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MATERIAL DE LECTURA BÁSICO : AÑO 2018
EL JUEZ DA UN IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN DE LA PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE AGUIRRE
IU APREMIA AL JUEZ DE PÚNICA A DECIDIR YA SI IMPUTA AL PP Y A ESPERANZA AGUIRRE
LA CÁMARA DE CUENTAS REFUERZA LAS SOSPECHAS SOBRE UN MACROCONTRATO DE PUBLICIDAD INVESTIGADO EN 'PÚNICA'
UN EXDIRECTIVO DE ICM MANTIENE QUE GONZÁLEZ ORDENÓ RECAUDAR UN MILLÓN DE EUROS PARA EL PP MADRILEÑO
ESTOS SON LOS AUDIOS DEL EMPRESARIO MARJALIZA DENUNCIANDO PAGOS AL PP
LA CORRUPCIÓN AFLORA EN EL YERMO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA LOS CONTRATOS Y PAGOS PERDIDOS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ESPERANZA AGUIRRE
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA UNA DENUNCIA DE ANTICORRUPCIÓN SOBRE EL DESFALCO DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA IMPULSADO POR AGUIRRE Y GONZÁLEZ
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA EL AGUJERO DE 100 MILLONES EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ESPERANZA AGUIRRE
EL ARROZ ‘EN NEGRO’ DEL PP DE ESPERANZA AGUIRRE
UN EMPRESARIO DE PÚNICA: “ME PEDÍAN A MANOLO ESCOBAR FUERA DE CONTRATO Y LUEGO AMAÑABAN LA FACTURA”
LA UCO BUSCA PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID EN ORDENADORES DE INDRA Y PWC
LA EXDIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE AGUIRRE DICE QUE LOS CONSEJEROS USABAN DINERO PÚBLICO PARA PROMOCIONARSE
LA JEFA DE PRENSA DE AGUIRRE Y GONZÁLEZ CONFIESA LOS PAGOS CON DINERO PÚBLICO EN PÚNICA
EMPRESARIOS DAN AL JUEZ FACTURAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID
AGUIRRE PAGÓ 90 MILLONES A LA EMPRESA ACUSADA POR GRANADOS DE FINANCIAR AL PP
GRANADOS SALVA A RAJOY MIENTRAS IMPLICA A AGUIRRE CON LOS PRIMEROS DOCUMENTOS QUE ENTREGA EN PÚNICA
EL ORGANIZADOR DE LOS MÍTINES DE AGUIRRE CONFIESA QUE COBRÓ EN B DEL PP MADRILEÑO
EL JUEZ DE PÚNICA COMPARA LAS PRÁCTICAS DE LA TRAMA CON LA MAFIA SICILIANA
LA JEFA ACTUAL DEL IMSERSO LLEVÓ AL NOTARIO EL SAQUEO DEL PP DE MADRID
LA COMUNIDAD DE MADRID ELIMINÓ LOS CORREOS DE GRANADOS QUE LE RECLAMA EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’
LA RESISTENCIA DE GRANADOS A ADMITIR CUALQUIER DELITO FRENA LAS REVELACIONES SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
GRANADOS INVOLUCRA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
GRANADOS DECLARA QUE IGNACIO GONZÁLEZ USABA LA AGENCIA DE INFORMÁTICA DE MADRID PARA VIGILAR A ALTOS CARGOS
GRANADOS AL ATAQUE: INVOLUCRA A AGUIRRE, CIFUENTES Y GONZÁLEZ EN LA FINANCIACIÓN EN B
EL JUEZ DA UN IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN DE LA PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE AGUIRRE
García Castellón acuerda solicitar a Hacienda y bancos información sobre empresas que habrían ayudado a sufragar la campaña de 2011 a través del ICM madrileño.
Ignacio González era el secretario general del PP madrileño en las fechas que se investigan.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado -después de recibir un informe de la Guardia Civil interesándolo- solicitar a la Agencia Tributaria y a distintos bancos información financiera sobre personas físicas y jurídicas que habrían facilitado la presunta financiación irregular del Partido Popular madrileño, en concreto la campaña electoral del 2011 de Esperanza Aguirre, a través de la Agencia Informática de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM).
García Castellón libra distintos mandamientos judiciales para que se envíe información a la Policía Judicial sobre operaciones realizadas entre enero de 2010 y diciembre de 2014. Solicita, en concreto, información sobre los empresarios José Miguel Alonso Gómez y Juan Miguel Madoz Echevarría, sobre este último pide detalles sobre sus sociedades, partícipes, operaciones en efectivo y con cheque bancario así como sobre alquiler de cajas de seguridad.
En enero de este año, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó unir en una misma pieza la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño en los marcos de los casos Púnica y Lezo. Es decir, la que se hubiera producido cuando Francisco Granados e Ignacio González eran secretarios generales de dicho partido a nivel regional.
El juez vio entonces indicios de que en ambas campañas se habría recurrido a mecanismos de financiación ilegal que describió así: "eludiendo la fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas de Madrid, abonar a distintas empresas proveedoras la deuda generada por su intervención en la citada campaña electoral, sirviéndose del ente público ICM para hacer llegar a través de una de las empresas adjudicataria de sus contratos -Indra- el dinero destinado a afrontar el pago de las deudas de sus proveedores electorales". Pagos que, según la investigación, se canalizaban a través de distintas empresas instrumentales vinculadas a empresarios investigados como Oscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echeverría y José Miguel Alonso Gómez.
Campaña de Aguirre con González al frente
Precisamente sobre estos dos últimos empresarios, sus compañías y la compañía Indra pide ahora información el juez García Castellón, lo que supondría un impulso a la investigación que lleva frenada desde enero.
Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil que motiva las actuaciones solicitadas por el instructor se centran en la etapa en la que Ignacio González era el secretario general del Partido Popular madrileño.
Además de los informes detallados sobre Madoz Echevarría y Alonso Gómez, el juez pide información de distintas cuentas bancarias entre el 2010 y el 2014 a Banca March, Banco Popular, Caixa Bank, Bankinter y Banco de Santander; información sobre las sociedades Pamaz SL, Swat SL, Strat Map SL, The Cell Core SL, Formasellect Consulting SL, Demometrica Investigación de Mercados y Opinion Pública SL y Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE). Asimismo, el juez también solicita la información sobre las relaciones comerciales entre Indra Sistemas SA y todas estas sociedades
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181221/impulso-investigacion-presunta-financiacion-irregular-pp-aguirre/362215204_0.htmlIU APREMIA AL JUEZ DE PÚNICA A DECIDIR YA SI IMPUTA AL PP Y A ESPERANZA AGUIRRE
La acusación popular del partido que lidera Alberto Garzón aprecia delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias o blanqueo de capitales La "implicación, complicidad y cercanía" de la expresidenta con Francisco Granados hacen imprescindible su imputación, según el escrito El juez García-Castellón rechazó en febrero las imputaciones, pero IU considera que la investigación ha arrojado nuevos indicios La acusación popular de Izquierda Unida reclama al juez d el caso Púnica, Manuel García-Castellón, que decida ya si va a citar como imputado en esa causa al Partido Popular como persona jurídica y a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien dimitió en abril de 2017 tras la entrada en prisión de su sucesor Ignacio González por el saqueo del Canal de Isabel II.
El pasado febrero, el magistrado ya rechazó ambas imputaciones y determinó que será el "resultado de las diligencias practicadas" en la investigación lo que determine el devenir de sus actuaciones. Ahora, en un nuevo escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la representación legal de IU pide la imputación de la formación conservadora al considerar que " en el trasfondo de las actividades criminales que realizaba la organización criminal que comandaba Ignacio González (...) se encontraba el propio PP", partido al que sitúa como "beneficiario directo de las actividades de la trama".
IU alude al supuesto desvío de fondos desde la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid en los ejercicios 2012 y 2013 para el pago de gastos de campaña, unos ingresos que el partido no habría reflejado a la Hacienda Pública. Además, según IU, de la información que Indra puso recientemente a disposición del juzgado, se deduce que el PP se valió de la tecnológica para llevar a cabo esa conducta. La representación de IU aprecia en el supuesto desvío de fondos desde la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid o Indra al PP, en los ejercicios 2012 y 2013, los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, así como la perpetración de un delito electoral".
Sobre Aguirre, IU entiende que su grado de " implicación, complicidad y cercanía" con el principal cabecilla de la trama corrupta, además de la propia responsabilidad que tenía como presidenta del PP de Madrid, hacen imprescindible que comparezca como imputada para responder sobre su participación en posibles delitos de encubrimiento, pues el partido considera que evitó de forma "consciente" denunciar "las actividades ilícitas llevadas a cabo por Ignacio González y su red corrupta".
https://www.eldiario.es/politica/IU-Punica-PP-Esperanza-Aguirre_0_815419230.htmlLA CÁMARA DE CUENTAS REFUERZA LAS SOSPECHAS SOBRE UN MACROCONTRATO DE PUBLICIDAD INVESTIGADO EN 'PÚNICA'
El órgano fiscalizador concluye que el Canal de Isabel II adjudicó a una empresa 5,56 millones sin transparencia y sin justificar siquiera por qué había cuantificado la licitación en ese importe Un directivo de la firma beneficiada ya admitió ante el juez que ignora "si tiene sentido" que el Gobierno madrileño asignara una cifra de tal calibre a propaganda del uso racional del agua pero negó que sirviera para financiar al PP Un informe emitido el pasado 25 de julio por la Cámara de Cuentas de Madrid ha venido a reforzar las sospechas de juego sucio en uno de los mayores contratos de publicidad que investiga la Audiencia Nacional dentro de la Operación Púnica.
Relativo al Canal de Isabel II, el dictamen del órgano fiscalizador concluye que la empresa de aguas adjudicó en enero de 2014 a una misma compañía –Arena Media, del grupo Havas– 5,56 millones por una amalgama de servicios publicitarios que se agruparon sin que nadie explicase el porqué, lo que lesionó el principio de transparencia. Y que se cuantificaron en un importe multimillonario (4,6 millones sin IVA) sin que tampoco nadie se molestara en dejar en el expediente administrativo una sola pista de cómo se había alcanzado esa cifra. ¿Es este uno de los contratos públicos que, supuestamente, utilizó la Comunidad de Madrid durante los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González para financiar campañas del PP? El interrogante sigue hoy abierto, pero es justamente el que alimenta la investigación judicial sobre la millonaria adjudicación del contrato bautizado como de "Servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de comunicación de Canal de Isabel II Gestión SA".
El contrato, de 15 meses de duración e "incorrectamente" prorrogado –denuncia la Cámara–, se extendió hasta 2015. Su ejecución coincidió por tanto con dos años electorales: 2014, en que se celebraron comicios europeos; y 2015, en que hubo elecciones autonómicas y municipales en mayo y, finalmente, generales en diciembre. Como desveló infoLibre, el expediente administrativo lleva desde el otoño de 2016 en manos de la Oficina Antifraude de la UE (OLAF).
En el escrito con el que reclamó la documentación del contrato, la OLAF hizo constar que "posiblemente" se había cofinanciado con dinero europeo. Ante el juez del caso, el que en 2014 era director general de Arena Media, David Colomer, ya admitió como testigo que ignora "si tiene sentido" que un gobierno dedique una partida de semejante envergadura a propaganda mediática sobre el uso racional del agua. Cuando el magistrado le interpeló sobre por qué el Ejecutivo regional había externalizado la tarea de insertar anuncios en lugar de encomendársela a su Dirección General de Medios, el testigo respondió así: "Buena pregunta".
El ejecutivo negó no obstante que los fondos se hubieran usado para financiar al PP. Y descartó que parte de los trabajos hubieran sido subcontratados a Alejandro de Pedro, el experto en reputación online que, según la investigación, lavó en internet la imagen de diversos dirigentes del PP con cargo a contratos públicos de teórica índole institucional . Expertos en publicidad consultados en su día por este periódico explicaron que cuando una central de medios contrata publicidad a gran escala en periódicos, radios o televisiones, suele obtener espacios gratuitos en esos mismos medios. Y esos espacios puede dedicarlos, si quiere, a insertar anuncios de sus clientes prioritarios.
El mensaje del conseguidor Alejandro de Pedro El porqué de las preguntas que tanto la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) como el juez formularon al exdirector general de Arena Media sobre Alejandro de Pedro tiene su explicación en las conversaciones interceptadas en la Operación Púnica. En uno de los sms cruzados entre el empresario y la que durante la etapa de Aguirre y González fue directora general de Comunicación, Isabel Gallego, constata que De Pedro le pidió que le transmitiera un mensaje a Salvador Victoria, en 2014 número dos del Gobierno de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, apenas dos semanas después de que Arena Media hubiese obtenido el contrato. El mensaje decía literalmente esto: "Isa solo una cosa me imagino que estarás en la asamblea [de Madrid]. Podrías decirle a salva si puede desayunar conmigo, sé q han adjudicado el tema pero yo sigo igual, sin noticias. Quería q me pusiera ya la reunión con arena". El exdirector de Arena confirmó en su declaración que se había reunido con Salvador Victoria antes de que la adjudicación se formalizara. Pero le restó importancia al asunto: Victoria quería conocer la empresa para saber simplemente cómo había podido hacer una oferta que Colomer vino a definir como muy buena.
Pero si los investigadores de Púnica ya albergaban dudas sobre el objetivo real de ese contrato, el informe de la Cámara de Cuentas madrileña desgrana ahora los puntos que oscurecen esa adjudicación. Constituye, dice el documento [pincha aquí y ve a la página 270 del pdf], "un ejemplo de la falta de determinación precisa y de justificación adecuada de la naturaleza y extensión de las necesidades que el contrato iba a atender". Las "carencias del somero informe de necesidad e idoneidad" –añade el informe– impiden "conocer las razones por las que un conjunto de prestaciones heterogéneas se agrupan en un solo contrato frente a la situación anterior y a la posterior".
Es decir, que ni antes se había seguido ese método ni después volvió a aplicarse. El órgano fiscalizador cita, aplicando su contenido a este caso, una Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (RTACRC) que dispara al núcleo del problema: "La amalgama de tan distintas prestaciones, la indefinición deben llevarnos a concluir que efectivamente se vulnera el principio de transparencia". Pero hay más aún. Al abordar el aspecto de la cuantificación del contrato, la Cámara dice esto: "El expediente declara en diversos de sus trámites que el presupuesto máximo de licitación es de 4.600.000 euros (IVA excluido) pero carece de cualquier justificación o explicación de cómo ha llegado a determinarse dicha cantidad o de su adecuación a las necesidades previstas, al objeto del contrato, a la duración del mismo o al mercado". El colofón final del informe se refiere a la duración del contrato.
El pliego de condiciones, recuerda la Cámara, "declaraba expresamente que el plazo de ejecución del contrato era de 15 meses y que no era procedente la prórroga del mismo". Pese a ello, "el órgano de contratación aprobó incorrectamente la prórroga del contrato".
UN EXDIRECTIVO DE ICM MANTIENE QUE GONZÁLEZ ORDENÓ RECAUDAR UN MILLÓN DE EUROS PARA EL PP MADRILEÑO
Corujo defiende ante el juez que Martínez Nicolás le confesó presiones del expresidente regional pero niega irregularidades en los contratos El exdirector la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid Silvano Corujo ha ratificado este viernes ante el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica, Manuel García Castellón, que el expresidente madrileño Ignacio González le pidió en torno a un millón de euros al exconsejero delegado de la agencia José Martínez Nicolás para financiar determinadas campañas del PP madrileño, aunque ha precisado que él no tenía influencia alguna en las adjudicaciones. Según informan fuentes jurídicas, Corujo, que ha declarado en calidad de testigo, ha explicado que Martínez Nicolás le comentó que se sentía presionado por el encargo hecho por el expresidente de la Comunidad de Madrid, si bien ha apuntado no le consta que se pagaran sobornos a cargos públicos por parte de empresas contratadas con la ICM.
Al respecto, el exdirectivo de la agencia ha asegurado que él formaba parte de las mesas de contratación pero que no ocurría lo mismo con Martínez Nicolás, ya que este no acudía a los comités de dirección ni a las mesas de compra. De hecho, ha dicho que el exconsejero delegado actuó siempre de la mejor manera, según las citadas fuentes. El magistrado que comenzó instruyendo la trama 'Púnica', Eloy Velasco, consideró a Corujo "testigo privilegiado" de los hechos precisamente por su posición dentro de esta agencia. En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción en el año 2015, el testigo expuso que existían determinados contratos "inflados" de la entidad pública con las mercantiles PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra.
En esta ocasión, y preguntado por estos contratos, el testigo ha dicho que desconoce si existían irregularidades puesto que la gestión de estos acuerdos se llevaba a cabo desde la sede del Gobierno madrileño y que el responsable era el entonces secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, Blas Labrador Román, y quien sustituyó a Martínez Nicolás en el cargo desde el año 2014. "Contratos cautivos" A preguntas de la fiscal Carmen García acerca de los "contratos cautivos" con los que González habría ordenado recaudar un millón de euros para financiar irregularmente al PP madrileño y a los que hizo referencia en la denuncia que antepuso en la Fiscalía Anticorrupción, Corujo ha explicado que en este tipo de adjudicaciones siempre hay una empresa que, por su potencial técnico y su conocimiento en la materia, suele ser la que gana los concursos públicos.
Al respecto ha matizado que las órdenes de los contratos vienen de instancias superiores dentro del Gobierno regional y que ICM es simplemente el brazo ejecutor, aunque ha asegurado que no conoce ningún alto cargo de Indra, a quien se le habría encargado la adjudicación del recuento electoral de las elecciones autonómicas. La versión que prestó este testigo en Anticorrupción fue clave para el inicio de la investigación 'Lezo' sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II. Precisamente tanto Martínez Nicolás como Ignacio González están investigados en esta causa, siendo este último el presunto cabecilla de la misma.
https://www.eldiario.es/madrid/exdirectivo-ICM-Gonzalez-PP-madrileno_0_789871389.html
ESTOS SON LOS AUDIOS DEL EMPRESARIO MARJALIZA DENUNCIANDO PAGOS AL PP
El constructor ha reconocido pagos a través de la fundación Fundescam El constructor David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama Púnica, ha reconocido pagos al Partido Popular (PP) a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam), según los audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Las grabaciones son de julio, cuando el empresario declaró ante la justicia, y ahora han sido incorporadas al sumario.
"Mucho tiempo atrás, desde el año 2000 o 2001, Paco, Francisco Granados, me dijo que hiciera aportaciones a Fundescam. He encontrado, después de buscar en toda la documentación que tenemos, un recibo de esas aportaciones. Solo tengo uno, pero hice por lo menos cuatro o cinco aportaciones", reconoció Marjaliza, que colabora con la justicia desde junio de 2015. Durante el interrogatorio, Marjaliza ofrece detalles sobre un pago que supuestamente hizo en la sede del PP en Madrid.
"En el año 2007, una vez que ya nos habían adjudicado obras en el metro, en la Comunidad de Madrid, [Granados] también me dijo que teníamos que tener un gesto y que hiciera una donación en Génova. A través de un exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Bonet [José Fernández Bonet], fui a Génova. Llegamos a recepción. En recepción habló con la señorita de la puerta, yo no tuve carné de identidad, pasé directamente a la quinta o a la sexta planta, y estuve con don Álvaro Lapuerta y con don Luis Bárcenas [extesoreros del PP], y doné 60.000 euros en efectivo". El constructor asegura que las conversaciones en Génova duraron "unos 20 minutos".
"Se habló mucho de que había una pelea entre Nacho [Ignacio González] y Paco [Francisco Granados], y Paco lo que de alguna manera quería era llevarse bien con la [dirección] nacional para que en esa pelea pudiera la nacional decantarse por él. Y por eso fue la donación". Ante la pregunta de por qué accedía a realizar estas "aportaciones", Marjaliza responde que era porque les habían adjudicado obras. "Nos estaban ayudando, estaba dentro de ese contexto de obras, de viviendas y de comisiones".
El constructor también habla de los "regalos" a Granados y su entorno, como las casas de Marbella. "Hemos encontrado los contratos que corroboran los alquileres de esas casas. Lo nuevo es que he encontrado en la contabilidad de la compañía los contratos de alquiler de los años 2006, 2007, 2008, 2009. [...] [La vivienda que usaba Granados] estaba alquilada un mes al año, pero realmente la tenía todo el año".
https://elpais.com/politica/2018/09/20/actualidad/1537394700_672106.html
LA CORRUPCIÓN AFLORA EN EL YERMO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
El juez De la Mata investiga el proyecto de la macrosede judicial de Valdebebas, un agujero de 105 millones de euros Tres calles dedicadas a grandes arquitectos –Julio Cano Lasso, José Antonio Corrales y la glorieta de Aníbal González– delimitan por varios de sus lados uno de los grandes fracasos urbanísticos de la España actual: la Ciudad de la Justicia de Madrid. El proyecto de concentrar todas las sedes judiciales de la capital en 14 edificios de planta circular en la zona de expansión de Valdebebas, junto a los campos de entrenamiento del Real Madrid y la T4 del aeropuerto de Barajas, tenía todos los elementos para naufragar: unos políticos caprichosos, unos directivos enchufados e inexpertos, y una burbuja inmobiliaria que hinchó los precios al mismo volumen que los egos.
Y ciertamente los supo combinar para que el hundimiento fuera estrepitoso. Una década después de que la presidenta madrileña Esperanza Aguirre pusiera la primera piedra, solo un inmueble vacío con forma de donut, llamado a albergar el Instituto de Medicina Legal (IML), dialoga con los grillos y la maleza en un erial de 26 hectáreas.
El IML era el más barato y el más pequeño de los edificios del complejo, y el único que se terminó de construir. Su autor, el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, abandonó el proyecto en noviembre de 2008, siete meses después de la primera piedra. Estaba agraviado porque el edificio de los médicos forenses tenía menos presupuesto que los otros, y temía que por ello la gente dijera que su obra es “una mierda”. “No hay nadie que tenga una idea de cuánto vale la Ciudad de la Justicia y de cómo se asignan los presupuestos”, denunciaba ya entonces Zaera-Polo, a quien presionaban para que el inmueble estuviera listo antes de las elecciones de 2009. Javier Rodríguez, el apoderado de la empresa pública Campus de la Justicia, encargada del proyecto, decía que el IML estaba sobredimensionado.
“Tendría que pasar lo de Chernóbil o algo así para que ese edificio entre en pleno funcionamiento”, manifestó en la Asamblea de Madrid. El agujero para las arcas públicas detectado hasta ahora en el conjunto del proyecto supera los 105 millones de euros. La Ciudad de la Justicia ya no es solo un fiasco urbanístico, económico y político. En ese yermo del noreste de Madrid comienza a aflorar ahora la penúltima causa de corrupción de la justicia española. El sumario, en manos del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, de momento solo es un número, el 91/2018, y todavía no tiene un nombre que lo haga famoso, como Gürtel, Púnica o Lezo. El magistrado, que aún no ha imputado a ningún responsable del proyecto, está recabando documentos para la investigación.
De la Mata no lo tendrá fácil en esta tarea inicial: los ordenadores de la empresa pública Campus de la Justicia, promotora del proyecto, no se encuentran y parte de la documentación ha desaparecido de los archivos. Esto último ha quedado de manifiesto en el macrosumario Púnica, donde una pieza separada investiga los contratos de publicidad de este desarrollo urbanístico, valorados en 6,4 millones de euros. Se trata de una cifra difícilmente explicable cuando lo que se promociona son unos edificios destinados a juzgados, fiscalías y servicios para la Administración de Justicia y no viviendas.
La Ciudad de la Justicia ha sido uno de los ejes de la Comisión de Estudio sobre el endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid que se lleva cabo en la Asamblea regional. Los grupos de la oposición –PSOE, Podemos y Ciudadanos- presentaron el pasado marzo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. El PP, a remolque de la situación, presentó la suya en abril. Ambos escritos hacen referencia, entre otros, a informes de la Cámara de Cuentas autonómica, que recaban irregularidades numerosas irregularidades contables, administrativas y de contratos.
La idea de reunir las sedes judiciales de Madrid, excepto las estatales –Tribunal Supremo y Audiencia Nacional–, dispersas en 15 edificios, la lanzó en 1996 el entonces presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, aunque no fue hasta julio de 2004 cuando su sucesora Esperanza Aguirre anunció su ubicación definitiva en el parque de Valdebebas. Antes de este emplazamiento, el complejo judicial había saltado por varios terrenos candidatos de la capital: el antiguo cuartel de ingenieros de la Ciudad de los Ángeles, los terrenos del depósito del Canal de Isabel II en Plaza de Castilla, las cocheras de Metro de la Avenida de Asturias, los cuarteles de Campamento y la Operación Chamartín. La Ciudad de la Justicia se contemplaba como una verdadera locomotora inmobiliaria de todo el parque de Valdebebas. Al norte de los edificios judiciales, el planeamiento prevé parcelas de suelo comercial, que podrían atraer a grandes despachos de abogados, y también zonas residenciales. Aguirre y el máximo responsable del proyecto, el consejero de Justicia Alfredo Prada, optaron por Valdebebas pese a que el planeamiento urbanístico para su desarrollo no estaba aprobado.
Las obras se iniciaron en abril de 2008, después de un concurso internacional de ideas para el anteproyecto al que se presentaron más de 300 estudios de arquitectura y en el que fue seleccionado el plan de los arquitectos de la Escuela de Madrid Javier Frechilla (1949), Carmen Herrero (1948) y José Manuel López-Peláez (1945). Este proyecto consistía en un conjunto de edificios circulares de distinta dimensión y conectados entre sí. Cada uno de los edificios se encargaría después a arquitectos de fama mundial, como Norman Foster, a cuyo estudio se abonaron casi 13 millones de euros por los proyectos nonatos de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las joyas de la corona del macrocomplejo. La denuncia que ha dado pie a la investigación judicial relata irregularidades desde la misma creación de la empresa pública Campus de la Justicia, en diciembre de 2004, hasta su disolución, en julio de 2014. La propia naturaleza mercantil de la sociedad le permitía eludir las restricciones y controles de las leyes de contratos del sector público.
Campus, presidida por Alfredo Prada, cubrió todos los puestos de trabajo con personas de confianza de los políticos con cargo de directivo y sin experiencia en este tipo de macroproyectos. La gestión de la obra, financiada con dinero público que se pretendía obtener de la venta de las sedes judiciales repartidas por todo Madrid, se externalizó a la consultora de arquitectura Bovis Land Lease, que, según la denuncia cobró cuatro millones, cuatro veces más que el presupuesto inicial. La denuncia señala que el director técnico de Campus, Isabelino Baños, y la persona que tomó las principales decisiones del proyecto, procedía de Bovis. Antes de tomar las riendas del macrocomplejo judicial, defendió los intereses de los propietarios de los terrenos en su negociación con Campus. Este técnico rechazó acudir a la Comisión de Investigación de la Asamblea. Si le llama el juez, no podrá negarse.
https://elpais.com/ccaa/2018/09/21/madrid/1537555970_580587.html
LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA LOS CONTRATOS Y PAGOS PERDIDOS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ESPERANZA AGUIRRE
El informe de la Cámara de Cuentas que ha originado la causa alerta de que no hay rastro de "una buena parte" de la documentación El órgano fiscalizador regional confirmó que faltaban contratos, hojas de contabilidad y justificación que acreditara las partidas El juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción indagan en el agujero de 100 millones que los auditores reflejaron en un cálculo a la baja El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata no lo tendrá fácil en su investigación de las irregularidades del Campus de la Justicia de Madrid, un macroproyecto que se inició en 2004 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre y cuyo legado, más de una década después, es un edifico sin uso y un agujero de 100 millones de euros.
El tribunal ha visto indicios de cuatro delitos (malversación, prevaricación, tráfico de influencias y societario) en la gestión de las macroinfraestructuras que planeaba la Comunidad de Madrid con proyectos encargados a eminencias de la arquitectura de todo el mundo. Bucear en los expedientes administrativos del Campus de la Justicia no será una tarea sencilla para la Audiencia Nacional. Es lo que se deduce del informe de la Cámara de Cuentas en el que se basa la denuncia presentada por el Ejecutivo regional que presidía Cristina Cifuentes el pasado marzo y que ha dado lugar al inicio de esta investigación. En su informe de fiscalización, el organismo auditor admitió que le había sido imposible calcular todo el dinero público que se había tragado el macroproyecto porque faltaban contratos, hojas de contabilidad y documentación para acreditar algunos pagos.
La Cámara de Cuentas examinó todos los años de vida del Campus: los que estuvo en funcionamiento y cuando ya era una sociedad fantasma, sin actividad pero con gastos. En todo caso, la información obtenida sí sirvió a ese organismo para concluir que la empresa pública que se creó para poner en marcha el macroproyecto no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público. El juez De la Mata, que toma ahora las riendas de la investigación, considera que estas prácticas presuntamente irregulares podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.
De hecho, el órgano fiscalizador admitió que el propio cálculo del agujero de 100 millones de euros era una estimación a la baja por la "ausencia" de "una buena parte" de la documentación justificativa. Por ejemplo, en el capítulo de gastos, que asciende a 95,3 millones de euros, muchos de ellos están sin justificar porque se hicieron en base a una documentación de la que no hay ningún rastro. Así ocurre con parte de los 6,4 millones de euros destinados a publicitar las bondades de la unificación de las sedes judiciales, pues en ocasiones "no consta ni el contrato ni la copia de las inserciones concretas". La falta de contratos también afectó a las licitaciones públicas, donde la Cámara sospecha que pudieron producirse amaños. Por ejemplo, los técnicos destacan que en algunos concursos se potenciaron requisitos para favorecer a compañías concretas o se produjeron concurrencias falsas, una práctica habitual para amañar concursos y que consiste en que se presentan a la oferta tres empresas, pero que están vinculadas entre sí.
El descontrol sobre los gastos es el hilo conductor de todas las conclusiones que extrajeron los consejeros de la Cámara de Cuentas. Resaltaron haber encontrado unas transferencia de 9 millones de euros que tardó nueve meses en apuntarse en la contabilidad y sobre la que tampoco se aclaró la entidad de destino. Sobre otras transferencias fue imposible el control porque las entidades bancarias no aportaron todos los datos. Sin colaboración de los bancos En este punto, la auditoría destaca que La Caixa, la entidad con la cuenta más activa, no contestó a los requirimientos de los auditores. Las otras dos entidades financieras en las que el Campus de la Justicia mantuvo abiertas cuentas entre 2005 y 2014 -Caja Castilla la Mancha y Bancaja (hoy Liberbank)- contestaron parcialmente, pero solo sobre algunos de los ejercicios y no a toda la información que se les solicitaba. Con ese mismo problema se encontraron los consejeros del órgano fiscalizador a la hora de analizar los movimientos de las tarjetas de crédito de los directivos de la entidad. "No se ha podido disponer de los datos completos referidos a la operativa de una tarjeta Visa Platino, a pesar de los diversos requerimientos efectuados a la entidad bancaria correspondiente", lamenta la Cámara de Cuentas, que solo pudo detectar gastos por un importe de al menos a 15.647,20 euros que, además, "no se encuentran debidamente justificados". Tampoco pudieron saber los consejeros de la Cámara de Cuentas a qué responde el ingente gasto en comidas y viajes. Su informe resaltó que "no aparece documentalmente justificado, en general, ni los participantes en esas actividades ni el motivo de las mismas, que permita claramente determinar la justificación de su abono por parte de la sociedad". Por otra parte, los auditores también resaltaron la existencia, a partir de 2008 y con prórroga el ejercicio siguiente, de pagos mensuales de 3.500 euros a un determinado fotógrafo, sin que se pudiera localizar "ningún contrato en los archivos [de la Ciudad de la Justicia] que diera cobertura legal al citado pago".
En la investigación abierta ahora por el juez José de la Mata, que ha sido declarada secreta, se ha requerido información a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid. Fuentes de la misma confirman que la Policía Judicial requirió documentación en la tarde del martes a este organismo y que sus responsables actuales la entregaron a los agentes. El Consejero de Justicia más involucrado en el Campus de la Justicia fue Alfredo Prada, padrino político de Pablo Casado, que lo ha devuelto a la dirección nacional del Partido. El proyecto del Campus de la Justicia se inició en 2004 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.
https://www.eldiario.es/politica/ciudad_de_la_justicia-audiencia_nacional-trabas-delitos_0_816119348.html
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA UNA DENUNCIA DE ANTICORRUPCIÓN SOBRE EL DESFALCO DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA IMPULSADO POR AGUIRRE Y GONZÁLEZ
La Abogacía General de la Comunidad detectó en el proyecto incumplimientos de diversas irregularidades contables y de contratación Fiscalía acelera la judicialización del caso Campus de la Justicia para evitar prescripciones La Fiscalía Anticorrupción aceleró la judicialización del posible desfalco del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid para evitar la prescripción de algunos de lo presuntos delitos relacionados con el desarrollo de este proyecto urbanístico fallido, que fue iniciado por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, informa Europa Press.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la investigación que explican de este modo que la fórmula empleada por el Ministerio Público para poner este asunto en manos de la Audiencia Nacional sea la denuncia, que supone poner en conocimiento del juez José de la Mata unos hechos presuntamente irregulares, y no una querella, que debería dirigirse contra personas concretas y requiere una elaboración más precisa. Por otro lado, el motivo por el que esta actuación de la Comunidad de Madrid es competencia de la Audiencia Nacional y no de un juzgado de instrucción ordinario se encuentra en lo elevado de la cuantía presuntamente distraída del erario público.
El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355,92 euros, según el informe en el que se basa la denuncia que fue presentada en su día en la Fiscalía por los grupos parlamentarios de Podemos, PSOE y Ciudadanos. Esta competencia por razón de cuantía se regula en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que señala que corresponde a este órgano investigar defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 admitió la denuncia el pasado 3 de agosto por las presuntas irregularidades acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA y que podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.
Por el momento, Anticorrupción no ha solicitado la citación de ningún responsable autonómico ni de ninguna otra persona en relación con este asunto, según las mismas fuentes, por lo que aún no se puede hablar de imputados en este procedimiento. Sin sistema de control interno sólido El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 la creación de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid SA, una empresa de titularidad 100% pública que nacía con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto, tal y como recogió la orden firmada por la entonces consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, y la propia Esperanza Aguirre. Según el acuerdo que publicó entonces el Boletín Oficial de la región, el objetivo era "el desarrollo y ejecución de los planes, programas y actuaciones para la realización y gestión" de ese proyecto, incluyendo la "enajenación de los inmuebles" que constituían las dependencias judiciales y que iban a devenir en "innecesarios" una vez puesto en marcha el Campus. La sociedad fue disuelta el 31 de julio de 2014, ya con Cristina Cifuentes presidiendo la Comunidad de Madrid. La denuncia admitida ahora se basa en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del pasado mes de marzo en el que se concluye que la mencionada sociedad no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público.
Dicho informe ponía de manifiesto, entre otros elementos, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la incorporación remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc. Igualmente, en el ámbito relativo a la contratación y pagos, el informe describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados.
El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355,92 euros. De todo el proyecto realizado sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono. Operaciones objeto de investigación Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007), la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid (2007), la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación. También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia, el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de la calle Goya 66, la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia, el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel, la edición y distribución del libro "Foster+Partners", el servicio de asesoramiento jurídico o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (2008), entre otros.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/09/19/la_audiencia_nacional_investiga_una_denuncia_anticorrupcion_sobre_desfalco_del_campus_justicia_impulsado_por_aguirre_gonzalez_86890_1012.html
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA EL AGUJERO DE 100 MILLONES EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ESPERANZA AGUIRRE
El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga desde el pasado 3 de agosto el faraónico proyecto de la Ciudad de la Justicia que puso en marcha el Gobierno de Esperanza Aguirre y que nunca llegó a culminarse, informan a eldiario.es fuentes próximas al caso. La investigación parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en relación con distintas prácticas presuntamente irregulares acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA (CJM) y que podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos. La denuncia admitida se basa en el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo pasado en el que se concluye que CJM no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público.
Dicho informe ponía de manifiesto, entre otros elementos, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la incorporación remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc. Igualmente, en el ámbito relativo a la contratación y pagos, el informe describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados. Un gasto de 356 millones de euros El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355,92 euros. De todo el proyecto realizado sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono. Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007), la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid (2007), la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.
También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia, el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de Goya 66, la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia, el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel, la edición y distribución del libro “Foster+Partners”, el servicio de asesoramiento jurídico a CJM o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (2008), entre otros.
El juez ha comenzado a practicar las primeras diligencias para la averiguación de los hechos. Por el momento no hay personas imputadas. Se trata de una investigación declarada secreta por el juez José de la Mata en el marco de la cual se ha requerido información a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid. Fuentes de la misma confirman que la Policía Judicial requirió documentación en la tarde del martes a este organismo y que sus responsables actuales entregaron la misma a los agentes.
El Consejero de Justicia al que salpica el proyecto es Alfredo Prada, hoy integrado en el equipo de Pablo Casado por decisión del nuevo presidente del Partido Popular, según las fuentes consultadas. El proyecto del Campus de la Justicia se inició en 2004 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Impulso de la oposición madrileña Más de una década después de que se colocase la primera piedra el legado de esas aspiraciones megalómanas son un único edifico sin uso y un agujero de 100 millones de euros, según el informe redactado por la oposición en la Asamblea de Madrid que llegó, primero a la Fiscalía de Madrid, y después a Anticorrupción. Ese informe es previo al que cita la Audiencia Nacional.
El pasado abril, en mitad del escándalo del máster falso de la ya expresidenta, el Gobierno autonómico envió a la Fiscalía el informe de fiscalización, en este caso elaborado por la Abogacía regional. Ese documento se basaba en una investigación previa de la Cámara de Cuentas en la que el órgano fiscalizador había detectado la "preponderancia de criterios discrecionales" en la adjudicación de contratos y "la aplicación de fundamentos desiguales en la valoración de las ofertas". En el documento aportado por el Ejecutivo regional, los letrados alertaron de que en ese proyecto se habían incumplido "las normas más esenciales de contratación".
Como otros grandes proyectos de la época de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, el Campus de la Justicia no se libra de la sombra de la corrupción. El mismo acto de colocación de la primera piedra en 2007 se convirtió en un símbolo del despilfarro: costó 1,4 millones de euros. De parte de la organización se encargó la empresa de José Luis Ulibarri, un constructor implicado en el caso Gürtel, que luego fue adjudicatario de contratos que no llegaron a cerrarse. La trama Púnica también aparece relacionada con el proyecto. Entre las empresas sospechosas de haber pagado actos electorales al partido está Over Marketing, de Daniel Mercado, el publicista que ha admitido haber participado en el amaño de contratos con distintas administraciones del PP. Over Marketing y Traci Comunicación -otra de las empresas de Mercado- se encargaron en los primeros años de parte de la promoción de este proyecto, unos trabajos por los que recibieron 362.000 euros.
https://m.eldiario.es/politica/Campus-Justicia_0_816118918.html
EL ARROZ ‘EN NEGRO’ DEL PP DE ESPERANZA AGUIRRE
La Guardia Civil destapa en el ‘caso Púnica’ nuevos desvíos de fondos públicos para pagar 11 actos del partido en tres municipios de Madrid. Entre ellos, una paella de 2.750 euros
La investigación del caso Púnica sigue sacando a la luz nuevos episodios de supuesta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado al juez Manuel García-Castellón el pasado 27 de abril, señala a los exalcaldes populares María de los Ángeles Herrera (Ciempozuelos), Esteban Parro (Móstoles) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio) como presuntos implicados en el desvío de 42.000 euros de fondos públicos para costear 11 actos de su partido en estos municipios, entre ellos varias copas de Navidad para afiliados y una paella de 2.750 euros para atraer nuevos militantes. Todo ello mediante el supuesto uso de facturas falsas o infladas que hicieron pasar como gastos de los festejos populares que financiaban los consistorios. La Guardia Civil tomó declaración como investigados a los dos primeros el pasado 18 de abril. El tercero estaba ya imputado desde su detención en junio de 2015 por el supuesto amaño de un contrato de eficiencia energética en favor de la trama. La UCO acusa a los tres de los delitos de prevaricación, fraude y malversación.
El epicentro de estas supuestas irregularidades es la empresa Waiter Music, especializada en la organización de festejos populares y que ya en otros informes policiales ha aparecido vinculada de manera reiterada a la financiación irregular de mítines del PP de Madrid. Su gerente, José Luis Huerta Valbuena, ha comenzado a colaborar con la justicia y el pasado marzo confesó en la Audiencia Nacional que había montado gratis actos para al partido entonces dirigido por Aguirre a cambio de hacerse con los contratos de las fiestas de los pueblos en aquellos municipios donde gobernaba el PP. A través de tres sociedades, Huerta consiguió entre 2006 y 2012 adjudicaciones por un valor cercano a los 20 millones de euros. El nuevo informe de la UCO, detalla que, en el caso de los tres ayuntamientos ahora investigados, los contratos con los que se hizo sumaban más de 4 millones de euros.
En Ciempozuelos, el informe destaca que Waiter Music se encargó de organizar, al menos, cinco actos del PP, parte de cuyo coste fue posteriormente facturado al propio Ayuntamiento. Este terminó pagando por ellos con cargo a las arcas públicas 19.495 euros. El primero fue el servicio de comidas del mitin que el partido organizó en marzo de 2008, con motivo de las elecciones generales de aquel año. El documento detalla que aquella comida fue encargada a un restaurante de la vecina localidad de Valdemoro y costó 3.600 euros. La operativa se repitió en diciembre 2009 con otro servicio de comidas, en este caso valorado en 7.100 euros, y que sirvió para agasajar a sus militantes con motivo de las fiestas navideñas. En este caso, el coste se cargó a dos actos municipales: un cóctel que se ofreció en homenaje a las personas mayores del municipio y la organización de la cabalgata de Reyes.
En los dos años siguientes, el PP de Ciempozuelos utilizó el mismo sistema para financiar otros dos servicios de comida navideños para sus afiliados, por un total de 6.450 euros. Y en marzo de 2010, para sufragar una paella valorada en 2.750 euros con la que el partido quería “atraer a gente, sobre todo inmigrante y joven” para preparar las elecciones municipales del año siguiente, según recoge un documento interno del partido incorporado al sumario. Finalmente, el informe de la UCO apunta que alguien del Ayuntamiento que no ha podido ser identificado hasta el momento consiguió que Waiter Music le organizara sin coste alguno una fiesta privada valorada en 25.000 euros.
En Móstoles, las sospechas se dirigen hacia siete eventos del PP, aunque la Guardia Civil admite que solo ha recopilado pruebas sobre cinco de ellos. Cuatro son desayunos organizados por la formación entre febrero y abril de 2011 en un hotel de la localidad en la que participaron dirigentes del partido en la región. El informe de la Guardia Civil concluye que los 2.360 euros que costó la instalación del equipo de sonido de todos ellos fueron cargados al consistorio a través de una factura girada por la organización de los actos festivos por del 2 de mayo de aquel año. El quinto acto investigado es una fiesta “campera” que el PP organizó para sus afiliados de Móstoles y Alcorcón, y cuyo importe superó los 12.000 euros. La UCO considera que de esta cantidad, 4.425 euros fueron incluidos de manera irregular a través de seis facturas en los presupuestos de las fiestas locales de septiembre de ese mismo año.
La Guardia Civil también ha encontrado irregularidades similares en la gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio. En este caso, el acto bajo sospecha es un mitin que el PP de esta localidad celebró el 25 de mayo de 2007 como fiesta de fin de campaña de las municipales de ese año. La UCO considera acreditado que Waiter Music nunca facturó los 13.442 euros que costó dicho acto al partido, “sino que enmascaró el coste del evento y lo incluyó en los gastos extras de las fiestas de agosto y septiembre de 2007" del municipio.
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/11/actualidad/1526059604_438423.html
UN EMPRESARIO DE PÚNICA: “ME PEDÍAN A MANOLO ESCOBAR FUERA DE CONTRATO Y LUEGO AMAÑABAN LA FACTURA”
Declaración de José Luis Huerta, propietario de la empresa de eventos Waiter Music
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El empresario José Luis Huerta aseguró ante el instructor de la Púnica que los alcaldes investigados en esta trama corrupta “no paraban de pedirle cosas fuera del contrato” como una actuación del artista ya fallecido Manolo Escobar y que luego “amañaban las facturas” para cobrar el dinero que le debían.
El propietario de la empresa de eventos Waiter Music, en su declaración como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón del pasado 7 de marzo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, mostró ante el magistrado su desesperación por no poder cobrar el dinero que le debían los alcaldes de los ayuntamientos investigados en la trama Púnica. Además, trasladaba al juez su intención de “colaborar con la justicia”.
Este empresario fue arrestado en el marco de la ‘Operación Púnica’ en octubre de 2014. Un mes después, abandonaba la prisión madrileña de Soto del Real tras abonar la fianza de 300.000 euros que le impuso el entonces instructor del caso, el magistrado Eloy Velasco.
Durante la declaración, José Luis Huerta afirmaba que “no podía más” porque los alcaldes “no paraban de pedirle cosas fuera del pliego” establecido. Es en ese momento, García Castellón pide al empresario que profundice y detalle lo que le pedían los regidores.
“Continuamente estaban pidiendo cosas. Una fiesta para no se quién, un escenario… Se hacía el pliego de condiciones, yo pasaba la oferta y desde que se aceptaba el pliego de condiciones hasta que empezaban las fiestas… A lo mejor había 600 mayores que comían y bailaban y que les preparábamos un espacio aparte. Me llegaban y me decían, oye que no son 600, son 1.000 o 1.100. Por lo tanto, tenía que traer más bancos, más mesas, comida para 500 más” se lamentaba.
“Un año”, añadía, “me dijeron tienes que traer a Manolo Escobar. Claro, llevar a Manolo Escobar fuera de pliego ya, supuso el poner un escenario más grande, un cenador más grande, unos camerinos. No paraban de pedir”.
La Fiscalía Anticorrupción le interrumpía para que aclarase “quién no paraba de pedir”. El dueño de Waiter Music contesta que el Ayuntamiento de Valdemoro, concretamente el alcalde de entonces, “José Miguel Moreno o la jefa de Gabinete que era la que… si él no podía”.
“Eran extras continuos” le interpelaba el juez García Castellón y José Luis Huerta apunta que esos extras se pedían “en fiestas casi siempre” y luego “cada 2 meses o 3 meses”. “¿Ese plus continuo al estar fuera de contrato se lo comía usted?” preguntaba el magistrado. “Iba recuperándolo poco a poco como podía con facturas. Si tenías que pasar una factura por 10.000 euros, la pasabas por 14.000 y recuperabas 4.000 aunque no ganabas nada del trabajo“, contestaba el empresario.
“¿Era una factura amañada?” espetaba García Castellón. “Sí, era amañada para recuperar un trabajo que yo había hecho. Eso lo sabía el alcalde, José Miguel Moreno”, destacaba Huerta.
Posteriormente, el instructor le preguntaba por el importe de las facturas amañadas. “Llegaron a deberme 200.000 euros y pico. Todavía me deben dinero, no han terminado de pagarme. De 2006, 2007, 2008, de esos 3 o 4 años”, concluía.
El dueño de Waiter Music también reconoció en su comparecencia que el PP de Madrid le pagó en negro parte del dinero que le debían. Según su testimonio, el gerente de los populares madrileños, Beltrán Gutiérrez, le pagó en ‘b’ con facturas falsas por importe de 50.000 euros el acto de cierre de campaña para las elecciones autonómicas y locales del año 2007 que celebró el PP regional en el Palacio de los Deportes de la capital.
Además, aseguró que siguió trabajando para otros municipios madrileños gobernados por el PP como Algete, que le debía dinero con la esperanza de poder recuperarlo. Entre los eventos que José Luis Huerta reconocía haber organizado en esta localidad se encontraba un mitin para el exministro de Economía Rodrigo Rato, que habría costado 9.000 euros o la comunión de la hija de la exalcaldesa Inmaculada Juárez, que alcanzó el montante de 41.000 euros.
https://okdiario.com/investigacion/2018/05/04/empresario-punica-pedian-manolo-escobar-fuera-contrato-luego-amanaban-factura-2208316
LA UCO BUSCA PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID EN ORDENADORES DE INDRA Y PWC
Los agentes procederán al volcado del contenido de los "numerosos efectos informáticos y dispositivos electrónicos" incautados hace un año Según la investigación, González utilizó la empresa pública ICM para inflar facturas a Indra y PwC, que luego colaboraban para llenar la caja B del partido También se investigarán los dispositivos informáticos del antiguo responsable de ICM y de cargos vinculados a Swat SL
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya tienen permiso del juez para adentrarse en los "numerosos efectos informáticos y dispositivos electrónicos" incautados en las empresas sospechosas de colaborar con la financiación ilegal del PP de Madrid. El juez de Púnica, Manuel García Castellón, ha accedido a que se desprecinten y se vuelque el contenido de los ordenadores de empresas como Indra, PricewaterhouseCoopers (PwC), la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) o Swat SL.
El próximo 8 de mayo, los agentes de la Guardia Civil podrán acceder a esos dispositivos y buscar en ellos información y pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid cuando estaba dirigido por Esperanza Aguirre e Ignacio González. Esta pieza de Púnica nace en realidad de los indicios encontrados en la investigación de otra trama de corrupción, el caso Lezo.
Hace poco más de un año, los agentes de la UCO detuvieron a Ignacio González en su casa de Madrid. Entre las acusaciones del auto que le llevo a prisión, la de haber utilizado a empresas como ICM o el Canal de Isabel II para llenar la caja B del partido, hasta arriba de deudas después de las elecciones autonómicas de 2011.
Según los investigadores, el sistema ideado por González necesitó de la colaboración de José Martínez de Nicolás, antiguo consejero delegado de ICM, empresa pública dependiente del gobierno regional. Los pendrives, tablets y ordenadores que le requisaron a él y a su hijo -que trabajó en PwC- tras su detención también serán ahora analizados.
La investigación ha determinado que Martínez Nicolás aumentó sin justificación los contratos de ICM con PwC e Indra para conseguir hasta un millón de euros extra. González le pidió directamente esta gestión en una reunión que mantuvieron el 7 de junio de 2012, y a la que acudieron representantes de otras empresas públicas madrileñas. El juez señala que Martínez Nicolás accedió e infló los contratos.
Según los informes policiales, solo de Indra salieron 700.000 euros para pagar trabajos que el PP de Madrid había encargado a distintos proveedores. Entre ellos, la consultora Swat SL, una de las piezas angulares en la investigación de la financiación del PP. Los agentes también investigarán la información de los dispositivos electrónicos de José Miguel Alonso, exadministrador de Swat, y Juan Miguel Madoz Echevarría, actual responsable de esa empresa.
ICM también pidió a PwC que inflase contratos. El sumario del caso Púnica recoge que la empresa pública pagó a la consultora por un contrato que no tenía contenido real a cambio de que esta financiase al PP. PwC siempre ha negado esas acusaciones. Según la investigación, este sistema sirvió para pagar a distintos proveedores de la campaña, como Troyano Marketing y Diseño, Braveheart Management, Sintra o Swat SL.
Los agentes comenzarán a sumergirse en los archivos informáticos en busca de pruebas que afiancen estas acusaciones a partir del próximo martes. El juez de Púnica ha accedido a la petición que le hizo la UCO el pasado 12 de abril y fija para el 8 de mayo el "desprecinto y clonado de los equipos y dispositivos intervenidos a los investigados". El desprecinto se tendrá que hacer frente a los letrados de las partes afectadas, si quieren acudir.
A partir de ahí los investigadores tendrán manos libres para indagar en los archivos. El juez aclara que deben centrarse en los ficheros que tengan relación con la presenta causa, evitando aquellos que puedan afectar a la privacidad de los investigados. También les pide que si detectan pruebas de nuevos delitos lo comuniquen inmediatamente.
García Castellón cogió el caso cuando Eloy Velasco, el anterior juez instructor, ascendió a la Sala de Apelaciones, después de que este hubiese detectado numerosas vías de financiación ilegal con las que el PP de Madrid nutría su caja B. El actual encargado de investigar el caso ha profundizado en esas vías, hasta llegar a afirmar que el partido tuvo en época de Esperanza Aguirre una contabilidad diseñada específicamente para ocultar los pagos en negro.
La investigación actual se desprende de la información obtenida en los registros del caso Lezo. El juez decidió a principios de enero unir esas pesquisas al caso Púnica, tras constatar que el PP usó el mismo sistema de financiación en negro en los comicios de 2007 y 2011. Todo era igual y en el organigrama del partido, dijo el juez, solo cambiaba un puesto, el de secretario general del PP de Madrid: en 2007 Francisco Granados, en 2011 Ignacio González.
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https://www.eldiario.es/politica/UCO-pruebas-financiacion-ilegal-PP-Madrid-ordenadores-Indra-PwC_0_767473500.html
LA EXDIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE AGUIRRE DICE QUE LOS CONSEJEROS USABAN DINERO PÚBLICO PARA PROMOCIONARSE
Isabel Gallego ofrece al juez de Púnica un listado de exconsejeros de la Comunidad de Madrid que utilizaron sus departamentos a modo de "chiringuitos" para promocionar su imagen personal a través de encargos a De Pedro Asegura que lo hicieron sin consultar a la Dirección General de Prensa, ya que contaban con su propio equipo de confianza y su propio presupuesto para estas actividades
Salvador Victoria, Aguirre e Isabel Gallego.
La exdirectora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego ofreció al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la trama Púnica, Manuel García Castellón, un listado de exconsejeros del gobierno regional que utilizaron sus departamentos a modo de "chiringuitos" para promocionar su imagen personal a través de encargos online al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro.
"Chiringuito Alfredo Prada: Ciudad de la Justicia; chiringuito Francisco Granados: Agencia de la la Inmigración; chiringuito Lucía Figar: Fundación Madrid; chiringuito Manuel Lamela: 1 por ciento. No se lo puedo explicar más claro", dijo Gallego, que matizó que esto no quiere decir que obtuvieran algún beneficio personal sino que tenían sus propios medios para hacer sus campañas, de acuerdo con la declaración judicial que prestó el pasado 5 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press.
Se refirió así a los organismos que utilizaron dichos exmiembros de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González en la contratación relativa a prensa y publicidad sin consultar para ello con la autorización de la Dirección General de Medios (DGM), puesto que contaban con su propio equipo de confianza y su propio presupuesto para estas actividades.
"Había consejeros que tenían sus propios equipos de confianza y además coincidía con que la estructura de su Consejería tenían organismos con presupuestos para favorecer acciones de comunicación para ellos mismos. No lo quiero decir de manera peyorativa, pero... un chiringuito", dijo Gallego a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.
Así pues, aunque la DGM tenía que dar la autorización en lo que respecta a las campañas de publicidad de los departamentos del Consistorio, ha reconocido que hubo duplicidades en contratos con el informático De Pedro (como en el caso de la Consejería de Educación) y que se enteró de las mismas mucho tiempo después.
Cobros a través del Canal
Respecto a los trabajos de reputación realizados por EICO, la empresa de De Pedro, la exdirectora de la DGM apuntó ante el magistrado instructor que recibió el primer informe de los mismos en 2012 y un año después comenzaron las reclamaciones por parte del informático por una deuda contraída con la Comunidad de Madrid de 40.000 euros.
Gallego le remitió al entonces consejero de Transportes Borja Sarasola, por ser con quien había negociado las condiciones de este contrato, y fue ahí cuando De Pedro le dijo que a él le pagaba el Canal de Isabel II a través de una empresa adjudicataria. Dado que Sarasola se desentendió de la situación, recurrió al entonces consejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria para buscar una solución.
Fue en octubre del año 2012 cuando Victoria le propuso a la acusada formalizar un contrato entre De Pedro, que seguía prestando servicios para la Comunidad de Madrid, y la DGM de 1.800 euros al mes. "Yo le dije que no lo veía, pero él me tranquilizó diciendo que no era un contrato sino el pago de un gasto menor y que era una situación provisional", aseguró Gallego.
Concurso 'ad hoc'
Según el relato de los hechos, Victoria le comunicó que se iba a hacer un concurso ad hoc de la empresa pública madrileña del Canal de Isabel II para concedérselo a la empresa de De Pedro, si bien se acabó adjudicando a otra compañía. Por ello decidió hablar con la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM) para ver si la empresa Indra podría contratarle hasta que salieran un nuevo concurso del Canal.
Así, Gallego no supo aclararle al juez qué trabajos hizo De Pedro a Esperanza Aguirre, al no ser ella la que se encargaba de esa función. Respecto de Ignacio González, dijo que De Pedro se dedicó a poner en valor su gestión en política en calidad de presidente de la Comunidad de Madrid aunque también se le encomendaron trabajos de noticias "más personales" pero que afectaban a su cargo.
"Las noticias eran institucionales y personales y esto era algo que se hacía habitualmente en los departamentos de comunicación", apuntó Gallego en una primera parte de interrogatorio que se reanudará este jueves 26 de abril en dependencias judiciales.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/04/24/la_exdirectora_comunicacion_aguirre_dice_que_los_consejeros_usaban_dinero_publico_para_promocionarse_82098_1012.html
LA JEFA DE PRENSA DE AGUIRRE Y GONZÁLEZ CONFIESA LOS PAGOS CON DINERO PÚBLICO EN PÚNICA
Isabel Gallego reconoce ante la justicia las partidas para la reputación de los expresidentes del PP de Madrid
La tarde infarto en Génova 13 no parece llegar a su fin. Isabel Gallego, la que fuera jefa de gabinete de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid ha confesado en el caso Púnica y ha detallado los pagos de dinero público para los trabajos de reputación online de la ex dirigente y de su sucesor, Ignacio González.
Poco después de que el caso de Cristina Cifuentes se pusiera más cuesta arriba con la apertura de una investigación penal en la Fiscalía, y tras conocerse las puestas en libertad de Carles Puigdemont y sus exconsellers en Bélgica, llegaba el bombazo Púnica.
Gallego ha enviado al juez un escrito donde hace un relato pormenorizado de los hechos de Púnica relacionados con los trabajos de reputación online de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Según su relato, al que ha tenido acceso El Plural, el cabecilla de la Púnica, Alejandro de Pedro, pactó con Borja Sarasola, entonces viceconsejero de Presidencia, los trabajos para Aguirre y González, “así como los pagos, que pasarían por adjudicatarias del Canal [de Isabel II]”.
Tras el nombramiento de Borja Sarasola como consejero de Mediambiente y Ordenación del Territorio, es Salvador Victoria quien se hace cargo de los tejemanejes para pagar a De Pedro los trabajos a Ignacio González. Sin embargo, se ven incapaces de seguir con el desvío desde el Canal de Isabel II. Es aquí cuando, según Gallego, Salvador Victoria pagar al jefe de Púnica con “facturas de gastos menores desde su Dirección General [de Comunicación]”.
“De este modo, desde la Dirección General de Medios de Comunicación se le pagan 21.000 euros del año 2012, facturas mensuales de 1.800 euros del año 2013 y cuatro más en 2014 (7.200 euros)”, concreta Gallego en su escrito.
La responsable de Comunicación de Aguirre relata que, tras estos pagos, De Pedro reclamó una deuda de 100.000 euros “pero que nadie le explica de dónde salen”. Finalmente, Gallego le dice que hable con Sarasola para resolver ese pago y, después, Victoria se “compromete a pagarle a través del Canal y a hablar con el ICM para ver si Indra le puede dar trabajo”.
Dentro de las soluciones para buscar dinero a De Pedro, Gallego relata una “reunión con alcaldes, en la sede del PP, en la calle Génova, presidida por Granados y a la que asistió también Lucía Figar”. Ella niega haber estado o haber sido convocada, pero dice que dentro “les dijeron a los alcaldes que tenían que colaborar después contratando los servicios de De Pedro, lo que provocó el rechazo de algunos (no públicamente) porque no tenían dinero”.
La revelación de Isabel Gallego se produce justo después de la comparecencia voluntaria de Francisco Granados ante el juez. El que fuera número dos del PP madrileño y consejero de Presidencia involucró a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes en la caja B del PP madrileño. Asimismo situó a Isabel Gallego como integrante de la particular guardia pretoriana de González junto a la propia Cifuentes, Jaime González Taboada y Borja Sarasola.
https://www.elplural.com/sociedad/2018/04/05/jefa-prensa-aguirre-gonzalez-confiesa-punica
EMPRESARIOS DAN AL JUEZ FACTURAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID
Dos empresarios confiesan ante el juez financiación ilegal en el PP de Madrid
Granados declara ahora al juez de 'Púnica' que el PP de Madrid se financió con fondos públicos para la reinserción de menores
La Audiencia Nacional ya tiene en su poder facturas que acreditan la presunta financiación irregular del PP de Madrid. En las últimas semanas, al menos dos empresarios han reconocido haber facturado gastos a Fundescam por trabajos que en realidad no se habían realizado para ella, y a eso se suma la última declaración de Francisco Granados, en la que también aportó facturas falsas, aunque en este caso no eran de Fundescam. Así, el juez García Castellón ha acumulado gran cantidad de pruebas de la financiación irregular del PP madrileño. Como ejemplo, es muy ilustrativa la factura emitida por la empresa Hermanos Barral González a Fundescam, que ilustra esta información. Hay que recordar que la propia empresaria María Josefa Barral, a la que pertenece esta sociedad, confesó ante el magistrado que le había emitido una factura a Fundescam aunque jamás había realizado ningún trabajo para ellos ni conocía a nadie de esa fundación del PP. Esa declaración, y las de los empresarios Alfonso del Corral y Daniel Mercado, forman parte de la investigación sobre financiación ilegal del PP de Madrid en la operación Púnica.
Este diario ya publicó los extractos de la declaración de Barral, así como los de su socio, Alfonso del Corral, que realizó trabajos electorales para el PP de Esperanza Aguirre. También se publicó la declaración de Daniel Mercado, que indicó claramente cómo desde el Partido Popular de Madrid le daban instrucciones para desviar gastos de campaña a empresas constructoras.
La empresaria Barral reconoció ante el juez que sólo había facturado esos trabajos inexistentes de su empresa por hacerle un favor a su socio Alfonso, que le dijo que él no podía pasar más facturas a la fundación de los populares.
En la documentación que obra en poder del juez se halla esta factura, fechada en febrero del año 2011, por un importe de unos 45.000 euros.
El concepto de la factura dice literalmente: «Siete dinámicas de grupo entre residentes en pueblos de menos de 10.000 habitantes de la Comunidad de Madrid». El socio de María Josefa Barral tenía una empresa llamada Demométrica, que se dedicaba sobre todo a hacer encuestas y estudios sociológicos y que trabajó a menudo para el Partido Popular. De hecho, el propietario de esta empresa explicó a García Castellón que mantenía habitualmente reuniones con la ex presidenta de la Comunidad de Madrid para tratar sobre estos trabajos. Sin embargo, la empresa de su socia no se dedicaba a este tipo de tareas como la que refleja el concepto de la factura.
Una factura de 45.000 euros
La factura de hermanos Barral por valor de 45.000 euros, junto al reconocimiento de la empresaria de que esos trabajos jamás fueron realizados para Fundescam, y que ella jamas trató con nadie de allí, demuestra cómo el PP de Madrid derivaba gastos a la fundación, presumiblemente para eludir el control del Tribunal de Cuentas sobre sus gastos de campaña.
Con esta documentación y la nueva aportada por Francisco Granados se va estrechando cada vez más el cerco sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño. Las declaraciones de los empresarios han apuntado a uno de los investigados, el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, como la persona de contacto que les indicaba a dónde desviar las facturas para poder cobrar los trabajos de campaña. Granados ha señalado directamente a Aguirre y a Ignacio González. Hay que recordar también que en el otro gran caso de corrupción del PP de Madrid que se instruye en la Audiencia, la operación Lezo, también se investigaba la financiación ilegal, y recientemente se ha incorporado toda esa parte a las actuaciones de Púnica.
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/17/5aac1934e2704ea9668b4637.html
AGUIRRE PAGÓ 90 MILLONES A LA EMPRESA ACUSADA POR GRANADOS DE FINANCIAR AL PP
El Ejecutivo presidido por Ignacio González abonó otros 23,7 millones a la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), que según el cabecilla de la 'Púnica' sufragó en 2007 con facturas falsas una parte de la campaña de Esperanza Aguirre
Los gobiernos encabezados en la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre abonaron entre 2006 y 2012 un total de 90.149.744 euros a la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), acusada el pasado jueves por el ex secretario general del PP y exconsejero de Presidencia Francisco Granados de financiar de forma ilegal las campañas de refuerzo de la expresidenta madrileña, según la información recabada por Vozpópuli.
Los pagos se iniciaron en 2006 en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno, de 24 de noviembre de 2005, que autorizó el convenio de colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Justicia; y la entidad sin fines de lucro GINSO.
En 2005 el entonces vicepresidente y consejero de Justicia e Interior era Alfredo Prada, que el jueves también fue señalado por Granados como el responsable de los pagos presuntamente irregulares de la Comunidad de Madrid a GINSO.
Según Granados, la Comunidad de Madrid había abonado importantes cantidades a GINSO, que a su vez había facturado 150.000 euros a empresas relacionadas con el ex director de Telemadrid Álvaro Renedo y el experiodista de la cadena pública madrileña Germán Yanke, fallecido hace unos meses. Este dinero habría servido, siempre según Granados, para financiar las campañas publicitarias del PP de Aguirre.
El convenio entre la Comunidad de Madrid incluía la construcción y posterior gestión de un centro de régimen cerrado en Brea de Tajo (Madrid), para lo que se autorizaba un gasto de 157.736.025 euros en un plazo de 15 años. El centro, denominado Teresa de Calcuta, fue inaugurado por la presidenta de la Comunidad de Madrid el 30 de septiembre de 2006.
Alfredo Prada
En la inauguración Aguirre, que estuvo acompañada del vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, y el alcalde de Brea de Tajo, Rafael Barcala. El Centro Teresa de Calcuta tiene una capacidad para 157 plazas para menores en régimen cerrado o semiabierto, a los que hay que añadir otros 20 menores de régimen terapéutico, según la información oficial difundida en 2006 por el Gobierno madrileño.
En los dos años siguientes a la dimisión de Aguirre, el Ejecutivo ya presidido por Ignacio González, abonó a GINSO, en virtud del acuerdo de 2006, otros 23.725.000 millones de euros.
63,7 millones con Granados
Pese a que Granados acusó directamente al exconsejero Alfredo Prada de ser el responsable de la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre, llama la atención que en los cuatro años en los que el presunto cabecilla de la 'Púnica' fue consejero de Justicia, departamento del que depende la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción, la cantidad abonada a GINSO fue de 63.717.928 euros.
El Gobierno de Cristina Cifuentes ha abonado, en virtud del acuerdo de 2006, otros 33.737.500 euros entre 2015 y 2018, año en el que ha habido una brusca caída en la facturación de GINSO, que ha pasado de percibir en 2017 un total de 10.037.500 euros a 1.770.000 euros.
https://www.vozpopuli.com/espana/Gobierno-Aguirre-Granados-financiar-PP_0_1117989199.html
GRANADOS SALVA A RAJOY MIENTRAS IMPLICA A AGUIRRE CON LOS PRIMEROS DOCUMENTOS QUE ENTREGA EN PÚNICA
El exsecretario del PP de Madrid se esfuerza en aclarar que Rajoy no sabía nada de lo que ocurría en la primera planta de la sede de su partido
Durante su declaración en el Congreso ya excluyó al PP nacional de sus revelaciones: "He visto muchas cosas, pero todas buenas"
Ha aportado facturas para tratar de probar la financiación ilegal controlada por Aguirre, aunque no ha explicado cómo se movía el dinero
Francisco Granados continúa con el difícil equilibro de destapar la financiación ilegal del PP de Madrid sin que esta le salpique. Esta semana, además, se ha ocupado también de excluir a Mariano Rajoy de todas las irregularidades que se gestaron unas plantas por debajo de donde tenía su despacho. Además, el exsecretario del PP de Madrid ha entregado por primera vez documentos que según él prueban esa presunta caja B del partido que dirigía Esperanza Aguirre.
Lo ha hecho en el tercer capítulo de su anunciaba colaboración con la investigación. En dos sesiones delante del juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, no aportó prueba alguna de la campaña paralela de las elecciones de 2011 que se habría pagado con dinero negro. Esta circunstancia provocó que el fiscal general del Estado, Julián Sanchez Melgar, hiciese referencia a que las acusaciones deben tener un sustento documental: "Las imputaciones se hacen con pruebas".
Así que el exsecretario general del PP de Madrid hizo caso a esa recomendación y acudió el jueves a la Audiencia Nacional con una carpeta llena con una veintena de facturas. "Falsas", explicó ya dentro de la sala de declaraciones, donde añadió que las había encontrado en su casa, revisando algunos papeles de su etapa en política. Algunos abogados interrumpieron para decir que su casa ya había sido registrada por agentes de la UCO y no habían encontrado esos documentos. Una letrada ironizó con que igual la Guardia Civil tenía que volver a revisar el inmueble.
Una parte de esas facturas corresponden a pagos entre GINSO, una asociación para la integración social de menores, e Inver-Eleto SL, una compañía propiedad de Álvaro Renedo, expresidente de Telemadrid, y el experiodista de esa cadena Germán Yanke. Según Granados, ambas mercantiles acordaron la elaboración de varios estudios sobre delincuencia juvenil para la Consejería de Justicia, a cuyo frente se encontraba entonces Alfredo Prada.
Sin detalles de cómo se usó ese dinero
Granados aseguró que Renedo, que insistió en que era íntimo de Aguirre, y Yanke no tenía la capacidad ni los conocimientos para elaborar esos estudios, así que supuso que se trataba de facturas falsas. El exsenador no detalló como había llegado ese dinero a destinarse a pagos de publicidad para la campaña de 2011. Durante su declaración no trazó el flujo del dinero, sino que se limitó a extender las sospechas y a añadir nuevos nombres a su larga lista de salpicados por la corrupción. Ahora serán los investigadores del caso los que comprobarán si se trata de facturas reales o si forman parte de la extensa maquinaría de financiación irregular.
Cuando las fiscales le interpelaron por las facturas, sobre si podía afirmar que se habían utilizado para financiar actos de campaña, Granados dijo que no estaba seguro. Según un letrado presente en la sala, la antigua mano derecha de Aguirre midió sus palabras más que en otras ocasiones porque teme una nueva demanda. De hecho, el miércoles de esta misma semana debe acudir a los juzgados de Plaza Castilla por la querella que le presentó Cristina Cifuentes por lo que dijo de ella en su primera declaración.
También esta semana tendrá que comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Congreso de los Diputados, en la comisión que investiga la financiación del PP. Está citada para el martes, un día antes de que acuda a esa misma comisión el exsocio de Granados, David Marjaliza, y la persona que le está complicando el futuro judicial en Púnica con cada nueva declaración ante el juez.
Rajoy no sabía nada
A ese interrogatorio parlamentario ya se ha enfrentado esta semana Granados, que ya trazó una línea de separación entre el PP nacional, del que dijo desconocer cualquier irregularidad, del PP de Madrid. En su declaración ante el juez ahondó en ese relato que excluye a Rajoy del conocimiento de los desmanes investigados en Púnica.
Según explicó, el entonces candidato a La Moncloa no sabia nada de lo que ocurría en la primera planta de la sede del partido, que aloja al PP de Madrid. La mala relación con Aguirre, que había apoyado a sus adversarios en el Congreso de 2008 por el control del partido, había levantado un muro entre la formación nacional y la regional. Rajoy "no se enteraba de nada", afirmó.
Granados ha continuado así por la línea de no manchar en exceso al partido en el que militó, al que solo reprochó la “expulsión express”. A pesar de los intentos reiterados de los portavoces de la oposición por sonsacarle trapos sucios de la formación a la que perteneció durante 30 años, el se negó: "En el PP he visto muchas cosas, pero todas buenas".
No es la primera vez que Granados le echa un capote al ahora presidente del Gobierno. Ya dijo que él era quien había destapado la trama Gürtel y destapó una supuesta conversación entre Rajoy y Aguirre en la que el primero loaba a Granados y le definía como alguien de quien fiarse. También contó que habló con Rajoy después de que Aguirre le apartase de su Gobierno: le dijo que estuviese tranquilo y que aceptase ser senador. Así lo hizo.
Granados volverá a sentarse de nuevo ante el juez de Púnica, ya después de la Semana Santa. Ahí tendrá ocasión de continuar con este relato por fascículos en el que mantiene un difícil equilibro al intentar destapar la caja B del PP de Madrid sin implicarse. A ese equilibro añade ahora la defensa de Rajoy.
https://m.eldiario.es/politica/Granados-Rajoy-Aguirre-documentos-Punica_0_750675803.html
EL ORGANIZADOR DE LOS MÍTINES DE AGUIRRE CONFIESA QUE COBRÓ EN B DEL PP MADRILEÑO
José Luis Huerta, gerente de Waiter Music, reconoce que cobró 50.000 euros por un mitin de 2007 con facturas falsas y fondos en metálico
El caso Púnica cuenta con un nuevo arrepentido que apuntala la tesis de que el PP madrileño contaba con una caja b. José Luis Huerta Valbuena, gerente de la empresa de organización de eventos Waiter Music, reconoció este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP regional le pagó 20.000 euros en dinero negro en su despacho de Génova 13 “en un sobre amarillo” por el mitin de cierre de campaña de las elecciones autonómicas de 2007. Esta cantidad forma parte de los 50.000 euros que costó organizar ese acto político: el resto de la cantidad la cobró Huerta mediante un talón que le entregó Gutiérrez tras emitir facturas falsas para poder cobrar, según explicó.
El gerente de Waiter Music acudió al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional con ánimo de colaborar con la investigación. Su declaración, afirman fuentes jurídicas, fue “creíble, directa, concreta y espontánea”, y se centró en el acto de cierre de campaña y en la organización de actos en Valdemoro, ciudad donde Francisco Granados, el supuesto cabecilla de la trama, fue alcalde. En el caso del mitin final de las elecciones de mayo de 2007, Huerta contó que recibió una llamada de Edelmiro Galván, asesor de prensa de Granados, para que buscase artistas dispuestos a actuar en directo en el acto político, en el que participaron Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. Tras llamar a varios grupos, solo dos, Azúcar Moreno e Iguana Tango, se mostraron dispuestos a vincular su imagen con el partido.
El acto costó en torno a 55.000 euros, de los que 25.000 fueron para Azúcar Moreno, 15.000 para Iguana Tango y el resto para la producción del evento. Pasaron tres años y Huerta no veía la forma de cobrar, de modo que acudió a Edelmiro Galván, para pedirle que mediara con Granados. Este le contestó en poco tiempo al creer que ese acto ya estaba abonado hacía tiempo, y le remitió a Beltrán Gutiérrez. Según él, el gerente popular, con el pretexto de que había pasado mucho tiempo desde que se celebró el mitin, le pidió que hiciera una factura falsa para poder pagarle un talón por unos 30.000 euros por unos actos en Alcorcón que Waiter Music no había organizado, y el resto se lo abonó en dinero en metálico.
Parte del interrogatorio ha versado sobre sus trabajos en Valdemoro. Según ha relatado, el sucesor de Granados en la alcaldía, José Miguel Moreno Torres, le llamó tras tomar posesión y le dijo: “Tengo el despacho tan lleno de regalos que no consigo ni entrar, pero ninguno es tuyo”. Esta forma de exigir dádivas a cambio de adjudicaciones ha llamado poderosamente la atención del juez García-Castellón, que según fuentes presentes en el interrogatorio, lo ha comparado con la mafia de Sicilia. Antes de volver a la Audiencia Nacional, el magistrado ejerció durante varios años como magistrado de enlace con Italia. Huerta organizó para los políticos de Valdemoro fiestas privadas que no le fueron abonadas.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya destapó el supuesto pago en efectivo por parte del PP de sendos actos del partido en 2006 y 2007 con fondos de "procedencia desconocida". Uno de ellos era el mitin que el 12 de mayo de 2007 celebraron los populares en Valdemoro con motivo de las elecciones autonómicas y municipales, y en el que participaron la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González, y Francisco Granados. El documento cifra en 20.470 euros el dinero en metálico de origen dudoso utilizado por la formación para pagar a Waiter Music. Otros 2.800 euros se camuflaron en sendas facturas emitidas por esta mercantil y otra del mismo empresario, que la UCO tildó de "manifiestamente falsas" y que fueron cargadas al presupuesto de las fiestas patronales que el Ayuntamiento de Valdemoro organizó aquel año.
Huerta se ha detenido también en las fiestas de inauguración de diferentes tramos del Metro de Madrid, que fueron sufragadas por las empresas constructoras de las obras gracias a que los contratos de adjudicación de los trabajos así lo establecían. Las facturas por estas fiestas, que incluyeron actuaciones musicales, camisetas para los vecinos, autobuses descapotables y atracciones para los niños de los barrios donde llegaba el suburbano, se giraron a las constructoras sin mediar un presupuesto, admitió Huerta, que seguirá declarando el próximo 14 de marzo.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/07/actualidad/1520447422_294272.html
EL JUEZ DE PÚNICA COMPARA LAS PRÁCTICAS DE LA TRAMA CON LA MAFIA SICILIANA
El dueño de ‘Waiter Music’ confirma que Beltrán Gutiérrez, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, le pagó 50.000 euros en B por actos de campaña
Este miércoles ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo en la investigación por la trama Púnica José Luis Huerta Valbuena, gerente de Waiter Music, la empresa que organizó las fiestas para los municipios cuyos dirigentes del Partido Popular están salpicados por la trama corrupta.
Durante la declaración, Valbuena explicó que el sustituto de Granados al frente del Ayuntamiento de Valdemoro, José Luis Moreno, le llamó cuando llegó a la alcaldía en 2003 para decirle que tenía la oficina llena de regalos, pero ninguno suyo, tras lo que le pidió que le regalase alguno, dando a entender que se jugaba el puesto. Como le debía dinero y organizaba las fiestas, decidió comprar unos regalos durante dos años.
Esta revelación ha llamado mucho la atención al juez García Castellón, que ha pedido lo repitiese ya que sólo había visto este tipo de comportamientos en la mafia en Sicilia -Castellón estuvo destinado como juez de enlace en Italia- según ha sabido El Plural.
Pagos en B por la campaña de Aguirre
Preguntado por la Fiscalía, Valbuena ha explicado que recibió un pago de 50.000 euros en dinero negro por los conciertos del acto de cierre de la campaña electoral de 2007 de Esperanza Aguirre en el Palacio de Deportes de Madrid.
Le pidieron que buscase artistas para el acto y llevó a Azúcar Moreno e Iguana Tango. A los tres años reclamó el pago por los artistas, a lo que el propio Granados dijo que creía le habían pagado ya y le iba a llamar Beltrán Gutiérrez, el que fuera gerente del PP madrileño y hombre de confianza de Esperanza Aguirre.
En la reunión con Gutiérrez, según relata el gerente de Waiter Music, le pagó un talón de 30.000 euros y le entregó otros 20.000 en efectivo en un sobre amarillo atado con un hilillo, es decir, totalmente en negro.
Fiestas para Granados
Además de estos actos, Valbuena ha revelado que organizó hasta cuatro fiestas en la finca de la madre de Francisco Granados, así como otra en un restaurante como sorpresa para el exconsejero de Aguirre con tuna incluida.
Siempre según la declaración del gerente de Waiter Music, estos actos la mujer de Granados le dijo que se los pagaría una empresa, Vancouver, y que posteriormente se enteró de que en ella participaba el constructor y amigo de Granados, David Marjaliza.
https://www.elplural.com/sociedad/2018/03/07/punica-mafia-sicilia-corrupcion-pp-madrid
LA JEFA ACTUAL DEL IMSERSO LLEVÓ AL NOTARIO EL SAQUEO DEL PP DE MADRID
La actual directora general del Imserso relató ante notario cómo se desviaron fondos públicos destinados a la reinserción de menores en beneficio de los líderes del PP madrileño. Carmen Balfagón, ex responsable de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, que dependía de la Consejería de Justicia, dejó constancia ante notario el 19 de enero de 2012 de que el ex consejero Alfredo Prada le había obligado seis años antes a pagar por trabajos inexistentes a empresas próximas al partido.
El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, puso como ejemplo de financiación irregular del PP madrileño estos pagos hace unos días ante la Audiencia Nacional y están siendo investigados en el marco de la operación Púnica. Balfagón no llega en su relato a acreditar que el destino fueran las campañas electorales del partido, pero sí deja constancia del saqueo de fondos públicos y sostiene que Granados tuvo conocimiento de estos hechos y no quiso denunciarlos.
Según el pormenorizado relato de la funcionaria ante el fedatario público, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en diciembre de 2006 Prada le "solicitó" que se entrevistara con el ex diputado regional Álvaro Renedo. Le explicó que "pertenecía a un grupo de comunicación que estaba dispuesto a realizar una serie de actuaciones encaminadas a poner en valor el trabajo de la Agencia del Menor, así como del conjunto de actuaciones que se venían realizando en la Consejería de Justicia en determinados medios de comunicación social".
Le precisó además que tenía que ponerse en contacto con la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), que "por aquel entonces ya colaboraba con la Comunidad de Madrid en la gestión de un centro para el cumplimiento de medidas judiciales en Brea del Tajo".
La funcionaria siguió las instrucciones de Prada y se reunió con Renedo, que se comprometió a "realizar una serie de estudios". Al escuchar su propuesta, la responsable de la Comunidad de Madrid trasladó a Prada que "no veía la necesidad de dichos estudios ni la necesidad de hacer publicidad de la Agencia del Menor, que no había originado ningún tipo de problema". "Sin embargo", detalla la funcionaria en el acta, "sin atender a mis consideraciones, me insistió en la necesidad de que Ginso firmara el acuerdo de colaboración con Renedo de manera urgente".
Ese mismo mes se "consolidó el acuerdo", a pesar de que trasladó al entonces consejero de Esperanza Aguirre sus quejas por el tono de "exigencia" que había utilizado el ex diputado popular, que tampoco sentó bien en Ginso. "La respuesta fue contundente en el sentido de que no importaban las formas", señala en su confesión.
A partir de ahí se firmaron una serie de acuerdos entre esta entidad, que mantenía un convenio con la Comunidad de Madrid de 15 años de duración para el referido centro de Brea del Tajo, que contemplaban la entrega de estudios vinculados a la reinserción de menores que nunca aparecieron.
A pesar de que el consejero madrileño fue informado de ello, Prada ordenó la firma de nuevos acuerdos. "Me dijo que no era consciente de la importancia que tenía para la Comunidad de Madrid y para él mismo", apunta la funcionaria que le dijo el consejero.
Los contratos se ampliaban y los estudios comprometidos seguían sin aparecer. "Contacté con el consejero Prada para comunicarle esta circunstancia, a lo que me respondió que no me preocupara, que les debían pagar" y que "él sabía lo que hacía", prosigue el relato ante notario. En total fueron abonados 173.800 euros mediante esta operativa.
Este episodio fue comunicado inmediatamente por esta alta funcionaria al sustituto de Prada al frente de la Consejería de Justicia, Francisco Granados. "Fui yo la que se lo comentó y nadie más, ya que por primera vez en mis 39 años de servicios me sentía utilizada y engañada por un superior jerárquico. Una vez que se lo comenté al consejero Granados se puso en contacto conmigo el viceconsejero Salvador Victoria, a quien le expliqué mi preocupación y le aporté copia de todos los documentos que obraban en mi poder", precisó. "El consejero Granados, pasados unos días, me dijo que me olvidara del asunto, que lo dejara estar. Pero no era esa mi intención, ya que no me parecía ético lo que se había hecho".
Balfagón apostilla en el acta notarial que ratificará su testimonio "donde corresponda".
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/21/5ab17ba6e5fdea7d1a8b4575.html
LA COMUNIDAD DE MADRID ELIMINÓ LOS CORREOS DE GRANADOS QUE LE RECLAMA EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’
La agencia autonómica de informática informó que su “política interna” es el “borrado total” de los buzones del personal que se da de baja
Un nuevo agujero documental en la Comunidad de Madrid afecta a la investigación del caso Púnica. La administración regional eliminó todos los correos electrónicos corporativos del exconsejero de Transportes y de Presidencia Francisco Granados, principal imputado en la trama de corrupción. El magistrado instructor, Manuel García-Castellón, reclamó al Gobierno autonómico el pasado 30 de enero que entregara los correos del expolítico entre 2003 y 2011, así como los de su jefe de Gabinete, Ignacio Palacios, y de cuatro exdirectivos de Mintra, la empresa pública de infraestructuras desde la que se construyeron varias líneas del Metro de Madrid. El juez, que busca nuevas pruebas del supuesto amaño en la adjudicación, en 2004, de tres obras del suburbano, y de otras irregularidades en la extinta empresa de suelo Arpegio, envió a la Guardia Civil a recabar esas comunicaciones y ordenó que técnicos informáticos de la Comunidad auxiliaran a los agentes en el volcado. Sin embargo, los policías se fueron con las manos vacías.
“Realizada la búsqueda de las cuentas de Francisco Granados no se encuentra archivo alguno y el informático manifiesta que la información no se puede recuperar porque se borra por política interna”, escribió el letrado de la Administración de Justicia –antes llamado secretario judicial- en el acta. “Tampoco se encuentra información alguna del investigado Ignacio Palacios. Del señor [Jesús] Trabada [ex consejero delegado de Mintra], [José María] Díaz Retana, [Antonio] González Jiménez y [Rafael] Villafáñez Esteban [directivos de Mintra], no se encuentran datos por el informático en la base de datos”, prosigue el letrado.
Los agentes se limitaron a llevarse sendos pantallazos del servidor donde constan los usuarios buscados con la fecha de baja, así como un informe firmado por Julia Molina, directora de Producción y Gestión de Infraestructuras de Madrid Digital. En este documento se constata que en sus registros “no existe ninguna cuenta, ni por tanto, contenido de buzones de correo electrónico, asociada a ninguna de las personas y requeridas”, y a renglón seguido se explica: “Es política de esta agencia realizar un borrado total de los buzones de correo de todo aquel personal que causa baja en la misma”. En su explicación, Madrid Digital no sustenta su “política interna” en ninguna normativa vigente sobre conservación de ficheros, como la Ley Orgánica de Protección de Datos u otras.
Los archivos informáticos de Mintra se gestionan en Madrid Digital desde 2011. Antes se llevaban directamente desde la Consejería de Transportes. Tras verificar que en las instalaciones de la agencia no existe “ningún backup [copia de seguridad]” de dichos correos, Julia Molina informa que “se realizarán todas las consultas necesarias” con la Consejería de Transportes para localizar el nombre de la empresa que hasta 2011 “realizaba las gestiones relacionadas con el correo”.
Agujero documental
El borrado de los correos electrónicos por “política interna” ahonda el agujero documental en la Comunidad de Madrid en torno al caso Púnica. El pasado 13 de julio la empresa pública del suelo de Madrid, Arpegio, admitía a la Audiencia Nacional que "varias carpetas" que debían contener contratos investigados aparecían vacías, como adelantó EL PAÍS el pasado 11 de julio. El pasado 9 de marzo, el ejecutivo regional también reconocía que dos contenedores con toda la documentación referida a un contrato de publicidad del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) por 2 millones de euros se encontraba en paradero desconocido. Finalmente, en julio se detectó la desaparición de documentos clave de los archivos de la sociedad pública Campus de la Justicia, el millonario fiasco inversor de los Ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La Comunidad reconoció ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 que la documentación sobre adjudicaciones de contratos no está custodiada.
El pasado mayo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al entonces instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, el registro en la sede de Arpegio en la supuesta falta de colaboración de las autoridades autonómicas. En el escrito, la fiscalía aseguraba que por parte de la Comunidad de Madrid “existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas” tanto en ésta como en el PP regional.
Anticorrupción detallaba que la documentación que había enviado Arpegio el octubre anterior presentaba “inconsistencias y carencias que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”. Por ello, la fiscalía reconocía que “se hace difícil confiar en que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid”.
A la desaparición de documentos se suma la renuencia del Gobierno de Cristina Cifuentes a facilitar a la Comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de Isabel II, ente público de aguas que se investiga judicialmente en el caso Lezo. Estos papeles estuvieron “traspapelados” cinco meses en el Gobierno regional, y cuando finalmente el Ejecutivo comenzó a facilitárselos a los grupos de la oposición, la entrega se interrumpió porque el juez instructor, García-Castellón, el mismo del caso Púnica, la desautorizó –con el informe favorable de la fiscalía- al tratarse de un caso bajo la lupa de la Justicia.
Este periódico trató, sin éxito, de recabar la versión de la Comunidad de Madrid sobre el borrado de los correos de Francisco Granados y el resto de investigados en el caso Púnica.
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/28/actualidad/1519814347_378948.html
LA RESISTENCIA DE GRANADOS A ADMITIR CUALQUIER DELITO FRENA LAS REVELACIONES SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
El antiguo número dos del PP madrileño se ratifica ante los periodistas en su acusación de que Aguirre, González y Cifuentes controlaban las campañas paralelas con fondos opacos
Sin embargo, Granados niega ante el juez haber reflejado en su agenda donaciones ilegales y el amaño de contratos públicos
El exconsejero, que comparecerá de nuevo dentro de dos semanas, dice que este martes no ha aportado datos sobre la financiación del partido porque "no ha dado tiempo"
La decisión de Francisco Granados de no admitir ninguno de los delitos que se le atribuyen en la Operación Púnica amenaza con frenar en seco las expectativas de que verdaderamente ofrecerá revelaciones sólidas sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño.
Granados, que este martes prosiguió en la Audiencia Nacional la declaración voluntaria iniciada el pasado día 12, aseguró luego ante los periodistas que se ratifica en "todo" lo que dijo entonces. Es decir, en que Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes controlaban lo que él mismo denominó como financiación "paralela" de las campañas. Pero ante el juez no solo no aportó detalles ni amplió la información –"no ha dado tiempo", adujo luego– sino que, por ejemplo, negó que las siglas y las cantidades reflejadas en la agenda que le fue incautada se refieran a donantes y donaciones. Negó igualmente haber participado en el amaño de contratos públicos.
El próximo día 15, volverá a comparecer en la Audiencia Nacional. Y, en teoría, la Fiscalía dedicará un turno específico de preguntas a la financiación del partido. ¿Está Granados, hasta 2011 poderoso secretario general y por tanto número dos del PP madrileño, en condiciones de desvelar a la tercera cómo se pagaban con fondos opacos las campañas de Esperanza Aguirre sin asumir ni un ápice de responsabilidad en los hechos que pudiera relatar? Fuentes del caso consultadas por infoLibre sostienen que no cabe descartar ninguna opción. Pero subrayan que, como ha quedado patente este martes, la prioridad máxima del exconsejero de Presidencia "no es colaborar con la investigación, lo que implicaría admitir los hechos" que le incriminan, como ha hecho el arrepentido David Marjaliza. O como también en la pieza valenciana del caso Gürtel hizo un mes atrás Ricardo Costa, homólogo de Granados mientras fue secretario general del partido con Francisco Camps.
La máxima prioridad
El contenido de lo declarado hasta ahora por Granados indica que su prioridad máxima es desligarse de un escenario delictivo al que le atan indicios diversos. Por eso –añade una de las fuentes– dice "como de pasada" que los contratos del Metro que, según el arrepentido Marjaliza les reportaron 3,6 millones de comisiones a él mismo, a Granados y al empresario Javier López Madrid los otorgó en realidad la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Es decir, en sus palabras puede subyacer sin duda un aviso al PP como cuando a la salida se jactó de que todavía no ha recibido la querella de la presidenta Cifuentes. Pero, sobre todo, late "una estrategia para remachar lo que está diciendo en todo lo que se le pregunta: que él no tuvo nada que ver con eso".
En lo personal, esos indicios delictivos comprenden desde la cuenta que ocultaba en Suiza –el dinero procedía de su etapa como profesional de la banca, dice él– a la mansión que el también investigado Ramiro Cid, promotor amigo y gran beneficiario del urbanismo de su feudo de Valdemoro, le empezó a construir en ese municipio sin cobrarle un euro hasta que la publicación de la noticia en febrero de 2009 le impidió seguir adelante: pero solo, sostuvo ante el juez, porque se lo ordenó Esperanza Aguirre para evitar la polémica.
Y en lo partidario, aunque la frontera no está clara, esos indicios van desde el supuesto amaño de contratos del gigantesco organismo público Arpegio, responsable del mayor plan regional de inversiones, el Prisma, –ni siquiera, eso dijo, conoce la empresa Dusa, adjudicataria de su ejecución– hasta de nuevo la agenda secreta en la que anotó iniciales junto a cantidades que tanto la UCO como Anticorrupción consideran la plasmación del dinero negro que pasaba por sus manos: dinero que, de manera supuesta, acababa en parte en las arcas del PP y, en parte, en las suyas. E incluso, supuestamente, en las de su también amigo y presumible socio Javier López Madrid, el yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Granados no se privó este martes de ofrecer explicaciones peculiares para esas siglas: por ejemplo, LD no significa Luis Delso, presidente de Isolux, sino "Lista de Diputados"; JEC no alude a José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona sino a "Jornadas de Educación Concertada". Y JLM no es Javier López Madrid sino "Juntas Locales de Madrid".
¿Podría el también exconsejero madrileño de Presidencia haber ofrecido datos concretos este martes aprovechando las preguntas de la Fiscalía sobre su agenda manuscrita y sin esperar a que el día 15 llegue el apartado expreso sobre financiación del PP? "Podría, pero para Granados es más importante darles su mensaje a los periodistas, decirles que se ratifica en lo dicho sobre Aguirre, González y Cifuentes y quedarse ahí", diagnostica uno de los juristas consultados.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/28/la_resistencia_granados_admitir_cualquier_delito_frena_las_revelaciones_sobre_financiacion_ilegal_77648_1012.html
GRANADOS INVOLUCRA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
El antiguo número dos del PP madrileño sostiene que hubo una financiación "paralela" de las campañas de Madrid en 2007 y 2011 El principal imputado en 'Púnica', a quien los investigadores atribuyen corrupción a gran escala, dice que la actual presidenta de la Comunidad se convirtió en "los ojos y los oídos" de Ignacio González.
Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes se han convertido esta mañana en el trípode sobre el que el antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, ha sustentado esta mañana su declaración voluntaria en el caso Púnica, para la que prometía novedosas revelaciones sobre la –presunta– financiación ilegal del partido y que finalmente ha sido más difusa de lo esperado. Granados, cuya declaración proseguirá el día 20 y que este lunes solo ha respondido a su abogado, ya tiene respuesta de Cifuentes: "No tengo nada que ocultar, me da exactamente igual lo que diga este presunto delincuente". La presidenta madrileña presentará de inmediato una querella criminal cuyo alcance y detalles está ultimando en estos momentos el abogado que la representará a título personal, puesto que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
En sus tres horas de comparecencia, Granados, ahora en libertad bajo fianza por graves delitos de corrupción, ha asegurado que las campañas de Aguirre se "reforzaban" con financiación "paralela" obtenida a través de empresas de publicidad y a la que se declara por completo ajeno. Según Granados, esa campaña paralela –ha eludido términos como ilegal o irregular– a la que desarrollaba la estructura orgánica del PP madrileño y del nacional la llevaban González y Cifuentes, así como otros cargos de menor rango. Granados ha declarado que Cifuentes, cuyo nombramiento como "número 3" del PP madrileño en 2005 ha recalcado, se convirtió en "los ojos y los oídos" de Ignacio González. Y que ambos mantuvieron una relación sentimental.
Granados ha puesto especial énfasis en destacar el papel de Mariano Rajoy como quien de verdad "destapó" la trama Gürtel al pedir a Esperanza Aguirre "en 2007 o 2008" que frenase la venta de una parcela de Arganda del Rey en la que el grupo de Francisco Correa estaba implicado. Y ha llegado a asegurar que fue el ahora presidente del Gobierno quien, una vez que Aguirre lo excluyó de su gobierno, le convenció para que se presentase al Senado en 2011. Él, Granados, no quería porque era poco trabajo –ha argumentado– pero el líder del partido se lo pidió y finalmente accedió a ello.
Entre las empresas de publicidad que cree estaban implicadas en ese canal paralelo de financiación ha citado a Swat, que ya estaba siendo investigada. Esas empresas, ha dicho, contrataban con el Consorcio de Turismo, bajo la batuta de la exsenadora Ana Isabel Mariño, y con el Imade, que dirigía Aurelio García de Sola, "pariente de Esperanza Aguirre" y cuyo presupuesto para publicidad era multimillonario. En el núcleo duro de Aguirre, Granados ha situado también a la exdirectora de comunicación del Gobierno madrileño, Isabel Gallego, y al exconsejero Jaime González Taboada. El igualmente exconsejero Borja Sarasola pertenecía también al grupo director de las campañas.
La operativa reconocida por Granados coincide con la ya descrita por otro de los investigados en Púnica, el empresario de publicidad Daniel Mercado. Pero Granados, y así lo subrayan fuentes presentes en su declaración, no ha aportado detalles y ha optado en todo momento por la sugerencia frente a la atribución directa de hechos. Por ejemplo, al hablar sobre las fuentes de esa financiación paralela ha mencionado el Canal de Isabel II, feudo de su ahora acérrimo enemigo Ignacio González.
Pero lo ha hecho para decir que sabe que en efecto gastaba mucho en publicidad pero que no puede asegurar nada. Y que cree que la empresa Licuas y el empresario Joaquín Molpeceres tal vez ayudaban en la campaña por su relación con el Canal, su relación con el marido de Cristina Cifuentes y por amistad con Esperanza Aguirre. La "intuición", ha afirmado después, le dicta que los gastos más importantes salían del Imade, uno de los organismos autónomos que más fondos manejó en la pasada década y cuya extinción decretó Aguirre en diciembre de 2010.
"El PP se dirigía desde la Puerta del Sol", ha dicho para ilustrar el poder de Aguirre y su núcleo duro, del que él mismo se ha excluido para presentarse poco menos que como un simple subordinado de Ignacio González. Granados ha relatado cómo cuando en 2011 Aguirre lo descabalgó de la secretaría general del PP madrileño para aupar a Ignacio González él mismo le dijo al entonces delfín que por fin se había convertido formalmente en secretario general, que era lo que en la práctica llevaba siendo desde hacía años.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/13/granados_acusa_aguirre_75161_1012.html
GRANADOS DECLARA QUE IGNACIO GONZÁLEZ USABA LA AGENCIA DE INFORMÁTICA DE MADRID PARA VIGILAR A ALTOS CARGOS
El antiguo número dos del PP madrileño dice que González se hizo con "todo el control de las comunicaciones" de los teléfonos corporativos de la Comunidad a través de ICM Asegura que así lo demuestra el gráfico manuscrito intervenido en los registros de Lezo y que infoLibre publicó en exclusiva El principal investigado de Púnica, en libertad bajo fianza por graves delitos de corrupción, involucra a Aguirre, González y Cifuentes en la financiación ilegal el partido
Francisco Granados utilizó este lunes su declaración voluntaria ante el juez que le investiga por graves delitos de corrupción en el caso Púnica para involucrar en la financiación ilegal del PP a Esperanza Aguirre, Ignacio González y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ya ha anunciado una querella inmediata. El antiguo número dos del PP madrileño, que solo respondió a las preguntas de su abogado y precisó algunos datos a requerimiento del juez Manuel García Castellón, lanzó otra acusación de calado contra el también investigado Ignacio González, su enemigo acérrimo desde que en 2011 el hasta esa fecha poderoso secretario general del PP madrileño fue defenestrado por Aguirre tanto en el Gobierno regional como en el partido: según su declaración, el entonces vicepresidente y luego presidente de la Comunidad utilizó la Agencia de Informática (ICM) de Madrid para controlar las llamadas y mensajes enviados desde teléfonos corporativos de la Comunidad de Madrid.
Ahora en libertad bajo fianza, Granados había anunciado a través de la Cadena SER y del digital OKdiario que aprovecharía su comparecencia para hacer grandes revelaciones sobre la financiación opaca del PP. Su mensaje resultó inequívoco en lo que se refiere al papel que atribuye a Aguirre, González y Cifuentes. Pero la escasez de detalles y lo que algunas fuentes definen como un estilo narrativo difuso y vago cuajado de justificaciones como la de que ni siquiera tenía poder real en su feudo de Arpegio, un organismo que manejó cientos de millones y situado bajo la lupa de la Guardia Civil, han tenido un efecto que, desde luego, no era el que buscaba Granados: al menos de momento, los investigadores del caso no asignan a su declaración la solidez necesaria para incorporar de manera automática a Aguirre y/o Cifuentes al panel de imputados. El día 20, proseguirá el interrogatorio. Y llegará el momento de las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.
En un momento de su comparecencia y tras asegurar que la relación sentimental que, según su versión, mantenían González y Cifuentes acabó como en "Atracción Fatal", el principal investigado de Púnica adujo que esa ruptura cambió por completo la composición del núcleo de poder que "reforzaba" las campañas de Esperanza Aguirre con financiación "paralela" obtenida mediante el uso espurio de partidas de publicidad institucional. Y que fue entonces cuando, además de relegar a Cifuentes logrando que Aguirre la despojase de su rango de número 3 del partido y la convirtiera en presidenta del comité de garantías –septiembre de 2008–, Ignacio González se hizo con el control de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), investigada desde el primer momento como uno de los grandes instrumentos utilizados para la financiación ilegal del partido. ICM, sostuvo Granados, interesaba a González porque ponía en sus manos un elevado presupuesto y "todo el control de las comunicaciones".
El juez García Castellón, relatan fuentes jurídicas, le pidió al llegar ahí que explicase qué quería decir. Y fue entonces, cuando en apoyo de su afirmación, Granados mencionó uno de los manuscritos incautados durante los registros de la Operación Lezo: el que la Guardia Civil intervino en las oficinas de Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de González en el Canal de Isabel II, y de cuyo contenido informó infoLibre hace una semana. Ese esquema, dijo Granados, refleja que González podía controlar todas las llamadas. El gráfico, en efecto, muestra lo que parece corresponderse con el tráfico de llamadas y mensajes cruzados entre distintos dirigentes del PP madrileño. La mayor parte de ellos son quienes denunciaron que habían sido sometidos a seguimientos –Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores– pero también, y por partida triple, aparece el nombre de Cristina Cifuentes. Granados vino a decir, y así lo han confirmado a este diario fuentes conocedoras del interrogatorio y que representan posiciones diferentes en la causa, el nombre de la presidenta figura sobre una anotación que dice "Anónimos/I. Gallego" porque tanto la exdirectora de comunicación del Ejecutivo regional, Isabel Gallego, como la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, recibieron anónimos que, según Granados, podían proceder de Cifuentes.
A lo largo de tres horas de interrogatorio, el imputado se presentó a sí mismo como alguien por completo ajeno a la obtención de financiación "paralela" en las campañas de 2007 y 2011 mediante el desvío de fondos para publicidad institucional asignados a organismos como el Canal de Isabel II, feudo de González, el Imade, dirigido por "un pariente de Esperanza Aguirre" o el Consorcio Turístico de Madrid, a cuyo frente se situaba la exsenadora Ana Isabel Mariño.
Negó incluso saber nada de lo que durante sus dos años de mandato oficial hacía Arpegio, un organismo elefantiásico que manejó el mayor plan de inversión pública de Madrid y epicentro de lo que los investigadores sospechan que fue un amaño de contratos a gran escala. Todo lo controlaban Aguirre y González, que le colocaron al grupo que en la práctica iba a capitanear Arpegio –el exconsejero Jaime González Taboada y el exviceconsejero Miguel Ángel Ruiz– y le hicieron delegar sus funciones en el consejero delegado de esa fundación, Eduardo Larraz. Una de las sociedades que, según la UCO, controlaban testaferros de Granados cobró medio millón de una adjudicataria de Arpegio.
Defendiendo a Rajoy
Además de defenderse a sí mismo, Granados defendió a dos políticos –el presidente, Mariano Rajoy, que fue quien "destapó" la Gürtel al pedir sin éxito a Aguirre que parase el pelotazo del municipio de Arganda y quien le "convenció" para ser senador tras su caída ante Aguirre en 2011, y el exgerente regional del PP, el investigado Beltrán Gutiérrez– y a un empresario: Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y también imputado, amigo suyo y que, según la versión del exconsejero de Presidencia de Madrid nunca pintó nada en la Comunidad de Madrid. A través de su empresa Financiera SiaCapital, López Madrid fue el gestor último de un fondo público regional de capital riesgo, Inicap, que entre 2011 y 2014 le reportó ingresos de al menos 600.000 euros. Según Granados, las iniciales "JLM", aquellas que figuran en su agenda y tras las que la Guardia Civil identifica a Javier López Madrid solo significan "Juntas Locales de Madrid". Las fuentes sondeadas por este diario incluyen ese punto en el mapa de afirmaciones inverosímiles trazado ayer por Granados.
Esa financiación ilegal o irregular, adjetivos que Granados ha sustituido en todo momento por "paralela" o "ajena" a las vías ordinarias de ingresos, la canalizaba un equipo nucleado en torno a Aguirre y González y en el que, además de Cifuentes –llegó a ser "los ojos y los oídos" del entonces vicepresidente–, el exconsejero ha ubicado a antiguos altos cargos como el viceconsejero de Presidencia Borja Sarasola, la exsenadora Ana Isabel Mariño y la ex directora de Comunicación del Gobierno de Madrid, Isabel Gallego.
Según Granados, cuando el equipo que organizaba la campaña "para todos", es decir, para Esperanza Aguirre y para los distintos candidatos municipales, hacía notar las "carencias", era ese núcleo duro dedicado a "reforzar" especialmente la campaña de Aguirre el que les transmitía un mensaje: que no había que preocuparse porque eso que hacía falta iba "por otro lado". Ese otro lado, intuye, cree, deduce Granados –por usar los conceptos y términos a los que acudió una y otra vez durante el interrogatorio– pasaba por encargar a empresas de publicidad institucional que se ocupasen del asunto. Entre esas empresas, Granados ha citado expresamente a Swat, que está siendo investigada desde el estallido del caso.
La operativa reconocida por Granados coincide con la ya descrita por otro de los investigados en Púnica, el empresario de publicidad Daniel Mercado. En su lanzamiento de misiles contra Aguirre, González y Cifuentes, el exconsejero ha recalcado que cree que la empresa Licuas y el empresario Joaquín Molpeceres tal vez ayudaban en la campaña por su relación con el Canal, su relación con el marido de Cristina Cifuentes y por amistad con Esperanza Aguirre. Algunas fuentes creen que la referencia al marido de Cifuentes ha sido un error en sentido literal. Y que Granados aludía en realidad al marido de Esperanza Aguirre, cuya amistad con Molpeceres acumula ya décadas. Este diario no ha podido confirmar si se trató de un lapsus o de un dardo de significado críptico y todavía desconocido.
"El PP se dirigía desde la Puerta del Sol", sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, dijo para ilustrar el poder de Aguirre y su núcleo duro, del que él mismo se ha excluido para presentarse poco menos que como un simple subordinado de Ignacio González. Granados ha relatado cómo cuando en 2011 Aguirre lo descabalgó de la secretaría general del PP madrileño para aupar a Ignacio González él mismo le dijo al entonces delfín que por fin se había convertido formalmente en secretario general, que era lo que en la práctica llevaba siendo desde hacía años.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/13/granados_declara_que_ignacio_gonzalez_usaba_agencia_informatica_madrid_para_vigilar_las_llamadas_altos_cargos_75191_1012.html
GRANADOS AL ATAQUE: INVOLUCRA A AGUIRRE, CIFUENTES Y GONZÁLEZ EN LA FINANCIACIÓN EN B
Asegura que la campaña de 2007 la dirigían la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y el expresidente
Se esperaba La Traviata en do menor, y no ha defraudado. El exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, ha cantado, y ha apuntado alto. En su declaración ante el juez que ha tenido lugar este lunes, ha señalado a Ignacio González y a Esperanza Aguirre como los principales responsables. Granados ha negado las acusaciones de David Marjaliza, otrora su amigo, quien detalló un complejo sistema de comisiones. Pero Marjaliza quería cerrar su concierto con un nuevo nombre: el de Cristina Cifuentes.
Francisco Granados ha asegurado que todos los nombramientos los hacían González y Aguirre, y que hasta el último de los departamentos de prensa eran nombrados por ellos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid despachaba cualquier problema con una periodicidad semanal, según el relato de Granados, quien ha aseverado que ellos mandaban en todo, incluso en ocasiones, tenía más poder y peso González que la propia Aguirre.
Pero la campanada ha llegado al final de su declaración, cuando el exconsejero ha mentado a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP regional. Granados ha dicho que Cifuentes es nombrada en 2005 número tres del partido y que se convirtió en la mano derecha de González: era sus ojos y sus oídos. Acumuló mucho poder y responsabilidad. Incluso, el exconsejero ha apuntado que en ocasiones Cifuentes se jactaba de que no mandaba González, sino ella. No obstante, Granados no se ha limitado a detallar su estrecha relación profesional, sino que también ha apuntado a una relación sentimental entre Cifuentes y González.
El caso Púnica investiga la financiación irregular del PP en las campañas de 2007 y 2011, y en este sentido, Granados ha especificado que la campaña electoral de 2007 la dirigen González y Cifuentes.
El famoso altillo que contenía casi un millón de euros también ha salido a colación. El exconsejero ha asegurado ante el juez que el dinero escondido en casa de sus suegros procede de su actividad anterior a la política. Se encontraba en una cuenta en Suiza pero al dar el paso a la política quería deshacerse de la cuenta porque estaba mal visto, por eso no lo declaró. Asimismo, ha asegurado que Marjaliza le pidió dinero para pagarse el abogado pero que el millón del altillo era lo único que tenía ahorrado y ni siquiera su mujer conocía su existencia.
El dinero, según su declaración, lo obtuvo de su actividad en la bolsa cuando trabaja en la entidad Crédit Lyonnais y que cuando traspasó esta cantidad a su exsocio David Marjaliza, este le cobró una comisión de 200.000 euros por la operación.
Sobre Marjaliza, además de negar las acusaciones vertidas pro el empresario, ha mencionado que no tenía ahorros porque había invertido en narcotráfico.
Granados también ha destacado que la expresidenta cambió la gestión del Plan Prisma -plan regional de inversiones y servicios- porque estaba harta de dar dinero a alcaldes, fundamentalmente del PSOE, para obra pública y que no la invitaran a las inauguraciones. Por eso decidió que fuera la Comunidad de Madrid la que hiciera directamente esas obras a través del plan Prisma.
En cuanto a la empresa pública Arpegio, ha indicado que Aguirre acordó delegar toda la responsabilidad en el entonces consejero delegado Eduardo Larraz, también imputado en Púnica, y que por eso él se desentendió del funcionamiento de esta empresa porque era lo que menos le importaba.
En cuanto a las adjudicaciones de obra pública en materia de infraestructuras, ha explicado que en las obras del metro, al principio, se contrataba a las grandes empresas porque eran las que disponían de tuneladoras, pero, más adelante, y en otras obras como tranvía o metro ligero, se empezó a contratar a constructoras medianas.
A este respecto, Marjaliza señaló en una de sus comparecencias que el exconsejero madrileño comentó en una cena que las licitaciones que se llevaban las grandes constructoras, él intentó dárselas a empresas medianas (Albi, San José, Teconsa), y que el empresario Florentino Pérez, molesto por ello, se habría encargado de lograr que su jefa, Esperanza Aguirre, le cesara como consejero.
https://www.elplural.com/politica/2018/02/12/caso-punica-granados-cifuentes-aguirre-ignacio-gonzalez
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