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MATERIAL DE LECTURA BÁSICO : AÑO 2019
EL JUEZ DE PÚNICA RECLAMA PRUEBAS DE LA TRAMA DEL 1% DEL PP A DOS HOSPITALES
PSOE, CS, MÁS MADRID Y PODEMOS CARGAN CONTRA EL PP POR LA TRAMA DEL 1%
ASÍ COBRABAN EL GOBIERNO DE AGUIRRE Y GONZÁLEZ LA CLÁUSULA DEL 1%: "ESTA ES LA FACTURA. HAZ QUE LA PAGUEN'"
LA COMUNIDAD DE MADRID HA DETECTADO 167 NUEVOS CONTRATOS QUE INCLUYEN "LA CLÁUSULA DEL 1%", CON LA QUE SE FINANCIARON IRREGULARMENTE LAS CAMPAÑAS DE ESPERANZA AGUIRRE
LA FISCALÍA DETECTA QUE FALTAN DATOS EN LOS EXPEDIENTES QUE MANDÓ EL GOBIERNO DE AYUSO SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE PÚNICA
AGUIRRE SE CERRÓ EN BANDA A DESVELAR ANTE EL JUEZ SI LA SEDE DE GÉNOVA SE COMPRÓ CON DINERO DEL PP DE MADRID
ANTICORRUPCIÓN BUSCA TESTIGOS CONTRA LA TRAMA DEL 1% DEL PP DE AGUIRRE
AGUIRRE NEGÓ ANTE EL JUEZ CONOCER LA CLÁUSULA QUE INFLÓ EL COSTE DE LOS HOSPITALES PESE AL DECRETO QUE DEJABA EN SUS MANOS APLICARLA O NO
EL CONTRATO DE LA OBRA DEL DESPACHO DE AGUIRRE NO APARECEEL JUEZ CITA AL EXALTO CARGO DE AGUIRRE QUE VALIDÓ LAS FACTURAS AMAÑADAS DE PÚNICA
EL PP EVITA ACLARAR SI REFORMÓ GÉNOVA CON DINERO NEGRO Y APORTA FACTURAS MENORES
EL JUEZ DE PÚNICA PEDIRÁ MÁS DILIGENCIAS POR LA DEBILIDAD DE LAS PRUEBAS CONTRA AGUIRRE
ESPERANZA AGUIRRE ELUDE TODA RESPONSABILIDAD EN LA FINANCIACIÓN DEL PP
LA DECLARACIÓN DE AGUIRRE DERIVA EN UNA BRONCA CON LAS FISCALES
AGUIRRE CONVIERTE CASI EN UN EXTRAÑO AL EXGERENTE DEL PP AL QUE HACE AÑO Y MEDIO CONSIDERÓ PERSONA DE SU "PLENA CONFIANZA"
LOS MÁS DE 25 MILLONES CUYO DESVÍO AL PP SE INVESTIGA EN 'PÚNICA' LLEVAN A AGUIRRE ANTE EL JUEZIGNACIO GONZÁLEZ NIEGA ANTE EL JUEZ QUE AGUIRRE DIERA ÓRDENES DE CONTRATAR CON EMPRESAS DE 'PÚNICA' PARA FINANCIAR AL PP
UN EXCONSEJERO RATIFICA QUE AGUIRRE FUE A LA REUNIÓN DONDE SE LES ANIMÓ A CONTRATAR A LA EMPRESA QUE FINANCIÓ AL PP
EL GOBIERNO DE AGUIRRE DISFRAZÓ COMO GASTOS DE EMERGENCIA PAGOS DE PUBLICIDAD PARA LA PRECAMPAÑA DE 2007
ESPERANZA AGUIRRE: POR QUÉ LA SITÚA EL JUEZ A LA CABEZA DE UN PLAN DELICTIVO "AL SERVICIO DEL PP"
'OPERACIÓN PÚNICA': EL PLAN PARA DESVIAR DINERO AL PP DE MADRID LLEVÓ AL "SAQUEO" DE NUEVE MILLONES EN UNA SOLA SEMANA¿QUIÉN TRAICIONARÁ A ESPERANZA AGUIRRE?
ESPERANZA AGUIRRE: “SÁNCHEZ LE VA A DAR EL GUSTO A FRANCO, QUE QUERÍA SER ENTERRADO EN EL PARDO”
AGUIRRE INCLUYÓ LA CLÁUSULA DEL 1% PARA PUBLICITAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE UNA CARRETERA QUE NO SE CONSTRUYÓEL JUEZ REFUERZA LOS INDICIOS SOBRE LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE
UN JUEZ ACORRALA A AGUIRRE Y SENTENCIA QUE INDRA PAGÓ FACTURAS FALSAS A LA CAJA B DEL PP
UN EXASESOR ESTRECHA EL CERCO SOBRE AGUIRRE EN EL ‘CASO PÚNICA’UNA VEINTENA DE TESTIGOS E IMPUTADOS ABREN LAS DECLARACIONES DE PÚNICA
AGUIRRE USÓ AL MARIDO DE UNA DE SUS CONSEJERAS PARA LA CAJA B DEL PARTIDO
GÁDOR ONGIL, EN LA LISTA DE AYUSO, CITADA TAMBIÉN COMO INVESTIGADA EN PÚNICA
LOS EX CONSEJEROS MADRILEÑOS LAMELA Y GÜEMES, IMPUTADOS POR EL CASO PÚNICA
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA EL DESVÍO DE 3 MILLONES DE LA SANIDAD MADRILEÑA PARA FINANCIAR AL PP
AGUIRRE A GONZÁLEZ: “QUE NOS HAYAMOS SALTADO EL LÍMITE PARA LA CAMPAÑA, PUEDE. PERO FUNDESCAM NO HA PAGADO”
LOS SEIS MÉTODOS DE DOPAJE ELECTORAL DEL PP DE MADRID
EL MILLÓN DE GRANADOS DESTAPÓ EL GRAN FRAUDE DEL PP
EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’ RECABA NUEVOS DATOS SOBRE EL “1% MADRILEÑO” DE ESPERANZA AGUIRRE
EL JUEZ APUNTA A UN HOMBRE DEL NÚCLEO DE CASADO EN LA RECAUDACIÓN DE LA ‘CAJA B’ DEL PP
AGUIRRE DEFIENDE SU INOCENCIA Y ASEGURA QUE DECLARARÁ "CON MUCHO GUSTO"
ESPERANZA AGUIRRE, LA VIGÍA QUE NO LO VIO
EL JUEZ IMPUTA A AGUIRRE Y CIFUENTES POR CORRUPCIÓN EN EL ‘CASO PÚNICA’
DOCE ORGANISMOS PÚBLICOS AMAÑARON CONTRATOS TRAS LA REUNIÓN DE AGUIRRE CON PÚNICA
EL JUEZ SEÑALA A ESPERANZA AGUIRRE COMO LA JEFA DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL PP MADRILEÑO PARA ADULTERAR ELECCIONES
EL JUEZ DE LA PÚNICA SEÑALA A INDRA COMO UN "INSTRUMENTO DE DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS" PARA FINANCIAR AL PP MADRILEÑO
LOS JUECES YA INVESTIGAN 15 AÑOS DE GOBIERNOS DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID: SUBVENCIONES FRAUDULENTAS Y AMAÑO DE CONTRATOS
CIFUENTES DEFIENDE QUE NO SE LLEVÓ "NI UN EURO DE DINERO PÚBLICO" Y MANTIENE QUE NO TIENE NADA QUE VER CON 'PÚNICA'
ÁLVAREZ DE TOLEDO DENUNCIA UNA PERSECUCIÓN MEDIÁTICA A AGUIRRE Y OMITE EL APOYO PERMANENTE DE CABECERAS A LAS QUE EL PP REGABA CON PUBLICIDAD
ASÍ FUNCIONABA EL CORRUPTO PP DE AGUIRRE, SEGÚN EL JUEZ
AGUIRRE: “PUEDEN INVESTIGAR LO QUE QUIERAN”
EL PP APELA A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE AGUIRRE Y CIFUENTES, MIENTRAS CS GUARDA SILENCIO
LOS MOTIVOS PARA IMPUTAR A AGUIRRE
ASI FUNCIONABAN LAS DOS GRANDES TRAMAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE AGUIRRE
ANTICORRUPCIÓN SOLICITA IMPUTAR A ESPERANZA AGUIRRE Y CRISTINA CIFUENTES EN EL ‘CASO PÚNICA’
LA FISCALÍA IMPLICA A AGUIRRE EN LA CAJA B QUE FINANCIÓ LAS CAMPAÑAS DE SUS MAYORÍAS ABSOLUTAS
LA FISCALÍA CONSIDERA A AGUIRRE LA IMPULSORA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID
ANTICORRUPCIÓN CIFRA EN 25 MILLONES DE EUROS EL DINERO DESVIADO POR EL PP DE AGUIRRE DESDE LAS CONSEJERÍAS
LAS ONCE PIEZAS EN LAS QUE SE QUEDA EL 'CASO PÚNICA'
LA UCO REQUISÓ AL GERENTE DE AGUIRRE PRUEBAS DEL PAGO DE 3 MILLONES EN 'B'
LA CORRUPCIÓN DEL PP DE MADRID REVIVE EN PLENO ACUERDO DE LAS TRES DERECHAS PARA GOBERNAR LA COMUNIDAD
LA GUARDIA CIVIL CERTIFICA QUE INDRA PAGÓ 566.000 EUROS PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE AGUIRRE
FRACASA LA BÚSQUEDA DE UN CONTRATO DE LA PÚNICA PAGADO CON FONDOS EUROPEOS
PÚNICA REGÓ CON REGALOS DE LUJO A AGUIRRE, CIFUENTES O AL JEFE DE GABINETE DE CASADO
LA GUARDIA CIVIL IMPLICA POR PRIMERA VEZ A ESPERANZA AGUIRRE EN LA TRAMA CORRUPTA DE PÚNICA
DOCE ORGANISMOS PÚBLICOS AMAÑARON CONTRATOS TRAS LA REUNIÓN DE AGUIRRE CON PÚNICA
EL PP SE DESENTIENDE DE ESPERANZA AGUIRRE
AGUIRRE Y GONZÁLEZ CONTRATARON CON GÜRTEL Y PÚNICA POR VALOR DE 172 MILLONES DE EUROS
LA AUDIENCIA NACIONAL LIMITA HASTA JUNIO DE 2020 LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO PÚNICA’
LA UCO IMPLICA A 10 CARGOS DEL PP EN AMAÑOS DE LA TRAMA
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE LA CAJA B DEL PP DE MADRID ACORRALAN A ESPERANZA AGUIRRE
EL PP COLOCA COMO NÚMERO 2 DE SU CAMPAÑA EN MADRID A LA SECRETARIA DE LA FUNDACIÓN CON QUE FALSEÓ GASTOS ELECTORALES EN 2011
LA GUARDIA CIVIL IDENTIFICA 1,2 MILLONES DE DINERO NEGRO DEL PP DE MADRID Y VINCULA 800.000 EUROS A OHL
LA GUARDIA CIVIL CREE QUE EL PP DE MADRID FINANCIÓ CON FACTURAS FALSAS LA CAMPAÑA DE RAJOY A LAS GENERALES DE 2011
LA UCO REVELA QUE RAJOY GANÓ LAS GENERALES DE 2011 CON FACTURAS FALSAS Y PAGOS OCULTOS
EL PP DE MADRID USÓ FACTURAS FALSAS PARA PAGAR ACTOS DE RAJOY Y AGUIRRE EN 2011
AGUIRRE DUPLICÓ EL GASTO MÁXIMO LEGAL DE CAMPAÑA EN LAS AUTONÓMICAS DE 2011
EL PP DE MADRID DESVIÓ SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA PAGAR LA CENA DE NAVIDAD
EL JUEZ DE PÚNICA RECLAMA PRUEBAS DE LA TRAMA DEL 1% DEL PP A DOS HOSPITALES
El centro sanitario de Majadahonda envía facturas por un total de 500.000 euros
El juez Manuel García-Castellón ha pedido a dos hospitales más documentación sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, que investiga en el caso Púnica. El magistrado de la Audiencia Nacional reclama nuevos datos sobre la contratación del centro de Puerta de Hierro (Majadahonda) y el del Tajo (Aranjuez) con tres sociedades de Daniel Horacio Mercado, responsable de parte de las campañas electorales de los populares. Los investigadores sospechan que los acuerdos, presuntamente, compensaron trabajos gratis para el PP, y que nutrieron una supuesta caja b, tras incluir en los contratos públicos una cláusula para dedicar el 1% a publicidad.
El pasado 29 de noviembre, García-Castellón reclamó al Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, y al Hospital del Tajo, en Aranjuez, tres documentos que la Fiscalía Anticorrupción ha echado en falta en la documentación remitida recientemente por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) sobre 34 contratos para obras públicas que obligaban a las adjudicatarias a dedicar un 1% del montante total a publicidad, y que acabaron en las empresas de Mercado. Este, a su vez, era responsable de parte de las campañas electorales del PP, que gobierna la región desde 1995.
Al centro sanitario de Majadahonda, el juez le pidió copia del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) de aquel concurso, y el que denomina "acto del consejero de adjudicación del contrato". Y al hospital de Aranjuez le solicitó copia de este segundo documento.
No son requerimientos casuales. García-Castellón ha centrado su investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en las dos consejerías con más presupuesto de la Comunidad de Madrid bajo las presidencias de Esperanza Aguirre (2003-2012) e Ignacio González (2012-2015). A la de Transportes, Infraestructura y Vivienda, junto a sus entidades dependientes, le ha solicitado un total de 16 contratos. Y a la de Sanidad, a la que está vinculada el Servicio Madrileño de Salud, otros 34. Esos 50 acuerdos, que incluyen la cláusula del 1%, totalizan decenas de millones de euros. Y el magistrado está documentando al detalle cada uno de esos expedientes.
Así, la petición de información a los dos hospitales se produjo solo unas semanas después de que el hospital de Majadahonda se pusiera en contacto por iniciativa propia con la Audiencia Nacional para informarle de que había localizado nueva documentación ligada a la cláusula del 1% de las adjudicaciones.
En el escrito remitido al juzgado, la dirección del centro médico detalla que en marzo de 2017 ya entregó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la documentación que entonces se le reclamó sobre los contratos firmados con la empresa de Mercado, pero que recientemente había encontrado nuevas facturas, certificaciones y fotocopias de cheques.
"Hemos tenido en conocimiento, a través de noticias de prensa, de la existencia de una investigación judicial en curso que está relacionada con el referido requerimiento que fue contestado en su día con la totalidad de la documentación de la que se disponía en aquel momento", explica la responsable del centro en una misiva de octubre a la que accedió EL PAÍS. "(...) En relación con las sociedades Over Marketing y Comunicación SL, Traci Comunicación SL, y Link America SL, ha sido localizada otra documentación más antigua a la remitida en 2017, correspondiente a un periodo en el que el archivo de la documentación contable se encontraba en una sede física distinta", sigue el escrito. "Por ello, y por si pudiera ser de interés para la investigación que se lleva a cabo, venimos a aportar los documentos adicionales hallados, relativos a las tres mencionadas sociedades", añade. Y constata: "Previamente se ha contactado con la Unidad Central Operativa, a quien se ha informado de estos hechos y siguiendo sus indicaciones, procedemos a su remisión a este juzgado".
A la misiva, el centro médico adjuntaba 44 facturas giradas entre junio y noviembre de 2005 por Over Marketing, Traci Comunicación y Link América, todas ellas propiedad de Daniel Horacio Martín. En total, suman pagos a estas sociedades por un montante que se acerca al medio millón de euros.
Facturas de 135 euros
La de mayor importe es una emitida por Over en agosto de aquel año por la difusión en diferentes medios de comunicación audiovisuales de anuncios para la supuesta promoción del centro. En total, 154.006 euros, IVA incluido. La menor, de tan solo 135 euros, la emitió Link América por la instalación de "tres calentadores" para una "caseta" del centro. Gran parte de las facturas cuentan con el visto bueno firmado de Germán Rasilla, alto cargo de la Consejería de Sanidad ya imputado en el caso Púnica por la trama del 1%.
A poco más de seis meses para que el juez tenga que concluir el próximo 6 de junio la instrucción del sumario del caso Púnica, los investigadores aceleran la búsqueda de pruebas.
El pasado 8 de octubre, solo 10 días antes de que la propia Aguirre declarase como imputada en la causa, las dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, presentaron ante el magistrado un escrito en el que solicitaban identificar y tomar declaración a los funcionarios de la Comunidad de Madrid que en 2013 habían denunciado sin éxito la cláusula del 1% en dos cartas enviadas al Ejecutivo madrileño irregularidades en numerosos contratos públicos. Y ahora comienzan los requerimientos de información y aclaraciones de hospital en hospital.
https://elpais.com/ccaa/2019/12/11/madrid/1576093993_688167.htmlPSOE, CS, MÁS MADRID Y PODEMOS CARGAN CONTRA EL PP POR LA TRAMA DEL 1%
Los partidos piden explicaciones por el presunto uso de contratos públicos para financiar al partido
Tras publicar EL PAÍS que el Gobierno de la Comunidad ha encontrado casi 200 contratos públicos firmados entre 2009 y 2013 con la cláusula que obligaba a invertir un 1% del montante total en publicidad, PSOE, Cs y Podemos han reclamado este miércoles que el PP dé explicaciones sobre la presunta trama de financiación ilegal de sus campañas electorales. Aunque no hay constancia de que esos acuerdos formen parte del entramado que investiga el juez Manuel García-Castellón en el caso Púnica, los acuerdos son similares a los otros 50 que ya centran las pesquisas del magistrado para esclarecer si las adjudicatarias estaban obligadas a contratar los actos de marketing con las mismas empresas que hacían las campañas electorales de los populares. Estas compañías, supuestamente, habrían cobrado así el dinero por sus trabajos para el PP, según los investigadores, que analizan contratos que superan los 74 millones de euros.
“Nos parece grave, preocupante y serio”, ha dicho José Manuel Rodríguez Uribes, del PSOE. “Vamos a ver cómo acaba el procedimiento judicial, pero son indicios de criminalidad graves que además tienen que ver con una confusión de muchos años, entre lo institucional y lo partidario”, ha seguido el exdelegado del Gobierno en Madrid, en referencia a que el PP ha gobernado ininterrumpidamente la región desde 1995. “Con la coartada de la publicidad, se ha podido financiar al PP, que habría competido, de demostrarse, de forma dopada [en las campañas electorales] afectando seriamente a las arcas públicas”, ha continuado el diputado socialista, reclamando a los gestores populares que asuman su responsabilidad. “Las responsabilidades políticas deben dirimirse cuando hay indicios graves de criminalidad, no cuando hay una sentencia, porque si es condenatoria, es obvio”, ha argumentado. Y ha puntualizado: “Cuando se dan indicios de esta naturaleza, a través de la Fiscalía y del propio juez, el PP debe dar explicaciones y se deben asumir responsabilidades, porque no es el caso concreto de una consejería, si no que tiene una naturaleza estructural y sistémica”.
“En los peores años de la crisis, con recortes en servicios públicos, los canallas del PP en la Comunidad de Madrid cobraban mordidas del 1% para financiar sus campañas electorales”, ha escrito en sus redes sociales Pablo Gómez Perpinyà, el portavoz parlamentario de Más Madrid.
"Esto ha sido un agujero negro y hay que asegurarse de que no lo siga siendo", advirtió el martes Sol Sánchez, diputada de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.
“Si algo nos ha caracterizado desde el primer minuto que llegamos a la Asamblea ha sido nuestro compromiso en materia de regeneración y lucha contra la corrupción”, ha asegurado Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad, de Ciudadanos. “Vamos a proyectar luz, poner taquígrafos en todo lo que hagamos, exigir responsabilidades hasta el final, y demostrar que si hemos llegado hasta el Gobierno de la Comunidad es para demostrar que vamos a seguir apostando por la regeneración y por poner coto, si no fin, a la corrupción, no solamente exigiendo dimisiones, o responsabilidades en sede parlamentaria, si no también cambiando leyes para que lo que sucedió en la Comunidad de Madrid no vuelva a suceder”, ha argumentado. “Desde este Gobierno no vamos a pasar ni una. Todo lo que caiga en nuestras manos que sea susceptible de llevar a la Fiscalía lo vamos a trasladar o a hacer público”, ha añadido. Y ha subrayado: “Son temas que apuestan a otras etapas”.
Todos los acuerdos fueron firmados cuando Esperanza Aguirre o Ignacio González eran presidentes de la Comunidad de Madrid. Ambos están siendo investigados en el caso Púnica, y han negado cualquier implicación en la trama del 1%. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta actual, también del PP, ha defendido este miércoles que confía en la inocencia de Aguirre, para quien trabajó en los inicios de su carrera política.
"Sí, yo tengo confianza en ella y mientras no se muestre lo contrario así lo haré con cualquier persona que no se tenga que enfrentar a procedimiento judicial", ha comentado la presidenta de la Comunidad. "A mí me parece mucho más noticiable que se guarde información al respecto en cajas fuertes, como están haciendo en los ERE de Andalucía, que eso contrae unas condenas concretas, y ya se sabe cuánto dinero ha malversado [el PSOE]", ha añadido.
https://elpais.com/ccaa/2019/12/11/madrid/1576065571_587666.htmlASÍ COBRABAN EL GOBIERNO DE AGUIRRE Y GONZÁLEZ LA CLÁUSULA DEL 1%: "ESTA ES LA FACTURA. HAZ QUE LA PAGUEN'"
Uno de los funcionarios de la Consejería de Transportes que alertó de las facturas irregulares explica a la SER cómo detectaron las facturas a medida que salían del despacho del asesor de Borja Carabante, actual delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
El Gobierno de Ignacio González fue alertado de la facturación irregular a través de la polémica cláusula del 1% de los contratos de publicidad, pero no hizo nada. Aquella denuncia se tramitó en 2013. Fueron varios funcionarios de la Consejería de Transportes quienes avisaron de las anomalías, tal y como adelantó eldiario.es.
Una de las personas que dio aquella voz de alarma fue Francisco Barrueco, funcionario de la Consejería de Transportes, que presentó una denuncia a sus superiores, como miembro de la Junta de Personal.
Este funcionario ha explicado en La Ventana de Madrid qué irregularidades detectaron. “El auténtico problema que nos alertó fue el procedimiento de la distribución de facturas. En la administración cada mínimo pago tienen un montón de firmas, de informes… lo que nunca se vio es que el asesor de un alto cargo entre al despacho del director de obra y le entregue en mano una factura diciendo ‘haz que la paguen’. Es un procedimiento muy ajeno a las prácticas ordinarias a la administración”, explica a la SER.
Aquel asesor era Arturo Escribano. Según alertaron los técnicos esta persona, que trabajaba para el director general de Carreteras, Borja Carabante, enviaba a las empresas las facturas ya con el nombre de la empresa beneficiada y el importe que debían pagarle, sin que hubiese ningún tipo de margen de maniobra para pagar esos conceptos a otras empresas. “Esta persona les decía que tenían que pagar las facturas sin mayor explicación”.
Francisco Barrueco no solo envió un escrito alertando de estas prácticas al Consejero de Transportes, Pablo Cavero. También se reunió en persona con Borja Carabante, por entonces, viceconsejero de Transportes, “fue una reunión enormemente desagradable, muy extraña, nos recibió fuera de sí. Con muy poca educación negó que hubiera irregularidades. Y nos reprochó por qué la Junta de Personal se dedicaba a este tipo de asuntos”.
Este funcionario no tiene ninguna duda de que en aquella época, en la Comunidad de Madrid, no se movía un papel sin que lo supiese Esperanza Aguirre. “Cuando en la Consejería de Transportes se da orden que en todos los contratos se incluyan esa cláusula, esa decisión no la toma un funcionario. Esa decisión se ha tomado muy arriba. Cuando digo muy arriba digo alguien capaz de dar órdenes a un Consejero de Transportes”, apunta.
Uno de los funcionarios que alertó de la trama del 1% reveló hace semanas ante el juez de la Audiencia Nacional el funcionamiento del pago de esas facturas, tal y como avanzó eldiario.es. El magistrado sospecha que durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González –actualmente imputados– esta cláusula del 1 sirvió para nutrir la caja ‘b’ del PP.
https://cadenaser.com/emisora/2019/12/11/radio_madrid/1576086214_637637.htmlLA COMUNIDAD DE MADRID HA DETECTADO 167 NUEVOS CONTRATOS QUE INCLUYEN "LA CLÁUSULA DEL 1%", CON LA QUE SE FINANCIARON IRREGULARMENTE LAS CAMPAÑAS DE ESPERANZA AGUIRRE
Esas adjudicaciones —que hasta ahora se habían limitado al terreno de la privatización de la Sanidad— se extienden también a concesiones públicas
La Comunidad de Madrid ha detectado 167 nuevas adjudicaciones de contratos que incluyeron la llamada "cláusula del 1%", un mecanismo por el que las compañías que recibían una adjudicación pública eran presuntamente obligadas a abonar el 1% del presupuesto inicial de cada contrato para pagar campañas de publicidad que terminaban financiando actos electorales del Partido Popular de Esperanza Aguirre.
Esas adjudicaciones —que hasta ahora se habían limitado al terreno de la privatización de la Sanidad— se extienden también a concesiones públicas Transportes, Infraestructuras y políticas de Viviendas entre 2009 y 2013, entre ellos la rehabilitación de carreteras, la instalación de barreras para proteger a motoristas o las mejoras de trazados en carreteras de Madrid como la M-50.
Aunque la información que la Comunidad de Madrid ha proporcionado a petición del grupo de Izquierda Unida no detalla la cuantía de esos contratos, fuentes de la investigación a la presunta financiación irregular del PP aseguran que las partidas de infraestructuras y vivienda podrían triplicar los 3,07 millones de euros en desvío de fondos localizados en las privatizaciones sanitarias, según el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
Un mecanismo bajo control de la Audiencia Nacional
El auto de la Audiencia destalla un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas mediante contratos de "publicidad simulada" de infraestructuras sanitarias. Según reza ese documento judicial, el PP Aguirre estableció –literalmente—un "mecanismo para desviar fondos públicos a través del partido" con el cual, las compañías adjudicatarias de concesiones públicas destinaban un 1% del presupuesto de cada contrato a sufragar unas campañas publicitarias que nunca costaban esa cantidad. La diferencia era dinero que se destinaba a financiar, en realidad, los actos electorales del PP de Aguirre. Para compensar ese dinero perdido, las adjudicatarias aumentaban después el precio de la ejecución de la obra con la consiguiente derrama para el erario público, concluye el auto.
Hasta ahora, la cláusula sólo había sido detectada en contratos sanitarios, pero la Comunidad de Madrid ha detectado ese mismo mecanismo en tres nuevas áreas: Transportes, Infraestructura y Vivienda, repartidas de la siguiente manera. Son 167 contratos que van desde 2009 hasta 2013 repartidos a través de los siguientes años:
56 contratos adjudicados en el año 2009
53 contratos adjudicados en el año 2010
-36 - 37 contratos adjudicados en el año 2011
8 en 2012
14 contratos adjudicados en 2013
El texto de la cláusula dice literalmente: "Corresponderán al contratista los gastos de comunicación e información del contrato, confección de vídeos o documentos audiovisuales, documentación técnica y gráfica divulgativa y relación de actos de inicio de fin de trabajo, así como visitas de las mismas de conformidad con los planes de información establecidos al efecto por la administración, hasta un máximo del 1 % del presupuesto de ejecución material del proyecto"
https://cadenaser.com/ser/2019/12/10/economia/1576011288_831217.htmlLA FISCALÍA DETECTA QUE FALTAN DATOS EN LOS EXPEDIENTES QUE MANDÓ EL GOBIERNO DE AYUSO SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE PÚNICA
Las fiscales del caso piden que la Comunidad de Madrid amplíe la información sobre las adjudicaciones de 34 hospitales y centros de salud que exigió el juez
Los investigadores sospechan que el 1% de los contratos de obra pública que se obligaba a destinar a publicidad acababa total o parcialmente en las arcas del PP
La Fiscalía Anticorrupción ha detectado que faltan datos en los expedientes remitidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la llamada cláusula del 1% que investiga la Audiencia Nacional bajo la sospecha de que ocultaba pagos al PP regional. El instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, exigió hace más de tres meses al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que remitiera documentación clave sobre contratos de 34 hospitales y centros de salud y 16 carreteras.
Las fiscales del caso, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, han recibido ya el grueso de esa documentación por parte de la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud, pero solicitan que se "amplíe" esa remisión de información incluyendo los actos de adjudicación del consejero de los hospitales de Aranjuez y de Puerta de Hierro Majadahonda, así como del pliego de cláusulas administrativas y técnicas en el caso de este último.
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se basó el juez García Castellón para abrir una investigación por estos hechos apuntan a que el Ejecutivo regional encargó a dedo supuestas campañas de promoción de estos hospitales y centros de salud a determinadas empresas a cambio de que estas pagasen luego actos electorales del partido. En uno de sus autos, el juez describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de supuestos contratos de "publicidad simulada" de estas infraestructuras sanitarias.
El método era el siguiente: obligar a las constructoras a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. Además, esos trabajos se encargaron en todos los casos a empresas de Daniel Horacio Mercado, que supuestamente devolvía el favor inyectando importantes sumas de dinero para las campañas del PP. La imposición del pago de esas cantidades obligaba a las constructoras a incrementar en ese 1% su oferta, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, que veían minorados sus fondos en ese porcentaje.
Todo esto ocurrió en el periodo en el que el Ejecutivo regional dio un vuelco al modelo de sanidad pública encargando a empresas privadas la construcción y gestión de la parte no sanitaria de estas infraestructuras a cambio de un canon de dinero público durante treinta años. Esta era una de las claves del denominado "Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007" que sirvió a la expresidenta Esperanza Aguirre para inaugurar seis nuevos hospitales en los meses previos a las autonómicas de 2007, en las que arrasó con el 53% de los votos.
Clave en los interrogatorios
La inclusión de esta cláusula en los contratos fue uno de los aspectos por los que las fiscales preguntaron a los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en esta causa en una ronda de interrogatorios que cerró la propia Aguirre el pasado 18 de octubre. La expresidenta regional aseguró desconocer su existencia, mientras que el exvicepresidente Ignacio González descargó toda responsabilidad al respecto sobre el que fuera consejero de Sanidad Manuel Lamela, del que dijo que fue "idea" suya.
Los investigadores atribuyen a Lamela, "en connivencia con los altos mandatarios" del PP regional, el papel de ideólogo. Ante el juez, el exconsejero negó que esa "cláusula accesoria" fuera irregular y aseguró que se utilizó como mecanismo para "asumir" una tarea de comunicación que era necesaria para dar a conocer entre la ciudadanía el llamado Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007.
Lamela también negó de forma rotunda el supuesto quebranto para las arcas públicas de 3,07 millones de euros a través de esta cláusula que el juez calcula de forma indiciaria. Según explicó, el dinero que se invirtió en campañas publicitarias fue "irrelevante" teniendo en cuenta la magnitud de unos contratos por los que se encargaba a grandes empresas la construcción de las infraestructuras y la gestión de la parte no sanitaria durante un período de treinta años.
https://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-documentacion-Gobierno-Ayuso-Punica_0_970453193.htmlAGUIRRE SE CERRÓ EN BANDA A DESVELAR ANTE EL JUEZ SI LA SEDE DE GÉNOVA SE COMPRÓ CON DINERO DEL PP DE MADRID
La expresidenta madrileña se negó tres veces a responder las preguntas de la Fiscalía sobre la adquisición y reforma del edificio, que en 2006 pasó de las manos de Mapfre a las del PP por 37 millones El magistrado reclama por segunda vez al partido los contratos de reforma de la planta que ocupa la organización madrileña Un portavoz del PP asegura que ya se han enviado esos contratos al juez pero que "por respeto" al sumario de Púnica no pueden desvelar cuáles son
Negativa rotunda y triple a contestar. Así reaccionó Esperanza Aguirre durante su declaración como imputada en el caso Púnica cuando Anticorrupción le lanzó una inesperada batería de tres preguntas sobre la sede central del PP que abren interrogantes respecto al alcance real de la información que ya obra en su poder.
El edificio de Génova 13 –6.000 metros cuadrados construidos y siete plantas– fue adquirido por el PP a Mapfre en 2006. Los datos difundidos entonces cifraron el coste de la operación en 37 millones de euros. Y solo la planta primera está asignada al PP de Madrid. Pero lo que la Fiscalía preguntó y Aguirre rehusó contestar fue esto: "¿El edificio de la calle Génova lo compró el PP de Madrid?". "No está en el auto", respondió de manera inmediata y seca la expresidenta de la Comunidad de Madrid con el argumento de que ese punto no figura en la resolución judicial que el 2 de septiembre la llevó a engrosar la lista de investigados por la supuesta financiación ilegal del PP madrileño.
La fiscal, Carmen García, siguió por esa línea: "¿Ustedes pagaron algo por la planta primera?" Aguirre repitió: "No está en el auto". Pero la fiscal continuó. Y lo hizo tras recordar que el auto invocado por Aguirre aborda el supuesto "desvío de fondos públicos". Al amparo de ese factor, desplegó su tercer intento. También fallido: "¿Reformó el PP de la Comunidad de Madrid la planta primera?" Aguirre, que rigió los destinos de la poderosa organización regional entre 2004 y 2016 pero que se declara por completo ajena a la gestión económica, cortó a la fiscal dos veces. Y lo hizo con su "no está en el auto", la frase que, junto con "no sé", aparece como leitmotiv de su comparecencia judicial del 18 de octubre ante el juez Manuel García Castellón.
¿Opera en su favor y desinfla la pieza sobre financiación ese proclamado desconocimiento de las cuentas del partido y de algunas de las actuaciones administrativas bajo sospecha? De momento, es una incógnita. Pero, también de momento y según las fuentes consultadas por este periódico, la Fiscalía Anticorrupción no planea modificar su planteamiento en lo que a la mayoría de los actuales imputados se refiere.
Dos requerimientos judiciales de papeles
La reforma de la sede de Génova 13 constituye el eje central en el futuro juicio sobre aquella parte de los papeles de Bárcenas que no sigue bajo investigación. Supuestamente, el PP pagó en negro por aquellas obras 1,7 millones a la empresa Unifica, del arquitecto Gonzalo Urquijo.
Cuando Aguirre se cerró en banda ante las preguntas de la Fiscalía sobre la sede, hacía ya más de un mes que el juez García Castellón había cursado al PP una orden: la de remitirle "en formato electrónico los contratos firmados por proyectos y realización de las obras de remodelación de la sede del partido, sita en la calle Génova nº 13, 1º piso, de Madrid, que tuvieron indiciariamente lugar entre los años 2005 a 2010". Las negritas se corresponden exactamente con las que aparecen en el requerimiento judicial. El primero llevaba fecha del 2 de septiembre.
Un mes y una semana más tarde, todavía sin respuesta, el magistrado reclamó los papeles por segunda vez. Este miércoles, fuentes oficiales del PP madrileño aseguraron a infoLibre que los documentos se han remitido al juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional "en tiempo y forma". Pero que, "por respeto a las actuaciones" que se desarrollan en el caso Púnica, el partido no va a desvelar ni cuándo los ha enviado ni qué papeles forman parte de ese lote.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/14/aguirre_cerro_banda_desvelar_ante_juez_si_sede_genova_compro_con_dinero_del_madrid_100937_1012.htmlANTICORRUPCIÓN BUSCA TESTIGOS CONTRA LA TRAMA DEL 1% DEL PP DE AGUIRRE
El juez interroga a petición de la fiscalía a un funcionario que denunció en 2013 el amaño de contratos públicos en favor de la empresa que hacía las campañas a los populares
A poco más de seis meses para que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tenga que concluir el próximo 6 de junio la instrucción del sumario del caso Púnica, la Fiscalía Anticorrupción se afana en encontrar testimonios sobre la supuesta trama de corrupción del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la formación. Anticorrupción ha iniciado la búsqueda de nuevos testigos de la llamada trama del 1%, en referencia al porcentaje de dinero que se reservaba para publicidad en los contratos de grandes obras públicas y que en parte luego acababa supuestamente en la caja b de los populares para financiar campañas electorales.
El pasado 8 de octubre, solo 10 días antes de que la propia Aguirre declarase como imputada en la causa, las dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, presentaron ante el magistrado un escrito en el que solicitaban identificar y tomar declaración a los funcionarios de la Comunidad de Madrid que en 2013 habían denunciado sin éxito en dos cartas enviadas al ejecutivo madrileño irregularidades en numerosos contratos públicos. El pasado lunes, estaba previsto que el juez tomase declaración al primero de ellos, Enrique Álvarez López, uno de los firmantes de las misivas en su condición de presidente de la Junta de Personal Funcionario de la Consejería de Transportes, según revelan varios documentos del sumario a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
El origen de la nueva línea de investigación es la publicación en eldiario.es el pasado 23 de septiembre de las dos cartas que esta Junta de Personal (con funciones similares a las de un comité de empresa) remitió en a principios de 2013, cuando el Ejecutivo madrileño estaba presidido por Ignacio González, también imputado en el caso Púnica. En ambas misivas, se denunciaba la supuesta existencia, al menos desde 2009, de "pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras", en referencia al 1% reservado para publicidad. Ambas cartas fueron remitidas al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. Además, una copia de la segunda se hizo llegar a la mesa de la Asamblea de Madrid y a los grupos parlamentarios. Tras las mismas, hubo una reunión entre representantes de los funcionarios y el entonces número dos de la Consejería de Transportes, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.
Sin embargo, todo quedó ahí. Año y medio después, en octubre de 2014, se producían las primeras detenciones del caso Púnica. Meses más tarde, el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco, comenzaba a investigar en una pieza separada la supuesta existencia de una caja b del PP Madrid que se nutría, en parte, de la cláusula del 1% de publicidad de los contratos públicos. Pese a ello, las dos cartas que denunciaban esta práctica presuntamente irregular no se habían incorporado a la causa ni los investigadores tuvieron noticia de ella hasta su publicación en la prensa el pasado septiembre.
De hecho, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitieron el pasado 3 de octubre a la Audiencia Nacional, días después de que aparecieran en el diario digital, un oficio en el que se daba cuenta de la existencia de las misivas y de que su contenido "permitía conocer que funcionarios de la Comunidad de Madrid alertaron por escrito al Gobierno de Ignacio González de la corrupción del 1% en los contratos públicos". Los agentes incluían en este documento policial el nombre de los firmantes de dicho escrito, Enrique Álvarez.
Cuatro días después, del oficio de la UCO, la Fiscalía presentaba ante el juez García-Castellón el escrito en el que solicitaba que se citase a declarar como testigo al funcionario "a los efectos de aportar prueba en el esclarecimiento de los hechos que se investigan en la pieza de financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid". El magistrado acordó el 15 de octubre que se le tomara declaración. En su escrito, Anticorrupción recordaba que "la investigación ha revelado que, como una forma de desviar dinero de las arcas públicas de determinadas consejerías de la Comunidad de Madrid, como Transportes y Sanidad, los pliegos de los contratos licitados desde las mismas incluían una cláusula que reservaba hasta el 1% del importe del contrato para pago de publicidad o información de la obra a cargo del adjudicatario. Dicha publicidad -continuaba la fiscalía- era facturara por ciertas empresas del círculo de confianza del PP de Madrid que, o bien no prestaban la publicidad o la sobrevaloraban".
Esta maniobra supuestamente irregular se decidió, según un informe de la UCO del pasado marzo, en una reunión de comienzos de 2004 en la que supuestamente participaron Esperanza Aguirre y algunos de los miembros de su gobierno, entre ellos Ignacio González y Francisco Granados. En dicho encuentro, presuntamente se acordó indicar a las empresas que resultaran beneficiadas con contratos públicos que el 1% destinado a campañas de publicidad para dar a conocer las obras fueran adjudicadas a las empresas de publicidad de Daniel Horacio Mercado, imputado en la causa y cuyo testimonio es el que ha motivado que la expresidenta madrileña tuviera que ir a declarar a la Audiencia Nacional el pasado 18 de octubre como investigada. El objetivo era pagar al empresario los actos de campaña que organizaba para el PP.
Cuando Aguirre fue preguntado por esta reunión en su declaración como imputada del pasado octubre, restó importancia a la misma y lo redujo a un breve encuentro fuera de su despacho para que ella diera el visto bueno a un nuevo logo para la Comunidad de Madrid. La expresidenta madrileña insistió entonces en que se había enterado “por el sumario” de la trama del 1% madrileño.
https://elpais.com/ccaa/2019/11/13/madrid/1573648874_021412.htmlAGUIRRE NEGÓ ANTE EL JUEZ CONOCER LA CLÁUSULA QUE INFLÓ EL COSTE DE LOS HOSPITALES PESE AL DECRETO QUE DEJABA EN SUS MANOS APLICARLA O NO
La norma legal supeditaba a una comisión presidida por la jefa del Ejecutivo la opción de obligar a las constructoras a que dedicasen a publicidad el 1% del presupuesto de cada nuevo hospital
Aguirre sostuvo ante el juez que se había enterado del papel que jugó esa comisión por "el sumario" de Púnica
La cláusula del 1%, que "no conocía que existía", encareció en tres millones el coste de los hospitales y ocultó pagos a la firma de publicidad que luego confesó haber participado en la financiación del PP
Esperanza Aguirre, quien como presidenta de Madrid se convirtió en paradigma del poder granítico, desplegó ante el juez del caso Púnica no solo ignorancia sobre la gestión del partido sino sobre asuntos gubernamentales de primer orden. Durante el interrogatorio al que se sometió en octubre como imputada por la supuesta financiación ilegal del PP, Aguirre negó incluso conocer hasta la cláusula que un decreto de su propio Gobierno solo permitía introducir en determinados contratos si lo autorizaba una comisión presidida por ella misma.
Aún vigente, el decreto [puedes consultarlo aquí] ya atribuía desde 2004 a ese órgano –la Comisión Delegada de Asuntos Económicos– decisiones sobre cualquier tipo de licitación de importancia económica o sectorial. Y a esa categoría pertenecía imponer o no que las constructoras destinasen a publicidad el 1% del presupuesto de cada uno de los nuevos ocho hospitales de gestión mixta. Es decir, de aquellos con los que el PP prometió a mediados de la pasada década reducir costes y mejorar la eficiencia del sistema sanitario. Aguirre sostiene que jamás asistió a esa comisión. Y que ahora es consciente de que la comisión intervino pero solo porque lo ha "leído en el sumario". La licitación de los contratos afectados por el 1% le era ajena: "No tenía nada que ver conmigo", dijo.
La cláusula del 1%, que la expresidenta "no conocía que existía", encareció en tres millones el coste de los hospitales y centros de salud. Y durante años mantuvo ocultos múliples pagos a la firma de publicidad Over Marketing y sus mercantiles satélite, todas ellas proveedores habituales del PP de Madrid. El propietario de Over, Daniel Mercado, terminó confesándole al juez que había participado en la financiación paralela del PP.
¿Cómo se producía el camuflaje de pagos a través del 1%? Según la tesis de los investigadores, las constructoras encargaban y pagaban a Over o sus filiales el importe correspondiente a ese 1% pero no porque la eligiesen por su propio criterio sino porque la Consejería de Sanidad les indicaba a quién debían contratar. Así, no quedaba ni rastro de los pagos en ningún documento público. Ese rastro habría permanecido indeleble y visible si la Consejería hubiese convocado uno o varios concursos para adjudicar las campañas de propaganda de los nuevos centros sanitarios.
El auto por el que el juez de Púnica, Manuel García Castellón, incorporó en septiembre a Aguirre a la lista de antiguos altos de primer nivel investigados por la financiación del PP madrileño –ya son tres expresidentes y seis exconsejeros– pone cifras a los efectos de la cláusula del 1%: "El importe del perjuicio causado a los fondos públicos entre los años 2006 y 2007 ascendió a 1.883.286,70 euros" en lo que a hospitales se refiere. Y a 1.190.481,83 por lo que respecta a centros de salud. El auto incluye un cuadro que desglosa los pagos efectuados por las constructoras de hospitales.
La aplicación de lo que los investigadores definen como una "cláusula nula" ocupó un espacio propio y relevante en el áspero diálogo que con la fiscal Carmen García entabló Aguirre, la mujer que hasta septiembre de 2012 dirigió con mano de hierro la Comunidad de Madrid y hasta febrero de 2016 la estructura regional del PP. Todo apunta a que Aguirre cuidó de forma especial su versión en este punto porque, a diferencia de lo que sucede en otros relacionados con la causa, la ley le otorgaba aquí un protagonismo insoslayable a la hora de tomar decisiones de las que luego se derivó "un perjuicio" para el erario regional.
Es exactamente igual que lo ocurrido con el convenio a través del cual el Gobierno de Madrid entregó a un organismo ya extinguido, Arpegio, la gestión del mayor plan inversor conocido en Madrid: el Prisma, dotado con 1.000 millones y bajo sospecha de desvío de fondos a gran escala.
"¡Oiga!, no tiene nada que ver conmigo"
El apartado sobre la cláusula del 1% se desarrolló en un ambiente tenso: como casi todo el interrogatorio. Al diálogo entre la fiscal y Aguirre pertenecen los siguientes fragmentos, transcritos de forma literal.
Fiscal (F) ¿Quién decidió la introducción de la cláusula?
Esperanza Aguirre (A) No lo sé, no lo sé, supongo que la Consejería de Sanidad.
F. ¿Se discutió en alguna comisión, en alguna reunión?
A. He leído en el sumario que en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
F. ¿Usted estuvo?
A. Nunca, jamás he acudido a ninguna Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
F. ¿Usted tuvo que autorizar la inclusión de esa cláusula del 1% en los pliegos?
A. ¿Yo? ¡Oiga!, la Comunidad de Madrid licitará miles de pliegos, pero no tiene nada que ver conmigo. Eso lo hará el servicio jurídico, la Intervención General y en este caso, además, la Intervención General del Estado, porque el gasto de la construcción de hospitales hubo que periodificarlo en 30 años para no incurrir en el déficit.
Un minuto más tarde, reiteró su ignorancia al pronunciarse así:
– A mí, que no conocía que existía esa cláusula del 1%, lo que sí me consta es que cambiar de hospital a más de un millón y medio de personas es una cosa de la que hay que informar a la ciudadanía, cómo no, y hay que mandarles cartas a todos los enfermeros o médicos, etcétera, que van a ir al nuevo hospital o que se van a quedar en el otro. Que la tarea de información institucional en el plan de infraestructuras es enorme.
Delegar pero sin perder la presidencia
Clonada de un órgano que en 2004 ya funcionaba en el Gobierno central, el que decidió aplicar en Madrid la cláusula del 1% era la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El decreto mencionado al inicio estipula que la presidirá quien presida la Comunidad.
Fue el consejero de Sanidad de la época investigada, Manuel Lamela, también imputado, quien confirmó ante el juez que él mismo propuso a la comisión que introdujese en los pliegos de condiciones la cláusula del 1%. Muy despectivo para con los agentes de la UCO que elaboraron el informe sobre la "nulidad" de origen de esa cláusula, Lamela enfatizó una afirmación favorable a Aguirre: que, aunque la norma –el decreto– le encomienda la presidencia de esa comisión, "siempre la presidió el vicepresidente" Ignacio González.
Antiguos altos cargos del Gobierno central aseguran a infoLibre que si bien es creíble que Aguirre delegara en el vicepresidente su asistencia a la comisión, parece poco verosímil que ignoraba las funciones de la comisión. Y remarcan que la inasistencia no la eximía de permanecer informada y de asumir sus responsabilidades como presidenta de una comisión que –como subrayó el propio Lamela– debe intervenir siempre en casos de licitaciones de importancia económica general o sectorial. Las mismas fuentes recuerdan que, por ejemplo, Mariano Rajoy acudía con regularidad a las sesiones del órgano estatal mientras que Zapatero delegaba porque no consideraba necesaria su presencia.
¿Puede alegar Aguirre, como ya hizo Alberto Ruiz-Gallardón como imputado en el caso Lezo por haber presidido Gobierno regional que autorizó la compra de una empresa colombiana, Inassa, por parte del Canal de Isabel II? Gallardón adujo, en resumen, que carecía de información sobre el daño que esa adquisición pudiese infligir al Canal por el sobreprecio (35,4 millones) de Inassa. Y lo cierto es que el juez García Castellón, que instruye Lezo y Púnica entre otros casos, entendió al igual que la Fiscalía que su argumento era cierto. En mayo, le levantó la imputación.
De momento, no hay el menor atisbo de que la Fiscalía planee pedir el archivo de las actuaciones en lo que concierne a Aguirre. Los investigadores consideran que fue ella quien "supervisó" la ejecución de un "plan preconcebido" para nutrir las arcas del PP con dinero público gracias a contratos amañados, inflados o ni siquiera realizados.
Mucho antes de que el juez abriera este verano la pieza sobre la financiación del PP, la confesión del dueño de Over Marketing resultó clave para el avance de esa parte de la investigación. Daniel Mercado confesó que cumplió su rol en ese plan de dopaje electoral a través de dos vías. Una de ellas, la más conocida de aceptar dinero negro por trabajos para las campañas electorales. La otra fórmula consistía en cobrar de las constructoras con cargo a ese 1% pese a que en realidad al menos parte de aquellos servicios tenían como beneficiario real al partido.
Aguirre no solo niega la mayor -la financiación opaca del partido con coste para el erario madrileño- sino que durante el interrogatorio se encaró a la fiscal en su empeño por desmentir que el dueño de Over Marketing hubiese hablado de facturas falsas. Todas las declaraciones se graban. Y la de Daniel Mercado, fechada en diciembre de 2017, incluye afirmaciones cómo la de que "la gerencia del partido en Madrid" le dio instrucciones para facturar a determinadas empresas una campaña de radio y faldones de publicidad destinada al PP.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/16/aguirre_nego_ante_juez_conocer_clausula_que_encarecio_los_hospitales_pese_que_propia_ley_obligada_autorizarla_100724_1012.html
EL CONTRATO DE LA OBRA DEL DESPACHO DE AGUIRRE NO APARECE
El gerente del partido traslada al juez de la Púnica que no encuentra los acuerdos
El gerente del PP de la Comunidad de Madrid, Manuel Carrillo, ha comunicado al juez que investiga la supuesta financiación irregular del partido que no tiene los contratos que reflejan los términos en los que se ejecutaron las obras de remodelación de la sede en la calle Génova, y que están siendo investigadas en el caso Púnica, según adelantó Europa Press y confirmó este diario. El juez Manuel García-Castellón quería saber cómo se presupuestaron, realizaron y pagaron los trabajos, que incluyeron la remodelación del despacho de Esperanza Aguirre, entonces presidenta del partido regional.
"Examinados los archivos de esta sede regional del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, se comprueba que no obran contratos relativos a proyectos y realización de las obras de remodelación de la sede del partido", dice el gerente en el escrito remitido al juez Manuel García Castellón. "Se acompaña a este escrito la documentación que se ha podido hallar, que comprende varias facturas entre los ejercicios 2005 y 2010, así como una relación de pagos realizados por razón de las citadas obras".
La investigación intenta dilucidar si la remodelación de la primera planta del edificio de Génova 13 se pagó en b. El conjunto de las facturas aportadas apenas llega a los 88.000 euros y se reparte entre siete empresas. La mayoría reflejan que los pagos fueron en metálico.
El PP madrileño y el nacional comparten edificio en el centro de Madrid. Los investigadores intentan aclarar si también compartían modus operandi. Así, el Juzgado Central de Instrucción número 5 se ha centrado en cómo se pagaron las reformas de las plantas baja, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, en los sótanos y en el garaje.
Sede nacional
Precisamente, el origen de los 1,4 millones de euros que costó al PP en total la reforma del edificio entero está pendiente de juicio, después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 que investiga la supuesta financiación irregular del partido a nivel nacional diese por finalizadas las pesquisas e impusiera a la formación una fianza de 1,2 millones de euros.
En concreto, la Audiencia Nacional juzgará las "aplicaciones de fondos del PP ajenos al circuito económico legal para la retribución de parte de los trabajos de remodelación de las distintas plantas de la sede central de la formación política", obras que fueron realizadas entre 2005 y 2010.
https://elpais.com/ccaa/2019/10/22/madrid/1571760997_973648.htmlEL JUEZ CITA AL EXALTO CARGO DE AGUIRRE QUE VALIDÓ LAS FACTURAS AMAÑADAS DE PÚNICA
La versión del exviceconsejero Alejandro Halffter puede ser clave para los investigadores tras escuchar a los principales acusados en la red.
El caso sobre la presunta caja 'b' del PP madrileño ha cobrado un fuerte impulso desde que a comienzos de septiembre el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordara la citación de una treintena de personas para depurar responsabilidades sobre el presunto amaño de facturas y el desfalco de dinero de dinero público desde instituciones dependientes de la Comunidad de Madrid. Los interrogatorios practicados hasta el momento no han aclarado en exceso el papel de cada uno en esta trama; motivo por el cual el testimonio que preste en sede judicial el exviceconsejero de Presidencia Alejandro Halffter puede ser clave.
El instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, le interrogará el próximo 11 de noviembre, día en que se reanudará la intensa ronda de declaraciones que arrancó en septiembre. Se trata de su segunda citación judicial en menos de un mes puesto que el magistrado ya le convocó el pasado 16 de septiembre si bien el exalto cargo de Gobierno regional se acogió a su derecho a no declarar. Ahora, en una providencia a la que ha tenido acceso este diario, el instructor expone que el acusado, que alegó falta de conocimiento de las actuaciones, ya está debidamente personado en el procedimiento y por tanto preparado para responder sobre las irregularidades que se le atribuyen.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó su imputación en la pieza número 9 del caso, que indaga una posible financiación paralela a la oficial en el PP madrileño bajo las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González. De acuerdo con la tesis de los investigadores, fue precisamente este último el que, de acuerdo a lo establecido en la Ley, asignó la competencia de la contratación de publicidad a la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno.
Es precisamente en el marco de este cometido en el que Halffter, en su condición de secretario general técnico, habría tramitado los expedientes de las facturas presentadas por las sociedades de Horacio Mercado. El empresario es una de las personas señaladas por la Fiscalía Anticorrupción como las que habrían financiado de manera ilegal las campañas electorales del PP en los ejercicios de 2007, 2008 y 2011. Tanto es así que lo sitúan en el origen de esta presunta trama corrupta y en reuniones con los expresidentes regionales.
En todo este asunto el exviceconsejero regional habría jugado un papel crucial en tanto habría sido el encargado de gestionar los expedientes incorporando a los mismos memorias explicativas y documentos de aprobación del gasto con el fin último de otorgar apariencia de realidad a unas facturas abultadas o directamente ficticias. De hecho, también será interrogado por las gestiones llevadas a cabo desde la Consejería de Economía puesto que desde este departamento también salieron pagos a las mercantiles de Mercado por conceptos de publicidad falsos relacionados con 'Madrid Digital'. En este caso Francisco Lobo (secretario general técnico de Economía) recepcionó las facturas y Halffter las 'troceó' en contratos menores.
También se le acusa de autorizar la licitación del contrato de publicidad con Mercado desde Gedesma. Esta empresa pública estaba adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y recibía ayudas de la Comunidad de Madrid durante el periodo que está bajo la lupa de los investigadores. De este modo, se habría usado el ente para pagar a los empresarios de la caja 'b', siguiendo la misma dinámica que en otros organismos públicos como Arpegio o Mintra o Fundescam, la fundación ligada al PP.
A falta de conocer su versión de los hechos, cabe destacar que en todos los interrogatorios practicados hasta el momento su nombre ha salido a relucir tanto a preguntas de las fiscales Anticorrupción al frente del caso como de los propios acusados. De este modo, aunque Aguirre se desligó por completo del exviceconsejero, su sucesor mantuvo una versión diferente. En concreto, González expuso en sede judicial que los contratos de publicidad de la Comunidad de Madrid tenían que tener el visto bueno de la vicepresidencia primera pero recibían el aprobado 'a posteriori' de la Secretaría General Técnica de Vicepresidencia, a cuyo frente estaba Halffter.
En lo que sí coincidieron los dos exmandatarios es en señalar al exgerente regional Beltrán Gutiérrez. Ambos aseguraron que ellos no estaban al corriente de las cuestiones económicas del partido y que la persona que llevaba las cuentas de las campañas era el entonces responsable de finanzas de la formación regional, también imputado en la causa. Se da la circunstancia de que Gutiérrez siempre ha guardado silencio en sede judicial y todavía no se ha pronunciado sobre las acusaciones que pesan en su contra a tenor de unas anotaciones manuscritas de su propiedad e incautadas por los investigadores y que vendrían a recoger los presuntos pagos en 'b' de la formación regional.
https://www.lainformacion.com/espana/juez-cita-exalto-aguirre-valido-facturas-punica/6516258/
EL PP EVITA ACLARAR SI REFORMÓ GÉNOVA CON DINERO NEGRO Y APORTA FACTURAS MENORES
El magistrado de Púnica pidió al PP de Madrid contratos de las obras y éste entrega únicamente facturas de mobiliario inferiores a los 31.000 euros.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tendrá que seguir investigando si la reforma de la sede del PP madrileño en la calle Génova se costeó con dinero negro después de que la formación regional no haya cumplido con el requerimiento formulado en el marco del caso Púnica. Esto es así porque el partido ha admitido al instructor que no tiene en su poder los contratos firmados sobre las obras acometidas entre los años 2005 y 2010 y que únicamente ha conseguido facturas menores relativas a la compra de mobiliario de la sede.
Así consta en la documentación aportada por el partido este mes y que encabeza un escrito firmado por el actual gerente del PP madrileño, José Manuel Carrillo. El mismo contesta a la petición formulada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y apunta que, tras examinar los archivos de la sede regional del PP en la madrileña calle Génova, no se han podido encontrar los relativos a las obras de remodelación que se llevaron a cabo en esta primera planta y que los investigadores sospechan que se costeó con dinero en negro de empresarios vinculados a la formación regional.
Al respecto, la documentación, a la que ha tenido acceso este diario, determina que únicamente se han podido hallar facturas emitidas entre los ejercicios 2005 y 2010, bajo la presidencia del partido y del Gobierno de Esperanza Aguirre. Se trata de una decena de albaranes todos ellos de cantidades menores sobre el acondicionamiento interior de la sede. Los primeros de ellos, relativos a 2005, incluyen conceptos tales como demolición de muros de fábrica, colocación de parquet, instalación de electricidad, pintura plástica o transporte a vertedero de escombros. También añade mobiliario como mesas de despachos, sillas y muebles de estantería por importe total de 30.248 euros que se pagó al contado.
Cabe recordar que en esos momentos no existía la limitación para pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros que estableció Hacienda en el año 2012. Por eso las primeras facturas entregadas se costearon al contado. A excepción de éstas, el resto recogen importes menores que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros y que distan mucho de las cantidades que baraja la Audiencia Nacional y que estipula que la reforma de todo el edificio habría costado alrededor de 1,7 millones de euros. Sin embargo, esta investigación se centra exclusivamente en la reforma de la primera planta de la sede que ocupan los líderes regionales del partido.
Las facturas aportadas por la nueva dirección del PP regional demuestran cómo -a excepción del último albarán-a partir de 2007 se dejaron de costear al contado y se comenzaron a pagar por transferencia y cheques. Enchufes, conectores, clavijas y regleteros con una instalación cercana a los 1.000 euros o mesas de juntas de entre 150 y 470 euros son algunos de los conceptos de estos trabajos que se encargaron a empresas como Soldevila Chautón, Trébol Propuesta o Erin South, todas ellas en activo y con administradores que no guardan relación alguna con la causa Púnica tal y como ha podido comprobar este diario.
Aunque la instrucción de la macrocausa acaba de cumplir cinco años y se aproxima a su fin (debe estar terminada en junio del próximo año), la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado García Castellón dieron un impulso a la misma comienzos de verano delimitándola a un total de 11 piezas y acordando la citación de más imputados y testigos. Entre ellos figuraban personas clave en el partido en el momento de los hechos como las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes o los exconsejeros Borja Sarasola, Manuel Lamela y Juan José Güemes. El objetivo de los investigadores es esclarecer el nivel de responsabilidad de los nuevos imputados con la presunta caja 'b' de la formación que se habría creado a base de donaciones de empresarios amigos al partido, los cuáles a cambio habrían recibido adjudicaciones públicas del Gobierno madrileño.
En el marco de estas nuevas citaciones el instructor requirió igualmente a la formación regional que aportara toda la documentación sobre las obras acometidas en la primera planta de Génova durante la etapa que está bajo la lupa de la Policía Judicial, la cual también dilucida si los acusados concertaron además la cláusula del 1%. La misma consistió en un gravamen presuntamente ilícito el cual se impuso a los empresarios que se hicieron con las licitaciones públicas y que fue a parar a esta financiación paralela a la oficial. Pese a ello, de los interrogatorios practicados hasta el momento poco se ha podido dilucidar en este sentido puesto que la entonces cúpula del partido ha negado las acusaciones de la Fiscalía y han delegado responsabilidades en el entonces gerente y también imputado Beltrán Gutiérrez.
Con todo, no es la única investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la reforma de la sede del PP. El magistrado José de la Mata instruyó en el marco de la causa bautizada de los 'Papeles de Bárcenas' las pesquisas relativas a las obras acometidas en las nueve plantas del edificio. Lo hizo en una pieza separada del procedimiento que todavía se sigue investigando, si bien este asunto concreto ya puede ser juzgado por parte de la Sala de lo Penal al tratarse de una pieza que no guarda conexión directa con los hechos que se siguen investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 5.
https://www.lainformacion.com/espana/pp-evita-aclarar-reformo-dinero-negro-facturas-menores/6515858/EL JUEZ DE PÚNICA PEDIRÁ MÁS DILIGENCIAS POR LA DEBILIDAD DE LAS PRUEBAS CONTRA AGUIRRE
Fuentes jurídicas la califican como "decepcionante" y avisan de que la imputación no podrá sostenerse mucho tiempo si no hay indicios concluyentes
Que Esperanza Aguirre acostumbra a tener el viento de popa no es ningún misterio. Sin embargo, su suerte pareció acabarse hace un mes cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decidió, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, citarla como imputada en el marco de la trama Púnica. El magistrado le atribuía, junto a otros dos expresidentes —Cristina Cifuentes e Ignacio González— presuntos delitos electorales, falsedad de cuentas, prevaricación y tráfico de influencias dentro de la pieza por la posible financiación ilegal del PP de Madrid.
Su comparecencia la pasada semana, en la que hizo gala de su acostumbrado 'aguirrismo' y mezcló reproche con ironía y mala baba con las fiscales responsables en su opinión de este tropezón, debía ser el colofón de una intensísima ronda con decenas de interrogatorios. La gincana declarativa era clave para atar los indicios contra Aguirre pero, sin embargo, no ha salido como preveía Anticorrupción. Fuentes jurídicas la califican como "decepcionante" y avisan de que, si no aparecen nuevas pruebas, la imputación no podrá sostenerse mucho tiempo.
Un nuevo indicio complica la situación procesal de Esperanza Aguirre, acusada desde agosto de formar parte de la red de financiación ilegal que desvió dinero público a sus propias campañas
Las evidencias contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid no son suficientes por el momento y requieren de más diligencias. La Fiscalía ya está dando movimientos en este sentido y ha reclamado la incorporación de un carta remitida por Granados a su jefa. Su contenido, asegura, prueba que en las declaraciones no se dijo la verdad. Granados desde la cárcel madrileña de Estremera le pedí que desmintiera públicamente que existiera "financiación ilegal del PP de Madrid".
En la carta, que publicó Okdiario, aseguraba: "Una de tus frases preferidas, que tantas veces has repetido como consejo es: ‘Todo se puede delegar menos la supervisión’. Y todos los que hemos trabajado contigo sabemos que siempre has actuado así. Absolutamente nada, ni el en el Partido, ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno. Todo el que ha estado a tus ordenes lo sabe. Más aún, era más que habitual que tú despacharas con cargos intermedios del Gobierno para tomar decisiones ‘puenteando’ a sus jefes orgánicos",
Las pruebas reunidas hasta el momento quedaron reflejadas en el auto en el que se acordaban las citaciones. Hacían referencia a hechos más bien intuitivos. Aseguraba el escrito que Aguirre —presidenta entre 2003 y 2012 y del PP— tuvo un "papel decisivo y esencial" en la financiación ilegal en las campañas electorales organizadas durante casi 10 años, entre 2003 y 2011. Se le otorgaba una labor de supervisora y se aseguraba que "ideó la búsqueda de recursos" para costear los actos.
La prueba más evidente, indicaba aquel auto, era la colocación en puestos clave de personas de su confianza. Colocación destinada, según esta teoría, a manejar los hilos a través de figuras interpuestas. También se la situaba en el encuentro con el empresario con el que todo empezó, Horacio Mercado. La persona con la que se abrió la espita de la entrada de dinero negro en las arcas del partido regional. Uno de los principales imputados puede también tener la llave. La defensa de Francisco Granados ha asistido en silencio a todo el ciclo de testimonios sin apenas preguntar por la negativa de los acusados. Ahora puede reclamar acudir él también de forma voluntaria.
Este lunes declara como testigo el empresario Eusebio Martínez. El juez asegura que una de sus empresas ayudó a financiar irregularmente la contabilidad paralela del PP entre 2007 y 2008
No obstante, lo único contundente que se ha escuchado a lo largo de una cuarentena de interrogatorios vino por boca del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela. Y no fue contundente para nada. Dijo Lamela que Aguirre jamás dio una orden directa. Las indicaciones que recibió de la 'lideresa' en una reunión celebrada en 2004 para que distintos departamentos del Ejecutivo autonómico contrataran campañas de publicidad con una de las principales empresas de la trama Púnica, Over Marketing, fue "una invitación". Declaró expresamente que no se les ordenó contratar con Over, sino que se les aconsejó hacerlo porque esta empresa había regalado a la Comunidad de Madrid un proyecto de publicidad, la suma del logo 'Madrid, la suma de todos'.
Ironía
Aguirre no se arredró ante el juez y las fiscales y sacó su peculiar carácter durante su interrogatorio. La declaración estuvo salpicada de interrupciones, provocadas por el tono de 'retintín' que empleó con las representantes del Ministerio Público a las que llamó "fiscalas". Las acusó de exagerar la trama pensando que es "el caso Watergate". Esa 'marca de la casa' le valió varios toques de atención del juez, que incluso llegó a molestarse cuando escuchó cómo expresaba un absoluto desconocimiento de la financiación del partido. "¿Su cargo era decorativo?", le preguntó.
Sin abogados y sin un solo apoyo: el PP deja sola a la 'lideresa' Esperanza Aguirre
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaró ayer en calidad de investigada en el marco del caso Púnica sin el respaldo de ningún dirigente popular
Aguirre lo negó todo con acidez. Defendió que no tenía responsabilidad económica, administrativa o contractual en el PP de Madrid, pues no eran las funciones del presidente. También dejó caer que ella nombraba a sus cargos en la comunidad consultando antes al expresidente Mariano Rajoy, y que al entonces tesorero, Beltrán Gutiérrez, apenas le conocía porque su nombramiento se produjo con el anterior equipo que dirigía Pío García-Escudero y a propuesta del PP nacional. Su versión choca con el auto en el que el juez acordó su imputación, en el que se considera "difícil de imaginar" que la expresidenta "no conociese la contabilidad en B que llevaba quien fuese su mano derecha y gerente, Beltrán Gutiérrez".
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-10-25/juez-punica-diligencias-debilidad-pruebas-contra-aguirre_2297744/ESPERANZA AGUIRRE ELUDE TODA RESPONSABILIDAD EN LA FINANCIACIÓN DEL PP
Sostiene en un interrogatorio bronco con las fiscales, que la financiación dependía del gerente Beltrán Gutiérrez, al que según dice no conocía, cuando le acompañó desde 2003
Altanera y enfrentándose a las fiscales y hasta al juez, Esperanza Aguirre ha intentado desmarcarse durante todo el interrogatorio como imputada de cualquier actividad irregular tanto en la Comunidad de Madrid como en el Partido Popular. Como hiciera su sucesor en la presidencia autonómica, Ignacio González, ha descargado toda responsabilidad de la financiación del PP de Madrid en su gerente, Beltrán Gutiérrez, del que ha dicho que le conocía de “hola y adiós”, cuando le acompañó en el partido desde que lo presidió.
A Beltrán Gutiérrez, imputado en la causa, le fue intervenida la caja b del PP en la región en el registro a su domicilio. Respecto a Fundescam, la fundación implicada en la financiación ilegal, ha espetado a las fiscales que si se creen "que es el Watergate”, en referencia al caso que provocó la dimisión del presidente norteamericano Richard Nixon, y ha negado conocimiento. El juez le ha contestado que si su cargo era “figurativo”, al negar conocimiento o responsabilidad en cualquier área.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid también ha intentado desvincularse de la reunión clave acontecida a principios de 2004 y reconocida por varios testigos e imputados, a la que asistió junto a González y Granados y en la que según manifestó el exconsejero Lamela, le pidieron que invitara a los concursos públicos al entramado empresarial de Daniel Horacio Mercado, principal implicado en la financiación ilícita del partido.
Aguirre ha asegurado que se encontraba en su despacho y le llamaron para que viera el logotipo de “Madrid Suma” que iba a presentar el empresario. Fue su única intervención en la reunión, según ha asegurado. Al juez García Castellón le ha extrañado la respuesta, y le ha preguntado cómo la presidenta de una comunidad tan importante como Madrid interrumpía su trabajo para ver un logo. “No veo a Trump interrumpiendo” su quehacer diario "por un logo", le ha dicho el juez.
Esperanza Aguirre continúa declarando imputada en un amplio abanico de delitos relacionados con la corrupción como cohecho y malversación continuados, fraude y falsedad electoral, tráfico de influencias, o prevaricación entre otros. El juez sostiene en su auto que Esperanza Aguirre “ideó" la financiación ilegal del PP en Madrid, y destaca su papel “decisivo y esencial” para, desde la cúspide del organigrama corrupto, sustraer más de seis millones de euros de hasta 8 consejerías y agencias de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de sufragar sus campañas electorales desde 2003.
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/18/radio_madrid/1571391062_677761.htmlLA DECLARACIÓN DE AGUIRRE DERIVA EN UNA BRONCA CON LAS FISCALES
La expresidenta se desmarca de la gestión económica del PP madrileño y apunta al exgerente Beltrán Gutiérrez
Esperanza Aguirre protagonizó este viernes un bronco interrogatorio con las fiscales del caso Púnica e, incluso, con el juez instructor, Manuel García-Castellón, según fuentes jurídicas. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que declaró como imputada en la Audiencia Nacional durante más de tres horas y media por la supuesta caja b del PP regional, se desvinculó de la financiación y apuntó al exgerente de la formación Beltrán Gutiérrez. En la causa se investigan delitos de cohecho, malversación, falsificación, fraude y prevaricación, entre otros.
Aguirre, en su primera declaración como investigada –también depuso como testigo en el juicio del caso Gürtel–, se desvinculó de la gestión económica del partido y apuntó como único responsable de las finanzas al exgerente, ya imputado. La expresidenta se desmarcó de Gutiérrez al decir que a este antiguo alto cargo del PP madrileño lo conocía únicamente “de hola y adiós”. Aguirre añadió que el gerente no le rendía cuentas a ella sino a alguien en el PP nacional, que no especificó.
Cuando el juez le preguntó si a efectos económicos su cargo era “figurativo”, ella esgrimió los estatutos del partido, de los que, según su interpretación, se desprende que el presidente de la formación no tiene funciones económicas. Aguirre afirmó que, en la actualidad, sigue creyendo que en el PP regional no había ninguna contabilidad paralela. Al mostrarle la Fiscalía el contenido del pendrive con la contabilidad paralela que llevaba Gutiérrez, ella dijo que todo era “mentira”.
El comienzo de la declaración de la expresidente madrileña fue una sucesión de broncas e interrupciones. La primera surgió cuando se refirió a las representantes del ministerio público como “las fiscalas”, en lugar de “las fiscales”, como le reclamó el juez que dijese. Cuando le preguntaron por Fundescam, la fundación del PP que supuestamente sirvió para desviar al partido subvenciones públicas, Aguirre dijo que “las fiscalas o las fiscales se han empeñado en que Fundescam era el Watergate”, en referencia al escándalo que acabó con la presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos en 1974.
Otro momento de tensión surgió cuando las fiscales le preguntaron por el tamayazo, la deserción de dos diputados autonómicos socialistas —Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez— que forzó la repetición de las elecciones autonómicas de 2003 y propició la primera mayoría absoluta de Aguirre. La expresidenta, aconsejada por su abogado, Carlos Aguilar, se acogió a su derecho a no contestar tras mostrarse indignada por la pregunta.
Según letrados presentes en la declaración, Aguirre hizo una “exhibición de carácter”. Cuando las fiscales le preguntaron por qué no destituyó como gerente a Gutiérrez al ser imputado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, y por qué después de que este dimitiera, la expresidenta le pidió que volviese, Aguirre se volvió a cerrar en banda. A renglón seguido, manifestó que ella, como presidenta, nombraba a todos sus cargos en la Comunidad “pero que lo consultaba siempre con Mariano Rajoy”, presidente nacional del partido.
Durante el interrogatorio salieron a colación las dos principales “ranas” —según su propia definición— de sus mandatos: Ignacio González y Francisco Granados. De González, que la sucedió en la presidencia, manifestó que lo conocía desde 1989 de su etapa en el Ayuntamiento de Madrid. Sobre el segundo, dijo que lo nombró consejero en 2003 porque “le habían hablado muy bien de él” como alcalde de Valdemoro.
Sobre la agencia pública de infraestructuras de transportes Mintra, uno de los supuestos focos de corrupción de la trama Púnica en la Comunidad y disuelta en 2011, Aguirre reconoció que estaba “mosca”. Según fuentes presentes, el juez le pidió entonces que matizase la expresión y ella, titubeante, dijo que era “muy austera” y que “no quería hacer muchas estaciones de metro”, de cuya adjudicación se encargaba Mintra. La fiscal vio un punto de debilidad y le insistió. Ella, según los testigos, dijo: “Retiro mosca”. “No puede retirar la mosca porque está grabado”, le recordó el magistrado.
Aguirre también negó haber participado en la reunión de comienzos de 2004 en la que supuestamente se acordó favorecer con adjudicaciones a las empresas de publicidad de Daniel Horacio Mercado —imputado en la causa y cuyo testimonio ha salpicado a la expresidenta— para pagarle los actos de campaña que organizaba para el PP. Aguirre la redujo a un breve encuentro fuera de su despacho para que ella diera el visto bueno a un nuevo logo. Insistió en que se había enterado “por el sumario” de la trama del 1% madrileño, la reserva de ese porcentaje para publicidad en los contratos de grandes obras públicas, una cantidad que en parte acabó supuestamente en las arcas del PP y de la que Mercado resultó beneficiado.
Al salir de la Audiencia, Aguirre expresó a los medios su "satisfacción" por haber podido explicar al juez su versión de los hechos. "Nunca he hecho, ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y mucho menos una ilegalidad en el supuesto de que se hubieran cometido", dijo, sin aceptar preguntas. "Mi inocencia prevalecerá", afirmó antes de irse del edificio judicial.
LA SILLA VACÍA DEL IMPUTADO Y EL “DISFRAZ DE VALENCIANA”
Esperanza Aguirre no prestó ayer declaración sentada en el lugar destinado habitualmente a testigos e imputados cuando son interrogados, sino desde el estrado de los abogados tras acogerse a su condición de letrada. No fue la única anécdota. Preguntada acerca de los regalos que recibió durante su etapa al frente del Ejecutivo regional y su valor, Aguirre se defendió asegurando que todo se inventariaba y lo entregaba a sus colaboradores. Como ejemplo de esos presentes citó una silla de montar y un “disfraz de valenciana”. Luego corrigió y habló de un “vestido de Fallas”.
Interrogada por los gastos de sus campañas electorales, financiados en parte con la supuesta caja b, la expresidenta aseguró que ella se dedicaba “a la creatividad”. Dijo que solo elegía al fotógrafo y la imagen de ella que se iba a utilizar en la cartelería.
https://elpais.com/politica/2019/10/18/actualidad/1571386200_020464.htmlAGUIRRE CONVIERTE CASI EN UN EXTRAÑO AL EXGERENTE DEL PP AL QUE HACE AÑO Y MEDIO CONSIDERÓ PERSONA DE SU "PLENA CONFIANZA"
En sus tres horas de declaración como imputada por la financiación del PP, Aguirre afirma que era ajena a las cuentas del partido y que con el gerente, Beltrán Gutiérrez, tenía una relación de saludarse por los pasillos
Beltrán fue el dirigente que llegó a acompañar a Aguirre en 2014 a los juzgados de Madrid cuando se dio a la fuga en la Gran Vía para no ser cazada por la Policía Municipal
La investigada Esperanza Aguirre se mostró este viernes arisca y bronca con las fiscales –"fiscalas", las siguió llamando pese la reconvención del juez–, sentada junto a los letrados de la causa porque se negó a ocupar la silla de los imputados alegando que ella misma es abogada, atrincherada en no responder a determinadas preguntas de Anticorrupción y volcada en remachar que jamás supo nada de las cuentas del partido: porque ese, repitió, era asunto del gerente, Beltrán Gutiérrez Moliner, aunque en lo que algunas fuentes consideran una abierta contradicción con su ignorancia, simultáneamente negó que existiera caja B y se declaró convencida de que este no había cometido ninguna ilegalidad.
Beltrán Gutiérrez, el hombre de quien hace solo un año y medio dijo Aguirre en el Congreso, y así lo refleja el Diario de Sesiones, que tenía su "plena confianza", se convirtió este viernes casi en un extraño para la expresidenta más poderosa de Madrid en las más de tres horas de declaración que prestó ante el juez de Púnica como investigada por la supuesta financiación ilegal del PP. Si el jueves señalaron hacia Beltrán Gutiérrez el antiguo delfín de Aguirre y su luego sucesor al frente del Gobierno regional – Ignacio González– y la mujer que en 2010 la relevó en la cúpula de la fundación Fundescam –Gádor Ongil–, el viernes fue la durante años lideresa del PP madrileño quien apuntó hacia el exgerente. Y, también, hacia la dirección nacional del PP -en la etapa de Rajoy- como la que se entendía con Gutiérrez en materia de cuentas y financiación del partido. La figura de Beltrán Gutiérrez, en cuya casa intervino la UCO un pendrive lleno de archivos que destapan la contabilidad B del PP madrileño y buena parte de las tretas utilizadas para desviar fondos públicos, adquiere así mayor relevancia que la que el caso le había deparado hasta ahora.
El exgerente, remachó la expresidenta madrileña, ya estaba allí cuando ella llegó a la cúpula regional del partido en 2004, un puesto el de presidenta –fue su mensaje– de gran relevancia política pero al que apenas dedicaba en la sede un par de horas a la semana como mucho. Fue la dirección nacional la que nombró a Gutiérrez, era la dirección nacional ante la que rendía cuentas aunque no sabe con qué persona concreta lo hacía, y la relación entre ambos se limitaba casi a saludarse por los pasillos aunque igual alguna vez acudió el exgerente a su despacho. Su énfasis en la práctica ausencia de contacto con Beltrán llevó al juez, Manuel García Castellón, a intervenir para decirle que estaba entendiendo que la suya con el exgerente había sido una relación nula. Pero Beltrán es, por ejemplo, el dirigente que llegó a acompañarla en 2014 a los juzgados de Madrid cuando Aguirre se dio a la fuga en la Gran Vía para no ser cazada por la Policía Municipal. El gerente, también, al que Aguirre mantuvo cuando ese mismo otoño estalló el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Y el que la acompañaba a numerosos actos del partido. Hoy, todo parece haber cambiado.
De Daniel Mercado a Donald Trump
El enfrentamiento abierto que Aguirre mantuvo con las fiscales durante el interrogatorio –sostuvo que Anticorrupción quiere convertir la fundación Fundescam en el caso Watergate– condujo al juez García Castellón a acerar sus intervenciones mucho más de lo habitual. Por ejemplo, el magistrado le preguntó si a la vista de la descripción vaga y difusa de sus escasas atribuciones prácticas, el cargo de presidenta del partido carecía de funciones. Y cuando a la expresidenta le preguntaron por aquella reunión de 2004 donde su equipo conoció a Daniel Mercado, dueño del ya extinto grupo de publicidad Over Marketing, clave en el supuesto desvío de más de 25 millones que se investiga en la causa y quien ya ha confesado que aceptó pagos en negro y con facturas falsas, Aguirre vino a decir que aquello no fue una reunión. Y que la llamaron simplemente para decirle que fuera a una especie de hall de visitas cercano a su despacho del edificio de la Puerta del Sol porque allí estaba un señor con un power point y que resultó ser el autor del lema Madrid, la Suma de Todos. Era un publicista al que no conocía –sostiene Aguirre– y sobre el que no dio instrucciones para que su equipo lo contratase. Su bronca con las fiscales hizo incluso que se pusiera a discutir si Mercado había declarado o no lo que estaba explicando la fiscal Carmen García Cerdá.
El juez, en ese momento, acudió a una comparación peculiar para avisar a Aguirre de que su argumento es como si alguien dijese que a Donald Trump lo habían sacado de su despacho para ver a un publicista con el que no tiene relación pero que acaba llevándose casi todos los contratos de publicidad en juego. La publicidad institucional fue la parte del león en el desvío de fondos públicos. Solo el Imade adjudicó 20,3 millones en cuatro años. Extinguido en diciembre de 2010, el Imade era un organismo opaco que, como la propia Aguirre relató, dirigía un directivo casado con una prima de su marido: Aurelio García de Sola, también imputado.
En la pieza sobre financiación, el juez investiga los delitos de cohecho, falsedad electoral, malversación, falsificación, prevaricación, tráfico de influencias e incluso organización criminal.
La Fiscalía y el juez Manuel García Castellón atribuyen a Aguirre la "supervisión" de un "plan preconcebido" destinado a desviar ingentes cantidades de dinero público –Anticorrupción los cifra en más de 25 millones– y ponerlos "al servicio del partido".
El plan delictivo en cuya cúpula los investigadores colocan a Esperanza Aguirre giraba en torno a la publicidad. O propaganda para el partido al margen de la Ley Electoral y con grave daño para las arcas públicas. En forma de mítines, encuestas, vídeos y lo que resultara necesario en cada campaña, ese fue el sistema de desvío que, por ejemplo, permitió al PP gastar en 2011, año de autonómicas y municipales como 2007, más del doble de lo autorizado: 6,2 millones frente a los 3.229.342 de máximo legal.
La imputación a Aguirre se produjo el 2 de septiembre. Pero las sospechas ya planeaban desde antes sobre la expresidenta de Madrid. Un ejemplo: el 13 de abril de 2017, durante el interrogatorio al exgerente del PP, Beltrán Gutiérrez, y cuando se estaba abordando el papel de la fundación Fundescam, pieza clave en la financiación de las campañas electorales, el entonces instructor de la causa, Eloy Velasco, le espetó esto al imputado : "Y al frente [del Gobierno] estaba la misma persona que al frente de la fundación, o sea, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y resulta que con esto se enmascaran gastos electorales". Al frente del Gobierno estaba Aguirre. Al frente de Fundescam, también. Este viernes, Aguirre defendió las subvenciones públicas a Fundescam otorgadas por su Ejecutivo y subrayó que se trataba de una fundación idéntica a las que mantenían PSOE, IU y UPyD. Documentos y testimonios acreditan que Fundescam pagó gastos electorales de Aguirre desde 2003.
Un mes antes de aquel interrogatorio de Eloy Velasco, en marzo de 2017, quien entonces aparecía como el principal político envuelto en Púnica, Francisco Granados, antiguo número 2 del PP madrileño y cuya cuenta suiza destapó la trama, escribió desde prisión una carta a Esperanza Aguirre que publicó okdiario. Granados incorporó el siguiente párrafo: "Una de tus frases preferidas (...) es: 'Todo se puede delegar menos la supervisión' (...) Absolutamente nada, ni en el partido ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno". Granados, a quien el juez define junto con Ignacio González y el exgerente del PP, Beltrán Gutiérrez, como parte del trío en que se apoyaba Aguirre para ejecutar aquel plan que el auto de imputación refleja como delictivo, es uno de los que ha declarado que la financiación paralela existía.
"Mi inocencia prevalecerá"
Al término de su declaración, Aguirre ha afirmado ante los periodistas que está satisfecha por haber dado su versión de los hechos que se le atribuyen en la trama Púnica y convencida de que se hará justicia. "Mi inocencia prevalecerá", ha asegurado.
"Lo que he explicado es que nunca he hecho ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y mucho menos, una ilegalidad, en el supuesto de que se hubieran cometido", señaló en una breve declaración sin preguntas a su salida del tribunal.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/19/aguirre_exgerente_100057_1012.html
LOS MÁS DE 25 MILLONES CUYO DESVÍO AL PP SE INVESTIGA EN 'PÚNICA' LLEVAN A AGUIRRE ANTE EL JUEZ
El auto que imputa a la expresidenta y el informe de Anticorrupción detallan astronómicas cifras de quebranto para el erario madrileño entre 2005 y 2010
Solo el Imade, un organismo opaco ya disuelto, adjudicó en tres años 20,3 millones en contratos de publicidad bajo sospecha
La cláusula del 1%, también para publicidad, encareció los contratos de los nuevos hospitales y centros de salud en tres millones
Esperanza Aguirre declara este viernes en el caso Púnica como imputada por la financiación ilegal del PP y lo hará precedida de un auto, aquel por el que el juez Manuel García Castellón la convirtió en investigada el 2 de septiembre. Tanto ese auto como el informe de la Fiscalía Anticorrupción en que se basa ofrecen cifras astronómicas sobre el "plan preconcebido" a cuya cabeza se situaba supuestamente Aguirre para desviar fondos públicos y hacerlo "al servicio del partido". Aunque el magistrado no incluyó en su resolución el párrafo del informe de Anticorrupción que, como adelantó ABC en agosto, cuantifica en "más de 25 millones de euros" lo que entre 2005 y 2010 habría sido desviado con ese plan, el auto desglosa las principales bolsas de dinero que salieron de la Comunidad de Madrid en beneficio del PP.
Sin tener en cuenta datos que incrementarían de largo la cuenta pero que tanto el juez como la fiscalía han obviado bien porque aún están sujetos a investigación, bien por razones aún no explicitadas, la suma de los parciales presentes en la resolución judicial coincide en líneas generales con la estimación del ministerio público: 25.449.230 euros. Ahora, infoLibre detalla de qué departamento autonómico salió cada remesa. En todos los casos operan dos nexos: el instrumento de desvío fueron, básicamente, contratos de publicidad supuestamente institucional; y las empresas que actuaron como vehículo eran proveedores electorales del PP. Especialmente, el ya desaparecido grupo Over Marketing, cuyo propietario, Daniel Mercado, ya ha confesado que participó en la financiación ilegal del PP madrileño.
EL IMADE: 20.372.668 EUROS ENTRE 2006 Y 2009
El grueso de los fondos desviados salió del Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo), un organismo opaco adscrito a la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, "destinataria de importantes ayudas comunitarias" –así lo subraya el juez– y cuya liquidación ordenó Aguirre en diciembre de 2010 pese a que apenas mes y medio antes había suscrito un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para gestionar nada menos que 80 millones en créditos blandos.
Por decisión del Gobierno de Aguirre, esos 80 millones cuya gestión había sido atribuida al Imade quedaron en manos de Madrid Network, una entidad impulsada por el Ejecutivo pero con forma de asociación privada que ni siquiera presenta cuentas públicas. A su frente colocó la Comunidad de Madrid a quien había sido gerente del Imade, Aurelio García de Sola, también imputado. Pues bien, la suma de los contratos de publicidad (ocho) que tanto el auto como el informe de la Fiscalía consideran fruto del "plan preconcebido" para beneficiar al PP asciende al meteórico importe de 20.372.668 euros. Los ocho se adjudicaron entre octubre de 2006 y el mismo mes de 2009. Over Marketing y otra de las empresas que los investigadores consideran clave para el desvío de fondos públicos (Swat SL, luego rebautizada como Mediaworld Sponsor y Soportes SL) ocupan en esa serie un lugar relevante junto con otra de las firmas implicadas, Ruiz Nidoli Líneas SA. Como desveló este periódico, cuatro de esos contratos se adjudicaron por importe global de nueve millones en solo una semana.
Imade, escribe el juez Manuel García Castellón, fue utilizado "como potente instrumento de desvío de fondos públicos". "Sería de nuevo la contratación de publicidad, bajo una variedad de vertientes, la herramienta que daría cobertura al saqueo de las arcas del ente", añade la resolución antes de enumerar los contratos que "se amañarían" a favor no solo de las empresas vinculadas a Daniel Mercado sino también de "otros proveedores electorales" del PP madrileño.
"Todos estos contratos –relata el auto– tuvieron como nota común, que, en los concursos, las ofertas de los licitadores fueron valoradas" por el administrador de Swat. Esa fórmula "permitiría al investigado Juan Miguel Madoz [el administrador de Swat] valorar las ofertas técnicas, que lo fue en todos los casos de forma arbitraria y en beneficio de los empresarios convenidos". El auto se remite a una tabla de contratos incluida en el informe de la Fiscalía y que es la que se reproduce bajo esta línea.
Tabla de contratos de publicidad bajo sospecha adjudicados por el Imade Tabla de contratos de publicidad bajo sospecha adjudicados por el Imade
Buena parte de esos contratos de publicidad se otorgaron sin que, paradójicamente, las empresas tuvieran la obligación de insertar anuncios. Eso, explica el auto, "permitió a los actores de los hechos licitar a su vez los contratos que tendrían como objeto la inserción de la publicidad previamente contratada". Se hizo así doblete en dos ocasiones, con contratos que por 4,5 millones y cinco recayeron respectivamente en Media By Design y Mediacom Iberia, ninguno de cuyos directivos se encuentra imputado.
Documentos incorporados a la causa demuestran la multitud de contactos que el dueño de Swat, Juan Miguel Madoz, mantuvo con el representante de Mediacom antes y después de que la compañía suscribiera con Imade el citado contrato. Este periódico omite su nombre porque no está imputado ni, que se sepa, ha prestado declaración como testigo. Ese mismo empresario se incorporó luego a Media By Design, cuyos representantes de aquel momento también constan como investigados.
EL IMPUESTO DEL 1% QUE ENCARECIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES EN TRES MILLONES
La segunda fuente de fondos desviados, segunda por la magnitud de las cantidades desviadas, fue la llamada clásula del 1%, una especie de peaje en la sombra que consistía en obligar a las empresas constructoras de hospitales y centros de salud a destinar a publicidad el 1% del presupuesto de la obra. Las empresas pagaban y la Consejería de Salud elegía, sin concurso ni trámites administrativos, a las firmas publicitarias. Casi siempre, el grupo Over Marketing. Muchas de esas supuestas campañas institucionales llevaban aparejada publicidad inexistente. O como dice el auto, "publicidad que no se realizó".
Sobre los efectos de esa cláusula del 1%, se pronuncia así el auto: "El importe del perjuicio causado a los fondos públicos entre los años 2006 y 2007 ascendió a 1.883.286,70 euros" en lo que a hospitales se refiere. Y a 1.190.481,83 por lo que respecta a centros de salud. El auto incluye un cuadro que desglosa los pagos efectuados por las constructoras de hospitales.
Desglose de los pagos efectuados por las constructoras de hospitales en aplicación de la cláusula del 1% Desglose de los pagos efectuados por las constructoras de hospitales en aplicación de la cláusula del 1%
Eran tiempos en que Esperanza Aguirre había presentado la construcción de nuevos hospitales de gestión privada como una fórmula que simultáneamente mejoraría la calidad del sistema sanitario público y abarataría sus costes. Los investigadores de Púnica sostienen lo contrario: que en total, en un solo bienio se encareció el coste de los centros sanitarios en tres millones. Exactamente, y a tenor de los números que manejan la Fiscalía y el juez, en 3.073.768 euros.
La resolución judicial explica que la cláusula fue introducida por orden de "la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que fue creada previamente por Decreto 44/2004, de 26 de marzo". Añade el texto del magistrado que todos sus miembros tenían conciencia de que se trataba de "una cláusula nula" que "incrementaba" el coste de los hospitales.
De aquella comisión delegada formaban parte Aguirre –que la presidía–, sus dos principales colaboradores –Ignacio González y Francisco Granados– y el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela. El lunes, durante su declaración como imputado, Lamela se atribuyó la idea de introducir la cláusula, dijo que se basaba en una norma franquista de comienzos de los setenta que seguía en vigor y, aunque situó a Aguirre en la reunión donde a comienzos de 2004 les animaron a contar con Over Marketing, suavizó su relato sobre el significado de aquel encuentro.
Lamela posee un vínculo con Madrid Network. Es decir, con la asociación privada heredera del Imade y a cuyo frente colocó el Gobierno de Aguirre a Aurelio García de Sola: cuando saltó a la iniciativa privada en 2008, Madrid Network le dio con aquellos 80 millones aportados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología un crédito de medio millón que, a tenor de las últimas informaciones conocidas, Lamela no devolvió. En el interrogatorio del lunes, la acusación popular preguntó a Lamela por ese crédito. No quiso responder. La Fiscalía insistió, también sin éxito.
GEDESMA: UN "QUEBRANTO" DE 923.736 EUROS
Por importe desviado, el tercer organismo en cuanto a la relevancia del desvío de fondos públicos fue, según los datos del auto judicial, Gedesma (Gestión y Desarrollo de Medio Ambiente), una empresa pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Al igual que el Imade, Gedesma "venía recibiendo ayudas comunitarias durante los años 2006 y 2007". O sea, de la Unión Europea.
El 15 de noviembre de 2006 firmó un contrato con Over Marketing en cuya adjudicación había intervenido de forma activa Alfonso Granados. Es decir, el hermano de Francisco Granados, entonces número 2 del PP madrileño, uno de los dos escuderos de Esperanza Aguirre y el hombre cuya cuenta oculta en Suiza desencadenó la investigación que en 2014 permitió destripar la trama Púnica. Ese contrato de Gedesma con Over fue firmado el 15 de noviembre de 2006. Su objeto oficial era el "Servicio de publicidad para la campaña del plan de residuos de la construcción y demolición (RCD) de la Comunidad de Madrid, expediente 2.90.01.10". Nadie, relata el auto, comprobó la ejecución de los trabajos. Y eso posibilitó "que Gedesma abonase el precio de las facturas que bajo conceptos irreales le presentó el investigado Horacio Mercado". "El quebranto provocado a los fondos públicos ascendió a 923.736,3 euros", concluye aquí la resolución judicial.
FUNDESCAM: 409.127 EUROS DE SUBVENCIÓN QUE FUERON A "GASTOS ELECTORALES"
El caso de Fundescam, acrónimo de Fundación para el Desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, es uno de los ejemplos de la suerte o baraka que ha rodeado a Esperanza Aguirre desde su llegada a la Presidencia de la Comunidad tras el tamayazo de 2003. En 2009, una investigación periodística ya destapó que Fundescam había financiado gastos electorales de Aguirre desde las elecciones de 2003. En 2010, trascendió que la investigación sobre Gürtel así lo había confirmado pero la Fiscalía adujo que los delitos habían prescrito.
Es ahora cuando Anticorrupción ha situado a Aguirre en una posición complicada con Fundescam: no solo presidió la fundación hasta 2010 sin que se sepa aún por qué ese año el patronato de la fundación cambió de arriba abajo sino que era una de las personas autorizadas en sus cuentas. "La investigación –dice el auto de García Castellón– ha revelado la existencia del concierto dirigido a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen fraudulentamente gastos particulares del PPCM [el PP madrileño] y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008. El plan acordaría que, esta vez, el desvío de fondos públicos se materializase a través de las subvenciones concedidas por la CAM [Comunidad de Madrid] a Fundescam".
Patronato de Fundescam con Esperanza Aguirre como presidenta. Patronato de Fundescam con Esperanza Aguirre como presidenta.
Una vez concedida cada subvención anual, trámite que correspondía a la Vicepresidencia de Madrid, a cuyo frente se encontraba hasta 2008 uno de los patronos de Fundescam, Ignacio González, "los pagos a proveedores se desviaron groseramente de los fines fundacionales establecidos en sus estatutos". Así prosigue el auto, que cifra en 195.727,14 euros la subvención de 2007, importe que "sufragó gastos de la campaña a las elecciones autonómicas del año 2007". "Así, desde las cuentas de la fundación se sufragaron en el año 2007 subrepticiamente gastos electorales a las sociedades Back RVS, Escuela Europea de Dirección de Empresas, Ruiz San Juan Consultores [el texto dice por error San José], Art Box Comunicación SL, Emfasis Billing&Marketing SLU y Víctor Gayo Papelerías por un importe superior a los 500.000 euros". Para el cómputo parcial y global del dinero público desviado, este periódico ha tenido solo en cuenta los 195.727 euros de subvención.
En 2008, año de elecciones generales, la subvención de la Comunidad a Fundescam subió a 200.620,64 euros. "Los dirigentes del PPCM [PP de Madrid] desviaron el dinero de la subvención concedida para pagar fraudulentamente parte de la deuda que, por los gastos electorales no declarados a la Cámara de Cuentas, arrastraban desde la campaña del 2007", dice el auto. Y añade esto: "También sufragaron a través de facturación mendaz, con conceptos que simulaban la realización de los cursos, seminarios y otras actividades para las que se había solicitado dicha subvención, otros gastos de la campaña a las elecciones generales del año 2008".
En 2011, año de elecciones municipales y autonómicas, el auto detalla que Fundescam recibió una subvención de 127.850,10 euros. Y que una vez conseguida el PP "desvió el dinero público de la misma para costear gastos de funcionamiento del propio partido y encuestas de opinión y sondeos sobre intención de voto, sirviéndose de nuevo del disfraz de facturación simulada".
Ni el auto ni el informe de la Fiscalía desmenuzan lo sucedido en 2009 y 2010, cuando Fundescam abonó a los proveedores electorales del PP 192.782 euros el primer año y 151.589 euros, el segundo. Por tanto, tampoco este periódico ha tenido en cuenta esas cifras para calcular el desvío de fondos.
ARPEGIO O ACORDES DE TANGO POR 230.648 EUROS
Arpegio, un organismo dependiente de la Consejería de Presidencia y que constituyó durante años uno de los grandes feudos de Francisco Granados, también fue utilizada según el juez para desviar dinero público hacia el PP. "El investigado Francisco Granados –dice la resolución judicial– aprovechó la próxima inauguración de la Casa de Madrid en Argentina para desviar desde su Consejería dinero público, por una cantidad total de 230.648,24 euros, al amparo de la adjudicación a las empresas del investigado Horacio Mercado de contratos menores, para la organización de los eventos, y bajo la cobertura de la firma de un convenio de patrocinio entre la Casa de Madrid en Argentina y la Fundación Arpegio". Ocurrió en 2007.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, UN PLAN DE COMUNICACIÓN INEXISTENTE POR 199.991 EUROS
En este caso, y así lo expone el auto, fue el entonces consejero de Empleo Juan José Güemes Barrios quien, "siguiendo los dictados del plan preconcebido al que hemos hecho referencia, adjudicó en el año 2005 un contrato, bajo el concepto de: “Promoción, coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación institucional de la Consejería de Empleo y Mujer durante los años 2005 y 2006”, a la mercantil Over, que desviaría fondos de su Consejería por un importe de 199.991,40 euros más IVA".
La secretaria general técnica de la Consejería, prosigue la resolución, participó en los hechos y "dio cobertura al desvío de fondos firmando los documentos OK de reconocimiento y propuesta de pago y supervisó las facturas remitidas por Over Marketing desde enero hasta diciembre de 2006, dando por bien ejecutada la prestación pese a la no realización de todo el trabajo facturado". La secretaria general técnica era Rosario Rey, que mantuvo su cargo en el Gobierno de Isabel Ayuso hasta una semana antes de su imputación.
AGENCIA MADRILEÑA DE EMIGRACIÓN: 124.219 EUROS BAJO EL PRETEXTO DE CARTAS Y SOBRES
Adscrita igualmente a la Consejería de Presidencia y dirigida por Victoria Cristóbal, una de las imputadas más cercanas a Francisco Granados, la Agencia Madrileña de Emigración utilizó 11 contratos menores para entregar dinero al grupo Over. "La cantidad total detraída ilícitamente de los fondos Agencia Madrileña para la Emigración a través de la facturación falaz de las sociedades Over, Traci, Abanico y Link durante los años 2008 y 2009 ascendió a la cantidad de 124.219,86 euros".
El auto relata aquí un episodio que deja al descubierto el sentimiento de inmunidad o impunidad con que funcionaba el desvío de dinero público: que esos contratos "presentan un indicio claro de que no se realizaron las prestaciones ya que no es posible plegar tarjetas y cartas, ensobrarlas y cerrar los sobres que todavía no se habían diseñado ni, en consecuencia, producido".
ICM, EL CANAL DE ISABEL II, TRANSPORTES, INDRA... Y OTROS MISTERIOS PENDIENTES
Los 25,4 millones de euros que los investigadores dan por desviados en beneficio del PP podrían crecer. No se sabe en qué proporción pero, desde luego, lo harán si la investigación avanza en capítulos todavía pendientes. Por ejemplo, ni el auto ni el informe de la Fiscalía ponen cifras definitivas al desvío de fondos que los investigadores sostienen que se produjo a través de los contratos otorgados por la agencia de informática, ICM, y por el Canal de Isabel II, territorio exclusivo de Ignacio González.
Tampoco hay datos exactos sobre cuánto dinero salió de las arcas públicas de la Consejería de Economía "bajo conceptos de publicidad relacionados con Madrid Digital simulados". Ni se sabe a qué importe ascendió el desvío de fondos de la Consejería de Transportes a través de una campaña de protección para motoristas. Ni a cuánto ascendió el expolio (supuesto) derivado de aplicar la cláusula del 1% a los contratos para la construcción de nuevas carreteras. "Se investiga –dice el auto– qué personas se situaron detrás de las adjudicaciones e introducción de la cláusula de reserva del 1% en los pliegos de las licitaciones de transportes".
También continúan las pesquisas sobre la reunión en la que, supuestamente, Ignacio González reclamó en junio de 2012 a un equipo de su confianza "que reuniesen la cantidad de un millón de euros para sanear la “caja b” del PPCM, que habían quedado maltrecha tras la “fastuosa” campaña que se encargó y diseño para las elecciones del año 2011", dice el auto. "La cantidad solicitada por el investigado Ignacio González –continúa el texto– debía detraerse del sobrecoste de alguno de los contratos licitados por ambas sociedades públicas, ICM y Canal de Isabel II, como presuntamente ya venía ocurriendo desde años anteriores".
Y es ahí donde entra en juego Indra: "El plan preconcebido –resume el auto– desviaría ingentes caudales públicos a través de empresas que se utilizaron como instrumento de trasvase de los fondos de ICM. Entre dichas sociedades estaría la mercantil Indra Sistemas SA", que entre 2008 y 2013 abonó a Juan Miguel Madoz, es decir, el dueño de Swat, 1,13 millones de euros. Esa cifra no ha sido tenido en cuenta por este periódico dado que ignora si los investigadores la incluyen en el paquete de fondos desviados.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/31/aguirre_millones_juez_99934_1012.htmlIGNACIO GONZÁLEZ NIEGA ANTE EL JUEZ QUE AGUIRRE DIERA ÓRDENES DE CONTRATAR CON EMPRESAS DE 'PÚNICA' PARA FINANCIAR AL PP
La versión del expresidente madrileño se contradice con la ofrecida el pasado lunes por el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela
Asegura que la reunión en la que habría pedido un millón de euros a ICM para gastos electorales del partido nunca se produjo
El expresidente madrileño Ignacio González y su abogado Esteban Maestre salen de la Audiencia Nacional tras testificar el primero en relación a la presunta financiación ilegal del PP en el 'caso Púnica'.
El expresidente madrileño Ignacio González y su abogado Esteban Maestre salen de la Audiencia Nacional tras testificar el primero en relación a la presunta financiación ilegal del PP en el 'caso Púnica'. Europa Press.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha dicho este jueves que no recuerda que Esperanza Aguirre diera ninguna indicación para contratar a empresas investigadas en el caso Púnica empleadas supuestamente para el desvío de dinero de fondos públicos al PP madrileño, según han informado fuentes jurídicas.
Así lo ha manifestado el exdirigente conservador en su declaración ante el juez que investiga la trama corrupta, comparecencia que se ha extendido durante dos horas y en la que González ha respondido a todas las preguntas que le han dirigido las fiscales anticorrupción y su defensa. Al terminar, el expresidente ha dicho a la prensa que ha ido "muy bien".
González ha explicado que la reunión de principios de 2004, en la que, según el instructor, Aguirre convocó a sus consejeros de máxima confianza para dar instrucciones de que contrataran al empresario Horacio Mercado para publicidad, efectivamente se produjo, pero ha remarcado que la entonces presidenta no dio esa indicación.
Según las fuentes consultadas, el investigado ha manifestado que Aguirre sólo les presentó el logo que había diseñado Mercado (con el eslógan 'Madrid la suma de todos') y les indicó que debía acompañar todos los actos oficiales del Gobierno autonómico.
La versión de González se contradice con la ofrecida el pasado lunes por el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, uno de los hombres de confianza de Aguirre que estuvo en la citada reunión. Lamela dijo en su declaración al juez de la Audiencia Nacional, también en calidad de imputado, que la presidenta invitó a contratar a Mercado y a su empresa Over Marketing.
No hubo reunión con Martínez Nicolás
En cuanto a la supuesta reunión celebrada en la Asamblea de Madrid en 2012 en la que González habría pedido en torno a un millón de euros al exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás para financiar determinadas campañas del PP madrileño, el expresidente lo ha negado.
Es más, según fuentes presentes en la declaración, ha asegurado que ese encuentro nunca se produjo y, de hecho, ha subrayado que él nunca se dedicó a la financiación de las campañas pues, aunque estuvo en el comité electoral del PP de Madrid, se dedicaba a tareas de coordinación política.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/17/ignacio_gonzalez_niega_ante_juez_que_aguirre_diera_ordenes_para_contratar_con_empresas_punica_para_financiar_pp_99995_1012.htmlUN EXCONSEJERO RATIFICA QUE AGUIRRE FUE A LA REUNIÓN DONDE SE LES ANIMÓ A CONTRATAR A LA EMPRESA QUE FINANCIÓ AL PP
Manuel Lamela, responsable de Sanidad hasta 2007, señala no obstante ante el juez a la entonces directora de comunicación de Madrid como quien decidía en contratos de publicidad
Se remite a una norma franquista para justificar que la Comunidad obligase a las constructoras de hospitales a destinar un 1% a publicidad
Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, ratificó este lunes ante el juez del caso Púnica que Esperanza Aguirre participó en una reunión de comienzos de 2004 en la que Daniel Horacio Mercado, dueño del grupo Over Marketing, les fue presentado a distintos consejeros, a los que se animó a contar con esa empresa para sucesivos contratos. Mercado es una figura clave en la investigación sobre la financiación ilegal del PP porque él mismo ha reconocido en sede judicial que cobró parte de los trabajos electorales de 2007 en negro o con facturas falsas endosadas a empresarios de la construcción.
Con esa declaración, Lamela confirma lo que le contó a la Guardia Civil hace dos años, entonces como testigo. Pero lo hace suavizando el tono al asegurar que no es que en aquella reunión, convocada por teléfono menos de una hora antes, celebrada en la Puerta del Sol –sede de la Presidencia del Ejecutivo– y a la que asistieron miembros del gabinente de Aguirre además de personajes como Ignacio González y Francisco Granados recibieran "instrucciones precisas" de adjudicar contratos a Over, que es lo que se desprendía de su testimonio ante la UCO. Lo que se les dijo en aquel encuentro, ha declarado Lamela ahora en calidad de imputado, fue que se tuviera en cuenta a Over dada la calidad del lema que había diseñado para la Comunidad de Madrid, "La Suma de Todos", por el que –sostiene el exconsejero– la firma no había cobrado.
Lamela aflojó así la presión sobre Aguirre, a quien la Fiscalía y el juez Manuel García Castellón consideran la cabeza que "supervisaba" un "plan preconcebido" para desviar fondos públicos en beneficio del PP. Y en contrapartida aumentó la presión sobre quien durante años fue directora de comunicación del Ejecutivo regional, Isabel Gallego, y sobre el entonces viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, ahora condenado por el caso Gürtel y de quien ya era conocida su cercanía a Aguirre y su papel como el del dirigente que decidía qué empresa prepararía cada acto de la presidenta. Según Lamela, era Isabel Gallego quien acumulaba las potestades en cuanto a autorización de gasto para campañas de publicidad. La antigua directora de comunicación de Madrid, también imputada en la causa, ya le envió al juez hace meses un documento donde niega haber ostentado una responsabilidad estelar en esa materia.
El préstamo de Madrid Network
Lamela saltó en 2008 de la vida pública a la privada. Y logró para un proyecto de turismo sanitario un préstamo de 500.000 euros públicos otorgado por Madrid Network, una asociación privada controlada por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Según las últimas informaciones disponibles, Lamela no devolvió ese crédito, por cuya existencia le preguntó la Fiscalía este lunes.
Respecto de uno de los puntos más conflictivos de la pieza donde en Púnica se investiga la financiación del PP, Lamela ha ofrecido una versión peculiar. Ese punto es la existencia de una cláusula que obligaba a las empresas constructoras de hospitales a destinar a publicidad un 1% del presupuesto global de la obra. Y ese 1% se lo encargaba el Gobierno de Madrid a las empresas que quería –generalmente, al grupo Over– sin concurso previo.
Pues bien, según Lamela introducir la obligatoriedad del 1% para publicidad fue una propuesta suya a la comisión delegada de asuntos económicos, órgano que presidía Esperanza Aguirre aunque podía delegar sus facultades en su número 2, Ignacio González. Y ese 1% obligatorio, relató Lamela, se basa en una norma vigente desde comienzos de los años setenta que permite añadir al pliego de condiciones lo que definió como cláusulas "accesorias" que fueron validadas por la junta consultiva de contratación en los años noventa.
Tanto Anticorrupción como el juez sostienen que ese impuesto del 1% solo sirvió para incrementar el coste de los contratos de construcción de los nuevos hospitales. Y que todos los que aplicaron dicha cláusula sabían de su carácter nulo. Lamela, por el contrario, adujo que la publicidad no se contrataba aparte con un expediente administrativo propio porque la maquinaria administrativa no habría permitido ajustar ese procedimiento a la evolución real de las obras de cada hospital o centro de salud.
La de Lamela, cuya declaración se produjo tras la de su sucesor en la Consejería de Sanidad, Juan José Güemes –básicamente ha venido a decir que no sabe nada relevante–, es la primera de una semana clave para el futuro judicial de Esperanza Aguirre. El jueves desfilará ante el juez su antiguo delfín, Ignacio González, el primer presidente de la Comunidad de Madrid que cayó preso por corrupción en el denominado caso Lezo. Ese mismo día prestará también declaración Gádor Ongil, que en 2010 tomó el relevo de Esperanza Aguirre al frente de Fundescam, una fundación que financió las campañas del PP madrileño. Y el viernes será Esperanza Aguirre quien declare.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/15/lamela_guemes_99863_1012.htmlEL GOBIERNO DE AGUIRRE DISFRAZÓ COMO GASTOS DE EMERGENCIA PAGOS DE PUBLICIDAD PARA LA PRECAMPAÑA DE 2007
La investigación de 'Púnica' destapa que dos años más tarde aprobó una convalidación de gasto para abonar sin contrato medio millón por actos oficialmente relacionados con hospitales y centros de salud
El grupo Over, cuyo dueño admite haber financiado al PP, obtuvo de ese paquete 180.000 euros
El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en mayo de 2009 una convalidación de gasto –figura que avala excepcionalmente trabajos encargados sin contrato por su carácter perentorio o imprevisto– para abonar 564.861 euros a empresas de publicidad. Oficialmente, todas ellas habían desarrollado en la precampaña de las elecciones de mayo de 2007 actos para difundir la apertura de nuevos hospitales y centros de salud. El grupo Over Marketing, cuyo dueño, Daniel Mercado, admite haber financiado al PP a través de facturas falsas a constructoras de hospitales, obtuvo de ese paquete 180.000 euros. Un día antes de que el Consejo de Gobierno que presidía Esperanza Aguirre aprobase el pago de aquel medio millón, el interventor emitió un informe donde avisaba de que ni se había producido fiscalización previa ni se había comprobado la ejecución de los trabajos.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/30/el_gobierno_aguirre_valio_formula_usada_caso_emergencia_para_pagar_publicidad_precampana_2007_98988_1012.htmlESPERANZA AGUIRRE: POR QUÉ LA SITÚA EL JUEZ A LA CABEZA DE UN PLAN DELICTIVO "AL SERVICIO DEL PP"
La mujer que más poder acumuló en Madrid declara el próximo viernes por la financiación del PP regional
El juez le atribuye la "supervisión" de un "plan preconcebido" destinado a desviar millones de dinero público y ponerlos "al servicio del partido"
Antes que ella declararán cuatro antiguos subordinados, entre ellos el exconsejero de Sanidad que la situó en una reunión clave y su antiguo delfín, Ignacio González
Nueve días antes de que se cumplan cinco años del estallido de la Operación Púnica, Esperanza Aguirre declarará este próximo viernes como investigada por la financiación ilegal del PP. Ilegal solo supuestamente mientras no haya sentencia pero tangible a tenor de cientos de papeles manuscritos o mecanografiados, archivos informáticos, facturas falsas, mensajes telefónicos y correos electrónicos destapados por la investigación. Y a tenor también de un ramillete de testimonios variopintos que, como piezas de puzle, dibujan engarzados un rostro según los investigadores: el de la expresidenta más poderosa de la Comunidad de Madrid, a quien el auto del juez del caso, Manuel García Castellón, atribuye la "supervisión" de un "plan preconcebido" destinado a desviar millones de dinero público y ponerlos "al servicio del partido".
Como mínimo, dos involucrados en la causa la han situado en la reunión de comienzos de 2004 donde, según Anticorrupción y el juez, se fraguó aquel plan. Uno de ellos, el dueño del extinto grupo de publicidad Over Marketing, confesó en la Audiencia Nacional haber participado en la financiación ilegal; el otro que habló de esa reunión fue el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, quien volverá a declarar este lunes.
El plan delictivo en cuya cúpula los investigadores colocan a Esperanza Aguirre giraba en torno a un pilar granítico: propaganda, propaganda y propaganda para el partido al margen de la Ley Electoral y con grave daño para las arcas públicas. En forma de mítines, encuestas, vídeos y lo que resultara necesario en cada campaña, fue el sistema de desvío el que, por ejemplo, permitió al PP gastar en 2011, año de autonómicas y municipales como 2007, más del doble de lo autorizado: 6,2 millones frente a los 3.229.342 de máximo legal. En aquella campaña, Aguirre lanzó un mensaje que, lejos de ubicarla en el extrarradio del manejo del dinero, enfatizaba su poder decisorio y su capacidad de control sobre el Gobierno regional: "No nos hemos gastado más de lo que teníamos, hemos sido austeros y hemos administrado bien el dinero que los ciudadanos han puesto en nuestras manos" [puedes oír la frase en este vídeo de La Sexta a partir del minuto 04.12].
La tesis de Anticorrupción sobre el protagonismo estelar de Aguirre tardó años en quedar formulada: la Fiscalía optó por amarrar indicios antes de dar el paso más comprometido en la causa Púnica. Pero, en marzo de 2017, quien entonces aparecía como el principal político envuelto en Púnica, Francisco Granados, antiguo número 2 del PP madrileño y cuya cuenta suiza destapó la trama, escribió desde prisión una carta que hoy adquiere tintes proféticos: "Una de tus frases preferidas (...) es: 'Todo se puede delegar menos la supervisión' (...) Absolutamente nada, ni en el partido ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno". La carta, publicada por okdiario, iba dirigida a Esperanza Aguirre. Granados, a quien el juez define junto con Ignacio González y el exgerente del PP, Beltrán Gutiérrez, como parte del trío en que se apoyaba Aguirre para ejecutar aquel plan que el auto de imputación refleja como delictivo, es uno de los que ha declarado que la financiación paralela existía.
Lamela y las "instrucciones precisas"
Antes que Aguirre y salvo sorpresa desfilarán por la Audiencia Nacional a lo largo de la semana cuatro exdirigentes del PP madrileño, todos en calidad de imputados y cada una de cuyas palabras puede resultar crucial para el futuro de su antigua jefa.
Uno de ellos, el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, está citado este lunes tras su sucesor en ese mismo departamento, Juan José Güemes. En junio de 2017 y entonces como testigo, Lamela ya señaló a Aguirre ante la Guardia Civil como asistente a la reunión de comienzos de 2004 que tanto Anticorrupción como el juez consideran el inicio de aquel plan preconcebido y sostenido que financió las campañas electorales del PP madrileño al menos hasta 2011. ¿Se reafirmará en que en aquella reunión se dieron "instrucciones precisas" para incluir a un determinado grupo, el de Over Marketing, entre "las posibles empresas para ser contratadas" en materia de publicidad? No se sabe en realidad qué hará Lamela, el consejero que persiguió a los médicos de urgencias del hospital Severo Ochoa bajo la falsa acusación de homicidio masivo por sedación y que ha tenido una trayectoria accidentada desde su salto a la empresa privada en 2008. Lamela logró un préstamo blando de 500.000 euros concedido por Madrid Network, una asociación privada a la que el Gobierno de Aguirre otorgó sin concurso el reparto de 80 millones de fondos públicos. Según los últimos datos conocidos, no devolvió el dinero.
Antes que Aguirre, también declarará Gádor Ongil, quien en 2010 y por razones que nadie ha aclarado aún sustituyó a Aguirre en la presidencia de Fundescam, una fundación opaca que desde 2003 financiaba las campañas del PP madrileño, como desveló ya en 2009 una investigación periodística. Fundescam se llevó en subvenciones de la Comunidad de Madrid por 1,2 millones de euros entre 2006 y 2011.
Durante un interrogatorio al exgerente del PP, Beltrán Gutiérrez, el anterior juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, definió de manera gráfica lo que ocurría con aquella fundación que pagó desde facturas de empresas de Francisco Correa a encuestas del PP y trabajos hechos por el grupo de otro empresario, Óscar Sánchez, que saltó a la escena con Púnica. Pese a que constituía una fundación sin la menor proyección pública, recibió cuantiosas donaciones de adjudicatarios de contratos públicos, como Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña y amigo de la infancia de Esperanza Aguirre. En una referencia inequívoca a Aguirre, Velasco le espetó lo siguiente al exgerente: "Y al frente [del Gobierno] estaba la misma persona que al frente de la fundación, o sea, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y resulta que con esto se enmascaran gastos electorales".
El delfín y el andamio jurídico tutelado por la jefa
El último de la lista de imputados que precederán a Aguirre ante el juez es Ignacio González. Pasó de ser su delfín y luego sucesor a convertirse en el primer expresidente madrileño preso (preventivo) por corrupción. Y en el hombre por el que Aguirre casi arrancó a llorar cuando fue detenido en abril de 2017: si se demostrase que había cometido ilegalidades, para ella sería "muy lamentable", dijo entonces.
González, que debe declarar un día antes que su antigua jefa, lo tiene complicado: o hace causa común con Aguirre o recalca que él aparece en un lugar secundario. Porque ocupa un puesto esencial en los dos decretos, ambos de 2004, sobre los que se sustenta el andamiaje jurídico que el auto del juez viene a definir como el creado para desviar fondos bajo el mando de Aguirre. El primero dejaba en manos de González el grueso de la contratación de publicidad, un "ardid" para poner esta misión al servicio del partido, escribe el juez. Pero, agrega el magistrado, eso no libra a Aguirre: "La supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre Gil de Biedma y decidiéndose que su órgano ejecutor fuese la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, que por Decreto 148/2004, de 21 de diciembre pasó a tener la superior dirección de la Dirección General de Medios".
La segunda pata del andamiaje es la que, según Lamela, coloca a González al frente de la comisión que creó la cláusula del 1%, una figura que obligaba a las constructoras de hospitales y carreteras a reservar ese porcentaje para una publicidad que encargaba el Ejecutivo siempre a las mismas empresas. La encargaba la Comunidad de Madrid y la pagaban las constructoras sin rechistar. Incluso pese a que "muchas" de las facturas se referían a "publicidad que no se realizó", reseña el auto.
Aquella "comisión delegada de asuntos económicos" tenía no obstante a Esperanza Aguirre como "miembro permanente" y presidenta. Y la resolución judicial que la incorpora al listado de antiguos altos cargos imputados (tres expresidentes y seis exconsejeros) lo recuerda de manera expresa. Todos los miembros de esa comisión –argumenta el auto– sabían que la del 1% era "una cláusula nula que incrementaba el precio de cada uno de los contratos en el porcentaje del 1% del presupuesto de ejecución material, con la finalidad de pagar unas prestaciones (gastos de publicidad e información) ajenas al objeto del contrato".
Para Aguirre, haber pertenecido a la comisión delegada que instauró aquel impuesto contrarrevolucionario de efectos multimillonarios representa un verdadero problema. Según el auto, la aplicación del 1%, aquel "concierto amañó entre los años 2006 a 2008 contratos a favor de las mercantiles Over" y sus satélites (Traci, Abanico y Link) "por un importe que pudo llegar a superar los cinco millones".
Dos miembros de sus equipos han señalado hacia la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad, como el núcleo del que partían las directrices sobre la publicidad relacionada con ese 1%: el primero, la antigua directora del Sermas (Servicio Madrileño de Salud), Almudena Pérez, declaró que "los trabajos de publicidad e información se dirigían desde la Consejería de Presidencia y Gabinete de Prensa de la Puerta del Sol"; la segunda, la exdirectora de comunicación de los Gobiernos de Aguirre y González, Isabel Gallego, lo expuso así: "La directora general de Medios –planteó en un escrito dirigido al juez en mayo de este año– no formó parte de la toma de decisión por la que las empresas constructoras destinarían ese uno por ciento del gasto a promoción. Según Manuel Lamela, la decisión fue tomada en la Comisión de Asuntos Económicos, presidida por Esperanza Aguirre, que podía delegar en quien ella considerase, y de la que forman parte los consejeros y de la que no formaba parte Isabel Gallego".
El dueño de Over, "ese pobre señor argentino" que ya apuntó hacia Aguirre
De momento, la declaración de Lamela se inserta entre las negativas para Aguirre. Como ocurre con la que meses más tarde, en diciembre de 2017, prestó Daniel Horacio Mercado, dueño de Over Marketing, el principal grupo de publicidad beneficiado por ese "plan preconcebido" para el desvío de fondos públicos. Mercado confesó ante el juez que el PP le pagó parte de la campaña de 2007 con dinero negro o facturas falsas abonadas por empresarios. Aunque de menor peso y envergadura, otro empresario, este dedicado a los sondeos –Alfonso Corral, de Demométrica– ya había hecho en marz de aquel año una confesión que avala la falsedad de ciertas facturas: él hacía encuestas para el PP y le endosaba el coste a Fundescam si así se lo indicaba el gerente del partido, Beltrán Gutiérrez.
El exgerente poseía firma autorizada en las cuentas del PP. Y en la de Fundescam. Igual que Esperanza Aguirre, como precisa el auto. "Una situación como la descrita –dice el auto tras un párrafo donde aborda quiénes podían manejar las cuentas del PP– explica que el impulso y la supervisión de todo el entramado pivotara en la Presidenta del PP [de Madrid] y Presidenta de la fundación, quien se postuló a la Presidencia de la CAM [Comunidad de Madrid] en las campañas autonómicas de los años 2007 y 2011".
El relato de Mercado apuntaba a Aguirre al situarla en la ya citada reunión de comienzos de 2004 donde -y eso lo dijo igualmente Lamela– se dieron "instrucciones" para que Over Marketing y su grupo fuese tenido en cuenta en las adjudicaciones sobre publicidad. Su confesión enlazaba con la que –paradójicamente sin consecuencias– había hecho cuatro años atrás en una declaración prestada en Palma por el caso Matas. Entonces, Mercado habló de uno de los antiguos altos cargos de Madrid condenados en Gürtel, Alberto López Viejo, que era –dijo– quien "asignaba cada [contrato] negociado sin publicidad y le decía al órgano contratante que lo amañara como creyera conveniente". Mercado nunca habló de aquello con Aguirre. Pero explicó ya entonces –24 de octubre de 2012– que lo hizo por una razón que dejaba en mal lugar a Aguirre: "El declarante nunca acudió a Esperanza Aguirre a exponer la situación, porque le constaba que Alberto era una persona muy valorada y querida por Esperanza".
Cinco años más tarde, Mercado se explayó en la Audiencia Nacional aunque se cuidó de mantener ciertas cautelas respecto de Esperanza Aguirre. Cautelas llenas de sugerencias, no obstante. Por ejemplo, cuando estaba exponiendo que, en su opinión, un determinado consejero no consultaba con "la plana mayor" los contratos que planeaba adjudicar, la fiscal le interrumpió con una pregunta: "¿En la plana mayor mete también a Esperanza Aguirre?" Mercado respondió así: "Posiblemente pero como le dije antes yo no hablé con ella del tema. No hay duda de que la presidenta sabría muchas cosas de su gobierno, claro, pero... (…) sí es verdad que era muy crítica con los temas creativos pero no entraba en el contrato".
¿Le preguntarán a Aguirre las fiscales del caso por esa extensa y abigarrada declaración de Daniel Mercado? En abril de 2018, quienes sí le preguntaron por el empresario fueron los diputados de la comisión de investigación sobre la financiación del PP. Y una vez que el socialista Artemi Rallo formuló su pregunta, ocurrió lo que viene ahora:
-A. Rallo: Señora Aguirre, ¿usted conoce al señor Daniel Mercado?
-E. Aguirre: Sí, el señor Daniel Mercado era un señor que el otro día me recordaban que dije ‘pero qué hace aquí este pobre señor argentino’. Porque venía y yo le veía pero no…
A. Rallo: Bueno, pues es un señor, dueño de una empresa, Over Marketing, que ante el juez también, como el anterior, admitió que el Partido Popular de Madrid le daba instrucciones para desviar gastos de campaña a empresas constructoras, que el PP le pagó en B parte de los trabajos de publicidad de la campaña del 2007…
E. Aguirre: No, no, no.
A. Rallo: Que el exgerente, Beltrán Gutiérrez, le dijo que algunas constructoras le abonarían otro porcentaje de los servicios prestados y que Beltrán Gutiérrez le facilitó una lista de empresas a las que debía facturar los trabajos de campaña para no superar el límite de gasto electoral.
E. Aguirre: Un momentito. Creo que usted está mezclando asuntos del señor Mercado en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con la de Madrid.
En Baleares, el testimonio de Mercado resultó clave contra el expresidente Jaume Matas. Además, una exconsejera confesó que fue Matas quien ordenó favorecer a Over Marketing. Lo hizo asimismo un concejal. El antiguo jefe del Govern, artífice de la ya mítica orden "¡hágase!" y que en todo momento había negado su culpa en la adjudicación de contratos amañados, acabó condenado a dos años y medio por este caso.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/16/esperanza_aguirre_99766_1012.html
'OPERACIÓN PÚNICA': EL PLAN PARA DESVIAR DINERO AL PP DE MADRID LLEVÓ AL "SAQUEO" DE NUEVE MILLONES EN UNA SOLA SEMANA
El auto judicial que, con Aguirre y Cifuentes, eleva a tres los expresidentes madrileños imputados por la financiación del partido desvela cómo un organismo opaco, el Imade, adjudicó cinco contratos millonarios entre el 11 de octubre de 2006 y el 17 de ese mismo mes
La cifra de antiguos miembros del Ejecutivo madrileños investigados en esta pieza de la causa alcanza ya a nueve
El 11 de octubre de 2006, víspera de la Fiesta Nacional, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), un organismo de funcionamiento opaco y que recibía "importantes ayudas" europeas, adjudicó tres contratos de publicidad por 4,5 millones. Seis días más tarde, el 17 de octubre, adjudicó otro por 4,5 millones. En solo una semana, y ya en la primera fase de la carrera hacia las elecciones municipales y autonómicas de 2007, el Imade destinó así nueve millones a contratos cuyo objetivo aparente era publicitar "la importancia de los autónomos", "la importancia de la innovación tecnológica", "la importancia del desarrollo económico equilibrado" y, así en general, las "actividades del Imade". Lo tramitó todo por la vía de urgencia.
En el auto por el que imputa a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, así como a cuatro exconsejeros del Gobierno regional, todo lo investigado hasta la fecha lleva al juez de Púnica, Manuel García Castellón a sostener una grave conclusión: que esos contratos, como otros posteriores y cuyo número de expediente también cita, se inscriben dentro del "plan preconcebido" para financiar al partido con dinero público y que condujo al "saqueo" del Imade. El magistrado sostiene que ese plan de desvío masivo de fondos públicos fue "impulsado desde Presidencia y Vicepresidencia". Es decir, desde el puente de mando donde se situaban Esperanza Aguirre y su delfín, Ignacio González, imputado por partida doble: por el presunto enriquecimiento del PP en Púnica y por el suyo propio, en Lezo.
Párrafo del auto por el que el juez García Castellón imputa a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y cuatro exconsejeros y donde explica el saqueo del Imade. Párrafo del auto por el que el juez García Castellón imputa a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y cuatro exconsejeros y donde explica el saqueo del Imade.
El desaforado gasto en publicidad comprometido hace 13 años en una sola semana por el ya extinto Imade –fue liquidado en 2011, en plena investigación sobre Gürtel– se aproxima a lo que el Ejecutivo madrileño acordó en diciembre de 2018 gastar este año en apoyo de los autónomos que inician su actividad. La cifra de políticos de primer nivel investigados por la financiación del PP asciende ya a tres expresidentes (Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes) y a seis exconsejeros.
Según los datos que ofrece el juez en su auto, al menos la mitad de esos nueve millones se corresponden con tres contratos "amañados" y que fueron directamente a parar a tres empresas investigadas en la causa: Over Marketing SL (2.000.000 euros), cuyo dueño ya admitió en sede judicial que participó en la financiación ilegal del PP; Marketing Quality Management SL (1.250.000 euros); y Ruiz Nicoli Líneas SA, que en la resolución aparece por error con la palabra Ideas y no Líneas y que recibió también 1.250.000 euros. La cuarta adjudicación, fechada el 17 de octubre de 2006 y por 4,5 millones, llegó a la empresa Media By Design SA. Fue a esta última a la que el Imade le encargó la "inserción de anuncios en medios de comunicación", cosa a la que no venían obligadas las otras tres empresas. ¿Gastó realmente Media By Design esos 4,5 millones solo en anuncios publicitarios de actividades del Imade? No es posible saberlo.
Vallas, manteles y la mano poderosa de la empresa Swat
Antes del verano, el juez le pidió a la empresa que "justificara la inserción de anuncios objeto del contrato" y que aportara igualmente todas las facturas emitidas. Lo segundo lo ha hecho la compañía. Lo primero, no. Su representante ofreció la siguiente explicación: que, dado el tiempo transcurrido, la mercantil "no está en disposición de proporcionar más información del contrato/proyecto". Y que, "a día de la fecha no trabaja ningún empleado en la compañía que participara en aquel contrato/proyecto que pudiera facilitar alguna información adicional, habiendo sido suprimidos todos sus datos personales según la normativa de protección de datos de carácter laboral". Aunque el pliego de condiciones de ese contrato habla en exclusiva de anuncios "en medios de comunicación", distintas facturas emitidas por Media by Design al Imade incluyen conceptos como "vallas metro" o "manteles". La mayor parte de las facturas se refieren a anuncios insertados en los meses de 2007 previos a los comicios de mayo de aquel año.
¿Estaba igualmente "amañado" como los anteriores el contrato de Media by Design, o incluso uno muy posterior, otorgado a la firma Mediacom en 2009 y que también aparece citado en el auto? De la lectura de la resolución no queda claro ese punto -no hay nadie de ninguna de esas dos empresas imputado a día de hoy- pero tras enumerar los expedientes en liza, el juez García Castellón agrega un párrafo que alienta las sospechas. Dice así: "Todos estos contratos tuvieron como nota común, que, en los concursos, las ofertas de los licitadores fueron valoradas por el investigado Juan Miguel Madoz Echevarría, administrador de la sociedad Swat, quien (...) también venía cooperando en el desvío de fondos públicos desde otros organismos, a favor del PPCM [PP de Madrid], que costearían, además de enriquecer a los intervinientes en los hechos, gastos electorales omitidos en la contabilidad electoral de cada campaña". La Fiscalía Anticorrupción califica a Madoz de "hombre clave en el PPCM [PP madrileño]"
Párrafos del auto del juez García Castellón sobre los contratos amañados y el papel de la empresa Swat. Párrafos del auto del juez García Castellón sobre los contratos amañados y el papel de la empresa Swat.
En 2010, en plena investigación del caso Gürtel, el diario Público ya destapó que Swat, Over Marketing y Marketing Quality Management se habían coordinado con empresas de la trama de Correa. Aquella vez ni siquiera se llamó a declarar en Madrid a sus responsables. Luego, el dueño de Over, Daniel Mercado, terminó narrando ante el juez de Palma José Castro que Correa le había amenazado por hacerle la competencia con el PP.
El contrato que convirtió a Swat en empresa consultora del Imade para decidir quiénes se llevarían los contratos de publicidad aparece fechado el 1 de septiembre de 2006. A cambio de 1.372.668 euros, la empresa de Madoz comenzó así a efectuar una tarea crucial habitualmente atribuida a funcionarios y con la que benefició a Over Marketing, Marketing Quality Management y Ruiz Nicoli.
En nombre del Imade firmaron el contrato su gerente, Aurelio García de Sola, y su adjunto, Álvaro de Arenzana. A finales de 2010, cuando Esperanza Aguirre ordenó liquidar el Imade y otras 101 entidades públicas, García de Sola fue aupado a la cúpula de Madrid Network, una organización creada por impulso de la Comunidad de Madrid, presidida por la Consejería de Economía y que adoptó la peculiar forma jurídica de asociación privada sin ánimo de lucro.
Al no haber sido jamás declarada ni siquiera asociación de utilidad pública, Madrid Network ni siquiera está obligada a hacer públicas sus cuentas anuales. Pero tras la desaparición del Imade pasó en 2011 a gestionar el reparto de 80 millones públicos para créditos blandos. El dinero procedía del Gobierno central. De esos créditos se beneficiaron ex altos cargos del Gobierno madrileño, entre ellos el exconsejero Manuel Lamela, ahora imputado en Púnica y que, según los últimos datos publicados por Madrid Network nunca devolvió el dinero; e Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II, imputado en Lezo y que tampoco reintegró el préstamo. Como desveló infoLibre, la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trabajó entre 2009 y 2011 para Madrid Network.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/31/operacion_punica_plan_para_desviar_dinero_publico_madrid_llevo_saqueo_nueve_millones_una_semana_99249_1012.html¿QUIÉN TRAICIONARÁ A ESPERANZA AGUIRRE?
El 'caso Púnica', que investiga una década de corrupción en el PP de Madrid, estrecha el cerco sobre la expresidenta regional, pendiente del testimonio de sus principales colaboradores
La cita es en un restaurante de Madrid tan céntrico que solo acuden turistas, en su gran mayoría extranjeros. Es el lugar ideal para que este político, que de 2003 a 2012 entraba en los mejores restaurantes con la aureola del triunfador, pase inadvertido. A finales de 2014, dos años después de aquella década feliz en que Esperanza Aguirre y sus consejeros dominaron el poder en Madrid, la operación Púnica —puesta en marcha por la Guardia Civil bajo la dirección del juez Eloy Velasco— desmanteló una trama corrupta con múltiples ramificaciones que fue salpicando a casi todo su Gobierno. Sus principales consejeros y colaboradores fueron imputados. Sus dos principales escuderos terminaron en la cárcel.
Aguirre aguantó cinco años sin que la justicia llamara a su puerta, pero en septiembre de 2019 resultó finalmente imputada. Su defensa sigue siendo que ella no conocía nada de lo que urdieron a sus espaldas sus lugartenientes, pero antes del viernes 18 de octubre –el día fijado por el juez Manuel García Castellón para tomarle declaración– tendrán que testificar su exvicepresidente Ignacio González y dos de sus exconsejeros, Juan José Güemes y Manuel Lamela. De ellos dependerá en gran parte el futuro judicial de la antigua jefa máxima del PP de Madrid.
En el restaurante, el político, también salpicado por la trama corrupta, pronuncia una frase que refleja la inquietud ante el último capítulo del desmoronamiento de la época gloriosa del PP de Madrid.
—La gran incógnita es si alguno de nosotros traicionará a Esperanza.
Esa es, efectivamente, la única cuestión por resolver, y por tanto la que despierta más inquietud en el entorno de la expresidenta. Porque los métodos presuntamente delictivos que utilizaron sus antiguos colaboradores para financiar las campañas electorales del PP parecen acreditados. El sumario del caso Púnica acumula decenas de pruebas documentales y numerosos testimonios sobre la financiación ilegal del PP de Madrid entre 2004 y 2014. Hasta cinco vías distintas utilizó el partido que presidía Esperanza Aguirre para pagar gastos de sus campañas electorales con dinero negro o no declarado a la Cámara de Cuentas. Las principales son:
—Partidas de publicidad de obras públicas que se adjudicaban a dedo a empresarios a los que el PP debía dinero.
—Desvío de fondos de la Fundación Fundescam para gastos electorales mediante facturación falsa. Un ejemplo: se organizaron mítines con el dinero que debía estar destinado por ley a la elaboración de estudios sobre la Comunidad de Madrid.
—Donaciones de empresarios en dinero negro que no figuraban en la contabilidad oficial
—Empresas contratistas de la Comunidad de Madrid pagaban campañas de propaganda en Internet para lavar la imagen de dirigentes regionales del PP.
Ese aluvión de dinero ilícito se utilizó principalmente para financiar las dos carreras electorales que se celebraron durante aquella década de poder y gloria, la de 2007 y la de 2011. La cosecha no pudo ser mejor. Esperanza Aguirre ganó por mayoría absoluta en las dos ocasiones.
Una vez acreditada la financiación ilegal, lo que falta por dilucidar en los próximos días y semanas es si, como sostiene la Fiscalía, Esperanza Aguirre ordenó, consintió o al menos supo de esas prácticas. Hace dos años y medio, el día de abril de 2017 que decidió dimitir como concejala de Madrid tras el ingreso en prisión de Ignacio González, Aguirre declaró con el rostro desencajado:
—Me siento engañada y traicionada. Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía.
Unos días antes, en medio de una multitud de periodistas, incluso se le llegó a quebrar la voz: “Jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho una cuestión incorrecta”. Y todavía el pasado jueves, después de un silencio de meses y en vísperas de su declaración ante el juez García Castellón, insistió en la idea tirando por lo alto: “Nunca he dicho que se tenga que adjudicar a una persona o a una empresa un determinado contrato. No hay ningún español que piense que yo me he llevado ni un duro”.
En un despacho influyente de la política madrileña, un exalto cargo del PP analiza la situación:
—Para mí es inimaginable que Esperanza se llevara dinero, pero también es inimaginable que no supiera en qué estaban metidos sus colaboradores durante toda una década.
El juez García Castellón también es de esa opinión. En el auto de imputación de Esperanza Aguirre, el magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que la expresidenta debía conocer los hechos investigados dado que era ella quien presidía al mismo tiempo la Comunidad de Madrid, el PP de Madrid y la fundación Fundescam, los tres órganos donde se produjeron los hechos delictivos que se investigan. Pero no basta inferirlo, suponerlo, deducirlo. Hay que demostrarlo. Y entre las decenas de miles de folios que constituyen la instrucción ya figuran algunas pistas que algunos de los implicados han ido dejando en sus declaraciones y que no sitúan en buen lugar la presunción de inocencia de Aguirre. Algunos testimonios de personajes clave de la trama han ido regando poco a poco las sospechas del juez.
Francisco Granados compareció en la Audiencia Nacional en abril de 2018, nueve meses después de salir de la cárcel en la que estuvo preso casi tres años. Granados soltó entonces la idea de que el PP de Madrid, durante su etapa de secretario general, llevaba a cabo campañas electorales paralelas a la oficial cuyos gastos, no declarados nunca, se pagaban con dinero de empresas contratistas de la Comunidad de Madrid.
—Hasta dónde yo sé, esas empresas no estaban contratadas por el partido. Y esas empresas, según consta en otros sumarios, habían sido contratadas por la Comunidad de Madrid. Entiendo que esa fue la forma de remunerarles...
Daniel Mercado era el dueño de una de esas empresas, en este caso de publicidad, que citaba Granados. En su declaración, confesó que hizo trabajos para el PP y que se los pagaron sin factura. También que la consejería de Sanidad le adjudicó campañas de publicidad a dedo porque, según entendía, el vicepresidente Ignacio González intercedió para que le dieran esos contratos.
Un directivo de Indra, Santiago Roura, declaró al comienzo de la investigación que un día le llamó el máximo responsable de una empresa pública, ICM, para pedirle que pagará 10.000 euros en efectivo a Alejandro de Pedro, quien reclamaba el dinero al Gobierno de Aguirre por los trabajos que hizo en Internet para mejorar la imagen de dirigentes del PP madrileño. Roura aseguró al juez que, aunque se reunió con De Pedro, nunca le llegó a pagar el dinero que le reclamaban y que ningún superior de su empresa le ordenó que atendiera a esa petición.
Germán Rasilla, asesor del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, aseguró al juez que desde Presidencia de la Comunidad de Madrid se le ordenaba adjudicar determinados contratos de publicidad a un empresario determinado.
El pasado martes, en el mismo despacho del influyente exalto cargo del PP, aparece una segunda pregunta clave, que ahonda también en la cuestión de la traición.
—¿Quién será el Ricardo Costa madrileño?
El PP valenciano ideó un triángulo vicioso para financiar sus campañas electorales al margen de la contabilidad oficial. Nueve empresas contratistas de la Comunidad Valenciana pagaban a la trama Gürtel por servicios no prestados. Con ese dinero se financiaba en parte la campaña electoral del PP valenciano. Esos hechos quedaron probados en el juicio oral celebrado tras una larga investigación de la que el presidente Francisco Camps salió indemne.
Pero uno de los condenados, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, declaró en al final del juicio oral que Camps fue el ideólogo de aquel sistema corrupto y que fue quien le ordenó el procedimiento para pagar las deudas del partido. Por esa confesión de Costa, ratificada por los cabecillas de la red Gürtel, el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado ahora a Francisco Camps, para el que la Fiscalía pide dos años de cárcel.
En la sentencia que condena a Costa, el tribunal recuerda, como jurisprudencia del Supremo, una sentencia de 2007 que parece escrita a propósito del caso de Esperanza Aguirre: “Quien se pone en situación de ignorancia deliberada sin querer saber aquello que puede y debe saber, debe responder de las consecuencias”.
En esta historia no hay que olvidar un dato muy importante. Más de cinco años de investigación judicial no han dejado ni un solo testimonio que implique a Esperanza Aguirre como autora, ejecutora o conocedora de las ilegalidades cometidas. Por tanto, ya en la recta final de la instrucción, la única posibilidad de sustanciar las sospechas es que algunos de sus excolaboradores preste finalmente testimonio en su contra. Pero, ¿por qué razón pueden hacerlo? No hay un solo motivo. El más evidente es el que movió a Ricardo Costa a traicionar a su exjefe y examigo Francisco Camps? A Costa le condenaron a solo cuatro años de cárcel porque le aplicaron el atenuante de confesión y colaboración activa con la justicia, aunque no basta con delatar al superior para evitar culpas y reducir pena. El tribunal que condenó a Ricardo Costa valoró la credibilidad de ese testimonio basada en otras pruebas incluidas en el sumario. Pero, según comentan fuentes del PP madrileño, el peligro para Aguirre no solo puede llegar por ahí. También se puede dar el caso de algún exconsejero que quiera hacerlo para lavar en parte su responsabilidad en los hechos alegando que las conductas ilegales que cometió estaban institucionalizadas y fueron dictadas desde las más altas instancias de la Comunidad de Madrid.
Ahora es necesario determinar por qué Esperanza Aguirre, de quien se alaba su capacidad política, sus influencias, sus dotes de mando y su control sobre todos, pudo consentir tantos años de corruptelas a su alrededor.
Situación procesal de Esperanza Aguirre
Imputada por cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral
https://elpais.com/politica/2019/09/27/actualidad/1569579591_398317.htmlESPERANZA AGUIRRE: “SÁNCHEZ LE VA A DAR EL GUSTO A FRANCO, QUE QUERÍA SER ENTERRADO EN EL PARDO”
La expresidenta madrileña, imputada en el 'caso Púnica', niega las acusaciones y asegura que "ningún español" cree que se haya llevado un euro ilegalmente
La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha criticado este jueves el traslado de Franco del Valle de los Caídos, avalado por el Tribunal Supremo, y la ley de memoria histórica. "Pedro Sánchez va a darle el gusto a Franco, porque él quería ser enterrado en El Pardo", ha dicho en un desayuno informativo organizado por el Diario de Avisos. "Me parece fatal desenterrar a los muertos y que no dejen [a los familiares] enterrarlos donde ellos quieran", ha añadido.
Aguirre ha descrito la ley de memoria histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, como "un misil directo a la línea de flotación a la convivencia". Parte de los objetivos de esa norma es, precisamente, el de facilitar subvenciones para que los familiares de los fusilados del franquismo que yacen en fosas y cunetas puedan enterrarlos donde ellos quieran. "Zapatero puso en marcha este proceso, continuado por Podemos, que ha logrado descalificar a media España, la que no comulga con la interpretación que tienen ellos del país", ha dicho la expresidenta madrileña sobre la norma. "Parece que, 40 años después, la izquierda quiere romper, no con Franco, sino con el sistema constitucional. La derecha está rota en tres partidos, pero siempre al lado de la Constitución; la izquierda parece tener una nostalgia del comunismo incluso dentro del PSOE".
Aguirre sostiene que el Valle de los Caídos se concibió como un monumento "de reconciliación", pero el propio Franco señaló otras intenciones. Tanto en el decreto en el que habla por primera vez del monumento, en 1940 —"para que las futuras generaciones rindan tributo de admiración a los héroes y mártires de la Cruzada"—como en su discurso de inauguración —"No sacrificaron nuestros muertos sus preciosas vidas para que nosotros podamos descansar. La antiEspaña fue vencida, pero no está muerta. La vemos levantar cabeza"—.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, imputada por el caso Púnica, ha asegurado que todas las acusaciones sobre ella son falsas. "Nunca he dicho que se tenga que adjudicar a una persona o a una empresa un determinado contrato". El juez Manuel García Castellón considera que Aguirre "supervisaba" la caja b del PP madrileño. “No hay ningún español que piense que yo me he llevado ni un duro”, ha rebatido ella, que sin embargo, ha acusado a "la corrupción y el fracaso de Zapatero" de provocar en los ciudadanos "una desconfianza tremenda en los políticos". "De ahí que sea tan importante que se seleccione mejor a las personas que se dedican, o se van a dedicar, a la política". Aguirre dimitió en febrero de 2016 como presidenta del PP de Madrid después de que la Guardia Civil registrara su sede y cuando su antigua mano derecha, Francisco Granados, llevaba más de un año en prisión.
Durante el foro, la expresidenta madrileña también ha hablado de Mariano Rajoy, a quien ha dedicado numerosos reproches en los últimos años, por ejemplo, por no haber derogado la ley de memoria histórica de Zapatero cuando estuvo en el Gobierno. "Discrepo con él en lo político porque él no quiere líos y yo suelo meterme en ellos, pero si viene aquí, ahora mismo, comemos juntos y charlamos. Es una persona encantadora", ha dicho. A continuación, ha vuelto a criticarle, sin citarlo: "Muchos de los votantes del PP se vieron abandonados por el partido, por ejemplo, en Cataluña, donde muchos votaron a Ciudadanos, que ha mantenido una postura valiente. Los 2,7 millones de votos de Vox tienen su causa en el abandono de determinados debates por parte del PP".
https://elpais.com/politica/2019/09/26/actualidad/1569501345_774870.htmlAGUIRRE INCLUYÓ LA CLÁUSULA DEL 1% PARA PUBLICITAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE UNA CARRETERA QUE NO SE CONSTRUYÓ
Un contrato de la empresa extinguida Mintra incluyó la cláusula del 1% para la redacción del proyecto técnico previo a la adjudicación de una carretera Las campañas publicitarias vinculadas debían publicitar la obra a la que iban vinculadas, pero este contrato y otras facturas demuestran que no fue así La Audiencia Nacional tiene pruebas de que parte del dinero de la Comunidad de Madrid destinado a publicidad acabó en el PP o en el bolsillo de algunos dirigentes
La cláusula del 1% en la obra pública de la Comunidad de Madrid que obligaba a las empresas adjudicatarias a destinar ese porcentaje a publicidad se extendió a todo tipo de contratos públicos. Tuviera sentido o no. No solo se reservaba una partida de fondos públicos para anunciar hospitales o carreteras, los Gobiernos de Esperanza Aguirre generalizaron de tal manera su propaganda que se pagaron fondos públicos incluso para publicitar meros trámites administrativos.
Lo demuestra un documento al que ha tenido acceso eldiario.es y que prueba que la cláusula del 1% se incluyó incluso en contratos a empresas que se dedicaban a la redacción de proyectos. La Audiencia Nacional ha puesto la lupa en esa cláusula administrativa que los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González incluyeron en los pliegos de los contratos públicos de construcción y que según los investigadores, acababa en muchos casos en el Partido Popular o en los bolsillos de sus dirigentes.
El documento que obra en poder de este periódico supone un ejemplo muy claro de hasta qué punto se extendió la propaganda con dinero público en la Comunidad de Madrid bajo los mandatos de Aguirre y González. Toda obra pública o de edificación necesita un proyecto técnico que describa qué se pretende construir, cómo y lo que costará. Se trata de una descripción en planos, mediciones y presupuestos de lo que se pretende hacer. Cuando ese proyecto es complejo y no puede ser abordado por técnicos de la administración, es habitual que las instituciones recurran a empresas de ingeniería para que los redacten. Se trata de un procedimiento habitual dentro de las administraciones que no requiere de divulgación hacia el ciudadano.
No lo vio así la empresa pública del sector transportes dependiente de la Comunidad de Madrid (creada en 1999 para construir líneas de metro y que se disolvió en 2011), Mintra, en el concurso público que abrió en noviembre de 2007 para contratar el proyecto técnico que procediese a la duplicación de la carretera M-600, tramo M-503 a A-5. En el apartado de "exigencias al contratista", la cláusula 29 obliga a que el contratista pague los gastos de "comunicación e información del contrato, confección de vídeos o documentos audiovisuales, documentación gráfica y divulgativa y realización de actos al inicio y fin de trabajos, así como visitas de las mismas" hasta un máximo del 1% del presupuesto "IVA incluido".
En este caso no había obra alguna que visitar ni que publicitar puesto que lo que se estaba adjudicando era papeleo, un mero pliego sobre las características técnicas de la obra y la forma en que debía acometerse.
Las competencias en carreteras en la Comunidad de Madrid eran de la dirección general de la Consejería de Transportes, pero en 2007 por medio de una encomienda de gestión, la empresa pública Mintra, que dependía de dicha Consejería, también licitó redacciones de proyectos de carreteras. Alrededor de una decena. Solo se construyó después una duplicación, la M-206. La duplicación de la carretera M-600, relacionada con el contrato de redacción anteriormente mencionado, nunca se hizo.
No es el único contrato en el que Mintra incluyó la cláusula del 1% que investiga la Audiencia Nacional. En el contrato de prolongación de la línea 2 de Metro a las Rosas, una adjudicación de 134,9 millones de euros, este concepto para publicidad también aparece en la cláusula 33. "El importe de dichos gastos será abonado a Mintra previa presentación de factura por parte de esta", indica el contrato. Ese porcentaje supone que, en ese contrato, se destinó 1,34 millones de euros a publicidad.
"El desvío del dinero público se producía a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato, que se veían obligadas a incrementar la oferta que presentaban al concurso en ese 1% para publicidad a la que les obligaba el pliego. Esto producía un perjuicio a las arcas públicas, al verse minorados sus fondos en ese 1%. Dichas empresas, que solían ser grandes constructoras, no contrataban la publicidad de su obra, se limitaban a atender las órdenes de pago de las facturas emitidas por las mercantiles del investigado Horacio Mercado, que les eran remitidas desde la Consejería implicada. Muchas de ellas con publicidad que no se realizó", recoge el último auto del magistrado Manuel García Castellón del 2 de septiembre.
Las empresas que se llevaban ese 1% de los contratos públicos eran escogidas a dedo por el PP: no había ningún concurso previo. Un ex alto cargo de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias imputado en el caso Púnica, Germán Rasilla, confirmó hace una semana ante el instructor del caso Púnica que la Presidencia de la Comunidad, al frente de la cual estaba Esperanza Aguirre, ejerció un control total sobre la adjudicación de los contratos de publicidad y medios de las distintas consejerías, aseguraron a eldiario.es fuentes presentes en la declaración.
"La introducción de esta cláusula evitaba, como se pretendió, licitar la supuesta publicidad y aseguraba que las facturas que se presentarían a las empresas constructoras adjudicatarias, de cobertura o por publicidad sobrevalorada, las emitirían las empresas del investigado Horacio Mercado [el publicista elegido por el PP de Madrid, que según la investigación desviaba fondos de la administración regional al partido]. También provocaba que las empresas licitadoras presentasen unas ofertas más elevadas, al tener que contemplar en su 'bussiness plan' el coste de dicha publicidad, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas", asegura el magistrado García Castellón en el auto.
En poder de eldiario.es figura una factura de Traci Comunicación, por la que la empresa de Horacio Mercado cobró 50.665 euros. El concepto era "campaña de vialidad invernal 2009-2010 en las estaciones de servicios en los meses de diciembre 09 y enero 10". La Comunidad de Madrid bordeó la ley de contratación pública vigente en 2010 (Ley 30/2007) que establecía para los contratos de servicios, los de publicidad también lo son, que los de más de 18.000 euros debían ser sometidos a concurso público.
Esta factura demuestra que la ley se incumplía con los pliegos administrativos de los contratos, que establecían que las campañas de publicidad a las que había que destinar el 1% de la licitación de la construcción de infraestructuras debían publicitar la obra a la que iban vinculadas. Hay más ejemplos. En el mismo escrito judicial de García Castellón, se detalla una campaña de comunicación de seguridad vial en las carreteras regionales para motoristas, una campaña institucional, que no debería haberse costeado con los fondos de las obras públicas.
En otra factura, cuyo contenido fue adelantado por infoLibre, y a la que ha tenido acceso eldiario.es, sucede lo mismo. La factura tiene como concepto: "Campaña publicitaria Sillas bebé, referente al 1% de gastos de publicidad según pliego de la obra de refuerzo M-206" por un importe de 17.473 euros. La empresa que cobró dicha factura fue O3 comunicación visual y márketing.
Funcionarios de la Consejería de Transportes denunciaron hace más de seis años esta práctica ante los responsables políticos. Los trabajadores públicos, en su mayoría ingenieros, hallaron pruebas de esta supuesta malversación desde 2009 y lo denunciaron ante los cargos públicos. Presentaron esa denuncia por varias vías: a través de documentos por escrito y de forma presencial en una reunión en la que estuvieron presentes políticos y técnicos de la Administración regional.
La alerta se produjo después de que los directores de obra manifestaran su miedo a que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales ya que, como comprobaron, algunas de esas campañas de publicidad no se estaban realizando y porque las empresas adjudicatarias comenzaron a pedirles permiso por esos gastos.
"Nos extrañó mucho la forma de enviar facturas a adjudicatarios de obras por parte de empresas que nada tenían que ver en el contrato, que no habían sido revisadas ni contrastadas por los funcionarios responsables de los contratos y que desconocían su existencia", asegura a eldiario.es un director de obra de la Consejería de Transportes de aquella época. "En ocasiones, se llegaron a recibir dos facturas de sendas empresas por los mismos supuestos trabajos efectuados. Ni los conceptos ni los precios ni las cantidades habían sido objeto de control alguno", añade.
Estas prácticas terminaron poco después de las denuncias internas llevadas a cabo por los trabajadores. Dirigentes del Gobierno de González lo atribuyen a las dificultades derivadas de la crisis económica.
https://www.eldiario.es/madrid/Aguirre-publicidad-contratos-redaccion-proyectos_0_945606437.htmlEL JUEZ REFUERZA LOS INDICIOS SOBRE LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE
Altos cargos admiten que recibieron órdenes e instrucciones sobre las empresas con las que debían contratar publicidad
La segunda jornada de declaraciones de imputados en la última fase del caso Púnica de corrupción sirvió ayer para reforzar los indicios sobre la financiación ilegal del PP madrileño durante la etapa de Esperanza Aguirre. Altos cargos de la Comunidad de Madrid relataron al juez instructor que recibieron órdenes e instrucciones sobre las empresas con las que sus departamentos debían contratar publicidad. La investigación ha desvelado que parte del dinero de estos contratos sirvieron luego para nutrir la caja b del partido.
El juez de la Audiencia Nacional había citado ayer a nueve personas como imputadas en relación con la caja b del PP de Madrid entre 2003 y 2015. De ellos, uno —Álvaro de Arenzana, ex vicedirector del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade)— no se presentó al llamamiento del magistrado. Otros tres se acogieron a su derecho a no declarar: Juan Miguel Madoz, administrador de la mercantil Swat; José Luis de Rojas y Celia Caño, directivos de la empresa de publicidad Equmedia, que supuestamente sirvió para desviar al PP fondos del Canal de Isabel II.
El resto de imputados hicieron, según fuentes jurídicas, declaraciones fundamentalmente exculpatorias, en las que pusieron el acento en el hecho de que los contratos de publicidad realizados con el sistema del 1% madrileño —la aplicación en los contratos de grandes obras públicas de ese porcentaje para promoción— estuvieron debidamente fiscalizados por los funcionarios de la Comunidad y se cumplieron a rajatabla.
Sin embargo, según las mismas fuentes, los investigados pusieron de relieve el hecho de que todas las adjudicaciones de publicidad —que después acababan nutriendo la caja b del PP regional— eran controladas directamente por Isabel Gallego, directora general de Medios. Gallego era colaboradora directa de Esperanza Aguirre. No obstante, según fuentes presentes en el interrogatorio, los imputados no hicieron ayer referencia directa alguna la expresidenta regional. Sólo uno de los interrogados, Carlos Holemans, director creativo de El Laboratorio, empresa que organizó la campaña electoral de Aguirre de 2011, dijo que coincidió con la política en dos reuniones, aunque tuvieron como objeto la estrategia de comunicación y no la financiación de la campaña. Estos servicios, según Anticorrupción, fueron facturados por 1,2 millones, pero el partido solo declaró a la Cámara de Cuentas como gasto electoral un total de 217.000 euros.
El publicista ha explicado que tuvo varias reuniones con la entonces presidenta y candidata Esperanza Aguirre, a las que también acudió su sucesor, Ignacio González; y los exconsejeros Francisco Granados y Borja Sarasola. Holemans afirmó que realizó servicios electorales para el PP madrileño, y ha dicho que estos se facturaron durante ocho meses, si bien el periodo electoral comprendía dos, del 28 de marzo al 27 de mayo.
Aplazada la declaración de Cristina Cifuentes
El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha accedido a la petición del abogado de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes de aplazar su toma de declaración como investigada, prevista para el próximo 1 de octubre, por coincidirle con otro señalamiento anterior. El magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado así suspender la comparecencia de Cifuentes para el 1 de octubre, si bien aún no ha acordado una nueva fecha para interrogarla en el marco de la pieza número 9 del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.
https://elpais.com/politica/2019/09/17/actualidad/1568737712_986972.html
UN JUEZ ACORRALA A AGUIRRE Y SENTENCIA QUE INDRA PAGÓ FACTURAS FALSAS A LA CAJA B DEL PP
Un tribunal se adelanta al juez de Púnica y condena a Indra por pagar miles de euros por servicios ficticios a las dos sociedades usadas por el PP para recibir dinero de la multinacional tecnológica
La Audiencia Nacional tiene cada vez más pruebas de que el Partido Popular se financió ilegalmente. Algunas son ya incontrovertibles. Un juzgado de Madrid ha resuelto que la tecnológica Indra pagó miles de euros a dos sociedades por trabajos inexistentes. La operación sirvió para desviar fondos públicos de adjudicaciones de los gobiernos de Esperanza Aguirre a sus propias campañas electorales. La sentencia, dictada de conformidad el pasado mayo, impuso a Indra el abono a la Agencia Tributaria de 466.000 euros y una multa adicional de 171.000 euros por haberse deducido irregularmente en el impuesto de sociedades los pagos por esos servicios ficticios.
El dictamen contra la cotizada, que no había trascendido hasta ahora, arroja luz sobre uno de los mecanismos clave de la presunta financiación irregular del PP que se investigan en el caso Púnica, un escándalo que estalló en octubre de 2014 y en el que se acumulan decenas de indicios sobre la existencia de una caja B en Génova que habría permitido a los populares concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y a las generales de 2008 con mucho más dinero del permitido por la normativa electoral.
Dicho letrado ha representado a otros exdirigentes del Partido Popular como el exministro del Interior Ángel Acebes, al que defiende en la causa sobre la fusión y salida a bolsa de Bankia
El pasado 2 de septiembre, el instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dictó un auto que implica a Indra en la contabilidad opaca del PP madrileño. Según el magistrado, el gigante español de la ingeniería recibió sistemáticamente adjudicaciones infladas de la Comunidad de Madrid que luego movía mediante facturas falsas a proveedores electorales del PP a través de dos sociedades instrumentales: la empresa de formación Formaselect SL y la agencia de publicidad Lata Latina SL. Los fondos terminaron presuntamente siendo utilizados por Génova para sufragar gastos de campaña al margen de los organismos de fiscalización.
Las dos mismas empresas
El juez ha acordado la imputación de Aguirre, del presidente de Indra durante el periodo bajo sospecha, Javier Monzón, y de la propia multinacional como persona jurídica, entre otros. Espera que los interrogatorios, que tendrán lugar en los próximos días, permitan avanzar en esa línea del caso. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid ha recorrido ese mismo camino mucho más rápido y ha emitido su propio dictamen.
La sentencia de ese tribunal, a la que ha tenido acceso El Confidencial, considera ya acreditado que Indra pagó a las mismas dos empresas cuestionadas en Púnica, Formaselect SL ni Lata Latina SL, por trabajos que en realidad nunca se ejecutaron. La resolución expone que, al menos en 2013, la multinacional les habría abonado miles de euros sin ningún tipo de justificación comercial. Las facturas que teóricamente soportaban los pagos fueron fabricadas para dar apariencia de legalidad a los trasvases de dinero. Así, a efectos fiscales, Indra nunca debió haberlas computado como gastos, una irregularidad que le permitió rebajar artificialmente sus beneficios y, de ese modo, pagar menos impuesto de sociedades.
Una de las empresas del comisario hizo cuatro pagos en el segundo semestre de 2016 a The Cell Core SL, una de las sociedades clave en la red que desvió donaciones de Indra a Génova
El veredicto se limita al ámbito tributario. Condena a Indra por un delito contra Hacienda. Pero de sus hechos probados se deriva un pronunciamiento en firme —Indra no lo ha recurrido— sobre el esquema de financiación ilegal del PP, al considerar demostrado que ni Formaselect ni Lata Latina trabajaron nunca para la empresa semipública, un hallazgo que apuntala la tesis del juez de Púnica de que el verdadero motivo por el que se realizaron esos pagos fue desviar dinero público hacia las campañas de Aguirre. La Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid concedía adjudicaciones infladas a Indra por importes millonarios y luego la tecnológica enviaba la diferencia al PP a través de las empresas instrumentales. Solo a través de Formaselect, Indra habría movido hacia Génova 1,1 millones de euros. En el caso de Lata Latina, los pagos irregulares ascienden a 3,3 millones de euros, como ya adelantó este diario.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 26 complica la estrategia de defensa de Aguirre y del PP, porque tendrán que enfrentarse en Púnica a una resolución que ya da por sentados hechos clave de la acusación a que se enfrentan. De hecho, el juez de Púnica menciona la condena a Indra, sin entrar en el fondo, como uno de los indicios que han motivado su decisión de imputar a Aguirre.
Inspección de Hacienda
El origen del procedimiento contra la compañía está en una inspección fortuita que la Agencia Tributaria abrió a la matriz y a algunas de sus filiales en diciembre de 2015. Según ha informado la propia Indra, Hacienda terminó su investigación en febrero de 2018 y, tras un periodo de alegaciones, le notificó una “propuesta de liquidación vinculada a delito por un importe total de 466.000 euros (incluyendo la cuota defraudada de 429.000 euros, interés y otros conceptos)”. La tecnológica hizo frente a esa cantidad en abril de 2018, pero eso no evitó que la Fiscalía se querellara contra ella.
Anticorrupción pide a Indra 1,4 millones por sus pagos a la caja B del PP de Madrid
Por los indicios de que se financió con donaciones ilegales de la compañía del Ibex 35 a través de una red societaria que controlaban testaferros y empresarios amigos
El caso se instruyó en el Juzgado número 33 de Madrid y fue resuelto por el número 26 de lo Penal en una vista que finalizó el pasado mayo sin controversia, al llegar la compañía a un acuerdo con el Ministerio Público. Indra Sistemas SA fue condenada por un delito contra la Hacienda Pública. Además, se le impuso una sanción de 171.000 euros y la “pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un plazo de nueve meses”. El juzgado tuvo en cuenta como atenuantes que ya había depositado los 466.000 euros y que había colaborado con la Justicia en ese proceso.
Indra informó a sus inversores de la condena en el 'Informe de revisión limitada de estados financieros' del pasado 30 de junio, aunque obvió el nombre de las dos sociedades instrumentales y las vinculaciones de estas operaciones con la trama Púnica. “Todos los hechos investigados son anteriores al año 2015, en el que se produjo el relevo en la presidencia y en la dirección de la compañía”, sostiene la compañía en un posicionamiento oficial remitido a este diario.
“Desde el año 2015, Indra ha actualizado y reforzado su sistema de prevención de la comisión de ilícitos por parte de sus administradores y empleados y, a tal efecto, entre otras muchas actuaciones, ha revisado y robustecido el Código Ético y de Cumplimiento y el Modelo de Prevención Penal, sobre los que hay un proceso de mejora y formación permanentes; se ha dotado de mayor independencia y medios a la Unidad de Cumplimiento y a la función de Auditoría Interna; se han adoptado medidas sancionatorias y disciplinarias cuando se ha detectado alguna actuación irregular; y se realiza un seguimiento continuo por parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y el Consejo de Administración en esta materia”, señala la cotizada. También recuerda que ha colaborado con la Justicia y que ha remitido a la Audiencia Nacional cualquier documentación susceptible de contribuir al esclarecimiento de los hechos.
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-09-13/juez-acorrala-aguirre-indra-pago-facturas-falsas-pp_2226275/UN EXASESOR ESTRECHA EL CERCO SOBRE AGUIRRE EN EL ‘CASO PÚNICA’
Germán Rasilla afirma que las adjudicaciones de publicidad pasaban por la Consejería de Presidencia y niega irregularidades en su ejecución
Germán Rasilla, exasesor de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, estrechó este lunes el cerco sobre la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en la trama corrupta de Púnica. Rasilla manifestó ante el juez instructor que tras su nombramiento en 2004 por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, recibió la orden de que todos los contratos de publicidad debían pasar por la Consejería de Presidencia, aunque ha incidido en que todos los que se firmaron se ejecutaron realmente.
El técnico autonómico explicó al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal y a la Fiscalía Anticorrupción que el sistema de funcionamiento era someter todos los contratos de publicidad e imagen a consideración de la Dirección General de Medios que dirigía Isabel Gallego, persona considerada próxima a la expresidenta Esperanza Aguirre, a quien no llegó a mencionar. Según relatan a este periódico fuentes presentes en la declaración, Rasilla afirmó que Gallego le dio la orden de adjudicar a dedo los contratos de publicidad a Over Marketing, empresa de Daniel Horacio Mercado que trabajaba para el Partido Popular de Madrid.
El exasesor negó que se produjera ninguna irregularidad en la ejecución de los contratos de publicidad, los cuales, sostuvo, fueron correctamente visados por los funcionarios de la Comunidad y sometidos a un doble control, el técnico de la propia consejería y el de la constructora adjudicataria. Asegura así que no hubo pagos por servicios inexistentes ni, por tanto, facturación falsa en lo que de él dependía.
En cuanto al 1% del valor del contrato que se exigía a las adjudicatarias emplear en publicidad e información del mismo, se ha desmarcado de irregularidad alguna y ha asegurado que así se ahorraba dinero al erario público, puesto que no era la consejería de turno, sino la empresa adjudicataria de la obra la que tenía que asumirlo. La investigación del caso Púnica ha puesto de relieve que las empresas acababan inflando los contratos para absorber ese porcentaje destinado a publicidad y que se sospecha que acababa en parte en las arcas del PP madrileño.
El papel del ente público en esta ecuación, según señaló, era comprobar que el trabajo efectivamente se realizaba, sin que interviniese en la elección de las empresas a las que recurría el adjudicatario para ponerlo en marcha, siempre según las mismas fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.
Otros cuatro ex altos cargos de la Comunidad de Madrid pasaron este lunes ante el juez, aunque uno de ellos, el exviceconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid Alejandro Halfter, se acogió a su derecho a no declarar alegando que no conocía las actuaciones.
Sí prestaron declaración, además de Rasilla, la funcionaria Rosario Jiménez; Almudena Pérez Hernando, exdirectora del Servicio Madrileño de Salud, y Carlos Rivero, consejero delegado de Gedesma, la empresa de gestión y desarrollo de medio ambiente de la Comunidad de Madrid. Todos coincidieron en defender la regularidad de las adjudicaciones, así como en expresar su malestar por haber sido llamados como investigados cuando, inicialmente, prestaron declaración ante la Guardia Civil como testigos, según informan fuentes presentes en la declaración.
Almudena Pérez defendió la regularidad del procedimiento en lo tocante a la Consejería de Sanidad, mientras que la funcionaria Rosario Jiménez aportó datos e información tanto de contratos concretos como del modo en que se resolvían.
Jiménez dio una explicación técnica de cada uno de los contratos objeto de la investigación e insistió en la ausencia de irregularidades en el modo en que se gestionaban. Rivero, por su parte, dijo desconocer directriz alguna dado que eso, de acuerdo con las fuentes consultadas, quedaba en escalones muy superiores de la administración.
https://elpais.com/politica/2019/09/17/actualidad/1568710735_231646.htmlUNA VEINTENA DE TESTIGOS E IMPUTADOS ABREN LAS DECLARACIONES DE PÚNICA
La ronda se inicia este lunes con seis testigos relacionados con empresas que organizaron actos de campaña para el PP madrileño en las elecciones de 2007 y 2011, en las que Aguirre resultó elegida presidenta
Una veintena de testigos e imputados, entre ellos proveedores de campañas del PP madrileño, exdirectivos de empresas públicas de la Comunidad de Madrid y un exalcalde, abren este lunes la ronda de declaraciones del caso Púnica, que incluye a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
El juez de esta causa, Manuel García Castellón, citó en una providencia a 62 personas entre este lunes y el día 18 de octubre, cuando cerrará las declaraciones Aguirre, imputada en la pieza sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid al igual que Cifuentes.
Esta semana están citadas 21 personas, todas en calidad de testigo excepto dos imputados y un perjudicado, el lunes, miércoles, jueves y viernes. La ronda se abre hoy lunes con seis testigos, todos ellos relacionados con empresas que organizaron actos de campaña para el PP madrileño en las elecciones de 2007 y 2011, en las que Aguirre resultó elegida presidenta y que supuestamente se financiaron con dinero sustraído de las arcas de la Comunidad de Madrid bajo su supervisión.
El miércoles le tocará el turno a un perjudicado por la trama corrupta y el jueves a cinco testigos y dos imputados en diferentes piezas del caso.
Entre los testigos figuran el exalcalde de Alcalá de Henares Bartolomé González, que supuestamente cobró 60.000 euros de comisión de la Púnica y exdirectivos de empresas dependientes de la Comunidad que se usaron para desviar dinero al partido.
Es el caso de un exdirector de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) y otro de Mintra. Esta última se dedicaba a adjudicar contratos de obra pública y el juez sospecha que el exconsejero Francisco Granados se valió de ella para desviar dinero y financiar con él el partido.
También está previsto que declare el jueves como testigo el que fuera director general de Promoción Cultural del gobierno regional, Amado Giménez, y un técnico de supervisión de proyectos de la Comunidad de Madrid.
El viernes cerrarán las declaraciones de esta semana siete testigos, varios de ellos de la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA), que resultó adjudicataria de la gestión de proyectos del plan Prisma (Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid), destinado a financiar obra civil en los Municipios de la Comunidad y del que se desvió también dinero.
Está citada asimismo como testigo una mujer que fue responsable de marketing de Over, la empresa del imputado Horacio Mercado que supuestamente ayudó a los políticos del PP del gobierno regional a desviar fondos públicos de consejerías para financiar las campañas del partido.
https://www.abc.es/espana/abci-veintena-testigos-imputados-abre-declaraciones-punica-201909091012_noticia.htmlAGUIRRE USÓ AL MARIDO DE UNA DE SUS CONSEJERAS PARA LA CAJA B DEL PARTIDO
Este lunes declara como testigo el empresario Eusebio Martínez. El juez asegura que una de sus empresas ayudó a financiar irregularmente la contabilidad paralela del PP entre 2007 y 2008
El PP de Madrid utilizó muchas empresas, proveedores del partido, para financiarse irregularmente en las campañas municipales de 2007 y 2011 y en las generales de 2008. Así lo asegura el último auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que imputó a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Una de esas sociedades es Emfasis Billing & Markentig Services, una agencia de publicidad constituida en 2005 y que según el magistrado estuvo administrada, entre otros, por Eusebio Martínez de la Casa González, que este lunes por la mañana declara como testigo en la Audiencia Nacional.
Eusebio Martínez es el marido de Isabel Mariño, uno de los pesos pesados del PP de Madrid. Ha sido diputada autonómica hasta la pasada legislatura que acaba de terminar, senadora y consejera en varios Gobiernos de Aguirre, gestionando las carteras de Medio Ambiente y Empleo y Turismo. También fue secretaria de organización del PP de Madrid. Francisco Granados, el principal imputado en el caso Púnica, declaró en febrero de 2018 ante el juez que Mariño tenía conocimiento de la caja B que usó el PP de Madrid para financiar varias campañas de la 'lideresa'.
El exconsejero obligaba a las grandes constructoras a pagar grandes eventos de inauguración a una de las empresas de la trama. El dinero salía de inflar con esta comisión la adjudicación
"Me consta que había una campaña paralela y ajena al PP nacional y ajena al PP de Madrid desde un punto de vista contable, dirigida en 2007 desde luego por el señor González, con la señora Cifuentes y con la señora Mariño, fundamentalmente", señaló entonces el exconsejero. Granados también declaró que estaba convencido de que varias empresas públicas dependientes de la Comunidad, como el Consorcio Turístico de Madrid (en la que Mariño fue presidenta ejecutiva), sirvieron para pagar esa "campaña paralela". Los empresarios "vinieron muy de la mano de Ana Isabel Mariño, ya que trabajaban mucho para el Consorcio de Turismo, y me consta que en la campaña para Esperanza Aguirre ellos tuvieron una gran participación, porque yo veía que entraban y salían". Ahora, el juez García-Castellón relata cómo el PP de Madrid se saltó los límites de gasto electoral establecidos por ley para sufragar más gastos de los permitidos. Para ello contrató en la campaña de 2007 "la realización de actos y servicios electorales a las mercantiles Waiter Music y Emfasis Billing & Markentig Services. Para pagar a estos proveedores utilizó mecanismos varios que le permitieron desviar dinero público". Primero desde dos Ayuntamientos madrileños controlados por el PP, como Pinto y Valdemoro. Y segundo con la fundación Fundescam, controlada por el PP madrileño.
La Comunidad de Madrid concedió en 2007 una subvención de 195.727,14 euros a Fundescam. Ignacio González, como vicepresidente del Ejecutivo autonómico, autorizó esa partida. González era también ese año director del comité regional de campaña del PP de Madrid y patrono de Fundescam. "Dicho importe sufragó gastos de la campaña de 2007 que el administrador electoral omitió en la contabilidad que presentó a la Cámara de Cuentas", señala la Audiencia Nacional, que destaca que desde las cuentas de la fundación "se sufragaron en el año 2007 subrepticiamente gastos electorales" a seis empresas por un importe superior a 500.000 euros. Entre ellas Emfasis. Emfasis, por ejemplo, trabajó en la confección de carteles, quincallería y dípticos para la campaña electoral. "Parte de las facturas confeccionadas recogían como cliente a Fundescam, ocultando al verdadero cliente que era el PP de Madrid, y con conceptos que no eran reales por simular trabajos que no se habían realizado, ocultando que eran gastos electorales".
El desfalco se remonta a la puesta en marcha del 'Plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007' de la Consejería de Sanidad, que financiaba la construcción de hospitales y centros de salud
La operativa se repitió en las elecciones generales de 2008. "El PP de Madrid también contrató publicidad exterior como carteles y trípticos para la campaña a las mercantiles Emfasis y Víctor Gallo, adviniéndose los administradores de dichas sociedades, como ya ocurriese en la campaña del 2007, a colaborar en la ocultación de la naturaleza y coste de los trabajos que le contrató el partido", señala el juez. Se confeccionaron, por ejemplo, facturas por importes de 2.389,02, 5.079,64, 10.053,72 y 7,566,68 euros a nombre de Fundescam, "encubriendo al verdadero cliente que era el PP de Madrid".
"Las facturas no recogían la verdadera prestación, sino conceptos simulados y concordantes con los fines de la concesión de la subvención" que en el año 2008 también recibió Fundescam por parte de la Comunidad, que fue 200.620 euros. El Confidencial se ha puesto en contacto con Isabel Mariño y su marido, pero no ha obtenido respuesta. Eusebio Martínez solo declara como testigo. Su mujer no ha sido citada como investigada por la Audiencia Nacional. Martínez fue presidente de Emfasis hasta septiembre de 2011, según el Registro Mercantil.
El empresario, pareja de la exconsejera y exsenadora, colaboró en la ocultación de la naturaleza y coste de los trabajos para el PP
La pareja ya fue noticia en 2014 cuando el diario 'Estrella Digital' reveló que Martínez había relevado a su esposa como consejero de Caja Madrid Pensiones. El mismo día que ella renunciaba al cargo él la sustituía. Estaría siete años como consejero. Ahora se dedica al sector privado. Mariño, por su parte, ha tenido una dilatada trayectoria en el sector público. Fue consejera de la empresa de armas Santa Bárbara Sistemas y ocupó cargos en el Gobierno de Aznar, como directora general de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, consejera de la Sociedad Estatal España Expansión Exterior y presidenta de Paradores. También ha estado en el Ayuntamiento de Madrid y desde 2007 en la Comunidad de Madrid como diputada regional, consejera en el Ejecutivo regional y senadora por designación autonómica.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-09-08/marino-marido-aguirre-punica-financiacion-pp_2214015/GÁDOR ONGIL, EN LA LISTA DE AYUSO, CITADA TAMBIÉN COMO INVESTIGADA EN PÚNICA
La exdiputada Gádor Ongil ha sido citada por la Audiencia Nacional en calidad de investigada. La expresidenta de Fudescam tendrá que declarar el próximo 17 de octubre
Un alto cargo del Gobierno Ayuso también han sido citado como investigados
Entre los investigados también está el exviceconsjero de Presidencia, Alejandro Halftter, actual secretario general de la Cámara de comercio
Entre la lista de las 40 personas que han sido citada por el juez Manuel García Castellón para declarar en el marco de la trama Púnica hay viejos conocidos de la política madrileña.
La Audiencia Nacional ha citado en calidad de investigada a la exsenadora y exdiputada del PP, Gádor Ongil que actualmente ocupa el puesto número 47 en la lista electoral que diseñó Isabel Díaz Ayuso para presentarse a las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo. Gádor Ongil - actualmente en paro- fue presidenta de Fundescam (sucedió en el cargo a Esperanza Aguirre). Su misión era disolver esa a entidad, peor esta fundación del PP de Madrid continuó operativa durante los cinco años siguientes.
El juez que investiga la trama Púnica también ha citado como investigados a un alto cargo que actualmente están en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Es Francisco Lobo, Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad. Según ha sabido la SER, la intención del Gobierno de Ayuso era la de ratificarle, pero tras su imputación de momento su nombramiento está en el aire, aunque su elección es incompatible con el acuerdo que PP y Cs han firmado para hacer Presidenta a Isabel Díaz Ayuso.
En el listado de investigados también figura otro alto cargo del Gobierno madrileño, Rosario Jiménez que fue cesada el pasado martes como Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, a las órdenes de Carlos Izquierdo. Esta funcionaria está acusada de dar el visto bueno al desvío de fondos camuflados como contratos de publicidad pagados a Over Martketing - por un valor de 200.000 euros- durante su etapa en la Consejería de Empleo.
En el auto de citaciones al que ha tenido acceso la SER, también figuran como imputados el exviceconsejero de Presidencia, Alejandro Halftter que actualmente es el Secretario General de la Cámara del Comercio de Madrid con un sueldo de más de 112.000 euros brutos al año.
Según las fuentes del PP consultadas por la SER, hay dirigentes a los que les sorprende que el exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, siempre bajo sospecha, haya sido citado solo como testigo y no en calidad de investigado.
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/02/radio_madrid/1567441301_964646.htmlLOS EX CONSEJEROS MADRILEÑOS LAMELA Y GÜEMES, IMPUTADOS POR EL CASO PÚNICA
El juez señala que se desviaron al PP tres millones de euros de los hospitales y centros de salud del plan de infraestructuras
Los ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes y Manuel Lamela, han sido imputados en el caso Púnica. Ambos tendrán que declarar el próximo 14 de octubre. Así consta en el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el que cita a declarar a 42 altos funcionarios. Entre ellos se encuentran las ex presidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
El juez apunta en el auto al Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 para la construcción de nuevos hospitales y centros de salud. En el texto se pone de manifiesto los pliegos incluían una cláusula por la que obligaría a cada contratista a abonar en concepto de publicidad un 1% del presupuesto de la obra. Este sería el mecanismo establecido para desviar fondos al Partido Popular.
Los ex consejeros de Sanidad, Juan José Güemes y Manuel Lamela, han sido imputados en el caso Púnica El dinero se dirigía a las sociedades del empresario Horacio Mercado que facturó publicidad que “o bien no se realizó, o se sobrevaloró su precio”, destaca el juez en el auto. El magistrado identifica cuatro empresas asociadas a este empresario: Over, Traci, Link y Abanico, “utilizadas como canal por el que circularían los fondos detraídos indirectamente del presupuesto del Plan de Infraestructuras, al reservarse los investigados Ignacio González y Francisco Granados, bajo la supervisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la competencia última para decidir qué empresas prestarían la simulada publicidad, quienes en todos los casos resolvieron que fuesen las mercantiles vinculadas al investigado Horacio Mercado las agraciadas”, destaca el juez.
La sociedad gestora de cada hospital o la constructora recibían las órdenes de pago de la Comunidad de Madrid. Estas venían acompañadas de las facturas confeccionadas por Mercado. En concreto se desviaron 1,8 millones del presupuesto de la construcción de siete hospitales. El plan de 2004-2007 contemplaba los del Tajo, del Sureste, del Henares, el Puerta de Hierro, Infanta Cristina e Infanta Sofía. A esta cantidad se sumarían otros 1,2 millones de euros por los centros de salud.
En el caso de Juan José Güemes no se encuentra investigado por su actuación en sanidad. Su imputación se debe a su etapa al frente de la Consejería de Empleo y Mujer.
http://isanidad.com/146244/los-ex-consejeros-madrilenos-lamela-y-guemes-imputados-por-el-caso-punica/
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA EL DESVÍO DE 3 MILLONES DE LA SANIDAD MADRILEÑA PARA FINANCIAR AL PP
En el último auto del juez de la Audiencia Manuel García Castellón se detalla cómo el exconsejero de Aguirre, Manuel Lamela diseñó un sistema para que las constructoras dedicasen un 1% de su presupuesto a publicidad. Ese dinero, según los investigadores, acabó en manos del PP a través del empresario Daniel Mercado
Es el famoso 1% con el que Esperanza Aguirre dijo que se pagaban "paellas" y "cantantes" para fiestas de inauguración. Aquello fue lo que dijo la expresidenta madrileña durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. En aquel momento, Aguirre desconocía que la Guardia Civil había descubierto qué se escondía realmente detrás de ese 1%.
Según recoge en el auto del juez de la Audiencia Nacional que investiga el Caso Púnica, los investigadores señalan al exconsejero de Aguirre, Manuel Lamela como la persona que dio orden de introducir una cláusula en los contratos de los siete hospitales de Aguirre - investigados también por la Fiscalía Anticorrupción-, según la cual se obligó a las constructoras a destinar el 1% de su presupuesto en publicidad y promoción.
Esa cláusula fue ideada "en connivencia con los altos mandatarios del PP de la Comunidad de Madrid", dicen el juez en su auto, "como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del Partido". Los investigadores acreditan que "el plan urdido" acabó beneficiando siempre a las empresas de uno de los empresarios que confesó que el PP le obligó a facturar gastos de campaña a través de varias empresas. Ese empresario era Daniel Horacio Mercado, dueño de Over Marketing, Traci, Link y Abanico que facturaron más de 3 millones de euros, dinero que acabó, presuntamente, en la caja b del PP.
Esta empresa recibía los encargos, los cobraba, pero no siempre se realizaban los trabajos. Realmente, los simulaban y ese dinero luego regresaba a la caja b del PP. Ese era el círculo que recoge en su auto el Juez Manuel García Castellón. Ese modus operandi es por el ha citado como investigados a Manuel Lamela y a otros dos altos cargos de su equipo, entre ellos, Germán Rasilla Arias, exasesor Técnico del Consejero de Sanidad y Consumo "quien cooperó en los hechos hasta el año 2008 dando la conformidad a las facturas" y la exdirectora del SERMAS, Almudena Pérez.
Estas fueron las cantidades desviadas con el 1% (entre 2006 y 2007)
Hospital del Tajo S.A (Aranjuez) pagó 138.017,85 euros
Hospital del Sureste S.A (Arganda) pagó 152.906,33 euros
Hospital del Henares (Coslada) pagó 258.297,71 euros
Hospital Puerta de Hierro (MajadahondA) pagó 917.164,35 euros
Hospital Infanta Cristina (Parla) pagó 240.972,94 euros
Hospital Infanta Sofía (San Sebastian de los Reyes) pagó 86.532,72 euros
Hospital Infanta Leonor (Vallecas) pagó 89.394,80 euros
Los investigadores aseguran que era la Consejería de Sanidad, "que daba las órdenes de pago" incluso en los centros de salud, y esto también es nuevo.
Entre 2006 y 2007, presuntamente se desvió 1.1 millones de euros a través de una veintena de centros de salud repartidos por toda la Comunidad, Velilla de San Antonio, Móstoles, Mejorada del Campo, Morazarzal o El Escorial, entre otros. En el listado de empresas que pagaron por esa publicidad ficticia aparecen empresas de la Gürtel, como Hispánica y otras viejas conocidas de la justicia como OHL.
Estas son las "sumas de las cantidades percibidas por empresas controladas por Daniel Horacio Mercado", según el auto:
CAPIO VALDEMORO SA pagó 176.039,67 euros al Hospital Valdemoro
COPASA pagó 40.982 euros al Hospital Universitario Príncipe Asturias (Alcalá de Henares)
ORTIZ CONSTRUCC Y PROYECTOS SA pagó 130.983 euros por el CS Velilla de San Antonio
ORTIZ CONSTRUCC Y PROYECTOS SA pagó 57.750 euros por el CS El Escorial
EDHINOR SA 51.643,08 euros por los Centros de Salud de Móstoles, Mejorada del Campo y Moralzarzal
ARCIÓN SA 27.468,10 euros por los Centors de Salud de Camarma de Esteruelas y Cadalso de los Vidrios
ACCIONA INFRAESTRUC pagó 47.876,71 el CS Virgen del Val
FERROVIAL-AGROMÁN pagó 24.926,08 euros por el CS El Gorronal, Peña Prieta
OHL 144.524,34 pagó al Hospital 12 de octubre
CORSÁN-CORVIAN 16.780 euros por el CS Juan de Austria (Alcalá de Henares)
CONST. SAN JOSÉ 99.659,10 euros por el CS Palomares, Silvano
DRAGADOS pagó 4.335,11 euros por el CS Paseo Imperial
VÍAS Y CONSTRUCCIONES SA pagó 111.712,96 euros por el Hospital Severo Ochoa (Leganés)
HISPÁNICA pagó 53.491,42 euros por el CS Casa de Campo, Vallecas
OBRUM pagó 93.200,13 euros por los CS Los Castillos (Alcorcón), Las Olivas (Aranjuez)
UTE SAN JOSÉ-TECNOCONTROL pagó 35.695,71 euros por el CS Lucero
RUES Y FERNÁNDEZ CONST pagó 12.755,28 euros por el CS Somosaguas
PECSA pagó 16.380,71 euros por CS Caramuel
PLODER pagó 19.241,71 euros por el CS San Martín de la Vega
BARROS NAVA Y CIA pagó 25.036,72 euros por el CS Valle de la Oliva (Majadahonda)
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/03/radio_madrid/1567525112_234003.htmlAGUIRRE A GONZÁLEZ: “QUE NOS HAYAMOS SALTADO EL LÍMITE PARA LA CAMPAÑA, PUEDE. PERO FUNDESCAM NO HA PAGADO”
Una conversación grabada por orden judicial delata la preocupación de los expresidentes madrileños por los gastos del PP
El 8 de marzo de 2017, el expresidente Ignacio González ya está bajo la lupa de la Audiencia Nacional, que lo investiga en secreto. Han intervenido sus comunicaciones telefónicas y González habla con Esperanza Aguirre de las investigaciones en marcha sobre la financiación ilegal del PP. En uno de sus informes, la Guardia Civil recoge un extracto de esa conversación.
Ignacio González: No sé. Yo, de esto de Fundescam, la verdad que no tengo, pero vamos, yo creo que Fundescam jamás ha estado en nada de nada.
Esperanza Aguirre: Yo es que creo que como se decía de pequeño. Frío, frío, frío, oiga.
Ignacio González: Claro, es que…
Esperanza Aguirre: Que nos hayamos saltado el límite del dinero electoral para la campaña, pues puede… pero desde luego Fundescam no ha pagado.
Ignacio González: Bueno, pero es que eso, es que eso lo supervisa la Junta Electoral o quien sea y ya está, ¿no?
Esperanza Aguirre: Sí.
De este diálogo, el fiscal que investigaba el caso sacó esta conclusión: “En la conversación intervenida entre Ignacio González y Esperanza Aguirre, esta última reconoce abiertamente la financiación ilegal”.
Fundescam, según el auto del juez Manuel García Castellón, es la fundación del PP que durante las campañas electorales del PP de 2007 y 2011 financió ilegalmente los mítines. A su vez, Fundescam se nutría de fondos públicos (subvenciones directas de la Comunidad de Madrid) y donaciones ilegales al proceder de empresarios contratistas de la Comunidad. Ese dinero solo podía dedicarse a estudios y trabajos similares, según la ley. En ningún caso podía desviarse para costear campañas electorales.
En el caso Gürtel, la investigación también apreció estas prácticas ilegales con Fundescam antes de que la exdirigente del PP madrileño ganara las elecciones que la llevaron a la presidencia de la Comunidad. Pero el juez no siguió adelante porque el caso estaba prescrito. Aguirre dijo entonces: “Pío, pío que yo no he sido”, en relación a quien entonces desempeñaba el cargo de presidente del PP en Madrid, Pío García Escudero.
Pero bajo su mandato, Fundescam siguió sirviendo para financiar ilegalmente los actos electorales del PP, partido que sobrepasaba los límites de gastos impuestos por ley. De estos hechos delictivos, la Fiscalía Anticorrupción aporta decenas de pruebas con documentos oficiales y testimonios de empresarios que colaboraron en estas prácticas. Las pruebas desmienten la afirmación de Aguirre —“desde luego, Fundescam no ha pagado”— en su conversación con González. El expresidente estaba supuestamente tranquilo porque los gastos electorales los supervisaba la Junta Electoral, y esta no había descubierto ninguna anomalía. La investigación judicial ha puesto al descubierto que el PP de Madrid ocultó a la junta electoral y a la cámara de cuentas muchos de los gastos que realizaba durante sus campañas.
Este lunes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citó a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como imputadas en el caso Púnica, el macrosumario de corrupción en la Comunidad de Madrid por parte del PP madrileño que se investiga desde febrero de 2014. El magistrado considera que Aguirre ejercía la "supervisión" de la supuesta caja b del partido conservador en la Comunidad. La imputación de Cifuentes se debe a la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, perteneciente al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
https://elpais.com/politica/2019/09/03/actualidad/1567501817_124277.htmlLOS SEIS MÉTODOS DE DOPAJE ELECTORAL DEL PP DE MADRID
El partido ideó diferentes vías para superar el límite de gasto en los comicios
La Operación Púnica, que se destapó en octubre de 2014, ha puesto sobre la mesa seis grandes métodos con los que el PP de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre, se financiaba ilegalmente tanto para su dopaje electoral —realizaban gastos por encima del límite legal— como en provecho de sus dirigentes. Lo que sigue es la descripción del modus operandi en cada caso, según el juez instructor del caso, Manuel García-Castellón.
1. 1% DE LA OBRA PÚBLICA
El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió que en determinadas obras públicas había que reservar el 1% del presupuesto para publicidad. Las constructoras entregaban ese dinero a la Comunidad de Madrid, que decidía quién se encargaba de la publicidad. Una parte importante de ese 1% de obras públicas fue a parar al empresario Horacio Mercado, quien dedicó diversas cantidades a organizar actos del PP y no al fin establecido de publicitar los equipamientos construidos con dinero público.
El juez relata que ocho consejerías (Presidencia, Sanidad, Transportes, Mujer, Economía, Medio Ambiente, Hacienda, Economía e Innovación Tecnológica) adjudicaron hasta cinco millones de euros a las empresas de Horacio Mercado mediante contratos amañados.
2. EFECTIVO PARA LA CAJA B
Algunos empresarios entregaban cantidades en efectivo a dirigentes del PP de Madrid, que ponían el dinero a disposición del gerente del partido, que lo utilizaba sin declarar a Hacienda para gastos de la formación.
El juez atribuye estas prácticas a Ignacio González (entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid), Francisco Granados (entonces consejero y secretario general del PP de Madrid) y Beltrán Gutiérrez (entonces gerente del PP de Madrid).
3. PAGOS ELECTORALES A TRAVÉS DE FUNDESCAM
Esta fundación del PP, presidida por Aguirre, tenía por fines la realización de estudios, organización de jornadas y trabajos similares. Se nutría de subvenciones públicas que adjudicaba el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, y de donativos de empresarios. El dinero recaudado se empleó en parte para financiar actos de campañas electorales, algo prohibido por la ley.
4. SISTEMA DE FACTURAS FALSAS
Empresas públicas presididas por Ignacio González se concertaron con empresas privadas a las que adjudicaban contratos millonarios para establecer un sistema de facturación falsa (pago por servicios no prestados) que permitía desviar fondos para gastos particulares del PP.
Las empresas públicas utilizadas para este mecanismo fueron Canal de Isabel II e Informática y Comunicaciones de Madrid (ICM). Las empresas privadas que colaboraron en este sistema de financiación ilegal fueron Indra, Domométrica y Swat.
5. CAMPAÑAS DE IMAGEN CON DINERO PÚBLICO
Dos empresas, Eico y Madiva, vendieron a los dirigentes del PP sus servicios para mejorar la imagen de sus dirigentes a través de Internet. Esos trabajos privados fueron pagados con fondos públicos. Los trabajos favorecieron a Esperanza Aguirre, Ignacio González, Lucía Figar, Salvador Victoria o Borja Sarasola, según el relato del juez. Algunos de esos trabajos se pagaron a través del Canal de Isabel II.
6. DESVÍO DE FONDOS PARA FIESTAS PATRONALES
EL MILLÓN DE GRANADOS DESTAPÓ EL GRAN FRAUDE DEL PP
Cuatro años de investigación dejan al descubierto una extensa trama de financiación ilegal con
La Fiscalía suiza detectó en julio de 2014 que un relevante político español, Francisco Granados (entonces diputado autonómico y senador, y antes consejero y secretario general del PP-Madrid), guardaba 1,3 millones de euros en una cuenta de un banco de ese país y lo puso en conocimiento de la Fiscalía española. Granados asegura que esa cuenta la abrió en 1992, que se la traspasó en 2000 al constructor David Marjaliza y que ese dinero procedía de una herencia de su padre y de los ahorros de su trabajo. Así nació el caso Púnica.
Anticorrupción abrió una investigación secreta, intervino los teléfonos de Granados y Marjaliza y lo que escuchó permitió iniciar nuevas pesquisas sobre tramas de corrupción vinculadas a distintas administraciones públicas.
La investigación destapó múltiples irregularidades en el funcionamiento de la Comunidad de Madrid y de numerosos ayuntamientos. El caso salpicó al Gobierno murciano y a la Diputación de León. La causa ha pasado por cuatro jueces de instrucción, que han abierto hasta 16 piezas separadas a raíz del millón de euros que Granados guardaba en Suiza y que nunca declaró a Hacienda.
Los trabajos de los investigadores destaparon un amplio catálogo de corruptelas en el funcionamiento de las administraciones gobernadas por el PP:
Pago de mordidas a alcaldes del PP en la Comunidad de Madrid y a Marjaliza a cambio de adjudicación de contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely.
Financiación con dinero público de campañas de reputación en Internet para contrarrestar informaciones negativas de consejeros autonómicos.
Adjudicación ilegal de contratos y recalificación de suelos a cambio de comisiones ilegales en media docena de ayuntamientos madrileños.
Pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de contratos para organización de eventos en fiestas patronales de distintos municipios.
Financiación ilegal de las campañas electorales del PP de Madrid de 2007, 2008 y 2011 a través de empresas contratistas de la Comunidad de Madrid.
En relación con la financiación ilegal del PP, los indicios de delito hallados por la Guardia Civil en el caso Púnica se complementaron con la investigación abierta en el caso Lezo, que llevó a la cárcel al vicepresidente autonómico, Ignacio González. La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez abrir una pieza especial donde se reúnen todos estos hechos investigados. El juez ha dictado un auto de imputación que incluye a 42 personas que ya estaban siendo investigadas y a otras 29, entre las que se encuentran las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, además del expresidente de Indra, Javier Monzón (actual presidente no ejecutivo de PRISA), y de la empresa Indra Sistemas como persona jurídica. En el auto, el juez detalla los hechos supuestamente vinculados a la financiación ilegal del PP:
Un 1% de las obras para el lucro del PP. Desde 2004, según el juez, el Gobierno madrileño creó un sistema —decidido y aprobado por la comisión delegada para asuntos económicos en la que participaba la presidenta Esperanza Aguirre— por el cual las adjudicaciones de determinadas obras públicas debían reservar un 1% del presupuesto para publicidad. La adjudicación de ese dinero se hacía al empresario Horacio Mercado. En muchas ocasiones, las cantidades adjudicadas no se destinaban a publicitar las obras públicas ejecutadas sino a financiar actos electorales o gastos del PP. Mercado ha reconocido estos hechos en su declaración al juez.
Una fundación para el fraude electoral. Fundescam era la fundación con la que el PP sufragó actos electorales no declarados a la Cámara de Cuentas con fondos procedentes de subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid o donativos de empresarios contratistas de la Comunidad de Madrid que tenían prohibido por ley este tipo de aportaciones. El escrito del juez detalla durante decenas de páginas estas prácticas irregulares con las que el PP financió parte de las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y los comicios generales de 2008, y se excedió en el gasto máximo permitido por ley para estas actividades. El juez resalta que Fundescam estaba bajo la supervisión de Esperanza Aguirre y que la expresidenta tuvo un papel decisivo y esencial en la toma de decisiones del comité de campaña electoral del PP. Las fundaciones de los partidos políticos, que se nutren en parte de subvenciones públicas para hacer estudios y trabajos similares, no pueden dedicar ni un solo euro a gastos electorales.
Proveedores del PP que cobraban de la Comunidad de Madrid. Empresas que prestaban servicios para las campañas electorales del PP, cobraban de la administración autonómica a través de vías indirectas. Otras empresas privadas, contratistas de la Comunidad de Madrid, pagaban a estos proveedores a través de facturas por trabajos nunca prestados.
Contratos inflados para pagar deudas del PP. El juez relata cómo supuestamente la empresa pública Informática y Comunicaciones Madrid (ICM) adjudicaba contratos a Indra con un sobreprecio y que esta sociedad, a su vez, pagaba a proveedores electorales del PP por servicios no prestados.
Adjudicación de una cafetería al donante ilegal del PP. El juez imputa a la expresidenta Cristina Cifuentes por la adjudicación al empresario Arturo Fernández de la explotación de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Cifuentes presidía la mesa de contratación. Fernández era una de los donantes ilegales del PP.
Los recaudadores de la caja b. El juez detalla como Ignacio González y Francisco Granados recaudaban dinero en efectivo de contratistas de la Comunidad de Madrid y se lo entregaban al gerente del PP, Beltrán Gutiérrez, para los gastos del partido.
https://elpais.com/politica/2019/09/02/actualidad/1567449817_115121.htmlEL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’ RECABA NUEVOS DATOS SOBRE EL “1% MADRILEÑO” DE ESPERANZA AGUIRRE
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, sigue recabando datos sobre la supuesta financiación irregular del PP madrileño, que este lunes supuso la imputación, entre otros, de las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. El magistrado ha reclamado a la Comunidad de Madrid información sobre los contratos de construcción y explotación de 34 hospitales y centros de salud públicos y de 16 proyectos de carreteras de la red regional, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción consideran que estos equipamientos e infraestructuras formaron parte de la llamada “trama del 1% madrileño”, por la que se reservaba este porcentaje en los contratos para publicidad de las obras, cantidad que luego terminaba total o parcialmente desviada a las arcas del PP madrileño y de sus dirigentes. García-Castellón solicita también los expedientes de seis grandes contratos de publicidad de la Consejería de Empleo y Hacienda que no estaban todavía incorporados a la causa.
El juez instructor de esta trama de corrupción que se investiga desde 2014 ha solicitado a la Consejería de Sanidad los expedientes electrónicos completos de los contratos de construcción y explotación de los hospitales públicos Puerta de Hierro de Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Arganda del Rey y del Tajo. También reclama al Servicio Madrileño de Salud los contratos de gestión de 27 hospitales y centros de salud, entre ellos el del hospital de Valdemoro, adjudicado a Capio, o el 12 de Octubre de Madrid, adjudicado a OHL. Estas obras llevaban incorporada la cláusula del 1% en publicidad, que supuso un coste total de 3,07 millones de euros, parte de los cuales acabaron en la caja b del PP madrileño.
En el auto por el que decreta la imputación de Aguirre como supuesta ideadora y supervisora de la financiación ilegal del PP regional, el magistrado afirma que el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 “confirió la cobertura oportuna” para introducir, en los pliegos de las licitaciones de los contratos para la construcción y gestión de cada hospital y centro de salud, la cláusula (…) que obligaría a cada contratista a abonar, en concepto de publicidad de la obra, hasta un 1% del presupuesto de cada contrato, como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del Partido Popular”. El consejero de Sanidad en aquellos años era Manuel Lamela, que también ha sido imputado en esta última fase de la investigación, que ha de estar terminada antes del 6 de junio de 2020.
“La obligación de pago de dicha cantidad por el adjudicatario del contrato obligaba al mismo a incrementar en ese 1% su oferta, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas”, recuerda el magistrado. “El plan urdido aseguró que el pago en concepto de publicidad se realizase a las mercantiles del investigado [empresario argentino] Horacio Mercado”, afirma el juez.
Estas sociedades fueron “utilizadas como canal por el que circularían los fondos detraídos indirectamente del presupuesto del Plan de Infraestructuras, al reservarse los investigados Ignacio González y Francisco Granados, bajo la supervisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la competencia última para decidir qué empresas prestarían la simulada publicidad”. El juez cifra en 3,07 millones de euros el dinero que las empresas constructoras abonaron en concepto de publicidad a las mercantiles de Mercado en quebranto a las arcas públicas.
García-Castellón reclama, asimismo, a la Consejería de Transportes madrileña expedientes completos sobre obras de duplicación y reparación de 16 carreteras regionales porque sospecha que también fueron sometidas al 1% de publicidad. Estas obras totalizan contratos por 74,65 millones de euros, por lo que, de haberse aplicado el 1%, el partido se habría podido beneficiar de 746.500 euros, aproximadamente. El magistrado quiere saber si “se introdujo alguna cláusula que reservase un porcentaje para publicidad” y que, en caso afirmativo, la Consejería aporte los expedientes completos. También quiere que, en caso de haber estado sujeta la obra al 1% de publicidad, la Comunidad informe sobre la “existencia del Plan de Publicidad en el que se enmarcaron las acciones sufragadas con dichos fondos” y “sobre cómo se acreditó el cumplimiento de dichas obligaciones en materia de publicidad”.
https://elpais.com/politica/2019/09/03/actualidad/1567508495_265598.htmlEL JUEZ APUNTA A UN HOMBRE DEL NÚCLEO DE CASADO EN LA RECAUDACIÓN DE LA ‘CAJA B’ DEL PP
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica apunta a un hombre de la máxima de confianza de Pablo Casado en la trama de recaudación de ‘dinero B’ para financiar al menos dos campañas autonómicas del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre como máxima dirigente de la formación en dicha comunidad.
Se trata de Antonio González Terol, ex alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte y uno de los elegidos por Casado para integrar su comité ejecutivo tras ganar las primarias el pasado verano. González Terol, vicesecretario de Territorial y mano derecha de Teodoro García Egea, fue precisamente la persona que afilió al partido al actual presidente.
En el auto mediante el que ha acordado este lunes crear una pieza separada sobre la financiación del Partido Popular, el magistrado Manuel García-Castellón sitúa a Antonio González Terol -diputado en el Congreso por Madrid- en una reunión en la que Ignacio González instó a los asistentes a recaudar fondos de manera irregular para la ‘caja B’ del PP de Madrid.
Aguirre "ideó" la Caja B para "fortalecer su figura política" en las campañas electorales
“La investigación arroja indicios racionales de que Esperanza Aguirre, desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, sería quien ideó[...]
Según detalla el instructor en su resolución, la cita tuvo lugar supuestamente el 7 de junio de 2012 en el despacho de la directora general de Relaciones con la Asamblea de Madrid, Inmaculada Sanz Otero. Junto a Ignacio González, vicepresidente madrileño en aquellas fechas, asistieron tres personas más: el gerente del ente público Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás; el viceconsejero de Asuntos Generales de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola, y González Terol.
González Terol niega que asistiera a la reunión en la que lo sitúa el juez: “Sería absurdo; no tenía ya cargo en la Comunidad de Madrid”
El auto desliza dos errores, por cuanto presenta en aquellas fechas a Sanz Otero como directora general de Relaciones con la Asamblea de Madrid y a González Terol como director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid. A petición propia en ambos casos, los dos altos cargos cesaron formalmente el 2 de junio de 2011, según consigna el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Ocurrió, por tanto, casi un año antes del encuentro descrito por el instructor.
En el caso de González Terol, su salida del Gobierno madrileño tuvo lugar 11 días después de las elecciones en las que obtuvo mayoría absoluta en Boadilla del Monte y nueve días antes de que tomara posesión como alcalde, cargo que desempeñó durante dos mandatos consecutivos. Ya no concurrió en las elecciones celebradas el pasado mes de mayo.
“Sobrecoste” de licitaciones
“En la reunión, el investigado Ignacio González González solicitó a los asistentes que reuniesen la cantidad de millón de euros para sanear la ‘caja B’ del PPCM, que habían quedado maltrecha tras la ‘fastuosa’ que se encargó y diseñó para las elecciones del año 2011, que dio el triunfo a Esperanza Aguirre, indiciariamente todavía pendiente en el año 2012 de pagarse en su totalidad, y, a la vez, para empezar a recaudar fondos para el pago subrepticio de gastos electorales de la próxima campaña para las elecciones del año 2015”, expone el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Según precisa el instructor, la cantidad reclamada por Ignacio González “debía detraerse del sobrecoste de alguno de los contratos licitados” por ICM o por la empresa de aguas controlada por la Comunidad de Madrid (Canal de Isabel II), una de las vías presuntamente utilizadas para el desvío de fondos públicos en favor del PP de Madrid que se investigan en el caso Púnica.
A preguntas de El Independiente, González Terol ha negado su presencia en ninguna reunión en la que “se haya solicitado financiación irregular para ningún partido, incluido el suyo”. “Si así hubiera sido, lo habría denunciado ante las autoridades competentes, como hice durante mi etapa como alcalde de Boadilla, en la que personé al Ayuntamiento como acusación particular”, asegura. El vicesecretario del PP considera que su presencia en dicha reunión “hubiera sido absurda”, toda vez que “ya no ostentaba en dicha fecha cargo ejecutivo alguno en la Comunidad de Madrid”. “Era diputado a dedicación parcial tan solo y en el partido tan solo era el presidente del Comité de Afiliaciones”, ha añadido.
La declaración de Corujo
La referencia a González Terol en esa supuesta reunión parte de la declaración que prestó Silvano Corujo, ex director de ICM e imputado ya en la causa. Corujo declaró en 2017 que el ex presidente madrileño pidió “en torno a un millón de euros” al ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás para sanear las cuentas de la formación regional, si bien no dio por segura la presencia del hoy integrante del comité ejecutivo del PP en dicha cita.
“Reúne a Borja Sarasola, no sé si a González Terol y a alguno más por allí del partido y del Canal. Ignacio González les había pedido que buscasen dinero para el Partido Popular”, mantuvo Silvano Corujo. González Terol no ha sido llamado a declarar en ningún momento de la instrucción.
https://www.elindependiente.com/politica/2019/09/02/juez-apunta-hombre-nucleo-casado-recaudacion-caja-b-pp/AGUIRRE DEFIENDE SU INOCENCIA Y ASEGURA QUE DECLARARÁ "CON MUCHO GUSTO"
La exalcaldesa madrileña tilda de "falso" el contenido del auto de imputación
El PP pide respetar la 'presunción de inocencia' de Aguirre y Cifuentes pero defiende la 'regeneración' del partido
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado que irá a declarar "con mucho gusto" para defender su inocencia y ha negado cualquier vinculación con la trama Púnica, al señalar que el contenido del auto por el que se le imputa es "completamente falso" en lo referente a ella.
"Me he enterado por los medios de que el Juez me cita a declarar como investigada", ha indicado la exdirigente 'popular' en un texto remitido a Europa Press y en el que ha señalado que aún no le ha llegado la citación del Juez para prestar declaración como investigada.
Junto a Aguirre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a la también expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el 18 de ese mismo mes, relanzando así la investigación del 'caso Púnica' y, concretamente, de la pieza que indaga en si el PP que presidió Aguirre se financió ilegalmente las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
La investigación se inició en 2014 tras el hallazgo de una agenda del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la trama Púnica, en la que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero. Se investiga si estas letras pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.
EL PP DEFIENDE LA REGENERACIÓN
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha pedido respetar la "presunción de inocencia" de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes después de su imputación por la supuesta financiación irregular del PP.
"Partiendo de la base de la presunción de inocencia, el PP siempre ha dicho lo mismo: respeto máximo por las decisiones judiciales", ha asegurado el dirigente 'popular' en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.
En este sentido, Montesinos ha señalado que el PP "es un partido serio" y que no debe entrar en más valoraciones. Con todo, el vicesecretario de Comunicación ha defendido que el presidente del PP, Pablo Casado, "ha dejado claro en los últimos meses su defensa de la regeneración democrática". "Tranquilidad absoluta, porque creemos en el Estado de derecho", ha aseverado.
Montesinos se ha expresado así después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya imputado a Aguirre y Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional, investigación que se enmarca en el 'caso Púnica'.
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/02/radio_madrid/1567452951_100774.html
ESPERANZA AGUIRRE, LA VIGÍA QUE NO LO VIO
La expresidenta madrileña se enfrenta a una imputación grave por supuesta corrupción
Esperanza Aguirre ha sufrido peligrosos accidentes políticos en sus 34 años de servicio público. De unos salió ilesa y de otros sacó beneficios. El juez Manuel García Castellón ha decidido ahora imputarla al hallar indicios de su supuesta participación en seis delitos vinculados a la financiación ilegal del PP-Madrid entre 2003 y 2012: cohecho, malversación, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral. Es el accidente más grave de su vida pública, pero la expresidenta confía en ahuyentar pronto la sospecha: “Todo es falso”, dice Aguirre.
Desde que estalló el caso Gürtel, en febrero de 2009, hasta hoy, la mitad de los miembros su Gobierno han sido imputados; sus dos principales escuderos —el vicepresidente Ignacio González y el secretario general del PP-Madrid Francisco Granados— ingresaron un tiempo en la cárcel como supuestos cabecillas de tramas corruptas aún pendientes de juicio; otro consejero, Alberto López Viejo, cumple prisión por una condena de 31 años. Aguirre nunca pasó de la categoría de testigo en las distintas causas y siempre contó lo mismo al juez: “No supe nada, me engañaron…”.
Cuando los hechos aplastaron sus desmentidos, Aguirre sostuvo que ignoraba lo que pasaba en su jurisdicción. Granados repite que no había nombramiento que se escapara del control de la presidenta. La selección de personal, vista la nómina de imputados y condenados en estos años, no pudo ser más desacertada.
Esperanza Aguirre (de 67 años) lo ha sido casi todo en política: concejal, ministra de Educación, presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta del PP-Madrid; y aspirante a lideresa nacional. Ha pasado más de la mitad de su vida en despachos amueblados de mucho poder.
Llegó en 2003 a la presidencia regional tras un accidente. La traición de dos diputados socialistas frustró la investidura de Rafael Simancas y concedió a Esperanza Aguirre una segunda oportunidad tras su primer fracaso electoral. Dirigentes del PP colaboraron en la huida de los tránsfugas del PSOE, pero nunca nadie pudo demostrar que la presidenta estuviera detrás de aquel juego sucio. Aguirre aprovechó la circunstancia, se repitieron elecciones y logró mayoría absoluta.
Tras su llegada al Gobierno —octubre de 2003—, las empresas de Francisco Correa se lucraron con los actos institucionales organizados para el autobombo de Aguirre. El daño está calculado en la sentencia del caso Gürtel: más de 100 contratos amañados durante seis años; más de ocho millones despilfarrados en eventos, y el consejero Alberto López Viejo, condenado a 31 años de prisión por cobrar mordidas de aquellos actos. Aguirre cuenta que sospechó, que preguntó y que la engañaron.
En su batalla por el poder en el PP-Madrid, Aguirre se enfrentó a Alberto Ruiz-Gallardón, quien presentó como candidato a Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid. Éste contó así lo ocurrido en un comité nacional del partido: “Me da miedo lo que hacen. Cualquier cosa les vale. Todo para que entren a saco los calumnistas. Y si hay que hacerlo, se hace a través de medios de comunicación con problemas. Esta revista [exhibe un número de Época] fue levantada [prohibida su distribución] por Aguirre, según me confesó ella misma, porque ya no era necesario seguir apuñalándome al retirar mi candidatura. Decía [la portada de Época que no se distribuyó]: ‘A por Rajoy, las maniobras de Gallardón, desvelamos los secretos de Cobo. El padre de Cobo, indultado de un delito grave”.
“Me siento engañada y traicionada. No vigilé todo lo que debía. Por eso dimito”, dijo hace dos años
Como jefa del partido, Aguirre colocó de secretario general a Granados. De 2003 a 2012, según el juez, el PP se financió ilegalmente con dinero negro. Pero la presidenta, que ganó las elecciones de 2007 y 2011 por mayorías aplastantes, no supo nada de las cuentas subterráneas con las que se alimentaban sus mítines, según dice.
El Gobierno de Aguirre abrió siete hospitales e intentó, sin éxito, privatizarlos; impulsó la escuela pública bilingüe en Madrid; bajó impuestos; amagó con poner a la venta Telemadrid y el Canal de Isabel II, y dejó empantanada la Ciudad de la Justicia con un destrozo de 200 millones.
Para hacerse con el control de Caja Madrid, la cuarta entidad financiera de España, Aguirre planeó sacar de la presidencia a Miguel Blesa, amigo de José María Aznar, y poner en su lugar a Ignacio González, sin ninguna experiencia en gestión bancaria, pero a quien quería premiar con un cargo que multiplicaba por 20 su salario de vicepresidente autonómico. Mariano Rajoy abortó aquella operación y colocó a Rodrigo Rato en el puesto.
Aguirre dimitió como presidenta en septiembre de 2012 por “motivos personales”, aunque siguió al frente del partido. Regresó en 2015 como candidata a la alcaldía de la capital, pero fracasó. Un año antes de su vuelta, quien había sido su secretario general en el PP de Madrid ingresó en prisión acusado de corrupción. Dos años después de su vuelta, quien había sido su vicepresidente ingresó en prisión acusado de corrupción. Fue entonces cuando Aguirre abandonó: “Me siento engañada y traicionada. No vigilé todo lo que debía. Por eso dimito”.
Aquello que no vigiló todo lo que debía amenaza ahora con ensuciar, para siempre, una carrera política plagada de accidentes.
https://elpais.com/elpais/2019/09/06/ideas/1567767425_271277.htmlEL JUEZ IMPUTA A AGUIRRE Y CIFUENTES POR CORRUPCIÓN EN EL ‘CASO PÚNICA’
Manuel García Castellón considera que Aguirre "supervisaba" la caja b del PP madrileño y cita para octubre a otras 40 personas, entre ellas al entonces presidente de Indra Javier Monzón, actual presidente no ejecutivo de PRISA El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como imputadas en el caso Púnica, el macrosumario de corrupción en la Comunidad de Madrid que se investiga desde febrero de 2014 y que encara su fase final, según fuentes jurídicas. El magistrado pretende conocer su papel en la trama corrupta liderada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y en la financiación irregular del PP madrileño entre 2003 y 2011, años en los que Aguirre encadenó mayorías absolutas. El magistrado considera que Aguirre ejercía la "supervisión" de la supuesta caja b del partido en la Comunidad. Cifuentes está imputada por la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
Las imputaciones fueron solicitadas hace un mes por la Fiscalía Anticorrupción en un informe en el que solicitaba al magistrado la reordenación de la causa —que debe estar concluida antes del 6 de junio de 2020— que acumulaba 16 piezas, que han quedado concentradas en un total de 11. El juez amplía las imputaciones a los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, dentro de un listado de en torno a 40 altos funcionarios, responsables políticos y directivos de empresas, entre los que se encuentra el expresidente de Indra Javier Monzón, actual presidente no ejecutivo del grupo PRISA, editora de EL PAÍS (lea aquí el comunicado de PRISA).
Por primera vez en su carrera, Aguirre, que había conseguido quedar al margen de las múltiples causas de corrupción que afectaban a los consejeros de sus diferentes Gobiernos, se ve implicada directamente en una de ellas. El pasado marzo, la Guardia Civil remitió un informe al juez en el que implicaba a Aguirre en las supuestas maniobras para financiar ilegalmente las campañas electorales para las autonómicas de 2003, 2007 y 2011. Tras estas, la política conservadora encadenó tres mayorías absolutas, la primera tras el escándalo del tamayazo, la deserción de dos diputados del PSOE madrileño que impidió la investidura del socialista Rafael Simancas y obligó a repetir las elecciones.
Según el auto de imputación, al que ha tenido acceso este periódico, "la investigación arroja indicios racionales" de que Aguirre "sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". Y añade: "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la CAM". "La supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre", añade el juez.
Según la investigación, hay indicios también de un plan "para que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP de Madrid, sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008". En los nuevos conciertos volverían a tener una intervención relevante los investigados que ocupaban los puestos de gobierno más cercanos a la presidencia autonómica y del propio partido: Beltrán Gutiérrez, entonces gerente, y los exconsejeros Ignacio González y Francisco Granados. "De las actuaciones se desprende que la presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, se habría apoyado en ellos para que ejecutasen sus decisiones, de manera que la supervisión le correspondería a Esperanza Aguirre y el control directo de todos o alguno de aquellos consejeros", escribe el magistrado.
La expresidenta madrileña emitió un comunicado a última hora del lunes en el que califica de "completamente falso" el contenido del auto en lo que respecta a ella.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado situaron a Aguirre en reuniones en las que supuestamente se acordó favorecer con contratos públicos a empresas de publicidad que trabajaron en las campañas de 2003 y 2007. Para facilitar los pagos, el Ejecutivo de Aguirre modificó varias leyes autonómicas, de modo que las adjudicaciones pasaran por la mesa del entonces vicepresidente regional y después sucesor de Aguirre, Ignacio González, imputado en el otro gran macrosumario madrileño, el caso Lezo, y cuya declaración por la caja b del PP también ha sido solicitada por la Fiscalía.
Esas instrucciones surgieron de varias reuniones celebradas en fechas que la Guardia Civil no ha podido concretar, en las que participó Aguirre junto a Ignacio González y Francisco Granados. También intervinieron en ellas el entonces viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo —actualmente en prisión condenado por el caso Gürtel— y el consejero de Sanidad Manuel Lamela, así como la responsable de Comunicación de la Comunidad, Isabel Gallego, y el empresario argentino Daniel Horacio Mercado. Aguirre fue situada en estas reuniones por dos de los participantes: Lamela y el propio Mercado.
Lamela confirmó en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que en estas reuniones “se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over [una de las empresas de Mercado] en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación”. A partir de ese momento, las firmas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoción de la construcción de una decena de hospitales y centros médicos, así como para otras campañas publicitarias del departamento. Los agentes apreciaban delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.
La presunta financiación irregular del PP abarca también a los comicios autonómicos de 2011. En aquella convocatoria, en la que Aguirre logró la mayor victoria de su carrera política, el PP gastó en propaganda 6,2 millones de euros, casi el doble del límite legalmente establecido. De este montante, al menos 1,25 millones de euros provienen de una caja b que manejaba el entonces gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, y que supuestamente se nutría de fondos aportados por Granados e Ignacio González.
El juez García-Castellón, que se reincorpora al juzgado tras las vacaciones de agosto, accede en la providencia a la petición de la Fiscalía de citar como investigados —nueva denominación de los imputados— a casi unas 40 personas, entre ellas Indra como persona jurídica y Javier Monzón, presidente de la compañía entre 1993 y 2015. El pasado junio, la Guardia Civil remitió a García-Castellón un informe en el que los investigadores señalaban que Indra abonó en aquella época supuestamente 566.497 euros a una firma de formación, que a su vez los transfirió a la consultora Swat SL, que asesoró al PP madrileño en temas de estrategia y comunicación política para las campañas electorales de 2007 y 2011.
El magistrado afirma que Indra, a la que cita como persona jurídica, se convirtió con la "participación activa" de Monzón, del consejero Javier de Andrés y del directivo Santiago Roura, "en instrumento de desvío de los fondos públicos de [la empresa pública] Informática de la Comunidad de Madrid y en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al PP de la Comunidad y de otras deudas del partido o de sus dirigentes". Y añade: "La mercantil Indra no tenía previsto protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, pero es que además su presidente, Francisco Javier Monzón de Cáceres, y los directivos Javier de Andrés González y José Vicente Gil Ortega García intervendrían directamente en muchas de las decisiones de la realización de entregas de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos del Partido Popular".
COMUNICADO DEL GRUPO PRISA
El Grupo PRISA ha emitido el siguiente comunicado tras conocerse el auto del juez García Castellón en que se cita como investigados a más de 40 personas en relación al caso Púnica, entre ellos el expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo de PRISA, Javier Monzón.
"El sistema de gobierno corporativo de PRISA contempla estas situaciones y el Consejo de Administración aplicará en todo momento lo previsto en su reglamento y la legislación aplicable".
https://elpais.com/politica/2019/09/02/actualidad/1567412313_784035.html
DOCE ORGANISMOS PÚBLICOS AMAÑARON CONTRATOS TRAS LA REUNIÓN DE AGUIRRE CON PÚNICA
Seis consejerías y seis entes autonómicos adjudicaron contratos a la empresa de publicidad que hizo la campaña electoral del PP de Madrid en 2007
El informe de la Guardia Civil en el que por primera vez se sitúa a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre (PP) en reuniones mantenidas por altos cargos de su Ejecutivo con la trama Púnica destapa supuestas irregularidades en las adjudicaciones de 12 organismos madrileños, entre ellas seis consejerías del Gobierno regional. En todas ellas, las empresas beneficiadas pertenecían al publicista que asistió a estas reuniones y que trabajaba para las campañas electorales del PP de Madrid. Sus sociedades recibieron 7,4 millones en contratos públicos.
El informe, incorporado el 25 de marzo al sumario del caso Púnica que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, detalla “las relaciones comerciales de la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas” con Over Marketing Comunicación, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing, y Link América —todas ellas propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado— ante la sospecha de que sirvieron para financiar de manera irregular las campañas electorales del PP de Madrid de los años 2003 y 2007. De hecho, entre los siete delitos que los agentes aprecian se encuentran los de financiación ilegal de partido político y delito electoral.
El exhaustivo análisis de la Guardia Civil señala como una de las licitaciones supuestamente amañadas la convocada por la Consejería de Empleo y Mujer para diseñar su
También está bajo sospecha el contrato que el entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados —imputado como presunto cabecilla de la trama—, adjudicó también a Over para la promoción de la Casa de Madrid en Argentina, a cuya inauguración acudieron en marzo de 2007 el que entonces era número tres del Ejecutivo de Aguirre y la entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Ana Botella. La Guardia Civil asegura haber localizado sobrecostes y el fraccionamiento irregular del contrato para poder adjudicarlo sin concurso. Los investigadores también han hallado un convenio de la Fundación Arpegio, cuyo presidente también era Granados, por la que se financió a este centro con 142.000 euros. Estos fondos fueron supuestamente “desviados” a Over. El rastro de este dinero ha llevado a los investigadores hasta una cuenta a nombre de la sociedad panameña Manila Investment Inc, disuelta en 2011.
Hospitales públicos
Las empresas de Mercado también recibieron supuestamente trato de favor de la Consejería de Sanidad para hacerse con las campañas de promoción institucional de la construcción de 11 hospitales y otros tantos centros de salud de la Comunidad. El informe detalla que desde esta consejería —encabezada por Manuel Lamela, uno de los asistentes a las reuniones con miembros de la trama que declaró que Aguirre estuvo presente en las mismas— “se remitieron documentos escritos a las constructoras y concesionarias [de las obras] para imponerles el pago de las facturas a Over y sus empresas satélites”.
Para justificar dichos pagos, el Ejecutivo de Aguirre incluía en los pliegos de licitación una cláusula por la que las empresas adjudicatarias estaban obligadas a invertir el 1% del contrato en publicidad, lo que encarecía el coste para la Administración. Estos trabajos de promoción recaían sistemáticamente en las empresas de Mercado. Un sistema similar fue utilizado desde la Consejería de Transportes tanto para licitar un contrato de publicidad sobre obras de conservación de las infraestructuras de la zona noroeste de la región como otro para una campaña de Seguridad Vial. La Guardia Civil también ha analizado la campaña que la Consejería de Economía lanzó en 2007 para incentivar el pago de impuestos, y por la que Over obtuvo más de 200.000 euros de beneficio.
Además de las adjudicaciones de estas seis consejerías, están bajo sospecha licitaciones de seis entes públicos madrileños. Arpegio —de la que dependía la Fundación que abonó 142.000 euros para el centro regional en Argentina— adjudicó a las empresas de Mercado contratos por más de 540.000 euros por la campaña institucional del Plan Prisma, un programa multimillonario de inversiones públicas bajo control de Granados en el que se investigan también otras irregularidades. El empresario argentino también recibió presuntamente trato de favor de Madrid Comunidad Digital, de la Agencia Madrileña para la Emigración (AME), del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), de la sociedad de Gestión y Desarrollo el Medio Ambiente (Gedesma) y de la sociedad Campus de la Justicia. Este frustrado proyecto terminó dejando un agujero patrimonial superior a los 105 millones de euros que ya investiga otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.
328.090 EUROS PARA LA CAMPAÑA DEL PP DE 2007
El informe de la Guardia Civil considera acreditado que el PP de Madrid dejó de pagar 328.090 euros de su campaña a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 gracias al trato de favor dispensado al empresario Daniel Horacio Mercado. El documento detalla que el propio Mercado no facturó 151.503 de la precampaña de marzo de aquel año. Otra parte de sus servicios, valorados en 88.708 euros, se los abonaron constructoras beneficiadas con contratos de la Comunidad de Madrid. Y 87.878 euros los sufragó David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama y que colabora con la justicia de 2005. Este constructor aseguró al juez que pagó a las empresas de Mercado por indicación de Granados.
https://elpais.com/politica/2019/04/26/actualidad/1556289146_553840.html
EL JUEZ SEÑALA A ESPERANZA AGUIRRE COMO LA JEFA DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL PP MADRILEÑO PARA ADULTERAR ELECCIONES
El auto del magistrado García Castellón arruina la fábula de las "ranas" al situar a Ignacio González y Granados como "ejecutores" de las órdenes de la expresidenta
La investigación ubica a Esperanza Aguirre en todos los escenarios de la trama de financiación irregular, desde la caja B del PP local a Fundescam
Concluye que Aguirre puso en marcha la maquinaria de corrupción a las pocas semanas de convertirse en presidenta y que la utilizó para ganar en 2007 y 2011
La expresidenta responde en un comunicado que declarará "con mucho gusto" en la Audiencia Nacional y califica de "falso" el contenido del auto judicial
La escena se desarrolla en una sala del edificio neoclásico que alberga la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Tiene lugar "a principios del año 2004". Aparece la nueva presidenta de los madrileños, Esperanza Aguirre, quien había jurado el cargo el noviembre anterior. El oscuro episodio del tamayazo propició una repetición electoral en la que el Partido Popular consiguió los diputados suficientes para gobernar, la primera de las tres mayorías absolutas en Madrid. Aguirre está rodeada de los miembros de su flamante Ejecutivo y en la sala entra Daniel Horacio, un empresario argentino afincado en España que viene a presentar una campaña publicitaria, a la postre, un latiguillo que acabaría asentándose en la cabeza de los ciudadanos: "Madrid, la suma de todos".
Pero la reunión escondía segundas intenciones. Durante la misma, y con el empresario presente, "se habrían dado las instrucciones a los consejeros de la CAM para que se contara con Daniel Horacio Mercado, y especialmente con su sociedad Over Marketing para las contrataciones en materia de publicidad y comunicación". Apenas habían pasado unas semanas desde que se convirtiera en presidenta de los madrileños y Esperanza Aguirre ponía en marcha la maquinaria para desviar el dinero de los madrileños a la financiación del Partido Popular en esta comunidad autónoma. Así lo apunta de forma indiciaria el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en un auto de 85 páginas, el relato de cómo el Partido Popular habría ganado al menos dos elecciones autonómicas, las de 2007 y 2011, haciendo trampas en la campaña electoral, una práctica que reproduciría a nivel local en los comicios generales de 2008.
El trabajo de más de cinco años de las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, de todos los funcionarios bajo su dirección en la Fiscalía Anticorrupción, de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con Eloy Velasco al frente y después con Manuel García Castellón, permiten a este último magistrado escribir este 2 de septiembre de 2019: "Respecto de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid".
La relevancia penal de esta afirmación está en su contexto: pertenece al auto más destacado hasta la fecha de la pieza número 9 del sumario Púnica, dedicada a la financiación "ilícita" del Partido Popular en Madrid y en el que se incluye a Esperanza Aguirre en la lista de imputados por esta práctica. Casi seis años después de la detención de Francisco Granados en el sumario Púnica, emerge un auto judicial que señala a la que fue su jefa y la persona que le dio todo el poder en Madrid.
Esa financiación que ideó y dirigió presuntamente Aguirre precisaba que empresarios como Daniel Horacio inyectaran importantes sumas de dinero para las campañas del Partido Popular a cambio de que el Gobierno autonómico del PP les concediera suculentos contratos, pagados con el dinero de todos los madrileños.
"La supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, y decidiéndose que su órgano ejecutor fuese la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno", en manos de Ignacio González. Con los citados párrafos y otro puñado de citas demoledoras para la expresidenta autonómica, el juez García Castellón arruina la fábula de los colaboradores que le habían salido rana a Aguirre. Hasta hoy no le habían ahorrado tener que dejar la política, asediada por los escándalos de corrupción a su alrededor Ahora, Esperanza Aguirre pasa a compartir lista de "investigados" por la financiación irregular del PP madrileño junto a aquellos batracios descarriados, el propio Ignacio González y Francisco Granados .
La respuesta de quien fue presidenta de la Comunidad de Madrid durante nueve años es un comunicado remitido a la agencia Europa Press en la que asegura que declarará "con mucho gusto" ante la Audiencia Nacional y que el contenido del auto del magistrado Manuel García Castellón "es falso".
La tesis de que el Partido Popular de Madrid se había financiado de forma irregular sin que su presidenta lo supiera se enfrenta ahora a evidencias tales como la que expone el juez al asegurar que se llegaron a cambiar leyes para materializar esta práctica corrupta. Concretamente la Ley 6/2005 de Presupuestos Generales para el ejercicio siguiente, en la que se introdujo una disposición adicional para que absolutamente toda la Administración madrileña, a excepción de la Radio Televisión pública, debieran solicitar "autorización previa" a la Vicepresidencia y Portavocía que ocupaba Ignacio González para contratar con dinero público cualquier publicidad o difusión en medios de comunicación.
El auto del juez García Castellón describe una organización dedicada a la financiación irregular del PP que tiene en su cúspide a Esperanza Aguirre. Afirma que ella "se habría apoyado" en subordinados clave, como los citados González y Granados, y el gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, "para que ejecutasen sus decisiones", de manera que la supervisión le correspondería a Esperanza Aguirre y el control directo de todos o alguno de aquellos consejeros".
Un despliegue electoral "fastuoso"
El Partido Popular de Aguirre en Madrid encargó a Horacio y otros empresarios lo que el juez denomina en su auto "la organización, diseño y contratación de publicidad" de las campañas citadas de 2007, 2008 y 2011 "sin importarle el coste de las mismas, en aras de conseguir una gran difusión y un fastuoso despliegue escenográfico y tecnológico en la celebración de los eventos".
El auto del juez dedica un destacado apartado a Fundescam, la fundación vinculada al Partido Popular utilizada como vínculo por empresarios afines para financiar de forma irregular las campañas de Aguirre. "Que le pregunten a Pío, Pío", dijo Aguirre cuando aparecieron las primeras informaciones sobre la trama, en referencia a su predecesor Pío García Escudero en el PP madrileño. Ahora, la Audiencia Nacional también destruye esa maniobra de distracción.
"La investigación ha revelado la existencia del concierto dirigido a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen fraudulentamente gastos particulares del Partido Popular de la comunidad de Madrid y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008. El plan acordaría que, esta vez, el desvío de fondos públicos se materializase a través de las subvenciones concedidas por la CAM a Fundescam. Responsables de la trama según el juez: Beltrán Gutiérrez, Ignacio González, Francisco Granados y Esperanza Aguirre, quien "se apoyó en ellos para que ejecutasen sus decisiones".
El juez también vincula a Aguirre con la "caja B" del PP madrileño. Recuerda que junto a Granados y el gerente Gutiérrez ella era la tercera autorizada en las cuentas del partido. Con ese dinero sin declarar al Tribunal de Cuentas se paga a proveedores y la publicidad electoral en los medios. "Una situación como la descrita explica que el impulso y la supervisión de todo el entramado pivotara en la Presidenta del PPCM y Presidenta de la Fundación (Fundescam), quien se postuló a presidenta de la CAM en las campañas de los años 2007 y 2011".
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EL JUEZ DE LA PÚNICA SEÑALA A INDRA COMO UN "INSTRUMENTO DE DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS" PARA FINANCIAR AL PP MADRILEÑO
La Audiencia Nacional vincula la "pleitesía" de la empresa a la hora de abonar facturas para campañas del PP a los contratos recibidos de la Comunidad de Madrid
El magistrado que investiga Púnica culpa a la empresa y a su presidente, Javier Monzón, de no activar protocolos para evitar la comisión de hechos delictivos
El juez acusa a Monzón, actual presidente de Prisa, y a la dirección de Indra de entonces de "intervenir en la decisión de entregar dinero en efectivo a quienes le indicaba el PP madrileño"
El auto de la Audiencia Nacional sobre el Caso Púnica conocido este lunes deja grandes nombres llamados a declarar como investigados, como Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes. Pero hay otro nombre propio protagonista, el de la empresa tecnológica española Indra, que aparece vinculada a la financiación irregular del Partido Popular en Madrid desde el año 2007.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón define la actuación de la multinacional tecnológica, uno de los gigantes del IBEX: "Un instrumento de desvío de fondos públicos" de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), la segunda empresa pública del Gobierno regional que manejó presupuestos anuales por más de 150 millones de euros en los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Indra, apunta el auto, es uno de los principales proveedores de ICM, que resultó beneficiado en las adjudicaciones del ente público con más de 15 millones de euros y "parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP madrileño para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM como fuente de ingresos del partido".
Es ahí donde García Castellón señala a Indra como "instrumento de desvío de los fondos públicos de ICM y en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al PP madrileño y de otras deudas del partido o de sus dirigentes", según figura en el escrito. Según el juez, la firma tecnológica pagó al menos 1,13 millones de euros a través de facturas falsas a supuestos proveedores que en realidad trabajaban para el Partido Popular.
El último auto del sumario Púnica no solo señala a la empresa. Según el juez, esta colaboración se hizo con "la participación activa" de Javier de Andrés, consejero del grupo, Santiago Roura, director general de operaciones, y también del presidente por aquel entonces, Javier Monzón, que era responsable del consejo, con funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos y del equipo de dirección. Monzón es actualmente el presidente no ejecutivo del grupo Prisa.
García Castellón va más allá y señala que la "pleitesía" de Indra, para seguir las órdenes del PP madrileño, tuvo su raíz en las adjudicaciones que recibió por parte de la Comunidad de Madrid durante los años investigados. En concreto, señala los contratos para prestar los servicios de infraestructura electoral para las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2011.
El auto remarca que Indra "nunca activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos". Acusa a Monzón y a los directivos Javier de Andrés y Jesús Vicente Gil de "intervenir en la decisión de la realización de entregas de dinero efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos del PP madrileño". Apunta que Roura, Diego Mora y Cristina Bombín, ejecutaban las decisiones que se tomaban en el seno de la dirección de la compañía.
El juez apunta que a través de conversaciones telefónicas interceptadas se ha conocido que Indra abonó deudas de ICM con el empresario Alejandro de Pedro por trabajos para la mejora de la reputación de altos cargos del Gobierno autonómico. En concreto, apunta al pago realizado por el citado directivo de Indra, Santiago Roura, de un sobre de 10.000 euros a De Pedro en el interior de un vehículo en un aparcamiento de La Moraleja.
De este modo, subraya el auto, los avances en la investigación han concretado el rol de Indra en el "pago encubierto de facturas al entramado societario" utilizado por el PP madrileño para sufragar encubiertamente los gastos de las campañas electorales. "El dinero sería desviado a través de los presupuestos inflados de los contratos adjudicados a Indra desde ICM".
El escrito de García Castellón detalla diferentes facturas "mendaces" que fueron abonadas por Indra que, entre 2008 y 2013, sumaron más de 1,13 millones de euros. "El pago de las facturas habría sido el mecanismo empleado para transvasar los fondos desde las cuentas de ICM a las cuentas de los investigados", incide.
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LOS JUECES YA INVESTIGAN 15 AÑOS DE GOBIERNOS DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID: SUBVENCIONES FRAUDULENTAS Y AMAÑO DE CONTRATOS
Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Francisco Granados y otra larga lista de cargos de la Comunidad están imputados en diferentes sumarios
Todos los presidentes de Madrid entre 2003 y 2018, durante los años en que acaparó un poder casi total, están acusados de graves delitos: el juez cree que Aguirre era la supervisora de un plan para poner la publicidad institucional "al servicio del PP"
El auto del juez apunta a que la maquinaria electoral de Aguirre se financió con fondos irregulares: Indra recibía contratos de su Gobierno para pagar facturas del PP
La decisión del juez Manuel García Castellón de citar como imputadas a Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre cierra un ciclo de 15 años: todos los que fueron presidentes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2018 están siendo investigados por causas de corrupción en diferentes tribunales. Es la época de las vacas gordas del PP, cuando concentró el poder casi total, con tres mayorías absolutas consecutivas (2003, 2007 y 2011) que arrancaron en el tamayazo.
El procedimiento judicial que se sigue en la Audiencia Nacional en esta nueva ramificación de la trama Púnica investiga precisamente las maniobras para financiar de manera irregular campañas electorales y ofrece numerosos indicios de que la imponente maquinaria electoral de Aguirre se financió malversando ayudas públicas y con dinero de adjudicaciones amañadas.
Cifuentes y Aguirre, a las que el juez imputa los delitos de financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad documental, se suman a Ignacio González, que estuvo encarcelado en el marco del caso Lezo, la red de corrupción que presuntamente saqueó fondos públicos del Canal de Isabel II. Ahora, el juez García Castellón también quiere investigar al que fuera vicepresidente con Aguirre y después presidente por las trampas que hicieron los populares madrileños para pagar sus campañas electorales.
La investigación judicial sobre la financiación irregular del PP madrileño alcanza ya a todos los máximos responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid en tres lustros. Aguirre (2003-2012) y los dos dirigentes que la sucedieron: González (2012-2015) y Cifuentes (2015-2018).
Además, otras grandes figuras políticas de la época tienen causas abiertas por corrupción en los tribunales. Algunos también han pasado por la cárcel. Es el caso de Francisco Granados, otro de los principales colaboradores de Aguirre, que estuvo en prisión más de dos años y medio por su supuesta vinculación a las adjudicaciones fraudulentas descubiertas en el caso Púnica.
Aguirre, la supervisora
Pese a la acumulación de escándalos y la caída en desgracia de sus principales colaboradores, Aguirre había salido indemne hasta la fecha. Pero los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la sitúan en encuentros clave donde presuntamente se urdió la caja B del partido han hecho que cambie el rumbo de su suerte. En la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional, Aguirre defendió que estaba tranquila porque no había "nada" irregular ni ilegal y que como en las últimas décadas se ponía "a disposición de la Justicia".
Basándose en informes recuperados a su vez por la Fiscalía Anticorrupción, el juez resalta, en cambio, que la "supervisión" y el "control" de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de las diferentes consejerías en sus contratos de publicidad se centralizó "al más alto nivel" del gobierno regional, desde donde se diseñó un "plan" para poner las partidas de publicidad "al servicio del partido". El instructor atribuye a Aguirre el rol de supervisora, mientras que sus colaboradores Beltrán Gutiérrez, Ignacio González y Francisco Granados se encargaban del "control directo" y ejecutaban las decisiones de la presidenta.
Los documentos sobre los que se apoyó la Fiscalía Anticorrupción y que ahora recupera el juez recuerdan que bajo el mandato de Aguirre (2003-2012) se cambió la ley para tener todo el control sobre los contratos de publicidad, que supuestamente se usaban para mover las donaciones de las empresas hacia la caja B del partido. De todo ello hay pruebas en el sumario de la trama Púnica, que incluye la declaración de algunos empresarios que admitieron pagos irregulares a la formación conservadora.
El papel clave de González
Para el juez también es relevante la actuación de Ignacio González -vicepresidente con Aguirre y presidente entre 2012 y 2015- al que atribuye un papel clave en los movimientos encaminados a premiar con contratos públicos a las empresas de publicidad que trabajaron en las campañas electorales del PP madrileño. En concreto, mantiene que hay indicios de que tenía la "decisión final" sobre las contrataciones de las que se beneficiaban estas empresas.
De hecho, González fue uno de los asistentes a la reunión, celebrada en 2004, en la que el juez considera que se sentaron las bases de un proceder ilícito que se prolongó en los años siguientes. A ese encuentro, presidido por Aguirre, asistieron también Granados y otros colaboradores de la expresidenta.
Entre ellos, Granados y Alberto López Viejo, del que la sentencia de Gürtel detalla que tenía un control total sobre los actos de la expresidenta, que usó para lucrarse con las comisiones que le pagaban las empresas de la trama. Solo con lo que sacaba de esos actos se llevó a sus cuentas en Suiza casi 300.000 euros de dinero irregular.
González, al que Aguirre eligió como sucesor tras dimitir en 2012 y que fue presidente regional hasta 2015, está por otro lado acusado de ser uno de los cabecillas de la trama Lezo, la red de corrupción que presuntamente saqueó fondos públicos del Canal de Isabel II. A González lo sustituyó Cifuentes en 2015 hasta su renuncia en 2018 por el máster fraudulento.
La investigación arroja indicios racionales de la existencia de otros planes ilícitos, posteriores en el tiempo a la citada reunión de 2004, dirigidos a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP madrileño, de sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008.
Respecto a Cifuentes, el juez la imputa por haberse saltado trámites en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo hostelero Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, entonces líder de la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).
El concurso que no cuadra a los investigadores se produjo cuando Cifuentes era vicepresidenta de la cámara regional, miembro del comité de campaña del PP y patrona de Fundescam, la fundación del PP que los ahora investigados utilizaron como "instrumento de desvío de fondos públicos", según el auto del juez García Castellón. Lo hicieron otorgando a la fundación subvenciones públicas que acabaron siendo utilizadas para pagar gastos de funcionamiento del partido y gastos electorales que se omitieron en la contabilidad electoral, sin declararse ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.
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CIFUENTES DEFIENDE QUE NO SE LLEVÓ "NI UN EURO DE DINERO PÚBLICO" Y MANTIENE QUE NO TIENE NADA QUE VER CON 'PÚNICA'
La expresidenta ha desvelado que "la imputación la disgustó tremendamente porque no creía que se fuese a producir"
"Cuando se produce la imputación ya se está condenado tanto por los medios como socialmente", ha declarado
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido este lunes que no se ha llevado jamás "ni un euro de dinero público" y que no tiene "absolutamente nada que ver" con el caso Púnica, por la que ha sido llamada a declarar en calidad de investigada el 1 de octubre.
En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, ha desvelado que, para ella, la imputación ha sido "un mazazo", que la disgustó "tremendamente", porque no creía que se fuese a producir nunca.
"En el PP lo sabe todo el mundo, en esos años no tuve nada que ver con la gestión económica ni con la gestión de sus campañas electorales... ni con nada de nada", ha asegurado la expresidenta del partido.
En concreto, ha explicado que declarará por el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, que se realizó cuando ella era vicepresidenta de la Cámara. Cifuentes ha defendido que, como declaró en sede parlamentaria en la comisión de corrupción, en todas las mesas de contratación en las que estuvo se atendió "al cien por cien de los requisitos técnicos", que no modificó "ni una sola copa" y que tampoco participó en "la elaboración de los pliegos".
Pese a que ahora la decisión la tomará el juez, la exdirigente regional ha sostenido que en España el término imputación "ha perdido completamente su sentido" porque cuando se produce ya se está condenado tanto por los medios como socialmente.
"Ya eres culpable y ya luego no pasa nada si se te levanta la imputación. El sufrimiento entre medias en lo que se queda", ha manifestado. En este punto, ha indicado que ella va a dar "todas las explicaciones" que sea necesario y ha asegurado que su inocencia "en todas aquellas cosas" de las que le ha acusado "va a quedar clara".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/09/cifuentes_defiende_que_no_llevo_euro_dinero_publico_98590_1012.html
ÁLVAREZ DE TOLEDO DENUNCIA UNA PERSECUCIÓN MEDIÁTICA A AGUIRRE Y OMITE EL APOYO PERMANENTE DE CABECERAS A LAS QUE EL PP REGABA CON PUBLICIDAD
La portavoz parlamentaria asegura que los medios tendrían que hacer "una reflexión profunda" sobre el tratamiento que han dado a la imputación de la expresidenta madrileña y su sucesora, Cristina Cifuentes
Entre 2011 y 2015, los Gobiernos de Aguirre e Ignacio González gastaron casi 30 millones en publicidad institucional en medios de comunicación, mientras el Canal de Isabel II invirtió casi 55 millones entre 2006 y 2015
El PP se puso este martes de perfil a la hora de valorar la imputación en el caso Púnica de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, investigadas por la supuesta financiación ilegal del PP regional. Pero, por el contrario, los conservadores no han tenido problemas en criticar a los medios de comunicación por boca de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha asegurado que los informadores tendrían que hacer "una reflexión profunda" sobre el tratamiento que han dado a la imputación.
Según afirmó este martes Álvarez de Toledo antes de entrar a la reunión del Comité Nacional del PP, la prensa ha sacado "conclusiones lapidarias y definitivas" sobre las expresidentas ante indicios meramente "provisionales". Es más: para la portavoz, Aguirre y Cifuentes están sufriendo "indefensión" porque se han enterado de su imputación, sostuvo, a través de los medios de comunicación. Y, hasta que no se dicte sentencia sobre ellas, Álvarez de Toledo ha recordado que "son hoy inocentes". "El día en que no lo sean, si es que no lo son, será el momento de hacer todo tipo de comentarios", zanjó.
Estas críticas del PP a los medios por el tratamiento informativo de las imputaciones de Cifuentes y Aguirre sorprenden si se tiene en cuenta la relación mantenida desde la presidencia madrileña, especialmente por Aguirre a Ignacio González, con numerosos medios a través de la concesión de jugosas cuantías a periódicos, televisiones y radios para comprar espacio para publicidad institucional. Una publicidad sufragada tanto por los presupuestos de las diferentes consejerías madrileñas como por entes y empresas públicas como el Canal de Isabel II o Metro de Madrid.
Solo entre 2011 y 2015, los Gobiernos regionales primero de Esperanza Aguirre y después de su ex número dos, Ignacio González –también imputado en la Púnica– gastaron 29,34 millones de euros en publicidad institucional, casi 10 de ellos solo en 2015, año en el que se celebraron elecciones autonómicas. Una parte de ese dinero fue a parar a agencias de publicidad y otra parte lo recibieron directamente varios medios de comunicación. Tal y como publicó infoLibre, la única consejería que ofrecía el desglose de los diferentes medios a los que la Comunidad de Madrid compró espacio para incluir su publicidad fue la de Presidencia, que repartió 4,7 millones de euros durante los Gobiernos de Aguirre y González.
De esos 4,7 millones de euros, Telemadrid –que la nueva presidenta Isabel Díaz Ayuso amenaza ahora con cerrar– fue quien se llevó un trozo mayor del pastel de la publicidad contratada por la Consejería de Presidencia: recibió un total de 249.748 euros entre 2011 y 2015. Tras la cadena pública se situó Unidad Editorial –editora de diarios como El Mundo, Expansión o Marca–, que ingresó 171.435 euros en esos años básicamente de Presidencia, aunque también facturó a las consejerías de Medio Ambiente y de Políticas Sociales.
Por su parte, el grupo Prisa recibió 166.241 euros, incluyendo a El País, el diario As y la Cadena Ser. A Vocento se le pagaron 132.182 euros, la mayoría destinados al diario Abc. Por su parte, La Razón facturó a Presidencia 89.677 euros. Y entre los medios de ámbito nacional también se encuentran otros como el diario 20 minutos, que ingresó 26.569 euros, o Libertad Digital, el digital de Federico Jiménez Losantos, que ingresó otros 25.246 euros. Además, la cadena Cope se llevó 17.787 euros de Presidencia; Antena 3, 17.397 euros, y Onda Cero ingresó 27.893 euros. Por su parte, en la revista de la Fundación FAES, vinculada al PP, Presidencia se anunció en 2011 por importe de 5.310 euros.
No obstante, el grueso de las cantidades que los medios de comunicación percibieron durante esos años del Gobierno madrileño procede de las múltiples campañas que las consejerías adjudicaron a agencias de publicidad. La empresa que más campañas y por más dinero contrató con el Ejecutivo autonómico fue Media Sapiens Spain: 5,31 millones de euros repartidos entre ocho campañas, desde la que publicitaba los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid –un millón de euros– hasta las de igualdad y contra la violencia de género –1,9 millones en total– o de hacienda –otro millón–. La segunda en el ránking fue PHD Media, que facturó 5,26 millones.
Metro también contrató publicidad
Entre esos mismos años, 2011 y 2015, los Gobiernos de Aguirre y González no solo contrataron publicidad institucional en medios de comunicación a través de las consejerías. Una de las grandes empresas públicas madrileñas, Metro de Madrid, también invirtió varios millones de euros en contratar este tipo de publicidad, y en su caso los medios afines al Gobierno madrileño fueron los principales beneficiados. Tal y como publicó en su día eldiario.es, en lo relativo a las cadenas de radio, Intereconomía fue la principal beneficiaria al ingresar 334.612 euros (el 48% de la inversión total), frente a los 45.425 de COPE, los 38.445 de esRadio, los 37.108 de Cadena 100, los 36.729 de Onda Cero, los 32.823 de Europa FM y los 30.467 de 40 Madrid. La Cadena SER, la más escuchada, recibió 26.284 euros.
En prensa las cifras son incluso mayores. Metro de Madrid destinó entre los años 2011 y 2015 un total de 1.003.918 euros para contratar publicidad institucional en La Razón, el 60% del total de la inversión en este capítulo. La cifra destaca si se compara a los 49.548 euros que la empresa otorgó a El País y los 42.127 euros que pagó a El Mundo, dos cabeceras que cuentan con una difusión mucho mayor. Cuando González abandonó en 2015 la Presidencia de la Comunidad de Madrid fue contratado como colaborador de La Razón y percibió un sueldo mensual de 4.500 euros por la redacción de dos artículos semanales, tal y como concluyó la investigación de la trama Lezo.
El Canal gastó casi 55 millones en una década
Estos números, en cualquier caso, se quedan pequeños al compararse con las inversiones en publicidad institucional que hizo otra empresa pública: el Canal de Isabel II, que entre 2006 y 2015 gastó nada menos que 54,93 millones de euros en este capítulo, como desveló infoLibre. De esa cifra, la parte principal –un total de 10,87 millones de euros en anuncios– se la llevó Telemadrid, la cadena pública de la Comunidad, que durante los Gobiernos de Aguirre y González mantuvo una línea editorial enormemente próxima al Ejecutivo regional. Entre los medios privados, el más beneficiado en el reparto de publicidad del Canal fue el periódico Abc, que le facturó 2,31 millones de euros en 10 años. Le siguen en el ránking La Razón, con 1,87 millones; El Mundo, que ingresó 1,54 millones, y el Grupo Intereconomía, con un total de 1,38 millones de euros en anuncios.
Según explicó en su día el Gobierno de Cristina Cifuentes en su respuesta a una pregunta parlamentaria, la empresa pública que gestiona el suministro de agua en Madrid llegó a repartir 10,5 millones de euros en 2008 entre periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión. Ese fue el año con mayor gasto, pero durante los gobiernos de Esperanza Aguirre (que fue presidenta entre 2004 y 2012) el gasto medio del Canal de Isabel II en publicidad destinada a los medios de comunicación superó los siete millones de euros anuales. En los dos ejercicios con Ignacio González al frente de la Comunidad el presupuesto descendió hasta casi los 2,5 millones de euros.
A pesar de que su tirada es mucho mayor que la de esos periódicos, solo tras Abc, La Razón, El Mundo e Intereconomía (además de Telemadrid) aparece el diario El País en la lista de medios en los que la Comunidad insertó anuncios, en su caso por importe de 1,37 millones de euros, pese a que su tirada es superior a la de esas cabeceras. E igualmente, la Cadena Ser percibió solo 1,02 millones de euros en esta década pese a ser la emisora líder en audiencia en la Comunidad de Madrid: menos de lo que percibió Intereconomía, grupo integrado entonces por el periódico La Gaceta, una emisora de televisión, otra de radio, Radio Intercontinental y Radio Interpop.
No obstante, si la suma se hace por grupos empresariales, la lista varía. Así, Prisa pasa a ser el segundo –tras Telemadrid– que más facturó al Canal de Isabel II si se agrupa la publicidad pagada a El País, Cadena Ser, As, Cinco Días, 40 Principales, Cadena Dial y Localia TV: 2,65 millones de euros. En tercer lugar se encuentra Vocento, pues a los anuncios insertados en Abc hay que sumar los contratados en Punto Radio hasta que desapareció en 2012, así como en el resto de las cabeceras y diarios digitales del grupo: 2,55 millones de euros.
Prácticamente la misma cantidad (2,21 millones de euros) percibió el grupo Unidad Editorial a través de publicidad repartida en El Mundo, Marca, Radio Marca, Expansión, Actualidad Económica, La Aventura de la Historia y Veo TV. Por su parte, Antena 3 cobró casi 1,33 millones de euros entre 2006 y 2008, aunque si se añade en esa cuenta la facturación de Onda Cero –550.791 euros– y La Sexta –65.208 euros en un único año, 2008–, Atresmedia ingresó de la empresa de agua madrileña un total de 1,94 millones a lo largo de 10 años.
En la lista de medios que recibieron publicidad institucional también se encuentran periódicos locales, como el Diario de Alcalá –más de 550.000 euros–; webs como Periodista Digital, el portal dirigido por Alfonso Rojo –más de 232.000 euros– o televisiones con poca audiencia como Popular TV –que percibió 281.000 euros–. Igualmente, Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de estado de Comunicación con José María Aznar y ahora asesor de Isabel Díaz Ayuso, percibió casi 600.000 euros entre 2007 y 2015 en pago por incluir publicidad institucional en nuevatelevision.es, una cadena por internet con una audiencia tan pequeña que tuvo que cerrar en 2016.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/04/publicidad_institucional_aguirre_gonzalez_98434_1012.html
ASÍ FUNCIONABA EL CORRUPTO PP DE AGUIRRE, SEGÚN EL JUEZ
Manuel García Castellón describe la trama como un "plan preconcebido" para "recaudar fondos para el PP de la Comunidad de Madrid" que consiguió "desviar entre 2006 y 2010 un flujo muy importante de fondos públicos"
La investigación constata que el dinero desviado no era ingresado en las cuentas de funcionamiento del PP de Madrid, ni tampoco en las cuentas electorales y dice que "podría tener" varios destinos, refiriéndose a la caja B del partido
El auto del juez, Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional que imputa hasta a tres expresidentes de la Comunidad de Madrid e investiga, entre otros, presuntos delitos de malversación, cohecho, fraude, falsedad electoral y prevaricación dibuja un "plan preconcebido" por el que a golpe de licitaciones a dedo en contratos de imagen y publicidad, sobrecostes en contratos públicos y facturas falsas, los dirigentes de la formación y del Ejecutivo madrileño habrían estado desde 2003 y hasta, al menos, 2011 utilizando fondos públicos para pagar deudas, sufragar actos de campaña y engordar una supuesta caja B, informa Europa Press.
En concreto, "se investiga el desvío de caudales públicos para financiar campañas electorales, así como la entrega de comisiones y dádivas prometidas a una red de empresas de confianza, las cuales no fueron satisfechas a costa de sus márgenes comerciales, sino, indiciariamente, a cargo de los contratos públicos de diversos entes públicos al que giran facturas que no se corresponden con trabajos reales por reformados y trabajos complementarios o confecciona bajo nombre supuesto dictámenes superfluos y de favor".
El punto de partida está en la campaña de 2003, en la que el PP accedió al Gobierno de Madrid. En aquel momento, sus dirigentes "fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las Consejerías", y adjudicar "en connivencia con determinadas proveedores de confianza la licitación de determinados contratos de suministros".
Aquello se centralizó, según el auto, con las empresas de Horacio Mercado —investigado en la causa—. Él entró definitivamente en el sistema en 2004, cuando en una reunión a la que se presume que asistió Esperanza Aguirre, fue introducido al resto de consejeros con la instrucción de que las campañas de publicidad y comunicación se contratasen con él bajo "decisión final" del vicepresidente, que era entonces Ignacio González y con "supervisión" de la presidenta, pues todo "pivotaba" en torno a ella.
Para poder centralizar esta contratación, el Ejecutivo regional llegó incluso a aprobar una ley para depositar toda la competencia en la Vicepresidencia Primera y Portavocía a cargo de Ignacio González, que se convertía así en el órgano ejecutor de lo que el juez define como un "plan preconcebido" para "recaudar fondos para el PP de la Comunidad de Madrid" que consiguió "desviar entre 2006 y 2010 un flujo muy importante de fondos públicos".
Fondos públicos, gastos particulares
La investigación arroja "indicios racionales de la existencia de otros planes ilícitos", posteriores a la reunión del año 2004, dirigidos "a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP de Madrid, de sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales" de las campañas autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008.
Lo hicieron, de acuerdo al relato de los hechos que recoge el juez, utilizando como herramientas la fundación FUNDESCAM —mediante subvenciones— y las empresas públicas Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y Canal de Isabel II, "a través de la adjudicación de contratos con la prestación simulada o sobrevalorada", así como la Dirección General de Medios que dependía de Vicepresidencia.
El modus operandi era el mismo en todas las consejerías involucradas. Por un lado, se amañaba la adjudicación de contratos públicos de publicidad e información, sin concurso ni concurrencia a empresas de Horario Mercado desde cualquier organismo. Los servicios sólo se prestaban a veces y solo en parte "para disimular el verdadero objeto de la licitación de cobertura, que no era otro que recaudar, ilícitamente, fondos públicos para el PP".
Con esta "cobertura", el empresario confeccionaba las facturas, ya fuera recogiendo servicios no prestados o inflando el precio. Este sería el caso de las Consejerías de Presidencia, Mujer, Economía, Medio Ambiente, Hacienda, Economía e Innovación Tecnológica, el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), Gestión de Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), Áreas de Promoción Empresarial (ARPEGIO) y Campus de la Justicia.
Más de 5 millones desviados de las arcas públicas
Otra vía era la llamada cláusula del 1%, creada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la Comunidad, de la que formaban parte Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco González y Manuel Lamela, entre otros, y que obligaba a las adjudicatarias a asumir un sobrecoste para financiar la publicidad de la obra a concurso, encareciéndolo al final.
"Todos ellos conocían que era una cláusula nula que incrementaba el precio de cada uno de los contratos en el porcentaje del 1% del presupuesto de ejecución material, con la finalidad de pagar unas prestaciones (gastos de publicidad e información) ajenas al objeto del contrato", subraya el juez, que sitúa el daño para las arcas públicas en más de cinco millones de euros sólo entre 2006 y 2008.
El dinero no iba a cuentas electorales
De acuerdo al escrito del juez, el plan "gestado por los altos cargos" de la Presidencia de la Comunidad de Madrid desvió entre 2005 y 2010 "importantes cantidades" de las Consejerías y entidades públicas implicadas a las cuentas bancarias de Horacio Mercado, pero "la investigación ha podido constatar que el dinero desviado no sería ingresado en las cuentas de funcionamiento del PP de Madrid, ni tampoco en las cuentas electorales" y dice que "podría tener" varios destinos.
Refiere en concreto la caja B del partido, con la que el PP de Madrid "vino realizando pagos en efectivo que costeaban actos privados de dicha fuerza política y otros gastos que no han podido ser determinados" así como "atendió subrepticiamente" parte del coste de las campañas a las elecciones autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las generales del año 2008.
Plantea asimismo que ese dinero pudo pagar "encubiertamente los servicios electorales prestados" por Mercado o "enriquecería ilícitamente a alguna de las personas que se situaron detrás de las adjudicaciones".
Falsedad electoral
En lo que respecta a la financiación de campañas, dice el juez, que el PP de Madrid no sólo recurrió a fondos ilícitamente obtenidos, sino que ignoró el límite legal establecido para gastos electorales. "Pese a conocer las cantidades actualizadas del límite de gastos de las elecciones del año 2007 y 2011 a la Asamblea de Madrid y a las elecciones generales del año 2008, no ajustaron con los empresarios ni el coste total de los servicios contratados para la celebración de los actos, ni repararon en el gasto de la contratación de publicidad exterior, ni limitaron la compra de propaganda en medios, ni restringieron la contratación de los medios de divulgación de la campaña, sino muy al contrario, concertaron y diseñaron con ellos la mejor campaña y su gran difusión pública y la forma de ocultar el gasto para ajustarlo al límite legal", explica el auto.
Así, los proveedores facturaban a quien se les indicaba desde la Gerencia del partido, "desglosando los importes" en facturas falsas "para que parte de la facturación fuera por el circuito declarado a la Cámara o al Tribunal de Cuentas y otra parte fuera opaca".
Según la investigación, hay "indicios racionales" de que Aguirre "ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus Consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como Presidenta", dice el auto.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/02/pagar_deudas_organizar_actos_campana_engordar_caja_asi_funcionaba_aguirre_segun_juez_98411_1012.html
AGUIRRE: “PUEDEN INVESTIGAR LO QUE QUIERAN”
La expresidenta reaparece tras pedir Anticorrupción que se la investigue en el 'caso Púnica'
"No he hecho nada irregular y ni por supuesto ilegal, pueden investigar lo que quieran". Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, llega a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso diciendo que está "a disposición de la justicia" tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción quiere investigarla en el caso Púnica, como a la también expresidenta Cristina Cifuentes. Vinculadas por esa petición, las dos antiguas líderes populares reaccionan de manera diferente. Mientras que Aguirre se desplaza hasta la Real Casa de Correos, Cifuentes se ausenta, como Ignacio González. En Sol hay nueva presidenta, pero contra las paredes todavía retumban los escándalos gestados bajo los gobiernos de sus predecesores.
"Mi padre siempre decía que lo importante del mérito no es que los demás te lo reconozcan, sino llegar a merecerlo... la íntima satisfacción del deber cumplido", escribe en sus redes sociales Cifuentes, que ha reducido al mínimo sus apariciones públicas desde que dimitió por el escándalo del caso máster y la publicación de un video en el que aparecía protagonizando un supuesto hurto. "Querida Isabel Díaz Ayuso, te deseo lo mejor en esta nueva andadura. De corazón".
Los políticos intentan llegar al corazón del Palacio de Correos atravesando un mar de cámaras y micrófonos. Los funcionarios del Gobierno de Madrid se afanan en abrirles paso. Hay overbooking. Ocupadas todas las sillas, los invitados se agolpan en los pasillos, buscando una pared contra la que apoyarse. El PP celebra a lo grande que ha retenido su bastión de Madrid con un barbudo Pablo Casado a la cabeza.
El más madrugador es otro expresidente madrileño, Alberto Ruiz Gallardón. Le siguen Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de Andalucía; Alfonso Fernández Mañueco, el de Castilla y León; o José Ignacio Ceniceros, el presidente popular en funciones de La Rioja, donde el PSOE y Podemos negocian para formar gobierno.
"Lo importante es mirar hacia delante", dice Gallardón, como conjurando el peligro de que el pasado vuelva. "Siempre que entra un equipo nuevo tiene que venir con un espíritu de renovación y espíritu rebelde".
Díaz Ayuso no escucha nada de eso. Promete y no jura su cargo. Habla de empezar un tiempo nuevo, sin que las palabra Gürtel, Lezo o Púnica, ni el término corrupción, salgan de su boca. Y da el pistoletazo de salida a esa etapa sin mencionar por su nombre a ninguno de sus predecesores.
"Por tercera vez consecutiva, una mujer estará al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, una región que siempre ha estado en el futuro", se despide. Silencio para Gallardón, Aguirre y Ángel Garrido, presentes. Silencio para González y Cifuentes, ausentes. Silencio para decirlo todo sin tener que decir nada.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/19/madrid/1566206198_940099.html
EL PP APELA A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE AGUIRRE Y CIFUENTES, MIENTRAS CS GUARDA SILENCIO
La dirección nacional del PP ha mostrado este viernes su respeto a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a las expresidentas madrileñas en el 'caso Púnica'
La dirección nacional del PP ha mostrado este viernes su respeto a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de imputar en el marco del 'caso Púnica' a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, al tiempo que ha apelado también a la presunción de inocencia, según informaron a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.
En Ciudadanos, por su parte, se guarda silencio a escasos días de la formación del Gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid ante la petición de la Fiscalía Anticorrupción dirigida al juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, para que cite como investigadas a Aguirre y Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional. También se solicita la citación como investigado del expresidente madrileño Ignacio González.
Ante esta petición del Ministerio Público, fuentes de la dirección nacional del PP que dirige Pablo Casado han expresado "su respeto a las decisiones judiciales, destacando de igual forma la presunción de inocencia".
Financiación irregular
Este paso de la Fiscalía se produce después de que la UCO situara a Aguirre en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, en las que Aguirre presidía a los 'populares' madrileños.
En el caso de Cifuentes, la UCO también la vinculó con pagos irregulares desde Fundación Fundescam -vinculada con el PP de Madrid- a "determinados empresarios y organismos empresariales, que ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales".
https://www.vozpopuli.com/politica/PP-presuncion-inocencia-Aguirre-Cifuentes-Cs_0_1269174045.html
LOS MOTIVOS PARA IMPUTAR A AGUIRRE
Fuentes de la investigación explican a la SER que "lo complicado es no imputar" a la expresidenta madrileña
Fuentes de la investigación explican a la SER los motivos para solicitar la imputación de Esperanza Aguirre en la Púnica. Los indicios son “tantos” en la financiación ilegal del PP, que “sería injustificable no escucharla” como imputada antes de finalizar la instrucción.
Las fuentes de la investigación consultadas por la SER coinciden en que es “necesario e imprescindible” escuchar a la expresidenta madrileña declarar como imputada en la Púnica antes de concluir la investigación y preparar el caso para el juicio oral. Los indicios acumulados contra ella, sobre todo en la pieza de la financiación ilegal, son “numerosos”.
Las mismas fuentes detallan que fue Aguirre quien aprobó la normativa que dejó en manos de sus vicepresidentes la gestión de la publicidad institucional, y que “gran parte de la misma sirvió para financiar las campañas de la propia Aguirre”.
Estas fuentes recalcan que las dos personas que lideraban esta operación de desvío de campañas publicitarias eran Ignacio González y Francisco Granados, “de su estrecha confianza y ambos claramente implicados”.
Además, recuerdan que Aguirre era presidenta de Fundescam, la fundación que también utilizó el PP de Aguirre para la financiación ilegal, y que la presidenta, tal y como ha acreditado la UCO de la Guardia Civil, “participó” en las reuniones con empresarios donantes y empresas que organizaban los actos de campaña del PP, a cambio de obra pública.
Para las fuentes consultadas, a la vista de todas estas evidencias, “lo complicado era cómo justificas llevar el caso a juicio sin haber citado a Esperanza Aguirre a declarar, visto el cúmulo de indicios”.
Por su parte, la expresidenta Cristina Cifuentes está implicada por sus cargos en la organización de campaña electoral y responsabilidades en Fundescam. En esas campañas, según estas fuentes, Cifuentes debió “tener conocimiento” de las fórmulas de financiación ilegal. Tanto en la etapa de Aguirre, como en la de Ignacio González como presidente. Apuntó a ella Granados en su declaración como imputado, y también las pruebas de la financiación de campañas.
https://cadenaser.com/ser/2019/08/02/tribunales/1564758750_533831.html
ASI FUNCIONABAN LAS DOS GRANDES TRAMAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE AGUIRRE
En sus informes relacionados con la financiación ilegal del PP de Madrid, la UCO analiza la actuación de dos grandes tramas: una que parte del dinero aportado por Indra y otra que tiene su epicentro en la fundación del partido Fundescam
Anticorrupción pide imputar a Esperanza Aguirre, que era patrona de Fundescam y una de las personas autorizadas en la cuenta bancaria de la fundación
También pide investigar a Ignacio González y a Cristina Cifuentes. Los investigadores atribuyen a esta última un papel clave en una adjudicación irregular a Arturo Fernández, uno de los principales financiadores del PP vía Fundescam
En la charca de ranas del PP de Esperanza Aguirre es posible que también estuviera chapoteando... la propia Esperanza Aguirre. Eso al menos cree la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido este viernes al juez de la Audiencia Nacional que cite como investigada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, dentro de la investigación sobre la financiación ilegal del partido.
Esperanza Aguirre ya había conseguido algo inédito en 40 años de democracia: que sus dos principales colaboradores en el Gobierno y en el partido encabezaran presuntamente tramas criminales de corrupción. Ignacio González es el cabecilla de la conocida como operación Lezo y Francisco Granados es el líder de Púnica. Pese a la acumulación de escándalos –el PP de Madrid fue junto al de Valencia el principal protagonista de Gürtel–, Aguirre se empeñaba en defender que no había corrupción sistémica en sus Gobiernos, que simplemente algunos de sus colaboradores le habían salido "rana".
La petición de imputación se extiende a Ignacio González y Cristina Cifuentes, los otros dos dirigentes del PP que sucedieron a Aguirre en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y a Javier Monzón, por su actuación al frente de la multinacional española Indra Sistemas –en la actualidad es el presidente del consejo de administración del grupo Prisa–. También se solicita imputar a Indra como persona jurídica.
Ahora corresponde al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica, Manuel García-Castellón, decidir si acepta la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y llama a declararlos a todos como investigados.
La investigación judicial está liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se inició hace cinco años. En sus informes relacionados con la financiación ilegal del PP, la UCO analiza la actuación de dos grandes tramas: una que parte del dinero aportado por Indra y otra que tiene su epicentro en la fundación del partido Fundescam. infoLibre explica a continuación cómo funcionaban esas tramas.
1. Indra, González y el millón de euros
La investigación sobre la financiación ilegal del PP a través de la multinacional Indra Sistemas y del ente público ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid) parte de la denuncia realizada en 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción por un exdirectivo de ICM, Silvano Corujo Rodríguez. Este informó sobre una reunión celebrada el 7 de junio de 2012 en la Asamblea de Madrid, convocada por el entonces vicepresidente Ignacio González, y en la que participó entre otros el consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás. El objeto del encuentro, según manifestó el denunciante, fue la petición de un millón euros por parte de González a Nicolás para "sanear las cuentas del partido" tras las elecciones autonómicas de 2011. La UCO realizó un informe específico para corroborar la verosimilitud de la información sobre dicha reunión, fechado el 29 de mayo de 2019 y al que ha tenido acceso infoLibre.
En aquella reunión de 2012, según la versión del denunciante, también participaron Borja Sarasola –entonces una persona de confianza de González–, y Antonio González Terol, que había sido elegido alcalde de Boadilla en 2011 tras ocupar diversos cargos en el Gobierno de Aguirre. Esta semana, Pablo Casado nombró a González Terol vicesecretario de Política Territorial del PP nacional, convirtiéndolo así en uno de los principales dirigentes del partido. infoLibre preguntó a González Terol por su participación en aquella reunión de 2012 convocada por Ignacio González, pero un portavoz del partido indicó que no iba a pronunciarse al respecto.
Los registros de entrada de la Asamblea de Madrid y otra información recabada por la UCO –mensajes del teléfono de Martínez Nicolás– corroboran que el día 7 de junio de 2012 "se encontraban en la Asamblea las personas a las que apuntaba la información inicial".
Para conseguir "sanear" las cuentas del partido, como pedía González, se ideó un sistema que implicaba a la multinacional Indra Sistemas –presidida por Javier Monzón entre 1993 y 2015–, y a las empresas de dos testaferros utilizados por el PP en su trama de financiación ilegal, Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz Echeverria. "Las evidencias indican a juicio policial que la petición inicial de Ignacio González a José Martínez Nicolás se tradujo en que Indra Sistemas soportara determinadas deudas del Partido Popular con empresas vinculadas con Sánchez Moyano mediante la facturación de servicios no realizados", se indica en el informe de la UCO.
El análisis de la UCO demuestra que, en los años 2012 y 2013, Indra abonó 687.497 euros a la sociedad Formaselect Consulting SL, una empresa que no tenía actividad alguna y que estaba controlada por Sánchez Moyano. Y que la inmensa mayoría de ese dinero termina en compañías del otro testaferro, Juan Miguel Madoz, especialmente en una denominada Swat SL. "Cabe destacar que en el año 2012 el 81,9% del dinero que recibe Formaselect Consulting (empresa perteneciente al entramado societario de Óscar Sánchez Moyano) de Indra Sistemas acaba en las mercantiles del entramado societario de Juan Miguel Madoz Echevarría, y en el 2013 ese porcentaje sube al 100%, lo que supone a todas luces una actividad carente de lógica comercial entre las mercantiles ese año", señalan los investigadores en su informe.
Swat SL había tenido un papel clave en campañas electorales del PP. Así lo admitió por ejemplo en su declaración judicial Isabel Gallego, que fue la directora de Comunicación primero de Esperanza Aguirre y luego de Ignacio González. Gallego explicó que en aquellas reuniones con Swat SL "se planteaba la estrategia política y de comunicación, asesorándolos en ciertos mensajes de campaña". Entre los asistentes estaban Ignacio González, Borja Sarasola, Cristina Cifuentes –entonces miembro de la dirección del PP y años después presidenta de la Comunidad– y, en algunas ocasiones, también participaron Esperanza Aguirre y Francisco Granados. Dichas reuniones se celebraban a veces en el domicilio de la empresa, otras en la sede del PP y algunas en el edificio de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol.
¿Y por qué termina el dinero de Indra en los bolsillos de los testaferros del PP? La respuesta que da la UCO es esta: "Lo que se retribuye con los fondos de Indra serían los servicios prestados por las propias empresas de Moyano/Madoz al Partido Popular".
En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, Indra se vio obligada a reconocer dos cosas: que no había encontrado información que pudiera justificar los servicios prestados y que no constaba en los registros de entrada de la empresa ninguna persona que haya accedido a sus instalaciones en Madrid en representación de Formaselect. Y ello a pesar de que el servicio que supuestamente había prestado a Indra la compañía contrada por Sánchez Moyano era "formación in company", es decir, supuestamente en las instalaciones de Indra. Unos hechos que se destacan en el informe de la UCO: "Más allá de las facturas y presupuestos ya referenciados no se ha aportado ningún soporte documental que acredite los servicios facturados, lo que unido a que ninguna persona haya accedido a la empresa en representación de Formaselect (teniendo en cuenta que se trata de una formación “in company” o en instalaciones del cliente), parece evidenciar a juicio policial que se pagaron servicios no prestados".
Esta fue una de las vías por las que Indra financió al PP de Madrid, pero no la única. En 2012, Indra accedió a requerimiento de ICM a la subcontratación de la compañía Eico Online Reputación Management, propiedad de Alejandro de Pedro, que había realizado trabajos para los principales dirigentes del Gobierno madrileño.
Asimismo, explica la UCO, "se ha evidenciado un pago en efectivo en 2014 de un directivo de Indra a De Pedro, solicitado insistentemente por altos cargos de la Comunidad de Madrid y por directivos de ICM, con el objeto de sufragar la deuda generada con Eico por servicios reputacionales online a altos cargos de la Comunidad".
Con respecto a los pagos instados a través de ICM, Martínez Nicolás manifestó en sede judicial que el entonces consejero de Presidencia, Salvador Victoria, "le habría trasmitido la necesidad de solicitar a Indra el pago de cantidades de dinero con destino a Alejandro de Pedro como consecuencia de la deuda" que tenían contraída con él.
En definitiva, en cuanto a la verosimilitud de la petición de dinero por parte de Ignacio González en aquella reunión de 2012, los investigadores argumentan que queda demostrada por las dos vías descritas: el pago por parte de Indra "de servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP en 2007 y 2011", es decir a las tramas societarias de los testaferros Moyano y Madoz, y "las evidencias documentales de la aquiescencia de directivos de Indra a pagar gastos vinculados al PP de Madrid".
Hasta aquí la descripción de cómo el dinero de Indra terminaba pagando facturas y gastos del PP de Madrid. Queda por aclarar a qué respondía dicha generosidad. La respuesta es la previsible: la facturación anual media de Indra con ICM rondaba los 20 millones de euros al año.
Y parte de esa facturación estaba hinchada, al menos según la denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción Silvano Corujo, que había sido presidente de las mesas de contratación de ICM. En el acta de su comparecencia, consultada por infoLibre, Corujo empieza haciendo referencia a la citada reunión del 7 de junio de 2012: "Que el dinero se le pide a ICM a través de José Martínez Nicolás. Al día siguiente, José Martínez Nicolás le cuenta esto al declarante para que estuviera al tanto de lo sucedido y que colaborase en la consecución de ese dinero que cree que era más de un millón de euros, para el partido. El declarante le contestó que recordase el lema de ambos 'para puta y no ganar nada, mejor ser honrada'".
Y, a continuación, Silvano Corujo describe cómo entendió que había que lograr ese dinero: "Que aunque el declarante no estuvo en esa reunión, lo que entendió de lo que le transmitía José Martínez Nicolás es que la forma de obtener el dinero desde ICM debía ser inflando los sucesivos contratos licitados a partir del año 2013 siempre que fuesen susceptibles de ello". Y pone varios ejemplos de supuestas irregularidades, que le llevaron a presentar su dimisión: que ICM siguiese pagando a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) un contrato millonario, pese a que se había resuelto parte del mismo, y las adjudicaciones a Indra de los contratos del recuento electoral. Aquí pone un ejemplo demoledor: que por organizar el sistema electoral en unos comicios generales Indra cobró 13 millones, mientras que para prestar el mismo servicio en los comicios autonómicos de Madrid se embolsó cuatro millones en 2015. La desproporción parece evidente.
2. Aguirre, Fundescam y sus financiadores
La otra gran trama de corrupción analizada por la UCO en el marco de la Operación Púnica parte de la abundante documentación intervenida a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, y Beltrán Gutiérrez, el gerente del partido.
"El examen y análisis de la abundante documentación incautada en el domicilio y despacho de Beltrán Gutiérrez ha puesto de manifiesto una contabilidad 'B' de gastos electorales que revela la superación sistemática de los límites de gasto electoral, así como numerosas irregularidades, muchas de ellas con relevancia penal, que suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar, como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político", se puede leer ya en un informe de la UCO fechado en marzo de 2017, en el que se analiza la financiación de los gastos de campaña del PP de Aguirre en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008.
Los investigadores utilizan lo ocurrido en la campaña electoral de 2007, dirigida por Ignacio González, para analizar con precisión cómo funcionaba ese sistema ilegal. En concreto, describen los siguientes hechos:
– Ingresos en efectivo de procedencia desconocida, que la UCO cifra al menos en 1.014.375 euros, y abonos en efectivo a proveedores de campaña por encima del millón de euros. Existencia de una caja B para pagar a proveedores de servicios electorales.
– Uso de la fundación Fundescam para pagar a proveedores servicios electorales, contraviniendo que los partidos no pueden aceptar que terceros asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios o cualesquiera otros gastos que genere su actividad. Fundescam, a su vez, consiguió el dinero para pagar de forma ilegal los gastos del PP de las siguientes vías:
Aportaciones de empresarios a la Fundescam por un importe cercano a los 350.000 euros.
Desvío de fondos procedentes de subvenciones públicas concedidas por la Comunidad de Madrid.
Dinero procedente de un Convenio con la Fundación Caja Madrid.
– Uso de la cuenta de funcionamiento del PP para pagar de manera encubierta gastos electorales por un importe cercano a los 6oo.ooo euros. El destinatario de la mayor parte de los fondos fue el empresario Óscar Sánchez Moyano. De nuevo aparece aquí Sánchez Moyano, el mismo testaferro a cuya trama societaria también abonó dinero Indra, como hemos visto en el punto anterior.
– Pago de deudas a proveedores de campaña cuatro meses después de la finalización de los comicios por encima de los 800.000 euros, a pesar de que sólo se pueden abonar gastos electorales hasta 90 días después de la votación.
En esas prácticas está prácticamente todo el Código Penal que se puede incumplir en relación con unas elecciones: delito electoral continuado en concurso con malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
En la cuenta bancaria que manejaba Fundescam figuraban como personas autorizadas para manejar los fondos cuatro personas, entre ellas Esperanza Aguirre. El análisis de los movimientos de la citada cuenta, destaca la UCO, "arroja un dato muy esclarecedor y determinante en cuanto a que la inmensa mayoría de los gastos abonados desde la cuenta corriente de Fundescam en el año 2007 tendrían como finalidad la de abonar gastos electorales del PP de Madrid.
Al menos se habrían abonado por un lado un total de 209.985,45 euros que se corresponderían con gastos electorales abonados directamente por la citada Fundación; y otro montante de 240.000 euros abonado a empresas que también resultan ser proveedores del Partido Popular en la campaña electoral del año 2007 y en la que empresas vinculadas a Óscar Sánchez Moyano estarían enmascarando esos gastos electorales mediante facturación interpuesta. Lo que supondría un total de 449.985,45 euros de abonos correspondientes a gastos electorales del PP de Madrid que de manera directa o indirecta se habrían abonado desde la fundación Fundescam".
En el desvío de subvenciones públicas, jugó un papel relevante Ignacio González, pues la convocatoria se realizó desde la Vicepresidencia que él mismo ocupaba. En 2007, terminaron en las arcas de Fundescam 195.727,14 euros por esta vía, que supuestamente tenían que destinarse a "la realización de actividades que difundan el conocimiento democrático y la realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid". Pero que en realidad se dedicaron a pagar gastos de las campañas de Aguirre.
Además de subvenciones públicas, en Fundescam también entró dinero de relevantes empresarios cercanos al PP de Aguirre, como Arturo Fernández, entonces también presidente de la patronal madrileña. Claro que no financiaban Fundescam gratis. A cambio recibían jugosas adjudicaciones públicas. La UCO se fija especialmente en los contratos del servicio de cafetería y comedor de la Asamblea de Madrid licitados en 2009 y 2011, que fueron para el Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. La licitación estuvo plagada de irregularidades, entre ellas la inclusión de "criterios de valoración de las ofertas contrarios a Derecho" o "la arbitrariedad a la hora de valorar hechos idénticos". Y los investigadores se fijan en el papel de Cristina Cifuentes, que acumuló al mismo tiempo los siguientes cargos: miembro del Comité de Expertos que asesoró sobre la adjudicación, presidenta de la Mesa de Contratación, miembro del Patronato de Fundescam y también del Comité de campaña del PP de Madrid.
Los investigadores destacan que es "contrario a la legalidad" compatibizar "el ser miembro del Comité de Expertos con la de ejercer como presidenta de la Mesa de Contratación, circunstancia que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de dicho órgano. La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria. Asimismo pertenecía al Patronato de Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario Arturo Fernández.
En el Patronato de Fundescam también estaban Esperanza Aguirre, Francisco Granados o Beltrán Gutiérrez.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/03/asi_funcionaban_las_dos_grandes_tramas_corrupcion_del_aguirre_97590_1012.html
ANTICORRUPCIÓN SOLICITA IMPUTAR A ESPERANZA AGUIRRE Y CRISTINA CIFUENTES EN EL ‘CASO PÚNICA’
La Fiscalía quiere que las expresidentas e Ignacio González declaren en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP. También pide que se explique como investigado el expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo de PRISA, Javier Monzón
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que impute a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el macrosumario del caso Púnica, según confirmaron fuentes judiciales. El ministerio público pide que ambas expolíticas declaren como investigadas en la pieza separada sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño entre 2003 y 2011, una de las 16 ramas en que se divide la causa. El partido de Pablo Casado se limitó a expresar su respeto a las decisiones judiciales y a recordar la presunción de inocencia de sus exdirigentes.
El verano vuelve a ser un época complicada para el PP en los tribunales. La Fiscalía presentó ayer al juez García-Castellón un informe en el que le solicita la reordenación del caso Púnica, la trama corrupta encabezada por el exconsejero madrileño Francisco Granados. Esta gigantesca causa, que acumula más de un centenar de imputados, empezó a investigarse en 2014 y debe estar concluida antes del 6 de junio de 2020. El escrito, de 75 páginas, propone reducir de 16 a 11 el número de piezas que componen el macrosumario para facilitar su enjuiciamiento.
Sin embargo, la carga de profundidad del dictamen no está en el replanteamiento de las diferentes ramas de la causa. Las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá piden al magistrado que en la pieza número 9, sobre el supuesto desvío de fondos para gastos del PP de la Comunidad de Madrid, cite como imputadas a las expresidentas regionales y antiguas líderes del partido Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
La Fiscalía también solicita al magistrado instructor la declaración como investigado de Javier Monzón, presidente de la compañía Indra entre 1993 y 2015, y actual presidente no ejecutivo de PRISA, empresa editora de EL PAÍS. La petición del ministerio público tiene que ver con la supuesta entrega de fondos por parte de Indra para las campañas de Aguirre en 2007 y 2011. Las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá piden asimismo la imputación de otros dos directivos de Indra, cuyos nombres no trascendieron, y de la propia compañía como persona jurídica, siempre según fuentes judiciales. El pasado junio, la Guardia Civil remitió a García-Castellón un informe en el que los investigadores señalaban que la empresa Indra abonó supuestamente 566.497 euros a una firma de formación, que a su vez los transfirió a la consultora Swat SL, que asesoró al PP madrileño en temas de estrategia y comunicación política para las campañas electorales de 2007 y 2011.
Contratos millonarios
El pasado marzo, la Guardia Civil remitió un informe al juez en el que por primera vez implicaba a Aguirre en las supuestas maniobras para financiar ilegalmente las campañas electorales para las autonómicas de 2003, 2007 y 2011. En ellas, la política conservadora encadenó tres mayorías absolutas, la primera de ellas tras el escándalo del tamayazo, la deserción de dos diputados del PSOE madrileño que impidió la investidura del socialista Rafael Simancas y obligó a repetir las elecciones.
En aquel escrito, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado situaron a Aguirre en reuniones en las que supuestamente se acordó favorecer con contratos públicos a empresas de publicidad que trabajaron en las campañas de 2003 y 2007. Estas compañías de marketing, propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, recibieron contratos por valor de 7,4 millones de euros.
Para facilitar los pagos, el Ejecutivo de Aguirre modificó varias leyes autonómicas, de modo que las adjudicaciones pasaran por la mesa del entonces vicepresidente regional y después sucesor de Aguirre, Ignacio González, imputado en el otro gran macrosumario madrileño, el caso Lezo y cuya declaración por la caja b también ha sido solicitada por la Fiscalía.
Esas instrucciones surgieron de varias reuniones celebradas en fechas que la Guardia Civil no ha podido concretar, en las que participó Esperanza Aguirre junto a Ignacio González y Francisco Granados. También intervinieron en ellas el entonces viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo —actualmente en prisión condenado por el caso Gürtel— y el consejero de Sanidad Manuel Lamela, así como la responsable de comunicación de la Comunidad, Isabel Gallego, y el propio empresario argentino. Aguirre fue situada en estas reuniones por dos de los participantes: Lamela y el propio Mercado.
Lamela confirmó en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que en estas reuniones “se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over [una de las empresas de Mercado] en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación”. A partir de ese momento, las firmas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoción de la construcción de una decena de hospitales y centros médicos, así como para otras campañas publicitarias del departamento. Los agentes apreciaban delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.
La presunta financiación irregular del PP abarca también a los comicios autonómicos de 2011. En aquella convocatoria, en la que Aguirre logró la mayor victoria de su carrera política, el PP gastó en propaganda 6,2 millones de euros, casi el doble del límite legalmente establecido. De este montante, al menos 1,25 millones de euros provienen de una caja b que manejaba el entonces gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, y que supuestamente se nutría de fondos aportados por Granados e Ignacio González.
La expresidenta madrileña, mentora política de la futura presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha logrado hasta ahora mantenerse siempre al margen de los escándalos que han protagonizado sus colaboradores más inmediatos. Aunque la corrupción ha acabado por convertirse en uno de los signos definitorios de sus mandatos, Aguirre ha esquivado siempre las consecuencias judiciales y ha negado en todo momento haber participado en actos ilegales.
En el caso de Cristina Cifuentes, presidenta regional entre junio de 2015 y abril de 2018, la investigación se centra en las supuestas irregularidades para la adjudicación, en 2009, de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández. La investigación trata de aclarar si la adjudicación, en la que Cifuentes participó en su condición de vicepresidenta del Parlamento, fue presuntamente amañada a cambio de una comisión que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del partido, camuflada como donación de 160.000 euros a Fundescam, la fundación del PP regional y en cuyo patronato figuraba la propia Cifuentes.
https://elpais.com/politica/2019/08/02/actualidad/1564747712_466357.html
LA FISCALÍA IMPLICA A AGUIRRE EN LA CAJA B QUE FINANCIÓ LAS CAMPAÑAS DE SUS MAYORÍAS ABSOLUTAS
Cinco años después de estallido del caso Púnica, Anticorrupción pide que la expresidenta y su sucesora, Cristina Cifuentes, declaren como imputadas
La investigación ha destapado progresivamente los distintos métodos utilizados por el PP de Madrid para llenar la caja B con la que se pagaban actos electorales
La Guardia Civil llegó a acusar al partido de haber atentado contra el "pluralismo político" en las elecciones en las que Aguirre se impuso con mayoría absoluta
La Guardia Civil concluye que Esperanza Aguirre ganó dos elecciones haciendo trampas Las distintas investigaciones han perseguido a Esperanza Aguirre durante años, pero ella ha salido siempre indemne. La histórica presidenta de la Comunidad de Madrid, bajo cuyos gobiernos se filtró la corrupción en todos los estamentos de la administración, había asistido desde la barrera a la imputación de sus colaboradores más cercanos. Eso sí, su nombre se escuchaba cada vez con más asiduidad en los pasillos y las salas de declaraciones de la Audiencia Nacional, y hasta quedaba escrito en algún informe policial, pero pasaban los años y Anticorrupción no daba el paso de pedir que declarase como imputada. Hasta este viernes.
El pasado 26 de abril, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó a Manuel García Castellón, el juez que instruye el caso Púnica, un informe en el que situaba por primera vez a Aguirre en una reunión de la trama de financiación ilegal. Ahora, las dos fiscales del caso –Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez– han presentado un escrito en el que reclaman que comparezca como imputada para dar explicaciones. Hacen la misma reclamación sobre Cristina Cifuentes, a quien la Guardia Civil también implicó en 2017 en el entramado de financiación ilegal del PP de Madrid.
El documento presentado este viernes tiene 75 páginas –de las que solo se conoce un breve extracto– y, entre otras cosas, pide al juez que reordene el caso Púnica una vez que se acerca el final de esta investigación. Las fiscales reclaman que cada rama del caso se agrupe en una pieza "que permitiría un enjuiciamiento independiente". En total, 11 piezas distintas.
"Desvío de fondos para pago de gastos del PP"
La número nueve es la que ahora amenaza a las dos expresidentas madrileñas y en la que ya estaba imputado Ignacio González. Según el escrito de las fiscales, esa pieza se centra en los "hechos concernientes al desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid". O lo que es lo mismo: el sistema que se instauró en el PP de Madrid para nutrir de dinero negro la caja B del partido con la que se pagaban los actos electorales del partido.
Los investigadores abrieron esta línea de investigación a raíz de las anotaciones encontradas en la agenda de Francisco Granados, exconsejero de Aguirre detenido en 2014. En sus hojas encontraron nombres de empresarios junto a cantidades. Él defendió que los números correspondían a asistentes a actos del PP. Tanto la Guardia Civil como la Fiscalía creen que reflejan el flujo de dinero de empresarios hacía la caja B del PP.
A lo largo de estos años, la investigación ha profundizado en el entramado gracias a la documentación encontrada al propio Granados y a Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Desde entonces se han sucedido los informes policiales que apuntan a sistema de pagos en B para sortear los límites que la ley impone a los partidos de cara a las campañas electorales.
Uno de los más duros se entregó en abril de 2017 al juez. En él, los agentes de la UCO acusaban al PP de Madrid de haber provocado "una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral". Las irregularidades detectadas en su financiación "atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político", sostenía la Guardia Civil. En definitiva, la investigación sostenía que Aguirre había acudido a los comicios saltándose las normas que sí respetaban el resto de partidos.
Aquel informe apuntaba en concreto a los comicios de 2007 y 2011, donde Aguirre barrió a sus contrincantes en la Comunidad de Madrid. Lo dijo ya Granados durante una de sus declaraciones como imputado: había una contabilidad oficial para los gastos del partido y otra en negro dedicada exclusivamente a pagar los actos de Aguirre.
El Gobierno regional al servicio del partido
La presidenta regional, que había llegado al poder en 2003 –en la campaña también se usó la caja B, según la UCO– gracias al 'Tamayazo', desplegó un control absoluto sobre instituciones, organismos autonómicos y empresas públicas. Las pesquisas revelan que parte de ese control se utilizó para poner esos resortes al servicio del partido.
Por ejemplo, el informe más reciente y que ha desembocado en la petición de la Fiscalía apunta a que el PP modificó la ley que regulaba la publicidad con el fin "de controlar desde la administración autonómica de la CAM los recursos destinados a la publicidad". Según la investigación, los empresarios pagaban los actos del PP de Madrid, y este les devolvía las cantidades desviando dinero de los contratos de publicidad de los grandes proyectos del Gobierno de Aguirre, como la construcción de hospitales.
Los agentes sitúan a Aguirre en las reuniones en las que se trató con los empresarios el sistema de pago. Fue uno de esos empresarios, Daniel Horacio Mercado, quien le contó a los agentes que la expresidenta acudió a algunos de esos encuentros. Mercado, publicista de referencia del PP que pasó a colaborar en las distintas causas en las que está imputado, se benefició de estos contratos irregulares recibiendo una suma que superaba los 7,4 millones de euros.
Fundescam, el "elemento nuclear"
En otro informe, la Guardia Civil detalló cómo se usaba Fundescam, una fundación creada por el PP de Madrid, para llenar la caja B. Era un "elemento nuclear de esta trama": recibía subvenciones de la Comunidad de Madrid y libraba "facturas por conceptos mercantiles falsos que enmarcaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid", gracias a la colaboración de empresas amigas del partido.
Los empresarios también ingresaban dinero en Fundescam que se utilizaba también para financiar las campañas del PP. Esos empresarios recibían después adjudicaciones de organismos públicos controlados por el PP, como es el caso de Arturo Fernández con la cafetería de la Asamblea de Madrid. Y es ahí donde aparece Cristina Cifuentes, la otra expresidenta cuya imputación ha reclamado la Fiscalía.
Los informes de la UCO destacan que Cifuentes era al mismo tiempo patrona de Fundescam, miembro del comité electoral del PP de Madrid y responsable de algunas licitaciones de la Asamblea de Madrid. Los agentes creen que ella y el resto de miembros de la mesa de contratación que adjudicó el contrato de la cafetería a Arturo Fernández actuaron para "favorecer de manera preconcebida" al empresario.
La Guardia Civil reunió una serie de "elementos probatorios" y acusó a uno de los compañeros de la expresidenta en la mesa de contratación de desarrollar una "falsa argumentación" para favorecer al Grupo Cantoblanco, una estrategia de la que "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos –María Cristina Cifuentes y María Merino–; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada".
Ignacio González, ya imputado en este caso, completa la nómina de expresidentes madrileños implicados en la caja B del PP. Los indicios contra él surgieron de la investigación del caso Lezo. El juez descubrió que había heredado para la campaña de 2011 el sistema de financiación ilegal utilizado por Granados en 2007: el pago a través de facturas falsas de los gastos electorales abonados por los empresarios.
El juez que vio la conexión entre el sistema utilizado en ambas convocatorias electorales escribió en un auto a finales de 2017 que el PP había confeccionado una contabilidad "ad hoc" para ocultar el flujo de dinero procedente de "subvenciones, donantes, adjudicaciones" y "facturaciones de cobertura con empresas intermediarias". Ahora, ese mismo juez tendrá que decidir si accede a las imputaciones que le reclama la Fiscalía y pide directamente a Aguirre, a la persona que presuntamente se benefició de la caja B, que dé explicaciones en la Audiencia Nacional.
https://www.eldiario.es/politica/corrupcion-gobiernos-alcanza-Esperanza-Aguirre_0_927057733.html
LA FISCALÍA CONSIDERA A AGUIRRE LA IMPULSORA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID
La expresidenta de la Comunidad de Madrid cometió siete delitos, según Anticorrupción
La Guardia Civil cree que el PP de Madrid subvencionó con dinero público la campaña de Rajoy de 2008
El juez investiga si alguna campaña de Aguirre se pagó con adjudicaciones
La Fiscalía Anticorrupción considera a Esperanza Aguirre es la impulsora de un entramado ilegal para financiar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid al menos entre 2003 y 2014, en una dura acusación que le augura un complicado horizonte penal. El Ministerio Público desgrana un sinfín de irregularidades en la contabilidad del PP de Madrid al solicitar una batería de nuevas medidas en las piezas separadas del caso Púnica.
Por ello, y según ha podido saber ABC en fuentes de la investigación, Anticorrupción pide al juez la imputación de Aguirre por los delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, además de los que puedan añadirse más adelante. Siete delitos de corrupción que atacan la gestión de la política popular, que presidió la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012.
Anticorrupción considera que el impulso del entramado sospechoso para la financiación de la formación correspondió a Aguirre, según las citadas fuentes, que explican que la expresidenta madrileña era a la vez la responsable del partido en la región, la candidata de las campañas investigadas, la cotitular de las cuentas que satisfacían los gastos omitidos a la contabilidad oficial, y la presidenta y patrona de la Fundación Fundescam, uno de los supuestos instrumentos para canalizar el desvío de los fondos.
Todo empezó en 2003
La Fiscalía contradice la coartada habitual de la antigua dirigente y deja claro que la contabilidad B del PP de Madrid no pudo existir sin su conocimiento. Su cargo de presidenta del PPCM (Partido Popular de la Comunidad de Madrid) la convertía en conocedora y partícipe de todo lo que sucedía en la formación política, lo que suponía que ella conociera el origen de los fondos que sufragaban las campañas sospechosas y sus destinos.
Según el Ministerio Público, todo comenzó cuando Aguirre accedió al poder, en 2003. En ese momento, los antiguos dirigentes de la formación regional habrían elaborado un plan para obtener financiación para el partido, considera la acusación pública, que cree que el método fue emplear la partida de la publicidad para desviar dinero público a través de las adjudicaciones de las consejerías regionales. Las licitaciones habrían beneficiado al empresario investigado Horacio Mercado, quien había sido el proveedor de confianza en la campaña regional de 2003, en la que Aguirre venció en Madrid. Mercado es un empresario que habría aportado sus firmas para dar cobertura al desvío de fondos, a través de facturas falsas, sospechan los investigadores de la causa de corrupción.
La comparecencia de Aguirre es necesaria, según los investigadores, para que rinda cuentas por el desvío continuado de fondos públicos desde las Consejerías de Transporte y Presidencia de la CAM (2003-2011), por el amaño de partidas de publicidad desde las diversas consejerías (2005-2010), por el desvío de fondos desde las subvenciones a Fundescam (2007-2011), y a través de las contrataciones de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y del Canal de Isabel II (2011-2014).
Aguirre dejó el gobierno autonómico en 2012, pero continuó como presidenta del PP de Madrid hasta 2016.
Además, ella habría autorizado presuntamente al antiguo gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, a poner en marcha una continuada dinámica de falsedad electoral en la contabilidad de tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, y los actos organizados por el PPCM para las generales de 2008. La Guardia Civil calcula que el partido empleó en dichos comicios más de 5 millones de euros de dinero negro, gastando sistemáticamente más de lo declarado ante la cámara y el tribunal de cuentas.
Cifuentes y González
Anticorrupción también pidió ayer la imputación en la misma causa de Cristina Cifuentes e Ignacio González, los exconsejeros regionales Juan José Güemes y Manuel Lamela, el expresidente de Indra y actual presidente de Prisa, Javier Monzón, y la propia empresa tecnológica Indra. Los tres expresidentes madrileños encadenaron sus respectivos mandatos entre 2003 y 2018.
A González, sucesor de Aguirre, le atribuye delitos continuados de cohecho, malversación agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación, organización criminal y falsedad electoral.
La decisión la tiene ahora el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, el investigador del caso Púnica, una red de corrupción local y regional liderada según los investigadores por Francisco Granados. Es la primera ocasión en la que Anticorrupción solicita la imputación de Aguirre.
Las diligencias solicitadas se enmarcan en una batería de medidas reclamadas por Anticorrupción para impulsar la investigación de las diversas ramas de la Púnica, con la finalidad de «simplificar e impulsar el procedimiento» y acercar la llegada de los juicios. El Ministerio Público propone una reordenación de la causa, en la actualidad organizada en 16 piezas separadas, a través de once ramas.
https://www.abc.es/espana/abci-fiscalia-considera-aguirre-impulsora-financiacion-ilegal-pp-madrid-201908030137_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p1&vmc=relacionados&vso=la-fiscalia-considera-a-aguirre-la-impulsora-de-la-financiacion-ilegal-del-pp-de-madrid&vli=noticia.foto.espana
ANTICORRUPCIÓN CIFRA EN 25 MILLONES DE EUROS EL DINERO DESVIADO POR EL PP DE AGUIRRE DESDE LAS CONSEJERÍAS
La expresidenta madrileña habría aupado a González y Granados para controlar la supuesta trama ilegal
El desfalco público de las arcas regionales destapado por los investigadores habría sucedido entre 2005 y 2010
El juez ve «potentes indicios» de que Granados recibió dinero para financiar al PP de forma irregular
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el Partido Popular de Esperanza Aguirre desvió más de 25 millones de euros de dinero público desde las Consejerías de la Comunidad de Madrid para financiarse de forma ilegal en solo cinco años. Según ha podido saber ABC de fuentes de la investigación, el Ministerio Público aprecia este desfalco entre 2005 y 2010, a través del supuesto plan que Aguirre y sus antiguos hombres de confianza urdieron desde que accedieron al poder en 2003. Ellos eran a la vez los gobernantes regionales y los líderes de la formación, en un círculo que se retroalimentó.
Según el Ministerio Público, los fondos desviados nutrieron la llamada caja B del Partido Popular de Madrid, una supuesta contabilidad opaca controlada por el exgerente Beltrán Gutiérrez entre al menos 2006 y 2012, y sufragaron de forma encubierta gastos electorales. Anticorrupción trata de averiguar si parte del dinero enriqueció ilegalmente a las personas que favorecieron los amaños investigados.
El Ministerio Público solicitó el pasado viernes al juez por estos hechos la imputación de Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 y del PP de Madrid hasta 2016; así como de sus sucesores Ignacio González y Cristina Cifuentes. Lo ha hecho en la pieza separada del caso Púnica que indaga en esa supuesta caja B.
Falsedad electoral
Los fondos desviados habrían esquivado las cuentas oficiales del PP y las que deben abrir los partidos para canalizar sus pagos en campaña. La ley electoral fija un coste máximo y regula la apertura de cuentas y los gastos electorales; unas normas que, según la Fiscalía, el PP de Madrid se saltó sistemáticamente en 2007, 2008 y 2011.
Anticorrupción considera, según las mismas fuentes, que Aguirre ejerció un rol protagonista en esa esquema ilegal, a sabiendas de que las campañas buscaban fortalecerla y mantenerla en el poder. Los investigadores denuncian que el planteamiento de las campañas forzaba un derroche incompatible con el cumplimiento de la ley.
El viaje del dinero desviado desde las arcas públicas de las Consejerías hasta la caja B de la formación política se habría canalizado principalmente a través de las sociedades del empresario Horacio Mercado. Sus firmas recibían el dinero directamente del Gobierno regional o de las entidades adjudicatarias de las licitaciones. La fórmula habitual era el cobro de una mordida de un 1 por ciento del contrato público para una fingida actividad de publicidad. La realidad, según los investigadores, era que el sobreprecio iba a parar al partido.
Además de las adjudicaciones amañadas entre 2005 y 2010 desde las Consejerías –Presidencia, Empleo y Mujer, Economía, Sanidad, Transportes, o Medio Ambiente, entre otras–, otros entes públicos también habrían sido utilizados para la supuesta financiación ilegal. Así habría sucedido a partir de 2011 con la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) o con el Canal de Isabel II, la empresa que gestiona las aguas madrileñas. Ambas, presididas por Ignacio González, que encabezó la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015.
Círculo de confianza
En ese entramado, la antigua lideresa habría aupado a conciencia precisamente a González y a Francisco Granados para garantizar su protagonismo en las prácticas supuestamente ilegales. Así interpreta Anticorrupción la decisión de Aguirre de desgajar la Consejería de Presidencia respecto de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno de la región, un paso que adoptó en diciembre de 2004. Aguirre nombró a Granados en el primer escalón, y a González en el segundo, dejando en sus manos las empresas públicas que mayores presupuestos manejaban. Años después, en 2016, Aguirre aseguró que de 500 cargos que nombró solo dos le habían salido «rana». Ambos políticos –convertidos en su círculo de confianza y ejecutores de sus decisiones, según los investigadores, además de Alberto López Viejo– han caído en desgracia. Granados es considerado el cabecilla precisamente de la trama Púnica; y González, de la Lezo, desarrollada a través de la internacionalización del Canal de Isabel II.
Los investigadores destacan que Aguirre firmó el decreto que puso todo el suelo de Madrid al servicio de Granados, al colocar bajo su control la empresa pública Arpegio, que gestionaba el suelo de la comunidad. Y que entregó a González el dominio sobre las partidas de publicidad de cualquier consejería, al otorgar a la Vicepresidencia Primera la Dirección General de Medios.
https://www.abc.es/espana/abci-anticorrupcion-cifra-25-millones-euros-dinero-desviado-pp-aguirre-desde-consejerias-201908040200_noticia.html
LAS ONCE PIEZAS EN LAS QUE SE QUEDA EL 'CASO PÚNICA'
La Fiscalía ha rebajado las 16 piezas en las que se había desgajado la investigación
Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito ante el titular del Juzgado Central 6 de Instrucción en el que reordenan esta macrocausa, que se investiga desde 2014. El ministerio público deja en once las 16 piezas en las que se había desgajado la investigación del 'caso Púnica'.
Las piezas del 'caso Púnica'
Pieza 1, revelación de secretos. Concluida por sentencia condenatoria firme (138/2019, de 13-3).
Pieza 2, hechos concernientes a las fraudulentas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso, en la Diputación de León. Fue presentado escrito de acusación el 14-3-2018.
Pieza 3, hechos concernientes a las fraudulentas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a los anteriores investigados en Murcia. Concluida por auto de incoación de procedimiento abreviado de 15 -4-2019, que ha sido recurrido.
Pieza 4, hechos concernientes al urbanismo de Valdemoro y blanqueo de capitales.
Pieza 5, hechos referentes a la contratación menor local en Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.
Pieza 6, hechos relativos a la contratación de Cofely España S.A.
Pieza 7, hechos relativos a la contratación de la empresa Waiter Music.
Pieza 8, hechos relativos a la etapa de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid.
Pieza 9, hechos concernientes al desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Pieza 10, hechos concernientes a las fraudulentas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa, en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y terceros países.
Pieza 11, hechos relativos a la contratación de Alfedel S.L.
https://www.vozpopuli.com/espana/once-piezas-caso-punica_0_1269173790.html
LA UCO REQUISÓ AL GERENTE DE AGUIRRE PRUEBAS DEL PAGO DE 3 MILLONES EN 'B'
Los agentes sostienen que gracias al dinero negro el PP de Esperanza Aguirre pudo superar el límite de gasto legalmente establecido, concurrir a los comicios electorales en unas condiciones de superioridad y eludir los controles de la Cámara de Cuentas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requisó el 11 de febrero de 2016 en la casa del gerente de Esperanza Aguirre y administrador electoral del PP, Beltrán Gutiérrez Moliner, un dispositivo de almacenamiento de memoria (USB) que, según concluyen los agentes en un informe de diciembre de 2018 del caso Púnica, guardaba evidencias de que el partido en Madrid habría ocultado en 2011 gastos electorales por un montante cercano a los 3 millones de euros.
El instituto armado dibuja en sus informes una triangulación de varios millones de euros que el PP madrileño utilizó presuntamente para financiarse de forma ilegal. Esta se iniciaba cuando el partido contrataba a una empresa que se encargaba de sus actos electorales o políticos en general. Sin embargo, la formación de Aguirre no pagaba esos trabajos, sino que los integrantes del Gobierno regional ordenaba a Indra u otras empresas que recibían adjudicaciones que los pagaran.
Y para esconder este dinero negro, siempre según la UCO, Beltrán Gutiérrez Moliner, que ya fue condenado a ocho meses de cárcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, utilizó empresas afines. "Las cuales habrían enmascarado esos gastos electorales a través de diversos procedimientos, destacando por lo recurrente en su utilización, la emisión de facturas falsas y el abono de las mismas a través de la cuenta corriente de funcionamiento del Partido Popular de Madrid", sostiene el informe policial.
Pruebas sólidas
La investigación desarrollada por la UCO ha logrado "sólidos elementos de prueba" que demostrarían que se "enmascararon" al menos 1,5 millones de euros. "No obstante lo anterior, se han obtenido numerosos indicios que apuntan a que el importe de los gastos electorales encubiertos pueda superar con creces las cifras apuntadas; y que por tanto, la mayoría de los gastos abonados desde la cuenta corriente de funcionamiento del Partido Popular de Madrid, de más de dos millones de euros, se correspondan realmente con pagos de gastos electorales", destacan los agentes.
En las facturas, prosiguen los agentes, el PP y los empresarios consignaban fechas falsas, alejadas de cualquier vínculo con los comicios electorales citados, al mismo tiempo que se hacían unas vagas descripciones conceptuales que se pudieran atribuir con gastos de funcionamiento del partido.
Por ello, prosiguen los agentes en su informe, el PP de Esperanza Aguirre pudo superar el límite de gasto legalmente establecido, concurrir a los comicios electorales en unas condiciones de superioridad gasto, y también eludir los controles y fiscalización ejercida por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
La fundación Fundescam, vinculada al PP madrileño, volvió a ser utilizada en 2011 para desviar fondos públicos otorgados a través de subvenciones concedidas por la Comunidad de Madrid: "Pero esta vez para sufragar gastos de funcionamiento del partido", destacan los agentes.
"Papel nuclear"
La persona que desempeñó un "papel nuclear" en toda esta operativa ilegal, según la Guardia Civil, fue Beltrán Gutiérrez Moliner, administrador electoral del PP de Madrid en las elecciones autonómicas del año 2011, gerente de esta formación y del comité de la campaña electoral de 2011.
Gutiérrez Moliner era, además, la persona autorizada en todas las cuentas corrientes del Partido Popular de Madrid y de la fundación Fundescam. "Enlace directo con empresarios y proveedores de la campaña electoral y persona encargada de ordenar los gastos y abonar los mismos a los distintos proveedores de campaña", completa el informe de fecha 28 de diciembre de 2018.
La superación del techo de gasto electoral "tuvo que ser conocida, propiciada y auspiciada por otras personas -aparte del citado gerente-, que tuvieran poder decisorio en el organigrama regional de la formación política investigada", concluyen los agentes de la UCO, que apuntan los nombres del ex secretario general del PP Francisco Granados y del exdiputado Francisco Borja Sarasola.
Este viernes Anticorrupción ha reclamado la imputación por la financiación ilegal del PP de los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Ahora será el magistrado Manuel García-Castellón el instructor del caso Púnica, el que decida si les llama a declarar como investigados.
https://www.vozpopuli.com/politica/aguirre-punica-pruebas-pago-financiacion-pp_0_1269173964.html
LA CORRUPCIÓN DEL PP DE MADRID REVIVE EN PLENO ACUERDO DE LAS TRES DERECHAS PARA GOBERNAR LA COMUNIDAD
La petición de imputación de Aguirre, González y Cifuentes, expresidentes de la Comunidad de Madrid, pone a Ciudadanos ante el espejo de la regeneración que dicen defender
El partido naranja calla y el PP de Casado, con fuertes vínculos con el 'aguirrismo', se refugia en el respeto a las decisiones judiciales y a la presunción de inocencia
Dirigentes del PP creen que la investidura de Díaz Ayuso no está en peligro, pero esperan un debate "bronco" con la corrupción como telón de fondo
El Partido Popular lleva más de una década intercalando momentos dulces con duros mazazos propinados por investigaciones policiales o judiciales sobre escándalos de corrupción que afectan a destacados dirigentes o exdirigentes. Le pasó a Mariano Rajoy desde febrero de 2009, cuando en plena campaña de las autonómicas gallegas y vascas estalló el caso Gürtel. Y le acaba de suceder ahora al nuevo líder del PP, Pablo Casado, cuando sólo lleva un año al frente de la formación conservadora.
Este viernes, cuando en el principal partido de la oposición se respiraba con la tranquilidad de tener prácticamente cerrado el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos –con el apoyo de Vox– para que Isabel Díaz Ayuso asuma la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el pasado más oscuro del PP madrileño se colaba en la jornada para romper una buena racha de Casado. El líder del PP acaba de hacer una dirección del partido a su medida, con dirigentes de su máxima confianza en la cúpula, tras haber logrado gracias a los pactos gobernar en el Ayuntamiento de Madrid, la Región de Murcia y Castilla y León. Y acariciar, también gracias a los pactos con la extrema derecha, la Comunidad de Madrid.
A las 14.00 horas saltaba la noticia: la Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, que cite como investigada –figura conocida anteriormente como imputada– a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por la presunta financiación irregular del PP regional.
La lideresa, como llegó a calificarse a sí misma, estuvo al frente de los conservadores madrileños 12 años. Lo mismo pedía el Ministerio Público para sus dos sucesores: Ignacio González y Cristina Cifuentes, también expresidentes de la Comunidad y del PP de Madrid.
Dirigentes del PP consultados por infoLibre creen que la investidura de Díaz Ayuso no está en peligro, pero esperan un debate "bronco" con la corrupción como telón de fondo y son conscientes de que ahora todos los grupos de la izquierda de la Asamblea de Madrid van a criticar a Ciudadanos y Vox por dar oxígeno a un partido cuyo pasado reciente está en el punto de mira de los tribunales.
No obstante, creen que resistirán a esas presiones porque "no hay duda" de que el PP desde que Casado llegó a la presidencia del partido a finales de julio de 2018 ha sido "muy contundente" a la hora de dar respuesta a este tipo de escándalos. "En el PP, quien la hace la paga. Sea quien sea", resumen las citadas fuentes.
Casado creció en el 'aguirrismo'
De forma oficial, el PP se refugia en el respeto a las decisiones judiciales y a la presunción de inocencia como hace en todos los casos. Pero a nadie en las filas conservadoras se le escapa que Aguirre es una dirigente muy relevante para Casado y muchas de sus personas de confianza. "La situación es delicada e incómoda", define una diputada regional. Porque el actual líder del PP, recuerda, nació y creció políticamente en el aguirrismo. Casado, antes de trabajar para José María Aznar y ser recuperado después por Mariano Rajoy, fue presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Aguirre y diputado en la Asamblea de Madrid. Muchos de sus principales apoyos en el partido vienen de esa época, cuando trabó amistad con Isabel Díaz Ayuso y con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital.
En su etapa de vicesecretario de Comunicación le tocó responder en muchas ocasiones sobre los escándalos de corrupción que afectaban al PP de Madrid. Y dar la cara por la que fue su jefa. El 22 de abril de 2017, afirmaba que él creía y confiaba en las palabras de Esperanza Aguirre cuando decía que ella "no tenía ni conocimiento ni responsabilidad" de las presuntas tramas delictivas lideradas por Ignacio González y Francisco Granados, pero que "se equivocó al confiar en estas personas". Ignacio González acababa de ingresar en prisión en el marco de la Operación Lezo. Y Granados había sido detenido en octubre de 2014 en el marco de la Púnica, operación a la que bautizó. En latín, el árbol del granado es el Punica granatum.
El espejo de Ciudadanos
La petición de imputación de Aguirre y Cifuentes, expresidentas de la Comunidad de Madrid, pone a Ciudadanos ante el espejo de la regeneración que dicen defender. Si nada cambia, el líder del partido naranja será vicepresidente de un gobierno liderado por Ayuso y en el que el reparto de consejerías será de siete para el PP frente a seis para Ciudadanos.
La respuesta de Cs este viernes a esta noticia que afecta al PP fue el silencio. El partido naranja no hizo ningún tipo de valoración a estas informaciones que les ponen en una posición incómoda de cara a la investidura. Tampoco hubo reacción oficial por parte de Vox.
La "regeneración" política y la transparencia son dos de los ejes en torno a los que el partido naranja ha venido construyendo su discurso. Recientemente, Aguado señaló que la regeneración no la aportan "ni el PP ni el PSOE" sino que la aporta Ciudadanos cuando entra en los gobiernos y cuando "aprieta y exige".
El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad (Ciudadanos), ha convocado para el lunes y martes de la próxima semana a los grupos parlamentarios para iniciar una nueva ronda de consultas ahora que Cs ha aceptado las condiciones del nuevo documento presentado por la ultraderecha. La idea inicial, salvo cambios de última hora, es que la sesión de investidura de Ayuso pueda celebrarse a finales de la semana que viene o principios de la siguiente. Ya hubo un pleno de investidura, sin candidato, tal y como permite el reglamento de la Asamblea de Madrid, el pasado 10 de julio. Esta cita sirvió para poner en marcha el reloj para una nueva convocatoria electoral si el 10 de septiembre no hay candidato investido.
"Cómplice del saqueo"
El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, afeó a Ciudadanos y Vox que apoyen al PP. "¿Imputar a Aguirre por financiación ilegal del mismo partido al que Cs y Vox van a darle el Gobierno de la Comunidad de Madrid? En Madrid hay que hacer limpieza, no darle una prórroga a la corrupción", escribió Errejón en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el senador de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, alertó a Ciudadanos que si apoya la investidura de Isabel Díaz Ayuso, aún después de conocer que la Fiscalía Anticorrupción pida al juez de Púnica que impute a los expresidentes Aguirre, González y Cifuentes por la caja B del PP de Madrid, será "cómplice del saqueo a todos los madrileños".
En declaraciones a Europa Press, Rubiño consideró que la petición de imputación de los exdirigentes madrileñas llega en un momento "clave" a las puertas de una investidura en la que Ciudadanos y Vox darán el Gobierno al PP.
"Nos parece grave que las últimas cinco legislaturas estén marcadas por la corrupción. Si Ciudadanos apoya al PP será cómplice del saqueo a todos los madrileños que ha permitido que el PP acuda dopado a las elecciones convocatoria tras convocatoria. Hay que hacer limpieza", concluyó.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/03/la_corrupcion_del_madrid_revive_pleno_pacto_las_tres_derechas_para_gobernar_comunidad_97588_1012.html
LA GUARDIA CIVIL CERTIFICA QUE INDRA PAGÓ 566.000 EUROS PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE AGUIRRE
La UCO reitera que la expresidenta madrileña pudo participar en reuniones con la empresa beneficiaria de los pagos
La Guardia Civil ha remitido un informe al juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, en el que certifica que la empresa Indra abonó un total de 566.497 euros para la campaña del PP madrileño en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, en las que venció Esperanza Aguirre. Los fondos supuestamente acabaron en la consultora Swat SL, dirigida por Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz, que asesoraba a la formación conservadora en temas de estrategia y comunicación política. La salida del dinero, según los investigadores, se camufló como pago, por parte de Indra, de unos servicios de formación interna realizados por otra empresa, Formaselect. Sin embargo, estos servicios “no habrían sido efectivamente acometidos” y el dinero acabó en manos de la consultora Swat.
El documento policial, al que ha tenido acceso este periódico, vuelve a salpicar en estas maniobras, si bien de manera indirecta, a la propia Esperanza Aguirre. La Unidad Central Operativa (UCO) reitera en su informe que Isabel Gallego, exdirectora general de Medios de la Comunidad de Madrid, manifestó que Aguirre, al igual que Francisco Granados, Ignacio González o Cristina Cifuentes, llegó a participar en reuniones con Swat, tanto en la sede de la Comunidad, en la Puerta del Sol, como de la empresa, en la calle Velázquez. Gallego relató que en esos encuentros los consultores de Swat “planteaban la estrategia política y de comunicación, asesorándolos en ciertos mensajes de campaña”. Sin embargo, no hace mención a que se hablara de la financiación de esos servicios.
La UCO señala que Madoz, responsable de Swat, se reunió en marzo de 2012 (meses después de las elecciones) con el exviceconsejero de Vicepresidencia Borja Sarasola en la sede de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol y en la de Indra de Alcobendas (Madrid). En esos encuentros supuestamente se pactó la contratación por parte de Indra de la empresa de formación Formaselect para que hiciera labores formación interna por valor de 566.497 euros –en dos pagos trimestrales de 324.497 y 242.000 euros–. Los fondos que recibió Formaselect de Indra se transfirieron "casi inmediatamente a otras sociedades" controladas por Madoz y por otro de los empresarios proveedores del PP, Oscar Sánchez Moyano.
“Los fondos aportados por Indra a petición de altos cargos de la Comunidad de Madrid habría[n] servido para retribuir los trabajos que dicho entramado [el de Swat] había prestado para el Partido Popular de Madrid”, concluyen los agentes en su informe. Los investigadores recuerdan que para recaudar los fondos de la empresa tecnológica, el expresidente de la Comunidad y antiguo jefe de campaña de Aguirre, Ignacio González, pidió en 2012 al consejero delegado de la empresa pública Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, un millón de euros para sanear las cuentas del partido.
Este pago de más de 566.000 euros no es el primer servicio que Indra supuestamente prestaba bajo cuerda al PP madrileño. En informes previos, la Guardia Civil explicó la juez cómo la compañía accedió en 2012, a requerimiento de ICM, a subcontratar a la mercantil Eico, dedicada a la reputación online y que también había participado en la campaña de 2011, para realizar trabajos de medición de impacto en redes sociales. Los agentes recuerdan que Indra tampoco fiscalizó los trabajos de Eico y “se limitó a sufragar las facturas presentadas” por su principal responsable, Alejandro de Pedro.
https://elpais.com/politica/2019/06/21/actualidad/1561116603_662480.html
FRACASA LA BÚSQUEDA DE UN CONTRATO DE LA PÚNICA PAGADO CON FONDOS EUROPEOS
La Guardia Civil indaga sin éxito durante dos años para localizar el expediente de una millonaria licitación bajo sospecha del Ejecutivo del PP de Esperanza Aguirre
"Se han realizado gestiones y se ha tomado declaración a testigos con el objeto de localizar el expediente, obteniéndose hasta la fecha un resultado negativo". El último informe de la Guardia Civil sobre la trama de corrupción Púnica, incorporado al sumario el pasado 25 de marzo, resume la frustración de los investigadores que, durante más de dos años, han buscado el expediente de un concurso público de 2 millones de euros adjudicado por el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE).
Este concurso fue supuestamente amañado por el Ejecutivo del PP de Esperanza Aguirre en 2006 para enmascarar el pago de actos electorales con dinero público. Se trata del mismo informe que sitúa a Aguirre en las reuniones de su ejecutivo regional en las que supuestamente se decidió favorecer al empresario Daniel Horacio Mercado, publicista de sus campañas electorales-
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) no eran los únicos interesados en estos documentos. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE ya había preguntado en octubre de 2017 por esta adjudicación al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del sumario al conocerse las supuestas irregularidades del mismo para iniciar su propia investigación. El motivo: el contrato había sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo para la creación de empleo.
Las pesquisas para localizar el expediente de la licitación IMADE, un organismo ya desaparecido y entonces adscrito a la Consejería de Trabajo madrileña, se iniciaron en febrero de 2017. La pista sobre su existencia la aportó el análisis de la documentación fiscal de Over Marketing, la principal sociedad del entramado del empresario argentino Mercado, que había revelado que esta compañía recibió pagos del IMADE en 2006 y 2007 por un importe cercano a los dos millones de euros.
La investigación permitió saber que esta cantidad se correspondía con un único contrato, adjudicado en octubre de 2006 para planificar y producir una campaña de publicidad "en la que se transmita la importancia de los autónomos y PYMES en el desarrollo de la Comunidad de Madrid". El concurso había sido tramitado por el ejecutivo madrileño de Aguirre por vía de urgencia.
Los primeros problemas surgieron cuando los agentes quisieron examinar la documentación de la licitación. La Consejería de Hacienda del gobierno regional aseguró que aquel expediente había sido enviado, junto a otros, a la sede de una empresa especializada en custodiar documentación, llamada Recall Information Management SAU, posteriormente absorbida por la compañía Iron Mountain España. Los agentes se desplazaron a las naves que esta última sociedad tiene en el Polígono Industrial de Valgrande, en Alcobendas (Madrid), para custodiar los documentos de sus clientes, pero allí la respuesta que recibieron fue que los dos contenedores en los que debían encontrarse esos documentos habían salido de sus instalaciones a finales de marzo de 2010 y nunca habían vuelto. La persona que había firmado aquella retirada había sido Nieves L. G., antigua empleada del IMADE, que fue interrogada poco después por la Guardia Civil para saber quién había ordenado sacar los documentos del almacén. Esta señaló a quien entonces era su jefe directo, Jesús Javier M. M. A., que también fue preguntado por agentes de la UCO por el paradero del expediente, además de por otros detalles de la licitación de aquel concurso. El testigo aseguró que en aquella adjudicación había participado la sociedad Swat, una empresa ya investigada en el caso Púnica por haber participado en la financiación irregular del PP de Madrid y cuyo propietario, Juan Miguel Madoz, está imputado. El informe de la Guardia Civil que el directivo del IMADE señaló a Miguel Ángel L. L., quien fuera secretario general del organismo público, como "una de las últimas personas que tuvieron a recaudo el expediente del contrato adjudicado a Over".
El interrogatorio a este último se produjo mes y medio más tarde, aunque tampoco permitió localizar la documentación. El que fuera secretario general del IMADE aseguró que los grupos de la Asamblea de Madrid del PSOE e Izquierda Unida habían solicitado precisamente en 2010 acceder al expediente de la licitación de aquel concurso y que, una vez que lo devolvieron, el mismo se remitió "al Departamento de Contratos para su final envío y archivo" a la empresa que debía custodiarlo. El alto cargo añadió que desconocía qué podía haber ocurrido con la documentación para que ahora no apareciera.
Ante la imposibilidad de localizar el documento, la Guardia Civil se dirigió a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que había elaborado unos años después de la adjudicación un informe de fiscalización sobre el IMADE. Los agentes pretendían recuperar información sobre el contrato financiado por la UE. Gracias a esta vía, los agentes se hicieron con una decena de documentos, entre ellos varias actas de la mesa de contratación y copias de algunos informes de la mesa de contratación, que se han incorporado al sumario. Estos han revelado algunos detalles de la adjudicación de la contratación bajo sospecha, pero no todos. Pese a ello, los agentes concluyen que el concurso fue supuestamente amañado para favorecer a la empresa de Mercado como una forma de pagarle los servicios publicitarios que iba a prestar al PP de Esperanza Aguirre en la campaña de las elecciones autonómicas de 2007. La dirigente popular ganó aquellos comicios regionales por mayoría absoluta.
Cuatro extravíos y otros tantos robos
La desaparición del expediente de licitación del contrato del IMADE no es el único que se ha descubierto durante la investigación del caso Púnica. Poco después, los agentes descubrieron otro agujero documental en las adjudicaciones de la sociedad pública Campus de la Justicia, un millonario fiasco inversor de los Ejecutivos de Aguirre y su sucesor, Ignacio González. En junio de 2017 la empresa pública de la Comunidad de Madrid Nuevo Arpegio comunicaba que se había "traspapelado" la documentación que reclamaban los investigadores. En enero de 2017, la Agencia para la Administración Digital del gobierno regional admitía que había borrado el contenido de los correos electrónicos oficiales que tuvieron el exconsejero Francisco Granados y otras cuatro personas investigadas.
Además, durante la instrucción se han denunciado cuatro robos en ayuntamientos salpicados de la trama. El primer caso se conoció en noviembre de 2014, pocos días después de las primeras detenciones. La Guardia Civil arrestó a Antonio Sánchez, entonces aún alcalde de Serranillos del Valle (Madrid) y ya imputado en la causa, cuando se llevaba cajas con documentación de su despacho. El segundo episodio de conoció en abril de 2015, aunque supuestamente se produjo seis meses antes: una empleada del Ayuntamiento de Valdemoro, donde había sido alcalde Granados, había ordenado a varios trabajadores del consistorio destruir gran cantidad de documentos. En marzo de 2016, la alcaldesa de Moraleja de Enmedio, la socialista María del Valle Luna, denunció que su ayuntamiento había sufrido tres episodios de desaparición de información relacionados con la etapa de su antecesor, Carlos Estrada, imputado en el caso. El último episodio trascendió en marzo de 2018. El nuevo alcalde de Valdemoro, el socialista Serafín Faraldos, denunció que alguien había entrado en su despacho y llevado documentación sobre las adjudicaciones de la trama Púnica que estaba a punto de a entregar a la Fiscalía Anticorrupción.
https://elpais.com/politica/2019/05/01/actualidad/1556709747_331569.html
PÚNICA REGÓ CON REGALOS DE LUJO A AGUIRRE, CIFUENTES O AL JEFE DE GABINETE DE CASADO
La Guardia Civil recopila facturas de bolsos y corbatas de Loewe, palcos VIP en el Master de Tenis y otros artículos
La maquinaria de Púnica en la Comunidad de Madrid alcanzó niveles ingentes durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, con presuntas adjudicaciones públicas a la empresa Over Marketing para pagar sus “esfuerzos” en la campaña electoral del Partido Popular. Y la manera de engrasar esa maquinaria eran los regalos de lujo -artículos de Loewe y Louis Vuitton, palcos en el Máster de Tenis, vino…- que el dueño de la empresa, Daniel Mercado, habría realizado a importantes dirigentes del PP, según la Guardia Civil. Una lista de agasajados en la que tenían cabida viejas glorias populares, pero también dirigentes hoy en activo: Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Paloma Adrados -actual presidenta de la Asamblea- o Javier Fernández Lasquetty -actual jefe de gabinete de Pablo Casado-.
Así queda reflejado en los anexos de un informe que la Guardia Civil entregó el pasado mes de marzo al juez que investiga el caso Púnica en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y al que ha tenido acceso ElPlural.com. Ahí se recoge el sistema profesionalizado de regalos que manejaba Over Marketing, que dividía a los agasajados en cuatro grupos, (VIP, Alto, Medio y Bajo), en función de lo cual, les adjudicaba iniciales para llevar el control de los obsequios.
El grupo VIP estaba reservado para cinco personas: Ignacio González y Francisco Granados, exvicepresidentes de la Comunidad de Madrid, imputados en Púnica y que ya pasaron por prisión; Esteban Parro, exalcalde de Móstoles con el PP que acabó imputado en otra rama de Púnica; César Antón, exconsejero en Castilla y León y que acabó investigado por la Fiscalía por su etapa como presidente del Imserso en el Gobierno de Rajoy y Ana Isabel Gutiérrez, la esposa del diputado del PP Jesús Merino.
Para todos ellos, menos César Antón, se destinaron regalos referenciados como “Especial Loewe” en la lista de Daniel Mercado, que está colaborando con la Justicia. Aunque estos obsequios “especiales” de esta marca de lujo no era solo para ellos. También Cristina Cifuentes aparece en la lista como una de las receptoras, en calidad de presidenta de la Asamblea de Madrid, y Paloma Adrados, quien ahora ocupa ese alto puesto y en 2007 estaba en la Consejería de Empleo y Mujer.
“Especial Loewe” es también el regalo que habrían recibido las dos secretarias de la lideresa, mientras que la propia Aguirre se habría llevado un centro de mesa floral de Alfabia. La misma indicación recibe el jefe de protocolo de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, Juan Carlos Jiménez Franco; el entonces alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá; el entonces alcalde de Alcalá de Henares y diputado en la Asamblea, Bartolomé González; al alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández; el exdiputado del PP y condenado en Gürtel, Jesús Merino; o Carlos Floriano, en calidad de presidente del PP de Extremadura.
Personas que aparecen en la lista de Daniel Mercado han confirmado a ElPlural.com haber recibido esos regalos, que se trataban de bolsos-cartera de Loewe. En el informe de la Guardia Civil aparecen multitud de facturas en las que se recogen dichos bolsos, con precios que varían entre los 400 y los 750 euros por ejemplar.
Otros de los elementos que contienen las inmensas facturas pagadas por Mercado a Loewe incluyen decenas de corbatas con precios que superan los 100 euros, como la que recibió el exministro José Manuel Soria en su etapa canaria, Juan José Güemes como consejero madrileño de Sanidad o las botellas de vino de Ramón Bilbao con que obsequiaron a Javier Fernández Lasquetty, actual jefe de gabinete de Pablo Casado en Génova, o a María Gador Ongil. Esta última, por cierto, acompaña a Isabel Díaz Ayuso en su candidatura a la Comunidad de Madrid, al igual que otros agasajados por Púnica, como Narciso de Foxá o Paloma Adrados.
https://www.elplural.com/politica/espana/punica-rego-con-regalos-de-lujo-a-aguirre-cifuentes-o-al-jefe-de-gabinete-de-casado_216134102
LA GUARDIA CIVIL IMPLICA POR PRIMERA VEZ A ESPERANZA AGUIRRE EN LA TRAMA CORRUPTA DE PÚNICA
El último informe policial incorporado al sumario la sitúa en las reuniones en las que se decidió favorecer con contratos públicos a una empresa que hizo campañas electorales al PP
La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre participó en reuniones de altos cargos de su Ejecutivo en las que supuestamente se acordó favorecer con contratos públicos a una empresa de publicidad que trabajó en sus campañas electorales de 2003 y 2007, según un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica el 25 de marzo. Es la primera vez que un documento policial implica a la exlíder popular en amaños de la trama. A preguntas de este diario, Aguirre negó su participación en actos ilegales. En la causa ya están imputados sus dos hombres de confianza: Ignacio González y Francisco Granados.
El informe, de 205 folios y 14 tomos de anexos, analiza exhaustivamente “las relaciones comerciales de la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas madrileñas” con las sociedades de marketing y publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado. Los agentes concluyen que el Gobierno regional que encabezaba Aguirre utilizó “la publicidad institucional [...] con el único objetivo de encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del PP regional al frente de las instituciones, todo ello sufragado con fondos públicos”. Mercado, imputado tanto en el caso Púnica como en el sumario sobre la financiación irregular del PP balear en la etapa de Jaume Matas, fue el principal beneficiado de esas supuestas irregularidades. Su entramado de empresas recibió contratos por un valor superior a los 7,4 millones de euros.
El documento policial destaca que, para beneficiar a Mercado, el Ejecutivo de Aguirre modificó en 2006 varias leyes autonómicas para que cualquier adjudicación, tanto de las consejerías como de empresas públicas y órganos autónomos de la Comunidad de Madrid, necesitase la “autorización previa” de la Vicepresidencia del Ejecutivo regional, que entonces ocupaba Ignacio González, también imputado en la causa. Una vez modificado el marco legal, supuestamente se impartieron “instrucciones precisas” a varios consejeros para que las empresas Over Marketing Comunicación, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing, y Link América, todas ellas propiedad de Mercado, fueran favorecidas con adjudicaciones.
Un millonaria caja b para campañas
La trama Púnica, investigada en la Audiencia Nacional, extendió sus tentáculos por varias autonomías, pero fue en Madrid donde consiguió los mayores beneficios de la mano de Francisco Granados, exconsejero de Esperanza Aguirre, supuesto cabecilla de la red de corrupción. Los cientos de amaños ya detectados por los investigadores enriquecieron a los principales implicados, pero también nutrieron la supuesta caja b del PP de Madrid.
Ese dinero permitió a los populares concurrir en la región a los diferentes comicios municipales, autonómicos e incluso generales gastando en las campañas cantidades muy superiores a las que autoriza la ley. En las elecciones regionales de mayo de 2011, en las que Aguirre encadenó su tercera mayoría absoluta y logró la mayor victoria electoral de su carrera política, el PP regional gastó en propaganda 6,2 millones de euros, casi el doble del límite legalmente establecido. De este montante, al menos 1,25 millones de euros provienen de una caja b que manejaba el entonces gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, y que se nutría de fondos aportados por Granados e Ignacio González. Los tres están imputados.
Esas instrucciones surgieron de varias reuniones celebradas en fechas que la Guardia Civil no ha podido concretar, en las que participó Esperanza Aguirre junto a Ignacio González y Francisco Granados. También intervinieron en ellas el viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo,—actualmente en prisión condenado por el caso Gürtel— y el consejero de Sanidad Manuel Lamela, así como la responsable de comunicación de la Comunidad, Isabel Gallego, y el propio empresario. Aguirre fue situada en estas reuniones por dos de los participantes: Lamela y el propio Mercado.
Según recoge el informe de manera destacada, Lamela confirmó en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que en estas reuniones “se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación”. El entonces consejero admitió ante los agentes que, tras recibir estas indicaciones, dio instrucciones en ese sentido a su asesor técnico. A partir de ese momento, las cuatro empresas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoción de la construcción de una decena de hospitales y centros médicos, así como para otras campañas publicitarias del departamento. Los agentes aprecian delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.
Recompensado
El informe recalca que también el empresario argentino confirmó la presencia de Aguirre en dichos encuentros. Mercado aseguró que en los mismos “se transmitió tácitamente que el esfuerzo que realizarían” sus empresas en las campañas electorales “sería recompensado mediante la adjudicación de contratos públicos”. También detalló que fueron los entonces hombres de la máxima confianza de Aguirre, el vicepresidente Ignacio González y el consejero de Presidencia, Francisco Granados, los que le indicaban a qué altos cargos de las consejerías de la Comunidad de Madrid debía visitar para conseguir esas adjudicaciones.
El empresario también acusó a ambos dirigentes populares de ser los que le indicaron que hablara con el gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, sobre cómo ocultar parte de los gastos de campaña mediante facturas falsas que eran abonadas por empresas constructoras adjudicatarias de contratos de la Comunidad de Madrid. “Nosotros el servicio lo hicimos para el PP de Madrid, solo que lo facturamos a un listado de empresas que ellos nos dieron”, afirmó Mercado ante el juez. Por este sistema, Over cobró 88.708 euros de la campaña de 2007, según destaca la Guardia Civil.
Bolsos de lujo, entradas VIP y cajas de vino
El empresario Daniel Horacio Mercado sabía engrasar las relaciones con los responsables de las administraciones del PP que le otorgaban contratos. Entre la documentación intervenida en sus empresas, y que forma parte del sumario del caso Púnica, figura un listado de regalos supuestamente efectuados en 2007 a políticos como la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre, su vicepresidente, Ignacio González, y prácticamente todos sus consejeros. También aparece Cristina Cifuentes, en aquel momento vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.
Los obsequios consistieron, según el informe, en la asistencia al palco VIP del Open de Madrid de Tenis, bolsos, monederos y corbatas de Louis Vuitton, Loewe y cajas de vino. Mercado dividía los regalos en función de la relevancia de los destinatarios: los clasificaba en VIP, A (Alto), M (Medio) y B (Bajo). Para Aguirre el regalo consistía en un paquete “especial” de la floristería madrileña Alfabia. Mercado también cuidaba a las dos secretarias de la presidenta, a las que les asignó supuestamente un regalo, también “especial” de Loewe, según el listado. El mismo que presuntamente recibió Cifuentes.
https://elpais.com/politica/2019/04/25/actualidad/1556214656_400682.html
DOCE ORGANISMOS PÚBLICOS AMAÑARON CONTRATOS TRAS LA REUNIÓN DE AGUIRRE CON PÚNICA
Seis consejerías y seis entes autonómicos adjudicaron contratos a la empresa de publicidad que hizo la campaña electoral del PP de Madrid en 2007
El informe de la Guardia Civil en el que por primera vez se sitúa a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre (PP) en reuniones mantenidas por altos cargos de su Ejecutivo con la trama Púnica destapa supuestas irregularidades en las adjudicaciones de 12 organismos madrileños, entre ellas seis consejerías del Gobierno regional. En todas ellas, las empresas beneficiadas pertenecían al publicista que asistió a estas reuniones y que trabajaba para las campañas electorales del PP de Madrid. Sus sociedades recibieron 7,4 millones en contratos públicos.
El informe, incorporado el 25 de marzo al sumario del caso Púnica que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, detalla “las relaciones comerciales de la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas” con Over Marketing Comunicación, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing, y Link América —todas ellas propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado— ante la sospecha de que sirvieron para financiar de manera irregular las campañas electorales del PP de Madrid de los años 2003 y 2007. De hecho, entre los siete delitos que los agentes aprecian se encuentran los de financiación ilegal de partido político y delito electoral.
El exhaustivo análisis de la Guardia Civil señala como una de las licitaciones supuestamente amañadas la convocada por la Consejería de Empleo y Mujer para diseñar su estrategia de comunicación para los años 2005 y 2006. La Guardia Civil recoge que, por ese contrato, Over —la sociedad matriz de la trama empresarial de Mercado— facturó en 2006 cerca de 200.000 euros, cuando en realidad el trabajo realizado tenía un coste de 18.466 euros. Los agentes concluyen que esa desproporción “no es posible con el solo concurso del empresario sino que debe contar con el conocimiento y autorización de autoridades y funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid”.
328.090 euros para la campaña del PP de 2007
El informe de la Guardia Civil considera acreditado que el PP de Madrid dejó de pagar 328.090 euros de su campaña a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 gracias al trato de favor dispensado al empresario Daniel Horacio Mercado. El documento detalla que el propio Mercado no facturó 151.503 de la precampaña de marzo de aquel año. Otra parte de sus servicios, valorados en 88.708 euros, se los abonaron constructoras beneficiadas con contratos de la Comunidad de Madrid. Y 87.878 euros los sufragó David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama y que colabora con la justicia de 2005. Este constructor aseguró al juez que pagó a las empresas de Mercado por indicación de Granados.
También está bajo sospecha el contrato que el entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados —imputado como presunto cabecilla de la trama—, adjudicó también a Over para la promoción de la Casa de Madrid en Argentina, a cuya inauguración acudieron en marzo de 2007 el que entonces era número tresdel Ejecutivo de Aguirre y la entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Ana Botella. La Guardia Civil asegura haber localizado sobrecostes y el fraccionamiento irregular del contrato para poder adjudicarlo sin concurso. Los investigadores también han hallado un convenio de la Fundación Arpegio, cuyo presidente también era Granados, por la que se financió a este centro con 142.000 euros. Estos fondos fueron supuestamente “desviados” a Over. El rastro de este dinero ha llevado a los investigadores hasta una cuenta a nombre de la sociedad panameña Manila Investment Inc, disuelta en 2011.
Hospitales públicos
Las empresas de Mercado también recibieron supuestamente trato de favor de la Consejería de Sanidad para hacerse con las campañas de promoción institucional de la construcción de 11 hospitales y otros tantos centros de salud de la Comunidad. El informe detalla que desde esta consejería —encabezada por Manuel Lamela, uno de los asistentes a las reuniones con miembros de la trama que declaró que Aguirre estuvo presente en las mismas— “se remitieron documentos escritos a las constructoras y concesionarias [de las obras] para imponerles el pago de las facturas a Over y sus empresas satélites”.
Para justificar dichos pagos, el Ejecutivo de Aguirre incluía en los pliegos de licitación una cláusula por la que las empresas adjudicatarias estaban obligadas a invertir el 1% del contrato en publicidad, lo que encarecía el coste para la Administración. Estos trabajos de promoción recaían sistemáticamente en las empresas de Mercado. Un sistema similar fue utilizado desde la Consejería de Transportes tanto para licitar un contrato de publicidad sobre obras de conservación de las infraestructuras de la zona noroeste de la región como otro para una campaña de Seguridad Vial. La Guardia Civil también ha analizado la campaña que la Consejería de Economía lanzó en 2007 para incentivar el pago de impuestos, y por la que Over obtuvo más de 200.000 euros de beneficio.
Además de las adjudicaciones de estas seis consejerías, están bajo sospecha licitaciones de seis entes públicos madrileños. Arpegio —de la que dependía la Fundación que abonó 142.000 euros para el centro regional en Argentina— adjudicó a las empresas de Mercado contratos por más de 540.000 euros por la campaña institucional del Plan Prisma, un programa multimillonario de inversiones públicas bajo control de Granados en el que se investigan también otras irregularidades. El empresario argentino también recibió presuntamente trato de favor de Madrid Comunidad Digital, de la Agencia Madrileña para la Emigración (AME), del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), de la sociedad de Gestión y Desarrollo el Medio Ambiente (Gedesma) y de la sociedad Campus de la Justicia. Este frustrado proyecto terminó dejando un agujero patrimonial superior a los 105 millones de euros que ya investiga otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.
https://elpais.com/politica/2019/04/26/actualidad/1556289146_553840.html
EL PP SE DESENTIENDE DE ESPERANZA AGUIRRE
La oposición no se sorprende de la implicación de la expresidenta en la investigación de la trama Púnica
El Partido Popular se desentiende de Esperanza Aguirre. La candidata de esta formación para presidir el Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha limitado a asegurar que los informes de la Guardia Civil en los que se implica a la expresidenta en la trama Púnica "corresponden a un sumario de una etapa de hace dos o tres legislaturas, donde cada protagonista tendrá que dar sus explicaciones, como están haciendo". Quienes sí han reprochado a los populares esta etapa han sido los miembros de la oposición, cuyos responsables no se han sorprendido de la aparición de Aguirre en la investigación.
"Siempre hemos dicho que no parecía creíble que Esperanza Aguirre no supiera nada de lo que estaba pasando en su partido, en la Comunidad de la que era presidenta", ha comentado Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento (Ahora Madrid). Maestre, que ha dicho que hay que dejar que la investigación siga su curso, preguntó a los candidatos del PP al Ayuntamiento y la Comunidad, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso respectivamente, de qué aspectos se sienten orgullosos de la gestión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
El cabeza de lista del PSOE para dirigir la ciudad de Madrid, Pepu Hernández, ha asegurado que respeta las investigaciones policiales. Sin embargo, continuó, esta información no le sorprende porque "la sombra de la sospecha rodea a Esperanza Aguirre desde hace años". Hernández, exseleccionador nacional de baloncesto y campeón del mundo en 2006, señaló que Aguirre se fue del Ayuntamiento porque "su equipo más cercano y directo estaba imputado, e incluso encarcelado, por el caso Púnica". Y zanjó: "La pregunta que hay que hacer al PP de ahora es sí han erradicado la corrupción de sus prácticas o la mantienen como herencia".
La candidata a alcaldesa de Madrid de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha declarado que ya conocen el pasado del Gobierno de Esperanza Aguirre, presidenta regional entre 2003 y 2012. "Ya conocemos lo que supone el PP, que ha estado siempre en los últimos años asociado a la corrupción, y que ha tenido presidentes de la Comunidad de Madrid que han estado imputados. O que han pasado incluso por la cárcel", ha comentado.
Aguirre, la “reina rana”
La aparición del nombre de la expresidenta madrileña en los informes policiales también ha servido al candidato de Madrid en Pie al Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, para atacar al PP y llamar a Aguirre "reina rana", en referencia a la expresión de esta en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid cuando aseguró que de 500 altos cargos que había nombrado, solo dos le habían salido rana, Francisco Granados y Alberto López Viejo. “No es ninguna sorpresa ni ninguna novedad que Esperanza Aguirre esté señalada por la Guardia Civil. Lo que está claro es que toda la trama de corrupción del PP durante décadas no podía ser ajena a la máxima dirigente", ha asegurado.
La candidata de Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha hecho balance de la gestión del PP al frente del Gobierno regional: "Van tres expresidentes, dos vicepresidentes imputados por corrupción y 740 millones de euros robados. De los últimos cuatro presidentes de la Comunidad de Madrid solo Esperanza Aguirre no lo está. Queda poco. Está en nuestras manos. Que se vayan y no vuelvan". E Íñigo Errejón, su excompañero de partido, ahora candidato de Más Madrid a la Comunidad, también ha asegurado en la misma red social que "Aguirre es madre política de tres candidaturas a la Comunidad de Madrid para mantener el desorden, el robo y los privilegios a unos pocos".
https://elpais.com/ccaa/2019/04/26/madrid/1556276687_002645.html
AGUIRRE Y GONZÁLEZ CONTRATARON CON GÜRTEL Y PÚNICA POR VALOR DE 172 MILLONES DE EUROS
La Cámara de Cuentas analiza las licitaciones de la Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con las dos tramas corruptas entre 2008 y 2015
Las consejerías de la Comunidad de Madrid y las entidades del sector público madrileño (Metro, Canal de Isabel II, Arpegio...) contrataron entre 2008 y 2015, mientras eran presidentes Esperanza Aguirre, primero, e Ignacio González, después, con empresas involucradas en los casos de corrupción Púnica y Gürtel por valor de 172 millones de euros. La Cámara de Cuentas ha fiscalizado la legalidad de todos los contratos celebrados en este periodo y ha encontrado distintas irregularidades: desde fraccionamientos hasta adjudicaciones a una misma empresa que contravienen la ley.
La Cámara de Cuentas pidió a los dos juzgados de la Audiencia Nacional que investigan Gürtel y Púnica que le enviaran una relación de las empresas relacionadas con ambas tramas. Con esos listados, solicitó a la Consejería de Economía que le hiciera llegar los expedientes de contratación. Los auditores han examinado 67 contratos mayores --de obras, en su mayoría, en el caso de Gürtel, y de servicios en el caso de Púnica-- y 1.112 contratos menores. El informe no emite conclusiones generales, como suele ser habitual, sino que va analizando una selección de licitaciones.
La investigación del caso Púnica, cuya instrucción se inició en junio de 2014, acumula más de un centenar de imputados y 16 piezas separadas. Empezó centrando las pesquisas en el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, pero ha ido evolucionando y aún se están investigando tramas relacionadas en distintos municipios. Hace unos meses, la Guardia Civil entregó al juez del caso nuevos datos sobre el amaño de dos contratos públicos poco antes de la campaña electoral de 2011 que demostrarían la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre.
El caso Gürtel, que arrancó en 2008, supera a Púnica en cuanto al tiempo de instrucción en la Audiencia Nacional. Algunas de sus piezas todavía están en investigación mientras que otras ya se han juzgado.
El informe, que la Cámara de Cuentas ha publicado este jueves en su página web, no incluye el listado con los nombres de las empresas adjudicatarias de los contratos. Asegura que hay 162 relacionadas con Púnica y 23 en la órbita de Gürtel, pero aunque en el texto afirma que ha obtenido "varias relaciones de empresas que posteriormente se enumeran", lo cierto es que no aparecen. Una de las principales empresas de Púnica, en la que varios cargos públicos usaron su puesto para influir en la adjudicación de contratos, fue Cofely. Por importe total contratado con estas compañías, la empresa pública Mintra, la Consejería de Políticas Sociales y Familia y Metro de Madrid son los tres organismos que más obras o servicios les adjudicaron. Los contratos de Mintra supusieron 57,9 millones de euros. Los de la consejería suman 27,1 millones mientras que los de Metro de Madrid ascendieron a 20,8 millones de euros.
De los 133,7 millones en contratos mayores con las empresas de Gürtel, 59,4 se gastaron en 2011, año electoral en la Comunidad de Madrid. Según el informe de la Cámara de Cuentas, las irregularidades en el caso de Gürtel se centran en la contratación menor, y especialmente en la Consejería de Deportes. Por ejemplo, encontró fraccionamiento de contratos, una argucia para evitar licitar un contrato y que compitan distintas empresas. En 2008, fecha de la mayoría de esas facturas, el consejero de Deportes era Alberto López Viejo.
En el caso de los contratos mayores de Púnica (34,7 millones de euros en total), el informe destaca el expediente de contratación del contrato de suministro de una bomba de calor para el centro de salud Goya. "Adolece de diversas irregularidades que supusieron un considerable detrimento de los principios de igualdad, objetividad, transparencia y concurrencia que informan la contratación pública", dice la Cámara de Cuentas.
El candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha anunciado este jueves que llevará a la Fiscalía Anticorrupción las contrataciones de los Gobiernos de Aguirre y González en la Comunidad de Madrid con empresas de las tramas Gürtel y Púnica.
https://elpais.com/ccaa/2019/03/28/madrid/1553798413_594756.html
LA AUDIENCIA NACIONAL LIMITA HASTA JUNIO DE 2020 LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO PÚNICA’
El tribunal rebaja en 18 meses el plazo fijado por el juez García-Castellón para terminar la instrucción del macrosumario
La Audiencia Nacional obliga a imprimir velocidad al caso Púnica, uno de los principales sumarios de corrupción que investiga la justicia española, centrado en el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. La Sección Cuarta de lo Penal ha obligado a finalizar la investigación de la macrocausa el 6 de junio de 2020 en lugar del 30 de marzo de 2022 que había fijado el juez instructor, Manuel García-Castellón. El nuevo plazo deriva del cambio de criterio en la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita a 18 meses la instrucción de las causas penales de especial complejidad.
La nueva fecha de caducidad, que no es recurrible, llevará a agilizar el macrosumario, que se divide en 16 piezas separadas con más de 170 imputados. El caso Púnica comenzó a investigarse en el mes de junio de 2014 y algunas de las piezas ya tienen escritos de acusación. La conclusión de los distintos procedimientos tiene que producirse el 6 de junio de 2020, 18 meses después de la fecha de los recursos interpuestos por diferentes defensas contra el auto de García-Castellón que prolongaba la causa en 40 meses, hasta 2022.
El magistrado y las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez tratan de reducir a menos de diez el número de piezas de la macrocausa, fusionando aquellas que contengan hechos confluyentes o repetidos. Varias de las piezas son especialmente sensibles para el PP, como la que se centra en exclusiva en la supuesta contabilidad paralela del partido en la Comunidad de Madrid, y que ha salpicado, en diferentes grados, a los expresidentes madrileños Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
El PP también aparece señalado en la investigación sobre la empresa pública del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio. En esta pieza están bajo sospecha tanto los dos planes Prisma de inversiones de obra pública en municipios como la gestión del suelo a través de 22 consorcios urbanísticos. Entre ambos, el Ejecutivo regional manejó en la etapa de Granados cerca de 3.000 millones de euros. Parte de los cuales supuestamente se desviaron, no sólo al PP, sino también a otros partidos.
También se convertirá en un quebradero de cabeza para Génova la pieza del sumario referida a la supuesta contratación irregular de la empresa especializada en la organización de festejos Waiter Music S. L. por parte de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. En esta parte de la investigación, la Guardia Civil ya entregó un informe referido al consistorio de Valdemoro, epicentro de la trama, en el que además de los cargos locales implicados que ya estaban imputados, se recogían indicios de la supuesta financiación irregular de actos del partido. Las pesquisas señalaban entre ellos mítines de las campañas autonómicas y municipales, pero también de las generales en las que Rajoy fue cabeza de lista.
La semana pasada, la Audiencia archivó la causa abierta contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el marco de la operación Púnica al considerar que no hay pruebas suficientes de que el político desviara dinero público para contratar con las empresas de esa trama trabajos de mejora de su imagen en internet, otra de las patas del macrosumario.
https://elpais.com/politica/2019/04/11/actualidad/1554985810_441464.html
LA UCO IMPLICA A 10 CARGOS DEL PP EN AMAÑOS DE LA TRAMA
Un reciente informe recaba más pruebas de la financiación ilegal del partido en 2011
La Guardia Civil ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, un nuevo informe en el que recoge "sólidos elementos probatorios" desconocidos hasta ahora sobre la supuesta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre y, en concreto, de su campaña a las autonómicas de mayo de 2011. En aquella cita electoral, Aguirre encadenó su tercera mayoría absoluta y disparó la representación de su partido en la Asamblea de Madrid hasta los 72 escaños de 129 posibles tras gastar 6,2 millones de euros en propaganda electoral, casi el doble de lo legalmente establecido.
El nuevo documento policial, fechado el pasado 8 de febrero, concluye que las nuevas pruebas recabadas implican a diez cargos públicos y altos cargos del Ejecutivo de Aguirre como "partícipes" en el supuesto amaño de varias licitaciones de las consejerías de Medio Ambiente y Hacienda de aquel año, y en los que resultó beneficiada mediante sociedades interpuestas "una de las principales empresas encargadas de realizar la campaña electoral" del PP regional, El Laboratorio de Almagro 36 SL.
En concreto, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) citan a los que fueran consejeros Borja Sarasola -entonces viceconsejero de Presidencia y que declaró como investigado ante la Guardia Civil en diciembre de 2017-, Ana Isabel Mariño -aún diputada autonómica y, por tanto, aforada-, Lucía Figar -ya imputada en la causa por otros supuestos amaños- y Regina Plañiol. Junto a ellos, la Guardia Civil implica también a los entonces secretario general técnico de Economía y Hacienda, Francisco Lobo; al director general de Tributos, Fernando Prats; a la subdirectora general de Gestión Económica, Milagros Blanco; y al subdirector general de Planificación y Coordinación, Pedro Alejo Irigoyen. Lobo y Blanco ya tuvieron que declarar ante la Guardia Civil como investigados por estos hechos el pasado noviembre.
El documento policial también implica en los amaños a siete directivos de El Laboratorio de Almagro, cuyos "estrechos lazos" con "determinados cargos públicos de la Comunidad de Madrid vinculados al PP de Madrid" les permitió supuestamente conocer "varias semanas antes que el resto de las empresas" información detallada de los concursos públicos que se iban a convocar para, así, hacerse con ellos.
El nuevo informe de la UCO es ampliación de uno anterior de diciembre de 2018 en el que ya se concluía que con el amaño de estas adjudicaciones el PP pudo sufragar con dinero público parte de los elevados gastos de aquella campaña de Aguirre.
https://elpais.com/ccaa/2019/04/15/madrid/1555348161_318723.html
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE LA CAJA B DEL PP DE MADRID ACORRALAN A ESPERANZA AGUIRRE
Las facturas de la agencia de publicidad que usó el PP madrileño como tapadera implican a la expresidenta regional en la trama de financiación ilegal del partido
Las facturas de la financiación ilegal del PP de Madrid apuntan directamente a Esperanza Aguirre. La documentación incautada por la Guardia Civil en El Laboratorio de Almagro SL, la agencia de publicidad de cabecera de la formación, revela que la expresidenta madrileña (2003-2012) fue la principal beneficiaria de la trama que urdió Génova para concurrir a las elecciones de forma continuada con más dinero del legalmente permitido. Según los papeles originales incorporados al caso Púnica, a los que ha tenido acceso El Confidencial, El Laboratorio de Almagro llegó a controlar incluso la agenda oficial de Aguirre en la comunidad y también las campañas institucionales de publicidad aprobadas por su Gobierno en los meses previos a los comicios regionales de 2011, los últimos a los que se presentó la exdirigente del PP y en los que se impuso por mayoría absoluta.
Su nombre aparece decenas de veces en los archivos de El Laboratorio, una mercantil que según los expertos en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría jugado un papel clave en la caja B de la formación. Sostienen que el PP de Madrid adelantaba dinero a la agencia meses antes de las elecciones a través de un abono por servicios inexistentes para que la compañía se encargara de distribuir posteriormente el dinero a los verdaderos proveedores de la campaña de la formación. De ese modo, los populares podían sufragar parte de sus gastos en los comicios con fondos de su cuenta de funcionamiento ordinario, algo prohibido por la normativa, y además, esas cantidades se quedaban fuera de su contabilidad electoral, al haber movido el dinero mucho antes de la convocatoria.
Con ese sencillo método el PP habría conseguido, a juicio policial, rebasar el límite de gasto sin ser descubierto en sucesivas convocatorias. Las municipales de 2011 forman parte del grupo de elecciones bajo sospecha. Según un informe de la UCO incluido recientemente en la causa, los populares habrían desembolsado en esa campaña en torno a 6,2 millones de euros, más del doble de los 2.986.624 euros que declararon a la Cámara de Cuentas (no podían gastar más de 3.229.342).
La Audiencia Nacional tiene una montaña de pruebas que oscurecen el futuro judicial de Aguirre. El Laboratorio emitió una factura al PP el 20 de diciembre de 2010 para encubrir una salida de fondos de la cuenta de funcionamiento ordinario del partido. Su importe ascendió a 198.830 euros y supuestamente sirvió para costear unos trabajos de “consultoría de comunicación corporativa” de esa empresa para asesorar “a diferentes responsables del Partido Popular de Madrid en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid”. Pero, según los investigadores, los 198.830 euros fueron en realidad uno de los anticipos del PP para ocultar gastos de la campaña de mayo del siguiente año. En este papel no hay ni una sola mención a la entonces máxima representante del partido.
La documentación interna de El Laboratorio corrobora que la agencia repartió luego ese dinero entre una decena de mercantiles que trabajaron en la campaña de los populares y que los fondos sirvieron principalmente para proyectar la imagen de la entonces presidente madrileña. Entre las facturas abonadas por el PP a través de la agencia que usaba como pantalla se encuentra una de 18.553 euros para “el desarrollo de un 'microsite' para la campaña electoral de Esperanza Aguirre” emitida por la empresa The Fact Factoria de Producción Digital SA. También figuran varias facturas de la agencia Boolab Motion & More por “realización de 5 piezas de animación de 20 segundos” para las “autonómicas (Esperanza)” por valor de al menos 9.799 euros. La lista de servicios que tuvo como beneficiaria a Aguirre es interminable. Desde fotografías a cuñas de radio de sus mítines, a la organización de los propios actos de campaña
En abril de 2011, por ejemplo, El Laboratorio pagó presuntamente con fondos adelantados por el PP otras dos facturas de la campaña del partido emitidas por la productora Central de Producers Madrid SL. La primera, del 13 de abril, ascendió a 3.662 euros y sirvió para costear la “realización de vídeos virales de 1 min. para la campaña Esperanza!”. La segunda, del 15 de abril y un importe de 5.692 euros, se correspondió con “la grabación de testimoniales 'Apoyo Esperanza'”. Decenas de menciones atestiguan que Aguirre fue la más favorecida por la presunta trama de financiación irregular, aunque hasta el momento haya logrado quedarse al margen de la causa.
Los papeles analizados por la UCO revelan incluso que El Laboratorio de Almagro manejó su agenda oficial. Los agentes hallaron en los archivos de la agencia pruebas de que, desde noviembre de 2010, los publicistas de esa empresa supervisaron sus actos de Gobierno para tratar de aprovecharlos en beneficio de su campaña. Desde la “Entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad a la Selección Española de Fútbol” a la “Primera Piedra de la Duplicación M-509 Villanueva del Pardillo”, pasando por su presencia en el “Día de la Constitución” y la exposición “Ahorro del Agua”, del Canal de Isabel II, que costó un millón de euros públicos. Entre noviembre de 2010 y mayo de 2011, absolutamente todos los actos oficiales de Aguirre habrían quedado supeditados a sus intereses electorales, según los documentos que forman parte del procedimiento.
Con todo, lo más inquietante es la referencia a varias campañas institucionales del Gobierno madrileño en esos documentos. El Laboratorio tuvo en cuenta en la planificación de la campaña de Aguirre hasta 11 proyectos publicitarios financiados con dinero público que supuestamente tenían como objetivo divulgar el uso del metro, la lucha contra la violencia de género, la necesidad de la conciliación familiar, la práctica de deporte y el respeto del medio ambiente, entre otros fines. En total, un gasto de 11.020.000 euros que fue autorizado por el propio Gobierno de Aguirre y que se concentró en las semanas previas a los comicios. La mención a esas campañas publicitarias en los papeles internos de El Laboratorio apunta a que la dirigente también se benefició de ese dinero público.
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-26/documentos-originales-cajab-pp-madrid-acorralan-esperanza-aguirre_1847630/
EL PP COLOCA COMO NÚMERO 2 DE SU CAMPAÑA EN MADRID A LA SECRETARIA DE LA FUNDACIÓN CON QUE FALSEÓ GASTOS ELECTORALES EN 2011
Ana Camins, adjunta al director del operativo para las municipales y autonómicas de mayo en la comunidad, certificó las cuentas de Fundescam el año en que, según la UCO, "defraudó" casi entera una subvención autonómica de 127.000 euros
Camins no ha estado nunca imputada. La Guardia Civil focaliza sus afirmaciones respecto de
Fundescam en Beltrán Gutiérrez, este sí investigado en la pieza de Púnica donde la Audiencia Nacional examina la financiación del PP
El PP de Madrid ha colocado como número dos de su comité de campaña para las elecciones municipales y autonómicas a Ana Camins, la dirigente que en 2011 y 2012 era secretaria de la fundación Fundescam. Ya conocida por haber financiado otras campañas anteriores de Esperanza Aguirre, Fundescam fue, según la Guardia Civil, utilizada de nuevo en aquel periodo para camuflar con facturas falsas gastos electorales del PP madrileño pero también otros de carácter ordinario, entre ellos un acto de Pablo Casado como presidente regional de Nuevas Generaciones. En el bienio 2011-2012, Camins ostentaba el cargo de secretaria general de Nuevas Generaciones de Madrid. Hoy secretaria de Familia en la nueva junta directiva nacional de la formación conservadora, Camins mantiene un escaño en la Asamblea de Madrid. Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer la versión del PP sobre el nombramiento.
Con Pablo Casado como su jefe directo en la organización juvenil del PP madrileño, Camins ocupó el cargo de secretaria en la ya desaparecida Fundescam entre 2010 y 2014. Hoy, y a la vez que aparece como la primera de los dos adjuntos a Juan Carlos Vera, director de campaña del PP madrileño para las elecciones autonómicas y municipales de mayo, la diputada también forma parte del comité de campaña nacional. En esta segunda instancia ocupa un papel de menor relevancia: es una de las dos integrantes del área de actos sectoriales.
Como adelantó infoLibre la semana pasada, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a las actuaciones de la Operación Púnica desvela que Fundescam no solo "desvió" dinero público para la campaña electoral de Esperanza Aguirre en 2011 sino que al año siguiente sufragó un acto de Nuevas Generaciones (NNGG) al que asistió quien entonces era su presidente regional: Pablo Casado. En aquel momento y como secretaria general de NNGG en Madrid, Camins era la mano derecha del ahora líder conservador.
Camins no ha estado nunca imputada. Y, al igual que ocurre con Pablo Casado, el informe no la menciona. La Guardia Civil focaliza sus afirmaciones respecto de Fundescam en Beltrán Gutiérrez, este sí investigado en la pieza de Púnica donde la Audiencia Nacional examina la financiación del PP y que hacía doblete como regional del partido y de Fundescam.
Al margen de Beltrán Gutiérrez, la UCO solo menciona otros dos nombres en relación a Fundescam: la ahora diputada autonómica Gádor Ongil, que presidió la fundación en su recta final y sobre la que tampoco pesa ninguna imputación; y Francisco Granados, antiguo número dos del PP madrileño y principal investigado en Púnica.
De Ongil, el informe hace constar que fue ella quien firmó y presentó el "resumen completo de actividades" aportado por Fundescam para justificar la subvención concedida por la Comunidad de Madrid en 2011. Documentos de Caja Madrid a los que ha tenido acceso este periódico señalan a Gádor Ongil y Ana Camins como las dos directivas con quienes suscribió en 2011 el convenio por el que la extinta entidad financiera subvencionó a Fundescam con 75.000 euros. El año anterior, Ongil y Camins ya habían firmado un primer acuerdo con Caja Madrid, este por 150.000 euros.
El informe de la UCO resulta inequívoco en cuanto al rol que Fundescam seguía desempeñando para el PP madrileño. "Los elementos probatorios" documentales y los derivados de diversas declaraciones –exponen sus autores– "pondrían de manifiesto cómo diversos gastos del partido, tales como cenas de navidad, gastos de la celebración de congresos, actos de Nuevas Generaciones y, sobre todo, gastos relativos a encuestas" y sondeos de intención de voto "fueron abonados a través de facturas falsas". Y esas facturas falsas, prosigue la UCO, "fueron incorporadas por Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez al expediente de una subvención de dinero pública concedida a Fundescam".
El acto de Casado
Cuando el lunes de la semana pasada este periódico detectó en el informe de la UCO la presencia del acto de Nuevas Generaciones entre los financiados de manera ilegal por Fundescam, se lo comunicó de inmediato a los portavoces del PP. No hubo respuesta. Pero una vez publicada la noticia, y a preguntas de eldiario.es durante una reunión de su partido en Segovia, Casado dijo horas más tarde "desconocer" cómo se había pagado aquel acto que él mismo y en compañía de Ignacio González protagonizó el 22 de marzo de 2012 en el Colegio Mayor Roncalli de Madrid [puedes ver la nota de prensa que difundió NNGG del distrito madrileño de Hortaleza pinchando aquí]. El ahora presidente del PP se zafó del asunto con las siguientes palabras: "Yo, si he ido a algún acto, lo habrá organizado quien se ocupara de ello", dijo. Según su equipo, Nuevas Generaciones "no tiene ni CIF, ni caja, ni nada. Todo lo que organiza Nuevas Generaciones se carga a los presupuestos del Partido Popular de la región que convoca el acto".
La cuantía destinada en marzo de 2012 por Fundescam a la conferencia impartida en el Roncalli por Pablo Casado e Ignacio González –entonces aún vicepresidente de Esperanza Aguirre y de quien dependían directamente las subvenciones a Fundescam– resulta nimia en comparación con otras magnitudes que afloran en el informe: 1.652 euros.
La UCO conoce el coste exacto porque así consta en uno de los documentos incautados a uno de los empresarios que accedieron a camuflar gastos del PP con facturas falsas giradas a Fundescam. El papel, una especie de balance económico de los servicios prestados a la organización que dirigía Aguirre, permitió también a la Guardia Civil sumar a la lista de gastos falsos de Fundescam la cena de Navidad del PP (31.496 euros) y una pequeña cantidad pendiente por el congreso regional del partido (1.060 euros).
Como desveló el diario Público en 2009, Fundescam ya había financiado la campaña autonómica que en 2003 aupó a Esperanza Aguirre a la Presidencia de Madrid. Solo entre 2003 y 2004, recaudó casi un millón de euros entre empresarios que habían obtenido, y continuarían obteniendo en el futuro, múltiples contratos públicos del Gobierno regional.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/02/12/el_coloca_como_numero_campana_madrid_secretaria_fundacion_con_que_falseo_gastos_electorales_2011_91782_1012.html
LA GUARDIA CIVIL IDENTIFICA 1,2 MILLONES DE DINERO NEGRO DEL PP DE MADRID Y VINCULA 800.000 EUROS A OHL
La UCO aporta pruebas que revelan que el PP de Aguirre pudo financiar con facturas falsas la campaña en que Rajoy ganó sus primeras elecciones
El Partido Popular de Madrid llegó a disponer en 2011 de 1,25 millones de euros en dinero negro, de los cuales un 64% procedía, presuntamente, de la constructora OHL, propiedad del empresario Juan Miguel Villar Mir, a través de su yerno, Francisco Javier López Madrid. En concreto, 800.000 euros.
Así lo cifra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el último informe que remitió al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón el pasado 11 de enero, en el marco del llamado caso Púnica, una presunta trama de corrupción de adjudicación de contratos públicos vinculada al PP de Madrid a cambio de comisiones.
Los investigadores lograron acreditar a través de los archivos contables intervenidos al que fuera gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, que la caja B de la formación madrileña, presidida entonces por Esperanza Aguirre, disponía, al menos, de esos 1,25 millones, consignados en una contabilidad paralela para sufragar gastos electorales del PP de Madrid en la campaña de las elecciones autonómicas de 2011.
Es más, después de comparar los papeles de Gutiérrez con una de las agendas intervenidas al que fuera secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, -uno de los principales imputados en este procedimiento-, los investigadores identificaron 800.000 euros consignados por el gerente en su contabilidad B y que vinculan a OHL. En concreto, a López Madrid, consejero de la empresa.
Este diario ya adelantó en julio de 2018 que existían documentos del caso Púnica que advertían del pago de 800.000 euros de OHL a una empresa de Granados.
"Se demostraría la participación de López Madrid"
"Respecto al origen de los fondos que nutrían la caja B puesta a disposición de Beltrán Gutiérrez para abonar gastos electorales, en el presente informe policial se recopilan y analizan elementos de prueba obtenidos durante el transcurso global de la investigación desarrollada, y que demostrarían a juicio policial la indudable existencia de los mismos, así como la participación de Francisco José Granados y Francisco Javier López Madrid en los referidos hechos".
Así lo advierte la UCO, que añade que la localización de unos apuntes manuscritos en una de las agendas intervenidas a López Madrid -imputado también en esta causa- corrobora "las intenciones de su autor sobre actuaciones en circunstancias muy determinadas y relacionadas con su actividad empresarial".
Atendiendo a los hechos analizados por este cuerpo policial a partir de la agenda de Granados, con las entradas y salidas de dinero en esa caja B, y de los papeles de Gutiérrez referentes a otras fuentes de ingresos para financiar los gastos electorales de 2011, la UCO identifica tres cantidades que Granados anota como salidas de dinero y que coinciden con importes consignados por el gerente en uno de sus archivos contables para financiar lo que denominó Plan de Medios.
Se trata de 300.000, 200.000 y 300.000 euros que Granados anotó como salidas de dinero en los meses de enero, febrero y marzo de 2011, respectivamente. La Guardia Civil vincula este dinero con López Madrid tras asociar las iniciales JLM -manuscritas por Granados en su agenda- con el yerno de Villar Mir.
Conviene recordar que el 27 de febrero de 2018 Granados prestó declaración ante García-Castellón y se desvinculó de las anotaciones que aparecían en su agenda. Es más, no aclaró al juez que significaban las palabras in y out, correspondientes, según la investigación, a las entradas y salidas de dinero de la caja B, respectivamente.
Granados protegió, incluso, a López Madrid al desvincularle de esos presuntos pagos y negar que la iniciales JLM respondieran al nombre de este empresario. En su lugar, el que fuera también consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2012 sorprendió al identificar esas letras con las iniciales de "Juntas Locales de Madrid".
"Medidas de seguridad" tras el 'caso Gürtel'
En este informe de 129 páginas, la UCO advierte también de que el inicio del caso Gürtel en 2009 "podría haber propiciado [por parte del PP] el establecimiento de medidas de seguridad relativas a disminuir la constancia documental de los métodos de financiación de las campañas electorales".
Es más, hay metodologías usadas por algunos empresarios investigados que no conoce con exactitud. Es el caso del empresario Ricardo Vázquez Segura, imputado también en esta causa.
Los investigadores hallaron pruebas que revelan que el PP de Madrid financió, presuntamente, con facturas falsas vinculadas a este empresario parte de la campaña de las elecciones generales de 2011, en las que ganó Mariano Rajoy.
El informe que la UCO aportó al juez instructor revela la existencia de facturas de Vázquez Segura sobre pagos relacionados con los gastos electorales de estas elecciones generales.
En concreto, dos emitidas por la empresa Krea Producciones Artísticas al PP de Madrid por un importe de 156.287 euros, y otras dos emitidas por la sociedad Troyano Marketing y Diseño por un total de 82.069 euros. Esto es, 238.356 euros para financiar la campaña de las generales de 2011.
La UCO constata que este empresario facturó "a las cuentas corrientes de campaña de varios comicios electorales -municipales, autonómicas y generales- en los que concurrió el Partido Popular a nivel nacional, autonómico y local". Es más, advierte de que "el abono efectuado por dos facturas relativas a las elecciones generales del año 2011 sirvieron para generar un saldo a favor del Partido Popular".
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/07/5c5b8640fc6c833f608b4663.html
LA GUARDIA CIVIL CREE QUE EL PP DE MADRID FINANCIÓ CON FACTURAS FALSAS LA CAMPAÑA DE RAJOY A LAS GENERALES DE 2011
Un informe destaca que el partido liderado por Aguirre destinó 261.000 euros a los comicios nacionales
El Partido Popular de Madrid financió con facturas supuestamente falseadas por valor de 261.000 euros la campaña electoral para las generales de 2011, en las que Mariano Rajoy obtuvo mayoría absoluta. Así se desprende de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al juez instructor del caso Púnica de corrupción, Manuel García-Castellón. Esta cantidad se añade a los 6,2 millones de euros —el doble del máximo legal— que la formación liderada por Esperanza Aguirre destinó a financiar la campaña autonómica de ese año, y en la que la líder conservadora madrileña logró los mejores resultados de su carrera política.
El informe de la UCO se centra en la contabilidad paralela del empresario Ricardo Vázquez Segura, imputado en el caso Púnica, y que fue intervenida por los investigadores en su domicilio. Esta contabilidad corrobora y completa la presunta caja b de Beltrán Gutiérrez, tesorero del PP madrileño en aquella época. En las cuentas de las sociedades de Vázquez, que prestaba servicios al partido, figuran también gastos electorales de la campaña nacional de 2011.
Los agentes han detectado dos facturas del PP de Madrid con el concepto “EG 2011”, que la UCO identifica con las elecciones generales, por importes de 84.897,68 y 71.390 euros, destinados a Krea Producciones, empresa de Vázquez, por la prestación de servicios para el PP nacional en esa campaña. El informe de la UCO consigna dos facturas más de la sociedad Troyano Marketing y Diseño, también del entramado de Vázquez por importe de 46.669 y 35.400 euros.
“En relación con los importes consignados como abonos, resulta especialmente significativo el hecho de que los mismos se corresponden con pagos realizados por el Partido Popular en las distintas elecciones Autonómicas, Municipales y Generales celebradas en el año 2011”, sostiene el informe de la UCO.
El documento remitido al juez García-Castellón se centra en que el PP regional liderado por Aguirre gastó en las elecciones autonómicas 6,2 millones de euros, casi el doble de lo legalmente establecido. De este montante, al menos 1,25 millones de euros provienen de la caja b que manejaba el entonces gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez y que se nutría de fondos aportados por el exconsejero Francisco Granados. El mismo informe señala que esta financiación excesiva —al menos 1,31 millones de euros— se camufló mediante facturas falseadas en las que se alteraba la fecha de realización de los trabajos, de modo que se asignaban a otros periodos ordinarios gastos que correspondían realmente a la campaña electoral.
https://elpais.com/politica/2019/02/06/actualidad/1549458875_517975.html
LA UCO REVELA QUE RAJOY GANÓ LAS GENERALES DE 2011 CON FACTURAS FALSAS Y PAGOS OCULTOS
Los investigadores del Instituto Armado desvelan que el PP utilizó una red de empresas instrumentales para canalizar pagos de la campaña de las elecciones generales de 2011
Mariano Rajoy ganó las elecciones generales de 2011 haciendo trampas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el Partido Popular concurrió a esos comicios canalizando gastos de campaña a través de una red de facturas falsas que le habría permitido desembolsar más dinero del que tenía legalmente autorizado y, a la vez, ocultar el origen de los fondos. Los investigadores centran las pesquisas en unos 250.000 euros aportados a Génova por el PP de Madrid, aunque la cifra es provisional y podría aumentar en nuevas indagaciones.
El hallazgo figura en un informe del Instituto Armado que lleva fecha del pasado 11 de enero y acaba de ser incorporado al caso Púnica, donde han quedado alojadas las diferentes investigaciones abiertas desde 2014 sobre la presunta financiación ilegal del PP. El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, se centra en las irregularidades cometidas por los populares madrileños en las autonómicas y municipales de 2011, pero papeles y archivos hallados en el despacho del empresario de la comunicación Ricardo Vázquez Segura y en el domicilio del exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez Moliner han llevado a los expertos en delitos económicos de la UCO a ampliar el foco de su investigación a las generales de 2011.
Según el informe, la formación habría creado un auténtico galimatías contable para camuflar el pago de gastos de campaña con dinero de sus cuentas de funcionamiento ordinario, algo prohibido por la normativa, que obliga a los partidos a habilitar una cuenta específica para abonar todas las contrataciones y servicios relacionados con las elecciones. Los populares sortearon esa limitación ocultando sus movimientos tras un grupo de sociedades pantalla dirigido por Vázquez, imputado ya en la causa.
Este empresario registró las operaciones en una especie de “contabilidad paralela” que ha sido diseccionada por los investigadores. En uno de sus archivos, apuntó haber recibido dos pagos del PP de Madrid junto a las letras y números 'EG 2011', un concepto que la UCO relaciona sin ninguna duda con las elecciones generales de 2011. El primero de los abonos ascendió a 84.897,68 euros y el segundo, a 71.390. Las facturas oficiales indican que esos importes habrían servido para costear trabajos realizados para la campaña del PP nacional por una tercera compañía sin relación aparente con el empresario. Se trataría de Krea Producciones Artísticas SL, administrada por Francisco Lobatón Martínez, que habría efectuado supuestas labores de carácter técnico para Génova por esas mismas cuantías.
Sin embargo, la UCO rechaza esta versión. Tras analizar la documentación intervenida, sostiene que esas sociedades tenían un fin meramente instrumental. El PP de Madrid las habría empleado para mover dinero de diferentes procesos electorales sin ningún tipo de control, también en las generales en las que Rajoy logró convertirse en presidente del Gobierno tras dos intentos fallidos.
Uno de los documentos contables localizados en el despacho que tenía Vázquez en Arroyomolinos (Madrid) confirmaría, a juicio policial, que “el abono efectuado por dos facturas relativas a las elecciones generales del año 2011 [las de 84.897,68 y 71.390 euros] sirvió para generar un saldo a favor del Partido Popular del que 'a posteriori' se detraerían gastos a realizar”. “Esto demostraría cómo la elaboración de las facturas correspondientes a los distintos comicios electorales no habría sido elaborada de manera independiente por Ricardo Vázquez Segura para cada evento electoral, sino que entremezclaría conceptos facturados que se corresponden con distintos comicios electorales, los cuales eran aglutinados en distintos pagos a través de facturas emitidas por terceras empresas que el referido empresario utilizaba de manera instrumental”, señala el informe.
Junto a las dos facturas de Krea Producciones Artísticas SL correspondientes a las elecciones generales de 2011, Vázquez reflejó más salidas de fondos para abonar supuestos gastos de campaña del PP que no tendrían correspondencia con ningún abono realizado por el partido. Es decir, que los desembolsos se produjeron pero se desconoce cuál fue el origen de ese dinero. La UCO destaca dos facturas por un importe total de 82.069 euros que fueron emitidas por otra tercera empresa instrumental, Troyano Marketing y Diseño SL, también sin relación aparente con Vázquez. Pese a ello, este anotó los movimientos en su contabilidad paralela con la clave 'TM'.
No es la primera vez que los expertos en delitos económicos del Instituto Armado se topan con Troyano Marketing y Diseño SL. En informes anteriores del caso Púnica, ya se señalaba que el administrador de esta compañía, Óscar Sánchez Moyano, habría puesto al servicio del PP un grupo entero de sociedades limitadas para desviar a la caja B de la formación hasta 600.000 euros en supuestas donaciones ilegales realizadas por la multinacional tecnológica Indra entre 2011 y 2013.
Sánchez Moyano aparece ahora directamente vinculado con la presunta financiación ilegal de las generales de 2011. Según los documentos en poder de Vázquez analizados por la UCO, Troyano Marketing y Diseño SL habría actuado como una segunda compañía intermediaria para encubrir nuevos servicios realizados para el PP nacional en esa campaña. De los 82.069 euros reflejados en la contabilidad paralela, 35.400 euros se corresponden con una factura abonada a su vez por Troyano Marketing y Diseño SL a la empresa Área de Recursos SL por la impresión de 250.000 tarjetones. El documento de pago no especifica más detalles sobre el trabajo, pero la UCO sostiene que se trataba de material publicitario para esos comicios. De hecho, la factura fue emitida por Área de Recursos SL el 12 de diciembre de 2011, solo tres semanas después de las generales.
Sin embargo, los investigadores destacan que, a pesar de que se trataba de un gasto electoral, ni Troyano Marketing y Diseño SL ni Área de Recursos SL declararon la existencia de ese pago al Tribunal de Cuentas, responsable de fiscalizar las cuentas de los partidos en las generales. Tampoco fue “imputado tributariamente el Partido Popular como cliente final”, especifica el informe. Es decir, que oficialmente ese gasto nunca existió y, por tanto, no pudo tenerse en cuenta para comprobar si la formación había respetado el límite presupuestario para esa cita con las urnas. En total, según los documentos descubiertos en los registros, el expresidente del Gobierno se presentó a las generales de 2011 con unos 250.000 euros abonados con facturas falsas o directamente sin declarar. Se trata del primer informe policial que revela la existencia de irregularidades en esa campaña. Hasta ahora, las diligencias del caso Púnica se habían centrado en las generales de 2008 y en las municipales y autonómicas de 2007 y 2011. Como ya desveló este diario, en las generales de 2008, en las que también se presentó Rajoy como cabeza de lista de los populares, el PP de Madrid habría aportado otros 685.000 euros de origen ilícito. El total del dinero B manejado por Génova en estas citas superaría ya los siete millones de euros.
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-06/mariano-rajoy-generales2011-uco-guardia-civil-facturas-falsas-pagos-ocultos-punica_1806870/
EL PP DE MADRID USÓ FACTURAS FALSAS PARA PAGAR ACTOS DE RAJOY Y AGUIRRE EN 2011
La Guardia Civil acredita que el PP usó dinero negro, subvenciones públicas y fondos de su cuenta de funcionamiento ordinario para doblar el presupuesto legalmente permitido en la campaña de 2011
El Partido Popular de Madrid acudió a las elecciones locales y autonómicas de 2011 con más del doble del presupuesto que declaró a la Cámara de Cuentas. La diferencia salió de presuntas donaciones ilegales de empresarios, de subvenciones públicas desviadas fraudulentamente y de la cuenta de funcionamiento del partido, una práctica sancionada por la normativa electoral. Entre los actos financiados irregularmente, hay mítines y foros en los que participó Mariano Rajoy. Así lo recoge un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado el pasado 11 de enero que acaba de ser incorporado al caso Púnica y al que ha tenido acceso El Confidencial. Según los expertos en delitos económicos del Instituto Armado, la formación que entonces lideraba Esperanza Aguirre se presentó a esos comisión con fondos opacos por valor de al menos tres millones de euros.
La mayor cuantía dedicada habría salido de la cuenta de funcionamiento ordinario de la formación mediante facturas falsas. Según el informe de la UCO, de 128 páginas de extensión, Génova se habría concertado con varias agencias de comunicación para abonar por adelantado diferentes partidas electorales por importe de hasta dos millones de euros con el objeto de que estos pagos quedaran fuera del periodo de campaña y, de ese modo, el partido no fuera sancionado por rebasar el límite legal de gasto, fijado por la Cámara de Cuentas en 3.229.342 euros. El PP declaró finalmente 2.986.624 euros, pero los expertos policiales sostienen que, en realidad, dedicó unos 6,2 millones de euros, más del doble.
La regulación prohíbe abonar costes de campaña con cuentas bancarias distintas a las habilitadas específicamente para ese fin, pero el PP usó El Laboratorio de Almagro 36 SL, Back RVS Producciones Culturales Comunicación y Servicios SL y otras compañías de su confianza para sortear esa restricción. “Proveedores directos de la campaña electoral del Partido Popular de Madrid, como la empresa Central de Producers Madrid SL, no fueron contratadas por la citada formación política, sino subcontratados por una empresa intermediaria —El Laboratorio de Almagro 36 SL—, la cual ocultó la verdadera naturaleza electoral de los trabajos encargados y facturados, sirviéndose para ello de una facturación anticipada y abonada meses antes de los comicios electorales referenciados por el Partido Popular de Madrid, al objeto de omitir cualquier posible referencia con los servicios verdaderamente realizados para la campaña electoral”.
La empresa Back RVS SL fue instrumentalizada por el PP del mismo modo. La agencia habría manipulado facturas para encubrir el pago de gastos de esa campaña con dinero procedente de la cuenta de funcionamiento ordinario. Entre los actos financiados irregularmente, se encuentra un acto celebrado el 28 de abril de 2011 en Alcalá de Henares sobre inmigración en el que Esperanza Aguirre estuvo acompañada por Mariano Rajoy, entonces candidato a la presidencia del Gobierno. Otra decena de actos de Aguirre se costearon con idéntico método a través de Back RVS SL.
Según los investigadores, 1.160.754,74 euros salieron de la cuenta de gastos ordinarios del PP en los meses previos a las elecciones para abonar presuntos importes relacionados con la campaña. Con todo, la UCO sostiene que la cifra real ascendería a dos millones de euros. “La localización de sendos duplicados de facturas emitidas por la empresa El Laboratorio de Almagro 36 SL, que en su primera versión contemplaban referencias explícitas a la campaña electoral y que en la versión definitiva fueron omitidas, refleja la intencionalidad de la finalidad pretendida que no es otra, a juicio policial, que la de evitar que en las facturas emitidas a la formación investigada se incluyese cualquier concepto o referencia a los comicios electorales que revelase la verdadera naturaleza del objeto de las prestaciones realizadas”.
Como adelantó El Confidencial en agosto de 2017, la UCO también considera acreditado que el PP utilizó facturas falsas para desviar subvenciones públicas adjudicadas por el propio Gobierno de Aguirre a la fundación satélite del partido, Fundescam. La entidad recibió ayudas para evaluar los efectos de la crisis en el mercado de trabajo y difundir el conocimiento del sistema democrático en la comunidad, pero ese dinero se utilizó en realidad para costear “cenas de Navidad, gastos de celebración de congresos, actos de Nuevas Generaciones y, sobre todo, gastos relativos a encuestas y sondeos de intención de voto”.
En la trama participaron empresas como Área de Recursos SL, Hermanos Barral SL y Demométrica SL, que supuestamente se prestaron a modificar los conceptos de las facturas para que estas pudieran ser afrontadas por Fundescam con cargos a las subvenciones que había recibido. El importe defraudado por esta otra vía ascendería a 109.827 euros.
Púnica hizo 'precio amigo' al PP: 28.320€ por 13 mítines de Rajoy, Aguirre, Gallardón...
La contabilidad de Waiter Music revela que el PP solo pagó 28.320 euros por la organización de 13 mítines de la campaña de las municipales de 2011, incluyendo el cierre de campaña con Rajoy
Otros 1.250.000 euros abonados durante la campaña habrían salido de presuntas aportaciones no declaradas de empresarios afines al PP. El informe destaca el papel que habría jugado en esta parte de la trama OHL, tras analizar el contenido de varias agendas manuscritas por el consejero de la constructora Javier López Madrid. En uno de esos documentos, descubiertos en registros policiales, el directivo habría anotado poco antes de los comicios de 2011 que OHL era una “empresa amiga” del PP de Madrid durante el “periodo electoral”. En ese momento, la compañía estaba negociando con la Comunidad de Madrid el abandono del proyecto del Cercanías de Navalcarnero, una concesión que se volvió ruinosa con el estallido de la crisis económica. El presunto receptor de las donaciones fue Francisco Granados, quien también usó una agenda para reflejarlas.
Esos 1.250.000 euros de dinero B obtenidos de empresas como OHL y anotados en una especie de contabilidad paralela por Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid y máximo responsable financiero de esa campaña, “habrían sido utilizados para la adquisición de espacios electorales” en medios de comunicación y publicidad exterior.
La UCO concluye su informe apuntando que todas estas presuntas prácticas permitieron al PP madrileño “superar el límite de gasto legalmente establecido, concurrir a los referidos comicios electorales en unas condiciones de superioridad de gasto y también eludir los controles y fiscalización ejercidos por los organismos encargados de la misma”.
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-05/pp-madrid-facturas-falsas-actos-electorales-rajoy-aguirre-elecciones2011_1804814/
AGUIRRE DUPLICÓ EL GASTO MÁXIMO LEGAL DE CAMPAÑA EN LAS AUTONÓMICAS DE 2011
La Guardia Civil eleva a 6,2 millones los fondos utilizados, de los cuales 1,35 se justificaron con facturas falsas
En mayo de 2011, Esperanza Aguirre logró la mayor victoria electoral de su carrera política. En las elecciones autonómicas, encadenó su tercera mayoría absoluta y disparó la representación del PP en la Asamblea de Madrid hasta los 72 escaños de 129 posibles. Aguirre batió al socialista Tomás Gómez en todas las comarcas y se convirtió, de paso, en el principal contrapeso a Mariano Rajoy en la formación conservadora. Esas plusmarcas iban acompañadas de otra que, de haberse tratado de una competición deportiva, habrían supuesto la descalificación de Aguirre. La entonces presidenta madrileña acudió a aquellos comicios –al igual que a los de 2007– fuertemente dopada desde el punto de vista económico. Un informe de la Guardia Civil señala que el PP regional gastó en aquellas elecciones 6,2 millones de euros, casi el doble de lo legalmente establecido.
De este montante, al menos 1,25 millones de euros provienen de la caja b que manejaba en entonces gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez y que se nutría de fondos aportados por el exconsejero Francisco Granados. El mismo informe, entregado al juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, señala que esta financiación excesiva –al menos 1,31 millones de euros- se camufló mediante facturas falseadas en las que se alteraba la fecha de realización de los trabajos, de modo que se asignaban a otros periodos ordinarios gastos que correspondían realmente a la campaña electoral.
El nuevo documento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil completa otro entregado al magistrado en febrero de 2017 sobre los gastos electorales del PP madrileño en los comicios autonómicos de 2007 y 2011 y en las generales de 2008. Al igual que el informe anterior, otorga a Beltrán Gutiérrez la responsabilidad por las artimañas para que el partido partiera en una posición de superioridad económica en los comicios. Sin embargo, en este caso el método de trabajo es distinto.
Los investigadores han detectado que los archivos intervenidos a Gutiérrez en el registro de su despacho sobre las elecciones de 2011 son “menos prolíficos” que los referidos a las convocatorias anteriores, y lo atribuyen al hecho de que el estallido del caso Gürtel, en febrero de 2009, llevó a los responsables del partido a establecer “medidas de seguridad” para “disminuir la constancia documental de los métodos de financiación”. Esto es, a destruir posibles pruebas.
La UCO ha reconstruido el recorrido del dinero no ya con los archivos de Beltrán Gutiérrez, sino a partir de la documentación intervenida a las empresas que prestaron servicios al PP para las elecciones de aquellos años. Esos archivos, “de gran importancia”, según los agentes han permitido establecer que el partido de Aguirre gastó 6,2 millones de euros en las autonómicas de 2011 cuando el máximo que permitía la ley era de 3,23 millones –cifra resultante de multiplicar por 0,50 euros el número de habitantes de derecho de la Comunidad de Madrid en aquel año-. La cantidad presupuestada, gracias al entramado de facturas falsas y dinero negro, duplica ampliamente a la declarada a la Cámara de Cuentas, que fue de 2,98 millones.
El informe policial señala que al menos 109.827 euros de una subvención concedida a la fundación Fundescam, vinculada al PP, fueron desviados para gastos electorales como encuestas y sondeos. Los investigadores subrayan el papel de la empresa El Laboratorio de Almagro, que supuestamente giró facturas falseadas por valor de 1,16 millones de euros y creó un sistema de facturas entre sociedades para ahorrarse impuestos. También destacan la actuación del empresario Ricardo Vázquez, que supuestamente emitió una factura irregular de 44.595 euros.
Los mecanismos de financiación irregular del PP madrileño durante la campaña electoral de hace ocho años quedaron consignados en un documento de Beltrán Gutiérrez. El entonces gerente consignó con la letra “a” el dinero abonado desde la cuenta corriente creada para el periodo de campaña, como exige la ley de financiación de partidos. Con la “f” figuran los importes procedentes de Fundescam. Con la “c”, fondos de la caja b del PP que controlaba Gutiérrez y que nutría Granados. Con la “p” se designaban importes abonados con cargo a la cuenta corriente de funcionamiento ordinario del PP madrileño, algo vetado por la ley. Finalmente con la “m” se señalaban los importes desviados desde la cuenta de las elecciones municipales.
https://elpais.com/politica/2019/02/04/actualidad/1549305041_480954.htmlEL PP DE MADRID DESVIÓ SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA PAGAR LA CENA DE NAVIDAD
Un nuevo informe de la Guardia Civil acredita en la Audiencia Nacional la financiación ilegal del Partido Popular de Esperanza Aguirre. Obtuvo 1.250.000 euros en negro y desvió de forma ilícita subvenciones públicas concedidas a la fundación Fundescam, para abonar actos del partido y de campaña electoral en las autonómicas de 2011. El informe también revela que el PP hizo trampas para pagar menos impuestos y usó empresas tapadera y facturas falsas para enmascarar pagos
El juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que investiga la financiación ilegal del PP en Madrid detectada en los casos Púnica y Lezo, acaba de recibir un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que corrobora la financiación ilegal del PP en la campaña de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2011, con un millón doscientos mil euros en negro.
Pero no solo había dinero b. Los agentes acreditan que el PP desvió fondos públicos de manera fraudulenta, para pagar la campaña electoral. Subvenciones abonadas a la fundación Fundescam fueron falseadas e ilícitamente desviadas para abonar un Congreso del PP, un acto de Nuevas Generaciones, y hasta la cena de Navidad del PP en Madrid.
Algunas de estas actuaciones son groseras, según el informe. Fundescam recibió una subvención pública para “evaluar la repercusión de la crisis en el empleo de los municipios del corredor de Henares y la zona norte de la Comunidad”, pero en realidad, los 40.000 euros públicos concedidos fueron utilizados para encuestas electorales del PP.
También desviaron a gasto electoral un total de 200.000 euros más, concedidos a la misma fundación para “difundir el conocimiento del sistema democrático y la realidad política y sociocultural de la CAM”.
Quien aprobaba las subvenciones para Fundescam era el expresidente Ignacio González, con lo que “todo quedaba en casa” según fuentes de la investigación.
Las irregularidades reflejadas por el informe de la UCO no acaban ahí. El PP llegó a diversificar el pago entre numerosas empresas de forma ficticia para pagar menos impuestos.
También promovió la utilización de sociedades tapadera para enmascarar el trasiego y ocultación de facturas. Una de ellas se llamaba tal y como se movía el dinero “Paquí Pallá SL”.
Los principales responsables, según el informe, fueron el exgerente Beltrán Gutiérrez, Francisco Granados o Borja Sarasola en el apartado político, mientras que los agentes también dedican un capítulo especial al exconsejero de OHL, Javier López Madrid, implicado en los supuestos sobornos a cambio de obra pública en la comunidad.
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