CASO GÜRTEL : MACRO JUICIO PRIMERA ÉPOCA 1999-2005
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El fallo del Supremo apuntala la investigación de los ‘papeles de Bárcenas’El PP, condenado en firme por lucrarse con la trama Gürtel
Sánchez desaloja a Rajoy de la Moncloa
Diez jueces marcaron el destino de Mariano Rajoy
Los siete abogados que lograron la condena del PP en Gürtel
Los héroes invisibles del ‘caso Gürtel’
Jesús Sepúlveda deposita los 100.000 euros de fianza para eludir la cárcel
Rosalía Iglesias sale de la cárcel tras abonar los 200.000 euros de fianza
El 'caso Gürtel' le explota a Rajoy en diferido
RAJOY: "LA SENTENCIA NO CONDENA AL PP COMO ALGUNOS SE EMPEÑAN"
LAS 10 MENTIRAS DE COSPEDAL EN EL CONGRESO
COSPEDAL DICE QUE LA VALORACIÓN SOBRE RAJOY DE LA SENTENCIA DE GÜRTEL ES “MUY TENDENCIOSA” Y NIEGA LOS SOBRESUELDOS
LA GUERRA POR LA PRESENCIA DE JUECES AFINES AL PP DEJA EL FUTURO DE LA MUJER DE BÁRCENAS EN MANOS DEL CUARTO TRIBUNAL DEL CASO 'GÜRTEL'
EL CGPJ IMPIDE QUE EL JUEZ DE PRADA ASISTA A LA VISTAS QUE DECIDIRÁN LOS INGRESOS EN PRISIÓN
JUECES PARA LA DEMOCRACIA DENUNCIA LA "INTROMISIÓN" DEL CGPJ AL EXCLUIR AL JUEZ PROGRESISTA DEL CASO GÜRTEL
LUIS BÁRCENAS: "LLAMÉ DELINCUENTE A ESPERANZA AGUIRRE PORQUE INTUÍA LO QUE IBA A PASAR"
LUIS BÁRCENAS, ANTES DE VOLVER A PRISIÓN: "ES UNA SENTENCIA POLÍTICA"
LA AUDIENCIA NACIONAL ENVÍA A PRISIÓN A BÁRCENAS, LÓPEZ VIEJO Y GUILLERMO ORTEGA POR GÜRTEL
LA FISCALÍA PIDE PRISIÓN SIN FIANZA PARA BÁRCENAS ANTE LA SOSPECHA DE QUE TIENE DINERO EN EL EXTRANJERO
EL PSOE REGISTRA UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA MARIANO RAJOYLa sentencia cuestiona la “credibilidad” del testimonio de Rajoy
Las cónyuges de la Gürtel no son “un simple objeto”
Probada por primera vez la caja b del PP en una sentencia
Rajoy, sobre Gürtel y Zaplana: "El PP es mucho más que diez o quince casos aislados"Gürtel convierte al PP en el primer partido nacional condenado por corrupción en democracia
La Audiencia Nacional acredita la caja B del PP: los empresarios donaban a cambio de "favores"
La Moncloa: la sentencia Gürtel "no afecta en modo alguno" al Gobierno de Rajoy
Bárcenas, Correa y el PP, condenados en el juicio central del ‘caso Gürtel
La Audiencia declara al PP beneficiario económico de la trama 'Gürtel' en una sentencia histórica
El fallo del Supremo apuntala la investigación de los ‘papeles de Bárcenas’
La sentencia considera la prueba esgrimida por la Audiencia Nacional para certificar la existencia de una caja b en el PP de “válida y suficiente”
La sentencia del Tribunal Supremo hecha pública este miércoles, en la que resuelve los recursos a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la llamada primera época del caso Gürtel (1999-2005), considera que este tribunal contó en su fallo de 2018 “con prueba de cargo válida y suficiente” para concluir que existió una contabilidad opaca en el PP bajo el control de su extesorero Luis Bárcenas, quien recogía los movimientos de estos fondos en las anotaciones manuscritas conocidas como los papeles de Bárcenas.
El fallo del Supremo concluye que esa prueba “válida y suficiente” consistió en documentos, declaraciones de testigos e imputados, e informes periciales, que permitían llegar tanto a la conclusión de que la caja b existía como para considerar probado que Bárcenas “ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad” de ese dinero. La sentencia del alto tribunal también avala la conclusión de que el extesorero se apropió de fondos de lo que él mismo denominó “contabilidad extracontable” en su propio beneficio, entre ellas el desvío de 149.600 euros para adquirir acciones del diario digital Libertad Digital que aparecen recogidos en sus apuntes contables manuscritos.
El Supremo cree “indiferente que el PP haya renunciado a cualquier reclamación [sobre las cantidades detraídas por Bárcenas de la caja b] (incluso porque afirme que no le consta haber sufrido perjuicio alguno) e, incluso, la procedencia lícita o ilícita de estas cantidades”. Para el alto tribunal, “lo relevante es que el acto de apoderamiento se produjo” y que el dinero que Bárcenas recibió “como mero custodio y que hizo suyo no era res nullius [cosa de nadie] y, por ello, incurrió en la responsabilidad penal que le están exigiendo las acusaciones”, remachan los magistrados.
La sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2018 fue el primer fallo judicial que consideró plenamente veraces los papeles de Bárcenas y, por tanto, la existencia de una caja b que se nutría de donaciones ilegales de empresarios y con la que se hacían pagos en metálico a sus dirigentes. Entonces, el tribunal admitió que esta contabilidad opaca —destapada por EL PAÍS el 31 de enero de 2013— quedaba fuera del objeto del proceso, pese a lo cual dedicó varios párrafos en el fallo a certificar su existencia para, de este modo, sustentar parte de las acusaciones contra Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, como también hace ahora el Supremo.
La Audiencia Nacional incidía en la “procedencia ilícita” de ese dinero al considerar que “las aportaciones a la caja b no se tratan de simples donaciones hechas de modo altruista por algunos empresarios, sino que tienen un marcado carácter finalista en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos”. El Supremo no se pronuncia sobre ello, pero su fallo sí apuntala la investigación que aún mantiene abierta el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sobre los papeles de Barcenas al confirmar la condena del extesorero por apropiarse de parte de los mismos.
De esta pieza, la Audiencia Nacional ya ha fijado para el 8 de febrero de 2021 el inicio del juicio por el presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid, con dinero de la caja B del PP. Por estos hechos se sentarán en el banquillo de los acusados Bárcenas (que se enfrentará a una petición fiscal de 5 años de prisión) y el exgerente del partido Cristóbal Páez (18 meses de cárcel), así como tres responsables de Unifica (3 años de cárcel para cada uno), empresa que se encargó de la reforma.
Además, queda otra parte de la pieza aún en fase de instrucción judicial —que debe estar concluida el 29 de julio del año que viene— en la que se investigan, precisamente, la relación directa entre donativos de empresarios reflejados en los papeles de Bárcenas y la adjudicación de contratos públicos. Las pesquisas se reactivaron tras aparecer nuevos indicios en otras causas, como el caso Kitchen, en el que se investiga el espionaje ilegal a Bárcenas en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior para sustraerle documentos comprometedores para el PP y sus dirigentes.
Esta parte de la investigación recibió recientemente un impulso tras incorporarse al sumario dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que, por primera vez, se documentaba la presunta existencia de un delito de cohecho. Esta fue una línea de investigación que se descartó en 2014 ante la falta de pruebas que demostraran la relación entre los pagos al partido y las adjudicaciones hechas por administraciones gobernadas por el PP.El PP, condenado en firme por lucrarse con la trama Gürtel
El alto tribunal ratifica, con ligeros ajustes, las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional
La condena al PP por beneficiarse de los negocios corruptos de la trama Gürtel ya es firme. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que precipitó la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa y ha ratificado, con ligeros ajustes, las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional. También ratifica la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y de la exministra Ana Mato, pero considera que la Audiencia se excedió en sus menciones a la caja b del PP porque, advierte la sala, no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa. Once de los acusados son condenados a más de 12 años de prisión, incluyendo Francisco Correa, Pablo Crespo, Luis Bárcenas, Guillermo Ortega y Rosalía Iglesias, aunque el alto tribunal ha modificado algunas de las penas impuestas por la Audiencia. Entre ellas, la del extesorero del PP, que pasa de 33 años y cuatro meses de cárcel a 29 años y un mes.
La sentencia de la Audiencia Nacional desencadenó en mayo de 2018 un terremoto político que acabó en apenas cinco días con la carrera política de Mariano Rajoy y aupó a la presidencia a Pedro Sánchez. La confirmación de la condena por parte del Supremo certifica los hechos que llevaron entonces al PSOE a presentar una moción de censura para forzar la salida del PP del Gobierno. El Supremo ha examinado 42 recursos y 29 condenas de prisión impuestas por la Audiencia Nacional en la sentencia de los primeros años de actividad corrupta de la trama Gürtel, entre 1999 y 2005 en Madrid, Estepona y Castilla y León. Los magistrados han confirmado, en líneas generales, la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 17 de mayo de 2018, con ligeros ajustes en las penas y las multas derivadas de la estimación parcial de los recursos de la Fiscalía, de 19 acusados y del Partido Popular.
La estimación de parte del recurso del PP lleva al Supremo a corregir una de las conclusiones de la Audiencia Nacional que levantó más polvareda en su momento. El tribunal da por probado que el PP se benefició con 245.000 euros de fondos públicos por actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo cuando Guillermo Ortega (condenado a 40 años de cárcel) y Jesús Sepúlveda (exmarido de Ana Mato, condenado a 14 años y cuatro meses) eran candidatos a esas alcaldías. El Supremo considera al partido responsable como partícipe a título lucrativo y le obliga a devolver el dinero con el que se lucró.
Pero los magistrados creen también que la Audiencia Nacional se extralimitó al incluir en el relato de hechos probados la existencia en el PP de una contabilidad paralela que situaba al partido en “una dinámica de corrupción institucional”. El Supremo considera la Audiencia se excedió porque en este caso no se estaba juzgando la existencia de una caja b, y recuerda que la formación conservadora solo fue llevada al proceso como partícipe a título lucrativo (una figura que presupone que el beneficiario ni participó en el delito ni conoció su comisión), por lo que no se le puede atribuir una responsabilidad penal. “La contradicción en la que entra la sentencia es evidente, considerar que el Partido Popular era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos teóricos, supone entender que no era ajeno a los hechos penales, de modo que sería imposible aplicar la norma utilizada para imputar civilmente a dicho partido en el proceso penal”, afirma la sala.
Ahora bien, advierte el Supremo, aunque la Audiencia no podía acreditar la existencia de una contabilidad opaca, “en modo alguno” se puede reprochar a los jueces que, para explicar el contexto en el que sucedieron los hechos, mencionaran el resultado de las pruebas practicadas en el juicio relacionadas con el PP, sobre todo teniendo en cuenta que esta formación era “el nexo” de todas las actuaciones recogidas en los hechos probados".
El Supremo considera así que en esta sentencia no se puede dar por probada la supuesta contabilidad paralela del Partido Popular, pero asume que algunos de los delitos que ahora se acreditan están directamente vinculados a esa contabilidad. Al dar por probado el delito de apropiación indebida del extesorero del PP Luis Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias, por sustraer 149.600 euros de fondos del PP (mediante compra acciones de Libertad Digital) los magistrados concluyen que la Audiencia Nacional contó “con prueba de cargo válida y suficiente” para concluir “la existencia de una caja b, o contabilidad 'extracontable” del partido.
Cambios en las penas
En una sentencia de 1.843 folios, dictada por unanimidad, y de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo confirma la comisión de delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida y exacciones ilegales.
La sala ha elevado algunas de las penas de los principales acusados al castigar de forma separada el fraude y la malversación que fueron cometidos en concurso de delitos, tal como pidió la Fiscalía en su recurso. Otras, en cambio, se han visto reducidas al apreciar los magistrados atenuantes (como la de colaboración en el caso de Francisco Correa por su declaración en el juicio), absolución de algunos de los delitos cometidos o nuevas individualizaciones de penas. Entre los beneficiados por esta situación está el extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien el Supremo impone 29 años y un mes de cárcel frente a los 33 años y cuatro meses que le impuso la Audiencia Nacional. Su esposa, Rosalía Iglesias, ha visto reducida su condena de 15 años a 12 años y 11 meses, pero al ser ya firme la sentencia tendrá que entrar en prisión en los próximos días. El cerebro de la trama, Francisco Correa, no ve modificada su pena, que se queda en 51 años de cárcel.
Esta pieza troncal del caso Gürtel se centra en la adjudicación de contratos públicos a precios inflados a las empresas de Correa, que organizaba los actos del PP durante los años de la presidencia de José María Aznar. El Supremo incluye en su sentencia el relato de hechos de la Audiencia Nacional y da por probado que las empresas del Grupo Correa y dirigentes y miembros del Partido Popular tejieron una estructura de “colaboración estable”, consistente en la prestación de “múltiples y continuos servicios” relacionados con viajes, organización de eventos y congresos de partido, tanto durante campañas electorales como fuera de ellas.
A partir de estos trabajos conjuntos, señalan los jueces, se creó “un auténtico y eficaz sistema de corrupción”, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, valiéndose de su relación con influyentes militantes del PP. Las empresas de Correa, y otras elegidas por él, se aprovecharon de la situación y gozaron de un trato de favor “arbitrario” y de un “dominio de hecho” sobre la contratación pública llevada a cabo por unas entidades públicas que el tribunal considera “parasitadas”. En esa dinámica ilegal, mediaron sobornos a funcionarios y autoridades, se emitieron facturas falsas y se montó un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública y para ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su posterior destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal, “con la consiguiente ocultación a la Hacienda Pública”, afirman los magistrados. El Supremo considera por tanto constatada la existencia de una trama criminal para posibilitar el delito, eludir su persecución y facilitar la obtención de beneficios, lo que lleva al tribunal a confirmar la condena por asociación ilícita para varios de los acusados. Concurren todos los elementos de este tipo penal, según los jueces: un grupo estructurado, jerarquizado, dirigido a lucrarse con bienes y servicios, y a efectuar hechos delictivos, vulnerando la legislación administrativa y los principios de transparencia que deben guiar la acción administrativa.
El papel de Bárcenas
Bárcenas, fue una pieza fundamental de este entramado corrupto, según el tribunal, que considera además probado que el extesorero, “al margen de la actividad delictiva” que llevó en común con otros acusados, desarrolló por su cuenta, y cuando lo precisaba en colaboración con su mujer, "otra actividad dirigida a enriquecerse de modo ilícito intermediando en otras adjudicaciones de obras o apropiándose de fondos del PP”. Fruto de todas estas actividades, el exdirigente popular logró acumular un importante patrimonio, "que ocultó a través de un entramado financiero en entidades bancarias suizas, a través del cual invirtió en distintos valores y productos financieros, e, igualmente, afloró fondos cuyo origen no se correspondía con su declarada actividad ni con su ahorro, dotándolos de una apariencia lícita, bien mediante la simulación de distintas operaciones comerciales bien al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte”, señalan los magistrados.
La condena firma de la esposa de Bárcenas implica su ingreso en prisión, una situación que el extesorero quería evitar a toda costa. Algunos dirigentes del PP se han mostrado temerosos de que, si se certificaba el encarcelamiento de Iglesias, Bárcenas cumpliera su amenaza de hacer públicos hechos y documentos que hasta ahora no han aflorado y que, según el extesorero, podrían comprometer a históricos dirigentes populares.
El juicio de la primera etapa de Gürtel se celebró en 125 sesiones entre octubre de 2016 y el noviembre de 2017. La sesión estrella del proceso fue la 101, celebrada el 26 de julio. Ese día, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudió a la Audiencia Nacional como testigo. Ante el tribunal presidido por el magistrado conservador Ángel Hurtado, que se opuso siempre a su declaración, Rajoy manifestó que su partido “jamás” recibió donativos en efectivo de empresarios y reiteró hasta en siete ocasiones que nunca se ha ocupado de cuestiones económicas de la formación conservadora, sino únicamente de las políticas. La Audiencia Nacional cuestionó en su sentencia la “credibilidad” de su declaración. El Supremo no alude a ella.Sánchez desaloja a Rajoy de la Moncloa
Sánchez ya es presidente del Gobierno. El Congreso de los Diputados decidió este viernes, por 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención, desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa y situar en su lugar al líder del PSOE
El nuevo presidente cuenta únicamente con el respaldo de 84 diputados, lo que le obliga a negociar amplios acuerdos para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso
Fueron 180 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PDeCAT, PNV, Compromís y Nueva Canarias), cuatro más de los que necesitaba y diez mas que los que hicieron presidente a Mariano Rajoy en 2016. Una abstención —la de Coalición Canaria— y 169 votos en contra —PP y sus confluencias y Ciudadanos—. Con estos números, el socialista Pedro Sánchez, se convirtió este viernes en el nuevo inquilino del palacio de la Moncloa.
Hace sólo una semana, el Grupo Parlamentario Socialista registraba en la Cámara una moción de censura contra Mariano Rajoy que los primeros días pocos veían con posibilidades de prosperar. La sentencia de Gürtel, que ubica al PP como beneficiario de los tejemanejes de la trama corrupta y el hecho de que el testimonio de Rajoy en sede judicial careciese de "credibilidad" a ojos del tribunal condujo a los socialistas a hacer este movimiento.
Rajoy había conseguido, sólo una semana antes sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso gracias al apoyo de sus socios electorales, de Cs, del PNV, de Coalición Canaria y de Nueva Canarias. Y no había motivo, insistían en el PP los días posteriores al registro de la moción, para que los nacionalistas vascos dejasen de ser "responsables". Pero lo hubo. Y, pasadas las 15.00 horas del jueves, el PNV trasladó a PP y PSOE que su Ejecutiva había decidido colaborar para hacer presidente a Pedro Sánchez.
Tras sentenciar el PNV a Rajoy, los rumores sobre una inminente dimisión para evitar que el PP perdiese el poder sonaron con fuerza. Pero la maquinaria del Gobierno y del PP los frenaron en una hora. "No va a dimitir porque no ha hecho nada malo y porque no evitaría que el PP acabase en la oposición", defendían.
Sánchez toma posesión este sábado y, a partir de ahí, nombrará a su Consejo de Ministros. Este mismo sábado también está previsto que se levante el artículo 155 de la Constitución en Cataluña después de que tome posesión el Govern de Quim Torra.
La despedida de Rajoy
Media hora antes de la votación hacía entrada en el hemiciclo el presidente saliente. Rajoy había dejado el Congreso el jueves a la hora de comer y no regresó hasta este viernes pasadas las 10.00 de la mañana para entonar un breve discurso en el que, resignado, dijo no compartir “lo que se ha hecho”. Visiblemente emocionado, y arropado por los aplausos de un grupo parlamentario en estado de shock, felicitó a Pedro Sánchez por estar a punto de sustituirle como jefe del Ejecutivo y subrayó que ha sido “un honor” haber ocupado ese puesto.
Rajoy calificó de “honor” haber dejado España “mejor” que la encontró. “Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España”, añadió.
Además, consideró que ha cumplido con su mandato habiendo “mejorado la vida de las personas”.
Tras agradecer el apoyo a su partido y a todos los españoles, se despidió con un mensaje a los diputados: “Suerte a todos ustedes por el bien de España”. Como si él ya no fuese a formar parte de la Cámara.
El martes ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional del PP, una cita en la que se analizará la situación y se fijarán prioridades.https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/01/sanchez_desaloja_rajoy_moncloa_83491_1012.html
Diez jueces marcaron el destino de Mariano Rajoy
Ni la sentencia del caso Gürtel hubiera sido la misma, ni la práctica de determinada prueba como la declaración como testigo del presidente del Gobierno saliente habría tenido lugar, si “en una muestra de que el sistema de garantías funciona”, diez de los dieciocho jueces del pleno de la Audiencia Nacional no hubieran recusado a los magistrados Concepción Espejel y Enrique López del tribunal, por su afinidad al PP
Un hecho fundamental aconteció el 30 de octubre de 2015, según reconocen desde la judicatura y la Fiscalía, en el devenir de los acontecimientos que han acabado provocando la salida del Gobierno de Mariano Rajoy. Aquel día, diez de los dieciocho jueces del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, decidieron apartar del futuro juicio de la Gürtel por su afinidad al PP a la magistrada que iba a presidir el tribunal, Concepción Espejel. Hasta 14 recusaron también para el juicio en ese pleno a su compañero Enrique López, por idéntico motivo.
Ambos fueron colocados por un Consejo General del Poder Judicial nombrado por la mayoría absoluta del PP, en la sección que iba a ser la encargada de juzgar la Gürtel – en el caso de Espejel incluso de forma muy discutida -, y su sustitución por Julio de Diego y Ángel Hurtado cambió para siempre la historia, según las mismas fuentes. Ni el contenido de la sentencia habría sido el mismo, y con toda probabilidad ni siquiera hubiera declarado en el juicio Mariano Rajoy, cuyo testimonio sobre la caja b fue “inverosímil”, de forma unánime para el nuevo tribunal conformado por Hurtado, De Diego y José Ricardo de Prada.
Las acusaciones populares fueron clave
Fueron las acusaciones populares, denostadas por algunos responsables políticos, las que iniciaron el procedimiento al denunciar que Concepción Espejel, llamada “Concha” por María Dolores de Cospedal, debía al PP sus nombramientos en la Audiencia Provincial de Guadalajara y en el Consejo General del Poder Judicial, mientras que López también había sido designado magistrado del Tribunal Constitucional y vocal del órgano de gobierno de los jueces por la formación conservadora. Además, Enrique López había impartido 68 cursos en el que fuera laboratorio de ideas del Partido Popular, la fundación FAES, por los que cobró más de 13.000 euros.
Las acusaciones populares de ADADE y el PSOE de Madrid recusaron a los dos jueces por este motivo, mientras que la acusación del partido socialista valenciano solo vio motivos para apartar a López.
La independencia de la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción, dirigida entonces por el conservador Antonio Salinas, debía emitir un informe clave para el pleno, y de forma sorprendente “en una decisión que pone en valor su independencia”, apoyó que ambos magistrados fueran apartados del caso al considerar “acreditadas” las “dudas sobre su imparcialidad”. Aquel texto fue firmado por las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, acusación en el juicio oral.
Con estos argumentos, aquella mañana de otoño de 2015 se reunieron los 18 magistrados del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y “dejando a un lado corporativismos y la amistad en algunos casos”, según fuentes de aquel pleno, decidieron votar “en conciencia”. El “sistema de garantías funcionó”, recuerdan aquellas fuentes y apartaron del tribunal del caso Gürtel a Espejel y López con la tesis de que un juez no solo debe ser imparcial sino parecerlo, establecida como doctrina por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Rajoy, obligado a declarar por el nuevo tribunal
El nuevo tribunal, sin los “contaminados” Espejel y López permitió la práctica de la mayor parte de las pruebas solicitadas por las distintas partes del proceso. Incluida la solicitud de ADADE para que Mariano Rajoy, en su condición de secretario general del PP en el periodo en que tuvieron lugar los hechos, declarase como testigo. Una decisión adoptada por Julio de Diego y José Ricardo de Prada, con el voto contrario de Ángel Hurtado, que “hubiera sido imposible”, recalcan todas las fuentes consultadas, con Espejel y López entre la terna de magistrados. “Y menos aún obligarle” a declarar de forma presencial ante el tribunal.
Con toda probabilidad, con un juicio presidido por Concepción Espejel, acompañada por Enrique López y José Ricardo de Prada, la sentencia no hubiera ido mucho más allá de considerar partícipe a título lucrativo al PP. Todas las fuentes consultadas tienen serias dudas de que entre los hechos probados en ese caso hubieran sido incluidas las referencias a que existió la financiación ilegal del PP, a que este partido junto al grupo Correa creó un “eficaz sistema de corrupción institucional” con “mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”, o a considerar “acreditada” ante la “contundente prueba” la caja b de esta formación política que recibía donaciones de empresarios “finalistas” a cambio de obra pública amañada.
Y por supuesto, una sentencia con el tribunal recusado “jamás” habría acusado a Mariano Rajoy de mentir por negar la caja b y los sobresueldos “opacos a la Hacienda Pública”, por la sencilla razón de que no hubiera tenido que declarar.
La decisión de aquellos diez jueces del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, marcó el destino de Mariano Rajoy. La leve brisa causada por el aleteo de su decisión aquella mañana otoñal de hace más de tres años y medio, ha provocado el huracán que hoy le ha arrastrado hasta el abismo.http://cadenaser.com/ser/2018/06/01/tribunales/1527880841_657780.html
Los siete abogados que lograron la condena del PP en Gürtel
Ángel Galindo, el letrado del denunciante, José Luis Peñas, rechazó una cuantiosa oferta de una constructora implicada en la trama de Francisco Correa mientras la Policía investigaba los hechos de forma secreta
Ángel Galindo, concejal del partido Alternativa por Boadilla (APB), es uno de los siete abogados que junto a los integrantes de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y los letrados del PSOE de Madrid y de la Comunidad Valenciana han conseguido condenar al Partido Popular (PP) como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel.
Galindo conoció en 2005 al exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, quien pasado el tiempo le confesó que había grabado durante casi dos años, en compañía de otro concejal, Juan José Moreno, (condenado a 15 años de cárcel) a Francisco Correa, que había tejido junto al PP una trama de corrupción institucional.
Y este letrado convenció a Peñas de que tenía que denunciar los hechos a la Policía, que comenzó a investigar la organización criminal encabezada por Francisco Correa, cuyos tentáculos se habían extendido también al PP de la Comunidad Valenciana.
Oferta generosa
Sin embargo, pocos conocen que entre esa querella inicial y la detención de Francisco Correa, en febrero de 2009, Ángel Galindo rechazó una generosa oferta de una de las empresas investigadas en la trama. Una propuesta, que de haber sido aceptada, podría haber cambiado el curso de los hechos.
Esta oferta hubiera alterado la historia del caso Gürtel ya que la querella inicial, que cuenta con la firma del propio Galindo como abogado, habría perdido verosimilitud a ojos de los policías, pero también de las fiscales y del juez Baltasar Garzón, el primer instructor del caso.
Galindo llegó incluso a pisar el 'hall' de la sede social de la constructora, que estaba situada en un exclusivo edificio del barrio de Salamanca, en Madrid, cuyos directivos le habían ofrecido un contrato "con muchos ceros". ¿Era una trampa? Todavía hoy Galindo no lo tiene claro al 100%, según apuntan fuentes cercanas al edil.
Pero, sin duda, ahora podría considerarse un momento de lucidez: Galindo se dio la vuelta y apostó por rechazar la oferta de la constructora, para así seguir defendiendo, sin obtener ningún ingreso por ello, a José Luis Peñas, que pese a su continua colaboración con la justicia ha acabado condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel.
Indulto para Peñas
No obstante, las Fiscales de Anticorrupción adscritas a Gürtel, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, ya han anunciado su intención de reclamar el indulto para Peñas.
La labor del denunciante de Gürtel también fue respaldada en 2011 por el Tribunal Constitucional, que le dio la razón al considerar que el PP del Ayuntamiento de Majadahonda había vulnerado sus derechos constitucionales tras expulsarle del grupo municipal. El alcalde era Guillermo Ortega, condenado a 38 años de cárcel.
Aunque Galindo formalmente ha actuado como defensa, ya que Peñas ha estado imputado casi desde el principio, todo el mundo ha asumido que este letrado de Boadilla del Monte era, de facto, una acusación más.
De hecho, el presidente del tribunal, el conservador Ángel Hurtado, le reprendió en varias ocasiones durante el juicio por no ceñirse a su papel de defensa e incluso impidió que desarrollara, tal y como lo tenía previsto, su interrogatorio al testigo y desde el viernes expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Junto a Galindo, al que Peñas considera "un amigo y no simplemente un abogado", al menos otros seis letrados han mantenido, a lo largo de los 10 años de la instrucción, la acusación contra Francisco Correa, contra el PP y contra los excargos de la formación conservadora, entre los que habría que resaltar al extesorero Luis Bárcenas.
Wilfredo Jurado
Wilfredo Jurado, que ejerce la acusación popular en nombre de los exconcejales del PSOE de Boadilla del Monte, encabezados entonces por el edil Pablo Nieto, pidió su personación en Gürtel pocas horas después de conocer la detención de Francisco Correa por orden de Baltasar Garzón en febrero de 2009: "Han pasado muchas cosas desde entonces. Y una prueba de ello es que yo no era padre, y ahora tengo un hijo de seis años", destaca este letrado en conversación con Vozpópuli.
"Creo que yo fui el primero en personarme", recuerda también Wilfredo Jurado, que asegura que el día que más le marcó fue, "sin lugar a dudas, cuando Bárcenas se decidió a "tirar de la manta" el 15 de julio de 2013. Este letrado no olvidará un detalle: que el extesorero del PP acudió a la sede de la madrileña Calle de Prim y que se negó a comparecer ante el juez Pablo Ruz hasta que no le prestaran una corbata: "Y esto es una buena muestra de quién era el personaje", completa Jurado.
El letrado del PSOE madrileño también objeto de una querella por parte del PP madrileño, que le acusó de filtrar documentos del sumario a la prensa. La querella fue archivada.
También del PSOE, aunque en esta ocasión de la Comunidad Valenciana, es el letrado Virgilio Latorre, quién se personó en el caso en nombre del entonces líder el PSPV, Ángel Luna, y que ha jugado un papel muy activo en las piezas separadas valencianas, pero también en la principal.
Pero si hubiera que destacar la labor de alguna acusación popular de Gürtel, esta sería, sin duda, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). A la figura de su presidente de honor, José Mariano Benítez de Lugo, que fue el letrado que interrogó a Mariano Rajoy como testigo en la Audiencia Nacional, resalta el trabajo realizado por Francisco Montiel, Gloria de Pascual y Miguel Ángel Garrido.
Wilfredo Jurado
Montiel ha sido y sigue siendo junto a Gloria de Pascual la piedra angular de ADADE en la Audiencia Nacional. Ellos han liderado en todo momento a las acusaciones populares. La propia De Pascual inició sus colaboraciones con ADADE antes incluso de estar colegiada.
Finalmente, y mientras la instrucción de Gürtel se llevaba a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el letrado de ADADE era Miguel Ángel Garrido, que abandonó el caso, dejando la acusación popular en manos de Montiel.
Francisco Montiel
Este último abogado ha sido clave a la hora de convencer al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de que el PP tenía que ser condenado como partícipe a título lucrativo. Preguntado por Vozpópuli sobre el momento más importante de la instrucción y del juicio, Montiel contesta que el juicio "se comenzó a ganar" tras la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.
"Y gracias a que pudimos apartarles" por su vinculación con el PP, prosigue Montiel, "la sentencia ha sido de una gran calidad, y eso a que la misma cuenta con el voto particular de Ángel Hurtado, que no obstante ha redactado una buena parte del fallo", recuerda este letrado.https://www.vozpopuli.com/politica/abogados-lograron-condenar-PP-Gurtel_0_1141086558.html
Los héroes invisibles del ‘caso Gürtel’
Las presiones políticas para dinamitar el proceso contra Bárcenas y sus compinches se toparon con la insobornable voluntad de los servidores públicos de hacer su trabajo
El jueves pasado, a eso del mediodía, algunos de los funcionarios que durante los últimos años habían participado en la investigación del caso Gürtel —jueces, fiscales, policías, inspectores de Hacienda, secretarios judiciales, auxiliares administrativos...— recibieron un mensaje en su teléfono móvil. Solo seis palabras. Las suficientes para que se acordaran de los miles de folios ordenados en una habitación sin ventanas, de las más de 200 comisiones rogatorias enviadas a 25 países en busca del dinero escondido, de las fuertes presiones políticas y profesionales sufridas, de las filtraciones internas, de las querellas recibidas, hasta de las diligencias escritas de madrugada, en un hospital, junto a la cama de un familiar enfermo. El mensaje decía sencillamente: “Sin ti no hubiera sido posible”.
El nombre del emisor del mensaje y de los receptores no tiene importancia. Entre otras cosas, porque ellos quieren seguir siendo invisibles, y las contadas veces que cuentan su historia lo hacen bajo el compromiso de confidencialidad. Los retrató muy bien Antonio Muñoz Molina en un artículo publicado en 2014 en EL PAÍS y titulado La corrupción y el mérito. El escritor explicaba de qué forma el descrédito y el deterioro de la función pública favorecen el ejercicio de la arbitrariedad política y las decisiones corruptas. “Lo asombroso”, continuaba Muñoz Molina, “es que en semejantes condiciones haya tantos servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos, profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos, interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos”.
Se da la circunstancia de que, para desgracia de Bárcenas y de sus compinches, un grupo de esos ciudadanos justos estaba de guardia en la Audiencia Nacional la mañana del 21 de diciembre de 2011. Dos camiones de la empresa Madrileña de Mudanzas, procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), descargaron los miles de folios de un sumario que en 2009 había empezado a instruir el juez Baltasar Garzón. “Se daban todas las circunstancias”, dice ahora uno de los investigadores, “para que el proceso se hundiera y el juicio nunca se llegara a celebrar. Se trataba de una causa con aforados, que utilizaron de forma torticera su condición según les iba conviniendo. Bárcenas, que era senador, lo utilizó para que la Audiencia Nacional se inhibiera a favor del Tribunal Supremo, y otros de los procesados, que eran diputados autonómicos, lograron que el proceso fuese al TSJM. Cuando vieron que las cosas allí pintaban mal, dimitieron para que volviese a la Audiencia Nacional, y empezaron las presiones aquí. Por si fuera poco, consiguieron cargarse a Garzón, que en mayo de 2010 fue suspendido de forma cautelar y en febrero de 2012 expulsado de la carrera judicial. Aquello no pintaba bien. Nunca durante todos estos años nos quitamos la sensación de que esto se podía venir abajo en cualquier momento”.
Pero resistió. O, mejor dicho, resistieron. Resistió el juez Pablo Ruz, que en el momento de asumir la instrucción tenía 36 años y una capacidad infinita para motivar a los colaboradores, y el magistrado José de la Mata. Y resistieron las fiscales, todas mujeres, a quienes Luis Bárcenas llamaba despectivamente “las niñas”. Eso sí, cuando comprobó su eficacia —“hubo momentos clave de la investigación en que la inteligencia de la fiscal Concha Sabadell lo iluminó todo”, asegura una fuente—, el extesorero del PP hizo todo lo posible para que el Gobierno la quitara de en medio, como también pretendió hacer con Manuel Morocho, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que destapó el caso y que, el pasado mes de noviembre, durante su comparecencia ante comisión de investigación del Congreso, admitió haber recibido presiones y denuncias del PP con el objetivo de “desestabilizar” la investigación. Aguantaron también los funcionarios de Hacienda y el abogado del Estado, que emitieron informes muy contundentes contra la trama. Y también algunos de sus superiores jerárquicos supieron estar a la altura. Una fuente de la Audiencia Nacional asegura que “Antonio Salinas, el entonces fiscal jefe anticorrupción, avaló en todo momento el trabajo de las fiscales e incluso llegó a desaparecer literalmente en momentos clave para evitar que una orden terminante de sus superiores pudiese cortocircuitar la investigación”.
De ahí que, el jueves, a eso del mediodía, una emoción discreta embargara a muchos funcionarios de la Audiencia Nacional. Uno de ellos advierte: “No tendría que haber sido tan difícil. No es lógico que un asunto tan importante como este, tan vital para la salud democrática del país, haya podido acabar con éxito gracias al trabajo de funcionarios que, en algunos casos, se han jugado sus carreras. El sistema tendría que haberlos blindado, pero no hay voluntad política”.
Malas artes contra el juez y la policía
Hay quien dice en el PP que la sentencia de Bárcenas es la prueba de su respeto por el poder judicial. “Nada más lejos de la realidad”, dice un alto representante de la Audiencia Nacional. “Raro es el servidor público vinculado al caso Gürtel que no haya recibido presiones. O ya no se acuerdan de que los informes de Bárcenas contra la UDEF o decenas de tretas parecidas”, señala la misma fuente. Sin olvidar que, en un primer momento de la instrucción, la Comunidad de Madrid (en manos del PP) infiltró a un licenciado en Derecho para que apoyase al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel entre 2009 y mediados de 2012. Durante al menos un año, Rafael N. G. tuvo acceso a toda la investigación secreta que afectaba a cargos del PP y a las resoluciones del magistrado, aquejado de graves problemas de movilidad.https://politica.elpais.com/politica/2018/05/26/actualidad/1527364974_528568.html
Jesús Sepúlveda deposita los 100.000 euros de fianza para eludir la cárcel
El exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato ingresó en prisión el pasado miércoles
A Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato, le ha costado un día más que a Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, reunir la fianza para salir de prisión tras la sentencia del caso Gürtel. Según fuentes jurídicas, el exregidor del PP ha depositado este viernes los 100.000 euros que le permiten eludir la cárcel tras su condena a 14 años y 4 meses por participar en la trama de corrupción. Los magistrados le dejan así en libertad, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos anunciados. Eso sí, los jueces imponen a Sepúlveda medidas cautelares para evitar su fuga: retirada del pasaporte, comparecencias cada 15 días en los juzgados y prohibición de salir de España.
Según recoge el breve auto dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, la Audiencia Nacional ha recibido este viernes la transferencia de los 100.000 euros. Fuentes jurídicas explican que dos personas han participado en este pago, que se produce poco antes de que se cumplan 48 horas de su entrada en la cárcel de Soto del Real (Madrid). El pasado miércoles, los magistrados decretaron su ingreso en prisión eludible con fianza tras describir el "importante elenco" de delitos de corrupción que cometió, similares a los de Luis Bárcenas, extesorero del PP; Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda; y Alberto López Viejo, exconsejero de la Comunidad de Madrid.
Los jueces ordenaron su encarcelamiento, aunque estimaron que debía "darse un tratamiento diferente" a Sepúlveda, porque a este se le impuso una pena —14 años y 4 meses— menor que las que recibieron los otros tres exdirigentes del PP, superior a los 30 años. De ahí que fijaran la fianza. Aunque esta fue menor que la impuesta a Rosalía Iglesias, que asciende a 200.000 euros y que la depositó este jueves para salir de Soto del Real.
La sentencia consideró probado que el exalcalde de Pozuelo se benefició de la trama Gürtel con dinero y regalos que recibía en contraprestación "por las irregularidades adjudicaciones públicas que favoreció". Además de cantidades en efectivo, la red le obsequió con "viajes y servicios turísticos", además de "eventos familiares" o "servicios prestados para su campaña electoral como candidato del PP". En esa línea, los jueces condenaron a su exmujer como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse también de los regalos.https://politica.elpais.com/politica/2018/06/01/actualidad/1527851978_963443.html
Rosalía Iglesias sale de la cárcel tras abonar los 200.000 euros de fianza
La mujer de Bárcenas tiene como medidas cautelares las presentaciones cada 15 días, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio
Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, condenada a 15 años por el caso Gürtel, ha salido de la cárcel madrileña de Soto del Real después de abonar los 200.000 euros que le impuso como fianza la Audiencia Nacional.
Iglesias, que ingresó en la tarde de ayer en la prisión en la que está su marido, ha salido de la cárcel cerca de las 18.50 horas después de que 18 personas hayan depositado el dinero que se le requería para evitar la prisión.
En la puerta de la prisión han esperado desde la mañana a Rosalía Iglesias su hijo Willy y su abogada Marta Giménez Cassina. La esposa de Luis Bárcenas ha salido sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Willy Bárcenas ha explicado a los periodistas que han sido "los grandes amigos", los que "siempre" están, quienes han ayudado a conseguir el dinero "en poco tiempo". "Y esperar que sea lo más rápido posible esto", ha declarado el hijo de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias.
En referencia a su madre Willy Bárcenas ha mantenido que "nadie se puede creer" que haya un riesgo de fuga y ha añadido que "ahora a esperar a la sentencia del Supremo para poder defenderse, todavía es inocente".
A partir de este momento, Iglesias tiene como medidas cautelares las comparecencias quincenales en el juzgado, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.
Iglesias ha pasado cerca de 27 horas en prisión después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia dictara un auto de prisión eludible con una fianza de 200.000 euros.http://cadenaser.com/ser/2018/05/31/tribunales/1527762475_034910.html
El 'caso Gürtel' le explota a Rajoy en diferido
Casi diez años después de que Garzón iniciara en agosto de 2008 la investigación secreta sobre Gürtel y cuando el PP ya lo creía amortizado, la sentencia sobre el mayor escándalo de corrupción derriba al presidente Las maniobras dilatorias, las amenazas y represalias, el énfasis del PP en declararse ajeno a lo sucedido, el fraccionamiento de la causa por la presencia de aforados y las dificultades para obtener datos de paraísos fiscales convirtieron el caso en un campo minado
El 6 de agosto de 2008, Baltasar Garzón, entonces titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, dictó un auto tan breve –dos páginas- como deliberadamente oscuro con el que ordenaba incoar unas diligencias secretas. De la lectura de esos dos folios nadie habría podido inferir que acababa de ponerse oficialmente en marcha la investigación judicial sobre la que el tiempo y los hechos confirmarían como la mayor trama de corrupción política destapada en España: el caso Gürtel. Solo en la pieza troncal 27 personas han sido condenadas a 350 años de cárcel. Y esa es la pieza que ha originado la demoledora sentencia que certifica la caja B del PP, duda de la credibilidad de Rajoy, describe un "sistema de corrupción institucional" y declara al PP beneficiario económico de la trama.
Gürtel le ha explotado a Mariano Rajoy en diferido, por usar una locución que ya pertenece al acervo común desde que María Dolores de Cospedal la empleó el 25 de febrero de 2013 para referirse a la insólita fórmula de "despido" del extesorero Luis Bárcenas. Ahora condenado a 33 años y recluido desde el lunes en la prisión madrileña de Soto del Real, el PP siguió cotizando a la Seguridad Social por Bárcenas entre el 16 de abril de 2010, cuando fue imputado por primera vez en Gürtel, y el 31 de enero de 2013. Durante ese periodo, en el que oficialmente Bárcenas ya no era tesorero ni trabajaba para el partido, la organización le pagó 21.000 euros al mes.
Los pagos de ese “despido en diferido” cesaron en efecto de manera abrupta el 31 de enero de 2013. Es decir, el día en que el diario El País publicó los documentos manuscritos en los que año tras año, entre 1990 y 2008, el hombre que durante dos décadas controló las cuentas del PP había ido anotando los movimientos de dinero negro del partido. Bautizados con su apellido, los papeles de Bárcenas son la caja B cuya existencia certifica la resolución de la Audiencia Nacional. Qué hará el antiguo tesorero ahora que su mujer ha recuperado la libertad persiste como incógnita, aunque la potencial amenaza para el PP parece haber disminuido.
Esa caja B, dice ahora la sentencia de la pieza troncal de Gürtel, no se nutría de donaciones hechas "de modo altruista por algunos empresarios" sino "para pagar favores". O lo que es lo mismo, como "contrapartida por adjudicaciones irregulares de contratos". Y por tanto –agrega el texto judicial– las donaciones "no se pueden desvincular de esas adjudicaciones irregulares".
Víctima, colaborador de la justicia o fuerza ajena a las "personas que hacen cosas"
A lo largo de una década, el caso ha sido un auténtico campo minado. Un terreno pedregoso donde desde el primer momento se dieron cita las maniobras dilatorias de los imputados y el PP, las amenazas con revestimiento jurídico en forma de querellas y un discurso político con el que la formación conservadora aunó tres papeles en una sola figura: víctima de una persecución política, colaboradora de la justicia -el PP llegó a ejercer la acusación popular pero fue expulsado por actuar en defensa de Bárcenas- y estructura por completo ajena a lo sucedido. O a las "personas que hacen cosas", como dijo el martes María Dolores de Cospedal.
En ese campo de minas, la investigación fue avanzando a trompicones a despecho de otros obstáculos adicionales: el fraccionamiento de la causa por el aforamiento de distintos imputados -llegó a estar repartida entre el Supremo, en el Tribunal Superior de Valencia y en el de Madrid- , la guerra por la presencia de jueces afines al PP -tres han sido recusados desde 2015- y el baile de integrantes de los tribunales encargados de juzgar las distintas piezas.
Las trabas para obtener datos de paraísos fiscales, opacos e impermeables por definición, y la abrumadora extensión de la trama se añadieron a lo ya expuesto. Los documentos incautados a Correa y los suyos prueban la vastedad de su espacio de operaciones. Junto con episodios estrella como la boda de la hija de Aznar o del congreso donde en 2008 Mariano Rajoy consolidó su liderazgo interno, la trama no solo trabajó para el partido en territorios tan alejados entre sí como Galicia, Andalucía, Castilla y León, Valencia o Madrid sino que obtuvo contratos públicos allí donde justamente daba servicios electorales al PP. "Génova era mi casa, pasaba más tiempo allí que en mi despacho", resumió el propio Correa al inicio del juicio por el que ha sido condenado a 51 años.
El hecho de que la causa, sin contar el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, quedara dividida nada menos que en 12 piezas -cuatro de ellas, centradas en Valencia, donde la investigación inicial fue asumida por un juez "más que amigo" de Francisco Camps- dificulta cuantificar el daño global infligido al erario público. En 2011, una investigación periodística lo cifró en 120 millones. Solo por los hechos juzgados en la pieza troncal de Gürtel, Francisco Correa percibió 8,4 millones por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008.
Hoy, a punto de cumplirse 10 años de aquel minúsculo auto de Garzón y cuando el PP ya lo daba por amortizado, el caso Gürtel ha derribado al presidente. La sentencia ha provocado la cristalización de todos aquellos datos que, pese a su gravedad, habían permanecido en estado gaseoso en la atmósfera política. Varias veces en estos años alguna chispa amenazó con provocar el incendio. Pero nunca llegó a ocurrir. Por ejemplo, cuando en julio de 2013 Luis Bárcenas reconoció ante el juez Pablo Ruz que los papeles de la contabilidad B eran auténticos y que también Rajoy había cobrado sobresueldos, acusación que el presidente siempre ha desmentido tajante.
Ahora es la resolución judicial de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional la que ha desmentido con la fuerza de un zarpazo la versión oficial del PP. Y lo ha hecho empezando por el aserto con que, el 11 de febrero de 2009, rodeado de su plana mayor y apenas cinco días después del estallido del caso y las primeras detenciones, respondió Rajoy a las noticias que ya se iban conociendo: “No es una trama del PP sino una trama contra el PP”. Porque la sentencia declara probado que el grupo de Francisco Correa y el PP, ambos de la mano, crearon “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". En contra de lo que Cospedal -el martes en el Congreso- y el propio Rajoy -este jueves en el debate de la moción de censura- han sostenido, la sentencia condena al PP sólo en el ámbito civil como partícipe a título lucrativo porque, para empezar, en el momento de los hechos el Código Penal no permitía encausar a un partido en un proceso penal. Así lo recalca la resolución de la Audiencia.
Daños 'colaterales': nueve querellas, amenazas y un despido
Esa urdimbre que, tejida por el PP y el grupo de Francisco Correa, se valió entre 1989 y 2008 "de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local” -lo dice la sentencia- dejó tras sí múltiples y dolorosos daños colaterales. En 2012, el Tribunal Supremo inhabilitó a Baltasar Garzón como juez por interceptar conversaciones mantenidas en la cárcel por los jefes de Gürtel con sus abogados. Ahora, la Audiencia Nacional se ha negado de plano a considerar esas escuchas como fruto de un ejercicio de prevaricación y, por tanto, como causa de nulidad.
Garzón no fue la única víctima. Con el exministro Federico Trillo como estratega jurídico, el inspector jefe de la Udef encargado del caso, Manuel Morocho, recibió siete querellas del PP . Las fiscales fueron objeto de otra querella planteada por un empresario que se sentará en el banquillo de una de las piezas pendientes de juicio y que explota la televisión autonómica de Castilla y León por concesión del Gobierno autonómico del PP. El arrepentido que denunció la red corrupta y cuyas grabaciones resultaron esenciales, José Luis Peñas, sufrió amenazas y fue objeto de otra querella, finalmente archivada y presentada por el exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, aquel a quien Correa nombraba en una de las grabaciones como fuente última de las comisiones multimillonarias que aseguraba haber llevado a Bárcenas.
Y el sastre de Camps, por acudir a un último ejemplo, fue despedido. Camps salió ileso del caso de los trajes, aquel cuya instrucción recayó sobre el juez al que tenía por "más que amigo", Juan Luis de la Rúa. Lo absolvió un jurado popular. Y el Supremo confirmó la sentencia. El 2 de febrero de este año, durante su comparecencia ante la comisión que en el Congreso investiga la financiación del PP, Álvaro Pérez, El Bigotes, el antiguo "amiguito del alma" de Camps, dejó esta frase: "Si el Supremo dice que yo no le he regalado trajes, yo no le pienso llevar la contraria". Aquel también fue un disparo en diferido.https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/01/la_corrupcion_derriba_rajoy_83464_1012.html
RAJOY: "LA SENTENCIA NO CONDENA AL PP COMO ALGUNOS SE EMPEÑAN"
PSOE y ERC exigen la dimisión de Rajoy por la condena del PP por lucrarse con la trama corrupta Gürtel
Rufián, ERC, desliza que apoyará la moción de censura del PSOE: "Echar a ladrones y carceleros de la Moncloa no es una opción es una obligación"
La sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso sirve de preámbulo y primer asalto de la moción de censura contra Mariano Rajoy presentada el pasado viernes por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y que se debatirá el jueves y el viernes en la Cámara. La portavoz del grupo socialista, Margarita Robles, ha preguntado al jefe del Gobierno qué "responsabilidad política debe asumir" a la vista de la condena al PP del caso Gürtel. En su respuesta, Rajoy se ha defendido afirmando que "la sentencia no condena a nadie" de su Gobierno "ni condena al PP como algunos se empeñan y aclara que el PP no conocía esos hechos". La socialista ha acusado al jefe del Ejecutivo de "faltar a la verdad": "Usted no tiene credibilidad, España necesita un presidente creíble y que dé estabilidad".
El diputado de ERC Gabriel Rufián ha preguntado a Rajoy en su turno directamente si "va a dimitir". "Mi intención es cumplir el mandato de los españoles máxime después de haber aprobado los Presupuestos la semana", ha respondido el presidente. Rufián ha acusado al PP de "robar" y ha pedido al presidente que "dimita". Al PSOE le ha dicho que "echar a ladrones y carceleros de la Moncloa no es una opción es una obligación", invitándole a negociar el apoyo de los republicanos en la moción de censura.
http://cadenaser.com/ser/2018/05/30/politica/1527661078_912117.htmlLAS 10 MENTIRAS DE COSPEDAL EN EL CONGRESO
La SER le ofrece los audios de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en los que ha empleado hasta 10 argumentos falsos para defenderse durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la financiación ilegal del PP. Desde que la sentencia no contempla que la autoría de la caja b sea del PP, a que no se trate de hechos probados, o sobre la colaboración del PP con la Justicia, así como las sentencias que le “exculpan” del cobro de sobresueldos y hasta en el caso de los ordenadores de Bárcenas, entre otros asuntos
Más allá de las duras declaraciones contra los jueces que han dictado la primera sentencia condenatoria contra el PP por lucrarse con la corrupción de la Gürtel, han considerado probada su caja b y aseverado que el presidente Mariano Rajoy y otros altos cargos mintieron al negarla, la secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha realizado numerosas aseveraciones falsas durante su comparecencia de este martes en ante la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del partido en el Gobierno, que se celebra en el Congreso de los Diputados.
1.- Cospedal, después de manifestar que “no le parece normal que en un país democrático” una sentencia recoja que el presidente Rajoy, así como los exsecretarios generales Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos o Pío García Escudero hayan ofrecido explicaciones “inverosímiles” sobre la caja b, y calificar de “tendencioso” al tribunal, ha creado una realidad paralela, al afirmar que la sentencia de la Gürtel no dice que la caja b fue creada por el Partido Popular, sino por “personas que hacían cosas”.
Pero el fallo judicial es claro al respecto, y entre las páginas 1.058 y 1.079 incluye numerosas citas a la autoría del PP de esa caja nutrida con fondos en negro. Fondos que en ocasiones, ha quedado probado que fueron “finalistas”, según el tribunal. Es decir, a cambio de adjudicaciones públicas amañadas. Una caja B que sirvió según el tribunal tanto para el pago de gastos electorales, como de obras en la sede central, y también para el abono de sobresueldos “opacos a la Hacienda Pública”, según sentencia.
2.- Cospedal también ha aseverado que los magistrados no consideran que la caja b sea un hecho probado.
Pero la sentencia es clara al respecto. Consideran probada la caja b ante la “contundente” prueba recabada.
3.- Cospedal, al igual que han asegurado varios de los dirigentes, como Pablo Casado o el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sostenido también que los jueces no han condenado al PP por corrupción.
Pero de nuevo el fallo es claro. El PP ha sido condenado por lucrarse con la corrupción de la Gürtel. Es cierto que como partícipe a título lucrativo. Una condena civil, pero porque era la única forma de poder encausar al PP de acuerdo al código penal vigente en el momento en el que acontecieron los hechos según fuentes próximas al tribunal y a la Fiscalía Anticorrupción. Con el código penal actual, insisten las mismas fuentes, el PP hubiera sido condenado por la vía penal
4.- María Dolores de Cospedal ha declarado también en el Congreso que solo dos de los tres magistrados sostienen que tanto Rajoy como los exsecretarios generales Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, o Pío García Escudero, mintieron al negar la contabilidad b del PP y el cobro de sobresueldos. La decisión al respecto fue unánime. El voto particular del presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, no discute este asunto.
5.- Respecto a los papeles de Bárcenas, María Dolores de Cospedal ha faltado de nuevo a la verdad cuando ha afirmado que determinados apuntes de esa contabilidad paralela también se encuentran en la oficial, para desacreditar su existencia. Preguntaba el diputado de Bildu, Oskar Matute, cómo explicaba que si la contabilidad era solo de Bárcenas, antiguos cargos del partido como el exgerente Cristóbal Páez, Ignacio del Burgo, Abascal o Calixto Ayesa, hayan reconocido que percibieron las cantidades anotadas por Bárcenas en las fechas en las que el extesorero dice que fueron concedidas. Contestaba la secretaria general que esas anotaciones también figuran en la contabilidad A.
Y de nuevo es falsa la afirmación de Cospedal en sede parlamentaria. No aparece ninguna de esas anotaciones en la contabilidad oficial del Partido Popular.
6.- María Dolores de Cospedal también ha faltado a la verdad al valorar la colaboración de Rajoy con la Justicia porque acudió a declarar como testigo en el juicio de la Gürtel, o la del propio PP, porque aportó todos los documentos solicitados por los jueces.
Lo cierto es que Rajoy fue obligado a declarar ante el tribunal, ya que el PP recurrió la decisión, y también es falsa la colaboración del partido en el Gobierno con la justicia, porque el magistrado Pablo Ruz se vio obligado a registrar la sede nacional del Partido Popular al descubrir que solo le había entregado el 10 por ciento de la documentación requerida sobre los pagos por las obras de su sede, que supuestamente fueron realizados en negro.
7.- La secretaria general del PP ha reiterado el mantra empleado durante la última semana por dirigentes de su partido al reducir el caso a los “problemas en dos municipios”. Pero de nuevo la sentencia es clara. No resultó beneficiario el PP de Majadahonda o Pozuelo, sino “el PP nacional”. La estructura local de la trama que tanto Cospedal como otros dirigentes del partido alegan, no se compadece con el duro contenido de la sentencia, cuando asevera que “se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”.
8.- La también ministra de Defensa ha llegado a presentar al PP como una víctima de la justicia porque fue expulsada como parte del caso Gürtel.
Pero a Cospedal se le ha olvidado añadir que el PP fue expulsado por el juez Ruz por actuar “más como defensa” de los imputados Luis Bárcenas y el resto de altos cargos de este partido, que como acusación, que era para lo que había obtenido la personación en el proceso.
9.- María Dolores de Cospedal también ha mentido al aseverar que “tres sentencias judiciales” han afirmado que son falsos los apuntes de los papeles de Bárcenas referidos a su persona, que versan sobre el cobro de 60.000 euros en forma de sobresueldos.
Se refiere Cospedal a dos sentencias de Toledo y una del Supremo que fallan a su favor en la demanda contra el derecho al honor presentada por la secretaria general contra Luis Bárcenas. Dos de esas sentencias, no las tres, lo que dicen es que Bárcenas filtró los papeles al diario El País para su publicación. En ningún momento entran en el fondo del asunto y por tanto no pueden ser utilizadas como argumento para desacreditar los apuntes recogidos en la contabilidad paralela.
10.- María Dolores de Cospedal también ha mentido al afirmar que los jueces aseguran que los ordenadores de Bárcenas son del PP
Porque la Audiencia Provincial de Madrid y la juez Rosa María Freire consideran acreditado que al menos uno de los ordenadores, de la marca Apple, era propiedad de Bárcenas, así como el contenido de ambos, que fue destruido haciendo desaparecer, supuestamente, información importante para una “causa de relevancia penal”, en referencia al caso de la caja B. Por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, el PP será el primer partido en sentarse en el banquillo con una acusación penal.
http://cadenaser.com/ser/2018/05/29/politica/1527629775_912209.htmlCOSPEDAL DICE QUE LA VALORACIÓN SOBRE RAJOY DE LA SENTENCIA DE GÜRTEL ES “MUY TENDENCIOSA” Y NIEGA LOS SOBRESUELDOS
En una comparecencia muy tensa, amenaza con una querella al portavoz del PSOE si reitera que ha mentido sobre la caja B
María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP desde 2008, ha llegado al Congreso esta mañana con Rafael Hernando, los dos muy sonrientes, con esa cara que se suele poner en el PP en las situaciones más angustiosas de que esto es lo más normal del mundo. Y la verdad es que desde hace tiempo es lo rutinario, vivir en un melodrama. En este caso, ser interrogada a los pocos días de la sentencia de Gürtel. “Vengo con mucha tranquilidad porque es mi obligación y mi deber”, dijo. Luego Hernando se largó. En las sillas del PP quedaron tres. Es curioso: con Cristina Cifuentes, justo el día antes de que estallara el escándalo del máster, en la sala estaba medio partido, y aplaudiendo. Hoy, pocos días después de la sentencia Gürtel, desbandada general. A Cospedal siempre la han dejado sola para partirse la cara. Deben de pensar que ya tiene tablas. La toman por la ministra de Defensa, pero del propio partido. A los quince minutos se deslizó silenciosamente en las sillas del PP Fernando Martínez Maíllo, coordinador general, como quien llega de incógnito al segundo toro. Luego se fue de la misma manera, se quedó sentado en la última fila.
Artemi Rallo, del PSOE, abrió el fuego y quiso saber, lo primero, su opinión sobre la sentencia. “No le doy esa importancia nuclear que le da usted”, respondió Cospedal, y negó todo, y que van a recurrir. El diputado socialista replicó que era “un patético intento de devaluar una sentencia de 341 años de prisión”. Acusó: “A usted que le gusta en actos religiosos llevar mantilla, podría tener en cuenta las tres reglas sagradas del catecismo en materia de superación de los pecados: reconocimiento de culpa, acto de contrición y cumplir la penitencia”. Cospedal le miraba de través y tomaba apuntes. En realidad habló poco, fue Rallo quien le echó un sermón: “Usted miente, está mintiendo en esta comisión, Rajoy ha mentido (…) Esto no lo digo yo, lo dicen los jueces”. Cospedal le miraba con un rostro pétreo, pero había una señal de alerta máxima: parpadeaba muy rápido, casi cada segundo. El momento culminante llegó enseguida: “Tiene la obligación de decir la verdad en esta comisión. ¿Recibió usted sobresueldos del PP?”. Pasaron unos segundos eternos mientras ella cogía unos papeles. “Yo no miento”, contestó, y desató el contraataque: “¿Me está acusando de falso testimonio? Supongo que está usted protegido por su inmunidad, pero si sale y lo repite ante la prensa le pondré inmediatamente una querella. Porque es una acusación muy grave. Le pido, por favor, que lo reitere fuera”.
Fue un momento serio pero bastante macarra, de 'eso no me lo dices en la calle'. Y ella sin despeinarse. Es que no veía la hora: “Por favor, quiero que lo repita. Yo quiero poderme querellar contra su señoría”. E insistía: “Por favor, se lo pido”. Dio la vuelta a la comisión: de esperar a ver lo que decía ella por el pasado, a ver lo que se atrevía a decir la oposición a la salida. Parecía que eran los demás los que comparecían ante ella. De paso le sacudió también a los jueces, por usar un argumento “muy poco jurídico y muy tendencioso, con todo el respeto y toda mi disconformidad”, para decir que Rajoy tiene poca credibilidad, a saber: simplemente “que si dice lo contrario era malo para él”. “Aunque lo diga un juez en un argumento. ¿Es que los jueces son infalibles, señoría?”, preguntó luego. Añadió además que estas consideraciones del tribunal sobre el presidente del Gobierno son un tema “irrelevante” en la sentencia. Posteriormente, a preguntas de Txema Guijarro, de Unidos Podemos, sobre si le parecía normal que un tribunal desacredite la declaración de un presidente del Gobierno y no dimita, fue aún más allá: "Señoría, a mí lo que no me parece normal es que en una sentencia se utilice un argumento de carácter plenamente subjetivo, para fallar sobre un asunto que no está directamente relacionado con eso, y perjudicar a unas personas en concreto (…) No me parece normal que en una sentencia se utilice un argumento subjetivo para descalificar la prueba testifical de uno de los testigos porque sea el presidente del Gobierno, cuando no tiene nada que ver con el fallo de la sentencia, eso no me parece normal, se lo digo así de claro (…) No me parece normal que en un país democrático pueda pasar eso en una sentencia".
Luego ya contestó la pregunta de los sobresueldos: “Es falso que yo recibiera nada. Será una contabilidad de este señor. Es la contabilidad de Bárcenas, no del Partido Popular”. Recordó que a Bárcenas le ganó una demanda civil por atentar contra su honor, “algo que es muy difícil en este país”. “Los papeles no son verdad, porque no lo son en relación a mi persona”, concluyó. Por último, Rallo le preguntó por el famoso finiquito en diferido, 200.000 euros anuales entre 2010 y 2013, tras ser despedido: aseguró que “tres tribunales dicen que se terminó la relación laboral con Bárcenas”. “Es perfectamente habitual en las empresas”, alegó. Es más, puso como ejemplo, mismamente, a los secretarios de Estado, que tienen derecho a una indemnización posterior. Debe reconocérsele que es de las pocas del PP que se atreve a arrearle a Bárcenas, no a desearle que sea fuerte: “Va cambiando de criterio, porque miente mucho”.
Negación de la caja B y la destrucción de discos duros
Cospedal negó la mayor, evidentemente: "No ha habido caja B en el PP. Otra cosa es que fuera la caja B de algunos, no del Partido Popular. No acredita la caja B del PP, si acaso de otra persona. ¡No son hechos probados! Son argumentos que se dan y no son hechos contrastados". Es más, con el portavoz de Unidos Podemos, Txema Guijarro, comparó el fallo de Gürtel con la sentencia de la Manada, sin citarla directamente: "Ha habido recientemente una sentencia muy famosa, y su partido puso el grito en el cielo: ¿todos los hechos están contrastados? Se puede recurrir".
Del mismo modo, le pareció "absolutamente normal" la destrucción de los discos duros de Bárcenas en el PP. "Al igual que ocurre en todas las empresas, el informático del partido hizo el procedimiento de todas las empresas, no sé si reseteó o, como se dice, lo hizo para que lo pudieran usar otras personas. Pero Bárcenas ya había dicho ante el juez que había retirado sus discos duros. Un juez dijo que eran nuestros. Estuvieron allí los ordenadores cuatro años y nadie los pidió. Y es cuando el abogado de Bárcenas los pide cuando el juez Ruz los pide. Son cosas de Bárcenas, un montaje para perjudicar al Partido Popular". Guijarro le increpó: "¿Quiere hacer pasar por normal que se formateen 35 veces y se destruyan a martillazos, con esta práctica tan bestia? Bastaba dar un botón". Cospedal ha replicado que es "falso" que los ordenadores se destruyeran a martillazos: "Lo dijo alguien del partido socialista".
Otro de los muchos frentes que le esperaban a Cospedal era el de un apunte de Bárcenas en el que aparece “López H”, que Álvaro Pérez, El Bigotes, identificó en la misma comisión como marido de la ministra. “López H no es mi marido”, replicó. “¿Cómo?”, preguntó Guijarro. “¡Es que López H hay muchos!”. Luego ya se explicó: “López del Hierro es mi marido efectivamente, y me alegro de que así sea, pero es muy posterior. De persona relacionada con el PP, nada”.
Toni Cantó, de Ciudadanos, le planteó directamente si no le incomodaba que la sentencia de Gürtel hable del PP como “una empresa criminal conjunta”. “Eso lo dice de una persona, no de mi partido”, contestó ella. “Niego que fuera orquestado por el PP y en beneficio del PP”. Como pasa en casi todas las comparecencias, Cospedal recordó con retintín a Cantó que es actor, como si le quitara puntos. Entonces él le preguntó si como secretaria general del PP durante 20 años y abogada del Estado, había hecho algo para atajar la corrupción en el partido: “Le pido un ejemplo, uno solo, de colaboración con la Justicia”. “¿Qué hice? Puse denuncias, a Bárcenas y a los periódicos que lo publicaron”, contestó en referencia a los papeles del extesorero publicados por EL PAÍS.
Cantó le sugirió que al menos pidiera perdón, pero también a eso la ministra se resistió bastante, con el argumento de que son hechos de hace muchos años y que en su momento ya lo hicieron: “El señor Rajoy ha pedido perdón en dos ocasiones, en el Congreso y el Senado. Y yo misma lo hecho, por personas cercanas a nuestra formación política y algunas de nuestra formación, que se han comportado de forma execrable. Ya hemos pedido perdón muchas veces. (…) Hoy también volvería a pedir perdón, pero no quiere decir que esos hechos se hayan cometido ahora”. Dijo varias veces que esto de Gürtel tiene ahora "una apariencia de actualidad", pero que ya se depuraron responsabilidades en su momento y, además, una mayoría de españoles luego les respaldó con su voto.
La intervención de Rufián
Parecía todo visto, pero entonces fue el turno de Gabriel Rufián, de ERC. Su afán de convertir cada intervención en un diálogo de cine negro, teniendo delante al mejor guardaespaldas del PP, hacía presagiar grandes momentos. Si pudiera y el tiempo acompañara, Rufián iría al Congreso con gabardina y fumando:
-¿Se avergüenza de algo?
-De este tema que estamos hablando aquí no.
-¿Quién es M. Rajoy? ¿Cree que es Mariano Rajoy?
-Yo no admito la credibilidad de esos apuntes.
El diálogo al final derivó más bien en uno de los hermanos Marx, a la altura de la parte contratante de la primera parte o la indemnización en diferido en partes de lo que era una simulación. Cospedal dijo que Gürtel no era una trama del PP, “son personas que hacen cosas”. “Los catalanes también hacemos cosas”, replicó Rufián. Al final los dos ya se reían. Hasta que a Cospedal se le escapó que ERC también había robado, pero no supo decir cuándo. “Está mintiendo. Hasta que no diga un solo caso de corrupción de mi partido no sigo”, advirtió Rufián. “Bueno, pues no siga su señoría”. Y se hizo el silencio en la sala. “Pues no sé qué hacer”, intervino el presidente de la comisión, el canario Pedro Quevedo. Risas. “Si tiene arrestos, si tiene agallas, salga afuera y repítalo”, le respondió Rufián, para devolverle la amenaza de querella al PSOE. Y luego vuelta a empezar, en un tobogán de tensión y chascarrillos.
A preguntas de Oskar Matute, portavoz de EH Bildu, María Dolores de Cospedal hizo la declaración definitiva de inocencia: "Sí, sigo poniendo la mano en el fuego por el Partido Popular".
El turno final en esta comisión siempre es del PP, y como en otras ocasiones fue una solitaria declaración de incomprensión mundial, sin preguntas. Esta vez le tocó a Beatriz Escudero, que definió la comisión de “farsa” y de “machistas” a los portavoces de la oposición, aunque no quedó claro por qué, en principio por preguntarle a Cospedal por su marido. Explicó que en la sala no había casi nadie del PP porque hubo una comunicación del partido “en la que nos pedían que no asistiera nadie para velar por la rigurosidad”, aunque aseguró que llegaban muchas cartas de gente que quería ir. Afirmó que se ha mentido sobre la sentencia, porque “no habla de falso testimonio”. “Solo les falta decir: ¡que les corten la cabeza a los del PP!. Yo me he sentido así. ¡Por ser del PP no tenemos derecho a recurrir a una sentencia! Esto parece una caza de brujas”. Dijo que es normal lo de los discos duros: “Solo se resetearon, como se hace en el Congreso cuando dejamos nuestros despachos”. “Y el despido en diferido, pues igual. Cuando nos vayamos, nos darán un salario por año trabajado. Todos tendremos un despido en diferido”. “Ojalá”, se oyó una vocecita entre los periodistas de la sala.
La portavoz popular terminó así: “Señora Cospedal, la felicito por su trabajo, por su honestidad, por su valentía, por su responsabilidad, y por todo lo que está haciendo por este partido y por España”. Para concluir, tomó la palabra la ministra, y la cosa acabó en mítin, echándole la bronca a la oposición, con ligerísimos y fugaces toques de autocrítica. Insistió en el concepto de irrealidad temporal, porque el caso Gürtel es de hace años “pero en los tribunales se está sustanciando ahora, y genera una ilusión de actualidad que no es real”. Leyó textualmente las disculpas que Rajoy pidió en su día en el Congreso, y añadió: “Pero otros partidos nunca lo han hecho, por asuntos más graves” que, según insinuó, “afectaron a estructuras del Gobierno”. “Nosotros claro que lo hicimos, claro que hubo ocasiones en que nos hemos equivocado, por no tomar decisiones en el momento adecuado, y consecuencias las hubo”. Así llegó al argumento de las urnas: “Aun así hemos ganado las elecciones. ¿Por qué? Porque los españoles entendieron que habíamos asumido nuestra responsabilidad”. Autoabsolución final: “Y cada vez que el PP ha gobernado le ha ido bien a España”.
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/29/actualidad/1527583344_081471.htmlLA GUERRA POR LA PRESENCIA DE JUECES AFINES AL PP DEJA EL FUTURO DE LA MUJER DE BÁRCENAS EN MANOS DEL CUARTO TRIBUNAL DEL CASO 'GÜRTEL'
Tres magistrados del sector conservador –Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González– han sido sucesivamente apartados desde 2015 por falta de apariencia de imparcialidad
La presidenta de la Sección Segunda, firmante del voto particular que ridiculiza el acuerdo por el que González quedó excluido de todos los juicios del caso, se incorpora a la sala que decidirá el futuro de ocho condenados cuyo encarcelamiento inmediato pide Anticorrupción
La sentencia de la rama principal del caso Gürtel, la llamada Época 1, que certifica la caja B del PP, pone en duda la credibilidad del presidente y describe un "sistema de corrupción institucional", se ha convertido en una suerte de prueba de cargo de por qué la judicatura ha vivido desde 2015 una guerra abierta en torno a la presencia de jueces afines a la formación conservadora en los tribunales designados para enjuiciar las distintas piezas en que se divide la causa.
Desde 2015, seis jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional han ido siendo designados para formar parte de la terna que debía enjuiciar distintas piezas de Gürtel. De ellos, tres –los tres del sector conservador y mayoritario de la judicatura– acabaron sucesivamente excluidos por su cercanía al PP: Concepción Espejel, ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia; Enrique López, instalado hoy en la poderosa Sala de Apelaciones; y Juan Pablo González.
Ahora, la decisión del Poder Judicial (CGPJ) de excluir por razones oficialmente administrativas al progresista José Ricardo de Prada de la sala que este miércoles debe desvelar si envía o no a prisión a la mujer de Luis Bárcenas y a otros siete condenados ha situado en el tribunal a otra magistrada conservadora: María José Rodríguez Duplá, presidenta de la Sección Segunda y una de las firmantes del voto particular con que cinco jueces se opusieron el pasado 8 de mayo al apartamiento de Juan Pablo González.
Ese tribunal es el cuarto de la serie si se atiende a los sucesivos cambios en su composición, si bien solo el segundo –el que enjuició la pieza de Época 1– y este último han intervenido de algún modo en el proceso. Y todos los observadores consultados creen que será ese cuarto tribunal el que aplique un criterio benévolo que dé al traste con la solicitud de prisión incondicional formulada el lunes por la Fiscalía para Rosalía Iglesias y los otros siete condenados.
A la primera sala pertenecían Concepción Espejel, Enrique López y Julio de Diego. En el segundo, Espejel y López fueron sustituidos por el conservador Ángel Hurtado, presidente y ponente, y por De Prada, cuya coincidencia de criterio con De Diego terminó siendo crucial para forzar la declaración testifical de Rajoy y, sobre todo, en la redacción de la sentencia. En el tercero, designado para enjuiciar los papeles de Bárcenas y otras tres piezas del caso –la visita del Papa a Valencia, los contratos de Aena y los del Ayuntamiento de Jerez–, se incorporó Juan Pablo González, finalmente recusado, como sustituido de De Diego.
Y en el cuarto, tras el apartamiento de De Prada bajo el argumento de que su situación de servicios especiales no le permite participar en el tribunal responsable de dictar las medidas cautelares, permanece De Diego porque en teoría se trata de la misma sala que juzgó la pieza de Época 1. Pero, en sustitución de De Prada, se ha integrado Rodríguez Duplá toda vez que Juan Pablo González está inhabilitado para rozar cualquier asunto vinculado a Gürtel.
Tras el paréntesis del segundo tribunal, que por la confluencia de De Prada y De Diego dio un vuelco a la mayoría –conservadora– que hace apenas tres años todos los observadores daban por segura, la correlación de fuerzas regresa al punto de origen: Gürtel vuelve a estar en manos del sector conservador. ¿Será esa misma tripleta –Duplá, Hurtado y De Diego– la que juzgue las piezas para las que inicialmente había sido nominado Juan Pablo González? Todavía no hay respuesta oficial a esa pregunta. Pero esa se perfila como una hipótesis probable, dado que en la Sección Segunda no hay más magistrados entre los que elegir.
Fuentes de la Audiencia aseguran que Rodríguez Duplá decidió ocupar la vacante de De Prada porque la normativa se lo permite dada su condición de presidenta de la Sección Segunda. Otras fuentes que conocen de primera mano el funcionamiento del tribunal aducen que Duplá dio ese paso porque quien, según las normas de reparto, quien había de sustituir a De Prada era precisamente Juan Pablo González. Y que dado que su recusación para todos los juicios de Gürtel hacían presumir que también aquí sería recusado, Duplá optó por incorporarse ella misma a la sala.
La recusación de González y el "criterio de Youtube"
Igualmente suscrito por Ángel Hurtado, también miembro del tribunal encargado de resolver sobre las medidas cautelares, el voto particular Rodríguez Duplá y otros cuatro jueces en el asunto de Juan Pablo González ridiculiza el acuerdo por el que la mayoría de la Sala de lo Penal de la Audiencia aceptó su recusación. Aplicando la pauta seguida respecto de Concepción Espejel y Enrique López, la Sala de lo Penal apartó a González recalcando que no se cuestiona su imparcialidad sino su apariencia de imparcialidad.
El voto particular que firman Duplá y Hurtado sostiene que esa afirmación no se justifica ni explica mínimamente. "No sabemos si obedece a un criterio de Youtube; de Facebook, de Twitter o es producido por un medio de comunicación", escriben sus autores. El entrecomillado ilustra de manera gráfica su posición, antagónica a la auspiciada no solo por las acusaciones populares sino por la propia Fiscalía Anticorrupción, cuya investigación sobre la trama ha terminado derivando en la sentencia que desde el jueves pasado mantiene en jaque al presidente del Gobierno.
Es en esta guerra abierta en el seno de la judicatura donde se inscribe el apartamiento de De Prada. Acordado gracias al voto de calidad del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, –el asunto generó un empate de cuatro a cuatro en la comisión permanente del CGPJ–, el interrogante radica en si su exclusión forma parte de lo que, en privado e incluso en ciertos documentos públicos, las acusaciones populares llevan meses definiendo como una maniobra sostenida para lograr un tribunal a la medida del PP.
"Un artificio" para apartar al progresista De Prada
Los portavoces oficiales del Poder Judicial aseguran que jamás ningún magistrado en situación de servicios especiales había solicitado que se le habilitase de nuevo para participar no ya en la redacción de sentencia de un juicio en el que hubiera tomado parte sino para resolver sobre las medidas cautelares y las eventuales solicitudes de aclaración que puedan formular las partes. Pero el hecho de que entre los cuatro vocales de la comisión permanente del CGPJ que apoyaron la continuidad de De Prada figura Fernando Grande-Marlaska, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia y adscrito a la mayoría conservadora, añade incertidumbre al porqué real de la exclusión dictada en última instancia por Lesmes.
Por la tarde, la asociación progresista Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que califica de "artificio" los argumentos de Lesmes. Es un artificio, como ha hecho el CGPJ, distinguir la firma de la sentencia de la decisión sobre las medidas cautelares respecto a los condenados y de resolución de los recursos de aclaración, rectificación y subsanación. "La decisión del CGPJ es cuestionable constitucionalmente y erosiona aún más la imagen de independencia e imparcialidad de los tribunales ante la sociedad en los casos de corrupción pública", dice el comunicado. Las otras asociaciones judiciales no han emitido pronunciamientos.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/30/la_guerra_por_presencia_jueces_afines_deja_futuro_mujer_barcenas_manos_del_cuarto_tribunal_serie_gurtel_83385_1012.htmlEL CGPJ IMPIDE QUE EL JUEZ DE PRADA ASISTA A LA VISTAS QUE DECIDIRÁN LOS INGRESOS EN PRISIÓN
La decisión se basa en un informe de los Órganos Técnicos del Consejo, en el que se recuerda que De Prada se halla en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial
El magistrado no se encuentra en servicio activo, "ni existe razón legal alguna para la persistencia en la función que solicita, y constituiría una composición arbitraria de aquel tribunal
La Comisión Permanente del CGPJ (CGPJ) acordó este lunes en sesión extraordinaria que no permitirá al juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, asistir como pedía a las vistas de prisión que se van a celebrar a lo largo de la jornada respecto de los 16 de los condenados en el caso, porque entiende que "no procede en Derecho", según informó Europa Press.
La decisión se basa en un informe de los Órganos Técnicos del Consejo, en el que se recuerda que De Prada se halla en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial desde el pasado 23 de abril y mientras desempeñe el cargo de magistrado del Mecanismo Residual ante los tribunales internacionales de Naciones Unidas, y que el pasado 26 de abril quedó habilitado por la Comisión Permanente para la deliberación, redacción y firma de la sentencia, en cuya vista había intervenido con anterioridad a pasar a dicha situación administrativa.
Esa habilitación, añade el escrito, "se sustentó en lo que ordena el artículo 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)", que establece que cuando un juez o magistrado sea trasladado o jubilado "deliberará, votará, redactará y firmará las sentencias, según proceda, en los pleitos a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubieren fallado".
"En definitiva, la habilitación del magistrado en la deliberación y fallo de asuntos en el tribunal en el que tiene su plaza reservada mientras se halle en servicios especiales no lo es para poder participar en cualquier de los asuntos del órgano judicial, ni en las distintas incidencias que surjan con respecto a alguna de las causas en las que previamente intervino, sino, exclusivamente, en las actuaciones para las que el ordenamiento jurídico preestablezca su intervención", señalan los órganos técnicos.
De acuerdo con el artículo 256 de la LOPJ, esas actuaciones son las relacionadas con la deliberación, votación, redacción y firma de la sentencia, "pero no contempla aquella ni ninguna otra ley una suerte de autorización "ancla" o ad hominem para mantener su función en un tribunal al que, como consecuencia de su situación administrativa distinta a la de servicio activo en la Carrera Judicial, de presente no pertenece, y para participar en la resolución de cuestiones deducidas con posterioridad a su cese".
"La habilitación para ser llamado a la vista que deba decidir sobre el cambio de la situación personal de los acusados en el proceso en el que quedó habilitado para deliberar y firmar la sentencia, como cualesquiera otros incidentes procesales que a continuación pudieran producirse, lo sería para intervenir en una actuación procesal para la que carece de jurisdicción", dice el informe.
En este sentido, concreta que el magistrado no se encuentra en servicio activo en la Carrera Judicial, "ni existe razón legal alguna para la persistencia en la función que solicita, y constituiría una composición arbitraria de aquel tribunal, constituido de manera especial y al caso", dice el informe, que añade que éste "podría incurrir en un supuesto de nulidad de pleno derecho".
En cuanto a la solicitud de ser habilitado para resolver las eventuales peticiones de aclaración o rectificación de la sentencia, los órganos técnicos subrayan que el objeto de estas es rectificar los errores en los que la sentencia ha incurrido "sin alterar el fondo de la misma" y que el artículo 267 de la LOPJ establece que habrán de ser resueltas "por el órgano jurisdiccional", sin alusión alguna al concreto titular de dicho órgano.
Además, la doctrina del Tribunal Constitucional que permite el recurso de aclaración lo hace respecto a aquellas cuestiones "que deriven necesariamente de la fundamentación jurídica de la sentencia", lo que concede a la aclaración un contenido muy limitado que permite que se practique por cualquiera que sea el titular del órgano jurisdiccional en el momento en que se solicite.
Por último, el informe señala que es doctrina del Consejo General del Poder Judicial, desde el acuerdo del Pleno de 17 de marzo de 1997, que la aclaración de sentencia "produce una vinculación objetiva que atiende al órgano jurisdiccional que dictó la sentencia cuya aclaración se solicita, y no subjetiva, esto es, a la misma persona que la dictó, razón por la que no es necesaria para esta operación la identidad de las personas que compusieron el tribunal".
Por todo ello, la Comisión Permanente acordó trasladar a José Ricardo de Prada que "no procede en Derecho la habilitación para integrar el tribunal que deba conocer de las pretensiones que, en su caso, se deduzcan en la pieza de situación personal de los acusados en el PA 5/2015 de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni para rectificar o aclarar la Sentencia dictada en aquella causa".
El acuerdo fue aprobado con el voto de calidad del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, después de que la votación haya arrojado un empate a cuatro. Votaron a favor, además de Lesmes, los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José María Macías; mientras que se pronunciaron en contra los vocales Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
La resolución contará con dos votos particulares: uno discrepante de Rafael Mozo y Concepción Sáenz y otro concurrente de Juan Martínez Moya y José María Macías.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/28/el_cgpj_impide_que_juez_prada_asista_vistas_que_decidiran_los_ingresos_prision_83311_1012.htmlJUECES PARA LA DEMOCRACIA DENUNCIA LA "INTROMISIÓN" DEL CGPJ AL EXCLUIR AL JUEZ PROGRESISTA DEL CASO GÜRTEL
El CGPJ decidió este este lunes que el juez progresista del tribunal de la Gürtel, José Ricardo de Prada, no participase en la vistilla de medidas cautelares
"La decisión del CGPJ es cuestionable constitucionalmente y erosiona aún más la imagen de independencia e imparcialidad de los tribunales", han emplazado
eldiario.es
La asociación de Jueces y Juezas para la Democracia ha denunciado este martes la decisión por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de excluir al magistrado José Ricardo de Prada en la vistilla de medidas cautelares donde se decretó prisión para Luis Bárcenas, el exconcejal Alberto López Viejo y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Su lugar lo ocupó la presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, María José Rodríguez Duplá.
Según han criticado desde la asociación, la decisión del CGPJ supone "una grave intromisión en la independencia judicial", ya que altera la composición de un órgano judicial ya predeterminado por la legislación.
"La decisión del CGPJ es cuestionable constitucionalmente y erosiona aún más la imagen de independencia e imparcialidad de los tribunales", han emplazado, haciendo hincapié en el hecho de que el caso Gürtel trata sobre la corrupción pública. De esta forma, alegan que ha sido el propio CGPJ el que "ha deteriorado su legitimidad" al alimentar las sospechas de lo que han denominado como " parcialidad partidista".
Ha sido precisamente en la vistilla de medidas cautelares donde el tribunal del caso Gürtel decició este lunes enviar a prisión a Luis Bárcenas, el exconcejal Alberto López Viejo y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Los jueces argumentaron el riesgo de fuga derivado de las altas penas a las que han sido condenados y porque tuvieron una estructura financieras en el extranjero.
Según recogió la nota de prensa del CGPJ, la decisión de los magistrados de impedir la participación de De Prada se basa en un informe de los servicios técnicos en el que se considera que la situación de servicios especiales del magistrado progresista -que en la actualidad se encuentra en el tribunal de La Haya-, solo le permitía participar en las deliberaciones sobre la sentencia y en la redacción del fallo, pero no en la vistilla de medidas cautelares.
Desde Jueces y Juezas para la Democracia han argumentado que, a pesar de la situación administrativa excepcional en la que se encuentra De Prada, el magistrado ya había sido anteriomente habilitado por el CGPJ para la "deliberación, redacción y firma de la sentencia hasta el próximo día 31 de mayo". Por otro lado, han señalado que la garantía constitucional del juez legal no se circunscribe solo al órgano jurisdiccional, (...) sino que alcanza a la determinación de quienes integraron el tribunal que ha enjuiciado y decidido el asunto", han concluido.
Para la asociación que "el órgano encargado de velar por la independencia de jueces y magistrados" haya apartado al juez De Prada de un caso que aborda un "tema tan sensible" como el primer juicio que ha celebrado la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel, no es más que un "artificio".
https://www.eldiario.es/politica/Jueces-Democracia-intromision-CGJP-Prada_0_776573245.html
LUIS BÁRCENAS: "LLAMÉ DELINCUENTE A ESPERANZA AGUIRRE PORQUE INTUÍA LO QUE IBA A PASAR"
EXCLUSIVA (II)
Luis Bárcenas, antes de volver a prisión: "Es una sentencia política"
El ex tesorero del PP denuncia en la segunda parte de la larga entrevista en exclusiva concedida a EL MUNDO la existencia de una operación policial diseñada para sustraerle papeles comprometedores para el partido de su domicilio en la que participó un falso cura que secuestró a su familia y que buscaba "robarle y amedrentarle"
La fortuna oculta en Suiza
¿De dónde procede realmente su dinero en Suiza? ¿De la "intermediación en adjudicaciones públicas" y de la apropiación de fondos de la 'caja B' del partido como ha sostenido la Fiscalía?
Como se ha evidenciado con la prueba practicada en el juicio oral no procede de ninguno de esos conceptos.Yo he relacionado durante el juicio las múltiples actividades de intermediación de carácter comercial que he realizado a lo largo de los últimos treinta años, algunas de las cuales he podido documentar y que justifican plenamente la procedencia de mis fondos en Suiza.
¿A cuánto ha llegado a ascender su fortuna no declarada en el país helvético? Los investigadores llegaron a sospechar que usted ocultaba hasta 50 millones más en EEUU o Canadá. ¿Ha salido ya todo el dinero?
Puntualizar que sólo he tenido fondos en Suiza y en ningún otro sitio.Todo lo demás como se ha demostrado a lo largo del juicio es una ficción creada intencionadamente por algunos compañeros suyos de profesión que practican un periodismo al servicio de la calumnia y la difamación, pues como usted sabe, ningún informe de la UDEF menciona otro país donde yo tenga o haya tenido fondos. En todo caso mi cartera siempre fue estable en cuanto a los valores que la componían, dándose la circunstancia de que como consecuencia de la revalorización de las bolsas en todo el mundo, esa cartera llegó a tener un valor de 48 millones de euros a diciembre de 2007 y, sin embargo, pasó a valer 28 millones a 31 de diciembre del año 2008 con la caída de las bolsas. Por otra parte esas cuentas recibieron exclusivamente en el periodo 1999 a 2008 unos 8 millones de euros como resultado de los ingresos por mi actividad económica fuera de España.
Si la procedencia del dinero es, como ha sostenido usted, de inversiones en Bolsa o de negocios que van desde la comercialización de gafas de sol, de sillas de diseño o de líquidos para estabilizar suelos arcillosos, ¿por qué no ha podido documentar la procedencia del dinero en su totalidad en sede judicial?
Como le he dicho anteriormente son operaciones que yo empiezo a realizar en el año 1985 y algunas de ellas, las más recientes en el tiempo, sí han sido documentadas.
Si el origen de los fondos era lícito, ¿por qué decidió ocultar el dinero en Suiza a las autoridades españolas y utilizó sociedades panameñas que impedían identificarle?
Yo he tenido los fondos siempre a mi nombre en Suiza desde el año 1988 y hasta el año 2005. Sólo a partir de ese año y, entre otros motivos, por ordenar mi herencia y para dar entrada a unos inversores extranjeros para los que gestioné sus inversiones y como condición impuesta por éstos, el banco suizo me aconsejó unificar las inversiones extranjeras y mi cartera personal en una fundación que fue liquidada en el mes de octubre del año 2009, momento en el que los inversores decidieron recuperar sus fondos. Yo no elegí Panamá como domicilio de la fundación, ya que esta fundación fue constituida para mí por el banco suizo. Independientemente de cuál fuese el domicilio de la fundación, el dinero desde el año 1988 siempre estuvo en Suiza y siempre invertido en valores.
Usted siempre ha sostenido que la utilización de la información de su dinero en Suiza ha sido irregular ya que, 'a priori', el país helvético no puede proporcionar esa información si los hechos investigados se refieren exclusivamente a un delito fiscal. ¿Ha actuado de manera ilegal la Justicia española al utilizar esta información?
No lo sostengo yo, han sido las autoridades suizas las que permanentemente han venido advirtiendo a las españolas de que la información que facilitaban no se podía emplear para perseguir delitos fiscales en España. La justicia española todavía no se ha pronunciado definitivamente.Tendrá que ser el Tribunal Supremo cuando estudie nuestro recurso de casación el que tenga que dictaminar la actuación correcta o no de las autoridades españolas que han intervenido a lo largo de este procedimiento que ha durado casi diez años. La Fiscalía ha intentado por todos los medios eludir el principio de especialidad que le impide utilizar la documentación bancaria suiza a los delitos fiscales que me atribuye. Pero incluso las comunicaciones recibidas de Suiza, que la Fiscalía ha aportado ya celebrándose el juicio, resaltan insistentemente que España debe respetar el principio de especialidad. Mi defensa ha insistido y demostrado en juicio que la Fiscalía y el juez instructor dieron información incorrecta a las autoridades suizas para que autorizaran la utilización de los datos de mis cuentas. En concreto, consta documentado en la causa que el Juzgado Central de Instrucción 5 dictó providencia de 30 de julio de 2015 en la que acordó informar a Suiza (cuándo ésta le estaba preguntando si se había utilizado la información bancaria de la Fundación Sinequanon la imputación o persecución de delitos fiscales) que no se había utilizado esta información en ningún informe. Pues bien, a esa fecha había ya numerosos informes de la UDEF y la AEAT, auto de transformación, escritos de acusación y auto de apertura de juicio oral.
¿El dinero en Suiza es suyo o cuenta con más propietarios entre las filas del PP?
Pues una vez más tengo que referirme a los comentarios malintencionados de algunos profesionales de medios de comunicación que pretendían adjudicar la titularidad de mis cuentas en Suiza o bien al PP o a determinadas personas de dicho partido,con el único fin de escandalizar falseando la realidad. Algunos creo que lo llaman periodismo de cloaca. Las cuentas son exclusivamente mías y una vez más ni la instrucción judicial ni el propio juicio han demostrado lo contrario. Hay más de un millón de folios en la causa, se ha celebrado un juicio de más de un año y no hay una sola referencia a la participación del PP o personas del PP en mis cuentas en Suiza. Ni en la causa ni en los escritos de acusación ni en ninguna parte.
Usted comunicó a la dirección del partido en diciembre de 2012 que tenía esos fondos ocultos cuando supo que Suiza iba a remitir la documentación. ¿A quién le avanzó la noticia y cuál fue exactamente la respuesta de la cúpula?
Yo no comuniqué nada a la dirección del partido. Lo puse en conocimiento, eso sí, de algunos compañeros de partido a los que me unía una relación de mucha confianza y exclusivamente por compartir mi preocupación ,precisamente por no querer perjudicar al partido con un tema que era exclusivamente personal y que sólo a mí me afectaba, sobre todo porque en octubre del 2012 regularicé pagando aproximadamente 1,5 millones de euros mi situación fiscal, acogiéndome como otros cientos de personas a la regularización voluntaria que se puso en marcha por Hacienda en aquellas fechas. Nunca hablé de este tema con cúpula alguna.
La compraventa de arte y las inversiones en Bolsa
Usted siempre ha apuntado a la compraventa de obras de arte, concretamente de pintura del Siglo de Oro, como una parte del origen de su fortuna. La Fiscalía siempre ha sostenido que esas operaciones eran una coartada para blanquear fondos. ¿Existieron esas operaciones y cuáles fueron las más importantes?
Se insiste por la Fiscalía que yo no he intervenido en operaciones de compraventa de arte. Pero en el juicio quedó acreditado que yo pedí un préstamo para invertir en una operación que la Fiscalía se empeña en negar y que desde el vendedor del cuadro hasta la hija de Rosendo Naseiro han reconocido que fue real. Le recuerdo que la colección Naseiro está expuesta en el Prado y está valorada en millones de euros. Y mientras este señor en juicio dijo que yo no había realizado operaciones con él, no sólo su hija, sino documentos remitidos desde Suiza, incluso una vez concluido el juicio, demuestran que por una de esas operaciones yo percibí 500.000 euros desde la cuenta en Suiza del señor Naseiro que curiosamente acababa de percibir el doble de dicha cantidad por una operación de venta de cuadros de Van der Hammen. Pero es que además aportamos contratos y recibos firmados por el señor Naseiro. La Fiscalía dijo al concluir el juicio que no había intervenido en operaciones con Naseiro porque éste lo negó. Curiosamente también negó, o dijo no recordar, que tuviera cuentas en Suiza por las que pasaron millones de euros.
En estas transacciones aparece la figura de su mujer, a la que se ha señalado como cooperadora de sus supuestos delitos. Usted, por su parte, ha explicado que fue ella quien le introdujo en este sector en torno al año 2002 por predilección por la pintura. ¿Cuál fue exactamente el rol desempeñado por su esposa en todas las operaciones investigadas?
A mi esposa le atribuyen haber participado en mis delitos fiscales. Pero está acreditado pericialmente en juicio que mi mujer no firmó ninguna de las declaraciones de hacienda presentadas y en consecuencia que ningún conocimiento podía tener de cómo se declaraba. Pero además existe la clara contradicción, que demuestra lo injusto de su condena, de que la Fiscalía para pedir mi imputación en el delito fiscal del 2006 de mi mujer el único argumento que utiliza es que procede mi imputación porque como yo mismo declaré "todos los temas económicos de la familia los llevaba el Sr. Bárcenas".
Usted llegó a ganar mucho dinero invirtiendo en Bolsa y ha esgrimido que ahí se encuentra otra de las justificaciones de su fortuna. Con la venta de acciones de Endesa, por ejemplo, ganó seis millones de euros. ¿Fue pericia o dispuso de información privilegiada en esta y otras transacciones?
Pues yo diría que ni una cosa ni la otra. Mi criterio de inversión era ir haciendo cartera a largo plazo, desinvirtiendo tan sólo por compromisos ineludibles, como cuando los inversores extranjeros para los que, como he comentado, gestioné inversiones me pidieron el retorno de su inversión o cuando en función del coste medio de compra de un determinado valor en relación con la cotización en un momento puntual me parecía que era el momento de generar la plusvalía mediante su venta. Una operación similar la realice también en aquellas fechas con Unión Fenosa, con el resultado de un millón de euros de plusvalías. Lo que me resulta llamativo es que se confunda tanto a la opinión pública. Porque si algo acredita toda la información remitida por Suiza es que yo no ingresé más de 8 millones de euros. ¿Por qué se habla de los 40 millones de Bárcenas? Pues porque en un momento dado el Instructor de la causa (entonces el Sr. Ruz), cogió el valor de mi cartera ,48 millones de euros, en el momento mas alto de las cotizaciones. Pero le insisto, es una valoración de activos que se hace además antes de que estalle la crisis bursátil. Con la crisis, en un año mi cartera perdió cerca de 20 millones de euros. Por supuesto, este dato lo tenía el Juzgado Central de Instrucción, pero llamaba mucho más la atención la cuota máxima de valoración de los activos que la mínima. Y por si fuese poco la sentencia confirma que yo desde finales del año 2003 dejé de tener relación con el Sr. Correa. Es decir, que por lo menos desde esa fecha es imposible que el dinero que se me transfiere a mi cuenta en Suiza proceda de ese señor.
Los pagos a 'Luis El Cabrón'
¿Cómo llegaron los cabecillas de 'trama Gürtel' a Génova y en qué consistió exactamente su relación con ellos?
Llegan de una forma bastante usual. Remiten a la Presidencia del partido una presentación de su empresa, y ésta a su vez la hace llegar a la Tesorería, desde donde pasado un tiempo se les empieza a contratar exclusivamente como agencia de viajes en concurrencia con otra agencia que ya venía trabajando para el partido. En cuanto a mi relación, fue la normal entre el gerente de una empresa y un proveedor, salvo con Pablo Crespo con el que tuve una relación más estrecha por habernos conocido siendo él secretario de Organización del PP de Galicia. Y como le he dicho anteriormente yo desde el 2003 no tengo relación con el Sr. Correa y en junio del 2004 se le excluye de toda posibilidad de contratar con el partido.
Correa ha llegado a admitir que cobraba 'mordidas' a cambio de intermediar en contratos públicos y que le entregaba a usted una parte. Llegó incluso a reproducir una conversación en la que supuestamente usted le dijo: "Tú tienes contacto con empresarios y yo con políticos, vamos a intentar hacer gestiones para favorecer a empresarios que luego van a colaborar con el partido". ¿Eso es cierto?
Eso es rigurosamente falso , como sabe todo el que ha tenido conocimiento de la estructura del PP, el gerente era un cargo administrativo de carácter interno que no se relacionaba con empresarios ni con políticos. Sencillamente no era su función. Y de ser de alguien sería del tesorero. Por cierto, yo fui tesorero tan sólo durante un año, desde junio de 2008 hasta julio de 2009, pero ustedes se empeñan en hablar de mí como si hubiera sido toda la vida el tesorero del partido. Desde mi punto de vista la contextualización que pretende hacer la sentencia, sin concreción alguna, sobre mi papel como gerente del partido es una barbaridad. Mi poder de decisión, interlocución o influencia era nulo. Y de hecho no he sido condenado por ninguno de los delitos que tipifican la corrupción política.
Lo subrayo por ninguno. Es cierto que Correa dijo en el juicio que cobraba mordidas de empresas importantes y que me las llevaba a Génova. Pero cuando mi defensa pidió que tomaran declaración a los responsables de estas empresas para contrastar o contradecir lo que dijo Correa, el Ministerio Fiscal se opuso a esta prueba y la Sala la rechazó argumentando que este señor sólo había dicho vaguedades sin consistencia ni aval probatorio alguno. Lo más llamativo es que estas declaraciones inconsistentes y vagas, según la Sala que me ha juzgado, dieron lugar a la reapertura de la instrucción de la pieza de los papeles (que le recuerdo que está pendiente de juicio, lo cual es un disparate procesal). Y en dicha pieza el Sr. Correa no ratificó lo que dijo en el juicio. Es decir que no corrobora lo que había dicho anteriormente cuando se le da específicamente la oportunidad de hacerlo. Si hay algo que quedó claro a lo largo del juicio, es la animadversión personal del Sr. Correa hacia mí, por haber sido yo la persona que cumpliendo las instrucciones recibidas comuniqué a las estructuras del partido la prohibición de trabajar con las empresas de este señor.
¿Es verdad que Correa, como presumía en una de las grabaciones que dieron origen a la causa, le llevó a usted 'mil millones de pesetas' a Génova?
Por supuesto que no. Pero es que además ha cambiado su versión repetidamente, incluso en el juicio dio una versión en la sesión de la mañana y la cambió en la sesión de la tarde. Habló incluso de que no sabe si fueron 1.000 millones o 500 millones, algo sorprendente en una persona que se ha jactado permanentemente de su prodigiosa memoria. Y cuando digo que no, es no a cualquiera de sus versiones, ni para el PP ni para nadie. No ha aportado un solo dato concreto, fechas, interlocutores, relación de adjudicaciones y así sucesivamente.
¿Aceptó usted viajes de regalo de la 'trama Gürtel'?
En absoluto. Siempre he abonado mis viajes con todas las agencias con las que he trabajado como acreditan los múltiples recibos que he aportado a la causa.
¿Conocía la cúpula del PP que Correa y sus subordinados regaban con regalos y dinero en efectivo a los altos cargos del PP?
Es evidente que no.
¿Al final no era usted 'Luis el cabrón'?
Efectivamente, pero durante casi 10 años la fiscal del caso, y hasta el último momento en sus conclusiones, no quiso dar su brazo a torcer. Bueno, pues ahora espero que lo tenga claro. Si hay algo que quedó absolutamente acreditado para cualquier observador imparcial, y además es algo que conocen ustedes en los medios de comunicación desde hace muchos años, es que dicho apelativo como explicó Álvaro Pérez en el juicio, se refiere a un empresario que le había prestado una cantidad de dinero y al que en junio del año 2007 se la devuelve. Pero es que además, la Fiscalía, que no se cree la declaración del Sr. Pérez ,cita a juicio al empresario en cuestión que ratifica con contundencia lo declarado por el Sr. Pérez.
Efectivamente, Francisco Correa o 'El Bigotes' negaron que se refirieran a usted al anotar ese pseudónimo junto a un pago de 72.000 euros y han dicho que aludían al empresario Luis Delso. Sin embargo, la Policía y la Fiscalía siguieron manteniendo que bajo esa denominación estaba usted. ¿A qué cree que se debe ese empeño?
Se debe a que el único delito relacionado con la corrupción política que se me imputaba era el relacionado con esta anotación, y si reconocían la verdad, no podían mantener la imputación contra mí por cohecho y claro tener relación con una trama y no ser condenado por lo menos por un cohecho desmontaba sus argumentos. Sí quiero aclarar que es cierto que las acusaciones populares me acusaron de varios delitos de corrupción continuada, pero en las conclusiones finales retiraron dicha acusación contra mí por dichos delitos. Insisto, no he sido condenado por ningún delito de corrupción política.
¿Es usted "L" y "L.B.", es decir, quien supuestamente recibió de la 'trama Gürtel' comisiones ilegales por importe de 459.565 euros en 2002 y 515.350 euros en 2003?
No he recibido absolutamente nada,ni para mí ni para nadie. Pero es que además hay otras personas relacionadas con la causa cuyos nombres se corresponden con las mismas siglas y, sin embargo, no ha sido investigada su posible relación con la percepción de esas cantidades.
Correa ha llegado a presumir de que la relación con usted era tan estrecha que los sobres con dinero negro para altos cargos del partido los preparaba usted en su presencia en alguna ocasión. ¿Dice la verdad?
Mi relación con este señor fue la que ya he señalado anteriormente. Y se ha evidenciado en el juicio su nula relación personal conmigo.
La actuación policial y de la Fiscalía
Usted coincidió el 17 de junio de 2009 en el restaurante madrileño Rianxo con el entonces jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, Juan Antonio González; el ex jefe de la UDEF, José Luis Olivera, y con el comisario José Manuel Villarejo, en ese momento al frente de las denominadas operaciones de Inteligencia de la Policía. Al cruzarse con ellos mantuvo una tensa conversación. ¿Qué se dijeron exactamente?
Bueno la realidad es que no me crucé con ellos, me acerqué a su mesa en los postres a tomar café y puse de manifiesto el hecho de sentirme perseguido por la UDEF. Les dije que yo no era ni L.,ni L.B. como venían afirmando, y que yo estaba absolutamente convencido de que las anotaciones J.A.G. en la agenda personal y manuscrita del Sr. Roca en la operación Malaya no se correspondían tampoco con las siglas de José Antonio González, policía.
¿Es cierto que se refirió en aquel diálogo a ellos como 'la Policía política de Rubalcaba'?
¿Influyó ese percance en la investigación?
Pues sí quiero recordar que alguna afirmación de ese tipo debí hacer y, según he conocido con posterioridad y con fuente en uno de los comensales, se dio la instrucción de dedicarme un trato digamos especial, eso que llaman investigación prospectiva.
¿Le consta que en el 'caso Gürtel' tanto la Policía como la Fiscalía han seguido instrucciones políticas? ¿Qué sabe del origen del 'caso Gürtel' bajo el impulso del juez Baltasar Garzón que no se haya conocido hasta la fecha?
Lo que me constan son hechos que fueron conocidos a través de los medios de comunicación. Que, con los señores Correa y Crespo en prisión y un fin de semana por medio ,el Sr. Garzón se fue de cacería con el ministro de Justicia, Sr. Bermejo, y con el comisario jefe de la UDEF, Juan Antonio González. Y, además de ser cierto lo que se publicó sobre la comida de la que disfrutaron juntos durante la cacería, habrían brindado por muchos años del PP en la oposición. Repase los comensales y saque usted las conclusiones. Pero si damos crédito a lo que se está publicando estos días, es evidente que el objetivo que se habrían marcado están a punto de conseguirlo. Ha habido sin duda una estrategia clara en ese sentido. Creo además que se ha publicado que en función de la sentencia el Sr.Garzón se plantea pedir su reincorporación a la carrera judicial . ¿Es así?
Eso parece
Pues que quiere que le diga. Verde y con asas Por cierto, quiero recordarle que el juez De Prada fue recusado antes del inicio del juicio por la mayor parte de los acusados y por mí expresamente en la pieza separada de los papeles
Usted llegó a solicitar al Gobierno ayuda para que la UDEF variara sus informes y aclarara que no era 'Luis El Cabrón'. ¿Quiénes fueron sus interlocutores en esas conversaciones y por qué no fructificaron? ¿El presidente del Gobierno conocía estas gestiones?
Yo no solicité ayuda al Gobierno y, en consecuencia, el presidente del Gobierno no podía conocer estas gestiones. Lo que intenté por todos los medios fue que la UDEF analizase todas las posibilidades en la investigación, ya que hasta en los medios se publicaba que Luis El Cabrón era otra persona.
En el mes de julio de 2012 su entonces abogado se llegó a reunir en la madrileña cafetería Milford con la Policía para abordar la posibilidad de modificar el informe de 'Luis El Cabrón'.
¿En qué consistió exactamente ese encuentro?
Quiero recordar que la reunión fue con el comisario Oliveras y el comisario Méndez de forma particular, y exclusivamente para aclarar el porqué era imposible que yo fuera la persona que en base a iniciales y un apelativo pretendía tener identificada la UDEF. No se pretendía modificar nada sino que agotasen las líneas de investigación, en un tema en el que ya en el año 2009 el Sr. Oneto había publicado un artículo indicando que dicha persona era el empresario que ahora lo ha confirmado en juicio. La sentencia me ha acabado dando la razón.
Su chófer personal fue captado como confidente por la Policía y luego se le recompensó con su ingreso en el Cuerpo y la policía llegó a disponer de manuscritos de su mujer que nunca se entregaron al juez. ¿Qué sabe de las maniobras policiales en su entorno durante la investigación?
Sí, eso parece que es cierto. Desde luego, yo he llegado a ver notas manuscritas de mi mujer que no deberían estar en poder de quien me las enseñó, si bien no tenían trascendencia alguna. Por otra parte se publicó que dicha persona ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía con 40 años, edad poco habitual.
Ha comentado en alguna ocasión que está convencido de que el falso cura que irrumpió violentamente en su domicilio formaba parte de la estrategia policial contra usted. ¿Por qué está tan seguro?
Hay muchas circunstancias que me llevan a pensar que el asalto a mi casa y el secuestro durante unas horas de mi familia no fueron la obra de un loco, sino una operación diseñada con el objetivo de llevarse documentación de mi casa y amedrentarme. ¿Por quién y con qué objetivo? No lo sé.
La relación con el PP de Madrid
Usted mantuvo una estrecha relación de amistad con el ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y en su domicilio se encontró abundante documentación de gastos por valor de 532.000 euros en dinero negro. ¿Qué hacía esa carpeta en casa de Gutiérrez?
No, la relación era de mi mujer con la de Beltrán Gutiérrez y en todo caso la mayor parte de los documentos no son pagos sino presupuestos de proyectos de decoración.
Sorprendentemente, la Fiscalía y Hacienda utilizaron esa documentación para agravar sus delitos fiscales en pleno juicio sin haber sido interrogado usted por esos hechos...
Bueno, esto encaja en lo que antes comentaba de la causa general. Contra Luis Bárcenas vale todo. Fíjese que ni siquiera se me preguntó en juicio por la documentación que se incorporó al procedimiento de forma extemporánea a tres meses de la conclusión del juicio... Eso sí, para la fiscal, la aportación de esa documentación no es extemporánea, pero la petición de la mayor parte de los acusados recusando una semana antes del inicio del juicio al juez De Prada sí es extemporánea. Las dos varas. Así se escribe la Historia.
La ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre arremetió duramente contra usted en una ocasión exigiéndole en una entrevista en televisión que acreditara sus "cuarenta y tantos millones en Suiza". Usted replicó llamándola "presunta delincuente" y le instó, a su vez, a que explicara "algunas cosas que se hicieron" en el partido en Madrid. ¿A qué se refería exactamente?
No fue exactamente así. Ella se refirió a mí como un delincuente y yo le respondí que la única delincuente era ella y que si quería podíamos hablar de la regional de Madrid. Lo grabó alguna cadena de TV y más o menos es literal. Desde entonces se olvidó de mí y, en todo caso, lo que quise decir es que intuía lo que ahora estamos conociendo.
La financiación del partido en Madrid funcionaba 'a priori' como un compartimento estanco, pero ¿tenían Lapuerta y usted conocimiento de la procedencia de los fondos de que disponían?
No sé lo que conocía el tesorero, yo, desde luego, no.
El ex presidente madrileño Ignacio González ha revelado a la Audiencia Nacional que Lapuerta llamaba a consejeros de la Comunidad para pedir adjudicaciones a favor de grandes donantes del partido. ¿Le consta que eso fuera así?
Lo desconozco. No sé lo que hacía Álvaro Lapuerta. Pero sí le puedo decir que en su declaración ante el Juzgado Central 5, el Sr. González reconoció que no había tenido ninguna relación conmigo y que de haber sabido que el Sr. Lapuerta intermediaba en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid le habría denunciado, pues entre ellos había una manifiesta enemistad. Se dijeron muchas cosas de la declaración judicial del Sr. González pero ésta es la realidad de lo que dijo.
También ha contado González que Lapuerta, presumiendo de su condición de comisario honorario, investigó su patrimonio. De hecho fue el propio ex tesorero quien puso en circulación en Génova la supuesta cuenta suiza de González que ahora está siendo investigada en el 'caso Lezo'. ¿Conocía usted este episodio?
Yo lo que le puedo decir es que no he tenido ninguna relación con el Sr. Gonzalez. No sé lo que pudo hacer Álvaro Lapuerta. Yo nunca he participado en ninguna reunión para hablar del Sr. González.
¿Qué sabe usted del 'tamayazo'? ¿Le pidieron dinero en algún momento para comprar a Tamayo y Sáez desde el PP de Madrid?
De pedírselo a alguien se lo habrían pedido al tesorero. A mí no me consta.
¿Tuvo conocimiento de que Lapuerta intentó comprar el testimonio de María Teresa Sáez, protagonista del denominado 'tamayazo' para que dinamitara el PP de Aguirre y concretamente a González?
No creo que Álvaro quisiese dinamitar lo que usted llama el PP de Aguirre y en ese episodio no creo que tuviese ninguna intervención el Sr. González. Por otra parte, la relación de Lapuerta y Aguirre era fluida y buena.
http://www.elmundo.es/espana/2018/05/30/5b0d94ccca474136378b456e.html
LUIS BÁRCENAS, ANTES DE VOLVER A PRISIÓN: "ES UNA SENTENCIA POLÍTICA"
El ex tesorero del PP rompe su silencio en exclusiva en EL MUNDO con una larga entrevista concedida horas antes de su ingreso en prisión. Bárcenas aborda en la primera parte que se publica este martes la sentencia del 'caso Gürtel' pero también los 'sms' con el presidente del Gobierno, que analiza en detalle la primera vez
Tengo que empezar con una pregunta obligada. ¿Cómo valora usted la sentencia?
Desde mi punto de vista es una sentencia política, en la que la valoración de las pruebas practicadas en el juicio no se han tenido en cuenta. Tengo la sensación de haber asistido a un juicio distinto al plasmado en la sentencia.
Por otra parte, en la sentencia hay claros desequilibrios entre condenados por un mismo delito y las penas asignadas para cada uno de ellos.
Por supuesto vamos a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo porque habiendo sido condenados exclusivamente por delitos económicos existe suficiente jurisprudencia de casación de condenas por delitos similares a banqueros, futbolistas y empresarios con penas muy inferiores a las que se nos han impuesto.
Como ejemplo de que tengo la sensación de haber estado en un juicio distinto, le voy a hacer mención tan solo a un hecho en concreto: la supuesta apropiación indebida de 149.600 euros por la venta de acciones de Libertad Digital.
Sobre este asunto figura en la causa un informe de la UDEF, que me favorece, en el que expresamente se dice que no hay apropiación indebida, que sólo hay un cambio en el titular de las acciones sin que medie contraprestación económica alguna.
No es un problema de valoración de la prueba, es sencillamente que no se tiene en cuenta, como si no existiera dicho informe.
El supuesto pacto con el PP
Hace ya mucho tiempo que usted tiene un perfil muy bajo en sus declaraciones judiciales contra el PP. ¿Ha alcanzado usted un pacto de no agresión con el partido?
¿De verdad una vez conocida la sentencia usted lo cree? Para pactar es necesario que se sienten las dos partes y ni yo ni nadie en representación mía se ha sentado para pactar. Pero además, de un pacto hay que intentar obtener algo. Si usted me dice lo que he obtenido. No haga caso de las invenciones de algunos compañeros suyos capaces de cualquier cosa por hacer un titular.
¿En algún momento ha recibido una oferta por parte de algún intermediario que actuaba en nombre del PP en este sentido?
Desde el año 2013 no he hablado con nadie del PP.
Si no hay ningún pacto con el PP, ¿por qué retiró su acusación en el caso de la destrucción de sus discos duros? ¿Mantiene que esos dispositivos contenían ejercicios desconocidos hasta la fecha de la 'caja B' del PP?
Fundamentalmente porque tenía que centrarme en la estrategia de defensa junto con mis abogados para el juicio que estaba a punto de comenzar y del que ya tenemos sentencia, un juicio de más de un año que ha supuesto un enorme desgaste.
¿Cuál fue exactamente el acuerdo que alcanzó con el PP para seguir cobrando 21.000 euros al mes, despacho, chófer y secretaria, a pesar de haber dejado su puesto tras el escándalo y quiénes fueron sus interlocutores? ¿Compró el partido con la 'indemnización en diferido' su silencio?
Yo quedaba a disposición del partido con poca o nula visualización de cara al exterior hasta que se resolviese el tema judicial y decidiésemos de mutuo acuerdo qué función desempeñaría. Ése era el sentido de la carta que le envié al presidente. De no ser así habríamos resuelto el contrato laboral en su momento y yo habría recibido la indemnización que me correspondía, como sucedió sin ir más lejos con Cristóbal Páez.
¿Llegó a destruir documentación comprometida para la cúpula del PP que ahora le hubiera gustado tener a su disposición?
No la había.
Cuando esa negociación con el partido estaba en marcha y el PP le defendía, usted negó públicamente la autoría de 'los papeles'. Cuando el apoyo se quebró, admitió que era su letra. Después de haber mentido en ese asunto, ¿por qué considera que su palabra debe ser creíble en el resto de asuntos?
Yo aunque no se lo crea he sido con relación a lo que me plantea muy disciplinado y siempre he seguido el consejo de mis abogados.
Los sms con Rajoy y el enfrentamiento con Cospedal
¿Qué quiso decir Mariano Rajoy cuando le escribió por 'sms' las ya célebres frases de 'Luis, sé fuerte. Hacemos lo que podemos'? ¿Qué estaba haciendo exactamente por usted?
Yo creo que trasladarme un mensaje de ánimo por los ataques que estaba recibiendo desde que se conoció que yo tenía cuenta en Suiza. El hacemos lo que podemos hay que entenderlo en clave interior, dado que algunos compañeros de partido, desoyendo su opinión, echaban con este tema más leña al fuego.
¿Qué nivel de detalle tuvo Rajoy de la financiación ilegal del partido? Usted llegó a decir en una ocasión que "cómo no la iba a conocer si Lapuerta le entregaba en mano los sobres que usted previamente preparaba.
Me va a disculpar pero con relación a la pieza separada UDEF-BLA que ustedes conocen como la de los papeles, no voy a contestarle a ninguna pregunta. Como sabe el pasado mes de julio comparecí ante la Comisión del Congreso de los Diputados y ya argumenté que por esta dicha causa pendiente de juicio no iba a contestar a ninguna pregunta. Por tanto mantengo lo dicho
Aseguró que le llegó a entregar 40.000 euros en mano a Rajoy en total. ¿Mantiene esa afirmación?
Lo que tenga que mantener o matizar lo veremos en el juicio de la pieza mencionada a su anterior pregunta.
El entorno de Cospedal siempre ha contado que el origen del enfrentamiento con usted surge de que le prohibió entrar en su despacho en Génova y se agravó al intentar acabar con la doble contabilidad en el partido. ¿Fue la actual ministra de Defensa la que puso punto y final a la 'caja B'?
Si lo ha contado su entorno, pues será así. Pero por puntualizar no creo que si el PP desde el principio ha negado la existencia de esa contabilidad extracontable, la Sra. Cospedal haya podido decir que ella acabó con una contabilidad que no existía.
Usted reveló que le hizo entregas de dinero negro en mano a la propia Cospedal, en Génova y en el Senado. ¿Lo mantiene?
Le remito a la otra pieza.¿Cómo fue exactamente la comisión de Toledo por el contrato de basuras en la que llegó a aflorar un recibí del dinero? ¿También mantiene que aquella operación, en la que medió un pago de 200.000 euros, fue un soborno?
Le remito de nuevo a la pieza UDEF-BLA.
Durante un tiempo su interlocutor con el partido fue Javier Arenas. ¿Qué ocurrió para que se rompiera la estrecha relación que mantenía con él?
Interlocutor como tal no hubo ninguno, yo tenía acceso directo y no lo necesitaba. Otra cosa es que por mi relación personal con él, le pudiese pedir opinión en alguna ocasión. La relación no es que se rompa es que desde junio de 2013 deja de existir.
El material que queda por salir
Su entorno ha llegado a asegurar que usted tiene todavía varias cajas con material sensible sobre la financiación del PP que mantiene a buen recaudo. Incluso ha llegado a asegurar que dispone de grabaciones con la cúpula del partido. ¿Es cierto?
Pregúntele a mi entorno.
¿Tiene usted grabada, por ejemplo, la conversación con Mariano Rajoy pactando la célebre 'indemnización en diferido'?
No.
¿Existe realmente un vídeo suyo con un largo testimonio que ha dado la orden de que aflore si le pasara algo o es una leyenda? ¿Qué más puede decir en ese vídeo que no haya dicho ya?
Eso guarda relación con un tema muy concreto de amenazas recibidas y que no tiene relación con el objeto de su entrevista.
¿A día de hoy el PP se financia irregularmente? ¿Y el resto de formaciones políticas que le han acusado a usted de delinquir, pueden presumir de tener sus cuentas limpias?
Lo desconozco, pregúntele a la tesorera del PP, pero no lo creo. Y en cuanto al resto de formaciones, ustedes están informando actualmente sobre el PSOE de Valencia y otra formación de dicha comunidad. A esa información me remito.
¿Qué piensa de la condena al PP en este procedimiento?
Pues lo mismo que he mantenido siempre y que otros compañeros suyos me han escuchado reiteradamente, es decir, que lo que se ha juzgado en Época 1 son conductas personales que nada tienen que ver con el PP como institución.
Pero además me parece de un cinismo extraordinario que otras formaciones políticas pretendan que una institución pueda controlar y ser responsable de lo que hacen miles de cargos electos, sencillamente porque es imposible. ¿Un banco debería ser penalmente responsable del dinero que un empleado robe de los clientes? ¿Por qué entonces un partido sí, con relación a lo que hagan sus cargos electos?
En todo caso en elecciones municipales, y lo conocen ustedes perfectamente, no hay una sola formación política cuyos miembros de forma individual no aporten recursos adicionales a los oficiales para sus campañas personales.
Algo que ya sabemos que no es correcto.
Por eso hablo de cinismo.
La caja B del PP
La sentencia del 'caso Gürtel' da por acreditada la existencia de una 'caja' B en el PP que ha estado en funcionamiento durante las últimas décadas. Usted mismo llegó a documentar que ese sistema funciona prácticamente desde la fundación del partido. ¿Todos los presidentes y secretarios generales del partido han sido conocedores de ese sistema de financiación ilegal?
No voy a hablar de la pieza de los papeles de Bárcenas
Anticorrupción ha sostenido durante la investigación que el ex tesorero Álvaro Lapuerta "consintió" que usted se apropiara de fondos de la 'caja B' del PP mientras era su subordinado. ¿Quién mandaba realmente en las cuentas del partido, Lapuerta o usted? Porque a pesar de que él era su jefe existe la conciencia general de que el verdadero responsable era usted...
Quien conoce a Álvaro Lapuerta sabe perfectamente que algo así nunca lo consentiría, pero además de ser cierto con qué argumento iba a autorizarlo. Con qué justificación me iba a hacer entrega de unos fondos que no eran suyos. Es una gran mentira.
Los fondos con los que se compraron las acciones de Libertad Digital fueron posteriormente reingresados en la cuenta de donativos anónimos como figura en el sumario y hemos demostrado en juicio identificando los ingresos concretos.Y además, como le dije al principio de la entrevista, el informe de la UDEF me da la razón.
Con relación a la segunda parte de su pregunta, el único con capacidad y autonomía de decisión en materia económica en el PP era su tesorero que tenía que autorizar cualquier disposición de fondos. Lo dicen los estatutos del partido, pero además lo han confirmado todos los secretarios generales que han declarado como testigos en juicio y otros altos cargos del partido.
Y le vuelvo a insistir, yo sólo fui tesorero del partido durante un año.
El otro procedimiento judicial en el que se encuentra inmerso, el de los denominados 'papeles de Bárcenas' también ha acreditado ya la existencia de esa doble contabilidad. ¿Sigue sosteniendo a día de hoy que todos los apuntes son verdaderos y que el presidente del Gobierno cobró sobresueldos en negro?
Sobre esto no tengo nada que decir.
¿Lapuerta le pidió en una ocasión una copia de sus papeles para enseñárselos a Rajoy tras comprobar que no metían en las listas a su amiga íntima Carmen Rodríguez Flores?
Perdone pero tengo que insistir en que sobre lo que pueda afectar a dicha causa no voy a contestarle.
¿Quién diseñó la operación de 'pitufeo' para blanquear dinero negro en Génova simulando pequeñas donaciones anónimas que llevaban a cabo personal de la sede central del partido?
Me remito a lo que le he dicho anteriormente.
EL MUNDO reveló hace un año que usted está dispuesto a "realizar matizaciones" cuando llegue el juicio de 'los papeles de Bárcenas' en relación a las graves acusaciones que profirió, entre otros, contra Rajoy. ¿Esas modificaciones afectarán, por ejemplo, a la afirmación de que usted mismo le entregaba los sobres a Rajoy y hasta dónde van a llegar los cambios de su testimonio inicial? ¿A qué se debe que dé marcha atrás ahora?
Yo nunca he hablado de cambiar mi testimonio y matizar significa como sabe puntualizar y eso efectivamente lo haré en su momento.
El intento de traslado de las fiscales
Siempre pidió ayuda al partido para que removiera a las fiscales del 'caso Gürtel', al fiscal jefe Anticorrupción Antonio Salinas y al entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón por el trato que se le estaba dispensando. Se lo llegó a pedir incluso al presidente Mariano Rajoy.
¿Realmente hubo alguna gestión en este sentido o simplemente le hicieron creer que las estaban haciendo?
La opinión, no mía, sino de todos los imputados que habíamos tenido cargos en el partido, era efectivamente que la actuación de la fiscal asignada al caso podía calificarse de sectaria, pero en ningún caso el funcionamiento de la Fiscalía en su conjunto. Es más, como usted sabe, ese comportamiento yo lo denuncié a lo largo de dos de mis declaraciones en presencia del juez instructor Sr. Pedreira en el TSJM y ante Ruz en la Audiencia Nacional. Por otra parte le recuerdo que desde 2009 hasta 2011 el PP no gobernaba en España por lo que difícilmente podía influir en la Fiscalía. Una vez el PP en el Gobierno, a mí no me consta ninguna gestión para remover a la fiscal Concepción Sabadell Carnicero, que, como sabemos, sigue representando al Ministerio Público en las distintas ramas abiertas de este procedimiento.
¿Qué explicación le dieron en el PP en relación a la actuación del Ministerio Público en lo que a usted respecta?
Más allá de alguna conversación informal con algún compañero del partido sobre la causa general que se estaba siguiendo contra mí, nunca pedí explicaciones y en consecuencia no se me dieron.
Siempre ha mantenido que Ruiz-Gallardón le tenía inquina. ¿Por qué? Resulta llamativo que es uno de los pocos políticos que no figura en sus papeles como receptor de dinero negro. ¿Se negó a recibir sobresueldos opacos?
Habría que remontarse mucho tiempo atrás, siendo secretario general de AP Jorge Verstrynge, y más recientemente a la época en la que D. Manuel Fraga decide nombrar al Sr. Naseiro tesorero del partido y éste a su vez a mí como gerente. Todos éramos muy jóvenes. Pero en eso no voy a entrar. Al final a todos nos acaba llegando el momento de la verdad. Ahora, según han publicado ustedes, parece que es el ex ministro de Justicia el que cuestiona el papel de la UCO y la fiscalía en el caso que le afecta.
http://www.elmundo.es/espana/2018/05/29/5b0c566ce5fdeaa1298b46ad.htmlLA AUDIENCIA NACIONAL ENVÍA A PRISIÓN A BÁRCENAS, LÓPEZ VIEJO Y GUILLERMO ORTEGA POR GÜRTEL
El tribunal cita a otros 12 condenados el próximo miércoles para notificarles si también ingresan en la cárcel
La Audiencia Nacional ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Luis Bárcenas al considerar que se ha incrementado el riesgo de fuga tras conocerse la sentencia del caso Gürtel. En su resolución, el tribunal incide en la sospecha de que el extesorero del PP aún tiene fondos ocultos en el extranjero. Los magistrados también han enviado a la cárcel a Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda (Madrid); y a Alberto López Viejo, consejero de la Comunidad de Madrid durante la etapa de la expresidenta Esperanza Aguirre. Son los tres que acumulaban mayores penas de cárcel y que tenían una estructura financiera fuera de España. Los jueces han citado el miércoles a otros 12 condenados para comunicarles su decisión contra ellos.
El tribunal ha atendido así la principal petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado cárcel para los tres después de que el tribunal les impusiera la semana pasada 33 años y 4 meses de prisión a Bárcenas; 31 años y 9 meses a López Viejo; y 38 años y 3 meses a Guillermo Ortega. "A la vista de los años de prisión que acumulan [por] delitos todos ellos susceptibles de ser englobados en el concepto de corrupción, con penas que superan los 30 años, considera el tribunal que se incrementa el riesgo de fuga, máxime teniendo en cuenta el entramado financiero y societario organizado para la sustracción de sus fondos", han destacado los magistrados en los autos de prisión de los tres.
En el caso del extesorero del PP, los magistrados han añadido como argumento que parte del dinero robado por Bárcenas no ha sido localizado. Y, de esta forma, han rechazado la petición de su defensa, que se opuso al ingreso en prisión de Bárcenas porque, además de asegurar que no puede huir porque "lo conoce todo el mundo y no se puede ocultar", negó que aún mantuviera fondos ocultos. El exdirigente del PP ya estuvo más de año y medio en la cárcel de Soto del Real (Madrid) —la misma en la que ha ingresado este lunes— por orden del juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz. Salió en libertad provisional el 23 de enero de 2015.
En el caso de López Viejo, el auto de los magistrados también ha detallado que el exconsejero usó "cuentas suizas" para su actividad delictiva. Tanto este como Guillermo Ortega también alegaron para no ser encarcelados que no tenían intención de huir. El exalcalde de Majadahonda recalcó que en su día no se renovó el pasaporte, precisamente, para demostrar que no pensaba escapar, además de recordar sus problemas de corazón.
Este lunes, 15 de los 29 condenados en el juicio de la primera etapa del caso Gürtel estaban citados en la Audiencia Nacional para asistir a sendas vistillas en las que se debía decidir si entraban ya en la cárcel o quedaban en libertad a la espera de que el Supremo resuelva los recursos que todos los condenados han anunciado que presentarán contra la sentencia.
Durante las vistillas, las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás han pedido el ingreso en prisión sin fianza para 11 de los 15. Además de Bárcenas, Ortega y López Viejo, también han solicitado el encarcelamiento de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias; del exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda; del exconcejal de Estepona (Málaga), Ricardo Galeote; de la exmujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano; del abogado Antonio Villaverde; de Juan José Moreno, exconcejal de Majadahonda; del exviceconsejero madrileño Carlos Clemente; y del contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo.
Para ello, la Fiscalía ha enumerado "todo el elenco" de delitos ligados a la corrupción que cometieron los acusados según la sentencia y la existencia de un "entramado" con el que trataron de ocultar fondos en el extranjero. En las diversas exposiciones, sus dos representantes han defendido reiteradamente la posibilidad de una fuga. "La única medida que puede evitar este riesgo es la entrada en prisión", expuso la fiscal Concepción Sabadell durante la vistilla de Ricardo Galeote, exconcejal del PP en Estepona condenado a siete años y 10 meses.
Las defensas se han opuesto, por su parte, al ingreso de sus clientes en prisión y han esgrimido toda una batería de excusas en función de la situación personal de cada condenado. Por ejemplo, en el caso de José Luis Izquierdo, contable de la Gürtel y sentenciado a 17 años y 7 meses, su abogado ha argumentado que él no se enriqueció con la trama, que cuenta con una "exigua" pensión que le permite "a duras penas" sostener a su familia. "Les pedimos un mínimo de carga de humanidad", ha apostillado el letrado. "Yo no he cometido esos delitos y yo a lo unico que me he dedicado es ir de mi casa al trabajo, y del trabajo a mi casa. Yo lo único que tengo es mi casa y a mi mujer, que depende de mí [por problemas de salud]", ha añadido el propio Izquierdo, de 69 años.
Para los otros cuatro condenados citados este lunes, Anticorrupción ha solicitado la retirada del pasaporte: Jesús Merino, exdiputado del PP; para la esposa de López-Viejo, Teresa Gabarra; para el exasesor de López-Viejo, Pedro Rodríguez Pendás, y para el testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez. En ninguno de estos casos, la pena impuesta por el tribunal superaba los cuatro años de cárcel.
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/28/actualidad/1527512722_087578.htmlLA FISCALÍA PIDE PRISIÓN SIN FIANZA PARA BÁRCENAS ANTE LA SOSPECHA DE QUE TIENE DINERO EN EL EXTRANJERO
El Poder Judicial aparta de las vistillas de la trama Gürtel, que deciden este lunes si los condenados ingresan ya en la cárcel, al juez que hizo testificar a Rajoy
La primera cuenta atrás acaba este lunes. La Audiencia Nacional había citado a las diez y media de esta mañana a 16 de los 29 condenados en el juicio de la primera etapa del caso Gürtel para decidir en una vistilla si entran ya en la cárcel o quedan a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que presenten contra la sentencia. Y ya han pasado 15 de ellos por la sección segunda de la Sala de lo Penal —todos excepto Isabel Jordán, administradora de varias empresas de la trama, que finalmente no tiene que hacerlo porque el Tribunal Supremo ya ha confirmado otra pena contra ella por el caso Fitur y ya se encuentra en prisión—. Entre ellos, Luis Bárcenas, para el que la fiscalía ha pedido el ingreso en prisión sin fianza para evitar el riesgo de fuga ante las sospechas de que cuenta con patrimonio en el exterior, según informan fuentes jurídicas.
Frente a este argumento, la defensa del extesorero del PP ha esgrimido que "todo el mundo lo conoce" y que no se puede ocultar, además de negar que tenga dinero en el extranjero. El Ministerio Público también ha solicitado que entren en la cárcel otros 10 condenados y la retirada de pasaporte para los otros cuatro restantes. Todo ello, ante un tribunal en el que, en esta ocasión, no estaba José Ricardo de Prada, uno de los tres magistrados que juzgó la causa y uno de los que votó a favor de la declaración como testigo de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado que De Prada, pese a que pidió participar en las vistillas, no puede hacerlo al encontrarse desde el pasado 23 de abril en situación administrativa de servicios especiales en los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas en La Haya. "No procede en Derecho" y "conllevaría el riesgo de nulidad de las actuaciones", ha afirmado el órgano, que ha resuelto en este sentido gracias al voto de calidad de su presidente, Carlos Lesmes. Antes, se había producido un empate a cuatro. El propio Lesmes y los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José María Macías han votado en contra de la presencia del magistrado. A favor se han pronunciado los vocales Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
Un acuerdo que ha marcado las vistillas de esta jornada. Los sentenciados del caso Gürtel que han recibido las mayores condenas sabrán este mismo lunes si deben ingresar de manera inmediata en prisión. Entre los citados esta mañana se encontraban el extesorero Luis Bárcenas, su esposa (Rosalía Iglesias) y el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda (exmarido de Ana Mato), entre otros personajes centrales de la de corrupción vinculada al PP.
Los 16 citados eran aquellos a los que el tribunal —que juzgó a 37 personas por participar en la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005)— impuso penas que oscilan entre 3 y 38 años de prisión. La petición para el ingreso en la cárcel debe ser solicitada por la fiscalía, que, en otra pieza del sumario de Gürtel —la referida al caso Fitur de Valencia—, solo solicitó el encarcelamiento inmediato para los cuatro condenados a más de nueve años de cárcel. Aunque en un principio eran 16, finalmente, solo pasarán 15 por la sala, puesto que el Tribunal Supremo ya ha confirmado otra pena contra Isabel Jordán por el caso Fitur y ha ingresado en prisión.
Además, esta vistilla coincide con el último día de plazo que tienen los 29 condenados y los ocho absueltos por la primera época de la trama Gürtel para recoger personalmente en la Audiencia Nacional la sentencia. El primero en cumplir este trámite fue el contable de la trama José Luis Izquierdo —condenado a 17 años y siete meses de prisión—, que se acercó hasta la sede judicial el pasado viernes, acompañado de su abogada, Margarita Crespo.
Los citados y sus penas
Entre los 16 citados destaca Bárcenas, condenado por primera vez en esta sentencia a 33 años de cárcel y sobre el que ya pesan medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, tras haber pasado 19 meses en prisión preventiva al aparecer su fortuna en Suiza. También su mujer, Rosalía Iglesias, sentenciada a 15 años, deberá acudir a la Audiencia Nacional, al igual que el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años y 3 meses) y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo (31 años y 9 meses).
La esposa de este último, Teresa Gabarra (4 años), o Carmen Rodríguez Quijano, exmujer del líder de la trama, Francisco Correa, y condenada a 14 años y 8 meses, han sido también emplazadas. Otros políticos sobre los que se decidirá su futuro son Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses), el exviceconsejero madrileño Carlos Clemente (5 años y 9 meses) y el exdiputado del PP Jesús Merino (3 años y 7 meses).
Estaban citados, además, el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno (15 años y 2 meses) y el de Estepona Ricardo Galeote (7 años y 10 meses); así como la administradora de empresas de Gürtel, Isabel Jordán (14 años y 10 meses); y el contable de la trama, José Luis Izquierdo (17 años y 7 meses). El testaferro de la red Antonio Villaverde (8 años y 2 meses), el de Bárcenas, Iván Yáñez, (3 años) y el exasesor de López Viejo Pedro Rodríguez Pendás (3 años) también engrosan la lista.
No tendrán que acudir los cabecillas de la red, Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, ya que se les notifica en la cárcel de Valdemoro (Madrid), donde cumplen condenas de 13 y 12 años por otra pieza de Gürtel, la referida al expositor valenciano en Fitur. Son los únicos que están ya en prisión desde hace más de un año y solo El Bigotes, considerado responsable de la red en Valencia, ha quedado esta vez absuelto, mientras que a Correa le ha recaído la pena más alta (51 años y 11 meses) y a Crespo, exsecretario de organización del PP gallego, 37 años y medio.
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/28/actualidad/1527489090_717523.htmlEL PSOE REGISTRA UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA MARIANO RAJOY
El partido de Pedro Sánchez presenta la medida en el Congreso antes de la reunión ejecutiva federal del partido
El PSOE ha presentado ya en el Congreso una moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, antes de la reunión de la ejecutiva federal que Pedro Sánchez había convocado para este viernes, y en la que se decidirían los pasos a seguir tras conocer la sentencia del caso Gürtel.
La decisión de los socialistas llega después de que Sánchez estuviera analizando las posibilidades de esta medida una vez conocido el fallo judicial que condena al PP como responsable a título lucrativo de la causa sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005). Pero el registro de la moción, que cuenta con el ciego apoyo de Podemos, se ha producido antes de trasladar la propuesta a los 50 miembros de la ejecutiva, cuya reunión está prevista para este viernes a partir de las 11:00 horas.
Sánchez ha recibido ya el respaldo de numerosos dirigentes y líderes territoriales socialistas
Antes de esta reunión, Sánchez h recibido ya el respaldo de numerosos dirigentes y líderes territoriales socialistas a la presentación de la moción de censura contra Rajoy. Entre ellos, en primer lugar, el líder del PSC, Miquel Iceta, quien públicamente le ha animado a liderarla: “Nuestra responsabilidad es ofrecer una alternativa de progreso para España. ¡No fallaremos!”, ha prometido en Twitter.
Sánchez habría recabado el apoyo de los principales líderes regionales, que coinciden en ver esta oportunidad como un trampolín para relanzar sus posibilidades electorales en los comicios autonómicos y locales que se sucederán el año que viene.
El líder del PSOE provocará que Rajoy sea el primer presidente del Gobierno que es objeto de una moción de censura en más de una ocasión
Con esta decisión, Sánchez provocará que Rajoy sea el primer presidente del Gobierno que es objeto de una moción de censura en más de una ocasión, tras la que presentó Podemos hace ahora un año tras destaparse el caso Lezo.
La moción tiene dos vías para conseguir los 176 votos necesarios para prosperar. La primera, con el acuerdo a tres de PSOE, Cs y Podemos (184 diputados), y la segunda, con un acuerdo a siete partidos si Cs finalmente se descuelga, con PSOE, Podemos, ERC, PDeCat, Bildu, Compromís y PNV. De esta forma, se requeriría el apoyo de los independentistas catalanes y vascos, así como de toda la izquierda parlamentaria para prosperar (179 diputados en total).
La moción será admitida por la Mesa del Congreso la semana que viene y el debate, pero la fecha del debate la fijará la presidenta Pastor junto con el candidato
La moción será admitida a trámite por la Mesa del Congreso en su reunión del lunes por la tarde o en la del martes, y a partir de ahí abrirá un plazo de dos días por si otro grupos quieren presentar candidatos alternativos. La fecha del debate la fijará la presidenta del Congreso, Ana Pastor, hablando con el candidato, pero en todo caso no podrá ser antes de los cinco días siguientes desde su presentación, lo que descarta que esa sesión plenaria se celebre la próxima semana.
La iniciativa fue alentada este jueves por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ya había avanzado que la apoyaría. Iglesias denunció que la sentencia del caso Gürtel es una prueba de que hay “un partido delincuente” a los mandos del Gobierno, algo que a su entender no se puede permitir ninguna democracia.
Sánchez recogió el guante y prometió estudiarla, mientras que desde Ciudadanos, su presidente, Albert Rivera, anunció que “evaluará” lo que iba a hacer el resto de la legislatura y su relación con el Gobierno. “Hay un antes y un después” tras el fallo judicial, aseguró Rivera.
http://www.lavanguardia.com/politica/20180525/443815465652/psoe-mocion-de-censura-rajoy.htmlLa sentencia cuestiona la “credibilidad” del testimonio de Rajoy
El fallo respalda la conclusión de Anticorrupción de que el presidente del Gobierno y otros dirigentes del PP no dijeron la verdad para evitar el "reproche social"
Dos de los tres magistrados del tribunal que ha juzgado la primera etapa del 'caso Gürtel' no solo consideran probada la existencia de una caja b, sino que también cuestionan expresamente la "credibilidad" del testimonio que Mariano Rajoy y otros dirigentes del PP prestaron durante la vista.
"Los señores Arenas, Álvarez Cascos, García Escudero, Rajoy, etc., [...] niegan la existencia de una caja b en el partido. Sin embargo, el Ministerio Fiscal rebate la veracidad de dichos testimonios al indicar, argumentación que comparte el tribunal, [...] que se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja b del partido", señala literalmente la sentencia.
Los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada consideran que las pruebas sobre la existencia de dicha caja b son "contundentes" y que la validez de las mismas no se ha visto afectada por las palabras de Rajoy y el resto de dirigentes populares durante el juicio. El fallo recoge que, como ya apuntó la Fiscalía Anticorrupción en sus conclusiones, el testimonio de todos ellos "no aparece como suficiente verosímil" para rebatirla.
El tribunal destaca que, como recogía Anticorrupción en su escrito de conclusiones, varias de las personas que figuraban como perceptoras de fondos de dicha caja b -los exparlamentarios Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal y Luis Fraga- reconocieron durante la vista haber recibido las cantidades que se reflejaba en los apuntes contables. En este sentido, recuerda que si bien los altos cargos del PP que también declararon como testigos, entre ellos Rajoy, negaban fiabilidad a dichos papeles, la fiscalía ya apuntó en su intervención la falta de "veracidad" de los dirigentes populares al que considerar que "reconocer haber recibido estas cantidades [...] pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social" además de admitir la existencia de la propia contabilidad.
En este sentido, los magistrados destacan que al menos dos de los dirigentes políticos -Javier Arenas y Pío García Escudero- "vinieron indirectamente incluso a confirmar algunos de los apuntes de la caja b" al hablar de una cena homenaje que se dio en 2008 al hasta aquel momento tesorero de la formación, Álvaro Lapuerta. "Es decir, dieron detalles de lo que aparecía reflejado en este apunte de la caja b del partido".
La sentencia considera probada que el PP contó con una caja b que consistía "en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el años 1989" y que sus partidas "se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas" por parte de Bárcenas. El fallo recalca que en dicha contabilidad "se hacían constar ingresos y gastos del partido o, en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevante del partido". Los magistrados destacan que estos detalles los recogen en la sentencia "únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos" enjuiciados, ya que admiten que han quedado fuera de esta parte de la causa y que son investigados en otra pieza del sumario.
El fallo también considera probado que dicha caja b era llevada por Bárcenas "al margen de la contabilidad oficial" y que la misma se nutría "en buena medida, a base de ingresos o aportaciones que incumplían la normativa sobre financiación de partidos políticos" ya que eran realizados "por personas y empresas que resultaban beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, y como gratificación por ese trato de favor". De dicha caja, el extesorero sustrajo importantes cantidades en su propio beneficio aprovechándose de su "opacidad" que acabaron o en sus cuentas suizas o invertidas en inmuebles.https://politica.elpais.com/politica/2018/05/24/actualidad/1527157659_927701.html
Las cónyuges de la Gürtel no son “un simple objeto”
La Audiencia rechaza las declaraciones de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, o de Ana Mato en las que argumentaban que no se enteraron de nada
Las penas para 29 de los 37 acusados de la trama Gürtel suman 351 años y un mes de cárcel. Entre ellos están los protagonistas que han copado portadas desde que estalló el caso, como Luis Bárcenas o Francisco Correa. Pero también sus parejas y exparejas, que intentaron acreditar que no sabían nada de los negocios de estos. Esa justificación, dice este jueves la Audiencia Nacional en su sentencia, relega a "poco más que un simple objeto" a condenadas como Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas. Y no la aceptan.
Rosalía Iglesias ha sido condenada a 15 años y un mes; la exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, a 14 años y 8 meses de cárcel; y la exministra Ana Mato, tendrá que pagar 27.857,53 euros por los viajes y otros servicios que el grupo Correa ofreció a su familia, ya ha sido condenada como partícipe a título lucrativo.
Las tres intentaron convencer en sus declaraciones de que no sabían ni hicieron nada. Es la llamada teoría de la ignorancia deliberada, que El País explicaba en este artículo, a propósito de las declaraciones de la infanta Cristina en el caso Urdangarín: “Mi marido y yo no hablábamos de esos temas". Una sentencia del Tribunal Supremo definía esta teoría así: “Quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello que puede y debe saberse, y sin embargo se beneficia de la situación, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito negocio en el que voluntariamente participa”.
"Lo he visto por ejemplo en casos de alzamientos de bienes [ocultacion de patrimonio], en los que habitualmente el empresario es el marido y la mujer simplemente firma los papeles que se le indican", explica Ignacio González Vega, de la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). "Su forma de actuar no debe de conducir a la impunidad,de alguna manera colabora".
En la sentencia de la Gürtel, "el tribunal rechaza el argumento esgrimido por la defensa de Rosalía de que carecía de conocimientos como para llevar a cabo las actuaciones que se le imputan. Esa justificación, según el resumen del fallo distribuido por la Audiencia, "le relegaría a poco más que un simple objeto, y esto no lo debe consentir el Tribunal". La esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, trató en noviembre de 2016 de mostrarse como una mujer de su casa: "Todo lo que hace mi marido me parece bien". Su posible encarcelamiento, además, puede tener efectos imprevisibles sobre Bárcenas y empujarle a desvelar a la Justicia detalles sobre las cuentas del Partido Popular que amagó con airear tras su entrada en prisión provisional en junio de 2013.
La Audiencia explica que desde el año 2000, Iglesias colaboró con su marido para enriquecerse "de forma ilícita". La Sala concluye que "en connivencia con él" se valió del mismo procedimiento para ocultar sus propias rentas y las de su esposo, y también simulando realizar alguna venta de cuadros, según señala el resumen del fallo.
“Mi marido era responsable de sus gastos. A mí nunca me han regalado nada”, defendió en su día en la sala la exministra Ana Mato, a propósito de la contratación de decoración de fiestas de cumpleaños y de viajes familiares abonados por las empresas de la trama. La sentencia considera que ella "sí conoció lo que se adquirió con esas cantidades de procedencia ilícita y se benefició de ello en la cuota parte correspondiente". Y por ello, la condena como partícipe a título lucrativo.
La exesposa de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, también jugó la carta de la ignorancia en su declaración, que opta por no preguntar quién y cómo se pagan las facturas: “Fui administradora [de Special Events, Pasadena Viajes y TCM] por confianza con mi exmarido, iba solo a firmar cuando me llamaba él”, repitió como un frontón ante las preguntas de la acusación pública.https://politica.elpais.com/politica/2018/05/24/actualidad/1527164706_499464.html
Probada por primera vez la caja b del PP en una sentencia
El tribunal considera acreditada la financiación ilegal del PP a través de pagos en negro de empresarios para gastos electorales, y el abono de sobresueldos a los principales dirigentes del partido, incluido Mariano Rajoy
La sentencia de la primera época del caso Gürtel ha considerado “probada” por primera vez, la existencia de una contabilidad b en el Partido Popular. Una caja b que se extendió “al menos desde 1989” y hasta como mínimo 2008, ya con Mariano Rajoy en la presidencia del partido.
Dicen los magistrados que esta “caja b” era “una estructura financiera y contable paralela a la oficial, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos, cantidades entregadas a personas relevantes del partido” en forma de sobresueldos.
También inciden los jueces y dan por probada la “simbiótica” relación entre el PP y la Gürtel, descrita por los investigadores. Consideran acreditado que entre el grupo de las empresas de Francisco Correa y el Partido Popular “se tejió una estructura de colaboración estable”. Se “creó” ahondan los jueces, “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”, por medio de su “estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas.
La caja b del PP no era objeto de este procedimiento, lo será en la correspondiente pieza de la Gürtel. Pero tal y como explican los magistrados, era necesario probar su existencia para acreditar que el extesorero Luis Bárcenas se apropió de hasta 300.000 euros de esa contabilidad paralela que ingresó en Suiza.
La Fiscalía consideró “plena y abrumadoramente acreditada” la caja b del PP a lo largo del juicio, y probados no solo los ingresos de empresarios en negro a cambio de obra pública, sino el pago de sobresueldos a los dirigentes del Partido Popular, incluido Mariano Rajoy, y la mayoría del tribunal, le da la razón.http://cadenaser.com/ser/2018/05/24/tribunales/1527159215_963058.html
Rajoy, sobre Gürtel y Zaplana: "El PP es mucho más que diez o quince casos aislados"
El presidente ha reconocido que los casos de corrupción hacen "mucho daño" al PP y que le gustaría que no volvieran a producirse estas situaciones "francamente lamentables""Hemos trabajado para modificar las leyes y hemos trabajado para intentar evitar que estas cosas se produzcan", ha asegurado Rajoy en una entrevista en la cadena COPE. El presidente ha insistido en que no le habría gustado que la noticia de la detención del exministro popular Eduardo Zaplana llegase a los medios de comunicación. "A mi nunca me hubiera gustado que este tipo de noticia llegase a los medios de comunicación".
El exministro de Trabajo fue detenido este martes en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ordenada por el Juzgado número 8 de Valencia en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Zaplana está acusado de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación por cobrar comisiones por la adjudicación de contratos de la Generalitat Valenciana.
Rajoy ha descartado hacer "juicios de valor" sobre la detención de Zaplana "hasta que sepa exactamente qué es lo que ha ocurrido". "Lo que nos dicen es que toda la investigación está bajo secreto de sumario y en unos sitios se publican unas cosas y en otros otra diferente", ha señalado Rajoy, que ha recordado que todo el mundo tiene "derecho a un juicio justo ante los tribunales y ante el resto de sus compatriotas".
"Haremos lo posible y lo imposible para evitar que estas cosas vuelvan a suceder", ha asegurado Rajoy. En este sentido, el presidente ha querido destacar que en "la inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos, nacionales o municipales no se han generado estas situaciones que son francamente lamentables". "Todos esos acontecimientos nos hacen mucho daño y todo el mundo lo sabe".
https://www.eldiario.es/politica/Rajoy-detencion-Zaplana-gustado-comunicacion_0_774822569.htmlGürtel convierte al PP en el primer partido nacional condenado por corrupción en democracia
30 años de prisión para Luis Bárcenas y 15 para su esposa Rosalía
La Sección II de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia: el Partido Popular ha sido partícipe lucrativo en el caso de corrupción denominado Gürtel, primera etapa. Luis Bárcenas, antiguo senador del PP y ex tesorero de la formación, ha sido condenado a 30 años de prisión y a abonar casi 45 millones de euros en multas, y su esposa, Rosalía Iglesias, a 15 años de prisión.
Entre las mayores penas para el PP figura la de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, condenado a 33 años y la del exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, a 12 años de prisión. Su esposa, la exministra Ana Mato, tendrá que abonar una multa de casi 28.000 euros como partícipe lucrativo.
Por parte de las empresas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo suman cada uno 40 años de cárcel. Álvaro Perez El Bigotes ha resultado absuelto. Esta resolución incorpora un voto particular del magistrado Ángel Hurtado en desacuerdo con algunos de los puntos decididos.
La sentencia que la Sección II de la Audiencia Nacional acaba de notificar no deja lugar a dudas. El Partido Popular debe responder como partícipe lucrativo de modo directo y solidario con Guillermo Ortega, José Luis Peñas, Juan José Moreno Alonso, Carmen Rodriguez Quijano, Francisco Correa Sánchez y Pablo Crespo Sabarís en el apartado Majadahonda por lo que deberán abonar multa de 133.628,48 euros.
Y lo mismo ocurre en el caso Pozuelo en la campaña electoral del 25 de mayo de 2003 en este caso junto a Jesús Sepúlveda Recio, que fue alcalde de esa localidad.
Los jueces han dictaminado también penas de prisión para los populares Javier Nombela asesor en la Junta de Moncloa (4 años y seis meses), Ricardo Galeote concejal de Estepona (7 años y seis meses); Guillermo Ortega excalde de Majadahonda (33 años), Juan José Moreno Alonso concejal de la misma localidad (15 años); José Luis Peñas Domingo ex concejal de Majadahonda ( 4 años de prisión); Jesús Merino Delgado (exvicepresidente en la Junta de Castilla y León) (1 año y 9 meses); Jesús Sepúlveda exsenador y exalcalde de Pozuelo (12 años de prisión); Ángel Sanchís extesorero del PP y su hijo (unos meses de prisión); Roberto Fernández Rodríguez, exconcejal de Hacienda de Pozuelo (9 meses); Alberto López Viejo, viceconsejero de la Comunidad de Madrid (20 años), su asesor Pedro Rodríguez Pendás (3 años); Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Hacienda en la CAM y asesor del exministro de Justicia José María Michavila (más de 5 años) ; Teresa Gabarra Balsells esposa de López Viejo (4 años). Ana Mato, ex ministra y exesposa de Jesús Sepúlveda tendrá que abonar una multa de 27.857 euros como partícipe a título lucrativo al igual que Gema Matamoros
Ivan Yañez Velasco, apoderado de Bárcenas (unos dos años). Jacobo Gordon Lavendorf, empresario relacionado en su día con Alejandro Agag (5 meses de prisión).
En cuanto a los acusados relacionados con las empresas de la trama, la sentencia marca penas de prisión para Francisco Correa que por la suma de los delitos que se le achacan suman más de 40 años; Pablo Crespo Sabarís, con una pena similar; José Luis Izquierdo (17 años) Isabel Jordán (19 años); Alicia Mínguez ( 4 años y medio); Carmen Rodríguez Quijano (15 años); el abogado Luis de Miguel Pérez (un total de 9 años); el también abogado, Antonio Villaverde Landa (7 años); el empresario Alfonso García Pozuelo Asins condenado a 2 años de prisión sustituibles por multa; Jesús Calvo Soria, empresario, (6 meses de prisión); Pablo Ignacio Gallo Alcantara Cirado, (1 año). Álvaro Pérez El Bigotes ha resultado absuelto.
Entre los delitos más habituales se pueden enumerar, según los casos, los de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documentación mercantil, estafa procesal, apropiación indebida, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales entre otros.
A las penas citadas hay que añadir diferentes cantidades en concepto de multas para buena parte de los procesados así como inhabilitaciones para ejercer cargos públicos o en su caso para el sufragio pasivo. Las condenas que indica la sentencia suponen la suma de las dictadas en función de los diferentes delitos considerados por el tribunal y son después corregidas en relación a la condena mayor de las acumuladas, como establece la ley.
A modo de ejemplo, Luis Bárcenas tendría por esta pieza Gürtel una condena probable de 18 años de prisión, que después se analizará en función de otras condenas por otras causas. En el caso de Rosalía Iglesias su condena se reduciría previsiblemente a nueve años al ser de tres años la mayor de las condenas que tiene acumuladas.
A través de Luis Bárcenas
Concluye así el trabajo de los magistrados en un caso conflictivo que llevó al principio a la recusación de algunos magistrados por su aparente afinidad hacia el PP y que se vio salpicado por diversas entradas del partido en el Gobierno que veía peligrar su imagen y la situación procesal de diversos dirigentes.
Los hechos probados en cuanto al papel protagonista del Partido Popular son claros para la sala: “Francisco Correa en el curso de la actividad empresarial en el campo de la comunicación, marketing y servicios relacionados con viajes y la celebración de eventos que desde el inicio de los años 90 del siglo pasado venía profesionalmente desarrollando, entabló contactos de negocios con el partido Popular a través de Luis Bárcenas Gutiérrez, gerente del partido, así como de otras personas encargadas de diversas áreas de actividad como Jesús Sepúlveda Recio, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Secretario Nacional del Área Electoral además de Senador, así como de otros miembros del mismo partido político”.En esta introducción que relata la sentencia titulada “la corporación empresarial de Francisco Correa y su conformación como estructura organizada para apropiarse ilícitamente de fondos públicos”, se señala que “correlativa a esta actividad económica Correa mantenía una estrecha y continua relación personal, incluso de amistad, con altos dirigentes del partido político, hasta el punto de dispensársele un trato de preferencia en su sede central de la calle Génova, entrando y saliendo del edificio a discreción sin pasar por ninguna clase de control ni escáner, incluso accediendo libremente al parking reservado en dicha sede”.
Y he aquí otro hecho probado que deja claro el papel fundamental del PP: “Entre el grupo Correa y el Partido Popular se tejió pues una estructura de colaboración estable, consistente, por una parte para la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etc. Dentro de la normal actividad de dicho partido político, ya se tratara de actos electorales o de otro tipo”.
Corrupción institucional
Así se evidencia que el Partido Popular gestó, según relata la sentencia, que “… Se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (Comunidades Autónomas, y Municipios gobernados por el PP)”.
Consideran los jueces que ello permitió que, “bien las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas por él, con el acuerdo y colaboración de aquellos cargos públicos, gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas”. Por aportar algunas cifras, la sentencia deja claro que Francisco Correa percibió por contratos públicos adjudicados en el periodo de 2000 a 2008 una cantidad aproximada de 8.400.000 euros siendo el precio del servicio que prestó mayor que el normal del mercado para conseguir un margen de beneficio mayor y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones.
Correa ingresó además 2.850.000 euros en concepto de comisiones por su intermediación en favor de empresas no pertenecientes a su grupo.
Afirma el tribunal: “Mediante el inflado de precios que se cobraban de las distintas administraciones publicas afectadas, la finalidad buscada era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público, o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico”. Además utilizaban, señalan “otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esa trama como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. de las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”
Gastos electorales y Caja B
Parte de este dinero sirvió para “directamente pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada “caja B” del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido” En cuanto a estos últimos aspectos, la sentencia apenas los describe como forma de explicar el contexto en que se producen los hechos si bien considera que quedan fuera de su ámbito. Queda ahora pendiente un nuevo proceso denominado comúnmente papeles de Bárcenas o Caja B del PP.
El modelo, según indican los jueces, se aplicó en otros lugares de la geografía española: “Esta intensa relación de negocios de Francisco Correa con el Partido Popular cesó respecto de la organización central del partido en el año 2004, pero trasladó su actividad a otras comunidades autónomas que seguían gobernadas por el mismo Partido Popular, singularmente, aunque no únicamente, la Comunidad Valenciana, lo que se produjo hasta el año 2009”.
En su apartado de hechos probados, la sentencia considera que Francisco Correa percibió por contratos públicos adjudicados en el periodo de 2000 a 2008 una cantidad aproximada de 8.400.000 euros.
Estos contratos generaron un importante perjuicio a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado era mayor que normal del mercado por el superior margen de beneficio de las empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones. Correa ingresó además 2.850.000 euros en concepto de comisiones por su intermediación en favor de empresas no pertenecientes a su grupo.
El caso Gürtel se ha visto fragmentado en diferentes piezas separadas y en este caso la sentencia se refiere a actividades delimitadas entre los años 1999 a 2005. Aclaran los jueces que está referida a la estructura central de la organización liderada por Correa y de su actividad en determinados territorios gobernados por el partido popular en directa relación con algunos miembros de dicho partido
El marco territorial de esta pieza abarca, por tanto, los hechos relacionados con: la sociedad municipal turismo y actividades recreativas de Estepona SL; el municipio de Majadahonda durante los años 2001 a 2005; la comunidad autónoma de Castilla y León años 2002 y 2003; el municipio de Pozuelo de Alarcón, años 2003 a 2005; municipio de Madrid, en el año 2002; y la Comunidad Autónoma de Madrid durante los años 2004 a 2008.https://www.elplural.com/politica/2018/05/24/partido-popular-gurtel-condena-corrupcion
La Audiencia Nacional acredita la caja B del PP: los empresarios donaban a cambio de "favores"
La sentencia acredita la existencia de "la caja o bolsa de la que se apodera del dinero Bárcenas, es algo que queda debidamente acreditado"
Las donaciones de los empresarios servían "para pagar favores" o como "contrapartida por adjudicaciones irregulares de contratos"
La Fiscalía y los jueces desacreditan el testimonio de Rajoy al negar los sobresueldos y la existencia de una caja B
El tribunal que ha juzgado la primera época del caso Gürtel da por probada la existencia de una caja B en el PP, de una contabilidad "paralela" nutrida a base de donaciones finalistas y que servía para pagar actos electorales. Los jueces condenan al extesorero del partido Luis Bárcenas por llevarse parte de esos fondos en negro, aunque el PP renunció a reclamarle las cantidades que se llevó.
La sentencia desacredita el testimonio del propio Mariano Rajoy, que declaró que nunca conoció las existencia de los papeles de Bárcenas y que no cobró sobresueldos. No le creen la Fiscalía ni el tribunal. Si lo hubiese admitido, dice la sentencia, habría admitido "la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública". Si bien esto no constituye un delito sí merece "un reproche social", además de admitir la existencia de la caja B.
Hasta ahora los jueces instructores y la Fiscalía Anticorrupción habían dado por cierta la caja B, pero ahora es una sentencia la que señala que el PP nutrió una contabilidad opaca con fondos procedentes de la corrupción. Según el fallo, parte del dinero que movió la trama Gürtel sirvieron directamente para pagar gastos electorales del PP o fueron a parar como donaciones finalistas a "la llamada caja B del partido".
Esa caja B consistía en "en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989". La contabilidad se llevaba "informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido, si bien estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento".
Las donaciones no eran "altruistas"
Los jueces rechazan de plano que las donaciones que nutrieron la caja B sean "altruistas". El dinero que aportaban los empresarios "tienen un marcado carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos". Los magistrados, eso sí, dejan claro que la caja B se juzga en otro procedimiento de la Audiencia Nacional, pero que para sustentar su condena era necesario acreditarla.
Además de que el propio Bárcenas admitiese la existencia de la caja B, los jueces señalan que existe "prueba documental". "Existen unas anotaciones de Bárcenas en las que se reflejan unos ingresos en determinadas fechas, y esos mismos ingresos aparecen en las mismas fechas y mismos importes en la cuenta de donativos del PP, como ingresados en esa cuenta", explican.
Los jueces señalan que hay testimonios que niegan la caja B, pero les resta veracidad. Señala así las declaraciones como testigos de Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Pío García Escudero o el propio Rajoy. La Fiscalía argumenta, y comparte el tribunal, que no podían admitir que recibieron sobresueldos por las consecuencias que eso implicaría.
"Significaría reconocer haber recibido estas cantidades, en cuanto que supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública, que si bien entiende que no son delictivos, pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social, como también que en caso de reconocer estas percepciones vendrían a admitir la existencia de una caja B en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido", señala la sentencia.
"Se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido", añade el tribunal.
Bárcenas se llevó dinero de a caja B
El propio Luis Bárcenas habló en el juicio de una "contabilidad extracontable" que comenzó con su antecesor en la Tesorería del PP, Álvaro Lapuerta. Ambos manejaron durante años unas cuentas en negro que se destaparon con la publicación de los denominados 'papeles de Bárcenas', unos apuntes contables que recogen cómo se utilizaba ese dinero para retribuir a espaldas de Hacienda a los altos cargos del PP.
Así, entre la lista de quienes recibieron esos sobresueldos figuran Mariano Rajoy, Javier Arenas, Ángel Acebes o Rodrigo Rato. Todos tuvieron que comparecer en el juicio como testigos y todos lo negaron. Según se desprende de la contabilidad del extesorero, ellos y otros cargos orgánicos recibían cantidades que oscilaban entre los 5.000 y los 15.000 euros. Las entregas eran mensuales y a través de sobres.
Según la sentencia, Bárcenas se reservó parte de esos fondos para sí mismo. El extesorero del PP argumentó durante el juicio que su enorme fortuna escondida en paraísos fiscales provenía de negocio lícitos como la compraventa de obras de arte. Sin embargo, los jueces no se creen esa versión y sostienen que Bárcenas se llevó fondos de la caja B, aunque apuntan a que el PP ha renunciado a reclamar la devolución de esas cantidades.
"Por ser de interés para acreditar la existencia de dicha apropiación -indebida-, hay que partir de la base de que las cantidades existían, y, como las mismas se detraían de un determinado fondo o caja, acreditar que esta también existía", señala la sentencia. "La caja o bolsa de la que se apodera del dinero Bárcenas, es algo que queda debidamente acreditado", concluyen.https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-PP-donaciones-empresarios_0_774822866.html
La Moncloa: la sentencia Gürtel "no afecta en modo alguno" al Gobierno de Rajoy
La sentencia acredita que hubo Caja B entre 1989 y 2008. Rajoy fue vicesecretario del PP desde 1990 y accedió a la presidencia del partido en 2004
La sentencia considera probado que hubo caja b “al menos desde 1989” y hasta, como mínimo, 2008. Mariano Rajoy llegó a la presidencia del PP en 2004 y antes, desde 1990, fue vicesecretario del partido..La Moncloa se aferra a que se condena al PP como partícipe a título lucrativo, lo que supone "expresamente el desconocimiento de los hechos y por tanto la ausencia la absoluta de responsabilidad penal". El Gobierno añade que "nadie de la dirección del PP - ni de la actual ni de las anteriores- conoció y menos aún amparó ninguna práctica irregular".
Desde la Moncloa añaden que el Gobierno ha aprobado "el mayor paquete de reformas para luchar contra la corrupción" y recuerda que la sentencia aún no es firme y será recurrida por el PP.
http://cadenaser.com/ser/2018/05/24/politica/1527162733_283177.html
La sentencia también condena al Partido Popular como responsable a título lucrativo
Autor : Comunicación Poder Judicial
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a a 29 de los 37 acusados en el juicio por la Época I (1999-2005) del caso Gürtel, a penas que van desde los 51 años y 11 meses que han recaído en Francisco Correa hasta los cinco meses, correspondientes a Jacobo Gordon, mientras que absuelve a los otros ocho procesados, entre ellos Álvaro Pérez.
En la primera sentencia que dicta la Audiencia Nacional en relación con la trama Gürtel, los jueces consideran que los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.
La resolución impone la pena más alta, de 51 años y 11 meses de cárcel, al líder de la trama, Francisco Correa, mientras que a su considerado número dos, Pablo Crespo, le condena a 37 años y medio. El extesorero del PP Luis Bárcenas es condenado a 33 años y 4 meses de prisión y multas por más de 44 millones de euros. A su mujer, Rosalía Iglesias, la Audiencia le impone una pena de 15 años y 1 mes. Por su parte, la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, resulta condenada a 14 años y 8 meses de cárcel.
Otras de las condenas más elevadas son las del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, penado con 38 años y 3 meses de cárcel; la del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, con 31 años y 9 meses; la del contable del entramado, José Luis Izquierdo, de 17 años y 7 meses; o la del exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, de 14 años y 4 meses, entre otras.
El fallo incluye 28 delitos de prevaricación que alcanzan a 194 años de inhabilitación para los condenados. Detalla 24 delitos de cohecho que recaen sobre 12 personas, 26 de blanqueo, 36 de malversación y 20 delitos contra la hacienda pública, de los que 11 recaen en el matrimonio Bárcenas-Iglesias. La sentencia incluye un total de 165 penas.
La sentencia, de 1.687 páginas, incluye un voto particular discrepante del magistrado Ángel Hurtado, en el que propone la absolución de Ricardo Galeote, Ángel Sanchís y su hijo, así como de Carlos Clemente. Además, el magistrado se opone a la condena al PP como partícipe a título lucrativo.
Los magistrados explican que la sentencia mayoritaria se basa en su mayor parte en la ponencia inicial de Ángel Hurtado. Al quedarse éste en minoría en varios aspectos de la misma, la ponencia ha pasado en forma de coponencia a los otros magistrados, figurando Julio de Diego como ponente, a efectos formales, al ser el más antiguo.
Los hechos probados de la llamada “primera época de Gürtel” se sitúan entre los años 1999 hasta 2005, con algunas actividades muy concretas posteriores, en relación con la estructura de la organización liderada por Francisco Correa y desplegada en determinados territorios gobernados por el Partido Popular.
La Sala ha juzgado los hechos atribuidos al Grupo de Correa en la localidad malagueña de Estepona, en los municipios madrileños de Majadahonda (2001 a 2005) y Pozuelo (2003 a 2005), municipio de Madrid (2002), Comunidad de Madrid (2004 a 2008) y Comunidad de Castilla y León (2002 y 2003).
El tribunal considera acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió en esos territorios una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político. Pero además, según la Sala, se creó “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.
La sentencia relata cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública. Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, “o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”.
Otras cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada “Caja B” del partido, consistente “en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido, si bien estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento”.
Por los hechos juzgados en esta pieza, Francisco Correa percibió 8.400.000 euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008. Estos contratos- indica la Sala- generaron un importante perjuicio a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado “era mayor que el normal de mercado, por el superior margen de beneficio de las empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones”.
Además, Correa ingresó 2.850.000 euros en concepto de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.
Luis Bárcenas, pieza fundamental en la trama organizada por Correa
Dentro del entramado de empresas que Francisco Correa crea a su alrededor en lo que la sentencia denomina “un auténtico sistema de defraudación del erario público”, Luis Bárcenas era una pieza fundamental porque con su presencia, desde dentro del partido, podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente, “de cuya ejecución se incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella, y del que el propio partido recibía su correspondiente beneficio”.
En esa relación, Francisco Correa se encargaba de los contactos con los empresarios y a su vez contactaba con Luis Bárcenas, que hacía las gestiones necesarias “para que las adjudicaciones recayeran en el concreto empresario que les interesaba, en cuya ejecución se incluían los incrementos correspondientes, que luego eran repartidos de la manera que se tenía establecida”.
La Sala considera acreditado que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza “con fondos provenientes de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas”.
Los jueces no han creído la versión del acusado de que su fortuna fuera de origen lícito y explican que también se apropió indebidamente de la llamada “caja b” del partido, a la que él denomina contabilidad extracontable del Partido Popular”. Por estos hechos le condena por apropiación indebida, aunque el PP renunció a cualquier reclamación. La Sala, sin embargo, concluye que las cantidades existían y por tanto “el acto de apoderamiento se ha producido y ha recaído sobre una cosa ajena”, apoderándose de algo que no le pertenecía y que recibió como mero custodio.
El Tribunal explica que desde el año 2000, Luis Bárcenas desarrolló por su cuenta y en colaboración con su esposa Rosalía Iglesias, que también resulta condenada, una actividad dirigida a enriquecerse de forma ilícita, intermediando en otras adjudicaciones y apropiándose de fondos del PP, que ocultó a través de un entramado financiero en Suiza, que luego afloró mediante la simulación de distintas operaciones comerciales y que destinó a pagos en efectivo, de manera opaca para la Hacienda Pública.
La Sala concluye que su mujer, Rosalía, en connivencia con él, se valió del mismo procedimiento para ocultar sus propias rentas y las de su esposo, y también simulando realizar alguna venta de cuadros. La sentencia relata el sistema ideado por el matrimonio para ocultar sus rentas en Suiza y cómo cambió a partir de febrero de 2009, cuando se abrió la presente causa y se produjeron las primeras detenciones judiciales. El Tribunal rechaza el argumento esgrimido por la defensa de Rosalía de que carecía de conocimientos como para llevar a cabo las actuaciones que se le imputan. Esa justificación, según la Sala, le relegaría “a poco más de un simple objeto, y esto no lo debe consentir el Tribunal”.
Desde el año 2000, queda acreditado que Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias con la “finalidad defraudatoria que ha guiado su actuar” ocultaron rentas al Tesoro Público dejando de ingresar las cuotas por IRPF y de IP (impuesto de patrimonio) desde el año 2000, si bien se les absuelve de los delitos de los ejercicios de 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2009 por haber prescrito, cuotas que superan los seis millones de euros. Por los ejercicios por los que resulta condenado, correspondientes a 2003, 2006, 2007, Bárcenas y Rosalía Iglesias deberán indemnizar la Hacienda estatal con casi seis millones de euros, más los intereses de demora y los intereses legales.
Colaboradores externos de la trama Correa
La sentencia distingue entre los miembros de la trama Correa, a los que condena por asociación ilícita (salvo los ya condenados en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Fitur) y los colaboradores externos, que desempeñaban sus funciones en el ámbito de la Administración. Entre estos últimos, el tribunal describe el papel llevado a cabo en Estepona por el gerente de la Sociedad Municipal de Turismo, Ricardo Galeote en los contratos a las empresas de Correa; la Sala relata el papel ejercido por el diputado por Segovia Jesús Merino dentro del apartado de Castilla y León. En el municipio madrileño de Pozuelo, el tribunal describe las actuaciones ilícitas ejecutadas por el ex alcalde Jesús Sepúlveda.
En la Comunidad de Madrid, la sentencia detalla los actos llevados a cabo por el ex director general de Inmigración, Carlos Clemente. Los magistrados destacan la operativa ilícita desarrollada por el entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega y el ex consejero madrileño Alberto López Viejo a quienes incluye dentro de la organización criminal del Grupo correa, resultando también condenados por asociación ilícita. Todos ellos, aprovechándose de sus competencias dentro de la Administración convenían con Francisco Correa para procurarse ilícitamente un mutuo beneficio.
Los responsables políticos, explica la sentencia, “ejercían su capacidad de influencia o imponían mediante la presión que les permitía el abuso de las funciones propias de su cargo, las directrices idóneas para orientar la oferta y las condiciones de los contratos a las conveniencias de la empresa del grupo”. Los jueces destacan la influencia que tenían Luis Bárcenas y Jesús Merino sobre otros cargos del PP y de la que se aprovecharon Francisco correa y su número dos, Pablo Crespo para conseguir adjudicaciones públicas a favor de sus empresas.
La sentencia describe un mecanismo similar en la contratación con las administraciones públicas, con adjudicaciones que vulneraban la normativa administrativa, obteniendo así un lucro personal ilícito para las empresas de Correa y para los funcionarios o cargos que desde dentro de la Administración participaban en esa irregularidad.
Las comisiones que se devengaron por las operaciones enumeradas no solo se abonaban en metálico. La sentencia detalla múltiples viajes y otros servicios organizados por la agencia Pasadena Viajes, regalos de coches, relojes, o eventos familiares en algún caso. Las comisiones se maquillaban mediante la emisión de facturas ficticias o por importes superiores. Por ejemplo, a Sepúlveda, la agencia Pasadena viajes le sufragó en viajes y servicios turísticos de la familia 50.332 euros. Y 4.500 euros de eventos familiares. Otro ejemplo es el de Alberto López Viejo, de quien la sentencia considera que cobraba un diez por ciento de cada acto que organizaba con la trama de Correa, entre 2004 y 2008, con comisiones en metálico y en especie. Las cantidades se incluían como coste a la Comunidad de Madrid y se pagaban con cargo a sus arcas públicas.
Respecto a López Viejo se ha calculado que pudo devengar en concepto de comisiones en metálico 282.302 euros por 348 actos que organizó en la CAM. A esta cantidad se deben añadir otros 166.567 euros de comisiones en relación con otros 38 actos que organizó con otra de las condenadas, Isabel Jordan, a partir de 2007, cuando ésta se independizó de las empresas de Correa. Así, en total, las comisiones devengadas alcanzan la cifra de 448.870 euros.
Validez de las grabaciones realizadas por el exconcejal José Luis Peñas
La sentencia rechaza una a una todas las peticiones de nulidad planteadas por las defensas. Entre éstas, la petición de que se declararan nulas las grabaciones realizadas por el ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas.
En línea con la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la misma cuestión (Pieza Fitur), el tribunal explica que cuando el interlocutor de una conversación que mantiene con otro decide despojarse del secreto que ampara ese mensaje, el secreto deja de ser tal, y por lo tanto no hay derecho fundamental que proteger.
La Sala recuerda que lo que la jurisprudencia no tolera es acudir a técnicas subrepticias o valerse de algún tipo de ardid para conseguir la información, llegando a la intromisión de la intimidad porque en ese caso se viciaría el contenido de lo grabado. Pero en la grabación realizada por Peñas, según el tribunal, no se aprecia circunstancia alguna que permita pensar que no se estuvieran comunicando los interlocutores con absoluta libertad y conocimiento de lo que decían y con quien lo decían.
Torcimiento del Derecho
Para el tribunal, basta la sola lectura de los hechos para comprobar la importante cantidad de actuaciones prevaricadoras que se manifiestan “de cuantas maneras son imaginables para violentar los procedimientos de contratación, de los que los fraccionamientos o la contribución en la elaboración de los pliegos de prescripciones, o la preselección de empresas, son , por solo traer aquí algún ejemplo de lo que hemos relatado en la parte fáctica de la presente sentencia, una muestra clara de torcimiento del derecho, característico de la prevaricación, que, además, tiene por finalidad detraer de los caudales públicos que tienen bajo su custodia los acusados, y de la que han de ser garantes, cantidades que sustraen para beneficio propio con merma para las arcas municipales”.
Los jueces concluyen que la operativa de los acusados se convirtió en un mecanismo generalizado de emitir facturas que no respondían a servicios reales o infladas, pese a lo cual se abonaban con cargo a los fondos públicos municipales.
El PP, Ana Mato y Gema Matamoros, partícipes a título lucrativo
El tribunal concluye que el PP debe ser condenado como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos a esas alcaldías.
La Sala explica que concurren todos los requisitos del responsable a título lucrativo, en tanto que los actos delictivos descritos en la sentencia, “produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos, que de otra manera hubieran tenido que ser sufragados directamente con recursos económicos propios del partido político en cuestión”.
La formación política deberá abonar 133.628,48 euros por los actos llevados a cabo en Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo, al haberse constatado que se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, generándose una obligación civil de devolución. Lo abonarán de modo directo y solidario con los condenados Guillermo Ortega, José Luis Peñas, Juan José Moreno, Mari Carmen Rodríguez Quijano, Francisco Correa, Pablo Crespo (por los gastos de Majadahonda) y Jesús Sepúlveda (por los de Pozuelo).
El tribunal explica que es el PP nacional y no su grupo municipal el que debe responder. “Por tanto, la persona, en este caso jurídica, conocedor del destino de los fondos recibidos y beneficiada de la actividad ilícita desarrollada por Francisco Correa fue el Partido Popular no el grupo municipal, grupo municipal que según declaró ante el Tribunal el testigo Pío García Escudero en campaña electoral está vacío de contenido dado que hay una serie de candidatos que aspiran a ser alcaldes y concejales; el testigo Ricardo Romero de Tejada lo confirmó ante el Tribunal: “era el Partido Popular quien debía sufragar los gastos y no el grupo municipal”. Por tanto, es el Partido Popular, dice la sentencia, quien ostenta un único NIF en el tráfico jurídico y quien resulta obligado al resarcimiento del daño.
La Sala también condena a Ana Mato como partícipe a título lucrativo en la cuantía de 27.857,53 euros por los viajes y otros servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia. El tribunal recuerda que en la época de aquellas dádivas Ana Mato estaba casada en régimen de gananciales con Jesús Sepúlveda y por tanto esos gastos abonados por los condenados debían correr a cargo de la sociedad de gananciales “ parece evidente – señala la sentencia- que si la señora Mato realiza unos viajes y recibe unos servicios que no abona, está obteniendo un beneficio en la parte o cuota que debiera corresponderle sufragar como miembro de la sociedad conyugal, por lo que, en la medida que supone un enriquecimiento sin causa, como decíamos arriba, viene obligada a restituir aquello en que se ha beneficiado”.
Del mismo modo, la Sala condena a Gema Matamoros, esposa del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega a devolver 45.066,66 euros por participar a título lucrativo de los viajes y regalos con los que la trama Correa obsequió al matrimonio.
Voto particular del magistrado Ángel Hurtado
En su voto particular, Ángel Hurtado expone los argumentos por los que no está de acuerdo con la introducción que han incluido sus compañeros en la sentencia mayoritaria, ni con las condenas al PP como responsable a título lucrativo y las condenas impuestas a Ricardo Galeote, Carlos Clemente y Ángel Sanchís e hijo.
En relación con la introducción de la sentencia mayoritaria, que contextualiza al Grupo Correa en la órbita del Partido Popular y de la corrupción institucional, esas valoraciones, según Hurtado, son improcedentes en tanto que el PP ha estado encartado como partícipe a título lucrativo y por tanto “hay que partir de su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos”.
Este magistrado critica que de algo que ha sido colateral al enjuiciamiento, como era la necesidad de acreditar la existencia de una contabilidad extraoficial llevada a cabo por Luis Bárcenas, para probar un delito de apropiación indebida, o el puntual lucro que pudo haber con ocasión de unas elecciones municipales en Majadahonda y Pozuelo haya servido a sus compañeros para introducir pasajes donde colocan al Partido popular y al Grupo Correa en una estructura de colaboración estable.
Hurtado se opone a considerar al PP responsable a título lucrativo y considera que la sentencia mayoritaria no ha explicado por qué asevera que el PP era conocedor de lo que se hiciera en las agrupaciones de Majadahonda y Pozuelo, “cuando, en éstas, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda estaban actuando a espaldas de su partido, y menos explica que el PP, como formación política, haya tenido un beneficio”.
Hurtado argumenta que el tercero partícipe a título lucrativo se caracteriza por ser el beneficiario, el que se lucra por haber recibido la correspondiente partida, con origen en un hecho delictivo: “por esa razón, por mucho que se mencione al pp, se hace desde su abstracción como formación política, cuando considero que los auténticos beneficiarios, aunque se entienda como una redundancia lo que digo, fueron quienes se beneficiaron realmente de las cantidades que proporcionó Francisco correa”.
En última instancia, afirma, quienes realmente obtendrían un beneficio serían Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, “ya que son los que se presentan a las elecciones municipales de 2003, y solo en cuanto son militantes de dicho partido, es por lo que se considera por las acusaciones beneficiado éste”.
El magistrado distingue entre la formación municipal y la nacional. Se basa en la declaración de Pío García Escudero que explicó que en campaña electoral el grupo municipal quedaba vacío de contenido, porque se está en un momento en que han dejado de ser concejales unas personas y hay una serie de candidatos que aspiran a serlo. Y siendo esto así, indica, “y teniendo en cuenta que Francisco Correa a quien entregaba personalmente los fondos era a Guillermo Ortega y a Jesús Sepúlveda, se ve con más claridad la distancia que hay entre esas irregulares entregas y el PP nacional, y, en consecuencia, el desconocimiento de éste y la imposibilidad de control de lo que se hiciera a sus espaldas”.
Para el magistrado discrepante, no hay posibilidad de concretar qué beneficio real y efectivo pudo suponer para el PP esos actos realizados para su promoción por Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda. Y, de considerarse que sí hubo lucro o beneficio, este juez se pregunta de qué manera ese beneficio, que tiene lugar en el ámbito municipal, trasciende a todo el partido.
Sin negar la relación existente entre un partido político y su grupo municipal, este magistrado concluye que se debe mantener la diferencia entre ambos si, como en el caso presente, ha habido unas divergencias tan notables “que lo hecho por unas concretas personas que situamos en unas agrupaciones municipales ha sido a espaldas y en contravención de lo que el partido deseaba”.
En relación con Ricardo Galeote, el voto particular señala que debe primar el “in dubio pro reo” y por tanto debe resultar absuelto. Frente a la sentencia mayoritaria, que señala a este ex concejal de Estepona como responsable de adjudicar de forma directa varios contratos a empresas de Correa a cambio de viajes y otros servicios, el voto particular se apoya en la declaración exculpatoria que prestó durante el juicio Francisco Correa respecto a este acusado; según declaró Correa, Galeote fue el único de los cargos públicos sentados en el banquillo que no recibió dádivas: “ no comprendo- señala Hurtado- por lo tanto, que habiéndose dado tanto crédito al testimonio de aquel ( Correa) se descarte esta parte de él sin la menor explicación”.
Además de Galeote, el voto particular propone también la absolución de Ángel Sanchís Perales y de Ángel Sanchís Herrero. Los dos han resultado condenados por blanqueo a un año de prisión por ayudar a Luis Bárcenas a ocultar su patrimonio ilícito, a través de un préstamo que, en nombre de la fundación Sinequanon, hizo a Ángel Sanchís Perales por importe de 3.000.000 euros. Según la sentencia mayoritaria, de este modo Bárcenas, en febrero de 2009 y tras haberse ordenado las primeras detenciones judiciales, intentó que ese dinero ilícito depositado en una de sus cuentas suizas, entrase en el circuito lícito, con la ayuda de los Sanchís.
Frente a este argumento, el magistrado Hurtado concluye que no ha quedado acreditado que estos dos acusados conocieran que se tratara de dinero de procedencia ilícita, ni que los Sanchís conocieran las actuaciones irregulares de Luis Bárcenas. Y más aún en el caso del hijo de Ángel Sanchís, cuya acusación, según Hurtado, es menos consistente “porque viviendo como vivía en Argentina, considero razonable que, como decía, no estuviera al tanto de esta cuestión que empezaba a ser incipiente en España”.
Ángel Hurtado considera que otro de los condenados, el ex director General de Inmigración Carlos Clemente también merece la absolución. Si bien desde su Consejería se encargaron actos, según Hurtado, nada tuvo que ver él en su contratación, como tampoco en su facturación y por tanto ninguna compensación se le debía por esos actos. Las decisiones sobre esas contrataciones, con todas las irregularidades que se llevaron a cabo, “las tomaba López Viejo y lo que sucede es que, como a esas decisiones había que darles forma y para ello había que pasar por alguna Consejería o Departamento, de la misma manera que se utilizaron otras, se utilizó la de Carlos Clemente”. Hurtado concluye que los datos recabados no son suficientes para probar que Clemente recibiera comisiones en contraprestación de eventos adjudicados de manera irregular.Bárcenas, Correa y el PP, condenados en el juicio central del ‘caso Gürtel’
La Audiencia Nacional certifica que el partido se financió con una caja b en su sede central
El juicio central del caso Gürtel, la trama de corrupción política más extensa y profunda de la historia democrática española y la pesadilla recurrente del PP durante la última década, ya tiene sentencia. La Audiencia Nacional ha condenado a 51 años al empresario Francisco Correa como director de la red corrupta que anidó en el PP nacional durante el aznarismo y que trasladó su actividad a la Comunidad Valenciana tras la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del partido. El fallo considera probada la existencia de una caja b en el Partido Popular, que será juzgada en una causa aparte, y que entre esta formación y las empresas de Correa "se tejió" un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional".
Correa, cuyas sociedades de organización de eventos percibieron 8,4 millones de euros entre 2000 y 2008 en contratos públicos a precios muy superiores a los de mercado, y que logró 2,85 millones por intermediar ante la Administración en favor de empresas ajenas, ya tiene una sentencia firme de 13 años de prisión por la pieza separada de Gürtel sobre los amaños de la adjudicación de los expositores de turismo de Valencia en Fitur. También aguarda en prisión otra sentencia por la supuesta caja b del PP valenciano, donde la fiscalía reclama para él otros siete años y tres meses de prisión. El fallo absuelve a Álvaro Pérez, conocido popularmente por el Bigotes.
El tribunal condena a 33 años y una multa de más de 44 millones de euros a Luis Bárcenas, extesorero del partido, por evadir algo más de seis millones de euros en impuestos 2003, 2006 y 2007 y embolsarse 1,24 millones en comisiones por facilitar contratos públicos a empresarios que le presentó Correa. Para la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, el tribunal impone una pena de 15 años de prisión, al considerar que colaboró con su marido en el ocultamiento de sus fondos en Suiza. También sostiene que ella también ocultó rentas propias. El tribunal rechaza el argumento esgrimido por la defensa de Rosalía de que carecía de conocimientos como para llevar a cabo las actuaciones que se le imputan. Esa justificación, según la Sala, le relegaría “a poco más de un simple objeto, y esto no lo debe consentir el Tribunal”.
El previsible encarcelamiento de Iglesias puede tener efectos imprevisibles sobre el ánimo de Bárcenas de desvelar a la Justicia detalles sobre las finanzas del partido que ha amagado con airear tras ingresar en prisión provisional en junio de 2013. Por su parte, la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, resulta condenada a 14 años y 8 meses de cárcel.
Bárcenas, pieza fundamental
Bárcenas, según la sentencia, fue una pieza fundamental en el "auténtico sistema de defraudación del erario público" levantado por Correa. Como tesorero popular, Bárcenas podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación de contratos de obra pública, sostiene el tribunal. Luego en la fase de ejecución "se incrementaba" el precio "en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella". Posteriormente, señala el fallo, "el propio partido recibía su correspondiente beneficio”.
La Sala considera que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza, que llegaron a acumular 48 millones de euros en el año 2007, “con fondos provenientes de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas”. Los jueces no han creído la versión del extesorero de que su fortuna fuera de origen lícito y explican que también se apropió indebidamente de la llamada “caja b” del partido, a la que él denomina contabilidad extracontable del Partido Popular”.
La sentencia, por dos votos contra uno, considera probado que el PP como persona jurídica y la exministra de Sanidad Ana Mato se beneficiaron con la actividad delictiva de la trama, por lo que los condena en calidad de partícipes a título lucrativo. El tribunal ve probado que la formación conservadora se benefició -sin ser consciente de su procedencia delictiva- de 111.186 euros para la campaña de las municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de 133.628 euros en la campaña de Majadahonda.
Mato deberá devolver 27.857 euros de viajes y regalos familiares que la trama corrupta de Correa pagó a su exesposo Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), condenado a su vez a 14 años de cárcel en el juicio.
Sistema de corrupción institucional
El tribunal considera acreditado que entre 1999 y 2005 entre las empresas de Correa y el Partido Popular se tejió en esos municipios y en otras zonas de España "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido". Estos acusados, según la sala "tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.
El fallo de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia, que ocupa 1.687 páginas, condena a 29 de los 37 acusados. El cuadro de tipos delictivos es extensísimo: asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.
José Luis Peñas, el exconcejal de Majadahonda (Madrid) y denunciante de la trama, recibe una pena de cuatro años y nueve meses de prisión.
La sentencia de la llamada Época 1 de Gürtel llega en un momento especialmente delicado para el Partido Popular. La formación conservadora, que se ha visto rodeada por escándalos de corrupción, especialmente en la Comunidad de Madrid con los casos Púnica, Lezo y el master fraudulento de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, ha sufrido un fuerte retroceso en sus expectativas electorales. La última encuesta de Metroscopia para EL PAÍS proyecta una estimación de voto del 19,1%, la más baja de su serie y casi la mitad de la registrada a finales de 2016. El CIS, en su último barómetro, también sitúa al partido gobernante en sus mínimos históricos.
En los meses venideros hasta las próximas elecciones, el partido se seguirá viendo perseguido en los tribunales, con el consiguiente efecto corrosivo para su imagen: todavía están pendientes de juzgarse el caso Bárcenas, sobre la caja b del PP, y la causa sobre la destrucción de los ordenadores del extesorero popular, en el que el partido está procesado como persona jurídica.
El fallo llega una década después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iniciara la investigación, que explotó en febrero de 2009 con la Operación Gürtel, que fue continuada por su sucesor en el juzgado, Pablo Ruz; y medio año después de que terminara el juicio, que se desarrolló a lo largo de 125 jornadas entre el 4 de octubre de 2016 y el pasado 17 de noviembre, una de las vistas orales más largas de la historia reciente. La sesión estrella del proceso fue la 101, celebrada el 26 de julio. Ese día, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudió a la Audiencia Nacional como testigo. Ante el tribunal presidido por el magistrado conservador Ángel Hurtado, que se opuso siempre a su declaración, Rajoy manifestó que su partido “jamás” recibió donativos en efectivo de empresarios y reiteró hasta en siete ocasiones que nunca se ha ocupado de cuestiones económicas de la formación conservadora, sino únicamente de las políticas.
El macrosumario Gürtel ha marcado la agenda de los últimos 10 años y ha terminado con la carrera política de algunos pesos pesados del PP como el expresidente valenciano Francisco Camps —que dimitió en julio de 2011 tras ser procesado en la causa por el regalo de los trajes, de la que resultó absuelto— o la exministra Ana Mato, juzgada como partícipe a título lucrativo por los regalos de la trama que recibió su esposo. También dimitió, en mayo de 2017, tras ser imputada, la diputada regional madrileña Josefa Aguado. Las diferentes tramas de corrupción surgidas desde entonces acabaron con la trayectoria de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre o de la fallecida alcaldesa de Valencia Rita Barberá, entre otros líderes populares.https://politica.elpais.com/politica/2018/05/24/actualidad/1527149285_477313.html
La Audiencia declara al PP beneficiario económico de la trama 'Gürtel' en una sentencia histórica
El tribunal declara probada la caja B del PP y que se creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional"
Condena al extesorero del partido Luis Bárcenas a 33 años y a 15 a su mujer, Rosalía Iglesias
El PP se benefició económicamente como partido de los delitos de la trama Gürtel, por lo que tendrá que devolver 245.000 euros. Así lo acaba de dictaminar la Audiencia Nacional en una sentencia histórica, la de la pieza principal del caso -denominada Época 1 (1999-2005)-, que considera al partido del Gobierno partícipe a título lucrativo de un delito y declara probada la existencia de la caja B.
El fallo conceptúa como hecho probado que el PP y la trama de Francisco Correa crearon "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido".
El presidente del tribunal, el conservador Ángel Hurtado, ha expresado su discrepancia con que el PP haya sido declarado partícipe a título lucrativo. Lo ha hecho a través de un voto particular.
El tribunal condena a 33 años a Luis Bárcenas y a 15 a su mujer, Rosalía Iglesias, lo que incrementa la posibilidad de que la Fiscalía pida su inmediato ingreso en prisión. Si eso ocurre, la gran incógnita pasará a ser la de si el encarcelamiento de su esposa lleva al extesorero a desvelar datos ocultos de la caja B, cuya existencia declara probada la resolución judicial.
Sobre la caja B del PP y en el apartado de hechos probados, la sentencia dice esto: "También otras cantidades sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada Caja B del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989".
Esas cantidades -agrega la resolución- "se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido". Los llamados papeles de Bárcenas incluyen el pago de sobresueldos opacos a dirigentes como el propio presidente, Mariano Rajoy, y la hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Ambos han negado taxativamente y con reiteración haber recibido nunca dinero negro del partido.
La Audiencia condena a Francisco Correa a 51 años y Pablo Crespo, a 37 años y medio y absuelve a ocho de los 37 acusados, entre ellos Álvaro Pérez. El tribunal impone a tres antiguos dirigentes del PP las siguientes penas: 30 años a Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda; 31 a Alberto López Viejo, exconsejero en el Gobierno de Esperanza Aguirre; y 14 a Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y que perteneció a la dirección nacional del PP.
La figura del partícipe a título lucrativo saltó al centro de la escena en el caso Nóos, cuya sentencia asignó esa etiqueta a Cristina de Borbón. El partícipe lucrativo es una persona física o jurídica a la que el tribunal no considera responsable penalmente de los delitos perpetrados pero sí beneficiario. Es, por tanto, un responsable civil directo. La sentencia de Gürtel extiende a la exministra Ana Mato esa condición aunque en su caso el importe a reintegrar se limita a 28.000 euros.
El primer partido declarado partícipe a título lucrativo fue Convergència en el caso Palau. En el primer gran caso de financiación ilegal conocido en España, Filesa, fueron condenados dos dirigentes pero el PSOE como tal ni siquiera llegó a ser declarado responsable civil subsidiario.
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