi o Artemis 2000?». «Nunca», respondió Carlos Fabra.(Marzo 2004)

El interrogatorio del fiscal a Fabra demuestra la benevolencia con el imputado

La Cadena SER ha tenido acceso a la trascripción del polémico interrogatorio del fiscal del caso Fabra, presidente del PP en Castellón, imputado por varios delitos contra la administración pública, entre ellos prevaricación, cohecho, malversación o tráfico de influencias. La actitud del fiscal ha hecho que el PSOE pida la intervención del Fiscal Anticorrupción.El fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Arias, que ha asumido la acusación del caso, le preguntó textualmente a Carlos Fabra en su comparecencia como imputado ante la juez de Nules el pasado tres de febrero: "¿Usted arriesgaría su carrera política y profesional por la cuestión de tráfico de influencias, máxime estando tan próximas las elecciones generales y por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aquí?". Con anterioridad, el fiscal Arias también hizo otras preguntas para otra respuesta obvia de Carlos Fabra: "¿Ud ha utilizado el cargo del PP o como presidente de la Diputación de Castellón, directa o indirectamente en cualquier ministerio o autoridades estatales o autonómicas para favorecer los productos de Naranjax, Arcabi o Artemis2000?". "Nunca", respondió Fabra. Francisco Javier Arias calificó en el mismo interrogatorio de "alucinantes" las declaraciones del empresario denunciante Vicente Vilar, al propio Vilar el Fiscal le preguntó por su implicación en un proyecto para una empresa azulejera que hasta el momento se desconocía públicamente y de la que Carlos Fabra habló al día siguiente sin que mediara pregunta y con el que pretendió justificar algunos de los pagos del empresario. Además Francisco Javier Arias no ha pedido ninguna diligencia para el caso en dos meses de investigación, a pesar de las numerosas novedades que se han conocido en los medios de comunicación y que no constan en la investigación actual. El PSOE ha solicitado la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.(Marzo 2004)

Puig: «Zaplana miente tanto que cualquier día dirá que no conocía a Carlos Fabra»

El secretario de Relaciones Institucionales del PSPV-PSOE, Joaquim Puig, aseguró que la implicación de Eduardo Zaplana en la trama del caso Fabra es más que evidente, ya que «en ninguna cabeza cabe que el presidente de la diputación pueda reunirse con varios ministros y con varios secretarios de Estado, sin que esté al corriente el entonces presidente de la Generalitat». Además, recordó que Zaplana ha sido «asiduo» de los «saraos veraniegos» organizados por Fabra, y en los que, según ha recogido toda la prensa, asistía también Vicente Vilar. Sin embargo, a Puig «menor duda» de que Zaplana «volverá a mentir, como hace de forma permanente, y dirá que no sabía nada de Vilar, que no tenía ni idea de las reuniones con ministros y, si el tema se complica todavía un poco más, es posible que llegue a decir públicamente que ni siquiera conoce a Carlos Fabra». De hecho, para el secretario de relaciones institucionales del PSPV-PSOE, el «cúmulo de supuestas irregularidades cometidas por Fabra ha llegado a tal punto que lo más probable es que el PP ya tenga firmada la dimisión del presidente de la diputación, que no hará pública hasta después de elecciones». Por este motivo, invitó a los responsables del PP a que «no sean cobardes y destituyan ya, sin dilación, al presidente de la diputación de Castelló, por estar implicado en el mayor escándalo de la democracia en la Comunidad Valenciana». Puig añadió que el PP está atravesando una «dura etapa», en la que, día tras día, se conocen nuevos «chanchullos», como el desvelado por una publicación nacional, que implica a la familia del ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, «quien de repente ha decidido dedicarse a los negocios náuticos, tras la designación de la Comunidad Valenciana, sede de la Copa del América». Para Puig, «parece que los representantes del PP son incapaces de realizar una gestión únicamente para beneficiar a los ciudadanos, si no es que reciben a cambio beneficios económicos en primera persona». Calificó de «altamente sospechoso» el «contrato firmado por la Generalitat y Julio Iglesias, escondido, no sólo a las Cortes Valencianas, sino a instituciones como la Sindicatura, por valor superior a los mil millones de pesetas, libres de impuestos. Dinero que fue pagado en cuentas secretas de paraísos fiscales y que nunca sabremos a qué bolsillos fueron a parar». Por todos estos motivos, invitó a Rajoy a cambiar el eslogan de su campaña de «con las manos limpias» por el de «con las manos llenas».(Marzo 2004)

Un empresario de Almería reconoce que dio dinero a Vilar «para pagar» al dirigente del PP

Manuel Ruiz, uno de los empresarios de Almería que supuestamente participó en el pago de comisiones para agilizar licencias de fitosanitarios, reconoció que dio varios millones al industrial Vicente Vilar para que pagara a Carlos Fabra. «Vicente Vilar nos decía que le diéramos unas cantidades, porque el hombre que nos iba a ayudar y que estaba ayudando era Carlos Fabra. Yo no sé si era verdad o no, pero yo le puedo decir lo que él nos comentaba. Yo no puedo acusar a don Carlos Fabra de nada, Vilar nos decía que era buen amigo, que era presidente de la diputación y que iba a echarle una mano», explica Ruiz. El empresario, que fue administrador de la empresa almeriense Agroquímicos La Cumbre S. L. hasta el pasado 18 de diciembre, no quiso cuantificar las cantidades que daba a Vilar, aunque añadió que «no era cuestión de unos pocos euros sino de varios millones de las antiguas pesetas. Eran cantidades sustanciosas». Aseguró que mantenía reuniones con el empresario de Artana en la sede de Naranjax, donde «se hacían los pagos». Sobre la forma de entrega del dinero, añadió que se hacía «indiferentemente», unas veces en cheque y otras veces al contado, pero añadió que «nunca queríamos justificantes de esos pagos».En relación con las veces que visitó Naranjax, comentó: «Que yo recuerde creo que fue una vez en el año 99 y otra en el 2000. Él nos decía que ese dinero era para agilizar los registros y algunas veces para pagarle a don Carlos Fabra. Pero son palabras de Vicente Vilar, no son mías». Ruiz recordó que en alguna ocasión los pagos se hicieron «en bolsas de plástico», tal y como ya adelantó en su querella contra Fabra el empresario Vilar. Sobre si sabía si el dinero le llegaba finalmente al presidente de la diputación de Castelló, como denuncia Vicente Vilar, Ruiz comentó que «yo no tenía por qué saber a quién iba dirigida esa cantidad. No era mi cometido, mi cometido era ayudarle a él (Vilar) para que pudiera sacar adelante las cosas que nos interesaban, los fitosanitarios y las cosas esas. Me daba igual a quien el señor Vilar le diese el dinero». Sobre si Vilar le habló alguna vez de otros políticos, aseguró que «él nos decía que tenía amistades, pero yo no conozco a estas personas a las que está acusando ahora. El único nombre que salía allí era el del señor Fabra y que había algún que otro nombre más... Pero nunca nos dijo nada... Él nombraba a Fabra como un amigo que le ayudaba». El empresario almeriense reconoció que al poco tiempo de haberse realizado los pagos, las licencias de los fitosanitarios «se fueron concediendo». Sobre Fabra dijo que «sólo una mañana lo saludé porque nos encontramos en la fábrica, fue darle la mano y ni una palabra más. Eso fue en la empresa Naranjax, pero después ni sentarme con él ni comer con él ni nada de eso». Ruiz insistió en que él, como administrador de Agroquímicos, sólo se limitaba a vender al por mayor productos fertilizantes, sobre todo a agricultores. (Febrero 2004)

Un informe jurídico obliga a Fabra a pedir la compatibilidad si hay un cambio de negocio

Un informe de la asesoría Broseta Abogados interpreta que un presidente de Diputación Provincial como Carlos Fabra debe renovar su declaración de compatibilidad si se produce un «cambio sustancial» en las condiciones de su actividad privada. A lo largo de su mandato, el presidente de la diputación de Castelló obtuvo del pleno dos declaraciones de compatibilidad para poder ejercer sus negocios -una en el año 95 y otra en 1999-.

No obstante, el líder del PP funda Carmacas en 2000, lo que puede interpretarse como un cambio sustancial en las condiciones para la incompatibilidad. Desde la creación de Carmacas, Fabra no ha pedido una renovación formal de su declaración de compatibilidad, ya que la última vez que la llevó al pleno, en julio de 2003, el expediente se quedó sobre la mesa y no fue presentado por la intervención del Partido Popular.

El informe de Broseta Abogados concluye que los cargos de presidente de Diputación Provincial son «compatibles con el ejercicio de actividades privadas no relacionadas con la actividad de la diputación».

Sin embargo, a renglón seguido, Broseta Abogados establece que en el caso de que los presidentes tengan asignada la dedicación exclusiva «deben obtener una declaración de compatibilidad del pleno de la corporación, para la actividad privada remunerada».

Y en este punto es donde surge el problema, ya que el informe establece que «no parece preciso que dicha declaración de compatibilidad deba ser reiterada en el tiempo, si no se alteran las circunstancias de la declaración original». Surgen en este párrafo varias dudas, la primera derivada del lenguaje esgrimido por el gabinete Broseta, ya que al utilizar la fórmula «no parece preciso» no zanja la cuestión definitivamente.

Por otro lado, los expertos de Broseta no aclaran si la declaración de compatibilidad del presidente debe ser reiterada en el tiempo y tampoco entran en si se alteraron las condiciones del negocio privado de Fabra, lo que hubiera hecho inevitable que el líder del PP solicitara una nueva declaración de compatibilidad, al entrar en juego lo que jurídicamente se conoce como incompatibilidad sobrevenida. Concretamente, el informe de Broseta señala que «tan sólo en el caso de que se modificaran sustancialmente las condiciones del puesto público o privado sería precisa una nueva declaración, ante la eventualidad de que se haya producido lo que se denomina en la doctrina una incompatibilidad sobrevenida».

Esta puede ser la clave del caso, ya que Fabra fundó Carmacas en 2000 y desde ese momento no existe constancia de que haya solicitado declaración de compatibilidad alguna.

El líder del PP se defiende asegurando que a lo largo de su mandato obtuvo del Pleno de la Corporación dos declaraciones, aunque ambas fueros concedidas antes de que Carmacas fuera creada legalmente. ¿Debió haber solicitado Fabra una declaración de compatibilidad adicional para ejercer los negocios con su nueva empresa? ¿Existió una incompatibilidad sobrevenida?

Ayudas a Marina d'Or

Por otra parte, Carlos Fabra se refirió a la informaciónde Levante-EMV sobre un supuesto crédito concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas al gerente del complejo vacacional Marina d'Or, Jesús Ger.

El presidente de la diputación aseguró que no tiene noticia de que el Instituto Valenciano de Finanzas haya facilitado «ningún crédito». «Desde luego -aseguró- yo no he hecho ninguna intervención, pero si se lo hubiera facilitado me hubiera parecido extraordinario que un industrial que ha generado en los últimos años 3.124 puestos de trabajo tenga acceso a ayudas oficiales en las mismas condiciones que cualquier ciudadano; me habría parecido extraordinariamente bueno».

El líder provincial del Partido Popular aseguró que «en aquellas cuestiones que supongan ayudas para empresas de Castelló, cuando tenga que decir que sí que he mediado, que no es éste el caso, lo diré muy fuerte», anunció.

Además, reconoció que medió «para que el campeonato de ajedrez se hiciera en Castelló».(Febrero 2004)

Fabra admite que medió para que el mundial juvenil de ajedrez se hiciera en Marina d'Or  

El presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, admitió haber mediado ante la Secretaría de Estado para el Deporte con el fin de conseguir que los mundiales juveniles de ajedrez se celebrasen en un complejo hotelero de Oropesa, Marina D'Or, propiedad de Jesús Ger, entonces socio de su esposa, Amparo Fernández. En la víspera del inicio de la campaña electoral, Fabra respondió a la cuestión de la medicación con un "faltaría más" y justificó así sus gestiones: "Conseguí que durante tres años el mundial se hiciera en Castellón y que vinieran 900 ajedrecistas de 27 países y 2.900 personas a nuestros hoteles y costas". La intervención del líder del PP castellonense culminó con un "si a eso le llaman tráfico de influencias, pues estoy implicado y pienso estarlo durante mucho más tiempo". Las gestiones realizadas por Carlos Fabra fueron entendidas por el presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa, como "presiones", cuando, en la primavera de 1998, fue citado por el Consejo Superior de Deportes a una reunión a la que acudieron Fabra y Ger. En aquellas fechas, Ger y la esposa de Fabra eran socios en Aparthoteles La Coma, SL, sociedad en la que compartieron cargos directivos durante cuatro años.

En el mismo tono, el presidente de la Diputación negó haber participado en alguna gestión para la concesión de un crédito, por parte del Instituto Valenciano de Finanzas, al gerente del complejo Marina d'Or. "No he hecho ninguna intervención, pero si se lo hubiera facilitado me habría parecido extraordinario", dijo, porque estaría destinado a un empresario que "ha generado en los últimos años 3.124 puestos de trabajo". Como argumento a sus declaraciones, sostuvo sin reparo que "en aquellas cuestiones que supongan ayuda para empresas de Castellón, cuando tenga que decir que sí que he mediado, que no es éste el caso, lo diré muy fuerte". Fabra fue el encargado de iniciar la campaña electoral del PP como presidente de los populares de la provincia. En su intervención, anterior a la del candidato, Juan Costa, acusó al PSOE de crear una trama, en alusión a los procedimientos judiciales, abiertos de oficio, en los que se le investiga por la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública, un presunto delito contra la salud y otro contra la propiedad industrial. Detrás de las "calumnias", según dijo, ubicó a los candidatos por Castellón, Jordi Sevilla y Mario Edo, y al coordinador del Programa Electoral del PSOE, Jesús Caldera, que, tal como aseguró "participan de esta trama mediática".( Febrero 2004 )

Vilar identifica empresarios de Bellreguard, Sevilla y Almería en el presunto pago a Fabra

El empresario Vicente Vilar identificó ante la juez de Nules a dos empresarios en el presunto pago de 180.000 euros al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, por sus supuestas mediaciones ante la Administración para beneficiar determinados productos fitosanitarios. Tras la declaración, el industrial de Artana decidió reconsiderar sus declaraciones y la ampliará en breve a otros dos empresarios del sector en la trama que se habría montado para lograr un trato de favor de los ministerios de Agricultura y de Sanidad y Consumo.

Los empresarios citados en la declaración judicial son Ginés Márquez, de Bellreguard (Valencia) y Camilo Valenzuela, de Sevilla, mientras que los que serán aportados en una nueva diligencia serán Manuel Ruiz y Manuel Moreno, ambos de Almería. La juez deberá decidir si es precisa su declaración como testigos en la causa abierta en el juzgado número 1 de Nules. De ser así, serán llamados a declarar una vez se logre hacerles llegar el requerimiento judicial.

La declaración de estos cuatro industriales del sector agroquímico será complementaria a la de otro empresario ya citado a comparecer ante la juez. Se trata de Vicente Galván, que fue consejero de la Aefisa, la patronal fitosanitaria y al que Vilar relacionó con el intento de los fabricantes de apoyarse en los diputados del PP de Castelló para lograr una adaptación de la Ley de Sanidad Vegetal, entonces en fase de debate en el Congreso. Galván debía haber declarado el pasado martes, pero los problemas en su localización han postergado la comparecencia judicial.

Al menos tres de estos empresarios (Márquez, Ruiz y Moreno) habrían mantenido algún contacto con el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, según ha declarado Vilar. El primero, además, habría participado en una comida en el restaurante Mare Nostrum, de Castelló -regentado en su día por la mujer de Fabra, María Amparo Fernández-, junto a empresarios de Castelló para evaluar una colaboración en materia de infraestructuras.

Vilar asegura haber participado como «potencial recaudador de las comisiones» en una operación con una multinacional interesada en implantar en Castelló tres proyectos relacionados con la gestión de actuaciones medioambientales a través de la diputación provincial.

Por otro lado, Vilar declaró haber mantenido un encuentro con un representante de Agro-Artes, la empresa que comercializa productos fabricados para Artemis 2000 -la sociedad de su ex mujer y de la mujer de Fabra- en la que se le vaticinó un cambio de registros a favor de Artemis en los próximos días. Así se lo habría comentado Montserrat Vives, administradora única de esta empresa.Vilar mantiene que Carlos Fabra está manteniendo un tour de force con el Partido Popular en Madrid para pactar una salida airosa tras su eventual dimisión. Un pacto que, afirma, pasaría por el abandono de Carlos Fabra de la primera línea política en Castelló a cambio de que el Ministerio de Agricultura admitiera a Artemis un cambio de fabricante. Hasta ahora, un informe jurídico de la abogacía del Estado se opone a la medida. ( Febrero 2004)

Fabra intermedió para que el IVF concediera ayudas al promotor del complejo Marina d'Or

El Instituto Valenciano de Finanzas concedió un crédito al empresario castellonense Jesús Ger para la construcción del complejo hostelero e inmobiliario Marina d'Or. Según pudo saber este diario, la concesión de este crédito tuvo lugar con la intermediación del presidente de la Diputación de Castelló y del PP en la provincia, Carlos Fabra. A las preguntas de este diario, Jesús Ger se limitó a contestar  repetidamente que «no tengo ningún comentario que hacer».

Las conexiones empresariales Fabra con el que es uno de los principales promotores inmobiliarios de Castelló se establecieron a través de la mujer del dirigente político. Tal como publicó este diario el pasado 24 de diciembre, María Amparo Fernández Blanes, esposa de Fabra, fue socia de Ger en la empresa Aparthoteles La Coma, SL durante cuatro años. La empresa no anotó ganancias en los ejercicios en que se mantuvo esta cooperación empresarial.

El grupo parlamentario de Esquerra Unida denunció, no obstante, que las empresas de Ger tuvieron un incremento espectacular de beneficios en ese mismo período. Sin embargo, este extremo fue negado por el grupo empresarial.

La connivencia entre Fabra y Ger ha sido motivo de discusión política en los últimos años. EU ha mantenido una actitud de vigilancia permanente sobre la gestión política de Fabra y los presuntos beneficios que habría obtenido el empresario desde las instituciones gobernadas por el PP. Marina d'Or es la promotora de un vasto complejo turístico en Orpesa, junto al que hace unos meses se inauguró el balneario de agua marina más grande de Europa.

Fabra decidió ubicar el parque temático Mundo Ilusión en el área de expansión de Marina d'Or. La decisión de emplazar el aeropuerto provincial en Vilanova de Castelló también ha sido objeto de polémica. La cercanía con Marina d'Or permitirá canalizar hacia los apartamentos y hoteles de Ger buena parte del turismo internacional que prevé captar el Patronato Provincial de Turismo Ñorganismo dependiente de la diputaciónÑ con la nueva infraestructura de comunicación. A ello se une la polémica carretera Cabanes-Orpesa, cuyo trazado beneficiaba los intereses de Marina d'Or, al conectar la macrourbanización con el aeropuerto.(Febrero 2004)

El PSOE denuncia al presidente de la Diputación de Castellón ante el fiscal general  

El PSOE presenta ante la Fiscalía General del Estado, a través de su diputado Jordi Sevilla, un escrito contra el presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia, Carlos Fabra, para que la Fiscalía Anticorrupción investigue de oficio todos los hechos no aclarados, publicados en medios de comunicación, y que "parecen indicar la existencia de una presunta red de tráfico de influencias". El escrito recuerda que la Fiscalía ha reconocido en sus instrucciones su deber de velar penalmente por el prestigio de la Administración frente a la corrupción delictiva de sus funcionarios.

La acusación del PSOE se cimenta en que Fabra "habría realizado gestiones ante distintas instituciones públicas del Estado, de modo personal o con la mediación de altos cargos del Gobierno, diputados y senadores, siempre para favorecer intereses particulares de determinadas empresas, gestiones por las cuales Fabra parece haber reconocido percibir importantes pagos mediante varias empresas de su titularidad o de titularidad compartidas con familiares y personas de su entorno, sin aparente actividad".

Esto se vería agravado porque tal labor fue justificada "mediante actividades mercantiles para las cuales Fabra no solicitó la preceptiva compatibilidad con sus cargos públicos, escapándose a su obligatorio control público".El PSOE relata estos hechos sospechosos:

- Presiones a ministros. "Gestiones de mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para conseguir las acreditaciones técnicas y licencias para fabricar y vender en España unos productos fitosanitarios en favor de unas determinadas empresas, con todas las infracciones e irregularidades que se derivan y la posible implicación de altos cargos del Gobierno y la Administración". El escrito cita media docena de altos cargos que intervinieron en mediaciones.

- Presiones a la Generalitat. "Gestiones ante la consellería valenciana de Medio Ambiente para que una empresa recibiese autorización para tratar residuos tóxicos".

- Mediación sobre una Ley. "Mediación en favor de asociaciones y empresas ante los ponentes de la ley de Sanidad Vegetal, labor en la que fue secundado por diputados y senadores del PP".

- Venta de licencias. "Gestiones y participación directa en la venta a sociedades extranjeras de licencias de productos fitosanitarios".

- Actividades incompatibles. "Actuaciones profesionales en el ámbito privado sin solicitar la preceptiva compatibilidad".

- Ocultación de propiedades. "Omisión reiterada de determinadas propiedades en sus declaraciones como cargo público".

- Incremento patrimonial. "Incremento del patrimonio personal y familiar difícilmente explicable.

- Desvío de cobros. "Utilización de la empresa Carmacas, sin inmovilizado, trabajadores ni actividad, para desviar cobros de empresas por informes de dudoso valor".

- Recalificaciones. El escrito detalla adjudicaciones o recalificaciones de la Diputación a personas próximas a Fabra. Se cita a Pedro Giménez-Pérez, uno de los adjudicatarios de obras del aeropuerto de Castellón, y al marido de Carmen Pardo, la senadora del PP.(Febrero 2004)

Vicente Vilar implica a más empresarios en el pago a Fabra de otros 180.000 euros

El empresario Vicente Vilar facilitó más datos sobre los pagos que supuestamente realizó a Carlos Fabra a cambio de sus mediaciones ante organismos públicos. El industrial acudió a primera hora de la mañana al juzgado de instrucción número 1 de Nules para realizar una ampliación de la declaración que realizó como imputado el pasado día 2 y aseguró ante la juez sustituta, Carmen Albert, que el líder del PP no sólo ha recibido 150.000 euros de su empresa Naranjax, sino además otros 180.000 de empresarios «que no son de Castelló».

De esta manera, desde que estalló el escándalo político, Vilar ha facilitado al menos tres versiones distintas sobre las cantidades que dispensó a Fabra por sus asesoramientos.

Hasta el día de , Vilar había mantenido que tan sólo Naranjax S. L. había pagado 150.000 euros a cambio de los informes jurídicos elaborados por el líder del PP, pero tras prestar declaración durante dos horas, aseguró ante los periodistas que el presidente de la diputación ha percibido en total 330.000 euros (55 millones de pesetas). Según Vilar, de esa cantidad sólo 150.000 euros fueron facturados por Naranjax, mientras que el resto fueron «pagos que vinieron del exterior, de otras personas que en su momento se verá quienes son», aseguró.

El empresario considera que tras su nueva comparecencia judicial  «van a declarar más testigos porque lógicamente   han salido más personas debido a este dinero y a estas cosas que no estaban antes del proceso... Supongo que les citarán. En dos o tres días tenemos que presentar los nombres y las direcciones de esas personas que estuvieron en esos pagos. Son empresarios y no son empresarios de Castelló».

El industrial de Artana manifestó que el pago al presidente de la diputación se materializó en dos entregas. La primera de ellas fue de 180.000 euros, entregado en un maletín que la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, fue a recoger personalmente a la fábrica de Naranjax. «Iban 25 (millones de pesetas) que pidió Fabra más 5 que pidió su mujer», añade.

El segundo pago, de otros 150.000 euros, se hizo supuestamente un mes y medio después y para trasladar el dinero se utilizaron «bolsitas de plástico que le llevamos a su casa de Platgetes» (Orpesa). Sobre este envío, mantiene que se hizo «en concepto de lo mismo que antes», en referencia a los asesoramientos técnicos sobre productos fitosanitarios que Fabra prestaba como administrador de Carmacas. «El pedía y nosotros le dábamos porque nos había hecho algunas cuestiones», alega.

Vilar declaró ante la juez Carmen Albert que no quiso revelar antes el pago de los otros 180.000 euros llegados «del exterior» de Naranjax porque, según dijo, «de ninguna manera quería que mi ex mujer ni la mujer de Fabra se vieran complicadas», aunque añadió que ha tenido que ampliar su declaración ante las preguntas del abogado de Fabra, Javier Boix, quien le ha pedido datos sobre los demás pagos, además de los justificados por Naranjax. «Ante la pregunta directa del abogado de Fabra yo he querido decir la verdad. No es que antes mintiera, simplemente dije lo que había pagado Naranjax, que habían sido 25 (millones de pesetas)... Cuando me han apretado... bueno, apretado no, simplemente me han dicho si había algún pago más y yo lo he dicho».

Indicó que la juez se interesó por la supuesta mediación de los parlamentarios Prim y Ortiz y del subdelegado Sánchez Peral. ( Febrero 2004 )

El industrial dice que un fax prueba que el letrado Palacios conocía los pagos

Vicente Vilar asegura que puede probar el pago a Fabra de los 180.000 euros no facturados por Naranjax mediante la presentación en el juzgado de un burofax que envió al abogado Wenley Palacios, que defiende los intereses de Montserrat Vives, la ex mujer del industrial de Artana.

«Se le mandó confidencialmente a Wenley un burofax en el que se le decía que habían sido 30 millones de pesetas los que le había dado a la mujer de Carlos Fabra y posteriormente 25 millones de pesetas más». Según el empresario, pactó con el letrado que los 180.000 euros no facturados por Naranjax no saldrían a la luz pública para no perjudicar a su ex mujer ni a la esposa de Fabra, ambas accionistas de Artemis 2000, filial de Naranjax. «Wenley ha mentido porque se ha quedado extrañado en el juzgado cuando hay pruebas del burofax. Lo sabe desde el mes de mayo». Sobre el momento en que aportará el documento que según el industrial prueba que hubo otros pagos ajenos a Naranjax en favor del presidente de la diputación, asegura que «no lo hemos hecho   pero se aportará a la causa».

«En el fax se le explicaba todo a Wenley con pelos y señales e incluso si querían hablar de las cosas como realmente tenían que ser porque yo no quise en un principio llegar a esto», explicó. Según el industrial, el comportamiento de la juez durante la declaración fue «bueno» y añadió que quiere «profundizar» en el caso.

Sobre la actuación del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castelló, Javier Arias, manifestó que estuvo «en la misma línea de la otra vez. Veo entre el fiscal jefe y la defensa un equipo muy compenetrado, porque incluso el fiscal le indicaba con los dedos de la mano a la defensa cuántos relojes eran. No me parece muy correcto para un fiscal jefe», en referencia a los regalos que Vilar hizo a la familia Fabra.(Febrero 2004 )

La esposa de Fabra trata de legalizar en Agricultura productos que vende sin permiso  

Amparo Fernández, la esposa del presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y Monserrat Vives, ex esposa de Vicente Vilar, el empresario que ha denunciado al citado político, tratan de legalizar en el Ministerio de Agricultura los productos que han comercializado con un fabricante no autorizado. Según fuentes de Agricultura, Vives visitó el ministerio la semana pasada, después de presentar una solicitud con la que ella y Fernández pretenden legalizar los herbicidas y fungicidas que han puesto a la venta y que no cuentan con requisitos necesarios.

El Ministerio de Agricultura cuenta ya con un informe jurídico, realizado por la abogacía del Estado y encargado por el director general de Agricultura, Rafael Milán, que da una respuesta negativa a la gestión de la esposa de Fabra. El informe señala la imposibilidad de que la empresa Artemis 2000 pueda erigirse como fabricante.

Las querellas que el empresario Vicente Vilar presentó contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, que también está siendo investigado por uno o varios delitos contra la Administración pública, incluían una acusación por la comisión de un presunto delito contra la propiedad industrial y contra la salud pública. Vilar argumentó esta acusación al constatar la venta de, al menos, dos de sus productos, Fosnar y Zeus, que sólo su empresa, Naranjax, puede fabricar. Fernández y Vives son partícipes de Artemis 2000, la sociedad titular del nombre de los productos, aunque la autorización para su fabricación y la homologación de las sustancias que se utilizan para su elaboración están en manos de empresas de Vilar.

Con la petición de Artemis 2000 de unir a la titularidad de los productos la autorización como fabricantes, la sociedad y, por lo tanto, sus propietarias, podrían eludir su posible responsabilidad en las acusaciones por los presuntos delitos contra la salud pública y la propiedad industrial. Sin embargo, los servicios jurídicos del ministerio consideran ilegal su pretensión ya que Agricultura no puede autorizar a un fabricante, a no ser que el primer autorizado otorgue su consentimiento.

Además, su intención puede volverse en su contra. El empresario ha decidido presentar otra solicitud con la que pretende revocar el título otorgado a Artemis y convertirse, así, en titular de los registros y unir este "cargo" a los de fabricante sintetizador y fabricante formulador que ya ostenta. Vilar cuenta a su favor con todas las memorias técnicas que los fabricantes de productos fitosanitarios han de presentar al Ministerio de Agricultura para recibir la autorización, después de obtener el visto bueno de Sanidad. Según el empresario, Artemis ya ha requerido a Naranjax dicha documentación con el fin de sostener su petición ante el ministerio, petición que Vilar les negó.

El empresario presentó ante el juzgado varios envases de productos que, según dijo, comercializaba Artemis y que se presentaban con un sobreetiquetado. De hecho, según Vilar, la pasada semana sus distribuidores localizaron envases de estos productos en varias cooperativas de Castellón, Murcia y Almería, por lo que ha presentado una denuncia en la que solicita la inmovilización de hasta ocho productos que se pueden encontrar en el mercado con el sobreetiquetado. Tal como señaló el empresario castellonense, algunos usuarios han reclamado al ministerio una indicación sobre la validez de los mismos, aunque su solicitud no ha sido atendida. ( Febrero 2004 )

Fabra admite que visitó La Moncloa con el empresario que le acusó de cobrarle por gestiones políticas  

El presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, admitió ante la juez haber visitado La Moncloa junto a Vicente Vilar, el empresario que le ha acusado de cobrarle las gestiones políticas realizadas para tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos sanitarios. En su declaración ante la titular del juzgado número 1 de Nules, al que Fabra fue llamado a declarar como imputado ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública, el también presidente de la Diputación de Castellón reconoció haber visitado a Alfredo Timmermans, subdirector del Gabinete del presidente del Gobierno, José María Aznar, junto al empresario.

Ante la juez, Fabra alegó haber acudido a tratar temas referentes a la provincia de Castellón, pero admitió que también habló de que "había un problema con los productos fitosanitarios". Según se desprende de la transcripción de la declaración de Fabra, dijo, "Vilar me acompañó porque quiso". Cuando fue preguntado por la reunión con la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, a la que también acudió Vilar, el presidente del PP de Castellón reconoció haberle expuesto los retrasos en los expedientes de productos fitosanitarios y alegó: "Pensé que el señor Vilar me acompañaba por cortesía".

Después de tres semanas, las partes implicadas en el procedimiento abierto por los presuntos delitos contra la administración pública pudieron acceder a la transcripción de las declaraciones realizadas por los cuatro imputados, Fabra, Vilar y la esposa del primero, Amparo Fernández, y la ex esposa del segundo, Monserrat Vives. Las dos últimas son propietarias de una sociedad, Artemis, creada para la consecución de registros de productos fitosanitarios. Tanto Fabra como su esposa aseguraron que la participación de Fernández en la empresa tuvo como origen su deseo de dar trabajo al hijo pequeño de ambos, que había dejado los estudios y para el que vaticinaban un futuro como comercial en la nueva sociedad. Las facturas emitidas por la empresa de Fabra, Carmacas, a las empresas de Vilar fueron otra de las cuestiones que centraron el interrogatorio de la juez. El líder del PP en Castellón sostuvo que se debían a la elaboración de informes pero, además, añadió que su pago no correspondía sólo a los trabajos por escrito sino también a otras labores de asesoramiento verbal. En la transcripción resulta curioso cómo el fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, que decidió asumir el caso, preguntó a Vilar por un proyecto, hasta entonces desconocido, en el que, al parecer, Fabra también ejerció de asesor. Al día siguiente de la declaración de Vilar, el propio Fabra sacó a relucir este mismo proyecto sin que, siquiera, fuera preguntado por él ( Febrero 2004 )

Fabra admitió a la jueza que facturó 83.000 euros a Artemis sin ningún asesoramiento

Las declaraciones ante la jueza de Nules de los cuatro imputados en el «caso Fabra» han permitido conocer las explicaciones del presidente de la Diputación de Castelló ante las acusaciones de un presunto tráfico de influencias. Carlos Fabra admitió haber girado facturas a la empresa Artemis 2000, de la que son accionista su esposa y la mujer de Fabra, pese a no haber efectuado ningún trabajo para ella. El administrador único era entonces Vicente Vilar, quien le ha llevado a los tribunales

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, admitió el 3 de enero en su declaración ante la juez de Nules que le imputa «uno o varios» delitos contra la Administración pública que cobró Ða través de su empresa CarmacasÐ una factura de 83.661 euros a la empresa Artemis 2000 sin haber efectuado para esta empresa ningún trabajo de asesoría. Artemis 2000, que no tiene ninguna actividad empresarial reconocida, es propiedad al 50% de su propia mujer, María Amparo Fernández, y de Montserrat Vives, ex mujer de Vicente Vilar, el empresario de Artana que le denunció por un presunto trato de favor ante la Administración.

«Yo le he facturado a la empresa que él me ha pedido», afirmó, en referencia a Vilar. Sin embargo, unos minutos antes había declarado: «Yo nunca he hecho nada con Artemis y nunca me he movido nada por Artemis. Además, creo que no tuvo ninguna actividad hasta que Montserrat [Vives] se ha separado de Vicente y ha empezado a funcionar con Artemis». Una circunstancia que se produjo después de la referida factura. También reconoció haber cobrado por trabajos a otras empresas del grupo que no tienen una actividad empresarial, como Arcavi.

Vilar ha venido denunciado desde el pasado 20 de diciembre que ha efectuado pagos a Fabra por trabajos «inexistentes». El dirigente del PP negó está práctica y afirmó que los pagos eran la compensación por trabajos de asesoría. Sin embargo, sólo presentó ante la juez los dos informes conocidos esta semana: uno de ellos, un resumen de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y otro que presenta coincidencias con la ponencia presentada al congreso por una auditora madrileña y con refritos de una guía de prevención laboral de la Unión de Mutuas. Una empresa de la que, tanto él como sus hijos, han cobrado más de 650.000 euros en los últimos años, según su propia declaración.

«¿El asesoramiento al señor Vilar era de comentarios de café?», llegó a preguntar la juez a Fabra. Éste reconoció que no tenía pruebas físicas de los informes que asegura haber realizado para el empresario de Artana. Fabra admitió que la relación empresarial, y de amistad, con Vilar se fraguó entre 1998 y 1999, en fechas que no supo precisar, y que pronto se suscitó la posibilidad de ofrecerle algún tipo de asesoramiento.

Es más, después de un concienzudo interrogatorio por parte de la juez, el presidente de la diputación de Castelló reconoció haber realizado labores de asesoramiento para Vilar antes de la creación de Carmacas. «He cobrado conforme a las minutas que yo le he hecho a la empresa que él me ha pedido. Antes de Carmacas hice gestiones, pero no le facturaba hasta que no constituí Carmacas porque era donde tenía la actividad jurídico laboral», explicó.

Unos momentos después declaró, sin embargo, que antes de la realización de los informes sobre riesgos laborales Ðel primero de ellos lleva fecha de 2000Ð no había realizado asesoramiento: «Si la pregunta es si yo le he hecho algún tipo de asesoramiento antes de esto, no, nunca. Cuando él me pide que empiece a trabajar para él, emito las facturas y los informes, estando ya Carmacas».

En otro momento también admite que pudo haber relación empresarial anterior: «En el año 1999-2000-2001-2002 y parte del 2003 llegamos al acuerdo de veintipico millones de pesetas». La juez insistió en conocer de qué forma tarifaba Fabra sus asesoramientos. «Lo que he considerado y pienso que es razonable», respondió. Añadió: «Yo le facturé y siempre estuvo de acuerdo en lo que yo le facturaba». Y remató: «Le he hecho precio de amigo».

En el capítulo de las presuntas mediaciones, Fabra negó la mayor: «Nunca he cobrado una peseta al señor Vilar por ninguna de sus gestiones». Fabra reconoció haberse reunido con altos miembros del Gobierno, como los ministros de Agricultura, Jesús Posada, y de Sanidad, Celia Villalobos, aunque sin afán de lograr favores político para Naranjax o Artemis 2000, la empresa de su mujer. «Siempre he pensado que he actuado correctamente y nunca he pedido nada personal ni para mí ni para nadie y si el señor Vilar me ha acompañado pensé que era por pura cortesía», explicó ( Febrero 2004 )

Fabra no declaró que era administrador de un restaurante que facturaba a la diputación

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, no reflejó en las declaraciones de actividades que presentó en las Cortes en 1995 y en 1999, y tampoco en las que entregó en el ayuntamiento y en la corporación provincial, su condición de administrador de Cocinas Riojanas de Vanguardia, que regentaba el restaurante Mare Nostrum, según la documentación a la que ha tenido acceso el PSPV, que advirtió que el establecimiento facturaba con la diputación. Carlos Fabra, imputado por una jueza por presuntos delitos contra la Administración pública, omitió en las declaraciones de actividades que presentó en las instituciones su condición de administrador de la firma Cocinas Riojanas de Vanguardia, que regentaba el restaurante Mare Nostrum, un establecimiento que, denunciaron los socialistas, facturó comidas oficiales del Ayuntamiento y de la Diputación de Castelló. El PSPV tenía las declaraciones de los organismos públicos castellonenses y el miércoles tuvo acceso a las de las Cortes referidas a 1995 y 1999.

Los socialistas advirtieron de una posible incompatibilidad. Según la documentación en su poder, Fabra fue administrador de la firma desde julio de 1991 -año en que logró acta en el Ayuntamiento de Castelló como edil de Hacienda- a noviembre de 1999, en que cesó y se nombró a su esposa. Poco después, el restaurante se vendió a otra firma. Fabra es presidente de la diputación desde 1995. Un documento muestra que el 20 de julio del 99 firmó como administrador las cuentas de 1998. Las declaraciones de Fabra no son, por otra parte, homogéneas. En la de las Cortes de 1995 no incluyó su cargo de consejero delegado de la mercantil Planning y Promociones SA, que sí aparece en la del consistorio. Tampoco figura su cargo de consejero de la Unión de Mutuas, que tuvo contratada a su esposa. Según el PSPV, cuando Fabra accedió a la presidencia de la diputación en el 95 -con un sueldo de 775.000 pesetas por una dedicación parcial- seguía cobrando como secretario de la Cámara de Comercio ( Febrero 2004 )

Los pagos de Tirado a Carmacas corresponden a la comisión de una póliza de seguros compartida

Los pagos de 6.666 euros recibidos por Carmacas, la asesoría del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, de parte del Despacho Tirado y Asociados SL, corresponden a la comisión de una póliza de seguros compartida. El administrador solidario de esta sociedad, Antonio Tirado, explicó el vínculo empresarial con Carmacas, después de que se hicieran públicas las transacciones económicas efectuadas entre ambas empresas, según recogen los libros de cuentas que Carlos Fabra aportó ante la juez de Nules que le ha imputado «uno o varios» delitos contra la Administración pública.

Tirado informó de que su despacho de abogado tiene como «actividad marginal» la de agencia de seguros. Según el ex alcalde socialista y vicepresidente de Bancaja, Carmacas participó, como subagente de seguros, en la suscripción de una póliza de seguros de Tirado y Asociados a un grupo empresarial que no reveló, atendiendo al secreto profesional. «Yo creía que Carmacas era una agencia de seguros», afirmó Tirado, quien indicó que la razón de esta colaboración empresarial radica en «la amistad que Carlos Fabra tiene con esa compañía, lo que facilitó la suscripción de la póliza». Los pagos efectuados en 2000 y 2001 corresponden al 50% de la comisión que recaudó Tirado y Asociados. La póliza ya había suscrito con anterioridad por el despacho de abogados, que tenía este cliente en la cartera de seguros regentada por la mujer de Tirado hasta hace poco. «No hay nada que ocultar», aseveró. «La prueba de la procedencia de los pagos es demostrable documentalmente», añadió, con el convencimiento de que no será necesario hacerlo. Tirado reconoció su amistad con Fabra, del que es vecino en la urbanización de les Platgetes de Bellver, en Orpesa. pero no quiso analizar el momento político que atraviesa desde finales de diciembre el presidente. «Soy amigo de Carlos Fabra desde la infancia y este no me parece el momento de dejar de serlo». «Es una persona a la que aprecio, que está sufriendo y esa consideración es la que prima», incidió.

El otro empresario cliente de Carmacas, el azulejero y presidente del Villarreal, Fernardo Roig, prefirió vía del silencio. Los intentos de contactar con él resultaron infructuosos.

Por otra parte, los elevados ingresos cobrados por Carmacas y por Claudia y Carlos Fabra Fernández permiten conocer el número aproximado de trabajadores representados por los Fabra ante la Unión de Mutuas, empresa con la que tiene relación laboral la mujer del presidente y de la que él es consejero en razón de su cargo. La Seguridad Social aporta a la Unión de Mutuas una media de 20 euros al mes por cada trabajador del que asume la gestión de accidentes de trabajo e incapacidades laborales. De esta cantidad, Carmacas recibe un porcentaje del 3%, lo representa 0,6 euros por trabajador. Con ello, para cobrar una media de 6.000 euros al mes, como en 1999, los hijos de Fabra debían representar a unos 10.000 trabajadores.

Eso en el caso de que Carmacas esté adscrito al Sistema Red, un sistema de remisión de documentos vía electrónica, la empresa cobraría el 3% sobre la recaudaicón por accidentes de trabajo de los seguros sociales de sus clientes. En caso de estarlo, la comisión sería del 1,5%, con lo que el número de trabajadores representados por la sociedad debería ser de 20.000. ( Febrero 2004 )

Carmacas declaró pagos de clientes no identificados por 960.000 euros en 2002

El análisis de los balances contables de la sociedad Carmacas, de la que es administrador único el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ha permitido conocer algunas de las empresas que han solicitado los servicios de esta asesoría desde su creación, en 2000. Otros clientes, sin embargo, se mantienen sin identificar, dado que no se refleja la empresa que lo satisface. Es el caso de cinco pagos de 192.016 euros, lo de mayor cuantía incluidos en los libros de contabilidad que el propio Fabra ha presentando ante la juez de Nules que le imputa un presunto delito contra la Administración pública. En total, los pagos no identificados suman un total de 960.065 euros.

Los pagos que sí tienen un reflejo fiel en el balance son los de Fernando Roig, presidente del grupo Pamesa y del equipo de fútbol del Villarreal. La empresa Cottocer SL, dedicada a la fabricación de piezas cerámicas rústicas, ha efectuado pagos anuales desde 2000 hasta 2002 por un valor global de 153.377 euros. En la documentación contable, a la que ha tenido acceso este diario, no se especifica qué tipo de asesoría recibió el empresario cerámico y deportivo.

Los libros de cuentas anotan, también, los pagos efectuados por el empresario que llevó a Fabra ante los tribunales, Vicente Vilar, a través de sus empresas Naranjax (107.951 euros) y Artemis 2000 (83.660 euros), así como los de la Unión de Mutuas, que ha pagado en este mismo período a Carmacas 134.783 euros. Fabra es consejero de la mutua y tres de sus familiares mantienen lazos laborales con ella. Otro de los clientes identificados es Tirado Asociados SL, que pagó 2.572 euros en 2000 y 4.094 en 2001. De esta última es administrador solidario Antonio Tirado, ex alcalde socialista de Castelló y vicepresidente de Bancaja.

Los pagos no identificados se anotan sólo con la palabra «clientes», a diferencia del resto, en los que se define con exactitud la empresa que satisface las cantidades. Los cinco pagos se registraron de forma consecutiva en el balance de 2002, aunque no consta tampoco la fecha en que se efectuaron.

Los balances anuales de la asesoría fiscal han sido aportados por Fabra ante la Justicia, atendiendo a los requerimientos de la que fue titular del Juzgado número 1 de Nules hasta hace unos días, Isabel Belinchón. El ascenso y traslado de ésta a Teruel ha obligado al Consejo General del Poder Judicial a efectuar un rápido nombramiento. La sustituta en el cargo será Fernanda Lorite, que procede de los juzgados de Guernica.

Fernando Roig no ha ocultado nunca su amistad con el presidente de la diputación. Fue uno de los empresarios que salió en su defensa, a título individual, en una emisora de radio. Hace una semana, en plena vorágine informativa y judicial, sorprendió la presencia de Fabra en la presentación de un acto deportivo organizado por el Villarreal. ( Febrero 2004 )

Carlos Fabra acredita ante la juez pagos de 163.000 euros de la Unión de Mutuas a sus hijos

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, administrador único de la asesoría laboral Carmacas, ha presentado ante la juez los justificantes de los ingresos de más de 163.000 euros que dos de sus hijos han recibido de la Unión de Mutuas. La familia Fabra mantiene unas estrechas relaciones empresariales con la mutua, de la que el propio Fabra es miembro de su junta directiva y en la que, según la empresa, su mujer, María Amparo Fernández, trabaja en el departamento de marketing. Fabra ha aportado copias de las facturas emitidas por Claudia y Carlos Fabra Fernández. Los cobros corresponden al pago del porcentaje de la recaudación de las liquidaciones de seguros sociales de las empresas representadas por los hijos de Fabra. Los servicios que estos habrían prestado a cambio serían relativos a la administración, la confección de partes de siniestros, el asesoramiento, la información, la investigación y la prevención de riesgos laborales, entre otras. Las 14 facturas firmadas por Claudia Fabra suman unas percepciones de 69.917 euros y corresponden a los ejercicios 1998, 1999 y 2000. Las 13 presentadas al cobro por Carlos Fabra Fernández son de un importe superior suben hasta los 93.125 euros, también en el mismo período. La anualidad en la que los ingresos fueron superiores fue la de 1999. Las facturas cursadas por ambos a la Unión de Mutuas, siempre en las mismas fechas, ascendieron a 74.895 euros, lo que representa unos ingresos medios mensuales de 6.000 euros. Además, Fabra ha presentado a la mutua dos facturas de Carmacas por importe de 12.434 euros, fechadas ambas el 11 de diciembre de 2000. Estos son los dos únicos recibos cobrados a nombre de la sociedad creada por Fabra ese año, aunque en algunas facturas presentadas por los hijos se anota a pide de página que volvieron a emitirse con el nombre de la asesoría ( Febrero 2004 )

Los informes de Fabra transcriben parte de la guía de una mutua  

Uno de los dos informes que el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, entregó a la juez, como justificante de las facturas por más de 140.000 euros emitidas al empresario Vicente Vilar, transcribe literalmente párrafos de la guía sobre planes de prevención de riesgos laborales de una mutua. La compañía Unión de Mutuas, de la que es consejero el propio Fabra, entrega dicho manual a las empresas que contratan sus servicios y contiene apartados exactamente iguales a los incluidos en el informe presentado por Fabra ante el juzgado. El documento puesto a disposición de la juez por Fabra, para probar que cobró por un trabajo y no por mediar ante ministros a favor del empresario Vilar, intercala los preceptos de la mutua con otros reflejados en la ponencia que la directora técnica de una auditora presentó en un congreso gallego y que se encuentra en Internet. Además, incluye párrafos enteros del Reglamento de los Servicio de Prevención. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cobró al grupo Naranjax, propiedad de Vilar, al menos 140.000 euros por la elaboración de unos informes jurídico-laborales, según indican las facturas emitidas por su empresa, Carmacas. El empresario Vilar, que le acusó de cobrar por las gestiones realizadas ante la Administración central para tratar de acelerar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios, aseguró que esos informes eran "inexistentes". De hecho, cuando Fabra los entregó a la titular del juzgado número 1 de Nules, donde se le investiga por la posible comisión de "uno o varios" delitos contra la Administración Pública, el empresario solicitó que se realizara un peritaje sobre los mismos para determinar si los documentos tienen realmente el valor que se supone que llegó a cobrarse por ellos. El informe, según su título, define las Actividades a realizar en materia de prevención de riesgos laborales en una empresa de productos fitosanitarios. "La prevención de riesgos, así como la mejora de las condiciones de trabajo, es objetivo permanente y fundamental de la empresa, lo que debe quedar reflejado claramente en los principios de su política preventiva", dicen ambos textos y continúan con la enumeración de once principios que también coinciden en ambos. "Asimismo es necesaria la participación de todo el personal para la consecución de la seguridad y la salud en el trabajo. Por ello, corresponde a cada trabajador:...", señalan ambos escritos y definen otros ocho preceptos que también coinciden en ambos. Las coincidencias se perciben asimismo en la delimitación de funciones de los trabajadores designados para el desarrollo de la actividad preventiva y al enumerar y describir la relación de riesgos, entre otras cosas. "La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten", dice el artículo 1 del reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tal como transcribe el informe entregado por Fabra. En el caso de la ponencia presentada en Galicia, las coincidencias son tales que un texto y otro señalan que "los aspectos a implantar pueden ser agrupados en los siguientes gran bloques temáticos", y explican seis bloques. Según diversos expertos consultados, otro de los informes entregados por Fabra bajo el título Consideraciones sobre las obligaciones de la empresa en materia preventiva se limita a recopilar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La normativa laboral, recuerda una de los consultados, está recopilada en libros. Es una información "básica", explica otro experto, que incluso algunas mutuas ofrecen gratis o por muy poco dinero. La cifra máxima estimada, en cualquier caso, no supera los 1.000 euros. Lo más costoso es diseñar un plan de prevención de riesgos laborales o medir los mismos y para ello se recurre a la contratación de un servicio de prevención ajeno acreditado o de una mutua. Varios de los expertos consultados coinciden en defender que "no hay tarifa plana" para estos servicios cuyo coste depende del número de trabajadores y los puestos que ocupen en muchos casos, de centros de trabajo o del tamaño de los mismos o de actividad de la empresa. En una estimación muy genérica, en cualquier caso, una firma sitúa la horquilla de prestar estos servicios, durante un año de servicio, entre 601 euros y 6.000 euros. ( Febrero 2004 )

El PP veta también la pregunta a Camps sobre Fabra y silencia el caso antes del 14-M

Los tres representantes del PP en la Mesa de las Cortes, con la oposición de los dos socialistas, vetaron  la tramitación de la pregunta que Esquerra Unida-Verds-L´Entesa iba a formular mañana en el pleno al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sobre las repercusiones políticas de la situación del titular de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, imputado por una jueza de Nules después de que un empresario y ex amigo lo acusara de cobrar a cambio de sus influencias políticas.

La decisión, adoptada al mediodía en un receso del pleno, enervó los ánimos de la oposición, ya que se unió a la ausencia del conseller de Justicia, Víctor Camps, quien la víspera alegó otros compromisos «ineludibles» para no acudir a la sesión a responder a dos preguntas del PSPV sobre su respaldo público a Fabra. El PP logra así silenciar el caso en la tribuna de las Cortes hasta pasado el 14-M, ya que después de esta semana no habrá más sesiones plenarias.

El veto de la mesa (el primero en la historia a la pregunta de un portavoz) obedeció, según explicó el síndic popular, Serafín Castellano, a que la pregunta se basa «en un dato que no responde a la realidad», ya que alude al «procesamiento» de Fabra cuando lo que está es imputado. Los socialistas pidieron que se ofreciera a EU -no representada en la mesa- la posibilidad de «adecuar» la iniciativa, pero el PP se aferró al supuesto defecto. El síndic de L´Entesa, Joan Ribó, blandió el diccionario de la Academia Española de la Lengua para defender la corrección del término (procesar es «declarar y tratar a alguien como presunto reo de delito») pero para desmontar la argumentación popular, y como formalmente no tiene aún la notificación del veto, presentó una «rectificación» del texto. Los populares se negaron en la mesa a ver la corrección en su reunión a última hora de la tarde. Cuando le llegue la comunicación EU tendrá diez días para recurrir y la mesa, quince para resolver.

Ribó denunció que el rechazo supone la «censura previa franquista» en las Cortes y acusó a los populares de querer «esconder un caso de corrupción política; hasta ahora la corrupción estaba ubicada en la Diputación de Castelló; ahora, por complicidad, alcanza a la mesa y a la presidencia de la Generalitat». El portavoz adjunto socialista Antoni Such acusó también al PP de ejercer de «censor de la democracia». Castellano, quien esgrimió que el caso «está sub iudice», replicó que «los demócratas lo que tienen que hacer es dejar que la justicia trabaje con normalidad, sin ningún tipo de presiones». ( Febrero 2004 )

Fabra cobró 140.000 euros por dos informes de riesgos laborales . uno de ellos coincide con la ponencia de una auditora en Internet

Los dos informes que Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, entregó en el juzgado para rebatir la acusación del empresario Vicente Vilar de haber cobrado a cambio de favores políticos, y por los que afirma que su empresa Carmacas cobró 140.000 euros, que justifica con cuatro facturas, consisten en comentarios generales sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y lo que debe hacer una empresa en esta materia.

El presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, entregó dos informes en el juzgado, al que acudió como imputado ante la sospecha de la comisión de "uno o varios" delitos contra la Administración pública. En ambos se refiere a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de una manera global y genérica. Por los dos informes, Fabra asegura que cobró más de 140.000 euros, según se desprende de las facturas emitidas por su empresa, Carmacas. El empresario Vicente Vilar, sin embargo, alega que pagó a Fabra a cambio de gestiones para acelerar la concesión de autorizaciones para fabricar productos fitosanitarios.

El primero de los trabajos, bajo el título Consideraciones sobre las obligaciones de la empresa en materia preventiva, se limita a realizar un repaso por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su articulado. Así, dedica veinte folios a exponer lo recogido desde el artículo 14 hasta el 28. El resto del informe habla de las modalidades de organización de la prevención en la empresa y acaba defendiendo el modelo de concierto de actividades preventivas de la Unión Mutuas, de la que Fabra es consejero.

El segundo y más extenso informe se refiere a las "actividades a realizar en materia de prevención de riesgos laborales en una empresa de productos fitosanitarios". En éste, entre la relación de normativa obligatoria para la empresa, aparece indicada la que marca las condiciones en que deben realizarse los trabajos en los que se manipula amianto, sustancia, según aseguró Vilar, que no se utiliza en sus empresas. El documento entregado por Fabra señala, por ejemplo, que "se hará todo lo posible para reducir la posibilidad de que ocurran accidentes y enfermedades profesionales, así como para mejorar las condiciones de trabajo". También sostiene que "se procurará sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro". "Las funciones asignadas al trabajador designado de nivel intermedio también podrán ser asumidas por el trabajador de nivel superior", sostiene. En el mismo, hace referencia a las competencias del comité de seguridad y salud, describe treinta riesgos (desde caídas hasta carga mental) e indica que "las medidas o actividades preventivas planificadas pueden ser de distintos tipos".

Vilar presentó, al menos, cuatro facturas, que, según dijo, Fabra emitió con el fin de que el empresario pudiera justificar contablemente los pagos. Todas las facturas tienen como concepto la realización de "trabajos e informes jurídico-laborales". Sin embargo, los informes entregados por Fabra a la titular del Juzgado número 3 de Nules hablan, únicamente, de la prevención de riesgos laborales. Éste es, precisamente, uno de los objetos que la empresa de Fabra declaró en su creación.

Dos de las facturas están emitidas a nombre de Naranjax, mientras que otras dos se dirigieron a Comercial de Industrias Arcavi, una empresa que no tiene trabajadores ni actividad. Existe una quinta factura a nombre de Artemis 2000, la sociedad que fue formada por las esposas de Vilar, Monserrat Vives, y del propio Fabra, Amparo Fernández, aunque, según el presidente de la Diputación de Castellón ésta no se llegó a cobrar.( Febrero 2004 )

Ortiz usó un informe de Miquel Roca para justificar el cambio de la ley

El empresario Vicente Vilar ha presentado dos faxes ante el juzgado con el objetivo de demostrar que el diputado popular Juan José Ortiz contactó con la Asociación Española de Fitosanitarios y Sanidad Ambiental (Aefisa) con el objetivo de «gestionar» cambios en diversos artículos de la Ley de Sanidad Vegetal. Los apartados en cuestión favorecían a las multinacionales en detrimento de pequeñas empresas de fitosanitarios como Naranjax, SL, firma que mantenía estrechos vínculos laborales con las empresas Carmacas, SL, y Artemis 2000, ambas propiedad del presidente de la diputación provincial, Carlos Fabra, y de su esposa, María Amparo Fernández. La intervención de Ortiz sale a la luz en un fax que recibió Vilar del empresario Vicente Galván, consejero de Aefisa que representó a la patronal fitosanitaria durante la negociación de la Ley de Sanidad Vegetal en el Congreso de los Diputados. El informe solicitado por el diputado había sido elaborado por el despacho de Miquel Roca Junyent, ex portavoz de CiU y ponente de la Constitución Española. Esta supuesta mediación de Ortiz es uno de los argumentos que plantea el industrial químico de Artana en las dos querellas que interpuso contra el presidente de la diputación por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, contra la salud pública y contra la propiedad intelectual. Vilar acusa a Fabra de «cobrar a cambio de tratos de favor» en la Administración central y autonómica.( Febrero 2004 )

Un capítulo explica que si se detecta un incendio se debe «alertar a la centralita marcando el 9»

El empresario Vicente Vilar asegura que la juez de Nules insinuó a Carlos Fabra, durante el interrogatorio de hace unas semanas, que el pago de 15.000 euros «parecía mucho dinero» por los informes, alguno de sólo 34 folios. Según el industrial de Artana, el presidente del PP de Castelló habría contestado que le parecía un precio «muy razonable».

El informe de Fabra en el que define las actividades a realizar por una empresa de productos fitosanitarios en materia de prevención de riesgos laborales incluye propuestas que pueden considerarse obvias, sin necesidad de informes jurídicos. Es lo que puede deducirse de las recomendaciones ante una emergencia por un incendio. Según se indica, tras las detección del fuego, por «cualquier persona», se debe «alertar a centralita telefónica marcando el 9» y «utilizar inmediatamente el extintor adecuado», eso sí, «siempre acompañado, sin pone en riesgo su integridad física y si se ve capacitado para ello». «No se trata de sustituir a los profesionales», se escribe.

El texto se complementa con una relación de normativa obligatoria para la empresa, en la que se cita el decreto sobre líneas de alta tensión, el reglamento de explosivos, las condiciones en que se deben realizar los trabajos en que se manipula amianto, las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal, entre otras. La mayoría, según se observa, no tienen relación directa con las características de las empresas de Vicente Vilar, dedicadas a la fabricación y comercialización de productos agroquímicos para acabar con las plagas o mejorar los cultivos.

Vilar anunció hace unos días su intención de solicitar a la juez la realización de un peritaje para demostrar que Fabra «ha creado los informes» para justificar los pagos recibidos por Carmacas. La prueba que reclama el industrial consistiría en la aplicación de técnicas de investigación policial para comprobar la antigüedad de la tinta impresa en los documentos, así como los documentos informáticos que sirvieron para crearlos. También se le plantea a la juez que determine si había «necesidad racional» de la empresa de contar con una asesoría legal de esta naturaleza ( Febrero 2004 )

Fabra medió para que los mundiales juveniles de ajedrez se celebrasen en un complejo hotelero propiedad del socio de su mujer

El presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa, fue citado en la primavera del año 98 por el Consejo Superior de Deportes cuando manifestó su intención de elegir otra sede para los mundiales juveniles. A esta reunión acudió además de Fabra el socio de su mujer y propietario de Marina D'Or, Jesus Ger. La intención de Carlos Fabra, según el presidente de la Federación Española de Ajedrez, era la de presionarle para que se eligiese como sede de los campeonatos el complejo hotelero de Ger. La mujer de Carlos Fabra formaba parte entonces del consejo de administración de una filial de Marina D´Or llamada "apartamentos La Coma". Desde esta reunión en el 98 se han celebrado en el complejo de Ger prácticamente todos los campeonatos juveniles de ajedrez nacionales e internacionales. La mayoría, cuando la mujer de Fabra todavía estaba vinculada a Marina Dór, situación en la que estuvo hasta mayo de 2001 . La Cadena Ser ha preguntado por la mediación de Carlos Fabra al que fuese secretario de estado para el deporte Pedro Antonio Martín Marín. Él asegura que es probable que el encuentro se produjese, pero que no recuerda ningún detalle.(Febrero 2004)

El comité de empresa de TVE en Valencia denuncia manipulación en la información del caso Fabra

El Comité de Empresa del Centro de Producción de Programas de TVE en la Comunidad Valenciana ha denunciado «la manipulación constante» de los informativos, que han provocado «una situación inaguantable para los profesionales de este medio», citando como ejemplo expreso la información en torno al caso Fabra. En un comunicado hecho público se asegura al respecto que «la parcialidad en el caso Fabra ha sido permanente. Valga como ejemplo la emisión de una entrevista al President de la Generalitat, realizada por Europa Press, alabando al presidente de la Diputación de Castelló, y afirmando que seguirá desempeñando su puesto y no aceptará ni su dimisión ni el cese. Es loable Ð continúa el escritoÐ por parte del Sr. Camps la defensa a ultranza y corporativista de alguien de su partido. Eso sí, para emitir estas declaraciones habrá que emitir también las acusaciones, cosa que no se hizo». La coordinadora de Esquerra Unida, Glòria Marcos, dijo que el conseller de Justicia, Víctor Campos, «se ha inhabilitado a sí mismo para ejercer el cargo al defender» al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, «calificando de linchamiento público las acusaciones que hay en su contra». Para Marcos, «el primer interesado en que se esclareciera el caso debería ser el conseller», pero en lugar de eso «trata de influir en la Justicia achacando las irregularidades de Fabra a una campaña mediática». «Matar al mensajero es un burdo intento de ocultar la verdad y no entrar en el fondo de las graves acusaciones planteadas muestra la prepotencia del PP, a la que los ciudadanos le pasarán cuenta en las próximas elecciones», añadió. Por su parte, el portavoz adjunto del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Antoni Such, calificó de «incomprensible» que el jefe del Consell mantenga su apoyo «incondicional» al Fabra, «cuando ha quedado meridianamente claro que mintió en documentos oficiales y caen sobre él sospechas fundadas de corrupción política». En este sentido, se preguntó si Camps «tiene algo que ocultar» o le «debe algún favor a Fabra, para mantener esta actitud tan irresponsable». (Febrero 2004 )

M. Almendros asesora a Carlos Fabra

El periodista Manuel Almendros, un «histórico» de RNE y TVE, se encuentra desde hace varios días en Castelló con el objetivo de ayudar a su amigo personal, Carlos Fabra. Almendros lleva varios días en la ciudad entrevistándose con representantes de los distintos medios al objeto de recabar impresiones sobre el escándalo político en el que está involucrado el presidente provincial del PP y la Diputación. Almendros, de 64 años, asegura que ha tomado la iniciativa por la amistad que le une Fabra, a la que conoce desde hace tiempo y con la que ha tenido relaciones de vecindad en Pozuelo de Alarcón. (Febrero 2004 )

El marido de la senadora que arropó a Fabra en su declaración como imputado se benefició de adjudicaciones por parte de la Diputación de Castellón

La senadora Carmen Pardo está casada con Rafael Llopis, propietario este último de la empresa de ingeniería “Indecás”. Tanto él, a título personal, como su empresa, han trabajado para la Diputación en importantes infraestructuras públicas. El marido de la senadora popular que ha apoyado públicamente a Fabra, ha redactado los proyectos del puerto y del aeropuerto de Castellón así como de varias carreteras provinciales. Todo a través contratos de asesoría técnica que en algunos casos llegan a superar los 300.000 euros. Esta emisora se ha puesto en contacto con Carmen Pardo para preguntar si su apoyo público a Carlos Fabra tiene algo que ver con los contratos públicos de los que se ha beneficiado su marido. Ella se ha negado a contestar. El partido popular en Castellón también responde que la senadora no tiene nada que decir . Otro de los parlamentarios del PP que acudieron a Nules junto al todavía presidente de la diputación de Castellón, es el diputado Carlos Calpe. Es el abogado y antiguo socio de Fabra, que asesoró durante años a empresarios muy favorecidos por la Diputación, entre ellos, Jesús Ger de “Marina Dòr”. Trabajo que, por cierto, y según ha declarado Carlos Calpe a la Cadena Ser, aceptó por consejo del propio Carlos Fabra. ( Febrero 2004 )

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES, ACUSACIÓN PARTICULAR

La Unión de Consumidores ejercerá como acusación particular en el procedimiento abierto contra Carlos Fabra y otros tres imputados por uno o más delitos contra la administración pública. Ahora la juez de Nules deberá tener en cuenta para este caso además del informe del fiscal jefe el de la acusación particular. En el otro procedimiento abierto por un supuesto delito contra la salud pública y la propiedad industrial, la Unión de Consumidores comparecerá como acusación popular. (Febrero 2004 )

Carmen Albert se hace cargo como sustituta del juzgado número 1 de Nules

La jueza sustituta María del Carmen Albert relevará a la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules, Isabel Belinchón, debido al traslado de ésta al juzgado de primera instancia número 1 de Teruel por la vía del ascenso forzoso a la categoría de magistrado. Albert, natural de Requena, se encargará de los dos procedimientos abiertos en este juzgado en relación a las acusaciones del empresario Vicente Vilar contra el presidente Carlos Fabra, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia. La decisión es del Decanato de los juzgados de Castelló, por lo que Albert permanecerá en el destino hasta que la permanente del Consejo General del Poder Judicial nombre al nuevo titular. Albert se hará cargo provisionalmente de dos sumarios por delitos contra la Administración y la salud pública y la propiedad industrial. La nueva jueza ha desarrollado la mayor parte de su labor jurisdiccional en el partido judicial de Segorbe, donde ha ejercido desde 1992 hasta 2003. Carmen Albert es recordada en Segorbe por ser la jueza que instruyó el caso del homicidio del joven Guillem Agulló, muerto durante una reyerta entre pandillas juveniles. En aquella ocasión, Albert decretó el secreto de sumario y prohibió la entrada en el juzgado de los medios de comunicación. ( Febrero 2004 )

El fiscal jefe cita a testigos por el caso Fabra y ordena un análisis del insecticida

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castelló, Javier Arias, ha dado un nuevo impulso a la investigación del «caso Fabra». Según informaron fuentes judiciales, Arias ha solicitado ya la declaración de varios testigos que de alguna forma han tenido relación con los hechos que investiga la titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules, Isabel Belinchón. La jueza desestimó la querella interpuesta por el empresario de Artana Vicente Vilar, pero decidió cursar los hechos como denuncia y abrir de oficio una investigación por uno o varios delitos contra la Administración pública, ya que el empresario acusa a Fabra de cobrar «muchos millones» a cambio de mediar ante el Ministerio de Agricultura con informes favorables a la comercialización de productos fitosanitarios como el insecticida Abac.

Javier Arias ha estudiado los testimonios de los cuatro imputados que declararon la semana pasada ÐCarlos Fabra, su esposa María Amparo Fernández, el empresario Vilar y la ex mujer de éste, Montserrat VivesÐ, y ha decidido que es necesario citar a algunas personas que tuvieron contacto directo con el caso. Se da la circunstancia de que Vilar denuncia a Fabra por hacer de intermediario ante la Administración en reuniones al más alto nivel con el ministro Jesús Posadas y los diputados Juan José Ortiz y Miguel Prim.

Paralelamente, una carta del Ministerio de Agricultura dirigida a Prim asegura que «se modificaron los criterios» para agilizar al máximo la tramitación de la licencia del Abac, que fue paralizada hasta tres veces desde 1996 a 1999 al considerar los técnicos que la sustancia no cumplía con las garantías sanitarias ni los requisitos administrativos necesarios. No se descarta que entre los citados a declarar figuren funcionarios del Ministerio de Agricultura o técnicos que participaron en la elaboración de los expedientes sobre Abac, ya que el fiscal jefe quiere averiguar si se cumplieron todos los trámites establecidos o si fueron alterados para lograr que el insecticida saliera cuanto antes al mercado, tal y como refleja Vicente Vilar en su querella. Concretamente, los dos organismos que participaron en el procedimiento fueron la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios Ðdependiente del Ministerio de AgriculturaÐ y la Dirección General de Salud Pública, cuyos funcionarios se encargan de vigilar si los productos que se van a comercializar son peligrosos para la salud. Ambas entidades públicas emitieron supuestamente los informes que dieron luz verde a la comercialización de las sustancias de Naranjax. ( Febrero 2004 )

Los hijos de Fabra percibieron ingresos de la firma de seguros que contrata la diputación

Dos de los hijos del presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, han percibido ingresos económicos en calidad de agentes de la Unión de Mutuas, empresa para la que trabaja la esposa de Fabra y en la que él mismo tiene un cargo directivo. La diputación además ha contratado pólizas de seguros con la Unión de Mutuas, si bien la compatibilidad que tiene Fabra le impide ejercer en asuntos que afecten a la diputación.

Los documentos que obran en mano del Juzgado de Castelló revelan que dos de los hijos del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, también han percibido ingresos como agentes de la Unión de Mutuas.

Casualmente, la diputación ha contratado pólizas de seguros sanitarios con esta entidad al tiempo que el presidente del Partido Popular de Castelló ostenta un cargo en la Junta Directiva de la misma desde 1995.

Ésta es la misma empresa que desde abril de 2000 mantiene un vínculo laboral con la esposa de Fabra por trabajar en el departamento de marketing. Eso sí, la entidad hubo de confirmar su condición de trabajadora después de que diversos empleados consultados por este diario aseguraran que no conocían a María Amparo Fernández y que ésta no trabajaba en su edificio. «Yo no sé quién es esta persona y creo que no trabaja aquí». Su sueldo supera los 1.500 euros mensuales.

El vínculo laboral de los jóvenes Fabra fue reflejado textualmente por el propio abogado del presidente en la demanda que interpuso contra Vicente Vilar Ðempresario que presentó dos querellas contra él por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, contra la salud pública y contra la propiedad intelectualÐ. «Don Carlos Fabra Carreras (...) desde el año 1999 tiene un despacho abierto de asesoramiento laboral y agente de seguros en la calle Gasset, en colaboración con sus hijos que actuaban de agentes de mutualismo laboral, por el que percibían ingresos de la Unión de Mutuas, y al que acuden clientes muy diversos», precisa el letrado.

Este documento judicial describe brevemente la vinculación laboral de los hijos de Fabra en un intento de justificar la «necesidad legal» de constituir la empresa Carmacas SL, que según Vilar «fue utilizada para el cobro de informes jurídicos inexistentes a cambio de tratos de favor».

Se de la coincidencia de que, de forma paralela, la diputación provincial ha incorporado a la Unión de Mutuas como miembro del Patronato de la Fundación Hospital Provincial.

La mutua, única entidad privada que se ha integrado en el patronato de forma directa, comparte asiento con el presidente de la diputación y el director gerente del hospital. Y una vez más, esta designación proviene directamente de la mano del presidente de la diputación y del conseller de Sanidad, Vicente Rambla. El objetivo final de la fundación será una inversión millonaria en el desarrollo de investigación científica los campos de la oncología y la oftalmología.

Tampoco pasa desapercibida la espectacular progresión económica de la Unión de Mutuas. En 1995, la entidad facturaba 40 millones de euros. En 2002 alcanzó los 136 millones de euros y su previsión para el ejercicio 2003 supera los 150 millones.

La Unión de Mutuas gestiona, como mínimo, una póliza de vigilancia de la salud por la que los servicios médicos de la mutua se encargan de los reconocimientos de los más de mil trabajadores de la diputación. También gestiona las prestaciones económicas por situación de incapacidad laboral transitoria (ILT) de estos funcionarios públicos ( Febrero 2004 )

Una mutua de la que es consejero Fabra realiza análisis no autorizados de sida a funcionarios  

La Diputación de Castellón, a través de la empresa Unión de Mutuas, de la que es consejero el presidente de la corporación provincial, Carlos Fabra, y en la que trabaja la esposa de éste, Amparo Fernández, realiza análisis de detección del sida (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y de hepatitis C sin contar con la preceptiva autorización personal de cada uno de ellos para someterse a dichas pruebas, según denunció el sindicato CC OO.

La Unión de Mutuas efectuó durante el mes de noviembre de 2003 el reconocimiento médico anual a los funcionarios de la diputación castellonense, con la que mantiene un concierto para la realización de estas pruebas. Los análisis fueron idénticos para todos los empleados con la excepción de quienes prestan sus servicios en el Hospital Provincial, a quienes se les realizó análisis específicos para detectar si estaban infectados por el virus del sida o de la hepatitis C.

Los trabajadores del hospital, sin embargo, no fueron informados en ningún momento de que iban a ser sometidos a estas pruebas y sólo supieron de su existencia cuando recibieron los resultados de los análisis.

Fuentes de CC OO aseguraron que la mutua no procedió en ningún momento a informar previamente a los trabajadores de que se iban a realizar estas pruebas específicas ni, mucho menos, a disponer del permiso de éstos por escrito a someterse a las mismas, por lo que presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y ante la Consejería de Sanidad que, de momento, no ha tenido respuesta.

El Hospital Provincial, que hasta enero de este año dependía de la Diputación de Castellón, tiene una plantilla aproximada de 500 trabajadores de los cuales alrededor de 200, según fuentes sindicales, se sometieron a las pruebas de reconocimiento médicos y, de éstos, 150 fueron examinados acerca del sida y la hepatitis C. Los exámenes sobre VIH se efectuaron "de forma indiscriminada" y "sin atender a un criterio que podamos calificar de objetivo", según el sindicato.

Ante las protestas de algunos trabajadores al recibir los resultados, CC OO presentó una denuncia, el pasado mes de diciembre, ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y otra, en enero, ante la Unidad de Salud Laboral de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, no han tenido respuesta ni de una ni de otra administración.

CC OO ha denunciado el atentado contra "la intimidad y la dignidad de los trabajadores" en lo que consideran "una grave infracción legal del carácter voluntario con el que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula el derecho del trabajador y la correlativa obligación empresarial de vigilancia de la salud".

Además, el sindicato ha querido resaltar la infracción, por parte de la Unión de Mutuas, del propio código ético de la entidad "donde el respeto a la dignidad del ser humano se erige como principio fundamental que debe regir el comportamiento de la mutua". Tal como han señalado fuentes sindicales, "su certificado de calidad da al traste con actuaciones como la presente que vacían de contenido sus compromisos de ética y buena práctica que enarbolan como bandera de su actuación". (Febrero 2004 )

La compatibilidad le impide ejercer en asuntos que afecten a la corporación u órganos dependientes

Tres familiares del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, han intervenido en el proceso de comercialización de seguros sanitarios en una empresa cuyos servicios han sido contratados por el organismo provincial que preside el propio Fabra.

Paradójicamente, el líder del Partido Popular ha mantenido esta vinculación a pesar de que su autorización de compatibilidad le impide ejercer como agente de seguros .aunque no a su familia en concreto, en asuntos que afecten a la diputación u a organismos de ella dependientes.

La autorización de compatibilidad requerida en 1996 por el presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, solicitaba permiso para seguir ejerciendo «con las limitaciones de no poder intervenir como abogado ante jueces o tribunales en causas civiles, penales, sociales o contenciosas ni como abogado, mediador o agente de seguros en asuntos en que se encuentre afectada la Diputación Provincial u organismos de la misma dependientes».

La cuestión radica en calibrar si la Unión de Mutuas Ðentidad de la cual es directivo Fabra como representante de la diputaciónÐ puede considerarse una empresa relacionada con asuntos que afectan al organismo provincial. A este respecto, resulta significativo que la Unión de Mutuas gestiona las pólizas de vigilancia de salud de los funcionarios de la diputación y las prestaciones económicas por situación de incapacidad laboral transitoria (ILT).

En este cúmulo de coincidencias, también sale a la luz que la esposa de Fabra, María Amparo Fernández Blanes, figura en la lista de empleados de la Unión de Mutuas.

La Unión de Mutuas volvió a acogerse a la Ley de Protección de Datos para no realizar ningún comentario sobre la relación laboral de los hijos de Fabra. Por su parte, el gabinete de prensa del presidente reiteró una vez más que «no hay declaraciones». (Febrero 2004)

El fiscal rechaza la pretensión de Fabra de secuestrar cinco diarios  

El fiscal solicitó a la juez que desestime la pretensión de Carlos Fabra de que secuestre varios números de cinco diarios, entre ellos EL PAÍS, e impida informar en ellos y en la cadena SER de su caso. El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial está imputado por supuestos delitos contra la Administración tras la denuncia de un empresario de que cobró a cambio de favores políticos.

El presidente del PP en Castellón, Carlos Fabra, solicitó a la titular del juzgado de Primera Instancia número 2 de Castellón, Mercedes Galotto, el "secuestro" de varios números de EL PAÍS y de los periódicos Diario de Valencia, Levante, Heraldo de Castellón y El Mundo en los que se daba noticia de las acusaciones del empresario Vicente Vilar contra él y de todos los ejemplares en los que se "agreda a su honor". Además, ha reclamado que se suspenda toda actividad de "difusión, reproducción, distribución, venta y comunicación pública" de informaciones referidas a él mismo, a raíz de las dos querellas presentadas por el empresario Vicente Vilar, que han desembocado en la apertura de dos procedimientos de oficio por sospechas de uno o varios delitos contra la Administración pública y contra la salud pública y la propiedad industrial.

Fabra pretende también la "retirada de librerías y comercios" de los ejemplares e incluso del "material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública de la campaña mediática de descrédito". Las medidas requeridas por Fabra están incluidas en la demanda que ha presentado contra Vilar, en la que le acusa de atentar contra su honor, intimidad y propia imagen. La reclamación de Fabra se extiende a la Cadena SER e incluye la solicitud de que "se abstengan de realizar manifestaciones ignominiosas" y publiquen "nuevas noticias e informaciones". Durante la vista celebrada en Castellón, el fiscal alegó el derecho a la información y añadió que éste es un país libre y democrático.

Por otra parte, según publicaba Levante, Fabra, como presidente de la Diputación de Castellón, ha contratado pólizas de seguros sanitarios con una entidad en la que trabaja su esposa, Amparo Fernández. Ésta mantiene una relación laboral con Unión de Mutuas desde abril de 2000 como contratada en el departamento de marketing con un salario mensual de más de 1.500 euros. Sin embargo, la conexión entre Fabra y dicha entidad, una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, es más extensa ya que es consejero de la misma, al menos desde 1995, fecha en la que incluyó esta actividad en el registro presentado en la Diputación. Tanto en aquella legislatura como en la de 1999 a 2003, Carlos Fabra no especificó si recibía retribución alguna por el desempeño de su cargo. Sin embargo, en el registro de actividades presentado en 2003, el presidente de la Diputación sí especifica que no la recibe.

Según fuentes de la Corporación provincial el convenio que la Diputación firmó en 2002 con Unión de Mutuas alcanza los 14.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Castellón, del que también es concejal Fabra, ha firmado este año otro acuerdo para el reconocimiento médico de los funcionarios por 25.737 euros ( Febrero 2004 )

La mutua donde trabaja la mujer de Fabra entra como patrono en una fundación de la diputación

La Unión de Mutuas, aseguradora en la que trabaja María Amparo Fernández Blanes, mujer del presidente de la diputación de Castelló, Carlos Fabra, se incorporó hace unas semanas al patronato de la recién creada Fundación Hospital Provincial de Castelló. La mutua es la única entidad privada que forma parte del patronato de este organismo de forma directa. El resto de integrantes son el presidente de la diputación y el director gerente del hospital, aunque se abre la posibilidad de incorporar en el futuro a otras entidades públicas o privadas que puedan contribuir al desarrollo de la fundación.

El patronato es el máximo órgano de gobierno de la fundación, que tiene como objetivo el desarrollo de la investigación científica en oncología y oftalmología. Dos ámbitos que escapan a los propios de la Unión de Mutuas, cuyo objetivo empresarial es el de los accidentes de trabajo y las enfermedades de tipo profesional. Unión de Mutuas no realizará aportaciones. La Generalitat ha comprometido 60.000 euros y la diputación aportará el resto hasta alcanzar los 1,8 millones.

Los estatutos de la fundación plantean la creación de dos institutos médicos, cuyo funcionamiento no se ha acabado de concretar. En principio, se explica que estarán dedicados a «la investigación, el estudio, la formación y preparación en la lucha contra el cáncer y el avance de las técnicas e investigaciones oftalmológicas». Sin embargo, se dice también que ambos institutos serán departamentos asistenciales del hospital que desarrollarán actividades ligadas a las «propias del centro», lo que suscita la duda de si asumirán algún tipo de prestación sanitaria a enfermos.

La Unión de Mutuas ha mantenido una evolución empresarial espectacular en la última década. En 1995, la entidad facturaba 40 millones de euros; cuatro años después, el volumen económico era ya de 85 millones de euros. En 2002 alcanzó los 136 millones de euros y la previsión para 2003 antes del cierre del ejercicio eran de facturar unos 154 millones.

Entre los clientes de la Unión de Mutuas está la Diputación de Castelló, que ha contratado diversos seguros médicos con la entidad. Fabra es miembro de la junta directiva desde 1995. La aseguradora concretó hace un mes la adquisición de la clínica Misericordia, de Castelló, a la sociedad Folchfer. El centro sanitario, con 40 habitaciones, cuatro quirófanos, una UCI, servicio de radiología y sala de rehabilitación, permitirá mejorar la atención a los 300.000 trabajadores asociados por accidentes de trabajo, 180.000 por incapacidad laboral y los 150.000 por servicio de prevención. La Unión de Mutuas posee más de 30 centros en Castelló y Valencia ( Febrero 2004 )

La diputación adjudica otro proyecto a la firma del marido de la senadora del PP Carmen Pardo

La Diputación de Castelló adjudicó por 300.000 euros un proyecto de asistencia técnica a la consultora Ingeniería de Castellón (Indecas). La contratación, efectuada hace unas semanas, está relacionado con la carretera que unirá la N-340 con el futuro aeropuerto de Vilanova d´Alcolea promovido por Carlos Fabra. El administrador único de Indecas es Rafael Llopis, marido de la senadora del PP Carmen Pardo.

Esta no es la primera adjudicación que recibe la firma de Llopis de la diputación. Según publicó este diario, Indecas recibió en 1998 el encargo de realizar un estudio sobre el emplazamiento ideal del aeropuerto, así como de su viabilidad. Posteriormente, se le adjudicó la redacción del proyecto, junto a otra empresa con la que conformó una unión temporal. El proyecto técnico tuvo un coste de casi 1,1 millón de euros.

Informaciones publicadas en los últimos días han relacionado a Llopis con el jefe de Carreteras de la Diputación Provincial, Samuel Marca. Además de Indecas, Llopis tiene otra empresa con Alfonso Cachavera y este hace lo propio con Samuel Marca.

Indecas también ha recibido encargos de otros proyectos promovidos desde la Administración, en concreto de la Generalitat. En 1999 se adjudicó un contrato por valor de 477.000 euros. En 2001 se le encargó la dirección de la autovía Castelló-La Pobla Tornesa por 1.081.794 euros.

Otra de las últimas adjudicaciones ha sido la de la asistencia técnica de la variante de Albocàsser desde la CV-129 a la CV-130, por un montante económico de 54.000 euros.

El escándalo político desatado tras la denuncia del empresario Vicente Vilar al presidente de la diputación, Carlos Fabra, por un presunto pago a cambio de favores políticos ha devuelto al prime plano los beneficios obtenidos por Indecas en los últimos años. Carmen Pardo ha quedado descolgada de las candidaturas y sólo será suplente de otro candidato, Gabriel Elorriaga. Pardo acudió el martes a Nules, junto a otros cargos públicos del PP, a dar soporte a Fabra durante su testificación como imputado en la investigación abierta por la jueza ( Febrero 2004 )

Una carta del Ministerio de Agricultura prueba que el parlamentario Prim medió para Naranjax

El parlamentario del Partido Popular Miguel Prim podría ser llamado a declarar por el «caso Fabra» si la jueza Isabel Belinchón decide tomar en consideración una carta que el Ministerio de Agricultura envió en 1999 y que confirma la mediación del político en la «agilización» del trámite para la venta de productos fitosanitarios. De esta manera, el empresario Vicente Vilar Ðque acusa al presidente de la diputación de Castelló, Carlos Fabra, de cobrar «muchos millones» por hacer de mediador en la comercialización de productos fitosanitariosÐ dirige también su acusación contra Prim al aportar este documento al sumario que instruye la jueza de Nules

La carta remitida por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, fechada el 7 de septiembre de 1999, señala que el ministerio «se puso en contacto por teléfono con el senador Prim y se le informó detalladamente de todo, haciéndole especial mención de que las instrucciones recibidas son de agilizar al máximo la resolución de dichos expedientes para recuperar en lo posible los retrasos experimentados».

Agricultura envió esta nota informativa en contestación a una misiva anterior de Prim, en la que éste supuestamente medió por sustancias como Metamidofos y Fosetil, empleadas en la elaboración de fitosanitarios. El ministerio hace saber al senador por Castelló que los expedientes fueron paralizados por resoluciones denegatorias, «habiendo sido archivados sin que se produjeran recursos contra éstas». Además, se le informa de que «dado lo estricto de la ley, se entiende que lo más ágil es iniciar de nuevo los expedientes de autorización». En recientes declaraciones, Prim dijo que «no recordaba» haber realizado este tipo de gestiones.

Por otra parte, el empresario Vilar, propietario de Naranjax, convocó una rueda de prensa para revelar parte del contenido de las declaraciones de los imputados ante la jueza. Según Vilar, Isabel Belinchón insinuó durante el interrogatorio que 150.000 euros «parecía mucho dinero» por dos informes de 20 folios, a lo que Fabra respondió que le parecía un precio «muy razonable». El líder del PP dijo también que, como administrador de la empresa Carmacas, hacía «lo que le decía Vilar». Fabra declaró también, según el industrial, que los favores que hizo a Vilar ante la administración los hizo «porque lo vio destrozado y desesperado», pero que nunca cobró por ellos. Vilar, que rompió a llorar en un momento de su comparecencia ante los periodistas, manifestó que de la declaración de Fabra se desprende que se reunió con cargos del PP en el ministerio de Agricultura para agilizar la comercialización de fitosanitarios.(Febrero 2004 )

La diputación contrata seguros médicos con la mutua en la que trabaja la mujer de Fabra

El presidente de la diputación, Carlos Fabra, ha mantenido desde su acceso al cargo una estrecha relación con la Unión de Mutuas, en la que ocupa el cargo de consejero al menos desde 1995, según consta en las declaraciones de actividades presentadas por el presidente del PP en el Registro de Intereses de la diputación y del Ayuntamiento de Castelló.

Durante este tiempo, la diputación ha contratado pólizas de seguros sanitarios con la entidad castellonense. La Unión de Mutuas gestiona, como mínimo, una póliza de vigilancia de la salud por la que los servicios médicos de la mutua se encargan de los reconocimientos de los más de mil trabajadores de la diputación. También gestiona las prestaciones económicas por situación de incapacidad laboral transitoria (ILT) de los funcionarios, como confirmaron desde la Diputación de Castelló.

Esta relación no se circunscribe al ámbito institucional, sino que alcanza el terreno de lo personal. La mujer del presidente de la diputación, María Amparo Fernández Blanes, mantiene una relación laboral desde abril de 2000 con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 267 (nombre completo de la empresa), según han revelado a este diario fuentes de la Administración central.

La Unión de Mutuas confirmó que María Amparo Fernández trabaja en el departamento de marketing de dicha aseguradora, aunque señaló que esta semana se encuentra «de permiso». «Sí. Ella trabaja en esta casa en el departamento de marketing», confirmó una de las responsables de la empresa.

Paradójicamente, unos momentos antes, los trabajadores de la entidad aseguraron no conocer a María Amparo Fernández e incluso llegaron a afirmar que no trabajaba en la empresa. Estas fueron las palabras de uno de los empleados preguntados: «Yo no sé quién es esta persona y creo que no trabaja aquí. Conozco a mis compañeros y si estuviera en esta empresa la conocería. ¿No trabajará en el otro edificio?». «De todas formas, déjeme que lo consulte por favor».

Tras unos minutos de espera y diversas consultas al personal del área administrativa, un portavoz de la empresa se personó ante el periodista para acreditar que Amparo Fernández Blanes sí figuraba en la plantilla laboral de la Unión de Mutuas. Eel salario mensual de la mujer de Fabra supera los 1.500 euros.

Hasta la fecha, el historial laboral conocido de María Amparo Fernández incluía la experiencia profesional en el área de la hostelería y de los productos fitosanitarios. Estos conocimientos se han reflejado en su condición de gerente de la firma Cocina Riojana de Vanguardia (restaurante Mare Nostrum) y copropietaria de la empresa Artemis 2000. Eso sí, aún no había trascendido que la mujer de Fabra también tuviera nociones de marketing.

La relación laboral de Fernández Blanes con la Unión de Mutuas no fue reflejada con precisión en el texto de la demanda civil que el presidente de la diputación presentó contra el empresario Vicente Vilar. En el documento se exalta a la mujer de Carlos Fabra como una «mujer trabajadora y emprendedora, con iniciativa y afán de superación».

El escrito enumera algunas de las actividades empresariales de su currículum profesional en los últimos años: negocios de lavandería, zapatería de niños y restauración con empresas como Lavomatique, Calzados Nanos y Cocina Riojana de Vanguardia. «En el proceso de lapidación contra su marido, tampoco doña Amparo Fernández ha salido indemne, inculpándola de ser socia de una empresa acusada de recibir trato de favor del PP», relata el abogado Eduardo Estrada. ( Febrero 2004 )

La inmobiliaria fundada por los escoltas de Fabra opera en una urbanización en la que el líder del PP en Castellón tiene intereses

La empresa inmobiliaria fundada por los dos escoltas de máxima confianza de Carlos Fabra vende propiedades de todo tipo en La Coma, una urbanización de lujo en Castellón en la que el líder del PP y su esposa tienen terrenos e intereses. Los beneficios declarados nunca llegan al millón de pesetas.Entre los terrenos que el matrimonio Fabra tiene en "La Coma" se encuentran cinco parcelas, varias fincas y, hasta hace bien poco, la esposa de Carlos Fabra formaba parte del Consejo de Administración de un pequeño complejo turístico dentro de esta urbanización, llamado "Apartahoteles La Coma". Víctor Puerto y Santiago Gascón son los dos escoltas de confianza de Carlos Fabra, dos policías municipales que protegen desde hace años al líder del PP en Castellón. En el año 2000 fundan Inmobiliaria Castalia y se reparten a medias el capital social. En el registro no consta en ningún momento que hayan vendido la empresa, aunque ahora figura otro administrador, Juan José Roca. Los dos policías municipales que escoltan a Fabra tampoco han querido aclarar a quién pertenece la inmobiliaria que fundaron. En el 2001 presentan cuentas en el registro. Dicen que sólo ganaron 906 euros. En 2002 un poco más, 4.521.(Febrero 2004)

La Diputación de Castellón otorga obras a socios de un alto cargo  

La Diputación de Castellón ha adjudicado, en los últimos años, varios proyectos a una empresa que comparte socio con el jefe de carreteras de la Corporación provincial, Samuel Marca, según desveló la cadena SER. La empresa Ingeniería de Castellón (Indecas) ha sido la beneficiaria de varias adjudicaciones y está dirigida por Rafael Llopis, esposo de la actual senadora del PP Carmen Pardo. Llopis tiene como socio a Alfonso Cachavera quien, a su vez, comparte empresa con Marca. Según la SER, los contratos de asesoría encargados a los socios del alto cargo en la Diputación superan los 300.000 euros. Además, Samuel Marca ha sido consejero de una de las sociedades que encabeza el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y con él ha coincidido en el Club de Golf Mediterráneo como consejero de la sociedad, que administra Fabra. Según la emisora, Indecas ha trabajado también para varios ayuntamientos de la provincia, así como para la Generalitat Valenciana, para la que ha realizado trabajos que han superado los 1,2 millones de euros.

El primer contrato que la Diputación adjudicó a Indecas fue, en 1998, para la realización del estudio de localización de emplazamientos y el informe de viabilidad del futuro aeropuerto de Castellón, un proyecto que, desde el principio, ha impulsado Carlos Fabra, quien ha puesto todo su empeño porque saliera adelante. Poco después, el PP en la Diputación adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Ingeniería de Castellón y otra sociedad, la redacción del proyecto del aeropuerto por un importe de 170 millones de pesetas. La adjudicación contó con el único apoyo del PP ya que los partidos de la oposición plantearon "dudas legales y jurídicas". Hace unas semanas, la Diputación adjudicó por 300.000 euros a Indecas otro proyecto, en este caso, de asistencia técnica para la construcción de una carretera que unirá la N-340 con el futuro aeropuerto ( Febrero 2004)

Fabra reconoce ante la jueza de Nules que cobró por informes para la empresa de Vilar

El presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, reconoció ante la titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules, Isabel Belinchón, que ha alternado su actividad empresarial con su cargo político, aunque hizo constar en acta que nunca se aprovechó de sus influencias para ganar dinero en su actividad empresarial, informaron fuentes judiciales.

Durante tres horas ,desde las nueve de la mañana hasta pasadas las doce del mediodía, tuvo que responder a las preguntas de la jueza que investiga el caso y que lo había citado a declarar en calidad de imputado por uno o varios delitos contra la Administración Pública por sus supuestas mediaciones ante organismos del Estado para lograr la comercialización de los productos fitosanitarios del empresario Vicente Vilar, el amigo que ahora se vuelve contra él y le acusa de tráfico de influencias y estafa, entre otros posibles delitos.

En su comparecencia, Fabra reconoció que ha compatibilizado sus responsabilidades como presidente de la diputación y como directivo de la empresa Carmacas, dedicada al asesoramiento empresarial, aunque declaró que nunca utilizó sus influencias para lucrarse en su actividad privada. A lo largo de su extensa declaración judicial como imputado, el líder del PP reconoció que mantuvo negocios con Naranjax, la empresa de Vilar, a la que cobró diversas cantidades por realizar una serie de informes favorables a la comercialización de productos fitosanitarios. Vilar mantiene en su querella que pagó a Fabra más de 50.000 euros por estas gestiones y «muchos millones más». En el transcurso de la comparecencia, Fabra no sólo asumió que mantuvo trato comercial con Naranjax, sino que reconoció que algunas facturas presentadas por Vilar como prueba fueron libradas y firmadas por él en representación de Carmacas como justificante de los pagos.

Al término de su declaración, el presidente de la diputación se mantuvo fiel a la estrategia diseñada por sus asesores de guardar silencio a pesar del escándalo que le persigue desde hace casi dos meses, salió del juzgado de Nules entre empujones y codazos a través de una maraña de periodistas y zanjó la cuestión con un escueto «no voy a decir nada». Finalmente subió a un coche que le esperaba en la puerta y abandonó la calle donde están los juzgados.

Minutos después, su esposa María Amparo Fernández entraba a declarar ante Belinchón, también en calidad de imputada. Fernández prestó declaración durante casi dos horas y respondió a las cuestiones que le formuló la titular del juzgado sobre su gestión al frente de Artemis 2000, de la que fue socia al cincuenta por ciento con la ex esposa de Vilar, Monserrat Vives. La mujer del presidente negó que su marido se haya enriquecido a costa de su cargo en la diputación y también negó haber recibido joyas o cualquier otro regalo de Vicente Vilar. ( Febrero 2004 )

Loyola De Palacio elude responder a las acusaciones de Vicente Vilar

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, eludió  responder a las acusaciones del empresario castellonense Vicente Vilar, que asegura que en el año 1996 la entonces ministra de Agricultura «le echó una mano» para acelerar la autorización de sus productos fitosanitarios. De Palacio presidió la firma de un convenio de colaboración entre el puerto italiano de Livorno y el de Alicante. En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta de la Comisión ni siquiera dejó al corresponsal del diario El Levante formular su pregunta, alegando que no podía contestar cuestiones de política nacional delante de los responsables de las autoridades portuarias de Livorno y Alicante. Al concluir el acto, De Palacio subió rápidamente a su despacho sin detenerse a hablar con los periodistas ( Febrero 2004 )

Fabra declara durante tres horas como imputado arropado por alcaldes y diputados del PP  

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha declarado durante casi tres horas en calidad de imputado ante la titular del juzgado número 1 de Nules, Isabel Belinchón, en la causa abierta "por uno o más delitos contra la Administración Pública". Fabra ha acudido al juzgado arropado por una docena de compañeros del PP, entre ellos diputados y alcaldes.

Fabra ha llegado en su coche oficial poco después de las 8.30 horas y ha comenzado a declarar a las 9.00. A su llegada a los juzgados no ha querido hacer ninguna declaración a los numerosos periodistas que se encuentran desde primeras horas de esta mañana en las inmediaciones de la sede judicial. Casi tres horas después, ha salido del edifico rodeado por sus asesores y cargos del PP y se ha marchado rápidamente en el vehículo oficial. En esta ocasión, tampoco ha hecho declaraciones.

Junto a Fabra se encontraban, además de varios de sus asesores en la Diputación, los tres vicepresidentes de esa institución provincial -Vicente Aparisi, Luis Tena y Francisco Martínez-, y los alcaldes de Burriana, Alfonso Ferrada, y Peñíscola, Andrés Martínez, entre otros responsables municipales del PP. También se han desplazado hasta Nules los diputados populares Miguel Barrachina - que es director general de Fomento de la Economía Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-, Juan José Ortiz y José Ramón Calpe, así como la candidata suplente al Senado por Castellón Carmen Pardo.

A las 10.30 horas, ha acudido también a prestar declaración como imputada su esposa, María Amparo Fernández, que estaba citada para las 11.00 y que ha comenzado a declarar ante la juez cuando ha terminado su marido. Antes lo hicieron Vicente Vilar y su ex esposa, Montserrat Vives. Vilar, que fue interrogado por Belinchón durante casi cuatro horas, interpuso una querella que, aunque fue rechazada por la titular del Juzgado número 1, le dio valor de denuncia al entender que en los hechos recogidos en ella pueden existir supuestos delitos perseguibles de oficio. Vilar, propietario de la firma Naranjax, dedicada la fabricación de productos fitosanitarios, afirma haber pagado durante años por informes inexistentes realizados por la empresa Carmacas, una sociedad industrial de la que Fabra es administrador único. Vilar entregó a la magistrada dos archivadores con documentación y facturas para fundamentar su denuncia contra el dirigente del PP. Entre los documentos, se encuentran varias facturas de joyería que corresponden, según su testimonio, a regalos (sortijas, relojes, colgantes y anillos) realizados tanto a la esposa de Fabra como a la del subdelegado del Gobierno. Ni el empresario ni su mujer hablaron a la salida del palacio de Justicia. Una vez hayan declarados todos los imputados, la juez podría solicitar las pruebas que considere oportunas para determinar si los hechos constituyen algún tipo de delito. ( Febrero 2004 )

Vilar aporta a la juez facturas de joyas regaladas a la mujer de Fabra  

El empresario Vicente Vilar llegó al juzgado de Nules, donde pasó casi cuatro horas declarando, cargado con dos archivadores llenos de documentos y facturas para sostener las acusaciones contra el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra. También declaró su ex esposa, Montserrat Vives . El fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, ha asumido el caso.

Vilar denunció a Fabra por cobrar "cantidades millonarias" para hacer gestiones ante altos cargos de los ministerios de Agricultura y Sanidad con el objetivo de acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios, en beneficio de su propia empresa y de Artemis 2000, sociedad de la que son propietarias las esposas de ambos. El empresario aportó varias facturas de joyería que corresponden, según su testimonio, a regalos (sortijas, relojes, colgantes y anillos) realizados tanto a la esposa de Fabra como a la del subdelegado del Gobierno. "Le hemos entregado mucha documentación", fue la única declaración que Vilar quiso realizar a la salida del juzgado, después de las más de tres horas que duró su declaración ante la titular del juzgado número 1, Isabel Belinchón. La juez ha abierto un procedimiento de oficio para investigar la posible comisión de "uno o varios" delitos contra la Administración Pública. Vicente Vilar acudió a declarar en calidad de imputado después de que la juez percibiera, en el relato de los hechos incluido en su querella contra Fabra por los presuntos delitos contra la salud pública y contra la propiedad industrial, indicios para abrir una nueva línea de investigación. En el documento, el empresario hablaba de sus reuniones con los ministros de Agricultura, Jesús Posada, y Sanidad, Celia Villalobos.

Después de Vilar, la juez tomó declaración a Monserrat Vives, ex esposa del empresario, quien durante más de una hora hubo de responder al interrogatorio de la juez y el fiscal. A su salida, Vives tampoco habló. Las declaraciones de ambos contaron con la presencia del fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Arias, quien ha asumido el caso. Arias no quiso revelar la marcha de la investigación y se limitó a comentar: "Esto está empezando".

Entre la documentación que la juez ha reclamado a Vilar se encuentran los faxes que tanto el diputado del PP Miguel Prim como el subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral, y el propio Fabra remitieron al empresario informando de la marcha de las autorizaciones solicitadas. El propio Vilar sostuvo que las gestiones de Prim y Sánchez Peral fueron "ordenadas" por Fabra. Además, Vilar ha adjuntado las facturas libradas por Carmacas, firma de la que Fabra es administrador único, y a través de la que el líder del PP, según denunció el empresario, cobraba los favores políticos.( Febrero 2004 )

Los faxes que exige la juez del 'caso Fabra' apuntan a que hubo mediación política  

La titular del juzgado número 1 de Nules, Isabel Belinchón, ha llamado a declarar a los principales implicados en el llamado caso Fabra. El empresario Vicente Vilar, que presentó dos querellas por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, contra la salud pública y contra la propiedad industrial, acudirá al juzgado, mientras que el querellado, el presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en la provincia, Carlos Fabra, lo hará en breve. Los faxes que ha reclamado la juez sobre este caso apuntan a que Fabra realizó mediación política. Los dos citados comparecerán como imputados, pero no en relación con los delitos recogidos en la querella. A raíz de las denuncias presentadas por Vilar, la juez decidió abrir un procedimiento de oficio al detectar la posible comisión de delitos contra la Administración pública, entre los que se encuentran tipificados el tráfico de influencias y el cohecho.

La juez inició esta nueva vía de investigación después de analizar el relato de Vilar sobre la mediación de Fabra ante los ministerios de Agricultura y Sanidad con la intención de obtener, según denunció el empresario, beneficios para la empresa Artemis 2000, propiedad de las esposas de ambos imputados.

El objetivo, tal como refleja la demanda, era acelerar el proceso de concesión de autorizaciones para la fabricación de fitosanitarios. Según el empresario, por realizar las gestiones Fabra le cobró 48.000 euros a través de una empresa denominada Carmacas.

La sociedad, con sede en la vivienda familiar de Fabra, cuenta con dos trabajadores, que son sus hijos, tal como señaló el presidente del PP castellonense. Vilar basó su denuncia en varias facturas que reflejan pagos por la realización de "trabajos e informes jurídico-laborales". Los informes, según Vicente Vilar, no existen y son una pura invención para justificar las facturas.

En el relato por el que la juez inició el procedimiento se cita al presidente del Gobierno, José María Aznar; a los entonces ministros de Sanidad y Agricultura, Celia Villalobos y Jesús Posada, respectivamente; al entonces presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, y al subdirector del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Alfredo Timmermans, así como a la directora general de Sanidad, Dolores Flores.

Villalobos y Posada han admitido a este periódico que mantuvieron entrevistas con Fabra cuando ocupaban los respectivos ministerios. Pero, además, la juez contará con otros documentos sobre los que interrogará a Fabra y a Vilar, ya que ha requerido los faxes que acreditan la realización de gestiones, entre otros, por el diputado del PP Miguel Prim, el subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, y el propio Carlos Fabra, con distintos cargos de los ministerios de Agricultura y Sanidad.

Al requerimiento de información por parte de los citados respondieron, entre otros, el director general de Agricultura, Rafael Milán; el subdirector general de Medios de Producción Agrícola, Juan José Guitián; la directora general de Sanidad, Dolores Flores, e, incluso, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Todos ellos se refieren al estado de tramitación de autorizaciones solicitadas por la empresa que la esposa de Fabra, Amparo Fernández, posee con la ahora ex esposa de Vilar, Monserrat Vives. Ambas deberán declarar también ante la juez.

Arias Cañete, en una respuesta dirigida al diputado Prim, que este hizo llegar luego a Vilar, no se compromete a gestionar la urgente tramitación de los permisos para los productos fitosanitarios, aunque da cuenta en detalle de la situación de los expedientes.

Vicente Vilar aportará también documentos remitidos por el diputado del PP en el Congreso Juan José Ortiz quien, tras saludar a su "amigo Vicente", le informa de la tramitación de una nueva ley relativa a los fitosanitarios. "El portavoz del grupo, Esteban González Pons, se pondrá en contacto con Carlos para darle las últimas noticias antes de su debate en el Senado", concluye.

Sólo Vilar mantiene que se vio cumplido el objetivo de acelerar la concesión de autorizaciones para las sustancias en cuestión. Incurre en delito de tráfico de influencias el "funcionario público o autoridad" que influya en otro funcionario público o autoridad "para conseguir" una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.( Febrero 2004 )

Fabra omitió también cuatro parcelas en La Coma en su declaración ante notario

El patrimonio del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, es un galimatías. La declaración ante notario presentada por Fabra en su segunda, y última, comparecencia ante la prensa -tras el escándalo de las denuncias de tráfico de influencias- está plagada de omisiones. El documento no incluye cuatro parcelas en la urbanización La Coma, de Borriol, en la que la familia del presidente del PP ha tenido intereses económicos desde hace décadas. El padre del presidente de la diputación, Carlos Fabra Andrés, fue uno de los fundadores del Club de Campo Mediterráneo de Borriol.

La declaración de bienes contempla la propiedad de cuatro parcelas, una de ellas de la primera fase de la urbanización (número 3) y tres de la tercera fase (12, 13 y 14). Sin embargo, no recoge las número 3, 15, 16, todas ellas de la tercera fase, y la número 44, de la primera. Así se deduce de la información del Registro de la Propiedad número 3 de Castelló.

Tres de las parcelas son propiedad conjunta de Carlos Fabra y de su mujer, María Amparo Fernández Blanes, con «carácter presumiblemente ganancial», según consta en la descripción de la finca. La última es de pleno dominio de Fabra, con «carácter privativo». La superficie de las parcelas oscila entre los 1.520 y los 1.870 metros cuadrados. Al menos dos de ellas tienen una posición estratégica en la urbanización, al lindar con terreno destinado a campo de golf, según se explicita. Los terrenos fueron adquiridos en fechas dispares. Las tres primeras en 1982 y la última, en 1999. Sin embargo, sólo una de ellas, la citada con el número 44, fue incorporada a las declaraciones patrimoniales presentadas por Fabra al Registro de Intereses de la diputación, en 1999 y 2003, tras renovar su acta como diputado provincial.

No han sido las únicas omisiones detectadas en este documento, que Fabra asegura haber remitido al secretario general del PP, Mariano Rajoy, así como a la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat. La declaración patrimonial no incluyó la existencia de un chalet en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en el que vive una de sus hijas. La compra se efectuó a través de la empresa Carmacas SL, de la que Fabra es administrador único y de la que posee el 90% de las acciones. El resto de títulos empresariales es propiedad de dos de sus hijos.

El acta notarial, en la que incluía tanto los bienes que posee en la actualidad a título personal como los de su mujer y cuatro hijos, dejó fuera la propiedad de Villa Rosita, una vivienda de Benicàssim de la que es copropietaria la mujer del dirigente del PP, junto a sus cuatro hermanos. No constaba tampoco un amarre en el puerto deportivo de Orpesa, también compartido entre María Amparo Fernández y familiares.

La exclusión de las propiedades referidas podría alterar el «patrimonio neto negativo» que certificó el notario Alfonso Pascual de Miguel en diciembre. El notario, no obstante, se permitió una enérgica defensa de la honorabilidad del político del PP: «Cabe afirmar con total rotundidad que las manifestaciones vertidas por ciertas personas, a través de los medios de comunicación en relación con el "espectacular incremento del patrimonio del señor Fabra Carreras y de su familia" en los últimos años son absolutamente falsas y no responden a la realidad patrimonial del señor Fabra y su familia». ( Enero 2004 )

La jueza admite el recurso de Vilar y volverá a investigar si Fabra cometió una estafa

El empresario Vicente Vilar tendrá otra oportunidad para que prospere su querella por estafa contra el presidente de la diputación de Castelló, Carlos Fabra. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Nules, Inmaculada Gonell, ha admitido a trámite el recurso de reforma interpuesto por Vilar contra el auto que rechazó la querella en la que el industrial acusó a Fabra de estafa, apropiación indebida y falsedad.

Gonell inadmitió esta querella al advertir que no existió engaño ni apropiación y que el delito de falsedad, caso de haberlo, ya estaba prescrito. Además, motivó el auto en que la relación comercial y los pagos de hasta 144.000 euros de Vilar a Fabra eran «consentidos». Ahora, la jueza decide admitir el recurso de reforma y dar la última oportunidad a la acusación de Vilar, por si pudieran existir indicios de delito.

Cabe recordar que las dos querellas que ha presentado el empresario hasta el momento Ðuna en el juzgado número 1 de Nules por delitos contra la salud pública y contra la propiedad industrial y otra en el número 3Ð han corrido suerte diversa. La tramitada en el primero fue rechazada por «defectos de forma en la personación» aunque la jueza, Isabel Belinchón, dio curso a la misma como denuncia. Vilar y su ex mujer Montserrat Vives y Fabra y su esposa Amparo Fernández declararán como imputados por un delito contra la Administración Pública, y lo harán por parejas, el lunes y el martes, respectivamente.

El destino de la otra querella, interpuesta en el juzgado número 3, se conocerá cuando Gonell resuelva el recurso. Vicente Picher, abogado de Vilar, tratará de probar que el hecho de que existiera una relación comercial entre su cliente y el presidente de la diputación no supone que todas las actividades mercantiles fueran realizadas con consentimiento entre ambas partes. En cuanto a la apropiación indebida, el letrado quiere que la jueza llegue hasta el final en la cadena de facturas para averiguar el destino final de los pagos. Sobre la falsedad en documento mercantil, Picher cree tener pruebas de que el delito no ha prescrito.

Además, la jueza ha requerido a Vicente Vilar para que aporte los documentos que supuestamente acreditan que el diputado del PP, Miguel Prim, el subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral y el propio Fabra mediaron ante organismos públicos como los ministerios de Agricultura y Sanidad para la comercialización de los productos sanitarios de Naranjax. Entre los documentos, Belinchón ha pedido los faxes de varias autoridades ministeriales. ( Enero 2004 )

Andrea Fabra no será candidata al Congreso de los Diputados «porque está embarazada»

El presidente del PP de Castelló, Carlos Fabra, argumentó las razones por las que su hija Andrea no será la candidata número dos del partido en los comicios del 14 de marzo. Fabra aseguró ayer en Madrid, durante su recorrido por la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid que el motivo de la renuncia de Andrea Fabra es que «está embarazada de cuatro meses y medio». «Le ha costado mucho quedarse embarazada y su mejor decisión es la de ser diputada de su hija», afirmó a la Cadena Ser. «Ahora, se va a dedicar a su hija y a su marido, que es consejero del Gobierno de Madrid», apostilló. Según recordó su padre, Andrea es «la única de sus hijos que tiene vocación política». En la actualidad es vocal del Comité Electoral Nacional.

Sin embargo, la renuncia de Andrea Fabra es interpretada en algunos sectores del partido desde otra perspectiva. Su designación no hubiera sido «políticamente correcta» en un momento en que el presidente del partido y de la Diputación de Castelló está sometido a un juicio público, no sólo en los ámbitos judiciales, sino en los meramente mediáticos. La salida de Andrea Fabra de las listas reabre la polémica sobre quiénes ocuparán los lugares de salida en la candidatura del PP. Los tres puestos con posibilidades de repetir pueden acabar siendo para Juan Costa, Miguel Barrachina y Fernando Castelló, afines a Rato y Zaplana, respectivamente. ( Enero 2004 )

Fabra elude encontrarse con Zaplana en Fitur

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, aprovechó el día de la Comunidad Valenciana en Fitur, para realizar toda una exhibición de su fuerza política dentro del Partido Popular en esa provincia. Consciente de la atención que suscitaba su presencia en la feria tras su imputación por una juez de Nules, Fabra recorrió , por dos veces, los diversos pabellones de los municipios e instituciones castellonenses en el stand de la Comunidad.

Primero lo hizo acompañado por su mujer, el conseller Víctor Campos, cargos orgánicos del PP de Castelló, alcaldes populares, diputados y asesores de la institución provincial. El recorrido congregó a un nutrido grupo de personas y diversos medios de comunicación, sobre todo cámaras. En esta primera ronda fue saludado efusivamente por el alcalde de Benidorm, Vicent Pérez Devesa.

De forma calculada, el final de esta primera ronda coincidió con el inicio de la visita del pabellón valenciano del president de la Generalitat, Francisco Camps, junto al vistoso mostrador de Vinaròs decorado con una vela metálica repleta de langostinos. Fue el momento en el que Camps y Fabra se fundieron en un efusivo abrazo. Lo mismo ocurrió con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Fabra sirvió de guía a Camps por todos y cada uno de los mostradores de los municipios presentes en el stand castellonense, con frecuentes paradas que acrecentaban el tumulto formado por la numerosa comitiva y los cámaras de los medios de comunicación. El recorrido fue seguido también por varios consellers, Rita Barberá y los ex diputados nacionales Juan José Ortiz y Miguel Prim, ambos relacionados también con las gestiones política a favor de intereses económicos de Fabra.

El presidente de la Diputación de Castelló se mostró en todo momento afable, saludó a decenas de personas y repartió sonrisas por doquier. Sin embargo se mantuvo un tanto distante con los medios de comunicación, siempre rodeado de dos escoltas y varios asesores. Sólo tras despedir a Camps accedió a hablar para la prensa. Fabra, no sin cierta tensión, aceptó una pregunta relativa a su situación judicial. Declaró que afronta su comparecencia ante la juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules,  «con mucha tranquilidad, como siempre la he tenido, por supuesto. Cuando uno tiene la conciencia tranquila lo afronta todo con mucha normalidad». Dicho eso agregó: «Y no tengo nada más que decir sobre ese tema». A partir de ese momento ya no admitió más preguntas. ( Enero 2004 )

José Mª Aznar «supone» que el PP «está haciendo lo correcto« en el «caso Fabra»

El presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró  que «supone» que el PP ha actuado de forma correcta en los casos del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y del alcalde de Toques, Jesús Ares, ambos con procesos abiertos en los tribunales, aunque eludió hacer más consideraciones. Aznar no se extendió demasiado sobre estos dos asuntos. «Supongo que se han tomado las decisiones correctas y adecuadas, por lo que yo he visto», aseguró Aznar en la rueda de prensa conjunta que ofreció junto al primer ministro belga, Guy Verhofstadt.

Pero, en todo caso, emplazó a los periodistas a preguntar sobre estos asuntos a quien dirige el PP en estos momentos, es decir, Mariano Rajoy. «Yo no soy dirigente del PP en estos momentos, soy presidente del Gobierno. Comprendo su interés en hablar de todas estas cuestiones, pero yo no tengo nada que decir», aseguró Aznar.

En todo caso, aseguró que respaldará todo lo que decida la dirección del PP. «Estoy seguro de que están haciendo lo correcto», sentenció. En el caso de Fabra, el PP ha mantenido su confianza en él y continuará como presidente de la Diputación de Castelló. En los últimos días, la plana mayor del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y en Madrid han ido sumándose a las muestras de apoyo al líder provincial de los populares, que ha sido llamado a declarar como imputado por un delito contra la Administración Pública en el juzgado de instrucción número 1 de Nules.

Por otra parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, reiteró su confianza en Fabra, puesto que «es uno de los responsables de que la provincia de Castelló haya progresado y prosperado tanto durante estos años». «Fabra seguirá siendo uno de los políticos de referencia y de impulso en la provincia y en el conjunto de la Comunidad Valenciana», dijo para acabar rechazando la posibilidad de su dimisión, puesto que confía en él «plenamente». ( Enero 2004 )

La jueza llama a declarar a Carlos Fabra como imputado en un delito contra la Administración

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules, Isabel Belinchón, ha citado a declarar como imputados al presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra; a su mujer, Amparo Fernández; al empresario Vicente Vilar y a la ex esposa de éste, Montserrat Vives, por el caso del cobro de comisiones en la comercialización de productos fitosanitarios. La jueza dictó auto de inadmisión de la querella presentada por Vilar por los delitos contra la salud pública y la propiedad industrial por «defectos de forma en la personación». Sin embargo, dio curso al escrito como denuncia y apreció que podrían existir indicios racionales de uno o varios delitos contra la administración pública, por lo que abrió diligencias de oficio.

La figura del delito contra la administración pública incluye tráfico de influencias, prevaricación, abandono de destino, desobediencia y denegación de auxilio, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, malversación, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

Paralelamente, las fuentes del TSJ aseguran que sigue su curso el expediente «matriz», derivado de la querella inadmitida por los delitos contra la salud pública y contra la propiedad industrial, ya que aunque la jueza rechazó el documento por defectos de forma, tramitó los hechos como denuncia. En este procedimiento originario, Vilar se dirige contra Fabra, Vives y seis empresarios más. Además, Vilar ha recurrido el auto de inadmisión de la otra querella que presentó en el juzgado número 3 de Nules por estafa, apropiación y falsedad mercantil.

Por último, el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Castelló sigue adelante con la demanda civil presentada por Carlos Fabra contra Vilar por atentado al derecho de la intimidad, en la que el presidente de la diputación ha solicitado el secuestro de las informaciones realizadas por varios medios de comunicación desde que se destapó el escándalo político.

Al final de la declaración de un imputado, el juez puede tomar medidas cautelares contra él, como puede ser la fianza o el ingreso en prisión preventiva.

El empresario Vilar, propietario de la firma Naranjax, dedicada a la fabricación de productos fitosanitarios, afirma que pagó durante años por informes inexistentes realizados por la empresa Carmacas, una sociedad industrial de la que Fabra es administrador único. Vilar fue también administrador de la empresa Artemis 2000, dedicada a la venta de productos fitosanitarios, y en la que figuraban como socias su entonces cónyuge y Amparo Fernández. El empresario acusó a Fabra de cobrar «muchísimos millones». ( Enero 2004 )

Fabra también ocultó a la diputación y al notario una promotora familiar de terrenos

Lo dijo el abogado de Carlos Fabra en la demanda que presentó contra el industrial Vicente Vilar: «Mi representado no es un profesional de la política (...) como aquellos que la conciben como una dedicación exclusiva. Debido al tipo de actividad profesional de abogado y agente de seguros, don Carlos Fabra nunca podría haber renunciado a su cartera de clientes, consolidada a lo largo de muchos años y en la que contaba con la colaboración y el apoyo de sus hijos para dedicarse a la política».Carlos Fabra no se ha dedicado en exclusiva a la política. Ha tenido tiempo para participar en cinco sociedades que abarcan desde la promoción de terrenos (Planing y Promociones) hasta el asesoramiento laboral (Carmacas S. L.), pasando por el cemento (Urbanización La Coma), el arte culinario (Cocina riojana de vanguardia) y un deporte que requiere tanta fuerza y temple como la política (Golf del Mediterráneo).

Diversificar el negocio es una receta del capitalismo financiero. Así debió de entenderlo Carlos Fabra. Pero esa estrategia tiene el inconveniente de generar cierta falta de control sobre las inversiones. Hasta el punto de que incluso pueden llegar a olvidarse. Le sucedió a Fabra, quien detalló su vinculación a Planing y Promociones en la declaración patrimonial de 1995, tras su acceso a la presidencia de la diputación, pero en 1999 y 2003 no hizo constar en el Registro de Intereses la empresa, creada en febrero de 1990 y en cuyo consejo de administración participan su mujer, Amparo Fernández (apoderada desde septiembre de 1993) y sus hermanos, Luis (secretario) y José Alberto (apoderado).

Decisión no le falta a Fabra. Cualquiera se amilanaría al hacer frente a la compra de un chalé tasado en 720.000 euros. Fabra acometió la operación en Pozuelo a través de su empresa Carmacas S. L., que el año anterior a la compra (en 2002) presentó 51.000 euros de beneficios. Ese espíritu emprendedor se contagia. Claudia, una de sus hijas, se percató de que cerca de su casa en Madrid se alquilaba un local comercial de 114 metros y pronto vio la oportunidad de negocio. En mayo de 2002 fundó, con su tía Reyes Fernández, Amat y Fabra, empresa dedicada a la venta de «artículos de regalo, decoración, textil, calzado y marroquinería». En el distinguido barrio de Salamanca, levantaron la persiana la pasada primavera y hoy venden zapatos rebajados hasta un 50%.

José Alberto, tío de Claudia, es consejero de una firma (Tehys) que logra mayores ventajas fiscales al tratarse de una Simcav (Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable). Estas firmas, de adquisición, tenencia y administración de activos financieros, requieren para constituirse de un mínimo de 2,4 millones de euros, pero sólo pagan el 1% del impuesto de sociedades. Sus accionistas no tributan hasta que no venden los títulos y son el mejor vehículo para los grandes patrimonios ( Enero 2004)

Un patrimonio inmobiliario en Alcoi de los herederos de Quico l´Alt

María de los Desamparados Fernández Blanes, esposa del presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, forma parte -por vía materna- de la que fue una de las más destacadas familias industriales de Alcoy. En el origen de esta saga, hay que situar la empresa Hijos de Francisco Blanes S.A. -conocida popularmente como la fábrica de Quico l´Alt-, que fue una de las piezas más destacadas del hoy prácticamente desaparecido sector metalúrgico alcoyano. Esta firma, dedicada a la fabricación de maquinaria altamente especializada, logró un gran prestigio en los mercados nacionales e internacionales y llegó a tener una plantilla que superaba los 100 empleados. No obstante, la crisis del sector del metal provocó el cierre de esta industria a principios de la década de los noventa.

Alrededor de esta fábrica, la familia fue acumulando un importante patrimonio inmobiliario y sus propiedades se reparten por la práctica totalidad del casco urbano de Alcoy.

El grupo de viviendas ubicadas junto al antiguo taller central, en la Zona Alta, todavía es conocido popularmente en Alcoy como les cases de Quico l´Alt. Además, esta familia realizó importantes inversiones en la localidad costera de Benicassim, coincidiendo con el despegue turístico de la misma. Todo este patrimonio ha ido repartiéndose entre los numerosos herederos.

Hay que señalar, asimismo, que el padre de la esposa del presidente de la Diputación de Castellón era propietario de una empresa textil, que está cerrada desde hace años ( Enero 2004)

La esposa de Fabra compró parte de una mina a través de su chófer  

Los más humildes colaboradores de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón por el PP, también tienen negocios privados con conexiones con el dirigente popular. Su chófer, José Salvador del Campo Marín, fundó en 1995 una empresa minera cuyas acciones parcialmente revendió a la esposa de Fabra. Y sus dos guardaespaldas municipales fundaron en 2000 la firma Consultin Inmobiliario Castalia.

Jaime Ramos Marco, consejero delegado de Explotación Minera Vanessa, detalla cómo el chófer de Fabra fundó esta sociedad de extracción de sustancias arcillosas: "Del Campo Marín adquirió unos terrenos con yacimientos arcillosos. Negoció con nosotros, Tierra Atomizada, y creó Explotación Minera Vanessa en 1995. Tierra Atomizada entró porque era útil para nuestro negocio el tratamiento de arcillas para el sector cerámico. Como la tramitación de permisos es muy larga, la mina sólo lleva un año en explotación", explicó . El valor de los terrenos aportados hace diez años a la sociedad por el chófer de Fabra serían unos 29.000 euros, según Ramos. Hoy, los terrenos propiedad de la sociedad valen 48.000 euros. Esta empresa tiene un nexo con el presidente de la Diputación de Castellón: "El señor Campo Marín [chófer del presidente de la Diputación] vendió una participación accionarial hará unos dos años a la esposa del señor Fabra. Fue su decisión. Nosotros tenemos la participación que teníamos el día de la creación de la empresa, un 60%. Lo vendió directamente a nombre de ella. Amparo Fernández Blanes. Ella adquirió un 30% y Campo Marín se quedó con un 10%", revela Ramos.

La esposa de Fabra nunca ha figurado en el registro como administradora de esta empresa minera, pese a ser supuestamente la segunda socia en importancia. Este diario preguntó a Fabra sobre la supuesta presencia de su esposa en esta empresa de su chófer, pero no respondió. La única firma que registran las cuentas oficiales de Explotación Minera Vanessa en todos estos años junto a sus administradores es la del chófer de Fabra.

La esposa de Fabra tiene otra empresa de registros fitosanitarios para la que el presidente de la Diputación hizo gestiones ante los ministros de Sanidad y Agricultura para agilizar la concesión de autorizaciones.

Tierra Atomizada tenía en 2002 más de 100 empleados, Explotación Minera Vanessa sólo dos empleados fijos y sin retribución alguna: "La empresa tiene la totalidad de la actividad subarrendada a otra empresa". En su primer año de funcionamiento, la empresa minera obtuvo unos ingresos de 344.000 euros, y unos beneficios de unos 73.000 euros. Por contra, la sociedad dominante, Tierra Atomizada, presentó unos beneficios de 2,5 millones. Aún hoy, el chófer figura como copropietario (40%) de 18 parcelas arcillosas con Tierras Atomizadas (60%). Tierra Atomizada controla firmas como Cogeneración Tierra Atomizada, que produce calor y electricidad mediante gas natural, y la inmobiliaria Peñíscola Green.

El conductor de Fabra no es el único colaborador que ha irrumpido en el mundo de los negocios. Sus dos guardaespaldas municipales, Víctor Puerto Badenes y Santiago Gascón Royo, figuran como apoderados de la sociedad Consultin Inmobiliario Castalia. Su administrador, Juan José Roca Segarra, confirma la vinculación de ambos agentes con dicha sociedad. Roca explica que si figuran ambos como apoderados es porque no se inscribió la venta de sus acciones. "Ellos trabajaban en algo del Ayuntamiento, y constituyeron la sociedad para aprovechar el boom inmobiliario. Pero esto, o dedicas tiempo o no funciona. Y a los ocho meses vieron que no les iba. Y se lo pasaron a otro, que luego me la pasó a mí", detalla Roca Segarra. "La venta no se inscribió en el registro", explica el administrador de esta inmobiliaria. La empresa ingresó 15.000 euros en 2001, cifra que dobló en 2002. En el último ejercicio conocido, arrancó unos beneficios de 4.521 euros. A pesar de que el registro y el administrador de Consultin Inmobiliario Castalia confirma la vinculación de ambos funcionarios con dicha empresa, uno de los escoltas, Gascón, al ser consultado , negó con estupor dicho dato. "No puede ser. No tengo empresas". Se le indicó que sus datos personales y los de su compañero y la esposa de éste, figuraban entre los cargos de dicha empresa. Este agente declinó dar más explicaciones. ( Enero 2004 )

El suelo de la firma matriz fue recalificado para evitar una sentencia judicial  

Tierra Atomizada, accionista mayoritaria de la cantera en la que participa la mujer de Carlos Fabra, protagonizó un litigio hace dos años cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó la ilegalidad de unas obras de ampliación realizadas en la factoría, ubicadas en L'Alcora. Los hechos se remontan a 1996 cuando la empresa amplió sus instalaciones sobre un suelo de protección agrícola, que cuenta con una protección especial y no permite el desarrollo de actividad industrial. Sin embargo, la empresa logró, con el Ayuntamiento de L'Alcora como valedor, que el Gobierno valenciano, presidido entonces por Eduardo Zaplana, aprobara una Declaración de Interés Comunitario, que anuló el Tribunal Superior en julio de 2001, declarándola "contraria a derecho".

La sentencia nunca se ejecutó y, por contra, el equipo de gobierno (entonces del PP) decidió recalificar el suelo para eliminar la protección alegando "el interés público por haber quedado obsoleta la calificación urbanística". El proceso tuvo otro elemento altisonante, ya que un técnico del mismo ayuntamiento de L'Alcora remitió al delegado del Gobierno valenciano en Castellón, Joaquín Borrás, en teoría, un cargo ajeno a la tramitación de la modificación, un informe en el que sostenía que "la única posibilidad de legalizar la actividad de Tierra Atomizada pasa por desposeer al suelo donde está instalada de su carácter de especial protección". Esta sociedad, por otro lado, ha recibido variadas subvenciones públicas: del Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa de Valencia -de la Consejería de Industria valenciana-, del Instituto Valenciano de Finanzas -Consejería de Economía-, de la Generalitat Valenciana y del Ministerio de Economía y Hacienda.(Enero 2004)

Fabra omite en su declaración notarial bienes de su mujer en Benicàssim, Orpesa y Alcoi

En un arranque de transparencia, el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, acudió a un notario para detallar la relación de bienes de su familia para entregarla a la prensa. En la confesión mencionó un piso en Ibiza a nombre de su mujer, Amparo Fernández, y de su suegra, pero olvidó otras propiedades de su esposa a medias con su familia. Entre ellas, un amarre en Orpesa, un apartamento en Benicàssim y una pequeña participación en dos fincas de Alcoi.

La memoria no es el fuerte de Carlos Fabra Carreras, presidente de la Diputación de Castelló. En su declaración oficial de bienes efectuada en 2003, al revalidar el cargo público, no se acordó de hacer constar que posee un Mercedes 320, un Jaguar y un chalé en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón, adquirido en abril del año pasado, poco antes de inventariar su patrimonio en el Registro de Intereses de la corporación provincial, como es preceptivo. Los tres olvidos están a nombre de la sociedad Carmacas S. L, de la que Fabra es administrador único y posee el 90% de las acciones. El 10% restante pertenece a sus hijos Carlos y Borja.

El pasado 8 de enero, Carlos Fabra compareció ante el notario Alfonso Pascual de Miguel para hacer una confesión no sólo de los bienes a su nombre sino de todas las propiedades familiares, aunque el matrimonio mantenga un régimen de separación de bienes desde el año 1988. En aras de la transparencia, Fabra dio cuenta de una relación de propiedades que después blandió ante la prensa en una comparecencia pública. Incluyó una «escritura pública de donación (...) con fecha 31 de marzo de 1982, a favor de doña María de los Desamparados Fernández Blanes (...) respecto a su participación en propiedad sobre siete edificios en Alcoi (Alicante)». También mencionó en la declaración notarial de bienes la vivienda, de 367 metros cuadrados útiles, que posee en la exclusiva urbanización Platgetes de Bellver, en Orpesa. La apuntó, pese a que se escrituró el 13 de mayo de 1998 a nombre de su mujer e hijos: Carlos, Borja, Claudia y Andrea.

Omitió, en cambio, algunas propiedades de su mujer en régimen compartido. Por ejemplo, la copropiedad de un amarre en el puerto deportivo de Orpesa. Como titulares aparecen la esposa de Fabra, Amparo Fernández Blanes, además de un hermano, una hermana y su madre. Según documentos que obran en poder de este diario, se trata de un amarre para barcos de doce metros de eslora y cuatro de manga. La cuarta parte es de la mujer de Fabra.

Tampoco mencionó la copropiedad de una vivienda en la urbanización Villa Rosita en Benicàssim, que Amparo Fernández tiene a medias con sus cuatro hermanos. Se trata de un apartamento de 139 metros, con plaza de garaje y trastero. El inmueble fue adquirido el 6 de mayo de 1991. Sí incorporó en la declaración un piso en Ibiza, también a nombre de la familia de su mujer. Ubicado en el Paseo Marítimo de la capital pitiusa, y de 64 metros útiles, Se escrituró el 2 de julio de 1992, a nombre de la mujer (75%) y la suegra (25%) de Fabra. Sobre el inmueble pesaba una hipoteca de 52.288 euros.

Entre los argumentos utilizados por el presidente de la Diputación de Castelló para justificar el incremento espectacular del patrimonio familiar, destaca el de los ingresos derivados de la actividad empresarial de su mujer y de sus herencias, por pertenecer a una pudiente familia alcoyana. En su demanda contra el industrial Vicente Vilar, el abogado de Fabra afirmó que éste es «inevitable asesor» de su cónyuge e «inevitable partícipe de los beneficios empresariales de su esposa, aun cuando tengan capitulado el régimen de separación de bienes». Inevitable partícipe también del fruto de la herencia conyugal, por lo que cobraría sentido la inclusión de las fincas transmitidas a Amparo Fernández, como una fuente del maná patrimonial.

Quizás por ello, dio cuenta ante el notario de una «escritura pública de donación (...) con fecha 31 de marzo de 1982, a favor de doña María de los Desamparados Fernández Blanes (...) respecto a su participación en propiedad sobre siete edificios en Alcoi ». No detalló ni la ubicación, ni si generan rentas de alquiler. Tampoco se acordó Fabra de incorporar a la declaración familiar de bienes una testimonial participación en la propiedad de una finca en la Calle El Camí, en Alcoi, sobre un solar de 214,35 metros. Ni la copropiedad (una treintava parte) de una planta baja de 295,76 metros en la misma ciudad (Enero 2004)

Trasladan a la juez que abrió una investigación contra el presidente de la Diputación de Castellón

La juez encargada del Caso Fabra, Isabel Belinchón, que abrió diligencias de oficio contra el presidente de la diputación de Castellón, va a ser trasladada a otra jurisdicción. El “caso Fabra” pasa a manos de otro juez

Según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), la magistrada Isabel Belinchón va a pasar de ser juez en Nules (Castellón) a ocupar una plaza de magistrado en Teruel.

Se trata de un ascenso forzoso dictado por la modificación de la ley publicada en diciembre del pasado año, el mismo mes en el que salió a la luz el “caso Fabra”. La juez de Nules desestimó una querella del empresario denunciante, Vicente Vilar, por defecto de forma, pero decidió abrir una investigación de oficio.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el traslado de Belinchón se trata de una mera coincidencia y no debe tener repercusión en el desarrollo de la causa ya que hay expectativas de destino de otros jueces para la sala de Nules que esta juez dejará libre en breve.(Enero 2004)

La primera piedra del aeropuerto de Castelló se convierte en un acto de apoyo a Fabra

El acto de la colocación de la primera del aeropuerto Castelló-Costa Azahar, en Vilanova d´Alcolea, se convirtió en un reconocimiento y respaldo público de los cargos institucionales y políticos del PP al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y al ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana. Ellos dos fueron, como recordaron el presidente del Consell, Francisco Camps, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, quienes «no dudaron un minuto» de la viabilidad del proyecto y propiciaron con sus negociaciones el acto de ayer, que reunió a unas trescientas personas en la carpa instalada en la superficie que ocupará el complejo. Tendrá un coste de 127 millones de euros y estará operativo en octubre de 2006, según el compromiso de la concesionaria.

Fabra calificó el momento de histórico para Castelló, con el que se «culmina un proceso largo y costoso», que tendrá continuidad con el inicio de las obras que podría producirse en febrero. A partir de la apertura del aeropuerto, que «ha superado una innumerable serie de trámites burocráticos para garantizar su respeto al medio ambiente y asegurar su viabilidad», Castelló se convertirá «en una provincia líder, que tendrá asegurado el futuro de nuestros hijos... y permitirá el desarrollo del turismo de la costa». Ligó ese futuro a doce proyectos de campos de golf y al parque Mundo Ilusión. Destacó, pese a sus ausencias ayer, el apoyo encontrado del presidente Aznar y del ministro de Fomento, Álvarez-Cascos. Zaplana recordó el recorrido iniciado con Fabra en 1997 para lograr que el aeropuerto tuviera una salida, gracias a «la confianza que en el tuvo Fabra, la persona sin la que no hubiera sido posible». Camps apostó por el aeropuerto de Castelló como el tercero de la Comunidad, aunque los otros dos son públicos. Y reiteró su apoyo y el del Consell.

En dos momentos fue preciso recurrir a los aplausos para ahogar los gritos de un grupo de ecologistas que pedía la dimisión de Fabra y la protección del parque natural del Desert, amenazado por la autovía Cabanes-Orpesa.( Enero 2004 )

El presidente provincial, que llegó con Zaplana, niega que piense dimitir

El ministro portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, y el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, llegaron juntos al acto. Y juntos recorrieron, entre los aplausos de los asistentes, mayoritariamente cargos institucionales y políticos del PP, la alfombra granate que los separaba del ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa; del presidente del Consell, Francisco Camps, y del delegado del Gobierno, Juan Cotino. Ambos aparecieron en público sonrientes y minutos más tarde, en el interior de la carpa, se fundieron en un abrazo, tras haberles sido loados sus méritos en el proyecto. Ninguno de ellos hizo declaraciones, y abandonaron el recinto con celeridad. Tan sólo Fabra atendió a los medios de comunicación para «hablar del aeropuerto». Con una excepción, la que requería expresar ante la televisión su postura de no hacer declaraciones sobre las denuncias de Vicente Vilar. Negó que fuera a poner su cargo a disposición del partido. Del caso Naranjax dijo: «No hablo de esos temas. De eso hablan mis abogados yo no» ( Enero 2004 )

El comunicado de apoyo a Fabra crea división en la cúpula de la patronal de Castelló

La junta directiva de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) nunca aprobó emitir un comunicado que cuestionara las querellas presentadas contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y que acusara a los medios de comunicación de actuar de forma parcial en contra del querellado. Así lo confirmaron ayer varios miembros de la junta directiva de la CEC que se incorporaron a la citada reunión con posterioridad a la celebración de la junta de gobierno.

Las mismas fuentes confirmaron que el comunicado de apoyo a Fabra que difundió la presidencia de la confederación Ðpublicado en forma de anuncio en distintos mediosÐ incluye valoraciones sobre la actitud de los medios de comunicación y sobre el proceso judicial «que de ningún modo se mencionaron en la propuesta aprobada por la junta directiva, y con las cuales discrepamos».

Los directivos consultados mantienen que dicho comunicado, aprobado por la unanimidad de los presentes, sólo manifestaba un reconocimiento a la labor que ha desempeñado Fabra como político en la provincia de Castelló. «No se planteó más que un reconocimiento público a uno de los políticos que en los últimos años ha impulsado más proyectos e infraestructuras para la provincia de Castelló. Nunca se habló de criticar la libre expresión de los medios de comunicación o de las acusaciones vertidas en la causa judicial. Y ni siquiera se mencionó a Vicente Vilar». Tras aprobar la emisión del anuncio publicitario, la junta directiva delegó la redacción del escrito en el presidente de la confederación (José Roca) y en el secretario de la misma (Rafael Montero).

Estos últimos concretaron los detalles del manifiesto titulado «Respaldo de la CEC a Carlos Fabra», cuyo contenido final no llegaron a consultar con el resto de miembros de la CEC. Eso sí, la versión de comunicado que aprobó la junta es bien distinta a la que ayer se encontraron los treinta miembros de la directiva en la prensa de la provincia de Castelló. El anuncio financiado por la Confederación de Empresarios de Castelló denuncia la existencia de un «juicio paralelo» contra Carlos Fabra en los medios informativos «que atenta contra su honor en un intento de deteriorar su imagen política».

Asimismo, enuncia textualmente que la mayor parte de medios de comunicación «han actuado de forma parcial al conceder más credibilidad a los argumentos del querellante que a la brillante trayectoria de de servicios a la provincia de Carlos Fabra Ðquien se niega a realizar cualquier declaración sobre las querellasÐ, cuando el propio denunciante Ðpor Vicente VilarÐ presenta una trayectoria personal y empresarial presuntamente irregular, ya que él mismo ha expuesto que actúa por afán de venganza, de la que otros pretenden sacar provecho político».

Por último, el comunicado redactado por José Roca y Rafael Montero expresa su «satisfacción» por el archivo de las dos querellas que presentó Vicente Vilar contra Fabra por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, contra la salud pública y contra la propiedad intelectual. El matiz radica en que el comunicado obvia que una de ellas sólo se desestimó por defectos de forma y que la juez ha abierto una investigación de oficio ante indicios de posibles delitos contra la Administración pública.( Enero 2004 )

Fabra tampoco declaró un chalet valorado en más de 120 millones de pesetas. Tiene hipotecas por valor de 500 millones de pesetas

Carlos Fabra ocultó en su declaración oficial de bienes un chalet de lujo valorado en más de 120 millones de pesetas. Según ha podido saber la Cadena SER la vivienda (que está en una de las zonas residenciales más caras de Madrid) está a nombre de la empresa del presidente de la Diputación de Castellón. El chalet que no ha declarado Carlos Fabra es la residencia habitual de una de sus hijas, Claudia Fabra. El chalet de 400 metros cuadrados, se encuentra en Pozuelo de Alarcón (que pasa por ser una de las zonas de viviendas unifamiliares más caras de la provincia de Madrid).La casa figura a nombre de Carmacas, la empresa propiedad de Carlos Fabra mediante la que facturaba a Vicente Vilar, el empresario que le ha denunciado por aceptar dinero a cambio de favores políticos.

La semana pasada la prensa desveló que el presidente de la Diputación de Castellón omitió en su declaración oficial la propiedad de dos coches de lujo (un Mercedes y un Jaguar) que Vilar asegura haberle pagado.Ahora a la lista de posesiones no declaradas por Fabra se añade este chalet valorado en más de 120 millones de pesetas que fue adquirido por Fabra el 4 de abril del pasado año. Ese mismo día su otra hija, Andrea Fabra, y su marido, el actual consejero de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes, escrituraban otro chalet de lujo, en la misma zona y de similares características.
Desde que llegase a la Presidencia de la Diputación de Castellón en 1995 Carlos Fabra ha aumentado su patrimonio de forma espectacular: se ha hecho con una casa rural en Culla, una villa en Oropesa del Mar, un piso de más de 200 metros cuadrados en el centro de Madrid, dos chalets en Lacoma y un piso en Castellón.Fabra posee además un importante paquete accionarial y una veintena de obras de arte entre ellas un grabado de Picasso. Su mujer participa en los consejos de administración de varias empresas.El líder del PP en Castellón tiene que hacer frente a cuatro hipotecas vivas, por un total de casi 500 millones de las antiguas pesetas.( Enero 2004 )

El PP impide debatir en las Cortes el 'caso Fabra' y el informe del Síndic  

Ni el caso Fabra ni el informe del Síndic de Comptes. Las Cortes Valencianas no celebrarán sesión extraordinaria alguna para debatir sobre estas dos cuestiones, como pedía la oposición. La Mesa, en la que el PP tiene mayoría, rechazó ayer la petición de convocar la Diputación Permanente para que el Consell informe de la situación de Carlos Fabra y del último informe de la Sindicatura porque estos dos asuntos no reúnen las condiciones de excepcionalidad que establece el Reglamento para reunir ese órgano de la Cámara.

Los dos grupos de la oposición tramitaron a finales del pasado año diversas iniciativas relativas a la situación del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y al informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a las cuentas de la Generalitat del ejercicio de 2002. Esquerra Unida-L'Entesa reclamaba la convocatoria de la Diputación Permanente para que el Consell explicara su postura sobre las querellas presentadas contra Fabra por el empresario castellonense Vicente Vilar. Por su parte, los socialistas pedían la reunión de ese órgano de la Cámara para que el presidente del Consell, Francisco Camps, informara sobre la situación financiera de la Generalitat ante el contenido del informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio de 2002. El PSPV pedía, también en relación con el caso Fabra, que se le facilitara la declaración de bienes, intereses y actividades del político castellonense, ya que fue diputado en las Cortes en las legislaturas IV y V. Pero el presidente de las Cortes, Julio de España, no consideró necesario convocar hasta ayer una reunión de la Mesa, en la que el PP hizo valer su mayoría absoluta para rechazar las iniciativas de la oposición. Los populares argumentaron que esas cuestiones no tienen carácter de alarma o excepcionalidad, condiciones que establece el Reglamento de las Cortes para la convocatoria de la Diputación Permanente. En relación con el caso Fabra, justificaron también su rechazo porque el asunto está en manos de la justicia. Un argumento que no dejaba de resultar peregrino cuando la pasada semana los populares mostraron su alegría precisamente porque los jueces habían rechazado las querellas del empresario Vicente Vilar contra Carlos Fabra.

La oposición puso el grito en el cielo y acusó al PP de impedir el debate en el Parlamento. El portavoz socialista, Joan Ignasi Pla, recordó que el presidente Camps se comprometió en su debate de investidura a revitalizar el Parlamento como espacio de discusión. Y el portavoz adjunto de EU-L'Entesa, Joan Antoni Oltra, lamentó la muestra de "intolerancia y de falta de transparencia" del PP y aseguró que la Mesa quiere "tapar" determinadas cuestiones.

El portavoz popular Serafín Castellano, acusó a la oposición de querer "sacar provecho de todo" al pedir que el Consell se pronuncie en la Diputación Permanente sobre las denuncias sobre posible tráfico de influencias contra Carlos Fabra, un tema que está "sub júdice".

Mientras, la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Castellón, con su presidente José Roca Vallés a la cabeza, expresó ayer su solidaridad con el querellado y destacó "los importantes servicios públicos que Carlos Fabra ha prestado a la provincia en los cargos públicos que ha ocupado, siendo en este aspecto el personaje político que más ha destacado en la defensa de los intereses generales castellonenses". También criticó a "la mayor parte de los medios de comunicación" por actuar "de forma parcial al conceder mayor credibilidad a los argumentos del querellante".El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, negó ayer en Monforte del Cid (Vinalopó Mitjá), tras inaugurar las obras de modernización y consolidación de regadíos de las comunidades de regantes de Monteagudo y Monforte del Cid, haberse reunido "jamás" con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ni con su ex socio, el empresario Vicente Vilar. Arias Cañete rechazó las acusaciones de Vilar sobre el trato de favor dispensado en el Ministerio de Agricultura a favor de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax y defendió a todos los funcionarios de su ministerio. Vilar denunció en diciembre a Fabra por presunta estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

Arias Cañete rechazó las acusaciones de trato de favor y afirmó: "Nunca hemos cedido a ningún tipo de presión que se pueda realizar sobre nosotros, ni en éste ni en ningún otro caso". El ministro añadió: "Aunque me hubiera reunido con ellos [Fabra y Vilar] mi decisión habría sido la misma" sobre los permisos a la comercialización de los diferentes productos fitosanitarios que representaban. Arias Cañete apuntó que la "primera preocupación de este Gobierno ha sido la seguridad alimenticia y para ello hay que cumplir los reglamentos comunitarios y estatales sobre garantías sanitarias", que justifican los retrasos en la tramitación de autorizaciones. El ministro apuntó que las imputaciones a los funcionarios de Agricultura "son falsas y las razones del retraso en la tramitación de expedientes se deben a la falta de personal y al cumplimiento exquisito de cada una de las exigencias legales en cada procedimiento".

Arias Cañete defendió la gestión de su ministerio y del de Sanidad y Consumo porque "siempre" han observado el "procedimiento", han emitido los informes reglamentarios y reconoció que "ha habido dilaciones en las autorizaciones de productos porque es un procedimiento muy complejo".

Mientras, la Unió de Periodistes Valencians hizo público ayer un comunicado en el que muestra su "rechazo taxativo de cualquier presión, amenaza o denuncia contra los profesionales de la información", tras las noticias sobre "las medidas cautelares que la defensa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha pedido en los juzgados contra cinco diarios y una emisora de radio". "Resulta totalmente inadmisible, alarmante y gravísimo cualquier intento de amordazar a los medios de comunicación y a los periodistas, cuya obligación profesional no es escribir al dictado de nadie, ni tampoco orquestar ninguna campaña mediática de desprestigio, sino hacerse eco de la actualidad con responsabilidad, rigor y respeto por la presunción de inocencia", señala el comunicado de la organización de periodistas ( Enero 2004 )

La juez investiga a Fabra por delitos contra la Administración  

La titular del juzgado número 1 de Nules (Castellón), Isabel Belin-chón, es la juez sobre la que ha recaído el procedimiento que ella misma abrió la semana pasada al detectar indicios de delitos no recogidos en la querella presentada por el empresario Vicente Vilar contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Vilar acusaba a Fabra, que también es presidente del PP de Castellón, de supuestos delitos contra la salud pública y la propiedad industrial. La juez no admitió la querella por cuestiones de forma, pero decidió abrir de oficio diligencias para aclarar si existen "uno o varios" delitos contra la Administración pública, según recoge el auto. Se trata de un tipo delictivo que incluye, entre otros, el tráfico de influencias y el cohecho.

La juez remitió uno de los procedimientos a la fiscalía, al considerar que los hechos eran perseguibles de oficio, y al mismo tiempo acumuló en las causas que distribuye el decanato la nueva línea de investigación, que se centra en uno o varios delitos contra la Administración, aunque sin determinar cuáles de ellos. De esta manera, las diligencias se centrarán en el relato que Vilar hizo en su querella sobre reuniones mantenidas entre Fabra y los entonces ministros de Agricultura, Jesús Posada, y de Sanidad, Celia Villalobos, contactos que los propios altos cargos han admitido.

La querella en la que se ha basado la juez para abrir el nuevo procedimiento indica también que "las empresas del grupo Naranjax [propiedad de Vilar] entregaban sumas importantes de dinero a don Carlos Fabra por gestiones que él mismo efectuaba ante altos cargos de la Administración, tanto estatal como autonómica".

El documento explica las directrices que supuestamente Fabra daba a Vilar para "convencer a políticos de alto rango del PP de que los técnicos del Ministerio de Agricultura y de Sanidad eran unos mafiosos bien organizados (...) para que presionaran a los técnicos responsables" y de esta manera lograr acelerar la concesión de las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios a la empresa en la que participan tanto la esposa de Fabra, Amparo Fernández, como la ex esposa del propio Vilar, Monserrat Vives.

En los dos comunicados que Fabra ha leído desde que se conocieron las acusaciones, el presidente de la Diputación no ha negado haber intercedido por Vilar, y únicamente ha subrayado que no cobró por esas gestiones. Incluso en la demanda que presentó contra Vilar por atentar supuestamente contra su honor se sostiene que "seguro que [Fabra] también ha ayudado al señor Vilar, al que unió incluso una relación de amistad entre sus matrimonios".

Después de conocerse la nueva línea de investigación, el presidente de la Diputación de Castellón excusó su presencia de la presentación de la Feria de Turismo, Fitur, programada para ayer. Fabra sí asistió a la junta directiva del PP provincial, que también contó con la presencia del Ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa ( Enero 2004 )

Fabra se niega a hablar sobre su situación al volver a la actividad pública tras las denuncias  

Ya sabe cómo funciono en este tema, usted con sus asesores y yo con los míos". Con esta frase, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, zanjó las peticiones para que aclarase las graves imputaciones formuladas por el empresario Vicente Vilar, que asegura que le ha pagado grandes cantidades de dinero a cambio de lograr su influencia en favores políticos. Fabra recuperó ayer su agenda política tras cuatro semanas de parón sin responder a preguntas. El consejero de Justicia, Víctor Campos, reconoció ayer que el caso Fabra "va a incomodar el desarrollo de la campaña electoral".

El decanato de Nules acumuló ayer para su reparto el procedimiento que la juez del juzgado número 1 ha remitido al detectar, en el relato de los hechos formulado por el abogado de Vilar, indicios de delitos no recogidos en la propia querella. Además, remitió a la fiscalía la documentación aportada junto a la denuncia al constatar la existencia de indicios de los presuntos delitos contra la salud pública y contra la propiedad industrial de los que Vilar acusaba, entre otros, a Carlos Fabra. Vicente Vilar ya manifestó su intención de personarse como acusación particular para que la denuncia retome la fórmula de querella y recurrir la inadmisión de la apertura de diligencias, decretada por la titular del juzgado número 3 de Nules, por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Sobre ésta, la juez apuntó que, en cuanto a los dos primeros delitos, no encontraba indicios, mientras que en el caso de la supuesta falsedad en documento mercantil, el delito, en el caso de existir, ha prescrito.

El texto de la querella por la que se investigará, de oficio, a Fabra, relata que las empresas del grupo Naranjax, propiedad de Vilar, "entregaban sumas importantes de dinero a Carlos Fabra por gestiones que él mismo efectuaba ante altos cargos de la Administración, tanto estatal como autonómica". Además, el texto relata las reuniones entre Fabra, y los entonces ministros de Agricultura, Jesús Posadas, y de Sanidad, Celia Villalobos, tal como ellos mismos han admitido.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Alejandro Font de Mora, tachó ayer de insidia las acusaciones socialistas de que el consejero de Justicia, Víctor Campos, está presionando a los estamentos judiciales al dar por zanjado el caso Fabra con la inadmisión de las querellas de Vicente Vilar. "Más que un disparate, son una insidia" las afirmaciones del PSPV, dijo Font de Mora.

Campos reivindicó ayer su "libertad para opinar", una responsabilidad que no le viene dada como consejero de Justicia, sino como secretario provincial del PP. El consejero apuntó, sin embargo, que el escándalo "va a incomodar el desarrollo de la campaña" electoral porque el PSOE no hablará de temas de futuro.

Los socialistas valencianos, con su secretario general Joan Ignasi Pla a la cabeza, acusaron al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de mantener una actitud de "connivencia irresponsable" con Carlos Fabra y a Eduardo Zaplana de intentar "quedar al margen". Para Pla, "políticamente es muy grave lo conocido hasta ahora" y exigió al PP que cumpla con la teoría de Aznar según la cual su partido es incompatible con la corrupción ( Enero 2004 )

Aznar evita aparecer junto a Fabra y no pondrá la primera piedra del aeropuerto

El presidente del Gobierno José María Aznar ha decidido no aparecer en público junto a Carlos Fabra tras el escándalo político que salpica al presidente de la Diputación de Castelló y el próximo jueves, 22 de febrero, no acudirá a colocar la primera piedra del aeropuerto de Castelló. Aznar se comprometió a asistir a este acto cuando en octubre de 2002 colocó también la primera piedra de los accesos al puerto. El cambio de postura de Aznar ya se dejó entrever la pasada semana cuando, a preguntas de los periodistas sobre las querellas, aseguró en Washington que no tenía «absolutamente ningún comentario que hacer». El presidente ha decidido personalmente que el Ejecutivo no dé su apoyo a Fabra, sobre todo después de que hayan trascendido presuntas mediaciones del político castellonense en varios ministerios. Incluso la ex esposa de Vilar, Montserrat Vives, socia de la mujer de Fabra en Artemis 2000, llegó a escribir a Aznar para explicarle las trabas de dos ministros para legalizar un producto fitosanitario. Según publicó El Mundo, el presidente ha alegado problemas de agenda para no asistir al acto porque tiene una comparecencia oficial en Madrid, pero la verdadera razón es que quiere evitar a Fabra a pesar del archivo de las querellas, ya que el juez ha abierto una investigación penal. ( Enero 2004 )

Vilar espera que Fabra dimita y avisa que puede hablar del «tomate de la financiación» del PP

El propietario de Naranjax, Vicente Vilar Ibáñez, avanzó el viernes por la noche, día en que se supo la suerte distinta de las querellas que presentó contra Carlos Fabra, que se concedía una «tregua» de unos 10 días «para lograr que Fabra recapacite y a ver si dimite o es que ha perdido la cabeza». Vilar aplicó la receta de a las autoridades del PP rogando (que fuercen la renuncia del presidente provincial) y con el mazo dando. Cuando se cumple un mes desde que abrió el fuego judicial, el industrial de Artana («un pequeño empresario de clase media que lleva muchos años trabajando», así se define), confía en que «Carlos Fabra dimita». «Espero que dimita». «Tengo muchos amigos en el PP y me consta que se lo quieren cargar, pero tendrán que ver cómo», comenta quien dice haber pagado millonarias comisiones al político popular a cambio de mediaciones para favorecer los intereses de Naranjax. De momento, el caso Fabra se circunscribe a esa acusación y, en consecuencia, al presunto enriquecimiento ilícito de un Fabra que en los últimos años ha visto crecer notablemente su patrimonio inmobiliario. Vilar lanza un órdago al PP al insinuar que tiene información para que el caso Fabra trascienda la presunta financiación irregular de la economía doméstica del titular de la diputación para abarcar la del partido. «Podría hablar de todo el tomate de la financiación y diría muchas cosas». «Ahí hay mucho tomate» y «se sacarán cosas», insiste. El empresario anuncia que «no tardarán en salir nombres» de supuestos testaferros de Fabra, vinculados «a la construcción y al deporte». «Miren las subvenciones», apunta. Y añadió: «No sólo las de la Fundación Cánovas [vinculada al Partido Popular]; miren quién fue el único que recibió una subvención, un señor que dirige un club».

El dueño de Naranjax explicó que su abogado presentará una tercera querella en la que aportará «más facturas pagadas a Carmacas», la consultora de Carlos Fabra. En este punto, Vilar insistió en sus críticas a la jueza de instrucción número 3 de Nules por haber desestimado las dos querellas que, por estafa y falsificación de documento, presentó Vilar. Ahora, recurrirá esta decisión e insistirá en «pedir que se compruebe si existen o no los informes por los que pagué a Carmacas». «Las facturas están presentadas, que por lo menos se pidan los informes y que Fabra tenga que entregar los papeles que haya hecho ahora a toda prisa para justificar los cobros», argumenta.

La magistrada del juzgado de instrucción número 1 tampoco admitió a trámite la otra querella, relativa a presuntos delitos contra la propiedad industrial y la salud pública, también presentada por el administrador único de Naranjax contra su ex mujer, Montserrat Vives, gerente de Artemis 2000, contra Carlos Fabra (Carmacas) y varios empresarios del sector fitosanitario vinculados comercialmente a Artemis en la comercialización de los productos de Naranjax con la que mantienen un litigio por la propiedad de las patentes.

La jueza desestimó la querella por «defecto de forma en la personación», pero ordenó una investigación de oficio sobre estos presuntos delitos. Vilar avanzó ayer que han subsanado ese problema, que tiene que ver con el otorgamiento de poderes al procurador, y retomarán la ofensiva en los tribunales.( Enero 2004 )

La ex mujer presionó a clientes de Vilar con que el juez podía precintarles los productos

La ex mujer del empresario de Artana Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax, no sólo abrió un frente judicial y otro ecológico contra el que había sido su marido con la intención de conseguir las licencias para vender los productos de la agroquímica. Montserrat Vives había emprendido una iniciativa paralela que iba directamente contra la línea de flotación de Naranjax: la cartera de clientes que aspiraba conquistar. Vives presentó una demanda en el juzgado de instrucción 3 de Nules en la que reclamaba la propiedad industrial de varias patentes. Como ya adelantó este diario el pasado 31 de diciembre, el mismo juzgado abrió investigación a partir de un informe del Seprona, de la Guardia Civil, realizado a raíz de la denuncia formulada, el 3 de octubre de 2003, por Vives por si Naranjax «ponía en riesgo la salud pública».

La administradora única de Artemis 2000 S. L. había remitido una carta el 29 de agosto de 2003 a buena parte de los almacenes y cooperativas en la que les advertía del riesgo que corrían si seguían comprando a la empresa de su marido. «Naranjax S. L. está utilizando los registros, autorizados por el Ministerio de Agricultura, propiedad de Artemis 2000 S. L. por lo cual hemos solicitado al Juzgado la paralización de dichas ventas y las oportunas responsabilidades, por lo que podría usted encontrarse, en un plazo próximo, que el Juzgado le ordenase el precinto de todos los productos de Artemis 2000 S. L. comprados a través de Naranjax S. L.», decía la misiva. «Como administradora única de Artemis, pongo en su conocimiento - decía la carta- que la única empresa autorizada para producir, comercializar y vender los productos de esta empresa es Agro Artes Fertilizantes S. L., por lo que para todos los pedidos y cuestiones relacionadas con los productos de Artemis deben dirigirse a ella».

En la propiedad de Artemis aparecieron, desde que compraron la firma al gestor de sociedades dormidas Ramón Cerdá Sanjuan, Montserrat Vives y la esposa de Carlos Fabra, María Amparo Fernández. Según Vilar, actuaban como testaferros en una empresa que era una sociedad instrumental creada para vehicular el pago de comisiones de Naranjax a Carmacas, la consultora de Fabra, a cambio de favores políticos que abonaban la economía de la agroquímica. El matrimonio Vilar-Vives se separó en marzo de 2003 y las disputas llegaron al terreno empresarial.

Vilar respondió el 17 de diciembre con una querella con la misma acusación (delito contra la propiedad industrial y la salud pública) a su ex mujer, a Fabra y a los consejeros de Agro Fertilizantes. Naranjax sostiene que es legítima propietaria de los registros y su administrador denuncia que quieren hundirlo empresarialmente. El juzgado de instrucción número 1 de Nules desestimó la querella por defecto de forma, pero ha ordenado una investigación de oficio de estos presuntos delitos ( Enero 2004 )

El anterior alcalde popular de Nules es de los pocos políticos que ha plantado cara al líder de Castelló

El presidente del Partido Popular en Castelló, Carlos Fabra, ha confeccionado las listas electorales a su antojo desde su acceso al cargo, en 1991. Los parlamentarios nacionales han sido nombres de su cercanía política y de su confianza personal, con escasas excepciones, como la del cunero Gabriel Elorriaga, que fue impuesto por decisión de Manuel Fraga hace más de veinte años y aún sigue. Alguno de estos nombres se ha visto ahora, sin pretenderlo, en el ojo del huracán del llamado «caso Fabra».

Las listas han sido un recurso para colocar a personas que quedaban descolgadas de la política local, como el caso del diputado Miguel Prim, de Torreblanca, que llegó a las Cortes Generales como desagravio por su degradación en el escenario municipal.

Miguel Prim se ha convertido, según avalan los documentos publicados en las últimas semanas por este diario, en un hombre de paja plegado a los presuntos intereses empresariales de Fabra en el ámbito de los productos fitosanitarios. De hecho, habría participado en alguna reunión en la que se abordaron asuntos relacionados con los intereses comerciales de Vicente Vilar y de su empresa agroquímica Naranjax. Senador primero y luego diputado, con escasa personalidad política y una proyección parlamentaria casi nula, algunos dirigentes del PP llevaban un tiempo rumiando críticas por una elección con pocas razones de peso.

La revalidación del cargo en 2000 no fue demasiado bien entendida, sobre todo cuando parecía claro que su plaza era para el ex alcalde de Nules, Vicente Martínez Lucas, al que le había prometido el cargo. Este había sido conminado por Fabra a abandonar la cabecera de la lista municipal casi por imperativo presidencial. Fabra reemplazaba así a uno de los pocos políticos que le ha plantado cara en trece años en el PP.

Al final, Fabra no se atrevió a enviar a Madrid a Martínez Lucas, un hombre de control más difícil. Prim volvió a la Carrera de San Jerónimo y Fabra buscó hueco al ex alcalde de Nules como asesor de la entonces consellera de Agricultura, Maria Àngels Ramon-Llin. La ruptura política entre Fabra y Martínez Lucas se concretó poco antes de las últimas elecciones municipales, cuando el ex alcalde creó un partido independiente que se alió con los socialistas para arrebatarle el control del ayuntamiento de Nules a los populares. Vicente Martínez Lucas ha consumado así una especie de ajuste político de cuentas con el presidente de la Diputació de Castelló y líder todopoderoso de los populares de esa provincia, Carlos Fabra ( Enero 2004 )

La mujer de Vilar escribió a Aznar para denunciar las trabas de dos ministros

Aznar fue informado, al margen de los cauces del partido, por los industriales del ramo, espoleados por los perjuicios que preveían ante el cambio legislativo y por la actitud del Gobierno, que, a su modo de ver, había dado la espalda al pequeño productor de material fitosanitario, en beneficio de las multinacionales. Así lo reconoció el presidente de la comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, el popular José-Cruz Pérez Lapazarán, a la representación empresarial con la que los diputados del Partido Popular mantuvieron un encuentro en Madrid. Una cita a la que acudió el empresario Vicente Vilar, del grupo Naranjax, promotor de las dos querellas criminales presentadas contra Carlos Fabra, presidente de la diputación. Fabra también estuvo presente en la reunión.

Entre los empresarios que expresaron sus inquietudes estuvo Montserrat Vives, entonces todavía mujer de Vicente Vilar y socia de la mujer del dirigente del PP, María Amparo Fernández Blanes en la sociedad Artemis 2000 SL. Vives remitió un escrito a Aznar, fechado el 30 de abril de 2002, en el que denunciaba el comportamiento de los ministerios de Agricultura y Sanidad y Consumo. «Se han negado reiteradamente a cumplir la ley vigente», decía, y centraba sus críticas en los retrasos en la resolución de los expedientes de los productos fitosanitarios. El plazo legal era entonces de un año.

«Me consta que su gabinete fue informado del problema hasta el más mínimo detalle y también se comprometieron a manifestárselo a usted del mismo modo». «¿Se negarían a cumplir la ley los ministros si el presidente del Gobierno les hubiera recordado que las leyes están para cumplirse?», remachó. Vives reclamaba así la intervención oficial del presidente del Gobierno, al que había conocido en persona, junto a Vilar, durante las estancias de vacaciones de la familia Aznar en Orpesa ( Enero 2004 )

Pla pide a Rajoy que «aplique la incompatibilidad de la corrupción con el PP y exija que Fabra dimita»

El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, consideró ayer que en el plano político es «insostenible» que el PP mantenga como presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, después de que la juez decidiera «abrir un procedimiento de oficio al apreciar indicios racionales de delito». Pla, en declaraciones a los periodistas en un receso de la Conferencia Política que el PSOE  se refería así a la investigación de una denuncia contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y otras ocho personas, por presuntos delitos contra la propiedad industrial y la salud pública. El líder de los socialistas valencianos señaló que este «escándalo político tiene un punto de inflexión en la medida adoptada ayer -por el viernes- por la juez al abrir un procedimiento de oficio contra indicios racionales de delitos». El dirigente del PSPV consideró que estos hechos deberían hacer reflexionar al PP en su intento de «mantener a Fabra todavía como presidente de la Diputación», y señaló que «desde el respeto total a la presunción de inocencia, la propia juez ha visto indicios de delito y por lo tanto hay que dejarla trabajar». Por ello Joan Ignasi Pla consideró que «aplicando la teoría del señor Aznar de la incompatibilidad de la corrupción con el PP, Mariano Rajoy debería exigir a Fabra que deje la presidencia de la Diputación».

En la misma línea, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, afirmó en Córdoba que el presidente Aznar «debería aplicar las recetas que pedía en la oposición ante un caso de corrupción y exigir que Fabra dimita». Llamazares dijo que el PP «tiene en este caso una difícil papeleta, porque ya hay unas acusaciones muy firmes que atribuyen a una responsabilidad penal a un alto cargo del PP pero, sobre todo, porque esta persona ha utilizado el cargo público para obtener prebendas». Además indicó que Fabra «ha utilizado su cargo público en varios ministerios, lo que significa que estamos ante un caso de posible corrupción que afecta al PP y al Gobierno». (Enero 2004 )

Un milagro llamado Abac

Buena parte del éxito económico de la empresa Naranjax, la agroquímica propiedad de Vicente Vilar, se asienta sobre el éxito de la que es la joya de esa corona: el insecticida Abac. La legalización del producto sorprendió al sector porque desde 1985 estaba patentado un insecticida similar, el Vertimec, cuya licencia se renovó en 1990. La multinacional Syngenta retiró el formato concentrado del Vertimec al no poder resistir la competencia de un Abac que conquistó el mercado porque costaba la tercera parte.

Un gusanito puñetero llamado minador de los cítricos desbrozó las perspectivas de negocio de Naranjax, una pequeña empresa agroquímica radicada en Artana y propiedad de Vicente Vilar. Las gestiones del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, a finales de septiembre de 1999, para que el Ministerio de Agricultura autorizase la salida al mercado del insecticida Abac fueron el complemento necesario a la acción del bichito para que el empresario, entonces íntimo amigo suyo, mirase el futuro con optimismo.

La inscripción del producto en el registro, el 18 de octubre de 1999, puso fin a más de tres años de reiteradas negativas de los técnicos del Ministerio. Desde que se formuló la solicitud de licencia (el 24 de mayo de 1996) hasta que le fue concedida a Naranjax pasaron casi tres años y medio. El plazo estaba dentro de la media de lo que se suele tardar en lograr una autorización de este tipo, según señalan diversas fuentes del sector fitosanitario consultadas por este diario. «Entre dos y cuatro años es el plazo habitual» para lograr una inscripción en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario de la Dirección General de la Producción Agraria.

El plazo no sorprendió. Lo que verdaderamente resultó extraño para técnicos y comerciales del sector fue que se legalizara el Abac. Se coincide en observar que Agricultura es muy escrupulosa en su evaluación analítica y documental. Subrayan que no sólo se patenta la sustancia activa (en este caso la abamectina), el componente principal, sino que cada día más se estrecha más el cuello de la botella para aceptar nuevas formulaciones a partir de alterar las dosis de los complementos. Los profesionales «comentábamos cómo se había autorizado si era el mismo producto que el Vertimec», un compuesto a base de abamectina, comenta un químico de otra firma distinta a la fabricante de este último producto. Abac no pasó los controles de toxicidad y fue inscrito pese a que el Vertimec llevaba registrado desde el 27 de marzo de 1985. El 9 de abril de 1990 se renovó la patente y se prolongó su validez, por segunda vez, el 31 de marzo de 2000.

La licencia pertenecía a Novartis Agro. La propiedad del registro del Vertimec y posteriormente del Epimec (el mismo producto pero con mayor concentrado de sustancia activa) pasó a Syngenta Agro, la multinacional suiza resultante de la fusión de la división agrícola de Novartis (la fabricante del conocido Termalgín) con Zeneca. Si la legalización del producto de Naranjax resultó contra pronóstico, más sorprendió el precio tan competitivo con el que el Abac salió al mercado. Mientras el Vertimec se vendía por aquel entonces (finales de 1999) a casi 30.000 pesetas el litro, el Abac costaba unas diez mil. En ambos casos la dosis de abamectina era la misma. El Epimec 3,37 (con un 200% más de materia activa) alcanzaba las 40.000 pesetas, según precios contrastados en varios almacenes fitosanitarios, cooperativas y representantes del sector. Tan dura fue la competencia de Naranjax que Syngenta tuvo que retirar el Epimec porque no les era rentable.

Otro de las preguntas enigmáticas que asaltaban a los comerciales del mercado fitosanitario era la permisividad, «la manga ancha» de la Administración ante una práctica comercial tan anómala como la venta al detalle del producto al agricultor en la fábrica de Artana. «Parece que nadie se ha atrevido a meterle mano a Naranjax», apuntan. Cuatro años después de que el Abac saliese al mercado pisando fuerte para arrasar, el gusanito de los huevos de oro para Vilar sigue campando a sus anchas por los árboles pero el sector citrícola y los profesionales del sector fitosanitario reconocen que se han caído del guindo. Se han enterado por la prensa de que Naranjax jugaba con el árbitro a favor en los despachos ministeriales. Y así logró registrar el producto, saltándose controles de toxicidad y pese a las fundadas dudas sobre las patentes en vigor. El porqué del precio sigue siendo un enigma, que Vilar no aclara, pero tiene que ver con el origen de la sustancia activa que se importa. El empresario reconoce que el Abac es la joya de su corona. A la pregunta de si es cierto que el insecticida ha «arrasado» en España, aclara: «Ha arrasado en España y en medio mundo». Las multinacionales siempre ganan. Pero la excepción a la regla se llama Vicente Vilar Ibáñez, vecino de Artana y ex amigo de Carlos Fabra Carreras.(Enero 2004 )

La juez abre procedimiento al presidente del PP de Castellón y pide al fiscal que investigue  

La juez Isabel Belinchón, del Juzgado número 1 de Nules, sobre la que recayó una querella presentada por el empresario Vicente Vilar contra el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos contra la salud pública y contra la propiedad industrial, ha decidido remitir la denuncia al fiscal para que investigue al considerar que hay indicios de delito y ha abierto otro procedimiento penal al considerar que de los hechos narrados se desprende la existencia de otros supuestos delitos que no habían sido denunciados.

Este segundo procedimiento ha sido enviado al decanato de los juzgados para su reparto. Las actuaciones de la juez, según indicaron  fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se producen pese a su decisión de no admitir a trámite la querella presentada por el industrial Vicente Vilar por defecto de forma en la personación. La titular del Juzgado número 1 de Nules señala que las acusaciones formuladas, aunque no haya admitido a trámite la querella de Vilar, son perseguibles de oficio.

La otra querella del empresario contra Carlos Fabra por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, que recayó en el Juzgado número 3 de Nules, ha sido rechazada por la juez Inmaculada Gonell, al considerar que no existen indicios de que se hayan cometido los dos primeros delitos. Respecto al tercero, la juez apunta que, aunque hubiese delito, ya habría prescrito.

Vilar, que acusa a Fabra de haber cobrado por gestiones a favor de sus productos fitosanitarios, anunció ayer que recurrirá la decisión del juzgado de no admitir la querella y que corregirá los defectos de forma y se personará como parte en la investigación de los supuestos delitos apuntados por Isabel Belinchón.

La denuncia por supuestos delitos contra la salud pública y la propiedad industrial señala, entre otros querellados, a Montserrat Vives, ex esposa de Vicente Vilar, y a Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Ambas son socias de la firma Artemis 2000, acusada de comercializar productos fitosanitarios ilegales. "Espero que después de que se ha demostrado la relación de Carlos Fabra con la empresa, éste no sea tan cobarde de que recaigan sobre su mujer todas las acusaciones", afirmó Vilar.

El Consell de la Generalitat Valenciana, a través de su portavoz, el consejero Alejandro Font de Mora, volvió a reiterar "todo su respaldo y apoyo" a Fabra y arremetió contra Vilar y el partido socialista. El secretario general del PP de Castellón y consejero de Justicia, Víctor Campos, mostró la satisfacción de todo el partido por la inadmisión de las querellas contra Fabra. "Se ha demostrado que el único objetivo de la actuación pública de Fabra siempre ha sido conseguir proyectos, servicios y futuro para Castellón, con absoluta normalidad y sin tener nada que ocultar", dijo Campos, que reiteró su alegría por las "personas que hemos defendido a Fabra y sufrido terribles críticas por ello, como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps". La portavoz del PSOE, Carme Chacón, mostró su esperanza de que "nadie obstruya a la justicia" en la investigación ordenada por la juez de Nules ( Enero 2004 )

Medio Ambiente autorizó a Vilar la gestión de residuos tóxicos tras la mediación de Fabra

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, presionó en 2002 al departamento de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana para que concediera el título de gestor de residuos tóxicos a una sociedad de su amigo Vicente Vilar

Fabra acompañó el 2 de enero de aquel año al propio Vilar al despacho de la directora general de Calidad Ambiental, Pilar Máñez, para que desbloqueara el expediente de la solicitud de Naranjax, que estaba retenido en su departamento. Desde hacía tres años, la Consejería de Medio Ambiente se oponía sistemáticamente a autorizar la solicitud de Vilar por no ajustarse a las normas medioambientales, pero Máñez resolvió de forma favorable el expediente 193/99/RNP.La Dirección General de Calidad Ambiental notificó a Naranjax el 4 de febrero su resolución favorable «para realizar actividades de gestión de residuos no peligrosos». La resolución está firmada por la propia Máñez y la notificación por el jefe de área de Calidad Ambiental Angel la Orden.

La participación del presidente del PP de Castellón fue determinante para descongelar el expediente, como después también demostró en otros asuntos relacionados con los intereses de Vicente Vilar y la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, quien en aquellas fechas era socia de la mujer del propietario de Naranjax. Hasta la eficaz y rápida gestión de Fabra, Vilar tuvo que recorrer un largo camino, plagado de trabas y rechazos. Su primera gestión arrancó el 9 de noviembre de 1999 cuando presentó ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad valenciana la solicitud de autorización de empresa gestora de residuos no peligrosos. Sin ese permiso no podía tratar en su fábrica de Artana (Castellón) los retales de pieles curtidas de la industria de la comarca de Vall d'Uxó a fin de obtener aminoácidos para fabricar abono de bajo coste. La intención de Vilar era, en un principio, lograr sólo el permiso para poder tratar el cuero en su fábrica, pero Fabra le convenció de que el negocio estaba en la obtención del título de gestor de residuos. Con esa calificación, los resultados económicos eran más espectaculares: Naranjax cobraba de las empresas de curtidos por retirar los desechos de las pieles y, al mismo tiempo, conseguía materia prima para producir los aminoácidos para los abonos. Pero para ese proceso necesitaba el título de Calidad Ambiental.

Las industrias valencianas de curtidos generan todos los años miles de toneladas de despojos. Naranjax tenía previsto procesar anualmente hasta tres millones de kilos de restos de pieles curtidas. El 4 de mayo de 2000 el propietario de Naranjax, que denunció en diciembre a Fabra por haber cobrado importantes sumas de dinero para mediar a favor de su empresa ante los organismos públicos, presentó la documentación exigida por la Consejería de Medio Ambiente de Valencia. Un mes después, un técnico de dicha Consejería le pidió que modificara el proyecto y, el 4 de septiembre, le reclamó más documentos. El 27 de noviembre, el técnico de la Generalitat citó a Vilar en su departamento para que le explicara las características de su proyecto. Sobre la concesión de la licencia le manifestó que dependía de un dictamen externo que iba a realizar el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, Rafael Font. El 15 de junio de 2001, Naranjax aportó una serie de documentos reclamada por el catedrático de Alicante. Pero el profesor dictaminó que no procedía conceder la autorización porque los resultados de las pruebas arrojaban un alto contenido en cromo. Una sustancia de alta toxicidad con riesgo de contaminar campos y cultivos.

ilar solicitó por su cuenta otro dictamen a un catedrático de la Universidad de Valencia. Pero, viendo que Medio Ambiente no autorizaba su solicitud, habló con Fabra para que le resolviera el problema. El presidente de la Diputación ya lo había hecho en 1999 ante el Ministerio de Agricultura Para desbloquear la situación, Fabra y Vilar visitaron a la directora de Calidad Ambiental de Medio Ambiente, Pilar Máñez. Según la versión del propietario de Naranjax, en esa reunión, Fabra argumentó a Máñez que él era socio de la empresa y que con los retrasos estaba perjudicando sus intereses. Las quejas fueron determinantes, ya que Máñez se comprometió a dar salida al expediente con la mayor brevedad. En sólo unos días cursó la autorización y Naranjax comenzó a procesar las pieles, tras el visto bueno del Ayuntamiento de Artana. Sin embargo, el propio Vilar se percató de que aquel procedimiento químico desprendía un fuerte olor, que resultaba insoportable por la emanación de residuos amoniacales. El empresario, de motu proprio, decidió paralizar la producción antes de que los vecinos de la localidad castellonense se amotinaran delante de su fábrica. ( Enero 2004 )

Agricultura se negó hasta tres veces a legalizar el insecticida de Vilar antes de intervenir Fabra

El camino americano hacia el éxito personal siempre tiene más espinas que rosas. Más aún si se afronta desde Artana, el minúsculo municipio de Castelló en el que el empresario Vicente Vilar, edificó la empresa agroquímica Naranjax. El industrial -que se ha querellado contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, por presunto cobro de comisiones millonarias a cambio de favores- ha cimentado la prosperidad de su empresa en la espléndida aceptación en el mercado de un insecticida contra el minador de los cítricos bautizado como Abac. La inscripción en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, necesaria para poder comercializar el producto, fue un calvario burocrático para Vilar, quien presentó la solicitud de la licencia un 24 de mayo de 1996 y no obtuvo los permisos hasta el 18 de octubre de 1999. Hasta tres veces le negó explícitamente Agricultura la inscripción del producto por razones técnicas, referidas a los controles necesarios sobre la materia activa y las sustancias complementarias, y de índole administrativo.

Para desbloquear la tramitación de la licencia fue decisiva la mediación de Carlos Fabra, quien apenas un mes antes, a finales de septiembre de 1999, participó en una reunión con el propio ministro de Agricultura, Jesús Posada, y a la que también asistieron los diputados castellonenses Juan José Ortiz y Juan Costa, además del director general de Sanidad Vegetal. Fabra, que no ha desmentido el encuentro, saldó con éxito su mediación para que se diera luz verde a un expediente que estaba embarrancado. Tantas fueron las prisas a partir de ese encuentro monotemático que el ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultura Agustín Liñán firmó la etiqueta del Abac el 22 de octubre de 1999, cuatro días después de que se autorizara la comercialización del producto. Una práctica, la de dar el permiso de venta antes de la aprobación del etiquetado, totalmente irregular.

No era nada fácil desatascar la salida al mercado del insecticida de Naranjax. El propio Vilar remitió el 8 de mayo de 1998 una carta al entonces director general de Sanidad de la Producción Agraria, Rafael Milán, en la que le expresaba su desazón ante lo «inútiles» que le habían resultado «todos los esfuerzos hechos por averiguar el estado administrativo del expediente». El expediente número 21.581, abierto en mayo de 1996 para legalizar el nuevo producto. Un año antes de esa misiva, el 21 de marzo de 1997, la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios, encargada de examinar y avalar, si procede, las solicitudes de patentes agroquímicas y de revalidar las ya aprobadas, había desestimado conceder la autorización del Abac al detectar importantes errores y carencias en la documentación entregada y en la formulación del producto.

Por eso, el subdirector general de Sanidad Vegetal, Ramón Vázquez Hombrados, solicitó, el 28 de abril de eses mismo año 1997, «un informe sobre el perfil analítico de tres lotes de fabricación de Abamectina Técnico». Un mes después, Vicente Vilar remitió toda la documentación requerida «para ajustarse mejor a las exigencias técnicas exigidas». Sin embargo, el silencio del Ministerio motivó la citada carta de mayo de 1998 pidiendo explicaciones sobre el estado de la cuestión. Tampoco entonces hubo respuesta. A Vilar se le agotó la paciencia y advirtió al Ministerio de Agricultura en una nueva carta enviada el 3 de junio de 1998 que comercializaría el producto por su cuenta y riesgo, pues entendía que el silencio administrativo equivalía implícitamente a una concesión de los permisos. Fue entonces cuando el subdirector de sanidad vegetal le advirtió que «tal comercialización no se ajusta a la legalidad vigente». Le detallaba, incluso, para su gobierno que la legislación al respecto señala que «los expedientes de solicitud de homologación y registro deberán ser resueltos en el plazo de dieciocho meses. Transcurrido el plazo para la resolución, podrán entenderse desestimadas las solicitudes». Habían volado 26 meses desde el inicio de los trámites.

Era la segunda negativa ministerial a registrar el insecticida porque «no se ajustaba a la legalidad», pero no la última. Un 25 de marzo de 1999 la referida comisión técnica competente en analizar los expedientes y otorgar las licencias, que dos años antes había tumbado ya la licencia, denegó de nuevo la autorización a Naranjax.

El Abac no superaba, entre otros, los estrictos controles de toxicidad. Sin embargo, en la sesión que este mismo comité técnico celebró el 14 de julio de 1999 (dos meses antes de la reunión política de Madrid en la que participó Carlos Fabra con el Abac en el orden del día) algo no contemplado en el guión oficial había sucedido para que se concediese el registro. El mismo organismo que tres meses antes negó el permiso, de repente lo concedió. Un «cambio de criterio» que no pasó por alto a la multinacional Syngenta Agro, heredera de Novartis Agro, titular de un insecticida comercializado como Vertimec y Epimec (competencia del Abac) y que posteriormente presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contra la legalización de producto de Naranjax y de otros genéricos similares formulados a partir de la molécula Abamectina.

Syngenta denunció que el Abac podía perjudicar la salud pública y el medio ambiente, además de sus intereses comerciales. La firma radicada en Basilea lamentaba que finalmente se hubiese concedido el registro «sin comprobación ni contraste oficial» y dando crédito «a la simple declaración de parte interesada» sobre la composición del producto. Las trabas puestas por Agricultura hasta la fecha respondían en parte al marcaje que estaba haciendo Syngenta desde hacía tiempo.

Pero, como la amistad es un valor mucho más sólido que el poder de una multinacional, Carlos Fabra dio la cara por Vicente Vilar, en la reunión de Madrid. Y el0 Abac se legalizó por la vía rápida para un período de diez años

EL PRESIDENTE DEL PP DE CASTELLÓN TRATÓ CON DOS MINISTROS SOBRE NEGOCIOS DE SU ESPOSA  

Las gestiones de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia, en favor de los productos fitosanitarios que comercializaba una empresa de su mujer y fabricaba el empresario Vicente Vilar, no sólo se tradujeron en respuestas escritas oficiales. Fabra logró tratar el supuesto atasco para autorizar dichos productos en sendas reuniones con los entonces ministros Jesús Posada (Agricultura) y Celia Villalobos (Sanidad). Asistentes oficiales a ambas reuniones sostienen que no logró tratos de favor. Vilar afirma que del encuentro con Agricultura sí sacó provecho.

Carlos Fabra, cuya honorabilidad apoyan el presidente valenciano, Francisco Camps, y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, logró reunir en el Ministerio de Agricultura una minicumbre en septiembre de 1999 para supuestamente intentar desatascar la tramitación de la autorización para comercializar un producto fitosanitario de Vicente Vilar, empresario que le ha denunciado por el cobro de comisiones a cambio de gestiones políticas en apoyo de sus negocios. La reunión se produjo con la presencia del entonces titular de Agricultura, Jesús Posada; el diputado del PP Juan José Ortiz, el entonces secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, y el propio Fabra, que fue el que "llevó la voz cantante", según el ex ministro.

La reunión, según Vilar, giró en torno a un producto, el Abac, un insecticida que quería sacar al mercado su empresa Naranjax. Vilar había pedido permiso a Agricultura en mayo de 1996, para lo cual había presentado documentación analítica y técnica del producto. Dos años más tarde, el 11 de mayo de 1998, Vilar comunica a Agricultura que entendía que podía comercializar ya su producto ante la falta de respuesta oficial. Sin embargo, el 30 de mayo de 1998, el entonces subdirector general de Sanidad Vegetal, Ramón Vázquez Hombrados, le aclaró que el silencio administrativo no debía entenderlo como luz verde. Todo lo contrario. Este alto funcionario le anunció que habían surgido "dudas" sobre su producto que requerían la aclaración por parte de organismos externos. Entretanto, dejó claro que la tramitación quedaba interrumpida.

En ese contexto de bloqueo se inscribió la reunión que logra Fabra en el Ministerio de Agricultura. Posada lo recuerda así: "Vino Carlos Fabra a verme. De eso me acuerdo perfectamente. Y lo recibí. Igual que recibiría a cualquier presidente de diputación o concejal que me lo pidiera. Lo recibiría y con inmediatez. Sí creo que venía algún diputado. Puede ser que fueran Ortiz y Costa. Pero no lo puedo asegurar. Lo que no puedo acordarme es de qué hablamos. Habría alguien de mi gabinete que cogería los papeles que éste traería. Y tomaríamos nota de lo que él pedía. E inmediatamente, la petición suya, como la de cualquier otro, fue mandada a los servicios para ver qué pasaba, siempre que no fuera una cosa que me afectara directamente como ministro, que no era el caso, si no, lo recordaría. Así, lo pasé a los servicios y harían lo que se tuvieran que hacer", resume Posada sobre su gestión. ¿El producto tratado fue el Abac? "Puede que fuera ése el producto, ahora que lo dices. Si me dijo 'hay un producto que no sale y está en los servicios', yo diría 'que se revise lo que ha ocurrido y si tiene que salir, que salga". "¿Presión? No. Cualquiera podía llegar a mí, hombre si era un ciudadano cualquiera le recibía un miembro de mi gabinete. Pero si era alguien elegido, un diputado o un senador, un presidente de Diputación, pues hombre yo tomaba nota y decía que se haga lo que se tenga que hacer". Posada recuerda que la cita la pidió el propio Fabra.

Juan Costa, entonces diputado por Castellón y secretario de Estado de Hacienda, sí recuerda que mantuvo una reunión en Agricultura con Fabra y con Posada, pero fija un contenido oficial distinto. "Tuvo una reunión oficial para tratar de que Agricultura implantara un puesto de control sanitario en el puerto de Castellón para que se pudiera exportar productos vegetales, sobre todo cítricos. Y salió fenomenal, porque a raíz de esas gestiones se consiguió", señalan portavoces del ministro de Ciencia y Tecnología.

Estas fuentes no recuerdan que otras personas acompañaran a Fabra o al ministro, ni si se habló de otros asuntos.

En todo caso, el producto fitosanitario Abac, paralizado desde 1998, logró su aprobación en octubre de 1999, apenas un mes después de la minicumbre concertada por Carlos Fabra en el Ministerio de Agricultura.

Este departamento recibió posteriormente la queja de una empresa farmacéutica que denunció cómo en el verano de 1999 el ministerio cambió de la noche a la mañana sus criterios y abandonó su política restrictiva autorizando el producto fabricado por Naranjax sin mayores comprobaciones técnicas, por lo que, en criterio de esta empresa farmacéutica, se estaba atentando contra el medio ambiente ( Enero 2004 )

Un fax revela otra mediación del diputado Ortiz en el Senado en favor de la firma Naranjax

La trama de intereses político-empresariales en torno al presunto tráfico de influencias promovido por el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, en favor de la firma Naranjax, se complementa con nuevas revelaciones. El diputado Juan José Ortiz, de Castelló, actuó de coordinador entre los parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado para defender enmiendas a la Ley de Sanidad Vegetal. Un escrito de Ortiz relaciona en la operación al entonces portavoz del PP en el Senado y hoy conseller de Educación, Esteban González Pons.

Un fax remitido desde el grupo parlamentario popular del Congreso de los Diputados a Vicente Vilar, dueño de Naranjax, revela el interés del PP por modificar el articulado de la ley, que los industriales fitosanitarios españoles consideraban lesiva para sus intereses, frente al dominio de las multinacionales. Un interés que quedó patente con la reunión que Fabra mantuvo con los ponentes de la ley y resto de miembros de la Comisión de Agricultura, en el mismo Congreso. Así lo atestiguó Ángel Pintado, ponente y diputado del PP.

Ortiz, que no era miembro de la Comisión de Agricultura, remitió a Vilar un informe, el 10 de septiembre de 2002, con los progresos en la tramitación de la ley. «Amigo Vicente ÐdecíaÐ, adjunto te remito las enmiendas que remitimos al Senado y la contestación del Ministerio a las mismas. Como verás, sólo se admite una y no sé si es la más importante (...). No obstante, el portavoz del grupo, Esteban González, se podrá en contacto con Carlos [Fabra] para darle las últimas noticias antes de su debate en el Senado. Un abrazo». Y, de puño y letra: «Información de utilización restringida».

Consultado por este diario, González Pons reseñaba: «No conozco este asunto. Como portavoz del Senado era habitual recibir enmiendas de los compañeros del Congreso y de presidentes provinciales del partido, así como de comunicarles después si habían sido admitidas o no». El intento por contactar con Ortiz no dio resultado satisfactorio.

La implicación del diputado Miguel Prim, que ya fue relacionado hace unos días, también se amplía. Prim informó a Vilar del debate de la Comisión de Agricultura celebrada el 11 de junio de 2002 en que se analizaron las alegaciones a la Ley de Sanidad Vegetal. «He de significarte que las propuestas que el PP hacía de los artículos 37, 37 bis y 38, que te las mandé por fax el pasado 10 de mayo, se han aprobado al presentar el grupo popular una enmienda transaccional a las enmiendas de Coalición Canaria».

«El proyecto, con las enmiendas aprobadas, pasará al Senado y allí pueden verse otras enmiendas. Le seguiré la pista en el Senado y, tal como quedé, te informaré», explica. Y añade: «Como de costumbre, si tienes alguna aclaración para hacerme, estoy a tu disposición». Con posterioridad, remitiría otro fax: «Me he puesto en contacto con la senadora que llevará el tema, la cual me irá informando (...) No está cerrado el tema de forma definitiva», concluía. ( Enero 2004 )

El ex consejero Farnós afirma que Fabra debería dar explicaciones  

El ex consejero de Sanidad Joaquín Farnós pidió al presidente de la Diputación de Castellón que dé explicaciones sobre los delitos que se le imputan. Farnós, en la Tertulia de radio Castellón Cadena SER, manifestó que "Carlos Fabra debe salir y dar explicaciones". "Yo lo haría", añadió, "como cuando me vi envuelto en el asunto de la hepatitis C". Además, elogió el comportamiento de los socialistas en la Diputación al respecto: "Están dando ejemplo sin estar todo el día intentando explotar electoralmente el caso". Los juzgados de Nules decidirán la próxima semana la admisión o no a trámite de las querellas presentadas por Vicente Vilar contra Fabra por estafa y apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, contra la salud pública y la propiedad industrial. Por otra parte, el presidente del Gobierno, José María Aznar, eludió en Washington comentar la situación de Fabra. ( Enero 2004 )

Vilar reta a Fabra a que haga públicos los informes por los que cobró millones

‘No existen’’. El empresario Vicente Vilar retó al presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, a que muestre a la sociedad los informes que el dirigente popular dice que elaboró para las empresas químicas de su grupo y que el industrial asegura que no existen, pues los pagos eran ‘‘por lo favores políticos que lograba’’ y ‘‘no por tareas de asesoramiento’’.

Vicente Vilar, que está a la espera de que los juzgados 1 y 3 de Nules decidan si aceptan las dos querellas que ha fomulado contra el dirigente popular, mantiene en sus denuncias que la sociedad que Carlos Fabra creó en el año 2000 junto a su mujer, María Amparo Fernández, denominada Carmacas S. L., facturó a Naranjax (la sociedad de Vilar dedicada a la producción de productos fitosanitarios), a Arcavi (una sociedad compartida entre Vilar y su hoy ex esposa, Monterrat Vives) y a Artemis 2000 S. L. (la compañía creada por las esposas de Vilar y del propio Fabra) cantidades millonarias en concepto de trabajos e informes jurídico-laborales ‘‘inexistentes’’.

El industrial químico de Artana asegura que dispone de los números de los cheques cobrados por Fabra y del número de las cuentas donde se efectuaron algunos de los pagos.Estas facturas, según Vilar, se tuvieron que realizar ya que en el accionariado de Naranjax figuran sus primos y, por tanto, ‘‘no quería que pudieran pensar que estaban saliendo de la caja cantidades sin justificar y que yo me estaba lucrando con ellas’’.

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, reconoce que sus empresas han cobrado a Vicente Vilar por informes y asesoramientos. Y lo hace en la demanda presentada la semana pasada ante los juzgados de Castellón en defensa de su honor. En ella habla de una relación de “amistad y confianza estrecha” con el industrial que ahora le ha denunciado, y confirma que los informes de Carmacas no le salían gratis a Vilar, algo que el líder del PP en Castellón nunca había admitido en público.En la demanda, los abogados de Fabra afirman, y son palabras textuales, “que las empresas de Vicente Vilar consultaban y se asesoraban, bien de Carlos Fabra, bien de la compañía por él creada. Siempre que se produjeron minutas profesionales y encargos de trabajo se minutó en cifras sensiblemente inferiores a las de mercado o a las tarifas habituales, precisamente por la relación de amistad que unía a ambos matrimonios”. Carlos Fabra, en la misma demanda, justifica su actividad empresarial complementaria a la política con el hecho de que él no es ‘‘un profesional de la política, al punto como aquellos que la conciben como una dedicación exclusiva’’ .Por ello, añade su abogado en la demanda, ‘‘nunca podría haber renunciado a su cartera de clientes, como abogado y agente de seguros para dedicarse a la política. Lo contrario habría sido un suicidio económico que su familia no lo hubiera permitido’’. ( Enero 2004 )

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