LAS NOTICIAS IGNOMINIOSAS QUE GENERA EL SUSODICHO 2003-2000
La empresa de Fabra tiene dos coches de lujo que no hizo constar en su declaración de bienes
Según el diario "Levante" el presidente de la diputación de Castellón no declaró ante la Diputación Provincial los dos coches de lujo que posee su empresa. Vicente Vilar, el empresario que denunció a Fabra, asegura además que fue él quién realmente pagó estos vehículos, un Mercedes todoterreno y un Jaguar.
Este diario asegura hoy que estos dos vehículos no figuran en la declaración de bienes que Fabra presentó a la Diputación Provincial. Sin embargo el propio Fabra reconoce en un documento judicial que los vehículos son de una de sus sociedades.
El empresario Vicente Vilar mantiene que fue él quién realmente pagó estos coches. Vilar mantenía haberle regalado estos dos coches de lujo como pago por sus presuntos tratos de favor.
En declaraciones a la Cadena SER el empresario que denunció al presidente de la Diputación de Castellón ha asegurado que el importe de los dos coches supera los 20 millones de pesetas y que fue él quien los pagó a través de un contrato de leasing.
Ninguno de estos vehículos de lujo consta en la declaración patrimonial que Fabra presentó en el Registro de Intereses de la Diputación, con fecha 19 de junio de 2003.
En este documento, citado por el diario "Levante", sólo se anota la propiedad de otros dos automóviles. Uno de ellos es un Cooper 1300, matrícula de Madrid, de casi treinta años de antigüedad y adquirido en mayo de 2002. El otro, un Alfa Romeo Spider, matriculado en Castelló y adquirido en 1988. El Jaguar y el Mercedes en cambio son prácticamente nuevos. ( Enero 2003 )
El presidente valenciano se enorgullece de que Fabra sea del PP
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, del PP, expresó ayer su "apoyo y cariño" al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, acusado por el empresario Vicente Vilar de los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, entre otros, y de haber cobrado favores políticos. Camps manifestó que le "enorgullece" tanto la amistad que le une a Fabra como el hecho de que sean compañeros del PP. "Cuenta con todo mi aprecio y cariño personal", señaló el presidente de la Generalitat, "con el apoyo y cariño del Consell, del partido y, además, con el de la sociedad en general".
Para justificar esta salida en defensa del también presidente del PP en Castellón, Camps sostuvo: "En Fabra podemos ver un político que durante estos años ha dado todo lo mejor de sí para situar a la Comunidad Valenciana en la parte que le corresponde y a la provincia de Castellón en una de las sociedades más avanzadas y modernas de España. Ha hecho un esfuerzo espectacular durante estos años para modernizar infraestructuras, para hacer inversiones importantes y dinamizar una provincia que en estos momentos ha alcanzado técnicamente el pleno empleo".
Ante estas declaraciones, el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, calificó de "poca vergüenza" la actitud del PP, partido en el que, según dijo, "las luchas internas permiten mantener una situación insostenible". Pla aseguró que el PP está "más preocupado por defender a Carlos Fabra que por defender los intereses de los ciudadanos", y acusó al también presidente del PP en Castellón de "mentir de manera evidente", con lo que, a su entender, "no es posible que continúe en sus cargos". Además, los socialistas exigen la actuación del presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, quien, según dijo, "no puede estar sin decir nada". "Yo no cuestiono el tema judicial ni la honorabilidad de Carlos Fabra, pero políticamente no es sostenible que alguien del que se conocen cada día más elementos de falta de ética en el ejercicio de la acción política siga ocupando sus cargos políticos", añadió.
Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes valencianas, Antoni Such, se preguntó: "¿Qué pasa con los representantes institucionales, autoridades sanitarias, responsables de consumo y otros cargos públicos que también parecen tolerar la actuación del presidente de la Diputación de Castellón?". Such, quien calificó el llamado caso Fabra como "el Watergate del PP", señaló que "cada día se amplía el mapa de altos cargos de este partido implicados en las presuntas corruptelas". El grupo del Bloc Nacionalista Valencia en la Diputación de Castellón, que hasta ahora se había mantenido prácticamente al margen de la polémica, indicó ayer en un comunicado que "quedan pocas dudas de la intercesión de Fabra a favor de la empresa" de Vicente Vilar.( Enero 2004 )
El ex consejero Farnós afirma que Fabra debería dar explicaciones
El ex consejero de Sanidad Joaquín Farnós pidió al presidente de la Diputación de Castellón que dé explicaciones sobre los delitos que se le imputan. Farnós, en la Tertulia de radio Castellón Cadena SER, manifestó que "Carlos Fabra debe salir y dar explicaciones". "Yo lo haría", añadió, "como cuando me vi envuelto en el asunto de la hepatitis C". Además, elogió el comportamiento de los socialistas en la Diputación al respecto: "Están dando ejemplo sin estar todo el día intentando explotar electoralmente el caso". Los juzgados de Nules decidirán la próxima semana la admisión o no a trámite de las querellas presentadas por Vicente Vilar contra Fabra por estafa y apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, contra la salud pública y la propiedad industrial. Por otra parte, el presidente del Gobierno, José María Aznar, eludió en Washington comentar la situación de Fabra. ( Enero 2004 )
Fabra reconoce que sus empresas han cobrado por asesorar al empresario que le denunció
Lo reconoce en la demanda presentada esta misma semana contra Vicente Vilar. En ella habla de una relación de "amistad y confianza estrecha" y confirma que los informes de la empresa Carmacas no le salían gratis a Vilar, algo que el líder del PP en Castellón nunca había admitido en público.
En la demanda, los abogados de Fabra afirman textualmente que “las empresas de Vicente Vilar consultaban y se asesoraban, bien de Carlos Fabra, bien de la compañía por el creada. Siempre que se produjeron minutas profesionales y encargos de trabajo se minuto en cifras sensiblemente inferiores a las de mercado o a las tarifas habituales, precisamente por la relación de amistad que unía a ambos matrimonios".
En el relato de hechos también se dedica espacio a la figura del político: "Generoso y dispuesto a ayudar a todas cuantas personas lo precisen", dicen de Fabra sus abogados".
Seguimos citando párrafos textuales: "En su condición de presidente de la diputación de Castellón, está convencido de que su obligación es fomentar el desarrollo empresarial de la provincia, y no puede negar que por donde ha pasado siempre ha intentado ayudar a cualquier paisano castellonense. Seguro, también ha ayudado al señor Vilar, al que le unió incluso una relación de amistad entre sus matrimonios".
Los abogado de Fabra dedican a continuación varios párrafos que concluyen con una afirmación que subrayan en letras mayúsculas al juez: "Es rotundamente falso que por este tipo de cometidos el señor Fabra haya cobrado cantidad alguna", afirmación que habían desmentido unas líneas antes cuando admitía haber cobrado a las empresas de Vilar y que vuelve a tener una versión totalmente contraria pocas líneas después.
Leemos otra vez de forma textual "mi representado no es un profesional de la política, como aquellos que la conciben como una dedicación exclusiva. Debido a su actividad profesional como abogado y agente de seguros, Carlos Fabra nunca podría haber renunciado a su cartera de clientes, consolidada a lo largo de muchos años para dedicarse a la política. Lo contrario sería un suicidio económico que su familia no hubiera permitido".
Son sólo algunos apuntes de un escrito, una demanda de 31 folios, en la que Fabra pide además a los juzgados de Castellón que requieran al grupo Prisa y a la Cadena SER para que retiren de comercios y librerías los ejemplares que agredan al honor de don Carlos Fabra carreras. Considera a estos medios, junto a otros de comunicación de la comunidad valenciana, el vehículo del material calumniador.( Enero 2004 )
EU denuncia que el chófer de Fabra llevó a la ex mujer de Vilar
Esquerra Unida de Castellón
reveló que el coche oficial de Carlos Fabra, presidente de la
Diputación, recogió del cuartel de la Guardia Civil de Artana a la ex
mujer del empresario Vicente Vilar, quien ha denunciado a Fabra de un
presunto delito de tráfico de influencias.Según Carles Mulet, portavoz
de EU en Castellón, en la denuncia de Vilar contra Fabra, en la pagina 7
figura: “Ya en las dependencias de la Guardia Civil de Artana, y
mientras está formulando la denuncia, Dª Montserrat Vives, efectúa desde
allí mismo una llamada telefónica a D. Carlos Fabra, que de forma
inmediata le envía a su chofer en el coche oficial de la Diputación
Provincial, a recogerla, circunstancia que incluso extrañó a los propios
agentes del Cuartel de Artana, que ven casi imposible que dicho coche
aparecieses allí tan rápidamente”.
La narración de la denuncia de Vilar contra Fabra explica que el
presidente provincial, su mujer (Amparo Fernandez) y la ex esposa de
Vilar (Montserrat Vives), intentaban quedarse con las empresas de Vilar
cuando éste rompió con su mujer “y que montaron una especie de complot
mediante el cual Montserrat Vives denunció a Vicente Vilar por violación
y retención ilegal”. Mulet también aseguró ayer que después de que
Montserrat Vives denunciara a su marido, “Fabra medió con el subdelegado
del Gobierno en Castellón, Sánchez Peral, para que detuvieran al
industrial de Artana”, si bien Sánchez Peral se negó a ello.Para Carles
Mulet, “si esta denuncia es cierta estamos ante un nuevo caso de
corrupción aunque no se haya denunciado a Fabra por este incidente”.
Para el dirigente de Esquerra Unida, se trata del “uso indebido e
irregular de recursos públicos para intereses particulares”. Aunque
Mulet no quiso entrar a valorar las denuncias de Montserrat Vives a su
ex maridos, sí que proclamó que el presidente de la Diputación de
Castellón “no puede enviar el coche oficial a recoger a una persona en
un asunto que no tienen nada que ver con las tareas propias de la
presidencia de la Corporación provincial”.Carles Mulet concluyó la
entrega de ayer del caso Fabra con la petición de
que “cuanto antes” actúe “la Fiscalía Anticorrupción”.( Enero 2004 )
El subdelegado del Gobierno y un alto cargo de Sanidad también actuaron a favor de Fabra
El subdelegado del Gobierno en Castelló, Vicente Sánchez Peral, y un ex alto cargo en el Ministerio de Sanidad, Rubén Moreno, hicieron gestiones ante la Administración a favor de los intereses del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y su ex socio Vicente Vilar durante 2001 y 2002. Según consta en varios documentos de fax, Sánchez Peral mantuvo varios contactos con el subdirector general de Medios de Producción Agrícola
El presidente de la Diputación de Castelló y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, no estuvo solo a la hora de realizar gestiones ante la Administración del Estado en favor de intereses económicos comunes con su ex socio y cliente Vicente Vilar. El subdelegado del Gobierno en Castelló, Vicente Sánchez Peral, y un ex alto cargo castellonense en el ministerio de Sanidad, Rubén Moreno Palanques, también actuaron con el mismo fin durante los años 2000 y 2001.
Las intervenciones del subdelegado Sánchez Peral, una persona estrechamente vinculada a Fabra, se realizaron reiteradamente ante varias instancias del Ministerio de Agricultura, organismo que tramitaba las autorizaciones de los productos fitosanitarios que fabricaba y comercializaban empresas del grupo Naranjax, propiedad de Vilar y en las que Fabra tiene intereses a través de su mujer (copropietaria de Artemis 2000) y de su propia empresa Carmacas.
Concretamente, Sánchez Peral mantuvo diversos contactos directos con Juan José Guitián López-Caro, subdirector general de Medios de Producción Agrícola, según consta en varios documentos de fax intercambiados entre ellos a los que ha tenido acceso este periódico.
De esa documentación se desprende al menos una reunión entre Sánchez Peral y Guitián López-Caro, en la que se analizó la situación del proceso de autorización de los productos fitosanitarios sobre los que Fabra y su ex socio Vilar estaban interesados en agilizar. También se hace hincapié en la voluntad de dar una solución rápida a la tramitación.
Por su parte, el director general de Agricultura del ministerio, Rafael Milán, reconoció ayer a este periódico haber mantenido un contacto con Sánchez Peral sobre los productos de las empresas de Vilar. «Sí, recuerdo que se envió una documentación que pidió el subdelegado de Gobierno en Castelló sobre unos productos fitosanitarios de esa empresa», extremo que consideró «normal». «No me extraña -añadió- que se interesara sobre ese particular porque es la única empresa que existe en esa provincia dedicada a la fabricación de este tipo de productos. Creo que es una gestión muy normal».
Según Milán en el Ministerio «se informa con transparencia sobre los trámites que realizamos» (sobre autorización de productos fitosanitarios), un proceso que calificó como «muy técnico y que puede alargarse un año». «Yo solo soy -precisó- el último eslabón de la cadena, firmo cuando ya está todo concluido». Respecto de si su subordinado Juan José Guitián estuvo en contacto con Sánchez Peral dijo: «No lo sé, debería consultar la documentación».
Se da la circunstancia de que estos dos altos cargos son los responsables directos del servicio de Homologación de Productos Fitosanitarios del ministerio, el departamento técnico que debía autorizar la idoneidad de los productos de Naranjax y Artemis 2000 sometidos a examen antes de su comercialización.
Las actuaciónes de Sánchez Peral en este ministerio coinciden en el tiempo con las gestiones llevadas a cabo, con el mismo propósito, ante ese departamento y el de Sanidad, por el diputado del PP por Castelló Miguel Prim, persona estrechamente vinculada a Fabra.
De forma paralela y en el mismo sentido también actuó en aquella época el castellonense Rubén Moreno Palanques, entonces secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria del Ministerio de Sanidad, según informaba en su edición de ayer el diario El País. Moreno Palanques, según esa información, fue quien se interesó ante la directora general de Salud Pública, Maria Dolores Flores, por las autorizaciones de los productos de Naranjax.
Según su testimonio, Flores, pese a esgrimir que todo el proceso de autorizaciones estaba a salvo de injerencias de terceros, redactó una nota interior en la que se daba cuenta de varios productos fitosanitarios (un total de ocho) autorizados por el ministerio, de los que seis pertenecían a registros solicitados por la empresa de la mujer de Fabra. Esa nota llegó a manos de Fabra que, a su vez, la hizo llegar al empresario Vilar como prueba de sus gestiones. Esa nota es uno de os documentos que han sido publicados en Levante-EMV. Según el citado diario, Flores, tras sostener inicialmente que jamás había firmado esa nota, rectificó al serle mostrada una copia por fax en la que figuraba su firma.
«Sí, es mi firma, pero tiene que faltar el membrete de arriba, a quien se lo enviaba yo. Creo que es una nota interna del ministerio porque me habían pedido alguna información», declaró al citado diario. «¿Quién?», le preguntan. Tras pensarlo unos momentos y descartar a altos cargos del ministerio recuerda: «Podría haber sido Rubén Moreno Palanques, secretario general de Gestión y Cooperción Sanitaria, quien me pidió la información. Es que Rubén es de Castelló», concluye la directora general.
Moreno Palanques, que abandonó el Ministerio de Sanidad con la salida de la ministra Villalobos en julio de 2002, fue con anterioridad director del Servicio Valenciano de Salud (Servasa) y subsecretario de la consellería de Sanidad en la época en que Joaquín Farnós ocupó esa cartera en el primer Consell presidido por Eduardo Zaplana. ( Enero 2004 )
La empresa de la mujer del presidente del PP de Castellón vende productos sin autorización
Artemis 2000, empresa de Amparo Fernández, esposa del presidente del PP de Castellón y de la Diputación de esta provincia, comercializa productos fitosanitarios fabricados por una empresa que carece de autorización para ello. Lo hace desde que la empresa rompió su relación con el empresario Vicente Vilar, dueño de Naranjax y fabricante autorizado de esos productos. La irregularidad aparece denunciada en la querella que Vilar ha presentado contra Fabra. El Ministerio de Agricultura le ha confirmado oficialmente que Naranjax es la única empresa autorizada a fabricar esos productos. Entre los presuntos delitos de los que el empresario Vicente Vilar acusa al presidente de la Diputación y presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, se encuentran los referentes a acciones contra la salud pública y contra la propiedad industrial. Según plantea el propio Vilar en su querella, Artemis 2000, la empresa propiedad de su ex esposa, Monserrat Vives, y de la esposa de Fabra, Amparo Fernández, ha puesto en el mercado productos no autorizados o, como él califica, "ilegales". Los productos fitosanitarios precisan, al menos, de tres autorizaciones, otorgadas por el Ministerio de Agricultura, con el visto bueno del de Sanidad. Una de ellas se concede a una empresa como titular del producto, que en este caso es Artemis 2000, y para cuya obtención medió un diputado del PP, el subdelegado del Gobierno en Castellón y el propio Fabra, entre otros; la otra, se otorga al fabricante que, en este caso, es Naranjax, propiedad de Vilar; y la tercera se refiere a las sustancias con las que se fabrican los productos (sustancia activa) que ha de homologarse y que, en este caso, ostenta Arcavi, otra de las empresas de Vilar. En el vademécum de productos fitosanitarios y nutricionales, editado recientemente, aparece una página de publicidad en la que Artemis 2000 publicita varios productos que, según el propio anuncio, fabrica Promisol. Sin embargo, según un documento del Ministerio de Agricultura al que ha tenido acceso este diario, Naranjax es el único fabricante autorizado de productos como Zeus, Fosnar, Procit y Cirox que la empresa de la esposa de Fabra publicita con Promisol como fabricante. En su querella, Vicente Vilar asegura que Artemis 2000 ha puesto en el mercado productos que "incumplen los controles que exige el Ministerio de Agricultura". Además, aporta bidones y otros envases de fitosanitarios, como Zeus y Fosnar, que aparecen sobreetiquetados. Según Vilar, Artemis 2000 procedió al sobreetiquetado cuando él mismo advirtió al gerente de Promisol de que "el único fabricante autorizado" de dichos productos era Naranjax. "Como consecuencia de este comunicado", señala el empresario, "Artemis rectifica la etiqueta tapando con una pegatina adhesiva el lugar donde se indica el fabricante". Agricultura ratificó en octubre a Naranjax como fabricante autorizado.
Sin embargo, Vilar realizó a finales de año otra gestión telefónica, según su propio relato, con el jefe del servicio de homologación de productos fitosanitarios, para confirmar que, desde el ministerio, no se ha producido ninguna variación sobre los fabricantes autorizados. "Me contestó diciendo que Naranjax es el único dueño de esos productos fitosanitarios y que sin la autorización de Naranjax ninguna otra empresa puede fabricar dichos productos", tal como señala Vilar. En cualquier caso, Naranjax dispone de un contrato de distribución y comercialización en exclusiva entre esta empresa y Artemis en el que se indica que "Artemis se compromete a no solicitar ningún cambio, ni de nombre comercial, ni de titularidad de los registros ante el Ministerio de Agricultura".
Por su parte, Carlos Fabra, en la demanda que ha presentado contra Vilar "por atentar contra mis derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen", trata de desvincularse de los negocios de su esposa. Así, según han recogido varios medios, el presidente de la Diputación de Castellón se pregunta de qué ha podido comercializar productos fitosanitarios si "no es socio, ni administrador de Artemis 2000'. "Nada tendría que ver el señor Fabra con dichos productos al no ser gestor, administrador ni socio de ninguna de las empresas que comercializan productos fitosanitarios'', añade el documento. "El señor Fabra no ha intervenido en la labor empresarial de su esposa, que se remonta a los inicios del matrimonio, más que como mero espectador e inevitable asesor y también como inevitable partícipe de los beneficios empresariales de su esposa, aún cuando tengan capitulado el régimen de separación de bienes'', suscribe. Sin embargo, el fax remitido por el propio Carlos Fabra sobre el estado en el que se encontraban las autorizaciones solicitadas por Artemis indica su intervención en dichos negocios. Además, Vilar ha presentado una de las cartas remitidas al presidente de la Diputación en la que le advierte de dicha "venta ilegal", al igual que sostiene que en Artemis 2000 "los socios reales éramos tú y yo".( Enero 2003 )
Fabra afronta 4 hipotecas de 1,9 millones con un sueldo de 6.000 euros mensuales
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, afronta el pago de al menos cuatro hipotecas por más de 1,9 millones de euros con un salario mensual de 6.000 euros. La oposición exige explicaciones sobre cómo puede hacer frente a esta cantidad de créditos que superan en gran medida su salario. Sólo por el préstamo de su piso de lujo en Madrid, Fabra pago 3.647 euros mensuales, más de la mitad de su retribución como presidente provincial.
El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, ha justificado el aumento de su patrimonio desde 1995 con las deudas contraídas a través de los préstamos hipotecarios o personales contraídos. En su declaración patrimonial ante notario, el presidente de los populares castellonenses acreditaba que sus deudas superaban el valor de sus bienes. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron al PSPV, quien exigió el sábado a través de su secretario general, Joan Ignasi Pla, una explicación sobre cómo paga los créditos que superan en gran medida su sueldo.
Fabra tiene uno de los salarios públicos más elevados de España. Cobra más que el presidente del Gobierno, José María Aznar, al recibir de la Diputación 84.000 euros anuales, a razón de 6.000 euros mensuales más dos pagas extraordinarias. Con esta retribución dineraria el líder del PP en Castelló tiene que hacer frente a cuatro hipotecas vivas, al menos tres de ellas con Bancaja, por más de 1,9 millones de euros (casi 322 millones de las antiguas pesetas).
Sólo por uno de los créditos vivos que mantiene con Bancaja, el correspondiente al lujoso piso madrileño que adquirió en 2002 en la plaza de las Salesas, Fabra ha estado pagando en el último año unas cuotas mensuales de 3.647 euros (más de 600.000 pesetas), mucho más de la mitad de su sueldo mensual.
La primera de las hipotecas vivas con Bancaja desde que accedió a la presidencia de la Diputación se suscribió en 1996 sobre su vivienda particular de Castelló por un valor de 282.475 euros. Su vencimiento era el año 2008, aunque en 2001 fue ampliada hasta los 441.743,90 euros, así como el plazo de amortización hasta 2016.
Sobre el chalé de Orpesa que está a nombre de su mujer Amparo Fernández y sus cuatro hijos, en les Platgetes de Bellver donde veraneaba el presidente Aznar, existe otro préstamo hipotecario con otra entidad financiera de 608.107,74 euros (más de 100.000 millones de pesetas).
Otra de las hipotecas contratadas con la caja de ahorros Bancaja se formalizó en abril del pasado año por importe de 186.300 euros con un vencimiento de 2018. La carga era sobre un piso en Castelló que Fabra recibió en herencia, según los datos registrales. En total, el importe de los créditos vivos que el político mantiene con esta entidad financiera llega a más de 1,3 millones de euros, casi 220 millones de pesetas. Asimismo, en el acta notarial Fabra exhibía certificados bancarios de créditos adquiridos con 11 bancos ( Enero 2004 )
El presidente del PP de Castellón medió ante dos ministerios por un negocio familiar
Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esta provincia, y sus colaboradores Miguel Prim, diputado nacional del PP, y Vicente Sánchez Peral, subdelegado del Gobierno en Castellón, hicieron gestiones ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para acelerar la concesión de autorizaciones para vender productos fitosanitarios de Artemis 2000, una empresa propiedad de la mujer de Fabra y de la esposa de Vicente Vilar, el empresario que le ha denunciado. De esas gestiones ha quedado constancia en escritos oficiales.
Vicente Vilar, propietario de Naranjax, empresa que fabrica y comercializa productos fitosanitarios, afirma que pagó más de 100.000 euros a Fabra por sus gestiones para lograr las autorizaciones del Ministerio de Agricultura. Fabra negó el viernes haber percibido "compensación económica alguna por interceder en defensa de los intereses de los empresarios de su provincia".
Los favores, tal como sostiene Vilar, se centraron en la mediación, visitas y presiones realizadas ante distintos cargos de los Ministerios de Sanidad y Agricultura para intentar acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Las empresas solicitantes de dichas autorizaciones eran Arcavi y Naranjax, propiedad de Vilar, y Artemis 2000, propiedad de su ex esposa, Monserrat Vives, y de la esposa de Fabra, Amparo Fernández, y en la que Vilar figuró como administrador único hasta el pasado mes de abril, cuando fue destituido de su cargo.
El diputado del PP por Castellón Miguel Prim fue uno de los que se dirigió al Ministerio de Agricultura para interesarse por el estado de la tramitación y aclarar si había algún problema especial con las concesiones, ya que Vilar consideraba que éstas se estaban retrasando demasiado. Sin embargo, Prim no fue el único ya que el subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, también realizó varias gestiones sobre las empresas de Vilar y la de la esposa de Fabra.
Incluso el propio presidente de la Diputación recibió información directa desde el Ministerio de Sanidad acerca de la situación en la que se encontraban las solicitudes formuladas por la empresa de su esposa.
Vicente Sánchez Peral no ha querido responder sobre su participación en este asunto, mientras que el propio Vilar ha tratado de justificarlo alegando que "únicamente realizaba las gestiones que le exigía Fabra". "Yo nunca le he entregado nada y pienso que es una excelente persona", añadió.
Las gestiones realizadas por Sánchez Peral durante 2000 y 2001 tuvieron como interlocutores al subdirector general de Medio de Promoción Agrícola, Juan José Guitián, y al director general de Agricultura, Rafael Milán.
En los documentos a los que ha tenido acceso este diario, Guitián hace referencia a una entrevista mantenida con Sánchez Peral sobre los productos de Vilar, y le remite oficios sobre defectos encontrados en las solicitudes, que "serán igualmente recibidos por los interesados en fechas próximas".
Por su parte, Rafael Milán remitió a la subdelegación del Gobierno un detallado informe de la situación en la que se encontraban 30 expedientes de autorizaciones solicitadas por las empresas de Vilar y de las esposas de éste y de Fabra.
Las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios se solicitan en Agricultura pero es en el Ministerio de Sanidad donde han de pasar los exámenes más estrictos para su posterior visto bueno. Así, el diputado Miguel Prim se dirigió en junio de 2001 al entonces Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para hacerle saber las "dificultades" en la tramitación de autorizaciones para dichas empresas.
En su contestación, Arias- Cañete le indicó que la evaluación de los productos concernía a la Dirección General de Salud Pública y subrayó: "Debes entender que se trata de aspectos sobre los que no me corresponde emitir opiniones ni juicios".
Un portavoz del Ministerio de Agricultura justificó la actitud de Arias-Cañete: "Es la respuesta a una carta que le envía el diputado Prim sobre cómo va la tramitación de unos determinados productos, y se le contesta. El ministro aclara que no va a emitir ningún juicio de opinión, porque no es su competencia". Agricultura no ve anómalo que este diputado pidiera y recibiera información por un circuito privado en lugar de hacerlo mediante pregunta parlamentaria, dada su condición. "La carta no la hizo el ministro, se la hicieron los servicios correspondientes y la firmó él", señala el portavoz.
Prim se dirigió al mismo tiempo a la Dirección General de Salud Pública, en Sanidad, ocupada entonces por María Dolores Flores, "interesándose" por los expedientes. La directora general rehusó otorgarle información sobre los mismos ya que, según explicó en su escrito, "las personas a las que la Administración debe informar son únicamente los titulares de la solicitud de autorización de cada producto".
"Es que yo soy muy funcionaria. Llevo 25 años en la Administración y soy muy cumplidora del procedimiento", señaló Flores a este periódico para justificar su respuesta. "Me puede venir quien me venga, que los procedimientos son los establecidos porque creo que es lo que da transparencia y organización. Esos años hubo un incremento porque todas las empresas empezaron a pedir registros de una manera desorbitada. Y había un procedimiento que había que cumplir: ver qué repercusión tenían en la salud humana los productos que se presentaban. Y había un orden de entrada y un orden de salida. Según entraba, así salía", explicó Flores.
Sin embargo, nueve meses después, Flores obvió supuestamente esta circunstancia y redactó un escrito, que Fabra haría llegar a Vilar por fax, en el que detallaba "los nombres de las sustancias y productos" que había firmado recientemente para dar salida al Ministerio de Agricultura. De los ocho productos a los que la directora General de Sanidad hacía referencia, seis eran registros solicitados por la empresa de la esposa del propio Fabra. Flores manifestaba en su nota su optimismo: "En unos días espero que puedan salir la mayoría". Niega conocer a Fabra o haber enviado tal nota fuera del Ministerio de Sanidad.
Flores, tras mantener inicialmente que jamás habría firmado un documento de tal tenor y sin membrete, cuando este diario le remite por fax su propia nota revisa su versión: "Sí, es mi firma, pero tiene que faltar el membrete de arriba, a quién se lo enviaba yo. Creo que es una nota interna del ministerio porque me habían pedido alguna información". ¿Quién? "No me acuerdo quién me pediría información dentro del ministerio". Flores sólo aclara que no fue ni la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, ni el subsecretario, Domingo Menéndez Menéndez, quienes le pidieron datos: "Porque estábamos de acuerdo en que no íbamos a mover nada".
Tras pensar unos minutos en aquella nota, Flores intenta recordar quién le pudo pedir los datos sobre esos registros fitosanitarios: "Podría haber sido Rubén Moreno Palanqués, secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria, quien me pidió la información. Es que Rubén es de Castellón". Moreno, que abandonó el ministerio con la salida del equipo de Celia Villalobos en julio de 2002, ni era superior de Flores, que dependía del subsecretario, ni tenía competencias sobre fitosanitarios. "Del ministerio, la única persona, sin ningún tipo de presión, muy normal, que me preguntó '¿esto cómo está?', fue Rubén Moreno; y yo le dije está de esta manera".
Flores insiste en que nunca adelantó irregularmente ningún producto, ni se saltó ningún requisito porque afectaba a algo tan serio como la salud humana. "Esto no es autorizar un yo-yo. Si se aprobó algo es que cumplía todos los requisitos y se hizo cuando le tocara", proclama.
Flores no mentía: cuando redacta su nota había dado salida ya desde Sanidad a los citados productos de Artemis 2000, que fueron registrados y autorizados definitivamente entre junio y octubre de 2002 en Agricultura.(Enero 2004 )
La familia posee 7 edificios, 5 viviendas, un chalé y 8 parcelas
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y su familia poseen un gran patrimonio inmobiliario de 13 viviendas (incluidos edificios, pisos y chalé) y ocho parcelas urbanas y rústicas. Así se desprende del acta notarial -realizada por el notario Alfonso Pascual De Miguel- entregada por el también líder del PP en Castelló a los medios de comunicación, en su comparecencia del pasado viernes.
Desde que el empresario Vicente Vilar presentó dos querellas contra Fabra por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y contra la salud pública y contra la propiedad intelectual, a mediados del pasado diciembre, se había hecho público un listado de bienes que el presidente provincial declaró en el Registro de Intereses de Bienes Patrimoniales de la Diputación en 1995, 1999 y 2003.
En las últimas semanas trascendió que la familia Fabra poseía dos pisos en Castelló, una vivienda en Culla, otro piso en una de las zonas más señoriales de Madrid, así como un chalé en Orpesa, en les Platgetes de Bellver -donde veraneó el presidente José María Aznar- y diversas parcelas urbanas en Borriol, en la Urbanización La Coma. La finca de Forcall (Els Ports) que aparece en la declaración antes de ser diputado fue enajenada con fecha posterior al 26 de junio de 1999, pues ya no consta en la declaración patrimononial de 2003.
Sin embargo, el acta notarial dada por Carlos Fabra aporta novedades que incrementan los bienes declarados por el presidente de la Diputación gracias a las posesiones de sus familiares - su esposa María Desamparados Fernández y sus cuatro hijos- desde antes de que tomara posesión en 1995 como presidente de la Diputación y en la actualidad.
Según los últimos datos, la mujer de Fabra recibió en herencia en 1982 siete edificios -no especifica cómo son-en Alcoi. En el acta notarial también se constata la compraventa de una vivienda en Ibiza realizada el 2 de julio de 1992, mientras que en diciembre de 1997 la familia Fabra adquiere otra parcela en la urbanización Torre Bellver de Orpesa. Cinco meses después comprarían el chalé. Por último Fabra declara dos compraventas en octubre de 2002 y enero de 2003 de otras tantas parcelas rústicas en el municipio de la Vall d´Alba (Castelló). Nada se dice en el documento notarial sobre los chalés de lujo que sus dos hijas compraron en Pozuelo de Alarcón, según informó la Cadena Ser nada más destaparse el caso.
La declaración notarial expone que el patrimonio de la familia «ha experimentado un incremento que resulta plenamente justificado en virtud de las plusvalías obtenidas por la venta de activos inmobiliarios adquiridos con anterioridad a 1995 y vendidos a lo largo del año 2001 y 2002, así como por los ingresos por rendimientos de trabajo». (Enero 2004 )
Fabra alega que es un «mero espectador» de la actividad empresarial de su mujer
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, asegura en su demanda civil contra el empresario Vicente Vilar, que no tiene ninguna relación con la empresa Artemis 2000 SL, firma que crearon al 50% la esposa de Fabra, María Desamparados Fernández, y la ex mujer del industrial Montserrat Vives, para obtener registros de productos fitosanitarios. En una de las querellas de Vilar contra el presidente del PP en Castelló se afirmaba que esta sociedad se constituyó para «justificar» los pagos que recibía Fabra por sus presuntas gestiones políticas para agilizar la autorización de esos productos.
El abogado Eduardo Estrada que defiende el honor de Fabra expone en la demanda que el presidente de la Diputación no es socio de Artemis 2000 ni tampoco «ha intervenido en la labor empresarial de su esposa más que como mero espectador e inevitable asesor», según publicaron ayer diversos medios de comunicación que tuvieron acceso a la demanda, donde se añade que Fabra también es «inevitable partícipe de los beneficios empresariales de su esposa, aún cuando tengan capitulado el régimen de separación de bienes».
El empresario castellonense aseguraba que la consultora de Fabra Carmacas recibió al menos dos pagos de más de 144.000 euros de Artemis 2000 tras acordarlo sus juntas. Además, tras la ruptura matrimonial de Vilar, el industrial acusaba a Fabra de montar una estrategia para quedarse con sus empresas y de consentir la comercialización de productos fitosanitarios ilegales a través de Artemis 2000 cuando es dado de baja como administrador el querellante, ya que la única sociedad autorizada era Naranjax, propiedad de Vilar.
Ante estas acusaciones, Fabra, en su demanda de 30 folios donde pide dos millones de euros de indemnización a Vilar, el abogado argumenta que «nada tendría que ver el señor Fabra con dichos productos al no ser gestor, administrador ni socio de ninguna de las empresas que comercializan productos fitosanitarios». El presidente de la Diputación insiste en que el empresario «no podrá probar nada».
El documento en el que el político popular defiende su inocencia también solicita una «indemnización, de carácter subsidiario» por la repercusión mediática del asunto para «reparar el perjuicio producido al demandante». Fabra pide al juez, además, que adopte medidas cautelares contra «el Grupo Prisa y el Diario de Valencia» porque «existe temor racional y fundado» de que «las agresiones ilegítimas al honor» de Fabra «van a seguir produciéndose de modo inminente y en progresivo aumentoÉ». La demanda se basa en este punto en unas declaraciones de Vilar sobre una supuesta «venta del material informativo» a varios medios. Además, reclama que se retiren de las librerías y comercios los ejemplares del Grupo Prisa y del Diario de Valencia que «agredan al honor» de Fabra.
La relación de amistad entre el matrimonio Fabra con la ex mujer de Vilar también aparece en la demanda civil, donde se apunta que prestaron ayuda a Montserrat Vives tras su denuncia de maltrato a manos de su ex marido. El abogado del político advierte que el empresario actúa con «esquizofrenia».
Puig reta a Fabra a desmentir los faxes que revelan mediaciones en favor de Naranjax
El vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas, Joaquín Puig, retó ayer al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, a desmentir la veracidad de los faxes divulgados por el industrial Vicente Vilar y publicados el pasado sábado en el diario Levante de Castelló.
Según recordó Puig, esta documentación confirmaría una serie de contactos que, presuntamente, entablaron Fabra y el diputado nacional del PP Miguel Prim con el objetivo de interceder en favor de la empresa Naranjax ante el Ministerio de Sanidad.
Esta supuesta mediación es una de las imputaciones que denuncia el empresario Vicente Vilar en dos querellas presentadas contra Carlos Fabra por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, contra la salud pública y contra la propiedad intelectual.
El portavoz socialista subrayó que la salida a la luz pública de este cruce de faxes demuestra que Carlos Fabra «mintió en su rueda de prensa al afirmar que nunca ha mediado en favor de los intereses de una empresa particular». Este razonamiento también llevó a Puig a pedir la dimisión del presidente de la Diputación de Castelló «por deshonesto y mentiroso».
Vilar sostiene que los dos políticos le remitieron dichos faxes para comunicarle el avance en las gestiones que, supuestamente, mantenían con la Administración central en torno a las licencias comerciales de la empresa Naranjax, firma de productos fitosanitarios con la que el industrial alzó un grupo empresarial valorado en varios millones de euros.
La documentación divulgada por Vilar refleja que el primero de estos faxes se cursó el 18 de septiembre de 2001 desde la secretaría del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso. Su remitente, Miguel Prim, envía al fax de Vicente Vilar copia de la contestación de la directora general de Salud Pública ante su interés por la autorización de ocho productos de Naranjax.
Según muestran los faxes distribuidos por el empresario de Artana, el segundo documento fue remitido por el propio Fabra al despacho de Vicente Vilar el 3 de julio de 2002. Este nuevo fax incluía la copia de un envío de la directora general en el que se detallaba la inminente autorización de los ocho productos citados.
Las acusaciones de Puig recibieron ayer el respaldo del secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, quien subrayó que Fabra «no ha sido capaz de desvelar de manera clara» cómo se ha incrementado el patrimonio de su familia hasta poseer 12 viviendas, un chalé y ocho parcelas.
Pla también exigió al presidente de la diputación que explique con qué recursos hace frente a los créditos e hipotecas que tiene contraídos con 11 entidades bancarias. «¿Cómo hace frente al endeudamiento familiar?, en este caso a las hipotecas. Una persona que gana 3.606 euros, no puede estar pagando créditos hipotecarios por encima de esa cantidad».
El portavoz adjunto del PSPV en las Cortes Valencianas, Antoni Such, calificó de «lamentable» el apoyo público a Fabra del Conseller de Justicia, Víctor Campos. «La justicia es independiente y el conseller debería mantenerse al margen aunque sea de su partido». ( Enero 2004 )
Fabra presenta una demanda civil a Vilar por lesionar su «honor e imagen» pública
El presidente del PP y de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, anunció ayer la presentación en los juzgados de Castelló de una demanda civil contra el empresario de Artana, Vicente Vilar, por «atentar contra mis derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen, recogidos en la Constitución». Al tiempo que, como presidente del PP y de la Diputación de Castelló informa que ha enviado al secretario general de su partido, al Síndic de Comptes y al Secretario de la diputación un informe con todos sus bienes, compras y ventas realizados entre 1995 y 2003. Lo que hace «ante las acusaciones de algunos miembros del PSOE acerca de mi patrimonio personal y su supuesto aumento en los últimos años». Las acciones contra el empresario de Artana, administrador único de Naranjax, podría ampliarlas Fabra contra «las personas, instituciones y medios de comunicación que, sin contrastar y sin el rigor informativo esencial para no fomentar el daño moral, profesional y social hacia mi persona y mi familia, se hagan eco de las disparatadas acusaciones de Vilar». Fabra, que compareció ayer, tras tras veintiún días de silencio, en una conferencia de prensa en el salón de comisiones de la institución provincial, arropado por la plana mayor del PP en Castelló -faltaba el alcalde José Luis Gimeno, en un a to oficial en Córdoba-, se limitó a leer los 10 puntos de un comunicado. Constató que Vilar con sus acusaciones había dañado su imagen política y profesional al denunciar que había intermediado ante altos cargos del Gobierno para facilitar la concesión de licencia para sus productos fitosanitarios. Reiteró que su actividad había estado guiada por la defensa de los intereses de Castelló y que «nunca he percibido compensación económica alguna por interceder en defensa de los intereses de los empresarios de mi provincia. Mi actividad no me ha reportado beneficio o ingreso distinto de mi retribución oficial». Retó a Vilar a demostrar sus imputaciones en los tribunales y las achacó «al apoyo que mi mujer y yo prestamos a su ex esposa, tras haber sido presuntamente maltratada y violada por él». ( Enero 2004 )
La respuesta judicial más suave contra Vilar
Una de las conclusiones jurídicas de la comparecencia pública de Carlos Fabra ante los medios de comunicación resulta evidente: el presidente, asesorado por su equipo legal, ha elegido el arma más suave para contraatacar contra Vicente Vilar. Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguraban que Fabra tenía dos vías para ir contra su enemigo: una, la penal, o lo que es lo mismo, presentar una querella por injurias y calumnias con publicidad contra el industrial castellonense que lo acusa de tráfico de influencias. Esta alternativa es un arma de doble filo. Por un lado, es más contundente, ya que puede terminar en una sentencia condenatoria que reporte una pena de cárcel para el querellado, además de los daños y perjuicios que se puedan derivar. Sin embargo, por otro lado, las acusaciones que se realicen en un juicio penal pueden ser constitutivas de un delito de denuncia falsa si no se demuestra su veracidad, con lo cual la estrategia podría volverse contra el que denuncia. Ante este futuro incierto, Fabra ha optado por una reclamación civil por daños contra el derecho al honor prevista en la Constitución. Por este camino no habrá cárcel para Vilar y una sentencia condenatoria sólo le obligaría a pagar una indemnización ( Enero 2004 )
Fabra acredita que sus deudas superan el valor del patrimonio adquirido desde 1995
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, presentó ayer una copia de su declaración patrimonial ante el notario de Valencia, Alfonso Pascual de Miguel, que afirma que «el saldo de la deuda viva que soporta el compareciente -Carlos Fabra- a 31 de diciembre de 2003 es incluso superior al valor de los bienes que manifiesta haber adquirido desde 1995». Este documento ratificado anteayer, día 8 de enero, le sirve al presidente de los populares castellonenses para salir al paso de las acusaciones formuladas desde el PSPV mostrando dudas «acerca de mi patrimonio personal y su supuesto aumento en los últimos años».
El documento notarial constata que el patrimonio de Fabra ha experimentado una «reducción» en el período 1995-2003. Entiende que el «patrimonio neto, es decir, el valor de los activos según el precio de la adquisición menos el valor de las deudas exigibles a Carlos Fabra a 31 de diciembre de 2003, en comparación con su patrimonio neto al 30 de junio de 1995 ha experimentado una reducción, resultando que los activos adquiridos en dicho período se corresponden, a su vez, con nuevos préstamos, hipotecarios o personales», a su cargo
En la declaración de bienes Fabra apunta la compraventa de la vivienda de la calle Gasset, de Castelló; la de la parcela número 3 de la Urbanización La Coma, en Borriol; la de compra de las parcelas 12,13 y 14 de la citada urbanización, la de la casa de Culla, o la compraventa de la vivienda de Forcall. Acompaña la escritura de adjudicación de la finca urbana de la calle Asensi, o de la adquisición de la finca urbana de la plaza de las Salesa, en Madrid. La declaración de bienes del presidente de la diputación castellonense ante el notario valenciano Alfonso Pascual de Miguel hacen referencia a las propiedades de su esposa María Amparo Fernández. Esta es titular de siete edificios den Alcoi, heredados de sus padres. A ello se suman una escritura pública por la adquisición de una casa en Ibiza.
Asimismo, destaca la compraventa, en octubre de 2002, de una parcela rústica en la Vall d´Alba y otra operación de compraventa de una parcela en suelo rústico también el municipio de la Vall d´Alba, cuatro meses después de la primera operación.
La declaración del patrimonio procedente de la mujer de Fabra también incluye, según el documento notarial, la compraventa de una finca urbana en el término de Orpesa, en mayo de 1998. Al tiempo que la adquisición, cinco meses antes de una parcela en la Urbanización Torre Bellver, en el mismo municipio ( Enero 2004 )
Fabra declaró en junio la firma Carmacas, dos nuevos pisos y 8.000 títulos bursátiles
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, declaró en junio de 2003 la propiedad de 90 participaciones sociales de la mercantil Carmacas, SL ante el Registro de Intereses de la institución provincial. Una iniciativa que, sin embargo, no se acompañó de la petición de compatibilidad de la actividad empresarial con la política. A diferencia de 1999 y 1995, cuando logró que el pleno le autorizase compatibilizar el ejercicio de la abogacía y el de la mediación de seguros con la presidencia de la diputación.
El documento constata la progresión alcanzada por el patrimonio de Fabra en los ocho años de mandato político. La última declaración patrimonial del dirigente del Partido Popular incorpora la adquisición, en diciembre de 2002, de una vivienda en la plaza de las Salesas, de Madrid, junto a la sede del Tribunal Supremo. El inmueble, valorado en 901.518 euros (unos 150 millones de pesetas al cambio), fue adquirido mediante un crédito de 691.000 euros con Bancaja.
Sólo dos meses antes, Fabra había adquirido una vivienda en el número 1 de la calle Asensi de Castelló. Un inmueble transmitido por herencia del que asumió una hipoteca de 186.300 euros, con la misma entidad financiera. El resto de propiedades ya habían sido incluidas en las declaraciones anteriores. En concreto, cinco parcelas en la urbanización La Coma, la casa de Culla y la vivienda familiar de la calle Gasset de Castelló. En el caso de las parcelas, la aparente novedad es la plena propiedad de las mismas por parte del presidente del PP, a diferencia de las declaraciones anteriores en las que se declaró su mitad indivisa.
Otra singularidad es la relativa a una finca urbana sita en Forcall, en la comarca de Els Ports, que debe haber sido enajenada con fecha posterior al 26 de junio de 1999, pues no consta en la declaración patrimonial de 2003.
Tampoco se incluye una propiedad emblemática de la familia, la villa en las Platgetes de Bellver, de Orpesa, registrada a nombre de sus hijos Claudia, Andrea, Borja y Carlos y su mujer, María Amparo Fernández Blanes. ( Enero 2004 )
FABRA multiplica por diez sus acciones en Bolsa
desde 1995
El presidente de la diputación declaró en 1995, tras acceder al cargo,
la posesión de 753 acciones, en su mayor parte del Banco de Valencia.
Cuatro años más tarde, la cartera bursátil se engrosa con 2.441
acciones; hace medio año, Fabra declaró acciones del Banco de Valencia
(2.388), Inversiones Valencia Capital Riesgo (2.842), BBVA (1.366), SCH
(28), Repsol (114), Endesa (52), Altadis (122), Telefónica Móviles
(377), Inditex (555) y Deutsche Telecom (66). Ocho mil en total. ( Enero
2004 )
Un diputado nacional del PP presionó en Agricultura a favor del ex socio de Fabra
El Ministerio de Agricultura abrió en 2002 una investigación interna, de la que se encargaron dos miembros de la Inspección General de Servicios, para determinar si había algún problema especial con las peticiones de autorización para venta de productos fitosanitarios de la empresa Artemis 2000, propiedad de la esposa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, y de la del empresario Vicente Vilar. La investigación se abrió a raíz de las presiones del diputado nacional del PP, Miguel Prim, que se dirigió al ministro Miguel Arias Cañete, según denunció ayer Vilar y no desmintió el parlamentario.
Un portavoz del ministerio de Agricultura reconoce que hubo una investigación sobre los retrasos en la concesión de autorizaciones para vender productos fitosanitarios ante las reiteradas quejas de Vilar, propietario de Naranjax, la empresa fabricante de los productos fitosanitarios, y ex administrador de Artemis 2000, la sociedad que solicitaba las autorizaciones y en cuyo consejo de administración figuran aún su mujer junto a la esposa de Fabra.
La investigación determinó que, efectivamente, la tramitación estaba retrasada, pero concluyó que el mismo problema afectaba al resto de peticiones de autorización de productos fitosanitarios. Al ministerio se dirigen para estos trámites más de 200 empresas al año, ya que estas licencias suponen un buen negocio para quien las logra.
El portavoz de Agricultura señaló a este periódico que el motivo del retraso era el elevado número de expedientes que tienen que atender los funcionarios y al necesario trámite de este proceso en el ministerio de Sanidad. Agricultura no le concede ninguna importancia al hecho de que se investigara este caso en particular, y no otros, y dice que es frecuente atender a las quejas de los ciudadanos con una inspección.
Querella por estafa
Vicente Vilar, que se ha querellado contra el presidente de la
Diputación de Castellón por los presuntos delitos de estafa y
apropiación indebida, entre otros, aseguró ayer que las denuncias
presentadas ante el Ministerio de Agricultura por los "retrasos" en la
concesión de autorización de productos fitosanitarios fueron, en
principio, una mera estrategia empresarial.
Vilar apuntó que, tal como denunció públicamente en 2000, tenía reticencias sobre el trabajo de los técnicos y dudas sobre la existencia de un posible interés velado por no dañar los intereses de las multinacionales fabricantes de los mismos productos que él mismo comercializaba.
Vilar se quejó a la administración. Le respondieron achacando los retrasos al Ministerio de Sanidad, que debía realizar informes antes de que Agricultura pudiera conceder las autorizaciones. El empresario sostiene que, mientras se tratara de productos "banales", los registros se concedían en poco más de un año pero que, en el caso de los fitosanitarios que Naranjax pretendía fabricar, como la Abamectina, la autorización se demoraba, a su entender, demasiado tiempo.
El empresario explicó ayer que, al principio, las denuncias ante el Ministerio no se presentaron contando con la mediación de ningún cargo público. Posteriormente, se "ideó" la estrategia de acudir a los altos cargos para, según recoge en la querella, "convencer a políticos de alto rango del PP de que los técnicos del Ministerio de Agricultura y Sanidad eran unos mafiosos bien organizados".
Para ello, tal como indica el documento judicial, mantiene reuniones con los entonces ministros de Sanidad y Agricultura "y les pide que presionen a los directores y subdirectores generales para que, a su vez, éstos presionen a los técnicos responsables del registro y las autorizaciones se concedan rápidamente".
Incluso, tal como recoge la querella de Vilar, el presidente de la Diputación de Castellón le "dio las directrices" para que redactara y mandara un fax a la misma diputación en el que constatara el "malestar de los fabricantes de productos fitosanitarios" con el fin de, según Vilar, enseñárselo al presidente del Gobierno, José María Aznar, e implicar a la entonces directora general de Sanidad, Dolores Flores, "amiga de Ana Botella".
Días después de la presentación de la querella por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, contra la salud pública y contra la propiedad intelectual, el empresario defendió la actuación de los técnicos de ambos ministerios - "ahora entiendo que con la peligrosidad de los productos se realizaran todos los informes y análisis necesarios", declaró-, pero igualmente indicó que, después de años tratando de conseguir una autorización, algunas se lograron "una semana después de que se realizaran las gestiones políticas". Ayer, Vilar recordó esas quejas y añadió que el "problema" para él es que Carlos Fabra le cobraba por hacer esa gestión.
Monserrat Vives, la ex mujer de Vilar, atribuyó hace días la querella presentada por el empresario a una venganza contra ella: "A mi ex marido no le gustó que Fabra me ayudase cuando me separé de él y me dejó en la calle sin nada, ya que quería verme totalmente arruinada".
MIGUEL V. PRIM - Diputado del PP : "Es posible que lo hiciera, pero no me acuerdo"
Miguel Vicente Prim Tomás, diputado del Partido Popular por Castellón, de 60 años, ingeniero técnico agrícola, medió ante el ministerio de Agricultura para resolver el supuesto retraso en la concesión de autorizaciones para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios que había presentado la empresa de Vicente Vilar, según denuncia este último. Vilar asegura que Prim actuaba a la orden de Carlos Fabra, el presidente del PP de Castellón, y se dirigía al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para hablar del asunto de los fitosanitarios de Naranjax y Artemis 2000. Prim ejerce en el Congreso como vocal del grupo parlamentario popular en las comisiones de Presupuestos, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Miguel Prim aseguró ayer a este periódico que no recordaba "nada" respecto a aquellas mediaciones, que se debieron producir entre los años 2001 y 2002. "No tengo nada que decir al respecto", respondió cuando EL PAÍS le preguntó acerca de esa gestión ante el ministerio de Agricultura de la que le acusa el propio Vilar. Después, el diputado nacional del PP recurrió a su memoria para evitar una contestación más precisa. "Es posible, pero no me acuerdo", añadió. ( Enero 2004 )
Carlos Fabra no ha solicitado al pleno la renovación de la compatibilidad de su cargo
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La Diputación de Castellón adjudica contratos a un amigo y socio de la familia Fabra
Según ha sabido la SER, la Diputación de Castellón adjudica los contratos de limpieza a la empresa de un amigo del presidente de la entidad, Carlos Fabra. En concreto, el beneficiado ha sido socio de su mujer.
Se trata de La compañía RASA, que preside José Luis Ramírez Salas. Este empresario de Castellón estuvo asociado con la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, hasta mayo de 2001. Hasta entonces compartieron el consejo de administración de "Apartamentos La Coma" un complejo turístico adscrito al centro de ocio "Marina D’Or”.
Sólo en 2003, este antiguo socio de la familia Fabra ha recibido dos millones de euros (casi 400 millones de pesetas) provenientes de la Diputación como pago a las todas las adjudicaciones de limpieza de los organismos dependientes de esta Administración.
Sin embargo, este hecho no es exclusivo de 2003. Desde que Carlos Fabra se incorporase al equipo de gobierno de la provincia, en el 95, RASA viene siendo el contratista mayoritario en labores de limpieza de la diputación. En muchos casos, como este último año, el único.
Las vinculaciones de esta empresa con el PP no se limitan sólo a la familia del presidente de la Diputación, Carlos Fabra. En RASA participa el que fuese director general de Industria de la Generalitat Valenciana y actual diputado autonómico, José Luis Ramírez Sorribes. El resto del capital de la empresa se reparte entre sus hermanos y su padre.
Precisamente éste, José Luis Ramírez Salas, quien preside RASA y fuese socio de la esposa de Fabra, ha negado en declaraciones a esta emisora que las adjudicaciones que recibe su empresa vengan determinadas por sus múltiples vínculos con el PP. Sí ha reconocido que con la familia Fabra le une sobre todo una profunda amistad. De la que fuese su empresa común "Apartamentos La Coma " ha dicho: "Más que una empresa, éramos un grupo de amigos". A las preguntas en torno a este asunto que la Cadena SER ha trasmitido a Carlos Fabra, de momento no hay respuesta. ( Diciembre 2003 )
Asaltada la oficina del empresario que denunció al dirigente del PP Carlos Fabra
El empresario Vicente Vilar, que la semana pasada presentó dos querellas contra el presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, denunció un asalto a las oficinas de su empresa Naranjax, ubicada en el municipio de Artana. Vilar, que acusa a Fabra de cobrar grandes cantidades de dinero a cambio de ejercer su influencia política para acelerar el registro de fitosanitarios, aseguró que los asaltantes buscaban documentos.
El asalto a las oficinas de la empresa de Vicente Vilar se realizó entre la Nochebuena y el día de Navidad. Los empleados de Naranjax se encontraron en la mañana de ayer un boquete en la valla de protección que impide el paso al recinto y la puerta de las oficinas forzada. Al entrar en los despachos y el área de contabilidad, donde hay al menos 10 estancias, los trabajadores hallaron los cajones y armarios reventados y documentación revuelta y por los suelos.
Naranjax, ubicada en Artana (Castellón), es una de las empresas desde donde, según la querella presentada por Vicente Vilar, se realizaban pagos a una sociedad instrumental que desviaba el dinero hacia la firma Carmacas, SL, propiedad del presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra. Según la versión de Vilar, el dirigente popular cobraba importantes cantidades a cambio de acelerar, gracias a su influencia política, trámites burocráticos que en condiciones normales podían tardar años.
Vicente Vilar aseguró que el asalto a las oficinas de Naranjax se realizó con "el único objetivo de robar documentos relacionados con el caso" y recalcó que no echó en falta "ninguno de los objetos de valor" de la firma.
Vilar, que hasta el pasado mes de octubre ocupó el cargo de administrador único de Naranjax, fue avisado por los empleados por su conocimiento del inventario. La empresa interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Artana, que corroboró la comisión del asalto y señaló que "no se han llevado ni tocado nada" de los objetos de valor de Naranjax, como la caja registradora, varios cuadros del artista Ripollés tasados entre 3.000 y 6.000 euros, estatuillas de similar valor, ordenadores, material de oficina o las máquinas del laboratorio de productos fitosanitarios.
Un agente del puesto de la Guardia Civil de Artana confirmó, además, que sólo había visto "gran cantidad de papeles y carpetas por el suelo", "puertas y cajones forzados y un agujero en la valla", por donde habrían entrado los asaltantes. Añadió que "no faltaba ningún objeto de valor".
La Guardia Civil, después de tomar declaración a los trabajadores, abrió diligencias y comunicó lo ocurrido al juzgado de guardia de Nules. Según la versión de Vicente Vilar los autores se comportaron como "auténticos profesionales", pues tuvieron buen cuidado de "inutilizar las alarmas y cortar los cables del teléfono" antes de penetrar en las instalaciones. Vilar insiste en que "sabían dónde se encontraba todo y buscaban algún documento en concreto".
El empresario descarta el espionaje industrial porque "no se llevaron memorias técnicas, fórmulas o pruebas analíticas de los productos", lo que a su juicio refuerza la tesis de que ha sido "un asalto a la documentación de Naranjax para recabar documentación del caso [Fabra]". "Pero no creo que les sirva de nada", añadió, "porque toda la información importante está guardada a buen recaudo".
Vilar explicó que ha ratificado ya las querellas contra Fabra, la ex esposa de éste, Montserrat Vives, y los responsables de tres empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de fertilizantes y pesticidas. Considera que se han cometido delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y contra la salud pública y la propiedad industrial ( Diciembre 2003 )
FABRA ENVIÓ A AZNAR UNA "LISTA NEGRA" DE TÉCNICOS PARA CAMBIAR UNA CARRETERA
El empresario Vicente Vilar acusa al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrar comisiones a cambio de mediar ante la Administración para la consecución de intereses empresariales. Según Vilar, quien ha interpuesto dos querellas contra Fabra, éste empleó "la táctica de convencer a políticos de alto rango de que los técnicos del Ministerio de Agricultura y los del Ministerio de Sanidad y Consumo, eran unos mafiosos bien organizados". Según el relato del empresario, "[Fabra] mantiene reuniones con los políticos y les pide que presionen a los directores y subdirectores generales para que, a su vez, éstos presionen a los técnicos responsables", en este caso, del registro de productos y acelerar procesos que pueden durar años.
El actual vicepresidente segundo de las Cortes, Joaquim Puig, ya denunció en 1999 una acción similar. El socialista aseguró que Fabra había enviado al presidente del Gobierno, José María Aznar, una carta con una "lista negra" de técnicos del Ministerio de Fomento afines al PSOE. Fabra negó haber escrito dicha carta y acusó a Puig de "buscar inversiones de espaldas a las instituciones de Castellón".
Según el escrito que exhibió Puig, Carlos Fabra, en noviembre de 1997, mandó una misiva a Aznar con la que quería "trasladar" la "opinión generalizada de nuestros alcaldes, concejales y técnicos del PP referida a que en el Ministerio de Fomento siguen decidiendo los mismos que en la época de José Borrell". Fabra estaba contrariado por la decisión de ejecutar una carretera que afectaba al término de Morella (de la que Puig era alcalde), en contraposición al proyecto que él impulsaba. "Querido José María: En primer lugar, espero que tanto tú como Ana y los chicos os encontréis perfectamente", decía el escrito. "Nunca jamás me había dirigido a la dirección del Partido, para poner en su conocimiento un hecho que considero lamentable, e incluso bochornoso, para los que tenemos la responsabilidad de gestionar el PP en la provincia de Castellón", seguía el texto. "En el anexo que adjunto, te relaciono algunos de los funcionarios que tienen poder de decisión en ese ministerio y su vinculación con la anterior administración socialista". La Cadena SER colgó el miércoles en su página web una foto del matrimonio Aznar con Vilar y su entonces esposa Motse, dedicada por el presidente del Gobierno.
La fórmula que Carlos Fabra utilizó con los ministerios de Agricultura y Sanidad, según declaró Vicente Vilar, se basaba en comunicar el supuesto "malestar de los fabricantes de productos fitosanitarios" y las "protestas contra los responsables de los ministerios" ante la tardanza en el registro de estos productos que fabricaba el propio Vilar. El empresario añadió el miércoles el nombre de Juan Costa a la lista de cargos conocedores de las gestiones.( Diciembre 2003 )
Fabra tiene 4 hipotecas, al menos 3 de ellas con Bancaja, por más de 1,9 millones
Carlos Fabra responde en la actualidad de al menos cuatro hipotecas, tres de ellas con Bancaja, por un valor equivalente a 1.927.151,64 euros (casi 322 millones de pesetas). Según consta en el Registro de la Propiedad, el presidente de la Diputación de Castelló suscribió todas estas hipotecas después de llegar al cargo en el año 1995. Hasta entonces, sólo tenía a su nombre dos pequeñas parcelas, pero después se ha hecho con seis propiedades inmobiliarias
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, mantiene vivas en estos momentos al menos tres hipotecas sobre otras tantas propiedades inmobiliarias con la entidad financiera Bancaja por un importe de 1.319.043,90 euros (casi 220 millones de las antiguas pesetas), según consta en los datos de diversos registros de la propiedad a los que ha tenido acceso este periódico.
Todas estas hipotecas fueron suscritas por Fabra con la misma entidad en años sucesivos después de acceder a su actual cargo de presidente de la corporación en 1995. Las hipotecas se fueron formalizando a medida que Fabra fue adquiriendo nuevas propiedades inmobiliarias con el fin de financiarlas.
A esta cantidad hay que añadir la otra hipoteca independiente que pesa sobre el chalé y parcela en la urbanización de Torre Bellver, en Orpesa, de más de 600.000 euros. La suma total en créditos hipotecarios que Fabra tiene asumidos desde que llegó a la presidencia de la diputación provincial asciende, por lo tanto, a 1.927.151,64 euros (casi 322 millones de pesetas). En ese tiempo, ocho años y medio, ha accedido a seis propiedades inmobiliarias diferentes.
Hasta 1994, según los mismos datos citados, Fabra únicamente tenía registrado a su nombre dos parcelas en la partida de La Coma, de 1.550 y 1.500 metros cuadrados, adquiridas en 1982. También sobre esa propiedad suscribió una hipoteca con el Banco de Valencia, de 2,5 millones de pesetas, que quedó cancelada en 1994.
La primera de las hipotecas vivas con Bancaja fue suscrita en agosto de 1996 sobre su vivienda particular en la calle Gasset de Castelló, de 240 metros cuadrados, por valor de 282.475 euros (casi 47 millones de pesetas) con vencimiento en el año 2008.
Posteriormente, en febrero de 2001, esta hipoteca fue ampliada hasta un importe de 441.743,90 euros; también el plazo de amortización de pospuso hasta febrero de 2016.
Durante ese tiempo el presidente de la Diputación adquirió en 1998 una casa en el municipio castellonense de Culla, de 140 metros cuadrado, que pagó al contado, sin que existan cargas hipotecarias. Ese mismo año también un chalé en la urbanización Torre Bellver, de Orpesa, de 1.160 metros cuadrados de parcela y 367 metros construidos, registrado a nombre de sus cuatro hijos y de su mujer, Amparo Fernández. Sobre esta propiedad existe una hipoteca con una entidad financiera de 608.107,74 euros (más de 100 millones de pesetas).
Fabra volvió a suscribir una tercera hipoteca con Bancaja el pasado año, en diciembre de 2002, para financiar la adquisición de un lujoso piso situado en la céntrica plaza madrileña de las Salesas, de 202 metros cuadrados.
En esa ocasión el importe fue de de 691.000 euros (115 millones de pesetas) para financiar el coste de la compra, que ascendió a 901.518 euros (150 millones de pesetas). El vencimiento está fijado en diciembre de 2027.
Finalmente, la cuarta hipoteca contratada con Bancaja (la tercera que está vigente) quedó formalizada en abril de este mismo año por importe de 186.300 euros (casi 31 millones de pesetas), con un vencimiento en 2018. En este caso la carga es sobre una vivienda en la plaza de la Paz castellonense que Fabra recibió en pleno dominio por título de herencia, según los datos registrales citados.
En total, el importe de los créditos hipotecarios vivos que Carlos Fabra mantiene actualmente con una misma entidad financiera, la caja de ahorros Bancaja, asciende a un total de 1.319.043,90 euros (casi 220 millones de pesetas). Solo por una de ellas, la correspondiente al piso madrileño, Fabra ha estado pagando en el último año unas cuotas mensuales de 3.647 euros, lo que equivale a más de 600.000 de las antiguas pesetas ( Diciembre 2003 )
Fabra no declaró la firma por la que un empresario le acusa de cobrar comisiones
La empresa a través de la cual Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, es acusado por un empresario de cobrar comisiones para ejercer influencias no fue autorizada por la Corporación Provincial. Aunque el dirigente del PP salió al paso de las querellas presentadas contra él por el empresario Vicente Vilar asegurando que la Diputación declaró compatible su actividad de abogado y de corredor de seguros, la declaración de compatibilidad no hace referencia a su actividad como empresario sino, únicamente, al ejercicio de la abogacía y a la mediación o agencia de seguros.
El objeto social de la firma de la que es administrador único, Carmacas, SL, consiste en servicios de asesoramiento laboral y de formación para prevención de riesgos laborales, actividad que no se trató en el pleno de julio de 1999 porque, de hecho, la empresa no se constituyó hasta nueve meses después, en abril de 2000. Sin embargo, en abril de 1999, el presidente de la Diputación ya figuraba en otra sociedad, Planning y Promociones, a la que tampoco se hizo mención en el debate de compatibilidad. En aquel pleno, el entonces vicepresidente de la Diputación y ahora consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana, Víctor Campos, alegó que "fundamentalmente, la compatibilidad que solicita el presidente afecta a su actividad como agente de seguros" y argumentó que ésta no es como la del funcionario o del rentista, sino que "has de mantener el contacto con aquellas personas a las que les prestas un servicio". Pese a la explicación, los diputados socialistas votaron en contra al considerar, tal como dijo su portavoz, Enrique Navarro, que, aun siendo legal, "es una cuestión de estética".
Fabra se enfrenta a dos querellas de Vicente Vilar, que le acusa de haber cobrado informes inexistentes y comisiones a cambio de mediar ante altos cargos en favor de intereses empresariales. El político del PP anunció, como respuesta, una querella por injurias que todavía no ha presentado.
Carmacas fue la única empresa a la que facturó el año 2000 Arcavi, una de las sociedades del grupo que controla Vicente Vilar. Arcavi pagó ese año dos facturas en concepto de "asesoramiento jurídico y laboral que en teoría le presta Carmacas", tal como indica el texto de la querella. Esas facturas, por un importe de unos 48.000 euros, han sido aportadas por Vilar. En años posteriores, Carmacas facturó también, al menos, a otra empresa, Artemis, formada por las esposas de Vilar y Fabra. Dicha empresa de asesoramiento está domiciliada en la misma dirección que el presidente de la Diputación de Castellón, sin que exista distintivo que la anuncie ni figura en la guía telefónica ( Diciembre 2003 )
EL PTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN GASTA 12 MILLONES DE EUROS CON EL INFORME EN CONTRA DE LA INTERVENTORA
Publicidad y propaganda institucional, artículos promocionales y patrocinios deportivos son algunos de los destinos de los más de 12 millones de euros en los que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha decidido "invertir" todo el remanente que tenía acumulado la institución provincial. La séptima modificación de crédito del presupuesto inicial se ha aprobado pese a la opinión contraria de la interventora de la Diputación, que indicó su "disconformidad" en un informe. Su postura contraria al consumo del remanente en los gastos presentados se debe, principalmente, a que existe un expediente de reconocimiento extrajudicial de las deudas del hospital Provincial (dependiente, de momento, de la Diputación), que ascienden a 6 millones de euros. Según señala en el escrito, pese a que existe un convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Diputación de Castellón para la constitución de un consorcio hospitalario, "en este momento, no se puede definir como un compromiso firme de aportación que permita generar crédito". Así, pese a haber consumido el crédito con el que contaba la institución provincial tras la liquidación del presupuesto del pasado año, la Diputación mantiene una deuda de cerca de 6.010.121,04 euros que se han de pagar a los proveedores del hospital Provincial por gastos realizados pese a que no estaban presupuestados. Con esta modificación, pagada con el remanente, la Diputación, que tenía en sus arcas 12,5 millones de euros, ha pasado a contar, en concepto de remanente, con únicamente 538 euros. (Noviembre 2003)
FABRA TENDRÁ 17 ASESORES QUE CUESTAN MEDIO MILLÓN ANUAL
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, destacó, en la pasada legislatura, por el número de personal eventual a su cargo. Lejos de enmendar este gasto, Fabra ha incrementado el número de asesores hasta 17, pese a que, incluso, cuenta con un diputado menos que en la anterior legislatura. Los asesores de Fabra supondrán un gasto público de cerca de 600.000 euros (más de 100 millones de pesetas) al año ya que la retribución íntegra de todos ellos asciende a más de 520.000 euros anuales. Los sueldos que percibirán van desde los 21.638 euros al año del más bajo a los 34.606,89 euros de los asesores que percibirán más dinero público al año.
Carlos Fabra ha querido que este "incremento de gastos de personal" llegue también a los actuales diputados, tanto del gobierno como de la diputación. Así, se ha aprobado una subida de un 18,68% de los sueldos respecto al anterior ejercicio, con lo que los diputados pasarán de cobrar 380 euros al mes a cobrar 451 (75.040 pesetas). Sin embargo, lo que ha aumentado en sueldo lo ha restado en la asignación que semestralmente se destina a los grupos políticos para sus gastos de funcionamiento, que se verán recortados en un 33,33%. (Julio 2003)
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN , HA COBRADO 768.000 PESETAS POR ASISTIR SÓLO SIETE HORAS A PLENOS MUNICIPALES
Carlos Fabra cobra un salario anual de 12 millones como presidente de la Diputación provincial de Castellón. Y combina su dedicación exclusiva con su actividad privada como agente de seguros. Pero no renuncia a las 32.000 pesetas que le reporta la asistencia a los plenos municipales como concejal de la capital de La Plana. Durante la presente legislatura, Fabra ha ingresado 768.000 pesetas como concejal por algo más de siete horas y media de presencia en los plenarios de la corporación municipal. Sus 'visitas' al Ayuntamiento le han reportado a Fabra en esta legislatura 768.000 pesetas que, si se dividen por los minutos de asistencia, arrojan un saldo de 1.673 pesetas por minuto de presencia en los plenos municipales. Es decir, 100.380 pesetas por hora. La frugal presencia del presidente de la Diputación de Castellón y concejal del Ayuntamiento de la capital de La Plana, Carlos Fabra, en los plenos municipales se ha convertido en algo más que habitual. Fabra no siempre asiste a las sesiones plenarias locales y, cuando lo hace, nunca se queda hasta el final. La mayoría absoluta que ostenta el PP en Castellón permite que, en raras ocasiones, su presencia sea necesaria para sacar adelante una votación. Quizá por ello, Fabra llega al Ayuntamiento y, poco después, se va. En cualquier caso, la asistencia a los plenos, sea cual sea su duración, conlleva el cobro de 32.000 pesetas por pleno. Desde que inició la legislatura y hasta el 26 de julio, Fabra ha estado en el salón de plenos 459 minutos en total. Es decir, 7 horas y media. La acumulaci ón de cargos institucionales es algo contra lo que el PP pretende o dice luchar. Sin embargo hay casos en los que la 'sobrecarga' de puestos es tanta que resulta complicado discernir en calidad de qué habla el interlocutor.Los diputados provinciales tienen que ser concejales de alguno de los ayuntamientos de la provincia a la que pertenecen. Fabra ejerce, poco, en Castellón. Además, ocupa puestos en varios consejos de administración al margen de su cargo orgánico en el Partido Popular, que preside en la provincia de Castellón.
La acumulación de trabajo externos puede ser uno de los motivos por los que Fabra 'acorta' su presencia en los plenos municipales. El hecho es que las 34 sesiones celebradas en esta legislatura en la capital de La Plana han tenido una duración media de cerca de 90 minutos de los que Fabra permanece, como media, 22. De esas 34 convocatorias, ha dejado de ir al Ayuntamiento en 13 ocasiones, mientras que, de las restantes, sólo en un caso permaneció en el consistorio desde el principio hasta el final de la sesión plenaria. Fue el pasado 30 de noviembre, durante un pleno que duró cinco minutos.Su tiempo máximo de permanencia en un pleno en la presente legislatura es de 60 minutos, hecho ocurrido el 28 de octubre de 1999, durante una sesión que duró más de tres horas.Fabra suele ser puntual. Pero también ha habido casos en los que ha llegado tarde y se ha ido diez minutos después, como ocurrió, según indica el acta de sesiones correspondiente, el pasado 22 de febrero.El paso por el Consistorio durante este año ha ido acortándose y desde el pleno de enero, en el que estuvo durante 20 minutos, ha estado en el Ayuntamiento poco más de media hora. La media baja porque no asistió a las sesiones celebradas en marzo, abril, mayo y julio, según consta en las actas.Otra cosa es la compatibilidad de su dedicación exclusiva a la Diputación provincial con su actividad privada como agente de seguros, que el PP apoyó en su día para que sus clientes no se sintieran abandonados. ( Agosto 2001 )
RENOVACIÓN A LA BULGARA EN EL PP DE CASTELLÓN: TODO QUEDA EN CASA Y EN FAMILIA
El presidente provincial del Partido Popular (PP) en Castellón, Carlos Fabra, fue reelegido por cuarta vez en el cargo, durante el X Congreso Provincial del PP celebrado en Castellón, en el que obtuvo el 98,52% de los votos emitidos por los 1.017 compromisarios que votaron -de los 1.083 sufragios asignados para votar en el congreso-, al conseguir 999 sufragios a favor, 15 en blanco y tres nulos. El acto contó con la presidencia del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y de la presidenta del Senado, Esperanza Aguirre. En el anterior congreso, celebrado en Segorbe el 17 de noviembre de 1996, obtuvo el 98,1% de los votos emitidos. En el nuevo comité ejecutivo figura la hija mayor del propio Carlos Fabra, Andrea Fabra; la hija de su chófer oficial, Vanesa del Campo; su jefa de gabinete, María Fernanda Vidal; el asesor de su gabinete, Alejandro Lorca; y Arcadio Gómez, marido de la recién nombrada secretaria general del PP, Ascensión Figueres; aparte de tres miembros de la familia Costa: Juan, Ricardo y la madre de ambos, María Dolores Climent. El reelegido a la hora de explicar la presencia de su chica comentó que Andrea lleva 9 años afiliada al PP «y está preparada para asumir retos. Ojalá que algún día decida incorporarse a la política activa en la primera línea del partido porque me daría una satisfacción enorme porque creo que lo vale». (Octubre 2000 )
LA CASA DE VERANO DE AZNAR
La asociación de vecinos de la urbanización de La Renegá de Oropesa (Castellón) no descarta pre-sentar una querella por negligencia en la coordinación y extinción del incendio iniciado en la maña-na del sábado día 15 . El vicepresidente de este colectivo, Joaquín Garcés, aseguró que un equipo jurídico comenzaría a trabajar con los datos, horas y hechos que poseen, con el fin de presentar la base que sustente el argumento de la querella por la " incapacidad e inoperancia" demostrada durante el tiempo que el fuego ha permanecido activo.
Garcés precisó que su acción no va en contra de los miembros de las brigadas forestales, sino de sus responsables y coordinadores, como el presidente de la Diputación Carlos Fabra, de quien depende el Consorcio Pro vincial de Bomberos, y el conseje-ro de Medio Ambiente, Fernan-do Modrego, a la cabeza.
Las quejas de los vecinos de esta zona se refieren también al "privilegio" del que gozaron los habitantes de las urbanizaciones de Les Platgetes -donde veranea el presidente del Gobierno, José María Aznar- y Torre Befrente, a la tardanza la actuación para atajar otros focos del fuego. Esta consideración coincide con la del propio alcalde de Oropesa el independiente Francisco Garrido que manifestó disconformidad y discrepancia con la or-ganización y coordinación de los medios de extinción. También el comité de empresa del consorcio de bomberos emitió un comu-nicado en el que reitera su denun-cia ante la falta de una " estructura de mando y coordinación" para afrontar estos siniestros. Todos coinciden en que el fuego se podía haber atajado antes.
Asimismo, el comité de empresa asegura que el director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, José Miguel Palmer, puso el primer camión que llegó a Les Platgetes a las órdenes del director del parque móvil de la Diputación de Castellón, Gaspar Gil. Éste posee un chalé en la urbanización y «es un civil que no está autorizado para ser mando en situaciones de riesgo». La unidad «se dedicó a extinguir pequeños focos en la calle de este vecino». Allí, barrió el perímetro y «tan sólo se dedicó a extinguir pequeños focos». Mientras tanto, el fuego «cobraba mucha importancia en otros puntos situados más hacia la montaña». La dotación citada estaba constituida por tres bomberos, un cabo y un camión. Este hecho llevó al comité de empresa de Bomberos a afirmar que «existe la posibilidad de que se produjeran favoritismos» en la extinción del incendio perpetrado el sábado en Oropesa. Otra de las críticas que llueven desde el comité es que un depósito de propano situado en Les Platgetes «tuvo que ser protegido por una brigada forestal, que no está preparada para estas situaciones».
LA CORRESPONDENCIA DE AZNAR Y LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
La Mesa del Congreso decide por unanimidad no admitir a trámite, por insuficiente, una respuesta del Gobierno a una pregunta del diputado del grupo mixto, de Nueva Izquierda, Ricardo Peralta, sobre una carta que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, envió al presidente del Gobierno, José María Aznar.
En la contestación por escrito se señala, de forma escueta, que «el Gobierno considera que no procede remitir respuesta alguna en relación con la correspondencia del Presidente del Gobierno, cualquiera que sea su naturaleza o carácter», de lo que se puede deducir, que el Ejecutivo reconoce de forma implícita, la existencia de la misma. Ricardo Peralta (Nueva Izquierda) preguntaba al Gobierno sobre una carta enviada por el presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, al presidente del Gobierno al finales del 97, en la que se quejaba de que se hubiera acordado una inversión del Ministerio de Fomento para mejorar los accesos a la ciudad de Morella, «debido a que en dicho ministerio seguían decidiendo los mismos que en la época del PSOE», -según consta en la citada carta- partido al que pertenece el actual alcalde de esa localidad castellonense. En concreto, el diputado de NI quería saber si la Presidencia del Gobierno había respondido a la carta de Fabra y, en su caso, el contenido de la respuesta, por qué razón la Presidencia del Gobierno remitió dicha carta al Ministerio de Fomento, y si creía el Gobierno que «hay alguna razón admisible, descartada de la que tomaran nota de la calumniosa denuncia contenida en dicha carta, para no devolver directamente la misma y, por el contrario, remitirla al Ministerio denunciado». En su reunión de ayer, el máximo órgano de gobierno del Congreso conoció el contenido de la respuesta del Ejecutivo y decidió no admitirla a trámite y devolverla para una mejor contestación, al considerar que era del todo insuficiente al no estar la negativa fundamentada. Peralta formuló la pregunta a raíz de una denuncia realizada en plena campaña electoral, el pasado mes de junio, por el alcalde de Morella y entonces candidato a las Cortes valencianas, Joaquín Puig. Entre otras cuestiones, afirmaba que en la carta remitida por Fabra al presidente del Gobierno, se le enviaba un listado de supuestos funcionarios vinculados al PSOE que «siguen decidiendo», extremo, siempre según el mismo escrito, que estaba molestando de forma importante a dirigentes del PP de todo el país. En un principio, el presidente de la diputación, negó la existencia de la carta, aunque finalmente reconoció haberla enviado y reprochó al alcalde de Morella que utilizara otros conductos distintos a los oficiales, para lograr inversiones. ( Octubre 1999 )
(*) Noticias obtenidas de los periódicos El País ( edición de la C.Valenciana ) , El Levante , El Mundo, Las Provincias + la web de la Cadena SER
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