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CASO MERCALICANTE
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El susodicho de visita en el
juzgado
DATE UNA
VUELTA POR EL AUTO DE LA JUEZ EN PDF
RESUMEN RESUMIDO DEL CASO EN CUESTIÓN
El escándalo por el presunto
desfalco de Mercalicante estalló en 2002, cuando una auditoría reveló
irregularidades en la contabilidad de la firma pública. Entre los ejercicios de
1999 y 2001 la entidad supuestamente utilizó diferentes proyectos como tapadera
para llevar a cabo los movimientos económicos.Entre los imputados en esta causa
figuran el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi; el edil de Hacienda, Juan
Zaragoza; el director general de Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant
-estos dos últimos miembros del comité ejecutivo de la firma-; dos
representantes de Mercasa y el ex gerente de la empresa, José Emilio Clavero,
que figura como principal acusado. El desfalco asciende a 6 millones de euros.
La investigación la ha llevado a cabo la titular del Juzgado de Instrucción
número 1 de Alicante. El caso se abrió tras una denuncia del representante
vecinal José Luis Valdés.
El ex alcalde de Alicante
responderá por un presunto delito de desfalco de 6 millones de euros
El ex alcalde de Alicante, el
popular Luis Díaz Alperi, imputado en varias causas, dejó el Ayuntamiento
sin explicar las razones hace unos meses, pero no hizo lo propio respecto a
las Cortes valencianas y mantuvo su condición de diputado regional. Esa
circunstancia de aforado ha provocado que el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana (TSJCV) asumiera ayer una causa en la que se
juzga la participación de Alperi y otros imputados en el presunto desfalco
de hasta seis millones de euros de la empresa mixta Mercalicante,
participada por el consistorio alicantino.
La causa abierta contra el ex alcalde de Alicante,
Luis Díaz Alperi y otros imputados, por su presunta responsabilidad en
las irregularidades cometidas en la empresa mixta Mercalicante entre los
años 2000 y 2002 por el ex gerente de la mercantil, José Emilio Clavero,
ha sido asumida por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
de la Comunitat, Juan Montero. Según la oposición socialista, el agujero
en la empresa participada por el consistorio supera los seis millones de
euros.
El TSJCV asume la causa
Las diligencias previas sobre este posible desfalco se
iniciaron hace más de seis años por parte del Juzgado de Instrucción
número 1 de Alicante, y ahora el TSJ valenciano se ha declarado
competente para continuar la tramitación de este asunto dada la
condición de aforado de Díaz Alperi por ser diputado regional, como
informa el diario Las Provincias.
Posible delito societario y de malversación
El Juzgado de Instrucción había advertido en noviembre que como alcalde
Alperi pudo cometer supuestamente un delito societario, sin descartar
otro de malversación de caudales públicos. Ante los indicios de que el
ex alcalde y todos o parte de los otros cuatro miembros de la ejecutiva
de Mercalicante tenían conocimiento de la actuación del ex gerente de la
empresa, el Juzgado remitió la causa al TSJCV por la condición de
aforado de Alperi.
Otros ediles populares imputados
Entre los imputados por esta causa también figuran, además del
ex alcalde, el ex concejal de Comercio y actual edil de Hacienda, Juan
Zaragoza, el ex edil y actual director general de Ciudad de la Luz, José
María Rodríguez Galant -que también asesoró a Zaplana como ministro de
Trabajo-, y el ex gerente de Mercalicante José Emilio Clavero. Por su
parte, Alperi está imputado en otras causas, como una presunta concesión
irregular de la construcción y explotación de tres aparcamientos al
empresario Enrique Ortiz. .
www.elplural.com 17.02.09
El PSOE cree que si Díaz Alperi no
fuera aforado ya habría sido condenado
El portavoz del PSPV-PSOE en el
Ayuntamiento de Alicante, Roque Moreno, afirmó ayer que el ex alcalde y diputado
autonómico del PP Luis Díaz Alperi ya habría sido condenado "y además con
sentencia firme" por el desfalco del "caso Mercalicante" si no fuera aforado por
Les Corts Valencianes. Moreno hizo estas declaraciones tras conocerse que la
juez instructora del caso ha imputado a Díaz Alperi y ha elevado el caso al
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ya que, en cumplimiento
del Estatuto de Autonomía, sólo el alto tribunal puede enjuiciar a un diputado
autonómico. La juez ha trasladado la causa informando que Díaz Alperi pudo
cometer, presuntamente, un delito societario, "sin descartar" también otro de
malversación de caudales públicos.
Moreno manifestó que las investigaciones han dado "un salto cualitativo
realmente trascendente" al apreciar la juez los supuestos delitos cometidos por
Díaz Alperi. "Habría que recordar las palabras de Alperi de que él no se iba a
Valencia para estar aforado y que, si en algún momento este aforamiento fuera
obstáculo para que un proceso se parase o no, él pediría que no se tuviera en
cuenta", recordó. "Ahora tiene el momento y la oportunidad para cumplir con su
palabra y pida no estar aforado", señaló, antes de decir que "si para eso es
necesario dimitir [de diputado], que lo haga, y que la Justicia siga los
cauces".
Por su parte, la alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, indicó que no
le sorprende que de los juzgados salgan noticias que perjudiquen la imagen de su
antecesor en el cargo y añadió que ella misma ha sido víctima de esta situación
en el pasado.
www.levante-emv.com
26.11.08
La juez envía al TSJ el caso
Mercalicante al ver indicios de delito en la gestión de Alperi
La titular del juzgado de
Instrucción número 1 de Alicante, Cristina Costa, ha decidido trasladar al
Tribunal Superior de Justicia de la Comunudad el "caso Mercalicante" al hallar
indicios de delito en la actuación del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi,
-diputado autonómico y por lo tanto aforado- en la gestión de la empresa mixta.
La juez ha descartado archivar la denuncia contra los políticos, como pedían sus
defensas, y adopta con esta decisión lo que reclamaban tanto el fiscal como las
acusaciones particulares. Al igual que se hizo en su día con el "caso de los
aparcamientos", se ha mandado una exposición razonada al TSJ para que la
instrucción continúe en ese foro.
Se trata de una decisión que estaba pendiente desde hace más de un año, pero que
no había podido adoptar hasta que no se han recibido las conclusiones del
informe pericial sobre la gestión de la empresa. En dicho informe se alerta de
la falta de mecanismos de control sobre la gestión de Clavero y se dice que
algunas de las irregularidades las tendría que haber detectado la comisión
ejecutiva.
De las diligencias efectuadas, la juez argumenta que no procede el archivo de la
causa para Alperi ni para ninguno de los imputados y que la investigación debe
continuar. La condición de aforado del ex primer edil ha motivado que la causa
se eleve a un órgano judicial superior tras más de seis años de investigación en
la provincia. Entre los argumentos esgrimidos por la juez para remitir los
hechos al TSJCV y no sobreseer el caso, como solicitaba la defensa de los
imputados, se hace referencia a la necesidad de seguir profundizando en la
investigación para esclarecer su grado de participación en los hechos.
Junto a Díaz Alperi, se encuentran también imputados en esta causa el ex gerente
de Mercalicante José Emilio Clavero -que figura como principal acusado-, el
concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Juan Zaragoza, el director
general del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz, José María Rodríguez
Galant, así como dos representantes de la sociedad estatal Mercasa. Todos menos
Clavero formaban parte de la comisión ejecutiva de la mercantil en la etapa en
la que se registró el desfalcó por valor de unos 6 millones de euros.
La juez ha remitido al Tribunal Superior de Justicia una exposición razonada en
la que detalla los motivos por los que considera que la investigación debe
continuar allí. Esta exposicion no se ha notificado a las partes y ha sido
trasladada directamente a la Sala de lo Penal del TSJ. Allí se debe decidir si
se acepta la competencia del caso o no y, si es así, designar a un magistrado
para que se haga cargo de la instrucción.
En un auto firmado por la magistrada en el año 2003, la juez ya establecía que
el entonces alcalde y los miembros de la comisión ejecutiva ratificaron
contratos y actuaciones de Clavero presuntamente delictivas. "Los delitos
imputados al ex gerente bien pudieron cometerse por aquéllos ante quienes rendía
cuentas", señalaba la juez en su resolución.
Idénticos argumentos son los que utiliza el fiscal Anticorrupción, Felipe
Briones, así como las acusaciones particulares ejercidas por el dirigente
vecinal José Luis Valdés y el PSOE para pedir que la causa siga abierta, además
de para Clavero, para los políticos. El fiscal considera que hay indicios de
delito en la actuación de la comisión ejecutiva aunque sea como cooperadora
necesaria de los presuntos delitos cometidos por Clavero.
Por su parte, el abogado Joaquín Galant, que representa a los tres políticos
imputados, solicitó hace un año que la causa se archivara para los miembros de
la comisión ejecutiva por considerar que ninguno de ellos podía ser considerado
responsable de delitos societarios y de apropiación indebida. Esta petición no
fue contestada por el juzgado en su día, motivo por el que hace menos de un mes
se volvió a reiterar ante el juzgado. La magistrada ha resuelto ahora que no
procede el archivo de la causa para ninguno de los imputados.
El escándalo financiero de Mercalicante saltó a la luz pública en el año 2002,
cuando tras los resultados de una auditoría efectuada a la firma se detectaron
"graves irregularidades" contables. Una situación que provocó la inmediata
destitución del gerente de la empresa y principal imputado en la causa, José
Emilio Clavero, por parte del Consejo de Administración de la empresa pública
presidida en aquel momento por Luis Díaz Alperi.
La instrucción del caso Mercalicante ha cumplido ya seis años, motivo que ha
hecho que tanto desde la Fiscalía como desde las acusaciones particulares se
alerte de que ya existe una atenuante por dilaciones indebidas, que podría
suponer una rebaja en la pena para los acusados en caso de que finalmente fueran
condenados.
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008111900_12_821575__ALICANTE-caso-Mercalicante-llega-juez-indicios-delito-gestion-Alperi
Díaz Alperi trató de tapar
el agujero de Mercalicante antes del escándalo
La comisión ejecutiva de Mercalicante, presidida por el alcalde
de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, intentó tapar el agujero
económico en la empresa de capital público, antes de que saltara
el escándalo del desfalco, a través de una fallida operación con
Correos. Mercalicante, para aliviar su contabilidad, llegó a
computar como ingreso una previsión de compra por parte del
Ayuntamiento de una parcela de la sociedad agroalimentaria.
En el verano de 2001, mucho antes de que saltara el escándalo de
Mercalicante, los máximos responsables de la empresa -Luis Díaz
Alperi, dos ediles del PP y dos directivos de la sociedad
estatal Mercasa-, imputados ahora por presunta apropiación
indebida y delito societario, ya conocían la agónica situación
económica de la firma agroalimentaria de capital público. E
idearon un plan, que llegaron a llevar a un consejo de
administración, para obtener recursos y tapar el agujero que por
entonces ya afectaba a la marcha de la empresa.
Según consta en actas públicas a las que ha tenido acceso EL
PAÍS, la fórmula para obtener fondos consistió en un
rocambolesco trueque inmobiliario: el Ayuntamiento compraba a
Mercalicante una parcela de 15.000 metros cuadrados que luego el
Consistorio permutaría con Correos para la construcción de un
centro de clasificación postal.
Díaz Alperi pretendía con esa operación matar dos pájaros de un
tiro: inyectar fondos en Mercalicante y dar salida al abandonado
edificio histórico de Correos en la ciudad, ya que el preacuerdo
con el ente autónomo establecía la permuta del solar de
Mercalicante por el emblemático inmueble de la Plaza de Gabriel
Miró. El 4 de septiembre de 2001, el consejo de administración
de Mercalicante autorizó a la sociedad mixta la venta al
Ayuntamiento de una parcela de 15.000 metros cuadrados.
La operación presentaba inconvenientes de gran calado -prueba de
ello es que no ha llegado a materializarse- pero sirvió para que
los asientos contables de Mercalicante computaran como ingreso
la enajenación de la parcela. La parcela que el alcalde ofreció
a Correos ni siquiera era edificable y, además, ese suelo se
había expropiado para uso agroalimentario, no para servicio
postal. Además, el Ayuntamiento estaba dispuesto a pagar a
Mercalicante por unos terrenos que dentro de 22 años revertirán
en el municipio.
El autor material de la propuesta fue el concejal popular Juan
Zaragoza, vicepresidente de Mercalicante y miembro de la
comisión ejecutiva de la firma agroalimentaria, imputado junto a
Díaz Alperi y José María Rodríguez Galant, ex concejal y actual
asesor de Eduardo Zaplana en el Ministerio de Asuntos Sociales.
Correos y Telégrafos había intentado sin éxito desprenderse en
dos ocasiones de su sede histórica en Alicante por la vía de la
subasta pública. Primero tasó el edificio en 524 millones de
pesetas, pero nadie pujó por el inmueble, cuya rehabilitación se
estimó entonces en unos 500 millones. Luego, en su segundo
intento, rebajó el precio de salida a 454 millones, pero la
subasta quedó igualmente desierta. El edificio, protegido por la
Ley de Patrimonio, lleva clausurado desde 1999, lo que ha
acelerado su deterioro. La oposición municipal ha presentado
diversas iniciativas para frenar el deterioro del inmueble,
aunque ninguna de ellas ha prosperado frente a la mayoría
absoluta del PP en el gobierno local.El ministro de Fomento,
Francisco Álvarez Cascos, avaló en el Senado la operación
urbanística a varias bandas para construir el centro de
clasificación postal de Alicante y Murcia en una parcela de
Mercalicante, la empresa mixta objeto de un desfalco de unos
seis millones de euros. Pero esa operación, planteada por Alperi
para inyectar fondos a Mercalicante y salvar el edificio
histórico de Correos, ha resultado un fiasco: Correos sigue sin
su centro de clasificación postal previsto en Alicante para
cubrir esta provincia y la de Murcia, el edificio histórico del
ente autónomo sigue deshabitado y deteriorándose, y Mercalicante
continúa en la ruina. Además, la demora en la construcción ha
hecho perder a Correos cientos de miles de euros en alquileres.
La parcela de Mercalicante se ha vendido finalmente a una firma
privada.
Justo hace un año, Álvarez Cascos aseguró en el Senado: "El
presidente de Correos tiene intención de cerrar el acuerdo de la
permuta antes de final de año". Pero esa operación era más
complicada de lo que explicó el titular de Fomento. Primero,
porque la parcela de Mercalicante aún no era propiedad del
Ayuntamiento, sino de la sociedad mixta dedicada al
abastecimiento y comercialización agroalimentaria; y segundo,
porque el terreno en cuestión aún permanecía sin recalificar
para el uso postal. Para Cascos, ese segundo inconveniente tenía
rápida solución, porque el Ayuntamiento de Alicante ya había
solicitado al Consell autorización para recalificar la parcela.
El ministro había sido interpelado por el ex senador socialista
y secretario general del PSPV de Alicante, Ángel Franco, y éste
trasladó una versión radicalmente distinta a la de aquél. Ya por
entonces, Ángel Franco sostenía que el gobierno local que
preside el popular Luis Díaz Alperi intentaba utilizar la
operación con Correos para tapar parte del agujero económico de
Mercalicante. Para llegar a esa conclusión, explicó que Correos,
en enero de 2001, convocó un concurso buscando terrenos en
Alicante para construir el centro. "Misteriosamente nada se supo
de ese concurso hasta que Díaz Alperi entró en la operación y
propuso que el Ayuntamiento comprara una parcela a Mercalicante,
para luego permutarla con Correos a cambio del edificio
histórico del centro de la ciudad". Para Franco, lo que
intentaba el alcalde con esa operación era inyectar fondos a
Mercalicante que evitaran la quiebra de la empresa. Esta
complicada operación, en opinión de Franco, ya ha causado un
grave quebranto económico al erario público. Porque el retraso
en la construcción del centro postal, dijo, ya ha encarecido el
proyecto inicial -Cascos habló ayer de una inversión de nueve
millones de euros-.
Mientras Correos sigue sin poder construir su centro postal,
todas las gestiones de Díaz Alperi para buscar una salida a la
antigua sede del ente autónomo han fracasado. El último intento
se ha realizado con la Universidad de Alicante, interesada en
instalar ahí su sede en la ciudad.
Díaz Alperi, después de descartar con la Consejería de Sanidad
que el inmueble se rehabilitara como centro de especialidades,
negoció infructuosamente con El Corte Inglés y con el
constructor Enrique Ortiz, que se interesó por instalar allí la
sede de su grupo empresarial.
www.elpais.es 17.11.08
La imputación de Alperi
atasca el 'caso Mercalicante'
La
juez sopesa si exculpa al alcalde desde hace medio año
La investigación
judicial del caso Mercalicante (supuesto desfalco de
seis millones de euros descubierto en la contabilidad de la
firma pública) acumula un nuevo retraso de seis meses, en
este caso motivado por el recurso de uno de los imputados,
el alcalde de Alicante, Luis Díaz, del PP. El parón judicial
de la causa no es baladí. El alcalde espera como agua de
mayo una resolución final sobre si tiene o no
responsabilidad penal en el desfalco para dejar el cargo,
como anunció nada más revalidar la alcaldía en mayo de 2007.
La titular del
Juzgado número 1 Alicante, Cristina Costa, que dirige una
cansina instrucción del sumario abierto en septiembre de
2002, sopesa desde el pasado mes de noviembre si exculpa o
no al regidor y otros dos políticos imputados, el concejal
Juan Zaragoza y el ex edil José María Rodríguez Galán. En el
supuesto de que la magistrada considere que hay indicios de
delitos en la actuación del alcalde en la empresa pública,
debe remitir el sumario al Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de la Comunidad Valenciana, por la condición de
aforado del Alperi.
La imputación de
los tres cargos del PP en el sumario de Mercalicante se
produjo a raíz de una querella del Grupo Socialista
Municipal, petición a la que se sumó, más tarde, el fiscal
anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en contra del
criterio del fiscal jefe de la Audiencia, José Antonio
Romero. Inicialmente, la magistrada rechazó la querella de
los socialistas. Pero se vio obligada a unirla a las
actuaciones de orden de la Audiencia de Alicante.
Luis Díaz Alperi
mantuvo desde el principio su inocencia en este caso. El
regidor alega en su defensa que fue él quien destituyó al
primer imputado en el sumario, el ex gerente de Mercalicante
José Emilio Clavero, nada más tener conocimiento de las
irregulares contables en la empresa reflejadas en una
auditoria. Pese a ello, Clavero, en sus tres comparencias
ante la juez, ha sostenido que Alperi estaba al tanto de su
gestión.
Díaz Alperi
concurrió con su doble imputación (Mercalicante y supuesto
favor al promotor Enrique Ortiz) a los comicios de mayo de
2007. Revalidó el cargo por cuarta vez y, acto seguido
anunció, que no agotaría el mandato. El regidor espera a
salir limpio de su paso por los juzgados para
materializar su compromiso. Fuentes de su entorno señalan
que nada más se produzca ese extremo, "y se apruebe el nuevo
planeamiento", dejará la alcaldía en favor de su
heredera, la edil de Urbanismo, Sonia Castedo.
www.elpais.es 27.03.08
El Supremo obliga a Alperi a
convocar un pleno extraordinario sobre el desfalco en Mercalicante
El Tribunal
Supremo ha dictado un auto que obliga al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi,
del PP, a convocar un pleno extraordinario para debatir las conclusiones de la
comisión de investigación municipal sobre el desfalco de seis millones de euros
descubierto en la empresa pública Mercalicante. La resolución del alto Tribunal
se produce a raíz de un recurso del Ayuntamiento a una anterior sentencia del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que aceptó un recurso del grupo
municipal socialista contra la negativa del Alperi a celebrar la sesión
plenaria.
En enero de 2003,
el grupo municipal del PSPV llevó al TSJ la negativa de Alperi a debatir en el
pleno las conclusiones de la comisión municipal, cuyos trabajos se desarrollaron
a lo largo del otoño del año anterior. El PSPV sostenía que si la creación de la
comisión la acordó el pleno, sus conclusiones también debían ser ratificadas por
el mismo órgano de la corporación. El TSJ falló a favor de la pretensión de los
socialistas. Alperi recurrió al Supremo, que ahora ha validado la sentencia del
TSJ y, además, condena al Ayuntamiento alicantino al pago de las costas.
La creación de la
comisión municipal se acordó a los tres meses de conocerse el agujero
contable en las cuentas de Mercalicante, en julio de 2002, correspondiente a los
ejercicios de 1999, 2000 y 2001.
Después de tres
meses de debates e interrogatorios, cada uno de los grupos municipales (PP, PSPV
y EU) presentaron su escrito de conclusiones. El documento del grupo popular, en
el gobierno local con mayoría absoluta, descartó cualquier responsabilidad
política en las irregularidades de la firma. Mientras, los grupos de la
oposición, concluyeron que sí había responsabilidades políticas, "por acción u
omisión" del alcalde, a su vez, presidente de los dos máximos órganos de control
de la empresa, el consejo de administración y la comisión ejecutiva.
El entonces
portavoz del grupo municipal del PSPV, Blas Bernal, solicitó un pleno
extraordinario para debatir y aprobar las conclusiones. El alcalde rechazó la
propuesta y aludió a un informe jurídico de los técnicos que le liberaba de
acceder a la petición socialista. Según el PP, la comisión municipal de
investigación acordó dar por terminados sus trabajos en su seno interno y no
trasladar sus conclusiones al pleno de la corporación.
El ex portavoz
del PSPV subrayó ayer que el auto del Tribunal Supremo "restituye el derecho de
los ciudadanos a conocer desde el primer foro político de la ciudad las
conclusiones de los grupos sobre el mayor escándalo financiero en el que se ha
visto implicado el Ayuntamiento".
En paralelo a la
investigación de la comisión municipal sobre Mercalicante, se activó la vía
judicial a raíz de una denuncia de un vecino. El fiscal ordenó en septiembre de
2002 el arresto del hasta ahora principal imputado, el ex gerente de la empresa,
José Emilio Clavero.
La instrucción
del caso Mercalicante, que dirige Cristina Costa, titular del Juzgado
número 1 de Alicante, sigue abierta cuatro años después. La lista de imputados
ha engordado hasta los 19, entre ellos, el alcalde, el concejal del PP Juan
Zaragoza, y el ex edil del PP, José María Rodríguez Galant, en la actualidad
director del complejo audiovisual de la Ciudad de la Luz.
Fiscalía Anticorrupción
La acusación
pública en este caso la ejerce el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe
Briones. Este departamento del ministerio público remitió hace dos semanas al
juzgado otra denuncia contra Alperi por supuesto trato de favor al promotor
Enrique Ortiz en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. Además de
Alperi y el empresario, el fiscal ha denunciado a la concejal de Urbanismo,
Sonia Castedo, al de Tráfico, Luis Concepción, y a un funcionario municipal.
Briones aprecia
que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico
de influencias, falsedad en documento público, apropiación indebida y
malversación de caudales públicos. El fiscal ha evaluado en 2,2 millones de
euros el quebranto económico para el Ayuntamiento derivado de las variaciones en
el contrato inicial de los aparcamientos.
www.elpais.es 03.09.06
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