CRISTINA CIFUENTES CUENCAS : YO, MI, ME, CONMIGO
LAS NOTICIAS SOBRE LA SUSODICHA AÑO 2017
UNA FUNDACIÓN INVESTIGADA EN PÚNICA PAGÓ 3.400 EUROS A LA HERMANA DE CIFUENTES
LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA RETIRA DEL ACTA DEL PLENO QUE CIFUENTES ES LA "PATRONA DE LOS CORRUPTOS
LA HERMANA DE CRISTINA CIFUENTES GANA UN PREMIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
GONZÁLEZ QUERÍA EL “APOYO DE SORAYA PARA TOCAR LOS HUEVOS A CIFUENTES”
LA INVESTIGACIÓN DE PÚNICA LLAMA A LA PUERTA DEL DESPACHO DE CIFUENTES
EL JUEZ DE PÚNICA ACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIFUENTES Y CITA A LA
EXRESPONSABLE JURÍDICA DE LA ASAMBLEA DE MADRID
EL JUEZ CITA A DECLARAR LA EXJEFA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA DE
MADRID POR LA LICITACIÓN DE LA CAFETERÍA
CIFUENTES RECOLOCA A SU EXCONSEJERO SEÑALADO POR PÚNICA EN EL SENADO
SÁNCHEZ-MARTOS NO FUE EL PRIMERO: LOS OTROS 'RECOLOCADOS' DE CRISTINA CIFUENTES
EN 24 HORAS, CIFUENTES RECOLOCA A SÁNCHEZ MARTOS EN UNA FUNDACIÓN CON 82.000 €
DE SUELDO
CIFUENTES SE NIEGA A EXPLICAR ANTE LA ASAMBLEA LOS CAMBIOS DE SU EJECUTIVO
CIFUENTES CAMBIA MEDIO GOBIERNO Y RELEVA AL CONSEJERO SALPICADO POR EL CASO
PÚNICA
CIFUENTES
DESTITUYE A SUS DOS CONSEJEROS MÁS POLÉMICOS
EL CONSEJERO CESADO TABOADA MINTIÓ SOBRE SU PAPEL EN LA ADJUDICACIÓN DE 118
MILLONES BAJO SOSPECHA EN PÚNICA
CIFUENTES CESA AL GERENTE DEL PP DE MADRID POR LA PÚNICA Y NOMBRA A UN NUEVO
RESPONSABLE
CIFUENTES SE ENFRENTA AL DEBATE DE LA REGIÓN TRAS SER ACUSADA POR LA GUARDIA
CIVIL DE PREVARICACIÓN Y COHECHO
CIFUENTES APARECÍA EN LA LISTA DE 'MOROSOS' DE LA COMUNIDAD QUE AHORA PRESIDE
CIFUENTES PONE A PROFESORES DE DIBUJO A DAR CLASE DE MATEMÁTICAS CUANDO LA LEY
NO LO PERMITE
LOS GOBIERNOS DEL PP EN MADRID HAN MULTIPLICADO POR DIEZ EL PRESUPUESTO DE LOS
COLEGIOS QUE SEGREGAN POR SEXOS
EL 68% DE LOS ENCUESTADOS CREE QUE LA SANIDAD PÚBLICA EN MADRID HA EMPEORADO EN
LOS 2 AÑOS DE CIFUENTES
CIFUENTES DIFICULTA EL ACCESO A LA RENTA MÍNIMA A LAS FAMILIAS QUE “OCUPAN”
MALAS NOTICIAS PARA CIFUENTES Y EL PP DE MADRID. CARMENA ESTARÁ PERSONADA EN LA
LEZO
MÁS DE VEINTICUATRO
HORAS ESPERANDO UNA CAMA
LA DIPUTADA DÍSCOLA DE CIFUENTES DEJA EL ESCAÑO (Y LA DENUNCIA) POR 93.000 € DE
SUELDO
TIBIA CONDENA DEL PP DE MADRID AL ALCALDE DE ALCORCÓN POR SU GRAVE ACUSACIÓN A
COLAU
LA COMUNIDAD DE MADRID TRIPLICA SU DEUDA DESDE EL INICIO DE LA CRISIS
LA
EDUCACIÓN CONCERTADA VUELVE A CRECER EN LA COMUNIDAD DE MADRID
ELENA GONZÁLEZ MOÑUX (PP) ENTREGA EL ACTA DE DIPUTADA DE LA ASAMBLEA DE MADRID
LA COMUNIDAD DE MADRID ELIMINÓ DATOS CLAVE DEL 'NÚMERO 3' DE CRISTINA CIFUENTES
LOS DERECHOS A LOS QUE
CIFUENTES NO RENUNCIA
EL PP DE CIFUENTES IMPIDE QUE LA ASAMBLEA DE MADRID CONDENE EL GOLPE DE ESTADO
MILITAR DEL 18 DE JULIO
ALUVIÓN DE CRÍTICAS CONTRA LAS "VACACIONES VOLUNTARIAS" DE CIFUENTES
TODAS LAS
‘RANAS’ DE CIFUENTES TRAS DOS AÑOS DE MANDATO
LA INACCESIBLE CRISTINA CIFUENTES
CUANDO CIFUENTES SE NEGÓ A IR A UN HOMENAJE DEL 11-M PORQUE LO PRESIDÍA PILAR
MANJÓN
CIFUENTES DA PLANTÓN A IGNACIO AGUADO Y ENFRÍA AÚN MÁS SU MALTRECHA RELACIÓN CON
C'S
EL CONSEJERO DE SANIDAD DE CIFUENTES, REPROBADO A GOLPE DE ABANICO
CRISTINA CIFUENTES AUMENTA UN 40% EL PRESUPUESTO DESTINADO A LOS TOROS
CIUDADANOS CUESTIONA LA COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DE CIFUENTES CON LA JUSTICIA
LOS TRABAJADORES DEL GREGORIO MARAÑÓN SE UNEN CONTRA CRISTINA CIFUENTES
GRANADOS ACUSA A CIFUENTES DE SER “LA MANO DERECHA” DE IGNACIO GONZÁLEZ
CIFUENTES SIGUE AUMENTANDO EL NÚMERO DE ALUMNOS POR CLASE ILEGALMENTE MIENTRAS
LA JUSTICIA LO INVESTIGA
CIFUENTES SE 'COLÓ' EN EL COMITÉ DE TÉCNICOS QUE BENEFICIÓ A ARTURO FERNÁNDEZ
INFORMES DE LA UCO, MOCIÓN DE CENSURA Y LAS OPERACIONES DEL CANAL: LOS TRES
FRENTES ABIERTOS DE CIFUENTES
EL ACTUAL GERENTE DEL PP EN MADRID PARTICIPÓ EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL
DIMITE UNA DIPUTADA DEL PP DE MADRID POR EL ‘CASO GÜRTEL’
LA GUARDIA CIVIL RATIFICA SUS SOSPECHAS SOBRE CIFUENTES EN UN SEGUNDO INFORME
LA UCO INVESTIGABA A IGNACIO GONZÁLEZ DESDE 2015 POR UNA DENUNCIA ANÓNIMA
CIFUENTES DENUNCIÓ AL FISCAL QUE EL CANAL SE HABÍA SALTADO EL “57% DE LOS
CONTROLES” AL COMPRAR EMISSAO
EL PP 'OLVIDA' QUE ANTICORRUPCIÓN YA INVESTIGABA LA CORRUPCIÓN EN EL CANAL
CUANDO CIFUENTES DENUNCIÓ
SE DESMONTA EL DISCURSO DE CIFUENTES: LA UCO YA INVESTIGABA A IGNACIO GONZÁLEZ
POR UNA DENUNCIA ANÓNIMA
CIFUENTES NIEGA QUE TOMARA DECISIONES SOBRE LA OPERACIONES DEL CANAL DE ISABEL
II INVESTIGADAS
CRISTINA CIFUENTES: "EL TIEMPO DE LOS CORRUPTOS HA LLEGADO A SU FIN EN LA
COMUNIDAD DE MADRID"
LOS 20 ‘CAÍDOS’ DE CIFUENTES: EL 40% DE SUS DIPUTADOS REGIONALES RENUNCIA EN DOS
AÑOS
LA PROHIBICIÓN DE SÍMBOLOS REPUBLICANOS EN LA CORONACIÓN DE FELIPE VI LLEGA A
ESTRASBURGO
MADRID DESTINA 100 MILLONES EN TRES AÑOS A COLEGIOS QUE SEGREGAN POR SEXOS, LA
MITAD DE ELLOS DEL OPUS DEI
TODOS CONTRA LA "RUBIA" CIFUENTES
MADRID DA 1,54 MILLONES EN SUBVENCIONES A SAN ROMÁN, CUYA AGENCIA DE COLOCACIÓN
'FANTASMA' FUE CLAUSURADA EN CASTILLA-LA MANCHA
A DIFERENCIA DE SUSANA DÍAZ, CIFUENTES NO PUBLICA LA RENTA DE SU MARIDO
LA UCO INTERROGA A FUNCIONARIOS QUE JUNTO CON CIFUENTES DIERON UN CONTRATO AL
EXJEFE DE LA PATRONAL MADRILEÑA
ENCIERRO EN EL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL CONTRA EL RECORTE DE CIFUENTES PARA ESTE
AÑO
EL
GOBIERNO DE CIFUENTES TOMA EL CONTROL DEL NUEVO PP DE MADRID
EL
'HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES', DE 'COMIDA' EN UN BAR FRANQUISTA
CIFUENTES INSISTE EN QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE PIDE LA UCO ES DE GOBIERNOS
ANTERIORES Y SE DESLIGA DE FUNDESCAM
EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO DONACIONES A
UNA FUNDACIÓN DEL PP
CRISTINA CIFUENTES APOYA AL ALCALDE DE ALCORCÓN “PORQUE ERES UN BUEN ALCALDE Y
TE ESTÁS DEJANDO LA PIEL”
CRISTINA CIFUENTES SERÁ LA PRÓXIMA PRESIDENTA DEL PP DE MADRID
SÓLO EL 11,5% DE LOS AFILIADOS DEL PP SE INSCRIBEN PARA LAS PRIMARIAS
SOLO EL 11% DE LOS AFILIADOS DEL PP DE MADRID ELEGIRÁN A SU NUEVO PRESIDENTE
EL PLAN DE SÁNCHEZ MARTOS SÓLO CONSIGUE REDUCIR LA LISTA DE ESPERA EN 53
PERSONAS
CIFUENTES COLOCA COMO ALTO CARGO AL ‘BISOÑO’ HIJO DE SU NÚMERO DOS DE
COMUNICACIÓN
CIFUENTES DIMITE COMO PRESIDENTA DE LA GESTORA DEL PP... PERO PARA NO IRSE
MADRID GASTÓ 921 MILLONES EN CONCIERTOS CON LA SANIDAD PRIVADA Y SÓLO 32 EN LA
PÚBLICA
CIFUENTES RETIRA SU ANTEPROYECTO DE 'LEY MORDAZA' POR LA FALTA DE CONSENSO
LA GUERRA INTERNA EN EL PP DE MADRID SE RECRUDECE A DOS MESES DEL CONGRESO REGIONAL
EL PP RETIRA PREGUNTAS DEL PLENO PARA QUE CIFUENTES ASISTA AL BAUTIZO DE UN PANDA GIGANTE EN EL ZOO
LAS NUEVAS GENERACIONES DE CARROMERO: CESES FULMINANTES, GESTORAS Y CARGOS A DEDO
SALPICADA POR EL 'CASO TEATRO', CIFUENTES ACTIVA EL CORTAFUEGOS DE LOS CESES
CUATRO CONCEJALES DEL PP DE GETAFE CITADOS A DECLARAR EN EL JUZGADO COMO INVESTIGADOS
LA OPOSICIÓN DENUNCIA UNA MANIOBRA DEL PP DE CIFUENTES PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN EN MADRID
LA FISCALÍA PIDE ARCHIVAR EL CASO POR ACOSO LABORAL CONTRA EL PORTAVOZ DEL PP EN MADRID
UNA FUNDACIÓN INVESTIGADA EN PÚNICA PAGÓ 3.400 EUROS A LA HERMANA DE CIFUENTES
La Guardia Civil cree que la Fundación Dos de Mayo de Esperanza Aguirre
sirvió para financiar al Partido Popular
La hermana de Cristina Cifuentes, Margarita Cifuentes Cuenca, cuenta en su haber
con otra extraña aparición, más allá de la polémica del premio otorgado por el
Ministerio de Defensa y de su fichaje presuntamente ilegal en la Universidad Rey
Juan Carlos I. Porque Margarita Cifuentes también tiene una mención dentro del
sumario del caso Púnica. En concreto, en una factura de 3.400 euros de la
investigada Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, creada por Esperanza
Aguirre.
Corría el año 2007. Cataluña no aspiraba a la independencia, pero eran los
tiempos del Estatut catalán y del recurso del Partido Popular ante el Tribunal
Constitucional. Además, quedaba un año para el segundo centenario de la Guerra
de Independencia, y Aguirre se sacó de la manga la Fundación Dos de Mayo, Nación
y Libertad, para “reforzar el sentimiento de que España es una gran nación”.
Hablamos de una época en la que Cifuentes no estaba bajo los focos como ahora,
pero en la que ya ocupaba grandes cargos. Hasta 2008 fue vocal de Fundescam
-otra fundación investigada en Púnica-, en aquella legislatura fue
vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid -y adjudicó el contrato de la
cafetería investigada en Púnica- y secretaria de política territorial del PP y
una de las responsables de la campaña regional de 2007 -que habría sido
financiada ilegalmente según ha señalado la Guardia Civil en Púnica-.
Tras servir de paraguas para varios proyectos patrióticos, la Fundación acabó en
bancarrota, sin fondos públicos, y cerrando en el año 2014. Su página web,
www.fundaciondosdemayo.es en una especie de blog cajón de sastre con artículos
sobre decoración y restaurantes. Pero de por medio se llevó varias inyecciones
de dinero que están bajo la lupa de la Justicia.
En concreto, el juzgado de instrucción número 6, encargado del caso Púnica,
investiga si el Partido Popular de Madrid utilizó la fundación para financiarse
de manera irregular. Dentro de esta causa, la Guardia Civil apunta a dos
ingresos, en 2008 y 2009, provenientes de la Fundación Caja Madrid que ascienden
a 4,5 y 1,86 millones de euros respectivamente, tal y como señalan los escritos
judiciales incorporados al sumario del caso Púnica.
Fue el juez Eloy Velasco quien, en coordinación con las fiscales del caso, quien
atendió a las peticiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil para pedir información a la Agencia Tributaria sobre la Fundación Dos de
Mayo. Los agentes sospechaban que entre 2007 y 2010 este organismo habría
servido para financiar las campañas del Partido Popular de una manera similar a
como lo hacía Fundescam, que usó ingresos de Caja Madrid para pagar actos
electorales del PP.
Y es dentro de esta información requerida a la Fundación Dos de Mayo donde se
encuentra un desglose de gastos y facturas en los que aparece Margarita
Cifuentes Cuenca como receptora de 3.400 euros. El pago a la hermana de
Cifuentes no especifica su labor, aunque aparece señalada junto a José Arrabal
Lozano, que recibe 12.000 euros y a cuyo nombre también hay registrado en la
Biblioteca Nacional la obra 2 de mayo: Fiesta de la Independencia guión para la
representación de los hechos del 2 de mayo de 1808.
https://www.elplural.com/politica/2017/12/07/una-fundacion-investigada-en-punica-pago-3400-euros-la-hermana-de-cifuentes
LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA RETIRA DEL ACTA DEL PLENO QUE CIFUENTES ES LA
"PATRONA DE LOS CORRUPTOS"
La corrupción ha vuelto a provocar una subida de tono en el pleno que se está
desarrollando en la Asamblea de Madrid. La diputada de Podemos, María Espinosa,
ha acusado a la presidenta regional de ser la "santa patrona de la corrupción",
en una pregunta en la sesión de control sobre transparencia. En su intervención,
Espinosa ha reprochado a Cifuentes que no les entreguen las actas del Canal de
Isabel II, que necesitan para seguir adelante con su investigación sobre la
expansión del ente público por Latinoamérica. La formación política ha
presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
ante "la negativa" del Gobierno regional de proporcionarles dicha documentación.
Ante la afirmación, la presidenta de la mesa, Paloma Adrados, ha solicitado a la
diputada que retirase dichas palabras. Espinosa no solo se ha negado a ellos,
sino que ha reiterado: "La señora Cifuentes e la patrona de los corruptos, los
protegía antes y ahora". Ante la posición de Espinosa, Adrados ha tomado la
decisión de retirar las palabras del acta del pleno.
El portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, le ha espetado que no iba a contestar a
la pregunta porque "a usted no le importa nada la transparencia". Lo único que
hacen es decir "absurdeces y mentiras". Ha acusado a Podemos de crear "un cerco
y llenarlo del lodazal de una pocilga", después saltan a él y "embadurnan" a
todos. Pero los escaños del PP están limpios, ha finalizado.
La comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid está
inmersa en conocer cómo se gestionó el Canal de Isabel II y si hubo sobrecostes
en la compra de empresas como la brasileña Emissao y la colombiana Inassa. El
juez investiga la expansión del Canal en el marco de la Operación Lezo.
https://elpais.com/ccaa/2017/11/08/madrid/1510138452_992622.html
LA HERMANA DE CRISTINA CIFUENTES GANA UN
PREMIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Ha sido distinguida con 8.000 euros y un diploma por una tesis sobre “El
Ejército en los orígenes del constitucionalismo”. Un miembro del jurado
pertenece a su misma universidad
Los Premios Defensa fueron creados en 1999 con el fin de reconocer el mérito y
la valía de trabajos sobre cuestiones relacionadas con la defensa, la paz, la
seguridad y la historia militar, desarrollados en universidades, institutos,
fundaciones y asociaciones; trabajos de estudio e investigación realizados en
centros docentes de estudios militares españoles; y aquellos otros emitidos en
prensa, radio y televisión españolas
En concreto, abarcan las siguientes áreas: “Trabajos de investigación”, “Medios
de comunicación”, “Premio José Francisco de Querol y Lombardero”, “Docencia” y
“Premio Extraordinario de Defensa”.
En la modalidad de “Investigación”, ha sido distinguida Margarita Cifuentes
Cuencas, hermana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el Premio
Defensa 2017 que convoca el Ministerio que dirige María Dolores de Cospedal.
Le ha sido otorgado, en la categoría de “Tesis Doctorales”, por el trabajo
titulado “El Imperial Alejandro. El Ejército en los orígenes del
constitucionalismo español”.
Aborda las circunstancias que atañen a un hecho histórico poco conocido pero de
gran trascendencia, ya que contribuyó al afianzamiento del estado liberal y el
constitucionalismo español.
Cifuentes ha ejercido como profesora visitante en la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid (URJC), en el área de Historia Contemporánea. Se da la circunstancia
de que uno de los miembros del jurado es Pilar Laguna Sánchez, Decana de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta misma universidad, en la que
realizó la tesis.
La ceremonia de entrega del galardón tendrá lugar el 14 de diciembre en el
Cuartel General del Ejercito del Aire, en Madrid, con la presencia de la
ministra de Defensa. Está dotado con 8.000 euros, figura en bronce de Miguel de
Cervantes y diploma acreditativo.
https://www.elconfidencialdigital.com/politica/hermana-Cristina-Cifuentes-Ministerio-Defensa_0_3048895104.html
GONZÁLEZ QUERÍA EL “APOYO DE SORAYA PARA TOCAR LOS HUEVOS A CIFUENTES”
Los consejos del expresidente al sucesor de Aguirre: “Sepárate de Esperanza,
Aznar y Botella son naftalina”
Esperanza Aguirre pidió a Ignacio González ayuda para afrontar el Congreso
regional del Partido Popular de Madrid, en la que Cristina Cifuentes aspiraba a
ser elegida como presidenta de la formación. En concreto, Aguirre y su elegido,
Íñigo Henríquez de Luna, acudieron al expresidente para recibir consejo en un
cónclave que González veía imposible de ganar, a no ser, les dijo, que buscasen
el “apoyo” de “Soraya, para tocar los huevos” a Cifuentes.
Todas las explicaciones quedaron registradas por la Guardia Civil, gracias a un
micrófono instalado dentro de la Operación Lezo, en el despacho de la calle
Alcalá de Ignacio González. Se trata de una conversación con el expresidente
valenciano, Eduardo Zaplana, en la que el madrileño le narra todos sus
movimientos para ayudar a Íñigo Henríquez de Luna, a quien consideraba un “tonto
de cojones” con muy poco “recorrido”.
Sin embargo, González accedió a tomar un café con el entonces portavoz adjunto
del Ayuntamiento de Madrid, ante el pánico de Esperanza Aguirre porque su
candidato “no va a sacar nada” y “yo no quiero que me digan que Cifuentes me ha
ganado por 95% a 5%”. El expresidente madrileño es quien expresa las palabras de
Aguirre, imitándola de manera ridícula y señalando que estaba “histérica”.
González cuenta que le preguntó a Aguirre si se habían preparado el Congreso
regional, “porque si no lo habéis trabajado es como el que tiene un tío en
Alcalá”. Tras esa conversación, Aguirre deja de coger el teléfono a González,
pero es Henríquez de Luna el que le pide tomar un café. En esa charla, González
le anima a presentar una enmienda a los estatutos para que la candidatura
ganadora, que prevén que será la de Cifuentes, tenga que incluir a parte de la
perdedora en la Ejecutiva si consigue más del 10% de los votos.
Ambos, en dicho café, hablaron mal de Aguirre. Henríquez de Luna le dijo al
expresidente “cómo me acuerdo de todo lo que me decías de Esperanza”, a lo que
González corroboraba: “Yo le dicho a éste, ‘no puedes contar con Esperanza, no
te va ayudar a Esperanza. Esperanza va a salvar solo su puto culo de siempre”.
Es por esa razón que González le aconseja que busque otros apoyos. A lo que
Henríquez de Luna propone buscar el apoyo de “Aznar, Botella o Álvarez del
Manzano”. Algo a lo que el expresidente responde con dureza: “Mira, con todo el
cariño, todo lo que te identifique con esto es naftalina y tú ya eres
naftalina”.
Por eso, González le propone que se “separe de Esperanza” y busque apoyos del
presente, como “Soraya, para tocar los huevos a la otra”, es decir, Cifuentes.
Algo que sorprende a Zaplana, que corta el discurso para preguntarse si Soraya
se lleva mal con la presidenta madrileña. Algo que González confirma porque
quien “está imponiendo” a Cifuentes es “María Dolores de Cospedal”.
González incluso da más datos y señala que “yo sé que el entorno de Soraya, la
Pico [jefa de Gabinete de la vicepresidenta] y todas estas odian a la
Cifuentes”. De hecho, el expresidente madrileño añade que “yo hace mucho que no
hablo con María Dolores, que le den por culo y tal. La felicité por el
Ministerio [de Defensa] y me dio las gracias”.
González, sin embargo, no contaba con que Sáenz de Santamaría fuese a “apoyar
abiertamente” la candidatura de Henríquez de Luna, “pero simplemente con que por
detrás te hagan un poco de labor de zapa para contrarrestar a la hija de puta de
Marisa González [directora de Comunicación de la presidenta madrileña] que tiene
Cristina, solo con eso, tú ya vas en coche porque tu objetivo tiene que ser
meterte en el Ejecutivo”.
González explica que le dio un último consejo a Henríquez de Luna: que se aleje
de Aguirre y que no busque el apoyo de Mariano Rajoy. “Una cosa tienes que tener
clara. Esperanza Aguirre es igual que Mariano Rajoy. Es un tío con complejo de
hijo de puta y solo tienen una cosa, que es ellos. Y todo lo demás es
instrumental, somos el servicio con mejor o peor trato, pero somos el puto
servicio”.
https://www.elplural.com/politica/2017/11/15/gonzalez-queria-el-apoyo-de-soraya-para-tocar-los-huevos-cifuentes
LA INVESTIGACIÓN DE PÚNICA LLAMA A LA PUERTA DEL DESPACHO DE CIFUENTES
El juez ahonda en la rama del caso que le afecta
directamente, como presidenta de la mesa de contratación que habría favorecido a
Arturo Fernández
Interroga esta semana a la letrada de la Asamblea que advirtió sobre que
Cifuentes compatibilizase ese puesto con el un asiento en Fundescam
La UCO, que interrogó al resto de miembros de la mesa, cree que todos actuaron
para "favorecer de manera preconcebida" al empresario
El caso Púnica ha sido un dolor de cabeza permanente para Cristina Cifuentes
desde que se hizo con la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015. Pero la
investigación de la trama que hasta el momento solo se había llevado por delante
a diputados y altos cargos llama ahora directamente a la puerta de su despacho.
De nada han servido sus esfuerzos por deshacerse de la herencia aguirrista para
borrar el rastro de la corrupción de su Ejecutivo. En esta causa ella es la
protagonista.
Manuel García Castellón, el juez instructor del caso Púnica, toma el próximo
miércoles declaración como imputada a Tatiana Recoder. Era la jefa de los
servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid en 2009, cuando el empresario
Arturo Fernández se hizo con los servicios de Cafetería del parlamento regional.
La mesa de contratación que según la Guardia Civil favoreció al dueño del Grupo
Cantoblanco estaba presidida por Cifuentes.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastreó durante meses los
indicios de irregularidades en los contratos con los que Fernández ganaba
concesión tras concesión en el parlamento regional, mientras donaba a Fundescam.
Los agentes interrogaron a todos los integrantes de la mesa de contratación
salvo a su presidenta, sobre la que hicieron una precisión clave: "está sujeta
al aforamiento preceptivo, según los estatutos de la Comunidad de Madrid".
Ahora el magistrado de la Audiencia Nacional retoma el trabajo de los agentes y
profundiza en los contratos presuntamente fraudulentos de la Asamblea.
Interrogará a Recoder, que ante los agentes se desprendió de responsabilidad al
asegurar que ella se limitó a dar una valoración jurídica, y que los criterios
del contrato no eran su responsabilidad.
Una triple compatibilidad contraria a la ley
El testimonio de Recoder es importante porque esta letrada llamó la atención
sobre una circunstancia que los agentes consideran muy relevante. Cifuentes
compatibilizó su pertenencia al órgano de contratación de la asamblea con un
asiento en el comité de expertos con el patronato de la Fundación Fundescam -de
la que era donante Arturo Fernández- y otro en el comité de campaña electoral
del PP.
La UCO considera que esa triple compatibilidad es "contraria a la legalidad" y
"vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la
mesa de contratación". La letrada de la Asamblea tampoco lo vio con buenos ojos
y recomendó que Cifuentes se apartase. Pero nada más, no insistió en ello porque
"no estaba inmersa en el procedimiento de contratación". En el resto de su
declaración ante la UCO dijo no acordarse de muchos de los detalles del proceso,
pero descartó cualquier signo de irregularidad.
Los agentes, sin embargo, sí que las aprecian. En un extenso informe que
entregaron al anterior juez del caso, Eloy Velasco, definieron los actos de la
mesa de contratación como "una pluralidad de acciones por parte del comité de
expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera
preconcebida".
Indicios acreditados "de manera indubitada"
Ese informe acotó los delitos -prevaricación continuada y cohecho- y reunió una
serie de "elementos probatorios" para sostener sus acusaciones. Los agentes
acusaron a uno de los integrantes de la mesa, Arturo Zubiri, de encargarse de
desarrollar una "falsa argumentación" para favorecer al Grupo Cantoblanco, una
estrategia de la que "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las
otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María
Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada".
Velasco, poco antes de abandonar su puesto de instructor del caso por un ascenso
a la Sala de Apelaciones, dejó caer que no veía indicios en contra de Cifuentes.
Sin embargo, su firma estaba en un auto por el que se imputaba al propio
Fernández por la existencia de "sólidos indicios de irregularidades penalmente
relevantes" en el modo en que se adjudicó la cafetería de la Asamblea al grupo
Cantoblanco.
Su sucesor también ha apreciado irregularidades. Al menos, ha decidido seguir
investigando por qué Cantoblanco ganó concursos sin ser la empresa que merecía
una mejor valoración. Tras la declaración de la exletrada de la Asamblea, García
Castellón tendrá que decidir si imputa al resto de miembros de la mesa para
continuar con la investigación. En cualquier caso, no podrá interrogar a
Cifuentes que, como aforada, solo responde ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, al que el juez de la Audiencia Nacional tendrá que enviar una
exposición razonada si encuentra indicios suficientes.
http://www.eldiario.es/politica/investigacion-Punica-puerta-despacho-Cifuentes_0_696781012.html
EL JUEZ DE PÚNICA ACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIFUENTES Y CITA A LA
EXRESPONSABLE JURÍDICA DE LA ASAMBLEA DE MADRID
La Guardia Civil sostiene que la presidenta de Madrid cometió un delito de
prevaricación y otro de cohecho por una adjudicación en la Asamblea madrileña.
AMP
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha activado la
investigación que salpica a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, y que puede acabar haciéndola desfilar como investigada. Se
trata de la adjudicación de un contrato de cafetería al grupo Cantoblanco en el
año 2009 por parte de la Asamblea de Madrid cuando ella era la presidenta de la
mesa de contratación.
En una providencia fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso La
Vanguardia, el magistrado cita a declarar en calidad de investigada para el
próximo 18 de octubre a la entonces responsable de los servicios jurídicos de la
Asamblea madrileña, Tatiana Sonsoles Recoder, “por su participación en el
proceso de licitación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedores
de la Asamblea de Madrid del año 2009”.
Después de que el pasado 27 de marzo la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, que investiga el ‘caso Púnica’, emitiera un informe señalando la
posible comisión de dos delitos por parte de Cifuentes el juez no había adoptado
ninguna medida al respecto. Cuando se conoció el contenido del informe policial,
desde el entorno de Cifuentes y la propia presidenta negaron con rotundidad su
implicación en cualquier irregularidad y se cargó contra la Guardia Civil por la
temeridad del informe.
En ese momento, el juez que llevaba el caso, Eloy Velasco, estaba a punto de
abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6 para ascender como
magistrado a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y no hizo nada.
Además, el fiscal jefe de Anticorrupción en aquel entonces, Manuel Moix, no era
favorable a investigar a Cifuentes.
Sin embargo, ahora hay un juez nuevo, Manuel García Castellón, y un fiscal jefe
de Anticorrupción renovado, Alejandro Luzón -tras la dimisión de Moix al
conocerse que disponía de una sociedad en Panamá-. A la vuelta de verano, los
investigadores han decidido reactivar la investigación por la adjudicación
irregular al empresario Arturo Fernández, a su vez investigado por financiar
irregularmente al PP de Madrid.
Tras la declaración de Recoder, y posiblemente la de otros responsables en la
adjudicación, el juez decidirá si hay indicios suficientes para citar a
Cifuentes en calidad de investigada, lo que muy probablemente le haría dimitir
de su cargo.
La UCO llegó a realizar hasta dos informes señalando la presunta comisión de los
delitos de prevaricación y cohecho por parte de Cifuentes. En sus escritos, los
investigadores explican que hay indicios que indican que la adjudicación de los
contratos del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de
Madrid de los años 2009 y 2011, “pudo ser decidida de antemano”.
“Actos injustos con pleno conocimiento”
A juicio de la investigación policial, hubo una clara intención de beneficiar en
todo momento al grupo Cantoblanco. Esta intención se articuló “a través de una
pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que
conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones donde se ponen de
manifiesto actos injustos, altamente discriminatorios y fácilmente cognoscibles
en cuanto al resultado presumible de su realización, de la que puede inferirse
el pleno conocimiento y voluntad a la hora de ejecutar los mismos”.
La Guardia Civil relaciona en sus informes estas adjudicaciones con las
aportaciones económicas localizadas y efectuadas por el empresario Arturo
Fernández a la Fundación Fundescam en fechas anteriores a las mismas. Según los
investigadores, estas aportaciones fueron en gran parte destinadas a sufragar
gastos electorales del Partido Popular, al que pertenecía Cristina Cifuentes,
Cifuentes presidía las mesas de las licitaciones de los contratos públicos en
relación a Arturo Fernández, a la vez que participaba como componente de los
comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas presentadas,
según la UCO.
Para llegar a esta conclusión, los agentes tomaron declaración a diversos
responsables de la adjudicación, entre ellos a Tatiana Sonsoles Recorder, ahora
citada por el juez. Precisamente, sobre su declaración la UCO cree que mintió ya
que ofreció “respuestas inverosímiles” y no porque “pudiera desconocer que la
experiencia no es un criterio de adjudicación, sino un criterio de solvencia”.
http://www.lavanguardia.com/politica/20171005/431806967707/juez-punica-investigacion-cifuentes-cantoblanco-asamblea-de-madrid.html?facet=amp
EL JUEZ CITA A DECLARAR LA EXJEFA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA DE
MADRID POR LA LICITACIÓN DE LA CAFETERÍA
Tatiana Sonsoles Recorder formó parte, junto a Cristina Cifuentes, del Comité de
Expertos que tuvo como única finalidad "favorecer al Grupo Cantoblanco" en dicha
licitación
La Guardia Civil señala que hay "significativas y evidentes contradicciones"
entre el testimonio de Recorder y otro miembro del comité
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de
investigar la trama Púnica, citó a declarar como investigada el próximo 18 de
octubre a la exjefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana
Sonsoles Recorde en relación a las supuesta adjudicación irregular del servicio
de cafetería, cocinas y comedoras de la Asamblea de Madrid a Grupo Cantoblanco
entre los años 2009 y 2011, época en la que la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, era la presidenta de la mesa de contratación, han
informado fuentes jurídicas a Europa Press.
El juez ha citado a Sonsoles por su presunta participación en esta adjudicación
a la sociedad del expresidente de los empresarios madrileños Arturo Fernández,
también investigado, después el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil elaborado el pasado 27 de marzo en el que destacaba que la
comisión de una presunta prevaricación por parte del Comité de Expertos del que
formó parte Cifuentes. Unos días antes los investigadores remitieron otro
informe en el que se incidió también en la posible comisión del delito de
cohecho.
Según la UCO, este Comité tuvo como única finalidad favorecer de manera
preconcebida al Grupo Cantoblanco en los procesos de licitación y en la decisión
de antemano de la adjudicación de los mismos. Este favorecimiento se habría
materializado a través de conductas "arbitrarias que derivaron en actos injustos
y de percepción paladina" en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus
partícipes.
Además, relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces
presidente de los empresarios madrileños a Fundescam –fundación del PP de
Madrid–, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales,
si bien el segundo informe no alude a esta circunstancia.
Testimonios contradictorios
La UCO llegó a estas conclusiones después de tomar declaración en las
dependencias de la Guardia Civil a Tatiana Sonsoles Recorder, la jefa de
relaciones externas y protocolo de la cámara Maria Merino –que formaba parte del
comité de expertos–, y el también miembro de esta mesa Arturo Zubiri. Según los
investigadores estos testimonios ponen de manifiesto la existencia de
"significativas y evidentes contradicciones" que permiten concluir la existencia
de "una pluralidad de acciones" por parte del Comité de Expertos.
La UCO señala que en ambas licitaciones, y concretamente en la licitación del
año 2011, existe una diferencia de puntos que obtiene la empresa Cantoblanco
tras haber valorado con cero puntos a la rival, CLECE S.A. bajo el falso
argumento de que esa empresa no había aportado documentación alguna al respecto.
De esta circunstancia concluye la UCO, "tuvieron que ser directas partícipes y
conocedoras las otras dos componentes del comité expertos María Cristina
Cifuentes Cuencas y María Merino Muñoz, lo cual ha podido acreditarse de manera
indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de
los licitadores".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/10/05/el_juez_cita_declarar_exjefa_servicios_juridicos_asamblea_madrid_por_licitacion_cafeteria_70367_1012.html
CIFUENTES RECOLOCA A SU EXCONSEJERO SEÑALADO POR PÚNICA EN EL SENADO
Carambola perfecta de la presidenta madrileña que pone a una consejera sacada de
la Mesa, para hacer sitio a la senadora que a su vez deja el escaño a Taboada
Carambola perfecta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, en la restructuración de su Ejecutivo que llevó a cabo el pasado 22
de septiembre y en el que incluyó a tres nuevos consejeros, uno de ellos por la
creación de la Consejería de Cultura y Turismo y los otros dos por la salida de
los polémicos Jaime González Taboada y Jesús Sánchez Martos.
Pero la también presidenta del PP de Madrid no se olvida de los que la han
servido y, al igual que ya hizo colocando al polémico exconsejero de Sanidad,
Sánchez Martos, en la Dirección de la Fundación para el Conocimiento Madri+d,
dependiente de la Consejería de Educación, este lunes la Cadena SER ha publicado
que designará a González Taboada senador autonómico.
El refugio del Senado
La decisión de Cifuentes para su exconsejero no es menor ya que González Taboada
lleva señalada por la investigación de la operación Púnica desde hace tiempo y,
aunque aún no haya sido investigado formalmente por el juez, es algo que no se
descarta y que podría haber desestabilizado nuevamente el Gobierno madrileño.
Con su colocación Taboada redobla el aforamiento ante esta posible imputación en
Púnica, por lo que podría elegir, si le imputan, si ir al Tribunal Supremo o al
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
El único trámite que tiene que cumplir Cifuentes para lograr su propósito es que
el nombramiento de Taboada como senador por designación autonómica sea aprobado
en la Asamblea de Madrid por mayoría simple, es decir, más votos a favor que en
contra.
En la Cámara Alta, Taboada tendrá como compañero al también senador del PP por
designación autonómica, Juan Soler, también colocado allí por Cristina Cifuentes
y salpicado por el caso Teatro como alcalde de Getafe.
Cambio de puestos, como de cromos
Conseguir dejar libre el puesto en la Cámara Alta para Taboada también ha
requerido de lo que podríamos llamar un ‘cambio de cromos’ por parte de
Cifuentes. Este escaño lo ocupaba antes la senadora Ana Isabel Mariño que
renunció a él para entrar al puesto que había quedado libre en la Mesa de la
Asamblea de Madrid.
El asiento en el órgano rector de la cámara autonómica había quedado vacante, a
su vez, porque Cifuentes había designado a su anterior dueña, Rosalía Gonzalo
López, que ha sido designada por Cifuentes para ocupar la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras.
https://www.elplural.com/politica/2017/10/02/cifuentes-recoloca-su-exconsejero-senalado-por-punica-en-el-senado
SÁNCHEZ-MARTOS NO FUE EL PRIMERO: LOS OTROS 'RECOLOCADOS' DE CRISTINA CIFUENTES
Diputados del PP y altos cargos del Gobierno regional cesados, algunos por
imputaciones, han saltado a otros puestos públicos o vinculados a lo público
El último es el exconsejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos, nuevo director de
una fundación dependiente de Educación que le paga 82.000 euros al año
La exdiputada Elena González-Moñux o el que viceconsejero investigado Miguel
Ángel Ruiz son otros de los 'recolocados'
Hace una semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid sacaba de su Gobierno a
dos de sus consejeros más polémicos: Jaime González Taboada, cercado por la
corrupción, y Jesús Sánchez-Martos, conocido por "meras anécdotas que más tienen
ver con su carácter", según la propia Cristina Cifuentes, como la de los
abanicos de papel contra las altas temperaturas en los colegios. Un día y medio
después de su cese, el segundo ya tenía nuevo trabajo como director de una
fundación que depende de la Consejería de Educación. Por una puerta similar ha
cruzado la exdiputada que dificultaba la mayoría del PP en la Asamblea Elena
González-Moñux, ahora a la cabeza de la Fundación de la Energia de la Comunidad
de Madrid, participada por el Gobierno regional.
Son los dos ejemplos más recientes de dimisiones –algunas por imputaciones– del
entorno de Cristina Cifuentes, su Gobierno o su grupo parlamentario que
terminaron recolocándose en otros cargos, sin salir del círculo del PP madrileño
y sus redes. Hay más nombres: el exviceconsejero investigado Miguel Ángel Ortiz,
que ha saltado de una consejería a otra o el imputado Enrique Núñez Guijarro,
saliente del equipo de Ana Botella y ahora director general de Emergencias de la
Comunidad.
Jesús Sánchez-Martos
Su última salida de tono fue recomendar a los niños y las niñas hacer "abanicos
de papel" para aguantar mejor la ola de calor en los colegios. El día que su
sucesor, Enrique Ruiz Escudero, le tomó el relevo, la propia Cifuentes dijo de
él que "no sería justo que nos quedáramos en meras anécdotas que más tienen que
ver con su carácter que con sus formas de gestionar".
El exconsejero de Sanidad, que admitió tras su cese que decidió salir del
Gobierno regional en el momento que fue reprobado aunque entonces dijo otra
cosa, fue recolocado solo un día después de anunciarse. El lugar: una fundación
dependiente de la Consejería de Educación donde cobrará 82.000 euros al año. Su
nombramiento se produjo el mismo día que salió su antecesor, Federico Morán
–secretario general de Universidades hasta 2015–, en una reunión del patronato
donde no se produjo ninguna votación, según han confirmado fuentes presentes en
la reunión a eldiario.es. Solo el representante de los sindicatos se quejó y
pidió que en el acta apareciera su abstención.
La Fundación Madri+d asumió en 2014 las funciones de la agencia madrileña de
acreditación (ACAP), la equivalente a ANECA a nivel regional, y cobra a las
universidades públicas por tareas que la agencia asumía sin coste. Unipublica,
una plataforma de las universidades públicas de Madrid, denunció al organismo
ante la Comisión Europea por graves irregularidades en la gestión de fondos de
la UE. La Guardia Civil pidió el año pasado a la fundación, que se nutre también
con fondos regionales, documentación relacionada con un contrato al empresario
de la Púnica Alejandro De Pedro, según informó Cadena Ser.
Elena González-Moñux
La diputada que puso en jaque con su ausencia la mayoría del PP en la Asamblea
de Madrid es la nueva directora de la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid, participada por el Gobierno regional. González-Moñux solicitó la baja
por depresión después de denunciar a Enrique Ossorio, portavoz del grupo, por
acoso. Con su ausencia, el PP y Ciudadanos sumaban el mismo número de escaños
que tienen en conjunto PSOE y Podemos. En su nuevo puesto, esta jurista sin
experiencia en el sector energético percibe un salario mayor (93.000 euros) al
que tenía en el escaño cuando era portavoz adjunta (70.000).
El organismo en el que ha caído González-Moñux está en gran parte controlado por
la Comunidad de Madrid, que tiene seis de los 15 sillones del patronato. Los
otros los ocupan empresas energéticas como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa,
Cepsa y Gas Natural, la Cámara de Comercio, los empresarios madrileños (CEIM) y
dos universidades (Politécnica y Rey Juan Carlos). La fundación, encargada según
su web de "impulsar y contribuir en el desarrollo de la política energética
regional", también está en el punto de mira de la UCO, que acudió a su sede para
recabar facturas fechadas entre 2010 y 2012, con Aguirre aún en el Ejecutivo
autonómico, informó Voz Pópuli.
Miguel Ángel Ruiz
Dimitió en mayo de su cargo de viceconsejero de Jaime González Taboada en
Medioambiente cuando fue imputado por el juez del caso Púnica. Pero esta
investigación no ha impedido que haya dado el salto de una consejería a otra. El
Gobierno de Cifuentes le ha buscado un hueco como titulado superior adscrito a
la Dirección General de Formación de la Consejería de Economía y Hacienda.
El exviceconsejero intentó reingresar, como publicó El País, en la empresa
pública Arpegio donde fue consejero delegado entre 2008 y 2010, una sociedad
protagonista de una de las piezas desprendidas del caso Púnica. Su vinculación
con la trama de corrupción tiene que ver con su gestión en este organismo.
González Taboada, cesado la semana pasada como consejero de Medioambiente y
superior de Ruiz, también formó parte de la mesa de contratación de Arpegio
aunque no ha sido imputado formalmente y por eso continúa como número tres del
partido y con acta de diputado. La justicia investiga las irregularidades que se
cometieron a través de esa sociedad, desde las adjudicaciones e inversiones
millonarias a través del Plan Prisma, hasta la contratación de cargos afines al
PP.
Ruiz comparte lista de dimitidos por presunta relación con el caso Púnica con
otro exdiputado: Daniel Ortiz. El exalcalde de Móstoles da clase como profesor
asociado desde este año en la Universidad Rey Juan Carlos, confirman desde la
propia universidad. Como publicó este medio, la URJC contrató de manera
irregular a la hermana de Cristina Cifuentes.
José Enrique Núñez Guijarro
Enrique Núñez ha sido nombrado director general de Emergencias en la última
remodelación de estructura de Gobierno de Cifuentes. El que era hasta ahora
director de Seguridad de la Comunidad de Madrid está investigado por el caso
Mercamadrid. Era vocal del Consejo de Administración cuando se aprobó en 2013
una operación que habría supuesto, según la Fiscalía, un "importante perjuicio
patrimonial" para Mercamadrid y un "enriquecimiento ilícito" para otra sociedad,
Merca Ocio, que le alquiló unas naves.
Antes de dar el salto a la Comunidad de Madrid, el exdiputado del PP ascendió a
primer teniente de alcalde con Ana Botella cuando Concepción Dancausa –también
investigada por el mismo caso– se incorporó a la delegación del Gobierno.
También ejerció como delegado del Área del Gobierno de Seguridad en el
consistorio, entre otros cargos.
Las recolocaciones no son patrimonio exclusivo del PP de Cifuentes. El
exdirector general de Telemadrid, Manuel Soriano, fue fichado en 2013 por
Cluster Audiovisual , parte de la red de Madrid Network, una asociación
controlada por la Comunidad de Madrid y creada por el Gobierno de Esperanza
Aguirre para impulsar la innovación empresarial. Soriano, en la cúpula de la
televisión pública entre 2003 y 2007, fue antes jefe de prensa de Aguirre cuando
era ministra de Educación y también en su etapa como senadora los siguientes
años.
http://m.eldiario.es/madrid/recolocados-Cifuentes_0_690831619.html
EN 24 HORAS, CIFUENTES RECOLOCA A SÁNCHEZ MARTOS EN UNA FUNDACIÓN CON 82.000 €
DE SUELDO
La Comunidad de Madrid ha confirmado su nombramiento a través de un comunicado
Solo seis horas después de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM) publicase el cese de Jesús Sánchez Martos como consejero de Sanidad, el
Gobierno de Cifuentes ha encontrado ya un destino para él. Sánchez Martos
aterriza en una fundación pública de la propia Comunidad de Madrid, la Fundación
Madrid+d implicada “en hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación un
elemento clave de la competitividad en Madrid”, según recogía su director, hasta
ahora, Federico Morán Abad que ha presentado su renuncia este lunes “por motivos
personales, tras cumplir los dos años a los que se había comprometido
inicialmente cuando fue nombrado”, según ha informado el Gobierno madrileño en
un comunicado.
El Gobierno de Cifuentes cree que Jesús Sánchez Martos es el mejor candidato
para lograr ese objetivo de situar la innovación en la vanguardia madrileña. En
ese mismo comunicado, se destaca el currículum del exconsejero de Sanidad, que
es entre otras cosas “catedrático de Educación para la Salud y subdirector de
Docencia e Investigación de la Escuela Universitaria de Enfermería de la
Complutense”.
En esta fundación pública, Jesús Sánchez Martos cobrará 82.000 euros al año,
según han confirmado fuentes de la Consejería de Educación a la Cadena SER. Ese
será su destino después de que este pasado sábado, en pleno fin de semana, la
Presidenta madrileña haya decidido cesarle como Consejero de Sanidad.
No es la primera vez que la Comunidad de Madrid recurre a una fundación pública
para enviar a cargos del Gobierno o diputados. Antes del verano, el Gobierno de
Cifuentes ya hizo lo mismo con la exdiputada del PP, Elena González Moñux, que
estuvo varios meses de baja después de haber acusado a su compañero y portavoz
del PP, Enrique Ossorio de haberla acosado laboralmente. Al final, Elena
González Moñux renunció a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, para
acto seguido ocupar la dirección de la Fundación de la Energía con un salaria de
93.000 euros.
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/25/radio_madrid/1506354673_493582.html
CIFUENTES SE NIEGA A EXPLICAR ANTE LA ASAMBLEA LOS CAMBIOS DE SU EJECUTIVO
El socialista Ángel Gabilondo solicitó la comparecencia de la presidenta de la
Comunidad de Madrid
El pasado 26 de septiembre, Cristina Cifuentes anunciaba cambios en su Ejecutivo
como presidenta de la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno aprobaba los
nombramientos de nuevos viceconsejeros y directores generales dentro de la
reestructuración que Cifuentes ha llevado a cabo. Una reorganización por la que
los socialistas piden explicaciones y la popular se niega a darlas.
En concreto, salieron del Gobierno de Cifuentes el que fuera director general de
Turismo, Carlos Chaguaceda. Pero también con los nombramientos hubo un aumento
de dos órganos respecto a los que ya existían antes de la remodelación del
Ejecutivo, en concreto la Viceconsejería de Cultura, Turismo y Deportes y la
Secretaría General Técnica de esta nueva Consejería, ya que la también nueva
Viceconsejería de Humanización de la Asistencia Sanitaria sustituye a la ya
extinta Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Todos estos cambios se produjeron de golpe, sin dar explicaciones, por lo que el
Grupo Socialista exigió que Cifuentes diera explicaciones ante la Asamblea de
Madrid. Fue el socialista Ángel Gabilondo el que pidió su comparecencia, pero
Cifuentes se ha cerrado en banda.
Este lunes, la Mesa de la Asamblea ha apoyado su decisión. Tras su reunión, han
anunciado que Cifuentes no tiene por qué explicar los cambios de su Gobierno,
una decisión que los socialistas no comparten.
“La presidenta cristina Cifuentes, después de no dar explicaciones en su día
durante el Debate del Estado de la Región de los cambios de Gobierno que eran
inminentes, se niega ahora a comparecer a petición de Ángel Gabilondo del Grupo
Socialista”, ha denunciado el diputado de la Asamblea de Madrid Modesto Nolla.
Es más, el PSOE de la Comunidad de Madrid no ha dudado en denunciar la
imparcialidad de la Mesa. “Lo hace gracias al apoyo de sus representantes en la
Mesa, del Grupo Popular, y, por supuesto, de su socio de gobierno, del Grupo de
Ciudadanos”. “Lo hacen además saltándose los criterios que la Mesa había
mantenido hasta ahora y el propio reglamento en una sesión que, a mi juicio, ha
sido auténticamente escandalosa”, ha añadido el diputado Nolla.
Por todo esto, los socialistas denuncian que se ha puesto de manifiesto tanto
“el miedo de Cristina Cifuentes a dar explicaciones ante los representantes de
los madrileños”, como “la subordinación de la presidenta de la Asamblea” a la
propia Cifuentes.
https://www.elplural.com/politica/2017/10/02/cifuentes-se-niega-explicar-ante-la-asamblea-los-cambios-de-su-ejecutivo
CIFUENTES CAMBIA MEDIO GOBIERNO Y RELEVA AL CONSEJERO SALPICADO POR EL CASO
PÚNICA
Jaime González
Taboada deja la consejería de Medio Ambiente y Jesús Sánchez Martos la de
Sanidad. La Comunidad crea la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo
Cristina Cifuentes ha aprovechado el último debate del estado de la región, que
marca el ecuador de la legislatura, para hacer cambios en su Gobierno. Dos
consejeros salen del Ejecutivo, uno cambia de cartera, y se crea una nueva
consejería. Los damnificados son el número tres del su Ejecutivo, Jaime González
Taboada, que abandona la consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio; y Jesús Sánchez Martos, que deja la consejería de
Sanidad. El cambio más importante es el de Taboada. Salpicado por el caso
Púnica, la presidenta regional llevaba ya tiempo sufriendo presiones de parte de
su equipo para que le sacara del Ejecutivo, ya que las muchas informaciones
periodísticas que le vinculaban con la corrupción manchaban colateralmente a
Cifuentes.
Taboada seguirá como coordinador general del PP de Madrid, es decir, como número
3 del partido. Fuentes del PP señalan a El Confidencial que es posible que
Taboada sea recolocado como senador. La de Sánchez Martos también era una salida
que se esperaba. Tenía el perfil menos político de todo el Ejecutivo. Como ya
publicó este diario, Sánchez Martos no ha cuajado con parte de su equipo ni ha
tenido una buena relación con los sindicatos del ramo. Hasta cuatro directores
generales de la consejería se han marchado en el último año y medio, cesados o
tras presentar su renuncia, hartos de aguantar los modos y las formas del ya ex
consejero.
En un comunicado
enviado por el Gobierno regional se informa que ambos (Taboada y Sánchez Martos)
han cesado a petición propia. Taboada será sustituido por el que hasta este
momento era consejero de Transportes y Vivienda, Pedro Rollán, ex alcalde de
Torrejón de Ardoz. A Rollán le sustituirá a su vez como nueva consejera de
Transportes la diputada Rosalía Gonzalo, muy cercana a la presidenta. El nuevo
titular de la Consejería de Sanidad será Enrique Ruiz Escudero, que ocupaba la
Viceconsejería de Presidencia y Justicia, y médico de profesión. A este le
sustituye a su vez Isabel Díaz Ayuso, diputada autonómica y del núcleo duro de
la presidenta. Llevó las redes sociales en la campaña del PP y es portavoz
adjunta del grupo parlamentario.
Cifuentes también ha creado una nueva consejería, la de Cultura, Turismo y
Deportes, que será dirigida por Jaime de los Santos, hasta ahora director de la
Oficina de Cultura y Turismo.
El viceconsejero de este nuevo departamento será Álvaro Ballarín, diputado
autonómico. El área de Deportes estaba antes encuadrado en la consejería de
Educación, a la que ahora se sumará el 'apellido' de Investigación. Todos los
cambios han sido adelantados por Telemadrid.
Por otra parte, se nombrará director de la recién creada Agencia de Seguridad y
Emergencias Madrid 112 a Carlos Novillo, hasta ahora Director General de
Protección Ciudadana de la Consejería de Presidencia, y anteriormente Jefe del
Cuerpo de Bomberos de Alcorcón. Los nuevos cargos tomarán posesión este próximo
martes.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-09-23/cifuentes-cambia-medio-gobierno-y-releva-al-consejero-salpicado-por-el-caso-punica_1448597/
CIFUENTES
DESTITUYE A SUS DOS CONSEJEROS MÁS POLÉMICOS
Jaime González Taboada fue acusado por el presunto cabecilla de 'Púnica' de
cobrar comisiones por concesiones del Plan Prisma
Jesús Sánchez Martos fue quien recomendó abanicos de papel contra el calor en
las aulas después de que varios alumnos sufrieran golpes de calor
La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este viernes "cambios" en la
estructura de la corporación regional, con la creación de la Consejería de
Cultura
Cambios en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina
Cifuentes. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Jaime
González Taboada, y el de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, serán sustituidos,
respectivamente, por el actual consejero de Transportes, Pedro Rollán, y el
hasta ahora viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero.
Así lo ha anunciado el Gobierno regional a través de un comunicado recogido por
Europa Press, que señala que tanto González Taboada como Sánchez Martos serán
cesados de sus funciones "a petición propia". La Consejería de Transportes y
Vivienda recaerá en la diputada regional y secretaria primera de la Mesa de la
Asamblea, Rosalía Gonzalo.
El comunicado sigue al anuncio realizado este viernes durante el debate sobre el
estado de la región por la presidenta, Cristina Cifuentes, de cambios en la
estructura de Gobierno, entre los que se incluye la creación de la nueva
Consejería de Cultura, que asumirá el actual director de la Oficina de Cultura y
Turismo, Jaime de los Santos.
Jaime González Taboada fue acusado por Marjaliza, presunto cabecilla de Púnica,
de cobrar comisiones por concesiones del Plan Prisma, mientras que Jesús Sánchez
Martos fue quien recomendó abanicos de papel contra el calor en las aulas
después de que alumnos de varios colegios madrileños sufrieran a lo largo de ese
mismo día vómitos, golpes de calor y una lipotimia.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/23/salen_peticion_propia_del_gobierno_cifuentes_los_consejeros_medio_ambiente_sanidad_69883_1012.html
EL CONSEJERO CESADO TABOADA MINTIÓ SOBRE SU PAPEL EN LA ADJUDICACIÓN DE 118
MILLONES BAJO SOSPECHA EN PÚNICA
El hasta ayer número 3 de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada -ayer se
anunció su cese oficial-, mintió en la Asamblea de Madrid el pasado 28 de julio
cuando aseguró no haber ido «nunca» a la mesa de contratación de la empresa
pública Arpegio. EL MUNDO ha accedido a más de 40 actas de las adjudicaciones en
que Taboada participó, entre 2009 y 2011, como miembro del órgano al que aseguró
no haber ido a preguntas de la oposición.
Las actas obran también en poder de los investigadores, que intentan comprobar
lo declarado por David Marjaliza, el empresario ex socio de Francisco Granados
en la trama Púnica: la vinculación de Taboada con la cadena de adjudicaciones a
cambio de mordidas e incluso de financiación irregular del PP en los contratos
de Arpegio. Según declaró hace dos años Marjaliza, un tercio de cada mordida
habría ido al propio Taboada.
El monto total de lo adjudicado por González Taboada en esos años, como parte de
la mesa de contratación, fue de 118 millones de euros públicos, según las
propias actas. Los fondos públicos asignados por Arpegio correspondían al Plan
Prisma, un instrumento de la Comunidad de Madrid de inversión en municipios de
toda la Comunidad. Los cargos orgánicos de Taboada en el Partido Popular de
Madrid han estado vinculados desde hace años al vínculo de la dirección regional
con las diferentes agrupaciones municipales, según fuentes del PP.La declaración
de Taboada se produjo el pasado 28 de julio en la comisión de investigación
sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid. En este caso, la sesión
estaba dedicada a la pérdida del expediente de la empresa Dusa, sociedad a la
que Arpegio otorgó un contrato para gestionar el Plan Prisma, el plan para hacer
obras en municipios madrileños que ahora investiga Anticorrupción.
A respuesta de una pregunta de la diputada del PSOE Encarnación Moya, el
consejero dijo lo siguiente, según consta en la transcripción de la propia web
de la Cámara madrileña: «Es verdad que yo era miembro de esas mesas de
Prisma-Arpegio, no de las mesas de Arpegio, eso es cierto, pero también es
verdad que yo no fui a ninguna».El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de Cifuentes, que abandonará su cargo oficialmente el martes, era
entonces, en 2009, director general de Administración Local, y había sido
nombrado directamente por Francisco Granados en 2006 como miembro de la mesa que
adjudicaba millones públicos en inversiones.
Hasta 2009 Taboada no acudió a la mesa, pero ese año se produjo una sospechosa
circunstancia a juicio de los investigadores. Mientras asignaba los fondos desde
la Dirección General, Taboada también participaba en la elección de las empresas
ganadoras de los concursos desde la mesa de contratación. Tampoco se entiende
muy bien por qué, si no había acudido a ninguna mesa desde el año 2006 pese a
estar nominado como miembro, fue renovado en ese cargo en la legislatura
2008-2011. La Comunidad de Madrid, al ser preguntada por las palabras de Taboada
en la Asamblea, aseguró que el consejero «se refería en realidad al Plan Prisma
de 2006-07» porque la comparecencia sólo versaba sobre ese plan. Añadieron que
«en otras ocasiones» ya había reconocido haber estado en mesas del segundo
Prisma.
Entre las muchas empresas adjudicatarias se encuentran varias de las que los
investigadores cuentan como posibles pagadoras de comisiones. Algunas de ellas,
implicadas en otros sonados casos de corrupción, como es el caso de Virton y
Licuas, que figuran en el sumario de Gürtel.
Los investigadores creen que su presencia respondía a la intención de Granados
de asegurarse que determinadas empresas de las que la trama conseguía mordidas
ganaban los contratos, como declaró David Marjaliza al juez Eloy Velasco.
Taboada habría sido, así, el hombre de Granados en Arpegio, pero aún no ha sido
imputado formalmente en la causa Púnica, que ahora dirige el magistrado Manuel
García Castellón, tras la salida del juzgado de Eloy Velasco. Se da la
circunstancia de que Taboada es el único miembro de la mesa no investigado aún
en la trama. Uno de los últimos en serlo fue precisamente quien era considerado
su mano derecha en Arpegio, Miguel Ángel Ruiz, que tuvo que dimitir el pasado
mes de mayo de su cargo de viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad tras
ser formalmente investigado. Su dimisión se produjo prácticamente al mismo
tiempo que los agentes de la UCO estaban registrando su despacho.
http://www.elmundo.es/madrid/2017/09/24/59c6acaa46163f12248b45ea.html
CIFUENTES CESA AL GERENTE DEL PP DE MADRID POR LA PÚNICA Y NOMBRA A UN NUEVO
RESPONSABLE
La nueva dirección ha considerado necesario el cambio pues pertenecía a “la
época anterior” y su nombre aparece en algunos momentos en el sumario de Púnica
La presidenta del Partido Popular de Madrid, Cristina Cifuentes, ha cesado al
hasta ahora gerente regional del partido, Guillermo Mayoral, y ha nombrado en el
puesto a José Manuel Carrillo.
La salida de Mayoral se ha hecho con el consenso de la nacional, pues
históricamente los relevos de los responsables de las finanzas han sido
‘negociados’ con los dirigentes del partido a nivel estatal. Fue el relevo
cuando la anterior dirección cesó a Beltrán Gutiérrez, imputado por la Justicia.
Carrillo, que hasta la fecha trabajaba en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
ejerce desde hace algunas fechas en el primer piso de la calle Génova, sede del
partido en Madrid.
El relevo en la gerencia, es decir en las cuentas del partido en Madrid, forma
parte de la estrategia de Cifuentes para gestionar el PP tras el congreso
celebrado la pasada primavera.
Algunos medios señalaron que Guillermo Mayoral, que era empleado, había
participado en la gestión económica en las que hubo financiación irregular de
las campañas electorales de Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre mantuvo, pese a las primeras denuncias, a Beltrán Gutiérrez al
frente del Partido Popular de Madrid hasta que su nombre apareció en el caso de
las tarjetas black.
Lo que fue definitivo para que Aguirre cesara en 2014 a Beltrán fue conocer que
aparecía en sumarios en los que se demostraba la financiación ilegal del
partido.
La nueva dirección del PP ha considerado que Mayoral era persona vinculada a la
anterior dirección de Aguirre/González/Gutiérrez por lo que ha decidido
prescindir de sus servicios.
El antiguo gerente es empleado desde hace muchos años del Partido Popular y se
ha incorporado al puesto administrativo que tenía antes de ser nombrado
responsable de Madrid.
http://www.vozpopuli.com/politica/Cifuentes-PP-Madrid-Punica-responsable_0_1065494903.html
CIFUENTES SE ENFRENTA AL DEBATE DE LA REGIÓN TRAS SER ACUSADA POR LA GUARDIA
CIVIL DE PREVARICACIÓN Y COHECHO
La presidenta se defenderá culpando a los gobiernos anteriores, pero ella
siempre estuvo ahí
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se enfrenta hoy a su
segundo debate del estado de la región. Un reto que se extenderá dos días, entre
hoy y mañana, y ante el que pretende transmitir sensación de tranquilidad. Ayer,
con pocos ojos sobre ella por el conflicto catalán, Cifuentes ya adelantó su
estrategia.
La presidenta madrileña prometió proponer “algunos proyectos importantes” para
“seguir avanzando” y dijo que la oposición se dedicaría a criticar a anteriores
gobiernos. “Voy a defender y a poner en valor la acción de mi Gobierno, y no voy
a entrar en lo que hicieron o dejaron de hacer los anteriores. Mi obligación es
gobernar, gestionar, solucionar problemas y trabajar para que tengamos mejores
servicios, que se cree empleo y que crezca la economía, y no voy a entrar en
cuestiones que no son de mi Gobierno”, señaló.
Es decir, que se amparará en la herencia recibida ante la oleada de críticas que
recibirá el viernes de parte de la oposición, cuando tengan su turno de réplica.
Y quien sabe si los rescoldos catalanes calentarán en su favor.
Sin embargo, Cifuentes siempre estuvo ahí, por mucho que busque poner una línea
divisoria que en realidad es muy difusa. La presidenta madrileña acude por
primera al trance del debate regional con la acusación sobre ella, por parte de
la Guardia Civil, de delitos tan graves como “prevaricación continuada y
cohecho”. Pocos presidentes autonómicos en activo cuentan con semejantes
acusaciones sobre sus cabezas. Los tuvo Pedro Antonio Sánchez en Murcia, y acabó
dimitiendo, y ni siquiera Carles Puigdemont en la actualidad ostenta semejante
mérito.
Si esta condición novedosa saliese a relucir en el debate regional, Cifuentes ya
ha avisado de que tirará de la excusa de gobiernos anteriores. En este caso, el
de Esperanza Aguirre, quien gobernaba cuando tuvieron lugar dichos hechos. Pero
a ella le acusó la Guardia Civil, aunque el entonces juez instructor se negó a
imputarla, porque en 2009 y 2011 estuvo al mismo tiempo en el comité de expertos
-que valoraba oferta de Arturo Fernández para quedarse con la gestión de la
cafetería de la Asamblea- y presidió la mesa de contratación que adjudicó el
contrato a este donante de la financiación irregular del PP.
También dentro del caso Púnica, hay que recordar que Cristina Cifuentes mantiene
como su número tres a Jaime González Taboada. Una persona vinculada a ese pasado
que Cifuentes rechaza. Hasta el punto de que la Fiscalía ha acusado al Gobierno
madrileño de “ocultar información relevante” para esta investigación y de no
tener “una colaboración espontánea”. Se da la paradoja de que Cifuentes mantiene
a un imputado en la causa vigilando los papeles de Púnica que el mismo Ejecutivo
madrileño ha reconocido que “traspapeló” contratos.
Y más allá de Púnica, será inevitable que sobrevuele en la Asamblea de Madrid la
Operación Lezo. Puestos a buscar en el pasado, Cifuentes podrá esgrimir que todo
es culpa de Ignacio González y hasta de Alberto Ruiz-Gallardón, ahora también
imputado en la causa del agua madrileña. Hasta podrá presumir de que ella
destapó el caso Lezo. Pero Cifuentes acudió a denunciar a la Fiscalía obligada
por las circunstancias, y después de que lo hiciera el PSM, y no hay que olvidar
que cuando se realizaron las operaciones sospechosas de la etapa de González,
Cifuentes formaba parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.
Porque Cifuentes siempre estuvo ahí, aunque ahora actúe como si su Presidencia
se hubiera generado de forma espontánea.
https://www.elplural.com/politica/2017/09/21/cifuentes-se-enfrenta-al-debate-de-la-region-tras-ser-acusada-por-la-guardia
CIFUENTES APARECÍA EN LA LISTA DE 'MOROSOS' DE LA COMUNIDAD QUE AHORA PRESIDE
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido señalada en varias ocasiones por
falta de transparencia
Desde que Cristina Cifuentes llegara a la Presidencia de la Comunidad de Madrid,
tanto para hacerse con las riendas del PP de Madrid como para llegar a la
Presidencia tras pasar por las urnas, se presentó a sí misma como la máxima
perseguidora de la corrupción, dentro y fuera de su partido. Pero también como
la persona que llevaría la transparencia al PP madrileño, que daría luz a las
partes oscuras y levantaría los secretos.
Así se presentó Cifuentes pero, según pasa el tiempo y su mandato, ya han sido
varias veces las que su nombre ha sido vinculado a falta de transparencia o a
medias verdades. La última, su presencia en la lista de morosos de la Comunidad
que ahora preside.
En 2010, Cifuentes era diputada de la Asamblea de Madrid. Pues bien, si acudimos
al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 20 de octubre de ese año,
descubriremos que Cristina Cifuentes Cuencas aparece en la lista de morosos.
Concretamente, se le notificó una incidencia del tipo “AA”, una “providencia de
apremio y diligencia de acumulación”. En otras palabras, la Comunidad de Madrid
(CAM) estaría exigiéndole a la popular el pago de una o varias deudas
acumuladas.
ELPLURAL.COM se ha puesto en contacto con los responsables de comunicación de
Cifuentes que han alegado desconocer la existencia de estas deudas o que el
nombre de la presidenta de la Comunidad haya aparecido alguna vez en esta lista.
De ser así, alegan que sería un tema menor recordando Cifuentes no tiene una
casa en propiedad.
Cinco años después, 25 de junio de 2015, Cifuentes se convierte en presidenta de
la misma Comunidad de la que era morosa. Sustituyó a Ignacio González, ahora
imputado en el Caso Lezo.
Además, este cambio de estatus vino acompañado de una sustancial subida de
sueldo que le habría permitido hacerse cargo de sus deudas. Como delegada del
Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cifuentes cobraba 89.839,34 euros al año.
Ahora, al estar al frente de la CAM, su sueldo se ha incrementado hasta los
107.316,24 euros; una cantidad que incluye los trienios que cobra al ser
funcionaria.
Falta de transparencia
En mayo de este año, ELPLURAL.COM contó en exclusiva como Cifuentes aseguró que
en sus cuentas no figuraban más de 900 euros cuando en su última declaración
aparecía que disponía de unos 27.000. Un ejemplo más de falta de transparencia.
Por aquel entonces, la UCO pidió la imputación de Cristina Cifuentes por
prevaricación y cohecho al haber, supuestamente, favorecido la adjudicación de
los servicios de la Cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco de
Arturo Fernández.
Poco después, el juez Eloy Velasco rechazó su imputación, pero en su defensa la
popular dijo: "Yo creo que si tengo en estos momentos en mi cuenta corriente 900
euros pues ya es mucho".
Tal y como publicó este diario, en mayo de este año, Cifuentes no había hecho
pública su declaración de actividades, bienes y rentas que todo cargo público
está obligado a presentar para cumplir los principios de transparencia. Sólo
constaba la de 2015 y, en ella, se podía ver como tenía una cuenta corriente con
exactamente 26.392,05 euros.
Además, sus dos últimas declaraciones de rentas y bienes habían desaparecido del
espacio de la Presidencia dentro de la página Web de la Comunidad de Madrid tal
y como demuestra este pantallazo.
Poco después de publicar esa información, los enlaces volvieron a estar activos
y las declaraciones de la renta y bienes de la presidenta madrileña se podían
consultar a través de la web de Presidencia. De hecho, los enlaces ahora figuran
en portada y se pueden descargar de nuevo los documentos, así como su
Declaración de la Renta de 2016.
https://www.elplural.com/politica/2017/09/15/cifuentes-aparecia-en-la-lista-de-morosos-de-la-comunidad-que-ahora-preside
CIFUENTES PONE A PROFESORES DE DIBUJO A DAR CLASE DE MATEMÁTICAS CUANDO LA LEY
NO LO PERMITE
La Comunidad de Madrid manda a los institutos a funcionarios de carrera sin
habilitación en inglés que asumen materias para las que no están formados
Un real decreto de 2015 regula las llamadas "afines", que son las asignaturas
que puede impartir cada profesor en función de su oposición y su titulación
"Esto empeora la calidad de la educación y no estoy dispuesto", dice David, que
ha rechazado la plaza que le ofrecían y ahora está en un limbo
David es profesor de Dibujo pero este año tendrá que dar además Matemáticas, una
especialidad para la que no tiene ninguna formación. A Pilar, que estudió Bellas
Artes, como David, le ha tocado completar sus horas con Tecnología. Son solo dos
de la veintena de funcionarios de carrera a los que la Comunidad de Madrid hace
asumir en los institutos materias que no forman parte de su especialidad ni han
impartido nunca, una maniobra que contraviene la ley.
"Esto empeora la calidad de la educación y no estoy dispuesto", dice David, que
ha rechazado la plaza asignada y ahora está en un limbo. Pilar también se ha
rebelado porque, además de dar varias asignaturas, tiene repartidas sus horas en
varios institutos. En una situación similar están otros profesores que no tienen
habilitación para dar clase en centros bilingües. "No saben qué hacer con
nosotros, hay años que hemos estado haciendo la mitad de horas lectivas y el
resto nos lo completaban con guardias", cuenta Pilar.
Según el real decreto que regula las llamadas "asignaturas afines", los docentes
que aprobaron la oposición por dibujo solo pueden dar Educación Plástica y
Visual en Secundaria y Dibujo Técnico, Fundamentos del Arte, Historia del Arte y
Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas. El resto de materias quedan fuera de su
alcance, una norma que la Comunidad de Madrid no está respetando a la hora de
repartir las vacantes para este curso y que ya generó polémica en el pasado,
cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la región.
Los que deciden cómo se reparten las horas de cada profesor son los propios
centros. Es decir, la Consejería de Educación no distribuye los horarios ni
elige qué materias imparte cada uno pero sí está enviando a profesores con una
sola especialidad a vacantes del tipo 02: plazas que llevan implícito "compartir
horario con otra especialidad". Además, según el testimonio de varios afectados,
cuando los docentes reclaman a la administración les advierten de que pueden
rechazarlo pero a cambio de que les envíen "a lo que quede". "Ellos saben que no
es legal, pero si tú aceptas...", añade David.
La Consejería de Educación defiende que "se trata de un proceso totalmente
legal", en respuesta a las preguntas de eldiario.es. "Este tipo de vacante
supone completar el horario en el centro con los apoyos docentes que ofrecen los
equipos directivos, siempre teniendo en cuenta la formación docente del
profesor", justifican. Pero circunscriben los casos a solo clases de refuerzo
para niños y niñas con dificultades (Compensatoria). "Cualquier profesor puede
optar a las vacantes de compensatoria, que en cualquier caso son voluntarias".
Los docentes afectados, reunidos en la Asociación de Profesores de Dibujo de
Madrid, quieren evitar culpar de su situación a los directores y directoras de
los institutos públicos. "Este año se están volviendo locos para cuadrar los
horarios porque faltan docentes. A mí me han puesto estas cuatro horas porque,
ya en este estado de necesidad, piensan que puedo dar bien al menos la parte de
geometría por mis conocimientos de dibujo técnico", explica David.
La mayor parte de centros madrileños han pedido sin éxito ampliación de cupo de
profesores porque desde este curso las horas de tutoría cuentan dentro de las 20
horas lectivas y el resultado es que faltan manos, denuncian los sindicatos.
Una polémica parecida surgió en el año 2011, cuando Esperanza Aguirre era
presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre entonces optó por señalar a los
institutos como culpables: "S i alguien da una materia que no es afín a su
especialidad, irá la inspección y se le caerá el pelo a ese instituto y a ese
profesor", dijo.
La diferencia es que, seis años después, el número de institutos bilingües se ha
multiplicado, lo que aumenta el número de docentes afectados. Su punto en común
es no tener la habilitación de idioma extranjero (nivel C1) que exigen este tipo
de centros para dar clase en inglés. Así que estos docentes se quedan apartados
por los interinos que, incluso sin aprobar la oposición, sí tienen formación en
lengua inglesa. "Somos funcionarios de carrera y llevamos años en expectativa de
destino, dando vueltas, compartiendo centro, dando otras cosas...", se queja
Pilar. David se siente igual: "Terminamos quemados y apáticos. Cada año es
empezar de cero", dice.
"No hay sitio para nosotros"
En algunos casos, los docentes no pueden –en muchos casos por circunstancias
personales– empezar a estudiar inglés hasta alcanzar el nivel avanzado exigido.
"No es cosa de dos días", dice Mayte, que justifica que no cree en el
bilingüismo implantado en Madrid porque es "discriminatorio".
La Comunidad pide un título de inglés (C1) que está por encima del estándar que
exigen el resto de comunidades con sistemas parecidos. "Aun con eso es muy común
escuchar a los compañeros hablar de cómo se apañan para dar su asignatura, que a
veces los alumnos no les entienden y acaban explicándolo en castellano...",
sostiene la profesora.
Si los docentes no aceptan lo que les toca, "la opción B es irte a hacer
sustituciones el resto del año", precisa David. "No hay sitio para nosotros y
cada vez hay menos", completa Pilar. La profesora relata la incertidumbre de
llegar cada año a un centro "a ver qué horas te han puesto". Este año a ella le
han asignado dos centros a la vez, separados por treinta minutos de coche, que
debe alternar durante la semana como docente de dibujo y, además, tecnología.
La Asociación de Profesores de Dibujo de Madrid denuncia que de los 60 docentes
de Secundaria con la oposición aprobada que hay en Madrid esperando una plaza
fija "muy pocos tienen vacante 01" –solo clases de su especialidad–. Si el
número de vacante es 02, concretan, "hay que consultar al profesor si tiene la
titulación, y en el caso de que ocurra, debe supervisarlo un inspector". Nada de
esto está ocurriendo.
http://m.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-salta-matematicas-profesores-dibujo_0_682082137.html
LOS GOBIERNOS DEL PP EN MADRID HAN MULTIPLICADO POR DIEZ EL PRESUPUESTO DE LOS
COLEGIOS QUE SEGREGAN POR SEXOS
En 1999 estos centros escolares recibían 4,1 millones
de euros y el curso pasado obtuvieron 39 millones de financiación pública
Los gobiernos de Madrid han concertado 15 nuevos colegios que ofrecen educación
diferenciada para niños y niñas en los últimos 19 años
En 2016-2017, ya con Cristina Cifuentes en el Gobierno regional, se llegó al
récord en presupuesto público destinado a este modelo educativo
El número de colegios que segregan por sexos y que reciben financiación pública
se ha disparado durante los últimos gobiernos del Partido Popular en la
Comunidad de Madrid. Si en el curso 1999-2000 había cuatro centros, actualmente
existen 18. La aportación económica regional ha pasado durante este periodo de
4,1 millones de euros a 39 millones por curso escolar.
El aumento presupuestario destinado a esta partida no ha parado de crecer en
estos 19 años. El punto de inflexión llegó con el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Hasta entonces, durante los últimos años de mandato regional de Alberto
Ruiz-Gallardón, el número se mantuvo estable, oscilando entre cuatro y cinco.
Sin embargo, con el desembarco del equipo de la expresidenta del PP de Madrid se
potenció este modelo concertando colegios a entidades religiosas que no
mezclaban a niños y niñas en las clases. Cuando ella tomó posesión en su cargo,
existían cinco centros de este tipo y, tras nueve años de mandato, esa cifra se
triplicó hasta los 17.
341 millones en 19 años
A pesar de que durante el Gobierno de Cristina Cifuentes no se ha concertado
ningún centro más que segregue por sexos, su Ejecutivo es el que más dinero
público ha destinado a este modelo educativo en las últimas dos décadas. El
curso pasado se alcanzó un máximo en la financiación de estos colegios, con un
desembolso de 39 millones de euros.
"Garantizamos la libertad de elección las familias madrileñas para escoger el
tipo de educación que quieren para sus hijos, algo que además recoge la
Constitución española", apuntan desde el Ejecutivo regional. Actualmente 18.900
alumnos acuden a colegios que segregan por sexos, una cifra que representa el
1,6% del total de los estudiantes madrileños.
Financiación colegios que segregan por sexos
El aumento de dinero público para este modelo educativo ha sido progresivo en el
periodo estudiado. Por ejemplo, en el curso 2005-2006 estos centros recibieron
8,7 millones; en 2009/20010, 21,9 millones; y en 2014-2015, 33,9 millones.
En total, desde comienzos del siglo hasta junio de este año, financiar la
educación segregada ha supuesto 341,8 millones de euros para las arcas públicas
de la Comunidad de Madrid. Aunque solo la mitad de los centros tienen una
vinculación con el Opus Dei, en este periodo estos colegios han recibido la
mayor parte del presupuesto: 239 millones de euros, una cifra que representa el
70% del total.
Estos datos han sido facilitados por la Comunidad de Madrid tras una petición de
información de eldiario.es al portal de transparencia regional. Según esta
información, durante el curso 1999-2000, todavía bajo el mandato de Alberto Ruiz
Gallardón, los cinco colegios que separaban a sus alumnos por sexos en clase
estaban vinculados a la prelatura de Escrivá de Balaguer (Tajamar, Senara,
Retamar, Besana y EFA Valdemilano). El centro Besana desapareció en el año 2013;
es el único que ha cerrado sus puertas durante este periodo.
La mitad de los centros, vinculada al Opus Dei
A lo largo del mandato de Aguirre, su Gobierno adjudicó conciertos a cinco
centros más vinculados al Opus Dei, bien por ser "obras corporativas" de la
organización (Andel, Fuenllana y Los Tilos) o, en el caso de Las Tablas Valverde
y Los Olmos, por pertenecer a Fomento de Centros de Enseñanza, organización
educativa que desde sus inicios les solicitó "que le ayudara a mantener viva su
identidad cristiana" en las escuelas que gestionan en todo el país.
En esa época también se vio beneficiada la Fundación Arenales, dirigida por
Alfonso Aguiló, docente que no era un desconocido en el mundo educativo ya que
durante once años fue director del colegio Tajamar. Durante el Gobierno de
Aguirre y más tarde el de González esta compañía acaparó cuatro centros de este
tipo.
Los cuatro colegios que más dinero público han recibido durante estos 19 años
pertenecen al Opus Dei: Tajamar obtuvo 74,5 millones de euros; Fuenllana recibió
35,5 millones; a Las Tablas Valverde le concedieron 29,4 millones de euros y al
colegio Senara, 24,5.
La polémica Fundación Educatio Servanda obtuvo en este periodo 16,3 millones. El
director del centro que tienen en Alcorcón, uno de los colegios financiados por
los gobiernos regionales, fue denunciado ante la Fiscalía por la propia
Comunidad de Madrid por comparar la ley contra la LGTBfobia con "el fanatismo
terrorista".
"Esta financiación contradice la ley LGTBI"
"Subvencionar con dinero público colegios que segregan contradice por completo
la intención de las leyes contra la violencia LGTBI y trans que hemos aprobado
en la Asamblea de Madrid. Esas leyes buscan precisamente proteger la libertad de
las personas LGTBI en las escuelas y fomentar la igualdad, pero segregar por
sexos es justo lo contrario", reseña Eduardo Fernández Rubiño, diputado de
Podemos en la Cámara regional.
Esta evolución al alza puede verse, por ejemplo, en el colegio Fuenllana, que
obtuvo 483.311 euros en su primer concierto (en 2004-2005) y actualmente recibe
3,5 millones. El Edith Stein, por su parte, pasó de gestionar 439.267 euros
públicos en 2009 a 2,8 millones en el 2016.
El grupo gestor de este último, según publicó en 2009 El País , fue promovido
por dos exaltos cargos del Gobierno regional: "José Javier Fernández Santamaría,
exdirector gerente del Canal de Isabel II, y Alejandro Sanz Peinado, exdirector
general de Deportes, son presidente y consejero, respectivamente, de la empresa
que dirige el centro". En aquel momento, la Comunidad aseguró que "no incurrían
en incompatibilidad" al haber pasado dos años desde que ocuparan cargos
públicos.
http://www.lne.es/gijon/2017/05/29/premio-madrid-empresa-proyecta-residencia/2112171.html
EL 68% DE LOS ENCUESTADOS CREE QUE LA
SANIDAD PÚBLICA EN MADRID HA EMPEORADO EN LOS 2 AÑOS DE CIFUENTES
FACUA reclama medidas a la Consejería de Sanidad ante los numerosos resultados
negativos que arroja su 'Encuesta sobre la calidad de la sanidad pública en la
Comunidad de Madrid'.
El 68% de los usuarios encuestados por FACUA Madrid considera que la calidad
asistencial de la sanidad pública en la Comunidad ha empeorado durante el
gobierno de Cristina Cifuentes, los últimos dos años. Sólo el 6% cree que el
sistema sanitario público ha mejorado, mientras que el 26% valora que no ha
cambiado ni a mejor ni a peor que en el último sondeo de la asociación.
La Encuesta de FACUA sobre la calidad de la sanidad pública en la Comunidad de
Madrid se ha realizado entre los meses de mayo y julio de este 2017 y ha sido
presentada este martes en rueda de prensa por el presidente de FACUA Madrid,
Daniel Rubio.
En el estudio han participado 2.242 usuarios. De ellos, 1.345 son hombres y 897
mujeres. En cuanto al rango de edad, 95 encuestados tienen entre 18 y 30 años,
1.601 entre 31 y 60 años y 546 más de 60 años.
Rubio considera "alarmante que dos años después de los escandalosos resultados
negativos que arrojó la encuesta de FACUA Madrid sobre la sanidad pública en la
Comunidad, los madrileños consideran que este servicio público ha empeorado aún
más con el gobierno de Cristina Cifuentes”. El presidente de FACUA Madrid
insiste en que "no se ha puesto remedio en estos años a la devaluación de la
calidad de la sanidad pública madrileña, producida en paralelo a un proceso de
privatización mediante la externalización de servicios".
Asimismo, FACUA Madrid critica que el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez
Martos, haya incumplido el compromiso que dio a la asociación en agosto de 2015
de crear órganos de participación ciudadana en los que garanticen la
transparencia y el diálogo con los agentes sociales. Órganos que son una medida
reivindicada por FACUA desde hace años y que aseguró que la asociación estaría
incluida.
Colapso en las urgencias
El estado de saturación de las urgencias es otro dato negativo de la encuesta.
El 74% de los usuarios consultados por FACUA Madrid critica que las urgencias de
sus hospitales de referencia están desbordadas, siete puntos porcentuales más
que en la última encuesta de la asociación en 2015. Sólo el 12% valora que
funcionan con normalidad (el resto no sabe/no contesta).
En cuanto a las urgencias de los centros de salud, el 48% de los madrileños cree
que están saturadas (tres puntos porcentuales más) y el 28% entiende que
funcionan con normalidad.
Excesivos plazos para citas con el especialista, pruebas e intervenciones
Los plazos para obtener cita con el especialista también son objeto de un
elevado porcentaje de críticas. El 66% de los encuestados considera que el
tiempo de espera es excesivamente alto (siete puntos porcentuales más que en el
último sondeo), el 15% lo entiende razonable y sólo el 17% lo considera reducido
(seis puntos menos).
Cuando la cita es para el médico de cabecera, el 31% de los madrileños considera
muy largo el plazo, el 20% lo ve razonable y el 48% lo valora reducido.
Los plazos para la realización de pruebas diagnósticas (radiografías,
análisis...) son excesivos en opinión del 57% de los usuarios (seis puntos
porcentuales más). El 19% los considera razonables y el 21% los entiende
reducidos.
Para las intervenciones quirúrgicas, los plazos son excesivos para más de la
mitad de los encuestados, el 51%, razonables para el 10% y reducidos para otro
12%.
Espera en los centros de salud
Los tiempos de espera para ser atendidos por el médico de cabecera han aumentado
en estos dos años de Gobierno de Cristina Cifuentes según la percepción de los
encuestados. Más de un tercio, el 42% (tres puntos porcentuales más), critica
que habitualmente tiene que esperar más de 30 minutos con respecto a la hora de
su cita cuando acude al médico de cabecera. El 44% indica que suele esperar
entre 15 y 30 minutos (un punto menos) y el 14% menos de un cuarto de hora (tres
puntos porcentuales menos).
El 28% de los madrileños que han participado en la encuesta advierte de que ha
notado alguna limitación por parte de los médicos para prescribirles
medicamentos, frente al 52% que no tiene esa apreciación.
El 14% de los usuarios critica que el personal sanitario no suele ofrecerle una
información completa y comprensible sobre su dolencia o patología y el
tratamiento que debe seguir. El 50% valora que sí les informan correctamente y
otro 35% entiende que a veces sí y otras no.
El 50% de los encuestados considera adecuado el tiempo que el médico dedica a
atenderle, el 36% valora que a veces sí y otras es inadecuado, mientras que el
14% critica que habitualmente la duración de la atención es corta.
El 44% se queja de que su médico de cabecera le restringe o limita las
derivaciones al especialista (el 15% dice que esto ocurre casi siempre y el 29%
que a veces). El 50% valora que no sufre esa limitación.
El 58% de los usuarios cree que su centro de salud es adecuado a sus
necesidades, el 24% considera que necesita una reforma, el 12% cree que es
pequeño y sólo el 3% se queja de que está sucio.
Uno de cada cuatro ha reclamado
El 27%, señala haber presentado alguna reclamación por escrito para hacer
constar la demora en la atención en su centro de salud u hospital. El 72% indica
que no ha presentado nunca una queja (el resto no sabe/no contesta).
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=11829
CIFUENTES DIFICULTA EL ACCESO A LA RENTA MÍNIMA A LAS FAMILIAS QUE “OCUPAN”
Una modificación de la solicitud de la Comunidad de Madrid (CAM) para acceder a
la Renta Mínima de Inserción (RMI), el último recurso de las personas en
situación de pobreza severa, ha puesto a las organizaciones en alerta. El nuevo
modelo, publicado en julio en el Boletín Oficial de la región con orden del
consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, ya no contiene las
casillas de “ocupada” y “otros” que los solicitantes podían marcar hasta ahora
en el apartado ‘Datos relativos al alojamiento’. Los efectos que esta medida
puede causar en las familias más vulnerables y en riesgo de exclusión social
preocupan a la plataforma RMI Tu Derecho, conformada por varias asociaciones
madrileñas como Cristianos/as de Base o Espacio Común 15M.
Con la nueva solicitud, quienes habitan en pisos vacíos propiedad de los bancos
y no tienen una vivienda en propiedad o alquiler se verían obligadas a mentir,
con un alto riesgo de que se rechace su demanda. “El Gobierno de Cristina
Cifuentes excluye indirectamente de la RMI, en pleno verano y por medio de una
simple orden, a las familias en la peor de las situaciones, en un contexto de
expansión y cronificación de la pobreza ilustrado por fuentes oficiales como el
Banco de España, según el cual el patrimonio de la cuarta parte más pobre de los
hogares pasó a hacerse negativo –más deudas que activos– tras caer un 110% entre
2011 y 2014”, denuncian desde la plataforma RMI Tu Derecho.
“En los últimos meses a muchas familias de inmigrantes o gitanas, que viven como
ocupas, se les está exigiendo que demuestren que están en régimen de alquiler”,
explica a este diario Berta Lago, quien además de ser miembro de la plataforma
RMI Tu Derecho, ha sido la responsable técnica de gestionar la renta mínima en
la Comunidad de Madrid durante diez años. Conoce bien un sistema que, según
explica, tiene grandes deficiencias y no atiende adecuadamente a las personas
con más necesidades. “¿Cómo va a poder una persona que cobra 400 euros – el
mínimo de la RMI actual– cubrir los gastos de comida, transporte y vivienda?
Estoy en desacuerdo con las interpretaciones de la norma. Desde la gestión, se
desconfía y criminaliza a las personas porque se cree que solo quieren cobrar la
prestación y no hacer nada”, indica.
Las asociaciones argumentan que la orden de la Comunidad de Madrid para
modificar la solicitud es “ilegal y arbitraria” ya que la Ley 15/2001 que regula
la RMI establece todo “conjunto de dependencias”, pero en ningún momento
especifica que las familias deban tener un contrato de alquiler o venta de las
viviendas en las que residen. Según el director general de Servicios Sociales e
Integración de la Consejería, Pablo Gómez Tavira, las modificaciones en el
modelo de solicitud “no supondrán ninguna limitación para los solicitantes” ya
que, aunque ha desaparecido la opción de “vivienda ocupada”, se podrá marcar la
casilla “otros”, que engloba cualquier situación. Sin embargo, dicha casilla no
aparece en la nueva solicitud, tal y como ha comprobado este diario. Sí que se
incluyen las siguientes opciones: vivienda propia, alquilada, cedida,
comunitaria, situación de calle, establecimiento público de larga estancia,
infravivienda, vehículo, centro de acogida u hostal.
Podemos ha registrado en la Asamblea de Madrid una solicitud de comparecencia
tanto de Izquierdo como de Gómez Tavira para que expliquen las modificaciones
del modelo de solicitud. El diputado Raúl Camargo, quien ha presentado la
petición, ha denunciado que el cambio representa “un atropello” para los
derechos de las personas con menos recursos. “Con esta nueva vuelta de tuerca
puede haber un importante número del descenso de la RMI”, denuncia el
parlamentario, quien recuerda que en los primeros seis meses de este año hay 600
resoluciones de concesión menos de la renta mínima respecto al mismo periodo del
año anterior, a pesar de que la pobreza no ha disminuido en Madrid. “Están
endureciendo los requisitos por un motivo que desconocemos pero que nos parece
muy mal y va en la línea de la política de Cifuentes: beneficiar a los que más
tienen y perjudicar a los que menos tienen”, indica.
La RMI: una ayuda económica que no funciona
La RMI es el último recurso que las familias pueden solicitar cuando no perciben
prestación por desempleo. La cantidad mínima es de 400 euros y puede alcanzar
como máximo un total de 655,5 euros, en función del número de miembros de la
unidad familiar. La Comunidad de Madrid se encuentra entre las cinco regiones
que menos cantidad ofrecen. En la actualidad hay unas 30.500 rentas mínimas
(unas 100.000 personas beneficiarias) en la Comunidad de Madrid, un dato que las
organizaciones consideran insuficiente si se tiene en cuenta que la región
madrileña alberga a 400.000 personas en pobreza severa y a 1,3 millones en
riesgo de exclusión.
La segunda parte que implica la concesión de la renta mínima, la inserción
laboral y social, tampoco se está produciendo. En diciembre de 2016, un 45% de
las familias percibía la RMI desde hacía más de tres años y un 33% desde mas de
cinco. El propio Gómez Tavira reconoció que “la activación en el empleo” no
estaba funcionando. Las organizaciones denuncian que se está produciendo “una
cronificación de la pobreza” porque no se aplican las soluciones adecuadas.
Según explica Lago, sería esencial facilitar el transporte a las personas con
menos recursos para que puedan acudir a las entrevistas de trabajo, un coste que
no se pueden permitir en muchos casos. Sin embargo, PP y Ciudadanos evitaron con
sus votos la creación de un abono social de transporte para titulares de renta
mínima en los Presupuestos de 2017. El coste se estimaba en seis millones de
euros. “Nosotros queremos que la Renta Mínima garantice, por un lado, el derecho
de recibir una prestación económica y, por otro, el derecho a unas medidas de
inserción, que es el que menos apoyos recibe”, explica la miembro de la
plataforma RMI Tu Derecho.
https://www.cuartopoder.es/sociedad/2017/08/28/cifuentes-dificulta-el-acceso-a-la-renta-minima-para-las-familias-que-ocupan-viviendas/amp/
MALAS NOTICIAS PARA CIFUENTES Y EL PP DE MADRID. CARMENA ESTARÁ PERSONADA EN LA
LEZO
La Audiencia Nacional la admite como acusación particular, al igual que a la
Comunidad de Madrid
El juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dado luz verde a
la personación del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, en el
caso Lezo. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en la
cárcel desde que estalló el escándalo, habría liderado una trama de corrupción
que, entre otras cosas, desvió millones de fondos públicos del Canal de Isabel
II a cuentas privadas.
El Ayuntamiento de Madrid es titular del 10% del capital social del Canal de
Isabel II y había solicitado la personación como acusación particular en esta
causa. Sin embargo, un auto del pasado 21 de julio de 2017 les dejaba fuera. Los
abogados municipales recurrieron y, ahora, la juez Carmen Lamela Díaz les ha
dado la razón.
La magistrada entiende que el Ayuntamiento de Madrid, como partícipe en el ente
público Canal de Isabel II, está autorizado a actuar como acusación particular
para proteger los intereses patrimoniales de los ciudadanos. Amplía de esta
manera la interpretación estricta de la personación, que se atribuye a la
persona jurídica pública de la que se han obtenido directamente los fondos
ilícitos.
La Audiencia Nacional también ha admitido a la Comunidad de Madrid como
acusación particular en condición de “perjudicado”. El juez Fernando Andreu, que
es quien firma un auto del pasado 18 de agosto, mantiene los mismos argumentos
de Lamela para admitirla. En el otro gran caso de corrupción en el que está
personada, la Púnica, la actuación de la CAM se ha limitado a no hacer nada o a
poner todo tipo de obstáculos a los jueces negándoles documentación.
Por mucho que Cristina Cifuentes se proclame abanderada de la regeneración, su
actuación no lo corrobora. Ahora, en la Lezo va a coincidir con un consistorio
nada 'amigo', por mucho que se abrace en público con Manuela Carmena, que no le
va a bailar el agua.
http://www.elplural.com/politica/2017/08/25/malas-noticias-para-cifuentes-y-el-pp-de-madrid-carmena-estara-personada-en-la
MÁS DE VEINTICUATRO
HORAS ESPERANDO UNA CAMA
Urgencias colapsadas, tiempos de espera eternos y plantas completas cerradas
¿Qué está ocurriendo en la Sanidad Pública madrileña durante la época estival?
¿Por qué hay once hospitales más y trescientas camas menos? ¿Cuál es la realidad
para que los sindicatos la tachen de "insostenible" y se manifiesten para que se
revierta esta situación?
Hoy hemos hablado con Luis Fernández Pineda, portavoz del Sindicato MATS y
cardiólogo infantil del Hospital Ramón y Cajal que ha dado una de las cifras más
rápidas y duras de esta realidad: solo en las urgencias del Hospital Doce de
Octubre "hay 14 personas esperando que llevan más de 24 horas en observación".
Desde la Consejería se achaca esta situación a las obras y a la falta de
personal sanitario pero insiste Luis en que este no es el problema "en un
hospital con plantas enteras cerradas".
Agustina y Luisa nos han hablado de sus situaciones personales y los problemas
que encuentran, principalmente, en los tiempos de demora. "No les importamos
nada a la Consejería", afirma Luisa.
Fernando Prados, director general de Atención al Ciudadano y Humanización de la
Asistencia Sanitaria afirma que "las demoras están estudiadas y llevan el
control que tienen que llevar". Además dice que estos casos son única y
exclusivamente "puntuales".
"La realidad es otra y la Consejería está muy lejos del ciudadano para saber qué
pasa" insiste Luis Fernández. Desde la Comunidad tienen planteado elaborar una
Ley de Salud Pública así que seguiremos pendiente de los avances al respecto.
http://cadenaser.com/emisora/2017/08/22/radio_madrid/1503421168_083459.amp.html
LA DIPUTADA DÍSCOLA DE CIFUENTES DEJA EL ESCAÑO (Y LA DENUNCIA) POR 93.000 € DE
SUELDO
El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes ha conseguido solucionar uno
de los problemas que se estaban enquistando durante esta legislatura y que
ponían en peligro la mayoría simple que el PP tiene en la Asamblea de Madrid.
Elena González-Moñux, la diputada popular que estaba de baja por depresión desde
octubre del año pasado, entregará su acta para renunciar al escaño el jueves 31
de agosto y al día siguiente se incorporará como directora gerente de una
fundación relativamente desconocida, la Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid (Fenercom), un ente privado en cuyo patronato están la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda, la Cámara de Comercio, los empresarios madrileños (CEIM),
dos universidades y empresas energéticas como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa,
Cepsa y Gas Natural.
La fundación llevaba ya tiempo con el puesto de director general vacante y la
Comunidad de Madrid, que tiene seis de los 15 sillones del patronato, ha
conseguido que González-Moñux ocupe el cargo "teniendo una remuneración mensual
asimilada a la de un alto cargo del Ejecutivo autonómico, al de director general
de la comunidad", explican fuentes del Gobierno regional. Esa retribución es de
93.855 euros brutos anuales, muy superior a la que percibía González-Moñux como
diputada. Según la web de la Asamblea de Madrid, su salario como parlamentaria
rondaba los 70.000 euros brutos anuales cuando ocupaba todos los cargos, ya que
fue portavoz adjunta. Cuando se pidió la baja, el PP la cesó de ese puesto y le
quitó el despacho, con el consiguiente quebranto económico.
Desde su entorno señalan que su nuevo nombramiento no se trata de "una patada
hacia arriba" y aseguran que no es fácil para ella dejar la política "cuando
nadie le ha regalado nada en todos esos años. Solo ha trabajado por y para los
ciudadanos con mucha ilusión". El 'pacto' alcanzado también supone el fin del
enfrentamiento judicial que mantenía con su jefe de filas, el portavoz
parlamentario Enrique Ossorio. González-Moñux le había denunciado por lesiones
psíquicas, amenazas, coacciones y delitos contra los derechos de los
trabajadores y la integridad moral, y este a su vez a ella por injurias y
calumnias después de que el acto de conciliación entre ambos fracasase. Ossorio
ha retirado su querella y ella el recurso presentado ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid después de que este archivara la denuncia de González-Moñux.
El secretario general del PP de Madrid, Ángel Garrido, llevaba ya tiempo
negociando una solución con González-Moñux, que tenía claro que no quería volver
a trabajar con Ossorio. El Gobierno regional le había ofrecido ya hace meses
varias alternativas. La primera, que retornara a su puesto y ostentara la
presidencia de una comisión parlamentaria. Y la segunda, que dejara su acta de
diputada y buscara acomodo en una de las fundaciones que dependen del Ejecutivo
autonómico. Ella, por contra, quería seguir en la Asamblea pero sin ningún
puesto de responsabilidad (acudiendo lo justo, como los jueves al pleno) y
simultanear la Asamblea con algún puesto en una empresa pública.
Al final, con el paso de los meses, González-Moñux ha optado por aceptar una de
las ofertas que le ha hecho la Comunidad de Madrid, un cargo de responsabilidad
en la Fundación de la Energía, cuyo objetivo principal "es fomentar, impulsar y
realizar iniciativas y programas de actuación para investigar, estudiar y apoyar
actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de las tecnologías
energéticas". Desde el Ejecutivo autonómico señalan que el puesto de director
gerente "no es un cargo de nueva creación. La fundación ha tenido ya dos
directores cuya vinculación laboral ha sido a través de un contrato de trabajo
de carácter indefinido. Ahora el puesto estaba vacante".
La Comunidad de Madrid tenía claro que había que tomar una solución. Y cuanto
antes mejor. La dupla PP y Ciudadanos suma 65 escaños en la Asamblea de Madrid,
frente a los 64 de PSOE y Podemos. La ausencia de González-Moñux dejaba la
situación en tablas y complicaba muchas votaciones para los populares, poniendo
incluso en riesgo los Presupuestos, ya que en el Parlamento madrileño no existe
el voto de calidad del presidente cuando hay un empate. En el poco más de un año
que ha estado ocupando su escaño antes de pillarse la baja por depresión,
González-Moñux solo presentó cinco iniciativas. Y los meses que estuvo de baja
solo acudió dos veces a la Cámara, una de ellas para votar en contra de las
enmiendas a la totalidad de los Presupuestos regionales y salvar el curso
político a Cifuentes.
A sus 55 años, González-Moñux lleva toda su vida ligada al PP. Fue gerente
regional entre 1995 y 1999. Después pasó a la Asamblea, donde fue diputada en la
legislatura 1999-2003. Más tarde dejó el Parlamento autonómico y pasó al
ayuntamiento de la capital. Fue concejala entre 2003 y 2011. Ese año, tras las
elecciones, dejó la política municipal y dio el salto al Gobierno regional,
entonces presidido por Esperanza Aguirre. Entre 2011 y 2015, fue viceconsejera
de Justicia y Administraciones Públicas. En el sector privado, al margen de la
política, ha trabajado en la asesoría jurídica de una compañía de aviación
general y en una inmobiliaria.
https://www.elconfidencial.com/amp/espana/madrid/2017-08-24/monux-pp-diputada-fundacion-energia_1432937/
TIBIA CONDENA DEL PP DE MADRID AL ALCALDE DE ALCORCÓN POR SU GRAVE ACUSACIÓN A
COLAU
El partido no sanciona a David Pérez mientras la oposición pide su dimisión
El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha desautorizado a su polémico
alcalde de Alcorcón, David Pérez, después de que éste martes culpó directamente
a la alcaldesa de Barcelona de allanar “el terreno a los asesinos” al no colocar
bolardos en La Rambla antes de que ocurriese el atentado del pasado jueves y que
se llevó la vida de 13 personas en la céntrica calle barcelonesa.
En un comunicado, el partido dirigido por Cristina Cifuentes ha querido reiterar
“su solidaridad con el Ayuntamiento de Barcelona y con todos los vecinos de la
Ciudad Condal ante el brutal atentado terrorista”, por lo que “no comparte las
declaraciones efectuadas a este respecto por el alcalde de Alcorcón, que no
representan la postura oficial de nuestra formación”.
Pese a esto, el PP no ha tomado ninguna medida disciplinaria contra David Pérez
pese a las muchas polémicas que ya acumula a sus espaldas. El propio alcalde de
Alcorcón se ha reafirmado este mismo miércoles en sus declaraciones en una
entrevista, asegurando que su criticado tuit “sólo dice verdades”.
Inmediata dimisión
Desde la oposición del Ayuntamiento de Alcorcón han pedido, una vez más, la
“inmediata dimisión” de David Pérez. Jesús Santos, portavoz del grupo municipal
Ganar Alcorcón considera que las declaraciones del alcalde tras el atentado “son
miserables y ruines”. Por su parte, la portavoz socialista ha dicho que los
vecinos de la localidad madrileña “sentimos vergüenza del alcalde de Alcorcon”.
“No es posible que el máximo representante de la ciudadanía de Alcorcón esté
lanzando este discurso anclado en el odio, con mensajes irresponsables e
indignos de una persona demócrata”, ha dicho Natalia de Andrés.
http://www.elplural.com/politica/2017/08/23/tibia-condena-del-pp-de-madrid-al-alcalde-de-alcorcon-por-su-grave-acusacion
LA COMUNIDAD DE MADRID TRIPLICA SU DEUDA DESDE EL INICIO DE LA CRISIS
Los datos del Banco de España acreditan que la deuda de Madrid creció en más de
20.000 millones de euros, desde 2008 con el PP en el Gobierno
La presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante la rueda de
prensa que ha ofrecido hoy para informar de las resoluciones adoptadas en el
Consejo de Gobierno.
La serie histórica con los datos del Banco de España acreditan que, con el PP en
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la deuda pública no ha hecho más que
crecer, año tras año. El agujero económico se disparó con la llegada de
Esperanza Aguirre, se mantuvo con Ignacio González y se repite ahora con
Cristina Cifuentes.
Actualmente, la Comunidad de Madrid tiene una deuda de 31.667 millones de euros
- datos actualizados hasta el primer trimestre de 2017-. La deuda en términos
absolutos casi se ha multiplicado por tres desde el inicio de la crisis, en
concreto, desde 2008, ha crecido en 20.287 millones. El gran salto en el
endeudamiento de la Comunidad se dio entre los años 2011 y 2014, en los últimos
años Aguirre y casi todo el mandato de Ignacio González. La deuda creció en ese
tiempo en más de 9 mil millones. Desde que gobierna Cristina Cifuentes, desde el
tercer trimestre de 2015 y hasta marzo de este año, la deuda se ha incrementado
en 3.711 millones, buena parte de ese incremento (más de 2.900 millones) se ha
dado en el último año.
Los datos del Banco de España también permiten comparar la deuda en base al
nivel de dinero que se genera en las comunidades, es decir, al PIB (Producto
Interior Bruto). En este caso, la evolución ha sido la misma en Madrid. Entre
2008 y 2017 el porcentaje de deuda en relación al PIB se ha triplicado, ha
pasado del 5,6% al 14,9. Eso sí, este último dato sitúa a Madrid como la
Comunidad con la deuda más baja respecto al resto de comunidades en base a su
nivel del Producto Interior Bruto - viene siendo así desde 2010-, algo evidente,
teniendo en cuenta que Madrid es una de las regiones más ricas. Ahora mismo, la
Comunidad de Madrid está casi 10 puntos por debajo de la media de todas las
comunidades que se sitúa en el 24,8%.
Fuentes de la Consejería de Economía apuntan a la SER que esa deuda ha crecido,
básicamente porque durante la crisis cayeron los ingresos, pero los gastos se
mantuvieron. Pero, en el diagnóstico de la Puerta del Sol también se recurre a
la herencia recibida, es un detalle a tener en cuenta, aseguran, porque “parte
de esa gigantesca deuda se ha tenido que utilizar para financiar los excesos de
déficit de los años de 2011 y 2014”, es decir, con Aguirre y González en el
Gobierno madrileño.
En la Consejería de Economía recuerdan que para hacerse una idea, la deuda de la
Comunidad de Madrid es dos veces y medio menor que la de Cataluña y que la de
Castilla la Mancha, por ejemplo, y tres veces menor que la de Valencia. Madrid
además es la región que -a pesar del volumen de incremento de deuda- más ha
contenido esa subida desde 2008: ha crecido sólo 9,3 puntos frente a los 18,1
del conjunto de las comunidades autónomas.
http://cadenaser.com/emisora/2017/08/17/radio_madrid/1502974174_643066.amp.html
LA
EDUCACIÓN CONCERTADA VUELVE A CRECER EN LA COMUNIDAD DE MADRID
El gobierno de Cifuentes financiará el curso que 210 nuevas aulas en centros
privados lo que supondrá un desembolso de 15 millones de euros de dinero público
El próximo curso serán ya 15.491 las unidades (aulas) de centros privados que se
van a pagar con fondos públicos en toda la región. 210 más que el curso
anterior, lo que va a suponer -según fuentes de la Consejería de Educación- un
gasto estimado de 15 millones de euros. Desde que la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, llegó a la puerta del Sol se han abierto 762
nuevas aulas en este tipo de centros. Desde entonces no se ha puesto en marcha
ningún nuevo centro concertado pero han seguido aumentado los recursos que se
destinan a la educación privada sostenida con fondos públicos que se lleva ya
casi mil millones del presupuesto de la región.
El gobierno madrileño llega a reconoce que algunas de estas nuevas aulas en
centros concertados son necesarias "para atender las demandas de escolarización
en municipios y zonas" donde la oferta pública no es suficiente. Incluso, a
veces, inexistente. Hay barrios en Madrid que siguen sin un instituto público a
pesar de su gran presión demográfica como Rejas o Las Tablas.
La Comunidad mantiene paralizada ahora mismo la construcción de al menos cinco
centros educativos públicos (dos institutos y tres colegios) proyectados para el
próximo curso a pesar de haberse comprometido a abrirlos en septiembre. Según
los cálculos de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, más
de un millar de alumnos que se habían matriculado en la pública tendrán que
cursar sus estudios en un centro concertado debido a la mala planificación de la
Consejería de Educación.
Podemos quiere que Van Grieken se explique en la Asamblea
Desde Podemos, su portavoz de Educación en la Asamblea, Beatriz Galiana, muestra
su indignación con estos datos y con la situación de la educación pública: "Es
una situación anómala la que vivimos en la Comunidad de Madrid que sufre una
excesiva representación de la educación concertada". Según Galiana, "poco a poco
el PP ha ido pasando los fondos públicos de la escuela pública a la
privada-concertada". Podemos compara la inversión que se destina en los
presupuestos regionales a la educación concertada (casi mil millones en 2017
frente a apenas 800 millones en 2009) con las cifras de inversión en
infraestructura pública (en 2009 era de 210 millones mientras que en 2017 es de
apenas 70 millones) El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea insiste en
pedir la comparecencia del consejero de Educación, Rafael Van Grieken, en la
cámara regional para que aclare la situación de las familias que han sido
derivadas a la educación concertada a pesar de haber elegido una plaza pública.
http://cadenaser.com/emisora/2017/08/16/radio_madrid/1502867490_909882.amp.html
ELENA GONZÁLEZ MOÑUX (PP) ENTREGA EL ACTA DE DIPUTADA DE LA ASAMBLEA DE MADRID
El portavoz parlamentario del PP en la Asamblea asegura que "es bueno para ella
y es bueno para mí"
La diputada del PP Elena González Moñux, quien denunció por acoso laboral a su
superior, el portavoz popular Enrique Ossorio, ha entregado su acta de diputada.
González Moñux se encontraba de baja médica desde el pasado 10 de octubre y,
según señalan desde el PP, ha sido una salida pactada. Sea como fuere, lo cierto
es el que Partido Popular va a agradecer su salida ya que sus ausencias han
puesto en jaque votaciones tan importantes como los Presupuestos de la Comunidad
de Madrid.
Según está conformada la Cámara (PP 48 escaños, PSOE 37, Podemos 27 y Ciudadanos
17) los populares perdían su mayoría absoluta ya que entre los comandados por
Cristina Cifuentes sumaban junto con Ciudadanos el mismo número de diputados que
PSOE y Podemos. De hecho, Cifuentes aprobó sus Presupuestos gracias a la baja de
una diputada socialista, Isaura Leal, quien no pudo acudir al Pleno por estar
convaleciente tras pasar por el quirófano.
De esta manera, el PP pone punto y final a una situación que lo mantenía en la
cuerda floja. González Moñux tan solo ha acudido al pleno de la Asamblea de
Madrid dos veces desde que su médico decretó la baja por depresión: el 6 de
abril, para votar en contra de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos
regionales, y el 22 de junio, donde se aprobó la toma en consideración de la ley
presentada cuyo objeto es garantizar el carácter público del Canal de Isabel II
(la presentó Ciudadanos).
El propio Enrique Ossorio, a quien la diputada popular denunció por acoso -está
de baja por depresión desde entonces- ha sido quien lo ha anunciado: “Es bueno
para ella, es bueno para el grupo, es bueno para el gobierno y es bueno para
mí". "Despeja el camino", ha sentenciado el portavoz, quien ha admitido que
"teníamos a veces incertidumbres de si íbamos a estar para votar las leyes.
González-Moñux se incorporará como directora general a la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom), entidad participada por el
Gobierno regional y "empresas importantes del ámbito energético" una vez se haga
oficial (se espera a septiembre).
http://www.elplural.com/politica/2017/07/25/elena-gonzalez-monux-pp-entrega-el-acta-de-diputada-de-la-asamblea-de-madrid
LA COMUNIDAD DE MADRID ELIMINÓ DATOS CLAVE DEL 'NÚMERO 3' DE CRISTINA CIFUENTES
Una cantidad ingente de documentación relacionada con la investigación del caso
Púnica ha sido destruida. Se trata de los expedientes para adjudicar el
mantenimiento del Parque Polvoranca. Un subdirector general y un jefe de Área
han denunciado ante el juez que Jaime González Taboada, número tres del Gobierno
de Cristina Cifuentes en Madrid, les presionó para adjudicar ese contrato a una
empresa a la que relacionan con la financiación del PP.
La destrucción de documentos ha sido definitiva, porque de muchos de ellos no
hay copia, según fuentes cercanas al caso. Esa desaparición se produjo a lo
largo de varias semanas durante la pasada primavera. Se trataría de todos los
informes, contratos, partes de servicio, incidencias y expedientes guardados en
un armario de la Dirección General de Administración Local sobre el parque
Polvoranca, situado en el municipio madrileño de Leganés. El mueble está situado
en las dependencias de esa dirección general, en la calle de Alcalá Galiano de
Madrid.
La documentación del parque de Leganés se guardaba en un armario
Esta dirección general sigue dependiendo actualmente de Taboada, que es
consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
Anteriormente, en los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, fue
director general de Administración Local. Además, fue miembro de la mesa de
contratación de la empresa pública Arpegio, investigada en el caso Púnica por
presuntos cobros de comisiones ilegales de empresas constructoras a cambio de
adjudicaciones de obra.
El contrato de mantenimiento de este parque, que es uno de los más grandes de
Madrid con una extensión de unas 150 hectáreas, ha sido denunciado en la
investigación de la operación Púnica. Según los testimonios recabados en la
Audiencia Nacional de un ex jefe del Área de Zonas Verdes y del entonces
subdirector general de la Dirección de Administración Local, el actual consejero
madrileño presionó para que se le concediera ese contrato a Imes-Api, una filial
de ACS. El contrato era de dos años, prorrogable a otros dos, y habría supuesto
un montante de unos cuatro millones de euros.
Aunque finalmente no se le concedió a esta, sino a una UTE formada por las
sociedades Ciclo y Equam, los dos testimonios en sede judicial apuntan a Taboada
como autor de las presiones para que el contrato se le diera a la empresa del
grupo ACS. Los técnicos no se plegaron a las presiones y terminaron denunciando.
Dos testigos declararon que Taboada les presionó para una adjudicación
Toda la documentación destruida estaba guardada en un armario de oficina de unas
dimensiones aproximadas de un metro de ancho por 2,5 de alto. En ese mueble,
según las fuentes consultadas por este diario, sólo había documentación del
parque Polvoranca, y todas sus baldas estaban llenas.
Pero en la pasada primavera, con la investigación ya abierta y recabados desde
hace meses los testimonios contra Taboada, se empezó a destruir documentación.
Las carpetas guardadas se iban tirando a un contenedor de reciclaje que una vez
por semana se lleva una empresa de las dependencias de la Comunidad para
reciclar lo que haya dentro. Por el reducido tamaño de este contenedor, se llenó
varias veces antes de que el armario fuese vaciado por completo. Pero
finalmente, al cabo de varias semanas, todo había desaparecido.
No obstante, no era esta la única documentación que existe sobre el parque.
Aunque las fuentes consultadas recalcaron que de la mayoría de papeles no había
más copias y los expedientes tampoco estaban digitalizados, lo más probable es
que existan otros documentos y contratos en otras dependencias de la Comunidad
de Madrid, como la Consejería de Medio Ambiente o el Departamento de
Contratación. Si alguna de las decisiones pasó por el Consejo de Gobierno,
también tiene que haber fotocopias, aunque no originales.
Fuentes internas explicaron que la destrucción de documentación antigua es algo
habitual en todas las administraciones. En este caso, sin embargo, se da la
circunstancia de que no había sólo documentos viejos, sino también recientes.
http://www.elmundo.es/espana/2017/07/21/5970fe2de5fdea7a618b459a.html
LOS DERECHOS A LOS QUE
CIFUENTES NO RENUNCIA
La presidenta cobra, por lo menos, 7.360 euros de un
trabajo al que no acude, pero de eso no presume
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid a tiempo completo y
opinadora a tiempo parcial, ha dado la campanada en pleno julio volviendo a
presumir de que renuncia a su derecho a disfrutar de vacaciones. Dice la
dirigente del PP que “no se me ocurre mejor sitio que estar que aquí trabajando
en la Puerta del Sol en lo que queda de julio y agosto”. A mí no se me ocurre
mejor descripción para su idea que las propias palabras que Cifuentes le dedicó
a Podemos: “Aúna a partes iguales populismo y demagogia”.
Para empezar, habrá que saber si Cifuentes sólo rechaza a irse en julio y
agosto, que queda muy sacrificado de cara al populacho que sufrimos sin aire
acondicionado en casa, pero luego se va de crucero por el Caribe en septiembre,
cuando los precios son más bajos, sobre todo en época de huracanes.
Muchos convenios laborales señalan que al menos la mitad de las vacaciones
deberán tomarse entre julio y agosto. El Estatuto de los Trabajadores remarca
que jamás podrán rechazarse las vacaciones a cambio de una remuneración
económica y los laboralistas coinciden en que tampoco se podría renunciar a
ellas de manera voluntaria.
La razón de estas precauciones, y de otras tantas, como que exista un Salario
Mínimo Interprofesional, está en que las relaciones laborales siempre parten
desde una desigualdad. Para evitar que un currito sea forzado de manera
subrepticia a renunciar a sus vacaciones, éstas son un derecho inviolable.
La vida laboral de Cifuentes no se rige por el Estatuto de los Trabajadores ni
existe un convenio laboral de presidentes autonómicos. Pero el mensaje que
manda, por mucho que diga que a sus consejeros les obliga a irse de vacaciones,
es nefasto. Intenta dar un ejemplo perjudicial y pinta las vacaciones como un
privilegio de los trabajadores y no como un derecho inalienable fruto de la
lucha laboral. En el país del presentismo, donde la gente echa horas extra
gratis porque el dueño de la empresa no se va a casa, que la jefa no se vaya de
vacaciones manda un mensaje claro: sois todos unos vagos.
Además, es una imagen anacrónica en una época en que la dirección es la
contraria. Infinidad de estudios han demostrado lo beneficiosas que son las
vacaciones para la productividad y para la salud física y mental de los
trabajadores. Se recuperan las jornadas de 35 horas para trabajadores públicos.
Se demuestra la mejora que supondrían los fines de semana de tres días… O sea,
que, a la larga, a los madrileños nos saldrá cara la broma de Cifuentes, con una
presidenta incapaz de rendir por culpa de un capricho populista.
Puestos a tener gestos populistas que impliquen renunciar a derechos, Cifuentes
podría negarse a recibir cada año 7.360 euros mensuales o, si no es técnicamente
posible, donarlos a Cáritas o a una protectora de musarañas. Hablamos de los
trienios que recibe por ser funcionaria de la Universidad Complutense, un dinero
al que tiene derecho, -pese a que no ejerce, al igual que sí ejerce de
presidenta cuando tendría que estar de vacaciones-, y aunque se sospeche que
ascendió a la escala más alta del cuerpo más por méritos personales que
profesionales.
De hecho, puede que sean más de 7.360 euros, pero es imposible saberlo. Porque,
pese a presumir de transparencia, Cifuentes lleva desde 2015 sin actualizar sus
datos de patrimonio ni su declaración de la Renta. Y no le vendría mal hacerlo,
dado que hace poco la pillamos en un brete, al presumir de que sólo tenía 900
euros en una cuenta corriente, cuando dicha documentación apunta a que tiene al
menos 27.000 euros en el banco.
Sea como fuere, decida o no renunciar a sus jugosos trienios, si al final
Cifuentes decide quedarse en Madrid a echar horas de más en el trabajo, y
consigue que no afecte a su productividad, a lo mejor consigue desatascar su
apretada agenda. Porque en los últimos meses, la presidenta se ha negado a
recibir al colegio y asociaciones de médicos, a los doctores del colapsado
Gregorio Marañón y a los profesores y padres de Vallecas. A unos les ha
ignorado, a otros les ha enviado una carta en la que rechaza reunirse con ellos
“dado lo complicado de mi agenda”. No se me ocurre mejor manera de invertir su
ausencia de vacaciones que tratando como se merecen a los responsables de la
sanidad y la educación públicas.
http://www.elplural.com/politica/2017/07/20/los-derechos-los-que-cifuentes-no-renuncia
EL PP DE CIFUENTES IMPIDE QUE LA ASAMBLEA DE MADRID CONDENE EL GOLPE DE ESTADO
MILITAR DEL 18 DE JULIO
Los conservadores rechazan la Declaración Institucional propuesta por Podemos,
que contaba con el apoyo del PSOE. Ciudadanos, que no se pronuncia ni a favor ni
en contra, señala que ha sido imposible discutir hasta del "contenido" porque el
PP lo ha "impedido".
El Partido Popular ha impedido que la Asamblea de Madrid aprobara una
Declaración institucional de condena al golpe de Estado militar del 18 de julio,
que dio inicio a la Guerra Civil española hace ahora 80 años, y de compromiso en
la defensa de los derechos humanos.
La propuesta de Declaración, realizada por Podemos y apoyada por el PSOE,
reconocía "a todas aquellas personas que sufrieron la represión" y reiteraba el
esfuerzo de las instituciones" por "construir una sociedad en la que no vuelva a
existir un gobierno que no nazca de la voluntad de la ciudadanía".
Los conservadores, contactados por Público, han explicado que no consideraban
"conveniente" traer esta Declaración al Pleno que se ha celebrado este jueves
porque "la temática sobrepasa las funciones de la Asamblea de Madrid" y no
tenían clara "la finalidad" de la misma. Asimismo, fuentes de los conservadores
han explicado a este medio que el Partido Popular "rechaza todo tipo de
violencia", pero que no cree "necesario" que la Asamblea de Madrid se pronuncie
al respecto.
La propuesta de Declaración fue realizada por Podemos y recabó el apoyo del
PSOE, que en conversación telefónica con este medio, ha señalado que mostró su
apoyo porque le parecía "buena, razonable y sensata". En este sentido, fuentes
de los socialistas han lamentado que el Partido Popular "siempre dé un paso
atrás" cuando se trata de "recordar el pasado dictadorial" y reconocer a las
"víctimas de aquella dictadura".
Por su parte, Ciudadanos no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la
Declaración Institucional ni tampoco del texto propuesto por Podemos y ha
señalado a Público que "la negación por parte del PP a discutir esta Declaración
ha impedido siquiera hablar sobre su contenido". Por otro lado, fuentes del
partido naranja también han recordado que Ciudadanos ha condenado el régimen
franquista "en numerosas ocasiones" y consideran que es "una obsesión" de
Podemos traer a la Cámara esta Declaración porque quieren "hablar
permanentemente" del pasado.
Propuesta de Podemos
El texto propuesto por Podemos recordaba que el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU ha recomendando a España recientemente la necesidad de que las
instituciones españolas muestren "su firme rechazo por cualquier forma de
imposición de unas ideas mediante el uso de la violencia", por lo que consideran
necesario que la Asamblea de Madrid, y todas las instituciones del Estado,
muestren "explícitamente el rechazo de una dictadura que negó la libertad y
vulneró derechos que hoy son fundamentales e irrenunciables en el ejercicio de
nuestra convivencia".
De esta manera, el texto señalaba que con motivo del 80 aniversario del golpe de
Estado militar que dio inicio a la Guerra Civil la Asamblea de Madrid
manifestaba su reconocimiento a todas aquellas personas que "sufrieron la
represión, que murieron exiliadas lejos de su tierra y de sus seres queridos,
que fueron encarceladas o perseguidas" y, por otro lado, mostraba su compromiso
por continuar afirmando la defensa de los derechos humanos y la denuncia de
cualquier vulneración de los mismos".
http://m.publico.es/politica/1966783/el-pp-de-cifuentes-impide-que-la-asamblea-de-madrid-condene-el-golpe-de-estado-militar-del-18-de-julio
ALUVIÓN DE CRÍTICAS CONTRA LAS "VACACIONES VOLUNTARIAS" DE CIFUENTES
Fátima Báñez recuerda que "el contrato de trabajo en España también da derecho a
vacaciones".
¿Disfrutar de las vacaciones es un derecho al que se puede renunciar? La
decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de no disponer de unos días
libres este verano -tampoco descansó los dos anteriores- ha provocado una ola de
indignación hasta tal punto que la propia Cristina Cifuentes tuvo que salir al
paso para intentar zanjar la polémica. La presidenta regional encendió la mecha
de la indignación al asegurar que "las vacaciones es una cosa muy buena, pero
tiene que ser voluntario. Yo prefiero quedarme trabajando porque no se me ocurre
mejor sitio que estar aquí trabajando en la Puerta del Sol en lo que queda de
julio y agosto".
Apenas unas horas después de la frase de la polémica, Fátima Báñez desautorizó
las declaraciones de la madrileña recordando que "el contrato de trabajo en
España también da derecho a vacaciones". A continuación, la ministra de Empleo
dijo que respetaba la "libertad individual" de Cristina Cifuentes de "disfrutar
o no" de sus vacaciones porque, sostiene, "trabajar también es una manera de
pasar el mes de agosto".
Las reacciones en contra de la decisión de Cifuentes se sucedieron en tromba. El
secretario general de CCOO, Unai Sordo, que acompañaba a la ministra, recalcó
que las vacaciones "son un derecho conquistado por los trabajadores" y criticó
que "una responsable política con su responsabilidad haga apología de su no
disfrute".
Horas después, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid quiso matizar que
"las vacaciones son un derecho de los trabajadores y una conquista social que
jamás he cuestionado ni cuestionaré. Pero en mi caso concreto haré uso de mi
libertad personal para no disfrutar de ese derecho". Para la presidenta
autonómica, la polémica suscitada "carece de sentido" porque la decisión "no
afecta a nadie más que a mí" y solo se basa "en razones personales. ¿Me permiten
elegir libremente mi verano?".
España "vive de las vacaciones"
La bancada de la izquierda ha aprovechado la polémica para criticar la decisión
de Cifuentes.
El secretario ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE, Toni Ferrer,
recordó a la presidenta autonómica que la primera industria de España es el
turismo y que el país "vive de las vacaciones".
El diputado Alberto Garzón la acusó de "cuestionar y ayudar a destruir" el
derecho de los trabajadores a tener vacaciones. A su juicio, que una persona con
tanta "influencia" como la presidenta de la Comunidad de Madrid "hable así" de
las vacaciones es "un acto indecente" que ayuda a deteriorar "derechos
conquistados por generaciones anteriores".
"Un derecho laboral y ciudadano"
También la portavoz de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre,
recordó a Cifuentes que las vacaciones "no son voluntarias" ni dependen de "la
generosidad del empleador o de las ganas de trabajar del trabajador", sino que
son "un derecho laboral y ciudadano" y, como tal, "es una cuestión básica
irrefutable".
La mano derecha de Manuela Carmena en el consistorio madrileño quiso "aclarar"
algunos puntos del "derecho laboral básico". Maestre destacó que los periodos de
descanso "no son voluntarios, sino un derecho" conseguido "tras grandes luchas
de los trabajadores". Además, la portavoz madrileña recordó que "las vacaciones
están en la Constitución y son la base del derecho laboral".
Como ejemplo ha puesto el propio Ayuntamiento de Madrid, donde los concejales se
tomarán unas "razonadas vacaciones" y lo harán "por rotación", de modo que en
agosto siempre habrá "un número importante de ellos" en el consistorio.
http://www.elespanol.com/espana/20170720/232726784_0.html
TODAS LAS ‘RANAS’ DE CIFUENTES TRAS DOS AÑOS DE MANDATO
Algunas de las personas de su confianza han estado involucradas en casos de corrupción en este periodo.
"Sólo dos de los 500 cargos en mis 33 años de vida política, me han salido rana. Sólo dos". Aquella frase pronunciada por la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre acabó pesando como una losa hasta el punto de que dimitió cuando se desbordó bajo sus pies el estanque de la corrupción con la detención de su número dos, Ignacio González. Desde hace dos años es Cristina Cifuentes quien ocupa el cargo de presidenta madrileña. Ha hecho bandera de la limpieza y transparencia, pero en estos dos años son varias las acusaciones que se ciernen sobre ella o sobre cargos de su administración.
El último escándalo
que ha sacudido la gestión de Cifuentes afecta a su número tres Jaime González
Taboada, actual consejero de Medio Ambiente en el Gobierno autonómico. Hace un
año fue uno de los principales investigados en el caso Púnica David Marjaliza
quien le acusó de amañar contratos públicos en favor de determinadas empresas.
Ahora se ha conocido que otro funcionario de la Administración madrileña le
imputó al consejero las mismas actividades irregulares ante la Audiencia
Nacional. Además, en una de las conversaciones intervenidas en el caso Lezo,
Ignacio González decía directamente que “Cifuentes y Taboada hacían chanchullos
en todos los pueblos”.
La presidenta Cifuentes siempre ha optado por defender a Taboada. Ante cualquier
sospecha de corrupción bajo su mandato apela a su colaboración con la Justicia.
Sin embargo, en los últimos días se ha conocido también que ha desaparecido de
los archivos de la empresa pública madrileña Nuevo Arpegio el documento original
de un expediente de contratación que investiga la Audiencia Nacional en el marco
del caso Púnica.
La actual responsable de Nuevo Arpegio ya ha anunciado su voluntad de comparecer
ante la Asamblea de Madrid para dar explicaciones de este extravío de
documentación. Desde la Comunidad insisten en que han remitido a la Justicia
decenas de miles de documentos.
El Código Ético para los imputados
En los últimos días la oposición madrileña y en especial Podemos se han lanzado
en tromba a pedir la dimisión de Taboada. El secretario general del, partido,
Pablo Iglesias, se refiere a Cifuentes como “el remake” de Esperanza Aguirre.
Para lograr su investidura, Cifuentes aprobó un Código Ético que obliga a
renunciar a los cargos que sean imputados por algún caso de corrupción. Esto aún
no ha sucedido con Taboada. Sí dimitió en cambio el pasado mayo su segundo en la
Consejería de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz después de ser imputado en el
caso Púnica y de que la Guardia Civil registrase su despacho.
El listón que se impuso el PP de Madrid con Cifuentes ha obligado a abandonar
escaños a varios diputados del Grupo Popular madrileño confeccionado a base de
herencias de equipos anteriores, equilibrio entre familias y también personas
cercanas a la presidenta. De los 48 diputados que iniciaron la legislatura 20 ya
han dejado la Asamblea, aunque muchos de ellos por motivos personales o
profesionales. Otros, en cambio, por investigaciones contra ellos. Maria Josefa
Aguado dimitió el pasado mayo una vez que el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) aceptase la competencia para investigarla en relación con la
adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a empresas de la trama
Gürtel.
José Ignacio Echeverría también dejó su escaño al ser sorprendido al volante
bajo los efectos del alcohol. En el caso de José Cabrera fue porque se negó a
hacer pública su declaración de bienes. Hace ahora un año renunció Daniel Ortiz
tan pronto se conoció que el Tribunal Superior de Madrid había aceptado
investigarlo en relación a un presunto amaño de un contrato a la empresa Cofely
de 75 millones de euros en el año 2014 a cambio de una mordida de 240.000 euros.
El peor momento de la presidenta se produjo el pasado mayo cuando un informe de
la UCO de la Guardia Civil en el marco también del caso Púnica le señaló como
presunta autora de un delito de prevaricación y otro de cohecho por adjudicar a
dedo contratos al empresario Arturo Fernández cuando estaba en la mesa de la
Asamblea de Madrid. Esta situación sólo fue aliviada por varios mensajes
privados -ningún escrito oficial- filtrados por el juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco a varios periodistas en los que manifestaba su nula intención de
imputar a Cifuentes. En la misma línea que el juez se posicionó la Fiscalía
Anticorrupción. No obstante, ahora tanto el juez como el fiscal jefe
Anticorrupción han sido sustituidos.
En una entrevista posterior a estos hechos, el portavoz de Ciudadanos en la
Asamblea, Ignacio Agudo aseguró en una entrevista para EL ESPAÑOL que "Cifuentes
nunca será bandera de transparencia y regeneración". Ciudadanos es precisamente
el partido que da sustento al Gobierno del PP, si bien la relación entre ambas
formaciones no pasa por su mejor momento al igual que la de Cifuentes y Agudo.
El apoyo de Ciudadanos es clave para mantener el poder en Madrid debido a la
debilidad parlamentaria del PP que se apreció especialmente en el caso de Elena
González-Moñux.
Esta diputada se declaró en rebeldía tras denunciar por acoso al portavoz de su
grupo, Enrique Ossorio. Su ausencia puso en peligro la aprobación de los
presupuestos de Cifuentes, aunque finalmente acudió a la asamblea y la votación
se salvó in extremis. Por su parte, la Justicia acabó archivando la denuncia
contra Ossorio, aunque al portavoz de Cifuentes en la Asamblea le acecha otro
frente: el caso Lezo.
Caso Lezo
La Guardia Civil investiga diversos equipos de Gobierno de la Comunidad de
Madrid al menos desde los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón en 2001. Enrique
Ossorio fue consejero de Economía con Ignacio González la pasada legislatura y
consejero del Canal de Isabel II. Debido a ese papel tuvo que declarar en abril
ante la Asamblea de Madrid donde se declaró "decepcionado" con el expresidente
regional detenido y encarcelado en la operación Lezo, aunque aseguró que nunca
sospechó de él. “Era un hombre que tenía la Comunidad en la cabeza (...) trabajé
con él y trabajé muy bien”, declaró el portavoz popular.
La operación Lezo estalló un mes antes de la imputación de la UCO a Cifuentes.
Pero en el caso de las investigaciones del Canal la presidenta desempeñó el
papel de víctima. Según la Guardia Civil, Cifuentes había sido coaccionada para
no dar a la Justicia datos del Canal de Isabel II que pudieran afectar a Edmundo
Rodríguez Sobrino, presidente de una de las filiales de la empresa pública de
aguas durante diez años.
Rodríguez Sobrino era el hombre de confianza Ignacio González en el Canal y
además era consejero de La Razón. Según los investigadores, las presiones a
Cifuentes vinieron de parte del director del diario conservador, Francisco
Marhuenda, y del hombre fuerte de Planeta, Mauricio Casals. Los dos tuvieron que
prestar declaración ante el juez como investigados en compañía de sus abogados.
Cifuentes acudió como afectada, pero nunca llegó a refrendar ante el juez las
presuntas coacciones por lo que la causa fue archivada. La decisión de la
presidenta llamó la atención a los investigadores consultados por este
periódico.
Para entonces la Comunidad de Madrid hacía meses que había remitido a la
Fiscalía documentación sobre el Canal y Edmundo Rodríguez fue detenido y
encarcelado. Había sido durante diez años el hombre fuerte de Ignacio González
en el Canal. Al frente de unas filiales había pilotado muchas de las dudosas
inversiones en Iberoamérica de las que ahora la Comunidad de Madrid quiere
deshacerse. Él fue uno de los acompañantes de Ignacio González en el viaje de
2008 a Cartagena de Indias (Colombia) de las bolsas de basura en el que fueron
espiados. A pesar de estos antecedentes, Cifuentes mantuvo a Rodríguez Sobrino
un año en su mismo puesto. No fue cesado hasta que su nombre apareció en los
papeles de Panamá.
http://www.elespanol.com/espana/20170714/231227533_0.html
LA INACCESIBLE CRISTINA CIFUENTES
Asociaciones de médicos de Madrid pidieron infructuosamente reunirse con
Cristina Cifuentes para abordar los problemas de la precaria sanidad pública
madrileña.
También ha ignorado a los 749 médicos del Gregorio Marañón que se dirigieron a
ella para resolver las graves carencias estructurales y el mal gobierno de este
hospital.
“Es evidente que lleva su tiempo estar todo el día de ruedas de prensa, opinando
sobre cualquier tema y trabajarse a Ciudadanos para mantenerse en el poder”.
En campaña electoral muchos políticos se ponen campechanos. Recorren calles y
mercados, cogen a bebés en brazos o besan a ancianas. Puro teatro. Toda una
apariencia de proximidad al pueblo que termina con el recuento de las urnas.
Pasadas las elecciones, cuando están en el poder y en el cargo, es imposible
llegar hasta ellos. Se muestran poco amables en el trato con la ciudadanía. La
altivez y la distancia es la regla. Cumple esa pauta la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Veamos dos ejemplos muy significativos.
El colegio y las asociaciones de médicos de Madrid (ICOMEM, AMYTS, AFEM) ante la
incompetencia del reprobado consejero de Sanidad, Sánchez Martos, pidieron el 6
de abril, una reunión a Cristina Cifuentes para abordar soluciones a los
problemas y a la precariedad de la sanidad pública madrileña. Pero Cifuentes no
les ha recibido “dado lo complicado de su agenda”. Esto ha indignado a los
facultativos de la sanidad pública, al ver que su agenda sí permitía recibir al
Real Madrid, para el consabido postureo y foto electoralista, y otras citas de
poca relevancia. La negativa a reunirse iba acompañada de bonitas palabras de
asesor con nómina de miles de euros (“mi gratitud por su inquebrantable
compromiso con la sanidad”, etc.), que son una burla, cuando no se acompañan de
hechos.
También ha ignorado a los 749 médicos del hospital Gregorio Marañón que le
dirigieron una carta en la que denunciaban que “han sido ignorados
repetidamente” por Cifuentes, que no hace nada por resolver las graves carencias
estructurales y el mal gobierno de este hospital público.
Algo parecido ha sucedido con la comunidad educativa de Vallecas que pidió a
Cifuentes una entrevista en mayo para explicarle su Declaración por la Dignidad
de su Escuela Pública. La respuesta de la presidenta fue la misma: no hay
entrevista, ni siquiera les deriva a la consejería, y vuelve a utilizar la vacua
retórica de lo bien que está la educación madrileña. La Plataforma por la
Escuela Pública de Vallecas vuelve a insistir en la petición de entrevista y
dice en su escrito del 27 de junio: “En nuestra ingenuidad pensábamos que podría
haber una comunicación mayor y más directa entre los representantes políticos en
las instituciones y una representación de las familias, el profesorado, el
alumnado y los vecinos de este barrio. No ha sido así”.
Y añade: ” Los recortes de profesorado, de recursos en general, las elevadas
ratios, la concentración de alumnos con dificultades educativas, la falta de una
oferta suficiente de plazas públicas y la desequilibrada escolarización que
produce la doble red, está convirtiendo algunos de nuestros centros educativos
en guetos. Esta situación, de la que es responsable la Consejería de Educación,
es vivida por las familias y el profesorado como un abandono de la atención a la
infancia”. Pero sobre todo, advierte de la difícil situación de “Vallecas, un
barrio obrero y humilde, pero muy digno, que está sufriendo las consecuencias
económicas de la crisis y que no nota los beneficios de una supuesta
recuperación. Esta situación repercute en los centros educativos de forma que se
está agudizando la conflictividad social y deteriorando la convivencia. Un buen
sistema educativo genera cohesión social”.
Podría aducirse que ha habido un reciente acuerdo entre los sindicatos y la
consejería de Educación. Este acuerdo tiene cosas interesantes (licencias,
sustituciones por bajas, sexenios, profesorado para la diversidad…), pero no va
al fondo del asunto: revertir totalmente los recortes y detener el proceso de
privatización de la educación pública.
Es evidente que lleva su tiempo estar todo el día de ruedas de prensa, opinando
sobre cualquier tema. Como también lo lleva, trabajarse a Ciudadanos para que
mantenga en el poder a un partido en el que 21 miembros de su lista electoral
han dimitido, salpicados unos cuantos por la corrupción. Pero no es admisible
que la Presidenta del gobierno de Madrid, no encuentre hueco para recibir a
médicos y sanitarios, a profesorado y familias, para abordar los problemas de
dos grandes servicios públicos.
A qué obedece esta inaccesibilidad. Cualquiera diría que ella tiene algo contra
los médicos y el profesorado. Pero, no es eso. Este desdén es una decisión
política. Si bien Aguirre aplicó los recortes, Cifuentes tiene la misión de
mantenerlos y consolidarlos. No quiere reunirse porque no quiere ofrecer ninguna
solución de mejora que aumente el gasto. Si Aguirre hizo campañas de
desprestigio hacia los profesionales, no se queda atrás el desprecio de
Cifuentes a dos de los servicios fundamentales y más valorados por la sociedad:
sanidad y educación. Su principal responsabilidad es defenderlos y mejorarlos.
Luego que se dedique, si quiere, a otros eventos más ligeros.
Carta a Cristina Cifuentes de la Plataforma de Vallecas
27 de junio de 2017
Sra. Dña. Cristina Cifuentes.
Recibida su respuesta (fecha 12 de junio) a nuestra carta de 30 de mayo,
solicitando una entrevista con usted, queremos comunicarle:
Primero, aclarar que la carta procede de la Plataforma por la Escuela Pública de
Vallecas, que lleva más de 20 años trabajando para mejorar la situación en
nuestros centros educativos. Nuestra carta tiene el respaldo de 5.109 firmas
individuales y de 32 colectivos que han apoyado la Declaración de Vallecas en
Defensa de su Educación Pública y que hemos consensuado, contando con
aportaciones de un amplio sector de la comunidad educativa de los distritos de
Vallecas.
En nuestra ingenuidad pensábamos que podría haber una comunicación mayor y más
directa entre los representantes políticos en las instituciones y una
representación de las familias, el profesorado, el alumnado y los vecinos de
este barrio. No ha sido así.
Sra. Cifuentes, su respuesta nos ha decepcionado. No solo por no atender nuestra
solicitud de reunión con usted, sino por los comentarios que hace, que indican
que no está bien informada.
Los recortes de profesorado, de recursos en general, las elevadas ratios, la
concentración de alumnos con dificultades educativas, la falta de una oferta
suficiente de plazas públicas y la desequilibrada escolarización que produce la
doble red, está convirtiendo algunos de nuestros centros educativos en guetos.
Esta situación, de la que es responsable la Consejería de Educación, es vivida
por las familias y el profesorado como un abandono de la atención a la infancia.
Vallecas es un barrio obrero y humilde, pero muy digno, que está sufriendo las
consecuencias económicas de la crisis y que no nota los beneficios de una
supuesta recuperación. Esta situación repercute en los centros educativos de
forma que se está agudizando la conflictividad social y deteriorando la
convivencia. Un buen sistema educativo genera cohesión social.
Estamos convencidos de que un plan de medidas urgentes, y en concreto las
medidas específicas que proponemos en la Declaración, mejorarían la educación
pública de la zona.
En suma, si no actuamos de forma conjunta todos (gobierno regional, municipal,
comunidad educativa, movimiento asociativo, etc.) las cosas pueden complicarse y
nunca podíamos perdonarnos no actuar a tiempo, o por falta de tiempo. Ese es el
sentido de nuestra demanda: sumar esfuerzos para hacer frente a las dificultades
sociales y mejorar la calidad educativa.
Le agradecemos la posibilidad de contar con nuestra ayuda para encontrar una
solución, y solicitamos una vez más una entrevista con usted, y los
representantes de la Consejería de Educación que vea oportunos, para exponer las
experiencias de la comunidad educativa y explicar las medidas que proponemos.
Saludos
Madrid, a 27 de junio de 2017
Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública
https://www.cuartopoder.es/espana/comunidades-autonomas/2017/07/07/la-inaccesible-cristina-cifuentes/
CUANDO CIFUENTES SE NEGÓ A IR A UN HOMENAJE DEL 11-M PORQUE LO PRESIDÍA PILAR
MANJÓN
La presidenta, que ahora pide que no haya “mezquindad” con Miguel Ángel Blanco,
rechazó la invitación porque era candidata del PP
La última en subirse al carro de las críticas a Manuela Carmena y el
Ayuntamiento de Madrid ha sido la presidenta de la Comunidad, Cristina
Cifuentes, quien este lunes pedía al Consistorio que “fuera generoso y no
actuara con mezquindad”.
Cifuentes aseguraba que “con las víctimas no se puede ser mezquino” y añadía que
“no hay que ver de dónde vienen las víctimas, si son de un lado o de otro”.
Unas declaraciones que chocan frontalmente con las actitudes que la propia
Cifuentes lideró en el pasado, cuando despreciaba a unas víctimas frente a otras
por sus ideas políticas. Y encima, con el argumento de que era candidata del
Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad.
Hay que remontarse a marzo del año 2015, cuando las víctimas de los atentados
del 11-M seguían divididas y realizaban homenajes por separado. La Asociación 11
M Afectados de Terrorismo, que presidía entonces Pilar Manjón, invitó a su acto
a Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Como después revelaría Manjón, el equipo de Cifuentes le llamó para decirle que
no iba a acudir a su homenaje a las víctimas del 11-M porque no lo consideraba
oportuno después de haber sido elegida por el PP como candidata a presidenta de
la Comunidad de Madrid.
Manjón invitó a todas las instituciones y sus representantes, pero Cifuentes fue
la única que le llamó directamente para decirle que no pensaba acudir a su acto.
Tampoco lo hizo ningún miembro del Partido Popular, que sólo apoyaba los actos
que realizase la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Entonces, Manjón señaló que "no nos merecemos que nuestros representantes
políticos ni la sociedad civil, esa a la que iba dirigida el atentado, se olvide
de nosotros". La presidenta de la asociación de víctimas pidió entonces
"memoria, dignidad y reparación moral" para todas las víctimas "en igualdad". El
discurso que ahora usa el Partido Popular para atacar al Ayuntamiento de Madrid.
http://www.elplural.com/politica/2017/07/11/cuando-cifuentes-se-nego-ir-un-homenaje-del-11-m-porque-lo-presidia-pilar-manjon
CIFUENTES DA PLANTÓN A IGNACIO AGUADO Y ENFRÍA AÚN MÁS SU MALTRECHA RELACIÓN CON
C'S
La presidenta regional falta por primera vez a la reunión que analiza
el cumplimiento del pacto de investidura. La relación entre ambos se ha
deteriorado en las últimas semanas
Cristina Cifuentes ha dado plantón a Ciudadanos. La presidenta regional ha
decidido acudir a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad
Autónoma y no asistir así a la reunión prevista este jueves con la formación
naranja para analizar el cumplimiento del pacto de investidura que ambos
firmaron en 2015 y que permitió a Cifuentes hacerse con la presidencia de la
Comunidad. En las tres reuniones anteriores (una en 2015 y dos en 2016)
Cifuentes siempre había asistido. En esta ocasión ha delegado en sus números dos
y tres dentro del Ejecutivo, los consejeros Ángel Garrido y Jaime González
Taboada.
Un gesto más que recalca que las relaciones entre el PP de Madrid y Ciudadanos
no pasan por su mejor momento. Por parte de la formación emergente han acudido a
la cita su líder Ignacio Aguado y su mano derecha Césa Zafra. Sin embargo, al
comprobar que la presidenta regional no había acudido a la cita, han decidido
levantarse y dar por concluida la reunión. Cifuentes ha tachado esta decisión de
"inmadura" y que Aguado solo busca la foto con ella. "Lo importante es el
acuerdo".
La cita frustrada deja claro que la relación entre Cifuentes y Aguado no pasa
por su mejor momento. La legislatura ha llegado a su ecuador y la cuerda entre
ambos (el PP necesita el apoyo parlamentario de Ciudadanos) se está tensando de
manera peligrosa. "Hay altibajos", señala el equipo de Cifuentes. La reunión de
este jueves había sido solicitada por Ciudadanos, ya que en lo que llevamos de
2017 los dos partidos no se habían sentado todavía para analizar ese pacto.
Cifuentes y Aguado acaban con el 'buen rollo' y empiezan la guerra fría con
vistas a 2019
La relación entre la presidenta e Ignacio Aguado pasa por su peor momento. Ambos
llevan semanas sin verse. Ella está dolida por la beligerancia de C's, que este
jueves reprueba a su consejero
La relación entre ambos se viene deteriorando desde las últimas semanas.
Ciudadanos ha encontrado un filón entre los continuos casos de corrupción que
están asolando al PP de Madrid. Las últimas encuestas publicadas en algunos
medios han disparado las expectativas de Ciudadanos en la comunidad, con un
hipotético incremento de sus escaños en la Asamblea de Madrid si hubiese
elecciones. El partido ha relanzado la 'marca Aguado' para que su líder regional
empiece a tener más presencia más allá de las siglas de la formación y del
hiperliderazgo de Albert Rivera.
Cifuentes está dolida desde el papel que adoptó Ciudadanos en la comisión de
investigación en la que la presidenta regional tuvo que comparecer para explicar
los dos contratos que la Asamblea de Madrid concedió en 2009 y 2011 al
empresario Arturo Fernández, unas licitaciones bajo sospecha incluidas en el
marco del caso Púnica. La Guardia Civil había salpicado a Cifuentes en un
polémico informe y Aguado elevó el tono de sus críticas antes, durante y después
de esa mediática cita. Desde entonces han pasado muchas cosas. El Gobierno
regional ya explicó que la actitud de Aguado y de sus diputados tendría
"consecuencias".
La guerra fría ha comenzado y el distanciamiento personal empieza a ser
importante. Cifuentes ha dejado de seguir en Twitter a Aguado y a parte de sus
diputados. Cifuentes prefiere seguir en esta red social al ex futbolista Patxi
Salinas que a su socio de investidura. Es solo un gesto, pero muestra el nivel
de desencuentro que existe. Cifuentes tampoco quiere fotos públicas de momento
con Aguado. Es parte del castigo que la presidenta regional ha impuesto al líder
de Ciudadanos por el aumento de su beligerancia contra su gestión política. No
está previsto que Cifuentes acuda al final de la mañana a la rueda de prensa
posterior a la reunión. Aguado y Cifuentes llevan semanas sin verse de forma
oficial. El último acto juntos fue en febrero, cuando ambos lideraron las
reuniones para aprobar los Presupuestos regionales de 2017.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-06-29/cifuentes-aguado-ciudadanos-relacion-pacto-investidura_1407128/
EL
CONSEJERO DE SANIDAD DE CIFUENTES, REPROBADO A GOLPE DE ABANICO
El "tripartito de la oposición" pide la dimisión o el cese inmediato
de Jesús Sánchez Martos, aunque este no lo hará de 'motu proprio'
El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado, con los votos a favor de los tres
grupos de la oposición (Podemos, PSOE-M y C's), una proposición no de ley que
reprueba la actuación política del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, y
exige su dimisión o cese "inmediato".
La gota que colmó el vaso del "tripartito de la oposición" - como ha calificado
Cifuentes a sus rivales tras la anexión del partido naranja a la reprobación -
fue la polémica de los abanicos. Sánchez Martos recomendó el uso de "abanicos de
papel" a los alumnos de los colegios como medida para sobrellevar la ola de
calor que asola a España. Además, definió esto como "una terapia ocupacional".
Incluso llegó a explicar cómo se hacen. "Dobla, dobla, dobla, dobla y tienes el
abanico", espetó.
El texto ha sido presentado por Podemos, cuya diputada regional Mónica García ha
acusado al consejero de no tener "ningún proyecto" para la sanidad de Madrid
"más allá de una suerte de decisiones arbitrarias e impulsivas tomadas a veces
desde el desconocimiento y a veces incluso desde la prepotencia del cargo
público que ostenta".
"Sus ocurrencias tendrían cabida en una película de José Luis Cuerda del tipo de
'Amanece que no es poco', pero nos limitaremos a reprobarlo por su incompetencia
en el papel principal de 'gestione la sanidad, que no es poco'", ha dicho.
Martos no dimitirá
El consejero de Sanidad ya afirmó la pasada semana, cuando supo de la unanimidad
de la oposición para su reprobación, que no iba a presentar su dimisión en
ningún caso. A la defensa de su compañero ha salido Regina Plañiol. La
parlamentaria popular ha tildado de "inconsecuente, mezquina, falaz, injusta y
falaz". Aunque, eso sí, no le ha faltado tiempo para sacar pecho por su "gestión
excelente de la sanidad en Madrid".
La bancada del Partido Popular se ha desecho en vítores y aplausos hacia Sánchez
Martos que, por cierto, no intervino durante todo el debate. Al mismo tiempo, la
formación morada respondía blandiendo unos abanicos morados.
http://www.elplural.com/politica/2017/06/22/el-consejero-de-sanidad-de-cifuentes-reprobado-golpe-de-abanico
CRISTINA CIFUENTES AUMENTA UN 40% EL PRESUPUESTO DESTINADO A LOS TOROS
La Comunidad de Madrid, con el apoyo de Ciudadanos, ha presupuestado
para este año 1,3 millones de euros para asuntos taurinos, 384.054 euros más que
en 2016 El año pasado los partidos de la Asamblea obligaron al equipo de
Cifuentes a retirar 250.000 euros de esa partida y destinarla a crear equipos
psicosociales de guardia en los juzgados de violencia de género El Ejecutivo de
la Comunidad gastó el año pasado toda la partida destinada a los toros, pero no
ejecutó la destinada a reforzar la lucha contra las agresiones machistas
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aumentado en los presupuestos de este
año un 40,8% la partida destinada a asuntos taurinos, en relación con las
cuentas del año pasado. En 2016, el equipo de Cristina Cifuentes propuso en la
ley de presupuestos destinar 1,3 millones de euros, finalmente tras pasar por el
pleno de la Asamblea de Madrid para ser aprobados, se redujo a 960.437 euros.
De cara a las cuentas del 2017, el Ejecutivo regional ha aumentado esa cantidad
a 1.344.491 euros, 384.054 euros más que el año pasado. Con estas cifras, que se
aprobaron hace un par de meses gracias el apoyo de Ciudadanos, la presidenta del
Partido Popular de Madrid ha alcanzado el objetivo que se marcó en 2016:
mantener el apoyo a los toros. "Volvemos al presupuesto original, esa cantidad
se ha mantenido", confirman desde el gabinete de prensa de la Consejería de
Presidencia y Justicia.
En la elaboración de los presupuestos del 2016, a propuesta de Podemos, todos
los grupos políticos (incluido el Partido Popular) acordaron reducir la partida
dedicada a esta temática y destinar 250.000 euros a una enmienda que pretendía
crear un turno de guardia de psicólogos y trabajadores sociales en los juzgados
de violencia de género.
Sin embargo, esa cantidad no se llegó a ejecutar el año pasado a pesar de que
contaban con presupuesto para ello, y actualmente las víctimas de agresiones
machistas que acudan a denunciar más allá de las 15 horas no cuentan con esta
asistencia.
Nueva partida para este año
A pesar de que se ha mantenido esa propuesta en las cuentas del 2017, estos
equipos siguen sin hacer guardias. Estos juzgados de violencia de género en la
Comunidad están operativos de 9 de la mañana a 9 de la noche los 365 días del
año. Durante ese turno hay profesionales de la judicatura, médicos forenses y
administrativos. Sin embargo los equipos psicosociales, formados por psicólogos
y trabajadores sociales, solo están presentes los días laborables en horario de
mañana. Su tarea principal consiste en elaborar informes que se incorporan a los
juicios. Por lo tanto si la vista se celebra en un procedimiento rápido un día
festivo, estos profesionales no emitirán una valoración.
Fuentes de estos equipos aseguran que hay casos en los que realizan funciones de
"contención", ya que tienen que ayudar a víctimas que acuden a denunciar
mientras sufren crisis de ansiedad. Desde el gabinete de prensa de la Consejería
de Justicia aseguran que estos trabajadores no realizan actividad asistencial.
Además, estas fuentes explican que los equipos no han ampliado el horario porque
no han llegado a un acuerdo con los sindicatos sobre el precio de las guardias,
no porque no se haya ejecutado el presupuesto.
Tras las críticas de los empresarios y seguidores taurinos por el recorte
presupuestario en el 2016, desde la cuenta de Twitter del equipo de la
presidenta regional reafirmaron su defensa a este asunto. "Mantendremos el apoyo
a los toros, reajustaremos el presupuesto (en alusión a las cuentas del año
pasado) para dar cobertura a la enmienda sin reducir ayudas a la fiesta",
incidieron desde este perfil de red social.
.@aplausos Mantendremos el apoyo a los toros, reajustaremos el presupuesto para
dar cobertura a la enmienda sin reducir ayudas a la fiesta 👍
— Cifuentes Presidenta (@cifupresidenta) 18:26 - 8 Dec 2015
Durante el ejercicio pasado ese compromiso lanzado en redes sociales no fue una
realidad, porque finalmente destinaron 967.327 euros, según confirman desde la
Consejería de Presidencia. En este caso, a diferencia de la enmienda centrada en
dotar de más medios a la lucha contra la violencia de género, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid ejecutó más del 100% de lo presupuestado, casi 7.000 euros
más de lo planteado en la ley de presupuestos.
"Con la cantidad de asesinatos y casos de violencia machista acontecidos en el
último año, no cumplir con lo aprobado por la Asamblea es una negligencia
política imperdonable que se traduce en vidas y en dolor. Luego en el gobierno
convocan minutos de silencio, pero la violencia machista se combate con
presupuestos y más si estos han sido aprobados", apunta María Espinosa, la
diputada de Podemos que impulsó la enmienda para crear estos equipos.
15.000 euros más para el Centro de Asuntos Taurinos
En las cuentas de este año, el equipo de Cifuentes ha planeado aumentar la
partida destinada al centro de asuntos taurinos en 15.000 euros, dedicando así
422.953 euros para el 2017. De acuerdo a la información que publica el Gobierno
regional en relación a las retribuciones de altos cargos, el gerente de este
organismo recibe 75.084 euros anuales.
Otra de las partidas que se verán beneficiadas por este incremento es una
destinada a la promoción, que cuenta con 75.000 euros, así como otra centrada en
el material y los suministros que pasa de 91.711 a 272.711 euros. Según figura
en el desglose de presupuestos, este centro coordina exposiciones y actos
culturales en la plaza de toros de Las Ventas –que se remodelará por cuestiones
de seguridad– subvenciones a "entidades sin ánimo de lucro", a ayuntamientos,
así como a estudios y a cursos de formación en materia taurina.
http://www.eldiario.es/sociedad/Comunidad-Madrid-aumenta-presupuesto-destinado_0_662483922.html
CIUDADANOS CUESTIONA LA COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DE CIFUENTES CON LA JUSTICIA
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado,
ha cuestionado la colaboración del Gobierno de Cristina Cifuentes con la
Justicia al reprochar a la presidenta regional un informe de la Fiscalía
Anticorrupción que señala que "se hace difícil confiar que haya una colaboración
espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid".
En el Pleno de este jueves, Aguado ha hecho alusión a un informe de 45 páginas
fechado el 11 de mayo de 2017 de la Fiscalía Anticorrupción donde explica los
motivos por los que ordenó siete "registros" en dependencias de la Comunidad de
Madrid relacionados Nuevo Arpegio, empresa investigada en Púnica.
Aguado ha señalado que la Fiscalía Anticorrupción considera que los dirigentes
del PP "siguen autoprotegiéndose", ya que el informe señala que "existe todavía
una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en
la Comunidad de Madrid y orgánicas en el partido regional".
Asimismo, ha destacado que la Fiscalía Anticorrupción reconoce y conoce "las
dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid", al
tiempo que indica que se han encontrado "inconsistencia y carencias" en la
documentación aportada que les lleva a pensar que existe más.
"Mientras ustedes dicen que colaboran con la Justicia, la Justicia dice de
ustedes que la información que facilitan no es fiable y que su colaboración no
es espontánea ni leal", ha afirmado Aguado, quien ha señalado la necesidad de
que Cifuentes se replantee sus prioridades, porque "un presidente regional no
puede tener como prioridad proteger a los suyos, proteger a su partido, y poner
palos en la rueda a la Justicia".
Según Aguado, "un presidente regional tiene que tener como prioridades colaborar
con la Justicia y luchar contra la corrupción, le pese a quien le pese y caiga
quien caiga".
Por su parte, Cifuentes ha aseverado que la actitud de su Gobierno hacia la
Justicia es de "total y absoluta colaboración". "No voy a entrar a comentar las
afirmaciones que se hagan en un escrito, le hablo de la realidad, y la realidad
es que mi Gobierno está colaborando con la Justicia y lo estamos haciendo sin
ninguna reserva porque no tenemos nada que ocultar", ha manifestado.
Tras afirmar que se ha facilitado a la Fiscalía Anticorrupción y a la Guardia
Civil toda la información que ha requerido que obran en poder de Nuevo Arpegio,
ha precisado que toda la documentación es relativa a 2006, para recalcar que se
trata de un asunto de hace 11 año.
Además, ha detallado que son ocho, no siete, los "requerimiento de información"
que ha contestado el Gobierno regional, que además ha realizado otras nueve
entregas de documentación sin que "nadie" se lo pidiera, de manera que ha
remitido información 17 veces.
Igualmente, ha indicado que la empresa ha comenzado los trámites para personarse
como acusación en Púnica.
Por otro lado, ha reprochado a Aguado que en su última pregunta del periodo de
sesiones haya vuelto a hacer "lo que lleva haciendo toda la legislatura,
renunciar al control del Gobierno y hablar del pasado", al tiempo que ha
afirmado que la prioridad de su gobierno es "avanzar" en materias como la
transparencia, el empleo o las políticas sociales, ha enumerado.
http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-colaboracion-Gobierno-Cifuentes-Justicia_0_657234452.html
LOS TRABAJADORES DEL GREGORIO MARAÑÓN SE UNEN CONTRA CRISTINA CIFUENTES
749 médicos y facultativos piden a la presidenta de la Comunidad de
Madrid un plan de futuro para el hospital
Ayer conocíamos la noticia de la suspensión de 18 cirugías programadas en el
Hospital Gregorio Marañón por la aparición de cucarachas. 18 personas que no
podrán ser intervenidas quirúrgicamente por una plaga de insectos, resulta un
hecho que ejemplifica a la perfección la situación de la sanidad pública
madrileña. Después de la reunión que mantuvieron la semana pasada 200 médicos
del centro con Cristina Cifuentes y el consejero de Sanidad, Rafael Sánchez
Martos, 749 médicos y facultativos del Gregorio Marañón han firmado un documento
para pedir un plan de futuro para el hospital.
En la carta, se denuncia el descenso de los presupuestos "en los últimos años y
son claramente deficitarios tanto para la actividad real del centro como para la
complejidad de los pacientes atendidos". Por otra parte. los médicos denuncian
la decadencia del equipamiento y de infraestructuras: "nuestra institución da
una imagen de mal cuidada y desatendida, hecho éste que muchos usuarios conocen
y padecen, sufriendo incomodidades y malestar durante su asistencia".
Otro de los puntos referidos en la carta alude a los diferentes cambios en la
estructura directiva, los cuales no han sido producidos por motivos
profesionales, un hecho que según los médicos "hace que se carezca de un plan de
gestión estable y consolidado, con el consiguiente perjuicio para todos".
Además, denuncian la "falta de valoración de la opinión de los profesionales en
los procesos de decisión y planificación".
Esta carta deja en evidencia una lamentable situación. La falta de equipamiento,
tecnología obsoleta e infraestructura desatendida, son tres elementos que
plasman hasta que punto ha llevado la gestión del Partido Popular la sanidad
madrileña. Los profesionales del Gregorio Marañón están hartos y a los pacientes
no se les puede asegurar una atención de calidad. Un centro médico de referencia
está en peligro.
http://www.elplural.com/politica/2017/06/20/los-trabajadores-del-gregorio-maranon-se-unen-contra-cristina-cifuentes
GRANADOS ACUSA A CIFUENTES DE SER “LA MANO DERECHA” DE IGNACIO GONZÁLEZ
Nada más salir de la cárcel fue a la redacción de ‘Ok Diario’ para
conceder su primera entrevista
Francisco Granados ya está en libertad. Ayer, al salir de la prisión de
Estremera en la que estuve encerrado casi tres años anunció que tenía “ganas de
hablar”, hasta el punto de que fue directamente de prisión a la redacción de Ok
Diario para ofrecer una entrevista al medio que más contacto ha tenido con él en
estos meses. En su entrevista, Granados centra parte de su atención en la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que llega a
calificar como la “mano derecha” de Ignacio González, ahora en prisión por la
Operación Lezo.
Según Granados, en Madrid él no competía por el poder con González. “Eso está
muy bien para las tertulias”, señala Granados en su conversación con Eduardo
Inda, pero “Ignacio González no ha tenido nunca rival en el poder del PP de
Madrid”. González era “el único que ha mandado en la Comunidad y en el partido
(…) y durante muchos años teniendo como mano derecha a Cristina Cifuentes”.
No es la única pulla hacia Cifuentes, porque le guarda un especial rencor: “No
olvido que Cifuentes ordenó a sus abogados que se opusieran a mi libertad”.
Granados recuerda que “la Comunidad de Madrid está como acusación particular en
la trama Púnica y se opuso a que yo saliera de prisión cuando cumplí dos años”.
“No se puede defender la presunción de inocencia por la mañana y luego mandar a
los abogados de la Comunidad a pedir que se mantenga en prisión a una persona
que no se le ha condenado y no se le ha juzgado”, insiste.
Cuando le preguntan si cree que Cifuentes tenía miedo a que cantara, incide en
su posición hasta ahora: “Yo no tengo nada que cantar. Lo que digo es que la
Comunidad de Madrid, presidida por Cifuentes, se opuso a que saliera de prisión
al cumplir dos años”.
Sobre su implicación en la Púnica, Granados cree que hay “una motivación
planificada de meterme con calzador en todas y cada una de las cuestiones
investigadas a pesar de no tener nada que ver conmigo”. Según el exdirigente del
PP, los jueces y fiscales se inventan las acusaciones “en muchos casos”.
Granados, sin embargo, reconoce haber tenido una cuenta en Suiza y que de su
cierre surgió 1,3 millones de euros, que eran los que estaban “en casa de mis
suegros”. Sin embargo, asegura que esa cuenta y ese dinero son fruto de su etapa
como trabajador de la banca. Dice que cerró la cuenta sin regularizarla con
Hacienda y “ese es el gran error de toda esta historia”. “Yo era en ese momento
alcalde de Valdemoro, estaba a punto de ser nombrado consejero de Esperanza
Aguirre y sentí vértigo”, añade.
http://www.elplural.com/politica/2017/06/15/granados-acusa-cifuentes-de-ser-la-mano-derecha-de-ignacio-gonzalez?utm_content=buffer8274f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
CIFUENTES SIGUE AUMENTANDO EL NÚMERO DE ALUMNOS POR CLASE ILEGALMENTE MIENTRAS
LA JUSTICIA LO INVESTIGA
La Consejería de Educación está escolarizando a 28 niños y niñas por
aula en las nuevas de tres años, cuando la ratio máxima marcada por la Lomce es
25
Mientras, la justicia investiga la masificación de las aulas en Madrid tras
aceptar cinco denuncias de CCOO anteriores que acreditan la sobrecarga
Van Grieken prometió hace un año que se cumplirían las ratios, pero no lo está
cumpliendo y el decreto de 2012 que permitía aumentarlas ya no es válido
El Gobierno de Cristina Cifuentes sigue masificando las aulas ilegalmente, según
su planificación para el curso que viene, y está escolarizando a más niños y
niñas de tres años de los permitidos por los límites máximos. En centros como el
CEIP Plácido Domingo, en el distrito de Arganzuela, las clases de este nivel
tienen 28 alumnos, tres más que el tope legal desde el curso pasado, cuando dejó
de ser aplicable un decreto de 2012 que avalaba excepcionalmente el aumento de
las ratios un 20%.
"Tras recibir el mensaje de no admitidos, el colegio nos llamó hace una semana
para avisarnos de que nuestro hijo de tres años podía matricularse por una
ampliación de ratios", relata Mario, que explica que, según se desprende de las
listas, en total han sido nueve los alumnos incorporados de más, tres por aula.
La Lomce permite excepcionalmente en su artículo 87 "el incremento de hasta un
10% del número máximo de alumnos y alumnas por aula", pero solo si eso está
justificado "para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado
por incorporación tardía o bien por necesidades que vengan motivadas por
traslado de la unidad familiar en periodo de escolarización extraordinaria". Y
no es ninguno de estos casos porque estamos en la fase ordinaria.
El responsable de Educación, Rafael Van Grieken, aseguró hace justo un año que
en el curso 2016-2017 iban a respetarse "las ratios establecidas en todas las
unidades de principio de ciclo", es decir, las de los niños y niñas que entran
nuevos al colegio en primero de Educación Infantil. No cumplió su palabra y
tampoco la va a cumplir el curso que empieza en septiembre, pese a que la
actuación del año pasado, ya contraria a la ley, está siendo investigada por la
justicia. Preguntada sobre la situación, la Consejería no ha dado respuesta a
este medio.
Tres juzgados de Madrid aceptaron en enero tres recursos de Comisiones Obreras a
este respecto y abrieron diligencias para dilucidar si la actuación de la
Consejería es o no es conforme a la ley. Otros dos juzgados se inhibieron a
favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que el asunto,
sobre el que aprecian motivos para investigar, escapa de sus competencias.
Para el resto de niveles, Educación emplazó la reducción del número de
estudiantes por unidad a "las bajas que se produzcan a lo largo de los próximos
cursos para ir regularizándolas". Y esto provoca que se sigan dando casos como
el de la clase de cinco años del CEIP Fontarrón, en Moratalaz. Según las listas
provisionales de admisión, el aula tendrá 28 niños y niñas, de los cuales seis
tienen necesidades educativas especiales, un número "inviable" para dar una
correcta atención, según una carta que ha remitido el equipo docente y de apoyo
de Infantil a la Dirección de Área Territorial (DAT).
Según el AMPA de este centro preferente para motóricos (niños y niñas con
discapacidades que afectan al área motora), se han remitido cuatro escritos a la
administración: uno de la dirección del colegio solicitando un desdoble en dos
clases –porque el centro es de línea dos–, otra de las familias, una más del
AMPA y la del equipo docente, la última. La DAT solo ha respondido a la primera,
aseguran las familias, negando esta posibilidad.
El número de niños y niñas con necesidades educativas especiales previstas para
este aula (6) triplica el número de plazas que reserva la administración por
clase para estos menores (2). Tres de ellos vienen de cuatro años y otros tres
no pasan a Primaria, de manera que se incorporan a la clase de cinco aunque ya
han estado este año en este nivel, explican las familias.
"Los maestros nos dicen que conociendo los casos, trabajando con ellos, no es
viable atender correctamente la diversidad con un solo tutor y algunas horas de
apoyo", explica la madre de uno de estos niños, con parálisis cerebral. Su hijo
no tiene autonomía para subir y bajar escaleras ni para ir solo al baño.
Las subidas de alumnos y alumnas por aula estaban autorizadas por un decreto
aprobado en 2012 con el exministro José Ignacio Wert al frente del Ministerio de
Educación que justificaba este aumento por la reducción de la tasa de reposición
del profesorado. Entonces no todas las jubilaciones y salidas se cubrían, por lo
que progresivamente se iba reduciendo el personal.
En septiembre de 2016 este escenario pasó a la historia porque ya se cubren
todas las vacantes, tal y como aclaró el Ministerio de Educación un mes antes,
cuando concretó que las ratios máximas volvían a ser 25 en Infantil y Primaria,
30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.
La Comunidad de Madrid se encuentra estos días en plena vorágine de admisión y
matriculación, un proceso que genera quejas por parte de las familias año tras
año desde 2013, cuando Esperanza Aguirre implantó el sistema de "libre elección"
de centro escolar. Esto significa que los padres y las madres pueden escoger
cualquier colegio o instituto para sus hijos. Que les concedan o no algunos de
los tres que pueden poner en la lista depende de los puntos que tengan (por
hermanos en el centro, por cercanía al domicilio...).
Miles de niños y niñas sin plaza
Según datos recabados por CCOO, más de 1.800 familias con hijos e hijas de
Infantil no han sido admitidas en ninguna de sus opciones en la ciudad de
Madrid. En todos los niveles educativos, la cifra asciende a casi 8.600. Y en la
región son muchos más. Estos padres y madres hacen colas estos días para
verificar qué plazas están vacantes en otros colegios. eldiario.es ha pedido a
la Consejería las cifras de no admitidos sin obtener respuesta.
"El derecho a la libre elección es un mero hecho propagandístico que lo único
que ha generado ha sido caos en la escolarización en Madrid", dicen desde el
sindicato, que llama la atención sobre "un gran desequilibrio" entre centros
públicos. "Unos muy masificados que ya no tienen más opciones de ampliar y han
tenido que recurrir a partir espacios con tabiques cargándose aulas de
especialidades y laboratorios; y otros, que suelen ser no bilingües, que acogen
al alumnado que no quiere o tiene dificultades para seguir el programa bilingüe,
en ocasiones porque tienen otras necesidades educativas especiales", señalan en
CCOO en Madrid.
Solo en el distrito de Arganzuela, según las cifras del sindicato, hay 124 niños
y niñas sin plaza. La Plataforma en Defensa de la Educación Pública Arganzuela-Lavapiés
se queja de la "falta de planificación". "Arganzuela es la zona con más cambio
demográfico por la construcción de zonas residenciales y la Consejería no está
respondiendo a eso", dice Raúl, uno de sus miembros. La organización asegura que
varios colegios –hay siete en el distrito– han aumentado el número de líneas
(aulas por nivel) por encima de su capacidad convirtiendo en clases espacios no
pensados para ello.
http://m.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-sigue-metiendo-justicia-investigando_0_655134984.html
CIFUENTES SE 'COLÓ' EN EL COMITÉ DE TÉCNICOS QUE BENEFICIÓ A ARTURO FERNÁNDEZ
El expresidente de la Asamblea declara ante el juez que los políticos
no tenían cabida en la terna de expertos.
La hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, formó parte del
comité de expertos y presidió la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid
que en 2011 adjudicó la gestión de la cafetería al empresario Arturo Fernández,
y que está siendo investigado por el presunto amaño de la adjudicación. Sin
embargo, José Ignacio Echevarría, que fue presidente de la cámara regional, ha
declarado en la causa que Cifuentes no podía estar en el comité de expertos.
“¿Siendo presidenta de la Mesa de Contratación, Cristina Cifuentes podía formar
parte de ese grupo de técnicos que evalúa las ofertas?”, preguntó la fiscal del
caso Púnica al exdirigente madrileño del PP en su interrogatorio como
investigado el pasado 8 de marzo. “No, no”, respondió, Echevarría ante el juez
de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Echevarría explicó que la terna de expertos que realizaron la valoración de las
ofertas (entre los que estuvo Cifuentes) debía estar formada por "funcionarios"
o técnicos expertos en la materia, y que los "políticos" tomaban parte sólo en
la Mesa de Contratación, presidido por Cifuentes.
“Ella no estaba firmando en el comité de expertos. Ella formaba parte de la Mesa
de Contratación”, aseguró el expresidente de la Asamblea de Madrid. Sin embargo,
cuando se concedió al grupo Cantoblanco uno de los dos contratos investigados
por la Guardia Civil, Cifuentes sí firmó a favor de Fernández, tanto en el
comité de expertos como en la Mesa de Contratación. Lo hizo en las
adjudicaciones de 2009 (por un periodo de dos años) y 2011. Esa bicefalia en
ambos comités se ha convertido en línea de investigación para la Guardia Civil.
Echevarría, que prestó declaración como investigado en la pieza que analiza la
presunta financiación ilegal del PP de Madrid, entró en la Asamblea de 2011,
cuando se le adjudicó a Arturo Fernández el segundo contrato para gestionar la
cafetería de la Cámara. Los investigadores trabajan con la tesis de que el
empresario donó 60.000 euros a Fundescam (la fundación del PP de Madrid) en pago
por la concesión de estos contratos, además de otros 100.000 euros que aportó la
patronal madrileña, que él presidía, en plena campaña electoral de 2007.
Según relató Echevarría en su interrogatorio, él no era quien elegía al comité
de expertos que debía evaluar las ofertas para las adjudicaciones. “Eran
funcionarios y se nombraban desde la secretaría general de la Asamblea”,
explicó, en clara contradicción al hecho de que Cifuentes formara parte de ese
comité de expertos.
“¿No había cargos públicos?”, le insistió la fiscal Anticorrupción. “El comité
de expertos son funcionarios de la casa. Luego está la Mesa de Contratación. Ahí
ya hay técnicos y un representante de cada grupo político”, señaló.
Nada de políticos
“¿En el comité de expertos, en el contrato de Cantoblanco, no había políticos,
diputados o representantes como Cristina Cifuentes?”, se le volvió a preguntar.
“No señora. No hay ningún comité de expertos, nada más que el grupo técnico de
funcionarios que son los que evalúan las ofertas. Después está el órgano donde
se adjudica, y ahí sí hay políticos, porque son miembros de la Mesa. Si me
pregunta por Cifuentes será porque ha visto su nombre. Estaba porque era la
secretaria segunda de la Asamblea, no porque pasara por ahí”, mantuvo
Echevarría.
La Guardia Civil sostiene en sus informes que Cifuentes pudo cometer un delito
de prevaricación continuada por amañar el contrato para favorecer a Fernández.
Concretamente, al Instituto Armado le parece irregular el hecho de que ella
formara parte del comité de expertos que evaluaban todas las ofertas
presentadas, y luego presidiera la Mesa de Contratación para la adjudicación.
Por su parte, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado en
reiteradas ocasiones que la adjudicación estuviera manipulada, esgrimiendo para
ello un informe jurídico elaborado por la Asamblea de Madrid que mantiene la
ausencia de incompatibilidad entre los cargos que ostentaba durante el proceso.
La máxima responsable del PP madrileño ha negado incluso presidir el comité de
expertos, pese a que la documentación publicada por este diario y rubricada por
ella misma, así lo refleja.
En su defensa, Cifuentes mantiene que su labor en el comité de expertos se
limitó a refrendar la valoración realizada por uno de los técnicos, que ha
reconocido ya ante el juez que redactó el informe. En la comisión de
investigación abierta en la Cámara autonómica, Cifuentes llegó a calificar esta
investigación y sus consecuencias como un "linchamiento".
Por su parte, Arturo Fernández reconoció ante el juez que hizo esa donación
(160.000 euros en total entre su dinero y el de la patronal madrileña) porque
“alguien del PP se lo pidió”, aunque negó que la entrega del dinero fuera
finalista o buscara una contrapartida. Poco antes de hacer esa donación,
Fernández se presentó a otro concurso público y no se le adjudicó. Después de la
donación, recibió por primera vez la concesión para una cafetería de la
Comunidad de Madrid. Y en 2009, el empresario tuvo la misma suerte, al obtener
la explotación del restaurante de la Asamblea, analizada ahora en la pieza de la
presunta financiación irregular del PP madrileño abierta en el caso Púnica.
http://www.elespanol.com/espana/20170616/224228376_0.html
INFORMES DE LA UCO, MOCIÓN DE CENSURA Y LAS OPERACIONES DEL CANAL: LOS TRES
FRENTES ABIERTOS DE CIFUENTES
La presidenta de la Comunidad de Madrid acudirá este
mes de junio a la Asamblea en dos ocasiones para dar explicaciones sobre la
'operación Lezo'
También se enfrentará a una moción de censura de Podemos que tiene dificultades
de prosperar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se enfrenta a
partir de este viernes a comparecencias parlamentarias en las que tendrá que
rendir cuentas sobre sus vinculaciones, las de la Comunidad de Madrid o las del
PP de Madrid, que también lidera, con algunos de los escándalos de corrupción
que han salpicado a las filas conservadoras en los últimos meses.
La primera de las citas tendrá lugar este viernes en la Asamblea de Madrid. La
presidenta madrileña comparece para explicar para explicar los contratos de la
cafetería de la Cámara autonómica adjudicados en 2009 y 2011 al grupo
Cantoblanco. Recientemente, la Guardia Civil reclamó su imputación al encontrar
indicios de delito de cohecho y malversación en la adjudicación de los citados
contratos. Cifuentes fue presidenta de la Mesa de Contratación de la Asamblea de
Madrid.
La segunda de las citas, prevista para la semana, que viene es una moción de
censura presentada por Podemos. El debate arranca el jueves 8 de junio. Y, la
tercera, tendrá lugar, previsiblemente el 23 de junio. Será este día cuando la
Cámara aborde el escándalo del Canal de Isabel II a raíz de las investigaciones
destapadas en el marco del caso Lezo.
Cifuentes llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las autonómicas de
mayo de 2015. Mariano Rajoy apostó por ella como candidata descartando a Ignacio
González, que había asumido las riendas del Gobierno regional tras la marcha de
Esperanza Aguirre en septiembre de 2012.
Asimismo, se hizo con las riendas de la gestora del PP de Madrid cuando Aguirre
dejó la presidencia de los conservadores madrileños en febrero 2016, en plena
ebullición de la operación Púnica. El pasado marzo, en el congreso regional del
PP madrileño, fue proclamada presidenta de la formación.
En un primer momento, la propia Cifuentes, llegó a calificar algunas de las
informaciones de las que ha sido protagonista como una especie de fuego amigo.
Es decir: que podrían partir de compañeros de su propio partido, de sectores
rivales. ¿Por qué? "Por su discurso de 'tolerancia cero' contra la corrupción",
responde un diputado regional en conversación con infoLibre.
No obstante, días después de hacer estas declaraciones en las que se le
cuestionaba por el "fuego amigo", agradeció ante el Comité Ejecutivo Nacional
del PP, con Mariano Rajoy presente, el apoyo recibido en las últimas semanas por
la dirección nacional de su partido.
A continuación, infoLibre repasa el contexto de cada una de estas sesiones
parlamentarias.
"La oposición intentará montar un circo. Pero la presidenta no va alimentarlo:
máxima transparencia", señala un dirigente del PP madrileño.
INFORME DE LA UCO SOBRE EL CONTRATO DE LA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA
Este viernes, Cifuentes comparecerá ante la Comisión de Investigación sobre la
corrupción política de la Asamblea de Madrid, para informar de los procesos de
adjudicación del servicio de cafetería de la Cámara regional en 2009 y 2011, que
han sido objeto de investigación policial.
El origen de esta comparecencia está en un informe de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario de la operación
Púnica que demandaba investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por
los delitos de prevaricación y cohecho en adjudicaciones del servicio de
cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo
Fernández en los años 2009 y 2011.
El sumario sobre la pieza de la presunta financiación irregular del PP incluía
un informe en el que la Guardia Civil señalaba a Cifuentes como presidenta de
las mesas de contratación de las licitaciones de los contratos públicos en la
Asamblea de Madrid. La información se conoció el 16 de mayo. Horas después se
supo que ni el juez Eloy Velasco ni la Fiscalía Anticorrupción consideraban que
hubiese el menor indicio que vincule a Cifuentes con la financiación ilegal del
PP. Los contratos, uno de 2009 y otro de 2011 y ambos para la gestión de la
cafetería de la Asamblea de Madrid, beneficiaron a una empresa de Arturo
Fernández, entonces presidente de la patronal madrileña Ceim, uno de los
donantes de Fundescam.
En su día, Cifuentes insistió en que su actuación en ambos procesos se había
ajustado plenamente a la legalidad, que todas las decisiones se adoptaron por
unanimidad en el marco de un proceso administrativo en el que intervinieron
tanto representantes políticos como técnicos de la Administración, y en que no
tenía nada que ocultar. Similares argumentos llevará este viernes a la Asamblea.
Para el Gobierno regional, la participación de la presidenta, vicepresidenta
primera de la Asamblea de Madrid en los años investigados, se ajustó plenamente
a derecho.
"Las acusaciones vertidas contra ella en los informes policiales carecen de
fundamento alguno según fuentes jurídicas de la Comunidad de Madrid y, tras las
extensas investigaciones efectuadas, no hay ni un solo imputado", sostuvieron
las citadas fuentes.
Además, destacaron que el hecho de que Cristina Cifuentes participara como
miembro de la Mesa de Contratación en estos concursos se derivó de su cargo de
vicepresidenta primera de la Asamblea, en quien siempre se ha delegado esta
función. "Y en lo que se refiere a su participación como miembro del Comité de
Expertos, respondió a un mandato adoptado por unanimidad en la Mesa de la
Asamblea de Madrid", añaden.
"Las decisiones se adoptaron en todo momento por unanimidad, y en base,
exclusivamente, a criterios técnicos", insisten.
Para los conservadores, el valor que tiene un informe policial (en este caso de
la UCO de la Guardia Civil) "y los juicios de valor allí contenidos no es ni tan
siquiera el de un dato indiciario".
"Debe concluirse que si no se ha seguido diligencia judicial alguna antes del
levantamiento de la medida de secreto para las partes, tras la emisión de los
citados informes, es que a juicio de la Fiscalía y de la autoridad judicial debe
descartarse la relevancia penal de los hechos expuestos en los citados
informes", sostienen.
Este episodio supuso un agrio enfrentamiento entre el PP y Ciudadanos, formación
con la que suscribió un pacto para la legislatura. "Yo no apoyaría a un partido
si pienso que es un partido corrupto", llegó a decir Cifuentes. Mientras,
algunos dirigentes de su propio partido, ponían el foco en que la presidenta
regional había ido demasiado lejos en si pacto con la formación naranja y se
había convertido en "rehén" de lo firmado.
Ciudadanos admite su preocupación por el informe de la UCO. "Por eso hemos
pedido la comparecencia de Cristina Cifuentes en la comisión de corrupción para
que explique este contrato, si conocía o no la presunta financiación ilegal del
PP o si recibió presiones por Ignacio González o Aguirre para aprobar este
informe", señalan fuentes de la dirección de Cs en Madrid consultadas por
infoLibre.
La formación naranja espera que la presidenta "aclare todo lo que ha ocurrido".
"Porque hasta ahora básicamente lo único que ha dicho es que la UCO ha hecho un
informe que no vale para nada, que ella no tiene culpa de nada y no ha hecho
nada malo. Pero cuando en dos informes distintos de la UCO consideran de forma
'indubitada' que Cifuentes conocía la presunta contratación irregular en la
Asamblea, queremos que especifique y aclare punto por punto cómo fue la
contratación", añaden.
Para Ciudadanos "la UCO no es una patrulla vecinal, es la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil y sus informes merecen el máximo respeto".
Mientras, el Grupo Socialista cree que la presidenta ha de dar explicaciones.
"Lo que queremos es saber de verdad qué es lo que ha ocurrido y dicho en un
espacio institucional. Es necesario aclararlo públicamente porque tenemos
algunos indicios de que, según parece, podrían haberse tomado algunas decisiones
sin que esté muy claro que los ámbitos o los procedimientos hayan sido los
adecuados", mantienen.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta,
considera que el lugar adecuado donde la presidenta del Gobierno debería dar
explicaciones es el Pleno de la Asamblea. "Es de una gravedad enorme, porque
está bajo sospecha de haber podido cometer irregularidades gravísimas que podían
ser incluso constitutivas de delito, que no quiera comparecer en Pleno y sí en
comisión", dijo según informa Europa Press.
No obstante, Ruiz-Huerta espera que dé las explicaciones oportunas, con todos
los documentos y "que lo deje todo muy claro" porque, a su juicio, si sigue
habiendo sospechas después de esta comparecencia Cristina Cifuentes "no podrá
continuar un día más al frente de este Gobierno", comparando el caso con el del
recién dimitido fiscal anticorrupción Manuel Moix, al que definió como "el zorro
al cuidado de las gallinas".
Este mismo jueves, 24 horas antes de la comparecencia, el diario El Mundo
publicaba una entrevista a Moix en la que este asegura, entre otros asuntos, que
la Guardia Civil "ha ido más allá de sus funciones en la investigación sobre
Cifuentes". El fiscal jefe Anticorrupción renunció al cargo a mediodía, tal y
como anunció el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
MOCIÓN DE CENSURA
Tras la comparecencia que se centrará en el informe de la UCO, Cifuentes se
enfrentará, el próximo 8 de junio, a una moción de censura presentada por el
Podemos Comunidad de Madrid. Una iniciativa que los conservadores ven abocada al
fracaso si se tiene en cuenta que no logrará los apoyos necesarios. La candidata
es su portavoz en la Asamblea madrileña, Lorena Ruiz-Huerta.
"Otro circo", mantiene uno de los diputados más cercanos a la presidenta. A día
de hoy, todo apunta a que no será ella quien comparezca en nombre del Grupo
Popular. Así lo dio a entender el consejero de Presidencia y Justicia de la
Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en la rueda de prensa posterior al Consejo
de Gobierno de esta semana.
Según explicó, la comparecencia de Cifuentes en ese debate es algo que aún no se
lo han planteado porque tienen "muchas cosas que hacer" y ésta no está entre sus
prioridades.
Esta semana, la formación morada ha presentado "Madrid se levanta", el programa
para la moción de censura que arranca el 8 de junio.
El documento incluye 500 medidas y una memoria económica. En la elaboración han
participado, además de la formación morada, Izquierda Unida, Equo "y la sociedad
civil organizada".
Entre estas propuestas destacan "un plan de rescate ciudadano, medidas contra la
corrupción, un nuevo modelo económico para las mayorías y la mejora de los
servicios públicos".
"A Cristina Cifuentes no se le asocia a una sola iniciativa política, su modelo
de región es el continuismo de las políticas de Esperanza Aguirre e Ignacio
González: recortes, pelotazo urbanístico y turismo low cost. Presentamos un
Programa de gobierno antagonista al del PP, sobre la base de la reversión y
reinversión de los recortes, industria 4.0 e I+D+i y aumento del gasto social.
Hay dos modelos de región, las madrileñas merecen poder contraponerlos y
Cristina Cifuentes debe dar la cara. Al PSOE y a Cs, les tocará elegir entre uno
u otro, mantuvo Víctor Rey, secretario de análisis y programa de Podemos
Comunidad de Madrid el día del anuncio de las 500 medidas.
Para Garrido (PP) la evaluación del programa la hicieron los ciudadanos hace dos
años y la volverán a hacer en dos en la próxima cita electoral. Sobre la
propuesta de Podemos, sostuvo que lleva su "sello", que se basa en
"intervencionismo" y más impuestos, cosas que les gustan pero que a la "inmensa
mayoría de la sociedad madrileña no le gustan en absoluto".
Los conservadores critican esta moción de censura con la misma fuerza que
critican la planteada, por el Grupo de Unidos Podemos, a Mariano Rajoy en el
Congreso de los Diputados. Además, consideran que el partido morado la
"degradado" la iniciativa designando a Ruiz-Huerta en lugar de a Ramón Espinar,
secretario general de la formación en la Comunidad de Madrid.
El PSOE, señalan desde la dirección del grupo en la Asamblea, no tiene claro qué
va a votar. Pero ya avanzan que no va a ser un 'sí'. El Grupo Parlamentario
Socialista, mantienen, comparte el diagnóstico que hace el grupo proponente de
la moción. "Madrid requiere un Gobierno distinto que haga las cosas de modo
diferente. El Grupo Socialista quiere cambiar de gobierno de Madrid y la forma
de gobernar. Pero, ¿la moción planteada puede lograrlo? ¿Hay alguna posibilidad
de cambiar el Gobierno de Madrid con esta moción de censura?", se preguntan.
Para Ciudadanos, esta moción de censura va a hacer perder a los parlamentarios
regionales un día de trabajo. "Un día en el que íbamos a aprobar la ley de
gratuidad de libros de texto algo que si que iba a ayudar a miles de familias
madrileñas", subrayan desde la formación naranja.
"Podemos viene con una moción fallida, que ya sabemos que no va a ningún lado y
que encima se presentan con un programa con el que quiere subir los impuestos a
los madrileños. Nosotros lo hemos dicho alto y claro: no vamos a subir los
impuestos a los madrileños que ya han tenido que sufrir subidas de tributos
durante muchos años. Ni PSOE ni Podemos está en una situación de estabilidad
interna como para ofrecer estabilidad y reformas en la Comunidad de Madrid",
añaden.
CANAL DE ISABEL II
La última comparecencia de este periodo de sesiones podría ser el 23 de junio.
En esta, la presidenta madrileña será cuestionada por las compras y
adquisiciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica en el marco de la
operación Lezo.
Recientemente, la presidenta madrileña, que en su época de delegada del Gobierno
formó parte del consejo del Ente del Canal representando al Estado, garantizó
que "en las nueve reuniones" a las que asistió "en ninguna se trató ninguna
decisión" relativa a "operaciones internacionales del Canal".
"Todo es opacidad y además todo apunta a que Ignacio González usó el agua de
todos los madrileños para hacer negocio. Si no llega ser porque Ciudadanos
incluyó en el acuerdo de investidura la no privatización del Canal de Isabel II,
el PP hubiera puesto la guinda al pastel del saqueo con su privatización en
2016. No llevaban ni un solo punto en su programa electoral sobre el canal de
Isabel II", aseguran desde la formación naranja.
"Nosotros hemos presentado una ley de reforma del Canal para garantizar que el
Canal siga siendo 100% público, que cualquier operación societaria tenga que
pasar por el Consejo de Gobierno, que la Asamblea de Madrid sea informada de
ello", añaden.
Los socialistas demandan que explique "la verdad" sobre lo ocurrido.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/30/cifuentes_corrupcion_tres_comparecencias_65699_1012.html
EL ACTUAL GERENTE DEL PP EN MADRID PARTICIPÓ EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL
Guillermo Mayoral, el actual responsable de las cuentas del PP de Madrid,
recibió correos electrónicos en 2007 de un proveedor en el que se falseaba el
coste de los mítines y los reenvió a su jefe, el entonces gerente Beltrán
Gutiérrez
En el email, un directivo de Waiter Music imputado en la trama Púnica pacta con
Mayoral, en aquella época empleado del PP, presupuestar un acto por la mitad del
precio real y le pide instrucciones sobre a quién se le debe facturar
El PP madrileño sostiene que el nombramiento y cese de Mayoral son competencia
de la dirección nacional
Al ser detenido Gutiérrez en la Operación Púnica, contó a la Guardia Civil que
el día a día del dinero del partido siempre lo llevó Mayoral y que él como
gerente solo supervisaba
El Partido Popular mantiene como gerente en Madrid a un empleado que participó
en la financiación irregular de las campañas de Esperanza Aguirre, según consta
en el sumario Púnica que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco.
Guillermo Mayoral, actual gerente del PP de Madrid que sustituyó en 2014 a
Beltrán Gutiérrez – el hombre de las cuentas de toda la vida que fue destituido
tras su imputación en las tarjetas black– también conoció de primera mano las
ilegalidades en la forma de pagar aquellas campañas electorales que ahora se
investigan.
La implicación de Mayoral, quien continúa en la gerencia del PP madrileño, queda
patente en un cruce de correos del 31 de julio de 2007 entre dirigentes del PP
madrileño y Waiter Music, un proveedor habitual de los mítines del partido que
facturó entre 2006 y 2010 más de 19 millones de euros a ayuntamientos del
Partido Popular de la región. Esa correspondencia es muy relevante porque los
investigadores sospechan que la empresa inflaba los contratos públicos para
sufragar las campañas del PP en la era de Esperanza Aguirre.
En el intercambio de comunicaciones interceptado por la Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil e incorporado al sumario, el PP y Walter Music –empresa
clave de la trama según el juez y la Fiscalía Anticorrupción– acordaron falsear
el coste del mitin de fin de campaña de las autonómicas y municipales de 2007
que se cerró con las actuaciones de Azúcar Moreno e Iguana Tango. Ese baño de
masas en el Palacio de los Deportes de Madrid –donde intervinieron el presidente
del partido, Mariano Rajoy, junto a sus candidatos de entonces a la Comunidad,
Esperanza Aguirre, y al Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón– se acabó
cargando a la cuenta de dos municipios madrileños gobernados por el PP: Pinto y
Valdemoro, con 25.000 euros cada uno.
El actual gerente del PP Guillermo Mayoral –quien según fuentes del PP madrileño
solo puede ser destituido "por la gerencia del partido a nivel nacional que es
quien le nombró y quien le paga el sueldo"– era por aquella época un subordinado
en el PP madrileño del responsable de las cuentas, Beltrán Gutiérrez. Y como
parte del equipo económico del partido Mayoral fue informado en ese cruce de
correos por un directivo de Waiter Music Luis Huerta de que el acto
presupuestado en 48.600 euros más IVA se facturaría al partido por menos de la
mitad de su coste (20.000 euros, impuestos incluidos).
En un mail fechado el 31 de julio de 2007 a las 13:55 horas y que se encabeza
bajo el asunto "Facturas" y que figura en el informe de la Guardia Civil, Luis
Huerta, representante de Walter Music e imputado en la causa, cuenta a Mayoral:
"Estimado Guillermo, según conversación mantenida te adjunto el desglose de los
importes. Ruego me digas lo antes posible cómo facturo esto y la forma de
cobro". A continuación, el directivo de la firma proveedora del PP madrileño
hace la cuenta de los costes: contratación de Azúcar Moreno (30.000 euros) e
Iguana Tango (15.000), servicio de catéring (250 euros), mobiliario para los
camerinos (1.650 euros), equipo de sonido (600 euros) y producción (1.100
euros). El presupuesto total asciende a 48.600 euros, más IVA. Sin embargo, al
final del mail el directivo de Walter Music señala: "Siguiendo instrucciones de
Edelmiro (Consejería de Presidencia) [un hombre de la confianza del entonces
consejero y secretario general del PP madrileño, Francisco Granados], les
hicimos un contrato por 20.000 euros IVA incluido, aún sabiendo ambas partes que
ascendía a una cantidad mayor, como te explico anteriormente".
.
Cinco horas después de recibir el mail, a las 18:59, Guillermo Mayoral lo
reenvió a quien era su jefe en la sede popular de la calle Génova, el gerente
Beltrán Gutiérrez, hoy imputado en la pieza separada de la financiación ilegal
que instruye el magistrado Eloy Velasco.
Precisamente fue un pen drive incautado a Gutiérrez el que permitió a la Guardia
Civil comprobar que el coste real de ese mitin en el Palacio de Deportes de
Madrid lo acabó cargando Waiter Music a los ayuntamientos de Pinto y Valdemoro.
El documento de la contabilidad del PP regional bajo el título "Deudas Nov 07"
enumera el apunte "Actuaciones Fin de Campaña, 54.432 euros, Pinto/Vald" junto
con otros importes pendientes de pago de la campaña electoral. El informe de la
Guardia Civil señala: "Merece la pena destacar la referencia a Pinto/Valdemoro
para el pago de "actuaciones de finde campaña, de la que puede demostrar con la
información procedente del registro de la empresa Waiter Music (organizadora del
evento) que estaba previsto que fuera sufragado con fondos públicos procedentes
de los Ayuntamientos de Pinto y Valdemoro".
La contabilidad interna de Waiter Music es la tercera evidencia que halló la UCO
del desvío de fondos públicos para pagar mítines del PP con una caja B que solo
en las campañas de 2007, 2008 y 2011 manejó 4,9 millones de euros, según los
investigadores.
La documentación de la empresa incautada por la Guardia Civil computa como
trabajos realizados pendientes de facturar a distintos municipios, junto a
conceptos como "pista de hielo de navidad" o "4 generadores para cabalgatas",
dos importes idénticos que atribuye a los ayuntamientos de Pinto y Valdemoro:
"50% Cierre campaña PP Palacio de los Deportes, 25.862,07 euros".
Los investigadores están convencidos de que esos fondos servían para pagar a
Azúcar Moreno, Iguana Tango y la producción del mitin final de campaña.
El exgerente aseguró que el día a día lo llevaba Mayoral
El propio Beltrán Gutiérrez cuando fue interrogado por agentes de la UCO el 12
de febrero de 2016, dos años después de abandonar el puesto pero todavía a
sueldo del PP, admitió que su subordinado –y sucesor con el paso del tiempo–
estaba al tanto del grueso de los movimientos de tesorería del partido. El
exgerente aseguró que el partido se nutría "de aportaciones del grupo popular en
la Asamblea de Madrid, de afiliados y también por donativos cuando estaba
permitido por ley". Los investigadores le plantearon quién supervisaba los
números del partido y Gutiérrez señaló "que la contabilidad del Partido Popular
de Madrid la llevaba Guillermo Mayoral. "El declarante solo supervisaba los
informes finales por encima", dijo entonces Gutiérrez a la Guardia Civil.
Guillermo Mayoral, quien de momento no figura como imputado en este caso, evitó
atender las llamadas de eldiario.es y colgó el teléfono al redactor que le pedía
su versión sobre los hechos que relata el sumario Púnica.
http://www.eldiario.es/politica/PP-financiacion_irregular_0_645335803.html
DIMITE UNA
DIPUTADA DEL PP DE MADRID POR EL ‘CASO GÜRTEL’
Aguado comunica su renuncia tras la decisión del
Tribunal Superior de investigarla por presunta malversación, prevaricación y
fraude
La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Josefa Aguado ha presentado este
jueves su dimisión a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Aguado ha
tomado esta decisión, que formalizará este viernes, tras conocerse que el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia para
investigarla por los posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación en
relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a
empresas de la trama Gürtel.
Anca Moldovan será la sustituta de la diputada del PP en la Asamblea de Madrid.
Moldovan, que ocupó el puesto 69 la lista con la que el PP concurrió a las
elecciones autonómicas de mayo de 2015, nació en Cluj-Napoca (Rumaní) en 1976 y
es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata envió el pasado abril una
exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que
proponía investigar a Aguado por prevaricación, fraude a la administración y
malversación de caudales públicos al apreciar que la parlamentaria “habilitó los
trámites administrativos” que permitieron abonar a las empresas de Francisco
Correa, cabecilla de la trama Gürtel, las facturas de la celebración, en abril
de 2007, de las X Olimpiadas Escolares de Arganda del Rey, municipio en el que
la aforada trabajó como Jefa de Deportes municipal. La adjudicación a Correa de
esta actividad fue de 89.000 euros, a los que hay que sumar otros 83.000 por
"encargos extra" eludiendo los trámites legales.
Ahora la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM sostiene en un auto que Aguado no
ha sido autora directamente "de resoluciones administrativas arbitrarias" en los
términos que argumentaba el magistrado de la Audiencia Nacional, pero sí se
deduce "una contribución importante de doña María Josefa Aguado del Olmo a que
se dictaran esas resoluciones arbitrarias, favorecidas o propiciadas gracias a
sus informes favorables al cobro"
"No puede descartarse que la persona aforada fue consciente de que con su
actuación participaba en el dictado de resoluciones arbitrarias, mediante las
que se consumó un fraude a la administración pública y se permitió la indebida
disposición de fondos públicos, lo que obliga a iniciar la investigación penal
en relación a ella" por posibles delitos de prevaricación, fraude a la
administración pública y malversación de caudales públicos", añade.
Los magistrados aceptan las competencias sobre Aguado pero no sobre el resto de
los investigados en relación con el expediente de las Olimpiadas Escolares, sin
perjuicio de lo que proceda cuando avance la investigación.
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/25/radio_madrid/1495720893_526222.html
Un viceconsejero de Cifuentes dimite tras ser imputado en el ‘caso Púnica’
La UCO ha registrado este martes el despacho de Miguel Ángel Ruiz
El juez instructor del caso Púnica ha citado a declarar, en calidad de imputado,
a un viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, por su supuesta
implicación en la trama Púnica. Según fuentes del Gobierno madrileño, Ruiz ha
presentado su dimisión. Horas antes, agentes de la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil se han desplazado a la sede de la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid para registrar el despacho del número 2 de
este departamento.
Fuentes cercanas a la investigación apuntan que el requerimiento de información
va dirigido, no tanto a las actuales funciones de este alto cargo del Ejecutivo
de Cifuentes, sino a las que tuvo en la etapa de Esperanza Aguirre. Entonces,
Ruiz era el director general del Plan Prisma de inversión pública y consejero
delegado de Arpegio, la empresa que debía llevarlo a cabo y que está bajo
sospecha por supuesto desvía de fondos en la investigación que el juez Eloy
Velasco realiza dentro del sumario del 'caso Púnica'. La UCO también ha acudido
a la sede de esta sociedad y otros cinco lugares, entre ellos un despacho de
abogados. No se han producido detenciones, según confirman fuentes judiciales,
pero el juez tiene previsto llamar a declarar como imputados a una docena de
personas.
El Gobierno de Cristina Cifuentes ha remitido un comunicado en el que especifica
que esta renuncia tiene lugar "por hechos ocurridos durante legislaturas
anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre". "Aunque el auto
de investigación es completamente ajeno a la labor que desempeña actualmente en
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz ha presentado esta
misma mañana, de forma voluntaria, su renuncia al cargo de viceconsejero de
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid, así como de vicesecretario Territorial del PP de Madrid", añade el
comunicado.
Las pesquisas sobre Arpegio recibieron un fuerte impulso en julio de 2016,
cuando el juez Velasco dictó un auto por el que ordenaba a la Comunidad de
Madrid y a la empresa pública que le entregasen de manera "urgente e inmediata"
abundante documentación del periodo 2006-2011 referida a la sociedad. El motivo
era la sospecha de que Francisco Granados, señalado como presunto cabecilla de
la trama Púnica, aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años para
manipular 22 consorcios urbanísticos y un sin fin de contratos de obras públicas
incluidos en el llamado Plan Prisma. En aquel escrito, el magistrado citaba
expresamente la cantidad de "1.000 millones de euros", que se correspondía con
la totalidad de dicho programa de inversiones en aquellos años, aunque no se
ejecutó en su totalidad.
El auto recalcaba que todo ese dinero se adjudicó "bajo la esfera de dominio de
Francisco Granados", quien en ocasiones actuaba "en persona" y en otra "por
delegación". El magistrado recordaba que esa línea de investigación arrancaba
con "las declaraciones iniciales" de Marjaliza, entonces socio de Granados y que
ahora colabora con la Justicia. En su confesión, este empresario relevó la
existencia del "pago de comisiones por contratistas y promotores" para hacerse
con las adjudicaciones del Plan Prima y los consorcios urbanísticos. Para ello,
añadía el escrito, el político participaba directamente o "junto un número de
vocales, uno de ellos elegido directamente por aquel, y procedentes todos del
Patronato de Arpegio (sic), presidido por el mismo".
Hace pocas semanas, el juez Velasco realizaba un nuevo requerimiento de
información a la Comunidad de Madrid referido a Arpegio. En esta ocasión, le
reclamó toda la documentación sobre los gastos de 16,5 millones de euros del
plan de inversiones Prisma 2006-2007 para incorporarlos a la pieza secreta en la
que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño en la etapa de
Granados como secretario regional. La relación de gastos incluye desde la
colocación de primeras piedras de obras al pago de consultorías.
MANO DERECHA DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Miguel Ángel Ruiz, hasta hoy viceconsejero de Medio Ambiente, es considerado
mano derecha de Jaime Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio en el Gobierno de Cristina Cifuentes. Ocupó el
puesto de consejero delegado de Arpegio (2008-2010), la empresa pública que
gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid y que está siendo investigada en la
Púnica. Desde su posición participó en mesas de contratación del organismo.
También fue gerente del Plan Regional de Inversiones de Madrid (Prisma), que
gestionaba Arpegio realizando proyectos de las obras en los municipios y las
adjudicaciones correspondientes. Ruiz es trabajador en excedencia de Arpegio.
Comenzó su andadura política en 1990 en el Ayuntamiento de Madrid, en la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo, según señala su biografía en la página web de
la Comunidad de Madrid. En ella no figura la etapa de Arpegio. Después desempeñó
las funciones de asesor técnico en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y
tras una breve vuelta al Consistorio madrileño se incorporó a la Comunidad de
Madrid.
En 2011 llegó a Boadilla del Monte como concejal del Área de Urbanismo e
Infraestructuras del y presidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda
del municipio, donde estuvo hasta junio de 2015, fecha en que es elegido
diputado autonómico en la Asamblea de Madrid con el Gobierno de Cifuentes. El
dos de julio del mismo año dejó el cargo.
En octubre del año pasado compareció ante la comisión parlamentaria de
investigación sobre la corrupción política en la que aseguró a los diputados que
“nunca recibió un duro” por ninguna adjudicación realizada por la empresa.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/16/actualidad/1494927822_052696.html
LA GUARDIA CIVIL RATIFICA SUS SOSPECHAS SOBRE CIFUENTES EN UN SEGUNDO INFORME
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juez Eloy
Velasco un segundo documento sobre la presunta implicación de la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las supuestas irregularidades en
la adjudicación del contrato de comedor y cafetería al Grupo Cantoblanco del
empresario Arturo Fernández, imputado en el caso Púnica por aportar fondos a la
caja b del PP madrileño. Fechado 27 días después del primero, llegó a la
Audiencia Nacional el 28 de marzo de 2017 como un "ampliatorio" del anterior. En
el mismo, los agentes hacen un "análisis" de las declaraciones que tomaron en
calidad de investigados policiales a tres asesores y miembros de los comités de
expertos que participaron en las licitaciones de los años 2009 y 2011.
En la conclusiones del nuevo documento policial, de quince folios de extensión y
al que ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes concluyen que "el contenido de las
referidas declaraciones avala aún más las conclusiones apuntadas" en el informe
anterior "respecto a la existencia de una pluralidad de acciones por parte del
comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera
preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL en ambos procesos
de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos". La UCO
recalca que de algunas de las supuestas irregularidades detectadas "tuvieron que
ser directas partícipes y conocedoras" los integrantes del comité de expertos
que decidió el concurso y entre las que cita expresamente a Cristina Cifuentes.
El documento concluye que este último hecho "ha podido acreditarse de manera
indubitada" en uno de los aspectos de la adjudicación bajo sospecha.
Las tres declaraciones que analiza el informe son las que prestaron el pasado 8
de marzo ante la Guardia Civil como investigados María Merino, jefa de Protocolo
de la Asamblea de Madrid; Tatiana Recoder, responsable del Servicio Jurídico de
la Cámara autonómica, e Isaac Arturo Zubiri, funcionario de la misma. Todo ellos
fueron, junto a la hoy presidenta regional y que entonces ocupaba el cargo de
vicepresidenta del parlamento madrileño, asesores y miembros de los comités de
expertos que decidieron sobre ambos concursos. Los agentes destacan que durante
las declaraciones, los tres cayeron en "significativas y evidentes
contradicciones" tanto con lo que afirmaban unos y otros como con los "elementos
de prueba documental que obran en la investigación desarrollada". La UCO destaca
que todo ello es un indicio más de que se produjeron "conductas arbitrarias que
derivaron en actos injustos" con el único objetivo de que los concursos para el
comedor y la cafetería de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 se los
llevara el empresario Arturo Fernández.
"La finalidad pretendida por los respectivos comités de expertos en ambas
licitaciones –se lee textualmente en este segundo informe de la Guardia Civil-
habría sido la de proporcionar a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL
un amplio margen de puntos obtenidos en la valoración de los criterios de
juicios de valor, para poder afrontar la apertura del último sobre el que
emanarían las puntuaciones otorgadas de manera automática inherentes a las
ofertas económicas de las empresas licitadoras (puntuaciones donde el comité de
expertos no intervenía)”. La UCO destaca en este sentido que esta supuesta
irregularidad “es fácilmente apreciable en ambas licitaciones", pero sobre todo
en la de 2011. En este punto, llega a aseverar que el comité de expertos del que
formaba parte Cifuentes dio cero puntos en dos apartados a la oferta presentada
por la empresa Clece SA "bajo la falsa argumentación de que la misma no había
presentado documentación alguna". En este punto, los agentes recalcan que de
dicha circunstancia estaba al tanto la hoy presidenta de la Comunidad.
Cifuentes aseguró este martes, tras conocerse el primer informe de la Guardia
Civil que la vinculaba con la supuesta financiación irregular de las campañas
electorales de su partido, que los informes policiales eran "juicios de valor,
sin fundamento jurídico" y que así lo debía entender Velasco ya que no había
tomado ninguna iniciativa contra ella. "En todos los años que fui presidenta del
órgano de contratación, el 100% de las decisiones se tomaron por unanimidad de
todos los partidos y en base a los informes técnicos", puntualizó en su
comparecencia ante los medios. La presidenta madrileña sugirió la existencia de
una posible conspiración al señalar que "están ocurriendo muchas cosas, muchas
de ellas muy desagradables". "En política no todo vale", añadió.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/17/actualidad/1495020664_645861.html
LA UCO INVESTIGABA A IGNACIO GONZÁLEZ DESDE 2015 POR UNA DENUNCIA ANÓNIMA
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba a Ignacio González casi desde un año antes de que el Gobierno de Cristina Cifuentes pusiera en conocimiento de la Fiscalía General del Estado las presuntas irregularidades en la compra de una compañía brasileña por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y ahora bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y de Anticorrupción.
Según ha podido conocer este periódico en fuentes del caso, el origen de la investigación que ha trascendido ahora bajo el nombre de operación Lezo se remonta al verano de 2015, cuando una denuncia anónima puso sobre la pista a la UCO de que Ignacio González era el titular de cuentas corrientes en paraísos fiscales. González había dejado la Presidencia del Gobierno regional en junio de dicho año -menos de tres años después de relevar a Esperanza Aguirre- y la dirección nacional del PP lo había apartado de las listas con que la formación conservadora concurrió a las elecciones autonómicas del 24 de mayo en beneficio de Cristina Cifuentes, hasta entonces al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Al menos desde 2014 existen fundadas sospechas de que Ignacio González podría ser titular de una cuenta en Suiza, país que ha mantenido el secreto bancario durante los últimos 80 años. Como ha informado El Mundo, el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez informó a la dirección nacional del partido en 2014 que González tenía una cuenta en el país helvético. Fue en el curso de un encuentro mantenido con el entonces portavoz adjunto en el Congreso, Carlos Floriano, y con el entonces coordinador de Organización del PP, Juan Carlos Vera.
La titularidad de cuentas corrientes en paraísos fiscales, origen de la investigación a Ignacio González
Según ha reconocido Floriano al estallar ahora el escándalo, el partido no puso en conocimiento de la Justicia este hecho porque Ignacio González “negó todo lo relacionado con esa cuenta” cuando le pidieron explicaciones, si bien ha sugerido que este hecho pesó en la decisión de descabalgar al ex presidente de la Comunidad de Madrid de las listas con que los populares concurrieron a las elecciones autonómicas de 2015.
Una de las líneas que investiga el juez Velasco en el marco de la operación Lezo es el intento de pago de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL a González como comisión por la adjudicación a esta constructora del contrato de obra del tren Móstoles-Navalcarnero. Según ha reconocido a El Mundo, el empresario Adrián de la Joya recibió la transferencia a través de su sociedad panameña Lauryn Groun Inc con la indicación de Javier López Madrid -ex consejero de OHL y también investigado por el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional- de que entregara “dos tercios” al ex gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, considerado por los investigadores como testaferro de Ignacio Gónzález. De la Joya, al que ha alcanzado también las pesquisas de la UCO y del magistrado de la Audiencia Nacional, asegura que se negó a ‘comerse el marrón’ de pagar a políticos y se quedó con el dinero para cobrarse deudas antiguas que el grupo de Villar Mir tenía con él.
La Guardia Civil seguía los pasos a González antes de que la Comunidad de Madrid acudiera al fiscal
De forma simultánea a la investigación de Púnica, por la que se encuentra en prisión preventiva desde octubre de 2014 el ex consejero de Presidencia Francisco Granados, los agentes de la Guardia Civil fueron recabando indicios de la presunta implicación de Ignacio González en una trama corrupta dedicada a desviar fondos públicos en beneficio privado y a la financiación irregular del PP de Madrid. Es la operación que estalló hace dos semanas con el desarrollo de un operativo policial que ha supuesto la entrada en prisión preventiva del ex presidente madrileño y de antiguos directivos del Canal de Isabel II.
Entre el inicio de las pesquisas y la operación Lezo hay otro hito relevante. Está fechado el 13 de julio de 2016, cuando el actual Ejecutivo autonómico -por medio de Ángel Garrido, consejero de Presidencia y presidente del consejo de administración de Canal Isabel Gestión SA- presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que se detallaban presuntas irregularidades en la compra del 75% de la empresa brasileña Emissao por parte de la filial latinoamericana del Canal (Inassa) a cambio de unos 21,4 millones de euros.
Esta operación societaria es una de las
líneas de investigación que dirige el juez Velasco, que ha incorporado a la
instrucción las conclusiones de la auditoría interna que llevó a cabo la empresa
pública y que puso en conocimiento del Ministerio Público. Entre otras sombras,
la compra se llevó a cabo sin una tasación independiente, se obvió un informe
elaborado por la firma de auditoría KPMG en el que se alertaba de riesgos
potenciales que aconsejaban ponderar la valoración de la empresa carioca, se
utilizó una firma uruguaya sin actividad real como empresa interpuesta y se
desembolsó el 84% del dinero (18 millones de euros) en un banco en Suiza. El
cerebro de esta operación fue Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de
Inassa entre 2006 y 2016 y también en la cárcel tras su detención en esta
redada.
“Dinero en efectivo”
En el auto por el que lo envió a prisión incondicional el pasado 21 de abril, el instructor asegura que existen indicios de que Ignacio González “posee gran cantidad de dinero en efectivo de origen indeterminado” relacionado “con las supuestas actividades criminales” objeto de investigación y de su interés en constituir sociedades diversas para, “a través de destrezas financieras orientadas a velar la titularidad real”, aflorar el dinero de procedencia ilícita.
“Existe una pluralidad de indicios que apuntan a que el ex presidente de la Comunidad de Madrid maneja dinero en efectivo en importantes cantidades y cuyo origen debe ser comprometido en orden a la serie de operativas que articula para introducirlo en el sistema financiero legal”, expone Eloy Velasco en su resolución.
Localizar el dinero que Ignacio González guarda presuntamente en paraísos fiscales procedente del cobro de comisiones ilícitas es el motivo por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional va a enviar comisiones rogatorias a diversas países, ha informado El País. El juez también sigue el rastro del dinero de origen ilícito que pueda tener en el extranjero Rodríguez Sobrino, ante sus sospechas de que éste utilizó a una hija para ocultar patrimonio en Colombia, República Dominicana e Inglaterra.
El testaferro de Ignacio González dice en una grabación que el expresidente estaba "absolutamente" informado de la operación
El segundo de los dos informes aportados por el Gobierno de Cristina Cifuentes que han ayudado a la Guardia Civil a descubrir el presunto pelotazo de Ignacio González y su testaferro Edmundo Rodríguez en la compra de la firma brasileña Emissao, con dinero público del Canal de Isabel II, 31 millones de dólares, acredita que en la operación se saltaron “el 57% de los controles” normativos. Las pesquisas revelan que todo fue un chanchullo continuado donde Edmundo Rodríguez, "planificador y ejecutor" de la operación en su calidad durante diez años de jefe del Canal en toda América, hizo y deshizo con la cooperación de la entonces, octubre de 2013, responsable de las finanzas del Canal, María Fernanda Richmond. Los dos están presos en el marco de la Operación Lezo, junto con los hermanos Ignacio (expresidente de Madrid) y Pablo Manuel González.
Edmundo Rodríguez afirma en una grabación que el Canal le paga cerca de 30.000 euros al mes
Hubo un primer informe de la Comunidad, fechado el 13 de julio de 2016, y un segundo ampliatorio meses después. La UCO de la Guardia Civil llevaba dos años investigando al Canal, el caso no lo ha destapado Cifuentes. Según el sumario, Anticorrupción interpuso su querella por las fechorías del Canal casi a la par que recibió el informe del Canal dando cuenta también de las graves irregularidades que acumulaban los negocios del canal en América, iniciados en 2001 con la compra de una sociedad en Colombia, Inassa.
Los funcionarios de Hacienda adscritos a Anticorrupción, cuyo jefe desde hace dos meses es Manuel Moix, que han desbrozado el informe de Cifuentes, detallan toda una batería de irregularidades, algunas de ellas tipificadas en el Código Penal. Por ejemplo, que unos 25 millones de los abonados por el Canal acabaron en Suiza y otros 5 se quedaron en Brasil a cambio de una empresa en total decadencia, con dinero público. Y que el dinero se desvió a cuentas de un ciudadano brasileño, Sebastiao Cristovam, que vendió al Canal por 31 millones una empresa que valía 5,5. Y con riesgos certeros: tenía pendientes 83 juicios por despidos laborales y sus cuentas casi se llevaban a mano, según el sumario.
El informe que aportó Cifuentes a Anticorrupción concluye “que los controles del proceso de compra de participaciones [de Emissao] funcionaron de forma inadecuada”. Y, entre otros, apunta a Fernando García Arias como la persona que elaboró el seudoinforme en el que se basó Edmundo Rodríguez para aprobar la adquisición de Emissao sin que nadie del Consejo de Administración pusiera reparo alguno. Casi el único aval para comprar la brasileña Emissao era que podía servir “como el vehículo de acceso al mercado brasileño” por parte del Canal. La idea era comprar el 80% de Emissao y dejar el 20% restante en manos del teórico vendedor, Sebastiao Cristovam, imputado en las pesquisas del juez Eloy Velasco. Edmundo destacó ante el Consejo como gran mérito de Cristovam sus “buenas relaciones con un altísimo cargo del Estado de Río de Janeiro y con cinco alcaldes” de la zona. El dinero del Canal también fue utilizado para pagar comisiones a políticos de diferentes países con vistas a obtener contratas, como por ejemplo en República Dominicana.
"Un día todo eso puede estallar y entonces me vuelvo loco”, señala el testaferro de González sobre las empresas de un magnate mexicano al que representa en firmas opacas
Según la investigación de la Guardia Civil, Edmundo Rodríguez, el hombre de Ignacio González en el Canal, el mismo que le acompañaba en Cartagena de Indias cuando ambos fueron grabados con grandes bolsas en las manos a la salida de un hotel, “sobrevaloró premeditadamente el precio de compra de las participaciones” . Y de todos los tejemanejes de la operación Ignacio González estaba “absolutamente informado”, según relata el propio Edmundo en una grabación interceptada por la UCO.
El informe de Cifuentes aportado a Anticorrupción (los cargos públicos que obvian denunciar hechos delictivos de los que hayan tenido conocimiento están obligados a denunciarlos so pena de incurrir también ellos en responsabilidad) revela que “no consta ningún estudio independiente" sobre la compra de Emissao. Solo hay uno, un borrador, realizado por la auditora KPMG "y pedido aparentemente por Inassa”, la que compró Emissao junto con otra empresa del Canal. No se pidió ninguna auditoria sobre Emissao, no se pidió ningún informe sobre su valor de mercado, no se analizaron los posibles riesgos, señala el informe. Lo único que se pidió fue un informe a KPMG, que, en solo un mes de plazo, se limitó a hacer un borrador donde decía que los datos que se le habían facilitado de Emissao “resultan insuficientes para efectuar una valoración correcta”, concluye. No sin antes advertir de los riesgos de la operación.
En el Consejo de Administración que
aprobó la compra de Emissao, octubre de 2013, Edmundo se limitó a defender la
operación, pero sin aportar aval o informe que la justificase; y se aprobó como
si de un trámite menor se tratase, señalan los investigadores de la Guardia
Civil. Ni siquiera se pidió el preceptivo estudio jurídico que legalmente
requiere una adquisición de esta envergadura con dinero público, 31 millones. Y
se inventó, le reprochan los funcionarios de Hacienda en Anticorrupción en su
informe, que expusiera que era necesario entrar con esa operación en Brasil para
franquear los obstáculos del país a las salidas y movimientos de dinero. El
informe de Cifuentes, muy técnico, también revela la extraña forma en que se
compró Emissao, interponiendo una firma pantalla en Uruguay vinculada
accionarialmente a otro de los imputados en Lezo, Ignasi maestre. Muy cercano a
Edmundo, y con el que comparte tres cuentas y sociedades opacas en Hong Kong.
También denunció el actual Gobierno de Madrid, su número dos, Ángel González,
que la persona que paga una operación “ha de ser diferente de la que la
aprueba”. El informe de Cifuentes no apunta el nombre de esa persona. Sí lo hace
la Guardia Civil: “María Fernanda Richmond”, encarcelada por el juez Velasco.
1.500 euros por gestionar tres sociedades de otro
Edmundo Rodríguez es consejero delegado del diario La Razón como apoderado de las acciones de un empresario mexicano, José Ramiro Garza Cantú, quien le paga 1.500 euros al mes, admite Edmundo en una grabación, por gestionarle tres sociedades, algunas opacas. Edmundo señala en una grabación que quiere apartarse de las sociedades de Garza Cantú porque un día “todo eso puede estallar y entonces", señala, "me vuelvo loco”.
- “Que te deje seguir de consejero en La
Razón”, le pregunta su interlocutor en una grabación.
- “Sí, sí” -responde Edmundo.
La otra persona le comenta que, si se va de las otras sociedades, quizás el
empresario mexicano no le deje seguir en el periódico "y el dinero que pueda
percibir" de él.
- “Qué va… claro que sigo: él ni se entera, ni se entera, ni se entera…”.
Varios meses antes de su detención, el pasado 18 de abril, Edmundo sabía que
tenía “pinchado el teléfono”. Y hablaba por WhatsApp. De los cuatro que le
intervino la Guardia Civil, Edmundo llevaba siempre encima dos teléfonos, “uno
de Brasil, y otro de España, pero no hablo por el de aquí porque lo tengo
pinchado”, decía. En otra de las conversaciones que le ha intervenido la Guardia
Civil, señala que su sueldo en el Canal rondaba los 360.000 euros al año, en
torno a 30.000 mensuales provenientes del erario público.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/03/actualidad/1493769904_030894.html
EL PP 'OLVIDA' QUE ANTICORRUPCIÓN YA INVESTIGABA LA CORRUPCIÓN EN EL CANAL CUANDO CIFUENTES DENUNCIÓ
El Fiscal General avaló el intento del jefe de Anticorrupción de impedir la detención de Ignacio González
El PSOE acusa a Ciudadanos de “maquillar” al PP y de boicotear el cambio en la Comunidad de Madrid
El Partido Popular pretende salvar su reputación asegurando que la intervención de la Justicia en contra de la presunta corrupción del Canal de Isabel II durante los años de Gobierno de Ignacio González es obra de Cristina Cifuentes. Sin ella no habría sido posible luchar de esta forma contra la corrupción, considera el PP. Sin embargo, el partido olvida que la Fiscalía Anticorrupción lleva más de cuatro años investigando las presuntas corruptelas acaecidas al calor del Canal.
Existen tres precedentes muy concretos
que demuestran cómo la Fiscalía ya investigaba las operaciones del Canal de
Isabel II cuando Cristina Cifuentes interpuso en verano de 2016 la denuncia
sobre la compra ‘sobrevalorada’ de la compañía brasileña Emissâo Engenharia e
Construccoes.
Primeras denuncias en 2013
Uno de los primeros ejemplos de que la Justicia ya estaba detrás de las operaciones sospechosas del Canal se produjo en los juzgados de Estepona (Málaga) en el año 2013. Tal y como recuerda la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II a elboletin.com, ese año interpusieron una denuncia – junto a los trabajadores de Telemadrid – en la que señalaban “los manejos fraudulentos” de Ignacio González.
La Fiscalía Anticorrupción facilitó al juez del ‘caso ático’ el escrito de 750 folios presentado por la Plataforma en el que apuntan que el empresario, y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo habría costeado el inmueble del presidente de la Comunidad de Madrid como compensación por adjudicaciones directas de González a empresas vinculadas a Cerezo.
Concretamente se refieren a la
adjudicación a Boomerang TV del acto de inauguración de los Teatros del Canal.
Un contrato llevado a cabo por parte de la empresa pública del agua, el Canal de
Isabel II, por el que se pagó a Cerezo 1,5 millones de euros.
Más investigaciones en 2015
El segundo precedente de que la Fiscalía Anticorrupción investigaba las presuntas tramas sucedidas sobre el Canal antes de la denuncia de Cifuentes sucede en febrero de 2015, cuando la misma Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II facilitó a la Fiscalía más documentos sobre irregularidades en la gestión de la empresa pública del agua de Madrid.
Según infolibre, aquellas denuncias se referían a Gerardo Díaz García, exgerente de Hispanagua y gerente de Canal Gestión Lanzarote, implicado en la operación Tosca por supuesta corrupción en la adjudicación de contratos públicos, y José Manuel Serra Peris, encargado de la información financiera del Canal e implicado, desde diciembre, en el caso Bankia.
Ese mismo año, en agosto de 2015, la cadena SER emite una serie de audios correspondientes a los interrogatorios dirigidos por el juez Eloy Velasco en el marco de la operación Púnica en el que el conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, revela pagos sospechosos a políticos desde el Canal de Isabel II.
Quien hace las preguntas es la Fiscalía Anticorrupción.
Por tanto, Anticorrupción estaba más que al tanto de las presuntas tramas de corrupción que han sucedido en el Canal de Isabel II durante los años de Ignacio González al frente de la Comunidad. Años en los que Cristina Cifuentes fue vocal (2012-2014) del Consejo de Administración del Canal.
El PP rechazó una comisión de investigación en 2015
El 7 de julio de 2015, la Asamblea de Madrid votó una propuesta de Ciudadanos donde se planteaba la creación de una comisión de investigación sobre la corrupción política habida en la Comunidad en las dos últimas legislaturas.
La propuesta incluía investigar, principalmente, el caso Gürtel, la trama Púnica, el caso Aneri y el Canal de Isabel II. La propuesta salió adelante gracias al sí de toda la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos), ya que el PP de Cristina Cifuentes se opuso.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, comparó esa comisión de investigación con las "cárceles de la inquisición" en las que los presos "no sabían por qué iban a ser juzgados".
Según Ossorio, "lo único que se pretende
es, en vez de mirar los problemas de los madrileños hacia el futuro y
resolverlos o reforzar la recuperación de la crisis económica, mirar al pasado
para desgastar un partido".
http://www.elboletin.com/movil/noticia/148189/nacional/el-pp-olvida-que-anticorrupcion-ya-investigaba-la-corrupcion-en-el-canal-cuando-cifuentes-denuncio.html
SE DESMONTA EL DISCURSO DE CIFUENTES: LA UCO YA INVESTIGABA A IGNACIO GONZÁLEZ
POR UNA DENUNCIA ANÓNIMA
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba a Ignacio
González casi desde un año antes de que el Gobierno de Cristina Cifuentes
pusiera en conocimiento de la Fiscalía General del Estado las presuntas
irregularidades en la compra de una compañía brasileña por parte del Canal de
Isabel II, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la
Comunidad de Madrid y ahora bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco y de Anticorrupción
Lo revela hoy elindependiente.com que asegura que fuentes del caso le han
contado que “el origen de la investigación que ha trascendido ahora bajo el
nombre de operación Lezo se remonta al verano de 2015, cuando una denuncia
anónima puso sobre la pista a la UCO de que Ignacio González era el titular de
cuentas corrientes en paraísos fiscales. González había dejado la Presidencia
del Gobierno regional en junio de dicho año -menos de tres años después de
relevar a Esperanza Aguirre- y la dirección nacional del PP lo había apartado de
las listas con que la formación conservadora concurrió a las elecciones
autonómicas del 24 de mayo en beneficio de Cristina Cifuentes, hasta entonces al
frente de la Delegación del Gobierno en Madrid”.
Y recuerda que al menos desde 2014 existen fundadas sospechas de que Ignacio
González podría ser titular de una cuenta en Suiza, país que ha mantenido el
secreto bancario durante los últimos 80 años. Se basa este digital en lo que
contó el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez en una entrevista
a El Mundo, en la que reveló que informó a la dirección nacional del partido en
2014 que González tenía una cuenta en el país helvético. Una información que dio
al Partido Popular en el curso de un encuentro mantenido con el entonces
portavoz adjunto en el Congreso, Carlos Floriano, y con el entonces coordinador
de Organización del PP, Juan Carlos Vera.
http://www.elboletin.com/noticia/148570/nacional/se-desmonta-el-discurso-de-cifuentes:-la-uco-ya-investigaba-a-ignacio-gonzalez-por-una-denuncia-anonima.html
CIFUENTES NIEGA QUE TOMARA DECISIONES SOBRE LA OPERACIONES DEL CANAL DE ISABEL II INVESTIGADAS
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, ha negado, con una cadena de mensajes en la red social
Twitter, que haya participado como consejera del Canal Isabel II en "ningún tipo
de decisión, respecto a las operaciones que están siendo investigadas".La
dirigente autonómica ha lanzado seis tuits para contestar al portavoz de
Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, que hoy ha afirmado que
Cifuentes participó en el Consejo de Administración entre 2012 y 2014, cuando se
cometieron "la mayor parte de las tropelías" que se están investigando en la
operación Lezo.
A raíz de la detención y posterior ingreso en prisión del ex presidente Ignacio
González por su presunta implicación en una trama corrupta en el Canal,
Ciudadanos ha pedido la comparecencia de la presidenta autonómica en la comisión
de investigación de la corrupción política, como también ha hecho Podemos.
"Mientes Ignacio Aguado y la mentira es la expresión más rancia de la 'vieja
política' que tanto criticas desde C's", escribe Cifuentes en su cuenta de
Twitter.
A continuación indica que "jamás" ha tenido que ver con operaciones
internacionales del Canal de Isabel II. Al Consejo acudía en calidad de
representante del estado, su presencia allí era "exclusivamente" en su condición
de delegada del Gobierno en Madrid, añade.
"En ese periodo (2 años) nunca jamás participé en ningún tipo de decisión, respecto a las operaciones que están siendo investigadas", afirma Cifuentes ante las palabras de Aguado.
En el caso concreto de 'Emissao', la empresa cuya compraventa investiga el juez Eloy Velasco, la operación "se hizo a espaldas del consejo de administración del Canal y nunca pasó por él", recalca la presidenta popular.
A juicio de la dirigente autonómica, "en política no vale todo y menos aún arremeter contra quien denuncia hechos presuntamente delictivos... como si yo formara parte de ellos", dice sobre la denuncia sobre el Canal que su Gobierno llevó a la Fiscalía.
"No se puede desacreditar con mentiras
al partido al que se sostiene mediante un pacto", dice Cifuentes a Aguado, con
quien mantiene un acuerdo de investidura que le permite gobernar en la Comunidad
de Madrid. "La política requiere coherencia y madurez", a afirma la presidenta.
"Otra falsedad: jamás cobré percepción económica alguna por pertenecer al
Consejo de Administración del Canal", contesta Cifuentes al mensaje de una
usuaria de Twitter.
Tanto C's como Podemos han pedido la
comparecencia de la presidenta autonómica en la Cámara de Vallecas. Además, el
partido morado defiende una moción de censura en Madrid, pese a que para
prosperar necesitaría del apoyo de Ciudadanos, que por ahora se niega a romper
el pacto con Cifuentes.
Aguado ha asegurado esta mañana que "permitirá" que Cristina Cifuentes gobierne
en Madrid mientras "siga cumpliendo" el pacto de investidura, pero no confía en
el PP y por eso, cada día, se plantea apoyar una moción de censura contra su
Gobierno.
http://www.elmundo.es/madrid/2017/04/22/58fbab78468aeb5f1d8b45fb.html
CRISTINA CIFUENTES: "EL TIEMPO DE LOS CORRUPTOS HA LLEGADO A SU FIN EN LA
COMUNIDAD DE MADRID"
La caída en desgracia de
Ignacio González y el aguirrismo a cuenta de la operación Lezo lo llenó todo
ayer durante la celebración institucional del Día de la Comunidad de Madrid.
Cristina Cifuentes se subió a sus palabras de tolerancia cero contra la
corrupción para enarbolar esa bandera desde la Real Casa de Correos, sede del
Gobierno autonómico. "Vamos a seguir liderando el camino de regeneración
democrática iniciado, porque la corrupción es incompatible con la democracia, y
el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid. Y
porque la corrupción afecta a numerosos partidos e instituciones en una u otra
medida y, por tanto, todos debemos ser implacables con ella", aseguraba en la
parte final de su discurso.
La presidenta regional esperó al término de su alocución para referirse al
asunto que estos días martillea a los populares madrileños. La contundencia de
sus palabras la situó en plano paralelo, ajeno a todo ello que le sirvió para
erigirse en el azote de los corruptos. "Vivimos días convulsos que nos
avergüenzan a todos. Ante ellos: honestidad, compromiso, talento y esfuerzo",
dijo.
La presidenta regional comenzó su intervención con el recuerdo y el simbolismo
del levantamiento del pueblo de Madrid de aquel 2 de mayo de 1808 contra el
invasor francés. En el arranque animó a la sociedad, políticos incluidos, a
sumar esfuerzos para superar los problemas que la asolan.
Pero la ceremonia contó con notables ausencias, como la de los ex presidentes.
Hacía mucho tiempo que no acudía ninguno de ellos a la celebración
institucional: ni Esperanza Aguirre ni Alberto Ruiz-Gallardón ni Joaquín Leguina
ni, por motivos obvios, Ignacio González.
Acto seguido, pasó a rematar su intervención apelando a su cruzada contra la
corrupción. "Están pasando muchas cosas, que nos avergüenzan, que todos
condenamos, y a las que debemos hacer frente, apelando a esos valores que
encarnan los premiados. Porque la honestidad, el compromiso, el talento y el
esfuerzo, son el más eficaz antídoto frente a las conductas que vulneran la ley,
y frente a las dificultades de cada día", dijo. Insistió en que el "compromiso
ético y la defensa de la legalidad nos concierne a todos, por encima de siglas e
ideologías".
http://www.elmundo.es/madrid/2017/05/02/5908183de2704e3b108b45da.html
LOS 20 ‘CAÍDOS’ DE CIFUENTES: EL 40% DE SUS DIPUTADOS REGIONALES RENUNCIA EN DOS
AÑOS
El grupo de Cristina Cifuentes en la Asamblea regional madrileña es desde sus
inicios un baile continuo de sillas. Desde las elecciones autonómicas de mayo de
2015, donde el PP obtuvo 48 diputados, la renovación de caras alcanza casi a la
mitad del grupo, con la renuncia al acta de 20 diputados; una cifra que podría
aumentar en los próximos días con una renuncia más: la de Isabel González,
hermana del ex presidente de la Comunidad Ignacio González, detenido al hilo de
la operación Lezo junto a un tercer hermano, Pablo González. El PP madrileño
reconoce que la situación de la diputada es “insostenible”.
Otra de las candidatas a engrosar la lista de bajas populares en la Asamblea
Regional es la diputada Josefa Aguado, a la que el juez del caso Gürtel José de
la Mata ha pedido imputar por tres posibles tres delitos. En caso de que la
imputación se formalice, tendría la obligación de renunciar a su acta de acuerdo
con el código ético establecido por el grupo.
En una situación similar está el diputado Bartolomé González, al que la Guardia
Civil atribuyó el pasado septiembre la recepción de 60.000 euros cuando era
alcalde de Alcalá de Henares por parte de una empresa de la Púnica, aunque no ha
sido formalmente imputado y no tiene la obligación de dejar su acta, como
establece el pacto firmado con Ciudadanos en la Comunidad.
El número tres de Cifuentes, Jaime González Taboada, consejero de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, también ha estado en
la cuerda floja, después de que el conseguidor de la trama Púnica le acusara de
gestionar obras públicas y amañar contratos para un plan de inversiones de la
Comunidad de Madrid. A día de hoy sigue como diputado al no haberse salpicado
por la imputación.
Estos cuatro ceses, en caso de producirse, se sumarían a la lista de
representantes populares que han tenido que renunciar por verse implicados en
casos de corrupción. Así sucedió con Borja Sarasola Jaúdenes, ex consejero de
Ignacio González, que no llegó a recoger su acta de diputado tras ser imputado
en la trama Púnica, aunque la razón oficial que esgrimió fue el paso a la
empresa privada. Justo un año después, en julio de 2016, hizo lo propio Daniel
Ortiz Espejo después de ser imputado por recibir 240.000 euros de comisión de
una empresa de la misma trama a cambio de una adjudicación en su etapa en la
Alcaldía de Móstoles.
Sin embargo, y aunque varios diputados populares cayeron por este motivo, en la
mayoría de los casos la renovación se debe a una renuncia para cumplir el
régimen de incompatibilidades puesto en marcha por el PP de Madrid, que pretende
evitar la acumulación de cargos.
Incompatibilidad por altos cargos
Una de las críticas más duras que recibió Cifuentes por parte de la oposición en
la Asamblea de Madrid era el elevado número de diputados que renunciaron por
casos de corrupción. Sin embargo, la mayor parte de las renuncias se deben a
otra razón: la incompatibilidad. En total, 12 de los 20 diputados dejaron su
acto por esta causa. Los ocho restantes, además de los casos por corrupción ya
repasados, estuvieron motivados por distintas razones. José Ignacio Echeverría
Echaniz presentó su dimisión irrevocable tras un accidente de coche, pese a
asegurar que no conducía ebrio. Otros,como José Cabrera de Orellana, renunció
para no tener que publicar su declaración de bienes; y, en el caso de Antonio
Pablo González Terol, dejó la Asamblea regional para ser diputado en el Congreso
de los Diputados.
El PP obtuvo 48 puestos en la Asamblea regional y a día de hoy el último
diputado en entrar, el pasado febrero, Ana Belén Barbero, ocupaba el número 68
de las listas. En los dos primeros meses después de las elecciones hubo nueve
renuncias, en la mayoría de casos por la asunción de otro cargo en el Gobierno
regional de Cifuentes y la consecuente incompatibilidad. Así fue el caso de
Manuel Francisco Quintanar, que dejó su acta tras ser nombrado secretario
general del Consejo de Gobierno regional, o Miguel Ángel Ruiz López, que también
entró en el equipo de Gobierno como viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio.
También fue el caso de José Tortosa de la Iglesia, director general de
Urbanismo; Cristina Álvarez Sánchez, a la que Cifuentes nombró directora general
de Relaciones con la Asamblea de Madrid, o Eva Tormo, que en septiembre de 2015
renunció su acta de diputada del PP en la Asamblea de Madrid para dedicarse en
exclusiva a la dirección de la Fundación Canal Isabel II.
http://www.elindependiente.com/politica/2017/05/01/cifuentes-diputados-renuncia/?utm_source=Usuarios+con+newsletter&utm_campaign=b554ede1b4-Boletin_todos_02_05_17&utm_medium=email&utm_term=0_19d740f1b0-b554ede1b4-50421447
LA PROHIBICIÓN DE SÍMBOLOS REPUBLICANOS EN LA CORONACIÓN DE FELIPE VI LLEGA A
ESTRASBURGO
La Coordinadora 25S presentó ante el TEDH una demanda contra Cristina Cifuentes
y varios cargos policiales por la vulneración de los derechos de libertad de
expresión, de opinión y de manifestación
Luis Ocampo reconoce que la admisión de la demanda no presupone que les vayan a
dar la razón, “pero al menos se va a estudiar, algo que es importante y
significativo”
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estudiará la denuncia presentada
por la Coordinadora 25S contra Cristina Cifuentes, Ignacio Cosidó –quienes en
2014 ostentaban los cargos de delegada del Gobierno en Madrid y director general
de la Policía, respectivamente– y Alfonso Fernández Díez, jefe superior de la
Policía Nacional en Madrid, por prohibir la exhibición de símbolos republicanos
durante los actos que siguieron a la proclamación de Felipe VI y por hacer un
despliegue policial de 7.000 agentes, que consideran “amplio e intimidatorio” y
propio de un "estado de sitio".
En un primer momento, se presentó una querella en la Audiencia Provincial. Se
produjo una investigación judicial, pero finalmente fue archivada. “Se recurrió
al Supremo y posteriormente al Constitucional, pero no fue admitida. Preveíamos
que iba ocurrir eso”, señala a infoLibre Luis Ocampo quien, en nombre de la
Coordinadora 25S, continuó con el proceso después del fallecimiento de Doris
Benegas, la letrada que puso en marcha la querella.
Sostienen que durante el 19 de junio de 2014 y los días previos a la coronación,
se vulneró la Convención Europea de Derechos Humanos al impedir el ejercicio de
los derechos de libertad de expresión, de opinión y de manifestación de ideas
antimonárquicas.
En la demanda presentada ante el TEDH, señalan que el 11 de junio, día de la
votación en el Parlamento de la Ley Orgánica de Abdicación de Juan Carlos I, la
Coordinadora 25S había convocado una concentración en la Plaza de Neptuno, pero
que un despliegue de cerca de 2.000 antidisturbios, una unidad de caballería y
una treintena de furgones impidió a los ciudadanos llegar al lugar de la
protesta.
Días antes de la coronación, la Policía comenzó con los registros de mochilas,
carritos de bebé, bolsos, etc., e incluso recorrió las viviendas cercanas al
itinerario que haría el Cortejo Real para “recabar datos sobre quiénes eran sus
ocupantes”, recoge la demanda.
Ya el día 19 de junio, se trataron de impedir tres manifestaciones. Una de la
Coordinadora Republicana de Madrid, otra de la Plataforma contra la Impunidad
del Franquismo –acto que realizan todos los jueves– y una concentración de la
Coordinadora 25S. Sin embargo, en la Puerta del Sol, a pesar del fuerte
dispositivo policial, “centenares de personas sacaron banderas republicanas” y
fueron por ello rodeadas por la Policía, produciéndose “cargas y agresiones
policiales”, junto con algunas detenciones.
Recogen más ejemplos de lo que supuso la presencia policial de ese día: una
mujer fue interceptada por llevar una chapa en el vestido, otra mujer fue
inmovilizada contra el suelo por intentar sacar una bandera, al igual que le
ocurrió al hombre que trató de mostrar una pañoleta. Además, se llegó a retener
a personas “no por llevar símbolos republicanos, sino por estar en las listas de
activistas”.
Por último, denuncian la inadecuada investigación de los hechos por no haber
“practicado las diligencias necesarias” para señalar a los responsables,
“admitiendo como válido un informe de la Secretaría de Estado de Seguridad sin
firma y, a todas luces, incompleto, del que nadie se responsabiliza”, y por no
haber tomado declaración ni a Cifuentes, ni a Cosidó ni a Fernández Díaz.
La demanda se presentó en Estrasburgo a principios de 2017 y, aunque haya sido
aceptada, Ocampo reconoce que no quiere decir que les vayan a dar la razón,
“pero al menos se va a estudiar, algo que es importante y significativo”,
destaca.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/29/estrasburgo_acepta_querella_contra_cifuentes_por_prohibir_exhibicion_simbolos_republicanos_proclamacion_felipe_vi_64491_1012.html
MADRID DESTINA 100 MILLONES EN TRES AÑOS A COLEGIOS QUE SEGREGAN POR SEXOS, LA
MITAD DE ELLOS DEL OPUS DEI
Actualmente hay 18 centros concertados religiosos que ofrecen educación separada
para niños y niñas y que reciben financiación pública en la Comunidad de Madrid
Nueve de estos centros están directamente vinculados con el Opus Dei y en estos
tres años han recibido en total 51,2 millones de euros
El colegio Juan Pablo II de Alcorcón, investigado por ofrecer talleres de
ganchillo solo para alumnas, recibió 2,3 millones de euros 2015 y 2,5 en 2016
La Comunidad de Madrid ha invertido en los tres últimos años 98,5 millones de
euros en financiar colegios concertados que segregan por sexos a sus alumnos.
Según informan desde la Consejería de Educación, actualmente en esta región hay
18 centros que ofertan educación diferenciada para niños y niñas y que reciben
fondos públicos. Todos son religiosos, la mitad de ellos vinculados al Opus Dei
y el resto a fundaciones con raíces católicas.
En 2015 el Gobierno regional destinó 34,8 millones de euros a este modelo
educativo, en 2016 desembolsaron 37,7 millones y hasta agosto del 2017 prevén
gastar 25,9 millones; 98,5 millones de euros en total. La Comunidad de Madrid ha
facilitado estas cifras tras una solicitud de información de eldiario.es al
portal de transparencia regional.
A pesar de que esta redacción pidió las cantidades invertidas desde el año 2009,
el Gobierno regional solo ha aportado –tras una reclamación presentada ante el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno– la información "referida al periodo
asumido por esta dirección general (ejercicios 2015, 2016 y hasta agosto de
2017)". Ya en el año 2012, Comisiones Obreras denunció la opacidad de la
administración regional para acceder a estos datos.
Entre los 18 colegios que ofertan educación segregada las cantidades recibidas
son dispares. El polémico colegio Juan Pablo II de Alcorcón recibió en estos
tres años 6,7 millones de euros (2,3 en 2015; 2,5 en 2016 y 1,8 hasta agosto de
este 2017). Este colegio ha acaparado titulares, entre otros casos, por la
investigación abierta por la Comunidad de Madrid para comprobar si ofrece
talleres de ganchillo solo para alumnas y limitan las visitas al estadio del
Real Madrid solo para sus alumnos, tal como informó la Cadena Ser.
En este centro la docencia de Primaria y Secundaria se imparte en aulas
diferentes y reservan los espacios comunes para que sean compartidos por alumnos
y alumnas, lo que denominan "educación diferenciada mixta". Abrió sus puertas en
el curso 2010/2011 y pertenece a la Fundación Educatio Servanda. Esta
organización gestiona otro centro, con el mismo nombre, en Parla. Por él han
recibido durante estos tres años 2,4 millones de euros. Sumando lo recibido por
estos dos centros, esta fundación ha gestionado durante este periodo 9,1
millones de euros de dinero público.
51 millones para colegios del Opus
De los 18 colegios, el centro que más financiación pública ha obtenido es el
Tajamar. Durante el periodo en el que la Consejería ha facilitado información,
este centro ha obtenido 12,3 millones de euros (4,6 en 2015 y 2016; y 3,1 hasta
agosto de este año). Este colegio masculino está ya enraizado en la educación
segregada de la capital y fue inaugurado en 1958, "secundando así un deseo
expreso de San Josemaría Escrivá de Balaguer (fundador del Opus Dei)", explican
en la página web oficial.
De acuerdo a la información suministrada por el Gobierno regional, dos colegios
también vinculados al Opus Dei siguen de cerca al Tajamar en financiación
pública: Las Tablas Valverde y Fuenllana. Cada uno de ellos ha recibido 9
millones de euros en total durante estos tres años. A este último solo asisten
chicas y es una "obra corporativa" –recogen en su web– del Opus Dei.
Por su parte, el primero, Las Tablas Valverde, separa a los estudiantes en
edificios según el género. Este colegio pertenece a Fomento de Centros de
Enseñanza, una organización educativa que desde sus inicios solicitó a la
prelatura de Escrivá de Balaguer "que le ayudara a mantener viva su identidad
cristiana" en las escuelas que gestionan en todo el país. Esta compañía también
coordina el colegio concertado masculino Los Olmos, que ha percibido 3,7
millones de euros durante los años en los que el Gobierno regional ha facilitado
la información.
Entre las "obras corporativas" del Opus Dei financiadas en Madrid con dinero
público también se encuentran los colegios femeninos Los Tilos con 4,9 millones
de euros y Senara con 4,2 millones en estos tres años; y los masculinos Andel
con 5,7 millones de euros y Retamar con 463.624 euros también en el mismo
periodo. En el caso de este último, es un colegio privado que solo cuenta con
concierto para un módulo de Formación Profesional de grado medio. Sin embargo,
los otros tres centros ofrecen educación concertada en Primaria y Secundaria, en
algún caso también en Infantil, Bachillerato y FP.
La última escuela vinculada a esta prelatura es el Centro de promoción rural de
la mujer EFA Valdemilanos, que ha recibido 858.494 euros en la etapa temporal
citada. Según explica la web oficial del Opus Dei, estas Escuelas Familiares
Agrarias (EFA) comenzaron "alentadas por el impulso" de Escrivá de Balaguer.
Así, sumando las cantidades percibidas por estos nueve centros, los madrileños
abonaron 18,7 millones de euros en 2015 a centros directamente vinculados con el
Opus Dei; 19,3 millones en 2016 y 13 millones hasta agosto del 2017; en total,
51,2 millones de euros.
Cinco colegios más en cuatro años
Según la Consejería de Educación, en el curso 2010/2011 había 13 centros de de
este tipo y se han concertado entre 2011 y 2014 cinco colegios más que segregan.
"Hay que recordar que durante el actual Gobierno de Cristina Cifuentes no se ha
concertado ningún nuevo centro de ningún tipo, ya sea o no de educación
diferenciada", apuntan desde este departamento. Según El País, en 2006 solo
había seis colegios con educación segregada.
Teniendo en cuenta estas cifras, es evidente que, por un lado, durante los
gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González el número de centros que
impartían este tipo de educación aumentaron y, por otro lado, que han surgido
nuevas fundaciones –también católicas– que han comenzado a aglutinar la gestión
de centros concertados que imparten educación segregada.
Una de ellas es la Fundación Arenales, que actualmente coordina cuatro colegios
de este tipo y comenzó a funcionar hace tan solo ocho años. "En el 2009
iniciamos el colegio Alborada, en Alcalá de Henares. La acogida fue
extraordinaria y un año después el colegio ya tenía 850 alumnos. Nos dimos
cuenta de que había una fuerte demanda de este tipo de enseñanzas y así
continuamos después en Carabanchel y Arroyomolinos", explicaba su presidente,
Alfonso Aguiló en una entrevista publicada en la web de la Fundación. Aguiló,
que durante once años se encargó de gestionar el colegio Tajamar, también dirige
la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
Según la información remitida por la Consejería, el centro que ayudó a impulsar
este proyecto, Alborada, recibió 2,8 millones de euros en 2015; 3 millones en
2016 y obtendrá 2,1 millones hasta agosto de este año, un sumatorio total de 8
millones de euros. Asimismo, han recibido 4,6 millones de euros en estos tres
años por el que tienen en el madrileño barrio de Carabanchel; 5,6 millones de
financiación pública por el que gestionan en Arroyomolinos; y 2,9 millones
durante el mismo periodo por el colegio Mª Teresa, localizado en Alcobendas.
Esta redacción ha intentando, sin éxito, ponerse en contacto con esta Fundación
para recabar información sobre el tipo de educación que imparten y sus
vinculaciones con movimientos eclesiales. "El colegio Arenales ha optado por la
educación diferenciada en algunas etapas. Se trata de un modelo que tiene buenos
resultados académicos, amortigua los estereotipos de género y fomenta el
liderazgo de la mujer", apuntan en el portal online de uno de los centros.
Además, Aguiló reconoce en esta web su pertenencia al Opus Dei, pero asegura que
en estos colegios "no hay vinculación institucional con el Opus Dei ni con el
Camino Neocatecumenal".
Más allá de fundaciones que aglutinen varios centros de este tipo, de acuerdo a
la información facilitada por la Comunidad de Madrid, uno de los colegios que
más financiación recibe es el Edith Stein con 6,7 millones de euros en estos
tres años, y también imparte docencia mixta segregada en Primaria y Secundaria.
Adscritos al grupo Chesterton Education, imparten su modelo educativo "desde una
sólida y clara identidad cristiana y con un fuerte sentido de pertenencia a la
iglesia católica".
Colegio cedido a exdirigentes de la Comunidad
Este grupo, según publicó en 2009 El País, fue promovido por "dos exaltos cargos
del Gobierno regional, José Javier Fernández Santamaría, exdirector gerente del
Canal de Isabel II, y Alejandro Sanz Peinado, exdirector general de Deportes,
son presidente y consejero, respectivamente, de la empresa que dirige el
centro". En aquel momento, la Comunidad aseguró que "no incurrían en
incompatibilidad" al haber pasado dos años desde que ocuparan cargos públicos.
El colegio Monte Tabor, una "iniciativa del instituto secular de padres de
Schoensttat", también obtiene seis millones de euros. En su web destacan que "la
relación con Dios y con la Virgen María es el eje vertebrador de la vida
escolar". Por último, el centro Stella Maris con 4,2 millones de euros,
gestionado por los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, ofrece también
educación segregada mixta.
Según explicaron en la respuesta emitida a esta redacción desde la Consejería de
Educación, "las cuantías que se indican han sido calculadas en función del
número de unidades concertadas de cada centro y de los módulos económicos de
financiación de los conciertos aprobados por las Leyes de Presupuestos".
Recurso ante transparencia
La Comunidad de Madrid se negó en un primer momento a facilitar las cantidades
exactas que aporta a estos centros alegando que "la elaboración de un informe
específico requeriría un tratamiento que obligaría a paralizar el resto de la
gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la
atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen
encomendado".
Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previo recurso de esta
redacción, no compartió la argumentación de la Consejería y consideraron que la
información solicitada debe figurar en los documentos emitidos por la
intervención General de la Comunidad de Madrid "al llevar a cabo la intervención
previa del reconocimiento de obligaciones o propuestas de pago a los centros
concertados anualmente". A pesar de que esta redacción solicitó información
desde el año 2009, la Comunidad ha remitido los datos de los tres últimos años.
Comisiones Obreras denunció en un informe publicado en 2012 por Carmen Heredero,
coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género, la opacidad de la
administración regional para permitir acceder a estos datos. En él destacaron
"la falta de atención analítica de las instituciones educativas madrileñas" ante
este tema, también reclamaron "la publicación en las estadísticas educativas del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, de los datos que den cuenta del fenómeno de
la educación diferenciada".
Recientemente, en la publicación oficial sobre el sistema educativo regional,
editada por la Consejería de Educación, tampoco facilitan el número de este tipo
de centros y los estudiantes que estudian en ellos.
http://m.eldiario.es/sociedad/Comunidad_de_Madrid-financiacion-educacion_segregada_0_636936731.html
TODOS CONTRA LA "RUBIA" CIFUENTES
Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista
en la que reconoce "hacerse la rubia" desatan las críticas del conjunto de la
oposición
Cristina Cifuentes la ha liado y bien liada en la entrevista que ha concedido al
suplemento SModa de El País. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha
asegurado en la misma, que su estrategia es "hacerse la rubia" sin bajar la
guardia en reuniones con hombres. Las declaraciones no han gustado nada a los
portavoces del PSOE, Podemos y Ciudadanos, que se han mostrado absortos ante
otras frases con las que ha bromeado Cifuentes como la de "sin tacón no hay
reunión".
La presidenta regional ha defendido el papel "muy importante" del feminismo para
lograr la igualdad, pero considera, eso sí, que "esa fase ya está superada". "El
problema del feminismo tradicional es que en algunas ocasiones se ha
identificado con la defensa de las mujeres, pero a costa de ir en contra de los
hombres", ha declarado.
Tras la publicación de la entrevista, distintos políticos han criticado en la
red social Twitter las declaraciones de Cifuentes, y a algunos de esos
comentarios ha respondido la propia presidenta.
Para Podemos, Cifuentes "ha dado una lección a todas las feministas... No
tomarla como ejemplo... jamás", a lo que la aludida ha respondido recogiendo
cuatro denuncias recientes de mujeres contra la formación morada.
La secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, por su parte, ha afirmado que
"feminismo es reivindicar igualdad, avanzar tod@s para no tener necesidad de
hacernos las rubias".
También en este caso la presidenta regional ha respondido al mensaje, afirmando
que "sólo necesitabas 5 minutos más para leer la entrevista que has compartido".
"Te lo ponemos fácil", ha continuado Cifuentes, antes de adjuntar otro extracto
de la entrevista donde admite que la igualdad "ya está en las leyes" pero no en
el día a día: "Aún existen muchos micromachismos y hay que seguir reivindicando
la igualdad", contestaba.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha
intervenido también, afirmando que su partido trabaja para que "ninguna mujer
tenga que 'hacerse la rubia' para conseguir lo que se propone. Avancemos", ha
subrayado, para finalizar con el hashtag Stop Machismo.
http://www.elplural.com/politica/2017/04/15/unanimidad-todos-contra-la-rubia-cifuentes
MADRID DA 1,54 MILLONES EN SUBVENCIONES A SAN ROMÁN, CUYA AGENCIA DE COLOCACIÓN
'FANTASMA' FUE CLAUSURADA EN CASTILLA-LA MANCHA
Su presidente, miembro de la cúpula de CEIM, dirige la patronal de consultoría
Empleo, que dice no haber recibido los informes de la Inspección de Trabajo y de
Castilla-La Mancha sobre la agencia, pidió una explicación a la empresa, pero no
la investigó
Aun así, cerró 13 locales tras la denuncia del Gobierno autonómico
La Comunidad de Madrid ha concedido un total de 1,54 millones de euros en
subvenciones para cursos de formación a Consultora San Román, la empresa cuyas
oficinas de agencia de colocación fueron cerradas por el Gobierno de Castilla-La
Mancha porque no realizaban ninguna tarea de intermediación laboral.
Consultora San Román y Consulta Formación, Soluciones de Aprendizaje, Evaluación
y Empleo pertenecen a José Antonio Fernández Ramos, presidente de la Federación
Nacional de Asociaciones de Consultoría, Oficinas y Despachos y Servicios (Fenac),
la patronal del sector. También preside la Comisión de Economía de los
Intangibles de CEIM, la patronal madrileña.
En la última convocatoria madrileña de ayudas para programas de formación
destinados a ocupados y desempleados, ambas empresas consiguieron un total de
nueve subvenciones: seis Consultora San Román y tres Consulta Formación. Los
importes van desde 70.200 hasta 379.770 euros. La convocatoria, resuelta el
pasado 31 de diciembre, repartió 22,29 millones de euros con cargo a los fondos
que la Comunidad de Madrid recibe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Así se financian cursos de formación para el empleo de carácter sectorial e
intersectorial, para autónomos y para obtener certificados de profesional, tanto
presenciales como mediante teleformación. Los subvencionados a estas dos
empresas incluyen desde clases de cocina internacional y contabilidad hasta
interiorismo o certificación energética de edificios.
Consultora San Román fue creada en 1990 y dice contar con una plantilla de 800
trabajadores e impartir 400.000 horas de formación al año. Consulta Formación
nació más tarde, en 2002, y su presidente ejecutivo también es Fernández Ramos.
Además de los cursos subvencionados por la Comunidad de Madrid, funciona desde
el pasado año como sede de exámenes en la capital de la Universidad Isabel I,
una universidad privada on line con domicilio en Burgos.
Agencia de colocación con problemas
Al igual que muchas otras empresas del sector de la formación para el empleo,
San Román también se constituyó como agencia privada de colocación. El SEPE le
adjudicó uno de los lotes del concurso para encontrar empleo a los beneficiarios
del Plan Prepara. Le correspondieron las comunidades de Madrid y Castilla-La
Mancha. El pasado 6 de marzo el Gobierno castellano-manchego ordenó el cierre de
13 oficinas de San Román en esa comunidad, que carecían de actividad. Sólo
estaban operativos, explicó entonces la Consejería de Empleo, siete locales.
Ese departamento asegura a infoLibre que informó al SEPE de la existencia de los
locales “fantasma” el año pasado. Además, según publicó este periódico, la
Inspección de Trabajo elaboró un informe sobre la actividad de San Román en la
provincia de Albacete. Tras visitar sus oficinas, los inspectores concluyeron
que la consultora “no funciona como agencia de colocación” ni “prácticamente”
hace gestiones de mediación.
De los cuatro locales que poseía San Román en Albacete, sólo uno estaba abierto,
pero se trataba de una asesoría donde la consultora había alquilado un despacho,
que carecía de personal propio. Allí sólo se recogían currículos. Un empleado de
San Román, según explicó a los inspectores el personal de la asesoría, venía de
Murcia o de Madrid para llevárselos dos o tres veces a la semana. Después, a
preguntas de la Inspección, la consultora reconoció que únicamente había
conseguido empleo a seis personas en todo 2016.
Poco después, el sindicato CCOO visitó buena parte de los 24 centros que San
Román declaraba tener en Castilla-La Mancha. Y el resultado de sus indagaciones
no difirió mucho de los hallazgos de la Inspección de Trabajo en Albacete: unos
centros estaban cerrados y otros sólo recogían currículos, tanto en Ciudad Real
como en Toledo, Cuenca y Guadalajara.
El SEPE no sabe, pero cerró las oficinas
En ese momento, el SEPE respondió a infoLibre que desconocía el informe de la
Inspección. Y que tampoco le había llegado ninguna otra denuncia sobre la falta
de desempeño o alguna negligencia por parte de esta agencia privada.
Sin embargo, ANAC, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas agencias
de colocación, envió en 2014 a la mesa de contratación del concurso, antes de
ser adjudicado, escritos y pruebas sobre la precariedad de la red que San Román,
y otras empresas, habían creado a toda prisa para presentarse a la convocatoria.
El pasado 22 de febrero, CCOO interpeló a los responsables del SEPE en la
Comisión Ejecutiva Central de este organismo no sólo sobre el informe de la
Inspección, sino también sobre el que había enviado Castilla-La Mancha. Sus
responsables respondieron al sindicato que no habían “recibido” ninguno de los
dos documentos. Sí pidieron un informe a la propia consultora y hablaron con sus
dueños, que dijeron tener un total de 137 locales en Madrid y Castilla-La
Mancha, 60 propios y 77 subcontratados con otras entidades. Si habían cerrado
alguno, había sido por iniciativa propia, añadieron. El SEPE también dio por
buena la afirmación de los responsables de San Román de que el número de
personas que había atendido en 2016 era “correcto y similar al de otras agencias
de colocación”, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.
Por su parte, el viceconsejero de Empleo de Castilla-La Mancha, Francisco Rueda,
insiste en que mandó a comienzos de 2016 un informe que examinaba a todas las
agencias privadas de la comunidad autónoma. De hecho, el SEPE lo pide cada año.
La Consejería de Empleo es la encargada de comprobar si éstas cumplen los
requisitos que acreditaron en las declaraciones responsables que se les exige
para operar. En ese documento, asegura Rueda, se incluían los incumplimientos de
San Román: “A algunos demandantes de empleo los atendían en la plaza del
pueblo”. Además, destaca el número dos de la consejería, las 13 oficinas
señaladas no las ha cerrado, en realidad, el Gobierno manchego, sino el propio
SEPE, que fue el que las autorizó. Rueda dice que a San Román sólo le quedan los
locales situados en las capitales de provincia y teme por la calidad de la
atención que está prestando a los desempleados residentes en los pueblos.
“¿Tendrán que desplazarse a su propio coste los parados del Plan Prepara que
cobran 426 euros?”, se pregunta.
Castilla-La Mancha renunció al acuerdo marco poco después de enviar ese informe,
en junio de 2016. Ha prescindido de las agencias privadas y optado por “reforzar
los servicios públicos”, explica Francisco Rueda. De momento, ha aumentado en
122 personas el personal de las oficinas públicas de empleo.
Un problema antiguo
La endeblez con que algunas de estas empresas montaron sus redes de oficinas se
reveló nada más tramitarse el primer concurso del SEPE. Cuando se abrieron los
sobres de los candidatos, en septiembre de 2014, un grupo de empresas de
formación declaraba tener una red de oficinas superior al millar repartidas por
toda España. Ese número multiplicaba hasta por 10 la cifra de sucursales que
presentaban las grandes multinacionales de los recursos humanos como Adecco,
Manpower o Randstad.
Como el 70% de la puntuación, según las condiciones del concurso, procedía del
número de oficinas que aportaban las candidatas, las firmas de formación se
pusieron a la cabeza de la clasificación provisional. Una de ellas era
Consultora San Román.
El SEPE sospechó entonces que estas empresas habían hinchado artificialmente su
red de oficinas, aprovechando que el concurso sólo les exigía presentar una
declaración responsable de que contaban con un determinado número de locales,
pero no necesitaban acreditarlo documentalmente. De hecho, muchas de ellas
“apalabraron” acuerdos con academias de idiomas, autoescuelas, asociaciones
profesionales, organizaciones de agricultores y hosteleros para construir esa
red de centros. Unas lo hicieron enviándoles correos electrónicos en los que les
invitaban a “colaborar con los servicios públicos de empleo” y conseguir así una
“fuente alternativa de ingresos”. Otras incluso utilizaron operadores
telefónicos.
Por eso el SEPE exigió enseguida a estas firmas de formación los documentos que
probaban la existencia real de esos locales. Una vez efectuada la criba, la
clasificación provisional dio un vuelco y las grandes ETT pasaron a liderar el
concurso: Manpower, Adecco y Eulen, junto a Telefónica, la Fundación Once y la
Asociación Salesiana.
Pero las empresas de formación no se dieron por vencidas y presentaron hasta una
treintena de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales. Éste les dio la razón y suspendió el concurso. La lista
definitiva, decidida en mayo de 2015, devolvía los contratos a buena parte de
las pequeñas empresas de formación excluidas en un primer momento.
Prorrogados hasta 2018
El año pasado el SEPE prorrogó hasta 2018 no sólo este primer contrato para los
parados el Plan Prepara sino también el que suscribió más adelante con las
cuatro grandes ETT. Y lo hizo antes de haber completado la evaluación de su
eficacia a que le obligaba el acuerdo marco que sirvió para contratarlas.
No obstante, el Ministerio de Empleo elogia el trabajo de las agencias de
colocación, que encontraron trabajo a 8.051 personas de las 81.635 que
atendieron en 2014 y 2015. Como esas cifras superan el índice de inserción de
los servicios públicos de empleo, el ministerio lo considera un éxito. El
recurso a las agencias privadas es una de las principales apuestas del
departamento de Fátima Báñez. Pero ha tenido que superar múltiples problemas
antes de ponerse en marcha, según las propias agencias por culpa de la mala
redacción de los pliegos de condiciones de los contratos. Los recursos que
suspendieron el primer concurso obligaron a rehacer hasta cuatro veces la lista
de adjudicatarios, retrasando dos años la resolución definitiva, y forzaron al
SEPE a utilizar el procedimiento negociado y sin publicidad para la siguiente
convocatoria.
Después, cuando comenzaron a funcionar, las agencias de colocación se
encontraron con que las listas de desempleados que les enviaba el SEPE estaban
plagadas de errores. Así, por ejemplo, tuvieron grandes dificultades para
localizar a algunos de los parados a los que debían atender. Los listados
estaban tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta
fallecidos.
Pero no es sólo San Román sobre la que se han multiplicado las denuncias.
También la Fundación Sócrates, adjudicataria del concurso convocado por la Junta
de Castilla y León, fue denunciada por atender a los desempleados en
gasolineras, a falta de mejores oficinas. Al tiempo, sus trabajadores en
Andalucía, todos ellos profesionales del programa Andalucía Orienta, denunciaban
en julio de 2015 que llevaban seis meses sin cobrar.
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/04/06/cifuentes_concede_millones_subvenciones_san_roman_cuya_agencia_colocacion_fantasma_fue_clausurada_castilla_mancha_63481_1011.html
A DIFERENCIA DE SUSANA DÍAZ, CIFUENTES NO PUBLICA LA RENTA DE SU MARIDO
La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que su pareja,
-arquitecto desde 1977, empresario y afortunado para las concesiones públicas-,
es ‘mileurista’
En julio de 2015, Cristina Cifuentes anunció a bombo y platillo que publicaría
en la web institucional las retribuciones, la declaración de la renta y la
declaración de bienes de todos los miembros del Consejo de Gobierno. La
presidenta de la Comunidad de Madrid cumplió su palabra, publicando en el Portal
de Transparencia su declaración de bienes patrimoniales (valorados en 26.392
euros) y rentas (percibe por el desempeño de su cargo 107.316 euros brutos
anuales).
El marido ‘mileurista’ de Cifuentes
Pero a diferencia de Susana Díaz, la presidenta de la Comunidad de Madrid
todavía no ha hecho pública la renta de su marido, Javier Aguilar Viyuela,
arquitecto desde 1977, empresario y afortunado para las concesiones públicas.
De este modo, aún no se ha podido comprobar si tal y como afirmó Cristina
Cifuentes en una entrevista concedida a La Sexta, el salario de su marido “ronda
los 1.000 euros”.
Susana Díaz si informa de la renta de su marido
A diferencia de Cifuentes, la presidenta de la Junta de Andalucía sí que ha
hecho pública la declaración de rentas tanto de ella como de su marido, José
María Moriche. Algo que Díaz hizo nada más tomar posesión de su cargo.
"Quiero que los andaluces tengan la tranquilidad de saber qué entra en casa de
su presidenta", dijo entonces la presidenta de Andalucía.
Así, la ciudadanía pudo comprobar que en 20014, el matrimonio formado por Díaz y
Moriche ingresó un total de 78.125,6 euros. De ellos 59.348,15 euros
corresponden a ella; 18.719,4, él. Siempre como ingresos netos, no brutos.
Hacienda tuvo que devolver a la presidenta 1.397,44 euros, mientras que su
marido recibió 1.028,11 euros.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/25/diferencia-de-susana-diaz-cifuentes-no-publica-la-renta-de-su-marido
LA UCO INTERROGA A FUNCIONARIOS QUE JUNTO CON CIFUENTES DIERON UN CONTRATO AL
EXJEFE DE LA PATRONAL MADRILEÑA
La Guardia Civil investiga la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de
Madrid en 2011 tras la valoración efectuada por un comité al que pertenecía la
hoy presidenta de Madrid
Arturo Fernández, beneficiario de aquella concesión y donante de la fundación
utilizada por el PP en la etapa de Aguirre para abonar gastos electorales, ya ha
declarado como investigado ante el juez de Púnica
La investigación sobre la presunta financiación del PP madrileño en el marco de
la Operación Púnica ha colocado bajo la lupa a los funcionarios que, en 2011 y
junto con la hoy presidenta del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes,
integraban el "comité de expertos" cuya valoración de ofertas inclinó la
adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid en favor del entonces jefe
de la patronal autonómica, Arturo Fernández.
Donante de la fundación Fundescam, a través de la cual el PP captó fondos para
las campañas de Esperanza Aguirre desde 2003, el año del tamayazo, y
adjudicatario de múltiples contratos de la Comunidad de Madrid, Arturo Fernández
ya declaró en calidad de investigado hace dos semanas ante el juez del caso
Púnica, Eloy Velasco,
Fuentes conocedoras de lo sucedido han confirmado a infoLibre que la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha interrogado al menos a uno de
los tres empleados de la Cámara autonómica relacionados con aquella decisión,
aunque otras fuentes indican que ya han declarado los tres: la jefa de servicio
M.M. y el técnico asesor A.Z., que formaban parte del comité, y la letrada T.R.
De momento, no consta que el instructor de Púnica, Eloy Velasco, les haya citado
a comparecer o haya decidido hacerlo, aunque algunas fuentes conocedoras del
caso indican lo contrario.
A través de los portavoces oficiales de la Asamblea de Madrid, este diario
ofreció el martes a los tres empleados públicos aportar su versión de los
hechos. Ninguno de ellos accedió.
Bajo el argumento de que la causa permanece bajo secreto de sumario, la Cámara
autonómica declinó asimismo corroborar si ha puesto a disposición de alguno de
ellos o de los tres los servicios jurídicos de la institución.
El equipo de Cristina Cifuentes también rehusó cualquier pronunciamiento, aunque
sus portavoces siempre han remarcado que la jefa del Gobierno madrileño
pertenecía a aquel comité de expertos de 2011 por su condición de vicepresidenta
de la Asamblea. Y que se guió por el criterio de los técnicos.
La participación de Cifuentes en ese comité trascendió el 28 de septiembre de
2016. Dos medios digitales –elconfidencial.com e informacionsensible.com, este
último vinculado al célebre comisario José Manuel Villarejo– publicaron ese día
el acta del comité de expertos que, el 21 de junio de 2011, otorgó a la empresa
de Arturo Fernández la puntuación más elevada en el concurso para la concesión
de la cafetería y el comedor de la Asamblea de Madrid.
Dos concursos en competición y el tercero, en solitario
El pliego de condiciones de aquella licitación establecía cinco criterios como
"base para la adjudicación". Uno de ellos –el precio ofertado– era de
"valoración automática". Los otros cuatro implicaban un "juicio de valor".
Uno de esos cuatro criterios, el número 3, era el de las referencias de trabajos
efectuados de forma satisfactoria en los tres años previos cuya certificación
pudiera aportar cada aspirante. La puntuación máxima asignable era de 30 puntos.
Uno de los tres licitadores, el grupo Clece, obtuvo en ese apartado la nota más
alta: 28,5 puntos, 3,5 más que Cantoblanco Colectividades, la empresa de Arturo
Fernández que resultó finalmente adjudicataria.
Otro de los criterios subjetivos, el número 2, medía la "calidad de los
alimentos y de los suministradores", valorado con hasta 20 puntos. Ahí, Clece,
la empresa que había logrado la máxima puntuación en lo relativo a trabajos
previos desarrollados con éxito, cosechó un 0. La misma nota recibió en el
apartado relativo a mejoras adicionales ofrecidas. infoLibre preguntó este
miércoles a los portavoces de Clece qué factor podría explicar la enorme
discrepancia de notas parciales. La empresa, que en 2009 ya había quedado por
detrás del ganador Cantoblanco Colectividades en el concurso convocado aquel año
para adjudicar igualmente la cafetería y el comedor de la Asamblea de Madrid, no
dio respuesta.
A la licitación lanzada en 2013 por la Cámara Autonómica con el mismo objetivo
–adjudicar por un año la gestión de la cafetería y el comedor– solo optó ya
Arturo Fernández. Pero esta vez lo hizo a través de otra de sus empresas, Grupo
Cantoblanco Restauración, que se alzó con el contrato en julio de aquel año.
El 14 de diciembre de 2012, la Asamblea de Madrid había recibido de la Seguridad
Social una orden de embargo por 400.000 euros contra la facturación de la
mercantil de Fernández que entonces todavía gestionaba el servicio de
restauración de la Cámara, Grupo Cantoblanco Colectividades SL. Poco después de
que la Guardia Civil requiriese a la Asamblea de Madrid los contratos otorgados
a empresas del exjefe de la patronal CEIM, Fernández aseguró a este diario que
había saldado aquella deuda con la Seguridad Social y que, por tanto, cumplía
los requisitos exigidos para obtener adjudicaciones públicas.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/23/la_uco_interroga_funcionarios_que_junto_con_cifuentes_dieron_contrato_exjefe_patronal_madrilena_62843_1012.html
ENCIERRO EN EL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL CONTRA EL RECORTE DE CIFUENTES PARA ESTE
AÑO
"9,2 millones de euros menos en gasto de personal que afectará la calidad
asistencial”
Los trabajadores del Hospital Ramón y Cajal realizan este miércoles una
concentración, a las 12 del mediodía, para protestar contra el recorte “de 9,2
millones de euros” en el gasto de personal para este centro previsto en el
Proyecto de Presupuesto para la Sanidad Pública para 2017, del Gobierno de
Cristina Cifuentes.
Encierro, mañana y tarde
Los trabajadores realizan, además, un encierro en el hospital, desde las 10:30
hasta las 19 horas. La iniciativa está convocada por la Plataforma en Defensa de
la Sanidad Pública del Área 4, que integran asociaciones vecinales y
trabajadores del centro médico.
La plataforma considera que el recorte “de 9,2 millones de euros” en el gasto de
personal provocará “un descenso de la calidad asistencial”, y un paso más en “la
destrucción de los recursos del hospital” y “el desmantelamiento de la sanidad
pública”.
Políticos en la concentración
En la concentración participan, además de miembros de la Plataforma en Defensa
de la Sanidad, el diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Ángel Gómez
Chamorro; la diputada regional por Podemos Mónica García; las concejalas de
Ahora Madrid Marta Gómez Lahoz y Yolanda Rodríguez; también el actor Alberto San
Juan.
Camas vacías, cierre de áreas...
El Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad (MATS) ha denunciado, en
ELPLURAL.COM, los problemas que han provocado los recortes en los hospitales
públicos madrileños y, en particular, en el Ramón y Cajal.
Según los datos de MATS, en el hospital hay más de 100 camas que no se utilizan,
a pesar de la larga lista de espera. De tres unidades de UVI post quirúrgicas,
de Cirugía general, Cardiología y Neurología que había, ahora sólo hay una, con
seis camas menos, con “la consecuencia de que el número de personal es menor y
menos especializado”, según explicaba a ELPLURAL.COM el representante de MATS en
este centro.
"Salvemos el Ramón y Cajal", el lema en la concentración de este mediodía
"Cruzar todo el hospital con pacientes recién operados"
“Las unidades post quirúrgicas estaban antes junto a los quirófanos, pero ahora
hay que atravesar en algunos casos todo el hospital con los pacientes recién
operados, hasta llegar a la sala de recuperación y bajar en ascensores. Es el
caso de Neurocirugía, que está en la sexta planta, mientras la UVI de
recuperación, en la primera, por lo que hay que atravesar el hospital entero,
con el riesgo de que el paciente, recién intervenido, pueda coger alguna
infección”, explicaba este representante de MATS, que fijaba en 482 el número de
puestos de trabajo
http://www.elplural.com/politica/2017/03/21/encierro-en-el-hospital-ramon-y-cajal-contra-el-recorte-de-cifuentes-para-este
EL
GOBIERNO DE CIFUENTES TOMA EL CONTROL DEL NUEVO PP DE MADRID
La nueva Presidenta del partido en Madrid ha colocado a Ángel Garrido
como nuevo Secretario General y a Jaime González Taboada como Coordinador
General, un cargo que no existía hasta ahora
El PP de Madrid estrena una nueva etapa, “se abre un antes y un después”, según
ha repetido en varias ocasiones Cristina Cifuentes, durante su discurso en el
decimosexto Congreso Regional del PP madrileño. Se entierra la anterior etapa,
la de Esperanza Aguirre, una etapa donde ha habido “errores”, según reconocía la
nueva Presidenta del partido en Madrid. Como por ejemplo, “algunos casos de
corrupción”, casos que según Cristina Cifuentes, “hicieron cundir el desánimo
entre nuestra militancia y generaron alarma social entre los ciudadanos”. Su
empeño, ahora como Presidenta del PP en Madrid es “recuperar a todos esos
afiliados que se han quedado por el camino”.
Superado el pasado, el PP en Madrid inicia esta nueva etapa con la intención de
hacer borrón y cuenta nueva. Con Cifuentes al frente del partido aspira a
“transformar Madrid” y de paso a dejar también un “partido renovado”. Para
lograrlo, vertebra su proyecto en varios ejes: “Un partido comprometido con la
democracia, un partido beligerante con la corrupción, y un partido abierto, sin
exclusiones y sin excluidos”.
La nueva ejecutiva
Con la vista puesta en el futuro, Cristina Cifuentes ha diseñado un nuevo equipo
en el que su Gobierno toma el control del nuevo PP de Madrid. Cifuentes ha
apostado por gente de su máxima confianza. El nuevo Secretario General del PP de
Madrid será Ángel Garrido, actual Consejero de Presidencia y portavoz del
ejecutivo madrileño. La nueva Presidenta también ha decidido importar el modelo
de Mariano Rajoy, y ha creado la figura de Coordinador General, un cargo que
ocupará el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada – aunque hay una
diferencia evidente respecto al modelo naciona, Fernando Martínez Maillo no está
en el Gobierno-.
En la lista de los nuevos 22 vocales, Cifuentes también ha recuperado a varios
diputados como Isabel González, alcaldesas como Nieves Roses, y también
exdiputados como Enrique Núñez, actual director de Seguridad de la Comunidad de
Madrid.
Integración
Pero la sorpresa ha saltado en los cuatro vocales designado y nombrados
directamente por Cristina Cifuentes. Entre ellos, está Íñigo Henríquez de Luna,
número dos de Aguirre, que ha amagado hasta el final con presentarse a las
primarias del PP de Madrid. También figuran, Ángeles Pedraza, expresidenta de la
AVT, Luis Partida y Juan Van-Halen.
Según Cifuentes, es un equipo “integrado e integrador”, un equipo donde “no hay
guerras de familias, ni luchas internas por el poder”, y donde según la nueva
Presidenta, “no caben los personalismos”.
Este 16 Congreso del PP de Madrid ha confirmado que la etapa de Esperanza
Aguirre ya es historia, ha llegado a su fin. Ahora está por ver qué ocurrirá con
su futuro político. De momento, Cifuentes ha vuelto a repetir que entre sus
prioridades está “recuperar las alcaldías perdidas”, entre ellas, Madrid, “para
que los ciudadanos no tengan que sufrir las políticas disparatadas de Podemos”.
¿Quién asumirá ese reto? La respuesta sigue siendo una incógnita, de momento,
Esperanza Aguirre ha guardado un escrupuloso silencio, no ha querido atender a
la prensa, “porque ella hoy no es la protagonista”, según ha justificado su
equipo.
http://cadenaser.com/m/emisora/2017/03/18/radio_madrid/1489849770_676290.html
EL
'HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES', DE 'COMIDA' EN UN BAR FRANQUISTA
Jaime González Taboada publicó un mensaje en Twitter desde ‘El
Mirador de Pelayos’, el establecimiento decorado con bustos y retratos de Franco
Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, visitó el municipio de
Pelayos de la Presa el 10 de octubre de 2013. Así lo compartió en Twitter el
‘hombre fuerte de Cifuentes’: “Visitando Pelayos de la Presa. Reunión con
vecinos, comida rápida y a seguir la jornada”, afirmó el que está llamado a
ocupar puestos de enorme responsabilidad en el nuevo PP madrileño.
Un mensaje que Taboada, por aquel entonces director general de Cooperación con
la Administración Local de la Comunidad de Madrid, acompañó de una instantánea.
En la imagen aparecía una piscina, rodeada de vegetación y en la que se podía
observar el paisaje de montaña característico de esta localidad madrileña.
Desde el bar franquista
Aunque hasta ahora ha pasado desapercibido, el lugar exacto en el que esta
fotografía fue tomada no es otro que a las puertas de ‘El Mirador de Pelayos’,
el polémico establecimiento en el que pese a que se rinde tributo a la figura
del dictador Francisco Franco, el Partido Popular de esta localidad madrileña
conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Se trata de un establecimiento en el que cuelgan hasta siete imágenes de
Francisco Franco y abundan numerosos bustos del dictador, cuadros religiosos y
banderas preconstitucionales. Por haber, incluso hay un maniquí vestido de
Policía Nacional. Una estética que ha situado a este establecimiento entre uno
de los más destacados de los bares franquistas que aún perduran en España.
El silencio del PP
ELPLURAL.COM se puso en contacto la semana pasada con el Partido Popular de
Madrid para obtener explicaciones sobre la elección por parte del Gobierno de
Pelayos de la Presa de un bar franquista con el objetivo de celebrar una fiesta
tan emblemática como el 8 de marzo. El PP prefirió guardar silencio sobre el
sitio desde el que ahora se desvela que el mismísimo consejero de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid escribió en su red social tras parar su jornada laboral para realizar
“una comida rápida”.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/18/el-hombre-fuerte-de-cifuentes-de-comida-en-un-bar-franquista
CIFUENTES INSISTE EN QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE PIDE LA UCO ES DE GOBIERNOS
ANTERIORES Y SE DESLIGA DE FUNDESCAM
Podemos critica que "no hubo
tal etapa" del pasado de la que habla porque son "los mismos" en el PP de Madrid
La presidenta regional niega que interviniera en ninguna actividad en su etapa
como vocal de la fundación
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, insistió este
jueves en que la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) está
solicitando al Ejecutivo autonómico en el marco de la operación Púnica se
refiere a actuaciones de gobiernos anteriores; y se ha desligado de los
contratos que la Asamblea de Madrid adjudicó al empresario Arturo Fernández y de
Fundescam, dos cuestiones que está investigando el juez Eloy Velasco, informa
Europa Press.
"Estamos colaborando plenamente con la justicia remitiéndoles cuanta
documentación están solicitando, toda ella de gobiernos anteriores", afirmó
Cifuentes en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha asegurado que en su
Gobierno no hay "ni un solo caso de corrupción".
Sin embargo, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena
Ruiz-Huerta, respondió a Cifuentes asegurando que "no hubo tal etapa" del pasado
de la que habla porque son "los mismos".
"Ustedes, los de entonces, siguen siendo los mismos. Formaba parte del equipo de
Esperanza Aguirre, era vocal de Fundescam y participó en la adjudicación de los
servicios de cafetería", reprochó Ruiz-Huerta, quien ha dicho a Cifuentes que
"no es muy leal negar los orígenes" y ella tiene una "larga historia" ligada al
PP.
Por su parte, Cifuentes aseguró que ni ha elaborado, ni adjudicado el pliego de
condiciones de los contratos del servicio de cafetería que la Asamblea adjudicó
al expresidente de CEIM, Arturo Fernández, y que está investigando la justicia.
"Ni elaboré los pliegos de condiciones, ni los adjudiqué. Cosa diferente es que
me tocara presidir, por delegación la mesa de contratación", continuó Cifuentes,
quien precisó que en esa mesa estaban sentados técnicos y representantes de
todos los partidos políticos. Explicó que la mesa tomaba las decisiones en base
a informes técnicos y por unanimidad, y la que adjudicaba era la Mesa de la
Asamblea, también por unanimidad.
En cuanto a Fundescam, fundación también investigada por el juez Velasco de la
que ella fue vocal, indicó que aceptó el cargo de vocal "como tantos otros",
pero añadió que no intervino en "ninguna actividad y mucho menos en decisiones
económicas que corresponden exclusivamente a los apoderados".
En su intervención, Lorena Ruiz-Huerta felicitó a Cifuentes por su victoria en
las primarias del PP de Madrid, pero añadió que en el PP cuando las mujeres
alcanzan la cima "no miran nada, no saben nada y no tienen curiosidad de saber
de dónde sale nada".
"Sus frases preferidas son: 'no sé', 'no me consta'", afeó la portavoz de la
formación morada, quien afirmó que en Podemos están "hartos de mordidas,
comisiones y adjudicaciones a dedo". "Indignados de que lleven años costeando
campañas con dinero negro", añadió.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/16/cifuentes_insiste_que_documentacion_que_pide_uco_gobiernos_anteriores_desliga_fundescam_62605_1012.html
EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO DONACIONES A
UNA FUNDACIÓN DEL PP
Eloy Velasco interroga al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández
por el dinero que trasvasó a Fundescam antes de las autonómicas de 2007 y el
contrato que logró para gestionar el bar de la Asamblea regional
También han declarado como imputados el exconsejero de Industria de Esperanza
Aguirre José Ignacio Echeverría y el ex gerente del Partido Popular madrileño
Beltrán Gutiérrez
Las investigaciones que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco mantiene
abiertas sobre la financiación del PP madrileño en el contexto de la Operación
Púnica han dado hoy un salto cualitativo. Ante Velasco han declarado como
imputados dos antiguos altos cargos del PP madrileño -José Ignacio Echevarría,
exconsejero con Esperanza Aguirre y expresidente de la Asamblea regional, y
Beltrán Gutiérrez, gerente regional del partido en la etapa de Aguirre-, así
como el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. El juez ha
preguntado al empresario por sus relaciones con la expresidenta Esperanza
Aguirre, a la que le une una larga amistad, pero también con la actual jefa del
Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes.
El interrogatorio a Fernández ha hecho que trascienda un dato que hasta ahora
había pasado inadvertido: que la actual jefa del Ejecutivo regional fue vocal de
la fundación Fundescam, que centra el foco de las investigaciones y cuyo papel
en la presunta financiación ilegal del PP madrileño en las campañas de 2003 y
2004 ya fue destapado en 2009 p0r una investigación periodística del diario
Público. El magistrado ha preguntado al exdirigente patronal madrileño por los
al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones
autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández. Y por el contrato que ese
mismo año obtuvo de la Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara,
donde Cifuentes ostentaba entonces el cargo de de vicepresidenta.
Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de
Cifuentes a la junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte
del comité de dirección del partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a
los informes ni a las cuentas de esa fundación". Sobre el contrato adjudicado a
una de las empresas de Arturo Fernández para la gestión del bar de la Asamblea,
las mismas fuentes han recalcado que las decisiones adoptadas por la mesa de
contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia de la
Cámara eran siempre "colegiadas".
Hasta ahora se sabía que Fernández había sido uno de los grandes donantes de la
fundación de cabecera del PP madrileño, Fundescam, en las elecciones que en
2003, el año del tamayazo, auparon a Esperanza Aguirre a la presidencia de
Madrid. Los manejos de esa fundación ya afloraron en el sumario del caso Gürtel
pero Anticorrupción consideró que los presumibles delitos habían prescrito.
Ahora, el hallazgo de nuevos documentos durante los registros de la Operación
Púnica la han traído de nuevo al primer plano.
El juez que instruye la causa no ha decretado medidas cautelares para ninguno de
los tres investigados. El magistrado ha interrogado a los imputados después de
que ordenara el pasado martes el registro de empresas e incluso realizara
"requerimientos inmediatos y mediatos" a departamentos de la Comunidad de
Madrid, como es el caso de las Consejerías de Industria y Sanidad.
Según las mismas fuentes, los requerimientos inmediatos se realizan bajo la
posibilidad de que se efectúe un registro para obtener la documentación
requerida. El diario El Independiente.com, ha asegurado que el juez Velasco
busca información sobre los hospitales promovidos por el Gobierno de Esperanza
Aguirre.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_punica_pregunta_por_cifuentes_empresario_que_hizo_donaciones_una_fundacion_del_pp_62226_1012.html
CRISTINA CIFUENTES APOYA AL ALCALDE DE ALCORCÓN “PORQUE ERES UN BUEN ALCALDE Y
TE ESTÁS DEJANDO LA PIEL”
La presidenta regional, Cristina Cifuentes y el alcalde de Alcorcón, David
Pérez, en un acto de campaña en el centro de mayores Adolfo Suárez del municipio
La presidenta regional, Cristina Cifuentes y el alcalde de Alcorcón, David
Pérez, en un acto de campaña en el centro de mayores Adolfo Suárez del municipio
/ Twitter Cristina Cifuentes
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a presidir el PP en la
región, Cristina Cifuentes, estuvo este domingo en Alcorcón en un acto de
campaña, en el Centro de mayores Adolfo Suárez, donde la presidenta regional
estuvo acompañada de los dirigentes y militantes de Alcorcón, Móstoles y
Leganés. Durante el acto, Cristina Cifuentes apoyó al alcalde del municipio,
David Pérez.
Señaló que Alcorcón apoya a David Pérez y el PP de Madrid también porque "eres
un buen alcalde y te estás dejando la piel". Aseguró Cifuentes "hay un partido
unido que gobierna para los ciudadanos en Alcorcón que son los que han votado a
David Pérez". Sobre el PP de Alcorcón también aseguró que "es un gran partido
que sabe cómo afrontar las adversidades".
Durante el acto, Cifuentes animó a que cada cual "vote a quien crea" por primera
vez en el PP y ha reivindicado además la importancia de que "por primera vez en
la historia del PP de Madrid" haya unas elecciones abiertas.
En su discurso ante los militantes, la presidenta regional ha explicado que
quiere hacer el PP de Madrid "la gran referencia del centro político", con
medidas que permiten crean empleo y crecer al 3,4 % "sin renunciar a bajar
impuestos en un futuro".
"Tenemos que ser un partido moderado, integrador y tolerante", ha reivindicado
la presidenta regional ante centenares de afiliados, a quienes les ha dicho que
el sur "ya no quiere ser el cinturón rojo" y les ha pedido su confianza para
"construir un PP de Madrid centrado, de todos y para todos" y que permita
"seguir creciendo".
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/06/ser_madrid_oeste/1488783352_912831.html
CRISTINA CIFUENTES SERÁ LA PRÓXIMA PRESIDENTA DEL PP DE MADRID
Cifuentes ha cosechado 6.944 votos de los 10.888 afiliados inscritos en los
comicios, frente a los 1.095 obtenidos por Asúa, han informado fuentes del PP de
Madrid. La participación en la consulta ha sido del 74,8%, al haber votado 8.166
de los inscritos
http://www.diariodenavarra.es/noticias/actualidad/nacional/2017/03/13/cristina_cifuentes_sera_presidenta_del_madrileno_521488_1031.html
SÓLO EL 11,5% DE LOS AFILIADOS DEL PP SE INSCRIBEN PARA LAS PRIMARIAS
De los cerca de 95.000 afiliados, tan sólo 11.088 han formalizado su inscripción
para elegir al presidente del partido en Madrid
Sólo el 11,5% de de los casi 95.000 afiliados del PP de Madrid ha decidido
inscribirse en el "acontecimiento histórico", como lo definió la Gestora, de
elegir al próximo presidente del PP de Madrid. La Gestora, que hasta hace unas
semanas presidía la presidenta regional, Cristina Cifuentes, acordó dar la voz a
los militantes, que fuesen ellos, los que, tras regularizar su situación en el
partido mediante el pago de la cuotas atrasadas, pudiesen participar en el
proceso.
El PP de Madrid ha informado de que se han inscrito 11.088 militantes. Del
total, 3.748 pertenecen a los 21 distritos de Madrid y 7.340 a los municipios de
la región. "Hay que señalar que estos datos son provisionales, hasta que se
proceda a su revisión final por parte de la Comisión Organizadora del Congreso (COC).
Además, se abre un plazo de 24 horas para presentar reclamaciones y la Comisión
deberá resolverlas en un plazo no superior a 48 horas", precisan.
La Gestora llegó a asegurar que la cifra de afiliados había aumentado en casi
10.000 personas desde que Cifuentes llegó a la Presidencia de la Comunidad.
http://www.elmundo.es/madrid/2017/02/27/58b4ac13468aeb5b7d8b45ca.html
SOLO EL 11% DE LOS AFILIADOS DEL PP DE MADRID ELEGIRÁN A SU NUEVO PRESIDENTE
De los 94.000 militantes censados, solo 11.088 se han inscrito para participar
en las primarias organizadas por el Partido Popular en Madrid. Para Cristina
Cifuentes esa participación supone un "record histórico"
Ellas y ellos serán quienes elegirán a su nuevo Presidente o Presidenta del PP
de Madrid. Es la primera vez que los militantes decidirán a través de primarias
quien liderará su partido durante los próximos años. El censo oficial es de
94.000 afiliados. Pero, solo 11.088 se han inscrito para poder participar en la
votación del Congreso Regional – solo pueden participar en la elección directa
de los candidatos, pero no en el debate de las ponencias y sus enmiendas-. Es
decir, solo el 11’7% de los afiliados del PP de Madrid podrán elegir por primera
vez a su presidente mediante el sistema ‘un militante, un voto’.
http://cadenaser.com/emisora/2017/02/28/radio_madrid/1488302239_044395.html
EL PLAN DE SÁNCHEZ MARTOS SÓLO CONSIGUE REDUCIR LA LISTA DE ESPERA EN 53
PERSONAS
El Plan Integral de Listas de Espera, que puso en marcha el consejero Jesús
Sánchez Martos, no está funcionando. Si comparamos enero de 2016 con el de 2017,
la espera media ha aumentado de 43 a 53 días, también el número de pacientes que
se ven obligados a aguardar más de 180 días
El Plan de Sánchez Martos sólo consigue reducir la lista de espera en 53
personas
Getty
Ha descendido el número de pacientes que rechazan la derivación, pero ha
aumentado en casi 30 días más lo que tienen que esperar. Una media de 161 días.
Respecto a la lista de espera diagnóstica, la situación tampoco mejora hay más
de 245 mil pacientes esperando a que le realicen una prueba y 84 mil de ellos
llevan así más de tres meses.
La consejería presupuestó el pasado año 80 millones de euros para rebajar la
lista de espera entre 2016 y 2020. Hace dos semanas Sánchez Martos comparecía en
la Asamblea, a petición propia, para hacer balance del primer año del Plan
Integral con la contabilidad a 31 de diciembre. Le salían 516 personas menos en
espera, con los datos de enero son sólo 53 pacientes menos.
Aunque los datos no daban para triunfalismos, todavía se oscurecieron más con el
análisis realizado por Daniel Álvarez Cabo, el portavoz de Ciudadanos que
aseguró que: "Estamos muy preocupados porque si descontamos los cinco hospitales
concesionados, la lista de espera en los centros de gestión directa del Servicio
Madrileño de Salud ha crecido en 1.600 pacientes."
http://cadenaser.com/emisora/2017/02/20/radio_madrid/1487607416_399332.html
CIFUENTES COLOCA COMO ALTO CARGO AL ‘BISOÑO’ HIJO DE SU NÚMERO DOS DE
COMUNICACIÓN
Justifica el 'fichaje' de 93.855 euros porque es “un crack con
idiomas”; en la Comunidad se quejan de su “inexperiencia”
El Gobierno de Cristina Cifuentes ha fichado como director general de Asuntos
Europeos y Cooperación con el Estado, con un salario de 93.855 euros, a Ignacio
Javier García Gimeno, hijo del número dos de Comunicación, Jesús García, y sin
“una experiencia profesional que avale el nombramiento”, según aseguran fuentes
fidedignas de la Comunidad a ELPLURAL.COM.
La inexperiencia de Ignacio Javier García Gimeno, que tiene 28 años, ha
provocado “malestar” en el Departamento que dirige por “su inexperiencia”, según
aseguran las mismas fuentes.
El Gobierno de Cifuentes, sin embargo, justifica su fichaje porque “es un crack,
que sabe 4 o 5 idiomas”. “Es un cargo de libre designación y se elige a los
mejores”, dicen fuentes autorizadas de la Comunidad, que han confirmado que
Ignacio Javier García Gimeno es hijo del número dos de Comunicación.
"Ficha biográfica", en blanco
La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado depende de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional. De
García Gimeno, a su vez, dependen la Subdirección General de Asuntos Europeos y
Acción Exterior y la Subdirección de Fondos Europeos y Política Regional. Estas
áreas se ocupan de las acciones de la Comunidad de Madrid en el exterior, la
atención al emigrante, Derecho comunitario, el control de los Fondos Europeos y
la representación en Bruselas, entre otras unidades.
En la página web de la Comunidad de Madrid, en la que aparece el cargo, el
apartado referido a la “ficha biográfica” aparece en blanco. Este diario ha
pedido al Gobierno de Cifuentes datos sobre su historial, que se nos han
facilitado.
En el apartado laboral, llamativamente corto, aparece que fue “gerente de la
Fundación para el conocimiento Madri+d (una entidad pública) desde noviembre de
2015” y que “ha desarrollado su carrera profesional en diversas entidades del
ámbito jurídico y de consultoría”, “y en el campo de la consultoría estratégica
y la gestión de proyectos”, aunque no se especifica en qué empresas o entidades.
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, el
curriculum menciona que “ha cursado períodos de formación en diversas
universidades internacionales” y que tiene dos máster, uno de ellos en Derecho
Comunitario Europeo e Internacional. El curriculum está basado fundamentalmente
en el apartado de su formación académica, este sí muy extenso, con
certificaciones de inglés y francés y “matrícula de honor” en el bachillerato.
La política "no está para servirse de los ciudadanos"
El fichaje de García Gimeno fue anunciado por Cristina Cifuentes el 6 de febrero
junto a otros nombramientos, en un acto en sede el Gobierno regional. En su
discurso, la presidenta agradeció la implicación de los nombrados en la
política, que “pese a sus connotaciones negativas”, es una actividad “noble”.
Cifuentes añadió que su Equipo "da lo mejor" de ellos mismos y trabaja no para
servirse "de los ciudadanos" sino para "servir a los ciudadanos".
http://www.elplural.com/politica/2017/02/20/cifuentes-coloca-como-alto-cargo-al-bisono-hijo-de-su-numero-dos-de-comunicacion
CIFUENTES DIMITE COMO PRESIDENTA DE LA GESTORA DEL PP... PERO PARA NO IRSE
La presidenta de Madrid mueve la fecha del Consejo de Gobierno para hacer hueco
a la reunión de la Gestora del partido
Cristina Cifuentes ha decidido adelantar la reunión de ‘su Consejo de
Ministros’, el Consejo de Gobierno de Madrid, que tiene como fecha oficial de
reunión los martes, para hacer hueco a una reunión muy especial de la Gestora
del PP de Madrid. Una reunión en la que va a presentar su dimisión para poder
ser la candidata a presidir a los populares madrileños en el Congreso que
celebrarán el fin de semana del 17 al 19 de marzo.
Irse para quedarse
Esta dimisión viene a confirmar una información que ya adelantamos la semana
pasada en ELPLURAL.COM, y que tenía relación con la petición por parte de sus
rivales en el partido para que se le impidiera presentarse al cargo por haberse
excedido en el tiempo en el que podía permanecer al frente de la gestora, seis
meses.
En medios cercanos a Cifuentes se nos aseguró que, pese a que según los
estatutos del partido quede “automáticamente excluido para presentarse como
candidato en el próximo congreso para ocupar cargos de representación”
cualquiera que haya incumplido ese tope de tiempo al frente de la gestora, en
este caso no aplicaba ya que lo que había impedido la celebración del congreso
regional había sido la paralización del congreso nacional a causa de la sucesión
de procesos electorales.
Ni Aguirre ni aguirristas
En estos momentos parece muy asegurada la victoria de Cifuentes en el Congreso e
incontestable su control sobre el partido en Madrid, una vez asegurada la no
presencia de Aguirre, desde luego por sí misma, pero tampoco por candidato
intermediario.
En cuanto al hecho de que haya movido la fecha del Consejo de Gobierno de Madrid
por un asunto interno de su partido, en su entorno le restan importancia. “Ha
pasado otras veces”, dicen, y al contrario de lo que sucede con el Consejo de
Ministros de la nación, que se celebra los viernes incluso si el Presidente del
Gobierno está fuera del país en viaje oficial, vienen a decirnos que se celebra
en el día de la semana que mejor cuadra a la agenda de la presidenta.
Cifuentes y Chulina
Es cierto que Cifuentes parece adaptar con frecuencia el calendario de su
gobierno a su calendario de intereses personal. De hecho, ya lo hizo en su
momento para asistir a un acto en Galicia junto a Núñez Feijóo. O por ejemplo,
logró que en la Asamblea de Madrid el PP renunciara en una sesión de control a
realizarle preguntas para así poder asistir al bautizo de Chulina, una oso panda
nacida en el zoo de Madrid.
http://www.elplural.com/politica/2017/02/13/cifuentes-dimite-como-presidenta-de-la-gestora-del-pp-pero-para-no-irse
MADRID GASTÓ 921 MILLONES EN CONCIERTOS CON LA SANIDAD PRIVADA Y SÓLO 32 EN LA
PÚBLICA
CCOO denuncia que la inversión en mantenimiento de centros públicos se ha
reducido un 77% desde 2002 y que el gasto en conciertos con empresas sanitarias
ha crecido en 700 millones, mientras los hospitales públicos se caen a pedazos
No es una exageración afirmar que los hospitales públicos de Madrid se caen a
pedazos, y no le falta razón a la presidenta, Cristina Cifuentes, cuando se
queja de la herencia legada por Esperanza Aguirre. La inversión en el
mantenimiento de la sanidad pública madrileña se ha reducido en un 77% desde
2002. Ha pasado de 164,92 millones a poco más de 32 en 2015, según denuncia CCOO
citando datos ejecutados del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
El sindicato recuerda que, en el mismo periodo de tiempo, la inversión en
conciertos con el sector de la sanidad privada ha aumentado en casi 700 millones
de euros, pasando de 224,96 millones en el año 2002 a 921,25 en 2015. Eso supone
una inversión casi nueve veces superior que la destinada a los centros públicos.
La raíz del problema hay que buscarla en el año 2006, señala Manuel Rodríguez,
secretario de Política Institucional de CCOO. Fue entonces cuando el Gobierno de
Aguirre decidió construir diez nuevos hospitales en la región. En realidad, la
mayoría los construyeron empresas sanitarias privadas junto a fondos de capital
riesgo y constructoras, financiadas por entidades bancarias. Y también se
encargan de su gestión a cambio de una cuota anual, siguiendo diferentes modelos
de concesión.
"Esta decisión, unida a los efectos de la crisis y la privatización de los
servicios de mantenimiento, ha tenido unos efectos devastadores en la
conservación y mantenimiento en el resto de centros sanitarios" de la región,
critica CCOO, que pide "de forma urgente" un plan de inversiones para el
acondicionamiento que precisan "la inmensa mayoría de los centros hospitalarios"
de la Comunidad.
"El Gobierno regional se ha olvidado de la inversión en el mantenimiento de
hospitales que tienen más de 50 años. Y también en muchos centros de salud.
En algún caso se han hecho reformas, como en el Hospital Clínico, pero ya hace
tanto que está casi obsoleta", apunta Rodríguez. "No hablamos ni de camas ni de
personal ni de tecnología. Hablamos de algo tan básico como puertas, ventanas,
pintura, electricidad o cañerías", especifica.
Inversión urgente en los presupuestos de 2017
El sindicato estima que sería necesaria una "inversión plurianual" a razón de
entre 200 y 250 millones de euros durante un mínimo de tres años para solucionar
el mal estado de los centros sanitarios públicos, y exige a Cifuentes que
contemple una financiación extraordinaria para los presupuestos regionales de
2017, que debería estar listos este trimestre.
El gasto presupuestado para 2016 en mantenimiento de la sanidad pública fue
ligeramente superior al de 2015, algo más de 45 millones de euros. De ellos,
25,6 millones estaban destinados a atención especializada y 20 millones a
atención primaria, aunque no se conoce aún la cuantía del gasto ejecutado.
Desde la Consejería de Sanidad remiten a las palabras de la propia Cristina
Cifuentes, que la pasada semana reconoció el mal estado de algunos hospitales
públicos. La presidenta regional anunció un programa de "actuaciones
prioritarias en los centros sanitarios públicos”, aunque no ha concretado cifras
ni plazos por el momento.
Al mismo tiempo, la Consejería afirma que el informe de CCOO "mezcla conceptos
presupuestarios" de distintas partidas, aunque el sindicato defiende que son
datos públicos ya ejecutados que conciernen sólo al mantenimiento de los
centros.
http://www.publico.es/sociedad/madrid-gasta-921-millones-conciertos.html
CIFUENTES RETIRA SU ANTEPROYECTO DE 'LEY MORDAZA' POR LA FALTA DE CONSENSO
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico,
Ángel Garrido, ha explicado que esta retirada se debe a que en la Asamblea de
Madrid hay dos proyectos sobre el mismo tema (otro parecido del PSOE)
La Comunidad de Madrid ha retirado su anteproyecto de ley de igualdad de trato y
la protección contra las acciones de incitación al odio, que ha recibido el
nombre de 'Ley Mordaza' en aras a llegar a algún acuerdo con el resto de grupos
en torno a un texto consensuado.
Así lo ha afirmado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del
Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, en rueda de prensa posterior al Consejo de
Gobierno, donde ha explicado que retiran el anteproyecto de ley sobre la
igualdad de trato y la protección contra las acciones de incitación al odio, la
discriminación y la intolerancia en la Comunidad de Madrid como, ha asegurado,
va a hacerlo el Grupo Socialista.
Garrido ha explicado que esta retirada se debe a que en la Asamblea de Madrid
hay dos proyectos sobre el mismo tema (otro parecido del PSOE) que se están
debatiendo al mismo tiempo y ha explicado que intentarán llegar a un acuerdo con
el resto de grupos ya que la tramitación simultánea de ambos proyectos "no tiene
demasiado sentido".
Críticas de las plataformas civiles
El anteproyecto fue muy criticado por asociaciones civiles y periodísticas, como
la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) porque preveía
multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales que la
Administración regional llegue a considerar que son insultos. La calificaron de
"Ley Mordaza de Cifuentes" y "aberración jurídica, de difícil encaje en nuestro
ordenamiento legal".
La PDLI consideraba "gravísimo" que un Gobierno "traslade al ámbito
administrativo lo que es materia de derecho penal", según señala su director
legal, Carlos Sánchez Almeida. Y añade "los problemas que pretende sancionar
Cifuentes por vía administrativa están ya regulados en el artículo 510 del
Código Penal".
http://www.eldiario.es/madrid/Cifuentes-retira-anteproyecto-mordaza-consenso_0_609989687.html
LA GUERRA INTERNA EN EL PP DE MADRID SE
RECRUDECE A DOS MESES DEL CONGRESO REGIONAL
Aguirristas y seguidores de Cifuentes se enzarzan en Twitter en una pugna de
acusaciones mutuas de falta de democracia interna y poca honestidad
Las fechas del cónclave regional autonómico, del 17 al 19 de marzo, y donde se
designará al nuevo presidente, han provocado un otro conflicto interno
A dos meses de la celebración del Congreso Regional del PP de Madrid la guerra
entre las corrientes que forman el partido es pública y notoria. Solo se ha
tenido que dar el primer acto en el que han coincidido la presidenta de la
Comunidad y de la gestora del PP, Cristina Cifuentes, con Íñigo Henríquez de
Luna, mano derecha de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid, para que
la batalla soterrada que mantenían ambas familias del PP madrileño salga a la
luz.
La dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid en febrero de
2016, debido a los casos de corrupción que rodean a la formación política, llevo
a la dirección nacional del partido a nombrar a un gestora con Cristina
Cifuentes como presidente. Desde que tomó posesión, Cifuentes ha ido moldeando
el partido con sus afines y ha tratado de marcar distancia con la anterior
dirección.
Un encuentro mantenido este miércoles en la misma sede de la calle Génova entre
Cifuentes y más de 200 vocales vecinos, presidentes de distrito y secretarios
generales del Partido Popular, entre los que se encontraba Henríquez de Luna.
Una reunión que ha devenido en un enfrentamiento en Twitter con acusaciones de
impedir el debate, búsqueda de la promoción personal, falta de democracia
interna y de actuar deshonestamente.
Durante el acto Cifuentes aseguró que el proceso para elegir al máximo
responsable del partido en Madrid, que culminará en el Congreso convocado para
los días 18 y 19 de marzo, será "sin privilegios, ventajas ni favoritismos, en
el que todos los militantes son iguales y tienen las mismas oportunidades". El
problema ha llegado al terminar su discurso, ya que según Henríquez de Luna "por
primera vez en la historia del PP de Madrid, no ha permitido que los presentes
plantearan preguntas o intervinieran para defender sus ideas".
Henríquez de Luna quería transmitir ante el resto de los congregados sus quejas
por las fechas del Congreso Regional, ya que en su opinión la celebración en el
puente por la festividad de San José no va a permitir una competencia real.
Según su versión, han subido la música y no le han permitido dar su opinión.
"Este intento por acallar otras voces no tiene precedentes, y nunca se había
producido en el PP", ha añadido.
Desde el entorno de la presidenta de la gestora del PP se aseguró que Henríquez
de Luna pudo hablar todo el tiempo que quiso con los vecinos vocales sin ningún
problema. A partir de ahí se inicio una diatriba pública en Twitter entre los
miembros de un partido acostumbrado a lavar los trapos sucios en silencio y con
una cultura poco proclive a mostrar disidencia alguna.
A las declaraciones de Henríquez de Luna le salieron rápidamente a contestar
otros miembros del PP y el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz de la
Comunidad de Madrid y mano derecha de Cifuentes, Ángel Garrido, acusándole de
buscar protagonismo.
Mientras, representantes del sector aguirrista como Eva Durán llegaban a meter
en esta pugna al presidente del partido, Mariano Rajoy, apelando a su mediación,
y otros como Luis Asúa dudaban de que Génova fuera ya la casa de todos.
Las respuestas de los seguidores de Cifuentes se centró en comparar el PP
madrileño de ahora con el anterior. La portavoz adjunta del PP en la Asamblea de
Madrid, Isabel Ayuso, calificó de deshonesto el comportamiento de los
aguirristas mientras que Luis Miguel Torres, concejal del PP en Alcobendas,
lanzaba loas al PP de Cifuentes.
Todo este debate ante la mirada atónita de militantes y la confusión de
trabajadores del PP, que ven como en esta ocasión las veleidades internas del
partido se airean. La campaña electoral por la presidencia del Partido Popular
de Madrid no ha hecho más que empezar. Un proceso de luchas intestinas al que
todavía restan dos meses.
http://www.eldiario.es/madrid/PP-Madrid-recrudece-Congreso-Regional_0_605440555.html
EL PP RETIRA PREGUNTAS DEL PLENO PARA QUE CIFUENTES ASISTA AL BAUTIZO DE UN
PANDA GIGANTE EN EL ZOO
Era imposible que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
consiguiera asistir al bautizo de una cría de oso panda gigante (Chulina) en el
Zoo Aquarium, con el volumen de preguntas de control que se presentaban en el
pleno de hoy. Cuestión de falta de tiempo y "de agenda de la presidenta", como
indicó el portavoz del grupo popular Enrique Ossorio antes de que se iniciara el
pleno. El compromiso era "ineludible", razón por la que "queremos acabar para
que pueda acudir", añadió el diputado.
La solución adoptada por el PP fue solicitar ayer la retirada de cinco de las
seis preguntas que tenían previstas. Solo se mantuvo una de ellas, que ha
formulado el portavoz del grupo popular, Enrique Ossorio, a la presidenta. Se
decidió suprimir los puntos que se referían a los datos del paro del año pasado,
al plan para 2017 de la Fundación Canal, a las medidas de lucha contra la
contaminación, a las mejores de la nueva unidad de cuidados intensivos del
Hospital Niño Jesús y a las prioridades de la Consejería de Políticas Sociales
para 2017. Fuentes del PP indican que "es reglamentario quitarlas". La sesión
plenaria que se ha celebrado este jueves tiene carácter extraordinario y ha
incluido la sesión de control y la elección del nuevo director general de
Telemadrid.
A la presentación de la cría, que nació el pasado 30 de agosto en el Zoo, han
asistido, además de Cifuentes, el consejero de Medio Ambiente, Jaime Taboada y
el embajador de China en España, Lyu Fan. El evento ha coincidido con la
celebración del Año Nuevo Chino del Gallo y con la semana cultural de Chengdu,
lugar de origen de los padres de Chulina (que significa tesoro entre bambú).
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/12/madrid/1484230008_040503.html#?ref=rss&format=simple&link=link
LAS NUEVAS GENERACIONES DE CARROMERO: CESES FULMINANTES, GESTORAS Y CARGOS A
DEDO
Militantes de Nuevas Generaciones del PP de Madrid denuncian que el polémico
asesor de Esperanza Aguirre está laminando a dirigentes elegidos
democráticamente para colocar a mandos afines
Ángel Carromero no es el máximo responsable de Nuevas Generaciones (NNGG) en
Madrid, pero se comporta como si disfrutara de un poder sin límites. El polémico
asesor de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid lleva meses cesando a
los dirigentes de la filial juvenil del PP en la comunidad que cuestionan su
liderazgo para promocionar a mandos afines. Por lo pronto, según militantes de
base preguntados por El Confidencial, Carromero ya ha conseguido pilotar la
designación de los nueve compromisarios que NNGG de Madrid sentará en el
Congreso Nacional del PP del próximo mes y también podrá influir en la
designación de los representantes de su organización en el congreso regional que
debe proclamar a Cristina Cifuentes nueva presidenta del PP madrileño.
Sobre el papel, el liderazgo de NNGG de Madrid recae desde 2013 en Ana Isabel
Pérez, que desde mayo de 2015 también ocupa un escaño en la Asamblea autonómica.
Pero en la práctica, Carromero, que ostenta el puesto de secretario general,
'número dos' en el organigrama, es quien se encarga de las relaciones con las
sedes de NNGG y de imponer disciplina. Solo en el último año, ha provocado la
disolución de los comités de los distritos de Chamartín, Ciudad Lineal, San Blas
y Moncloa. También ha terminado con las direcciones de Alcalá de Henares y
Villaviciosa de Odón.
Militantes de base que piden permanecer en el anonimato por temor a represalias
aseguran que acabó con esas direcciones únicamente porque entendía que se habían
distanciado y ya no apoyaban sus intereses. Las mismas fuentes también denuncian
que, en lugar de celebrar nuevas elecciones en esas sedes supuestamente
díscolas, haya optado casi siempre por nombrar gestoras encabezadas por
dirigentes de su círculo más cercano.
En Chamartín, por ejemplo, ha nombrado a dedo a un amigo íntimo, Javier Segura,
que procede de la Comunidad Valenciana. En Moncloa, colocó tras unas elecciones
sin oponentes a la pareja de otro fiel de NNGG, Borja Alcedo, el chico que lo
recogió en la cárcel de Segovia cuando logró el tercer grado penitenciario en
enero de 2013, tras ser condenado en Cuba por homicidio imprudente de los
opositores castristas Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente de coche. Y
su compañero de piso, Álvaro Hernández, se postula como próximo responsable de
NNGG en Hortaleza. Sus fieles no sólo consiguen puestos de dirección en el
partido. También son recompensados con empleos en administraciones del PP y en
el propio partido retribuidos con hasta 60.000 euros al año. El propio Carromero
gana al menos 53.000 euros por asesorar a Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid.
Carromero rechaza las acusaciones de los críticos. Asegura que las gestoras se
han nombrado para cubrir dimisiones sobrevenidas por motivos laborales o
personales. “Todas las gestoras que se han puesto están perfectamente
justificadas. Algunos ya no tienen edad para estar en NNGG y otros, simplemente,
no tienen tiempo y tienen que dejar el partido. Y las personas elegidas no sólo
son de mi confianza. También tienen el apoyo de toda la dirección”, sostiene, en
conversación con este diario.
Sus fieles no sólo consiguen puestos de dirección en el partido. También
obtienen empleos en administraciones del PP y en el propio partido
Los críticos desmienten esos argumentos y aseguran que ha entrado en una deriva
para colocar a sus fieles en sedes clave en un momento decisivo para la
formación. En esa escalada de disoluciones y gestoras, Carromero y la presidenta
de NNGG Madrid -que ha apoyado los ceses y la imposición de gestoras- podrían
ser sancionados por incumplir su reglamento. Los estatutos de NNGG establecen
que los ceses de dirigentes elegidos democráticamente -como los que ha relevado-
deben ser acordados por mayoría reforzada por el máximo órgano de dirección, el
Comité Ejecutivo Regional, y fija que además deben de estar escrupulosamente
motivados. Pero Carromero ha preferido proclamar las gestoras en un órgano
inferior, el Comité de Dirección, más pequeño y manejable. Ni siquiera existen
actas de las supuestas reuniones en las que se decidieron las disoluciones.
Además, los perjudicados tampoco tuvieron opción de recurrir los acuerdos, como
prevé el reglamento.
Carromero también niega esta acusación. Admite que las decisiones se han
adoptado siempre en el Comité de Dirección. “Pero todas las decisiones son luego
validadas por el Comité Ejecutivo, exactamente igual que se ha hecho siempre en
el partido”, alega. “Es perfectamente legal”. Asimismo, asegura que las actas se
facilitan a cualquiera que las pida.
No dicen lo mismo los críticos. Pero no son las únicas irregularidades a las que
se enfrenta Carromero, que en 2009 ya estuvo a punto de ser expulsado de la
formación tras descubrirse que había cambiado a militantes de distrito para
amañar elecciones. La normativa establece que los estatutos y la composición de
los órganos directivos deben estar disponibles en la página web de NNGG Madrid.
Sin embargo, es imposible encontrarlos. Además, el reglamento fija la obligación
de reunir al Comité Ejecutivo Regional de forma regular, como mínimo, cada tres
meses. Pero el secretario general ha estado un año sin convocarlo. Las críticas
le han forzado finalmente a celebrar uno este lunes. Carromero asegura a El
Confidencial que el objetivo de la reunión es precisamente validar la
convocatoria de elecciones en todas las sedes dirigidas en estos momentos por
gestoras. Niega que no se convoque desde hace un año pero no recuerda cuándo fue
la última vez que se celebró.
Con peones en todas las plazas clave, el polémico asesor de Aguirre no ha tenido
problemas para pilotar la elección de los nueve compromisarios de NNGG de Madrid
que participarán en el Congreso Nacional del PP que se celebrará entre el 10 y
12 febrero en la capital. Por supuesto, Carromero es uno de los nueve elegidos
que participará en la convención.
También tendrá en su mano la selección de los compromisarios que asistirán al
Congreso del PP Regional de marzo, en el que Cristina Cifuentes no debería tener
problemas para convertirse en la nueva presidenta de la formación. Y podrá hacer
lo mismo con el congreso de NNGG Madrid que se celebrará previsiblemente este
año. Carromero, que tiene 31 años, uno por encima del límite para optar a un
cargo en NNGG, no podrá seguir vinculado a la organización, pero ha maniobrado
para poder influir en la designación del ganador. Política.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-22/las-nuevas-generaciones-de-carromero-ceses-fulminantes-gestoras-y-cargos-a-dedo_1319836/
SALPICADA POR EL 'CASO TEATRO', CIFUENTES ACTIVA EL CORTAFUEGOS DE LOS CESES
La presidenta regional fulmina a dos miembros de su equipo investigados por
posible corrupción en Getafe
El juez que instruye el conocido como 'caso Teatro', donde se investigan los
posibles amaños de contratos públicos en el Ayuntamiento de Getafe, ha dictado
una nueva providencia con novedades en las diligencias. Según ha adelantado
ELBERCIAL.COM, el medio que ha alentado la acción judicial con sus denuncias en
los juzgados, el juez ha llamado a declarar a nueve personas en calidad de
investigados (lo que antes se conocía como imputados).
De la confianza de Soler a la de Cifuentes
Entre los nuevos investigados figuran Inmaculada Lázaro, actual concejal del PP
de Getafe, el exconcejal de Obras Jorge Paumard y varios colaboradores más del
popular Juan Soler en su etapa como alcalde de la localidad madrileña. Además
dos de los investigados formaban parte del equipo de confianza de asesores de la
presidenta regional, Cristina Cifuentes, concretamente Miguel Garzón Andrés y
María Begoña Reyero.
Garzón pasó de ser jefe de gabinete de Soler en la alcaldía de Getafe a gerente
de la empresa municipal GISA, que aparece en los informes policiales del caso
como una sociedad central en los posibles amaños según los testimonios de
algunos de los implicados. El exgerente de GISA fue contratado como asesor este
mes de enero por la presidenta regional. Mientras, la también Reyero, que
trabajó en prensa en el Ayuntamiento de Soler, trabajaba actualmente como
periodista en el equipo de comunicación de Cifuentes.
Preguntada esta mañana por la investigación de Garzón la presidenta regional ha
asegurado que si se confirmaba la noticia tomaría medidas y aplicaría el código
ético del partido. Desde el Gobierno regional aseguran a ELPLURAL.COM que los
ceses tanto de Garzón como de Reyero ya se han producido, por lo que la reacción
ha sido "inmediata". Aseguran que aunque no entran estrictamente dentro de los
criterios internos que obligan al cese en caso de imputaciones, al ser miembros
del equipo de confianza de la presidenta se extreman las medidas.
http://www.elplural.com/politica/2017/01/22/salpicada-por-el-caso-teatro-cifuentes-activa-el-cortafuegos-de-los-ceses
CUATRO CONCEJALES DEL PP DE GETAFE CITADOS A DECLARAR EN EL JUZGADO COMO
INVESTIGADOS
Fuentes judiciales han señalado a ELBERCIAL.COM que cuatro concejales del
Partido Popular en Getafe han sido citados a declarar en el juzgado los próximos
días como investigados (antigua imputación)
Los hechos por los que son investigados se refieren a diversos presuntas
irregularidades en varios contratos municipales
Fernando Lázaro, exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Getafe, Paz Álvarez,
exconcejal de Urbanismo, Antonio José Mesa, exconcejal de Obras y exjefe de
Gabinete de Juan Soler durante su etapa como alcalde de la ciudad de Getafe y
Pablo Martínez, exconcejal de Cultura, todos en la actualidad concejales del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Getafe en la oposición, han sido citados a
declarar en calidad de investigados (la nueva figura por la que se conoce
procesalmente a los imputados) en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4
de Getafe, en relación a los hechos que instruye el Juzgado sobre presuntas
irregularidades en, al menos, seis contratos municipales llevados a cabo durante
el Gobierno del Partido Popular, con Juan Soler Espiauba-Gallo a la cabeza.
Junto a ellos, según las mismas fuentes, han sido llamados a declarar varios
investigados entre los que se encuentra un técnico municipal, un antiguo asesor
del Gobierno de Juan Soler, así como varios empresarios y profesionales que de
forma directa, o indirecta, tuvieron algo que ver con los contratos
investigados.
Las primeras declaraciones tendrán lugar el próximo 16 de enero, y se irán
desarrollando a lo largo de diferentes días.
Código Ético
El Código Ético del Partido Popular de Madrid señala en su artículo 9º que todas
las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este Código “se abstendrán
de influir en la tramitación o resolución de los procedimientos administrativos,
de contratación pública, de subvenciones o cualquier otro que implique el uso de
recursos públicos”. Además, en su artículo 5 “causas de renuncia” se recoge que
“las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este Código renunciarán
voluntariamente al cargo o responsabilidad que ostenten en caso de que concurra
alguna de las siguientes causas:
1ª.- Ser investigado formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por
su gravedad causen una especial alarma social, ante cualquier órgano
jurisdiccional…”.
A tenor de lo dispuesto en este Código Ético, los cuatro concejales del Partido
Popular de Getafe tendrían que renunciar de forma voluntaria a sus cargos y
responsabilidades dentro del Partido Popular.
El Caso Teatro de la Calle Madrid
El origen de estas imputaciones y declaraciones en el Juzgado tiene que ver con
la querella que el editor de ELBERCIAL.COM , Roberto Carlos Benítez, y el
abogado Alberto Ganga interpusieron en el mes de abril de 2015 ante los juzgados
de la ciudad, en la cual se narraban una serie de hechos que podían ser
constitutivos de de presuntos delitos en la adjudicación de los proyectos de
derribo y construcción del proyecto “estrella” del Gobierno de Juan Soler, el
conocido como “Centro Europeo de Artes Audiovisuales y Escénicas” y que
coloquialmente se conoce como Teatro de la Calle Madrid.
http://www.elbercial.com/2017/01/03/exclusiva-cuatro-concejales-pp-getafe-citados-declarar-juzgado-investigados-imputados/
LA OPOSICIÓN DENUNCIA UNA MANIOBRA DEL
PP DE CIFUENTES PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN EN MADRID
La presidenta de la Asamblea pidió, en contra de PSOE, Podemos y C's, un informe
a los servicios jurídicos de la Cámara regional para intentar cerrar la Comisión
de Investigación donde ha comparecido Granados, entre otros. Los populares
justifican la decisión apelando a la "seguridad" de los comparecientes y a la
sentencia que tumbó la del Ayuntamiento.
Una maniobra del PP de Cristina Cifuentes para tapar la corrupción de sus
antecesores. Así es como ve la oposición, incluidos sus socios de Ciudadanos, la
petición de la presidenta de la Asamblea de Madrid para que los servicios
jurídicos de la Cámara regional elaboren un informe que ponga en duda la
legalidad de la Comisión de Investigación creada en julio de 2015.
Paloma Adrados (PP) ha utilizado su poder como jefa de la institución para, pese
a la oposición de PSOE, Podemos y C's, poner a los letrados de la secretaría
general a trabajar para analizar si el funcionamiento de dicha Comisión es o no
legal. ¿La excusa? La reciente sentencia judicial que anuló la correspondiente
investigación que el Ayuntamiento de Madrid pretendía llevar a cabo sobre los
gobiernos anteriores de Ana Botella y Alberto Ruíz Gallardón.
Aunque la solicitud acaba de realizarse y en la oposición están a la espera de
"ver qué dice el informe" correspondiente, todos temen que la Comisión de la
Asamblea termine paralizada, como la del Ayuntamiento. Pero todos también
exponen las diferencias entre ambas situaciones.
Aguado (C's): ""El PP está obsesionado con tapar las fosas sépticas de la
corrupción que campó a sus anchas en la Comunidad en la época de Esperanza
Aguirre e Ignacio González"
Por un lado, explican desde las filas de la oposición, la Justicia paralizó la
del Consistorio porque la Comisión no tenía, a su parecer, "un objeto concreto,
sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanente". "Son dos
comisiones distintas: en la de la Asamblea se aborda la corrupción organizada y
la normativa aplicable es distinta porque el reglamento de la Asamblea tiene
rango de ley y, por tanto, aplicamos una ley", señaló el líder del PSOE en la
Comunidad, Ángel Gabilondo.
"El Reglamento de la Asamblea nos permite abrir esa Comisión sin ningún tipo de
injerencias", argumentó también el líder de C's en Madrid, Ignacio Aguado. "El
PP no tiene nada en lo que basarse: en el Ayuntamiento no está regulada la
creación de estas comisiones, pero en la Asamblea, sí", incidió el diputado de
Podemos Miguel Ongil, que apunta también la posibilidad de que, incluso, la
petición de nulidad de la comisión podría haber llegado demasiado tarde en
cuanto al calendario reglamentario se refiere.
Sea como sea, el riesgo de no volver a ver a Francisco Granados declarando desde
la cárcel por la trama Púnica o de no llegar a ver nunca a guardias civiles
declarando sobre las posibles tramas de espionaje en la Comunidad -entre otras
muchas cosas- existe pese al intento fallido de la oposición por paralizar la
petición de Adrados. La mayoría de la Cámara votó en contra de pedir ese
informe, pero la presidenta usó su potestad como "órgano parlamentario
unipersonal" para hacerlo.
En las filas del PP justificaron la decisión alegando las dudas razonables que
podrían presentarse tras la sentencia relativa a la Comisión del Ayuntamiento e
incluso se vanagloriaron de la actitud de la presidenta de la Asamblea al
convocar una votación sobre la petición; algo que, según ellos, "nunca se había
realizado". Además, tal y como informó ABC, arremetieron contra sus oponentes
por rechazar la solicitud. "Sorprende que el rodillo de la oposición se oponga a
que los servicios jurídicos de la Cámara emitan ese informe. Nunca nos hemos
opuesto a la Comisión, pero desde su constitución está viciada", señalaron
fuentes populares al citado diario.
Ossorio (PP): "Queremos que se investigue sin riesgo para nadie"
El portavoz del PP en la Asamblea incidió en la misma idea: sólo buscan
"garantizar los derechos de los comparecientes que están obligados a asistir".
"No nos importa que se investigue el pasado, pero queremos que se haga bien y
sin riesgo para nadie", declaró Enrique Ossorio a Efe.
De nuevo, toda la oposición rebate ese argumento: "si no estaban de acuerdo con
la organización de la Comisión, podían haberlo dicho antes", coinciden las
fuentes consultadas. "El 28 de octubre de 2015, por unanimidad, se dictaminó no
sólo la creación de la Comisión, sino también sus normas de funcionamiento",
señaló Gabilondo en rueda de prensa. "El PP se abstuvo, nunca se ha opuesto
explícitamente", recuerda también Ongil en una conversación telefónica con
Público.
Ongil (Podemos): "Cifuentes tiene que intentar agradar al ala 'aguirrista' del
PP antes de su Congreso"
Sin embargo, mientras Gabilondo no quiso ver intenciones políticas en la
actuación de Adrados ("Si alguien obstruye la Comisión para evitarse problemas
[hay diputados del PP de Cifuentes señalados por las investigaciones judiciales]
estaría haciendo mucho daño a Madrid y espero que nadie esté en eso", dijo),
Ongil sí denuncia que la petición del informe es una forma de "tirar la piedra y
esconder la mano".
"Sin tener la mala prensa de haber acudido a los tribunales, intentan cercenar
la legitimidad de una Comisión anticorrupción que les molesta porque está siendo
útil", argumenta el diputado de Podemos tras enumerar los logros de la Comisión
en la que él participa: de la declaración de Granados a la aparición de nuevas
pruebas y nuevos imputados en casos menos mediáticos como el de la "enajenación
de viviendas a fondos buitre por parte del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA)",
entre otros.
En la misma línea se expresó también Aguado, que pese a ser quien sustenta el
Gobierno de Cifuentes en la Comunidad, fue muy crítico con ella respecto a esta
cuestión: "No tendrá nuestro apoyo. La Comisión tiene que durar, por lo menos,
esta legislatura porque está dando resultados", declaró. "El PP está obsesionado
con tapar las fosas sépticas de la corrupción que campó a sus anchas en la
Comunidad en la época de Esperanza Aguirre e Ignacio González", criticó también.
Gabilondo (PSOE): "Espero que nadie esté en obstruir la Comisión anticorrupción
para evitarse problemas"
Aunque Gabilondo quiso ser bien pensado en sus declaraciones en la prensa, otras
fuentes del PSOE sí ven intenciones políticas en el intento de tumbar la
Comisión anticorrupción. "Cada día se abordan asuntos relacionados con el PP y
hay que recordar que en la época de Aguirre y González, también Cristina
Cifuentes ocupó cargos en el partido y fue diputada", apostillan.
En Podemos, en cambio, mantienen otra teoría. Cifuentes no querría salvarse a sí
misma, sino contentar al sector 'aguirrista' del Partido Popular de cara al
próximo congreso regional que tendrá lugar los próximos 17, 18 y 19 de marzo. La
actual presidenta de la Comunidad es ahora quien preside también la Gestora del
PP de Madrid y, aunque no anunciará si se postula como candidata a liderar la
organización territorial del partido hasta el 13 de febrero, se da por hecho que
quiere ratificar su poder en dicho cargo. "Tiene que intentar agradar al ala
ultra del partido en los días previos al Congreso", concluye Ongil.
http://m.publico.es/politica/1986277/la-oposicion-denuncia-una-maniobra-del-pp-de-cifuentes-para-tapar-la-corrupcion-en-madrid
LA FISCALÍA PIDE ARCHIVAR EL CASO POR
ACOSO LABORAL CONTRA EL PORTAVOZ DEL PP EN MADRID
Enrique Ossorio fue acusado por su adjunta Elena González-Monux de trato
humillante y vejatorio
La Fiscalía ha pedido este martes el archivo de la causa contra el portavoz del
PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que fue denunciado por su adjunta
Elena González-Monux por acoso laboral, al entender que "en ningún caso" los
hechos son constitutivos de delito.
El pasado noviembre la diputada denunció ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid a Ossorio por trato humillante y vejatorio y le acusó de mobbing o
acoso laboral por el que se encuentra de baja médica, ya que padece una
depresión.
En la denuncia, la parlamentaria, también del PP, detalla que en un pleno del
pasado mes de junio, el diputado le espetó: "¡Es que no te sabes la ley, eres
tonta, tonta! Ahora coges y te vas y te estudias la ley y las enmiendas ¡Venga,
ve y te las estudias! y a las cinco voy a convocar una reunión y te vamos a
preguntar".
Al hacerse pública la denuncia, el portavoz reclamó 100.000 euros a la diputada
por el "gravísimo e irreparable daño moral, personal y reputacional" que le
causó esta "falsa información".
Este martes, justo un día antes de que se señalara el acto de conciliación entre
ambos, la Fiscalía considera que faltan elementos "fundamentales" que acrediten
la existencia de un delito contra la integridad moral y que tampoco existiría un
delito de acoso pues ambos desempeñan sus cargos
en condiciones de igualdad, "sin que exista una dependencia jerárquica entre
ellos".
De este modo, el Ministerio Público rechaza que Ossorio pudiera prevalerse de su
superioridad para cometer un delito. Es más, pese a que González-Moñux asegura
que fue objeto de un "continuo" trato humillante y vejatorio, la Fiscalía cree
que esta conducta se circunscribe a dos casos concretos cuya proximidad en el
tiempo se desconoce "ni consta si están relacionados entre sí", por lo que
rechaza que se trate de un comportamiento reiterado y prolongado en el tiempo.
El Ministerio Fiscal niega además que concurra un delito de lesiones psíquicas
"pues no se concreta la relación de causalidad entre la enfermedad sufrida y la
conducta del denunciado" ni los delitos de coacciones, amenazas y contra los
derechos de los trabajadores. Por todo ello, considera que la denuncia no
debería admitirse a trámite y que el procedimiento tendría que archivarse.
Ayer mismo, el abogado de González-Moñux reclamó la suspensión del acto de
conciliación previsto para este miércoles y solicitado por el denunciado con el
objetivo de que la denunciante se desdiga de sus acusaciones. Sin embargo, el
defensor de la diputada popular consideró que esto no es posible ya que su
representada "no puede retractarse".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/10/madrid/1484050484_536161.html
