Malestar entre el personal de la Diputación DE CÁDIZ por los
nombramientos DE CONDUCTORES Los funcionarios del parque móvil se quejan de que Loaiza haya
designado a su exchófer en el partido como cargo de confianza
El pasado día 16 de agosto, el Boletín Oficial de la Provincia publicaba
el nombramiento como funcionarios eventuales de Diputación de seis
personas. Uno de ellos era el nuevo jefe de Gabinete del presidente,
otros dos eran nombrados coordinadores técnicos y los tres restantes
eran contratados como técnicos de Secretaría.
Una vez que han pasado las
semanas y cada uno se ha ido incorporando a su puesto de trabajo hay un
aspecto que llama la atención, y es que uno de ellos, a pesar de tener
el nombramiento de técnico de Secretaría, está haciendo las funciones de
conductor del coche del presidente provincial, José Loaiza.
Más allá de valorar si es
conveniente que uno de los puestos de asesor a que tiene derecho el
equipo de Gobierno esté ocupado por un conductor, siendo ésta una
cuestión que solo compete al partido que gobierna, los conductores del
parque móvil están molestos por lo que consideran un menosprecio a su
profesionalidad.
Según denuncia Francisco
Hernández, miembro de la Junta de Personal de la institución provincial,
los conductores están «muy enfadados». Explica este funcionario de la
Diputación que «desde hace 30 años el chófer del presidente se ha
elegido de entre la plantilla del parque móvil». Hernández cree que
detrás de esta situación se detecta una clara desconfianza por parte del
nuevo Gobierno hacia «todo lo que huela al partido que mandaba antes».
En este sentido, el trabajador
asegura: «Los conductores tenemos claro cuál es nuestra función. Nuestra
obligación es conducir, sin importar quien vaya dentro del coche».
Hernández explica que «en treinta años jamás ha habido ni una sola queja
porque alguien haya contado nada de lo que se habla dentro de los
coches. Lo que tienen que tener claro es que dentro del trabajo la única
ideología es la de cobrar a fin de mes». Por todo esto no entiende que
se esté «arrinconando y quitando los coches» a cualquiera que estos
últimos años haya sido chófer de un presidente o de un vicepresidente.
En la actualidad la plantilla de
conductores del parque móvil de la Diputación Provincial está compuesta
por 21 personas. La mayoría de ellos son funcionarios, excepto algunos
que están esperando a poder consolidar su plaza.
Francisco Hernández aclara que
todos han pasado por un proceso de selección para ocupar su puesto de
trabajo, además de recibir cada año cursos de conducción profesional. El
funcionario alberga serias dudas de que el conductor 'de confianza' del
presidente cumpla con todos los requisitos que se les exige al resto de
los compañeros.
A juicio de este representante
de los trabajadores «ya la forma de contratar a este compañero, contra
el que hay que dejar claro que no tenemos nada, porque es un trabajador
más, dudamos que sea la más adecuada. No entendemos por qué se hace un
nombramiento para un puesto administrativo a una persona que después va
a trabajar como chófer».
Existen evidentes diferencias
entre el nuevo conductor del presidente y sus compañeros en la
Diputación. La primera es el sueldo, que asciende a 43.459,76 euros
anuales. Otra, que sí que resulta molesta para el resto de trabajadores
del parque móvil, es que todos, incluidos los que en algún momento han
sido chóferes de los presidentes, siempre han tenido que fichar a la
entrada y la salida, justificando el cumplimiento de su jornada laboral,
«mientras que él, como es un cargo de confianza, no tiene que hacerlo».
Según comentan los trabajadores,
el nuevo técnico de Secretaría o chófer 'de confianza' de José Loaiza ya
había desempeñado este trabajo para él, conduciendo el vehículo con el
que el dirigente popular se desplazaba por la provincia para participar
en diferentes actos del partido. Todo antes de haber sido elegido
alcalde de San Fernando y presidente de la Diputación de Cádiz.
El malestar de sus compañeros
llega al punto de estar planteándose la posibilidad de pedir que se
aclaren públicamente las circunstancias que rodean a esta contratación
EL CONSELL GASTÓ 53.000 EUROS EN COMBUSTIBLE PARA
EL COCHE DEL PRESIDENTE EN 2010
La Generalitat dispone de un parque móvil de 109
vehículos para sus altos cargos - El Audi A8 del jefe del Consell ha
consumido 34.000 euros de gasoil entre enero y agosto de 2011 , más que
los coches asignados a Cultura o Educación que han gastado 20.000 y
15.000 euros respectivamente
El coche oficial del presidente de la Generalitat
consumió 53.000 euros en combustible en 2010, según se contabilizó en el
programa presupuestario 050201, asignado a Presidencia. Además, la línea
del presupuesto 050102 contabilizó otros 13.480 euros de gasoil a la
subdirección de Organización, dependiente del gabinete del jefe del
Consell. Este año, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes
conocedoras de los datos, el vehículo de alta gama que utiliza el jefe
del Consell, concretamente un Audi A8 blindado, lleva gastados 34.000
euros de gasóleo entre los meses de enero y agosto, que extrapolado a
los 12 meses del año vendría a tener un consumo similar al del pasado
ejercicio.
Así, el vehículo del presidente habría gastado en
2010 157 euros al día en gasoil, 1.100 semanales, una cifra similar a
los 164 euros diarios que consume de media un camión de 40 toneladas que
realiza una ruta nacional. El blindado del jefe del Consell gastaría
menos que un tanque "Leopard", con sus 190 litros a los 100 kilómetros
(209 €/día), pero mucho más que el carro de combate americano "Abrams",
que se queda en 59 litros por cada 100 kilómetros (64,9€/día). Cabe
recordar que un turismo gasta de media unos 8,8 euros al día.
Los coches oficiales se han convertido en objeto de debate político
después de que las administraciones decidieran pasar la tijera. La
Generalitat dispone a día de hoy de un parque móvil de 109 vehículos
para el presidente, sus consellers y todos los secretarios autonómicos,
subsecretarios y directores generales. Son menos que los 127 del pasado
año tras el recorte de altos cargos realizado por Francisco Camps.
Sólo el presidente de la Generalitat y sus 10
consellers disponen de un vehículo asignado. Por cuestiones de seguridad
al estar amenazada por ETA, la secretaria autonómica de Familia, Gotzone
Mora, también tiene a su disposición un coche y cuatro chóferes para sus
desplazamientos por territorio nacional. Para sus viajes y actos, los
subsecretarios y directores generales deben solicitar y justificar el
uso del coche.
Estos gastos de combustible se pagan por caja fija y
se contabilizan en el programa presupuestario denominado "Combustible" y
que depende de cada conselleria. A final de año todo debe presentarse
ante la Conselleria de Hacienda. Los chóferes son los que justifican el
coste del gasoil al no tener la administración pública un surtidor
propio. La cartera dirigida por José Manuel Vela es también la que abona
las multas por exceso de velocidad de los coches oficiales.
Unos dos millones al año
Así, según cálculos realizados por este periódico,
entre todos los coches oficiales podrían superar anualmente los dos
millones de euros de consumo en gasoil. Un ejemplo son los vehículos de
Cultura (6) y Educación (8) que han gastado 20.000 y 15.000 euros
respectivamente entre enero y agosto de 2011.
Con la anterior administración, antes de la
remodelación del Consell que redujo de 14 a 10 las consellerias,
Presidencia disponía de tres vehículos al servicio del presidente y
cuatro para altos cargos. Industria era la cartera con más coches
propios al tener 16 y Justicia 14. Infraestructuras tenía 10, Economía 9
y Educación y Sanidad 8 respectivamente. Bienestar Social tenía a su
disposición 7 automóviles y Solidaridad seis. Las carteras de Cultura,
Agricultura, Gobernación, Turismo y Medio Ambiente sumaban 24 coches
oficiales entre todas. Este número asciende a 109, que con los recortes
de consellerias no se han visto afectados de momento
www.levante-emv.com 16.09.11
NUEVO ESCÁNDALO EN LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA:
CONDUCTOR PRESIDENCIAL CON ‘SUELDAZO’ DE ASESOR
La Diputación de Málaga, en muy pocos meses, se ha
ganado un lugar destacado como un foco de escándalos y simbolizando la
antítesis de la austeridad falsamente preconizada por el PP de Arenas y
Rajoy. El portavoz socialista ha denunciado que en la relación de cargos
de confianza del presidente Bendodo, consta la contratación, como asesor
técnico de Presidencia, de su conductor, con un sueldo bruto de 54.000
euros anuales
Tras contratar un asesor para asuntos taurinos -tema
en el que no tiene competencia- los populares derrochan en 'austeridad':
despiden a trabajadores mientras premian a los más cercanos con salarios
de categoría superior
Tras contratar un asesor para asuntos taurinos -tema
en el que no tiene competencia- los populares derrochan en 'austeridad':
despiden a trabajadores mientras premian a los más cercanos con salarios
de categoría superior
No es la primera vez que el Presidente de la
Diputación malagueña, a la vez que máximo responsable provincial del PP,
incurre en un escándalo por cuestiones relacionadas con altos sueldos y
nombramientos de asesores miembros del Partido Popular. Recientemente,
como publicó ELPLURAL.COM, Bendodo designó como asesor para
"Asuntos Taurinos" al ex alcalde de Benalmádena, que tras las elecciones
fue desalojado del sillón municipal. Un puesto tan singular como escaso
en competencias como el de el ex alcalde, está siendo remunerado con
cargo a los fondos públicos de la Diputación. Enrique Moya, ex alcalde
de la localidad costasoleña se ha beneficiado de un puesto creado ‘ex
profeso’ para él y con una remuneración de 47.000 euros. Esto tiene
lugar tras las promesas de austeridad realizadas por el máximo dirigente
del organismo, Elías Bendodo
Conductor, asesor técnico y 55.000 euros
Ahora Bendodo repite escándalo con el conductor que
ha contratado a cargo del erario público, como cargo de asesor técnico,
entrando por la puerta de atrás con la categoría de "asesor técnico" y
con unos emolumentos de 55.000 euros anuales.
Nombrado tras tomar posesión
No tardó mucho el Presidente del PP malagueño en
contratar al conductor-asesor. El conductor fue nombrado el 15 de
julio de este año según el decreto de Presidencia con número 3610/2011,
sólo un día después del pleno de organización de la institución, "es
decir, una de las primeras decisiones del nuevo presidente fue la
contratación a dedo de su conductor", ha explicado el portavoz
socialista. "Esta contratación es una clara constatación de que la
política de austeridad del PP es un simple paripé", ha añadido. "Además,
dentro de la opacidad que está caracterizando la gestión del PP en la
Diputación, la denominación del puesto del conductor dista mucho de las
tareas reales que realiza", ha insistido.
De los sueldos más altos
El sueldo del conductor del presidente está entre los
diez más altos de la relación de cargos de confianza, casi al mismo
nivel de las retribuciones del coordinador del área de Modernización y
Atención a Municipios, Carlos García.
Tres conductores al desempleo
Pero la contratación de un conductor a dedo contrasta
con la decisión adoptada hoy por el equipo de gobierno con la excusa de
la austeridad y la supuesta negativa situación económica de la
institución. Como asunto urgente en la Comisión de Modernización y
Especial de Cuentas el PP ha aprobado la amortización de tres plazas de
conductores del Parque Móvil, sin consenso con los sindicatos, "con lo
que tres trabajadores de la Diputación se irán al desempleo". Los
trabajadores llevaban más de tres años como interinos.
"Dieta Bendodo"
"El PP sigue despidiendo a empleados de la Diputación
de Málaga. Esto es un hecho objetivo, no caben interpretaciones", ha
explicado Conejo. "El PP aplica en la Diputación la ‘dieta Bendodo’, el
despido de trabajadores, ése es su verdadero plan de austeridad", ha
remarcado. "Son los nuevos casos que conocemos, tras el despido de once
empleados de la oficina de planeamiento. No cabe duda de que van a
recortar o eliminar pronto otros servicios, sobre todo las políticas
sociales", ha agregado.
El PP destruye empelo en la Diputación
Para el portavoz socialista en la Diputación, "queda
claro que el PP no crea empleo, que su promesa de generar empleo es
falsa, sino que destruye empleo", ha denunciado. Ante la situación, el
Grupo Socialista de la Diputación va a mantener una ronda de contactos
con los representantes sindicales de los trabajadores, "porque nos
tememos que los despidos no han hecho nada más que comenzar mediante el
proceso de amortización de plazas".
www.elplural.com 14.09.11
LA CONCEJALA BEATRIZ SIMÓN INSTALA EN EL COCHE
OFICIAL LA SILLITA PARA SU HIJO
Vecinos de la edila en Cullera se indignan por la
"privatización" del vehículo con el que se desplaza a diario
Lo que para la concejala de Innovación, Beatriz
Simón, es un orgullo -"ser una madre trabajadora que deja a su hijo en
el colegio antes de iniciar su jornada laboral"- ha generado indignación
entre algunos de sus propios vecinos que consideran "una privatización
de los coches oficiales" el hecho de que el vehículo que utiliza la
edila para desplazarse lleve incorporada una sillita de viaje para
niños.
El pasado 1 de septiembre, a las 9 horas, el coche
del escolta que acompaña a Beatriz Simón se desplazó hasta una
urbanización de Cullera para recoger a la concejala y trasladarla al
ayuntamiento de la capital. A las 15 horas, el escolta devolvió a la
concejala a la urbanización ya que durante la primera semana de
septiembre se encontraba en Cullera, donde se había desplazado por
vacaciones, según afirmó la propia Simón a Levante-EMV. La situación se
repitió durante toda la semana, donde la concejala iba y venía de
Cullera a Valencia sin percatarse del malestar que provocaba en sus
vecinos ver cómo Beatriz Simón viajaba en un coche "que más que oficial,
parecía de su uso particular". Y es que, en su primer día de trabajo, la
concejala aprovechó el "viaje de ida" a Valencia, para llevarse una
maleta y facilitar, así, su regreso de las vacaciones. Los vecinos
calificaron este hecho de "vergonzoso".
Sin embargo, Beatriz Simón hinchó pecho ayer al ser
preguntada por Levante-EMV sobre este asunto ya que si bien es cierto
que es concejala del ayuntamiento -y por ello siempre va acompañada por
un escolta-, también lo es que es madre. "Todo esto es mucho más natural
de lo que la gente se piensa. En primer lugar hay que especificar que el
coche no es oficial. Es el vehículo del escolta que me acompaña, me
guste más o menos, por motivos de seguridad. Y como madre trabajadora
que soy, antes de comenzar mi jornada laboral, dejo a mi hijo en el
colegio. Y si me desplazo en el coche del escolta, pues debo llevar la
silla para mi hijo. No hay más", explicó Beatriz Simón.
Por último, la concejala popular consideró un
"absurdo" que este hecho "le moleste a nadie" ya que "intento que mi
hijo no note las medidas de seguridad a las que estamos sometidos desde
que existe amenaza terrorista y que viva con naturalidad el trabajo de
su madre".
www.levante-emv.com
06.09.11
Villalobos: ´No son más
tontos porque no se entrenan´
La Sexta recupera unas
curiosas imágenes de la diputada malagueña Celia Villalobos a la salida
del Congreso
Anoche, el programa 'El
Intermedio' emitió un vídeo de la diputada malagueña Celia Villalobos (PP)
a su salida del Congreso de los Diputados. El gran Wyoming insistió en
recordar a los espectadores que las imágenes no estaban manipuladas.
Según indicó la propia cadena televisiva, las imágenes no son nuevas,
son de 2007. Celia Villalobos se desespera ante la tardanza de su
chófer, dedicándole a sus escoltas frases del tipo: "Vamos Manolo", "No
son más tontos porque no se entrenan" o "Al final el mío (el coche) va a
ser el último".
Los consejeros equiparan a sus
conductores al rango de asesor
Los conductores que
trasladan en los coches
oficiales a los integrantes
del Consell -desde el
presidente Francisco Camps
hasta el último de sus
consejeros- ya no son
personal laboral de la
Generalitat. Desde el 1 de
abril, su rango se ha
equiparado al de los
asesores y son personal
eventual de confianza.
Es decir, ahora serán los
miembros del Gobierno
valenciano quienes nombrarán
a dedo a la persona que les
va a llevar durante sus
traslados.
Esta medida es posible,
después de 25 años de
autonomía, debido a que el
Partido Popular modificó la
ley de Función Pública para
cambiar la condición
contractual de los
conductores después de que
el sindicato FSP-UGT
denunciase que muchos de
ellos realizaban una
cantidad ingente de horas
extra y que los consejeros
utilizaban el vehículo
oficial para actividades
privadas como ir a misa los
domingos.
Los nombramientos afectan a
28 personas -dos conductores
por consejería-.
“Yo
para ser feliz quiero un camión”, cantaba
Loquillo. La frase, sin embargo, bien podría
firmarla ahora José Luis Royo, conductor “de
confianza” del Gobierno riojano y ex alcalde del
PP de Alcanadre. Y es que Royo, a la felicidad
que le debe suponer su salario estratosférico,
puede ya sumar el hecho de ser el funcionario
que conducirá el camión del banco de sangre del
Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR).
Y todo a pesar de las oscuras circunstancias en
las que ha ganado dicha plaza pública.
José Luis Royo ha
olvidado ya la época en que guió los
destinos del municipio riojano de Alcanadre
y ahora se dedica a conducir sólo coches.
Concretamente los de la Consejería de
Sanidad del Gobierno riojano que dirige el
popular Pedro Sanz, alias Pedrone.
De confianza En esa Consejería, Royo trabaja como
conductor “de confianza”, que en política
significa nombrado a dedo, desde
2004. Se trata de un rango que muestra el
compromiso de quien te lo otorga, pero que
puede poner en peligro tu puesto ante un
eventual cambio de color en el Gobierno. Así
las cosas, es lógico que Royo quisiera
entrar en el grupo de conductores fijos. Lo
consiguió en 2006, hasta que sus propios
compañeros denunciaron que había conseguido
la plaza sin tener los carnets necesarios.
El camión Ahora, el destino parece haber sonreído a
Royo y ya tiene la plaza de funcionario que
le fue arrebatada en 2006: será conductor
del camión del banco de sangre del CIBIR.
Quizás, con su camión, él sea feliz, pero no
lo son los otros candidatos a los que ha
pasado por encima, sobre todo aquellos que
tenían más puntos para el puesto y que han
interpuesto quejas ante la Fiscalía y la
Defensora del Pueblo.
Dietas y más
dietas Y es que no son pocos los que tienen “la
mosca detrás de la oreja”. De hecho, Royo ya
había protagonizado otras polémicas por el
misterio que rodea su alto salario. Entre el
2005 y 2008, Royo ha cobrado, sólo en horas
extras, 52.004 euros. Una cantidad que dobla
la media del resto de sus compañeros.
Además, en 2008 superó de largo (con 5.184
euros) la cifra media cobrada por dietas, lo
que le convirtió en el conductor mejor
pagado de todo el parqué automovilístico
riojano.
2.384
kilómetros al día No es la primera vez que el Ejecutivo
riojano es señalado por
asuntos de ruedas.
En marzo,
El Plural informó de
que el Gobierno de Pedrone cuenta en
su haber con 25 Audi,
lo que le valió las críticas del Partido
Riojano (PR). Esta formación también desveló
que los coches oficiales habían rodado
870.182 kilómetros en 2008. 2.384 kilómetros
al día, contando los festivos. Y eso que La
Rioja es la segunda Comunidad Autónoma más
pequeña después de Baleares.
A la espera
de un mus
Pero lo más significativo de todos estos
movimientos automovilísticos son las horas
extras realizadas por los conductores, un
tema del que José Luis Royo es todo un
entendido. El PR defiende que los chóferes
las cobren, “porque las han realizado”,
aunque critican que “hay consejeros que
llevan en el coche oficial a sus niñas al
colegio” o que “haya un conductor esperando
cinco horas en un restaurante a que un
consejero coma y juegue al mus”.
La legislación en materia de
Tráfico no vale para el consejero de Presidencia del Gobierno
conservador de La Rioja, Emilio del Río. Al menos eso es lo que denunció
ayer el PSOE de esa comunidad autónoma.
Según el relato de los
socialistas, Del Río exigió al conductor de un coche oficial saltarse
los límites para llegar a Zaragoza antes de que partiera su tren. Tras
la negativa del conductor, Del Río le habría quitado las llaves del Audi
A6 y se habría puesto a conducir a más de 200 kilómetros por hora. El
PSOE pide su cese o su dimisión.
"Era materialmente imposible
que se pudieran recorrer estos kilómetros en ese tiempo con las
limitaciones de velocidad que marca la ley", recoge un comunicado de los
socialistas, que critica la doble moral del Gobierno regional al pedir
prudencia en la carretera y, al mismo tiempo, saltarse las normas y
conducir peligrosamente.
En el escrito, apuntan que
"el Gobierno de Sanz hace aguas, sus consejeros no tienen ética, han
tomado a La Rioja por su cortijo y se creen que todo les está permitido,
creyendo que nada tiene consecuencias y que nadie osará reprobar sus
conductas". Los socialistas añaden que el asunto se ha convertido "en la
comidilla de cientos de funcionarios escandalizados por la
irresponsabilidad del consejero de Presidencia".
LA MANO DERECHA DEL
PRESIDENTE RIOJANO ECHÓ AL CHÓFER DEL COCHE OFICIAL PARA PODER PISAR A FONDO
ACELERADOR
¿Cómo se puede salir de Logroño
a las 11,30 horas y llegar a Zaragoza, a una distancia de 172 kilómetros, a
las 12,32 para coger un AVE dirección Madrid? ¿Y cómo hacerlo en coche
oficial, cuando el conductor se atiene a su trabajo y a su responsabilidad
para no sobrepasar los límites de velocidad que rigen para todos los
conductores?
El consejero de Presidencia de
La Rioja, Emilio del Río, tiene la respuesta, que no es otra que obligar al
conductor a dejar el volante y ponerse directamente a los mandos del
automóvil, según ha denunciado el PSOE, quien reclama su dimisión. Del Río,
la mano derecha del presidente Pedro Sanz, es además el responsable del área
de juventud del Ejecutivo regional y el encargado de presentar las acciones
gubernamentales para pedir responsabilidad al volante.
El consejero de Presidencia
riojano obligó al conductor de su coche oficial a dejarle el volante cuando,
después de circular unos 50 kilómetros desde su salida de Logroño, vio que
la resistencia del chófer a transgredir los límites de velocidad cómo le
estaba ordenando le iban a suponer perder su tren hacia Madrid, donde no le
esperaba ningún acto público. Así lo denuncia el PSOE riojano, desde donde
se insta al “cese o la dimisión” de Del Río “por su actitud irresponsable y
posiblemente ilegal”.
Escrito del conductor
Los hechos, que tuvieron lugar
la última semana de noviembre, fueron recogidos por el conductor del coche
oficial, quien a su regreso a Logroño presentó un escrito al Gobierno
regional para que quedara constancia de los hechos, ya que la
irresponsabilidad de Del Río al volante podía derivar para él la pérdida de
puntos del carnet, consecuencias judiciales o de su puesto de trabajo, al
ser un profesional de la conducción de vehículos públicos. Además, desde el
inicio recibió presiones de la Administración regional para que retirara su
escrito, por lo que se teme por el futuro de este empleado.
La cara de la responsabilidad al
volante
La situación se agrava además
porque el consejero Del Río es el responsable dentro del Ejecutivo de Sanz
de presentar las campañas regionales de prudencia en la carretera y también
es el responsable del área de juventud. Por ello los socialistas creen que
es un pésimo ejemplo cuando “es el primero que se salta las normas y conduce
peligrosamente y a altas velocidades” a más de 200 km por hora, y también
insta a otros a que las incumplan.
“Han tomado a La Rioja por su
cortijo”
El diputado regional y
Secretario de Organización del PSOE de La Rioja, Francisco Javier Rodríguez
Peña, ha denunciado lo ocurrido en una rueda de prensa. Los socialistas
advierten de que no se trata de un hecho aislado, sino una prueba más de que
en el Gobierno de Sanz “han tomado a La Rioja por su cortijo y se creen que
todo les está permitido creyendo que nada tiene consecuencias y que nadie
osará reprobar sus conductas”.
Así, en los últimos años dentro
del Gobierno popular de La Rioja se han dado casos como la condenada por
mobbing contra la vicepresidenta regional, cuyas consecuencias además en
forma de multa se pagan con dinero público o el propio presidente Sanz,
quien entre otras cosas ha grabado con el teléfono móvil al presidente del
Gobierno de España en una Conferencia de Presidentes.
EL PP CAMBIA LA LEY PARA QUE
LOS CHÓFERES DE CAMPS Y DE LOS CONSELLERS SEAN PERSONAL DE CONFIANZA
El Partido Popular va a cambiar
la ley para que los chóferes del presidente de la Generalitat, Francisco
Camps, y de todos los miembros del Consell pasen a ser personal de
confianza. Así se desprende de la enmienda de adición a la ley de
acompañamiento presentada el pasado viernes por el portavoz adjunto del
grupo popular en las Corts, Vicente Betoret, que modifica la ley de función
pública.
Una vez la enmienda supere el trámite parlamentario, los conductores que
están al servicio directo de los miembros del Consell serán "personal
eventual, dadas las funciones de especial confianza que desempeñan", según
especifica el texto de la enmienda, a la que ha tenido acceso este
periódico.
Por definición, el personal eventual es personal de apoyo al político, con
funciones muy limitadas de confianza y asesoramiento. Un tipo de empleado
público nombrado de modo discrecional, es decir, sin ningún tipo de proceso
selectivo, o como comúnmente se dice, a dedo.
Actualmente, la Generalitat
cuenta con una plantilla de conductores, entre los que se encuentran los
chóferes de los miembros del Consell. Sin embargo, desde hace tiempo el
Gobierno de la Generalitat pretendía modificar la condición de estos
trabajadores, algo que se topaba con los sindicatos en la mesa de
negociación. Finalmente, el cambio se introducirá por la puerta de atrás, a
través de la ley de acompañamiento.
No es extraño este gesto en el
actual momento político. Hace unos meses, poco después de que estallase el
escándalo Gürtel -febrero-, trascendió el "uso abusivo" que algunos altos
cargos de la Generalitat realizaban de su coche oficial. La denuncia,
formulada por los conductores, refería que en determinados casos se
realizaban mil horas extras al año en servicios que a veces incluían hasta
desplazamientos "a misa", entre muchos otros asuntos que desbordaban la
agenda oficial. También se denunciaban irregularidades en la contratación, como que algunos
chóferes de altos cargos no salían de la bolsa de trabajo sino que
pertenecen al propio entorno de los mandatarios.
Así, esta enmienda del PP va encaminada a blindar una figura tan sensible
como la del conductor, testigo de excepción de la vida cotidiana de los
dirigentes, sus costumbres y sus conversaciones privadas; máxime en un
momento en que la conducta de la clase política se escruta al milímetro.
En los últimos meses, al margen de aquel "uso abusivo" revelado por este
diario, se han producido otros ejemplos de la estrecha confianza entre los
políticos y sus conductores. Sin ir más lejos, el propio presidente Camps
afirmaba ante el juez para demostrar que se pagaba sus trajes que en alguna
ocasión el escolta le prestó dinero -"en presencia del chófer"- para
completar el abono.
EL CHÓFER DE FABRA LE HACÍA LOS INGRESOS EN EFECTIVO, SEGÚN AFIRMAN DOS CAJERAS
Dos cajeras de una de las entidades bancarias en las que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, era titular de cuentas señalaron ayer ante el juez que quien hacía los ingresos en efectivo en ellas era el chófer del también presidente provincial del PP.
El juzgado número 1 de Nules acogió ayer el interrogatorio a ocho empleados de banca, que fueron llamados a declarar en calidad de testigos. La mayoría de ellos alegaron falta de memoria, porque las preguntas se refirieron a movimientos de dinero registrados entre 1999 y 2004.
Sin embargo, dos cajeras de Ibercaja señalaron, por separado, al chófer de Fabra como la persona que habitualmente acudía a realizar los ingresos en la cuenta de éste. Ambas dijeron que sabían que esa persona, José Del Campo, era el chófer del presidente de la Diputación y del PP provincial.
La denuncia de la Agencia Tributaria por la que Carlos Fabra está acusado de un presunto delito fiscal señala la existencia, durante 1999, de seis ingresos en efectivo realizados en esa entidad, que fueron imputados a Carlos Fabra como "ganancias patrimoniales" cuyo origen no justificó.
Las cantidades oscilan entre los 600 euros (100.000 pesetas de entonces) y los 12.000 euros (dos millones de pesetas). Sin embargo, sólo en tres ocasiones se ingresaron grandes cantidades, ya que el resto corresponde a sumas menores de 3.000 euros, montante a partir del cual los directores de todas las entidades bancarias debían comunicar a Hacienda el ingreso tras la aprobación de la norma contra el blanqueo de dinero.
En total, durante 1999 los diez bancos en los que Carlos Fabra y su entonces su esposa, María Amparo Fernández, tenían cuentas registraron más de un centenar de ingresos en efectivo cuyo origen no justificaron. El montante total asciende a cerca de 600.000 euros, de los que la Agencia Tributaria imputó al presidente de la Diputación la mitad, ya que eran cuentas compartidas.
La aparición del chófer de Fabra en el caso, en el que también se investiga la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública, no es una novedad. José Del Campo fundó en 1995 una empresa minera parte de cuyas acciones revendió a la esposa de Fabra.
BALTAR ANUNCIA QUE SU FAMILIA
SEGUIRÁ UTILIZANDO EL CHÓFER DE LA DIPUTACIÓN
José Luis Baltar seguirá utilizando
el chófer de la Diputación para los mismos fines particulares que hasta ahora.
"Estoy actuando correctamente", advirtió ayer tras insistir en la necesidad de
servirse de su "escolta" por razones de seguridad. El presidente del PP y de la
Diputación de Ourense aseguró que tanto él como su familia están "amenazados"
-pese a que las fuerzas de seguridad no tienen constancia - para justificar su
traslado en el coche oficial a algunos mítines y que el chófer de la institución
lleve a sus nietos al colegio. "Y seguirá haciéndolo, porque yo nunca le
obligué", puntualizó. Afirmó además que el funcionario está a su servicio
personal todo el día porque "es un asesor y no tiene horario" para protegerlo y
destacó que le fue reforzada su seguridad tras las elecciones autonómicas.
El dirigente del PP pasó al ataque
contra el senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza, quien el lunes le acusó de
mantener una doble moral por criticar el uso del Falcon del Ejército por el
presidente del Gobierno y utilizar él mismo con fines personales y partidistas
los servicios de la institución orensana. "Que me lleve al juzgado", retó el
popular al nacionalista.
Antes, acusó a la ex vicepresidenta
del Parlamento y actual diputada del BNG Tereixa Paz de "haber llevado en el
coche oficial a su familia" a Xinzo en una ocasión con motivo de una
inauguración; denunció de forma imprecisa que los representantes del BNG en el
bipartito llevaban en el coche oficial a gente "de dudosa personalidad" y
advirtió que Pérez Bouza, cuando era diputado provincial, "estaba empadronado en
Porqueira para poder cobrar más por desplazamientos".
La aseveración es "una mentira",
replica el portavoz provincial del BNG, Xosé Manuel Fírvida: "La Diputación no
paga desplazamientos, sino fijos por asistencia a plenos y comisiones, con lo
que da exactamente igual la distancia a la que vivas", explica.Nacionalistas y
socialistas consideran una huida hacia delante las justificaciones de Baltar
sobre el uso personal de los recursos públicos. Recuerdan que abrió la sede de
la Diputación la víspera de Reyes para que los mismos nietos que transporta el
chófer oficial siguiesen desde allí la cabalgata. "Y eso no sería por razones de
seguridad", sostiene la oposición.
Ante la insistencia en las amenazas
de las que asegura que son objeto él y su familia, el BNG registrará varias
preguntas en la Diputación para que explique "si está en un programa estatal de
protección o si fue el chófer, al que le creó una plaza con sueldo de 47.000
euros, el que le hizo ese programa".
El portavoz parlamentario del PP,
Manuel Ruiz Rivas (promotor de la campaña contra el lujo del bipartito y que
aireó denuncias sobre el uso de coches oficiales por conselleiras para acudir a
la peluquería y otros recados), permaneció ayer mudo. Siempre atento a los
"desmanes del bipartito", Ruiz Rivas dijo no estar al tanto de si el chófer de
la Diputación transporta a los nietos de Baltar como reconoció el propio
presidente orensano. "No sé si Baltar tiene nietos", se excusó.
La firma que creó el
chófer de Louzán es
la cuarta en obras
de la Diputación
La
Diputación
de
Pontevedra
adjudicó el
año pasado
ocho
contratos de
obra a la
constructora
Pavimentos
de Meaño,
creada por
el chófer de
Rafael
Louzán y
actualmente
en manos de
un familiar
directo del
funcionario,
y se
convirtió en
la cuarta
empresa que
más facturó
al organismo
provincial.
Con un
importe
adjudicado
de 1.580.000
euros en
2006, la
sociedad se
hizo con el
7% del
presupuesto
contratado
por la
institución
que preside
Rafael
Louzán.
Durante los
dos últimos
años la
cuenta de
resultados
de
Pavimentos
de Meaño ha
vivido casi
exclusivamente
de la
Diputación
Provincial,
cuyos
encargos
representan
el 86% de su
volumen de
negocio. El
año
anterior, la
sociedad
ingresó,
según los
datos del
informe de
licitación
pública,
1.839.465
euros de la
Diputación
pontevedresa,
la única de
las cuatro
gallegas que
ha
contratado a
Pavimentos
de Meaño.
Según los
datos del
registro
mercantil,
la firma
facturó
durante ese
ejercicio
2.396.330
euros.
En la cuenta
de
resultados
de
Pavimentos
de Meaño no
figura
ingreso
alguno
derivado de
obra civil y
prácticamente
toda su
contratación
(el 93%)
proviene de
instituciones
gobernadas
por
dirigentes
del PP,
afines al
propio
Louzán,
también
presidente
provincial
del partido.
Desde
principios
de 2005, la
constructora
sólo tuvo
como
clientes a
tres
ayuntamientos
(Mos, Moraña
y Vilaboa)
que no
tenían
gobiernos
del PP.
Versiones
diferentes
Louzán se ha
defendido
durante los
últimos días
alegando que
él no es el
responsable
de adjudicar
las obras en
la
diputación
que preside
y
argumentando
que siempre
había
actuado en
conciencia.
Después
calificó las
informaciones
de este
diario como
"prensa
sensacionalista"
que obedece
al único
interés de
hacerle daño
y de
menoscabar
su imagen.
El máximo
mandatario
de la
institución
dijo conocer
que Marcos
Galiñanes,
el chófer
que conduce
habitualmente
su vehículo
oficial de
la
diputación,
no figura ya
en la
sociedad
porque ha
traspasado
los poderes
y acciones
de
Pavimentos
de Meaño a
su tío, lo
que negó
minutos
después.
"Desconozco
la vida de
esa empresa
a la que
usted se
refiere",
dijo a un
periodista
de este
diario.
La decisión
de Galiñanes
de no
figurar en
los órganos
directivos
de la
constructora
se produjo
después de
que
aparecieran
los primeros
titulares
periodísticos
denunciando
un supuesto
trato de
favor por
parte de
instituciones
del PP a la
empresa del
conductor de
Louzán. El
Consello de
Contas, en
su último
informe
fiscalizador,
considera
probado que
ya durante
el año 2003
el
Ayuntamiento
de
Ribadumia,
donde Louzán
ejercía como
teniente
alcalde,
amañó
concursos y
fraccionó
contratos
para
beneficiar a
Pavimentos
de Meaño. El
BNG en la
Diputación
de
Pontevedra
está
convencido
de que el
trato de
influencias
en la
gestión del
organismo
provincial
es
"evidentísimo".www.elpais.es
16.08.07
Louzán alega que él no se
encarga de adjudicar obras a
empresas
"Nunca he hecho
ninguna llamada a
nadie para que haga
una obra u otra".
Con estas palabras,
el presidente de la
Diputación de
Pontevedra, Rafael
Louzán, respondía a
la información
publicada ayer por
este periódico en la
que se ponía de
manifiesto que el
93% de los ingresos
de la constructora
Pavimentos de Meaño,
creada por su
chófer, proceden de
la Diputación y de
alcaldes afines al
presidente
provincial del PP.
Rafael Louzán alega
que él no participa
de la comisión
encargada de
adjudicar las obras
en la diputación que
preside y que éstas,
además, se otorgan
mediante "concurso
público o subasta".
El máximo
responsable del ente
provincial asegura
que los datos
ofrecidos por EL
PAÍS son "valores
subjetivos" propios
de "prensa
sensacionalista"
cuyo objetivo es
"dañar la imagen de
una persona por
sistema". Louzán
aseguró que el
funcionario en
cuestión "no tiene
vinculación alguna
con esa empresa
desde el año 2000".
En aquel momento,
cuando los medios de
comunicación
empezaron a
denunciar las
contrataciones a
Pavimentos de Meaño,
el chófer de Rafael
Louzán traspasó los
poderes en la
empresa a su tío, Jesús Pombo Vidal,
quien desde entonces
figura como
administrador y
único accionista.
En todo caso, el
hecho de que el 93%
de los ingresos de
la constructora
procedan de la
Diputación y de
alcaldías afines a
Louzán se entiende,
en su opinión,
porque hasta el año
pasado "el 70% de
los ayuntamientos de
la provincia estaban
gobernados por el
PP". Y añade: "Yo
siempre he actuado
en conciencia".
Sin embargo, desde
las filas de la
oposición la versión
es bien diferente.
El diputado
provincial
nacionalista César
Mosquera mantiene
que "el tráfico de
influencias es
evidentísimo" tanto
en las
contrataciones de
obra como de
personal. "Hemos
recibido multitud de
quejas de los
constructores por la
política de
adjudicaciones de la
Diputación", dice
tras apuntar que
"una cosa es que
saquen las obras a
concurso y otra que
éstos se estén
manipulando mientras
haya funcionarios
que firmen... Es un
entramado muy
complejo, aunque las
vinculaciones en
este caso son
obvias".
La única salida que
vislumbran en el
Bloque a esta
situación es que "la
patronal de la
construcción
colabore y presione
para que estas
prácticas no
existan, ya que sólo
por la vía política
es verdaderamente
difícil". Como
ejemplo de ese
"entramado de
favores", Mosquera
recurre al municipio
de Ribadumia, donde
nació Rafael Louzán.
"Allí, tanto lo que
se refiere al Plan
Labora como a la
contratación de
Salomé Peña como
asesora de la
Diputación durante
cuatro años para que
pudiera cobrar, son
una muestra, porque
yo a ella nunca la
vi por el Pazo
Provincial",
concluye el
dirigente
nacionalista.
En todo caso, las
quejas de la
oposición por la
política unilateral
llevada a cabo por
el Partido Popular
en la Diputación se
han intensificado
desde las últimas
elecciones. "Es un
escándalo, ni
siquiera se han
privado de colocar a
los alcaldes que se
han quedado sin
trabajo", dijo en
referencia al
candidato
vilagarciano, Tomás
Fole, recién
nombrado director
del Ipespo, o a
Miguel Ángel Pérez,
ex regidor de O
Grove, al frente del
consorcio que
gestiona el Parque
de Bomberos de O
Salnés.
La empresa que creó el chófer de
Louzán vive de contratos adjudicados
por el PP
Nueve de cada diez euros
ingresados por la
constructora creada por el
chófer de Rafael Louzán
proceden de gobiernos afines
al presidente de la
Diputación de Pontevedra.
Durante los dos últimos
años, Pavimentos de Meaño
sólo acometió obra pública.
En 2005 las facturas del
organismo provincial y de
otros siete ayuntamientos
del PP con alcaldes próximos
a Louzán sumaron 2.303.712
euros y supusieron el 93% de
la facturación de la
empresa. En 2006, Pavimentos
de Meaño cobró de
instituciones del PP,
incluida la Diputación de
Pontevedra, otros dos
millones.
La constructora creada por
el chófer personal de Rafael
Louzán tuvo durante 2005 a
seis clientes privilegiados
en instituciones de
Pontevedra gobernadas por el
Partido Popular. De los
2.396.330 euros que la
sociedad ingresó durante ese
ejercicio, según las cuentas
depositadas en el registro
mercantil, 1.839.465
procedieron de contratos
adjudicados por la
Diputación de Pontevedra que
preside el propio Louzán.
Los ayuntamientos de
Vilanova de Arousa, Meaño,
Cambados, O Grove, y
Ribadumia, todos ellos
gobernados ese año por
alcaldes del PP afines al
presidente provincial, le
encargaron proyectos por un
importe de 374.125 euros. En
sus cuentas de 2005 no
consta una sola obra civil y
las únicas instituciones con
un gobierno de color
distinto al popular que le
realizaron encargos fueron
los ayuntamientos de Vilaboa
y Moraña que suscribieron
dos contratos de 120.333 y
59.643 euros
respectivamente. La firma
es, según el informe de
licitación pública de ese
año, la novena que más
factura al conjunto de las
cuatro diputaciones
gallegas. Y eso que ni la de
A Coruña, ni las de Ourense
y Lugo, encargaron a
Pavimentos de Meaño un sólo
trabajo en el citado
ejercicio.
Durante 2006, aunque la
sociedad todavía no ha
presentado sus números en el
registro, las cosas
siguieron más o menos igual
para la constructora. Su
cuenta de ingresos el año
pasado volvió a depender
casi exclusivamente de la
diputación y de un puñado de
alcaldes próximos a Louzán.
El organismo provincial le
adjudicó contratos por
1.580.620 euros. A los
regidores populares de
Barro, A Lama, Meaño, Meis y
Sanxenxo, Pavimentos de
Meaño les facturó 497.000
euros más. Las únicas
excepciones fueron otra vez
los gobiernos socialistas de
Moraña, que contrató
trabajos por 120.812 euros,
y el de Mos, del mismo
partido, que adjudicó obras
por 64.116.
El propio Consello de Contas
censuró en su último informe
la fórmula utilizada por el
ayuntamiento de Ribadumia,
donde Louzán ejercía como
teniente de alcalde, para
otorgar obras de
saneamiento, conducción y
alcantarillado durante 2003.
El órgano fiscalizador
concluye que el gobierno
local fraccionó contratos
para rebajar hasta el límite
legal los importes de los
proyectos y que éstos no
fueron sometidos a concursos
de libre concurrencia. Así,
bastó con que tres empresas
presentasen presupuestos
para adjudicar los
contratos. Pavimentos de
Meaño se hizo con el
concurso después de que
otras dos empresas
incumplieran de forma
flagrante los pliegos de
condiciones. La
investigación de Contas
halló estrechas
vinculaciones entre las tres
sociedades que en teoría
competían entre sí. En las
dos constructoras cuyas
ofertas vulneraron las
bases, figuraba un único
teléfono y una misma
persona, que además aparecía
en el registro mercantil
como apoderada de la
sociedad fundada por el
chófer de Louzán.
En declaraciones a este
periódico, el presidente de
la Diputación pontevedresa
argumentó que la sociedad
"ya no pertenecía a este
funcionario" del organismo
provincial. Louzán añadió
que desconoce la vida de la
empresa. Preguntado por la
dependencia casi absoluta de
Pavimentos de Meaño respecto
a la institución que él
mismo preside, Louzán
explicó que "hay otras
constructoras que trabajan
únicamente para la
Diputación de Pontevedra".
Pavimentos de Meaño fue
fundada por Marcos
Galiñanes, el conductor con
el que habitualmente viaja
el presidente de la
Diputación. Cuando las
adjudicaciones a la sociedad
empezaron a saltar a los
medios de comunicación,
Galiñanes dejó de figurar en
las escrituras y pasó a su
tío, Jesús Pombo Vidal, el
100% de sus títulos. En la
actualidad Pombo Vidal, que
también trabajó en la
diputación como maquinista,
es el administrador y único
accionista de la
constructora adjudicataria
del 7% de los contratos
suscritos por la institución
provincial.
www.elpais.es
14.08.07
EL CONSELLO DE Contas aprecia licitaciones
amañadas para una empresa que creó el chófer
de Louzán
El gobierno local de Ribadumia
adjudicó en 2003 más de la mitad de
los contratos de obra (301.578
euros) a la empresa Pavimentos de
Meaño, creada por el chófer del
presidente de la Diputación de
Pontevedra, Rafael Louzán, quien en
aquel momento ejercía como teniente
de alcalde en ese ayuntamiento. La
constructora se llevó los contratos
porque las otras dos sociedades que
optaban a las adjudicaciones
incumplían las bases. El Consello de
Contas ha descubierto claras
vinculaciones entre Pavimentos de
Meaño y las otras dos empresas que
concurrían a las licitaciones.
La fórmula la repitieron las tres
únicas empresas que concurrieron a
seis adjudicaciones distintas del
Ayuntamiento de Ribadumia -gobernado
por el PP- para construir redes de
saneamiento y de abastecimiento de
agua. Mientras una de ellas,
Pavimentos de Meaño, presentaba una
oferta ajustada al pliego de
condiciones, las otras dos
adjuntaban presupuestos que
incumplían flagrantemente las bases.
Así es como el ayuntamiento
pontevedrés otorgó en 2003 contratos
por valor de 301.578 euros a la
sociedad creada por el chófer de su
teniente de alcalde, Rafael Louzán.
El informe fiscalizador del Consello
de Contas ha encontrado
vinculaciones directas de las tres
constructoras que en teoría
competían entre sí. Las dos que
incumplieron las bases,
Construcciones Caldevergazo, SL y
OTC Fontefría, SL, presentaron
idénticos números de teléfono y de
fax. Además, la responsable que
firmó la recepción de las
notificaciones municipales remitidas
a ambas compañías es la misma
persona que también figura como
apoderada en Pavimentos de Meaño,
SL.
Que las tres sociedades pactaban su
concurrencia a las adjudicaciones es
más que una sospecha del organismo
fiscalizador. En su memoria Contas
recuerda que "las obras se
adjudicaron directamente por la
alcaldía atendiendo exclusivamente
al criterio del precio sin que
exista en los expedientes informe
técnico de valoración de las ofertas
y sin que quede acreditado el
cumplimiento de los requisitos de
capacidad y solvencia". Pavimentos
de Meaño acabó incumpliendo las
bases del contrato, pero el
Ayuntamiento de Ribadumia decidió no
imponer las sanciones reguladas en
el pliego de condiciones por las
demoras en la conclusión de la obra.
El informe de Contas destapa además
que el ayuntamiento fraccionó los
contratos de saneamiento,
alcantarillado, alumbrado y
abastecimiento de agua en la
parroquia de Santa Eulalia para
evitar que el importe total de los
trabajos (159.728 euros) le obligase
a convocar un concurso distinto de
acuerdo con los principios de
publicidad y concurrencia. Con los
contratos fraccionados, basta con
que el Gobierno local elija entre
tres ofertas distintas. La
intervención municipal no formuló
ningún reparo.
De la otra gran adjudicación en el
pequeño ayuntamiento pontevedrés se
benefició la firma Obras y
Construcciones Sisan, SL. Por los
proyectos de construcción de los
centros culturales de Couto de
Arriba y Lois y el expediente de
mejoras en el pabellón polideportivo
de Barrantes, la entidad local le
adjudicó 313.130 euros en contratos
durante los ejercicios 2002 y 2003.
En los tres concursos el gobierno
local solicitó ofertas a
Construcciones Sisán, a otra empresa
denominada Construcciones Fernández
Sarmiento, SL y a una persona física
que figuraba como socio fundador y
administrador de la propia
Construcciones Sisan. Las
investigaciones del organismo
fiscalizador revelan que otros dos
socios fundadores de esta última
empresa aparecen en el registro
mercantil como apoderado de OTC
Fontefría, sociedad cuyo apoderado
lo era también de Pavimentos de
Meaño.
En varias de estas adjudicaciones
fueron determinantes los informes
del arquitecto honorífico de
Ribadumia, que compatibiliza su
función en el ayuntamiento con la de
administrador único en dos
sociedades dedicadas a la promoción
inmobiliaria.
El contundente informe del Consello
de Contas destaca que el Tribunal
Supremo, ya en 1981, definió la
figura del arquitecto honorífico
como una "nada jurídica sin encaje
en la regulación del personal al
servicio de la Administración
Local". En el apartado de
contratación, la memoria subraya que
el ayuntamiento no constituyó el
preceptivo Registro Público de
Contratos y que se pagaron facturas
sin registro de entrada.
El Consello de Contas ha descubierto
otras irregularidades en el
Ayuntamiento de Ribadumia, hasta el
punto de que le advierte de que
si persiste en no cumplir con
sus obligaciones contables, el
propio organismo fiscalizador
"adoptará las medidas que estime
convenientes para su efectiva e
inmediata corrección". Entre
esas anomalías, figuran cobros
indebidos de la alcaldesa,
Salomé Peña, y de un teniente de
alcalde
LA
DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA SIGUE BENEFICIANDO A UNA
EMPRESA VINCULADA A SU PRESIDENTE, EL POPULAR RAFAEL
LOUZÁN
El
presidente de la diputación de Pontevedra, el
popular Rafael Louzán, acaba de revalidar su cargo
al frente de la institución. La constructora
Pavimentos de Meaño, fundada por su chofer personal,
sigue siendo una de las más beneficiadas por las
arcas públicas de Pontevedra. Más de un millón y
medio de euros en adjudicaciones por obra pública
han salido de las arcas de la diputación, según el
informe de la Federación Gallega de la Construcción
al que ha tenido acceso la Cadena SER.En 2006,
Pavimentos de Meaño ha sido la tercera constructora
que más contratos ha obtenido de la diputación. En
total, ocho adjudicaciones que suman un importe
superior al millón y medio de euros y el 7 por
ciento del gasto en obras de la institución. Una
cifra que coloca a la empresa en la cuarta que más
dinero ha recibido, según el informe de la
Federación Gallega de la Construcción al que ha
tenido acceso la SER. El año anterior, cuando la
cantidad de negocio de la empresa rozó los 2.400.000
euros, la factura a la diputación fue todavía más
alta, 1.840.000 euros, es decir, más de tres cuartas
partes de los ingresos de Pavimentos de Meaño
durante esos 12 meses salieron del organismo
público.
Fundada por el chófer
La
empresa fue fundada por Marcos Galiñanes, chófer
personal del recién reelegido presidente de la
Diputación, Rafael Louzán, quien poco después de
que la SER diera a conocer las primeras
informaciones en torno a la compañía dejó la
dirección en manos de su tío, Jesús Pombo, que
también ha trabajado en el ente público como
maquinista. La carrera política de Rafael Louzán ha
ido en ascenso al mismo ritmo que los ingresos de la
constructora Pavimentos de Meaño. Louzán se presentó
a las elecciones municipales por el partido popular
en 1995, año en el que su chófer, Marcos Galiñanes,
fundó la empresa.
Ampliación de capital
El
siguiente ascenso fue en mayo de 2000, cuando llegó
a la presidencia de la diputación de Pontevedra
siendo presidente provincial del PP. Según el
registro mercantil, en mayo de 2001, la constructora
realizó la mayor ampliación de capital hasta
entonces, de 9.000 a 94.000 euros. Hasta la fecha,
la constructora dedicada a obras públicas no ha
dejado de recibir adjudicaciones.www.cadenaser.com,
03/07/07
De paseo
por Nueva York en limousine a costa de los murcianos
Dos
consejeros del Gobierno de Valcárcel y una imputada
en el
caso Zerrichera, en calidad de invitada,
viajaron a Nueva York para promocionar un proyecto
personal del presidente murciano sobre un parque
científico en la región. Durante su visita oficial a la ciudad de los rascacielos, no
escatimaron en gastos y vivieron su particular sueño
americano utilizando limousines para sus
desplazamientos.
La consejera de Hacienda, en limousine y cargada
de compras)
Encarna Muñoz, imputada en La Zerrichera, pero con
limousine
La consejera del gobierno regional, Inmaculada
García, montada en tan lujoso medio de transporte,
con dinero público, no merece otra cosa que el
desprecio más absoluto de los murcianos. Y si a ello
le añadimos que llevaba como invitada de lujo a
Encarna Muñoz, una de las imputadas por el caso de
la Zerrichera...Todos podemos empezar a hacer
kábalas, y no de salsa rosa sólo, sino también de la
necesidad de contentar y arropar a gente a la que se
le puede soltar la lengua demasiado ante el juez si
no se la mima. La excusa para tanto derroche, poner
en marcha un proyecto personal de Valcárcel
relacionado con el parque científico de Murcia,
aunque todos sepamos ya de que lo que se trata es
del negocio inmobiliario del I+D+I y de las ayudas
europeas para empresarios afines al PP.
El
consejero Medina Precioso no iba a ser menos
La
sociedad murciana se merece conocer en profundidad
el derroche de dinero público por parte del gobierno
regional y la hipocresía de sus planteamientos
político-religiosos. VEGAMEDIAPRESS 23.05.07
El alcalde de Benidorm va en coche
oficial a las Cortes y cobra dietas por transporte
El alcalde de
Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, del PP, usa habitualmente el
coche oficial del Ayuntamiento para sus desplazamientos a
las Cortes Valencianas, pese a que cobra una dieta
especifica del parlamento autonómico por ese concepto, según
denunciaron ayer los socialistas. Pérez Fenoll, que accedió
a la alcaldía hace siete meses, es diputado autonómico desde
2003. El regidor reconoce que utiliza el servicio municipal
como diputado, pero puntualiza: "Sólo cuando voy a
resolver asuntos del Ayuntamiento". El PSPV rechaza esa
versión y acusa a Pérez Fenoll de "presunta malversación de
fondos públicos".
"En
ocasiones, se ha llevado de escolta a un policía
local", denuncia el PSPV
A diferencia de
alcaldes de otras poblaciones que también combinan su tarea
municipal con la asistencia como diputados a las Cortes
Valencianas y se desplazan en transporte público o en sus
vehículos personales, Pérez Fenoll utiliza el Audi propiedad
del Ayuntamiento y el servicio de un funcionario contratado
por el Consistorio de forma habitual. Fuentes del PSPV en
las Cortes han señalado además que el diputado popular
percibe 48,77 euros por cada desplazamiento -realiza dos por
semana-, lo que arroja un balance de 5.267 euros al año.
El ascenso de
Pérez Fenoll a la alcaldía el pasado mes de abril tras la
muerte del anterior primer edil, Vicente Pérez Devesa, hizo
que renunciara al sueldo de diputado autonómico, y a los 848
euros de indemnización por ejercer su función, pero pudo
continuar cobrando las dietas por desplazamiento. Las mismas
fuentes aseguran que continúa percibiendo esta cantidad pese
a desplazarse en el vehículo municipal, lo que según el
portavoz socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Agustín
Navarro, "además de inmoral es un supuesto delito de
malversación de fondos públicos".
La publicación
de unas fotografías del alcalde en Valencia con el coche
oficial en un periódico local para asistir a las Cortes
abrieron el miércoles la polémica. "El coche oficial es para
prestar servicio a los ciudadanos, no al político. Lo mismo
ocurre con la gasolina y el conductor, pero en Benidorm
tenemos a un alcalde que lo es sólo a tiempo parcial",
afirmó Navarro en referencia a la compatibilidad que pidió
Pérez Fenoll al pleno en marzo para continuar cobrando como
médico odontólogo en su clínica privada.
El primer edil
reconoció en el turno de ruegos y preguntas del pleno de la
corporación celebrado ayer que utiliza el servicio municipal
como diputado "cuando voy a resolver asuntos del
Ayuntamiento", y matizó que "cuando voy para otros asuntos
cojo mi vehículo personal", lo que desmiente la versión de
los socialistas en Valencia. El alcalde añadió que "cuando
voy en mi vehículo cobro kilometraje y cuando voy con el
oficial no", lo que provocó la irritación del Grupo
Municipal Socialista, que pidió la apertura de una
investigación y en su caso la toma de acciones legales. "El
alcalde ha mentido presuntamente al pleno y a toda la
ciudadanía. Es una indecencia que le va a dejar en ridículo,
porque todos sabemos que cuando hay pleno en Valencia el
vehículo municipal no está en su sitio", denunció Navarro.
Además, el edil del PSPV reveló que "ha habido ocasiones en
las que se ha llevado a un agente de la policía local de
escolta a Valencia, algo totalmente prohibido".
Por otra parte,
el Tribunal de Cuentas investiga en el Ayuntamiento el
conocido como caso de los vales de gasolina, por el que
funcionarios afines al PP habrían estado repostando durante
años sus vehículos particulares con los tickets a cuenta del
Consistorio. El repostaje se hacía en la gasolinera Zarcar,
propiedad del hasta hace poco presidente local del PP,
Francisco Pérez.
Por otro lado,
en la comida navideña con la prensa celebrada ayer, el
primer edil de Benidorm que la adelantó al mes de noviembre
con el fin de anticiparse a la reunión del comité electoral
local que decidirá previsiblemente este fin de semana entre
él y la consejera de Cooperación y presidenta del PP, Gema
Amor, para encabezar la lista para los comicios de 2007.
Ambos líderes políticos están midiendo los gestos y apoyos
de cara a la eventual visita de Eduardo Zaplana y el
pronunciamiento final sobre el candidato a la alcaldía.
Manuel Pérez
Fenoll, destacado diputado del sector zaplanista en las
Cortes Valencianas, se ha acercado en los últimos meses a
Francisco Camps para garantizar su nombramiento y la
gobernabilidad del municipio, ante la división del grupo
municipal y la necesidad de contar con los ediles fieles al
presidente regional para acceder al cargo.
www.elpais.es
01.12.96
A la consellera de Turismo,
Milagrosa Martínez, no le ha temblado el pulso a la hora de enviar al paro
mediante un burofax a Salvador Gil, ex chófer y ex asesor del portavoz del
PP en el Congreso, Eduardo Zaplana; y a su esposa, Henrriette van Krimpen.
Tras más de cinco años en nómina, la pareja cobró el pasado mes de enero su
último sueldo de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), empresa pública
que, en tiempos de Eduardo Zaplana, los contrató en calidad de director y
auxiliar administrativa, respectivamente, de la residencia de invitados
ilustres que la Generalitat tiene en Calp, el conocido como Casal d'Ifach.
La contratación, envuelta desde el principio en la polémica, como ha venido
informando Levante-EMV, acabó en los tribunales por obra de la
Federación de Servicios Públicos de la UGT que, tras años de litigio logró
que a finales de diciembre de 2005 el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana dictara sentencia firme en la que se ratificó la
nulidad del contrato. El alto tribunal notificó el fallo a la Conselleria de
Turismo el pasado 2 de enero y 48 horas después, su titular, Milagrosa
Martínez, firmó una resolución en la que resolvía ejecutar el fallo y
notificar a los interesados su despido, según el documento al que ha tenido
acceso este diario. Dicho y hecho; el pasado día 5 de enero, Salvador Gil y
su mujer recibieron un burofax con toda la documentación necesaria para dar
por finiquitada su relación contractual con la Administración. La celeridad
con la que han actuado los actuales responsables de Turismo ha sorprendido
al propio sindicato, que lleva años denunciando la irregularidad de estas
contrataciones. De hecho, la conselleria no ha esperado a que la FSP pidiera
ejecución de la sentencia sino que ha dado cumplimiento voluntario. La
Administración podría, de haber querido, dilatado la decisión al menos dos
meses más. Con todo, la contundencia con que ha actuado la conselleria no es
ajena a la pugna que vive el PP valenciano entre partidarios de Zaplana y
los afines al presidente Francisco Camps, entre los que se encuentra la
titular de Turismo, Milagrosa Martínez. Como informó este diario, la
decisión de recurrir al TSJ el primer fallo del juzgado que declaró nulos
los contratos en julio de 2004 generó discrepancias dentro del Consell. Al
parecer Camps no era partidario de la apelación, pero se optó por la
prudencia ya que este asunto coincidió con un momento de máxima tensión
entre los dos sectores del PP. Fue el verano en el que Camps remodeló su
Consell y dio entrada a Milagrosa Martínez, quien se encontró con el recurso
ya presentado. Para el secretario general de la FSP-UG, Luis Lozano, no hay
duda alguna de que la decisión de Martínez no responde a «un deseo de
cumplir la ley sino es consecuencia de la pelea interna del PP». Y Lozano
aportó un detalle revelador. Según explicó, la sentencia del TSJ habla de
anulabilidad de los contratos frente al primer fallo del juzgado que los
consideró nulos. El matiz jurídico es importante, ya que el Consell podría
haber intentado burlar la ejecución. «Se han cogido a la sentencia como un
clavo ardiendo para prescindir de una persona que nunca debió ser
contratada», dijo. Lozano indicó que el sindicato está «gratamente sorprendido», pero insistió
en lamentar los verdaderos motivos del actual Consell. «Este caso ha sido
bochornoso desde el principio hasta el fi nal», dijo Lozano, quien exigió a
la Administración que se deje de luchas internas y cumpla sus compromisos
con los empleados públicos
La constructora vinculada al
chófer del presidente de la Diputación de Pontevedra factura un millón de
euros a esta institución
La empresa
constructora vinculada al chófer de Louzán, el presidente de la diputación
de Pontevedra, sigue trabajando para esta institución. De hecho, es su
principal cliente. En el año 2004 facturaron casi un millón de euros a la
diputación, según datos contenidos en un estudio de la Federación Gallega de
la Construcción que se ha hecho público hoyLa empre. sa
Pavimentos de Meaño obtuvo de la diputación de Pontevedra, que preside el
máximo dirigente del PP en la provincia, Rafael Louzán, 990.000 euros en
2004. El chófer
personal de Louzán, Marcos Galiñanes administró la empresa. Figuró en el
registro mercantil como administrador hasta diciembre del 2000. La firma la
dirige ahora el tío del chofer que trabajó como maquinista en la diputación. La Cadena SER
se ha puesto en contacto con la empresa Pavimentos de Meaño. El actual
administrador y antiguo funcionario de la Diputación, asegura que su sobrino
fue un trabajador más de la firma y que no tiene ningún interés mercantil o
profesional en la compañía. Subraya, además, que el chofer de Louzán nunca
ha mediado para que se le adjudicara alguna obra pública. Esta emisora
ha intentado recabar la versión del presidente de la Diputación de
Pontevedra, Rafael Louzán y de su chófer Marcos Galiñanes. Responsables de
prensa de la diputación han señalado que en estos momentos no es posible
conocer su opinión al respecto.
Publicado en la Cadena
SER.17.11.04
EL ALCALDE DE CASTELLÓN , SU CHOFER Y EL PLANETARIO
El sargento de la Policía Local José Luis Gil, que hasta ahora
desempeñaba las labores de chófer y guardaespaldas del alcalde de Castellón,
José Luis Gimeno (PP), es nombrado director del Planetario de la capital de
La Plana. La plaza ha sido cubierta en comisión de servicios, por un periodo
no determinado, hasta que se saque a concurso, hecho que no sucede desde hace
ocho años. Éste no es el único caso de ascenso meteórico de un chófer en
Castellón, puesto que existe otro ejemplo en la Autoridad Portuaria, donde
Manuel Ramos ha pasado, en poco más de un año, de ocupar el puesto de
conductor del vehículo del presidente, Jaime Babiloni, a ser jefe del área de
Relaciones Externas de las instalaciones portuarias. También el chófer de
Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón, tiene una
consideración especial, ya que ocupa un puesto de libre designación con un
sueldo muy por encima del que perciben otros conductores. ( Octubre 1999 )
EL EX CHOFER DE ZAPLANA ENCUENTRA TRABAJO EN UN CENTRO TURÍSTICO
El vicepresidente primero del Consell, José Luis
Olivas, se ha despachado con una respuesta récord por su brevedad en
respuesta escrita a una pregunta sobre Salvador Gil, el polémico ex chófer del
presidente Eduardo Zaplana nombrado recientemente responsable del centro
turístico para invitados ilustres de Calp. La pregunta en cuestión era la
siguiente: «El asesor del molt honorable senyor president de la Generalitat
Valenciana, don Salvador Gil Server, que ejerció funciones de chófer hasta su
nombramiento como asesor, ¿reunía los requisitos necesarios para ejercer las
funciones de conductor del president de la Generalitat?». Meses después, le
contestó por escrito el vicepresidente primero del Ejecutivo, José Luis
Olivas: «Sí.» Y punto final. El motivo de fondo de la pregunta hacía
referencia a la polémica etapa de Gil como asesor-chófer particular del
presidente, lo que motivó una denuncia de la FSP-UGT y el posterior cambio de
contrato, así como su nombramiento el pasado 16 de diciembre como responsable
del centro turístico para invitados ilustres de Calp, en donde ha sido también
contratada su esposa ( Abril 2000 )
EL CHOFER DE ZAPLANA CONDENADO A PRISIÓN
La magistrada del
juzgado de lo penal número 7 de Alicante ha condenado a nueve meses de prisión
a Salvador Gil, ex chófer del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana,
por agredir a un joven que se encontraba en una cafetería de Benidorm por
rozarle con el codo al pasar por su lado. Los hechos sucedieron la noche del 3
de mayo de hace dos años, cuando la víctima entró con su novia al
establecimiento, situado frente al Ayuntamiento de Benidorm. La agresión tuvo
lugar cuando la víctima se levantó para ir al cuarto de baño, pero al pasar
por la barra donde se encontraba el acusado junto a otro hombre, que también
ha sido condenado a otros nueve meses de cárcel, le dio con el codo y le pidió
disculpas, según la sentencia. En la resolución consta que el acusado le
recriminó la acción y le contestó «no sabes quién soy yo», por lo que al
responder el joven que tampoco le importaba, el ex chófer le golpeó dándole
dos puñetazos. La víctima no pudo defenderse al ser atacado por el segundo
acusado, Santiago Ramón López, quien le cogió del cuello y le lanzó contra la
pared. La sentencia considera probada la agresión que recibió la víctima y
estima que el hecho de que el acusado Salvador Gil fuera el chófer del
presidente de la Generalitat «explicaría su prepotencia». La víctima denunció
inicialmente los hechos aunque meses después solicitó el archivo de las
actuaciones y expuso que renunciaba a cualquier tipo de indemnización. Durante
el juicio, la víctima explicó que realizó estos requerimientos «por miedo», ya
que había sido objeto de amenazas telefónicas.
Como se recordará, Salvador Gil ha sido contratado
como responsable del Casal de Ifach de Calp, la residencia de invitados
ilustres de la Generalitat. Éste ocupa un puesto incluido dentro de la
categoría profesional de titulado superior, pese a que sólo declara tener el
graduado escolar. La FSP-UGT ha interpuesto una querella criminal contra el ex
chófer de Zaplana, el director de la Agencia Valenciana de Turismo, Roc
Gregori, y el vicepresidente primero del Consell, José Luis Olivas, por un
presunto delito de tráfico de influencias por su contratación en Calp. Olivas
justificó el fichaje de Gil por sus conocimientos en seguridad y por ser
persona de confianza. Gil tuvo que dejar su plaza de chófer, ya que una
sentencia del TSJ estableció que el puesto de conductor no está reservado al
personal eventual. Poco después pasó a ocupar un puesto de asesor de
Presidencia, que dejó antes de las elecciones autonómicas. (Julio 2000)
EL
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA CONDENADO POR LESIONES
El
subsecretario de Industria y Energía y ex director general de Terra Mítica,
Miguel Navarro, es condenado a pagar una multa por una falta de lesiones. Como
se recordará, Navarro, y el que fue su chófer durante su etapa como
responsable del parque temático, han sido condenados a pagar una multa de seis
euros al día durante un mes cada uno por agredir a J. M. B. al que propinaron
«patadas y puñetazos» tras una discusión derivada de las «deterioradas»
relaciones «por circunstancias no acreditadas» entre la víctima y Navarro. Al
caso de Navarro se añade el de Salvador Gil, ex chófer del presidente de la
Generalitat Eduardo Zaplana, quien también fue condenado por agresiones
(Febrero 2002).
EU denuncia que el chófer de Fabra llevó a la ex mujer
de Vilar
Esquerra Unida de Castellón reveló
que el coche oficial de Carlos Fabra, presidente de la Diputación, recogió del
cuartel de la Guardia Civil de Artana a la ex mujer del empresario Vicente
Vilar, quien ha denunciado a Fabra de un presunto delito de tráfico de
influencias.Según Carles Mulet, portavoz de EU en Castellón, en la denuncia de
Vilar contra Fabra, en la pagina 7 figura: “Ya en las dependencias de la
Guardia Civil de Artana, y mientras está formulando la denuncia, Dª Montserrat
Vives, efectúa desde allí mismo una llamada telefónica a D. Carlos Fabra, que
de forma inmediata le envía a su chofer en el coche oficial de la Diputación
Provincial, a recogerla, circunstancia que incluso extrañó a los propios
agentes del Cuartel de Artana, que ven casi imposible que dicho coche
aparecieses allí tan rápidamente”.
La narración de la denuncia de Vilar contra Fabra explica que el presidente
provincial, su mujer (Amparo Fernandez) y la ex esposa de Vilar (Montserrat
Vives), intentaban quedarse con las empresas de Vilar cuando éste rompió con
su mujer “y que montaron una especie de complot mediante el cual Montserrat
Vives denunció a Vicente Vilar por violación y retención ilegal”. Mulet
también aseguró ayer que después de que Montserrat Vives denunciara a su
marido, “Fabra medió con el subdelegado del Gobierno en Castellón, Sánchez
Peral, para que detuvieran al industrial de Artana”, si bien Sánchez Peral se
negó a ello.Para Carles Mulet, “si esta denuncia es cierta estamos ante un
nuevo caso de corrupción aunque no se haya denunciado a Fabra por este
incidente”. Para el dirigente de Esquerra Unida, se trata del “uso indebido e
irregular de recursos públicos para intereses particulares”. Aunque Mulet no
quiso entrar a valorar las denuncias de Montserrat Vives a su ex maridos, sí
que proclamó que el presidente de la Diputación de Castellón “no puede enviar
el coche oficial a recoger a una persona en un asunto que no tienen nada que
ver con las tareas propias de la presidencia de la Corporación
provincial”.Carles Mulet concluyó la entrega de ayer del caso
Fabra con la petición de que “cuanto antes” actúe “la Fiscalía
Anticorrupción”.( Enero 2004 )
RENOVACIÓN A LA BULGARA EN EL PP DE
CASTELLÓN: TODO QUEDA EN CASA Y EN FAMILIA
El presidente provincial del Partido
Popular (PP) en Castellón, Carlos Fabra, fue reelegido por cuarta vez en el
cargo, durante el X Congreso Provincial del PP celebrado en Castellón, en el
que obtuvo el 98,52% de los votos emitidos por los 1.017 compromisarios que
votaron -de los 1.083 sufragios asignados para votar en el congreso-, al
conseguir 999 sufragios a favor, 15 en blanco y tres nulos. El acto contó con
la presidencia del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y de la
presidenta del Senado, Esperanza Aguirre. En el anterior congreso, celebrado
en Segorbe el 17 de noviembre de 1996, obtuvo el 98,1% de los votos emitidos.
En el nuevo comité ejecutivo figura la hija mayor del propio Carlos Fabra,
Andrea Fabra; la hija de su chófer oficial, Vanesa del Campo; su jefa de
gabinete, María Fernanda Vidal; el asesor de su gabinete, Alejandro Lorca; y
Arcadio Gómez, marido de la recién nombrada secretaria general del PP,
Ascensión Figueres; aparte de tres miembros de la familia Costa: Juan, Ricardo
y la madre de ambos, María Dolores Climent. El reelegido a la hora de explicar
la presencia de su chica comentó que Andrea lleva 9 años afiliada al PP «y
está preparada para asumir retos. Ojalá que algún día decida incorporarse a la
política activa en la primera línea del partido porque me daría una
satisfacción enorme porque creo que lo vale». (Octubre 2000 )
La esposa de Fabra compró parte de una mina a través
de su chófer
Los más humildes colaboradores de Carlos Fabra, presidente de la
Diputación de Castellón por el PP, también tienen negocios privados con
conexiones con el dirigente popular. Su chófer, José Salvador del Campo Marín,
fundó en 1995 una empresa minera cuyas acciones parcialmente revendió a la
esposa de Fabra. Y sus dos guardaespaldas municipales fundaron en 2000 la
firma Consultin Inmobiliario Castalia.
Jaime Ramos Marco, consejero delegado de Explotación Minera Vanessa,
detalla cómo el chófer de Fabra fundó esta sociedad de extracción de
sustancias arcillosas: "Del Campo Marín adquirió unos terrenos con yacimientos
arcillosos. Negoció con nosotros, Tierra Atomizada, y creó Explotación Minera
Vanessa en 1995. Tierra Atomizada entró porque era útil para nuestro negocio
el tratamiento de arcillas para el sector cerámico. Como la tramitación de
permisos es muy larga, la mina sólo lleva un año en explotación", explicó a EL
PAÍS. El valor de los terrenos aportados hace diez años a la sociedad por el
chófer de Fabra serían unos 29.000 euros, según Ramos. Hoy, los terrenos
propiedad de la sociedad valen 48.000 euros. Esta empresa tiene un nexo con el
presidente de la Diputación de Castellón: "El señor Campo Marín [chófer del
presidente de la Diputación] vendió una participación accionarial hará unos
dos años a la esposa del señor Fabra. Fue su decisión. Nosotros tenemos la
participación que teníamos el día de la creación de la empresa, un 60%. Lo
vendió directamente a nombre de ella. Amparo Fernández Blanes. Ella adquirió
un 30% y Campo Marín se quedó con un 10%", revela Ramos.
La esposa de Fabra nunca ha figurado en el registro como
administradora de esta empresa minera, pese a ser supuestamente la segunda
socia en importancia. Este diario preguntó a Fabra sobre la supuesta presencia
de su esposa en esta empresa de su chófer, pero no respondió. La única firma
que registran las cuentas oficiales de Explotación Minera Vanessa en todos
estos años junto a sus administradores es la del chófer de Fabra.
La esposa de Fabra tiene otra empresa de registros fitosanitarios
para la que el presidente de la Diputación hizo gestiones ante los ministros
de Sanidad y Agricultura para agilizar la concesión de autorizaciones.
Tierra Atomizada tenía en 2002 más de 100 empleados, Explotación
Minera Vanessa sólo dos empleados fijos y sin retribución alguna: "La empresa
tiene la totalidad de la actividad subarrendada a otra empresa". En su primer
año de funcionamiento, la empresa minera obtuvo unos ingresos de 344.000
euros, y unos beneficios de unos 73.000 euros. Por contra, la sociedad
dominante, Tierra Atomizada, presentó unos beneficios de 2,5 millones. Aún
hoy, el chófer figura como copropietario (40%) de 18 parcelas arcillosas con
Tierras Atomizadas (60%). Tierra Atomizada controla firmas como Cogeneración
Tierra Atomizada, que produce calor y electricidad mediante gas natural, y la
inmobiliaria Peñíscola Green.
El conductor de Fabra no es el único colaborador que ha irrumpido en
el mundo de los negocios. Sus dos guardaespaldas municipales, Víctor Puerto
Badenes y Santiago Gascón Royo, figuran como apoderados de la sociedad
Consultin Inmobiliario Castalia. Su administrador, Juan José Roca Segarra,
confirma la vinculación de ambos agentes con dicha sociedad. Roca explica que
si figuran ambos como apoderados es porque no se inscribió la venta de sus
acciones. "Ellos trabajaban en algo del Ayuntamiento, y constituyeron la
sociedad para aprovechar el boom inmobiliario. Pero esto, o dedicas tiempo o
no funciona. Y a los ocho meses vieron que no les iba. Y se lo pasaron a otro,
que luego me la pasó a mí", detalla Roca Segarra. "La venta no se inscribió en
el registro", explica el administrador de esta inmobiliaria. La empresa
ingresó 15.000 euros en 2001, cifra que dobló en 2002. En el último ejercicio
conocido, arrancó unos beneficios de 4.521 euros. A pesar de que el registro y
el administrador de Consultin Inmobiliario Castalia confirma la vinculación de
ambos funcionarios con dicha empresa, uno de los escoltas, Gascón, al ser
consultado por este diario, negó con estupor dicho dato. "No puede ser. No
tengo empresas". Este diario le indicó que sus datos personales y los de su
compañero y la esposa de éste, figuraban entre los cargos de dicha empresa.
Este agente declinó dar más explicaciones. ( 2004 )
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA ADJUDICÓ CONTRATOS
MILLONARIOS A LA EMPRESA DE SU CHOFER
Sólo durante el pasado verano, la diputación que preside Rafael
Louzán pagó más de tres millones de euros a dos únicas empresas en concepto de
obras y contratos de suministro. Se trata de "Construcciones Sisán", que
gestiona en solitario el compañero de la que fue su secretaria; y de
"Pavimentos de Meaño", una sociedad creada por el chofer personal de Louzán.
Esta última empresa, en la que el chofer comparte poderes con su
tío, un peón de maquinaria de la Diputación de Pontevedra, es la mayor
contratista de esta administración. Ha construido diversos tramos de
carreteras provinciales y se ha encargado después su mantenimiento.
Lo mismo ha hecho con numerosas vías urbanas y hasta ha alquilado
maquinaria industrial a la diputación. Por todo ello ha recibido varios
millones de euros que han ido a parar a las manos del chofer del propio
presidente provincial Rafael Louzán.
Por su parte "Construcciones Sisán" compite en facturación con
"Pavimentos de Meaño". 200 millones de pesetas de la diputación es lo que ha
recibido esta constructora sólo entre abril y agosto de este año.
Para ella ha realizado desde campos de fútbol municipales hasta
remodelaciones de inmuebles. Su administrador, que es pareja de la secretaria
de Louzan era hasta hace pocos años comercial de una inmobiliaria.
Hoy por hoy comparte también consejo de administración en unas
conocidas bodegas, con el presidente del Celta de Vigo (el empresario Horacio
Gómez) y el ex-concejal popular del municipio de Ribadumia José David Castro.
La que fuese secretaria personal de Louzan continua siendo funcionaria de la
diputación, hasta hace pocos meses era conserje.
Según fuentes del propio partido popular en Pontevedra, tanto el
presidente de la Xunta, Manuel Fraga, como Mariano Rajoy y Ana Pastor han sido
informados por sus propias filas sobre estas irregularidades que afectan a la
gestión del presidente de la diputación de Pontevedra, sin que por su parte se
haya producido movimiento alguno.
Recordar que Rafael Louzán ha sido socio durante más de cuatro años
del ex-alcalde popular de Ribadumia: Nené Barral, imputado en un sumario
judicial por contrabando de tabaco.
Louzán, reconoce las relaciones con estos funcionarios pero las ha
calificado de privadas. "Si alguien quiere denunciar alguna irregularidad, que
lo haga en los juzgados", ha asegurado. ( Octubre 2004 )
El chófer
de Fabra niega que su mujer tenga abiertas ocho cuentas corrientes
José Salvador del Campo,
chófer de Fabra, respondió en calidad de testigo a las preguntas del
fiscal anticorrupción y de la acusación particular. Del Campo tuvo que
dar explicaciones sobre el origen de ocho cuentas corrientes que
supuestamente había abierto a nombre de su mujer. Del Campo se defendió
al asegurar que desconocía la existencia de tales cuentas.
Sobre los supuestos cobros que según Vicente Vilar realizaba en nombre
del presidente de la Diputación Provincial de Castelló, el chófer
respondió que él «no cobraba nada», aunque acto seguido el fiscal le
mostró dos cheques por valor de 12.000 y 8.000 euros girados en el BBV y
en la CAM para que explicara por qué aparecían sus datos personales. Del
Campo negó haber participado en la emisión de ambos documentos y dijo
que no recordaba haber ido a cobrar el dinero.
Además, el conductor del presidente popular tuvo que dar explicaciones a
los abogados de Vilar y de la Unión de Consumidores de España -personada
como acusación privada-, sobre la venta de yacimientos de arcilla y de
unas explotaciones mineras, propiedad de su hija, a María Amparo
Fernández, la mujer de Carlos Fabra. Los letrados le pidieron detalles
de la operación, en la que supuestamente la esposa del líder provincial
del PP adquirió y pagó en efectivo entre el 30 y el 40 por ciento de las
acciones, en una transmisión que se cerró en varios plazos.
Por su parte, el diputado autonómico Ricardo Costa negó en un primer
momento haber participado en la cena en Naranjax en la que se habló de
la venta a Sapec, aunque más tarde dejó abierta esa posibilidad.
Finalmente, Pascual Silvestre, director de la Caja Rural de Artana,
aportó los extractos bancarios y será llamado a declarar de nuevo.( Noviembre 2004 )
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