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LAS NOTICIAS : AÑO 2020/2021
AGUIRRE CONVOCA A LOS JÓVENES DEL PP A UNA FIESTA PRIVADA EN PLENA PUGNA ENTRE AYUSO Y GÉNOVA
EL REGALO ENVENENADO DE ESPERANZA AGUIRRE A ISABEL DÍAZ AYUSO
LOS LUSTROS DE CORRUPCIÓN QUE “DESTROZARON” AL PP DE MADRID
ESPERANZA AGUIRRE: "PONERLE TRABAS INTERNAS A AYUSO ES AYUDAR A SÁNCHEZ"
EL EXALCALDE DE MAJADAHONDA ASEGURA ANTE EL JUEZ DE PÚNICA QUE ES "IMPOSIBLE" QUE AGUIRRE DESCONOCIERA LA CAJA B DEL PP
ESPERANZA AGUIRRE TELEFONEABA A EMPRESARIOS DONANTES PARA AGRADECER SUS MORDIDAS, SEGÚN UN TESTIGO
UN EXALCALDE CONDENADO EN 'GÜRTEL' INCRIMINA A AGUIRRE EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL, EL DESVÍO DE FONDOS Y LA COMPRA DE FAVORES
UN EXALCALDE ASEGURA QUE AGUIRRE CONTROLABA LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID
EL JUEZ ALARGA DOS MESES EL CASO PÚNICA TRAS EL VIRUS Y FIJA EL FIN EL 27 DE AGOSTO
UNA COLABORADORA DE FRANCISCO CORREA, A LAS FISCALES DE PÚNICA: "ESPERANZA AGUIRRE TENÍA EL CONTROL DE TODOS LOS PROYECTOS"
EL JUEZ DESOYE AL EXCONSEJERO 'DÍSCOLO' DE AGUIRRE Y LE MANTIENE EN PÚNICA POR EL 1%
EL JUEZ CITA A TRES TESTIGOS QUE CERCARÁN A AGUIRRE ANTE LA FALTA DE INDICIOS DE LAS FISCALESESPERANZA AGUIRRE Y SU MARIDO RECIBEN EL ALTA TRAS CUATRO DÍAS INGRESADOS POR CORONAVIRUS
ESPERANZA AGUIRRE Y SU MARIDO, INGRESADOS POR POSITIVO DE COVID-19
ANTICORRUPCIÓN ACUERDA CON LA ADMINISTRADORA DE GÜRTEL QUE IMPLIQUE A ESPERANZA AGUIRRE EN EL 'CASO PÚNICA'
LA REFORMA DE AGUIRRE QUE QUITÓ PUNTOS A LAS FAMILIAS POBRES PARA ELEGIR COLEGIO DISPARÓ LA DESIGUALDAD EN LAS AULAS
MÁS MADRID DENUNCIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA POR EL PP
ESPERANZA AGUIRRE ACUSA A LAS FISCALES DE 'PÚNICA' DE MANIOBRAS TORTICERAS PARA SUPLIR LA FALTA DE INDICIOS CONTRA ELLA
ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ EL PROCESAMIENTO DE ESPERANZA AGUIRRE EN 2020
AGUIRRE CONVOCA A LOS JÓVENES DEL PP A UNA FIESTA PRIVADA EN PLENA PUGNA ENTRE AYUSO Y GÉNOVA
La expresidenta madrileña responde a la dirección: "Ojalá Teodoro García Egea tenga la conciencia tan tranquila en unos años como yo"
Aguirre dará su apoyo a Ayuso para presidir el PP de Madrid y cree que 'Génova' intenta "retrasar" el Congreso
A una fiesta privada con quien lo ha sido todo en el PP de Madrid y casi todo en el PP nacional no se dice que no. No si uno es miembro de las Nuevas Generaciones del partido. La cita con Esperanza Aguirre prevista para finales de septiembre ha corrido como la pólvora por los grupos de WhatsApp de los más jóvenes de la formación y hasta el momento medio centenar han manifestado su intención de asistir. Según los listados a los que ha tenido acceso la Cadena Ser, entre ellos hay jóvenes con cargos en gobiernos populares y también miembros de la Asamblea de Madrid.
La invitación de Aguirre a los jóvenes del PP se produce en plena batalla por el PP de Madrid y después de que la expresidenta madrileña haya tomado partido por Isabel Díaz Ayuso enfrentándose a la dirección nacional a la que acusó el lunes de "hacerle un favor a Sánchez poniéndole trabas a Ayuso".
Aguirre se refirió a "algunos chiquilicuatres que tienen por ahí detrás Génova y Almeida" y habló de "niñatos de Génova" que intoxican. Preguntado al respecto, el número dos del partido, Teodoro García Egea, respondió con dureza diciendo que "lo que destrozó al PP de Madrid [durante la presidencia de Aguirre] fue la corrupción y eso algo que nosotros jamás vamos a permitir".
El líder del partido, Pablo Casado fue preguntado ese mismo lunes por las palabras de Aguirre. "No se refiere a la dirección de Génova sino, quizá, a los miembros de Nuevas Generaciones", respondió en la Cope. Estas palabras no sentaron bien a los cachorros del partido y en este contexto la invitación de la expresidenta madrileña ha circulado hoy a toda velocidad por los grupos de las Nuevas Generaciones.
"Ojalá Teodoro García Egea tenga la conciencia tan tranquila en unos años como yo", ha dicho esta noche Aguirre en Toro TV, dejando claro que la pugna con Génova por el PP de Madrid no ha hecho más que empezar.
https://cadenaser.com/ser/2021/09/14/politica/1631649401_204219.html
EL REGALO ENVENENADO DE ESPERANZA AGUIRRE A ISABEL DÍAZ AYUSO
Cuatro años después de dejar la política rodeada por los escándalos de Lezo, Gürtel y Púnica, la expresidenta agita al PP al apoyar a Ayuso para presidir el partido en Madrid, donde sigue siendo un referente pese a todo
El lunes, Isabel Díaz Ayuso recibe un regalo envenenado en plena guerra por controlar el PP de Madrid. Esperanza Aguirre abandona los platós, donde ha cantado disfrazada en Mask Singer y ha cocinado en Celebrity Bake Off, para hacer un anuncio: apoya que Ayuso presida el partido, y critica que la dirección nacional (”niñatos”, “chiquilicuatres”, dice en El Mundo) retrase hasta 2022 el congreso correspondiente. Su intervención da argumentos a los dos bandos. De un lado, Ayuso evoca las mayorías absolutas que logró Aguirre con el partido y el gobierno bajo su mando. Del otro, la dirección nacional recuerda que en esa etapa de poder omnímodo anidaron las tramas corruptas de Gürtel, Púnica o Lezo. Un ejemplo de que al PP presente le persigue el fantasma del PP pasado. Y, sobre todo, de que Aguirre sigue siendo un referente del partido, pese a todo.
“Cuando han funcionado al unísono el grupo parlamentario, el gobierno y el partido, han cosechado los éxitos que todos recordamos, por ejemplo, de la etapa de Esperanza Aguirre”, dice Díaz Ayuso para justificar su apuesta por fusionar el poder orgánico e institucional.
“Lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción, y es algo que nosotros jamás vamos a permitir”, contesta a Aguirre Teodoro García Egea, el secretario general nacional del PP, y, probablemente, el político que ve con más suspicacias el ascenso en popularidad y poder de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La intervención de Aguirre no deja a nadie indiferente. Los tres principales protagonistas de la tensa disputa por el poder en el PP de Madrid (Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida) tienen un nombre en común: el de Aguirre. Todos empezaron en política en el PP de Madrid, todos coincidieron con la ahora expresidenta en esa etapa y a todos les dio ella un impulso decisivo. De ahí que Aguirre aún influya en el día a día del partido, y que su voz aún pueda movilizar votos, encandilando a unos e incomodando a otros. Como dijo el propio Martínez-Almeida: “A Esperanza Aguirre siempre hay que escucharla con atención”.
Por eso, la entrada en escena de la expresidenta regional inquieta a la dirección nacional del PP, que ve cómo cada día pasa algo que impide que la atención pública se centre en la convención nacional con la que pretendía relanzar a Casado. Es un recordatorio palpable de que el partido de Madrid puede constituirse en una formidable plataforma para ejercer la oposición interna, defendiendo una agenda propia y no necesariamente coordinada con la del líder nacional. Justo lo que sufrió Mariano Rajoy con Aguirre. En paralelo, la intervención de Aguirre también alimenta a los rivales de Ayuso, que buscan su sitio desde el triunfo del PP en las elecciones del 4-M.
“En el PP hay un carajal”, ironiza este martes Mónica García, la líder de Más Madrid. “Tenemos a un secretario general [García-Egea] que habla desde una sede pagada con dinero b, y que ha acusado a la expresidenta Aguirre, madrina del señor Casado y de la señora Ayuso, de corrupción, mientras la señora Ayuso se vanagloria de Aguirre”, sigue. “El señor García-Egea dice que no quiere un modelo de corrupción, el del PP de Aguirre, que a la vez es el PP que hereda Díaz Ayuso”, añade. Y remata: “Estamos cansados de las guerras púnicas”.
“Agradecemos las declaraciones de Teodoro García-Egea, reconociendo la corrupción del PP, que nos parecen muy significativas, e instamos al Gobierno a que nos comuniquen qué medidas han adoptado para acabar con la corrupción”, coincide Hana Jalloul, la portavoz del PSOE.
La herencia de Aguirre, impulsora de la modernización de Madrid, con sus cientos de kilómetros de metro y sus grandes infraestructuras, es pesada. Como ella misma, más de la mitad de los consejeros que tuvo en sus Gobiernos (2003-2012) están o han estado imputados en casos de corrupción. Sus dos principales colaboradores, Francisco Granados, e Ignacio González, han copado los titulares sobre las tramas corruptas que se investigan en las operaciones Púnica, Gürtel o Lezo. Y su etapa al timón de la región, fundada sobre el tamayazo, se caracterizó por la colonización de las instituciones, que quedaron al servicio del PP, y por la confusión entre los intereses del partido y del Gobierno.
¿Cuánto se parece el PP de hoy a aquel que dominó Aguirre? El partido está en plena transformación. Apenas quedan huellas de Cristina Cifuentes y sus afines, desplazados desde 2018, cuando estalló el caso máster. Y el aguirrismo se está transformando en ayusismo. Primero, porque el poder es el mejor pegamento de un partido, y Díaz Ayuso lo tiene. Segundo, porque hay elecciones autonómicas y municipales en menos de dos años, y todos los aspirantes a ir en las listas quieren destacarse en el apoyo a quien podrá colocarles en puesto de salida. Y tercero, porque no hay nadie más ayusista que la propia Aguirre.
Solo hay que leer la dedicatoria que le firmó la exlíder en su libro a la nueva baronesa: “A la mejor presidenta que ha tenido Madrid en toda su historia. Con todo mi cariño y gratitud por su apoyo y ayuda”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid admite que "no quise leerla en ese momento porque sabía que no iba a dormir y necesitaba descansar"
La expresidenta de la Comunidad de Madrid y exlideresa del PP de la región, Esperanza Aguirre, agitó las aguas de Génova con unas lapidarias declaraciones contra la dirección nacional y en defensa de Isabel Díaz Ayuso. Aguirre llamó “niñatos” y “chiquilicuatres” a los fontaneros del partido de Pablo Casado, y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante a liderar la formación en la región ha respondido.
En declaraciones recogidas por El Mundo durante su desfile por Milán, Ayuso admitió que leyó la información justo antes de acostarse y, para poder conciliar el sueño, aplazó la lectura hasta el día siguiente.
“Leí el titular antes de acostarme. Pensé 'madre mía'. No quise leerla en ese momento porque sabía que no iba a dormir y necesitaba descansar. La leí a las seis de la mañana y, efectivamente, la entrevista no tiene desperdicio”, explica.
El rumor de de los tambores de guerra ha ganado enteros en los últimos días. El viento genovés traía consigo un murmullo bélico. La batalla por el liderazgo del PP de Madrid estaba servida. Ayuso no está dispuesta a no regir la formación y José Luis Martínez-Almeida, impulsado por la dirección nacional, sopesa competir. Tal es el temor a una fractura irreparable que las fuentes oficialistas hablan incluso de una tercera vía, opción descartada por completo por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no solo se va a presentar “sí o sí”, sino que además, mete prisa por celebrar el Congreso.
A su juicio, es importante que se concrete a la mayor celeridad posible de cara a nombrar cuanto antes a los candidatos municipales para 2023. Así lo manifestó durante una entrevista en Esradio, donde la dirigente madrileña reconoció que las cuestiones internas de los partidos son siempre "complejas" y cuando llegan son "un poco difíciles", haciendo referencia a su pugna con Almeida por el liderazgo.
La lucha se libraba, hasta ese momento, entre bastidores. Los fontaneros del partido estaban trabajando en una lista unitaria que evitara el fratricidio. Pero apareció ella. Esperanza Aguirre trasladó contienda a la primera plana con una entrevista concedida a El Mundo en la que dio su apoyo público a Ayuso al tiempo que cargó contra Génova, deslizando que se está retrasando el Congreso con motivos espúreos. La exlideresa llegó a apodar "niñatos de Génova" a la dirección nacional, a la que ha pedido “que no digan bobadas, que no han ganado una elección y han perdido todas a las que se han presentado”.
Génova devuelve el golpe
Ayuso dice haberse quedado estupefacta con las declaraciones de Aguirre, pero sus palabras no le resultaron amargas. No recibieron la misma acogida en Génova. El secretario general del PP y número dos de Casado, Teodoro García Egea, respondió con dos dardos envenenados a la presión ejercida por Isabel Díaz Ayuso para adelantar el Congreso del PP de Madrid y a las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre los “niñatos” de Génova que boicotean la candidatura de Ayuso.
En una rueda de prensa celebrada en la sede del PP nacional, Egea zanjó que no se adelantará el Congreso regional madrileño porque ya se acordó que “los congresos de las comunidades autónomas uniprovinciales se celebrarán el primer semestre de 2022”. Hasta entonces, Génova no se mojará: “Cuando llegue el momento abordaremos la cuestión”. Preguntado por la posibilidad de que Ayuso no esté presente en el Congreso Nacional que tendrá lugar este octubre por un viaje agendado por Estados Unidos, Egea afirmó que “todos los presidentes autonómicos están invitados” y “todos van a estar”.
Con respecto a las polémicas declaraciones de Aguirre, Egea denunció que “debe venir poco por aquí”. Eso sí, coinciden en una cuestión: “Coincido en que lo que destrozó al PP de Madrid es la corrupción, y nosotros eso no lo vamos a permitir”.
LOS LUSTROS DE CORRUPCIÓN QUE “DESTROZARON” AL PP DE MADRID
Los populares madrileños, en cuyo seno se formaron Díaz Ayuso y Casado, aún afrontan cuatro grandes causas con decenas de cargos imputados
Los fantasmas del pasado han emergido con fuerza en la batalla interna por el liderazgo del PP de Madrid. Y lo han hecho de mano de los propios populares. La irrupción de Esperanza Aguirre en apoyo de Isabel Díaz Ayuso, con ataques a la actual dirección de la calle Génova, ha encontrado la rápida respuesta del secretario general, Teodoro García Egea, quien no se amilanó y lanzó un dardo directo a la expresidenta de la Comunidad, exlíder de la formación autonómica e imputada en una investigación de la Audiencia Nacional. “Lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción”, sentenció Egea, que puso así, sin reparos, el dedo en la llaga.
El PP de Madrid, en cuyo seno se formaron Ayuso y Pablo Casado, aún afronta cuatro grandes causas judiciales con decenas de cargos imputados por lustros de corrupción, muchos de ellos alzados por Aguirre. Es más, en los próximos dos meses se esperan dos movimientos clave: en noviembre arranca otro juicio sobre una de las derivadas de la trama Gürtel centrada en la Comunidad; y, en octubre, el magistrado Manuel García-Castellón decidirá si amplía el plazo de investigación sobre la presunta financiación irregular de los populares madrileños.
Gürtel. La trama liderada por Francisco Correa anidó en el PP de Madrid. Las líneas de investigación ya juzgadas dejan como condenados, entre otros, al exconsejero Alberto López Viejo, al viceconsejero Carlos Clemente, a los exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, y a varios concejales de la región. Pero el calvario aún no ha acabado. Según tiene previsto la Audiencia Nacional, el 10 de noviembre comenzará un nuevo juicio centrado en las adjudicaciones irregulares concedidas en Boadilla del Monte a cambio de mordidas, donde varios implicados han confesado su culpabilidad —incluido Alfonso Bosch, exdiputado popular en la Asamblea—. Además, aún tiene que celebrarse la vista por los tejemanejes de la red en Arganda del Rey, donde se amañaron presuntamente concursos públicos para la venta de parcelas municipales.
Púnica. La investigación que más ha golpeado al PP de Madrid ha sido el caso Púnica. De las 13 piezas en las que se dividió la macrocausa, solo una ha sido juzgada: la que condenó al exconsejero Francisco Granados a dos años de cárcel por recibir el chivatazo de un guardia civil de que estaba siendo investigado. De las 12 restantes, diez implican en distinta medida a la formación en la etapa de Aguirre. Entre ellas, una centrada en la supuesta financiación irregular del PP regional, donde se encuentran imputados dos expresidentes (la propia Aguirre e Ignacio González); el extesorero regional, Beltrán Gutiérrez, y un elevado número de ex altos cargos, como los exconsejeros Granados, Salvador Victoria, Manuel Lamela o Borja Sarasola. Cristina Cifuentes también fue investigada, pero fue desimputada este año.
Aguirre lleva más de un año pidiendo que se dé carpetazo a esta parte del sumario, pero el juez amplió en julio otros tres meses las pesquisas, hasta el 29 de octubre. Además, la Audiencia Nacional debe resolver si une a ella la pieza 13, abierta después de que el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, enviase al juez una batería de facturas que, según contó, evidenciaban que se desvió más de un millón de euros a través de una empresa pública a la caja b del partido.
También siguen abiertas las piezas donde se investigan las “actuaciones urbanísticas fraudulentas” perpetradas en Valdemoro desde la llegada de Granados a la alcaldía en 1999; sobre el amaño de contratos públicos del Ejecutivo de la Comunidad en la construcción de infraestructuras durante el paso de Granados por el Gobierno regional; la supuesta trama para facilitar la construcción de colegios concertados en suelo público; y la trama de blanqueo de capitales supuestamente organizada por el exconsejero madrileño y varios constructores.
En cambio, el juez García-Castellón ya ha dado por concluidas otras cuatro líneas de investigación sobre el PP de Madrid. En una de ellas, centrada en la contratación irregular de la empresa de organización de festejos Waiter Music, el magistrado ha propuesto sentar en el banquillo, entre otros, al exsenador David Erguido; y a siete antiguos alcaldes del PP autonómico. En las otras tres, García-Castellón aún no ha dictado auto sobre si procesa a los implicados, pero versan sobre las tramas de corrupción urdidas a través de contrataciones menores en los Ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle; sobre la adjudicación de contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely; y sobre los trabajos de reputación en internet para altos cargos sufragados con dinero público, donde está imputada la exconsejera Lucía Figar.
Lezo. El caso Lezo centra el foco en Ignacio González y en el presunto saqueo del Canal de Isabel II. El juez ha mandado a juicio cuatro líneas de investigación. En tres de ellas —los amaños en el campo de golf de Chamberí, la adjudicación de la obra del tren de Navalcarnero y la compra de la empresa brasileña Emissao—, la Fiscalía ha pedido ya 18 años de cárcel para González, antigua mano derecha de Aguirre.
Ciudad de la Justicia. El pasado julio, la Audiencia Nacional abrió juicio oral contra Alfredo Prada, exconsejero regional de Aguirre, y otros cuatro ex altos cargos y asesores autonómicos por las irregularidades en la Ciudad de la Justicia de Madrid. Casado había trabajado para Prada al principio de su carrera y, al llegar a la presidencia del PP, le correspondió situándolo al frente de la oficina creada para combatir la corrupción en el partido, puesto que dejó tras su imputación.
Otros casos. También pendiente de que se fije fecha de juicio del llamado caso Teatro, en el que se ha investigado las supuestas irregularidades en la rehabilitación, en 2012, de un teatro en la localidad de Getafe en la etapa de gobierno del PP. El principal salpicado fue el exalcalde y exsenador Juan Soler, aunque las acusaciones contra él no terminaron de prosperar y finalmente la acusación se ha limitado contra dos ediles de su equipo de Gobierno, Paz Álvarez Sánchez Arjona, exconcejala de urbanismo, y Fernando Lázaro, concejal de Hacienda y que sigue como edil popular en el consistorio. La fiscalía pide para cada uno ocho años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
El caso máster también ha salpicado al PP de Madrid en los últimos años. Aunque Cifuentes resultó absuelta por falta de pruebas en la falsificación de su acta del Trabajo Fin de Máster, la justicia condenó a una asesora del Gobierno y a una profesora; además de concluir en su fallo que la expresidenta obtuvo el título de forma irregular.
https://elpais.com/espana/2021-09-15/los-lustros-de-corrupcion-que-destrozaron-al-pp-de-madrid.html
ESPERANZA AGUIRRE: "PONERLE TRABAS INTERNAS A AYUSO ES AYUDAR A SÁNCHEZ"
"Votaré a Ayuso en el congreso del PP de Madrid. El modelo actual no tiene sentido y ella pretende simplemente normalizar la situación"
Esperanza Aguirre pide que Isabel Díaz Ayuso dirija el partido en la región aunque sea presidenta autonómica y critica a «chiquilicuatres» afines a José Luis Martínez-Almeida. No acusa a Teodoro García Egea ni a Pablo Casado, que le «ha puesto por escrito» que no censura el modelo Aguirre, que Ayuso intenta reeditar. La ex presidenta pide, además, acercarse a Vox.
¿Quién debe presidir el PP de Madrid?
Quien digan los afiliados.
Si se presentaran Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, ¿usted apoyaría a Ayuso?
Yo es que creo que Almeida, que es un excelente alcalde al que conozco muy bien, es muy inteligente y lo admiro mucho, no se va a presentar. A Ayuso, como a mí, no le parece correcto que llevemos cinco años en Madrid con una gestora. ¡¿Pero cómo es posible?! Hay que hacer el congreso cuanto antes. Y Teodoro García Egea dijo que si él fuera afiliado de Madrid votaría a Isabel Díaz Ayuso, así que...
Pero Casado ha dicho que hay «dos militantes con mucho peso» en el PP de Madrid, lo que mete a Almeida también en la carrera.
Es que los presidentes del PP en toda España, en las regiones, son los que presiden la comunidad autónoma o los que son candidatos autonómicos. Yo, que tampoco tenía en un principio interés por el partido, fui una vez a una reunión de presidentes autonómicos en La Rioja que convocó Mariano Rajoy, y todo el mundo era presidente de su partido menos yo. Y eso no es normal. Lo ha dicho muy bien Ayuso: hay que normalizar la situación de Madrid.
Dicen en el PP que, por experiencia, si se preside la Comunidad y el partido, éste queda en segundo plano. ¿Qué le parece?
¿Y eso qué le parece a Núñez Feijóo? ¿Qué le parece al presidente de Castilla y León? ¿Qué le parece a Juanma Moreno? Vamos, hombre, que no digan tonterías esos niñatos que están en Génova intoxicando. El PP de Madrid, cuando yo fui presidenta, no tuvo más que mayorías absolutas. La última, en 2011. Con todo el 15-M sentado en la Puerta del Sol, sacamos 72 escaños, el doble que el PSOE (36). Y existía UPyD. Y lo más importante para los que dicen que no nos ocupamos del partido: de los 179 municipios de la Comunidad, ganamos en 174 y gobernamos en más de 150. Ni el presidente, Pablo Casado, que me lo ha puesto por escrito, ni el secretario general del PP están de acuerdo con que cuando yo tuve el honor de presidir el PP de Madrid el modelo fuera malo. Por lo tanto, que no cuenten historias.
Dicen también, tanto en el sector de Almeida como en el PP nacional, que es inviable estar a las dos cosas y que ahora el partido «ha revivido». ¿Qué les contesta?
En el sector de Almeida hay algunos niñatos encabezados por un chico de cuyo nombre no quiero acordarme. En fin, que no digan bobadas, es que no han ganado una elección, han perdido todas las que se han presentado. No sé a qué llaman ellos revivir, pero casi sería mejor que remueran, porque desde que está la gestora no ganamos una elección. Las han perdido todas.
¿Qué le parece el modelo del triple liderazgo: una presidenta autonómica, un alcalde y un presidente o presidenta del PP de Madrid?
Me parece un modelo que no tiene ningún sentido. Aquí tenemos a la persona que más daño político ha hecho a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, que es Ayuso, que pretende simplemente normalizar la situación del PP de Madrid.
¿Sospecha que Génova quiere posponer el congreso madrileño?
Quiere retrasarlo y eso no puede ser. Hay que recordar que el Supremo condenó al PP de Mariano Rajoy por no convocar el congreso cuando correspondía. Tienen que celebrarlo cuanto antes. Mi opinión es que Almeida no se va a presentar. Y lo que él dice es que los de Génova le están empujando. Puede que sea verdad, porque algunos chiquilicuatres que tienen por ahí detrás Génova y Almeida es lo que van diciendo.
Según usted, ¿sólo Ayuso debería presentarse al congreso?
Se presentará todo aquel que quiera, pero Ayuso es la gran enemiga de Sánchez y, por tanto, ponerle trabas a Ayuso es ayudar a Sánchez. Y eso se lo he dicho a Teodoro García Egea, porque me indigna que hagan eso. Yo la votaré, pero quienes tienen que decidir son los afiliados.
¿Ve en este caso un paralelismo con el suyo?
Yo he dicho, y lo mantengo, que Ayuso es la mejor presidenta que ha tenido la Comunidad. Yo estoy bastante satisfecha de muchas de las cosas que hice siendo presidenta, pero lo tuve muy fácil: tenía mayoría absoluta para llevar a cabo mi programa. Sin embargo, ella, que perdió las elecciones, ha tenido que gobernar con un partido, Ciudadanos, que no podemos decir que le haya sido leal, todo lo contrario. Y cuando el PP estaba en el peor momento de su historia -y se lo digo yo, que sé algo más de la historia del PP que Pablo y que Teodoro-, después del resultado de las catalanas, tuvimos la suerte de que no sé si Sánchez o Iván Redondo decidieron que nos iban a quitar las instituciones en las que gobernamos. Y esa decisión no contó con los reflejos de Isabel Díaz Ayuso. Si Ayuso no llega a tener convocado ese martes por la mañana el Consejo de Gobierno no hubiera podido convocar las elecciones y Ciudadanos rápidamente se hubiera unido a la moción de censura de Gabilondo.
¿Ve en Ayuso una continuación de su modo de hacer política?
Es una presidenta que tiene los principios y los valores del PP. Es decir, la libertad es el principio supremo al que todo lo demás se debe supeditar. Los ciudadanos tienen que pagar los menos impuestos posibles para tener los mejores servicios posibles. Y las leyes ideológicas de Zapatero -que no derogó Rajoy- hay que derogarlas, junto con las de Sánchez.
¿Ve más cerca de usted a Ayuso que a Casado?
Ayuso es una crack, y lo ha tenido todo en contra. Cada vez que la critican, la calumnian, que la llaman tonta y le ponen el mote de «IDA», la están encumbrando. Y Pablo Casado, en el congreso en el que lo elegimos presidente, hizo un discurso verdaderamente extraordinario, dando todas las batallas ideológicas.
¿Y ahora le parece que ha dejado de darlas?
Dejó de darlas, creo yo. Casado, en el verano de 2020, decide dar un cambio estratégico para tratar de coger los votos de Ciudadanos. En la estrategia estoy de acuerdo, pero en la táctica hubo tres errores crasos. El primero, cesar a Cayetana Álvarez de Toledo, que había dado todas las batallas ideológicas y las había ganado todas. Segundo gran error: en la moción de censura: a mí me parece muy bien que se vote que no a Santi Abascal de presidente del Gobierno de España, pero lo que no se pueden hacer son ataques personales. Hizo dos, a mi juicio, inaceptables: dijo que había pisoteado la sangre de nuestros muertos y que lo habíamos estado manteniendo durante 15 años. Y el tercer error táctico, y para mí el peor, fue la entrevista que dio en RAC1. El resultado fue que no cogimos ninguno de los 30 diputados perdidos por Ciudadanos en Cataluña y encima perdimos uno de los nuestros. Eso nos sumió a los peperos en la más absoluta de las depresiones. Yo nunca he visto al PP tan deprimido como después de las elecciones catalanas.
¿Teme que España se rompa?
Me parece que la situación es muy grave. En el Gobierno están aquellos que quieren destruir España: los comunistas, los bilduetarras, los independentistas catalanes... y tenemos un PSOE que no les hace frente. Al contrario, cede en todo lo que le piden. Es la tormenta perfecta. Por eso, me duele tanto que quien más y mejor ha combatido a Sánchez y a Iglesias, que es Ayuso, sea atacada ahora por nuestro propio partido. Para mí, atacarle a ella es ayudar a Sánchez.
¿A su juicio, el PP debe estrechar lazos con Vox?
Si quieren gobernar, desde luego que deben rehacer puentes, según todas las encuestas (en las que creen a pies juntillas los de Génova, pero son fotos del momento y no hay que creérselas). Necesitan a Vox.
¿Cómo se rehacen los puentes con Vox?
Yo lo que sí sé es que Vox está dando batallas ideológicas muy importantes que nosotros tenemos que dar también.
¿Cuáles son?
La de la Ley de Memoria Democrática, que hay que derogarla inmediatamente; o la eliminación de la presunción de inocencia de los hombres en la Ley de Violencia de Género, que es anticonstitucional.
¿Ha hablado con Aznar sobre el acercamiento a Vox? Parece que el ex presidente no piensa lo mismo que usted.
Aznar estaba muy dolido con aquello de la «derechita cobarde», y lo comprendo, pero una cosa es ésa y otra los ataques personales. En América no te dejan estar en política si haces ataques personales.
¿El PP no debería combatir más a Vox?
¿En qué?
En la defensa del Estado autonómico, de los inmigrantes, de la cultura europeísta o de los avances en diversidad sexual, por ejemplo.
Hay cosas en las que discrepo de Vox, por ejemplo, en el tema del Estado autonómico. Sin él, yo no podría haber dado la oportunidad de aprender inglés maravillosamente bien a chavales con pocos medios económicos. Yo soy súper europeísta y en la UE sí creo que ha habido excesos en la burocracia y en la híper regulación. Pero son más importantes las cosas que me unen a Vox que las que me separan.
¿Son los que usted llama «apparatchiks» de Génova, o «chiquilicuatres», los que lastran esa batalla ideológica?
Yo creo que sí. Creo que en el PP no hay nadie de más de 55 años que se dedique a pensar. Y pensar es muy importante y en eso el PSOE nos gana. Tienen todo preparado para hacerlo el día que llegan a La Moncloa. Son infinidad de leyes las que nosotros tenemos que derogar. La ventana de oportunidad de un Gobierno son seis meses, como dijo Milton Friedman, lo que no hagas en los primeros seis meses no lo harás.
El tercer error que usted le achaca a Casado se refiere a Cataluña. ¿Le falta al PP un proyecto reconocible en esa autonomía?
En Cataluña el PP no cogió ni un voto de Ciudadanos; en Madrid, todos. La diferencia es la batalla ideológica.
¿Qué espera de la convención nacional del PP? ¿Va a acudir?
No tengo ni idea. No creo ni que me inviten. Yo no soy nadie.
¿Y qué espera de ese cónclave?
Más que las convenciones, lo que me importan son los congresos, que es donde se aprueba la política y los principios y valores que va a defender el partido. Llevamos muchos años sin congresos. Desde que llegó Rajoy, cada vez los retrasan más.
¿Cómo ve la pugna por el CGPJ? ¿Comparte la línea roja de Casado de que los jueces se elijan entre sí?
El PP siempre ha pensado lo mismo. Es mentira lo que dice el PSOE de que en 1985 se hiciera por consenso. Siempre hemos defendido que los jueces elijan a 12 jueces. Con la mayoría absoluta de 2011, Alberto Ruiz-Gallardón presentó un proyecto en este sentido y Rajoy lo retiró. Sosa Wagner propone que el CGPJ haga los nombramientos por concurso y no a dedo, y me parece perfecto.
¿Qué balance hace Esperanza Aguirre de su etapa en el PP de Madrid, a pesar de que en aquellos 11 años se gestaron casos de corrupción como Púnica, Lezo o Gürtel?
No hago balance, me limito a dar los datos. En mi presidencia se ganaron todas las elecciones a las que nos presentamos y gobernamos más de 150 municipios de los 179 de la Comunidad, récord absoluto. Y creo que es importante decir que los nuevos líderes se han forjado en el PP de Madrid: Díaz Ayuso, Casado y Almeida. ¿Casos de corrupción? Por supuesto que puede haberlos, pero hay presunción de inocencia, que es la clave de bóveda del Estado de Derecho.
Periodísticamente, ha quedado acreditado un trasfondo de envilecimiento público en Lezo, Púnica o Gürtel, ¿no cree?
Cuando quede acreditado algún delito judicialmente y haya alguna condena, yo les quitaré la presunción de inocencia a Francisco Granados y a Ignacio González. Mientras tanto, no.
Al mirar atrás, entonces, ¿no ve manchado su legado?
Bueno, yo dimití. Soy muy británica en eso. Han detenido al señor González, en el que yo tenía toda mi confianza, pues yo dimito, oiga, y que se investigue a fondo. Yo estoy muy dolida con González porque su hermano dijo al juez que había recibido 400.000 euros de una adjudicación. Eso me parece horrible, impresentable. Por eso no he hablado más con González.
¿Se arrepiente al menos de no haber sido más vigilante?
Por supuesto que sí. Tendría que haber sido más vigilante, pero yo no soy una policía.
Hay una analogía con lo que dice el PP sobre Marlaska, por ejemplo: «Si lo sabía, mal; y si no lo sabía, peor».
Bueno, eso lo que dicen de mí, claro. Que era tonta.
"Cayetana ha sido la mejor portavoz que ha tenido el PP"
Para Esperanza Aguirre, uno de los tres grandes «errores tácticos» de Pablo Casado fue cesar a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso. ¿Le parece que el grupo parlamentario ahora funciona peor?
«En Génova me dicen que el portavoz tiene que pastorear al grupo y yo creo que el portavoz lo que tiene que hacer es hablar en el Parlamento defendiendo los principios y los valores del partido», responde. «Y en esa defensa, Cayetana ha sido el mejor portavoz que ha tenido el partido jamás. Casado me dijo que ella no fue leal, pero también es verdad que en Génova le hicieron un poquito la cama», agrega. ¿Ha perdido el PP un trozo de su electorado al pasar Álvarez de Toledo al segundo plano? «Yo lo que sé es que si se diera la batalla ideológica como la daba Cayetana...», ataja Aguirre. ¿El PP ya no da esa batalla? «Como ella, nadie», zanja.
https://www.elmundo.es/espana/2021/09/12/613e57a0e4d4d801298b4586.html
Una cuñada de Esperanza Aguirre detalló a sus sobrinos, hijos de la expresidenta madrileña, cómo la familia había inventado la donación de la pintura a su padre para que este pudiera esquivar la quiebra. Lo que ella relata como una bonita historia familiar es en realidad la asunción de un fraude en el que la Fiscalía aún no ha indagado
"Es una historia que vale la pena conocer y además es una historia muy bonita de nuestra familia". B. Ramírez de Haro decidió en abril de 2019 relatar a sus sobrinos, los hijos de su hermano Fernando y Esperanza Aguirre, cómo el retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, pintado por Goya y que pertenecía a la familia, había acabado en manos de su padre. Y también el procedimiento utilizado para saldar una deuda millonaria que amenazaba con arrastrar a la quiebra a la expresidenta madrileña y a su marido, que están casados en régimen de gananciales.
Lo que B. narra como una bonita historia familiar es, en realidad, la asunción de un presunto fraude. En el audio aportado al juzgado y al que ha tenido acceso elDiario.es, la cuñada de Esperanza Aguirre reconoce que el cuadro no pertenecía inicialmente a su hermano Fernando, lo que obligó a simular una donación que nunca había existido para que el marido de la expresidenta madrileña pudiera venderlo y saldar sus deudas.
"Para que vuestro padre fuera propietario del cuadro tuvimos que inventar una donación que nunca ocurrió", explica B., en una prolija grabación en la que llega a reconocer que otro de los hermanos se incomodó con el fraude.
Ese relato costumbrista de una familia aristocrática ha derivado en una causa penal en los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid. La querella parte de Íñigo Ramírez de Haro, hermano de B. y de Fernando, y en ella acusa a este último de no haber repartido los más de cinco millones de euros que se embolsó con la venta del retrato. Esto es, los 850.000 euros que corresponden a cada uno de los seis herederos. Además, otro hermano de la familia acusa al marido de Esperanza Aguirre de urdir lo que queda patente en el audio: la simulación de una donación falsa para quedarse con el cuadro.
Aunque el audio consta en la querella y en el sumario, la Fiscalía lo ha obviado por ahora y se ha centrado únicamente en determinar si Fernando Ramírez de Haro, el marido de Aguirre, cometió un presunto delito fiscal al no tributar por la venta de la pintura en su declaración de la renta de 2013.
"Tengo que contaros una cosa a los dos hermanos"
B. Ramírez de Haro se encontraba en abril de 2019 acompañada de "Fer", su sobrino, hijo de Fernando y Esperanza Aguirre. Decide entonces grabar un audio para que tanto "Fer" como su hermano "Alvarito" conozcan la historia de cómo la familia Ramírez de Haro salvó de la quiebra a uno de sus integrantes.
B. comienza por lo que denomina el "Capítulo 1: La lista". Cuenta cómo sus padres –el conde de Bornos, Ignacio Ramírez de Haro, y su mujer, Beatriz Valdés– le encargaron "a principios de siglo", sin recordar qué año en concreto, que elaborase una lista con los objetos de valor del famoso palacete familiar en el centro de Madrid en el que ahora viven Esperanza Aguirre y su marido. La intención de "los abuelos", como los llama ella, es que esos objetos, que han ido heredándose de generación en generación dentro de la familia Ramírez de Haro, pasasen ahora a manos de Fernando, su primer hijo varón, y que fuese este el encargado de velar por ellos.
B. relata entonces que ese proceso se alargó durante años porque, por "pereza", sus padres no terminaban de elaborar la lista, hasta que ya mayores ella les obligó a hacerlo. "En esa lista estaba por supuesto el cuadro de Don Valentín, considerado como el mejor cuadro, el más bonito de la casa, sin ninguna duda, pero sin sospechar su valor real", explica. Por entonces algunos expertos con los que había contactado la familia años antes habían descartado que se tratara de un Goya.
Eso sí, B., que recibió ese encargo por ser la hermana mayor de los seis, deja muy claras las intenciones de sus padres. No le estaban dejando todos esos objetos a su hermano Fernando para que dispusiera de ellos a su antojo y los vendiera para quedarse con el dinero, como acabó haciendo. Fernando, el marido de Aguirre, iba a heredar el palacete familiar del conde de Bornos y por tanto los objetos que allí se encontraban se quedarían a su cuidado, para conservarlos como parte del patrimonio de la familia.
"Cuando yo le conté que papá y mamá habían hecho esta lista, me dijo que él era muy consciente de que le habían dejado esas cosas para conservarlas y que si alguna vez vendía alguna, la repartiría entre sus hermanos", explica la cuñada de Aguirre a sus sobrinos. Pero eso nunca ocurrió. B. se limitó a elaborar una lista de los bienes que se encontraban en el palacete familiar, una mera enumeración, pero nunca se firmó un documento que legase esos objetos directamente a Fernando.
De un cuadro bonito a un Goya de varios millones
En 2010 fallece Ignacio Ramírez de Haro, el padre de la familia. Por entonces Esperanza Aguirre y su marido ya se encontraban en dificultades económicas. Fernando acumulaba deudas con el Banco Santander a través de las empresas que tenía. En el año 2011, con la crisis económica, los números rojos se hicieron insostenibles y la por entonces presidenta madrileña decidió pedir la ayuda de sus cuñados.
Ese episodio, que ya desveló elDiario.es, lo detalla minuciosamente la cuñada de Aguirre en el audio, donde cuenta que la entonces presidenta madrileña fue a ver a un miembro de su familia política "llorando" para contarle que tenían una deuda de siete millones "que no podían cubrir con la venta de las fincas". Íñigo Ramírez de Haro, el hermano que se ha querellado contra Fernando y Aguirre, describe en la querella esa misma reunión: "Llorando, Aguirre nos explicó que su marido estaba arruinado, y con serio riesgo de ir a la cárcel si no ponía remedio a la situación [...]. "La ruina de su marido provocaba la suya, al estar casados en gananciales".
B. relata en el audio cómo se pone en marcha un auténtico "gabinete de crisis" para salvar de la quiebra a su hermano. La idea que salió de aquellas conversaciones fue recurrir al cuadro más preciado de todos los que tenían, el retrato de un antepasado familiar: Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero, teniente general del Ejército de Carlos IV y grande de España. O como lo llama la cuñada de Aguirre en su relato, "el Don Valentín". Por entonces la familia solo sospechaba que tenía un importante valor económico, pero nada más.
La familia pidió una tasación oficial a la empresa de subastas Sotheby’s, que les dio la mejor noticia posible. Efectivamente, se trataba de un cuadro de Goya, uno inédito y pintado en los mejores años de la carrera del pintor aragonés. El retrato fue tasado por Sotheby’s entre 7 y 8 millones de euros. "Y Don Valentín pasa de valer unos cientos de miles de euros, en el mejor de los casos, a valer más de seis millones", resume B. a sus dos sobrinos en la grabación.
Pero aquí arranca otro problema. El cuadro podría llegar a venderse por una millonada, suficiente para evitar la quiebra de Aguirre y su marido. Pero antes había que buscar la forma de atribuirle la propiedad para que pudiese ingresar ese dinero de forma legal. El Don Valentín figuraba en una lista de bienes pero nada más, no era suyo. Es entonces cuando se urdió el plan de la donación falsa que ahora ha acabado en los tribunales.
Una donación que jamás existió
La cuñada de Aguirre habla sin tapujos en el audio. "Ya teníamos el bien para afrontar la deuda, pero no era propiedad de vuestro padre". B. explica que el abogado de la familia, José María Rodríguez Ponga, les advirtió de que el hecho de que el Goya figurase en una lista adjunta al testamento de su padre no implicaba que Fernando pudiese disponer de él a su antojo. En ningún sitio figuraba que se lo hubiese legado a él.
"Para que vuestro padre fuera propietario del cuadro tuvimos que inventar una donación que nunca ocurrió". En el minuto cinco del audio la hermana mayor de los Ramírez de Haro relata el fraude. Reconoce que ella y Fernando llevaron a cabo una donación simulada que en realidad nunca se había producido. El abogado se lo recomendó, y ellos acudieron al albacea del fallecido Conde de Bornos, el notario Francisco Javier Cedrón, que validó la treta y elaboró el documento en su notaría en abril de 2012. Íñigo se encontraba entonces destinado en Nueva York como diplomático.
El relato también admite otra mentira que se denuncia en la querella: la fecha de la donación verbal. B. reconoce que el abogado de la familia propuso una fecha con cierto significado para dar apariencia de veracidad al engaño. Se escribió en el documento que la "donación verbal" se produjo el 30 de mayo de 2006, el día de San Fernando, el santo del hijo al que se iba a poner como supuesto heredero de esos bienes, sin ser cierto.
B. llega a contar que hubo que alterar esa lista de objetos metiendo algunos que no estaban inicialmente, e "inflar" el valor de otros para compensar al cuadro de Goya. "Incluso me cuenta tu padre que metió la escopeta de oro del tío P., que ya era suya desde que murió el tío P., porque la heredó directamente". Es decir, que en la lista se incluyeron objetos que ya eran propiedad de Fernando y se modificó el valor real de otros.
Los hermanos fueron firmando ante el albacea el documento de la donación, que ya desveló hace unos meses elDiario.es. Para uno de ellos, G., "fue un verdadero problema de conciencia firmar una mentira. Tanto es así que se negó a firmar. Fue a firmar, se marchó y dijo que él no firmaba". Al final se impuso la familia a la ética y G. regresó al día siguiente para firmar y "salvar a su hermano". Cuando en 2020 el albacea entregó a Íñigo una copia del documento y leyó su contenido, este decidió dirigir la querella también contra él.
Según la cuñada de Aguirre, Fernando estaba "en shock" y apenas jugó un papel en este proceso. Sin embargo, poco antes había admitido su participación al relatar que colaboró en la alteración de la lista de la herencia al incluir, por ejemplo, una escopeta de oro.
Este medio ha contactado con todos los protagonistas de esta historia: Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, B. Rodríguez de Haro, José María Rodríguez Ponga y Francisco Javier Cedrón. Ninguno ha querido contestar a las preguntas de elDiario.es.
El siguiente capítulo consta en el sumario del caso y es de dominio público. En la querella los actores centrales son el albacea y Aguirre, cuyo marido vendió el Goya al empresario Juan Miguel Villar Mir. El empresario y exvicepresidente del Gobierno aceptó el documento simulado y pagó dos millones de euros menos que el precio mínimo tasado por Sotheby’s. Ni la fiscal ni la jueza han ahondado tampoco en este asunto. La operación se hizo en secreto, para que nadie advirtiera que la pintura no se había protegido como Bien de Interés Cultural, lo que obligaba a informar del montante de la venta y por tanto, implicaba que hubiera más ojos sobre toda la operación. Algo que Aguirre y su marido evitaron a toda cosa porque era "muy peligroso desde el punto de vista político y mediático", como admitió la entonces presidenta de Madrid en un mail. Recibieron el dinero, en un cheque, el 27 de julio de 2012.
El documento que prueba el pago de los cinco millones de euros.
La cuñada de Aguirre relata en su audio que Fernando le dijo que renunciaría a la herencia que dejaría su madre cuando muriese, para compensar el dinero del cuadro. Íñigo sostiene en la querella que Fernando le engañó, diciendo que vendería el cuadro en nombre de todos los herederos, pero que a la muerte de su madre repartiría su precio por partes iguales, unos 850.000 euros a cada uno. La madre murió en 2019, pero ese reparto nunca llegó.
El audio de B. trataba de dejar constancia de ese episodio. Al final de la grabación, incluye lugar y fecha –16 de abril de 2019–, como si de un documento oficial se tratara. La Fiscalía tiene ese audio íntegro desde hace más de un año, cuando se abrió esta causa judicial. A pesar de que en esa grabación se reconoce abiertamente el fraude en la donación del Goya, todavía no ha pedido que se investigue nada, y por ahora se ha limitado a comprobar si hay un delito fiscal. Tampoco la jueza ha ahondado en este asunto.
La empresa propiedad de la familia política de Aguirre vendió a la constructora Reyal los terrenos para construir Valdeluz, un proyecto de nueva ciudad junto a la estación del AVE en Guadalajara
Esa operación se realizó en dos fases. En 2002, El Arverjal recibió acciones de una filial de Reyal a cambio de la finca, que se valoró en 43,1 millones. En 2003 y 2004 vendió esas acciones a la constructora por 200,4 millones
El Arverjal aplicó a los beneficios obtenidos la deducción por reinversión, que se realizó en parte en dos sociedades de Luxemburgo
El administrador de la compañía, Ignacio Mencos, se limita a señalar que todas las actuaciones se hicieron “dentro de la legalidad”
A principios de 2017, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), aseguró en el Congreso que para mantener la “cohesión social” era necesario que las grandes empresas realizasen una mayor contribución a las arcas del Estado con el impuesto de sociedades (IS). Aunque el tipo nominal en este tributo se situaba en el 25%, el tipo efectivo (el que realmente se paga) había estado en 2015 en el 7,6%. Un porcentaje muy por debajo del que abonaban las pequeñas y medianas empresas, que era del 18%, y también los trabajadores a través del IRPF, que ascendió aquel año al 17,5% de media. Una situación que no era novedosa, sino que se venía repitiendo año tras año. Las razones para ello son diversas, desde que las grandes empresas pueden contratar a fiscalistas expertos en eso que llaman “optimización fiscal” hasta que la normativa del IS contempla toda una serie de exenciones y deducciones de las que se benefician sobre todo las grandes empresas.
Un ejemplo de manual es lo ocurrido con El Arverjal SL, la sociedad de Micaela Valdés Ozores que dio en 2003 y 2004 un pelotazo de 197 millones de euros con unos terrenos que tenía en Guadalajara. Micaela Valdés es la tía política de Esperanza Aguire (su hermana Beatriz era la suegra de la dirigente del PP). Pese a que el tipo nominal del Impuesto de Sociedades en aquellos años era del 35%, El Arverjal pagó a Hacienda efectivamente menos del 14%.
Una parte del dinero que ingresó El Arverjal salió inmediatamente con destino a dos sociedades de Luxemburgo, tal y como desvela infoLibre en uno de los reportajes del proyecto OpenLux. Esas inversiones en el Gran Ducado sirvieron también a la empresa de Micaela Valdés para pagar menos impuestos en España [puedes leer aquí dicha información y aquí tienes el dossier con las entregas anteriores de OpenLux].
Este periódico ha pedido a dos expertos fiscales que analicen las cuentas de la sociedad de Micaela Valdés entre 1998 y 2019. Su conclusión es que muestran cómo determinadas empresas “van enlazando una tras otra exenciones y deducciones para no tributar, que están en la ley, pero que se aplican de forma que constituyen un claro abuso de la norma”. Tres operaciones concretas, que veremos más adelante, plantean a los expertos dudas legales.
A preguntas de infoLibre, Ignacio Mencos Valdés, administrador de El Arverjal e hijo de Micaela Valdés, se limitó a decir que todas las actuaciones de la empresa se hicieron siempre “dentro de la legalidad” y que emprenderá acciones legales contra quien le acuse de la comisión de defraudar a la Hacienda pública española.
A continuación se analizan las principales actuaciones tributarias llevadas a cabo por El Arverjal para dejar el IS en un tipo efectivo por debajo del 14%.
1. EL DINERO DE LA EXPROPIACIÓN
El Gobierno de Aznar, precisamente en la época en que Aguirre era ministra de Cultura, decidió que el AVE no podía parar en Guadalajara ciudad y eligió en su lugar un páramo a 13 kilómetros, en un pueblo de poco más de 200 habitantes llamado Yebes. Allí tenía varios millones de metros cuadrados de suelo rústico Micaela Valdés, que los había recibido en herencia y figuraban a nombre de El Arverjal.
Cronológicamente, lo primero que se produjo fue la expropiación de los terrenos de El Arverjal donde se iba a construir la estación del AVE de Yebes. El justiprecio por la expropiación ascendió a 1.515.016 euros (252 millones de pesetas de la época), que fueron pagados por el Gobierno en 1999.
Pero El Arverjal no tuvo que incluir ese dinero en el IS de aquel año. Primero se acogió a la “exención por reinversión de beneficios extraordinarios”. Esa reinversión consistía en una construcción, que no se detalla en las cuentas de la empresa, pero sí que su “puesta a disposición” se produjo en el año 2002. Entonces, integró la renta –los 1,51 millones de euros– por el método recogido en el art. 34.1.b) del Reglamento de Impuesto de Sociedades vigente, “esto es, a través de la amortización del elemento patrimonial en el que se ha materializado la reinversión”.
¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que en 2002 incluyó en la renta 29.037 euros y que desde entonces va incorporando cada año 30.300 euros. Y así seguirá hasta el 2051, ya que la construcción se puede amortizar en 50 años.
En otras palabras: dinero que El Arverjal ingresó en su caja en 1999, lo incorporará a su declaración del IS medio siglo después.
Además de disfrutar de dinero sin tributar durante décadas, la sociedad se está beneficiando de otras dos circunstancias. La primera es obvia: el valor de compra de un euro en 2002 nada tiene que ver con el que tendrá ese mismo euro en 2051. La segunda es que el tipo nominal del IS ha bajado de forma considerable desde hace dos décadas, y ahora está en el 25%. Así que los 30.300 euros que El Arverjal incorpore a su IS de 2021, tributarán mucho menos que cuando obtuvo el ingreso y el tipo era del 35%.
2. LA APORTACIÓN DE LA FINCA A UNA FILIAL DE REYAL
El proyecto con los terrenos de El Arverjal incluía levantar una nueva ciudad junto a la estación del AVE, que se denominó Valdeluz, planificada para acoger hasta 34.000 personas, aprovechando que el viaje en alta velocidad hasta Madrid se podría hacer en poco más de 25 minutos. Todo ello en un momento en que el precio de la vivienda en Madrid crecía desbocado en pleno boom inmobiliario.
El Ayuntamiento de Yebes, en manos entonces del PP, recalificó los terrenos de El Arverjal en 2001. Y la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por José Bono (PSOE), dio el visto bueno al proyecto al año siguiente. De levantar Valdeluz se encargaría Construcciones Reyal, cuyo principal propietario era por cierto Rafael Santamaría, uno de los mejores amigos de Bono.
En definitiva, Reyal tenía que adquirir los terrenos ya recalificados de El Arverjal para levantar allí Valdeluz. Pero en vez de una compraventa de la finca realizaron una operación más compleja, para lo que utilizaron una filial de la constructora denominada Las Dehesas de Guadalajara SL, constituida el 16 de febrero de 2001.
El 10 de mayo de 2002, El Arverjal suscribió una ampliación de capital de Las Dehesas de Guadalajara SL por importe de 43,12 millones de euros, mediante la aportación de la finca en Yebes donde se iba a construir Valdeluz. Y a cambio de transmitir la propiedad de los terrenos recibió el 49% del capital de Las Dehesas de Guadalajara.
De nuevo, tal y como explica El Arverjal en sus cuentas del año 2002, se acogió a una exención para no tributar en el IS por la transmisión de la finca a Las Dehesas de Guadalajara: “Esta aportación no dineraria se ha acogido al régimen especial establecido en la Ley del Impuesto de Sociedades para las fusiones, escisiones, aportación de activos y canje de valores previsto en el Capítulo VIII de dicha ley”.
Pero la empresa de Micaela Valdés en absoluto pensaba dedicarse a la promoción inmobiliaria en Valdeluz. Así que se deshizo rápidamente del 49% del capital que tenía en Las Dehesas de Guadalajara. En 2003 le vendió a Reyal acciones por un precio total de 168.374.535 euros y al año siguiente por 32.096.808 euros.
En resumen, El Arverjal no vendió directamente la finca a Reyal, sino que realizó esa operación en dos partes: en 2002 aportó los terrenos a una filial de la constructora a cambio de un paquete de acciones valorado en 43,12 millones, y en 2003 y 2004 le vendió esas acciones a Reyal por un total de 200,47 millones.
Ambas partes pactaron que el pago de los 200,47 millones se haría entre 2003 y 2006. En concreto, El Arverjal se embolsó 9,5 millones en 2003, 38,8 millones en 2004, 49,5 millones en 2005 y 102,6 millones en 2006.
En esta operación, los expertos fiscales consultados por infoLibre coinciden en destacar dos cuestiones. La primera es que El Arverjal valorase en 2002 la finca en 43,12 millones (al aportarla a la filial de Reyal), pero que en 2003 y 2004 ingresara por ella 200,47 millones (al vender las participaciones de dicha filial). “La diferencia es abismal y el valor de mercado de los terrenos no pudo multiplicarse por 4,6 en un año. Para llegar a una conclusión fehaciente habría que analizar todos los documentos de las diferentes transacciones, pero con lo que figura en las cuentas de las sociedades implicadas es evidente que las cifras no cuadran”, destacan.
El segundo asunto problemático es la exención por reinversión aplicada por El Arverjal. “También en este caso habría que ver los documentos para alcanzar una conclusión firme, pero la normativa del IS establecía que los elementos patrimoniales objeto de la operación debían permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo al menos siete años, algo que no parece haber ocurrido”.
3. LAS DEDUCCIONES POR REINVERSIÓN DE LOS 200 MILLONES
En 2003 y 2004, El Arverjal se anotó como “beneficios en enajenación de inmovilizado” un total de 200,75 millones. La práctica totalidad correspondía a la finca de Yebes. Antes de que su suelo rústico fuese recalificado como urbano, todos los bienes de la empresa estaban valorados en 3,21 millones de euros, así que el beneficio mínimo atribuible a la operación relacionada con el AVE es de 197 millones.
Los más de 200 millones que ingresó El Arverjal entre 2003 y 2006, según figura en sus cuentas de esos ejercicios, fueron “reinvertidos por la entidad por medio de la adquisición de acciones y participaciones sociales representativas del capital de sociedades mercantiles en porcentajes superiores al 5%, así como por medio de la adquisición de otros elementos del inmovilizado material”. Y, por tanto, se acogió a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios contemplada en la ley.
En esos cuatro años, El Arverjal adquirió acciones hasta en 18 sociedades diferentes. A las que más dinero destinó fueron Valmenta Simcav (85 millones), Valmenta Inversiones SCR (49,9 millones) y Eprec SA (25 millones). Esta última era una sociedad de Luxemburgo. En el listado de inversiones también aparece otra compañía radicada en el Gran Ducado, el fondo DB Real Estate Iberian Value Added I SA SICAR, creado por Deutsche Bank y al que El Arverjal declaraba haber aportado 5,01 millones de euros en 2006 (en años posteriores la inversión llegaría hasta 6,75 millones).
En definitiva, la empresa de Micaela Valdés envió a dos sociedades de Luxemburgo una parte del dinero conseguido gracias al pelotazo en Valdeluz (30,01 millones a finales de 2006), y esa inversión le sirvió al mismo tiempo para pagar menos por el impuesto de sociedades en España.
El caso de Eprec plantea la tercera cuestión problemática en las cuentas de El Arverjal. En 2006, al detallar el importe de la renta acogida a la deducción por reinversión, se atribuyen 25 millones a la sociedad luxemburguesa. En ese momento, el capital de Eprec era de 45 millones, que estaba suscrito pero solo parcialmente desembolsado. De hecho, en 2015, los socios de la compañía decidieron cancelar 16,5 millones de capital que estaban pendientes de aportar. Así que el capital máximo desembolsado que ha tenido Eprec es de 28,4 millones, del que el 50% pertenecía en 2015 a El Arverjal.
Es decir, El Arverjal se acogió a deducciones en 2006 por una inversión de 25 millones en Eprec, pero en realidad su aportación al capital de esta compañía no superó los 14,2 millones. Los expertos fiscales consultados por infoLibre indicaron que El Arverjal, al producirse en 2015 la cancelación de capital en Eprec, tenía que haber hecho un ajuste fiscal en su declaración del IS. Algo que no consta en las cuentas de la compañía. Ignacio Mencos, por su parte, se ha negado a aclarar este asunto.
4. EL TIPO EFECTIVO PAGADO POR EL ARVERJAL
El análisis de la memoria que acompaña a las cuentas anuales presentadas por El Arverjal en el Registro Mercantil permite comprobar cuánto pagó realmente entre 2003 y 2006 por el Impuesto de Sociedades. La respuesta es que abonó en total 27,5 millones de euros (1,17 en 2003, 4,92 en 2004, 6,85 en 2005 y 14,63 en 2006).
En esos cuatro años declaró en total unos beneficios antes de impuestos de 210,7 millones. Al menos 197 millones corresponden directamente al pelotazo con los terrenos de Guadalajara. En relación con esta última cantidad, los 27,5 millones abonados en el IS supondrían un 13,9%. En realidad, lo correcto es hacer ese cálculo respecto al resultado total antes de impuestos, en cuyo caso la cifra baja al 13,0%. Todo ello en unos años donde el tipo nominal era del 35%.
Los ministros de Hacienda sin duda saben que en la normativa del Impuesto de Sociedades existen múltiples exenciones y deducciones, de las que se pueden aprovechar sobre todo las grandes empresas. Así que no dejan de ser sorprendentes declaraciones como aquellas de Montoro en 2017, pidiéndoles que contribuyan más. Como si lograr eso no estuviera en manos del Gobierno, por la sencilla vía de eliminar dichas exenciones y deducciones. Ninguno lo ha hecho.
Micaela Valdés y su hijo crearon en 2006 Eprec SA y suscribieron 20 millones de capital. Acababan de multiplicar su fortuna tras la decisión del Gobierno Aznar de poner una estación del AVE en un descampado de su propiedad
En Eprec participaron, uno como accionista y otro como administrador, dos de los financieros que se convirtieron en 2009 en socios del exministro Michavila en el ‘family office’ MdF
La familia Valdés también invirtió en 2005 en un fondo creado por el Deutsche Bank en el Gran Ducado, en cuyo accionariado coincidió con Sandra Ortega
El dinero enviado a compañías de Luxemburgo le sirvió para pagar menos impuestos en España
Micaela Valdés entró en 2013 en una tercera sociedad de Luxemburgo llamada Shark Capital SA, cuyo principal accionista era una firma controlada desde Belice y que ahora pertenece al empresario malagueño Andrés Martín Caba
Las posibilidades de convertirse en multimillonario gracias a unos terrenos rústicos en una zona despoblada de la provincia de Guadalajara son a priori escasas. Pero hay gente con suerte. Por ejemplo, Micaela Valdés Ozores, la tía política de Esperanza Aguirre. El Gobierno de José María Aznar decidió que era buena idea que el AVE de Madrid a Barcelona, en vez de detenerse en Guadalajara capital, lo hiciera en un descampado a 13 kilómetros de distancia y mal comunicado por carretera con el resto del mundo. Así fue como se construyó la estación de Yebes y se planificó una nueva ciudad para 34.000 habitantes, Valdeluz. Todo ello en terrenos que pertenecían a una sociedad de Micaela Valdés Ozores denominada El Arverjal SL. El resultado ha sido el siguiente: la familia política de Aguirre dio de forma inmediata un pelotazo de 197 millones de euros, una de las ramas de la Púnica se lucró con la construcción de un colegio, la estación del AVE de Yebes no tiene prácticamente pasajeros y Valdeluz se convirtió en una especie de ciudad fantasma símbolo del hundimiento del ladrillo en España durante la Gran Recesión.
Micaela Valdés Ozores es dueña de más del 80% de las acciones de El Arverjal y el resto pertenece a sus hijos. Uno de ellos, Ignacio Mencos Valdés, se encarga de la administración de la sociedad. Tras la recalificación en urbanos de los terrenos rústicos en Yebes, El Arverjal ingresó por ellos 200,4 millones de euros entre 2003 y 2006, de acuerdo con la documentación mercantil de la compañía consultada por infoLibre. Una parte de ese dinero lo sacó inmediatamente de España con destino a Luxemburgo. En 2005 decidió invertir 6,75 millones de euros en un fondo creado allí por el Deutsche Bank y a principios de 2006 constituyó en el Gran Ducado la sociedad Eprec SA y suscribió acciones por importe de 20 millones. Esas inversiones en Luxemburgo le sirvieron a El Arverjal para reducir los impuestos pagados en España [en esta información se detalla cómo redujo la empresa su factura fiscal].
En 2013, El Arverjal entró en el capital de una tercera sociedad en Luxemburgo: Shark Capital SA. Esta compañía se había constituido un par de años antes y su principal accionista era una firma que estaba controlada desde el territorio caribeño de Belice y que ahora pertenece al empresario malagueño Andrés Martín Caba.
infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre las sociedades luxemburguesas de Micaela Valdés y familia en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, está publicando una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes el dossier con las entregas anteriores de la serie].
EL PELOTAZO DEL AVE
El 23 de enero de 2006, cuatro familias constituyeron en Luxemburgo la sociedad Eprec SA con 45 millones de capital. El Arverjal de Micaela Valdés suscribió acciones por 20 millones; Norvo, holding financiero e inmobiliario gestionado por Daniel Gómez García, puso 10 millones; la familia Cavestany Corsini también invirtió 10 millones y una firma de las Islas Vírgenes Británicas comprometió los 5 restantes. Esta última compañía estaba representada por el financiero español Javier Muguiro.
En conversación con infoLibre, Muguiro se atribuye la paternidad de la idea de montar Eprec: “En 2005 había gran liquidez y las familias españolas no tenían vehículos para diversificar sus inversiones inmobiliarias fuera de España. De hecho, la idea era crear un club de inversión de un reducido grupo de familias. Se trataba de vehiculizar, a través de una compañía luxemburguesa, perfectamente declarada y sujeta al Impuesto sobre Sociedades en Luxemburgo, el pool de inversores que querían unirse al proyecto. El citado proyecto no era otro que llevar a cabo inversión inmobiliaria de calidad en Alemania principalmente, Bélgica y Reino Unido”.
Muguiro asegura que la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas pertenecía a un ciudadano sudamericano, cuyo nombre no desvela “por confidencialidad”, y que él simplemente actuó como su representante en el acto de constitución de Eprec. Además, desvincula aquella operación de MdF, el family office –entidad que gestiona grandes patrimonios– donde trabaja desde 2009 y cuyo rostro más conocido es el exministro del PP José María Michavila. Y ello a pesar de que otro de los socios de MdF es el mismo Daniel Gómez que fue uno de los cuatro fundadores de la luxemburguesa Eprec. “Daniel era amigo desde hacía muchísimos años. No era cliente mío ni había hecho ninguna inversión conmigo, pero siendo un importante inversor inmobiliario tenía sentido la diversificación. La mejor prueba de que no existía relación con MdF es que esta sociedad ni siquiera existía, se creó tres años después”, explica Muguiro.
Entre las personas con “liquidez” a principios de 2006, una destacada era sin duda Micaela Valdés Ozores. Nacida en 1934 en Madrid en una familia de la nobleza que ostenta el marquesado de Casa Valdés, es la tía política de Esperanza Aguirre (su hermana Beatriz era la suegra de la dirigente del PP). El Gobierno de Aznar había decidido en 1998, precisamente en la época en que Aguirre era ministra de Cultura, que el AVE no podía parar en Guadalajara ciudad y eligió en su lugar un páramo a 13 kilómetros, en un pueblo de poco más de 200 habitantes llamado Yebes. Allí tenía 3,4 millones de metros cuadrados de suelo rústico Micaela Valdés, que los había recibido en herencia y figuraban a nombre de El Arverjal. El Ayuntamiento, en manos entonces del PP, recalificó los terrenos en 2001. Y la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por José Bono (PSOE), dio el visto bueno al proyecto al año siguiente. La idea era levantar una nueva ciudad junto a la estación del AVE, que se denominó Valdeluz, planificada para acoger hasta 34.000 personas, aprovechando que el viaje en alta velocidad hasta Madrid se podría hacer en poco más de 25 minutos. Todo ello en un momento en que el precio de la vivienda en Madrid crecía desbocado en pleno boom inmobiliario. De levantar Valdeluz se encargaría Construcciones Reyal, cuyo principal propietario era por cierto Rafael Santamaría, un íntimo amigo de Bono.
Cuando Interviú publicó en 2003 la primera información sobre el pelotazo que El Arverjal iba a dar con sus tierras de Guadalajara, Ignacio Mencos Valdés admitió que sin la estación del AVE no se les habría ocurrido construir allí miles de viviendas. “Nos vimos un poco obligados. El GIF [Gestor de Infraestructuras Ferroviarias] comenzó a expropiarnos terrenos y eso nos empujó a plantearnos construir en nuestras tierras”, declaró a la revista el hijo de Micaela Valdés y administrador de El Arverjal. Además, negó que su parentesco con Aguirre les hubiera beneficiado, con un argumento ciertamente peculiar: “No nos ha afectado para nada la relación familiar con Esperanza Aguirre, entre otras cosas porque estamos en otra comunidad autónoma”. O sea, según lo que podríamos denominar la tesis Mencos, en España las influencias se detienen en las fronteras autonómicas. En todo caso, Aguirre siempre negó que la construcción de Valdeluz le hubiese beneficiado a ella, a su marido o a su suegra –que tenía tierras en el municipio de Chiloeches, próximo a Yebes– y recomendaba preguntar a Bono por la recalificación del suelo de El Arverjal.
Pese a las declaraciones de Ignacio Mencos, su familia no decidió construir en aquellas tierras. Nada más lejos de la realidad. Lo que hizo El Arverjal fue aportar en 2002 la finca a una filial de Construcciones Reyal –Las Dehesas de Guadalajara SL– y vender las acciones recibidas a cambio de forma inmediata a la propia Reyal, a través de dos contratos firmados en 2003 y 2004. De acuerdo con esos contratos, El Arverjal se embolsó 9,5 millones en 2003, 38,8 millones en 2004, 49,5 millones en 2005 y 102,6 millones en 2006. El páramo de suelo rústico se había transformado en 200,4 millones de euros. Antes de la recalificación, todos los bienes de El Arverjal estaban valorados en 3,2 millones. Así que el pelotazo se puede cifrar en algo más de 197 millones. Los Valdés eran una familia con enorme “liquidez”, como diría Javier Muguiro.
Parte de esa liquidez salió rápidamente con destino a Luxemburgo, donde los Valdés se convirtieron en accionistas mayoritarios de tres empresas del grupo Eprec. En enero de 2006 constituyeron la matriz (Eprec SA), cuatro meses más tarde Eprec Investments Sàrl y en verano de 2007 compraron una compañía que tenía un edificio en Berlín y a la que rebautizaron como Eprec Bundesallee Sàrl. En esta última, por cierto, participaba con un 5% una firma que había creado Javier Muguiro en Alemania, llamada Achievers Family Office SL & Co K.G. “Era un requisito que establecía en aquel momento la legislación alemana, que al menos un 5% del capital estuviera en manos de una compañía local, y yo les hice el favor a las cuatro familias fundadoras de Eprec de constituir dicha sociedad en Alemania. Pero el dinero lo pusieron las familias”, rememora Muguiro.
En septiembre de 2007, Eprec SA entró en el mercado inmobiliario de Bélgica con la compra de las sociedades Estaks Properties NV, Immo Waterloo SA e Immo Wavre Office Parc SA, dueñas de sendos edificios en aquel país.
Si uno atiende a las cuentas oficiales presentadas en el Registro de Luxemburgo, las inversiones de Eprec SA fueron una ruina. En 2009, al inicio de la Gran Recesión, la compañía ajustó sus activos depreciándolos en 11,7 millones (lo que equivalía a más del 50%), dos años más tarde tuvo unos gastos extraordinarios de 9,7 millones y en 2013 se declaró en concurso la filial Eprec Bundesallee Sàrl. ¿Qué pasó? El inmueble en Berlín estaba alquilado a dos cajas de ahorro locales, que quebraron, y Eprec Bundesallee Sàrl no consiguió arrendarlo de nuevo. “Eprec estaba muy apalancada en esa inversión, no pudo pagar la deuda y el banco malo alemán se terminó quedando con el edificio”, señala Muguiro.
Mucho más lacónico se mostró Ignacio Mencos, quien respondió con un mensaje escrito de cinco líneas a la veintena de preguntas que le planteó infoLibre, en el que se limita a destacar que todas las inversiones inmobiliarias de El Arverjal en el extranjero se han realizado “dentro de la más absoluta legalidad”. En relación con Eprec SA, Mencos asegura que se encuentra “en liquidación”. En el Registro Mercantil de Luxemburgo no hay de momento rastro de tal circunstancia [puedes consultar al final de esta información las preguntas no respondidas por Ignacio Mencos]. Este 27 de junio de 2021, como principal beneficiaria de Eprec SA en el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo figuraba Micaela Valdés Ozores, con un 43,4% del capital.
El Arverjal fue sin duda la gran beneficiada por la decisión de montar una estación del AVE en el medio de la nada. Pero no la única. También sacó tajada la trama de corrupción conocida como Púnica, liderada presuntamente por Francisco Granados, durante años el número tres de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Una de las ramas de la investigación judicial se centra en la adjudicación de colegios concertados, a través de Alfedel SL, una de las sociedades de la trama. Pues bien, uno de los colegios bajo investigación es Luz de Yebes, que puso en marcha Alfedel y de cuya construcción se encargó Obrum, otra compañía de la Púnica. Por cierto que, como desveló infoLibre, padres de ese colegio avisaron en 2009 por carta a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal de sus sospechas de corrupción. No recibieron respuesta.
Valdeluz, por su parte, se quedó en ciudad fantasma. Un lugar que los grandes medios internacionales ponían como símbolo del derrumbe del ladrillo en España. En 2008 se habían construido 2.000 pisos, la primera de las cuatro fases y 9.350 viviendas previstas. En la localidad estaban empadronadas 312 personas. En la actualidad la población está ligeramente por encima de los 3.000 habitantes, gracias a que el desplome de los precios atrajo a nuevos pobladores. En 2015 se vendían viviendas de tres dormitorios y dos baños por 110.000 euros, menos de la mitad del precio por el que salieron al mercado inicialmente. Tampoco hay aglomeraciones en la estación del AVE, que en 2017 tuvo una media de 213 viajeros al día. Construcciones Reyal, por último, protagonizó una de las principales quiebras de una empresa en España. ¿La gran perjudicada? Hacienda. En 2020, Reyal Urbis era la primera en la lista de morosos que publica anualmente la Agencia Tributaria. Debía a todos los españoles 343 millones de euros.
EL SOCIO MALAGUEÑO DE LOS VALDÉS
La supuesta mala experiencia con Eprec SA, no fue óbice para que Micaela Valdés Ozores entrase en otra sociedad de Luxemburgo dedicada también a las inversiones inmobiliarias en diferentes países de Europa: Shark Capital SA. El 29 de abril de 2013, El Arverjal suscribió acciones por importe de 1,5 millones en la compañía luxemburguesa. Y a finales de 2015, declaraba tener el 27,27% de Shark Capital, cuyo principal accionista es el empresario malagueño Andrés Martín Caba.
Shark Capital había sido fundada en abril de 2011. Ese año entró en su accionariado Eltato Sàrl, una sociedad del Gran Ducado que pertenecía al grupo español Mazabi. Y también Bovent SA, otra compañía con sede en Luxemburgo, que había sido fundada pocos meses antes y cuyo accionista único era una firma de Belice. El propietario único de Bovent SA, según consta en el Registro de Titularidades Reales, es Martín Caba.
infoLibre habló el pasado miércoles con el empresario malagueño –que entre otros negocios explota en Estepona el aparcamiento Zapallito–, quien repitió insistentemente que “no entendía” por qué sus empresas de Luxemburgo eran objeto del interés informativo de este periódico. Ante la pregunta sobre su relación con la sociedad de Belice que era accionista única de Bovent SA, primero negó tajantemente cualquier relación con el país caribeño y luego indicó que no le constaba, pero que en todo caso preguntaría a su asesor fiscal. Sin embargo, no volvió a contestar a los mensajes de infoLibre. Durante la conversación telefónica aseguró que todas sus inversiones relacionadas con Bovent SA estaban "declaradas ante la Agencia Tributaria española". Martín Caba se encontraba de viaje en Dubái, precisamente en compañía de Ignacio Mencos.
Mencos, por su parte, en el mensaje escrito de cinco líneas con el que respondió a las preguntas de este periódico, indicó que “El Arverjal dejó de ser accionista de Shark hace dos años”. En 2019, se produjo efectivamente algún movimiento accionarial en la sociedad de Luxemburgo. Salió del capital El Arverjal y entró la socimi [sociedad inmobiliaria que cotiza en bolsa] Silicius, cuyo presidente es… Ignacio Mencos. Unos años antes, en 2016, El Arverjal ya había segregado la rama de negocio de arrendamiento de inmuebles –valorada en 35,5 millones– y la había aportado a Silicius. En definitiva, salió del capital de Shark una empresa de los Valdés y entró en el accionariado otra donde participa esa familia.
Silicius está gestionada por la entidad vasca Mazabi, cuyo consejero delegado es Juan Antonio Gutiérrez Hernando, quien por cierto también es el presidente del consejo de administración de Eprec SA. A preguntas de infoLibre, un portavoz de Mazabi explicó que el objetivo de Shark Capital es “la inversión en inmuebles que generan rentas estables”. Actualmente tiene inmuebles en Londres, Ámsterdam y Luxemburgo, y también ha contado con edificios en Lisboa y Edimburgo. “Los impuestos se pagan en el país donde está ubicado el inmueble. Por operatividad y conocimientos jurisdiccionales, se fijó la sede en Luxemburgo”, indicó el citado portavoz. Por último, señaló que en 2019 Silicius había adquirido el 29% del capital de Shark Capital SA, un porcentaje similar al que vendió ese año El Arverjal. El portavoz de Mazabi se negó a confirmar si se trataba de la misma operación.
En las últimas cuentas presentadas, correspondientes al ejercicio 2020, Shark Capital SA valoraba sus activos en algo más de 10 millones de euros. El 15 de marzo de 2021, la empresa actualizó la información que consta en el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo e indicó que el principal beneficiario de la sociedad es Andrés Martín Caba, quien controla el 34,95% del capital. En la declaración anterior, realizada en 2019, el empresario malagueño tenía un porcentaje prácticamente idéntico (el 35,08%), mientras que Micaela Valdés figuraba con el 25,72%.
LA PRIMERA INVERSIÓN EN LUXEMBURGO
Antes que en Eprec SA y en Shark Capital SA, Micaela Valdés Ozores ya había realizado una primea inversión en Luxemburgo a través de un fondo creado por el Deutsche Bank y denominado DB Real Estate Iberian Value Added I SA SICAR. Constituido en diciembre de 2005, logró captar 134,8 millones de euros, entre ellos al menos 6,75 millones comprometidos por El Arverjal.
En el accionariado de dicho fondo, los Valdés coincidieron con otros conocidos millonarios españoles. Tal y como desveló infoLibre en una entrega anterior de OpenLux, una de las inversoras fue Sandra Ortega, la mujer más rica de España gracias al 5% que controla en el imperio Inditex. También habían puesto dinero la familia Martínez Zabala, propietaria de Bodegas Faustino; Guillemo Mesonero-Romanos, ex presidente de Puleva y con socios variopintos como Javier López Madrid en una ingeniería o Juan Luis Cebrián en una petrolera, ambas ya quebradas, o la familia Sarasola Jáudenes, uno de cuyos miembros –Borja– fue un estrecho colaborador de Ignacio González, expresidente madrileño detenido como presunto capo de una organización criminal que se enriqueció con el cobro de comisiones y mano derecha durante una década de Esperanza Aguirre.
El fondo luxemburgués de Deutsche Bank realizó inversiones inmobiliarias en Portugal, a través de dos filiales. La primera era otra sociedad domiciliada en el Gran Ducado –QPL Lux Sàrl–, que adquirió el Penha Longa Hotel & Golf Resort, un cinco estrellas gestionado por Ritz-Carlton en la localidad de Sintra. La segunda era la compañía lusa Silcoge, donde tenía como socio a una de las principales promotoras inmobiliarias de Portugal (Grupo Sil), que llegó a tener en su cartera de activos una veintena de propiedades en el área de Lisboa. Tanto QPL Lux Sàrl como Silcoge estuvieron a punto de quebrar en 2012, pero finalmente lograron que los bancos refinanciaran sus cuantiosas deudas. En 2018 el fondo vendió el hotel de Sintra y ahora continúa en la fase de venta de sus activos, puesto que tiene que estar liquidado como muy tarde en diciembre de 2022.
Pese al extraordinario fenómeno que le ha ocurrido a Micaela Valdés Ozores, sigue siendo cierto que a priori no existen muchas posibilidades de convertirse en multimillonario gracias a un páramo en la provincia de Guadalajara. Pero también es verdad que hay familias capaces de transformar un descampado en 197 millones de euros. En el caso de los Valdés, parte de ese dinero salió rápidamente con destino a Luxemburgo, una especie de segunda patria económica (cuando no la primera) de muchos ricos españoles. Esas inversiones en Luxemburgo sirvieron además a los Valdés para pagar menos impuestos en España.
EL EXALCALDE DE MAJADAHONDA ASEGURA ANTE EL JUEZ DE PÚNICA QUE ES "IMPOSIBLE" QUE AGUIRRE DESCONOCIERA LA CAJA B DEL PP
El antiguo regidor de Boadilla, González Panero, desliza que la expresidenta medió en una adjudicación a Villar Mir a petición de éste. Coincide con Guillermo Ortega en que el tesorero del PP de Madrid no actuaba por libre
El que fuera alcalde de Majadahonda por el Partido Popular entre 2001 y 2005, Guillermo Ortega, ha declarado este jueves ante el juez del caso Púnica que resulta "imposible" que la entonces presidenta del partido a nivel regional y jefa del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, desconociera el sistema de financiación irregular de la formación.
Ortega es uno de los tres testigos que han declarado hoy en la pieza de la financiación irregular del PP madrileño, donde Aguirre está imputada. Su testimonio llega en un momento clave, toda vez que el plazo para finalizar la instrucción del caso Púnica finaliza el próximo 27 de agosto.
Los alcaldes del PP madrileño que conseguían donaciones irregulares para las campañas de la formación a nivel local pedían a Aguirre que llamase a los donantes personalmente para darles las gracias, ha añadido en su declaración el exregidor de Majadahonda, según fuentes presentes en la misma. Ortega cumple en Soto del Real una condena de 38 años y tres meses de cárcel por el caso Gürtel.
Ortega ha reconocido en la Audiencia Nacional que la empresa pública del Mercadeo de Toledo era una de las que desviaba dinero para las campañas del PP. El juez, según las citadas fuentes, le ha recordado que él era quien estaba al frente de la citada sociedad pública y que si seguía por ese camino su declaración acabaría implicándose a sí mismo en una pieza en la que acudía como testigo. Esos contratos con empresas de Púnica reportaron a las sociedades casi tres millones de euros, de los que una parte fueron a parar al partido de forma irregular.
También este jueves ha prestado testimonio Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla, quien ha asegurado ante el magistrado Manuel García-Castellón que Esperanza Aguirre controloba todo en el partido, si bien ha precisado que él desconoce cualquier tema relacionado con la presunta financiación irregular. González Panero está procesado en otra pieza de Gürtel de Boadilla que todavía está por juzgar.
Como Ortega, González Panero ha dejado patente durante toda su declaración que no es factible que la responsabilidad de la caja B fuera del gerente de la formación en Madrid, Beltrán Gutiérrez, en el que Aguirre descargó toda la responsabilidad en su declaración como investigada del 18 de octubre de 2019. Panero ha dicho que Beltrán Gutiérrez y Aguirre tenían una relación de "confianza absoluta".
González Panero ha asegurado que "jamás" recibieron del partido una consigna acerca de respetar el límite máximo de la ley electoral y que a veces recibían de la formación instrucciones sobre cómo debían redactar los pliegos para las adjudicaciones públicas que aprobaba el ayuntamiento. "Cueste lo que cueste", solía decir Esperanza Aguirre a su subordinados sobre los proyectos, ha dicho González Panero sobre la forma de proceder de la expresidenta del PP regional y de la Comunidad de Madrid. También se extendió en detalles sobre el carácter de la presdienta: si no le agradaba algo había que cambiarlo. Un ejemplo fueron las rontondas del pueblo, "que no le gustaban nada".
El exalcalde de Boadilla ha contado un asunto concreto relacionado con la construcción del tren ligero a su localidad. Según él, el presidente de OHL trasladó a Aguirre que la obra adjudicada a su empresa se estaba "disparando" de precio y le pidió que le "echasen una mano". Faltaba por adjudicar el intercambiador de transportes y Villar Mir pidió esa adjudicación, ha declarado González Panero, para compensar el sobrecoste del tren. "Mira que va a llamar…", le dijo a uno de sus colaboradores Aguirre, en referencia a la empresa de Villar Mir. Finalmente se construyó un intercambiador mucho más grande del que se precisaba y que a día de hoy, explicó el regidor al juez, es utilizado en un 5% de su capacidad.
La tercera testigo en declarar ha sido Isabel Jordán, administradora de cuatro empresas de Francisco Correa. Jordán, ya condenada en la trama Gürtel, ha ratificado en la Audiencia Nacional el escrito que envió a las fiscales Anticorrupción en el que describía las reuniones de los lunes por las mañanas entre los principales colaboradores de Aguirre y a través de los cuales la presidenta conocería el sistema de la caja B para las campañas. Isabel Jordán ha reconocido que ella no estuvo presente en esas reuniones y que las conocía a través de terceros.
https://www.eldiario.es/politica/exalcalde-majadahonda-asegura-juez-punica-imposible-aguirre-desconociera-caja-b-pp_1_6094762.htmlESPERANZA AGUIRRE TELEFONEABA A EMPRESARIOS DONANTES PARA AGRADECER SUS MORDIDAS, SEGÚN UN TESTIGO
El exalcalde del PP en Majadahonda, Guillermo Ortega, afirma ante el juez que tanto Aguirre como Ignacio González llamaban a los empresarios donantes para agradecerles su colaboración con dinero negro para las campañas electorales
El exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado por el caso Gürtel, ha comparecido este jueves ante el instructor del caso Púnica en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y ha incidido en la supuesta responsabilidad de la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en la financiación ilegal del PP en la región.
Ortega ha comparecido como testigo y por tanto, con obligación de decir verdad, y ha asegurado que en la campaña electoral posterior al tamayazo en 2003, y en comicios sucesivos, tanto Esperanza Aguirre como su sucesor en la presidencia, Ignacio González, telefoneaban personalmente a los empresarios donantes de fondos en b para sus campañas electorales, con el objetivo de agradecerles su aportación. Ortega ha añadido que si le mostraran la documentación sobre la supuesta financiación ilegal de la época, podría identificar nombres de empresarios, vinculados sobre todo con la construcción y promoción de viviendas, que recibieron las llamadas de agradecimiento.
Tanto el propio Ortega como otros alcaldes del Partido Popular, según su testimonio, actuaban como recaudadores entre los empresarios y llevaban después los fondos a la sede regional, ubicada en el mismo edificio que la central: en la madrileña calle de Génova 13. Los empresarios querían asegurarse de que los fondos llegaban a sus destinatarios. De ahí, según Ortega, las llamadas personalizadas de los dirigentes
El Instituto IMADE, tapadera de la financiación ilegal
Ortega tuvo que apartarse de la alcaldía de Majadahonda en 2006 como consecuencia de las primeras sospechas de corrupción, pero Aguirre le colocó al frente del Instituto Madrileño de Desarrollo IMADE en Puerta de Toledo, donde permaneció hasta 2009. El exalcalde ha asegurado que este instituto era una simple tapadera para la financiación ilegal del PP, que obtenían con sobrecostes ficticios de contratos públicos, para destinarlos con posterioridad a un "fondo" negro del partido.
Tanto Ortega como los otros dos testigos de este jueves, el también exalcalde del PP en Boadilla, Arturo González Panero, y la empleada de la Gürtel, Isabel Jordán, han aseverado que Aguirre estaba al corriente de todo en la financiación ilegal y que "nada se movía sin ella".
Aguirre amañó una adjudicación para Villar Mir
González Panero ha añadido que la expresidenta del PP y de la Comunidad de Madrid llegó a manipular la adjudicación del intercambiador de Boadilla para favorecer a uno de los supuestos donantes del PP, el expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Ha manifestado que Villar Mir se quejó en 2006 de los sobrecostes de la obra del metro ligero, y pidió una nueva para compensar. Según González Panero, la expresidenta Aguirre llamó "a una persona de su confianza" y el intercambiador de Boadilla fue "adjudicado a dedo a OHL".
Este exalcalde también ha desmentido a Aguirre al asegurar que la relación de la expresidenta madrileña con el imputado exgerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez Moliner, era "muy estrecha y cordial". Aguirre dijo al juez que prácticamente, no le conocía.
https://cadenaser.com/ser/2020/07/09/tribunales/1594321377_725615.htmlUN EXALCALDE CONDENADO EN 'GÜRTEL' INCRIMINA A AGUIRRE EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL, EL DESVÍO DE FONDOS Y LA COMPRA DE FAVORES
Guillermo Ortega, antiguo regidor de Majadahonda, declara ante el juez de 'Púnica' que le informaron en 2007 de cómo un constructor acababa de entregar 60.000 euros Aporta un escrito donde detalla que se inflaban facturas y se desviaban fondos "para mejorar la imagen del PP y de la propia Aguirre comprando favores de periodistas y medios de comunicación por medio de campañas institucionales Se ofrece a identificar pagos amañados por la empresa pública que dirigió tras dejar la alcaldía y desvela que Avalmadrid concedió préstamos al dueño de una de las empresas que hizo campañas fantasma de publicidad para la Comunidad de Madrid
El exalcalde de Majadahonda y condenado a 38 años de cárcel en el caso Gürtel, Guillermo Ortega, lanzó este jueves desde la Audiencia Nacional un auténtico misil que empeora la situación de Esperanza Aguirre como imputada en la Operación Púnica por la supuesta financiación ilegal del PP en Madrid. Declarando en calidad de testigo a petición propia, Ortega aportó datos que, a tenor de juristas que asistieron a su comparecencia, investigará el juez de inmediato. Nada se hacía sin el conocimiento de Aguirre, fue la línea central de su declaración. El dinero se desviaba para mejorar la imagen del partido y de la propia presidenta. Y se hacía también "comprando favores de periodistas y medios" mediante campañas institucionales. Así lo dejó escrito Ortega en un demoledor escrito aportado a la causa y al que ha tenido acceso infoLibre.
El antiguo regidor y dirigente del PP madrileño desarrolló en su declaración el contenido de ese escrito, redactado en prisión y que ya está en poder de la Audiencia Nacional. Ortega dijo haber visto en 2007 y a través de una cristalera cómo Aguirre se reunía en un despacho de la sede de Génova con un visitante además de con el tesorero histórico del partido, Álvaro Lapuerta, y el número dos del PP de Madrid y ahora imputado en Púnica, Francisco Granados. Cuando acabó el encuentro, narró el exalcalde, Granados salió y le informó de que se trataba de un constructor, cuyo nombre ha dicho no recordar, que había entregado 60.000 euros para el partido. Aguirre, y ese fue uno de los puntos clave de su discurso, lo controlaba absolutamente todo.
Las facturas, explicó, se hinchaban para que el adjudicatario de un contrato no lo cobrase todo y quedase siempre parte del dinero a modo de remanente para el partido. "¿Como un fondo de armario?", le preguntó el juez, Manuel García Castellón. Ortega asintió e hizo suya la expresión: el partido siempre disponía de un "fondo de armario" para sus campañas y otras necesidades.
"Aquello era una máquina de gastar"
Ortega reconoció que no vio físicamente aquellos supuestos 60.000 euros. Pero quienes conocen la causa esgrimen otro dato de los aportados durante su declaración por el exalcalde como señal de que realmente piensa seguir dando información. Y es este: este jueves prometió que si le muestran las cuentas del Mercado Puerta de Toledo SA, identificará sin dificultad los contratos con sobrecoste para financiar al partido. Su escrito aportado a la Fiscalía Anticorrupción abunda en esa línea: Parte de las facturas "eran infladas para poder desviar fondos a los que la Presidencia de la Comunidad de Madrid estimase conveniente". "Aquello –dice el texto de Ortega– era una máquina de gastar, sin ningún género de dudas con el conocimiento de Esperanza Aguirre".
Ya extinguida, Mercado Puerta de Toledo SA era la empresa pública de la Comunidad de Madrid que Ortega pasó a dirigir una vez que en 2005 abandonó el Ayuntamiento de Majadahonda tras una bronca por una operación urbanística que ya entonces presagiaba el futuro estallido del caso Gürtel. Esa empresa formaba parte del frondoso árbol societario cuyo tronco se llamaba Imade. Es decir, uno de los grandes organismos de la Comunidad de Madrid que, según los investigadores, utilizó el PP para financiarse con dinero público.
A través del Imade, se lee en el escrito de Ortega, "se desviaban fondos para la mejora de la imagen del PP de Madrid, el Gobierno regional y la propia imagen de Esperanza Aguirre, comprando favores de periodistas y medios de comunicación por medio de campañas institucionales".
En Avalmadrid había que "aprobar préstamos 'recomendados por Aguirre'"
Otra de las revelaciones de Ortega afianza la idea de que posee mucha información que está dispuesto a darle al juez. Y es la relativa a Avalmadrid, la controvertida sociedad de garantía recíproca sobre la que infoLibre destapó una operación que afecta a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Pues según Ortega, dado que el Imade era "parte de Avalmadrid como socio" había que acudir los miércoles por la tarde a los consejos [de administración] "para aprobar préstamos 'recomendados-avalados' por la misma Esperanza Aguirre".
Avalmadrid, prosigue el texto, hizo préstamos a empresas de Juan Miguel Madoz, figura muy relevante en la investigación sobre la financiación del PP. Madoz era la cabeza visible de Swat, la firma a la que la investigación del caso señala como responsables de millonarias campañas de publicidad institucional que nunca existieron y que solo servían para desviar dinero al partido."Yo –añade el escrito– estuve en una reunión en la que el señor Madoz se reunía con un directivo de una agencia de medios (...) y se distribuían las cuñas de radio y anuncios de medios de prensa, creando bolsas para su posterior utilización en lo que se estimase oportuno por parte de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Borja Sarasola [exconsejero y antiguo dirigente del PP madrileño], entre otros". A renglón seguido, Ortega dispara contra quien fue delfín y luego sucesor de Aguirre: "Ignacio González era la mano ejecutora de Esperanza Aguirre".
Además de Ortega declaró también Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte y pendiente de sentarse en el banquillo en otra pieza del caso Gürtel. Panero también identificó a Aguirre como la persona que manejaba todos los hilos en el PP pero, según todas las fuentes consultadas, su declaración careció de la contundencia desplegada por Ortega.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/10/los_dos_alcaldes_108720_1012.html
UN EXALCALDE ASEGURA QUE AGUIRRE CONTROLABA LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID
Guillermo Ortega, exregidor de Majadahonda, afirma que la expresidenta madrileña "conocía el origen no declarado de los fondos"
El excalde de Majadahonda del PP, Guillermo Ortega, ha asegurado este jueves ante el juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, que participó en 2007 en una reunión de regidores del partido en Madrid en el que Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama y entonces dirigente del partido, les pidió que recaudaran un millón de euros entre empresarios para cubrir las deudas provocadas por la campaña electoral de aquel año. Ortega, actualmente en la prisión de Soto del Real (Madrid) para cumplir una condena de 38 años y tres meses por su implicación en la primera etapa de trama Gürtel, afirmo que él consiguió dinero entre constructores y lo llevó en metálico a la sede del partido en la calle Génova. El exalcalde también afirmó que “el candidato” luego llamaba a los empresarios que habían dado el dinero para agradecerles “la donación” y que, de esta manera, supieran que los fondos habían llegado al PP
Ortega, el también exalcalde del PP Arturo González Panero y la exempleada de la trama Gürtel Isabel Jordan comparecían en la Audiencia Nacional como testigos en la pieza del caso Púnica en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid después de que enviaran sendas cartas a la Fiscalía Anticorrupción en las que coincidían en apuntar a Aguirre como supuesta conocedora de la financiación irregular del partido en la región. El exalcalde de Majadahonda ha sido el más contundente en su declaración contra la expresidenta, según coinciden en señalar fuentes jurídicas presentes en su declaración.
Así, ha afirmado que, tras invitarle a abandonar la alcaldía, Aguirre le colocó como gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, desde la que ha asegurado que inflaba las facturas para desviar fondos a la caja b del partido para las compañas electorales. El exalcalde ha asegura que en alguna reunión la propia Aguirre y su entonces vicepresidente, Ignacio González, le agradecieron esta labor recaudatorio. Ortega también ha afirmado que dicha práctica se repitió supuestamente en el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), dependiente de la Comunidad de Madrid.
Durante su testimonio, el exalcalde ha afirmado que en una ocasión que se encontraba en la sede del partido fue testigo de cómo el entonces tesorero del PP nacional, Álvaro Lapuerta, ya fallecido, le entregó a Aguirre y a Granados un sobre con 60.000 euros supuestamente donados por un constructor. “Esperanza Aguirre conocía el origen no declarado de los fondos utilizados en la campaña electoral de 2003 a la Asamblea”, ha afirmado.
Por su parte, González Panero, procesado en la pieza del caso Gürtel referida a Boadilla del Monte, donde fue alcalde, se ha desmarcado de la financiación de su partido e insistido en que cuando a él le llamaban para que recaudara dinero, se negaba. González Panero sí ha recalcado que en el PP de Madrid era Aguirre “la que daba las directrices de todo” y que el partido nunca puso límites a los gastos electorales. Por su parte, Isabel Jordan se ha limitado a asegurar que las empresas de la trama Gürtel a veces subcontrataban servicios a las sociedades del publicista Daniel Horacio Mercado, encargado de organizar actos de las campañas electorales del PP madrileño para las autonómicas de 2003, 2007 y 2011 en las que Aguirre encadenó tres mayorías absolutas. Jordan ha admitido que ella nunca fue “testigo directo” de ninguna entrega de dinero.
https://elpais.com/espana/2020-07-09/un-exalcalde-asegura-que-aguirre-controlaba-la-financiacion-irregular-del-pp-de-madrid.html
EL JUEZ ALARGA DOS MESES EL CASO PÚNICA TRAS EL VIRUS Y FIJA EL FIN EL 27 DE AGOSTO
El magistrado del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha reactivado el procedimiento en el que se investiga una presunta caja b en el PP madrileño y ha fijado el próximo 27 de agosto como fecha final de la instrucción. Se trata de una decisión que adopta el juez un día después de que se reanuden los plazos procesales, paralizados tras decretarse el estado de alarma el 14 de marzo. De este modo, da impulso a una de las principales causas de corrupción y determina que prorrogará los plazos 82 días más, que son los mismos que ha estado paralizada la causa por la crisis sanitaria.
La trama que salpica a exdirigentes del PP madrileño como Francisco Granados, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, contaba con fecha límite el 6 de junio, es decir, este mismo sábado. La Sala de lo Penal fijó este plazo corrigiendo el criterio del instructor, que en un principio estableció 2022 como tope máximo para terminar de instruir un caso considerado por la Fiscalía Anticorrupción como "extremadamente complejo". Ahora, el magistrado plasma su criterio en una providencia de este mismo viernes recogida por La Información, en la que aclara que alargará la instrucción única y exclusivamente el tiempo que ha estado paralizada.
Igualmente, da impulso a parte de las pesquisas que se quedaron en el aire, como es el caso de la investigación relativa a los negocios de la trama en Valdemoro, epicentro de la red. El instructor se hace eco de la decisión de la Sala de lo Penal de reabrir esta parte de la macrocausa, tal y como pidió Anticorrupción, y ordena practicar las diligencias que solicitaron las fiscales. Aunque consideró en un principio que esta pieza no tenía más recorrido al estar los hechos prescritos, la Sala dio la razón a Anticorrupción y dijo que la investigación por el PGOU de 2004 en la localidad de la que fue alcalde Granados así como las adjudicaciones del consistorio del que era edil Granados no está prescrita.
Requerimiento a Fundescam
García Castellón vuelve a requerir a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) para que responda acerca de unas diligencias solicitadas por Cifuentes. Las pesquisas realizadas desde el estallido de esta causa en 2014 demuestran que este organismo se habría empleado por los acusados para desviar fondos públicos a la caja del PP madrileño. Cifuentes, por su parte, negó en su interrogatorio ante el juez el pasado mes de octubre la existencia de una financiación paralela a la oficial en la formación y rechazó irregularidades de la fundación de la que fue patrona Esperanza Aguirre. De hecho, aportó un listado de nombres que habrían formado parte de la fundación, entre los que incluyó al actual presidente del PP, Pablo Casado, líder entonces de las Nuevas Generaciones (NNGG) de la formación.
Prueba de que el magistrado pisa el acelerador para tener la causa instruida en dos meses, es que libra oficio a expertos del Ministerio de Fomento y de Hacienda para que informen de las pericias acordadas en esta causa "a la mayor brevedad posible". Además, tiene pendiente volver a citar en sede judicial a testigos propuestos por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza que investiga la presunta caja b de la formación. El parón judicial dejó en el aire las declaraciones del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; su homólogo en Boadilla del Monte Arturo González Panero (conocido como 'el Albondiguilla') e Isabel Jordán, esta última exempleada de una de las empresas de Francisco Correa, quienes en un principio fueron llamados a declarar los pasados 14 y 15 de abril.
El futuro de Aguirre, en el aire
Durante este tiempo se han ido presentado escritos al juzgado como el aportado recientemente por Manuel Lamela. El exconsejero del Gobierno de Madrid pidió el archivo de su causa desvinculándose de la presunta red del 1% que habrían aplicado los acusados a la licitación de obras de hospitales y centros de salud en la Comunidad de Madrid. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, por su parte, declinó la petición y apuntó que los hechos que se indagan en esta pieza son "graves" y están relacionados con una trama de corrupción que tiene "múltiples ramificaciones". A diferencia de Lamela, el presidente de Prisa Javier Monzón si obtuvo el archivo definitivo de la Sala de lo Penal, la cual respaldó al instructor y consideró que no pesaba sobre él ningún indicio de delito por presuntas irregularidades en Indra.
Con todo, los investigadores acelerarán para dar por terminado el caso que arrancó en octubre de 2014 con la detención de Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, además de ediles de varias localidades de Madrid. La causa ha ido creciendo estos años hasta desgajarse en un total de 11 piezas que aglutinan más de un centenar de acusados. Algunas de ellas están casi terminadas, como la relativa a Alfedel (sobre presuntos amaños en la adjudicación de construcción de colegios) o Cofely (que salpica a una decena de municipios madrileños por adjudicaciones irregulares a la firma francesa). Otras, como la presunta caja b del PP madrileño siguen todavía su curso y mantienen la lupa en la presunta responsabilidad penal que pudieron tener en estos hechos Esperanza Aguirre y Cifuentes.
https://www.lainformacion.com/espana/juez-alarga-punica-fin-27-agosto/2807033/UNA COLABORADORA DE FRANCISCO CORREA, A LAS FISCALES DE PÚNICA: "ESPERANZA AGUIRRE TENÍA EL CONTROL DE TODOS LOS PROYECTOS"
Los dos meses y medio que restan para agotar el plazo de instrucción del caso Púnica servirán para dilucidar si la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre pasa de investigada a procesada por la financiación irregular del PP madrileño o se archiva la causa contra ella. Una de las diligencias que tiene acordadas hasta entonces el juez, a petición de Anticorrupción, es la declaración de Isabel Jordán, quien fuera administradora de cuatro empresas de la trama Gürtel. En un escrito remitido a las fiscales del caso, al que ha tenido acceso eldiario.es, Jordán asegura que Aguirre “tenía el control de cada uno de los grandes proyectos, de la toma de decisiones importantes e incluso de las menos importantes”.
Esperanza Aguirre figura como investigada en la pieza 9 del caso Púnica, el que concentra los indicios de financiación irregular del PP de Madrid obtenidos en el marco de la citada investigación y también a través del caso Lezo. La presidenta del partido entre 2004 y 2016 conocería y estaría al frente de la trama de financiación irregular de la formación local y de los cuatro mecanismos utilizados para inyectar al partido fondos ajenos al circuito legal: las partidas de publicidad de las consejerías para lo que se llegó incluso a cambiar la ley, los contratos del departamento de Transportes y Presidencia de Francisco Granados, las subvenciones a Fundescam y las licitaciones de las empresas públicas ICM y Canal de Isabel II pilotadas por Ignacio González.
Con condenas en las piezas de Gürtel que suman más de veinte años y pendiente de nuevos juicios, Jordán lleva meses colaborando con la justicia. En el escrito remitido a Anticorrupción que ha motivado su citación, la antigua colaboradora de Francisco Correa habla de su participación en reuniones semanales con miembros del Gobierno regional y otros colaboradores de Esperanza Aguirre y concluye: “Todos los que trabajábamos en su círculo, ya sea desde Gabinete, Protocolo, Prensa, Consejeros, empresas... teníamos conciencia y sabíamos que ella era la que tenía el control".
Jordán debía haber declarado el pasado mes de abril, pero la suspensión de la actividad judicial obligó a fijar su comparecencia para este martes. Tampoco hoy se realizará. Estaba previsto que las declaraciones de Púnica tras el confinamiento se retomaran el lunes con la declaración de exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, pero el volumen de investigados en la causa, representados en la sala por sus abogados, no han permitido respetar las medidas de seguridad y ha sido necesario recurrir a la videoconferencia. El sistema telemático de la Audiencia Nacional tampoco ha asumido el volumen de asistentes de forma remota. En previsión de que este martes ocurriera lo mismo, la declaración de Jordán y de Arturo González Panero, exregidor de Boadilla del Monte, han vuelto a ser aplazadas.
Jordán ha explicado por escrito a las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez quién acudía y en qué consistían las reuniones de “maitines”. Se trataba de repasar la agenda semanal de Aguirre con la asistencia de sus jefes de gabinete, prensa y protocolo, el vicepresidente Alberto López Viejo y los jefes de gabinete de las consejerías implicadas en los actos de la presidenta madrileña, incluso el responsable de una empresa externa que trabajaba para la web de la Comunidad de Madrid. “Dichas reuniones estaban establecidas los lunes a primera hora y se encuentran documentadas en la causa del Gürtel. En esas reuniones se establecían estrategias para sacar más rentabilidad a la imagen de la sra. presidenta, doña Esperanza Aguirre, LA JEFA. Era así como se le llamaba entre todo el equipo de maitines, protocolo y círculo más cercano”, relata Jordán.
La administradora de Gürtel describe una actividad más cercana al marketing publicitario que a la política. “El fin principal de estas reuniones consistía en potenciar su imagen, estableciéndose medidas estratégicas para lograr la mayor rentabilidad mediática a través de la prensa nacional y regional, TV, radios, web de la Comunidad, internet (...). El fin principal siempre fue que la Sra. Esperanza Aguirre fuera noticia diaria, y vender su imagen de poderosa política, para también de paso afianzarse dentro del Partido Popular”, afirma.
La línea de defensa de Esperanza Aguirre ante el juez consistió en desvincularse de cualquier gestión económica del PP madrileño y atribuir el nombramiento del gerente, Beltrán Gutiérrez, a Génova. El hallazgo de un pendrive en poder de Gutiérrez fue el hilo del que tiraron los investigadores para llegar a la financiación irregular del PP madrileño. La declaración de Jordán contradice esa afirmación de Aguirre intentando separarse de cualquier adjudicación, también de aquellas susceptibles de participar en el sistema de la financiación irregular.
Los caprichos que obligaban a saltarse la legislación
Isabel Jordán dice que Esperanza Aguirre decidía cuestiones como cambiar una trasera para un evento “porque el color no le favorecía”, improvisar una tribuna para público frente a las autoridades en la festividad del 2 de mayo, pese a que no estaba presupuestada, o cambiar el diseño del Belén de la Puerta del Sol en el último momento para que estuviera partido en dos y el público pudiera pasar entre ambas partes. “Este cambio, tendría otro presupuesto porque habría que cambiar todo, diseño, mas material, más iluminación, mas attrezzo, más espacio, sin contar si había presupuesto o no, o si se podía hacer o no, era su decisión y así se ACATABA”.
La antigua administradora de las empresas de Correa explica por qué no se respetaba la legislación en determinadas adjudicaciones. “Con el fin de potenciar la imagen de la Sra. Da Esperanza Aguirre, se hacían continuos eventos, que podrían llegar a una media de 2 ó 3 eventos al día, lo que podía suponer, más de 600 eventos al año. La inmensa mayoría de ellos organizados en escaso periodo de tiempo, incluso con tan solo 24 ó 48 horas de anticipación, sin respetar las normas administrativas sobre concursos públicos, y por supuesto con gastos por evento, superiores a 12.000€ y 18.000€, según los límites de licitación respectivos marcados por Ley”, describe.
En la misma línea de desvincularse de cualquier adjudicación, Aguirre negó ante el juez la versión del propio afectado, Daniel Horacio Mercado, en la que la presidenta habría dado indicación, ante todos sus consejeros, de contratar con el empresario argentino. Ella aseguró en la Audiencia Nacional que Mercado se pasó un momento “de noche” a mostrarles el logotipo de una campaña bautizada como “Madrid, la suma de todos”. Jordán asegura en su escrito que Mercado, con cuyas empresas colaboraban las de Correa, “alardeaba de tener muy buenas relaciones” con las distintas consejerías del gobierno madrileño.
Para apoyar sus afirmaciones, Isabel Jordán adjunta correos entre las empresas de Correa y las de Mercado. En uno de ellos, un colaborador de éste último, Javier Rodríguez, envía a Jordán los pliegos para realizar una carpa publicitaria de la Consejería de Sanidad cuando las empresas del argentino ya tenían un contrato anual para cubrir todos los eventos de este departamento. “OVER (la empresa de Mercado) tenía acceso a los concursos antes que nadie, así como la información relativa a los mismos, además de que estos eventos acabaron haciéndolos ellos con otras empresas pantalla como la empresa MQM”, asegura Isabel Jordán.
Las empresas de Correa, según describe Jordán, se aliaban con Over para concurrir a concursos que nunca ganaban, pero que sí se llevaba otra propuesta detrás de la que también estaba Mercado.
https://www.eldiario.es/politica/Paco-Correa-Punica-Esperanza-Aguirre_0_1038346905.htmlEL JUEZ DESOYE AL EXCONSEJERO 'DÍSCOLO' DE AGUIRRE Y LE MANTIENE EN PÚNICA POR EL 1%
Pese a encontrarse prácticamente al término de la instrucción, el caso Púnica todavía se mantiene abierto y las diligencias siguen su curso, especialmente en la parte relativa a la presunta financiación irregular del PP madrileño. Por ese motivo, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha declinado archivar la causa para el exconsejero Manuel Lamela, a quien se le vincula con la presunta trama del 1% con la que el entonces Gobierno regional habría desviado cerca de 4 millones de euros.
En un auto al que ha tenido acceso este diario, el instructor del procedimiento declina acceder a la petición del exconsejero de Sanidad al que Anticorrupción le atribuye la autoría de esta cláusula que se habría aplicado en las licitaciones de todos los hospitales y centros médicos de la comunidad en aquel entonces. El magistrado sostiene que los hechos que se investigan en esta pieza novena de la macrocausa "son graves" y están relacionados con una trama de corrupción que tiene "múltiples ramificaciones" y que sigue bajo la lupa de los investigadores pese a que debería estar terminada el próximo 6 de junio.
Precisamente, la imputación de Lamela se produjo ya en la última fase del caso, el pasado mes de septiembre, coincidiendo con la de su exjefa Esperanza Aguirre o la de Cristina Cifuentes, entre otros. Su interrogatorio, que se celebró en octubre del año pasado, era uno de los más esperados puesto que de lo que él dijera en sede judicial iba a depender en gran medida el futuro judicial de la exmandataria regional. Tal y como estaba previsto, el político no esquivó el asunto y situó a Aguirre en una reunión de 2004 en la que habría nacido esta presunta red de corrupción, aunque no le atribuyó el peso de la trama que sí descargó sobre el exconsejero Alberto López Viejo, condenado por su implicación en Gürtel.
Órdenes de contratación
Lamela respaldó en cierto modo la postura de Anticorrupción, la cual basó gran parte de su actuación contra Aguirre en el famoso encuentro mantenido en 2004 en el que se habría dado órdenes concretas para que las diversas consejerías contrataran con el entramado de Daniel Horario Mercado. Acerca de este asunto, Lamela expuso que efectivamente se le invitó a presenciar este encuentro celebrado en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol en el que participaron además los políticos más cercanos de la expresidenta, como son Francisco Granados e Ignacio González, ambos imputados en el caso.
Según dijo entonces Lamela, nunca se les impuso ninguna contratación sino que "se les invitó" a adjudicar los asuntos sobre publicidad y comunicación a Over Marketing, de Mercado. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción sostiene una versión muy diferente de los hechos ocurridos en aquel encuentro de principios de 2004 y lo sitúa como el origen del entramado que investiga la Audiencia Nacional desde hace seis años. El Ministerio Público pidió la imputación de Lamela asegurando que se dieron "instrucciones" concretas de adjudicación y que además ese movimiento fue un "ardid" para que las consejerías dejaran de ser independientes en lo que respecta a las licitaciones y las mismas pasaran a ser supervisadas por el entonces vicepresidente Ignacio González.
El exconsejero popular también se desliga de la cláusula del 1% que se habría aplicado a los contratos a los que licitaron más de una treintena de empresas. Todos los protagonistas de esta historia han negado la existencia de dicho porcentaje vinculado a la publicidad, aunque Anticorrupción ha mantenido abierta esta nueva línea de investigación los últimos meses a tenor de toda la documental aportada por la Comunidad de Madrid. Según sostienen las fiscales al frente del caso, esta dinámica está ligada a la puesta en marcha del 'Plan Infraestructuras Sanitarias 2004-2007' que financió la construcción de hospitales en la Comunidad los años en que Lamela fue consejero de Sanidad.
No son hechos prescritos
Las fiscales alegan que estos contratos estaban firmados por el popular si bien Lamela vuelve a insistir en su escrito al juzgado que no guarda relación alguna con ese asunto. En respuesta, el magistrado razona que "en este momento, vista la documentación intervenida y las declaraciones practicadas, concurren elementos objetivos y subjetivos suficientes que permiten mantener la investigación" en su contra. Además, el instructor responde a una de las pretensiones a la que van a apelar muchas defensas por la duración de la causa. Según recalca, y pese a que la Sala ordenó que este caso estuviera instruido a más tardar el 6 de junio, los plazos de prescripción "aún no han sido agotados".
Ello se justifica en el parón que acordó el CGPJ tras declararse el estado de alarma el 14 de marzo por la crisis del coronavirus. La suspensión de los plazos procesales implica que las semanas en las que la actividad judicial ha quedado reducida a los servicios esenciales, no computarán en el plazo de instrucción. Ello implica que la causa, pese a ser una de las más viejas de la Audiencia Nacional tras su estallido en octubre de 2014, se alargará previsiblemente el mismo tiempo que ha estado parada. Un hecho que podría llevar a confrontación puesto que mientras algunas defensas aluden a delitos prescritos y a dilaciones indebidas, la Fiscalía podría pedir más margen de instrucción si mantiene el criterio de poner los contadores a cero.
https://www.lainformacion.com/espana/juez-exconsejero-aguirre-punica/6570895/
EL JUEZ CITA A TRES TESTIGOS QUE CERCARÁN A AGUIRRE ANTE LA FALTA DE INDICIOS DE LAS FISCALES
Guillermo Ortega e Isabel Jordán, condenados a 38 y 21 años de prisión por Gürtel, y Arturo González Panero, procesado que se enfrenta a 40 años de prisión, están dispuestos a tirar de la manta a cambio de mejorar su situación personal
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado, como le pidieron las fiscales del caso Púnica, citar a declarar como testigos de la causa a los condenados por corrupción en Gürtel Isabel Jordán, ex administradora de las empresas de Francisco Correa, y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid). También al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, procesado por recibir más de 600.000 euros en regalos por parte de Correa a cambio de adjudicaciones a su trama, según acusa Anticorrupción, y para el que se piden 40 años de prisión en el juicio todavía sin fecha de Gürtel en dicho municipio madrileño.
Se trata de una de las últimas balas de las responsables del Ministerio Público Teresa Gálvez y Carmen Cerdá para mantener como investigada en la pieza 9 de la causa a la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2007 y 2011, puesto que la instrucción debe acabar en junio y aunque existen indicios de un presunto sobrecoste de las campañas del Partido Popular a través de fondos públicos y de amaños con empresarios, ninguno de ellos involucra directamente a la ex presidenta madrileña.
El instructor García-Castellón imputó a Aguirre (junto con los también ex presidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes) el pasado 2 de septiembre y consideró en su auto, muy similar a los informes de la Fiscalía, que fue ella quien «ideó» la financiación ilegal del PP de Madrid para «fortalecer su figura política».
En dicho auto se consideró que esos fondos no permitidos por ley para sus actos de campaña que «llegaron a superar en más del 50% el límite del gasto permitido» se consiguieron por medio de pagos de empresarios a los que después se benefició con adjudicaciones públicas y por medio de la denominada cláusula del 1%. Un porcentaje de publicidad en los contratos de organismos de la Comunidad de Madrid que supuestamente se asignaron siempre a dos o tres empresas elegidas por el PP madrileño para desviar fondos públicos.
La reunión de Correos
El dato más concreto que recoge el auto de imputación del juez contra Aguirre es su participación en una reunión en la sede del Gobierno madrileño, la Real Casa de Correos, en el año 2004. Durante ésta, en la que estaban ella, su jefa de Gabinete Isabel Gallego, los ex consejeros Francisco Granados y Manuel Lamela, el ex presidente Ignacio González y el ex diputado Alberto López Viejo, se habría indicado que Over Marketing, de Daniel Horacio Mercado, sería una de las empresas de Publicidad con las que contratar siempre, atribuyéndole a Aguirre dicha indicación.
Precisamente Mercado, juzgado por la corrupción de Baleares alrededor de Jaume Matas, pactó también con el Ministerio Público contar lo que supiera sobre las presuntas adjudicaciones a dedo a sus empresas por parte de gobiernos del PP para financiar sus campañas por la puerta de atrás. Fue quien delató a Aguirre y afirmó que ella instó a contratarle en tal reunión.
Sin embargo, cuando el ex consejero Lamela declaró ante el juez García-Castellón sobre estos hechos, responsabilizó de tal contratación a la jefa de Gabinete de Aguirre, Isabel Gallego, y no a ella. No existe registro documental alguno de dicha reunión ni lo decidido allí dentro, por lo que se trata de la declaración de Lamela contra la de Mercado.
Buscan reducir sus penas
Ahora, el juez ha acordado que declaren los próximos 14 y 15 de abril Guillermo Ortega, Isabel Jordán y Arturo González Panero, más conocido como El Albondiguilla, por los datos que puedan conocer de la presunta financiación irregular de las campañas del PP y las relaciones con los empresarios que la habrían facilitado.
Se da la circunstancia de que los tres testigos propuestos por las fiscales son muy favorables a tirar de la manta para mejorar su situación personal. Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, fue uno de los condenados a una pena más alta en la sentencia de Gürtel Época I, con 38 años de prisión.
Panero, por su parte, se enfrenta a una pena de prisión de 40 años y 9 meses en el juicio de Gürtel Boadilla para el que aún no hay fecha. En la línea de colaborar con la Justicia para conseguir una petición de pena menor en esta causa, ya declaró ante el juez De la Mata en la instrucción de la caja B del PP o Papeles de Bárcenas implicando a Mariano Rajoy y al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al que afirmó que informó de las presiones del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, para que contratara a las empresas que él dijera por indicación de Rajoy. El PP andaluz anunció una querella contra él después de su declaración en sede judicial.
Pedreira ya tuvo las facturas
Isabel Jordán, condenada a más de 20 años de prisión entre Gürtel I y Fitur, lleva tiempo colaborando con la Fiscalía. Desde otoño, disfruta del tercer grado penitenciario.
En el informe en el que las fiscales del caso pidieron su declaración el pasado 3 de marzo al que ha tenido acceso El Independiente, exponen ante el juez que es para que aclare la adjudicación de un contrato público en 2006 desde el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) a la empresa Marketing Quality Management (MQM) a la que estuvo vinculada.
Según el informe de la Fiscalía, «el objeto de dicho contrato habría sido indiciariamente ficticio o estaría sobrevalorado como forma de desviar dinero público desde las arcas de Imade. La diligencia solicitada va dirigida va dirigida a recabar indicios probatorios sobre los hechos investigados y determinar la participación de los responsables de los mismos».
En 2010, el juez Pedreira ya recibió documentos de la empresa MQM con la Comunidad de Madrid y consideró que apuntaban más a una «irregularidad administrativa»
En el año 2010, el instructor por entonces del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ya recibió un gran volumen de los contratos y documentos de la empresa MQM con la Comunidad de Madrid y consideró que apuntaban más a una «irregularidad administrativa» que a hechos delictivos.
Panero implica a Beltrán Gutiérrez
En cuanto al informe para solicitar la declaración de Panero, las fiscales reprochan al juez que no la acordara hace unos meses, cuanto éste presentó una querella ante la Fiscalía Anticorrupción con «hechos que de ser ciertos serían constitutivos de delito, y en concreto relata actuaciones vinculadas a otro de los investigados en la causa, Beltrán Gutiérrez. Llega a decir el denunciante: ‘Se financiaba con dinero público las diferentes sedes locales'», afirman las fiscales.
«Consideramos también de interés la declaración como testigo de Arturo González Panero ya que en la denuncia presentada en la Fiscalía aporta datos que pueden ayudar a esclarecer los hechos investigados en otras líneas de la causa, y en concreto en lo relativo al plan PRISMA, venta de parcelas municipales o el posible amaño de la adjudicación del contrato para la construcción del metro ligero a Boadilla. En la denuncia aportada a la Fiscalía relata de nuevo la reunión del investigado Francisco Granados con 20 alcaldes a los efectos de que recaudasen fondos para el partido y la posible participación del investigado Beltrán Gutiérrez», se afirma en el escrito que finalmente acepta el juez.
https://www.elindependiente.com/politica/2020/03/11/el-juez-cita-a-tres-testigos-que-cercaran-a-aguirre-ante-la-falta-de-indicios-de-las-fiscales/ESPERANZA AGUIRRE Y SU MARIDO RECIBEN EL ALTA TRAS CUATRO DÍAS INGRESADOS POR CORONAVIRUS
Ambos se encuentran en su domicilio y en buen estado de salud tras recuperarse en el hospital
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de Haro, han recibido el alta tras cuatro días ingresados en el hospital Fundación Jiménez Díaz tras dar positivo en la prueba del Covid-19, según recoge Europa Press. Ambos ya se encuentra en su domicilio y su estado de salud es bueno.
La propia Aguirre, de 68 años, ha transmitido en su cuenta de Twitter que ha salido del hospital y ha manifestado su agradecimiento hacia el centro público en el que ha estado ingresada. También ha querido mandar “un mensaje de esperanza” a quienes sean diagnosticados: “Con la ayuda de nuestros magníficos médicos, enfermeras y todos los sanitarios se sale adelante".
La exidirigente popular -presidenta de la región entre 2003 y 2012- es una de los miembros del Partido Popular de Madrid que han contraído Covid-19. También ha dado positivo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, y su homóloga en Medio Ambiente, Paloma Martín.
La Comunidad de Madrid ha sumado en las últimas 24 horas 865 nuevos casos y 242 fallecimientos por coronavirus. En total, los fallecidos ascienden a 1.263, y los casos confirmados, a 10.575, de los que 942 están en UCI. Las instalaciones del Palacio de Hielo serán usadas de morgue, según se ha anunciado tras conocerse que la Funeraria Municipal de Madrid no recogerá víctimas de Covid-19 por falta de material para proteger a sus trabajadores. Mientras tanto, prosigue la reorganización del sistema de salud ante la crisis sanitaria: se ha cerrado las urgencias de los ambulatorios y el Gobierno regional ha centralizado los partos en los hospitales La Paz, Gregorio Marañón, Doce de Octubre y Puerta de Hierro-Majadahonda. Y las residencias de mayores siguen siendo uno de los principales focos. Este lunes se ha conocido que el Ejército halló cadáveres de ancianos en varios centros.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-23/esperanza-aguirre-y-su-marido-reciben-el-alta-tras-cuatro-dias-ingresados-por-coronavirus.htmlESPERANZA AGUIRRE Y SU MARIDO, INGRESADOS POR POSITIVO DE COVID-19
Ambos están en un hospital público de la capital
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, de 68 años, y su marido, Fernando Ramírez de Haro, han dado positivo en la prueba de Covid-19, según ha adelantado la Agencia Servimedia, que indica que ambos están ingresados en un hospital público de la capital.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que ambos se encuentran bien. “Me consta que Esperanza Aguirre y su marido están bien. Ella esta mejor, tiene los mismos síntomas que yo y les deseo una pronta recuperación”, ha dicho en una entrevista en Cuatro la mandataria, que permanece en un apartotel tras dar positivo esta semana.
Madrid suma en las últimas 24 horas 1.140 nuevos casos confirmados (6.777 de los 17.147 en todo el territorio nacional), de los que 590 enfermos están en la UCI. Hasta este jueves, 498 personas de la región habían muerto infectados con Covid-19. La Comunidad también tiene la mayor parte de los curados; 941 de los 1.107 dados de alta en España, un 85%.
A los sanitarios les faltan medios y están utilizando “trucos” para protegerse como archivadores, bolsas de basura y guantes de fregar y algunas residencias de mayores están registrando importantes focos, con decenas de internos fallecidos. Este jueves se pone en marcha el primer hotel medicalizado para atender a pacientes leves. La OMS advierte de que, aunque la mayoría de los casos graves se produce en personas de edad, nadie está exento de riesgo. Los fallecidos en España ya son 767.
La región de Madrid ha lanzado una web que permitirá a los usuarios autoevaluar su estado de salud y evitar llamar sistemáticamente a los centros de atención telefónica, desbordados con la crisis del coronavirus. En www.coronamadrid.com, se ofrece un cuestionario para indicar qué síntomas se padecen (tos, fiebre, dificultades respiratorias...), evaluarlas regularmente y recibir en función del resultado las instrucciones y recomendaciones adaptadas a cada caso. También permite geolocalizar al usuario si este lo autoriza, con la intención de organizar mejor los recursos sanitarios para lograr una respuesta más ágil y eficaz en cada caso particular.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-19/aguirre-y-su-marido-ingresados-por-positivo-de-covid-19.html
ANTICORRUPCIÓN ACUERDA CON LA ADMINISTRADORA DE GÜRTEL QUE IMPLIQUE A ESPERANZA AGUIRRE EN EL 'CASO PÚNICA'
El juez García-Castellón cita a Isabel Jordán el próximo 15 de abril para que cuente lo que sabe sobre el papel de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid en los contratos públicos investigados
El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investiga la denominada Operación Púnica ha citado a la administradora de la trama Gürtel, Isabel Jordán, para que declare en calidad de testigo el próximo 15 de abril. La citación tiene lugar después de que Jordán, condenada por varias piezas del caso (la que investigaba el stand de Valencia en Fitur y la Primera Época de la trama), haya acordado con la Fiscalía Anticorrupción explicar los datos que conoce en relación a la contratación por parte de la Comunidad de Madrid de la empresa de eventos Over Marketing. Y especialmente detallar cuál era la intervención de la ex presidenta 'popular' Esperanza Aguirre en estas licitaciones públicas.
Según ha podido saber EL MUNDO a través de fuentes próximas a las conversaciones mantenidas durante los últimos meses entre Jordán y el Ministerio Público, quien fuera una de las personas de máxima confianza de Francisco Correa en sus empresas, está dispuesta a contar que "Aguirre estaba al tanto de todas las contrataciones" con la empresa propiedad del argentino Daniel Mercado, investigado por financiar irregularmente al PP en varias comunidades autónomas como Madrid y Baleares.
No obstante, Jordán tiene previsto precisar que Aguirre, según la información de que dispone, "no se benefició personalmente" de estos contratos "pero sí vio mejorada su imagen". Según el relato que tiene previsto detallar Jordán, cuando las empresas de Correa aterrizaron en la Comunidad de Madrid ya había una serie de entidades dedicadas a la organización de eventos que se adjudicaban los grandes contratos y, entre ellas, se encontraba Over Marketing. De esta forma, según ha explicado Jordán, "había consejerías para las que sólo trabajaba Over" y a las que la empresa Easy Concept de Correa no pudo acceder.
La información de la que dispone esta ex trabajadora del Grupo Correa se debe a que Easy Concept fue utilizada por Over Marketing para presentarse a algunas de las licitaciones y repartirse el negocio posterior por lo que explicará que tuvo información directa sobre estos procesos.
Según Jordán, Aguirre "no se llevó un solo euro" pero los trabajos de estas empresas para la Comunidad de Madrid le permitieron llevar a cabo más de medio millar de eventos al año que le permitieron tener una importante notoriedad social y política. Según las mismas fuentes consultadas por este periódico, Jordán atribuye en esencia a Aguirre una considerable "ambición de poder" pero la exculpa de cualquier tipo de cobro de comisiones o lucro personal.
La del próximo mes de abril no será la primera declaración judicial en la que Jordán aborde el rol de Aguirre en las contrataciones públicas. En noviembre de 2016 durante el primer gran juicio de la trama Gürtel ya dijo que la ex presidenta madrileña buscaba "su posicionamiento a nivel político porque ella era la que salía en los eventos" organizados por las empresas mencionadas anteriormente.
En esta línea recalcó que "el boom de los eventos" tuvo lugar en "2006, cuando llegó a haber hasta dos y tres al día". "Llegamos a trabajar para Aguirre un 25 de diciembre y fines de semana", abundó.
La Fiscalía Anticorrupción también se ha puesto en contacto con el ex alcalde 'popular' de Majadahonda, Guillermo Ortega, que prestará declaración en Púnica un día antes que Jordán, el 14 de abril. Al igual que la ex administradora de Gürtel, será preguntado por la información que dispone de Aguirre. En el mismo sentido declarará Arturo González Panero, ex alcalde del PP de Boadilla del Monte, quien recientemente también ha apuntado en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción que Aguirre tenía "un control absoluto tanto en la Comunidad de Madrid como en el partido; nadie hacía nada importante sin su beneplácito", ha señalado.
Tanto Jordán como Ortega y González Panero buscan con sus nuevas declaraciones un trato favorable por parte del Ministerio Público, tanto en las causas pendientes que tienen algunos de ellos como en régimen penitenciario que tienen Jordán y Ortega.
Estas declaraciones han sido instadas por la Fiscalía Anticorrupción, que intenta de esta manera reforzar los indicios contra la ex presidenta madrileña para intentar procesarla en Púnica. El Ministerio Público dudó durante mucho tiempo si citarla como imputada al considerar que los elementos que tenía contra ella no eran suficientes. En estos momentos considera necesario recabar más testimonios en su contra, a pesar de que negocia con algunos condenados que cumplen ya pena de prisión.
Cabe recordar que Aguirre se encuentra imputada en estos momentos en el 'caso Púnica' después de que la Fiscalía Anticorrupción le haya atribuido su participación en una "red de decisión y ejecución cohesionada" para instrumentar "diversos canales de financiación irregular" en el PP de Madrid. Aguirre negó en su declaración ante el juez Manuel García-Castellón haber autorizado o conocido cualquier tipo de conducta ilegal.
https://www.elmundo.es/espana/2020/03/11/5e681f61fc6c83796c8b458b.htmlLA REFORMA DE AGUIRRE QUE QUITÓ PUNTOS A LAS FAMILIAS POBRES PARA ELEGIR COLEGIO DISPARÓ LA DESIGUALDAD EN LAS AULAS
Un estudio detecta que este cambio, impulsado en 2012 cuando Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid, concentró a los niños y niñas inmigrantes, en mayor medida, y también a las familias con menos nivel de estudios
La política educativa de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid dejó damnificados. Lo constató un estudio científico realizado en 2018 que colocaba a la región como el territorio con más desigualdad en las aulas de España. Ahora, otra investigación detecta un nuevo factor que disparó la segregación en los colegios. El más agresivo, según los investigadores: el cambio en 2012 del sistema de puntos para elegir centro escolar.
Esta medida, que hoy sigue en vigor, fue previa a la implantación de la zona única –lo que permite la llamada libertad de elección fuera del distrito de residencia– y rebajó el tope de ingresos mínimos necesarios para recibir un extra de puntos. En lugar de establecer como límite el IPREM o dos veces el IPREM (con cuatro y dos puntos, respectivamente), se empezó a usar como medidor la Renta Mínima de Inserción, que se da a unidades familiares sin ingresos.
El grupo social que podía beneficiarse del incentivo en los puntos cayó alrededor de un 15%, según ha cuantificado la investigación School Choice Priorities and School Segregation: Evidence from Madrid. "Se pasó de un sistema basado en ingresos a otro que se baremaba sobre una situación administrativa de recepción de ayudas y eso dejó a mucha gente fuera", indica Lucas Gortázar, investigador del Banco Mundial y uno de los autores del estudio.
A la vez, en el baremo que modificó el Gobierno de Aguirre se creó un punto extra por antiguo alumno en la familia. Es decir, una prioridad ajena a la circunstancia socioeconómica que daba ventaja a los niños y niñas cuyas familias habían estudiado en el pasado en ese mismo centro. La suma de estas dos medidas disparó la segregación hasta un 13%, según las conclusiones del estudio, basado en datos oficiales de 2012 a 2016 sobre las familias que solicitan plaza para niños y niñas de tres años en los colegios de la Comunidad de Madrid.
"Si a un grupo social se le reduce la prioridad tiene un efecto en el incremento de la concentración de ese estrato", analiza José Montalbán, otro de los autores del estudio e investigador de la Universidad de Estocolmo. La reforma concentró especialmente a los niños y niñas inmigrantes (13%), aunque también tuvo un efecto de agrupación de menores con padres y madres de nivel educativo bajo (un 3% más).
Un nuevo cambio en 2019... con Garrido
El sistema de baremación se volvió a modificar el año pasado, ampliando el número de puntos por tener hermanos en el colegio o padres y madres trabajando en él. Ángel Garrido, ahora consejero de Transportes de Ciudadanos, era presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo las siglas del PP, donde había sucedido a Cristina Cifuentes. Hasta entonces la familia recibía los mismos puntos si ya había un hijo estudiando que si había dos o tres. Ahora, los 10 puntos se multiplican por el número de estudiantes matriculados. O sea que una familia numerosa con dos niños ya dentro del centro tiene 20 puntos.
Para Comisiones Obreras, esta última reforma siguió profundizando la desigualdad al "homogeneizar el alumnado". "Otra consecuencia es que se expulsa de la zona en la que están estos colegios a los niños y niñas sin hermanos dentro. Esto unido a la dejación en la inversión pública ha conllevado un aumento fuerte del alumnado en la concertada", señala Isabel Galvín, secretaria de Educación de CCOO Madrid. A su juicio, son precisamente estos puntos, vinculados a la familia, "uno de los instrumentos más útiles para convertir los centros en espacios sin diversidad socioeconómica o sociocultural". Teresa Jusdado, responsable de Educación de UGT en Madrid, considera que las "consecuencias de las medidas" no se han aplacado porque los gobiernos de Madrid han seguido aplicando "políticas educativas neoliberales". "Afecta a promociones enteras de alumnado", dice.
Los efectos del último cambio en la baremación no se ha incluido en el estudio, que se apoya en datos hasta 2016. La Consejería de Educación no se plantea introducir ninguna otra modificación por el momento, según confirman fuentes del departamento de Enrique Ossorio a eldiario.es.
La libertad de elección no la ejercen todos
El estudio, en realidad, tenía como objetivo medir el impacto que había tenido el distrito único, la medida estrella de Aguirre en educación que permitió la movilidad del alumnado por toda la Comunidad restando la prioridad para matricularse en el colegio más cercano, pero los investigadores encontraron en el camino un factor de segregación con el que no contaban. "Al final concluimos que hay una especie de fiebre con la zona única que, sin embargo, constatamos que tiene un efecto neutro en la segregación mientras vemos con claridad otras cosas que sí hay que cambiar", explica Lucas Gortázar, investigador del Banco Mundial y otro de los autores.
Según los resultados, permitir a las familias salirse de su distrito tampoco aumenta la igualdad en las aulas al facilitarles la "oportunidad" de estudiar donde quieran, como han argumentado históricamente los dirigentes del PP para defender la reforma. El estudio confirma que los núcleos familiares con más nivel de estudios y de nacionalidad española hicieron más uso de esta libertad de elección en los primeros años desde su puesta en marcha y después se igualó. En cualquier caso, y eso no ha cambiado, siempre son las familias con más nivel adquisitivo las que más reaccionan a estas reformas.
Los investigadores también apuntan a que son este tipo de núcleos con buenos ingresos los que se "benefician" del punto extra por condición de antiguo alumno. "Es una mala idea para igualar las escuelas", manifiesta Gortázar, que subraya que el impacto negativo se produce por la combinación de los dos cambios en la baremación. "El nuevo decreto hizo más restrictivas las condiciones para obtener puntos por bajos ingresos y muchos en riesgo de exclusión se quedaron sin ellos", añade el experto.
Las conclusiones de la investigación confirman que llueve sobre mojado. Un estudio publicado en la Revista de Sociología de la Educación en 2018 revelaba que Madrid es la comunidad autónoma de España cuyas aulas están más segregadas por nivel socioeconómico –a la altura de Hungría o Rumanía– y que el 45% de los alumnos y alumnas de 15 años tendrían que cambiarse de centro escolar para que los institutos tuvieran estudiantes de todas las clases sociales.
El análisis se hizo sobre datos del informe PISA de 2015 y los investigadores, de la Universidad Autónoma de Madrid, establecían una relación directa de esta situación con las políticas educativas aplicadas por los sucesivos gobiernos del PP en la región. "Es la región de España que más ha impulsado la creación de modelos de cuasi-mercado escolar. En los últimos años se ha fomentado decididamente la competencia entre centros y la libre elección de las familias", afirma el análisis, que cita medidas concretas impulsadas por gobiernos del PP: el distrito único, la publicación de ranking entre centros, el modelo bilingüe y la apuesta por la educación privada. La mayoría tienen la marca Esperanza Aguirre.
https://www.eldiario.es/madrid/reforma-Aguirre-familias-colegio-desigualdad_0_994600887.htmlMÁS MADRID DENUNCIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA POR EL PP
Los diputados Mónica García, Pablo Gómez Perpinyà y Eduardo Gutiérrez han presentado dos informes que apuntan delitos de fraude y malversación
Los diputados de Más Madrid Mónica García Gómez y Eduardo Gutiérrez y el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, han denunciado este lunes la "privatización de la sanidad pública" en la región ante el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Han presentado dos informes, uno sobre el la Fundación Jiménez Díaz y otro sobre la construcción de hospitales durante la etapa de Esperanza Aguirre.
Más Madrid considera que el modelo sanitario del Partido Popular "expolió" la sanidad pública madrileña durante años. "Hoy sabemos [en referencia a los informes que han presentado] que las derivaciones a la sanidad privada nos han costado 700 millones de euros hasta el día de hoy a todos los madrileños, y podríamos llegar a los mil millones a finales de año", han afirmado los diputados. "Se podrían haber cometido delitos de fraude, de malversación y de competencia desleal", ha señalado el portavoz de Más Madrid ante la puerta del Tribunal de Cuentas.
En el caso de la Jiménez Díaz. Más Madrid pone de manifiesto el aumento de las deudas pendientes de pago de este centro privado integrado en la red pública. Según Más Madrid, la deuda es exponencial: Si en 2015 ascendía a 58 millones por 22.000 derivaciones de pacientes, en el 2018 llega a los 200 millones de euros por 69.000 derivaciones.
El segundo informe que han presentado los políticos de Más Madrid denuncia lo que considera el modelo de "especulación" por el que se construyeron siete hospitales de gestión privada en la región. El partido habla de "sobrecostes desproporcionados y una nula transmisión de riesgos al sector privado gracias a la ausencia de mecanismos de control reales, que en plena crisis, ha permitido que las concesionarias hayan obtenido unos beneficios indecentes de hasta el 40% (según los Registros Mercantiles)". Más Madrid aseguraba haber obtenido siete versiones diferentes sobre qué porcentaje del canon anual pagado a las sociedades concesionarias está destinado a la amortización de la construcción y qué porcentaje al pago de los servicios no sanitarios, lo que achaca a la opacidad de las cuentas oficiales. De las cifras, el partido deduce un sobrecoste de entre 1.200 y 1.600 millones de euros solo por el concepto de la construcción y entre 1.975 y 3.483 millones por el contrato total.
No es la primera vez que Más Madrid registra una denuncia contra la gestión del PP de la sanidad madrileña, ya lo hizo en octubre de 2018 cuando formaba parte de Podemos. Los diputados denunciaron entonces supuesto sobrecostes pagados por la Comunidad por la derivación de pacientes a la Fundación Jiménez Díaz. La formación política pidió una investigación que hoy continúa abierta. "No están archivadas pero aún no sabemos nada. Damos por hecho que siguen investigando", ha dicho García al respecto.
https://elpais.com/ccaa/2020/02/10/madrid/1581335954_672994.htmlESPERANZA AGUIRRE ACUSA A LAS FISCALES DE 'PÚNICA' DE MANIOBRAS TORTICERAS PARA SUPLIR LA FALTA DE INDICIOS CONTRA ELLA
La defensa de la ex presidenta madrileña cree que la Fiscalía quiere presionar a la opinión pública y al juez y que busca un 'delator' de última hora
Los hechos. El juez de 'Púnica' persigue el desvío de 24 millones de dinero público madrileño
Esperanza Aguirre ha arremetido contra la Fiscalía Anticorrupción por sus supuestas maniobras torticeras para suplir la ausencia de indicios incriminatorios contra ella. La defensa de la ex presidenta madrileña cree que la Fiscalía está detrás de varias informaciones sobre el caso Púnica que supondrían "un verdadero intento de desnaturalizar el proceso" y de "laminar los derechos" de Aguirre, e incluso un intento de "verdadero fraude procesal".
En un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la causa por corrupción en el PP madrileño, el abogado Carlos Aguilar muestra su "preocupación" por lo que está sucediendo en los últimos compases de la instrucción, que deberá concluir el próximo mes de junio.
Las informaciones referidas son que las fiscales del caso pedirán llevar a Aguirre al banquillo y que Anticorrupción anda en busca de algún imputado que declare contra la ex presidenta autonómica a cambio de rebajar su acusación.
El letrado considera que todo responde a un intento de la Fiscalía de "generar un estado de opinión pública" que, a la postre, presione al juez instructor. La "lógica perversa" de ese intento estaría, según la defensa, en que "ante la ausencia" de indicios de criminalidad contra la imputada se estaría recurriendo a puras especulaciones. Aguilar sostiene que, en lo que afecta a su representada, la investigación es "notoriamente genérica, carente de pruebas y carente de objetividad".
Más allá de criticar la actuación de la Fiscalía y de la Guardia Civil, el documento sirve casi como escrito de defensa y ataca los tres ejes sobre del "artificioso" informe del Ministerio Público que en agosto le valió la imputación de Aguirre por decisión de García-Castellón. Esos tres argumentos se han demostrado "inveraces, irreales y carentes del más mínimo rigor", dice.
LOS TRES "EJES IMAGINARIOS" DE LA FISCALÍA
Se refiere, en primer lugar, a la reunión del Consejo de Gobierno en la que Aguirre habría dado instrucciones para contratar campañas de promoción (Madrid la suma de todos) con empresario Horacio Mercado, que a cambio financiaría al PP. "Esa afirmación es sencillamente falsa". Se trató de "una mera presentación de una propuesta de una agencia de publicidad que duró 20 minutos" tras la que no se impartió "instrucción alguna".
Resalta que no es cierto que el ex consejero de Sanidad e imputado Manuel Lamela haya sostenido que sí hubo órdenes en esa reunión. Al contrario, "negó, de modo absolutamente tajante, que existiera ningún tipo de orden" y reproduce la respuesta de Lamela a la pregunta de las fiscales: "No, le repito que a mí nunca nadie, en un puesto de responsabilidad pública, jamás me ha dicho algo parecido a eso, nunca, no lo habría tolerado, ni a Esperanza Aguirre ni al Santo Padre".
El segundo frente contra Aguirre es la cláusula que imponía dedicar un 1% del presupuesto de las adjudicaciones a publicitar las obras. Parte de ese dinero habría acabado en el PP, según la Guardia Civil y han reconocido algunos imputados. Lo que niega la defensa es que eso fuera una decisión sistemática de Aguirre.
"Asombrosamente, se pretende tildar de nula o ilegal (sin que jamás ningún órgano de la administración ni de la jurisdicción haya afirmado tal) cuando lo cierto es que la existencia de estas cláusulas [...] es algo que se contempla en nuestro derecho administrativo estatal al menos desde 1970 [y] está presente en los pliegos de los concursos de todas las administraciones estatales, autonómicas, municipales, de los organismos autónomos y de la Unión Europea".
El escrito lamenta, irónicamente, que la cláusula solo se vea como ilegal cuando afecta a contrato de Madrid y del PP. Recientemente, la Fiscalía ha pedido al juzgado que se incorpore nueva documentación sobre ese tipo de adjudicaciones con la cláusula del 1% para indagar si en ellas hubo algún desvío de fondos hacia el PP madrileño.
"FALSO Y ABSURDO"
El tercer "eje imaginario" sería la decisión de centralizar en la Consejería de Presidencia la gestión de los recursos publicitarios y de comunicación, presentándolo como un "mecanismo idóneo para retribuir regalías y favores". "Además de falso, es absurdo", dice, ya que la UCO -la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil- y la Fiscalía podían haber comprobado que era así desde antes de la llegada a la presidencia de Aguirre. Esa decisión legislativa previa, añade, se adoptó para racionalizar el gasto.
Aguirre tiene actualmente la condición de imputada en el caso Púnica. El pasado mes de octubre prestó declaración y se encaró con las fiscales, a las que reprochó que creyeran estar "ante el Watergate".
El juez García Castellón deberá decidir en los próximos meses si formaliza esa situación en el auto clave en el que deberá acordar si hay o no motivos para ir a juicio. La decisión afirmativa es segura para muchos imputados, pero aún está en el aire en lo que toca a Aguirre.
https://www.elmundo.es/espana/2020/01/11/5e188563fc6c8367518b4596.htmlANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ EL PROCESAMIENTO DE ESPERANZA AGUIRRE EN 2020
La Fiscalía sostiene que tanto las pruebas como los testimonios sitúan a la expresidenta madrileña en la "cúspide" de la financiación ilegal del PP en Madrid y pedirá que sea juzgada por falsedad electoral, malversación y prevaricación entre otros delitos
El Ministerio Público asevera que ya dispone de elementos "suficientes" para proponer su enjuiciamiento pero pide nueva documentación a distintas agencias de la Comunidad de Madrid y un análisis de las operaciones del Metro, en busca de la "pistola humeante" contra Aguirre
La Fiscalía Anticorrupción solicitará en los próximos meses al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, el procesamiento de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Esperanza Aguirre, como principal responsable de la financiación ilícita de la formación conservadora entre 2004 y 2013, según fuentes de la investigación.
Las mismas fuentes aseguran que "tan solo con aplicar la doctrina Chaves", que ha permitido condenar al expresidente andaluz en el caso de los ERE a pesar de la inexistencia de pruebas directas contra él, es suficiente para proponer su enjuiciamiento.
Pero además, en el caso de Esperanza Aguirre hay "indicios sólidos y pruebas" para su procesamiento. En este sentido, las fuentes consultadas por la SER inciden en que fue Aguirre quien aprobó la normativa que dejó en manos de Ignacio González y Francisco Granados la gestión de la publicidad institucional, y que "gran parte de la misma sirvió para financiar las campañas de la propia Aguirre".
La expresidenta madrileña también estuvo presente en la reunión con el principal empresario de la financiación ilícita del PP madrileño, Daniel Horacio Mercado, en la que se acordó que distintas consejerías le contratarían para el polémico 1%, que también era utilizado para financiar al PP.
Además, presidió Fundescam, la fundación empleada por la formación conservadora para sufragar de forma ilícita actos electorales del partido.
Estas fuentes subrayan que la declaración de Aguirre del pasado 18 de octubre, lejos de despejar sospechas sobre estas claves que la involucran, sirvió para profundizar en ellas y "careció de crédito" su "pretendido desconocimiento" de la mecánica para el desvío del dinero, cuando en otras fases del interrogatorio demostró un conocimiento "profundo de cuestiones menores".
Los investigadores tampoco creen a Aguirre cuando asegura que jamás despachó con su gerente de siempre en el PP, Beltrán Gutiérrez, a quien le fue incautada la caja b regional.
Con todo, las fuentes consultadas admiten que aún carecen de la "pistola humeante", la prueba determinante y directa que "asegure una condena en un posible juicio". Por ello, han abierto nuevas líneas de investigación y han reclamado documentación a las agencias ICM e Imade de la Comunidad de Madrid. También intentan averiguar cómo se pagó la planta primera de la sede del PP en Génova 13, que ocupa la dirección madrileña del partido.
Además, según revelan fuentes del caso a la SER, la Intervención General del Estado acaba de aprobar la asignación de dos de sus técnicos y de otros dos del Ministerio de Fomento, para revisar las contrataciones de la empresa pública Mintra, sobre todo en las millonarias adjudicaciones del Metro de Madrid.
Las fuentes consultadas afirman que "en cada organismo público investigado" durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, han hallado "pruebas de corrupción" y citan como ejemplos los hospitales, las carreteras, la Ciudad de la Justicia, la obra pública a través de Arpegio, la construcción del Metro o también la edificación de viviendas.
https://cadenaser.com/ser/2019/12/18/tribunales/1576653249_787264.html
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