LA POLICÍA
IMPLICA AL
NUEVO ASESOR
DE CIFUENTES
EN EL AMAÑO
DE CONTRATOS
EN GETAFE
Miguel
Garzón ha
llegado al
gabinete de
la
presidenta
regional
después de
ocupar
varios
puestos en
el
Ayuntamiento
de Getafe
con Juan
Soler
La Policía
señala en un
informe que
era
conocedor de
los amaños
de contratos
y que
participó
ofreciendo
"prebendas"
a los
empresarios
En un email,
Garzón
pregunta a
la concejal
de Urbanismo
si tiene
"compromisos"
con
empresarios
para cubrir
puestos de
trabajo en
una empresa
pública
Miguel
Garzón
Andrés es
desde el
pasado 2 de
enero nuevo
asesor del
gabinete de
Cristina
Cifuentes.
Ha sido
nombrado
para ese
puesto
después de
haber sido
asesor y
hombre de
confianza de
Juan Soler,
el exalcalde
de Getafe
investigado
por
corrupción.
Un informe
de esa
investigación,
elaborado
por la
Policía
Nacional,
apunta a que
Garzón era
conocedor de
los amaños
de contratos
en la
localidad
que han
acabado con
la
imputación
de cuatro
concejales y
de otros 14
cargos
técnicos y
empresarios.
El informe,
al que ha
tenido
acceso
eldiario.es,
está
elaborado
por la
Brigada
Provincial
de
Investigación
Judicial de
Madrid. Con
fecha del
pasado 16 de
noviembre,
este grupo
de la
Policía
Nacional
informa de
sus avances
en la
investigación
del 'caso
Teatro' al
Juzgado de
Instrucción
número 4 de
Getafe.
Buena parte
de la
información
que
recopilan
los agentes
sale del
ordenador de
Rudy Lamas,
exasesor de
Urbanismo en
el
Ayuntamiento
e imputado
en la causa.
El documento
recoge un
email de
Garzón a
María Paz
Álvarez
Sánchez-Arjona,
quien fuera
responsable
de
Urbanismo, y
también
imputada. En
él, Garzón
informa de
que se iban
a convocar
plazas para
la empresa
pública de
limpieza de
Getafe (LYMA),
y pregunta a
la concejal
de Urbanismo
si tiene
"compromisos
de los de
Felipe
González o
similar.
Urge saberlo
para
incorporar".
La Policía
cree que
"Felipe
González" es
el
empresario
de la
construcción
Francisco
Felipe
González
Gervaso, y
que de ese
email se
deduce que
esos
compromisos
son
"prebendas
del
Ayuntamiento
a cambio de
favores
realizados
por este u
otros
empresarios,
como por
ejemplo
proporcionar
empresas
pantalla
para
concursos
públicos".
El
empresario
ha sido
investigado
por los
agentes por
un correo
que recibió
del asesor
de
Urbanismo,
en el que le
enviaba el
pliego de
prescripciones
técnicas y
las
cláusulas
administrativas
de un
contrato
negociado
sin
publicidad.
Lamas pedía
al
empresario
que le
indicase con
qué
arquitecto
debía hablar
para
enviarle la
oferta, y un
teléfono
para ponerse
en contacto
con él.
Este y otros
mails sirven
a la Policía
para afirmar
que "queda
acreditado
el
funcionamiento
irregular"
de la
Concejalía
de Urbanismo
y de todo el
Ayuntamiento
de Getafe.
Esta forma
de proceder,
dice la
Policía
Nacional,
"era
efectuada
por altos
cargos
políticos,
como
concejales o
consejeros,
dirigiendo y
encomendando
estos
trabajos o
servicios a
sus
subordinados,
los cuales
acataban
dichos
encargos,
aunque
tuvieran
conocimiento
de su
irregularidad".
Era
"conocedor
de la
tramitación
irregular"
El informe
señala que
en muchos de
los emails
analizados,
y en los que
se han
encontrados
indicios de
amaño de
contratos,
aparece en
copia
Garzón.
Algunos de
ellos son
correos
intercambiados
entre Lamas
y Javier
Monsalve,
socio del
estudio de
arquitectura
A-cero, a
quien la
Policía
acusa de
tener
"conocimiento
anticipado
de los
concursos,
eligiendo y
descartando
a su antojo
e incluso
poniendo el
precio de
alguno de
ellos".
Así, aunque
el juez ha
decidido no
imputar por
el momento a
Garzón, este
"era también
conocedor de
la
tramitación
irregular
que se
estaba
llevando a
cabo para
construir
dos escuelas
infantiles y
rehabilitar
el antiguo
mercado
municipal",
según la
Brigada
Provincial
de
Investigación
Judicial.
En uno de
esos emails,
con copia a
Garzón,
Lamas
recuerda a
Monsalve que
han hablado
por teléfono
del "estado
de la
tramitación"
de unas
escuelas
infantiles,
y le
reprocha que
se haya
puesto en
contacto
directamente
con el
alcalde para
pedir más
información
sobre el
concurso.
Otro de los
correos que
sirven a la
Policía para
implicar a
Garzón fue
enviado por
Lamas a este
y a Antonio
José Mesa,
concejal de
Getafe
también
imputado en
este caso.
En él les
informa a
ambos de la
tramitación
de la
reforma del
mercado
municipal.
Según cuenta
Lamas a
Garzón y
Mesa, la
concejalía
de Urbanismo
ofreció al
estudio de
arquitectura
A-cero la
remodelación
del mercado
antes de que
esta obra
saliese a
concurso.
Según el
mail,
Monsalve,
socio de
A-cero,
estuvo en el
mercado
"sacando
fotos" y
quedó "en
contestar si
le
interesaba
el
proyecto".
La empresa
A-cero
resultó
adjudicataria
de las
obras, pero
el proyecto
se paralizó
por un error
en los
pliegos.
Garzón
aparece
también en
copia en
otro correo
que Mesa
envía a
Lamas. En
él, Mesa les
informa de
que A-cero
quiere saber
cuál es el
presupuesto
del
Ayuntamiento
para la
remodelación
del mercado,
para así
"amoldarse
en su
proyecto".
Según
publicó el
Boletín
Oficial de
la Comunidad
de Madrid el
pasado
jueves,
Garzón es
desde el día
2 de enero
"asesor
técnico del
Gabinete de
la
Presidenta,
con
naturaleza
de personal
eventual".
Desde la
Comunidad de
Madrid no
han sabido
especificar
qué
funciones va
a prestar a
Cifuentes en
su nuevo
cargo, y
aseguran que
los asesores
de este tipo
no tienen
una tarea
concreta,
sino que se
ocupan del
trabajo que
se les vaya
encomendando.
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/02/actualidad/1483372797_140979.html
CIFUENTES
FICHA AL
EXASESOR DEL
ALCALDE DE
GETAFE
INVESTIGADO
POR
CORRUPCIÓN
El Boletín
Oficial de
la Comunidad
de Madrid
publica que
Miguel Ángel
Garzón será
asesor
técnico en
el gabinete
de la
presidenta
regional
Fue gerente
de GISA, la
empresa
pública
salpicada
por
escándalos
de contratos
irregulares
y gastos sin
justificar
Garzón fue
en las
listas
electorales
de Juan
Soler,
investigado
por
corrupción,
junto a
Antonio José
Mesa,
imputado en
el 'caso
Teatro'
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha fichado
como asesor
a Miguel
Garzón
Andrés,
quien fuera
jefe de
gabinete de
Juan Soler,
exalcalde de
Getafe
investigado
por
corrupción,
y gerente de
la empresa
pública GISA,
investigada
por
contratos
irregulares
y gastos sin
justificar.
El Boletín
Oficial de
la Comunidad
de Madrid ha
recogido
este jueves
el
nombramiento
de Garzón,
que será
asesor
técnico del
Gabinete de
la
Presidenta,
con
naturaleza
de personal
eventual. Él
mismo ha
incluido ya
su nuevo
puesto en su
página de
Linkedin.
Garzón se
incorpora
como asesor
de Cifuentes
con un
currículum
que incluye
haber sido
jefe de
gabinete de
Juan Soler,
actual
senador del
PP, diputado
regional en
la Asamblea
de Madrid y
exalcalde de
Getafe. Como
su jefe de
gabinete,
desempeñó
funciones de
"c
oordinación
de las
concejalías
del
Ayuntamiento
y
seguimiento
de los
proyectos
municipales",
según señala
él mismo en
su
currículum
online.
Soler está
siendo
investigado
en el marco
del 'caso
Teatro' y la
Policía le
acusa de
amañar
contratos en
favor de la
empresa
Vegas
Arquitectura.
Según el
sumario,
habría
modificado
el Plan
General de
Ordenación
Urbana del
municipio (PGOU)
en 2013 para
favorecer a
la empresa
Vegas
Arquitectura,
para que
esta
resultase
adjudicataria
de las obras
del nuevo
teatro de
Getafe.
La Policía
cree que
estas
irregularidades
eran una
práctica
habitual y
que se
habrían
repetido con
la
construcción
de escuelas
infantiles y
la reforma
del mercado
de la
localidad,
entre otros
proyectos.
Garzón
desempeñó
las
funciones de
hombre de
confianza de
Soler
durante algo
más de un
año, de
octubre de
2013 a
diciembre de
2014,
después de
haber sido
asesor de la
Alcaldía
desde las
elecciones
de 2011. Se
presentó con
el PP en el
puesto 14 en
la lista
electoral y
su partido
ganó, pero
él no
consiguió
asiento de
concejal.
En esa lista
también
estaba
Antonio José
Mesa, a
quien Garzón
apoyó
durante su
campaña para
presidir
Nuevas
Generaciones,
durante la
que rompió
una foto de
Luis
Bárcenas
para
reafirmar su
compromiso
contra la
corrupción.
Ambos
integraron
la
candidatura
Ahora
Juntos, que
perdió
contra la
actual
presidenta
de la
organización
juvenil del
PP, Ana
Isabel
Pérez.
Los dos se
presentaron
en la lista
del PP de
Getafe a las
elecciones
municipales
de 2011.
Mesa sí que
acabó
consiguiendo
su acta de
concejal en
Getafe y
ahora está
imputado en
el 'caso
Teatro',
acusado
junto a
otros tres
concejales y
asesores del
Ayuntamiento
de
prevaricación
administrativa.
Tras
desempeñar
los cargos
de asesor y
jefe de
gabinete,
Garzón fue
designado en
enero de
2015 gerente
de Getafe
Iniciativas
S.A. (GISA).
Según la
Policía,
Soler usó a
esta empresa
pública en
2012 para
gestionar la
adjudicación
del teatro
de Getafe y
eludir así
el control
del Pleno
del
Ayuntamiento.
"Una
maniobra
para
saltarse la
fiscalización
de la
Intervención,
la
publicidad
en las
juntas de
gobierno y
por lo tanto
no informar
al resto de
grupos
políticos,
evidenciando
una forma de
maniobrar
cuanto menos
irregular",
señala el
sumario de
la causa
publicado
por la
Cadena SER.
GISA, una
empresa bajo
sospecha
De hecho,
Garzón llegó
a la
gerencia de
GISA tras la
dimisión de
María Luisa
Gil
Madrigal,
que abandonó
su cargo
cercada por
las
investigaciones
judiciales.
Gil Madrigal
está
imputada
junto a los
concejales
del 'caso
Teatro' y la
Fiscalía le
acusa de
prevaricación
en otro
caso.
GISA, que en
teoría se
dedica a
"dinamizar
la actividad
económica y
contribuir a
la creación
de empleo",
ha estado
salpicada
por multitud
de
escándalos.
El PSOE,
tras
recuperar la
alcaldía en
2015,
detectó unos
meses más
tarde que la
empresa
tenía
500.000
euros en
gastos sin
justificar.
Hace unos
meses, el PP
admitió que
pagó con
dinero
público la
red de
páginas web
que
promocionaban
la imagen
del alcalde
de Getafe
durante la
pasada
legislatura,
hasta poco
antes de que
perdiera las
elecciones
de mayo de
2015, según
había
publicado
eldiario.es.
La empresa
encargada de
crear esas
páginas web
era IpGlobal,
sociedad que
al mismo
tiempo era
adjudicataria
de contratos
GISA.
http://m.eldiario.es/madrid/Cifuentes-Gabinete-Juan-Soler-Getafe_0_598440515.html
EL CONVULSO
GRUPO DE
CIFUENTES:
19 BAJAS EN
18 MESES Y
SIN APOYOS
PARA LOS
PRESUPUESTOS
DE 2017
El 40% de
los
diputados
electos han
abandonado:
por estar
imputados,
haber sido
ascendidos
al Gobierno
regional e
incluso por
negarse a
publicar sus
bienes
Las
investigaciones
judiciales
amenazan con
provocar
nuevas
dimisiones
ya que tres
parlamentarios
están
salpicados
por casos de
corrupción
Su exigua
mayoría ha
quedado en
evidencia
con la baja
de la
diputada que
acusa al
portavoz de
acoso y sin
cuyo voto no
se pueden
aprobar los
presupuestos
Cristina
Cifuentes
ganó las
elecciones
de mayo de
2015 con 48
diputados.
Pero ese
grupo
parlamentario,
que suma sus
votos al de
Ciudadanos
para sacar
adelante las
iniciativas
del PP, ha
visto cómo
19
parlamentarios
dejaban su
acta y
tenían que
ser
sustituidos.
Algunos, por
iniciativa
propia;
otros,
forzados por
las
investigaciones
por
corrupción u
otros
escándalos.
Mientras el
partido
busca al
sustituto
del último
diputado que
se ha bajado
del barco,
es te
viernes el
equipo de
Gobierno
regional se
reunirá para
prorrogar
los
presupuestos
para el año
que entra.
La baja por
depresión de
una diputada
que acusa al
portavoz del
grupo de
acoso
laboral le
deja sin
mayoría para
aprobar las
cuentas de
2017.
La última
baja en las
filas
populares de
la Asamblea
de Madrid ha
tenido lugar
hace tan
solo unos
días. Luis
Peral
comunicaba
que dejaba
su escaño
por motivos
personales,
después de
haber votado
contra las
leyes sobre
los vientres
de alquiler
o la
LGTBIfobia,
saltándose
la
disciplina
del grupo
parlamentario.
Tras
abandonar la
Asamblea
dijo que
seguía
comprometido
"con la vida
y la
familia",
dejando
claro que su
marcha se
debía a
discrepancias
ideológicas.
Su renuncia
obliga al PP
a nombrar un
sustituto, y
el partido
busca ya en
el número 67
de su lista
electoral.
Hasta ese
punto han
corrido los
puestos
debido al
alto número
de bajas. El
escaño de
Peral
tendría que
ser ocupado
por Eduardo
Oficialdegui,
aunque desde
el partido
apuntan a
que podría
rechazar el
acta porque
trabaja en
la empresa
privada. Si
esto ocurre,
habría que
seguir
bajando
puestos en
la lista.
Que el PP
tenga que
buscar sus
nuevos
diputados
tan abajo es
consecuencia
del enorme
número de
bajas que se
han
producido en
el último
año y medio,
y desde el
mismo
momento en
el que
Cifuentes
ganó las
elecciones.
En total, 19
diputados,
el 39,5% del
grupo.
Cuatro
diputados ni
siquiera
recogieron
su acta tras
los
comicios.
Algunos
porque
fueron
elegidos
para cargos
técnicos,
como es el
caso de
Manuel
Quintanar o
Miguel Ángel
Ruíz, para
los que
Cifuentes
exigía
dedicación
exclusiva.
Los saltos a
puestos
técnicos se
han ido
sucediendo,
y varios
diputados
han dejado
su cargo en
la Asamblea
para ir al
Gobierno
regional. Es
el caso de
José Tortosa
de la
Iglesia,
Cristina
Álvarez o
Eva Tormo.
Otros tenían
motivos
diferentes.
Borja
Sarasola,
que había
sido
consejero
con Ignacio
González, no
recogió su
acta de
diputado y
anunció que
se iba a la
empresa
privada. Un
mes después
se supo que
le
investigaba
el juez del
caso Púnica,
que no le
había
imputado
formalmente
por su
condición de
diputado
electo. Uno
de los casos
que más
ruido generó
fue el de
José
Cabrera.
Tras cinco
legislaturas
en la
Asamblea,
dejó su
asiento
porque no
quería hacer
pública su
declaración
de bienes,
como obliga
la Ley.
Salió
ovacionado
por sus
compañeros
de grupo.
Pero la baja
más sonada
ha sido la
de Daniel
Ortiz. Tuvo
que dejar su
escaño tras
ser imputado
por el
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid por
haber
cobrado una
comisión de
240.000
euros de una
empresa de
la Púnica a
cambio de
una
adjudicación
cuando era
alcalde de
Móstoles.
Ortiz
dimitió
cuando fue
imputado,
porque así
lo exige el
pacto que el
PP firmó con
Ciudadanos.
Ese pacto
amenaza con
llevarse por
delante a
otros
diputados
implicados
en casos de
corrupción,
y sobre los
que se han
ido
conociendo
detalles de
investigaciones
que les
salpican. Es
el caso de
Bartolomé
González, al
que la
Guardia
Civil acusa
de haber
cobrado una
comisión de
60.000 euros
de la misma
empresa que
habría
sobornado a
Ortiz.
Al borde de
la
imputación
está María
José Aguado,
a quien el
juez José de
la Mata ha
ofrecido
declarar
voluntariamente
como
investigada
por su papel
en el
fraccionamiento
de contratos
en Arganda
del Rey. El
último sobre
el que
recaen
sospechas de
corrupción
es Juan
Soler, al
que la
Policía
acusa de
amañar
contratos
cuando era
alcalde de
Getafe.
Sin mayoría
para aprobar
los
presupuestos
Una de las
bajas en el
grupo que
sustenta a
Cifuentes al
frente de la
Comunidad de
Madrid
evidencia lo
exiguo de su
mayoría
parlamentaria.
José Ignacio
Echeverría
chocó con su
automóvil en
diciembre de
2015 y dio
0,66
mililitros
de alcohol
por litro de
aire
respirado.
Interrumpió
su
convalecencia
para ir a
votar los
presupuestos
a la
Asamblea, y
ese mismo
día dejó su
acta. Tuvo
que acudir a
la votación
porque sin
él, los
presupuestos
no habrían
salido
adelante.
En esas se
encuentra el
Gobierno
regional un
año después.
Su único
escaño de
ventaja
frente al
bloque de
PSOE y
Podemos se
ha esfumado.
La diputada
Elena
González-Moñux
no acude a
la Asamblea
desde hace
un par de
meses, de
baja por
depresión.
Ha
denunciado
al portavoz
del grupo,
Enrique
Ossorio, por
acoso
laboral
después de
constantes
"vejaciones
y
humillaciones".
Mientras se
resuelve su
querella,
González-Moñux
avisa de que
no acudirá a
votar, al
menos
durante los
próximos
meses. El PP
la ha
apartado de
la dirección
del grupo
durante su
baja y ha
respaldado
en bloque a
Ossorio, que
respondió
con una
denuncia por
injurias.
Sin su voto,
los
diputados
que suman PP
y Ciudadanos
son 64, los
mismos que
tienen PSOE
y Podemos.
Si los
presupuestos
se
debatiesen
ahora en la
Asamblea,
estos dos
últimos
partidos
podrían
bloquear su
aprobación
votando en
contra. Al
igual que el
resto de
iniciativas,
los
presupuestos
pueden
votarse
hasta tres
veces. A la
tercera,
decaen.
El Gobierno
regional ha
retrasado la
elaboración
de los
presupuestos,
argumentando
en un primer
momento que
no se había
aprobado el
techo de
gasto y los
objetivos de
déficit para
2017. Pero
ya con esas
cifras
encima de la
mesa, el
Ejecutivo
tiene que
prorrogar
los actuales
y dejar para
más adelante
las cuentas
para el
próximo año.
Antes de la
baja de su
diputada,
Cifuentes
alertó de
las
consecuencias
de prorrogar
los
presupuestos
regionales.
Lo hizo en
septiembre
de este año,
en plenas
negociaciones
para la
investidura
de Mariano
Rajoy. Si no
se formaba
Gobierno y
la Comunidad
de Madrid
tenía que
aplazar la
aprobación
de sus
cuentas,
habría
consecuencias
para la
prestación
de
servicios,
se
congelarían
los salarios
de los
funcionarios
y se
demoraría el
pago a
proveedores.
Ahora la
Comunidad se
enfrenta a
ese
escenario,
pero por
circunstancias
muy
distintas.
http://www.eldiario.es/madrid/convulso-parlamentario-Cifuentes-mayoria-presupuestos_0_595991041.html
¿CORRUPCIÓN?
«NO HAY
CONSTANCIA
DE TAL
AFECCIÓN» EN
LAS ARCAS
REGIONALES
La Comunidad
dice no
tener
noticia de
que las
irregularidades
hayan
afectado
erario
público
autonómico
La Comunidad
de Madrid
tiene el
dudoso honor
de haberse
ganado en
los últimos
años el ser
una
referencia
de la
corrupción
en España.
Pero, esa
realidad que
cuentan los
tribunales y
los medios
apenas tiene
reflejo en
la
Administración
municipal.
Así lo
constata el
Gobierno
autonómico a
una
contestación
parlamentaria
del diputado
socialista
Juan Segovia
que quería
saber el
impacto que
había tenido
en las
cuentas de
la Comunidad
de Madrid
las tramas
de
corrupción
que han
afectado a
la
región.«Se
informa que
no hay
constancia
de que se
haya
producido
tal
afección»,
precisa en
su escrito
el Ejecutivo
autonómico.
«Las cuentas
públicas de
la Comunidad
de Madrid
-prosigue-
se elaboran,
ejecutan y
supervisan
con absoluta
transparencia
y rigor. No
obstante y
en todo
caso,
cualquier
supuesto que
se encuentre
en vía
judicial se
substanciará
en ese
ámbito»,
concluye.
La respuesta
no ha
convencido
demasiado a
Juan
Segovia. «Es
una tomadura
de pelo.
Siguen
utilizando
las formas
de quienes
se siguen
creyendo
impunes
aunque,
afortunadamente,
cada vez lo
son menos»,
dice.A su
juicio, el
Gobierno
regional
«demuestra
no tener el
más mínimo
pudor, tras
lo que hemos
visto hasta
ahora en
materia de
corrupción.
Tampoco
parece que
tenga muchas
ganas de
colaborar en
el
esclarecimiento
de lo que ha
ocurrido en
Madrid»,
sentencia.
Por encima
de los casos
locales de
corrupción
surgidos en
diferentes
pueblos de
la región
hay dos
tramas de
corrupción
que han
afectado
directamente
a la
Administración
autonómica,
uno es
'Gürtel' y
el otro
'Púnica'.
En el
primero, que
se está
juzgando la
primera
parte, tiene
como
protagonista
y cabecilla
a Francisco
Correa y, en
lo que tiene
que ver con
la
Administración
autonómica,
el que fuera
consejero de
Deportes,
Alberto
López Viejo.
Según consta
en el auto
de 26 del
noviembre de
2014 del
Juzgado
Central de
Instrucción
nº5 de la
Audiencia
Nacional la
trama
consiguió
contratos
con la
Comunidad
por valor de
8.754.066,66
euros, lo
que les
permitió
conseguir de
forma
ilícita
4.915.742,17
euros,
dinero en el
que se
incluye la
comisión del
5% que
cobraba
López Viejo
por las
adjudicaciones,
según se
señala en el
documento.
Las
actuaciones
se
realizaron
entre 2004 y
2008. El
entonces
consejero no
intervino
sólo. En el
auto se
señala
también a
Pedro
Rodríguez
Pendas, su
asesor y
Carlos
Clemente
Aguado,
director
general de
Inmigración,
Cooperación
al
Desarrollo y
Voluntariado
entre 2003 y
2005, y
viceconsejero
de
Inmigración
y
Cooperación
entre los
años 2006 y
2008. La
otra trama
de
corrupción,
'Púnica',
tiene que
ver con el
que fuera
uno de los
hombres
fuertes del
Gobierno de
Esperanza
Aguirre, su
'número 2'
en el PP. A
Francisco
Granados, en
prisión
preventiva
desde hace
más de dos
años, se le
atribuye la
creación de
una red
delictiva
que
facilitaba,
supuestamente,
la
adjudicación
de servicios
públicos por
valor de 250
millones de
euros. A
cambio,
habría
recibido
comisiones
ilegales. La
próxima
semana
declarará
voluntariamente
ante el juez
que instruye
la causa.
http://www.elmundo.es/madrid/2016/12/15/58519405268e3eb2568b4612.html
LA COMUNIDAD
FRACCIONÓ
CONTRATOS
CON EL AVAL
DE CIFUENTES
El Consejo
de Gobierno
validó un
contrato que
la
Consejería
de
Presidencia
troceó para
evitar que
el servicio
saliera a
concurso
público
La Comunidad
de Madrid
fraccionó
contratos de
traducción y
evitó así
sacarlos a
concurso.
Según los
documentos a
los que ha
tenido
acceso la
Cadena SER,
la
Consejería
de
Presidencia,
Justicia y
Portavocía
del Gobierno
elaboró dos
contratos
concedidos a
la empresa
Ofilingua
para un
mismo
servicio de
traducción
en el
Macrojuicio
del "fraude
de las
loterías o
cartas
nigerianas".
El proceso
empezó el
pasado 1 de
febrero, la
misma fecha
en la que
comienzan
ambos
contratos.
También
tienen la
misma
duración -78
días- y el
mismo
importe de
adjudicación
-14.483
euros-. La
suma de
ambos es de
28.966
euros, muy
superior a
los 18.000
euros por
los que,
según la Ley
de Contratos
del Sector
Público, un
contrato
menor debe
sacarse a
concurso.
La
Intervención
General de
la Comunidad
de Madrid
advirtió de
esta
irregularidad
a la
Consejería.
Sin embargo,
el
departamento
dirigido por
Ángel
Garrido no
rectificó y
siguió
adelante con
los
contratos,
llevándolos
hasta el
Consejo de
Gobierno
para que
éste
ratificara
el gasto, a
pesar de ser
irregular.
El Consejo
de Gobierno,
que preside
Cristina
Cifuentes,
dio el visto
bueno al
desembolso
de esa
cantidad
hace tan
solo tres
semanas, el
pasado 5 de
diciembre,
"Defecto de
procedimiento"
Fuentes de
la
Consejería
reconocen un
"defecto de
procedimiento"
y lo achacan
a "las
prisas" que
exigía el
proceso
judicial.
Según
argumentan,
la necesidad
de
traductores
para el
mencionado
juicio se
comunicó con
poca
antelación
(dos meses
antes) y no
había
suficiente
tiempo para
realizar un
concurso
público. Por
eso,
pidieron
presupuesto
a tres
empresas y
al final se
adjudicó el
servicio a
dedo a la
empresa de
traducción
Ofilingua.
Desde
Presidencia
defienden
que fue la
compañía que
presentó
mejor el
mejor precio
y califican
la actuación
como "legal"
dado que
tiene el
sello de
aprobación
del Gobierno
regional.
http://cadenaser.com/emisora/2016/12/20/radio_madrid/1482218398_686057.html
CIFUENTES
ENERVA A LOS
MÉDICOS:
SEGUIRÁN SIN
LIBRAR DOS
DÍAS TRAS
UNA GUARDIA
DE 24 HORAS
Sanidad
recurre ante
el Supremo
la sentencia
que obliga a
descansar
domingo y
lunes si un
facultativo
trabaja el
sábado. En
Madrid solo
se libra el
domingo
desde el año
2012
"Maniobra
poco ética",
"prevaricación",
"maltrato"...
Los médicos
madrileños
están que
trinan con
el Gobierno
regional que
preside
Cristina
Cifuentes.
La Comunidad
de Madrid ha
decidido
recurrir
ante el
Tribunal
Supremo la
sentencia
del Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid
(TSJM) que
les daba la
razón en el
descanso al
que tienen
derecho tras
trabajar una
guardia de
24 horas en
sábado o día
previo al
festivo. El
recurso
presentado
por el
Ejecutivo
autonómico
impide que
se aplique
así lo
dictado por
el TSJM, que
a su vez ha
ratificado
otra
sentencia
del juzgado
de lo
contencioso
número 5 de
Madrid.
La
reclamación
la pusieron
26 médicos
del Servicio
Madrileño de
Salud (Sermas).
Los
facultativos
de menos de
50 años
están
obligados a
hacer
guardias.
Por ejemplo,
un médico
que trabaja
de lunes a
viernes y
luego tiene
una guardia
el sábado de
24 horas
ahora solo
libra el
domingo,
según la Ley
4/2012, de 4
de julio, de
modificación
de los
Presupuestos
Generales de
la Comunidad
de Madrid.
Sin embargo,
la sentencia
del TSJM, de
30 de
septiembre
de este año,
reconoce el
derecho al
descanso
semanal
ininterrumpido
de 36 horas.
Es decir,
que si en
una semana
el médico no
descansa
esas 36
horas, por
razones
asistenciales,
en los
siguientes
siete días
debe
disfrutar de
72 horas
libres. O lo
que es lo
mismo, si
tiene
guardia el
sábado, debe
descansar
domingo y
lunes.
Quieren
trabajar
37,5 horas a
la semana,
como el
resto de
funcionarios,
para no
perder 200
euros de la
nómina.
Habrá más
concentraciones
el 15 y el
22 de junio
El TSJM
rechaza así
lo que
establece la
ley
autonómica.
El Gobierno
de Esperanza
Aguirre fijó
en el año
2012 que
tras una
guardia, el
descanso se
realizaría
las 24 horas
posteriores,
matizando
que si la
guardia se
hace el
sábado, el
descanso
será el
domingo,
volviendo a
trabajar el
lunes. Según
el tribunal
madrileño,
no obstante,
prevalece el
derecho de
descanso
semanal
recogido en
la Directiva
Europea
2003/88. La
Consejería
de Sanidad
asegura que
la sentencia
del TSJM no
es firme, y
que tras su
recurso
deberá
resolver el
Supremo.
Además,
recalcan que
la sentencia
no establece
un
reconocimiento
general a
todos los
médicos del
Sermas que
realizan
guardias,
solo a los
26
profesionales
que
denunciaron.
Julián
Ezquerra,
secretario
general de
Amyts (el
mayor
sindicato de
médicos y
titulados
superiores),
explica que
han
presentado
un recurso
para que la
sentencia se
haga
extensiva a
todos los
médicos que
hacen
guardia.
"Estamos
hablando de
nuestro
descanso. Lo
que hace la
comunidad es
una dilación
innecesaria,
una maniobra
poco ética,
ya que el
Supremo nos
dará la
razón. Se
está
poniendo en
riesgo a
médicos y
pacientes,
ya que un
profesional
de la salud
debe
descansar
adecuadamente
para dar una
buena
atención".
Reclamaciones
individuales
Para Mónica
García,
diputada de
Podemos y
trabajadora
del Sermas,
el recurso
presentado
por la
comunidad
revela que
Sanidad "no
quiere que
tengamos
derecho a
nuestras 36
horas de
descanso
semanal.
Esto es un
derecho
universal. Y
nos va a
obligar a
todos los
médicos de
Madrid a
reclamar en
los juzgados
uno a uno,
con el coste
que esto
supone en
abogados y
en costas
judiciales,
porque la
comunidad va
a perder. Es
un derecho
que ya está
amparado
judicialmente.
No hay que
olvidar
además que
las horas de
guardia no
computan
como horas
trabajadas".
La plantilla
se ha
reducido un
7% desde el
año 2009. El
35% no es
fijo y el
13,6% tiene
más de 60
años. El
colectivo de
enfermería
lleva siete
años sin
oposiciones
para renovar
plazas
Carlos
Castaño,
portavoz de
la
Asociación
de
Facultativos
Especialistas
de Madrid (AFEM),
va más allá
y asegura
que la
comunidad
"roza la
prevaricación
cuando en
2012 se sacó
de la manga
una ley para
privarnos
del descanso
semanal", es
decir,
"dictando
una
resolución a
sabiendas de
que era
injusta.
Esto es
maltrato",
afirma
Castaño, que
cree que la
Administración
debería ser
condenada
además por
su mala fe,
ya que el
Supremo ha
fallado a
favor de los
médicos en
otras
comunidades,
como en
Andalucía.
Sanidad
cambió la
ley en 2012
para
"racionalizar
el gasto
público" y
establecer
un descanso
de 24 horas
inmediatamente
después de
la guardia,
prohibiendo
específicamente
el descanso
el lunes si
se trabaja
un sábado
"por razones
organizativas
y
asistenciales".
¿Por qué? La
comunidad
asegura que
no quiere
impedir el
descanso de
los
facultativos,
sino que
este se debe
"armonizar"
con las
necesidades
del servicio
y los
derechos de
los
ciudadanos,
que verían
como muchas
citas se
desprogramarían
el lunes si
los médicos
que han
trabajado el
sábado
descansan.
"La
prolongación
del descanso
domingo y
lunes
perjudica a
la actividad
asistencial".
Según
Sanidad, la
directiva
europea
establece
excepciones
legales al
descanso
mínimo
semanal si
se fijan
compensaciones
de periodos
equivalentes
de descanso.
Es lo que
ahora quiere
negociar el
Gobierno
regional,
una serie de
compensaciones
a cambio de
que el
descanso
siga sin ser
continuado.
Para la
diputada
García, la
explicación
de Sanidad
no es real.
"Lo hacen
para no
contratar
más
personal.
Por esa
regla de
tres, nunca
habría
guardias. Y
los que
trabajan en
domingo y
libran el
lunes, no
pasan
consulta ese
día". En la
región hay
15.600
médicos.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-12-22/cifuentes-cabrea-medicos-seguiran-sin-librar-trabajar-guardia-24-horas_1307675/
EL CONSEJERO
DE EDUCACIÓN
DE CIFUENTES
DIO A DEDO
DOS PLAZAS
EN LA REY
JUAN CARLOS
CUANDO ERA
VICERRECTOR
Rafael Van
Grieken, que
ha evitado
criticar
directamente
al rector
Suárez por
los plagios,
fue colega
suyo en la
URJC. El
consejero
tiene allí
su plaza de
catedrático
Otorgó dos
plazas de
investigación
por decisión
personal y
sin más
evaluación
que la suya,
lo que le
costó a la
universidad
una condena
judicial en
2011
Cuatro años
después,
hizo el
proceso
ajustado a
norma como
decía la
sentencia, y
fue el
presidente
de la
comisión que
adjudicó
esas dos
plazas a las
dos mismas
personas
"El gobierno
no va a
opinar en un
asunto que
no es un
asunto de
gobierno".
Son las
primeras,
últimas y
únicas
declaraciones
de l
consejero de
Educación de
la Comunidad
de Madrid,
Rafael Van
Grieken,
sobre el
mayor caso
de plagio
conocido en
una
universidad,
el del
rector de la
Rey Juan
Carlos, un
campus
madrileño
financiado
por la
Comunidad de
Madrid con
más de 120
millones al
año.
El consejero
de Cristina
Cifuentes
aducía el 15
de diciembre
"autonomía
universitaria"
y no se
pronunciaba
directamente
sobre Suárez
o su posible
dimisión,
aunque
aceptaba que
el plagio
está mal en
general. La
misma
postura de
la
presidenta
autonómica.
Esa
autonomía
impide tomar
decisiones
aunque no
impide hacer
declaraciones.
Van Grieken
conoce bien
esta
universidad:
es
catedrático
de
Ingeniería
Química allí
y además ha
sido
vicerrector
durante diez
años con el
exrector
Pedro
González-Trevijano,
actualmente
miembro del
Tribunal
Constitucional.
También
conoce bien
al actual
rector,
Fernando
Suárez,
porque ambos
han sido
colegas y
este último
también era
vicerrector
en el mismo
periodo.
Además, ha
dirigido la
Agencia
Nacional de
Evaluación
de la
Calidad y
Acreditación
(Aneca), que
es el
organismo
estatal
dependiente
del
Ministerio
de Educación
encargado de
dar los
sexenios
(pluses por
investigación)
y acreditar
a los
docentes.
Dos plazas
de 50.000
euros al año
Siendo
vicerrector
de la Rey
Juan Carlos
(de 2003 a
2013), la
actuación de
Van Grieken
en la
concesión
arbitraria y
personal de
dos puestos
le valió a
la
universidad
una condena
de la
justicia de
Madrid. Era
el encargado
del área de
Investigación
y sacó en
2008 una
convocatoria
de dos
plazas de
"intensificación
de la
actividad
investigadora",
es decir,
reducir las
horas de
docencia a
dos
profesores
para que se
dedicaran a
investigar.
Esos puestos
estaban
dotados con
50.000 euros
por profesor
para un año
y los
financiaba
el
Ministerio y
la Comunidad
de Madrid.
Según la
convocatoria
que firmó
Van Grieken,
a la que ha
tenido
acceso
eldiario.es,
la selección
de los
candidatos
se haría
"por la
Universidad
Rey Juan
Carlos, que
valorará los
méritos
presentados
por los
profesores/investigadores".
Lo que pasó
en realidad,
según
sentenció el
Juzgado
Contencioso
Administrativo
31 de
Madrid, es
que el
vicerrector
Van Grieken,
y solo él,
decidió los
destinatarios
de las
plazas, sin
más garantía
que su
criterio
personal.
Sin comisión
evaluadora y
sin que
ningún otro
organismo o
persona
valorara a
los
candidatos o
viera su
documentación:
"No existe
en todo el
expediente
rastro de la
intervención
de otro
órgano que
el
Vicerrector
(...). Se ha
producido
una
sustitución
por parte
del
vicerrector
(...) que
debió
realizarse
en el seno
de la
Comisión de
Investigación
o
subcomisión
creada al
respecto",
dice el
fallo. El
expediente,
los
candidatos,
sus
currículos,
sus méritos,
la
documentación
y la
resolución
pasó solo
por él.
El
demandante
fue el
profesor
David Ríos,
entonces
también
vicerrector,
que se había
presentado
junto a los
otros dos
candidatos
que fueron
elegidos por
Van Grieken.
Ríos, que no
fue
seleccionado,
le disputó
más tarde a
Suárez el
rectorado y
es el
docente al
que el
actual
rector
amenazó.
Ahora está
en
excedencia.
Ríos en su
demanda
también
acusaba al
vicerrector
de manipular
los
expedientes
e incluir
documentación
de esos dos
candidatos a
posteriori.
La sentencia
confirma que
ese
expediente
no se trató
por los
cauces
normales y
que hay
documentación
que se
aportó
directamente
al
vicerrectorado
en lugar de
hacerse por
administración.
También
confirma el
fallo que
Van Grieken
pidió al
jefe de
servicio de
personal los
datos de las
horas
docentes de
los
aspirantes
pese a que
eso no
estaba entre
los
requisitos
ni recogido
en la
convocatoria,
como había
denunciado
también
Ríos.
Por toda esa
"sustitución"
del proceso
personificada
en el
vicerrector,
el tribunal
ordenó
volver atrás
la
convocatoria
en lo que se
conoce como
nulidad de
acto
administrativo,
que se
produce
cuando hay
un defecto
administrativo
tan grave
que no se
puede sanar
y hay que
volver a
repetirlo
como si
nunca se
hubiera
producido.
Así, la
sentencia
conmina a
"anular la
resolución
impugnada
por no ser
conforme a
derecho y
ordenar
retrotraer
las
actuaciones
al momento
inmediatamente
anterior" a
la
convocatoria.
Es decir,
repetir el
proceso con
las
garantías
administrativas
y con un
comité
evaluador.
La sentencia
no fue
recurrida
por la
Universidad
Rey Juan
Carlos, que
asumió el
fallo.
Se cumplió
la
sentencia,
se nombró
una
subcomisión
evaluadora y
la presidió
el
vicerrector
Van Grieken.
La decisión
de ese
órgano fue
otorgar esas
plazas a los
dos mismos
candidatos
tras una
evaluación
otra vez de
las tres
solicitudes.
José Aguado
y David
Serrano
fueron los
seleccionados
en 2012,
cuatro años
después de
la primera
selección
personal
hecha por
Van Grieken.
Fuentes de
la
Consejería
de Educación
confirman
todo este
proceso
judicial y
puntualizan
que "se
corrigió la
situación" y
se da por
zanjado, ya
que este
segundo
procedimiento
"nadie lo ha
dado por
erróneo".
Preguntadas
las mismas
fuentes
sobre si
puede
influir en
la gestión
del caso del
plagio que
el consejero
sea
catedrático
de la Rey
Juan Carlos,
desde
Educación se
muestran
contundentes:
"No tiene
nada que
ver, no
influye, hay
autonomía
universitaria
y la
posición de
la
Consejería
está en la
línea de la
Presidencia
de la
Comunidad de
Madrid".
http://www.eldiario.es/sociedad/Educacion-Cifuentes-Rey-Juan-Carlos_0_592491094.html
CIFUENTES
SUBVENCIONA
CON 53.000
EUROS LA
RESTAURACIÓN
DE UNA
IGLESIA QUE
HOMENAJEA A
FRANCO
El Foro por
la Memoria
denuncia que
la Comunidad
de Madrid ha
aportado
53.462,82
euros para
restaurar la
iglesia de
San Fermín
de los
Navarros en
Madrid, que
mantiene dos
placas en
homenaje a
los caídos y
al dictador
y donde se
celebró el
20 de
noviembre de
2015 un
homenaje a
Francisco
Franco y a
José Antonio
Primo de
Rivera.
El Foro por
la Memoria
de la
Comunidad de
Madrid ha
acusado al
Gobierno
regional de
Cristina
Cifuentes
(PP) de
incumplir la
Ley de
Memoria
Histórica
por
subvencionar
la
restauración
de la
Iglesia de
San Fermín
de los
Navarros en
Madrid
cuando
mantiene dos
placas
franquistas.
Esta
iglesia,
además,
albergó el
homenaje
realizado al
dictador
Francisco
Franco y al
fundador de
Falange,
José Antonio
Primo de
Rivera, el
20 de
noviembre de
2015, tal y
como
denunció
Público y se
puede ver en
el vídeo que
acompaña
esta
noticia.
La obra en
cuestión
cuenta con
una
inversión de
53.462,82
euros y está
destinada a
la
restauración
de la torre
y el cuerpo
norte de
esta
parroquia,
ubicada en
Chamberí.
Como reza en
el cartel de
los
trabajos, es
un proyecto
subvencionado
por la
Dirección
General de
Patrimonio
Cultural de
la Oficina
de Cultura y
Turismo.
Desde el
Foro por la
Memoria
critican la
esta ayuda
porque la
fachada de
la iglesia
mantiene dos
placas
franquistas
en su
fachada: la
primera, con
los nombres
de "mártires
inmolados
por la santa
causa de la
religión y
la patria,
1936-1939";
y la
segunda,
encabezada
por la
Laureada de
San
Fernando,
recoge dos
citas de
discursos de
Franco.
La primera
cita ensalza
el papel de
Navarra en
el
movimiento
nacional y
en homenaje
a "quien tan
reciamente
atesora las
virtudes de
la raza". En
concreto, se
concede "a
la provincia
de Navarra
la Cruz
Laureada de
San Fernando
que desde
hoy debería
grabar en su
escudo".
La segunda
cita recoge
el siguiente
texto:
"Pueblo de
Navarra,
espíritu de
España: sois
la flor de
nuestras
costumbres,
sois el
hálito de
España en
los momentos
del
Alzamiento
Nacional, la
sangre de
vuestros
héroes, el
espíritu de
vuestra
plaza, la
generosidad
de vuestras
madres
quedará
grabada en
mi corazón y
en el de
todos los
españoles.
Hoy España
os rinde el
homenaje
debido a
vuestro a
vuestro
entusiasmo,
a vuestro
espíritu, a
vuestra fe
de buenos
españoles y
vuestra
grandeza de
católicos".
La iglesia
está en
proceso de
restauración
con un
presupuesto
total de
234.435,14
euros y la
Comunidad de
Madrid
invierte en
los trabajos
53.462,82
euros, un
22,80% del
total.
http://www.publico.es/politica/cifuentes-subvenciona-53-000-euros.html
TELEMADRID:
LAS
ENTRETELAS
DE UN
CONCURSO
PÚBLICO BAJO
LA SOMBRA
DEL
“PUCHERAZO”
El método de
selección
del
candidato a
director
general de
Telemadrid
ha generado
suspicacias
dentro y
fuera de
esta
televisión.
Son varias
voces las
que han
denunciado
que José
Pablo López,
el elegido,
está
apadrinado
por el
Gobierno
autonómico,
lo que ha
desatado una
fuerte
polémica.
El guión de
la reunión
del Consejo
de
Administración
de
Telemadrid
del pasado
lunes pudo
haberse
escrito hace
varios
meses.
Exactamente,
el pasado 4
de mayo,
cuando la
prensa
publicó que
José Pablo
López (13TV)
era el
máximo
favorito
para dirigir
este canal.
Su nombre se
filtró antes
de que se
constituyera
la nueva
sociedad que
da cobertura
a esta
televisión
y,
evidentemente,
antes de que
se convocara
el concurso
público que
debía servir
para elegir
a un
director
general con
un perfil
independiente.
Esto ha
generado
suspicacias
dentro y
fuera del
ente
público,
puesto que
se sospecha
que su
candidatura
ha estado
apadrinada
por algunos
grupos
políticos.
La historia
de la
Telemadrid
del último
año y medio
se ha
desarrollado
entre dos
mundos. Uno
de ellos es
el de las
ideas. El
del wishful
thinking de
quienes
aspiraron
–al menos,
en
apariencia-
a
convertirla
en la
primera
televisión
autonómica
verdaderamente
despolitizada,
pero
fracasaron
en su empeño
cuando se
encontraron
con un muro:
el que
separa los
pensamientos
utópicos del
mundo real.
Y en el
universo
material
existe una
ley no
escrita que
dicta que
ningún
gobierno
está
dispuesto a
renunciar al
control de
un medio de
comunicación
que actúa
dentro de su
jurisdicción
y se
financia a
través de
los
presupuestos
estatales,
regionales o
locales.
El pasado
lunes, los
nuevos
consejeros
de esta
televisión
autonómica
se citaron
para
analizar los
proyectos de
los 36
candidatos a
dirigir
Telemadrid.
Su misión
era proponer
un nombre de
entre todos
ellos para
que
próximamente
pueda ser
ratificado
por la
Asamblea de
Madrid. La
decisión de
elegir a
José Pablo
López la
tomaron en
tres horas y
media.
“Sospechosamente
rápido”,
según
reconoce uno
de los
periodistas
cuya
candidatura
no prosperó.
Cada uno de
los nueve
miembros de
este órgano
propuso a
tres
candidatos.
Para
seleccionar
el mejor
proyecto de
todos los
que pasaron
esta primera
criba, se
realizaron
cuatro
votaciones.
En todas
ellas, López
obtuvo cinco
votos a
favor, según
detallan a
Vozpópuli
fuentes
conocedoras
de lo que
aconteció en
la reunión.
Uno de los
candidatos a
director
general de
Telemadrid
ha impugnado
el concurso
público. “No
se ha
actuado con
transparencia",
indica en su
recurso.
Pocas
después de
que
trascendiera
el
resultado,
uno de los
postulantes,
Enrique
Riobóo,
remitió un
recurso de
reposición
al
presidente
del Consejo
en el que
denunciaba
las
irregularidades
que observó
en este
procedimiento
público. “No
se ha
actuado con
transparencia
en el
proceso ni
se ha
garantizado
(…) la
igualdad,
mérito y
capacidad
que se
mencionan en
las propias
bases de la
convocatoria”,
señala en el
documento.
En
declaraciones
a este
periódico,
el afectado
incide en
que el
Consejo
renunció a
su derecho
de solicitar
la
comparecencia
de los
candidatos
para aclarar
cualquier
aspecto
relacionado
con su
proyecto o
con su
currículum.
“Esto podría
denotar que
en realidad
la selección
ha sido un
espejismo o
un sucedáneo
de un
proceso para
justificar
el
nombramiento
de un
candidato ya
preconcebido.
De esta
forma, queda
viciado todo
el
procedimiento”,
añade en el
recurso.
Algunos
miembros del
máximo
órgano de
gobierno de
Telemadrid
sugirieron
la
posibilidad
de que se
realizaran
entrevistas
a algunos
postulantes,
pero la
mayoría de
los miembros
-quienes
apoyaron a
López-
rechazaron
la
propuesta,
alegando que
eso
retrasaría
el
nombramiento
del
sustituto de
Ángel Martín
Vizcaíno al
frente del
canal.
Pero aún hay
más. Según
ha podido
saber este
periódico,
personas
próximas al
Gobierno
autonómico
sondearon el
pasado abril
a expertos
en el mundo
de la
televisión,
con una
dilatada
trayectoria
en este
medio de
comunicación,
para
animarles a
presentar su
candidatura
a la
Dirección
General de
Telemadrid.
Pocos días
después de
que tuvieran
lugar esas
conversaciones,
la prensa
publicó el
nombre de
José Pablo
López. “Es
el favorito
para dirigir
Telemadrid
tras
gestionar
13TV”,
aseguró El
Español.
Siete meses
después, se
ha cumplido
lo publicado
con una
asombrosa
exactitud.
Nada ha
cambiado en
las
televisiones
públicas
Más de un
año y medio
después de
las últimas
elecciones
autonómicas,
en las que
la irrupción
de Podemos y
Ciudadanos
en los
parlamentos
autonómicos
hizo pensar
a una parte
de la
sociedad
española que
la ‘nueva
política’
iba a traer
aire fresco
a estas
Administraciones,
lo cierto es
que la vida
sigue igual.
Al menos, en
lo que
respecta a
las
televisiones
autonómicas.
La misma
noche de los
comicios del
24 de mayo
de 2015,
Emiliano
García-Page
pidió la
dimisión de
Nacho Villa
como
director de
Castilla-La
Mancha
Televisión y
prometió que
las cosas
iban a
cambiar.
Pocos meses
después,
estalló un
conflicto en
este medio
de
comunicación
cuando dos
de los
editores de
sus
informativos
fueron
destituidos
por su forma
de abordar
el incendio
del
cementerio
de
neumáticos
de Seseña.
Su cese se
produjo
después de
que los
noticiarios
de la cadena
emitieran
unas
declaraciones
de Francisco
Hernando, El
Pocero, en
las que
exigía la
dimisión del
presidente
autonómico.
En la
Comunidad
Valenciana,
Ximo Puig y
su equipo
han sido
acusados por
la
representación
de los
trabajadores
del antiguo
Canal Nou de
querer abrir
una nueva
televisión
autonómica
con
periodistas
afines a su
proyecto
político. Es
decir, sin
correr el
riesgo de
contratar a
exempleados
de la
Radiotelevisión
Valenciana
que, en
algunos
casos,
identifican
con la
Administración
del Partido
Popular. Y
en regiones
como
Andalucía
(Canal Sur),
Cataluña
(TV-3),
Galicia (TVG)
o País Vasco
(EiTB), nada
ha cambiado,
y las
acusaciones
de que sus
gobiernos
autonómicos
controlan
férreamente
la línea
editorial de
sus
televisiones
públicas son
demasiado
frecuentes.
Dos editores
de
informativos
de la
televisión
de
Castilla-La
Mancha
fueron
destituidos
tras la
emisión de
una noticia
perjudicial
para
Emiliano
García-Page.
A nivel
estatal,
RTVE siempre
se encuentra
en el centro
de la
polémica.
Sus
informativos
han sido
acusados
prácticamente
en todas las
legislaturas
de defender
los
intereses
del gobierno
de turno; y
sus más
altos
despachos
han estado
(y están)
regentados
habitualmente
por personas
más cercanas
a los
cuarteles
generales de
los partidos
políticos
que al
sector
audiovisual.
Su propio
presidente
reconoció en
el
Parlamento,
en 2015, ser
votante del
Partido
Popular,
algo
totalmente
lícito, pero
que, desde
luego, no
ayudó a
desterrar la
imagen de
televisión
controlada
por el
Ejecutivo.
El pasado 7
de
noviembre,
el último
barómetro
del CIS
desveló que
TVE ha
dejado de
ser la
televisión
preferida
por los
españoles
para
informarse
de la
actualidad
política y
electoral.
Tan sólo un
19,2% de los
encuestados
expresaron
su
predilección
por la
cadena
pública,
frente al
39,4% de
hace cuatro
años. Su
descrédito
ha aumentado
a marchas
forzadas.
Casi al
mismo ritmo
al que se ha
producido su
pérdida de
audiencia,
que en este
tiempo ha
sido
preocupante.
Como la de
los medios
de
comunicación
autonómicos.
A estas
alturas, no
hay ninguna
duda de que
estas
empresas
públicas
padecen la
mayor crisis
de su
historia. Y
su
resolución
no parece
que pase
porque los
partidos
mantengan el
férreo
control que
ejercen
sobre ellas.
http://www.vozpopuli.com/medios/Telemadrid-entretelas-concurso-publico-pucherazo_0_977303531.html
EL CANDIDATO
A DIRIGIR
TELEMADRID
NO LOGRA EL
APOYO DEL
PSOE Y
PODEMOS
La decisión
final sobre
José Pablo
López
Sánchez se
someterá a
votación
ante el
pleno de la
Asamblea
La Comisión
de Control
de la
Asamblea de
Madrid ha
dado el
visto bueno
esta mañana
a José Pablo
López
Sánchez como
candidato
para dirigir
Telemadrid
con los
votos a
favor del
Partido
Popular y
Ciudadanos y
las
abstenciones
de Podemos y
los
socialistas.
López
Sánchez,
director
general de
la cadena
13TV desde
2010 y
exalto cargo
de laSexta,
fue
propuesto y
avalado por
el consejo
de
administración
el pasado 11
de noviembre
por mayoría
simple. La
decisión
final sobre
su
nombramiento
se someterá
a una
votación
ante el
pleno de la
Asamblea que
deberá
aprobarse
por una
mayoría
reforzada de
dos tercios.
López
Sánchez ha
incidido en
la
importancia
de dar por
finalizada
esta etapa
del ente
público. Una
de las
novedades
dentro del
proyecto que
ha
presentado
es recuperar
el canal
internacional
para
“potenciar
la marca
Madrid” y
reducir de
“manera
sustancial”
el sueldo de
los
directivos y
la dirección
general.
Sobre la
radio
pública,
Onda Madrid,
el candidato
ha aclarado
que cuenta y
apuesta por
las ondas y
que urge la
recuperación
de
contenidos
de calidad.
El candidato
ha explicado
a los grupos
de la
Asamblea el
proyecto
para
“revitalizar”
Telemadrid.
La cadena
“debe dejar
de ser un
cajón
desastre y
orientar la
programación
hacia una
estrategia.
Quiero al
público
juvenil
mediante una
programación
específica”,
ha afirmado.
Para ello,
la “piedra
angular”
debe ser
“recuperar
la
producción
propia de
contenidos
además de
estar en la
calle y
recuperar
las
emisiones en
directo”.
Telemadrid
precisa de
“caras
reconocibles”
para los
espectadores
que puedan
“crear
vínculos con
la audiencia
en base a su
credibilidad”,
ha dicho.
Isaura Leal,
diputada de
PSOE, ha
sido muy
crítica con
el proceso
de selección
del
candidato.
“Requerimos
rigor, y que
sean
evaluados
los 36
candidatos
en fondo y
forma. Y
pedimos una
mayoría en
el consejo
razonable”,
ha
declarado.
Para Leal es
“discutible
que en la
primera y
única
reunión se
haya
evaluado y
votado a un
candidato:
“los
procesos
rigurosos
requieren de
tiempo y no
tres horas”.
La postura
de los
socialistas
en la
próxima
votación
ante el
Pleno “a día
de hoy es la
abstención”.
Pablo
Padilla,
diputado de
Podemos en
la Asamblea
de Madrid,
ha afirmado
que no han
votado en
contra
porque hay
“consonancia
en algunas
cuestiones”
del programa
que plantea
el
candidato.
Podemos se
abstiene
porque
consideran
que ha sido
un proceso
“sin
garantías,
teledirigido
por Cristina
Cifuentes”.
La decisión
del voto en
el pleno del
próximo
jueves la
decidirán en
la próxima
reunión del
grupo.
Ante la
acusación de
haber sido
un candidato
“teledirigido”,
el candidato
se ha
defendido
con que
“desconoce
el proceso
de selección
interno”.
“Presenté mi
candidatura
y la
siguiente
noticia que
tuve fue la
llamada del
presidente
del consejo
para
comunicarme
que había
sido
aprobado.
Creo que la
ley de
Televisión
de Madrid de
2015 se ha
hecho para
recuperar el
prestigio de
la
televisión y
la radio
pública. La
televisión
ha pasado
años muy
duros y toca
mirar
adelante”,
ha
concluido.
Ricardo
Megías,
diputado de
Ciudadanos,
ha explicado
que no vetan
las
decisiones
del consejo
de
administración
y que
consideran
que es una
candidatura
válida. “El
consejo fue
votado por
todos los
grupos y
tiene
representación
de cada
partido”, ha
concluido.
Inés Berrio,
diputada del
grupo
popular, que
ha votado a
favor junto
a
Ciudadanos,
ha dicho que
lo que se
persigue es
la
despolitización
y que López
Sánchez un
profesional
del medio al
que no le
lastra su
paso por
13TV [cadena
católica]”.
Sobre esta
cuestión el
candidato ha
dejado claro
que la línea
editorial
“la marcan
los
propietarios
de cada
medio”.
José López
Sánchez se
impuso por
mayoría
simple (5
votos a
favor y 4 en
contra) en
el proceso
de selección
que abrió el
Consejo de
administración
del ente
público el
pasado 11 de
noviembre en
el que
participaron
36
candidatos.
Además de
ocupar la
dirección
general de
13TV desde
2010, López
Sánchez
dirigió
desde 2005
el
departamento
de asesoría
jurídica de
La Sexta.
El consejo
de
administración
está formado
por nueve
miembros;
cinco de
ellos
procedentes
de
asociaciones
profesionales
y sociales,
y los cuatro
restantes
propuestos
por los
grupos de la
Asamblea.
Los
consejeros
de los
grupos de la
Asamblea son
Pepe Oneto
(PP), Carmen
Caffarel
(PSOE), Mari
Pau
Domínguez
(Ciudadanos)
y Mae Lozano
(Podemos).
López
Sánchez se
ha defendido
del
desconocimiento
del sector
público que
le han
atribuido
los grupos
que se han
abstenido.
“Que yo haya
trabajado en
el sector
privado no
quiere decir
que no
conozca como
funciona el
sector
público.
Puedo
aportar una
gestión
eficiente de
los recursos
y mi
compromiso
con la
gestión
transparencia
y la
sostenibilidad”,
ha
contestado.
Sobre la
externalización
de
servicios,
López
Sánchez, ha
afirmado que
“necesita
información
para
analizar y
proponer al
consejo de
administración
para
proponer una
política
concreta. Lo
mismo ha
explicado
sobre la
segunda
cadena de
Telemadrid:
“Habría que
estudiarlo.
Su
continuidad
está
condicionada
a un estudio
de vialidad
económica”.
La radio y
televisión
públicas
están
dirigidas de
manera
interina por
Ángel Martín
Vizcaíno.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/19/madrid/1482152569_868615.html
CRISTINA
CIFUENTES
QUIERE TENER
SU PROPIA
'LEY
MORDAZA' EN
MADRID
El Gobierno
madrileño
presenta un
proyecto
para
castigar con
multas los
delitos de
odio que es
criticado
por la
oposición y
varios
juristas
“Es una
aberración
jurídica,
afecta al
derecho
fundamental
a la
libertad de
expresión y
no puede
regularse
por una
norma
administrativa”,
denuncia la
abogada
Isabel Elbal
La Abogacía
General de
la Comunidad
de Madrid
hizo un
informe
desfavorable
"Extensión
de la ley
mordaza",
"aberración
jurídica".
Estas son
algunas de
las
calificaciones
que ha
recibido el
proyecto de
ley contra
delitos de
odio que la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
presentó el
pasado
martes. Los
partidos de
la oposición
y varios
juristas
expertos en
la materia
han
cuestionado
duramente el
texto.
"Es una
norma que
tiene un
carácter
integral
para
corregir
conductas
que pueden
promover al
odio",
explicó
Cifuentes.
"El objetivo
es dar
respuesta a
cualquier
forma de
intolerancia"
y prestar
"una
especial
atención a
acciones que
se hacen a
través de la
red".
La previsión
de sanciones
de hasta
45.000 euros
por
conductas
con un
componente
de
incitación
al odio,
intolerancia
y
discriminación,
ha causado
fuertes
críticas en
los grupos
de la
oposición.
La diputada
regional por
el PSOE
Mónica
Silvano
destaca que
ellos
presentaron
un proyecto
de ley
contra
delitos de
odio semanas
antes de que
lo hiciera
el Gobierno
y, por lo
tanto, no
votarán a
favor de la
ley
propuesta
por
Cifuentes.
"Nosotros
vamos a
defender
nuestro
texto",
asegura.
Explica que
la
diferencia
fundamental
entre su
propuesta y
la del
Gobierno es
que, a su
juicio, la
de su grupo
parlamentario
"va más en
la
sensibilización
y en la
educación,
no solo se
basa en
sancionar".
Sin embargo,
en el grupo
socialista
en la
Asamblea de
Madrid se
manifiestan
"alegres" de
que el
Gobierno
haya
entendido
que hay
tomar
medidas
sobre el
tema y
restan
importancia
a las
críticas de
los expertos
en Derecho.
"Existe una
necesidad de
legislar
sobre este
tema, cuando
algo es
pionero
siempre
despierta
ciertas
tensiones",
han
declarado.
El diputado
por Podemos
en la
Asamblea de
Madrid,
Emilio
Delgado,
coincide con
el PSOE en
votar
negativamente
al polémico
proyecto de
ley. "El
Gobierno de
Cifuentes ha
querido
anticiparse
a la
propuesta de
ley del PSOE
sobre
delitos de
odio en la
que ya
estábamos
trabajando
todos los
grupos", ha
afirmado,
apuntando a
una
estrategia
desde la
presidencia
autonómica:
"Es una
manera de
tapar la ley
del PSOE
porque no
quieren que
la oposición
lleve leyes
delante por
sí mismos",
han dicho.
En cuanto al
contenido de
la
propuesta,
la postura
de Podemos
es rotunda:
"Creemos que
se trata de
una
extensión de
la Ley
Mordaza, más
dura si
cabe, que
pretende
sancionar
por la vía
administrativa
y no por la
judicial
como debe
ser en estos
casos".
Desde el
grupo
parlamentario
de
Ciudadanos
han
manifestado
no conocer
el texto y
que no harán
valoraciones
ni
comunicaran
su posición
en la
Asamblea en
este sentido
hasta que no
estudien el
proyecto en
profundidad.
Puede crear
indefensión
jurídica,
según los
expertos
La
Plataforma
de Defensa
de la
Libertad de
Información
(PDLI) se ha
manifestado
radicalmente
en contra de
que la
llamada Ley
Mordaza de
Cifuentes,
entre en
vigor. La
abogada
Isabel Elbal,
que defendió
a César
Strawberry
en el juicio
en el que el
músico fue
absuelto de
un delito de
enaltecimiento
del
terrorismo
en las redes
sociales,
cree que la
norma que
plantea
Cifuentes no
se ajusta a
la
legalidad.
Primero, por
ser una ley
autonómica:
“Cuando una
materia
tiene que
ver con
derechos
fundamentales,
está
reservada al
Congreso”.
“Es una
auténtica
aberración
jurídica,
afecta al
derecho
fundamental
a la
libertad de
expresión y
no puede
regularse
por una
norma
administrativa”,
asegura
Elbal, que
recuerda que
tanto el
Tribunal
Supremo como
el
Constitucional
se han
manifestado
en este
sentido.
Para Elbal,
la finalidad
de la ley es
“adentrarse
en las redes
sociales
para poder
reprimir y
censurar
aquellas
opiniones
que sean
contrarias
al
pensamiento
dominante”.
Admite que
en las redes
sociales se
dan
“expresiones
repugnantes”,
pero que
están
protegidas
por la
libertad de
expresión.
Lo que
provocará
una ley así
es que los
usuarios
tengan miedo
a ser
vigilados y
se
autocensuren,
añade.
La ley
también
puede crear
indefensión
jurídica.
“Hay una
falta de
definición
de la
consulta
sancionable,
es un
concepto muy
amplio y muy
abierto”,
asegura
Elbal, que
opina que
cuando una
norma puede
establecer
multas de
hasta 45.000
euros, los
hechos a
castigar
deben estar
perfectamente
claros.
De la misma
opinión es
el abogado
Carlos
Sánchez
Almeida,
especialista
en la
defensa de
los derechos
civiles en
internet,
quien apunta
que la ley
“busca la
autocensura,
no solo las
sanciones,
es un
mensaje a
toda la
ciudadanía,
que sepan
que están
vigilando”.
Advierte
también que
la
ciudadanía
tiene en su
mano
herramientas
para pelear
contra este
tipo de
normas y
“defenderse
contra esta
agresión”.
“Siempre es
peligroso
que la
Administración
se entrometa
en materia
de libertad
de expresión
en internet,
mejor que
sea el Poder
Judicial
quien
pondere,
porque solo
el Poder
Judicial es
el que está
facultado
para
secuestrar
publicaciones,
y una red
social no
deja de ser
una
publicación”,
apunta.
Para este
abogado, lo
grave es que
el control
de internet
es una
tendencia
creciente, y
pone como
ejemplo que
el PSOE haya
presentado
una
iniciativa
muy similar:
“Ahora el
derecho a la
libertad de
expresión
pertenece a
toda la
ciudadanía,
y ante esa
explosión de
libertad,
los
gobiernos
han querido
acotarla con
medidas
coercitivas".
Este
proyecto de
ley también
cuenta con
un informe
desfavorable
de la
Abogacía
General de
la Comunidad
de Madrid
remitido al
Gobierno
autonómico
por primera
vez el
pasado mes
de junio. El
escrito,
difundido
por la
Plataforma
en defensa
de la
Libertad de
Información,
hace
referencia
en numerosas
ocasiones a
la inclusión
por parte de
la Comunidad
en aspectos
en los que
la
competencia
es en
"exclusiva"
estatal.
"El artículo
30.3 estaría
viciado de
inconstitucionalidad",
concluye el
servicio
jurídico. El
artículo
expone que
la Comunidad
de Madrid
"se
personará en
los
procedimientos
penales de
incitación
de odio en
calidad de
parte
perjudicada
civilmente".
La Abogacía
considera
que la
defensa de
la legalidad
pertenece
"en
exclusiva al
Ministerio
Fiscal" y la
personación
por parte
del Gobierno
autonómico
puede
"mermar el
derecho de
defensa del
acusado" por
existir
"duplicidad"
de
funciones.
La Abogacía
General de
la Comunidad
de Madrid
apunta a
numerosos
casos en los
que la
comunidad
autónoma
estaría
vulnerando
competencias
estatales en
materia de
educación,
sanidad,
mercado
laboral y
medios de
comunicación.
Las
infracciones
contempladas
en el
proyecto
podrán ser
leves, (con
multa de
hasta 3.000
euros),
graves (con
sanciones de
entre 3.001
y 20.000
euros), y
muy graves
(con
castigos de
entre 20.001
y 45.000
euros). La
gravedad de
las acciones
dependerá
"de los
daños
causados, la
permanencia
de las
repercusiones,
el número de
personas
afectadas,
la
intencionalidad
del
infractor y
la
reincidencia".
http://m.eldiario.es/madrid/oposicion-expertos-Ley-Mordaza-Cifuentes_0_591441690.html
EL CONSEJERO
DE MEDIO
AMBIENTE
DICE QUE NO
CONOCE “DE
NADA A
MARJALIZA”
Jaime
González
Taboada se
desvincula
en la
Asamblea por
completo de
las posibles
irregularidades
en la
gestión del
plan Prisma
El consejero
de Medio
Ambiente,
Jaime
González
Taboada, ha
declarado
hoy ante la
comisión de
investigación
de la
corrupción
la Asamblea
de Madrid,
en relación
con la
gestión del
plan
regional de
inversiones
Prisma
2006-2007.
Taboada era
en aquel
momento
director
general de
Cooperación
con la
Administración
Local y
formaba
parte de la
mesa de
contratación
de la
empresa
pública
Arpegio.
Desde su
puesto
gestionaba
el Prisma,
hasta que el
Gobierno
regional
decidió
contratar a
una empresa
privada (Dusa),
debido a que
Arpegio no
tenía
suficiente
personal ni
recursos
para
hacerlo.
Taboada se
ha
desvinculado
de David
Marjaliza,
investigado
por la
Púnica, y de
Francisco
Granados, en
aquella
época
consejero de
Presidencia
y
responsable
de la
empresa
pública
Arpegio. De
Marjaliza ha
dicho que no
le conoce de
"nada". "Ni
le pongo
cara, ni me
he tomado
nunca una
copa con
él", ha
matizado.
Con Granados
existía una
relación
laboral "no
personal".
Nunca habló
con él sobre
ninguna
adjudicación.
"Comentábamos
los
problemas de
los
ayuntamientos",
ha dicho. Al
mismo
tiempo, ha
negado que
le hubieran
presionado
en algún
momento para
realizar
ninguna
adjudicación.
"Si esto es
así ¿por qué
ha dicho
Marjaliza
que usted
mangoneaba?",
le ha
espetado
Ángel Zafra
de
Ciudadanos.
"Eso mismo
me llevo
preguntando
yo desde que
lo dijo", ha
contestado.
Ha recordado
que le ha
interpuesto
una querella
por ese
motivo. Sin
embargo, no
ha querido
informar
sobre el
estado en
que se
encuentra la
denuncia,
"porque es
personal",
pero al
mismo tiempo
ha dejado
caer que la
está pagando
él y que "ha
avanzado".
Las
preguntas
sobre la
factura de
16,5
millones de
euros de
gastos del
Prisma
2006-2007 y
que la
Intervención
de la
Comunidad de
Madrid se ha
negado a
aprobar, ha
provocado
cierta
crispación.
Sobre todo
cuando
Taboada ha
recordado a
la diputada
del PSOE
Encarnación
Moya que
todos se
apuntaban a
las
inauguraciones,
"incluso
usted". El
recibo, que
pagó Arpegio
pero que no
asume la
Comunidad de
Madrid,
incluye
abonos de
3,3 millones
en primeras
piedras de
obras y un
despliegue
mediático en
el que
llegaron a
pagarse
852.000
euros por
varios
vídeos
propagandísticos,
65.000 en
teléfono,
75.000 en
material de
oficina o
96.000 en
supermercado,
farmacia y
pequeños
enseres.
En opinión
de Moya,
esta factura
"de la que
no se quiere
hacer cargo
nadie y por
la que no se
puede
liquidar el
Prisma
2006-2007"
es una
muestra del
coladero de
dinero
público en
el que se
convirtieron
algunas
empresas
públicas.
Taboada ha
explicado
que desde su
puesto lo
único que
podían hacer
era
trasladar el
recibo.
El PSOE le
ha recordado
al mismo
tiempo que
ellos creen
que la
gestión del
Prisma 2006
y 2007, que
Arpegio
encargó a
una empresa
privada, era
una
"operación
perfectamente
planificada".
Taboada, sin
embargo, ha
vuelto a
indicar que,
en eso,
tampoco tuvo
nada que
ver. "A mí
nadie me
preguntó,
porque no
era de mi
competencia,
yo era un
director
general".
"Esos
fastos, esas
juergas que
usted dice,
a los que
los alcaldes
socialistas
se apuntaban
los
primeros,
todo el
mundo
acudía", ha
manifestado
el consejero
en
referencia a
la polémica
factura.
Luego ha
aclarado que
a él la
entrega de
una
infraestructura
necesaria
para un
pueblo de 12
millones de
euros no le
parecía ni
un fasto ni
una juerga.
"Y allí
estaban sus
compañeros y
ustedes,
fastos y
juergas para
todos o para
ninguno", ha
puntualizado.
En cuanto a
si se
desperdició
dinero, en
por ejemplo
un plan de
publicidad
por 800.000
euros a una
empresa
vinculada
con la
Púnica,
Taboada no
sabe si es
mucho o
poco, porque
también
desconoce el
tiempo que
duró y los
servicios
que incluía.
"Eso no era
cosa
nuestra, lo
pagaba
Arpegio, no
soy yo quien
lo tiene que
valorar. Ni
me
preguntaban
si era
correcto, ni
por las
empresas ni
por nada",
se ha
continuado
desmarcando.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/16/madrid/1481895638_889653.html
DIMITE EL
ALTO CARGO
DE CIFUENTES
QUE LOGRÓ UN
PISO DEL
PLAN JOVEN
EN 20 DÍAS
SIN FIGURAR
EN LA LISTA
DE
ASPIRANTES
La número
tres del
Ivima obtuvo
un alquiler
con opción a
compra fuera
de sorteo en
diciembre de
2012
La salida de
María Jesús
Martín Nieto
se produce
solo un día
después de
que
infoLibre
desvelara
los hechos
María Jesús
Martín
Nieto, la
directora
del Área
Económica,
Promoción y
Rehabilitación
de la
Agencia de
Vivienda
Social de la
Comunidad de
Madrid –el
antiguo
Ivima– que
logró en 20
días un piso
público de
alquiler con
opción a
compra,
presentó
este viernes
su dimisión.
Los hechos
fueron
desvelados
por
infoLibre
este jueves.
Martín Nieto
obtuvo la
vivienda
fuera de
sorteo, sin
que su
nombre
constara en
la lista
pública de
aspirantes
–307.187 en
aquel
momento,
según su
departamento–
y sin haber
formalizado
renuncia
expresa y
previa al
derecho que
ya tenía
desde cinco
años antes a
otro piso
público,
este
proyectado
en un
municipio
más lejano
–Móstoles–
que aquel
donde
finalmente
se convirtió
en inquilina
y posible
futura
propietaria:
Majadahonda.
Fuentes
próximas a
la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid
indicaron a
este
periódico
que, "aunque
no existiese
ninguna
ilegalidad"
en la
actuación de
Martín
Nieto, su
actuación
había sido
en todo caso
"antiestética".
Eso ha
llevado a
Cristina
Cifuentes a
aceptar de
forma
inmediata su
dimisión.
A preguntas
de infoLibre
el pasado
miércoles,
Martín Nieto
sostuvo que
pese a que
su nombre no
aparece en
la lista
única
vigente
cuando
solicitó el
piso de
Majadahonda
–el 6 de
diciembre de
2012–, jamás
dejó de
formar parte
de ella
desde que se
inscribió en
2005.
Simplemente
no figura su
nombre
–aduce– como
tampoco el
de ningún
otro de los
"beneficiarios"
del derecho
a una futura
vivienda
porque
tienen
vetado
acudir a
nuevos
sorteos pero
no a optar a
viviendas
mediante
otras
fórmulas
como la que
le permitió
a ella misma
acceder al
piso de
Majadahonda.
Según su
versión, esa
fórmula
distinta al
sorteo
público
consiste en
solicitar el
alquiler de
una vivienda
que haya
quedado
vacante por
renuncia
voluntaria
de sus
"beneficiarios",
que de ese
modo no
llegan a
convertirse
en
"adjudicatarios".
Sin embargo,
la normativa
madrileña
dice
justamente
lo contrario
que la
número tres
del
organismo
madrileño
especializado
en vivienda
pública. La
Orden que
desde 2005
regula el
funcionamiento
de la Lista
Única
preceptúa en
su artículo
7 lo
siguiente:
"La
exclusión de
la Lista
Única se
producirá de
oficio
cuando los
seleccionados
resulten
beneficiarios
de una
vivienda".
Además, la
guía oficial
de trámites
sobre la
Lista Única
que figura
en la web
del Gobierno
madrileño
amplía el
concepto:
"En caso de
que un
solicitante
haya
resultado
beneficiario
titular de
una vivienda
con
protección
pública para
arrendamiento
con opción a
compra para
jóvenes
mediante el
correspondiente
proceso de
selección,
la Dirección
General de
Vivienda y
Rehabilitación,
mediante
carta
certificada,
comunicará
su condición
indicándole
la promoción
correspondiente,
así como su
exclusión de
la Lista
Única de
Solicitantes,
de forma que
no podrá
participar
en
posteriores
procesos de
selección
mientras
mantenga su
condición de
beneficiario".
Esa misma
guía explica
que el de
beneficiario
es un
concepto
distinto y
previo al de
adjudicatario.
No obstante,
los
portavoces
de Martín
Nieto
remitieron
este
miércoles a
infoLibre un
certificado
expedido por
el director
general de
Vivienda de
Madrid, José
María García
Gómez, según
el cual la
número tres
de la
Agencia de
Vivienda
"constaba
inscrita a
30 de
noviembre de
2012 en la
Lista Única
de
Solicitantes
de Vivienda
con
protección
pública en
régimen de
arrendamiento
con opción a
compra para
jóvenes". La
emisión de
ese
certificado
abre el
interrogante
de cuántos
menores de
35 años
forman o han
formado
parte de la
denominada
lista única
sin que ese
dato pudiera
ser
públicamente
conocido.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/16/dimite_alto_cargo_cifuentes_que_logro_piso_del_plan_joven_dias_sin_figurar_lista_publica_aspirantes_58837_1012.html
CONDENADA A
SEIS MESES
LA
EXALCALDESA
DE
SERRANILLOS
POR COMPRAR
DOS BOLSOS
CON UNA
TARJETA DEL
AYUNTAMIENTO
Un jurado ha
considerado
culpable de
malversación
a Olga
Fernández,
también
investigada
por la
Púnica
Olga
Fernández,
exalcaldesa
del
municipio de
Serranillos
del Valle,
ha sido
condenada a
seis meses
de cárcel
después de
que un
jurado
popular la
haya
declarado
culpable de
malversación
por
comprarse en
2010 dos
bolsos con
una tarjeta
de crédito
del
Ayuntamiento.
La decisión
final tomada
por la
magistrada
de la
Audiencia
Provincial
de Madrid
Pilar de
Prada, en
una
sentencia a
la que ha
tenido
acceso este
diario, está
muy lejos de
los dos años
de cárcel
que pedía el
fiscal. El
fallo ha
considerado
el atenuante
de
“reparación
del daño”,
pues a pesar
de que la
acusada
nunca llegó
a devolver
expresamente
los 370
euros que
habían
costado los
dos bolsos
de
Purificación
García, sí
pagó una
cantidad
similar al
Ayuntamiento
en concepto
de
indemnización
poco antes
del juicio.
Aparte de
los seis
meses de
prisión,
Fernández,
que fue
entre 2003 y
2011
alcaldesa
por el PP
del pequeño
municipio de
3.900
habitantes
situado del
sur de la
Comunidad de
Madrid, ha
sido
condenada a
una multa de
450 euros y
estará
inhabilitada
durante el
tiempo de su
pena para
cargo o
empleo
público.
La
sentencia,
que puede
ser
recurrida
ante el
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid,
considera
probado que
la
exalcaldesa
compró los
bolsos con
la tarjeta
para gastos
de
representación
y los
destinó “a
un fin ajeno
a la función
pública”. Es
decir, que
ha desechado
las
explicaciones
de
Fernández,
que aseguró
que los
bolsos no
eran para
ella, sino
para dos
funcionarias
de la
Comunidad de
Madrid que
habían
agilizado
unos
trámites al
Ayuntamiento.
La semana
pasada,
cuando se
supo la
decisión del
jurado
popular a la
espera de la
condena
efectiva que
ha llegado
ahora,
fuentes del
PP regional
aseguraron a
este
periódico
que el tema
de Fernández
“se va a
tratar en el
próximo
Comité de
Derechos y
Garantías y
se va a
pedir su
suspensión
cautelar de
militancia y
que entregue
el acta de
concejal”.
La
exalcaldesa,
que también
está
investigada
en los
juzgados en
el contexto
del caso
Punica —una
trama de
corrupción
municipal y
regional que
afecta a
decenas de
políticos de
toda España—
es todavía
la portavoz
del PP en
Serranillos.
Contactada
este lunes
por el
teléfono,
Fernández
declinó
hacer
ninguna
declaración
porque,
aseguró, la
sentencia
aún no le
había sido
notificada a
su abogado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/05/madrid/1480962642_476125.html
CIUDADANOS
DA DE PLAZO
A CIFUENTES
HASTA ENERO
PARA QUE
APARTE AL
ALCALDE QUE
INSULTÓ A
LAS
FEMINISTAS
El regidor
de Alcorcón,
David Pérez,
habló de
mujeres
"amargadas",
"rabiosas" y
"frustradas"
en alusión
al feminismo
En caso de
seguir todo
como hasta
ahora, el
partido
naranja
asegura que
se
barajarían
otras
opciones que
ahora no
contempla y
que tampoco
especifica
El portavoz
de
Ciudadanos
en la
Asamblea de
Madrid,
Ignacio
Aguado, ha
indicado que
su formación
dejará a la
presidenta
de la
Comunidad y
de la
Gestora del
PP de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
un tiempo
"prudencial"
para tomar
decisiones
sobre el
alcalde de
Alcorcón,
David Pérez,
y recalca
que si a las
vuelta de
las
navidades el
regidor
sigue en su
cargo,
empezarán a
barajar
otras
opciones que
ahora mismo
no se
plantea la
formación
naranja.
Así lo ha
indicado
Aguado
durante una
entrevista
con Europa
Press y en
referencia a
la situación
del alcalde
de Alcorcón
y la
reflexión
que ha
reclamado a
Cifuentes
para que
determine si
debe apartar
a Pérez de
la Alcaldía.
El líder de
la formación
naranja en
la Asamblea
ha señalado
que su
formación no
pretende
generar
"inestabilidad"
en Alcorcón
pero quiere
que el PP
reflexione
sobre los
alcaldes que
tiene en
algunos
municipios.
En este
sentido,
cree que el
caso de
David Pérez
es
"paradigmático"
de cómo un
cargo del PP
defiende
unos
"postulados"
que no se
"acomodan"
con lo que
piensa la
mayoría de
los
ciudadanos
de Alcorcón
ni de la
Comunidad de
Madrid.
Aguado
considera
que hablar,
como hizo el
actual
alcalde de
Alcorcón, de
mujeres
"amargadas",
"rabiosas" y
"frustradas"
en alusión
al feminismo
"no tiene
sentido" y
le
"deslegitima"
para estar
al frente
del
Consistorio
de esta
localidad.
Además,
considera
que en su
caso no
basta con
pedir
disculpas
pues eso
vale cuando
hay un
"calentón"
al excederse
en una
intervención
parlamentaria
o se utiliza
"mal" un
adjetivo. En
el caso de
Pérez, se
trata de una
"exposición
argumentativa"
de su visión
sobre temas
como el
feminismo y
el aborto,
posiciones
que no son
compartidas
ni por C's
ni por la
"mayoría de
la
sociedad".
Por eso, le
ha
trasladado
al PP que se
decida, pues
sin querer
"sacarle de
su casilla
de partido
conservador
cree que en
cuestiones
tan
controvertidas"
como la
igualdad o
la mujer,
debe
definirse si
piensa como
David Pérez
o si tiene
otra visión.
"Y si tiene
otra
postura, que
actúe en
consecuencia",
ha
apostillado.
Aguado
recuerda que
se ha pedido
la
reprobación
de Pérez
varias veces
y que
Ciudadanos
ha
solicitado
su dimisión
formalmente.
"Queremos
que sea
Cifuentes la
que decida
qué hacer.
No nos
planteamos
otra
alternativa
a día de
hoy. No nos
gusta David
Pérez al
frente del
Consistorio
y daremos un
tiempo
prudencial
para que
tome una
decisión y
entonces, si
no se toman
decisiones,
se abrirán
otras
posibilidades
que hoy no
barajamos",
ha
subrayado.
Preguntado
qué plazo
entiende
como
prudencial
para tomar
una
decisión,
Aguado ha
señalado que
se debería
haber
adoptado una
decisión a
la vuelta de
navidades o
en enero. En
caso de
seguir todo
como hasta
ahora, se
valorarían
otras
opciones que
ahora no
contempla.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/06/ciudadanos_plazo_cifuentes_hasta_enero_para_que_aparte_alcalde_que_insulto_feministas_58468_1012.html
CIFUENTES NO
PEDIRÁ AL
ALCALDE DE
ALCORCÓN QUE
DIMITA
PORQUE
CONSIDERA
QUE HA
PEDIDO
DISCULPAS
"Si
Ciudadanos
quiere tomar
alguna
medida, que
no ponga
pretextos",
advierte
Reitera que
no comparte
"en
absoluto"
las palabras
del regidor
pero que
está
"arrepentido"
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
confirmó
este domingo
que no va a
pedir al
alcalde de
Alcorcón,
David Pérez,
que dimita
por sus
palabras
sobre el
feminismo y
añadió que
si lo que
quiere
Ciudadanos
es gobernar
en este
municipio
con el apoyo
de la
izquierda
que se lo
explique a
la
ciudadanía.
En una
entrevista
en La Sexta,
recogida por
Europa Press,
la dirigente
madrileña ha
sido
preguntada
por si no va
a pedir a
David Pérez
que dimita
dado que
Ciudadanos
le ha puesto
de plazo
hasta enero
para que lo
haga porque
si no, han
señalado
desde la
formación
naranja,
tendrán que
mirar otras
posibilidades.
Así las
cosas,
Cifuentes no
cree que
David Pérez
tenga que
dimitir y,
además, dijo
que el
Gobierno de
la Comunidad
de Madrid no
puede
"interferir
en
cuestiones
que son
municipales".
"¿Qué se
estaría
diciendo si
desde Sol
estuviésemos
tratando de
interferir
en gobiernos
del PSOE o
de
Podemos?",
se preguntó.
Cifuentes
recordó que
Pérez ha
pedido ya
disculpas y
cree que "ha
hecho lo
correcto".
"No le voy a
pedir que
dimita y si
Ciudadanos
quiere tomar
alguna
medida, que
no ponga
pretextos y
que lo haga
y si quiere
gobernar con
la izquierda
en Alcorcón,
que se lo
explique a
los
ciudadanos",
subrayó.
Por otro
lado,
reiteró que
no comparte
"en
absoluto"
las palabras
del alcalde,
pero que
está
"arrepentido"
y que las
personas
cometen
"equivocaciones".
Por último,
se preguntó
qué se
estaría
diciendo si
se hubiera
referido a
una
periodista
diciendo que
la
"apalearía
hasta que
sangrara",
en
referencia a
unas
declaraciones
del líder de
Podemos,
Pablo
Iglesias,
sobre la
periodista
Mariló
Montero.
También
criticó el
"machismo"
que se
desprende de
otras
declaraciones
como cuando
se refieren
a ella como
"la rubia de
la coleta".
Recordó que
eso mismo le
pasó hace
poco con un
concejal del
Ayuntamiento
de Madrid y
agradeció a
la
alcaldesa,
Manuela
Carmena, que
la llamara
para
disculparse
porque fue
la única que
lo hizo.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/12/cifuentes_pedira_alcalde_alcorcon_que_dimita_porque_pedido_disculpas_58644_1012.html
EL DIPUTADO
POPULAR LUIS
PERAL DEJA
SU ESCAÑO EN
LA ASAMBLEA
DE MADRID
La decisión
ha sido
motivada por
razones
personales y
para
emprender
nuevos
proyectos,
según
explicó él
mismo
El diputado
del Partido
Popular en
la Asamblea
de Madrid,
Luis Peral,
abandona su
escaño en el
parlamento
regional y
cesa toda su
actividad
política. El
conservador
Peral toma
esta
decisión
“por motivos
personales”
y con la
motivación
de emprender
nuevos
proyectos,
entre ellos
el de
doctorarse,
según
explicó él
mismo.
El portavoz
de Educación
del PP en la
Asamblea
comunicó el
lunes 26 de
diciembre su
decisión a
la
presidenta
regional,
Cristina
Cifuentes,
así como al
portavoz del
grupo
parlamentario,
Enrique
Ossorio. La
renuncia se
hará
efectiva en
los próximos
días, por lo
que Peral no
acudirá al
Pleno del 12
de enero en
el
Parlamento
regional.
El que fue
senador por
la Comunidad
de Madrid
—entre 2007
y 2015— ha
tenido una
carrera
política no
exenta de
polémicas.
Luis Peral
tuvo que
pagar una
multa de 300
euros por
ausentarse
en la
votación de
la ley
contra la
LGTBfobia,
promovida
por su grupo
parlamentario.
En otra
ocasión
también fue
sancionado,
en este caso
con 600
euros, por
votar en
contra de
una moción
para regular
los vientres
de alquiler.
Su ausencia
—a la que se
sumó el
alcalde de
Alcorcón,
David Pérez—
supuso la
pérdida de
la votación
para el PP
regional.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/26/madrid/1482757943_079847.html
EL JUEZ RECLAMA A CIFUENTES EL ACUERDO QUE PERMITIÓ A MARTINSA EL
PELOTAZO DE ARGANDA
De la Mata cita también a declarar como testigo al actual director
general de Transportes de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda
del Rey, Pablo José Rodríguez Sardinero, en relación a los contratos
adjudicados a una empresa de Correa
La Policía Judicial considera que el presunto cerebro de la trama Gürtel
percibió hasta 25 millones de euros a cambio de intermediar en la
operación urbanística del municipio madrileño
El juez José de la Mata, que instruye en la Audiencia Nacional la pieza
separada del caso Gürtel en el que se investiga en Arganda del Rey el
mayor pelotazo de la trama liderada por Francisco Correa, ha reactivado
sus pesquisas reclamando a la dirección general de Urbanismo del
Gobierno de Cristina Cifuentes que remita "en el plazo de cinco días" el
acta de la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en la que se
aprobó en enero de 2006 el Plan Parcial de Reforma Interior de la
urbanización conocida como Unidad de Ejecución 124 del municipio
madrileño, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre.
Según la información facilitada por la Policía Judicial, los ingresos
que pudo haber obtenido Francisco Correa a cambio de intermediar en esta
operación urbanística podrían alcanzar los 25 millones de euros. La
justicia de Suiza mantiene bloqueados 22,2 millones de euros que Correa
mantenía en los bancos de este país al margen del fisco español.
Las irregularidades en la adjudicación en noviembre de 2004 a la empresa
promotora Martinsa de una parcela para construir en Arganda del Rey, que
desembocaron en uno de los mayores pelotazos de la trama Gürtel,
provocaron que la constructora elevara su previsión de ventas en 198,3
millones, según se desprende de un informe de la Intervención General
del Estado (IGAE) remitido al juez De la Mata, que basa sus conclusiones
en la declaración del arquitecto contratado por Martinsa para
desarrollar su proyecto en el municipio madrileño, Gilbert Barbany, que
declaró como testigo en la causa.
Comisión de urbanismo
En el mencionado informe, la IGAE llama la atención al juez De la Mata
que entre la documentación aportada para esta operación inmobiliaria no
constaba que se hubiera remitido el acuerdo final a la Comunidad de
Madrid. Tampoco se incluyeron los correspondientes informes técnicos y
jurídicos ni el acuerdo adoptado por la comisión de Urbanismo.
En el documento, la Intervención analiza las irregularidades en la
adjudicación de estos terrenos, situados en la llamada UE-124 o Área de
Centralidad de la localidad del sur de la Comunidad de Madrid. Las
variaciones introducidas en el plan inicial, y que ahora reclama el juez
a la Comunidad de Madrid, provocaron, por ejemplo, que se pasara de las
1.580 viviendas previstas inicialmente a la aprobación definitiva de
2.731, un 72,85 por ciento más.
El "incremento tan importante" producido en el número de viviendas
planificadas -a costa de reducir el número máximo de metros cuadrados de
las mismas a 90- generó que Martinsa pasara de contar con una previsión
de venta de 336,6 millones a 535 millones, un 58,93 por ciento más
(198,3 millones), completa el documento, que alude en todo momento a los
datos aportados por el testigo.
Cesión gratuita
Pero el juez también reclama al Ayuntamiento de Arganda del Rey el
expediente completo de la cesión gratuita de las parcelas integradas en
la UE-124 por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey a la entidad
pública Fomento y Desarrollo Municipal SA tramitado en 2004, y que
posteriormente acabaron en poder de Martinsa.
Precisamente, el informe de la IGAE también refleja que el precio de
licitación cerrado para llevar a cabo la operación fue de 77,2 millones,
una valoración que -dice- no se corresponde con la real ofrecida por
Aguirre Newman. Prueba de ello es que el propietario de Martinsa,
Fernando Martín, vendió unos meses más tarde un tercio de los terrenos
por 73 millones.
Fernando Martín se defiende
Fernando Martín, que está imputado en esta pieza separada de Gürtel,
siempre ha defendido la legalidad de todas sus actuaciones, al mismo
tiempo que ha asegurado que adquirió y vendió los terrenos mencionados
al precio de mercado.
La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (Onif) señaló
entonces que dos sociedades de Correa recibieron sendas comisiones de 12
y 12,8 millones de euros por esta operación. La primera la realizó el
empresario Manuel Salinas en 2004 y la segunda el presidente de la
constructora Martinsa, Fernando Martín, a través de una sociedad
interpuesta, dos años después.
Salinas, un empresario de Zaragoza dedicado a la fabricación y
comercialización de muebles de madera y el equipamiento integral de
cuartos de baño cuyas empresas "estaban relacionadas" con el negocio de
Martinsa, invirtió también cuatro millones para pagar la segunda
comisión, que fue efectuada por la empresa Cedargrove Investments,
vinculada a Martín, informa Europa Press.
Los técnicos del organismo tributario afirman que, coincidiendo con el
pago de la comisión ilegal de 12,8 millones, una empresa de Salinas (Tasal
SL) adquirió además de forma legal el 5 por ciento de las acciones de
una sociedad en la que había invertido Martinsa denominada RTM por valor
de cinco millones de euros. RTM fue el nombre de la división
inmobiliaria vinculada a la operación para la construcción del nuevo
estadio del club colchonero. Sin embargo, Salinas decidió en 2006
liquidar su participación en las empresas que se adjudicaron el pelotazo
y recuperó estos cinco millones.
Director general de Transportes
En el auto, firmado este mismo martes 29 de noviembre, De la Mata cita
también a declarar como testigo al actual director general de
Transportes de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey,
Pablo José Rodríguez Sardinero, en relación a los contratos adjudicados
a la empresa de Correa Easy Concept Comunicación SL sobre las ofrendas
florales de las fiestas patronales del municipio de 2007 y 2008.
El juez también cita de declarar, pero en este caso como imputados, a
los técnicos municipales José Ramón Gutiérrez Villar, Isaac García
Requena y María Josefa Aguado del Olmo. Como testigo está citada la
exedil de Cultura Amalia Guillén Sanz y el técnico municipal José
Fernández García.
José de la Mata reclama asimismo al Ayuntamiento el expediente de
resolución del contrato de construcción de centro deportivo integrado
de la Poveda, suscrito con la empresa Teconsa.
Finalmente, el instructor solicita al Ministerio de Economía y Hacienda
para que antes de cinco días "informe sobre la clasificación que la
entidad Constructora Hispánica SA tenía entre 2004 a 2007", para
determinar si esta sociedad podía contratar con la Administración
pública.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/30/auto_audiencia_nacional_sobre_arganda_58233_1012.html
LA MADRE DEL TORERO QUE QUERÍA “ABONAR CUNETAS” CON LOS “ROJOS” DE
PODEMOS SE ENFRENTA A LA JUSTICIA POR LA ‘GÜRTEL’
María Josefa Aguada había sido imputada por el juez, pero al conocer que
era diputada de Cifuentes le ha ofrecido testificar de manera voluntaria
Todos somos humanos y todos cometemos errores; los jueces también. Que
se lo digan, por ejemplo, a José María Vázquez-Honrubia, quien durante
unas horas citó a declarar a Mariano Rajoy por el caso Gürtel. Pero casi
todo tiene arreglo en esta vida, también los autos judiciales. Por
ejemplo, el del juez José de la Mata, del Juzgado de Instrucción número
5 de la Audiencia Nacional, y que fue adelantado por ELPLURAL.COM en
exclusiva.
En dicho auto, publicado el pasado martes, citaba a declarar a varias
personas sobre los pelotazos de la Gürtel en Arganda del Rey. Uno de
ellos, citado como testigo, es Pablo Rodríguez Sardinero, hombre de
confianza de Cristina Cifuentes y actual director general de
Transportes. Otra de las citadas, en este caso como investigada –antes
imputada- es María José Aguado del Olmo, a la que se atribuyen delitos
de prevaricación y fraude por la adjudicación de la X Olimpiada Escolar
a la trama Gürtel.
Sin embargo, resulta que el juez no sabía que Aguado es diputada en la
Asamblea de Madrid a día de hoy, pero la UDEF, encargada de hacer llegar
las imputaciones, ya ha avisado al magistrado de esta situación. Por
ello, este miércoles, De la Mata ha rectificado su auto con uno nuevo en
el que le ofrece a la diputada madrileña testificar de manera voluntaria
en su juzgado en el plazo de un mes.
Así evita todo el trámite del aforamiento, que le llevaría a elevar una
pieza nueva al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para especificar
al detalle todos los posibles delitos cometidos.
En cambio, le propone testificar de manera voluntaria, igual que hizo
Rita Barberá en el Tribunal Supremo, así como “proponer pruebas y
participar en las diligencias probatorias”.
Pero, ¿quién es María Josefa Aguado? Porque el desconocimiento sobre su
persona va más allá de la demostrada por el juez. Pero su trayectoria
política es dilatada, aunque oculte parte de ella en su biografía en la
web de la Asamblea, como la parte referida a su estancia en Arganda.
Aguado fue diputada nacional en la legislatura 2000-2004 y gerente de
una empresa municipal de 2007 al 2011. Y antes de ser elegida diputada
regional fue concejala de Barajas en la anterior legislatura municipal,
aunque siempre ha estado vinculada a San Sebastián de los Reyes, donde
presidió el partido y fue portavoz local durante 14 años.
Aunque la parte más polémica de su biografía es la que la sitúa como
madre del polémico torero Gabriel Picazo, quien más que por sus méritos
taurinos es conocido por la polémica protagonizada a principios de 2015,
cuando propuso convertir a la “panda de rojos radicales” de Podemos en
“abono para las cunetas”.
http://www.elplural.com/politica/2016/12/01/la-madre-del-torero-que-queria-abonar-cunetas-con-los-rojos-de-podemos-se
LA DIPUTADA DE CIFUENTES CITADA ANTE EL JUEZ, AL BORDE DEL LLANTO:
"TENGO FAMILIA Y TENGO QUE VER TODO ESTO EN LOS MEDIOS"
Dice que "jamás en mi vida" ha hecho un informe ni tenía
"responsabilidad" en Arganda... pero la Justicia no lo tiene tan claro
La diputada del PP en la Asamblea de Madrid María Josefa Aguado ha sido
hoy abordada por los medios de comunicación, después de que el juez José
de la Mata, que instruye el pelotazo de la Gürtel en Arganda del Rey, la
hubiese, primero, imputado y, después, citado como testigo voluntario
después de conocer que estaba aforada.
La diputada del PP se ha mostrado visiblemente alterada, recalcando que
“tengo familia y tengo que ver todo esto en los medios de comunicación y
es tristísimo, porque no he hecho nada, nada”. Y ha señalado que “en
ningún caso he hecho ninguna adjudicación, ningún informe, ningún
contrato. Claramente es que no tenía ninguna responsabilidad en Arganda
del Rey, de ningún tipo, jamás en mi vida he hecho ningún informe”.
Ha asegurado que no piensa dejar su escaño: “¿Por qué voy a dimitir? Que
me diga alguien que he hecho”. También ha dicho que “no llego a entender
esto, es que no lo entiendo. Como no he visto el auto ni nada, ni se me
ha notificado esto”.
En ELPLURAL.COM sí hemos podido ver el auto y podemos explicarle a la
diputada por qué fue imputada en el primer documento. En concreto, por
varios informes emitidos a lo largo de 20 días, entre el 9 y el 29 de
mayo de 2007, en los que ella establecía “la innecesariedad de tramitar
expediente de contratación alguno” para adjudicar las X Olimpiadas
Escolares a la empresa Easy Concept, de la trama Gürtel.
Trabajando en política, es un poco arriesgado asegurar que “jamás en mi
vida he hecho ningún informe”, pero el juez se refiere a unos informes
muy concretos. Y también es extraño asegurar que “no tenía ninguna
responsabilidad en Arganda del Rey”, cuando el juez le señala como “jefa
de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey”.
http://www.elplural.com/politica/2016/12/01/la-diputada-de-cifuentes-citada-ante-el-juez-al-borde-del-llanto-tengo-familia-y
DE LA MATA PIDE A UNA DIPUTADA DEL PP EN MADRID QUE DECLARE DE FORMA
VOLUNTARIA COMO INVESTIGADA EN 'GÜRTEL'
El magistrado la había citado como imputada por hechos que se remontan a
su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del
Rey
Tras comprobar que es aforada, el juez elimina su condición de persona
investigada por delitos de prevaricación y fraude a las administraciones
públicas y le ofrece acudir voluntariamente a declarar en un plazo de 30
días
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ofrecido este
miércoles a la diputada del PP en la Asamblea de Madrid María José
Aguado que declare de forma voluntaria com imputada en el marco de las
actividades que realizó la trama Gürtel en Arganda del Rey (Madrid) tras
comprobar que es aforada.
El magistrado la había citado en un auto de este martes como investigada
por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la
Sociedad de Fomento de Arganda del Rey y, en concreto, para preguntarle
sobre el "fraccionamiento de los servicios relacionados con la X
Olimpiada Escolar" del municipio madrileño. No obstante, y una vez que
ha tenido conocimiento de su calidad de aforada, el juez elimina su
condición de persona imputada por delitos de prevaricación y fraude a
las administraciones públicas y le ofrece acudir voluntariamente a
declarar en un plazo de 30 días.
Además de a María José Aguado, el magistrado ha citado a declarar como
testigo, para el próximo 10 de enero, al director general de Transportes
de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey, Pablo José
Rodríguez Sardinero. De la Mata quiere preguntarle sobre varios
contratos adjudicados a una de las empresas de la Gürtel, Easy Concept,
para la organización de ofrendas florales en dos fiestas del municipio.
Técnicos municipales
También ha citado, en este caso como imputados, a los técnicos
municipales José Ramón Gutiérrez Villar e Isaac García Requena. Como
testigos comparecerán la exedil de Cultura Amalia Guillén Sanz y el
técnico José Fernández García, informa Europa Press.
En el marco de la pieza de Arganda De la Mata ha reclamado, además, a la
Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que le remita
el acta de la comisión que aprobó, en enero de 2006, el plan que
facilitó uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la trama Gürtel en
la localidad madrileña, que la Policía Judicial estima en 25 millones de
euros.
Una parte de este dinero habría acabado en las cuentas que las
autoridades suizas han bloqueado a Francisco Correa, que disponía de
22,2 millones de euros en los bancos de este país
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/30/de_mata_cita_como_investigada_una_diputada_del_asamblea_madrid_por_pelotazo_arganda_58270_1012.html
LOS MOTIVOS
POR LOS QUE
EL CONTRATO
DEL RECTOR A
LA HERMANA
DE CIFUENTES
ES ILEGAL
Tanto la ley
como
sentencias
ya
existentes
establecen
que alguien
que ya
trabaja en
una
universidad
no puede
pasar a un
contrato de
profesor
visitante en
el mismo
centro
La LOU y el
convenio de
personal
docente
exigen
"reconocido
prestigio"
para
acogerse a
esta figura:
administrativa
toda su
vida,
Margarita
Cifuentes no
tiene
investigaciones
conocidas
más allá de
su recién
leída tesis
Margarita
Cifuentes,
hermana de
Cristina
Cifuentes,
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
firmó en
algún
momento del
verano un
contrato
como
profesora
visitante
para ejercer
la docencia
en la
Universidad
Rey Juan
Carlos.
Consultadas
fuentes
jurídicas,
revisadas
las leyes
que regulan
la
contratación
universitaria
y cotejado
el
currículum
de la
interesada,
se llega a
la
conclusión
de que la
contratación
es ilegal
porque se
salta la Ley
Orgánica de
Universidades
(LOU) de
2001,
reformada en
2007, el
convenio
colectivo de
personal
docente e
investigador
con
vinculación
laboral de
las
universidades
públicas de
la Comunidad
de Madrid y
los propios
estatutos de
la
Universidad
Rey Juan
Carlos. En
estos tres
textos
aparece
definida y
delimitada
la figura
del profesor
visitante.
Sin embargo,
tanto
Margarita
como su
hermana
Cristina
Cifuentes
afirman que
es "falso"
que la
contratación
sea ilegal.
La
presidenta
regional ha
calificado
de
"canallada"
la
información
y que se
utilice su
figura para
atacar a su
familia,
según ha
afirmado.
En el ámbito
universitario
el personal
docente e
investigador
está
compuesto
por
funcionarios
de los
cuerpos
docentes
universitarios
y personal
contratado.
Dejando de
lado los
funcionarios,
que han de
ganar un
concurso
para obtener
una plaza y
no es el
caso, para
el personal
laboral
contratado
la LOU, de
2001,
establece
cinco tipos
de
contratación
laboral
específica
para el
sector:
Ayudante,
Profesor
Ayudante
Doctor,
Profesor
Contratado
Doctor,
Profesor
Asociado y
Profesor
Visitante.
Los
estatutos de
la
Universidad
Rey Juan
Carlos
añadirían
luego otra
figura, la
del profesor
emérito.
El visitante
Todas estas
figuras
están
perfectamente
definidas.
Ya en el
preámbulo de
la ley,
reformada en
2007, se da
una primera
idea de qué
se espera de
la figura de
un profesor
visitante y
especifica
claramente
que estos
deben venir
de otros
centros.
"Esta Ley
define con
mayor
precisión la
especificidad
de estas
modalidades
contractuales,
bien por la
necesidad de
completar la
formación en
el caso de
los
ayudantes y
de los
profesores
ayudantes
doctores,
bien por la
oportunidad
de aportar a
la
universidad
el
conocimiento
y la
experiencia
de
profesionales
del sector
productivo
–profesores
asociados– o
de docentes
e
investigadores
de prestigio
de otras
universidades
–profesores
visitantes–".
Margarita
Cifuentes
difícilmente
puede estar
visitando
ahora una
universidad
en la que
lleva
trabajando
desde 2005,
según su
propio
currículum.
Este punto
se reitera
más adelante
en el
artículo 54
de la LOU,
dedicado
expresamente
a regular la
figura del
profesor
visitante,
cuyo punto
a)
especifica:
"El contrato
se podrá
celebrar con
profesores o
investigadores
de
reconocido
prestigio de
otras
universidades
y centros de
investigación,
tanto
españoles
como
extranjeros".
Este asunto
se ha
tratado ya
en los
tribunales,
según
fuentes
jurídicas
consultadas.
Por ejemplo,
una
sentencia
del Tribunal
Superior de
Justicia de
Cataluña del
13 de abril
de 2012
señala
respecto a
un profesor
al que
pasaron de
contratado
como
colaborador
a visitante
que
"respecto
del contrato
suscrito
(...) como
profesor
visitante
(...) se
podría
entender que
lo fue en
fraude de
ley, ya que
este tipo de
contrato,
tal como
bien expresa
el
recurrente
en su
escrito de
recurso,
está pensado
para
profesores e
investigadores
de otras
universidades,
condición
que no tiene
al provenir
precisamente
de la propia
Universidad
Pompeu
Fabra". La
sentencia no
va más allá
porque no es
el objeto de
la demanda,
pero es
bastante
clara.
El
"reconocido
prestigio"
El siguiente
requisito
para ser
profesor
visitante,
expresado en
el mismo
punto de la
LOU y en el
artículo 10
punto 6 del
convenio
colectivo de
personal
docente e
investigador
con
vinculación
laboral de
las
universidades
públicas de
la Comunidad
de Madrid es
tener un
"reconocido
prestigio".
Este punto
podría ser
más
opinable. En
un email
enviado a
este diario,
ella misma
desgrana sus
méritos y
prestigio:
"El título
de mi tesis
tiene su
origen en un
Regimiento
napoleónico,
y en el año
2009 obtuve
una beca de
la Fundación
Napoleón de
París, que
es un centro
de fomento
de la
investigación
de la época
napoleónica,
con el
objetivo de
investigar
en la
materia
elegida y
realizar mi
tesis. Soy
la primera
española que
obtenía una
beca de la
prestigiosa
Fundación
parisina,
cuyas
funciones
son 'apoyar
la
investigación
en la
Historia del
Consulado,
del Primer y
Segundo
Imperio, el
acceso al
conocimiento
y la
salvaguardia
del
patrimonio'".
También,
destaca
Margarita
Cifuentes,
"además de
la referida
beca de
investigación,
he sido
becaria del
Archivo
Histórico
Militar
(Segovia)
durante tres
años, en
donde inicié
mi
investigación".
A esto hay
que sumarle
una
Licenciatura
en Geografía
e Historia y
un Máster
Universitario
en Ciencias
Históricas:
Investigación,
Documentación
y Nuevas
Tecnologías
(2009). Por
último,
destaca que
obtuvo "la
máxima
calificación:
Sobresaliente
cum laude
por
unanimidad"
en la
lectura de
su tesis.
Dicho de
otro modo, y
según su
propio
currículum
colgado en
linkedin: se
licenció en
1985,
accedió a
una plaza de
personal de
administración
y servicios
(PAS) en
1992,
ascendió a
través de
otro
concurso en
2002, en
2009 cursó
un máster
universitario
y en 2016
leyó su
tesis. Según
ha explicado
su hermana
Cristina,
estuvo "15
años"
haciendo la
tesis, para
lo que
obtuvo dos
becas. Esta
es su carta
de servicios
que
justifican
el
"reconocido
prestigio"
que exige la
ley,
completada
con cero
publicaciones
y cero
investigaciones
—hay que
decir que
tampoco era
investigadora
sino PAS— en
estos años,
según
refleja su
página
personal
colgada en
la web de la
URJC.
Competencia
del rector
Los
estatutos de
la URJC
establecen
también que
"los
profesores
visitantes
serán
nombrados
por el
Rector, a
propuesta de
Departamentos,
Institutos
Universitarios
de
Investigación
u otros
centros,
entre
profesores o
investigadores
de
reconocido
prestigio.
La propuesta
de
nombramiento
se
acompañará
de un
informe de
la actividad
y méritos
del
candidato".
Afirma
Cifuentes
que "en este
caso fue el
Departamento
de Ciencias
de la
Educación,
Lenguaje,
Cultura y
Artes,
Ciencias
Histórico-Jurídicas
y
Humanísticas
y Lenguas
Modernas" el
que lo hizo.
Es este el
departamento
en el que ha
sido
adscrita
Margarita y
es justo el
mismo al que
pertenece el
rector,
Fernando
Suárez,
quien
también
dirigió la
tesis de
Margarita
Cifuentes
siendo ya el
máximo
dirigente de
la
universidad.
Este diario
ha
solicitado
el informe
de actividad
y méritos de
Cifuentes a
la URJC sin
éxito de
momento.
http://www.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-Rey-Juan-Carlos-LOU_0_583392541.html
CIFUENTES
DEFIENDE LOS
MÉRITOS DE
SU HERMANA,
CONTRATADA
ILEGALMENTE
POR EL
RECTOR DE LA
URJC
La
presidenta
regional
tacha de
"inmoral" y
"canallada"
que se
publique que
su hermana
ha firmado
un contrato
como
profesora
visitante en
la misma
universidad
en la que
trabajaba
como PAS
Margarita
Cifuentes
pasó a
docente este
verano pese
a que no
cumple los
requisitos
exigidos en
la LOU y el
convenio
regional de
docentes
universitarios
para ser
profesora
visitante
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha
calificado
de
"absolutamente
falso" que
su hermana
Margarita
haya sido
contratada
de manera
ilegal por
la
Universidad
Rey Juan
Carlos, tal
y como
publicó ayer
este diario.
La
presidenta
regional ha
calificado
de
"canallada"
la
información,
que ha
calificado
de "juicio
de valor", y
ha defendido
los méritos
de su
familiar
para acceder
al cargo de
profesor
visitante,
una figura
exenta de
concursos
públicos o
controles y
que permite
al rector de
un centro,
Fernando
Suárez en
este caso,
contratar
personal
casi a
discreción.
"Es inmoral
que un medio
aproveche mi
parentesco
para
cuestionar
una vida de
trabajo
silencioso,
esforzado.
¿Mi hermana
por serlo no
tiene
derecho a
trabajar, a
ser
contratada
por una
universidad?
Me parece
algo
verdaderamente
triste. A mí
no me
importa que
me ataquen a
mí, pero que
quieran
atacar a mi
familia, es
algo
ilegal", ha
contestado a
este diario
tras un acto
en La Razón.
Margarita
Cifuentes
llevaba,
hasta este
verano, 11
años
ejerciendo
como
personal de
administración
y servicios
(PAS) en la
Universidad
Rey Juan
Carlos,
donde llegó
mediante un
traslado
desde la
Complutense
tras haberse
sacado dos
oposiciones
en 1992 y
2002. Pero
este verano,
tras leer su
tesis a
principios
de año,
Margarita
pasó de PAS
a docente
mediante un
contrato de
profesor
visitante.
Esta figura,
la del
profesor
visitante,
está
regulada en
la LOU y la
normativa de
Madrid, y
aclara que
para que un
docente se
pueda acoger
a ella es
necesario
que provenga
de otro
centro, que
sea un
profesional
"de
reconocido
prestigio" y
con
actividad
previa como
investigadora.
Ninguno de
estos
requisitos
cumple
Margarita,
por lo que
su
contratación
contraviene
la LOU y el
convenio
regional
sobre
personal
docente y de
investigación.
Margarita
Cifuentes no
venía de
otro centro,
lo cual
algunas
sentencias
previas ya
consideran
que puede
ser un
"fraude de
ley"
literalmente.
Con 55 años,
su prestigio
como docente
o
investigadora
se limita a
haber
realizado
una tesis
doctoral,
para la que
consiguió,
según
reivindican
ella y su
hermana como
mérito, una
beca en la
Fundación
Napoleón de
París. "La
primera
española" en
lograr tal
hazaña,
según
destacan las
hermanas
Cifuentes.
También
obtuvo una
beca en el
Archivo
Militar de
Segovia para
realizar la
tesis, que
versa sobre
un batallón.
Su actividad
previa como
investigadora
no pasa de
esta tesis,
según su
página web
personal de
la
universidad,
y la
docente, al
menos a
nivel
universitario,
es nula.
Cristina
Cifuentes ha
recordado
que su
hermana
"pierde
dinero" con
el cambio
laboral,
pero que lo
hace porque
"la docencia
es más
satisfactoria",
y ha
insistido en
que "no hay
ninguna
irregularidad"
porque su
hermana es
"investigadora
singular".
http://www.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-contratacion-Rey-Juan-Carlos_0_583392112.html
EL RECTOR DE
LA REY JUAN
CARLOS
CONTRATÓ
COMO
PROFESORA A
LA HERMANA
DE CIFUENTES
DE MANERA
ILEGAL
Margarita
Cifuentes es
desde este
curso
profesora
visitante en
la
universidad
pública pese
a que no
cumple
ninguno de
los
requisitos
de la LOU,
el convenio
y los
estatutos de
la URJC
La hermana
de la
presidenta
de Madrid
fue personal
de
administración
hasta que
Fernando
Suárez le
hizo un
contrato
reservado a
profesores
de
reconocido
prestigio
El rector
dirigió
personalmente
la tesis de
la hermana
de Cifuentes
y después la
contrató
como
profesora
haciendo uso
de esa
figura
discrecional,
que evita
los
concursos y
controles
Margarita
Cifuentes,
una de las
hermanas de
la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
trabaja
desde este
curso como
profesora
visitante en
la
Universidad
Rey Juan
Carlos de
Madrid (URJC)
en el área
de Historia
Contemporánea.
Su
contratación
directa
obvió el
hecho de que
Margarita
Cifuentes,
de 55 años,
quien toda
su vida ha
sido
Personal de
Administración
y Servicios
(PAS), no
cumple
ninguno de
los
requisitos
necesarios
recogidos en
la ley para
acogerse a
tal figura.
Su contrato
como
profesora
visitante
está por
tanto fuera
de la ley,
al incumplir
la Ley
Orgánica de
Universidades
(LOU,
artículo 54)
y el
convenio
colectivo de
personal
docente e
investigador
con
vinculación
laboral de
las
universidades
públicas de
la Comunidad
de Madrid
(artículo 10
punto 6).
Además , los
propios
estatutos de
la URJC dice
que se
elegirán
entre
"profesores
e
investigadores
de
reconocido
prestigio".
También hay
más de una
sentencia
que
especifica
que para
contratar a
alguien como
visitante
tiene que
provenir de
otro centro,
y tampoco es
el caso.
Ambos textos
legales
establecen
con claridad
los méritos
exigibles a
un candidato
a profesor
visitante.
Dice la LOU
que "[este
tipo de
contrato] se
podrá
celebrar con
profesores o
investigadores
de
reconocido
prestigio de
otras
universidades
y centros de
investigación,
tanto
españoles
como
extranjeros"
(Cifuentes
no lo es).
El punto b)
añade: "La
finalidad
del contrato
será la de
desarrollar
tareas
docentes o
investigadoras
a través de
las que se
aporten los
conocimientos
y la
experiencia
docente e
investigadora
de los
indicados
profesores a
la
universidad"
(no tiene
experiencia
docente
alguna, al
menos en la
universidad).
El espíritu
de esta
figura es
claro:
contratar a
profesionales
de prestigio
para un área
concreta que
pueda estar
huérfana de
él o se le
quiera dar
un impulso.
Además,
según el
convenio
madrileño,
estos
profesores o
investigadores
no pueden
estar más de
dos años en
el puesto.
La
contratación
de
profesores
visitantes
depende
exclusivamente
del rector
del centro,
Fernando
Suárez en
este caso,
que puede
utilizarla
de manera
discrecional,
sin convocar
concursos
públicos ni
tener
siquiera que
publicar su
nombramiento
en parte
alguna.
Suárez, en
la picota
estos días
por haber
plagiado
varios
artículos
antes de ser
rector y en
su etapa
actual, le
ha dado buen
uso.
Mientras en
otras
universidades
los
visitantes
rondan el 1%
(acorde al
espíritu
excepcional
de su
figura) en
la URJC son
uno de cada
cinco
profesores
(20%). A
alguno de
ellos
incluso le
pagaba menos
de lo que
establece el
convenio.
Esta
contratación
de Margarita
Cifuentes se
produce
después de
enero de
este año,
una vez
leída la
tesis, es
decir, con
Cristina
Cifuentes
siendo ya
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid, de
la que
depende esta
universidad
pública. El
rector
maneja un
presupuesto
de 123
millones de
euros al año
que salen de
las arcas
públicas
madrileñas.
La
universidad
no ha
respondido a
eldiario.es
y la
presidenta
de la
Comunidad no
se
pronunciará
sobre la
situación
laboral de
su hermana.
Ni un
requisito
Margarita
Cifuentes no
cumple los
requisitos.
En primer
lugar ya
trabajaba en
la
universidad
que ahora
"visita".
Varias
sentencias
recogen que
"este tipo
de contrato
está pensado
para
profesores e
investigadores
de otras
universidades"
y esos
mismos
fallos
judiciales
sostienen
que
aplicárselo
a alguien
que ya está
en el centro
"se podría
entender que
es fraude de
ley"
literalmente.
Además, la
hermana de
la
presidenta
regional no
ha sido
docente
hasta hace
tres meses.
Ha sido PAS
toda su
vida, desde
que sacó una
plaza en la
Escala
Administrativa
de la
Universidad
Complutense
de Madrid en
1992, según
recoge el
BOE. De
nuevo el
Boletín
refleja que
en 2002
mejoró su
posición,
todavía
dentro del
mismo centro
y todavía
como PAS, y
accedió al a
Escala de
Gestión
Universitaria
(el mismo
ámbito
profesional
del que
proviene su
hermana).
La profesora
ha remitido
un correo a
eldiario.es
en el que
reivindica
su
experiencia
investigadora:
"En el año
2009 obtuve
una beca de
la Fundación
Napoleón de
París (...).
Soy la
primera
española que
obtenía una
beca de la
prestigiosa
Fundación
parisina
(...).
Además he
sido becaria
del Archivo
Histórico
Militar
(Segovia)
durante 3
años, en
donde inicié
mi
investigación".
En mayo de
2005, según
su linkedin,
pasa a la
Universidad
Rey Juan
Carlos,
mediante
traslado y
aún como
PAS. Allí
ejerce como
responsable
de los
convenios de
colaboración
educativa de
la URJC y
pasa también
por la
biblioteca
del campus
de Vicálvaro,
según
algunas
fuentes de
la
universidad.
Licenciada
en Geografía
e Historia
por la
Complutense
y con un
Máster en
Ciencias
Historiográficas,
según su
propio
currículum,
en algún
momento
decide
doctorarse.
Y tiene
premio
gordo: el
propio
rector de la
universidad,
Fernando
Suárez,
dirige su
tesis (es
poco
habitual que
el máximo
dirigente de
una
universidad
se dedique a
esto),
llamada "El
Imperial
Alejandro" y
declarada
"apta" este
mismo año
2016. La
autora
puntualiza
que fue
"sobresaliente
cum laude".
Con la tesis
bajo el
brazo,
Cifuentes
está
preparada
para dar el
salto a la
docencia. En
algún
momento
entre su
lectura de
tesis y
antes de que
comience el
curso
universitario,
a principios
de
septiembre,
el rector le
firma un
contrato de
profesor
visitante.
Para que
aporte sus
"conocimientos
y la
experiencia
docente e
investigadora".
Así figura
en su web
personal de
la
universidad.
Lo que no
figura en
esta página
son sus
proyectos de
investigación
o sus
publicaciones:
ambos
apartados
están en
blanco.
Desde este
curso,
Cifuentes
está
encuadrada
en el
Departamento
de Ciencias
de la
Educación,
Lenguaje,
Cultura y
Artes,
Ciencias
Histórico-Jurídicas
y
Humanísticas
y Lenguas
Modernas del
área de
Historia
Contemporánea.
http://www.eldiario.es/sociedad/Rey-Juan-Carlos-rector-plagio-Cifuentes_0_583042509.html
CIFUENTES
'REVIENTA'
LA AGRESIVA
CAMPAÑA DEL
PP CONTRA LA
SANIDAD
ANDALUZA
Su
afirmación
parlamentaria
de que
Madrid “está
pagando” la
sanidad de
Andalucía
irrita al PP
de Moreno
Bonilla y da
munición al
PSOE
Cuerpo a
tierra que
vienen los
nuestros.
Sin saberlo,
la
presidenta
madrileña,
Cristina
Cifuentes,
ha reventado
la agresiva
campaña #PorUnaSanidad10
puesta en
marcha por
el PP de
Andalucía
contra las
deficiencias
de la
sanidad
pública y
que incluye
incluso una
plataforma
donde los
ciudadanos
puedan dejar
constancia
de sus
quejas.
Como se
recordará,
la semana
pasada
Cifuentes
llegó a
decir
textualmente
que los
madrileños
estaban
pagando la
sanidad y la
educación de
los
andaluces.
Estas fueron
sus
palabras:
"Con nuestra
política
fiscal hemos
recaudado
casi 3.000
millones de
euros que
nos están
sirviendo
para
financiar
los
servicios
básicos en
aquellas
comunidades
donde
ustedes
gobiernan
como en
Andalucía.
Los
madrileños
están
pagando
3.000
millones de
euros para
que los
andaluces
tengan
sanidad,
educación y
demás".
La dirección
andaluza del
PP se puso
de perfil
hasta que
pasara la
tormenta,
pero su
homóloga del
PSOE procuró
alargarla
cuanto le
fue posible;
de hecho,
sigue en
ello. La
metedura de
pata de la
presidenta
madrileña
daba alas a
los
socialistas
andaluces,
que llevaban
varias
semanas
pasando
apuros
políticos
tanto por la
ofensiva
popular
contra el
sistema
público
sanitario
como por los
errores de
bulto
cometidos en
la gestión
del mismo,
particularmente
en Granada,
donde hasta
en dos
ocasiones
salieron a
la calle
varias
decenas de
miles de
personas en
protesta por
la fusión
hospitalaria
planeada por
el Gobierno
autonómico.
El PSOE-A ha
anunciado
este mismo
lunes que
promoverá
que el Pleno
del
Parlamento
andaluz
emita en su
sesión de
esta semana
una
declaración
institucional
de respuesta
a las
"mentiras"
de Cristina
Cifuentes.
El número
dos del
partido,
Juan
Cornejo, ha
confiado en
contar con
el apoyo de
todos los
grupos y ha
considerado
que el
presidente
del PP-A y
el resto de
diputados
'populares'
se van a
tener que
"retratar",
en lugar de
quedarse en
las "medias
palabras".
Cifuentes
intentó
arreglarlo
después pero
ya era
tarde. Dijo
que su
crítica era
"al gobierno
de
Andalucía,
que fríe a
impuestos a
los
andaluces" y
acusó a
Susana Díaz
de “ser
maestra en
inflar
polémicas y
utilizar el
victimismo".
Y añadió:
"Lo primero
que quiero
decir es que
desde luego
yo no he
tenido
intención de
que nadie se
sienta
ofendido por
ninguna de
mis
palabras.
Nada más
lejos de mi
intención".
Aunque en la
calle San
Fernando,
sede del
partido, se
mordieron la
lengua, las
palabras de
Cifuentes
irritaron al
PP andaluz
por haber
regalado al
enemigo
socialista
una munición
de la que
estaba
especialmente
necesitado.
Ahora, cada
que el PP
vuelva a
lanzar sus
ataques
contra la
gestión de
la sanidad
andaluza se
encontrará
con sus
adversarios
echándole en
cara las
palabras de
Cifuentes.
Los
socialistas
saben bien
que frases
como la
pronunciada
por la
presidenta
madrileña
suelen
irritar casi
por igual a
la mayoría
de
andaluces,
sea cual sea
su
inclinación
política.
Es bastante
probable que
en la
próxima
sesión de
control en
el
Parlamento a
la
presidenta
andaluza,
esta
reproche al
líder del
PP, Juan
Manuel
Moreno, su
tibieza por
no haber
exigido a
Cifuentes
una
rectificación
en toda
regla
http://www.elplural.com/andalucia/2016/11/21/cifuentes-revienta-la-agresiva-campana-del-pp-contra-la-sanidad-andaluza
CIFUENTES
DICE QUE SU
POLÍTICA
FISCAL
FINANCIA
SERVICIOS
BÁSICOS EN
ANDALUCÍA
La
presidenta
andaluza,
Susana Díaz,
responde que
es "mentira"
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
del PP,
provocó ayer
una airada
reacción de
su homóloga
en
Andalucía,
Susana Díaz,
del PSOE, al
declarar
durante su
comparecencia
en el
parlamento
regional
madrileño
que con la
política
fiscal que
mantiene su
Gobierno se
están
financiando
"los
servicios
básicos" de
diversas
comunidades,
y mencionó,
en concreto,
a Andalucía.
Díaz le
respondió
poco después
que lo que
afirmaba la
dirigente
madrileña
era
"mentira".
"Con nuestra
política
fiscal hemos
recaudado
casi 3.000
millones de
euros que
nos están
sirviendo
para
financiar
los
servicios
básicos en
aquellas
comunidades
donde
ustedes
gobiernan
[el PSOE],
como en
Andalucía.
Los
madrileños
están
pagando
3.000
millones de
euros para
que los
andaluces
tengan
sanidad,
educación y
demás". Era
la
contestación
que
Cifuentes
daba a una
pregunta
formulada
por el
portavoz del
PSOE, Ángel
Gabilondo,
sobre la
política de
ingresos de
la Comunidad
de Madrid.
La
presidenta
de la Junta
de
Andalucía,
Susana Díaz,
tardó muy
poco en
reaccionar y
encabezó las
críticas a
Cifuentes, a
la que acusó
de "mentir".
"Algunos se
emocionan
mucho con
banderas y
después
hacen
discursos
que van
radicalmente
en contra de
la igualdad
y de la
unidad de un
país". A
continuación,
el
secretario
de
Organización
del PSOE-A,
Juan
Cornejo,
reclamó una
rectificación
a Cifuentes,
a la que
acusó de
faltar el
respeto a
Andalucía.
"Es
simplemente
mentira que
Madrid
pierda
financiación
a favor de
Andalucía",
señaló. En
la misma
línea, la
portavoz
adjunta de
Ciudadanos
en el
Parlamento
Andaluz,
Marta
Bosquet,
pidió a la
presidenta
madrileña
que "no haga
tanta
demagogia" y
consideró
que sus
palabras
"ofenden a
los
andaluces y
al resto de
los
españoles".
Ante las
denuncias de
los
dirigentes
andaluces,
la
presidenta
del
Ejecutivo
madrileño
replicó
horas
después que
sus palabras
se estaban
manipulando
de forma
"descarada y
falaz". "El
PSOE trata
de pescar en
río
revuelto",
indicó, para
añadir a
continuación
que la
intención de
los
socialistas
es
rentabilizar,
hacer "el
victimismo
al que nos
tienen
acostumbrados
Susana Díaz,
el Gobierno
andaluz y
Ciudadanos,
que se ha
apuntado
también en
Andalucía,
que es donde
son socios,
para ver si
de esa forma
pueden
rentabilizar".
"Ya está
bien de
intentar
confrontar a
unas
comunidades
con otras",
ha
puntualizó
Cifuentes.
La
presidenta
regional
madrileña
añadió que,
tal y como
había dicho
en "muchas
ocasiones",
"la
Comunidad de
Madrid es
muy
solidaria y
va a seguir
siéndolo".
"Somos los
españoles
que más
aportamos a
la
solidaridad
común",
aseveró y
precisó que
Madrid
contribuye
con el 78%
del Fondo de
Garantía de
los
Servicios
Públicos,
dedicado a
financiar
servicios
públicos
esenciales
en la
mayoría de
las
comunidades.
En todas
menos en
cinco,
indicó
Cifuentes,
quien
explicó que
Navarra,
Cataluña,
Baleares,
Comunidad
Valenciana y
Madrid son
las cinco
que
participan
en ese
fondo. Lo
que aportan
se destina a
financiar
"los
servicios
públicos en
el resto de
comunidades
y nos
alegramos de
que sea así
porque
España es
una Nación y
el dinero no
es de
nadie", ha
afirmado
Cifuentes.
También
apuntó que
si tiene
"admiración
por una
comunidad y
por unas
personas es
por los
andaluces".
"Quiero a
los
andaluces.
Es una
comunidad
autónoma que
conozco y
con la que
tengo
vínculos
personales y
familiares",
añadió. Por
eso, pidió
al Gobierno
andaluz que
"se dedique
a gobernar,
a gestionar
bien los
recursos y a
solucionar
los
problemas de
los
andaluces en
lugar de
buscar
polémicas
estériles,
que son
falsas, que
son
mentiras,
que no son
verdad y que
no llevan a
ninguna
parte y
crean un
discurso de
enfrentamiento".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/17/madrid/1479401782_746649.html?rel=mas
EL GOBIERNO
MADRILEÑO
DEJÓ DE
GASTAR 5
MILLONES
CONTRA LA
VIOLENCIA
MACHISTA
En 2015, la
Comunidad de
Madrid solo
ejecutó el
74% de su
presupuesto
contra la
violencia de
género
En los
últimos ocho
años, en
Madrid se
han
registrado
152.000
denuncias
por malos
tratos
Cada año,
los
gobiernos
autonómicos
hacen encaje
de bolillos
para cuadrar
sus cuentas.
Año tras
año, diseñan
sus
presupuestos,
quitan de
una partida,
lo ponen en
otra, y en
función de
lo que suban
o bajen las
cuentas,
salen todo
tipo de
titulares.
Pero lo
realmente
importante,
viene mucho
tiempo
después, y
suele pasar
más
inadvertido.
La clave de
los
presupuestos
no es la
previsión de
gasto de
cada
gobierno,
sino la
ejecución
presupuestaria
de esas
cuentas. Es
ahí, donde
se puede ver
si,
realmente,
la
administración
gastó, lo
que
realmente
dijo que iba
a invertir.
Y no es el
caso de la
violencia
machista.
En 2015, el
Gobierno
madrileño
presupuestó
21,5
millones de
euros, pero
no gastó
todo. Solo
ejecutó el
“74,6%” de
esa partida,
según ha
reconocido
el propio
consejero de
Políticas
Sociales de
la Comunidad
de Madrid,
Carlos
Izquierdo,
durante la
sesión de la
Comisión de
Presupuestos.
Es decir, el
Gobierno
madrileño
dejó de
gastar 5,6
millones.
Aun así, el
consejero,
Carlos
Izquierdo
hace otra
lectura, "la
ejecución
presupuestaria
de 2015 fue
superior a
la de 2014",
cuando solo
se gastó “el
72% del
presupuesto”.
Hay voces
que
cuestionan
duramente
que una
administración
no agote el
100% de su
presupuesto
contra la
violencia
machista,
entre ellas,
la Comisión
para la
Investigación
de los Malos
Tratos.
Sobre todo,
cuando la
violencia
machista
lleva años
castigando a
las mujeres
en Madrid.
Lo avalan
los datos
del Portal
Estadístico
del
Ministerio
de Sanidad,
donde se
puede ver,
entre otras
cosas, que:
¿Por qué no
gastaron el
100%?
Durante la
Comisión de
Presupuestos,
el consejero
de Políticas
Sociales ha
dejado en
manos de
cada
director
general,
aclarar
cualquier
tipo de duda
sobre la
liquidación
presupuestaria.
En el caso
del
presupuesto
dedicado a
la lucha
contra la
violencia de
género, la
precisión de
los datos ha
sido a cargo
de la
directora
general de
la Mujer,
que
sorprendentemente
solo ha
tenido 45
segundos
para
aclarar,
entre otras
cosas, por
qué solo han
ejecutado el
74% de su
presupuesto,
en ese
tiempo, ha
defendido
que: “[ese
presupuesto]
tiene una
menor
ejecución
porque no
está ligado
a ningún
programa en
concreto, y
no depende
de la
gestión,
sino de los
imprevistos
que se
produzcan en
cada
momento”
según apuntó
María
Dolores
Moreno.
Durante esta
comisión, la
socialista
Josefa
Navarro ha
mostrado su
preocupación
ante el
riesgo que
supone que
el Gobierno
no dedique
el 100% del
presupuesto.
"De todos
depende
contribuir a
erradicar la
lacra del
terrorismo
machista y
trabajar por
la igualdad
de
oportunidades
entre
hombres y
mujeres".
Desde el
PSOE han
preguntado
al
consejero:
“¿Por qué se
dejó una
campaña de
sensibilización
sin
realizar?”,
también han
denunciado
que “de las
diez
publicaciones
y estudios
de
investigación
sobre
violencia de
género, solo
realizaron
siete. Solo
hicieron dos
cursos para
empleados
públicos. En
el apartado
de
inversiones
nos
encontramos
con un 0%
ejecutado”,
y con
ironía, la
diputada
socialista,
se
preguntaba
“tan bien
están los
centros de
atención a
las mujeres
que no es
necesaria
ninguna
inversión”.
Según Carlos
Izquierdo,
con los 16
millones que
gastó su
departamento
en 2015,
entre otras
cosas, se
mantuvieron
operativos
"52 puntos
municipales
del
observatorio
contra la
violencia de
género,
donde se
atendieron a
11.600
mujeres,
también se
atendió a
363 mujeres
en los
centros
residenciales
y 281
menores".
El grado de
ejecución
del
presupuesto
de la
Comunidad de
Madrid en la
lucha contra
la violencia
machista,
contrasta
con la
liquidación
general del
departamento
de políticas
sociales. El
Gobierno
madrileño
gastó el 96%
de su
presupuesto
social, “una
ejecución
francamente
buena, que
demuestra el
compro del
con el rigor
en materia
presupuestaria",
según ha
defendido
Carlos
Izquierdo.
http://cadenaser.com/m/emisora/2016/11/21/radio_madrid/1479744567_701650.html
MOÑUX LLEVA
A OSSORIO A
LOS
TRIBUNALES
Un mes
después de
su denuncia,
ahora sí, la
diputada
'popular'
Elena
González-Moñux
ha decidido
presentar
una querella
contra su ex
jefe en la
Asamblea,
Enrique
Ossorio
El pasado 27
de octubre,
la diputada
regional del
PP Elena
González-Moñux
acusaba a su
jefe en la
Asamblea, al
portavoz del
grupo
popular
Enrique
Ossorio, de
acoso
laboral. Ese
mismo día,
todos los
diputados
populares
firmaron un
comunicado
de apoyo a
Ossorio y,
en general,
empezando
por la
propia
Cifuentes,
se echó en
cara a Moñux
que no
hubiera
denunciado
los hechos
en los
tribunales.
Finalmente
lo ha hecho
esta mañana.
Ha
presentado
una querella
en el
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid
(ambos son
aforados)
contra el
portavoz del
PP en la
Asamblea
Enrique
Ossorio por
los delitos
de
coacciones,
amenazas y
acoso
laboral.
Según cuenta
El País, la
diputada
pide en su
denuncia a
los jueces,
que ordenen
a la
Asamblea de
Madrid la
remisión de
la grabación
íntegra del
pleno en el
que se
debatió la
Ley de
Sacrificio
Cero de la
que ella era
ponente. En
el texto de
la denuncia,
detalla que
en ese pleno
Ossorio, sin
venir a
cuento,
comenzó a
proferirle
expresiones
como: “¡Es
que no te
sabes la
ley, eres
tonta,
tonta! (…)
Ahora coges
y te vas y
te estudias
la ley y las
enmiendas…
¡Venga, ve y
te las
estudias…! Y
a las cinco
voy a
convocar una
reunión y te
vamos a
preguntar
sobre
ella…”.
González
Moñux ha
pedido,
además, un
perito de
lectura de
labios para
que confirme
esta
denuncia.
La diputada
popular, que
hasta ahora
se había
negado a
denunciar en
los
tribunales
para no
hacer daño
al partido,
lo hace
ahora, dice,
por la
campaña de
descrédito a
la que la
están
sometiendo
sus
compañeros.
González-Moñux
que asegura
que las
humillaciones
vividas han
sido
prolongadas
a lo largo
del último
año, ha
puesto su
caso en
manos del
abogado José
María
Garzón, el
mismo que
defendió a
la auxiliar
de
enfermería
teresa
romero en su
demanda por
el contagio
de ébola.
La querella
de Ossorio
se atasca
Mientras
tanto, las
acciones
judiciales
que
emprendió
Enrique
Ossorio
Crespo tras
las
declaraciones
de su
compañera de
bancada se
atascan en
los
tribunales:
el Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid ha
decidido
inadmitir
por falta de
competencia
la solicitud
de acto de
conciliación
que Ossorio
interpuso
contra
González-Moñux,
exigiendo
una
rectificación
pública y
100.000
euros de
indemnización.
En un
escrito del
pasado 16 de
noviembre,
la letrada
de la
Administración
de Justicia
explica que
un acto de
conciliación,
aunque sea
previo a la
presentación
de una
querella, no
entra dentro
de las
funciones de
la Sala
Civil del
TSJM, siendo
competencia
“claramente
del juzgado
de primera
instancia”
que
corresponda.
Todo esto a
pesar,
explica el
escrito, de
que ambos
implicados
sean
aforados
ante este
tribunal
como
diputados
regionales.
http://cadenaser.com/emisora/2016/11/22/radio_madrid/1479827525_958005.html
EL PP DE
COLMENAR
SUSTITUYE UN
PROCESADO
POR OTRO EN
LA ALCALDÍA
El propuesto
tiene
también
abierto
juicio oral
por
corrupción
urbanística
con posible
inhabilitación
de hasta
ocho años
Suma y sigue
el desprecio
del Partido
Popular de
Colmenar
Viejo al
Código Ético
de su
partido y a
cualquier
pretensión
por parte de
éste de dar
una imagen
de
regeneración
política y
dejar atrás
los muchos
casos de
corrupción.
Si la semana
pasada
conocíamos
que su
alcalde,
Miguel Ángel
Santamaría
Novoa,
dimitía
después de
que se le
abriese
juicio oral
por “un
delito
continuado
de
prevaricación
urbanística”
junto con
cinco de sus
ocho
concejales,
ELPLURAL.COM
ha podido
saber que
este lunes
el PP de la
localidad
madrileña ha
decidido
proponer
como su
sustituto a
Jorge García
Díaz, uno de
estos
concejales
también
procesados.
García Díaz
es hasta
ahora primer
teniente de
alcalde y,
al igual que
Santamaría,
se le ha
abierto
juicio oral
por
prevaricación
urbanística
continuada,
recayendo
sobre él
unas
peticiones
de pena de
dos años de
prisión y
ocho de
inhabilitación
para cargo
público.
Las normas,
papel mojado
Vista la
decisión
tomada por
el PP de
Colmenar,
queda
patente que
esta
agrupación
considera
papel mojado
los
estatutos y
que rigen el
comportamiento
de sus
afiliados y
que sus
máximos
dirigentes
muchas veces
han señalado
como su
apuesta por
la
regeneración
interna ante
los
distintos
casos de
corrupción
que lo han
señalado.
En concreto,
el artículo
8.a de los
estatutos
del PP
recoge que
se abrirá a
cualquier
afiliado
“expediente
disciplinario
en el
momento en
el que se
produzca el
señalamiento
del juicio
oral del
procedimiento
judicial
correspondiente”,
y que “el
Comité de
Derechos y
Garantías
podrá
determinar
la
suspensión
de funciones
o de
militancia”
de los
procesados.
Hasta el
momento no
hay
constancia
de que desde
el Partido
Popular de
Madrid se
haya abierto
este proceso
a cualquier
de los
concejales o
el alcalde
dimitido por
la acusación
de
corrupción
urbanística.
Además de
Santamaría y
García están
procesados
en la causa
Ana Belén
Colmenarejo
Collado,
concejal de
Deportes,
Sanidad y
Medio
Ambiente,
César de la
Serna Moscol,
responsable
de Turismo,
Carlos
Blázquez
Rodríguez,
edil de
Obras,
Contratación
y
Transparencia
y Juan José
Serrano
Cadahía,
concejal de
Seguridad y
Transportes.
Fuera de la
actual
corporación
municipal
están
procesados
el exalcalde
José María
de Federico
Corral y los
exconcejales
Antonia
García
Santos,
Inmaculada
Viñoles,
Justo García
Froilán y
Pablo
Colmenarejo
Cobeña,
todos ellos
del Partido
Popular.
Este martes
hay pleno en
el
Ayuntamiento,
veremos qué
dice el PP y
cómo
reacciona la
oposición.
http://www.elplural.com/politica/2016/11/14/el-pp-de-colmenar-sustituye-un-procesado-por-otro-en-la-alcaldia
CUANDO
CIFUENTES
DECÍA QUE EL
CASO DE LOS
ESPÍAS ERA
"UN ROLLO
REPOLLO"
Ahora
Cifuentes
admite que
la llamada
"gestapillo"
espió a
colaboradores
de Gallardón
usando
dinero y
medios de la
Administración
pero en el
pasado lo
negaba
enérgicamente
En 2009,
Cifuentes
calificaba
el caso de
los espías
de "montaje"
del PSOE
Esta semana
hemos sabido
que Cristina
Cifuentes y
su gobierno
ha admitido
que la
llamada
"gestapillo"
espió a
colaboradores
de Gallardón
usando
dinero y
medios de la
Administración
pero en el
pasado lo
negaba
enérgicamente.
En 2009,
Cifuentes
calificaba
el caso de
los espías
de "montaje"
del PSOE.
Decía que
era "falso"
y que "los
ciudadanos
se dan
cuenta
perfectamente
cuando un
tema es real
y cuando es
un montaje
político".
A lo largo
de los años
ha seguido
negando la
existencia
del
espionaje.
Para
Cifuentes en
el pasado el
caso de los
espías era
"un rollo
repollo" y
"un cortinón
de humo"
para tapar
"la
vergüenza"
de los casos
de
corrupción y
mala gestión
que
afectaban al
PSOE.
¡Ay, la
Maldita
hemeroteca!
http://www.eldiario.es/malditahemeroteca/Cifuentes-espias-parecia-rollo-repollo_6_580651944.html
EL PP APARTA
DE LA
DIRECCIÓN
DEL GRUPO
PARLAMENTARIO
A MOÑUX
Cristina
Cifuentes ha
relevado a
Elena
González-Moñux,
diputada del
grupo
popular que
acusó hace
dos semanas
a su
portavoz,
Enrique
Ossorio, de
acoso
laboral, de
su puesto
como
portavoz
adjunta. Su
cargo lo
ocupará Inés
González,
que hasta
ahora era
secretaria
general. El
cambio no
soluciona el
problema al
que se
enfrenta el
PP en las
votaciones
debido a que
el bloque
formado por
PP y
Ciudadanos
solo supera
en un voto
al del PSOE
y Podemos,
de tal forma
que sin
Moñux se
producen
empates que
impiden
sacar
adelante
iniciativas.
El informe
jurídico
encargado
por el PP la
semana
pasada a los
servicios de
la Cámara,
ha
determinado
que "no hay
una relación
laboral como
tal de los
diputados",
según
comunicó el
jueves
Isabel
González a
la entrada
del pleno en
la Asamblea
de Madrid.
La función
de los
diputados es
"representativa
y los grupos
parlamentarios
son
autosuficientes
para
gestionar su
dirección de
grupo y sus
órganos
representativos,
estén estos
en la
situación
que estén",
ha indicado
la diputada.
En base a
ese informe,
el PP ha
tomado la
decisión de
relevar
algunos
cargos de la
dirección
del grupo
parlamentario,
como ya
adelantó EL
PAÍS.
El PP
realizará
más cambios.
La
coordinación
de
comisiones
la ocupará
Alejandro
Sánchez y
Alfonso
Serrano
(portavoz en
la comisión
de
investigación
de la
corrupción)
pasa a ser
secretario
general. La
actual
secretaria
general,
Isabel
González,
pasa a
ocupar la
portavocía
adjunta, que
deja vacante
Moñux.
González ha
indicado que
ha sido ella
quien le ha
comunicado a
Moñux la
decisión, y
que "esas
cosas no se
toman bien".
Pero, ha
recordado
que "ella
misma
reconoce que
estar en la
dirección
del grupo es
lo que le
provoca ese
malestar.
En cuanto al
problema que
se produce
en las
votaciones
con posibles
empates,
sobre todo
en la
cuestión de
los
presupuestos,
González ha
indicado que
lo
afrontarán
"de votación
en
votación".
El PP no
sabe en qué
momento
volverá
Moñux.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/10/madrid/1478770196_972202.html
METRO COLOCA
EL RETRATO
DE UN
MINISTRO
FRANQUISTA
QUE OBVIA SU
VINCULACIÓN
CON LA
Un gran
retrato del
ministro
franquista
Juan Antonio
Suanzes
Fernández
luce en el
vestíbulo de
entrada de
la madrileña
estación de
metro de
Suanzes. La
empresa que
gestiona el
suburbano,
que depende
del
Ejecutivo
autonómico
encabezado
por Cristina
Cifuentes
(PP), ha
colocado un
panel con la
fotografía
del
exdirigente
del Gobierno
golpista,
junto a tres
párrafos
sobre su
vida que
obvian toda
relación con
la dictadura
militar. "La
Real
Academia de
la Historia
(RAH) es
quien define
los textos.
Nosotros
cedemos el
espacio y
ponemos los
carteles",
afirma un
portavoz de
Metro de
Madrid.
"En las
estaciones
solo se
avanza el
comienzo de
la
biografía. A
la completa
se accede a
través de un
código QR
que aparece
en el cartel
[que solo
leen los
smartphones
y tabletas
que cuenta
con una
aplicación
para ello]",
argumenta la
RAH. El
texto que
acompaña en
el vestíbulo
al rostro de
Suanzes
Fernández,
miembro del
Gobierno
fascista
durante la
Guerra
Civil, es un
extracto de
su biografía
incluida en
el
Diccionario
Biográfico
Español de
la Real
Academia de
Historia. El
cartel
colocado en
el metro
destaca su
labor como
primer
presidente
del
Instituto
Nacional de
Industria
(INI) y
ministro de
Industria y
Comercio
—sin
mencionar
las fechas
en las que
ocupó dichos
puestos—; su
pronta
incorporación
a la Armada;
y "su rápida
y brillante
carrera
militar" en
la primera
década del
siglo XX.
Bajo el
título
"Correspondencia
con la
historia",
los tres
párrafos
solo hacen
una única
mención a la
familia
Franco:
destacan
únicamente
que fue
compañero en
la Armada de
Nicolás
Franco
Bahamonde.
"Cuyo
hermano
menor
Francisco
también
estuvo
destinado a
incorporarse
a la Armada
[...]",
acaba el
texto
expuesto en
la estación.
Pero nada
más. No se
dice que
Suanzes
prestó
importantes
servicios en
el cuartel
del general
Franco
durante la
primera
etapa de la
Guerra
Civil.
Tampoco se
menciona que
ocupó en
enero de
1938, en
plena
contienda,
el cargo de
ministro de
Industria
del primer
Gobierno
constituido
en la zona
nacional; ni
que repitió
en este
entre 1945 y
1951; ni que
el dictador
le nombró
marqués en
1960; ni que
fue uno de
los pilares
más
importantes
en el sector
industrial
durante el
régimen
totalitario.
Metro
anunció en
junio de
este año que
había
cerrado un
acuerdo con
la RAH para
colocar
carteles
"explicativos"
en 30
estaciones
para "dar a
conocer a
los viajeros
la vida de
personajes
históricos
que dieron
nombre" a
estas
paradas.
"Personas
relevantes
de la vida
cultura,
política o
social
españolas",
apuntó la
empresa.
"Cada cartel
cuenta con
un código QR
que puede
leerse con
un teléfono
inteligente
o tableta.
Así, el
viajero que
lo desee
puede
profundizar
más en las
biografías",
concluyó la
gestora del
suburbano.
En 2011, el
Diccionario
Biográfico
Español de
la RAH ya
fue objeto
de polémica.
No se
llamaba
dictador a
Franco o se
omitían
episodios
brutales
protagonizados
durante la
Guerra Civil
por los
militares
sublevados,
mientras se
detallaba
minuciosamente
los
cometidos en
zona
republicana.
"Amigo de la
infancia" de
Franco
Suanzes
nació en
Ferrol en
1891 y en
1903 ingresó
en la
Escuela
Naval
Militar,
donde curso
los estudios
de
ingeniería
naval.
Cuando
estalla la
Guerra
Civil, se
encontraba
en zona
republicana,
por lo que
cruza a un
área
dominada por
el bando
golpista.
"Juan
Antonio
Suanzes se
unió a
Franco, del
que era
amigo
personal
desde la
infancia.
Éste le
nombra
ministro de
Industria de
su primer
Gobierno, en
enero de
1938",
subraya otra
biografía
elaborada
por la
Universidad
Politécnica
de Madrid (UPM),
que lo
nombró
Doctor
Honoris
Causa en
1976.
El dirigente
golpista
ocupó el
cargo de
ministro de
Industria en
1938. En
1943 pasó a
formar parte
del grupo
que creó el
INI,
institución
que presidió
hasta 1963.
En 1945,
Franco le
vuelve a
conceder la
cartera de
Industria
hasta julio
de 1951.
Cuando dejó
el INI se
retiró de la
vida
pública.
Murió el 6
de diciembre
de 1977 con
86 años.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/11/madrid/1478865184_226927.html
CIFUENTES NO
VE APROPIADO
EL NOMBRE DE
'14 DE
ABRIL' PARA
UN COLEGIO
POR LAS
"SOMBRAS"
DEL
"RÉGIMEN"
REPUBLICANO
Un colectivo
de padres,
exalumnos y
antiguos
profesores
del colegio
público
madrileño
'Calvo
Sotelo'
solicita que
la escuela
recupere su
nombre
original,
que honra el
día de la
proclamación
de la II
República.
El 6 de
noviembre de
1933 el
presidente
de la
República,
el
conservador
Niceto
Alcalá
Zamora,
inauguró una
escuela en
el distrito
madrileño de
Retiro. El
colegio iba
a llevar su
nombre, pero
a última se
cambió al de
'Catorce de
abril' por
petición del
presidente.
Alcalá
Zamora
explicó que
la República
era mucho
más
importante
que su
persona. La
apertura de
esta escuela
no fue una
excepción.
Sólo en 1933
la República
inauguró
hasta 18
nuevas
escuelas en
la ciudad de
Madrid y
reformó y/o
amplió otros
13.
"Maestros y
libros. Es
la gran
siembra que
ha de
hacerse
sobre la
tierra de
España",
había
pronunciado
pocos meses
Marcelino
Domingo, el
primer
ministro de
Instrucción
Pública.
El '14 de
abril', sin
embargo,
perdió su
nombre a la
vez que los
españoles se
despedían de
la
democracia y
de la
libertad: el
1 de abril
de 1939 con
la victoria
militar de
las tropas
del general
Franco,
apoyado en
todo momento
por los
ejércitos de
Alemania e
Italia. La
escuela pasó
a llevar el
nombre de
José Calvo
Sotelo,
quien fuera
ministro de
Hacienda
durante la
dictadura de
Primo de
Rivera,
diputado
monárquico
por
Renovación
Española y
que fue
asesinado el
13 de julio
de 1936. De
hecho, el
régimen
franquista
le nombró
Protomártir
de la
Cruzada.
Con la
Constitución
de 1978 y la
recuperación
de la
democracia,
las
escuelas,
sin embargo,
no
recuperaron
sus nombres
originales.
El Catorce
de abril
siguió
siendo el
Calvo Sotelo;
el colegio
Pablo
Iglesias
continuó
como Isabel
la Católica;
el Tirso de
Molina,
Ermita del
Santo; el
Alfredo
Calderón
pasó a
llamarse
Padre Poveda;
el Lope de
Rueda adoptó
el nombre de
Nuestra
Señora de la
Almudena; el
Rosario
Acuña pasó a
llamarse San
José
Calasanz;
Joaquín
Sorolla
cambió a
Rufino
Blanco; y el
Emilio
Castelar, a
Jaime Vera.
Zamora, el
colectivo
Amigos del
Grupo
Escolar
Catoce de
abril, que
integra a
exalumnos,
exmaestros,
profesores y
un grupo de
padres de
los alumnos
actuales,
quiere que
el nombre de
la escuela
Calvo Sotelo
sea
restituido
por el de
Catorce de
abril.
"Queremos
recuperar el
nombre
original
como
homenaje al
esfuerzo que
realizó la
II República
para luchar
contra el
analfabetismo
y a los
maestros que
recogieron
las ideas de
la
Institución
de Libre
Enseñanza",
explica a
Público
Antonio C.
Colino,
portavoz del
colectivo
que este
domingo
pasado
protagonizó
una
concentración
a las
puertas de
la escuela
para
reclamar la
restitución
del nombre.
El
colectivo,
de hecho, ya
ha mantenido
una reunión
con
Francisca
Sauquilla,
presidenta
del
Comisionado
de la
Memoria
Histórica
del
Ayuntamiento
de Madrid,
para
solicitar
esta
restitución
y,
previamente,
había
contactado
con Cristina
Cifuentes,
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
solicitando
la
restitución
del nombre
de Catorce
de abril. La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid, sin
embargo,
replicó que
considera
que la
"historia"
del colegio
y la "de sus
alumnos está
más
vinculada"
al de José
Calvo-Sotelo,
"un nombre
que no
genera
agravios
entre los
madrileños".
"No parece
que haya
suficiente
razón para
cambiarlo,
menos aún
por el de un
régimen que
tuvo las
luces que tú
mencionas,
pero también
no pocas
sombras",
prosigue en
su misiva la
presidenta,
que anima al
colectivo a
continuar su
lucha y les
recuerda que
la petición
de cambio de
nombre debe
proceder del
"Consejo
Escolar del
centro y/o
del
Ayuntamiento
de Madrid"
al Consejo
de Gobierno
de la
Comunidad.
El Consejo
Escolar
aprobó
solicitar el
cambio de
nombre, pero
la petición
aún no se ha
efectuado
porque aún
no hay
consenso
sobre si
quieren
restituir el
anterior o
pedir un
nombre nuevo
ajeno a la
huella
histórica de
los dos
hasta ahora
mencionados,
según
informan
fuentes de
la
Asociación
de Madres y
Padres del
colegio a
Madrid
Diario.
Un país de
analfabetos
El 14 de
abril de
1931, cuando
se se
proclama la
II
República,
España tenía
una tasa de
alfabetización
insoportable.
El 25% de
los hombres
y el 40% de
las mujeres
no sabía
leer ni
escribir. Es
decir, casi
7,6 millones
de españoles
eran
analfabetos.
El ministro
de
Instrucción
Pública,
Rodolfo
Llopis
encargó un
informe
sobre el
estado de la
Educación
que concluyó
que España
32.680
escuelas y
que
necesitaba
construir
27.151 más.
El Gobierno
de la II
República
elaboró un
plan
mediante el
cual se
crearían
5.000
escuelas por
año,
exceptuando
el primer
año de
todos, 1931,
en el que se
crearían
7.000
colegios.
El plan de
creación de
escuelas fue
acompañado
por otro de
enseñanza a
los
maestros,
para mejorar
su
formación, y
el
incremento
del salario
de éstos
para atraer
al personal
más formado.
El revés
electoral de
las
elecciones
de 1933
supuso un
freno para
el proyecto
y el golpe
de Estado
del 18 de
julio que
derivó en la
victoria
militar del
ejército
franquista
en abril de
1939 supuso
su puñalada
final.
Con Franco
en el poder,
hasta 60.000
maestros
fueron
examinados
ideológicamente
durante la
Guerra Civil
y los
primeros
años de
dictadura
franquista.
Otros
muchos,
fueron
directamente
fusilados
por el
simple hecho
de ser
maestros. Un
decreto de 8
de noviembre
de 1936,
firmado por
Franco, ya
apuntaba a
la necesidad
de una
“revisión
total y
profunda en
el personal
de
Instrucción
Pública (…)
extirpando
así de raíz
esas falsas
doctrinas
que con sus
apóstoles
han sido los
principales
factores de
la trágica
situación a
la que fue
llevada
nuestra
patria”.
Hasta 60.000
maestros
fueron
examinados
ideológicamente
durante la
Guerra Civil
y los
primeros
años de
dictadura
franquista
El profesor
de la
Universidad
Autónoma de
Barcelona
Francisco
Morente
Valero y
autor de la
obra La
Depuración
del
Magisterio
Nacional
explica a
Público cómo
se hizo esa
“revisión
total y
profunda” de
los
profesores:
“En primer
lugar,
matando a
muchos de
ellos. No
hay datos
exactos del
número de
maestros y
profesores
asesinados
durante la
guerra, pero
fueron sin
duda algunos
centenares
de maestros
y varias
docenas de
profesores
de enseñanza
media y
universidad”.
“Además, se
organizó una
depuración
político-profesional
de todos los
cuerpos
docentes.
Todos los
profesores y
maestros
fueron
sometidos a
un
expediente
de
depuración
como paso
previo para
confirmar o
no sus
derechos
profesionales.
Quienes no
superaron el
expediente
con total
limpieza
fueron
sancionados
de formas
diversas y
en los casos
más extremos
fueron
separados
definitivamente
de la
enseñanza”,
explica
Morente
Valero.
La
colocación
de personal
en las
escuelas,
institutos y
universidades
se hizo de
diversa
manera.
Mediante un
decreto de 6
de julio de
1940 Franco
nombró a
cerca de
2.000
oficiales
del ejército
franquista,
la mayoría
alféreces
provisionales,
“maestros
propietarios”
de escuela.
“El objetivo
era doble:
dar trabajo
a gente que
había que
desmovilizar
una vez
acabada la
guerra, y
garantizar
que esos
maestros
iban a ser
franquistas
de una
pieza”,
sentencia
Morente.
http://www.publico.es/politica/cifuentes-no-ve-apropiado-nombre.html
CIFUENTES
APOYA A UN
SOBERBIO,
ECHA A UNA
TIRALEVITAS
Y COLOCA A
LA HERMANA
DE SU
‘ENEMIGO’
“Era
necesario”,
ha dicho
Cristina
Cifuentes
(presidenta
de la
Comunidad,
pero también
de la
gestora del
PP
madrileño)
como
justificación
para cortar
la cabeza de
quien era
hasta este
jueves la
portavoz
adjunta de
su partido
en la
Asamblea.
“No podía
seguir en la
dirección
del grupo
teniendo la
situación
que
teníamos,
tan
anómala”. Y
la verdad es
que tenían
un buen lío
en el PP de
Madrid.
Depresión
por
"agresiones
verbales"
Para quien
no lo
recuerde,
Elena
González-Moñux,
que es a
quien se
refería
Cifuentes,
denunció el
pasado 10 de
octubre que
sufría “una
depresión
mayor a
causa de las
elevadas
agresiones
verbales”
que estaba
sufriendo
por parte de
Enrique
Ossorio,
portavoz del
Grupo, y por
tanto su
jefe
directo. La
situación,
en la que
los dos
amenazaron
con demandas
cruzadas,
era tan
grave que
González-Moñux
estaba de
baja médica.
Fuentes que
conocen bien
la
personalidad
de los dos
han
explicado a
ELPLURAL.COM
que las
quejas de la
afectada
estaban
basadas en
lo que “es y
ha sido
siempre el
comportamiento
habitual de
Enrique
Ossorio,
tanto ahora
como cuando
era
Consejero de
Economía y
Hacienda”.
Lo que
vienen a
decirnos es
que “bordea
el maltrato
verbal con
quienes le
rodean
porque su
inteligencia
emocional es
la misma que
la de una
almeja”, y
en ese
sentido, se
le
disculparía
con el
habitual “él
es así”.
De alguna
forma, nos
dicen en el
PP
madrileño,
el choque
entre los
dos podría
estar
anunciado.
“Él es muy
retorcido;
es un hombre
que quiere
brillar
solo.., de
alguna forma
tiene un
punto de
acomplejado
que supera
no
consintiendo
que nadie a
su alrededor
pueda
hacerle
sombra, lo
que ha
causado que
tuviera
problemas de
relación
siempre en
sus cargos…
No es un
hombre al
que quieran
sus
equipos”.
Una
superviviente
de los
aparatos
Y por otra
parte, nos
dicen, Elena
González-Moñux
es “la
clásica
persona
superviviente
del aparato.
Era la más
de Gallardón
con
Gallardón,
después fue
la más de
Esperanza
con Aguirre
y ahora
creía que
era la más
de Cifuentes
con Cristina
hasta que le
ha pasado
esto”. Y
acaban el
retrato de
la ya
exprortavoz
adjunta
advirtiéndonos
que “es la
clásica
persona que
quiere hacer
todo por sí
misma, tener
hueco, estar
siempre
actuando
para hacerse
notar con su
jefe..,
justo lo que
Ossorio no
consiente”.
El pulso,
que
evidentemente
ha perdido
González-Moñux,
estaba
sentenciado
desde el
principio,
nos dicen
“porque
Cristina
(Cifuentes)
no podía
dejar en
evidencia a
quien es su
portavoz”,
pero también
nos aseguran
que son
varios los
diputados de
la Asamblea
que “han
enviado wsps
a Elena
mostrándoles
cariño y
apoyo, y que
verían con
buenos ojos
que hubiera
caído
Ossorio..,
pero nadie,
claro, se
atreve a
hacer esa
disensión
pública. Y
menos
ahora”.
Para
redondear y
poner la
guinda en el
lío,
Cristina
Cifuentes ha
nombrado
para
sustituir a
Elena
González-Moñux
a la
diputada
Isabel
González.
Quizás a
mucho nos
les diga
gran cosa.
Pero resulta
que es la
hermana de
Ignacio
González, el
predecesor
de Cristina
Cifuentes y
durante
años, y por
muchas
razones, su
archienemigo.
Con menos,
se hacen
series de
enredo.
http://www.elplural.com/politica/2016/11/10/cifuentes-apoya-un-soberbio-echa-una-tiralevitas-y-coloca-la-hermana-de-su
CIFUENTES
SOBRE EL
ACOSO
LABORAL: “EL
PORTAVOZ
TIENE TODO
MI APOYO Y
LA DIPUTADA
TODO MI
CARIÑO”
La
presidenta
insta a
Elena
González-Moñux
a aclarar el
hecho en los
tribunales
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
defendió
este jueves
al portavoz
del PP en la
Asamblea,
Enrique
Ossorio,
tras la
acusación de
acoso
laboral
revelada por
EL PAÍS y
realizada
contra él
por la
diputada
popular
Elena
González-Moñux.
Cifuentes,
al mismo
tiempo,
mostró a la
parlamentaria
“su cariño”.
“El portavoz
tiene
absolutamente
todo mi
apoyo y la
diputada
todo mi
cariño.
Deseo que se
cure lo más
rápido
posible y
que siga
trabajando
con la misma
lealtad al
PP".
La
presidenta
madrileña
instó a la
víctima a
denunciar el
caso en los
tribunales.
Y calificó
la
información
publicada de
“una
sorpresa
desagradable”.
Cifuentes
defendió al
portavoz del
PP, del que
afirmó que
ha
desarrollado
“un trabajo
extraordinario".
"Enrique
Ossorio
tiene toda
mi confianza
y el apoyo
del grupo”.
La diputada
González-Moñux
explicó que
no pretende
interponer
ninguna
denuncia
“para no
hacer daño
al partido”.
Y añadió que
no
renunciará a
su acta ni
pasará al
Grupo Mixto.
La
parlamentaria
manifestó su
intención de
reincorporarse
a la
actividad
parlamentaria
cuando sus
condiciones
de salud
mejoren. "No
voy a
renunciar al
acta en
absoluto, no
he hecho
nada malo,
ni he
robado, ni
he hecho
daño a mi
partido,
todo lo
contrario,
he estado
aguantando
por no
querer hacer
daño”.
Según
Cifuentes,
durante la
legislatura,
“no ha
habido una
sola queja
de los 48
diputados
del PP”
sobre
Ossorio, ni
de los 16
trabajadores
administrativos.
“Entiendo
que esto que
ha ocurrido
es aislado",
señaló en
referencia a
la "grave"
acusación de
González-Moñux.
Además,
manifestó
que la
diputada "no
solo tiene
el derecho
sino la
obligación".
Aritmética
La presunta
víctima de
maltrato
laboral se
reunió el
pasado día
19 con el
portavoz del
Ejecutivo
madrileño,
Ángel
Garrido, a
petición de
este, quien
le pidió que
fuese a las
votaciones
tras
recordarle
la ajustada
“aritmética"
parlamentaría
de la
Asamblea de
Madrid y
asegurarle
que era
"compatible”
estar de
baja y
acudir al
puesto de
trabajo para
votar. Desde
que está de
baja, la
diputada ha
faltado a
las
comisiones
en las que
se halla
inscrita y
al pleno del
pasado día
13. El PP
gobierna en
la Comunidad
de Madrid
con el apoyo
de
Ciudadanos y
con solo un
voto de
diferencia
sobre los
grupos de la
oposición.
Cifuentes
apuntó que
no tiene
“ninguna
preocupación”
sobre a las
votaciones,
ya que
llevan
“quince
meses
gobernando
en minoría y
el PP ha
funcionado
como una
piña”.
Ossorio
anunció que
estudia
querellarse
contra la
diputada que
le acusa de
maltrato
laboral con
el fin de
defender “su
honor ante
las injurias
y calumnias
vertidas”. Y
señaló que
“la
totalidad de
los
diputados”
populares
“manifiestan
su completo
apoyo a su
portavoz”,
según un
comunicado
que este
jueves
emitió el PP
de la
Asamblea de
Madrid.
Ossorio,
“con ayuda
de algún
colaborador
de su
departamento”
telefoneó a
los 48
diputados
del PP para
recabar ese
apoyo, según
un portavoz
del grupo
popular.
La diputada
González-Moñux
aseguró, por
su parte,
que “sería
extraño que
un jefe
llame
personalmente
a
subordinados
y estos le
nieguen el
apoyo”.
Asimismo,
destaca que
ha recibido
numerosas
muestras de
apoyo en su
correo “de
amigos e
incluso de
compañeros
de escaño y
de la
Asamblea”.
La diputada
causó baja
el pasado
día 10.
Desde
entonces,
solo ha ido
una vez a la
Asamblea.
Acudió a
votar al
pleno del
pasado
jueves, pero
no estuvo en
la sesión
del día 13
ni en las
distintas
juntas de
portavoces.
Dada la
actual
correlación
de fuerzas,
basta que un
diputado del
PP falte a
un pleno
para que el
Gobierno de
Cifuentes no
pueda
aprobar
leyes.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/27/actualidad/1477584385_271680.html
OSSORIO SE
QUERELLARÁ
CONTRA MOÑUX
POR
“INJURIAS Y
CALUMNIAS”
El Grupo
Parlamentario
del PP en la
Asamblea de
Madrid emite
un
comunicado
de apoyo al
portavoz
acusado
El portavoz
del Grupo
Parlamentario
del PP en la
Asamblea de
Madrid,
Enrique
Ossorio,
presentará
una querella
contra la
diputada
Elena
González-Moñux,
tal y como
adelanta hoy
EL PAÍS, por
"injurias y
calumnias
vertidas
contra él",
anuncian
fuentes del
Gobierno
regional.
González-Moñux
asegura que
se encuentra
de baja por
las
"elevadas
agresiones
verbales"
que viene
soportando
de un
superior,
según indica
un informe
del
psicólogo
que la
trata.
González-Moñux
señala
directamente
a Ossorio,
que ha
negado en
todo momento
tales
acusaciones.
Por su
parte, según
el Gobierno
de Cristina
Cifuentes,
"la
totalidad de
los
diputados
que integran
el Grupo
Parlamentario
Popular en
la Asamblea
de Madrid
manifiestan
su completo
apoyo a su
portavoz". Y
añaden en
una nota:
"Ningún
diputado del
grupo ha
presenciado
hechos
similares a
los que
describe la
señora
González
Moñux y
afirman que
el portavoz
siempre ha
sido educado
y respetuoso
en el trato
con todos
ellos.
Finalmente,
niegan
cualquier
tipo de
trato
distinto o
negativo
hacia la
diputada
González
Moñux
respecto al
resto de
diputados".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/27/madrid/1477566262_152539.html
UNA DIPUTADA
DEL PP DE LA
ASAMBLEA DE
MADRID ACUSA
A UN
SUPERIOR DE
ACOSO
LABORAL
Elena
González-Moñux
sufre una
"depresión
mayor"
debido a las
“elevadas
agresiones
verbales”
que soporta
de su jefe,
según un
informe
médico
La diputada
del PP y
portavoz
adjunta en
la Asamblea
de Madrid,
Elena
González-Moñux,
se halla de
baja médica
desde hace
dos semanas,
sin ir al
parlamento
regional,
debido a las
“elevadas
agresiones
verbales”
que viene
soportando
“de un
superior”
(presunto
acoso
laboral),
según un
informe del
psicólogo
que le trata
desde
finales de
agosto. El
superior al
que se
refiere es
el actual
portavoz del
PP en la
Asamblea,
Enrique
Ossorio, que
niega el
maltrato. El
PP gobierna
en Madrid
con el apoyo
de
Ciudadanos y
entre ambos
aventajan a
la oposición
(PSOE y
Podemos) por
un diputado
de
diferencia
(65 frente a
64). Una
portavoz de
la Comunidad
respondió,
al ser
preguntada
si el
Gobierno
regional
estaba
informado de
este asunto
y, en su
caso, si
había
adoptado
alguna
medida, que
la
presidenta,
Cristina
Cifuentes,
no tenía “ni
idea”. Y
aseguró que
el número
dos del
Gobierno
madrileño,
Ángel
Garrido,
supo de esta
baja el
pasado día
19. Y que
preguntó a
los miembros
de la
dirección
del grupo
del PP, que
negaron el
maltrato.
El número
dos del
Gobierno de
Cristina
Cifuentes,
Ángel
Garrido,
afirma, a
través de
una
portavoz,
que mantuvo
un encuentro
con la
diputada el
pasado
miércoles
día 19, y
que ella le
expuso que
"iba o había
pedido la
baja debido
a su
situación en
el trabajo".
La diputada
subraya, en
cambio, que
"lleva
meses"
denunciando
ante sus
jefes del
Gobierno
regional la
situación
que le ha
conducido a
una
"depresión
mayor",
según
describe el
citado
informe
médico.
Licenciada
en Derecho,
González-Moñux
revela que
lleva un año
de
“humillaciones”
en su
trabajo.
Explica que
distintos
episodios
con Ossorio,
“insultos
incluidos",
han acabado
minando su
estado
anímico
hasta la
depresión.
“No entiendo
cómo me
puede estar
pasando todo
esto, con
veintitantos
años que
llevo de
servicio
público en
el
partido...”,
confiesa.
Ella, que
también ha
sido gerente
del PP de
Madrid con
Pío García
Escudero y
concejal del
Ayuntamiento
de Madrid en
la etapa de
Alberto
Ruiz-Gallardón,
evoca lo que
le sucedió
durante un
pleno, en
junio pasado
(es la
ponente de
la ley de
sacrificio
cero de
animales de
la
Comunidad,
que durante
seis meses
consensuó
con la
oposición en
la
Asamblea).
Cuenta que
Ossorio y
ella estaban
sentados
juntos en
sus escaños.
“Y sin venir
a cuento, y
mirando de
frente, sin
torcer la
cabeza,
empezó a
insultarme,
pero
despacio
para que lo
oyera yo
sola: ”¡Es
que no te
sabes la
ley, eres
tonta,
tonta! (…)
Ahora coges
y te vas y
te estudias
la ley y las
enmiendas...
¡Venga, ve y
te las
estudias...!
Y a las
cinco voy a
convocar una
reunión y te
vamos a
preguntar
sobre
ella...".
“Llevo seis
meses
trabajando
en esta ley,
la conozco
perfectamente
y no
necesito
estudiarla”,
asegura la
diputada que
replicó a
Ossorio.
“Además, son
más de las
tres y voy a
almorzar
algo...".
-“¡Pues te
vas sin
comer y te
estudias la
ley!”, le
espetó
Ossorio,
agrega
González-Moñux.
Dada la
actual
correlación
de fuerzas,
basta que un
diputado del
PP falte a
un pleno
para que el
Gobierno de
Cifuentes no
pueda
aprobar
leyes
Ossorio
niega
"tajantemente"
tales
insultos y
haberle
causado
maltrato
alguno,
aunque
reconoce que
le pidió
"que se
leyera unas
enmiendas"
sobre la
citada ley
porque "vi
que nos las
dominaba".
El portavoz
afirma que
su deseo es
que
"recupere
pronto" y
vuelva a la
Asamblea.
"Es mentira
que la haya
insultado",
afirma.
La diputada
causó baja
el pasado
día 10.
Desde
entonces,
solo ha ido
una vez a la
Asamblea.
Acudió a
votar al
pleno del
pasado
jueves, pero
no estuvo en
la sesión
del día 13
ni en las
distintas
juntas de
portavoces.
Dada la
actual
correlación
de fuerzas,
basta que un
diputado del
PP falte a
un pleno
para que el
Gobierno de
Cifuentes no
pueda
aprobar
leyes. PP y
Ciudadanos
aprovecharon
la ausencia
de un
diputado
socialista
en el pleno
del día 13
para poder
aprobar
propuestas
legislativas.
"¡Es que no
te sabes la
ley, eres
tonta,
tonta! (…)",
espetó a la
diputada el
portavoz del
PP
Garrido la
citó en su
despacho el
día 19,
añade
González-Moñux,
para
instarle a
que acudiera
a las
votaciones,
tras
asegurarle
que su
situación
era
"compatible"
con ir a
votar
(fuentes
judiciales
aseguran que
eso sería
"un fraude a
la Seguridad
Social"). La
diputada
popular
continúa en
la
actualidad
de baja,
impuesta por
su psicólogo
y avalada
por un
médico de la
Seguridad
Social.
No es una
recién
llegada al
PP: ha
ostentado
cargos
públicos
relevantes
en sus más
de 25 años
de
trayectoria
política. De
entre los
miembros de
la actual
dirección
del grupo
popular en
la Asamblea,
ella es la
única que ya
tenía
experiencia:
fue
secretaria
general en
la quinta
legislatura,
durante la
presidencia
de Alberto
Ruiz-Gallardón.
La portavoz
adjunta del
PP en Madrid
asegura que
casi desde
el inicio de
la
legislatura,
tras
nombrarla
Cifuentes
para este
cargo, está
viviendo un
calvario “de
exclusiones”.
Pese a su
cargo, no se
la invita,
indica, a
las
reuniones de
grupo en las
que se
debaten, por
ejemplo, el
desarrollo
reglamentario
de la
Asamblea o
el estatuto
de
Telemadrid.
Un portavoz
de la
Comunidad
destaca que
está
trabajando
en las
comisiones
de
Educación,
Deuda y
sobre
corrupción
que
desarrolla
la Asamblea.
El
psicólogo, y
después la
médica de la
Seguridad
Social que
han
certificado
su baja, han
recomendado
a González-Moñux
que no acuda
al puesto de
trabajo al
constituir
este el foco
de su actual
depresión,
según el
parte
facultativo.
La baja (si
persiste su
sintomatología
de
“angustia,
inseguridad,
desesperanza
y sensación
de miedo
cuando tiene
que ir a su
puesto de
trabajo”,
señala el
informe
médico)
puede
prolongarse
meses.
"Primero es
la salud y
después el
trabajo", le
han
aconsejado.
González-Moñux
insiste en
que lleva
meses
denunciado
sus
vicisitudes
con Ossorio
ante sus
jefes, entre
ellos, a
Garrido, y
que "nada ha
cambiado",
explica.
Tras dos
semanas de
baja, de sus
jefes solo
Garrido la
ha
telefoneado
para
interesarse
por su salud
("y para que
fuera a
votar",
apostilla).
En el
encuentro
del día 19,
el hombre
fuerte del
Gobierno de
Cifuentes se
afanó en
explicarle
que su baja
era
“compatible”
con asistir
a la
Asamblea
para votar,
según la
diputada.
Garrido le
recordó la
ajustada
“aritmética”
de la
Asamblea,
que
convierte en
determinante
cada voto,
por lo que
le pidió que
permaneciera
de baja
hasta que
“se curase
del todo” ,
pero, a la
vez,
acudiera los
jueves a los
plenos a
votar.
El informe
psicológico
refleja que
González-Moñux
“no presenta
alteraciones
de tipo
sensoperceptivo
ni ideación
delirante y
tiene una
adecuada
introspección”
y destaca
que,
temporalmente,
debe
mantenerse
alejada de
su entorno
en la
dirección de
grupo del PP
en la
Asamblea, o
bien que le
sean
“modificadas
sus
circunstancias
laborales”,
describe el
facultativo.
"He ido
muchos días
al trabajo
con miedo”,
añade.
“[Ossorio]
me dijo que
era tonta, y
que no sabía
hacer
nada…”,
subraya.
González-Moñux,
en la
anterior
legislatura,
en los
Gobiernos de
Esperanza
Aguirre y su
sucesor
Ignacio
González,
fue
viceconsejera
de Justicia
y
Administraciones
Públicas.
Distintos
episodios
con Ossorio,
“insultos
incluidos",
la han
conducido a
su actual
estado "de
depresión
mayor”,
según el
parte
facultativo
Episodio
"humillante"
El pasado 14
de julio
vivió otro
de los
episodios
más
“humillantes”
que, indica,
recuerda.
Ese día
estaba en el
despacho de
Ossorio el
secretario
general
técnico de
la Asamblea
Pedro Muñoz
Abrines. La
conversación
tenía
relación con
la ley de
sacrificio
cero de
animales,
aprobada
antes del
verano. “Ese
día me echó
del
despacho,
con muy
malos modos;
levantando
el dedo y
dirigiéndolo
hacia la
puerta, me
soltó: “Vete
de mi
despacho, no
quiero
verte. Como
no haces tu
trabajo, ya
lo haré yo
por ti... Y
tengo un
testigo (se
refería a
Pedro Muñoz)
de que no
has estado
afortunada
en lo que me
has dicho, a
mí, que soy
el
portavoz”,
asegura que
le espetó.
Ella le
contestó:
“Por mucho
que seas el
portavoz, no
puedes
hablarme
así... A mí
me ha
nombrado
adjunta
Cristina
Cifuentes.
Si ves que
no hago bien
mi trabajo,
díselo a
ella”.
Ossorio
reitera que
no la ha
insultado ni
causado
maltrato
alguno.
González-Moñux
señala que
acudió el
pasado
jueves a la
Asamblea a
votar y que
no ha
querido
denunciar en
los
tribunales
su situación
"porque no
quiere hacer
daño al
partido". Y
que ha
avisado a
Ángel
Garrido de
que la baja
y el trabajo
en la
Asamblea
“están
relacionados
y no pueden
desvincularse".
"Yo no soy
la causa del
problema,
Ángel, el
problema es
otra
persona...
Estoy
sufriendo
acoso
laboral
desde hace
mucho
tiempo”,
asegura
González-Moñux
que le
comentó.
Este, según
la versión
de la
diputada, le
contestó:
“Eso habría
que hablarlo
[en el
sentido de
contrastarlo]
con él”, en
alusión a
Ossorio. “Te
recuerdo”,
añadió la
diputada,
“que soy yo
la que
padece la
baja médica,
la
víctima...
¿Acaso
quieres
ponerme a
hacer un
careo con
él...?”,
señala la
diputada.
González-Moñuz,
que también
es en la
actualidad
presidenta
del Comité
Jurídico de
la gestora
que preside
Cifuentes
tras
desbancar a
Esperanza
Aguirre,
asegura que
su
preocupación
ahora es
curarse. “Yo
quiero a mi
partido, en
el que llevó
desde los 16
años, empecé
pegando
carteles con
Fraga...
Pero no he
hecho nada
malo a nadie
y no merezco
que se me
trate así.
Vivo del
sueldo de mi
trabajo, no
tengo
cuentas en
ningún
sitio, sí
hipotecas y
deudas como
el común de
los
ciudadanos”,
dice, con
lágrimas en
los ojos.
Siempre
creyó “tener
una buena
relación con
Cifuentes” y
no entiende
"por qué
nadie ha
parado la
conducta de
Ossorio”.
"Mi deseo es
volver a mi
puesto de
trabajo
cuanto antes
y seguir
sirviendo a
los
ciudadanos,
como he
hecho desde
siempre,
pero nadie
tiene
derecho a
insultar o
vejar a un
subordinado”,
razona
González-Moñux.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/26/actualidad/1477505188_328585.html
CIFUENTES DA
A CARMEN
CAFRANGA
180.000
EUROS A
PESAR DE UN
INFORME
DESFAVORABLE
La imputada
en las black
compartió
empresa con
la mujer de
González y
Botella
El Gobierno
de Cristina
Cifuentes
adjudicó un
contrato de
cerca de
100.000
euros a la
fundación
Pardo
Valcarce que
preside
Carmen
Cafranga,
imputada en
el caso de
las tarjetas
black, a
pesar de
tener un
informe
desfavorable
del
organismo
licitador,
la Dirección
General de
Atención a
las Personas
con
Discapacidad,
según
adelanta la
SER.
El 11 de
agosto de
2015 la
mencionada
Dirección
General
cuestionó la
oferta de la
fundación de
Carmen
Cafranga por
considerarla
“anormalmente
baja”. La
exconsejera
de Caja
Madrid había
presentado
un precio de
90.000 euros
para un
presupuesto
base de
licitación
de 148.000
euros.
Las
subvenciones
dadas por
González
Cuando la
Mesa de
Contratación
de la
Consejería
de Políticas
Sociales
requirió a
la fundación
de Cafranga
que
explicase su
oferta, la
respuesta
fue aún más
alarmante.
Cafranga
respondió
que podía
permitirse
ahorrar en
costes
laborales
gracias a
las
subvenciones
al empleo
por valor de
24.000 euros
que le había
otorgado el
Gobierno de
Ignacio
González, el
1 de junio
de 2015,
menos de un
mes antes de
la
investidura
de Cristina
Cifuentes al
frente de la
Comunidad de
Madrid.
El Gobierno
de González
continuó
dando fondos
a la
fundación de
Cafranga, a
pesar de su
imputación
en el caso
Bankia. De
los
3.961.896 de
fondos
públicos que
recibió la
Fundación
Pardo
Valcarce en
2014, un 94%
correspondieron
a
conciertos,
subvenciones
y contratos
con la
Comunidad de
Madrid.
El local
regalado por
Caja Madrid
En su
respuesta
para
justificar
el bajo
coste de su
oferta
económica,
Carmen
Cafranga
argumentó,
además, que,
a diferencia
del resto de
concursantes,
su entidad
contaba con
la ventaja
de un local
cedido
gratuitamente
por Caja
Madrid, con
lo cual no
tenía que
invertir en
el alquiler
de un
espacio para
el proyecto,
un Aula de
Apoyo para
la
Integración
Sociolaboral
de Personas
con
Inteligencia
Límite.
El local
cedido por
la entidad
madrileña es
una antigua
biblioteca
de la Obra
Social de
Caja Madrid
que el banco
cedió
gratuitamente
a la
Fundación
Pardo
Valcarce en
2012 dentro
del "Plan de
Cesión de
Espacios",
un regalo
muy polémico
en su
momento,
pues
Cafranga
formaba
parte de
Consejo de
Administración
de la Caja
que aprobó
ese "Plan de
Cesión de
Espacios", y
era, además,
miembro del
Consejo de
Administración
de Gecesa
(sociedad
100% parte
de la caja y
que
gestionaba
los centros
de la obra
social) que
había
colaborado
sustancialmente
en el diseño
del
plan.Socia
de la mujer
de González
y de Botella
Carmen
Cafranga,
que fue
consejera de
Caja Madrid
a propuesta
del PP de
Madrid desde
2003 y hasta
que dimitió
en 2014 tras
conocerse
que cargó
más de
173.000
euros a su
tarjeta
black, fue
socia de la
empresa
Subastas
Segre, que
preside
Lourdes
Cavero,
mujer del
expresidente
Ignacio
González, y
en la que
también
aparece Ana
Botella.
La Mesa de
Contratación
en su
reunión del
3 de
septiembre
de 2015, ya
con
Cifuentes
como
presidenta,
ignoró el
informe de
la Dirección
General de
Atención a
las Personas
con
Discapacidad
y adjudicó
el contrato
a la
fundación de
Carmen
Cafranga en
septiembre
de 2015.
Pero el
escándalo no
acabó aquí.
El Gobierno
de Cifuentes
acaba de
prorrogar el
contrato por
un año más,
lo que eleva
la cifra de
las
adjudicaciones
para ese
proyecto a
180.000
euros.
http://www.elplural.com/politica/2016/10/17/cifuentes-da-carmen-cafranga-180000-euros-pesar-de-un-informe-desfavorable
CIFUENTES
LEVANTA
AMPOLLAS CON
SU PLAN
OCULTO
CONTRA LA
UNIVERSIDAD
PÚBLICA
Prepara una
nueva ley
sin
consultar a
profesores,
estudiantes,
sindicatos
ni fuerzas
políticas
El Gobierno
de Cristina
Cifuentes
trabaja en
una
normativa
para las
universidades,
bajo el
nombre Ley
del Espacio
Madrileño de
Educación
Superior (LEMES),
cuyo
borrador ya
levanta
ampollas
entre la
comunidad
educativa y
las fuerzas
políticas en
la
oposición,
que
denuncian
“la
opacidad”
con la que
trabaja la
Consejería
de Educación
en un modelo
de
universidad
pública que
se vislumbra
elitista y
cada vez más
abierto al
sector
privado.
El borrador
del texto,
al que ha
tenido
acceso
ELPLURAL.COM,
se titula
“La
modernización
del espacio
madrileño de
enseñanza
superior.
Ideas para
el debate”,
pero todos
los agentes
consultados
coinciden en
que
precisamente
de debate
hay poco.
Para
empezar, no
se ha
contado con
organizaciones
estudiantiles,
profesorado,
sindicatos
ni partidos
políticos. A
estos
últimos,
según han
explicado
las fuentes
consultadas
por este
diario, se
les avisó en
la Asamblea
de Madrid de
que no iban
a ser
invitados.
En el
documento,
se dice que
“la mesa de
trabajo se
constituyó
por personas
vinculadas a
la gestión
de las
universidades
públicas,
una
representante
de las
universidades
privadas,
estudiantes,
representantes
de los
consejos
sociales y
expertos
invitados a
título
individual”,
sin
especificar
nombres de
organismos,
empresas o
personas.
Reuniones
sólo con
gente del
entorno de
la
consejería
El portavoz
de Educación
del Grupo
socialista
en la
Asamblea,
Juan José
Moreno,
considera
que el
documento
elaborado
por el
Gobierno de
Cifuentes
“no aclara
qué diseño
de
universidad
quiere”.
Critica que
se
prometiera
que la ley
estaría
antes del
fin del
curso pasado
y aún sólo
estamos ante
un “borrador
impreciso”.
El portavoz
socialista
se queja de
que a las
reuniones
haya acudido
“un pequeño
grupo de
trabajo,
gente
cercana al
entorno de
la
consejería".
Polémicos
centros de
alto
rendimiento
Eduardo
Fernández
Rubiño,
portavoz de
Política
Universitaria
por Podemos
en la
Asamblea
explica a
ELPLURAL.COM
que el
borrador le
llegó por
una vía
diferente
del Gobierno
de
Cifuentes.
El proyecto
le parece un
intento de
“profundizar
en las
políticas
dañinas que
se vienen
aplicando en
la
universidad
pública en
los últimos
años y que
ha dejado a
los centros
en una
situación de
asfixia”.
Para
Fernández
Rubiño, “no
se ofrece
soluciones
para una
financiación
adecuada ni
a la
precariedad
del
profesorado.
Se orienta a
escalar en
los ranking
internacionales,
pero no
hacia su
función
social. La
ley plantea
un sistema
de
financiación
por
objetivos,
una forma
muy
peligrosa
porque puede
ser una vía
de
disciplinar
a las
universidades
y restarles
democracia”.
El portavoz
de Podemos
critica que
se pretenda
“separar la
docencia y
la
investigación,
dejando ésta
en centros
‘de alto
rendimiento’”.
Esto,
precisa,
llevaría a
un modelo de
universidad
a dos
velocidades,
en las que
“unas pocas
tendrían
muchos
recursos y
ofrecerían
espacios
restringidos
a una elite
súper
cualificada
que se lo
pueda
permitir, y
la gran
mayoría de
la
universidad
pública,
como la
conocemos,
quedaría
relegada a
ser un sitio
de paso,
donde no se
investigue y
los
profesores
queden en la
precariedad”.
El diputado
de Podemos
también se
queja de que
la selección
de las
personas que
han
participado
en las
reuniones ha
sido
“arbitraria”
y
“discrecional”.
“En la
asamblea se
nos dijo muy
claramente
que no se
quería
contar con
nosotros,
que existían
los cauces
para ello”.
El Sindicato
de
Estudiantes
denuncia
opacidad
Ana García,
presidenta
del
Sindicato de
Estudiantes,
también
habla de
“opacidad”.
“No se ha
contado con
los
estudiantes,
el
profesorado,
el personal
de las
universidades,
ni con los
sindicatos”.
“Vemos que
detrás de
las buenas
palabras,
las mismas
palabras
bonitas de
la LOMCE, lo
que hay es
un intento
de ir hacia
la
privatización
de la
universidad
pública”,
afirma Ana
García, que
subraya que
ésta “no
puede
funcionar
como lo hace
el mundo
empresarial,
de un modo
competitivo”.
Financiación,
pérdida de
estudiantes,
3+2
La
representante
estudiantil
lamenta que
“no se
busquen
soluciones a
los
problemas
acuciantes
de la
universidad
pública. La
financiación
en la
Comunidad de
Madrid, en
los últimos
años, desde
2008 a 2014,
ha caído
casi un 30%,
mientras que
en el resto
de
comunidades
la reducción
ha sido del
18,24%".
“Ha habido
una
expulsión
masiva de
estudiantes,
con la
subida de
las tasas,
de un 66%.
Cifuentes ha
hecho una
maniobra de
cara a la
galería
bajándolas
un 15%. Una
migaja que
no resuelve
los
problemas,
pero que le
vale para
pintarse de
otro color
político.
Sin embargo,
se sigue
contratando
profesores a
dedo y dando
fondos a la
educación
concertada y
privada y se
planea el
3+2, del que
no se habla
en el
borrador”.
Entre el
profesorado,
"nadie sabe
nada"
El profesor
de Filología
de la
Universidad
Complutense
Fernando
Ángel
Moreno, ha
asegurado a
ELPLURAL.COM
que entre
los
profesores
"nadie sabe
nada" acerca
de la nueva
ley. Moreno
ha
calificado
las
reuniones de
la
Consejería
como “un
oscuro
proceso”, y
critica que
no se hable
sobre “las
elevadas
tasas, muy
por encima
del resto de
las
comunidades
e incluso de
la mayoría
de los
países del
mundo; de la
precariedad
laboral”,
que explica
con salarios
de “entre
los 300 y
900 euros al
mes”.
Según ha
explicado en
su
conversación
con
ELPLURAL.COM,
si no se
bajan las
tasas, al
final sólo
podrán estar
en la
universidad
los
estudiantes
con más
recursos,
una élite.
El modelo de
Cifuentes
"parece ser
el de sacar
mucho dinero
de patentes,
a través de
grandes
proyectos de
investigación
con empresas
privadas, lo
que creará
redes
clientelares".De
hecho,
subraya el
profesor, el
consejo de
gobierno de
la
Complutense
ya habla de
un cambio en
el modelo de
financiación
de las
universidades
públicas,
que pasaría
por la
entrada de
fondos de
empresas
privadas.
En ese
sentido, el
profesor
destaca que
en el
borrador de
la
Consejería
se da mayor
protagonismo
a la entidad
Madrid+D, en
cuyo
patronato
hay
representantes
de empresas
privadas y
en cuyas
manos ya
está la
evaluación
del
profesorado.
Los
incrementos
en los
costes de
los estudios
Moreno
recuerda que
"desde 2011
los estudios
de grado han
sufrido un
incremento
del 100% y
los estudios
de máster
oficial de
un 250%.
Esto se
produce en
el marco de
los recortes
de 3.000
millones de
euros en
educación
llevado a
cabo por el
Gobierno de
Mariano
Rajoy".
El profesor
reprocha que
se busque
ahora la
creación de
dos
categorías
en la
universidad
pública:
docentes e
investigadores.
"Un modelo
con el que
se dejaría
de
transferir
conocimientos
a los
estudiantes
y que
llevaría a
universidades
de dos
velocidades”.
La
Consejería
no desmiente
que no se
consultara a
agentes
sociales
La
Consejería
de
Educación,
preguntada
por
ELPLURAL.COM,
no ha
desmentido
que no se
haya
convocado a
fuerzas
políticas,
sindicatos,
profesorado
y
estudiantes
a las
reuniones a
partir de
las cuales
se forjó el
borrador.
Los
encuentros,
según ha
confirmado,
se han
realizado
los días 2 y
15 de
diciembre de
2015, 12 y
20 de enero
y 3, 18 y 29
de febrero
de 2016. La
Consejería
sí menciona
en su
respuesta
las
reuniones
que a
posteriori
ha mantenido
con los
agentes
sociales
para
presentarles
el
documento.
Sobre temas
críticos de
la
universidad,
como el
rechazo a la
imposición
de caros
másteres a
los
estudiantes
y la
reducción de
grados,
conocido
como 3+2, y
la situación
precaria del
profesorado,
la
Consejería
ha
contestado a
este diario
que estos
temas
"sobrepasan
las
competencias
autonómicas".
Sobre el
3+2, el
organismo
público
responde que
"una Ley
autonómica
no es un
foro de
posicionamiento
sobre un
aspecto
concreto
como lo es
la duración
de los
grados o
másteres".
En cuanto a
la situación
de los
profesores,
la
Consejería
también se
desmarca
explicando
que "es
competencia
exclusiva de
las
Universidades
Públicas, en
el marco de
su
autonomía".
"La
administración
regional no
tiene
ninguna
competencia
en el ámbito
laboral", ha
insistido.
http://www.elplural.com/2016/10/07/cifuentes-levanta-ampollas-con-su-plan-oculto-contra-la-universidad-publica
Dimite el director general de Cifuentes señalado en la Púnica
Carlos López
Jimeno
contrató a
su empresa y
medió para
dar una
adjudicación
a Cofely,
según la
Guardia
Civil
Carlos López
Jimeno,
hasta este
jueves
director
general de
Industria de
la Comunidad
de Madrid,
presentó su
dimisión a
la
presidenta
Cristina
Cifuentes
tras
aparecer
señalado en
el sumario
del caso
Púnica.Un
informe de
la Guardia
Civil,
basado en
datos de la
Agencia
Tributaria,
constata que
una empresa
de la que es
accionista
cobró casi
200.000
euros entre
2010 y 2012
de Fenercom,
una
fundación de
la que fue
patrono como
director
general. La
investigación
también cree
que medió
para que
Alcalá de
Henares
contratara
con Cofely.
La empresa
Alba
Ingenieros
Consultores
SL, en la
que López
Jimeno tiene
un 20% de
las acciones
según la
Agencia
Tributaria,
recibió
193.000
euros entre
2010 y 2012
de Fenercom
(Fundación
de la
Energía de
la Comunidad
de Madrid),
una
fundación
participada
por la
Consejería
de Economía
de la que el
ya ex alto
cargo de
Cristina
Cifuentes
era patrono.
Las
cantidades
recibidas
por realizar
distintos
informes se
distribuyeron
en tres
años: 35.675
euros en
2010, 59.250
euros en
2011 y
97.100 euros
en 2012.
López Jimeno
presentó su
dimisión
para
“defenderse”
de las
informaciones
aparecidas
desde hace
varios meses
sobre su
presunta
implicación
en Púnica,
aseguró este
jueves en un
comunicado.
Ha tomado
esa
decisión,
añadió,
porque
“tiene la
conciencia
completamente
tranquila al
no haber
realizado
nunca
ninguna
actuación
contraria a
la legalidad
ni a la
ética”.
Asegura que
lo publicado
son
“infamias
sobre mi
persona,
fruto de
informes
policiales
cargados de
inexactitudes”.
Lluvia d
regalos para
los alcaldes
Desde plumas
y lotes de
vino o
quesos,
hasta
televisiones
de 7.000
euros,
pasando por
bolsos de
marca y
relojes de
lujo. El
empresario
David
Marjaliza,
uno de los
cabecillas
de la trama
Púnica,
estuvo años
comprando
regalos de
Navidad a
alcaldes de
distinto
signo
político,
sobre todo
de Madrid,
para
intentar
conseguir
contratos
públicos. Un
informe de
la Guardia
Civil que
figura en el
sumario de
Púnica
recoge el
listado de
obsequios y
de
receptores.
Entre ellos,
exalcaldes
del PP como
Guillermo
Ortega
(Majadahonda)
o Arturo
González
Panero
(Boadilla
del Monte),
pero también
del PSOE,
como Tomás
Gómez,
exalcalde de
Parla al que
la trama
regaló,
según el
sumario, una
televisión
de 4.999
euros, unos
gemelos y
una pasmina.
Recuerda
también los
"últimos 16
años de
carrera
profesional"
que ha
dedicado a
trabajar
para
"mejorar la
vida de los
madrileños"
en los
trabajos que
ha
desempeñado
para los
diferentes
gobiernos
regionales.
Fenercom es
una
fundación
participada
por empresas
privadas y
por la
Consejería
de Economía
madrileña, y
en su
patronato
hay seis
miembros de
este
departamento,
entre ellos
el director
general de
Industria.
López Jimeno
ya había
aparecido en
las
pesquisas de
Púnica
porque los
investigadores
sospechan
que
intercedió
para que el
Ayuntamiento
de Alcalá de
Henares
diera un
contrato de
eficiencia
energética a
la
multinacional
Cofely.
Supuestamente
a cambio iba
a obtener
fondos para
la Fundación
de la
Energía de
la Comunidad
de Madrid,
según se
recoge en un
informe de
la Unidad
Central
Operativa
también
aportado al
sumario.
“Hace un par
de semanas
le pedí un
favor para
el
Ayuntamiento
de Alcalá de
Henares”.
Esta es una
de las
frases que
destacan los
investigadores.
La escribe
el director
comercial de
Cofely,
Constantino
Álvarez, y
se refiere
al director
general de
Industria de
la Comunidad
de Madrid,
es decir,
López
Jimeno.
Lucía Figar
y la marea
verde
La parte del
sumario
sobre la que
el juez Eloy
Velasco ha
levantado el
secreto esta
semana
incluye
otros
informes de
la Guardia
Civil en los
que se
aprecia cómo
la entonces
consejera de
Educación en
Madrid,
Lucía Figar,
utilizó los
servicios de
Alejandro de
Pedro, uno
de los
conseguidores
de la red
corrupta, no
solo para
mejorar su
imagen en
internet,
sino también
para
arremeter
contra el
movimiento
de defensa
de la
educación
pública
conocido
como marea
verde.
En el
sumario
consta un
correo
electrónico
en el que un
colaborador
de Figar
informa a De
Pedro de que
“los
profesores
interinos”
de la marea
verde han
entrado en
el perfil de
Wikipedia de
la consejera
y “han
añadido un
párrafo
completamente
sesgado”. Le
dice que
están
presumiendo
de su
“hazaña” y
le pide que
intente
modificarlo.
El equipo de
De Pedro
redactaba
consignas
para
defender a
Figar desde
distintos
perfiles en
redes
sociales y
también para
desprestigiar
al
movimiento
educativo.
“Continuaremos
hasta que se
nos indique
lo
contrario,
actuando
contra la
marea verde,
protegiendo
a la
consejera y
actuando
en/con los
media
correspondientes
llegado el
caso”, se
lee en uno
de los
documentos
aportados al
sumario.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/20/madrid/1476967466_517449.html
LA GUARDIA
CIVIL TIENE
ASEDIADA A
CRISTINA
CIFUENTES
Con sus
diferentes
informes, la
unidad
judicial de
la
Benemérita,
la UCO, ha
apuntado ya
a tres de
los
diputados de
la
presidenta
madrileña
A lo largo
de
septiembre
la Unidad
Central
Operativa de
la Guardia
Civil, al
frente de la
investigación
de la trama
Púnica, no
ha parado de
dar
disgustos a
la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid.
Atrapada en
una doble
condición.
Por un lado
porque
mientras se
desarrollaron
los
tejemanejes
de los
empresarios
David
Marjaliza,
Ramiro Cid o
Alejandro de
Pedro, ella
era la
responsable
del Comité
de Garantías
del PP. Por
otro, aún
más
comprometedor,
porque ha
mantenido a
algunos
diputados y
alcaldes en
sus listas
después de
que las
sospechas ya
planeaban
sobre alguno
de ellos.
El exalcalde
y diputado
de confianza
Hablamos de
Bartolomé
González,
Bartolo,
exalcalde de
Alcalá de
Henares y a
quien la
Guardia
Civil en el
último
informe que
ha entregado
al juez que
ve el caso,
Eloy
Velasco, el
pasado 13 de
septiembre,
sitúa en la
cabeza de la
banda. En
concreto,
quien
todavía
sigue siendo
diputado por
el partido
que preside
Cristina
Cifuentes,
se habría
beneficiado,
dice la UCO,
de contratos
aprobados
por él y
otros
miembros del
consistorio,
en mesas de
contratación
que el
propio
Bartolo
personalmente
llegó a
presidir.
En concreto,
dicen los
guardias
civiles “se
acordó por
unanimidad
de sus
miembros (de
la mesa del
Ayuntamiento)
aprobar la
propuesta
del Concejal
Delegado de
Obras (…) la
contratación
del contrato
de SERVICIOS
ENRGÉTICOS Y
MANTENIMIENTO
INTEGRAL CON
GARATNÍA”
con Cofely,
a través de
Pedro
García,
director de
Mercado
Público de
esta
empresa.
A cambio de
esta gestión
en favor de
Cofely por
parte de
Bartolo,
según dice
el informe,
se llega a
pedir una
mordida
concreta.
“Referente
al contrato
público de
eficiencia
energética
que el
Ayuntamiento
de Alcalá de
Henares
firmó con la
mercantil
COFELY
ESPAÑA,
S.A.U -se
lee en el
escrito de
la UCO-,
David
Marjaliza
declaró en
sede
judicial (…)
que Pedro
García le
pidió 60.000
euros para
pagar a
Bartolomé
GONZÁLEZ”.
La portavoz
adjunta y
Alex, el
amigo de
todos
Aún más
incómodo
para la
presidenta
de Madrid es
el caso de
Isabel Díaz
Ayuso, nada
menos que
portavoz
adjunta del
Grupo
Popular en
la Asamblea
de Madrid y
responsable
de
innovación
del partido
de la
derecha en
Madrid. Hace
unos días,
en
ELPLURAL.COM
les
informábamos
del informe
que la UCO,
dentro de
las
investigaciones
por el ,
había
realizado
exprofeso
sobre las
relaciones
de Alejandro
de Pedro y
Lucía Figar,
que le había
contratado
para mejorar
su imagen en
redes.
En ese
informe
pasaba
desapercibido
un correo
que venía a
mostrar la,
cuando
menos, buena
relación
entre la
actual
portavoz
adjunta,
Díaz Ayuso,
y de Pedro.
Un correo
que
adjuntamos y
que fue
intercambiado
entre los
correos
personales.
Por cierto,
una de las
informaciones
de las que
parece
preocupaban
entre los
protectores
de la
consejera
Figar estaba
una
información
de este
periódico.
En concreto,
la que
ofrecimos
desvelando
su nómina, y
cómo a pesar
de su
cuantía no
tenía
reparos en
pedir ayudas
oficiales
para sus
hijas.
La tercera
pata de este
asedio de la
UCO a los
hombres y
mujeres de
Cifuentes lo
supone el
caso del
exalcalde de
Móstoles y
exdiputado
autonómico
por el PP,
Daniel
Ortiz, que
tuvo que
dejar su
cargo por la
vinculación
ya
establecida
por el juez
Velasco
entre él y
la trama.
http://www.elplural.com/2016/10/03/la-guardia-civil-tiene-asediada-cristina-cifuentes#main-content
CIFUENTES
ADJUDICA LAS
OBRAS DE UN
PALACIO A
UNA EMPRESA
SALPICADA
POR LA
GÜRTEL Y LA
PÚNICA
Vínculos con
el ‘Caso
Gürtel’,
pago a
partidos
para
“hacernos
notar como
grupo
empresarial”
en Cataluña,
denuncias de
un
Ayuntamiento
por
enriquecimiento
en la
gestión de
viviendas
sociales
gracias al
Gobierno de
Esperanza
Aguirre y
aparición en
el sumario
de la
‘Operación
Púnica’ por
financiación
al PP. Ese
es el
historial
del Grupo
Ortiz.
Empresa
ganadora de
un contrato
de 201.059
euros por
parte de la
Comunidad de
Madrid para
la
“consolidación
estructural
de la
fachada
posterior
del Palacio
Nuevo del
Marqués de
Salamanca en
la Finca
Vista Alegre
de Madrid”.
Tal y como
ha publicado
el Boletín
Oficial de
la Comunidad
de Madrid
este 30 de
septiembre,
una filial
del Grupo
Ortiz, Ortiz
Construcciones
y Proyectos
S.A, será la
encargada de
realizar, en
un plazo de
cuatro
meses, el
trabajo de
consolidación
de la
fachada de
un palacio
histórico en
el corazón
de
Carabanchel.
Residencia
de reyes
siglos
atrás, ahora
se encargará
de las
mencionadas
obras una
empresa
salpicada en
múltiples
tramas de
corrupción.
La Gürtel,
vieja
conocida del
Grupo Ortiz
La
vinculación
del Grupo
Ortiz con
los casos de
corrupción
más
conocidos de
España nace
en el
momento en
el que el
juez
Pedreiro
saca a la
luz la
apertura del
secreto de
sumario en
2010 de la
trama
Gürtel. En
ese momento,
como contó
Público,
aparece un
informe de
la Agencia
Tributaria
de 2009
donde el
grupo
constructor
pagó 2,1
millones de
euros a las
empresas del
matrimonio
Ana Isabel
Gutiérrez-Jesús
Merino.
Personajes
importantes
en el caso;
de hecho,
este último
se sentará
en el
banquillo de
acusados en
los próximos
meses. Pero
la relación
de la
compañía con
el entramado
corrupto no
acaba con el
matrimonio.
El nombre de
Jesús
Sepúlveda
(también
acusado),
exmarido de
Ana Mato, es
un viejo
conocido del
Grupo Ortiz
al ser una
de las
constructoras
'favoritas'
del
Ayuntamiento
de Pozuelo
que dirigía
Sepúlveda y
que se hacía
con gran
parte de los
trabajos en
el municipio
junto a la
Constructora
Hispánica
(empresa que
aparece como
beneficiaria
de la
Gürtel).
Sin embargo,
las firmas
de contratos
entre
Sepúlveda y
esta
compañía no
se quedaron
en
cuestiones
municipales.
Entre los
pagos de
esos 2,1
millones de
euros al
matrimonio
Gutiérrez-Merino,
destacan
375.000
euros a la
consultora
Algaba, la
cual
pertenecía a
la sociedad
de inversión
Astrolago,
empresa
cuyos
titulares
eran Merino,
Sepúlveda y
Luis
Bárcenas.
La empresa
reconoce
financiación
irregular a
Convergència
Varios años
después del
informe que
salió desde
Hacienda y
que constó
en el
sumario del
juez
Pedreiro, el
Grupo Ortiz
volvió a
saltar a los
titulares.
Esta vez por
la
financiación
irregular a
Convergència.
El partido
catalán, a
través de
sus
fundaciones
CatDem y
Barcelona
Fòrum,
recibió en
2010 un
total de
400.000
euros del
grupo
empresarial,
tal y como
confesó la
empresa a El
País, para
entrar en el
mercado
catalán, el
cual se le
resistía.
“Queríamos
estar en
Cataluña”,
explicó, a
finales de
noviembre de
2015, un
portavoz de
la compañía,
y “con estas
donaciones
tratábamos
de hacernos
notar como
grupo
empresarial”.
Porque el
recorrido
del Grupo
Ortiz en
Cataluña no
estaba
siendo
exitoso
antes de las
donaciones,
todo a pesar
de “contar
con 50 años
de
experiencia”.
Una suerte
que cambio
en el
momento en
el que Juan
Antonio
Carpintero
Ortíz,
presidente
del grupo,
decidió
fundar una
filial para
el mercado
catalán,
llamada
Impulsa
Grupo Ortiz,
cuyo
director
sería Joan
Maria Pujals,
exconsejero
de los
gobiernos de
Jordi Pujol.
Una
fundación
que no llegó
sola, como
relata El
País: “A
principios
de 2010, sin
ninguna obra
en cartera,
el Grupo
Ortiz empezó
a hacer
cuantiosas
donaciones a
Convergència”.
Desde
entonces al
menos siete
adjudicaciones
en Cataluña
valoradas en
12 millones
de euros
cayeron en
manos de la
novata
empresa.
La relación
con la
Púnica y el
enriquecimiento
con
viviendas
sociales
Noviembre de
2015 no fue
buen mes de
noticias
para el
Grupo Ortiz.
Al poco de
que El País
descubriese
el entramado
de la
empresa en
Barcelona,
la Cadena
SER se hacía
con un
extracto del
sumario de
la
‘Operación
Púnica’
donde el
nombre de la
filial
madrileña
del grupo,
Ortiz
Construcciones
y Proyectos,
aparece en
la lista del
juez. Según
el juez
Velasco, una
decena de
grandes
constructoras
como FCC,
Urbaser,
Avintia u
Ortiz
Construcciones
y Proyectos
han pagado
encuestas
electorales
para el PP
en al menos
siete
municipios
madrileños
por más de
400.000
euros en los
últimos 10
años.
Sociedades
que después
resultaron
adjudicatarias
de contratos
en esas
localidades
y sobre las
que la
Justicia ha
puesto el
ojo de la
sospecha.
Los
conflictos
judiciales
de Ortiz
Construcciones
y Proyectos
no se han
detenido.
Esta primera
quincena de
septiembre
la compañía
recibía la
noticia de
que el
Ayuntamiento
de Rivas
emprenderá
acciones
legales
contra la
empresa por
su gestión
de un
edificio de
más de 100
viviendas
sociales en
la
localidad.
La acusación
que lanza el
Consistorio,
como informó
a la Cadena
SER, tiene
que ver con
el contrato
que se firmó
en tiempos
de Esperanza
Aguirre. A
ojos de
Rivas, éste
fue
“abusivo” y
sólo sirve
para
engordar los
beneficios
del Grupo
Ortiz. De
hecho, como
relata el
contrato, se
obliga al
Ayuntamiento
al pago de
900.000
euros
anuales a la
Sociedad de
Inversión
SCI,
participada
por el Grupo
Ortiz.
Los cálculos
que salen
desde el
Ayuntamiento
de Rivas
determinan
que el Grupo
Ortiz ha
invertido en
esas
viviendas
apenas cinco
millones de
euros. Por
lo que el
beneficio
que obtiene
con la
gestión se
alza hasta
15 millones.
“El negocio
es redondo.
Forma parte
de ese
perfil de
negocios que
tenía el
IVIMA a
principios
del 2000.
Creemos que
ya han
ganado
bastante
dinero. No
pueden ser
los vecinos
de Rivas los
que soporten
ese pingüe
negocio”,
concluyó
hace apenas
unas semanas
el alcalde
de la
ciudad,
Pedro Del
Cura, a la
Cadena SER.
Un negocio
que ha
encontrado
una nueva
fuente de
financiación:
el contrato
que ha
adjudicado
este 30 de
septiembre
la Comunidad
de Madrid a
pesar de las
múltiples
sospechas
que se
sostienen
sobre el
grupo. En
este tipo de
casos, la
justificación
del Gobierno
de Cristina
Cifuentes es
el mismo: si
una empresa
no está
inhabilitada,
no se la
puede
impedir que
concurse,
“sería
prevaricación”.
De hecho el
viento ha
corrido de
cara para la
empresa en
esta
“consolidación
estructural
de la
fachada
posterior
del Palacio
Nuevo del
Marqués de
Salamanca en
la Finca
Vista Alegre
de Madrid”
al ser la
única
compañía que
se presentó
al concurso
donde los
criterios de
adjudicación
han sido,
con 60
puntos, el
precio y,
con 40
puntos, la
“calidad
técnica”.
http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/140177/cifuentes-obras-palacio-empresa-gurtel-punica.html
UN IMPUTADO
AFIRMA QUE
LA COMUNIDAD
DE MADRID
CONOCÍA LAS
TARJETAS
BLACK
José María
Buenaventura,
exjefe de
gabinete de
Hacienda de
la
Comunidad,
afirma que
fue
Enrique
Ossorio,
entonces
viceconsejero,
quien le
informó del
funcionamiento
del plástico
Un imputado
por el caso
de las
tarjetas
black de
Caja Madrid
ha desvelado
este viernes
que la
Comunidad de
Madrid sabía
qué eran y
cómo
funcionaban
los
plásticos
opacos que
estos días
enjuicia la
Audiencia
Nacional:
José María
Buenaventura
Zabala,
exjefe de
gabinete de
la
Consejería
de Hacienda
con
Esperanza
Aguirre, ha
afirmado que
fueron
personas del
gobierno
regional las
que le
informaron
entonces de
que iba a
tener una
tarjeta en
la Caja y
también cómo
funcionaba.
¿Quién le
informó,
según su
versión, de
que iba a
tener una
tarjeta?
"Don Enrique
Ossorio, que
era entonces
viceconsejero",
ha dicho con
aplomo
Buenaventura,
como ya hizo
en fase de
instrucción.
Fue cuando
se le
propuso ser
jefe de
gabinete de
Hacienda en
la
Comunidad:
"Me dijo
que, junto
con mis
funciones,
me iban a
nombrar
representante
de la
Comunidad y
se me
comentó
cuáles iban
a ser mis
retribuciones,
como jefe de
gabinete y
como
representante
de la
Comunidad en
Caja
Madrid", ha
dicho.
Según ha
explicado,
Ossorio - en
la
actualidad
diputado
regional por
el PP - le
dio unas
instrucciones
que luego le
"corroboraron"
en Caja
Madrid: "Que
era una
tarjeta de
libre
disposición".
Habla
incluso de
que desde la
Comunidad se
habló de "un
convenio, un
acuerdo con
Caja Madrid,
las
retribuciones
del
representante
de la
Comunidad en
la Caja era
esa, un
dinero por
la
asistencia y
la tarjeta".
Fuentes del
entorno de
Ossorio
afirman que
nunca habló
a
Buenaventura
de una
tarjeta, y
que sólo le
comentó que
tenía
derecho a
cobrar una
dieta por
representar
a la
Comunidad en
la Comisión
de Control
de la Caja,
y que tuvo
conocimiento
de la
existencia
de estas
tarjetas
meses
después y
por
comunicación
del propio
Buenaventura,
sin que
viera "nada
anómalo".
La Fiscalía
pide dos
años y medio
de cárcel
para
Buenaventura
por gastar
62.932,21
euros con su
tarjeta
opaca,
además de
una multa de
63.000
euros.
http://cadenaser.com/m/ser/2016/10/07/tribunales/1475839168_233945.html
CIFUENTES
MANTIENE LA
SEGREGACIÓN
POR SEXO EN
18 CENTROS
CONCERTADOS
El gobierno
madrileño va
a seguir
subvencionado
con dinero
público a
estos
centros
donde este
curso van a
estudiar
14.000
alumnos
Las chicas
en una
clase. Los
chicos en
otra. El
gobierno de
Cifuentes
mantiene la
segregación
de alumnos
por sexo en
las aulas
pagada con
el dinero de
todos. La
presidenta
de la
Comunidad no
va a dar
marcha atrás
a este tipo
de educación
diferenciada
en una
veintena de
colegios
concertados
a pesar de
las muchas
voces que se
han alzado
en contra de
que chicos y
chicas
estudien por
separado en
pleno siglo
XXI.
31 colegios
en total, 18
de ellos
concertados,
separan en
Madrid a los
alumnos por
sexo. En la
gran
mayoría, ni
siquiera se
juntan en el
comedor, en
el recreo o
en las
clases
extraescolares.
Este curso
26 mil
alumnos
madrileños
estudiarán
en clase
separados
por sexos.
14 mil de
ellos en
centros
sostenidos
con fondos
públicos. El
gobierno de
Cifuentes ha
renovado el
concierto,
la
subvención,
a los 18
centros que
la reciben
desde 2014
en la
comunidad.
Según la
consejería
de
educación,
la ley
estatal en
vigor ampara
a las
familias que
eligen este
tipo de
colegios. Un
portavoz de
la
consejería
subraya a la
SER que no
se trata en
ningún caso
de educación
discriminatoria.
Por su
parte,
Ciudadanos,
el partido
que sustenta
a Cifuentes
en el
gobierno, no
está a favor
de este tipo
de
segregación.
La portavoz
de Educación
de C's en la
Asamblea,
María Teresa
de la
Iglesia,
deja claro
que su
modelo "no
es la
educación
diferenciada
para la
escuela
pública,
apostamos
por un
modelo mixto
para la red
educativa
sostenida
con fondos
públicos".
Sin embargo,
De la
Iglesia
precisa que
no se puede
plantear el
cierre de un
modelo sin
estudiar las
consecuencias
y ofrecer
alternativas
"porque los
más
perjudicados
serían los
niños".
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/13/radio_madrid/1473761781_618112.html
CIUDADANOS Y
PP SE
ENZARZAN EN
UNA
DISCUSIÓN EN
LA QUE AMBOS
SE ATRIBUYEN
LOS LOGROS
DE LA REGIÓN
Aguado
reprocha a
Cifuentes la
falta de
autocrítica
en su
intervención
de ayer en
el debate de
la región
El portavoz
de
Ciudadanos,
Ignacio
Aguado, en
un discurso
muy duro, ha
reprochado a
Cristina
Cifuentes el
triunfalismo
de su
intervención
en el debate
de la región
de ayer, en
la que
describió
una región
en la que
“todo iba
maravillosamente
bien”, sin
ninguna
autocrítica.
Aguado se ha
atribuido
muchos de
los éxitos
alcanzados
durante el
año
transcurrido
de gobierno,
mientras que
la
presidenta,
en su turno
de réplica,
ha
preguntado
al portavoz
del partido
naranja si
“no están
hartos de
colgarse
medallas”.
Aguado, por
su parte, ha
respondido
que están
con el PP
para
regenerar la
vida
política.
“Ustedes son
el Partido
Popular
imputado por
los
tesoreros y
por
financiación
ilegal, son
los del
ministro
Soria y el
partido de
los recortes
y no se nos
olvida ni se
nos va a
olvidar
nunca”, ha
dicho. “No
tenemos nada
que ver con
ustedes, ni
son nueva
política, ni
son de
centro y si
aplican
determinadas
medidas es
porque hay
un partido
Ciudadanos
que les
obliga”,
puntualizó
Aguado.
Ciudadanos
no ha dado
respiro a
Cifuentes,
ni en el
momento en
el que se ha
referido al
crecimiento
del 3,4%
experimentado
en la
Comunidad,
porque
“todavía
quedan más
de 400.000
parados, a
los que eso
no importa
mucho”. El
portavoz de
la formación
naranja ha
acusado al
PP madrileño
de ser un
grupo
especialista
en elaborar
planes que
“anuncian en
grandes
titulares y
luego acaban
en el
cajón”. Por
ejemplo, el
plan Activa
Henares o el
Activa Sur
en cada uno
de los
cuales se
preveía la
creación de
10.000
empleos.
En cuanto a
las
políticas
sociales,
Aguado ha
asegurado
que el PP
las sigue
entendiendo
como
“caridad y
no como un
derecho”. Ha
recordado a
Cifuentes
que gracias
a ellos se
aprobó la
Ley contra
la
LGTBofobia y
la de la
Transexualidad.
“Lo hemos
conseguido a
pesar de que
ustedes se
abstengan y
algunos se
levanten y
se vayan –
dos de los
diputados
populares se
ausentaron
en las
votaciones-”.
Y como
Ciudadanos
no se fía de
a dónde ha
ido a parar
el dinero en
los últimos
años de
gobierno
popular
debido al
despilfarro
y a obras
como la
Ciudad de la
Justicia,
han
encargado 17
auditorías.
En el
capítulo
sobre
sanidad,
Aguado ha
reconocido
que en estos
meses “hemos
conseguido
al menos
frenar la
privatización
de la
Sanidad
pública,
dotar con 30
millones más
al año la
atención
primaria o
empezar a
reducir las
listas de
espera un 5%
desde
enero”.
Aguado
también ha
pedido
colaboración
al portavoz
del PSOE,
Ángel
Gabilondo,
para contar
con su
“experiencia
y
conocimiento”
en la
elaboración
de un gran
pacto para
la Educación
Cristina
Cifuentes ha
calificado
el discurso
de Aguado de
“feroz” y ha
indicado a
continuación
que ella
hace
“autocrítica
de manera
permanente”.
Pero, ha
añadido, lo
cierto es
que “la
Comunidad de
Madrid
encabeza el
crecimiento
económico y
de empleo”.
En cuanto a
los méritos
en la
gestión que
Ciudadanos
reivindica,
Cifuentes ha
enumerado
varios
puntos que
se
encontraban
en el
programa
electoral
popular,
como la
reducción de
las tasas
universitarias,
el aumento
de becas de
comedor, el
incremento
de cheques
guardería,
la supresión
de
aforamientos,
las listas
abiertas o
el abono
transporte
joven por 20
euros.
El acuerdo
de
investidura
firmado
entre ambos
partidos en
Madrid “es
cosa de
dos”, ha
dicho la
presidenta
en su
réplica. Lo
que no
acepta
Cifuentes a
Ciudadanos
es que
declare que
la están
“arrastrando
al centro”.
“A mí en mi
vida nadie
me ha
arrastrado a
ningún sitio
al que no
quisiera ir
y menos al
centro
político
donde llevo
instalada
muchísimos
años”.
A pesar de
las
críticas,
Cifuentes ha
tendido una
mano a
Aguado, del
que depende
para sacar
adelante sus
iniciativas.
“Lo más
importante
no es quien
se atribuye
el mérito,
sino la
forma en la
que el
acuerdo está
beneficiando
a los
madrileños,
dando
estabilidad
a Madrid”.
Aguado
también ha
pedido
colaboración
al portavoz
del PSOE,
Ángel
Gabilondo,
para contar
con su
“experiencia
y
conocimiento”
en la
elaboración
de un gran
pacto para
la
Educación.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/08/madrid/1473329255_060339.html
CIFUENTES
FICHA AL
ECONOMISTA
DANIEL
LACALLE PARA
INTENTAR
TRAER LA
CITY DE
LONDRES A
MADRID
Lacalle será
el encargado
de liderar
desde
Londres un
proyecto
para atraer
negocios
extranjeros
que se
planteen
dejar Reino
Unido tras
el Brexit
El plan es
captar a
organismos
europeos con
sede en
Londres y a
bancos y
fondos de
inversión no
europeos con
sede
operativa
para la UE
en Reino
Unido, entre
otros
eldiario.es
La Comunidad
de Madrid ha
fichado al
economista
Daniel
Lacalle para
intentar
convertir a
la capital
en la nueva
City
europea.
Según
publica ABC,
después de
varios meses
de selección
el Ejecutivo
de Cristina
Cifuentes ha
optado por
Lacalle para
ser el
comisario
encargado de
traer la
City
londinense a
Madrid.
Después del
triunfo del
Brexit, las
tres
administraciones
implicadas
(Gobierno
central,
comunidad y
ayuntamiento)
estuvieron
de acuerdo
en traer a
Madrid la
parte de la
City que no
pudiera o no
quisiera
seguir
operando
desde
Londres.
La Comunidad
ha fijado
con la
Cámara de
Comercio, la
patronal y
los
sindicatos
unas líneas
maestras
para
conseguir el
proyecto.
Según
publica ABC,
el plan
consiste en
captar cinco
tipos de
negocios
extranjeros
que podrían
plantearse
salir del
Reino Unido
tras el
Brexit. Se
trataría de
organismos
europeos con
sede en
Londres,
bancos y
fondos de
inversión no
europeos con
sede
operativa
para la UE
en Reino
Unido,
multinacionales
no europeas
con la misma
situación, y
start-ups no
británicas
ubicadas
allí.
El
economista
Daniel
Lacalle
liderará el
proyecto
desde
Londres,
donde vive
desde hacer
varios años.
Una de las
primeras
iniciativas
será la
apertura de
la oficina
Invest
Madrid para
fomentar la
atracción de
inversión
extranjera,
que costará
950.000
euros entre
2016 y 2017.
Además, una
consultora,
elegida por
concurso por
la Cámara de
Comercio de
Madrid, ha
encargado un
estudio
sobre
posicionamiento
económico de
la región.
http://m.eldiario.es/economia/Cifuentes-Daniel-Lacalle-Londres-Madrid_0_558194250.html
LA JUSTICIA
SIENTA EN EL
BANQUILLO AL
PRIMER
ALCALDE DEL
PP DE LA ERA
CIFUENTES
El juzgado y
la Fiscalía
rechazan los
recursos del
regidor de
Colmenar
Viejo,
Miguel Ángel
Santamaría,
acusado de
"apología de
la
prevaricación"
en la
concesión de
16 licencias
Miguel Ángel
Santamaría
Novoa,
alcalde del
municipio
madrileño de
Colmenar
Viejo, se
sentará
finalmente
en el
banquillo de
los
acusados. El
juzgado de
instrucción
número 3 de
esta
localidad,
tras
escuchar a
la Fiscalía,
ha
desestimado
los recursos
presentados
por la
defensa del
regidor, y
en un auto
dictado el
pasado 9 de
agosto ha
confirmado
el inicio
del juicio,
a la espera
de fijar la
fecha.
Santamaría
se convierte
así en el
primer
alcalde
madrileño
del PP que
será juzgado
desde que
Cristina
Cifuentes
dirige la
gestora del
PP de
Madrid, que
ha impuesto
un código
ético para
sus
miembros.
Santamaría
está acusado
de "apología
de la
prevaricación",
y la
Fiscalía
solicita 3,6
años de
prisión para
él. La
Fiscalía
también ha
abierto
diligencias
contra el
ayuntamiento
para
investigar
si el
exministro
de Educación
José Ignacio
Wert se casó
con su
novia,
Montserrat
Gomendio (exsecretaria
de Estado),
en una finca
que
presuntamente
no tiene
licencia en
Colmenar,
enlace que
además
ofició el
propio
Santamaría.
La Fiscalía
no solo
solicita 3,6
años de
prisión para
Miguel Ángel
Santamaría,
también para
su antecesor
en el cargo,
José María
de Federico
Corral, y
para seis
concejales
que han
formado
parte de sus
equipos
municipales
en los
últimos 10
años. Pide
además para
todos ellos
10 años de
inhabilitación
para cargo
público y
una multa de
13.200
euros. Para
otros cuatro
ediles
solicita dos
años de
prisión y
ocho de
inhabilitación.
Todos los
procesados
forman parte
de la actual
cúpula del
PP de este
pueblo de
47.000
habitantes
de la sierra
norte
madrileña.
Santamaría
Novoa es
además vocal
del Centro
de Asuntos
Taurinos de
la Comunidad
de Madrid.
En el
escrito que
rechaza los
recursos de
los
procesados,
el fiscal
"acredita
indiciariamente
los hechos
objeto de
instrucción,
consistentes
en el
otorgamiento
por los
acusados de
16 licencias
urbanísticas
pese a
claros
informes
técnicos y
jurídicos
desfavorables,
por
vulneración
de la
normativa
urbanística
aplicable".
Según el
ministerio
público, "es
innegable la
apariencia
delictiva de
estos
hechos, al
ser
subsumibles
en el delito
de
prevaricación
urbanística".
Una de esas
licencias
salpica al
edificio
donde está
la sede
local del
PP. El 9 de
octubre de
2006, la
junta de
gobierno
local
concedió la
licencia de
primera
ocupación
del inmueble
que ocupa
las calles
Matadero
Viejo y
Olivar. Las
obras tenían
"informes
técnicos y
jurídicos
desfavorables,
porque los
trabajos no
se ajustaban
al proyecto
con el que
se concedió
la
licencia".
Aun así, la
junta
decidió
concederla
El fiscal
asegura que
"los
recurrentes
tratan de
mantener la
peligrosísima
tesis de que
un Gobierno
municipal
puede
decidir en
cada caso,
según su
criterio
objetivo, si
conceder o
no una
licencia
cuando los
órganos
técnicos han
comprobado
que la
construcción
sujeta a
licencia se
ha ejecutado
contraviniendo
en
determinados
puntos el
proyecto
previamente
autorizado,
así como el
planeamiento
urbanístico
en vigor.
Esta
filosofía es
una
auténtica
apología de
la
prevaricación".
La Fiscalía
relata
además que
la
instrucción
del caso ha
demostrado
que "el
concejal de
Urbanismo
valoraba las
infracciones
como
'chorradas".
"Abusos de
poder"
"¿Por qué un
vecino se
atiene
escrupulosamente
a la máxima
altura de
cerramiento
de su
parcela,
cuando le
gustaría que
fuera mayor,
mientras
otro pone la
altura que
quiere, lo
cual resulta
aceptado por
la
corporación?
¿Por qué los
vecinos de
Colmenar
Viejo cuando
piden una
licencia
están
sujetos a
semejante
poder de su
corporación,
que puede
ser estricta
o
benevolente,
según los
casos. No
será esta
Fiscalía la
que avale
semejante
doctrina, ni
una sociedad
democrática
como la
nuestra, muy
sensible,
con razón, a
los abusos
de poder, lo
comprendería",
reza el
fiscal, que
concluye que
el
ayuntamiento
nunca ha
requerido
"al promotor
beneficiado
por las
licencias
ilegales la
subsanación
de las
infraestructuras
urbanísticas,
que se han
indultado,
consintiendo
su
consolidación
y
prescripción".
En solo tres
de las 16
licencias se
tramitó
expediente
sancionador,
"mientras en
los 13
restantes se
ha indultado
la sanción.
No cabe
mayor
ejercicio de
arbitrariedad"
El pasado
mes de
marzo,
Santamaría
escribió una
angustiosa
carta a la
fiscal
general del
Estado,
Consuelo
Madrigal,
para pedirle
una cita y
poder
explicarle
así en
persona "la
gravedad y
la magnitud
de mi
situación",
ya que se
consideraba
"objeto de
una serie
incesante e
indiscriminada
de denuncias
anónimas
ante la
Fiscalía".
Santamaría
aseguraba
que todas
las
denuncias
que han
llegado a la
Fiscalía son
anónimas y
"responden a
un problema
intestino
que
padecemos en
el
ayuntamiento
con
determinados
funcionarios
municipales,
probablemente
no más de
tres del
total de
nuestra
plantilla,
que es de
289".
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-09-07/justicia-rechaza-recursos-alcalde-pp-colmenar-viejo-cifuentes_1255473/
DOS DE LOS
NUESTROS':
CIFUENTES
COLOCA UN
EXSENADOR Y
AL HIJO DE
UNA DIPUTADA
La
Consejería
de Medio
Ambiente
despide a
los gerentes
de los
consorcios
de
TecnoGetafe
y el Bañuelo
para
sustituirlos
por gente
del partido:
Gonzalo
Quiroga y
Ángel Romero
El PP cuida
de los
suyos. El
Gobierno
regional
presidido
por Cristina
Cifuentes ha
hecho
cambios en
los
consorcios
urbanísticos
que dependen
de Nuevo
Arpegio, la
empresa
pública de
la
Consejería
de Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio.
Ha despedido
a dos
gerentes,
pagándoles
la
correspondiente
indemnización,
para colocar
en su lugar
a dos
personas del
partido:
Gonzalo
Quiroga
Churruca,
exsenador; y
Ángel Romero
de Lara,
hijo de la
diputada
nacional
Teresa de
Lara.
Fuentes de
la
consejería
aseguran que
estos
cambios se
han
realizado
para
"impulsar"
la gestión
de los
consorcios y
señalan que
las
retribuciones
de estos
nuevos
gerentes son
inferiores a
las de sus
predecesores.
Quiroga y
Romero
llegaron a
sus nuevos
puestos hace
"unos cuatro
meses",
según las
mismas
fuentes. El
primero a la
gerencia del
consorcio
TecnoGetafe,
y el segundo
a la
gerencia de
El Bañuelo.
TecnoGetafe
es un parque
científico y
tecnológico
situado en
Getafe
(municipio
del sur de
Madrid de
175.000
habitantes)
que alberga
a empresas
de varios
sectores
como el
aeronáutico,
la
ingeniería,
la energía y
las nuevas
tecnologías.
Su consejo
de
administración
está formado
por la
Comunidad de
Madrid (que
ostenta la
presidencia
a través de
Nuevo
Arpegio) y
el
Ayuntamiento
de Getafe,
en
colaboración
con la
Universidad
Politécnica
de Madrid.
El Bañuelo
está en
Fuenlabrada
(localidad
de 195.000
vecinos
también en
el sur de
Madrid) y es
un parque
industrial
que también
intenta
potenciar la
actividad
empresarial
en esa zona
de la
región. El
consejo lo
forman la
Comunidad, a
través de
Nuevo
Arpegio, y
el
Ayuntamiento
de
Fuenlabrada.
En ambos
casos el
Gobierno
regional
tiene
mayoría y es
quien ha
decidido
hacer los
cambios en
las
gerencias:
Quiroga
sustituye a
Paloma
Esteve
García y
Romero a
Santiago
Hernández
Losa.
Gonzalo
Quiroga ha
ocupado
varios
cargos
públicos.
Fue senador
por
Guipúzcoa
entre los
años 2000 y
2004. Luego
fue Director
General de
Justicia en
la Comunidad
de Madrid
con
Esperanza
Aguirre.
Quiroga tuvo
que
comparecer
en la
Asamblea de
Madrid en la
comisión que
audita las
cuentas del
malogrado
proyecto
Campus de la
Justicia, ya
que fue
apoderado de
esta
sociedad
entre marzo
de 2010 y
diciembre de
2011. La
oposición ha
intentado
dilucidar en
qué se
gastaron 130
millones de
euros en un
proyecto que
no vio la
luz y PSOE y
Podemos han
anunciado
que acudirán
a la
Fiscalía con
las
irregularidades
detectadas.
Quiroga
también ha
sido gerente
del servicio
de
emergencias
112.
Ángel Romero
de Lara es
hijo de la
diputada
Teresa de
Lara. Ha
sido asesor
en la
consejería
de Medio
Ambiente. Su
nombre
apareció en
prensa por
primera vez
el año
pasado
después de
que
Eldiario.es
revelara
unas
grabaciones
en las que
el equipo de
Esperanza
Aguirre
imponía a la
alcaldesa de
Mejorada del
Campo tres
nombres en
la lista
electoral de
su municipio
a cambio de
que
repitiera
como número
uno en las
elecciones
municipales.
Uno de esos
tres nombres
era Ángel
Romero. Hoy
es concejal
en ese
municipio.
Algunos de
los
consorcios
urbanísticos
que gestiona
Arpegio en
colaboración
con los
Ayuntamientos
donde están
ubicados se
han visto
salpicados
por el caso
Púnica, que
dirige la
Audiencia
Nacional.
Aunque en el
último auto
del juez
Eloy
Velasco,
fechado el
pasado 14 de
julio, el
magistrado
habla de
"pago de
comisiones
por
contratistas
y promotores
para acceder
a las obras
de los 22
consorcios
urbanísticos
de Arpegio",
ni los
consorcios
de
TecnoGetafe
y El Bañuelo
están
actualmente
bajo la
investigación
de la
Guardia
Civil.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-08-07/cifuentes-enchufa-coloca-senador-hijo-diputada-churruca-romero-lara_1243192/
CIFUENTES,
DE TAPEO CON
SU ALCALDE
IMPUTADO, EL
MISMO QUE
PRESIONA A
LA FISCALÍA
La
presidenta
que presume
de
regeneración
intentó
apoyar
discretamente
al regidor
de Colmenar
Viejo, pero
las imágenes
han
trascendido
La reunión
intentaba
ser muy
discreta por
parte de
Cristina
Cifuentes,
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid y de
la gestora
del PP
regional. De
hecho el PP
de Madrid
apenas había
anunciado en
la agenda un
encuentro
"con los
simpatizantes
y afiliados
del PP de
Colmenar
Viejo" para
acabar
diciendo de
pasada que
antes se
reuniría con
la Ejecutiva
Local del
partido
local. En su
cuenta de
Twitter la
presidenta
difundía
varias
imágenes de
una visita a
un centro de
acogida de
animales que
hay también
en aquella
localidad y
apenas una
foto con los
simpatizantes
del partido,
ni una
palabra de
los cargos
directivos
de la
formación.
En el PP de
Colmenar de
Viejo no han
tenido
tantas
precauciones
y han
difundido
también a
través de
Twitter
varias
imágenes de
Cifuentes
con ellos y
especialmente
con el
alcalde y
líder del PP
en el
municipio,
Miguel Ángel
Santamaría.
¿Por qué el
secretismo
de la
presidenta?
Quizá porque
Santamaría y
varios
cargos del
PP y ediles
en Colmenar
están siendo
investigados
judicialmente
por un
presunto
delito
continuado
de
prevaricación
en materia
de urbanismo
y han sido
reprobados
por los
grupos de la
oposición.
La imagen de
apoyo que
les ha
ofrecido
este jueves
Cifuentes
casa poco
con el
discurso de
regeneración
que utiliza
al frente de
la CAM y de
la gestora
del PP de
Madrid.
Además se da
la
circunstancia
de que
Santamaría
es un
regidor que
no tiene
ningún
problema en
presionar a
la Fiscalía
General del
Estado para
que no
pongan la
lupa en sus
actividades.
ELPLURAL.COM
desveló en
exclusiva la
carta que
Santamaría
remitió a la
Fiscalía
reclamando
que dejaran
de
investigarle
porque según
él
"prácticamente
la totalidad
de la
actividad de
este
Consistorio
se encuentra
en estos
momentos
inspeccionada
por
Fiscalía, de
manera que
es
extremadamente
complicado
que nos
podamos
dedicar a
otros
asuntos". Se
quejaba de
los
expedientes
que tenía
que
facilitar
para la
investigación
y hablaba
incluso de
"situación
límite" en
su
Ayuntamiento
por esa
circunstancia.
El tiempo
para buscar
expedientes
le viene
justo pero
tiempo para
tapear con
Cifuentes sí
tiene.
Según el
código ético
que
Cifuentes
promueve en
el PP los
investigados
por
corrupción o
por causas
que generan
alarma
social deben
abandonar
sus cargos.
Pero
Santamaría
cuenta con
su apoyo
explícito,
incluso
desafiando
el acuerdo
de Gobierno
con C's de
no contar
con
procesados
le colocaron
al principio
de la
legislatura
en el
Consejo
Taurino del
Gobierno
regional.
http://www.elplural.com/2016/08/04/cifuentes-de-tapeo-con-su-alcalde-imputado-el-mismo-que-presiona-la-fiscalia
CIFUENTES.
EL GASTO
PÚBLICO EN
EDUCACIÓN EN
MADRID
RETROCEDE A
NIVELES DE
HACE 10 AÑOS
Desde 2009
la inversión
se ha
recortado en
más de 1.000
millones de
euros.
Madrid es la
región que
tiene el
gasto
público
educativo
más bajo de
todas las
comunidades,
apenas llega
al 3% del
PIB regional
El gasto
público en
educación en
Madrid
retrocede a
niveles de
hace 10 años
La caída del
gasto
público en
educación en
la Comunidad
de Madrid ha
ido en
picado desde
el 2009.
Desde ese
año dorado,
cuando se
invirtieron
5.600
millones de
euros, el
gasto se ha
recortado en
más de mil
millones. En
2014 se
situó por
debajo del
gasto
público de
2006, 4.700
millones en
2014 frente
a los casi
4.900 de
hace 10
años.
En este
tiempo, la
tijera se ha
cebado
especialmente
con la
formación
para el
empleo,
donde el
recorte ha
sido casi
continuado.
De los 150
millones que
se
destinaron a
esta partida
en 2006, a
los 47
invertidos
en 2014.
Supone un
70% menos de
gasto en
formación
ocupacional
en los años
de mayor
destrucción
de empleo
por la
crisis. Casi
una cuarta
parte del
gasto
público en
educación en
2014 fue a
parar a los
conciertos
en centros
privados, un
20% de la
inversión
total.
El gobierno
de Cifuentes
ha aumentado
ligeramente
el
presupuesto
de educación
para 2016
con respecto
a los
últimos años
de gobierno
de Ignacio
González,
pero aún así
lo que
Madrid
dedica a
este
servicio
fundamental
sigue en
niveles de
hace una
década. La
Comunidad
cuenta con
un
presupuesto
de 4.370
millones
para este
año,
prácticamente
la misma
cantidad que
se dedicó en
las cuentas
regionales
de 2006 a la
educación.
A todos
estos datos
hay que
sumar que
Madrid es la
región que
tiene el
gasto
público en
educación
más bajo de
todas las
comunidades,
apenas llega
al 3% del
PIB
regional,
cuando lo
que
recomienda
la OCDE es
llegar al
menos al 5%
de ese PIB.
Lo recuerda
el PSOE que
critica una
vez más la
política
educativa
del PP en la
Comunidad de
Madrid.
Según Juan
José Moreno,
diputado
regional y
portavoz de
Educación
del PSOE en
la Asamblea,
"todas estas
cifras dejan
muy claras
las
prioridades
del gobierno
de la
Comunidad de
Madrid y
desgraciadamente
la educación
no es una
prioridad, y
menos la
educación
pública".
http://cadenaser.com/emisora/2016/08/23/radio_madrid/1471948748_003279.html
CIFUENTES
VUELVE A
AUMENTAR LOS
RECURSOS
PARA LA
CONCERTADA
El gobierno
de Cifuentes
va a
incrementar
el número de
aulas en los
centros
privados
sostenidos
con fondos
públicos el
curso que
viene. Desde
la llegada
de la ex
consejera
Fígar a
Educación,
en los
últimos 8
años, el
crecimiento
de estas
unidades ha
sido del
13%. Según
los datos
del PSOE, en
todo este
tiempo, los
centros
públicos han
perdido al
menos 200
unidades
En 2008 eran
13.500 las
aulas
concertadas
que había en
la Comunidad
de Madrid.
El curso que
viene serán
casi 15.300.
El aumento
ha sido del
13% en los
últimos 8
años. En
total, 1.776
aulas más
que el
gobierno
regional
sostiene con
fondos
públicos en
colegios e
institutos
privados. En
concreto, el
curso que
viene,
2016-2017,
la
Consejería
de Educación
aumentará en
250 las
unidades
concertadas,
algunas
menos que el
curso pasado
en el que se
aprobaron
300 nuevas
aulas con
concierto.
La Comunidad
de Madrid
justifica
que el curso
que viene el
aumento del
número de
unidades
concertadas
sea menor
que en años
anteriores:
"En el marco
de los
principios
de economía
y
eficiencia,
la escasez
de recursos
disponibles
justifica
que el
número de
nuevas
unidades
escolares a
concertar
sea
limitado",
señala la
Orden
publicada en
el Boletín
Oficial de
la Comunidad
(BOCM),
"dicho
límite
permite
exclusivamente
el
crecimiento
de las
unidades que
son
imprescindibles
en centros
ya
concertados
para
posibilitar
la evolución
natural de
aquellos que
deben
completar
progresivamente
su
configuración,
incluidos
los que han
accedido
recientemente
al régimen
de
conciertos,
o que son
necesarias
para atender
la demanda
de
escolarización
en
determinados
municipios o
zonas de la
Comunidad".
Por primera
vez, el
gobierno
regional ha
denegado
todas las
solicitudes
que han
presentado
una veintena
de centros
privados
para
convertirse
en
concertados
el próximo
curso y, por
segundo año
consecutivo,
la Comunidad
no pondrá en
marcha
ningún nuevo
colegio
concertado
en la
región.
La
Federación
de
Asociaciones
de Padres de
Alumnos (FAPA)
Gíner de los
Rios cree
que con este
nuevo
aumento de
aulas con
concierto,
el ejecutivo
de Cifuentes
está
siguiendo la
estela y las
políticas
que ya
pusieron en
marcha los
anteriores
gobiernos
del PP. "El
nuevo
incremento y
la reducción
de unidades
en la
escuela
pública
fuerza un
trasvase de
alumnado
entre las
redes y con
ello también
un traspaso
de fondos de
la red
pública a la
privada-concertada",
asegura José
Luis Pazos,
presidente
de la FAPA
Gíner de los
Rios,
"continuamos
ante las
mismas
políticas
que no
buscan otra
cosa que no
sea la
privatización
del sistema
educativo
madrileño y
que nosotros
rechazamos".
Menos aulas
públicas
Ya en junio,
el PSOE
alertó en un
informe de
la
desaparición
de 78 aulas
en centro
públicos de
la Comunidad
el curso que
viene. De
todas estas
unidades, 32
se localizan
en la
educación
infantil, la
puerta de
entrada de
los alumnos
en el
sistema
educativo.
El otro
grueso de
unidades se
concentra en
la Formación
Profesional,
donde el
PSOE ha
consignado
al menos 44
aulas menos.
Por zonas,
el este y el
sur de la
región se
llevan la
peor parte y
también los
distritos
del sur de
la capital,
que son los
lugares,
según el
informe, con
mayor
concentración
de población
con
necesidades
educativas
más
acuciantes.
Se han
abierto
nuevas
aulas,
apuntan,
aunque el
saldo es
claramente
negativo.
Entre 2008 y
2015,
denuncia el
PSOE, la
Comunidad de
Madrid ha
cerrado más
de 200 aulas
de educación
secundaria
obligatoria.
Particularmente
preocupante
es la
situación a
la que
llegan el
curso que
viene
algunos
distritos de
la capital.
Es el caso
del Ensanche
de Vallecas
donde, según
el PSOE,
faltan más
de 100
plazas en
Educación
Infantil que
ni siquiera
los
concertados
pueden
satisfacer.
Se debe,
dice el
informe, a
la falta de
planificación
a medio
plazo de la
Comunidad.
En 2016, la
consejería
de Educación
ha
presupuesto
para mejoras
y
ampliaciones
de centros
56,8
millones de
euros, 16,1
millones
menos que en
2015.
Además, en
los dos
últimos
años, se han
dejado sin
ejecutar más
de 50
millones
para
construcción
de nuevos
centros (21
de ellos en
2015)
http://cadenaser.com/emisora/2016/08/11/radio_madrid/1470909045_078929.html
SANIDAD DEJÓ
DE GASTAR 13
MILLONES
PARA
AGILIZAR LA
LISTA DE
ESPERA
QUIRÚRGICA
Más de
80.000
personas
estaban a la
espera de
una
operación en
2015. Aquel
año se batió
el récord en
la Comunidad
de Madrid.
La
Consejería
tenía un
presupuesto
de 46
millones
para
rebajarlas
del que sólo
gastó 33
millones
Ese año,
tras la toma
de posesión
del nuevo
gobierno de
Cristina
Cifuentes,
el recién
nombrado
Consejero de
Sanidad,
Jesús
Sánchez
Martos,
aseguró que
la reducción
de esa
espera iba a
ser una de
sus
prioridades.
Una vez
cerrado el
ejercicio
presupuestario
de aquel
año, en las
cuentas
oficiales y
definitivas
del SERMAS,
consta que
el Gobierno
regional
gastó 13
millones de
euros menos
de lo
presupuestado
para
agilizar
esas listas.
Hay, además,
otros datos
llamativos,
como que la
Fundación
Jiménez
Díaz, de
gestión
indirecta,
gastó casi
80 millones
más de lo
previsto a
pesar de que
su
presupuesto
había
aumentado,
al contrario
de lo que
pasó con los
hospitales
totalmente
públicos.
Para José
Manuel
Freire,
portavoz de
sanidad del
PSOE en la
Asamblea,
esta es la
nueva forma
que está
utilizando
el gobierno
del PP de
descapitalizar
la sanidad
pública:
"mientras
los
hospitales
de gestión
pública
bajan su
gasto real
en 235
millones de
euros, la
Fundación
Jiménez Díaz
aumenta el
suyo en 70
millones.
Estos 235
millones
menos,
recuerda
Freire, no
son millones
de ahorro.
"Son
recortes.
Están
descapitalizando
la sanidad
pública.
Hablamos de
inversiones
que no se
hacen, de
personal que
no se
contrata
porque no se
reponen las
plantillas,
de listas de
espera que
aumentan..."
Pero la
comparación
todavía es
mayor si lo
que tenemos
en cuenta es
el capital
presupuestado
en la
Asamblea y
el pagado
finalmente
al centro
sanitario.
La Fundación
Jiménez
Díaz,
asegura el
socialista,
"ha recibido
80 millones
de euros de
más. Es una
desviación
del gasto
del 27%. Si
esto lo
hiciera
algún
gerente de
la sanidad
pública
Sánchez
Martos lo
crujía."
http://cadenaser.com/emisora/2016/08/30/radio_madrid/1472567387_230048.html
EL PACTO DE
PP Y
CIUDADANOS
SUPONE UNA
SUBIDA DE
IMPUESTOS EN
LA REGIÓN
La Comunidad
de Madrid
mantiene que
la
armonización
del
documento no
significa
que haya un
incremento
tributario
El acuerdo
entre el PP
y Ciudadanos
tendrá, de
llevarse a
cabo, una
clara
repercusión
para el
bolsillo de
los
madrileños.
Su punto
quinto exige
que se
armonice la
fiscalidad
de las
distintas
comunidades
autónomas,
de forma que
todos los
contribuyentes
paguen lo
mismo a las
arcas
públicas. La
Comunidad de
Madrid, al
ser una de
las que
tiene menor
tipo
impositivo
de toda
España, se
vería
directamente
afectada por
este cambio,
según
reconocen
diversas
fuentes. El
impuesto de
la renta
(IRPF), el
de
sucesiones y
donaciones y
el de
transmisiones
patrimoniales
serán los
más
afectados.
Las
comunidades
tienen
capacidad
para
legislar en
el tramo
autonómico,
de forma que
pueden
rebajar la
cuota que
paga cada
contribuyente.
Así ocurre
en el caso
de Madrid,
que tiene
gravámenes
más bajos
que otras
regiones. En
el caso de
las rentas
más altas la
Comunidad
renuncia
hasta al 6%
del tipo
impositivo,
según
recuerda el
catedrático
de Análisis
de la
Economía de
la UNED José
María
Labeaga
Azcona. A
ello se une
que existen
determinadas
bonificaciones
que el
contribuyente
madrileño
puede
deducirse en
caso de
tener hijos,
comprar una
vivienda o
por
adopciones,
entre otros
muchos
conceptos.
Labeaga
recuerda que
las rentas
medias están
bonificadas
con una
reducción
del 1,5% en
el tramo
autonómico
del IRPF.
Para ello
pone un
ejemplo: un
trabajador
que gane una
media de
23.000 euros
al año
tendría que
pagar con el
pacto unos
345 euros
más en cada
ejercicio.
"Si tenemos
en cuenta
que el 90%
de la
recaudación
de este
impuesto
proviene de
trabajadores
por cuenta
ajena,
supondrá que
todos estos
empleados
tendrán que
pagar más si
se llega a
esa
armonización",
concluye el
catedrático
de la UNED.
El 10%
restante lo
forman la
renta del
capital y el
trabajador
por cuenta
propia.
El impuesto
de
sucesiones y
donaciones (ISD)
también está
muy
bonificado
en la
región, en
especial en
el caso de
los
familiares
más
directos, en
relación con
otras
comunidades.
"La tarifa
es tan baja
en estos
casos que
prácticamente
no se paga
ese
impuesto. De
ahí que
cualquier
modificación
supondría un
mayor
gasto",
destaca
Labeaga.
9.328
millones por
el IRPF y
por
Sucesiones
Madrid
destaca como
una de las
regiones de
España donde
los
impuestos
están más
bajos, según
el Consejo
General de
Economistas
Asesores
Fiscales
Reaf-Regaf.
En concreto,
por lo que
concierne a
los tramos
mínimos de
IRPF, es
decir, los
que declaran
una renta
inferior a
12.450, la
capital está
entre las
zonas del
país con
tipos
aplicables
más bajos,
hasta el
19%.
Madrid es,
con
Canarias,
una de las
regiones con
menor
impuesto de
sucesiones y
donaciones.
El Gobierno
regional
impulsó la
práctica
eliminación
de estos
tributos
dentro del
ámbito
familiar,
gracias a la
bonificación
del 99% de
la cuota.
El Ejecutivo
regional
tiene
previsto
recaudar
este año
9.328
millones de
euros con
los
impuestos
directos
(IRPF y
sucesiones y
donaciones).
La diputada
del PSOE en
la Asamblea
de Madrid
Reyes
Maroto,
especializada
en tributos,
calificó la
situación en
la región
como la de
"un
auténtico
paraíso
fiscal".
"Sabemos que
muchas
personas
vienen a
morir a
Madrid
porque aquí
les sale más
barato.
Estamos en
un caso de
competencia
desleal con
respecto a
otras
regiones",
denuncia
Maroto. Su
grupo ha
pedido que
se retome el
impuesto de
Patrimonio
para las
rentas más
altas (más
de un millón
de euros).
"La
armonización
resultará
muy positiva
entre las
comunidades
autónomas
porque las
bonificaciones
de Madrid
suponen una
merma
importante
en los
ingresos",
concluye la
diputada.
"Balneario
fiscal"
De opinión
similar es
el portavoz
de economía
de Podemos
en la
Asamblea,
Eduardo
Gutiérrez,
que recuerda
que 15.360
contribuyentes
con más de
dos millones
de euros en
patrimonio
solo
ingresaron
dos
millones,
frente a los
612 que
deberían
haber
desembolsado
si
tributaran
en otras
regiones. O
"el
balneario
fiscal" que
suponen las
sucesiones y
donaciones.
"Si los
herederos de
la duquesa
de Alba
hubieran
tributado en
Andalucía
habrían
pagado más
de 1.000
millones,
frente a los
11 que
pagaron en
Madrid",
resume.
El grupo de
Ciudadanos
prefiere
mantenerse a
la
expectativa
hasta que se
culmine la
investidura
como
presidente
del Gobierno
del
candidato
del PP,
Mariano
Rajoy. "Si
al final no
se produce
la
investidura,
no se podrá
hacer nada
de lo que
pone en ese
documento",
reconocen
fuentes del
grupo
naranja.
Fuentes de
la
Consejería
de Economía
y Hacienda
destacan que
el pacto
entre el PP
y Ciudadanos
habla solo
de
"armonización"
en los
tributos, lo
que no
significa,
en su
opinión, que
se trate de
una subida:
"También
puede ir a
la baja y,
de hecho,
sería lo
deseable
para que
aumentara la
competitividad.
No creemos
que
Ciudadanos
haya firmado
en sentido
contrario a
como lo hizo
con la
Comunidad de
Madrid",
añaden.
"También nos
parece una
buena
noticia el
anuncio de
la ley de
financiación
de las
comunidades
autónomas,
porque
Madrid ha
dejado de
ingresar
este año
1.383
millones de
euros".
En este
sentido, la
presidenta
regional,
Cristina
Cifuentes,
remarcó el
compromiso
de su
Gobierno
para
mantener la
baja
imposición
fiscal en
Madrid. "No
soy
partidaria
de subir
impuestos, y
en la
Comunidad de
Madrid no lo
vamos a
hacer",
afirmó.
Aunque
admitió que
la
importancia
de tener un
Gobierno
cuanto antes
es el factor
que ha
condicionado
a Rajoy para
aceptar las
condiciones
exigidas por
Ciudadanos.
El acuerdo
alcanzado
entre el PP
y Ciudadanos
es “positivo
para
España”,
para
Cifuentes
que remarcó
tras el
consejo de
gobierno el
valor del
pacto: “Más
allá de los
términos lo
importante
es que el PP
puede pactar
y acordar y
avanzar para
la
gobernabilidad
de España”,
afirmó la
mandataria.
Cifuentes:
"apostamos
por bajar
los
tributos"
Cristina
Cifuentes
respondió
este lunes a
las
declaraciones
del
presidente
socialista
de la
Comunidad
Valenciana,
Ximo Puig,
quien tildó
de "paraíso
fiscal" a la
Comunidad de
Madrid por
su bajo
régimen
fiscal. "No
entiendo por
qué Puig
decidió
hablar sobre
Madrid en
vez de
dedicarse a
resolver los
problemas de
la Comunidad
Valenciana",
se preguntó
retóricamente
la
presidenta.
Cada
comunidad
autónoma
tiene el
derecho de
priorizar
las
políticas
fiscales que
quiere
llevar a
cabo,
sostuvo
Cifuentes, a
la vez que
recordó que
fue el
gobierno del
socialista
José Luis
Rodríguez
Zapatero el
que aprobó
el actual
régimen de
financiación
autonómica.
"La
asimetría
fiscal
existe desde
el momento
que hay un
sistema de
concierto
para
comunidades
como el País
Vasco o
Navarra",
concluyó.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/29/madrid/1472493747_179016.html
EL ABONO
PARA
DESEMPLEADOS
DE CIFUENTES
SÓLO ALCANZA
AL 0,2% DE
LOS PARADOS
René
Goscinny y
Albert
Uderzo no
incluyeron
entre las
doce pruebas
que Astérix
y Obélix
tenían que
superar el
darse de
alta en el
abono de
transporte
social de la
Comunidad
Madrid. Y es
normal,
porque nadie
querría ver
a la pareja
de galos que
hace temblar
al imperio
romano caer
derrotados
ante la
burocracia
de Cristina
Cifuentes.
Un dato
escalofriante
para
corroborar
su
dificultad.
De los
418.405
parados que
hay en la
Comunidad de
Madrid,
solamente
cerca de 700
personas
disponen del
abono para
desempleados
del
Consorcio de
Transportes.
Es decir,
este abono,
que vale
diez euros
al mes,
penetra en
el 0,2% de
los parados
de la
comunidad.
El precio de
los abonos
de
transporte
en Madrid
oscilan
entre los
54,60 euros
mensuales y
los 131,80
euros. El
dedicado a
los
desempleados
solamente
cuesta diez
euros al mes
durante los
seis meses
que se puede
utilizar.
Pero el
99,8% de
parados
‘prefiere’
pagar los
normales.
A pesar de
que la
reducción de
las tarifas
del
transporte
público para
desempleados
de larga
duración
formaba
parte del
acuerdo de
investidura
entre
Ciudadanos y
Partido
Popular para
hacer
presidenta
de la
comunidad a
Cristina
Cifuentes,
las
estadísticas
revelan que
las medidas
no están
llegando al
grueso de la
población.
Actualmente,
para poder
utilizar el
denominado
abono
transporte
social el
usuario debe
ser al mismo
tiempo
beneficiario
del Programa
de
Activación
de Empleo (PAE).
El problema
es que para
ser
beneficiario
de ese
programa los
requisitos
son
considerablemente
restrictivos.
Requisitos
restrictivos
No haber
sido
beneficiario
de ningún
tipo de
prestación
por
desempleo
durante los
últimos 6
meses desde
la solicitud
de
incorporación
al programa,
haber estado
inscrito
como
demandante
de empleo a
fecha 1 de
diciembre de
2014 o a 1
de abril de
2016, haber
permanecido
inscrito
durante 360
días en los
dieciocho
meses
inmediatamente
anteriores o
carecer de
rentas y
tener
responsabilidades
familiares,
entendiendo
por éstas
tener a
cargo al
cónyuge o
algún hijo
menor de 26
años, o
mayor
discapacitado
que carezca
de ingresos
mensuales
superiores a
491,40
euros. La
sangre de
unicornio,
al menos, no
está
previsto que
se solicite
como
requisito.
Solicitar
estas
condiciones,
y otras
muchas que
alargarían
ad infinitum
el artículo,
para poder
ser
beneficiario
del Programa
de
Activación
de Empleo (PAE)
provoca que
muy pocos de
los
desempleados
puedan optar
realmente a
la ayuda
económica.
La
Consejería
de
Transportes
de la
Comunidad de
Madrid ha
asegurado en
alguna
ocasión que
la cantidad
de parados
que disponen
del abono
mensual de
10 euros
fluctúa cada
mes en
función de
los parados
que estén
inscritos en
el PAE, y
que lo
importante
es que este
servicio
funcione
“haya 1.000
o 200.000
personas
inmersas en
el
programa”.
Sin embargo,
los datos
del Servicio
Público de
Empleo
Estatal
(SEPE)
revelan que
la
oscilación
solamente se
mueve
alrededor de
las 1.000
personas. De
enero a
julio de
este año la
cantidad de
desempleados
inscritos en
el PAE ha
pasado de
1.077 a
1.102.
“Un abono
incondicional”
Ante esta
situación,
varias
organizaciones
se han
levantado
para
protestar
contra una
medida que
consideran
“una
tomadura de
pelo”. Así
lo ha
catalogado
la
plataforma
Madrid en
Transporte
Público, una
organización
ciudadana
formada por
distintos
colectivos
que aspira a
lograr “un
transporte
colectivo de
calidad y
accesible
para
cualquier
persona”.
La
plataforma
afirma que
la medida
que aprobó
Cifuentes en
noviembre de
2015 – el
abono para
desempleados
– “ha
resultado
ser
totalmente
electoralista
y falsa”.
Madrid en
Transporte
Público
denuncia los
exigentes
requisitos
que se
reclaman
para
acogerse a
este
programa y
pide que
“las
personas
desempleadas
dispongan de
un Abono
Social de
Transportes
gratuito e
incondicional
mientras
dure el
desempleo y
lo mismo
para la
familia a
nuestro
cargo,
descendiente
o
ascendiente”.
“Somos casi
medio millón
de personas
desempleadas
en la
Comunidad de
Madrid.
Tenemos
tanta
necesidad y
derecho a
usar el
transporte
público como
cualquier
otra
persona,
teniendo
como
prioridad el
buscar
trabajo. Al
mismo tiempo
tenemos
familia a
nuestro
cargo que
depende de
nosotros y
tienen los
mismos
condicionantes.
Entonces
¿cómo
hacerlo si
el precio
del
transporte
público en
la Comunidad
de Madrid se
ha
incrementado
tanto hasta
el punto de
hacerlo
prohibitivo
y no tenemos
trabajo?
Además cada
vez se
reduce y
deteriora
más el
servicio,
por culpa de
los
recortes”,
denuncia la
plataforma.
Todas las
miradas
apuntan a
Cristina
Cifuentes,
que presentó
su poción
mágica para
facilitar el
acceso al
transporte
público a
los
desempleados,
y que ha
acabado – de
momento –
con un
resultado
que
avergonzaría
a Panorámix.
http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/138501/abono-transporte-desempleados-cifuentes.html
EMILIO
ESTEBAN, DE
LA SOMBRA DE
LA PÚNICA A
ASESOR DE
LAS VENTAS
El ex
director de
encierros y
festejos de
San
Sebastián de
los Reyes y
mano derecha
del gerente
del Centro
de Asuntos
Taurinos de
la Comunidad
de Madrid,
Manuel Ángel
Fernández,
mantiene
activa su
sociedad de
'Servicios
Taurinos'.
A Emilio
Esteban lo
recuerdan
bien en San
Sebastián de
los Reyes.
«Él era el
todopoderoso
del área de
festejos»,
rememora un
ex concejal
de la
oposición.
El nuevo
cargo creado
a su medida
no existía
hasta la
llegada de
Esteban. Ni
siquiera
algunos
consejeros
consultados
por EL MUNDO
sabían de su
existencia.
Cuando
Manuel Ángel
Fernández,
ex-alcalde
por el PP de
San
Sebastián de
los Reyes,
aterrizó en
el puesto
director
gerente del
Centro de
Asuntos
Taurinos (CAT)de
la Comunidad
de Madrid el
9 de julio
de 2015 no
venía ligero
de equipaje.
De su mano
desembaría
en la plaza
de Las
Ventas su
íntimo amigo
y
ex-director
de encierros
y festejos
de San
Sebastián de
los Reyes,
Emilio
Esteban, que
en enero de
2015 había
presentado
su dimisión
«por motivos
personales»
tras
declarar en
la comisión
consistorial
de
investigación
de la trama
Púnica. Unos
meses
después,
como no
había
administrativamente
hueco en el
Centro de
Asuntos
Taurinos,
bajo la
protección
de Manuel
Ángel
Fernández se
creó un
cargo hasta
ahora
inexistente,
el de asesor
del Consejo
Taurino. Ni
siquiera
algunos
consejeros
consultados
por ELMUNDO
sabían de su
existencia.
Después de
su dimisión,
aunque el
Gobierno
municipal
tachó de
«impecable»
su trabajo,
Emilio
Esteban
volvió a su
puesto de
administrativo,
en este caso
de
mantenimiento.
A finales
del año
pasado pidió
un permiso
por
servicios
especiales
para irse
con el ya
director
gerente de
Asuntos
Taurinos,
que
curiosamente
anunció que
no se
presentaría
a las
pasadas
elecciones
municipales
apenas dos
semanas
después de
que Esteban
se marchara.
A Emilio
Esteban lo
recuerdan
bien en San
Sebastián de
los Reyes.
«Él era el
todopoderoso
del área de
festejos»,
rememora un
ex concejal
de la
oposición
del
Ayuntamiento
de San
Sebastián de
los Reyes.
Ningún
asunto de
los
encierros de
la llamada
Pamplona
Chica dejaba
de pasar por
sus manos. Y
fue
acumulando
poder. En
2008
constituyó
la empresa
«Servicios
Taurinos
Emilio
Esteban S.L.»,
aún activa,
en la que
figuró como
administrador
único hasta
julio de
2013, cuando
su sobrino
Juan Pablo
Esteban
Pérez le
relevó en el
cargo para
quedar como
socio. El
objeto
social de
«Emilio
Esteban S.
L.» es el de
«prestación
de todo tipo
de servicios
relacionados
con la
ejecución de
espectáculos
taurinos,
deportivos,
culturales,
musicales o
de cualquier
índole».
Pero la
«especialidad»
de Emilio
Esteban en
lo taurino
se centra en
la
organización
de los
denominados
festejos
populares.
Como
director de
festejos de
San
Sebastián de
los Reyes
-no podía
ser nombrado
jefe de
sección por
su condición
de
administrativo-,
sobrevivió a
alcaldes de
distintas
ideologías,
pero su más
estrecha
vinculación
fue con el
actual
director
gerente del
Centro de
Asuntos
Taurinos de
la Comunidad
de Madrid,
Manuel Ángel
Fernández
(PP).
Ambos han
redactado
juntos el
nuevo y
polémico
pliego de
condiciones
para la
licitación
pública de
la plaza de
Las Ventas,
calificado
por la
patronal
taurina como
intervencionista
y criticado
por su
talante
restrictivo
de la
libertad
empresarial
y su talante
recaudatorio.
Según
algunas
fuentes que
conocieron
bien a
Emilio
Esteban en
San
Sebastián de
los Reyes,
su mano se
nota en el
pliego.
En Sanse, su
poder era
tal que el
área de
Festejos que
dirigía se
encargaba
también de
gestionar
los
conciertos
de las
fiestas, y
eso que
había un
concejal de
Festejos.
«Es que el
concejal era
un títere en
manos de
él», explica
otra persona
que conoció
de cerca a
Esteban. El
área de
Festejos se
vio
ensombrecida
por la trama
Púnica.
Según la
oposición al
PP en su
día, la
adjudicación
de la
explotación
de los
conciertos,
que
realizaba
Waiter
Music,
empresa del
entramado,
se habría
realizado de
forma
irregular.
La comisión
no encontró
ninguna
ilegalidad
en las
contrataciones.
Desencajonadas,
festejos
populares y
el pliego.
Nunca un
pliego de
Las Ventas
había
incluido la
programación
de festejos
populares y
desencajonadas,
al no haber
tradición en
la primera
plaza del
mundo ni
inquietud
por ellos.
El texto
recientemente
aprobado por
la Comunidad
lo hace,
como recoge
en los
puntos E y F
del apartado
1º del
Título II
Actividades
a
desarrollar
por el
adjudicatario.
«Un mínimo»
de dos
festejos
populares y
cuatro
desencajonadas
con los
toros del 2
de Mayo y 15
de agosto,
otra con las
reses de la
última
semana de
San Isidro
-o una al
principio y
otra al
final de la
feria- y
otra a
determinar.
Todas «a
expensas»
del
adjudicatario.
«El Centro
de Asuntos
Taurinos
colaborará
en la
preparación
de los
proyectos...»,
dice el
pliego
redactado
por Manuel
Ángel
Fernández y
su mano
derecha,
Emilio
Esteban,
socio y
creador de
«Servicios
Taurinos
Emilio
Esteban S.L.»
http://www.elmundo.es/madrid/2016/08/09/57a8bcda468aebe5778b45f5.html
CIFUENTES
PREMIA A
POPULARES
'OSCUROS'
CON LA
GESTIÓN DE
LOS TOROS...
Y ÉSTOS SE
MONTAN SU
CORTIJO
PARTICULAR
A la
presidenta
regional se
le va de las
manos la
estrategia
de mandar
'púnicos' y
procesados
al Centro de
Asuntos
Taurinos
La
estrategia
de Cristina
Cifuentes de
colocar en
el Centro de
Asuntos
Taurinos (CAT)
de la
Comunidad de
Madrid a
populares
salpicados
por casos de
corrupción o
directamente
procesados
por
irregularidades
urbanísticas
se le ha ido
completamente
de las
manos.
Otorgó ese
premio al
alcalde de
Colmenar
Viejo,
Miguel Ángel
Santamaría,
a pesar de
que estaba
imputado
junto a todo
su equipo
municipal
por un
presunto
delito de
prevaricación
continuada,
y ahora, ya
procesado el
regidor, la
presidenta
regional
intenta
pasar
desapercibida
y que no les
capten
juntos
cuando va a
visitarle a
su
localidad.
De "dique de
contención"
en la
Púnica...
Pero más
allá de la
mala imagen
la maniobra
le ha
estallado en
la cara a la
presidenta
regional al
poner como
director
gerente del
CAT a Manuel
Ángel
Fernández,
exalcalde de
San
Sebastián de
los Reyes y
presidente
del PP de
ese
municipio.
Cuando era
alcalde
Fernández
tuvo que
abrir una
comisión de
investigación
sobre los
contratos de
su equipo
municipal
con Waiter
Music, una
empresa
clave en los
chanchulleos
de la trama
Púnica. En
aquella
comisión la
comparecencia
clave fue la
de Emilio
Esteban, que
había sido
mano derecha
de Fernández
durante
veinte años
como
responsable
de festejos
de San
Sebastián de
los Reyes y
que dimitió
por "motivos
personales"
apenas dos
días después
de que se
cerrara sin
detectar
irregularidades
la
investigación
en torno a
los
contratos
con Waiter
Music,
después de
que el
asesor
jurídico
también se
viera
obligado a
abandonar su
puesto. La
oposición
alertó
entonces de
que Esteban
había sido
el "dique de
contención"
del PP en la
localidad
ante el
escándalo
Púnica.
Fernández
tampoco
repitió como
candidato en
las
municipales
de 2015
aunque
Cifuentes lo
rescató
rápidamente
para el CAT.
... a juez y
parte en el
CAT
Desde la
gerencia de
Centro de
Asuntos
Taurinos
Manuel Ángel
Fernández
recuperó a
Emilio
Esteban para
colocarlo
allí como
asesor, un
cargo creado
expresamente
para su
amigo. Este
asesor tenía
experiencia
en el área,
de hecho era
el
organizador
del evento
festivo más
famoso de
San
Sebastián de
los Reyes,
sus
encierros
taurinos
conocidos
como
'Pamplona
chica'. Si
ya chirrían
los
antecedentes
de los
personajes
lo hace aún
más cuando
trasciende
que, como ha
desvelado El
Mundo,
Esteban
tiene
interesés
particulares
relacionados
con la
tauromaquia
porque en
2008 fundó
la empresa
'Servicios
Taurinos
Emilio
Esteban S.L.'.
La empresa
sigue activa
y el cargo
popular fue
su
administrador
único hasta
julio de
2013, cuando
un sobrino
le relevó en
ese cargo y
él se
mantuvo como
socio. La
sociedad
tiene como
objeto la
"prestación
de todo tipo
de servicios
relacionados
con la
ejecución de
espectáculos
taurinos,
deportivos,
culturales,
musicale o
de cualquier
otra
índole".
Entre las
principales
atribuciones
del CAT está
la gestión
de Las
Ventas. Y
ahí es donde
entra la
posible
colisión de
intereses,
porque
Esteban ha
sido el
encargado de
redactar
junto a
Fernández el
pliego de
condiciones
para la
licitación
de la
histórica
plaza de
toros
madrileña,
un texto que
ha levantado
ampollas
entre los
empresarios
del sector.
De hecho el
pliego, que
ha sido
aprobado por
la Comunidad
de Madrid,
incluye la
obligación
de incluir
en el
progamación
de la plaza
"un mínimo"
de dos
festejos
populares y
cuatro
desencajonadas.
Actividades
sin
tradición en
la plaza
madrileña y
que
curiosamente
coinciden
con la
especialidad
de Esteban.
Suma y sigue
con los
toros: el
sucesor de
Granados y,
¿Cospedal?
Pero no
quedan ahí
las sombras
en torno al
Centro de
Asuntos
Taurinos y
su función
paralela
como
receptor de
algunos de
los nombres
más
polémicos
del PP. Otro
de sus
vocales en
el Consejo
de
Administración
es Miguel
Ángel Ruiz,
que pasó de
edil de
Urbanismo en
Boadilla del
Monte -el
epicentro de
la trama
Gürtel- a
que
Cifuentes le
nombrara
viceconsejero
de Medio
Ambiente y
nada menos
que
consejero
delegado de
la empresa
pública
Arpegio, la
misma en la
que
Francisco
Granados
hizo y
deshizo
dejando un
enorme daño
a las arcas
públicas.
Funcionarios
públicos
alertaron de
que Ruiz era
un mandado
de Granados
"para todo
tipo de
asuntos poco
claros" y un
"semianalfabeto".
En la web
del CAT
sigue
también el
nombre de
María
Dolores de
Cospedal
como vocal,
aunque como
informó
ELPLURAL la
Comisión del
Estatuto de
los
Diputados
había
alertado de
la
incompatibilidad
del cargo y
la popular
había
renunciado
al mismo.
http://www.elplural.com/2016/08/09/cifuentes-premia-populares-oscuros-con-la-gestion-de-los-toros-y-estos-se-montan-su
CIFUENTES NO
HA CUMPLIDO
AÚN SU
COMPROMISO
CON EL
AUTISMO
La Comunidad
de Madrid
reconoce que
en el 17% de
las clases
habilitadas
para atender
a niños
autistas se
superó la
ratio máxima
de 5 alumnos
con esta
discapacidad
por aula que
recoge el
acuerdo
firmado con
Ciudadanos
32 de las
190 aulas
habilitadas
para atender
a alumnos
con autismo
en este
curso
2015-2016
han superado
la ratio que
se recoge en
el acuerdo
de
investidura
del gobierno
regional con
Ciudadanos.
Es el punto
número 65.
El
compromiso
es que no
haya más de
5 alumnos
con
Trastorno
del Espectro
Autista por
aula. Se ha
incumplido
en el 17% de
las clases
que atienden
a este
colectivo,
según los
datos
facilitados
por la
Consejería
de
Educación.
Aún así,
según datos
también de
la
Comunidad,
en un año se
ha reducido
a la mitad
el número de
aulas con
sobre-ratio,
que han
pasado de 64
a 32.
En un año,
en este
curso
2015-2016,
se han
incorporado
56 nuevos
centros
preferentes
para atender
a alumnos
con TEA y el
que viene la
oferta
seguirá
creciendo.
La
Consejería
de Educación
ha calculado
un aumento
del 25% con
la
incorporación
de 52
colegios e
institutos
públicos y
concertados
que van a
abrir por
primera vez
aulas para
estos
alumnos. Se
va a
incrementar
también el
número de
profesores.
El curso que
viene habrá
45 nuevos
docentes
especialistas
en audición
y lenguaje y
pedagogía
terapeútica
y 45
integradores
sociales
más.
http://cadenaser.com/emisora/2016/08/10/radio_madrid/1470824536_203146.html
CIFUENTES
RECURRE ANTE
LA AUDIENCIA
LA
INADMISIÓN
DE LA
QUERELLA
CONTRA
MAESTRE
"La libertad
no ampara la
injuria y la
Audiencia
Provincial
dirá la
última
palabra", ha
expuesto
Cifuentes en
la red
social
Twitter en
referencia
al recurso
que ha
impuesto
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha recurrido
ante la
Audiencia
Provincial
la
inadmisión
de la
querella
interpuesta
contra la
portavoz del
Gobierno
municipal,
Rita
Maestre, que
ha acordado
el Juzgado
de
Instrucción
número 49 de
Madrid.
"La libertad
no ampara la
injuria y la
Audiencia
Provincial
dirá la
última
palabra", ha
expuesto
Cifuentes en
la red
social
Twitter
(aludiendo
al recurso
que ya ha
interpuesto)
en respuesta
a un
comentario
previo del
portavoz de
Podemos en
el Congreso,
Iñigo
Errejón,
aludiendo a
que, a su
juicio,
Cifuentes
"ha querido
encarcelar
las
palabras"
pero que "no
se podía
poner coto a
la
libertad".
La querella
fue
presentada a
raíz de una
entrevista
de Maestre
en 'El
Español' el
pasado 18 de
abril, donde
Cifuentes
consideraba
que se había
cometido un
delito de
calumnias e
injurias
graves. "En
aquel
momento,
nadie que
quisiera
hablar con
Cifuentes
podía
hacerlo. No
existían
cauces de
diálogo.
Fundamentalmente
su actuación
como
delegada del
gobierno era
pegar a
gente, era
la jefa de
los que
apaleaban a
los que se
manifestaban
en Sol",
declaró
Maestre.
La edil
explicó
posteriormente
a la prensa
que "no
quería decir
que la
función de
la policía
sea pegar ni
que ella
fuera la que
físicamente
llevara una
porra en la
mano sino
que como
delegada del
gobierno era
responsable
de algunas
cargas".
En la
sentencia,
el juez
sienta como
base la
sentencia
del Tribunal
Europeo de
Derechos
Humanos de
2011, que
"apenas deja
lugar para
las
restricciones
a la
libertad de
expresión en
el ámbito
del discurso
y el debate
político, en
el cual la
libertad de
expresión
reviste la
más alta
importancia
de las
cuestiones
de interés
general".
"Los límites
a la crítica
admisible
son más
amplias
respecto a
un sujeto
político
exponiéndose
inevitablemente
y
conscientemente
a un control
atento de
sus hechos y
debe mostrar
por ello una
mayor
tolerancia",
sostiene el
juzgado, que
apunta que
esto no
quiere decir
que no
tengan
derecho a
proteger su
reputación.
http://m.publico.es/politica/1967429/cifuentes-recurre-ante-la-audiencia-la-inadmision-de-la-querella-contra-maestre
INADMITIDA
LA QUERELLA
DE CRISTINA
CIFUENTES
CONTRA RITA
MAESTRE
Cifuentes
reclamó a
Maestre que
retirara
unas
declaraciones
en las que
dijo que
durante su
etapa como
delegada del
Gobierno su
actuación
"fundamentalmente"
era "pegar a
gente" y que
"era la jefa
de los que
apaleaban a
quienes se
manifestaban
en Sol".
La titular
del Juzgado
de
Instrucción
número 49 de
Madrid no ha
admitido a
trámite la
querella
presentada
por la
presidenta
de la
Comunidad
regional,
Cristina
Cifuentes,
contra la
portavoz del
Ayuntamiento
de la
capital,
Rita
Maestre.
Cifuentes
reclamó en
un burofax a
Maestre que
retirara
unas
declaraciones
en las que
dijo que la
jefa del
Ejecutivo
autonómico
durante su
etapa como
delegada del
Gobierno su
actuación
"fundamentalmente"
era "pegar a
gente" y que
"era la jefa
de los que
apaleaban a
quienes se
manifestaban
en Sol".
En caso de
que no
rectificase,
Cifuentes
advirtió a
Maestre de
que tomaría
medidas,
para lo que
aclaró que
no
utilizaría
la Abogacía
del Estado
ni los
servicios
jurídicos de
la
Comunidad,
dado que se
trataba de
un asunto
"particular".
En un auto
fechado el
pasado 7 de
julio, la
jueza Josefa
Bustos
Manjón
decide no
admitir a
trámite la
querella
interpuesta
por la
presidenta
de la
Comunidad
contra la
portavoz
municipal
por esas
declaraciones.
La titular
del Juzgado
de
Instrucción
número 49
argumenta
que las
manifestaciones
de Maestre
"se
incardinan
dentro del
debate
político",
por lo que,
en su
opinión, no
atentan al
honor de
Cifuentes.
La jueza
añade que
las
declaraciones
de la
portavoz del
equipo de
Gobierno de
Manuela
Carmena
"obedecen a
una crítica
social y
política",
que está
"amparada
por el
derecho a la
libertad de
expresión" y
no son
constitutivas
de una
infracción
penal. Tras
conocer esta
decisión
judicial,
contra la
que se puede
interponer
recurso,
Maestre ha
asegurado
que se
alegra
"mucho" y
que espera
que sirva
para que la
"dinámica de
judicialización
de la vida
política
termine".
Según la
portavoz
municipal,
el debate
político
"mientras no
sea
ofensivo"
tiene sus
cauces y "no
debe llevar
a esta
dinámica de
querellas,
que no es
positiva".
http://m.publico.es/politica/1967381/inadmitida-la-querella-de-cristina-cifuentes-contra-rita-maestre
CIFUENTES
OFRECE BECAS
DE GIMNASIO
A
VEINTEAÑERAS
SI CEDEN SU
IMAGEN
Las chicas
pueden hacer
deporte
gratis un
mes y a
cambio el
centro puede
publicitarse
de por vida
con sus
fotos o
vídeos
La
Consejería
de
Educación,
Juventud y
Deporte
lanzó en
abril pasado
Desafío
30/00, un
programa que
ha permitido
a 3.000
mujeres de
20 a 30 años
ir al
gimnasio
gratis en
mayo. Lo que
no se
publicitó,
pero aparece
en letra
pequeña en
el
formulario
que las
veinteañeras
tuvieron que
rellenar, es
que han
cedido su
imagen para
siempre y
gratis a la
Asociación
Madrileña de
Empresarios
de Servicios
Deportivos (Asomed).
La cesión
incluye el
permiso para
medios
audiovisuales,
webs y
redes.
Educación
argumenta
que las
carreras
populares
también
incluyen
esta
cláusula
para salvar
la ley de
protección
de datos.
Ellas van
más al
médico que
ellos
Visita al
ambulatorio.
Un 71,2% de
las mujeres
jóvenes,
frente al
56,2% de los
varones de
su edad,
visita cada
año el
ambulatorio,
según los
datos del
Informe del
estado de
Salud de la
población de
la Comunidad
de Madrid
2014.
Dolencias.
Las mujeres
entre los 15
y los 34
años acuden
a atención
primaria
muchas veces
por motivos
relacionados
con la
planificación
familiar y
el embarazo.
Alimentación.
El consumo
de frutas y
verduras
sigue siendo
superior en
2013 en las
mujeres,
aunque el
42,6% de
ellas no
llega a
tomar tres
raciones al
día. Ellas
comen menos
carne que
ellos y el
consumo ha
caído un 16%
respecto al
lustro
anterior.
También ha
bajado la
ingesta de
galletas y
bollería un
27% en estos
cinco años.
Las jóvenes
que
acudieron
gratis al
gimnasio en
mayo
tuvieron que
inscribirse
en la página
web privada
TicketSport.
En el último
párrafo del
documento
que firmaron
se indica:
“Las
inscritas
autorizan,
de manera
expresa y
sin límite
temporal, a
la
Asociación
Madrileña de
Empresarios
de Servicios
Deportivos
el uso
publicitario
de fotos,
vídeos y de
cualquier
tipo de
material
fotográfico
y
audiovisual
en el que
pueda
figurar en
cualquier
medio de
comunicación,
cine,
páginas web
y redes
sociales,
sin esperar
retribución
alguna por
este
concepto”.
En menos de
72 horas se
ocuparon
2.800 de las
3.000 plazas
previstas en
el plan del
Gobierno de
Cristina
Cifuentes,
que fueron
ampliadas
luego 150
más. También
los
gimnasios
que se
apuntaron al
Desafío
30/00
pasaron
sobre la
marcha de
ser 52 a 70,
dispersos en
14
municipios
de la
Comunidad.
Alberto
García
Chápuli,
gerente de
Asomed,
asegura que
la cláusula
por la que
las chicas
ceden su
imagen es
una
“coletilla”
que se
incluye en
“cualquier
evento”.
Considera
que si la
veinteañera
quiere
seguir en
ese gimnasio
“probablemente”
el acuerdo
con el
centro
deportivo no
incluya esa
condición.
García
Chápuli
asegura que
solo se ha
usado la
foto de una
chica que
pasó un reto
deportivo, y
que ante la
“utilización
política”
que se
quiere hacer
del asunto
no tiene
problema en
“renunciar a
los derechos
de imagen”.
Mónica
Carazo,
portavoz de
Juventud del
Grupo
Parlamentario
Socialista,
no está de
acuerdo con
las
explicaciones
oficiales:
“Entiendo
que
TicketSport
incluya esa
cláusula
para
cubrirse las
espaldas en
una carrera,
pero no que
la exija la
Comunidad
para acceder
a una
ayuda”,
afirma. En
el pleno
celebrado la
semana
pasada pidió
explicaciones
al consejero
Rafael van
Grieken. Y
este, lejos
de
retractarse
de las
cláusulas de
inscripción,
anunció que
visto el
éxito se
repetiría el
plan, pues
se trataba
de una
“experiencia
piloto”:
“Vamos a dar
la
posibilidad
de continuar
este
programa,
invitando a
participar
en él a los
servicios de
los
Ayuntamientos
que quieran
adherirse”.
Van Grieken
insistió en
que el plan
no ha tenido
ningún coste
para la
Administración
ni para las
suscritas,
pues la idea
partió de
Asoded, que
de esta
forma se ha
acercado a
potenciales
clientas.
En el pleno
parlamentario
se vivieron
momentos de
tensión.
“Han hecho
ustedes una
discriminación
positiva sin
justificación”,
recriminó
Carazo al
consejero.
“No tienen
datos del
sedentarismo
en la
Comunidad,
pero han
decidido
dejar fuera
a los chicos
y se han
centrado en
las chicas
alegando que
eso coincide
con la edad
tope del
carné joven.
¿Qué tiene
que ver el
sedentarismo
con el carné
joven?”, se
preguntó.
La portavoz
de Juventud
reclamó más
información:
“Este tema
es lo
suficientemente
grave como
para que
usted
explique por
qué durante
un tiempo
indefinido
expone a
estas chicas
a que se
pueda
utilizar su
imagen sin
ningún tipo
de control,
cuando y
cuanto
quieran”.
La mitad de
las jóvenes
no se mueven
La
Consejería
de
Educación,
Juventud y
Deporte
asegura que
el
sedentarismo
entre las
mujeres de
entre 20 y
30 años
alcanza casi
a la mitad
de la
población,
según las
estadísticas
del
Ministerio
de
Educación,
Cultura y
Deporte, la
Encuesta
Nacional de
Salud, el
Eurobarómetro
y el Informe
del estado
de salud de
la población
de Madrid. “
En las
bandas de
edad 15/24
años y 24/34
años en unos
estudios, y
de 15/24
años y 25/39
en otros, el
sedentarismo
alcanza el
50% de las
mujeres
comprendidas
en este
bloque de
edad y un
tercio de
los
hombres”.
Hasta los 14
años ambos
sexos se
ejercitan
por igual y
tras
terminar la
enseñanza
obligatoria
—que incluye
la materia
de Educación
Física— los
porcentajes
de actividad
deportiva no
dejan de
diverger. El
80% de las
mujeres que
participaron
en el
Desafío
30/00
aseguraron
no practicar
deporte por
falta de
tiempo.
“Ya
imaginaba
que no le
iba a gustar
el
programa”,
contestó el
consejero a
Carazo. Y
añadió:
“Usted ha
registrado
una pregunta
en la
Asamblea una
semana
después de
presentarse
[el plan] y
sin una
evaluación
[previa]. El
objetivo es
corregir el
nivel de
sedentarismo
claramente
establecido
entre
mujeres de
20 a 30
años”. Por
eso, como
“entre
nuestras
competencias
está la de
fomentar la
forma física
de la
población y
la
cooperación
con
instituciones
publicas o
privadas,
aceptamos la
propuesta de
la
Asociación
de
Empresarios
de Servicios
Deportivos y
de la
Fundación
Vida Activa
Saludable
para
promover
esta
experiencia”.
Carazo,
efectivamente,
registró la
pregunta en
abril y ha
esperado
tres meses a
que la
consejería
le diese
respuesta.
“Le voy a
dar un
titular”,
afirmó: “Un
mes de
gimnasio,
una vida
utilizando
su imagen.
Firmado:
Partido
Popular.
Gobierno de
Cristina
Cifuentes”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/18/madrid/1468873101_663377.html
EL PP DE
CIFUENTES
IMPIDE QUE
LA ASAMBLEA
DE MADRID
CONDENE EL
GOLPE DE
ESTADO
MILITAR DEL
18 DE JULIO
Los
conservadores
rechazan la
Declaración
Institucional
propuesta
por Podemos,
que contaba
con el apoyo
del PSOE.
Ciudadanos,
que no se
pronuncia ni
a favor ni
en contra,
señala que
ha sido
imposible
discutir
hasta del
"contenido"
porque el PP
lo ha
"impedido".
El Partido
Popular ha
impedido que
la Asamblea
de Madrid
aprobara una
Declaración
institucional
de condena
al golpe de
Estado
militar del
18 de julio,
que dio
inicio a la
Guerra Civil
española
hace ahora
80 años, y
de
compromiso
en la
defensa de
los derechos
humanos. La
propuesta de
Declaración,
realizada
por Podemos
y apoyada
por el PSOE,
reconocía "a
todas
aquellas
personas que
sufrieron la
represión" y
reiteraba el
esfuerzo de
las
instituciones"
por
"construir
una sociedad
en la que no
vuelva a
existir un
gobierno que
no nazca de
la voluntad
de la
ciudadanía".
Los
conservadores,
contactados
por Público,
han
explicado
que no
consideraban
"conveniente"
traer esta
Declaración
al Pleno que
se ha
celebrado
este jueves
porque "la
temática
sobrepasa
las
funciones de
la Asamblea
de Madrid" y
no tenían
clara "la
finalidad"
de la misma.
Asimismo,
fuentes de
los
conservadores
han
explicado a
este medio
que el
Partido
Popular
"rechaza
todo tipo de
violencia",
pero que no
cree
"necesario"
que la
Asamblea de
Madrid se
pronuncie al
respecto.
La propuesta
de
Declaración
fue
realizada
por Podemos
y recabó el
apoyo del
PSOE, que en
conversación
telefónica
con este
medio, ha
señalado que
mostró su
apoyo porque
le parecía
"buena,
razonable y
sensata". En
este
sentido,
fuentes de
los
socialistas
han
lamentado
que el
Partido
Popular
"siempre den
un paso
atrás"
cuando se
trata de
"recordar el
pasado
dictadorial"
y reconocer
a las
"víctimas de
aquella
dictadura".
Los
conservadores
han
explicado
que no
consideraban
"conveniente"
leer traer
porque "la
temática
sobrepasa
las
funciones de
la Asamblea
de Madrid"
Por su
parte,
Ciudadanos
no se ha
pronunciado
ni a favor
ni en contra
de la
Declaración
Institucional
ni tampoco
del texto
propuesto
por Podemos
y ha
señalado a
Público que
"la negación
por parte
del PP a
discutir
esta
Declaración
ha impedido
siquiera
hablar sobre
su
contenido".
Por otro
lado,
fuentes del
partido
naranja
también han
recordado
que
Ciudadanos
ha condenado
el régimen
franquista
"en
numerosas
ocasiones" y
consideran
que es "una
obsesión" de
Podemos
traer a la
Cámara esta
Declaración
porque
quieren
"hablar
permanentemente"
del pasado.
Propuesta de
Podemos
El texto
propuesto
por Podemos
recordaba
que el
Consejo de
Derechos
Humanos de
la ONU ha
recomendando
a España
recientemente
la necesidad
de que las
instituciones
españolas
muestren "su
firme
rechazo por
cualquier
forma de
imposición
de unas
ideas
mediante el
uso de la
violencia",
por lo que
consideran
necesario
que la
Asamblea de
Madrid, y
todas las
instituciones
del Estado,
muestren
"explícitamente
el rechazo
de una
dictadura
que negó la
libertad y
vulneró
derechos que
hoy son
fundamentales
e
irrenunciables
en el
ejercicio de
nuestra
convivencia".
De esta
manera, el
texto
señalaba que
con motivo
del 80
aniversario
del golpe de
Estado
militar que
dio inicio a
la Guerra
Civil la
Asamblea de
Madrid
manifestaba
su
reconocimiento
a todas
aquellas
personas que
"sufrieron
la
represión,
que murieron
exiliadas
lejos de su
tierra y de
sus seres
queridos,
que fueron
encarceladas
o
perseguidas"
y, por otro
lado,
mostraba su
compromiso
por
continuar
afirmando la
defensa de
los derechos
humanos y la
denuncia de
cualquier
vulneración
de los
mismos".
http://m.publico.es/politica/1966783/el-pp-de-cifuentes-impide-que-la-asamblea-de-madrid-condene-el-golpe-de-estado-militar-del-18-de-julio
LA COMUNIDAD
DE MADRID NO
PRESENTA
ESCRITO DE
ACUSACIÓN EN
LA PIEZA
GÜRTEL DE
BOADILLA DEL
MONTE
Del
dicho.....
“En el PP de
Madrid va a
haber una
colaboración
absoluta en
la justicia,
para llegar
hasta el
final en
cualquier
caso que
tenga que
ver con
corrupción,
se llame
Gürtel, se
llame
Púnica".
Así de
contundente
se
presentaba
en sociedad
el pasado 16
de febrero
Cristina
Cifuentes
tras ser
designada
digitalmente
por Mariano
Rajoy, como
la nueva
Presidenta
de la
Comisión
Gestora del
PP Madrid
tras la
dimisión de
Esperanza
Aguirre.
Tres meses
antes con
motivo de la
puesta en
funcionamiento
del Portal
de
Transparencia
y
Regeneración
de la
Comunidad de
Madrid
también
aprovechó
para
reiterar que
contra “la
corrupción
no cabe
ningún tipo
de
tolerancia”.
Y asi ha ido
continuando
siempre que
la ocasión
lo
aconsejaba.
Al hecho....
Pero frente
a este
discurso,
reiterado y
reiterativo,
la realidad
es muy
tozuda y ya
se ha
encargado
poco tiempo
después de
desmentir a
la locuaz
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid y
presidenta
de la
Gestora del
PP regional.
Hoy traemos
a nuestros
lectores un
buen ejemplo
de ello.
Para
situarnos
comencemos
por recordar
dos hechos
conectados
entre sí. El
primero, tal
como se ha
publicado en
diferentes
medios de
comunicación,
se produjo
el pasado 25
de mayo
cuando el
juez De la
Mata,
titular del
Juzgado
Central de
Instrucción
nº 5 de la
Audiencia
Nacional, a
instancias
de la
Fiscalía
Anticorrupción,
formó la
“Pieza
Separada
Boadilla”
dentro del
Caso Gürtel
y el
segundo, 1
mes y 4 días
después
cuando el 29
de junio
este mismo
juez dictaba
el auto de
apertura de
juicio oral.
Entre ambas
decisiones,
el juez
abrió un
plazo para
que las
diferentes
acusaciones
personadas,
tanto
particulares
(Comunidad
de Madrid,
Ayuntamiento
de Boadilla
y Empresa
Municipal
del Suelo de
Boadilla)
como
populares
(ADADE, PSOE
de Boadilla
y PSOE de
Valencia),
además del
Ministerio
Fiscal y la
Abogacía del
Estado
presentaran
sus escritos
de
acusación.
Dicho y
hecho.
Que acusen
otros...
Tal como se
relata en el
auto de
apertura
citado,
todas las
partes
personadas
en este caso
emblemático
de la trama
gürteliana,
lo hicieron
en tiempo y
forma, salvo
la Comunidad
de Madrid
que decidió
a ultima
hora
quitarse de
en medio y
mirar para
otro lado. Y
es aquí
donde una
vez más el
discurso
regeneracionista
de Cifuentes
hace aguas y
entra en
fragante
contradicción
con sus
proclamas
contra la
corrupción.
Porque no
hay que ser
un gran
conocedor de
la
organización
de la
Comunidad de
Madrid para
deducir que
una decisión
de este
calibre como
es no
presentar el
escrito de
acusación no
la toma por
libre un
distraído
funcionario
ni es el
resultado de
un despiste
procesal. En
buena
lógica,
visto
quienes son
los
procesados,
incluido el
PP que está
acusado de
haberse
beneficiado
a titulo
lucrativo,
solo se
puede
adoptar con
el visto
bueno y la
expresa
autorización
de la
Presidenta
de la
Comunidad.
Y es que
tampoco hay
que ser muy
perspicaz
para
igualmente
deducir las
fuertes
vinculaciones
que durante
años y años
mantuvieron
con los
principales
protagonistas
del Caso
Boadilla la
actual
Presidenta
Cifuentes,
varios de
sus
Consejeros y
Altos
Cargos, en
particular
Jaime
González
Taboada así
como
cualificados
miembros de
la Gestora
del PP.
Será por
votos.....
Los
municipios
de Boadilla,
Pozuelo
(donde vive
la propia
Cifuentes) y
Majadahonda,
representan
desde el
inicio de
los tiempos
para el PP
madrileño y
nacional a
lo más
granado de
las
diferentes
famiglias
genovesas y
donde su
poderío
electoral es
más que
evidente.
Los
resultados
de las
últimas
elecciones
municipales,
autonómicas
y generales,
por si
hubiera
alguna duda,
lo han
vuelto a
confirmar.
Los equipos
de gobierno
de estos
tres
ayuntamientos,
con sus
alcaldes al
frente, (
Arturo
González
Panero,
alias El
Albondiguilla
en Boadilla;
Guillermo
Ortega,
alias El
Rata, en
Majadahonda
o Jesús
Sepúlveda,
sin alias
conocido, en
Pozuelo,
durante los
años de
esplendor y
expansión de
la trama
Gürtel en la
Comunidad de
Madrid se
convirtieron
en cómplices
necesarios
para que los
Correa y
Asociados
pudieran
llevar a
cabo el
saqueo
sistemático
del erario
municipal de
estos tres
ayuntamientos
genoveses.
Las
consecuencias
de la
decisión de
Cifuentes de
que la
Comunidad de
Madrid en su
calidad de
acusación
particular
en defensa
de los
intereses de
los
madrileños,
incluidos
sus no
votantes, no
haya
presentado
ninguna
acusación en
el Caso
Boadilla no
se subsanan
con el
silencio ni
mirando de
lado como
suele ser
habitual en
ella.
Y es que
finalmente,
a la vista
de lo que se
conoce y se
irá
conociendo
en próximas
fechas, la
corrupción
en el PP
madrileño ha
sido parte
fundamental
de su ADN
ideológico y
político y
lo sabe bien
Cristina
Cifuentes
que durante
años y años,
siendo la
máxima
responsable
de
perseguirla
como
Presidenta
del Comité
genovés de
Derechos y
Garantías,
optó por no
salirse del
guión
escrito, y
con su
calculado
silencio ser
cómplice
pasiva de
las
diferentes
tramas que
han sacudido
durante años
a numerosos
gobiernos
municipales
gobernados
por el PP y
a la propia
Administración
regional.
Seguiremos
informando.
http://www.elplural.com/2016/07/12/cifuentes-protege-la-corrupci-n-del-pp-en-su-vecindario-la-zona-rica-de-madrid
DIMITE
DANIEL
ORTIZ, EL
DIPUTADO DEL
PP DE MADRID
IMPLICADO EN
LA TRAMA
PÚNICA
El exalcalde
de Móstoles
renuncia a
su escaño
tras ser
citado como
imputado por
el juez
Caso Púnica
Daniel Ortiz
PP Madrid
Adjudicación
contratos
Fiscalía
Anticorrupción
Contratación
pública
Corrupción
política
Contratos
administrativos
PP Fiscalía
Sector
público
Poder
judicial
Partidos
políticos
Casos
judiciales
Corrupción
Gasto
público
Derecho
administrativo
Finanzas
públicas
Delitos
Economía
Política
Administración
pública
Finanzas
Justicia
Cristina
Cifuentes ha
esperado
hasta la
imputación
oficial de
Daniel Ortiz
para forzar
su salida.
El exalcalde
deja todos
sus cargos
en el PP,
como
diputado en
la Asamblea
y como
portavoz en
el
Ayuntamiento
de Móstoles,
hasta que se
aclaren los
hechos que
se le
imputan en
relación al
caso Púnica.
El PP no ha
hecho más
que apurar
los tiempos
y aplicar el
código ético
del partido
y Ciudadanos
se ha
apuntado el
tanto de una
salida que
dificultaba
las
relaciones
entre los
conservadores
y su socio
de
investidura
en la
Comunidad de
Madrid.
Ignacio
Aguado,
portavoz de
Ciudadanos,
se ha
apresurado
en señalar
que no se
habría
producido
esta
dimisión sin
la función
de control
de su
partido. El
PSOE y
Podemos
entienden
que la
medida llega
mal y tarde.
Daniel Ortiz
ha reiterado
su inocencia
en el
encuentro
mantenido
con la
presidenta
de la
Comunidad.
Ortiz está
imputado por
seis
delitos,
entre ellos
cohecho y
fraude a la
administración
pública,
porque en su
etapa como
alcalde de
Móstoles
amañó la
adjudicación
a la
principal
empresa de
la Púnica,
Cofely, de
un contrato
de
eficiencia
energética
de 73
millones de
euros. A
cambio,
percibió
supuestamente
una mordida
de 743.000
que se
repartió con
los también
políticos
del PP Mario
y Alejandro
Utrilla
Palombi.
Constan
numerosas
pruebas en
el caso
contra
Ortiz, así
como las
confesiones
de David
Marjaliza,
que
participó
como
conseguidor
del
contrato, y
de su
exconcejal
en Móstoles,
David
Sánchez,
quien aportó
sms
desvelados
por la SER
que le
involucraban.
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/08/radio_madrid/1467995905_382233.html
PERO
CIFUENTES...
¿CUÁNDO FUE
LA ÚLTIMA
VEZ QUE TÚ
VIAJASTE EN
METRO?
La
presidenta
de Madrid no
puede
resistirse a
la
oportunidad
de una
foto-propaganda
A partir de
hoy, los
perros
podrán
acceder al
Metro en
Madrid
gratuitamente.
Este martes
les
informábamos
de ello. Las
Asociaciones
de animales
lo han
celebrado. Y
los dueños
de perros
también. Lo
hacen dentro
de una serie
de
restricciones.
La decisión,
que había
sido tomada
a petición
de la
Asociación
el Refugio,
ha tenido
repercusión
en los
medios.
Motivo por
el que la
presidenta
de Madrid,
Cristina
Cifuentes,
rápidamente
ha
aprovechado
para la
oportuna
foto.
Desde hoy,
tu perro ya
puede
acompañarte
en @metro_madrid.
#PerrosEnMetro
https://t.co/Rmh7slGivO
pic.twitter.com/yuM1bpEDTl
— Cristina
Cifuentes (@ccifuentes)
6 de julio
de 2016
La
propaganda
es algo que
Cifuentes
siempre ha
dominado.
Aquí no ha
dudado en
llevarse a
su perro a
la parada
más cercana
a la oficina
y, ahora sí,
hacerse la
foto y
colgarla en
sus redes
personales.
Lo curioso
es que en su
partido a
menudo se
hizo chanza,
e incluso se
llegaron a
lanzar
contra ella
improperios,
porque la
otra
autoridad
madrileña,
la alcaldesa
Manuela
Carmena,
siguió
viajando, en
metro. Lo
curioso es
que ella sí
viajaba en
el suburbano
madrileño
antes….
Mientras que
Cifuentes
¿Cuándo fue
la última
vez que
alguien la
vio en un
vagón del
metro antes
del
protocolario
paseo de
este martes
con la gente
de Refugio y
sus perros?
Efectivamente,
como pone en
la camiseta
de
Cifuentes,
¡Guau!. Pero
no por la
onomatopeya,
no…, por la
admiración
de la
soltura con
la que sabe
aprovechar,
sin el menor
rubor,
cualquier
ocasión de
autobombo.
http://www.elplural.com/2016/07/06/pero-cifuentes-cu-ndo-fue-la-ltima-vez-que-t-viajaste-en-metro
LA
PRESIDENTA
CIFUENTES
DENUNCIA A
LA CONSEJERA
CIFUENTES
Denuncia
ante la
Fiscalía a
su
antecesor,
Nacho
González,
por la
compra que
hizo el
Canal de
Isabel II de
una empresa…
¡cuando ella
era miembro
del Consejo!
Parece un
lío, pero se
entiende
enseguida.
El actual
Consejo de
Administración
del Canal de
Isabel II ha
decidido
este jueves
presentar
ante la
Fiscalía una
denuncia
contra el
consejo
anterior. La
razón, la
compra en
2013 de una
empresa
brasileña,
Emissao
Engenharia e
Construccoes,
por valor de
21,4
millones de
euros. La
empresa, se
considera,
no valdría
en realidad
más de 5
millones de
euros.
Todo por la
imagen
El pasado 31
de mayo, en
ELPLURAL.COM
informábamos
de la
posibilidad
de esta
acción que
ahora se va
a poner en
marcha. Es
parte de la
campaña, en
la que
algunos
medios
palmeros
colaboran
con la
propia
Cristina
Cifuentes,
de lavado de
cara de su
pasado y de
alabanza de
su gestión.
En
consecuencia,
presentan a
Cifuentes,
aunque lleva
en el PP
desde los
años 80..,
es más,
antes fue de
Alianza
Popular,
como cabeza
de ‘el nuevo
PP’, limpio,
frente al
‘viejo PP’,
el corrupto.
Así, se
publica que
es desde la
Presidencia
de esta
Comunidad de
Madrid desde
la que se
realiza la
denuncia, y
se destaca
que el
actual
Consejo del
Canal está
controlado
por miembros
del presente
Gobierno,
como son los
consejeros
de
Presidencia,
Ángel
Garrido;
Medio
Ambiente,
Jaime
González
Taboada;
Transportes,
Pedro Rollán;
Economía,
Engracia
Hidalgo y
otros altos
cargos
también
designados
por la
voluntad de
Cifuentes.
Cifuentes
estaba entre
los que
aprobaron la
compra
Hay un
hecho, sin
embargo, que
chirría en
este asunto:
En el
Consejo del
Canal de
Isabel II
que aprobó
esta compra
estaba..,
Cristina
Cifuentes.
La compra de
la empresa
brasileña,
como
decimos, se
produjo en
2013.
Cifuentes,
como se ve
en la
reproducción
que
adjuntamos
en esta
información,
es miembro
del Consejo
desde marzo
de 2012. Y
siguió en el
puesto hasta
2014. Es
decir, la
compra que
ahora se
denuncia por
la gente de
Cifuentes se
produjo
cuando ella
era
consejera de
la empresa.
Captura del
nombramiento
de Cristina
Cifuentes
como
consejera
del Canal de
Isabel II,
recogida en
el Boletín
de la CAM
Puestos al
habla con la
Presidencia
de Madrid
nos han
explicado
que
“precisamente”
entre otras
cosas lo que
se denuncia
es que la
compra
(realizada
siendo
presidente
de la
Comunidad
Ignacio
González, y
del Canal su
hombre de
confianza,
Salvador
Victoria) se
llevó a cabo
ocultando
información
al Consejo.
O sea, los
consejeros
fueron
engañados.
No sabían.
Es más, que
de haber
sabido todo,
la compra no
se hubiera
hecho.
¿Cifuentes
no se entera
nunca? ¿O es
al
contrario?
Cristina
Cifuentes no
sabe de
esto. En
realidad,
tampoco supo
nunca nada
de la
Gürtel. Ni
de la
Púnica.
Aunque, de
nuevo, hay
un dato que
siempre
chirría en
su
ignorancia.
Cuando
sucedía la
Gürtel,
cuando
sucedía la
Púnica, que
tan de lleno
afectan al
PP de
Madrid, no
otra persona
que Cristina
Cifuentes
era la
presidenta
del Comité
de Derechos
y Garantías
de su
partido. Es
decir, ella
era la
persona que
tendría que
haber puesto
en marcha la
escoba
cuando todas
esas
corrupciones
sucedían.
Tampoco
entonces se
enteró, ha
dicho. Pero
ella sabe
que no es
verdad, que
sí que
escuchó
mucho del
ruido de lo
que pasaba.
Y no lo
investigó,
ni pidió
investigarlo.
Como también
firmó, como
consejera,
la compra de
la empresa
brasileña,
Emissao
Engenharia e
Construccoes
que ahora su
gente, la
que ha
puesto al
frente del
Canal de
Isabel II,
llevan a la
Fiscalía
para
resaltar que
‘el nuevo
PP’ no tiene
nada que ver
con ‘el
viejo PP’.
http://www.elplural.com/2016/07/01/la-presidenta-cifuentes-denuncia-la-consejera-cifuentes
VERSTRYNGE,
ABSUELTO DE
PAGAR LOS
1.500 EUROS
QUE LE
IMPUSO
CIFUENTES
POR EL
ESCRACHE A
LA
VICEPRESIDENTA
Un juzgado
de Madrid
falla a
favor del
recurso que
interpuso el
politólogo
contra la
multa de
1.500 euros
que le
impuso en
abril de
2013 la
Delegación
del
Gobierno,
dirigida
entonces por
Jorge
Verstrynge
no tendrá
que pagar
los 1.500
euros con
los que fue
sancionado
en abril de
2013 por
haber
asistido al
escrache
contra la
vicepresidenta
del
Gobierno,
Soraya Sáenz
de
Santamaría,
organizado
por
activistas
de la
Plataforma
de Afectados
por la
Hipoteca (PAH).
El juzgado
de lo
contencioso
administrativo
nº 10 de
Madrid ha
fallado a
favor del
recurso que
interpuso el
politólogo
contra la
multa que le
impuso la
Delegación
del
Gobierno,
dirigida
entonces por
Cristina
Cifuentes, a
él y a cerca
de una
veintena de
activistas
de la PAH en
aplicación
de la nueva
ley de
Seguridad
Ciudadana.
En el
recurso,
presentado
por el
equipo de
abogados de
Legal Sol,
Verstrynge
alegaba que
no
pertenecía a
la PAH y
argumentaba
que estaba
en el
escrache
convocado
ante la
vivienda de
Sáenz de
Santamaría
"a título
individual,
como
ciudadano
preocupado y
profesor de
Ciencias
Políticas
interesado
en los
movimientos
sociales".
Más de tres
años después
el fallo le
da la razón
y estima que
no se puede
deducir que
fuera uno de
los
promotores
del escrache
porque
atendiera a
los medios
de
comunicación
en el lugar
de los
hechos.
Además, en
el escrito
se alegaba
que no se
tuvo en
cuenta el
principio de
"presunción
de
inocencia" y
se invocaba
también "al
derecho de
manifestación
y reunión"
como un
"derecho
constitucional".
La
magistrada
firmante de
la sentencia
apoya estas
argumentaciones
y exime del
pago de la
multa al
politólogo
imponiendo
unas costas
de 200 euros
que tendrá
que abonar
la parte
perdedora,
es decir, la
Delegación
del
Gobierno.
Verstrynge
podrá ahora
recuperar el
dinero de la
multa que
había
quedado en
depósito y
espera,
además, que
sea "con
intereses".
El fallo
judicial ha
sido
celebrado
por el
politólogo
que en
declaraciones
a
eldiario.es
ha lamentado
que "en este
país nos
estamos
acostumbrando
a acusar,
sin
demostrar
nada. Si hay
espectáculo,
todo vale".
Sin embargo,
lo primero
que ha hecho
ha sido
felicitar a
sus abogados
por su
trabajo:
"Enhorabuena
a los
abogados de
Legal Sol
que siguen
ganando
sentencia
tras
sentencia".
"Yo no he
tenido que
demostrar
nada porque
se ha
encargado la
jueza de
decir que
soy inocente
y de hacer
pagar las
costas a la
Delegación
del Gobierno
de Madrid,
que acusó
falsamente,
en éste y en
otros muchos
casos, a
otras muchas
personas",
ha añadido.
"Desgraciadamente
las campañas
de denuncia
y de
escraches
contra los
desahucios,
siguen
siendo
necesarias
en España.
Lo del
"derecho
universal a
la
vivienda",
en éste país
no sabemos
ni qué
significa",
ha
sentenciado
Verstrynge.
"Nuestros
políticos
siguen
dejando que
haya
familias
como la de
Maxi, y sus
5 hijos que
se han ido a
la calle
hace 4 días,
por no poder
pagar un
alquiler",
ha añadido
para
preguntar a
continuación:
"¿Se ha
preguntado
alguien
dónde están
durmiendo
ahora mismo
los cinco
hijos de
Maxi?".
Los hechos
del escrache
a Sáenz de
Santamaría
ocurrieron a
principios
de abril de
2013. En
aquel acto
de protesta
participaron
unas
doscientas
personas, de
las cuales
finalmente
fueron
sancionadas
una
veintena. La
mayoría de
ellas fue
por
infracciones
graves,
acusadas por
la policía
de ser
"organizadores
o
promotores"
de la
convocatoria.
Tras su
detención,
Verstrynge
negó la
versión dada
por los
agentes que
acudieron a
disolver la
concentración:
"Es mentira.
Yo no he
organizado
nada. Estaba
allí para
acompañar a
mi mujer. Yo
no suelo ir
habitualmente
a escraches,
ni mucho
menos los
organizo".
"Fue una
manifestación
pacífica. En
ningún
momento hubo
agresiones
ni insultos
y eso lo
sabe todo el
mundo que
estuvo allí.
También la
Policía. Lo
que es una
pura y burda
provocación
es que la
Delegación
del Gobierno
dé órdenes
de pedir
carnés de
identidad y
provoque el
nerviosismo
entre los
ciudadanos
que nos
habíamos
congregado
allí una vez
desconvocado
el acto",
añadió en
aquella
ocasión a
este diario
el
politólogo y
tertuliano.
El episodio
de aquel
escrache no
se le olvida
a la
vicepresidenta
en funciones
del
Gobierno. En
una reciente
entrevista
con
elconfidencial.com,
Sáenz de
Santamaría
alude con
ironía a la
supuesta
"pinza" que
hubo en la
campaña
entre el PP
y Podemos.
"Fíjese cómo
será la
pinza
PP-Podemos
que el señor
Verstrynge
empezó la
campaña
electoral a
las puertas
de mi casa
con un
escrache",
replica al
periodista.
http://m.eldiario.es/politica/Verstrynge-escrache-Saenz_de_Santamaria-multa-Cifuentes_0_534046693.html
EDUCACIÓN
VETA A 20
DIRECTORES
DE COLEGIOS
E INSTITUTOS
La ley Wert
termina con
la libertad
de elección
de los
centros
madrileños
De una
atacada la
Consejería
de Educación
ha
descartado
el nombre de
al menos una
veintena de
directores
de escuela o
instituto de
150 en
expectativa
de cambio.
Un rechazo
en cascada
que ha
dejado muda
a la
comunidad
educativa.
Históricamente
los jefes de
estudios
sustituían a
los
directores
que se
jubilaban
hasta que
terminaba el
plazo del
proyecto
educativo
consensuado
por todos,
pero
Educación
alega que no
quiere
“herencia de
cargos”.
Tampoco se
ha renovado
a
responsables
de centros
que contaban
con el apoyo
del
claustro. En
todos los
casos los
nuevos
responsables
son elegidos
a dedo,
porque la
ley Wert
otorga todo
el poder a
la
Administración.
En la
elección de
director
antes
participaba
con mayor
peso en la
decisión la
comunidad
educativa,
incluyendo a
las
familias.
Mientras que
la LOMCE
establece
que la
Administración
dispone de
tres
representantes
en la
comisión que
selecciona
al director
–un
inspector,
el director
de otro
centro y
alguien de
la
consejería
designados
por
Educación- y
la escuela o
instituto se
queda en
minoría, con
un miembro
del claustro
de
profesores y
alguien del
consejero
escolar, que
en el caso
de los
colegios
suele ser
del
Ayuntamiento
(su titular)
o las
familias.
Un portavoz
de la
consejería
de Educación
niega que
haya vetado
candidaturas:
“La
convocatorias
para la
selección de
directores
son
públicas,
transparentes
y regidas
por
criterios de
mérito,
valorados
por una
comisión
autónoma e
independiente
formada
fundamentalmente
por
funcionarios
docentes y
no por
cargos de la
consejería”.
La votación,
sin embargo,
es secreta y
solo se
conoce la
nota final
no la de
cada jurado,
y el
proyecto
educativo,
según este
portavoz, no
se
continuará.
"No se puede
permitir la
instrumentalización
de los
centros por
directrices
políticas.
Es una
vulneración
del proyecto
de los
centros, de
su
autonomía,
de los
principios
democráticos”,
resume
Isabel
Galvín,
secretaria
general de
enseñanza de
CC OO. “Si
se remplaza
al director
con el jefe
de estudios
o el
secretario
hay una
continuidad,
una
estabilidad
en el
proyecto
educativo
hasta que
termina el
mandato”,
prosigue la
sindicalista.
Educación ya
adelanta que
los
proyectos
cambiarán
con el nuevo
director
aunque el
mandato del
equipo
directivo no
haya
terminado.
En regiones
contrarias a
la LOMCE,
como el caso
de Andalucía
(PSOE) o el
País Vasco
(PNV), hacen
su propia
interpretación
de la ley y
consideran a
los
profesores
representantes
de la
Administración.
De esta
manera, los
centros
cuentan con
mayor
libertad
para decidir
quién les
dirige. Pero
la Comunidad
de Madrid es
siempre un
alumno
aplicado que
aplica la
LOMCE al
dedillo.
“Nosotros no
vamos a
firmar
ningún pacto
educativo
que no
incluya la
democratización
del sistema.
Es un golpe
de estado”,
adelanta
Galvín.
La lista de
directores
vetados que
maneja CC OO
no deja de
crecer, pues
en muchos de
los casos la
negativa de
Educación se
conoció
ayer. Pero
otros
procesos
están muy
documentados,
pues se ha
conocido el
veto en las
últimas
semanas. Así
en el
colegio
Silvio Abad,
en San
Sebastián de
los Reyes,
según un
escrito de
CC OO a
Educación,
se ha
suspendido
en el
concurso de
méritos a la
directora
actual, pese
a tener un
proyecto
educativo
que no había
recibido
“ningún tipo
de
recriminación
por parte de
la
Administración”.
Lo mismo ha
ocurrido,
por ejemplo,
con la
directora
colegio
Montelindo
de
Bustarviejo.
Los padres
de esta
escuela con
pedagogía de
vanguardia,
que optaron
por que sus
hijos no se
presentasen
al examen de
reválida de
sexto de
primaria, se
encerraron
ayer
reclamando
que continúe
la
responsable.
En el
instituto
Antonio
Domínguez
Ortiz, del
distrito
Puente de
Vallecas, la
Administración
ha tumbado
la
candidatura
de la
directora de
los últimos
tres años,
que lleva 13
en el centro
y que
acumulaba 13
puntos de
méritos en
la parte
objetiva. Y
lo ha hecho
a favor de
un profesor
que va a
llegar nuevo
al
instituto,
que no
contaba con
un
coordinador
de
bilingüismo
en su
proyecto y
con 7,8
puntos de
méritos.
Ella obtuvo
una media de
4,1 –lo que
indica que
la
Administración
la puntuó
cerca del
cero- y él
un 7,1, en
el cómputo
subjetivo.
CC OO ha
denunciado
que en el
instituto
Jorge
Guillén, en
Alcorcón, se
ha elegido
al jefe de
estudios de
otro centro
que no ha
pasado el
curso de
formación de
directores.
El colegio
Federico
García Lorca
del
municipio
también
tendrá una
directora
externa. Y
ocurrirá lo
mismo en el
José Hierro,
de Parla.
Getafe es un
municipio
especialmente
afectado:
cambiará la
dirección de
dos colegios
y un
instituto.
Según CC OO,
la directora
de la
escuela
Miguel
Hernández de
Getafe, que
presentó su
candidatura
fuera de
plazo, no
pudo ayer
jueves
firmar
documentación
como
responsable
del centro
según el
sindicato.
“Es una
cacicada. Si
te fijas son
centros que
han plantado
cara a los
recortes”,
asegura José
Luis Pazos,
presidente
de la
federación
de familias
Giner de los
Ríos.
Durante la
pasada
legislatura
la consejera
Lucía Figar
mantuvo una
relación
tensísima
con la
comunidad
educativa
enmarcada
dentro de
los recortes
a la
enseñanza
pública,
pero esta ha
mejorado
mucho con el
actual,
Rafael van
Grieken,
mucho más
dialogante.
“Existen dos
consejerías.
La de Van
Grieken que
tiene un
trato
cordial y la
de la
viceconserejera
María José
García-Patrón
que sigue
los esquemas
de Figar, a
machamartillo”,
opina Pazos.
Su
federación
mandó una
carta ayer
al consejero
pidiendo
explicaciones.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/01/madrid/1467384267_150156.html
EL GOBIERNO
DE CIFUENTES
IMPONE A
DIRECTORES
EN CONTRA DE
LA VOLUNTAD
DE LOS
COLEGIOS CON
UNA
SELECCIÓN
OPACA
La Comunidad
de Madrid se
acoge a un
artículo de
la LOMCE
para
designar con
un sistema
de selección
extraordinario
que no es
público a
directores
ajenos a los
centros
Ha ocurrido
en colegios
que no
presentaron
candidatura
en la fase
ordinaria,
aunque
pusieron
posteriormente
a
disposición
un equipo
directivo
Otros
denuncian
que la
Administración
veta con su
mayoría en
las
comisiones
de
valoración
los
proyectos de
dentro para
crear
vacante y
nombrar a
dedo
A Ana Isabel
Serrano,
exdirectora
del CEIP
Miguel
Hernández de
Getafe, aún
le cuesta
creer que el
colegio que
ha dirigido
en los
últimos
cuatro años
pase a estar
capitaneado
a partir de
septiembre
por un
equipo
totalmente
desconocido
para el
claustro de
profesores y
las familias
y que no
cuenta con
el respaldo
de la
comunidad
educativa.
Esta nueva
directora no
ha sido
designada
según el
procedimiento
ordinario en
estos casos,
sino
directamente
puesta por
la Comunidad
de Madrid en
un proceso
"extraordinario"
y opaco
contemplado
en el
artículo 137
de la LOMCE
y reservado
únicamente
para tres
supuestos:
"en ausencia
de
candidatos
–lo que
ocurre
oficialmente
en el Miguel
Hernández–,
en centros
de nueva
creación o
cuando la
Comisión
correspondiente
no haya
seleccionado
a ningún
aspirante".
El antiguo
equipo
directivo
del colegio
de Getafe no
presentó
oficialmente
su
candidatura
para
continuar en
el centro
porque la
directora
quería
volver a las
aulas. Fuera
de tiempo,
el jefe de
estudios
junto a la
secretaria y
a otra
docente del
centro hizo
un
ofrecimiento
a la
inspección
para formar
equipo
directivo y
tomar las
riendas del
curso en
septiembre,
un
procedimiento
habitual y
aceptado
hasta ahora
que permite
dar
continuidad
a los
proyectos
educativos.
"La
inspección
se llegó a
entrevistar
con el jefe
de
estudios",
asegura
Serrano.
Pero
finalmente
la propuesta
fue
desechada
–según el
antiguo
equipo– por
la
Consejería,
que prefirió
nombrar a un
director
ajeno al
centro para
evitar la
"herencia de
cargos". Y
no solo a
uno: el
primero
renunció
seis días
después de
ser nombrado
"por motivos
personales"
y la
Dirección de
Área
Territorial
(DAT) ha
impuesto a
una segunda
persona,
también
externa.
Fuentes de
la
Consejería
se escuda en
que el
ofrecimiento
del jefe de
estudios se
produjo
después de
la
designación
del nuevo
director,
"cuando ya
se había
cubierto la
vacante".
La elección
en tres
supuestos
recogidos en
el artículo
de la LOMCE
corre a
cargo de la
DAT
correspondiente,
confirman
fuentes de
la
Consejería
de
Educación.
"La
Administración
–explican
las mismas
fuentes–
escoge a un
funcionario
docente con
plaza que
considera
que reúne
las
características".
Preguntada
por los
requisitos,
Educación no
da más
detalles
sobre el
proceso ni
sobre los
criterios
tenidos en
cuenta.
Según la
información
recabada por
CCOO, la
Consejería
de Educación
ha impuesto
equipos
directivos
en varios
centros de
la región.
Ha pasado en
colegios en
los que no
se ha
presentado
en fase
ordinaria
ningún
proyecto
pero sí ha
habido
ofrecimiento
posterior de
parte del
antiguo
equipo
directivo
para
continuar; y
también en
los que,
habiendo una
propuesta
procedente
de dentro
del colegio
sometida a
la comisión
de
valoración,
la
administración
no ha
seleccionado
a ningún
aspirante
haciendo uso
de la
mayoría de
votos que
tienen en
estas
comisiones.
Así se crea
una vacante
y,
acogiéndose
también al
artículo
137, la DAT
correspondiente
termina
nombrando a
dedo.
El
aterrizaje
de un
director o
directora
externo en
contra de la
opinión de
la comunidad
educativa lo
vivirán el
próximo
curso al
menos los
siguientes
centros:
CEIP Miguel
Hernández
(Getafe),
CEIP José
Hierro
(Parla),
CEIP
Federico
García Lorca
(Alcorcón),
IES Antonio
Domínguez
Ortiz
(Madrid),
IES Jorge
Guillén (Alcorcón),
CEIP
Montelindo (Bustarviejo),
CEIP Silvio
Abad (San
Sebastián de
los Reyes) y
CEIP
Francisco de
Quevedo
(Getafe).
Las familias
ya se están
moviendo
para
protestar
contra estas
imposiciones.
El ambiente
está tan
tenso que en
Bustarviejo
se produjo
el martes un
"motín" de
los padres y
las madres,
plantados en
la puerta
del centro
al grito de
"queremos
nuestra
directora"
cuando el
nuevo
director se
disponía a
entrar. Hay
más de una
decena de
colegios e
institutos
que, a fecha
1 de julio,
aún no
tenían
director
nombrado,
con lo que
el número
podría
aumentar.
Las
designaciones
directas por
parte de las
direcciones
de área
territorial
también se
producen en
otros casos:
las
jubilaciones.
En este
supuesto, no
se aplica la
LOMCE, sino
la ley de
procedimiento
administrativo
(30/92) que
permite a la
administración
"suplir
temporalmente
–por un año–
al director
del centro
cuando se
produce una
vacante
sobrevenida",
incluso
cuando los
colegios e
institutos
habían hecho
propuestas
de
sustitución.
"Una toma de
poder en los
centros más
críticos"
"Esto es una
toma de
poder en los
centros más
críticos,
que se
mueven más,
que no han
hecho la
prueba de
sexto...",
sostiene
Isabel
Galvín,
secretaria
de la
Federación
de Educación
de Madrid.
El sindicato
ha remitido
este martes
un escrito
al consejero
de Educación
en el que
exigen que
"se
retrotraigan
las
actuaciones
correspondientes
a todos los
nombramientos
al amparo
del artículo
137 de la
LOMCE (los
de carácter
extraordinario)
realizados
desde el 1
de julio de
2016 y se
inicie un
proceso para
cada caso
contando con
la comunidad
educativa y
con el
inspector o
inspectora
del centro".
"Con
directores
venidos de
fuera,
designados
sin conocer
el contexto
ni tener el
respaldo y
valoración
de la
comunidad
educativa no
puede
llegarse a
buen
puerto",
argumenta
CCOO en el
escrito,
donde
recuerda que
los modos de
actuar de la
Consejería
de Educación
son
contrarios a
la LOMCE en
tanto la ley
establece
que "se
valorará de
forma
especial el
trabajo
previo y la
labor
docente
desarrollada
en el centro
cuya
dirección se
solicita".
El proceso
habitual
cuando un
director o
directora
quiere o
debe –por
jubilación–
dejar su
cargo es que
lo comunique
al claustro
y al consejo
escolar
para, a
partir de
ese momento,
buscar la
fórmula para
conformar un
nuevo equipo
directivo.
El siguiente
paso es "la
salida a
concurso",
como explica
la
exdirectora
Ana Isabel
Serrano. Es
decir, una
convocatoria
abierta que
permite
presentar
–también
desde fuera
de la
escuela–
proyectos
educativos
para el
centro.
Mayoría para
tumbar
propuestas
Esas
propuestas
son
evaluadas
por una
comisión de
valoración
formada por
un
representante
del
claustro,
otro del
consejo
escolar y
tres de la
administración
(un
inspector,
el director
de otro
centro y una
persona de
la
Consejería).
El peso de
la opinión
de la
comunidad
educativa se
ha reducido
tanto con la
LOMCE que
los votos de
la
administración
son
suficientes
para elegir
una
propuesta y
desechar
otras, como
las familias
denuncian
que ha
ocurrido en
varios
centros.
Pero nada de
esto ha
pasado en el
caso del
Miguel
Hernández
porque nunca
llegó a
reunirse la
comisión. No
se presentó
proyecto
dentro de
plazo desde
el propio
centro y las
propuestas
que vinieron
de fuera se
desecharon
por no
cumplir los
requisitos
mínimos. La
ahora
exdirectora
completaba
este curso
su mandato y
el
ofrecimiento
de su equipo
directivo
consistía en
que el jefe
de estudios
se pusiera
al frente
del colegio
durante un
año hasta
que pudieran
presentar su
proyecto en
la siguiente
convocatoria
para "dar
continuidad"
al modo de
trabajo
actual, dado
que los
propuestas
externas
presentadas
no llegaron
a evaluarse
porque no
superaban
los mínimos
exigidos.
"¿Cuál ha
sido el
criterio
para que, en
mismas
condiciones
–es decir,
sin
propuesta
por la vía
ordinaria–
el director
de área
priorice a
una persona
que no
conoce el
centro, que
no es de la
localidad,
sobre otro
profesional
que ha
trabajado
durante seis
años en el
colegio?",
se pregunta
la ya
exdirectora
del Miguel
Hernández,
cesada el 30
de junio.
Ese mismo
día le
comunicaron
la entrada
del nuevo
director
–sustituido
ahora por
otra persona
también
elegida a
dedo tras
dimitir– y
desde ese
momento,
cuenta, su
nombre dejó
de figurar
en el
sistema
informático
SICE en el
que están
incluidos
todos los
centros
públicos de
la región.
El centro,
donde las
familias
tienen una
amplia
participación,
no se define
como
"combativo",
aunque la
que fuera su
directora
asegura que
se han
movido
"cuando ha
sido
necesario".
"Para el
curso que
viene, por
ejemplo,
solo querían
sacar 25
vacantes de
3 años para
reducir la
línea a 1 en
este nivel.
Al final
hubo 49
solicitudes
y tendrán
que mantener
las dos
aulas. Nos
quejamos,
las familias
se
movilizaron...".
Dicen que
seguirán
peleando.
http://www.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-LOMCE-directores-centros-publicos_0_534047066.html
UN
SUBDIRECTOR
DE EDUCACIÓN
INCITA AL
VOTO EN UN
MAIL OFICIAL
El directivo
aprovecha
una
convocatoria
para
recordar que
era "fruto
del pacto de
investidura
entre el PP
y
Ciudadanos"
Rafael
García
Muñoz,
subdirector
general de
Educación de
la Comunidad
de Madrid,
envió ayer
un correo
electrónico
oficial a
personas del
mundo
universitario
en el que
indirectamente
incita a
votar al
Partido
Popular. El
directivo
aprovechó la
convocatoria
del programa
Atención de
talento, que
tiene como
objetivo
recuperar a
doctores
investigadores
fuera de
España, para
recordar que
“esta
convocatoria
es fruto del
pacto de
investidura
entre el
Partido
Popular y
Ciudadanos”.
La ley de
régimen
electoral
general
prohíbe
cualquier
acto
"organizado
o
financiado,
directa o
indirectamente,
por los
poderes
públicos que
contenga
alusiones a
las
realizaciones
o a los
logros
obtenidos".
Y García
Muñoz se ha
servido de
los medios
de la
Administración.
Ha utilizado
el correo
electrónico
y la base de
datos de la
Comunidad.
Un portavoz
de la
Consejería
de Educación
explica que
“va dirigido
a los
responsables
de
fundaciones
hospitalarias
y centros de
investigación
para que
puedan
acceder a
esta
convocatoria
de atracción
de talento,
alertarles,
sin fin
electoral ”.
Ayer la
Junta
Electoral
Provincial
obligó a
quitar el
enlace al
blog de la
presidenta
regional,
Cristina
Cifuentes,
desde la
página web
oficial de
la Comunidad
de Madrid.
Recibió una
denuncia de
los
socialistas
y lo eliminó
por el
principio de
"neutralidad
que debe
regir en las
instituciones
públicas"
hasta las
elecciones
generales.
Además,
ordenó
retirar
antes de las
15 horas de
este martes
todos los
contenidos
de la página
web de la
Comunidad y
de las redes
sociales
gestionadas
por el
Ejecutivo de
Cifuentes
mencionados
en la
denuncia por
considerar
que son
campaña
propagandística.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/15/madrid/1466003945_851353.html
LA
PRESIDENTA
CIFUENTES
DENUNCIA A
LA CONSEJERA
CIFUENTES
Denuncia
ante la
Fiscalía a
su
antecesor,
Nacho
González,
por la
compra que
hizo el
Canal de
Isabel II de
una empresa…
¡cuando ella
era miembro
del Consejo!
Parece un
lío, pero se
entiende
enseguida.
El actual
Consejo de
Administración
del Canal de
Isabel II ha
decidido
este jueves
presentar
ante la
Fiscalía una
denuncia
contra el
consejo
anterior. La
razón, la
compra en
2013 de una
empresa
brasileña,
Emissao
Engenharia e
Construccoes,
por valor de
21,4
millones de
euros. La
empresa, se
considera,
no valdría
en realidad
más de 5
millones de
euros.
El pasado 31
de mayo, en
ELPLURAL.COM
informábamos
de la
posibilidad
de esta
acción que
ahora se va
a poner en
marcha. Es
parte de la
campaña, en
la que
algunos
medios
palmeros
colaboran
con la
propia
Cristina
Cifuentes,
de lavado de
cara de su
pasado y de
alabanza de
su gestión.
En
consecuencia,
presentan a
Cifuentes,
aunque lleva
en el PP
desde los
años 80..,
es más,
antes fue de
Alianza
Popular,
como cabeza
de ‘el nuevo
PP’, limpio,
frente al
‘viejo PP’,
el corrupto.
Así, se
publica que
es desde la
Presidencia
de esta
Comunidad de
Madrid desde
la que se
realiza la
denuncia, y
se destaca
que el
actual
Consejo del
Canal está
controlado
por miembros
del presente
Gobierno,
como son los
consejeros
de
Presidencia,
Ángel
Garrido;
Medio
Ambiente,
Jaime
González
Taboada;
Transportes,
Pedro Rollán;
Economía,
Engracia
Hidalgo y
otros altos
cargos
también
designados
por la
voluntad de
Cifuentes.
Cifuentes
estaba entre
los que
aprobaron la
compra
Hay un
hecho, sin
embargo, que
chirría en
este asunto:
En el
Consejo del
Canal de
Isabel II
que aprobó
esta compra
estaba..,
Cristina
Cifuentes.
La compra de
la empresa
brasileña,
como
decimos, se
produjo en
2013.
Cifuentes,
como se ve
en la
reproducción
que
adjuntamos
en esta
información,
es miembro
del Consejo
desde marzo
de 2012. Y
siguió en el
puesto hasta
2014. Es
decir, la
compra que
ahora se
denuncia por
la gente de
Cifuentes se
produjo
cuando ella
era
consejera de
la empresa.
Puestos al
habla con la
Presidencia
de Madrid
nos han
explicado
que
“precisamente”
entre otras
cosas lo que
se denuncia
es que la
compra
(realizada
siendo
presidente
de la
Comunidad
Ignacio
González, y
del Canal su
hombre de
confianza,
Salvador
Victoria) se
llevó a cabo
ocultando
información
al Consejo.
O sea, los
consejeros
fueron
engañados.
No sabían.
Es más, que
de haber
sabido todo,
la compra no
se hubiera
hecho.
¿Cifuentes
no se entera
nunca? ¿O es
al
contrario?
Cristina
Cifuentes no
sabe de
esto. En
realidad,
tampoco supo
nunca nada
de la
Gürtel. Ni
de la
Púnica.
Aunque, de
nuevo, hay
un dato que
siempre
chirría en
su
ignorancia.
Cuando
sucedía la
Gürtel,
cuando
sucedía la
Púnica, que
tan de lleno
afectan al
PP de
Madrid, no
otra persona
que Cristina
Cifuentes
era la
presidenta
del Comité
de Derechos
y Garantías
de su
partido. Es
decir, ella
era la
persona que
tendría que
haber puesto
en marcha la
escoba
cuando todas
esas
corrupciones
sucedían.
Tampoco
entonces se
enteró, ha
dicho. Pero
ella sabe
que no es
verdad, que
sí que
escuchó
mucho del
ruido de lo
que pasaba.
Y no lo
investigó,
ni pidió
investigarlo.
Como también
firmó, como
consejera,
la compra de
la empresa
brasileña,
Emissao
Engenharia e
Construccoes
que ahora su
gente, la
que ha
puesto al
frente del
Canal de
Isabel II,
llevan a la
Fiscalía
para
resaltar que
‘el nuevo
PP’ no tiene
nada que ver
con ‘el
viejo PP’.
http://www.elplural.com/2016/07/01/la-presidenta-cifuentes-denuncia-la-consejera-cifuentes
CIFUENTES
DECIDE NO IR
AL ORGULLO
Los
consejeros
de
presidencia
y asuntos
sociales
representarán
a la
Comunidad
después de
que el PP no
recibiera
invitación a
sumarse a la
cabecera de
la
manifestación
La situación
contradictoria
que vivía
Cristina
Cifuentes se
ha
solventado.
La
presidenta
de la
Comunidad
-que
reconoció
encontrarse
en un
conflicto al
descubrir
que ella
habían sido
invitada por
la
organización
del Orgullo
a la
manifestación
de esta
tarde, pero
el Partido
Popular no—
anunció ayer
que no
formará
parte de la
pancarta que
abre la
marcha. No
lo dijo
ella. Lo
hizo el
consejero de
Presidencia,
Ángel
Garrido. Él,
junto a
Carlos
Izquierdo,
responsable
regional de
Políticas
Sociales,
serán los
responsables
de sustituir
a Cifuentes.
Garrido
estará con
Manuela
Carmena,
alcaldesa de
la capital,
en el
escenario
instalado en
Colón y que
recibirá a
los
manifestantes
mientras que
Izquierdo
irá en la
marcha
acompañado
del director
general de
Promoción
Cultural de
la
Comunidad,
Jaime de los
Santos.
El Gobierno
regional
considera
que debe
estar en la
manifestación,
que tiene
carácter
nacional, a
pesar de que
el partido
al que
representan
no haya sido
animado a
sumarse a la
cabecera de
la misma.
"Todo el
mundo está
invitado a
venir a la
manifestación,
pero para
estar en la
cabecera hay
que
comprometerse
con los
derechos del
colectivo",
explica
Jesús
Grande,
presidente
de Cogam.
La
organización
del Orgullo
(las
asociaciones
Cogam,
FELGTB y
Aegal)
invitaron a
todos los
partidos
político a
sumarse a la
misma
excepto a
los
populares
justamente
por esa
falta de
apoyo a las
políticas
LGTB: el PP
madrileño se
abstuvo en
la votación
de la Ley
integral
sobre la
Transexualidad,
cuando había
sido
presentada
por ellos
mismos;
tampoco han
mostrado un
apoyo claro
a la Ley
contra la
LGTBfobia,
que lleva
meses
estancada;
y, además,
sus
compañeros
del
Ayuntamiento
decidieron
abstenerse
durante la
votación que
dio a la
celebración
un carácter
genuino en
la capital
para evitar
que en esta
edición
fueran
multados por
exceso de
ruido (el
Orgullo 2015
acumula más
de 150.000
euros en
multas por
exceso de
ruido en los
escenarios,
varias de
ellas
imputadas a
la
manifestación).
"No vale
venir,
hacerse la
foto y luego
olvidarse",
se quejan
desde las
organizaciones.
La guinda
del
desencuentro
la puso el
PP nacional
que, a
diferencia
del PSOE,
Unidos
Podemos y
Ciudadanos,
decidió no
firmar un
compromiso
con el
colectivo en
el que se
demandaba el
apoyo a
cuatro
proyectos
que
consideran
clave en la
lucha por la
igualdad.
A pesar de
todo ello,
al Orgullo
sí que se
animó a ir a
Cifuentes:
"No hay duda
de que ella
tiene otro
estilo y su
relación con
el colectivo
es más
fluida. Pero
está dentro
de un
partido, que
parece que
tiene
problemas a
la hora de
mostrar su
apoyo al
colectivo
LGTB", dicen
desde las
organizaciones.
Un conflicto
que viene de
largo: el
Partido
Popular
recurrió la
Ley de
Matrimonio
Igualtario,
aprobada por
el
socialista
Zapatero
hace más de
una década.
"Ya dije que
[el recurso]
nos traería
problemas",
recordaba
Esperanza
Aguirre hace
unos días.
"Nos iba a
hacer
parecer
homófobos y
no lo somos.
Yo por lo
menos no lo
soy",
añadía.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/01/madrid/1467378866_544996.html
PERO
CIFUENTES...
¿CUÁNDO FUE
LA ÚLTIMA
VEZ QUE TÚ
VIAJASTE EN
METRO?
La
presidenta
de Madrid no
puede
resistirse a
la
oportunidad
de una
foto-propaganda
A partir de
hoy, los
perros
podrán
acceder al
Metro en
Madrid
gratuitamente.
Este martes
les
informábamos
de ello. Las
Asociaciones
de animales
lo han
celebrado. Y
los dueños
de perros
también. Lo
hacen dentro
de una serie
de
restricciones.
La decisión,
que había
sido tomada
a petición
de la
Asociación
el Refugio,
ha tenido
repercusión
en los
medios.
Motivo por
el que la
presidenta
de Madrid,
Cristina
Cifuentes,
rápidamente
ha
aprovechado
para la
oportuna
foto.
Desde hoy,
tu perro ya
puede
acompañarte
en @metro_madrid.
#PerrosEnMetro
https://t.co/Rmh7slGivO
pic.twitter.com/yuM1bpEDTl
— Cristina
Cifuentes (@ccifuentes)
6 de julio
de 2016
La
propaganda
es algo que
Cifuentes
siempre ha
dominado.
Aquí no ha
dudado en
llevarse a
su perro a
la parada
más cercana
a la oficina
y, ahora sí,
hacerse la
foto y
colgarla en
sus redes
personales.
Lo curioso
es que en su
partido a
menudo se
hizo chanza,
e incluso se
llegaron a
lanzar
contra ella
improperios,
porque la
otra
autoridad
madrileña,
la alcaldesa
Manuela
Carmena,
siguió
viajando, en
metro. Lo
curioso es
que ella sí
viajaba en
el suburbano
madrileño
antes….
Mientras que
Cifuentes
¿Cuándo fue
la última
vez que
alguien la
vio en un
vagón del
metro antes
del
protocolario
paseo de
este martes
con la gente
de Refugio y
sus perros?
Efectivamente,
como pone en
la camiseta
de
Cifuentes,
¡Guau!. Pero
no por la
onomatopeya,
no…, por la
admiración
de la
soltura con
la que sabe
aprovechar,
sin el menor
rubor,
cualquier
ocasión de
autobombo.
http://www.elplural.com/2016/07/06/pero-cifuentes-cu-ndo-fue-la-ltima-vez-que-t-viajaste-en-metro
CIFUENTES
‘PASA’ DEL
ENFADO DE
GÉNOVA POR
ASISTIR A UN
ACTO DE
RIVERA: “SON
AMIGOS DESDE
HACE AÑOS”
El líder de
Ciudadanos,
delante de
la
presidenta
madrileña,
ha vuelto a
criticar
'los modos'
de Rajoy y
recordar que
recibió
dinero de
Bárcenas
En Génova no
han
asimilado
bien la
presencia de
Cristina
Cifuentes en
un desayuno
de Albert
Rivera. Se
trataba de
un evento de
los que
regularmente
organiza el
Forum Europa
con líderes
políticos,
pero que en
estas
fechas,
evidentemente,
se
convierten
en actos
electorales.
La presencia
de Cifuentes
se ha
entendido en
Génova como
una
traición.
Los 'malos'
que permiten
a Cifuentes
gobernar
Madrid
Tampoco ha
ayudado que
el propio
Albert
Rivera
aprovechara
la presencia
de Cifuentes
en el acto
para
devolver a
Mariano
Rajoy uno de
los zascas
que el
presidente
en funciones
le lanzó
este martes
en un mitin.
“El 26J
vamos a
derrotar a
todos los
malos”, dijo
Rajoy, y
Rivera
aprovechó la
presencia de
la
presidenta
de Madrid en
la mesa
central del
salón donde
se celebraba
el desayuno
para
devolver el
guante, y
ponerse por
encima: “los
malos somos
los que
permitimos
que el PP
gobierne
Madrid”, ha
dicho.
Y a
continuación
ha hecho una
encendida
defensa de
la buena
convivencia
en la
política,
“los
españoles no
debemos
creer que
somos
víctimas de
una plaga
bíblica”, y
de paso ha
lanzado
golpes
contra el
estilo de
Rajoy y
Hernando por
buscar tan a
menudo el
cuerpo a
cuerpo y las
descalificaciones.
Amigos desde
hace años, y
con
antecedentes
En el
entorno de
Cristina
Cifuentes
han venido a
explicar a
ELPLURAL.COM
que “no
hacen mucho
caso a los
supuestos
malos rollos
de Génova”,
y nos han
subrayado
que
“Cristina es
amiga de
Rivera desde
hace años,
desde los
tiempos en
los que
estaba como
delegada del
Gobierno por
lo menos”.
¿De dónde
viene esa
amistad? No
han sabido
darnos el
dato exacto,
pero sí que
nos han
recordado
que este no
es ni el
primer, ni
el último
acto de
Rivera, “o
de políticos
de otras
fuerzas, a
los que va
Cristina”. Y
en ese
sentido nos
han apuntado
que
Cifuentes ya
estuvo en un
Foro
organizado
por el ABC
cuyo
protagonista
fue el mismo
Rivera. Un
acto, por
cierto, que
ya provocó
comentarios
porque ella
era la única
representante
del PP.
El refresco
'de la vida'
Las
relaciones
de Rivera y
el PP, desde
que saltó a
la política
nacional,
han sido
difíciles
por razones
evidentes:
comparten
caladero de
votantes.
Pero aún más
desde que
Ciudadanos
firmó el
acuerdo con
el PSOE para
intentar
formar
gobierno
tras el 20D.
Y Cristina
Cifuentes, a
lo que se
ve, supo
diferenciar
en su
momento la
amistad
personal, de
la
confrontación
política,
porque en el
mes de
abril,
durante la
campaña para
las
municipales
y
autonómicas,
no tuvo
reparos en
decir que
Albert
Rivera era
“un refresco
atractivo”
resultado
“del
marketing
electoral”.
Poco
después, el
refresco
atractivo se
convirtió en
el líquido
que hizo
posible
hidratar su
candidatura
a la
presidencia
de Madrid. Y
ahora, esto
es una de
las cosas
que critican
en Génova,
ha asistido
sin
parpadear,
no sólo a la
insistencia
de Rivera en
recordar que
Rajoy cobró
343.000
euros de
Bárcenas,
sino a que
repitiera
que Rajoy es
el problema
del PP y que
su
sustitución
por otro
líder
favorecería
posiblemente
su apoyo:
“Si ya hay
gente en el
PP que no
quiere
defender a
Rajoy, no
voy a ser yo
quien lo
haga”, ha
dicho Rivera
a menos de
cinco metros
de
Cifuentes,
una de las
emergentes
del PP que
suenan como
posibles
sustitutas.
http://www.elplural.com/2016/06/15/cifuentes-pasa-del-enfado-de-g-nova-por-asistir-un-acto-de-rivera-son-amigos-desde-hace
VERSTRYNGE,
ABSUELTO DE
PAGAR LOS
1.500 EUROS
QUE LE
IMPUSO
CIFUENTES
POR EL
ESCRACHE A
LA
VICEPRESIDENTA
Un juzgado
de Madrid
falla a
favor del
recurso que
interpuso el
politólogo
contra la
multa de
1.500 euros
que le
impuso en
abril de
2013 la
Delegación
del
Gobierno,
dirigida
entonces por
Cristina
Cifuentes
Jorge
Verstrynge
no tendrá
que pagar
los 1.500
euros con
los que fue
sancionado
en abril de
2013 por
haber
asistido al
escrache
contra la
vicepresidenta
del
Gobierno,
Soraya Sáenz
de
Santamaría,
organizado
por
activistas
de la
Plataforma
de Afectados
por la
Hipoteca (PAH).
El juzgado
de lo
contencioso
administrativo
nº 10 de
Madrid ha
fallado a
favor del
recurso que
interpuso el
politólogo
contra la
multa que le
impuso la
Delegación
del
Gobierno,
dirigida
entonces por
Cristina
Cifuentes, a
él y a cerca
de una
veintena de
activistas
de la PAH en
aplicación
de la nueva
ley de
Seguridad
Ciudadana.
En el
recurso,
presentado
por el
equipo de
abogados de
Legal Sol,
Verstrynge
alegaba que
no
pertenecía a
la PAH y
argumentaba
que estaba
en el
escrache
convocado
ante la
vivienda de
Sáenz de
Santamaría
"a título
individual,
como
ciudadano
preocupado y
profesor de
Ciencias
Políticas
interesado
en los
movimientos
sociales".
Más de tres
años después
el fallo le
da la razón
y estima que
no se puede
deducir que
fuera uno de
los
promotores
del escrache
porque
atendiera a
los medios
de
comunicación
en el lugar
de los
hechos.
Además, en
el escrito
se alegaba
que no se
tuvo en
cuenta el
principio de
"presunción
de
inocencia" y
se invocaba
también "al
derecho de
manifestación
y reunión"
como un
"derecho
constitucional".
La
magistrada
firmante de
la sentencia
apoya estas
argumentaciones
y exime del
pago de la
multa al
politólogo
imponiendo
unas costas
de 200 euros
que tendrá
que abonar
la parte
perdedora,
es decir, la
Delegación
del
Gobierno.
Verstrynge
podrá ahora
recuperar el
dinero de la
multa que
había
quedado en
depósito y
espera,
además, que
sea "con
intereses".
El fallo
judicial ha
sido
celebrado
por el
politólogo
que en
declaraciones
a
eldiario.es
ha lamentado
que "en este
país nos
estamos
acostumbrando
a acusar,
sin
demostrar
nada. Si hay
espectáculo,
todo vale".
Sin embargo,
lo primero
que ha hecho
ha sido
felicitar a
sus abogados
por su
trabajo:
"Enhorabuena
a los
abogados de
Legal Sol
que siguen
ganando
sentencia
tras
sentencia".
"Yo no he
tenido que
demostrar
nada porque
se ha
encargado la
jueza de
decir que
soy inocente
y de hacer
pagar las
costas a la
Delegación
del Gobierno
de Madrid,
que acusó
falsamente,
en éste y en
otros muchos
casos, a
otras muchas
personas",
ha añadido.
"Desgraciadamente
las campañas
de denuncia
y de
escraches
contra los
desahucios,
siguen
siendo
necesarias
en España.
Lo del
"derecho
universal a
la
vivienda",
en éste país
no sabemos
ni qué
significa",
ha
sentenciado
Verstrynge.
"Nuestros
políticos
siguen
dejando que
haya
familias
como la de
Maxi, y sus
5 hijos que
se han ido a
la calle
hace 4 días,
por no poder
pagar un
alquiler",
ha añadido
para
preguntar a
continuación:
"¿Se ha
preguntado
alguien
dónde están
durmiendo
ahora mismo
los cinco
hijos de
Maxi?".
Los hechos
del escrache
a Sáenz de
Santamaría
ocurrieron a
principios
de abril de
2013. En
aquel acto
de protesta
participaron
unas
doscientas
personas, de
las cuales
finalmente
fueron
sancionadas
una
veintena. La
mayoría de
ellas fue
por
infracciones
graves,
acusadas por
la policía
de ser
"organizadores
o
promotores"
de la
convocatoria.
Tras su
detención,
Verstrynge
negó la
versión dada
por los
agentes que
acudieron a
disolver la
concentración:
"Es mentira.
Yo no he
organizado
nada. Estaba
allí para
acompañar a
mi mujer. Yo
no suelo ir
habitualmente
a escraches,
ni mucho
menos los
organizo".
"Fue una
manifestación
pacífica. En
ningún
momento hubo
agresiones
ni insultos
y eso lo
sabe todo el
mundo que
estuvo allí.
También la
Policía. Lo
que es una
pura y burda
provocación
es que la
Delegación
del Gobierno
dé órdenes
de pedir
carnés de
identidad y
provoque el
nerviosismo
entre los
ciudadanos
que nos
habíamos
congregado
allí una vez
desconvocado
el acto",
añadió en
aquella
ocasión a
este diario
el
politólogo y
tertuliano.
El episodio
de aquel
escrache no
se le olvida
a la
vicepresidenta
en funciones
del
Gobierno. En
una reciente
entrevista
con
elconfidencial.com,
Sáenz de
Santamaría
alude con
ironía a la
supuesta
"pinza" que
hubo en la
campaña
entre el PP
y Podemos.
"Fíjese cómo
será la
pinza
PP-Podemos
que el señor
Verstrynge
empezó la
campaña
electoral a
las puertas
de mi casa
con un
escrache",
replica al
periodista.
http://www.eldiario.es/politica/Verstrynge-escrache-Saenz_de_Santamaria-multa-Cifuentes_0_534046693.html
EL JUEZ PIDE
A LA
ASAMBLEA
RATIFICAR
QUE
CIFUENTES ES
AFORADA PARA
DECIDIR
SOBRE UNA
QUERELLA
El Juzgado
de
Instrucción
15 de Madrid
ha pedido
acreditar la
condición de
aforada de
la
presidenta
Es el paso
previo a
remitir el
caso al TSJ,
que decidirá
si la juzga
por su
actuación
como
delegada del
Gobierno en
las 'marchas
de la
dignidad'
El Juzgado
de
Instrucción
número 15 de
Madrid ha
pedido a la
Asamblea de
Madrid que
certifique
la condición
de aforada
de la
presidenta
de la
Comunidad,
Cristina
Cifuentes,
según
adelantó El
Mundo. Es el
paso previo
a remitir el
caso al
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid, que
podría
imputar a la
presidenta
en relación
a los graves
enfrentamientos
entre
manifestantes
y Policía
durante las
Marchas de
la Dignidad,
que
confluyeron
en la
capital el
22 de marzo
de 2014 y
que se
saldaron con
más de un
centenar de
heridos. Por
entonces la
política era
delegada del
Gobierno en
Madrid. El
escrito
remitido,
como asegura
el medio,
lleva el
encabezamiento
de
“prevaricación
administrativa”.
La
plataforma
Marchas de
la Dignidad
interpuso el
13 de
febrero de
2015 una
querella
criminal
contra
Cifuentes y
todos los
mandos,
tanto
políticos
como
policiales,
que a juicio
de la
organización
tuvieron
algún grado
de
responsabilidad
en los
enfrentamientos:
desde el
director
general de
la Policía,
Ignacio
Cosidó,
hasta el
cargo
homónimo de
la Guardia
Civil,
Arsenio
Fernández,
pasando por
inspectores,
jefes
intermedios
y “todos
aquellos que
resulten
responsables
de los
delitos (…)
en el curso
de la
investigación”,
como asegura
el
comunicado.
La querella
fue
interpuesta
por la
plataforma
junto a
numerosas
organizaciones,
que
atribuyen a
los
denunciados
los delitos
de lesiones,
amenazas,
coacciones,
delito
contra la
integridad
moral,
falsedad en
documento
público,
prevaricación
y de delitos
contra los
derechos
constitucionales
y cívicos.
Arguyen,
expone el
periódico,
que
infiltrados
de las
fuerzas de
seguridad
provocaron
la violencia
que
justificaba
la
intervención
de los
antidisturbios,
y que la
acción
policial no
se dirigía
contra los
alborotadores,
sino contra
el conjunto
de los
manifestantes,
que en el
momento de
la carga
leían un
manifiesto
en la plaza
de Colón
dentro de
las horas
permitidas y
estipuladas
para la
concentración.
La
plataforma
Marchas de
la Dignidad
pidió en su
página web
ayuda para
sufragar el
pago de los
48.000 euros
que le
exigía el
juzgado como
fianza. La
sala
argumentó,
según la
organización,
que la cifra
estaba
justificada
por “los
intereses
del
conflicto,
el número de
querellantes
y
querellados
y los
delitos que
se imputan a
los
querellados”.
Respuesta de
Cifuentes
En una
tribuna
publicada en
el diario El
Mundo,
Cifuentes
califica la
querella
presentada
de
"auténtico
disparate".
"Según
parece, está
basada en
una supuesta
prevaricación
administrativa,
es decir,
dictar una
resolución
injusta, por
parte de
todos los
responsables
de la
Policía
Nacional y
de la
Guardia
Civil,
incluidos
mandos
operativos y
yo misma
como
delegada del
Gobierno en
Madrid, por
las medidas
que se
tomaron ante
los
violentísimos
incidentes
ocurridos al
final de la
manifestación
conocida
como marcha
de la
dignidad".
"Quienes
teníamos
responsabilidades
en aquellos
momentos en
materia de
seguridad
ciudadana,
lo que
hicimos fue
cumplir la
ley para
restablecer
el orden
público y
evitar los
graves daños
físicos y
materiales
que causaban
los
violentos.Hoy,
sin embargo,
quienes
cumplimos la
ley y
velamos por
la seguridad
de los
ciudadanos
nos vemos en
el punto de
mira de los
violentos
que la
vulneraron
sin
miramientos,
y que están
tratando de
instrumentalizar
las leyes y
la Justicia,
como arma de
descalificación
y
manipulación
política",
sostiene.
"Es el mundo
al revés",
sentencia.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/27/cifuentes_podria_ser_imputada_por_prevaricacion_durante_las_marchas_dignidad_2014_50328_1012.html
CIFUENTES
LLEVA A LA
FISCALÍA
PARTE DE LA
GESTIÓN DE
IGNACIO
GONZÁLEZ EN
EL CANAL DE
ISABEL II
La
presidenta
regional,
Cristina
Cifuentes,
está
dispuesta a
aclarar
cualquier
atisbo de
sospecha
sobre la
gestión que
gobiernos
anteriores
realizaron
en el Canal
de Isabel II.
Sobre todo
en los
negocios que
la mayor
empresa
pública de
la Comunidad
de Madrid ha
cerrado en
los últimos
años al otro
lado del
Atlántico.
El Ejecutivo
de Cifuentes
tiene
previsto
llevar a la
Fiscalía
toda la
información
de la que
dispone
sobre la
compra que
el Canal
hizo en
noviembre de
2013 de una
empresa
brasileña,
Emissao
Engenharia e
Construçoes,
SA Ltda.
Como
adelantó El
Confidencial,
el Gobierno
presidido
entonces por
Ignacio
González
pagó 21,4
millones por
esta
sociedad,
que un año
después
tenía un
valor
contable de
solo cinco
millones,
cuatro veces
menos.
Fuentes del
Gobierno
regional
aseguran que
la intención
era
presentar un
escrito en
la Fiscalía
este mismo
viernes, ya
que una
investigación
interna
llevada a
cabo por
parte del
nuevo
director
gerente del
Canal,
Rafael
Prieto
Martín, ha
detectado
que esta
"extraña"
compra se
realizó a
través de
unos pagos
que pasaron
por cuentas
en bancos
suizos. Sin
querer dar
más detalles
para no
entorpecer
las
pesquisas
que ahora
debe poner
en marcha la
Fiscalía, si
decide
asumir la
investigación,
el Ejecutivo
de Cifuentes
asegura que
pondrá en
manos del
ministerio
público toda
la
información
de la que
dispone.
Una
investigación
del nuevo
gerente del
Canal ha
detectado
pagos en
cuentas
suizas para
comprar en
el año 2013
la empresa
brasileña de
esta
institución
El Canal
adquirió
esta
sociedad
brasileña a
través de
otra
instrumental
radicada en
Uruguay. En
esta firma
uruguaya, la
empresa
pública
madrileña
compartió
accionariado
con otra
firma
'offshore'
constituida
en Panamá
por el
bufete
Mossack
Fonseca y
cuyo gestor
fue el
abogado
Ignasi
Maestre
Casanovas,
imputado por
un juzgado
madrileño
por ayudar a
evadir
impuestos al
futbolista
Xabi Alonso.
Maestre
Casanovas es
además socio
en otras
empresas de
Edmundo
Rodríguez
Sobrino,
expresidente
ejecutivo de
Inassa, la
empresa del
Canal que
gestiona
contratos de
agua en
varios
países
sudamericanos
y de la que
depende la
sociedad
brasileña en
cuestión.
Rodríguez
Sobrino fue
destituido
por la
presidenta
regional,
Cristina
Cifuentes,
después de
que El
Confidencial
desvelara
que este
directivo
del Canal
ocupaba
cargos de
responsabilidad
en tres
firmas de
Hong Kong
(paraíso
fiscal hasta
abril de
2012)
constituidas
también por
Mossack
Fonseca. No
es el único.
Este diario
reveló este
viernes que
Ramón
Navarro
Pereira,
gerente
general de
la Sociedad
de
Acueducto,
Alcantarillado
y Aseo de
Barranquilla
SA ESP (más
conocida
como la
Triple A
colombiana),
dirige junto
a su mujer
la firma
Quartsun
Develop
Inc., creada
por el
despacho
Mossack
Fonseca en
el paraíso
fiscal de
Islas
Vírgenes
Británicas.
El Canal
tiene el
67,9% de la
Triple A a
través de
Inassa.
Las mismas
fuentes
destacan que
la
presidenta
Cifuentes ya
ha dado
instrucciones
para que el
Canal
convoque el
consejo de
administración
de la Triple
A, que se
rige por la
legislación
colombiana,
para que se
estudie la
destitución
de Navarro
Pereira, si
procede,
como ya
ocurrió con
Edmundo
Rodríguez.
El consejero
Ángel
Garrido,
número dos
del
Ejecutivo y
presidente
del Canal,
ya anunció
en la
Asamblea de
Madrid que
han iniciado
un proceso
de auditoría
de la
empresas
participadas
en
Sudamérica y
otro proceso
de reflexión
sobre "el
posicionamiento,
situación,
objetivos y
actividades"
de estas
sociedades
para
determinar
así si es
conveniente
"mejorar su
eficiencia,
control y
gestión". A
propuesta
del grupo
socialista,
los cuatro
grupos
parlamentarios
en la
comisión de
estudio de
la deuda de
la Asamblea
de Madrid
han aprobado
dirigirse a
la Cámara de
Cuentas para
pedir "que
la auditoría
de las
cuentas de
las empresas
de Canal en
América
tenga
carácter
prioritario".
El grupo
socialista
presentó
este viernes
una
interpelación
al Gobierno
sobre el
Canal de
Isabel II en
América.
"Con esta
interpelación
se quieren
poner sobre
la mesa las
numerosas
irregularidades
detectadas
en la
gestión de
estas
empresas".
La diputada
Mercedes
Gallizo ya
ha destacado
en la
Asamblea
"las
numerosas
irregularidades
que
presentan
estas
empresas en
su gestión,
así como el
evidente
descontrol
del Gobierno
sobre estas
sociedades y
sobre sus
gestores".
Según el
PSOE, "la
situación se
ha
convertido
en
insostenible.
El Gobierno
ha venido
manteniendo
la actitud
de respaldar
la gestión
hecha en las
empresas
participadas
por Canal en
Latinoamérica,
amparándose
en unos
supuestos
buenos
resultados
económicos,
a pesar de
las
numerosas
evidencias
que
apuntaban a
irregularidades".
De Uruguay a
Brasil
Canal de
Isabel II
creó en
diciembre de
2001 Canal
Extensia,
que a su vez
adquirió el
81,24% de
Inassa
(Sociedad
Interamericana
de Aguas y
Servicios
SA), con
sede en
Barranquilla
(Colombia).
Su actividad
principal
"es la
gestión de
los procesos
del ciclo
integral del
agua" y
tiene
participación
en varias
sociedades
en Colombia,
República
Dominicana,
Ecuador,
Panamá,
Brasil,
Costa Rica,
México,
Venezuela,
Uruguay y
Haití.
En 2013,
Canal
Extensia e
Inassa
"constituyeron
la Sociedad
Soluciones
Andinas de
Aguas SRL",
con
domicilio
social en
Montevideo,
Uruguay. La
principal
actividad de
esta
sociedad es
la
"inversión y
tenencia de
activos",
según reza
el informe
financiero
del Canal
del año
2014. El 14
de noviembre
de 2013,
Soluciones
Andinas
adquirió el
75% de
Emissao
Engenharia e
Construçoes,
SA Ltda.,
con sede en
Brasil,
dedicada al
mantenimiento,
explotación,
distribución
y
saneamiento
del agua.
Esa compra
se ejecutó
con Edmundo
Rodríguez
como
presidente
de Inassa.
Para
realizar la
adquisición
de Emissao,
Canal
Extensia
prestó 14,4
millones a
Soluciones
Andinas y
siete
millones a
Inassa. En
esos
momentos, el
presidente
de la
Comunidad
era Ignacio
González y
el
presidente
del Canal,
Salvador
Victoria,
imputado en
la
actualidad
en el caso
Púnica.
Pero
Soluciones
Andinas de
Aguas no se
constituyó
de la nada,
como deja
entrever el
informe. Ya
existía.
Antes se
llamaba
Turman
Investments,
creada en
septiembre
de 2008 en
Uruguay.
Turman
cambió de
nombre en
marzo de
2013, por lo
que ocho
meses antes
de su
supuesta
constitución,
Soluciones
Andinas ya
estaba
creada.
Canal
Extensia e
Inassa no
tienen el
100% de
Soluciones
Andinas del
Agua, sino
el 90,6%.
¿Quién tiene
el resto?
Según el
registro,
otra
empresa,
Yavango
Investment
INC. Al
menos, hasta
mediados de
2014.
Yavango
aparece en
los ya
famosos
papeles de
Panamá,
revelados en
exclusiva
por El
Confidencial
y La Sexta.
Fue
constituida
en noviembre
de 2006 en
Panamá por
el bufete
Mossack
Fonseca. La
orden partió
de la
empresa
Igmasa
Management,
propiedad
del abogado
andorrano
Ignasi
Maestre
Casanovas,
testaferro
de
futbolistas
de élite e
imputado por
un juzgado
madrileño
por diseñar
el entramado
societario
que trasladó
a Portugal
los derechos
de imagen de
Xabi Alonso,
también
imputado.
Yavango
tiene como
accionistas
a Tana
Investment
Company,
creada en
Reino Unido
en noviembre
de 1999, y a
otros
accionistas
desconocidos
que, según
la
documentación
de Mossack
Fonseca,
tienen
acciones al
portador. El
sistema
habitual
para ocultar
la identidad
del
verdadero
dueño de
esas
acciones. A
su vez, Tana
depende de
Sabia
Drilling
Bussines,
creada en
marzo de
2009 en el
paraíso
fiscal de
las islas
Seychelles.
Sabia está
inactiva
desde
diciembre de
2014.
Yavango
sigue
operativa.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-05-30/cifuentes-canal-isabel-fiscalia-emissao_1207247/
CIFUENTES
SOBRE LOS
'PAPELES DE
BÁRCENAS':
"CADA VEZ
QUE HAY
ELECCIONES
EMPIEZAN A
CONOCERSE
DETERMINADAS
RESOLUCIONES"
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid
asegura que
la fianza
que ha
impuesto el
juez por
esta causa
"no prejuzga
nada".
Además,
considera
que hablar
de cien
diputados
autonómicos
sería algo
"perfectamente
representativo"
para los
madrileños.
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha asegurado
este martes
que la
fianza que
el juez ha
impuesto al
PP en la
causa por
los 'papeles
de Bárcenas'
es una
"medida
cautelar que
no prejuzga
nada" y ha
subrayado
que tiene
que ser el
"juez el que
determine
sobre este
cuestión".
Eso sí, ha
asegurado
que cada vez
que se
acercan unas
elecciones
"empiezan a
conocerse
determinadas
resoluciones".
Así se ha
pronunciado
en los
desayunos
informativos
organizados
por Europa
Press, un
día después
de que el
juez de la
Audiencia
Nacional
José de la
Mata haya
comunicado
al PP que
debe asumir
como
responsable
civil
subsidiario
la fianza
civil en la
causa que
investiga la
financiación
con 'caja
B', fianza
que alcanza
los 1,2
millones de
euros.
Cifuentes ha
señalado que
sería "muy
conveniente
y deseable"
que haya
"una
decisión",
ya que son
procedimientos
judiciales
que llevan
años. "No sé
por qué pero
suele
coincidir
siempre con
periodos
electorales,
de repente
hay una
actividad
inusitada",
ha
manifestado,
para agregar
que no se
trata de una
sospecha
sino que se
limita a
"constatar
una
evidencia".
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid ha
señalado que
ella respeta
las
resoluciones
judiciales
"como no
puede ser de
otra
manera".
"Hay una
resolución
judicial
imponiendo
una medida
cautelar y
hay que
cumplirla",
ha
reiterado.
"De que
seguir
aumentando
su el número
de diputados
autónomicos,
acercaría la
Asamblea a
la Duma
Rusa"
Por otro
lado,
Cifuentes ha
considerado
que hablar
de cien
diputados
autonómicos
sería algo
"perfectamente
representativo
y digno"
para los
madrileños y
ha bromeado
señalando
que de
seguir
aumentando
su número en
función de
la
población,
como
establece el
Estatuto,
acercaría la
Asamblea a
la "Duma
rusa". "No
sé cuál es
el número
perfecto y
lo que veo
es que
siempre que
se plantea
se quieren
buscar
dobles
lecturas, un
cálculo que
nos
beneficie a
nosotros y
perjudique a
otros y no",
ha afirmado
preguntada
por su
proyecto de
ley de
Reforma del
Estatuto de
Autonomía
para reducir
el número de
parlamentarios
y abrir la
posibilidad
de aumentar
las
circunscripciones.
Por último,
la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid ha
defendido la
carta
enviada por
el
presidente
del Gobierno
en
funciones,
Mariano
Rajoy, al
jefe de la
Comisión
Europea,
Jean Claude
Juncker, en
la que se
compromete a
adoptar
nuevas
medidas para
rebajar el
déficit. "Si
otro
dirigente
estuviera
haciendo una
cosa
diferente
estaría
generando
unas
expectativas
falsas y
engañando a
los
españoles",
ha
sostenido.
http://vozpopuli.com/actualidad/82489-cifuentes-sobre-los-papeles-de-barcenas-cada-vez-que-hay-elecciones-empiezan-a-conocerse-determinadas-resoluciones
CIFUENTES, A
TABOADA:
"¿CUÁNDO VAS
A PONER LA
QUERELLA?"
Este jueves,
durante la
celebración
del Pleno de
la Asamblea,
el consejero
Jaime
González
Taboada
explicaba a
la prensa
que la
querella por
las
acusaciones
vertidas
contra él
por David
Marjaliza,
presunto
cabecilla de
la trama
Púnica,
estaba "a
punto". La
presidenta
ha
insistido:
"¿Cuándo vas
a ponerla?"
El
consejero,
que este
mismo
miércoles
reiteraba su
voluntad de
continuar en
su cargo
("No puedo
dimitir en
base a las
mentiras de
un señor2,
ha dicho), e
insistía en
que contaba
con la
confianza de
la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
respondía a
las
preguntas de
la prensa
sobre la
querella
anunciada a
su llegada
al hemiciclo
de la
Asamblea de
Madrid. Tras
asegurar que
estaba ya
ultimando la
querella,
Cifuentes,
desde su
escaño, le
ha
preguntado:
"¿Cuándo vas
a
presentarla?".
Marjaliza
aseguró en
su
declaración
ante el juez
que Taboada,
presuntamente,
"mangoneaba"
el dinero
del plan
PRISMA,
destinado a
invertir en
infraestructuras
en los
municipios
de la
región. Ante
estas
acusaciones,
el consejero
mantiene que
"Todo el
mundo cree
en mí,
incluida la
presidenta".
http://www.madridiario.es/434121/cifuentes-taboada-querella-punica
CIFUENTES
NOMBRA
NÚMERO DOS
DE LA
CAMPAÑA DEL
PP PARA EL
26-J AL
CONSEJERO
SEÑALADO POR
EL ‘CEREBRO’
DE LA PÚNICA
La gestora
del PP de
Madrid
decide que
González
Taboada sea
director
adjunto de
la campaña
el mismo día
que se
conoció que
Marjaliza lo
había
acusado de
cobrar
comisiones
Cifuentes
insistió
este
miércoles en
que
cualquier
imputación
de un
miembro de
su Gobierno
conllevará
un "cese
fulminante",
aunque
señaló que
lo que diga
Marjaliza le
preocupaba
"lo justo"
El martes 17
de mayo, al
mismo tiempo
que se
conocían
nuevos datos
del sumario
de la
Operación
Púnica, la
gestora del
Partido
Popular de
Madrid,
presidida
por Cristina
Cifuentes,
se reunía en
la sede del
partido.
Entre otros
asuntos la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid y su
equipo
empezaron a
engrasar la
maquinaria
electoral
con la vista
puesta en
las
generales
del próximo
26 de junio
con los
nombramientos
del comité
de campaña.
Tras Juan
Carlos Vera
como
director, se
ubicó a
Jaime
González
Taboada como
uno de los
dos
directores
adjuntos.
Vicesecretario
de
Territorial
del PP de
Madrid,
diputado en
la Asamblea
y consejero
de Medio
Ambiente,
González
Taboada era
señalado ese
mismo día
por David
Marjaliza,
uno de los
cabecillas
de la trama
Púnica, como
perceptor de
comisiones
ilegales por
concesiones
de un plan
regional.
El otro
adjunto a
Juan Carlos
Vera,
secretario
general de
la gestora
del PP de
Madrid, es
el diputado
regional y
vicesecretario
de
Organización
Alfonso
Serrano.
Vera,
diputado
nacional por
Madrid y
dirigente de
la máxima
confianza de
Mariano
Rajoy, ya
fue director
de la
campaña
regional
para las
generales
del 20 de
diciembre.
Por aquellas
fechas
todavía
Esperanza
Aguirre era
presidenta
del PP de
Madrid.
Las fuentes
del partido
conocedoras
de estos
nombramientos
circunscriben
el del
González
Taboada en
"la
normalidad".
Sostienen
que
Cifuentes ha
optado por
trasladar la
estructura
de la
gestora al
comité de
campaña
apostando
por poner al
frente a
quienes son
considerados
los números
dos (Vera),
tres
(González
Taboada) y
cuatro
(Serrano)
del partido.
Otras
fuentes de
la formación
apuntan a
que el hecho
de que
Cifuentes
haya
decidido no
prescindir
de su
consejero de
Medio
Ambiente en
el comité de
campaña es
una muestra
de que sigue
confiando en
él porque el
juez, pese a
estos
testimonios
no ha
encontrado
elementos
para
imputarle.
Este martes,
preguntada
por las
declaraciones
de Marjaliza
ante el
juez, señaló
que lo que
diga él,
"que es un
presunto
delincuente",
le
preocupaba
"lo justo".
No obstante,
insistió en
que si
cualquier
miembro de
su Gobierno
es imputado,
habrá "cese
fulminante".
A juicio de
Marjaliza, y
de ello
queda rastro
en el
interrogatorio
del juez
Eloy
Velasco,
González
Taboada era
quien
"mangoneaba"
el reparto
de los
fondos del
Programa
Regional de
Inversiones
y Servicios
de Madrid
(Prisma). Se
trata del
conocido
coloquialmente
como el Plan
Prisma, un
proyecto
aprobado en
la etapa de
Francisco
Granados,
ahora
encarcelado,
como
consejero de
Presidencia
y Justicia
de la
Comunidad
con el fin
de repartir
inversiones
entre los
municipios
madrileños.
La gestión
correspondía
al ahora
consejero de
Cifuentes en
su calidad
de director
General de
Cooperación
con la
Administración
Local.
El sumario
refleja que
el juez
cuestiona al
socio de
Granados
sobre si del
100% de los
fondos que
repartía el
plan Prisma,
a Taboada le
tocaba
gestionar el
77,81%. "¿Le
suena que
era el que
mangoneaba?",
le pregunta
Velasco. "El
que
mangoneaba
era él",
respondió.
"Yo no puedo
dimitir"
Nada más
conocer la
parte del
sumario que
le afecta,
el número
tres del PP
madrileño
negó estas
acusaciones
y anunció
una querella
por delitos
contra el
honor. "Yo
no puedo
dimitir en
base a las
mentiras de
un señor",
señaló este
miércoles.
Tras asistir
a una
reunión
extraordinaria
en la que se
abordaron
algunos
aspectos del
incendio de
Seseña
(Toledo),
sostuvo que
el plan
Prima
"estaba
dirigido por
toda la
Comunidad".
"Una cosa es
que una
dirección
tenga un
trabajo y
otra, cosas
más graves.
Jamás he
estado con
este señor y
jamás he
compartido
un café ni
he estado un
minuto con
él o con
algún
miembro de
su familia",
sostuvo
González
Taboada.
Pago de
comisiones
El
interrogatorio
desvela cual
era el modus
operandi,
siempre
según el
testimonio
de
Marjaliza.
En su
relato,
sostiene que
a él le
pasaban
"entre las
tres y las
cinco"
mejores
ofertas. "Si
era una
empresa
conocida la
llamaba y le
decía que si
quería la
obra pagaran
una
comisión".
El cabecilla
de esta
trama señala
que no había
falta que
diera más
detalles ni
que
mencionara
que llamaba
de parte de
Granados
porque
"todos" en
ese momento
sabían que
era su mano
derecha.
Marjaliza
explicó al
juez que
este
dirigente
del PP de
Cifuentes
era el
interlocutor
de Granados,
exsecretario
general del
PP de Madrid
y del
exalcalde de
Valdemoro:
"A mí me
decían que
tenían que
hablar
siempre con
[Jaime]
Taboada, que
era el que
gestionaba
[el plan
Prisma].
Estaba en la
mesa y ellos
llamaban a
Jaime, y una
semana
después me
decían esta
[obra] sí y
esta no",
completó
Marjaliza,
al ser
preguntado
sobre si
había
pactado con
Granados las
obras de la
empresa
regional
Arpegio.
"Había una
cosas no
escrita
según la
cual un
tercio de
las obras
era para los
técnicos, un
tercio para
Jaime
Taboada con
su gente y
el último
tercio para
Paco o la
consejería",
señala en un
momento de
su
declaración.
No es
Taboada el
único
diputado de
Cifuentes
salpicado
por este
escándalo.
El cabecilla
de la red
Púnica
señaló a
otros dos
diputados
del PP en la
Asamblea de
Madrid por
sus
vinculaciones
con la trama
de Granados,
según consta
en la
declaración
del
arrepentido
de 13 de
noviembre de
2015. Se
trata del
exalcalde de
Getafe Juan
Soler y del
exregidor de
Alcalá de
Henares
Bartolomé
González.
Aguirre: "No
hay nadie
que piense
que soy
corrupta"
Todo esto
ocurrió en
los años de
Esperanza
Aguirre al
frente de la
Comunidad de
Madrid, uno
de los
motivos que
llevó a que
presentara
su dimisión
el pasado
febrero.
Pero fue una
dimisión a
medias
porque dejó
el PP de
Madrid pero
se mantuvo
como líder
del Grupo
Municipal
Popular en
el
Ayuntamiento.
Este
miércoles,
después de
que
infoLibre
adelantara
que el socio
de Granados
sostiene que
Aguirre fue
informada
del proyecto
para un
pelotazo de
la Púnica en
Valdemoro,
señaló que
"no hay
nadie que
piense" que
ella es
"corrupta" o
que se "haya
llevado un
duro".
Según dijo
en un
desayuno
informativo
organizado
por Estrella
Digital, las
palabras del
empresario
le producen
"bochorno,
vergüenza e
indignación".
"La falta de
ética está
en las
personas,
pero la
publicitación
de los casos
de
corrupción
junto a la
lentitud de
la justicia
es lo que
hace pensar
a la gente
que los
políticos
son
inmunes",
mantuvo.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/19/cifuentes_nombra_numero_dos_campana_del_para_al_consejero_senalado_por_marjaliza_49908_1012.html
CIFUENTES
RECUERDA QUE
MARJALIZA ES
UN
“DELINCUENTE”
Y QUE NO HAY
NINGÚN
IMPUTADO EN
SU GOBIERNO
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha vuelto a
mostrar su
“tolerancia
cero con la
corrupción”
y ha
confirmado
que en el
caso de que
“el juez
impute o
investigue a
cualquier
cargo, ya
sea alto
cargo o
director,
dimitirá de
forma
inmediata”.
De esta
forma
Cifuentes ha
aclarado que
de momento
en su
gobierno no
hay nadie
imputado,
por lo que
ha restado
importancia
a las
acusaciones
de David
Marjaliza
sobre altos
cargos del
PP de la
Comunidad de
Madrid
calificando
al
empresario
cabecilla de
la Púnica de
“delincuente”.
Para la
presidenta
autonómica
“por mucho
que
Marjaliza
haya
colaborado
en la
investigación
para salir
de la
cárcel, no
deja de ser
un
delincuente
que ha
reconocido
muchos de
los delitos
que él ha
cometido”,
por lo que
ha preferido
darle toda
la
relevancia a
“las
decisiones
del juez”,
antes que a
las del
cabecilla de
la trama de
corrupción
que ha
salpicado,
entre
muchos, a
Francisco
Granados.
En concreto,
la
presidenta
del PP
madrileño ha
defendido
así la
inocencia de
su consejero
de Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio,
Jaime
González
Taboada,
frente a las
acusaciones
del
condenado
Marjaliza.
Taboada se
querellará
contra
Marjaliza
El consejero
de Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio,
Jaime
González
Taboada,
niega
rotundamente
las
acusaciones
vertidas
contra él
por David
Marjaliza.
Así lo ha
hecho
público en
un
comunicado
enviado a
los medios
de
comunicación
donde
asegura que
: “Dada la
absoluta
falsedad de
estas
acusaciones,
Taboada va a
interponer
de inmediato
acciones
legales, de
carácter
civil y
penal, por
delitos
contra el
honor“.
Desde el
Gobierno de
la Comunidad
recuerdan
que tanto
González
Taboada como
la totalidad
de los
diputados y
miembros del
Gobierno
regional
están
sujetos a un
estricto
Código
ético,
mediante el
cual existe
el
compromiso
de renunciar
a sus actas
y a sus
cargos, en
el caso de
que se dicte
contra ellos
auto formal
de
investigación,
circunstancia
que no se ha
producido en
el caso del
consejero
madrileño.
El que fuera
el cerebro
de la Púnica
ha señalado
al número
tres del
Gobierno de
Cifuentes
vinculándolo
con
operaciones
urbanísticas
cuando éste
era director
general de
Cooperación
con la
Administración
Local. En
concreto,
David
Marjaliza
aseguró ante
el juez que
muchas de
las obras
del plan
urbanístico
estaban
amañadas, de
modo que la
empresa
adjudicataria
de las
mismas
abonaba una
generosa
comisión que
se repartían
entre
Francisco
Granados,
González
Taboada y el
propio
Marjaliza.
Jaime
González
Taboada ha
defendido
siempre su
inocencia a
pesar de
estar
señalado
desde hace
meses. Solo
en caso de
que
finalmente
sea citado
ante el juez
en calidad
de
investigado
tendrá que
renunciar a
su cargo y
escaño en el
gobierno de
la Comunidad
de Madrid.
http://okdiario.com/espana/madrid/cifuentes-tacha-marjaliza-delincuente-142037
TABOADA SE
AFERRA AL
CARGO:
"CIFUENTES
ME CREE, Y
YO NO
DIMITIRÉ EN
BASE A
MENTIRAS"
El consejero
de Medio
Ambiente de
Cristina
Cifuentes ha
asegurado
que no se va
a apartar
del Gobierno
de la
Comunidad
tras las
acusaciones
de Marjaliza
en el caso
Púnica.
Seguirá en
su puesto
"siempre y
cuando" su
partido y su
presidenta
quieran.
El consejero
de Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio,
Jaime
González
Taboada, ha
asegurado
ese
miércoles
que no se va
apartar del
Gobierno de
Cristina
Cifuentes,
ya que no
puede
"dimitir en
base a las
mentiras" de
David
Marjaliza,
manifestando
que sus
afirmaciones,
que le
implican en
el caso
Púnica, son
"absolutamente
inciertas de
arriba
abajo".
"Niego la
mayor. Yo a
este señor
no le
conozco
absolutamente
de nada,
como ya lo
dije, y son
absolutamente
inciertas
todas y cada
una de las
afirmaciones",
ha aseverado
el consejero
madrileño en
declaraciones
a los medios
tras asistir
a una
reunión
extraordinario
para tratar
aspectos del
incendio de
Seseña.
Taboada ha
querido dar
explicaciones
sobre las
acusaciones
de uno de
los
cabecillas
de la trama
Púnica ante
el juez de
la Audiencia
Nacional
Eloy
Velasco, a
quien
manifestó
que el
consejero,
entonces
director
general de
Cooperación
con la
Administración
Local,
"mangoneaba"
el dinero
del Plan
Regional de
Inversiones
y Servicios
(PRISMA).
Tras conocer
las
acusaciones,
Taboada
anunció el
martes que
interpondría
una querella
contra el
constructor
para
defender su
honor y el
de las
personas que
durante doce
años
trabajaron
con él. "No
le conozco.
Las
afirmaciones
son
inciertas de
arriba abajo
y por eso he
iniciado
acciones
judiciales",
ha reseñado.
"Jamás he
estado con
este señor y
jamás he
compartido
un café ni
he estado ni
un minuto
con él o
algún
miembro de
su familia",
ha espetado.
Asimismo, ha
explicado
que cuando
estaba en la
Dirección de
Administración
Local él no
tenía
relación con
las
empresas,
sino con los
ayuntamientos
y los
alcaldes.
"Que hablen
ellos si
tenían la
más mínima
sospecha",
ha señalado.
También ha
querido
dejar claro
que no va a
dimitir por
"las
mentiras de
este señor"
y que
seguirá
trabajando
por los
madrileños
"siempre y
cuando" su
partido y su
presidenta
quieran.
"Soy
inocente de
las
afirmaciones",
ha agregado.
Además, ha
señalado que
ha hablado
con Cristina
Cifuentes,
quien le ha
manifestado
que le cree.
"Ella me ha
dicho que me
cree y yo le
he dicho lo
que le dije
hace nueve
meses, que
no le
conozco de
nada. Es una
cosa que se
ha inventado
él", ha
recalcado.
Tras ello,
ha pedido a
los
madrileños
que confíen
en su
presunción
de inocencia
más que la
de "una
persona que
ha estado en
la cárcel".
"Es un
presidiario
que habla de
otras
personas y
yo me
defenderé en
los
tribunales",
ha dicho.
http://vozpopuli.com/actualidad/82066-taboada-se-aferra-al-cargo-cifuentes-me-cree-y-yo-no-dimitire-en-base-a-mentiras
MARJALIZA
SEÑALA A
TRES
DIPUTADOS DE
CIFUENTES
POR SU
VINCULACIÓN
CON LA TRAMA
CORRUPTA
El socio de
Granados
aseguró al
juez que el
exregidor de
Alcalá de
Henares
Bartolomé
González
pidió una
comisión de
60.000 euros
a la empresa
Cofely
El
arrepentido
también
explicó que
el consejero
madrileño
Jaime
González
Taboada era
el
interlocutor
de la trama
y que el
exalcalde de
Getafe Juan
Soler se
benefició de
viajes a
París
El presunto
cabecilla de
la red
Púnica
señaló a
tres
diputados
del PP de la
Asamblea
madrileña
por sus
vinculaciones
con la trama
liderada por
Francisco
Granados,
según consta
en la
declaración
del
arrepentido
de 13 de
noviembre de
2015.
Se trata en
concreto del
también
consejero
del Gobierno
de Cristina
Cifuentes
Jaime
González
Taboada; del
exalcalde de
Getafe Juan
Soler; y del
exregidor de
Alcalá de
Henares
Bartolomé
González,
que fue
secretario
general del
Grupo
Parlamentario
del PP en el
Parlamento
madrileño.
Sobre Jaime
González
Taboada,
Marjaliza
explicó al
juez Eloy
Velasco que
este
dirigente
del PP de
Cifuentes
era el
interlocutor
de Granados
y el
exalcalde de
Valdemoro:
"A mí me
decían que
tenían que
hablar
siempre con
[Jaime]
Taboada, que
era el que
gestionaba
[el plan
Prisma].
Estaba en la
mesa y ellos
llamaban a
Jaime, y una
semana
después me
decían esta
sí y esta
no",
completó
Marjaliza,
al ser
preguntado
sobre si
había
pactado con
Granados las
obras de la
empresa
regional
Arpegio.
El alcalde
de Gefate
repitió
El socio de
Granados
también
aludió al
exregidor
Juan Soler,
también
parlamentario
del PP
madrileño de
Cifuentes:
"El alcalde
de Getafe
acudió con
J.A., que
era cómo
llamaban al
jefe de
gabinete, y
con algún
concejal,
invitado por
Cofely a
París.
Incluso
repitió.
Todo lo
pagaba
Cofely", en
referencia a
la empresa
que más
comisiones
abonó a los
imputados a
cambio de
contratos de
eficiencia
energética.
El tercero
de los
cargos que
Marjaliza
vinculó con
la Púnica es
el también
exalcalde,
en esta
ocasión de
Alcalá de
Henares
Bartolomé
González. A
la pregunta
de quién
pagó 60.000
euros a
Bartolomé
González, el
cabecilla de
la red
corrupta
aseguró: "Yo
no sé quién
lo pagó, lo
que sí sé es
que lo
pidió. Me lo
dijo [el
directivo de
Cofely]
Pedro García
y supongo
que sí se le
pagaría,
pero
recuerdo que
a mí me
pedía dinero
y yo lo iba
entregando
porque era
una gestión
que yo no
hice".
Alcalde de
Alcobendas
Pero el juez
Velasco
también
preguntó a
Marjaliza
sobre sus
reuniones
con el
alcalde de
Alcobendas
Ignacio
García de
Vinuesa, que
también
forma parte
del Grupo
Parlamentario
del PP en la
Asamblea "y
que es
aforado".
"Me reuní
dos o tres
veces en el
Ayuntamiento
por los
contratos de
eficiencia
energética",
reconoció.
Preguntado
sobre si se
habló de
darle un
dinero,
Marjaliza lo
negó: "Este
señor no me
pidió nada.
A fecha de
la
negociación
que
estábamos,
jamás me
pidió nada
nunca. Él
nunca me
pidió
dinero, y yo
no tenía la
confianza
como para
ofrecérselo
todavía
porque no le
conocía
prácticamente
nada".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/17/marjaliza_senala_tres_diputados_cifuentes_49852_1012.html
EL DIPUTADO
DE CIFUENTES
INVESTIGADO
EN PÚNICA
PIDE
DECLARAR
VOLUNTARIAMENTE
EN EL TSJ
MADRILEÑO
Daniel Ortiz
niega su
implicación
en la trama
corrupta
después de
que el juez
Eloy Velasco
enviase la
exposición
razonada
para que se
le
investigase
por su
supuesto
trato de
favor a
Cofely
El diputado
regional del
PP y
exalcade de
Móstoles,
Daniel
Ortiz, ha
pedido
declarar
voluntariamente
en el
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid (TSJM)
ante las
"acusaciones"
que le
vinculan con
el caso
Púnica. Por
ahora, Ortiz
no ha
renunciado a
su acta de
parlamentario,
como ya le
ha exigido
la
oposición.
El juez de
la Audiencia
Nacional
Eloy Velasco
envió este
miércoles
TSJM la
exposición
razonada
sobre Ortiz
para que
este fuera
investigado
por
favorecer a
una de las
empresas de
la trama,
Cofely, con
un contrato
de 73
millones de
euros.
"Niego
rotundamente
cualquier
implicación
en los
hechos y
todas
aquellas
noticias en
las que se
me coloca
como
partícipe en
irregularidades
en el
ejercicio de
mis
funciones
como alcalde
de la ciudad
de Móstoles,
por ser
absolutamente
inciertas",
ha
trasladado
el diputado
regional en
un
comunicado
este
viernes.
Ortiz ha
recalcado
que su
función como
primer edil
"siempre ha
estado
presidida
por el más
riguroso
respeto a la
legalidad y
a los
vecinos del
municipio".
El diputado
popular cree
que se está
produciendo
un "juicio
paralelo, al
margen de
los órganos
judiciales"
que está
ocasionando
"un daño
irreparable"
su honor. Es
por ello,
por lo que
ha
presentado
un escrito
ante el TSJM
para que le
reciba
declaración
"lo antes
posible" y
tenga así
"oportunidad
de exponer"
su versión
de los
hechos.
http://www.eldiario.es/madrid/PP-Daniel-Ortiz-voluntariamente-TSJM_0_515498764.html
LA ASAMBLEA
RECHAZA
PONER UNA
PLACA EN SOL
EN MEMORIA
DE LAS
VÍCTIMAS DEL
FRANQUISMO
La
iniciativa,
de Podemos,
proponía
además
habilitar
uno de los
antiguos
calabozos de
la Casa de
Correos para
su visita.
PP y
Ciudadanos
han
bloqueado la
propuesta
La memoria
histórica ha
vuelto a la
palestra del
hemiciclo
madrileño.
Podemos ha
defendido
una
proposición
no de ley
para instar
al Gobierno
a colocar
una placa en
la puerta
del Sol,
“que
recuerde a
las víctimas
de la
Dirección de
Seguridad
franquista”,
que se
encontraba
ubicada en
la Real Casa
de Correos,
sede actual
del gobierno
de la
Comunidad de
Madrid. Los
votos del PP
y Ciudadanos
ha tumbado
la
propuesta,
que ha
contado con
los votos
favorables
de Podemos y
el PSOE (64
a favor y 65
en contra).
La placa se
habría
situado en
la fachada
principal
exterior del
edificio,
actual sede
de la
Presidencia
del Gobierno
de la
Comunidad de
Madrid.
La propuesta
incluía que
la futura
Ley regional
de Memoria
Histórica
incluyera la
habilitación
de un
espacio para
divulgar la
memoria
democrática
de la
Comunidad de
Madrid.
Dicho
espacio
sería,
preferentemente,
un antiguo
calabozo.
Actualmente
existen dos
placas de
homenaje en
la plaza:
una por el
levantamiento
popular del
2 de mayo de
1808 contra
las tropas
napoleónicas
y otra por
las víctimas
del atentado
terrorista
del 11 de
marzo de
2004, en el
que murieron
193
personas.
Ambas están
situadas en
la fachada
de la Real
Casa de
Correos.
Además, en
la plaza
existe una
famosa placa
en el suelo
por el
kilómetro
cero de las
carreteras
españolas.
La alcaldesa
de Madrid
Manuela
Carmena ha
solicitado
permiso para
situar una
placa
también en
la puerta
del Sol en
recuerdo de
la ocupación
de la plaza
por el
movimiento
15M. Para
colocar la
chapa se
necesita la
autorización
de la
Comisión
Local de
Patrimonio
Histórico
(dependiente
de la
Comunidad de
Madrid)
porque se
trata de un
espacio
protegido.
Patrimonio
pidió al
Ayuntamiento
que
presentara
un plan de
actuación
del conjunto
de la plaza
y no
actuaciones
puntuales.
Los
populares
tampoco han
dabién han
rechazado la
chapa
conmemorativa
que solicitó
la alcaldesa
de Madrid
Manuela
Carmena a
Cifuentes
para colocar
una chapa
conmemorativa
del
movimiento
social del
15 M en la
puerta del
Sol. En ella
se leería
“dormíamos,
despertamos.
En este
caso, los
populares
rechazaron
la
propuesta,
aunque
estuvieron
de acuerdo
en la
importancia
del
movimiento.
Actualmente
existen dos
placas de
homenaje en
la plaza:
una por el
levantamiento
popular del
2 de mayo de
1808 contra
las tropas
napoleónicas
y otra por
las víctimas
del atentado
terrorista
del 11 de
marzo de
2004, en el
que murieron
193
personas.
Ambas están
situadas en
la fachada
de la Real
Casa de
Correos.
Además, en
la plaza
existe una
famosa placa
en el suelo
por el
kilómetro
cero de las
carreteras
españolas.
Para colocar
la chapa se
necesita la
autorización
de la
Comisión
Local de
Patrimonio
Histórico
(dependiente
de la
Comunidad de
Madrid)
porque se
trata de un
espacio
protegido.
Cifuentes se
opone a
situarla en
ese lugar
porque
“sería una
ofensa a las
víctimas,
que mientras
sea
presidenta
de la
Comunidad no
voy a
permitir”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/12/madrid/1463079546_271055.html
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
ACUSA A
CIFUENTES DE
PRIVATIZAR Y
DEGRADAR LA
FP
La retirada
de esta
formación en
seis centros
públicos
moviliza a
profesores,
padres y
alumnos. La
Comunidad
defiende que
está
reorganizando
las
enseñanzas y
que apuesta
por ellas
El Instituto
Vallecas I
cumple el
presente
curso 75
años como un
referente en
formación
profesional
(FP) en
Madrid: “Por
sus aulas
han pasado
tres
generaciones
de
vallecanos”,
dice José
Carlos Egea,
profesor de
uno de los
ciclos que
oferta el
instituto
público.
Puede que no
pasen más
estudiantes
de FP por
sus aulas.
La Comunidad
quiere
trasladar
todos sus
grados a
otros
centros del
distrito.
Una
situación
que se
repita en,
al menos,
otros cinco
centros de
la capital.
“Estamos
realizando
una
reorganización
y
especialización
de las
enseñanzas”,
explican
desde el
Gobierno
regional.
Profesores,
alumnos,
padres y
sindicatos
no opinan lo
mismo:
hablan de
privatización
y
degradación
de la FP.
“Están
cerrando
puertas para
que la gente
no pueda
estudiar”,
lamenta
Alejandro
Ovejero, de
17 años.
Está
cursando el
último curso
de
Informática
en el
Vallecas I y
a él no le
afectaría el
cambio, pero
ha decidido
acudir a la
concentración
de protesta
convocada a
las puertas
de su
instituto
“en defensa
de la
educación
pública”.
Como él,
medio
centenar de
personas se
arremolinan
en el
corazón de
Vallecas
portando
pancartas y
camisetas
verdes.
“Pero no es
el único
caso”,
avisan desde
Comisiones
Obreras.
Otros cinco
institutos (Pradolongo;
Ciudad de
Jaen;
Valcárcel;
Pérez Galdos;
Joaquín
Turina)
también
pueden verse
obligados a
dejar de
impartir
estas
enseñanzas.
“Se trata de
una
aplicación
radical de
la LOMCE,
que permite
especializar
los centros
por el tipo
de
formación, y
que nos
devuelve al
modelo
segregador
de los
setentan con
institutos
de
bachicherato
para buenos
alumnos y
los de FP
para los
malos”,
opina Isabel
Galvín,
secretaria
general de
enseñanzas
de
Comisiones
Obreras de
Madrid.
“Para la
Comunidad la
FP es
prioritaria
y esta
reorganización
lo único que
pretende es
especializarla.
Vamos a
ampliar la
FP dual
[modelo por
el cual una
parte de las
enseñanzas
se aprenden
trabajando
en la
empresa] y a
empezar a
aplicar el
modelo de
centros
bilingües”,
defienden
desde el
equipo de
Cristina
Cifuentes.
Para Isabel
Pérez,
presidenta
del AMPA del
Vallecas I,
se trata de
un robo:
“Están
quitándole
el futuro a
nuestros
hijos. No
solo no hay
trabajo sino
que tampoco
les dejan
que se
formen en
condiciones”.
Por eso,
busca firmas
frente al
instituto
donde han
estudiado
sus hijos.
“Esa
especialización
de la que
hablan no se
aplica en
ningún país
de nuestros
entorno y la
denominada
FP dual es
una manera
encubierta
de crear
puestos de
trabajo sin
remunerar”,
dicen varios
profesores
en la
manifestación,
que no
entienden lo
que quiere
hacer la
Comunidad.
“Si algo
funciona,
¿por qué
cambiarlo?”,
se
preguntan.
“Se trata de
un modelo
ideológico”,
responde
Galvín, “y
de un desvío
de fondos y
de alumnos a
la educación
privada”.
Para glosar
su opinión
aporta dos
razones. La
primera, los
grados que
solo se
ofertan en
centros
privados:
"muchos
relacionados
con el
ámbito
sanitario y
deportivos".
La segunda
es el
denominado
cheque
escolar, una
ayuda, “de
unos 1.200
euros”, que
da la
Comunidad a
los
estudiantes
que cursan
FP en
centros
privados y
que tiene
como
finalidad
financiar la
matrícula,
que oscila
entre los
800 y los
2.000 euros.
“En la
pública las
tasas son de
400 euros
anuales y no
hay opción
de ayuda”,
añade Galvín.
España ha
sufrido de
un déficit
histórico
con respecto
a la FP;
siempre se
había visto
como una
enseñanza de
segunda.
Desde hace
años se ha
intentado
luchar
contra esa
lacra. “Se
había
conseguido
una mejora
del
prestigio de
esta
formación y
una
empleabilidad
alta, pero
esto es un
retroceso
absoluto”,
añaden desde
CC.OO.
Lamentan
también la
ausencia de
diálogo: "Si
quieren
hacerlo bien
por qué no
convocan el
Consejo de
la FP [que
no se reúne
desde 2006]
y esperan al
diagnóstico
en lugar de
tomar
decisiones
unilaterales".
Según cifras
del
sindicato,
el curso
pasado se
quedaron sin
plaza de FP
en Madrid
unos 30.000
alumnos
entre grado
medio y
grado
superior.
“Si hay
demanda,
¿por qué
cierran
centros?”,
se preguntan
los
afectados.
No terminan
de
comprender
las razones
de la
Comunidad y
han
declarado la
guerra a la
medida. La
concentración
en la puerta
del Vallecas
I tuvo lugar
el pasado
miércoles.
Ayer, el
instituto
Valcárcel
celebró la
suya. Y esta
semana otro
centro está
convocando
una más. “Si
esto sigue
así vamos a
hacer algo
grande todos
juntos”,
añade el
profesor
Egea. Y
concluye:
“Si
conseguimos
apoyos
suficientes,
igual nos
escuchan”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/09/madrid/1462812565_671415.html
CIFUENTES
ROMPE SU
PROMESA Y
NOMBRA A
DEDO A SEIS
GERENTES DE
HOSPITAL
La
presidenta
se
comprometió
en octubre a
despolitizar
la Sanidad
A pesar de
que la
presidenta
regional,
Cristina
Cifuentes,
se
comprometió
a
despolitizar
la sanidad
pública, ha
nombrado a
dedo a seis
gerentes de
hospitales
(La
Princesa,
Virgen de la
Poveda, Niño
Jesús,
Fuenfría,
Guadarrama y
Getafe). Lo
ha hecho
seis meses
después de
que la
Asamblea
aprobara por
unanimidad
una moción
que insta al
Gobierno a
profesionalizar
la gestión
hospitalaria.
La oposición
aprovechará
una pregunta
en el pleno
de hoy para
reprochárselo.
La Asamblea
aprobó por
unanimidad
hace más de
seis meses
una moción
presentada
por los
socialistas
para
profesionalizar
la gestión
en el
Servicio
Madrileño de
Salud (Sermas).
Que los
gerentes de
los
hospitales
públicos
sean
escogidos
por mérito y
capacidad, y
no por
afinidad
política,
era solo una
de las
recomendaciones
del texto,
que también
el PP apoyó
con sus
votos. La
moción
instaba al
Gobierno a
desarrollar
un
reglamento
marco antes
del 15 de
marzo.
Rebasado ese
plazo, no
solo no hay
reglamento,
sino que el
consejero de
Sanidad,
Jesús
Sánchez
Martos,
acaba de
cambiar las
gerencias de
seis centros
sin ningún
tipo de
concurso
público.
Se da la
circunstancia
de que dos
de los
nuevos
gerentes
tienen un
marcado
perfil
político, ya
que ocuparon
cargos en el
Ejecutivo de
María
Dolores de
Cospedal en
Castilla-La
Mancha (PP).
Uno de ellos
es Fernando
Jou, nuevo
responsable
del hospital
Virgen de la
Poveda. Jou,
que es
médico, fue
nombrado
delegado de
la Junta en
la provincia
de Toledo
tras la
victoria
electoral de
Cospedal en
2011. Antes
había sido
concejal del
PP en el
Ayuntamiento
de Toledo.
Entre otros
cargos,
representó a
los
consejeros
del PP en el
consejo de
administración
de la
televisión
castellanomanchega
en la
legislatura
2007-2011.
El otro
gerente con
trayectoria
política
ligada al PP
es Rodolfo
Antuña, que
ocupará la
gerencia del
hospital de
La Princesa.
Antuña fue
director de
gestión y
servicios
generales
del servicio
castellanomanchego
de salud (Sescam),
un cargo de
libre
designación
al que
accedió tras
abandonar la
gerencia del
área de
Cuenca.
Durante su
mandato fue
denunciado
por la junta
de personal
del hospital
de Cuenca
por
presuntos
delitos
contra los
derechos de
los
trabajadores
y
prevaricación.
Personal y
pacientes se
concentraron
en varias
ocasiones
para
protestar
por los
recortes y
el cierre de
una de las
plantas. La
denuncia no
prosperó.
Antuña ya
había
recalado en
Madrid tras
perder el PP
Castilla-La
Mancha. Los
últimos
meses ha
sido el
encargado de
vigilar a
los cuatro
hospitales
públicos de
gestión
privada de
la región,
con un cargo
que no
aparece en
el
organigrama
de la
consejería
ni en el
boletín
oficial.
Sanidad no
contestó a
las
preguntas de
EL PAÍS
sobre su
sueldo, el
equipo que
le ayuda
—inexistente,
según la
oposición— y
la labor de
control
ejercida
estos meses.
Los seis
nuevos
gerentes
Rodolfo
Antuña. El
médico es el
nuevo
gerente del
hospital de
la Princesa.
Fue acusado
de
prevaricación
en Cuenca y
no prosperó.
Manuel de la
Puente.
Doctor, será
máximo
responsable
del hospital
de la
Fuenfría.
Dimitió de
gerente de
Fuenlabrada
por el
escándalo de
la cesión de
datos
protegidos.
Rosa
Salazar.
Enfermera,
llega a la
gerencia del
Guadarrama
después de
ser su
directora de
Enfermería.
Miguel Ángel
Andrés.
Nuevo
gerente del
hospital de
Getafe.
Gestionaba
La Princesa,
donde vivió
la marea
blanca. En
febrero de
2015 los más
de 30 jefes
de servicio
de su centro
pidieron el
cese de este
médico al
considerarle
incapaz para
el puesto.
Fernando Jou.
Médico y
concejal del
PP en
Toledo,
entre otros
cargos con
María
Dolores de
Cospedal, se
encargará
del hospital
Virgen de la
Poveda.
César Gómez.
Tras casi
tres meses
vacía,
ocupará la
gerente del
hospital
infantil
Niño Jesús.
Es
economista
de
formación.
El
nombramiento
de Manuel de
la Puente
para el
hospital de
la Fuenfría
también es
polémico,
tal y como
recuerda
Marciano
Sánchez-Bayle,
portavoz de
la
Federación
de
Asociaciones
en Defensa
de la
Sanidad
Pública. De
la Puente
tuvo que
dimitir en
septiembre
de 2014 de
su puesto
como gerente
del hospital
de
Fuenlabrada
tras el
escándalo de
la cesión de
datos
especialmente
protegidos a
clínicas
privadas. El
entonces
consejero,
Javier
Rodríguez,
llegó a
acusarle de
ser el
responsable
de la
filtración.
Sanidad
abrió una
investigación
que, según
un portavoz,
se cerró sin
encontrar
irregularidades.
Sánchez-Bayle
lamentó “que
no se esté
teniendo en
cuenta lo
aprobado en
la Asamblea
para
garantizar
la
independencia
de los
órganos
directivos”.
Desde que
fue
nombrado, el
consejero de
Sanidad,
Jesús
Sánchez
Martos, ha
insistido en
la
conveniencia
de
profesionalizar
la gestión
de la
sanidad
pública. En
octubre
pasado
bautizó su
modelo como
“Madrid
gestión
profesionalizada
integral e
integrada”,
con el que
pretendía
que los
gerentes no
fueran
designados
“por
simpatía o
empatía,
sino por su
formación,
experiencia
y validez.
Hay que
empezar
desde abajo
para conocer
y llegar a
ser gerente
de un gran
hospital”,
remachó.
José Manuel
Freire,
portavoz de
Sanidad
socialista,
preguntará
en el pleno
de la
Asamblea de
hoy por los
nombramientos:
“Es un botín
electoral.
Ya pasó con
cargos de
Galicia en
época de
Esperanza
Aguirre y
cuando llegó
Zapatero al
poder en
2004. Yo
cargo contra
Cifuentes.
Me consta
que el
consejero no
quería, pero
es su
responsabilidad.
La sanidad
madrileña”,
ironiza,
“tiene una
larga
tradición de
hospitalidad
política”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/11/madrid/1462993676_612098.html
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
ACUSA A
CIFUENTES DE
PRIVATIZAR Y
DEGRADAR LA
FP
La retirada
de esta
formación en
seis centros
públicos
moviliza a
profesores,
padres y
alumnos. La
Comunidad
defiende que
está
reorganizando
las
enseñanzas y
que apuesta
por ellas
El Instituto
Vallecas I
cumple el
presente
curso 75
años como un
referente en
formación
profesional
(FP) en
Madrid: “Por
sus aulas
han pasado
tres
generaciones
de
vallecanos”,
dice José
Carlos Egea,
profesor de
uno de los
ciclos que
oferta el
instituto
público.
Puede que no
pasen más
estudiantes
de FP por
sus aulas.
La Comunidad
quiere
trasladar
todos sus
grados a
otros
centros del
distrito.
Una
situación
que se
repita en,
al menos,
otros cinco
centros de
la capital.
“Estamos
realizando
una
reorganización
y
especialización
de las
enseñanzas”,
explican
desde el
Gobierno
regional.
Profesores,
alumnos,
padres y
sindicatos
no opinan lo
mismo:
hablan de
privatización
y
degradación
de la FP.
“Están
cerrando
puertas para
que la gente
no pueda
estudiar”,
lamenta
Alejandro
Ovejero, de
17 años.
Está
cursando el
último curso
de
Informática
en el
Vallecas I y
a él no le
afectaría el
cambio, pero
ha decidido
acudir a la
concentración
de protesta
convocada a
las puertas
de su
instituto
“en defensa
de la
educación
pública”.
Como él,
medio
centenar de
personas se
arremolinan
en el
corazón de
Vallecas
portando
pancartas y
camisetas
verdes.
“Pero no es
el único
caso”,
avisan desde
Comisiones
Obreras.
Otros cinco
institutos (Pradolongo;
Ciudad de
Jaen;
Valcárcel;
Pérez Galdos;
Joaquín
Turina)
también
pueden verse
obligados a
dejar de
impartir
estas
enseñanzas.
“Se trata de
una
aplicación
radical de
la LOMCE,
que permite
especializar
los centros
por el tipo
de
formación, y
que nos
devuelve al
modelo
segregador
de los
setentan con
institutos
de
bachicherato
para buenos
alumnos y
los de FP
para los
malos”,
opina Isabel
Galvín,
secretaria
general de
enseñanzas
de
Comisiones
Obreras de
Madrid.
“Para la
Comunidad la
FP es
prioritaria
y esta
reorganización
lo único que
pretende es
especializarla.
Vamos a
ampliar la
FP dual
[modelo por
el cual una
parte de las
enseñanzas
se aprenden
trabajando
en la
empresa] y a
empezar a
aplicar el
modelo de
centros
bilingües”,
defienden
desde el
equipo de
Cristina
Cifuentes.
Para Isabel
Pérez,
presidenta
del AMPA del
Vallecas I,
se trata de
un robo:
“Están
quitándole
el futuro a
nuestros
hijos. No
solo no hay
trabajo sino
que tampoco
les dejan
que se
formen en
condiciones”.
Por eso,
busca firmas
frente al
instituto
donde han
estudiado
sus hijos.
“Esa
especialización
de la que
hablan no se
aplica en
ningún país
de nuestros
entorno y la
denominada
FP dual es
una manera
encubierta
de crear
puestos de
trabajo sin
remunerar”,
dicen varios
profesores
en la
manifestación,
que no
entienden lo
que quiere
hacer la
Comunidad.
“Si algo
funciona,
¿por qué
cambiarlo?”,
se
preguntan.
“Se trata de
un modelo
ideológico”,
responde
Galvín, “y
de un desvío
de fondos y
de alumnos a
la educación
privada”.
Para glosar
su opinión
aporta dos
razones. La
primera, los
grados que
solo se
ofertan en
centros
privados:
"muchos
relacionados
con el
ámbito
sanitario y
deportivos".
La segunda
es el
denominado
cheque
escolar, una
ayuda, “de
unos 1.200
euros”, que
da la
Comunidad a
los
estudiantes
que cursan
FP en
centros
privados y
que tiene
como
finalidad
financiar la
matrícula,
que oscila
entre los
800 y los
2.000 euros.
“En la
pública las
tasas son de
400 euros
anuales y no
hay opción
de ayuda”,
añade Galvín.
España ha
sufrido de
un déficit
histórico
con respecto
a la FP;
siempre se
había visto
como una
enseñanza de
segunda.
Desde hace
años se ha
intentado
luchar
contra esa
lacra. “Se
había
conseguido
una mejora
del
prestigio de
esta
formación y
una
empleabilidad
alta, pero
esto es un
retroceso
absoluto”,
añaden desde
CC.OO.
Lamentan
también la
ausencia de
diálogo: "Si
quieren
hacerlo bien
por qué no
convocan el
Consejo de
la FP [que
no se reúne
desde 2006]
y esperan al
diagnóstico
en lugar de
tomar
decisiones
unilaterales".
Según cifras
del
sindicato,
el curso
pasado se
quedaron sin
plaza de FP
en Madrid
unos 30.000
alumnos
entre grado
medio y
grado
superior.
“Si hay
demanda,
¿por qué
cierran
centros?”,
se preguntan
los
afectados.
No terminan
de
comprender
las razones
de la
Comunidad y
han
declarado la
guerra a la
medida. La
concentración
en la puerta
del Vallecas
I tuvo lugar
el pasado
miércoles.
Ayer, el
instituto
Valcárcel
celebró la
suya. Y esta
semana otro
centro está
convocando
una más. “Si
esto sigue
así vamos a
hacer algo
grande todos
juntos”,
añade el
profesor
Egea. Y
concluye:
“Si
conseguimos
apoyos
suficientes,
igual nos
escuchan”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/09/madrid/1462812565_671415.html
PODEMOS PIDE
LA DIMISIÓN
DE LA
DIRECTORA DE
CONSUMO DE
MADRID Y
CIFUENTES LE
MANTIENE EL
RESPALDO
María José
Pérez-Cejuela,
que fue
consejera en
una empresa
del
entramado
societario
del
presidente
de Ausbanc,
compareció
este
miércoles en
la Asamblea
de Madrid
Subrayó que
en 2000,
cuando se
creó esa
compañía,
Luis Pineda
"no era un
presunto
delincuente"
Pineda tenía
el “dominio
total de la
trama
criminal” de
Ausbanc y
Manos
Limpias
El grupo de
Podemos en
la Asamblea
de Madrid
reclamó este
miércoles la
dimisión de
María José
Pérez-Cejuela,
directora
general de
Comercio y
Consumo de
la Comunidad
de Madrid.
La petición
se enmarca
en el
estallido
del
escándalo de
Ausbanc y en
las
informaciones,
las últimas
de infoLibre,
que
confirman
que entre
2000 y 2004
fue
consejera en
una empresa
de la que
Luis Pineda,
el
presidente
encarcelado
de Ausbanc,
formaba
parte del
accionariado.
A juicio de
Eduardo
Gutiérrez,
diputado de
Podemos en
la Asamblea
de Madrid,
hay
"sombras"
que hacen
presumir que
Pérez-Cejuela
no reúne los
requisitos
que ha de
reunir para
continuar en
su cargo.
Según señaló
el
parlamentario,
si no es
ella la que
renuncia, no
quedará "más
remedio a su
grupo" que
pedirle a
Cristina
Cifuentes,
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid que
la cese.
Horas antes
de que
ocurriera
esto en la
Comisión de
Presupuestos,
Economía,
Empleo y
Hacienda en
la Asamblea
de Madrid,
donde
compareció
la directora
general a
petición del
Grupo
Parlamentario
Socialista,
la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid la
respaldó en
declaraciones
a los medios
de
comunicación.
Cristina
Cifuentes
señaló que
el hecho de
que una
persona "en
su actividad
previa a la
política
haya podido
participar
en una
empresa con
alguien que
después ha
sido
imputado por
un delito no
convierte a
esa persona
en
delincuente.
Ni a la
sociedad en
la que esta
participaba",
señaló.
A juicio de
la también
presidenta
de la
gestora del
PP de
Madrid, "a
priori no
hay ningún
tipo de
indicio que
lleve a
pensar que
María José
Pérez-Cejuela
haya podido
cometer
algún tipo
de actividad
ilegal o
ilícita".
No obstante,
subrayó de
forma
genérica que
la consigna
que hay en
el PP de
Madrid desde
que ella
asumió la
gestora es
que "si hay
cualquier
imputación o
investigación
formal por
un asunto de
corrupción
habrá
dimisiones".
A las 16.00
horas
arrancaba en
la Cámara
madrileña la
Comisión de
Presupuestos,
Economía,
Empleo y
Hacienda y
Pérez-Cejuela
fue
protagonista
de uno de
los puntos
del orden
del día. A
petición del
Grupo
Parlamentario
Socialista,
el objeto de
su
comparecencia
era el
siguiente:
"Informar
sobre la
relación, en
su área de
responsabilidad,
con la
Asociación
de Usuarios
de Servicios
Bancarios (Ausbanc),
a nivel de
convenios y
acuerdos
concertados,
subvenciones
concedidas
y, en su
caso, nivel
de
cumplimiento
de los
mismos y
grado de
justificación
en el
periodo
comprendido
entre el año
1995 al año
2015, así
como si
pertenece al
Sistema
Arbitral de
Consumo de
la Comunidad
de Madrid".
Su
comparecencia
se producía
el mismo día
que este
diario
informaba de
que fue
consejera de
Marbeach
Investments
SL, una de
las empresas
que formaba
parte del
entramado
societario
de Luis
Pineda. Así
figura en
los
documentos
del Registro
Mercantil a
los que ha
tenido
acceso
infoLibre.
En dicha
información
consta que
la actual
alto cargo
del Gobierno
de Cristina
Cifuentes
"aceptó su
nombramiento"
de consejera
de la
empresa "y
manifestó no
estar
incursa en
causa alguna
de
incompatibilidad
legal",
mediante una
escritura
"autorizada
el 19 de
julio de
2000 por el
notario de
Madrid don
Carlos Pérez
Baudín", con
número de
protocolo
2.508. En la
primera
versión de
este asunto,
publicada
por El País,
la alto
cargo de
Cifuentes
había
señalado lo
siguiente:
"No hay un
solo papel
firmado por
mí, ni de
aceptación
de cargo de
consejera ni
de nada.
Jamás me he
sentado en
un consejo
de
administración".
Además
advirtió de
que a quien
le hubiese
puesto en el
consejo de
Marbeach le
interpondría
una
"querella
criminal".
Casi un
millón de
euros en
subvenciones
Según narró
la directora
general en
su
intervención
inicial en
la Asamblea,
el importe
de las
subvenciones
a Ausbanc
desde el
departamento
del que
ahora es
responsable,
consumo, "no
llega a un
millón de
euros". En
el turno de
los
portavoces,
todos, salvo
el del
Partido
Popular,
coincidieron
en criticar
el hecho de
que no
hubiera
actuado
contra
Ausbanc
Madrid
abriendo un
expediente
de expulsión
de Registro
regional de
Asociaciones
de
Consumidores
hasta el día
que se
conocen las
detenciones.
Y recordaron
que la mujer
de Pineda,
María Teresa
Cuadrado,
había
ocupado su
mismo puesto
en el
organigrama
de la
Comunidad de
Madrid que
ella.
En nombre de
Ciudadanos,
Susana Pérez
Solís
demandó a la
comparenciente
que remita a
los
portavoces
el objeto y
motivo de
todas las
subvenciones
de su
departamento
entre 1995 y
2015.
En su turno,
Gutiérrez
(Podemos)
vio
"extraño"
que
Pérez-Cejuela
no hubiese
tenido
conocimiento
de lo que
ocurría con
Ausbanc
hasta que
estalló la
Operación
Nelson. En
este
sentido,
recordó que
Ausbanc ya
había sido
excluida del
registro
nacional de
asociaciones.
A Gutiérrez
le chirría
que teniendo
la directora
general "el
currículum
que tiene"
tanto en la
administración
como en la
empresa
privada –es
abogada– no
hubiese
pedido
"antecedentes"
de todas las
asociaciones
que tenían
relación con
su
departamento.
"Usted no es
competente"
Sobre su
relación con
Pineda,
Gutiérrez
ironizó con
que sólo le
conocía en
bañador, en
alusión a
versión dada
por Pérez
Cejuela a
este diario
y a El País
de le
conocía de
la playa de
Málaga desde
hace 20 años
pero que no
había
relación de
amistad.
Tras
recordarla
que había
mantenido
vínculos
empresariales
con Pineda,
el diputado
de Podemos
sostuvo que
"da la
sensación de
que al señor
Pineda le
conoce de
mucho
antes".
"Usted no es
competente
para el
desempeño de
la dirección
general de
consumo",
señaló.
Por su
parte,
Nicolás
Rodríguez
(PSOE)
recordó a
Pérez-Cejuela
que en un
primer
momento negó
lazos con
Pineda que
después
admitiría. Y
se preguntó
cómo era
posible que
Ausbanc
hubiese
pertenecido
al sistema
arbitral de
consumo.
Además, el
diputado
socialista
insistió en
la necesidad
de que los
implicados
en este
escándalo
"devuelvan a
las arcas
públicas
hasta la
última
peseta".
"Nuestro
grupo no le
va a pedir
la
dimisión",
dijo. "El PP
sabrá lo que
tiene que
hacer", dijo
dejando la
pelota en el
tejado de
Cifuentes.
"Es grave
que no se
hubiera
enterado de
lo que
ocurría con
esta
asociación.
Allá cada
uno con su
responsabilidad
y su
conciencia",
añadió.
Por parte
del PP, el
diputado
Álvaro
Ballarín
aprovechó su
intervención
para
defender la
gestión de
la directora
general. "No
se puede
juzgar con
informaciones
que tenemos
hoy hechos
pasados",
dijo antes
de pasar a
relatar una
serie de
informaciones
que
relacionaban
a
instituciones
del PSOE con
Ausbanc.
En su turno
de réplica,
que fue
interrumpido
durante
cinco
minutos
porque
rompió a
llorar,
Pérez-Cejuela
insistió en
su vocación
de servicio
público.
"Volví a la
administración
con mi
familia en
contra",
aseguró.
Además,
añadió que a
los medios
de
comunicación
que han
hablado con
ella estos
días les
enseñó
"papeles,
escrituras..."
que
demostraban
que ella
nunca había
sido
"accionista
con el señor
Pineda".
"Eso no es
un delito",
dijo sobre
su cargo de
consejera en
Marbeach
Investments
SL.
"Se lo dije
a los
señores de
infoLibre y
se lo digo a
ustedes [a
los
diputados].
Eso no es
delito [...]
Representaba
como
consejera
dominical
los
intereses de
mi familia.
En 2000 no
era [Pineda]
un presunto
delincuente.
No es
culpabilidad
ni delito",
comentó.
En los
últimos
minutos de
su
comparecencia
señaló que
procuraría
ser "muy
competente"
y que se
tomarán
"todas las
medidas que
haya que
tomar cuando
los
presuntos
sean
condenados".
Más vínculos
en el
Registro
Mercantil
La
aceptación
del cargo no
es el único
rastro de
esta
directora
general del
Ejecutivo
madrileño en
el Registro
Mercantil de
León,
provincia
donde se
constituyó
Marbeach
Investments.
El 23 de
noviembre de
2004, la
Junta
Universal de
accionistas
se reunió
para la
disolución y
liquidación
de la
compañía.
Ella fue
cesada en
dicho acto
junto al
resto de
consejeros.
En la
documentación
inscrita en
el Registro
Mercantil
consta que
Pérez-Cejuela
y otros
consejeros,
como el
propio
Pineda,
están
"presentes
en este acto
y se dan por
notificados".
Luis Pineda,
por su
parte, había
aceptado el
cargo de
consejero
siete días
antes que la
directora
general de
Comercio y
Consumo
madrileña
mediante una
escritura
autorizada
el 12 de
julio de
2000. En su
caso, fue
ante el
notario
Ángel Hijas
Mirón.
Marbeach
Investments
SL fundó una
agencia
inmobiliaria
en Marbella.
Se
constituyó
con un
capital
social de
60.100
euros. Y,
entre sus
accionistas
estaba Luis
Pineda, a
través de la
sociedad
Buenas
Maneras SL,
con el 15%
de las
participaciones,
y el marido
de
Pérez-Cejuela,
también con
el 15% del
capital.
Según figura
en las
llamadas
intervenidas
en el marco
de la
investigación,
María Teresa
Cuadrado,
mujer de
Pineda,
utilizaba la
empresa
Buenas
Maneras SL
para captar
dinero de la
asociación.
Tras
conseguir
los
documentos
oficiales
que
demuestran
que
Pérez-Cejuela
había
aceptado su
nombramiento
como
consejera de
esta empresa
en la que
también
figuraba
Pineda,
infoLibre se
puso en
contacto con
ella. La
versión
ofrecida
este martes
a este
periódico
por la
directora
general es
que su
marido
"tenía un
poder
general"
para actuar
en su nombre
desde marzo
de 1995. Y
que fue él
quien
utilizó ese
poder
general para
nombrarla
consejera de
Marbeach
Investments
SL.
Preguntada
por el
motivo que
llevó a su
marido a
nombrarla
consejera,
indicó que
la idea era
que"representase
los
intereses
legítimos"
de su
esposo, en
su calidad
de
accionista
de la
compañía.
Además,
sostiene que
pese a que
en el
Registro
Mercantil
consta que
estaba
presente en
la reunión
en la que se
decidió
disolver la
compañía y
que se dio
por
"notificada",
en realidad
ni estaba
allí ni fue
notificada
correctamente.
Según su
versión, la
notificación
se la
realizaron
vía correo
postal a una
dirección
errónea, por
lo que nunca
le llegó.
Separación
de bienes y
revocación
de poder en
2015
En diciembre
de 2015,
Pérez-Cejuela
revocó ese
poder
general que
le había
concedido 20
años antes a
su marido.
La directora
general
mostró a
este diario
la escritura
de
revocación.
Asimismo,
también el
año pasado,
el
matrimonio
cambió su
régimen de
gananciales
a separación
de bienes.
El Boletín
Oficial de
la Comunidad
de Madrid
del 2 de
septiembre
de 2015
publicó su
nombramiento
como
directora
general de
Comercio y
Consumo.
Pérez-Cejuela
asegura que
conocía a
Pineda desde
hace unos 20
años, pero
que no
existía una
relación de
amistad.
Asegura que
pese a que
iba a operar
en Málaga,
Marbeach
Investments
fue
registrada
en León
porque uno
de los
socios
residía en
esta ciudad.
Según
recalca,
nunca
participó en
reuniones
del consejo
de
administración
del que
formaba
parte y la
disolución
de la
empresa, en
2014, vino
motivada por
su escasa
actividad.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/11/directora_consumo_cifuentes_asamblea_ausbanc_dimision_49595_1012.html
UN VIEJO
AMIGO DE
CIFUENTES
QUIERE
AMEDRENTARNOS
PARA QUE
OCULTEMOS EL
PASADO
Dionisio
Ramos, clave
en el
ascenso de
la
presidenta,
relacionado
con el
Tamayazo,
exdirigente
del PP, y
ahora
constructor
de obra
pública, nos
exige borrar
una noticia
La pasada
semana
recibimos en
la redacción
de
ELPLURAL.COM
un correo
electrónico
de un
despacho de
abogados por
el que se
nos
solicitaba
la retirada
de una
información
que este
periódico
publicó el
pasado 6 de
febrero de
2015,
titulada
“Dionisio
Ramos, el
presidente
del tribunal
que ascendió
a Cristina
Cifuentes,
debió
abstenerse,
según la
ley, por ser
amigos”.
Un borrado
con efecto
retroactivo
En realidad,
los abogados
lo que nos
hacían
llegar era
una misiva
del propio
Dionisio
Ramos,
fechada el 3
de mayo de
2016. Es
decir,
quince meses
después de
que
publicáramos
la noticia.
En su carta,
Dionisio
Ramos
califica
nuestra
información
de
“acusación
totalmente
infundada,
basada en un
mero juicio
de valor
personal del
autor”.
Y por ello
nos pide en
ejercicio de
“mi derecho
de
cancelación
de datos
personales,
requiriéndoles
formalmente
para que
eliminen y
retiren el
enlace o, en
su defecto,
adopten
medidas
técnicas
necesarias
para que la
referida
información
y link no
puedan ser
indexados y
mostrados
por los
proveedores
de servicios
de búsqueda
de
Internet…”
(el
subrayado es
del
original).
Una
oposición en
la
Complutense...
Veamos esos
hechos tal y
como se
recogían en
nuestra
información,
y después
por qué
podrían
resultarle
tan molestos
tanto tiempo
después.
Lo que
contábamos
en la
noticia era
que en el
BOE del 7 de
abril de
2001 se
anunció una
convocatoria
de la
Universidad
Complutense
para cubrir
14 plazas
por
promoción
interna para
Técnicos de
Gestión. A
esa
convocatoria
se presentó
Cristina
Cifuentes,
funcionaria
entonces de
la escala de
Gestión
Universitaria,
una escala
inferior.
En la
información
recordábamos
que la
diferencia
entre las
dos escalas
es
sustancial
tanto en lo
económico
como en
prestigio
dentro de la
carrera. E
igualmente,
que Cristina
Cifuentes
obtuvo una
de las
plazas
ofertadas y
fue
ascendida a
Técnico de
Gestión, lo
que ella en
su perfil de
Linkedin
pasó a
denominar
“Técnico
Superior”.
...y un
Tribunal
amigo
Pero, y aquí
estaba el
centro de
nuestra
información,
esta
promoción de
Cristina
Cifuentes en
nuestra
opinión
presentaba
una
irregularidad
grave: quien
presidió el
tribunal que
la aprobó
era Dionisio
Ramos,
Gerente de
la
Complutense
en aquel
momento,
pero además,
y este es el
detalle que
subrayábamos,
amigo desde
varios
lustros
antes de la
propia
Cifuentes.
En la
noticia
ofrecíamos
los detalles
de esa
íntima
amistad, que
incluía la
participación
en proyectos
políticos
comunes y
que se
concretaba
en un hecho
que nos
parece
incontestable:
en la boda
de Dionisio
Ramos,
Cristina
Cifuentes no
sólo había
sido
invitada,
sino que
había sido
elegida como
una de las
testigos por
parte del
propio
Ramos.
Como prueba
de la
presencia de
Ramos en la
presidencia
del Tribunal
que ascendió
a Cifuentes
aportamos la
reproducción
del Boletín
Oficial del
Estado (BOE)
en la que se
recogía su
composición.
Como prueba
de que Ramos
hubiera
debido
abstenerse
de
participar
en él,
añadimos,
también
recogido del
BOE, las
causas para
la
abstención
entre los
miembros del
tribunal
conforme a
la Ley
30/1992,
entre las
que figura
como causa
‘c’ “tener
amistad
íntima o
enemistad
manifiesta”
con algunos
de los
opositores.
Podemos ir
más lejos.
En aquel
tribunal que
ascendió en
el escalafón
a Cifuentes,
no sólo
figuraba
como
presidente,
Dionisio
Ramos, su
amigo, sino
también un
segundo
miembro,
José
Francisco
Otero,
vocal, y
amigo
igualmente
desde
lustros
atrás de los
dos,
Cifuentes y
Ramos. Tanto
es así, que
la
presidenta
de Madrid,
no ha dudado
en nombrarle
para su
gobierno
como Gerente
del Boletín
Oficial de
la
Comunidad.
Tanto tiempo
después...
Esta
información,
que debería
invalidar la
oposición al
menos, y que
en otros
países
quizás
tuviera
incluso
consecuencias
políticas,
no fue
contestada
en ningún
momento por
Cristina
Cifuentes
¿Por qué,
quince meses
después,
lleva a
Dionisio
Ramos, sin
darnos
argumento
alguno que
descalifique
nuestras
pruebas, a
exigirnos
que
impidamos
que siga
apareciendo
esta
historia en
los
buscadores
de internet,
como Google?
Dice como
todo
argumento
Dionisio
Ramos en su
carta (se
acoge a la
Ley Orgánica
de
Protección
de Datos y
en la Ley
Orgánica
1/82) que
“en la
actualidad
no desempeño
ningún cargo
público” y
que “tampoco
hay un
interés
histórico en
vincular mi
identidad
con las
indicadas
acusaciones”.
Y acaba
anunciándonos
que si no
cumplimos
con su deseo
en diez días
“procederé a
ejercer las
acciones
judiciales y
administrativas
oportunas”,
con las que
entre otras
cosas,
claro,
anuncia el
“resarcimiento
por los
daños
causados”.
En realidad,
el rol
público de
Cristina
Cifuentes y
el interés
informativo
de las
circunstancias
de su
ascenso en
la carrera
de
funcionaria
bastarían
para
justificar
la presencia
del artículo
en cuestión
en nuestros
archivos y
en los
motores de
búsqueda de
internet.
Pero además,
si se acude
a cualquiera
de esos
buscadores y
se solicita
información
sobre
Dionisio
Ramos, se
descubre de
inmediato el
interés
público que
sigue
ofreciendo
su figura.
Por ejemplo,
porque
contrata
obras con la
administración
pública en
diversos
niveles.
Contratos
con las
administraciones
públicas
Y así, sólo
de las
últimas
semanas
ofrecemos
dos ejemplos
en dos
puntos muy
distantes.
Por un lado,
el digital
Esteponapress
recoge el 25
de abril
pasado esta
noticia:
“Adjudicado
el mercado
gourmet a
una empresa
relacionada
con el caso
Gürtel y el
Tamayazo”,
subtitulada
“Dionisio
Ramos
Martínez,
administrador
único de R&A
Residencias
S.L., estuvo
relacionado
con varias
tramas de
corrupción
como:
Gürtel,
Tamayazo o
finaciación
“b” en UCM”.
En la otra
punta de
España, en
Gijón, el 22
de marzo, el
digital
Asturias24.es
titulaba “El
empresario
que presenta
la única
oferta para
la
residencia
universitaria
mantuvo
vínculos con
la Gürtel”;
y subtitulan
“La empresa
RYA
Residencias
pertenece a
Dionisio
Ramos,
ligado al PP
madrileño, y
a los
implicados
en el
Tamayazo”.
También en
Madrid, el
digital
Público
relacionaba
en dos
informaciones
del pasado
mes de junio
de 2015, el
hecho de que
su empresa
estuviera
construyendo
una macro
residencia
de
Estudiantes
para su
antigua
empleadora,
la
Universidad
Complutense,
y que el
arquitecto
que llevaba
a cabo la
obra fuera
precisamente
el marido de
Cristina
Cifuentes,
Javier
Aguilar: “El
clan de
Cifuentes
vuelve a
beneficiar a
su marido”,
titularon
aquella
información.
Tamayos y
Gürteles
Como se ve,
Dionisio
Ramos
aparece en
diversas
informaciones
a las que
hemos
aludido de
otros medios
de
comunicación,
relacionado
con el
llamado
Tamayazo que
posibilitó
el
desembarco
de Esperanza
Aguirre en
la Comunidad
de Madrid.
Su propia
versión de
alguno de
estos hechos
los dio en
Infolibre;
en otros
digitales,
como
República,
se le llega
a definir
como
“intermediario
de la
operación”.
Sobre el
otro asunto
en el que se
le
relaciona,
Gürtel,
resulta
especialmente
interesante
una crónica
que se dio
en el diario
Público,
donde se
cita a Ramos
y en la que
a la
redactora
que la
escribió,
cuando
acudió a
preguntarle
por su
versión, ya
le advirtió
que “ya
demandé a
una
periodista
de El País y
eso se va a
repetir”.
http://www.elplural.com/2016/05/10/un-viejo-amigo-de-cifuentes-quiere-amedrentarnos-para-que-ocultemos-el-pasado
EL JUEZ PIDE
IMPUTAR AL
DIPUTADO DE
CIFUENTES,
DANIEL
ORTIZ, POR
CORRUPCIÓN
Eloy Velasco
remite la
exposición
razonada al
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid para
que
investigue
al aforado
por seis
delitos
El juez
halla
sólidos
indicios de
que junto a
sus
cómplices,
Ortiz
percibió
746.000
euros de la
trama por
facilitar un
contrato de
73 millones
a la firma
de la
Púnica,
Cofely,
mientras era
alcalde de
Móstoles
El juez de
la Audiencia
Nacional
Eloy Velasco
acuerda
enviar una
exposición
razonada al
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid con
los indicios
delictivos
contra el
diputado
regional
Daniel
Ortiz, por
haber
favorecido a
la empresa
Cofely en un
contrato de
73 millones
de euros
durante su
etapa como
alcalde de
Móstoles.
En su
escrito, el
titular del
Juzgado
Central de
Instrucción
6 entiende
que la
conducta del
aforado
Daniel Ortiz
sería
constitutiva
de los
delitos de
fraude
contra la
administración
pública,
tráfico de
influencias,
uso de
información
privilegiada,
infidelidad
en la
custodia de
documentos y
revelación
de secretos
e
informaciones
y cohecho.
A lo largo
de los 74
folios de la
exposición
razonada el
magistrado
incluye
todos los
indicios
recabados a
lo largo de
la
instrucción,
entre ellos
numerosa
documentación,
escuchas
telefónicas,
correos
electrónicos
y
declaraciones
policiales y
judiciales
que obran en
el
procedimiento.
El juez
explica que
en esta
pieza del
caso Púnica,
la sexta, se
investigan
las
presuntas
irregularidades
en la
adjudicación
de contratos
entre
ayuntamientos
de la
Comunidad de
Madrid y la
multinacional
Cofely.
En el caso
concreto de
Móstoles, el
juez Velasco
señala que
durante su
mandato
(2013-2014)
“se han
detectado
presuntos
actos de
corrupción”
en beneficio
de Cofely
“con un
ánimo de
lucro
personal
como
contrapartida”
en el que
fue en su
día regidor
del
Ayuntamiento,
además de en
su concejal
de Medio
Ambiente
Alejandro
Utrilla
Palombi y su
hermano
Mario
Utrilla
Palombi,
diputado
regional en
la anterior
Asamblea de
Madrid y
antiguo
alcalde de
Sevilla La
Nueva, “que
se erigieron
como
intermediarios-representantes
de todos
ellos en las
negociaciones
del cobro de
dádivas”.
Por parte de
Cofely
actuaron
“activamente”
responsables
del
Departamento
Comercial,
principalmente
su director,
Constatino
Álvarez, el
responsable
de Mercado
Público,
Pedro García
Pérez, así
como
personal del
Departamento
de
Operaciones
y el
director
general de
la compañía
en España,
Mauricio
Didier.
Participó
también
David
Marjaliza,
como asesor
comercial
externo de
la empresa,
como
conseguidor
del
contrato,
como
intermediario
con los
mencionados
cargos
públicos
municipales
en la
obtención de
informaciones
reservadas
para
preparar las
ofertas de
la compañía,
como
representante
de la
compañía en
la
negociación
de los pagos
de las
comisiones e
incluso como
financiador,
adelantando
los primeros
pagos de
comisiones,
objeto luego
de
reembolso,
tal y como
él mismo ha
confesado en
el juzgado.
La
exposición
razonada
detalla
todos los
indicios
recabados
contra
Daniel Ortiz
en las fases
de
licitación,
adjudicación
y ejecución
del
“contrato
administrativo
mixto de
suministros
y servicios
energéticos
y
mantenimiento
integral con
garantía
total de los
edificios
municipales
y centros
educativos
del
municipio de
Móstoles”,
licitado el
12 de
diciembre de
2013 y
adjudicado
el 20 de
2014 por
importe de
73.143.434,76
euros por un
periodo de
12 años.
Daniel
Ortiz, según
el juez de
la Audiencia
Nacional,
recabó
información
del avance
de la fase
de
licitación
del contrato
presionando
continuadamente
sobre
empleados
públicos y
autoridades
municipales,
“prevaliéndose
de su
posición
como alcalde
de la
localidad”,
especialmente
sobre el
concejal
promotor del
expediente,
David
Sánchez Rey,
llegando
incluso a
solicitarle
la
interrupción
del
procedimiento
de
adjudicación,
interfiriendo
en el
proceso
reglado de
decisión de
la Mesa de
Contratación,
único órgano
competente
sobre el
contrato,
del que no
formaba
parte.
Según
Velasco,
durante la
tramitación
del
procedimiento
puso en
marcha “una
dinámica de
mensajes e
intercambios
de informes
confidenciales
que
generaron un
auténtico
circuito
paralelo
encubierto
de
licitación,
remitiendo
subrepticiamente
a los
empleados de
Cofely (…)
documentos
confidenciales
de la oferta
de un
licitador
competidor”.
Dicha
actuación se
hizo,
continúa el
juez, al
objeto de
que los
cuadros
técnicos de
esa
multinacional
realizaran
“como
efectivamente
realizaron,
un
contra-informe
anónimo para
excluir al
competidor
mejor
baremado
hasta
entonces”,
con el fin
de ayudar a
esa empresa
–Cofely
España-
“facilitándole
información
que no podía
adelantar y
que sólo
filtró a
ella”.
El escrito
del juez
señala que
las
irregularidades
se hicieron
a cambio de
cantidades
entre
240.000
euros,
500.000
euros y
6.000 euros
“como
reconocimiento
a su ayuda
para obtener
el
contrato”,
dinero que
salió con
cargo al
presupuesto
mismo de
ejecución
del contrato
mediante
facturación
que se giró
al
Ayuntamiento
mediante
conceptos
como una
simulada
auditoría
por importe
del 2 por
ciento del
presupuesto
de
adjudicación
en 12
anualidades.
También a
cambio de
“una serie
de
reformados
que no eran
más que una
ficción de
gastos para
generar a
costa del
erario
municipal el
efectivo
necesario
para abonar
las dádivas
prometidas
que, en
perjuicio
del
servicio, la
competencia
y el erario
público
repartió con
otras
autoridades
municipales
y que llevó
a que
finalmente
se le
adjudicara
el contrato
a la empresa
indicada”.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/11/tribunales/1462959427_720364.html
LA DIRECTORA
DE CONSUMO
DE CIFUENTES
ADMITE AHORA
QUE FUE
CONSEJERA DE
UNA EMPRESA
DEL JEFE DE
AUSBANC
Pérez-Cejuela
fue
consejera
entre 2000 y
2004 de
Marbeach
Investments,
sociedad que
montó una
agencia
inmobiliaria
en Marbella
Representaba
en el
consejo a su
marido, que
tenía el 15%
del capital.
Luis Pineda
tenía otro
15% y
también era
consejero
Sostiene, en
declaraciones
a infoLibre,
que le había
otorgado a
su marido un
poder
general y
que fue él
quien usó
dicho poder
para
nombrarla
consejera
sin su
conocimiento
María José
Pérez-Cejuela,
directora
general de
Comercio y
Consumo de
la Comunidad
de Madrid,
fue
consejera de
Marbeach
Investments
SL, una de
las empresas
que formaba
parte del
entramado
societario
de Luis
Pineda, el
expresidente
encarcelado
de Ausbanc.
Así figura
en los
documentos
del Registro
Mercantil a
los que ha
tenido
acceso
infoLibre.
En dicha
información
consta que
la actual
alto cargo
del Gobierno
de Cristina
Cifuentes
"aceptó su
nombramiento"
de consejera
de la
empresa "y
manifestó no
estar
incursa en
causa alguna
de
incompatibilidad
legal",
mediante una
escritura
"autorizada
el 19 de
julio de
2000 por el
notario de
Madrid don
Carlos Pérez
Baudín", con
número de
protocolo
2.508. Este
miércoles,
Pérez-Cejuela
comparecerá
en la
Asamblea de
Madrid para
explicar las
relaciones
de su
departamento
con Ausbanc.
La
aceptación
del cargo no
es el único
rastro de
esta
directora
general del
Ejecutivo
madrileño en
el Registro
Mercantil de
León,
provincia
donde se
constituyó
Marbeach
Investments.
El 23 de
noviembre de
2004, la
Junta
Universal de
accionistas
se reunió
para la
disolución y
liquidación
de la
compañía.
Ella fue
cesada en
dicho acto
junto al
resto de
consejeros.
En la
documentación
inscrita en
el Registro
Mercantil
consta que
Pérez-Cejuela
y otros
consejeros,
como el
propio
Pineda,
están
"presentes
en este acto
y se dan por
notificados".
Luis Pineda,
por su
parte, había
aceptado el
cargo de
consejero
siete días
antes que la
directora
general de
Comercio y
Consumo
madrileña
mediante una
escritura
autorizada
el 12 de
julio de
2000. En su
caso, fue
ante el
notario
Ángel Hijas
Mirón.
Marbeach
Investments
SL fundó una
agencia
inmobiliaria
en Marbella.
Se
constituyó
con un
capital
social de
60.100
euros. Y,
entre sus
accionistas
estaba Luis
Pineda, a
través de la
sociedad
Buenas
Maneras SL,
con el 15%
de las
participaciones,
y el marido
de
Pérez-Cejuela,
también con
el 15% del
capital.
Precisamente,
desde 2000,
asegura ser
propietaria
del 25% de
un local
comercial en
Málaga.
Según figura
en las
llamadas
intervenidas
en el marco
de la
investigación,
María Teresa
Cuadrado,
mujer de
Pineda,
utilizaba la
empresa
Buenas
Maneras SL
para captar
dinero de la
asociación.
"Ni un solo
papel
firmado"
El País
informó el
25 de abril
de la
existencia
de Marbeach
Investments.
En la
versión
publicada
por ese
diario,
Pérez-Cejuela
afirma lo
siguiente:
"No hay un
solo papel
firmado por
mí, ni de
aceptación
de cargo de
consejera ni
de nada.
Jamás me he
sentado en
un consejo
de
administración".
Además
advirtió de
que a quien
le hubiese
puesto en el
consejo de
Marbeach le
interpondría
una
"querella
criminal".
Tras
conseguir
los
documentos
oficiales
que
demuestran
que
Pérez-Cejuela
había
aceptado su
nombramiento
como
consejera de
esta empresa
en la que
también
figuraba
Pineda,
infoLibre se
puso en
contacto con
ella. La
versión
ofrecida
este martes
a este
periódico
por la
directora
general es
que su
marido
"tenía un
poder
general"
para actuar
en su nombre
desde marzo
de 1995. Y
que fue él
quien
utilizó ese
poder
general para
nombrarla
consejera de
Marbeach
Investments
SL.
Preguntada
por el
motivo que
llevó a su
marido a
nombrarla
consejera,
indicó que
la idea era
que"representase
los
intereses
legítimos"
de su
esposo, en
su calidad
de
accionista
de la
compañía.
Además,
sostiene que
pese a que
en el
Registro
Mercantil
consta que
estaba
presente en
la reunión
en la que se
decidió
disolver la
compañía y
que se dio
por
"notificada",
en realidad
ni estaba
allí ni fue
notificada
correctamente.
Según su
versión, la
notificación
se la
realizaron
vía correo
postal a una
dirección
errónea, por
lo que nunca
le llegó.
Separación
de bienes y
revocación
de poder en
2015
En diciembre
de 2015,
Pérez-Cejuela
revocó ese
poder
general que
le había
concedido 20
años antes a
su marido.
La directora
general
mostró a
este diario
la escritura
de
revocación.
Asimismo,
también el
año pasado,
el
matrimonio
cambió su
régimen de
gananciales
a separación
de bienes.
El Boletín
Oficial de
la Comunidad
de Madrid
del 2 de
septiembre
de 2015
publicó su
nombramiento
como
directora
general de
Comercio y
Consumo.
Pérez-Cejuela
asegura que
conocía a
Pineda desde
hace unos 20
años, pero
que no
existía una
relación de
amistad.
Asegura que
pese a que
iba a operar
en Málaga,
Marbeach
Investments
fue
registrada
en León
porque uno
de los
socios
residía en
esta ciudad.
Según
recalca,
nunca
participó en
reuniones
del consejo
de
administración
del que
formaba
parte y la
disolución
de la
empresa, en
2014, vino
motivada por
su escasa
actividad.
No estaba en
política
La directora
general de
Comercio y
Consumo
asegura que
"nunca se
benefició de
su presencia
en esta
empresa",
que ni
repartió
dividendos
ni pagó a
los
consejeros,
y hace
hincapié en
que por
aquellas
fechas
[2000-2004]
ella no
estaba en
política ni
podía sabía
que Pineda
sería
imputado
años después
por graves
delitos.
En este
sentido,
recuerda que
cuando
estalló el
escándalo a
mediados de
abril partió
de su
departamento
la apertura
de un
expediente
de exclusión
a Ausbanc-Madrid
del Registro
regional de
Asociaciones
de
Consumidores.
La expulsión
es cautelar
y el plazo
de
resolución
del
expediente
es de tres
meses.
Este
miércoles, a
las 16.00
horas, se
celebra
Comisión de
Presupuestos,
Economía,
Empleo y
Hacienda en
la Asamblea
de Madrid y
Pérez-Cejuela
es
protagonista
de uno de
los puntos
del orden
del día. A
petición del
Grupo
Parlamentario
Socialista,
el objeto de
su
comparecencia
es "informar
sobre la
relación, en
su área de
responsabilidad,
con la
Asociación
de Usuarios
de Servicios
Bancarios (Ausbanc),
a nivel de
convenios y
acuerdos
concertados,
subvenciones
concedidas
y, en su
caso, nivel
de
cumplimiento
de los
mismos y
grado de
justificación
en el
periodo
comprendido
entre el año
1995 al año
2015, así
como si
pertenece al
Sistema
Arbitral de
Consumo de
la Comunidad
de Madrid".
En política
desde 2004
Según figura
en su ficha
biográfica
oficial en
la web de la
Comunidad de
Madrid,
María José
Pérez-Cejuela
Revuelta,
abogada de
formación,
inició su
carrera en
el despacho
Uría &
Menéndez.
Fue
profesora en
el Instituto
de Empresa y
en la
Fundación
San Pablo
CEU, donde
coordinó
cursos de
postgrado.
La directora
general
señala que
se incorporó
a la
Administración
pública en
2004
ocupando
varios
cargos en la
Comunidad de
Madrid.
Desde ese
año ha sido
gerente de
Madrid
Excelente,
directora
general de
Relaciones
con la
Administración
de Justicia
y de
Política
Interior y
directora
general de
la Mujer,
entre otros
cargos.
A comienzos
de 2012
abandonó la
función
pública para
volver a la
empresa
privada.
Regresó a
las
instituciones
en
septiembre
de 2015, ya
con Cristina
Cifuentes en
el Gobierno,
y desde
entonces es
la
responsable
de las áreas
de Comercio
y Consumo.
Declaración
de
actividades,
bienes y
rentas
Según figura
en su
declaración
de
actividades,
bienes y
rentas, con
fecha de
septiembre
de 2015, por
su cargo de
directora
general le
corresponden
unos
ingresos de
90.726
euros.
Cuando
asumió el
cargo,
aseguró
tener 2.776
euros en
acciones y
depósitos,
70.000 euros
en una
cuenta del
BBVA, 25.000
en una de La
Caixa y
85.000 en un
plan de
pensiones.
En el
apartado
destinado a
bienes
inmuebles,
admite ser
propietaria
del 25% de 5
plazas de
garaje en
Madrid, del
25% de un
local
comercial,
también en
la capital,
y del 50% de
una vivienda
y dos plazas
de garaje en
Málaga.
También
declara
participaciones
en
sociedades
por un valor
nominal de
12.000
euros.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/10/la_directora_consumo_cifuentes_admite_ahora_que_fue_consejera_una_empresa_del_jefe_ausbanc_49525_1012.html
CRISTINA
CIFUENTES,
TRAS SER
ESPIADA:
"¿QUIÉN NO
HA SENTIDO
ESA
SENSACIÓN?"
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid
rechaza
especular
sobre quién
pudo
encargar el
seguimiento.
Micrófonos
ocultos, una
mirada al
restaurante
desde la
cristalera,
un detective
al doblar la
esquina… Los
espías se
han labrado
un hueco en
los
titulares
que relatan
la vida
política en
la Comunidad
de Madrid.
Cristina
Cifuentes ha
sido el
último
objetivo
conocido.
Según ha
revelado EL
ESPAÑOL,
rivales de
su propio
partido
contrataron
un
investigador
privado para
que
construyera
un dossier
con el que
intoxicar a
la prensa
durante la
campaña
electoral
que la
convirtió en
presidenta.
¿Ha notado
que la
seguían?
“¿Quién no
ha tenido
esa
sensación en
su vida?”,
respondía
Cifuentes en
un palacio
de Correos
vestido de
fiesta con
motivo del
homenaje a
los héroes
del 2 de
mayo.
“No he
entrado en
eso ni voy a
entrar. No
quiero saber
nada y así
voy a
seguir”,
contaba la
presidenta
de la
Comunidad a
los
periodistas.
Lejos de
desmentir el
espionaje,
invitó a
“acudir a la
Justicia” a
todo aquel
que tenga
pruebas.
Cristina
Cifuentes no
rehuyó las
preguntas,
pero evitó
poner
rostro,
nombre o
circunstancia
al
seguimiento
que
pretendió
hundir su
imagen justo
antes de las
elecciones
autonómicas
de mayo de
2015:
“Trabajo en
positivo.
Las
especulaciones
se las dejo
a otros”.
Subida a sus
tacones y
enfundada en
un vestido
rojo y
crema, la ex
delegada del
Gobierno en
Madrid alabó
a los héroes
del
levantamiento
de 1808 y
pidió
aprender de
su
“patriotismo”
y su
“capacidad
de
sacrificio”.
Cifuentes
sintetizó:
“El 2 de
mayo fue la
unidad del
pueblo
frente al
invasor”. En
este caso,
cuando su
entorno
percibió la
'invasión'
que sufría
la candidata
popular, la
maniobra
quedó
desbaratada.
Incluso un
equipo de la
Policía
llegó a
registrar
sus
dependencias
en busca de
los
micrófonos
que hubiera
podido
ocultar
aquel
detective
contratado
por sus
rivales en
el PP a
través de un
conocido
despacho de
abogados de
la capital.
De ahí que
la última
bala de
quienes
quisieron
acabar con
la carrera
política de
Cifuentes
nunca
saliera de
la recámara.
Estaba
previsto
disparar un
bulo: hacer
creer a la
opinión
pública que
la ahora
líder del PP
en Madrid
era
cleptómana.
Para
convencer a
los
incrédulos,
sus enemigos
amenazarían
con un vídeo
desarrollado
en un
supermercado
cercano a la
Asamblea de
Madrid. Este
vídeo no
llegó a
publicarse
porque
obviamente
no existía.
ESPIONAJE,
EL TEMA DE
LOS
CORRILLOS
El espionaje
a Cifuentes
revelado por
este diario
meció los
corrillos de
la
celebración
del 2 de
mayo en el
palacio de
Correos de
la Puerta
del Sol.
También las
entrevistas
improvisadas
en mitad del
salón, que
compartían
esta
pregunta:
“¿Qué le
parece el
supuesto
espionaje a
Cristina
Cifuentes
encargado
desde su
propio
partido?” A
lo que
muchos
respondían:
“Si eso
ocurre entre
ellos…
Imagínate
con el
resto”.
Algo
parecido
contestó
Albert
Rivera: “¡Y
todo esto es
entre
ellos!”. El
líder de
Ciudadanos
en la
Comunidad de
Madrid,
Ignacio
Aguado, se
refirió a la
“podredumbre”
del PP: “No
hay que
perder de
vista que
esto lo
hacían
quienes
estaban
gobernando.
Además, no
es el primer
caso de
espionaje”.
Begoña
Villacís
añadía a lo
dicho por
sus
compañeros:
“Es chusco y
revela un
mal ambiente
en el
partido”.
Ángel
Gabilondo,
portavoz del
PSOE en la
Comunidad,
confesaba
entre
bambalinas
haber
recibido la
noticia “con
tristeza”:
“Es que este
tipo de
cosas
generan
desazón en
el
ciudadano”.
“Para lograr
la confianza
con el resto
de
organizaciones,
primero hay
que
conseguirla
en la
propia. Si
no llegamos
a eso…”,
decía el
catedrático
de
Metafísica
ya con un
pie fuera
del palacio
justo al
terminar el
acto. “En
cualquier
caso, el
espionaje es
puramente
antidemocrático”,
expresaba.
Esta misma
frase
repitió la
alcaldesa de
Madrid,
Manuela
Carmena, que
sostenía con
dificultad
una copa de
vino entre
los
micrófonos
que la
abordaban.
El líder de
Podemos en
la
Comunidad,
José Manuel
López, ve en
la
“ambición”
de Cifuentes
una de las
causas del
seguimiento:
“Sabían de
sus ganas y
querían
apartarla”.
López
lamentaba
que el PP
“esté
viviendo
otra de
espías”.
En el
hervidero
que era este
lunes la
sede del
Gobierno de
la Comunidad
de Madrid,
Cristina
Cifuentes ha
querido
alejar a los
espías de su
entorno,
como ya lo
hizo su
equipo de
seguridad
cuando
advirtió en
la sombra
los ojos que
la
perseguían.
“De todas
esas
informaciones,
de temas
oscuros, del
submundo…
Nunca he
querido
saber nada”.
Una
oscuridad
que pagaron
algunos
compañeros
de su
partido que
querían
derrocarla.
http://www.elespanol.com/espana/20160502/121738015_0.html
RIVALES DEL
PP
ENCARGARON
ESPIAR A
CIFUENTES Y
DIFUNDIR EL
RUMOR DE QUE
ERA
CLEPTÓMANA
Un detective
fue
contratado
para ello
por un
despacho de
abogados
para impedir
que fuera
candidata a
las
autonómicas.
/ Indagaron
en su
historial
como
directora de
un colegio
mayor y
plantearon
grabaciones
en un
supermercado.
/ Al tomar
posesión
relevó al
hermano de
Salvador
Victoria
como
coordinador
de
seguridad.
Cristina
Cifuentes
fue espiada
en los meses
previos a
las
elecciones
autonómicas
del 24 de
mayo de 2015
en las que
consiguió la
Presidencia
de la
Comunidad de
Madrid. El
encargo,
según ha
podido saber
EL ESPAÑOL,
llegó por
parte de los
adversarios
políticos de
la actual
presidenta
dentro de su
propio
partido y se
canalizó por
medio de un
conocido
despacho de
abogados de
la capital.
El objetivo
de la
investigación
era elaborar
un dossier
con
información
comprometedora
contra ella,
para
filtrarlo
después a la
prensa en
fechas
cercanas a
las
elecciones
autonómicas.
Sin embargo,
la operación
se frustró
cuando el
entorno de
Cifuentes
fue alertado
de la
posible
maniobra.
El objetivo
principal de
este
espionaje
fue
conseguir
información
comprometedora
contra
Cifuentes
que
frustrara su
carrera
política y
su
candidatura
para suceder
a Ignacio
González al
frente de la
Comunidad de
Madrid. Para
ello, un
detective
privado
madrileño
recibió el
encargo de
monitorizar
sus
movimientos
y seguir
todos sus
pasos. El
objetivo era
registrar
reuniones,
comidas y
encuentros
fuera de la
vida
política.
Cualquier
cosa que
sirviera
para
desacreditarla
públicamente
o
presionarla
en privado.
Los
detectives
se
encontraron
entonces con
una
dificultad
añadida: el
dispositivo
de seguridad
que en
aquellas
fechas
velaba por
la de la
entonces
delegada del
Gobierno en
Madrid, que
detectó
movimientos
extraños en
algunos
desplazamientos.
Fue entonces
cuando el
entorno de
Cifuentes
-que ha
declinado
confirmar o
desmentir
estos
extremos-
tomó
conciencia
de las
pesquisas
extrajudiciales.
Además, los
detectives
contratados
para
investigarla
indagaron en
su historial
laboral
anterior,
con especial
atención a
su salida
como
directora
del Colegio
Mayor
Universitario
Ángel
Antonio
Caro, de la
que fue
máxima
responsable
como
funcionaria
universitaria
entre 1995 y
1999.
La
estrategia
para socavar
la imagen de
Cristina
Cifuentes de
cara a las
elecciones
se completó
con una
maniobra de
intoxicación.
Consistía en
que sus
rivales
expandieran
entre los
círculos
políticos y
mediáticos
el rumor
infundado de
que la
actual
responsable
del PP
madrileño
arrastraba
un problema
de
cleptomanía.
Es decir,
que robaba
pequeñas
cosas de
forma
compulsiva
desde hace
años. Para
intentar dar
veracidad al
descrédito,
deslizaron
incluso que
el objetivo
de los
detectives
iba a ser
localizar
las
grabación de
las cámaras
de seguridad
de un
supermercado
cercano a la
Asamblea de
Madrid en el
que la
actual
presidenta
aparecería
sustrayendo
artículos.
Obviamente,
dicha
grabación
nunca salió
a la luz
porque no
existía.
BARRIDOS EN
LA SEDE DE
LA COMUNIDAD
La
preocupación
sobre estos
espionajes
se
incrementó
cuando
Cifuentes
ocupó su
cargo como
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid. Su
dispositivo
de seguridad
recibió
entonces
instrucciones
para estar
alerta sobre
seguimientos
de este tipo
y un equipo
de la
Comisaría de
Información
de la
Jefatura
Superior de
Policía de
Madrid
realizó un
barrido
sobre las
dependencias
autonómicas
ocupadas por
el equipo de
Cifuentes en
busca de
micrófonos
ocultos o
cualquier
otro
mecanismo de
escucha.
La alerta
sobre la
guerra sucia
en el seno
del PP
madrileño
tuvo también
otra
consecuencia.
Hasta la
llegada de
Cifuentes a
la Real Casa
de Correos,
uno de los
encargados
de coordinar
la seguridad
del equipo
directivo en
sus
desplazamientos
era Óscar
Victoria,
funcionario
de la
Comunidad de
Madrid y
hermano del
ex
vicepresidente
de la
Comunidad de
Madrid,
Salvador
Victoria.
Tras la toma
de posesión
de la actual
presidenta,
el hermano
del que fue
mano derecha
de Ignacio
González ha
sido
destinado al
servicio de
emergencias
112.
http://www.elespanol.com/espana/20160501/121487967_0.html
CIFUENTES
COLOCA A
DEDO AL
MARIDO DE
UNA AMIGA AL
FRENTE DEL
CANAL DE
ISABEL II
Exdirectivo
del sector
del
automóvil,
sustituirá a
un ingeniero
de caminos y
canales como
gestor de la
empresa que
suministra
el agua a la
Comunidad de
Madrid
El
nombramiento
tendrá lugar
la semana
próxima,
pero en la
dirección
del Canal de
Isabel II ya
se da por
hecho, van a
tener un
nuevo
Gerente, el
cargo con
todo el
poder
ejecutivo,
incluido el
de realizar
los
contratos
más
significativos.
De la
empresa
pública que
abastece de
agua a toda
la Comunidad
de Madrid va
a salir un
ingeniero de
Caminos,
Canales y
Puertos,
Adrián
Martín, y le
sustituirá
un recién
llegado, un
economista,
Rafael
Prieto
Martín, que
ha
desarrollado
toda su
carrera
profesional
en el sector
automovilístico,
en concreto
26 años en
PSA Peugeot.
Un
automovilista
al frente
del agua
En la
Comunidad de
Madrid nos
han
confirmado
que esta
decisión,
aunque no es
pública,
está tomada.
Una decisión
que tiene
tintes
extraños, y
que aún se
oscurece más
cuando se
conoce el
camino del
desembarco
del nuevo
Gerente en
el Canal.
Vamos a los
hechos.
Adrián
Martín, el
saliente, es
un veterano
de lustros
en la
gerencia de
la empresa
Canal de
Isabel II
Gestión (la
filial que
realiza las
contratas y
mueve el
dinero de la
empresa
madre, el
Ente Público
Canal de
Isabel II).
Martín había
estado en el
cargo desde
el año 2009,
aunque
comenzó a
trabajar
para el
Canal en los
últimos años
ochenta. En
medios
políticos
consultados
por
ELPLURAL.COM,
al conocerse
su cese, se
nos ha
reconodico
que se daba
por hecho
que no
sobreviviría
al nuevo
Gobierno del
PP, dados
sus vínculos
con las
presidencias
de Esperanza
Aguirre y de
Ignacio
González.
Pero lo
sorprendente
ha sido la
elección de
un recién
llegado a la
empresa para
sustituirle.
Y más cuando
se mira su
currículo.
Rafael
Prieto
Martín es un
economista
que
prácticamente
ha
desarrollado
toda su
carrera en
la industria
automovilística,
en concreto,
como
decimos, en
la empresa
Peugeot
hasta que
fue
despedido de
ella, eso
sí,
percibiendo
una generosa
compensación
que junto a
su salario
le significó
ingresos
cercanos al
millón de
euros en
2015.
De recién
llegado a
máximo
ejecutivo en
cuatro meses
En el Canal
se recibió
la noticia
del
inminente
ascenso al
puesto
ejecutivo
máximo de
Rafael
Prieto con
sorpresa, no
sólo por su
nula
experiencia
en el
sector, sino
porque su
propia
presencia en
la empresa
se limita a
unos pocos
meses, ya
que fue
contratado
como
Director
Gerente del
Ente Público
Canal de
Isabel II,
por
designación
del
Presidente,
el a su vez
número dos
del Gobierno
de la
Comunidad de
Madrid,
Ángel
Garrido, tan
sólo el
pasado 20 de
enero de
2016.
A nuestro
periódico
llegaron
denuncias de
amiguismo
desde el
propio Canal
tras el
nombramiento,
que
involucraban
a la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes.
ELPLURAL.COM
ha
contrastado
la siguiente
información
en fuentes
plenamente
fiables: en
efecto,
Rafael
Prieto fue
considerado
para el
cargo
después de
que fuera
señalado por
su propia
esposa, con
la que la
presidenta
de la CAM
mantiene una
cierta
relación de
amistad y
tras pasar
como criba
tan sólo una
entrevista
con el
presidente
del Canal y
vicepresidente
de la
Comunidad,
Ángel
Garrido.
Este
nombramiento,
que ha
causado
sorpresa
entre la
dirección
del Canal,
ha provocado
aún mayor
malestar en
el PP de
Madrid,
donde se
apunta que
Cifuentes
está creando
una red de
arraigos en
los puestos
clave que
tiene mucho
que ver con
una política
de
afianzamiento
personalista.
Los líos del
Canal
Todo esto
sucede en
una empresa
clave, por
su poder
económico,
que está
siendo
observada
con lupa en
los últimos
meses, a
partir del
descubrimiento
de su
relación con
la trama de
corrupción
desvelada en
la Operación
Púnica. Un
hecho por el
que la
presidenta
de la
Comunidad,
Cristina
Cifuentes,
corrió a
cesar a uno
de los
directivos
de la
empresa,
Edmundo
Rodríguez
Sobrino.
Ahora mismo,
la propia
Comunidad se
encuentra en
una
situación
incómoda por
la
insistencia
del Partido
Socialista
en la
Asamblea de
Madrid en
que se
entreguen
los listados
de los
asesores de
las empresas
del Canal y
sus
filiales, a
lo que se ha
negado el
Gobierno de
Cifuentes,
acogiéndose
a un
supuesto
derecho a la
intimidad de
los
contratados.
La Mesa de
la Asamblea
ha dado la
razón al
Gobierno
Socialista.
Se sospecha
que entre
esos
asesores se
encuentren
en realidad
decenas
excargos del
PP y de sus
familiares.
http://www.elplural.com/2016/04/27/cifuentes-coloca-dedo-al-marido-de-una-amiga-al-frente-del-canal-de-isabel-ii
EL PP DE
MADRID
DESPIDE A
BELTRÁN
GUTIÉRREZ
Cristina
Cifuentes ha
confirmado
que el
exgerente ya
no trabaja
para el
partido. La
Guardia
Civil
registró su
despacho de
Génova en
febrero en
el mardo de
una
investigación
sobre la
presunta
financiación
ilegal del
PP de Madrid
relacionada
con la trama
Púnica.
"Beltrán
Gutiérrez ya
no trabaja
en el
Partido
Popular".
Con estas
palabras ha
confirmado
Cristina
Cifuentes
que el PP de
Madrid ha
despedido a
su
exgerente,
que está
siendo
investigado
en el marco
del caso
Púnica.
Cifuentes,
en calidad
de
presidenta
de la
gestora que
controla el
partido
desde la
dimisión de
Esperanza
Aguirre, ha
desvelado
que a
Beltrán
Gutiérrez se
le ha
"aplicado la
legislación
vigente" y
ha recibido
una
indemnización.
Cifuentes
aseguró el
25 de
febrero que
despediría a
Gutiérrez
"cuando
jurídicamente
sea
posible",
aunque se
escudó en
que por
entonces no
contaba con
poderes
notariales
para
realizar
trámites
sobre
contratación
en el PP de
Madrid. Dos
semanas
antes, la
Guardia
Civil había
registrado
el despacho
de Beltrán
Gutiérrez en
la sede de
Génova, a
raíz de una
investigación
sobre una
presunta
financiación
ilegal del
PP de Madrid
relacionada
con la trama
Púnica.
Gutiérrez
dejó de ser
gerente del
PP de Madrid
en octubre
de 2014,
tras 14 años
en el cargo,
después de
conocerse un
informe de
Bankia que
revelaba que
gastó 58.000
euros con
una "tarjeta
black" de
Caja Madrid
emitida al
margen de
los
circuitos
regulares
por su
condición de
consejero de
la entidad.
El exgerente
dejó el
cargo
después de
que la
alcaldesa de
Madrid, Ana
Botella, lo
hubiese
destituido
como asesor
municipal y
tras pedir
su cese el
día anterior
la dirección
nacional del
Partido
Popular, de
la que
dependía
orgánicamente.
http://cadenaser.com/emisora/2016/04/26/radio_madrid/1461678092_566154.html
LA COMUNIDAD
HA DEJADO DE
PAGAR A LAS
ESCUELAS
INFANTILES
CONCERTADAS
Y A LAS
RUTAS
ESCOLARES
Las escuelas
infantiles
de gestión
indirecta y
las empresas
que cubren
el
transporte
escolar no
han recibido
ni un solo
euro de las
arcas
pública en
lo que
llevamos de
año. No
cobran desde
noviembre.
La
Consejería
de Educación
les debe más
de 6
millones de
euros en
concepto de
atrasos
No han
cobrado
desde
noviembre,
en el caso
de las
escuelas
infantiles
de gestión
indirecta,
las que son
de
titularidad
pública pero
que
gestionan
empresas
privadas.
Son 79
centros más
7 casas de
niños que no
han visto ni
un solo euro
de la
administración
desde
diciembre
del año
pasado. Una
situación
que no es
nueva. El
año pasado
ya se fueron
de
vacaciones
sin cobrar
la nómina y
a estas
alturas del
2016 están
haciendo
encaje de
bolillos
para hacer
frente a los
gastos
diarios sin
que el
servicio que
prestan se
vea
resentido.
Diana,
directora de
la Escuela
PatasArribas
de Rivas,
señala que
"han dejado
de pagar a
los
proveedores,
tiran de
linea de
crédito,
dejan de
comprar
material
escolar" y
temen,
asegura, que
si en abril
tampoco
llega el
pago de la
Comunidad
deberán
suprimir el
pago de
nóminas a
sus
empleados.
En el caso
de las
empresas que
cubren las
rutas
escolares el
último
ingreso de
la
Consejería
de Educación
lo
recibieron
en
diciembre,
entonces les
pagaron de
golpe cuatro
meses y
ahora se
encuentran
en la misma
situación.
La Comunidad
de Madrid
les debe
enero,
febrero,
marzo y, en
nada, abril.
La principal
asociación
que engloba
a los
transportistas
del sector
AETRAM
denuncia que
están con el
agua al
cuello. "Hay
muchos
empresarios
que me
llaman
diciendo que
se les ha
agotado el
aplazamiento
del crédito,
que no saben
cómo hacer
para pagar
el gasoil y
que van a
tener que
aplazar el
pago de las
nóminas a
sus
trabajadores",
explica
Jesús
Gonzalo,
presidente
de AETRAM.
La deuda con
las escuelas
infantiles
ha llegado a
la Asamblea.
El PSOE
preguntó por
este asunto
en la
Comisión de
Educación al
director
general del
área. Juan
José Nieto
aseguró que
la
Consejería
de Hacienda
liquida
pagos en
función de
su
disponibilidad
económica en
cada
momento.
http://cadenaser.com/emisora/2016/04/25/radio_madrid/1461564741_033667.html
LA DIRECTORA
DE CONSUMO
DE CIFUENTES
COMPARTIÓ
UNA SOCIEDAD
CON PINEDA
María José
Pérez-Cejuela
y el
presidente
de Ausbanc
fueron
consejeros
de una
empresa
inmobiliaria:
Marbeach
Investments
S. L.
La
enrevesada
red
empresarial
que tejió
Luis Pineda,
presidente
de Ausbanc
hoy
encarcelado
y acusado de
chantaje y
extorsión,
no solo
incluye
nombres de
su círculo
familiar.
María José
Pérez-Cejuela,
actual alto
cargo de
Cristina
Cifuentes,
aparece en
una de las
antiguas
sociedades
de Pineda,
llamada
Marbeach
Investments
S. L. Ambos
figuran como
consejeros
de esta
empresa,
dedicada a
la promoción
inmobiliaria,
que
permaneció
activa entre
2000 y 2005.
Pérez-Cejuela
es directora
general de
Comercio y
Consumo de
la Comunidad
de Madrid.
Marbeach
Investments
es solo una
de las
decenas de
empresas de
la red de
Pineda, que
además de
defender
supuestamente
a los
consumidores
a través de
Ausbanc
explotaba
negocios de
ocio,
turismo,
inmobiliarias,
editoriales,
financieras,
compra y
venta de oro
y gestorías.
Según
acredita el
Registro
Mercantil,
esta
sociedad,
que tenía
como objeto
social la
compraventa
y
administración
de todo tipo
de
inmuebles,
empezó a
operar en
junio de
2000 y fue
extinguida
en febrero
de 2005.
Luis Pineda
y María José
Pérez-Cejuela
figuran como
consejeros
desde su
constitución
y durante
los cinco
años en los
que estuvo
activa, en
los que no
hubo nuevos
nombramientos
ni ceses.
Pérez-Cejuela,
abogada de
profesión,
ocupó varias
direcciones
generales en
el Gobierno
de Esperanza
Aguirre
entre 2003 y
2012. En los
años en los
que se
solapa la
existencia
de Marbeach
Investments
con su
trabajo en
la
Administración
Pública,
Pérez-Cejuela
era
directora
general de
Relaciones
con la
Administración
de Justicia.
En 2012 la
abogada dejó
el Gobierno
regional y
volvió a la
empresa
privada, de
donde la
fichó de
nuevo
Cifuentes
para su
equipo en
septiembre
pasado. Su
dirección
general
depende de
la
Consejería
de Economía,
Empleo y
Hacienda.
Pérez-Cejuela
reconoció
que conoce a
Luis Pineda
y a su
familia
desde hace
20 años pero
negó que
haya tenido
ninguna
relación
profesional
con él y se
mostró muy
sorprendida
por figurar
como
consejera en
una empresa.
“Le conozco
de veranear
en la playa
en Marbella
hace muchos
años pero no
nos une
amistad; es
solo un
conocido”,
aseguró. A
preguntas de
EL PAÍS,
reconoció
también
conocer a
otro de los
consejeros,
Gonzalo
Corral, por
ser hijo de
unos amigos
con los que
coincidía
hace años en
la playa en
Málaga.
La directora
general
explicó
también que
su marido
creó
Marbeach
Investments,
junto con
otros
socios,
entre los
que “estaba
con una
participación
minoritaria
Luis
Pineda”, en
2000, pero
que la
sociedad
nunca tuvo
actividad,
jamás
repartió
dividendos
ni hizo
ningún pago
a los
consejeros.
Su marido no
aparece
entre los
cargos de la
empresa.
Pérez-Cejuela
mantuvo que
nunca supo
que figuraba
como
consejera.
“No hay un
solo papel
firmado por
mí, ni de
aceptación
de cargo de
consejera ni
de nada.
Jamás me he
sentado en
un consejo
de
administración”,
repitió. “A
quien me
haya puesto
le
interpondré
una querella
criminal. No
tenía ni
idea de la
existencia
de esta
sociedad. No
tengo nada
que ocultar,
no he hecho
nada ilegal
ni he
recibido
ningún
dinero de
nadie. Tanto
mi actividad
pública como
la privada
siempre han
sido
transparentes
y legales”,
añadió.
Tras saltar
el
escándalo,
su dirección
general,
Comercio y
Consumo,
abrió el
viernes 15,
el mismo día
de las
detenciones
de Pineda y
sus
colaboradores,
expediente
de exclusión
a Ausbanc
Madrid, la
delegación
en la
capital de
la supuesta
asociación
de defensa
de los
consumidores.
Pese a que
Ausbanc fue
expulsada
del Registro
Estatal de
Asociaciones
de
Consumidores
en 2014
—también lo
había sido
antes, entre
2005 y
2013—, la
delegación
de Madrid se
había
mantenido
hasta ahora
en el
registro de
asociaciones
dependiente
del Gobierno
regional.
“Tenía otro
CIF y otra
sede; era a
todos los
efectos otra
asociación”,
dice un
portavoz del
Gobierno de
Cifuentes.
La
presidenta
de Ausbanc
Madrid es la
mujer de
Luis Pineda,
María Teresa
Cuadrado,
también
detenida por
orden del
juez
Santiago
Pedraz.
Cuadrado ha
sido, hasta
el pasado
día 15,
vocal del
Consejo de
Consumo de
la Comunidad
de Madrid en
representación
de Ausbanc.
Como tal, ha
coincidido
en las
reuniones
con
Pérez-Cejuela,
que forma
parte del
pleno por su
cargo de
directora
general del
área de
consumo. “La
he visto en
esas
reuniones
pero
únicamente
hemos
hablado de
consumo;
hacía años
que no
coincidíamos”,
señaló
Pérez-Cejuela.
Cuadrado
ocupó el
mismo puesto
que ella
hace más de
una década.
Fue
directora
general de
Consumo de
Madrid hasta
2003, en la
época en la
que Luis
Blázquez
dirigía la
Consejería
de Economía
y Alberto
Ruiz-Gallardón
era
presidente.
24.000 EUROS
DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID
El
expediente
que la
Comunidad de
Madrid abrió
el pasado
día 15 —y
que se puede
prolongar
durante tres
meses— a la
delegación
regional de
Ausbanc
incluye dos
medidas
cautelares:
expulsión
del registro
de
asociaciones
y del
consejo de
consumo en
el que se
sentaba
María Teresa
Cuadrado,
mujer y
colaboradora
de Luis
Pineda. La
Comunidad
también ha
iniciado la
denuncia de
los dos
convenios
que mantenía
con Ausbanc
Madrid, uno
para
asistencia a
municipios
pequeños que
no tienen
oficina
regional de
atención al
consumidor y
otro para
participar
en
arbitrajes.
Por ambos
conceptos,
Ausbanc ha
cobrado
24.000 euros
durante 2015
y lo que
llevamos de
2016, según
un portavoz
del Gobierno
regional.
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/24/actualidad/1461520315_015471.html
EL JUEZ VE
INDICIOS DE
DELITO
CONTRA UN
DIPUTADO DE
CIFUENTES Y
DA EL PASO
PARA SU
IMPUTACIÓN
Eloy Velasco
insta a la
Asamblea de
Madrid a que
le notifique
si
efectivamente
Daniel Ortiz
es diputado
regional y,
por tanto,
aforado,
para enviar
su parte al
TSJM.
El juez de
la Audiencia
Nacional
Eloy Velasco
ha instando
a la
Asamblea de
Madrid para
que le
informe si
efectivamente
el exalcalde
de Móstoles,
Daniel
Ortiz, tiene
el acta de
diputado
regional y,
por tanto,
es aforado
ante el
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid. Este
es el primer
paso para
imputar a
uno de los
diputados de
la
presidenta
madrileña,
Cristina
Cifuentes.
Según ha
podido saber
este diario,
una vez que
la Asamblea
confirme que
efectivamente
es diputado
regional, el
magistrado
remitirá la
parte de la
causa que le
afecta al
TSJ de
Madrid para
que sea allí
investigado
y en su caso
imputado y
enjuiciado.
A lo largo
de la
instrucción
del 'caso
Púnica',
Velasco se
ha
encontrado
con el
nombre de
Ortiz
relacionado
con la
empresa
energética
Cofely,
cuyos
máximos
directivos
están
imputados
por haber
pagado
comisiones a
cambio de
contratos en
distintos
ayuntamientos
y
administraciones
públicas.
En la causa
se desprende
que Ortiz
habría
intermediado
para
conseguir un
contrato de
más de 70
millones en
Móstoles,
“independientemente
de cuál
fuera a
oferta más
ventajosa”.
A cambio, la
empresa
central de
la trama
Púnica
habría
repartido
entre el ex
alcalde y
otros
compañeros
del
Ayuntamiento
una
'mordida' de
240.000
euros.
En el
sumario se
desgrana
meticulosamente
cómo
responsables
municipales,
intermediarios
y altos
cargos de la
empresa
energética
urdieron un
plan para
echar del
concurso a
la francesa
Dalkia y a
la mostoleña
Fulton, que
fueron
apartadas
por un
supuesto
error en las
ofertas
presentadas.
RECABADOS
LOS
INDICIOS, AL
TSJM
Eloy Velasco
no puede
imputarle
formalmente
dado su
condición de
aforado
regional.
Por eso, ha
estado
esperando
hasta
recopilar
las pruebas
necesarias
para enviar
la parte de
la causa que
le incrimina
al tribunal
regional.
Daniel Ortiz
firmó en
junio de su
puño y letra
un Código
Ético cuando
fue elegido
diputado en
la Asamblea
de Madrid y
se
comprometió
a abandonar
su escaño en
el caso de
ser imputado
o
investigado
por
corrupción u
otros
delitos que
provoquen
“alarma
social”. Así
lo anunció
la
presidenta
Cristina
Cifuentes
tras la
primera
reunión de
trabajo con
su equipo en
Génova.
“DAR EL
SIGUIENTE
PASO”
Según
publicó este
diario, la
primera
cadena de
mensajes
cruzada
entre altos
cargos de
Cofely,
miembros de
la
Corporación
municipal y
el
empresario
David
Marjaliza,
que cumplió
con su papel
de
intermediador,
es del 5 de
febrero de
2013, diez
meses antes
de que se
licitara el
mayor
contrato
público que
ofertó el
Ayuntamiento
para
mantener la
gestión
energética
de todos los
edificios
municipales
(unos 145)
durante doce
años. A los
pocos días
de aquel
cruce de
mensajes se
produjo una
reunión en
el despacho
de Alcaldía
necesaria,
según
Marjaliza,
para valorar
la opinión
del alcalde
“y dar el
siguiente
paso”.
A aquella
cita
acudieron el
propio
Daniel
Ortiz, su
concejal de
Medio
Ambiente,
Alejandro
Utrilla, y
los
directivos
de Cofely,
Didier
Maurice y
Constantino
Álvarez. Así
lo constató
en su
declaración
como testigo
el entonces
concejal de
Infraestructuras
y
Mantenimiento
de la
localidad,
David
Sánchez,
también
presente en
la reunión,
que no supo
especificar
qué hacía su
compañero
Utrilla si
no tenía
competencia
ninguna con
el contrato
de
eficiencia
energética
que se
estaba
preparando.
Para
conseguir
desbancar a
las otras
dos empresas
que pujaban
por el
millonario
contrato, la
propia
Cofely
confeccionó
un informe
financiero
anónimo que
recogía las
debilidades
económico-financieras
de Fulton,
la empresa
que mejor
posicionaba
estaba para
llevárselo.
El objetivo
era
convencer a
la mesa de
contratación
de que no
era la mejor
oferta, pero
finalmente
la maniobra
no fue
necesaria,
ya que los
empleados de
Cofely que
diseñaban el
documento
anónimo
descubrieron
“errores
subsanables”
en las
ofertas
económicas
de las otras
dos
compañías.
Errores que,
casualmente,
fueron
apreciadas
días después
por la
responsable
de
contratación,
Sofía
García, y la
concejal
Vanesa
Martínez. El
camino ya
quedó
despejado
para la
francesa
afín al
alcalde.
http://www.elespanol.com/espana/20160422/119238112_0.html
CIFUENTES
QUIERE
CONTROLAR SU
PROPIA LEY
DE
TRANSPARENCIA
La Ley de
Transparencia
de Cifuentes
desoye las
advertencias
de la
Abogacía
General de
la Comunidad
de Madrid y
mantiene en
su texto la
creación de
un órgano
fiscalizador
de la
transparencia
liderado por
el Consejero
de
Presidencia.
"Extraño e
incluso
contradictorio".
Así califica
el informe
de la
Abogacía
General de
la Comunidad
de Madrid,
al que ha
tenido
acceso la
Cadena SER,
que la
supervisión
de la
transparencia
en la
Comunidad de
Madrid la
lleve a cabo
un órgano
que esté
presidido
por un
Consejero
del Gobierno
autonómico.
Ese "órgano
colegiado",
de nueva
creación en
el Proyecto
de Ley
impulsado
por el
ejecutivo de
Cristina
Cifuentes,
es la
Comisión
Interdepartamental
de la
Transparencia.
Estaría
adscrito a
la
Consejería
competente
(en este
caso, la de
Presidencia)
y, según el
texto
aprobado por
el Consejo
de Gobierno,
sería el
encargado de
vigilar que
se cumpla la
ley y de
iniciar los
trámites
para
sancionar
cuando no se
haga.
El Proyecto
de Ley
contempla
que el
titular de
la
Consejería
competente
tendría que
elaborar un
informe
anual "sobre
el
cumplimiento
de la
Administración
regional de
las
obligaciones
en materia
de
transparencia
derivadas de
esta ley".
Ese texto,
antes de ser
remitido a
la Asamblea
de Madrid,
tendría que
pasar por
las manos de
la Comisión
Interdepartamental
para
"formular
observaciones".
Lo curioso
es que esa
Comisión
estaría
presidida
por la misma
persona que
firma el
informe
anual: el
consejero de
Presidencia,
Ángel
Garrido.
La Comunidad
ha hecho
oídos sordos
a las
recomendaciones
del informe
que elaboró
la
Letrada-Jefe
del Servicio
Jurídico de
la
Consejería
de
Presidencia.
Según
Beatriz
Álvarez
Herranz, "no
parece
lógico que
el que
elabora el
informe
formule
después
observaciones
al mismo".
Califica de
"extraño e
incluso
contradictorio"
que
participe la
misma
persona en
ambos
trámites,
aunque
reconoce que
esas
observaciones
podrían
aprobarse en
la Comisión
"sin el voto
favorable
del
Presidente".
Aunque hay
que tener en
cuenta que
sólo tienen
voz y voto
altos cargos
del propio
Gobierno de
la Comunidad
de Madrid.
El Pleno de
la Asamblea
vota este
jueves la
toma en
consideración
de la
Proposición
de Ley de
Transparencia
impulsada
por el PSOE.
La principal
diferencia
con el texto
impulsado
por el
Gobierno de
Cifuentes es
que la
propuesta
socialista
incluye la
creación de
un órgano
independiente
para llevar
a cabo las
labores de
fiscalización.
Está
previsto que
salga
adelante
gracias a
los votos a
favor de los
tres grupos
de la
oposición.
En el caso
de que sea
aprobada,
continuaría
el trámite
parlamentario
en la
Comisión
(donde se
presentarían
las
enmiendas)
para,
finalmente,
votarse en
el Pleno.
http://cadenaser.com/emisora/2016/04/20/radio_madrid/1461166631_311005.html
CIFUENTES Y
SUS AMENAZAS
VÍA BUROFAX
(Y VÍA
'TUIT') A
RITA MAESTRE
A la
presidenta
le sale el
tiro por la
culata en la
polémica por
la dureza
policial
mientras fue
delegada de
Gobierno
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
está
exprimiendo
al máximo la
entrevista
que difundió
el pasado
lunes El
Español a la
portavoz del
Ayuntamiento
de la
capital,
Rita
Maestre. La
polémica se
centra en
esta
respuesta en
la que la de
Ahora Madrid
diferenciaba
los
escraches
sufridos por
el concejal
Barbero y
por la
propia
Cifuentes
antes de ser
presidenta:
Hay
diferencias
sustanciales
de contexto.
El clima de
la protesta
por la
indignación
social que
había en
España
cuando
sucedió lo
de Cifuentes
no se da
ahora. No lo
pongo como
excusa, sino
como
explicación.
En aquel
momento,
nadie que
quisiera
hablar con
Cifuentes
podía
hacerlo. No
existían
cauces de
diálogo.
Fundamentalmente,
su actuación
como
delegada del
Gobierno era
pegar a
gente, era
la jefa de
los que
apaleaban a
quienes se
manifestaban
en Sol.
Barbero, en
cambio, ha
mantenido
ocho
reuniones
con los
sindicatos
policiales,
entre ellos
el que
organizó
aquella
protesta. Le
patearon y
le llamaron
“rojo de
mierda”. No
se trata de
que unas
cosas sean
mejores que
otras, sino
de que son
distintas.
Burofax de
advertencia
Cifuentes
estalló
primero
diciendo que
su escrache
era
diferente
porque ella
no llevaba
coche
policial, y
difundió
insistentemente
el vídeo en
el que se
veía a
varios
jóvenes
increpándola
y pidiéndole
que
dimitiera.
Pero luego
la
presidenta
ha pasado al
ataque con
la segunda
parte de la
respuesta,
esa sobre
"pegar a
gente" como
responsable
de la
policía en
la Comunidad
cuando era
delegada de
Gobierno. La
popular
alertó de
posibles
acciones
legales y
hoy ha
consumado
sus
advertencias
con un
burofax en
el que
amenaza a
Maestre con
"la vía
judicial" si
no
rectificaba.
Además ha
dado amplia
difusión a
su burofax a
través de
Twitter.
http://www.elplural.com/2016/04/20/cifuentes-y-sus-amenazas-v-burofax-y-v-tuit-rita-maestre
CIFUENTES
CONCEDERÁ LA
GRAN CRUZ A
GONZÁLEZ,
PERO NO
PRECISA LA
FECHA
La
presidenta
regional
afirma que
se plantea
desvincular
la tradición
de la
entrega de
las medallas
de la fiesta
del Dos de
Mayo
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes
(PP),
concederá la
Gran Cruz de
la Orden del
Dos de Mayo
al
expresidente
regional,
Ignacio
González
(PP) porque
"así dice la
legislación".
En la rueda
de prensa
celebrada
este martes
tras la
reunión del
Consejo de
Gobierno, la
presidenta
ha afirmado
que en
ningún
momento se
ha planteado
no dársela.
"No es
cuestión de
que sea
procedente o
no. Hay una
normativa
que
establece
que a todos
los
expresidentes
se les
concede la
Gran Cruz",
ha señalado
Cifuentes.
Sin embargo,
no hay una
fecha para
la entrega
de la
medalla, ya
que el
Gobierno
regional se
plantea
desvincular
la concesión
de
condecoraciones
de la fiesta
del Dos de
Mayo.
El
expresidente
Ignacio
González
pasa por un
proceso de
investigación
por la
compra,
presuntamente
irregular,
de un ático
en el
municipio de
Estepona
(Málaga). El
pasado lunes
compareció
ante el
juzgado
número 5 de
Estepona
para
declarar
ante la juez
sobre las
gestiones
que llevaron
a la compra
del ático.
Sobre las
declaraciones,
Cifuentes se
ha limitado
a decir que
respeta el
proceso
judicial y
que las
declaraciones
de González
no tenían
que
convencerla
y, sí,
convencer a
la juez.
Con relación
a la
medalla,
Cifuentes
insiste en
que la
entrega de
la Gran Cruz
al
expresidente
regional "no
es
discutible"
porque la
legislación
se va a
cumplir. Sin
embargo, ha
recordado
que, si hay
una condena
judicial o
una
situación
que pone en
cuestión la
honorabilidad
o los
méritos de
la persona
que recibe
la medalla,
la ley
también
contempla
retirar el
reconocimiento.
En 2014, el
Gobierno
regional,
entonces
presidido
por Ignacio
González,
decidió
retirar la
distinción
de la Gran
Cruz de la
Orden del
Dos de Mayo
a Francisco
Granados,
exconsejero
de
Transportes,
Justicia,
Interior y
Presidencia
y ex
secretario
regional del
PP de
Madrid. La
decisión fue
tomada por
su supuesto
protagonismo
en la
Operación
Púnica,
razón por la
cual
Granados se
encuentra
actualmente
en prisión.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/19/madrid/1461068578_309567.html
LO QUE
CIFUENTES
OCULTA : SU
CLUB PRIVADO
DE ASESORES
El INEM
particular
del PP en la
Comunidad de
Madrid
El pasado 3
de marzo
solicitamos
desde
nuestra
cuenta en
twitter a la
Presidenta
de la CAM y
de la
Gestora del
PP (tanto
monta, monta
tanto) que
en aras de
la
transparencia
que tanto
exhibe en
sus
discursos
publicara el
listado
completo de
los asesores
que pagamos
los
contribuyentes.
Poco tiempo
después se
sumaron a la
solicitud
nuestros
colegas de
www.elplural.com.
Tras varios
intentos de
marear la
perdiz y
ganar
tiempo, con
desgana
publicaron
un mes
después de
la primera
petición,
tan solo los
nombres,
apellidos y
retribuciones
anuales de
los 5
asesores que
figuran
adscritos a
la
Presidenta
Cifuentes.
Como era
evidente que
sonaba a
sorna, tras
varias idas
y venidas,
con alguna
que otra
portada
recordatoria
incluida, el
pasado 15 de
abril con
nocturnidad
y alevosía
el portal de
la CAM ha
publicado
los listados
de
Directores
de Gabinete,
asesores
parlamentarios,
asesores y
técnicos de
apoyo de las
7
Consejerías
que
conforman el
gobierno
regional.
También han
incluido los
listados de
algunos
órganos
dependientes
de las
citadas
Consejerías.
Así las
cosas y en
aras de
complementar
la
información
que
reiteradamente
oculta
Cifuentes es
por lo que
nos vemos
motivados
para dar a
conocer una
selecta
selección de
algunos de
los 138
puestos que
se pueden
consultar en
este enlace.
Hay de todo
como el
lector se
puede
imaginar.
Para no liar
las cosas
les hemos
agrupado en
4 apartados:
En primer
lugar, hay
asesores
que, sin
restarle
méritos
profesionales,
entre otras
cosas porque
la Comunidad
no facilita
sus CV,
coinciden en
un hecho,
casual o no,
que es que
mantienen
una relación
de
parentesco
bajo uno de
estos tres
supuestos:
- Con Altos
Cargos del
Gobierno
regional.
- Con Altos
Cargos del
Gobierno de
Rajoy
- Con
personajes
de
reconocido
prestigio
genovés.
Como botón
de muestra
os hemos
seleccionado
a tres de
ellos:
Fátima
Fernández de
Mesa Sicre.
Asesora
adscrita a
la
Secretaría
General del
Consejo de
Gobierno.
Retribuciones
anuales:
42.915,08 €.
Hija del
Director
General de
la Guardia
Civil,
Arsenio
Fernández
Mesa. Ha
sido también
asistente
del GPP en
el Senado.
Rafael Luque
Guerrero.
Asesor
parlamentario
de la
Consejería
de Medio
Ambiente,
Administración
local y
Ordenación
del
Territorio.
Retribuciones
anuales:
57.790,12€ .
Periodista y
exmarido de
Marisa
González
González,
Directora de
Gabinete y
de
Comunicación
de
Cifuentes.
Luz Palomo
Cuesta.
Asesora de
la
Consejería
de
Educación,
Juventud y
Deporte.
Retribuciones
anuales:
53.640,16€.
Hermana del
periodista
de cámara
del PP,
Graciano
Palomo.
Figura como
Teniente de
Alcalde de
Villanueva
de Gumiel
(Burgos).
En segundo
lugar,
probablemente
más en su
condición de
lideresa
genovesa en
funciones y
Presidenta
de la
Gestora del
PP que como
Presidenta
de todos los
madrileños,
Cifuentes ha
favorecido
un buen
número de
nombramientos
de
candidatos a
alcaldías y
concejalías
de la región
que no han
logrado ser
elegidos en
sus
respectivos
pueblos.
Aquí sin
complejos ha
tirado la
casa por la
ventana.
Como no
podía ser de
otro modo,
la pedrea de
esta lotería
de
nombramientos
ha recaído
en
particular
entre los
municipios
vips de
Pozuelo,
Boadilla y
Las Rozas.
Sin animo
exhaustivo,
valgan los
siguientes
ejemplos :
María Casado
Nieto. Ex
alcaldesa de
Alpedrete.
Asesora de
la
Viceconsejería
de
Educación.
Juventud y
Deporte.
Retribuciones
anuales:
53.640,16€.
Hay división
de opiniones
sobre si
continua
como
investigada
(imputada)
en un asunto
durante su
etapa como
alcaldesa.
Estamos
trabajando
en ello para
aclararlo.
Encarnación
Rivero Flor.
Ex alcaldesa
de Soto del
Real.
Asesora de
la
Consejería
de Políticas
Sociales y
Familia.
Retribuciones
anuales:
45.648,74€.
No hay que
descartar
que además
cobre dietas
por asistir
a los Plenos
del
Ayuntamiento
María del
Carmen
Guijorro
Belinchón.
Ex alcaldesa
de San
Martin de la
Vega.
Asesora de
la
Consejería
de
Transportes,
Vivienda e
Infraestructuras.
Retribuciones
anuales:
53.640,16€.
Cristina
Sánchez
Masa. Ex
concejala de
Pozuelo de
Alarcón y ex
concejala de
Boadilla del
Monte.
Asesora de
la
Consejería
de
Presidencia
Justicia y
Portavocía
del
Gobierno.
Retribuciones
anuales:
57.790,12€.
Arrastra,
junto a
varios de
sus
compañeros
del grupo
municipal
del PP en
Boadilla,
una
sentencia
firme del
TSJCM por
haberse
constituido
irregularmente
entre junio
de 2007 y
marzo de
2010, por lo
que están
obligados a
devolver los
105.000 € en
las
subvenciones
públicas que
recibieron
durante ese
periodo en
el que fue
alcalde el
hoy
procesado,
Arturo
González
Panero,
alias el
Albondiguilla
Ignacio
Pablo
Miranda
Torres.
Candidato a
concejal (no
electo) al
Ayuntamiento
de Boadilla
del Monte.
Ha sido en
este
municipio
además
Consejero de
la EMSV y
Coordinador
de Urbanismo
de Boadilla
del Monte.
Director de
Gabinete del
Consejero de
Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio.
Retribuciones
anuales:
65.331,82€.
Oscar
Espadas
López-Terradas.
Ex concejal
de Las
Rozas.
Asesor de la
Consejería
de
Presidencia
Justicia y
Portavocía
del
Gobierno.
Retribuciones
anuales:
50.093.64€.
María Jesús
García
Alarilla.
Candidata a
concejal
Ayuntamiento
de
Alcobendas
en el que ya
había
ocupado
varios
cargos. Ex
Jefa de
Gabinete
alcaldesa de
Pozuelo de
Alarcón.
Asesora del
área de
Medios de
Comunicación
adscrita a
la
Consejería
de
Presidencia
Justicia y
Portavocía
del
Gobierno.
Retribuciones:
57.790,12€
Ana
Dávila-Ponce
de León
Municio. Ex
concejal Las
Rozas.
Técnico de
apoyo de la
Consejería
de
Presidencia
Justicia y
Portavocía
del
Gobierno.
Retribuciones:
48.680,32€
En tercer
lugar, nos
encontramos
con un grupo
de
colaboradores
agrupados
bajo
diferentes
denominaciones,
entre otras
como
“Delegados
de Prensa”
que están
dentro de lo
que el
Portal
denomina
“Medios de
Comunicación”.
Aquí hay de
todo, desde
Jefes de
Prensa de
Consejerías,
pasando por
el Director
adjunto del
Gabinete de
Comunicación
y Presidenta
hasta
periodistas
que han
tenido que
testificar
en el Caso
Púnica por
ser testigos
de excepción
de los
apaños que
se llevaron
a cabo
durante la
época de la
hoy imputada
y ex
Consejera de
Educación,
Lucía Figar.
En este
apartado, lo
llamativo no
son tanto
las personas
como la
propia
estructura
que parece
pensada para
coordinar
sin tapujos
desde la
Puerta del
Sol la
política de
halagos
continuos a
Cristina
Cifuentes.
Dada la
importancia
de este
asunto
volveremos a
referirnos
al mismo en
una próxima
crónica.
Y por
último,
cerramos
este listado
con un cajón
de sastre
formado por
asesores
cuyo
nombramiento
tienen que
ver
llanamente
con razones
meramente
partidistas
y nada más y
nada menos.
Vayamos
algunos
ejemplos
tomados al
azar:
Nerea Alzola
Álvarez. Ex
concejala
del
Ayuntamiento
de Sondika y
diputada al
Parlamento
vasco
durante poco
más de 1
año.
Esperanza
Aguirre la
nombró
Directora
General de
la empresa
regional
Gestión y
Desarrollo
del Medio
Ambiente
(Gedesma).
En estos
momentos es
asesora de
la
Consejería
de
Presidencia
Justicia y
Portavocía
del
Gobierno.
Retribuciones
anuales:
50.093.64€.
Los más
curiosos
podéis
pinchar en
este enlace
para ampliar
información
sobre la
susodicha.
Francisco
Jiménez
Becerril
Barrio. Ex
Coordinador
del programa
electoral
del PP de
Andalucía
(2003) y ex
Vicepresidente
ejecutivo de
Cajasur y
consejero
delegado del
holding
empresarial
de la
entidad.
Asesor del
Viceconsejero
de la
Consejería
de
Presidencia
Justicia y
Portavocía
del
Gobierno.
Retribuciones
anuales:
57.790,12€.
Hermano del
concejal del
PP en el
Ayuntamiento
de Sevilla,
Alberto
Jiménez-Becerril
asesinado
por ETA
Ángel Ramos
Sánchez.
Secretario
de Distritos
de la
Gestora del
PP de Madrid
que preside
Cifuentes.
Asesor de la
Consejería
de
Presidencia
Justicia y
Portavocía
del
Gobierno.
Retribuciones
anuales:
50.093,64€.
Francisco
Javier
Hernanz
Pérez.
Candidato no
electo en la
lista de
Cifuentes a
la Asamblea
de Madrid.
Asesor de la
Consejería
de Medio
Ambiente,
Administración
local y
Ordenación
del
Territorio.
Retribuciones
anuales:
57.790,12€
Acabamos ya
a sabiendas
que nos
dejamos en
el tintero
otros muchos
ejemplos que
harían las
delicias de
nuestros
lectores. En
próximas
entregas
iremos
completando
los nombres,
apellidos y
circunstancias
que
concurren en
este selecto
club privado
que con
dinero
público se
reúne en
torno a su
única y
principal
patrona y
protagonista:
Cristina
Cifuentes.
Seguiremos
informando.
http://www.elplural.com/2016/04/17/lo-que-cifuentes-oculta-su-club-privado-de-asesores
LA UCO
INVESTIGA
CON SERIOS
INDICIOS A
CINCO
DIPUTADOS DE
CIFUENTES Y
UN ALCALDE
Tras año y
medio de
intensas
pesquisas,
la Guardia
Civil
estrecha el
cerco sobre
Bartolomé
González,
Juan Soler,
David Pérez,
Daniel Ortiz
e Ignacio
García de
Vinuesa
Tras año y
medio de
intensas
pesquisas,
la Unidad
Central
Operativa
(UCO) de la
Guardia
Civil va
estrechando
poco a poco
el cerco
sobre otros
cargos
públicos que
pueden estar
implicados
en el caso
Púnica. Se
trata de una
causa
compleja,
que el juez
instructor,
Eloy
Velasco, ha
dividido en
12 piezas
porque cada
línea de
investigación
está
teniendo una
velocidad
distinta.
Los agentes,
por ejemplo,
han hecho
una criba de
toda la
documentación
encontrada
en la sede
de Waiter
Music (una
de las
empresas de
la trama,
encargada de
organizar
fiestas y
conciertos
en los
municipios)
y han
detectado
irregularidades
en ocho
localidades
distintas a
las ya
investigadas
hasta ahora.
Estos nuevos
indicios
salpican a
tres
diputados
autonómicos
de Cristina
Cifuentes y
a un asesor
municipal
del equipo
de Esperanza
Aguirre,
actualmente
concejala en
el
Ayuntamiento
de Madrid.
Además,
fuera de la
pieza de
Waiter
Music, otros
dos
diputados de
Cifuentes
también
están en el
punto de
mira. De
hecho, la
Fiscalía ya
ha
solicitado
al juez
Velasco que
inicie los
trámites
para que se
impute al
parlamentario
Daniel
Ortiz,
exalcalde de
Móstoles.
Pero hay
más. Un
testigo
acaba de
facilitar al
magistrado
información
sobre una
adjudicación
de una obra
que
implicaría
también al
alcalde de
una
importante
localidad
madrileña.
Los
investigadores
creen que
las
adjudicaciones
que se llevó
Waiter Music
en algunos
municipios
se traducían
en
contraprestaciones
al partido
Waiter Music
facturó en
Valdemoro,
el epicentro
de la trama,
8,98
millones de
euros entre
los años
2004 y 2013.
"Estos
hechos
motivaron la
apertura de
una línea de
investigación
específica
para tratar
de
determinar
si en la
contratación
pública
adjudicada a
las empresas
de José Luis
Huerta
Valbuena [el
dueño de
Waiter]
pudieran
concurrir
irregularidades
que fueran
de
relevancia
penal, así
como
averiguar la
participación
de algunas
de las
personas
investigadas
en la causa.
Las
indagaciones
posteriores
confirmaron
las
evidencias
iniciales
sobre la
situación
privilegiada
de Waiter en
cuanto a la
contratación
pública de
festejos, no
solo a nivel
local sino
también
desde el
ámbito
autonómico
en la
Comunidad de
Madrid",
reza el
sumario
judicial.
En un
principio,
la UCO
recabó
información
sobre más de
40
municipios
madrileños
que habían
contratado
con Waiter,
la inmensa
mayoría
gobernados
por el PP.
Esta empresa
se dedicaba
a organizar
fiestas
patronales y
conciertos.
La Guardia
Civil no
tiene dudas
de que las
adjudicaciones
que se
llevaba
Waiter se
traducían a
cambio en
contraprestaciones
para el
partido, en
financiación
irregular.
La pieza 7
se ocupa de
los
contratos de
esta empresa
y los
agentes
están
ultimando un
informe
sobre otras
localidades
donde han
detectado
irregularidades.
Ciudades
donde Waiter
empezó a
trabajar
solo cuando
el PP empezó
a gobernar.
Alcalá,
Getafe y
Alcorcón
Las
conclusiones
de este
informe,
según
fuentes de
la
investigación,
podrían
salpicar a
tres
diputados
autonómicos:
Bartolomé
González
(exalcalde
de Alcalá de
Henares),
Juan Soler
(exalcalde
de Getafe) y
David Pérez
(actualmente
regidor de
Alcorcón).
En algunos
casos, como
en Alcalá,
ya se han
producido
registros.
En otros no,
pero se está
analizando
concienzudamente
la
documentación
intervenida
en la sede
de Waiter.
En los tres
casos,
además, la
oposición
municipal ha
forzado
comisiones
de
investigación,
cuyos
dictámenes
han acabado
o acabarán
en la
Audiencia
Nacional.
Bartolomé
González fue
alcalde de
Alcalá de
Henares
entre 2003 y
julio de
2012. En
este
municipio,
la UCO no
solo analiza
contratos de
Waiter sino
de otra de
las empresas
de la trama,
Cofely, que
presta
servicios de
eficiencia
energética.
En este
municipio,
el caso
Púnica se
solapa con
otro de la
Policía
Nacional, la
operación
Flauta, que
investiga
presuntos
casos de
corrupción
en la
contratación
de festejos
por parte
del
ayuntamiento.
Aquí también
está
imputado
José Luis
Huerta.
En Alcorcón,
Waiter
organizó las
fiestas de
2011, 2012 y
2013, además
de la
cabalgata de
Reyes de
enero de
2013,
facturando
al
Consistorio
en torno a
los 557.000
euros.
Getafe firmó
cuatro
contratos
con Waiter
en febrero y
mayo de
2012, mayo
de 2013 y
junio de
2014 por
importes que
suman
483.000
euros. La
lista de
municipios
investigados
con indicios
de
irregularidades
se amplía a
Arroyomolinos,
Ciempozuelos,
Coslada,
Pinto y
Algete.
En este
último caso,
Waiter Music
tuvo el
monopolio
del
municipio
durante casi
dos
legislaturas.
Entre 2007 y
2014 se
presentó a
69
concursos.
Todos los
ganó,
obteniendo
1,36
millones de
euros. El
concejal de
Festejos
durante un
tiempo fue
David
Erguido, hoy
asesor de
Esperanza
Aguirre en
el grupo
municipal
del PP en el
Ayuntamiento
de Madrid.
"Creo que
todo se hizo
dentro de la
legalidad y
a mí ni la
UCO ni el
juez me han
requerido
nada",
explica a El
Confidencial.
La Guardia
Civil acaba
de recibir
una nueva
pista
gracias a la
declaración
de un
testigo que
implica a un
alcalde del
PP. De
momento, no
dan nombres
Los
investigadores
también se
han detenido
en Pinto.
Las empresas
de Waiter se
llevaron
contratos
valorados en
450.000
euros, sobre
todo con dos
alcaldes:
Miriam
Rabaneda
(PP, 2007-08
y 2011-14) y
Juan José
Martín
(PSOE,
2009-11).
Rabaneda es
ahora alto
cargo en el
Gobierno
regional, en
la
consejería
que dirige
Jaime
González
Taboada,
implicado en
el caso por
el principal
imputado, el
constructor
David
Marjaliza.
Los
investigadores
creen que
otro de los
imputados,
el
exconsejero
Francisco
Granados,
durante
siete años
secretario
general del
PP
madrileño,
se sirvió de
la
influencia
de su cargo
para
presionar a
ayuntamientos
controlados
por el
partido para
que
contrataran
a Waiter.
Imputación
que derivará
al TSJM
Fuera de la
pieza de
Waiter
Music, otros
dos
diputados
autonómicos
de Cifuentes
están
también
siendo
investigados.
Fuentes
jurídicas
señalan a
este diario
que la
Fiscalía ya
ha
solicitado
al juez
Velasco (al
igual que ha
hecho la
UCO) que
inicie los
trámites
para que se
impute a
Daniel
Ortiz,
exalcalde de
Móstoles y
actual
parlamentario.
El
magistrado
debe primero
enviar un
oficio a la
Asamblea de
Madrid para
certificar
que es
diputado y
por tanto
aforado,
paso previo
para que el
juez Velasco
envíe una
exposición
razonada
para
inhibirse en
el Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid, el
órgano
competente
para
imputarlo.
La Guardia
Civil
atribuye a
Ortiz los
delitos de
fraude y
cohecho en
el gran
contrato de
74 millones
que el
consistorio
que él
dirigía
adjudicó a
Cofely. El
informe de
la UCO
señala que
ha podido
"obtener
sólidos
indicios
probatorios
del modo en
que el
exalcalde
Daniel Ortiz
Espejo y el
exconcejal
Alejandro
Utrilla
Palombi
habrían
utilizado
sus
funciones
públicas
para influir
en el
desarrollo
del proceso
de
adjudicación
en beneficio
de los
intereses
privados de
Cofely,
eliminando
la
concurrencia
en igualdad
de
condiciones
de los
licitadores
y vulnerando
los
principios
de la
contratación
pública".
Por este
contrato ya
está
imputado el
hermano de
Alejandro,
Mario
Utrilla, que
fue alcalde
de Sevilla
la Nueva. El
contrato fue
adjudicado
en mayo de
2014. Ortiz
fue alcalde
hasta junio
de 2015. Los
multimillonarios
contratos de
eficiencia
energética
que Cofely
se llevó en
algunos
municipios
madrileños
están siendo
investigados
en otra de
las piezas
del caso.
Una tercera
pieza se
centra en
los
contratos de
reputación
'online' que
Eico y
Madiva,
empresas de
otro de los
imputados,
Alejandro de
Pedro, se
llevaron,
sobre todo
en el
Gobierno
regional
presidido
por Ignacio
González.
Los
investigadores
ya han
confirmado
que Eico y
Madiva
hacían el
seguimiento
de las
noticias
publicadas
en medios
digitales
sobre
algunos
consejeros y
reproducían
en otras
páginas
creadas ex
profeso
noticias
positivas
sobre esos
políticos.
Esta pieza
ha dejado ya
imputado al
exconsejero
Salvador
Victoria.
Los agentes
han puesto
el foco
ahora en
algunos
municipios,
como
Alcobendas,
que también
contrataron
con Eico y
Madiva. Su
alcalde,
Ignacio
García de
Vinuesa, es
también
diputado
autonómico.
La UCO ya
acudió a
este
ayuntamiento
en junio de
2015 a por
documentación.
Eico firmó
tres
contratos
con
Alcobendas
en los años
2011, 2012 y
2013 por un
valor
conjunto de
55.000
euros.
Madiva
también
firmó tres
contratos en
2012, 2013 y
2014 por
18.000
euros.
Cofely y
Waiter Music
también
contrataron
con
Alcobendas.
Por último,
los
investigadores
de la
Guardia
Civil acaban
de recibir
una nueva
pista
gracias a la
declaración
de un
testigo que
implica a un
alcalde del
PP de otro
importante
municipio de
la región.
Se trata de
la
adjudicación
de una obra
en esa
localidad
que se llevó
una de las
empresas de
David
Marjaliza.
Los agentes
prefieren
ser
prudentes y
no hacer
público el
nombre hasta
completar
una serie de
comprobaciones.
Este testigo
ha aportado
grabaciones.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-04-18/la-uco-investiga-ya-con-serios-indicios-a-cinco-diputados-de-cifuentes-y-un-alcalde_1184498/
LOS ASESORES
DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID, EN 8
CLAVES
¿Cuánto
cobran? ¿Qué
organismo
gasta más?
¿Son todos
iguales?
1¿Cuántos
asesores
tiene la
Comunidad de
Madrid?
La cantidad
total de
personal
eventual es
de 137
trabajadores
contratados
de manera
directa, o,
como se
suele decir,
a dedo.
2¿Cuánto
cuestan los
asesores?
Todos juntos
representan
una masa
salario de
7.462.176,94
euros cada
año.
3¿Cuántos
organismos
tienen este
tipo de
trabajadores?
Son 15
organismos.
Por una
parte, las 8
consejerías
del
Gobierno,
que incluye
a
Presidencia.
Por el otro,
el equipo de
Comunicación
del
Gobierno, el
de
Protocolo,
la Oficina
de Cultura y
Turismo, la
Secretaría
General del
Consejo de
Gobierno, la
Oficina de
la CAM en
Bruselas, el
Centro de
Asuntos
Taurinos y
la Oficina
de
Publicidad.
4¿Cuánto
cobra un
asesor de
media?
Sin entrar
en los
detalles de
cada
categoría y
si el número
de asesores
se midiera a
granel, cada
trabajador
de este tipo
cuesta
54.468,44
euros al
mes.
5¿Todos los
asesores
tienen la
misma
categoría?
No. Por una
parte están
los
directores
de gabinete
o
coordinadores,
que tienen
un salario
medio de
unos 69.000
euros.
Aunque la
mayoría de
los que
trabajan en
consejerías
cobran
65.331,82
euros. La
media la
elevan la
jefa de
Gabinete de
Cifuentes
(100.556,52
euros) y el
responsable
de
Comunicación
(74.037,26
euros),
mientras que
la
coordinadora
de Protocolo
(57.790,12
euros) cobra
menos que
los jefes de
gabinete en
las
consejerías.
Ese salario,
sin embargo
es el más
cercano al
segundo
grupo de
trabajadores,
los asesores
parlamentarios.
Hay un cargo
así en cada
Consejería,
además de en
la Oficina
de Cultura y
Turismo, y
cobran de
media
56.240,64
euros.
Después
están los
asesores
rasos que,
por lo
general,
están
vinculados a
los
consejeros y
viceconsejeros.
Su salario
medio es de
53.542,20
euros.
Por último,
encontramos
a quienes la
Comunidad de
Madrid
designa como
“técnicos”
que pueden
ser, por
ejemplo,
fotógrafos,
cuyo sueldo
medio es de
45.955,57
euros.
6¿Cuántos
asesores hay
por
organismo?
El número es
variable en
función de
la
responsabilidad.
Hay
organismos
en los que
sólo hay un
asesor, e
incluso en
los que ese
asesor es el
responsable
de la
institución,
como en la
Oficina de
la Comunidad
de Madrid.
Sin embargo,
la media
señala que
en cada
organismo
hay 6,5
trabajadores
de este
tipo.
7¿Qué
organismo
tiene mayor
número de
asesores?
El equipo de
Medios de
Comunicación,
que tiene 18
asesores
contratados.
8¿Cuál es el
que más
gasta?
En términos
absolutos,
también el
de Medios de
Comunicación,
que destina
1.028.803,34
euros a
pagar
salarios,
casi un 14%
del total
que gasta la
Comunidad de
Madrid.
Sin embargo,
de media, el
que más
gasta por
cargo es
Presidencia
del
Gobierno, a
quien cada
salario le
saldría por
66.162,57
euros si
todos sus
componentes
cobraran lo
mismo.
http://www.elplural.com/2016/04/16/los-asesores-de-la-comunidad-de-madrid-en-8-claves
CIFUENTES YA
ES
TRANSPARENTE:
GASTA 7,5
MILLONES DE
EUROS EN
PAGAR A 137
ASESORES
Tras un mes
de
requerimientos
por
ELPLURAL.COM,
el Gobierno
de la
Comunidad de
Madrid
publica el
listado
íntegro y
los salarios
de los
cargos
elegidos a
dedo
Desde el
pasado 14 de
marzo,
ELPLURAL.COM
ha requerido
a la
Comunidad de
Madrid los
datos sobre
los asesores
que tiene el
Gobierno de
Cristina
Cifuentes.
Estas
contrataciones
se han hecho
públicas por
parte del
Ayuntamiento
de Madrid y
por el
Gobierno de
Mariano
Rajoy, pero
se
desconocían
las del
Ejecutivo
madrileño…
hasta ahora.
El pasado
lunes 4,
tras varias
semanas de
espera, se
publicaron
los salarios
anuales y
nombres de
cinco
asesores de
Presidencia,
pero faltaba
la lista
completa.
Ahora, una
semana
después, se
ha publicado
el listado
en el Portal
de
Transparencia
y ya se
puede
calcular la
cantidad que
gasta el
Gobierno de
Cifuentes en
pagar los
cargos
elegidos a
dedo. La
cifra anual
de salarios
asciende a
casi 7,5
millones
(7.462.176,94
euros) para
un total de
137
asesores.
A
continuación,
se desglosan
los
organismos
con los
sueldos de
trabajadores
elegidos por
contratación
directa. En
la
fotografía,
aparece el
responsable
directo del
organismo,
en su
mayoría
consejeros y
directores
generales,
cuyos
salarios ya
estaban
publicados
en el Portal
de
Transparencia.
Pero, en
algunos
casos, el
responsable
es un cargo
elegido a
dedo, por lo
que su
salario va
incluido en
el grupo.
Esto ocurre
en
Protocolo,
Medios de
Comunicación
y la Oficina
de la CAM en
Bruselas.
En
Presidencia
del Gobierno
están los
cinco
asesores que
ya conocimos
hace unas
semanas,
pero también
la directora
de Gabinete
de
Cifuentes,
Marisa
González,
cuyo salario
–junto con
la
declaración
de bienes-
hasta ahora
estaba
incluido en
la sección
de altos
cargos. Los
asesores
cobran
57.790,12
euros,
excepto
quien
escribe los
discursos de
Cifuentes,
José María
Ortiz
Claver, que
gana
65.258,40
euros. Los
cinco
sueldos,
junto a los
100.556,52
euros de la
directora de
Gabinete,
suponen un
gasto en
Presidencia
de 396.975,4
euros.
En la
Consejería
de
Presidencia,
Justicia y
Portavocía,
la directora
de Gabinete
cobra
65.331,82
euros, y hay
una asesora
parlamentaria
que gana
57.790,12
euros al
año. A esto
hay que
añadir 10
asesores del
consejero
que cobran
más de
50.000 euros
por cabeza
-sumando
todos
538.815,34
euros-, 2
asesores del
viceconsejero
– 111.430,28
euros al
año- y 2
técnicos de
apoyo por
debajo de
los 50.000
euros, cuyos
salarios
suman
90.522,74
euros. En
total, esta
Consejería
destina
863.890,30
euros en
salarios de
asesores.
El director
de gabinete
de la
Consejería
de Economía,
Empleo y
Hacienda
también
cobra
65.331,82
euros, pero
la asesora
parlamentaria
tiene un
sueldo menor
que su
homóloga de
Presidencia.
En este caso
53.640,16
euros.
También
bajan el
número de
asesores,
que cae a 6,
y todos
juntos ganan
310.906,46
euros. Aquí
no hay
técnicos,
pero sí hay
dos
Viceconsejerías,
cada una con
dos
asesores. En
Hacienda y
Empleo,
ambos
sueldos
suman
115.580,24
euros,
mientras que
en Economía
e Innovación
ganan
110.927,4
euros. Toda
la cartera
gasta
656.386,08
euros.
El esquema
es similar
en Medio
Ambiente.
65.331,82
euros para
el director
de Gabinete
y 57.790,12
euros para
el asesor
parlamentario.
La
Consejería
tiene 7
asesores,
que cobran
368.696,58
euros en
total, con
sólo un caso
que está por
debajo de
los 50.000
euros
anuales.
Aparte, hay
cuatro
asesores de
cooperación
municipal,
que juntos
ganan
207.172,66
euros. En
total, esta
Consejería
cuesta a los
madrileños,
en sueldos
de asesores,
698.991,18
euros al
año.
Pasamos a
Sanidad,
donde, como
en todas las
Consejerías,
se repite el
sueldo del
director de
Gabinete,
65.331,82
euros y
donde, el
asesor
parlamentario
también se
sitúa en los
57.844,12
euros al
año. El
número de
asesores del
consejero
asciende a
9, con sólo
un asesor
por debajo
de 50.000
euros y un
total de
464.787,9
euros al
año. Además,
el
viceconsejero
tiene una
asesora que
cobra
53.640,16
euros, lo
que eleva el
total de la
Consejería a
los
641.604,00
euros.
En Políticas
Sociales y
Familia se
repite el
sueldo del
director de
Gabinete,
pero el
asesor
parlamentario
cobra
57.790,12.
Hay 8
asesores que
suman
414.640,26
euros y 2
asesores de
la
Viceconsejería
que añaden
un total de
111.430,28 y
una técnica
de apoyo
cuyo salario
suponen
45.648,74
euros. Sin
embargo,
aquí hay que
reseñar que
una de los
asesoras de
la
viceconsejera
es un
misterio,
sólo sabemos
que es una
mujer y
cobra
53.640,16
euros, pero
su nombre es
sustituido
por unos
puntos
suspensivos.
Desde el
gabinete de
Cifuentes
aseguran que
se ha
respetado el
anonimato de
aquellos que
específicamente
han
solicitado
no aparecer
en el
listado,
aunque sólo
se ha dado
este caso.
En total,
694.841,22
euros de
salarios.
En
Educación,
Juventud y
Deporte, se
parte de los
65.331,82
euros de la
directora de
Gabinete y
los
57.790,12
euros del
asesor
parlamentario.
Hay 7
asesores
para el
consejero
que suman
356.850,14
euros. Las 2
viceconsejeras
se reparten
3asesores
cuyo total
salarial
llega a los
165.070,44
euros y, por
último, hay
1 técnica de
apoyo que
cobra
42.915,08
euros. En
total, esta
Consejería
suma
687.957,60
euros.
La última
Consejería
es la de
Transportes,
Vivienda e
Infraestructuras.
El director
de Gabinete
cobra
65.331,82
euros, pero
la asesora
parlamentaria,
como en
Economía,
tiene un
sueldo
menor, de
53.640,16
euros. Hay
seis
asesores del
consejero,
que cobran
323.047,84
euros y los
dos asesores
del
viceconsejero,
que cobran
111.430,28
euros. La
Consejería
en total
cuesta
553.450,10
euros.
Hasta aquí
las
Consejerías,
pero existen
otras
órganos
dependientes
del Gobierno
de Cifuentes
que también
cuentan con
asesores. Es
el caso del
equipo de
Comunicación,
al frente
del que está
Jesús
García, que
como
director
adjunto
cobra con un
salario de
74.037,26
euros, y
cuenta con
un
coordinador
de servicios
informativos,
Eduardo
Sobreviela,
que cobra
65.258,40
euros. A
ellos hay
que sumar 10
delegados de
prensa, 1
asesora y 1
técnico de
apoyo, que
añaden
685.002,02
euros. Por
último,
falta un
responsable
de “internet
y redes
sociales”
(57.790,12
euros) y
tres
fotógrafos
que cobran
48.905,18
euros cada
uno. En
total, todo
este
despliegue
suma
1.028.803,34
euros.
En
protocolo,
encontramos
a una
coordinadora,
que cobra
57.790,12
euros y dos
asesores, a
50.093,64
euros cada
uno. Total,
157.977,40
euros.
La Oficina
de Cultura y
Turismo
también
tiene asesor
parlamentario,
que cobra
53.640,16
euros.
También 10
asesores
distribuidos
en
diferentes
áreas y
museos, que
suman
489.728,12
euros. Y
otros tres
asesores de
los que no
se
especifica
su
especialidad,
y que añaden
156.576,14
euros a un
gasto total
de
699.944,42
euros.
En la
Secretaría
General del
Gobierno
encontramos
a tres
asesores,
entre los
que está la
Fátima
Fernández de
Mesa, hija
del director
general de
la Guardia
Civil y
protagonista
de la
información
de
ELPLURAL.COM
que inició
esta
reclamación
de
transparencia.
Sus
42.915,08
euros son el
salario más
bajo de este
departamento.
Sus
compañeros
cobran por
encima de
50.000 euros
y, todos
juntos,
suponen un
desembolso
de
154.345,36
euros.
En la
Oficina de
la Comunidad
en Bruselas
encontramos
a un solo
asesor, su
director,
Alfredo
Sánchez
Gimeno, con
un salario
de 57.790,12
euros al
año.
También hay
un solo
asesor en el
Centro de
Asuntos
Taurinos,
Federico
Díaz Suarez,
con un
sueldo de
53.640,16
euros.
Por último,
en la
Oficina de
Publicidad
hay dos
asesores,
cada uno con
un sueldo de
57.790,12
euros, lo
que da un
total de
115.580,24
euros para
este
organismo.
http://www.elplural.com/2016/04/16/cifuentes-ya-es-transparente-gasta-75-millones-de-euros-en-pagar-137-asesores
¿ESTÁ
CIFUENTES EN
PLENO
PROCESO DE
GALLARDIZACIÓN?
La
presidenta
de Madrid, y
gran
esperanza
blanca del
PP, que
sigue sin
publicar la
lista de sus
asesores, se
echa en
manos de los
que tenía su
viejo
'compañero y
amigo'
El pasado 14
de marzo,
hace ya un
mes, desde
ELPLURAL.COM
pedimos al
Gobierno de
Madrid el
listado de
sus
asesores,
currículos y
sueldos.
Acabábamos
de descubrir
que una hija
del actual
Director
General de
la Guardia
Civil estaba
contratada
como asesora
en la
Comunidad y,
para nuestra
sorpresa,
dada la
insistencia
con la que
Cristina
Cifuentes
habla de
transparencia,
descubrimos
que ese
listado no
era público.
Un hecho que
convertía al
Gobierno de
la Comunidad
de Madrid en
uno de los
pocos en la
Administración
española que
mantiene ese
oscurantismo.
La mujer
detrás del
éxito
Se inició
entonces un
proceso de
promesas,
incumplidas
hasta hoy,
en el que
tan sólo
hemos
logrado que
se hicieran
públicos los
nombres de
cinco
contratados:
los de los
asesores de
la
presidenta.
Eso sí, con
sus nombres
y sus
sueldos.
Nada de los
currículos
que
permitieran
cotejar su
idoneidad
para ocupar
estos
cargos. No
se nos ha
dado razón
para ello,
sino una
vaga alusión
al derecho a
la imagen
que en
principio
parece
incompatible
con ocupar
un cargo
público por
designación.
Pero lo que
hemos
encontrado
en
ELPLURAL.COM
sobre ellos
pone al
descubierto
que Cristina
Cifuentes
vive en uno
de los
episodios de
Regreso al
futuro. Es
eso, o
quiere
completar la
tarea que no
pudo
concluir
Alberto
Ruiz-Gallardón
con la gente
que lo
estaba
haciendo el
propio
Gallardón:
escalar en
el escalafón
político,
negando en
el camino
tener
ambición
alguna. Y es
que la
actual
presidenta
de Madrid se
está
rodeando de
la misma
gente que
logró vender
durante años
la imagen
del
ultraconservador
Alberto Ruiz
Gallardón
como el
progre del
PP.
Para
empezar, su
primer
fichaje, y
clave, aun
cuando era
delegada del
Gobierno en
Madrid, fue
el de Marisa
González.
Entonces
directora de
Comunicación,
ahora su
jefa de
Gabinete,
Marisa
González fue
quien pulió
al adusto y
soberbio
joven
Gallardón
durante años
hasta hacer
el milagro
de
convertirlo
y venderlo
como un
personaje
bien visto
por los
votantes de
centro y
como el
menos malo
del PP para
los de
izquierdas.
Un trabajo
por el que
Gallardón le
pagó
infamemente,
dejándola en
la estacada
al ser
nombrado
ministro de
Justicia.
Lo que se
es, y lo que
se parece
Con mejor
material de
base, Marisa
González
está
repitiendo
el mismo
milagro con
Cristina
Cifuentes,
con la que
mantiene una
relación de
complicidad
que va mucho
más allá de
la de un
político con
su dircom.
Una política
dura en el
fondo, pero
extraordinariamente
afable en
las formas,
Cifuentes
confía
ciegamente
en su jefa
de Gabinete,
que está
repitiendo
la jugada y
para ello
recuperando
a su gente.
Y vamos a
hacer ese
repaso a los
asesores de
la
presidenta,
los únicos
que, hasta
el momento
(se nos
sigue
prometiendo
que pronto
se hará
público el
nombre de
los demás)
se han dado
a conocer.
Escritores
de discursos
y demás
El primero,
José María
Ortiz
Claver, se
autodefine a
sí mismo
como
‘escritor de
discursos’.
Y eso ha
sido durante
años con
Alberto
Ruiz-Gallardón
desde que
éste era el
presidente
de la
Comunidad de
Madrid y
hasta que
dejó el
Ministerio
de Justicia,
20 años más
tarde, tras
la trampa en
la que se
empeñó en
caer con la
reforma de
la ley del
aborto en la
que salió su
verdadero
perfil
ideológico.
Otro Claver,
Pedro Claver
Martín, ha
seguido un
camino
paralelo.
Comenzó
siendo
asesor de
Gallardón en
el año 2003,
en la
Alcaldía de
Madrid, y
con él se
fue como
asesor al
Ministerio
de Justicia
ocho años
más tarde.
A ellos dos
les ha
confiado
Cifuentes
sus
palabras.
Ellos le
preparan,
siempre bajo
la dirección
de la jefe
de Gabinete,
los
discursos,
los
mensajes,
los
artículos,
las
respuestas,
las ideas
que la
actual
presidente
de Madrid
ofrece en
sus
intervenciones.
En fin,
ellos, junto
a Marisa
González,
son
responsables
del
crecientemente
clave
personaje
político en
el que se
está
convirtiendo
la
presidenta
de Madrid.
También de
aquel equipo
que hizo el
milagro
Gallardón
trabajan
ahora en la
defensa del
proyecto
Cifuentes
Jesús
García, mano
derecha en
los asuntos
de
comunicación
de Marisa
González, y
la
coordinadora
del
protocolo,
Ana Martín.
El resto del
equipo de
asesores de
Cristina
Cifuentes
son
Alejandro
Sánchez, un
sociólogo
antiguo
asesor de la
Presidencia
de la
Comunidad;
Alejo
Miranda, un
licenciado
en Derecho,
experto en
temas
fiscales y
un
periodista
con carrera
en el ABC,
Antonio
Astorga, que
trabajó en
el
Ayuntamiento
con Ana
Botella.
http://www.elplural.com/2016/04/14/est-cifuentes-en-pleno-proceso-de-gallardizaci-n
CIFUENTES
DEJA EN
SUSPENSO LA
MEDALLA DE
LA COMUNIDAD
A GONZÁLEZ
La
investigación
judicial
abierta
sobre el
ático del
expresidente
causa de la
no concesión
Los miembros
de la
comisión que
ha de
valorar los
méritos de
las personas
o
instituciones
a las que se
les
concederá
este año la
Medalla de
la Comunidad
acordaron no
entregar
esta
distinción
oficial al
expresidente
de la región
Ignacio
González,
del PP, al
estar
investigado
por la
compra,
presuntamente
irregular,
de un ático
en Estepona
(Málaga). Es
la primera
vez que un
ex
mandatario
regional no
recibe el
galardón que
premia su
“destacado
su servicio”
a la
Comunidad.
La medalla,
que no
conlleva
ninguna
aportación
económica,
se puede
retirar si
el titular
es
“condenado
por algún
hecho
delictivo”.
La negativa
de Cifuentes
a conceder
la
distinción a
su antecesor
en el cargo,
Ignacio
González,
está
relacionada
con las
supuestas
irregularidades
que este
cometió en
la compra de
un ático en
Estepona. El
próximo 18
de abril
tanto el
exmandatario,
como su
esposa,
Lourdes
Cavero, así
como el
presidente
del Atlético
de Madrid,
Enrique
Cerezo,
deben
declarar, en
calidad de
investigados
(antigua
figura de
imputado)
ante el juez
acusados de
posibles
delitos de
cohecho y
blanqueo de
capitales.
La Ley
3/1985, de
22 de marzo
regula la
concesión de
la Medalla
de la
Comundiad se
otorga “como
reconocimiento
a los
méritos de
las
instituciones,
personas
físicas o
jurídicas
que se hayan
destacado
por su
servicio” en
cualquier
ámbito de la
Comunidad de
Madrid.
La poseen,
además de
tres
expresidentes
regionales
madrileños
(uno del
PSOE y dos
del PP),
escritores
como Mario
Vargas Llosa
(2015),
entrenadores
de fútbol y
deportistas
—Luis
Aragonés
(2014) o
Iker
Casillas
(2013)—,
instituciones
como el
Teatro Real
(2015) o
políticos
como José
Bono (1986)
y Enrique
Tierno
Galván
(1985).
Consta de
dos
categorías
(oro y
plata) y se
concede,
dice la ley,
“a propuesta
del
presidente
de la
Comunidad
por acuerdo
del Consejo
de
Gobierno”.
Para
concederla
es necesaria
la
instrucción
de un
expediente
que debe ser
propuesto
por la Mesa
de la
Asamblea,
los
consejeros,
los
ayuntamientos,
las
entidades
culturales,
científicas
o
socioeconómicas.
Una
comisión,
formada por
siete
vocales,
valora los
informes de
los
candidatos
propuestos.
Posteriormente,
eleva su
fallo a la
presidenta
regional y
si esta se
muestra
favorable,
lo propone
al Consejo
de Gobierno.
Los
designados
con la
medalla de
oro logran
el
tratamiento
de
excelencia,
mientras que
los de de
plata de
ilustrísima.
Ayer, la
comisión
estuvo
formada por
la
presidenta
de la
Asamblea,
Paloma
Adrados,
diversos
viceconsejeros,
funcionarios
y cargos
próximos a
Cristina
Cifuentes.
La concesión
del galardón
puede ser
revocada “si
el titular
ha sido
condenado
por algún
hecho
delictivo, o
ha realizado
actos o
manifestaciones
contrarios a
la Comunidad
de Madrid, o
de
menosprecio
a los
méritos que
en su día
fueron causa
del
otorgamiento”.
Distinción
revocada
En 2014, el
Gobierno de
Ignacio
González
Aguirre
revocó la
distinción
de la Gran
Cruz de la
Orden del
Dos de Mayo
al
exconsejero
de
Transportes,
Justicia,
Interior y
Presidencia,
ex
secretario
regional del
PP de
Madrid, ex
diputado
regional y
exsenador,
Francisco
Granados.
Este se
encuentra
actualmente
en prisión
por su
supuesta
relación con
la trama de
corrupción
Púnica. Es
la máxima
distinción
que la
Comunidad de
Madrid puede
conceder a
un ciudadano
o
institución.
Desde su
creación en
1985, año en
que se crea
la Medalla
de la
Comunidad,
es norma que
los
presidentes
regionales,
tras dejar
el cargo, la
reciban de
manos de su
sucesor. Así
ha ocurrido
en el caso
del
socialista
Joaquín
Leguina
(1983-1995),
que la
recibió en
1996; de
Alberto
Ruiz-Gallardón
(1995-2003),
que fue
condecorado
en 2004, y
de Esperanza
Aguirre
(2004-2012),
a quien se
le concedió
en 2013.
Ahora, le
correspondería
el honor al
expresidente
Ignacio
González
(2012-2015).
Pero, de
momento,
tendrá que
esperar,
creen en el
Gobierno
regional.
Pero, de
momento,
tendrá que
esperar,
creen en el
Gobierno
regional.
Fuentes de
esta
comisión
recordaron
ayer que sus
decisiones
“no son
vinculantes,
sino solo
consultivas”.
“La
situación
puede
cambiar en
breve y
según lo que
decida la
presidenta”,
concluyeron.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/12/madrid/1460485307_538248.html
CIFUENTES
CESA AL
DIRECTIVO
DEL CANAL DE
ISABEL II
QUE APARECE
EN LOS
‘PAPELES DE
PANAMÁ’
Por otro
lado, el
director de
seguridad de
la entidad
ha dimitido
tras
conocerse
que la
empresa
pública
seguía
pagando la
seguridad de
Ignacio
González
"En la
política hay
ética y
estética",
ha asegurado
el portavoz
del Gobierno
regional
para
justificar
la decisión
Luis Miguel
Garrido ha
dimitido de
su cargo
como
director de
seguridad
del Canal de
Isabel II
Gestión
mientras que
el directivo
de la
entidad que
aparece en
los papeles
de Panamá,
Edmundo
Rodríguez
Sobrino, ha
sido cesado
de su cargo.
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha tomado
esta
decisión
tras
analizar la
situación en
la que se
encontraban
estas dos
personas.
En el caso
de Luis
Miguel
Garrido,
deja el
cargo tras
conocerse el
contenido de
las
informaciones
que apuntan
a que se
había
mantenido
parte del
servicio de
seguridad
del
expresidente
regional
Ignacio
González
hasta hace
un mes.
Preguntado
al respecto,
el
presidente
del Canal y
portavoz del
Gobierno
regional,
Ángel
Garrido,
dijo el
martes en
rueda de
prensa que
ya habían
solicitado
un informe a
la empresa
de aguas
para aclarar
lo sucedido.
También en
el marco del
Canal, ayer
se conoció
que un
directivo
del Canal,
en este caso
Edmundo
Rodríguez
Sobrino,
presidente
ejecutivo de
Inassa,
filial
colombiana
de Canal
Extensia,
aparecía en
los papeles
de Panamá,
algo que
también se
está
investigando.
En el
primero de
los casos es
el director
de Seguridad
el que ha
presentado
su dimisión.
Rodríguez
Sobrino, por
su parte,
será cesado
de su cargo
este jueves,
una decisión
que tiene
que
ratificar el
consejo de
administración
de la
empresa esta
tarde.
"He dado
instrucciones
al
presidente
del Canal
Extensia de
la que
depende
Inassa de
convocar un
Consejo de
Administración
extraordinario
para
provocar el
cese de su
presidente,
porque en
política hay
ética y
estética, y
el director
de seguridad
del Canal
hoy también
dejará de
ejercer sus
funciones",
aseguró el
portavoz en
el pleno de
la Asamblea
de Madrid.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/14/cesan_directivo_del_canal_isabel_que_aparecia_los_papeles_panama_48100_1012.html
LA ORDEN QUE
LEGALIZÓ EL
PELOTAZO DE
BOADILLA,
FIRMADA POR
EL NÚMERO
TRES DE
CIFUENTES
'El
Albondiguilla',
alcalde de
este
municipio,
acusó a
Taboada de
presiones
para rebajar
el precio de
una
recalificación
similar a la
de Arganda
Jaime
González
Taboada, el
hombre por
el que
Cristina
Cifuentes ha
metido la
mano en el
fuego varias
veces, su
compañero
con el que
recorría
pueblo a
pueblo
durante años
la Comunidad
de Madrid
controlando
y
repartiendo
fondos de la
Comunidad,
el hombre al
que ha hecho
número tres
de su
Gobierno y
consejero de
Administración
Local, al
que ha
situado como
su mano
derecha en
la gestora
que ahora
gobierna el
PP de
Madrid…, ese
González
Taboada
firmó el
informe que
hizo posible
la
recalificación
de una
parcela en
la localidad
madrileña de
Boadilla del
Monte, y que
tiene una
oscura
historia
detrás.
Meses de
presiones
para una
recalificación
delictiva
Ese
documento,
al que ha
tenido
acceso
ELPLURAL.COM
ahora, y que
González
Taboada
firmó como
director
general de
Cooperación
con la
Administración
Local, puso
el punto
final a lo
que el
propio
alcalde de
Boadilla,
Arturo
González
Panero, el
Albondiguilla
para los
capos de la
Gürtel,
calificó
ante el juez
de la
Audiencia
Nacional,
José de la
Mata, como
meses de
presiones
para que se
cometiera
una
recalificación
delictiva.
Como en su
momento
contó en
exclusiva
este
periódico,
Arturo
González
Panero,
declaró que
“Jaime
González
Taboada me
presionó
durante seis
meses para
que sacara a
concurso una
parcela por
valor de
19,4
millones de
euros,
cuanto los
técnicos del
Ayuntamiento
de Boadilla
del Monte la
habían
valorado en
30
millones”.
Ante esta
grave
acusación,
una de las
acusaciones
populares
presentes en
la causa por
la trama
Gürtel, la
Asociación
de Abogados
Demócratas
por Europa
(ADADE)
pidió que
González
Taboada
fuera
llamado a
declarar.
"Falta de
solidaridad
con otros
alcaldes del
PP"
El juez
encontró
suficientemente
creíbles las
acusaciones
del alcalde
de Boadilla
como para
aceptar la
petición y
llamó al
ahora
Consejero de
la Comunidad
de Madrid en
calidad de
testigo. El
Albondiguilla
había
explicado a
de la Mata
que Taboada
pretendía
que rebajara
el precio de
la parcela
que estaba
recalificando
en Boadilla
porque su
precio,
2.000 euros
por metro
cuadrado,
impedía la
recalificación
de otro
terreno, en
Majadahonda,
que se
estaba
sacando al
mercado a
solo 1.400
euros el
metro
cuadrado. En
resumen, que
cantaría que
algo raro
había en
Majadahonda.
Presuntamente,
claro, que
había
comisiones
que se
estaban
escondiendo
en esa venta
por debajo
del precio
de mercado.
El alcalde
de Boadilla
llegó a
declarar
ante el juez
que González
Taboada le
acusó de
“falta de
solidaridad
y poco
compañerismo
con otros
alcaldes del
Partido
Popular”. El
enfrentamiento
y las
presiones
fueron
presuntamente
tan fuertes,
como para
provocar,
según
González
Panero, el
Albondiguilla,
que se
rompiera su
amistad con
Francisco
Correa, el
capo Gürtel.
boadilla.jpg
"No obstante
la
Superioridad
acordará"
En su
declaración
ante el
juez,
González
Taboada
adoptó el
mismo tono
funcionarial
que en el
documento
que ahora
incorporamos
y que acaba
con la frase
exculpatoria
tan arcaica
como
supuestamente
exculpatoria:
“no obstante
la
Superioridad
acordará”.
Puestos en
contacto con
la Comunidad
de Madrid,
se nos ha
remitido al
informe de
prensa que
en su
momento
presentaron
en el que,
básicamente,
se subrayaba
el hecho de
que González
Taboada
había
acudido como
testigo, y
no como
imputado, en
que el
expediente
sobre el
precio del
suelo había
sido
impecable
(recordamos
que González
Taboada
supuestamente,
y según el
alcalde, lo
que
pretendía
era que
Boadilla
rebajara el
precio del
suelo
recalificado,
a lo que se
negó este
Ayuntamiento),
y en,
lógicamente,
negar la
existencia
de las
presiones
que
denunciaba
el alcalde.
El caso no
está cerrado
y recuerda
al pelotazo
de Arganda
Lo cierto es
que el juez
de la Mata,
lejos de
cerrar el
caso tras la
comparecencia
de Taboada,
pidió el
expediente
completo de
la operación
a la
Comunidad de
Madrid, y
llamó a
declarar al
funcionario
que la
propia
Comunidad de
Madrid ha
identificado
como
responsable
del área y
autor de la
valoración
de los
terrenos.
Curiosamente,
las
acusaciones
de González
Panero, el
Albondiguilla,
coinciden
casi como
dos gotas de
agua con los
hechos que
se
investigan
en el gran
superpelotazo
de la
historia de
la Gürtel,
el de la
recalificación
de la
parcela 124
de Arganda,
en el que,
hay que
decir
supuestamente,
se vendió un
terreno por
debajo de su
precio, con
lo que se
generaron
casi 30
millones de
euros de
plusvalías
repartidos
entre altos
cargos del
PP de Madrid
y entre los
cabecillas
de la
Gürtel, que
después, con
parte de ese
dinero,
financiaban
actos del
PP.
http://www.elplural.com/2016/04/13/la-carta-que-legaliz-el-pelotazo-de-boadilla-firmada-por-el-n-mero-tres-de-cifuentes
BRONCA EN LA
ASAMBLEA POR
TELEMADRID
Cifuentes
acusa a
Podemos y al
PSOE de
bloquear la
reforma de
Telemadrid y
José Manuel
Franco, del
PSOE,
replica que
el PP está
practicando
"sectarismo
y
partidismo"
La
presidenta
regional,
Cristina
Cifuentes,
ha acusado
hoy a los
grupos
parlamentarios
de Podemos y
PSOE-M de
"bloquear"
la reforma
de
Telemadrid
con los
candidatos
que han
propuesto
para el
consejo de
administración,
que cree que
no cumplen
con los
requisitos
de
"profesionalización
y
despolitización".
Así lo ha
señalado en
el Pleno de
la Asamblea
de Madrid en
su respuesta
al portavoz
de Podemos,
José Manuel
López, que
le ha
preguntado
cómo evalúa
la puesta en
marcha de la
Ley de Radio
Televisión
Madrid
(Telemadrid)
aprobada el
pasado mes
de
diciembre.
"Si hay un
retraso, es
debido a que
ustedes y
algunos
otros están
empeñados en
proponer
candidatos
con un
perfil
político y
no pueden
generar el
consenso que
establecía
la Ley como
requisito
indispensable",
ha dicho en
referencia a
Podemos y
PSOE-M. Por
su parte, el
portavoz
adjunto del
PSOE-M en la
Asamblea,
José Manuel
Franco, ha
asegurado
hoy que el
Gobierno
regional y
el PP están
practicando
"sectarismo
y
partidismo"
en el
proceso de
designación
de los
miembros del
consejo de
administración
de
Telemadrid.
Franco se ha
referido a
la decisión
del PP de
votar en
contra de
Carmen
Cafarell y
Mae Lozano
como
consejeras
de Radio
Televisión
Madrid. "Ya
esté bien
del
fariseísmo
político y
la doble
moral que
aplican a
todo. Hablan
de
despolitizar
y están
practicando
el
fariseísmo.
Están
practicando
el
sectarismo y
el
partidismo.
Una cosa es
la política
y otra el
partidismo",
ha agregado.
Según el
portavoz
adjunto
socialista,
los
populares
quieren "un
modelo de
comunicación
al servicio
del PP" y
pretenden
trasladar a
la oposición
la
responsabilidad
del bloqueo
de la
renovación
del consejo
de
administración
del
Telemadrid.
"Ya está
bien de
cinismo
político e
hipocresía",
ha añadido
Franco.
El PSOE y
Podemos
deberán
presentar
nuevos
candidatos
para el
consejo de
administración
de
Telemadrid
después de
que el PP
anunciara su
intención de
votar en
contra de
Carmen
Caffarel y
Mae Lozano
en el Pleno,
como ha
hecho esta
semana en la
Comisión de
Control del
Ente Público
Radio
Televisión
Madrid.
"Queríamos
ir a un
modelo de
televisión
pública
profesionalizada,
formada por
profesionales
ajenos al
mundo
político, al
sindicalismo
y con una
cualificación
determinada",
ha dicho
Cifuentes.
Sobre la
candidata
propuesta
por Podemos,
Mae Lozano
-una de las
afectadas
por el
Expediente
de
Regulación
de Empleo de
Telemadrid
de 2013-, ha
comentado
que "no
tienen
ninguna
experiencia
directiva" y
"ha ofendido
gravemente a
todos los
trabajadores
de
Telemadrid
por escrito
de manera
reiterada".
La
presidenta
regional ha
criticado al
grupo
parlamentario
de Podemos
al señalar
que su líder
nacional,
Pablo
Iglesias,
pidió
"controlar
Televisión
Española" en
la
negociaciones
para la
formación de
Gobierno.
"No pueden
decir una
sola palabra
de
despolitizar
porque su
modelo es
radicalmente
opuesto
(...) apoyan
una
televisión
politizada,
controlada
desde el
poder", ha
añadido.
Además, ha
reprochado a
Podemos que
permitiera
situar al
frente del
consejo de
administración
de la
televisión
de
Castilla-La
Mancha a un
alcalde
socialista.
Por su
parte, el
portavoz de
Podemos en
la Asamblea
de Madrid,
José Manuel
López, ha
manifestado
que el
actual
Gobierno
regional
llegó
"incumpliendo
la Ley
anterior"
que
establecía
que había
que cambiar
el consejo
de
administración
de
Telemadrid
al inicio de
la
legislatura.
"Ahora están
incumpliendo
la nueva
Ley, su Ley,
impidiendo
que se
cambie el
consejo de
administración
en plazo",
ha apuntado.
López ha
asegurado
que en
Telemadrid y
Onda Madrid
"no ha
cambiado
nada", ya
que
considera
que el
Gobierno
regional
mantiene "la
misma
manipulación
informativa,
la misma
programación
que no le
interesa a
gente y la
misma
dirección".
"Hablan de
profesionalización
pero lo que
ejercen es
amiguismo y
prometen
despolitización
pero
practican el
sectarismo",
ha
declarado.
Por otro
lado, ha
recordado
que los
cuatro
grupos
parlamentarios
presentaron
un documento
conjunto
para
proponer a
cuatro de
los nuevo
miembros del
consejo de
administración
y ha dicho
que el PP es
el culpable
del
"bloqueo"
que sufre la
Ley. "Lo
único que
nos queda
pensar, como
no son de
fiar, es que
no quieren
que abramos
cajones y
veamos la
gestión
económica
que hay
detrás de
Telemadrid,
que por lo
visto no es
lo mejor",
ha
comentado.
Asimismo, ha
acusado a
Cifuentes de
"engañar" a
los
ciudadanos y
a los grupos
parlamentarios
con una Ley
que ha
calificado
de una
"chapuza
legislativa"
y le ha
pedido que
"recapacite"
y
"rectifique"
para que
"Telemadrid
empiece".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/07/madrid/1460025254_724839.html
CIFUENTES
BLINDA LOS
SÍMBOLOS
FRANQUISTAS
DE BRUNETE
FRENTE A LA
MEMORIA
HISTÓRICA
Las placas y
un escudo
forman parte
del BIC de
la plaza
Mayor del
pueblo,
aprobado
ayer por el
Consejo de
Gobierno
El Gobierno
regional,
presidido
por Cristina
Cifuentes,
ha blindado
varios
elementos
franquistas
de Brunete
frente a la
Ley de
Memoria
Histórica.
Ese blindaje
está
incluido en
la
declaración
como Bien de
Interés
Cultural
(BIC) de la
Plaza Mayor
y la iglesia
de Nuestra
Señora de la
Asunción. La
protección
se extiende
a un escudo
preconstitucional,
dos placas y
un pequeño
altar con
una cruz y
un graderío.
La Comunidad
afirma que
son parte
sustancial
de los
monumentos.
Como
recuerda una
de las
placas, el
conjunto fue
inaugurado
por Franco
el 18 de
julio de
1946, décimo
aniversario
de la
sublevación
contra la
República.
La decisión
fue
anunciada
ayer por el
consejero de
Presidencia
y Justicia,
Ángel
Garrido. El
Ayuntamiento
de Brunete
(PP) había
pedido en
2014 a la
Comunidad
que iniciara
el
expediente
para dar a
su Plaza
Mayor,
construida
por Regiones
Devastadas
entre 1940 y
1946, la
máxima
protección.
Garrido
anunció que
el Consejo
de Gobierno
había
aprobado
conceder al
entorno la
categoría
BIC. De este
modo, los
símbolos
franquistas
que se
hallan en él
se han
convertido
en
intocables.
El
subdirector
de
Patrimonio
Cultural de
la
Comunidad,
Luis
Lafuente,
alega que
esos
elementos
son
“consustanciales
al proyecto
de
construcción”
y
proporcionan
las claves
que permiten
la
comprensión
del
monumento en
su
integridad.
Esta
circunstancia
ha permitido
aplicar la
excepción
que
contempla la
Ley de
Memoria
Histórica,
añade
Lafuente.
Las dos
lápidas que
se protegen
se
encuentran
en los
laterales de
la
escalinata
de subida a
la plaza. En
una de ellas
se puede
leer: “Esta
plaza
perpetúa la
gran
victoria de
la batalla
de Brunete
en nuestra
gloriosa
cruzada de
liberación
año de
MCMXXXVII”.
La otra
recuerda el
día en que
inauguración
del
conjunto:
“El 18 de
julio de
1946,
aniversario
del glorioso
Alzamiento
Nacional,
Francisco
Franco, Jefe
del Estado y
Generalísimo
de los
Ejércitos,
inauguró
esta Plaza
Mayor,
construida
por la
Dirección
General de
Regiones
Devastadas”.
Escudo
preconstitucional
El escudo
preconstitucional
se encuentra
en la
antigua Casa
de la
Falange. La
protección
no incluye
una placa
conmemorativa
de la Guerra
Civil,
instalada
unos 10 años
después de
la
construcción
de la plaza,
ni varios
víctores,
símbolo
hecho con
una
combinación
de letras,
procedente
del Imperio
Romano, que
fue adoptado
por algunas
universidades
para quienes
obtenían el
título de
doctor, y
que Franco
usó como
emblema
propio.
El artículo
15 de la Ley
de Memoria
Histórica,
aprobada el
26 de
diciembre de
2007 por el
Gobierno de
José Luis
Rodríguez
Zapatero,
señala que
las
Administraciones
tomarán
medidas para
la retirada
de escudos,
insignias,
placas y
otros
objetos o
menciones
conmemorativas
de
exaltación,
personal o
colectiva,
de la
sublevación
militar, de
la Guerra
Civil y de
la represión
de la
Dictadura.
Pero si las
menciones
son de
estricto
recuerdo
privado, sin
exaltación
de los
enfrentados,
o cuando
concurran
razones
artísticas,
arquitectónicas
o
artístico-religiosas
protegidas
por la ley,
lo anterior
no se
aplicará.
El PSOE, en
la oposición
municipal,
se muestra
muy crítico
con la
decisión de
la Comunidad
y recuerda
que el pleno
del
Ayuntamiento
aprobó una
moción
presentada
por su grupo
en la que se
exigía el
cumplimiento
de la
Memoria
Histórica y
la retirada
de las
placas. “Han
pasado dos
años y
continúan en
el mismo
lugar. Y
ahora las
protegen.
Nos parece
lamentable”,
declara
Salvador
Sierra, edil
socialista.
“Por
supuesto que
nos parece
una buena
noticia que
se declare
BIC la Plaza
y la Iglesia
del
municipio,
pero no
elementos
que
representan
una alegoría
a uno de los
bandos de la
contienda”,
explica.
El alcalde
del
municipio,
Borja
Gutiérrez
(PP), hizo
público un
comunicado
en el que
afirma que
la
declaración
del Gobierno
de Cifuentes
“supone un
reconocimiento
por parte de
la Comunidad
de Madrid a
nuestro
entorno
histórico y
en concreto
a la Plaza
Mayor y a la
iglesia como
ágora, como
centro de
reunión y
pulmón e
impulso de
la sociedad
brunetense”,
y recuerda
que es “el
resultado de
una
iniciativa
que partió
de una
ilusión
municipal”.
El
comunicado
no hace
ninguna
referencia a
los símbolos
franquistas.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/05/madrid/1459880311_170902.html
CRISTINA
CIFUENTES
HACE VUDÚ… Y
NO ES BROMA
Tiene
muñecos, a
los que
coloca fotos
de sus
‘menos
amigos’
sobre las
caras, y que
le acompañan
de destino
en destino:
es su forma
de
protegerse
Existen
fotos. Y las
tiene un
medio de
comunicación
escrito de
alcance
nacional.
Pero no las
da. Por las
razones que
tenga el
medio. Pero
hay gente
que las ha
visto.
Suficiente
gente. Son
la prueba de
una
peculiaridad
de Cristina
Cifuentes:
porque a la
presidenta
de la
Comunidad
Autónoma de
Madrid le
gusta hacer
vudú.
Seguramente
es algo
parecido a
un juego
para ella.
Más o menos.
Las
victimas, no
sólo
políticos
O quizás una
forma de
dejar
escapar los
‘malos
rollos’.
Habrá quien
haga
ganchillo
para
relajar. Hay
quienes
ponen
medallas a
vírgenes. O
que son
masones.
Pero lo
cierto es
que Cris,
como la
llaman en su
entorno,
hace vudú.
Adquiere
muñecos y
les pone
sobre la
cara fotos
de aquellos
a los que
quiere
menos.
Sí, entre
los
afectados
están esos
políticos,
de su propio
partido,
claro, en
los que
están
pensando:
alguno y
alguna, ya
casi del
pasado, que
compitieron
con ella o
fueron sus
enemigos. Y
también
algún
periodista
que publicó
alguna
historia que
le hizo
daño. Hasta
el exmarido
de alguna
amiga
íntima, muy
conocidos
los dos por
aparecer en
la
televisión,
ha pasado
por el cajón
de los
muñecos de
vudú de la
presidenta
de Madrid.
Muñecos, por
cierto, que
le acompañan
de oficina
en oficina.
Guiños para
entendidos
en los
medios
En realidad,
como
decimos,
este pequeño
vicio de
Cristina
Cifuentes es
más o menos
conocido en
su entorno.
Hasta ha
habido quien
ha hecho
guiños al
asunto. Por
ejemplo, el
pasado 10 de
marzo, en
ElConfidencial.com
jugaban con
el doble
sentido de
las palabras
en un
titular a
partir del
hecho,
incontestable,
de que suena
como
candidatable
a sustituir
a Mariano
Rajoy como
candidata
PP.
““Cristina,
cuídate de
los idus de
marzo…”: ya
vuelan los
informes
contra
Cifuentes”
titulaban la
crónica. En
la que,
siguiendo
con el juego
de los
espíritus y
el mal
fario,
acababan el
escrito con
este
párrafo:
““Al suelo,
que vienen
los
nuestros...”,
suele
contestar
Cifuentes
cuando se le
pregunta por
todas estas
balas del
'fuego
amigo', e
insiste en
que no está
en la
carrera
sucesoria.
Pero sabe
que los
'idus de
marzo'
cambiaron la
historia y,
por si
acaso, no
duda en
protegerse y
usar
cualquier
método para
intentar
eliminar las
malas
vibraciones
de quienes
quieren
ponerle más
que una
piedra en el
camino. Pero
esta sí que
es otra
historia...”
(las
negritas en
cursiva son
nuestras).
Incluso los
periodistas
muy de la
línea de
Cifuentes se
han
permitido
bromear
sobre el
asunto. En
Voz Pópuli,
en marzo de
2015, cuando
Cris ya era
candidata
del PP,
publicaban
un artículo
en el que se
jugaba una
vez más con
el titular,
que sólo
entenderían,
claro, los
que estaban
en el
asunto:
“¿Quiénes
hacen vudú
contra
Cristina
Cifuentes?
Botella,
Fernández
Díaz, los
consejeros
de Ignacio
González…”.
Como se ve,
la palabra
vudú y tres
de los
evidentes no
amigos de
Cristina
Cifuentes
coinciden en
la misma
línea
¿Existen las
casualidades…
O es todo un
guiño para
insiders?
Génova da
yuyu
En cualquier
caso, todo
el que ha
tenido
ocasión de
hablar con
la
presidenta
madrileña
descubre
enseguida
que es una
mujer a la
que no
resultan
extrañas las
malas
fuerzas.
Hace sólo un
mes, aquí
mismo, en
ELPLURAL.COM,
recogíamos
un
comentario
suyo a
Mariano
Rajoy
confesado en
una reunión
con alcaldes
de
municipios
madrileños
en manos del
PP: “Le he
dicho a
Rajoy que
nos vayamos
de Génova,
que está
maldita”.
Sabemos que
hay un
presentador
de
televisión,
muy rojo y
divertido,
que conoce
también la
historia de
los muñecos
de vudú de
Cris. Igual
con él puede
algún día la
presidenta
madrileña
comentar el
tema en su
programa y
así todos
podemos
reírnos de
lo que
algunos
podrían
percibir
como un mal
rollo.
http://www.elplural.com/2016/04/07/cristina-cifuentes-hace-vud-y-no-es-broma
CIFUENTES
DEFIENDE QUE
GONZÁLEZ
TABOADA "NO
PARTICIPABA
DE LAS
DECISIONES"
DE ARPEGIO
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha defendido
este viernes
a su número
tres y
consejero de
Medio
Ambiente y
Ordenación
del
Territorio,
Jaime
González
Taboada, al
indicar que
"no
participaba
de las
decisiones"
de Arpegio,
salpicada
por la trama
Púnica, y ha
insistido en
que la
tolerancia
de su
Gobierno con
la
corrupción
es "cero".
"El era el
director
general de
Administración
Local y
miembro de
la Mesa de
Contratación;
pero las
Mesas tienen
una función
muy
determinada
y, desde
luego, Jaime
González
Taboada no
era miembro
de la
empresa
Arpegio ni
desde luego
participaba
en las
decisiones
de la
empresa
Arpegio", ha
asegurado
este viernes
la
presidenta
en
declaraciones
a los medios
tras un
desayuno
informativo
en el Hotel
Ritz.
Cifuentes ha
recalcado
además que
la
tolerancia
de su
Gobierno
"con
cualquier
corrupción
es cero" así
como que "la
colaboración
con la
Justicia es
absoluta".
"Más allá de
especulaciones
periodísticas
de unos y
otros los
diputados y
todos los
miembros de
mi Gobierno
saben que si
resultan
imputados o
formalmente
investigados
en un asunto
judicial
tendrán que
presentar la
renuncia",
ha recalcado
para a
renglón
seguido
indicar que
éste "no es
el caso con
el señor
Taboada".
http://m.eldiario.es/politica/Cifuentes-Gonzalez-Taboada-participaba-Arpegio_0_500800114.html
EL 'NÚMERO
3' DE
CRISTINA
CIFUENTES
OCULTÓ SU
VÍNCULO CON
LA EMPRESA
CLAVE DE LA
'PÚNICA'
Jaime
González
Taboada negó
tener
cualquier
relación con
Arpegio,
pero
Granados le
colocó en la
Mesa de
Contratación
Marjaliza
declaró que
Granados y
Taboada
cobraron
sobornos por
adjudicaciones
El consejero
de la
Comunidad de
Madrid Jaime
González
Taboada,
número tres
del
Ejecutivo de
Cristina
Cifuentes y
miembro de
la gestora
del PP
madrileño,
fue desde
2006 y en
adelante el
cargo de
confianza
designado
por
Francisco
Granados en
la Mesa de
Contratación
de la
empresa
pública
Arpegio,
clave del
entramado
corrupto que
se investiga
en el caso
Púnica. El
constructor
David
Marjaliza
declaró al
juez que
varias
empresas que
se habrían
beneficiado
de
adjudicaciones
irregulares
de Arpegio
habrían
pagado
mordidas a
Granados y
al propio
Taboada, lo
que éste
niega.
La
presidenta
de Madrid ha
situado a
este
consejero al
frente de
Nuevo
Arpegio, la
sociedad
pública de
gestión del
suelo
sucesora de
aquélla.
Taboada
había
mantenido
oculta hasta
ahora su
pertenencia
a la Mesa de
Contratación,
hasta el
punto de que
el 19 de
febrero la
agencia
Europa Press
recogió el
siguiente
párrafo: «El
consejero ha
afirmado que
lleva 'ocho
meses
teniendo la
competencia
en Arpegio'
y lo que ha
pasado
anteriormente
lo desconoce
'profundamente',
porque no
era ni
miembro de
la empresa,
ni ha
trabajado
con ella, ni
'conocía la
empresa por
dentro'». En
ningún
momento de
esa
intervención,
que se
produjo tras
la pregunta
de un
periodista,
admitió que
perteneciera
a la Mesa.
La realidad
es que el 23
de febrero
de 2006,
Taboada fue
designado
por el
entonces
consejero de
Presidencia,
Francisco
Granados -en
prisión
desde hace
año y medio
bajo la
acusación de
cobrar
sobornos a
cambio de
adjudicaciones
de Arpegio-,
como el
único alto
cargo entre
los seis
vocales que
integraron
la Mesa de
Contratación,
el órgano
técnico que
debía
valorar las
ofertas
presentadas
por las
empresas que
concurrían a
la
adjudicación
de las obras
correspondientes
al Plan
Prisma
2006-2007.
Se trata de
una
iniciativa
política por
la que la
Comunidad de
Madrid
distribuyó
300 millones
para mejorar
las
infraestructuras
de sus
municipios.
Taboada
podía
conocer así
a fondo lo
que sucedía
en Arpegio:
qué empresas
se
postulaban;
a cuáles se
contrataba,
cómo y por
qué, y cuál
era la
precisa
cuantía de
los
contratos.
Las
propuestas
de la Mesa
no son
vinculantes,
pero en la
práctica es
sumamente
extraño que
el órgano
adjudicador
-aquí, el
consejo de
Arpegio- se
aparte de
ellas.
Además, se
da la
llamativa
circunstancia
de que
Taboada era,
al mismo
tiempo,
director
general de
Administración
Local y
tenía
encomendada
la
planificación
del Plan
Prisma. Es
decir, que
por este
lado era él
quien
gestionaba y
decidía la
cuantía de
los fondos
que se
destinaban a
las obras, y
por el otro,
como miembro
de la Mesa
de
Contratación
de Arpegio,
tenía
influencia
directa en
la concreta
adjudicación
de los
contratos al
participar
en la
valoración
técnica de
las ofertas.
Esta
dualidad,
que es
extravagante
según todas
las fuentes
jurídicas
consultadas,
lo colocaba
en una
situación de
potencial
ascendencia
sobre el
resto de
vocales.
Entre éstos
también se
encontraba
Ignacio
Palacios,
que fue jefe
de Gabinete
de Francisco
Granados.
Fue detenido
en la
operación
Púnica por,
presuntamente,
servir a
éste de
testaferro.
La versión
de la
Comunidad de
Madrid es
que Granados
designó a
Taboada, a
Palacios y a
otras cuatro
personas
«miembros
natos» de la
Mesa. Pero
que en
realidad
Taboada no
asistió a
ninguna
reunión de
esa Mesa
hasta 2009,
sin aclarar
el motivo de
ese
comportamiento.
El consejero
fue también
miembro de
la Mesa de
Arpegio, por
tanto,
cuando ya se
estaba
desarrollando
el Plan
Prisma
2008-2011,
que
distribuyó
700
millones.
El diario
digital El
Español
publicó en
julio de
2015 que el
constructor
David
Marjaliza,
que se
encontraba
entonces en
prisión como
uno de los
principales
implicados
en la
operación
Púnica,
había
declarado
que Jaime
González
Taboada
habría
cobrado
sobornos a
cambio de
adjudicaciones
irregulares,
a través de
un método
concertado
con
Francisco
Granados.
Habría
consistido
en conocer
con
antelación
las ofertas
mejor
valoradas
por la Mesa
de
Contratación
y sondear
cuál de
ellas estaba
dispuesta a
pagar
mordidas
para que,
después, el
consejo de
Arpegio,
presidido
por
Granados, le
adjudicase
la obra.
Taboada
anunció que
demandará a
Marjaliza si
mantiene
esas
acusaciones.
La
declaración
de Marjaliza
ya ha
provocado la
dimisión de
la número
tres en la
Asamblea de
Ciudadanos,
socio del PP
de
Cifuentes.
El
constructor
aseguró
haber pagado
regalos a
Eva Bórox en
su etapa de
edil en
Valdemoro.
Ella dejó su
cargo porque
unas
imágenes de
La Sexta
cuestionaban
la veracidad
de unas
afirmaciones
en las que
aseguró que
apenas
conocía a
ese
constructor.
Precisamente
ayer, la
gestora del
PP de Madrid
aprobó su
nuevo código
ético, que
incluye la
obligación
de dimitir
en el caso
de resultar
investigados
por un
delito de
corrupción.
El texto
destaca que
los partidos
«no pueden
permanecer
ajenos a las
medidas de
regeneración
que demandan
los
ciudadanos y
que se están
adoptando en
otras
instituciones».
http://www.elmundo.es/espana/2016/04/01/56fd8bbfca474182518b4637.html
EL PP DE
MADRID
APRUEBA UN
CÓDIGO ÉTICO
QUE NO
AFECTA A
CARGOS
PÚBLICOS
La gestora
del PP de
Madrid,
presidida
por Cristina
Cifuentes,
ha aprobado
una norma de
comportamiento
interno pero
que sólo es
de
aplicación
para los
cargos
orgánicos, a
presidentes
y
secretarios
generales de
agrupación
La gestora
del PP de
Madrid,
presidida
por la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid
Cristina
Cifuentes,
ha aprobado
el Código
Ético del PP
de Madrid en
el que
excluye a
los cargos
públicos.
«Será de
aplicación a
los miembros
de la
Comisión
Gestora del
Partido
Popular de
Madrid,
Presidentes
y
Secretarios
Generales,
Locales y de
Distrito, en
la Comunidad
de Madrid»,
precisa en
su artículo
1. Es decir,
que esta
norma de
funcionamiento
interna no
sería de
aplicación a
los
portavoces
municipales
de los
diferentes
ayuntamientos
de la región
ni a los
concejales.
También
están
excluidos
los
diputados de
la Asamblea
de Madrid,
así como los
altos cargos
del Gobierno
autonómico.
Hay que
precisar
que, en el
caso de sus
señorías,
los miembros
de la lista
de Cifuentes
que
concurrieron
junto a ella
a la Cámara
autonómica
tuvieron que
firmar un
código
propio, un
compromiso
por el que
si
resultaban
imputados,
ahora
investigados,
deberían
dejar su
acta.
El texto del
Código Ético
del PP de
Madrid no es
muy
diferente
del que, en
su día,
firmaron los
diputados
regionales.
Los motivos
que ha
incorporado
para
renunciar
son, por
ejemplo,
«ser
investigado
formalmente
por delitos
de
corrupción o
por delitos
que por su
gravedad
causen una
especial
alarma
social, ante
cualquier
órgano
jurisdiccional,
o, en su
caso, ser
condenado,
aunque la
sentencia no
haya
alcanzado
firmeza, por
delitos
dolosos
perseguibles
de oficio, a
propuesta
del Comité
de Derechos
y
Garantías».También
deben dejar
su cargo,
por
«cooperar
necesariamente»
con una
organización,
sociedad o
entramado
societario,
«con la
finalidad de
carácter
criminal de
cometer
fraude
fiscal,
blanqueo de
capitales,
delitos
económicos,
delitos de
corrupción o
cualquier
otro delito
contra la
Administración
Pública».
Dar,
ofrecer,
aceptar o
solicitar de
forma
directa o
indirecta,
regalos,
favores,
donaciones,
invitaciones,
viajes o
pagos en
atención al
cargo o
responsabilidad
que ostente,
que puedan
influir en
sus
decisiones o
en las de
terceros
para
facilitar
negocios u
operaciones
en beneficio
propio o de
otros,
también es
causa de
renuncia.
El código
también
penaliza con
la expulsión
el
aprovecharse
del cargo o
responsabilidad
que ostente
para forzar
o facilitar
oportunidades
de negocio o
participar
en aquéllas
de las que
tenga
conocimiento
en tal
condición,
así como
realizar un
uso indebido
del dinero
público o
del partido
o valerse de
su posición
para obtener
ventajas
patrimoniales
o de otro
orden.
Finalmente,
«incurrir en
una falta
grave de
ejemplaridad
respecto a
los
ciudadanos
en el
ejercicio de
las
funciones
propias de
su cargo»,
como pudiera
haber sido,
por ejemplo,
la fuga de
Esperanza
Aguirre en
la Gran vía
también es
motivo de
cese.Las
personas
afectadas
por este
código
tienen que
comprometerse
a cumplirlo
antes de
tomar
posesión.
Además,
deberán
presentar
una
declaración
de bienes
ente el
Comité de
Derechos y
Garantías.
Además, de
tener un
comportamiento
ejemplar y
no utilizar
el puesto
para
beneficiar a
terceros,
tendrán la
obligación
de informar
al partido
cuando
conozcan
algún tipo
de
irregularidad
o cuando se
les abra
algún tipo
de
procedimiento
judicial.
http://www.elmundo.es/madrid/2016/03/31/56fd7274ca474107038b4575.html
NUEVAS
DIMISIONES
EN
TELEMADRID
ANTE EL
BLOQUEO DE
CIFUENTES
Los dos
consejeros
del PSOE
dejan su
cargo por la
“evidente y
dolorosa
falta de
voluntad
política”
del PP
Continúan
las
dimisiones
en la cúpula
de
Telemadrid
ante el
bloqueo que
el Gobierno
de Cristina
Cifuentes
tiene
sometida la
renovación
de su
Consejo de
Administración.
Si el lunes
fue la
presidenta
del
principal
órgano del
ente, este
miércoles lo
comunicaron
los dos
consejeros
del PSOE que
quedaban,
Silvia Gómez
y Eduardo
Sotillos.
Así lo han
anunciado a
la
presidenta
de la
Asamblea de
Madrid
argumentando
que uno de
los motivos
de su
decisión es
que se haya
excluido al
sindicato
UGT como
organización
social que
pueda
proponer
alguno de
los cinco de
nueve
consejeros,
como recoge
la nueva ley
de
Telemadrid
aprobada por
PP y
Ciudadanos.
Esto también
fue
criticado
por la
expresidenta
del Consejo,
Covadonga
Fernández,
en su
dimisión
esta misma
semana, a lo
que sumaba
la exclusión
de la
Asociación
de la Prensa
de Madrid.
Los
consejeros
socialistas
también
critican que
se hayan
vetados los
nombres
propuestos
por su
partido y
Podemos para
ocupar dos
de los
cuatro
sillones que
se elegirán
desde los
partidos que
forman la
Asamblea de
Madrid, así
como la
“dilatada
puesta en
marcha” de
la nueva
ley, lo que
hace
“insostenible
su labor”.
Bloqueo
político
Sotillos y
Gómez
defienden en
su carta de
renuncia que
existe una
“evidente y
dolorosa
falta de
voluntad
política a
la hora de
proceder a
la
constitución
del nuevo
Consejo de
Administración
derivada de
la” nueva
ley de
Telemadrid,
por lo que
consideran
su renuncia
puede
desbloquear
la
situación.
Solo queda
el PP
Con la
salida de
Sotillos y
Gómez, que
se
encontraban
en funciones
hasta que se
nombrase
nuevo
consejo,
actualmente
el mayor
órgano de
gobierno de
Telemadrid
sólo está
formado por
los tres
consejeros
nombrados
por el
Partido
Popular, ya
que el de
Izquierda
Unida
dimitió en
2015.
http://www.elplural.com/2016/03/31/nuevas-dimisiones-en-telemadrid-ante-el-bloqueo-de-cifuentes
EL HOMBRE
QUE DESTAPÓ
LA GÜRTEL:
"CIFUENTES
ME DIJO QUE
DEJASE EL
ASUNTO EN EL
CONGELADOR"
José Luis
Peñas
asegura que
Telemadrid,
tras
vetarle, ha
pasado de
"TeleEspe" a
"TeleCifu"
Parece que
poco cambia
la situación
alrededor
del Partido
Popular de
Madrid, con
independencia
de quien sea
su cabeza
visible. Es
verdad que
ahora mismo,
con la nueva
responsable
provisional
con visos de
permanencia,
Cristina
Cifuentes,
con los
casos de
corrupción
aún
calientes
sobre la
mesa, el
mensaje es
de
“transparencia
y tolerancia
cero con sus
actores
principales”.
Pero hay
actitudes
que
rememoran la
época del
'ordeno y
mando' de
Aguirre.
Alguien que
conoce bien
desde dentro
y a quien se
atribuye el
destapar el
'caso
Gürtel' es
el ex
concejal del
partido en
Majadahonda,
José Luis
Peñas. Él ha
vivido en
primera
persona lo
que
significa
denunciar a
los
poderosos y
ha pagado
las
consecuencias.
Acaba de
publicar un
libro en el
que se
recogen los
'tejemanejes'
del PP.
De TeleEspe
a TeleCifu
La primera
sorpresa es
que, como él
mismo dice a
ELPLURAL.COM,
“hemos
pasado de
TeleEspe a
TeleCifu”.
La semana
pasada
“vetaron mi
presencia”.
El motivo lo
tiene claro
porque sabe
cómo son los
engranajes
de todo
esto. “El
día anterior
estuve en
'Al Rojo
Vivo' donde
hablamos de
la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid”. Era
martes. Al
día
siguiente
estaba
convocado a
las 11.30 a
maquillaje
para
participar
en un
programa de
Telemadrid.
“Al salir de
La Sexta,
recibimos
una llamada
anulando la
entrevista.
Sin duda, a
Cristina
Cifuentes o
a alguien de
su entorno
no le gustó
lo que
dije”.
"No
denuncies"
Con la
máxima
responsable
de los
'populares'
madrileños
no coincidió
en muchas
ocasiones.
Sí recuerda
una “en
febrero o
marzo de
2005”, en la
que le
citaron para
una reunión
con el ahora
encarcelado
Francisco
Granados en
la primera
planta de la
calle
Génova.
Allí, en un
pasillo con
dos lámparas
que habían
convertido
en una
especie de
sala de
espera,
coincidieron.
“La verdad
es que nos
conocíamos
todos.
Llevaba las
campañas del
partido en
Madrid y
sabía quien
era todo el
mundo...
estábamos en
primera
línea de
fuego”.
Aquel
encuentro lo
recuerda
Peñas porque
era el
momento en
que “se
empezaba a
hablar del
caso
Majadahonda,
de las
parcelas...
nosotros
habíamos
decidido
denunciar al
partido y
eso son
palabras
mayores”.
"Perdemos
todos"
Cristina
Cifuentes en
aquel
pasillo
convertido
en sala de
espera le
dijo “pero
hombre, cómo
vais a hacer
esto, que
sois de lo
mejor que
hay aquí.
Metedlo en
el
congelador,
no
denunciéis
al partido
que así
perdemos
todos...”.
Comentarios
similares le
hicieron
otros
cargos, como
la actual
presidenta
de la
Comisión
Nacional del
Mercado de
Valores,
Elvira
Rodríguez
-que llegó a
ser
presidenta
de la
gestora de
los
'populares'
de
Majadahonda
cuando se
destapó el
escándalo-,
o Francisco
Granados.
“Al fin y al
cabo
-comenta a
ELPLURAL.COM-
lo que
hacían era
tirar del
manual del
partido o de
la secta,
como digo
yo”.
La decisión
de denunciar
conllevó
para él las
consecuencias
que todos
conocen
puesto que,
a la postre,
“parece que
es mejor ser
corrupto que
denunciar
ese tipo de
comportamientos”.
Aguirre ya
"ha sido
pillada"
Otro de los
nombres que
pululan
sobre la
Gürtel y
otros casos
destapados
en Madrid es
el de la
'lideresa'.
A juicio de
Peñas,
social y
políticamente
“ha sido
pillada” y
eso, para
él, es tan
importante
como la
parte
judicial. En
cuanto a
Mariano
Rajoy, Peñas
pone en
entredicho
su
desconocimiento
de lo de
Valencia.
"Eso es
imposible
creérselo,
al fin y al
cabo, desde
2009 cuando
decían que
todo era una
conspiración
contra el PP
¿qué
controles ha
establecido
sobre una
formación de
la que es
presidente?”.
Toda la
documentación
y dos años
de
grabaciones
de Francisco
Correa,
principal
implicado y
cabecilla de
la red
Gürtel según
los
investigadores
dan para
mucho. A
diferencia
de lo que le
ocurrió al
director de
la película
'B',
centrada en
la
declaración
de Bárcenas,
el ex edil
'popular' no
ha tenido
problemas
para
publicar el
libro puesto
que, en
realidad, se
lo
propusieron
a él. Se
titula 'Uno
de los
suyos' y
recoge
aquellos
años de la
"pequeña
Sicilia" que
era Madrid.
El libro,
que "está
superando
las
expectativas
iniciales",
no es una
salida para
Peñas
porque, como
ha
reconocido
en alguna
ocasión, "no
soy un
denunciante,
soy
básicamente
un delator,
al fin y al
cabo, yo
estaba
dentro de la
trama".
http://www.elplural.com/2016/03/25/el-hombre-que-destap-la-g-rtel-cifuentes-me-dijo-que-dejase-el-asunto-en-el-congelador
PEÑAS:
"CIFUENTES
SE COMPORTÓ
COMO UNA
PERSONA MÁS
DE LA SECTA
QUE ES EL
PARTIDO
POPULAR"
El
exconcejal
del PP de
Majadahonda
que grabó
durante dos
años a
Francisco
Correa, con
quien
mantenía una
relación
cercana,
narra en 'La
Ventana de
Madrid' una
reunión con
Cifuentes en
la que ella
le recomendó
"quedarse en
el
congelador"
y no
denunciar
las
irregularidades
detectadas
José Luis
Peñas grabó
durante dos
años a
Francisco
Correa sin
que éste se
diera
cuenta. Esas
grabaciones
en las que
Correa
hablaba
abiertamente
de
extorsiones
a alcaldes o
mordidas en
contratos
fueron la
semilla que
dio lugar a
la explosión
del caso
Gürtel. Años
después,
Peñas ha
escrito un
libro
narrando
esos años,
"Uno de los
suyos" se
titula, y ha
explicado
sus
sensaciones
en "La
Ventana de
Madrid".
"Me decidí a
grabar
cuando me di
cuenta de
que los
negocios de
Correa eran
más cercanos
a la Cosa
Nostra",
narra Peñas,
quien figura
como
imputado por
haber
recibido
supuestamente
dinero de
modo
irregular.
Unas
grabaciones
que, según
Peñas, le
han costado
presiones de
todo tipo
por parte
del Partido
Popular,
"algo que se
ha calmado
cuando ha
aparecido
Bárcenas y
el PP ya no
puede
sostener su
discurso",
concluye.
Por el libro
y por su
testimonio
pasan
nombres del
ayer y del
hoy del PP
de Madrid,
de Cristina
Cifuentes a
Esperanza
Aguirre, de
Ignacio
González a
Jaime
González
Taboada.
Peñas narra
un encuentro
con
Cifuentes
cuando él y
otro
exconcejal
del PP se
planteaban
dar a
conocer las
irregularidades
que iban
detectando.
"No puedo
asegurar que
Cifuentes
supiera o no
lo que
pasaba. Pero
sí que se
comportó
como parte
de la secta
que es el
PP. Se sentó
con nosotros
y tiró de
manual de
secta. Nos
dijo que si
denunciáramos
perderíamos
todos, que
nos
quedáramos
en el
congelador
un par de
años".
La
influencia
de Esperanza
Aguirre
La
expresidenta
regional es
otra de las
protagonistas
del
testimonio
de Peñas.
"Es una
contradicción
pura, la
mentira es
su seña de
identidad",
describe el
exconcejal,
quien en su
libro sitúa
a Aguirre
como amiga
de Isabel
Jordán, otra
de las
figuras
claves de la
trama y
cercana a
Correa.
"Dijo que no
la conocía,
pero luego
reconoce que
le mandó una
contestación
agradeciéndole
un albornoz
que ella le
envío en
Navidades".
Peñas, que
describe a
Madrid como
una "pequeña
Sicilia"
asegura que
quedan cosas
por
destaparse.
"La Púnica
está en
pleno
apogeo, ya
no nos
sorprende
que un
expresidente
como Ignacio
González
esté
imputado...
el iceberg
va a seguir
creciendo".
El
exconcejal
reconoce su
cercanía con
Correa,
aunque niega
que haya
escrito el
libro para
limpiar su
propia
imagen: "no
me he
santificado.
En el libro
hablo de que
soy un
delator. No
soy un
denunciante,
soy delator
porque he
estado
dentro de la
trama".
http://cadenaser.com/m/emisora/2016/03/24/radio_madrid/1458835107_987364.html
EL ‘NÚMERO
DOS’ DE
CIFUENTES
CREE QUE
SERÍA “UN
SUICIDIO” NO
CAMBIAR EL
PP
Garrido
opina que
los últimos
resultados
electorales
obligan al
partido a
tomar
decisiones
El consejero
de
presidencia
y portavoz
del gobierno
madrileño,
Ángel
Garrido,
cree que el
PP necesita
"cambiar".
"Ha habido
un PP que ha
existido
durante
muchos años
y en el que
yo milito
desde hace
25 años.
Pero hay,
porque tiene
que haberlo,
nuevas
actitudes
ante las
reclamaciones
que nos han
hecho los
ciudadanos.
Sería
verdaderamente
suicida, si
hemos visto
en los
diferentes
comicios que
no hemos
obtenido los
resultados
de antes, no
tomar
ninguna
decisión de
cambiar", ha
asegurado en
una
entrevista a
Europa
Press.
El partido
perdió 3,6
millones de
votos y 63
escaños en
las pasadas
elecciones
generales
del 20 de
diciembre.
Garrido
opina que
esos
resultados
les obligan
a construir
"un nuevo
PP" con
"mayor
cercanía y
transparencia
y una lucha
contundente
contra la
corrupción".
El propio
Mariano
Rajoy ha
admitido en
numerosas
ocasiones
que los
escándalos
han hecho
"mucho daño"
al partido,
aunque
cuando se le
ha
preguntado
por casos
concretos,
como el de
la
exalcaldesa
valenciana
Rita
Barberá,
siempre ha
defendido
las medidas
anticorrupción
tomadas en
la pasada
legislatura
al tiempo
que
recordaba
que muchos
casos han
quedado
finalmente
en nada
porque las
causas han
sido
archivadas.
"Triturados"
por la
corrupción
El
presidente
del PP
andaluz,
Juan Manuel
Moreno,
también
considera
que la
corrupción
"ha
triturado"
al partido y
casos como
el de Luis
Bárcenas,
Rodrigo Rato
o Púnica han
provocado
que muchos
de sus
tradicionales
votantes les
hayan dejado
por otras
siglas. "Es
evidente que
tenemos que
hacer un
esfuerzo
para
intentar
controlar
actuaciones
que sean
posiblemente
irregulares.
Cualquier
mácula que
tenga un
posible
candidato
debe hacer
que lo
apartemos
para evitar
problemas de
futuro".
El número
dos de
Cristina
Cifuentes ha
puesto a la
presidenta
madrileña
como ejemplo
de esa nueva
actitud que
cree que
necesita el
partido.
"Cualquier
persona con
la que uno
hable
entiende que
hay una
nueva forma
de hacer
política en
Cifuentes",
ha dicho.La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid
dirige
también la
gestora del
PP madrileño
desde la
dimisión de
Esperanza
Aguirre y su
secretario
general
Ignacio
González.
Garrido
también
revela que,
pese a que
en 2012
pidió, con
Cifuentes,
eliminar la
referencia
al
"humanismo
cristiano"
en los
estatutos
del PP, hoy
no lo
volvería a
hacer. "En
aquel
momento
defendí esa
enmienda
porque
entendía que
los
estatutos no
deberían
hacer
referencia a
las
religiones
porque
forman parte
del ámbito
personal de
cada uno. Y
lo defendí
empezando
por explicar
que yo mismo
soy católico
practicante.
Pero si la
inmensa
mayoría de
mi partido
cree que
estaba
equivocado -
se votó en
contra-,
seguramente
lo estaba.
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/24/actualidad/1458822212_735370.html
LA HIJA DEL
JEFE DE LA
GUARDIA
CIVIL SE
LABRA UN
CURRÍCULO A
BASE DE
CARGOS A
DEDO
Fátima
Fernández
Mesa pasó de
asesora en
el Senado a
asesora en
la Comunidad
de Madrid,
tras su
fallido
intento de
ser
concejala de
Majadahonda
Arsenio
Fernández
Mesa es uno
de los
miembros más
controvertidos
del Gobierno
de Mariano
Rajoy. Desde
la llegada
del PP al
Ejecutivo ha
ejercido
como
director
general de
la Guardia
Civil,
protagonizando
polémicas
variadas:
como cuando
definió de
"intrusismo
violento,
masivo e
ilegal" la
llegada de
inmigrantes
a Ceuta y
Melilla, o
cuando se
destapó su
pasado de
cadenero
falangista
en Ferrol, o
su pésimo
papel en la
gestión del
desastre del
Prestige
cuando era
delegado del
Gobierno en
Galicia.
Pero,
hablando de
su pasado,
que recoge
con fruición
nuestra web
colaboradora
de Los
Genoveses,
una de sus
anécdotas
más curiosas
es cómo
Fernández de
Mesa
maquilló su
currículum,
quizás
acomplejado
por ser de
los pocos
altos cargos
del Gobierno
que no sólo
pertenece a
un cuerpo
del Estado
del alto
copete, sino
que ni
siquiera
cuenta con
un título
universitario.
De ahí que
hable de ser
“funcionario
del Estado”
en 1979
cuando era
sólo oficial
de segunda
administrativo;
o “inspector
técnico de
una
multinacional
inglesa”
cuando era
delegado de
una empresa
de pinturas
para barcos;
o que
presuma de
“máster” y
varias
diplomaturas
para
calificar
unos
cursillos
por horas… y
así unas
cuantas
perlas más
que adornan
su
currículo.
Quizás por
aquello de
subsanar sus
errores del
pasado, su
hija Fátima
se está
labrando un
buen
currículo a
costa de la
Administración
Pública
gracias a
los
contactos de
su padre. En
la
actualidad,
Fátima
Fernández de
Mesa es una
de las
asesoras
elegidas a
dedo y
colocados en
la Comunidad
de Madrid.
En concreto,
es asesora
del
“secretario
del Consejo
de Gobierno
de la
Comunidad de
Madrid”,
cargo al que
accedió en
julio de
2015, algo
de lo que
ella misma
presume en
su perfil de
la red
social
Linkedin.
El actual
secretario
del Consejo
de Gobierno
de la
Comunidad de
Madrid es
Manuel
Francisco
Quintanar
Díez, quien
en los
últimos años
ha
compartido
los mismos
círculos que
Arsenio
Fernández.
Durante el
año 2012,
Quintanar
fue vocal
asesor del
gabinete del
ministro del
Interior,
Jorge
Fernández
Díaz, de
quien
depende
Arsenio
Fernández
como
director
general de
la Guardia
Civil. Y,
tras pasar
por el
gabinete el
ministro,
Quintanar
fue elegido
subdelegado
del Gobierno
en Madrid,
es decir,
número dos
de Cristina
Cifuentes
Su
colocación
en el
Gobierno de
la Comunidad
de Madrid
vino después
de un
pequeño
fracaso. La
explosión de
la trama
Púnica
afectó a
varios
municipios
madrileños
donde el PP
es
hegemónico.
Fue el caso
de
Majadahonda
donde, el
alcalde
Narciso de
Foxá tuvo
que
prescindir
en las
listas de
más de una
decena de
colaboradores
a cambio de
repetir como
cabeza de
lista. El
resto de la
candidatura
la rellenó
el PP
regional con
nombres
afines, como
Fátima
Núñez, la
polémica
delegada
concejal de
Seguridad de
la capital
durante el
desastre del
Madrid
Arena, que
tras su
dimisión
reapareció
como número
5 de la
lista de
Majadahonda.
Ahí también
se colocó
Fátima
Fernández de
Mesa, en el
puesto
número 13.
Sin embargo,
el PP sólo
obtuvo 11
ediles, y
una Fátima
consiguió
ser
concejala
pero la
otra,
nuestra
protagonista,
se quedó a
las puertas.
Sin embargo,
el de la
Comunidad de
Madrid no es
el único
cargo de
asesora que
ha
disfrutado
la hija de
Arsenio.
Cuando se
presentó a
las
elecciones
locales,
Fátima era
ya asesora
[“asesor
financiero”,
según su
currículo]
en el
Senado.
Durante casi
dos años,
entre
noviembre de
2013 y hasta
julio de
2015 –cuando
se mudó a la
Puerta del
Sol-, Fátima
Fernández de
Mesa
colaboró
redactando
discurso y
elaborando
informes
para el
portavoz de
Economía del
Partido
Popular.
¿Y quién era
este
portavoz de
Economía del
PP en el
Senado? Pues
un gallego
de pura
cepa, al
igual que
Arsenio
Fernández de
Mesa.
Hablamos de
José Manuel
Barreiro,
quien antes
llegar al
Senado fue
concejal de
Lugo,
portavoz en
la
Diputación y
diputado en
el
Parlamento
gallego,
justo cuando
Fernández de
Mesa era
delegado del
Gobierno. Y
es que ya se
sabe que “en
Galicia se
conoce todo
el mundo”.
Casi como en
Pozuelo de
Alarcón, la
localidad
madrileña -
y la más
rica de
España-
donde vive
Cristina
Cifuentes,
la familia
Fernández
Mesa… Pero
esa es otra
historia.
http://www.elplural.com/2016/03/18/la-hija-del-jefe-de-la-guardia-civil-se-labra-un-curr-culo-base-de-cargos-dedo
EL PP NO
TIENE DINERO
PARA
DESPEDIR AL
GERENTE DE
ESPERANZA
AGUIRRE
Beltrán
Gutiérrez
Moliner pide
"lo que le
corresponde
por ley"
tras 19 años
en el
partido, una
cifra
superior a
los 100.000
euros. El PP
nacional
intenta
pactar con
él una
rebaja de
esa cantidad
El Partido
Popular
sigue
negociando
el despido
de Beltrán
Gutiérrez
Moliner,
exgerente
del PP de
Madrid y
hombre de
máxima
confianza de
Esperanza
Aguirre
durante más
de una
década.
Cristina
Cifuentes,
actual
presidenta
regional y
presidenta
de la
gestora que
dirige los
designios de
la formación
en Madrid,
le quiere
fuera, pero
hay un
obstáculo
que está
impidiendo
que su
marcha se
materialice:
su
indemnización
por despido
tras 19 años
en nómina es
alta y aún
no se ha
llegado a un
acuerdo
entre ambas
partes
porque el
partido
quiere
rebajar la
cifra que le
corresponde
por ley, ya
que las
arcas del PP
no pasan por
su mejor
momento.
Beltrán
Gutiérrez
está
imputado
actualmente
en dos
procedimientos
judiciales:
las tarjetas
'black' de
Caja Madrid
(se gastó
58.000
euros) y el
caso Púnica.
Durante años
ha sido uno
de los
principales
colaboradores
de Esperanza
Aguirre
dentro del
PP de Madrid
y titular de
las llaves
de la
tesorería
del partido.
A principios
de octubre
de 2014 dejó
la gerencia
del PP de
Madrid y su
puesto como
asesor del
grupo
municipal en
el
Ayuntamiento
de Madrid,
salpicado
por el caso
de las
tarjetas
opacas de
Caja Madrid,
entidad en
la que fue
consejero.
Aunque dejó
la gerencia
y el
consistorio,
siguió
estando a
sueldo del
partido bajo
el paraguas
y la
protección
de Aguirre.
Nunca fue
dado de
baja.
La situación
económica
del partido
no es la más
boyante: el
PP ha
perdido
nueve
millones de
euros tras
los
resultados
de las
elecciones
de diciembre
La llegada
de Cifuentes
a la
presidencia
de la
gestora del
PP de Madrid
suponía 'de
facto' la
marcha
definitiva
de Gutiérrez
Moliner.
Pero de eso
ya ha pasado
más de un
mes y a día
de hoy el
exgerente
sigue a
sueldo del
partido, en
calidad de
administrativo,
con una
nómina de
3.000 euros
al mes. "Es
el PP
nacional
quien tiene
que
despedirle,
pero tras 19
años en el
partido solo
quiere lo
que le
corresponde
por ley",
señala una
fuente
cercana al
exgerente.
"No quiero
hablar. Todo
está yendo
sin
problemas ni
tensiones",
comenta el
propio
Beltrán
Gutiérrez a
El
Confidencial.
Pero hay un
problema. El
PP no quiere
pagarle la
indemnización
por despido
improcedente
ni el
finiquito
que le
correspondería
por ley,
superior a
los 100.000
euros, y
quiere
negociar esa
cifra. La
situación
económica
del partido
no es la más
boyante. Los
resultados
electorales
de diciembre
le han
supuesto
dejar de
ingresar
nueve
millones de
euros para
sus gastos
de
funcionamiento
debido a la
caída de
votos y
escaños
obtenidos.
De momento,
ya se han
producido
contactos
telefónicos
entre el
abogado del
PP y el
abogado de
Gutiérrez
Moliner,
después de
que se
tuvieran que
aplazar
encuentros
personales
entre ambas
partes (el
abogado del
exgerente no
es de Madrid
y las citas
no se pueden
producir con
cierta
asiduidad).
Cifuentes le
quiere fuera
sí o sí.
Aunque ya no
tiene
ninguna
función en
la nueva
gestora, la
figura de
Gutiérrez
Moliner
supone un
vínculo con
un pasado
que la
presidenta
regional
quiere
romper
definitivamente.
Registros en
su despacho
Hasta hace
poco,
Beltrán
Gutiérrez
tenía
despacho en
la primera
planta de la
calle
Génova, sede
del PP de
Madrid.
Hasta allí
acudieron el
pasado 11 de
febrero
agentes de
la Unidad
Central
Operativa
(UCO) de la
Guardia
Civil para
registrarlo
y revisar su
ordenador de
trabajo. Lo
había
ordenado el
juez Eloy
Velasco,
instructor
del caso
Púnica,
después de
que el
empresario
David
Marjaliza,
principal
imputado,
ayudara a
identificar
unas siglas
que
aparecían en
la agenda
del
exconsejero
Francisco
Granados
(actualmente
en prisión).
La
investigación
apunta a que
Javier López
Madrid,
consejero de
OHL, pudo
financiar
ilegalmente
al PP
madrileño.
Beltrán
Gutiérrez ha
negado a la
UCO ser el
'BG' que
aparece en
la agenda de
Granados. El
magistrado
investiga
584 millones
en obras que
la Comunidad
de Madrid ha
adjudicado a
OHL entre
2004 y 2013.
La firma de
Beltrán
Gutiérrez
aparecía en
los ya
famosos
recibos de
Fundescam,
la fundación
del PP de
Madrid que
recaudó
mucho dinero
entre
empresarios
para
financiar
campañas
electorales
y que
facturó a
empresas de
la trama
Gürtel. Él
era
apoderado de
la
fundación.
En una de
las
grabaciones
del sumario,
aparece
Francisco
Correa
acusando a
Beltrán de
pedirle una
comisión a
cambio de
zanjar una
deuda que el
PP de Madrid
mantenía con
sus
empresas:
"Han llamado
de Génova
para pactar
lo de la
deuda. Y me
voy a calzar
a Beltrán...
porque va a
venir a la
reunión un
tío de
confianza de
Esperanza y
le voy a
decir que
todo esto es
porque me
pidió
comisión, y
como yo me
negué me
dijo que me
iba a joder
el dinero
que me
corresponde,
que era unos
10 o 12
millones"
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-03-20/el-pp-negocia-porque-no-tiene-dinero-para-despedir-al-gerente-de-esperanza-aguirre_1171226/
EL CONSEJERO
TABOADA
FICHA EN LA
AMPA DEL
COLE DE SUS
HIJOS A SU
NUEVA JEFA
DE URBANISMO
La Comunidad
de Madrid
tiene nueva
directora de
Urbanismo y
Suelo: María
Sonsoles
Martínez
Agudo,
abogada que
llevaba unos
meses de
asesora en
la
Consejería
de Medio
Ambiente
La Comunidad
de Madrid
tiene nueva
directora de
Urbanismo y
Suelo. Se
trata de
María
Sonsoles
Martínez
Agudo,
nombrada por
decreto en
el consejo
de gobierno
del pasado 2
de febrero.
Es, sin
duda, uno de
los cargos
más
importantes
del Gobierno
regional
presidido
por Cristina
Cifuentes.
Las
competencias
del puesto
son muchas y
variadas,
aunque la
principal es
que, bajo su
dirección,
la comunidad
diseña la
política de
urbanismo y
suelo de
toda la
región,
supervisando
incluso las
políticas
urbanísticas
de los 179
municipios
madrileños.
La dirección
de Urbanismo
y Suelo
depende de
la
Consejería
de Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio,
dirigida por
Jaime
González
Taboada,
salpicado
por la trama
Púnica. Esta
es la
primera
aventura
como cargo
público de
Sonsoles
Martínez.
Cuando
Cifuentes
llegó a la
presidencia
de la
comunidad
tras las
elecciones
autonómicas
de mayo,
Martínez se
incorporó
como asesora
a la
Consejería
de Taboada.
De hecho, en
agosto cesó
como
apoderada de
la empresa
Urmar
Asesores
Fiscales y
Contables
para poder
trabajar en
el Gobierno
regional.
Sonsoles
Martínez es
abogada.
Aunque la
Comunidad de
Madrid
todavía no
ha colgado
su currículo
en su web,
en 2014
intentó
obtener
mediante
concurso
público "el
contrato de
servicios de
asistencia
letrada de
la Comunidad
de Madrid a
los
municipios
para su
defensa en
juicio". No
tuvo suerte
y perdió el
contrato
valorado en
21.700 euros
porque "no
acreditó
suficientemente
la solvencia
económico-financiera".
Precisamente
la
formalización
de la oferta
que la
excluía como
licitadora
lleva la
firma de
González
Taboada. El
registro
mercantil
también
revela que
fue
administradora
de una
empresa ya
extinguida,
Suministros
Grafimar.
Pero sobre
todo llama
la atención
que Sonsoles
Martínez y
su jefe
directo, el
consejero
González
Taboada,
también
compartan
cargo en la
junta
directiva de
la
asociación
de padres de
alumnos del
colegio de
sus hijos:
las Esclavas
del Sagrado
Corazón de
Jesús. Ambos
son vocales
en la AMPA.
Fuentes de
la
consejería
aseguran que
la nueva
directora de
Urbanismo y
Suelo "es
una gran
jurista" y
que su
elección
obedece a
criterios
profesionales.
Y sobre todo
que no hay
que olvidar
que se trata
de "un cargo
de
confianza".
http://blogs.elconfidencial.com/espana/el-confidente/2016-02-09/el-consejero-taboada-ficha-en-la-ampa-del-cole-de-sus-hijos-a-su-nueva-jefa-de-urbanismo_1148704/
LOS FIELES A
AGUIRRE
DIFICULTAN A
CIFUENTES EL
CONTROL EN
MADRID
Tres
parlamentarios
protagonizan
la última
revuelta en
el PP
regional
La revuelta
de los tres
diputados
del PP que
el jueves
desafiaron a
Cristina
Cifuentes
saltándose
la
disciplina
de voto en
la Asamblea
de Madrid
evidencia
que la
presidenta
regional,
pese a estar
“cada día
más fuerte”
—según
coinciden
representantes
del PP
autonómico y
nacional—,
aún tiene
por delante
un arduo
camino para
completar su
dominio.
La
propuesta,
de
Ciudadanos,
instaba al
Estado a
regular la
gestación
subrogada.
La división
en el PP
hizo que
fuera
rechazada
por 62 votos
a favor y 64
en contra,
entre ellos
el del
diputado
popular Luis
Peral,
exconsejero
de Esperanza
Aguirre en
su etapa al
frente del
Gobierno
regional.
Otros dos
aguirristas,
Regina
Plañiol,
exconsejera,
y David
Pérez,
alcalde de
Alcorcón, la
ciudad más
importante
que el PP
gobierna en
Madrid, se
ausentaron
de la
votación.
“No me quedó
otra
salida”,
justificó
uno de los
disidentes,
que apelaron
a sus
principios y
convicciones
personales.
“Fue
anecdótico”,
desdramatiza
el entorno
de la
presidenta
de Madrid.
El desplante
del trío de
rebeldes
retrotrae a
la protesta,
hace casi un
año, de
Cifuentes
cuando
expresó su
malestar por
su escasa
influencia
en la
composición
de las
listas al
Parlamento
de Madrid
pese a ser
la candidata
(Mariano
Rajoy la
eligió en
detrimento
de Ignacio
González).
“La lista no
la he hecho
yo”,
protestó
Cifuentes,
que ya
entonces
marcaba
distancias
ante un
grupo
parlamentario
que, preveía
su círculo,
costaría
atraer. De
los 48
diputados
del PP —en
2011 eran 72
de 129—,
solo una
docena de
fieles
respaldaba
de manera
indudable a
Cifuentes.
El resto
hacía
equilibrios,
sin
despegarse
de Aguirre,
presidenta
de Madrid de
2003 a 2012
y del PP de
Madrid de
2004 hasta
su renuncia
en febrero.
El statu quo
se inclinó
entonces a
favor de
Cifuentes.
El PP no
esperó ni 24
horas para
nombrar una
gestora
presidida
por ella. Un
mes después,
salvo
algunos
rescoldos
aguirristas,
la
presidenta
de Madrid,
caracterizada
por un
perfil
rupturista
frente al PP
más
conservador
por su
defensa del
matrimonio
homosexual o
su rechazo a
la reforma
de la ley
del aborto,
impera en el
PP regional.
“Quienes
estaban más
molestos
ideológicamente
con nosotros
optaron por
Vox; con la
apertura y
modernidad
que promulga
Cifuentes
atraeríamos
a parte del
voto de
castigo que
se fue a
Ciudadanos”,
esgrime un
miembro de
la dirección
nacional del
PP.
Vox obtuvo
37.043 votos
en Madrid en
las
autonómicas
de mayo del
año pasado.
En las
generales de
diciembre
bajaron a
22.441, que
aun así
representan
a casi la
mitad de los
apoyos que
el partido
conservador
consiguió el
20-D en toda
España
(57.733).
Frente al
voto
residual que
el PP perdió
por su
flanco
derecho, la
progresión
del partido
de Albert
Rivera en
Madrid
preocupa a
Génova:
Ciudadanos
duplicó sus
votos en el
mismo
periodo
electoral
referido,
con 383.874
en las
elecciones
regionales y
676.389 seis
meses más
tarde.
El 64% de
los
madrileños
aprueban a
Cifuentes
—incluido el
electorado
de
Ciudadanos
(+69) e
incluso el
del PSOE
(+14)—
frente al
33% que no
lo hace,
según un
sondeo
reciente de
Metroscopia.
El saldo
evaluativo
(diferencia
entre
quienes la
apruebas y
los que la
suspenden)
de la
presidenta
autonómica
(+31),
contrasta
con la
percepción
negativa de
Aguirre, con
un cómputo
global de
-50. En el
caso de los
votantes del
PP, la
imagen de
Aguirre
(+36), aun
siendo
positiva,
queda muy
diluida
frente al
ascendente
de
Cifuentes,
superior en
más de 50
puntos
(+88).
La
iniciativa
de
Ciudadanos
para regular
los vientres
de alquiler
también
abrió un
debate en el
PSOE. El
diputado
Juan Segovia
planteó la
libertad de
voto ante un
asunto
incómodo
para media
decena de
parlamentarios
de su
partido. Al
final el
PSOE votó en
bloque, con
la excepción
de Carla
Antonelli,
que no se
pronunció.
LOS TRES
DIPUTADOS
REBELDES DEL
PP
David Pérez.
Diputado en
la Asamblea
de Madrid
desde 2003.
Alcalde de
Alcorcón
desde 2011.
Presidente
de la
Federación
Madrileña de
Municipios
la
legislatura
pasada. En
la lista
autonómica
iba en el
puesto
número 9.
Luis Peral.
Diputado en
la Asamblea
de Madrid
desde 2003.
Viceconsejero
de Obras
Públicas,
Urbanismo y
Transportes
(1995-2001)
y consejero
de Trabajo
(2001-2003)
con Alberto
Ruiz-Gallardón,
y de
Educación
(2003-2007)
con
Esperanza
Aguirre. En
la lista iba
el 24º.
Regina
Plañiol.
Diputada
regional
desde 2007.
Viceconsejera
de Familia y
Asuntos
Sociales
(2003-2011)
y consejera
de
Presidencia
y Justicia
(2011-2012)
con Aguirre.
Ocupaba el
puesto 60º
de la
candidatura.
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/18/actualidad/1458332236_168907.html
LA
REGULACIÓN
DE LOS
VIENTRES DE
ALQUILER
DIVIDE AL PP
DE MADRID
Si algún
diputado
vota en
contra de la
proposición
no de ley,
se le
aplicará el
régimen
disciplinario
del grupo
No todos
están de
acuerdo en
el PP con la
gestación
subrogada,
más conocida
como vientre
de alquiler.
El consejero
de
Presidencia
y portavoz
del gobierno
de la
Comunidad de
Madrid,
Ángel
Garrido, ha
reconocido
que “algún
diputado ha
transmitido
alguna
opinión
distinta,
pero habrá
que esperar
a la
votación”.
Al mismo
tiempo, ha
indicado que
no son “una
secta”, por
lo que
pueden
existir
diferentes
sensibilidades.
Sin embargo,
para él esto
no es “un
asunto de
conciencia”,
por lo que
si algún
diputado no
apoyara la
proposición
no de ley
sobre la
gestación
subrogada,
se le
aplicará el
régimen
disciplinario
del grupo.
El debate
sobre este
tipo de
gestación
tendrá lugar
esta tarde
en el pleno
de la
Asamblea de
Madrid.
La posición
oficial del
grupo es
favorable a
legislar
esta
práctica.
“Lo que
queremos es
que muchas
familias que
sufren el
drama de no
poder tener
hijos por
razones
biológicas o
por alguna
enfermedad
sufrida por
la mujer
tengan la
posibilidad
de hacerlo”,
ha dicho.
“Hemos
redactado
una enmienda
para
garantizar
que no puede
haber
ninguna
transacción
comercial
con este
asunto, y
que tenga un
carácter
completamente
altruista”.
Garrido
piensa que
la propuesta
es
“razonable y
que la
inmensa
mayoría de
la población
estaría de
acuerdo con
ello siempre
que se
garanticen
los
derechos”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/17/madrid/1458226386_619542.html
EL PP SE
OPONE A LOS
CANDIDATOS
DEL PSOE Y
PODEMOS PARA
DIRIGIR
TELEMADRID
Dicen que la
designación
de Carmen
Caffarel es
política y
que Mae
Lozano,
extrabajadora
del ente,
puede tener
una actitud
“revanchista”
La oposición
del PP a dos
de los
candidatos,
de los
cuatro
propuestos
por los
grupos
políticos
para
integrar el
consejo de
administración
de
Telemadrid,
complica una
elección que
se quería
despolitizar
y que ya
está al
límite de
fechas. La
nueva Ley
del ente
público, en
vigor desde
el 29 de
diciembre
pasado, da
un plazo de
tres meses
para el
nombramiento
del director
general y de
los miembros
del consejo
de
administración.
El PP ha
asegurado
que “mucho
tendrían que
cambiar las
cosas” para
que diera su
visto bueno
a Carmen
Caffarel,
designada
por el PSOE,
y a Mae
Lozano, por
parte de
Podemos.
Isabel Diaz
Ayuso,
portavoz del
PP, aseguró
que el
nombramiento
de Cafarell,
directora de
RTVE entre
2004 y 2007
con José
Luis
Rodríguez
Zapatero de
presidente
de España,
es político.
“No ponemos
en duda su
trayectoria
profesional,
pero si se
busca
consenso no
es la mejor
elección”,
incide.
En cuanto a
la candidata
de Podemos,
Mae Lozano,
Ayuso
aseguró que
“mientras
estuvo
trabajando
en
Telemadrid
realizó
acusaciones
muy graves
contra sus
propios
compañeros,
a los que
achacó estar
en una
posición u
otra por
tener
relaciones
sentimentales
y sexuales
con según
qué
periodistas
y
políticos”.
Ayuso
fundamenta
estas
acusaciones
en
informaciones
que su grupo
ha recibido
de sus
antiguos
compañeros y
otros
recogidos en
las redes
sociales.
Los
populares
han
realizado
estas
declaraciones
tras la
celebración
de la
comisión de
control de
Telemadrid
de la
Asamblea de
Madrid,
donde se ha
aprobado hoy
por
asentimiento
la propuesta
de los
cuatro
candidatos.
A pesar de
ello, el PP
ha
manifestado
su intención
de votar por
separado y
abstenerse,
pero la
presidencia
se ha
negado. Los
candidatos
tienen que
comparecer
todavía ante
la comisión
para
explicar su
proyecto y
que los
parlamentarios
se
pronuncien
sobre su
nombramiento.
En caso
afirmativo,
la propuesta
pasará al
pleno de la
Asamblea
donde
necesita el
apoyo de dos
tercios de
la Cámara
autonómica
para salir
adelante.
Isaura Leal,
portavoz
socialista
en la
Comisión,
opina que
las
declaraciones
de los
populares
han
provocado
una
situación
“absurda”.
“Nos hemos
creído de
verdad que
se
presentaban
candidatos
de consenso
y nos
encontramos
ahora con
este
bloqueo”,
indicó. En
cuanto a la
vinculación
política
apuntada por
el PP en el
caso de la
exdirectora
de RTVE,
Leal aseguró
que en
“ninguna de
las personas
propuestas
pertenece a
ningún
partido
político”.
El portavoz
de Podemos,
Pablo
Padilla,
calificó de
“preocupante”
que se
quiera vetar
a personas
que “cumplen
los
requisitos
sin esperar
a que
expliquen su
proyecto”.
Sospecha que
lo único que
le preocupa
a los
populares es
“perder el
control de
la radio y
la
televisión
pública".
Sobre Mae
Lozano, dice
que el
revanchismo
que le
adjudica el
PP a la
periodista
sería el de
los “800
trabajadores
despedidos
con un ERE
no ajustado
a derecho”.
Ciudadanos
se desmarca
de la “nueva
invención de
las normas”
del PP.
Ricardo
Megias
asegura que
su formación
no entiende
lo ocurrido,
aunque
tampoco
aseguran que
vayan a dar
el visto
bueno
definitivo a
todos los
candidatos.
“Primero hay
que estudiar
sus
propuestas,
no
descartamos
nada ni para
bien ni para
mal”,
puntualizó.
Los otros
dos
candidatos a
los que no
se les ha
puesto
ninguna pega
son José
Manuel
Oneto, más
conocido
como Pepe
Oneto, que
entre otros
cargos ha
ocupado el
puesto de
director de
Informativos
de Antena 3,
y Mari Pau
Domínguez,
periodista y
escritora,
que también
ha trabajado
en
Telemadrid.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/14/madrid/1457958584_131979.html
CIFUENTES:
"LE HE DICHO
A RAJOY QUE
NOS VAYAMOS
DE GÉNOVA,
QUE ESTÁ
MALDITA"
No se sabe
si la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid cree
en las
meigas, pero
en una de
las últimas
reuniones
con alcaldes
de la región
llegó a
confesar a
sus
interlocutores
que si
Mariano
Rajoy le
hiciera caso
habría que
buscar una
nueva sede
porque
Génova
parece que
está
maldita. El
argumento es
que muchos
ciudadanos
asocian la
sede popular
con la
corrupción y
parece que
no les falta
razón.
Una de las
curiosidades
de la sede
es que la
reforma
tenía como
uno de sus
objetivos
arquitectónicos
la
transparencia,
según
explicaron
sus
diseñadores
"Bárcenas
era el
gerente de
Génova", "El
disco duro
del
ordenador de
Génova", "La
reforma de
Génova se
pagó en
negro", son
algunos de
los
titulares
que hacen
pensar a la
actual
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid que
el actual
edificio
debería ser
borrado del
mapa. Una de
las
curiosidades
de la sede
es que la
reforma, que
tantos
problemas ha
dado al
partido,
tenía como
uno de sus
objetivos
arquitectónicos
la
transparencia,
según
explicaron
sus
diseñadores.
El cambio
supuso que
se tiraran
tabiques y
se hicieran
despachos
con
cristales
para que
todo el
mundo
supiera
quién y con
quién se
estaba en
cada una de
las
estancias.
Y mientras
Cifuentes
hablaba con
los
alcaldes,
Isabel
Benjumea,
promotora de
Floridablanca,
el grupo que
pide más
democracia
en el PP,
habla en
sedes
populares y
recoge
adhesiones.
La última
fue el
jueves en
una
cafetería
donde
Eugenio
Nasarre
llegó a
pedir que la
persona que
presida la
gestora del
partido en
Madrid (es
decir
Cristina
Cifuentes),
no se pueda
presentar a
la
presidencia
para
mantener la
independencia
de este
órgano.
Luis Asúa,
que fue
concejal de
Madrid y
viceconsejero,
dijo en esta
reunión que
el PP
debería
elegir al
candidato,
si hay
elecciones
en junio, en
primarias
"porque da
tiempo
perfectamente".
En esta
reunión
estuvo
presente
unos minutos
Íñigo
Enríquez de
Luna,
portavoz
adjunto del
PP en el
Ayuntamiento
de Madrid,
para saludar
a su amiga
Isabel
Benjumea.
http://vozpopuli.com/actualidad/77558-cifuentes-le-he-dicho-a-rajoy-que-nos-vayamos-de-genova-que-esta-maldita
CIFUENTES
PIDE EL CESE
DE RITA TRAS
POSAR CON EL
POPULAR
CONDENADO
POR
HOMICIDIO
IMPRUDENTE
La
presidenta
regresa al
'escenario
del crimen'
de la Gürtel
La adulación
que recibe
desde
numerosos
medios la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
como
presunta
'estrella
emergente'
del PP
parece que
le está
haciendo
perder la
más mínima
prudencia.
Este jueves
no tuvo
inconveniente
en inaugurar
la nueva
sede del PP
de Boadilla
-la anterior
está siendo
investigada
por el juez
de la Gürtel
porque ha
apreciado
indicios de
que se
sufragó con
dinero
público-
para hablar
allí de una
supuesta
nueva etapa.
La
presidenta
regional y
responsable
de la
gestora del
PP de Madrid
reconoció
que Boadilla
fue "el
corazón de
Gürtel" pero
presentó la
nueva sede
como la
imagen de
renovación y
transparencia
que
caracteriza
la etapa del
actual
alcalde,
Antonio
González
Terol.
Cifuentes
repite...
El problema
para
Cifuentes es
que no puede
lavarse las
manos como
si tal cosa
y abrir dos
etapas
diferenciadas
porque ella
estuvo en la
inauguración
de la
anterior
sede.
Entonces,
con cura
incluido
para
bendecir el
espacio, la
popular se
moría de
risa junto a
dos
compañeros
'púnicos'
ahora
procesados
como
Francisco
Granados y
Lucía Figar,
y el
'gürteliano'
Arturo
González
Panero.
... y encima
da lecciones
Hace tiempo
de aquella
inauguración
que
consiguió
aunar los
mundos
'Gürtel' y
'Púnica',
las dos
principales
tramas de
corrupción
del PP de
Madrid, pero
por lo
significativo
de la imagen
es imposible
que
Cifuentes la
haya borrado
de su mente.
Pero es que
además se
muestra
olvidadiza
de un día
para otro.
En la
inauguración
de Boadilla
de anoche
estuvo a su
lado Ángel
Carromero,
actual
secretario
general de
las Nuevas
Generaciones
del PP de
Madrid a
pesar de su
condena por
homicidio
imprudente,
de hecho la
presidenta
regional se
fotografió
sonriente
junto a él.
La condena
de
Carromero,
que es firme
y que
incluye un
pronunciamiento
de la
Audiencia
Nacional en
contra del
indulto, no
le impide
ocupar
cargos
orgánicos en
las
juventudes
del partido.
Sin embargo,
Cifuentes se
ha mostrado
muy dura
esta mañana
con la
concejal de
Podemos en
Madrid, Rita
Maestre,
tras su
condena por
protestar en
la capilla
de la
Complutense.
La
presidenta
regional
espera una
"respuesta
política" de
Podemos
respecto a
Maestre y ha
pedido
coherencia
porque según
ella la
formación
morada no
puede tener
un discurso
hacia los
políticos
imputados y
condenados y
luego
cambiarlo si
les afecta a
ellos.
http://www.elplural.com/2016/03/18/cifuentes-pide-el-cese-de-rita-tras-posar-con-el-popular-condenado-por-homicidio
MADRID
MANTIENE A
CURAS EN LOS
COMITÉS QUE
SE
PRONUNCIAN
SOBRE
CUIDADOS
PALIATIVOS
EN LOS
HOSPITALES
PÚBLICOS
El Gobierno
de Cristina
Cifuentes ha
prorrogado
el convenio
de
hospitales
con
entidades
religiosas.
En La Paz se
invertirán
124.461
euros de
dinero
público y en
el Gregorio
Marañón,
85.535
Se mantiene
también la
cláusula que
inauguró
Alberto Ruiz
Gallardón y
que permite
a los
sacerdotes,
solo a los
católicos,
participar
en los
comités de
ética
La
Consejería
de Sanidad
asegura que
solo
participan
en estos
organismos
los
religiosos
que tienen
formación en
la materia
El pasado
mes de enero
el gobierno
de Cristina
Cifuentes
renovó el
convenio por
el que se
regula la
asistencia
religiosa
católica en
los
hospitales
públicos
madrileños.
En este
acuerdo se
especifican
las
actividades
que deben
realizar los
sacerdotes
en estos
centros
sanitarios e
incluye una
cláusula que
ya generó
polémica en
el año 2008,
cuando se
suscribió
este
documento
con la
provincia
eclesiástica
de Madrid
que daba
continuidad
a un
convenio
ratificado
por Alberto
Ruiz
Gallardón en
1997 y que
también
incluía este
apartado.
"El servicio
de
asistencia
religiosa
católica, a
través de
sus
legítimos
representantes,
formará
parte del
comité de
ética y del
equipo
interdisciplinar
de cuidados
paliativos",
indica el
cuarto punto
de este
convenio que
en su
momento ya
fue
publicado
por varios
medios.
Desde el
departamento
de
comunicación
de la
Consejería
de Sanidad
de la
Comunidad de
Madrid
aseguran que
estas
condiciones
se prorrogan
automáticamente
año tras
año, por lo
tanto en
esta ocasión
sería la
primera vez
que el
Gobierno de
Cristina
Cifuentes lo
renueva.
Asimismo
estas
fuentes
confirman
que
representantes
de este
servicio
religioso
están
presentes en
algunos
comités de
ética de los
hospitales
públicos.
"Participan
en estos
organismos
porque
tienen una
formación en
bioética, no
por el hecho
de ser
sacerdotes",
asegura un
portavoz de
la
Consejería
que ha
reseñado que
la redacción
de ese
artículo no
se ajusta a
la realidad,
aunque no se
ha
modificado
en los ocho
años que han
pasado desde
que se
suscribió
por primera
vez.
¿En qué
consiste la
labor de los
comités de
ética?
Fuentes
sanitarias
señalan que
estos
organismos
deciden
sobre todas
las
cuestiones
de bioética
que se
plantean
desde el
inicio hasta
el final de
la vida,
también
opinan sobre
la gestión
de recursos
en los
hospitales,
sobre la
capacitación
para tomar
una decisión
de personas
con
discapacidad
o el
suministro
de vacunas.
"Si por
ejemplo hay
un conflicto
entre
familiares
sobre la
retirada de
sistemas
mecánicos o
la
medicación y
alimentación
a un
paciente,
estos
organismos
escuchan a
todas las
partes y
emiten una
opinión que
es
consultiva.
Su objetivo
es que el
paciente no
sufra",
explican
estas
fuentes.
Estos
organismos,
a petición
de pacientes
y
profesionales
de la salud,
analizan y
asesoran en
los
conflictos
éticos
asistenciales.
La opinión
que emiten
no es
vinculante,
solo es
consultiva,
y son
multidisciplinares,
están f
ormados por
miembros de
diversos
ámbitos del
hospital.
Según el
decreto que
los regula
en la
Comunidad de
Madrid, no
solo hay
representantes
sanitarios
también hay
personas con
especializaciones
en Derecho o
Trabajo
Social y
también
contempla la
incorporación
de las
personas que
proporcionan
asistencia
religiosa.
Estos
últimos se
pronuncian
en todos los
casos, "no
solo en
aquellos de
pacientes
católicos",
aseguran
desde la
Consejería.
Un comité
por hospital
Estas
fuentes
oficiales no
han podido
aportar una
cifra exacta
del número
de comités
-suele haber
uno en cada
hospital-
que cuentan
con un algún
sacerdote o
religiosa.
Por su
parte, la
archidiócesis
de Madrid no
ha
contestado,
por ahora, a
las
preguntas
planteadas
por
eldiario.es.
La Iglesia
católica no
es la única
entidad
religiosa
que tiene un
convenio
firmado con
la
Comunidad,
el Consejo
Evangélico
de Madrid
también
firmó un
acuerdo para
que sus
sacerdotes
estén
presentes en
los
hospitales
públicos.
Sin embargo,
según
confirma la
Consejería,
en el
acuerdo
ratificado
entre
evangélicos
y el
Gobierno
regional no
existe
ningún punto
que abra la
puerta a que
los miembros
de esta
comunidad
religiosa
participen
en los
comités de
ética.
Además,
tampoco
tienen
constancia
de que
representantes
de este
Consejo,
como
señalaron en
el caso de
los
sacerdotes
católicos,
estén
presentes en
algún
organismo
deontológico
por su
formación en
bioética.
Asistencia
religiosa
financiada
por la
Administración
El 2 de
enero del
2008 se
ratificó
este
convenio,
que daba
continuidad
a otro
suscrito por
el Gobierno
regional de
Alberto Ruiz
Gallardón en
1997 y que
ya
contemplaba
la inclusión
de curas en
los comités
de ética. En
ambos
documentos
señalaban
que la
asistencia
religiosa en
centros
sanitarios
está
promovida
por un
acuerdo de
1985 firmado
entre el
Estado
español y la
Santa Sede,
en el que se
indicaba que
era el
Gobierno
nacional el
encargado de
financiar
este
servicio.
Sin embargo,
debido a la
cesión de
competencias
actualmente
son los
ejecutivos
regionales
los
responsables
de asumir el
coste de esa
asistencia.
En los
presupuestos
del 2016 de
la Comunidad
de Madrid
cada
hospital
tiene una
partida
específica
destinada a
hacer frente
a los
convenios
con
entidades
religiosas,
por lo que
esas
cantidades
no incluyen
solo la
asistencia
católica.
Por ejemplo,
en el
Hospital de
la Paz
destinarán
durante este
año 124.461
euros a este
servicio y
en el
Gregorio
Marañón,
85.535
euros.
El hospital,
"un lugar
para
evangelizar"
El convenio
firmado
entre la
Comunidad de
Madrid y la
provincia
eclesiástica
establece
las
actividades
que deben
desarrollar
los
capellanes
dentro de
los
hospitales:
"V isitar a
los
enfermos,
celebrar los
actos de
culto y
administrar
los
sacramentos,
asesorar en
las
cuestiones
religiosas y
morales,
colaborar en
la
humanización
de la
asistencia
hospitalaria".
Y en él
también
señalan que
la gerencia
de los
hospitales
les debe
facilitar
"todos los
medios y la
colaboración
necesarios
para el
desempeño de
su misión y,
en especial,
las
informaciones
oportunas
sobre los
pacientes".
La
Consejería
justifica la
existencia
de este
acuerdo
señalando
que la
Organización
Mundial de
la Salud
(OMS) obliga
a las
administraciones
a garantizar
que todos
los
pacientes
cuentan con
asistencia
espiritual.
Por su
parte, desde
el
departamento
Pastoral de
la Salud de
la
Conferencia
Episcopal
planteó en
el año 2013
que su
presencia en
estos
centros no
se centra
solo en el
servicio
sanitario a
los
pacientes
católicos. "
El hospital
es hoy un
lugar
difícil pero
privilegiado
para la
evangelización,
pues por él
pasan, antes
o después,
tanto los
fieles como
los alejados
e
increyentes",
apuntaban en
un documento
con el que
pretendían
impulsar una
campaña de
reflexión
sobre este
departamento
sanitario.
"Si la
Iglesia no
se toma en
serio su
presencia en
este mundo
hospitalario,
será cada
día más
insignificante
en el mismo,
dejará de
ser sal y
luz,
consuelo y
esperanza
para los
enfermos, y
antes o
después se
verá
expulsada.
Estamos,
pues, en un
momento
crítico en
que la
Iglesia se
juega
mucho",
añadían en
este escrito
que está
publicado en
la web de la
archidiócesis
de Madrid.
http://m.eldiario.es/madrid/cifuentes-comites_de_etica-curas-asistencia_religiosa-hospitales_0_491001590.html
EL JUEZ
VELASCO
ABRONCA A
CIFUENTES
POR NO
ENVIARLE 11
FACTURAS DE
PAGOS AL
'CONSEGUIDOR'
DE PÚNICA
El
magistrado
envía un
mandamiento
a la
Dirección
General de
Contratación,
Patrimonio y
Tesorería de
la Comunidad
de Madrid
para que
entregue una
serie
documentos
contables
sobre abonos
a la empresa
de
reputación
'online'
EICO que
solicitó en
noviembre
del año
pasado y que
aún no ha
recibido.
También pide
explicaciones
de por qué
no lo ha
hecho.
Enfado del
juez Eloy
Velasco con
la Comunidad
de Madrid.
El titular
del Juzgado
Central de
Instrucción
número 6 ha
remitido a
la Dirección
General de
Contratación,
Patrimonio y
Tesorería
del
Ejecutivo
que ahora
preside la
'popular'
Cristina
Cifuentes un
mandamiento
en el que le
requiere
"nuevamente"
para que
entregue
diversa
documentación
sobre los
pagos
realizados
durante los
años 2012,
2013 y 2014
a Eico
Online
Reputation
Management
SL, empresa
del presunto
'conseguidor'
de la trama
Púnica,
Alejandro de
Pedro. En
concreto, el
magistrado
le reclama
once
documentos
contables
sobre dichos
abonos que
ya requirió
junto a otra
documentación
el pasado
mes de
noviembre y
que cuatro
meses
después aún
no ha
entregado.
Velasco
también pide
explicaciones
de "por qué
no se ha
incluido" la
misma en su
momento. Los
investigadores
sospechan
que varios
de esos
trabajos se
dedicaron a
mejorar la
imagen
'online' del
expresidente
regional
Ignacio
González,
entonces muy
castigada
por el 'caso
ático', y
que parte se
pudieron
pagaron a
través del
Canal de
Isabel II
mediante
facturación
ficticia.
La
documentación
contable
reclamada
por el juez
se refiere a
los
contratos
para mejorar
la imagen
'online' del
entonces
presidente
madrileño,
Ignacio
González,
muy
castigada
por el 'caso
ático'
El
mandamiento
y el auto
que lo
acompaña,
ambos con
fecha del 4
de marzo y a
los que ha
tenido
acceso
Vozpópuli,
señalan que
dicha
petición de
información
se produce
después de
que la
Comunidad de
Madrid
respondiera
a un auto
del pasado 4
de noviembre
con
información
incompleta,
según
denunció la
Fiscalía
Anticorrupción
en un
informe
remitido el
pasado 1 de
marzo al
juez
Velasco. En
aquel
escrito de
hace cuatro
meses, el
magistrado
había pedido
a la
Dirección
General de
Contratación
que
"certificara
los actos de
ordenación
de pagos y
los pagos
efectuados
por las
facturas
emitidas por
razón de los
contratos
con la
empresa Eico
Online
Reputation
Mangement SL
para los
trabajos de
'cliping'
[recopilación
de noticias]
y
posicionamiento
online desde
abril de
2012, 2013 y
2014". El
objetivo era
encontrar en
la misma
pruebas del
supuesto
"tratamiento
irregular en
la
adjudicación
de contratos
públicos" a
esta
mercantil
del
'conseguidor'
de la trama.
Sin embargo,
la respuesta
dada por el
dirección
general no
fue
satisfactoria.
De hecho, el
magistrado
detalla once
documentos
que deberían
constar
entre
aquellos
certificados
y que, sin
embargo, no
figuraban.
En concreto,
pide de
nuevo que se
le remita
copia "del
documento
contable
ADOK número
09-14-014873
y de la
documentación
justificativa
del mismo".
También
exige que
"se explique
por qué no
se ha
incluido en
la
certificación
expedida"
cuatro
"documentos
OK"
referidos
todos ellos
al documento
contable AD
número
03-14-000416
que abarca
el periodo
que va de
febrero a
diciembre de
2014. En
concreto
pide dicha
documentación
sobre un
pago de
3.627,58
euros y tres
de 1.813,79
euros hechos
a Eico por
trabajos
realizados
entre mayo y
septiembre
de ese mismo
año.
"Copia y
documentación
justificativa"
También
reclama a la
Comunidad de
Madrid que
certifique
si ha
expedido
"los
documentos
contables OK
correspondientes
a los meses
de octubre y
diciembre de
2014 con
cargo al
documento
contable AD
número
03-14-00416".
En el caso
que la
respuesta
sea
afirmativa,
reclama
"copia de
los mismos y
de la
documentación
justificativa".
Y si no ha
sido así,
solicita que
le reenvíen
el documento
contable que
anula el
anterior que
autorizaba
dichos
pagos.
Finalmente,
reclama que
se expida
"una nueva
certificación
ajustada" a
todos los
documentos
anteriores
solicitados
y que en la
misma se
corrijan la
inclusión de
otros dos
referidos al
año 2013,
los números
03-13-005509
y
03-13-006097,
que habían
sido
incluidos en
la remitida
en respuesta
al auto de
noviembre.
El juez
Velasco
destaca en
su auto que
el objetivo
de recabar
dicha
documentación
es "seguir
el rastro"
de estos
pagos bajo
sospecha e
"identificar
a todos los
intervinientes
en la misma"
El juez
también
quiere que
la Dirección
General de
Contratación
se de prisa
en el
cumplimiento
de su
mandato.
Así,
solicita que
todos estos
documentos
se remitan
directamente
a los
agentes de
la Unidad
Central
Operativa
(UCO) de la
Guardia
Civil sin
necesidad de
que pasen
por la
Audiencia
Nacional.
Incluso,
faculta a
éstos
últimos para
"la recogida
en mano de
la
documentación
requerida".
Ante la
posible
existencia
de dudas por
parte de los
funcionarios
sobre la
documentación
que se les
reclama,
Velasco les
invita a
contactar
directamente
con los
integrantes
de la UCO a
través de un
correo
electrónico.
Ante la
posibilidad
de que la
documentación
remitida no
despeje
todas las
dudas de los
investigadores,
el
magistrado
también
autoriza
expresamente
a la Guardia
Civil a
recabar a la
Comunidad de
Madrid
"cualquier
información
o
documentación
ampliatoria"
sobre los
contratos
con la
empresa del
'conseguidor'
sin que sea
necesaria
una nueva
autorización
judicial.
Como detalla
el escrito,
la finalidad
de dicha
diligencia
es "seguir
el rastro de
la operación
en cuestión"
además de
"identificar
a todos los
intervinientes
en la
misma".
Desde
Aguirre a
Ignacio
González
La relación
de Eico con
la Comunidad
de Madrid se
remonta a
abril de
2012, cuando
Esperanza
Aguirre aún
era
presidenta
del
Ejecutivo
regional. De
esa primera
época existe
una orden de
pago, un
documento AD
OK, a la
empresa de
Alejandro de
Pedro por un
valor de
13.447,5
euros por
"trabajos de
clipping y
posicionamiento
online de la
Comunidad de
Madrid"
realizados
entre esa
fecha y
septiembre
del mismo
año. Tras la
llegada de
Ignacio
González, el
contrato se
renueva y
por el
último
trimestre de
ese año se
abona a Eico
otros
8.167,5
euros.
Entonces, el
documento
oficial ya
recoge como
trabajos
realizados
el
seguimiento
de las
noticias
publicadas
sobre el
sustituto de
Aguirre.
Por todo el
2013 existe
un nuevo
abono, en
este caso de
21.765,48
euros, por
trabajos
similares,
incluido el
control
concreto de
las
informaciones
que se
publicaban
en Internet
sobre
Ignacio
González. En
2014 se
renovó el
contrato y
aparecen dos
documentos
de abono.
Uno, por los
trabajos de
enero de
1.813,79
euros; y un
segundo por
los once
meses
restantes
por un total
de 19.951,69
euros. En
total, el
conseguidor
se embolsó
desde abril
de 2012 a
diciembre de
2014 la
cifra de
65.175 euros
procedentes
de las arcas
de la
Comunidad de
Madrid.
http://vozpopuli.com/actualidad/77385-el-juez-velasco-abronca-a-cifuentes-por-no-enviarle-11-facturas-de-pagos-al-conseguidor-de-punica
CIFUENTES:
“RITA
BARBERÁ
DEBERÍA IR A
DECLARAR, Y
DEBERÍA
HACERLO POR
ELLA MISMA”
En 'El
Hormiguero',
programa
conducido
por Pablo
Motos, la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid
señaló “yo
voy a
gestionar un
partido que
ha perdido
votos, voy a
intentar
recuperar la
confianza de
la gente que
hace cuatro
años nos
votaba y que
ahora no nos
quiere ni
ver”.
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
se pasó por
El
Hormiguero
de Antena3
para
someterse a
las
preguntas de
Pablo Motos.
Cifuentes no
se escondió
ante las
preguntas
más
comprometidas
del
presentador
y dejó
claro, por
ejemplo, que
está en
contra de
los
aforamientos.
“No creo en
los
aforamientos,
hoy en día
es algo que
no tiene
sentido”
afirmó
Cifuentes,
en relación
a la
situación de
Rita
Barberá,
acuciada por
los casos de
corrupción
del PP
valenciano.
Su visión es
clara: “Yo
creo que
ella debería
declarar, y
que debería
hacerlo por
ella misma”.
Además de
ser la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes ha
tomado las
riendas
recientemente
de la
gestora que
preside el
PP de
Madrid, tras
la salida de
Esperanza
Aguirre. “Me
han nombrado
porque en la
estructura
del partido
se ha
producido un
vacío.
Aguirre e
Ignacio
González lo
han dejado,
y había que
hacerse
cargo de la
situación”,
comentó
Cifuentes.
Cuando la
anterior
presidenta
de la
formación
dimitió,
reveló que
el anterior
secretario
general,
Ignacio
González,
había
presentado
su renuncia
un mes
antes.
Explicó
Cifuentes
que “no nos
habíamos
enterado de
ello, lo
supimos a la
vez. De
hecho, nos
enteramos
después de
la dimisión
de Esperanza
Aguirre del
hecho de que
el
secretario
general
había
presentado
la suya
propia”.
Ante el
futuro del
partido en
Madrid,
Cristina
Cifuentes
quiso dejar
claro que no
tiene
planeado
“cortar
cabezas,
pero por
supuesto que
si encuentro
irregularidades
no dudaré en
limpiarlo”.
Sentenció
Cifuentes
que “yo voy
a gestionar
un partido
que ha
perdido
votos, voy a
intentar
recuperar la
confianza de
la gente que
hace cuatro
años nos
votaba y que
ahora no nos
quiere ni
ver”.
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha desvelado
este martes
que el
presidente
del Gobierno
en
funciones,
Mariano
Rajoy, no
tiene la
aplicación
de
mensajería
instantánea
para móvil
WhatsApp y
se comunica
vía SMS. “No
podría tener
mejor
valedora”,
le ha dicho
el
presidente
del PP a
través de
este sistema
de mensaje
corto.
Durante el
programa la
dirigente
del PP
madrileño ha
escrito un
mensaje al
presidente a
través del
teléfono
móvil, donde
le invitaba
a acudir
como
entrevistado
al espacio
conducido
por Pablo
Motos.
Mensaje que
ha obtenido
respuesta
minutos
después: “No
podría tener
mejor
valedora,
Cristina”,
ha escrito
Rajoy, según
la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid.
Previamente,
la
presidenta
de la
gestora del
PP de Madrid
había
asegurado
que la
última vez
que se
comunicó con
el
presidente
en funciones
fue
“anteayer
vía
WhatsApp”,
aunque
después ha
reconocido
que “Rajoy
no tiene
Whatsapp”.
“Me cuesta
mucho
mentir”, ha
admitido
finalmente.
“Creía que
el PSOE
pactaría con
Podemos”
En cuanto a
la situación
actual de la
política
nacional, se
mostró
crítica ante
la
posibilidad
de que se
orquestase
un Gobierno
en el que
estuviera en
el poder “el
segundo
partido más
votado, con
el programa
del cuarto
más votado”,
en relación
a la
posibilidad
de que el
PSOE cediese
a las
exigencias
planteadas
por Podemos.
“Es normal
que la gente
no lo
entienda, es
que esto no
lo entiende
ni el hombre
de negro”.
Para
Cifuentes,
sería lógico
que
“gobernase
el PP,
aunque fuera
en minoría,
puesto que
fue el
partido más
votado”.
Sí reconoció
Cifuentes
que, a su
juicio,
“Pedro
Sánchez ha
salido
reforzado
tras liderar
las
negociaciones”,
aunque
también
desveló que
“yo estaba
convencida
de que iba a
llegar a un
acuerdo para
gobernar con
Podemos, y
ahí me
equivoqué.
Pero todavía
no hay que
descartarlo,
aunque
parece que
ahora no se
quieren
mucho, a
pesar de los
requerimientos
de amor por
parte de
Pablo
Iglesias
desde la
tribuna del
parlamento”.
Dejó claro
que, en lo
que a
dirigir un
país se
refiere,
“esto no
debería ser
marketing,
esto es otra
cosa.
Gobernar en
el día a día
es diferente
a hacer
campañas”.
“Me cae muy
bien
Monedero”
El conductor
del
programa,
Pablo Motos,
preguntó a
la
presidenta
de la
Comunidad
por su
relación con
la alcaldesa
Manuela
Carmena, del
antagónico
partido
Ahora
Madrid, la
marca blanca
de Podemos
en la
capital.
Explicó
Cifuentes
que “yo
intento
llevarme
bien con
todo el
mundo, la
vida es más
fácil así, y
con Carmena
tengo una
buena
relación.
Discrepamos
políticamente
muchísimo,
creo que en
casi todo,
pero es una
mujer
agradable,
entrañable y
creo que
bienintencionada”.
Cuando le
preguntaron
a Cifuentes
si tenía
algún amigo
en Podemos,
la política
relevó que
“me cae muy
bien Juan
Carlos
Monedero,
que además
es vecino
mío”. “Le
conozco
desde que
éramos
pequeños,
hemos
coincidido
durante
muchos
años”.
Aunque, eso
sí, “nunca
hemos
compartido
los apuntes,
porque
además hemos
ido a
universidades
diferentes”,
señaló la
presidenta
madrileña.
http://okdiario.com/espana/cifuentes-intentare-recuperar-la-confianza-de-los-que-nos-votaron-y-ahora-no-nos-quieren-ni-ver-85581
UNA DE LAS
CARAS DEL
"TIEMPO
NUEVO" DEL
PP DE
CIFUENTES
Ni suerte,
ni vista ni
sobre todo
prudencia a
la hora de
rodearse de
colaboradores
o elegir los
escenarios
para
proclamar
"un tiempo
nuevo" en el
partido.
Tras la
dimisión de
Esperanza
Aguirre por
la
corrupción
interna en
el PP de
Madrid,
Cristina
Cifuentes
tomó las
riendas de
la gestora
que se hacía
cargo de la
formación
con una
rueda de
prensa en la
que apelaba
solemnemente
a "reconocer
nuestros
errores" y
"recuperar
la confianza
perdida de
muchos
madrileños".
El
instrumento
para ello
sería un
"estricto
código
ético" para
los suyos
Cifuentes
hizo su
llamamiento
secundada
por su mano
derecha en
la gestora,
el
secretario
general Juan
Carlos Vera,
todo un
lastre para
esa nueva
imagen
porque en
informes de
la UDEF
aparece como
perceptor de
regalos de
la Gürtel,
lo que le
costó a la
presidenta
regional
muchas
críticas.
Cifuentes ha
presidido
este lunes
la primera
reunión de
la gestora y
lo ha hecho
con otro
dolor de
cabeza:
mientras se
abría esa
primera
reunión,
agentes de
la Policía
Nacional
estaban
registrando
el
Ayuntamiento
de Getafe
por un
posible caso
de
corrupción
urbanística
durante la
etapa de
Juan
Soler-Espiauba.
Y es que si
durante la
rueda de
prensa de la
puesta de
largo de la
gestora
Cifuentes
estuvo
flanqueada a
su derecha
por Juan
Carlos Vera,
a su
izquierda le
custodiaba
Juan
Soler-Espiauba,
anfitrión
del acto que
se celebró
en la sede
del PP de
Getafe,
presidido
por él. Una
nueva etapa
que en
apenas tres
semanas ya
suena a lo
mismo que la
década
precedente
en el PP de
Madrid.
http://www.elplural.com/2016/03/07/una-de-las-caras-del-tiempo-nuevo-del-pp-de-cifuentes
LA POLICÍA
ACUSA AL
AYUNTAMIENTO
DE GETAFE DE
AMAÑAR UN
CONTRATO EN
2012
Asegura que
el
Ayuntamiento
de Juan
Soler y la
empresa
pública GISA
incurrieron
en
irregularidades
al adjudicar
la
construcción
del nuevo
Teatro
Madrid
Las
diligencias
de
investigación
que han
provocado
este lunes
varias
detenciones
y el
registro del
Ayuntamiento
de Getafe se
encuentran
bajo secreto
de sumario y
llevan en
marcha desde
el pasado
mes de
junio. Una
causa
tramitada
por el
juzgado
número 4 de
la localidad
en la que
figura un
informe del
Grupo 26 de
la Brigada
Provincial
de Policía
Judicial que
acusa
directamente
al
Ayuntamiento
de Getafe y
a la empresa
municipal
Getafe
Iniciativas
SA (GISA) de
haber
cometido
diversas
irregularidades
en la
tramitación
y
adjudicación
a Vegas
Arquitectura
de dos
contratos
públicos
para
construir el
Teatro
Madrid en
2012, con
Juan Soler –
actualmente
diputado
regional en
Madrid y
senador –
como
alcalde.
La reforma
del antiguo
teatro de la
calle Madrid
para
convertirlo
en un centro
europeo de
artes
escénicas
fue una de
las promesas
estrella de
Juan Soler a
su llegada a
la alcaldía
en 2011.
En primer
lugar, los
investigadores
critican que
la
tramitación
de ambos
expedientes
fuese
encomendada
a GISA
cuando “el
Ayuntamiento
de Getafe
cuenta con
los medios
necesarios
para llevar
a cabo
cualquier
procedimiento
de
licitación,
apuntando al
consistorio
y al
entonces
alcalde:
alegó el
regidor que
“fue para
agilizar la
tramitación”
para
terminar el
Teatro
dentro del
plazo para
poder
utilizar
fondos FEDER
de la
Comunidad de
Madrid, algo
que según la
Policía
“carece de
fundamento”.
Las
supuestas
irregularidades
a las que
apunta la
Policía
Judicial
siguen
durante la
tramitación
posterior en
la empresa
municipal:
denuncian
que GISA
realizó
“cambios
significativos”
en los
pliegos “sin
los cuales
Vegas
Arquitectura
nunca podría
haber sido
adjudicataria
de los
procedimientos”.
Entre ellos
estaría la
introducción
de un nuevo
criterio, la
reducción
del plazo,
lo que
facilitó la
adjudicación
a esta
empresa ya
que “la suya
fue la peor
propuesta
económica”.
Tres días
antes de que
GISA
recibiese la
encomienda
de gestión,
sigue el
informe, se
cursaron las
invitaciones
a las
empresas
dentro del
procedimiento
negociado
sin
publicidad,
sin constar
“los motivos
para la
invitación
ni el
encargado de
elegirlas”.
Las empresas
que optaron
al concurso
de ambos
expedientes
estaban
relacionadas
entre sí:
una de las
empresas,
por ejemplo,
era de la
esposa del
dueño de
otra de las
aspirantes.
Una
celeridad
“irregular”
Un sumario
en el que
también
figuran las
declaraciones
realizadas
ante la UDEV
de dos
empleados de
GISA y un
arquitecto
que habría
intervenido
en el
proceso. Es
precisamente
este
arquitecto
el que
asegura que
firmó y
revisó el
proyecto de
ejecución
para Vegas
Arquitectura
“como un
favor” a una
empleada,
aunque no lo
elaboró ni
cobró ningún
dinero
porque la
relación
laboral con
la empresa
“no fue
buena al
requerirle
demasiado
tiempo,
siendo muy
absorbente”.
Una suerte
de
subcontratación
a través de
un pacto
verbal que
para la
Policía
también
constituye
“un claro
incumplimiento
de los
pliegos de
cláusulas
administrativas”.
Una de las
empleadas de
GISA
interrogadas
por la UDEV
definió como
irregularidad
“la
celeridad
con la que
se demolió
el edificio
existente en
el solar”,
denunciando
también los
integrantes
del área de
suelo de la
empresa
municipal
fueron
apartados de
esta
tramitación.
El informe
de la
Policía
también
destaca que
en agosto de
2015 la
Cámara de
Cuentas
aseguró que
la
adjudicación
del proyecto
“no había
sido
particularmente
rigurosa”
afirmando
también que
no se había
producido
“una
concurrencia
efectiva de
las empresas
licitadoras
al no
cumplir dos
de las tres
empresas los
mínimos
requeridos”.
El PSOE ya
denunció
estos hechos
Desde la
actual
corporación
municipal
aseguran que
colaborarán
con la
Justicia
durante la
investigación,
y recuerdan
que el
propio
Partido
Socialista
de la
localidad
denunció
estos mismos
hechos, una
querella que
fue
archivada.
El PP de la
localidad,
por su
parte,
defiende que
la
investigación
judicial se
centra en
aspectos
técnicos de
la
adjudicación
y no en las
decisiones
políticas
tomadas al
respecto por
el entonces
alcalde y su
equipo de
gobierno.
Fue en
febrero de
2015 cuando
la alcaldesa
Sara
Hernández
resolvió el
contrato con
la
constructora,
anunciando
un nuevo
proceso y el
retraso
hasta 2017
de la
construcción
del Teatro.
En su
informe, la
Policía
Judicial
también
destaca que
la empresa
Vegas
Arquitectura
también fue
adjudicataria
de otro
contrato
público con
un
presupuesto
de
199.932,47
euros
tramitada
también con
urgencia por
el
consistorio
en agosto de
2013 para la
“remodelación
en
dependencia
municipal
del
Ayuntamiento
de Getafe”.
La ejecución
de la obra,
según este
informe, fue
ofertada en
un
procedimiento
negociado
sin
publicidad.
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/07/radio_madrid/1457373438_478260.html
MÁS
PROBLEMAS
PARA
CIFUENTES:
LA GUARDIA
CIVIL CERCA
A SEIS DE
SUS
DIPUTADOS
ELECTOS POR
LA ‘PÚNICA’
Mucho se ha
hablado de
lo cuesta
arriba que
se están
poniendo
algunos
pactos que
en la noche
electoral se
veían casi
hechos. Pero
uno de los
que más se
está
complicando
en las
últimas
horas es el
del Partido
Popular en
la Comunidad
de Madrid
con
Ciudadanos,
sobre todo
tras el
último
estallido de
la trama
Púnica que
ahora parece
cercar a
buena parte
de la lista
electoral
con la que
se presentó
Cristina
Cifuentes.
Hablamos, en
concreto, de
seis
diputados
electos que
también
gobiernan
varios
municipios:
Juan Soler
(Getafe),
Antonio
González
Terol
(Boadilla),
Pedro Rollán
(Torrejón de
Ardoz),
Ignacio
García de
Vinuesa
(Alcobendas),
David Pérez
(Alcorcón) y
Daniel Ortiz
(Móstoles).
Hoy, el
líder del
PSOE, Pedro
Sánchez, se
ha reunido
con Albert
Rivera y,
entre otros
puntos, le
ha pedido
que no
permitan que
el PP siga
gobernando
en la
Comunidad de
Madrid,
sobre todo
tras las
últimas
decisiones
judiciales
de la
Púnica, que
han imputado
a dos
consejeros.
Pero ahora,
según
informa 20
Minutos, la
Guardia
Civil está
estrechando
el cerco
sobre seis
dirigentes
populares
que además
van en la
lista
electoral de
Cristina
CIFUENTES.
Estos cargos
señalados
serían Juan
Soler,
alcalde de
Getafe;
Antonio
González
Terol,
regidor de
Boadilla del
Monte; Pedro
Rollán,
alcalde de
Torrejón de
Ardoz;
Ignacio
García de
Vinuesa,
regidor de
Alcobendas;
Daniel
Ortiz,
alcalde de
Móstoles y,
por último,
David Pérez,
alcalde de
Alcorcón.
La
influencia
de Granados
En la
primera fase
de la
Operación
Púnica, la
Guardia
Civil se
centró en
los
municipios
de Parla,
Valdemoro,
Collado
Villalba,
Torrejón de
Velasco,
Casarrubuelos
y
Serranillos
del Valle.
Sin embargo,
la
documentación
recabada
hizo
sospechar de
muchos
municipios
que habían
estado bajo
la
influencia
de Francisco
Granados
como
secretario
general del
PP
madrileño. Y
se miró
especialmente
a aquellos
donde habían
trabajado
tres empresa
de la trama:
Cofely, Eico
y Waiter
Music. Solo
esta última,
en su web,
presumía de
trabajar
para 26
municipios
madrileños,
entre los
que estaban
Getafe,
Alcalá de
Henares,
Aranjuez,
Leganés,
Majadahonda,
Boadilla,
Navalcarnero,
Torrejón de
Ardoz,
Chinchón,
Alcobendas,
Alcorcón,
Algete y
Colmenar
Viejo. Hay
ocho más,
según
fuentes del
caso:
Coslada,
Cubas de la
Sagra,
Móstoles,
Sevilla La
Nueva,
Brunete,
Humanes,
Pinto o
Velilla de
San Antonio.
Sospechas en
Getafe
Esto no
significa
que todos
los
contratos
sean
ilegales
pero hay
algunos muy
sospechosos,
como cuatro
en Getafe
firmados por
Juan Soler
(número 10
de Cifuentes
en la lista)
para
realizar
festejos con
Waiter
Music,
empresa que
se sospecha
que
controlaba
Granados.
Son
contratos
que suman
casi medio
millón de
euros, tres
de ellos
fueron
adjudicados
sin
publicidad y
en todos
solo se
presentó
Waiter
Music. Y
nunca con
una oferta
inferior a
la que hacía
el
Ayuntamiento.
Alcorcón,
tocado, con
Leganés y
Boadilla
En esa zona
también hay
otros
contratos
sospechosos,
como los
tres por vía
de urgencia
que firmó
David Pérez
en Alcorcón.
Pérez fue
portavoz en
la Asamblea
de Madrid y
un fiel de
Esperanza
Aguirre,
quien le
colocó como
candidato en
una ciudad
desconocida
para él, e
iba de
número 9 en
la lista de
Cifuentes,
además de
repetir –y
ganar- como
candidato en
Alcorcón. En
total,
adjudicó
550.000
euros a
Waiter
Music.
Leganés lo
hizo en 14
ocasiones,
con una suma
de 190.000
euros,
aunque su
alcalde no
va en la
lista de
Cifuentes.
Pero sí el
de Boadilla
del Monte
-epicentro
de la
Gürtel-,
Antonio
González
Terol, que
iba en el
puesto 46.
http://www.elplural.com/2015/06/02/mas-problemas-para-cifuentes-la-guardia-civil-cerca-a-seis-de-sus-diputados-electos-por-la-punica
LA EJECUTIVA
DE AGUIRRE,
MOLESTA CON
CIFUENTES
La gestora
del PP
regional
celebró ayer
la primera
reunión con
sus cargos
públicos.
Durante
ella, el
presidente
del PP de
Villaverde,
Joaquín
Martínez,
lamentó que
la
presidenta
en
funciones,
Cristina
Cifuentes,
no aludiese
a la labor
de su
antecesora,
Esperanza
Aguirre,
quien
abandonó el
cargo hace
dos semanas
perseguida
por la
sombra de la
imputación
de parte de
su entorno
más cercano
durante
estos años.
Se sumó a
las críticas
la alcaldesa
de Pozuelo,
Susana Pérez
Quislant.
“Parece
mentira”,
señalan
fuentes
cercanas a
Aguirre,
“que
[Cifuentes]
no haya
tenido unas
palabras de
apoyo a sus
antecesores,
que se haya
dirigido a
ellos como
‘la anterior
gestora’,
máxime
cuando ella
fue
secretaria
territorial
desde 2006”,
señalan, “y
responsable
del Comité
Ético”.
Cifuentes
evitó
saludar ayer
a su
antecesora,
que a la
salida del
encuentro,
no quiso
hacer
valoraciones.
Durante el
discurso se
sentó en las
últimas
filas
Cifuentes
anunció en
su discurso
que dejará
la gestora
si se
presenta a
presidenta
del PP
madrileño,
para
competir “en
igualdad de
condiciones”
que otros
candidatos,
y que va a
lanzar una
campaña de
afiliación
para
“ampliar el
espectro
social”.
Cifuentes
anunció que
dejará la
gestora si
se presenta
a presidenta
del PP
madrileño,
para
competir "en
igualdad de
condiciones"
que el
resto, y que
va a lanzar
una campaña
de
afiliación
para
"ampliar el
espectro
social".
Excusó en su
discurso
también que
haya
apartado a
los alcaldes
en su
gestora.
Argumenta
que de esta
forma les
visitarán in
situ "porque
no somos
centralistas".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/07/madrid/1457377835_776277.html
LA ASAMBLEA
DESOYE A
CIFUENTES Y
TRAMITARÁ LA
LEY DE
TRANSPARENCIA
DEL PSOE
La Mesa de
la Asamblea
de Madrid ha
decidido hoy
no hacer
caso al
Consejo de
Gobierno,
presidido
por Cristina
Cifuentes
(PP), y el
proyecto de
ley de
transparencia
presentado
por el PSOE
sigue
adelante. El
Consejo de
Gobierno
había
rechazado el
pasado 23 de
febrero
tramitar la
norma
alegando
falta de
presupuesto
en 2016: “Su
financiación
debería
realizarse
en
detrimento
de otras
partidas”,
justificaba
el acuerdo.
Sin embargo,
la Mesa de
la Asamblea,
con los
votos de
Ciudadanos,
PSOE y
Podemos,
decidió ayer
no escuchar
ese
argumento y
que el
proyecto
siga su
tramitación
parlamentaria.
Los tres
grupos
estuvieron
de acuerdo
en que se
trata de una
norma
necesaria
—propone el
acceso libre
de los
ciudadanos a
la práctica
totalidad de
los
documentos
oficiales de
la
Comunidad— y
en que los
gastos que
supondría no
pueden
detenerla.
“Constantemente
se hacen
ampliaciones
de
presupuesto.
Además, se
puede
retrasar su
entrada en
vigor al año
que viene”,
señala el
vicepresidente
primero de
la Mesa,
Juan
Trinidad
(Ciudadanos).
Un portavoz
del PP
explica que
la propuesta
socialista,
además de
ser una
copia
literal de
otras normas
como la de
Canarias o
Navarra, “no
desarrolla
suficientemente”
cuestiones
como
“Gobierno
abierto,
buen
Gobierno,
colaboración
ciudadana o
datos
abiertos”.
Así, el
Gobierno
enviará
“próximamente”
a la
Asamblea su
propia
propuesta de
ley sobre la
materia,
cuyo
borrador ya
está
redactado y
“que sí
cuenta con
disponibilidad
presupuestaria”,
añade el
mismo
portavoz.
“Cifuentes
quiere
imponer su
propio
modelo.
Debería
entender que
la
transparencia
no tiene
color
político”,
dice José
Manuel
López,
portavoz
parlamentario
de Podemos.
“Lo que está
haciendo
Cifuentes es
una falta de
respeto;
esta ley
ahorra
dinero,
porque lo
que
realmente le
ha costado a
los
madrileños
es la
corrupción”,
añade Pedro
Barrero,
diputado del
PSOE.
El proyecto
de ley de
los
socialistas
establece la
creación de
registros
(por
ejemplo, uno
con el
nombre de
las empresas
que trabajan
con la
administración)
y que en
cada uno de
los brazos
de la
Administración
se debería
designar una
unidad que
se hiciera
responsable
de
garantizar
el acceso a
los datos
públicos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/07/madrid/1457377497_982235.html
CIFUENTES
ESGRIME
FALTA DE
PRESUPUESTO
PARA
BLOQUEAR LA
LEY DE
TRANSPARENCIA
El Gobierno
rechaza el
proyecto del
PSOE porque
no está
contemplado
en las
cuentas de
2016
El Consejo
de Gobierno
de la
Comunidad de
Madrid,
presidido
por Cristina
Cifuentes,
rechaza
tramitar la
ley de
transparencia
presentada
en la
Asamblea por
el PSOE
argumentando
que no
existe un
presupuesto
asignado
para ella en
las cuentas
de 2016. “Su
financiación
debería
realizarse
en
detrimento
de otras
partidas”,
dice el
acuerdo
firmado el
pasado 23 de
febrero.
Esta
decisión no
tumba la
ley, que
propone el
acceso libre
de los
ciudadanos a
la práctica
totalidad de
los
documentos
oficiales de
la
Comunidad,
ya que la
Mesa de la
Asamblea
decidirá hoy
si acepta
las razones
del
Ejecutivo o
si empieza
la
tramitación.
Mientras
rechaza el
proyecto
socialista,
el Gobierno
de Cifuentes
prepara su
propia
norma: la
Ley de
Gobierno
Abierto.
El proyecto
de ley de
transparencia
presentado
por el Grupo
Socialista
en la
Asamblea de
Madrid el
mes pasado
contempla la
creación de
distintas
unidades y
registros,
así como la
figura de un
comisionado
que vele por
el
cumplimiento
de la norma
y redacte un
informe
anual. Se
trata de
establecer
mecanismos
claros para
asegurar el
acceso a la
información
—no solo de
los
organismos
públicos,
sino también
de las
organizaciones
sindicales y
empresariales,
y de
cualquier
entidad
privada que
perciba
subvenciones—
por parte de
cualquier
ciudadano,
según
explican los
socialistas.
La inmensa
mayoría de
las
comunidades
han aprobado
ya normas
propias
sobre
transparencia;
únicamente
carecen de
ella
Asturias,
Euskadi,
Castilla-La
Mancha y
Cantabria
(que las
tienen en
estos
momentos en
proceso de
tramitación
parlamentaria)
y Madrid,
siendo esta
última una
de las
regiones más
castigadas
por los
escándalos
de
corrupción,
recuerda el
diputado en
el Asamblea
regional y
senador del
PSOE José
Cepeda.
“Sabemos que
nuestra
propuesta es
ambiciosa,
pero creemos
que no
costaría
demasiado
porque mucho
de lo que
propone se
puede
conseguir
reasignado
recursos ya
existentes”,
asegura el
socialista.
Sin “crédito
disponible”
El Consejo
de Gobierno
se basa para
expresar su
“no
conformidad”
a la
tramitación
de la ley en
un informe
redactado
por la
Consejería
de Economía
y firmado
por la
directora
general de
Presupuestos
y Recursos
Humanos,
Elena
Collado. En
él se habla
de “un
incremento
del gasto
público no
determinado”,
para el que
“no existe
crédito
disponible
en el
Presupuesto
de la
Comunidad de
Madrid para
este año
2016”. Por
lo tanto,
“de
aprobarse el
texto
propuesto en
el ejercicio
en curso, su
financiación
debería
realizarse
en
detrimento
de otras
partidas
presupuestarias
en el
presente
ejercicio
que no han
sido
siquiera
presupuestadas”.
La fórmula
de rechazar
proposiciones
de ley por
falta de
presupuesto
no es
habitual,
aseguran
fuentes
parlamentarias,
pero tampoco
es la
primera vez
que el
Gobierno de
Cifuentes la
utiliza. Por
ejemplo, ya
lo hizo en
diciembre
pasado con
la propuesta
presentada
por Podemos
de ley
contra la
pobreza
energética.
Entonces, la
Mesa de la
Asamblea
decidió “no
admitir la
manifestación
del criterio
del Gobierno
desfavorable
respecto de
la toma en
consideración
y su no
conformidad”
y dio inicio
a su
tramitación
parlamentaria.
En estos
momentos, el
proyecto
está en fase
de
alegaciones
y será
debatida el
mes que
viene.
Aparte de la
falta de
presupuesto,
el Gobierno
regional
argumentó
contra la
ley de
pobreza
energética
que ya
estaba
trabajando
en la misma
línea que
apuntaba la
norma,
explica un a
portavoz de
Podemos.
Sus propias
propuestas
Algo
parecido
argumenta
ahora el
Consejo de
Gobierno
contra la
ley de
transparencia
propuesta
por el PSOE:
“Sin entrar
en el fondo
de la
proposición,
sí puede
afirmarse
que algunas
de las
cuestiones
planteadas
por la
misma, en
materia de
transparencia,
ya están
siendo
desarrolladas”,
dice el
informe de
Consejería
de Economía.
Alude,
además, a la
puesta en
marcha del
Portal de
Presupuestos
y el Portal
de
Transparencia.
Sobre este
último, la
oposición se
ha quejado
amargamente
de sus
fallos y
dificultad
de acceso.
El
socialista
José Cepeda
opina que el
Gobierno de
Cifuentes no
quiere su
propuesta, y
la está
entorpeciendo
con
“argucias
legales”,
porque
prefiere
impulsar las
suyas
propias. De
hecho, el
pasado
martes,
Cristina
Cifuentes
avanzó que
su Ejecutivo
está
trabajando
en cuatro
leyes que
tratarán de
mejorar la
transparencia
de las
instituciones
y promover
la
regeneración
democrática.
Una de ellas
es la que ha
llamado de
Gobierno
Abierto y
pretende
alinearse
con las
regulaciones
de países de
la Unión
Europea que
tengan
legislaciones
más
avanzadas en
temas de
transparencia.
La norma
establece
una
regulación
para los
lobbies, y
el contenido
mínimo que
deberán
hacer
públicos las
entidades,
como
informaciones
básicas
relativas a
altos
cargos,
funcionamiento
del
Gobierno,
contratos,
subvenciones,
patrimonio,
planes y
programas.
La Mesa de
la Asamblea
de Madrid
decidirá hoy
si atiende a
las razones
del Consejo
de Gobierno
para
rechazar el
proyecto
socialista
de ley de
transparencia
o si ordena
el inicio de
su
tramitación.
Para esto
último,
tendrían que
estar de
acuerdo los
grupos de
Ciudadanos,
PSOE y
Podemos.
UN PORTAL Y
UN REGISTRO
DE EMPRESAS
Quién. El
proyecto de
ley de
transparencia
presentado
por los
socialistas
madrileños
obliga a
abrir sus
archivos a
los partidos
políticos,
las
organizaciones
sindicales y
empresariales,
y a las
entidades
privadas que
perciban
durante el
período de
un año
ayudas que
superen
30.000 euros
o
representen
el 30% de
sus ingresos
anuales.
Qué. Con la
excepción de
los datos
personales
protegidos,
deberá
hacerse
pública
información
“en materia
organizativa,
relativa al
personal de
libre
nombramiento,
en materia
de empleo en
el sector
público, en
materia de
retribuciones,
en materia
normativa”.
También
deberá darse
la mayor
publicidad
posible a la
información
económica y
financiera
sobre
presupuestos
y deuda,
patrimonio,
obras
públicas y
contratos de
gestión,
concesión de
servicios
públicos y
la “ayuda y
subvenciones
en materia
de
ordenación
del
territorio y
medio
ambiente”.
Cómo. Se
creará un
Portal de
Transparencia
y un
registro de
las empresas
que trabajan
con la
Administración.
Cada órgano
de la
Administración
deberá tener
una unidad
responsable
de
garantizar
el acceso a
los datos
públicos.
Además, un
Comisionado
de
Transparencia
y Acceso a
la
Información
Pública,
independiente,
controlará
el
cumplimiento
de la
normativa y
publicará un
informe
anual sobre
el mismo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/04/madrid/1457119555_003510.html
CIFUENTES
'SALVA' DE
SU CÓDIGO
ÉTICO A
VARIOS
ALCALDES
IMPUTADOS
DEL PP DE
MADRID
La nueva
gestora
quiere un
texto que
diferencie
"la
corrupción
política de
la
corrupción
administrativa".
El de
Colmenar
Viejo, ya
procesado,
ha puesto su
cargo a
disposición
El nuevo
código ético
que está
ultimando la
gestora del
PP de Madrid
amnistía a
varios
alcaldes
madrileños
del PP
imputados
por delitos
tan
variopintos
como
usurpación
de cargo
público,
cohecho,
prevaricación,
tráfico de
influencias,
coacción,
amenazas y
revelación
de secretos.
La gestora
que dirige
la
presidenta
regional
Cristina
Cifuentes
asegura que
está
trabajando
en un texto
"justo" que
diferencie
"entre
corrupción
política y
corrupción
administrativa"
y que sobre
todo
"respete la
presunción
de
inocencia".
A pesar de
que
Cifuentes ha
defendido
que una de
sus líneas
rojas es
"tolerancia
cero" con la
corrupción,
algunos de
estos
regidores
están ya
procesados
(con
peticiones
de cárcel
por parte de
la
Fiscalía).
Uno de
ellos, el de
Colmenar
Viejo, ya ha
trasladado a
su grupo
municipal su
decisión de
dimitir.
Cifuentes se
reunirá este
lunes en
Génova por
primera vez
con
presidentes
municipales
del partido
y cargos
públicos.
Cifuentes
llegó a la
presidencia
de la
gestora que
dirige
temporalmente
el PP de
Madrid tras
la renuncia
de Esperanza
Aguirre, que
se fue
asediada por
las últimas
revelaciones
del caso
Púnica (que
investiga la
financiación
irregular
del partido)
y con los
rescoldos
del caso
Gürtel aún
bastante
vivos
(Aguirre
será testigo
en el juicio
que comienza
este otoño).
Cifuentes ha
tomado el
poder en el
PP regional
avalada por
su gestión
inflexible
al frente de
la
comunidad:
forzó la
marcha de un
diputado del
PP que había
triplicado
la tasa de
alcoholemia
tras un
accidente de
tráfico y
cesó a un
alto cargo
que había
adjudicado
contratos a
un imputado
por fraude
fiscal y
estafa. Pero
de momento
no ha tomado
ninguna
decisión
tras
'heredar'
estas
imputaciones
de Esperanza
Aguirre, que
como
anterior
presidenta
del partido
tampoco
había tomado
medidas
contra los
regidores
señalados.
Cifuentes de
momento no
ha tomado
ninguna
decisión
tras
'heredar'
las
imputaciones
de estos
alcaldes de
la anterior
presidenta
del partido,
Esperanza
Aguirre
Fuentes de
la dirección
de la
gestora
aseguran que
el nuevo
código ético
será "muy
similar" al
que
Cifuentes ya
impuso a los
candidatos
de su lista
electoral y
que sigue
vigente
entre sus
diputados de
la Asamblea
y sus cargos
públicos en
el Gobierno
regional: la
renuncia al
puesto si
hay una
imputación
por
corrupción
política o
por un caso
de gran
alarma
social. De
hecho, la
presidenta
puso como
ejemplo
durante la
campaña
electoral
del año
pasado al
eurodiputado
socialista
Juan
Fernando
López
Aguilar,
salpicado
por un caso
de violencia
de género:
"Me parece
insólito que
no se haya
planteado
dejar su
escaño",
señaló
entonces.
Sin embargo,
el nuevo
código ético
también
buscará ser
flexible y
que sepa
diferenciar
casos y
casos,
"entre
corrupción
política y
corrupción
administrativa,
que sepa
distinguir
entre los
que han
metido la
mano en la
caja pública
y los que
solo hayan
tenido
errores
administrativos
relacionados
con su
puesto".
Algunos
directivos
de la
gestora
ponen como
ejemplo las
palabras del
presidente
nacional,
Mariano
Rajoy, que
hace unos
días hizo
pública una
lista de
cargos
populares
que fueron
imputados y
luego
absueltos,
para
ensalzar "el
valor de la
presunción
de
inocencia".
Por su
parte, el PP
nacional
también
tiene un
código
ético, que
solo fija
"el
compromiso"
de los
cargos
públicos "de
comunicar a
la dirección
del PP la
apertura de
cualquier
procedimiento
jurisdiccional
del que
puedan
derivarse
indicios
racionales
de comisión
de un
delito".
Tras esta
comunicación,
todo queda
en manos del
Comité
Nacional de
Derechos y
Garantías,
que debe
decidir si
"su
permanencia
en el
partido daña
a la propia
organización
o a la
institución
pública".
Colmenar:
cargo a
disposición
del partido
El caso más
sangrante es
el del
alcalde de
Colmenar
Viejo
(47.000
habitantes).
El pasado 25
de febrero,
el juzgado
de
instrucción
número 3 de
esa
localidad
procesó por
un delito de
prevaricación
urbanística
a Miguel
Ángel
Santamaría
Novoa, y a
su antecesor
en el cargo,
José María
de Federico
Corral. Como
ya adelantó
El
Confidencial,
la Fiscalía
de Medio
Ambiente ve
indicios de
delito en
las
decisiones
que tomaron
12 cargos
públicos que
han ocupado
responsabilidades
de gobierno
en el
ayuntamiento
en los
últimos 10
años.
También
están
procesados
cinco ediles
del actual
equipo
municipal y
cinco
exconcejales.
Santamaría
permanece en
la alcaldía,
aunque ya ha
puesto su
cargo a
disposición
del partido.
"Los
miembros
integrantes
de las
sucesivas
juntas de
gobierno del
Ayuntamiento
de Colmenar
Viejo en los
últimos 10
años se
pusieron de
acuerdo para
otorgar de
forma muy
reiterada
licencias
urbanísticas,
específicamente
licencias de
primera
ocupación, a
distintos
promotores,
pese al
incumplimiento
de la
normativa
urbanística,
puesto de
manifiesto
por los
correspondientes
informes
técnicos y
jurídicos,
consintiendo
el
mantenimiento
de dichas
irregularidades
urbanísticas",
reza el
escrito del
fiscal.
Por otro
lado, la
Fiscalía
pide dos
años de
cárcel para
Ramón
Regueiras,
alcalde de
Hoyo de
Manzanares
(6.700
habitantes),
por los
delitos de
desobediencia
y usurpación
de cargo
público. Hoy
es regidor
del PP, pero
en 2008
llegó a la
alcaldía
cuando
pertenecía a
un grupo
independiente
gracias a
una moción
de censura
que no tuvo
validez
jurídica, y
después se
negó a
reestablecer
en el cargo
al alcalde
del PP que
había
expulsado
gracias a
esa moción.
Le acaban de
imputar
nuevamente
después de
que la
Fiscalía
haya visto
indicios de
un delito de
prevaricación
por
perseguir
laboralmente
al
exsecretario
municipal,
al que
sancionó
irregularmente
en 13
ocasiones.
Persecuciones
y venganzas
El caso de
Daniel
Pérez,
alcalde de
Galapagar
(32.300
habitantes),
es el
ejemplo que
utiliza el
PP para
hablar de
imputación
"injusta"
que no debe
conllevar la
renuncia al
cargo. Un
empresario
del
municipio,
dueño de un
restaurante,
ha
conseguido
imputarle de
los delitos
de
prevaricación
urbanística,
injurias y
revelación
de secretos.
Pérez ya
declaró ante
el juzgado
de
instrucción
número 2 de
Collado
Villalba. El
PP cree que
todo se
trata de una
persecución
por parte de
este
empresario,
ya que el
ayuntamiento
le apercibió
por hacer
unas obras
sin licencia
y sin pagar
las tasas
correspondientes.
"Hay que ser
coherentes.
Sobre todo
en el ámbito
municipal,
muchos
cargos están
abiertos a
imputaciones
por
decisiones
administrativas
que muchas
veces
obedecen a
venganzas
personales.
Hay que
saber
sopesar
todos los
casos. Esto
no es robar
y esto no se
puede
convertir en
una locura",
señalan
dirigentes
de la
gestora. En
Brunete
(10.300
habitantes),
el alcalde
Borja
Gutiérrez ya
ganó en
diciembre
una batalla
judicial
después de
que un
juzgado de
Móstoles
archivara
una querella
contra él
por
coacciones y
acoso
laboral que
había
presentado
el
arquitecto
municipal.
Sin embargo,
sigue
imputado
después de
que una
concejala de
UPyD
denunciara
que intentó
comprar su
voto. La
edil aportó
grabaciones
al juzgado.
Está acusado
de cohecho,
prevaricación,
tráfico de
influencias,
coacción y
amenazas.
El punto
primero del
acuerdo de
investidura
alcanzado
entre
Cifuentes y
Ciudadanos
ya obliga a
"la
separación
inmediata de
cualquier
cargo
público que
haya sido
imputado
formalmente
por delitos
de
corrupción
política o
por
cualesquiera
otros que
por su
gravedad
causen una
especial
alarma
social hasta
la
resolución
completa del
procedimiento
judicial".
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-03-06/cifuentes-salva-de-su-codigo-etico-a-varios-alcaldes-del-pp-de-madrid-imputados_1163743/
CIFUENTES
RECLAMA UN
IMPUESTO A
TODOS LOS
ALQUILADOS
En el caso
de que la
renta sea de
600 euros
mensuales,
tienen que
abonar una
cuota
tributaria
de casi 29
euros por
cada año del
contrato.
La Comunidad
ha empezado
a hacer
caja. Los
inquilinos
con un
contrato de
alquiler de
vivienda
firmado en
los últimos
cuatro años
tienen que
hacer frente
ahora al
pago del
Impuesto de
Transmisiones
Patrimoniales
(ITP). En el
caso de que
la renta sea
de 600 euros
mensuales,
tienen que
abonar una
cuota
tributaria
de casi 29
euros por
cada año de
duración del
contrato. En
la
actualidad,
lo más
habitual es
que dure
tres, lo que
implica un
coste de
86,40 euros
en un único
pago.
Hacienda
está
enviando
miles de
cartas
reclamando
el importe.
Desde
comienzos de
2015, la
Consejería
de Hacienda,
dentro de su
plan de
lucha contra
el fraude,
está
reclamando
de forma
masiva el
pago de este
impuesto a
inquilinos
que nunca
antes habían
oído hablar
de semejante
carga.
Aunque no es
la única.
Cataluña,
Asturias,
Andalucía y
Galicia
también han
incluido la
reclamación
del ITP en
sus planes
de control
tributario.
Las
debilitadas
arcas
autonómicas
no están en
condiciones
de perdonar
durante más
tiempo este
impuesto con
más de dos
décadas de
vigencia.
Hasta ahora
el Gobierno
madrileño,
durante el
mandato de
Esperanza
Aguirre y
después de
Ignacio
González,
apenas
ingresó
600.000
euros
anuales.
Ahora, el
Gobierno de
Cristina
Cifuentes
espera
recaudar
mucho más,
aunque no da
cifras.
Cataluña,
que se
encuentra
inmersa en
el mismo
proceso,
recaudó en
2015 casi
6,4
millones,
frente a los
482.000
euros de
2013.
Para el
envío de los
requerimientos
se están
cruzando
datos del
registro de
contratos de
alquiler,
avales del
Instituto de
la Vivienda
(Ivima) y
beneficiarios
de la
desgravación
autonómica.
En el caso
de los
alquileres
bajo cuerda
es
prácticamente
imposible
exigir el
pago del
tributo,
puesto que a
efectos
fiscales no
existen.
Como en
todos los
impuestos,
el plazo
sujeto a
revisión es
de cuatro
años, por lo
que puede
darse la
paradoja de
que “la
Administración
esté
reclamando
ahora el
impuesto
correspondiente
a un piso en
el que ya no
se vive
porque se
dejó hace
dos años”,
advierte
Pelayo de
Salvador
Morell,
abogado del
bufete de
Salvador
Real Estate
Lawyer.
Desde 1993
Aunque
desconocido
para la
inmensa
mayoría de
madrileños,
el ITP de
los
alquileres
no es nuevo;
de hecho,
existe desde
1993, cuando
se reguló en
la ley
estatal del
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
y Actos
Jurídicos
Documentados,
que
considera el
alquiler
como una
adquisición
onerosa,
igual que la
compra. E,
incluso, ya
se preveía
en la ley de
1980,
pagándose
normalmente
mediante
efectos
timbrados
que se
compraban en
los estancos
(la mayoría
de contratos
de renta
antigua
están
firmados en
papel
timbrado, lo
que suponía
la
liquidación
del
impuesto).
Hasta ahora,
“su escasa
cuantía
hacía que no
fuera
interesante
para la
Administración
destinar
medios a
encontrar
bolsas de
fraude por
este
impuesto,
pero en la
actualidad
la actividad
inspectora
es mucho más
sencilla,
puesto que
con un
simple cruce
de datos es
fácil
encontrar a
los
deudores”,
dice el
abogado De
Salvador.
Recuerda que
“se trata de
un hecho
imponible
que tiene
una larga
tradición,
por lo que
sorprenderse
ahora es
como
sorprenderse
porque a
alguien le
impongan una
sanción
tributaria
por no hacer
la
declaración
de la
renta”.
Los importes
ingresados
por el
Gobierno
regional por
alquileres
en los
ejercicios
2012, 2013 y
2014 han
sido de
667.712,
668.453 y
601.524
euros
respectivamente.
“Esta
disminución
puede
deberse a
que la gente
utiliza
menos el
papel
timbrado
para
realizar los
contratos de
alquiler y
desconoce la
existencia
de este
impuesto”,
señalan en
la
Consejería
de Hacienda,
que insiste
en que
“tiene la
obligación
de
recaudarlo”.
UNA CUOTA
DEL 0,4% DEL
CONTRATO
La cuota
tributaria
se obtiene
aplicando
sobre la
base
liquidable
la tarifa
que fija la
Comunidad.
El Gobierno
de Cristina
Cifuentes
aplica la
tarifa
estatal del
0,4%.
El pago del
impuesto
debe
realizarse
en el plazo
de 30 días
desde la
firma del
contrato. Se
puede hacer
mediante
papel
timbrado,
presentando
un modelo de
autoliquidación
600 en la
Dirección
General de
Tributos, o
telemáticamente
a través de
su oficina
virtual.
La Comunidad
ha optado,
de momento,
por no
sancionar,
ya que se
“está
teniendo en
cuenta las
alegaciones
que
presentan
los
ciudadanos
sobre el
desconocimiento
del impuesto
y su nula
intención de
defraudar”.
En el caso
de sanción,
la
Administración
tiene la
potestad de
castigar con
el 50% del
importe del
impuesto,
aunque lo
puede
reducir
hasta un
25%.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/01/madrid/1456864227_751363.html
CIFUENTES
CONSIDERA
QUE EL 15M
NO TIENE EL
NIVEL DEL
11M O EL 2
DE MAYO
Contrasta
con los
pocos
escrúpulos
que hubo en
el PP para
que la
Gürtel
organizara
el acto en
el que se
puso la
placa del
11M
Su oposición
no es a que
se ponga una
placa en la
Puerta del
Sol
recordando
el
movimiento
15M, dicen a
ELPLURAL.COM
en el
entorno de
Cristina
Cifuentes.
Lo que no
considera es
que deba
estar en el
mismo
edificio -el
de la Real
Casa de
Correos-
donde ya
están
colocadas
una placa en
honor de los
héroes del 2
de mayo, o
de las
víctimas del
11M. Para el
Gobierno de
Madrid, no
son hechos
comparables.
El 15 M no
es
comparable
al 11M o el
Dos de Mayo
Es la
versión
suavizada
horas
después, de
la que fue
la primera
dura
reacción de
la
presidenta
de Madrid,
que cuando
le
preguntaron
por la
decisión del
Ayuntamiento
de colocar
la plaza,
reaccionó
con una
contundencia
mucho menos
matizada:
“Bajo ningún
concepto”,
dijo
Cifuentes,
que remató
“Mientras yo
sea
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid no lo
voy a
permitir”.
Lo cierto es
que la
decisión del
Ayuntamiento
hasta el
momento se
limita tan
sólo a que
se ponga en
la Puerta
del Sol una
placa en
conmemoración
del
surgimiento
de un
movimiento
que, resulta
innegable,
ha cambiado
la política
española y
se convirtió
de manera
espontánea
en motor de
una
regeneración
de la
política
española que
ha calado en
toda la
sociedad,
más allá de
la propia
Madrid.
La
competencia
de colocar
placas, del
Ayuntamiento
En el
gobierno de
la Comunidad
de Madrid
aseguran a
este
periódico
que no se
opondrán de
ninguna
forma a que
el
movimiento
del 11 M
tenga una
placa en
cualquier
otro lugar
de la Puerta
del Sol.
Incluso
reconocen
que es
competencia
del
Ayuntamiento
la de
decidir
sobre placas
y mobiliario
urbano. Pero
reclaman el
derecho
sobre las
paredes del
Gobierno de
la
Comunidad:
“Simplemente
que nos
parece que
no es
comparable
el
movimiento
del 15M al
de los
hechos que
se
conmemoran
en las dos
únicas
placas que
hay en el
edificio del
Gobierno de
la
Comunidad”.
Esta
oposición
frontal de
la nueva
líder del
PP,
inevitablemente,
sin embargo,
lleva a
recuperar
otros hechos
en los que
la dirección
popular se
mostró mucho
menos
escrupulosa
con la
colocación
de placas.
En concreto
con los
actos
precisamente
protagonizados
en la
conmemoración,
en la misma
Puerta del
Sol, en
homenaje a
las víctimas
del 11M un
año después
de los
atentados.
La 'Gürtel'
se benefició
mientras el
PP, al
menos,
colaboraba
Acto
organizado
por la trama
de las
empresas de
Francisco
Correa, que,
como
demostró la
SER a través
de una
factura que
encontró en
el sumario
de la
Gürtel, y
que
reproducimos
aquí, obtuvo
unos
disparatados
beneficios,
ya que para
un acto con
costos de
29.000
euros,
facturó
66.000
euros, lo
que le dejó
un beneficio
muy superior
al 100%.
Lo que
niegan en el
Gobierno de
la Comunidad
es que este
hecho vaya a
llevar a un
enfrentamiento
entre
Manuela
Carmena y la
propia
Cristina
Cifuentes.
De hecho,
nos
aseguran,
“la relación
personal
entre las
dos es muy
buena”, cosa
que
reconocen,
no pasa con
la mayor
parte del
resto de los
gobiernos ni
de una ni de
otra.
http://www.elplural.com/2016/02/26/cifuentes-considera-que-el-15m-no-tiene-el-nivel-del-11m-o-el-2-de-mayo
CIFUENTES
ANUNCIA QUE
DESPEDIRÁ AL
EXGERENTE
DEL PP DE
AGUIRRE
La
presidenta
madrileña
hará una
auditoría de
las cuentas
del partido
La gestora
del PP de
Madrid
despedirá en
cuanto sea
posible al
exgerente
del partido
y actual
trabajador
Beltrán
Gutiérrez,
han
confirmado
fuentes del
Partido
Popular. La
Guardia
Civil
registró el
pasado 11 de
febrero,
dentro del
marco de una
investigación
por presunta
financiación
ilegal del
PP de Madrid
relacionada
con la trama
Púnica, el
despacho de
Beltrán
Gutiérrez,
quien ha
negado todas
las
acusaciones
contra él.
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid y de
la gestora
del partido
en Madrid,
Cristina
Cifuentes,
también
anunció que
hará una
auditoria de
las cuentas
de la
formación.
Beltrán
Gutiérrez
tiene un
preaviso y
abandonará
la formación
política en
cuanto,
legalmente,
sea posible,
según las
mismas
fuentes. En
una rueda de
prensa tras
la primera
reunión de
la gestora
que dirige
el PP
madrileño
tras la
dimisión de
Esperanza
Aguirre,
Cifuentes ha
avanzado que
tendrán que
tomar
decisiones
en cuanto a
los equipos
del partido
y que
"probablemente
habrá que
hacer algún
ajuste de
personal".
Preguntada
específicamente
por el
posible
despido del
exgerente de
la formación
y
actualmente
trabajador
Beltrán
Gutiérrez,
ha dicho que
su voluntad
es tomar una
decisión "en
cuanto
jurídicamente
sea posible
hacerlo".
Cifuentes
preside la
gestora del
PP de
Madrid, pero
aún no se ha
completado
todo el
proceso de
traspaso, en
particular
los poderes
notariales
para poder
firmar
decisiones
como un
despido.
Auditoría de
gestión
Cifuentes
también ha
anunciado
hoy que se
va a llevar
a cabo una
auditoría de
gestión para
conocer la
situación
financiera
del partido.
Así lo ha
avanzado en
una rueda de
prensa tras
la primera
reunión de
la gestora
de PP
madrileño
que ha
tomado las
riendas de
la formación
después la
dimisión de
Esperanza
Aguirre.
La
presidenta
regional ha
explicado
que el
objetivo de
esta
auditoría de
gestión es
tener una
"radiografía"
de la
situación
financiera
del partido
para adecuar
los gastos y
los
ingresos,
"como se
hace en
cualquier
entidad u
organización",
ya que es
"lo lógico y
lo normal".
Cifuentes ha
aseverado
que en este
"nuevo
tiempo" del
PP de Madrid
se va a
seguir una
política de
"tolerancia
cero contra
la
corrupción"
y que se
implantará
un código
ético de
obligado
cumplimiento
para cargos
públicas y
militantes.
Manuel
Quintanar
será el
encargado de
elaborar
estas normas
de
comportamiento,
que se hará
durante las
próximas
semanas y
probablemente
sea aprobada
en la
próxima
reunión de
la gestora.
La
presidenta
de la
gestora ha
anunciado
también que
tendrán que
tomar
decisiones
en cuanto a
los equipos
del PP de
Madrid y que
"probablemente
habrá que
hacer algún
ajuste de
personal".
Cifuentes ha
explicado
que la
gestora
tiene una
carácter
temporal y
limitado
hasta que,
cuando los
tiempos de
la dirección
nacional lo
permitan, se
convoque un
congreso
abierto, en
el que ha
reiterado
que cada
militante
debe tener
un voto. A
pesar de esa
temporalidad,
ha apuntado
que hoy
"excusas"
tomar
decisiones
con el
objetivo de
llevar a
cabo una
"renovación
a fondo" de
la formación
para
"restituir
la imagen de
un partido
limpio,
transparente
y que cumple
sus
objetivos y
trabaja para
la gente".
Tras aposta
por que le
partido
"funcione
como un
reloj", ha
señalado que
el PP debe
estar
preparado
para
cualquier
proceso
electoral
pueda
producirse
en los
próximos
meses,
incluidas
unas
posibles
elecciones
generales.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/25/madrid/1456433979_094880.html
EL COMITÉ
EJECUTIVO
NACIONAL
APRUEBA LA
GESTORA DEL
PP DE MADRID
El Comité
Ejecutivo
Nacional del
Partido
Popular,
presidido
por Mariano
Rajoy, ha
aprobado
hoy, 22 de
febrero, la
composición
de la
Gestora del
PP de
Madrid.
Presidenta:
Cristina
Cifuentes (@ccifuentes)
Secretario
general:
Juan Carlos
Vera
Tesorero:
Pedro Muñoz
Abrines
Vicesecretario
de
Territorial:
Jaime
González
Taboada (@jaimegtaboada)
– Secretario
de
Distritos:
Ángel Ramos
– Secretario
de
Municipios:
Miguel Ángel
Ruiz (@miguelangeIruiz)
Vicesecretario
de
Organización:
Alfonso
Serrano (@SerranoAlfonso)
– Secretario
de
Organización:
Álvaro
González
– Secretario
de
Movilización:
Pablo
Rodríguez
Sardinero (@prsardinero)
Vicesecretaria
de
Electoral:
Rosalía
Gonzalo (@RosaliaGonzalo)
– Secretario
de Agentes
Electorales:
Borja
Carabante (@bcarabante)
– Secretario
de
Logística:
Javier
Hernanz
– Secretario
Jurídico:
Mariano
Pérez
Hickmann (@marianophickman)
Vicesecretaria
de
Innovación y
Participación:
Isabel Díaz
Ayuso (@IdiazAyuso)
– Secretario
de Análisis:
Alejandro
Sánchez
– Secretario
de Nuevas
Tecnologías:
José A.
Sánchez (@j_asanchez)
– Secretaria
de
Formación:
Belén
Fernández
Salinero (@bfsalinero)
Vicesecretario
de
Sectorial:
Carlos
Izquierdo (@carlosizqtorres)
– Secretaria
de
Sectorial:
Mª Mar
Blanco
– Secretaria
de
Comisiones
de Estudios:
María Martín
(@marmarev)
– Secretario
de
Programas:
Antonio
López Porto
Presidente
del Comité
Electoral:
Ángel
Garrido (@angelgarridog)
Presidente
del Comité
de
Afiliaciones:
Pedro Rollán
Presidente
del Comité
de Derechos
y Garantías:
Manuel
Quintanar (@MQuintanarD)
Presidenta
del Comité
Jurídico:
Elena
González
Moñux (@ElenaGMonux)
Vocales:
– Paloma
Adrados (@palomaadrados)
– Ana Pérez
(@Anai_pb)
– Julieta de
Micheo (@jmicheo)
http://www.ppmadrid.es/comite-ejecutivo-nacional-aprueba-gestora-pp-madrid/
AGUADO AVISA
A CIFUENTES
POR UN
POSIBLE CASO
DE
CORRUPCIÓN
La posible
implicación
del
exalcalde de
Móstoles
Daniel
Ortiz,
detrás del
aviso del
portavoz de
Ciudadanos
Ciudadanos
ha lanzado
una seria
advertencia
a la
presidenta
de la
Comunidad,
Cristina
Cifuentes.
En caso de
que uno de
los
diputados
del PP sea
imputado por
corrupción,
la formación
que lidera
Albert
Rivera
podría
romper el
pacto de
gobernabilidad
firmado al
principio de
legislatura
con ella.
Este aviso
llega
después de
que el
exalcalde de
Móstoles y
actual
diputado
regional
Daniel Ortiz
se haya
visto
envuelto en
el entramado
de la
Operación
Púnica por
un contrato
firmado con
la empresa
Cofely.
El portavoz
de
Ciudadanos
en la
Asamblea,
Ignacio
Aguado,
recordó ayer
que en caso
de que
hubiera un
solo
imputado
(actual
investigado
según la ley
procesal)
por
corrupción
“se pondría
en peligro
el acuerdo
de
investidura”
firmado con
el PP.
Aguado
recordó que
todos los
casos que
están
saliendo
ahora
corresponden
a la década
anterior a
la formación
de gobierno
por parte de
Cifuentes.
“En los ocho
meses que
llevamos en
la Asamblea
no ha habido
casos nuevos
de
corrupción
en el
Gobierno
regional
porque eso
implicaría
automáticamente
que
exigiéramos
su
dimisión”,
señaló el
portavoz de
Ciudadanos.
La
presidenta
cancela una
inauguración
La
presidenta
de la
Comunidad,
Cristina
Cifuentes,
ha cancelado
con solo
tres días de
antelación
la
inauguración
del centro
sociocultural
en el barrio
de El Soto,
en Móstoles,
prevista
para mañana
jueves,
según
confirmaron
fuentes
municipales.
Fuentes
regionales
hablan de un
problema de
agenda de
Cifuentes,
pero, según
fuentes
municipales,
la
cancelación
se debe a
que Daniel
Ortiz iba a
acudir a la
inauguración.
Se trataría,
pues, de
evitar la
foto entre
la
presidenta y
el exalcalde.
Aguado no
quiso
valorar si
sería
precisa la
renuncia al
cargo del
exalcalde de
Móstoles,
sobre el que
la Guardia
Civil
considera
que está
detrás de la
adjudicación
del contrato
del
mantenimiento
de 174
edificios
municipales
por un
montante de
73 millones
de euros a
la empresa
Cofely. Los
agentes de
la Unidad
Central
Operativa (UCO)
del
instituto
armado le
consideran
autor de los
delitos de
fraude y
cohecho.
“Hay que ser
responsable
desde un
punto de
vista
político. Si
por cada
titular que
vemos
tuviéramos
que exigir
dimisiones
no habría
políticos
suficientes
tanto en el
PP como en
el PSOE,
porque
lamentablemente
estos dos
viejos
partidos
están
afectados
por
corrupción”,
concluyó
Aguado.
El portavoz
de
Ciudadanos
destacó que
su grupo
quiere que
la comisión
de
investigación
puesta en
marcha por
su grupo
llegue hasta
el final de
la
legislatura:
“Había otros
partidos
haciendo
oposición y
parecía que
estaban a
verlas
venir. Si
hubieran
ejercido
bien su
oposición, a
lo mejor
todos estos
casos de
corrupción
no se
hubieran
producido”.
Por su
parte, el
portavoz del
PP en el
Parlamento
regional,
Enrique
Ossorio, se
mostró
partidario
de que la
comisión
funcione
durante un
año y que se
vean los
resultados
cosechados
en este
periodo. A
partir de
ahí, debería
valorarse si
es
conveniente
continuar
con su
desarrollo.
“Decir un
número de
años es
totalmente
aventurado y
bastante
poco serio”,
destacó
Ossorio.
El portavoz
popular
afirmó que
había
hablado con
Daniel Ortiz
y que el
exalcalde
niega todos
los hechos.
También
recordó que
todos los
diputados
regionales
han firmado
un código
ético que
les
obligaría a
dimitir en
caso de que
estuvieran
investigados
o imputados
por
corrupción.
“Confiamos
en que esto
no suceda”,
añadió.
Un hecho
destacado
fue que la
presidenta
regional,
Cristina
Cifuentes,
no
compareció
ayer a
mediodía
ante los
medios de
comunicación
tras la
reunión del
Consejo de
Gobierno,
como suele
hacerlo. En
su lugar
estuvo el
portavoz del
Ejecutivo y
consejero de
Presidencia,
Ángel
Garrido.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/23/madrid/1456257000_932293.html
UN DIPUTADO
DE
CIFUENTES,
IMPLICADO EN
EL MAYOR
PELOTAZO DE
LA PÚNICA
Daniel
Ortiz,
exalcalde de
Móstoles,
intermedió
para
adjudicar un
contrato de
75 millones
a Cofely
Daniel
Ortiz,
diputado del
PP en la
Asamblea de
Madrid y
exalcalde de
Móstoles,
intermedió
para que
Cofely, la
principal
empresa de
la trama
Púnica,
ganara un
macrocontrato
de alumbrado
en esta
localidad de
200.000
habitantes
al sur de
Madrid. Así
lo cree la
Unidad
Central
Operativa
(UCO) de la
Guardia
Civil, que
en un
informe
incorporado
al sumario
del caso
Púnica
recopila
pruebas de
cómo usó su
cargo para
influir en
la
adjudicación
del contrato
público de
mayor
cuantía de
entre los
que dieron a
la red los
municipios
investigados
en la causa.
El informe
que la OCU
entregó al
juez Eloy
Velasco, de
más de 300
páginas y
con fecha de
septiembre
de 2015,
relata cómo
"el
concierto
delictivo"
pretendía
influir en
el concurso
para que
fuera Cofely
la
adjudicataria,
"independientemente
de cuál
fuese la
oferta
económicamente
más
ventajosa",
a cambio del
pago de
"notorias
comisiones a
cargos
públicos
vinculados
al
Consistorio
de
Móstoles".
Según las
investigaciones
de la
Guardia
Civil, el
entonces
alcalde y un
concejal
habían
"adquirido
un
compromiso
previo con
Cofely
incluso
antes de la
publicación
del
contrato".
El concejal
en cuestión
era
Alejandro
Utrilla,
edil adjunto
de Medio
Ambiente del
Ayuntamiento
de Móstoles,
que —según
la UCO— pudo
cometer
delitos de
fraude,
revelación
de secretos
y cohecho.
El
exalcalde,
que es
aforado por
su actual
condición de
diputado en
la Cámara
madrileña,
sería autor
de delitos
de cohecho y
fraude,
según los
investigadores.
La empresa
se había
comprometido
a pagar una
mordida de
240.000
euros a
cambio de
las
facilidades
para obtener
el contrato.
El concurso
para
adjudicar el
alumbrado
público de
Móstoles no
siguió los
patrones
habituales
de la trama
en otros
municipios.
En lugar de
crear los
pliegos de
la
licitación
específicamente
para
facilitar
que ganara
Cofely, en
este caso
"se pusieron
trabas a los
competidores,
de forma que
finalmente
se desechase
la oferta
del
licitador
mejor
posicionado
y se
orientase el
concurso a
la empresa
que querían
que lo
ganase",
asegura el
informe.
Con un
precio de
licitación
de 75
millones de
euros, el
contrato
mostoleño
era
especialmente
jugoso para
la trama.
Los
responsables
de Cofely
llegaron a
elaborar un
informe
anónimo para
ayudar al
Ayuntamiento
a desestimar
la oferta de
otra de las
empresas
competidoras,
Fulton. Para
confeccionarlo
accedieron
al
expediente
de
contratación
valiéndose
de
"contactos
personales
con los
cargos
públicos",
asegura la
UCO, que
detectó
correos
electrónicos
y
conversaciones
entre los
implicados
en las que
aludían a
ese informe
anónimo.
"Nos están
escuchando"
La minuciosa
investigación
de la UCO
incluye
escuchas
telefónicas,
correos
electrónicos
e infinidad
de pruebas
documentales.
En una de
las
conversaciones
intervenidas
los
investigadores
escuchan a
los
implicados
bromear
sobre la
posibilidad
de que les
estén
oyendo.
Constantino:
No sigas por
ahí. No
sigas por
ahí... que
no sigas por
ahí.
Pedro: ¿Por?
Constantino:
Pues porque
nos están
escuchando.
Se trata de
Pedro García
Pérez y de
Constantino
Álvarez, los
trabajadores
de Cofely
que
presuntamente
urdieron el
amaño. Los
investigadores
escucharon
al primero
decir por
teléfono una
frase que
resultó muy
reveladora:
"Nadie puede
negar que
nos han
echado una
mano en que
resultáramos
adjudicatarios
del
contrato".
Justo antes
hablaba con
Álvarez de
"resolver lo
de los
240.000
euros". Y
justo
después es
cuando este
último le
pide a
García que
no siga por
ahí porque
les pueden
estar
escuchando.
El ahora
diputado
Ortiz no es
el único
político que
tiene
relación con
el contrato
de Móstoles
con Cofely.
Mario
Utrilla,
exalcalde
del PP de
Sevilla la
Nueva,
municipio
muy cercano
a Móstoles,
colaboró con
su hermano
Alejandro
Utrilla en
el amaño del
millonario
concurso de
alumbrado,
según el
informe de
la UCO.
Utrilla
también fue
diputado de
la Asamblea
de Madrid en
la pasada
legislatura.
El juez
Velasco
llamó a
declarar a
Utrilla como
imputado en
junio
pasado,
junto con
los entonces
consejeros
de la
Comunidad de
Madrid
Salvador
Victoria y
Lucía Figar.
Daniel Ortiz
ha rehusado
comentar el
contenido
del informe
incluido en
el sumario
de la trama
Púnica, del
que el
jueves se
conocieron
varios tomos
hasta ahora
secretos y
que adelantó
EL PAÍS. Una
portavoz del
Grupo
Popular en
la Asamblea
de Madrid ha
remitido una
nota de
prensa en la
que asegura:
"Como ya
declaré ante
la
ciudadanía
cuando era
alcalde y
ahora como
portavoz en
la
oposición,
mantengo mi
actitud de
más absoluta
indignación
con los
casos de
corrupción y
en el caso
de la
Operación
Púnica son
falsas todas
las
acusaciones
que hoy he
recibido
hacia mi
persona".
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/19/actualidad/1455899373_511469.html
RATIFICADO
COMO Nº 2
DEL PP DE
MADRID VERA,
EL HOMBRE DE
LOS 60.000 €
DE CORREA
Juan Carlos
Vera ha sido
confirmado
como número
dos de
Cristina
Cifuentes en
la gestora
que se hará
cargo del PP
madrileño a
pesar de las
informaciones
que lo
sitúan
implicado en
la trama
Gürtel.
Juan Carlos
Vera será
finalmente
el
secretario
general de
la gestora
que se ha
hecho cargo
del PP
madrileño
tras la
dimisión de
Esperanza
Aguirre e
Ignacio
González. Y
lo hace tras
la
aprobación
de la
ejecutiva
nacional de
Génova 13
durante la
reunión que
se ha
llevado a
cabo en la
mañana del
lunes.
Vera, número
dos de
Cristina
Cifuentes,
ha sido el
protagonista
de varias
informaciones
que lo
sitúan en
plena trama
Gürtel, tal
como ha
informado
OKDIARIO a
lo largo de
los últimos
días.
Entre otras
cuestiones,
como ha
podido saber
este diario,
Vera fue el
receptor de
60.000 euros
que le
entregó el
número uno
de la
Gürtel,
Francisco
Correa.
El
desembolso
figura en un
apunte
contable de
la red que
obra en
poder de
este diario
y que se
realizó a
cargo de la
caja de la
empresa
Special
Events. El
dinero lo
sacó el
contable
José Luis
Izquierdo el
29 de
diciembre de
2003 y se lo
entregó a
Francisco
Correa,
quien
concertó una
cita con el
actual
secretario
general del
PP de Madrid
en el hotel
Gran Meliá
Fenix el 23
de enero de
2004, donde
se lo
entregó
personalmente
en mano.
Para cerrar
este trato,
Vera y
Francisco
Correa se
citaron el
23 de enero
de 2004 en
el hotel
Gran Meliá
Fenix,
situado en
las
inmediaciones
del Paseo de
la
Castellana
de Madrid.
La entrega
del dinero
en metálico
se produjo
en el
interior de
un coche
estacionado
en la calle
Marqués de
Zurgena, en
la parte
posterior
del hotel.
“Para no dar
cante, dame
los 60.000
euros en
cash“, son
las palabras
que habría
utilizado al
pactar la
operación el
actual
secretario
general de
la gestora
del PP de
Madrid,
según han
relatado
fuentes muy
próximas a
los
protagonistas.
http://okdiario.com/espana/ratificado-como-no-2-del-pp-de-madrid-el-dirigente-que-recibio-una-mordida-de-60-000-euros-de-correa-juan-carlos-vera-75667
“PARA QUE NO
CANTE DAME
EN CASH LOS
60.000 EUROS
PARA
COMPRARME EL
COCHE Y
REFORMAR LA
TERRAZA”
El
coordinador
de
Organización
del PP
comunicó a
Correa que
pediría un
préstamo al
partido para
'lavar' el
dinero
recibido
El nuevo
número 2 del
PP de
Madrid, Juan
Carlos Vera,
recibió
personalmente
de manos de
Francisco
Correa
60.000 euros
como
compensación
por
contratar a
las empresas
de la red
Gürtel la
organización
de eventos
de las
campañas
electorales
del partido.
Las fuentes
consultadas
por OKDIARIO
han
explicado
que Vera
pidió al
cabecilla de
la Gürtel,
Correa, que
le diera los
60.000 euros
en efectivo,
para que la
operación no
dejara
ningún
rastro
contable.
El que
entonces era
coordinador
de
Organización
del PP
invertió
este dinero
en la compra
de un
vehículo, un
lujoso
Chrysler
300M, y en
realizar el
cerramiento
de una
terraza en
su vivienda
situada en
la Avenida
Afonso XIII,
en el
madrileño
barrio de
Chamartín.
El propio
Juan Carlos
Vera aclaró
a Correa
que, para
blanquear el
dinero
recibido y
cubrir las
apariencias,
tenía
previsto
solicitar un
crédito al
PP y
probablemente
también al
concesionario
en el que
compraría el
vehículo,
relatan las
mismas
fuentes.
Le entregó
el dinero en
el interior
de un coche
Para cerrar
este trato,
Vera y
Francisco
Correa se
citaron el
23 de enero
de 2004 en
el hotel
Gran Meliá
Fenix,
situado en
las
inmediaciones
del Paseo de
la
Castellana
de Madrid.
La entrega
del dinero
en metálico
se produjo
en el
interior de
un coche
estacionado
en la calle
Marqués de
Zurgena, en
la parte
posterior
del hotel.
“Para no dar
cante, dame
los 60.000
euros en
cash“, son
las palabras
que habría
utilizado al
pactar la
operación el
actual
secretario
general de
la gestora
del PP de
Madrid,
según han
relatado
fuentes muy
próximas a
los
protagonistas.
Después de
que OKDIARIO
informara
sobre estos
hechos, Vera
difundió el
pasado día
17 un
comunicado
en el que
niega el
encuentro
con Correa y
sostiene que
nunca se
ocupó de la
contratación
de las
empresas que
desarrollaban
los actos de
la campaña
electoral.
No obstante,
este diario
ha
acreditado
que
Francisco
Correa le
informaba
detalladamente
de la
participación
de sus
empresas en
la campaña y
de las
dificultades
que
encontraba
para la
organización
de los
eventos.
‘El Bigotes’
le ayudó a
elegir el
coche
Juan Carlos
Vera también
ha aportado
el
justificante
del préstamo
de 12.000
euros
concedido
por el PP, y
ratificado
con su firma
por el ex
tesorero
Luis
Bárcenas,
que le
habría
servido para
pagar una
parte de la
compra de su
Chrysler
300M, que se
cerró por
32.600
euros.
Como ha
informado
OKDIARIO,
Álvaro Pérez
(“el
Bigotes”) le
ayudó a
elegir el
modelo y le
acompañó
personalmente
a visitar
varios
concesionarios.
Tras acudir
a
establecimientos
de Audi y de
otras
marcas,
finalmente
Vera se
decidió por
el Chrysler
300M,
fabricado en
una planta
de Ontario
(Canadá).
Las
investigaciones
desarrolladas
por la
Audiencia
Nacional
sobre la
trama Gürtel
han
acreditado
que las
empresas de
Francisco
Correa
realizaron
otros
regalos al
dirigente
popular Juan
Carlos Vera:
entre ellos,
una
televisión
de plasma
que costó
6.770 euros.
En el
registro de
la sede de
la empresa
Easy Concept
Comunicación
SL, dirigida
por Pablo
Crespo –el
número 2 de
Correa–, la
Policía
nacional
encontró la
factura
correspondiente
a la compra
de este
televisor y
el albarán
que acredita
que fue
entregado e
instalado en
la vivienda
particular
de Vera.
Un viaje en
familia a
Disney World
Orlando
La Policía
también
encontró en
las
instalaciones
de Easey
Concept,
situadas en
un Polígono
industrial
de Alcorcón,
las pruebas
de que la
empresa de
Crespo
regaló a
Vera un
teléfono
móvil y una
pluma
estilográfica
Montblanc.
Las empresas
de la red
Gürtel
también
habrían
regalado al
entonces
coordinador
de
Organización
del PP un
viaje de una
semana a
Disney World
Orlando, en
Florida,
para toda su
familia, con
pases
ilimitados
para
disfrutar
todas sus
atracciones
y para
visitar el
parque
temático de
los Estudios
Universal.
La dirección
nacional del
PP tiene
previsto
ratificar
hoy el
nombramiento
de Juan
Carlos Vera
como
secretario
general de
la gestora
que va a
dirigir el
partido en
Madrid
durante los
próximos
meses.
Vera es un
hombre muy
próximo al
presidente
Mariano
Rajoy y al
dirigente
andaluz
Javier
Arenas,
quien en
1990 lo
colocó como
coordinador
de
Organización
del PP, un
cargo que
durante más
de dos
décadas le
ha
convertido
en el
principal
responsable
de las
campañas
electorales.
http://okdiario.com/investigacion/juan-carlos-vera-para-no-dar-cante-dame-en-cash-los-60-000-euros-para-comprarme-el-coche-y-reformar-la-terraza-75478
VERA DICE
QUE CORREA
NO LE DIO
60.000 € Y
QUE SU COCHE
LO COMPRÓ
GRACIAS A
“UN PRÉSTAMO
DEL PP”
El nuevo
secretario
general del
PP de
Madrid, Juan
Carlos Vera,
asegura que
el Chrysler
300M que
compró en
2004 fue
adquirido,
en parte,
con dinero
prestado por
el partido y
niega que
fuera pagado
con los
60.000 euros
entregados
por la trama
Gürtel a
cambio de
contratos
con el PP,
tal como
publicó
OKDIARIO.
El nuevo
secretario
general del
PP de
Madrid, Juan
Carlos Vera,
asegura que
el coche que
compró en
2004, modelo
Chrysler
300M, no fue
pagado con
dinero
entregado
por la trama
Gürtel a
cambio de
contratos
con el PP,
sino con
fondos
sacados
directamente
de la caja
del partido
en forma de
préstamo
que, según
asegura, ha
sido
devuelto.
El PP ha
facilitado a
OKDIARIO el
justificante
del
préstamo,
aunque no ha
facilitado
el recibo de
la
devolución
del mismo:
Vera
Vera ha
publicado un
comunicado
en el que
indica el
coche le
costó 33.000
euros, de
los que
12.000 euros
fueron
abonados con
dinero del
PP mediante
un préstamo
concedido el
27 de
febrero de
2004. Basta
recordar que
el tesorero
del Partido
Popular en
2004 era
Álvaro
Lapuerta y
que fue en
esos años
cuando se
produjo un
importante
trasiego de
dinero de
“la caja b”
del partido
para pagar,
por ejemplo,
las campañas
de las
elecciones
autonómicas
(2003) y
europeas
(2004). El
resto del
pago se
realizó
mediante un
“traspaso
entre dos
cuentas”
bancarias de
las que Vera
era titular
y,
posteriormente,
“mediante un
cheque
bancario”
que fue
entregado a
la empresa
Chrysler.
Según ha
podido
comprobar
este diario,
el precio de
mercado del
Chrysler
300M de 2,7
litros era
de 35.000
euros en
2004, al que
si se le
suman el IVA
y el
impuesto de
matriculación
alcanzaría
los 43.000
euros.
Según la
documentación
facilitada
por el PP,
Vera se
benefició de
un descuento
de 5.009
euros por
parte del
concesionario.
Como se
puede
observar la
factura se
hizo
finalmente
por 32.600
euros.
El número
dos del PP
de Madrid
niega que se
reuniera con
Francisco
Correa el 23
de enero de
2004 en el
hotel Gran
Meliá Fénix
de Madrid y,
“por tanto”
que le
entregara
60.000
euros. Sin
embargo,
cuatro
fuentes
próximas a
los máximos
responsables
de la trama
Gürtel
aseguran a
OKDIARIO que
ese dinero
se lo dio el
propio
Correa en
mano y que
salió de la
“caja b” de
la empresa
Special
Events.
El
desembolso
figura en un
apunte
contable de
la red que
obra en
poder de
este diario
y el dinero
lo sacó el
contable
José Luis
Izquierdo el
29 de
diciembre de
2003.
Izquierdo
que era el
tesorero que
llevaba la
“caja b” de
las empresas
de la trama
Gürtel, en
la que se
recogían
sobornos y
comisiones a
cargos del
PP, y se
ocupaba de
supervisar y
anotar todos
los pagos en
efectivo
mediante un
sistema de
facturación
falsa.
El
secretario
general del
PP de Madrid
niega
también que
una parte de
esos 60.000
euros se
destinara a
la reforma
de una
vivienda
puesto que
vivía “en
régimen de
alquiler”,
algo que no
supone una
traba si se
trata de
acometer
mejoras en
la vivienda
y recuerda
que “no ha
sido nunca
citado ni
como
testigo, ni
como
investigado
en el
proceso
judicial del
caso
Gürtel”,
aunque según
la Unidad de
Delitos
Económicos y
Financieros
(UDEF) de la
policía era
uno de los
diputados
con los que
la trama
contactaba
de forma
habitual
para tratar
“aspectos de
cobro y
facturación”,
en relación
al pago de
comisiones y
regalos por
la
adjudicación
de contratos
con el PP.
Los informes
de la UDEF
rebelan que
Vera recibió
también una
pluma Mont
Blanc, un
teléfono
móvil y una
televisión
de plasma,
entre otros
regalos, que
suman más de
6.000 euros.
Hasta el
momento, la
Sala de lo
Penal de la
Audiencia
Nacional ha
rechazado
que Vera
comparezca
como testigo
en el juicio
del “caso
Gürtel”, en
contra de lo
solicitado
por Álvaro
Pérez (“El
Bigotes”).
El tribunal
ha
desestimado
también la
testifical
del
presidente
del
Gobierno,
Mariano
Rajoy pero,
sin embargo,
sí ha
aceptado la
de Esperanza
Aguirre.
Un hombre
del aparato
del PP
El nuevo
secretario
general de
los
populares en
Madrid ha
sido jefe de
campaña de
Cifuentes en
las pasadas
elecciones
autonómicas
y es un
hombre muy
cercano al
presidente
del
Gobierno,
Mariano
Rajoy.
Pertenece al
aparato de
Génova y, de
hecho, es el
propio Rajoy
quien le ha
puesto al
frente del
PP madrileño
para cubrir
la salida de
Ignacio
González,
que está
siendo
investigado
por la
Guardia
Civil por el
presunto
cobro de
comisiones a
través del
Canal Isabel
II.
Vera ha
pasado hasta
ahora
desapercibido
debido a su
perfil bajo
de cara a
los medios
de
comunicación.
Uno de sus
protectores
es Javier
Arenas, que
le colocó
como
responsable
del área de
Organización
del PP,
cargo que
ocupó de
1990 a 2004.
Tras su paso
por Alianza
Popular en
los inicios
de la
democracia,
fue
secretario
de Política
autonómica y
Municipal
del Partido
Liberal a
finales de
los años
ochenta del
pasado
siglo, donde
coincidió
con
Esperanza
Aguirre.
http://okdiario.com/investigacion/vera-dice-que-correa-no-le-dio-60-000-e-y-que-su-coche-lo-compro-gracias-a-un-prestamo-del-pp-73184
EL Nº2 DE
GÜRTEL SE
CARTEABA CON
VERA PARA
TODOS LOS
MONTAJES DE
CAMPAÑA DEL
PP
Correa
regaló
60.000 euros
al nuevo Nº
2 del PP de
Madrid para
comprarse un
coche y
reformar su
casa
El número 2
de la
gestora del
PP de
Madrid, Juan
Carlos Vera,
niega la
información
de OKDIARIO.
Pero una
carta que le
envió Pablo
Crespo
demuestra
que él era
el
interlocutor
de Special
Events para
contratar
los actos de
campaña en
2004.
Juan Carlos
Vera niega
las
informaciones
de OKDIARIO.
Sin embargo,
este
periódico
tiene
pruebas que
desmienten
su
desmentido.
Este
miércoles,
revelábamos
que el
actual
secretario
general de
la gestora
que dirige
el PP de
Madrid tras
la dimisión
de Esperanza
Aguirre fue
uno de los
beneficiados
por los
regalos de
la trama de
la Gürtel.
Concretamente,
habría
recibido
hasta 60.000
euros en
mano en una
reunión con
Francisco
Correa, con
quien
concertó una
cita en el
hotel Gran
Meliá Fénix
el 23 de
enero de
2004.
La comisión
formaba
parte de la
contraprestación
por los
servicios
ofrecidos
por Vera
para que las
empresas de
Correa
contrataran
actos y
servicios
para el PP
de Madrid. Y
el
desembolso
figura en un
apunte
contable de
la red que
obra en
poder de
este diario
y que se
realizó a
cargo de la
caja de la
empresa
Special
Events.
Pero Vera lo
niega. Y
para ello ha
emitido un
comunicado
en la tarde
de este
miércoles
exigiendo
una
rectificación
y
desglosando
en seis
puntos las
razones por
las que
desmiente lo
publicado.
Concretamente
en el punto
número 5, la
actual mano
derecha de
Cristina
Cifuentes en
el PP
madrileño
escribe:
“NUNCA he
tenido nada
que ver en
la
contratación
de agencias
de
comunicación
ni de las
empresas de
montaje de
los actos
públicos”. Y
eso no se
corresponde
con la
verdad.
Según, la
Unidad de
Delitos
Económicos y
Financieros
(UDEF) de la
policía era
uno de los
diputados
con los que
la trama
contactaba
de forma
habitual
para tratar
“aspectos de
cobro y
facturación”,
en relación
al pago de
comisiones y
regalos por
la
adjudicación
de contratos
con el PP.
Y eso es lo
que, además,
se desprende
de una carta
enviada por
Pablo Crespo
Sabaris,
presidente
de Special
Events, el
10 de junio
de 2004, el
día anterior
al acto de
cierre de
campaña de
las
elecciones
al
Parlamento
Europeo. En
ella, Crespo
expone a
Vera los
problemas
que
encuentra su
empresa para
el montaje
de las
estructuras
y del
escenario en
el Palacio
Municipal de
Congresos
del parque
ferial Juan
Carlos I de
Madrid.
Carta de
Pablo Crespo
a Juan
Carlos Vera
“Quisiera
poner en tu
conocimiento
las
circunstancias
que rodean
la
organización
de este
acto, pues
creo que
debes
conocer las
dificultades
y riesgos a
los que nos
enfrentamos“,
le dice
Crespo a
Vera.
Posteriormente,
el
presidente
de la
empresa
incluida en
la trama de
Francisco
Correa y
Álvaro Pérez
(“El
Bigotes”)
desgrana los
condicionamientos
que van a
hacer a su
empresa
tener que
“multiplicando
personal
técnico,
como siempre
hacemos”
para llegar
a tiempo,
pues el
recinto
estaba en
ese momento
ocupado y el
desmontaje
del
inquilino
anterior iba
a retrasarse
hasta las
03.00 horas
de la
madrugada.
Para Crespo
es muy
importante
que Juan
Carlos Vera
comprenda
que Special
Events se va
a desvivir
para “llegar
a tiempo” e
insiste en
que no
quiere
“añadir una
preocupación
gratuita a
las muchas
que
seguramente
tendrás”,
pero le
explica que
la necesidad
de hacer un
montaje “que
duraría día
y medio” en
menos de 13
horas
“tendrá una
repercusión
en los
costes del
presupuesto
que hoy
mismo haré
llegar al
Partido”.
El tono de
la carta,
cordial y
personal,
indica que
es más que
probable que
ésta no sea
la primera
vez que
ambos tratan
asuntos como
éste. Y los
términos en
los que está
escrita, los
detalles que
el
empresario
procesado
por la
Gürtel
desgrana,
así como la
referencia a
“lo sucedido
en ocasiones
anteriores”
indican que
Vera era un
interlocutor
válido para
este tipo de
empresas en
sus tratos
con el PP.
La misiva
obra en la
instrucción
del caso
Gürtel y ya
fue
publicada,
al menos en
parte, por
el diario
digital El
Plural el
pasado
martes.
De este
modo, además
de por las
pruebas
documentales
ya
detalladas
en la
información
de este
periódico
queda
desmontada
la
afirmación
de Juan
Carlos Vera
de que la
información
de OKDIARIO
es
“absolutamente
falsa”.
Ahora sólo
falta que el
PP de Madrid
tome cartas
en el asunto
y, como se
ha
comprometido
públicamente,
pida
explicaciones
a quien ha
sido jefe de
campaña de
Cifuentes en
las pasadas
elecciones
autonómicas
y es, de
hecho, un
hombre muy
cercano al
presidente
del
Gobierno,
Mariano
Rajoy.
http://okdiario.com/espana/madrid/el-no2-de-gurtel-se-carteaba-con-vera-para-todos-los-montajes-de-campana-del-pp-73369
JUAN CARLOS
VERA COBRÓ
1.422.331 €
DE
‘SOBRESUELDOS’
DEL PARTIDO
Juan Carlos
Vera es uno
de los
dirigentes
del PP que
más dinero
percibió por
este
concepto,
según los
'papeles de
Bárcenas'.
El
secretario
general de
la gestora
que va a
dirigir el
PP de Madrid
durante los
próximos
meses, Juan
Carlos Vera,
no sólo
recibió
regalos de
las empresas
de la trama
Gürtel.
También
aparece en
los llamados
papeles de
Bárcenas
como uno de
los cargos
del partido
que cobraron
sobresueldos.
En su caso,
habría
percibido
por este
concepto
1.422.000
euros entre
1990 y 2011,
según el
sumario
instruido
por el juez
de la
Audiencia
Nacional
Pablo Ruz.
Un informe
remitido por
la Agencia
Tributaria
en junio de
2013 al juez
Ruz
especifica
que estos
pagos se
contabilizaban
como «gastos
de
representación»,
pero los
altos cargos
del PP los
cobraban en
cantidades
invariables
distribuidos
en 14 pagas
anuales. Por
tanto,
tenían un
carácter de
sobresueldos.
Según este
escrito,
Mariano
Rajoy cobró
en el citado
período 1,5
millones de
euros por
este
procedimiento.
Por detrás
de él se
sitúan
Javier
Arenas,
Ángel
Acebes, Pío
García
Escudero y
Juan Carlos
Vera: todos
ellos
habrían
cobrado más
de un millón
de euros en
sobresueldos.
En el caso
de Vera, la
cantidad
percibida
sería de
algo más de
1.422.000
euros, según
la Agencia
Tributaria.
Una cantidad
tan elevada
para un
dirigente
casi
desconocido,
que se
explica por
el cargo que
tenía como
responsable
de la
organización
de las
campañas
electorales.
En el
comunicado
difundido
este
miércoles,
Juan Carlos
Vera niega
que la trama
Gürtel le
pagara el
coche
Chrysler
modelo 300M
que se
compró en
2004.
Asegura que
lo adquirió
gracias a un
préstamo de
12.000 euros
que le
concedió el
PP, con la
firma
autorizada
del entonces
tesorero
Álvaro
Lapuerta.
En aquella
época, el PP
se financió
con dinero
negro a
través de
donaciones y
pagos
efectuados
por
empresas,
según la
instrucción
del juez
Ruz.
http://okdiario.com/investigacion/el-no-2-del-pp-de-madrid-cobro-1-422-331-e-de-sobresueldos-del-partido-73427
CORREA
REGALÓ
60.000 EUROS
AL NUEVO Nº2
DEL PP DE
MADRID PARA
COMPRARSE UN
COCHE Y
REFORMAR SU
CASA
El nuevo secretario general de la Gestora del PP de Madrid, Juan Carlos Vera, recibió 60.000 euros de la trama Gürtel en 2004 como pago por su mediación para que las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez (“El Bigotes”) lograran la adjudicación de contratos con el PP, según confirman hasta cuatro fuentes próximas a los máximos responsables de esta trama respaldadas por pruebas documentales en poder de OKDIARIO. Vera ha sido el responsable de las campañas electorales del partido desde hace veinte años.
El desembolso figura en un apunte contable de la red que obra en poder de este diario y que se realizó a cargo de la caja de la empresa Special Events. El dinero lo sacó el contable José Luis Izquierdo el 29 de diciembre de 2003 y se lo entregó a Francisco Correa, quien concertó una cita con el actual secretario general del PP de Madrid en el hotel Gran Meliá Fenix el 23 de enero de 2004, donde se lo entregó personalmente en mano.
José Luis Izquierdo era el tesorero que llevaba la “caja b” de las empresas de la trama Gürtel, en la que se recogían sobornos y comisiones a cargos del PP, y se ocupaba de supervisar y anotar todos los pagos en efectivo mediante un sistema de facturación falsa. Un pendrive suyo incautado en un registro dio el pistoletazo de salida al caso. De esa “caja b” salió el dinero para pagar la comisión a Vera.
“El Bigotes” le ayudó a elegir el coche
El actual número dos del PP de Madrid empleó los 60.000 euros en la compra de un coche Chrysler modelo 300M, valorado en 45.000 euros, y el resto del dinero lo destinó a la reforma de una vivienda situada en la zona de Pío XII, en el barrio madrileño de Chamartín.
Chrysler 300M, el mismo modelo que compró Juan Carlos Vera con el dinero de Correa.
En la elección del vehículo le ayudó Álvaro Pérez (“el Bigotes”), que le acompañó a varios concesionarios para elegir el vehículo apropiado. Visitaron establecimientos de Audi y de otras marcas, aunque finalmente Vera se decidió por el Chrysler 300M, que en 2004 era el último modelo de su generación, fabricado en la planta que tiene el fabricante en Ontario (Canadá). Con una potencia de 254 caballos y un motor de 3,5 litros competía con el BMW Serie 5, el Audi A6, el Mercedes Clase E y el Lexus GS300.
Según revela la declaración de bienes presentada en el Congreso de los Diputados, Vera sigue teniendo el Chrysler 300M. Además, el diputado posee otros dos vehículos: un Opel Frontera y un Suzuki Baleno.
Vera no es el único alto cargo del PP al que la trama Gürtel regaló vehículos de alta cilindrada. El que fue alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, marido de la ex ministra de Sanidad, Ana Mato, recibió de Francisco Correa un Jaguar S Type V8 en 1999, valorado en 8,6 millones de pesetas (unos 52.000 euros) y un Range Rover Vogue, que tenía un precio de 83.000 euros y que era similar al que tenía el futbolista inglés David Beckham cuando jugaba en el Real Madrid.
Un hombre del aparato del PP
El nuevo secretario general de los populares en Madrid ha sido jefe de campaña de Cifuentes en las pasadas elecciones autonómicas y es un hombre muy cercano al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pertenece al aparato de Génova y, de hecho, es el propio Rajoy quien le ha puesto al frente del PP madrileño para cubrir la salida de Ignacio González, que está siendo investigado por la Guardia Civil por el presunto cobro de comisiones a través del Canal Isabel II.
Vera ha pasado hasta ahora desapercibido debido a su perfil bajo de cara a los medios de comunicación. Uno de sus protectores es Javier Arenas, que le colocó como responsable del área de Organización del PP, cargo que ocupó de 1990 a 2004. Tras su paso por Alianza Popular en los inicios de la democracia, fue secretario de Política autonómica y Municipal del Partido Liberal a finales de los años ochenta del pasado siglo, donde coincidió con Esperanza Aguirre.
El nuevo secretario general del PP de Madrid era uno de los diputados con los que la trama Gürtel contactaba de forma habitual para tratar “aspectos de cobro y facturación”, en relación al pago de comisiones y regalos por la adjudicación de contratos con el PP. Vera recibió también una pluma Mont Blanc, un teléfono móvil y una televisión de plasma, entre otros regalos, que suman más de 6.000 euros.
Hasta el momento, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado que Vera comparezca como testigo en el juicio del “caso Gürtel”, en contra de lo solicitado por Álvaro Pérez (“El Bigotes”). El tribunal ha desestimado también la testifical del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy pero, sin embargo, sí ha aceptado la de Esperanza Aguirre. El fiscal pide 125 años de cárcel para Francisco Correa.
http://okdiario.com/investigacion/correa-regalo-60-000-euros-al-nuevo-no2-del-pp-de-madrid-para-comprarse-un-coche-y-reformar-su-casa-72702
EL PP NO CAMBIA: PONEN A OTRA ‘ZORRA’ A CUIDAR ‘LAS GALLINAS’
Un campeón de los sobresueldos, que aparece en la Gürtel, es el ‘regenerador’ de ‘los populares’ de Madrid: Juan Carlos Vera
La ‘jefa’ de la gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha protagonizado un acto-rueda de prensa explosivo este martes por la mañana. “Si veo un delito, directa al juzgado de guardia”, ha dicho. E igual de alto ha proclamado que va a imponer la “transparencia total” y que “(la gestora) no venimos a tapar ni a presuponer nada”.
A su lado la escuchaba Juan Carlos Vera, por cargo nuevo secretario general ‘popular’ madrileño, un casi absoluto desconocido para el gran público y, sin embargo, funcionario de máximo nivel en el PP ‘de toda la vida’… Y además, el hombre, quizás, si quiere ser consecuente con sus palabras, con el que primero debiera sentarse a hablar Cristina Cifuentes.
Nos explicamos.
¿Quién pide explicaciones a quienes?
La convulsionada dirección popular no se lo ha pensado mucho. No podían correr riesgos. Al frente del partido en Madrid, una bomba que todo indica que está aún lejos de haber estallado en su totalidad, han decidido poner a quien evidentemente consideran el futuro del partido en esta Comunidad, Cristina Cifuentes. Y para ello olvidan un detalle, sin embargo, que de considerarlo podría invalidar su decisión: Cifuentes era la responsable del Comité de Derechos y Garantías, es decir, quien debía haber supervisado las corruptelas que estuvieran pasando en su partido, y por lo que se ve, nunca se enteró de nada.
Pero sobre ella volveremos en otro momento. Porque el PP nacional, no ha dejado sola a Cifuentes en esta tarea. Sea porque no se fíen por completo, o porque consideren que en el envite se juegan ‘el resto’, como decimos, a su lado han puesto a otra persona que realmente es quien va a llevar el trabajo de la gestora, Juan Carlos Vera. El hombre que ya le pusieron hace menos de un año cuando decidieron apostar por ella como candidata a la presidencia de Madrid. El hombre que lo sabe todo en Génova, y de Génova.
El poder en la sombra: el hombre de los sobresueldos
La importancia de Juan Carlos Vera en el organigrama del PP es perfectamente descriptible. Y cuantificable. En concreto, desde que en 1990 empezaron a darse sobresueldos en la calle Génova, y hasta que el PP llegó al Gobierno, en 2011, a Vera le correspondieron casi 1.500.000 euros. Cantidad que le llevaría casi a empatar nada menos que con Mariano Rajoy, que apenas había percibido 100.000 euros más que él en esos veinte años.
Eso sí, a la cantidad de Vera, si hay que hacer caso a sus propias declaraciones de rentas entregadas como diputado en el Congreso, bajo el concepto de “gastos de representación y actividades”, el PP le ha ido añadiendo desde entonces en torno a los 55.000 euros más cada año. Es decir, otros 225.000 euros más. O lo que es lo mismo, Vera sería, todo indica, el ‘popular’ mejor sobresueldeado.
¿Y todo ese dinero, a cambio de qué?
Claro, que a cambio de esa considerable cantidad de dinero, durante todos estos años, Juan Carlos Vera, además de ser un diputado ‘silencioso’ y casi por completo ausente (en toda la legislatura pasada, cuatro largos años, toda su actividad parlamentaria se reduce a 9 preguntas escritas), ha estado al frente de la práctica totalidad de las campañas electorales del PP. Las nacionales y, como hemos visto, algunas autonómicas.
Un puesto que da para almacenar muchos conocimientos. Por ejemplo, sobre la financiación del partido. Sobre cuánto dinero entra. Y sobre cómo lo hace. Lo que nos lleva a preguntarnos de nuevo ¿qué valor tiene eso? Y no sólo para los tuyos, sino también para los que se benefician en esa campaña electoral.
Y quizás esto podría dar para tema de conversación a Cifuentes con su segundo. Porque Vera aparece en los papeles de la Gürtel. Como explicamos hace meses, cuando el PP tampoco tuvo rubor en ponerle al frente de la campaña popular en Madrid, Vera es protagonista de informes de la UDEF por los que, como se puede ver en la captura que acompaña la información, él aparece como uno de los hombres mimados de dos de los grandes cabecillas de la trama, el número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez Alonso, más conocido por su apodo, ‘el Bigotes’.
Tan amigos eran Vera y Crespo, no olvidemos un hombre que antes de ser segundo capo de la Gürtel fue líder del PP gallego, y como tal gran amigo de Mariano Rajoy, que entre ellos hay correspondencia. De la que quizás también Cifuentes podría preguntar a su segundo. Y de la que ELPLURAL.COM ha tenido acceso a una muestra…
Juan Carlos Vera Pro, como decimos, es el nuevo hombre fuerte de la gestora del PP de Madrid, su nuevo secretario general…, quien de la mano de Cifuentes va “a llevar a la justicia a todo aquel del que presuman posible delito”, en un marco de “transparencia total”.
http://www.elplural.com/2016/02/16/el-pp-no-cambia-ponen-a-otra-zorra-a-cuidar-las-gallinas/
CIFUENTES,
TRAS ASUMIR
LA GESTORA:
“SI VEO UN
DELITO,
DIRECTA AL
JUZGADO”
Su única
comunicación
con Aguirre
ha sido un
SMS. La
presidenta
madrileña
pide que los
militantes
elijan al
sucesor y
recomienda a
Barberá
renunciar al
aforamiento
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha asegurado
este martes,
en su primer
día al
frente de la
gestora del
PP madrileño
tras la
dimisión de
Aguirre, que
no tiene
"ataduras" y
que habrá
"transparencia
total".
Preguntada
por si se
había
planteado la
posibilidad
de encargar
una
auditoría
sobre el
partido,
Cifuentes ha
dicho que lo
primero es
"aterrizar",
pero no
descarta
hacerlo. "No
venimos a
tapar ni a
presuponer
nada". Como
su
predecesora,
ha asegurado
que no le
"consta" que
haya habido
financiación
ilegal en el
partido.
"Pero si
detecto
algún
delito, me
voy directa
al juzgado
de guardia a
poner una
denuncia",
ha
prometido.
La nueva
líder del PP
madrileño ha
tratado de
desmarcarse
de los
"intolerables
casos de
corrupción"
y aunque no
ha querido
establecer
paralelismos
entre la
situación de
Mariano
Rajoy y
Aguirre. sí
se ha
permitido un
consejo para
la
exalcaldesa
valenciana
Rita
Barberá. "No
me gusta dar
lecciones a
nadie. Pero
creo que si
estuviera en
su situación
renunciaría
al
aforamiento,
porque ahora
los
ciudadanos
no saben si
no está
imputada por
eso o porque
es
inocente".
En las
medidas de
regeneración
y el código
ético que
Cifuentes
plantea para
Madrid se
incluye la
eliminación
de los
aforamientos
y que los
imputados
abandonen
sus
responsabilidades
públicas
incluso
antes de la
apertura del
juicio oral.
La
presidenta
de la
gestora del
PP de Madrid
tampoco ha
decidido de
momento si
mantendrá en
su puesto a
Beltrán
Gutiérrez,
exgerente de
la formación
madrileña
que sigue a
sueldo del
partido pese
a estar
siendo
investigado
por un
presunto
delito de
cohecho y
blanqueo
—fue la
primera
persona por
la que
preguntó la
Guardia
Civil cuando
realizó el
registro en
la sede del
PP el pasado
12 de
febrero—.
"Vamos a ir
sin prisa,
pero sin
pausa. Una
vez que esté
compuesta la
gestora —el
lunes se
eligen el
resto de
miembros—
tomaremos
todas las
decisiones
que haya que
tomar", ha
dicho
Cifuentes, a
la que este
martes
acompañaba
su
exdirector
de campaña,
Juan Carlos
Vera, ahora
secretario
general de
la gestora.
Preguntada
por si había
hablado con
Aguirre
desde su
dimisión, la
presidenta
madrileña ha
aclarado que
solo se
habían
comunicado
por un
mensaje de
móvil. "Me
ha
felicitado y
se lo
agradezco".
Cifuentes,
en cualquier
caso, ha
dicho que
respetaba su
decisión de
seguir al
frente del
grupo
municipal en
el
Ayuntamiento
pese a haber
dimitido
como
presidenta
del PP
madrileño.
"Es una
decisión que
tiene que
tomar ella
exclusivamente".
Cifuentes sí
ha
aprovechado
para
reivindicar
que lleva
muchos meses
pidiendo que
el congreso
regional
para elegir
al próximo
presidente
del partido
sea abierto
a la
militancia,
pese a que
Aguirre lo
planteó el
pasado
domingo como
una de sus
exigencias
de
despedida.
"Lo he dicho
muchas
veces: 'Un
militante,
un voto'",
ha insistido
la
presidenta
madrileña,
que
"posiblemente"
se
presentará a
ese
congreso.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/16/actualidad/1455621511_523305.html
CIFUENTES
ASUME LAS
RIENDAS DEL
PP DE
AGUIRRE:
“LOS
MOMENTOS
DIFÍCILES NO
SON MOMENTOS
DE RETIRADA”
La
presidenta
de la
gestora del
PP de Madrid
sostiene que
"empieza una
nueva etapa"
en la
formación
regional
Pide un
congreso
abierto
cuando sea
posible y
asegura que,
si ella
fuera Rita
Barberá,
renunciaría
al
aforamiento
La
presidenta
de la
gestora del
PP de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha querido
que su
primer acto
al frente de
la formación
regional que
hasta el
domingo
presidió
Esperanza
Aguirre
fuera en
Getafe.
Hasta la
sede del PP
de este
municipio
del sur de
la Comunidad
de Madrid se
desplazó
para ofrecer
una rueda de
prensa en la
que fijó sus
prioridades
para la
etapa a la
que se
enfrenta. No
es casual la
elección de
Getafe si se
tiene en
cuenta que
la líder de
los
socialistas
madrileños,
Sara
Hernández,
es alcaldesa
de este
municipio.
Cifuentes
fue muy
cuidadosa en
todas las
preguntas
que tuvo que
responder
sobre
Aguirre. De
hecho, al
arrancar su
intervención
tuvo
palabras de
agradecimiento
para quien
ha liderado
el PP de
Madrid en la
última
década.
Pero, por
momentos, su
discurso
sonó a
enmienda a
la totalidad
de la forma
en la que la
lideresa ha
manejado a
la formación
regional en
su etapa al
frente.
Antes de
ello, dejó
caer una
frase que no
pasó
inadvertida:
"Los
momentos
difíciles no
son momentos
de
retiradas".
Y no pasó
inadvertida
porque fue
pronunciada
cuando desde
la dirección
nacional del
PP se
reprocha a
Aguirre que
el momento
elegido para
marcharse no
ha sido el
mejor. Y
también
porque hay
sectores del
partido que
creen que
Mariano
Rajoy
debería dar
un paso
atrás para
permitir la
investidura
de otro
candidato de
su partido.
"Me gustaría
trasladar a
todos los
militantes,
a todos los
que
simpatizantes,
y también al
conjunto de
los
madrileños,
que hoy
empieza una
nueva etapa
en el
Partido
Popular de
Madrid",
sostuvo
Cifuentes.
Según
sostuvo, una
de sus
misiones
principales
va a ser la
de
"recuperar
desde hoy
mismo la
confianza
perdida". A
ella se suma
"recuperar
la
credibilidad"
y "recuperar
su posición
como partido
capaz de
transformar
la sociedad
desde el
diálogo".
Los ejes de
su mandato
El "nuevo
tiempo" en
los
conservadores
madrileños
que inaugura
ahora la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid va a
tener varios
ejes: unidad
del partido,
democracia
interna,
autocrítica
permanente,
transparencia
absoluta,
diálogo y
cercanía con
la gente y
el
establecimiento
de un
"estricto"
código ético
aplicable a
todos los
militantes y
responsables
orgánicos.
"Debo
reconocer
que no es
fácil la
tarea que
tenemos por
delante",
subrayó
Cifuentes en
esta rueda
de prensa en
la que
estuvo
acompañada
del que seré
su número
dos, Juan
Carlos Vera.
Vera, un
hombre de la
confianza de
Mariano
Rajoy,
sustituye a
Ignacio
González, ex
secretario
general del
PP de
Madrid. Este
dimitió por
carta con
fecha del 15
de
diciembre,
pero el PP
de Aguirre
lo ocultó
hasta el
pasado
domingo.
Pide un
congreso
abierto
Cifuentes es
una clara
defensora de
las
primarias
para la
elección de
líderes. De
ahí que
insistiera
en la
necesidad de
que el
próximo
congreso del
PP de Madrid
se celebre
con la
participación
de todos los
militantes.
Sobre la
financiación
del PP de
Madrid, a
Cifuentes no
le consta
ninguna
ilegalidad.
Si así
fuera,
subrayó,
acudiría al
juzgado de
guardia.
Y sobre la
operación
Taula, que
afecta al PP
de Valencia,
la
presidenta
de la
gestora del
PP
madrileño,
aseguró que
si ella
fuera Rita
Barberá,
"renunciaría
al
aforamiento".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/16/cifuentes_asume_las_riendas_del_aguirre_quot_los_momentos_dificiles_son_momentos_retirada_quot_45054_1012.html
LA DIMISIÓN DE AGUIRRE DEJA LIBRE EL CAMINO A CIFUENTES EN MADRID
La presidenta del Gobierno regional cuenta con el poder institucional frente a la pérdida por parte del 'aguirrismo' del control de la estructura del PP madrileño
La dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid, cargo que ha ostentado los últimos 12 años, allana sobremanera las aspiraciones de Cristina Cifuentes para sucederla al frente del partido en la región, donde gobierna en minoría desde el pasado junio. Distintos dirigentes consultados coinciden en que el “equilibrio de fuerzas se ha roto” tras la renuncia de Aguirre, quien después de tres mandatos consecutivos dejará de tener “el control de la estructura” del PP madrileño mientras Cifuentes cuenta con el poder institucional.
El PP de Madrid celebró su último congreso regional a finales de abril de 2012. En principio, el siguiente debería reunirse en dos meses.
La dirección nacional del PP manejaba ayer la creación de una gestora como solución transitoria. Las fechas que se estudiaban para el congreso del PP de Madrid y elegir al relevo de Aguirre eran después del verano.
Cifuentes incrementó ayer aún más su ascendente dentro del PP con la decisión de Aguirre, que le deja expedito el camino para unir a la presidencia de la Comunidad la presidencia del PP de Madrid. Distinguida por su capacidad para demostrar a sus correligionarios del PP que es posible gobernar en minoría y no solo con mayorías absolutas, el pacto de investidura que alcanzó con Ciudadanos le ha valido para granjearse el respeto de la dirección nacional por un rendimiento en escenarios hostiles poco corriente en Génova. “Dentro del PP ha supuesto una revolución, sobre todo después de habernos acostumbrado a 20 años de mayorías absolutas en Madrid”, reconocen en Génova.
La condición de presidenta de Cifuentes refuerza, por sí misma, su posición de favorita, a la espera de conocer cuándo se celebrará el congreso en que se elija al relevo de Aguirre. Las fechas más probables que ayer manejaban en la dirección del PP eran después del verano. Hasta entonces la solución transitoria que más se baraja es la creación de gestora que estaría liderada por Juan Carlos Vera, secretario de Organización del PP estatal y director de la campaña autonómica y municipal de mayo y de las generales de diciembre del PP de Madrid.
A favor de Cifuentes también cuenta que Aguirre no ha designado a su posible sucesor al frente del partido, donde mandaba desde 2004. Las posibilidades de Cifuentes también ganan enteros por la pérdida de buena parte del poder municipal que el PP experimentó en la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo, en las que perdieron 80 Ayuntamientos. Aunque los populares fueron los más votados en 119 de los 179 municipios de la región, solo lograron en 61 la mayoría absoluta, 48 menos que en las elecciones de 2011. El naufragio, que además tuvo lugar en uno de los principales caladeros de votos de Génova, supuso tal retroceso institucional que el PP no gobierna desde entonces en las seis principales ciudades tras perder Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés y Getafe.
La delegada del Gobierno en Madrid la legislatura pasada, etapa en la que mantuvo sonados enfrentamientos con el Gobierno regional, ha forjado un perfil rupturista frente al PP más conservador con su rechazo a la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón y su defensa del matrimonio homosexual. Las críticas del Ejecutivo de Cifuentes a la gestión de los Gobiernos de Aguirre e Ignacio González —Mariano Rajoy la prefirió como candidata autonómica antes que a González— y su falta de reparos a que sus predecesores comparecieran en la comisión especial sobre corrupción del Parlamento madrileño han marcado el presente, y puede que el futuro, del PP regional.
La opacidad que rodeó la dimisión de González como número dos del PP de Madrid también lastra las opciones del aguirrismo. La intervención de González, por su rol de número dos del partido en la región, estaba prevista en la junta directiva regional del 22 de enero, una semana después de su renuncia por carta según señalan fuentes de la dirección nacional, donde ayer mostraban su estupor tras enterarse por EL PAÍS
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/14/actualidad/1455482234_241928.html
PEDRO ROLLÁN ASEGURA QUE SE CUMPLIERON "LOS REQUISITOS LEGALES" EN LA CREACIÓN DE DOMINIOS
El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, ha afirmado este sábado que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz del que era alcalde, "formalizó un contrato" que prestó un servicio "con total y absoluta calidad" y "cumpliendo los requisitos legales".
El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, ha afirmado este sábado que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz del que era alcalde, "formalizó un contrato" que prestó un servicio "con total y absoluta calidad" y "cumpliendo los requisitos legales".
En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero ha respondido así a la acusación del diputado del grupo parlamentario de Podemos Miguel Ongil, que a través de un informe pericial asegura que varias personas, entre ellas, Rollán, se encuentran dentro del marco de la Operación Púnica por la creación de dominios que favorecían el posicionamiento de determinados cargos políticos en internet.
El informe pericial, que "no se ha facturado" a Podemos, sino que es obra de "un profesional comprometido" con el partido que quería "realizar un ejercicio de transparencia", asegura que la información analizada "afecta a dos comunidades autónomas": Madrid y Valencia y "solo parcialmente", por lo que concluye que el análisis "es la mínima parte que ha aflorado del iceberg".
PODEMOS SALPICA EN PÚNICA A PEDRO ROLLÁN, CONSEJERO DE CRISTINA CIFUENTES
Un informe pericial encargado por Podemos cifra en 433 las páginas web dedicadas a "destrozar" al PSOE, entre las que se encuentra la del consejero de Transporte, Infraestructura y Vivienda de la Comunidad de Madrid.
El caso Púnica salpica a un nuevo cargo del Partido Popular, en esta ocasión a Pedro Rollán, exalcalde de Torrejón de Ardoz y actual consejero de Transporte, Infraestructura y Vivienda de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta es Cristina Cifuentes.
Así se desprende de los documentos revelados este viernes por Podemos, que relaciona la trama corrupta del PP madrileño con 433 páginas web dedicadas a "destrozar a un contrario", el PSOE, según el informe.
En el caso de Rollán, se vería salpicado por estar incluido en esa lista el dominio pedrorollan.com, sin que el dirigente popular hubiera protestado por el contenido publicado en dicha web.
Se trata de un informe pericial encargado por el diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid Miguel Ongil y en el que también aparece el nombre de Alejandro de Pedro, el conseguidor de la trama Púnica.
En sus conclusiones, el perito destaca que varios dominios corresponden a cargos políticos, todos ellos del Partido Popular. Otras difundían contenido xenófobo o estaban dirigidas a un sector concreto de la población (afectadoscooperativas.com). Algunas webs incluso estaban destinadas a funcionar durante los procesos judiciales de candidatos del partido (wikipediafranciscogranados.com) o pretendían dar la imagen de falsos periódicos digitales (noticiascoslada.com).
Esta información pertenece sólo a dos comunidades autónomas, la de Madrid y la valenciana y podrían constituir "indicios" de que podrían haber dado "visibilidad y apariencia de legalidad a empresas pantalla que constataban sin tener nada detrás", dice textualmente el informe.
El 'conseguidor' de la 'Púnica' reconoce su relación personal con la Presidenta de Madrid y con Lucía Figar, pero dice que “a Ignacio González ni le conozco”
Alejandro de Pedro, el conocido como conseguidor de la Operación Púnica, ha comparecido, por fin, ante la comisión de investigación de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho durante más de una hora. A menudo, regateando las preguntas. Incluso remitiendo a los diputados a su declaración ante el juez Eloy Velasco, que lleva el sumario. Pero aún así ha dejado perlas.
Amigos y desconocidos
Quizás la más llamativa, cuando los diputados le han preguntado por sus relaciones personales con los diferentes líderes del PP. En este sentido, de Pedro ha sido muy contundente en algún caso, por ejemplo ha dicho que “a Ignacio González ni le conozco”, aunque ha reconocido que realizó trabajos para él. Y algo menos claro, con otros.
Así, ha reconocido su buena relación con la exconsejera Lucía Figar, y que trabajó para mejorar su imagen en las redes. Igual que, preguntado si era amigo de la actual presidenta de Madrid Cristina Cifuentes, ha dicho que en efecto la conocía, aunque no ha entregado en confirmar ni negar la profundidad de esa relación.
Cifuentes y los cafés
Como desvelamos en su momento en ELPLURAL.COM, entre Cifuentes y de Pedro se produjo un fluido intercambio de tuits, en uno de los cuales se leía “si tengo un momento durante el Pleno te invito a un café”. Tuit que ha dado paso a que se desvelara, por parte de los diputados, una queja pública sorprendente: pidieron el registro de las visitas producidas en el mes de febrero de 2011, cuando se produjo el tuit, que reproducimos, con la intención de comprobar si se había concretado esa invitación, y fueron informados por los funcionarios de que existía una orden verbal de no entregar dichos registros.
La actual diputada, que era manager community en el PP de Madrid
También se ha preguntado a De Pedro por su relación con la actual diputada del PP, Isabel Díaz Ayuso, responsable en aquel momento de las redes sociales del PP madrileño, y con la que ha dicho que se veía mensualmente. El papel de Isabel Ayuso fue importante porque teóricamente sería la responsable de un intercambio de tuits entre la cuenta de Esperanza Aguirre y de Alejandro de Pedro.
Las hijas de Zapatero
El conseguidor de la Púnica ha reconocido que trabajó para el PP, aunque ha dicho que jamás infló sus facturas, y que sus trabajos fueron reales, como consta, ha insistido, en los ordenadores que se llevó la Guardia Civil en el registro de sus oficinas. También, a preguntas del PP, De Pedro ha reconocido que realizó trabajos para el PSOE. Entre otros para mejorar la imagen de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que pagó el PSOE.
De Pedro ha dado como explicación a que un partido pagara facturas de las campañas de mejora en redes de sus líderes, al hecho de que aparecían a menudo citados por su nombre, pero en razón de su cargo. Cuando se ha subrayado que en este caso se trataba de las hijas de un político -en el entrono de Zapatero siempre se ha negado que él conociera la existencia de este encargo-, los diputados socialistas han recordado que los pagos del PSOE eran realizados con el dinero del partido, y no a cargo de fondos públicos.
DOLORES MORENO MOLINO, NOMBRADA NUEVA DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER
Sustituye en el cargo a Laura Ruiz de Galarreta, que abandonó esa responsabilidad “por motivos personales” el 5 de enero
El Consejo de Gobierno ha nombrado este martes a María Dolores Moreno Molino como nueva directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Sustituye en el cargo a Laura Ruiz de Galarreta, que abandonó esa responsabilidad “a petición propia y por motivos personales” el 5 de enero. El nombramiento está adscrito a la Consejería Políticas Sociales y Familias que dirige Carlos Izquierdo y ha sido informado en la la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Ángel Garrido.
La nueva directora general de la Mujer nació en Barcelona, tiene 39 años y es licenciada en Derecho, diplomada en Ciencias Policiales y experta universitaria en Malos tratos y violencia de género. En el año 2000 ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía y cuatro años más tarde ascendió a la categoría de Inspectora. En 2010 pasó a ser la Jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno en Madrid.
Moreno Molino cuenta con dos condecoraciones profesionales: la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco y la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/26/madrid/1453813601_999973.html
CIFUENTES : “¿POR QUÉ SE VA A RETIRAR RAJOY Y NO SÁNCHEZ? ME PARECE INJUSTO”
La dirigente madrileña del PP, presente en todas las quinielas para un hipotético relevo de Rajoy, se autodescarta: "No tengo aspiraciones políticas. Solo pienso en el presente"
Cristina Cifuentes (Madrid, 1964) querría hablar de Madrid, pero en las últimas semanas solo le preguntan por el escenario de bloqueo en la política nacional, tras las elecciones del 20-D. La mitad de sus respuestas las dedica a defender a Mariano Rajoy, y la otra mitad a descartarse de las quinielas que la sitúan como un posible relevo en el PP, que ayudaría a superar la parálisis.
Pregunta. Recientemente ha escrito que “o nos regeneramos todos, o causaremos un daño irreversible a la credibilidad de nuestra democracia”. Cuando dice todos, ¿a quién se refiere?
Respuesta. En estos momentos me refiero a la clase política. La sociedad quiere que los políticos dejemos atrás ciertos comportamientos, como la corrupción, que tanto daño nos ha hecho. O que eliminemos los privilegios. O que recuperemos la cercanía. Pero algunos partidos defienden la regeneración y hacen justo lo contrario. Podemos, por ejemplo, representa lo más caduco y lo más antiguo de la política.
P. ¿Regeneración es también renovación de personas?
R. Son dos cosas diferentes. La regeneración que se pide ahora tiene que ver más con un cambio de comportamiento y de actitud. Me preocupa mucho que ahora el valor fundamental sea ser joven, tener menos de 35 años, dar bien en las tertulias y tener cierto carisma televisivo. A mí me da mucho miedo poner el país en manos de personas que jamás han gestionado nada.
P. Pero usted sabe que hay voces que dicen ya que Mariano Rajoy no puede representar esa regeneración.
R. No creo que Mariano Rajoy sea el problema. Si el candidato del PP hubiera sido otro, la situación sería exactamente la misma. Es un problema de aritmética parlamentaria, que impide al Partido Popular poder gobernar. En el caso de Podemos, por echar al PP. En el caso de Pedro Sánchez, además, por una cuestión de supervivencia política.
P. ¿Y no cree que una retirada de Rajoy podría facilitar un acuerdo?
R. ¿Por qué se plantea que se retire Rajoy y no que se retire Pedro Sánchez, si le ha sacado casi dos millones de votos de ventaja? Me parece un planteamiento completamente injusto. Que el PSOE sea incapaz de superar la contradicción entre sus dos almas, la socialdemócrata moderada y la radical, y que eso les imposibilite negociar, no supone que el PP tenga que cambiar de candidato. No creo que ese sea el problema, y por tanto tampoco la solución.
P. El propio Rajoy ha reconocido el tremendo daño que la corrupción le ha hecho. ¿El PP ha asumido toda la responsabilidad que le correspondía?
R. Este Gobierno ha adoptado muchas medidas para evitar que en el futuro se den casos de corrupción política, pero es verdad que todo eso no ha sido percibido por los ciudadanos de una manera evidente. La corrupción nos ha hecho un daño tremendo, nos ha pasado una factura altísima. Quizá no hemos explicado bien lo que se ha hecho, y además tenemos en la actualidad personas juzgadas por corrupción que han tenido mucha responsabilidad dentro del PP, como [el extesorero Luis] Bárcenas, [los exministros Rodrigo] Rato, [Jaume] Matas, o el secretario general del PP de Madrid [Francisco Granados], quien se halla ahora mismo en prisión preventiva.
P. Y aun así, si hubiera nuevas elecciones, ¿Rajoy debería repetir como candidato del PP?
R. Por supuesto que sí. ¿Por qué no va a serlo? ¿Por qué no tiene que ser el candidato si ha demostrado ser un gran presidente? Cogió un país al borde del desahucio y le dio la vuelta, con el esfuerzo de todos los españoles.
P. Sabe que su nombre aparece constantemente cuando se habla de un posible relevo, bien para que el PP forme Gobierno o para ser candidata si hubiera nuevas elecciones.
R. No tengo aspiraciones políticas. Me siento honrada y afortunada con mi responsabilidad actual como presidenta de la Comunidad de Madrid. Más allá de eso no me planteo absolutamente nada.
P. ¿Pero lo descarta absolutamente, si se lo pudieran plantear en el futuro?
R. Yo no pienso en el futuro. Para mí la vida es un regalo. Solo pienso en el presente. Cada vez que me preguntan respondo con la frase de Julio César: cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. O no. Yo lo que quiero es que Rajoy pueda formar Gobierno. Creo que es lo que quieren la mayoría de los españoles y que sería un buen presidente
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453832444_635852.html
UN JUEZ FRENA LA SUSPENSIÓN DEL PROYECTO DE LA JUSTICIA ORDENADA POR CIFUENTES
La Comunidad estudia si presenta un recurso ante el dilema de no poder adjudicar el contrato por el litigio de uno de los concursantes
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha declarado nula la orden del Gobierno de Cristina Cifuentes, de noviembre pasado, de desistir del procedimiento de adjudicación del contrato para la ejecución, construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia.
Acciona-OHL vs Corsán-Corviam
El tribunal administrativo estimó el recurso interpuesto por las empresas Acciona y OHL, las adjudicatarias. A principio de 2015, el entonces Gobierno de Ignacio González convocó un nuevo concurso para retomar el proyecto de la Ciudad de la Justicia y la oferta ganadora resultó ser la de la UTE formada por Acciona y OHL, pero la adjudicación estaba pendiente de la firma por parte del Ejecutivo regional. A su llegada a la Presidencia, Cristina Cifuentes lo frenó alegando que había un litigio por resolver, el planteado por la empresa Corsán-Corviam, primera adjudicataria del primer proyecto, que fue paralizado.
La decisión del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad, con fecha del 13 de enero, para la suspensión ordenada por Cifuentes, que tiene de plazo dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Comunidad estudia si presentará un recurso
Según explican fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid consultadas por ELPLURAL.COM, “los servicios jurídicos están estudiando si se presenta un recurso” contra la decisión del tribunal administrativo, que han recibido el martes en la tarde.
“El tribunal dice que no puede haber desestimiento y que la adjudicación es legal”, explican las mismas fuentes, que subrayan que al mismo tiempo la sentencia recuerda que no se puede adjudicar el contrato a Acciona/OHL hasta que no se resuelva el otro litigio [planteado por Corsan-Corviam], por lo que -añaden- “hemos vuelto al punto de partida”.
El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata haber presionado al exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla', para que vendiera una parcela a la trama 'Gürtel', según informaron fuentes jurídicas.
El consejero madrileño, que ha declarado en calidad de testigo y, por lo tanto, con obligación de decir la verdad, ha asegurado que no conoce al presunto líder de la red de corrupción Gürtel, Francisco Correa, y que solo se dedicó a recibir la documentación sobre ese terreno para remitirla a la Dirección General de Urbanismo para obtener su visto bueno.
El que fuera director general de Cooperación con la Administración Local ha negado que la operación causara un perjuicio económico al consistorio y ha precisado que los técnicos municipales valoraron la parcela en unos 30 millones, que acabó siendo vendida en cerca de 19 millones.
El magistrado quiere recabar con esta citación, solicitada por una de las acusaciones populares personadas en la causa, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), su versión sobre la venta de unos terrenos situados en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
El entonces alcalde del municipio, Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, indicó en una declaración voluntaria prestada ante el juez en diciembre que González Taboada le presionó en su etapa como responsable de territorio de la Comunidad de Madrid, para que abaratara el precio de venta de ésta parcela
Además, De la Mata ha escuchado también en calidad de investigado al funcionario de esta localidad Antonio Miguel Reyes por presuntos delitos de corrupción por amañar presuntamente la adjudicación de varios terrenos a la trama liderada por Francisco Correa.
En concreto, el juez señaló en un auto que Antonio Miguel Reyes facilitó la adjudicación por parte de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte de cuatro parcelas a favor de Rústicas MBS tras emitir un informe en el que habría otorgado la mayor puntuación a esta empresa "de forma arbitraria, sin fundamentar su valoración y utilizando subcriterios que no estaban recogidos en los pliegos correspondientes". De igual modo, habría favorecido a la mercantil Teconsa en la construcción de tres equipamientos de 96, 80 y 57 viviendas, respectivamente.
http://www.madridiario.es/430696/gonzalez-taboada-trama-gurtel-audiencia-nacional
EL JUEZ DE
LA GÜRTEL
LLAMA A
DECLARAR AL
‘HOMBRE
FUERTE’ DE
CIFUENTES
De la Mata
convoca al
consejero de
Medio
Ambiente,
Jaime
González
Taboada, por
la venta de
una parcela
en Boadilla
del Monte
El consejero
de Medio
Ambiente de
Madrid y
hombre
fuerte de
Cristina
Cifuentes,
Jaime
González
Taboada,
tendrá que
declarar el
próximo 12
de febrero
en la
Audiencia
Nacional en
el marco de
la
investigación
sobre la
trama
Gürtel,
según ha
podido saber
en exclusiva
ELPLURAL.COM.
En concreto,
el juez José
de la Mata
le llama
para que
explique la
venta de una
parcela en
Boadilla del
Monte,
valorada en
30 millones
de euros y
que salió a
concurso por
19,4
millones. El
terreno
acabó en
manos del
empresario
José Luis
Ulibarri,
otro
imputado
Gürtel.
De esta
manera da
luz verde a
la petición
de la
Asociación
de Abogados
Demócratas
por Europa
(ADADE), la
principal
acusación
popular de
este caso y
de la trama
Gürtel, que
había
reclamado
ante el
juzgado
Central de
Instrucción
número 5 de
la Audiencia
Nacional la
declaración
de González
Taboada.
ADADE
considera
que el
consejero
habría
presionado
para que se
rebajara el
precio de la
parcela,
según la
acusación
del
exalcalde
popular de
Boadilla,
Arturo
González
Panero,
imputado en
el escándalo
Gürtel y
conocido
bajo el
alias de ‘el
Albondiguilla’.
Caso Gürtel,
Taboada y
Boadilla del
Monte
Todo parte
de la
acusación
que hizo el
Albondiguilla
en el marco
del caso
Gürtel, en
su
declaración
voluntaria
en el JCI nº
5 de la
Audiencia
Nacional el
pasado día 9
de
diciembre.
Ante el juez
De la Mata
dijo que
González
Taboada,
cuando era
Director
General de
Cooperación
con la
Administración
Local de la
Comunidad de
Madrid,
trató de
convencerle
de que
sacara a
concurso una
parcela por
un valor de
19,4
millones de
euros,
cuando los
técnicos del
Ayuntamiento
de Boadilla
del Monte la
habían
valorado en
30 millones.
El juez,
además de
pedir la
declaración
de Taboada,
reclama a la
Comunidad de
Madrid, a
través de la
Consejería
de
Presidencia,
Justicia y
portavocía
de Gobierno,
el
expediente
para
autorizar la
venta.
González
Taboada le
abre de esta
manera un
nuevo roto
al Gobierno
de Cristina
Cifuentes.
Hasta ahora,
la presunta
implicación
de González
Taboada en
la Púnica,
donde ya se
había visto
señalado por
numerosas
pruebas y
testimonios,
no sólo no
la han hecho
cambiar de
opinión,
sino que ha
subrayado
que mantiene
su total
“confianza”
en él.
http://www.elplural.com/2016/01/20/el-juez-de-la-punica-llama-a-declarar-al-hombre-fuerte-de-cifuentes/
CIFUENTES
MANTIENE A
LOS ALTOS
CARGOS DE LA
ERA AGUIRRE
Siete meses
después de
su llegada
al poder, el
gobierno
regional
mantiene en
sus cargos a
buena parte
de los
directivos
de
Telemadrid,
que perciben
sueldos que
superan los
100.000
euros de
media
El cambio de
gobierno no
ha supuesto
de momento
una
renovación
de los
principales
cargos
directivos
de
Telemadrid,
con los que
Esperanza
Aguirre
controló los
contenidos
de la cadena
pública
madrileña.
La mayoría
de esos
puestos los
ocupan
personas
próximas al
PP de
Madrid.
Ellos fueron
los
responsables
de ejecutar
el ERE y han
conservado
sus puestos
y sus
salarios por
encima de
los 100.000
euros de
media.
A la espera
de la
entrada en
vigor de la
recién
aprobada Ley
de
Telemadrid,
tanto el
consejo como
la
estructura
permanecen
igual que
hace un año,
salvo en
casos
contados.
Covadonga
Fernández
preside el
Consejo de
Administración
tras la
salida
voluntaria
de Arturo
Moreno. Onda
Madrid se
encuentra
sin director
actualmente
tras la
destitución
el 19 de
enero de
Alfonso
Sánchez por
decir en una
reunión con
trabajadores
durante la
negociación
del ERE, que
el modelo de
radio "me la
suda".
En el área
de
contenidos,
Agustín de
Grado
continúa al
frente de
los
informativos.
Según los
contratos
adelantados
en su día
por la SER,
además de su
salario base
(70.000
euros)
percibe un
complemento
de 45.000
euros por
cumplir
objetivos y
por su
"especial
dedicación".
De Grado ha
dirigido los
informativos
en la etapa
más negra de
la cadena en
la que que
ha
registrado
sus peores
índices de
audiencia y
ha sido
objeto de
repetidas
denuncias
por
manipulación
informativa.
Platón y el
área digital
Entre esos
directivos
que Cristina
Cifuentes
mantiene
siete meses
después de
su entrada
en el
Gobierno se
encuentra
Miguel
Platón.
Platón fue
director de
información
de EFE
durante el
11-M,
después
consejero de
Telemadrid a
propuesta
del PP
(donde se
benefició de
las elevadas
dietas que
se cobraban)
y desde
abril de
2008 ocupa
funciones
directivas
en el ente
público.
Según los
documentos a
los que ha
tenido
acceso la
SER, Platón
firmó el 1
de abril de
2008 el
contrato por
el que se
incorporó al
puesto de
Director de
Convergencia
y Multimedia
con carácter
indefinido.
Platón
percibía
123.800
euros al
año,
repartidos
en 14 pagas.
Esa cifra
incluye un
complemento
de 53.800
euros por la
"calidad y
cantidad de
trabajo" que
se
distribuye
de la misma
manera. Esos
números han
estado
sujetos a
revisiones
anuales y al
recorte
impuesto en
su día por
el gobierno
de José Luis
Rodríguez
Zapatero. El
contrato fue
revisado con
fecha 7 de
septiembre
de 2011 para
actualizar
la
denominación
de su cargo,
pero sin
afectar al
resto de
condiciones.
Deloitte
justificó su
puesto
El informe
que la
consultora
Deloitte
redactó
antes del
ERE en
Telemadrid
señala que
la Dirección
de
Multimedia
debe
mantenerse
"dado que un
fuerte
posicionamiento
en las
plataformas
multimedia
puede
aportar
valor a la
estrategia
de
contenidos
global de la
cadena y
apoyar el
cumplimiento
de la
función de
servicio
público".
Deloitte
fija incluso
el número
exacto de
trabajadores
que deberían
componer ese
departamento:
un director
(el cargo
que ocupa
Platón),
tres
técnicos web
y un equipo
de seis
redactores.
De consejero
a directivo
Miguel
Platón tiene
una larga
experiencia
analógica.
De dirigir
el semanario
conservador
'Época'
pasó, en
tiempos de
José María
Aznar, a
dirigir la
Agencia EFE.
Durante su
mandato los
trabajadores
protestaron
ante la
falta de
libertad
informativa
en la
agencia
pública. EFE
alentó la
autoría de
ETA durante
el fin de
semana
posterior a
los
atentados
del 11 de
marzo de
2004 en
Madrid.
Platón se
incorporó
entonces,
también de
la mano del
Partido
Popular, al
Consejo de
Administración
de
Telemadrid.
En dietas
percibió
hasta 47.917
euros en
2006 y fue
el encargado
de organizar
-tal y como
adelantó la
SER- un
curso sobre
el nuevo
escenario
digital por
el que cobró
más en
comisiones
de
organización
de lo que
costó todo
el
seminario.
http://cadenaser.com/emisora/2016/01/20/radio_madrid/1453291777_254007.html
EL CONSEJERO
DE VIVIENDA
DE CIFUENTES
DEJÓ LA
ALCALDÍA DE
TORREJÓN CON
UN MILLÓN DE
EUROS DE
DEUDA CON
HACIENDA
El consejero
de Vivienda
de Cifuentes
dejó la
Alcaldía de
Torrejón con
un millón de
euros de
Bajo la
dirección de
Pedro
Rollán, la
Empresa
Municipal de
la Vivienda
de Torrejón
de Ardoz
retrasó
hasta cinco
años el pago
del IVA de
tres
edificios
municipales
entregados
en 2010 y
2011
El
Ayuntamiento
aprobó un
crédito
extraordinario
a la EMVS
para abonar
ese IVA a
dos semanas
de las
elecciones
municipales
y otro
después para
que la
empresa no
generara
nuevas
deudas con
el fisco
El actual
consejero de
Transporte,
Vivienda e
Infraestructura
de la
Comunidad de
Madrid,
Pedro
Rollán,
abandonó en
junio de
2015 la
Alcaldía de
Torrejón de
Ardoz
habiendo
generado una
deuda con
Hacienda de
más de un
millón de
euros. Esa
deuda se
contrajo a
partir del
retraso de
varios años
de la
Empresa
Municipal de
la Vivienda
y Suelo
(EMVS) en
abonar el
IVA por la
construcción
de tres
edificios.
Aunque las
facturas
están
fechadas
entre 2010 y
2011, el
impuesto no
se pagó
hasta 12
días antes
de las
elecciones
municipales
y
autonómicas
de 2015, en
las que
Rollán
concurrió en
el número 26
de la lista
que
encabezaba
Cristina
Cifuentes.
Así consta
en la
documentación
a la que ha
tenido
acceso
eldiario.es
y que
refleja
también que
el
Ayuntamiento
de Torrejón
de Ardoz ha
prestado
dinero a la
EMVS para
hacer frente
al pago del
IVA a
Hacienda y
para que no
deje de
atender los
pagos
mensuales,
evitando así
nuevos
recargos.
Esa gestión
de la EMVS
que ha
desembocado
en una deuda
con Hacienda
se hizo
cuando al
frente de
ella estaba
el hoy
consejero de
Vivienda de
Madrid,
Pedro
Rollán. Como
alcalde del
municipio
era
presidente
de esta
empresa
pública,
creada por
él en el año
2007, cuando
el PP
arrebató la
Alcaldía al
PSOE tras
vencer las
elecciones
con mayoría
absoluta.
Rollán
revalidó en
2015 su
triunfo y
fue elegido
alcalde por
el Pleno
municipal,
pero poco
después fue
llamado por
Cifuentes
para una de
las
consejerías
con más
presupuesto
de la
Comunidad de
Madrid y
dejó el
Gobierno
local.
Los tres
inmuebles
son el
edificio que
acoge la
Jefatura de
Policía
Local, el
Centro
Deportivo
Barrio Verde
y el Centro
Cultural del
Barrio de
Fresnos.
Construidos
entre
diciembre de
2010 y
noviembre de
2011,
tuvieron un
coste total
que supera
los
23.200.000
euros.
A esos tres
edificios se
les aplicó
un IVA del
18%, por lo
que la
cantidad
total a
pagar
ascendió a
3.539.171
euros. Debía
ser abonado
a Hacienda
en los
ejercicios
fiscales de
2010 y 2011,
según la
fecha de las
facturas que
la EMVS
reclama al
Ayuntamiento
por los tres
edificios.
No fue así.
La EMVS no
presentó
esas
facturas en
la Agencia
Tributaria
hasta abril
de 2015. La
fecha final
en la que se
pagó el IVA
fue el 8 de
mayo de ese
año, 12 días
antes de las
elecciones
municipales.
Pero no pudo
hacerlo con
sus recursos
propios y
tuvo que
pedir ayuda
al
Consistorio.
El
Ayuntamiento
aprobó el 23
de abril de
2015 la
concesión de
un crédito a
la EMVS por
valor de
3.540.000
euros. A
pesar de que
la cantidad
coincide con
el importe
que se debía
a Hacienda
por el IVA,
el objeto
del crédito
no fue ese,
sino atender
a "las
necesidades
transitorias
de liquidez"
de la EMVS
derivadas de
la
realización
de
actividades
"previamente
encargadas
por el
Ayuntamiento".
El portavoz
de Ganemos
Torrejón,
Francisco
Hernández,
pidió más
información
al concejal
de
Urbanismo,
solicitando
que se
aclarase el
uso que la
EMVS iba a
dar a ese
dinero. La
respuesta
fue que se
destinaría a
"diversos
pagos
fiscales".
Ahora, y a
preguntas de
eldiario.es,
el
Ayuntamiento
admite que
ese crédito
se concedió
para que la
EMVS pagase
el IVA que
debía a
Hacienda.
Con ese
dinero en
sus cuentas,
la EMVS
abonó el IVA
el 8 de mayo
de 2015.
Pero el
retraso iba
a tener un
coste para
las arcas
municipales.
Hacienda
detectó el
retardo en
el pago e
impuso un
recargo de
un 20% a
cada
factura. En
total,
1.056.644,09
euros.
La EMVS
tiene que
afrontar ese
pago a lo
largo de
este año. Ya
ha abonado
el 10% y ha
solicitado a
Hacienda el
pago
fraccionado
de la
cantidad
restante.
Esta
solicitud ha
vuelto a
poner en
dificultades
a la empresa
pública.
Solicitar el
pago
fraccionado
del recargo
impide,
según las
normas de
Hacienda,
que se pueda
pedir el
aplazamiento
de los pagos
mensuales
del IVA por
otras
operaciones.
La EMVS
tiene que
hacer frente
esos pagos
en tiempo y
forma si no
quiere
recibir
nuevos
recargos.
Por ello, la
EMVS ha
tenido que
volver a
pedir dinero
al
Ayuntamiento
de Torrejón
de Ardoz. El
Consistorio
tuvo que
aprobar una
ampliación
del crédito
inicial de
3,5 millones
de euros en
medio millón
más. En
total le ha
prestado más
de cuatro
millones.
La
ampliación
de crédito
se hizo a
petición de
la EMVS, que
advirtió en
un escrito
de que si no
atendían a
los pagos
mensuales
del IVA -en
concreto a
los del mes
de
diciembre-
Hacienda
impondría
nuevos
recargos, y
la deuda
aumentaría.
La EMVS
tiene ahora
que hacer
frente,
durante
2016, al 90%
de la deuda
que tiene
con
Hacienda,
unos 950.980
euros.
¿Por qué el
retraso en
el pago del
IVA?
El
Ayuntamiento
de Torrejón
de Ardoz
asegura que
el retraso
que ha
generado una
deuda de más
de un millón
de euros
obedece a
"un error
técnico".
Según su
versión, la
EMVS
interpretó
en un primer
momento que
era el
Consistorio
quien tenía
que hacer
frente al
pago del
IVA.
Cuando ya en
2015
advierten
ese error,
"inmediatamente
se subsana"
y se emiten
las facturas
a nombre del
Ayuntamiento
con el
correspondiente
IVA. Ante la
obligación
de la EMVS
de ingresar
ese dinero a
Hacienda, el
Ayuntamiento
aprueba la
"inyección
económica"
de 3,5
millones de
euros. Lo
hace,
aseguran
fuentes del
Consistorio,
porque se
trata de
"una empresa
cien por
cien
pública" que
realiza "una
labor social
muy
importante"
para el
municipio.
Esa empresa
pública
estaba
gestionada
por una
empresa
privada.
Poco después
de su
creacción,
Habyco XXI
se hizo con
la gestión
de la EMVS
de Torrejón
de Ardoz. El
Ayuntamiento
señala a
esta empresa
como
responsable
del error de
no pagar el
IVA.
Sin embargo,
ni el
anterior
alcalde ni
el actual
han pedido
responsabilidades
a Habyco XXI
por una mala
gestión que
ha dejado un
agujero de
un millón de
euros a
tapar con
dinero
público. La
única
respuesta
del
Consistorio
es que no se
tiene
prevista
ninguna
actuación
contra esta
empresa
porque ya no
tiene la
concesión de
la EMVS.
Habyco XXI
es la misma
empresa que
gestionaba
la EMVS de
Rivas
Vaciamadrid.
En 2013, la
Cámara de
Cuentas
destapó un
desajuste de
20 millones
de euros que
acabó con la
dimisión del
alcalde,
José Masa.
La EMVS
eludió el
delito
fiscal
El montante
que se dejó
de pagar a
Hacienda,
más de 3,5
millones de
euros,
supone un
delito
fiscal.
Según el
Código
Penal, si la
cantidad
defraudada
supera los
120.000
euros, se
castiga con
entre uno y
cuatro años
de cárcel y
una multa
económica.
Sin embargo,
recoge una
excepción
que ha
servido a la
EMVS para no
caer en ese
delito
fiscal.
La ley
establece
que si se
abona lo
adeudado
antes de que
la
administración
tributaria
haya
notificado
el inicio de
actuaciones
de
comprobación
o
investigación
sobre esa
deuda, se
considerará
regularizada
la situación
fiscal. No
hay delito y
sólo se
aplica un
recargo por
la demora.
La Agencia
Tributaria
tuvo
conocimiento
del retraso
en el pago
en el mismo
momento en
que se abonó
el dinero
del IVA, en
mayo de
2015, así
que con
anterioridad
a esa fecha
no podía
haber
iniciado
ninguna
investigación
ni haber
notificado a
la EMVS que
estaba
realizando
comprobaciones.
Así, sin
advertencia
previa, la
EMVS
regularizó
su situación
con Hacienda
con la única
consecuencia
de un
recargo por
la tardanza,
y eludiendo
un delito
castigado
con pena de
cárcel que
podría haber
recaído
sobre la
figura de su
presidente,
Pedro
Rollán.
http://www.eldiario.es/madrid/consejero-Vivienda-Cifuentes-Hacienda-alcalde_0_474903332.html
CIFUENTES:
“PEDIRÉ EN
EL PP
PRIMARIAS
PARA ELEGIR
AL CANDIDATO
A
PRESIDENTE”
Cree que
nadie es
imprescindible,
“aunque unos
somos más
necesarios
que otros”.
Sobre la
posibilidad
de que el
PSOE imponga
que ella
sustituya a
Rajoy para
dejarles
gobernar:
“Espero que
no”.
Es una de
las
políticas
más
cotizadas
del Partido
Popular a
pesar de
llevar 25
años
dedicada a
la vida
pública.
Cristina
Cifuentes
(Madrid,
1964) suena
cada vez en
más
despachos
como la
candidata
perfecta
para
sustituir a
Mariano
Rajoy en el
caso de que
PSOE y/o
Ciudadanos
exijan al PP
la cabeza de
su líder a
cambio de la
gobernabilidad
que tanto
ansían.
¿Podría
convertirse
ella en 'la
Carles
Puigdemont
del PP'? “Yo
espero que
no, por
muchos
motivos. Por
los obvios y
por los que
no son tan
obvios”,
responde la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid en un
reciente
café con EL
ESPAÑOL.
La popular
pide a los
líderes
nacionales
consenso
para formar
gobierno y
que todos
cedan,
“porque en
una
negociación
siempre
tiene que
haber
concesiones”.
En el caso
del PP,
Cifuentes
cree que
nadie es
imprescindible,
ni siquiera
el líder,
“aunque unos
somos más
necesarios
que otros”.
Como dice
ahora José
María Aznar,
“que no
nombró
sucesor
mediante un
congreso
abierto”,
cree que ha
llegado la
hora de que
sean los
militantes
los que por
fin elijan
al nuevo
líder que
saldrá del
próximo
congreso que
los
conservadores
celebrarán
cuando se
despeje el
futuro
Ejecutivo
nacional. Y
advierte a
la cúpula de
su partido
si imponen
de nuevo el
'dedazo':
“Exigiré
primarias
para elegir
al líder”.
http://www.elespanol.com/espana/20160117/95240488_0.html
CIFUENTES
ADMITE QUE
LA LISTA DE
ESPERA ES
CUATRO VECES
MAYOR QUE LA
DECLARADA
POR GONZÁLEZ
Hay 79.444
personas
aguardando
quirófano,
récord
histórico
La Comunidad
de Madrid
reconoció
ayer ante el
Ministerio
de Sanidad
que tiene
una lista de
espera
quirúrgica
de 80.000
personas
—récord
histórico—,
cuatro veces
más que las
20.000 que
afirmaba
tener en
julio de
2015
(20.000). Al
resto de
pacientes,
que se
negaban a
operarse en
el primer
hospital
ofertado, se
les
sancionaba
sacándoles
del listado
y
multiplicando
su espera
por diez..
En 2005, el
ministerio
expulsó a
Madrid del
recuento
nacional por
falsear los
datos.
En junio de
2005, Madrid
cambió su
forma de
contar
enfermos y
el número de
personas en
lista de
espera cayó
en picado. Y
enseguida el
Ministerio
de Sanidad
socialista
expulsó a la
Comunidad
del Sistema
Nacional de
Salud al
considerar
que amañaba
los datos
para cumplir
el
compromiso
electoral de
la
presidenta
Esperanza
Aguirre:
todos los
madrileños
serían
operados en
menos de 30
días.
Los
hospitales
viven la
mayor subida
de ingresos
por
urgencias en
10 años
La
Consejería
de Sanidad
diseñó un
modelo de
cómputo que
le daba una
ventaja de
un mes
frente al
resto de
autonomías.
Ningún
enfermo
entraba en
la lista
hasta ver al
anestesista,
cuando en el
resto de
España
entraba
desde el
momento en
que el
cirujano le
diagnosticaba
la
operación.
En el conteo
adaptado
ahora al
nacional
incluye de
nuevo a los
“pacientes
transitoriamente
no
programables”,
los que no
pueden
operarse por
estar fuera
de Madrid o
tener una
infección. Y
a los que
rechazan —un
42% de la
lista en
diciembre—
acudir al
primer
hospital que
les ofertan,
generalmente
privado.
Sánchez
Martos
reconoció
que hasta
ahora se les
“sancionaba”
por su
decisión. La
espera media
en esos
casos era el
pasado junio
de 110 días.
Además,
ahora se
contabilizan
los días
naturales,
no los
hábiles,
como se
hacía con
los
Gobiernos de
Esperanza
Aguirre e
Ignacio
González.
El consejero
de Sanidad,
Jesús
Sánchez
Martos,
presentó
ayer los
datos a 31
de
diciembre.
En ese
momento
había 79.444
pacientes a
la espera,
récord
histórico.
Más del
doble que en
2005. Los
sindicatos y
la oposición
achacan a
los recortes
sanitarios
este
problema
desbocado.
El 46% de
los enfermos
esperaban en
diciembre
menos de un
mes para ser
operados y
un 2% más de
medio año.
Las mayores
demoras son
para
cataratas,
varices y
cirugía
general.
“Hemos hecho
autocrítica”
“Enviaremos
al
Ministerio
de Sanidad
los datos
con los
criterios
comunes a
las otras
comunidades
y se podrán
comparar”,
dijo Sánchez
Martos,
contento de
cumplir “un
compromiso
electoral”
de Cristina
Cifuentes.
“Hemos hecho
autocrítica.
Yo critico
que no se
hayan
utilizado
los recursos
del Sistema
Nacional de
Salud. Hemos
avanzado en
transparencia
y sobre todo
en rigor”.
Desde junio
de 2012, el
Ministerio
de Sanidad
hacía
estimaciones
autonómicas
de lista de
espera
incluyendo a
Madrid, sin
tener de
referencia
los datos
que enviaba
la región.
Desde ahora
la lista se
actualizará
cada mes.
“Yo no voy a
hablar de lo
que se ha
hecho
anteriormente.
Soy un
hombre de
presente y
futuro”,
señaló
Sánchez
Martos, que
llegó a
ironizar
sobre las
trampas:
“Yo,
maquillaje,
solo al ir a
Telemadrid”.
El consejero
tiene el
mandato de
la Asamblea
de elaborar
un plan
estratégico
para acabar
con las
listas de
espera en la
sanidad
pública.
Supuestamente
iba a darse
a conocer
este mes.
“Ya estamos
haciendo el
estudio.
Pruebas. Mi
propio hijo
fue llamado
para hacerse
una prueba a
las once de
la noche en
el Clínico
un sábado”,
explicó.
Mientras
tanto, la
consejería
dice haber
abierto por
la tarde
quirófanos
tras firmar
pactos de
gestión con
la dirección
de 19
hospitales.
Sanidad no
quiere
incorporar
plantilla
nueva para
acortar la
espera,
mientras la
oposición
cree que es
la única
solución.
Hay 15
millones
presupuestados
para estos
pactos.
Aún no hay
fecha para
comenzar a
operar los
fines de
semana, pero
estas
intervenciones
se limitarán
a la cirugía
ambulatoria.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/15/madrid/1452890269_342115.html
EL DIRECTOR
DE TRABAJO
ELEVA A
SIETE LAS
SALIDAS EN
EL EQUIPO DE
CIFUENTES
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha aceptado
este viernes
la renuncia
del director
general de
Trabajo,
Ramiro
Salamanca.
El dirigente
había puesto
su cargo a
disposición
de la
presidenta
tras
conocerse
que su
esposa
superó un
proceso
selectivo en
Metro de
Madrid para
reemplazarlo
en su
antiguo
cargo. Con
esta
dimisión, la
cifra de
dirigentes
que han
abandonado
el equipo de
Cifuentes
desde su
llegada al
Gobierno
regional el
pasado junio
se eleva a
siete. A las
cinco
dimisiones
hay que
sumar los
dos
directores
generales
que fueron
cesados en
el consejo
de Gobierno
celebrado el
13 de
octubre.
Ese mismo
día Ramiro
Salamanca,
última
renuncia,
fue nombrado
director de
Trabajo. El
cargo le ha
durado menos
de tres
meses,
después de
que se
conociera
que su
esposa,
Beatriz
Álvarez,
logró
superar el
proceso
selectivo
para
reemplazarlo
como nueva
responsable
de la
asesoría
jurídica de
Metro de
Madrid,
plaza que
quedó
vacante
cuando
Salamanca
fue nombrado
para su
nueva
responsabilidad,
tal y como
ha publicado
eldiario.es.
Álvarez,
funcionaria
como su
marido y
letrada-jefa
de la
Comunidad de
Madrid antes
de cambiar a
Metro de
Madrid, fue
una de los
seis
candidatos
seleccionados
para ocupar
la vacante
de jefe de
Asesoría
Jurídica, un
cargo dotado
con un
salario de
55.000
euros.
Fuentes del
Gobierno
regional
señalan que
Cifuentes ha
aceptado el
relevo
porque, a
pesar de
haberse
formalizado
un proceso
selectivo
legal con
concurrencia
y
publicidad,
el ingreso
de la esposa
de Salamanca
a la empresa
del
suburbano es
"éticamente
dudoso".
También
indican que
el proceso
de selección
realizado
por Metro
para suplir
la vacante,
y al que se
presentaron
seis
personas, no
fue
comunicado a
la
Presidencia
del Gobierno
autonómico.
Otras
dimisiones y
salidas
Antes que
Ramiro
Salamanca,
el Gobierno
de Cifuentes
ya tuvo que
hacer frente
a otras
cuatro
dimisiones.
La primera
de ella, el
30 de
octubre, fue
la del
director
general de
Justicia,
Ricardo Ruiz
de la Serna,
que rechazó
continuar al
frente de
esta
responsabilidad
por "motivos
personales".
Este abogado
especializado
en empresa
no completó
los 100 días
en el
Ejecutivo.
El detonante
de la salida
de Ruiz de
la Serna
fueron los
dos errores
que
protagonizó
y que
Cifuentes
calificó de
“mala
gestión”. El
titular de
Justicia no
acudió a una
cita con los
sindicatos
que él mismo
había
convocado y
no acompañó
a la
comisión
parlamentaria
en una
visita a la
polémica
Ciudad de la
Justicia.
Ruiz de la
Serna
siempre ha
sostenido
que él
presentó
dimisión por
“principios
de
coherencia”
y que no fue
destituido.
El ex alto
cargo de la
Consejería
de Justicia
consideró
que había
“falta
liderazgo
político” en
la
institución
que dirigía.
“Todo se
improvisa.
No se
analiza
nada”,
sostuvo.
El 5 de
noviembre
llegó la
renuncia de
la
viceconsejera
de Economía
e
Innovación,
Rocío Albert
López-Ibor,
próxima al
expresidente
Ignacio
González,
que dejó el
Gobierno de
Cifuentes
para ser
decana en la
Universidad
Europea. Un
día después
se dio la
dimisión de
Arturo
Moreno,
presidente
del Consejo
de
Administración
de
Telemadrid.
Esta misma
semana, el
martes, se
añadía a la
lista de
dimisiones
Laura Ruiz
de Galarreta,
directora
general de
la Mujer en
la Comunidad
de Madrid.
Dejaba su
cargo “a
petición
propia y por
motivos
personales”.
Antes de
todos ellos,
el 13 de
octubre, el
Consejo de
Gobierno
había cesado
a Américo
Puente,
director
General del
Servicio
Público de
Empleo, por
su presunta
implicación
en la trama
de
corrupción
Púnica
durante su
etapa en la
Agencia
Informática,
y a la
directora
general de
Trabajo que
precedió a
Salamanca,
Mar Alarcón,
cuñada de
Francisco
Granados.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/15/madrid/1452890269_342115.html
CIFUENTES
QUIERE QUE
LOS
EXPRESIDENTES
COBREN 3.800
EUROS
DURANTE 2 O
3 AÑOS
Cristina
Cifuentes,
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
pretende que
el estatuto
que se va a
elaborar se
contemple un
sueldo para
los
exdirigentes
regionales
que suponga
el 80% de
sus
retribuciones
durante el
mandato,
siempre que
no tengan
otras
actividades.
Así lo ha
anunciado
esta mañana
en la rueda
de prensa
del Consejo
de Gobierno.
Ello deja la
puerta
abierta a
trabajar en
la empresa
privada,
como sucedió
con
Esperanza
Aguirre. El
salario
sería por
tres años en
el caso de
haber
ejercido más
de una
legislatura.
La medida
solo
afectaría a
Ignacio
González
(PP), su
antecesor en
el cargo
(2012-2015)
y supondría
recibir
hasta junio
de 2017 un
salario de
3.840 euros.
Son 1.1600
euros menos
al mes de
los que le
paga el
Consejo
Consultivo,
que
desaparece
ahora, por
acudir a una
reunión a la
semana.
También los
exlíderes
Joaquín
Leguina
(PSOE) y
Alberto Ruiz
Gallardón
(PP) cobran
5.500 euros
netos del
consejo.
Cifuentes
pretende
también
despojar a
los
expresidentes
del coche
oficial y el
secretario
que les
corresponde
por su labor
en el
organismo
regional.
Aguirre
abandonó su
puesto en el
Ministerio
de
Industria,
en enero de
2013, los
tres meses
de dejar el
cargo de
presidenta,
para ejercer
como
“asesora
estratégica”
de Seeliger
y Conde, una
empresa de
cazatalentos
catalana con
sedes en
España y
América
Latina. Por
ese motivo
no estaba en
el consejo.
El portavoz
en la
Asamblea de
Ciudadanos,
Ignacio
Aguado,
hablaba en
septiembre
de una
retribución
"muy
similar",
entre el 80%
y el 100%
del total de
la
retribución,
durante dos
años para
garantizar
que no haya
puertas
giratorias.
"Entendemos
que los
expresidentes
regionales
merecen
tener un
trato
respetable,
pero sin los
privilegios
de los que
todavía
disfrutan”,
indicó,
dispuesto a
incluir en
el estatuto
un
“reconocimiento
honorífico"
para ellos.
La actual
presidenta
asegura que
el estatuto
de los
expresidentes
"será de
consenso",
"nacerá de
los grupos
parlamentarios"
y tendrá
rango de ley
aunque no es
preceptivo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/15/madrid/1452890269_342115.html
