PS 1-2-6. FINANCIACIÓN PPCV Y ORANGE MARKET : LA SUERTE ESTÁ ECHADA
LAS NOTICIAS 2013- 2018
La Audiencia certifica que el PP valenciano recibió "sobornos en diferido" de contratistas públicos
El PP, condenado por financiación ilegal en Valencia mientras Rajoy presume de partido
DENTRO DE LA CORRUPCIÓN VALENCIANA: DOPAJE VÍA GÜRTEL
LA EX JEFA DE PRENSA DE CAMPS: "TODO PASABA POR RICARDO COSTA"
ADMINISTRATIVO DE GÜRTEL: CONFIABA EN CORREA Y NUNCA PENSÉ EN VERME IMPLICADO
VÍCTOR CAMPOS VUELVE A SER INCLUIDO COMO TESTIGO DEL CASO GÜRTEL
CAMPS NIEGA LA REUNIÓN ENTRE COSTA Y BÁRCENAS: “ALGUIEN ME HABRÍA LLAMADO”
BLANCO BALÍN SOBRE 'GÜRTEL': "UTILIZARON MI NOMBRE PARA DARLES VERACIDAD A SUS EMPRESAS"
DAVID SERRA: “COSTA ERA EL RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN"
LA SENADORA ADELA PEDROSA PAGÓ 80.000 EUROS AL ABOGADO QUE LA EXCULPÓ DE 'GÜRTEL'
BÁRCENAS DESVINCULA A GÉNOVA DE LA CAJA B DEL PP VALENCIANO
BÁRCENAS CONFIRMA LA VERSIÓN DE COSTA SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL E "IMAGINA" QUE LAPUERTA LLAMÓ A VALENCIA
EL PIROTÉCNICO CABALLER RECONOCE QUE GÜRTEL PAGÓ LOS FUEGOS ARTIFICIALES DEL PP PARA UN ACTO DE RAJOY
EL TESTIMONIO "MÁS INVEROSÍMIL" DE UN CARGO DEL PP EN LA GÜRTEL
LAS CORTS VALENCIANES PIDEN INSTAR A FISCALÍA A QUE RECLAME AL PP LA SUBVENCIÓN ELECTORAL QUE RECIBIÓ EN 2007EL TSUNAMI DE RICARDO COSTA ALCANZA A UNA SENADORA DEL PP DE ALICANTE
LA EXTESORERA DEL PP VALENCIANO: "NO SÉ INTERPRETAR UN BALANCE Y NO ME SÉ LOS ESTATUTOS"
IBÁÑEZ ADMITE QUE RECIBÍA "PAQUETITOS" CON DINERO DE VÍCTOR CAMPOS
UN CONSTRUCTOR DE CASTELLÓN REVELA CÓMO FUNCIONABA EL SISTEMA DE COMISIONES DEL PP
ALICANTE Y BARCELONA: ASÍ DISTINGUÍA ORANGE MARKET LOS PAGOS EN A Y B DEL PP
EL PP TEME QUE LAS CONFESIONES DE LA 'GÜRTEL' VALENCIANA SE REPITAN EN LAS CAUSAS POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID
COSTA APUNTALA EL ‘MODUS OPERANDI’ INVESTIGADO EN OTRAS CAUSAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
LA FISCALÍA REVISA MÁS INDICIOS CONTRA CAMPS EN OTRAS CAUSAS
LAS CONFESIONES DE TODAS LAS PARTES CIERRAN EL CÍRCULO SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN VALENCIACosta admite que "el PP se financió en negro" por decisión de Camps
Los empresarios que financiaron al PP de Camps exigen a la fiscal garantías de una rebaja de la pena
Juicio a los hombres de Camps: la nueva vida 'legal' de Ricardo Costa y Vicente Rambla
CORREA CONFIESA POR ESCRITO ANTE EL JUEZ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
LA HORA DE LA 'GÜRTEL' DE VALENCIA: 22 SESIONES PARA DISECCIONAR LA GRAN CAMPAÑA DE FRANCISCO CAMPS
RICARDO COSTA 'SE COGE AL CUELLO' DE LA ACTUAL TESORERA DEL PP Y EXIGE QUE TESTIFIQUE
RICARDO COSTA ALEGA QUE SUS DELITOS ESTÁN PRESCRITOS PARA EVITAR EL BANQUILLO
RICARDO COSTA APUNTA A GÉNOVA EN LA FINANCIACIÓN DEL PP Y PIDE QUE RAJOY DECLARE EN EL JUICIO
OTRO EMPRESARIO ADMITE QUE FINANCIÓ DE FORMA ILEGAL AL PP DE FRANCISCO CAMPS
EL EMPRESARIO ENRIQUE ORTIZ CONFIESA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE VALENCIA
JUICIO A LA CÚPULA DEL PP DE CAMPS POR FINANCIACIÓN ILEGAL
ANTICORRUPCIÓN QUIERE JUZGAR A BÁRCENAS POR LA FINANCIACIÓN DEL PP VALENCIANO
EL PP VALENCIANO PAGÓ 3,4 MILLONES DE EUROS A LA ‘CAJA B’ DE CORREA
LA UDEF DESTAPA OTROS DOS ACTOS DE RAJOY PAGADOS EN NEGRO POR EL PPCV
EL PP DESTITUYE A SU GERENTE EN VALENCIA ACUSADA DE FINANCIACIÓN ILEGAL
LA FISCALÍA PIDE OCHO AÑOS DE CÁRCEL POR FINANCIACIÓN ILEGAL AL PP DE CAMPS
EL JUEZ PROCESA A 19 PERSONAS POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
EL BANCO SANTANDER CERTIFICA QUE LA GERENTE DEL PP ORDENÓ UN PAGO DE 100.000 EUROS A GÜRTEL
ANTICORRUPCIÓN PIDE INHABILITACIÓN PARA TRES EXCONSELLERS Y CÁRCEL PARA OTROS CARGOS PÚBLICOS
EL JUEZ RECHAZA UNIR A GÜRTEL LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE PATERNA
DE LEÓN DICE QUE SOLO FUE INTERMEDIARIA EN LAS CAMPAÑAS INVESTIGADAS EN GÜRTEL
BÁRCENAS DECLARA DESDE LA CÁRCEL POR LA FINANCIACIÓN DEL PP VALENCIANO
CARLOS FABRA ATRIBUYE A GÉNOVA LA CONTRATACIÓN DE CAMPAÑAS A GÜRTEL
EL JUEZ AVALA UNA CONCLUSIÓN POLICIAL QUE INCRIMINA A RICARDO COSTA
CARLOS FABRA NIEGA ANTE EL JUEZ SABER CÓMO SE FINANCIABA EL PP VALENCIANO
CARLOS FABRA DICE AL JUEZ QUE LOS PAGOS ELECTORALES DEPENDÍAN DE MADRID
EL JUEZ CITA A LUIS BÁRCENAS Y A CARLOS FABRA POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP VALENCIANO
INSPECTORES DE HACIENDA RATIFICAN QUE LAS FACTURAS DE ORANGE A EMPRESAS SERVÍAN PARA AMINORAR LA DEUDA DEL PPCV
HACIENDA RATIFICA ANTE EL JUEZ QUE EL PP VALENCIANO SE FINANCIÓ DE FORMA IRREGULAR
CERES INCLUYE LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO EN DOS PIEZAS DE GÜRTEL
EL JUEZ CERES INVESTIGARÁ CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA CON EMPRESAS RELACIONADAS CON 'GÜRTEL'
LOS GERENTES DEL PPCV DECLARAN ANTE EL JUEZ DE GÜRTEL QUE LAS DECISIONES ERAN DE LOS COORDINADORES DE CAMPAÑA
CAMPOS AFIRMA QUE 'EL BIGOTES' LE DIJO MUCHAS VECES QUE EL PP LE DEBÍA DINERO Y DESTACA SU RELACIÓN CON COSTA
LAS EMPRESAS DE EL PORTET DE DÉNIA Y DE LA RONDA DE BENISSA INGRESARON DONACIONES EN LA «CAJA B» DEL PP SEGÚN LOS PAPELES DEL CASO BÁRCENAS
EL PP PAGÓ EN METÁLICO 2,3 MILLONES A GÜRTEL POR UNA CAMPAÑA ELECTORAL
EL JUEZ DE GÜRTEL CITA A TRES ALCALDES DEL PP COMO TESTIGOS
EL JUEZ PIDE TODO LO QUE HAN FACTURADO AL CONSELL LAS FIRMAS QUE FINANCIARON AL PARTIDO POPULAR
GÜRTEL DICTABA DESDE MADRID CÓMO DEBÍA PAGAR PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
CASTEDO RECHAZA EL INFORME DEL CASO GÜRTEL SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
EL PP VALENCIANO FINANCIÓ ILEGALMENTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE 2007 Y 2008
HACIENDA LIGA A CASTEDO Y CARLOS FABRA CON LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
“ÁLVARO PÉREZ, ‘EL BIGOTES’, ESTABA TODO EL DÍA CON CAMPS Y LA CÚPULA DEL PP”
UN EX CONSELLER, AL JUEZ: 'EL BIGOTES Y CAMPS ESTABAN TODO EL DÍA JUNTOS'
FABRA MANTIENE AL MANDO DE LAS FINANZAS DEL PP A UNA IMPUTADA EN LA TRAMA GÜRTEL
ENTRE BINGUEROS Y MAMACHICHOS
TSJCV PIDE A LA UDEF SUS ÚLTIMOS INFORMES SOBRE GÜRTEL
HACIENDA ENTREGA SUS CONCLUSIONES
LA POLICÍA AFIRMA QUE EL PP VALENCIANO PAGABA A GÜRTEL EL 80% EN NEGRO
EL PP VALENCIANO PAGABA UN 80% EN B A LA GÜRTEL POR ACTOS ELECTORALES, SEGÚN UDEF
EL JUEZ DA OCHO DÍAS A HACIENDA PARA EL INFORME FINAL DE LA FINANCIACIÓN DEL PARTIDO POPULAR
ORANGE MARKET INVENTÓ FACTURAS PARA OCULTAR LA FINANCIACIÓN DEL PPCV
LAS SORPRESAS DE LA CAJA DE ‘EL BIGOTES’
OTRO EXCARGO DEL PP CULPA AL ÁREA DE PRESIDENCIA DE CONTRATAR CON GÜRTEL
DOS MILLONES EN CONTRATOS PARA EL GRUPO QUE MONTÓ LOS ACTOS DEL PP
LOS 'SOCIOS' DE 'GÜRTEL' FACTURARON 700.000 EUROS A VALENCIA MIENTRAS HACÍAN LA CAMPAÑA PARA EL PP LOCAL
'GÜRTEL' MONTÓ HASTA EL RECUENTO DE VOTOS DE LA NOCHE ELECTORAL DE 2007
VÍCTOR CAMPOS DESCARGA EN RICARDO COSTA
EL PP DE VALENCIA PAGÓ 200.000 EUROS EN B A LA TRAMA GÜRTEL
EL PP PAGÓ EN NEGRO EL CONGRESO QUE ELIGIÓ A CAMPS
LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR UN TESTIGO PROVOCA UN GIRO INESPERADO EN EL CASO GÜRTEL
UN NUEVO TESTIGO RELANZA EL CASO DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS
EL PP VALENCIANO SE FINANCIÓ CON DINERO NEGRO, SEGÚN HACIENDA
LOS DIPUTADOS DEL PP SE REPARTIERON EN LAS CORTS 457.698 EUROS EN SOBRESUELDOS EN 2011
EL TSJ ABRE UNA INVESTIGACIÓN A COSTA POR COHECHO
LUBASA CONECTA LA NUEVA DENUNCIA CONTRA RICARDO COSTA CON EL ‘CASO GÜRTEL’
LA AGENCIA TRIBUTARIA AHONDA EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS
LOS CABECILLAS DE GÜRTEL SE NIEGAN A DECLARAR EN UNA PIEZA POR DELITO FISCAL
CORREA, CRESPO Y 'EL BIGOTES' DECLARAN EL 8 DE MAYO EN EL TSJCV POR EL CASO GÜRTEL
EL JUEZ INVESTIGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN TODOS LOS MUNICIPIOS
EL JUEZ DE GÜRTEL INVESTIGA A FONDO LA CAMPAÑA ELECTORAL DE CAMPS DE 2007
La Audiencia certifica que el PP valenciano recibió "sobornos en diferido" de contratistas públicos
Correa, condenando a cinco años y 3 meses; Crespo, a cinco años, y Álvaro Pérez, a seis años y 9 mese
El fallo impone a Ricardo Costa una pena de 4 años de cárcel y absuelve al exvicepresidente Vicente Rambla
El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto penas que van desde los cuatro meses de cárcel a los seis años y 9 meses para 18 de los 20 acusados en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel, al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal de las campañas electorales del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales del 2008. La sentencia destaca que el hecho de que distintos empresarios que eran grandes contratistas de la Generalitat financiaran gastos electorales del PP es una especie de "soborno en diferido".
El juez José María Vázquez Honrubia argumenta así esa afirmación: "Pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos". Esos empresarios –agrega la resolución– se colocaban en una posición "de privilegio por no decir monopolística". En este caso, una condena penal al PP habría sido imposible dado que el Código Penal no preveía en el momento de los hechos la opción de que un partido fuese procesado. Tampoco ha sido declarado beneficiario económico ni responsable civil directo o subsidiario porque ninguna de las acusaciones lo solicitó. Según la Fiscalía, la naturaleza de los delitos enjuiciados imposibilitaba asignar responsabilidades de índole civil al PP.
Según el magistrado, las declaraciones de los acusados, junto con los informes y documentos que obran en la causa, permiten establecer “que el PPCV financió sus campañas electorales de los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva”.
La sentencia del magistrado Vázquez Honrubia ve la luz apenas tres semanas después de la derivada de la pieza troncal del caso, cuyo contenido desencadenó la moción de censura que derribó al Gobierno de Mariano Rajoy. Esa primera sentencia no solo considera al PP beneficiario económico de la trama sino que certifica la existencia de la caja B, cuestiona la credibilidad del testimonio prestado por Rajoy y describe un "sistema de corrupción institucional".
En la sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel, se condena a los a acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la hacienda pública. El fallo detalla las penas y los delitos a los que son condenados los acusados.
La pena impuesta al líder de la trama, Francisco Correa, es de cinco años y 3 meses, a su mano derecha, Pablo Crespo, de cinco años de cárcel, y a Álvaro Pérez, de sis años y 9 meses. A todos ellos, en determinados delitos, se les aplica la atenuante de confesión o colaboración activa y a Correa, además, la de reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza. También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de 5 años y 1 mes de cárcel y 3 años al asesor financiero Ramón Blanco Balín.
Entre la antigua cúpula del PPCV en la época de los hechos, la Audiencia condena al exsecretario general Ricardo Costa a 4 años de cárcel al aplicar el juez las atenuantes de colaboración activa o confesión. La exgerente Cristina Ibañez resulta condenada a 3 años y 4 meses; el exvicesecretario de la formación David Serra, a 3 años y 8 meses, y la extesorera Yolanda García, a 4 meses. Por contra, el Juzgado Central de lo Penal absuelve al exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla.
La sentencia impone penas de cárcel que llegan hasta 1 año y 9 meses de cárcel a los nueve empresarios que reconocieron los hechos: Antonio y Alejandro Pons, de Piaf SL; Enrique Gimeno, de Facsa y Aguas de Castellón; Rafael y Tomas Berna, de Grupo Vallalba, CHM Obras e Infrestructuras SA y Padelsa Infrestructuras SA (Pavimentos del Sureste SA); Gabriel Alberto Batalla, de Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL; Enrique Ortiz y José Beviá del Grupo Ortiz e Hijos, y Vicente Cotino, de Sedesa Obras y Servicios S.A.
El Juzgado sustituye dichas penas por multas, que llegan hasta los 154.500 euros, al aplicarles a todos ellos también la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos. Las cantidades ingresadas/avaladas por estos condenados ascienden en total a 1.057.101 euros. Uno de los empresarios, José Enrique Fresquet, resulta absuelto al haberse retirado la acusación.
Los hechos probados de la sentencia se remontan a los años 2003-2005, cuando los acusados que integraban el llamado “Grupo Correa” diversificaron su actividad con nuevas sedes en Madrid y Valencia. La expansión del negocio del grupo en Valencia, según relata la sentencia, “ tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en el ámbito de aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos relativos a eventos que pudieran ser organizados por el propio partido político, por órganos de la Administración autonómica valenciana y por entidades públicas dependientes de la misma”. La sentencia distingue a los acusados en tres grupos: los que forman el denominado “Grupo Correa”, los integrantes del llamado “grupo político” y, por último, el grupo de los nueve empresarios.
La sentencia explica que “con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros”.
Para organizar las campañas de 2007 y 2008 el Partido Popular de la Comunidad Valenciana contrató a la mercantil del Grupo Correa, llamada Orange Market SL. Para desarrollar el plan de campaña, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista por la ley y recurrieron a empresarios, infringiendo la genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas: “quienes abonaron a Orange Market SL parte de esos servicios eran grupos empresariales que por tener contrato con las Administraciones Públicas no podían hacer donaciones al Partido Popular. Por ese motivo, los pagos que hicieron a Orange Market SL. de la deuda con dicha sociedad que tenía el partido político por su trabajo en Valencia, se materializaron como pagos por supuestos servicios que había prestado Orange Market SL a aquellas, pero que realmente no se había producido”.
La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por la sociedad Orange Market SL y por el PPCV por la organización de actos con motivo de los procesos electorales de 2007 y 2008, “sin embargo- señala el juez- fue muy superior el servicio que encargó y recibió de Orange Market SL”.
Dos millones de financiación opaca y paralela
La resolución judicial cuantifica en más de dos millones la financiación opaca y paralela de que se valió el PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008. En concreto, la sentencia cifra en 1.155.231 euros el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización en relación con los actos ejecutados para las elecciones autonómicas de 2007, así como 78.878 euros por las autonómicas de ese año. Con motivo de las elecciones de 2008, el juez cifra en 801.810 euros por los servicios prestados por Orange Market SL y que tampoco fueron objeto de facturación y contabilización.
La sentencia detalla las actuaciones de los empresarios condenados que, en connivencia con los acusados vinculados al PPCV y a los responsables de Orange Market, financiaron una parte del gasto comprometido por los cargos políticos acusados. Asumieron el pago que dicha formación política debía a la mercantil, haciéndolos aparecer como si fueran servicios prestados por Orange. Esta mercantil les facilitaba facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no habían sido prestados.
Además del papel de los cargos políticos, empresarios y responsables del Grupo Correa, la sentencia describe la función ejercida por los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Cándido Herrero en la confección de las facturas, así como en las declaraciones ante la Agencia Tributaria que fueron confeccionadas en el despacho de Blanco Balín. El sistema diseñado para los pagos era a través de facturas correctas, otras facturas eran falsas y también con pagos en “B”.
La sentencia ha tenido en cuenta para rebajar las penas a los nueve empresarios acusados que antes del juicio reconocieron y consignaron las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias. Por las mismas razones se aplica también atenuante a Francisco Correa que en su caso, además, depositó 2.060 748 euros, el importe en el que se cuantificaba lo que Orange Market había defraudado a Hacienda.
El juez se ha basado en las declaraciones autoincriminatorias realizadas durante el juicio no solo por Francisco Correa, sino también por Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa que, aunque tardía, según el juez, “acaba de completar el mosaico del entramado formado por el PPCV para financiar sus elecciones en la Comunidad Valenciana”.
El juez también se ha basado en los informes de la UDEF, de importancia capital para definir los hechos y que han sido elaborados por funcionarios que han desarrollado, según el magistrado, una labor de una minuciosidad y laboriosidad de extraordinario mérito ya que “la UDEF ha tenido la singular perseverancia, de especial mérito, dada su complejidad de cruzar y recruzar las mismas para obtener un tan sólido basamento probatorio que ahorraría mayores consideraciones”.
En la misma línea, el magistrado destaca la “alta consideración” que se merece la labor desarrollada por la AEAT en el presente caso visto los informes periciales y vistos y oídos los peritos en juicio, cuyo informe definitivo, según el juez, es bastante para fundamentar la condena por los delitos fiscales.
Tanto en el caso de Costa como el de Correa, el juez reconoce que sus confesiones han sido tardías y provocadas por las de los empresarios. Pero no por ello dejan de ser relevantes para confirmar los indicios que existían y para orientar y coadyuvar en otros procedimientos aún pendientes en relación con el caso Gürtel. El juez concluye que procede aplicarles también atenuantes a la pena en tanto que puede ser ejemplarizante “que se conozca que la colaboración activa con la Administración de Justicia, veraz y relevante, puede suponer para todos los implicados o que puedan estarlo en casos análogos de corrupción, en términos generales, sobornos, una disminución de la pena si efectiva y realmente cooperan para restaurar el orden jurídico violentado. En definitiva, que la minoración de la pena sirva de acicate o estímulo a colaborar”.
El juez explica que el delito electoral que se debe aplicar porque estaba vigente cuando ocurrieron los hechos es el del artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg), que establece la prisión menor y multa y no el artículo 304 bis introducido en 2015 porque impone penas más elevadas y por tanto no puede aplicarse con carácter retroactivo.
Así, el artículo que se aplica es un delito de mera actividad que no exige resultado alguno, se considera como un delito de riesgo y si como en todos estos delitos se adelanta la barrera de protección jurídica, sin necesidad de resultado, “parece evidente que el bien jurídico protegido es de forma inmediata tratar de mantener la pureza de los procesos electorales, en definitiva, el “juego limpio” electoral”.
El peligro del dopaje electoral
Además del objetivo inmediato de garantizar que los contendientes electorales dispongan exclusivamente de los medios legales para sus citas electorales, la sentencia añade otro objetivo mediato que es el de prevenir un riesgo abstracto, “ preservar la neutralidad y objetividad del Estado en el que se incluyen la administración local y autonómica frente a supuestos como en el presente caso en que dicha neutralidad y objetividad de las administraciones se ve seriamente cuestionada cuando los financiadores de la campaña electoral son, exacta y precisamente, adjudicatarios y/o concesionarios de obras, servicios o suministros contratados por la Administración cuyos representantes políticos han sido elegidos apoyándose en una campaña financiada ilegalmente”.
Se trata en definitiva -sostiene el juez- de un delito de riesgo, un peligro futuro pues “en síntesis se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos”.
El juez concluye que afecta a los intereses generales que los financiadores sean o vayan a ser adjudicatarios de obras o servicios públicos y empaña de una manera “absoluta” la repetida neutralidad y objetividad.
Además de los intereses generales el juez destaca los intereses concretos que también están en juego y que son los de los empresarios que no participan en la financiación irregular, “pues es fácilmente inducible que tendrán enormes dificultades cuando no serán inmediatamente excluidos para ser adjudicatarios de obras o servicios de una administración cuyos ocupantes sean de un partido al que no han querido financiar”.
La responsabilidad de los empresarios que aportaban fondos al PP es según el juez la clave del asunto pues además de la financiación ilegal al partido se colocaban en situación privilegiada, ventajosa, “por no decir monopolística” para mantenerse como contratistas de la administración regional.
Respecto a la responsabilidad de los políticos, la sentencia sitúa a Costa según doctrina del TS, como “el hombre que está atrás” en tanto que tuvo el dominio funcional del hecho delictivo respecto a la financiación ilegal de las sucesivas contiendas electorales. El juez reconoce como cierto que respecto a los políticos “ni se acredita indiciariamente ni se contempla ni se acusa de ninguna clase de enriquecimiento personal” sus actos, según el magistrado se cometieron “por pura ambición política de alcanzar y permanecer en el Poder”.
Respecto a las imputaciones realizadas por otros acusados a Víctor Campos y Francisco Camps, el juez recuerda que comparecieron como testigos aunque su declaración fue totalmente infructuosa porque en relación con los hechos “nada saben, nada recuerdan, nada reconocen” y que aun considerando que han sido designados como artífices del mecanismo defraudatorio, tienen derecho a no declarar contra sí mismos y a no declararse culpables.
En el caso de Vicente Rambla resulta absuelto porque no hay prueba directa, ni indiciaria de calidad y cantidad bastante que permita concluir que sea autor de los delitos imputados, “Es posible que haya cometido los delitos pero existe la probabilidad razonable de que no lo hiciera”.El PP, condenado por financiación ilegal en Valencia mientras Rajoy presume de partido
La sentencia da por probado que las campañas electorales de 2007 y 2008 se pagaron en negro
El PP de Valencia se financió ilegalmente en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2008 a través de la Gürtel. Así lo ha sentenciado el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, que ha condenado a cuatro años de prisión al exsecretario general de los populares valencianos Ricardo Costa mientras ha absuelto al exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla. Además han sido condenados Álvaro Pérez 'El Bigotes', lugarteniente de Francisco Correa en Valencia a 6 años y 9 meses, al propio Francisco Correa a 5 años y 3 meses de prisión y a Pablo Crespo, su número dos, a 5 años de cárcel. A todos ellos se les ha aplicado atenuantes por la confesión de los delitos.
La sentencia se ha dado a conocer mientras Mariano Rajoy presumía de partido ante la Junta Directiva Nacional del PP, en un discurso en el que ha avanzado la fecha para el Congreso Extraordinario del PP en el que se elegirá a su sucesor.
En la sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel, se condena a los a acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la hacienda pública. El juez se ha basado en las declaraciones autoincriminatorias realizadas durante el juicio no solo por Francisco Correa, sino también por Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa que, aunque tardía, según el juez, “acaba de completar el mosaico del entramado formado por el PPCV para financiar sus elecciones en la Comunidad Valenciana”.
Según el magistrado, las declaraciones de los acusados, junto con los informes y documentos que obran en la causa, permiten establecer “que el PPCV financió sus campañas electorales de los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva”.
Cuadro resumen de delitos y condenas
ACUSADO
DELITOS
PENA
1 Francisco Correa
24 meses por 3 delitos electorales (elecciones locales y autonómicas 2007 y generales 2008) con atenuante de confesión o colaboración activa
1 año y 9 meses por delito continuado de falsedad documental con atenuante de confesión o colaboración activa
18 meses por tres delitos contra la hacienda pública (IS 2006 y 2007 e IVA 2007) con la atenuante de reparación del daño y colaboración activa o confesión
5 AÑOS Y 3 MESES
2 Pablo Crespo
21 meses por 3 delitos electorales (elecciones locales y autonómicas 2007 y generales 2008) con atenuante de confesión o colaboración activa
1 año y 9 meses por delito continuado de falsedad documental con atenuante de confesión o colaboración activa
18 meses por tres delitos contra la hacienda pública (IS 2006 y 2007 e IVA 2007)
5 AÑOS
3 Álvaro Pérez
18 meses por 3 delitos electorales (elecciones locales y autonómicas 2007 y generales 2008) con atenuante de confesión o colaboración activa
1 año y 9 meses por delito continuado de falsedad documental con atenuante de confesión o colaboración activa
18 meses por tres delitos contra la hacienda pública (IS 2006 y 2007 e IVA 2007)
2 años de prisión por dos delitos contra la hacienda pública (IRPF 2006 y 2007)
6 AÑOS Y 9 MESES
4 Cándido Herrero
21 meses por 3 delitos electorales (elecciones locales y autonómicas 2007 y generales 2008)
1 año y 10 meses por delito continuado de falsedad documental
18 meses por tres delitos contra la hacienda pública (IS 2006 y 2007 e IVA 2007)
5 AÑOS Y 1 MES
5 Vicente Rambla
ABSUELTO
6 Ricardo Costa
24 meses por 3 delitos electorales (elecciones locales y autonómicas 2007 y generales 2008) con atenuante de confesión o colaboración activa
2 años por delito continuado de falsedad documental con atenuante de colaboración activa
4 AÑOS
7 Cristina Ibañez
18 meses por 3 delitos electorales (elecciones locales y autonómicas 2007 y generales 2008)
1 año y 10 meses por delito continuado de falsedad documental
3 AÑOS Y 4 MESES
A los nueve empresarios que reconocieron los hechos se les sustituyen las penas de prisión por multas. La sentencia impone penas de cárcel que llegan hasta 1 año y 9 meses de cárcel a los nueve empresarios que reconocieron los hechos: Antonio y Alejandro Pons, de Piaf SL; Enrique Gimeno, de Facsa y Aguas de Castellón; Rafael y Tomas Berna, de Grupo Vallalba, CHM Obras e Infrestructuras SA y Padelsa Infrestrucutras SA (Pavimentos del Sureste SA); Gabriel Alberto Batalla, de Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL; Enrique Ortiz y José Beviá del Grupo Ortiz e Hijos, y Vicente Cotino, de Sedesa Obras y Servicios S.A.
El Juzgado sustituye dichas penas por multas, que llegan hasta los 154.500 euros, al aplicarles a todos ellos también la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos. Las cantidades ingresadas/avaladas por estos condenados ascienden en total a 1.057.101 euros. Uno de los empresarios, José Enrique Fresquet, resulta absuelto al haberse retirado la acusación.
Hechos probados
Advertisement
Los hechos probados de la sentencia se remontan a los años 2003-2005, cuando los acusados que integraban el llamado “Grupo Correa” diversificaron su actividad con nuevas sedes en Madrid y Valencia. La expansión del negocio del grupo en Valencia, según relata la sentencia, “ tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en el ámbito de aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos relativos a eventos que pudieran ser organizados por el propio partido político, por órganos de la Administración autonómica valenciana y por entidades públicas dependientes de la misma”. La sentencia distingue a los acusados en tres grupos: los que forman el denominado “Grupo Correa”, los integrantes del llamado “grupo político” y, por último, el grupo de los 9 empresarios.
La sentencia explica que “con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros”.
Financiación ilegal de las campañas de 2007 y 2008
Para organizar las campañas de 2007 y 2008 el Partido Popular de la Comunidad Valenciana contrató a la mercantil del Grupo Correa, llamada Orange Market SL. Los condenados se saltaron el límite legal establecido para las campañas contratando a través de las empresas de Correa. "Quienes abonaron a Orange Market SL parte de esos servicios eran grupos empresariales que por tener contrato con las Administraciones Públicas no podían hacer donaciones al Partido Popular. Por ese motivo, los pagos que hicieron a Orange Market SL. de la deuda con dicha sociedad que tenía el partido político por su trabajo en Valencia, se materializaron como pagos por supuestos servicios que había prestado Orange Market SL a aquellas, pero que realmente no se había producido”.
La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por la sociedad Orange Market SL y por el PPCV por la organización de actos con motivo de los procesos electorales de 2007 y 2008, “sin embargo- señala el juez- fue muy superior el servicio que encargó y recibió de Orange Market SL”. En concreto, la sentencia cifra en 1.155.231 euros el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización en relación con los actos ejecutados para las elecciones autonómicas de 2007, así como 78.878 euros por las autonómicas de ese año. Con motivo de las elecciones de 2008, el juez cifra en 801.810 euros por los servicios prestados por Orange Market SL y que tampoco fueron objeto de facturación y contabilización.
Facturas falsas
Los empresarios arrepentidos financiaron los actos electorales del PP mientras las empresas de Correa facilitaban facturas correspondientes a supuestos servicios que jamás fueron prestados. Además del papel de los cargos políticos, empresarios y responsables del Grupo Correa, la sentencia describe la función ejercida por los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Cándido Herrero en la confección de las facturas, así como en las declaraciones ante la Agencia Tributaria que fueron confeccionadas en el despacho de Blanco Balín. El sistema diseñado para los pagos era a través de facturas correctas, otras facturas eran falsas y también con pagos en “B”.
El juez se ha basado en las declaraciones autoincriminatorias realizadas durante el juicio no solo por Francisco Correa, sino también por Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa que, aunque tardía, según el juez, “acaba de completar el mosaico del entramado formado por el PPCV para financiar sus elecciones en la Comunidad Valenciana”.https://www.elplural.com/politica/2018/06/11/gurtel-valencia-condena-fianciacion-liegal-pp
REBAJA EN LA PETICIÓN DE PENAS PARA CORREA Y COSTA POR CONFESAR LA FINANCIACIÓN DEL PP PERO INSUFICIENTE PARA ELUDIR LA CÁRCEL
La Fiscalía reduce de 22 años a 7,3 las condenas solicitadas y de siete años y nueve meses para el ex número 2 del PP de Valencia Anticorrupción reclama ahora para el ex número 2 del PP de Valencia a 4,3 años frente a los 7,9 que demandaba
La Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir una rebaja drástica en las penas aplicables a los dos acusados de mayor relevancia mediática y política -Francisco Correa y Ricardo Costa- en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de Valencia gracias a la trama Gürtel y a la ayuda de grandes adjudicatarios de la Generalitat. Ambos confesaron en el juicio que el PP se nutría de dinero negro y que parte de los gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008 fueron sufragados por empresarios afines mediante facturas falsas abonadas a Orange Market.
Para el jefe de la trama, Francisco Correa, Anticorrupción solicitaba 22 años que ahora se ven reducidos a 7,3 años mientras que para el antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, reclama cuatro años y tres meses, casi la mitad de lo que originalmente pedía. No obstante, la reducción no permitiría eludir la prisión a Costa -Correa ya cumple condena por el primer juicio de la serie, el de los contratos de Fitur- la sentencia resulta finalmente condenatoria y aplica las penas solicitadas por Anticorrupción. Y no lo permitiría porque las penas superan el umbral de los dos años. En medio de la sesión, y justo cuando acababa de terminar su informe la fiscal, el juez que dirige la vista, José María Vázquez Honrubia, ha informado de que ya ha llegado la transferencia de Suiza con 2,2 millones de Correa, que busca así mostrar su cooperación con la justicia.
La declaración de Costa en este juicio asestó el mazazo definitivo al PP valenciano, al que, paradójicamente, la Fiscalía no lo considera en esta causa beneficiario económico -partícipe a título lucrativo- de los delitos atribuidos a los acusados. "Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro", admitió el que fue secretario general del PP valenciano en la etapa de Francisco Camps.
La fiscal ha argumentado que no incluyó al PP como presunto partícipe a título luctrativo porque ni el delito electoral ni el de falsedad documental "no generan" responsabilidad civil. En el momento en que se produjeron los hechos -ha remarcado- la financiación irregular no estaba tipificada como delito. Hoy, lo que ocurrió en las campañas de 2007 y 2008 constituiría "un delito del artículo 304 bis del Código Penal". Es decir, un delito de financiación ilegal.
Costa señaló a Camps como la persona de la que procedía "el encargo" de recaudar dinero negro de empresarios que tenían adjudicaciones públicas de la Generalitat. Lo supo, según sus palabras, en 2005. Pero aquel era "un sistema preestablecido ya anteriormente". Esta mañana, la fiscal ha hecho la que parece una alusión inequívoca a por qué Camps nunca estuvo imputado en este caso: "Habría sido muy de agradecer que algunas cosas se contaran en 2010".
En relación con falsedad o electorales se han puesto de manifiesto también la posibilidad de que hubiera un partícipe
Los otros dos miembros de la cúpula de la red Gürtel, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, también han visto reducidas las respectivas penas de prisión solicitadas por la Fiscalía. Para Crespo, la fiscal Miriam Segura solicita ahora 13 años y seis meses frente a los 22 originales; para El Bigotes reclama 16 años y seis meses en lugar de los 27 iniciales. Ambos admitieron igualmente durante las sesiones del juicio que el PP se benefició de una financiación opaca.
Una deuda "inconfesable"
En la exposición de su informe de conclusiones, la fiscal Miriam Segura ha relatado cómo los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano generaron "una deuda muy elevada que se fue pagando con dinero negro y facturas". Una "deuda inconfesable", ha abundado la fiscal.
La investigación concluyó que esa deuda ya ascendía a un millón de euros tras los comicios autonómicos y locales de 2007. En caso de duda sobre las cifras, ha remarcado la fiscal, la Fiscalía siempre acudió a la más baja. Es decir, aquella que más beneficiaba a los acusados.
La falsedad documental que se atribuye a los acusados -19 en total, de los que 13 han admitido total o parcialmente los delitos- no fue coyuntural, ha enfatizado la representante del ministerio público. "Lo que se ha construido ad hoc es un conjunto de facturas en A que complementan los pagos en B". Esas facturas falsas en A son las que abonaron los empresarios que en este juicio han compartido banquillo con cinco antiguos políticos del PP valenciano y con cinco miembros de la red Gürtel.
La declaración judicial del antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, hizo que por primera vez en la historia judicial española, la financiación de un partido al margen de la ley fuese admitida por los contratistas públicos que pagaron, por los responsables de la empresa que cobró en negro y con facturas falsas por la organización de actos electorales y –es el caso de Costa– por quien se situaba en el puente de mando de la formación política que aplicó en su beneficio ese sistema.
En esta causa han sido juzgados nueve empresarios, que confesaron a cambio de aceptar el pago de una multa para conjurar así el peligro de prisión. Los nueve asumieron el pago de facturas falsas por 1,2 millones de euros. Todas ellas ocultaban servicios prestados por Orange Market al PPe 2007 en las campañas de las autonómicas y las municipales de 2007, así como en las generales de 2008. Entre los actos que se financiaron de forma opaca figuran dos mítines de Mariano Rajoy en la plaza de toros de Valencia.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/09/anticorrupcion_82588_1012.html
DENTRO DE LA CORRUPCIÓN VALENCIANA: DOPAJE VÍA GÜRTEL
Un juicio que comenzó con la confesión de todos y cada uno de los empresarios
El recorrido que ha comenzado elplural.com por la corrupción valenciana ha tenido su inicio con la mayor trama de la historia, el caso Taula, pero la siguiente parada obligada está situada en una de las tramas que más tiempo lleva judicializada, el caso Gürtel. Más concretamente la pieza que actualmente se está juzgando en la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular del PPCV.
Para conocer las maquinaciones de los políticos populares es imprescindible hablar de este caso, ya que supone un ejemplo claro de cómo hacer trampas para asegurarse una victoria. La mecánica utilizada era bastante simple: El PP valenciano liderado por Francisco Camps necesitaba más dinero del que supuestamente tenía declarado que iba a utilizar para pagar sus actos electorales, así que decidieron utilizar a empresas constructoras, la mayoría de ellas adjudicatarias de obra pública en la Comunitat Valenciana, para sufragar los gastos de los actos que no podían pagar con el dinero en A.
Una vez consiguieron la financiación en B, el problema que se les presentaba era cómo utilizar ese dinero sin que saltara la liebre. Fue entonces cuando decidieron que lo que harían era utilizar a su empresa de cabecera, Orange Market, como pantalla. Desde la empresa recibían el dinero de los empresarios y, a cambio, les hacían facturas falsas a estos por trabajos no realizados, ya que en realidad lo que se estaba pagando eran los actos de partido.
En esta causa se sientan en el banquillo, además de los miembros de la Gürtel Álvaro Pérez -el Bigotes-, Francisco Correa y Pablo Crespo, los empresarios, varios trabajadores de Orange Market y los políticos valencianos como el ex vicepresidente del Consell Vicente Rambla; el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa -absuelto junto a Camps en el juicio de los trajes-; la mano derecha de éste en el PPCV, David Serra, y la exgerente del partido Cristina Ibáñez que se enfrentan a más de siete años de prisión.
El juicio
El juicio comenzó con la confesión de todos y cada uno de los empresarios. Los nueve alcanzaron un acuerdo de conformidad que reducía la petición de penas y las dejaba en una multa. Tras estas confesiones llegó el turno del cerebro de la trama, Francisco Correa. Su declaración se esperaba con ansiedad por el resto de acusados. No defraudó.
Una sola frase de Correa puso en jaque todas las estrategias de las defensas: "No he tenido ninguna reunión con el PP de Valencia. El señor Crespo sí me dijo que se había reunido con Ricardo Costa y que Costa le dijo tenéis que facturar a unos empresarios". Las caras de los compañeros de banquillo, sobre todo de los políticos, cambiaban de color ante las palabras del cerebro de la Gürtel. Una vez hecha la tan ansiada confesión, prosiguió explicando la mecánica. "Todas las facturas que nosotros hemos emitido a estos empresarios que han pasado por aquí son trabajos reales para el PP", contaba sin alterarse. "Tenían que haber sido emitidas al PP pero como ellos no nos podían pagar nos dijeron: 'facturárselo a estos empresarios'", apostilló.
Al término de su declaración la tensión se podía cortar dentro de la sala. Los abogados de Crespo y de Pérez pidieron un aplazamiento del juicio para poder hablar con sus clientes y valorar la bomba que Correa acababa de soltar. Se aplazó. Dos jornadas después llegaba el día de la verdad y la sala de vistas volvió a vivir una sesión explosiva. Tanto Crespo como el Bigotes confesaron. Sus palabras avalaron lo dicho por Correa y los empresarios. Ese día todo cambió para las defensas, pues la Fiscalía Anticorrupción había conseguido lo que unos días antes parecía imposible: tener al alcance de su mano un condena.
Algunas de las declaraciones que ese día se vivieron ya han quedado para la historia. Crespo fue el primero y dijo: "Se cobró en efectivo una parte en dinero que no se declaró y que fue a parar a la caja B de Correa y también una parte de facturación de trabajos que fueron pagados a través de los empresarios".
Y cuando terminó Crespo llegó el espectáculo. Era el turno de Álvaro Pérez y se montó el circo. El Bigotes no se cortó y, no solo dijo que sí que había financiación, sino que el cerebro era Camps y el recaudador el expresidente de Las Cortes, Juan Cotino: "Costa llamó delante de mí a la persona a la que siempre llamaba. Esa persona es Francisco Camps". Sin prisa pero sin pausa siguió cantando la traviata: "Había que hablar con Juan Cotino, que era el que hablaba con determinados empresarios o con Camps, porque el resto eran mandados que me soportaban a mí. Sin orden del Palau no se podía hacer nada".
Algunas de sus frases fueron:
"Sí hubo pagos en B, se hacían de manera repetida".
"Decidían Camps, Cotino y García Antón".
"Los empresarios, aquí no están todos los que son ni son todos los que están; aquí no se les ha preguntados a los empresarios a cambio de qué soltaban la mandanga".
"Francisco Camps fue quién ordenó y creo el sistema de pagos. Él me pedía el trabajo siempre. Ana Michavila (jefa de gabinete de Camps) y Nuria Romeral (jefa de prensa) estaban delante cuando hablaba con él".
"Todos los que daban las órdenes sabían que se pagaba en B y sabían que se llamaba Barcelona".
"Esto es así, no hay otra forma de hacerlo" (presuntas palabras de Camps sobre los pagos vía empresarios)
Al termino de las declaración ya no había nerviosismo sino angustia en el resto de procesados. No había vuelta atrás pues la Fiscalía contaba con las confesiones de los empresarios y de los cabecillas de la trama. La pelota estaba en el tejado de los políticos. Y les llegó el turno. Todos excepto uno decidieron ir a contracorriente de lo que se estaba viviendo hasta ese momento. Ni Rambla ni Serra entraron al trapo de las confesiones, pero hubo uno que sí.
Ni más ni menos que el que el que fuera número dos de Camps y exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, decidió que tenía que confesar, y así lo hizo. Su declaración conmocionó a todo el mundo pues era la primera vez que un primer espada del PP confesaba. Costa quiso dejar claro que, pese a estar en contra del método “jamás lo denunció” y que, por ello, “está dispuesto a asumir todas las consecuencias”.
Explicó que "se pagaba de dos formas, uno la subvención electoral que cada partido recibía y con aportaciones de empresarios que tenían adjudicaciones. Yo me entero de esto en el 2005 y no hice nada por impedirlo, asumo la responsabilidad. Era un sistema preestablecido de antes". Y explicó que "Cristina Ibáñez me dice que el vicepresidente del Gobierno Víctor Campos le hacía entregas de dinero que ingresaba en diferentes sucursales del banco con límite máximo de 3.000 euros. Nos lo cuenta a Adela Pedrosa y a mí”.
Pero su declaración fue mucho más allá de lo esperado con frases como: "En 2006 Campos me lleva a su despacho y me muestra sobre donde hay dinero en efectivo y me comenta que es dinero de los empresarios que tienen relación de la administración que quieren colaborar y que eso es un encargo de Camps y de Cotino. El encargo procede del presidente Camps y del conseller Juan Cotino” o “se recogieron 150.000 de Rover Alcisa, 15.000 de Secopsa y 350.000 de Enrique Ortíz con los que se terminó con pagar la deuda con Orange Market”.
Y fue entonces cuando metió a Génova al contar que: "se quería crear una tercera vía de financiación que es la emisión de facturas por parte de Orange Market a empresarios para pagar actos del PPCV. Yo a esa petición que me hace el vicepresidente me niego. Voy a Génova y me reúno con Bárcenas y le cuento la petición del PPCV idea de Camps. Le traslado eso y me contesta “eso es una práctica prohibida en el PP a nivel nacional y sería un Filesa 2”. Vuelvo y se lo traslado a Víctor Campos, ya no solo mi negativa sino la posición del PP Nacional y le digo que se lo diga a Camps”. Esta declaración fue refrendada días más tarde por el propio Bárcenas en el juicio.
Sus palabras levantaron ampollas. Hasta tal punto que el expresidente Camps, tuvo que salir al paso diciendo que todo era mentira. El propio Camps que acudió como testigo al juicio negó que hubiera financiación irregular y, mucho menos, que lo supiera él. Pero el daño ya estaba hecho y la condena, salvo sorpresa manifiesta, está a punto de caramelo. Tras las declaraciones ha llegado el rosario de testigo y peritos. Será a principios de mayo cuando la fiscal decida si modifica las peticiones de penas para los procesados y, un poco después, cuando el magistrado José María Vázquez Honrubia emita una sentencia que puede suponer un antes y un después para el Partido Popular.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/01/dentro-de-la-corrupcion-valenciana-dopaje-gurtelLA EX JEFA DE PRENSA DE CAMPS: "TODO PASABA POR RICARDO COSTA"
Nuria Romeral, ex jefa de prensa del expresident de la Generalitat Francisco Camps ha testificado este jueves en el juicio del caso Gürtel que en 2007 y 2008 en el PP valenciano "todo pasaba por Ricardo Costa", ex secretario general del PPCV y uno de los acusados.
La Audiencia Nacional ha reanudado la vista de la causa seguida contra diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) a través de pagos en B y facturas falsas de empresarios que gozaban de adjudicaciones en la Comunitat para gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008.La primera testigo en declarar ha sido Nuria Romeral que en 2007 era la jefa de prensa de Francisco Camps, que la nombró tras las elecciones autonómicas y municipales de ese año secretaria autonómica de Comunicación.
Nuria Romeral, que actualmente es responsable de comunicación en una empresa privada, ha asegurado que conoce al acusado Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market, la empresa de la trama en Valencia, pero solo de verle en actos del partido y hablar ocasionalmente con él de cuestiones como el montaje de las vallas publicitarias.
Ha aclarado que ella no despachaba en el día a día de los actos electorales de Camps con Álvaro Pérez sino con Ricardo Costa tanto en la campaña de 2007 como en la de 2008, cuando ya era secretario general del PP de la Comunitat Valenciana.
A preguntas de la fiscal ha dicho que no recuerda quién le dijo que hablara con Ricardo Costa incluso en 2007 cuando aún este no era secretario general de la formación.
No obstante ha comentado: "Ricardo Costa es un hombre supertrabajador, muy responsable y todo pasaba por él en el partido".
Para apostillar su declaración al respecto el juez José María Vázquez Honrubia ha preguntado a la testigo "quién mandaba y quién controlaba el partido en Valencia en 2007 y 2008" y Nuria Romeral ha contestado: "Ricardo Costa sin ninguna duda".
Preguntada por la defensa del acusado Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno valenciano, ha señalado que "no era una persona del partido sino del Gobierno" y que su papel como director del comité de la campaña electoral de 2007 fue de estrategia de contenidos.
Esto ha sido corroborado por el otro testigo que ha declarado hoy, el ex secretario autonómico de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Generalitat Rafael Ripoll, que ha indicado que en dicho comité Rambla no se encargó de asuntos económicos.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/03/08/5aa12539468aebab7c8b46bb.htmlCAMPS ECHA EL BALÓN A ZAPLANA Y LE ACUSA DE CONTRATAR A EL BIGOTES
El expresidente dice que Ricardo Costa le engañó y no le habló de la facturación falsa de Gürtel
El expresidente valenciano Francisco Camps ha escurrido hoy el bulto en la Audiencia Nacional y ha acusado a su antecesor en la Generalitat, Eduardo Zaplana, de haber enviado a Álvaro Pérez El Bigotes a la comunidad para hacer los actos electorales del Partido Popular y que "ya se quedó allí en Valencia".
Camps ha declarado hoy como testigo en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, donde ha contradicho la versión que aportó El Bigotes como acusado cuando dijo que conoció al expresidente valenciano a través del empresario y yerno de José María Aznar, Alejandro Agag.
En el mismo sentido, el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, señaló que Orange Market se creó porque, cuando la trama dejó de trabajar para Madrid, el Bigotes conoció a Camps y éste les planteó trabajar en Valencia para el PP.
Sin embargo, hoy Camps ha negado que fuese Agag quien le presentase al Bigotes y ha dicho que le vio por primera vez en su presentación como candidato a la presidencia de la Generalitat, en un acto de Alicante en 2002 que se celebró "en un pabellón deportivo". "Me lo enviaron desde Madrid", ha precisado Camps para después añadir: "El presidente del partido (en Valencia) dijo que esta persona es la que se encargaría de los temas de organización de los actos, de entarimados y todo ese lío".
"Apareció por allí", ha explicado Camps en relación con El Bigotes, con quien ha dicho que está "enfadadísimo" después "de este follón que ha organizado con el partido". Además, ha apuntado que no le consta que Zaplana tuviera una relación personal con El Bigotes y ha apuntado que no le preguntó por qué le recomendó para organizar los actos electorales porque él estaba pendiente de la campaña electoral.
Camps también se ha dedicado a contradecir la versión que hizo Ricardo Costa dio en el juicio y ha asegurado Gürtel que "es absurdo" que él y el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino ordenasen el presunto sistema de financiación ilegal y que "nunca jamás" se reunió con empresarios ni les ordenó que pagasen actos electorales del PP.
"Niego la mayor. Jamás habría defendido o permitido un sistema de este tipo", ha dicho Camps en su declaración como testigo en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, que celebra la Audiencia Nacional, en la que ha desmentido la versión que aportó el acusado y entonces secretario general del PP valenciano Ricardo Costa.
Camps ha dicho que el entonces secretario general del PP, Ricardo Costa, nunca le dijo que el partido estaba pagando la deuda contraída con la Gürtel con facturas falsas giradas a empresarios por servicios electorales que no habían realizado.
"No solo no me dio cuenta de ninguna irregularidad, sino que cuando saltó esta cuestión yo llamé al señor Costa para decirle 'qué es lo que está pasando' y me dijo: No te preocupes presidente, esto está perfectamente ordenado. Son falsedades".
Y ha añadido: "Alguien tiene que explicarnos por qué ha mentido durante 9 años a un juez del tribunal superior de justicia de valencia (...) Durante 9 años yo a todo el mundo le escuché exactamente lo mismo: que eso no era verdad".
Camps ha querido dejar claro que en el PP "nadie se ha enriquecido nunca jamás". En relación a la reunión que, según Costa, éste mantuvo con el extesorero del PP Luis Bárcenas en la sede nacional del partido en la que le transmitió este supuesto sistema irregular de financiación, Camps ha dicho que no es posible que se produjese porque está "completamente convencido" de que el presidente o el secretario general del partido, que eran "sus interlocutores", se lo hubiesen contado.
https://www.elplural.com/politica/2018/03/07/camps-echa-el-balon-zaplana-y-le-acusa-de-contratar-el-bigotesADMINISTRATIVO DE GÜRTEL: CONFIABA EN CORREA Y NUNCA PENSÉ EN VERME IMPLICADO
Un administrativo de empresas de Gürtel, José Luis Izquierdo, ha dicho hoy en el juicio de la rama valenciana de la trama que "nunca pude suponer que iba a estar involucrado" en este caso de corrupción política, y ha señalado que él confiaba en el presunto líder del entramado, Francisco Correa, que lo contrató.
José Luis Izquierdo, que ha comparecido hoy como testigo en la Audiencia Nacional, ya fue juzgado en este mismo tribunal en la causa de la primera época de Gürtel, en la que la Fiscalía pidió para él 45 años y dos meses de prisión.
La Audiencia Nacional ha reanudado hoy la vista de la causa seguida contra diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia para las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.
Entre ellos se encuentran el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, y los presuntos líderes de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes", que era el responsable de Orange Market.
José Luis Izquierdo ha asegurado desconocer cuestiones relacionadas con Orange Market por las que le han preguntado el fiscal, el abogado del Estado y la letrada de la acusación ejercida por el PSOE, como si se recibía en la sede de las empresas de Correa, en la madrileña calle de Serrano, dinero procedente de Valencia.
Ha asegurado que él solo era administrativo a nivel de auxiliar y que se encargaba de los recados, del material, del mantenimiento, de abrir la puerta, de que no faltara bebida y de coger el teléfono y el correo postal, y que si recibía facturas se las pasaba al contable.
El juez José María Vázquez Honrubia le ha comentado que Correa declaró que tenía mucha confianza en él.
Izquierdo ha comentado que "más bien es al revés, el que tenía confianza era yo en Correa y nunca pude suponer que iba a estar sentado aquí e involucrado en la trama; me vería como un empleado leal".
Según la Fiscalía con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008 los acusados integrados en el PP de la Comunidad Valenciana contrataron a Orange Market servicios que abonaron de modo irregular en parte en efectivo y en parte a través de empresarios, que no quedaron reflejados ni en la facturación ni en la contabilidad.
Añade que los servicios prestados por Orange Market incluían mítines e intermediación en la contratación de publicidad.
La Fiscalía mantiene que dichos servicios fueron realmente abonados por empresarios que no podían por ley hacer donaciones al PP por tener contratos con administraciones públicas valencianas y por ello para satisfacer la deuda del partido se materializaron pagos por supuestos servicios prestados por Orange Market a sus empresas pero que en realidad no se habían producido.
Hoy también ha declarado un policía nacional que intervino en la investigación, que ha dicho que los ingresos de Orange Market por servicios para actos de campaña electoral eran mediante pagos con facturas abonados por el PP de Valencia, ingresos en dinero negro efectuados directamente por el partido y pagos tanto en B como en A de empresas constructoras.
Ha añadido que "no se halló ningún documento que indicara la existencia de trabajos que figuraban en las facturas emitidas por Orange Market para cobrar de las empresas constructoras".
http://www.eldiario.es/politica/Administrativo-Gurtel-Confiaba-Correa-implicado_0_745076266.htmlVÍCTOR CAMPOS VUELVE A SER INCLUIDO COMO TESTIGO DEL CASO GÜRTEL
El juez ha aceptado la petición del PSPV-PSOE
Finalmente, Víctor Campos, el que fuera vicepresidente del Consell y uno de los dos condenados en en denominado “caso de los trajes” deberá declarar, como testigo, en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel que se desarrolla en la Audiencia Nacional.
Uno de los acusados, el que también fuera vicepresidente de la Generalitat, VIcente Rambla, había renunciado esta semana a su declaración junto a más de una decena de testigos. Sin embargo, el PSPV-PSOE que actúa como acusación en el caso ha solicitado que se le mantenga entre los testigos, petición aceptada por el juez.En el mismo caso se encuentran Nuria Romeral, Antonio Clemente y Dora Ibars, estos dos últimos a petición de la Fiscalía.
Recordemos que Rambla sí ha mantenido en sí lista de testigos, entre otros, a Francisco Camps y Juan Cotino.
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/16/radio_valencia/1518756322_239879.htmlCAMPS NIEGA LA REUNIÓN ENTRE COSTA Y BÁRCENAS: “ALGUIEN ME HABRÍA LLAMADO”
Se ha preguntado "cómo es posible que lo que diga Ricardo Costa sea ahora lo que vale después de nueve años diciendo una cosa diferente"
El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha dudado de que se hubieran reunido el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y el extesorero Luis Bárcenas para trasladarle el primero la sospecha de una financiación irregular, porque de haber ocurrido "alguien" le habría llamado.
Bárcenas confirmó durante la sesión de ayer en el juicio a la rama valenciana de Gürtel que Ricardo Costa le avisó de que había recibido instrucciones del PPCV para financiar actos de campaña con dinero de empresarios y que él le advirtió de que eso estaba "terminantemente prohibido".
Camps ha puesto en duda hoy esas afirmaciones y ha dicho que reunirse con el extesorero "no era una cosa ordinaria" y, de haber sido informado de esas supuestas prácticas irregulares en el PP valenciano, Bárcenas "se lo hubiera comentado al presidente nacional o al secretario general" y ellos le habrían telefoneado y "preguntado si realmente estaba pasando eso".
Tras confirmar Bárcenas en sede judicial la versión de Costa de que se reunió con él para informarle de lo que estaba pasando en el PP valenciano, el expresident ha destacado que se habla de una reunión sin determinar bien en qué año fue y que "no ha existido durante nueve años -ninguno de los interlocutores ha hablado de ella en la instrucción- y de repente, existe".
"¿Alguien tiene la más mínima duda de que una cosa de esta envergadura no se hubiera puesto en conocimiento de quienes son mis interlocutores directos, el presidente y el secretario nacional del PP, e inmediatamente, ellos me habrían llamado y yo habría puesto una investigación a ver lo que estaba pasando?", ha cuestionado.
Camps ha insistido en que si esa reunión era "de esa importancia y de ese calado, lo lógico es que -Bárcenas- la hubiese trasladado a la dirección nacional del partido y ellos me lo hubiera trasladado a mí".
Preguntado entonces sobre mienten Bárcenas, Costa y los empresarios que también han confirmado la financiación irregular, Camps ha asegurado que lo que dice es que "han cambiado la opinión en sede judicial" aunque ha asegurado desconocer cuáles son las estrategias de sus defensas.
"Lo que digo es que de la reunión" en cuestión entre Bárcenas y Costa "nadie ha tenido noticias hasta estos días y, si hubiese sido así, seguramente, se habría dicho a un alto cargo de la dirección del partido y nos hubiéramos puesto a ver lo que estaba ocurriendo", ha insistido.
"Nadie ha corroborado esa reunión pero algo tan importante en un partido tan honorable como el PP de España, se habría sabido y la dirección nacional del partido me habría llamado por teléfono o comentado cualquier cosa y eso nunca ocurrió", ha añadido.
Camps se ha preguntado por qué se da más veracidad a la nueva versión de Costa, "justo lo contrario a lo que ha mantenido durante nueve años", que a las del exvicepresidente Vicente Rambla, la exgerente Cristina Ibáñez, la extesorera Yolanda García y el exviceasecretario David Serra, que siempre han mantenido que "jamás hubo ninguna irregularidad en el funcionamiento del partido".
Se ha preguntado "cómo es posible que lo que diga Ricardo Costa sea ahora lo que vale después de nueve años diciendo una cosa diferente" y sin embargo no se de igual validez a lo que dicen el resto de las personas que han tenido que ver con el funcionamiento de la contabilidad y la economía del partido.
Preguntado sobre si él estaba detrás de esas supuesta financiación irregular o dio alguna orden al respecto ha sentenciado que "desde luego que no, nunca jamás ha habido una cosa así en mi entorno, jamás he tenido ocasión ni conocimiento ni información respecto a esta cuestión".
Respecto a las declaraciones de los empresarios en las que confirman la financiación, el expresident ha señalado que también han cambiado su versión desde la instrucción y que habría que preguntarles a ellos, aunque ha indicado que con ellos no ha tenido "ningún tipo de relación, ni personal ni de ningún tipo".
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/14/radio_valencia/1518624434_214529.html
BLANCO BALÍN SOBRE 'GÜRTEL': "UTILIZARON MI NOMBRE PARA DARLES VERACIDAD A SUS EMPRESAS"
El ‘cerebro financiero’ explica que comenzó a trabajar con la trama porque Alejandro Agag "me envía a Correa"
El considerado ‘cerebro financiero’ de la trama Gürtel y exvicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín, trató este viernes, en su declaración en el juicio por presunta financiación ilegal del PPCV, de desvincularse por completo de las prácticas corruptas afirmando que él simplemente se dedicaba a llevar la contabilidad como asesor fiscal desde Madrid de la empresa Orange Market, así como del resto de empresas del entramado de Francisco Correa. Blanco Balín se enfrenta a 15 años de prisión como presunto autor de seis delitos fiscales.
La fiscal le preguntó cómo era posible que no supiera nada de las prácticas si tenía un 30 por ciento de una de las principales empresas de la trama, a lo que el procesado respondió: "Las acciones que tenía es porque me las dio Correa como pago a mis honorarios, era socio a los únicos efectos de tener unas acciones en Hator Consulting pero nunca percibí ninguna remuneración por tener acciones".
Durante su declaración añadió: "Creo que se utilizó mi despacho y mi nombre para darle mayor veracidad a estas empresas. Lo que sé una vez que me he estudiado el procedimiento no hubiera continuado con ellos y los hubiera echado de mi despacho. He visto que había facturas falsas y una caja B. En mi despacho nunca se ha encontrado nada de la caja B, no sabíamos nada de la caja B porque nunca supimos que había pagos en efectivo". Y apostilló: "Si hubiera conocido todo lo que sé ahora no hubiera aceptado ningún cargo".
Alejandro Agag
En una parte de la declaración, Blanco Balín hizo referencia al yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar. Blanco Balín aseguró que fue Alejandro Agag quien le envió a Correa a su despacho. Así, el nombre de Alejandro Agag vuelve a sobrevolar el procedimiento como la persona que no solo introdujo la Gürtel en Valencia, pues fue él quien le dijo a Francisco Camps que lo contratara, sino que también fue la persona que vinculó a la trama con la asesoría acusada de estafar dinero al fisco. Sin embargo, el yerno de Aznar no ha sido llamado a declarar ni una sola vez desde que comenzara la instrucción del caso hace ya más de nueve años.
Con la declaración de Blanco Balín terminaron los interrogatorios a los procesados. Por el momento, casi todos ellos han admitido los hechos, siendo las declaraciones de Francisco Correa, Álvaro Pérez 'El Bigotes' y del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa las más explosivas. Todos ellos admitieron que el ‘dopaje’ electoral continuado por parte del PPCV y apuntaron como ‘cerebro’ del modus operandi a Francisco Camps y como recaudador al exconseller y expresidente de Les Corts Juan Cotino.
De hecho, Costa aseguró ante el tribunal de la Audiencia nacional: "En 2006 Campos me lleva a su despacho y me muestra sobres donde hay dinero en efectivo y me comenta que es dinero de los empresarios que tienen relación de la administración que quieren colaborar y que eso es un encargo de Camps y de Cotino. El encargo procede del presidente Camps y del conseller Juan Cotino".
Pero, además, nombró al extesorero del PP Luis Bárcenas, del que dijo que fue a visitar para contarle las intenciones de Camps de financiar al PPCV. La versión de Costa de dicha reunión es que tras explicarle lo que sucedía en Valencia, Bárcenas contestó: "Eso es una práctica prohibida en el PP a nivel nacional y sería un Filesa 2". El extesorero tiene que declarar el martes 13 de febrero y, obviamente, será preguntado por la veracidad de las afirmaciones de Costa.
http://valenciaplaza.com/blanco-balin-sobre-gurtel-utilizaron-mi-nombre-para-darles-veracidad-a-sus-empresas
DAVID SERRA: “COSTA ERA EL RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN"
El exdiputado autonómico, para el que se piden 7 años de cárcel, declara en la Audiencia Nacional en el juicio por la presunta financiación irregular del PP valenciano
El exvicesecretario del PP valenciano y ex diputado autonómico David Serra ha declarado en el juicio de Gürtel que su superior, el entonces secretario general Ricardo Costa, "era el responsable de la contratación" de los actos electorales del partido a la trama y quien autorizaba los pagos.
"Me imagino que Orange Market facturaría los actos. Se haría un control de los que se habían hecho y una vez hecha la factura se daría la orden por parte del secretario general del partido", ha explicado Serra en su declaración como acusado en el juicio a la rama valenciana de Gürtel, que se ha reanudado hoy la Audiencia Nacional.
Sin embargo, Serra, que ha precisado que no tuvo responsabilidades en el partido hasta septiembre de 2007 (cuando ya se habían celebrado las elecciones autonómicas y municipales), ha sido tajante en relación a los supuestos pagos en negro presuntamente realizados por el partido a la Gürtel: "Jamás me dijo a mí el señor Costa que había pagos en b".
Y ha asegurado además que "jamás" ha pagado o recibido dinero "en efectivo".
Ha reconocido que él también autorizó algunos pagos a Orange Market -filial de la Gürtel en Valencia- en caso de que el entonces secretario general no estuviese presente y siempre si estaban autorizados por él porque tenía "plena confianza con la gente que lleva trabajando 20 años en la organización".
Pero ha apuntado que su obligación no era "el control de esos pagos" y que era "absolutamente normal" autorizar el abono de facturas para que no se quedasen bloqueadas, si bien ha especificado que "prácticamente no ha visto ninguna o casi ninguna" de Orange Market.
Cuando se incorporó al comité ejecutivo del partido regional, ha continuado Serra, Álvaro Pérez, El Bigotes (responsable de Orange Market), ya trabajaba para la formación y ha dicho que su "misión" como vicesecretario general era la de "gestionar la movilización" de los actos y la "dirección de recursos humanos" pero no intervenía "en nada de la contratación" de los actos.
De eso se encargaba, según la versión de Serra, "el señor Costa", que tenía "una relación muy estrecha" con El Bigotes y era él quien le hacía los encargos de actos electorales, aunque no cree que se dedicase "a contar plasmas o metros de moqueta".
Serra, que se enfrenta a una petición fiscal de 7 años y 9 meses de cárcel, ha señalado que "Costa tenía una adicción al trabajo total y estimulaba la vida política también los fines de semana", lo que generaba "tensiones" entre los miembros del partido
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/07/radio_valencia/1518001203_622983.htmlLA SENADORA ADELA PEDROSA PAGÓ 80.000 EUROS AL ABOGADO QUE LA EXCULPÓ DE 'GÜRTEL'
El Ayuntamiento de Elda contrató al despacho de Fliquete, compañero de Camps en el Jurídic, mientras eximía a la ex alcaldesa y atribuía responsabilidades de la 'caja B' a Costa
El jurista era el abogado de cabecera del PP
La ex alcaldesa de Elda y actual senadora del Partido Popular, Adela Pedrosa, adjudicó dos contratos por valor de 80.000 euros, entre los años 2011 y 2012, al despacho del abogado Enrique Fliquete por servicios de asesoría jurídica y defensa del Ayuntamiento de Elda en diversos contenciosos.
Enrique Fliquete es en la actualidad compañero de Francisco Camps en el Consell Jurídic Consultiu (CJC). Es miembro de este órgano consultivo a propuesta del PP y fue el abogado que elaboró el informe que eximía a Pedrosa de cualquier responsabilidad en la trama Gürtel y en la financiación de las campañas de 2007 y 2008 que se juzga en la Audiencia Nacional.
Según apunta la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el Ayuntamiento de Elda encargó la defensa de varios contenicosos-administrativos a Effes Estudio Jurídico SL, una sociedad que estuvo administrada por Fliquete, según consta en el Registro Mercantil.
Pese a que el Ayuntamiento cuenta con varios abogados entre su plantilla, Pedrosa externalizó este servicio. El primer contrato se firmó en 2011, el año en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TSJ-CV) abrió las diligencias de la financiación por 40.000 euros.
El mismo servicio por el mismo importe se contrató en 2012, el año en el que Pedrosa fue citada como testigo en Gürtel después de que Fliquete elaborara un informe en nombre del PP, a petición del TSJ-CV, en el que le atribuía un papel secundario en el partido.
Ayer Pedrosa, en declaraciones a este periódico, subrayó que los contratos se concedieron por concurso y que los expedientes no recogen ninguna irregularidad. Además, afirmó que desconocía que Fliquete fue el autor del informe.
Ricardo Costa no era el secretario general del PP valenciano en las elecciones autonómicas y municipales del año 2007 pero la Fiscalía pide para él una pena de más de siete años de cárcel por haber ejercido el cargo de facto. La secretaria general era Pedrosa, pero el partido entregó varios informes al instructor, el magistrado valenciano José Ceres, en los que le endosaban al ex diputado popular la financiación de aquella campaña.
En las elecciones de 2008 Costa sí era secretario general. Sin embargo, respecto a las de 2007, el partido entregó varios informes de los que se desprendía que Pedrosa habría delegado funciones en su entonces vicesecretario en lo concerniente a las cuentas del partido en campaña.
El juez preguntó por estas cuestiones porque quería conocer el equipo de dirección del PP de Francisco Camps, sus competencias y quién tomaba las decisiones. Sobre las posibles funciones de Camps, y del vicesecretario de Organización, David Serra, quien sí figura como acusado, los informes no recogían referencias sobre sus funciones.
Fliquete ejerció la dirección letrada de diversos contenciosos presentados por el PP, sobre todo en la provincia de Alicante, pero tras acceder al CJC las sucesivas aclaraciones sobre el primer informe fueron resueltas por los abogados del partido.
Según consta en el sumario, todos iban firmados por el sucesor de Costa, Antonio Clemente, en la actualidad miembro de la gestora del PP en la provincia de Valencia. Clemente gestionó la petición de informes y los entregó tras recopilar los datos que le trasladaron los trabajadores del partido sobre la campaña de 2007.
Aquellos informes desencadenaron una bronca entre Clemente y Costa, pues fue interpretado por el entorno de Costa como una traición. Al parecer, Costa se quejó de que los informes no eran precisos porque por encima de él había dos personas más: Camps y Pedrosa.
Pedrosa negó que pagara en 'b' su campaña en Elda
La senadora popular declaró la semana pasada como testigo en el juicio de la financiación y aseguró que en 2004 Ricardo Costa, quien entonces era su segundo en el partido, le dijo que se encargaría de las cuentas de la formación y que contaba con el beneplácito del presidente, Francisco Camps. «El señor Costa me comunicó que las cuentas las iba a llevar él porque había hablado con el presidente Camps y que él era economista y le parecía bien», dijo Pedrosa. Costa, acusado en la vista, confesó hace semanas ante el tribunal que hubo actos en Elda de las elecciones municipales de 2007 -en las que Pedrosa fue candidata- que se financiaron ilegalmente. Sin embargo, la testigo aseguró que «jamás en la vida» nadie le comentó que el PP valenciano se financiase de forma irregular También precisó que nunca contrató con Orange Market -filial de la 'Gürtel' en Valencia- y que todos los actos organizados por esta empresa que se celebraron en el municipio estaban relacionados con las autonómicas de 2007 o las generales de 2008 y venían organizados y contratados por la dirección regional del partido. «Tu te tenías que encargar de llenarlo, el resto te venía dado», añadió. Además, Adela Pedrosa declaró que tuvo que pedir un préstamo personal con su marido para sufragar los actos de la campaña municipal a la que se presentó en 2007 y que luego se lo remitió a la sede provincial del partido para que se fiscalizara.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/02/26/5a930e2922601d64328b465b.htmlBÁRCENAS DESVINCULA A GÉNOVA DE LA CAJA B DEL PP VALENCIANO
Luis Bárcenas en la comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. Uly Martin
El extesorero del PP Luis Bárcenas ha desvinculado este martes a la estructura nacional del partido de la caja b del PP valenciano, admitida ya por el ex secretario general de esa formación Ricardo Costa. Bárcenas, que ha declarado como testigo en el juicio de la pieza separada sobre la financiación ilegal del partido en Valencia, ha negado que hubiera instrucciones desde Génova 13 para una contabilidad paralela en las comunidades autónomas.
El antiguo responsable de las finanzas populares -y autor de la contabilidad b manuscrita del partido publicada por el EL PAÍS en enero de 2013- ha corroborado, a preguntas de la fiscal, que, siendo gerente del PP nacional, mantuvo una reunión con Ricardo Costa en la que este le alertó de supuestas prácticas irregulares en la financiación del PP valenciano. “Me planteó su preocupación por una instrucción de Víctor Campos, vicepresidente económico y desde mi punto de vista responsable económico y tesorero de facto del partido”, ha admitido.
Cuando el magistrado José María Vázquez Honrubia le ha pedido algo más de precisión, Bárcenas ha recordado “vagamente” que Costa y él hablaron de la supuesta instrucción de “asignar facturas a determinadas empresas para que se hicieran cargo de gastos del partido”. Según su versión, coincidente con la que ofreció Costa en su declaración como imputado, el pasado 24 de enero, Bárcenas le trasladó el criterio del entonces tesorero Álvaro Lapuerta y de la sede central del partido de que eso “estaba terminantemente prohibido”.
Bárcenas atribuyó ese veto a las “experiencias pasadas” que afectaban al PP –en referencia al caso Naseiro- y al PSOE –el caso Filesa-. “Sabíamos cuál era el resultado de hacer eso y era algo absolutamente prohibido”. Bárcenas ha asegurado que trasladó el contenido de la reunión con Costa a Lapuerta y que este le dijo que hablaría con Valencia para dejar claro que esa era la indicación.
En su testifical, Bárcenas ha insistido que antes de las campañas se reunían con los responsables regionales y provinciales de las finanzas y se les repartía un documento con instrucciones sobre los gastos e ingresos y se les ampliaba verbalmente en dicha encuentro. Según su versión, a los órganos periféricos se les prohibía recibir donaciones ilegales que vinieran de contratistas de la administración.
El extesorero popular ha manifestado que no fue él quien otorgó poderes notariales a Ricardo Costa y a la gerente del PP valenciano, Yolanda García, también imputada, y ha aventurado que sería Lapuerta quien lo hizo. También ha asegurado que los únicos actos electorales en los que intervenía Génova en la organización era aquellos en los que participaba el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy. Bárcenas ha afirmado que era Génova 13, en referencia a la sede nacional, quien suscribía el crédito para las elecciones y que luego se repartían los fondos por regiones y provincias en función de las posibilidad de gasto que fijaba la ley.
Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, reconoció el 24 de enero ante el juez que la formación pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat” -un total de 3,4 millones de euros- por indicación del entonces presidente autonómico Francisco Camps. Costa se convierte así en el primer alto cargo de la formación conservadora que admite de forma abierta la financiación ilegal desde que se destapó el caso Gürtel en febrero de 2009. Costa salvó al PP nacional en su declaración, aunque dijo que avisó al entonces gerente de Génova 13, Luis Bárcenas, de los detalles de la caja b valenciana.
El cerebro confeso de la trama, Francisco Correa, reconoció previamente que su mercantil Orange Market, dedicada a la organización de eventos, cobró 3,4 millones de euros en negro del PP valenciano por actos electorales y otros de periodo ordinario en 2007 y 2008. De esta cantidad, alrededor de 1,2 millones los pagaron al menos nueve empresarios, a los que Orange Market giró facturas por conceptos falsos que escondían los trabajos realizados para la formación conservadora.
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/13/actualidad/1518511880_260424.htmlBÁRCENAS CONFIRMA LA VERSIÓN DE COSTA SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL E "IMAGINA" QUE LAPUERTA LLAMÓ A VALENCIA
Declara que Álvaro Lapuerta, que era el tesorero en 2007, tenía la "absoluta responsabilidad" y no tenía que informar a nadie de la dirección nacional
Bárcenas admite que viajó a Valencia con Lapuerta y un empresario que quería hacer un donativo y cuyo nombre no recuerda y que allí se vieron con el vicepresidente de la Generalitat, "tesorero de facto" del partido
El extesorero nacional del PP ha contestado así, sonriendo, al juez de la 'Gürtel' valenciana al ser preguntado por su actual trabajo.
Si alguien albergaba la expectativa de que Luis Bárcenas, el hombre que durante dos décadas controló las cuentas del PP, desvelase algo desconocido sobre la –presunta– financiación ilegal del PP valenciano en la etapa de Francisco Camps, esa expectativa se ha desmoronado este martes en apenas media hora. En su declaración como testigo, Bárcenas ha confirmado que en una fecha que no recuerda con exactitud Ricardo Costa le comunicó en la sede de Génova su "preocupación" por la pretensión del partido de endosar a empresarios gastos del partido. Bárcenas, entonces gerente del PP nacional, se lo trasladó a quien hasta junio de 2008 era tesorero, el hoy octogenario Álvaro Lapuerta, que no puede confirmar ni desmentir nada porque oficialmente padece "demencia senil". Y Lapuerta le dijo que "hablaría con Valencia y se ocuparía" del asunto. "Me imagino que llamaría pero no tengo ni idea de con quién habló".
Lapuerta, ha aducido su sucesor como tesorero del PP, tenía competencias plenas y la "absoluta responsabilidad" en materia de financiación, así que no tenía que informar a nadie de la dirección nacional. No ha dicho nombres en este punto pero su alusión iba claramente dirigida a negar que él mismo o Lapuerta tuvieran que haber dado cuenta de lo sucedido al secretario general, Ángel Acebes, o mucho menos al presidente, Mariano Rajoy.
Bárcenas ha admitido que viajó a Valencia con Lapuerta y un empresario que quería hacer un donativo y cuyo nombre no recuerda y que allí se vieron con el entonces vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, a quien definió como "tesorero de facto" de la organización regional del PP. Por no recordar ni recordaba la fecha ni para qué elecciones quería entregar fondos el desconocido donante.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/14/barcenas_sobre_aviso_costa_contra_camps_imagino_que_lapuerta_llamo_valencia_pero_no_tengo_idea_con_quien_hablo_75208_1012.htmlEL PIROTÉCNICO CABALLER RECONOCE QUE GÜRTEL PAGÓ LOS FUEGOS ARTIFICIALES DEL PP PARA UN ACTO DE RAJOY
El empresario afirma que los contratos lo cerraba con el Partido Popular de Valencia y que jamás negoció directamente con Orange Market
'El Bigotes', en el Congreso: "Los empresarios pagaban con alegría y felicidad las facturas del PP"
El dueño de la pirotecnia Caballer, Vicente Caballer, ha reconocido este martes en el juicio que acoge la Audiencia Nacional por la rama valenciana de la trama Gürtel que Orange Market, que la empresa del cabecilla Francisco Correa pagó los fuegos artificiales que contrató el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) para el acto de campaña del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebrado en la Plaza de Toros de Valencia en el año 2008. Vicente Caballer, que ha comparecido en calidad de testigo, ha negado en un primer momento trato alguno con esta empresa de la trama si bien, ante la insistencia del titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, ha acabado reconociendo la existencia de facturas en las que consta que Orange Market habría abonado los pagos relativos a trabajos para la formación popular de la Comunidad Valenciana.
Con todo, el pirotécnico ha matizado que los contratos para disparar fuegos artificiales en diferentes acto del PP en la Comunidad Valenciana los cerraba siempre con la formación regional y que "jamás" hizo negocios directos con la empresa de la trama pese a las facturas expuestas durante la sesión de este martes por el representante del Ministerio Fiscal. Una de ellas, relativa a los fuegos artificiales en los actos de campaña que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebró en la Plaza de Toros de Valencia por valor de 15.000 euros. El juez ha citado a Caballer después de que el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa explicara ante el juez durante su interrogatorio como investigado que la contratación de Caballer fue una "petición expresa" de Francisco Camps, como "complemento" en estos actos centrales y que fue pagado con dinero negro. Sobre este trabajo Caballer ha reconocido la existencia de un correo electrónico enviado por Cándido Herrero empleado de Orange Market a una de sus hijas que está al frente del negocio familiar dos días antes la firma de la factura, el 6 de marzo de ese año. Eso sí, el empresario valenciano ha puntualizado que ni él ni sus hijos han tratado de forma directa con nadie de la empresa del cabecilla de la trama. "A nosotros posiblemente se nos ha dicho que este señor nos pagará pero nunca hemos trabajado con Orange Market. No conocemos a esta empresa para nada", ha respondido Caballer al ser preguntado por otras dos facturas de 29.000 euros por disparar fuegos artificiales en la Volvo Ocean Race (Vuelta al Mundo por etapas) de Alicante. Al respecto ha precisado que llevan cerca de 150 años de actividad dentro de la legalidad y que en ese tiempo han trabajado disparando fuegos artificiales con partidos de todo color político y en todo tipo de eventos llegando a representar a España en 34 actos internacionales.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/02/20/5a8c50cce5fdea08718b462d.htmlEL TESTIMONIO "MÁS INVEROSÍMIL" DE UN CARGO DEL PP EN LA GÜRTEL
El exvicesecretario de organización del PP valenciano, David Serra, incurre en continuas contradicciones en su declaración como acusado en el juicio por la financiación ilegal a cuenta de la Gürtel
Según fuentes del procedimiento, “pocas veces se ha oído un testimonio más inverosímil ante un tribunal” que el de Serra, quien llamaba “magdalenas o bizcochos” al dinero en sus conversaciones con la trama. Como cualquier “organización peculiar”, respondía con sorna el magistrado
Con gesto serio y vestimenta sobria, el acusado exvicesecretario de organización del PP valenciano, David Serra, iniciaba su alocución este miércoles ante el tribunal del caso Gürtel con una prometedora declaración de intenciones: iba a colaborar y a decir “toda la verdad”. Pasadas más de tres horas de interrogatorio, “con dificultad” pudo extraerse “una sola afirmación cierta” de su testimonio. El “más inverosímil que se recuerda” ante un tribunal, según fuentes del procedimiento.
Comenzó David Serra, a quien la Fiscalía pide más de 7 años de cárcel por delitos electorales y falsedad documental, negando conocimiento alguno de la existencia de “pagos en b” en el PP valenciano, al tiempo que trasladaba a Ricardo Costa cualquier responsabilidad en materia de contratación, gestión, supervisión o pagos de los actos de campaña a Orange Market, la marca valenciana de la Gürtel. Pero pronto la fiscal Anticorrupción, Miriam Segura, le hizo incurrir en la primera de la larga lista de contradicciones en las que incurrió, y casi siempre con el mismo método: exhibición de documentación o grabación de conversación telefónica al aludido, en la que operaba de forma distinta a la expresada en el juicio.
El exvicesecretario de organización del PP sostuvo que en los actos se dedicaba a “aplaudir y a llenarlos” porque había “otras personas” que se encargaban de encargarlos y supervisar que cumplían las condiciones exigidas por el cliente. Y en ese momento la Sala pudo escuchar una conversación telefónica de Serra con “El Bigotes”, en la que el cargo del PP se interesaba por el tipo de mesa a instalar en un acto, la trasera de gomaespuma, el lema a exhibir y su tamaño.
"Entonces, usted no sabía nada"
David Serra era el responsable de organización pero “no sabía nada”, tal y como le ha espetado el magistrado José María Vázquez Honrubia. “Nada” de facturas o talones girados a la Gürtel, aunque los firmase, ni de los correos electrónicos enviados por la organización criminal a su cuenta personal. Serra ha llegado a decir que o bien no los abría, o que los remitía de inmediato a Ricardo Costa sin leerlos al entender que se los habrían mandado a él por error. Una respuesta difícil de creer para la fiscal, porque los correos iban dirigidos a los dos: tanto a Costa como a David Serra. Y ambos eran quienes tenían facultad y firma para aprobar los pagos.
Por negar, el exvicesecretario de organización negó que conociera la contabilidad del PP de Valencia y manifestó rotundo que “jamás” supo que determinadas empresas contratistas con la administración pagaban con facturas falsas a la Gürtel los actos que ésta organizaba para el PP, ni que intercediera ante ellas a favor de la trama.
Pero de nuevo quedó en evidencia al mostrársele las conversaciones telefónicas grabadas entre el propio Serra y el empresario corrupto confeso, Enrique Ortiz, en las que el exalto cargo del PP valenciano apremiaba al constructor a realizar pagos a la trama.
"Magdalenas” y “bizcochos"
Conversaciones en las que, siguiendo la terminología típica en este tipo de casos, los interlocutores se expresaban de forma críptica, y eran empleados eufemismos a la hora de hablar de dinero, al que Serra se refería como “las magdalenas” o los “bizcochos”. Llegado este punto, el magistrado ha preguntado a Serra por qué empleaba esta terminología, y ante las dificultades del acusado para explicarlo, José María Vázquez ha concluido que eran las formas de una “organización peculiar”. Según fuentes jurídicas, “con sorna y a conciencia”, el juez ha empleado tal adjetivo en lugar del apropiado para estos casos: “criminal”.
David Serra ha acabado reconociendo que “solo en este caso” intercedió entre un empresario y la Gürtel para que cobrara una deuda, y lo hizo porque no sabía que en realidad, se trataba de una deuda del PP que estaba abonando el constructor. Él estaba convencido, de que era un caso entre dos empresas en el que nada tenía que ver el Partido Popular, y ayudó a Álvaro Pérez “El Bigotes” porque “vino llorando” a su despacho. “Un momento”, le interrumpía Vázquez Honrubia, “¿qué hacía un cargo del PP mediando entre dos empresas privadas para resolver una deuda?”. “Me lo ordenó mi superior Ricardo Costa”, ha acertado a decir David Serra. “¿Y no le extrañó que el secretario general del PP valenciano estuviera haciendo de gestor de cobros de una empresa privada que se llama Orange Market con un amigo suyo que es adjudicatario de obras con la Generalitat valenciana, no le pregunta usted nada, no sospecha nada sobre por qué está haciendo esa tarea?”, ha añadido el Abogado del Estado, Edmundo Bal.
La respuesta, siempre idéntica: “Me lo ordenaba Ricardo Costa”, el exsecretario general del PPCV que confesó la financiación en negro, de quien se han apartado el resto de acusados del partido en el banquillo de los acusados y a quien han convertido en chivo expiatorio “de sus propios pecados”, según fuentes del caso.
http://cadenaser.com/ser/2018/02/07/tribunales/1518030627_401883.htmlLAS CORTS VALENCIANES PIDEN INSTAR A FISCALÍA A QUE RECLAME AL PP LA SUBVENCIÓN ELECTORAL QUE RECIBIÓ EN 2007
El pleno ha aprobado la iniciativa de Compromís, apoyada por PSPV y Podemos y con la abstención de Ciudadanos La portavoz adjunta del PP María José Català ha dicho que la propuesta traslada a la sociedad que los diputados de esta Cámara se saltan la división de poderes
El pleno de las Corts Valencianes aprobó este jueves una iniciativa de Compromís, apoyada por PSPV y Podemos, para que el Consell inste al Gobierno con el fin de que el Ministerio Fiscal reclame los fondos del importe de la subvención electoral que el PP recibió legalmente para las elecciones autonómicas de 2007, que cifra en 1,2 millones de euros. Ciudadanos se abstuvo al considerar que es "precipitada" y hay que dejar primero actuar a la justicia, mientras el PP cuestionó que se pretenda dar órdenes a la Fiscalía desde el parlamento, según Europa Press.
La diputada de Compromís Mireia Mollà, que colocó dos imágenes en la tribuna –una en la que aparecían figuras del PP como Francisco Camps, Rita Barberá, Sonia Castedo o Alfonso Rus en un mitin y otra de Camps saludando a Isabel Bonig–, recordó la confesión en el marco del juicio del caso Gürtel del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa sobre la financiación del partido con dinero negro y recordó las denuncias que realizó la coalición en su día y el voto en contra al informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la contabilidad electoral de los partidos de 2007.
Para esos comicios, dijo, se le concedieron a los conservadores 1,2 millones de euros "porque aparentemente habían cumplido las reglas de juego" que tras las confesiones deben devolver porque se trata de dinero "que nunca tenían que haber recibido". "Nadie en su sano juicio está cuestionando que el PP se financió ilegalmente", subrayó Mollà, que indicó que lo que quieren es que "quien la haga la pague".
División de poderes
La portavoz adjunta del PP María José Català, que quitó las imágenes al asegurar que no necesita "el teatrillo" para defender su postura, advirtió de que esta propuesta de resolución es "tremendamente delicada desde el punto de vista jurídico" porque traslada a la sociedad que los diputados de esta Cámara se saltan la división de poderes y remarcó que el Gobierno "no va a dar ninguna instrucción al Ministerio Fiscal".
Además, señaló que esta es otra muestra del "show de Compromís, que necesita al PP, a Gürtel, para poder hacer política" y no espere a una sentencia judicial. "Me parece muy triste que estas Corts se dediquen a esto, igual les fue bien en alguna campaña electoral, pero no les va a ir bien en 2019", indicó.
Català también recomendó a Compromís que "mire sus propias miserias y revise sus propias cuentas antes de hablar de los demás" y se refirió al hecho de que el Tribunal de Cuentas aluda a "80.000 euros que no constan en el capítulo de ingresos de su campaña electoral de 2011" y no haya admitido las cuentas electorales de la coalición de 2007 a 2015.
Cuentas del PP de 2016
Mollà respondió que los conservadores "se saltaron las leyes" y ahora pueden votar que no y decir "que hay que esperar a la sentencia, que es agua pasada o que ya no son los mismos", pero les instó a enseñar la justificación de las cuentas de su grupo parlamentario en 2016: "Y sabremos si han pagado a condenados en Fitur y a imputados en la trama Gürtel de financiación ilegal".
Català señaló que "por el momento lo que está claro es que las cuentas que se niega a aprobar el Tribunal de Cuentas son las de Compromís" y alude a "una extraña maniobra de contabilidad de ingresos" o a una "derrama extraordinaria de cuotas para la campaña al Parlamento Europeo". "No sé cómo meten la patita en este tipo de cosas, primero justifiquen la contabilidad de su partido, 1,6 millones de euros", reiteró.
CS pide dejar actuar a la justicia
El diputado de Ciudadanos Toni Subiela criticó la "falta de rigurosidad" de la propuesta, basada en "conjeturas y suposiciones de presuntos delincuentes" y se preguntó si "acaso ahora Costa es el gurú de Compromís". Instó a esperar una resolución judicial pero lamentó que "les podía el ansia de arremeter, como cuando estaban en la oposición".
A su juicio, "posiblemente la corrupción de Gürtel, como la de Taula, ayudaron al PP a ganar las elecciones", como posiblemente también Canal 9, dijo, pero incidió: "Dejemos que la justicia actúe primero". Desde Cs, aseguró Subiela, pedirán que se devuelva el dinero, pero "con rigor y seriedad" y con reformas de manera que los partidos sean responsables subsidiarios de la corrupción que puedan ejercer sus cargos.
PSPV: "Es una obligación moral, política y de fe"
El portavoz socialista, Manolo Mata, señaló tras oír al diputado de Ciudadanos que "si Rajoy hubiera visto algunas intervenciones se fumaría un puro y Camps rezaría un padrenuestro", y recordó que en las Corts se vivió "un clima irrespirable" y los diputados de la oposición eran "vilipendiados". "Tenemos derecho al resentimiento", defendió.
"Los partidos emergentes a veces son como la luna, que entra y sale, pero nosotros permanecemos y si no hubiera sido por la batalla que dimos con Compromís y Esquerra Unida el PP no hubiera pagado a Feria Valencia o Cacsa", resaltó, para recordar las palabras del expresidente Camps diciendo que la campaña sería más austera y el dinero sobrante lo darían a Cáritas: "Menudos sinvergüenzas engañando a la gente".
Por tanto, considera que "es una obligación moral, política y hasta de fe religiosa que si se sabe que se doparon electoralmente tienen que devolver el dinero" y concluyó: "Son reos de corrupción de carácter indefinido y no revisable, le quedan décadas para purgarse".
Subiela manifestó la coincidencia en el fondo, pero insistió en la necesidad de esperar a la justicia, al tiempo que manifestó su esperanza en que el PSOE apoye la responsabilidad subsidiaria de los partidos para que "se devuelva el dinero de toda la corrupción, pero de toda".
El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, subrayó la necesidad de impulsar políticas para la recuperación del dinero conseguido "haciendo trampas" e hizo hincapié en la visión que se da de la corrupción como "casos aislados" y de una persona que "comete un error".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/08/las_corts_valencianes_piden_instar_fiscalia_que_reclame_subvencion_electoral_que_recibio_2007_75041_1012.htmlEL TSUNAMI DE RICARDO COSTA ALCANZA A UNA SENADORA DEL PP DE ALICANTE
El ex secretario general del PP valenciano pone en aprietos a su antecesora, Adela Pedrosa, al declarar que conocía el sistema de pagos en negro y que financió una de sus campañas con dinero de empresarios
La senadora se declara "una persona honesta que se está comiendo un marrón" por las "mentiras" de un acusado y anuncia acciones legales
El miércoles, casi dos horas después de que Ricardo Costa hubiera lanzado la bomba en el juicio sobre la financiación del PP valenciano, cinco abogados de las defensas le hicieron más de 30 preguntas. Costa, que para entonces ya había abundado en detalles de cómo el partido pagó sus campañas de 2007 y 2008 con "dinero negro" o facturas falsas de contratistas públicos de la Generalitat y que había señalado a su jefe directo, el expresident Francisco Camps, como el creador y artífice de ese modelo, contestó sucesivamente con un estribillo apenas interrumpido por un par de respuestas lacónicas a preguntas sin peligro: "No le voy a contestar", fue una y otra vez su respuesta.
Pero cuando el letrado de Álvaro Pérez, El Bigotes, le interrogó por Adela Pedrosa, alcaldesa de Elda entre 2007 y 2015 y hoy senadora por Alicante y secretaria segunda de la Mesa de la Cámara, Costa hizo una excepción. Y la hizo para atornillar su versión sobre su antecesora en el cargo de secretaria general del PP valenciano. Pedrosa, contestó el acusado al defensor de El Bigotes, Javier Vasallo, "era secretaria general del partido en las elecciones de 2007 y se nos informó a los dos de la mecánica de pagos del partido". Según Costa, Pedrosa no solo lo sabía todo sino que se benefició del dinero negro acopiado por el PP para su campaña a la Alcaldía de Elda en 2007.
La senadora lo niega todo. De cabo a rabo. Empezando por su papel orgánico: "Formalmente –sostuvo el viernes en una breve conversación telefónica con infoLibre– ocupé el cargo hasta junio de 2007, pero yo no ejercía desde diciembre de 2006, ni he tenido nunca firma ni nada". Y terminando por la almendra de la acusación: "Soy una persona honesta que se está comiendo un marrón porque un acusado quiere defenderse mintiendo".
Pedrosa, cuyo nombre ya aparecía en los documentos incautados a la trama Gürtel sobre regalos a dirigentes del PP valenciano, anunció acciones legales el mismo miércoles. Y este viernes se declaró dispuesta a comparecer en las Cortes valencianas, que es lo que le reclama con urgencia Compromís: "No tengo nada que ocultar", fueron sus palabras
"El juez nunca ha visto nada contra mí"
Hace cinco años y medio, exactamente el 10 de julio de 2012, la hoy senadora y exalcaldesa aseguró ante el juez instructor del caso que fue Costa quien desde su aterrizaje a finales de 2004 llevó siempre los temas económicos del partido por encargo de Camps. Y que ella misma le había visto muchas veces en su despacho reunido con El Bigotes. Al igual que Camps, la senadora nunca estuvo imputada. "Aquí –razona Pedrosa– ha habido una instrucción de años y el juez nunca ha visto nada contra mí".
La andanada de Costa contra Pedrosa quedó eclipsada el miércoles por la envergadura de sus acusaciones contra el expresidente de la Generalitat, cuya declaración como testigo en el juicio puede convertirse en una gymkana dadas las dificultades de preguntarle cualquier cosa que no entrañe el riesgo de una autoinculpación, con independencia de los plazos de prescripción. Pero esa andanada amenaza con crear nuevos problemas al PP sobre su política en materia de corrupción: hayan o no prescrito los delitos, lo dicho por Costa sobre Pedrosa afecta a una senadora en activo y que, además, ocupa un cargo en la Mesa, órgano rector de la Cámara.
En su declaración del miércoles, y a solo unos minutos de distancia de la frase con que emprendió la demolición definitiva de Francisco Camps –"Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro"-, Costa había narrado a preguntas del fiscal que en 2005 la entonces gerente del partido en Valencia, Cristina Ibáñez, ya les había informado a ambos, a Adela Pedrosa y a él, de que las donaciones en efectivo se ingresaban a diario en tandas inferiores a 3.000 euros y en sucursales bancarias distintas para no alertar a Hacienda. Aquello lo definió Costa como un "sistema preestablecido", pero en la secuencia del relato podían surgir dudas sobre si lo que había pretendido decir era que Pedrosa conocía que esas aportaciones eran dinero negro sin paliativo. La pregunta del letrado de Pérez, que persistió en formularla una vez que el juez intentó pararla en seco –"Vamos a ver ver, señor letrado, ni siquiera es acusada"– permitió a Costa disipar las dudas.
El ex secretario general del PP valenciano, y también durante el turno del fiscal, había entregado otro dato: que el dinero negro facilitado por empresarios en 2007 había servido, también, para pagar actos de la campaña de la alcaldía de Castellón, a la que concurría el hoy también senador Alberto Fabra, y de las alicantinas Sonia Castedo, presta ya a sentarse en el banquillo por el caso Brugal, y Adela Pedrosa. Según Pedrosa, no se trata de un dato sino de otra "mentira" en lo que a ella concierne. Costa, mantiene la parlamentaria, no ha cantado: "Cantar una persona que puede mentir porque le pueden caer siete años y medio no es cantar".
Citada como testigo para el 22 de febrero, la senadora vindica su honestidad y un absoluto desconocimiento de cualquier atisbo de financiación ilegal. Pero, al igual que –salvo Costa– han hecho los otros exdirigentes del PP acusados en este proceso –falta uno por declarar–, Pedrosa se limita a defender su actuación, no la del resto: "Cuando llegué, a finales de 2004, me contaron el sistema de financiación, cuotas, subvenciones, faltaría más, pero nada de lo que ha dicho Costa", asegura la senadora a infoLibre.
Este periódico hizo notar a la senadora que por primera vez en la historia judicial española todas las partes involucradas –los empresarios que operaron como financiadores, la cúpula de la trama Gürtel que cobró, y el exdirigente que manejaba las riendas del partido que se benefició– han confesado. Y que esa coincidencia confiere mayor veracidad a las confesiones: "Ese –responde Pedrosa– no es mi problema. Lo que ha dicho Ricardo Costa sobre mí es mentira".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/27/el_tsunami_ricardo_costa_alcanza_una_senadora_del_alicante_74583_1012.html
LA EXTESORERA DEL PP VALENCIANO: "NO SÉ INTERPRETAR UN BALANCE Y NO ME SÉ LOS ESTATUTOS"
Yolanda García, exdiputada en las Corts valencianas, declara en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel que no tenía ningún conocimiento contable y niega haber hablado con los empresarios
Después de las explosivas confesiones del exsecretario general del PP valenciano y de los empresarios, asumiendo la financiación ilegal del partido, ha regresado el turno de los que dicen no saber nada. Este viernes ha declarado en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel Yolanda García, tesorera de la formación popular entre 2008 y 2012 en la Comunidad Valenciana y exdiputada autonómica.
García ha dicho no tener si quiera conocimientos contables. "Señoría, de verdad que no sé ni siquiera interpretar el balance o como se llame, no sé cuál es esa factura y no sé por qué pone... yo no lo he puesto", ha declarado la extesorera, que también ha dicho que no conoce los estatutos del PP y que no habló con ningún empresario.
La tesorera pasó cuatro años sustituyendo a Cristina Ibáñez, de baja por maternidad, y ha reiterado que no sabía nada, que no tenía firma, ejercía de “auxiliar” y no tuvo "que realizar nada de contabilidad porque [Ibáñez] regresó a tiempo”. Según ha explicado, las funciones como tesorera eran políticas -más adelante ha comentado que no existía la figura del tesorero- y que el puesto se lo ofreció Ricardo Costa. Tras esta excusa, el presidente del tribunal le ha espetado: "Es un buen trabajo ¿no?".
http://m.eldiario.es/cv/extesorera-PP-valenciano-interpretar-estatutos_0_733527297.html
IBÁÑEZ ADMITE QUE RECIBÍA "PAQUETITOS" CON DINERO DE VÍCTOR CAMPOS
La exgerente del PP en Valencia, Cristina Ibáñez, afirma que “todo era legal” pero fuentes del procedimiento discuten sus métodos de recepción de donativos. Ibáñez sostiene que “si hubo financiación ilegal, no fui yo”, y apunta al exsecretario general, Ricardo Costa
La exgerente del PP en Valencia, Cristina Ibáñez, ha negado conocimiento de irregularidad alguna en las cuentas del PP valenciano durante su comparecencia como acusada este jueves, en el juicio por la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel. Conocimiento. No que no existiera. Porque a su entender, ahora empiezan a cuadrarle asuntos que entonces veía normales. Como que nadie en el partido le comunicase posibles excesos de presupuesto en campaña. Ella sostiene que veía mucha publicidad. Pero dice que creía que lo estaba pagando la dirección nacional del PP, no que existiera dinero b en el partido en Valencia. Ibáñez afirma que “si hubo financiación ilegal, la montaría otro”, en referencia a Ricardo Costa.
Y después de negar conocimiento alguno de la financiación ilegal, ha reconocido ante el juez que recibía los donativos anónimos para el PP de empresarios, en sobres o “paquetitos” que le entregaba el vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos.
Ibáñez asevera que todo era legal, pero ingresaba los “paquetitos” o remesas en cantidades que no superasen los 3.000 euros. Según fuentes jurídicas del procedimiento, se trata de un “método habitual” para “saltarse las alertas de Hacienda” y “vulnerar la Ley de Partidos” en las donaciones.
Las mismas fuentes consideran esclarecedor que recibiera el dinero para el partido no de un cargo del PP, sino de un vicepresidente del Gobierno, con capacidad de adjudicación para las empresas que donaban. Este jueves también ha comparecido el exgerente de Orange Market, Cándido Herrero, quien ha confesado que la Gürtel cobraba en b del PP y que llegó a falsificar facturas.
http://cadenaser.com/ser/2018/01/25/tribunales/1516908097_071981.html
UN CONSTRUCTOR DE CASTELLÓN REVELA CÓMO FUNCIONABA EL SISTEMA DE COMISIONES DEL PP
El método era el siguiente. A cambio de que se le adjudicara una obra pública, la empresa en cuestión pagaba al PP que ponía en sus manos el proyecto una comisión inicial que solía rondar el 3%. Después llegaban las llamadas pizzas —en alusión al pizzo, el cobro impuesto por la mafia a cambio de su protección—, más suculentas. Es decir, comisiones o mordidas que se hacían sobre “modificados”, generalmente falsos, del proyecto inicial, y que elevaban el porcentaje hasta el 30%. Así explica el empresario de Burriana (Castellón) Vicente Monsonís, el que fuera presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción en esta provincia (Apecc) entre 1997 y 2005, el sistema de mordidas del que se nutrió el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. El mismo reconocido este miércoles ante el juez por el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y al que ahora el exlíder de la Apecc suma matices. Aunque sobre el destino final de estos pellizcos en forma de comisiones, prefiere salvar distancias: “El dinero llega y quien lo coge deja lo que quiere al partido de turno o se lo queda, eso no se sabrá nunca. Las empresas ofrecían manzanas y alguien las mordía, o no”.
Monsonís, que ha detallado el sistema este jueves en la Cadena SER apela durante la conversación con EL PAÍS a los tintes “napolitanos” de este modus operandi. “Es una manera de definirlo cuando están implicados no sólo los partidos, y hablo en plural, sino también las empresas y la propia administración pública a través de sus funcionarios”. E incide: “Una empresa podía conseguir las adjudicaciones, pero para eso hacía falta que los funcionarios las certificaran como correctas, por eso judicialmente no había nada que hacer”.
Asegura que el 50% de las adjudicaciones en el negocio de la construcción realizadas en la Comunidad Valenciana “iban siempre a las mismas empresas; estamos hablando, hasta donde yo sé, de unas cinco o seis”. Eran las firmas que daban forma al “corralito”, como define el empresario burrianense a este círculo cerrado de sociedades entre las que se repartía el pastel de las adjudicaciones de obra pública.
Obvia dar nombres, para evitar “problemas”. Quizás también amenazas como las que ya recibió en el pasado. “Un director general de la Generalitat me dijo: estás muerto como empresario”. Y lo explica. “Presentamos —en alusión a la firma de construcción que dirigía entonces— iniciativas que la ley permitía, y como iban en contra del corralito, pues me dijeron que los proyectos que estábamos lanzando no iban a salir. Las empresas que estaban en el corralito no podían permitir que otra les hiciera sombra”.
La práctica estaba extendida, según el que fuera máximo representante de los empresarios de la construcción castellonenses, “por todos los estamentos de la administración, de la autonómica al ámbito local”. Y aunque fue “generalizada” durante sus años al frente de la Apecc, asegura que ya venía de antes: “Se ha hablado mucho de [Francisco] Camps, pero todo apunta a que hay una fase previa de creación”. Ahora “no tengo constancia de que esto siga”, aunque indica que el parón puede estar más relacionado con los efectos de la crisis que con un cambio de rumbo en este tipo de procedimientos. “Esto no es un tema de un partido u otro; es una cuestión de excelencia personal, de que quieran entrar o no”, añade.
Vicente Monsonís conoce los matices de este sistema de mordidas porque así se lo narraron varios de los empresarios a quienes se les ofreció entrar en él. Afirma que también a él le llegaron propuestas, “pero no acepté”, y que vio cómo determinados proyectos estaban en la mesa de determinados empresarios antes incluso de salir a licitación. No denunció los hechos porque no tenía pruebas. “Era todo verbal y además, ¿qué pruebas tengo cuando las adjudicaciones están firmadas por funcionarios públicos? No lo puedes demostrar cuando entre administración, empresa y voluntad política casa todo”.
https://elpais.com/ccaa/2018/01/25/valencia/1516893263_378771.html
ALICANTE Y BARCELONA: ASÍ DISTINGUÍA ORANGE MARKET LOS PAGOS EN A Y B DEL PP
El contable de la empresa de Correa en Valencia, Cándido Herrero, defiende que "hacía lo que le decían Pablo Crespo o Álvaro Pérez" y nunca recibió paquetes con dinero.
"Yo nunca recibí dinero. Anotaba lo que me decían pero nunca recibí ningún paquete o sobre", se ha defendido Cándido Herrero, administrativo de Orange Market, la empresa de organización de eventos que el Partido Popular contrató en la mayoría de los actos de campaña para las elecciones de 2007 y 2008 en la Comunidad Valenciana.
Herrero ha relatado que, cuando llegó a la empresa, Pablo Crespo le explicó que "unas cantidades las anotamos en Barcelona porque las cobramos en dinero y otras las anotamos en Alicante porque las cobramos con factura, aunque eso no quiere decir que más adelante también se haga factura de las primeras".
Así ha explicado cómo dividían en dos columnas distintas los pagos en A y B que el Partido Popular les hacía por sus trabajos. Los pagos en A correspondían a trabajos que se facturaban directamente al partido y tenían una factura correspondiente y los pagos en B correspondían a pagos en efectivo que distintos empresarios habrían hecho para sufragar los actos de campaña del PP. Así se reflejaba en los documentos Excel en los que el trabajador de Orange Market actualizaba la contabilidad.
Reconoce que existía una "caja de seguridad"
El acusado Cándido Herrero, para el que la Fiscalía pide 17 años de prisión por dos delitos electorales, uno de fraude documental y cuatro contra la Hacienda Pública, defiende que solo obedecía órdenes de sus superiores, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'. "Eran ellos los que tenían las relaciones con el partido, los políticos y empresarios", se ha defendido.
"Ahora lo veo todo mucho más anómalo, pero por aquel entonces yo tenía que defender mi trabajo y nunca me interesé de dónde venían los pagos. A mí cuando me contratan me dicen que mi sueldo iban a ser 2.000 euros y me darían 1.000 euros para gastos no justificables", ha explicado.
El contable de Orange Market también ha reconocido que tenían una caja de seguridad en una oficina del banco Santander en Valencia. "Me contaron una historia de que habían entrado a robar en la oficina y que como yo era quien figuraba en la cuenta, que cogiera una caja de seguridad para tener la documentación", ha relatado ante las preguntas de la fiscal Myriam Segura.
"Bizcochos y galletas"
En cuanto a una llamada telefónica que el acusado ha escuchado en la sala, en la que uno de sus superiores le indicaba que "entre esta tarde y mañana tendré las galletas seguro", Herrero no ha sabido dar una explicación concreta sobre si con 'galletas' se hacía referencia al cobro de una factura del empresario Enrique Ortiz, como sostiene la Fiscalía.
"Cuando se hablaba de bizcochos y galletas, ¿usted sabía que no hacían ninguna campaña de comunicación para promocionar las galletas del señor Ortiz, verdad?" ha preguntado el abogado del Estado a Herrero, quien ha desviado la respuesta a las decisiones que se hacían desde Madrid, en la oficina de Ricardo Costa.
La gerente regional niega la contabilidad B
Cristina Ibáñez, la gerente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2015 ha negado que existiera una contabilidad paralela o B del Partido Popular. En relación a la campaña electoral de 2007 en dicha región, la gerente del PP asegura que tan solo se manejaron los 175.000 euros autorizados por el PP nacional
Ibáñez ha explicado que siempre recibía facturas de la compañía Special Events hasta que comenzó a recibirlas por parte de Orange Market (ambas pertenecen a Correa), aunque no hizo una relación directa entre ambas.
La gerente ha explicado que ella tan solo "revisaba que la razón social y lo que me habían dicho era correcto. Yo se lo comunicaba a Ricardo Costa y él me decía: sí, págala".
Defiende que no tenía ningún presupuesto o albarán sobre el que comparar las facturas y que había dos personas, Ricardo Costa y ella, autorizadas para hacer los pagos a través de tablón nominativo.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180125/alicante-barcelona-distinguia-orange-market-pagos-pp/279972459_0.html
EL PP TEME QUE LAS CONFESIONES DE LA 'GÜRTEL' VALENCIANA SE REPITAN EN LAS CAUSAS POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID
"La estrategia de defensa de los acusados en la trama valenciana puede extenderse a otros territorios", señalan las fuentes consultadas
Subrayan que, al igual que se ha apuntado hacia Camps en Valencia, se podría señalar a Aguirre o González en Madrid
El PP valenciano abrió expediente informativo a Camps este martes, horas antes de la declaración de Costa, quien a su vez tiene abierto un expediente disciplinario desde febrero de 2016
Por mucho que desde el Gobierno y la dirección nacional del Partido Popular se pretendan circunscribir las confesiones de los investigados en la rama valenciana de la Trama Gürtel dentro de la "estrategia de defensa" de quienes están pasando estos días por la Audiencia Nacional, escuchar a Ricardo Costa decir en sede judicial que el PP valenciano se financió "con dinero negro" por "encargo" de Francisco Camps supuso un nuevo mazazo para las filas conservadoras.
Poco antes de la declaración el ex secretario general del PP valenciano, el propio Mariano Rajoy aseguraba desconocer cualquier cosa sobre la financiación ilegal de la formación regional, evitaba criticar a Camps e insistía en que "todas las personas que están en este momento en los tribunales ya no están en el Partido Popular". Pero sus palabras no sirvieron de bálsamo para los dirigentes de una formación conservadora que dice prepararse para recuperar el poder perdido en las autonómicas y municipales de 2017. Porque ven en la forma en la que se están desarrollando estas declaraciones una "especie de aviso, advertencia o banco de pruebas" de lo que puede pasar en el juicio de otros casos de corrupción, ahora en fase de instrucción, que afectan al partido en otros territorios.
Madrid es una de las comunidades que más preocupan. Porque, como la Comunidad Valenciana, tradicionalmente ha sido uno de los principales caladeros de votos del partido de Rajoy.
De 'Púnica' a 'Lezo'
"La estrategia de defensa de los acusados en la trama valenciana puede extenderse a otros territorios", valora uno de los dirigentes regionales consultados, que subraya que, al igual que se ha apuntado hacia Camps en Valencia, se podría señalar a Esperanza Aguirre o Ignacio González en Madrid.
Aguirre dejó la política en abril del año pasado después de que Ignacio González, el hombre que ella escogió para sucederle en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, fuese arrestado en el marco del caso Lezo. En esta causa se investiga, entre otros asuntos, el presunto saqueo del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona las aguas de Madrid.
Pero también los años de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid están salpicados por la operación Púnica, una supuesta trama de corrupción municipal y autonómica dedicada al cobro de comisiones por adjudicaciones de contratos de administraciones públicas presuntamente liderada por Francisco Granados, uno de los hombres de máxima confianza de Aguirre.
La "Gürtel madrileña"
En círculos conservadores se ha llegado a calificar la Púnica como la "Gürtel madrileña". "Aguirre debería estar atenta a lo que está ocurriendo en Valencia, a la estrategia de la 'patada hacia arriba', la de apuntar a los líderes territoriales como máximos responsables", considera uno de sus compañeros de partido.
El día de su dimisión, Aguirre señaló que se marchaba "por no haber vigilado todo lo que debía" a su delfín.
"Lo que estamos viendo en 'Gürtel' será estrategia de defensa, pero una de las ideas que queda en la mente de los ciudadanos mientras va avanzando el caso es que un expresidente autonómico que fue referente de todo para nuestro partido, aunque ya no sea nada, recurría a prácticas oscuras para financiar el partido", considera otra de las fuentes consultadas.
Aunque ahora el PP intente dibujar un cortafuegos con dirigentes como Camps o Aguirre señalando que ya no están en primera línea, es innegable que cualquier avance judicial de casos que les afectan, bien directamente o bien a sus entornos, hacen daño a las siglas del partido.
La "responsabilidad política" de Rajoy
Camps fue una de las piezas claves a la hora de apuntalar el éxito de Mariano Rajoy en el XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en Valencia en junio de 2008. El ahora presidente del Gobierno llegaba muy debilitado a esta cita tras haber perdido las elecciones generales y con la amenaza de compañeros, Esperanza Aguirre entre ellos, de disputarle el liderazgo.
Aguirre, por su parte, ha llevado siempre a gala sus mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid. Y dejó la política sin haber logrado el broche de oro a su carrera: la Alcaldía de Madrid.
En este contexto, pese a que Rajoy considere que ya se han asumido todas las responsabilidades que había que asumir, la oposición no va a perder esta baza. Y la situación no es fácil: sin Presupuestos Generales del Estado para este año por falta de apoyos a día de hoy y en el horizonte las autonómicas y municipales de 2019.
Tanto el PP de la Comunidad Valenciana, en manos de Isabel Bonig, como en el madrileño, en manos de Cristina Cifuentes, muestran su preocupación por cómo les afecta cada avance en estos casos. "Estamos pagando personas que no tenemos nada que ver con los que no precedieron y que, en algunos casos, ni coincidimos con ellos", señala un dirigente del PP de la Comunitat Valenciana. Coinciden los dirigentes consultados en que el partido ya ha pagado en las urnas, se han cambiado los equipos, y no puede seguir demonizando a una formación política de por vida.
En todo caso, en las últimas horas el grupo popular de Les Corts se ha dividido ante la reprobación de Francisco Camps como miembro del Consell Jurídic Consultiu, que se votará este jueves. En septiembre de 2016, la Cámara regional aprobó, con los votos del PP, pedir a Rita Barberá que dejase de ser senadora territorial, una decisión que no todos compartieron.
El lío de los expedientes a Camps y Costa
Los esfuerzos del PP a la hora de asegurar que los lazos con Camps y Costa estaban rotos generaron este miércoles algunos momentos de confusión.
A primera hora de la mañana, el periodista Carlos Alsina preguntaba a Rajoy en la entrevista que concedió a Onda Cero si mantenía "la buena opinión que en su momento expresó sobre Francisco Camps". "Miré, el señor Camps ha estado en los tribunales, como usted sabe, y ha salido absuelto siempre. El señor Camps ha asumido unas responsabilidades políticas, que han sido durísimas y creo que no hace al caso que yo esté hablando de lo que hizo el señor Camps, que ya no está en nuestra fuerza política hace muchos años", llegó a decir.
"Será militante... no lo sé", respondería después cuestionado sobre si Camps continuaba dado de alta en el partido. Una respuesta que fue seguida de un silencio y una expresión de nerviosismo cuando se le preguntó si realmente ignoraba este punto.
No fue hasta pasadas las 18.00 horas de la tarde cuando desde el PP valenciano se informaba de que el Comité de Derechos y Garantías regional había acordado abrir un expediente informativo a Camps en una reunión mantenida el día antes. Quedaban pocas horas para que Ricardo Costa compareciese en la Audiencia.
La apertura de este tipo de expedientes por parte del órgano disciplinario del partido puede conllevar la adopción de medidas cautelares mientras se instruye. Una de estas es la suspensión temporal de militancia.
El propio Camps señaló este mismo miércoles que es militante del PP, y que aún sin carnet, seguirá militando en el partido.
Sobre Costa, según las mismas fuentes, pesa un expediente disciplinario desde febrero desde 2016. No es esta la primera medida que toma el PP respecto al que fuera número dos de los conservadores de la Comunitat.
En enero de 2010, fue suspendido de militancia durante un año por arrogarse el cargo de secretario general cuando había sido cesado por orden de Génova. Fue la misma sanción que le correspondió a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid, por criticar a Esperanza Aguirre en una entrevista que concedió a El País en plena batalla interna dentro de las filas conservadoras por el control de Caja Madrid.
El 3 de septiembre de ese mismo año, la dirección nacional del PP levantaba la sanción en ambos casos.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/25/el_teme_que_estrategia_defensa_los_acusados_gurtel_extienda_otros_territorios_74473_1012.html
COSTA APUNTALA EL ‘MODUS OPERANDI’ INVESTIGADO EN OTRAS CAUSAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
La misma mecánica reconocida en el PP valenciano se investiga en casos como Púnica y Lezo, que afecta al partido en Madrid; y en ‘papeles de Bárcenas’ sobre la caja b a nivel nacional
El juicio por la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas de 2007 y 2008 ha puesto encima de la mesa el reconocimiento por parte de empresarios y políticos de que efectivamente el partido de Mariano Rajoy hizo ‘trampas’ para ganar las elecciones. La confesión del ex secretario general del partido en la época de Francisco Camps como presidente valenciano, Ricardo Costa, ha puesto de relieve cómo se organizó para ocultar al Tribunal de Cuentas los gastos.
Según los testimonios de los principales acusados que han asumido las acusaciones contra ellos, el PP valenciano quería organizar grandes mítines y actos de campaña, con fuegos artificiales y banda de música, pero el Tribunal de Cuentas tiene establecido un límite. Así que se fijó un sistema por el que empresarios adjudicatarios de obra pública pagaban en metálico o a través de facturas falsas a las empresas que hacían el trabajo real para el PP, en este caso la empresa Orange Market, de la red del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.
Varios empresarios lo han reconocido: Costa lo ha reconocido, Correa, lo ha reconocido y sus personas de máxima confianza, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, conocido como ‘El Bigotes’, lo han reconocido. Sin embargo, el ‘modus operandi’ detallado resulta familiar en otros procesos judiciales en los que se investiga la financiación ilegal del PP.
Así, exactamente la misma operativa es la que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a la Fiscalía Anticorrupción en el ‘caso Lezo’ sobre el PP de Madrid. La formación en la etapa de Esperanza Aguirre e Ignacio González utilizaba a unos empresarios que les prestaban sus sociedades para hacer facturas ficticias y pagar a los proveedores reales del partido.
Así, se articulaba de tal manera que las facturas fueran pagadas por adjudicatarias de contratos públicos en la Comunidad de Madrid, como es el caso de Indra. Estos hechos están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y son el motivo de la investigación sobre González y los máximos responsables de las empresas que cedían su sociedad como los responsables de las adjudicatarias.
Pero en el ‘caso Púnica’, que tiene como principal investigado al exnúmero 3 de Aguirre, Francisco Granados, la operativa que se investiga también es muy similar. En este caso, el partido habría recibido dinero de empresarios beneficiados de adjudicaciones públicas a través de la fundación Fundescam. Por estos hechos están siendo investigados tanto el gerente entonces del partido, Beltrán Gutiérrez, como el empresario Arturo Fernández, quien tras donar dinero a la fundación recibió un contrato para llevar la cafetería de la Asamblea de Madrid y que, por cierto, avaló Cristina Cifuentes, en la actualidad presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bárcenas, ¿marcha atrás?
Hasta ahora, ningún cargo del PP había reconocido la financiación ilegal de la formación. Ricardo Costa ha decidido tirar de la manta y ahora pone en ‘solfa’ todas las negativas realizadas desde el PP, sobre la existencia de cualquier tipo pagos irregulares.
Una de las personas que tiene la llave para acabar de cerrar la cuadratura del círculo es el ex tesorero del PP durante décadas, Luis Bárcenas, que deberá declarar en calidad de testigo durante la vista oral junto con el propio Francisco Camps. Él fue quien reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que su partido recibía donaciones de empresarios que iban a una caja b.
Incluso llegó a decir que en todas las provincias había una ‘caja b’. En este caso no se pudo confirmar que los favores de los empresarios tenían como razón de ser la adjudicación concreta de una obra, motivo por el que no se les pudo llevar a juicio por ‘cohecho’. Ahora el caso se ha reabierto después de que apareciera en uno de los registros una cinta en la que un empresario reconoce los pagos al PP. Sin embargo, ya en el juicio por una de las piezas del ‘caso Gürtel’, Bárcenas ‘reculó’ y se negó hablar de caja b para referirse a la caja “extra contable”.
La declaración de Costa ha dado un empujón a los investigadores que escuchan por voz de exsecretario general del PP en Valencia cómo todos los indicios que tienen sobre el PP en Madrid o a nivel nacional tienen visos de ser realidad dada la similitud de la operativa.
http://www.lavanguardia.com/politica/20180125/44265525403/ricardo-costa-financiacion-irregular-pp-punica-lezo.html
LA FISCALÍA REVISA MÁS INDICIOS CONTRA CAMPS EN OTRAS CAUSAS
La Fiscalía Anticorrupción esta revisando los indicios que maneja contra Francisco Camps y la financiación del PP en las causas por presunta corrupción judicializadas en Valencia tras el rosario de confesiones que se han producido en el transcurso del juicio de Gürtel, que disecciona las campañas electorales de los años 2007 y 2008 en la Comunidad Valenciana.
Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, los fiscales han seguido de cerca las afirmaciones de los acusados en la última semana, sobre todo las de Ricardo Costa y Francisco Correa, y en los próximos días se van a mantener contactos entre representantes del Ministerio Fiscal de Madrid y Valencia para coordinar estrategias y continuar con las investigaciones realizadas en los últimos años por la Policía Nacional y la Guardia Civil en diversos procedimientos.
Los delitos que podrían ser atribuidos a Camps tras el reconocimiento de los hechos por parte de empresarios y dirigentes del PP acusados en Gürtel están ya prescritos, pero hay una causa abierta por el presunto pago de comisiones para financiar la actividad del PP en Valencia a cambio de obras en la que la Fiscalía podría seguir profundizando si así lo estima. Una de las opciones que a día de ayer se barajaba era solicitar la incorporación de la contundente declaración de Costa a estas causas.
En concreto, el juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula, la macrocausa contra la corrupción que permitió desmantelar una de las presuntas organizaciones criminales del PP valenciano, investiga si el partido se financió con las comisiones que pagaban grandes constructores, que a juicio policial rondaban entre un 3% y un 5 %, por la construcción de colegios a través de la empresa pública Ciegsa.
La Guardia Civil situó a Camps en un informe entregado al juzgado del caso Taula en el centro de una presunta red de recaudadores que habría desarrollado su máxima actividad entre 2006 y 2007, justo cuando los vicepresidentes del Consell, según desveló ayer Costa en el juicio, recibían en sus despachos oficiales a los empresarios para entregarles dinero negro.
La UCO vinculó la empresa pública encargada de la construcción de centros escolares con la asociación delictiva que forman «ciertos miembros del PP de la provincia de Valencia, cuyo objetivo sería el cobro de comisiones ilegales como contraprestación de contratos adjudicados» en Ciegsa.
El destino del dinero tenía una doble finalidad: «por un lado era para financiar el partido y, por otro, para el enriquecimiento personal de los intervinientes», según declaró Marcos Benavent, el recaudador de Alfonso Rus que ha confesado los delitos. Concretó «que él mismo entregó cantidades de dinero» y que en ocasiones entregaba esos importes a Rus en el coche al salir de las comidas que generalmente se celebraban en el Restaurante Pilsener», un local muy frecuentado por el ex presidente de las Cortes, Juan Cotino.
La Guardia Civil afirmó en su informe que «Francisco Camps tendría conocimiento del uso que se estaría haciendo de la empresa Ciegsa, ya que Alfonso Rus habría hablado con él; que Gerardo Camps sería uno de los encargados de controlar las adjudicaciones así como que el conseller Alejandro Font de Mora le habría dicho a Máximo Caturla que fuese Gerardo Camps el que lo controlase».
Este informe no ha tenido, por el momento, recorrido judicial porque faltaban indicios para continuar con las diligencias. La financiación que se investiga en Taula, sobre todo la que afecta a las campañas de Rita Barberá, es distinta a la de Gürtel pero diversas fuentes insistieron en que la declaración de Costa podría reforzar las acusaciones. Sobre todo en lo que respecta a las elecciones municipales de 2007 ya que ayer Costa confirmó que Secopsa, presunto donante de las campañas de Barberá, también dio dinero para las autonómicas.
Al margen de esta causa, la Fiscalía también está revisando los indicios que maneja contra Camps por la causa de la Fórmula 1. Precisamente ayer, la juez rechazó el recurso interpuesto por el ex presidente de la Generalitat Valenciana contra su citación y confirmó la imputación de delitos.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/01/25/5a68eef146163f1f2d8b45b3.html
LAS CONFESIONES DE TODAS LAS PARTES CIERRAN EL CÍRCULO SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN VALENCIA
El uso de dinero negro y de facturas falsas ha sido admitido por los empresarios que pagaron, por la cúpula de la trama que organizó los actos electorales y por quienes manejaban las riendas del partido que se benefició
Ricardo Costa dice que informó a Bárcenas de que Camps pretendía que contratistas de la Generalitat abonaran facturas por gastos electorales y que este le dijo que el partido prohibía esas prácticas
El exnúmero dos del PP valenciano no aclara, sin embargo, por qué la dirección nacional no hizo nada entonces para evitar esa actuación ilegal
La declaración judicial del antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, ha cerrado este miércoles un círculo inédito. Por primera vez en la historia judicial española, la financiación de un partido al margen de la ley ha sido admitida por los contratistas públicos que pagaron, por los responsables de la empresa que cobró en negro y con facturas falsas por la organización de actos electorales y –es el caso de Costa– por quien se situaba en el puente de mando de la formación política que aplicó en su beneficio ese sistema, aunque él mismo se presentó ante el tribunal casi como un soldado que cumplía las órdenes inapelables del jefe –Francisco Camps– que le transmitía su vicepresidente, Víctor Campos.
En el juicio persiste no obstante una de las grandes incógnitas abiertas ya en febrero de 2009 cuando estalló el caso Gürtel: la de qué sabía y qué hizo la dirección nacional del partido. Porque, según Costa, él mismo informó en 2007 a Luis Bárcenas de que Camps pretendía endosar a contratistas públicos de la Generalitat facturas falsas de Orange Market, la marca valenciana de Gürtel. Costa sostiene que lo que le dijo Bárcenas fue lo siguiente: que esa era "una práctica prohibida en el PP nacional" porque sería "una Filesa 2".
Pero ni el ex secretario general del PP valenciano aclaró por qué Génova no hizo nada entonces ni la Fiscalía le preguntó por el resultado de sus gestiones ante el hombre que llevaba casi dos décadas manejando las cuentas del partido, el mismo que anotó cientos de donaciones opacas de empresarios que también tenían contratos públicos y que ahora se encuentra pendiente de sentencia por el primer macrojuicio de Gürtel. El entorno de Costa considera muy relevante que el acusado remarcara una y otra vez que los empresarios que financiaban al PP valenciano eran contratistas de la Generalitat porque –sostienen las fuentes consultadas– eso responde a la pregunta que el propio Álvaro Pérez, El Bigotes, formuló el viernes pasado: "Nadie les ha preguntado qué agradecían cuando soltaban la mandanga".
Las dudas sobre el papel de Génova enlazan con otra pregunta por resolver: la de si es posible que lo que Costa definió como la "compulsividad de Camps en organizar actos" no suscitara resquemor sobre el volumen real de dinero que manejaba la organización valenciana para sus campañas electorales. Al equipo central de Génova lo retrató Costa como por completo ajeno a lo que hacía Camps. Y esa especie de cortafuegos en torno al presidente y la ejecutiva nacional se hizo patente, por ejemplo, cuando el acusado relató que fue el jefe de la Generalitat quien pidió "complementos" para los dos mítines en la plaza de toros de Valencia durante las campañas de 2007 y 2008, protagonizados por Rajoy. Según Costa, esos extras –banda de música, pantallas adicionales, algún animador, etc.– se habían abonado con "dinero aportado por empresarios o con facturación emitida a empresarios". Nada menos que 120.000 euros en total: 30.000 en el primero y 90.000 en el segundo, detalló el exdirigente conservador.
La defensa de Camps
Camps, que debe declarar como testigo en la causa al igual que Bárcenas, negó de nuevo este miércoles de forma tajante todas las acusaciones vertidas por Costa contra él y anunció que una vez que comparezca el 7 de marzo expondrá "cuestiones que no encajan". El expresidente desplegó el siguiente argumento: si alguien recibe instrucciones para hacer algo ilegal "tiene varias opciones: no hacerlo, dimitir y ponerlo en conocimiento del fiscal o del juez".
Sea como sea, algo quedó fuera de duda este miércoles desde que Costa abrió fuego a las 11.03 horas al disparar su primera acusación –"Sí, es cierto que el PP se financió con dinero negro"– para de inmediato señalar a Camps como ideólogo y artífice de ese sistema y para, también de inmediato, subrayar que quienes aportaban fondos opacos –"aportaciones en efectivo"– eran "adjudicatarios" de contratos públicos. Todo eso constata un hecho: que es ya irreversible el proceso de demolición de Francisco Camps, el antaño todopoderoso jefe de filas del partido y el Gobierno autonómico en Valencia sin cuyo apoyo Mariano Rajoy difícilmente habría consolidado su liderazgo interno. La dureza con que Costa arremetió contra su antiguo líder fue tal que incluso sacó a colación que la trama Gürtel le había preguntado si podía emitir una factura por 20.000 euros para camuflar el pago de "prendas de vestir" de Camps, los famosos trajes en cuyo juicio fueron absueltos tanto el expresidente valenciano como él mismo.
Las confesiones de los jefes de Gürtel y la de Costa comparten un cuidadoso esquema que ha evitado involucrar a nadie en delitos que por su mayor gravedad pudieran seguir vigentes, lo cual afecta fundamentalmente a Francisco Camps pero también a su exvicepresidente Juan Cotino, señalado al unísono por El Bigotes y por Costa como el segundo dirigente con mayor responsabilidad en los hechos. Cotino tiene ante sí un nuevo juicio, el de la visita del Papa a Valencia, al que llegará en una situación mucho más complicada. Con esa excepción y con la del exvicepresidente Vicente Rambla –inspector de Hacienda y que rebatió a capa y espada la versión de Costa sobre su supuesto protagonismo central en el sistema de pagos en negro y de facturas falsas–, las demás acusaciones podrían calificarse de disparos al aire desde el punto de vista penal.
Dados los plazos de prescripción de los delitos que conciernen a los cinco políticos acusados en esta pieza de la financiación valenciana, segundo macrojuicio de la serie Gürtel –electoral y de falsedad documental–, los juristas consultados por infoLibre entienden que ninguna de las 13 confesiones que suma la vista hasta ahora tendrá consecuencias penales negativas. Si, como apuntan algunas fuentes, el exvicesecretario general del PP valenciano, David Serra, opta también por confesar el viernes la financiación ilegal, los arrepentidos serán ya 14 de 19 acusados. Serra fue profusamente citado por Costa como uno de los directamente involucrados en la tarea de recaudar fondos entre los empresarios que tenían "relaciones" contractuales con la Generalitat.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/25/las_confesiones_todas_las_partes_cierran_circulo_sobre_financiacion_ilegal_del_valencia_74476_1012.htmlCosta admite que "el PP se financió en negro" por decisión de Camps
“No he hablado nunca hasta ahora y después de una profunda reflexión, quiero contar lo que ha pasado porque mi único objetivo es colaborar”. Así ha comenzado su declaración en el juicio por la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel el exdiputado autonómico y exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, y su comparecencia no ha defraudado las expectativas. Ricardo Costa se ha convertido este miércoles en el primer alto cargo aún militante del Partido Popular, en reconocer la financiación ilegal en la formación política –cuando el extesorero Bárcenas tiró de la manta había sido ya expulsado del partido-.
Costa ha explicado con detalle, aportando nombres nuevos de empresas, fechas y cantidades exactas de dinero negro hasta ahora desconocidas, cómo funcionaba la financiación ilegal del PP y quién estaba al frente de la misma.
En un relato sosegado, durante el que ha seguido el hilo temporal desde el momento en el que se inician los hechos bajo sospecha, ha dicho que “es cierto que el PP se financió con dinero negro” en las campañas electorales de 2007 y 2008. Financiación que era obtenida de “empresarios que contrataban con la administración”.
Según Costa, al frente de las decisiones, y de las “relaciones” con estos adjudicatarios con la Generalitat valenciana, estaba quien fuera su presidente, y presidente del Partido Popular en la Comunidad valenciana, Francisco Camps, con el respaldo del exdirector general de la Policía Nacional y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, y el exvicepresidente, Víctor Campos, a quien sucedió “por decisión de Camps” el acusado exvicepresidente, Vicente Rambla. También ha aseverado que estaban al corriente de la situación los hoy senadores Adela Pedrosa y Alberto Fabra.
Costa, quien hasta en cuatro ocasiones ha lamentado no haber hecho “nada por impedirlo” y estar dispuesto “a asumir la responsabilidad”, sostiene que fue “en 2006” cuando el entonces vicepresidente Víctor Campos le llamó a su despacho y le mostró “sobres con dinero en efectivo” que según le dijo, “eran aportados por empresarios por encargo del presidente Camps y de Juan Cotino”. Ese mismo año, en una nueva reunión, Campos le comunicó un segundo método de financiación ilegal: la marca valenciana de la Gürtel, Orange Market, facturaría de forma fraudulenta por servicios no prestados a determinadas empresas los actos que la trama organizaba para el PP, que serían abonados por esos empresarios.
Ricardo Costa afirma que se opuso y que se trasladó a la sede nacional del PP donde denunció la situación al entonces gerente del partido, Luis Bárcenas, quien le dijo que esta era “una práctica prohibida en el PP” y que “sería un Filesa II” en referencia al caso de financiación ilegal que afectó al PSOE.
Costa trasladó el supuesto mensaje de Bárcenas a Víctor Campos, pero nada cambió. Desconoce si el entonces gerente nacional del partido contó al ya entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, o a alguno de los miembros de la dirección las irregularidades que acontecían en Valencia.
Ricardo Costa ha admitido que dos mítines de Mariano Rajoy en la plaza de toros de Valencia, en las elecciones de 2007 y 2008, fueron pagados en parte en negro “por decisión de Camps”. Hasta un total de 120.000 euros en “fuegos artificiales, un animador y otros extras” que acabaron abonando los empresarios adjudicatarios con la administración autonómica.
También se ha inculpado al reconocer que él mismo entregó en mano “en la sede” del PP valenciano al número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, un total de 515.000 euros en negro por parte de la deuda que el PP mantenía con la trama. Y ha añadido que el dinero b fue aportado por las empresas “Rover Alcisa que entregó 150.000; Secopsa con 15.000 y Enrique Ortiz 350.000 euros”·
Costa también ha revelado que en un momento dado la trama le preguntó si el PP valenciano se haría cargo de una factura de 20.000 euros en trajes para Camps, a lo que el exsecretario general se opuso. Esta confesión provoca dudas sobre el denominado caso de los trajes por el que ya fueron absueltos del presidente valenciano y el propio Costa.
En su alegato final, el exsecretario general ha mostrado su “arrepentimiento” y ha pedido “perdón a todos los ciudadanos” y a los valencianos “en especial”.
Rambla: "Yo me dedicaba a la gestión"
Por su parte, el exvicepresidente Vicente Rambla ha negado conocimiento alguno de la financiación ilegal del PP. Ha defendido a Camps y Cotino al aseverar que nunca le dieron instrucción alguna al respecto y ha apuntado al delator, Ricardo Costa, de quien ha dicho que era quien realmente controlaba lo que acontecía en el partido, a pesar de que Rambla fue director de campaña electoral.
Rajoy no sabía "nada de todo eso"
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles, ante las últimas revelaciones en la rama valenciana del caso Gürtel sobre la presunta financiación irregular del PP, que él no sabía "nada de todo eso" y que los entonces cargos de la formación en la Comunitat Valenciana "nunca" lo han reconocido ni se lo han trasladado. Dicho esto, ha subrayado que su partido ha asumido responsabilidades políticas en las urnas y ha hecho "cuanto ha estado" en sus manos: el partido ha hecho su labor "y ahora corresponde a los jueces hacer la suya".
"El señor Camps ha asumido unas responsabilidades políticas que han sido durísimas y creo que no hace al caso que yo esté hablando de lo que hizo el señor Camps, que ya no está en nuestra fuerza política desde hace mucho tiempo", ha afirmado, para reiterar que cuando ha ido a los tribunales "siempre ha sido absuelto" y no hay que darle "vueltas constantemente a eso".http://cadenaser.com/ser/2018/01/24/tribunales/1516788260_837057.html
Álvaro Pérez, cara visible de Orange Market, declara que en Valencia "no se movía ni el tato" si Camps no daba vía libre
En el banquillo, dice, "no están todos los empresarios que son ni todos los que están, nadie les ha preguntado qué agradecían cuando soltaban la mandanga"
Francisco Camps fue quien le dijo a Ricardo Costa que o la trama Gürtel le desviaba a determinados empresarios facturas por servicios prestados al PP o se quedaba sin cobrar. Eso es, al menos, lo que acaba de declarar Álvaro Pérez, El Bigotes, en el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP. Pérez, cara visible de Orange Market, lo ha narrado así: "En el caso del señor Costa cuando empezamos a reunirnos con el señor Crespo, yo le decía a Costa que era una barbaridad hacer esto [cobrarles a empresarios facturas del PP] y no lo digo por el cabreo que tenía Costa y la presión que yo le metía. Ricardo habla con la persona a la que le consultaba todo y le dice 'tenemos problemas serios'. Y le dicen que es la única manera y si no que lo deje. Esa persona es Francisco Camps". Por si quedaba alguna duda, su abogado arrancó su turno con esta pregunta: "¿Quién es la persona que creó ese sistema de pagos?" "Francisco Camps", respondió Pérez.
En un momento del interrogatorio, el juez Vázquez Honrubia ha hecho la siguiente pregunta: cómo sabe El Bigotes que fue Camps quien le dio a Costa esa orden. "Porque Costa le llamó delante de mí, se le decía presidente, y era el único presidente que había". ¿Y todos le llamaban presidente?, inquirió de nuevo el magistrado. Pérez asintió.
Más adelante, Pérez ha atornillado su versión. En Valencia, "no se movía ni el tato" si Camps no daba vía libre. Los únicos con capacidad real de decisión eran, según sus palabras, el presidente de la Generalitat y entonces líder autonómico del PP, así como su círculo más próximo. Según El Bigotes, ni siquiera Vicente Rambla, que fue vicepresidente del Ejecutivo regional, podía pagarle "hasta que no le llamaban del Palau de la Presidencia". "El único que podía decir 'hablad con tal empresario' era Juan Cotino [también vicepresidente de la Generalitat] o el presidente Camps o su jefa de gabinete", Ana Michavila. El resto, había dicho en otro momento, "eran todos unos mandados que me soportaban a mí.
El acusado solo respondió una pregunta de la acusación popular. Y lo hizo para presentar a Ricardo Costa casi como un soldado que cumple órdenes inapelables. El secretario general del PP valenciano, han sido sus palabras aquí,"recibía órdenes, no tenía relación con los empresarios". Y ha seguido por esa vía: "Rambla no tenía relación con los empresarios. A ellos les decían: a Álvaro le va a llamar fulano o mengano. Eso lo decidía o el señor [Juan] Cotino o el señor Camps o el señor [José Ramón] García Antón". Este último fue conseller de Infraestructuras y luego de Urbanismo. Es decir, controlaba la obra pública. Y falleció en 2009.
Ahora refugiado en el Consell Consultiu valenciano, Camps resultó absuelto en el caso de los trajes y se libró de la imputación en el caso Nóos. Juristas consultados por infoLibre creen que la acusación que en toda regla ha lanzado Pérez contra él difícilmente tendrá efectos penales dado que los hechos sometidos a juicio se remontan a hace 10 años. Para el expresidente valenciano la declaración de quien en una de las conversaciones intervenidas en Gürtel aparecía como su "amiguito del alma" representa no obstante un golpe de gran envergadura y de consecuencias políticas imprevisibles. Considerado durante sus años de apogeo como uno de los más firmes apoyos de Mariano Rajoy y gran valedor del presidente en el difícil congreso que el PP celebró en 2008, Camps está hoy imputado en el caso de la Fórmula 1.
"No están todos los que son ni son todos los que están"
Además El Bigotes ha señalado a otros "interlocutores": el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, que estuvo involucrado en el caso de los trajes, y a la senadora Adela Pedrosa, que era secretaria general del PP valenciano cuando Camps llegó a la presidencia valenciana en 2003.
El responsable de Orange Market ha disparado también en lo que a los nueve empresarios acusados y que ya el martes confesaron haber pagado facturas del PP: "Los empresarios aquí no están todos los que son ni son todos los que están. No se le ha preguntado a ningún empresario qué es lo que agradecían cuando soltaban la mandanga".
Previamente, Pérez había ratificado lo declarado por Francisco Correa y Pablo Crespo: una parte de los servicios al partido se cobraba en B y otra también con facturas falsas endosadas a contratistas públicas.
Tras una pregunta del fiscal sobre la mecánica de funcionamiento de Orange Market en relación al PP, Pérez ha respondido con el siguiente anuncio: "Llevo dos días oyendo que voy a tirar de la manta. Le voy a contar a usted lo que he presenciado. Siempre he dicho lo que sé hasta los límites que sé y puede que haya cosas que me haya callado. Hoy les voy a contar mucho más de lo que siempre he contado".
Pablo Crespo, lugarteniente de la trama ya había señalado por la mañana al antiguo número dos de Francisco Camps en el PP valenciano, Ricardo Costa, como quien en una reunión a la que también asistió Álvaro Pérez les planteó un dilema: si querían cobrar tenían que enviarle facturas a empresarios. Según Crespo, que ha cifrado en un millón la deuda del PP valenciano con su grupo en septiembre de 2007, Costa no les dijo a qué empresarios debían endosarle esos cargos porque seguramente ni lo sabía. Pero el "trágala" quedó planteado. Crespo ha retratado a Costa como a un dirigente que seguía órdenes. Ahora, Pérez ha avalado esa versión.El lugarteniente de 'Gürtel' señala a Costa: "Nos dijo que para cobrar teníamos que facturar a empresarios"
Pablo Crespo valida la confesión de Francisco Correa después de que, en alusión a la negociación abierta con la Fiscalía, su abogado haya comunicado al tribunal que la suspensión acordada el miércoles no ha dado "los frutos" esperadosEl acusado reconoce que una parte fue abonada también con dinero en efectivo que nunca se declaró
El que durante casi tres lustros fue lugarteniente de Francisco Correa en la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha señalado al antiguo número dos de Camps, Ricardo Costa, en el juicio sobre la supuesta financiación ilegal del PP. El acusado asegura que junto con Álvaro Pérez estuvo presente en una reunión donde Costa les planteó el dilema. O lo que más tarde ha definido como "un trágala" para las empresas y, a tenor del contexto en que lo ha dicho, para el propio Costa. "Era o hacerlo así o no cobrar". Cuando el interrogatorio de la fiscal había superado ya la hora y media, Crespo lanzó lo que parece un primer dardo contra Camps: la situación era apremiante para el grupo, han sido sus palabras. Tanto que Álvaro Pérez, El Bigotes, también hizo gestiones "directas o indirectas" para cobrar con el entonces líder del PP valenciano y jefe del Ejecutivo autonómico.
Crespo ha detallado así el contenido de la reunión con el número dos de Camps en el PP valenciano, cuya fecha no ha precisado: "El señor Costa dijo que no tenían dinero para pagarnos y que la única solución era que facturáramos a determinados empresarios. Allí no se habló de ningún nombre, me dio la sensación de que ni él mismo sabía a qué empresarios teníamos que facturar. Mi respuesta fue que a mí la solución no me gustaba pero me dijo que no había otra solución. Era o hacerlo así o no cobrar. Cuando salí de esa reunión llamé al señor Correa para explicarle exactamente lo que había sucedido y finalmente aceptamos hacerlo así porque si no la solución era el concurso de acreedores y el cierre de la compañía".
A preguntas del abogado del Estado, la mano derecha de Correa y antiguo secretario general del PP gallego ha insistido en que Costa no sabía más allá de lo que les dijo. Y que, de hecho, Orange Market tardó "bastante" en cobrar después de aquella reunión. La forma en que ha abundado en ese sentido y el hecho de que, ahora en respuesta a la acusación popular que ejerce el PSOE haya recalcado que solo conoce con quiénes se relacionaba Álvaro Pérez –"con Camps, Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra", había enumerado casi al inicio de la sesión– introduce una incógnita: la de si El Bigotes o el propio Ricardo Costa están dispuestos a revelar quién o quiénes sí sabían a qué contratistas públicos de la Generalitat que presidía Francisco Camps había que enviarles las facturas.
Crespo ha relatado que entre las facturas abonadas a Orange Market por contratistas de la Generalitat como consecuencia de aquel encuentro con Costa había una, según Crespo, por servicios a Alberto Fabra, sucesor de Camps en la Generalitat. La pagó, ha dicho, Piaf, empresa que al igual que Alberto Fabra es de Castellón. Él mismo ha recalcado esa coincidencia geográfica.
Álvaro Pérez era el relaciones públicas por antonomasia de la red corrupta, el encargado de relacionarse con los políticos. Costa era quien manejaba los hilos del partido como secretario general. Pero el relato de Crespo sobre esta materia, el pago de aquellas facturas de las campañas de 2007 y 2008 que fueron sufragadas por empresarios, lo ha retratado casi como un mandado: "Él mismo [Costa] no sabía ni a quién [había que enviarle la factura] ni cómo ni por cuanto".
Más tarde, y durante el turno de preguntas de su defensor, Miguel Durán, el acusado ha vuelto a insistir: "Le planteé [a Costa] que me parecía una fórmula peligrosa y poco conveniente. No me pareció tampoco que el señor Costa estuviera muy contento con esa fórmula. Fue un trágala.
Antes de nombrar a Ricardo Costa, el número dos de Gürtel había ratificado previamente la financiación ilegal del PP valenciano. Crespo ha validado casi en el arranque de su comparecencia el escrito de confesión de su antiguo jefe, Francisco Correa, después de que, en referencia a la negociación abierta con la Fiscalía, su abogado comunicase al tribunal que la suspensión acordada el miércoles no había dado "los frutos" esperados.
Crespo ha constatado la existencia de las tres patas ya descritas por Correa: facturas ordinarias, dinero en negro y facturas falsas endosadas a empresarios. "Había facturas de las normales, por supuesto que fue así, había trabajos que fueron pagados en efectivo en dinero que no se declaró y que fue a parar en su práctica totalidad a la caja b del señor correa y también hubo una parte de facturación de trabajos para el PP que fueron pagados a través de los empresarios que han declarado aquí".
Sobre el objeto de esos pagos asumidos por empresarios, la declaración de Crespo ha sido inequívoca: "Esas facturas minoran la deuda que el PP tenía con nosotros".Correa declara que el PP valenciano obligaba a la trama 'Gürtel' a cobrar de empresarios con facturas falsas
Revela que Ricardo Costa le indicaba a Orange Market, empresa de la Gürtel, que si "querían cobrar" debían facturar a una serie de empresarios los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008
Los empresarios arrepentidos ratifican ante el juez que financiaron de forma ilegal al PP de Camps
El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha afirmado este martes durante su declaración en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano que esta formación política le indicaba a Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, que si "querían cobrar" debían facturar a una serie de empresarios los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008. Concretamente, se ha referido al exsecretario general del partido regional, Ricardo Costa, como la persona que le hacía esas indicaciones.
"Sabía que para cobrar teníamos que facturar a los empresarios que se han sentado aquí", ha dicho en referencia a los nueve acusados que han confesado que sufragaron de forma irregular parte de los actos electorales de los conservadores valencianos.
Ante esto, la fiscal Myriam Segura ha pedido que concrete de quien era esta "iniciativa". "El Partido Popular", ha contestado y relatado que les decían: "¿queréis cobrar? Tenéis que facturar a esas empresas".
Esta confesión por parte de Correa se enmarca en su actitud de colaboración con la Justicia que anunció ya en el anterior juicio de la trama Gürtel, relativo a sus primeros años de actividad (1999-2005).
Hace unos días, mandó un escrito al juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia en el que ya reconoció que el PP liderado entonces por el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, pagó a Orange Market en negro y con facturas falsas los servicios prestados para la organización de las campañas electorales de 2007 y 2008.
Correa busca que Anticorrupción rebaje su petición inicial de pena, de 22 años de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y seis delitos contra la Hacienda Pública.
La fiscal Myriam Segura anunció durante la fase de cuestiones previas que si se corrobora que el líder de la Gürtel colabora con la justicia durante el juicio, estaría dispuesta a disminuir su solicitud de condena.
Por otra parte, el líder de la Gürtel ha asegurado que no conoce "absolutamente a nadie del PP de Valencia" y que eran los acusados Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes' los que llevaban el "día a día". No obstante, con un tono un poco elevado, ha añadido que todos sus trabajadores y sus empresas "han hecho un trabajo honrado" y si emitieron facturas falsas "para poder cobrar por trabajos realizados" era por que el PP "no les pagaban.
Los empresarios arrepentidos ratifican que financiaron de forma ilegal al PP
Los nueve empresarios que han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción han ratificado por su parte que financiaron de forma irregular al PP de la Comunidad Valenciana presidido por Francisco Camps. Los industriales arrepentidos han sido los primeros en declarar, aceptando así la petición de la fiscal Myriam Segura, de comenzar el interrogatorio con ellos. Estos nueve acusados han ratificado ante el juez el reconocimiento de los hechos que ya hicieron hace casi un año ante el Ministerio Público.
Según el escrito de acusación de Anticorrupción los empresarios sufragaron con 1,2 millones de euros los gastos electorales de los conservadores valencianos en las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008. Esta cantidad supone parte de los 2,03 millones de euros, que según la Fiscalía, pagó el PP en negro a Orange Market en relación a estos actos.
La fiscal Myriam Segura ha planteado una pequeña batería de preguntas a cada uno de los acusados para dar claridad y confirmar los hechos que sustentan la acusación contra los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, así como contra la excúpula del PP valenciano. Los empresarios sólo han contestado a las preguntas de la Fiscalía y de sus propios abogados, por lo que las defensas de otros abogados han querido consignar sus preguntas a sabiendas de que no iban a recibir respuesta.
Primero fueron Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá los que confesaron haber financiado de forma ilegal a la formación política en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008. En febrero de 2017 admitieron las irregularidades el sobrino del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino, Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna, Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada.
De este modo, la Fiscalía, que inicialmente solicitaba para los nueve acusados penas de entre cuatro y seis años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil, ha rebajado su petición a condenas que oscilan entre 15 y 21 meses de prisión por delitos electorales y falsificación en documento mercantil, pero que finalmente serán sustituidas por multas.
El escrito de acusación precisa que Antonio y Alejandro Dols (Piaf S.L.) elaboraron facturas con "conceptos inveraces" con valor de 31.312 euros; Rafael y Tomás Martínez (Grupo Villalba SL) abonaron los gastos en publicidad, asesoramiento de Relaciones Públicas o estudios corporativos para el PP en los años 2007 y 2008 con la cuantía de 199.520 euros.
Por otro lado, Gabriel Alberto Batalla (Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL) pagó 110.200 euros; mientras que Enrique Ortiz y su número dos, José Francisco Bevía (Grupo Ortiz) aportaron 348.115 euros para financiar los gastos relativos a los comicios de 2008. Los empresarios Enrique Gimeno (Facsa y Aguas de Castellón) y Vicente Cotino (Sedesa Obras y Servicios SA) pagaron facturas a Orange Market por prestación de supuestos servicios no prestados. El primero de los empresarios abonó un total de 405.668 euros, mientras que el sobrino de Cotino pagó 150.658 euros.El segundo macroproceso de 'Gürtel' arranca marcado por el reconocimiento de nueve empresarios de que pagaron actos del PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008 y la admisión de Correa de que cobró en B y con facturas falsas
La defensa de Ricardo Costa recalca como paradójico que el partido no conste como partícipe a título lucrativo
"Son ustedes extraordinariamente pertinaces". El reproche con que el juez josé María Vázquez Honrubia arrancó la intervención donde al término de la sesión fue rechazando uno a uno los alegatos de supuesta indefensión, de supuesta inconcreción de las acusaciones y de supuesto atentado a los derechos fundamentales por las grabaciones a los miembros de la red Gürtel dio este lunes el tono de diapasón del recién abierto juicio sobre la financiación del PP de Valencia.
Aunque los alegatos de supuesta indefensión, vulneración de derechos fundamentales y prescripción de los delitos imputados sonaron como un dejà vu por su carácter casi idéntico al de los enarbolados por los acusados en los dos juicios previos de Gürtel –el de los contratos de Fitur y el de la denominada Época 1–, esta vez la situación de partida se perfila distinta, y así lo recalcan quienes conocen el caso desde dentro. La diferencia la marca la confesión de 10 de los 20 acusados: nueve contratistas públicos de la Generalitat y el jefe de la trama, Francisco Correa. Porque esas confesiones, que salvo terremoto quedarán ratificadas hoy en la segunda jornada del juicio, atenazan desde el primer minuto al PP: aunque solo sea a efectos políticos y no penales.
Como subrayó ayer en una alocución cargada de mensajes uno de los dos letrados de Ricardo Costa, número dos de Camps en el PP valenciano y el exdirigente político de mayor rango de los cinco que se sientan en el banquillo, en el juicio no solo figuran como reos quienes controlaban las cuentas a gran escala sino que la organización que preside Mariano Rajoy ni siquiera consta como beneficiario económico de los delitos juzgados. El letrado, Juan Casanueva, no dio nombres. Pero disparó hacia arriba cuando dijo que en el banquillo no están los "supuestos actores principales del delito". Según Anticorrupción, las infracciones penales que se atribuyen en esta causa a los antiguos cargos del partido en Valencia –delito electoral y falsedad documental– no permiten asignar al PP el rango de partícipe a título lucrativo.
El letrado de Costa calificó de "incomprensible" que el PP no esté "llamado como partícipe a título lucrativo por delito electoral" mientras que a su cliente "se le piden siete años de cárcel y cero euros de responsabilidad civil". En los últimos días, y después de que su defensa reclamase la incorporación a la causa de la declaración prestada por Mariano Rajoy en el primer juicio de Gürtel, estuvo sobre la mesa la posibilidad de que Costa pidiera la comparecencia del presidente. Finalmente no lo ha hecho.
La defensa del expresidente valenciano Vicente Rambla pidió incorporar como prueba documental la declaración de Rajoy en el juicio de la Época 1. Y fue aquí cuando la acusación popular, ejercida por el PSOE, lanzó un reto: dado que el juez Honrubia ya dijo la semana pasada que no hay por qué testimoniar nada escrito de alguien que puede declarar en persona si una de las partes lo considera esencial, la defensa de Rambla tenía este lunes la opción de reclamar la presencia del jefe del Ejecutivo. La defensa de Rambla no cogió el guante. Y el juez se atuvo a su propia doctrina. En resumen: la declaración prestada por Rajoy en julio no se escuchará ni se leerá.
Casi tres millones y medio de supuesto 'dopaje' en dos años
Con sesiones fijadas hasta abril, el segundo macroproceso del caso arranca así en un escenario muy distinto al del primero, ahora pendiente de sentencia. Porque lo que han reconocido esos 10 acusados en sus respectivas confesiones es su participación de una u otra forma en lo que en términos coloquiales podría definirse como un dopaje político y electoral de gran magnitud: el pago de nada menos que 3.461.982 euros a la filial valenciana de Gürtel, Orange Market, por servicios prestados al PP de esa comunidad en 2007 y 2008.
En su mayoría (2,035 millones) ese dinero "ajeno al circuito legal", que es la locución que emplea la Fiscalía en su escrito de acusación, esos pagos se relacionaban con actos para las elecciones autonómicas, municipales y generales celebradas ese bienio. Entre los eventos cuyo coste satisfizo el PP a la trama Gürtel con cargo a su caja B o mediante facturas falsas giradas a empresarios afines hay algunos cuyo protagonista central fue el propio Rajoy.
Hoy, y salvo viraje imprevisto, esos nueve empresarios confirmarán sus confesiones para afianzar el pacto alcanzado hace un año con la Fiscalía Anticorrupción y ver así sustituidas sus penas de cárcel por el pago de multas.
Pero no solo esos nueve empresarios que pagaron 1,2 millones de euros por facturas falsas destinadas a minorar la deuda del PP han admitido su participación en el mecanismo de dopaje electoral del PP valenciano. También Francisco Correa, jefe de la red que ofrecía esos servicios a la formación conservadora ha terminado por confesar. La defensa de Correa asegura que no hay todavía ningún pacto cerrado con Anticorrupción y que lo que dice su escrito al juez no implica un reconocimiento de delitos sino solo de hechos.
Pero si, tal como se presumía este lunes, Correa declara hoy y corrobora el contenido del escrito que hace una semana envió al juez Honrubia, Anticorrupción rebajará la petición de penas. Qué harán Pablo Crespo, su antiguo lugarteniente, y Álvaro Pérez, cara visible de la trama en Valencia y antiguo "amiguito del alma" del expresidente Francisco Camps si Correa exhibe lo que los juristas entienden por "total colaboración", eso pertenece todavía al campo de las incógnitas.
Pero aun reservado a las denominadas cuestiones previas, el salvavidas al que los acusados se aferran en cada juicio en un último intento por lograr que la vista no se celebre o que se eliminen del aparato probatorio aquello que más puede incriminarle, el primer día de juicio visualizó este lunes una brecha en la estrategia de quienes han confesado y quienes lo niegan todo. O los que, llegado el caso pueden estar dispuestos a admitir que hicieron algo o todo de lo que refleja el escrito de acusación de la Fiscalía pero remachando que su comportamiento en ningún caso ha de considerarse delictivo.
Personas próximas a Pablo Crespo, lugarteniente de Correa en aquel conglomerado empresarial cuya simbiosis con el PP le llevó a adjudicarse cienos de contratos públicos multimillonarios tras la llegada de Aznar a la Moncloa, se formulaban este lunes una pregunta: la de qué cabía hacer toda vez que el cliente –el PP– planteaba el dilema de cobrar en B y mediante facturas falsas o no cobrar. "Y eso es como las lentejas, que o las tomas o las dejas", resumieron esas fuentes acudiendo al proverbio coloquial.
De momento, y como ya ha hecho en los otros dos juicios previos derivados del tronco común de Gürtel –el de Fitur, por el que el también exsecretario general del PP gallego está en prisión al igual que Correa, y el de la denominada Época 1, en espera de sentencia–, el abogado de Crespo, Miguel Durán, no ha dado este lunes ningún signo de que su patrocinado esté dispuesto a colaborar con la Fiscalía.
Y Javier Vasallo, abogado de Álvaro Pérez, El Bigotes, no solo tampoco ha mostrado ningún gesto que presagie el menor afán de acercamiento a la Fiscalía sino que se ha erigido en portavoz de las protestas de las defensas por la supuesta indefensión en que –dicen– la Fiscalía ha sumido a sus clientes. Vasallo, que en Púnica representa al exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, fue quien mayor dureza se enfrentó al juez Honrubia por su rechazo a las cuestiones previas.
La jornada también permitió visualizar coincidencias. Por ejemplo, la que llevó tanto a la defensa de Costa como a la de Rambla a invocar el caso Filesa, que hace dos décadas asestó al PSOE un durísimo revés por financiación ilegal. Los dos letrados sacaron a colación Filesa en su intento por convencer al juez de que el escrito de acusación de la Fiscalía es tan inconcreto como el que en 1997 mereció el reproche del Supremo cuando lo presentó el PP en su calidad de acusación popular. El intento, como el de las restantes cuestiones planteadas, fue en vano. Solo una de ellas prosperó. Y partió de las defensas de los empresarios que han confesado y que por la mañana habían escenificado una especie de exigencia y toma de distancias respecto de la Fiscalía para que reconociese oficialmente que el acuerdo de conformidad implica la sustituición de las penas de cárcel serán sustituidas por multas.
Por la tarde, la fiscal Miriam Segura aclaró que, en efecto, el acuerdo prevé lo que dicen las defensas. Y accedió a que esos nueve empresarios declaren hoy. En la sala había un décimo empresario que se había negado a suscribir un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Pero solo el PSOE mantenía la acusación contra él. Por la tarde su letrada anunció que renunciaba a seguir acusándole, el empresario abandonó el banquillo. Su desaparición de la panoplia de acusados elimina de manera objetiva la posibilidad de que su declaración terminase dando bazas inesperadas a las defensas.Los empresarios que financiaron al PP de Camps exigen a la fiscal garantías de una rebaja de la pena
El juicio sobre la pieza separada del caso Gürtel dedicada a la supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional con la fase de cuestiones previas y con dos bandos claramente diferenciados, aunque no por ello enfrentados. Por un lado están los acusados que no han alcanzado un acuerdo con la fiscalía y que rebaten la tesis de que empresarios beneficiarios de contratos públicos pagaron conjuntamente 2,2 millones de euros a la mercantil Orange Market, la filial valenciana de la red Gürtel, por actos y trabajos para las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Todos ellos, capitaneados por Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, han reclamado la nulidad de la causa por supuestas irregularidades en la investigación, y han planteado que los delitos electorales y de falsedad documental que se dirimen en la sala han prescrito.
En esta idea de la extinción de la responsabilidad penal por el paso del tiempo han sido especialmente insistentes –hasta impacientar al juez José María Vázquez Honrubia- los abogados de Ricardo Costa, antiguo número dos del PP valenciano, y Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat. Ambos fueron los escuderos en el partido y en el Gobierno regional del expresidente valenciano Francisco Camps y se enfrentan a penas de prisión de siete años y nueve meses y de seis años y medio respectivamente.
El segundo bloque en el banquillo de los acusados lo conforman el cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, y los nueve empresarios que han reconocido que pagaron a Orange Market las cantidades que debió haber abonado el partido conservador en Valencia por los gastos electorales. Correa, trasladado a la Audiencia desde prisión, al igual que Crespo y El Bigotes, ha declinado plantear cuestiones previas pese a enfrentarse a una pena de 24 años y medio de cárcel. La semana pasada, su abogado, Juan Carlos Navarro, presentó un escrito en el que el empresario confesaba que el PP valenciano pagó alrededor de 2,2 millones en dinero negro a sus empresas de organización de eventos. Con ello pretende obtener una rebaja de pena en una eventual condena.
Los empresarios, que el pasado febrero confirmaron la supuesta financiación ilegal del PP de Camps, sí presentaron cuestiones previas. Todos ellos pretenden que la fiscal Myriam Segura confirme antes del trámite de conclusiones definitivas que acepta cambiar por multas –que ya han sido abonadas- las penas de entre cuatro y seis años de prisión que solicitaba inicialmente para ellos por delitos electorales y de falsedad documental. El acuerdo de reconocimiento de los hechos llevará a los acusados a renunciar a los testigos que habían propuesto para el juicio, lo que previsiblemente agilizará el juicio, en el que se han previsto 22 sesiones que terminarán el 6 de abril.
El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a 20 personas acusadas de delitos electorales, falsificación de documentos mercantiles y contra la Hacienda Pública. El resto de acusados son empresarios sospechosos de financiar de forma irregular a la formación política, como el exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.
Precisamente todos los empresarios salvo Blanco Balín, considerado cerebro financiero de la red corrupta, han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción tras reconocer que han realizado distintos abonos al Partido Popular de la Comunidad Valenciana con ocasión de las citadas campañas electorales.
Apoyo en sus contactos políticos
Este juicio de la trama Gürtel es el segundo que celebra la Audiencia Nacional. El primero de ellos fue el relacionado con la primera época de actividades de la red liderada por Correa (1999-2005), y todavía está pendiente de conocerse la sentencia.
El magistrado José María Vázquez Honrubia juzgará los hechos investigados en las piezas 1,2 y 6 de la rama valenciana de la causa. El fiscal recoge en su escrito de acusación que Correa controló un grupo de empresas que "aprovechó" el acceso a "determinadas personas" que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.
La Fiscalía pide para Correa y Crespo 24 años y medio de prisión; mientras que para El Bigotes solicita 27 años de prisión. Estos tres se encuentran ya en prisión cumpliendo la condena de hasta 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
Para los exaltos cargos del PP valenciano solicita siete años y nueve meses de cárcel, menos para la extesorera del PPCV Yolanda García, que sólo se enfrenta a seis meses de prisión. En cuanto a los empresarios arrepentidos han aceptado las penas que oscilan entre 15 y 21 meses.
Correa busca la rebaja de su pena
El líder de la Gürtel también busca una rebaja de su pena. Unos días antes del comienzo de la vista oral remitió un escrito al juez en el que reconoció que los servicios que Orange Market prestaron a los populares valencianos fueron abonados "mediante facturas correctas; mediante pagos en b y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas".https://politica.elpais.com/politica/2018/01/15/actualidad/1515998439_911333.html
Juicio a los hombres de Camps: la nueva vida 'legal' de Ricardo Costa y Vicente Rambla
Fueron virreyes en Valencia. El caso Gürtel les expulsó de la política. Diez años después uno es experto en prevención penal y otro inspector de Hacienda. Este lunes se sientan en el banquillo
Cada mañana, a primera hora, el detector de metales de la sede la Agencia Tributaria en la avenida Blasco Ibáñez de Valencia deja pasar a Vicente Rambla. En este edificio, gris y de escaso atractivo arquitectónico, trabajan los 'hombres de negro' de Cristóbal Montoro en la Comunidad Valenciana, es decir, el cuerpo de inspectores de Hacienda del Estado, los encargados de investigar que particulares y empresas cumplen con sus obligaciones tributarias, de apretar las tuercas a quien las esquiva y de recuperar los impuestos escamoteados. Rambla es uno de estos recuperadores. También su mujer.
El 4 de julio de 2014, acosado por su implicación en la investigación de la presunta financiación ilegal del Partido Popular valenciano a través de la trama Gürtel, decidió abandonar su escaño de parlamentario autonómico y rescatar la plaza de funcionario que abandonó en 1999 para dedicarse a la vida pública, cuando Eduardo Zaplana lo nombró 'conseller' de Economía en su segunda legislatura al frente de la Generalitat. El regreso del expolítico a la Inspección de Hacienda, que motivó una queja sindical por considerar que la convocatoria de plazas como la suya a través de concurso obedeció a motivaciones políticas, puso fin a una trayectoria en la que no dejó de ascender y acumular poder autonómico hasta que Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo se cruzaron en su camino.
Desde que Francisco Camps tomase el testigo dejado por Eduardo Zaplana como 'president', tras un breve interregno de José Luis Olivas, Rambla siempre fue su favorito, persona de confianza en lo económico y en lo político (con permiso de Juan Cotino). Mientras a Ricardo Costa nunca le dejó entrar en el Gobierno autonómico y lo mantuvo de capataz del partido, a Rambla lo elevó a vicepresidente, le dio más poder que a su amigo Gerardo Camps (los dos vicepresidentes siempre rivalizaron), y lo designó director de su campaña de las autonómicas de 2007, un puesto envenenado por el que ha terminado procesado.
Diez años después de aquellos hechos, el equipo de confianza de Camps en su partido se enfrenta a penas de siete años y nueves meses de cárcel (petición de Anticorrupción). Ricardo Costa, como secretario general del PPCV; David Serra, como vicesecretario; y Rambla, como director de campaña, son la presunta contraparte de un entramado participado por Correa, sus subordinados y un grupo de empresarios contratistas de la Administración que ha confesado que entregó dinero a los organizadores de los actos electorales simulando facturas por trabajos que nunca se realizaron.
Este lunes, Rambla y Costa se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por falsificación documental y delito electoral en la campaña de 2007 de Camps (que no está en la lista de acusados), en las municipales del mismo año y en las generales de 2008. En realidad, se juzga una época de excesos y éxitos adulterados con técnicas de 'dopping' político de una formación que creyó tener el poder absoluto y el don de la impunidad en la Comunidad Valenciana. Están bajo sospecha más de dos millones en gastos electorales, de los que algo más de 800.000 corresponden a las generales de 2008, mientras que el resto se empleó para las autonómicas (1,1 millones) y las municipales (78.878 euros).
Paradójicamente, una condena con pena suficiente como para ingresar en prisión dará al traste con la nueva vida de Rambla como encargado de hacer cumplir las leyes tributarias. Pero también frustrará la reinvención para la vida 'civil' de Ricardo Costa, el prometedor hermano pequeño del exministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, cuya estrella apagó cada una de las grabaciones policiales que pusieron al descubierto la criminalidad de Correa y los suyos.
La confesión de Correa ha complicado su defensa porque ha dado por buena la contabilidad paralela encontrada en su piso de seguridad en Madrid
Ricardo Costa, criado entre algodones por su familia, tuvo que bajarse del tren de la política a partir de 2009, con apenas 37 primaveras y sin haber disfrutado de cargo institucional de gestión, su meta soñada. Fue ese año cuando dimitió como secretario regional, forzado por su partido. Aún aguantó un lustro más como diputado en las Cortes Valencianas, pero en enero de 2015 tiró la toalla y entregó el acta, como Rambla, que había compaginado el escaño con un breve período de asesor externo en el bufete Cuatrecasas en Valencia.
Currículum de lujo en Lexcam Abogados
Ricardo Costa trabaja desde entonces para el despacho familiar que fundaron en Castellón su padre y su hermano Juan en 1993. Cas Legis, que así llamaba el bufete hasta que la marca comenzó a aparecer demasiado en las informaciones de prensa, se transformó en Lexcam Abogados y Asesores Tributarios. El despacho ha tenido años mejores y peores. En 2016, la sociedad limitada profesional facturó casi 600.000 euros.
Ricardo Costa es uno de los miembros de su equipo y, entre otras tareas, se especializado en asoramiento en 'compliance', la prevención penal en las organizaciones empresariales. Doctor en economía, licenciado en Derecho, máster en Dirección Financiera por el Centro de Estudios Financieros, especialista en Fiscalidad Internacional por IE Business School… El curriculum académico de Costa abruma en su perfil de Linkedin, en el que no ha dudado en incorporar dos experiencias de voluntariado, una como asistente a ancianos en marzo de 2012, cuando ya había sido arratrado por el escándalo Gürtel, y otra más reciente, en agosto del año pasado, como voluntario educativo de Colegios Diocesanos. También es miembro del comité técnico de normalización de la Asociación Española de Normalización (Aenor), la entidad que entrega certificados de calidad y de cumplimiento de normativas empresariales.
Caja B, sobornos, pagos en negro... Las acusaciones de Gürtel que 'tapa' Cataluña
El informe de Concepción Sabadell une de forma inexorable al PP con el entramado de empresas que lideraba Francisco Correa
En 2014 se casó con Laura Chorro, con la que tiene una hija. La vida familiar se ha convertido en el refugio de una persona que vivía obesionada con la política, a la que dedicaba las 24 horas del día, y de la que esperaba grandes recompensas que nunca se materializaron. Ni Costa ni Rambla mantienen agenda pública y han cortado toda comunicación con los medios de comunicación, más allá de algunos mensajes de cortesía por WhatsApp. También David Serra ha desaparecido de escena y se gana la vida como abogado privado.
Su defensa en el juicio que comienza este lunes y que se prolongará hasta abril se ha complicado bastante. No es solo que los empresarios acusados (Enrique Gimeno Escrig, Antonio Pons, Gabriel Alberto Batalla, Vicente Cotino, Rafael Martínez Berna y Tomás Martínez Berna, Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá) hayan admitido los hechos tras un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Es que la reciente confesión de Francisco Correa, que busca una rebaja de penas para evitar que la acumulación de condenas oscurezca la puerta de salida de su estancia en prisión, ha dejado a los pies de los caballos al viejo equipo de Camps.
El escrito remitido al juzgado por el líder de la Gürtel valida documentos internos trascendentes, como la contabilidad interna paralela encontrada en el piso de seguridad que Correa para esconder archivos comprometidos. "Es cierto que cuando sospeché que podía estar siendo investigado pedí a un empleado (David Luis) que trasladase varias carpetas de documentación a un piso que yo alquilé en la calle del General Martínez Campos de Madrid, que luego fueron intervenidas", es la frase incorporada como si tal cosa por Correa en el documento que ha remitido al juzgado para tratar de obtener ventajas judiciales. No es un párrafo inocuo. Hace referencia a la contabilidad B de la trama, que recoge la facturación irregular con el partido y los contratistas y su justificación, la real y la simulada. Costa, Rambla y Serra, según recogía esta semana 'Levante-EMV', han tratado de anular y sacar de la causa esta documentación. El arrepentimiento del cabecilla de Gürtel da credibilidad a los documentos y complica la estrategia de los acusados.CORREA CONFIESA POR ESCRITO ANTE EL JUEZ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
El jefe de Gürtel reconoce que los servicios prestados al partido por Orange Market se abonaron en parte con dinero B y con "facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas" La confesión llega una semana antes de que comience el juicio por la financiación de las campañas de 2007 y 2008 y después de que nueve empresarios hayan admitido que asumieron gastos del PP por 1,2 millones a través de facturas falsas
Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel y cuya declaración en el primer gran juicio del caso provocó la reapertura de investigaciones en torno a la caja B del PP, acaba de dar un paso que coloca de nuevo al partido de Mariano Rajoy contra las cuerdas en materia de corrupción. En un escrito dirigido al juzgado central de lo Penal de la Audiencia Nacional, Correa ha reconocido que la filial valenciana de la red, Orange Market, cobró parte de los servicios prestados al PP en esa comunidad mediante pagos en dinero negro y con facturas falsas abonadas por empresarios afines.
El escrito, al que infoLibre ha tenido acceso [puedes verlo pinchando aquí], lleva fecha de este lunes. Con su remisión, Correa busca un acuerdo con la Fiscalía para reducir una nueva pena de cárcel que los conocedores del caso dan por segura. Su contenido no admite equívocos: "Es cierto –dice el texto– que el pago de los servicios profesionales que se prestaron al PP de Valencia en campañas electorales y otros eventos se abonaron a Orange Market de tres maneras: mediante facturas correctas; mediante pagos en b y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas". "No puedo conocer los detalles de tales operaciones –prosigue el escrito– pero sí estaba al corriente de que se nos pagaba de esa forma".
La confesión de Correa se produce a una semana de que el juzgado central de lo Penal de la Audiencia Nacional inicie el día 15 el segundo juicio de Gürtel, focalizado en la financiación del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. Originalmente, la vista debía haberse celebrado hace un año pero problemas de índole técnica forzaron su aplazamiento.
El hombre que durante tres lustros dirigió una red de empresas que obtuvo cientos de contratos públicos millonarios de administraciones gobernadas por el PP se suma con esta declaración a los nueve empresarios valencianos que ya habían admitido el desembolso de nada menos que 1,2 millones en las autonómicas de 2007 y las generales de 2008 a través de facturas falsas. El jefe de la red corrupta ya cumple pena de prisión por el caso Fitur –el amaño de contratos para el stand valenciano en esa feria de turismo– y se encuentra en espera de sentencia tras el macrojuicio de la denominada Época 1 de Gürtel. Por esa causa se arriesga a una condena de 125 años.
La operativa para camuflar gastos electorales
La operativa que según Anticorrupción y, ahora, también según Correa se siguió en Valencia para camuflar gastos electorales –y sobrepasar así el límite máximo legal establecido– coincide punto por punto con la que otro empresario, este imputado en la Operación Púnica y rival del grupo de Gürtel en la prestación de servicios al PP, reconoció hace menos de un mes que también se había aplicado en Madrid. En ambos casos, quienes abonaban facturas falsas para ocultar gastos del PP eran grandes adjudicatarios de contratos públicos.
Oficialmente y a tenor de lo que el propio Rajoy declaró durante su comparecencia como testigo en el primer macrojuicio de Gürtel, la dirección del partido ordenó en 2004 romper amarras con Correa. Pero en la práctica, el proveedor que desembarcó en la sede de Génova con la llegada de Aznar a Moncloa siguió trabajando a destajo tanto para la organización madrileña, entonces dirigida por Esperanza Aguirre, como para la valenciana bajo la batuta de Francisco Camps.
El PP no ha explicado qué factor permitió que en una formación tan fuertemente jerarquizada líderes territoriales como Aguirre –enemiga de Rajoy– y Camps–durante años uno de los apoyos más firmes del presidente– pudieran incumplir la directriz de no contratar más a Correa.
Camps, un 'verso suelto'
En su escrito, Correa incluye un párrafo con el que valida la versión de Rajoy sobre la fecha en que se interrumpió la relación con el PP nacional y presenta a Camps como un verso suelto: "La mercantil Orange Market –sostiene el acusado– se creó porque dejamos de trabajar para el PP en la sede de Génova en Madrid. Álvaro Pérez tenía un contacto que le presentó a Francisco Camps, quien le propuso hacer eventos para el PP de Valencia". El escrito ha sido presentado en la Audiencia por el letrado Javier Iglesias, considerado muy próximo al PP y que durante una etapa representó al extesorero Álvaro Lapuerta.
En el juicio sobre la financiación del PP valenciano –las llamadas piezas separadas 1,2 y 6 de Gürtel– Correa se enfrenta a 24 años y medio de cárcel por controlar un grupo de empresas que "aprovechó" el acceso a "determinadas personas" que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.
En el banquillo se sentarán 20 personas. Entre ellas se encuentran los exdirigentes del PP valenciano Vicente Rambla y Ricardo Costa. Anticorrupción acusa por delitos electorales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.
Según el escrito de acusación de Anticorrupción, a finales de 2006 el PP valenciano contrató a Orange Market S.L., cuyo responsable era Álvaro Pérez 'El Bigotes' --también en prisión por los mismos hechos que Correa--, para preparar los actos electorales. El fiscal subraya que los acusados "no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente" y que con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los servicios se abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/10/correa_reconoce_por_escrito_ante_juez_financiacion_ilegal_del_valenciano_73900_1012.html
LA HORA DE LA 'GÜRTEL' DE VALENCIA: 22 SESIONES PARA DISECCIONAR LA GRAN CAMPAÑA DE FRANCISCO CAMPS
El lunes arranca en la Audiencia Nacional cuatro meses de juicio por la 'caja B' del PPCV
Camps declarará como testigo el 7 de abril, el mismo día que Juan Cotino
El próximo lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la presunta financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana, la gran causa de corrupción que motivó la caída del equipo de dirección del ex president Francisco Camps.El guión del juicio facilitado a la partes incluye la celebración de 22 sesiones entre el 15 de enero y el 6 de abril, fecha en la que acusaciones y defensas expondrán sus conclusiones. 22 días para diseccionar y conocer la verdad sobre la gran campaña de Francisco Camps, la del año 2007, y las facturas que habría pagado en negro el PPCV en 2008 para que Mariano Rajoy llegase a la Moncloa. Es la tercera pieza de la denominada Gürtel valenciana que llega a juicio y la segunda que será juzgada por un tribunal profesional. La primera fue la del asunto de los trajes, del que Camps y Ricardo Costa resultaron absueltos por un jurado popular. En cambio, el castigo severo a la corrupción política y empresarial que supuso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) que abordó la pieza de Fitur fue un mazazo para las defensas y un aval a la acción del ministerio fiscal y del PSPV-PSOE, que impulsó como acusación popular este procedimiento entre críticas por «atacar a lo valenciano».
La pieza de la presunta financiación irregular es la más importante de la Gürtel valenciana, pues se juzgará si el partido, en el periodo en el que acumuló muchísimo poder territorial, ganó las autonómicas de 2007 y las generales de 2008 fabricando facturas entre delitos fiscales para ocultar donaciones de grandes constructoras, la mayoría contratistas de la Administración.
El rosario de asuntos pendientes por corrupción y diversas condenas en primera instancia han empujado a la confesión de los empresarios acusados. No es que se hayan removido conciencias, es que tienen pánico a verse entre rejas y han pactado una conformidad con la Fiscalía. Entre estos empresarios figura Vicente Cotino, sobrino del ex presidente de las Cortes Juan Cotino, quien ha asumido que Camps ganó con trampas.
Todos aceptan ahora el relato de la Fiscalía y la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del PP valenciano. El juez José de la Mata concluyó la investigación asegurando que parte del gasto electoral se hacía con dinero oficial -dinero 'A', denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos- y parte «con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial». Es decir, dinero 'B', que denominaban Barcelona.
La del año 2007 fue la gran campaña de Camps. Era la segunda vez que se sometía a las urnas y un año antes, en 2006, 43 personas fallecieron y 47 resultaron heridas en la tragedia del metro de Valencia. Una victoria en las urnas se interpretaría como un aval a su gestión del suceso, como así ocurrió.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/01/09/5a53c20ce2704e60438b45dd.html
RICARDO COSTA 'SE COGE AL CUELLO' DE LA ACTUAL TESORERA DEL PP Y EXIGE QUE TESTIFIQUE
El exdirigente del PP valenciano se opone a que se la exima de testificar, como pide Carmen Navarro, en el caso de la financiación ilegal de las campañas
Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia, acaba de presentar un escrito ante la Audiencia Nacional que le enfrenta a Carmen Navarro, la actual tesorera del PP Nacional, y segunda en su momento de Luis Bárcenas, para que se le obligue a testificar en el caso de la financiación ilegal a través del entramado Gürtel de las campañas electorales de 2007 y 2008. Es la última prueba de la creciente tensión con la que se vive en Valencia el inicio de los juicios y, aún peor, las temidas sentencias en las diferentes piezas del caso.
Costa, que en su momento, como informamos en ELPLURAL.COM llegó a pedir en su defensa que acudiera a testificar Mariano Rajoy, incluyó también entre los testigos a Carmen Navarro. Esto le interesaba no tanto por ser Navarro la actual tesorera de Génova, sino porque, posteriormente como gerente del partido, Navarro "ha suscrito múltiples certificados que obran en la Causa". En esa condición, pretende demostrar Costa a través de su abogado, lo que sucedió en Valencia no era sino cumplir 'órdenes' y seguir las pautas que le marcaban desde el PP nacional.
Navarro, cuyo testimonio, como recoge en su escrito Costa, fue aceptada como testigo en septiembre de 2016, presentó el pasado 8 de febrero una alegación para ser excluida. Tan pronto como tuvo noticia del escrito, Costa ha contraatacado presentando uno propio en el que habla de que "es especialmente importante para el derecho de defensa" que le asiste.
Como se recordará, esta pieza de la financiación ilegal de las campañas del PP fue noticia la semana pasada cuando un grupo de empresarios, noticia que adelantamos en ELPLURAL.COM, anunciaron su acuerdo con la Fiscalía para reconocer que habían entregado dinero para financiar actos electorales a cambio de concesiones de obras públicas.
https://www.elplural.com/politica/2017/02/15/ricardo-costa-se-coge-al-cuello-de-la-actual-tesorera-del-pp-y-exige-queRICARDO COSTA ALEGA QUE SUS DELITOS ESTÁN PRESCRITOS PARA EVITAR EL BANQUILLO
El juez rechaza archivar la causa en su contra por dos delitos electorales y otro de falsedad en documento mercantil.
Ricardo Costa alega que sus delitos electorales están prescritos para no sentarse en el banquillo. El ex vicepresidente de la Comunidad Valenciana y ex número dos del partido a nivel autonómico está a la espera de juicio desde que el pasado 20 de febrero, la Audiencia Nacional decretara la apertura de juicio oral en su contra. El juez instructor le considera autor de dos presuntos delitos electorales y otro de falsificación continuada en documento mercantil. Sin embargo, la defensa de Costa mantiene que los actos, en caso de ser delictivos, estarían prescritos. Un argumento que el juez José de la Mata ya ha rechazado.Costa -que ya resultó absuelto en el juicio de los trajes de Francisco Camps- está acusado de dos presuntos delitos electorales, por incumplir el límite de gasto gracias a la empresa Orange Market, vinculada a Francisco Correa. Además, la Audiencia Nacional le atribuye también un delito continuado de falsedad en documento mercantil ya la empresa investigaba modificaba los conceptos de algunas de sus facturas para que el partido no tuviera problemas con el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, a juicio de la defensa de Costa, los delitos que se le imputan, en caso de existir (algo que niegan con rotundidad) prescribieron el 27 de mayo de 2010. Por eso, el ex responsable popular solicita a la Audiencia Nacional el archivo de las actuaciones.
Rechazo del juez
Sin embargo, su petición no ha sido atendida por De La Mata. El juez encargado de la trama Gürtel mantiene una postura completamente contraria y en un auto del pasado 9 de junio rechaza de plano la petición de Ricardo Costa. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene que el procedimiento comenzó a investigarse en 2008 y que por lo tanto, pese a que Costa fue imputado tres años después en una de las piezas separadas, sus presuntos delitos no han prescrito. La Fiscalía pide para él siete años de prisión.
En un escrito anterior, el ex secretario general del PP valenciano ya señaló directamente a la cúpula nacional del partido como presunta responsable de las manipulaciones y los pagos en B dentro de las campañas electorales- si se produjeron- ya que de Génova depende en última instancia el control de las cuentas de toda la organizaciónhttp://www.elespanol.com/espana/20160629/136237058_0.html
RICARDO COSTA APUNTA A GÉNOVA EN LA FINANCIACIÓN DEL PP Y PIDE QUE RAJOY DECLARE EN EL JUICIO
El exsecretario general del PP valenciano acusado de financiar en negro tres campañas electorales elude toda responsabilidad y afirma que las cuentas dependían y eran gestionadas por la dirección nacional del partido. Además de la declaración como testigo de Rajoy, también reclama que declaren en el juicio María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas
El exsecretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana Ricardo Costa, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide siete años y nueve meses de cárcel por falsedad en documento y por financiar con "al menos" 3.461.984,16 euros en negro tres campañas electorales en 2007 y 2008 junto a otros dirigentes de este partido nombrados por Francisco Camps, niega toda responsabilidad, apunta a la dirección nacional del PP y pide el archivo de su causa en el escrito de defensa que ha presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso la Cadena SER.
Anticorrupción sostiene que la cúpula en el PP y la Generalitat nombrada por Camps —Ricardo Costa y el vicepresidente primero del Gobierno valenciano Vicente Rambla—, "encargó" a la marca valenciana de la Gürtel, Orange Market, los actos del PP que se pagaron con los 3,4 millones en negro. Entre ellos, varios de Rajoy.
Parte del dinero negro fue abonado directamente por la formación conservadora y el resto, por contratistas con la Generalitat Valenciana, que camuflaban la financiación de los actos del PP con el pago a Orange Market por servicios no prestados.
Sin embargo, Costa sostiene en su escrito que en los tres comicios bajo sospecha en Valencia (las municipales y las autonómicas de 2007 y las elecciones generales de 2008) carecía de "responsabilidad en la gestión económica y administrativa de las mismas". Por el contrario, el exsecretario general del PP valenciano afirma que la financiación siempre fue "competencia del PP nacional", que incluso nombraba al responsable de las cuentas, el gerente regional valenciano, quien solo dependía "del secretario general nacional". En las elecciones de 2007 ese cargo fue ocupado por Ángel Acebes, y en las de 2008 lo seguía ostentando. Unos meses después le sucedió en el cargo María Dolores de Cospedal, cuyo entorno recuerda que los hechos investigados corresponden a una etapa en la que no tenía ningún tipo de responsabilidad en el partido.
Costa defiende que el PP tenía "una estructura única en todo el Estado"
Costa insiste en su escrito en que el PP tenía "una estructura única para todo el Estado", y un informe de la ONIF de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario del caso Gürtel abunda en la tesis de que las distintas federaciones territoriales del PP no eran independientes y alguien por encima decidía compensar los agujeros de cada caja regional con los remanentes del resto. En este sentido, la ONIF sostiene que las federaciones del PP de Cataluña, Madrid y Castilla León, asumieron los 80.453,08 euros de gastos en negro que correspondían al XVII congreso del PP de la Comunitat Valenciana, que escogió a Francisco Camps como presidente en 2004.
No obstante, las pruebas documentales y las conversaciones telefónicas con Álvaro Pérez El Bigotes comprometen a Ricardo Costa, así como la confesión de tres de los empresarios acusados, Enrique Ortiz, José Francisco Beviá y Alejandro Pons, quienes han admitido a la Fiscalía que financiaron de forma ilegal al PP valenciano para rebajar su posible condena.
Rajoy y Cospedal como testigos y tres requerimientos al PP
Ricardo Costa pide en su escrito el interrogatorio de 32 testigos en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano. El primero que reclama es el actual presidente, Mariano Rajoy; y también María Dolores de Cospedal; el extesorero Luis Bárcenas; el exgerente nacional, Cristóbal Páez; la actual tesorera, Carmen Navarro; y otros antiguos cargos del PP valenciano como Serafín Castellano, Víctor Campos o Fernando de Rosa.
También solicita al tribunal que requiera al PP nacional para que acredite qué subvenciones repartió para las elecciones de 2007 y 2008; que especifique quién nombra a los gerentes territoriales, explicite sus funciones y determine su dependencia laboral y salarial; y, por último, que defina qué son gastos ordinarios y electorales en el Partido Popular y si entre los gastos ordinarios pueden ser incluidos aquellos correspondientes a los actos que no son de campaña.
http://cadenaser.com/ser/2016/04/24/tribunales/1461519039_441554.html
OTRO EMPRESARIO ADMITE QUE FINANCIÓ DE FORMA ILEGAL AL PP DE FRANCISCO CAMPS
Se trata de Alejandro Pons Dols, presidente del Grupo Piaf, que busca rebajar su condena al admitir de forma íntegra los escritos de Anticorrupción y de la acusación del PSOE que le acusan de financiar dos elecciones del PP en Valencia y las segundas a las que optó Rajoy a la presidencia. Pons es el tercer empresario que reconoce los pagos ilegales al PP, tras Enrique Ortiz y José Francisco Beviá. La cúpula que nombró Francisco Camps en la Generalitat y el PP valenciano, se sentará en el banquillo
El empresario castellonense Alejandro Pons se suma a los alicantinos Enrique Ortiz y José Francisco Beviá, y alcanza un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que asume que financió de forma ilegal al PP valenciano en tres elecciones distintas y que falsificó documentos para dar apariencia de veracidad a los pagos fraudulentos.
En su escrito, Pons admite de forma íntegra las conclusiones del Ministerio Público y de la acusación del PSOE valenciano. Es decir, que junto a otros empresarios que contrataban con la Generalitat valenciana presidida por Camps, "abonó de forma irregular" servicios electorales que la formación conservadora adjudicaba a Orange Market, la marca valenciana de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa.
De este modo, al financiar de forma ilegal los comicios del PP, empresarios como Pons se aseguraban las contrataciones con la administración pública.
Anticorrupción pedía para Alejandro Pons un total de seis años de cárcel por haber financiado con más de 30.000 euros al PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y en las generales de 2008 - las segundas a las que concurrió Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno-, así como por falsedad en documento. Con este acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones, el empresario busca rebajar la condena hasta un año y nueve meses de cárcel.
Alejandro Pons es un viejo conocido en la Comunidad Valenciana y en concreto en Castellón. Adjudicatario de la mayor parte de concursos de mantenimiento de la Diputación que presidía Carlos Fabra por decenas de millones de euros, la oposición siempre censuró al mandatario provincial las contrataciones bajo sospecha.
La Audiencia Nacional sentará en el banquillo a Vicente Rambla, quien fuera vicepresidente primero de la Generalitat de Francisco Camps, así como al secretario general que nombró en el partido, Ricardo Costa, y otros tres de sus antiguos cargos en el PP. También a diez empresarios y a los cabecillas de la trama. La Fiscalía pide hasta 27 años de prisión.
http://cadenaser.com/ser/2016/04/12/tribunales/1460448005_632410.html
EL EMPRESARIO ENRIQUE ORTIZ CONFIESA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE VALENCIA
El presidente del grupo Cívica, que se enfrenta a cuatro años de cárcel por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana en los años 2007 y 2008, ha reconocido los hechos. Se trata del primer gran empresario que, siete años después de que estallará el caso Gürtel, en febrero de 2009, admite los delitos que implican al PP en prácticas corruptas.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acordó el pasado 26 de febrero la apertura de juicio oral contra cinco miembros de la cúpula del PP de Francisco Camps, diez empresarios de la construcción adjudicatarios de obra pública, entre ellos Ortiz, y los cabecillas de la trama Gürtel. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 27 años de prisión. El juez sostiene que los empresarios pagaron actos electorales a Orange Market, la empresa que tenía en exclusiva los actos de campaña de los populares. Pagos que se camuflaban con facturas falsas por servicios no prestados.
LAS CLAVES
Acusados: El juicio sienta en el banquillo a la dirección regional de Francisco Camps en Valencia. Él exvicepresidente, Vicente Rambla; el que fuera secretario general de los populares en la comunidad, Ricardo Costa; la gerente, Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de organización, David Serra y la antigua tesorera, Yolanda García. Junto a ellos Díez empresarios y los cabecillas de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Ramón Blanco y Cándido Herrero.
Penas: Los acusados se enfrentan a penas de hasta 27 años de cárcel, en el caso de Francisco Correa y sus lugartenientes. Hasta ocho años de prisión para los cargos públicos y entre dos y seis años de reclusión para los empresarios. Las fianzas impuestas suman 35 millones de euros.
Delitos: La investigación atribuye a los acusados delitos electorales, de fraude fiscal y falsedad documental.
Los escritos de acusación sostienen que "con el propósito de obtener un mayor despliegue en los procesos electorales, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana contrató con Orange Market servicios que se abonaron de forma irregular". Una parte en efectivo y otra a través de los empresarios que se van a sentar en el banquillo. En ambos casos, añaden, "tales pagos no quedaron reflejados en facturación y en contabilidad". Los pagos de los empresarios, concluyen, "infringieron la genérica prohibición legal de abono de los gastos de partidos políticos por terceras personas". Además, "no podían hacer donaciones por tener contrato con administraciones públicas y por ello se materializaron por supuestos servicios a Orange Market que realmente no se habían producido". En el caso de este empresario confeso, las pesquisas han acreditado que pagó 348.000 euros al PPCV para la campaña de las elecciones generales de 2008.
Enrique Ortiz reconoce íntegramente la financiación ilegal del PP en Valencia en su escrito de defensa, admite las tesis de las acusaciones y consigna los 40.000 euros que le reclamó el juez en el auto de apertura de juicio oral. Por eso, pide la atenuante de "confesión tardía de los hechos" y que la pena se rebaje de cuatro a un año y tres meses de reclusión. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, solicita también que la pena de prisión se sustituya por el pago de la correspondiente multa y, en caso de que no se acordara esta solicitud, "suplica" que el tribunal "acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad".
http://cadenaser.com/ser/2016/03/31/tribunales/1459445497_622835.html
JUICIO A LA CÚPULA DEL PP DE CAMPS POR FINANCIACIÓN ILEGAL
Ricardo Costa, Vicente Rambla y otros tres excargos serán juzgados por delito electorales
Desde la izquierda, Ricardo Costa, Vicente Rambla, Álvaro Pérez ('El Bigotes') y Francisco Camps.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto este viernes juicio oral a cinco miembros de la cúpula del PP valenciano en la etapa del presidente Francisco Camps por tres supuestos delitos electorales (financiación ilegal) en los comicios de 2007 y 2008. El magistrado sienta también en el banquillo de los acusados a una decena de empresarios de la construcción y la obra pública que recibieron adjudicaciones de la Generalitat, así como a los cabecillas de la red Gürtel, incluido su líder, Francisco Correa. Camps nunca ha estado imputado en este caso.
Los empresarios, según recoge el auto judicial, pagaron supuestamente actos electorales del PP regional en las campañas de las elecciones municipales de 2007, las autonómicas de ese mismo año y las generales de 2008 a Orange Market, la empresa en Valencia de Gürtel que se ocupaba en exclusiva de montar los mítines y demás convocatorias del partido.
Para encubrir los pagos —prohibidos por la legislación electoral—, los constructores firmaban con la empresa de Correa contratos presuntamente falsos, “que no tenían una sustantividad real al modo de la contraprestación de servicios”.
Además de financiación ilegal, el juez De la Mata aprecia indicios de supuesta falsedad documental en los exdirigentes populares y varios delitos contra la Hacienda pública en el caso de los cabecillas de Gürtel. Y fija fianzas “para la cobertura de eventuales responsabilidades pecuniarias” que suman cerca de 35 millones de euros.
Los exdirigentes populares que se sentarán en el banquillo constituían el núcleo más cercano a Camps, que dirigió el Gobierno valenciano de 2003 a 2011. Se trata de los entonces vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla; secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa; gerente regional del partido, Cristina Ibáñez, y el vicesecretario de Organización, David Serra —detenido en enero en la operación Taula—, quienes afrontan peticiones de pena por parte de la Fiscalía Anticorrupción que se elevan a siete años y nueve meses de prisión. Y también de la que fue tesorera Yolanda García, para quien solicita solo seis meses de cárcel.
Los 10 empresarios que serán juzgados eran responsables de varias de las mayores compañías valencianas de su sector en la etapa del boom inmobiliario y de infraestructuras que precedió a la crisis, como Sedesa, Lubasa, Facsa, Enrique Ortiz e Hijos y Piaf. Los constructores se enfrentan a peticiones de pena de entre dos y seis años de cárcel por parte del ministerio público. El magistrado ha declarado a sus mercantiles responsables civiles subsidiarias.
Los empresarios que serán enjuiciados son Enrique Gimeno, Antonio Pons, Alejandro Pons, Rafael Martínez Berna —expresidente de la patronal de Alicante—, Tomás Martínez Berna, Gabriel Batalla Raigada, Enrique Ortiz —procesado también en el caso Brugal—, José Francisco Bevia García, Enrique Fresquet y Vicente Cotino —sobrino del exvicepresidente valenciano Juan Cotino, imputado en la pieza de Gürtel sobre la visita del Papa—.
La fiscalía solicita las condenas más altas, hasta 27 años de cárcel, para los cabecillas de Gürtel: Correa, su lugarteniente Pablo Crespo y el delegado en Valencia y director de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes. Camps llamaba a Pérez “amiguito del alma” en una de las grabaciones policiales autorizadas por el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Fondos para la caja b
El juez De la Mata concluye de la investigación iniciada en 2008 que el PP valenciano pagó a Orange Market “presuntamente de forma dual” por organizar sus actos. “Al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal”. Unos fondos que, según los indicios reunidos en el sumario, eran denominados por los implicados “Barcelona”. Y supuestamente engrosaron “la caja b de Orange Market y la del grupo” de Correa.
“Con el propósito de obtener un mayor despliegue en el proceso electoral”, mantiene el juez instructor, “tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008 los acusados integrados en el PP de la Comunidad Valenciana, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular”.
Los actos electorales fueron presuntamente satisfechos “en parte en efectivo y en parte a través de terceros”. Y, tanto en un caso como en otro, “tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad”, incumpliendo la normativa que establece “límites de gasto así como requisitos y prohibiciones a las donaciones privadas”.
De la Mata señala que la empresa que dirigía El Bigotes se encargó en las tres campañas sospechosas de montar todos los mítines y contratar la propaganda. Y cobró de empresas adjudicatarias de la Generalitat. “Aparte de infringir la genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas, quienes abonaron a Orange Market parte de los servicios eran grupos que por tener contratos con las Administraciones no podían hacer donaciones al PP”, señala el magistrado.
A la vista de los documentos incautados en los registros y de las conversaciones grabadas por la policía, el juez observa que la deuda que el PP mantenía con su proveedor de actos electorales se reducía a medida que los empresarios acusados pagaban a Orange Market por actividades como diseño de marcas, “asesoramiento de relaciones públicas” y “estudios de impacto”, “que realmente no se habían producido”.
El juez atribuye también a los cabecillas de Gürtel fraude fiscal en varios ejercicios en los pagos de IVA, IRPF e impuesto de sociedades.
La rama valenciana de Gürtel tiene otras tres piezas separadas que se centran en las adjudicaciones de la Generalitat a la trama. El juicio de una de ellas, sobre los contratos de Fitur, concluirá en marzo
El reverso de la Operación Taula
Los investigadores de Taula (la última operación que afecta al PP valenciano) creen que la rama valenciana de Gürtel es otra cara de la actividad ilícita presuntamente desarrollada por el partido. La cara a, la de Gürtel, investiga la financiación irregular en virtud de la relación de los adjudicatarios de obras con la red de Francisco Correa. Taula, la cara b, pone el foco en la relación de adjudicatarios, Administración y partido. Una empresa, Cyes, cuyos responsables estuvieron investigados por Gürtel, está ahora en el foco de los investigadores de Taula.
Para el asesor fiscal de la red, José Ramón Blanco Balín, y para el empleado de Orange Market Cándido Herrero, la fiscalía ha pedido 17 años y medio y 19 años de prisión, respectivamente. Las condenas solicitadas por la acusación popular que ejercen los socialistas son inferiores en todos los casos.
Penas de hasta 27 años de prisión y casi 35 millones de euros en fianzas
Dirección regional. Cinco de los 20 acusados que serán juzgados integraban la cúpula del PP valenciano en 2007 y 2008, a excepción del expresidente Francisco Camps. Son el director de campaña, el secretario general, la gerente, el vicesecretario de organización y la tesorera.
Penas de prisión. Las penas pedidas por la fiscalía oscilan entre los 27 años de prisión para los jefes de Gürtel, los casi ocho años para los políticos y los entre dos y seis años para los empresarios.
Responsabilidad pecuniaria. Las fianzas impuestas por el juez a los acusados suman casi 35 millones de euros. Pero casi todo el importe corresponde a los cabecillas de Gürtel. Las fianzas para Francisco Correa y Pablo Crespo suman 8,8 millones. La de Álvaro Pérez, El Bigotes, 10,2 millones. La de Ramón Blanco Balín, 8,7 millones. Y la de Cándido Herrero, 6,9 millones. Las de los empresarios y políticos resultan bajas en comparación. La de Vicente Rambla suma 52.800 euros, la de la extesorera —que apenas participó en los hechos porque estuvo de baja— 867 euros, y las de los empresarios rondan los 30.000 euros.
Delitos fiscales. La diferencia entre la eventual responsabilidad pecuniaria que se exige garantizar a unos y otros —así como en la gravedad de las penas— se debe a que a los miembros de Gürtel se les acusa también de fraude en el IVA, IRPF e impuesto de sociedades en cuatro ejercicios.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/26/actualidad/1456493264_057253.html
ANTICORRUPCIÓN QUIERE JUZGAR A BÁRCENAS POR LA FINANCIACIÓN DEL PP VALENCIANO
El fiscal recurre a la Sala el archivo del juez instructor porque es “increíble” que el extesorero no conociera la “mendaz” contabilidad del PP valenciano para las elecciones y apunta a la existencia de “Cajas B” del PP en “todos los municipios y comunidades”
El juez José Ceres archivó el procesamiento contra el extesorero Luis Bárcenas y el exgerente nacional del PP, Cristóbal Páez, en las piezas de la Gürtel valenciana por las que se va a juzgar por delito electoral a 19 personas, entre ellas Ricardo Costa o Vicente Rambla, y la Fiscalía Anticorrupción apela a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana, en el recurso al que ha tenido acceso la Cadena SER.
El fiscal, al contrario que el juez instructor, dice que "es increíble" o al menos “racionalmente cuestionable” que Bárcenas y Páez no conocieran las contabilidades supuestamente fraudulentas del PP de Valencia en las elecciones municipales de 2007 y las generales de 2008, porque las firmaron.
Cajas B del PP “en todos o en buena parte” de los municipios
Más bien al contrario, Anticorrupción dice que Bárcenas no solo pudo tener conocimiento de "la utilización de una 'caja B' del PP en Valencia para la campaña electoral", sino que tenía "conocimiento de la existencia en todos o en buena parte de los municipios y comunidades de su correspondiente caja oculta".
Por ello el fiscal exige que los dos antiguos responsables de las finanzas del PP se sienten en el banquillo.
http://cadenaser.com/ser/2015/05/21/tribunales/1432222403_796242.html
EL PP VALENCIANO PAGÓ 3,4 MILLONES DE EUROS A LA ‘CAJA B’ DE CORREA
El 99% de la facturación en B de la empresa Orange Market entre el 30 de marzo de 2006 y el 30 de enero de 2009 procedía de “distintas entidades del Partido Popular”, según un informe de la UDEF remitido al juez Ruz
La Policía Judicial ha enviado un informe al magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que constatan que el 99% de la facturación en B de la empresa de Francisco Correa Orange Market entre el 30 de marzo de 2006 y el 30 de enero de 2009 procedía de “distintas entidades del Partido Popular”.
El documento especifica que el importe total que entró en la caja B de la sociedad de la organización de Correa en Valencia, Orange Market, en ese periodo de tiempo fue de 3.446.985 euros: “De este importe, fue aportado por las distintas entidades del Partido Popular de la Comunidad Valenciana o por personas vinculadas a este, principalmente con ocasión de las elecciones y otros actos fuera de campaña, la cantidad total de 3.413.985 euros, lo que supone un 99% del total”.
Del total ingresado en la caja B de Correa en Valencia, 1,8 millones fueron traspasados a la caja B de Madrid, en donde el dinero se destinaba al pago de nóminas, regalos, comidas y automóviles.
De esta forma la Policía, que analiza la documentación interceptada a Correa, “infiere que una parte importante de la caja B de la organización con sede en la Calle Serrano de Madrid [la encabezada por el propio Francisco Correa] se nutría de las aportaciones realizadas desde la caja B de la sociedad Orange Market en Valencia, cuyos fondos provenían o tenía origen en los ingresos realizados por diferentes entidades del PP en la Comunidad Valenciana, y personas vinculadas a esta formación, por servicios prestados al mismo durante el periodo comprendido entre 2006 y 2009”.
Precisamente, una de las transferencias detectadas en la contabilidad B de Correa en Valencia pone de manifiesto, según la Policía Judicial, que el 23 de marzo de 2007 se anota un ingreso de 200.000 euros con el concepto Entrega acto feria cuyo origen es el “Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)”.
“Este concepto se refiere a la entrega por el acto denominado “Mitin PP”, explica el informe, que continúa: “Celebrado en la Feria de Muestras de Valencia el 31 de marzo de 2007. En el mismo sentido y en la misma fecha se anota una salida del mismo importe, figurando como entidad destinataria Madrid”. El acto del PP que alude la Policía Judicial en su informe lo protagonizaron Mariano Rajoy y Francisco Camps.
Y la presencia de Rajoy se refleja en dos ocasiones en la contabilidad B de Correa: “Adelanto acto Feria Valencia Rajoy. 60.000 Falso” y “Resto acto Rajoy. 30.000 Falso”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/19/el_valenciano_aporto_millones_euros_caja_correa_entre_2006_2009_28603_1012.htmlLA UDEF DESTAPA OTROS DOS ACTOS DE RAJOY PAGADOS EN NEGRO POR EL PPCV
Los actos centrales en Valencia de las autonómicas y generales de 2007 y 2008, respectivamente, que contaron con la presencia de Mariano Rajoy, fueron abonados a la Gürtel con al menos 90.000 euros en negro por el PPCV según el informe
Los anexos del último informe de la UDEF avanzado por la SER, que reflejan la contabilidad B de la filial valenciana de la Gürtel, Orange Market, desvelan que el Partido Popular en la Comunidad valenciana pagó con al menos 90.000 euros en negro la organización, por parte de la trama, de dos actos de Mariano Rajoy en la capital del Turia.
En concreto, según los documentos, el PP valenciano abonó el 3 de octubre de 2007 un total de 60.000 euros en concepto de “adelanto acto Feria Valencia Rajoy 28/10/2007”; y otros 30.000 por el “resto acto Rajoy 29/09/2006”.
El primero fue el gran acto de presentación de la candidatura de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno para las elecciones generales de 2008, que contó con toda la cúpula del partido y el respaldo durante el mitin de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y del entonces presidente de la Generalitat y del PP en la Comunidad valenciana, Francisco Camps.
El segundo, celebrado en el Palau de Les Arts de Valencia, constituyó el primer acto de la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007, que contó con la participación del hoy presidente del Gobierno.
Hasta ahora, y según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que investiga la pieza de la financiación ilegal del PP en Valencia, se conocían otros dos actos en los que intervino el hoy presidente del Gobierno, abonados a la Gürtel con dinero B. En concreto, el 12 de mayo de 2007 (“Acto Rajoy Alicante, 16.882,22 euros”) y el 28 de febrero de 2008 (Acto IFA Rajoy, 27.264 euros).
http://cadenaser.com/ser/2015/02/19/tribunales/1424363100_955976.html
EL PP DESTITUYE A SU GERENTE EN VALENCIA ACUSADA DE FINANCIACIÓN ILEGAL
La Fiscalía pide casi ocho años de prisión para Ibáñez por presuntas irregularidades
La policía apuntó que pudo conocer el uso de dinero negro desde 2004
El Partido Popular ha destituido a su hasta ahora gerente en Valencia, Cristina Ibáñez, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicitó el viernes siete años y nueves meses de cárcel por tres supuestos delitos electorales (denominación técnica de la financiación ilegal) y de falsedad continuada en las campañas de 2007 y 2008.
El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, lo ha confirmado este martes. "Ahora lo que hay que hacer es nombrar a un nuevo gerente y ya está", ha añadido. El dirigente valenciano ha recordado que el puesto de Ibáñez dependía de la "sede nacional" de los populares, con la que había estado "en contacto estos últimos días", "y se ha procedido a su cese".
Esta mañana, según una portavoz del PP regional, Ibáñez había acudido a trabajar y no tenía conocimiento de su posible destitución.
La Fiscalía sostiene, en el seno del caso Gürtel, que Ibáñez y otros miembros de la cúpula popular en la Comunidad Valenciana en la etapa de Francisco Camps, como el exvicepresidente Vicente Rambla y el antiguo secretario general Ricardo Costa, gestionaron aportaciones irregulares de seis grupos empresariales del sector de la construcción que eran adjudicatarios de contratos de la Generalitat. El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, procesó en diciembre a Ibáñez, Rambla, Costa y otras 16 personas, y el ministerio público ha pedido ahora que se abra juicio oral contra ellos.
Los imputados, entre los que hay antiguos cargos públicos y del PP, empresarios y presuntos cabecillas de la trama Gürtel, han negado las irregularidades.
La Policía apuntó en un informe de septiembre pasado que Ibáñez, que ha sido gerente del PP de la Comunidad Valenciana desde 1995, cuando el partido ganó por primera vez las elecciones a la Generalitat, pudo ser "conocedora" del uso de "fondos B" para pagar actos de la formación política desde 2004.
Fabra ha manifestado que las actuaciones del juez y de la Fiscalía por hechos anteriores a su llegada al cargo, en julio de 2011, después de que Camps dimitiera salpicado por el caso Gürtel, no tienen por qué afectar a las posibilidades electorales de su partido en la comunidad autónoma. "Por el hecho de estar en este momento encima de la mesa cosas sucedidas en el pasado, no creo que [los ciudadanos] pongan en duda la labor que he realizado durante estos tres años y medio, encaminados precisamente a mantener una línea muy estricta con la corrupción e intentar mejorar la gestión de la Generalitat".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/17/valencia/1424174200_312123.html
LA FISCALÍA PIDE OCHO AÑOS DE CÁRCEL POR FINANCIACIÓN ILEGAL AL PP DE CAMPS
Anticorrupción acusa al PP valenciano de financiación ilegal en las campañas 2007 y 2008
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado casi ocho años de cárcel para la antigua cúpula del PP valenciano en la etapa del presidente Francisco Camps por tres supuestos delitos electorales, que es la denominación técnica de la financiación ilegal, en las campañas de 2007 y 2008, así como por un presunto delito de falsedad documental relacionado con los anteriores.
Entre los acusados se encuentran el exvicepresidente Vicente Rambla y el ex secretario general de la formación en la comunidad autónoma Ricardo Costa.
Según el escrito de Fiscalía, los populares valencianos utilizaron aportaciones irregulares realizadas por varios empresarios de la construcción, para los que también solicita penas, aunque menos elevadas. "Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PP de la Comunidad Valenciana, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market", una de las sociedades de la red, "servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".
Los empresarios a los que la Fiscalía acusa son Antonio Pons y Alejandro Pons (de la empresa Piaf), Enrique Gimeno (Facsa), los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna (Hormigones Martínez), Gabriel Alberto Batalla (Lubasa), Enrique Ortiz y su empleado José Francisco Beviá, así como Vicente Cotino (Sedesa), sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, que está imputado en la pieza separada de Gürtel sobre la visita del Papa a Valencia.
Las penas solicitadas para estos empresarios van de dos a seis años de cárcel.
El ministerio público solicita igualmente penas de hasta 27 años de prisión para los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, como autores de los mismos tres delitos electorales (por la campaña de las autonómicas de 2007; las locales de ese mismo año, y las generales de 2008), así como por supuestos delitos fiscales. Anticorrupción reclama castigos algo menos severos para los también miembros de la red Cándido Herrero y José Ramón Blanco Balín.
El pasado mes de diciembre, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, decidió el procesamiento de 19 personas por supuestos delitos electorales (nombre técnico de la financiación ilegal) en las campañas de 2007 y 2008 del PP de la Comunidad Valenciana, además de por falsedad y delito fiscal. Ceres considera responsable presuntamente a buena parte de la dirección regional de la formación en aquella época: el exvicepresidente de la Generalitat y jefe de campaña Vicente Rambla; el ex secretario general Ricardo Costa; la todavía gerente Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de Organización David Serra, y la extesorera Yolanda García.
La Fiscalía solicita ahora siete años y nueve meses de cárcel para Rambla, Costa, e Ibáñez, y seis meses de prisión para García.
Orange Market y los populares valencianos declararon "la única cuantía" de 175.000 euros por los trabajos que la empresa de la red realizó para el partido en "los procesos electorales de 2007 y 2008". Pero según los fiscales, "los servicios prestados" realmente "que no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria" sumaron, "al menos", 2.035.920 euros.
Los socialistas piden penas inferiores
Los socialistas valencianos, que ejercen la acusación popular en el caso Gürtel, reclaman penas inferiores a las solicitadas por la Fiscalía contra los antiguos dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana.
El escrito de calificación solicita tres años y medio de cárcel para los exdirigentes Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, así como para la gerente Cristina Ibáñez. Para Yolanda García el PSPV-PSOE reclama, en cambio, un año y medio de prisión.
A diferencia de lo que hace Fiscalía, el escrito de los socialistas no considera que los tres delitos electorales y la falsedad documental puedan atribuirse a los acusados de forma separada. Mantiene, por el contrario, que la falsedad debe quedar subsumida en los delitos electorales.
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/13/actualidad/1423821334_977924.html
EL JUEZ PROCESA A 19 PERSONAS POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
El magistrado cree que constructores pagaron parte de las campañas de 2007 y 2008
El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, procesó el pasado lunes a 19 personas por supuestos delitos electorales (nombre técnico de la financiación ilegal) en las campañas de 2007 y 2008 del PP de la Comunidad Valenciana, además de por falsedad y delito fiscal. Ceres considera responsable presuntamente a buena parte de la dirección regional de la formación en aquella época: el exvicepresidente de la Generalitat y jefe de campaña Vicente Rambla; el ex secretario general Ricardo Costa; la todavía gerente Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de Organización David Serra, y la extesorera Yolanda García.
El sistema de financiación y pago se hacía de modo dual, según Ceres
Con el procesamiento de los imputados se cierra la fase de investigación de la causa, que queda ahora a la espera de que las partes presenten sus escritos de calificación y soliciten la apertura o no de juicio.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana procesó también a los cabecillas de la red Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Y a una decena de empresarios del sector de la construcción y la obra pública, adjudicatarios de contratos de la Generalitat en una época de gran desarrollo inmobiliario y de infraestructuras, que habrían realizado aportaciones irregulares. El instructor dejó fuera de la causa, en cambio, al extesorero nacional del partido Luis Bárcenas.
“De lo investigado” durante seis años, indica el auto del juez Ceres, resulta que el “sistema de financiación y pago por el Partido Popular de los gastos en que incurría por los servicios y organización de actos que realizaba Orange Market”, una de las empresas del grupo de Correa, “se abonó presuntamente de forma dual” por parte de la formación. “Es decir, que al menos en una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, denominándose en los archivos internos de Orange Market Barcelona, junto a otra parte que se abonaba de forma legal, en Alicante según dichos archivos, mediante emisión de factura”.
Según las estimaciones de los inspectores de Hacienda que han analizado la contabilidad de la red de Correa y la de los populares valencianos, el “total de ingresos” que no fueron “incluidos en la contabilidad oficial del PP” en el año 2007 fue de al menos 2,5 millones de euros. Y en 2008, la suma de presuntos pagos “en b” y realizados “por terceros” (los constructores procesados) alcanzó el millón de euros.
Los partidos han planteado ampliar el alcance del delito electoral en la reforma del Código Penal. El juez Ceres recuerda, sin embargo, que en el momento de los hechos este delito estaba limitado a la “financiación irregular” cometida “en campañas electorales”. En 2007 hubo comicios locales y autonómicos y en 2008, generales. Las “presuntas irregularidades de gastos e ingresos” detectadas en esos ejercicios pero fuera del periodo de campaña también revisten para el magistrado carácter delictivo, pero quedarían englobadas bajo la figura de las “falsedades”. El instructor deja para una eventual sentencia la concreción del tipo de falsedades cometidas.
El marco legal
El delito electoral recogido en el artículo 149 de la Ley del Régimen Electoral General establece en su redacción aplicable a este caso que “los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables” serán castigados a penas de “uno a cuatro años de cárcely multa de 12 a 24 meses”.
El juez Ceres añade, citando una sentencia del Supremo, que, para ser delictiva, la financiación irregular “debe cometerse en las campañas”; “si bien ello no es óbice” para que las irregularidades fuera de ese periodo puedan encajar en otros tipos penales, como los de falsedad.
La investigación de la supuesta financiación irregular, iniciada por el entonces titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se centró en sus albores en los pagos de mítines y actos electorales por parte de ocho empresas de la construcción. Ceres llega seis años después a la misma conclusión al mantener que “se producían unos ingresos indirectos en el partido mediante disminución del débito mantenido” por la formación “con Orange Market a través de pagos que diversas sociedades realizaban” a esta empresa, organizadora en exclusiva de las campañas de los populares valencianos, y que se enmascaraban “mediante contratos aparentes” que no implicaban “una real prestación de servicios”.
Entre los empresarios procesados figuran algunos que se han visto salpicados por otros escándalos. Es el caso de Vicente Cotino (sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino), a quien la semana pasada se le abrió juicio en otro procedimiento por delito fiscal junto al expresidente de la Generalitat y de Bancaja José Luis Olivas. El del constructor Enrique Ortiz, imputado con la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo en el caso Brugal. Y también el del exresponsable de la patronal de Alicante Rafael Martínez Berna. El resto de empresarios procesados son Enrique Gimeno (Facsa), Alejandro y Antonio Pons (Piaf) y Gabriel Alberto Batalla y (Lubasa).
El magistrado atribuye la responsabilidad exclusiva de haber contratado con Orange Market, la filial valenciana del grupo de Correa, a la dirección regional de los populares. Y dicta el sobreseimiento provisional de Bárcenas y del exgerente nacional Cristóbal Páez al considerar que, si no se les comunicaron las contrataciones “difícilmente puede partirse de conocimiento alguno” por su parte.
Victorias populares cuestionadas
Los socialistas valencianos, que ejercen la acusación en la causa desde 2009, reaccionaron el pasado lunes al procesamiento de la antigua cúpula del PP regional por financiación ilegal cuestionando las victorias electorales conseguidas por sus rivales. En especial, las de 2007, cuando el expresidente de la Generalitat Francisco Camps afianzó su mayoría absoluta en el Parlamento autonómico y el partido reforzó su dominio en la mayoría de municipios valencianos. “La justicia ha dictaminado que el PP iba dopado a las elecciones”, declaró el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que consideró “ilegítimo” aquel Ejecutivo “porque ganó las elecciones haciendo trampas desde el minuto uno”. Puig afirmó que “en cualquier democracia se tomarían ahora mismo decisiones fundamentales”, como la convocatoria anticipada de elecciones.
Dos de los procesados, el ex secretario general Ricardo Costa y la extesorera Yolanda García, siguen siendo diputados del PP en la Cámara autonómica. En declaraciones a la agencia Efe, Costa aseguró el lunes que dejará su escaño a lo largo del mes de enero. Si García sigue los pasos de su compañero de bancada, la decisión provocará un parón en el procedimiento, que será probablemente trasladado a la Audiencia Provincial de Valencia al no quedar ningún aforado en esa parte del caso Gürtel que justifique su permanencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El Tribunal Supremo ha zanjado que el momento a partir del cual la competencia de un tribunal no puede cambiar es el auto de apertura de juicio.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/15/actualidad/1418650982_343017.html
EL BANCO SANTANDER CERTIFICA QUE LA GERENTE DEL PP ORDENÓ UN PAGO DE 100.000 EUROS A GÜRTEL
Identifica la firma de Cristina Ibáñez y avisa que no puede concretar la otra firma
El cheque se giró el febrero de 2009 por actos de partido sin especificar
El juez que instruye la ramificación valenciana del caso Gürtel, José Ceres, cuenta desde el pasado viernes con una información muy valiosa sobre la pieza que investiga la presunta financiación ilegal del PP de Francisco Camps. Se trata de un pago que el partido giró a la trama corrupta liderada por Francisco Correa.
El PP de la Comunidad Valenciana desembolsó 100.000 euros a la red Gürtel en concepto de actos electorales y la persona que lo autorizó fue la todavía gerente regional de la formación Cristina Ibáñez, imputada en la pieza matriz donde, además de las cuentas supuestamente opacas de la formación también se investiga un delito electoral.
Ha sido el Banco Santander quien ha aportado la información. Los 100.000 euros ingresados a la empresa que gestionaba Álvaro Pérez, El Bigotes, estaban destinados a satisfacer, apuntan las mismas fuentes, distintos actos que la trama había organizado para el PP. Sin embargo, no se especifica cuáles ni en qué segmento de tiempo se llevaron a cabo.
La entidad bancaria ha certificado que la rúbrica que aparece en el cheque que ha analizado tras examinar la documentación sobre el titular de la cuenta del PP autonómico es de Ibáñez. La suma se abonó el 4 de febrero de 2009 y el cheque está firmado por la todavía gerente del PP autonómico, de acuerdo con la información que la entidad bancaria ha remitido al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) y a la que ha tenido acceso este periódico. Este nuevo dato se acaba de incorporar a la instrucción.
Hace varias semanas, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al magistrado que se dirigiera al Santander para averiguar quién ordenó el pago y firmó el cheque que sirvió a la sucursal valenciana de Correa, Orange Market, para cobrar actos electorales. El juez acordó esta práctica y elevó la petición al Santander, que contestó el pasado viernes.
El banco ha identificado una rúbrica, la de Ibáñez. Sin embargo, hay otra firma que no ha podido atribuir, tal como revela el documento aportada en el Alto Tribunal autonómico. Por tanto, queda esa incógnita. Fuentes del caso precisaron que en aquella época, el PP valenciano giraba los cheques con dos firmas: las del titular -que era la gerente regional- y la de un autorizado -que era uno de los tres gerentes provinciales-.
Pues bien, una de esas rúbricas es la que el Banco Santander no ha podido identificar, tal como pretendía la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado. «La firma que consta a la derecha del número de cuenta (...) fechado el 4 de febrero de 2009 por valor de 100.000 euros corresponde a Cristina Ibáñez Vidal. La otra firma no se identifica», recoge el escrito.
En aquel momento, el gerente provincial de Valencia era José Moscardó; la de Alicante, Eugenia Cascales y el de Castellón, Miguel Carot.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/10/06/5432400c268e3e7b108b456c.html
ANTICORRUPCIÓN PIDE INHABILITACIÓN PARA TRES EXCONSELLERS Y CÁRCEL PARA OTROS CARGOS PÚBLICOS
Anticorrupción pide hasta nueve años de inhabilitación pública para De Miguel, Rosado y Cervera, y cárcel para Carmen Quintero, Vicente Farnós y Santo Juan, entre otros cargos. El PSPV pide hasta tres años de cárcel para los tres ex-consellers
Se trata de los escritos de calificación provisional, que se han presentado hoy, al TSJ valenciano que instruye la pieza cinco del caso Gurtel relativa a contrataciones del Consell con empresas del grupo Correa
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exdiputado popular David Serra, y entre siete y nueve para los exconsellers Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, imputados en la pieza 5 del 'caso Gürtel', relativa a contrataciones entre el Consell, la empresa dirigida por Álvaro Pérez 'el Bigotes' y otras sociedades del Grupo Correa.
El fiscal pide penas de cárcel para seis de los cargos públicos del nivel intermedio imputados. Siete años de cárcel pide para Antonio Santo Juan, funcionario responsable de la empresa Vaersa, otros siete años para Juan Miguel Bellver, exdirector de esta empresa pública de Medio Ambiente; cinco años para Carmen Díaz Quintero, directora de La Luz de la Imágenes; cuatro años para Enrique José Bort, exdirector de gabinete del Sepiva; cuatro años para Vicente Farnós, exdirector de Castelló Cultural, y tres años para Patricia Callaghan jefa de sección de Territorio.
Por su parte, la acusación popular ejercida por el PSPV, pide una pena de tres años y cuatro meses de prisión para el exdiputado popular David Serra y para la exconsellera Alicia de Miguel, así como un año y cuatro meses de cárcel para los exconsellers de Sanidad Luis Rosado y Manuel Cervera.
La Fiscalía ha pedido, así mismo, diez años de prisión para los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes".
En total, en esta pieza, que se dio por concluida el pasado mes de julio, hay 27 personas procesadas, a las que el juez instructor atribuye presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude.
No obstante la reciente dimisión como diputado de David Serra, en el parlamento valenciano, el único aforado que quedaba en esta casusa, obligará a decidir si se mantiene en el TSJ valenciano, o pasa a la justicia ordinaria. Un debate similar al que el día 15 debe decidir el Supremo, tras renunciar a su escaño las imputadas en otra rama del caso Gúrtel las ex conselleras Angélica Such y Milagrosa Martínez que también han perdido el aforamiento.
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/anticorrupcion-pide-inhabilitacion-exconsellers-carcel-otros-cargos-publicos/csrcsrpor/20140926csrcsrnac_25/Tes
EL JUEZ RECHAZA UNIR A GÜRTEL LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE PATERNA
La Fiscalía Anticorrupción pidió al magistrado Ceres abrir una nueva línea de investigación
El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano José Ceres ha rechazado incorporar al caso Gürtel la supuesta financiación ilegal del PP de Paterna en la etapa del recientemente dimitido alcalde Lorenzo Agustí.
La fiscalía Anticorrupción le había solicitado que uniera esa nueva línea a la causa que ya investiga las aportaciones supuestamente irregulares de empresas de la construcción al conjunto de las campañas populares en la Comunidad Valenciana en 2007 (municipales y autonómicas) y 2008 (generales). Y ello a pesar de que en el caso de Paterna la denuncia original, presentada por Compromís, apunta a empresas distintas y no aparece en ella la sombra de la red de Francisco Correa.
"En última instancia", argumentaba Anticorrupción, "la contabilidad y su rendición de cuentas correspondientes a las elecciones municipales de 2007 en la Comunidad Valenciana no pueden ser analizadas sin tomar en consideración incluso la contabilidad y rendición de cuentas correspondientes a las elecciones autonómicas del mismo día”.
El magistrado no acepta las alegaciones de la fiscalía, señala que en la denuncia no figura ningún aforado (que es lo que determina de modo general la competencia del TSJ), ni tampoco ninguno de los ya encausados en la vertiente valenciana del caso Gürtel. Abre la puerta, sin embargo, a que la fiscalía plantee la cuestión a la Sala Civil y Penal del TSJ, "competente para delimitar la competencia de este tribunal".
La supuesta financiación irregular a la campaña, en 2007, de los populares en Paterna, la habrían realizado "tres empresas constructoras con una misma dirección fiscal y una cuarta empresa" dedicada a la publicidad. Las cuatro habrían pagado actos electorales a la firma que se encargó de la campaña popular. Las facturas identifican "claramente como destinatario al Partido Popular de Paterna", añade la fiscalía, que considera difícil "encontrar justificación alguna" para que tales empresas "abonen gastos de la campaña electoral de un partido político".
Agustí, considerado en su momento una figura emergente del PP valenciano, dimitió en julio como alcalde del décimo municipio valenciano más poblado (67.000 habitantes) después de verse implicado en dos causas judiciales. El exregidor está imputado por la adjudicación de un auditorio y por los gastos de publicidad destinados a promover una zona franca de 1,2 millones de metros cuadrados en el término municipal de Paterna.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/15/valencia/1410802098_741518.html
DE LEÓN DICE QUE SOLO FUE INTERMEDIARIA EN LAS CAMPAÑAS INVESTIGADAS EN GÜRTEL
La exvicepresidenta dice que Costa era quien tomaba las decisiones económicas
La exvicepresidenta de la Generalitat Paula Sánchez de León declaró este jueves que ella fue solo una “intermediaria” entre el también exvicepresidente Vicente Rambla y el Partido Popular valenciano en las dos campañas electorales investigadas por supuesta financiación ilegal en el seno del caso Gürtel. Sánchez de León, que salió del Ejecutivo valenciano en 2011 para convertirse en delegada del Gobierno en la comunidad autónoma, cargo que abandonó en mayo, fue interrogada como testigo por espacio de una hora por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por los socialistas valencianos.
De León dijo no recordar muchas de las cuestiones que le fueron planteadas, según fuentes conocedoras de su declaración. Pero apuntó hacia otro de los imputados (además de Rambla), Ricardo Costa, al asegurar que era “el secretario general” quien se encargaba de las cuestiones económicas, incluidas las relaciones entre los populares y las empresas de la trama Gürtel, que se encargaron de las campañas investigadas, 2007 (autonómicas y municipales) y 2008 (generales).
Costa era secretario general en la segunda de las campañas, pero no en la de 2007, cuando ocupaba un peldaño inferior en el partido. La investigación considera, sin embargo, que en la práctica Costa también ejerció como tal en 2007, porque quien era formalmente secretaria general, Adela Pedrosa, que abandonó el cargo después de los comicios, estaba centrada en su candidatura a la alcaldía de Elda. Ni el juez ha imputado a Pedrosa ni la fiscalía le ha pedido que lo haga.
La exdelegada del Gobierno admitió haberse reunido con el cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, cuatro veces en la sede de su empresa Orange Market. Una de esas veces, precisó, fue después de las elecciones y se trató el pago de los gastos de la campaña.
El abono de las facturas de los actos de campaña forma el núcleo de la causa. Según la fiscalía, parte de ellas fueron abonadas por seis empresas constructoras, que habrían encubierto los pagos simulando que Orange Market y otras sociedades del grupo de Francisco Correa les habían prestado diferentes servicios. La policía grabó conversaciones telefónicas en las que Pérez y otros cabecillas del grupo se quejaban de cuánto les costaba cobrar del PP.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/04/valencia/1409858254_494124.html
BÁRCENAS DECLARA DESDE LA CÁRCEL POR LA FINANCIACIÓN DEL PP VALENCIANO
Ha respondido como imputado por tres de las piezas de la causa, la uno, la dos y la seis
Hacen referencia a un posible delito electoral en 2007 y 2008 y contra la Hacienda Pública
Han estado presentes el imputado, su abogado, el juez, el fiscal y cinco defensas
Bárcenas ha respondido a las preguntas del fiscal, del juez y de su propio abogado
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas -en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid)- ha declarado este martes por videoconferencia como imputado ante el juez que instruye el 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por tres de las piezas de la causa, la uno, la dos y la seis.
Se trata de una declaración ampliatoria fijada para las 10.15 horas sin que Luis Bárcenas haya estado presente en la sala ya que se ha hecho por videoconferencia con la cárcel de Soto del Real.
La declaración ha terminado pasadas las 11 de la mañana y han estado presentes el imputado, su abogado, el juez, el fiscal y las cinco defensas, que no han realizado preguntas. Bárcenas ha respondido sólo a las preguntas del fiscal, del juez y de su propio abogado.
Las dos primeras piezas del 'caso Gürtel' hacen referencia a supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y a supuestas falsedades relacionadas con un delito electoral en 2008, mientras que la sexta trata de investigar presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market o a algunas de las sociedades vinculadas a ella y que pudieran derivarse de los anteriores hechos delictivos a que se refieren las piezas una y dos.
El magistrado incorporó recientemente a la causa la certificación de la Junta Electoral Central sobre la identidad de las posibles personas nombradas por el PP en la Comunitat como administradores de la candidatura en las respectivas circunscripciones provinciales en las elecciones municipales de mayo de 2007.
En esta certificación se indica que Bárcenas se designó no únicamente como administrador general único del PP para las elecciones municipales celebradas en 2007, sino que era asimismo designado administrador de candidatura del PP en la circunscripción electoral de la provincia de Valencia.
Así mismo, consta la comunicación recibida de la Junta Electoral Provincial de Castellón, en la que se indica que del expediente electoral correspondiente a las elecciones locales celebradas el 27 de mayo de 2007 resulta que por la representación de las candidaturas del PP no se hizo designación de administrador específico para esta provincia.
Por su parte, la Junta Electoral Provincial de Alicante certifica la designación de Cristina Ibáñez como administradora general del PP para las elecciones a las Corts de 27 de mayo de 2007, que se convocaron de forma conjunta con las elecciones locales.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/07/01/53b2650c268e3e1a768b456c.html
CARLOS FABRA ATRIBUYE A GÉNOVA LA CONTRATACIÓN DE CAMPAÑAS A GÜRTEL
Asegura que 'es absolutamente falso' que pagara 90.000 € en 'B' a empresas de la trama
Afirma que no tiene ningún tipo de relación con la trama ni con la empresa Orange Market
Desconoce quién contrataba los servicios de publicidad o de gestión de campaña
Apenas ha respondido a los medios con un 'ha ido bien, gracias' a su salida del juzgado
El ex presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esta provincia, Carlos Fabra, ha atribuido a Madrid la contratación de los actos de la campaña electoral de 2007 y 2008, y se ha desmarcado de que él tuviera poder de decisión para elegir la empresa que se encargara de la publicidad de la campaña. Del mismo modo, ha dicho que él también ignora si Génova fue quien eligió a las empresas de Gürtel porque, al tomar estas decisiones Madrid, no tenía posibilidad de saber cuál era la empresa elegida para las vallas, publicidad estática y otra promoción electoral. "Yo no contraté la publicidad o Orange Market, no sé si lo hizo Madrid", ha apuntado el ex líder del PP-Castellón.
Asimismo ha asegurado que es "absolutamente falso" que pagara 90.000 euros en 'B' a la trama, tal y como así consta en los apuntes contables recogidos en la sede de Orange.
Carlos Fabra estaba citado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para declarar como testigo por las piezas 1, 2 y 6 del 'caso Gürtel', en las que se investiga presunta financiación irregular del PPCV.
En concreto, las dos primeras piezas del 'caso Gürtel' hacen referencia a supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y a supuestas falsedades relacionadas con un delito electoral en 2008, mientras que la sexta trata de investigar presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market o a algunas de las sociedades vinculadas a ella y que pudieran derivarse de los anteriores hechos delictivos a que se refieren las piezas una y dos.
Declara durante hora y cuarto
Fabra estaba citado a las 11.45 horas, y se ha presentado en el tribunal valenciano poco antes de las 11.30, aunque su declaración no ha comenzado hasta las 12. Tras prestar declaración durante poco más de una hora, ha abandonado el TSJCV sin querer atender a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta. Tan solo ha dicho: "ha ido bien, gracias".
En su declaración ante el juez, el ex presidente del PP de Castellón ha afirmado que no tiene ningún tipo de relación con la trama ni con la empresa Orange Market, y ha asegurado que los actos para las campañas electorales de 2007 y 2008 --años en los que hubo comicios autonómicos y municipales en el primer caso y generales en el segundo-- los contrataba "directamente" Madrid, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del interrogatorio.
En esta línea, ha insistido en que él se limitaba en esa época a asistir a los actos electorales, pero no a organizarlos. También ha dicho que desconoce quién contrataba los servicios de publicidad o de gestión de campaña y ha agregado que nadie le daba explicaciones al respecto. "Ni la Diputación ni el PP provincial ha contratado nada de la campaña electoral", ha reiterado.
Nunca ha visto a los cabecillas
Así, ha afirmado que desconoce --nunca los ha visto-- a los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo o Cándido Herrero, y ha añadido que a Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', tan solo lo ha visto en dos ocasiones, una de ellas organizando un acto que realizó el partido en el Auditorio del Palacio de Congresos de Castellón, en 2007, sobre el que desconoce quién lo contrató.
Apuntes de la trama
A Fabra también se le ha preguntado por el apunte contable que se intervino a la trama en la sede de Orange Market, y en el que se señalaba que 'El tuerto', tal y como le denominaba la trama, había pagado 90.000 euros en 'B' con motivo de actos electorales.
Al respecto, ha señalado que es "falso, absolutamente falso" que él realizara este ingreso, y ha agregado que desconoce quién lo hizo o si se llegó a hacer. Él, ha repetido, desconoce cualquier tipo de gastos o ingresos con esta mercantil.
La Agencia Tributaria también recoge en su informe final este apunte de 90.000 euros, así como que el PP no declaró el gasto de al menos 2,1 millones de euros en las elecciones autonómicas de 2007. En concreto, tan solo registró un gasto de 175.000 euros.
La próxima semana está citado a declarar, por videoconferencia, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, quien se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid). En concreto, tendrá que prestar declaración --ampliatoria, puesto que ya fue interrogado anteriormente-- el día 1 de julio, a las 10.15 horas.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/06/26/53ac19dd22601d7b5a8b457e.html?a=6ded7bb2957166ea09b27f5964ebc0f9&t=1403818679
EL JUEZ AVALA UNA CONCLUSIÓN POLICIAL QUE INCRIMINA A RICARDO COSTA
La UDEF señaló a Costa como "canalizador" de los pagos en dinero negro a la trama Gürtel
La fiscalía reprocha al letrado del diputado que faltase al respeto a un agente de la policía
El juez que investiga el caso Gürtel, José Ceres, ha rechazado la ofensiva de Ricardo Costa contra la policía. La defensa del ex número dos del PP valenciano pretendía que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) rectificara una de las conclusiones recogidas en sus informes: la de que Costa fue una pieza central en el sistema de pagos en dinero negro que el Partido Popular presuntamente estableció con la trama Gürtel.
La afirmación que el diputado autonómico Costa quería rectificar por atentar contra su derecho a la presunción de inocencia era la siguiente: “A tenor del contenido de las comunicaciones Ricardo Costa actuaba como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero”. Siguiendo el ejemplo del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que denunció a un responsable de la UDEF, el letrado de Costa también dirigió su escrito contra un policía personalmente, al que no ahorró comentarios peyorativos. Entre ellos el de que “nadie de inteligencia estándar puede extraer la conclusión que extrae el agente 81.067”.
El juez trasladó la petición, realizada en el seno de la pieza separada que investiga la financiación ilegal de los populares, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Abogacía del Estado. Además de oponerse, el fiscal señaló que el ejercicio del “derecho de defensa que la parte invoca no comprende la facultad de faltar al respeto a los funcionarios”.
El abogado del Estado también se manifestó en contra de la solicitud de Costa por “carecer del más mínimo apoyo legal”. El ex secretario general del PP valenciano puede “proponer cuanta prueba en contrario tenga por conveniente”, alegó el letrado del Estado, “no siendo admisible pretender que la UDEF modifique las conclusiones de su informe porque no las comparte”. El juez Ceres asuma su postura y recalca que la policía judicial “debe llegar a conclusiones” en sus informes, “sin que resulte posible que se ordene las conclusiones”.
El magistrado también ha rechazado excluir otra frase incluida en un informe de la UDEF. Extraída de una conversación grabada por la policía a los cabecillas de Gürtel, en ella Álvaro Pérez, El Bigotes, le transmite a Pablo Crespo que Costa le habría dicho: “Yo te pagaré todo lo que se ha hecho en Alicante, en Barcelona no te puedo pagar nada”. Según la UDEF, Alicante significaba transacciones legales, y Barcelona, las realizadas en dinero negro.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/27/valencia/1403888031_303201.htmlCARLOS FABRA NIEGA ANTE EL JUEZ SABER CÓMO SE FINANCIABA EL PP VALENCIANO
"Nosotros solo llenábamos autobuses", afirma el expresidente del Partido Popular castellonense
Hacienda cree que el expresidente de la Diputación de Castellón hizo pagos opacos a Gürtel
Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia ha negado este jueves haber tenido conocimiento de cómo se financiaba su partido, cómo pagaba los actos electorales o de quién tenía capacidad para hacerlo. Fabra declaraba como testigo en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Ante el juez José Ceres, Fabra ha rechazado haber participado en los pagos opacos que según la Agencia Tributaria realizó la formación a las empresas de la trama Gürtel en las campañas electorales de 2007 y 2008.
El histórico dirigente de la Diputación de Castellón, cargo que ocupó entre 1995 y 2011 continuando así una larga tradición de su familia, fue condenado hace unos meses a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales.
El magistrado que investiga el caso Gürtel en Valencia ha recibido desde octubre dos informes de la Agencia Tributaria sobre las corruptelas en la financiación del PP valenciano en los que se señala a Fabra como uno de los responsables. Los inspectores de Hacienda consideran que el dirigente realizó “una actividad de colaboración necesaria en la comisión de los delitos de defraudación tributaria” por parte de las empresas de Francisco Correa.
En los dos años investigados, solo Orange Market, la filial valenciana del grupo, defraudó 1,6 millones de euros al fisco. La Agencia Tributaria ha concluido que el PP regional “colaboró con Orange Market para cometer el fraude tributario advertido, pagando parte de los servicios que recibía sin exigir la factura correspondiente ni pagar el IVA que los grava”. Y los inspectores atribuyen personalmente a Fabra un pago por de campaña no declarado de 90.000 euros.
Pero la supuesta transacción, que fue anotada por la trama en documentos de los que más tarde se incautó la policía, no era recordada este jueves por el expresidente de la Diputación de Castellón. La memoria tampoco le permitía recordar a Cristina Ibáñez, gerente del PP valenciano, imputada en la causa de financiación y pese a ello mantenida en el puesto por Génova. Ni quién podía ser el responsable orgánico de contratar las vallas y las cuñas de propaganda electorales.
Los informes de la Agencia Tributaria han atribuido idéntico delito que a Fabra (colaboración en la defraudación fiscal) a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Y al ex número dos de la Diputación de Castellón y alcalde de La Vall d’Alba, Francisco Martínez. Ninguno de ellos ha sido hasta el momento imputado en el caso. Sí lo está la antigua dirección del PP regional, incluidos cuatro ex cargos que siguen siendo diputados en las Cortes Valencianas.
El juez Ceres citó a declarar por la financiación ilegal al mismo tiempo a Carlos Fabra y al extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, que lo hará la semana que viene como imputado y por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, en Madrid. Bárcenas ya fue interrogado sobre estos hechos en 2012, en una declaración marcada por las evasivas. Desde entonces, la situación judicial del extesorero se ha agravado por el descubrimiento de sus cuentas en Suiza, y su relación con la dirección del partido ha degenerado de forma imparable.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/26/valencia/1403774451_945953.html
CARLOS FABRA DICE AL JUEZ QUE LOS PAGOS ELECTORALES DEPENDÍAN DE MADRID
El expresidente del PP de Castelló sostiene ante el magistrado del caso Gürtel que solo coincidió una vez en un acto de proclamación de candidatos con El Bigotes y que él nunca pagó a Orange Market
El ex presidente del PP en Castelló y de la Diputación castellonense Carlos Fabra aseguró ayer al juez que investiga el caso Gürtel en Valencia que de la contratación de las campañas electorales se encargaba la dirección nacional del partido. Fabra insistió en que él jamás contrató a Orange Market y afirmó que solo coincidió una vez con Álvaro Pérez «El Bigotes» en el acto de proclamación de candidatos de Castelló en las elecciones de 2007. Fabra, que compareció en calidad de testigo, explicó que se acordaba del Bigotes porque discutió con él por dónde se sentaba.
Carlos Fabra compareció durante una hora y cuarto ante el magistrado que investiga la supuesta financiación irregular del partido durante las campañas electorales de 2007 y 2008. El juez José Ceres ha hallado indicios de que ocho constructoras de la Comunitat Valenciana abonaban actos electorales del partido a Orange Market, que camuflaba los pagos con servicios de promoción supuestamente ficticios.
Carlos Fabra manifestó que es falso que pagara 90.000 euros en B como consta en los apuntes contables de la sede de Orange Market. El apunte contable se refería a Fabra como «El Tuerto». El ex responsable del partido en Castelló reiteró que jamás contrató nada ni pagó nada a Orange Market. Hacienda también recoge en su informe final el apunte de 90.000 euros así como que el PPCV no declaró 2,1 millones de euros en las elecciones autonómicas y municipales de 2007.
El expresidente del PP de Castelló incidió en que Madrid contrataba las campañas de cartelería y que no sabía nada de los pagos. Carlos Fabra indicó que no se acordaba ni quién era la gerente del partido en Castelló.
El ex dirigente popular aseguró que no conoce a Francisco Correa, Pablo Crespo y Cándido Herrera (los presuntos cabecillas de la trama junto a Álvaro Pérez).
El magistrado tiene previsto tomar declaración el 1 de julio al ex gerente nacional del PP Luis Bárcenas. El juez ha decidido interrogar a Bárcenas por videoconferencia para ahorrar los gastos que supone su traslado desde prisión.
Versión opuesta
La versión de Bárcenas es diametralmente opuesta a la que dio ayer Carlos Fabra. El ex tesorero nacional del Partido Popular y ex senador Luis Bárcenas declaró el año pasado al juez de Gürtel que las decisiones se tomaban en Valencia. Luis Bárcenas afirmó que en Madrid solo recibían la documentación, aunque admitió que sí participaban en las campañas electorales municipales.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/06/27/carlos-fabra-dice-juez-pagos/1130592.html
EL JUEZ CITA A LUIS BÁRCENAS Y A CARLOS FABRA POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP VALENCIANO
El ex tesorero del Partido Popular volverá a declarar en el TSJ el próximo día 1 de julio
El ex presidente del PP de Castellón ha sido citado como testigo el 26 de junio
El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas volverá a declarar el próximo día 1 de julio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la causa que investiga la posible financiación irregular del Partido Popular en las campañas electorales de 2007 (municipales y autonómicas) y 2008 (elecciones generales).
Será la segunda vez que Bárcenas declare ante el Alto Tribunal autonómico, aunque esta vez está todo listo para que lo haga desde Madrid por videoconferencia. Bárcenas sigue en prisión preventiva por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga los llamados «papeles de Bárcenas».
El instructor del caso, José Ceres, también ha citado el próximo día 26 de junio, a las 11:45 horas, aunque en calidad de testigo, a Carlos Fabra, ex presidente del PP en Castellón.
Por otro lado, el magistrado incorpora a la causa la certificación de la Junta Electoral Central sobre la identidad de las posibles personas nombradas por el PP en la Comunidad Valenciana como administradores de la candidatura en las respectivas circunscripciones provinciales en las elecciones municipales de mayo de 2007.
En esta certificación se indica que Bárcenas se designó no únicamente como administrador general único del PP para las elecciones municipales celebradas en 2007, sino que era asimismo designado administrador de candidatura del PP en la circunscripción electoral de la provincia de Valencia.
Así mismo, consta la comunicación recibida de la Junta Electoral Provincial de Castellón, en la que se indica que del expediente electoral correspondiente a las elecciones locales celebradas el 27 de mayo de 2007 resulta que por la representación de las candidaturas del PP no se hizo designación de administrador específico para esta provincia.
Por su parte, la Junta Electoral Provincial de Alicante certifica la designación de Cristina Ibáñez como administradora general del PP para las elecciones a las Cortes de 27 de mayo de 2007, que se convocaron de forma conjunta con las elecciones locales.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/06/19/53a319e2e2704e38618b4584.html
INSPECTORES DE HACIENDA RATIFICAN QUE LAS FACTURAS DE ORANGE A EMPRESAS SERVÍAN PARA AMINORAR LA DEUDA DEL PPCV
Dos inspectores de la Agencia Tributaria han ratificado ante el juez del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que las facturas que emitía Orange Market S.L. a algunas empresas de la construcción y obra pública servían para aminorar la deuda del PPCV.
Dos inspectores de la Agencia Tributaria han ratificado ante el juez del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que las facturas que emitía Orange Market S.L. a algunas empresas de la construcción y obra pública servían para aminorar la deuda del PPCV.
Estos inspectores han ratificado de esta manera sus informes finales ante el juez del 'caso Gürtel', en relación con la supuesta financiación ilegal del Partido Popular.
Los peritos han explicado, a preguntas fundamentalmente del ministerio fiscal, que las facturas que emitía Orange Market, mercantil dirigida en Valencia por Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', a diferentes empresas relacionadas con la construcción eran "falsas", según ha podido saber Europa Press.
Los inspectores han justificado esta falsedad o bien en el concepto que se indicaba, o en el cliente --empresa-- al que iba dirigido. Algunas de estas mercantiles que se investigan en la causa son Piaf, Facsa, Grupo Vallalba, Lubasa, Enrique Ortiz y Sedesa.
Así, los técnicos han afirmado que los importes de las facturas sí eran verdaderos puesto que, de hecho, sobre los mismos Orange Market pagaba luego sus correspondientes impuestos, tal y como han declarado.
De esta forma, entienden que cada factura falsa que emitía Orange Market servía para aminorar la deuda del PPCV por trabajos que le contrató en los años 2007 y 2008, la mayoría de ellos relacionados con las campañas electorales.
Así mismo, han detallado que, en base a la diferente documentación a la que han tenido acceso, el PP colaboró con el fraude, ya que dejó de abonar el IVA y no incluyó en su contabilidad ni las donaciones ni gastos en sus campañas electorales. También han señalado que no se puede constatar un desvío de fondos a ningún dirigente en concreto del PPCV.
Los informes periciales recogen que Orange Market cobró al Gobierno valenciano, cuando estaba dirigido por Francisco Camps, un total de 5,7 millones de euros entre 2007 y 2008, y la mayoría del dinero fue abonado de forma opaca. Así, exponen que esta mercantil tan solo facturó al PP 1,2 millones en este mismo periodo, y el resto fue pagado o bien mediante pagos en 'B' o facturas falsas emitidos a terceros.
http://www.que.es/valencia/201406131703-inspectores-hacienda-ratifican-facturas-orange.htmlHACIENDA RATIFICA ANTE EL JUEZ QUE EL PP VALENCIANO SE FINANCIÓ DE FORMA IRREGULAR
Los inspectores consideran acreditado que grandes constructoras pagaron actos electorales
Los dos inspectores de la Agencia Tributaria que han trabajado en la vertiente valenciana del caso Gürtel han ratificado este viernes ante el juez sus informes, en los que consideran acreditada la financiación ilegal del PP regional en la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps.
Hacienda ha constatado que varias empresas de la construcción hacían pagos a Orange Market, una de las sociedades de la trama Gürtel, por servicios "falsos". Y que esos abonos servían en realidad para aminorar la deuda que el PP había contraído con la empresa del grupo de Francisco Correa por la organización de actos electorales en las campañas de 2007 y 2008.
Las empresas que participaron supuestamente en la financiación irregular fueron Lubasa, Piaf, Facsa, Enrique Ortiz, Grupo Vallalba (mediante tres de sus sociedades) y Sedesa. Todas ellas realizaban, además, obra pública, y consiguieron en el periodo cuantiosas adjudicaciones del Gobierno valenciano.
Pero los problemas con la contabilidad de los populares no termina ahí, según los miembros de la Agencia Tributaria, que han subrayado en varias ocasiones la falsedad de las anotaciones registradas por la formación, indican fuentes conocedoras de su declaración. El núcleo de la irregularidad consistiría en que el partido justificó un gasto muy inferior al que la investigación de Hacienda ha revelado, lo que lleva a los inspectores a concluir que, además de los algo más de 420.000 euros pagados presuntamente por las constructoras y encubiertos con facturas por contratos ficticios de empresas de la red, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana recibió una cantidad superior de donaciones no declaradas. Esto es, pagos inscritos en las campañas electorales por parte de terceros en los que no habrían intervenido como intermediarias las empresas de Correa.
El PP, según los inspectores, participó activamente en el fraude, al no pagar el IVA, ni incluir las donaciones en la contabilidad presentada ante el Tribunal de Cuentas por sus campañas electorales. La mayor parte de los fondos que el partido abonó a Orange Market, 3,5 millones, fueron en b o provinieron de aportaciones prohibidas, concluye la Agencia Tributaria.
Las empresas de la red se encargaron de todos los actos de las campañas electorales de los populares en 2007 y 2008. Unos actos que según se desprende de las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía, a la trama le costaría más tarde cobrar. A pesar de ello, en la campaña de 2007 el partido solo contabilizó oficialmente una factura por servicios de Orange Market, la filial valenciana de Gürtel, por importe de 175.000 euros.
Se trata de la factura 79/2007 que la gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez, imputada desde hace tres años por la financiación ilegal y pese a ello mantenida en el cargo por decisión de Génova, acaba de aportar al juez.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/13/valencia/1402674020_603712.html
CERES INCLUYE LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO EN DOS PIEZAS DE GÜRTEL
La información que aportó Compromís al TSJ se refería a las licitaciones del Consistorio entre 1999 y 2011
Compromís ha exigido explicaciones a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por la incorporación de varios contratos del Ayuntamiento de Valencia con diferentes empresas constructoras a las piezas 1 y 2 del caso Gürtel que investiga el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) José Ceres. Esta información fue aportada al tribunal por el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, en abril pasado.
Ceres, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha incluido estos contratos del Consistorio en las piezas separadas del caso Gurtel donde se investiga la supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana y los delitos electorales en las elecciones municipales y autonómicas del 2007 y en las generales del 2008.
La información que aportó Compromís al TSJ se refería a diferentes licitaciones del Consistorio entre los años 1999 y 2011 a las empresas constructoras Sedesa, por 16,18 millones de euros, Cyes por 15,07 millones de euros, Lubasa por 1,84 millones de euros, Hormigones Martínez por 1,67 millones de euros y Renos, del Grupo Gimeno, por 1,53 millones de euros.
La documentación aportada por Ribó se refería a contratos de servicios, como la concesión del Centro Cultural la Rambleta otorgado en 2006 por 54 millones de euros a la sociedad Bulevar del Arte y la Cultura, participada por Cyes. A esto se añade la licitación por la construcción y gestión de 9 aparcamientos públicos a Lubasa.
Según Joan Ribó, "el círculo de la corrupción se va cerrando sobre el equipo de Barberà, primero con los contratos de los Valencia Summit con el Instituto Nóos, después con los 2,2 millones de euros contratados por el Ayuntamiento con las empresas Trasgos que colaboraron con las empresas de Correa en la visita del Papa, y ahora el TSJ incluye dentro de la instrucción del caso Gurtel los contratos millonarios, coincidiendo con periodos electorales, con empresas constructoras que supuestamente financiaron ilegalmente al PP".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/04/valencia/1401883869_482829.html
EL JUEZ CERES INVESTIGARÁ CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA CON EMPRESAS RELACIONADAS CON 'GÜRTEL'
Une las licitaciones a Sedesa, Lubasa, Cyes y Hormigones Martínez a la financiación ilegal
Pide al PP que le remita las facturas de Orange Market en las campañas de 2007 y 2008
El juez que instruye la ramificación valenciana del caso Gürtel, José Ceres, investigará también las contrataciones del Ayuntamiento de Valencia con las empresas investigadas en el sumario por, presuntamente, financiar al PP de Francisco Camps a cambio de adjudicaciones. El valor de esas licitaciones asciende a 36,3 millones de euros y las mercantiles que obtuvieron los contratos fueron Sedesa- sociedada de la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino- Cyes, Lubasa y Hormigones Martínez. Ceres ha acordado, a través de una providencia fechada el 25 de mayo a la que ha tenido acceso este periódico, la incorporación de estas contrataciones, que quedarán enmarcadas en las piezas1 y 2, donde investiga la supuesta financiación ilegal del PP autonómico y el delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 y generales de 2008.
Asismimo, el magistrado solicita al PP, a través de su gerente, que le remita todas las facturas desde 2007 a 2009 emitidas por la filial valenciana de Francisco Correa, Orange Market, derivadas de ambos períodos electorales. Y le da un plazo de cinco días para hacerlo. En ese tiempo, también la Sindicatura de Cuentas tendrá que entregar en el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) la documentación que Orange Market le remitió, tal como expone Ceres en su providencia.
La denuncia que compromete al Ayuntamiento de Valencia, por vincularla con Gürtel y que ahora ya forma parte del sumario, fue presentada por el grupo municipal de Compromís en el consistorio valenciano el pasado mes de abril y abunda en que los contratos más jugosos se produjeron en fechas cercanas a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y a las generales de 2008.
El magistrado la añade a las piezas 1 y 2 a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que interesó la unión del escrito a la instrucción. La documentación entregada por Compromís consistía en un listado de empresas constructoras, el importe facturado a las arcas públicas y las fechas de contratación y entrega de las obras.
La firma que más dinero facturó, según la documentación de Compromís, fue la constructora Sedesa, que recibió 16,18 millones de euros entre 1999 y 2011 para edificar, por ejemplo, el polideportivo Quatre Carreres por 5,4 millones, ejecutado entre 2010 y 2011; el centro de bomberos de Campanar por 2,3 millones, entre 2003 y 2005; o almacenes en Vara de Quart por 3,8 millones, entre 2000 y 2003.
La empresa constructora Lubasa, por su parte, habría recibido 1,8 millones entre los años 2004 y 2006. Cyes obtuvo, tal como se refleja en el escrito de denuncia de Compromís, 15,07 millones de euros para la construcción del polideportivo de Benimaclet (8,4 millones entre 2002 y 2003) o el centro multidisciplinar de Alfahuir (4,3 millones entre 2010 y 2011) entre los años 2002 y 2015 . Por último, Hormigones Martínez podría haberse embolsado 1,67 millones por la construcción de una escuela infantil.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/06/04/538ed5f822601dfd178b456d.htmlLOS GERENTES DEL PPCV DECLARAN ANTE EL JUEZ DE GÜRTEL QUE LAS DECISIONES ERAN DE LOS COORDINADORES DE CAMPAÑA
José Moscardó, Eugenia Cascales y Miguel Carot han coincidido al manifestar que no contrataron «nada» con Orange Market y que vieron a 'El Bigotes' en algunos actos del partido
Los gerentes provinciales del PPCV han declarado ante el juez del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que los coordinadores de campaña eran los encargados de tomar decisiones sobre los ingresos y gastos, al tiempo que han señalado que veían a uno de los presuntos cabecillas de la trama, Alvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', en algunos actos del partido, pero han mantenido que no contrataron "nada" con su empresa, Orange Market S.L.
Así consta en las declaraciones prestadas por el gerente provincial de Valencia, José Moscardó; la de Alicante, Eugenia Cascales; y el de Castellón, Miguel Carot, ante el juez del 'caso Gürtel', y que han sido transcritas e incorporadas a la causa. En concreto, estas tres personas declararon en calidad de testigos por las piezas 1 y 2 del procedimiento, relativas a un presunto delito electoral del PPCV.
Los tres han coincidido en sus manifestaciones, ya que han mantenido que los ingresos y los gastos en campaña dependían del coordinador de campaña, que no contrataron ningún acto con Orange Market, que vieron a su responsable, 'El Bigotes', en alguna ocasión, organizando, pero que no se relacionaron con él, y que no se percataron de ningún pago en 'B'.
Así mismo, han explicado que dependían de la oficina central nacional, que era la que "pagaba y mandaba", y también del presidente provincial y del secretario. Respecto a las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y las generales de 2008, han señalado que recibían un ingreso económico de la central de Madrid para los gastos y dependían del mismo.
Luego, han señalado, era el coordinador de campaña el que les indicaba, dirigía y mandaba lo que tenían que hacer: "nosotros puramente gestionamos, compulsamos que la cuenta coincida con la factura que se emite y no tenemos ninguna decisión para poder escoger, ya que lo dirige el coordinador de campaña", ha concretado Moscardó. Al respecto, Cascales ha señalado que los coordinadores eran "los que decidían quién contrataba".
En cada caso, el coordinador de campaña para las elecciones de 2007 y 2008 en Valencia fue Juan José Medina; en Alicante, en 2007, fueron Macarena Montesinos y Carlos Mazón; y en 2008 Miguel Peralta; y el de Castellón en 2007 fue Rubén Ibáñez, y en 2008 Enrique de Francisco Enciso, tal y como han especificado.
Sobre Orange Market, en concreto Moscardó ha indicado: "del 2007 para acá no conocemos a la empresa Orange Market. Quiero decir que no hemos cooperado con ellos. Quiero decir que ni hemos comprado ni hemos... Le quiero recordar que yo soy un mandao, que es el coordinador de campaña quien manda y el coordinador político y el Comité de Dirección de campaña".
Preguntados por si conocen a Alvaro Pérez, Moscardó ha señalado: "Alvaro, de verlo, pero no me he tomao ni un café con él, por decirlo así! No me he tomao ni un café!". Así, ha afirmado que lo conoce de verlo "en las campañas que entraba en la sede". Por su parte, Cascales ha indicado que lo conoce de haberlo visto "en actos" que montaba Valencia en Alicante: "yo veía por allí a Alvaro montando. Veía que se montaban mitines, actos, pero yo no sé quién montaba eso ni quién ha contratado eso ni nada", ha agregado. Y sobre él, ha añadido: "hablaba con todos".
PERSONA "PINTORESCA"
Por su parte, Carot ha señalado que no recuerda haber visto a 'El Bigotes' en ningún acto en Castellón, pero sí "puede" que en Valencia . Lo ha descrito como "una persona pintoresca porque donde está llama la atención".
En esta línea, los tres han negado haber recibido algún tipo de instrucción sobre ingresos, gastos, mítines o vallas por parte de la que fuera tesorera del partido Yolanda García, o el ex secretario general Ricardo Costa, o el que fuera coordinador de campaña en las autonómicas Vicente Rambla. Así mismo, han explicado que el tema de las vallas y de las cuñas de publicidad "venía de Madrid".
En este punto, interpelado Moscardó por si tuvo algún trato en relación con gastos de campaña con el ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, ha aseverado que "no, nunca": "nunca, nunca, ni en el 2007 ni en el 2008 ni desde que es presidente, no, económicamente nunca, ningún trato".
Fuera de campaña, han señalado que dependían del secretario provincial y también territorialmente del secretario provincial de Organización y del presidente provincial. En el caso de Valencia , el secretario era Vicente Betoret.
http://www.lasprovincias.es/politica/201405/22/gerentes-ppcv-declaran-ante-20140522141637.htmlCAMPOS AFIRMA QUE 'EL BIGOTES' LE DIJO MUCHAS VECES QUE EL PP LE DEBÍA DINERO Y DESTACA SU RELACIÓN CON COSTA
El exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos ha afirmado que uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', le dijo "muchas veces" que el PPCV le debía dinero, y ha subrayado que éste con quien "más" tenía relación --en una apreciación personal-- era con el ex secretario general del partido y actual diputado Ricardo Costa.
Así se desprende de la declaración testifical que prestó Víctor Campos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comuniat Valenciana (TSJCV) el pasado mes de enero por las piezas 1, 2, 4 y 5 del 'caso Gürtel', y a la que ha tenido acceso Europa Press. Campos ya fue condenado por la 'causa de los trajes' tras asumir los hechos que se le imputaban.
En relación con las piezas 1 y 2 del 'caso Gürtel', en las que se investigan presuntos delitos electorales del PPCV, Campos ha señalado que 'El Bigotes', quien "organizaba muchos actos del partido", con quien "más" se relacionaba era con Costa.
Preguntado por quién solía intervenir por parte del PPCV para contratar con Orange Market, ha especificado que en los actos del partido fuera de campaña "pues Costa, pero más gente"; y en los de campaña, supone que los responsables de campaña: "no sé si solo lo llevan ellos o quién. Supongo que se hará conjuntamente", ha afirmado.
Así mismo, interpelado por si Álvaro Pérez le pidió que intermediara con alguien del partido para cobrar por sus trabajos, ha respondido: "decirme más de una vez no me paga o me debe dinero, muchas veces me lo ha dicho. Pero como un comentario". "Me decía: me deben dinero, a ver si ves a alguien...". Así, ha señalado que si veía a alguien "a lo mejor se lo decía informalmente. El partido siempre estaba muy mal de dinero, como todos los partidos", ha puntualizado.
Sobre a quién en concreto le decía lo de los cobros, ha insistido en que no hacía la gestión de manera "formal" para agilizar pagos, sino que "si veía a alguien le decía he visto a Álvaro y me ha dicho que se le debe dinero. A Ricardo o si veía a alguien del partido. Pero normalmente eran cosas de la comunidad, no provinciales", ha especificado.
MOTES, "EN PLAN GRACIOSO"
Campos, preguntado por si 'El Bigotes' era aficionado a poner motes a algunas personas, ha aseverado que "tiene una forma de hablar muy peculiar. Y sí, usa motes, habla utilizando expresiones en plan gracioso pero diciendo muchos tacos. Tenía una forma de hablar muy peculiar, muy distinta a lo que es habitual en nuestra tierra". Entre ellos, ha aludido al sobrenombre del 'tuerto'.
El exvicepresidente también ha declarado que Pérez nunca le comentó nada sobre si diferentes empresas abonaban pagos a cuenta del partido, y que desconoce si tenía una buena relación con Lubasa, Batalla, Facsa o Enrique Gimeno.
Por otro lado, en relación con la pieza 5 del procedimiento, en la que se investigan las contrataciones entre Orange Market S.L. y empresas vinculadas con la Generalitat, ha aclarado que él no intervenía ni en las contrataciones ni en las facturaciones. "Yo no tenía capacidad de firmar nada. No tenía autorización ni para comprar un lápiz", ha resaltado.
Preguntado por la elección de Orange Market para un acto de Vicepresidencia relacionado con las elecciones de 2007, del 26 y 27 de mayo, ha afirmado que recuerda el acto pero "no" cómo se generó la contratación. "Yo ya había anunciado públicamente que abandonaba toda actividad pública, política... Tampoco me estaba preocupando de demasiados detalles", ha destacado.
Por último, a Víctor Campos se le ha preguntado por algunos detalles en relación con la pieza 4 del 'caso Gürtel', relativas a los contratos por la visita del Papa a Valencia, puesto que él fue también el responsable de la Fundación V Encuentro.
LA MOCHILA DEL PEREGRINO
Preguntado por si sabe si el patronato de la Fundación hizo algunas contrataciones, ha dicho que "seguramente contrataríamos cosas", y ha puesto el ejemplo de la mochila del peregrino. "Y luego el gerente era el que le daba forma a esas cosas", ha puntualizado.
Sobre esta contratación en concreto, ha indicado: "nos trajeron allí varios modelos y al final... Me parecen surrealistas esas reuniones para ver y acabar discutiendo temas como ése. También recuerdo que alguna vez se nos trajo la maqueta de cómo podía quedar el altar por parte de varias empresas que se encargaron de montar aquello".
Así mismo, ha afirmado que no recuerda cómo se materializó la sonorización del evento ni la decisión de conferirlo a Canal 9: "no lo recuerdo. Lo daba por natural y no lo recuerdo", ha aseverado. "Lo único que recuerdo, porque me llamó la atención, es que me dijeron que iban a instalar una cámara que tiene un nombre, un cable de muchísimos metros, de cientos, que va por el aire a mucha velocidad, y se ve que esas cosas era poco habitual en retransmisiones televisivas, e iba a resultar espectacular". Su papel en este evento, ha dicho, era representar al Consell, y ha apuntado: "yo daba mi opinión si se me pedía y nada más".
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-campos-afirma-bigotes-le-dijo-muchas-veces-pp-le-debia-dinero-destaca-relacion-costa-20140521210625.html
LAS EMPRESAS DE EL PORTET DE DÉNIA Y DE LA RONDA DE BENISSA INGRESARON DONACIONES EN LA «CAJA B» DEL PP SEGÚN LOS PAPELES DEL CASO BÁRCENAS
Un informe policial asegura que Licuas (Dénia) y Sedesa (Benissa) obtuvieron la mayor parte de sus adjudicaciones en territorio nacional de administraciones gestionadas por los populares, tal y como sucedió también en la Marina Alta
Licuas logró de la Conselleria de Infraestructuras las instalaciones náuticas de la escollera norte y del Ayuntamiento dianense el servicio de la grúa
Sedesa, de la familia Cotino, obtuvo del Consistorio la Ronda Nord de Benissa, que incluía la construcción de dos mil viviendas
Dos empresas con importantes intereses en la Marina Alta, la mercantil Licuas, concesionaria de uno de los puertos deportivos de Dénia y del servicio municipal de la grúa, y Sedesa, adjudicataria de la famosa ronda de Benissa, donaron importantes cantidades económicas a la contabilidad «b» del PP, según se desprende del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el caso del ex tesorero popular Luis Bárcenas. El citado informe policial, que ya está en manos del juez, establece además que Licuas y Sedesa, así como otras mercantiles, obtuvieron entre 2004 y 2009 la mayoría de sus contratos en toda España de administraciones gestionadas por el PP, según publicó ayer el diario El Pais. Y ese es precisamente el caso de las adjudicaciones que Licuas y Sedesa se llevaron en la Marina Alta. La primera, habría ingresado en la contabilidad oculta de la cúpula popular en Madrid 60.000 euros; la segunda, 200.000.
Puerto-de-Dénia
Licuas es la empresa matriz de El Portet de Dénia, que recibió de la Conselleria de Infraestructuras, gestionada por los populares, la explotación de las instalaciones náuticas que llevan el mismo nombre en la escollera norte de la dársena dianense. Tras una reciente ampliación, concedida también por la misma conselleria, El Portet de Dénia comercializa en la actualidad un total de 500 amarres. Además, y como compensación por haber obtenido esos pantalanes, sufragó el flamante paseo que une la escollera norte con El Raset, ya en la vertiente urbana del puerto.
Esta mercantil, con sede social en Madrid, también es la actual concesionaria del servicio de la grúa del Ayuntamiento de Dénia, de igual forma gobernado por el PP. No obstante, esta contrata fue obtenida mucho más recientemente, en abril de 2013. Y ha sido polémica, toda vez que, según denunció el PSOE, Licuas subcontrató a su vez a una empresa vinculada al alcalde de El Verger, también del PP, para que realizara la recogida de vehículos abandonados.
Pues bien, según los papeles de Bárcenas difundidos por El Pais, Licuas habría obtenido en todo el territorio nacional el 82,28% de sus contratos de administraciones y gobiernos populares: en concreto 1.156 de las 1.405 adjudicaciones logradas en total, alcanzando cerca de 370 millones de euros. En junio de 2004, esta mercantil habría donado 60.000 euros a la contabilidad «en b» del PP, según consta en una entrada de la contabilidad del extesorero de Génova y recoge el análisis policial antes citado.
…Y EN BENISSA
Sedesa, que en la actualidad se denomina Asedes, pertenece a la familia de Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas. Habría ingresado 200.000 euros en la «caja b» del PP según los apuntes de Bárcenas y habría obtenido entre 2002 y 2009 de administraciones populares 345 millones de euros, el 56,14% del total del dinero percibido desde las diferentes arcas públicas.
En esos años, Sedesa fijó también su mirada en Benissa, donde la mercantil de los Cotino es bien conocida y ha provocado numerosas noticias. En enero de 2006, el gobierno municipal de Benissa, otra vez gestionado por el PP con mayoría absoluta, le adjudicó la urbanización del proyecto de la Ronda Nord, una avenida básica para liberar de tráfico la travesía urbana de la N-332. El programa incluía un vial de 30 metros de ancho, la construcción de dos mil viviendas y unos costes de urbanización de 9 millones de euros que debían abonar los dueños de los terrenos, con la consiguiente controversia. El proyecto, atascado desde entonces, evoca los grandilocuentes números de la era dorada del urbanismo.
Los propietarios de Sedesa (ahora Asedes) no sólo están imputados por la pieza de los papeles de Bárcenas, sino que están acusados de delito electoral en Valencia al haber pagado presuntamente parte de la deuda de los populares valencianos con las sociedades de la trama Gürtel.
http://lamarinaplaza.com/2014/04/29/las-empresas-de-el-portet-de-denia-y-de-la-ronda-de-benissa-ingresaron-donaciones-en-la-caja-b-del-pp-segun-los-papeles-del-caso-barcenas/
EL PP PAGÓ EN METÁLICO 2,3 MILLONES A GÜRTEL POR UNA CAMPAÑA ELECTORAL
Hacienda confirma que la red cobró 5,8 millones de los populares en dos años
Obtenía un margen de beneficios del 84% trabajando con el partido
El Partido Popular valenciano manejaba mucho dinero en metálico en 2007, el año de la celebración de la Copa del América, del fervor inmobiliario y del poder de Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat que aquel año consiguió su segunda mayoría absoluta. El partido tenía tanto dinero en metálico que pagó 2,3 millones de euros “en efectivo” a la trama Gürtel por la victoriosa campaña electoral de las autonómicas, según Hacienda. “Adicionalmente, [la empresa de la red Orange Market] recibió 470.824 euros como pago de facturas emitidas a terceros con las que en realidad se estaba cobrando la contraprestación de los servicios prestados al PP de la Comunidad Valenciana”, señalan los inspectores de Hacienda que han elaborado los informes definitivos sobre la supuesta financiación ilegal del partido.
La trama de Francisco Correa ganó mucho dinero en aquellos años. Realizaba actos políticos para los Gobiernos populares de Madrid y la Comunidad Valenciana, entre otras Administraciones. Y se encargaba de los actos del Partido Popular en los mismos territorios. Al PP de Camps le cobró 5,7 millones de euros solo en 2007 y 2008, concluye la Agencia Tributaria. Y la mayor parte de ese importe fue abonado de forma “opaca”.
De acuerdo con los apuntes de su contabilidad oficial, Orange Market, la filial valenciana de la trama que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, solo percibió mediante “facturas emitidas al Partido Popular” 1,2 millones en esos dos años.
El resto, hasta los 5,8 millones de ingresos totales, le fueron abonados bien mediante pagos “en b sin emitir factura y sin repercutir el IVA”. O bien mediante “facturas falsas emitidas a terceros”, casi todas ellas empresas de la construcción y la obra pública, que pagaron una parte de las campañas electorales tanto de 2007 como de 2008.
Hacienda subraya, como prueba de la falsedad, el hecho de que la red “no incurría en gastos” para la realización de los teóricos trabajos a estas empresas. “Los gastos encontrados corresponden”, en cambio, “a servicios prestados al PPCV”.
El expresidente Camps tenía plena confianza en él, pero el talento de El Bigotes no era barato. Los inspectores de Hacienda confirman que “el margen bruto sobre compras” que obtenían del PP “era muy elevado”. Ese beneficio alcanzó una media del 84% a lo largo de los cuatro trimestres de 2008. En los servicios que la red engloba en el epígrafe “Total campaña Zapatero + Congreso regional”, por ejemplo, el margen de beneficio se elevó al 92%.
Orange Market se encargaba de todo el trabajo electoral: “Inserciones en prensa y en radio, publicidad exterior en vallas, cabinas y autobuses, en el metro de Valencia, en mupis (elementos de mobiliario urbano que funcionan como soportes publicitarios), vídeos, creatividad, imprenta y merchandising”, “actos y mítines”.
Pero también servía para montar una “manifestación”, la “presentación del circuito” de Fórmula 1 de Valencia, una “cumbre sobre el corredor mediterráneo”, otra “cumbre sobre economía”, una “cena” multitudinaria o un “mitin con esperanza Aguirre” fuera de campaña electoral. De todos los encargos, que algunos meses tenían lugar casi día sí o día no, hay constancia en la documentación intervenida a la trama que analiza Hacienda.
Todos los datos figuran en dos adendas que los inspectores han entregado al juez que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior valenciano, José Ceres. En ambos documentos los funcionarios responden a preguntas concretas de la Fiscalía Anticorrupción sobre su informe final sobre la supuesta financiación ilegal del partido.
La Agencia Tributaria detalla igualmente cada uno de los pagos de empresas de la construcción a Orange Market de los que supuestamente se benefició el PP. Estas fueron presuntamente Piaf, Facsa, tres sociedades del Grupo Vallalba, Lubasa, Enrique Ortiz y Sedesa, que pusieron, supuestamente 1,2 millones. También se analiza el pago por parte del empresario y alcalde de Gandia, Arturo Torró, de un acto electoral, que el PP “debió registrar como ingreso” en su contabilidad electoral, pero que también fue ocultado. Torró abonó de su bolsillo 22.037 euros.
La trama utilizaba una doble contabilidad. En la b, anotaba la deuda real que el PP tenía con sus empresas. Y en ella “se minoraba” ese importe adeudado “cuando se cobraron las facturas falsas emitidas al efecto” por las empresas de la construcción.
Estas compañías eran al mismo tiempo adjudicatarias de grandes contratos del Gobierno de Camps y algunas tenían intereses en las decisiones urbanísticas de ayuntamientos como los de Alicante y Valencia, y de la Consejería de Territorio. Esa cara de la relación entre la Administradores y los supuestos financiadores estaba hasta ahora desvinculada de la causa. Pero el juez ha pedido recientemente a la Intervención de la Generalitat que le informe de cuántos contratos y por qué cuantía lograron las ocho empresas investigadas entre 2006 y 2009.
Las constructoras
Hacienda. Los últimos informes de los inspectores de la Agencia Tributaria adscritos al caso Gürtel detallan las cantidades que supuestamente pagaron empresas constructoras y de obra civil a las campañas electorales del PP en 2007 y 2008. En total, cerca de 1,2 millones de euros.
Grupo Vallalba (incluye a Pavimentos del Sur, y Constructora Hormigones Martínez). 199.000 euros.
Grupo Enrique Ortiz. 348.116 euros
Facsa. 390.640 euros.
Lubasa. 108.000 euros
Sedesa (comprende tanto la Fundación Sedesa como Sedesa Inversiones y Sedesa Obras y servicios). 115.884 euros.
Piaf. 23.200 euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/02/valencia/1396460579_177113.html
EL JUEZ DE GÜRTEL CITA A TRES ALCALDES DEL PP COMO TESTIGOS
Ceres pide a la Intervención cuánto cobraron del Consell empresas acusadas de financiar al PP
El juez que investiga el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, sigue aumentando la lista de imputados y testigos a los que interroga. El magistrado ha citado declarar a tres alcaldes del PP, una exregidora y a varios cargos del partido para que testifiquen sobre la supuesta financiación ilegal del partido.
Deberán acudir al Tribunal Superior de Justicia valenciano los alcaldes de Sagunto, Alfredo Castelló, Requena, Javier Berasaluce y San Fulgencio, Carlos Ramírez. Y también la exalcaldesa de Ontinyent, María Lina Insa, y la excandidata a la alcaldía de Quart de Poblet, Amparo Mora.
En todos esos municipios se celebraron mítines del PP de cuya organización se encargó la trama de Francisco Correa, a través de su filial en Valencia, Orange Market. La investigación ha revelado que parte de dichos actos electorales fueron pagados en realidad por empresas constructoras. Y que en otros casos el partido abonó a la red la organización de los mítines con dinero negro o “ajeno a los círculos legales”.
El juez Ceres cita a los ediles a declarar como testigos sobre esos hechos y también a un asesor de Presidencia de la Generalitat y Enrique de Francisco Enciso, que se encargó de la organización de campañas electorales en la provincia de Castellón.
El magistrado solicita también a la Intervención General de la Generalitat que remita las cantidades que las empresas acusadas de financiar a ilegalmente al PP recibieron del Consell entre 2006 y 2009.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/01/valencia/1396378494_780190.html
EL JUEZ PIDE TODO LO QUE HAN FACTURADO AL CONSELL LAS FIRMAS QUE FINANCIARON AL PARTIDO POPULAR
La Generalitat deberá informar de todos los contratos adjudicados entre 2006 y 2009
La investigación de la piedra angular del Gürtel valenciano -la presunta financiación ilegal del PP- encara su recta final de manera agitada. El magistrado que estudia si el PP, siendo presidente Francisco Camps, se financió en negro quiere saber cuántos contratos públicos y por qué importe recibieron del Consell las empresas que, según la Policía, le ayudaron durante años a financiar sus campañas.
José Ceres ha requerido a la Intervención General de la Generalitat -dependiente de la Consellería de Hacienda- la certificación de las cantidades que percibieron estas compañías entre los años 2006 y 2009. En el listado destacan el holding empresarial de la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino; las sociedades del constructor de referencia de la alcaldesa Sonia Castedo, Enrique Ortiz, las compañías de los industriales Enrique Gimeno y Rafael Martínez o los grupos Lubasa, Cyes y Piaf.
La respuesta a esta solicitud, que el juez hace a través de una providencia, despejará las dudas sobre los contratos adjudicados por la Generalitat a estas constructoras, cuyos datos se han ido conociendo con cuentagotas a través de preguntas de la oposición.
Esta resolución obedece a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien el pasado 18 de marzo remitió un escrito al magistrado solicitando una serie de datos. El Ministerio Público persigue vincular a los empresarios que, supuestamente, financiaron al PP autonómico con el logro de contratos del Ejecutivo. Ceres le ha dado vía libre y ahora espera la respuesta de la Generalitat Valenciana.
El juez urge esta información apenas tres semanas después de que llegara el último informe de Hacienda en el que los inspectores concluían que los populares autonómicos se financiaron con dinero en b. El documento también constataba que las empresas que presuntamente financiaron al partido se hicieron cargo del pago de 1,3 millones (la deuda, sostiene Hacienda, era de los populares) a través de facturas falsas emitidas por la filial de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, Orange Market y resolvía que, con este sistema, la trama corrupta rebajó en 2007 la deuda del PP en 517.613 euros -a cargo de Facsa, Pavimentos del Sud, Grupo Vallalba, Constructora Hormi y Piaf SL- y de 683.524 en 2008, que corrieron a cuenta de Enrique Ortiz e Hijos y Sedesa.
En esta pieza están imputados el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, así como los gestores de Orange Market, el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa, el ex vicesecretario general del PPCV, David Serra, la ex tesorera Yolanda García y los responsables de las empresas que supuestamente participaron en la financiación irregular del partido de las que ahora el magistrado pide cuentas a la Generalitat.
Además, José Ceres también solicita que el informe de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía aportado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y remitido al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) se una al tronco de las actuaciones, dice, «toda vez que se refiere a hechos objeto de investigación tanto en las piezas 1 y 2 (financiación y delito electoral), la 6 (la visita del Papa) y la 5 (los contratos con Orange Market)».
Asimismo, ha requerido al PP autonómico información sobre los cargos y delegaciones que hayan ocupado en la agrupación Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Cristina Ibáñez y Yolanda García entre 2005 y 2009.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/04/01/5339c699ca474102148b4577.html
GÜRTEL DICTABA DESDE MADRID CÓMO DEBÍA PAGAR PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
Cuando la trama no lograba cobrar una factura, se resarcía hinchando más la siguiente
La policía detalla la facturación a la carta de la trama con el Gobierno de Camps
La trama Gürtel decidía desde Madrid cómo debía pagar las facturas Presidencia de la Generalitat Valenciana. Un informe policial sobre el registro en Special Events, una de las empresas de la red, cuya sede estaba ubicada en un chalet de la calle Virgen de Fátima número 9, en Pozuelo de Alarcón, entregado hace unas semanas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, desvela la facturación a la carta que el grupo de Francisco Correa emitía al Gobierno del expresidente valenciano Francisco Camps. En uno de los correos intervenidos, el número dos de la trama, Pablo Crespo, “detalla el desglose para la facturación de la Generalitat” a Mónica Magariños, empleada de la filial valenciana de la red Orange Market. El encargo, la elaboración de una guía de la comunicación, es fraccionado en cuatro pagos. Y Crespo “marca la empresa que supuestamente debe figurar como emisora de cada factura”, señala la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
La primera, por 11.948 euros, debe llevar como concepto “la creatividad, diseño y maquetación de una guía de la comunicación para la Generalitat Valenciana”. El lugarteniente de Correa señala que la factura debe ir a nombre de Gráficas Izquierdo, una imprenta con sede en Almàssera (Valencia). Crespo ordena que la segunda, que asciende a 11.632 euros, por “impresión de 5.000 ejemplares de la guía de la comunicación en papel estucado mate de 115 gramos y 300 gramos las portadas”, debe ir a nombre de la empresa de Fotomecánica Grupo Rafael, con sede en Madrid. El número dos de la red dicta que Presidencia debe pagar otras dos facturas, por 9.187 euros y 11.890 euros, que llevarán como conceptos “distribución de 5.000 ejemplares de la guía de la comunicación” y “creatividad, diseño e impresión de 1.200 cajas de regalo en cartulina gráfica de 300 gramos, impresión a dos tintas, troquelado y pegado para la Generalitat valenciana” respectivamente.
Las dos últimas facturas, escribe Crespo, deben ir a nombre de dos sociedades del grupo, Good and Better y Rialgreen. Según la investigación del juez José Ceres, Presidencia acabó pagando por la guía 88.000 euros cuando en principio iba a costar 24.000.
Policía e Intervención General concluyeron que la red también redactaba contratos públicos
La policía y la Intervención General del Estado ya concluyeron que la trama Gürtel, acusada de beneficiarse de contratos amañados por parte de numerosas Administraciones españolas, también redactó varios de los contratos públicos que la Generalitat le adjudicó.
No es casualidad que todas las facturas analizadas por la UDEF en el informe sobre la empresa de la red Special Events tengan un importe algo inferior a los 12.000 euros. La trama, constata la policía, emitía “tantas facturas como eran necesarias para que cada una de ellas no superase los 12.000 euros y hacerlo pasar como un contrato menor y no tener que convocarlo mediante un concurso público”. Esto es, poder concederlo a dedo.
La red encontraba a veces problemas para cobrar. Pero sabía resarcirse. La trama anota sobre una factura a la Agencia Valenciana de Turismo: “Nos dijo [Rafael] Betoret que no la íbamos a cobrar. Enviado mail a Cándido [Herrero] donde se le informaba y le decíamos que el importe lo imputase a otros actos que fuera a realizar”.
Varios de los aludidos por la policía se sentarán en el banquillo en el juicio de Fitur
La factura era de 2005 y el correo al que se alude, de 2007. La conclusión es que en aquellos casos en que la Generalitat consideraba que algo no podía ser pagado, la trama se resarcía inflando aún más de lo habitual otra factura posterior.
Betoret era el jefe de gabinete de las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. Los tres se sentarán en el banquillo por las millonarias adjudicaciones a la red relacionadas con la feria turística Fitur, en un juicio que debía empezar este mes y cuya fecha está ahora en el aire tras la renuncia de Martínez, conocida como La Perla, a su escaño en las Cortes Valencianas. Junto a ellos se sentará el otro aludido en el correo, Cándido Herrero, subordinado de Álvaro Pérez, El Bigotes. El informe policial describe a Herrero como “responsable financiero de la sociedad del grupo Orange Market, siendo el contacto directo con las Administraciones de la Generalitat Valenciana”. “Desde Madrid le proporcionaban las facturas que éste requería”, agrega la UDEF.
El informe recoge otro ejemplo de la flexibilidad que la red corrupta encontraba en la contabilidad de la Generalitat. Y de cómo la dirección de la trama funcionaba como una especie de fábrica de facturas. Un correo enviado por Herrero a la sede central de la trama, con copia a la cuenta de Pablo Crespo, en diciembre de 2007 señala: “Buenos días Alicia. Necesito una factura para Conselleria de Educación. Avenida Campanar, 32. 46015, Valencia. Concepto: Jornadas de Disciplina con Dignidad. Museo Príncipe Felipe. Creatividad imagen de la jornada. DVD. Equipo de traducción simultánea. Cantidad: 9.918 euros”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/24/valencia/1395677299_971540.html
CASTEDO RECHAZA EL INFORME DEL CASO GÜRTEL SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
La alcaldesa de Alicante asegura que "jamás" ha llevado temas administrativos en el PP
"Yo no soy esa", ha asegurado tajante la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cuando este mediodía los periodistas le han preguntado en el Ayuntamiento sobre el último informe de la Agencia Tributaria, incorporado al sumario del caso Gürtel y que habla de presunta financiación ilegal de su campaña electoral, que la Policía atribuye a Sonia A. "Jamás he llevado temas administrativos en el PP", ha agregado la regidora.
Castedo, no obstante, ha reconocido que se encargaba de organizar los actos de la campaña electoral de las elecciones municipales, pero no ha querido aclarar quien era el responsable de pagar las facturas. La alcaldesa, que por otro lado está imputada en el caso Brugal, minimiza el valor del informe de la Agencia Tributaria que "dice lo mismo que la Policía en 2009, no hay nada nuevo, y Sonia A no soy yo", ha asegurado.
Castedo se ha mostrado tranquila. "No temo que mi imputen en el caso Gürtel", ha asegurado la regidora del PP quein considera que la interpretación que hacen los autores del último informe es "absolutamente errónea".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/17/valencia/1395060352_417984.html
EL PP VALENCIANO FINANCIÓ ILEGALMENTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE 2007 Y 2008
Hacienda eleva a 3,5 millones los pagos opacos y las aportaciones irregulares a través de Gürtel
Atribuye delitos a Carlos Fabra y a la alcaldesa de Alicante
El PP valenciano financió ilegalmente las campañas de 2007 y 2008 a través de la trama Gürtel. El informe definitivo que la Agencia Tributaria ha entregado al Tribunal Superior de Justicia valenciano concluye que el partido, dirigido entonces por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, dimitido en 2011 por su relación con el caso, ejecutó en ambos casos un monumental fraude.
“Los pagos en B a Orange Market”, la empresa valenciana de la red corrupta, por parte del partido alcanzaron en 2007 un “importe de 2.168.500 euros”, señala el informe. Las aportaciones irregulares de empresas constructoras, que la trama ocultaba “emitiendo facturas falsas”, se elevó en la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 a 517.614 euros. Y en la de las generales de 2008, a 683.524 euros. Sumando esos y otros conceptos, los pagos en dinero negro y las donaciones prohibidas por la ley electoral alcanzaron los 3,5 millones.
Cotino, la ubicuidad bajo sospecha
La empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, que organizaba todos los actos de los populares valencianos, facturó en teoría una modesta suma por la campaña de 2007: “La contabilidad electoral del Partido Popular registra un gasto de 175.000 euros”. Hacienda revela, sin embargo, que la realidad fue muy diferente. “En este informe queda demostrado que los servicios prestados por Orange Market SL tienen un importe muy superior”, “comprendido en el intervalo de 2.190.953 a 2.575.557 euros”, indica.
El juez José Ceres, que había requerido repetidamente a la Agencia que entregase su informe definitivo, mantiene imputados por estos hechos a la antigua cúpula del PP regional, salvo a Camps, y a los gestores de ocho empresas de la construcción y de obra pública.
El análisis de Hacienda considera, sin embargo, que otros destacados políticos valencianos realizaron “una actividad de colaboración necesaria en la comisión de los delitos de defraudación tributaria” de Orange Market. Y señala como autores a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a quien la trama aludía en sus documentos internos como “Sonia”. Al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esa provincia Carlos Fabra, a quien registraban como “El tuerto”. Al recién destituido, por otro escándalo, vicepresidente de la diputación castellonense y alcalde La Vall d’Alba, Francisco Martínez (“Paco”). Y al empresario Felipe Almenar (“El Príncipe”), presidente de Cyes.
La defraudación tributaria de la filial valenciana del grupo de Francisco Correa ascendió en 2007 y 2008 a casi 1,6 millones de euros entre IVA e Impuesto de Sociedades.
Hacienda acusa a la formación política de haber participado en los cuatro delitos fiscales: “De los hechos comprobados en este informe se deduce que el Partido Popular colaboró con Orange Market para cometer el fraude tributario advertido, pagando parte de los servicios que recibía sin exigir la factura correspondiente ni pagar el IVA que los grava”.
La contabilidad de los populares, que el informe describe como “incorrecta”, “sólo registra servicios prestados por Orange Market en concepto de organización de mítines y actos de campaña”. La Agencia Tributaria constata, en cambio, que Gürtel se encargó de hasta el último detalle de las campañas. Desde la contratación de las vallas electorales a la inserción de propaganda en los medios, pasando por la selección de la corte de figurantes con los que el expresidente valenciano se rodeaba en los anuncios para televisión y en los grandes mítines.
Dinero fresco de empresas del ladrillo para montar mítines
Las campañas de los populares valencianos de la década pasada eran fastuosas. El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha contado que le gustaba revisar personalmente la escenografía, de la que se encargaba Álvaro Pérez, El Bigotes. Hacienda corrobora en su informe definitivo sobre la campaña de 2007 que aquel brillo se debió, en parte, al dinero fresco con el que ocho empresas de la construcción, en los últimos coletazos del boom del ladrillo, pagaban mítines electorales.
Hacienda respalda a la UDEF y considera que Facsa, Piaf, Enrique Ortiz, Lubasa, Sedesa, Pavimentos del Sureste, Hormigones Martínez y Grupo Vallalba (las tres últimas del mismo grupo) abonaron 1,2 millones de euros por “el cobro de unos servicios que no les fueron prestados a dichas empresas sino al Partido Popular” en 2007 y 2008. Todas las empresas eran adjudicatarias de la Generalitat, aunque esos contratos están fuera de la investigación.
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/14/actualidad/1394828768_018923.html
HACIENDA LIGA A CASTEDO Y CARLOS FABRA CON LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
Confirma 1,3 millones en facturas falsas para financiar campañas
El PP pagó actos electorales con más de tres millones en 'B'
Atribuye a Castedo el pago en negro de 88.000 euros a la trama
Los informes que remitió el PP a la Sindicatura 'no son reales'
El Partido Popular de Francisco Camps se financió con dinero negro, según las conclusiones del informe final que la Agencia Tributaria ha elevado al Tribunal Superior de Justicia en la recta final de la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP. El documento refleja que el PP autonómico colaboró en la comisión de cuatro delitos contra Hacienda en el pago del IVA y el Impuesto de Sociedades en los ejercicios de 2007 y 2008 -años de las elecciones autonómicas, locales y de las generales- por parte de Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa y 'El Bigotes'.
Los inspectores concluyen que los gastos electorales del PP son incorrectos
Según el informe al que ha tenido acceso este periódico, la Agencia Tributaria ha detectado más de tres millones en pagos no declarados del PP a Orange Market. También constata que las empresas que presuntamente financiaron a la trama se hicieron cargo del pago de 1,3 millones (la deuda, sostiene Hacienda, era de los populares) a través de facturas falsas emitidas por Orange Market. La Agencia Tributaria argumenta que los informes que remitió el PP a la Sindicatura de Cuentas de los ejercicios 2007 y 2008 no se corresponden con sus cuentas reales.
En esta radiografía a las cuentas del PP autonómico, los inspectores reparan también en la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el presunto amaño urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. Hacienda le atribuye un pago en 'b' de 88.000 euros a la trama corrupta para actos electorales. Junto a ella incorporan a Francisco Martínez, primer edil de Vall d'Alba y ex vicepresidente de la Diputación de Castellón; al presidente de la constructora Cyes, Felipe Almenar; al ex líder del PP de Castellón, Carlos Fabra, y David Serra.
A todos ellos, además de a la cúpula del PP, Hacienda los considera "colaboradores" en el fraude al fisco. Según el informe, todos ellos ayudaron a eludir el pago de cuotas tributarias por importe de 813.955 euros en el Impuesto de Sociedades de 2007, 445.088 por el importe del IVA en 2007, 192.774 en el impuesto de Sociedades de 2008 y 131.961 en el IVA del ejercicio de 2008. En total, 1,5 millones.
La empresa de la familia Cotino se encuentra entre las que pudieron defraudar
Los inspectores cifran el montante total del dinero negro con el que se financiaron los servicios realizados y no facturados por Orange Market en 2.960.000 euros en 2007 y a 405.450 euros en 2008. El fraude en el pago de IVA cometido por Orange Market (y por el PP como colaborador necesario) en el primero de los ejercicios analizados supone 473.600 euros, por lo que supera los 120.000 euros a partir de los cuales se considera que existe un delito fiscal. Los datos de 2007 y 2008 son relevantes ya que en ambos años se celebraron elecciones municipales y autonómicas y, por tanto, el PP podría haber incurrido en un delito electoral.
Estas irregularidades detectadas por la Agencia Tributaria en las cuentas no sólo afectan al PP autonómico, sino que también se derramarían sobre el partido en su conjunto ya que la formación política opera con un NIF único. Por tanto, la contabilidad del PP autonómico se consolida con el del nacional.
En cuanto al pago realizado por las empresas de la Comunidad Valenciana que supuestamente participaron en la financiación ilegal a través de facturas falsas, los inspectores concluyen que, con este sistema, la trama corrupta rebajó en 2007 la deuda del PP en 517.613 euros -a cargo de Facsa, Pavimentos del Sud, Grupo Vallalba, Constructora Hormi y Piaf SL- y de 683.524 en 2008 a cargo de Enrique Ortiz e Hijos y Sedesa.
Por lo que se refiere a los gastos electorales del PP para las elecciones autonómicas de 2007, los inspectores concluyen que es "incorrecta" al no registrar como gasto electoral la totalidad de los servicios prestados por Orange Market SL. "En efecto, la contabilidad electoral registra un gasto de 175.000 euros mientras que en este informe queda demostrado que los servicios prestados tienen un importe muy superior".
También advierten de que es erróneo no registrar como gasto electoral servicios facturados a Orange Market al alcalde de Gandía Arturo Torró por 22.037 euros.
Las irregularidades detectadas se extienden también a la dirección nacional del partido
Este informe de Hacienda es clave para el avance de la investigación del magistrado José Ceres que afecta a las piezas 1 y 2 de la investigación del 'caso Gürtel' que se sigue en Valencia. La primera de ellas es la que afecta a la presunta financiación ilegal del PP y, la segunda, es en la que se investigan delitos de falsedad documental.
Ambas son el tronco de la macrocausa que instruye, en las que están imputados el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, así como los gestores de Orange Market, el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa, el ex vicesecretario general del PPCV, David Serra, la ex tesorera Yolanda García y los responsables de las empresas que supuestamente participaron en la financiación irregular del partido (Facsa, Pavimentos del Suroeste, Sedesa -propiedad del sobrino del presidente de las Cortes-, Grupo Vallalba, Ortiz e Hijos, Constructora Hormigones Martínez y Piaf).
Las conclusiones de los inspectores de Hacienda confirman lo que han revelado una y otra vez los distintos informes de la UDEF: que el PP valenciano tenía una contabilidad 'A', conocida como Alicante, y una contabilidad 'B', identificada como Barcelona en los papeles que se incautaron. Los empresarios investigados pagaban, según los informes policiales, una parte de los actos a Orange Market y, para justificar esos pagos, hacían facturas por servicios ficticios. Por otra parte, el PP valenciano pagaba a Orange Market sus actos electorales con dinero negro.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/15/53241c9e268e3e0e288b456b.html
“ÁLVARO PÉREZ, ‘EL BIGOTES’, ESTABA TODO EL DÍA CON CAMPS Y LA CÚPULA DEL PP”
Un exconsejero revela la estrecha relación entre la red Gürtel y el expresidente valenciano
“Alvarito estaba todo el día junto a Francisco Camps, Ricardo Costa, David Serra, y Adela Pedrosa”, ha declarado este miércoles ante el juez el exconsejero de la Generalitat Miguel Peralta. Con Alvarito se refería a Álvaro Pérez, El Bigotes, el cabecilla de la trama Gürtel en Valencia. Y sus inseparables acompañantes eran el entonces presidente valenciano y su cúpula en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Peralta, también exalcalde de Alcoi, ex secretario provincial del PP en Alicante y antiguo dirigente zaplanista, declaraba como testigo en la pieza separada sobre financiación ilegal del PP valenciano porque él fue coordinador de la campaña del PP en la provincia de Alicante para las elecciones autonómicas y locales del año 2007, una de las dos que presuntamente se nutrieron de forma irregular con dinero de empresas de la construcción.
El exconsejero ha señalado que Orange Market, la sucursal valenciana de Gürtel, solo pudo organizar actos electorales en aquellos municipios alicantinos controlados por el campismo. El poder de Camps en el PP regional encontraba únicamente por entonces obstáculo en Alicante, que continuaba siendo un feudo de los seguidores del anterior presidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana.
La investigación ha desvelado que Orange Market, la empresa dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, organizó actos en municipios como Teulada, Elche, Elda, Ibi y Villena. Ello se debió, ha deslizado Peralta, a que los dirigentes del partido en esos municipios estaban “alineados” con la dirección regional. Ésta estaba presidida por Camps, tuvo a Adela Pedrosa y a Ricardo Costa como números dos de manera consecutiva y a David Serra como vicesecretario de Organización.
Los cuatro, ha afirmado Peralta ante el juez “estaban todo el día juntos” con “Alvarito”, en una relación personal que iba más allá de lo profesional. Serra y Costa se cuentan entre los imputados en la causa por financiación ilegal.
El juez ha hecho notar a Peralta que la empresa de la trama Gürtel también organizó un acto electoral en la ciudad de Alicante. Peralta ha confirmado el pago de la factura por ese acto, y lo explicó alegando que la dirección provincial del PP alicantino, dirigida entonces por el referente zaplanista y presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, imputado por su parte en el caso Brugal, quiso evitar en ese caso un enfrentamiento con la dirección regional, que dejaba la organización de todos los actos en manos de Álvaro Pérez. “Era conocido por todos que era quien llevaba la campaña de Camps”, ha añadido Peralta.
Peralta ha explicado que, con el partido dividido entre zaplanistas y campistas, ni él ni las otras dos consejeras de adscripción zaplanista, Alicia de Miguel y Gema Amor, que formaron parte del primer Gobierno de Camps, estuvieron en el círculo de confianza del líder popular.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, que investiga el caso Gürtel, interrogó también a la que fuera secretaria de Alfonso Bataller, alcalde de Castellón, que está imputado en la causa por adjudicar contratos presuntamente a dedo a las empresas de la red desde la Consejería de Sanidad.
La secretaria ha afirmado que Bataller se reunió en alguna ocasión con El Bigotes, aunque con quien más relación mantuvo fue con su asesora.
El alcalde de Castellón está imputado en la pieza del caso Gürtel que investiga el supuesto fraccionamiento de contratos por parte de casi todas las consejerías de la Generalitat valenciana, así como de empresas públicas, para poder concedérselos a Orange market y otras empresas del grupo de Francisco Correa sin competencia.
La trama empezó en Valencia dedicándose únicamente a organizar actos del partido. Progresivamente fue consiguiendo, sin embargo, trabajar también para el Gobierno autonómico, del que consiguió adjudicaciones por varios millones de euros.
Coordinador del PP en Valencia: "Orange Market era muy cara"
El coordinador de la campaña del PP en la provincia de Alicante, Juan José Medina, ha confirmado este miércoles que Álvaro Pérez, El Bigotes, “siempre estaba” en la sede central del PP de la Comunidad Valenciana, ubicada en la calle Quart de Valencia. Allí fue donde lo conoció Medina, que ha venido a avalar, también ante el juez José Ceres, las palabras del exconsejero Miguel Peralta sobre la muy especial relación de Pérez con Camps y los máximos dirigentes regionales del partido.
El juez Ceres va cerrando el círculo en torno a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. Este miércoles, además de Peralta y Medina ha declarado también Rubén Ibáñez, portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, que coordinó la campaña electoral del PP valenciano para las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Ibáñez ha negado que se hubieran producido irregularidades.
El coordinador de la campaña en Valencia tampoco las ha admitido, pero sí ha ofrecido detalles reveladores. El también alcalde de Moncada ha afirmado que Orange Market era “muy cara”. Y que por eso decidieron no pagar las elevadas facturas que la empresa pasó al cobro a la dirección provincial del partido en Valencia por trabajos de 2005 y 2006.
Gürtel organizó muchos más actos en municipios de Valencia, territorio campista, que de Alicante. Medina ha señalado que los actos nacionales los montaba y pagaba la dirección nacional; los autonómicos, la dirección regional, y los municipales, las direcciones locales, aunque también interviniera la provincial.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/12/valencia/1394648903_151559.html
UN EX CONSELLER, AL JUEZ: 'EL BIGOTES Y CAMPS ESTABAN TODO EL DÍA JUNTOS'
Declaran en el TSJ los coordinadores regionales de las campañas del PP valenciano
Juan José Medina y Miguel Peralta se desmarcan de los contratos con Orange Market
'Era conocido por todos que quien llevaba la campaña de Camps era Alvarito', dicen
El alcalde de Moncada dice que no trabajaron con Gürtel porque 'eran muy caros'
Los coordinadores regionales de las campañas del PP valenciano en las elecciones de 2007 Juan José Medina, alcalde de Moncada, y Miguel Peralta, ex conseller y ex alcalde de Alcoy, se han sentado ante el instructor de la rama valenciana del caso Gürtel para declarar como testigos en la pieza de la presunta financiación ilegal del PP de Francisco Camps.
Ambos se desmarcaron de las contrataciones con la filial valenciana de Francisco Correa, Orange Market, y señalaron a la cúpula regional de su partido. Peralta, según fuentes judiciales, aprovechó su comparecencia para escenificar las diferencias que tenía con el Gobierno de Camps y para dibujar la sintonía entre el hombre de Correa en la Comunidad, Álvaro Pérez 'El Bigotes', y la vieja guardia del PP autonómico.
Nombró a Camps, a Ricardo Costa, a Adela Pedrosa y a David Serra, entre otros. «Estaban todo el día juntos», sentenció Peralta. «Era conocido por todos que quien llevaba la campaña de Camps era Alvarito», añadió.
De manera velada atribuyó a la dirección regional del PP que Orange Market -cuya cabeza visible era Álvaro Pérez 'El Bigotes'- trabajara en las distintas ciudades de la Comunidad. Aseguró asimismo que nunca le propusieron trabajar con ellos y lo atribuyó, precisan las mismas fuentes, a que quizá «no se atrevían» dados los enfrentamientos.
Respecto a la campaña electoral de 2007, afirmó que no seguía ninguna directriz de la dirección regional y apostilló que «a veces intentábamos hacer cosas que no gustaban a Valencia»; una declaración con la que intentó desmarcarse de las contrataciones con Orange Market.
Por su parte, Medina también habló con la misma contundencia al afirmar que no había vinculación provincial con Orange Market. Al igual que Peralta, no lo fue tanto cuando se trató sobre la relación entre la dirección regional y una de las empresas de la trama corrupta. Asimismo, confirmó que conocía a 'El Bigotes' porque, tal como dijo al juez, siempre estaba en la sede de la calle Quart. El alcalde de Moncada también trató de desvincularse de la sucursal valenciana de Francisco Correa asegurando que desde la provincial nunca trabajaron con ella porque, manifestó, «eran muy caros». Añadió que les facturaron unos trabajos en 2005 y 2006 pero que no los pagaron al resultarles la factura muy elevada.
Tras estas manifestaciones, se les ha mostrado diferentes facturas de Orange Market con localidades tanto de Valencia como de Alicante. Respecto a las de Valencia, Medina ha indicado que eso no era lo habitual y ha afirmado que desconocía que se hubiera trabajado con esta mercantil.
En cuanto a Alicante, Peralta ha explicado el conflicto que había en la provincia entre los afines a Camps 'campsistas' y los afines a José Joaquín Ripoll -ex presidente del PP en Alicante- 'ripollistas', y ha señalado que Orange Market pudo haber trabajado con algunos municipios que eran "afines" a Camps. Se ha pronunciado así tras exhibirle facturas de Teulada, Elx, Villena o Torrevieja, entre otras.
Enmarcado en ese enfrentamiento interno, Peralta aludió en un momento determinado a que los consellers del Gobierno de Francisco Camps considerados afines al ex presidente Eduardo Zaplana -incluyó en ese grupo a Gema Amor y a Alicia de Miguel- tenían capacidad de maniobra a la hora de contratar.
En esta línea, Peralta ha señalado que en aquellos lugares en los que había más influencia del PP regional, Orange Market podía conseguir algún trabajo. Pero directamente con el PP provincial, nunca, ha reiterado en su declaración.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/12/5320a637ca47417e7a8b4585.html
FABRA MANTIENE AL MANDO DE LAS FINANZAS DEL PP A UNA IMPUTADA EN LA TRAMA GÜRTEL
Cristina Ibáñez sigue como gerente pese a estar encausada en el caso de la supuesta financiación ilegal
La «linea roja» contra la corrupción del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene tantas curvas y recovecos que se adapta como un guante a las necesidades del PP. La cúpula regional popular sigue contando como gerente y responsable del control de sus cuentas con Cristina Ibáñez, una de las imputadas en el sumario de Gürtel que investiga una supuesta red de financiación ilegal del PP en los comicios autonómicos de 2007. Justo hace ahora casi dos semanas, el jefe del Consell presumió en Madrid de haber «limpiado» la dirección del PP de imputados por corrupción y redobló la presión contra los cargos con escaño en las Cortes que pasen a la situación de procesados como ocurre, por ejemplo, con la alcaldesa de Novelda y expresidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, encausada también en Gürtel pero en la pieza que analiza el supuesto amaño en las adjudicaciones de los estands de Fitur a El Bigotes, jefe de la red corrupta en la C. Valenciana.
Esta nueva vuelta de tuerca contra los imputados acomodados en la bancada popular de las Corts le ha abierto un nuevo frente a Fabra. Le acusan de una «doble vara» de medir que, por un lado, ajusticia a los antiguos colaboradores de Camps, pero que, por contra, amnistía a cargos afines a Zaplana o a los que el jefe del Consell le conviene, como en el caso de la gerente popular Cristina Ibáñez.
No se trata de un puesto menor, el de Ibáñez, en el organigrama del PP. Controla las cuentas, los pagos, su firma permite realizar movimientos de fondos... Ibáñez no sólo continúa como gerente sino que, además y como responsable de la contabilidad, esta en el comité para las próximas elecciones europeas cuando, precisamente, el delito que se le imputa es la supuesta financiación ilegal del PP en los comicios autonómicos de hace ahora siete años, una cita que convirtió a Camps en el presidente de la Generalitat más votado de la historia. Es cierto que la cúpula nacional del PP es la que tiene la potestad de nombrar a los gerentes. Pero también que, en un momento dado, se puede forzar un relevo.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/09/fabra-mantiene-mando-finanzas-pp/1088179.html
ENTRE BINGUEROS Y MAMACHICHOS
'El Bigotes' se rodeó de famosos y participó en películas de su tío Andrés Pajares
Con los beneficios obtenidos de la visita del Papa impulsó un espectáculo de varietés
El 1 de octubre de 1979 Mariano Ozores estrenaba Los Bingueros, un clásico del cine español del destape. En ella, un desconocido Álvaro Pérez El Bigotes hizo sus pinitos como actor y compartió escenas con Fernando Esteso y Andrés Pajares, el tío político del «amiguito» del alma del ex presidente Francisco Camps.
El brazo de Francisco Correa en Valencia fue durante años representante de su tío: su madre es hermana de la actriz Chonchi Alonso. El Bigotes era un habitual entre los personajes de televisión, lo suyo eran los eventos y las relaciones públicas. Se instaló en Valencia y tuvo una relación con una mamachicho, Noemí Ramal, que más tarde colocó en RTVV cuando Pedro García, su socio en Orange según ha destapado ahora la Policía, era el director general de Canal 9. Ahora Ramal vive en Barcelona y reniega del que fuera su pareja.
Gürtel encarna, como muchos de los casos de corrupción que se investigan desde Valencia, el triunfo de los personajes mediocres que un día se arrimaron a políticos vulnerables a los que agasajaban con artículos de lujo.
Alvarito se rodeó de celebridades de revistas y encontró en varios dirigentes del PP los aliados que le abrieron las puertas a los contratos públicos. En la era de los excesos el dinero no importaba y en los actos que organizaba Orange sólo faltaba que el candidato de turno descendiera desde un helicóptero pese a que muchos militantes de base del PP nunca han pagado cuotas, hasta ahora.
La vinculación de El Bigotes con el PP de Francisco Camps no sólo se ceñía a su relación de amistad. Alvarito tenía ojos hasta en Ayuntamientos controlados por sus adversarios dentro del partido. En Calpe, un municipio cuyo control se atribuía a los zaplanistas de Joaquín Ripoll, el tío de El Bigotes, Manuel Alonso, fue concejal por el PP de Imagen Corporativa y el Carnaval: Concejalías para personajes fachendosos.
El Bigotes no sólo apareció en Los Bingueros (su personaje es el que ofrecía a Esteso un puesto de sexador de pollos) y también hizo cameos en otras películas como 'Yo hice a Roqui III'. La familia era muy importante para él y los últimos informes entregados en la Audiencia Nacional constatan que Gürtel hacía entregas de dinero a la hermana de la ex de Pajares. Así lo ordenaba la banda, según la documentación intervenida. Alvarito cobraba entre 6.000 y 9.000 euros al mes en función del año. Además, Gürtel pagó «54.000 euros para la compra de un apartamento» en Valencia. Un dinero que, según todos los indicios, estaba manchado por la corrupción.
Pero la agenda de Pablo Crespo, el número dos de la organización de Correa, también ha sacado a la luz las vinculaciones de la banda con personajes de varietés. En 2005 el grupo crea otra sociedad, Apasionadda, y entre 2006 y 2007, cuando se llenan los bolsillos con los beneficios que obtienen de la visita del Papa a Valencia, impulsan una producción teatral: Vuelven las Corsarias. Según los últimos informes entregados al juez Pablo Ruz, Crespo tenía varias candidatas para el reparto. Yola Berrocal, Malena Gracia o Sonia Monroy, un trío de pseudoactrices que también fueron habituales en Canal 9 a costa de los contribuyentes.
Alvarito lo tuvo relativamente fácil en Valencia para hacerse con el control de grandes eventos hasta que se topó con la Iglesia. Era un fanfarrón, un fantasma, y su imposición como organizador de la visita del Papa no gustó al Arzobispado. De hecho, uno de los patronos dimitió meses antes de la llegada de Benedicto XVI porque «olía mal». Pero a Dios rogando y con el mazo dando, Álvaro se ganó la confianza de los religiosos con el visus de Juan Cotino, el «factotum» del evento más caro contratado por RTVV.
Casualidad o no, todo de donde mordió El Bigotes está en liquidación. Hasta las encuestas dan la espalda al PP y la televisión desde donde un día su ex pareja dio las campanadas hoy negocia su expediente de extinción.
Camps, el 'Presi'
Agenda de Crespo. El juez valenciano José Ceres pidió este jueves a la Udef que entregue en el TSJ el informe elaborado para la Audiencia Nacional. En él, los agentes explican que la agenda de Pablo Crespo tenía anotaciones a nombre del 'presi', que podría ser «Francisco Camps». «Anota la creación de un partido político nuevo con gente perteneciente al PSOE. Menciona que necesitan apoyo económico» añade la Udef. En esas reuniones participaría Camps, según concluye el informe policial.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/09/531b139eca474171608b456f.html
TSJCV PIDE A LA UDEF SUS ÚLTIMOS INFORMES SOBRE GÜRTEL
El magistrado justifica esta petición en que en "alguno" de los informes "pudieran existir referencias a hechos que afecten a los que son de la competencia de este Tribunal"
El instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano que instruye la rama valenciana del caso Gürtel ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que le remita los últimos informes que se han ido conociendo que pueden afectar a su investigación.
En una providencia hecha pública hoy, el magistrado José Ceres justifica esta petición en que en "alguno" de esos informes "pudieran existir referencias a hechos que al menos en parte pudieran afectar a los que son de la competencia de este Tribunal de Valencia".
Entre esos informes figura, por ejemplo, que un 80 % del dinero que pagaba el PP valenciano a empresas de la trama Gürtel por realizar actos electorales era en B.
Por ello, el magistrado oficia a la UDEF para que con independencia de la elaboración de los informes pendientes en estas diligencias del TSJCV "y que aún no se han podido emitir (esencialmente en Piezas 1ª, 2ª, 6ª y 4ª)", y para agilizar la instrucción, remita "directamente a este Tribunal cuantos datos tengan conocimiento respecto de los hechos de los que tiene competencia" el órgano judicial valenciano.
Asimismo, el magistrado da cuenta de las quejas recibidas por testigos "por la difusión pública del contenido de los vídeos de sus declaraciones" y pide que se haga una "generalizada advertencia" a las partes "sobre la entrega de copias de las declaraciones a falta de transcripción de las mismas en soporte audio sin imagen, y que se compruebe si resulta factible la adopción de medidas que permitan establecer la trazabilidad informática de las filtraciones".
Por otra parte, desde el TSJCV se informa de que los inspectores de Hacienda han entregado hoy al juez el informe de conclusiones relativo a las piezas 1, 2 y 6 de Gürtel.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/06/tsjcv-pide-udef-ultimos-informes/1087471.html
HACIENDA ENTREGA SUS CONCLUSIONES
Los inspectores han presentado sus informes ante el juez instructor
Investigaron los presuntos delitos electorales y contra la Hacienda Pública
Inspectores de Hacienda han entregado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) su informe de conclusiones relativo a las piezas una, dos y seis del caso Gürtel, que investigan delitos de falsedad documental, electoral y contra la Hacienda Pública, respectivamente.
Según han informado fuentes del tribunal valenciano, los inspectores han librado esa información en una comparecencia que ha tenido lugar esta mañana ante el juez y la secretaria judicial.
El instructor de la causa en Valencia, el magistrado José Ceres, abrió la pieza separada sexta para investigar presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market o a algunas de las sociedades vinculadas a la misma y que pudieran derivarse de los hechos delictivos a que se refieren las piezas una y dos previas, que recogen la investigación por presuntos delitos electorales en 2007 y presuntas falsedades relacionadas con un delito electoral en 2008.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/06/5318d3d922601d496e8b4590.html
LA POLICÍA AFIRMA QUE EL PP VALENCIANO PAGABA A GÜRTEL EL 80% EN NEGRO
Un informe de la UDEF ahonda en la financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana
“De las anotaciones registradas en la agenda, también queda demostrado que Pablo conoce, acepta y llega a solicitar la forma de pago de esta formación (PP) por los actos realizados. Al menos un 2 % del importe se abonaba en dinero a y el 80 % en dinero ajeno al circuito económico legal y que pasaba a engrosar la caja b de la organización”.
El análisis de la agenda personal Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta Gürtel, evidencia la mecánica de facturación del PP de la Comunidad Valenciana con las sociedades de la red, según los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF),
La policía llega a esta conclusión tras la interpretación de un esquema manuscrito del que “se deduce que se trata de pagos realizados por el Partido Popular “P” a la sociedad Orange Market, por la realización de actos, los cuales son abonados en dinero b en un porcentaje del 80% del precio final del acto”. “No hace alusión a ningún acto en particular, sino a la mecánica de facturación que se sigue por parte de la organización y del propio Partido Popular de la Comunidad Valenciana”, añade el informe de la policía que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel. Sin embargo, la rama valenciana a de la red corrupta se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con lo que el informe será remitido, previsiblemente, a Valencia.
El escrito de la policía concluye que de las anotaciones que figuran en la agenda se deduce que la persona de contacto en el PP para la trama en cuanto a las cantidades que se debían cobrar en a o en b era el aún diputado autonómico Ricardo Costa.
La agenda desvela los entresijos para, entre otras cosas, adjudicar la retransmisión de la visita del Papa a Valencia, en 2007, y los contactos y reuniones con altos cargos de la Generalitat valenciana en relación con el contrato que supuso unos beneficios de más de tres millones de euros para la trama. Estos se llevaron a cabo no solo con Pedro García, entonces director de RTVV (cerrada por orden del actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra), sino también con el presidente de las Cortes Valenciana, Juan Cotino.
El análisis de las notas de Crespo arroja luz además sobre otra de las líneas de investigación de la rama valenciana: la financiación ilegal del PP regional. Así, la policía desvela la existencia de una anotación que está encabezada por lo que se deduce que es una cita con Enrique Ortiz, para el 6 de noviembre de 2007. Ortiz es uno de los empresarios valencianos imputados después de que se detectara el posible endoso de parte de la deuda que el PP tenía con la trama corrupta. “También hay alguna mención al cambio de concepto en los actos del PP ordenado por Crespo a Álvaro Pérez, posiblemente referido a la práctica de financiación seguida en aquella Comunidad y por la cual empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos en vigor trasvasaban fondos a Orange Market a través de facturas por la prestación de servicios inexistentes”, señala la policía.
La policía destaca además la anotación de la compra de dos relojes, uno de caballero y otro de señora por importe de 5.300 euros. La policía ya señaló a la exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez, como una de las receptoras de ese reloj, que fue un regalo de la Navidad de 2005.
Otro de los informes entregados a Ruz, en el que se analiza la documentación intervenida en la sede que uno de los miembros de la red, desvela que la trama corrupta guardó bajo el nombre de “pufos” varios archivos con detalles sobre la organización de actos para el PP, celebrados en la campaña de las autónomicas y municipales de 2003 y las generales y europeas de 2004.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/03/valencia/1393869048_125085.html
EL PP VALENCIANO PAGABA UN 80% EN B A LA GÜRTEL POR ACTOS ELECTORALES, SEGÚN UDEF
Uno de los seis últimos informes que la UDEF ha entregado al juez Pablo Ruz da por "demostrado" que este partido se financió en parte de manera irregular.
Un 80 por ciento del dinero que pagaba el PP valenciano a empresas de la trama Gürtel por realizar actos electorales era en B, según uno de los seis últimos informes que la UDEF ha entregado al juez Pablo Ruz, que da por "demostrado" que este partido se financió en parte de manera irregular.
Uno de informes, a los que ha tenido acceso Efe y que serían los últimos encargados de cara a concluir la investigación del caso Gürtel, hace un análisis de la agenda intervenida al considerado número dos de la trama, Pablo Crespo. En ella aparece un esquema manuscrito en el que, según la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), se plasma "la mecánica de facturación que se sigue por parte de la organización y del propio Partido Popular de la C. Valenciana".
El esquema muestra la letra "P" (que la policía interpreta como PP) en el lado izquierdo del papel, y unas flechas con las palabras "Barcelona (80)" y "Alicante (20)" con destino "O.M.", que la UDEF vincula con dinero "B" y "A" hacia la sociedad de Gürtel Orange Market. Esta última sociedad realizaba actos electorales para el PP valenciano, indica el informe, de los cuales "al menos un 20 por ciento del importe se abonaba en dinero A y el 80 por ciento en dinero ajeno al circuito económico legal y que pasaba a engrosar la caja B de la organización".
Según la Policía, además "ya ha quedado demostrado cómo la financiación del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se hacía en parte mediante el pago de empresas constructoras de la Comunidad hacia Orange Market, la cual justificaba el trasvase mediante la emisión de facturas con conceptos ficticios giradas a esa empresa".
Crespo, el encargado de las cuentas y los cobros
Para respaldar la existencia de esta mecánica de emitir facturas ficticias, la UDEF destaca otra anotación de Crespo en la que se lee "Inventar concepto - Partido", en referencia al PP. El informe concluye que si bien la persona encargada de los "contactos y relaciones públicas con los representantes políticos del Partido Popular en Valencia" es el imputado Álvaro Pérez "el Bigotes", representante de Orange Market en Valencia, éste quedaba "supeditado jerárquicamente" a Crespo.
Pablo Crespo es, según la UDEF, la persona que, desde Madrid, llevaba el control de las cuentas, de la facturación y del cobro de los actos celebrados para dicha formación política. En la agenda, indica el informe, figuran además "multitud de anotaciones en las que se hace mención a nombres que corresponden con personas que han ocupado puestos de responsabilidad política, tanto a nivel local como autonómico y estatal".
"En muchas ocasiones -añade- Pablo Crespo se refiere a ellos con el apodo por el que se les conoce en la organización", algunos de los cuales se han identificado, como los de "Bujías" (Alfonso Bosch), "Santo" (César Tomás Martín) y "Nosotros" (en referencia a la propia trama Gürtel), mientras que otros como "Fideo" o "Futbolista" no se han podido atribuir a nadie en concreto.
Algunos de esos apuntes, destaca la UDEF, hacen referencia a "repartos de dinero provenientes del cobro de comisiones ilegales o a adjudicaciones en las que intervienen en base a su cargo".
Destacan entre ellos el exdiputado del PP Jesús Merino, el exeurodiputado Gerardo Galeote, el exdiputado madrileño Alfonso Bosch, el exdirector de la Radio Televisión Valenciana Pedro García Gimeno, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo y los exalcaldes de Majadahonda y Boadilla del Monte Guillermo Ortega y Arturo González Panero.
Como conclusión, la UDEF asegura que Crespo ostentaba una "posición directiva" en la trama supuestamente liderada por Francisco Correa y que participaba en las empresas que tenían en el exterior, planificaba las operaciones de inversión inmobiliaria o de servicios, daba directrices a los empleados de Gürtel y mantenía contactos con responsables políticas y altos cargos de las distintas administraciones.
http://vozpopuli.com/actualidad/39807-el-pp-valenciano-pagaba-un-80-en-b-a-la-gurtel-por-actos-electorales-segun-udef
EL JUEZ DA OCHO DÍAS A HACIENDA PARA EL INFORME FINAL DE LA FINANCIACIÓN DEL PARTIDO POPULAR
Cita a los inspectores para que relacionen constructoras y actos electorales
El juez que investiga el caso «Gürtel» ha dado un impulso definitivo al tronco del macroproceso de seis piezas que dirige: el de la presunta financiación ilegal del PP de Francisco Camps (piezas 1 y 2). José Ceres se ha dirigido a la Agencia Tributaria para urgirle a que presente un informe sobre cómo llegaba dinero al partido con el que busca profundizar en la relación del partido con la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.
El dossier tiene que estar sobre su mesa el próximo 6 de marzo, fecha en la que les ha citado en el Tribunal Superior de Justicia. Este documento, junto a otro que se espera, es clave para el avance de unas diligencias en las que están imputados el ex secretario general del PP autonómico, Ricardo Costa; el ex secretario autonómico de Deportes David Serra y los empresarios Enrique Ortiz, Vicente Cotino y Enrique Gimeno, entre otros.
En una providencia del pasado día 24, Ceres comnina a la Agencia Tributaria a la entrega definitiva de este informe. Se trata de una adenda a un documento anterior que no era tan exhaustivo y que se produce a petición de la Fiscalía.
Anticorrupción pide que se detalle si los pagos de las constructoras sirvieron para financiar el PP autonómico; que se cuantifiquen los ingresos procedentes del PP directa o indirectamente obtenidos por Orange Market o las empresas del grupo y que verifiquen si los ingresos quedaron reflejados en la documentación contable, «la A y la B», tal como especifica en su escrito el Ministerio Público. Además, solicita a la Agencia Tributaria que cuantifique los gastos de Orange Market constatados para la prestación de servicios al PP y que se detalle la deuda del partido con Orange Market o con las empresas del grupo que fue pagada por terceros.
En esta línea, el fiscal Jesús Carrasco también se interesa por que se determine la cuantía que no fue declarada a la Sindicatura y si tampoco fue contabilizada. La parte de deuda defraudada por Orange Market en 2007 y 2008 a cuenta de las cantidades percibidas por empresas es otro de los puntos que Anticorrupción busca aclarar.
Por último, quiere conocer los gastos, según consta en la contabilidad de Orange Market, por los servicios supuestamente prestados a las empresas constructoras. Esta información ha de estar en el Alto Tribunal autonómico en menos de ocho días, tal como precisa Ceres en la providencia a la que ha tenido acceso este periódico. Las piezas 1 y 2 hacen referencia al delito electoral en las elecciones de 2007 y al delito de falsedad en elecciones generales de 2008. Con ambas, el magistrado inició una instrucción que pronto se reveló como una trama organizada.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/27/530ee800ca4741573a8b456b.html
ORANGE MARKET INVENTÓ FACTURAS PARA OCULTAR LA FINANCIÓN DEL PPCV
La extrabajadora de Correa y testigo protegida Isabel Jordán confirma que la trama le pidió que «fabricara literatura» para facturar a las constructoras investigadas por servicios inexistentes
Orange Market presuntamente inventó facturas giradas a constructoras para ocultar la financiación ilegal del PPCV. La ex administradora de las empresas de la red y testigo protegido Isabel Jordán confirmó ayer al juez del caso Gürtel que Orange Market le pidió que «fabricara literatura» para facturar a las constructoras investigadas en el caso Gürtel por servicios inexistentes. Jordán aseguró al magistrado que los trabajos por los que facturaron a Sedesa por el cambio de imagen corporativa y a Lubasa por servicios de cartelería con fines publicitarios era ficticios, según explicaron fuentes cercanas al caso.
El juez del caso Gürtel, José Ceres, investiga en la primera y segunda pieza si determinadas empresas Sedesa, Lubasa y Teconsa, entre otras¸ pagaban actos electorales del PP en la Comunitat Valenciana. Las firmas supuestamente ingresaban el dinero a Orange Market, que era la que realizaba los actos electorales del PPCV, y el grupo de empresas de Correa emitía facturas por servicios inexistentes, según confirmó ayer la testigo protegida.
La constructora Sedesa es de la familia del presidente del parlamento valenciano, Juan Cotino. Vicente Cotino, representante legal de Sedesa y sobrino de Juan Cotino, admitió en julio de 2012 ante el juez Ceres que mantenía una relación de amistad con Álvaro Pérez «El Bigotes», aunque insistió en que pagó a Orange Market por campañas reales. Sin embargo, Isabel Jordán que era la encargada de realizar la facturación del grupoaseguró que no le consta que se hicieran los trabajos.
Isabel Jordán, que está protegida por la policía desde hace cinco años tras haber recibido amenazas de la trama, añadió que tampoco tiene constancia de que las empresas de Correa realizaran un cambio de lonas publicitarias y cartelería a la empresas castellonense Lubasa.
José Ceres ha centrado las pesquisas por la supuesta financiación ilegal de la campaña de las municipales y autonómicas de 2007 en ocho constructoras. El juez ha hallado indicios de la presunta comisión de delitos electorales (el nombre técnico de la financiación).
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/02/18/orange-market-invento-facturas-ocultar/1081004.html
LAS SORPRESAS DE LA CAJA DE ‘EL BIGOTES’
La causa incorpora nuevas pruebas de cómo se pagaban en b los actos del PP
La rama valenciana del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a la financiación del Partido Popular, arroja nuevos datos sobre los manejos de Álvaro Pérez El Bigotes para gestionar las campañas del PP que se abonaban con dinero negro. La documentación del registro realizado en Orange Market, la filial valenciana de Gürtel, acaba de ser incorporada a la causa y aporta cientos de facturas y documentos manuscritos donde se refleja la mecánica del diseño y abono de los actos electorales del partido en la Comunidad Valenciana a partir de 2004, fecha en que Francisco Correa, el principal imputado en la trama, extiende a Valencia la red corrupta.
Entre los 89 nuevos tomos, que suman miles de folios de documentación figuran varias referencias a “caja b” o a “deudas b”, que se iban cancelando poco a poco. Uno de esos documentos, bautizado con la secuencia numérica 028833, detalla abonos pendientes de actos que suman 479.837 euros en mayo de 2008. En la misma hoja se especifica que se iban a sufragar 289.482 euros en dinero negro. Entre los documentos que acreditan la actividad de Orange Market como organizadora de eventos del partido sufragados con dinero negro figura también un recibí firmado el 16 de septiembre de 2005 en cuya cabecera se puede leer la inscripción “caja b” para el pago de 12.000 euros “en concepto de liquidez y finiquito del catering para la cena del Partido Popular en el Monasterio de Puig de Valencia el día 2 de septiembre”. A la firma manuscrita no acompaña ninguna aclaración sobre el nombre de la persona que recibe el dinero.
Además de este, el registro ha destapado decenas de “recibís”. En unos casos están firmados por empleados de la propia Orange Market que dejan constancia de “gratificaciones” recibidas. En otras, se trata de proveedores de la empresa que, supuestamente, también cobraron en negro.
Otro de los documentos, a modo de jeroglífico, apunta las claves de cómo trabajaba Orange Market, habitual adjudicataria de concursos públicos cuando Francisco Camps presidía la Generalitat valenciana. Bajo el encabezamiento V. Campos (en supuesta referencia al vicepresidente del Gobierno valenciano) se apuntan de forma manuscrita deudas de casi 100.000 euros con la Administración valenciana sobre la pregunta “¿dónde se factura el congreso de Castellón?” y a continuación una referencia a “tema Barcelona” sobre un dibujo de un ladrillo del que se podría deducir que eran las constructoras las que hacían los abonos.
La actividad que durante esos años desplegó Álvaro Pérez es enorme. Por un lado planificaba desayunos de los candidatos, organizaba reuniones, visitas o jornadas interparlamentarias para el partido. Por otro, la sociedad se nutría con los pagos que recibía de empresarios valencianos. Uno de los tomos del sumario incluye copia de los cheques extendidos por Enrique Ortiz e Hijos, contratista de obras, a favor de la empresa de El Bigotes por valor de 58.000, 20.752 y 37.479 euros en febrero de 2009. Ortiz está implicado en el caso Brugal por presuntos amaños del plan de urbanismo de Alicante para organizar un pelotazo que podría haberle reportado 120 millones de euros.
En julio de 2012, cuando el magistrado José Ceres tomó declaración a varios constructores implicados en la trama, el alicantino Ortiz se desvinculó de la relación con Orange Market trasladando toda la responsabilidad a sus empleados. Su empresa llegó a abonar hasta 300.000 euros a El Bigotes. Junto a otras dos (Facsa y Sedesa), la firma de Ortiz recibió más de 800 millones de euros en concursos del Consell de Francisco Camps. En los extractos de contabilidad de la empresa de Álvaro Pérez figuran numerosas anotaciones de abonos de Facsa. Durante la instrucción quedó acreditado que la empresa realizó parte de esos pagos por la asistencia a ferias a las que la empresa nunca acudió.
Junto a los documentos de diseño y elaboración de actos electorales con sus correspondientes facturas aparecen de la tarjeta Visa de la empresa con cargos en empresas de artículos de lujo como Louis Vuitton, Hermes, Bulgari, Loewe, comidas en restaurantes con botellas de más de cien euros, joyería, alquiler de coches de alta gama y otras, como el abono de 34.800 euros a la empresa Ibiza Yacht, dedicada al alquiler de embarcaciones de recreo. También hay copias de facturas de gastos corrientes de supermercado o tiendas de ropa.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/17/actualidad/1392669806_662107.html
OTRO EXCARGO DEL PP CULPA AL ÁREA DE PRESIDENCIA DE CONTRATAR CON GÜRTEL
El ex director de la entidad achaca a una de sus secretarias la gestión del contrato
El ex subdirector de Castelló Cultural, Vicente Farnós, pagó más de 200.000 euros a la trama Gürtel en contratos. Sin publicidad. Sin concurso. Sin transparencia. Y con un objetivo, según la fiscalía: desterrar a la competencia para premiar a la constelación empresarial pilotada por el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa. Y todo fue posible gracias al visto bueno que imprimió en forma de autorización la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, según dijo este lunes Farnós al juez.
“Todo fue legal”, remarcó el exsubdirector de Castelló Cultural durante las dos horas que declaró como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ) ante el juez José Ceres, que indaga la legalidad de 70 contratos que la Generalitat otorgó al entramado Gürtel durante el mandato de Francisco Camps (2003-2011).
Farnós, que fue destituido del cargo el pasado mes tras su imputación y que es miembro del Consell Valencià de Cultura, dijo que confió la organización del segundo Congreso de Software Libre en 2005 siguiendo las instrucciones de otra imputada, la exdirectora general de Archivos e Innovación Tecnológica Silvia Caballer. Ella fraccionó —según la investigación— cuatro contratos menores de 12.020 euros con Orange Market, franquicia valenciana de la trama dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. “El encargo ya me vino dado”, espetó Farnós, según fuentes próximas a su declaración.
El juez sospecha que maniobró para adjudicar a dedo a la trama
El imputado indicó que recurrió a la red corrupta para la campaña de publicidad del décimo aniversario de Castelló Cultural, en 2007, “porque se lo recomendó su secretaria”. El trabajo costó 140.674 euros. “Ella me dijo que había una empresa, Orange Market, que estaba interesada y le hice caso”. Una afirmación que choca con la expresada ante el juez por la aludida, que atribuyó durante su declaración como testigo la contratación con Gürtel a su jefe.
En un intento de defender la higiene del proceso de adjudicación, Farnós argumentó que llamó a “dos empresas” para que concurrieran a los contratos del décimo aniversario de Castelló Cultural. No existe prueba alguna de que esto fuera así. Ni informe que acredite que otras firmas participaron en un concurso. Solo la sospecha de una ficción para simular la higiene en una adjudicación que acabó en manos del entramado de Correa.
En esta línea de defensa, Farnós insistió en que pidió tres presupuestos. Y que Orange Market le entregó su “oferta en mano” el 15 de enero de 2007. Un dato que, de nuevo, se estrella con la información que maneja la investigación. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional recoge que el documento informático del presupuesto fue creado un mes después, en febrero, a posteri. Entonces, el contrato fue remitido para su aprobación a la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars.
El imputado achaca a Silvia Caballer el fraccionamiento de un contrato
El juez José Ceres sospecha que Farnós maniobró para adjudicar a dedo más de 200.000 euros al entramado empresarial del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa. Y que siguió el modus operandi de la trama —fraccionamiento en contratos menores— para eludir la publicidad y garantizar dos suculentos negocios a la red: la organización del segundo Congreso de Software Libre en 2005 y la campaña de publicidad del décimo aniversario de Castelló Cultural, en 2007. La firma Orange Market, satélite de Gürtel en tierras valencianas, recibió una adjudicación directa de 140.674 por este último trabajo. Una decisión que impidió la competencia de otras empresas, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que maneja el magistrado.
La ‘fábrica’ de facturas de la red
El juez de la rama valenciana del caso Gürtel, José Ceres, se interesó por el trasfondo de varios correos electrónicos que el exconsejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero, remitió a la administradora de las empresas de la red pilotada por Francisco Correa, Isabel Jordán. “Fabrica literatura”, instaba Herrero a su compañera en una misiva que deslizaba la elaboración de facturas y presupuestos ficticios para las constructoras Facsa, Cyes, Llanera, Sedesa y Lubasa.
Jordán, que como su compañero está imputada en la causa, negó que el Grupo Correa prestase trabajo alguno a las dos últimas empresas. Rechazó que la red se encargara de unos trabajos para cambiar la imagen corporativa de Sedesa y de la elaboración de lonas y carteles de Lubasa. “No recuerdo que se hicieran esos trabajos”, admitió la extrabajadora de Orange Market. Insistió en que, de haber realizado el servicio, hubiera quedado constancia en el sistema informático de las oficinas de la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes. “No abrí ninguna carpeta en el ordenador al respecto”, dijo.
Jordán declaró por videoconferencia junto con la administradora de Orange Market, Mónica Magariños. Las dos imputadas se mostraron esquivas en su comparecencia ante el juez José Ceres en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), que investiga la adjudicación de decenas de contratos a la red durante el mandato de Francisco Camps.
Entre los 175 imputados del caso Gürtel figuran los responsables de las constructoras nombradas por Jordán: el representante de Cyes Felipe Almenar, y el propietario de Sedesa y sobrino del presidente de las Cortes, Vicente Cotino.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/17/valencia/1392661640_371257.html
DOS MILLONES EN CONTRATOS PARA EL GRUPO QUE MONTÓ LOS ACTOS DEL PP
Trasgos utiliza cuatro CIF's para facturar a Sanidad, Deportes, Policía o Innovación
Sus gerentes admiten una cita con Correa y 'El Bigotes' antes de la visita del Papa
Los empresarios que varios de los testigos de la Gürtel valenciana han señalado como los aliados de Francisco Correa en la visita del Papa han sido contratistas habituales del Ayuntamiento de Valencia en los últimos 20 años.
Trasgos es, además, la empresa que junto a Orange Market montaba las campañas del PP de la Comunidad, tal y como acreditan las cuentas presentadas por Génova y reproducidas por este periódico. Y la nueva documentación a la que ha tenido acceso esta redacción confirma que Trasgos y las otras tres sociedades que utilizan para facturar (Cuco, Construcciones Paya y Tanhauser) se han llevado más de 2,2 millones de euros por trabajos municipales que en ocasiones trocea para evitar el concurso.
EL MUNDO ha tenido acceso a las facturas presentadas por Tragos y el resto de sociedades desde el año 1994. Sólo la empresa matriz ha facturado 1,7 millones de euros en los últimos 20 años; Cuco Comunicación 280.087 euros desde 2001; Tanhauser 4.235 euros desde 2012; mientras que la constructora que utilizan para facturar eventos se ha embolsado 95.698 euros desde el año 2004.
Los empresarios Antonio Puig y Vicente Peris están detrás de este holding empresarial. Ambos admiten al menos un encuentro con la banda de Correa en su sede para construir una UTE con Gürtel y aspirar a cualquier contrato relacionado con la visita de Benedicto XVI en 2006. No obstante, subrayan que la unión entre empresas no fraguó aunque Fiscalía y TSJ siguen recabando pruebas para confirmar si ambos mantenían una excelente relación con la Fundación V Encuentro Mundial de Familias pues su comisionado, Enrique Pérez Boada, estuvo en el consejo de administración de Trasgos. De hecho, la contabilidad municipal refleja pagos de Pérez Boada a esta empresa cuando era concejal en Valencia: sólo la Concejalía de Deportes ha pagado a Trasgos 713.446 euros por colaboraciones en Expojove o la campaña Deporte para todos.
Las áreas que dirige Miguel Domínguez también han trabajado para Trasgos o empresas relacionadas con sus administradores. El concejal ha pagado más de 500.000 euros a la vez que el PP le encargaba actos de campaña. En concreto, la documentación acredita que Domínguez contrató a Trasgos la campaña Policía mas cercana, Recuperando el centro histórico o Vivienda Joven-Ayudas en el Centro, además de los eventos que Policía y Bomberos organizan en Expojove.
A Pérez Boada y a Domínguez se les vincula con Juan Cotino, presidente de las Cortes, y la persona que «cortaba el bacalao» en la visita del Papa, según las declaraciones incluidas en el sumario de Gürtel.
2006 y 2007, los años con más pagos
>El año que llegó el Papa a Valencia (y los posteriores) se disparó el volumen de facturación de estas empresas. Sólo entre 2006 y 2008 los trabajos de Trasgos para el Ayuntamiento superaron los 600.000 euros.
>Los empresarios trocean algunos de sus eventos para que las facturas no superen 18.000 euros (el limite para evitar el concurso). Así ocurre con la Japan Week o Expojove.
>Mientras conseguían estos contratos públicos los empresarios colaboraban con el PP para las campañas de Valencia.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/18/530268bae2704ed1668b4587.html
LOS 'SOCIOS' DE 'GÜRTEL' FACTURARON 700.000 EUROS A VALENCIA MIENTRAS HACÍAN LA CAMPAÑA PARA EL PP LOCAL
Génova visó facturas de Trasgos por 27.000 euros en actos del partido hasta 2009
Un testigo protegido vinculó ante el juez a esta forma con la trama corrupta de Correa
Trasgos, la empresa que un testigo protegido de la investigación judicial sobre la visita del Papa a Valencia relaciona con la trama Gürtel, no sólo facturó durante años a las diferentes administraciones públicas controladas por el PP, sino que también se benefició de diferentes contratos en las campañas electorales de los populares en Valencia. Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico y en la que se certifican los diferentes pagos tanto a Trasgos como a Orange Market, la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes.
Las cuentas, selladas y rubricadas por Génova (el PP presenta todos sus gastos con un CIF único en todo el territorio nacional), desglosan las facturas que se abonaron por el partido durante los años 2005, 2007, 2008 y 2009 en Valencia. En todos estos ejercicios, Trasgos consiguió contratos para desarrollar diferentes servicios para el partido, incluso durante la campaña electoral de 2007 que aupó a Rita Barberá de nuevo a la Alcaldía de Valencia. En total, la sociedad cobró al PP por actos en Valencia 27.257 euros.
Los administradores de Trasgos se reunieron con Correa, Crespo, y 'El Bigotes'
Estos importes coinciden también en el tiempo con las adjudicaciones periódicas que realizaba el Ayuntamiento de Valencia tanto a Trasgos como a un grupo de empresas que comparten con esta sociedad tanto la sede social como los administradores: Cuco Comunicación, Construcciones Payá e Imagine Comunicación. Sólo desde 2007 hasta 2011 diferentes concejalías del consistorio valenciano adjudicaron a Trasgos contratos por un montante que supera los 660.000 euros. A esta cantidad, además, habría que sumar los 120.000 euros que el propio vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, reconoció haber abonado a estas empresas señaladas por uno de los testigos contra el entramado Gürtel durante los dos últimos ejercicios, 2012 y 2013. Y es que Grau subrayó que todas ellas siguen contando como adjudicatarias válidas al no estar inmersas, según él, en ninguna investigación judicial.
Uno de los administradores de Trasgos, sin embargo, reconoció a este periódico haber declarado ante el juez que investiga las contrataciones irregulares durante la visita del Papa Benedicto XVI con motivo del V Encuentro Mundial de la Familia. Trasgos fue la empresa señalada por los miembros de la Fundación que gestionó la visita (compuesta por la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y el Arzobispado de Valencia) para diseñar el logo de este evento que se desarrolló en 2006. Los responsables de esta sociedad tuvieron más contactos con la trama Gürtel puesto que también se reunieron en su sede con Francisco Correa, Pablo Crespo, Blanco Balín y El Bigotes, los principales señalados de Gürtel en las diferentes piezas judiciales que se investigan. Este encuentro fue confirmado por los administradores de Trasgos, Vicente Peris y Antonio Puig.
La Fiscalía investiga ahora, además de la posibilidad de que Gürtel y Trasgos fraguasen una UTE para optar a diferentes contratos públicos conjuntamente, los vínculos que pudieron haber surgido entre ambas empresas para materializar diferentes operaciones ante las administraciones. De hecho, los testigos protegidos y los investigadores dan por hecho que la relación sí fructificó.
La relación de Trasgos con los actos del PP y la campaña electoral en Valencia ya fue apuntada por el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, quien, además, ha presentado una interpelación al pleno municipal para que el grupo popular explique su vinculación con esta empresa.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/17/53010ae1ca474171728b457a.html
'GÜRTEL' MONTÓ HASTA EL RECUENTO DE VOTOS DE LA NOCHE ELECTORAL DE 2007
Presidencia pagó 19.000 euros a 'El Bigotes' por preparar el acto institucional
Víctor Campos: 'Yo ya había anunciado que me retiraba de la vida pública'
El Tribunal Superior de Justicia continúa revisando documentación de las piezas que integran el caso Gürtel para reconstruir los pasos que dio la trama en la Comunidad. Según confirmaron fuentes judiciales a EL MUNDO, el juez José Ceres está investigando nuevas facturas emitidas por Orange Market, de Álvaro Pérez El Bigotes, por la organización del acto institucional que montó la Generalitat en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
Las pesquisas apuntan a que Gürtel entró hasta en la Ciudad de la Justicia de Valencia y, pese a que aún no hay ningún imputado por estos hechos, el instructor ya está recabando pruebas para conocer los detalles del evento. Las facturas se presentaron días después de la jornada electoral en la Generalitat y ascendían a 8.000 y 11.000 euros.
Desde hace cinco años los investigadores intentan esclarecer si el PPCV de Francisco Camps se financió con fondos procedentes de la corrupción. La Policía sospecha que esta formación política recibió dinero de procedencia desconocida a cambio de adjudicaciones.
La cita electoral de 2007 fue la que utilizó Camps para anunciar la llegada de la Fórmula 1 a Valencia a «coste cero» para el contribuyente. Era la etapa de los excesos y la segunda vez que Camps se presentaba a la jefatura del Consell. Sus resultados fueron históricos y los ciudadanos pudieron ir conociendo los avances de resultados desde los juzgados.
El Bigotes, según concluye la Policía en sus informes, montaba los mítines del PPCV y, al parecer, también sacaba tiempo para organizar eventos institucionales.
La Ciudad de la Justicia es el centro de operaciones habitual. En elecciones municipales la competencia es del Estado mientras que en las autonómicas de la Generalitat, que renunció la organización y la subcontrata a la trama. En el acto que se investiga intervinieron la Conselleria de Justicia, entonces en manos de Miguel Peralta, y Presidencia.
Pese a que todavía no hay ningún imputado por estos pagos, el juez Ceres aprovechó los interrogatorios que practicó en secreto para obtener datos del contrato. Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat y condenado por la causa de los trajes, confirmó la veracidad de las facturas.
La trama fraccionó los pagos en varias facturas y a Presidencia cobró 11.000 euros por el montaje y desmontaje de la sala. La factura de Orange fue conformada por José Manuel Vidal (jefe de gabinete de Campos y ex empleado de Orange) y autorizada por Ana Brusola, adscrita a Presidencia. Mientras, a la Conselleria de Justicia cobró 8.000 euros por un material audiovisual. El pago, según el sumario, fue validado por Pedro Hidalgo Caballero, al que varias fuentes definen como uno de los hombres de Juan Cotino, ex conseller y presidente de las Cortes.
Campos aseguró al juez que no conocía como se generó la contratación, aunque recordó que «se hizo todo a última hora» porque la Delegación renunció a celebrar un acto conjunto. «A mi me comentó Vidal que había contratado esto y me pareció bien», matizó antes de insistir que «yo ya había anunciado que me retiraba de la vida pública».
«Yo no tenía capacidad de firmar nada, no tenía autorización ni para contratar la compra de un lápiz», se defendió el ex vicepresidente, que no tuvo reparos en señalar al ex secretario general del partido, Ricardo Costa, como el vínculo directo de El Bigotes con el PP de Camps. E insistió: «Yo aún era el vicepresidente, pero no estaba en las listas, iba de público a aplaudir a mis compañeros»
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/13/52fc7d3ee2704e402e8b456b.html
VÍCTOR CAMPOS DESCARGA EN RICARDO COSTA
Un correo enviado por equivocación atribuye una deuda a A. F. de Castellón
El testimonio y las aportaciones documentales realizadas por el ingeniero de sonido Juan José Rincón, en la parte de la pieza que instruye el TSJ sobre la visita del Papa y que todavía permanecía bajo secreto, han arrojado algunas sorpresas.
El exdirector de producción de Orange Market, Juan José Rincón Feliu, entregó al juez un documento fechado el 23 de diciembre de 2005 “que se prepara para que Álvaro [Pérez] se lo lleve a Víctor Campos [a la sazón vicepresidente del Consell]”, en el que en dos folios estaban calculados todos los costes y facturación, así como el margen de beneficio. “Al señor Campos se le tenía informado de las deudas del partido o la Generalitat con la empresa”, relató.
El documento tuvo una segunda versión solo para uso interno de la trama corrupta, en el que se advertía que el porcentaje de beneficio imputado, tras la negociación con los proveedores, era del 20%, aunque podía disimularse entre las distintas partidas para que disimular las ganancias. “Realmente, excepto las pantallas, la pirotecnia y las vallas, que están avaladas presupuestariamente, todo lo demás es humo”, señaló el redactor del documento.
Entre la documentación del sumario también figura la declaración del entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos ante el juez que instruye el sumario. Campos se inhibe de cualquier responsabilidad en los contratos con Orange Market con el argumento de que “no tenía autorización ni para contratar un lápiz” y apunta directamente hacia el exsecretario general del PP y todavía diputado Ricardo Costa, del que afirma que era el más “amigo” de Álvaro Pérez.
“Yo nunca intermedié para un tema concreto. Decirme [El Bigotes] más de una vez que no me pagan o me deben dinero, muchas veces, pero sólo como un comentario” prosigue Campos ante el juez, “El partido siempre estaba muy mal de dinero, como casi todos los partidos. Yo decía: ‘He visto a Álvaro y me ha dicho que se le debe dinero' A Ricardo [Costa] o si veía a alguien del partido”. Respecto a su participación en la visita del Papa a Valencia, Campos asegura que las reuniones del patronato de la Fundación V Encuentro llegaron a ser “surrealistas” por los temas que se hablaban, pero que su participación fue “testimonial”.
El exvicepresidente afirma no recordar cómo se formalizaron los expedientes de contratación, ni cómo se gestionaron ni por qué se adjudicó el servicio a Ràdio Televisió Valenciana. Y que del escándalo se enteró, como otros, por la prensa.
Rincón, que entonces trabajaba para El Bigotes, también aporta un correo electrónico del 22 de febrero de 2006 remitido “por error” por el propio Álvaro Pérez. El correo, con el epígrafe “pendiente de cobro global”, corresponde supuestamente a varios apuntes contables realizado por la trama Gürtel al PP valenciano. En ellos se detallan 178.151 euros al PP de la Comunidad Valenciana pendientes de cobro más otra cantidad de 102.000 con el epígrafe Barcelona —en referencia a que es una cantidad en b— asociadas a las siglas V. C.
En la tabla se incluye un apunte al Grupo Municipal Popular de Castellón junto a las siglas A. F. por valor de 18.444 euros. El actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hacía apenas dos meses que había asumido la alcaldía de Castellón en la fecha en que Álvaro Pérez remitió el correo por equivocación. Además de estos apuntes figuran otro de 8.148 euros asignado a PP de Valencia junto a las siglas J. M. y uno más asignado a la Presidencia de la Generalitat de 62.548 euros junto a las siglas E.G.P. Las cantidades citadas suman 369.561 euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/06/valencia/1391719186_996649.html
EL PP DE VALENCIA PAGÓ 200.000 EUROS EN B A LA TRAMA GÜRTEL
Los actos fueron celebrados entre 2002 y 2004
Gürtel pagó una estancia de hotel a Camps, según la Policía
La trama corrupta Gürtel recibió del PP valenciano cerca de 200.000 euros en b por tres actos celebrados entre 2002 y 2004, cuando Francisco Camps presidía la formación. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ya está investigando la posible financiación ilegal del PP durante las campañas de 2007 y 2008. Según detalla la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en un informe entregado al juez que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, así se deduce de la documentación intervenida a las empresas de la trama y analizada por la policía.
El primero de los actos estudiados fue la convención regional del PP valenciano, celebrada en junio de 2002. “Se efectúa un pago en b mediante entrega de dinero en efectivo por importe de 17.429 euros”, señala la policía en su escrito.
El segundo fue el Congreso regional, celebrado en septiembre de 2002. Según el mismo análisis, la policía acredita “cuatro pagos mediante entregas de dinero en efectivo (cobros en b sin justificación documental a través de factura) por importe de 150.421 euros”.
El tercero de los actos se celebró en Mislata (Valencia) en enero de 2004. En este caso, la policía detecta dos pagos en b. El primero de ellos se refiere a un documento cuya destinataria es la gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez, de la que la policía señala: “puede ser conocedora de los hechos”. En este se explicita el pago de 16.400 euros “que la propia organización de Francisco Correa denominad b, no reflejándose el coste real del acto en sí llevado a cabo”.
Al margen de los tres actos de los que se desprenden pagos en b, la policía analiza otros dos eventos. Uno de ellos se refiere a la presentación de Francisco Camps como candidato, en octubre de 2002. El coste del acto se elevó a 54.119 euros pero, según consta en el informe, la trama corrupta pidió a los proveedores del acto que “modifiquen los conceptos de las facturas a emitir por otros que no tienen nada que ver con el acto en sí llevado a cabo”. La policía también detalla cómo en otro acto de presentación del candidato, en febrero de 2003, “se desprende que una empresa privada con sede en Castellón, Tierra Atomizada y el PP de Alicante se hicieron cargo de los gastos generados (38.464 euros más IVA), mediante el abono de facturas cuyo concepto no tiene nada que ver con los actos de verdad llevados a cabo”.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/04/actualidad/1391542627_511804.html
EL PP PAGÓ EN NEGRO EL CONGRESO QUE ELIGIÓ A CAMPS
La formación abonó 81.653 euros en 'B' al entramado de sociedades de Gürtel
El PP valenciano también pagó con dinero negro a la trama Gürtel el congreso en el que el expresidente Francisco Camps tomó las riendas del partido, en el año 2004, ante la oposición de su predecesor Eduardo Zaplana. Documentación que obra en la parte original del caso que se instruye en la Audiencia Nacional revela que la formación abonó 81.653 euros en B al entramado de sociedades que dirigía Francisco Correa.
El extracto de la contabilidad de la red, que fue intervenida por la policía y ayer publicó la Cadena Ser, indica que Orange Market cobró por organizar el cónclave 47.492 euros con “factura” y Special Events, otros 81.653 en “B”.
La investigación judicial del caso ha desvelado la doble cara de la actividad de la trama en la Comunidad Valenciana. De un lado, la red que encabezaba en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, recibió presuntamente contratos de forma irregular del Gobierno que dirigía Camps por cerca de ocho millones de euros, más otros tres que se habría embolsado de Canal 9 con motivo de la visita del Papa. Unas adjudicaciones que eran agradecidas supuestamente con regalos a cargos públicos.
La red se encargaba de organizar, en paralelo, de todos los actos del Partido Popular valenciano, incluidas las campañas electorales, haciendo presuntamente de puente a las aportaciones ilegales que realizaron constructoras y empresas de obras públicas en las de 2007 y 2008.
Solo los pagos realizados en campaña constituyen delito electoral (financiación ilegal), pero según la investigación el uso de pagos en negro a la trama se extendió a muchos otros actos del partido.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/02/valencia/1386004989_744447.htmlLA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR UN TESTIGO PROVOCA UN GIRO INESPERADO EN EL CASO GÜRTEL
El magistrado, José Ceres, ha decretado secreto parcial de las piezas 1, 2, 4 y 5 de la causa
El juez instructor de la rama valenciana del caso Gürtel, José Ceres, ha decretado el secreto parcial de las piezas 1, 2, 4 y 5 (de un total de 6) después de la comparecencia de un testigo el pasado viernes 25 de octubre, quien aportó diversos documentos "que resultan de interés" para la investigación, según el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Este testigo, según el escrito, aportó nueva documentación que "exige la práctica de nuevas diligencias de investigación" que el magistrado ha declarado parcialmente secretas.
Sobre la pieza 4, relacionada con presuntas irregularidades en la contratación de RTVV con Teconsa para el suministro de material audiovisual con motivo de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, se dicta secreto parcial por un plazo de 30 días restringido a los documentos aportados por este testigo, al informe de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (Onif) sobre Teconsa y a una contestación al oficio de RTVV.
Ceres extiende el secreto parcial a las piezas 1, 2 y 5 del procedimiento ante la posibilidad de que puedan verse afectadas por la práctica de diligencias en relación con la nueva documentación aportada. Respecto a la pieza 5, el escrito explica que el secreto se refiere inicialemente a la contratación relacionada con la Guía de Comunicación, aunque no se excluyen otras contrataciones que puedan verse afectadas en el transcurso de las investigaciones.
La pieza 1 del caso afecta a la presunta financiación ilegal del Partido Popular valenciano en los procesos electorales de 2007; en la 2 se investigan supuestos delitos de falsedad documental; y en la 5 las presuntas irregularidades en la contratación con Orange Market y otras sociedades vinculadas al grupo Correa de la Generalitat que pudieran constituir delitos como prevaricación.
Ante la nueva documentación aportada, Ceres ha decidido que se forme una subpieza en las diligencias principales cuyo secreto parcial se alzará "a la mayor brevedad", después de publicadas las pertinentes diligencias directamente relacionadas y derivada de la comparecencia del viernes.
Tras el alzamiento de este secreto parcial se le notificará a las partes las diligencias practicadas, contra el que cabe recurso de reforma o apelación.
http://www.eldiario.es/cv/documentacion-aportada-inesperado-Caso-Gurtel_0_191081702.htmlUN NUEVO TESTIGO RELANZA EL CASO DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS
Presenta al juez documentos inéditos sobre ‘Gürtel’ en una comparecencia secreta
El macrosumario derivado del caso Gürtel, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el magistrado José Ceres, ha experimentado un vuelco en los últimos días. Una misteriosa declaración secreta de un testigo podría condicionar el futuro de al menos tres de las seis piezas que instruye, y que ya alcanza las 60 imputaciones de ex altos cargos de Francisco Camps y del PP de la Comunidad Valenciana.
El testimonio de una persona, cuya identidad se guarda celosamente y no ha trascendido, ha precipitado un secreto parcial del sumario que afecta a las piezas que hacen referencia a presuntos delitos electorales cometidos en las elecciones autonómicas y locales de 2007 y en los comicios generales de 2008 (la uno y la dos), y a la que investiga anomalías por parte del Gobierno valenciano en adjudicaciones a empresas vinculadas a Gürtel (la cinco). También afecta a la pieza que investiga posibles mordidas en los contratos de la organización de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 (la cuatro).
El contenido de esta declaración, que se produjo el pasado viernes en la sede del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) y en la que sólo participaron el fiscal Anticorrupción y el juez, podría ser muy ilustrativo en el futuro y se enmarca en unas actuaciones que, por el momento, están secretas.
Por ejemplo, en la pieza de la visita del Papa se han declarados secreto por 30 días los documentos aportados por este testigo, un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y una contestación solicitada a la Radio Televisión Valenciana.
El sigilo de esta actuación y el hecho de que Ceres haya decretado el secreto parcial para estas cuatro piezas presupone que los argumentos que dan cuerpo al testimonio son jugosos y concluyentes para el avance de las diligencias.
Si no fuera así, el magistrado no habría impuesto esta medida, aunque sea con intención de levantarla «a la mayor brevedad», argumentan fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Algo ocurrió en el transcurso de esa declaración que era desconocido hasta el momento por el juez y que motivó el secreto. Pero, ¿qué?
La declaración se desarrolló el viernes pasado día en el Palacio de Justicia donde se ubica el Alto Tribunal autonómico.
Por el momento hay un mutismo absoluto y el resto de partes no han sido informadas sobre la declaración que ha motivado la orden del juez que instruye la causa.
Por ahora, en el Gürtel valenciano hay imputados cuatro ex consejeros del ex presidente Francisco Camps, dos ya pendientes de fecha para el juicio.
La ‘mano derecha’ de Juan Cotino, balones fuera
> El que fuera director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, fue ayer el último ex alto cargo de la Generalitat en comparecer ante el juez que investiga el cobro de comisiones en la organización de la visita del Papa. Su nombre fue citado por Juan José Rincón, ex trabajador de Orange Market, que ratificó que Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, conoció con meses de antelación que la trama ‘Gürtel’ iba a hacerse con un contrato de 7,5 millones, firmado por el entonces director de Radio Televisión Valenciana (RTTV), Pedro García. Boada habría actuado en representación de Juan Cotino y de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. Ayer le dijo al juez que todo lo cocinó RTVV.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=19038149&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=30_10_2013&pla=pla_11014_MadridEL PP VALENCIANO SE FINANCIÓ CON DINERO NEGRO, SEGÚN HACIENDA
La Agencia Tributaria afirma que en 2007 y 2008 pagó actos electorales con más de tres millones no declarados a través de Orange Market
Dos informes remitidos al juezdicen que colaboró en un fraude en el IVA por una cuantía que sería delito fiscal y que engañó a la Sindicatura de Cuentas
Los datos de la UDEF confirman que el PP de Camps tenía una contabilidad A y una B identificadas como ‘Alicante’ y ‘Barcelona’
La Agencia Tributaria estima, en dos informes remitidos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que el PP autonómico se financió irregularmente y cometió fraude en el pago del IVA –en el grado de colaborador– durante los ejercicios de 2007 y 2008 por servicios realizados y no facturados por la sociedad de la trama Gürtel Orange Market.
El monto total de dinero negro con el que se financiaron dichos servicios (fundamentalmente, actos electorales) se eleva a 2.960.000 euros en 2007 y a 405.450 euros en 2008. El fraude en el pago de IVA cometido por Orange Market (y por el PP como colaborador necesario) en el primero de los ejercicios analizados supone 473.600 euros, por lo que supera los 120.000 euros a partir de los cuales se considera que existe un delito fiscal. El fraude en 2008 se sitúa en 64.800 euros y, por tanto, en dicho ejercicio no se habría cometido delito, sino una infracción administrativa.
El dato de 2007 es muy relevante por cuanto en dicho año se celebraron elecciones municipales y autonómicas y, por tanto, el PP podría haber incurrido en un delito electoral.
Además, la contabilidad del PP valenciano se consolida con la contabilidad del PP nacional, ya que el partido opera con un NIF único y, consecuentemente, las irregularidades afectarían al partido en su conjunto.
Asimismo, la Agencia Tributaria estima que los informes remitidos por el Partido Popular a la Sindicatura de Cuentas (el tribunal de cuentas autonómico) de los ejercicios 2007 y 2008 no reflejan la imagen fiel de la contabilidad de dicho partido.
Los llamados «informes de avance 1 y 2» de la Agencia Tributaria, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, fueron remitidos al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) a instancias del juez José Ceres, instructor de la causa. El primero de ellos (en realidad se trataba de dos informes realizados por dos inspectores distintos) fue entregado el pasado 20 de diciembre. El segundo llegó a manos del magistrado el pasado 10 de abril.
Ambos documentos (que se basan en la información aportada por la Udef) están incorporados a las piezas 1 y 2 de la investigación del caso Gürtel que se sigue en Valencia. La primera de ellas es la que afecta a la presunta financiación ilegal del PP y, la segunda, es en la que se investigan los delitos de falsedad documental.
En ambas está imputado el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, así como los gestores de Orange Market, el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa y los responsables de las empresas que supuestamente participaron en la financiación irregular del partido (Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf).
El pasado 22 de julio, el juez Ceres hizo pública una providencia en la que instaba a «agilizar» la documentación requerida por los inspectores de la Agencia Tributaria (y que se corresponde con datos del ejercicio 2008) con el objeto de que éstos concluyan su «informe final». El magistrado les pedía que en él hicieran «una valoración de las consecuencias jurídico penales de naturaleza tributaria e impositiva» que se deriven para el PP respecto a los ejercicios que se investigan (2007 y 2008).
Según fuentes jurídicas, el informe definitivo estará listo en un plazo breve y no se esperan modificaciones sustanciales respecto a lo que se establece en los dos primeros.
Seguramente, el propio Luis Bárcenas tendrá que ser llamado a declarar para que se ratifique o no en la versión que dio ante el juez del TSJCV el pasado 22 de mayo, en la que negó conocer si había financiación irregular en el PP de Valencia.
Sin embargo, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz del pasado 15 de julio, el ex tesorero del PP admitió que Vicente Cotino (sobrino de Juan Cotino), presidente del Grupo Sedesa, realizó una aportación de 200.000 euros en metálico que fueron apuntados en la contabilidad B.
Bárcenas reconoció asimismo que en la Comunidad Valenciana también existía una contabilidad oculta donde se anotaban aportaciones en metálico de los empresarios que financiaban al partido.
Curiosamente, esas afirmaciones confirman lo que han venido manteniendo los informes de la Udef desde hace cuatro años: el PP valenciano tenía una contabilidad A, conocida como Alicante, y una contabilidad B, identificada como Barcelona en los papeles que se incautaron en Valencia.
Según la Udef, el PP de la Comunidad Valenciana no pagaba parte de sus actos de la campaña electoral para no superar los límites legales (en 2007 se celebraron elecciones municipales y autonómicas y en 2008, generales).
La financiación irregular se lograba por una doble vía. Los empresarios investigados pagaban, según los informes de la citada unidad policial, una parte de los actos a Orange Market, que era la sociedad que los organizaba y, para justificar esos pagos, hacían facturas falsas por servicios ficticios.
Por otra parte, el PP valenciano pagaba a Orange Market sus actos electorales con dinero negro.
Para la Udef, el verdadero responsable de ese esquema de financiación ilegal del PP autonómico no era Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza visible de Orange Market, sino su número dos, Cándido Herrero, que actuaba como consejero delegado de la empresa y que reportaba directamente con la mano derecha de Francisco Correa en Gürtel, Pablo Crespo.
Los papeles más significativos y los documentos informáticos más jugosos le fueron incautados por la Policía precisamente a Cándido Herrero.
El consejero delegado de Orange Market identificó de forma curiosa a algunos de los que le hicieron entregas de dinero negro hasta sumar 3,4 millones de euros entre 2007 y 2008. Al ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra lo llamaba El tuerto; a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, simplemente Sonia; al presidente del Grupo Vallalba, Rafael Martínez Berna, lo designaba El Cantante, mientras que a Felipe Almenar, presidente del Grupo Cyes, le bautizó como El Príncipe. Otros pagos en dinero negro a Orange Market fueron realizados por David Serra (ex vicesecretario del PP valenciano) y por Francisco Martínez (vicesecretario del PP de Castellón y vicepresidente de la Diputación de esa provincia).
El 5 de octubre de 2009, EL MUNDO publicó que los entonces vicepresidentes del Gobierno valenciano, Víctor Campos y Vicente Rambla, indicaron directamente a algunos de los empresarios que tenían que contratar a Orange Market. El propio Campos fue quien dio instrucciones a Ricardo Costa (ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana) para que contratara a Orange Market con el fin de organizar los actos del partido.
Entre 2007 y 2008, esta empresa facturó en la comunidad autónoma más de 6,5 millones de euros en A. Sumando las cantidades cobradas en B, la cifra se elevaría a 9,8 millones de euros.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18579224&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=14_10_2013&pla=pla_11014_MadridLOS DIPUTADOS DEL PP SE REPARTIERON EN LAS CORTS 457.698 EUROS EN SOBRESUELDOS EN 2011
La contabilidad oficial aireada por un pirata informático confirma que el Partido Popular paga pluses como "gastos de representación" - Los parlamentarios y los dirigentes populares gastaron 113.534 euros en comidas, viajes y combustible en el último año electoral
El reparto de sobresueldos entre los diputados del PP de las Corts con cargo a las subvenciones que recibe el grupo no es una leyenda urbana. La contabilidad oficial del Partido Popular, que ayer fue destripada por un pirata informático, acredita la práctica seguida por la dirección del grupo desde hace años. Los representantes de los populares en la Cámara autonómica recibieron extras al margen de su sueldo oficial como mínimo hasta 2011, último ejercicio con las cuentas cerradas y auditadas por el Tribunal de Cuentas.
Ese año, el último electoral, los diputados del PP cobraron nada menos que 457.698 euros bajo el concepto oficial de «gastos de representación», según reflejan los papeles del partido ahora exhumados. El PPCV siempre ha mantenido que se trata de pluses que nunca se han pagado en negro, sino que han sido declarados a la Agencia Tributaria como ingresos de los diputados. No obstante, tampoco nunca han querido entrar en el detalle de explicar la cuantía exacta que cada cual recibía y en función de qué.
La contabilidad que ahora está circulando con transparencia forzada por Internet abarca desde 1990 hasta 2011. Los papeles retratan otra certeza incuestionable de este último ejercicio. En un año en el que los recortes estaban en niveles máximos, el partido siguió con un tren de gastos difícilmente conciliable con los ajustes y austeridad que se pregonaban desde el Consell. Era año electoral y Francisco Camps, acorralado por el caso Gürtel, echó el resto en una campaña de unas elecciones que él presentó como el veredicto de absolución del pueblo. Camps revalidó su mayoría absoluta, pero el 20 de julio a las cinco de la tarde se vio forzado a presentar su dimisión.
90.000 euros en encuestas
Alberto Fabra tomó las riendas del Consell y del partido. En los papeles de la contabilidad queda el rastro de unos gastos vinculados a la campaña que ascendieron a 113.534 euros.
Es lo que el partido y el grupo popular pagaron por gastos de viajes, comidas, estancias y kilometraje. Pese a la inactividad parlamentaria que caracteriza a un año electoral, el grupo dedicó nada menos que 22.477 euros a las llamadas «comidas de trabajo».
El partido no le anduvo a la zaga. 33.296 euros costaron los alimentos ingeridos por quienes participaron en las reuniones de estrategia con mesa y mantel. La mayor parte de esa cantidad corresponde a la cúpula del partido. La dirección provincial de Valencia comió un poco menos. En total 11.044 euros es la cantidad que consta como apunte de gastos de comidas en la contabilidad que ayer puso patas arriba a un partido que no abandona el estado de «shock» desde que estalló el caso Bárcenas.
Cuando las urnas han de dictaminar la suerte política, los partidos se convirten en hiperactivos. Los desplazamientos de la plana mayor y de los diputados en campaña sumaron 28.180 euros.
A esa cifra habría que sumarle el gasto en combustible. La regional dedicó 25.906 euros. En el apartado de «locomoción» aparecen otros 3.675 euros.
Resulta chocante que en un año en el que el partido tuvo que soltar lastre de nóminas y despedir a trabajadores, gastó paralelamente más de 90.000 euros en encuestas. El expresidente Francisco Camps, cuya imagen se deterioraba a pasos agigantados, encargó numerosos sondeos para pulsar la opinión ciudadana. La contabilidad registra una inversión de 201.781 euros en «servicios profesionales», cantidad a la que se añaden 12.146 euros por «otros asesores».
Alberto Fabra donó 1.500 euros para campaña
El presidente Alberto Fabra tuvo que rascarse el bolsillo para contribuir al partido en los gastos electorales. Su nombre aparece en la lista de donantes en la contabilidad nacional. Fabra, que fue cartel electoral en las municipales de Castelló, aportó 1.500 euros a la causa. Figura junto a miembros de la candidatura al Congreso o a las Corts por Castelló, como Ricardo Costa o Andrea Fabra. Precisamente Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló, es otro de los que aparece con un donativo de 4.500 euros. La dirección nacional del PP prescribió que los cargos públicos que aspiraban a revalidar su puesto o los debutantes en listas colaboraran en la derrama extraordinaria.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/07/09/diputados-pp-repartieron-corts-457698/1014794.htmlEL TSJ ABRE UNA INVESTIGACIÓN A COSTA POR COHECHO
Climent asume las pesquisas por la denuncia de un ex trabajador de Lubasa que lo acusa de financiación ilegal
El Tribunal Superior de Justicia ha abierto una nueva investigación contra el diputado del PP y ex secretario general del partido en la Comunitat Valenciana por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. La investigación parte de la denuncia de un trabajador despedido de la constructora Lubasa que mantiene un litigio con la firma por cuestiones laborales.
El ex empleado de Lubasa acusa a la firma de hacer entregas de dinero al partido, según fuentes próximas al caso. El juez instructor es Juan Climent. El magistrado fue el presidente del jurado en el caso de los trajes en el que el diputado popular salió absuelto.
Ricardo Costa está imputado en las piezas de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular del caso Gürtel. La constructora también está siendo investigada por la supuesta financiación ilegal. Fuentes del TSJ explicaron ayer que Climent tiene que estudiar el fondo de la denuncia y puede archivarla, pedir que se una al caso Gürtel o continuar con una investigación independiente.
La denuncia la presentó el ex trabajador de Lubasa hace unas semanas en la Fiscalía de Castelló, que remitió el caso a un juzgado castellonense al apreciar indicios de delito. Dado que los hechos supuestamente ocurrieron en Valencia, el asunto pasó al juzgado de Instrucción número cinco de Valencia, que tomó declaración al denunciante para que ratificara la acusación.
En el interrogatorio, según fuentes cercanas al caso, estuvo el fiscal anticorrupción, que también lleva el caso Gürtel.
Una vez cumplimentado el trámite, la juez de Instrucción cinco elevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia porque Ricardo Costa es aforado. Fuentes próximas a Costa aseguraron que el diputado autonómico ni siquiera conoce el contenido de la denuncia y recordaron que él no puede haber cometido directamente los delitos de prevaricación y cohecho porque no formó parte del Consell y no tenía capacidad para adjudicar contratos. Estas fuentes mostraron su sorpresa por la difusión de la información a través del canal oficial del TSJ en la red social Twitter.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/06/26/tsj-abre-investigacion-costa-cohecho/1010604.htmLUBASA CONECTA LA NUEVA DENUNCIA CONTRA RICARDO COSTA CON EL ‘CASO GÜRTEL’
Una persona que estuvo vinculada a la constructora acusó al 'ex número dos' del PP valenciano
Los hechos, que el TSJ estudia si investiga, serían constitutivos del delito de financiación ilegal
La nueva denuncia contra Ricardo Costa, diputado autonómico y ex número dos del PP valenciano, por otro supuesto delito de financiación ilegal fue formulada por una persona que estuvo vinculada a la constructora Lubasa, según confirman fuentes jurídicas.
Según la denuncia, cuya admisión a trámite debe decidir ahora el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Climent, Costa habría aceptado dinero de forma irregular, cometiendo con ello un delito electoral (nombre técnico de la financiación ilegal).
Costa ya está imputado en el Tribunal Superior dentro del caso Gürtel por supuesto delito electoral y falsedad documental en las campañas electorales realizadas por el PP valenciano en los años 2007 y 2008. Los fondos irregulares habrían sido aportados en esos casos por ocho empresas de la construcción y de obra civil, receptoras a su vez de millonarias adjudicaciones por parte de la Generalitat valenciana. Una de ellas fue también, según abundantes indicios, Lubasa.
La coincidencia de uno de los imputados, de una de las empresas investigadas y de un mismo delito presuntamente cometido pueden conducir a la acumulación de las nuevas pesquisas dentro del caso Gürtel.
Junto a Ricardo Costa están imputados por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el exvicesecretario general del PP David Serra, la extesorera Yolanda Ibáñez, la exgerente, Carmen Ibáñez y numerosos empresarios, aparte de los cabecillas de Gürtel. No se encuentra entre ellos, en cambio, el expresidente valenciano Francisco Camps, a pesar de que presidía el PP regional por entonces.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/20/valencia/1371755089_123405.html
LA AGENCIA TRIBUTARIA AHONDA EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS
Orange Market defraudó a Hacienda 2,28 millones de euros en cuatro años
La Agencia Tributaria ha aportado al juez que instruye el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, nuevas evidencias de la supuesta financiación ilegal del PP regional en la etapa en que Francisco Camps presidía el partido en la Comunidad Valenciana y la Generalitat. Hacienda ha entregado cuatro informes sobre “contingencias fiscales” de Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, relativos a los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Aunque no era el objeto principal del análisis, los inspectores constatan que la contabilidad interna de Orange Market refleja cómo la deuda que el Partido Popular tenía con la empresa de la trama “se va minorando” a medida que la firma de El Bigotes recibía pagos de constructoras.
A lo largo de 2008, por ejemplo, la “deuda viva” del PP valenciano con la empresa de la trama había ido creciendo por la organización de multitud de actos. Entre ellos, varios relacionados con el XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en Valencia, en el que el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se afianzó al frente del partido.
Es el caso de los servicios Fiesta del PP congreso (20.358 euros) o Catering congreso (51.681 euros). En noviembre de 2008 la deuda total de los populares con Orange Market ascendía a 560.367. Hacienda comprueba, analizando las contabilidades A y B de la empresa, que ese importe se ve reducido en 180.000 euros gracias a las aportaciones de Sedesa y Lubasa, dos de las empresas investigadas por financiar ilegalmente al PP.
La dependencia que el partido tenía respecto a Orange Market en esa época queda patente en el hecho de que el siguiente recuento de deuda del PP analizado por la Agencia Tributaria, poco más de un mes después, había vuelto a ascender a 915.288 euros. La mayor parte de la misma provenía, a su vez, del XII Congreso del Partido Popular valenciano, recogido en dos asientos contables con idéntica fecha y abultados importes: 12º Congreso regional (382.676 euros) y Ampliación de congreso (168.000 euros). El cónclave popular por sí solo generó, por tanto, una deuda de 550.676 euros con Orange Market. Los inspectores vuelven a detectar que esta se ve reducida por un pago de 116.000 euros de otra constructora, Enrique Ortiz e Hijos.
La Agencia Tributaria detecta numerosas irregularidades fiscales y concluye que entre 2005 y 2008 la sociedad eludió el pago de 2,28 millones de euros a Hacienda por IVA e Impuesto de Sociedades.
La rama valenciana del caso Gürtel investiga también el fraccionamiento de la contratación con de Orange Market, realizada por multitud de departamentos de la Generalitat para eludir los procedimientos administrativos y poder adjudicársela a dedo a la firma de El Bigotes.
Una testigo, Rosa María Marín, que fue jefa de área en la dirección general de la Mujer, declaró ayer que a partir de 2006 su departamento perdió la competencia para organizar actos, que pasó a estar centralizada en la Consejería de Bienestar Social. Poco después, se celebró el acto Violencia de género. Tolerancia 0, que la consejería, dirigida por Alicia de Miguel encargó a Orange Market. El acto fue dividido en dos, de forma que ninguna de las dos facturas superase los 12.000 euros, lo que hubiera impedido concederlas directamente. Una factura fue por “Iluminación, sonido, fabricación e impresión de lonas, artes finales, tarima y enmoquetado” (11.560 euros). Y la otra, por “Organización del acto, personal, trabajo artístico y coordinación” (9.392 euros).
La testigo aseguró que, dado que no se encargó de organizar el acto, no se detuvo a repasar el objeto que figuraba en las facturas. Si se hubiera fijado, añadió, no las hubiera firmado
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/09/valencia/1368126457_251206.htmlLOS CABECILLAS DE GÜRTEL SE NIEGAN A DECLARAR EN UNA PIEZA POR DELITO FISCAL
Los presuntos cabecillas del 'caso Gürtel', Francisco Correa, Álvaro Pérez --conocido como 'El Bigotes'-- y Cándido Herrero se han negado a declarar ante el magistrado José Ceres, que instruye el procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por supuesta financiación irregular del PPCV. Por su parte, Pablo Crespo sí ha querido responder, pero tan solo a las cuestiones formuladas por el letrado de la imputada Mónica Magariños, exempleada de Orange Market S.L.
Correa, Pérez, Herrero y Crespo estaban citados este miércoles en el tribunal valenciano para declarar por la pieza número seis del 'caso Gürtel', que investiga un supuesto delito fiscal de Orange Market. Antes de comenzar los interrogatorios, los letrados de Correa, Crespo y Herrero han solicitado suspender las declaraciones previstas por la petición de nulidad que se ha realizado ante el tribunal de Madrid, en relación con las intervenciones telefónicas. El magistrado instructor ha rechazado esta solicitud, según ha informado el TSJCV.
El primero en llegar al tribunal valenciano, en torno a las 9.30 horas, ha sido Álvaro Pérez, quien ha asegurado a los periodistas que estaba "tranquilo", al que ha seguido unos minutos más tarde Cándido Herrero, mientras que Correa ha aparecido cerca de una hora después, y Crespo a las 10.40 horas, apenas cinco minutos antes de su citación.
A las 10.50 horas, Cándido Herrero ha abandonado el TSJCV, sin realizar declaraciones a los medios de comunicación, y en torno a las 11.30 horas, ha salido Álvaro Pérez, quien ha confirmado que se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez. Además, ha apelado a la "presunción de inocencia" y, en este sentido, ha reprochado a los "jefes" de los medios de comunicación que "con unos se la cogen con papel de fumar y con nosotros, o conmigo --ha dicho--, se la pasan por el arco del triunfo".
"Defienden siempre que la justicia sea igual para todos, pues para todos o para ninguno, pero unos presuntos y otros cabecillas es horrible", ha reivindicado Pérez, quien ha criticado que se dirijan a él "como 'señor Pérez' y luego en el periódico como 'el Bigotes', que por cierto ahora es 'el Barbas'", ha apostillado.
En la misma línea, ha espetado: "presunción de inocencia para todos o para ninguno, pero para unos 'superseñores' y para otros directamente cabecillas, no". Además, ha recalcado que no se trata de "un favor" que pide, sino de "un derecho" que tiene.
Tras esas afirmaciones se ha limitado a confirmar que no había declarado ante el juez y se ha marchado, aunque después se ha parado para hacer un donativo de diez euros en la mesa petitoria instalada ante el TSJCV en el día de la cuestación anual contra el cáncer, a cuyas representantes ha declarado: "no soy solamente víctima de estos señores, sino del cáncer también, me acaban de operar hace poquito", ha dicho.
Por último, han salido Correa --que ha rehusado responder a las numerosas preguntas de los periodistas-- y Crespo, quien ha afirmado que estaba "muy tranquilo": "lo estoy desde el primer día", ha aseverado. También ha comentado que tiene una relación "perfecta" con Correa: "Paco y yo somos amigos del alma desde hace muchos años, y lo seguimos siendo", ha señalado.
Asimismo, ha indicado que no le han solicitado que se someta a una prueba de voz, y ha agregado, preguntado por si ha hablado con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que no le conoce "de nada". En este sentido, ha puntualizado: "yo al señor Camps le he visto dos veces en mi vida, y una de ellas fue en el famoso juicio de los trajes, en el que vine conducido por la Guardia Civil", ha recordado.
Por su parte, su letrado, Miguel Durán, ha afirmado que en esta causa hay circunstancias "suficientemente graves de nulidad", en relación con las intervenciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón, y ha apuntado que este martes se dio a conocer una resolución de la Audiencia Nacional que "revuelca una resolución del juez instructor que denegaba también la nulidad de las conversaciones que José Luis Peña grabó ilicitamente a Correa y que". "Por tanto, se abre ahí otro nuevo horizonte de nulidades que sin duda va a traer bastante cola en esta causa", ha apostillado.
Por estos motivos, ha insistido en que los letrados mantienen la tesis de que sus representados "no tienen por qué declarar hasta que no se esclarezcan todos estos supuestos de nulidad que a nosotros nos parecen absolutamente claros".
Sobre este procedimiento, el letrado considera que en Valencia "se ha hecho una causa general indiscriminada.
Es como si cualquier cosa que hubiera hecho Orange u otras empresas relaciones con ésta, hubiera tenido que ser necesariamente ilegal. Porque estamos ante una causa general que, además ,ha sido sin garantías y por tanto inquisitorial", ha lamentado.
"Estos señores --ha agregado-- parten por desgracia de la presunción de culpabilidad y arrastran ya una pena de banquillo de más de cuatro años, y ante eso es normal que las defensas hagamos mucho hincapié en que si causa tiene su origen en una clara maniobra política". "De momento se ha destrozado la vida de Crespo, porque no puede ni trabajar ni hacer prácticamente una vida normal, es como una muerte civil anticipada, y esto es radicalmente injusto", ha apostillado.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gurtel-correa-crespo-alvaro-perez-candido-herrero-niegan-declarar-pieza-supuesto-delito-fiscal-20130508133120.html
CORREA, CRESPO Y 'EL BIGOTES' DECLARAN EL 8 DE MAYO EN EL TSJCV POR EL CASO GÜRTEL
Los imputados están citados entre las 10 y las 11.15 horas para declarar por un supuesto delito fiscal
Los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y los responsables de Orange Market, Álvaro Pérez "el Bigotes" y Cándido Pérez, están citados a declarar como imputados mañana en el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) por supuesto delito fiscal.
Los imputados están citados entre las 10 y las 11.15 horas de la mañana en la sede del TSJCV, organismo que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana vinculada con la trama Gürtel.
Las declaraciones se enmarcan en la sexta pieza separada de la causa sobre la supuesta financiación irregular del PPCV, en la que se investigan supuestos delitos contra la Hacienda Pública atribuidos a la empresa de la trama Gürtel Orange Market y a otras sociedades vinculadas con ellas.
Esta supuesta evasión fiscal deriva de las dos primeras piezas de la causa, en las que se indaga sobre delitos electorales presuntamente cometidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y en los comicios generales de 2008.
En ellas se hacía referencia a delitos relacionados con el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre sociedades de Orange Market correspondientes a 2007 y a un delito continuado de falsedad.
También se indicaba que podían serlo por el concepto de retención del trabajo personal de Orange Market de 2007, y respecto de 2008 se indicaba que podían ser constitutivos de delitos contra la hacienda pública o contables y de un delito continuado de falsedad.
http://www.lasprovincias.es/20130507/mas-actualidad/politica/bigotes-correa-gurtel-tsjcv-201305071223.htmlEL JUEZ INVESTIGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN TODOS LOS MUNICIPIOS
El instructor de Gürtel reclama todos los contratos que firmaron con El Bigotes
La vertiente valenciana del caso Gürtel, que incluye la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP por parte de una decena de empresas constructoras en la época del boom del ladrillo y la obra pública, sigue complicando el futuro del partido. El magistrado instructor en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, ha reclamado por medio de una providencia a todas las delegaciones municipales de la formación en la comunidad autónoma “una relación de contratos celebrados con Orange Market”, la sucursal en Valencia de la red que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, así como “los pagos efectuados a dicha entidad”.
El juez requiere dicha información referida a los años 2007 y 2008, que fue cuando supuestamente los populares financiaron irregularmente las campañas de las elecciones municipales y autonómicas (en el primer caso) y generales (en el segundo). Para evitar las posibles fórmulas de ocultación de los verdaderos servicios prestados por la trama corrupta, el magistrado ordena que se le remitan los contratos firmados por “todo tipo de actos, sean o no electorales”.
En la causa están imputados, además de los cabecillas de la trama Gürtel, el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas; el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla; el ex número dos del PP valenciano Ricardo Costa, la extesorera Yolanda García, y el exvicesecretario general del partido David Serra. Todos, salvo Bárcenas, son diputados en las Cortes Valencianas. Junto a ellos, están imputados los responsables de las empresas Lubasa, Grupo Cyes, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba, Piaf y Construcciones Hormigones Martínez.
Varias de las empresas cambiaron de denominación tras el estallido del caso Gürtel, en febrero de 2009. Para evitar confusiones, el magistrado requiere al Registro Mercantil la certificación del “historial de las sociedades”. Y al Registro de Patentes y Marcas, las “inscripciones y modificaciones de las marcas y nombres comerciales” que se hubieran producido.
Las constructoras, que se beneficiaron de grandes contratos del Gobierno valenciano durante los mandatos del expresidente Francisco Camps, ocultaron, según la Fiscalía Anticorrupción, el pago de actos electorales del PP bajo falsos contratos suscritos con Orange Market en los que se fijaban distintos conceptos. El juez solicita por ello al hotel Melià Valencia Palace y al Palacio de la Exposición de Valencia información sobre la celebración en sus establecimientos de las entregas de premios de la Fundación Sedesa entre 2003 y 2008. El instructor requiere igualmente varias facturas concretas de Orange Market al PP y la Agencia Valenciana de Turismo.
El magistrado no encuentra al responsable de la contabilidad
El magistrado instructor del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha requerido a la dirección nacional del PP “la identificación de la persona responsable de la contabilidad durante el periodo de 2007 a 2009”. Ceres toma la decisión después de que todos los cargos con aparente responsabilidad en la materia, incluido el extesorero nacional del partido Luis Bárcenas, se hayan desentendido del control de la contabilidad de la formación y de las relaciones con empresarios.
La exgerente del PP valenciano e imputada, Cristina Ibáñez, por ejemplo, asegura en el último escrito que ha remitido al juez que ni ella ni Costa estaban autorizados en la cuenta bancaria del partido para los comicios locales de 2007. Los autorizados, según Ibáñez, fueron dos alcaldes, Juan José Medina (Moncada) y Vicente Betoret (Vilamarxant) y el gerente del PP de la provincia de Valencia, Juan Moscardó, también vocal del partido en Ontinyent.
El juez también requiere a la Consejería de Economía documentos sobre otra de las seis piezas separadas que forman la causa en Valencia, la del pabellón de Grandes Eventos que la Generalitat contrató para la feria turística Fitur en la edición de 2009, del que se encargó igualmente Orange Market. En ese pabellón de Fitur, recuerda la providencia, participaron entre otros la Ciudad de las Artes, la Ciudad de la Luz, el Palau de les Arts, Parques Reunidos Valencia y el aeropuerto de CastellóNhttp://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/03/valencia/1365013746_434294.html
EL JUEZ DE GÜRTEL INVESTIGA A FONDO LA CAMPAÑA ELECTORAL DE CAMPS DE 2007
El magistrado requiere el libro mayor, balances y extractos de la formación
Ceres quiere saber cuántas vallas se instalaron, dónde y quién las contrató
El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha ordenado una batería de diligencias para desentrañar las cuentas de la campaña electoral de las autonómicas de 2007, en las que Francisco Camps fue reelegido presidente de la Generalitat. El magistrado mantiene imputada a la mayor parte de la dirección regional del partido en aquella época, entre ellos Ricardo Costa, así como al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, a quienes la Fiscalía Anticorrupción considera autores de un delito electoral (el nombre técnico de la financiación ilegal) por haber recibido importantes sumas de dinero de constructoras.
El magistrado ha reclamado a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana toda la documentación sobre la contabilidad del PP valenciano. Entre ella, el libro mayor, los balances, el diario y los extractos. El juez ha tenido que reclamar a lo largo de la instrucción de forma repetida documentación al Partido Popular, tanto a la dirección regional como a la nacional. Entre los imputados en la conocida como causa de financiación ilegal del PP valenciano se encuentra el extesorero nacional del partido, Luis Bárcenas.
El juez ha requerido, en paralelo, información exhaustiva a 10 empresas de publicidad que hicieron trabajos para la campaña popular. La organización de los actos electorales corrió a cargo de Orange Market, la empresa de la trama Gürtel que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes.
El magistrado solicita a nueve de las empresas, radicadas en Valencia, Castellón y Alicante, información al detalle sobre la contratación de vallas publicitarias del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo de 2007, que dieron a Camps su segunda mayoría absoluta.
El juez las requiere para que detallen si las vallas contratadas lo fueron para las elecciones autonómicas y locales (que se celebran el mismo día). Así como los contratos, órdenes de publicidad, y otros documentos que regulasen la relación comercial mantenida. Y también: cuántas vallas se les contrataron; dónde; cuántos días estuvieron colgadas; el importe unitario de cada una de ellas (por día, catorcena o quincena); la fecha y el modo en que se pagó el servicio, y también la identificación completa de la persona física o jurídica que les remitió los carteles para proceder a insertarlo.
El instructor solicita información similar, pero en este caso a una empresa de publicidad con sede en Madrid y dedicada también a insertar anuncios en otros soportes. El juez requiere a la empresa para que aporte las facturas que le emitió a Orange Market en 2007, así como los contratos, órdenes de publicidad y otros documentos que fijaran las condiciones de la relación comercial. E igualmente: cuánto y cómo les fueron pagados los servicios; copias de las imágenes publicadas; su número; el tiempo que duró su inserción; la localización de los soportes donde se realizó la publicidad y también la persona física o jurídica que les remitió las imágenes que debían anunciarse.
El magistrado citó ayer para declarar como testigos, dentro de la misma línea de investigación, a tres trabajadoras de una empresa de publicidad con sede en Paterna a las que Orange Market subcontrató parte de los trabajos de la campaña de 2007. La sociedad que dirigía Álvaro Pérez percibió, según la policía, 3,3 millones de euros en 2007 por los actos electorales del PP valenciano. De ellos, solo 870.000 euros habrían sido declarados a Hacienda, mientras que los 2,5 millones restantes fueron en dinero b, e incluidos en la cuenta que la red corrupta denominaba Barcelona.
El juez también interrogó como testigos a dos empleadas públicas, una de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Sociedad Anónima (Cacsa) y la otra de la dirección general de Promoción Institucional, adscrita a presidencia de la Generalitat. En este caso, Ceres profundizaba en la investigación de los 76 contratos que el Gobierno valenciano adjudicó a dedo a la trama fraccionando para ello supuestamente su importe de forma que no superasen el límite legal de los 12.000 euros, que hubiera requerido una modalidad contractual mucho más exigente.
Una de las testigos citadas envió un correo electrónico a Cándido Herrero, número dos de Orange Market, en el que le indicaba que el importe de la facturación, cuando la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, lo hubiera decidido, se repartiría entre Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (dos tercios de la factura) y la empresa privada Parques Reunidos Valencia SA (el tercio restante).
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/22/valencia/1361564820_363474.html
© Copyright. 1998 - 2018. www.losgenoveses.net. Ningún derecho
reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 10 o
superior a 1024 x 768 píxeles )
