Junto al
alcalde de Alicante y diputado hay cinco imputados
EL DIPUTADO DEL PP DÍAZ ALPERI SERÁ
JUZGADO POR DELITOS CONTRA HACIENDA Y COHECHO
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
(TSJCV) abre juicio oral contra el exalcalde de Alicante por
tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho
El TSJCV estima que Alperi podría haber cometido fraude en los
años 2007, 2008 y 2010 en el pago del IRPF
Los escándalos de corrupción ponen otra vez a prueba a Alberto
Fabra dentro del PP
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
(TSJCV) ha abierto juicio oral contra el exalcalde de Alicante y
diputado del PP en las Corts Valencianes, Luis Díaz Alperi, por
tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio al
considerar que existen indicios de que pudiera haber cometido
fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La cuantía
defraudada excedería en cada ejercicio los 120.000 euros, para
lo que se podría haber valido de personas interpuestas.
Junto a Alperi, el tribunal valenciano también abre juicio oral
contra tres empresarios –Antonio M.R., Antonio S.Y., y Javier
P.L– por estos mismos delitos, según consta en un extracto de la
resolución facilitada por el TSJCV. Se determina como órgano
jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento y fallo de
la causa a la Sala de lo Civil y Penal del tribunal
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/01/juicio_contra_diputado_del_diaz_alperi_por_delitos_contra_hacienda_cohecho_14123_1012.html
EL EXALCALDE DE
ALICANTE QUEDA AL BORDE DEL BANQUILLO POR FRAUDE FISCAL Y
COHECHO
El magistrado del TSJ impone a Díaz Alperi, también diputado,
una fianza de 1,4 millones
Da traslado a las partes para que se pronuncien sobre el juicio
oral
Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante entre 1995 y 2008, y
diputado del PP en las Cortes Valencianas, quedó este viernes a
un paso de ser juzgado como autor de tres delitos fiscales y
otro de cohecho pasivo impropio. Alperi se benefició, según cree
el juez, del pago por terceros de un crédito cercano a un millón
de euros sin declararlo a Hacienda. Disfrutó, dando la
apariencia de ser suyo, de un catamarán de lujo de 15,5 metros
de eslora abonado también por otros. Y utilizó un amarre en la
marina deportiva de Alicante de forma gratuita, cuando “los
restantes usuarios de las instalaciones, por un punto de amarre
de similares características” pagan “alrededor de 12.000 euros
anuales, impuestos y tasas aparte”, recoge el auto.
Alperi, que está también imputado en el caso Brugal, está ahora
a expensas de que la fiscalía y la Abogacía del Estado pidan la
apertura de juicio oral contra él, lo que parece más que
probable. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia
Antonio Ferrer le impone una fianza de 1,4 millones de euros. Y
1,5 millones más a otros dos empresarios imputados.
Alperi está imputado también en el caso Brugal por amañar
presuntamente el plan urbano de Alicante
El exalcalde, diputado autonómico desde 2007, adscrito en su
momento a las filas del campismo, habría ocultado al fisco más
de un millón y medio de euros y habría dejado de tributar
682.681 euros. El fraude se habría producido en los años 2007,
2008 y 2010. En este último ejercicio, además, Alperi habría
utilizado una sociedad inactiva para facturar por su actividad
privada como perito mercantil, obteniendo una ganancia neta
aproximada de 52.397 euros y eludiendo el pago de los impuestos
correspondientes por su labor de asesoría.
Una de las empresas que pagó a Alperi por trabajos privados fue,
según la resolución judicial, Salvetti Abogados, propiedad en
parte de José Luis Castedo, hermano de la actual alcaldesa de
Alicante que según el sumario del caso Brugal habría participado
en el amaño del plan urbanístico de Alicante. Los hermanos
Castedo también están imputados en esa causa.
Cobró siendo diputado de varias empresas eludiendo el pago de
impuestos. Una fue el despacho de abogados del hermano de la
alcaldesa de Alicante
Salvetti Abogados abonó a Alperi 2.750 euros, IVA aparte, “por
un trabajo denominado Estudio y Asesoramiento Estratégico de
Varios Inmuebles sitos en Madrid”. El exalcalde facturó
igualmente a las empresas Convalesa, Sorea, Sdad, Reg
Abastecimiento, Blaurban y Ancon Levante “por el concepto de
abono cuota mensual según contrato por asesoramiento urbanístico
y medioambiental, intermediación, tasación pericial y similares”
por un importe de 59.975 euros (sin IVA) siendo parlamentario.
El juez del Tribunal Superior de Justicia Antonio Ferrer no da
mucha credibilidad a las explicaciones ofrecidas por Alperi y el
resto de imputados. Respecto a uno de ellos Antonio Moreno, que
canceló por Alperi una deuda cercana al millón de euros, el
magistrado señala: “Es difícil admitir o cuando menos sospechosa
la justificación que se nos pretende dar al respecto, dado que
no resulta creíble que una persona que se tiene por un prudente
y experimentado comerciante (Moreno), otorgue un crédito cercano
a un millón de euros, a una persona (Alperi) al que en su
declaración admitió no conocer de antes, ser consciente de su
falta de solvencia y tenerlo por un mal pagador”. Y hacerlo,
además, sigue el auto, “sin exigir garantía, ni pago de interés
alguno, aparte de otorgar sucesivas renovaciones a ese supuesto
crédito”.
Un imputado canceló una deuda de un millón por Alperi a pesar de
admitir que lo tenía por "mal pagador"
El juez considera poco serio el intento de mejorar la apariencia
de los hechos comunicando al tribunal que, hace unos días,
Alperi habría abonado 50.000 de los 942.678 euros que debía a
una de las empresas de Moreno.
El magistrado asume igualmente las sospechas de la fiscalía y de
la Agencia Tributaria respecto a las numerosas compraventas
cruzadas entre Alperi y el empresario Antonio Solana de las
acciones de la sociedad inactiva Andarx Business. La única
función de la empresa pareció ser ostentar la titularidad del
catamarán Akra Uno y servir de velo para ocultar que el diputado
disfrutaba en exclusiva de la “embarcación de grandes
proporciones”.
El juez también deja al borde del juicio a Javier Palacio, dueño
de la marina deportiva del puerto de Alicante, por no cobrarle
el amarre a Alperi, lo que constituiría un delito de cohecho
impropio. El mismo delito que llevó al banquillo al expresidente
valenciano Francisco Camps.
La oposición exige que deje las Cortes
La presidenta del grupo socialista en las Cortes, Ana Barceló,
ha pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que
"cumpla sus líneas rojas" y pida el acta de diputado al
exalcalde de Alicante y diputado del PP. Barceló ha manifestado
que "nuevamente son los tribunales los que vuelven a poner a
prueba el compromiso de Fabra contra la corrupción", y ha
asegurado que "si tanto le repugna, tiene de nuevo una
oportunidad para demostrarlo porque hasta el momento su discurso
es solo papel mojado".
Ha recordado que el expresidente de la Diputación de Castellón
Carlos Fabra acaba de ser condenado a cuatro años por fraude
fiscal "mientras que el presidente Alberto Fabra no solo no
actuó sino que lo defendió siempre hasta el último momento".
"No es posible que un cargo público del PP sea procesado por
delitos contra la Hacienda Pública y el presidente siga mirando
hacia otro lado", ha reiterado.
Por su parte, la diputada autonómica de Esquerra Unida del País
Valencià Esther López ha coincidido en pedir el acta de diputado
a Díaz Alperi y ha calificado de "insoportable" que se siga
"manteniendo con dinero público y como representante del pueblo
valenciano a un personaje de la calaña del señor Alperi".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/13/valencia/1386951762_818501.html
LA FISCALÍA DENUNCIA A ALPERI POR DELITO FISCAL Y FALSEDAD
DOCUMENTAL
El exalcalde de Alicante ocultó ingresos por cerca de dos millones y
defraudó 700.000 euros
El TSJ pide a Hacienda datos de una empresa sobre el viaje de Alperi a
Creta
Al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se le acumulan las causas
pendientes con la Justicia. El actual diputado autonómico del PP,
imputado también en el caso Brugal por tráfico de influencias, cohecho y
revelación de información privilegiada, se enfrenta a una denuncia de la
Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana por dos supuestos delitos,
fraude fiscal y falsedad en documento público, según confirmaron fuentes
del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ).
El origen de la denuncia es un informe de la Agencia Tributaria que
desvela que Alperi ocultó al fisco ingresos por un valor cercano a los
dos millones de euros y un fraude en las declaraciones de la renta de
2007, 2008 y 2009 de otros 700.000 euros. La inspección de la Agencia
Tributaria empezó a investigar al detectar un fraude anual superior a
los 120.000 euros. La causa todavía no ha sido registrada y no se ha
asignado el juez instructor de la Sala de lo Civil y de lo Penal.
Operaciones bajo sospecha
·
Taller de Contabilidad S.A. paga una deuda tributaria de Alperi de
942.678 euros y no reclama el pago de la misma
·
La mercantil Andarx compra un yate para “uso y disfrute personal”
del regidor por 852.945 euros . Alperi paga solo 150.000 euros,
procedentes de la venta de otro barco. El resto lo financia y abona
el promotor Antonio Solana.
·
En 2010, Alperi usa la sociedad Andarx para facturar ingresos de su
actividad personal privada que deberían declararse como ingresos de
actividad económica a efectos de IRPF.
·
La Agencia Tributaria apunta un supuesto fraude en la declaración de
la renta de 405.351 euros del año 2007, otros 144.862 euros de 2008
y 144.862 del año 2010.
·
El informe concluye que Alperi presentó “de manera consciente y
voluntaria” estas declaraciones sin incluir todos los datos.
Alperi no quiso hacer valoraciones. “Desconozco el tema, y no hago
declaraciones a periodistas”, se limitó a comentar por teléfono a EL
PAÍS.
La Agencia Tributaria destapa la existencia de dos operaciones que
habrían supuesto la obtención de rentas no declaradas. En la primera de
ellas, la sociedad Taller de Contabilidad, SA, pagó una deuda tributaria
contraida por Alperi por valor de 942.678 euros en noviembre de 2007, y
una vez pagada “ni la empresa, ni ningún otro acreedor reclama el pago
de la misma”. La segunda operación consistió en la compra de un yate por
parte de Alperi a través de la mercantil AndarxBusines, SL, en la que
“una parte sustancial de la compra del barco fue satisfecha por un
tercero”. Alperi, supuestamente, compró el barco en 2008 para su uso y
disfrute personal por 852.945 euros, pero solo pagó 150.000 euros
obtenidos de la venta de un antiguo yate. El resto lo habría “pagado en
una parte y financiado en otra Antonio Solana”, y según el informe, “la
estrategia de ocultación fue crear la apariencia de que la propiedad del
barco era compartida por Alperi y Solana” a través de la sociedad Andarx,
en la que los dos participaban.
Solana es un conocido y antiguo promotor inmobiliario de Alicante al que
Alperi colocó hace diez años de presidente del Alicante Club de Fútbol.
Estos son los casi dos millones de euros de dudosa justificación fiscal.
Los presuntos ingresos injustificados de patrimonio rondaron el millón
de euros en 2007, un año antes de dejar la alcaldía, y otros 325.000 en
2008 y 300.000 en 2010.
Pero, además, la mercantil Andarx sirvió al exalcalde en 2010 para
facturar ingresos de su actividad profesional privada “que deberían
declararse como ingresos de actividad económica a efectos de IRPF”. La
Agencia Tributaria estima que Alperi supuestamente habría defraudado en
su declaración de la Renta del año 2007 la cantidad de 405.351 euros, en
2008 otros 144.862 y 132.468 euros en 2010. En total otros 682.681
euros. La Agencia Tributaria afirma en su informe que “los hechos
descubiertos evidencian el carácter doloso de la conducta del obligado
tributario (Díaz Alperi) ya que de manera consciente y voluntaria
presentó las declaraciones de IRPF de los ejercicios 2007, 2008 y 2010
falseadas”
La inspección concluye que el exalcalde presentó “de manera consciente y
voluntaria” las declaraciones de IRPF de esos tres años sin incluir “la
totalidad de las rentas obtenidas y utilizando mecanismos de ocultación,
imponiendo sociedades que ocultan al verdadero perceptor de las rentas y
utilizando contratos disimulados para defraudar a Hacienda y eludir el
pago de cuotas impositivas”, según el escrito firmado por del delegado
de la Agencia Tributaria.
El servicio jurídico analizó las principales fuentes de ingreso de
Alperi: el Ayuntamiento de Alicante, como alcalde en 2007 y 2008, las
Cortes Valencianas, de la que es diputado, y varias retribuciones como
miembro del Consejo de Administración de varias empresas.
Tras la denuncia de fiscal, ahora falta conocer el juez instructor de
esta causa, y si decide relacionarla con el caso Brugal, que instruye la
misma sala del TSJ. El actual diputado autonómico del PP también está
imputado, junto a la actual alcaldesa, Sonia Castedo y el empresario
Enrique Ortiz, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y
revelación de información privilegiada. El caso Brugal intenta
determinar si los políticos del PP habría facilitado información
privilegiada al promotor sobre el PGOU de Alicante a cambio de regalos o
prebendas.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/14/valencia/1363259438_912735.html
LUIS DÍAZ ALPERI, DE LA RUINA A LOS REGALOS DE LUJO
o son nada, pero sí suficiente tiempo para sanear una economía
y, máxime, desde un alto cargo público. Luis Díaz Alperi, del PP, llegó
a la alcaldía de Alicante en mayo de 1995 con una mano delante y otra
detrás, consecuencia de sus ruinosos negocios. El ex regidor, ahora
diputado autonómico, dejó el cargo en septiembre de 2008. En esa fecha
sus finanzas habían experimentado un giro completo. A tenor de una de
las grabaciones del caso Gürtel, fechada el 3 de noviembre de
2008, el ex primer edil regaló al entonces secretario general del PP
valenciano, Ricardo Costa, un reloj Franck Muller, valorado en 24.000
euros.
El estreno de Díaz Alperi en la alcaldía estuvo prácticamente
monopolizado por la polémica sobre sus antiguas relaciones con
inmobiliarias y las deudas pendientes con bancos y la Seguridad Social
derivadas de su negocio privado, la firma Alivacsa, dedicada a
precocinados. En 1995, según datos que entonces desveló la oposición, el
debe privado de Alperi ascendía a 25 millones de pesetas. Sobre los
bienes del ex regidor había una orden judicial de embargo, y éste se
declaró insolvente.
La ambigüedad entre lo público y lo privado siguió marcando
los posteriores años del gobierno de Alperi. Primero por el supuesto
alquiler de un ático en la avenida de la Costa Blanca, sobre el que
pesaba un decreto de paralización de obras por infracción urbanística.
El piso era propiedad del promotor Antonio Solana. El alcalde desistió y
precisó: "Yo vivo de alquiler, para mí es más importante tener un
barquito que un piso en propiedad". Las relaciones con otro contratista
con yate, en este caso Enrique Ortiz, marcaron el último tramo del
mandato de Alperi. Los hijos del ex alcalde también viven en alquiler en
casas propiedad de Ortiz. Anticorrupción acusó a Alperi de trato de
favor al contratista. Pero los tribunales lo exculparon.
www.elpais.es 11.10.09
La Fiscalía del TS apoya
el recurso a los aparcamientos
La Junta de
Fiscales del Tribunal Supremo acordó ayer, por unanimidad,
tramitar el recurso de casación impulsado por la Fiscalía
Anticorrupción de Alicante contra el archivo decretado por
el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad
Valenciana de la causa por el supuesto trato de favor del
alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, al
contratista Enrique Ortiz en la adjudicación de tres
aparcamientos subterráneos. El pronunciamiento del
ministerio público del Supremo se produce a raíz de una
queja planteada por su homólogo de Anticorrupción a la
negativa del TSJ a tramitar la apelación. El futuro del
recurso queda ahora pendiente del visto bueno de los jueces
del alto tribunal.
De esta forma,
los fiscales del Supremo avalan la tesis del destacamento de
Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones. Éste,
en contra del criterio del TSJ, considera que jurídicamente
sí cabe el recurso de casación. Briones cree que el escrito
de razonamiento del magistrado instructor, el titular del
Juzgado número 8 de Alicante, al remitir la causa al TSJ
debido al aforamiento de uno de los imputados, en este caso
el alcalde Alperi, equivale a un auto de procesamiento. Ello
lleva implícito un hipotético recurso de casación en el
supuesto de que sea archivado, sin la práctica de diligencia
alguna, como ocurrió con la resolución del TSJ. Este
tribunal archivó la causa primero de manera provisional,
mediante un auto de un magistrado instructor. La resolución
fue ratificada después, en concreto el 22 de febrero, por la
sala de lo Civil y Penal del TSJ.
Además del
alcalde y el promotor, en el sumario estaban imputados
también la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el ex
concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Luis
Concepción, todos ellos acusados de los supuestos delitos de
prevaricación administrativa, tráfico de influencias,
apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales
públicos. Las investigaciones arrancaron en 2006, tras las
denuncias sobre modificaciones en el contrato de tres
aparcamientos subterráneos a favor de la empresa Ortiz e
Hijos, que habrían supuesto al Ayuntamiento un quebranto
económico de más de 2,2 millones de euros.
Felipe Briones sostiene que la
"amistad personal y familiar" entre el alcalde y el
contratista fue "fundamental" en el supuesto trato de favor
del primero al segundo al adjudicar el contrato.
www.elpais.es 27.03.08
El TSJ asume la
investigación a Alperi por prevaricación
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se hace cargo de la
investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número ocho
de Alicante por supuestos delitos de prevaricación, tráfico
de influencia, falsedad, malversación de caudales públicos y
apropiación indebida en la que están imputados el diputado y
alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, aforado, miembros de la
corporación, el constructor Enrique Ortiz y el gerente.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) ha asumido la investigación que se iniciara tras una
denuncia presentada el 4 de noviembre de 2005 sobre presuntas
irregularidades en la concesión de las licencias de construcción
de varios aparcamientos subterráneos de Alicante. Así consta en
un auto de fecha 11 de octubre que a lo largo de ocho folios
explica las razones por las que la competencia pasa de un
juzgado de instrucción al TSJ.
La denuncia presentada por José Luis Valdés Fernández aportaba
21 documentos que recogían la tramitación del expediente
administrativo municipal sobre el concurso público convocado por
el Pleno del Ayuntamiento de Alicante con fecha 17 de enero de
2003 para la construcción y explotación de tres estacionamientos
subterráneos. El concurso inicial sufrió una modificación que
supuso, a juicio del denunciante, un incremento de más del 20% y
que se aprobó sin el informe del Consejo Jurídico consultivo
obviando datos fundamentales. Quienes informaron negativamente a
la modificación del contrato por el concesionario dejaron de
tener cualquier tipo de competencia sobre el asunto. Un decreto
del alcalde sustituyó a la dirección técnica y a la concejalía
competente por la concejalía de Seguridad, ciudadanía, Tráfico y
Transportes, que emitió el informe que permitía las
modificaciones que quería el adjudicatario.
La Junta de Gobierno Local aprobó en sesiones de 14 de marzo y
de 4 de julio de 2005, sin contar con un nuevo y preceptivo
informe del servicio de Economía y Hacienda del consistorio, la
ampliación de la concesión en siete años y medio. Resultado: la
Junta de Gobierno aprobó unas obras que costaban un 20% más del
presupuesto de Ejecución de Contrata aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento. El quebranto económico se estima en 2.268.060,94
euros. Y la mercantil adjudicataria, Ortiz e Hijos, incumplió la
modificación aprobada con relación a la estructura perimetral
del estacionamiento que se ubica en la calle de Hermanos López
de Osaba, beneficiándose económicamente de ello.
Tras las diligencias practicadas en el juzgado de instrucción de
Alicante, se imputó a Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante,
diputado autonómico y por tanto aforado; Antonio Escobedo Moya,
jefe del departamento Técnico de Tráfico y Planificación viaria;
Enrique Tomás Ortiz Selfa, responsable de la mercantil Ortiz e
Hijos (mercantil que compró terrenos a Terra Mítica en el
proceso de suspensión de pagos y se prepara para urbanizar el
entorno del parque en cuatro años); Luis concepción Moscardó,
concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes cuando
ocurrieron los hechos; Sonia Castedo Ramos, concejal delegada de
Urbanismo y miembro de la Junta de gobierno; y Santiago
Bernáldez Gazapo, director gerente de la constructora.
El problema de competencia se suscitó por
la imputación de un aforado. Por tanto, el juzgado de Alicante
lo derivó al TSJ. La Sala de Lo Civil y Penal acepta el caso, no
acepta la renuncia al aforamiento solicitada por Díaz Alperi.
Por tanto, a partir de que el juzgado de Alicante remita toda la
documentación que componen las diligencias, la causa continúa
adelante con el magistrado José Francisco Ceres Montés como
instructor.
www.elpais.es
20.10.07
Un juez insta al TSJ a investigar a
Alperi por los aparcamientos
"El
alcalde imputado, Luis Díaz Alperi, ha estado siempre informado y al
tanto de la tramitación del expediente", admite el juez
Gómez-Angulo, instructor del denominado caso de los aparcamientos de
Alicante, en un escrito que remitió al Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) que ahora llevará este caso por la condición de aforado del
alcalde. El juez aprecia indicios de delito y cree necesario "seguir
investigando".
El
magistrado, Jesús Gómez Angulo, ha remitido una exposición razonada de
competencia al TSJ, según confirmaron ayer fuentes de este tribunal, en
la que resume los hechos esenciales de la instrucción del caso de los
aparcamientos que construyó Enrique Ortiz en Catedrático Soler, Hermanos
López Osaba y Padre Esplá. El juez de Alicante imputó al alcalde, al
empresario Enrique Ortiz, a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, al
edil de Tráfico, Luis Concepción, en la pasada legislatura, al técnico
que informó a favor de las mejoras concedidas a Ortiz y al apoderado de
la empresa constructora, los presuntos delitos de prevaricación, tráfico
de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y
apropiación indebida. La causa que "se encuentra en un avanzado estado
de instrucción", ha pasado ahora al TSJ gracias a la condición de
aforado del alcalde de Alicante, que es también diputado autonómico del
PP.
En la
valoración judicial que hace el magistrado que ha instruido la causa
advierte de que "no pueden desestimarse de forma razonada e inequívoca
las hipótesis acusatorias sostenidas por el ministerio fiscal y las
acusaciones populares". El juez tilda de "cuando menos anómalo y
excepcional" el cambio de dirección técnica del contrato y del órgano
gestor por decreto de la alcaldía, ya que según el juez, se produjo "en
un estado muy avanzado de la tramitación del expediente y cuando todas
las instancias técnicas informaron en contra de cualquier modificación".
En el escrito hace referencia a documentos "cuyo único propósito era
sortear informes contrarios y permitir las mejoras interesadas por el
adjudicatario". Del informe del director, Antonio Escobedo, estima que
"considera auspiciado por una idea demasiado próxima a los legítimos
pero particulares intereses de la empresa adjudicataria".
El juez
concluye que el alcalde ha estado siempre informado y al tanto de la
tramitación del expediente, "siendo su intervención personal y directa
decisiva en todos los hitos clave" e insta a que el TSJ investigue
también "la relación de amistad o confianza personal" de Alperi con el
constructor Enrique Ortiz que "excede lo que podría calificarse como una
cordial relación institucional".
El PSPV
lamentó "tener un alcalde bajo sospecha" y pidió a la justicia que "no
dilate en el tiempo" la instrucción.
www.elpais.es 21.09.07
El juez tramita el envío al
TSJ del 'caso Alperi' por trato de favor a Ortiz
El aforamiento del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del
PP, a raíz de su elección como diputado autonómico ha acarreado
su primera consecuencia en el plano jurídico. El juez que
investiga un supuesto trato de favor del regidor al contratista
Enrique Ortiz ha iniciado el trámite para enviar la causa al
Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Alperi está además imputado
en el desfalco de Mercalicante, caso que también irá al TSJ. La
causa al alcalde de Torrevieja y diputado regional, Pedro Ángel
Hernández Mateo, del PP, por la venta de una finca correrá la
misma suerte judicial.
El titular del Juzgado número 8 de Alicante, que dirige la
investigación por la adjudicación de tres aparcamientos
subterráneos del Ayuntamiento al promotor Enrique Ortiz ha
solicitado a las Cortes Valencianas que emita un certificado
oficial sobre la condición de diputado autonómico del regidor,
según confirmaron ayer fuentes oficiales del TSJ.
La inhibición del juez en favor del TSJ supone el inicio de la
instrucción del sumario, cuyas diligencias comenzaron en
septiembre de 2006 a raíz de una denuncia de la Fiscalía
Anticorrupción de Alicante. El ministerio público apreció los
supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación,
entre otros, en el modificado al alza del contrato inicial de
los tres aparcamientos. Aparte del alcalde, hay otros cinco
imputados, entre ellos, dos ediles más del PP, un funcionario,
el empresario Enrique Ortiz y el jefe de división del grupo de
empresas del promotor.
El juez instructor ya había tomado declaración a los seis, a los
testigos propuestos por las partes y practicado diversas pruebas
periciales.
Aparte de esa causa, Díaz Alperi también está imputado en el
sumario por el supuesto desfalco de seis millones de euros
descubierto en la contabilidad de la empresa pública
Mercalicante, presidida por el regidor. La instrucción de
esta causa, que dirige la titular del Juzgado número 1 de
Alicante, Cristina Costa, se prolonga ya por espacio de cinco
años. Este sumario, igualmente debido a la condición de diputado
autonómico del imputado Luis Díaz Alperi también deberá
remitirse al TSJ. No obstante ni de oficio ni a instancia de
parte se ha producido ninguna incitativa para iniciar la
inhibición en favor del TSJ, según informaron las mismas
fuentes. La acusación pública en este caso la ejerce también el
fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
Otro cargo público del PP imputado, cuya causa correrá la misma
suerte judicial que la de Luis Díaz Alperi es el del alcalde de
Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, también elegido
diputado autonómico. El regidor de Torrevieja está imputado por
un supuesto delito de uso privilegiado de información y tráfico
de influencias derivado de la compraventa de una finca rústica
que en el espacio de dos años le reportó una plusvalía de 5,3
millones de euros.
Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia de Alicante ha
acordado el archivo de la denuncia presentada por el partido
Vecinos por Alicante contra el alcalde Díaz Alperi por supuesta
revelación de secretos derivada de dejar en manos de dos
arquitectos, sin contrato y ajenos la Corporación, los trabajos
para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El fiscal-jefe, José Antonio Romero, señaló que "no hay indicios
de delitos, ya que esos técnicos no han tenido acceso a ningún
dato que no fuera de dominio público", precisó. Díaz Alperi tomó
esta decisión tras despedir al redactor inicial del plan, el
arquitecto Lluís Cantallops.
La Fiscalía de Alicante también ha archivado la denuncia del ex
alcalde socialista de Catral, José Manuel Rodríguez, contra el
Consell por supuesta apropiación de información para justificar
la intervención del PGOU del municipio. www.elpais.es 20.06,07
UNA JUEZ CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE POR
TRATO DE FAVOR A ORTIZ EN UNA CONTRATA
El Alcalde y a la sazón
presunto implicado
El
Juzgado de lo contencioso administrativo número
2 de Alicante dictó una sentencia el pasado 16
de abril en la que condena al Ayuntamiento de
Alicante, que preside el alcalde del PP, Luis
Díaz Alperi, a abonar a una empresa el beneficio
que dejó de ganar después de que el Consistorio
concediera de forma "injusta" un contrato a
Enrique Ortiz. El contrato en cuestión
adjudicaba el servicio de la limpieza y
mantenimiento del Cementerio, así como la
ejecución de las actividades funerarias por un
importe de 765.000 euros para dos años, y
recibió luz verde en la Junta Local del
Ayuntamiento de Alicante el 11 de abril de 2005,
según informó ayer el periódico La Verdad.
A
dicho concurso se presentó Enrique Ortiz y una
UTE formada por Secopsa Servicios y Contratas
Prieto. La concejal socialista, Antonia Graells,
en aquella ocasión denunció "irregularidades" en
los criterios de baremación, ya que no se otorgó
a la oferta más económica, según recordó ayer la
edil.
La
juez, en la sentencia, se muestra muy crítica
con la actuación del jefe del área de Servicios
y Mantenimientos del Ayuntamiento, Pablo Suárez
y de sus colaboradores. "Es sorprendente el
empeño del técnico municipal en desacreditar la
oferta de Prieto", menciona en la sentencia la
juez, que también asegura que "da la impresión
de que el resto de las puntuaciones
exageradamente bajas concedidas a Prieto (...)
son evidentemente tendenciosas con el objeto de
favorecer a Ortiz, desde el momento en que en
ningún momento lo justifica con todo detalle".
La
magistrada estima la demanda interpuesta por una
de las mercantiles perjudicada en el concurso y
considera que perdió el contrato porque el
informe municipal "incidió en arbitrariedad,
desviación de poder y violación de los
principios de objetividad, igualdad y libre
concurrencia que deberían haber regido la
licitación".
La
sentencia condena al Ayuntamiento de Alicante a
abonar a las dos empresas que optaban
conjuntamente al contrato el beneficio que han
dejado de percibir, cuantificado en un 6%
correspondiente al beneficio industrial de todas
las certificaciones facturadas por la mercantil
de Enrique Ortiz por los trabajos realizados en
la ejecución del contrato.
La
sentencia fue comunicada al Ayuntamiento de
Alicante el pasado 24 de abril y éste puede
presentar un recurso de súplica ante el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad
Valenciana. Ayer ningún responsable municipal
del PP quiso valorar la sentencia. Por su lado,
el responsable de comunicación en la ejecutiva
del PSPV-PSOE en Alicante, Lalo Díez, lamentó
esta nueva sentencia contra el Ayuntamiento de
Alicante y que "los ciudadanos tengan que pagar
por ello". Díez también advirtió de la
posibilidad de que una parte de las empresas que
"vean lesionados sus intereses" recurran ahora a
la vía judicial.
La
sentencia vuelve a poner de actualidad el
presunto trato de favor del alcalde de Alicante
hacia el empresario Enrique Ortiz, imputado
junto al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi,
en el proceso judicial sobre el sobrecoste en la
construcción de dos aparcamientos en Alicante.
Enrique Ortiz planea también ejecutar el mayor
plan urbanístico en la ciudad de Alicante al
margen del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) que es el Plan Rabassa, con la
construcción de 15.000 viviendas sobre una
parcela de 1.200.000 metros cuadrados.
www.elpais.es 06.06.07
El fiscal pide al juez que
investigue las casas que ocupan los hijos de Díaz Alperi
El fiscal Anticorrupción, Felipe
Briones, ha pedido al juez que instruye el caso de los aparcamientos que
investigue las casas que ocupan los tres hijos del alcalde de Alicante, Luis
Díaz Alperi, en una una urbanización de la Playa de San Juan. Los hijos de
Alperi, como desveló este periódico el domingo, disponen de tres bungalows que
hasta hace tres meses eran propiedad de Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L.,
empresa de la que el mayor contratista de la ciudad, el constructor Enrique
Ortiz, tiene la mitad. Viviendas del Mediterráneo trasmitió las casas poco
después de conocerse la imputación del alcalde y del empresario por el caso de
los aparcamientos.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado al juez que requiera mediante un oficio a
Viviendas del Mediterráneo para que aclare la titularidad de los bungalows que
ocupan los hijos de Alperi. Briones trata de esclarecer si los tres hijos del
alcalde pagan por las casas. El fiscal preguntó a Alperi hace un mes, cuando
compareció en el juzgado como imputado, si sus familiares habían disfrutado de
algún bien del empresario y el alcalde se limitó a responder: «No, que yo sepa».
También el abogado de José Luis Valdés, el dirigente vecinal, y ahora candidato
a la Alcaldía por el nuevo partido Vecinos por Alicante, que denunció el caso en
la Fiscalía, ha reclamado al juez que investigue si la empresa de la que Ortiz
tiene un 50% ha alquilado las casas a los hijos de Alperi o si se las ha cedido.
El letrado pide que Viviendas del Mediterráneo aporte los contratos de cesión o
alquiler y que acredite su titularidad mediante las escrituras y recibos del IBI..
La acción popular ejercida por José Luis Valdés ha instado a que se requiera a
la comunidad de propietarios a que informe sobre quién paga los recibos y si los
hijos de Alperi viven en los bungalows. El abogado de Valdés también quiere
información del Registro de la Propiedad, el catastro, el padrón, Aguas
Municipalizadas e Iberdrola, y que la Policía Local certifique qué personas
residen en las viviendas. El letrado ha aportado a la causa la información
publicada el domingo por este diario sobre las viviendas. El juez que investiga
las presuntas irregularidades en las mejoras concedidas a Ortiz tras la
adjudicación de tres aparcamientos ya ha tomado declaración como imputados al
constructor, al alcalde, a los ediles Sonia Castedo y Luis Concepción, y al
técnico Antonio Escobedo. El magistrado también ha interrogado, como testigos, a
los técnicos que informaron en contra de modificar la concesión. El abogado de
Valdés ha pedido al juez que vuelvan a declarar los técnicos Lázaro López y José
María Simón para que aclaren una serie de contradicciones con la edil de
Urbanismo en la tramitación del expediente. El letrado también ha solicitado
información sobre la vida laboral del marido de Sonia Castedo para comprobar su
relación con Enrique Ortiz.
www.levante-emv.com 16.01.07
Los hijos de Alperi ocupan casas
construidas por Ortiz y traspasadas tras ser imputado
Los tres hijos del alcalde de
Alicante, Luis Díaz Alperi, ocupan bungalows que hasta hace tres meses eran
propiedad de Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L., sociedad que en un 50% es del
constructor Enrique Ortiz, el mayor contratista de obra pública de la ciudad y
principal accionista del Hércules.
La mercantil se deshizo de los tres inmuebles sólo 25 días después de que el
titular del juzgado de Instrucción número 8 de Alicante comunicara la imputación
al empresario y al alcalde, además de a otros dos ediles y a un técnico, por la
denuncia que presentó, el pasado 21 de agosto, el fiscal Anticorrupción por un
presunto trato de favor al empresario por parte del ayuntamiento en las mejoras
concedidas tras la adjudicación de la construcción y explotación de tres
aparcamientos subterráneos. El proceso penal se encuentra aún en fase de
instrucción después de que todos los imputados hayan prestado ya declaración
ante el juez. En esta comparecencia, y a preguntas del acusador público, el
alcalde negó la existencia de cualquier vinculación entre sus hijos y Enrique
Ortiz así como la de ventajas que pudieran estar disfrutando él mismo o sus
hijos, afirmación que, según consta en la transcripción de su declaración en el
juzgado, apostilló con un «que yo sepa». También el empresario, al ser
preguntando por el fiscal Anticorrupción, aseveró ante su señoría que «no ha
permitido nunca que el señor Alperi disfrute de ningún bien propiedad del
declarante (por Ortiz) ni a ningún allegado suyo».
En la playa de San Juan
Las tres viviendas, ubicadas en una zona residencial de la Playa de San Juan
próxima al campo de golf del Pau 4, fueron vendidas el pasado 19 de octubre a
Jacobriz S. L., una sociedad con domicilio social en Madrid estrechamente
vinculada a Aurelio González Villarejo, socio de Ortiz en la construcción y
promoción de este conjunto residencial. La operación de compraventa fue inscrita
en el Registro de la Propiedad el pasado 27 de noviembre, justo un día antes de
que Enrique Ortiz compareciera ante el magistrado y cuando faltaban 19 para que
lo hiciera el alcalde.
Alperi declara que
desconocía el informe contrario a los aparcamientos de Ortiz
El Alcalde y a la sazón
presunto implicado
Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, del PP, declaró ayer ante
el juez que ignoraba los detalles de la tramitación del
expediente de adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al
contratista Enrique Ortiz. El regidor negó incluso conocer un
informe en contra de la modificación del contrato emitido por
los técnicos de Urbanismo antes del traslado del expediente al
área de Tráfico, "por decisión de la concejal de Urbanismo",
extremo que la edil ya asumió el miércoles, cuando compareció en
el juzgado. Alperi admitió tener "relaciones cordiales" con el
empresario.
El regidor
elude una pregunta sobre la titularidad de los pisos
donde viven sus hijos
Díaz Alperi compareció ayer, en calidad de imputado, ante el
titular del Jugado número 8 de Alicante, el magistrado Jesús
Gómez-Angulo Rodríguez. El interrogatorio al regidor se prolongó
por espacio de ocho horas. El juez investiga una denuncia de la
Fiscalía Anticorrupción por supuesto trato de favor del
Ayuntamiento al contratista, también imputado en la causa. El
ministerio público sostiene que se introdujeron modificaciones
en el contrato en relación con la adjudicación inicial
ventajosas para el empresario. Esos cambios fueron rechazados
por los técnicos de Urbanismo, que dirige la concejal Sonia
Castedo, antes de trasladar el expediente al área de Tráfico, en
manos del edil Luis Concepción. El jefe de este departamento,
Antonio Escobedo, sí avaló las modificaciones. Castedo,
Concepción y Escobedo están igualmente imputados.
El primer edil de Alicante aseguró al juez que no conocía
ninguno de los trámites relacionados con la modificación del
contrato, ni tan siquiera el informe desfavorable emitido por
los técnicos de Urbanismo. El alcalde declaró que se limitó a
firmar el decreto de cambio de departamento a petición de
Castedo. "La concejal me pidió que lo firmará y no tuve ningún
inconveniente en hacerlo", puntualizó. Castedo ya asumió toda la
responsabilidad del trámite del expediente en su declaración
ante el juez, el pasado miércoles juez
A
preguntas del fiscal anticorrupción, Díaz Alperi admitió
mantener "relaciones cordiales" con el contratista y haber
coincidido con él en actos al margen del ámbito institucional.
El regidor reconoció que siguió una regata en la bahía de
Alicante a bordo del yate propiedad del Ortiz y que coincidió
con él en un viaje a Egipto, "aparte de algunos otros eventos
como bautizos". El alcalde enmarcó ese abanico de actos en "el
amplio concepto de la amistad".
El regidor, al igual que Castedo, también rehusó responder a las
preguntas de la acusación popular que ejercen los partidos
Vecinos por Alicante y EU. Una de las preguntas del letrado de
la primera parte hacia referencia al domicilio particular de los
tres hijos del alcalde. Según esa parte, los tres residen en
sendos chalés promovidos por Enrique Ortiz. Y en concreto el
recibo de luz correspondiente al mes de noviembre de la casa
donde vive Otto Díaz González está a nombre de la promotora.
Fuentes del grupo empresarial señalaron ayer que efectivamente
las viviendas fueron construidas por Ortiz y un socio, a través
de la firma Orbi, hace dos años, y que posteriormente las
vendieron a personas físicas y otras sociedades dedicas al
alquiler. Estas fuentes achacaron el hecho de que el recibo de
la luz todavía figure a nombre de la promotora a que la compañía
eléctrica no ha dado de alta al nuevo propietario de vivienda
[el chalé piloto de la urbanizacíón] donde vive el hijo del
alcalde.
Con el interrogatorio a Díaz Alperi el juez concluye la prueba
testifical de la instrucción del caso. El magistrado, además de
a los cinco imputados, ha tomado declaración como testigos a los
técnicos de Urbanismo.El alcalde, que opta a revalidar el cargo
en los comicios de mayo de 2007, está también imputado en el
supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la
empresa pública Mercalicante.
www.elpais.es 16.12.06
El fiscal denuncia al alcalde de
Alicante y dos ediles por unas concesiones a Ortiz
El fiscal Anticorrupción de
Alicante, Felipe Briones, remitió ayer a los juzgados una denuncia por supuestas
irregularidades contra el alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, la concejal de
Urbanismo, Sonia Castedo, el de Tráfico, Luis Concepción, un técnico de esta
última concejalía, Antonio Escobedo, y el propio promotor. La Fiscalía acusa a
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante de aprobar la concesión
de tres aparcamientos subterráneos al empresario Enrique Ortiz sin someterla al
dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat. El fiscal sostiene
en su escrito que podrían haber cometido los delitos de prevaricación, tráfico
de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación
indebida. Además de apreciar la existencia de «un concierto» entre Díaz Alperi,
Castedo y Concepción «con la exclusiva intención de conferir al adjudicatario
mejoras respecto al contrato inicial», Briones acusa a la Junta Local de
Gobierno de haber aprobado directamente, en sendas sesiones celebradas el 14 de
marzo y el 5 de julio, del año 2005 en ambos casos, cambios en la concesión sin
someterlo al dictamen del CJC. El fiscal, que cifra en, al menos, 2.268.060
euros el quebranto económico para la corporación, afirma que la Junta «no era
competente legalmente» para adoptar esta decisión, porque la cuantía de las
obras excedía el 20% del Presupuesto de Ejecución de Contrata (PEC) aprobado por
el Pleno el 17 de enero de 2003. También señala en la denuncia que la Junta de
Gobierno no solicitó el preceptivo informe del Servicio de Economía y Hacienda
del Ayuntamiento. En cambio, el jefe de este servicio, Pablo Ortiz, sí había
emitido un informe el 11 de noviembre de 2003, aunque para denegar las
pretensiones del adjudicatario, en el sentido de aumentar las tarifas y el plazo
de explotación y reducir el canon que debía pagar al Ayuntamiento para compensar
una mayor inversión en las obras que mejorarían su calidad. Por otro lado,
Briones asegura que Escobedo -nombrado por decreto del alcalde el 14 de enero de
2004 en sustitución de los dos técnicos de Urbanismo encargados hasta entonces
de la dirección facultativa del contrato- emitió un informe el 28 de febrero de
2005 en el que «falseó el PEC fijado el 17 de enero de 2003». Así, este técnico,
siempre según el fiscal Anticorrupción, propuso «sin justificación alguna la
rectificación de un error de cálculo y tres necesidades nuevas por razones de
interés público», de forma que autorizó un aumento de siete años y diez meses
respecto del plazo de explotación inicialmente pactado. Lo hizo supuestamente
«en cumplimiento de instrucciones verbales de su concejal», Luis Concepción,
quien junto al alcalde Díaz Alperi y a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo,
habían decidido «dejar sin resolver la denegación de las modificaciones
propuesta por los técnicos» de Urbanismo. En la denuncia, que consta de 108
páginas y que está acompañada por numerosos documentos, el fiscal Anticorrupción
subraya también discrepancias entre la declaración prestada por Castedo como
testigo y las de otros técnicos de su departamento. En concreto, la concejal
dijo a Briones que no recordaba la existencia de una propuesta de acuerdo
dirigida al Pleno y elaborada el 18 de noviembre del año 2003 por el jefe del
Servicio de Contratación y Patrimonio, José María Simón, en la que se rechazaban
los cambios en el contrato en congruencia con los informes realizados antes por
los dos técnicos de Urbanismo y por Pablo Ortiz.
Publicado en www.levante-emv.com
22.08.06
Un empresario socio del IVVSA y
constructor en Terra Mítica
Las relaciones del empresario
Enrique Ortiz con la política van más allá de las concesiones del ayuntamiento
de Alicante para construir aparcamientos. Enrique Ortiz participa, con un 51%
del accionariado, en la empresa mixta del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA)
Tarea Promotora Valenciana de Vivienda S.L., de la que 49% pertenece al IVVSA.
Esta firma mixta ha desarrollado dos proyectos de magnitud en los últimos años.
Por un lado, el polémico Plan Rabassa, aprobado definitivamente hace unos meses
y contra el que se manifestó en las puertas del ayuntamiento incluso el
coordinador general de IU, Gaspar Llamazares. El segundo, el Nou Manises, un PAI
que afectó a 1.718.469 metros cuadrados y que supuso la construcción de 9.634
viviendas, de las 5.775 eran de V.P.O. Un PAI, el de Manises, que haría crecer
la ciudad con 28.000 nuevos habitantes computando una media de tres nuevos
habitantes por vivienda. Sin embargo, el nombre de Ortiz fue lanzado
directamente al estrellato con la adquisición recientemente de un club de fútbol
(Hércules) y, sobre todo, gracias su espectacular irrupción en la subasta de
Terra Mítica, donde se hizo con las cinco parcelas que puso a la venta el parque
por un coste total de 85 millones de euros. Una oferta que sorprendió hasta a
los más optimistas ya que el precio de partida era de 60 millones y no se
esperaba lograr un beneficio mucho mayor. en las cinco parcelas adquiridas, el
empresario alicantina construirá apartamentos hoteleros y un hotel de lujo.Publicado en www.levante-emv.com
22.08.06
La denuncia de Anticorrupción contra
el alcalde Alperi revela que el ayuntamiento ocultó 3 informes.
El Ayuntamiento de Alicante omitió a
la Fiscalía hasta tres documentos en la investigación de los aparcamientos,
algunos de ellos esenciales para las indagaciones, según consta en la denuncia
remitida por el fiscal Anticorrupción Felipe Briones al juzgado. La Fiscalía ha
denunciado por un presunto trato de favor, al alcalde, Luis Díaz Alperi; a los
ediles de Urbanismo y Seguridad, Sonia Castedo y Luis Concepción; así como a un
técnico municipal y al empresario Enrique Ortiz. Según la denuncia, las
compensaciones al promotor por las obras de los aparcamientos municipales de
Catedrático Soler, Padre Esplá y Hermanos López Osaba, han podido causar un
perjuicio de al menos 2,2 millones de euros a las arcas municipales. La
investigación parte de una denuncia del dirigente vecinal José Luis Valdés. El
Ayuntamiento de Alicante compensó a la empresa de Ortiz alegando la aparición de
circunstancias imprevistas, que encarecían las obras en 2,8 millones de euros,
basándose en los informes del técnico Antonio Escobedo, ahora denunciado. La
denuncia recuerda que desde Urbanismo se rechazaron las modificaciones de Ortiz
a las que ahora daba el visto bueno Tráfico. Entre ellas está la construcción de
muros pantalla, el uso de ascensores de discapacitados y mejoras en los
servicios. El fiscal recuerda que muchas de estas «nuevas necesidades» se
incluían ya en los proyectos originales. La investigación del fiscal ha
detectado un desfase de 878.643 euros en los sobrecostes de modificación de los
proyectos. Según el escrito, hay 591.800 euros que no tienen justificación
presupuestaria alguna; así como 286.843 euros de gastos adicionales
«indebidamente incluidos como sobrecoste». El fiscal concluye que el desfase
analizado entre el sobrecoste aprobado para las modificaciones y su precio real
permite sostener que el director facultativo al fijar el precio de incremento de
las obras no fue el valor, ni real ni aproximado, de dichos cambios. El valor se
fijó calculando el máximo legal de sobrecoste que era del 20% del contrato, lo
que posibilitaba que la junta de gobierno local pudiera aprobar los cambios y no
el Consell Juridic. La denuncia remitida por la Fiscalía al juzgado recuerda que
cuando se inició la investigación se pidió una «copia íntegra» de todo el
expediente al Ayuntamiento. Sin embargo, entre la documentación remitida no se
incluyeron documentos claves en el expediente. El primero de ellos es la
propuesta de acuerdo que elaboraron los técnicos en primer lugar denegando
compensar al empresario Enrique Ortiz por los cambios en los proyectos. La
propuesta tenía que haber sido remitida al pleno para su aprobación, pero «no
fue tramitada». La Fiscalía ha tenido acceso a este documento porque le fue
facilitada por Valdés y porque los técnicos lo ratificaron cuando declararon
ante la Fiscalía. El segundo de los documentos omitidos es el decreto por el que
el alcalde retiró del expediente al técnico de Urbanismo que había informado en
contra de las compensaciones a Ortiz. El tercer documento que faltaba en el
expediente es un escrito de la dirección de la obra argumentando la necesidad de
ejecutar las obras del estacionamiento de Hermanos López de Osaba mediante la
técnica de muros pantallas, a fin de incrementar la seguridad. El fiscal recoge
que «a pesar de la trascendencia de esta documentación» no fue aportado-Publicado en www.levante-emv.com
23.08.06
El técnico acusado se lava las manos
Antonio Escobedo, el ingeniero de la
Concejalía de Seguridad y Transportes que informó a favor de que se concedieran
compensaciones a Ortiz por mejorar los proyectos de los estacionamientos,
recalcó ayer que él no avala «la legalidad» de un documento, en contestación al
concejal de Seguridad, quien en manifestaciones recogidas ayer por este
periódico dijo que remitió a aprobación las compensaciones a Ortiz porque su
técnico, en referencia a Escobedo, informó que la propuesta «era legal y
correcta». El técnico y jefe de servicio de la Concejalía de Seguridad añadió
con respecto a la legalidad de su informe que «yo puedo informar si una cosa es
buena o no como ingeniero que soy, pero sobre su legalidad, doctores tiene la
Iglesia», aunque aclaró a continuación que «hombre, yo algo sé sobre si una cosa
es legal o no». Escobedo expresó ayer su malestar al señalar que «el fiscal dice
unas cosas y la prensa otras, y creo que se están diciendo muchas falsedades».Publicado en www.levante-emv.com
23.08.06
El PP de Alicante apuesta por Díaz
Alperi como candidato pese a su imputación
La denuncia del fiscal
Anticorrupción contra el alcalde Díaz Alperi y los concejales Castedo y
Concepción cayó ayer peor que un jarro de agua fría en la dirección regional del
PP, que tiene en el regidor de Alicante a uno de sus principales referentes en
la provincia. A poco más de un mes de la proclamación de los candidatos a las
alcaldías de las capitales de provincia, y a pesar del desgaste que puede
acarrear la denuncia, la ejecutiva autonómica mantiene su apuesta por Alperi
como candidato a la reelección y descarta cambios mientras no se dicten
sentencias condenatorias, según el entorno de Camps. La dirección regional de
los populares expresó su «sorpresa» por la «diligencia» de la Fiscalía de
Alicante «al investigar asuntos relacionados con el PP» en contraposición a la
«laxitud» de casos relacionados con el PSPV. «Es curioso que en los últimos
meses los esfuerzos se dirijan en una sola dirección», añade la popular Sagrario
Sánchez. La denuncia del fiscal Felipe Briones por cinco supuestos delitos
contraría los planes de la dirección regional. Mientras el entorno de Camps
protege a Alperi, miembros de la ejecutiva del presidente provincial del PP,
José Joaquín Ripoll, considera que la imputación «no es buena para el partido» y
recuerdan que la mayoría del Comité Provincial es partidaria de una renovación
en la lista y que la diputada Macarena Montesinos sea la candidata a la
alcaldía. «Es el momento de las mujeres», apostillan
Publicado en www.levante-emv.com
23.08.06
Alperi suma tres imputaciones desde
que llegó al poder en 1995
Las relaciones
entre el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, imputado ya en dos casos desde
su llegada al cargo en 1995, y el promotor Enrique Ortiz han centrado el debate
político y social en la ciudad en el último año. El empresario, presidente del
Hércules CF, ha sido el adjudicatario del programa urbanístico más ambicioso de
la historia de la ciudad, el Plan Rabassa, que prevé la construcción de 15.000
viviendas en la periferia de la capital. La iniciativa supone la recalificación
de 4,2 millones de metros cuadrados en el humedal de las Lagunas de Rabassa. El
PP aprobó definitivamente el proyecto el pasado mes de abril, con el rechazo de
los grupos de la oposición, PSOE e IU, y las críticas de colectivos
cívicos.Además, Ortiz ha sido beneficiado con la adjudicación de múltiples
proyectos urbanísticos en la ciudad y también explota la contrata de basuras.
Recientemente, el promotor se hizo con la subasta de la reserva de suelo del
parque temático Terra Mítica de Benidorm para construir hoteles.La denuncia de
la Fiscalía Anticorrupción por supuesto trato de favor en la adjudicación de los
aparcamientos al promotor supondrá la tercera comparencia, en calidad de
imputado, de Díaz Alperi ante el juez. La primera se produjo en los albores de
su primer mandato por una supuesta estafa en su actividad empresarial privada.
El juez archivó la causa por prescripción de los hechos.En marzo de 2005, Díaz
Alperi declaró ante el juez, como imputado, a instancias de la Fiscalía
Anticorrupción, por su supuesta implicación en el desfalco de seis millones de
euros descubierto en la firma pública Mercalicante. En esta causa, cuya
instrucción dura ya cuatro años, están también imputados el edil del PP, Juan
Zaragoza, y José María Rodríguez Galant, ex concejal del PP y ahora director del
complejo audiovisual Ciudad de la Luz, que gestiona la Generalitat Valenciana
www.elpais.es 22.08.06
El amigo
del alcalde de Alicante hace negocios con Abel Matutes
La empresa
constructora de Enrique Ortiz, investigada por recibir
trato de favor en la contrata de tres aparcamientos en
Alicante, gobernada por el PP, figura como adjudicataria
en las obras para la construcción de una polémica
autovía en Ibiza. Una carretera promovida por el
Ejecutivo balear de Jaume Matas y vinculada al
cacique de Ibiza, Abel Matutes, ex ministro de
Exteriores del Gobierno Aznar, aunque él lo niega.
La
información no es ningún secreto
en Ibiza. La constructora Ortiz
e Hijos está implicada de lleno
en las obras de
la autovía
de la isla.
La sociedad está ligada a
Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC) en una Unión
Temporal de Empresas (UTE), a la
que se adjudicó el tramo de Sant
Antoni. De los dos dos tramos
restantes se ocupa otra
UTE, formada por la constructora
de Ortiz y la empresa MAB.
Matutes
Los opositores al
proyecto que
impulsa Matas,
contra viento y marea,
alega motivos medioambientales y
relacionados con la ordenación
del territorio. "Ibiza necesita
una estructura vial en red y
mejor transporte público, no
autovías", defiende la
plataforma No volem
autopista. Pero también
critican el elevado coste de la
infraestructura y apuntan a un
beneficiario:
Abel Matutes.
Reto
El primer ministro de
Exteriores que tuvo José María
Aznar ha negado en repetidas
ocasiones su vinculación con las
carreteras. De hecho, llegó a
retar a que alguien
encontrara esa relación. En
febrero de este año, Alternativa
Esquerra Unida-Verds estableció
una
triple
conexión.
Conexiones
Matutes es consejero de
FCC, adjudicataria del tramo de
Sant Antoni junto a la empresa
de Ortiz. Además, Suministros de
Ibiza, propiedad del ex
ministro, comparte una
cantera con MAB, encargada de la
construcción de los dos tramos
restantes, de nuevo, junto a
Ortiz e Hijos. Por último,
Matutes tiene intereses en
algunos proyectos urbanísticos
beneficiados por la futura
autovía.
Anticorrupción
A todas estas zonas de
sombra se une ahora la
presencia de Enrique Ortiz, cuyo
representante legal en la
empresa está siendo investigado
por la Fiscalía Anticorrupción,
por unos hechos presuntamente
delictivos que afectan al
alcalde de Alicante, Luis Díaz
Alperi, del PP, y a dos de sus
concejales.
Mejoras
El Ministerio
Público ha detectado posibles
delitos de prevaricación,
tráfico de influencias,
falsedad, malversación de fondos
públicos y apropiación indebida,
en el contrato de construcción y
gestión de tres aparcamientos de
la ciudad. El fiscal cree
que Alperi tramitó las
mejoras propuestas por
Ortiz, en contra de dos informes
técnicos. Mejoras que costaron
más de dos millones de euros al
Ayuntamiento.
Terra Mítica
No es la única huella
que ha dejado este constructor
en Alicante. Enrique
Ortiz recibió la adjudicación
del Plan Rabassa —proyecto
urbanístico que prevé la
construcción de 15.000 viviendas
en la periferia de la ciudad—. Y
su nombre, además, aparece
vinculado a Terra Mítica, el
proyecto estrella de Eduardo
Zaplana como presidente de la
Generalitat Valenciana. Ortiz se
hizo con los terrenos del parque
temático, subastados a finales
de julio.
www.elplural.com
25.08.06
Un dictamen
concluye que Alperi benefició al promotor Ortiz al
modificar el plan Rabassa
Los cambios
introducidos en el plan Rabassa por el Ayuntamiento de
Alicante, presidido por Luis Díaz Alperi, del PP,
provocaron un "importante" aumento de las expectativas
de negocio de la adjudicataria, la mercantil Viviendas
Sociales del Mediterráneo, SL, del promotor Enrique
Ortiz, al incrementar un 28,60% el coste de la
urbanización, según concluye un dictamen elaborado por
un urbanista para el PSPV. Los socialistas esperan la
decisión final de la Consejería de Territorio y Vivienda
sobre el programa para decidir qué iniciativas adoptan
al respecto.
El plan
Rabassa es la iniciativa urbanística más ambiciosa de la
historia de Alicante y prevé levantar 15.000 viviendas
[de las cuales 8.000 serán de protección oficial] sobre
una superficie de 4,2 millones de metros cuadrados en el
humedal del mismo nombre, al norte de la periferia de la
capital alicantina.
"La
mercantil seleccionada [la firma Viviendas Sociales del
Mediterráneo SL] ha obtenido beneficios suplementarios
sin haber concurrido a un procedimiento de pública
competencia, lo cual además le permite optar a un
negocio añadido de adquisición de suelo, de dudosa
legalidad, en la que el propio Ayuntamiento de Alicante
fija un valor a precio de repercusión de vivienda
protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta
libre, y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho
mayor", recoge el dictamen. El estudio precisa que en
este último tipo de suelo el promotor Ortiz puede
obtener con un porcentaje de permuta del 53% suelo
destinado a renta libre a precio de suelo para viviendas
de protección pública.
El urbanista
subraya que, de acuerdo con el principio de pública
competencia y el artículo 47 de la LRAU (normativa
urbanística de la Comunidad Valenciana ya extinta, pero
según la cual se ha tramitado todo el proceso de
aprobación del PAI por parte del Consistorio) las
modificaciones efectuadas por el Ayuntamiento hacen
"irreconocible" la propuesta original hasta el extremo
que afecta a la oferta jurídico-económica, que se
incrementa en casi un 30% respecto al presupuesto
inicial del coste de la urbanización, que pasó de 149,1
millones de euros a 187,3 tras las modificaciones.
Además, destaca que al fijar un único coeficiente de
retribución, pese a la existencia de varios tipos de
suelo (protegido, renta libre y terciario) ha propiciado
un negocio alternativo con la adquisición de suelo de
renta libre. "Ante estas circunstancias tan graves el
programa está viciado de anulabilidad, por existir
indicios evidentes de fraude de ley", concluye el
dictamen. Para el urbanista, el Ayuntamiento debió
acordar la gestión directa del programa urbanístico o
bien permitir la libre concurrencia en igualdad de
condiciones.El
Ayuntamiento de Alicante introdujo las modificaciones a
la oferta seleccionada, la de Ortiz, la más interesante
a juicio de los técnicos del Departamento Técnico de
Gestión y del Servicio de Gestión del Planeamiento,
acogiéndose al artículo 47.1 de la extinta LRAU. No
obstante, informes de otros departamentos del negocio de
urbanismo advertían la falta de rigor y deficiencias de
las tres alternativas presentadas y alertaban de que, de
incluir los cambios propuestos, se producirían
modificaciones económicas "sustanciales".
Urbanismo a
la carta
Eugenio
Burriel, secretario de Política de Territorio y Vivienda
de la Ejecutiva nacional del PSPV, asegura que el plan
Rabassa es un calco de la adjudicación de los
aparcamientos subterráneos también al empresario Ortiz
[la Fiscalía Anticorrupción ha llevado al juzgado la
modificación del contrato por considerar que hubo trato
de favor al empresario y ha denunciado al alcalde, Luis
Díaz Alperi, la concejal de Urbanismo, el edil de
Tráfico, un técnico municipal y al promotor por cinco
delitos, entre ellos, prevaricación y tráfico de
influencias]. "Ambos casos son un ejemplo de cómo el PP
gestiona el territorio, un urbanismo a la carta, en
beneficio del interés de unos pocos", precisa Burriel.Para el
dirigente socialista, el plan Rabassa, además, corrobora
la inconsistencia y nula credibilidad de la oferta de un
pacto por el desarrollo urbanístico que recientemente ha
lanzado el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban
González Pons, a la oposición y a los colectivos
ecologistas. "No hace falta ningún pacto, sino
simplemente cumplir la ley y que rechace el plan Rabassa,
que no sólo es desproporcionado e irracional desde el
punto de vista urbanístico, sino que, como cada vez
queda más patente, incumple la legalidad", asevera.
www.elpais.es 27.08.06
Sonia
Castedo: «La denuncia de Anticorrupción no me preocupa
en absoluto, pero me cansa»
La susodicha
posando
La concejala
de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Sonia
Castedo, una de los cinco imputados por la Fiscalía
Anticorrupción en la modificación de la concesión de
tres aparcamientos subterráneos al empresario Enrique
Ortiz por valor de medio millón de euros, ha asegurado
en una entrevista concedida a este diario no estar
preocupada por la denuncia, que también afecta al
alcalde, Luis Díaz Alperi, al concejal de Tráfico, Luis
Concepción, al técnico Antonio Escobedo y al propio
promotor. «No me preocupa en absoluto en lo que a mí
respecta, pero me cansa. Ya estoy acostumbrada a que me
lleven a Fiscalía y a los juzgados por temas en los que
ni siquiera he participado en el expediente», aseguró la
también primera teniente de alcalde de la localidad.«Los servicios jurídicos del ayuntamiento serán los que
lo estudiarán y resolverán de la manera que tengan que
hacerlo. Yo mandé en su momento el expediente completo a
Tráfico porque en Urbanismo estábamos a tope y consideré
que allí había técnicos cualificados para asumirlo, y en
ese montante también estaban los informes negativos de
los técnicos de Urbanismo», aseguró Castedo. La
concejala intenta desvincularse así de las acusaciones
del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, quien detectó
la existencia de «un concierto» entre la propia Castedo,
Díaz Alperi y Luis Concepción para que el expediente
pasara del departamento regido por la primera al que
dirige el segundo, donde finalmente contó con el
necesario respaldo técnico.
Además, la edil rechazó que los constructores, o algunos
de ellos, tengan influencia en el gobierno de Alicante.
«No son ningunos ogros y tienen mucho menos peso del que
la gente cree y, por supuesto, no organizan el
planeamiento de la ciudad», explicó Castedo, quien, sin
embargo, afirmó: «Tienen que estar controlados, pero no
hay que olvidar que esa actividad lleva aparejada muchos
puestos de trabajo».
Sucesión de Díaz Alperi
Sobre la continuidad del actual alcalde, respaldado por
la dirección regional y el propio presidente del
Consell, Francisco Camps, pero no por el líder
provincial, José Joaquín Ripoll, ni por el presidente
local, Julio de España, Castedo aseguró: «Jamás me
plantearé ser alcaldesa mientras tenga a Alperi al lado,
porque él me ha hecho políticamente». «No siempre estoy
de acuerdo con todo lo que hace el alcalde al cien por
cien, ni con él ni con nadie, y eso me da la posibilidad
de decírselo, porque hablamos mucho, y en alguna ocasión
me ha escuchado. Otra cosa es que nada me va a poner en
contra de él y creo que le he demostrado que puede
contar conmigo», aseguró la edil, quien también afirmó
que quien piense que está enfrentada al ex presidente de
la Generalitat, Eduardo Zaplana, «está equivocado», y
que «en el Partido Popular hay que sentarse a hablar y
llegar a acuerdos», pues «no queda más remedio».
www.levante-emv.com
27.08.06
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