CUATRO AÑOS DE CÁRCEL PARA EL EXCUÑADO DE ZAPLANA Y OTROS RESPONSABLES
DE TERRA MÍTICA
El primer gran escándalo de corrupción de la era del PP en la Comunidad
Valenciana se salda con varias condenas por estafa y fraude contra la
Hacienda pública
El primer gran escándalo de corrupción ligado a los grandes proyectos
del Partido Popular en la Comunidad Valenciana se ha saldado con la
condena por estafa a Justo Valverde, que fue responsable de contratación
y cuñado del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, y el
exdirector técnico Antonio Rincón, además de a otra veintena de
empresarios contratistas, entre ellos Vicente Conesa y la familia Moreno
Carpio.
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Valverde y a Rincón a
cuatro años y 10 meses de prisión por estafa agravada y a participar en
el abono de una indemnización a Terra Mítica de 1,1 millones de euros.
Las mayores penas han correspondido a Vicente Conesa, principal
contratista, que acumula 23 años de prisión por estafa, delito contra la
Hacienda pública y falsificación de documento mercantil. Su esposa,
Matilde Ripoll, también afronta 23 años de cárcel. Entre los cómplices
de Conesa figuran personas ligadas al proceso de construcción de Terra
Mítica, como José María Arraiz. Han resultado absueltos 14 de los
acusados, entre los que figuran el expresidente de la sociedad Luis
Esteban y el exdirector general Miguel Navarro. La sociedad Parque
Temático de Benidorm, como persona jurídica, también ha sido absuelta
del delito fiscal, según el fallo leído este miércoles por la ponente
Begoña Solaz, magistrada de la Audiencia de Valencia.
La causa se ha cerrado 15 años después de la inauguración del recinto de
ocio por parte del entonces príncipe Felipe (hoy Felipe VI) y el propio
Zaplana, que convirtió la construcción del parque temático de Benidorm
en su primer gran proyecto como presidente autonómico.
El tribunal ha investigado una trama de generación de facturas falsas,
fraude de IVA e Impuesto de Sociedades y estafa en la contratación de
obras del parque, cuyo coste superó los 370 millones de euros. La vista
oral comenzó el 23 de marzo del año pasado, aunque la instrucción se
remonta a un década atrás. En el banquillo se han sentado casi 40
acusados, en su mayoría responsables de distintas mercantiles, contratas
y subcontratas, que facturaron por servicios que nunca llegaron a
prestar. Los condenados deberán hacer frente a multas que en total
superan los 71 millones de euros.
La causa partió de una denuncia de la Fiscalía en 2005 que investigaba
al parque temático y a una veintena de empresas más por un presunto
fraude fiscal valorado inicialmente en 4,4 millones de euros. El
ministerio público solicitaba también una pena de ocho años y 10 meses
de cárcel para el entpnces presidente de la sociedad Luis Esteban y para
Navarro, los dos directivos absueltos.
Sobrecostes millonarios y subasta a bajo precio
Terra Mítica fue uno de los proyectos más polémicos de la etapa de
Zaplana al frente de la Generalitat valenciana. El también exministro
del segundo Gobierno de José María Aznar se empeñó en sacar adelante una
iniciativa con cargo al erario público, las cajas de ahorros ahora
extintas Bancaja y CAM y un grupo de empresarios locales a los que
embarcó en la aventura. Los sobrecostes elevaron la inversión a más del
doble del presupuesto inicial y la carga financiera abocó al parque
temático al concurso de acreedores en 2005, en que las entidades
financieras y la caja pública fueron las principales perjudicas. La
Generalitat optó finalmente por subastar el complejo, que fue a parar a
Aqualandia, una empresa de ocio con intereses en Benidorm, tras pagar
algo más de 65 millones de euros, más de 300 menos de lo que costó.
http://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2016-04-27/cuatro-anos-de-carcel-para-el-excunado-de-zaplana-y-otros-directivos-de-terra-mitica_1190953/
TERRA MÍTICA, UN CASO OLVIDADO
El primer macroproceso de corrupción valenciano enfila su final sin pena
ni gloria
La causa tomó altura cuando dos imputados, que se desdijeron, señalaron
a Zaplana
Año 1997. Benidorm. El entonces presidente de la Generalitat Eduardo
Zaplana y hasta dos años antes alcalde del destino turístico por
excelencia, profetizaba un futuro dorado para Terra Mítica, en cuya
construcción acababa de comprometer al Gobierno valenciano: “El parque
será motivo de orgullo para la Comunidad Valenciana, para una sociedad
que venía reclamando con insistencia una actuación de la que nos
sentiremos todos especialmente satisfechos y felices”. 17 años después,
Terra Mítica cuenta una historia muy distinta, marcada por la pérdida de
cientos de millones de euros de la Administración valenciana y las
entidades financieras autóctonas (hoy desaparecidas), la especulación
inmobiliaria y la corrupción.
A medida que la falta de visitantes se hacía crónica y la sociedad
semipública entraba en suspensión de pagos el que estaba llamado a ser
el “parque temático más importante de Europa” pasó a ser conocido, sobre
todo, por el caso Terra Mítica. Un sumario judicial basado en fraudes
fiscales millonarios, estafas, administración desleal, falsedad
documental y blanqueo de capitales. Con el tiempo, sin embargo, también
la investigación iniciada en 2005, pareció caer en el olvido.
El juez instructor, Francisco Silla, que según fuentes conocedoras del
caso puso el interés justo en el asunto o se vio sobrepasado por el
primer macroproceso de corrupción abierto en la Comunidad Valenciana, ha
sentado en el banquillo de los acusados a los primeros directivos de la
planta, a empresarios y presuntos testaferros. En total, 38 personas. La
fiscalía ha solicitado para ellos altas penas de prisión, que en algún
caso superan el medio siglo. A pesar de ello, el caso que atrajo en su
momento gran atención enfila su recta final sin pena ni gloria.
Hubo un momento en que la causa judicial pareció alcanzar una altura
imprevista. Dos de los empresarios que serán juzgados, José Herrero y
Antonio Moreno Carpio (para quien el fiscal pide 53 años de cárcel)
reconocieron ante los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such
su participación en la compleja trama de facturas falsas descrita en los
50.000 folios del sumario. Herrero y Moreno Carpio contaron que parte
del dinero obtenido había tenido como destinatario a Zaplana, que había
colocado a su cuñado, Justo Valverde, como director de contratación y
servicios generales. Los diputados grabaron las conversaciones, los
empresarios se desdijeron y sus palabras nunca se admitieron como
prueba. El expresidente ya no se vio importunado. Su ahora excuñado se
enfrenta, en cambio, a 10 años de cárcel.
Todo en Terra Mítica se hizo a lo grande. Las atracciones temáticas,
inspiradas en civilizaciones de la antigüedad, los aparcamientos, y
hasta las rotondas, algunas de las cuales recibieron pomposos nombres
como La Razón. Tampoco se escatimó en jardinería en una zona definida a
menudo como un secarral donde hasta 1992, seis años antes de que los
terrenos fueran expropiados por la Generalitat, se levantaba un bosque
de pinos que ardió. El fuego fue intencionado y la Generalitat, entonces
gobernada por los socialistas, investigó la posible relación entre las
llamas e intereses urbanísticos.
Casi todos los que se han acercado a Terra Mítica han perdido dinero: el
complejo costó en torno a 400 millones de euros, en gran medida
públicos, y se vendió en 2012 por 65. Entre las excepciones se
encuentran aquellos que tenían de antiguo terrenos junto al área donde
se levantó el parque. Y quienes acertaron comprándolo poco antes de que
la Generalitat anunciara la localización de Terra Mítica, ya que durante
meses se barajaron oficialmente tres emplazamientos. El pelotazo en este
último caso fue automático.
El 18 de abril de 1997 el suelo alrededor del parque podía comprarse a
seis euros el metro cuadrado. Para el 10 de mayo, una vez la Generalitat
había comunicado la ubicación, el precio se había multiplicado por tres.
Las plantas, las flores y los árboles de Terra Mítica que contrastan con
la sequedad del terreno fueron, según la investigación del caso, el
principal camino delictivo durante la construcción de las instalaciones.
Una trama formada por empresarios, entre ellos Vicente Conesa, y la
cúpula directiva del parque hicieron pagar a Terra Mítica algo menos de
1.000 millones de pesetas (seis millones de euros), según los cálculos
de las acusaciones, por trabajos que nunca se hicieron o cuyos precios
se hincharon. El tráfico de facturas por obras y servicios simulados
circuló por una veintena de empresas, estructuradas en tres niveles de
empresas, según la Agencia Tributaria.
Las sociedades utilizaron esa falsa contratación, indica el sumario,
para desgravarse cuotas de IVA y del Impuesto de Sociedades. El fraude
fiscal alcanzó los 4,4 millones de euros. Se trata de un esquema muy
parecido al que acaba de costarle una condena de 35 años de cárcel a
Ángel Fenoll, el gran empresario de la basura de Alicante.
El parque ha cambiado de gestores reiteradamente, hasta quedar en manos
del grupo Aqualandia, pero nunca cubrió las expectativas. La mala
reputación ha podido influir en la marcha de Terra Mítica, que hace poco
fue escenario de un accidente en el que falleció un joven islandés tras
salir despedido de la atracción Inferno. Pero el error fue original.
La Generalitat aseguró que el parque atraería a unos dos millones de
visitantes al año, y ejercicio tras ejercicio se ha quedado a menos de
la mitad. La previsión contradecía un informe que el Gobierno valenciano
ya tenía en su mesa en 1997. La consultora especializada en ese tipo de
negocios Economics Research Associates advertía en él: “El potencial
para lograr los niveles de asistencia necesaria para ser un proyecto
comercialmente viable no existe en Benidorm”. “Un parque temático es, en
nuestra opinión, una estrategia de alto riesgo, desde el punto de vista
de la necesidad de disponer de enormes cantidades de inversión pública a
fondo perdido”. Como así ha sido.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/27/valencia/1406476458_068777.html
EL JUEZ ABRE JUICIO A 35 PERSONAS POR EL FRAUDE DE TERRA MÍTICA
La trama de exdirectivos y empresarios defraudó supuestamente al fisco
4,4 millones de euros
El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia ha decidido la apertura
del juicio oral por la trama de facturas falsas de Terra Mítica. El
instructor del caso sienta en el banquillo a cuatro exdirectivos del
parque de ocio de Benidorm y a otras 31 personas más acusadas de
supuestos delitos de estafa, administración desleal, apropiación
indebida, contra la Hacienda pública, falsificación y blanqueo de
capitales.
El caso Terra Mítica, una supuesta trama de directivos y empresarios que
cobró en 2000 y 2001 por trabajos no realizados y defraudó al fisco
alrededor de 4,4 millones de euros, según la investigación judicial,
queda pendiente de fecha. La Audiencia de Valencia confirmó el pasado
enero los procesamientos de 38 imputados y ahora será la encargada de
celebrar la vista oral.
Del procedimientos han quedado excluidos tres investigados porque dos no
han podido ser localizados durante la instrucción y el tercero está
incapacitado para declarar. El juez también ha sobreseído la causa para
otro imputado.
Los cuatro exresponsables del parque procesados, que se enfrentan a
penas de prisión de entre siete y diez años, son Luis Esteban
-expresidente-; Miguel Navarro -ex director general-, Justo Valverde -exjefe
del departamento de Contratación- y Antonio Rincón -ex director
técnico-.
El resto de acusados son miembros de 25 mercantiles, para los que el
ministerio público también solicita multas y penas de prisión que van
desde los cinco años y siete meses hasta los 53 años y cuatro meses. La
pena más alta solicitada es para el empresario Antonio Vicente Moreno
Carpio -administrador único de Altos del Carrichal SL, y gerente de
Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, Prexint Botànics y Red Moreno-.
El magistrado pide para los procesados diversas fianzas con las que
responder a la estafa en caso de condena. Así, por el delito continuado
de estafa reclama una fianza conjunta y solidaria de 1.792.062 euros
millones de euros a la que deberán hacer frente, entre otros, los
exdirectivos acusados. Por los delitos contra Hacienda en el impuesto de
sociedades supuestamente cometidos por las mercantiles investigadas, el
auto impone finanzas que van de los 191.872 euros a los 2.027.269 euros.
La investigación de este caso arrancó en 2005 cuando Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tras una
denuncia de la Agencia Tributaria, presentó una querella contra 17
empresas, entre ellas Terra Mítica, y 25 personas físicas por un
presunto fraude en los ejercicios 2000 y 2001 del Impuesto de Sociedades
y del IVA a través de la falsificación de facturas, por valor de
4.421.310 euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/13/valencia/1392307872_201633.html
EL FISCAL PIDE CÁRCEL PARA LA CÚPULA QUE SAQUEÓ TERRA MÍTICA
El expresidente Esteban y los exdirectivos Navarro, Valverde y Rincón se
enfrentan a altas penas
Les imputa delitos de estafa y contra Hacienda
El primer icono de la política de grandes eventos del PP valenciano,
Terra Mítica, también se verá sometido a juicio. La Fiscalía Provincial
de Valencia fijó ayer su petición de penas para cuatro de los
principales responsables de la gestión del parque temático de Benidorm y
los otros 33 directivos y empresarios que participaron en una trama para
cobrar en 2000 y 2001 por trabajos no realizados y defraudar al fisco
importes que alcanzaron los 4,4 millones de euros.
La Fiscalía pide para el ex presidente del consejo de administración de
Terra Mítica Parque Temático de Benidorm Luis Esteban siete años de
prisión y para el exdirector general Miguel Navarro, el ex director
técnico Antonio Rincón y el ex jefe del departamento de Contratación
Justo Valverde —cuñado del expresidente de la Generalitat Eduardo
Zaplana— una pena de diez años de cárcel. Para el resto de imputados
solicita penas que van desde los cinco años y siete meses hasta 53 años
y cuatro meses.
A quienes formaron parte de la cúpula de Terra Mítica se les imputan
delitos de estafa y contra la Hacienda Pública y —a excepción de Luis
Esteban— falsificación en documento mercantil.
El ministerio público considera que, pese a que se contrataron distintas
empresas para dirigir las obras de construcción de Terra Mítica, Miguel
Navarro y Justo Valverde se pusieron de acuerdo con el empresario
Vicente Conesa —responsable de las firmas C3 Ingeniería de la
Construcción y Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y
Mantenimientos— para sacar del control de la gerencia una parte de los
trabajos del parque y conseguir colar un buen número de facturas. A
estos documentos se los dotaban de “una apariencia de realidad, pese a
que recogerían trabajos y suministros que no iban a ser reales,
prestados por empresas que nunca iban a trabajar en dicho parque”. A
Antonio Rincón, los antes citados le ofrecieron una comisión por
participar en la trama.
La trama cobró trabajos ficticios y falseó facturas para defraudar el
IVA
El empresario Vicente Conesa —para quien la fiscalía pide el comiso del
chalet que posee la familia en Teulada, comprado con el dinero
supuestamente estafado— estuvo implicado en un escándalo relacionado con
la adjudicación supuestamente irregular del mapa sonoro de Benidorm en
la etapa en que Eduardo Zaplana era alcalde. Para Conesa el fiscal pide
una pena de 28 años y siete meses.
El propio expresidente popular se vio salpicado por los escándalos de
Terra Mítica cuando dos empresarios implicados le acusaron, en una
conversación con dos diputados socialistas, de cobrar comisiones
ilegales durante la construcción de Terra Mítica a través de Vicente
Conesa. Al final, el episodio quedó en nada.
En su calificación, el Fiscal pide que los que formaron parte de la
cúpula del parque y los empresarios imputados paguen, en diferentes
grados, un total de 7,8 millones de euros en concepto de responsabilidad
civil.
El accidentado proceso judicial sobre las irregularidades relacionadas
con la construcción de Terra Mítica arrancaron en abril de 2005 y, tras
distintas vicisitudes, encaró su recta final el mes pasado. La Audiencia
Provincial de Valencia transformó las diligencias previas en
procedimiento abreviado y abrió el plazo a las partes personadas para
que realizasen sus peticiones.
En el escrito de calificación, el fiscal relata que los autores
intelectuales de la trama establecieron tres niveles distintos de
empresas. Un nivel que fingía trabajos inexistentes y proveía de
material a otras empresas. Un segundo nivel que recibía las facturas,
emitía pagarés y retiraba dinero de las cuentas. Y, por último, un
tercer nivel de sociedades que confeccionaba operaciones ficticias entre
empresas y aminoraba las cantidades de IVA que tenían que pagar a la
Agencia Tributaria.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/22/valencia/1369226855_675983.html
LA GENERALITAT Y LAS CAJAS VENDEN EL 71% DE TERRA
MÍTICA POR 20 MILLONES
Terra Mítica, el sueño de Eduardo Zaplana que devino
en pesadilla y en un pozo sin fondo que ha engullido una cifra superior
a los 400 millones de euros, pertenece ya a George Santa Maria, un
empresario francés de origen argelino, también propietario de otros dos
parques en Benidorm: Aqualandia y Mundomar. Aunque el nuevo propietario
ha pagado al Consell (22,31%), la CAM (24%), Bancaja (24%) y el Banco de
Valencia —que tenía menos del 2% del capital— 65 millones de euros, la
realidad es que 45 de ellos se destinarán a saldar la deuda que todavía
arrastraba el complejo de ocio, así que los cuatro accionistas que
acumulaban casi el 71% del capital de Terra Mítica, SA se repartirán los
20 restantes.
El trato cerrado el miércoles fue un acto de
transmisión del 70,76% de las acciones del parque a la mercantil Ocio y
Parques Temáticos, SL, la que alquiló el parque hace dos años con una
opción de venta durante los tres primeros ejercicios por 65 millones de
euros, ahora ejecutada, de los que el comprador ya adelantó 15 a la
firma del contrato, que se repartieron los vendedores en función de su
participación. El 100% de las acciones del parque de Benidorm están, por
primera vez, en manos privadas.
El reparto de los 20 millones, en función de la
participación social que cada uno tenía en la empresa, queda de esta
forma: 6,2 para el Consell, 6,7 para cada una de las dos cajas, y apenas
200.000 euros para Banco de Valencia. Ese es el dinero que recibirán en
limpio de la venta de Terra Mítica los principales accionistas tras
haber invertido casi el doble de los 240 millones en que se presupuestó
su construcción.
En su declaración ante un juzgado de Valencia en 2006
por una trama de facturas falsas en la construcción del parque temático,
el exdirector general, John Fitzgerald, reconoció que partiendo de un
presupuesto de 240 millones, Terra Mítica ya había costado hasta
entonces 376. Y tras salir de la suspensión de pagos ese mismo año no
hizo más que incrementar su deuda. El coste final de la aventura
promovida por Eduardo Zaplana supera ampliamente los 400 millones, de
los que aproximadamente la mitad han salido de las arcas públicas de la
Generalitat. Pero a esta cantidad hay que añadir decenas de sentencias
del TSJ que llegaron a multiplicar hasta por 10 el precio del suelo no
urbanizable expropiado por el Consell a empresas y particulares
amparándose en el interés general. Solo en cuatro de ellas, la
Generalitat tuvo que pagar un sobrecoste de 66 millones de euros.
Aqualandia ha conseguido la adjudicación del parque
gracias a la presión que ejerció el empresariado local de Benidorm, a
quien se unió el exconsejero de Economía, Gerardo Camps, natural de la
misma ciudad, frente a otras dos ofertas de Parques Reunidos y Aspro. En
un comunicado, el Consell recordó que la operación de venta del parque
se enmarca en un proceso de reordenación de proyectos estratégicos que
persigue "la sostenibilidad de los proyectos iniciados o terminados
ahorrando costes, incorporando la iniciativa privada, reduciendo deuda
pública y adaptando los objetivos a las complejas circunstancias
actuales".
El grupo Aqualandia ha afrontado el pago de los 50
millones que tenía pendientes en parte mediante una ampliación de
capital realizada en mayo de 31,76 millones de euros, y el resto con
financiación ajena. Pero cuatro accionistas minoritarios de esta empresa
de la familia Puchades de Benidorm, enfrentados con el accionista
mayoritario, George Santa-Maria, presentaron una denuncia en la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia porque consideran que la venta de
acciones de una mercantil totalmente pública debería haber salido a
concurso favoreciendo la libre concurrencia. En el escrito aseguraban
que la operación de venta del parque se ha materializado a través de un
bróker llamado Ambers, pero no han conseguido la paralización cautelar
de la operación que habían solicitado, si bien la Fiscalía del TSJ ha
abierto una investigación.
Fuentes de la nueva dirección del grupo Banco
Sabadell aseguraron ayer que nunca han tenido vocación alguna de poseer
una cartera industrial, ya que su "foco esencial de actuación está en la
actividad puramente bancaria", y enmarcaron la operación en una política
"de desinversiones de aquellas participaciones que no sean consideradas
estratégicas para la entidad". Unas desinversiones que "se irán
realizando progresivamente y cuando representen una buena oportunidad
para el grupo", añadieron.
Mañana está convocada la junta general de accionistas
del parque, en la que está prevista la modificación de su consejo de
administración y el nombramiento de los nuevos órganos de gobierno de la
empresa.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/27/valencia/1340810045_812973.html
TERRA MÍTICA, EL MAYOR FIASCO DE LA APUESTA TURÍSTICA DEL CONSELL
El parque temático ha sido un negocio desastroso desde su
apertura
Terra Mítica,
el gran parque temático que los empresarios de Benidorm le reclamaron a
Eduardo Zaplana cuando era alcalde de la ciudad, no ha podido salvarse de la
crisis y la nefasta gestión de la Generalitat, propietaria del 22,3% de sus
acciones. Asfixiado por las deudas desde que abrió, el Consell se ha rendido
a la evidencia y ha entregado el complejo de ocio a una empresa privada. A
cambio, los accionistas que fueron embarcados en el ruinoso negocio por el
también expresidente de la Generalitat recibirán del comprador, la empresa
Ocio y Parques Temáticos, 65 millones de euros con los que vendrán a cubrir
la deuda acumulada por el parque desde que se levantó la suspensión de
pagos. Lo que fue concebido como el mascarón de proa del turismo valenciano
ha acabado sumergido en su proceloso viaje con un lastre de centenares de
millones de euros.
¿Y qué
compran sus nuevos dueños? De entrada, una empresa que en el balance de
2009, último año cuyas cuentas están inscritas en el Registro Mercantil,
tenía un capital escriturado de 197 millones de euros y terrenos,
construcciones e instalaciones técnicas por un valor de 213 millones. ¿Una
bicoca? Ni mucho menos. Entre 2006 y 2009 acumuló pérdidas por importe de 47
millones (15,76 y 16,49 los dos últimos años, respectivamente) y su
facturación, en caída libre, pasó de 23,85 millones en 2008 a 18,11 en 2009
como consecuencia del descenso de visitantes. Solo el gasto de personal de
ese último ejercicio superó los 10 millones de euros para una plantilla de
449 trabajadores -que llegó a ser de 652 en 2007-.
La gestión de
sus directivos convirtió a Terra Mítica en un polo de atracción de
escándalos y noticias negativas. Lo que Benidorm ganó en promoción con el
parque fue abocado, en paralelo, a un sumidero de sospechas de oscuros
manejos en la compraventa del suelo donde se asentó el complejo y de su
entorno, de estrafalarias contrataciones y comisiones por doquier, de una
trama de facturas falsas por trabajos nunca realizados o para defraudar a
Hacienda, y acusaciones de haber convertido el parque en una agencia de
colocación de enchufados del entorno de su impulsor, Eduardo Zaplana. El
derroche de dinero alcanzó cotas difícilmente superables. Tanto, que de un
presupuesto para su construcción de 240 millones, el parque acabó costando
376.
La sociedad
se constituyó en 1998 con un capital social de seis millones de euros, pero
los accionistas tuvieron que desembolsar otros 204 millones en siete
ampliaciones de capital hasta 2002. Las sucesivas pérdidas llevaron al
parque a acumular en 2003 un fondo de maniobra negativo de 91 millones y
deudas por préstamos impagados a las cajas por importe de otros 53.
En mayo del
año siguiente, el consejo de administración presentó suspensión de pagos,
asfixiado por las reclamaciones, incluso judiciales, de centenares de
proveedores. Previamente, en enero, había realizado una operación acordeón,
que redujo el capital en 100 millones de euros para ampliarlo posteriormente
en 50 más. En 2007 volvió a reducir capital en 56 millones, que luego amplió
en otros 92. En total, los accionistas de Terra Mítica han aportado 345
millones de euros de capital social.
Para levantar
la suspensión de pagos a finales de 2006, las cajas valencianas y otras
empresas redujeron su deuda a la mitad y capitalizaron el resto en acciones,
lo mimo que la Generalitat, que además le dio cinco años de plazo para
devolver 22,7 millones sin intereses. Desde entonces, el Consell y las cajas
acumulan más de dos tercios del capital social de la empresa. Además, la
subasta de 216.000 metros de su suelo de reserva que se quedó Enrique Ortiz
por 85 millones de euros posibilitó que los dos años siguientes el parque
tuviera beneficios operativos. Una quimera. Cuando consumió la inyección de
capital, volvió a las pérdidas.
Para
justificar la inversión, Zaplana pidió cuantos informes fueron necesarios.
La cifra mágica que se buscaba era la de los tres millones de visitantes
anuales. La Economic Research Associates dio una previsión de entre 1,1 y
1,5 millones de visitas. Baker Leisure Group predijo dos millones. Tampoco
llegaba. Finalmente, Price Waterhouse, la firma que asistió a Terra Mítica
en su estudio de viabilidad, llegó a la cifra que justificaba la inversión
de 270 millones de euros.
Pero los tres
millones de visitantes previstos se quedaron al cierre del año pasado en
520.000, un 20% menos que en el ejercicio anterior. Ese año el Consell
asumió definitivamente su fracaso y decidió traspasar la gestión de Terra
Mítica a manos privadas. En julio de 2010, los dueños de Aqualandia-Mundomar
asumieron el control por un canon anual que cubría los intereses de la deuda
y la opción de compra ahora ejercida.
Gestión de los fondos europeos
Uno de los
mayores despropósitos en la gestión del parque Terra Mítica fue tener que
devolver 14,5 millones de ayudas europeas que recibió en 1999 a fondo
perdido, más otros seis millones de intereses de demora y recargo de
apremio. La mala gestión de aquellos fondos desembocó en una factura
millonaria. Y, además, para garantizar la devolución aplazada de la suma,
Terra Mítica tuvo que constituir un derecho real de prenda sobre algunas
atracciones por importe de 22,45 millones.
En marzo de
2007, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos resolvió
declarar el incumplimiento total de las condiciones establecidas para el
disfrute de los incentivos regionales por parte del parque y acordó la
devolución al Tesoro Público de los 14,5 millones recibidos, más 2,56
millones de intereses. El recurso de Terra Mítica acabó costándole un
recargo de apremio de 3,43 millones.
A 31 de
diciembre de 2009, en el informe de auditoría de Terra Mítica todavía
figuraban atracciones por un valor contable de 29,5 millones de euros,
aunque todas ellas estaban pignoradas en garantía de pagos aplazados ante
organismos públicos. El parque no ha dejado de estar atrapado en sus
defectos. Ocio y Parques Temáticos se encontró con contratos blindados y una
plantilla sobredimensionada, aunque con un comité de empresa organizado. Un
primer expediente de regulación de empleo liquidó los sueldos más altos y
los contratos blindados, pero el segundo, que pretendía el despido de 142
empleados, no ha sido autorizado por Trabajo. El convenio colectivo está
denunciado y unos 120 trabajadores han presentado demandas. Y el ex director
general, Juan José de Torres, reclama en el juzgado casi 400.000 euros por
su despido.
www.elpais.es 11.12.11
EL CONSELL HACE UN TRAJE A MEDIDA PARA LOS TERRENOS DE ORTIZ EN TERRA MÍTICA
"Cotino ha convertido el PEDUI de Terra Mítica en un cortijo". Así de
tajante se manifestó ayer el concejal de Urbanismo de Benidorm, Jaime
Llinares, al dar cuenta de la aprobación definitiva por parte del Consell de
la modificación 6 del Plan Especial de Usos e Infraestructuras (PEDUI) del
Área del Parque Temático Benidorm-Finestrat, que permitirá al promotor
Enrique Ortiz y sus socios cambiar a su conveniencia los parámetros
urbanísticos de 132.885 metros comprados a Terra Mítica en julio de 2006.
El consejero de Territorio y vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino,
firmó el 21 de febrero la aprobación definitiva de la modificación 6 del
PEDUI que implica cambios en la ficha de ordenación de cinco parcelas de
suelo no urbanizable que Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA, se
quedó en subasta por 85 millones de euros, aunque luego vendió la mitad a
las empresas Creambiente Mediterráneo, SL, e Implantación de Técnicas
Innovadoras, SL, ambas del grupo Edival, por 42,5 millones. Estas parcelas
formaban parte del suelo de reserva del parque Terra Mítica, la mercantil
que las subastó en una notaría de Valencia por un precio de salida de 60
millones para levantar la suspensión de pagos en la que se encontraba sumida
desde 2004.
Entre los cambios que podrá realizar a Ortiz están la reducción a 2.000
metros de la parcela mínima, pasar la separación de lindes de 20 a 7 metros,
aumentar una altura el suelo destinado a uso hotelero y a apartamentos
turísticos e incrementar la altura de cornisa de 13 a 16,5 metros y la de
cumbrera de 14 a 18 metros para los mismos usos.
En resumen: Ortiz compró en 2006 suelo en unas determinadas condiciones
urbanísticas por 85 millones que casi cinco años después es sometido a una
serie de modificaciones solicitadas por él mismo para adaptarlas a su
conveniencia.
Ortiz ha sido uno de los promotores más beneficiados con adjudicaciones del
Consell, del Ayuntamiento de Alicante y de la Diputación, sendas
instituciones en manos del PP. Las relaciones empresariales de Ortiz con
estas instituciones han derivado en un sinfín de supuestas ilegalidades que
investigan los tribunales. Las de mayor calado son la implicación del
promotor en el caso Gürtel por supuesta financiación ilegal del PP,
su imputación por supuesto cohecho en la adjudicación del plan zonal de la
basura de la Vega en el caso Brugal.
Además, está acusado de cohecho por el fiscal en la pieza de este sumario
que investiga el plan general de Alicante. Y, por último, la fiscalía
investiga un supuesto fraude en el proyecto de la estación de autobuses de
Benidorm, igualmente adjudicado al promotor.El concejal de Urbanismo de
Benidorm, Jaime Llinares, estima que "cualquiera que quisiera haber
concurrido a la subasta, podría haberlo hecho por más dinero del que pagó
Ortiz sabiendo que luego la Administración permitiría modificados para
favorecer los intereses privados del comprador". "En última instancia van
contra los intereses del parque, que podría haber sacado más dinero
subastando el suelo en 2006 en las nuevas condiciones", añadió el edil, para
quien en este caso "la administración se ha puesto al servicio de
mercantiles privadas".
Por estas razones, avanzó que propondrá al pleno de Benidorm llevar al
asunto al juzgado e instó a los partidos políticos progresistas de las
Cortes a que "aprovechen esta resolución del Consell para iniciar acciones
legales".
Llinares especificó que con la modificación, las parcelas serán "de alta
densidad constructiva, con 0,68 metros de techo por cada metro cuadrado, que
es superior a la de todos los sectores de la ciudad recogidos en el Plan
General". La modificación se ha aprobado con los informes contrarios del
arquitecto y el secretario municipal. Este último llegó a dictaminar el 4 de
enero de 2010 que los cambios sólo pueden entenderse "como el deseo de
favorecer injustificadamente al actual titular de las parcelas" y que el
Consell no está legitimado para modificar el Plan General de Benidorm "por
cuanto la ordenación que se propone por su condición de pormenorizada es
competencia exclusiva del Ayuntamiento".
Desviación de poder
El secretario de la corporación informó de que lo contrario sería "entender
que el Ayuntamiento ha perdido su competencia territorial sobre el ámbito
físico del suelo incluido en el PEDUI [8.654.653 metros en el término de
Benidorm] y que dicho ámbito ha pasado a ser término municipal de la
Generalitat". Y más: la modificación puntual prevista "supone una desviación
de poder".
Ortiz y Edival tenían previsto invertir 350 millones en la construcción de
unas 2.000 viviendas y un hotel de lujo; incluso llegaron a solicitar la
licencia para iniciar las obras, aunque a día de hoy no se ha movido ni una
piedra.
Llinares también reclama la participación del Ayuntamiento en las plusvalías
y en la cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo de los 10 millones de
metros del PEDUI.
www.elpais.es 18.03.11
EXCULPADOS CINCO ACUSADOS EN LA TRAMA DE LAS FACTURAS TERRA MÍTICA
El juzgado de Instrucción número 3 de Valencia acordó ayer levantar
provisionalmente las imputaciones a cinco de los imputados en el caso de las
facturas falsas del parque temático Terra Mítica de Benidorm. El magistrado,
tras ratificar el perito de la Agencia Tributaria su informe hace escasos
días, ha considerado que Luis Esteban, Miguel Navarro, Justo Valverde,
Antonio Rincón y Miguel Ángel Izquierdo, todos ellos responsables de
distintas áreas en el complejo lúdico deben quedar apartados de la causa.
El juez considera que en el hecho de que en 2000 Terra Mítica se
repercutiera el IVA de casi 200.000 euros "no existe ningún indicio de que
esta cantidad fuese satisfecha por este concepto a terceras personas que
debieron haber ingresado a Hacienda". El magistrado reconoce que "es posible
que las obras no se hubiesen realizado". Y, en ese caso, Terra Mítica "sólo
podría ocupar la situación de perjudicada". La decisión del magistrado
admite recurso.
La instrucción de este sumario se inició a raíz de una denuncia de la
Agencia Tributaria en 2005 y trata de desenmarañar la trama de facturación
falsa por operaciones no realizadas o efectuadas a medias [se decía que se
vendía un número de palmeras y en realidad se vendía la quinta parte, por
ejemplo] que defraudó a Hacienda más de 4,4 millones de euros entre los años
2000 y 2001.
Firmas inactivas
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia imputó en
noviembre a otras 11 personas. Y a principios de enero el perito designado
por el juez presentó (tres años después de que lo solicitara la fiscalía) un
exhaustivo informe en el que se acreditaba el funcionamiento, perfectamente
organizado en escalones, de la trama de 19 empresas que la integraban,
incluida Terra Mítica, que es la que finalmente pagaba por servicios
inexistentes o hinchados de precio.
El informe del perito destaca el caso de las empresas Gribal y Traux, que
facturaron 4,7 millones de euros por trabajos en Terra Mítica en 2000 y 2001
a pesar de que todo indica que estaban inactivas. En la época en que
supuestamente se cometieron los delitos, la Generalitat tenía una
participación del 15% y una influencia superior en el parque. El Consell
alquiló el parque el pasado verano a un grupo privado de Benidorm.
www.elpais.es 16.03.11
EL JUEZ RETOMA EL 'CASO TERRA MÍTICA' CON LA
DECLARACIÓN DE 11 IMPUTADOS
El caso Terra Mítica, en el que se investigan supuestos
delitos fiscales, mercantiles y de falsificación cometidos durante la
construcción del parque temático de Benidorm, uno de los emblemas del
expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y hasta la fecha una
iniciativa económica ruinosa, recupera hoy el pulso judicial con la
declaración de 11 imputados de los casi 40 que figuran en la causa.
La instrucción, que se inició a raíz de una denuncia de la
Agencia Tributaria en 2005, trata de desenmarañar la trama de facturación
falsa por operaciones no realizadas o efectuadas a medias (se decía que se
vendía un número de palmeras y en realidad se vendía la quinta parte, por
ejemplo) que defraudó a Hacienda más de 4,4 millones de euros entre los años
2000 y 2001.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia
imputó en noviembre a otras 11 personas, que son las que está previsto que
declaren hoy. Y a principios de enero el perito designado por el juez
presentó (tres años después de que lo solicitara la fiscalía) un exhaustivo
informe en el que se acreditaba el funcionamiento, perfectamente organizado
en escalones, de la trama de 19 empresas que la integraban, incluida Terra
Mítica, que es la que finalmente pagaba por servicios inexistentes,
hinchados de precio o que los supuestos proveedores ni siquiera se
molestaban en detallar.
El informe del perito destaca el caso de las empresas Gribal y
Traux, que facturaron 4,7 millones de euros por trabajos en Terra Mítica en
2000 y 2001 a pesar de que todo indica que estaban inactivas. Durante los
escasos momentos en que no era así, Gribal solo tenía contratado a un
empleado a tiempo parcial.
En la época en que supuestamente se cometieron los delitos, la
Generalitat tenía una participación del 15% y una influencia superior en el
parque. Uno de los principales imputados, el empresario Vicente Conesa, era
amigo de Eduardo Zaplana.
WWW.ELPAIS.ES 10.02.11
OTRO INFORME DE HACIENDA RATIFICA EL FRAUDE DE 4,4
MILLONES EN TERRA MÍTICA
Un nuevo informe elaborado de manera independiente por un
inspector de la Agencia Tributaria, a petición del titular del Juzgado de
Instrucción número 3 de Valencia, ratifica en líneas generales el primer
escrito de Hacienda, en el que se denunciaba que una veintena de empresas,
entre ellas el parque temático Terra Mítica de Benidorm, defraudó entre 2000
y 2001 un total de 4,4 millones de euros con facturas falsas.
El magistrado decidió solicitar este nuevo informe después de
que algunas partes integradas en el procedimiento criticaran que el
elaborado por la Agencia Tributaria podía ser parcial, puesto que esta
también forma parte de la causa.
El magistrado consideró conveniente solicitar un informe
objetivo a un inspector técnico de la Agencia Tributaria, para contrastar el
primer escrito. En este nuevo texto, el inspector ha ratificado el contenido
de las actuaciones originarias por las que la Agencia Tributaria tramitó un
expediente que dio lugar a la denuncia interpuesta por la fiscalía contra
una veintena de empresas, entre ellas Terra Mítica, por el presunto fraude
fiscal.
El juzgado ha citado para esta semana a 11 empresarios
imputados -aparte de los 24 que ya figuraban en la causa por estafa,
malversación, blanqueo de capitales y delito fiscal- por su vinculación con
la trama.
En concreto, estos empresarios prestarán declaración los
próximos días 10 y 11 de febrero, tras ser imputados por el juez el pasado
mes de noviembre de 2010, en una de las últimas diligencias que ha
practicado, según han recordado las mismas fuentes. Los llamados a declarar
son los responsables de las mercantiles Denia 2010 C-N-L, Waldrom, Gamaparc,
Construcciones y Servicios Javier Ribes, Eurogrup Ailyng, Desarrollo Gran
Vía, Ximo Duald y Trabajos Auxiliares del Siglo XXI.
Esta imputación se produjo después de que en septiembre el
magistrado invalidase el acuerdo de nulidad de parte del procedimiento
-únicamente en lo referente al delito tributario- en cumplimiento de dos
resoluciones judiciales que sostenían que faltaba el trámite de audiencia
previa de los interesados con la Agencia Estatal Tributaria. El juez acordó
la nulidad de esta parte, tal y como solicitaron las defensas, que afectaba
al delito tributario.
www.elpais.es 07.02.11
DOS FIRMAS INACTIVAS FACTURARON 4,7 MILLONES POR
OBRAS EN TERRA MÍTICA
El informe final de Hacienda confirma la
existencia de empresas ficticiasEl inspector hace constar en el informe el
abuso de precios en las obras
Las empresas Gribal y Trabajos Auxiliares del siglo XXI (Traux)
facturaron 4,7 millones de euros por obras en Terra Mítica. No sólo no las
hicieron. Es que ambas sociedades estaban inactivas. Así lo confirma el
inspector de Hacienda en el informe definitivo sobre la documentación
incluida en el sumario por supuesto delito fiscal, falsificación y delito
mercantil de una trama de 19 empresas, entre ellas la propia Terra Mítica,
por valor de más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas que
sirvieron para evitar la liquidación de los impuestos de IVA e impuesto de
sociedades en los años 2000 y 2001.
La figura central de Gribal, y también una de las importantes
de la trama, por la que hay imputadas casi 40 personas, es José Luis Rubio.
Junto a él, en la gestión de esta empresa, José Antonio Llopis y Felipe
Moreno Carpio. En 2000, Gribal facturó a otras cuatro empresas de la trama
casi 600.000 euros y cerca de un millón en 2001. Eran operaciones no
ajustadas a la realidad. La mayor parte del tiempo, la firma, como recoge el
inspector en el informe, sencillamente no tuvo actividad alguna. Y cuando la
tuvo, en su memoria consta que solo había un empleado contratado y a tiempo
parcial.
Un perfil similar es el de Traux. Facturó más de tres millones
de euros a cuatro empresas de la trama por trabajos supuestamente realizados
en las obras de construcción del parque Terra Mítica. Sin embargo, sus
gastos de personal no llegaron a los 600 euros, emitió facturas con desfases
temporales notables, no tenía movimientos financieros. La conclusión del
inspector es que la empresa solo servía para cumplir el recorrido de
facturas falsas entre las integrantes de la trama para evadir impuestos y
cobrar servicios que no se realizaron. Traux no tuvo actividad propia y al
inspector le resulta imposible considerar que la actividad presunta se
sustente sin empleados.Un sobrecoste del 450%. Ese es el margen con el que
trabajaba, por ejemplo, la empresa constructora Nou Mil·leni. Lo recoge así
el inspector de Hacienda en el informe final recientemente aportado a la
causa. Según los datos examinados por él, esta empresa, en su declaración de
Impuesto de Sociedades de 2001, cifró sus gastos en 130.379,92 euros. Las
ventas declaradas fueron de un importe poco superior a 717.000 euros. Eso
supondría un margen empresarial, según sus cálculos, de casi 600.000 euros.
"Cuantía que representaba un 450% sobre costes", afirma el experto. Y añade:
"Estaba fuera de toda lógica económica, atendiendo al sector en el que se
desarrollaban los trabajos y al tipo de entidad (subcontratista) al que se
referían los mismos".
En las obras del parque temático, el que fuera proyecto
estrella del ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, el perito
deja claro que respecto de las empresas implicadas en la trama no hubo
control sobre aspectos muy elementales. Por ello, se duplicaron tareas.
Una de ellas fue la gerencia de jardinería, que recayó sobre
C3, la empresa de Vicente Conesa, empresario amigo de Zaplana que ya fue
investigado en la década de los noventa por supuestas irregularidades en la
adjudicación de varios proyectos del Ayuntamiento de Benidorm, del que
Eduardo Zaplana era alcalde. Esa gerencia que consigue Conesa no era un
puesto orgánico dentro de la estructura de Terra Mítica sino un área de
trabajo. Conesa subcontrató, como queda claro en el informe, en varios
niveles.
Pero Terra Mítica seguía pagando a otros proveedores por
trabajados que en teoría le correspondían a la gerencia de jardinería. Y,
como el perito detalla en el informe final de Hacienda, se produjeron cosas
como que pagara a una empresa por la tierra para rellenar un metro de la
zona de jardín el equivalente a seis euros y a otra, por lo mismo, más del
doble.
El experto de Hacienda tiene claro que el parque pagó precios
muy elevados por servicios que incluso no se especificaban y era imposible
valorar. Y no certificó que se realizaron como se habían contratado. Y pone
algunos ejemplos, Gribal facturó una serie de trabajos de alto nivel
técnico, "control y revisión de planos de ingeniería en la construcción de
las obras". Y no existe en el expediente de esa empresa "indicio de que
dichos trabajos hubieran sido encargados a terceras empresas, ni tampoco
existan otros elementos, distintos de las facturas de Gribal, que
justifiquen la realidad de los trabajos cuestionados".
A Terra Mítica, según el informe, no le extrañó, porque no lo
supervisó, que empresas sin ninguna especialización acometieran
responsabilidades en la ejecución de obras que no les correspondían. No
prestó atención (el perito no entra en valorar si fue intencionadamente o
no, es un extremo que valorará el juez cuando determine qué responsabilidad
tuvo la empresa), a que las firmas fueron cambiando de manos y manipulando
los objetos sociales sin lógica aparente.
La propia Gribal, sin actividad buena parte de los ejercicios
bajo sospecha, se dio de alta como mercantil dedicada a la "construcción y
rehabilitación, actividades de comercio de plantas, la dirección y ejecución
de proyectos agrícolas y de jardinería, así como el diseño, proyección,
construcción y realización de presas, diques, embalses, canales, acequias y
conducciones de agua para riego".
www.elpais.es 05.01.11
HACIENDA CREE QUE EN LAS OBRAS DE TERRA MÍTICA
PARTICIPARON TRABAJADORES ILEGALES
El parque entregó millones por conceptos generales
e imprecisos
Como mínimo 255 operarios sin contrato habrían trabajado en
las obras de construcción del Parque Terra Mítica si fuera cierta la
explicación a los sobrecostes y a las facturas falsas que dieron a Hacienda
y al Juzgado varias de las empresas implicadas en la trama de facturas
falsas que hurtó a la Agencia Tributaria, al menos, 4,4 millones de euros.
El perito que la pasada semana entregó el informe que hace tres años le
solicitó el juez instructor de Valencia previa petición de la fiscalía, y
que se considera elemento esencial de la causa, dedica un apartado a
analizar precisamente las supuestas contrataciones ilegales.
El perito hace el siguiente planteamiento: las empresas de la
trama que se sitúan en lo que se ha definido como primer y segundo nivel
(básicamente dedicadas a fabricar facturas falsas en un caso e hinchadas en
otro) tuvieron que justificar la elevada facturación entre ellas y a la
propia Terra Mítica (denunciada con las otras 18 mercantiles implicadas). Se
deduce de su explicación, según dice el experto de Hacienda, que "los
trabajos desarrollados se habrían llevado a cabo con la participación de
trabajadores en situación laboral irregular, es decir, sin estar dados de
alta en la Seguridad Social". El inspector que ha actuado como perito
recuerda que "en algunas intervenciones del procedimiento, han intentado
presentar como 'normal' en el sector de la construcción, utilizando para
ello diversas razones, como la dificultad para obtener mano de obra en la
zona y épocas analizadas, los problemas para legalizar trabajadores
inmigrantes o la urgencia para acabar las obras, que podrían haber
justificado para estas empresas el incumplimiento de la normativa laboral".Terra
Mítica pagó centenares de facturas en las que no se detallaba el servicio
prestado por las empresas que las presentaron. Así lo recoge el perito en el
informe presentado recientemente en el juzgado. "Los conceptos contenidos en
la mayoría de las facturas no contribuyen a explicar o justificar los
trabajos realizados ni su vinculación con la empresa emisora", afirma el
experto de Hacienda. Y agrega que "cuando esos conceptos existen, son de
gran ambigüedad y no proporcionan los detalles más elementales sobre los
trabajos supuestamente facturados". Por ejemplo, Mecanizados Hermanos Muñoz
pasó una factura a Prexint Botànics con el concepto "apertura zanjas para
tubería de riego". El inspector que ha actuado como perito explica que "no
se ofrece mayor detalle con respecto al lugar de ejecución, número de horas
empleadas, categoría laboral de los trabajadores que han participado,
mediciones de los trabajos...".
Pone otro ejemplo que ilustra la mecánica. Mecanizados de
Levante giró una factura a Traux el 1 de octubre de 2000 por más de 54.000
euros "en la que el único concepto que consta es 4.550 horas de personal".
Solo seis de las empresas de la trama se facturaron entre
ellas por más de 12 millones de euros. El final del recorrido de la gran
mayoría de esas facturas fue Terra Mítica, sobre la que sorprende al
inspector la falta de control sobre lo que pagaba y la ejecución de los
trabajos que contrataba. Sobre esas empresas, el inspector recoge que son
muchas las testificales en la causa que reconocen no saber a qué se
dedicaban, ni siquiera, en algunos casos, dónde estaban.
Buena parte de las empresas de la trama no tenían, según
recoge el inspector en este último informe, activos empresariales ni fondos
propios, "circunstancia que resulta llamativa para unas empresas que
aparentemente disponen de la capacidad de alcanzar elevadas cifras de
facturación". El experto ha constatado, y así lo recoge, "la inexistencia de
trabajadores en periodos en los que se facturaban a sus clientes cuantías
muy elevadas".
En la trama, hubo empresas, y consta en el informe, que
facturaron más de 600.000 euros y que no estuvieron activas en el periodo
investigado por el juez, 2000 y 2001, período en el que supuestamente
defraudaron a Hacienda más de 4,4 millones de euros.
www.elpais.es 04.01.11
EMPRESAS DE LA TRAMA DE TERRA MÍTICA EVADIERON 1,6
MILLONES
Hacienda constata el fraude fiscal millonario en
el 'caso Terra Mítica'
El perito presenta al juez un segundo informe
sobre la trama de facturas falsas
Han pasado más de tres años desde que la fiscalía solicitó que
un perito examinara la documentación del caso Terra Mítica.
Ahora, el perito designado por el juzgado de Instrucción número tres de
Valencia que investiga la trama de facturas falsas que defraudó a Hacienda
al menos 4,4 millones de euros con las obras de construcción del Parque
Temático de Benidorm Terra Mítica detalla en 423 páginas cuándo, qué
empresas y con qué importes se produjo el supuesto delito fiscal.
El experto explica su tardanza en la entrega del informe en el
elevado número de personas implicadas, la abundante documentación y las
numerosas empresas a investigar: 19 mercantiles, entre ellas la propia Terra
Mítica, que en cuatro distintos niveles hurtaron supuestamente a Hacienda un
capital millonario manipulando la liquidación del IVA y del Impuesto de
Sociedades en los ejercicios 2000 y 2001.
En esencia, el perito asegura que de los papeles incluidos en
el sumario se desprende que varias empresas y empresarios actuaron de forma
coordinada para endosarse facturas por servicios no realizados en la
construcción del parque temático que no declararon. También constata que se
confeccionaron facturas hinchadas de trabajos realizados, que varias de las
empresas no tenían actividad alguna y, sin embargo, facturaron por grandes
obras al parque temático, y que se utilizaron testaferros. Además, que no
funcionaron los controles en la administración del parque de forma
extraordinariamente evidente y que varias de las empresas desaparecieron y
sus administradores crearon otras nuevas que, sin estructura alguna,
volvieron a facturar cantidades millonarias.
El perito parte de la premisa de la Inspección de Hacienda,
que fue la que denunció en 2005 a la fiscalía las irregularidades. Y esta es
la existencia de "una trama de facturación falsa y simulación de
operaciones, tanto de gastos como de ingresos inexistentes que han dado
lugar a defraudaciones tributarias durante los años 2000 y 2001".
Altos del Carrichal, Griba, Depimsa, C3 Ingeniería de la
Construcción y del Medio Ambiente, Excavaciones Escoto y Terra Mítica son
las mercantiles que podrían haber cometido delito fiscal por superar el
fraude los 120.000 euros. El resto, habría podido cometer falsedad
documental y mercantil.Las empresas de la trama del caso Terra Mítica
se agrupaban en distintos niveles. Y el perito asegura que eso "no era
casual, sino que obedecía al modo de operar de las empresas, tanto en
relación con las restantes entidades de la estructura, como en sus
actuaciones frente a la Inspección y otros órganos de la Administración
tributaria".
Según el perito, en el primer nivel se agrupan ocho empresas:
Herrero Mantenimiento; Mecanizaciones Hermanos Muñoz, Mecanizados de
Levante, Les Simetes de Partagás, Constructora Nou Mil·leni, Remel
2002, Ximo Dual y Construcciones y Reformas Valcoe. De ellas destaca "la
existencia de una estructura empresarial insuficiente para realizar los
trabajos supuestamente facturados y la ausencia de cualquier tipo de
justificante documental (salvo las propias facturas emitidas) o de otra
índole, que acreditase tanto la realización efectiva de los trabajos que se
cuestionaban, como el pago de los mismos".
Considera que "sí ha quedado acreditada la emisión de un
número considerable de facturas, por un importe global cercano a los 2.000
millones de pesetas en el año 2000 y a los 900 millones en 2001, por
empresas sin historial o antecedentes conocidos en los sectores económicos
en los que supuestamente habrían trabajado".
Nueva creación
Más aún: "Buena parte de ellas o eran de nueva creación o se
dedicaban a actividades totalmente distintas, empresas que tampoco eran
conocidas por ninguno de los operadores económicos a los que se les ha
requerido esta información (ni siquiera buena parte de sus propios
trabajadores). Además, no disponían de empleados para realizar dichos
trabajos o que los tenían en un número claramente insuficiente". Asimismo,
el perito afirma que "tampoco han acreditado la adquisición de materiales,
equipos y elementos para la realización de los trabajos facturados, que no
han justificado documentalmente las operaciones y que, finalmente, ni
siquiera han podido acreditar los cobros reales de las operaciones
facturadas".
Red Moreno, Altos del Carrichal, Prexint Botànics, Trabajos
Auxiliares del siglo XXI, Gribal y Desarrollo Gran Vía son el segundo nivel.
Y se repite el análisis del perito en cuanto a las evidentes
irregularidades, coincidentes con las señaladas en el grupo del primer
nivel. En el tercer y cuarto nivel, el experto sitúa como un único grupo a
AST Ingenieros, Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, C3
Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, Excavaciones Escoto y
Terra Mítica.
EL PERITO DE HACIENDA CONSTATA INGRESOS
SOSPECHOSOS EN DOS CUENTAS EN ANDORRA
El 17 de mayo de 2001 Antonio Moreno Carpio, José Luis Rubio y
Vicente Conesa, todos ellos imputados en el caso Terra Mítica por
fraude fiscal a Hacienda, falsificación de facturas y delito mercantil,
abrieron dos cuentas en Andorra. En ellas ingresaron más de 1.600.000 euros.
Lo dice el perito de la Agencia Tributaria que ha analizado la documentación
del sumario abierto en el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia.
"Hay que destacar, asimismo, la coincidencia de fechas de los ingresos,
siempre en efectivo, realizados en tales cuentas: 17 de mayo de 2001; 11 de
junio de 2001; 30 de junio de 2001; y 23 de agosto de 2001, totalizando
dichos ingresos 27 millones de pesetas en la primera cuenta y 240 millones
de pesetas en la segunda". Es decir, en total más de 1.600.000 euros.
Conesa es, a juicio de la fiscalía, el elemento fundamental de
la trama que facturó a Terra Mítica por obras inexistentes o sobrevaloradas.
De los 4,4 millones de euros que supuestamente se han defraudado, 2,7
llevarían su firma. Es amigo de Eduardo Zaplana, ex presidente de la
Generalitat. Fue investigado después de realizar diferentes trabajos para el
Ayuntamiento de Benidorm, precisamente cuando Zaplana era alcalde. Conesa
está al frente de varias de las empresas de la trama de facturas falsas del
caso Terra Mítica. El propio perito minusvalora el hecho de que en
las sociedades estén su mujer y dos de sus hijos porque considera que era él
quien dirigía absolutamente el destino de las sociedades.
El perito analiza dos informes presentados por Conesa y
elaborados por profesores de la Universidad Politécnica de Valencia y la
Universidad Miguel Hernández. En ellos se sostiene la regularidad de las
operaciones de las mercantiles del imputado con Terra Mítica. Pero el perito
de Hacienda, replica, por ejemplo, que "conviene destacar que la fuente
documental utilizada" en esos informes "es la proporcionada por C3", que es
una empresa del propio Conesa. Al experto le llama la atención que los
informes de los profesores no detallen la llamativa falta de personal de C3
para desarrollar los contratos con Terra Mítica. Además, "no existe ninguna
valoración u opinión con respecto al personal (número, cualificación) que
habría sido necesario para desarrollar las obras". Y tampoco se incluye "un
inventario del material" usado por C3 en las distintas actuaciones.Vicente
Conesa y sus empresas son objeto de especial atención por parte del perito,
al que sorprende el elevado nivel de facturación con Terra Mítica,
participada por la Generalitat de forma mayoritaria cuando ocurrieron los
hechos investigados, y con el resto de empresas de la trama.
El parque de Terra Mítica pagó 3.395.687,64 euros entre 2000 y
2001 a las empresas Altos del Carrichal, Desarrollo Gran Vía, Red Moreno,
Prexint Botànics y C3 Ingeniería. A esta última, de Conesa, 2.213.788,52
euros. Y esos pagos se sustentan en facturas falsas, principalmente por
trabajos que no existieron y algunos que se sobrevaloraron.
Otro grupo de empresas de la trama llama la atención porque
también tiene un alto volumen de facturación con Terra Mítica, aunque en
este caso la mayoría de ellas realizaron los proyectos. No obstante,
hincharon las facturas. Se trata de AST Ingenieros, Depimsa (también de
Conesa), de nuevo C3 Ingeniería de la Construcción, Excavaciones Escoto, y
la propia Terra Mítica, por aceptar el pago. En 2000, las adquisiciones que
hicieron estas empresas conjuntamente a otras sociedades de la causa fueron
por valor de más de 8,9 millones de euros, y en 2001 por más de 5,5 millones
de euros.
Así, el perito explica que la documentación aportada por estas
mercantiles tiene apariencia de legalidad. Sin embargo, "hay constancia en
los expedientes de comprobación de que, cuando la Inspección [de Hacienda]
requirió la aportación de relaciones o listados de trabajadores de los
subcontratistas, no existían". Y agrega que tampoco fueron aportados "los
presupuestos y contratos de determinadas operaciones, lo que resulta
especialmente llamativo en el caso de Terra Mítica". A eso añade que "hay
que citar la falta de justificación de determinados trabajos técnicos
recibidos de terceras empresas, sobre todo por parte de Depimsa y C3", así
como "irregularidades contables en el caso de AST".
Depimsa, empresa de Conesa, adquirió a varias de las firmas
relacionadas con la causa por 1.395.530,37 euros. Y como señalaron los
inspectores cuando se inició la causa en Hacienda, el experto considera que
"las facturas recibidas de los proveedores Altos del Carrichal, Prexint
Botànics, Traux, Desarrollo Gran Vía y AST no se consideran ajustadas a la
realidad". ¿Por qué? "Por no haberse justificado la realización de los
trabajos en ellas contenidos", precisa.
C3, la otra firma de Conesa, facturó en 2000 más de 1,2
millones de euros. Y al menos otros 1,8 millones en 2001. El perito señala
que esa facturación tiene como característica "la concentración de
actividades en el área de Benidorm, en concreto alrededor de las obras
realizadas en el área del Parque Temático y de la Sociedad Parque Temático
de Alicante [ahora Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana]". O "en
obras públicas o privadas en su área de influencia", apunta el experto de
Hacienda.
De la actividad de C3 con Terra Mítica, el perito cuenta que
"recibió un volumen muy importante de facturas provinientes de Red Moreno,
Altos del Carrichal, Prexint Botènics, Gribal y Desarrollo Gran Vía". Para
él, "una buena parte no respondía a operaciones reales, simplemente tenía la
función de compensar las importantes cifras de ingresos de esta sociedad".
La conclusión la argumenta en "la falta de justificación de las operaciones
facturadas, así como el hecho de que los importes pagados por C3 se dirigían
en la mayoría de los casos mediante endosos a otras sociedades".
El perito lo deja claro en el informe y dice que "las
referidas operaciones no han respondido a la realidad". Y una vez analizada
la documentación de las empresas de Conesa y el resto de firmas que se
sitúan en la trama en el mismo nivel, afirma que existen "nuevos indicios
sobre la existencia de un circuito financiero por el que los importes
pagados a sus proveedores por estas empresas, acabarían volviendo a ellas".
Junto a estas firmas investigadas estaba la propia Terra
Mítica, que asumía las facturas falsas. Y el perito destaca que existían
"mecanismos de control económico, financiero, contable y técnico que, en
principio, deberían haber impedido cualquier tipo de irregularidad". Pero,
como él señala, "los citados mecanismos no han funcionado adecuadamente, lo
que ha generado situaciones en las que no resultan suficientemente
acreditadas la realización de los bienes o trabajos adquiridos".
www.elpais.es 02.01.11
EL
PARQUE CIERRA LA TEMPORADA CON UNA CAÍDA DE 140.000 VISITANTES
Terra
Mítica cerró el pasado 12 de octubre sus puertas con unas pérdidas "como las del
año pasado", es decir, de unos 16 millones de euros, según fuentes de la actual
dirección y del consejo de administración de la sociedad, a falta de cerrar el
balance y auditar las cuentas. El parque temático de Benidorm fue gestionado
hasta el 31 de julio por la anterior dirección y desde el 1 de agosto por
Aqualandia-Mundomar en régimen de concesión. No obstante, la totalidad de la
deuda de este año se generó entre marzo y julio y corresponde a la gestión
guiada por el Consell, que en los tres últimos ejercicios ha incrementado en
casi 50 millones de euros la deuda del parque.
El número
de visitantes ha caído en 2010 más de un 20%. De los 676.000 de 2009 se ha
pasado a 533.000 en este ejercicio, si bien el parque adelantó dos meses el
cierre de puertas, previsto para diciembre. En el futuro, los nuevos gestores
planean tener beneficios operativos desde el primer año con 800.000 visitantes y
pretenden que en 2012 vuelvan a entrar un millón de personas en Terra Mítica. A
partir de entonces, abrirá todo el año con nuevos accesos y una mayor oferta
temática tras invertir otros 10 millones.
Terra
Mítica está ahora patas arriba. Ayer trabajaban 60 personas, que llegarán a ser
120, en cambiarle la cara y hacer el parque más atractivo, para lo que se
invertirán cinco millones de euros antes de volver a abrir en abril de 2011.
Hasta 12 millones de toneladas de tierra vegetal están esparcidas para repoblar
de vegetación las instalaciones. Y ha sido perforado un pozo que cubrirá las
necesidades hídricas del riego y las atracciones. Terra Mítica pagaba 800.000
euros por el consumo de agua cada año. El propietario de Aqualandia-Mundomar,
George Santamaría, comentaba ayer a pie de las obras que "el cliente que venga
visitará un parque nuevo, aunque ya haya estado aquí".
No habrá
más novedades el primer año que nuevas cascadas de agua, mucha más vegetación y
la puesta a punto y optimización de la gestión de las atracciones. "Aquí había
palmeras plantadas encima de arena que podías tumbar de una patada", comentaba
ayer un operario de jardinería para evidenciar el descontrol que hubo en el
diseño del parque y el abandono posterior.
Terra
Mítica Parque Temático de Benidorm, SA, empresa de la que el Consell, Bancaja y
la CAM controlan el 70%, celebró el pasado 29 de octubre una asamblea de
accionistas en la que acordaron modificar sus estatutos para reducir el número
de miembros de su consejo de administración y eliminar el derecho de compra
preferente de las acciones de sus socios para allanar el camino de su venta. El
núcleo duro que ha quedado al frente de la empresa se encargará del tránsito
hacia el cambio de titularidad, que con toda probabilidad se producirá en 2011.
Aqualandia-Mundomar
se hizo cargo de la gestión de Terra Mítica el 1 de agosto por un canon anual de
1,8 millones de euros, más un porcentaje de los beneficios operativos de cada
ejercicio con una opción de compra cifrada en 75 millones de euros. El canon
cubre casi exactamente los intereses que el parque debe pagar anualmente de los
créditos vivos que mantiene y el abono de la opción de compra servirá para
liquidarlos, ya que la deuda acumulada supera los 65 millones.
(www.elpais.com,
12/11/10)
EL JUEZ
DA UN IMPULSO AL 'CASO TERRA MÍTICA' Y RECUPERA EL DELITO FISCAL
El caso
Terra Mítica vuelve a tomar impulso. Se lo acaba de dar el juez que investiga el
supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros cometido por una veintena de
empresas a cuenta de las obras de construcción del parque temático Terra Mítica,
uno de los sueños del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. El
magistrado juez Francisco de Asís Silla decidió el pasado enero dar por nulas
todas las actuaciones practicadas desde que se presentó la denuncia en 2006
sobre el delito fiscal. Eso supuso un auténtico varapalo: colocó la causa al
borde del archivo. La Fiscalía, el abogado del Estado y la representación de los
socialistas recurrieron esa decisión. La respuesta llega ahora: aquella decisión
queda invalidada y se continúa investigando el delito central de una trama que,
a través de facturas falsas, estafó supuestamente a la hacienda pública 4,4
millones de euros.
El
magistrado ha resuelto, al menos de momento, un debate que recorre la causa en
todos sus pasos. La Agencia Tributaria presentó una denuncia a la Fiscalía de
Valencia en 2005, al borde de la prescripción de los delitos que estaba
investigando, y que se refiere a los ejercicios 2000 y 2001. Cuando esa denuncia
se presentó, los imputados no tuvieron oportunidad de alegar directamente ante
Hacienda. Tuvieron, claro está, la oportunidad de dar todo tipo de explicaciones
ante el juez.
La Ley
General Tributaria, en el artículo 180.1 recogía entonces, en una confusa
redacción, la necesidad de que, antes de cerrar un expediente para dar paso a
una denuncia, se dé una última oportunidad a los implicados para que puedan, en
su caso, explicar las irregularidades detectadas. Ese trámite no se hizo. No era
una novedad. Ejemplos, hay. Y sentencias en distintos órdenes que avalan que no
se cercena derecho alguno por no cumplirse ese trámite.
Pero los
imputados (ahora 24, aunque llegaron a ser 32) persiguieron la nulidad hasta que
la consiguieron de parte de la Audiencia de Valencia, que obligó a Hacienda a
dar ese trámite. La Agencia Tributaria lo hizo, pero no para todos. Y volvió a
iniciarse el contencioso. En esa ocasión, darles la razón era admitir la
prescripción. Y el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 así lo hizo.
Pero las argumentaciones de los recursos le han hecho recapacitar y considerar
que, en efecto, no se vulneró nada y el delito se debe investigar.Estafa,
malversación, blanqueo de capitales y delito fiscal. Ese es el catálogo de
delitos que ahora investiga el magistrado titular del Juzgado de Instrucción
número tres de Valencia. El magistrado entiende, después de atender las
explicaciones de los recurrentes, que la Audiencia de Valencia no tiene una
única interpretación. La Audiencia fue la que empezó el lío de los afectados por
el expediente de la Agencia Tributaria, antes de que se presentara una denuncia.
El juez considera no solo que han sido varias y diferentes las respuestas dadas,
sino que desde que se reabriera el caso en 2006, la Audiencia ha tenido que
responder a recursos varios y no ha considerado que el delito haya sido nulo. El
magistrado juez estima uno de los recursos que normalmente tienen escaso
recorrido: el de reforma, que supone el juez cambie su propia posición.
Entre los
más afectados por la recuperación del delito fiscal están el empresario Vicente
Conesa y su familia. Conesa, amigo de Zaplana, está acusado de defraudar 2,7
millones de euros de los 4,4 que se supone que la trama hurtó a Hacienda. El
empresario ya fue investigado en los noventa por supuestas irregularidades en la
adjudicación de distintos trabajos por parte del Ayuntamiento de Benidorm cuando
el alcalde era Zaplana.
Vivo el
delito fiscal, está igualmente viva la información incorporada a la causa de las
liquidaciones de IVA y de impuesto de sociedades. Y lo está el trajín de las
facturas que la trama orquestó en distintos niveles para, supuestamente, cobrar
trabajos no realizados o elevar al alza los que sí se hicieron. En principio,
todo ello, con la complicidad de Terra Mítica, que de momento está como
imputada, aunque la representación del parque aspire a ser damnificada y poder
así reclamar el dinero que presumiblemente le quitaron.
Han
quedado pues en papel mojado, al menos en este trámite, los recursos que
plantearon un error por parte de la Agencia Tributaria. Esos recursos defendían
ante el juez que no se ajustó a derecho la denuncia, porque la denuncia había
sido trasladada a la Fiscalía sin dar la oportunidad de alegar sobre las
irregularidades que detectó.
El juez ha
vuelto a la que fue su teoría, hasta que sorprendente el pasado enero tomó una
decisión opuesta. Es decir, el magistrado considera que eso no era en modo
alguno una vulneración de un derecho porque cada uno de los imputados ha tenido
y tiene aún la posibilidad de explicarse y aportar la documentación que
consideraran oportuna a lo largo de la instrucción.
El
magistrado deja claro que la decisión que ahora corrige no obedeció a "seguidismo"
de otros tribunales. Lo deja especialmente claro en referencia a una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la vía contencioso-administrativa,
que consideró nulo el procedimiento. Cierto es que esa sentencia es contraria a
otras dictadas por la misma sala. En cualquier caso, el titular del Juzgado de
Instrucción número tres de Valencia aclara que estima los recursos porque
considera que incorporan argumentos que él no contempló en su decisión de
nulidad ahora corregida.
Los
tiempos en la causa de Terra Mítica
-
Denuncia. La Agencia Tributaria denunció en junio de 2005 la trama y la fiscalía
lo hizo al juzgado a finales de ese año.
- Primer
archivo. La Audiencia anula en febrero de 2006 porque el trámite de Hacienda no
dio voz a los denunciados.
- Vuelta
al juzgado. El caso se reabre en mayo de 2006. Ya ha prescrito uno de los
delitos, el de falsedad documental.
-
Intervención del TSJ. En marzo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
estima el recurso de varios imputados porque a ellos, Hacienda no les dio la
oportunidad de alegar.
- Segunto
archivo.. Los denunciados que ganaron en el TSJ acuden al juzgado para que
cumpla esa decisión. El juez, en enero, archiva el delito fiscal y da por nulo
el trámite de denuncia de la Agencia Tributaria. Pero con fecha 1 de septiembre
notifica la supervivencia de ese delito en la causa.
(www.elpais.com,
03/09/10)
TERRA MÍTICA DESPIDE A TODOS LOS TRABAJADORES Y AL EQUIPO DIRECTIVO
El parque de
Benidorm perdió el año pasado más de 16,4 millones de euros
Veinte días ha tardado la nueva dirección de Terra Mítica en
tomar medidas drásticas en el parque desde que el Consell decidió, con la
anuencia de Bancaja y la CAM, ceder su explotación a la empresa Aqualandia-Mundomar.
La nueva dirección informó ayer a toda la plantilla y a su equipo directivo que
serán despedidos en apenas tres semanas. Terra Mítica tenía previsto abrir este
año casi 10 meses, desde principios de marzo hasta el 18 de diciembre. No será
así. Los 400 trabajadores contratados temporalmente ya han recibido la
comunicación de que cesarán tres meses antes, a finales de septiembre, justo
cuando la nueva dirección de la empresa ha decidido cerrar el parque para
acometer reformas. El centenar de trabajadores fijos también serán despedidos a
través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) posterior al cierre de
puertas a finales del verano, y toda la cúpula directiva deberá abandonar sus
actuales cargos para dejar paso a los nuevos gestores, incluyendo al director
general, Juan José de Torres, contratado hace poco más de un año.
Con estas medidas, la futura dirección espera recuperar la
caída de visitantes y facturación. Este año pasado el parque perdió 16,4
millones de euros. Terra Mítica levantó la suspensión de pagos tras acumular un
pasivo de 218 millones de euros. La venta a Enrique Ortiz por 85 millones de su
suelo de reserva le permitió presentar dos ejercicios consecutivos con
beneficios, pero la última cifra conocida de visitantes estaba ya por debajo del
millón, similar a la de un parque acuático como Aqualandia, que lleva 25 años
abierto y alcanza los 900.000 clientes abriendo solo entre marzo y septiembre,
justo el futuro que le espera a Terra Mítica. El parque, que cumple 10 años, fue
traspasado el pasado 28 de julio a la empresa que gestiona Aqualandia-Mundomar
en régimen de alquiler con una opción de compra durante los próximos 10
ejercicios. Las cifras en las que se cerró la operación únicamente cubrían los
números rojos que arrastra. El canon anual de 1,8 millones servirá para hacer
frente a los intereses de los préstamos bancarios vivos, mientras que la opción
de compra que valora Terra Mítica en 75 millones de euros viene a ser la deuda
acumulada los últimos años.
www.elpais.es 17.08.10
EL 'CASO IVEX' SE REABRE MIENTRAS EL DE TERRA MÍTICA ESPERA UN INFORME
La Audiencia pide
que declare Julio Iglesias y aclare los pagos y servicios
El paso de Francisco Camps por la presidencia autonómica está
marcado, sin duda, por importantísimos escándalos dentro del PP, incluido el que
afecta a su propia persona, que la Justicia trata de depurar. Pero tampoco
estuvo exento de ellos el mandato de Eduardo Zaplana. Varios siguen vivos
judicialmente: el caso Fabra; el caso Ivex (Instituto Valenciano
de la Exportación), que acaba de ordenar reabrir la Audiencia de Valencia, y el
caso Terra Mítica, que lleva más de un año sin decisiones significativas,
tras cinco de instrucción.
Eduardo Zaplana no ha tenido, de momento, que sentarse en el
banquillo, como previsiblemente tendrá que hacerlo en los próximos meses su
sustituto, Francisco Camps. Pero dejó como herencia escándalos de corrupción que
afectaron a empresas públicas, a dinero público, a cargos públicos, y que aún
hoy están en manos de los jueces. La sección tercera de la Audiencia de Valencia
ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que
reabra el caso Ivex, que llevó a los tribunales el PSPV por supuestas
irregularidades en el contrato suscrito entre la Generalitat y el cantante Julio
Iglesias para promocionar la imagen de la Comunidad Valenciana en el extranjero
con varios conciertos. Aquel contrato se firmó por 2.253.795,39 de euros (375
millones de pesetas). Se presentó incluso en las Cortes. Pero tenía un anexo que
el PP ocultó a la cámara y al Síndic de Comptes que superaba los 3.600.000 euros
(600 millones de pesetas).
La causa se abrió por los delitos de malversación de fondos,
delito fiscal y falsificación en 2001 en Valencia, después de que la Audiencia
Nacional rechazara hacerse cargo del asunto. Desde entonces y hasta el pasado
mes de marzo, se investigaron los hechos. Casi una decena de imputados, los
miembros del consejo de administración del Ivex y otros responsables de
entidades relacionadas, pasaron a dar su testimonio sobre cómo se realizaron los
pagos al cantante, quién, en virtud de qué servicios y cómo se acreditaban. Sin
embargo, la ausencia del considerado como responsable directo de las
irregularidades detectadas, José María Tabares, ex director general del Ivex,
parecía dar al traste con todas las pesquisas al no poder tomarle declaración
por estar huido de la Justicia tras ser condenado a cinco años de cárcel por
estafa, también por un asunto relacionado con su gestión al frente del Ivex.
"Quien ha venido constituyéndose como eje central de las operaciones de
ejecución del contrato con Julio Iglesias era el señor Tabares, que era
personalmente quien daba las órdenes y las ejecutaba, a través de diverso
personal que compone o componía la red directiva y administrativa del Ivex",
dijo el juez en su auto de archivo.
Reconoció en el mismo documento que la contabilidad no estaba
ni mucho menos clara. Pero despreció continuar y no aceptó la petición reiterada
de los socialistas de que declarara el cantante (el pago de dos de sus
conciertos, en Orlando y México centra las sospechas). Ahora, la Audiencia de
Valencia dice que debe practicarse no sólo esa declaración sino también, entre
otros, la del que fuera consejero de Comercio, Diego Such, y del que fuera
máximo responsable del Instituto Valenciano de Finanzas, José Manuel Uncio, que
también fue investigado por el uso irregular de su tarjeta de crédito
corporativa. La Audiencia observa indicios sólidos de malversación y entiende
que la hipotética falsificación de facturas va más allá de Tabares, o al menos
debe preguntarse a otros.El caso Terra Mítica, que lleva ya cinco años de
investigación judicial, se ha convertido en un auténtico enjambre de recursos,
muchos de ellos pendientes de resolver, está en punto muerto. Desde hace más de
un año se espera el informe del perito de Hacienda sobre la documentación que
supuestamente acredita lo que se pagó y los servicios por los que se pagaron. En
esa documentación está la esencia de la causa: la maraña de facturas falsas que
sirvió para un fraude de 4,4 millones de euros durante la construcción del
parque temático de Benidorm, una de las obras emblema de Eduardo Zaplana en la
localidad de la que fue alcalde.
La elección de ese perito ya fue difícil. Una vez
seleccionado, pidió un plazo más largo para poder analizarlo todo y dijo en mayo
del pasado año que en ningún caso tendría su informe antes dos meses, es decir,
julio de 2009. El informe aún no está. Entre tanto, solicitó incluso más
información a Hacienda. ¿Qué sentido tendrá el análisis? Dudoso, porque el
delito principal, el que dio origen a la misma, se ha dado por prescrito. Es
decir, que cinco años después de que se iniciara una de las más complejas
investigaciones y uno de los más graves escándalos de corrupción, los delitos de
falsedad y fiscal han desaparecido porque el tiempo ha pasado sin tomar decisión
alguna.
El caso Terra Mítica está en punto muerto desde hace
meses. Pero mantiene imputados, salvo escasas variaciones, incluido el
fallecimiento de uno de ellos, a todos lo que lo estuvieron desde el principio.
El juez sacó del catálogo de delitos en marzo el fiscal. El perito no ha
entregado aún informe alguno. Los recursos contra el archivo precisamente de la
desaparición por prescripción de la imputación por delito fiscal (presentados
por todas las acusaciones) tampoco se han resuelto. Y, más aún, el juez tiene
pendiente una decisión trascendental, pero desde el año pasado: decidir si le
afecta a su jurisdicción penal una sentencia del Tribunal Superior de Justicia,
de Lo Contencioso-administrativo, que anula toda la causa por no haber cumplido
Hacienda desde el principio con el trámite de dar oportunidad a los implicados
en el supuesto fraude de explicar las supuestas irregularidades en su
liquidación de impuestos de IVA y de Sociedades por servicios realizados a Terra
Mítica. Eso no está resuelto, pero el juez ha acordado comisiones rogatorias a
Andorra, Suiza y Alemania para averiguar movimientos de dinero de varios de los
imputados. Y, además, ha acordado que se sumara a la causa la información que
tenía otro juzgado de la querella que presentó Eduardo Zaplana contra dos
empresarios imputados en la causa que se reunieron con dos diputados autonómicos
socialistas, que grabaron la conversación, a los que les dijeron que parte de
las comisiones que se pagaban en la construcción del parque iban a parar al ex
presidente. Más aún, una de las cuestiones centrales no se ha resuelto pero
Hacienda, el pasado mayo, decidió embargar preventivamente la devolución de dos
declaraciones de renta al que se considera principal cerebro de la trama:
Vicente Conesa, amigo de Zaplana.
www.02.08.10
UN DICTAMEN JURÍDICO
CONCLUYE QUE EL CONSELL FAVORECE A ENRIQUE ORTIZ
DE ´FORMA INJUSTIFICADA´ EN TERRA MÍTICA
Un informe jurídico
encargado por el Ayuntamiento de Benidorm
establece que el Consell "favorece
injustificadamente" al titular de las parcelas
con la calificación de uso hotelero y turístico
en el Plan Especial Director de Usos e
Infraestructuras (Pedui) del parque temático
Terra Mítica. El propietario de ese suelo es el
constructor Enrique Ortiz, que lo adquirió por
80 millones de euros tras la subasta de Terra
Mítica para obtener liquidez.
El informe, solicitado por
el gobierno local ante la aprobación provisional
por parte del Consell de la modificación puntual
número 6 del Pedui, es demoledor. Dicha
modificación afecta precisamente al suelo
adquirido por Ortiz y prevé la eliminación del
establecimiento de una parcela mínima de 2.000 m2,
la separación de lindes de 7 a 10 metros y
permite modificar la parcelación. El firmante
del documento, el secretario municipal de
Benidorm, arroja frases tan concluyentes como
que "la eliminación de la parcela mínima supone
una contravención del artículo 20 del Reglamento
de Zonas de Ordenación de la Comunidad
Valenciana", o que la finalidad de la
modificación "sólo puede entenderse como el
deseo de favorecer injustificadamente al actual
titular de las parcelas, permitiendo el
fraccionamiento de las mismas y su posterior
venta a terceros".
Señala el informe que la
regulación que pretende aprobarse "es contraria
a los intereses generales" y añade más adelante
que "el único interés que se persigue es el de
permitir un fraccionamiento ilimitado de las
manzanas y parcelas, y no está al servicio de
políticas públicas de vivienda, como parecería
lógico en terrenos pertenecientes en principio
al patrimonio público de suelo, sino al servicio
de los intereses concretos de la mercantil
adjudicataria de dichas parcelas tras el proceso
de enajenación llevado a cabo por Terra Mítica
S.A.".
El dictamen jurídico va
más allá y afirma que no se cumple tampoco el
requisito de legitimación para modificar el Plan
General de Benidorm "por cuanto la ordenación
que se propone por su condición pormenorizada es
competencia exclusiva de este Ayuntamiento". Es
decir, que al tratarse de una modificación de
detalle, la Generalitat no es competente.
Entender esto de otra forma sería lo mismo,
incide el informe, que "entender que el
ayuntamiento ha perdido su competencia
territorial sobre el ámbito físico del suelo
incluido en el Pedui y que dicho ámbito ha
pasado a ser término municipal de la
Generalitat".
El concejal de Urbanismo de Benidorm, Jaime
Llinares, también anunció ayer que el gobierno
municipal pedirá al Consell el 10% del
aprovechamiento del suelo urbanizable del Plan
Especial Director de Usos e Infraestructuras (Pedui)
del parque temático Terra Mítica. Llinares
señaló en una rueda de prensa que se estudiará
también la posibilidad de reclamar el
aprovechamiento del suelo no urbanizable que
tiene un fin lucrativo para uso hotelero y de
apartamentos turísticos. Del mismo modo, el
concejal de Urbanismo apuntó que el Ayuntamiento
reivindicará "el pago de las plusvalías" que
corresponden al consistorio por la operación de
compra-venta de una parcela de 216.000 m2
que fue adquirida por la mercantil Enrique Ortiz
e Hijos a la Sociedad Proyectos Temáticos de la
Comunidad (SPTCV) por 80 millones de euros.
Llinares explicó que en
estos momentos los técnicos están trabajando
para conocer ese 10% del aprovechamiento y
avanzó que cuantificarán, igualmente, las
plusvalías de la operación de compra-venta de la
citada parcela.
No obstante, no pudo
precisar ni el número de metros que le
corresponderían a Benidorm ni la valoración
económica que tendrían dichos terrenos. De
cualquier forma, significó que "es llamativo que
ningún político de esta ciudad lo hubiera
reclamado antes". El edil de Urbanismo indicó
también que, con la cesión del 10%, Benidorm
tendría terrenos suficiente para "varios
hospitales, incluso en la parcela que propuso el
PP para la permuta". Dijo además que, de obtener
ese suelo, Benidorm dispondría de una parcela
para poder cederla al Consell para la
construcción del segundo hospital comarcal, sin
necesidad de realizar la permuta que estaba
prevista.
(www.levante-emv.com,
21/01/10)
La Fiscalía recurre la
nulidad del delito tributario en Terra Mítica
La Fiscalía Provincial de
Valencia ha recurrido el auto del juzgado de
instrucción número 3 de Valencia por el que se
acordaba la nulidad de parte del procedimiento
en el caso Terra Mítica -- únicamente en lo
referente al delito tributario--, al estimar que
deducir testimonio es "mero trámite", según
consta en algunas sentencias.
En un comunicado de la portavocía del ministerio
público, se informa de que el fiscal encargado
de la causa ha interpuesto recurso de reforma, y
subsidiario de apelación, para que el magistrado
revoque el auto dictado el 7 de enero de 2010 y
deje sin efecto la nulidad de las actuaciones
acordadas desde el 2 de mayo de 2006, relativas
al delito fiscal. Así, solicita al instructor
que dicte un nuevo auto en el que se establezca
que no existe esta nulidad y que, por tanto, no
procede devolver a la Agencia Estatal Tributaria
la totalidad del expediente administrativo, tal
y como se había acordado.
La Fiscalía basa su petición en varias
sentencias y otros argumentos. De esta manera,
recuerda que la solicitud de nulidad de las
actuaciones por infracción del artículo 180.1 de
la Ley General Tributaria (LGT) ya había sido
resuelta por autos del juzgado de Instrucción
número 3 --entre otros, del 13 de julio de
2006--, y por autos de la sección tercera de la
Audiencia Provincial de Valencia --de 20 y 23 de
noviembre del mismo año--.
También expone, en el recurso, que aunque existe
una sentencia dictada por la sección tercera de
la sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV), de fecha de 14 de noviembre
de 2008, que declara nula la resolución que
acuerda dar traslado del expediente a Fiscalía,
"lo cierto es que también se trata de una
sentencia aislada".
En este punto aclara que existen otras
sentencias dictadas por las propias salas de lo
contencioso-administrativo de Valencia, en
concreto, de la sección primera y tercera, que
manifiestan "de forma contundente" que el
trámite de audiencia, dispuesto en el artículo
180.1, es un acto "de mero trámite" que pone fin
a un procedimiento administrativo.
Con todo, el ministerio fiscal recuerda al juez
instructor que existe una sentencia del Tribunal
Supremo (TS), de fecha de 15 de septiembre de
2008, que establece la preferencia del derecho
penal frente al derecho administrativo, y que
señala que el acto de deducir testimonio al
ministerio público "es un acto de tramite".
Por último, recuerda en su escrito que "en
ningún caso, ni en el procedimiento contencioso,
y menos en el penal, se ha producido indefensión
alguna a los imputados", y concreta que "lo
único que puede haberse producido es una
irregularidad administrativa --aunque tampoco se
ha producido--, que pese a la nulidad del fallo
de la sentencia de la sección tercera de la sala
de lo contencioso-administrativo del TSJCV de 18
de noviembre de 2008, no puede trasladarse al
proceso penal en forma de nulidad, ya que no
existe vulneración del derecho de defensa que
recoge el artículo 24 de la Constitución".
Así, explica que los interesados --imputados en
el proceso penal-- han podido efectuar
alegaciones, aportar documental o testifical en
todo el curso de la instrucción "sin que se haya
vulnerado su derecho de defensa", por lo que
estima que no procede la nulidad de todo lo
instruido respecto al delito fiscal.
La investigación de esta causa se inició tras
una denuncia de la Fiscalía contra una veintena
de empresas, entre ellas Terra Mítica, por un
presunto fraude de 4,4 millones a través del IVA
y del Impuesto de Sociedades durante 2000 y
2001.
www.levante-emv.com
18,01,10
EL JUEZ PONE EL 'CASO
TERRA MÍTICA' AL BORDE DE UN ARCHIVO DEFINITIVO
El caso Terra Mítica se
mantiene abierto sin la parte esencial que dio
lugar a la investigación judicial. El titular
del Juzgado de Instrucción número tres de
Valencia dictó ayer un auto por el que archiva
el delito fiscal. Es decir, el fraude fiscal que
detectó la Agencia Tributaria a través de
facturas falsas por un importe de más de 4,4
millones de euros en los ejercicios de 2000 y
2001 en relación con trabajos realizados para el
parque temático Terra Mítica ha desaparecido del
sumario. ¿Por qué? Porque el juez considera que
ha prescrito.
A esa conclusión le ha
llevado la argumentación de los recursos
presentados por varios de los imputados
(llegaron a ser 31 y ahora son 24 empresarios de
20 mercantiles, incluida Terra Mítica). Esos
recursos planteaban un error por parte de la
Agencia Tributaria. Los recurrentes defendieron
ante el juez que no se ajustó a derecho la
denuncia porque fue trasladada a la fiscalía sin
darles la oportunidad de alegar sobre las
irregularidades que detectó la Agencia
Tributaria. El artículo 180.1 de la Ley General
Tributaria así lo prevé.
Inicialmente, el
magistrado consideró que eso no era en modo
alguno una vulneración de un derecho porque cada
uno de los imputados -entre los que se encuentra
el empresario Vicente Conesa, próximo a Eduardo
Zaplana desde que éste fuera alcalde de Benidorm
y pieza nuclear en la trama- tenía la
posibilidad de explicarse y aportar la
documentación que consideraran oportuna a lo
largo de la instrucción.
Pero esa explicación no
convenció a los imputados y acudieron a la
Audiencia Provincial de Valencia. Y ésta les dio
la razón. Obligó a la Agencia Tributaria a
cumplir con ese trámite. Lo hizo, aunque no para
todos, y volvió a llevar la causa al juzgado.
Para entonces, el supuesto delito de falsedad
que se había incluido en la investigación el
juez lo dio por prescrito. La instrucción se
repitió, incluidas las declaraciones de los
imputados. Prosiguieron las pesquisas.
Sin embargo, los excluidos
por la Agencia Tributaria de ese trámite a que
obligó la Audiencia optaron por reclamarlo por
la vía contencioso-administrativa. Y el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) les dio la razón. Se
produjo entonces una situación no exenta de
discusión: un tribunal de una jurisdicción
distinta de la que tenía en sus manos el caso
decidía sobre el asunto y además consideraba que
todo era nulo.
Con ese fallo, los que
promovieron la actuación del TSJ solicitaron al
juez de Instrucción 3 que contemplara la
decisión y por tanto que archivara la causa. Se
ha tomado meses para ello. De hecho, entre
tanto, ha decidido a propósito de imputaciones
(varias han sido archivadas) y de comisiones
rogatorias, en dos ocasiones, a Suiza, Andorra y
Alemania para saber movimientos de dinero de los
implicados, sobre todo de Vicente Conesa. Más
aún, ha unido a la causa la información recogida
por Instrucción 17 cuando se hizo cargo de la
querella que Zaplana presentó contra dos de los
imputados y dos diputados socialistas
autonómicos por las grabaciones que éstos
hicieron de una conversación en la que los dos
empresarios aseguraron que Vicente Conesa se
llevaba el dinero en maletines y que les había
dicho que parte de él era para el ex
presidente.
Ayer, el juez decidió
archivar el núcleo de la causa, el origen de la
investigación: el delito fiscal que se perpetró
a través de una trama de facturas falsas en
distintos escalones empresariales con las obras
para el parque temático Terra Mítica como objeto
del delito.
El magistrado asegura,
según el comunicado del TSJ, que "la nulidad
afecta al delito tributario y no a otro tipo de
infracciones penales que puedan derivarse de las
investigaciones". Es decir, se mantienen vivos
los supuestos delitos de estafa, malversación y
blanqueo de capitales. Pero esa afirmación
dependerá de factores varios. Primero, de la
respuesta que se dé a los previsibles recursos
que van a presentar la fiscalía, la Abogacía del
Estado y los socialistas. Después, y en buena
medida, dependerá de si Terra Mítica, que en la
causa ha gozado de doble condición (imputada y
víctima, porque pagó, porque no fiscalizó las
facturas y porque pudo ser engañada) decide,
ahora sí, personarse como acusación por haber
sido estafada. Y, al tiempo, deberá resolverse
la teoría del árbol envenenado sobre la que el
Tribunal Constitucional se ha pronunciado, al
menos, en dos sentencias, en 1984 y en 1997.
¿Son válidas las pruebas obtenidas de una causa
cuyo inicio se anula? ¿Contamina al conjunto de
la investigación el que se dé por no ajustado a
derecho el procedimiento que ha llevado la causa
a un tribunal? Ayer, sin conocer el detalle de
la resolución, las partes consultadas advertían
de un debate intenso y no fácil de resolver.
La Agencia Tributaria
denunció ante la fiscalía la trama de fraude
fiscal en junio de 2005. La fiscalía consumió
los seis meses para investigar al borde de la
prescripción si no se interponía denuncia, llevó
el asunto al juzgado en noviembre de aquel año.
Fueron una treintena los imputados, directivos
del parque y empresarios, entre ellos: Vicente
Conesa (al que se atribuye la cantidad más
importante del fraude, 2,7 millones de euros) y
dos de sus hijos; Antonio Moreno Carpio, José
Herrero y tres ex consejeros de Terra Mítica (a
la que se imputa un fraude de 180.000 euros), el
ex presidente, Luis Esteban; el ex director
general, Miguel Navarro; y el ex director de
contrataciones Justo Valverde, quien fuera
cuñado de Zaplana. Después de cuatro años de
instrucción el caso Terra Mítica pierde, de
momento, el núcleo de la investigación.
(www.elpais.com,
12/01/10)
CALENDARIO DEL 'CASO
TERRA MÍTICA'
- Denuncia: La Agencia
Tributaria denunció en junio de 2005 la trama y
la fiscalía lo hizo al juzgado a finales de ese
año.
- Primer archivo: La
Audiencia anula en febrero de 2006 la
tramitación de Hacienda no dio voz a los
denunciados.
- Vuelta al juzgado: El
caso se reabre en mayo de 2006. Ya ha prescrito
uno de los delitos, el de falsedad documental.
- Intervención del TSJ: En
marzo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia
(TSJ), por la vía contencioso-administrativa,
estima el recurso de varios imputados porque a
ellos, la Agencia Tributaria no les había dado
la oportunidad de alegar.
- Segundo archivo: Los
denunciados que ganaron en el TSJ acuden al
juzgado para que cumpla esa decisión. El juez se
lo ha pensado hasta ayer, decidiendo archivar la
investigación por delito fiscal al dar por nulo
el trámite de denuncia de la Agencia Tributaria.
Si es nulo, nada ha paralizado la prescripción,
que en el delito fiscal es de cinco años. Los
hechos son de 2000-2001.
(www.elpais.com,
12/01/10)
Se subasta Terra
Mítica
Tres propuestas
responden a la petición del consejo del parque
para su venta
Los gestores del
parque Terra Mítica, un proyecto
estrella del Consell del PP que en
apenas nueve años se ha convertido en un
quebradero de cabeza, han colgado el
cartel de "Se vende". El consejo de
administración del parque, que tiene a
la Generalitat y a las dos grandes cajas
de ahorros valencianas como principales
accionistas, solicitó ofertas para su
compra. La petición ha sido contestada
por tres firmas del sector del ocio,
según fuentes próximas a la negociación.
Ayer por la tarde se analizaban las
mismas. Y aunque las ofertas incluyen
diversas fórmulas para gestionar el
parque, las mismas fuentes apuntan que
quien más posibilidades parece tener en
esta operación es Parques Reunidos. La
firma, que gestiona entre otros
L'Oceanogràfic o los Aquópolis de
Cullera y Torrevieja, pretende comprar
el parque, pero libre de las deudas que
éste arrastra (incluidos los préstamos),
según estas mismas fuentes. Otras
próximas a la negociación consultadas
insistían en que las distintas ofertas
presentadas se están estudiando todavía
y que nada está cerrado.
Terra Mítica
atraviesa una crisis crónica desde que
abrió sus puertas. El punto más delicado
de su corta trayectoria, sin embargo, se
produjo en 2004, cuando presentó
suspensión de pagos con una deuda de 218
millones y pérdidas acumuladas de 120
millones. Sólo gracias a la venta de la
reserva de suelo que tenía el parque
permitió superar la crisis y supuso una
inyección de 85 millones. Durante la
suspensión de pagos, el Consell esbozó
la posibilidad de una retirada parcial o
incluso total de la Generalitat del
accionariado del parque temático "cuando
el proyecto esté consolidado". Tres años
después, la opinión parece haber
cambiado ya que el consejo de
administración está dando pasos para su
venta.
Y es que tras un
lapso de beneficios operativos en 2006 y
en 2007, el parque, impulsado por
Eduardo Zaplana, en la ciudad que le vio
nacer a la política volvió a los
números rojos en 2008. En ese
ejercicio perdió 15 millones de euros.
Bancaja y la CAM,
cada vez más reacias a conceder nuevos
créditos, aceptaron prestar este año
diez millones más pero a través de la
Sociedad Proyectos Temáticos de la
Comunidad Valenciana (SPTCV),
dependiente del Consell. Esta sociedad
ha prestado 15 millones a Terra Mítica
en cinco créditos concedidos entre enero
y julio de 2009, entre ellos los diez
millones obtenidos de Bancaja y CAM. Con
estos fondos se ha tratado de que pueda
cumplir con el convenio de acreedores
que le permitió salir de la suspensión
de pagos en 2006 y evitar así su cierre.
www.elpais.es
21.11.09
EL JUEZ BUSCA EN ANDORRA DINERO DE
COMISIONES ILEGALES EN TERRA MÍTICA
El titular del Juzgado de Instrucción
número tres de Valencia, que investiga un supuesto fraude
fiscal de más de 4,4 millones de euros a través de facturas
falsas en relación con la construcción del parque temático
Terra Mítica de Benidorm, ha solicitado una nueva comisión
rogatoria a Andorra. Lo ha hecho para conocer los
movimientos de cuentas que hayan podido tener en el
principado dos de los casi 30 imputados: los empresarios
Vicente Conesa, eje principal de la supuesta trama, y
Antonio Moreno Carpio, uno de los supuestos mayores
proveedores de facturas falsas dentro de la trama. La
decisión obedece a una petición realizada por la fiscal el
pasado septiembre.
La fiscalía cree, tal como explicó en
su escrito, que una cantidad importante del dinero que la
veintena de empresas imputadas consiguió mediante
sobrecostes y servicios facturados que no realizaron, está
en cuentas en el extranjero, concretamente en Andorra, Suiza
y Alemania. Y señala como principal responsable de la salida
de capitales a Vicente Conesa, empresario próximo a Eduardo
Zaplana, ex presidente de la Generalitat. La fiscalía relató
al juez que: "Antonio Moreno Carpio reconoce que el dinero
obtenido por las facturas que no obedecían a la realidad se
entregaba a Vicente Conesa y se sacaba en maletines hasta
Andorra.
Parece ser que el dinero que obtenían
por los sobrecostes y por facturas irreales se transportaba
en maletines hasta Andorra, donde había cuentas aperturadas
a nombre de alguno de los imputados". Esa información está
recogida en unas grabaciones aportadas a la causa. Moreno
Carpio y José Herrero, también imputado, mantuvieron una
reunión con dos diputados autonómicos socialistas, José
Camarasa y Antonio Such. En aquella reunión, Moreno Carpio
aseguró que el dinero se sacaba en maletines, que se le
entregaba a Conesa y que incluso éste había dicho que parte
de ese dinero era para Zaplana. El ex presidente presentó
una denuncia y no hubo juicio porque aceptó sus disculpas.
Según el ministerio público, "en
España, muchas de las facturas presentadas y pagadas por el
parque temático se ingresaban en una cuenta que tenía
aperturada la sociedad Desarrollo Gran Vía, cuyo
administrador de hecho era José Luis Rubio [otro empresario
imputado], y existe prueba de que una vez ingresado el
dinero de las facturas, el mismo se retiraba en efectivo,
tratándose de grandes cantidades".
La fiscal pide que se solicite a los
bancos y entidades financieras información sobre las cuentas
que tuviesen abiertas o en las que constasen como
autorizados durante los años 2000, 2001 y 2002 Antonio
Moreno Carpio, José Luis Rubio, José María Arraiz
(responsable de los proyectos anexos al parque de
atracciones en la empresa de la Generalitat) y Vicente
Conesa, o las mercantiles a las que representaban. Además,
reclama que "sobre todo se solicite a la banca privada de
Andorra" información sobre cuentas abiertas o en las que
constan autorizados durante idéntico periodo los citados
imputados.
En la causa existe información sobre
una oficina concreta de Andorra y una persona de contacto.
La fiscal quiere que se le tome declaración como testigo
para saber si esas personas "acudían a ingresar dinero en
alguna de las cuentas que pudiesen tener abiertas a su
nombre".
(www.elpais.com,
28/10/09)
LA FISCALÍA AFIRMA QUE SE DESVIÓ DINERO DE TERRA MÍTICA A
ANDORRA
¿Dónde fue a parar el dinero que
ganaron los empresarios vinculados supuestamente a la trama
de facturas falsas generadas sobre la construcción de Terra
Mítica? La Fiscalía cree que una cantidad importante está en
cuentas en el extranjero, concretamente en Andorra, Suiza y
Alemania. Y señala en su último escrito al supuesto
principal responsable de esa evasión: Vicente Conesa,
empresario próximo a Eduardo Zaplana, ex presidente de la
Generalitat. Afirma la Fiscalía: "Antonio Moreno Carpio
[otro imputado] reconoce que el dinero obtenido por las
facturas que no obedecían a la realidad se entregaba a
Vicente Conesa y se sacaba en maletines hasta Andorra.
Parece ser que el dinero que obtenían por los sobrecostes y
por facturas irreales se transportaba en maletines hasta
Andorra, donde había cuentas aperturadas a nombre de alguno
de los imputados".
La fiscal pide al titular del Juzgado
de Instrucción número tres de Valencia, que investiga desde
2005 el supuesto fraude fiscal de más de 4,4 millones de
euros, que expresamente haga constar ese argumento en una
nueva reclamación de información a entidades bancarias en
Andorra y Suiza. Según el ministerio público, "en España,
muchas de las facturas presentadas y pagadas por el parque
temático se ingresaban en una cuenta que tenía aperturada la
sociedad Desarrollo Gran Vía, cuyo administrador de hecho
era José Luis Rubio, y existe prueba de que una vez
ingresado el dinero de las facturas, el mismo se retiraba en
efectivo, tratándose de grandes cantidades". José Luis
Rubio, junto a los hermanos Moreno Carpio y varios imputados
más, de la casi treintena que tienen esa condición en la
causa, son elementos esenciales del supuesto fraude junto a
Vicente Conesa, según las acusaciones.
La fiscal pide que se solicite a los
bancos y entidades financieras información sobre las cuentas
que tuviesen abiertas o en las que constasen como
autorizados durante los años 2000, 2001 y 2002 Antonio
Moreno Carpio, José Luis Rubio, José María Arráiz y Vicente
Conesa, o las mercantiles a las que representaban. Además,
reclama que "sobre todo se solicite a la Banca Privada de
Andorra" información sobre las cuentas que tuviese abiertas
o en las que constasen autorizados durante idéntico periodo
los citados imputados. En la causa existe información sobre
una oficina concreta de Andorra y una persona de contacto.
La fiscal quiere que se le tome declaración como testigo
para saber si esas personas "acudían a ingresar dinero en
alguna de las cuentas que pudiesen tener abiertas a su
nombre". El ministerio público también pide nuevas
diligencias en Suiza: los destinatarios últimos de los
fondos de varios cheques que se ingresaron en una cuenta del
Banco Popular.
El juez deberá decidir sobre estas
peticiones y sobre la solicitud de Terra Mítica de que se
archive el caso. La mercantil, que se empeñó en no ser
imputada por entender que había sido víctima, en su caso, de
otros, no parece tener mucho interés en que se aclare qué
pasó con los sobrecostes. Y se ampara en que un juzgado de
Alicante decidió archivar la investigación sobre
irregularidades en la Sociedad Parque Temático de Alicante.
(www.elpais.com,
10/09/09)
TERRA MÍTICA SE PONE EN VENTA
El experimento se acabó. Las constantes operaciones de
ingeniería financiera para evitar el colapso económico Terra
Mítica sólo han servido para alargar la agonía de un parque
temático que nació lastrado por una excesiva inversión y que
se ha visto obligado a desprenderse de parte de sus activos
para levantar una suspensión de pagos. La crisis económica y
el regreso a los números rojos tras el espejismo de unas
cuentas saneadas en 2007 por la venta de terrenos han dado
la puntilla al complejo y han dinamitado la paciencia de los
principales accionistas.
La Generalitat se ha puesto a la
cabeza de las conversaciones para intentar que el parque
cambie de manos y deje de ser un pozo sin fondo para las
arcas públicas, pero también para las dos principales cajas
de ahorros valencianas, Bancaja y Caja Mediterráneo. Las dos
entidades han presionado al consejo de administración para
que impulse la venta de Terra Mítica, incluso con precios de
saldo, a firmas especializadas en la gestión de parques
temáticos, tal como publicó Levante-EMV el pasado 14 de
marzo. El hartazgo de las entidades financieras ha hecho
reaccionar al Consell.
Sus representantes en el consejo de
administración, el director de Grandes Proyectos, José Lui
Villanueva, y Luis Lobón, que mantiene el cargo en el parque
pese a ser ahora director del Servef, han mantenido ya
contactos con varias empresas especializadas, algunos muy
recientes. Pero nadie parece dispuesto a hacerse cargo del
parque de Benidorm. Las cajas planteaban incluso una venta a
la baja. El parque costó más de 360 millones de euros y ha
tenido además efectos millonarios en las cuentas de
resultados de sus accionistas. Sin embargo ahora nadie está
dispuesto a hacer desembolsos por el complejo. En las
conversaciones con operadores hay quien ha llegado a barajar
la posibilidad de quedarse la empresa gratis. Dos de los
interlocutores -aunque no los únicos- son la empresa
Aqualandia de Benidorm y Parques reunidos, que ya gestiona
el Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Curiosamente estas dos empresas han sonado también como
posibles aspirantes a quedarse el parque Isla Mágica de
Sevilla, acosado al igual que muchos recintos por la caída
de ingresos.La crisis de los parques temáticos no es
exclusiva de España. Incluso la cuna de este tipo de ofertas
lúdicas está sufriendo los efectos de la recesión. Six Flags,
la firma norteamericana que opera más de 20 recintos en
Estados Unidos, México y Canadá, acaba de anunciar que va
declararse en bancarrota para tratar de renegociar una deuda
de 1.800 millones de dólares.
Otras fuentes señalan que otro de los
problemas de Terra Mítica ha sido la progresiva indefinición
de su oferta, al reducir su área lúdica para abrir espacios
a terceros.
(www.levante-emv.com,
17/06/09)
EL JUEZ INVESTIGARÁ SI SE PAGARON
COMISIONES ILEGALES EN TERRA MÍTICA
El titular del juzgado de instrucción
número 3 de Valencia no está dispuesto a que la causa sobre
el fraude fiscal en Terra Mítica languidezca. Atendiendo a
una petición de la Fiscalía, ha solicitado a otro juzgado
que le remita la investigación realizada sobre una querella
de Eduardo Zaplana contra dos empresarios que dijeron que
había cobrado comisiones ilegales en la construcción del
parque temático. Dos diputados socialistas grabaron la
conversación y la difundieron en los medios de comunicación.
La querella llegó hasta el final pero se saldó con la
absolución de los dos empresarios, Antonio Moreno Carpio y
José Herrero -imputados por fraude fiscal en el caso Terra
Mítica-,tras la renuncia "in extremis" de Eduardo Zaplana en
el mismo momento en que iba a celebrarse el juicio. Al ser
un delito privado, no hay acusación del fiscal y hay que
absolver.
Parecía que el "caso de las comisiones
ilegales" en el parque temático de Benidorm había sido
finiquitado. El ofendido había salvado su honor con una
querella llevada hasta el final y, sin embargo, nada más se
supo.
Al evitar un juicio con audiencia
pública, no salió a la luz ninguna de las declaraciones
realizadas ante el juez instructor sobre la conversación de
los dos empresarios en las que acusaban a otro imputado,
Vicente Conesa, de cobrar comisiones para Zaplana.
Ahora, el juez ha ordenado al juzgado
de instrucción número 18 que le remita la querella
presentada por Eduardo Zaplana, la información aparecida en
prensa y el sobreseimiento de la querella contra los dos
parlamentarios socialistas -denunciados también en un
principio por la difusión de las conversaciones grabadas-.
También solicita al juzgado la declaración de Vicente Conesa
-hay que recordar que nunca ha declarado ante el juez del
número 3-, la declaración de los dos empresarios el informe
pericial de las dos cintas grabadas, el escrito de defensa,
la apertura del juicio oral, la renuncia de Zaplana y la
sentencia dictada por el juzgado de lo penal número 2 de
Valencia. Además, pide a la Dirección General de la Policía
una copia del CD con las grabaciones.
Eduardo Zaplana se querelló
inicialmente contra dos imputados en el caso Terra Mítica y
contra dos diputados de las Corts Valencianes por grabar y
difundir una conversación en la que los primeros hablaban
del cobro de comisiones ilegales en la construcción del
parque de Benidorm.
La querella, por un delito de
calumnias o subsidiariamente de injurias graves, fue
sobreseída por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana respecto de la los diputados y continuó
respecto de los dos empresarios, Antonio Moreno Carpio y
José Herrero. La querella siguió su curso hasta que, el día
del juicio, Zaplana la retiró y el juez tuvo que absolver.
(www.levante-emv.com,
03/06/09)
FISCALÍA REABRE LA INVESTIGACIÓN
SOBRE COMISIONES ILEGALES EN TERRA MÍTICA
La fiscalía quiere recuperar para la
causa sobre fraude fiscal de una veintena de empresas, entre
ellas Terra Mítica, toda la información judicial que se
derivó de la querella del ex presidente de la Generalitat
Eduardo Zaplana por supuestas comisiones ilegales durante la
construcción del parque. El juez, de permiso según consta en
un escrito firmado por el secretario del juzgado, aún no ha
contestado.
Eduardo Zaplana se querelló contra los
empresarios imputados en el caso Terra Mítica José Herrero y
Antonio Moreno Carpio, y contra los diputados socialistas
autonómicos José Camarasa y Antoni Such. Lo hizo porque se
hicieron públicas unas grabaciones realizadas por los
diputados de dos reuniones mantenidas con los empresarios en
las que Herrero y Moreno Carpio explicaban que el también
empresario e imputado en el caso Vicente Conesa entregaba
supuestamente dinero que presumían era para Eduardo Zaplana
y que provenía del cobro de comisiones ilegales de las
empresas que participaban en la construcción del parque.
La querella fue inicialmente archivada
por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en lo que a los
diputados se refería, pero continuó viva para los dos
empresarios. El Juzgado de Lo Penal número dos archivó la
causa porque un día antes del juicio Eduardo Zaplana aceptó
un supuesto perdón pedido por los empresarios acusados.
Ahora, la fiscalía, en el marco de las
diligencias por fraude fiscal de más de 4,4 millones de
euros a través de facturas falsas en relación con la
construcción del parque temático de Benidorm reclama toda la
documentación del caso. Un escrito firmado el pasado día 12
y con registro de entrada en el Juzgado de Instrucción
número 3 de Valencia de seis días después pide al magistrado
que reclame toda la documentación.
En concreto, la fiscalía reclama que
se pida la querella interpuesta por Eduardo Zaplana, la
información que generó en prensa, la ampliación de la
querella, el sobreseimiento de la querella por parte del TSJ
para los parlamentarios autonómicos, la declaración del
empresario imputado Vicente Conesa, la de José Herrero, el
informe pericial de procesado de las dos cintas de
conversación, el informe fiscal, el escrito de conclusiones
del fiscal, el escrito de defensa del empresario acusado y
también imputado en el caso Terra Mítica José Herrero, el
auto de señalamiento de juicio oral, el escrito de renuncia
del querellante y la sentencia dictada. Y, además, la
fiscalía pide al juez del caso Terra Mítica que se dirija a
la Dirección General de la Policía, a la sección de
acústica, y que le solicite una copia del disco compacto que
se grabó con el contenido de las grabaciones y que fue
remitida al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, el
que se encargó de la investigación de la querella cuando
quedó reducida a los dos empresarios.
Por último, la fiscalía de Valencia
pide que el instructor del caso Terra Mítica cite a los
peritos que firman el informe para que lo ratifiquen. Según
fuentes de la causa, a pesar de que el grueso de la
investigación se centra en el delito fiscal, el pago de
comisiones ilegales no está ni mucho menos descartado, por
difícil que pueda resultar acreditarlo con pruebas.
Precisamente, para encontrar esas
pruebas están aún pendientes de respuesta las comisiones
rogatorias instadas por el juez a entidades bancarias en el
extranjero, en Andorra y Suiza entre otros destinos, para
despejar si el presunto principal cerebro de la red, Vicente
Conesa, directamente o a través de su mujer o alguno de sus
dos hijos, imputados también, depositaron dinero en el
extranjero, con qué objeto y con qué origen. La causa Terra
Mítica está abierta por delito fiscal, falsificación,
blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos,
alteración contable y estafa. Hay casi 30 imputados.
(www.elpais.com,
26/05/09)
Zaplana retira la querella
contra los empresarios que le acusan de cobrar comisiones en
Terra Mítica
El
juzgado dictará mañana sentencia absolutoria para Moreno
Carpio y José Herrero
El ex presidente de
la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana ha retirado la
acusación que mantenía hacia los empresarios Antonio Vicente
Moreno Carpio y José Herrero García, contra los que se
querelló por calumnias tras difundirse la grabación de unas
conversaciones entre ambos y los diputados socialistas José
Camarasa y Antoni Such, en las que se le vinculaba con el
cobro de comisiones ilegales en la construcción del parque
temático de Benidorm (Alicante) Terra Mítica. Por ello, en
el juicio que debía celebrarse mañana por estos hechos, el
juez dictará sentencia absolutoria.
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juez de lo penal
número dos de Valencia, que había fijado para mañana el
juicio por estos hechos, dictará sentencia absolutoria en la
vista se celebrará en la sala 28 de la Ciudad de la
Justicia.
El titular del juzgado número 2 de lo penal había señalado
la vista contra estos empresarios para la última semana de
febrero en dos jornadas diferentes. A finales de 2007, el
magistrado de instrucción número 18 de Valencia abrió
procedimiento abreviado por un presunto delito de calumnias
sin publicidad a estos dos empresarios.
Zaplana presentó el 17 de mayo de 2007 una querella ante el
TSJCV por un presunto delito de calumnias con publicidad o,
alternativamente, un supuesto delito de injurias graves con
publicidad contra los diputados socialistas Antoni Such y
José Camarasa, y los empresarios valencianos que figuran
como imputados en la causa que investiga el juzgado de
instrucción número 3 de Valencia contra Terra Mítica y una
veintena de empresas más por un presunto fraude a la
Hacienda Pública por valor de 4,4 millones de euros.
Un día antes, la página web de la Cadena Ser había publicado
el contenido de una denuncia presentada ante la Fiscalía del
TSJCV por Such y Camarasa en la que informaban de que habían
grabado las manifestaciones de los dos empresarios, que les
indicaron que durante la ejecución de las obras del parque
de Benidorm se habían manipulado facturas por más de 2.000
millones de pesetas para elevar el precio de los trabajos, y
se habían pagado comisiones a quien proporcionaba los
contratos. Ambos empresarios manifestaron que los
sobrecostes y comisiones iban destinados al empresario
Vicente Conesa, y que éste decía que "parte se entregaba a
Zaplana".
El contenido de esta querella fue ampliado el día 23 de mayo
haciendo referencia a la entrevista publicada por el diario
El Mundo con el querellante Moreno Carpio, en la que
afirmaba que el diputado y también querellado José Camarasa
le ofreció 1,8 millones de euros, contratos con
ayuntamientos gobernados por su partido y ayuda ante la
Fiscalía y la Agencia Tributaria a cambio de inculpar a
Zaplana en el cobro de millonarias comisiones por las obras
del parque.
La representación legal de Eduardo Zaplana indicaba en su
querella que el único propósito de los querellados fue el de
"difamarle" y "deteriorar" su imagen pública mediante la
difusión, a través de los medios de comunicación, del
contenido de la denuncia que presentaron previamente ante la
Fiscalía.
La sala de lo civil y penal del TSJCV acordó en diciembre de
2006 el sobreseimiento libre de la causa abierta contra los
dos diputados del PSPV al considerar que no existía ninguna
constancia de que ambos hubieran facilitado personalmente la
difusión del contenido de la denuncia presentada ante la
Fiscalía en la que comunicaban las reuniones que habían
mantenido con los dos empresarios imputados.
La causa siguió abierta contra los dos empresarios en el
juzgado de instrucción número 18. José Herrero afirmó en su
declaración ante el juez que las grabaciones estaban
incompletas mientras que Moreno no compareció ya que el
magistrado dio como válidas las declaraciones que prestó en
su día ante la sala de lo civil y penal del TSJCV.
www.levante-emv.com
23.02.09
TERRA MÍTICA DEBE AL ESTADO 15 MILLONES
La
deuda certificada que mantiene la sociedad Terra Mítica Parque Temático de
Benidorm, S. A., con el Tesoro Público asciende en estos momentos a
14.740.489,49 euros, según explica el Gobierno en su respuesta a una
pregunta por escrito planteada por el diputado socialista por Alicante
Carlos González Serna.
El
diputado socialista alicantino se interesó el pasado 24 de junio ante el
Ejecutivo por la "materialización" por parte de la sociedad que explota el
conocido parque temático de Benidorm "del reintegro al Tesoro Público de la
subvención de 14.584.860,15 euros requerida por la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos a propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda".En su respuesta, el Ejecutivo explica que el reintegro de esa
cantidad fue acordada el 22 de marzo de 2007 al "declarar el incumplimiento
total de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos
regionales concedidos a la empresa Terra Mítica Parque Temático de Benidorm,
S. A.". A la citada cantidad había que sumar otros 2.567.658,89 en concepto
de intereses de demora, es decir algo más de 17 millones de euros.
Según
la respuesta por escrito facilitada por el Gobierno al diputado, a fecha de
9 de septiembre no consta en los registros contables de la Administración
General del estado "otros ingresos correspondientes a dicha liquidación que
los realizados por 'Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, S. A. en
suspensión de pagos', con fecha de 15 de febrero de 2008, por importe de
2.412.030 euros, de los que 2.050.959,41 euros corresponden al reintegro de
la subvención y el resto, 361.070,59 euros a intereses de demora".
En su
escrito al diputado González el Gobierno, a través de la Secretaría de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, informa que "la deuda
pendiente de ingreso (14.740.489,49 euros) se encuentra certificada de
descubierto con fecha 31 de julio de 2007 y en gestión de cobro por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria".
El
Ministerio de Economía y Hacienda procedió a la reclamación de la subvención
pública de más de 14,5 millones de euros recibida en su día por la sociedad
promotora y constructora del parque temático Terra Mítica tras constatar que
su desarrollo incumplía las condiciones establecidas para recibir la
subvención.Terra Mítica fue un proyecto impulsado desde la Generalitat bajo
el mandato de Eduardo Zaplana hasta el punto de que instituciones públicas
formaron parte de su accionariado junto a las dos grandes cajas de ahorros
de la Comunitat Valenciana, la CAM y Bancaja.
El
proceso de su construcción así como el de su explotación ha estado rodeado
de grandes polémicas e irregularidades que incluyen una suspensión de pagos
y varias investigaciones judiciales.En el último año, el parque temático
cerró con un beneficio operativo de 1,1 millones de euros, y un Beneficio
Después de Impuestos positivo por segundo año consecutivo de más de 19,6
millones, según las cuentas anuales de Terra Mítica. Además, tuvo un aumento
de asistencia del 4% respecto a 2006, un crecimiento similar al que se
esperaba obtener.
(www.levante-emv.com,
13/10/08)
EL JUEZ AUTORIZA EL EMBARGO DE HACIENDA A CONESA DE 365.951 EUROS EN IMPUESTOS
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Valencia ha autorizado a la Agencia Estatal Tributaria (AET) para que retenga los 365.951 euros que debía devolver a Vicente Conesa por el impuesto de sociedades en 2004 y 2005, como garantía de la responsabilidad civil, en caso de ser condenado en el caso de fraude fiscal durante las obras de jardinería en Terra Mítica, por las que está imputado.
Hacienda embargó de forma preventiva los 365.951 euros que debía haber devuelto a Vicente Conesa por el impuesto de sociedades de los ejercicios 2004 y 2005. Conesa fue denunciado junto a 30 empresarios más por la AET, tras detectar un fraude fiscal de 4,5 millones de euros.
Vicente Conesa solicitó al juez que dejara sin efecto esta medida cautelar decretada por el delegado de la AET de Valencia, respecto a la retención de 365.951 euros que "tenía como crédito por devolución del impuesto de sociedades". El imputado alegó que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo habían pedido.
Responsabilidad civil
No obstante, el juez recuerda que en la segunda denuncia de la fiscal, de 10 de mayo de 2006, se solicita "abrir pieza de responsabilidad civil y aseguramiento de las responsabilidades civiles a los imputados". De otro lado, el magistrado ha dictado varios oficios al Banco de España y otras entidades para que se averigüen los movimientos bancarios de varios imputados, como José Herrero y los hermanos Muñoz Mateo. Además, el juez pide en su resolución expresamente que se investigue el destino de varios cheques por valor de 78.000 euros cada uno, ingresados directamente en ventanilla.
(www.levante-emv.com, 12/06/08)
LA FISCALÍA PIDE QUE SE INVESTIGUEN TRANSFERENCIAS BANCARIAS A ANDORRA DE CONESA Y MORENO CARPIO
La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia que investigue las transferencias bancarias de dos de los principales imputados en el fraude fiscal en Terra Mítica, Vicente Conesa y Antonio Moreno Carpio. Hace un mes la fiscal solicitó una comisión rogatoria a Suiza para investigar varias cuentas bancarias de estos mismos imputados.
Con estas nuevas diligencias se pretende conocer si Vicente Conesa y Antonio Moreno Carpio tienes cuentas en Andorra y si han transferido dinero procedente de las obras de jardinería en Terra Mítica, que es lo que denunció la Fiscalía, tras el expediente presentado por la Agencia Tributaria contra 20 empresarios por un fraude fiscal de 4,5 millones de euros.
La petición va dirigida, en concreto, a la Banca Privada d'Andorra (BPA), al aparecer en la denuncia que presentó Hacienda transferencias bancarias a varios países, como Suiza, Andorra y Alemania.
El pasado año, el juez ya ofició a la policía judicial que investigara las cuentas en la banca extranjera, pero fue denegado al no estar imputados por delitos de blanqueo o evasión de capitales. Con la ampliación de los cargos por estos delitos, tras aceptar el juez la personación en la causa de tres diputados socialistas en las Corts, ahora la investigación es posible y la banca no se puede negar a dar esa información.
De otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidirá la competencia del juzgado que debe investigar otro fraude fiscal, por 5,5 millones de euros, a varias empresas en las que se encuentra la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA). Se trataría también de un cruce de facturas entre empresas que participaron en las obras de Terra Mítica, algunas de ellas, como la de Vicente Conesa, repiten ne esta causa.
El juzgado de Alicante lo remitió a Valencia para que se acumulara al considerar que era el mismo caso que Terra Mítica. Pero ninguno se considera competente para instruir.
(www.levante-emv.com, 11/06/08)
"Me ponían facturas en carpetones y cuando podía las firmaba"
El coordinador de obras del parque no miraba los documentos
Antonio Rincón, ingeniero, fue reclamado por Terra Mítica como director técnico de las obras para ordenar un caos de centenares de empresas que hacía peligrar la fecha comprometida de apertura del parque. Llegó en marzo de 1999 y se marchó en septiembre de 2000. Es uno de los 32 imputados por fraude a Hacienda a través de una trama de facturas falsas por más de 4,4 millones de euros. Declaró ante el juez en julio de 2006. Reconoce que firmó centenares de facturas sin leerlas. Conoce a Vicente Conesa, uno de los empresarios imputados sobre el que pesan las mayores sospechas y que fue adjudicatario de Terra Mítica de forma directa a través de su empresa C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, así como de la UTE Terra Verd. Por declaraciones anteriores se sabía que Conesa fue el responsable de la gerencia de jardinería, o sea, que se daba el visto bueno a sus propias obras. Rincón añade que participó en el diseño de la jardinería en una fase muy previa, la que realizó la empresa encargada de diseñar el parque: Global-Idom.
"Para mí el sello de la gerencia y el de contratación eran suficientes"
Rincón no comprobaba si los trabajos se habían realizado El director técnico ignoraba la procedencia de los proveedores
Este es un extracto de la declaración a la fiscal.
Fiscal. ¿Cuál era su función?
Antonio Rincón. Coordinar las empresas y lograr la apertura del parque el verano de 2000.
F. ¿Su firma era preceptiva?
A. R. No.
F. Pero si no estaba no se podían imputar los costes.
A. R. Sí, porque la imputación viene de antes, la hace directamente la gerencia. Sinceramente, me encontraba carpetones encima de la mesa y lo que hacía era firmarlo la mayoría. Del tema documental me preocupaba muy poco. Tenía bastantes problemas con la obra. Yo no medía, no contaba palmeras ni metros cúbicos de hormigón. Mi firma era una parte burocrática del sistema, lo que no me podían imputar era un horno. La validez de la factura la daba la gerencia, porque efectivamente decía que había medido y que el control cualitativo y cuantitativo era el esperado, el contratado, y contratación. Para mí, era suficiente el sello de la gerencia y de la contratación.
F. No comprobaba si el trabajo se había efectuado.
A. R. No era mi competencia.
F. ¿Las gerencias eran gente de Terra Mítica o de fuera?
A. R. Empresas contratadas por fuera. Las gerencias pasaban las facturas a contratación, las grababa en el sistema, salían al técnico, el técnico visaba...
F. ¿El técnico era usted?
A. R. Sí.
F. ¿Firmaba sin mirar nada?
A. R. Sinceramente, muy poco.
F. La gerencia de ajardinamiento ¿era Vicente Conesa?
A. R. Eso es lo que se está diciendo. La verdad, a don Vicente Conesa, que es el gerente de C3, dirigiendo la gerencia no lo he visto nunca. A mí me traía las facturas de jardinería uno de los ingenieros que había allí que no me acuerdo de su nombre, era un ingeniero bajito, me traía todo lo de gerencia, que pasaba primero por contratación.
(Se le muestran facturas originales aportadas por Terra Mítica y reconoce su firma).
F. Cuando firma no mira nada, se supone que viene con visto y conforme.
A. R. Hombre, claro.
F. Entonces, ¿quién sería el responsable de ver que se realizaron estos trabajos y que Altos del Carrichal trabajó para Terra Mítica, que realizó 1.633 metros cúbicos de transporte?
A. R. Gerencia de Jardinería.
F. Gerencia tiene que comprobar que estos trabajos se han realizado y que esta factura es conforme, firma aquí un responsable de gerencia de ajardinamiento y lo pasa, ¿es así?
A. R. Sí, sí, sí.
F. ¿Le constaba un contrato con la UTE Terra Verd?
F. ¿Ajardinamiento y riego?
A. R. Con Terra Verd, sí.
F. ¿Quién formaba la UTE?
A. R. Hormigones Martínez, C3 Ingeniería de la Construcción y Medioambiente, Luis Batalla, Gestión de la Construcción de Obra Pública, y no sé si había alguno más.
F. ¿La jardinería había sido contratado con Terra Verd?
A. R. Toda la jardinería no. Ha habido más gente ahí.
F. Se lo leo. Cláusula primera: el objeto del contrato es la ejecución de las obras para ajardinamiento y riego, excepto árboles, del parque temático de Benidorm, Terra Mítica. ¿Es así?
A. R. No lo sé.
F. ¿Cómo es posible que autoricen facturas en el tiempo en que está en vigor este contrato y que se ha encomendado la ejecución de las obras de ajardinamiento del parque a una UTE? ¿Cómo es posible que haya dado el visto bueno o puesto su firma en facturas de Altos del Carrichal, Prexing Botánic, etc., por trabajos también de jardinería en la misma fecha que está en vigor este contrato con la UTE?
A. R. Déjeme el contrato, si es tan amable. No es así porque allí yo sé que había Jardinería 1, Jardinería 2 y Jardinería 3 y la UTE Terra Verd tenía una parte.
F. Quiere mirar el acta de recepción provisional de este contrato. ¿La firma que pone por Terra Mítica don Antonio Rincón es la suya?
A. R. Parece ser que sí.
F. Donde pone dirección facultativa, don Vicente Conesa, ¿firmó don Vicente Conesa?
A. R. No sé, pone por orden.
F. Tiene que saber que firma. Está firmando: realizadas las comprobaciones pertinentes se certifica que las obras han sido realizadas de acuerdo al proyecto ejecutivo 1 de ajardinamiento y riego del parque temático de Benidorm con las modificaciones indicadas por la propiedad y las instrucciones dadas en obra por la dirección facultativa. Usted está acreditando con su firma que se han realizado las comprobaciones y que la obra que ha efectuado Terra Verd es conforme a lo que se pactó.
A. R. Acredita la dirección facultativa.
F. ¿Quién era la dirección facultativa?
A. R. Imagino que Conesa.
F. Terra Mítica contrata unas obras de ajardinamiento con una UTE formada por varias empresas, una de ellas C3, que el legal representante de C3 es don Vicente Conesa y ahora usted me dice que el visto bueno de que la obra se ha realizado y que es conforme lo tiene que dar la misma persona que ejecuta la obra. ¿Es eso?
A. R. Es que yo sé que Vicente Conesa hizo los proyectos con Global-Idom, los proyectos de ajardinamiento, estuvo colaborando con ellos, yo ya no sé si estaba dentro de la coordinación con ellos, no lo sé.
F. ¿No se plantearon que Conesa trabajaba para Terra Mítica y no podía ser la misma persona que diese el visto bueno a los trabajos ni a las facturas?
A. R. Cuando llegué, eso ya estaba. No inventé nada.
Declaración al abogado del Estado
Abogado del Estado. ¿Tuvo constancia de que un mismo concepto en ajardinamiento se pudiera haber realizado varias veces?
Antonio Rincón. No. Creo que no lo podía ni siquiera averiguar.
A. E. ¿No lo podía averiguar si le llegaba la factura a lo mejor por un mismo concepto?
A. R. Firmaba cientos de facturas, me las ponían en carpetones y cuando tenía un momento que iba de la obra a la oficina firmaba inmediatamente.
A. E. Pero usted era consciente de que como consecuencia de su firma usted completaba una cadena de responsabilidades.
A. R. No validaba nada. Validaba la gerencia. El proceso era muy farragoso...
A. E. Para dar seguridad, supongo, para que usted diera también seguridad. Usted no puede decir que firmaba sin más.
A. R. Si yo no medía...
A. E. ¿Tenía control sobre la gerencia de ajardinamiento?
A. E. Tenía el contacto en la materia propia de su competencia con las gerencias.
A. R. Tenía mucho contacto con las gerencias, lógicamente. Me preparaban planning, me decían exactamente cómo iba...
A. E. Si había que levantar algo hecho, se le comunicaba.
A. R. Sí, muchas veces. Además, me pedían autorización.
A. E. En esa acta de recepción que le ha presentado la fiscal, el hecho de que la dirección facultativa esté firmada por Conesa, ¿a qué corresponde? La dirección facultativa es Global, ¿no?
A. R. Eso me extrañó muchísimo cuando la vi. Vicente Conesa también hizo con Global-Idom proyectos del ajardinamiento. Conesa es un especialista en medioambiente. Sé que el proyecto, no me haga mucho caso porque le hablo de memoria, el proyecto de jardinería 1, 2 y 3, se los hizo Conesa a Global-Idom, pero lo que le estoy diciendo no es fehaciente, creo recordar eso. www.elpais.es 25.10.07
El garabato fácil de Antonio Rincón
- Facturas"Mi firma era una parte burocrática del sistema, lo que no me podían imputar era un horno. La validez de la factura la daba la gerencia, porque efectivamente decía que había medido y que el control cualitativo y cuantitativo era el esperado, el contratado, y contratación"- ContratosReconoce que firmó facturas por trabajos recogidos en un contrato entre Terra Mítica y Terra Verd pero realizadas por otros proveedores que no comprobó- Vicente ConesaConesa diseñó la jardinería a Global-Idom, fue adjudicatario para ejecutarla y se daba el visto bueno para cobrar. www.elpais.es 25.10.07
www.elpais.es 26.10.07
TERRA MÍTICA LLEGÓ A PAGAR CUATRO VECES MÁS A UNA EMPRESA QUE A OTRA POR LA MISMA OBRA
Terra Mítica llegó a pagar por la misma obra cuatro veces más a una empresa que a otra. Así lo asume, sin explicar por qué, Miguel Navarro, que fue su director general de 1999 a 2001, el periodo de su construcción. La entrada de Paramount en el parque temático de Benidorm significó la salida de Navarro, uno de los 32 imputados en la causa por fraude fiscal, estafa, falsificación de documento público y alteración contable que afecta a Terra Mítica y a una veintena de empresas. Navarro declaró ante el juzgado de instrucción número 3 de Valencia el 26 de junio de 2006. EL PAÍS ha tenido acceso a su declaración.
A preguntas de la fiscal, Miguel Navarro explicó que los sobrecostes del parque obedecían a que en la construcción de Terra Mítica se empleó el sistema de fast track, en el que se ejecutan las obras a medida que se van haciendo los proyectos. La fiscal le mostró cheques y facturas que no pasaron por la comisión ejecutiva ni por el consejo de administración.
Fiscal. (...) ¿Recuerda haber autorizado la realización de determinadas obras sin que pasasen por la comisión ejecutiva?
Miguel Navarro. No, pero es que, veamos. Una cosa son las contrataciones de las obras importantes que tenían un proceso normal y otra cosa es la propia dinámica de ejecución de la obra, que requería tomar decisiones inmediatas, que no las tomaba yo, que las podía tomar o la dirección facultativa o sugerirlas el director técnico o el director de contratación.
F. ¿Había contratos verbales que nunca se llegaban a documentar para esas obras menores?
M. N. Lo que había es lo que se llamaban órdenes de cambios y variación. A ver, ahí surgieron muchísimas contingencias, imprevistos, incidencias, relativas a lo que es este proceso de ejecución de un parque gigantesco, un millón de metros cuadrados, en un periodo de un año y medio, en el que intervinieron más de 124 contratistas (...).
F. Es a título anecdótico, no voy a sacar todas las facturas que constan en las actuaciones. En el punto primero de esta factura se hace constar: metro cúbico de suministro, transporte y extendido de tierra vegetal desde acopio situado a menos de dos kilómetros hasta lugar definitivo incluido extendido refinado en taludes, precio 3.478 pesetas. La factura que le he dicho que le enseñaran de Delta Agrícola, en el segundo concepto pone lo mismo, pero a 897 pesetas. ¿Esto no se controlaba por el parque, que los precios se ajustasen a lo que era precio de mercado?
M. N. Lógicamente, para eso estaban los controles de cada departamento.
F. ¿Quién tenía que haber controlado esto?
M. N. Depende de las circunstancias, desde el departamento técnico, la división de contratación y de servicios generales.
F. En este caso en concreto que le he enseñado, es cuatro veces lo que se paga a Delta Agrícola. A Altos del Carrichal se le paga por precio unitario cuatro veces más de lo que se está facturando por Delta Agrícola. ¿Esto sería competencia del departamento técnico o de contratación?
Javier Boix. (Abogado de Navarro). El ministerio fiscal dice que los conceptos son lo mismo pero no es cierto porque en una dice taludes y en otra parterres. Coincide la cantidad pero a lo mejor a fin distinto y a zonas distintas.
F. El trabajo que se ha realizado es el mismo. Da igual que sea en un campo que...
J. B. Pero puede ser en dos zonas distintas, y por tanto son dos trabajos distintos. El ministerio fiscal había dicho que literalmente dice lo mismo y no es así.
F. La pregunta es, ¿de quién sería competencia comprobar estos desvíos o estos desajustes?
M. N. De los departamentos que venimos comentando. Yo no puedo hacer ninguna valoración en relación con los precios porque es que no tengo ni idea.
F. Pero no me dice qué departamentos son.
M. N. El departamento técnico y la división de contratación y servicios generales.
F. ¿Ha firmado usted ese cheque?M. N. Sí.
F. ¿La otra firma?
M. N. Es el director financiero, sí.
F. (Le muestra otro documento). Aquí tenemos lo mismo, metro cúbico suministro y extendido de tierra vegetal, que es idéntica a la de antes, el trabajo se realiza en parterres. El precio es a 3.086 cuando se paga a Delta Agrícola 897 pesetas.
M. N. Pero yo no he visto las facturas, no está mi firma.
F. Pero sí en los cheques, y usted ha dicho antes que siempre se le pasaban a la firma la factura y el cheque.
M. N. Sí.
(www.elpais.com, 02/10/07)
Más de 4,5 millones de euros defraudados en el caso terramítica
Según informó la Cadena Ser, la abogacía del Estado calcula en 4,5 millones de euros el dinero defraudado a Hacienda en el caso Terra Mítica. Entre los principales empresarios, que presuntamente estarían implicados en el fraude al fisco, destaca Vicente Conesa, muy cercano al portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana.
La cifra total del dinero defraudado, según fuentes del Ministerio de Justicia, se reparte entre seis empresas que habrían ocultado a Hacienda sus obligaciones tributarias por el impuesto de sociedades y del IVA. Estas seis empresas son: Terra Mítica Parque Temático Benidorm, Tribal, Desarrollo de Proyectos e Instalaciones, Excavaciones Escoto, C3 Ingeniería y Altos de Carrichal.
Vicente Conesa
Asimismo, la Cadena Ser desvela que casi la mitad del dinero ocultado a Hacienda proviene de dos empresas: Desarrollo de Proyectos e Instalaciones y C3 Ingeniería y Altos de Carrichal. Ambas empresas, que habrían ocultado en tan sólo dos años 2 millones de euros, están dirigidas por Vicente Conesa, un empresario muy cercano al portavoz del Partido Popular, Eduardo Zaplana.
El cuñado
Entre los imputados también figura la cúpula directiva del parque temático de Valencia: el ex presidente Luis Esteban, el ex director general de Terra Mítica, Miguel Navarro y el antiguo jefe de compras y cuñado de Zaplana, Justo Valverde.
Mucho más
Cabe recordar que estos 4,5 millones de euros defraudados, tan sólo corresponden con uno de los 9 millones de metros cuadrados sobre los que se levanta el parque temático valenciano. De esta manera, es más que previsible que, finalmente se haya defraudado mucho más de 4.564.000 euros.
www.elplural.com 20.09.07
"Hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato"
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El norteamericano John Fitzgerald es director general del parque Terra Mítica, en Benidorm. Ocupa esa responsabilidad desde el 25 de octubre de 2001, coincidiendo con la entrada de Paramount en la gestión del complejo. Antes, entre octubre de 1998 y julio de 2000, fue director de operaciones, cuando el parque estaba en construcción. En su declaración como testigo, el 26 de septiembre de 2006, ante el juzgado de instrucción número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas en el parque temático, Fitzgerald explicó que sabía que había problemas administrativos, que se dimensionó mal el parque y que conoció el malestar de algunos consejeros por los sobrecostes. Este es un extracto de su declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Obras sin contrato
Abogado del Estado. Tengo otro documento, una propuesta de gasto. Generalmente, las propuestas de gastos venían determinadas por el director de división, que normalmente era el director técnico, daba el visto bueno el director general y con esto nos íbamos al departamento financiero a pagar.
John Fitzgerald. Sí.
A. E. ¿Esto no pasaba por la comisión ejecutiva?
J. F. No.
A. E. ¿Y esto no respondía a un contrato?
J. F. No.
A.E. ¿Con esto era suficiente para que la sociedad pagara?
J. F. Creo que hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato.
A. E. Y no se supone, y así se ha dicho, que el sistema de control era muy riguroso.
J. F. Si el presupuesto era de 240 millones de euros y ha costado 376 millones de euros, está claro que mucho no pasaba por los contratos originales, en particular las obras de jardinería, que no estaban incluidas en la UTE, no pasaban por la comisión ejecutiva. No me consta que ninguna de las obras de jardinería del parque pasara por la comisión ejecutiva o el consejo de administración excepto las obras de la UTE Terra Verd. Esto de Red Moreno, Altos de Carrichal e incluso las de C3 no pasaban por la comisión ejecutiva.
Sobrecostes
Fiscal. ¿A usted le consta que había un presupuesto para la construcción del parque y que el sobrecoste fue importante?
John Fitzgerald. El presupuesto original era de 240 millones de euros. Y el coste final de 376 millones de euros.
F. ¿A qué puede obedecer esa diferencia?
J. F. Es una buena pregunta.
F. Pues conteste.
J. F. Mucho tiene que ver con que si no son expertos en parques temáticos, nunca han hecho la construcción de un parque temático, han hecho bastantes errores. Por ejemplo, en la construcción de la pirámide. Cuando yo pude entrar al parque y vi las escaleras por delante de la pirámide y la decoración... He visto poner y quitar y poner y quitar hormigón cinco o seis veces, lo que supone un sobrecoste en la construcción de la pirámide.
Apartado de la construcción
Abogada de Terra Mítica. ¿Cuándo usted fue director de operaciones tenía poder para contratar?
John Fitzgerald. No
T. M. ¿Quién los tenía?
J. F. El director general.
T. M. ¿Qué persona le impide la entrada en las obras?
J. F.: Antonio Rincón.
T. M. ¿Qué explicación le da?
J. F. En su frase, yo era un grano en el culo, con todos los perdones.
Juez. ¿Cómo? ¿Qué?
T. M. Que era una molestia.
J. F. Exacto, molestia
Irregularidades
Fiscal. ¿En algún momento intuyó que algo estaba pasando en el parque? Porque cuando usted sale lo hace también el director financiero. ¿Nos lo puede contar?
John Fitzgerald. Mis motivos para salir de Terra Mítica son fáciles de resumir. Para mí el parque era demasiado grande e iba a costar mucho más de lo presupuestado. Iba a ser problemático hacer el proyecto rentable. Por eso me fui. Y también porque era un caos administrativo por dentro.
F. ¿Por qué? No había control de quién entraba, de quién salía, no había control de facturas. ¿Había demasiada gente controlando y nadie controlaba? ¿Cuál era el problema?
J. F. Cuando pones a mucha gente junta en el mismo lugar sin suficiente experiencia en presupuestos, el resultado es un caos.
F. ¿Me puede decir alguna persona sin experiencia puesta en el parque?
J. F. Estamos hablando de 1999 y 2000, de las personas responsables de sus áreas que nunca han tenido experiencia en parques temáticos. Por ejemplo, Antonio Rincón es un buen jefe de obras, pero nunca antes había construido un parque temático. Miguel Navarro estaba de director general sin experiencia en parques temáticos. Lo mismo con las otras áreas. Podemos hacer una lista bastante larga.
F. El señor Valverde [ex cuñado de Eduardo Zaplana], en el área de contratación, ¿tenía experiencia?
J. F. No, no tenía experiencia para el puesto que ocupaba.
Comisiones
Fiscal. Cambio la pregunta, en la época en la que usted estaba en el parque, ¿se comentaba, se escuchaba, había algún rumor de que se estaban presentando facturas que no obedecían a trabajos efectuados o que determinados materiales que se estaban sirviendo al parque tenían unos precios que no eran los propios del mercado? Por ejemplo, unos bancos, en lugar de pasarse a 1.000 pesetas se estaban pasando a 80.000.
John Fitzgerald. En la época antes de irme, nunca escuché un comentario de ese estilo.
F. ¿En nombre de Terra Mítica tiene algo que reclamar?
J. F. Señora fiscal, si usted puede demostrar que alguien ha hecho una estafa a Terra Mítica, nosotros queremos reclamar el dinero de los accionistas. Pero, hasta este momento, es difícil para mí decir que tengo una evidencia clara para decir que sí o que no.
Juez. ¿Nosotros quiénes son, además de usted?
J. F. La comisión ejecutiva del parque y también el consejo de administración.
Abogado del Estado. ¿Qué explicaciones se daban, porque si no me equivoco usted era en ocasiones invitado a la comisión ejecutiva para dar explicaciones, a ese importante incremento de presupuesto que poco a poco se iba dando y que usted ha dicho fue de 240 millones de euros a 376?
J. F. Nunca han hablado de ello en la comisión ejecutiva delante de mí.
A. E. Pero imagino que entre los directivos, el director financiero que también salió, usted, entre los directivos que llevaban el día a día sí que eso se observaba, eso se hablaba. No sería una cosa que oficialmente se le comunicó pero sí que se hablaba porque supongo que estaba en boca de todos, ¿qué se decía?
J. F. Señor abogado, cuando una empresa tiene una diferencia tan fuerte respecto a su presupuesto de construcción, realmente hay tres posibilidades: el presupuesto original estaba mal hecho, los gestores responsables de la construcción no conocen cómo hacer su trabajo y otros problemas que son el motivo de esta investigación. En este momento, tengo dificultades para decir cuál es la causa de una diferencia tan fuerte. Puedo decir que el presupuesto estaba mal hecho desde el principio. De hecho, hay un consejo de administración cuando entro yo, explicando porqué el presupuesto estaba mal hecho. Pero creo que el segundo motivo tiene algo que ver también con ello. Y los comentarios de algunos consejeros y miembros de la comisión ejecutiva, a solas, iban en esta línea. Pero nunca en la comisión ejecutiva, cuando yo estaba presente han hablado de la causa de esta distracción tan fuerte.
Juez. Perdone que le interrumpa otra vez, ¿cuál ha dicho que sería el tercer motivo?
J. F. Esta investigación, quizás alguien estaba cobrando comisión o pagando demasiado por las obras.
www.elpais.es
03.08.07.UN PARQUE DE ATRACCIONES ENTRE LA RUINA ECONÓMICA Y LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Terra Mítica fue un proyecto emblemático del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana
Se presupuestó en 240 millones de euros y acabó costando 376 millones y acumulando pérdidas. Entró en funcionamiento en julio de 2000
El complejo, participado en un 20% por la Generalitat, acumuló sobrecostes cercanos al 40%, según la Sindicatura de Comptes
Hacienda denunció ante la Fiscalía de Valencia a finales de 2005 al parque y otras 19 empresas por una trama de facturas falsas que habría estafado a la Agencia Tributaria varios millones de euros en 1999 y 2000, justo cuando el parque se estaba construyendo
La investigación mantiene imputados a 30 directivos de empresas, entre ellos ex responsables de Terra Mítica
Unas grabaciones de dos diputados autonómicos socialistas recogen el testimonio de dos imputados que vinculan a Zaplana con el cobro de comisiones durante la construcción del parque
En mayo de 2004, Terra Mítica suspendió pagos La suspensión se levantó 26 meses después gracias a la venta de terrenos adyacentes al parque por 216 millones de euros. Los compró el promotor Luis Ortiz www.elpais.es 03.08.07.
Un empresario admite al juez que facturas de su empresa en Terra Mítica son falsas
Gribal, SA, forma parte de la trama de Terra Mítica. Carlos Biosca la creó para construir un edificio en Tavernes Blanques (Valencia) y no tuvo actividad, ni empleados. Biosca explicó ayer ante el juez que la vendió a finales de 2000 y negó haber ejecutado ninguno de los trabajos en Terra Mítica por los que posteriormente Gribal emitió facturas. La firma, cuyo domicilio social, en realidad, como constató la policía, era la vivienda de una familia, llegó a falsificar facturas de trabajos nunca realizados en los aeropuertos de Barajas y Menorca, con los que hizo creíble su actividad.
El fundador de Gribal y administrador único hasta finales de 2000 negó haber girado ninguna de las facturas que se le exhibieron, según las cuales su empresa ejecutó trabajos en Terra Mítica en los últimos meses de ese año. Biosca fue claro en su declaración de ayer ante el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia, que investiga el fraude a través de facturas falsas de 20 sociedades en torno a la construcción de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm que impulsó el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, en su época de presidente de la Generalitat. No sólo las facturas son falsas, explicó Biosca, sino que también lo son los trabajos a los que se refieren.
Biosca había pasado por el juzgado semanas atrás para exponer que se le citaba por unos hechos en los que no tenía nada que ver porque había vendido el 29 de diciembre de 2000 las acciones de la firma a José Luis Rubio (empresario vinculado a varias de las empresas denunciadas). El juzgado trasladó esa circunstancia al fiscal, pero aún así la declaración se consideró adecuada. Y ayer se demostró por qué. Biosca dijo en la sala que constituyó la empresa para ejecutar una construcción en una parcela de Tavernes Blanques. Admitió que la firma nunca tuvo actividad (en el registro mercantil, Gribal aparece como dada de baja en 1997 y dedicada a la restauración). Y añadió que vendió la empresa a José Luis Rubio.
La fiscal le exhibió a Biosca facturas fechadas en la época en la que él era todavía administrador único. Esas facturas estaban giradas a AST Ingenieros y a Valcoe. Y a su vez, figuran pagarés de esas firmas para responder de los importes, que en algún caso superan los 90.000 euros. Biosca no reconoció ni una sola de esas facturas. Repitió en varias ocasiones que no hizo trabajo alguno para Terra Mítica, que no hizo trabajos para AST Ingenieros ni para Valcoe (ambas empresas están implicadas en la trama), que nunca realizó obra alguna en el aeropuerto de Barajas ni en el de Menorca. En un momento de la declaración, y ante la insistencia de la fiscal, llegó a exclamar: "¡Pues sí que me he ido lejos!". Tanto AST Ingenieros como Valcoe usaron esas facturas para incluirlas en sus contabilidades como gastos y, por tanto, deducirse IVA y pagar menos impuesto de sociedades. Pero es más, esa falsa actividad de Gribal, que era en realidad incapaz de abordar trabajo alguno, servía para avalar una experiencia al subcontratarse en las obras de Terra Mítica.
La fiscal le mostró a Biosca facturas de octubre, noviembre y diciembre de 2000. Ese periodo está bajo sospecha. Y Biosca no reconoció ni uno solo de los trabajos que esas facturas recogen. Gribal siguió facturando. Pero ya estaba en manos de José Luis Rubio. Biosca dijo desconocer absolutamente qué fue de la empresa después de deshacerse de ella a finales de 2000.
José Luis Rubio y Vicente Conesa, este último de forma significada, son piezas clave en la arquitectura de la trama de fraude alrededor de Terra Mítica, según se desprende de la información que recoge el sumario y según apuntan fuentes del caso. Un ejemplo del papel de Conesa, quien ya fuera investigado en 1995 por supuestas adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Benidorm cuando el alcalde era Zaplana, lo dio el representante de la firma Delta Agrícola, que ayer declaró también en el juzgado. Nadie duda de las obras que hizo esta firma. Está comprobado que las ejecutó y las cobró. ¿Pero las cobró alguien dos veces? Delta Agrícola era propiedad, en parte, de Vicente Conesa, quien a su vez estaba en la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd, que subcontrató a Delta Agrícola para hacer obras exteriores de las dependencias de Terra Mítica y de la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), ahora Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, empresa cien por cien pública. El representante legal de Delta Agrícola, Joaquín Sebastián, reconoció ayer el papel de Conesa y su firma en varios documentos de una misma operación en los que este último era administrador de una parte, adjudicador de otra y gerente de otra. www.elpais.es 19.06.07
Atracciones con facturas falsas
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A veces las leyendas se construyen a base de heroicidades. Otras a golpe de talonario. Eduardo Zaplana, hoy portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, tuvo un sueño cuando era presidente valenciano: levantar en Benidorm, la ciudad de la que había sido alcalde gracias al apoyo de una concejal tránsfuga, un gran parque de atracciones que elevase la cuenta de resultados del sector turístico. Hoy ese sueño, llamado Terra Mítica, está en los tribunales. Los juzgados investigan la gestión de los responsables del parque y de la empresa de la Generalitat valenciana creada para impulsarlo (Sociedad Parque Temático de Alicante, SA) en relación con el pago de sobrecostes por obras hinchadas o no realizadas a través de una trama de facturas falsas que permitió que se volatilizasen millones de euros.
La idea de Zaplana no era nueva. Su antecesor en la presidencia de la Generalitat valenciana, el socialista Joan Lerma, había intentado antes que Disney montase su primer parque de atracciones europeo en la Comunidad Valenciana. No pudo ser. París fue el destino elegido, pero ello no evitó que los parques de atracciones se convirtiesen en oscuro objeto de deseo de una clase política que veía en las montañas rusas y los tutuki-splash un nuevo El Dorado. Zaplana tampoco pudo eludir la tentación. Así, una de sus prioridades tras conquistar la Generalitat en 1995 fue diseñar y construir un parque temático que fuese superior al que el Gobierno catalán impulsaba en Tarragona.
En diciembre de 1996, el Ejecutivo autónomo del PP constituyó la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), y en enero se contrató ya el primer estudio de viabilidad sobre el sueño de Zaplana. El primer informe se encargó a Economics Research Associates (ERA), que contaba entre sus clientes con Disney Paris, Port Aventura, Warner y otras firmas internacionales. La conclusión fue decepcionante: "Un primer análisis indica que el proyecto puede ser viablemente discutible, tal y como se concibe por el cliente". ERA limitaba la previsión a 1,3 millones de visitantes anuales (entre 1,1 y 1,5 millones) y advertía de que el coste del parque no debía superar 180 millones de euros. El informe descartaba un parque temático de marca (Universal, Paramount) y el modelo Disney resort.
Se pidió una segunda opinión a otra gran consultora. Y nueva desilusión. Baker Leisure Group sólo se atrevía a predecir unos dos millones de visitantes anuales (la horquilla abarcaba de 1,6 a 3,5 millones al año). Esa previsión no detuvo los planes de Zaplana. En enero de 1998 se constituyó la sociedad Terra Mítica con participación de la SPTA (la Generalitat), Bancaja, CAM, y un grupo de promotores y constructores y entidades financieras que asumían participaciones más reducidas. Finalmente, Price Waterhouse sería la firma que prestaría asistencia técnica a Terra Mítica para hacer su estudio de viabilidad, concluido en 1999. Un informe que preveía los tres millones de visitas anuales que podían justificar un parque de atracciones que costase 270 millones de euros. En 2006, tras salir de una suspensión de pagos que situó el parque al borde de la quiebra, Terra Mítica recibió 1,1 millones de visitas y cerró su séptimo ejercicio con un beneficio operativo de 916.000 euros.
El 27 de julio de 2000, Eduardo Zaplana y el entonces director general de Terra Mítica, Miguel Navarro, acompañaban felices al príncipe Felipe en la inauguración oficial del nuevo parque de atracciones de Benidorm. Unas instalaciones en las que se habían consumido 377 millones de euros, un 40% más de lo previsto, y donde las prisas por abrir habían roto cualquier previsión financiera.
Se trataba de sacar adelante Terra Mítica como fuese, y para ello Zaplana, probablemente en sus momentos políticos más dulces, echó mano de su círculo de confianza. Con una estructura en la que varios de los cargos directivos de la SPTA, encargada de las obras del entorno del parque, ostentaban también puestos ejecutivos en Terra Mítica. En ese círculo estaban Luis Esteban, que compatibilizó la presidencia de las dos sociedades relacionadas con el parque entre 1999 y 2004 con la dirección de la Cámara de Comercio de Alicante y del Hércules CF; así como Miguel Navarro, director general del parque, que hoy sigue trabajando para la Generalitat en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Había un grupo de personas de Benidorm, entre las que figuraban Gema Amor, directora general de SPTA en el periodo previo a la apertura y hoy consejera de Participación de la Generalitat; Roc Gregori, entonces responsable de la Agencia Valenciana de Turismo, y Fernando Modrego, ex consejero y diputado autonómico. Además, Juan Francisco García, jefe de gabinete de Zaplana en su etapa de presidente, también formó parte de los consejos de administración. De todos ellos, sólo Esteban y Navarro están imputados junto a decenas de empresarios por la trama de facturas falsas que investiga la justicia. www.elpais.es 09.04.07
Una red de empresas fantasma
Además de facturas, en la trama de Terra Mítica también hay empresas falsas. Los primeros síntomas de irregularidades surgieron de la actividad declarada de alguna de las sociedades y del reducidísimo o nulo número de empleados. Difícilmente encajaba que una empresa de chatarra o de ropa infantil facturara a Terra Mítica por trabajos de construcción, jardinería o movimiento de tierras. La policía se puso a investigar y las sospechas se convirtieron en certezas. Puerta a puerta, buscando en los buzones, preguntando a los vecinos, los agentes constataron que una decena de firmas que habían cobrado del parque eran empresas fantasma.
"Se ha podido comprobar a través de los vecinos que se trata de una finca familiar. Durante los últimos cuatro o cinco años estuvieron viviendo unas personas de etnia gitana en régimen de alquiler", reza el informe policial en manos del juez al referirse a una dirección en la que se suponía que estaba ubicada una sociedad que facturó al parque por obras. Se trata de Gribal, de José Emilio Llopis, mercantil a la que Hacienda imputa facturas falsas giradas a Terra Mítica con fecha previa a su constitución.
La firma Ximo Dual, SL, que aparece en la causa relacionada con Gribal, SA, a través de facturas de 2001, tenía como gerente a Pedro Belén Álex, quien declaró ante el juez que su profesión es la de camarero y que firmó ante un notario la constitución de la empresa y que no sabía dónde estaba la sociedad.
La firma Red Moreno, SL tenía por objeto "la recuperación y reciclado de residuos sólidos, la comercialización y venta de bebidas" así como "la manufactura de ropa infantil". Esa sociedad, junto con Altos del Carrichal, SL, de Antonio Moreno Carpio, existe sólo sobre el papel. La policía ha comprobado que la supuesta sede de la primera es un domicilio privado sin actividad.
Sobre Desarrollo Gran Vía, la sociedad en la que se perdían las cuantiosas cantidades recaudadas por la trama, la policía no ha encontrado datos en el censo, ni en el padrón municipal, ni en el catastro, ni a través de empresas vecinas a la dirección que figuraba en un polígono de Quart de Poblet (Valencia).
Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, figuraba con sede en Olocau. La dirección coincidía con el nombre de un paraje rural en el que sólo hay viviendas dispersas, sin calles ni números. En los casos de Prexing Botànics, de Herrero Mantenimiento, de Les Simetes de Partegás o de Mecanizaciones Hermanos Muñoz, los agentes se toparon con nombres y apellidos que no tienen nada ver con dichas firmas.
La policía sí encontró Mecanizados Levante, cuyo dueño es Emilio Muñoz Mateo, propietario también de Mecanizaciones Hermanos Muñoz. Su empresa existió, pero dejó de tener actividad hace 10 años. Sin embargo, giró facturas. Uta Scheerbath, que declaró como representante de esta sociedad, confesó ante el juez que firmó como socia la constitución de una empresa de la que nunca supo nada.
La Tesorería General de la Seguridad Social, en una investigación posterior a la de la policía, ha constatado que 13 de las 20 empresas de la trama sólo figuraban en el Registro Mercantil, pero no tuvieron actividad, ni trabajadores. En algunos casos, habían desaparecido antes de la construcción del parque.www.elpais.es 09.04.07
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Un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social confirma al juez que 13 empresas denunciadas en el caso Terra Mítica eran falsas. Ese informe, pedido por la Fiscalía, suscribe la información que previamente había aportado la policía. La Tesorería constata así que 13 de las 20 sociedades implicadas supuestamente en la trama de facturas falsas, entre ellas el propio parque de atracciones de Benidorm, impulsado desde la Generalitat por el entonces presidente, Eduardo Zaplana, no tuvieron actividad real. Dichas sociedades se dieron de alta, no tuvieron trabajadores y no tuvieron actividad.
La policía judicial ya había hecho una investigación sobre una decena de empresas. Puerta a puerta inspeccionó las direcciones que aparecían en el Registro Mercantil. Y una a una comprobó que nunca habían estado en la dirección referida, o si lo habían estado nunca habían realizado una actividad que pudiera justificar cobros a Terra Mítica.
Para completar esa información, la fiscal adscrita a la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia solicitó un informe a la Tesorería General de la Seguridad Social. La respuesta es concluyente: 13 compañías que facturaron a Terra Mítica por trabajos relacionados con la jardinería y la construcción de los accesos al parque temático de Benidorm no existen. El mismo informe recoge que ninguna de ellas ha tenido trabajador alguno contratado.
Las 13 empresas forman parte a distinto nivel de la trama de facturas falsas que sirvió supuestamente para cometer el delito fiscal que denunció la Agencia Tributaria a mediados de 2005. La mayoría de ellas pertenecen al escalón más bajo de la sucesión de niveles que llevaban las facturas de empresas muy pequeñas hasta la contabilidad de Terra Mítica.
Trabajos Auxiliares, Gribal, Herrero Mantenimiento, Prexing Botanics, Mecanizados de Levante, Altos del Carrichal, Remel 2000, Desarrollo Gran Vía, Red Moreno, Nou Milleni, Construcciones y Reformas Valcoe, Les Simetes de Partegas y Ximo Dual facturaron a Terra Mítica durante los ejercicios 2000 y 2001.
Dos de esas empresas se habían dado de baja años antes de los ejercicios investigados: Gribal, cuya actividad declarada era "restaurantes", consta dada de baja en el Registro Mercantil en 1997; y Herrero Mantenimiento, dedicada supuestamente a trabajos de construcción, en 1992. Sin embargo, las 13 empresas facturaron a Terra Mítica. Gribal, por ejemplo, fue denunciada por un fraude en el Impuesto de Sociedades de 216.843,32 euros; Altos del Carrichal, también por fraude en el Impuesto de Sociedades, de 143.904,68 euros. La mayoría de las 13 firmas fueron denunciadas por fraude fiscal por cantidades que oscilan entre los 150.000 y los 225.000 euros.
Empresas fantasma
El informe de la Tesorería General de la Seguridad Social avala una de las sospechas sobre las prácticas de la trama que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado denunciaron desde que se abriera la causa: la existencia de empresas fantasma, sociedades creadas expresamente para generar facturas que pagó Terra Mítica por trabajos no realizados y que sirvieron para beneficiarse ilegalmente de deducciones de IVA que no les correspondían y para reducir las cuotas del Impuesto de Sociedades. Por estos hechos, el juez mantiene imputados por delito fiscal, falsificación de documento mercantil, estafa y alteración contable a 32 personas, entre ellas varios ex directivos del parque proyectado por Eduardo Zaplana en su etapa de presidente de la Generalitat Valenciana.
Todos los imputados han declarado ya ante el juzgado. Los administradores de esas 13 empresas que ahora la Seguridad Social constata que no han tenido actividad ni trabajadores, y que en su mayoría cesaron en el Registro Mercantil tras la construcción del parque en 2000, no reconocieron la situación de inactividad.
Sólo dos de los imputados explicaron su papel de administradores como papel mojado. A Pedro Belén, durante muchos años camarero en Paterna, cerca de Valencia, le ofrecieron ser gerente de una empresa de construcción. Después de meses sin trabajar, herido en un accidente de tráfico, le estaba resultando muy difícil encontrar quién lo contratara. En 2000, un amigo suyo le puso en contacto con una tercera persona que sólo le pedía que fuera al notario y firmara unos papeles para convertirle en gerente de una compañía: Ximo Dual. Nunca más volvió a saber nada de la empresa, hasta que Hacienda en 2004 le requirió a propósito de pagos pendientes. En su testimonio dejó claro que era un hombre de paja. Ximo Dual no tuvo nunca trabajadores dados de alta. Su baja está fechada por la Tesorería General de la Seguridad Social en octubre de 2002.
El otro caso fue el de Uta Scheerbath, en calidad de representante legal de Mecanizados de Levante. Scheerbath se convirtió en socia de la empresa a través de un amigo de su marido llamado Emilio Muñoz -imputado en la causa-. Era 1989, le ofrecieron participar de esa empresa, llevarse trabajo a casa y tener un pequeño sueldo. Dijo que al no tener noticias de la empresa después de haber firmado papeles varios, simplemente llamó para hacer constar que no contaran con ella. Mecanizados de Levante se dio de baja en 2004. Tampoco tuvo nunca empleados. Estaba registrada como empresa dedicada a la forja y la estampación de metales. Facturó a Terra Mítica por trabajos de construcción. La Seguridad Social confirma que la empresa era falsa, como las otras 12 que ha investigado a petición de la fiscal.
Los datos del informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social confirman a las acusaciones en la tesis de una trama orquestada para estafar a Hacienda a través de la construcción del parque Terra Mítica, que incluiría el cobro de comisiones ilegales.
www.elpais.es 03.04.07Dos fraudes en dos juzgados con una misma trama
La investigación sobre la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica y que dirige un juez de Valencia está en compás de espera. Desde finales de 2006, otras diligencias destaparon un fraude fiscal en la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), ahora Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Esa sociedad, pública al 100%, habría defraudado a Hacienda más de 1,5 millones de euros en el impuesto de Sociedades del ejercicio de 2000 a través de facturas por trabajos no realizadosNo sólo se parece la situación, sino también los protagonistas. Varias de las empresas que supuestamente facturaron a Parque Temático coinciden con las que lo hicieron a Terra Mítica y están por ello denunciadas. Así las cosas, el titular del Juzgado de Instrucción número nueve de Alicante decidió remitir el caso a Valencia y propuso que la causa fuera una sola. Sin embargo, la fiscalía de Valencia, la Abogacía del Estado y la mayoría de las defensas de los imputados han informado en sentido contrario.Todos ellos entienden que efectivamente coinciden algunos de los actores, pero que los hechos que implican a la sociedad pública de la Generalitat valenciana ocurrieron en Alicante, con empresas domiciliadas en Alicante y con mercantiles que no figuraban en el caso Terra Mítica. El juez de Valencia no se ha pronunciado todavía sobre si hará una única investigación o devolverá a Alicante el caso del Parque Temático. www.elpais.es 03.04.07
DOS FACTURAS REVELAN PAGOS A CONESA DE LA FIRMA QUE CERTIFICABA OBRAS EN TERRA MÍTICA
Vicente Conesa, uno de los principales imputados en la causa que investiga el juzgado de instrucción número 3 contra Terra Mítica y una veintena de empresas, recibió fondos desde la empresa Bureau Veritas, encargada de certificar la calidad y definición de las obras del parque temático. Según dos facturas a las que ha tenido acceso este diario, el ex consejero delegado de Bureau Veritas, Felipe Rodrigo, firmó entre agosto y septiembre de 1999 dos órdenes de transferencia por valor de 2,3 millones de pesetas y 1,5 millones, respectivamente, en favor de Conesa en concepto de “gastos” y “pago C3”, nombre de la empresa del contratista.
Tras contactar con la firma Bureau Veritas con el objeto de contrastar con Rodrigo el motivo de estos pagos. Desde la misma manifestaron que el ex consejero delegado se encuentra ya jubilado y que todas las cuestiones relativas a la causa que afecta al complejo de Benidorm están en manos de sus abogados. Bureau Veritas ejerció tareas de control y certificación de obras tanto para Terra Mítica como para la empresa pública impulsora Parque Temático de Alicante (SPTA, hoy Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana). Conesa era contratista de ambas empresas y realizó obras ligadas a jardinería, de las que además realizaba certificaciones.
Durante la fase testifical, un representante de Bureau Veritas manifestó ante el juez que su empresa realizó pagos a Conesa por certificar obras correspondientes a la SPTA. Fuentes conocedoras de la investigación consideran “extraño” que Conesa recibiese dinero de Bureau Veritas por conceptos tan abiertos como “gastos”, más allá de su triple condición de contratista, subcontratista y certificador. De otro lado, los portavoces del PSPV, Isabel Escudero y Andrés Perelló, presentaron ayer en la secretaría del juzgado de instrucción número 3 de Valencia un aval del Banco Popular -garantizado con patrimonio del partido- por valor de 150.000 euros, cantidad que el juez reclamaba a los socialistas para poder personarse en la causa como acusación particular. Perelló dijo que se trata del “aval de la trasparencia”. En principio, la aceptación de la demanda socialista abre la vía a que se investiguen delitos de malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. Perelló explicó que su grupo no hubiera presentado la demanda si el PP hubiera aceptado una comisión de investigación en las Corts para evitar que se siguiera “metiendo mano a la caja”. Escudero recordó “las declaraciones enfrentadas entre la consellera de Cooperación, Gema Amor, y otro conseller”, y dijo que se trata “del caso que más disputas ha creado entre zaplanistas y campsistas”. Por su parte, el portavoz adjunto del PP en las Corts, Ricardo Costa, aseguró que lo único que pretenden los socialistas “es dañar y perjudicar los intereses de la Comunitat Valenciana”. “Sus continuos ataques y desprestigios a un gran proyecto tan importante como Terra Mítica sólo son un ejemplo del cúmulo de deslealtades a las que nos tienen acostumbrados”. (www.levante-emv.com, 21/03/07)
OCULTABAN FACTURAS EN UN CAJÓN BAJO LLAVE"
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"Miguel Navarro y Justo Valverde intentaron ocultar el coste real de construcción del parque a finales de 2000. Con este objetivo, los mencionados señores ocultaban facturas en un cajón bajo llave". Esta es una de las revelaciones que contiene una de las tres denuncias anónimas que recibió la Agencia Tributaria a finales del año pasado sobre irregularidades en el parque Terra Mítica relacionadas con la empresa pública Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), ahora Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.
Miguel Navarro era director general de Terra Mítica, y desde hace varios años es asesor de la empresa pública que gestiona la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y Justo Valverde, ex cuñado de Eduardo Zaplana, era entonces director financiero de Terra Mítica. El denunciante apunta que "el objetivo era convencer a todas las empresas constructoras a realizar la misma operación. No todas aceptaron".
El denunciante anónimo alertó a la Agencia Tributaria de la existencia de facturas falsas y de sobrecostes ilegales, información que sirvió para abrir un procedimiento judicial nuevo sobre irregularidades en la empresa de la Generalitat valenciana y sumar documentación a la investigación judicial que ya se ocupa desde 2005 del supuesto fraude que implica a Terra Mítica. Según la denuncia, los sobrecostes alcanzaron un nivel que provocó las críticas de los propios consejeros del parque. Ante esa situación, se articuló un sistema que disimulaba el pago de esos sobrecostes. La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, es la más documentada de las tres que recibió Hacienda en un periodo de pocas semanas. No sólo explica lo que supuestamente ocurría en la construcción del parque de atracciones de Benidorm sino que ofrece gráficos y organigramas sobre cómo funcionaba la trama de empresas. Incluso, en algún momento, establece una relación de "personas clave" en el caso, entre las que incluye, además de Navarro y Valverde, a José María Arraiz, director técnico de la SPTA; a Gema Amor, entonces presidenta de esa empresa y hoy consejera del Gobierno valenciano, y al empresario Vicente Conesa, a quien se considera una figura central en la trama de Terra Mítica.
La Agencia Tributaria comprobó los datos revelados en la información anónima y desentrañó un mecanismo de pago de sobrecostes ilegales a través de la sociedad Parque Temático. Es decir, las cantidades cobradas ilegalmente, que superaban los 8,5 millones €, no habrían sido pagadas por la propia Terra Mítica, en cuyo accionariado hay presencia pública y privada, sino por la empresa que promovió el parque de atracciones, propiedad al cien por cien de la Generalitat valenciana.
La documentación remitida junto a las denuncias anónimas fue la base del procedimiento que el pasado enero inició el Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante por delito fiscal, falsificación documental y malversación de fondos en la Sociedad Parque Temático. El juez, tras estudiar los documentos, decidió inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, el que investiga la causa que implica directamente a Terra Mítica.
El denunciante anónimo llama la atención en sus esquemas sobre las empresas del Grupo Cobra, pertenecientes a ACS, y sobre la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd, participada por Hormigones Martínez, Lubasa, C3 Ingeniería de la Construcción y Gestión y Control. www.elpais.es 02/03/07
LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN RECUERDA QUE CAMPS Y RAMBLA CONOCÍAN "EL DÍA A DÍA" DE TERRA MÍTICA
La consejera de Participación, Gema Amor, y ex directora general de la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) en la etapa investigada por Hacienda en relación con los sobrecostes y obras no hechas en Terra Mítica, no está dispuesta a convertirse en una paria dentro del Consell. Amor aseguró ayer que el resto de consejeros, así como Gerardo Camps, Vicente Rambla y Miguel Navarro "conocían el día a día de la gestión" realizada en relación con Terra Mítica. Amor dijo que sólo puede deberse a "interpretaciones malintencionadas" que alguien piense que el consejero de Economía no quiso defenderla el pasado miércoles al ser interpelado por los escándalos del parque de atracciones.
El consejero de Economía, Gerardo Camps, manifestó el miércoles que si se produjo alguna situación irregular durante los ejercicios 2000 y 2001 en Terra Mítica "ni era conocida, ni asumida, ni consentida por la comisión ejecutiva, el consejo de administración o la junta de accionistas". Camps evitó respaldar la gestión de Amor como directora general de la SPTA, hoy denominada Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y presidida por el propio consejero de Economía.
"Decir que el consejero de Economía recurrió a las evasivas para no respaldar la gestión relacionada con Terra Mítica sólo puede responder a malintencionadas interpretaciones", prosiguió Amor, "tanto Gerardo Camps, como Vicente Rambla [consejero de Economía en la etapa investigada por la Agencia Tributaria] conocían el día a día de la gestión, como Miguel Navarro [ex director general de Terra Mítica, imputado en el sumario que investigada el juzgado número 3 de Valencia en relación con la trama de facturas falsas]".
La consejera de Participación ya manifestó el pasado 29 de diciembre que el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "conoce perfectamente" la gestión hecha en la SPTA. Unas manifestaciones que provocaron que Camps rompiese su mutismo sobre el escándalo de Terra Mítica y la SPTA y saliese en defensa de la gestión realizada en torno al parque de atracciones de Benidorm.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) informó ayer de que el juzgado de instrucción número 18 será el encargado de incoar las diligencias previas de la querella por injurias y calumnias presentada por el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, contra los empresarios José Herrero y Antonio Moreno Carpio, ambos imputados en el caso Terra Mítica. La designación del juzgado se produce después de que el TSJ acordase el sobreseimiento de la querella contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, contra los que también se dirigía inicialmente la querella de Zaplana. Los parlamentarios grabaron unas conversaciones con los dos empresarios imputados. Uno de ellos relacionaba a Zaplana con un supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de recibir contratas del parque de Benidorm.
Estas grabaciones forman parte igualmente del sumario que instruye el juzgado número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas de Terra Mítica y la participación de la SPTA en el pago de sobrecostes ilegales en el parque y su entorno. Dos casos unificados después de que el juez instructor de Alicante se inhibiese en favor del de Valencia en la investigación abierta por supuestos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la empresa de la Generalitat al considerar que es parte de la misma causa. La SPTA no sólo asumió obras del entorno del parque, sino que como socio de Terra Mítica compartía miembros en los órganos de gobierno de ambas sociedades. La empresa de la Generalitat, como tenedor de las acciones del parque, también facilitó créditos a Terra Mítica. Dinero, en parte, procedente de fondos a interés preferencial logrados con aval de la Generalitat.www.elpais.es 15.02.07Camps evita opinar sobre los escándalos en Terra Mítica y dice que no es «experto fiscal»
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, evitó ayer pronunciarse sobre la investigación judicial abierta en torno a la gestión de Terra Mítica y, en concreto, sobre las denuncias de la Agencia Tributaria contra el parque temático y la empresa pública Proyectos Temáticos por un presunto fraude fiscal, falsificación documental, estafa y malversación de fondos. Camps, que participó ayer en el Foro ABC de la Comunitat Valenciana, trató de marcar distancias con el escándalo y aseguró que él no era un «experto fiscal» . «Hay una polémica y tendrá sus cauces» , añadió. En su afán de desmarcarse de este espinoso asunto y al ser preguntado si la Generalitat se personará en alguna de las causas, el presidente afirmó que «ya está personada» . En realidad, la Generalitat como tal no se ha personado tal como le reclama la oposición. Sí lo está Terra Mítica, en calidad de parte perjudicada, pese a que también está denunciada. La Administración valenciana participa con cerca de un 24% en el capital de la empresa de ocio. «La Generalitat está en el lugar que le corresponde» , prosiguió Camps. El jefe del Consell defendió Terra Mítica y otros grandes proyectos que calificó como las «grandes fábricas del siglo XXI» y criticó a los partidos de la oposición por insistir en una polémica que, dijo, «lleva ya algún tiempo y no sé en qué lugar está» .
El presidente también se mostró esquivo a la hora de contestar sobre asuntos que han enturbiado su mandato, sobre todo, los referidos a la división interna del PP. Sobre la polémica designación de los organos directivos de la CAM, Camps dijo que lo importante era el resultado e indicó que el consejo de administración había quedado «fenomenal» . No quisó entrar en los pormenores del enfrentamiento entre zaplanistas y capsistas y sobre la desautorización del presidente del PP, Mariano Rajoy, al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, por pactar con el PSPV, se limitó a decir que Rajoy era muy «inteligente» . Tampoco quiso pronunciarse sobre la confección de las listas ni sobre el zaplanismo. Preguntado sobre si se iría de ministro con Rajoy si este ganaba las próximas elecciones generales, fue políticamente correcto y mantuvo que no había nada «más grande en la vida» que ser presidente de la Generalitat. En su conferencia, Camps prometió «estabilidad política y emocional» y mantuvo que la alternativa a su gobierno sería uno formado por «políticos radicales de izquierdas» . Reivindicó el Eje Mediterráneo y dijo que la Comunitat, en su posición de centro de este eje, tiene que «liderar un modelo económico, social y político creíble». www.levante-emv.com 13.02.07
La policía descubre puerta a puerta que 10 firmas de la trama de Terra Mítica no existen
Lo han comprobado puerta a puerta. Una decena de las 20 empresas de la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica no existen. Agentes de la Brigada de Policía Judicial de Valencia, por orden del juez que instruye el caso, han comprobado lo que sospechaban tanto la Agencia Tributaria como la fiscalía, es decir, que firmas inexistentes sirvieron para hinchar facturas que pagó el parque de atracciones de Benidorm. Desde direcciones inexistentes a domicilios en los que nunca se ha sabido nada de empresa alguna, el panorama de sociedades usadas para cobrar sobrecostes del parque de atracciones impulsado en su día por Eduardo Zaplana ha destapado su ficción. La policía ha constatado que se utilizaron empresas instrumentales y testaferros.
"Se ha podido comprobar a través de los vecinos que se trata de una finca familiar. Durante los últimos cuatro o cinco años estuvieron viviendo unas personas de etnia gitana en régimen de alquiler". Se suponía que esa dirección correspondía a una empresa de la trama de Terra Mítica. Los agentes de la Brigada Judicial comprobaron que no era así. Hicieron averiguaciones similares a instancias de un juzgado de Valencia sobre una decena de empresas que sirvieron para hinchar facturas de Terra Mítica. En otro de los casos, el informe policial deja constancia de que la empresa Red Moreno, que facturó al parque por obras y tenía por objeto social "la recuperación y reciclado de residuos sólidos, la comercialización y venta de bebidas" se dedicaba "a la manufactura de ropa infantil".
Hacienda sospechó de la existencia de muchas de las empresas denunciadas en la trama. La fiscalía se sumó a ello tras conocer los detalles del expediente. Algunos de los testimonios ante el juez confirmaron que muchas de las mercantiles implicadas en la trama no existían o no se dedicaban a aquello por lo que habían cobrado de Terra Mítica.El juzgado pidió el pasado octubre a la policía que hiciera averiguaciones sobre una decena de esas sociedades. Los agentes siguieron su rastro. El resultado ha revelado que no existían o que se dedicaban a algo bien distinto a lo que hicieron constar para cobrar del parque impulsado por la Generalitat valenciana.
De acuerdo con el oficio remitido al juzgado por la policía el pasado 31 de enero, las sociedades Altos del Carrichal, SL y Red Moreno, SL, de las que era titular Antonio Moreno Carpio -empresario imputado a quien dos diputados socialistas valencianos grabaron unas conversaciones en las que se señalaba la existencia de comisiones ilegales que, a través del contratista Vicente Conesa, irían a parar a Eduardo Zaplana-, existen sólo sobre el papel. La policía dice que su supuesta sede social era "un domicilio privado". Y añade que los vecinos "solamente tenían conocimiento de la conocida como Red Moreno, SL, empresa que se dedicaba a la manufactura de ropa infantil". Apuntaban que "desde hace aproximadamente dos años (2004) no existe actividad ni movimiento alguno en dicha puerta".
Otra empresa, denominada Gribal, de José Emilio Llopis, mercantil a la que Hacienda imputa facturas falsas giradas a Terra Mítica con fecha previa a su constitución, no ha estado ni parece haber estado nunca en la dirección que se referenciaba. La policía constató que su sede es en realidad el domicilio de una familia gitana. La firma Ximo Dual, SL, que aparece en la causa relacionada con Gribal, SA, a través de facturas datadas en 2001 por servicios inexistentes que se repercutieron a Terra Mítica, tenía como gerente a Pedro Belén Álex, quien declaró ante el juez que su profesión era la de camarero, que estaba en paro, que firmó ante un notario la constitución de la empresa y que no sabía siquiera dónde estaba la sociedad.Sobre Desarrollo Gran Vía, la sociedad en la que se perdían las cuantiosas cantidades recaudadas por la trama, la policía no ha encontrado datos en el censo, ni en el padrón municipal, ni en el catastro, ni a través de las empresas vecinas a la dirección que figuraba en un polígono industrial de Quart de Poblet (Valencia).
Otra de las empresas, Trabajos Auxiliares del siglo XXI, aparecía ubicada en Olocau. La dirección coincidía con el nombre de un paraje rural en el que sólo hay viviendas dispersas, sin calles ni números. En los casos de Prexint Botànics, de Herrero Mantenimiento, de Les Simetes de Partagás o de Mecanizaciones Hermanos Muñoz, los agentes se toparon con unos nombres y apellidos que nada tienen que ver y con unos vecinos que no sabían nada de esas empresas.La policía sí encontró a Mecanizados Levante, cuyo dueño es Emilio Muñoz Mateo, el mismo que de Mecanizaciones Hermanos Muñoz. Su empresa existió, pero dejó de tener actividad hace 10 años. Uta Scheerbath, que declaró como representante de Mecanizados de Levante, dijo ante el juez que firmó como socia la constitución de una empresa de la que nunca supo nada.
Otros 4 millones de sobrecostes ilegales
La Agencia Tributaria señala que en marzo de 2001 la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd, integrada por Lubasa, Hormigones Martínez y C-3, abonó al parque temático de Benidorm cuatro millones de euros. Un pago que la inspección tributaria considera similar a los realizados en parecidas fechas por parte de las empresas Cobra Instalaciones, Moncobra y Atil Cobra -pertenecientes al grupo ACS-. Estas firmas reintegraron a Terra Mítica 4,5 millones de euros "por error en las mediciones y falta de calidad de la obra" para evitar el escándalo que se cernía sobre el parque por las desviaciones presupuestarias y la facturación de obras no realizadas. Los sobrecostes devueltos fueron compensados a los contratistas por la empresa de la Generalitat valenciana Sociedad Parque Temático de Alicante. De esta manera, los abonos pagados a Terra Mítica por los citados contratistas, a veces incluso antes de que hubiesen cobrado toda la facturación, suman en conjunto 8,5 millones.Terra Verd recibió también un trato de privilegio al lograr un anticipo de Terra Mítica de 300.000 euros en julio de 1999 y "con anterioridad a la primera certificación de obra". "Es el único anticipo que se produce en la obra", recalca la Agencia Tributaria. Hacienda pone de relieve el papel de Vicente Conesa, propietario de C-3, una de las firmas que emitió facturas falsas. Conesa, además de realizar funciones de dirección facultativa de las obras de jardinería en Terra Mïtica, era también socio en unas naves industriales de José María Arraiz, responsable de los proyectos anexos al parque de atracciones en la empresa de la Generalitat. Unas naves financiadas en parte con el dinero de la trama de facturas falsas de Terra Mítica. www.elpais.es 10.02.07
Una sociedad de la Generalitat pagó los sobrecostes ilegales de Terra Mítica
La magnitud de los sobrecostes en Terra Mítica de Benidorm por obras nunca realizadas obligó a varios contratistas a devolver dinero al parque impulsado por la Generalitat Valenciana para evitar el escándalo. Un nuevo informe de la Agencia Tributaria señala que tres de los contratistas devolvieron a Terra Mítica más de 4,5 millones de euros por conceptos como "error en las mediciones y falta de calidad de la obra". Los contratistas recuperaron el dinero devuelto a través, supuestamente, de una empresa pública, Parque Temático de Alicante, 100% de la Generalitat, según un informe de la Agencia Tributaria.
El informe de la Agencia Tributaria es consecuencia de cuatro denuncias anónimas (tres de ellas por duplicado) remitidas por correo a Hacienda. Las denuncias incluyen fotocopias de facturas y otros documentos contables referidos a los contratos firmados por Terra Mítica con Cobra Instalaciones, Moncobra y Atil Cobra, todas ellas pertenecientes al grupo empresarial ACS.
Además se denuncian también graves irregularidades, aunque sin aportar documentación, por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd -integrada por Luis Batalla SA, Hormigones Martínez SA y C-3, la ingeniería de Vicente Conesa, empresario imputado en la trama de facturas falsas de Terra Mítica-. Hacienda, tras haber requerido nueva documentación al parque temático, considera procedente la remisión de la denuncia a la Fiscalía al entender que han existido irregularidades.La Agencia Tributaria constata que Terra Mítica realizó dos contratos con Atil Cobra. El primero de ellos tuvo una desviación del 72,4% y el segundo del 53%. A raíz de la reclamación del parque de atracciones por las desmesuradas desviaciones, Atil Cobra realizó un abono de 720.000 euros (120 millones de pesetas) más IVA tras reconocer "la existencia de errores en las mediciones" en una instalación de depósitos de agua e instalaciones mecánicas.
Este desembolso al parque de atracciones -que viene a coincidir con el importe de las desviaciones- se realizo antes incluso de que Atil Cobra hubiese cobrado las facturas presentadas, según constata Hacienda, y con un número de identificación fiscal que no era el suyo, sino el de la Sociedad Parque Temático de Alicante, empresa 100% de la Generalitat valenciana, que a su vez también es accionista del parque de atracciones. Además, pese al requerimiento de la Agencia Tributaria, Terra Mítica "no puede concretar" a qué facturas abonadas a Atil Cobra se referían los abonos.Cobra Instalaciones y Servicios utilizó el mismo sistema. Primero fue contratada por Terra Mítica para instalar una montaña rusa de madera. Acto seguido se firmó un segundo contrato para modificar la atracción, al que siguió un tercero para reforzar la estructura de la montaña rusa. Finalmente, Cobra Instalaciones facturó otro monto millonario por "trabajos adicionales y administración" relacionados con el montaje de la montaña rusa. A estos contratos se añadieron otros por diferentes trabajos como vallado perimetral, pintura, electricidad, etc. Todos los trabajos se facturaron durante el año 2000.
"Falta de calidad"
A principios de 2001, y sin haber cobrado todavía por la montaña rusa de madera, Cobra Instalaciones abonó a Terra Mítica 850.000 euros. También por "error en medición y falta de calidad de obra". También, según la denuncia, con el NIF de la empresa pública de la Generalitat.Hacienda considera verosimil la explicación del anónimo: "Según el denunciante, las críticas de los propios consejeros por los sobrecostes en el parque impulsaron a traspasar parte de los costes a la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) mediante la realización de varios contratos que justificaron esos pagos". En esas fechas, la directora general de Sociedad Parque Temático de Alicante era Gema Amor, persona de confianza de Eduardo Zaplana y actual consejera de Francisco Camps en el Gobierno valenciano.Sin embargo, la que mayor reembolso realiza a Terra Mítica, sin haber cobrado el total de las facturas presentadas, es Moncobra SA. Casi tres millones de euros abonados a Terra Mítica por conceptos como "error de cálculo". Moncobra llega a facturar a Terra Mítica por asesorar al parque en el montaje de atracciones, cuando ya esta empresa ya había cobrado anterior por este servicio. Los abonos de las contratistas a Terra Mítica se producen en el primer trimestre de 2001 por trabajos realizados, fundamentalmente, el año anterior.La Agencia Tributaria destaca también la similitud de los abonos de las empresas del grupo Cobra con los de la UTE Terra Verd, en la que figura una firma C-3 de Vicente Conesa. Este empresario es mencionado -en una grabación realizada por un diputado socialista- por José Herrero, imputado en la trama de facturas falsas de Terra Mítica, como la persona que cobraba comisiones ilegales con el conocimiento de Zaplana.
Mucha firma, poco control
El Gobierno valenciano, Terra Mítica y la Sociedad Parque Temático de Alicante han negado haber pagado por trabajos no realizados. El argumento es que cada factura necesitaba antes de abonarse, al menos, cuatro firmas de distintos departamentos y empresas que garantizaban que se había hecho el trabajo.La Agencia Tributaria ha constatado, sin embargo, la existencia de cuatro facturas pagadas a Moncobra, todas con fecha 15 de febrero de 2000, con el mismo concepto de facturación y todas ellas correspondientes al mismo mes de mayo. "No se encuentra explicación lógica a la existencia de cuatro facturas del mismo periodo, la misma fecha y los mismos conceptos", dice Hacienda.El 31 de mayo de 2000 se emite otra factura "también por la medición del mes de mayo". Y otra más, también por mayo, el 30 de junio de 2000. A partir de aquí se emite una factura cada mes. "Todas las facturas llevan varias firmas de conformidad, entre ellas las del departamento técnico". La denuncia anónima apunta a que fueron el ex director general del parque, Miguel Navarro, y el ex director de contratación, Justo Valverde, junto con Vicente Conesa, quienes impulsaron la operación. 09.02.07 www.elpais.es
Proveedores de Terra Mítica desviaron sobrecostes a una firma de la Generalitat
El último informe que la inspección de la Agencia Tributaria ha remitido al juzgado que investiga la supuesta trama de facturas falsas en Terra Mítica hace constar que varias empresas proveedoras del parque devolvieron parte de lo que cobraron de más respecto de los contratos firmados pero que lo hicieron al NIF de la empresa de la Generalitat Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), ahora Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Además, precisa que Vicente Conesa, principal imputado de la trama, cobró de Terra Mítica antes de firmar un contrato.
Los diez folios del último informe de Hacienda que tiene en su poder el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia que investiga un supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros en las obras de Terra Mítica, con una veintena de empresa implicadas, resume las comprobaciones realizadas por la inspección tras recibir cuatro denuncias anónimas sobre supuestas irregularidad que afectarían al parque, a la SPTA y a varias sociedades proveedoras. Una de ellas se concentra en los numerosos y elevados pagos que concretamente tres de ellas, pertenecientes al Grupo Cobra, realizaron aún teniendo pendientes cobros de Terra Mítica. Hacienda recibió la denuncia y pidió explicaciones a Terra Mítica sobre determinados abonos de los años 1999, 2000 y 2001. Cuando Terra Mítica aportó la documentación, Hacienda constató, tal como adelantó ayer EL PAÍS, que en realidad la identificación fiscal no era la del parque sino la de la SPTA, que el Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante investiga por otro posible fraude fiscal a través de facturas falsas.
Este último informe de Hacienda sobre distintos movimientos de facturas en los que participa Terra Mítica recoge que tres mercantiles proveedoras del parque (Cobra, Atil Cobra y Moncobra) participan de las mismas circunstancias, "desviaciones importantes de lo facturado respecto de lo contratado, abonos en la misma fecha por importes relativamente importantes y motivados supuestamente por errores, de los que en los tres casos se carece de explicación suficiente". Y añade: "Se produce al menos en los dos primeros casos [Atil Cobra y Cobra] el hecho significativo de que el importe de las facturas de abonos es satisfecho por el proveedor en el acto, cuando en esas fechas y posteriores se encuentra aplazando y renegociando las deudas que con ella contrajo Terra Mítica, con anterioridad a los abonos, lo cual no deja de ser sorprendente".El informe reproduce para el juzgado la explicación aportada por una de las denuncias anónimas: "Las críticas de los propios consejeros por los sobrecostes del parque impulsaron a traspasar parte de los costes a la SPTA mediante la realización de varios contratos que justificaron esos pagos". Y agrega que el denunciante también apunta: "El mecanismo empleado consistiría en que las empresas proveedoras de Terra Mítica le emitirían facturas de abono, transfiriéndole el importe de las mismas, a cambio de facturar dicho importe a la sociedad SPTA, que asumiría el pago".
Una de las denuncias señala que una propuesta de adjudicación de proyecto de jardinería y riego de 1998 sería falsa porque es anterior al acta de control de proyecto; que Vicente Conesa, principal imputado en la causa, era gerente de jardinería y riego para Terra Mítica y a la vez concursó en varias adjudicaciones a través de varias empresas; y que la firma C3 giró facturas falsas, hechas meses antes de tener contrato.08.02.07 www.elpais.es
UN EJEMPLOAtil Cobra firma dos contratos con Terra Mítica: uno de equipamientos en junio de 1999 por 214.561,32 euros y otro de instalaciones mecánicas en abril de 1999 por 1.046.028,16 euros.
- La facturación del primero fue de 369.901,58 euros.
- La del segundo contrato, de 1.601.134,86 euros.
- Del primer contrato devolvió 140.785,29 euros a SPTA
- Del segundo, devolvió 579.760,53 euros, también a SPTA.
- Ambos abonos coinciden prácticamente con los desvíos sobre el precio de los contratos: 155.339,25 euros en el primero; 555.106,70 euros en el segundo
Hacienda vincula el fraude de Terra Mítica y el de una sociedad pública
Los fraudes detectados en Terra Mítica y en la sociedad pública que impulsó el parque temático de Benidorm (Parque Temático de Alicante) están conectados. La que parecía una evidencia por la coincidencia de algunas empresas en dos casos cuyo fondo es una trama de facturas falsas ha quedado documentada. La Agencia Tributaria ha remitido al juzgado de Valencia que investiga a una treintena de empresas en el caso Terra Mítica un millar de folios que incluyen operaciones de Terra Mítica con las firmas Cobra, Moncobra y Atil Cobra y con la unión temporal de empresas (UTE) Terra Verd, de la que forman parte Luis Batalla, SA, Hormigones Martínez, SA y C-3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente, SL. Todas ellas son investigadas por un juzgado de Alicante en relación con un supuesto fraude en la Sociedad Parque Temático de Alicante, empresa pública de la Generalitat que impulsó el parque temático de Benidorm.La documentación de la Agencia Tributaria recoge operaciones sospechosas entre dichas empresas y Terra Mítica que superan los seis millones de euros. Hacienda revela que las empresas proveedoras, tras cobrar a Terra Mítica, efectuaron pagos al parque de atracciones no justificados que demostrarían el desvío de dinero.07.02.07 www.elpais.es
El juez impide la prescripción del caso Terra Mítica al incoar diligencias previas
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, Javier Martínez Marfil, impidió ayer la prescripción del caso Terra Mítica al incoar un auto de diligencias previas contra la quincena de denunciados por la Fiscalía, entre los que se encuentra la consellera de Cooperación y Participación, Gema Amor. El magistrado aprecia indicios de delito en la denuncia de la Fiscalía por falsedad, malversación y contra la Hacienda Pública. La rapidez en la decisión del juez era clave porque sin el auto el delito prescribía en tres días, según confirmaron fuentes de la Fiscalía.
El magistrado, que abrió la investigación hace dos semana, ya ha comunicado a todos los denunciados su inclusión en la causa. La consellera Gema Amor fue la directora general de Proyectos Temáticos en la etapa investigada, los ejercicios fiscales 2000 y 2001.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia abrió hace seis meses las pesquisas contra Proyectos Temáticos, constituida por la Generalitat para impulsar Terra Mítica, tras recibir una denuncia de la Agencia Tributaria.
La denuncia que investiga el juez sostiene que Proyectos Temáticos no comunicó a Hacienda movimientos financieros derivados de operaciones de devolución de fondos procedentes de contratistas de la empresa pública de Terra Mítica. Un grupo de empresas cobró cantidades millonarias que presuntamente no se correspondían con los trabajos realizados. En un primer momento la sociedad pública obtuvo a su favor las liquidaciones del IVA que le fueron devueltas por el fisco. Sin embargo, varias empresas retornaron a la sociedad pública parte de los fondos recibidos sin que Proyectos Temáticos comunicara la nueva situación financiera y por tanto devolviera el dinero recibido. Fuentes cercanas a la investigación judicial explicaron que con toda probabilidad el asunto va a terminar instruyéndose en Valencia. Estas fuentes recordaron que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tiene las competencias sobre las personas aforadas, como sería el caso de la consellera. Además, el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia mantiene abierta otra investigación por un fraude fiscal de 4,4 millones de euros supuestamente cometido por Terra Mítica y una veintena de empresas durante 2000 y 2001. El juez ya ha enviado un exhorto al magistrado valenciano para comprobar si se trata del mismo delito, con lo que el juzgado de Valencia asumiría la investigación de Alicante, con independencia de que finalmente prospere o no la acusación contra Gema Amor.
Fuentes próximas al caso explicaron que el supuesto mecanismo defraudatorio podría ser el mismo que se investiga en Valencia. Lo único que cambia es que en un caso el destinatario de las facturas falsas es Terra Mítica y en el otro -el de Alicante- la Sociedad Proyectos Temáticos de Alicante. El delito que ahora se investiga se habría cometido en Alicante, al encontrarse el domicilio social de la Sociedad Proyectos Temáticos en la alicantina avenida del Doctor Gadea. La Fiscalía acusó a cinco empresas por la trama. Algunas de las firmas denunciadas están también implicadas en la otra trama de facturas falsas que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia. En conc reto las mercantiles investigadas son la Sociedad Parque Temático de Alicante, Cobra, Monocobra y Atil Cobra, así como la Unión Temporal de Empresas Terra Verd (formada por Luis Batalla, SA, Hormigones Martínez, C3-Ingeniería de la Construcción y el Medio Ambiente, y Gestión y Construcción de Obra).www.levante-emv.com 24.01.07
Archivada definitivamente la querella de Zaplana contra dos diputados socialistas por el 'caso Terra Mítica'
Nuevo revés judicial para Eduardo Zaplana por el 'caso Terra Mítica'. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia desestima el recurso que presentó el portavoz del PP en el Congreso contra el archivo de la querella que interpuso contra dos diputados socialistas, José Camarasa y Toni Such, por grabar unas conversaciones en las que dos empresarios que trabajaron para el parque temático relacionaban a Zaplana con el cobro de comisiones por trabajos no realizados en Terra Mítica.El TSJ ha desestimado el recurso de apelación presentado por Eduardo Zaplana contra la decision de éla Sala de lo Civil y de lo Penal de excluir a los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa de la querella que presento contra ellos y dos empresarios, por injurias y calumnias. El recurso de apelación lo presentaba Zaplana el pasado mes de diciembre, porque no compartia la decisión del TSJ de sobreseer y archivar las diligencias respecto a los dos diputados del PSOE, por no ser constitutiva su conducta de delito alguno. El Tribunal sí entendia que se tenían que investigar los hechos que se atribuian a los dos empresarios. www.cadenaser.com 16.01.07
EL JUEZ INVESTIGA A LA SOCIEDAD PARQUE TEMÁTICO POR FRAUDE FISCAL
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha acordado abrir diligencias contra la Sociedad Parque Temático de Alicante, dependiente de la Generalitat, por los supuestos delitos de malversación, falsedad documental y contra la Hacienda (fraude fiscal), según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El magistrado ha decidido admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra esta empresa pública, encargada entre otros proyectos de impulsar el parque temático de Benidorm, por un supuesto fraude fiscal de 1,7 millones de euros, mediante facturas falsas de IVA.
En su auto de diligencias previas, el magistrado también ha acordado pedir, mediante un exhorto, al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia copia de las actuaciones practicadas por esa oficina en torno a otro supuesto fraude fiscal de unos 4,4 millones de euros, también mediante facturas falsas, descubierto en el parque temático de Benidorm. El magistrado pretende comprobar si existen "puntos en común" entre ambos casos, como mantiene la Fiscalía.El ministerio público remitió el pasado 31 de diciembre la denuncia de la Agencia Tributaria contra la empresa pública del Consell. El organismo tributario formalizó la denuncia inicialmente ante la Fiscalía de Valencia, que luego trasladó a la de Alicante, por ser en esta ciudad donde está radicada la sede social de la mercantil denunciada. Sendos supuestos fraudes se cometieron entre 2000 y 2001 y varias de las empresas presuntamente defraudadoras aparecen en las dos tramas.El expediente que la Agencia Tributaria envió a la Fiscalía relativo al fraude descubierto en la Sociedad Parque Temático de Alicante abarca a una veintena de proyectos. Entre otros, la ejecución de obras de apertura de viales, asfaltado, canalización de agua, iluminación, excavaciones y adecuaciones de terrenos. La empresa pública encargó la mayoría de esos trabajos en relación con obras del parque Terra Mítica y del complejo audiovisual Ciudad de la Luz, levantado al sur del litoral de Alicante.
La Fiscalía sostiene que la investigación que afecta a la Sociedad Parque Temático de Alicante (creada en 1996 por el entonces presidente del Consell, Eduardo Zaplana) se centra en una defraudación fiscal, sobre todo de IVA, en falsedad en documento mercantil y posible malversación. La Agencia Tributaria destaca la existencia de elevadísimos sobrecostes de los proyectos de la empresa pública del Consell.
Según la Fiscalía, los presuntos responsables de la trama son dos hombre de confianza de Zaplana, ya imputados en el sumario de Terra Mítica, el empresario Vicente Conesa y el ex director técnico de Terra Mítica, Antonio Rincón. En los años en los que supuestamente se cometió el fraude la empresa la presidía la actual consejera de Cooperación, Gema Amor. www.elpais.es 13.01.07
DIEZ FIRMAS VINCULADAS A LA TRAMA DE TERRA MÍTICA ESTÁN IMPLICADAS EN EL NUEVO FRAUDE
Una veintena de proyectos enmascaran el supuesto fraude de dos millones de euros de la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) en los ejercicios 2000 y 2001. Según la Agencia Tributaria, esos proyectos presentan un elevadísimo sobrecoste. La fiscalía ha identificado una decena de empresas adjudicatarias de esos proyectos, la mayoría de las cuales aparece en la trama de facturas falsas en Terra Mítica que investigan los tribunales. La SPTA, empresa de la Generalitat valenciana, adjudicó obras de asfaltado, viales, canalización y excavación en el entorno del parque de Benidorm, ahora bajo sospecha.
El expediente que la Agencia Tributaria envió a la Fiscalía en el que denuncia un posible fraude en los ejercicios 2000 y 2001 de cerca de dos millones de euros de la Sociedad Parque Temático de Alicante, empresa pública de la Generalitat, señala a una veintena de proyectos. Entre otros, consistieron en la ejecución de obras de apertura de viales, asfaltado, canalización de agua, iluminación, excavaciones y adecuaciones de terreno. La SPTA, según fuentes de la Fiscalía, encargó esos trabajos en relación con las obras del parque Terra Mítica de Benidorm y de la Ciudad de la Luz de Alicante. Dichos trabajos fueron adjudicados a uniones temporales de empresas (UTE). La Fiscalía investiga una decena firmas. De esas empresas, la mayoría aparecen vinculadas a la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica y que investiga desde hace más de un año el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia.
La Fiscalía de Valencia firmó el pasado día 22 el traslado de las diligencias abiertas en Valencia a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Dichas diligencias se enviaron el martes. En ellas se acompaña un informe sucinto firmado por Inocencio Altozano, delegado especial de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana. El delito clave en la investigación es el de fraude fiscal, que quedaba prescrito el día 26. Por ello, según fuentes de la fiscalía, y a pesar de contar con importante documentación anticipada del expediente de Hacienda, el responsable de Anticorrupción en Valencia no ha podido terminar las diligencias y confía en que Anticorrupción de Alicante presente en breve una denuncia en un juzgado.Aún así, la Fiscalía de Valencia tiene claro que la investigación que afecta a la SPTA (sociedad pública creada a finales de 1996 a instancias del entonces presidente valenciano Eduardo Zaplana para impulsar la construcción del parque de atracciones Terra Mítica de Benidorm) se centra en una defraudación fiscal, sobre todo de IVA, en falsedad de documento mercantil, delito societario y posible malversación. La Agencia Tributaria señala en su informe la existencia de elevadísimos sobrecostes de los proyectos adjudicados por la SPTA.Según la Fiscalía, dos nombres aparecen directamente relacionados con este supuesto fraude: Vicente Conesa (empresario, imputado en el caso Terra Mítica) y Antonio Rincón, ingeniero, ex director técnico de Terra Mítica, imputado también en el caso. Por otra parte, en el expediente aparecen otros nombres ya conocidos, como los hermanos Moreno Carpio y Justo Valverde, ex cuñado de Eduardo Zaplana y también imputado en la causa como responsable entonces de las adjudicaciones en Terra Mítica.La Fiscalía considera que las personas que ocuparon puestos directivos en la SPTA en 2000 y 2001 serán citadas a declarar en poco tiempo. Entre ellas, se encuentra Luis Esteban, que ocupó simultáneamente el cargo de presidente en la Sociedad Parque Temático de Alicante y Terra Mítica, ya imputado en el caso de las facturas falsas que investiga el juzgado número 3 de Valencia. La entonces directora general de SPTA, Gema Amor, es la persona con mayor relevancia política. Amor es consejera de Cooperación y Participación en el actual gobierno que preside Francisco Camps. Nacida en Benidorm, Amor recibió en el año 2000 el encargo de Zaplana de impulsar el parque temático.
Una consejera bajo el foco
Gema Amor, consejera de Cooperación en el Gobierno valenciano que preside Francisco Camps, salió ayer a defender la gestión realizada durante su etapa como directora general de la empresa pública encargada de impulsar Terra Mítica en Benidorm. Amor, responsable de la sociedad entre mayo de 2000 y noviembre de 2001, aseguró que las contrataciones se realizaron "siempre bajo los principios de publicidad y concurrencia".La consejera argumentó que los pagos por las obras realizadas se efectuaron siempre tras requerirse los correspondientes certificados de obra avalados por el constructor, el proyectista, la dirección técnica de SPTA y Bureau Veritas, firma especializada en el control de calidad. Amor reconoció que durante su etapa como directora general, el empresario Vicente Conesa fue contratado para redactar varios proyectos de tipo menor.Amor también insistió en que, además de las auditorías realizadas, la SPTA se tuvo que someter a las inspecciones de la Agencia Tributaria en un pleito por la liquidación del IVA, que finalmente se tradujo en la devolución a la empresa pública de la Generalitat de más de seis millones de euros.Para la consejera, "bajo ningún punto de vista se puede sostener cualquier trama de conspiración" en la SPTA. Amor, cercana al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, fue el único miembro del Gobierno valenciano que ayer defendió la gestión hecha. El Consell autonómico se limitó a difundir una nota en la que señaló que "no puede pronunciarse debido a que desconoce el alcance de las informaciones publicadas".El País.28.12.06
LA OPOSICIÓN EXIGE A CAMPS QUE ABRA UNA INVESTIGACIÓN
La oposición parlamentaria exigió ayer al presidente valenciano, Francisco Camps (PP), que abra una investigación y reclame las explicaciones necesarias a su consejera de Cooperación, Gema Amor. Para el socialista José Camarasa, uno de los diputados que llevaron al fiscal las conversaciones grabadas con dos empresarios imputados en el caso Terra Mítica, "a Camps ya no le sirve la excusa de que Terra Mítica es una empresa privada [participada por la Generalitat] para hacer la vista gorda y no intervenir"."Tarde o temprano tenían que aparecer los presuntos delitos en la empresa pública que impulsó la construcción del parque", prosiguió el parlamentario socialista, que recalcó que parte del personal directivo que gestionó la Sociedad Parque Temático de Alicante pasó luego a Terra Mítica. "Advertimos a Camps de que, si no toma la iniciativa, exigiremos una comisión de investigación en las Cortes Valencianas", indicó.La coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià, Glòria Marcos, dijo que "la mancha de aceite de las sospechas de la corrupción y el derroche del dinero público crece en el entorno de Eduardo Zaplana". Marcos instó a Camps a decir "si continúa asumiendo de la A a la Z todo lo que hizo Zaplana [impulsor del proyecto en su etapa al frente del Gobierno valenciano] y su entorno en Terra Mítica".El diputado de EU-L'Entesa Joan Antoni Oltra manifestó que pedirá inmediatamente una comisión de investigación. El País.28.12.06
LA TRAMA DE TERRA MÍTICA SE EXTIENDE A UNA EMPRESA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
La misma imputación y protagonistas coincidentes. La trama de Terra Mítica se extiende a una empresa de la Generalitat valenciana. La Fiscalía de Valencia trasladó ayer al fiscal Anticorrupción de Alicante una denuncia de la Agencia Tributaria por falsificación de facturas en los ejercicios 2000 y 2001 contra la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), una empresa a través de la cual participaba la Generalitat en el parque de Benidorm. El fraude alcanza los dos millones de euros e implica a Antonio Rincón, ex director técnico, y al empresario Vicente Conesa, ambos imputados en el caso de Terra Mítica.
La oficina territorial de la Agencia Tributaria en Valencia, tras una denuncia anónima, investigó contrarreloj un posible fraude fiscal en la SPTA, empresa creada por la Generalitat Valenciana en 1997 para la promoción de los parques temáticos en Alicante (Terra Mítica y Ciudad de la Luz) que se regía por el derecho privado pero que era, al 100%, de capital público. Las diligencias practicadas por Hacienda fueron trasladadas a modo de denuncia a la Fiscalía de Valencia. El ministerio público ha concluido su investigación al borde de la prescripción del delito fiscal, ya que ayer se cumplió el plazo. Y en esas conclusiones preliminares, el fiscal anticorrupción de Valencia ha entendido que en los ejercicios 2000 y 2001 la SPTA incurrió en fraude fiscal en la liquidación de los impuestos de IVA y de Sociedades, en un delito de falsificación de documento mercantil, un delito societario y otro de malversación.
En ellos implica, aunque no de forma exclusiva, a Vicente Conesa, empresario imputado a su vez en la trama de facturas falsas que afecta a Terra Mítica, y a Antonio Rincón, ex director técnico del parque en la fase final de su construcción y también imputado en el caso Terra Mítica. Ambos fueron personas de confianza de Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana en los años que ha investigado Hacienda y actual portavoz del PP en el Congreso.
El fraude denunciado por la Agencia Tributaria está referido a diversas obras realizadas como, por ejemplo, la adecuación de la montaña en la que se ubica el parque temático Terra Mítica para su construcción y los viales que dieron acceso al mismo. También se refiere a la preparación del terreno en el que se extiende el complejo de platós para rodajes cinematográficos de la Ciudad de la Luz y sus accesos.
La Agencia Tributaria ha detectado la existencia de trabajos facturados que no se realizaron en todo o en parte y cuyos precios se aprecian sobredimensionados. También ha detectado, y denunciado por tanto, la existencia de facturas por trabajos no ejecutados o imputados a mercantiles con manifiesta imposibilidad de ejecutarlos. Hacienda se ha encontrado exactamente con el mismo mecanismo por el que llevó a los tribunales la trama de facturas falsas que afecta a Terra Mítica por un fraude de 4,4 millones de euros en los ejercicios 2000 y 2001.
La Sociedad Parque Temático de Alicante fue una de las apuestas de Eduardo Zaplana. Su objetivo principal era la promoción de los parques temáticos de Alicante. La empresa era accionista de Terra Mítica, en la que llegó a controlar un 15% (el resto del capital correspondía a Bancaja, la CAM y diversos accionistas privados), y compartían el mismo presidente. En 2003, esa sociedad pasó a llamarse Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), sin que haya variado su naturaleza.
La SPTA compartió cuadro directivo con Terra Mítica. El que fuera presidente del consejo de administración del parque temático, Luis Esteban, imputado también en la trama de facturas falsas, fue presidente a su vez de la SPTA. Antonio Rincón, ex director técnico de Terra Mítica, aparece también entre los cargos directivos de la SPTA y está imputado también en el fraude que afecta al parque temático, que investiga desde hace más de un año el juzgado de Instrucción número tres de Valencia. Ambas sociedades, la SPTA y Terra Mítica, compartieron proveedores. Es el caso de Vicente Conesa, imputado en el caso Terra Mítica, a quien varios de los implicados que han declarado ante el juez señalan como el hombre clave en la ejecución de obras del parque. Ahora, la fiscalía de Valencia señala a Conesa y Rincón como primeros responsables, aunque no solos, de los delitos de falsificación documental, fraude fiscal, delito societario y malversación. Además de Rincón y Conesa, en las diligencias de la Fiscalía, aparecen Miguel Navarro, ex director de Terra Mítica, Justo Valverde, ex cuñado de Zaplana y ex director de contrataciones del parque; así como empresarios que también están imputados en el caso Terra Mítica, como Antonio Moreno Carpio.
La Fiscalía de Valencia recogió hace seis meses el expediente de Hacienda, lo ha investigado y ha remitido sus conclusiones provisionales a Anticorrupción de Alicante porque tanto la SPTA como las mercantiles relacionadas con el posible fraude tienen su sede social en esa provincia. La fiscalía de Alicante se prepara a presentar denuncia, según la Fiscalía de Valencia, contra al menos una docena de directivos y empresarios vinculados con la Sociedad Parque Temático de Alicante, entre los que Conesa y Rincón aparecen como figuras relevantes.El País.27.12.06
UN SUEÑO DE ZAPLANA CONVERTIDO EN PESADILLA
La denuncia a la Fiscalía Anticorrupción por falsificación de facturas en la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) se produce año y medio después de que la Agencia Tributaria iniciara la investigación de una trama de facturas falsas en Terra Mítica por delitos muy similares.
El caso Terra Mítica -actualmente en fase de instrucción en el juzgado número tres de Valencia- implica a 32 personas y a 20 sociedades mercantiles, incluida la propia del parque de atracciones. La trama, en la que se incluye a los principales ex responsables de Terra Mítica, se habría repartido entre 2000 y 2001 unos 10 millones de euros por obras nunca realizadas y material nunca entregado.
Los implicados, según los peritos de la Agencia Tributaria y los testimonios de algunos de los propios imputados, formaban parte de una red con cuatro niveles distintos. En el primer nivel, un grupo de empresas con escasa actividad o inexistentes emitían facturas falsas. Estas facturas las endosaban a un segundo grupo de empresas que a su vez volvían a emitir facturas falsas. Un tercer nivel de sociedades repetía la operación. En el cuarto nivel, el superior, dos firmas, Terra Mítica y Excavaciones Escoto, pagaban por trabajos nunca hechos.
La investigación del caso Terra Mítica y sus implicaciones políticas han alcanzado al ex presidente de la Generalitat y actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que fue el impulsor del parque temático de Benidorm. Un sueño que, con el tiempo, se ha convertido en una pesadilla a causa de los problemas financieros del parque y a las investigaciones judiciales.
Unas conversaciones grabadas por los diputados autonómicos socialistas Antoni Such y José Camarasa con los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero, imputados en el caso Terra Mítica, involucran a Zaplana. En las conversaciones, denunciadas por los socialistas a la fiscalía, Herrero asegura que el empresario Vicente Conesa "se repartía la pasta con el señor Zaplana". Supuestamente, Conesa cobró el dinero por facilitar el negocio a los subcontratistas.
Zaplana presentó denuncia por querellas y calumnias contra los dos parlamentarios socialistas y los dos empresarios. El pasado día 12, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana exculpó a los dos diputados socialistas por entender que cumplieron con su deber, pero ordenó que se sigan investigando las afirmaciones de los empresarios Herrero y Moreno Carpio. El portavoz del PP en el Congreso no está de acuerdo con la exculpación de los diputados socialistas, entiende que indujeron a los empresarios a deteriorar su imagen, y ha presentado recurso. El País.27.12.06
VICENTE CONESA, EN EL CENTRO DE LOS DOS CASOS
De los 4,4 millones de euros defraudados por los que Hacienda y la Fiscalía investigan a una veintena de empresas, entre ellas el parque de Benidorm Terra Mítica, y a 32 empresarios, 2,7 millones de euros se imputan directamente a Vicente Conesa, sus dos hijos y su esposa a través de dos mercantiles: C3 Ingeniería de la Construcción y Desarrollo de Proyectos y Mantenimiento. Conesa logró la adjudicación de la jardinería del parque y de los accesos al mismo. Para la ejecución de ambos cerró trato con varias subcontratas a las que Hacienda considera operativamente incapaces de asumir el proyecto. Sin embargo, las facturas se hicieron y se cobraron.
El inspector de Hacienda, en su declaración ante el juez que instruye el caso Terra Mítica, consideró que las empresas de Conesa habían facturado por trabajos que no se realizaron en parte o de ninguna manera. A Conesa le han señalado como el hombre que intermediaba entre Terra Mítica y el resto de empresas proveedoras. Llegó a tener una gerencia de calidad en la estructura del parque, de manera que él daba por buenas sus propias obras (fundamentalmente la jardinería y los accesos al complejo de ocio).
Conesa aparece en la investigación de la Agencia Tributaria sobre los ejercicios 2000 y 2001 de la Sociedad Parque Temático de Alicante como uno de los proveedores con mayor volumen de adjudicación y subcontrata con empresas que también figuran en el caso Terra Mítica. El País.27.12.06
www.elpais.es 27.12.96
El presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, mostró ayer de nuevo su malestar por el auto judicial del TSJ que la semana pasada exculpó a los dos diputados socialistas contra los que el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana se querelló por denunciar al fiscal la presunta trama de comisiones ilegales durante la construcción de Terra Mítica revelada por dos empresarios. Si horas después de conocer el auto De España ya se refirió al juez como "Jimmy el Rápido", porque dictó su resolución 24 horas después de tomar declaración a los querellados, ayer rechazó la copia del escrito que le entregó uno de ellos, Antoni Such, desde la tribuna de oradores de las Cortes. De España lo rechazó y lo lanzó al suelo.
El pleno de las Cortes Valencianas debatía ayer el proyecto de ley de nuevo Reglamento de la Cámara y el socialista Such, en su primer turno de defensa de enmiendas al texto, explicó que el PP no ha querido aceptar que las nuevas reglas del juego parlamentario permitan más transparencia y más facilidades de control al Gobierno. Such recordó en este punto que su grupo ha propuesto crear comisiones de investigación en las Cortes para averiguar "qué estaba pasando y dónde estaban los 17.000 millones de pesetas que un juzgado dice que faltan en Terra Mítica", sin que la mayoría del PP haya aceptado nunca.
"Al final hemos tenido que optar por que los diputados se pusieran a trabajar para intentar averiguar y hemos cumplido nuestro deber", afirmó Such, que añadió: "Nos duelen mucho las palabras del presidente de las Cortes cuando prefería que condenaran a dos diputados de estas Cortes antes que conocer la realidad [sobre Terra Mítica]". De España, a su espalda, le instó a ceñirse a la cuestión, pero Such continuó y afirmó que mientras De España trató de "incriminar" al PSPV, el auto del TSJ dice que los dos diputados actuaron "de forma correcta". En ese momento el portavoz socialista se giró y le entregó el auto a De España, pero éste no lo cogió. Such lo depositó en la mesa de la presidencia, y De España lo recogió para devolvérselo, pero, al no aceptarlo el diputado socialista, lo lanzó finamente al suelo. Y allí se quedó.
El portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda, que debía replicar a Such, recogió el auto y se lo llevó al socialista, pero éste le indicó que el escrito era para el presidente de la Cámara. Maluenda optó por volver a dejar el documento en el suelo de la tarima de oradores, de donde lo recogió acto seguido una ujier, que se lo entregó a De España a petición de este. En un primer momento el presidente lo apartó a un lado, pero instantes después lo recogió disimuladamente, lo mezcló entre otros papeles y abandonó el hemiciclo.
El incidente de ayer, que molestó a los populares, pues consideraron que Such había utilizado la tribuna "en interés personal propio", se suma a las numerosas críticas que De España ha hecho en torno al asunto desde el primer momento. La primera, cuando los socialistas Antoni Such y José Camarasa trasladaron a la fiscalía del TSJ las grabaciones de sus conversaciones con dos empresarios que denunciaron prácticas ilegales durante la construcción de Terra Mítica consistentes en la manipulación de facturas para elevar los precios y pagar comisiones a quien repartía los contratos. Los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero, imputados también en el caso Terra Mítica que investiga una trama de facturas falsas y defraudación, indicaban que Zaplana era uno de los presuntos beneficiarios de las comisiones ilegales. De España censuró a los diputados por grabar conversaciones en sus despachos de las Cortes, les comparó con traficantes de droga y trató, sin éxito, que Such y Camarasa fueran sancionados por las Cortes. Mientras, el PP manifestaba su rechazo a las "prácticas mafiosas, indecentes, deshonestas y antidemocráticas" de los socialistas y les denunció al fiscal. Y los ataques continuaron aun cuando el fiscal archivó la denuncia del PP y otorgó plena validez a las grabaciones.
Entre tanto, Zaplana se había querellado contra los dos empresarios y contra los dos diputados socialistas. Los cuatro querellados declararon el lunes 11 de diciembre y apenas 24 horas después el juez emitía un auto en el que los dos diputados quedaban exonerados y mantenía la causa abierta contra los dos empresarios. De España volvió a la carga, en este caso por la rapidez con la que el juez había dictado su resolución, dijo que el magistrado había sido "Jimmy el Rápido", y aseguró que "no existe en la antología de la justicia una forma tan rápida de fallar". Estas palabras del presidente de las Cortes motivaron un comunicado del colectivo Jueces para la Democracia (JpD) que le criticaba por "desprestigiar" a los tribunales, le pedía "más responsabilidad" y le instaba a aceptar "las reglas del juego" del Estado de Derecho.
Ayer, tras el incidente en el hemiciclo, De España quiso quitarle hierro al asunto y aseguró que el auto que le había entregado Such había caído al suelo por "falta de coordinación". No obstante, las imágenes que graban las cámaras de las Cortes no dejan lugar a dudas y muestran con claridad cómo De España lanza el documento al suelo con un gesto de desprecio. "Siento lo que ha ocurrido, que haya habido esa falta de coordinación entre el presidente y el diputado que entregaba el documento", dijo después el presidente de las Cortes. www.elpais.es 19.12.06
El tribunal exculpa a dos diputados que grabaron denuncias de pagos a Zaplana
Los diputados socialistas actuaron correctamente, y las acusaciones a Zaplana deben investigarse. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) exculpó ayer a los diputados autonómicos José Camarasa y Antoni Such de las injurias y calumnias de las que les acusó Eduardo Zaplana, tras hacerse públicas unas grabaciones que recogían conversaciones entre dichos parlamentarios y dos empresarios imputados en la trama de facturas falsas en Terra Mítica. El TSJCV ordena que un juzgado siga investigando las afirmaciones de los dos empresarios, que relacionaban a Zaplana con el cobro de comisiones ilegales. El portavoz del PP en el Congreso anunció un recurso.
Salvo que Zaplana decida retirar la querella, que ahora sólo afecta a Antonio Moreno Carpio y a José Herrero García -los dos empresarios imputados en el caso Terra Mítica por fraude fiscal con facturas falsas junto a otros 30 responsables de 20 mercantiles-, un juzgado de Instrucción investigará las imputaciones que realizaron contra el portavoz del PP y que le vinculan con el cobro de comisiones mientras se construyó Terra Mítica.
Los dos diputados socialistas que grabaron esas confesiones quedan fuera de la actuación. La Sala de Lo Civil y Penal del TSJCV ha dictado el archivo libre respecto a ellos y se inhibe en favor de la jurisdicción ordinaria para que se averigüe qué hay de verdad en la vinculación realizada por los empresarios -especialmente por Herrero- de Zaplana, entonces presidente de la Generalitat valenciana, con el supuesto cobro de comisiones a través de pagos al también empresario Vicente Conesa.
El tribunal dice que los socialistas pusieron en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que podían ser constitutivos de delito y que "no existe la menor constancia" de que los diputados realizaran "ninguna imputación fáctica, ni emitido juicio de valor alguno, ni efectuado ninguna declaración, insinuación ni comentario sobre la persona del querellante tendente a menoscabar su fama o atentar contra su propia estimación". Y deja claro que "no existe constancia alguna de que los diputados hubieran facilitado personalmente la difusión de la denuncia presentada, pero aunque así fuera, tal conducta carecería de relevancia penal".
En relación con la acusación de que las grabaciones obedecen a un "montaje de los socialistas", como sostenía Zaplana en su querella y ratificó el empresario Moreno Carpio, al asegurar ante el juzgado que había sido inducido a acusar al dirigente del PP por los diputados socialistas, quienes le habrían ofrecido 1,8 millones de euros, el auto del tribunal es contundente: "Es algo que carece de verosimilitud".
"Las respuestas ofrecidas por dicho señor sobre las preguntas que se le formularon para el esclarecimiento de los hechos en el acto de su declaración, tan chocantes como ambiguas y evasivas, no permiten otorgarle la más mínima credibilidad en nada de lo por él manifestado", argumenta el tribunal. El otro empresario, José Herrero, se negó a declarar.
Las averiguaciones en la instrucción de la querella -como la supuesta existencia de comprobantes de ingresos hechos por Moreno Carpio en una cuenta de la Banca Privada d'Andorra a nombre de Conesa en concepto de comisiones que en parte irían a Zaplana- se investigarán en el sumario del caso Terra Mítica.
Zaplana se mostró indignado por el archivo y anunció que recurrirá inmediatamente,. "Es una de las actuaciones más rastreras que he conocido", afirmó. "He recibido excusas de dirigentes del PSOE, pero deberían hacer algo más. Es patético ver a los dos diputados socialistas valencianos como cobardes recurriendo la admisión a trámite de mi querella y alegrándose ahora de que sea archivada. Quiero que se llegue hasta el final. Si no, ¿qué posibilidad de defensa me queda? ¿Los políticos tienen que aguantar todo? No es normal que en 24 horas se archive la querella", agregó. www.elpais.es 14.12.06
El Supremo devuelve al TSJ de Valencia la querella de Zaplana contra dos diputados socialistas y dos empresarios
El Tribunal Supremo, siguiendo el criterio del fiscal, devuelve a querella presentada por Zaplana contra dos diputados socialistas de las Cortes Valencianas y dos empresarios la al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad valenciana y corrige la decisión del TSJ de aquella comunidad
El Supremo ha emitido hoy un auto en el que establece que Zaplana hablaba en su querella de delitos de calumnia o injurias graves con publicidad. El Alto Tribunal considera que "no se aporta ningún principio de prueba acerca de la posible intervención de estos diputados en la difusión a través de la página web de la Cadena SER , en cuya información no se recoge ninguna manifestación de los querellados aforados sino solamente referencias al contenido de la denuncia que presentaron ante la Fiscalía" .
El auto del Supremo explica que "el delito al que se refiere la querella se habría cometido no sólo fuera de la Comunidad Autónoma, sino también en su ámbito territorial donde la difusión también se produjo y pudo ser percibida de igual forma, de manera que no puede excluirse la competencia del Tribunal Superior de Justicia".31-10-2006 ESTHER BAZÁN / CADENA SER
Una ex consejera de Terra Mítica confirma al juez que pidió sin éxito explicaciones de los sobrecostes
Agnés Noguera, ex consejera de Terra Mítica y miembro de la comisión ejecutiva del parque, declaró al filo de la medianoche del lunes en el juzgado de Instrucción número tres de Valencia en calidad de testigo propuesta por la fiscal en la investigación de una trama de facturas falsas por valor de 4,4 millones que implica a Terra Mítica y a otras 19 mercantiles. La fiscal solicitó su comparencia porque la firma de Agnés Noguera aparecía en varias actas, en distintos momentos del proceso de construcción del complejo de ocio, y en esos documentos la ex consejera pedía aclaraciones sobre las desviaciones entre lo presupuestado y lo efectivamente pagado.
Noguera reconoció su firma y explicó, según fuentes del caso, que efectivamente, desde la comisión ejecutiva, pidió que fueran aclarados los sobrecostes. Las mismas fuentes apuntaron que Noguera, que declaró durante más de una hora, dijo que esas explicaciones nunca se dieron.
La ex consejera del parque relató ante el juez que las empresas Global y Bovis, encargadas de la gerencia de las obras (responsabilidad que pasaba por comprobar que lo presupuestado se ejecutaba tal como constaba en los proyectos aprobados) fueron relevadas de dicha función para poner coto a los sobrecostes.
Fue entonces cuando se hizo cargo del departamento técnico Antonio Rincón, a quien Noguera dijo que se dieron absolutos poderes. De su testimonio se desprende, según las mismas fuentes, que esa decisión no fue buena idea y que los resultados de la gestión no fueron los esperados.
Agnés Noguera revisó las actas que le fueron mostradas, reconoció su firma, no vio ninguna factura porque al detalle no pasaban por sus manos, e insistió en varias ocasiones en que era evidente la existencia de importantes variaciones de precios al alza que no tuvieron ninguna explicación.
Las declaraciones del pasado lunes se iniciaron a las nueve de la mañana. Poco después de la una de la madrugada del martes, tras una sesión sin más pausas que las estrictamente necesarias, entró a declarar Luis Caruana, hoy socio de Deloitte y durante la época que el juzgado investiga, entre 2000 y 2001, vinculado a Arthur Andersen, compañía que auditó las cuentas del parque.
Caruana dijo que es lógica la desviación entre lo presupuestado y el coste final en proyectos de la envergadura del parque temático de Benidorm y aseguró no haber observado ninguna irregularidad en el trabajo de la auditora a la que pertenecía.
Pasadas las dos de la madrugada, el juzgado de instrucción número tres de Valencia daba por concluida la sesión en la que, entre otros, declaró John Fitzgerald, director general del parque desde 2003, y director de operaciones durante un corto periodo previo a 2000. Fitzgerald estuvo desvinculado de Terra Mítica durante algo más de año y medio.
La declaración de Noguera coincidió en parte con la del actual director general. Ambos declararon que no eran normales los sobrecostes que se produjeron y señalaron a la gestión técnica y de contratación (departamentos en los que estaban Antonio Rincón y Justo Valverde, ex cuñado de Eduardo Zaplana). De la declaración de ambos se desprende, según fuentes del caso, sus discrepancias con el modelo de gestión de Miguel Navarro como director general.www.elpais.es 27.09.06
El director de Terra Mítica tilda los sobrecostes de anormales, y la gestión, de caótica
John Fitzgerald, actual director de Terra Mítica, calificó ayer de anormal el sobrecoste de 107 millones de euros sobre el presupuesto para la construcción del parque temático de Benidorm y aseguró que cuando él se hizo cargo de la gestión administrativa ésta era caótica. Fitzgerald declaró como testigo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia en las diligencias de investigación sobre la trama de facturas falsas por un montante de más de 4,4 millones de euros, que implica a Terra Mítica y a otras 19 sociedades.
Fitzgerald fue interrogado por la fiscal y el abogado del Estado sobre si consideraba normales los sobrecostes en las obras del parque. "No, no los considero normales", contestó, según fuentes del caso. Durante su comparecencia, que se prolongó hasta las 22.30, hizo un emplazamiento a la fiscal: "No tengo pruebas, pero si me demuestran que estas cosas de las que están acusando son ciertas, pediré las responsabilidades oportunas". Fitzgerald accedió a la dirección del parque con la entrada en el accionariado de Paramount.
De sus manifestaciones se desprende que la firma C3 Ingeniería de la Construcción era "arte y parte" en el proceso de construcción del parque. Esta firma pertenece a Vicente Conesa, quien ya fue investigado en 1995 por cobros irregulares del Ayuntamiento de Benidorm cuando Eduardo Zaplana era su alcalde. Dicha firma subcontrataba, contrataba, realizaba obras y acreditaba que se hacían dentro de presupuesto.
Antes que él declaró el representante legal de Idom, la empresa responsable del diseño del parque, quien aseguró que el modelo de ejecución de las obras de construcción de Terra Mítica por fases independientes favoreció el sobrecoste. El representante de la mercantil afirmo que los sobrecostes, que suponen casi un 40% sobre las inversiones inicialmente previstas, no son especialmente significativos, según fuentes del caso.
Este testigo explicó que es habitual en este tipo de proyectos que se produzcan sobrecostes y que lo normal es que sean muy superiores, tal como ha ocurrido en otros parques temáticos. A preguntas de la fiscal, que fue quien propuso su comparecencia, el representante legal de Idom contó que la construcción del parque temático se fue aprobando por fases independientes y, por lo tanto, las propias oscilaciones del mercado alteraron los precios inicialmente previstos al transcurrir un intervalo de tiempo entre cada una de ellas.
Igualmente declaró Arcadio Gómez, gerente de una de las UTE (Unión Temporal de Empresas) que participó en la construcción del parque temático y administrador único de Lubasa, una de las constructoras más importantes de la Comunidad Valenciana con especial presencia en la provincia de Castellón. Gómez detalló la participación de Lubasa en la UTE de la que formó parte y negó cualquier alteración en los datos de las facturas presentadas. www.elpais.es 26.09.06
"Terra Mítica sabía que pagaba facturas falsas"
El inspector de la Agencia Tributaria encargado de analizar la contabilidad de la trama empresarial que defraudó a la Hacienda Pública 4,4 millones de euros y cobró cerca de 10 millones a la empresa Terra Mítica (participada por la Generalitat Valenciana, que tiene el 20% de las acciones) por trabajos nunca realizados, informes nunca redactados o material nunca entregado ha detallado ante el juez todas las irregularidades descubiertas durante su investigación. En su declaración, el inspector, cuya identidad quiere mantener en el anonimato la Agencia Tributaria, señala que Terra Mítica ha cometido "dolo en cuanto que ha deducido unas facturas con conocimiento de que eran falsas y ha perjudicado a la hacienda pública".Su relato ante el juez, del pasado 3 de julio, consta en el sumario del caso al que ha tenido acceso EL PAÍS. Para la investigación, la Agencia Tributaria contó con la colaboración de la Seguridad Social y del Servicio de Empleo de la Generalitat, para conocer el historial de las empresas implicadas, muchas de las cuales carecían de trabajadores en el momento en que facturaron los trabajos o, en algún caso, acababan de constituirse. El inspector de Hacienda también pudo acceder a la información facilitada por los bancos en los que las distintas empresas ingresaban y sacaban el dinero obtenido por su actividad irregular.
Lo que sigue es un resumen de las principales revelaciones del inspector de Hacienda al juez:
- Trabajadores inexistentes. Uno de los datos que permitieron a Hacienda saber que las facturas eran falsas fue que algunas de las empresas no tenían trabajadores para realizar los encargos. La Agencia Tributaria solicitó a la Seguridad Social la relación de trabajadores que habían participado. "Estamos ante obras, obras públicas en algunos casos, en muchos casos, donde existe una cadena de contratación de contratistas y subcontratistas (...) sería de sentido común llevar una relación de trabajadores. Se han requerido a determinadas empresas que han recibido estas facturas. Por lo general, manifestaban que no las tenían. Incluso, preguntados los trabajadores, por lo general no reconocían haber estado trabajando en estas obras".
- Fraude en la facturación. Otro de los aspectos analizados es la propia facturación, donde Hacienda apreció "incongruencias". "Había empresas que emitían hasta tres facturas con el mismo número en el mismo año, estoy pensando en Altos del Carrichal, que tiene hasta tres veces repetida la factura 11, está en el informe 3. Una era por la obra real, porque sí tenía trabajadores contratados para la obra de unos adosados en Vinalesa. Existían trabajadores, existía la factura 11 por esos trabajos. Y luego existían otras dos facturas con el mismo número", dijo el inspector al juez.
- Anomalías en los precios. Y había "facturas cuyo orden secuencial numérico no coincidía con el orden temporal". "Había incongruencias en cuanto a precios. Los mismos trabajos, o prácticamente los mismos trabajos, que el proveedor facturaba a una de estas empresas eran posteriormente facturado por el que las recibía a su cliente a un precio que a veces hasta superaba el triple del importe. En algunos casos, hemos detectado errores que se repetían durante varios meses, que no es lógico".
El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia que investiga la trama ha tomado ya declaración a casi los 32 imputados. El próximo día 25 lo hará a 13 testigos, entre ellos, el actual director del parque, John Fitzgerald.La declaración ante el juez del inspector de Hacienda que firmó el informe que sirvió para que la Fiscalía de Valencia presentara una denuncia y se abriera una causa para investigar la trama no deja lugar a dudas respecto a la implicación de la empresa Terra Mítica en este proceso irregular. El inspector de Hacienda tiene claro que existía una trama organizada en cuatro escalones de empresas que iban endosándose pagarés para pagar facturas creadas por las más modestas por servicios nunca prestados. Las defensas de los imputados creen que el informe es parcial y que las conclusiones no han sido comprobadas, que muchas de las obras que el representante de Hacienda dice que no se han hecho no han sido inspeccionadas sobre el terreno. Y Terra Mítica, además de negar su participación en la trama, se considera, en todo caso, víctima de una estafa. Pero el inspector de Hacienda es contundente: esa cadena de facturas la acababa pagando Terra Mítica. Esa sucesión de endosos, ese trasiego de facturas que acababa cobrando una mercantil que ni siquiera había realizado el presunto servicio, acababa en Terra Mítica en muchos casos, cuando no en otras tres sociedades situadas a su mismo nivel. Ese entramado se ha convertido en un procedimiento por supuestos delito fiscal, falsificación de documento mercantil, alteración contable y estafa.- Testaferros. El informe que sirvió de base para denunciar a las 20 empresas y a los 32 responsables de las mismas, entre ellos cinco ex directivos de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA, que en su mayoría ya han declarado. Dos de los imputados han evidenciado el mecanismo de fraude: se constituían sociedades, al frente de las cuales había testaferros, cuyo objeto era servir a otras con mayor volumen de negocio para proveerlas de facturas falsas que, a su vez, servirían para estafar a Hacienda al menos 4,4 millones de euros en los ejercicios de 2000 y 2001. Publicado en www.elpais.es 06.09.06
El gerente que no sabía dónde estaba su empresa
A Pedro Belén, durante muchos años camarero de Paterna, le ofrecieron ser gerente de una empresa de construcción. Después de meses sin trabajar, herido en un accidente de tráfico, le estaba resultando muy difícil encontrar quién lo contratara. Corría el año 2000 y un amigo suyo, llamado Luis, le presentó a un tal Javi, que le abrió una puerta. Sólo tenía que acompañarle al notario, firmar un papel, y ya tenía trabajo: gerente de una empresa de construcción. "Me dijeron", recuerda, "que 'de aquí a unos días te llamamos y ya hablamos tranquilamente y ya te diré lo que tienes que hacer". No volvió a saber del tal Javi, ni del notario, ni del abogado que estuvo presente en la constitución de la empresa. Un día, le empezaron a llegar cartas de la Agencia Tributaria reclamándole impagos, y su nombre apareció en los periódicos por endosarle facturas falsas a Terra Mítica.
Toda esta historia la contó con detalle el pasado 6 de junio Pedro Belén Álex, cuando declaró ante el juez que instruye la causa por el fraude de Terra Mítica, testimonio al que ha tenido acceso EL PAÍS.
"¿Usted en qué trabaja?", le preguntó la fiscal. "Soy pensionista". De profesión, "hostelería y cocinero". "El tal Javi qué le dice; que le va a dar trabajo ¿en qué?". "En la construcción", continuó el interrogado. "¿Usted sabía algo de construcción?", inquirió la fiscal. "Yo no. Pero me dijeron que iba a trabajar con ellos, en la empresa". Pedro Belén Álex no tenía nada que ver con el mundo de la construcción, y desde el primer momento queda claro que es un hombre de paja de la empresa Ximo Dual, aunque está por probar si fue engañado, como él asegura, o aceptó figurar a cambio de un dinero.
A preguntas de la fiscal, el gerente de Ximo Dual asegura que no sabe dónde está la calle Pintor García, en Valencia, donde está el domicilio de la empresa. Asegura que todo lo que tenía del tal Javi era un número de móvil en el que le fue imposible localizarlo. "Lo he intentado localizar, porque al principio me llegaron cartas certificadas por el cartero, y yo decía ¿esto qué es? Yo notaba algo (...), me ponía como que había unos impagos de unas facturas".
En el interrogatorio queda implícito que Pedro Belén no estaba tan al margen de las actividades de su empresa fantasma. Belén asegura que se enteró de su situación por el periódico. El juez le pregunta entonces si acaso es que su nombre aparecía en algún titular. Belén reconoce que no, que su nombre aparecía dentro de un artículo, y ese artículo llevaba las palabras Terra Mítica en el titular. No queda claro si leyó el artículo porque sospechaba que podía tener algo que ver con él. "Fui al periódico, como todos los días. Y lo vi, de casualidad", dijo ante el juez. Pedro Belén tampoco pudo detallar en su declaración quién era el abogado que le acompañó a firmar, ni tampoco cómo se llamaba el notario o dónde estaba la notaría. "Hombre, ¿usted va todos los días al notario?", le insiste el juez. Tan sólo recuerda que estaba "por la plaza de toros".
Pedro volvió a ver a su amigo Luis, al que conocía porque "íbamos a un pafeto". Fue en Paterna, cuando ya estaba todo el escándalo en los periódicos. Asegura al juez que "Luis no tiene nada que ver" en todo el asunto. Cuando se encontraron se lo preguntó directamente y así se lo dijo, pero también le dijo que le podía ayudar a buscar un abogado. "Yo pensé para mí 'qué cosa más rara, cómo me dice esto de que me va a apagar un abogado particular y todo".
Otro de los testaferros que figuraban al frente de empresas que le endosaban facturas falsas a Terra Mítica presentaba un perfil muy distinto al de Pedro Belén. El mismo 6 de junio, el juez tomó declaración a Uta Scheerbath, en calidad de representante legal de Mecanizados de Levante. Scheerbath dejó de trabajar y se convirtió en socia de la empresa a través de un amigo de su marido llamado Emilio Muñoz.Era 1989, tenía tres hijos pequeños y su trabajo le exigía dedicación exclusiva. "Entonces se me ofreció una posibilidad de que pudiera ser partícipe de esa empresa, para llevarme trabajo a casa y tener un pequeño sueldo", declaró al juez. "Se firmaron unos papeles". Pasaron 15 días y cuando preguntó cómo iba la empresa le dieron largas. Fueron a ver a Muñoz a su chalé. Allí le dijo que quería desvincularse del tema. Entre amigos, hicieron "unos papeles, pero la verdad es que no guardo ninguna copia". Scheerbath asegura que, desde ese momento, pensó que estaba desvinculada del tema. De la empresa, "ni siquiera sé dónde está", dijo.Scheerbath, como representante de Mecanizados de Levante, puede ser acusada de delito contra la hacienda pública, falsificación de documento mercantil y perjuicios a Terra Mítica. Publicado en www.elpais.es 06.09.06
El pasado 6 de junio, Pedro Belén, gerente de Ximo Dual, declaró ante el juez. El diálogo comenzó así:
Juez. ¿Usted tiene alguna relación con doña Uta Scheerbath?
Pedro Belén. No, señor, ni la conozco, no sé ni quién es.
Juez. Usted es legal representante de Ximo Dual. ¿Ha tenido alguna relación con Trabajos Auxiliares Siglo XXI?
P. Belén. No.
Juez. ¿Con la entidad Gribal?
P. Belén. Nada de nada.
Juez. ¿Con la entidad Desarrollos Gran Vía?
P. Belén. No
Juez. Si la entidad Gribal, Siglo XXI o Desarrollos Gran Vía han presentado facturas en las que dicen que usted ha trabajado para estas tres empresas.
P. Belén. Yo no sé nada de eso. No sé absolutamente nada.
Juez. ¿Usted ha realizado algún trabajo para la entidad Terra Mítica?
P. Belén. No.
Juez. ¿Nunca ha tenido ninguna relación con ella?
P. Belén. Sólo firmé como gerente porque me ofrecieron un trabajo. Yo en esa época necesitaba trabajo, tuve un accidente de tráfico y me costaba mucho encontrar trabajo; soy pensionista. Cobro una paga, estoy mal del brazo y de la pierna. Me dijeron un trabajo, como gerente de la empresa para trabajar. Firmé ante el tal Javi y un abogado que no lo conozco de nada. Desaparecieron y yo no supe nada de ellos. Me llegan cartas y yo intento localizarlos y no he vuelto a saber nada de ellos. Yo ni he firmado ningún papel más ni he hecho nada de nada.
Juez. Entonces, si las entidades mercantiles que yo le he citado, Trabajos Auxiliares Siglo XXI, Gribal, Desarrollo Gran Vía, han presentado facturas, en concreto la primera 146, la segunda 168 y la tercera 77, usted manifiesta que no ha efectuado ningún trabajo.
P. Belén. Ni idea, nada de nada.
Juez. ¿Con esta empresa trabaja usted exclusivamente o hay alguna otra persona más?
P. Belén. Es que no lo sé. Yo conocí a un tal Javi, estaba un abogado, yo firmé como gerente de la empresa y me dijeron que de aquí a unos días me llamaban para que vengas a trabajar a la empresa. Me intenté localizar con ellos y ya no supe nada más.Publicado en www.elpais.es 06.09.06
UTA SCHEERBARTH : Iba a tener un beneficio"
El mismo día 6 de junio declaró Uta Scheerbarth, médico, representante legal de Mecanizados de Levante, también investigada.
Juez. ¿Le dijeron qué tipo de actividad tendría la empresa esta?
Uta Scheerbarth. No, no, no, nada.
Juez. ¿Le ofrecieron un trabajo así, sin saber?
U. Scheerbarth. Un trabajo administrativo de una empresa que iban a montar, metalúrgica, pero no sé.
Juez. Y usted, por sus conocimientos de medicina, ¿consideraba que el trabajo que iba a realizar no le iba a plantear ningún problema?
U. Scheerbarth. Yo no lo sé, yo lo acepté...
Juez. ¿Lo único que hizo usted entonces fue prestar el nombre para poder constituir esta sociedad?
U. Scheerbarth. Bueno, no sé si llegaron a expresarse de esa manera. Yo realmente creía que iba a tener un beneficio, pequeño o grande.
Juez. Pero, ¿por la realización de un trabajo? ¿Llegó a cobrar algo?
U. Scheerbarth. Yo pensaba que sí.
Juez. No, no. Pensaba. Pero ¿llegó a percibir alguna cantidad de dinero?
U. Scheerbarth. Nunca, jamás. Ni se me dio de alta en la Seguridad Social, ni se firmó luego un contrato...
(...) Juez. ¿Él relacionó en algún momento la empresa por la que usted está aquí, Mecanizados de Levante, con la ejecución de obras en Terra Mítica o con trabajos realizados...?
U. Scheerbarth. Me enteré el otro día, cuando llegué aquí, porque no sabía...
(...) Fiscal. ¿Qué le proponen? ¿Formar parte de una empresa pero sin saber a qué se iba a dedicar?
U. Scheerbarth. Una empresa metalúrgica, pero no sé exactamente.
Fiscal. ¿Iba a dedicarse a vender piezas mecanizadas?
U. Scheerbarth. Sí.
Fiscal. El trabajo ¿era en la propia empresa o se lo llevaba a su casa?
U. Scheerbarth. La cosa quedó un poquito como que ya lo hablaríamos. A ver si me entiende: tampoco se me aclaró demasiado, pero como había una relación de amistad yo me meto y si tengo una posibilidad...
Fiscal. Cuando dice "me meto", ¿significa que tuvo que desembolsar alguna cantidad?
U. Scheerbarth. No, no.
Fiscal. ¿Y a usted le pagaron algo?
U. Scheerbarth. No.
Publicado en www.elpais.es 06.09.06
La oposición acusa a Zaplana de crear otra 'Seseña' en Terra Mítica
La oposición criticó ayer con dureza la operación de subasta de los terrenos aledaños al parque temático Terra Mítica que ha adquirido en solitario el empresario alicantino Enrique Ortiz. La coordinadora de Esquerra Unida, Glòria Marcos, denunció en un comunicado difundido ayer que "el proceso, los protagonistas y la falta de agua en la zona recuerdan el pelotazo urbanístico de Seseña", en referencia a la polémica macrourbanización de 13.000 viviendas que construye el empresario Francisco Hernando, El Pocero, en la citada localidad toledana. Además, recordó que la subasta de las cinco parcelas, por 85 millones de euros, "demuestra que se ha vuelto a imponer la voluntad de Eduardo Zaplana en su pulso con Francisco Camps", ya que el Consell que preside Camps "pretendía que se adjudicasen las parcelas por separado". La dirigente de EU consideró "imprescindible" que la Generalitat "salga corriendo de Terra Mítica como lo va a hacer de Mundo Ilusión", porque de lo contrario "está claro que el agujero se irá haciendo más grande para justificar nuevos pelotazos". Según Marcos, toda la operación es "una muestra de que la lucha interna en el Partido Popular tiene su raíz en cómo, cuándo y quién controla los pelotazos urbanísticos", aseguró Marcos que lamentó el proceso de "depredación" del territorio "donde los apellidos y los métodos coinciden en Rabasa y Terra Mítica".
En el mismo sentido se manifestó el portavoz de Grandes Proyectos del grupo socialista en las Cortes, José Camarasa, quien considera que "ha llegado el momento de que sea la iniciativa privada la que continúe gestionando el parque, sin necesidad de unas ayudas públicas que son muy necesarias para sufragar las políticas sociales del Consell".
El diputado socialista lamentó que el importe obtenido en la subasta de los terrenos "no llegue ni de lejos a la cantidad que la Generalitat tendrá que pagar a los expropiados de los terrenos". Camarasa recordó además que los expropiados "han venido ganando en todas las instancias judiciales ante las que ha presentado recurso contra la Generalitat". Respecto a la subasta, el diputado socialista consideró que "quizá hubiera sido más ilustrativo para todos conocer todas las ofertas recibidas y si lo fueron para todo el suelo o por parcelas", porque "el oscurantismo y la ocultación de las peripecias de la operación de la empresa no favorecen que la opinión pública tenga buena imagen de los gestores y propietarios del parque".
El coordinador del Consell Territorial del PSPV en Alicante y diputado nacional, Carlos González, considera que la subasta de terrenos simboliza "el fracaso estrepitoso y sin paliativos del buque insignia del PP" y la subasta "conlleva implícitamente la defraudación de los intereses de los propietarios".
Bienvenido, Enrique Ortiz
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, dio ayer la bienvenida al constructor Enrique Ortiz por la compra de las cinco parcelas subastadas en Terra Mítica y se felicitó porque este empresario "cree en la imagen del parque". El también presidente del PP en la provincia recordó que esos terrenos fueron subastados "para que el parque tuviera viabilidad", por lo que expresó su seguridad en que esta está "asegurada".
Por su lado, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, calculó que con la compra de las cinco parcelas subastadas en Terra Mítica por 85 millones de euros se ha superado las previsiones mínimas de 57 millones, lo que conlleva que "sobrará dinero" para que el parque disponga de una "inyección de liquidez". Según el consejero, la principal consecuencia de la compra de los terrenos subastados por un importe mayor a las previsiones es que "se va a poder atender sin ningún problema a los acreedores" y además, "sobrará dinero para que tenga una inyección de liquidez que le permita seguir mejorando en su camino de consolidación, que es ya un camino sin retorno para seguir siendo el mejor parque temático de la Comunitat Valenciana y de España". Publicado en www.elpais.es 29.07.06
El fiscal pide al Supremo que no admita la querella de Zaplana por el 'caso Terra Mítica'
La fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que no admita a trámite la querella del portavoz del PP en el Congreso y ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, contra dos diputados del PSPV-PSOE y dos empresarios por los presuntos delitos de calumnias o injurias graves con publicidad a raíz de la difusión de parte del contenido de unas conversaciones grabadas en las que se vertían comentarios sobre pagos de comisiones por parte de contratistas de obras en la construcción del parque temático de Benidorm Terra Mítica. La fiscalía entiende que por el momento no hay elementos suficientes que acrediten la existencia de delito, por lo que reclama al Supremo que rechace la querella y la devuelva al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que prosiga la investigación que había iniciado, según fuentes de la Fiscalía General.Zaplana presentó una querella por presuntos delitos de calumnias o de injurias graves con publicidad, en relación a una supuesta trama de facturas falsas y cobro de comisiones ilegales a partir de las obras de construcción de Terra Mítica, en las que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana y promotor del complejo de ocio aparecería supuestamente implicado.
El Tribunal Superior estimó que debía ser el Supremo el que estudiara la querella porque la publicidad de las grabaciones de las conversaciones con empresarios que están en el origen de la investigación se realizó desde una emisora de la cadena SER en Madrid.
Así, el pasado 14 de junio, el Supremo recibió el escrito del Tribunal Superior valenciano que defiende la competencia del Supremo para tramitar esta querella y que recuerda que el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana indica que el Tribunal Superior será competente para tramitar e investigar hechos delictivos ocurridos dentro de la Comunidad Valenciana.La exposición motivada del Tribunal Superior se encuentra en la Sala Segunda o de lo Penal del Supremo, que debe decidir qué tribunal es el competente para analizar esta querella.A principios del mes de mayo, dos diputados del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Antoni Such y José Camarasa, presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que transcriben unas conversaciones con dos empresarios, que relacionan al portavoz del PP en el Congreso con el supuesto fraude de facturas que se investiga en Terra Mítica.En esas conversaciones, según la denuncia, se da a entender que Zaplana conocía que, entre 1999 y 2001, "se manipularon facturas para elevar el precio de los trabajos" en el parque, que iban destinadas al "pago de comisiones elevadas a quien repartía los contratos", y que el propio Zaplana participaba de esas comisiones.Publicado en www.elpais.es 14.07.06
El inspector de Hacienda ratifica que hubo sobrecostes en la construcción de Terra Mítica
Vicente Esteve Carbonell, inspector de Hacienda, ratificó ayer en el juzgado el contenido del informe que destapó la supuesta trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica Parque Temático de Benidorm. Esteve Carbonell, que declaró durante más de ocho horas, explicó que se facturaron servicios no realizados, que hubo importantes sobrecostes y que algunos de los servicios pagados se facturaron antes de que se constituyera la mercantil que debía prestarlos. José Emilio Llopis, uno de los empresarios imputados en la causa, se acogió a su derecho a no declarar.
El inspector de Hacienda Vicente Esteve Carbonell, autor del informe que destapó la existencia de una trama de facturas falsas durante la construcción del parque temático de Benidorm que defraudó 4,4 millones de euros y en el que se implica a 20 empresas y a 31 empresarios, declaró durante más de ocho horas en el juzgado de Instrucción número tres de Valencia. El informe que elaboró Esteve Carbonell sirvió de base en noviembre pasado para la denuncia que interpuso la fiscalía de Valencia por defraudación a la Hacienda pública, falsificación de documento mercantil y alteración contable, delitos a los que el juez añadió hace un mes el de estafa. Ayer, a preguntas de la fiscal y del abogado del Estado, el inspector de Hacienda repasó uno a uno los folios del informe. Y ratificó su contenido. Entre otras afirmaciones, aseguró que quedaba acreditado que hubo sobrecostes en la construcción del parque, que hubo empresas cuya tipología evidencia que no estaban preparadas para realizar las obras que supuestamente les fueron encomendadas (o bien por el objeto social o bien por el número de trabajadores), y que en la contabilidad inspeccionada figuran facturas de mercantiles previas a su propia constitución.
El inspector de Hacienda también expuso, a preguntas de la fiscal y del abogado del Estado, irregularidades en el control de ejecución de obras y diferencias entre las cifras aprobadas en las distintas concesiones y las pagadas. A preguntas de la representante de Terra Mítica, Esteve Carbonell insistió en la existencia de facturas que aparentan no corresponder a servicios contratados o bien porque se pagaron antes de que se realizaran o bien porque el concepto no se ajusta al contrato.
Esteve Carbonell explicó que para la inspección de Hacienda estaba perfectamente clara la existencia de una trama cuya finalidad era reducir al mínimo posible el pago de impuestos. Según su testimonio, en el que tuvo, según fuentes del caso, duros enfrentamientos verbales con algunos de los abogados de los imputados, la trama estaba organizada en cuatro escalones y el primero lo formaban empresas que en su mayoría no han tenido ninguna actividad o, en algún caso, residual y nada relacionada con los servicios por los que facturaron. Además, Esteve Carbonell dejó claro que para Hacienda es un solo expediente porque ha sido necesaria la colaboración de todos los implicados para la consecución del fraude. El inspector de Hacienda, señaló ante las partes facturas concretas que a su juicio demuestran que un mismo servicio tuvo valoraciones distintas y que por él se pagó a firmas de muy escasa actividad cuyo objeto social en algunos casos ni siquiera estaba definido. Y dijo que las más sospechosas para él eran las relacionadas con el riego
La sesión se interrumpió durante una hora y continuó por la tarde con las preguntas de los abogados de los imputados. Los interrogatorios más largos correspondieron a los representantes legales de Luis Esteban, ex presidente de Terra Mítica; de Miguel Navarro, ex director general del parque de Benidorm; de Justo Valverde, ex director de adjudicaciones; Antonio Rincón, ex responsable del departamento técnico; Miguel Izquierdo, ex responsable del departamento financiero; y Vicente Conesa, empresario que figura al frente de dos empresas a las que se adjudicó la mayoría de obras de jardinería del parque y que son las que están bajo sospecha. Conesa ya fue investigado en 1995 por la supuesta adjudicación irregular de varios proyectos por parte del Ayuntamiento de Benidorm cuando Eduardo Zaplana, actual portavoz del PP en el Congreso, era el alcalde.
Los abogados de los imputados, especialmente los representantes de Vicente Conesa y Moreno Carpio, preguntaron al inspector sobre el origen de algunas de las conclusiones recogidas en su informe que se refieren a los sobrecostes. Esteve Carbonell repitió en varias ocasiones que especialmente en el ejercicio de 2000 se podía comprobar el incremento injustificado sobre determinadas obras casi idénticas realizadas en fases previas de la construcción del parque. También señaló la relación de todas las empresas con las firmas de Conesa, que a su juicio queda acreditado a pesar de una arquitectura de testaferros.
Antes que el inspector de Hacienda, compareció el empresario José Emilio Llopis, de la empresa Gribal -incluida en el segundo escalón de la trama de facturas falsas- que se negó a declarar. Llopis, imputado en la causa, se acogió a su derecho a no declarar. Durante toda la jornada, apuntando a su abogado, estuvo el empresario Vicente Conesa, también imputado, y a quien varios de los 31 imputados han señalado como el eslabón entre Terra Mítica y la cadena de subcontratas. De los 4,4 millones de euros presuntamente defraudados, 2,8 millones de euros se imputan a dos empresas de Conesa.
Vicente Conesa se presentó ayer en el juzgado de Instrucción número tres de Valencia, que lleva el caso Terra Mítica. No estaba citado. Su comparecencia está prevista para hoy martes, sesión en la que se escucharán también los testimonios de los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero García, cuyas manifestaciones grabadas por dos diputados autonómicos socialistas explican sobrecostes en la construcción del parque y vinculan al portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, en el pago de comisiones. Pero a quien Herrero señala directamente es a Vicente Conesa. De él, según la transcripción facilitada por los socialistas, dice haberle visto con bolsas de dinero que metía en el maletero del coche y del que le dijo que una parte iba para Zaplana. Vicente Conesa acompañó ayer a su abogado para, según fuentes del caso, "situarle en el enjambre de obras y facturas que iba a relatar el inspector de Hacienda". Conesa no se escondió ayer de la prensa y se presentó con un maletín del que sacó varias carpetas de documentación. Dos de sus empresas fueron las adjudicatarias principales de las obras de jardinería y accesos al parque. A él han señalado varios de los empresarios imputados como el nexo entre Terra Mítica y las adjudicatarias que se suceden en la trama de facturas falsas. El procedimiento permite que los imputados, como ayer fue el caso de Conesa, estén presentes una vez ya hayan declarado. Y Conesa lo ha hecho ya en una ocasión y hoy está previsto que lo haga para responder a las afirmaciones de las grabaciones. Publicado en www.elpais.es 04.07.06
Un empresario que no trabajó para el parque cobró varias veces 1.200 euros por su firma
La declaración del único empresario que compareció ayer ante el juez imputado por el fraude fiscal en Terra Mítica sorprendió por la sinceridad con que Alfonso Gómez Haro manifestó que un amigo le llevó ante un notario para constituir la empresa Les Simetes de Partagás, con la que nunca trabajó para el parque y que, sin embargo, de vez en cuando le daban «cien o doscientas mil pesetas» en un bar de Paterna. Eran casi las diez de la mañana cuando apareció Alfonso Gómez Haro por los pasillos de la Ciudad de la Justicia con el carnet en la mano. Perdido y sin abogado, nadie se percató de su presencia hasta que se abrió la puerta de la sala donde el titular del juzgado de instrucción 3 de Valencia tomó declaración a varios imputados por la trama de facturas falsas en las obras de Terra Mítica. Pelo largo, pantalones piratas y aspecto informal, se presentó ante el agente judicial como uno de los empresarios imputados en el caso que se investiga tras una denuncia por delito fiscal de la Agencia Estatal Tributaria. En su declaración se puede apoyar las acusación que mantiene el fiscal y el abogado del Estado de que se creó un entramado de empresas para factura al parque por trabajos no realizados o sobrevalorados a través de facturas falsas. Este empresario reconoció ante el juez que es «yesaire», pero que nunca había trabajado para el parque temático de Benidorm, ni siquiera había facturado a una empresa de Vinalesa, aunque constaban facturas a su nombre. Manifestó también que un amigo de Paterna al que conocía desde el colegio, José Miguel Torres Fernández, le propuso constituir una sociedad y le llevó a firmar ante un notario. A cambio, cuando le veía en el bar, de vez en cuando le daba «cien o doscientas mil pesetas», 600 o 1.200 euros. Este empresario reconoció que no trabaja y que tiene problemas de alcohol, pero negó incluso haber visitado el parque temático aunque recordó haber estado un mes de vacaciones con su mujer en Benidorm. Dijo que esa obra no la había hecho y que tampoco sabía si la había hecho su amigo. De José Miguel no pudo decir nada más porque hace dos años que no le ve. al resto de preguntas,no cesó de contestar: «Ni puta idea". www.levante-emv.com 03.06.06
Un tercer imputado admite ser testaferro en el 'caso Terra Mítica'
Un imputado en la trama de facturas falsas del parque Terra Mítica declaró ayer ante el juez que figura vinculado a una empresa implicada en la trama porque un amigo se lo pidió y le dijo que le reportaría dinero. Como ya hicieran hace tres semanas otros dos imputados, Alfonso Gómez Haro confesó, así, haber actuado de testaferro. El ex presidente y el ex director general del parque temático de Benidorm, Luis Esteban y Miguel Navarro, también declararon ayer.Al igual que hicieran el pasado día 6 Uta Scheerbarth, vinculada a Mecanizados de Levante, y Pedro Belén Álex, que figura como gerente de Ximo Dual SL, quienes afirmaron haber prestado su nombre a cambio de trabajo, ayer Alfonso Gómez Haro declaró que aparece en la constitución de la empresa Les Simetes de Partegas porque un amigo se lo pidió y le dijo que la actividad de esa firma podía reportarle dinero.Gómez Haro, que declaró ante el juzgado que investiga la trama de facturas falsas en la que están implicados Terra Mítica y otras 19 empresas, añadió que había recibido dinero en varias ocasiones como si se tratara de la actividad empresarial. Y precisó que nunca supo exactamente a qué se dedicaba la mercantil a la que prestó su nombre ni tuvo nada que ver con su gestión. Les Simetes de Partegas, como Mecanizados Levante, es una empresa inactiva que fue instrumentalizada para emitir facturas falsas en la trama.También prestaron declaración el que fue presidente del parque temático entre 2000 y 2001, Luis Esteban, y el entonces director general del complejo, Miguel Navarro. El primero negó tener conocimiento de la existencia de facturas falsas y justificó los sobrecostes del complejo por "la presión que suponía tener un día para inaugurar". El ex presidente dijo que en el consejo de administración no se discutía sobre el detalle de facturas ni contrataciones. Esteban aseguró que la posibilidad de que Terra Mítica haya pagado obras no realizadas es "prácticamente imposible".Navarro reconoció su firma en una veintena de facturas, negó que se pagaran servicios no hechos y aseguró que nada ha sabido nunca de comisiones ilegales. El ex director explicó que entre sus funciones no estaba la de cotejar directamente pago y ejecución de obra, sino firmar los pagos cuando le eran remitidos los datos técnicos y financieros.Publicado en www.elpais.es 27-06-2006
Dos imputados en el 'caso Terra Mítica' dan al juez detalles de la trama de facturas
Siete de los 31 imputados en el caso Terra Mítica comparecieron ayer ante el juez instructor. Uta Scheerbarth, médica y relacionada con la mercantil Mecanizados de Levante (una de las 20 empresas denunciadas, entre las que está Terra Mítica), y Pedro Belén Álex, que figura como gerente de Ximo Dual, SL, decidieron hablar. A las preguntas de las partes, reconocieron que participaron en la creación de las respectivas sociedades a cambio de trabajo, que fueron a firmar ante un notario y que nunca volvieron a saber de una actividad económica que creyeron que no había existido nunca.Uta Scheerbarth, alemana, trabaja en un ambulatorio. En 1989, conoció a través de su marido, cirujano, a Emilio Muñoz (padre de Emilio Muñoz Mateo, imputado en la causa por defraudación a la Hacienda Pública de 4,4 millones que investiga el juzgado de instrucción número tres de Valencia y en el que están implicadas 20 mercantiles, entre ellas Terra Mítica). Scheerbarth accedió a participar en la creación de una mercantil, junto a la cuñada de Emilio Muñoz, porque, según fuentes del caso, entonces no tenía trabajo estable y aún no había podido homologar su título médico. En el acto de la constitución de la empresa firmó poderes en favor de Emilio Muñoz Mateo, administrador único de las sociedades Mecanizados de Levante y Mecanizados Muñoz.Scheerbarth afirmó en la sala que nunca más supo nada de la empresa, que nunca le facilitaron el trabajo prometido y que nunca supo que en su nombre se estuviera realizando actividad alguna. Mecanizados de Levante aparece en los hechos denunciados por la fiscalía de Valencia como proveedora de Altos de Carrichal, entre las que existe un intercambio de facturas en el ejercicio 2000 que sirvieron para justificar pagos por servicios realizados a Terra Mítica por otras firmas y que no se hicieron.Un testimonio similar fue el que ofreció a Pedro Belén Álex. Su nombre aparece en la causa porque figura como gerente de Ximo Dual, SL. Belén Álex relató ante el juez instructor que fue en 1998 cuando accedió a formar una sociedad junto a José Luis Rubio y Javier Alós, imputados también en la causa y que el jueves comparecieron ante el juez y decidieron acogerse a su derecho a no declarar. Los oficios de todos ellos les pusieron en contacto en Paterna (población del área metropolitana de Valencia). Pedro Belén había tenido un accidente y se encontraba sin empleo. En su testifical aseguró que lo único que supo desde el principio fue que figuraría como gerente, pero que entendió que quedaba desvinculado al firmar unos poderes en favor de Rubio y Alós. La firma Ximo Dual, SL, aparece en la documentación de la investigación relacionada con Gribal, SA, a través de facturas datadas en 2001 por servicios inexistentes que se repercutieron a Terra Mítica y que sirvieron para hinchar facturas y defraudar a Hacienda.Los únicos dos imputados que han decidido responder ante el juez desvelaron ayer parte del mecanismo de activación de sociedades que con escasa o nula actividad giraban o aceptaban facturas sobre servicios no realizados y de cuyo trasiego no tenían conocimiento quienes figuraban como administradores únicos.El resto de imputados citados guardó silencio. Antonio Vicente Moreno Carpio hizo aparición minutos después de las 9.00. Su nombre aparece en la causa como representante de la mercantil Altos del Carrichal, a la que se imputa un fraude de 143.904 euros. Y es, además, el empresario que en unas grabaciones realizadas por dos diputados autonómicos socialistas afirmó que en la cadena de contrataciones para la ejecución de las obras de Terra Mítica se pagaron comisiones al también empresario Vicente Conesa, imputado igualmente en la causa, y que supuestamente le dijo que parte de ese dinero se entregaba al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. Pero Antonio Vicente Moreno Carpio ayer se acogió a su derecho a no declarar. Dijo que no conocía la documentación de la que se desprenden las acusaciones.No fue el único. Sus dos hermanos, Jesús Felipe y Juan Carlos Moreno Carpio, Emilio Muñoz Mateo y Ginés Avilés (también vinculado a Altos del Carrichal) hicieron lo mismo. El juzgado citó para los días 26 y 27 a los ex directivos del parque: Luis Esteban, Miguel Navarro, Antonio Rincón y Miguel Izquierdo. El juzgado busca aún el paradero de José Herrero García, el otro empresario que figura en las grabaciones que denuncian pago ilegal de comisiones. Y está pendiente de declarar el empresario Francisco Escoto, de Excavaciones Escoto, acusado de fraude de cerca de 800.000 euros y a quien el juzgado reclama un certificado de la enfermedad que aduce para no ir a testificar y así poder tomarle declaración en su casa.El juzgado abrió estas diligencias, por segunda vez, hace un mes, por defraudación a la hacienda pública, falsificación en documento mercantil y alteración contable; el jueves pasado el juez añadió el de estafa tras recibir el contenido de las grabaciones que denuncian el pago de comisiones. Publicado en el www.elpais.es 07.06.06
El PP volverá a rechazar una investigación en las Cortes
"La única estafa que hay es la estafa de la oposición, de denigrar y criticar despiadadamente y de manera absolutamente infundada, vejatoria, y como no hace ninguna oposición en ningún lugar del mundo, lo que son los grandes proyectos que benefician a la Comunidad Valenciana". Serafín Castellano, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, justificó ayer con este argumento el anuncio que realizó tras la reunión de la Junta de Portavoces de que su grupo "tumbará" la nueva petición tramitada por los socialistas para crear en la Cámara autónoma una comisión de investigación sobre Terra Mítica. Castellano agregó que el PP no seguirá el "juego partidista de la oposición".
Antoni Such, portavoz adjunto del PSPV-PSOE, afirmó que su partido pretende que esta petición de comisión de investigación pueda verse "lo más pronto posible y se pueda aclarar la verdad de lo ocurrido en Terra Mítica" e invitó al PP a colaborar para aportar "luz a la verdad". El diputado socialista añadió: "Queremos saber dónde está el dinero, si alguien ha estafado al parque o a la Generalitat". Such insistió en la conveniencia de que se conozca si ha habido prácticas empresariales incorrectas, para que se "asuman responsabilidades políticas por parte de quien las tenga".
Por otro lado, el vicepresidente segundo de las Cortes, el socialista Joaquim Puig, pidió al presidente de la Cámara, Julio de España, que rectifique, después de que el juzgado haya admitido las grabaciones efectuadas por dos diputados socialistas a dos empresarios imputados en el caso Terra Mítica. Estos revelaron la existencia de comisiones ilegales, de las que presuntamente se benefició el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. Y De España criticó a los diputados, consideró "indigna" su actuación y tachó de ilegales las grabaciones. Ayer, el presidente evitó el asunto y contestó a Puig que su visión del asunto era "subjetiva".Publicado en el www.elpais.es 07.06.06
Sólo cinco empresas de la trama de Terra Mítica siguen activas
La trama empresarial que cobró 10 millones de euros mediante facturas falsas por obras no ejecutadas en el parque Terra Mítica de Benidorm y defraudó 4,4 millones de euros a Hacienda incluye a 20 empresas, 13 de las cuales fueron creadas poco antes de los hechos denunciados por la Agencia Tributaria y después dejaron de tener actividad. Doce tienen deudas con la Seguridad Social, las administraciones públicas y Hacienda; 15 aparecen como insolventes, con impagados e informes financieros negativos, o no han depositado sus cuentas en el Registro Mercantil. De las 20, sólo cinco siguen activas.En los años investigados (2000 y 2001), varias de esas sociedades carecían de la estructura necesaria para ejecutar los trabajos que facturaron -una de ellas no tenía ni un trabajador- o su objeto social ni siquiera tenía relación con esos encargos. De las 20 empresas incluidas en la denuncia de la Agencia Tributaria, sólo cinco se mantienen plenamente activas, entre ellas el propio parque de Benidorm, inaugurado en 2000 y ahora en suspensión de pagos. Otras tantas parecen dormidas o con problemas.La denuncia divide la trama en cuatro escalones. Las cuatro incluidas en el primero -Herrero Mantenimiento, Mecanizaciones Hermanos Muñoz, Mecanizados de Levante y Les Simetes de Partegas- están inactivas, no han depositado sus cuentas en los últimos años, tienen demandas por impagos y en los informes financieros son calificadas como insolventes o de "riesgo máximo" de insolvencia. En la época investigada mantenían una estructura insuficiente para realizar los trabajos por los que facturaban. Además, su objeto social no coincide con esos encargos. Estas cuatro sociedades emitían facturas falsas a las del segundo escalón: Altos del Carrichal SL, Red Moreno Trabajos Auxiliares del Siglo XXI SL, Prexint Botanics SL, y Gribal SA, controladas por los hermanos Moreno Carpio, todos imputados. Antonio Moreno Carpio es uno de los empresarios que, en conversación grabada con dos diputados autonómicos del PSOE, habla de facturas falsas, comisiones y dinero negro y que implica al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, como presunto beneficiario.Las cuatro primeras han mostrado escasa o nula actividad en los últimos años, apenas tenían trabajadores en el periodo investigado y mantienen deudas con la Seguridad Social, créditos impagados y también obtienen malas notas en su clasificación financiera, además de no haber presentado sus cuentas. Estas empresas sí tenían trabajadores en los años investigados, excepto Trabajos Auxiliares del Siglo XXI SL, que en el Registro Mercantil aparece con "0 empleados fijos" en 2002. Estas cinco mercantiles recibían las facturas de las cuatro del primer escalón y endosaban otras, también por servicios nunca prestados, a las del grupo siguiente.En los escalones más altos se encuadran las únicas empresas que hoy en día mantienen actividad. En el tercero aparecen C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente SL, y Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento SA, ambas controladas por Vicente Conesa Fernández Vitoria. Este también aparece en la conversación grabada por los diputados socialistas como presunto distribuidor de los fondos obtenidos gracias a la trama.En el escalón más alto figuran Terra Mítica Parque Temático de Benidorm SA, y Excavaciones Escoto SA, que habrían recibido y pagado facturas falsas emitidas por sociedades de los escalones segundo y tercero. En medio de todas aparece otra empresa, Desarrollo Gran Vía SL, que está en suspensión de pagos, pero que en los años investigados "actuaba, en bastantes ocasiones, como recaudador de los fondos que encubrían las operaciones inexistentes". www.elpais.es 03.06.06
El juez anula la prescripción del delito de falsedad en Terra Mítica por las nuevas denuncias de fraude
El magistrado reforma su auto y reactiva así la causa, que había declarado prescrita tras el auto de la Audiencia Provincial, por el que se anulaban las actuaciones referentes al delito fiscal con devolución de la causa a la Agencia Estatal Tributaria que omitió un trámite administrativo. Por tanto, explica el auto judicial, «antes de que la resolución recurrida adquiera firmeza, ha recobrado su fuerza la doctrina que alegaban los recurrentes»,fiscal y abogado del Estado, en el sentido de que «hay delitos conexos y, dentro de ello, delitos calificados con una pena grave». Y añade que es posible porque «no ha transcurrido el plazo para la prescripción» y acuerda «reformar el auto» de archivo. Ello ha sido posible por las nuevas denuncias acumuladas a las diligencias: la presentada el mes pasado por la Agencia Estatal Tributaria por fraude y la que presentó la fiscal hace una semana y que amplía la anterior por un delito de estafa. Esta última hace referencia a la presentación en la Fiscalía de unas grabaciones obtenidas por dos diputados socialistas en las que dos empresarios imputados hablaban de sobrecostes y comisiones ilegales en las obras de Terra Mítica.Este auto judicial anula el archivo de las diligencias por fraude fiscal en Terra Mítica al declarar nula la prescripción del delito de falsedad. El juez entiende que las nuevas denuncias por fraude y estafa acumuladas hacen revivir el delito fiscal. Precisamente, fue la nulidad del delito fiscal denunciado en junio de 2005, decretada por la Audiencia, la que provocó el archivo de la causa. En ese momento, sólo quedaba pendiente en el juzgado el delito de falsedad, pero al considerarse delitos conexos y desaparecer el principal, el delito de falsedad fue declarado prescrito por tener un plazo menor de caducidad. Esta vuelta atrás ha sido posible porque no se habían resuelto todos los recursos pendientes y porque tampoco habían transcurrido los plazos para que se declarara firme su sobreseimiento.El juez estima así los recursos presentados por la fiscal y el abogado del Estado contra la prescripción del delito de falsificación dictada por el mismo juzgado y que ocasionó el sobreseimiento de las diligencias iniciadas en noviembre de 2005. Todo ello se produce en un momento procesal en el que hay varios recursos pendientes presentados por la mayoría de los 31 denunciados y cuando se acaba de celebrar una comparecencia ante el juez en la que todos los imputados se negaron a declarar.Por su parte, Terra Mítica se ha personado en la causa abierta por el juez de instrucción número tres de Valencia contra la trama de empresas denunciadas por falsificar facturas. El parque ha presentado el escrito de personación como «perjudicado» en el caso de que se demuestre que se produjo una estafa al complejo de ocio. Fuentes de Terra Mítica manifestaron que la adopción de esta posición «no significa que se acuse ni se vaya contra nadie». Esta personación se produce después de que el juez haya ofrecido esta posibilidad a la mercantil, una vez la Fiscalía ha incluido el delito de estafa a partir de las grabaciones aportadas en la denuncia de los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa. www.levante-emv.com 03.06.06
Terra Mítica se personifica como parte perjudicada en la causa contra el parque
Terra Mítica ha decidido personarse como parte perjudicada en la causa abierta contra el parque por un supuesto delito fiscal ya que, según la empresa, el juez que instruye el caso les ha planteado esa posibilidad que, en su opinión, "refrenda nuestra posición de que si se ha estafado a alguien es al parque".Las mismas fuentes, explicaron a EFE que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, que instruye la causa, planteó esta semana a Terra Mítica la posibilidad de personarse como perjudicada en el procedimiento abierto, después de que dos empresarios imputados revelaran información sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales en la construcción del parque. Fuentes de la empresa recordaron que la empresa que gestiona el parque temático "ha estado presente desde el primer día en el procedimiento abierto" contra Terra Mítica y otras diecinueve empresas por un supuesto fraude a Hacienda de 4,4 millones de euros, pero ahora "la novedad es que lo hace como parte perjudicada". En ese sentido, señalaron que cuando el juez le ofreció la posibilidad de personarse como perjudicada, "refrendó la posición del parque, porque si se ha estafado a alguien es a Terra Mítica". En su opinión, esto confirma que Terra Mítica "no forma parte de la trama, sino que se le ha perjudicado", motivo por el que la empresa ha decidido presentarse como parte perjudicada. El juzgado de Instrucción número 3 de Valencia inició el jueves las diligencias previas por la causa abierta contra estas empresas por los delitos de fraude fiscal, falsificación de documento mercantil y alteración contable, en la que están imputadas 31 personas. No obstante, seis de los 31 imputados que comparecieron el jueves antes el juez se negaron a declarar, concretamente el empresario Vicente Conesa, su mujer y sus dos hijos, el ex director de contrataciones del parque temático Justo Valverde y Francisco Javier Moreno. www.levante-emv.com 03.06.06
El PSOE se persona en la causa abierta por el ‘caso Terra Mítica’
El Partido Socialista de la comarca alicantina de la Marina Baja se personará en la causa abierta por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de Terra Mítica y el presunto cobro de comisiones por parte del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana.La Ejecutiva del PSOE en la marina baja, la comarca a la que pertenece Benidorm, se personará la próxima semana en la causa abierta por las presuntas irregularidades en Terra Mítica. El secretario comarcal del PSPV, Jaime Llinares, afirma que hay que depurar las responsabilidades de gestión y también las políticas. Ayer, en la Comisión de Grandes Proyectos de las Corts Valencianes quedó de nuevo patente la división entre los populares. El conseller Gerardo Camps ofreció a los socialistas “ir de la mano” en cuestión de grandes proyectos, algo que indignó a la diputada ‘zaplanista’ Elvira Suanzes. Suanzes mostró su indignación con gestos ostensibles, dándose la vuelta mientras hablaba el conseller Camps y abandonó la sala durante las dos intervenciones del diputado socialista José Camarasa, que grabó las conversaciones con los empresarios que denunciaban el cobro de comisiones por parte de Eduardo Zaplana. www.cadenaser.es 26.05.06
El PP no descarta que Terra Mítica pagara obras sin ejecutar
El Gobierno valenciano (PP) admitió ayer por primera vez la posibilidad de que Terra Mítica pagara por obras no realizadas, tal como señala la Agencia Tributaria, que ha denunciado una trama de facturas falsas y fraude fiscal. Además, el consejero de Economía, Gerardo Camps, anunció que la empresa se personará en la causa en su condición de "perjudicada", pese a que es una de las denunciadas por Hacienda.Desde que se conoció la denuncia de la trama de facturas falsas y el fraude fiscal de 4,4 millones de euros durante las obras de Terra Mítica, el Consell que preside Francisco Camps y el PP valenciano han negado de forma sistemática la existencia de irregularidades en el parque de ocio de Benidorm, proyecto emblemático del anterior presidente de la Generalitat y ahora portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana. Pero ayer, el consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, declaró que, "de haber alguien que desde dentro de Terra Mítica permitía que se pagaran determinados precios a trabajos no realizados, [la empresa] será la primera que dirija acciones" contra las personas responsables de ello.Además, Camps anunció que, si se confirma "la situación que la Agencia Tributaria denuncia", el consejo de administración del parque solicitará al juez personarse en la causa, porque "Terra Mítica, en todo caso, será perjudicada". No obstante, Terra Mítica figura como denunciada en la causa abierta a raíz de la denuncia de Hacienda, lo que impide su personación. Pese a todo, el Consell y el PP valenciano siguen sin considerar necesario abrir una investigación parlamentaria sobre el caso, pese a que la Generalitat, con un 20% del capital, es, junto a las dos principales cajas de ahorros valencianas, accionista de referencia de Terra Mítica. En lugar de ello, ha cerrado filas en defensa de Zaplana, al que dos empresarios imputados en el caso Terra Mítica han implicado en la trama como perceptor de comisiones ilegales, según revelaron aquéllos a dos diputados autonómicos socialistas que grabaron la conversación y la presentaron a la fiscalía. El PP ha acusado a los diputados y al PSPV-PSOE de querer "hundir" Terra Mítica. Ayer, el presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, forzó la aprobación por la Mesa de la Cámara de un escrito en el que propone trasladar al Grupo Socialista "la más firme protesta" por lo que considera "una utilización impropia de las dependencias" parlamentarias. También propone estudiar si, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, cabe la posibilidad de sancionar a los dos diputados y, en caso contrario, que se estudie la modificación de esa norma para poder hacerlo en el futuro. Además, propone trasladar lo sucedido a la fiscalía del TSJ "por si procediera para la averiguación de presuntos hechos delictivos". En concreto, De España considera que pueden haber cometido delitos de cohecho y soborno. El escrito lo presentó tras comprobar que el informe que pidió al letrado mayor sobre la posibilidad de sancionar a los diputados no avala tal posibilidad, porque el Reglamento no la prevé. Por otra parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, se comprometió ayer ante el comité de empresa de Terra Mítica a mantener los puestos de trabajo. www.elpais.es 24.05.06
Camps rechaza investigar el fraude millonario a su comunidad en Terra Mítica
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, eludió ayer de nuevo cualquier compromiso de iniciar una investigación de las cuentas del parque Terra Mítica de Benidorm, donde la Agencia Tributaria ha detectado una trama de facturas falsas y un fraude fiscal de 4,4 millones de euros. Camps mostró su "plena confianza en las cuentas de funcionamiento del parque temático, auditadas y fiscalizadas como corresponde". Los populares arremetieron contra los socialistas después de que un empresario imputado cambiara radicalmente la versión que ofreció a dos diputados del PSPV, ante los que implicó a Zaplana. Los socialistas insistieron en preguntar por los 102 millones de sobrecoste.Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV-PSOE, ha pedido a Camps que explique la situación de Terra Mítica -donde la Generalitat tiene un 20% del capital- y que apoye una auditoría y una comisión de investigación parlamentaria sobre los sobrecostes en las obras del parque. Al preguntarle ayer si pensaba acceder a estas exigencias, el presidente valenciano se limitó a asegurar que hay "confianza plena" en el funcionamiento del parque y en sus cuentas de estos años, "auditadas y fiscalizadas conforme corresponde", informa Santiago Navarro.
Los populares sí que otorgaron ayer credibilidad a Antonio Moreno Carpio, imputado por la Agencia Tributaria en el caso Terra Mítica, quien, tras haber implicado -en conversación con dos diputados socialistas- al portavoz del PP, Eduardo Zaplana, en el cobro de comisiones ilegales, ayer se desdijo. Zaplana afirmó que llegará "hasta el final" y "con todas las consecuencias" contra todo quien haya contribuido a manchar su nombre y acusó a la dirección del PSOE y a La Moncloa de haber diseñado una campaña contra él.La dirección del PP explicitó su respaldo a Zaplana. El secretario general, Ángel Acebes, pidió al fiscal general del Estado y al fiscal anticorrupción que intervengan para averiguar qué ofrecieron los diputados socialistas a los empresarios a cambio de implicar a Zaplana, informa Pilar Marcos. Mariano Rajoy dio instrucciones para que se cambien dos de las preguntas que el PP hará mañana en la sesión de control al Gobierno. El PP preguntará al Gobierno si va a instar a la fiscalía a que investigue el caso. En las Cortes valencianas, Camps también tendrá que responder el jueves a Pla, que le preguntará si va a aclarar los sobrecostes de Terra Mítica.Mientras, Pla aseguró que las manifestaciones de Moreno son "totalmente falsas" y anunció medidas legales contra él. "Todo esto es una maniobra de distracción del señor Zaplana y su entorno, que no va a impedir que lleguemos a la cuestión de fondo, es decir, qué ha pasado con los 17.000 millones de pesetas de sobrecoste de Terra Mítica", afirmó el líder socialista. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, declinó comentar las palabras del empresario, pero subrayó que en el trasfondo de la polémica subyace "el nerviosismo del PP ante la evidencia de que va a perder las elecciones de 2007". www.elpais.es 23.05.06
El PSPV pide el informe de fiscalización que según Camps hizo el Síndic a Terra Mítica
La portavoz de Economía, Hacienda y Presupuestos del grupo parlamentario socialista en las Corts, Cristina Moreno, ha remitido un escrito a la Sindicatura de Comptes en el que le reclama el «supuesto» informe de fiscalización de Terra Mítica que anunció el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el pasado 15 de mayo, cuando aseguró que «las cuentas de Terra Mítica son transparentes, están auditadas y perfectamente fiscalizadas». La diputada socialista consideró «necesario» que el presidente «sea riguroso cuando habla de materias tan importantes como estas», sobre todo, dijo en un comunicado, «en un momento en el que el juzgado está investigando una presunta trama de facturas falsas por valor de 10 millones de euros que se habrían pagado por trabajos no realizados». De hecho, Moreno recordó que el propio informe de los interventores judiciales «revela que el sobre coste del parque, a fecha junio de 2005, ascendía a 107 millones de euros». Por este motivo, la socialista explicó que la afirmación de que las cuentas además de auditadas «han sido fiscalizadas», le ha llevado «a remitir el escrito a la Sindicatura de Comptes para que facilite una copia del informe o informes de fiscalización que la Sindicatura haya realizado sobre las cuentas de la sociedad Terra Mítica». La carta explica que en base al concepto de fiscalización que se recoge en el apartado 1.1 de los Principios y normas del Sector Público elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo (OCEX) del Estado Español, así como a las competencias atribuidas a la Sindicatura de Comptes por la ley 6/1985 de 11 de mayo y en el texto refundido de la ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, «este grupo parlamentario interpreta que debe existir algún informe de fiscalización de la citada sociedad al que no hemos tenido acceso». Para Moreno, al margen de los «supuestos informes de fiscalización citados por Camps, es más necesario que nunca encargar una auditoría operativa rigurosa realizada por técnicos cualificaros para que confirmen si se pagó el precio justo por cada uno de los trabajos realizados o si, por el contrario, tal y como se está investigando, se pagaron cantidades mucho mayores, ya que el sobre coste de más de 17.000 millones de las antiguas pesetas no puede dejarse pasar por alto sin que nadie asuma sus responsabilidades». Por otra parte, la diputada del PSPV-PSOE Josefa Andrés pidió ayer a Camps que explique por qué «la Ciudad de la Justicia de Valencia ha terminando costando 164 millones de euros», lo que implica un sobrecoste de poco más del 100%. Según Andrés, el proyecto «iba a costar primero 54 millones de euros, luego se adjudicó por 82 millones de euros y ha terminado costando 164 millones de euros», cifra que incluye los intereses de financiación. En un comunicado difundido ayer la diputada agrega que este sobrecoste «sólo sirve para delatar el despilfarro y el descontrol del Consell del PP en todos los megaproyectos que ha emprendido, aunque lo peor es que Camps siga de brazos cruzados». www.levante-emv.com 22.05.06
Los socialistas valencianos anuncian una querella contra el empresario que relacionó a Zaplana con el 'caso Terra Mítica'
El PSPV-PSOE ha anunciado hoy una querella contra Antonio Moreno, uno de los dos empresarios que relacionaron al ex ministro y actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, con el 'caso Terra Mítica'. Moreno dice ahora que un diputado del PSPV le ofreció 1,8 millones de euros para implicar a Zaplana.El secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Sarriá, ha dicho hoy que los servicios jurídicos del partido emprenderán acciones jurídicas de inmediato contra Antonio Moreno. Sarriá ha afirmado que el PSPV "ni ha pagado, ni ha ofrecido pagar, ni piensa pagar nunca por informaciones de este tipo". El empresario Antonio Moreno Carpio asegura hoy -en una entrevista publicada por el diario El Mundo- que el diputado del PSPV-PSOE José Camarasa le ofreció 1,8 millones de euros si decía que Zaplana cobraba comisiones por las obras del parque temático Terra Mítica. Moreno acusa a los diputados socialistas José Camarasa y Antonio Such de haber manipulado sus conversaciones y niega que Zaplana pueda tener relación con la trama de facturas falsas que Hacienda investiga en Terra Mítica. Este empresario afirma que le ofrecieron también contratos de obras en ayuntamientos gobernados por el PSPV-PSOE y ayuda ante la Fiscalía y la Agencia Tributaria. En grabaciones realizadas por los diputados del PSV y que obran ya en poder del fiscal, Moreno y el también empresario José Herrero detallaban como inflaban la facturación de sus trabajos en la construcción de Terra Mítica, llegando a multiplicar por cinco o por seis el coste real. En estas grabaciones se cita en varias ocasiones el nombre de Eduardo Zaplana. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, dice hoy que la denuncia del empresario Moreno demuestra la campaña acoso y derribo organizada desde el PSPV para intentar "emponzoñar con prácticas gansteriles" la gestión del PP valenciano. Según Camps, hoy comienza el annus horribilis del PSPV.22-05-2006 CADENASER.COM
«El PSOE me ofreció 1,8 millones por decir que Zaplana cobró comisiones»
Un contratista de Terra Mítica, Antonio Moreno, afirma que uno de los portavoces del PSOE en las Cortes Valencianas, José Camarasa, le ofreció 1,8 millones de euros, contratos con ayuntamientos gobernados por su partido y ayuda ante la Fiscalía y la Agencia Tributaria si decía que Zaplana cobraba comisiones por las obras de Terra Mítica. Antonio Moreno Carpio está imputado en el caso Terra Mítica, acusado de un delito fiscal y falsificación documental en las obras. A sus problemas con Hacienda y la Justicia se le suma la querella de Zaplana por citarle en unas grabaciones ocultas, realizadas por los diputados socialistas José Camarasa y Antonio Such, en las que se afirma que el portavoz del PP en el Congreso cobraba comisiones en las obras del parque temático de Benidorm. En una entrevista concedida a EL MUNDO en el despacho de su abogado, Antonio La Torre, Moreno acusó a los diputados socialistas de haber manipulado sus conversaciones y niega cualquier relación de Zaplana con la trama de facturas falsas que investiga Hacienda. El empresario asegura que mantuvo cuatro o cinco entrevistas con José Camarasa y que las grabaciones hechas públicas responden a un montaje del diputado. En estas conversaciones «yo decía lo que querían oír» para intentar ganarse su apoyo económico y político por los problemas fiscales y judiciales en los que se encuentra.
Pregunta.- ¿Era consciente de que le estaban grabando?
Respuesta.- No, claro que no.
P.- ¿Conoce personalmente a Zaplana?
R.- No.
P.- ¿Cómo establece contacto con el diputado José Camarasa?
R.- A través del ingeniero Agustín Díez Cisneros. Llevábamos cuatro años de inspecciones exhaustivas de Hacienda y se une la presión judicial. Además, en este asunto tengo un perjuicio económico porque me deben casi un millón de euros. Aparece este señor [Camarasa] y pensé: 'Bueno, vamos a oírlo, ¿por qué no?'.
P.- ¿Qué quería saber Camarasa?
R.- Que le comentáramos cosas, sobre Terra Mítica. A lo largo de varias conversaciones se dice, se exagera y accedemos a sus pretensiones de inculpar del cobro de comisiones y del extravío de dinero a Eduardo Zaplana.
Moreno reconoce que sigue el juego del diputado socialista esperando su apoyo, pero «llega un momento en que la cosa se pone seria, y cuando le trasladamos que no existen hechos reales para mantener una acusación contra Zaplana, viene todo el lío».
Con ello se refiere a que el portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas les presiona -a Moreno y a otro constructor- con hacer públicas algunas de las conversaciones que había grabado clandestinamente si no mantienen su versión.
P.- ¿Qué ayuda le ofreció?
R.- Pues obras en los ayuntamientos donde están gobernando, con la Fiscalía, con abogados.
P.- ¿A cambio de qué?
R.- De involucrar a Zaplana.
P.- ¿Por eso acusan al portavoz del PP en el Congreso?
R.- Era lo que querían oír y el ex presidente de la Generalitat fue quien promovió el parque. Son cosas bobas que se dicen en un momento dado. También hay gente que dice que lo conoce de toda la vida y es mentira.
P.- Si se hubiera prestado a realizar la declaración que pretendía el PSOE, ¿le habrían pagado?
R.- Entiendo que sí, pero no he visto el dinero en ningún sitio.No se llegó a ese punto, porque no se dio lugar.
P.- Pero, ¿le ofrecieron dinero por implicar a Zaplana?
R.- José Camarasa, sí.
P.- ¿Cuánto?
R.- Lo apuntó en un papelito, 1,8 millones de euros, y la ayuda con el fiscal, las obras en los ayuntamientos socialistas. Todo eso. Abiertamente no lo dijo, apuntó la cifra en un papel sin decirlo en voz alta. Quizá temía que lo estuviera grabando como hacía él.
P.- ¿Usted ha pagado comisiones en Terra Mítica?
R.- No, no he pagado.
En las grabaciones hechas públicas por Camarasa, Moreno afirmaba que se hacían contrataciones sin pedir otros presupuestos, a sabiendas de que el precio era un 20% o un 30% más caro. Ahora reconoce que lo pudo decir en las conversaciones buscando el apoyo del portavoz socialista. «Yo no lo sé. Yo no contrataba con Terra Mítica. Lo que conozco es cómo me contrataban a mí.Igual hacías una faena con muchas prisas para acabarla, tenías un pedido y unos presupuestos y a lo mejor facturabas algo que no habías hecho. Pero habías hecho algo que se equiparara. Burocráticamente era cambiar el pedido, pero esto para Hacienda genera confusión».
El problema de fondo, por lo que traslada Moreno Carpio, obedece a que Terra Mítica se hace con rapidez, porque la Generalitat, propietaria del 14% de las acciones, quiere terminar ese proyecto como baza electoral. Las prisas, unido al boom de las construcción en la Comunidad Valenciana, encarecen los pedidos y la mano de obra. Fueron «obras en las que se corre mucho», explica, «trabajas antes de que te den las certificaciones y luego no te las firman...Ahí también tenemos perjuicios económicos».
P.- Pero en las grabaciones dice que se hinchaban las facturas.
R.- Qué voy a decir, disparates hemos dicho todos. Ya le he dicho que esto es lo que querían oír los diputados socialistas y nosotros nos dejamos llevar.
P.- También aluden a que varios miles de millones de pesetas fueron a pago de comisiones.
R.- Son los números que nos daba José Camarasa.
P.- ¿Quiere decir que las cifras que da en las conversaciones son inducidas?
R.- Claro, todo me lo dice él. Lo cita 200 veces en la conversación y luego me lo dice para que yo se lo diga y las graba. Son comentarios fuera de tono. Esto es como todo. Se transcribe mal.
Moreno insiste en que él intentó que los diputados socialistas le ayudaran a cobrar deudas de otros empresarios para los que trabajó como subcontratista en Terra Mítica y por esto intentaba ganarse su confianza diciendo lo que ellos querían escuchar.
P.- Aparentemente usted pidió 1,5 millones de euros al PSPV.
R.- Ese es el agujero económico que tengo. Se comentó en una conversación que con ese dinero se podría pagar a Hacienda. Yo tengo un perjuicio económico, que ésta es para mí la irregularidad del parque. Esto es lo que nadie quiere escuchar. Y como no interesa empiezan todos a hablar de Zaplana y cuando ya nos hemos cansado de hablar de Zaplana es cuando yo reclamo soluciones de lo mío.Y, entonces, nada. ¿Me entiende ahora? Si usted me graba una conversación y obvia el resto y yo le digo que con Zaplana y el pago de comisiones ilegales no hay nada que hacer, que es un disparate y no lo graba. Eso se llama manipulación.
P.- Sí, pero dan a entender que tienen más información para conseguir la complicidad del PSPV.
R.- También da a entender el PSPV que vayamos a hablar con ellos, que nos van a dar de todo, que esto va a quedar en nada y que manipulan al juez, manipulan al fiscal y a todo el mundo. Y hablamos y cuando la conversación se pone seria decimos que no.
P.- ¿Por qué son incapaces de decirlo?
R.- Es que no es verdad. Capaces somos, pero no es verdad. Una cosa es hacer risas, pero es que lo de Zaplana no se sostiene.
P.- ¿Reconoce que mintió a los diputados socialistas?
R.- Cuando algo se dice y luego rectificas sin haber concluido la conversación, ¿es mentir? Te calientas y luego lo corriges.
P.- Insisto. De las conversaciones se deriva que el coste de Terra Mítica se ha incrementado.
R.- No es eso, también ocurre cuando haces una reforma en tu casa. No hay ninguna obra en el planeta que yo conozca que cumpla el presupuesto. Y en esa obra me parece poco. Pagas lo que no está escrito cuando tienes que trabajar a esa velocidad. Repito que trabajamos antes de que existiera contrato. Por ejemplo, palmeras en aquel momento no había y se trajeron de otros lugares.Hay que pagar más precio. No había mano de obra, se conseguía a base de salarios más altos. En Terra Mítica primaba más hacer la obra que el coste y se pagaban precios abusivos, que no estaban justificados, pero es que no había tiempo.
P.- ¿No le consta que en Terra Mítica se pagaran comisiones a Zaplana?
R.- No, no, de Zaplana nada. No le puedo imputar nada, no hay pruebas de ninguna clase y si se ha cometido alguna difamación que lo pague quien corresponda. No tengo por qué decirlo en la prensa porque no tengo constancia de nada. Publicado en www.elmundo.es 22.05.06
El Consell acumula al menos 918 millones en sobrecostes por cinco macroproyectos
La investigación judicial sobre las presuntas facturas falsas y fraude a Hacienda en terra Mítica, unida a la denuncia del PSPV a la Fiscalía del TSJ sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en el parque temático, ha puesto bajo sospecha los sobrecostes en las obras de la Generalitat. En la demanda, dos diputados socialistas aportan la conversación grabada con dos empresarios imputados en la que afirman que hinchaban las facturas para repartirse después con otros las supuestas comisiones ilegales, un presunto saqueo en el que vinculan al ex presidente del Consell y actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien se ha querellado contra éstos y contra los parlamentarios del PSPV. Pero los sobrecostes no son un cáncer exclusivo de terra Mítica. El Consell arrastra una desviación, contabilizada sobre presupuesto detallado y no meras previsiones, de al menos 918 millones de euros (152.742 millones de pesetas) en cinco grandes proyectos impulsados y ejecutados en su mayor parte durante la etapa Zaplana al frente del Ejecutivo. Los excesos llegan hasta el 159% en el caso de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, que acumula hasta la fecha un desembolso de 957 millones de euros. En 1996, el Ejecutivo del PP calculó el coste en 210 millones (35.000 millones de pesetas), frente a los 162,2 millones que se preveían en el anterior proyecto de Lerma. Hoy, Cacsa acumula al menos 388 millones de sobrecoste entre el presupuesto inicial de los cinco principales elementos (sólo construcción del edificio, sin incluir terrenos, equipamientos o mobiliario), y el gasto real, al pasar de los 244 millones previstos a 632, según el último informe de la Sindicatura de Comptes. Ello supone dos veces y media más (un incremento del 159%). Y aún sería bastante más si, como expuso en la Cámara el conseller de Economía, Gerardo Camps, en octubre de 2005, a las cantidades del Síndic (que no incluyen IVA) había que sumarle el 16% del beneficio industrial y el 12% de los honorarios profesionales. En ese caso, el exceso llegaría a 497 millones. terra Mítica, proyecto estrella de Zaplana y en la que participa con el 20% la Generalitat, socio de referencia junto con Bancaja y CAM, debía costar 270 millones. En suspensión de pagos, los interventores judiciales cifran el gasto real en 377 millones, 107 más (el 40%). En cuanto a la Ciudad de la Luz, el vicepresidente antes de su destitución en 2004, Joaquín Doménech, estimó el gasto en más de 100 millones, aunque la primera previsión formal lo elevó a 270 millones. La Generalitat reconocía en abril pasado un coste «superior a 325 millones» de un complejo audiovisual cuya finalización se prevé en 2007. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa), arrancó en 2000 para construir los centros del mapa escolar, que debía acabar para 2003. Inicialmente se habló de más de 600 millones de euros pero el presupuesto oficial remitido a las Corts con 277 actuaciones subió el gasto a 1.067 millones. El siguiente dato oficial del Ejecutivo es la intervención del entonces conseller de Educación, Esteban González Pons, en las Corts, en abril de 2004, cuando habló de 1.591 millones, 523 más, un 49% de exceso. Sin embargo, esta cifra engloba más actuaciones que la referida inicialmente, aunque no han sido detalladas por el Consell. En el último informe del Síndic, éste analiza una muestra de 18 centros. La diferencia entre el precio de licitación y el coste real que refleja el auditor supone una media de sobrecoste del 30%. De acuerdo con este promedio, la desviación estimada en el mapa escolar habría supuesto 320 millones. La Ciudad de la Justicia fue otro de los proyectos estrella del anterior Ejecutivo de Zaplana. Salió a concurso por 96 millones; sin embargo, se adjudicó con una baja importante por 82. Esa baja no sólo ha quedado en nada sino que se ha superado ampliamente la previsión inicial. Tres modificados, un complementario y la liquidación final han disparado el coste a 130 millones, 48 más que el precio de adjudicación, un incremento del 58%. Además, el sistema de pago aplazado supondrá el abono de otros 34 millones en intereses, lo que da una factura final entre obra e intereses de 162,8 millones. www.levante-emv.com 21.05.06
Ciegsa genera aún sobrecostes por los colegios, que llegan a superar el 71%
Finalizados los grandes proyectos heredados de Zaplana Ña falta de las nuevas iniciativas en torno a la Ciudad de las Artes, la empresa creada en su día para construir los centros educativos del mapa escolar (Ciegsa) se ha convertido en el paradigma de las desviaciones económicas en las actuaciones del Consell. Desde sus inicios, Ciegsa fue, en palabras de la oposición, una «máquina de generar sobrecostes», unos excesos que han llevado a socialistas y Esquerra Unida a poner en cuestión, aunque sin poder concretar nada, la gestión de los responsables de la firma pública, que hasta que Francisco Camps tomó el control eran de la máxima confianza del ex presidente Eduardo Zaplana. Ciegsa, que ha asumido nuevas inversiones educativas al margen del aún inacabado mapa escolar según el PSPV, faltan 67 de las 277 actuaciones sigue provocando desfases. La portavoz socialista de Educación en las Corts, Ana Noguera, ofreció ayer datos: El IES de Benetússer tenía un precio de licitación fijado en 2003 de 2,4 millones; en 2005 ha pasado a ser de 7,4 millones, un 208% más. Según Noguera, el incremento se ha producido «sin ninguna explicación ni modificación del proyecto o de capacidad».«Los colegios se lamenta han subido mucho más que el espectacular incremento de la vivienda en la Comunitat». Lo mismo ha sucedido con el Colegio Paternina de Calp, que en 2003 tenía una previsión de coste de 2,4 millones y en 2005 subió a 4,9 millones (un 103% más). El instituto Luis Simarro de Xàtiva ha pasado de 6 a 11 millones, el 82% de desviación y el IES Cheste se ha encarecido un 71% (de 3,3 a 5,6 millones), según los datos aportados por el PSPV. Estos son, sin embargo, casos aislados. En el último informe del Síndic se seleccionan 18 centros para su análisis. La comparación del precio de licitación con el gasto real certificado por el auditor de la Generalitat muestra una desviación media del 30%, según aseguran los socialistas con datos oficiales. La Administración ha admitido las desviaciones, aunque con datos más modestos, si bien resultan incompletos. En julio de 2004, este periódico ofreció una exhaustiva relación de lotes de centros, por importe de 886 millones (el 60% del mapa escolar). Los datos implican un desfase del 12,3% entre la licitación y el precio de adjudicación. Esta última cifra no incluye las modificaciones posteriores. Había lotes cuya desviación al alza superaba el 27%. En noviembre de 2004, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, habló de una inversión en centros de más de 1.800 millones y negó la mayor: No hay sobrecoste alguno, «cada centro cuesta lo que vale y vale lo que cuesta». Font de Mora rechazó que el de licitación sirva como referencia, al considerarlo un precio «estimado», y justificó el aumento en la adjudicación porque se incluyen nuevos espacios educativos, desde un trinquete a otras instalaciones, para responder a las nuevas necesidades.www.levante-emv.com 21.05.06
El Síndic cuestionó algunos excesos de gasto al incumplir la ley de contratos
La Sindicatura de Comptes puso reparos a los excesos de gasto en las obras de algunos de los proyectos emblemáticos de la Generalitat. En concreto, el órgano auditor puso el acento en las desviación de los proyectos de la Ciudad de las Artes (Cacsa) y la empresa que construye los centros educativos (Ciegsa). En su último informe de fiscalización de la Administración autonómica, referido a 2004, el Síndic consideró «significativas» las desviaciones en la Ciudad de las Artes entre el presupuesto de licitación de los principales edificios (242 millones) y el de adjudicación (487 millones), un incremento del 99,5%. Igualmente, recriminó la variación respecto al coste real en la ejecución (632 millones). «El conjunto de estas desviaciones ha puesto de manifiesto que los proyectos licitados no han sido, por lo general, suficientemente completos en sus definiciones y que las variaciones sobre los mismos han sido habituales y no excepciones», aseveró el informe. En sus recomendaciones, el auditor señala el desfase en Palacio de las Artes, del 161% si se excluye el equipamiento escénico, ya que el proyecto constructivo pasó de 84,3 millones a 220,2 millones. Igualmente, las modificaciones del Parque Oceanográfico (en total, un 323%, de 38,9 a 164,8 millones) y en otra obra menor. En las tres el Síndic asevera que estos sobrecostes «deben documentarse en el expediente». En concreto, que las modificaciones han de «formalizarse documentalmente», algo de lo que no tiene constancia. En el caso del Palau, además, la variación «no queda justificada en el expediente mediante la propuesta motivada del director de obra junto con el proyecto de modificado y su consiguiente aprobación por el órgano competente». Sobre las adquisiciones biológicas del Oceanográfico, censuró que no se rigieron por los principios de publicidad y concurrencia, cuando Cacsa «debería atenerse a lo establecido en la disposición adicional sexta de la ley de Contratos de las Administraciones».En cuanto a Ciegsa, el auditor cuestionó abiertamente el sistema de adjudicaciones que seguía la empresa pública, al entender que vulneraba la ley de Contratos. En esencia, se sacaban a concurso varios centros por lotes pero el precio de licitación era sólo «orientativo», de forma que finalmente se adjudicaba por una cantidad superior, algo vedado según la citada norma. De hecho, el Síndic destaca que en todas las obras examinadas se dio esta circunstancia. Los criterios de baremación no lograban, añade, «la mejor relación calidad-precio». Es más, la ponderación de la oferta económica «no resulta satisfactoria desde el punto de vista económico».Probablemente por las críticas del Síndic y de la oposición, los gestores afines al presidente Francisco Camps en Ciegsa impusieron un cambio en las directrices de contratación para los proyectos que salieron publicados a partir de 2004 que deberán ver sus frutos en el próximo informe de fiscalización. Ahora, las obras se licitarán con su proyecto de ejecución, nada de precios orientativos. Asimismo, se licitarán por centros, no por lotes. La oposición, sin embargo, ha denunciado que lo que ha sucedido es que los proyectos han salido a licitación con cantidades muy superiores a las que se anunciaron en su día. www.levante-emv.com 21.05.06
Tres empresarios acumularon ocho millones de euros en facturas falsas de Terra Mítica
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Los empresarios Vicente Conesa, Antonio Moreno Carpio y Francisco Escoto llegaron a acumular en sus sociedades facturas falsas por un importe superior a los ocho millones de euros por trabajos no realizados en Terra Mítica de Benidorm durante dos años. Así lo apunta el informe de la Agencia Tributaria que ha servido a la fiscalía de base para denunciar a 19 sociedades, incluido el parque temático participado por la Generalitat valenciana, y a dos docenas de empresarios . Según declara Moreno Carpio en una grabación, Conesa era quien cobraba las comisiones.
Las empresas Depimsa (Desarrollo de Proyectos e Instalaciones y Mantenimiento, SL) y C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, propiedad del empresario Vicente Conesa y su familia, emitieron o recibieron facturas falsas con IVA durante los años 2000 y 2001 por un importe cercano a los 3,2 millones de euros. Las sociedades de Conesa, junto con las dirigidas por los hermanos Moreno Carpio (fundamentalmente las firmas Altos del Carrichal, SL y Gribal, SA) están en el epicentro de la trama de facturas falsas diseñada para cobrar a Terra Mítica por trabajos, fundamentalmente de jardinería, que nunca se llegaron a efectuar o cuyos importes se hincharon deliberadamente. Vicente Conesa es la persona que, según las manifestaciones grabadas por dos diputados socialistas al también empresario Antonio Moreno Carpio, recibía reembolsos de dinero procedentes de la facturación falsa y presumía de repartirse estas comisiones con el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que entonces era presidente de la Generalitat Valenciana y principal impulsor del parque temático de Benidorm.
Vicente Conesa, según el informe de la Agencia Tributaria, está implicado "en la emisión de facturas falsas expedidas por él mismo y dirigidas a C3 Ingeniería por la presunta venta de plantas". Según el fisco, la mayoría de facturas pagadas por Terra Mítica por obras o trabajos inexistentes corresponden "mayoritariamente a obras de jardinería y riego" y a mantenimiento. Conesa, que en colaboración con sus hijos y su esposa Matilde controlaba las firmas C3 y Depimsa, era la persona que suscribía los contratos con la sociedades Altos del Carrichal, Desarrollo Gran Vía, Red Moreno y Prexint Botanics, todas ellas empresas dirigidas por Antonio Moreno Carpio y sus hermanos Francisco Javier y Felipe.
De todas las empresas controladas por los Moreno Carpio, las dos principales, Altos del Carrichal, SL y Gribal, SA llegaron a reunir en los años fiscalizados cerca de 2,7 millones de euros en facturas falsas. Según el informe de la Agencia Tributaria buena parte de los importes facturados como proveedores se desviaron mediante el sistema de pagarés endosados a Desarrollo Gran Vía, empresa que actuaba como recaudadora de los fondos procedentes de operaciones inexistentes. Hacienda detectó en dos años más de 10 millones de euros de diferencia entre lo que Desarrollo Gran Vía declaraba y lo que recibía en las diferentes cuentas corrientes. Esta empresa que actuaba de recaudadora tenía como administrador declarado a un testaferro, José Antonio Llopis, aunque quienes movían el dinero eran Felipe Moreno Carpio y José Luis Rubio Sánchez.
Los inspectores de la Agencia Tributaria pierden el rastro del dinero una vez se retiran en efectivo grandes cantidades de dinero tanto de las cuentas corrientes de Desarrollo Gran Vía como de Altos del Carrichal, SL. El informe, que recalca la escasa colaboración de las empresas investigadas, también reconoce la dificultad de seguir el rastro de una transferencia de los Moreno Carpio a Suiza por importe de 44.000 euros.
La inspección sí indica que ha podido documentar el pago realizado "sin justificación comercial alguna" por una firma de Moreno Carpio, Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, para comprar un chalet en Moraira a nombre de Vicente Conesa.
La tercera de las firmas que mayor volumen de dinero en facturas falsas acumuló en los años investigados es Excavaciones Escoto, SL, en la que figura como administrador único Francisco Escoto. Esta empresa, situada en el nivel superior de la trama, sólo fue receptora de facturas falsas y no emisora. En dos años abonó a las sociedades de los hermanos Moreno Carpio algo más de 2,2 millones de euros, aunque la inspección también apunta que facturó trabajos a Terra Mítica "artificiosamente hinchados".Publicado en www.elpais.es. 20.05.06
La fiscalía envía al juez la grabación sobre Zaplana
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acordó ayer remitir al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia la denuncia presentada por los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa por un supuesto cobro de comisiones en las obras de Terra Mítica. Esta denuncia se incluye así en la instrucción abierta en el mismo juzgado a raíz del informe de la Agencia Tributaria por el que se imputa a 19 sociedades y dos docenas de empresarios en la trama de facturas falsas que permitió defraudar al fisco 4,4 millones de euros. En la denuncia de los diputados socialistas se incluyen las conversaciones grabadas con los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero -administrador de una pequeña empresa que emitió facturas falsas- en las que se explica el cobro de comisiones, se apunta a Conesa como receptor y se acusa al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, de beneficiarse de esta operación. Zaplana pidió ayer que se aclare todo lo antes posible. El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, exigió que se cree una comisión de investigación, se haga una auditoría de Terra Mítica y comparezca en el Parlamento el presidente Francisco Camps. Publicado en www.elpais.es. 20.05.06
Una trama empresarial se repartió 10 millones de Terra Mítica por obras nunca hechas
Una trama de 18 empresas cobró 10 millones de euros de Terra Mítica, la empresa sostenida en parte con fondos públicos de la Generalitat valenciana (20%), por obras nunca hechas, informes nunca elaborados y material jamás entregado, todo ello sustentado en facturas falsas. Así lo mantiene el informe de la Agencia Tributaria, que destapa también un fraude fiscal de las empresas afectadas de 4,4 millones de euros. En ese informe se ha basado la fiscalía para denunciar a las empresas implicadas. Las revelaciones de la Agencia Tributaria figuran en la denuncia de la fiscalía presentada el pasado 12 de mayo.
En la trama denunciada por la Agencia Tributaria figuran los empresarios Antonio Moreno y José García, que en una conversación grabada por dos diputados socialistas valenciano implican a Zaplana en el supuesto cobro de comisiones.
La reconstrucción hecha por la Agencia Tributaria del fraude millonario detectado en el proyecto Terra Mítica señala una trama de empresas que acabaron cobrando al menos 10 millones de euros por facturas falsas correspondientes a trabajos, servicios, material o mano de obra nunca entregada.
En el primer nivel de la trama se situaba un grupo de empresas que tenían "escasa actividad" o estaban "inactivas". Estas empresas mantenían una estructura insuficiente para realizar los trabajos por los que facturaban o se dedicaban a actividades distintas de las facturadas. Estas firmas, que emitían facturas falsas, o bien no declaraban ni IVA ni impuesto de sociedades, o bien hinchaban los gastos para no declarar por la mayor facturación.
En el segundo nivel, otro grupo de empresas recibían estas facturas falsas y, a su vez, emitían otras facturas falsas que remitían a un tercer grupo de empresas que, a su vez, facturaban a Terra Mítica y a Excavaciones Escoto.
Terra Mítica pagaba así por trabajos nunca hechos o material no entregado en relación con obras de jardinería y riego y mantenimiento.
Gran parte del dinero pagado por Terra Mítica acababa, según la investigación de la Agencia Tributaria, "mediante el sistema del endoso de pagarés", en la empresa Desarrollo Gran Vía SL. Cuando la Agencia Tributaria investigó las cuentas corrientes de esta empresa comprobó que durante los años 2000 y 2001 había ingresado 17,8 millones de euros mientras que había declarado a Hacienda una facturación de sólo 7,5 millones de euros. Cuando la Agencia Tributaria quiso investigar el destino de esos 10,3 millones de euros de diferencia se encontró con que de las cuentas corrientes de la empresa Desarrollo Gran Vía, una persona, siempre la misma, sacaba fondos en efectivo sin conocer el destino que daba a los mismos.
La Agencia Tributaria explica los 10 millones de euros de diferencia entre lo que Desarrollo Gran Vía declaraba y lo que recibía en sus cuentas corrientes en que esta empresa "actuaba como recaudador, en bastantes ocasiones, de los fondos que encubrían operaciones inexistentes, para luego, vía retiradas frecuentes en efectivo de importes elevados destinar el dinero a fines ocultos".
La Agencia Tributaria mantiene en su informe que las evidencias de facturación falsa son muy numerosas. Señala, entre otras, las siguientes:
- Falta de personal de las empresas proveedoras para prestar los trabajos por los que presentaron las facturas.
- Ausencia de cualquier prueba que identifique el personal que ha intervenido en las distintas obras ejecutadas.
- Ausencia de cualquier rastro documental de informes, trabajos... cuando éstos eran los objetos de la facturación.
- Incongruencia manifiesta entre los precios presuntamente cobrados por los proveedores y las certificadas a su vez por la entidad que recibe esos servicios.
- Importantes irregularidades formales en las facturas aportadas por algunas entidades; repetición de la numeración, incongruencias entre fechas y numeración de las mismas.
Todas estas anomalías, que la Agencia Tributaria califica como delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documento mercantil, afectaron a las arcas de Terra Mítica, una sociedad controlada por una mayoría que formaban la Generalitat Valenciana (20%), la Caja de Ahorros del Mediterráneo (20%) y Bancaja (20%). El coste final del parque temático se disparó hasta los 370 millones de euros (100 millones más de lo previsto).La Fiscalía de Valencia presentó su primera denuncia contra Terra Mítica a finales de noviembre de 2005, tras la investigación de la Agencia Tributaria. De la causa se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia; pero la Audiencia de Valencia en febrero de este año consideró que no se había cumplido el trámite audiencia previa a algunas empresas denunciadas y anuló todo lo actuado respecto del delito fiscal, llegando a archivar todo el expediente el pasado 12 de mayo. Ese mismo día llegó al mismo juzgado una nueva denuncia presentada por la fiscalía tras subsanarse los errores, como consecuencia el magistrado citará a declarar a los representantes de las 19 empresas denunciadas por la Agencia Tributaria. En la trama de empresas que defraudaban al fisco figuran relacionados el entonces cuñado de Eduardo Zaplana y director de contratación de Terra Mítica, Justo Valverde, que autorizó los pagos de trabajos que, supuestamente, no se realizaron. Terra Mítica alega que desconoce si los trabajos pagados se hicieron con trabajadores de las contratas, de subcontratas o por otro medio, pero insiste en que se hicieron. Ayer, el consejo de administración de Terra Mítica, reunido para aprobar las cuentas de 2005, manifestó su apoyo a Zaplana y negó valor las conversaciones grabadas. EL PAÍS.19-05-2006
Dos tipos de delitos
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia mantiene en su escrito de acusación contra 19 empresas y sus representantes que los hechos que ha investigado "pueden ser constitutivos de seis delitos continuados de falsificación de documentos mercantiles y otros 12 delitos contra la Hacienda Pública".En su escrito dirigido al Juzgado de Instrucción Decano de Valencia propone que se tome declaración a todos los denunciados, en calidad de imputados, y que se aporte a la causa toda la documentación aportada por la Agencia Tributaria, en la que se basa la denuncia. En ningún momento de la denuncia aparecen vinculaciones con el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, aunque dos diputados socialistas remitieron a la Fiscalía las cintas grabadas con dos de los empresarios de la trama donde apuntaban a que el dirigente del Partido Popular, ahora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se aprovechó de las comisiones cobradas por las distintas sociedades por trabajos nunca hechos. La Fiscalía ha abierto diligencias para determinar si las cintas entregadas por los diputados socialistas son motivo de una investigación especial respecto a la participación de Zaplana en la trama empresarial que facturó y cobró más de 10 millones de euros a Terra Mítica por trabajos nunca realizados. EL PAÍS - España - 19-05-2006
Dos empresarios grabados con distinto nivel de implicación
La denuncia presentada por los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa por la existencia de posibles pagos de comisiones por las obras de Terra Mítica recoge dos conversaciones distintas con los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero. Sin embargo, los dos hombres de negocios no se hallan en el mismo nivel de la trama de facturas falsas.Moreno Carpio, que en la cinta grabada explica cómo se hinchaba la facturación de las obras contratadas por Terra Mítica, está en el epicentro de la trama de facturas falsas, según la Agencia Tributaria, que ha determinado que el empresario retiraba grandes sumas de dinero en efectivo cuyo destino no se ha podido determinar y que pagó parte de una vivienda para la familia del empresario Vicente Conesa con dinero negro.La inspección fiscal señala en su informe que, pese a la opacidad en el manejo de las cuentas bancarias, ha conseguido acreditar el pago de 42.079 euros de la firma Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, cuyo gerente era Antonio Moreno Carpio, de parte del precio "en negro" de una vivienda comprada por la familia Conesa (propietaria de C3 Ingeniería) a un particular extranjero. Vicente Conesa era quien suscribía los contratos con las sociedades en las que Antonio Moreno Carpio figuraba como gerente o administrado único. El propietario mayoritario de C3 Ingeniería está implicado también en la emisión de facturas falsas por parte de la Agencia Tributaria, que le acusa de un fraude fiscal superior a los 2,5 millones de euros en el impuesto de sociedades e IVA de 2000 y 2001.El empresario José Herrero, que en la cinta grabada por los diputados socialistas dice que Conesa "se repartía la pasta con el señor Zaplana", es administrador de Herrero Mantenimiento, SL, supuestamente una empresa del nivel bajo en la trama. EL PAÍS.19-05-2006
Zaplana asegura que no está pensando en dejar la política y afirma que ´eso quisiera el PSOE´
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, aseguró hoy que no se está planteando dejar la política. "Eso quisiera el PSOE", aseguró. Estas declaraciones se producen el mismo día en que la fiscal que instruía las diligencias -abiertas tras la denuncia de dos diputados del PSOE sobre el cobro de comisiones ilegales- las trasladó al juzgado de instrucción número 3 de Valencia, que ya investiga un presunto fraude en la construcción de Terra Mítica. Zaplana aseguró que los rumores sobre su posible abandono de la política "que supuestamente corren" no han llegado a sus oídos. "Eso quisiera el PSOE", dijo el portavoz popular, convencido de que hay que tener "seriedad" sobre estas cosas. "Intento cumplir y cumplo mi función, yo creo que con ciertas dosis de eficacia", añadió, y "si eso le molesta a alguno" le advirtió que esas "estrategias calumniosas" no van a surtir efecto. "Soy el primer interesado en que eso se pueda aclarar, por eso he presentado alas querellas", dijo. Zaplana confió en que se resuelvan "en breve plazo" y prefirió esperar a que se conozcan esas resoluciones porque sólo así se sabrá "qué es lo que ha pasado y cuáles son los motivos que llevaron a esos dos diputados a establecer esa denuncia ante la Fiscalía". "No me pidan que esté engordando y alentando lo que quiere el PSOE", sentenció. En clave política, este asunto podría acabar derivando incluso en una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Esa es la petición lanzada por el secretario general del PSOE autonómico, Joan Ignasi Pla. El dirigente socialista también exigió una auditoría operativa de Terra Mítica y la comparecencia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, para explicar, de forma urgente, "los hechos conocidos en el caso Terra Mítica" que "pueden ser el resultado de una operación perfectamente organizada". Y en el ámbito judicial, la denuncia ya está en manos del juzgado de instrucción número 3 de Valencia. La fiscal que ha instruido las diligencias iniciadas por la denuncia de los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa ya la ha trasladado. Considera que los hechos denunciados pueden tener relación con la causa ya abierta en este juzgado que investiga un presunto fraude a la Hacienda Pública por valor de 4,4 millones de euros cometido mediante una trama de falsificación de facturas en la que estarían implicadas 19 empresas. www.levante-emv.com 17.05.06
La CAM rechaza personarse como afectada en la causa sobre Terra Mítica
El presidente de la Caja de Ahoros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, rechazó ayer personar a la entidad como parte afectada en la causa por presunto fraude fiscal en la que aparece como implicado el parque Terra Mítica, del que la caja tiene un 23% del capital. Representantes del PSPV-PSOE en el consejo de administración de la CAM, reunido ayer en Alicante, exigieron a Sala que defienda ante la Justicia el dinero de los impositores y persone a la institución en el procedimiento abierto a instancias de Hacienda, que descubrió importantes sobrecostes en la ejecución del proyecto derivados, muchos de ellos, de la emisión de facturas falsas y de pagos por servicios que escapaban al control tributario, como también constató el Ministerio Fiscal. En el transcurso de la reunión, de carácter ordinario, los consejeros socialistas argumentaron que la CAM, titular de más de un 23% del complejo de Benidorm, debe personarse en calidad de afectada y exigir una auditoría operativa de las finanzas de Terra Mítica desde sus inicios. A lo largo de varias intervenciones, los consejeros recordaron al presidente de la CAM que Terra Mítica acabó de construirse con un sobrecoste de más de 107 millones de euros y una inversión de la caja por encima de 75 millones. Vicente Sala rechazó todas las propuestas. El presidente defendió su postura en solitario y sin intervenciones de apoyo del director general, Roberto López, en contra de lo ocurrido en otras reuniones del Consejo en la que se han abordado asuntos relativos al parque. Frente a la moderación exhibida hasta ahora por los representantes socialistas en debates sobre el parque, ayer insistieron en poner el acento en que parte de los sobrecostes de la atracción se han financiado a costa de los depósitos de miles de clientes. El catedrático Martín Sevilla tuvo que recordar a Vicente Sala la reciente condena a los miembros del Consejo de Administración de Cajasur por inversiones efectuadas por esta entidad. Pese a la insistencia, el máximo mandatario de la caja no creyó necesario convocar una reunión del Consejo monográfica sobre la inversión en Terra Mítica. También rechazó inmiscuir a la institución en el proceso judicial, y para reforzar su negativa, Sala esgrimió que en toda la historia de la CAM jamás se ha actuado en un procedimiento de esas características.www.levante-emv.com 17.05.06
La Generalitat rechazó ordenar una auditoría de los sobrecostes de las obras
La Generalitat rechazó hace más de un mes la elaboración de una auditoria que estudiara los sobrecostes de las obras de Terra Mítica. La negativa del Gobierno autonómico se produjo apenas unas fechas antes de que los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such presentaran la denuncia en la Fiscalía. El complejo ha eludido hasta ahora el control público, pese a que Terra Mítica está participada en un 20% por la Generalitat, al no haber sido auditado nunca por el Síndic de Comptes. La petición de los socialistas para chequear los sobrecostes en el complejo de ocio se produjo a raíz de quedar constatado que, en último extremo y de acuerdo con el informe de los interventores judiciales tras la suspensión de pagos, los trabajos del parque habían registrado un exceso de gasto, al menos y de forma global, de 107 millones de euros. www.levante-emv.com 17.05.06
Diez millones por obras no realizadas y un fraude de 4,4 millones con facturas falsas
La segunda denuncia de la Fiscalía, basada en el informe de la Agencia Estatal Tributaria por un fraude fiscal de 4,4 millones de euros a través de una red de empresas que facturó sobrecostes en las obras de jardinería de Terra Mítica, también incluye desde el inicio a las empresas AST Ingenieros y AIE Ingeniería. Éstas habrían participado, junto a otras 17 mercantiles -incluida Terra Mítica-, en una trama de facturas falsas cuyo beneficio podría superar los 10 millones de euros por obras nunca realizadas, según adelantó el periódico Levante-EMV el pasado 6 de diciembre.Ambas empresas fueron incluidas posteriormente en la denuncia del fiscal, tras pedir su imputación al juez instructor, una vez iniciadas las diligencias y tras haber tomado declaración a los primeros imputados. Tanto la segunda denuncia de la Fiscalía como la de la Agencia Estatal Tributaria, siguen el guión de las primitivas, presentadas en noviembre y junio de 2005, respectivamente. En ellas se describe una «trama organizada» que permitía la falsificación de facturas desde unos proveedores inexistentes hasta la cúpula del parque.Había cuatro grupos de sociedades «en connivencia» unas con otras, que se agrupaban en cuatro escalones. En el primero estaban las empresas «inactivas o con una actividad pequeña», que «emitían facturas falsas por unos trabajos que nunca llegaron a realizar y que entregaron a las del segundo escalón». Éstas las recibían y «emitían otras también por servicios que nunca se han realizado y que, a su vez, han entregado a otro grupo». Las terceras hacían lo mismo, «haciendo constar la relación de trabajos que nunca se efectuaron», para las empresas del último escalón, como Terra Mítica. Un empresario actuaba de recaudador y «retiraba los fondos que habían ingresado las empresas receptoras» en su cuenta, como publicamos en noviembre de 2005. www.levante-emv.com 19.05.06
El fiscal remitirá la denuncia por cobros ilegales al juez que investiga el fraude en Terra Mítica
La Fiscalía remitirá la denuncia por cobros de comisiones ilegales durante las obras de jardinería de Terra Mítica al juzgado que investiga la trama de facturas falsas y sobrecostes en el parque temático de Benidorm, ya que los hechos denunciados se refieren a los que ya están siendo investigados por un juez.Esta será una de las diligencias previstas después de que los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such se ratificaran en la denuncia por la que se afirmaba a través de una conversación grabada a dos empresarios, que el contratista Vicente Conesa los conminaba a facturar sobrecostes para repartírselos con Eduardo Zaplana, en aquel momento presidente de la Generalitat. Durante tres horas, los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such declararon ayer ante la fiscal que investiga la denuncia presentada hace una semana por unos supuestos cobros de comisiones ilegales. El motivo de su comparecencia en la sede de la Fiscalía de la Ciudad de la Justicia de Valencia fue que se ratificaran en la denuncia, una cuestión de puro trámite, y que ampliaran algunos aspectos de la grabación que no habían podido ser transcritos convenientemente por un defecto del reproductor. El siguiente paso podría ser la toma de declaración a los dos empresarios, cuyas acusaciones contra Conesa y Zaplana fueron grabadas en la sede del Grupo Socialista en las Corts, y que están imputados por delito fiscal al formar parte presuntamente de una trama de facturas falsas durante la construcción de Terra Mítica. No obstante, el fiscal no puede realizar una investigación paralela sobre unos hechos que ya están siendo investigados por un juez y de los que hay una diligencias abiertas, en especial, a dos personas imputadas por ellos. Según el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: «Cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos». En este caso, además, los dos empresarios grabados, e incluso aquél a quien hacen referencia, Vicente Conesa, están imputados en una misma causa judicial.Al término de su declaración, Such y Camarasa rechazaron dar una información detallada de su declaración porque forma parte de la investigación judicial, e insistieron en que la pretensión del PSPV con la denuncia radica en «saber dónde están y quién se ha llevado los 17.000 millones de pesetas» de sobrecostes en el parque temático de Benidorm durante su construcción. www.levante-emv.com 17.05.06
El juzgado citará de nuevo a declarar a los 31 empresarios
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Valencia citará a declarar de nuevo como imputados por delito fiscal y falsificación en documento mercantil a los 31 empresarios que representan a 18 empresas y a Terra Mítica, tras acumular la nueva denuncia de Hacienda en las diligencias pendientes de recurso que se abrieron en noviembre de 2005 tras una primera investigación de la Inspección Tributaria. En el auto de acumulación de ambas causas, que son la misma pero salvando el defecto formal que se saltó la Agencia Estatal Tributaria el año pasado, el magistrado establece que se remita la nueva denuncia de la Fiscalía, incluyendo el expediente de la Agencia Tributaria, a todos los denunciados. Al mismo tiempo, se les hace saber en este auto que con esta diligencia se les citará como imputados para que presten declaración de nuevo en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia, aunque no señala una fecha a la espera de que la denuncia llegue a todos los encausados. La segunda denuncia no ha supuesto la apertura de nuevas diligencias ya que, pese a que había un auto de la Audiencia declarando nulas las actuaciones y dos autos del juez por los que se suspendía provisionalmente y, luego, se archivaba definitivamente la causa, esta sigue viva en tanto no se resuelvan los recursos pendientes. En concreto, el juez debe responder a la fiscal sobre la prescripción de uno de los delitos, el de falsificación. www.levante-emv.com 17.05.06
Terra Mítica calla pese a que todo gira en torno a un posible fraude al complejo de ocio
Silencio en Sierra Cortina. Pese a la tormenta mediática que se ha generado en torno a un presunto pago de comisiones por obras de construcción del parque temático, Terra Mitica guarda silencio. Fuentes oficiales del parque temático declinaron ayer hacer cualquier valoración sobre la polémica suscitada a raíz de las grabaciones en las que dos imputados por el presunto fraude de falsificación de facturas vinculan el caso con el cobro de comisiones ilegales. Desde Terra Mítica se mostró disposición a colaborar «en todo lo que diga la justicia» pero se evitó hacer cualquier tipo de consideración al respecto del contenido de las conversaciones grabadas por el diputado socialista José Camarasa con Antonio Moreno Carpio y José Herrero García. Terra Mítica es una de las empresas denunciadas por la Fiscalía tras el expediente entregado por la Agencia Tributaria. Sus abogados han acudido a las comparecencias en calidad de defensores, e, incluso, en virtud de una póliza de responsabilidad del propio parque, algunos de sus directivos han gozado de ayuda legal. La denuncia del Ministerio de Hacienda considera además al consejo de administración responsable indirecto, en una figura denominada «culpa in vigilando», es decir, la no diligencia necesaria para evitar el presunto fraude que denuncia el Ministerio fiscal. Consejeros de Terra Mítica consideran que, en este caso, el parque temático es parte perjudicada. Pero ningún accionista ha intentado presentarse, ya sea de en solitario o en representación del parque, como acusación particular. www.levante-emv.com 17.05.06
Rincón anuncia que su abogado estudia acciones judiciales contra los empresarios que lo implican
Antonio Rincón, el ex director técnico de Terra Mítica responsable de la ejecución de las obras, ha asegurado que «nunca» cogió dinero del parque, que no certificaba obras y que no tenía acceso al dinero. «Yo sólo tenía que planificar cómo se debían desarrollar los trabajos, hacer un planning». Rincón contesta de esta forma a la mención que se hace de él en la trascurso de las conversaciones entregadas al fiscal en las que los imputados en la presunta trama de facturas falsa de Terra Mítica hablan de cobro de comisiones. En uno de los pasajes de las conversaciones Moreno incluye a Rincón entre las personas a las que entregaba «bolsas de dinero», además de a Vicente Conesa y «a José María». Conesa ha negado que cobrase comisiones por las obras del parque. Antonio Rincón sostiene que no tiene nada que ocultar y que «todas esas acusaciones son falsas. Nunca he tocado dinero del parque, eso es una barbaridad», dice en una entrevista publicada ayer por el diario Las Provincias. La entrevista en este rotativo se produce un día después de que Levante-EMV ofreciese a Antonio Rincón Ña través de una representante de su empresa Grupo Comares MC InvertÑ la posibilidad de ofrecer su versión en este diario, e incluso la de realizar una entrevista con el periódico. Rincón no respondió a esta oferta. Rincón, que también está imputado en la causa por la presunta trama de facturación falsa, afirma además: «Hay gente empeñada en decir que yo certificaba las obras y tenía acceso al dinero, pero eso no era competencia mía». Sobre su relación con los dos empresarios protagonistas de la conversación dijo: «A Antonio Moreno lo conozco de cuando trabajábamos en el parque. Directamente lo conocí allí, pero no ha habido más relación que esa». Con todo, la documentación remitida por la Agencia Tributaria al juzgado revela vínculos comerciales en los años investigado entre una empresa ligada a Moreno Carpio y otra que, tiempo después de construirse el parque, tiene como administrador a Rincón. Sobre José Herrero dice que no lo conoce ni sabe quién es. Rincón también se muestra dispuesto a llevar ante un juez «a quien me acuse». «Mi abogado está trabajando en ello».Este diario también se puso en contacto ayer con José María Arraiz, administrador de AST Ingenieros, para conocer su versión de los hechos denunciados por la Agencia Tributaria sobre su posible implicación en la trama de facturación falsa. El nombre de Arraiz también aparece en las conversaciones en las que se habla de comisiones. Concretamente, José Camarasa cita directamente a Arraiz en un pasaje de las conversaciones grabadas. Ni Arraiz ni ningún representante de AST Ingenieros ha contestado a los ofrecimientos de este diario para publicar su versión de los hechos denunciados por la Agencia Tributaria ni del contenido de las conversaciones enviadas por el PSPV al fiscal. www.levante-emv.com 17.05.06
El magistrado Flors y el caso Cartagena
Director de la Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, socio de la Asociación de Jueces y Magistrados «Francisco de Vitoria», gran amante de la naturaleza y experto senderista, José Flors Matíes es recordado por haber sido el juez instructor del caso Cartagena, cuya investigación llevó las diligencias hasta la Audiencia Nacional por las cesiones de crédito del Banco Santander. El informe que el magistrado José Flors encargó al Instituto de Robótica de la Universidad Politécnica de Valencia precipitó la dimisión del entonces conseller de Obras Públicas, y mano derecha de Zaplana durante la primera legislatura del PP, Fernando Cartagena. Además de desplazarse hasta Orihuela para tomar declaración a varios empresarios y realizar el registro del Banco Santander, la instrucción de José Flors determinó la decisión de la juez Teresa Palacios, que imputaba 138 delitos fiscales a cuatro ex altos cargos del Banco Santander, entre ellos, Cartagena. Además, también llamó a declarar al conseller de Sanidad Joaquín Farnós por un delito de revelación de secreto tras el procesamiento del anestesista Juan Maeso, en el caso de la hepatitis C. Desde ayer, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se encarga de la querella presentada por el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, contra los diputados del PSPV en las Corts, José Camarasa y Antoni Such. Como magistrado de la sala de lo civil y penal del TSJCV, las causas que se investigan y que se juzgan son las que afectan a cargos electos o jueces, además de recursos de apelación como, por ejemplo, los del jurado www.levante-emv.com 18.05.06
Zaplana se querella contra los diputados y los empresarios
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, anunció el pasado viernes, nada más hacerse públicas unas grabaciones que le relacionan con un caso de supuesto cobro de comisiones ilegales en Terra Mítica, que presentaría una querella por calumnias, y ayer, cuatro días después, cumplió con el trámite. Un representante legal de Zaplana presentó al mediodía ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una querella, con ejercicio de la acción penal y civil, "por calumnias e injurias graves propagadas con publicidad" contra los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such, y los empresarios Antonio Moreno y José Herrero.
Los dos empresarios, imputados en el caso de las facturas falsas en Terra Mítica, habían relatado a los parlamentarios, que grabaron las conversaciones, cómo hinchaban las facturas de las obras que realizaban en el parque temático con el propósito de generar comisiones ilegales y citaron a Zaplana como posible beneficiario de las mismas. Los dos diputados socialistas trasladaron la pasada semana estas grabaciones, acompañadas de una denuncia, a la Fiscalía para que investigara los hechos por si eran constitutivos de delito. La querella se admitió a trámite y recayó en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, que preside José Flors, según fuentes de este organismo.
En una nota pública, la Oficina de Prensa del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados aseguraba poco después que la querella se dirige contra los que "intentan relacionar a Eduardo Zaplana, sin pruebas y a cambio de dinero y beneficios judiciales en la causa en la que están imputados, en el cobro de comisiones ilegales". En la querella se argumenta que el único fin de los querellados fue "perjudicar el honor del señor Zaplana, imputándole la comisión de un delito que no ha cometido mientras fue máximo responsable de la Comunidad Valenciana". Zaplana insiste, según el texto de la querella, en que el propósito de Camarasa y Such fue "difamatorio, con ánimo de deteriorar gravemente la imagen pública, el honor y la dignidad de quien resulta ser su adversario político", ya que los diputados no realizaron averiguación alguna para comprobar la veracidad de lo que afirmaban los dos empresarios.
El querellante considera grave no solo la presentación "de una denuncia falsa" sino que los dos parlamentarios la hayan difundido "ampliamente" para su conocimiento público. "La razón de que no exista ni un solo indicio que pueda avalar la información facilitada a los medios de comunicación y a la Fiscalía es que resulta ser absolutamente falsa. Prueba evidente es que, según se desprende de la denuncia presentada en la Fiscalía, ninguno de los aquí querellados ofrece prueba alguna que acredite la realidad de sus imputaciones", concluye el comunicado del Grupo Popular. EL PAÍS - 18-05-2006
El PSPV reclama en la fiscalía que se justifique el sobrecoste de 102 millones en Terra Mítica
Los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa acudieron ayer a la fiscalía de Valencia a ratificar la denuncia que presentaron la pasada semana con la grabación de la conversación con dos empresarios que vinculan a Eduardo Zaplana al cobro de comisiones en la construcción de Terra Mítica. Such y Camarasa explicaron la denuncia y aclararon que su objetivo es conocer adónde ha ido a parar el sobrecoste de 102 millones de euros del parque temático de Benidorm. Los diputados emplazaron al presidente de la Generalitat a que responda sobre las tramas que implican a Terra Mítica.
"Hemos comparecido para ratificar y para explicar la denuncia, que consiste en esclarecer adónde han ido a parar los 102 millones de euros de sobrecoste del parque", afirmó Such tras su declaración ante la fiscal Carmen García Cerdá, encargada de la investigación. Los dos diputados respondieron, por separado, durante más de una hora a las preguntas de la fiscal sobre la denuncia presentada la pasada semana en la que dos empresarios (Antonio Moreno Carpio y José Herrero García) implican a Zaplana en el cobro ilegal de comisiones en las obras del parque temático.
Camarasa explicó: "Hemos ampliado algún detalle de las grabaciones que para la fiscal no estaba suficientemente claro pero que no voy a precisar por respeto a la Justicia". Such aseguró que sus comparecencias sirvieron para que "la Fiscalía tuviera suficientes datos para proseguir la investigación". Y añadió que tras los hechos conocidos hasta ahora, "es el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien tiene que dar respuesta sobre dónde está el dinero, y hacerlo públicamente". Camarasa agregó que como portavoz de grandes proyectos del PSPV en las Cortes intenta desde hace tres años, sin éxito, que el Consell explique el sobrecoste de Terra Mítica y dónde está el dinero que falta. "Hemos cumplido con la obligación de acudir a la Justicia tras conocer un hecho presumiblemente delictivo, como es la manipulación para inflar las facturas del parque", añadió.
Tras la ratificación realizada ayer por los dos diputados socialistas, la fiscal citará a declarar a los dos empresarios que relataron, según consta en las grabaciones, cómo se manipularon facturas en las que se inflaba artificialmente el coste de determinados servicios contratados entre 1999 y 2001 para entregar comisiones al también empresario Vicente Conesa y este, a su vez y según Moreno Carpio y Herrero García, dar parte de ese dinero a Zaplana. Conesa está implicado, junto a los dos empresarios grabados y otras 21 personas, en la trama de facturas falsas que investiga otro juzgado de Valencia por defraudación a la hacienda pública. Esa denuncia implica también a Terra Mítica.
Mientras, el PP se mantuvo ayer fiel al guión, que consiste en atacar a los socialistas, a los que acusa de realizar grabaciones ilegales. El partido aprobó un comunicado y el presidente de las Cortes, Julio de España, reiteró sus críticas a Such y Camarasa, a los que acusó de nuevo de cometer un "acto delictivo" al grabar las conversaciones. El secretario general PSPV y portavoz parlamentario, Joan Ignasi Pla, pidió por escrito a De España que "rectifique", porque con sus acusaciones "ha desviado su obligación institucional hacia el menosprecio, el insulto y a la imputación de acciones ilícitas". Y advirtió de que, si no lo hace, iniciará actuaciones "no exclusivamente parlamentarias". De España replicó que no piensa rectificar porque la actuación de Such y Camarasa ha sido "fraudulenta" e "ilegal".
Grabadoras frente a carteras
Unos lo habían preparado; otros improvisaron. Los diputados de PP y del PSPV en las Cortes Valencianas manifestaron ayer con gestos desde los escaños -unos esgrimiendo grabadoras, otros sacando sus billeteras- sus discrepancias a cuenta de las nuevas revelaciones en torno al caso Terra Mítica: el presunto cobro de comisiones ilegales que dos empresarios imputados han atribuido a Eduardo Zaplana. Desde que el viernes de la semana pasada se conoció el asunto, a raíz de la denuncia ante el fiscal de los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, los populares han dedicado la mayoría de sus intervenciones a descalificarles por grabar la conversación con los empresarios. Los portavoces del PP, por contra, apenas han criticado a estos por sus acusaciones a Zaplana.
Casualmente, ayer por la tarde Such y Camarasa tenían que formular sendas preguntas en la sesión de control al Consell en las Cortes. Que el PP iba a hacer algo para reiterar su rechazo, estaba claro: había más periodistas de lo normal e incluso Canal 9 había desplazado a un equipo, algo inhabitual en las sesiones vespertinas de un pleno ordinario. Como inhabitual era la nutrida asistencia de parlamentarios en el hemiciclo a primera hora de la tarde. Cuando Such se disponía a preguntar desde su escaño, los diputados del PP se levantaron todos a una y mostraron grabadoras y otros artilugios electrónicos capaces de registrar conversaciones.
El presidente de la Cámara, Julio de España, que por la mañana había reiterado su crítica a Such y Camarasa -el martes los comparó con narcotraficantes, además de acusarles de cometer un delito-, pidió a sus correligionarios que se sentaran y guardaran los aparatos, porque los servicios de la Cámara "ya lo graban todo". Y les llamó al orden "por primera vez". Such consiguió preguntar.
También Camarasa pudo hacerlo, con un matiz: la Mesa de las Cortes se lo permitió a sabiendas de que el titular de Cultura, al que el Consell endosó la pregunta del diputado, dirigida genéricamente al Gobierno, había excusado su presencia en el pleno. Todo para que los diputados del PP pudieran repetir la jugada: cuando Camarasa empezó a hablar, se levantaron de nuevo al unísono y volvieron a enseñar las grabadoras. Esta vez, De España no les llamó al orden. Pero en esta ocasión los diputados socialistas empezaron a sacar sus carteras -algunos optaron por billetes-, que mostraron a los populares, en alusión al dinero de Terra Mítica.
En el revuelo, con agrias acusaciones entre ambas bancadas, Camarasa le espetó al portavoz del Consell, Esteban González Pons, que acababa de criticar a los socialistas por grabar las conversaciones: "Eso [la defensa de Zaplana] no es lo que dices cuando llamas a los periódicos, ni lo que publicas en El Semanal Digital".
Incidentes en la Cortes Valencianas por la denuncia de comisiones ilegales en Terra Mítica
En la sesión celebrada esta tarde por las Cortes Valencianas, y durante la intervención de Antoni Such, uno de los diputados socialistas que denunciaron el presunto cobro de comisiones ilegales de Terra Mítica por Zaplana, los parlamentarios del PP se pusieron en pie mostrando grabadoras de mano y teléfonos móviles. Con este gesto, hacían alusión a las grabaciones que diputados socialistas realizaron a dos empresarios que aseguraban que parte de las comisiones iban a parar a Eduardo Zaplana y que trasladaron a la Fiscalía.Antoni Such, dirigiéndose a los parlamentarios del PP, les dijo: "No nos hareis callar, éste es un numerito que no parará a los socialistas en sus denuncias". El portavoz del PP en el Parlamento autonómico valenciano, Esteban González Pons, negó que se tratara de "un numerito" sino una respuesta digna de un grupo parlamentario a "una actitud indigna de un miembro de esta Cámara". Poco después intervenía en la sesión de control de las Cortes Valencianas José Camarasa , el otro diputado socialista que denunció el cobro de comisiones ilegales en el parque temático. Los parlamentarios del PP volvieron a ponerse de pie mostrando las grabadoras y los móviles, a lo que los diputados socialistas respondieron mostrando sus carteras.
www.cadenaser.com 17.05.06
La Generalitat de Zaplana también contrató a Conesa obras en Valencia y la Ciudad de la Luz
La Generalitat Valenciana también contrató con Vicente Conesa obras de jardinería para la Ciudad de la Luz y conservación de ajardinamientos en Valencia durante la etapa en que Eduardo Zaplana era presidente. La entonces denominada Conselleria de Obras Públicas (hoy Infraestructuras) adjudicó en el año 2000 obras por valor de 4,8 millones de euros a la mercantil Delta Agrícola, de la que Conesa fue administrador y accionista hasta mediados de 2001. Otra de las empresas de Conesa, C-3 Ingeniería de la Construcción y el Medio Ambiente, también ha contratado trabajos de jardinería para la Ciudad de la Luz, durante la etapa en la que era accionista mayoritario de la misma la sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (hoy socia única de la misma).
Conesa, que fue funcionario del INEM, se convirtió en contratista de la administración tras hacerse militante de Alianza Popular. Entre 1992 y 1994 se vio envuelto en el llamado escándalo de los mapas de Benidorm, adjudicados con presuntas irregularidades cuando Zaplana era alcalde. En 1994 circularon unas grabaciones en las que Conesa tenía como interlocutor al entonces presidente provincial del PP, Vicente Sanz, y en la que se aludía al pago de comisiones. Ningún juez consideró punibles estas grabaciones, pero el escándalo le costó el puesto a Sanz, ahora máximo responsable de medios técnicos y humanos de Radio Televisió Valenciana. Por su parte, Zaplana se vio salpicado, pero no lo suficiente como para poner freno a su carrera política. En 1995 se convirtió en presidente de la Generalitat Valenciana. En 1999, se produjeron los primeros contratos relacionados con el parque temático de Benidorm, proyecto estrella de Zaplana. La sociedad pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (entonces conocida como Parque Temático de Alicante) adjudicó a la unión temporal de empresas (UTE) que componían Delta Agrícola y Sociedad de Agricultores de la Vega la instalación de la red de riego del todo el entorno del complejo de ocio, por importe de 4,37 millones de euros. En diciembre del mismo año, la unión temporal de empresas compuesta por Delta Agrícola y Lubasa fue beneficiaria del proyecto de reforma de una subestación eléctrica, cuya ejecución tuvo en presupuesto de 302.787 euros. Delta Agrícola estuvo participada por la familia Conesa y la familia de otro ex responsable del INEM, Eduardo Casanova, hasta que Conesa cedió su participación a Casanova y se desvinculó de la empresa, a mediados de 2001. En 1994, Vicente Conesa había constituido la mercantil C-3 Ingeniería de la Construcción y el Medio Ambiente. Esta empresa recibió el encargo en 1999, por parte de la comisión ejecutiva de Terra Mítica, de desarrollar los espacios verdes del complejo de ocio de Benidorm. C-3 asumió, en colaboración con Lubasa, la gerencia de jardinería y Conesa se convirtió en un personaje con cierto poder en el seno del parque. El empresario ha tenido capacidad para certificar trabajos y mantener negociaciones con los contratistas. Por esta labor, C-3 ha facturado al menos 4 millones de euros al parque, según documentación interna del parque. En conjunto, empresas en las que Conesa participa o ha participado han facturado a conselleries y empresas de la Generalitat durante la etapa en que Zaplana era presidente al menos 13,5 millones de euros. En noviembre del año pasado, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia denunció a Terra Mítica ya casi una veintena de empresas por presunto fraude fiscal y por la organización de una trama para falsificar facturas. Conesa y sus empresas aparecían en el centro de la trama. La Audiencia de Valencia anuló parte de las actuaciones, pero la Fiscalía ha presentado una nueva denuncia tras subsanar el Ministerio de Hacienda un defecto de forma. La presentación de esa denuncia ha coincidido con otra demanda interpuesta por dos diputados del PSPV ante el fiscal acompañada de unas grabaciones en las que dos empresarios imputados en la trama y contratistas de Terra Mítica afirman que pagaban comisiones a Conesa, y que este les dijo que repartía el dinero con Zaplana. Ambos han negado estos hechos. www.levante-emv.com 17.05.06
De España llama presuntos delincuentes a los empresarios y equipara grabar a tener droga
El presidente de les Corts, Julio de España, volvió a salir ayer en defensa de su mentor, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, en una improvisada comparecencia ante los medios de comunicación en la que subió el tono de sus acusaciones contra los diputados del PSPV Antoni Such y José Camarasa y de paso, arremetió contra los empresarios que en la grabación vinculan a Zaplana con un presunto cobro de comisiones en Terra Mítica. De España llamó a estos «presuntos delincuentes» y censuró a los socialistas por haberlos «metido» en sus despachos oficiales en el parlamentaria.
Hasta ayer los populares habían concentrado sus críticas en el PSPV salvando de la quema a los empresarios imputados en la presunta trama de facturas falsas en el parque temático para quienes en boca del vicesecretario general del PP, Ricardo Costa, podrían haber sido objeto de una grabación malintencionada. De España se pronunció en estos términos coincidiendo con la rueda de prensa del portavoz popular en Madrid en la que anunciaba también querellas hacia los empresarios. Con todo, el peso de las acusaciones recayó ayer en los socialista a quienes De España acusó de haber cometido con las grabaciones «un acto delictivo» que consideró «tan indigno como almacenar droga» en el parlamento. El presidente, que se limitó a hacer una declaración sin preguntas, no midió sus palabras al dar por hecho de que se trataban de «grabaciones ilegales» y que los diputados habían «fabricado asuntos pagando dinero». «Los dos diputados son una vergüenza para el parlamentarismo», soltó. Más tarde, en una tensa reunión de la Mesa de les Corts, De España solicitó a los servicios jurídicos del parlamento que elaboraran un informe para conocer «qué medidas se pueden tomar en contra de los dos diputados». Fuentes del PSPV presentes en la Mesa aseguraron que el letrado replicó al presidente que , después de sus propias manifestaciones, poco más cabía añadir . Según las mismas fuentes, De España mandó callar el letrado e insistió en su petición. Los socialistas reprocharon a De España que actuara de forma partidista y no como presidente de una institución que debería velar por los derechos parlamentarios de cualquier diputado. Sin embargo, De España no estuvo solo en su petición. El portavoz del grupo popular, Serafín Castellano, respaldó la iniciativa del presidente porque «no todo vale» y calificó el proceder de los diputados del PSPV como «prácticas mafiosas que son para mafiosos». Y es que el cierre de filas en el PP valenciano volvió a evidenciarse en la jornada de ayer. El consejo de dirección del grupo parlamentario popular, controlado por los campsistas, acordó por unanimidad el comunicado de apoyo a Zaplana que ser á sometido hoy a votación en el pleno del grupo. En el se pide al líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, que destituya de todos sus cargos a los diputados denunciantes. En sus declaraciones a los medios, Castellano echó más azucar y planteó que si los diputados tuvieran vergüenza deberían dimitir. Denunció «una campaña de desprestigio de la figura de Zaplana de la que nos sentimos todos orgullosos». Y aseguró que el grupo tomará las medidas que sean necesarias, entre ellas la reprobación solicitada el día anterior por De España si «hay base reglamentaria». www.levante-emv.com 17.05.06
Un empresario de las cintas dice que no habla «de momento»
José Herrero García, el interlocutores de la conversación con el diputado socialista José Camarasa que afirma en la grabación que Vicente Conesa le dijo que las presuntas comisiones las repartía con Eduardo Zaplana, evitó ayer hacer declaraciones. Consultado por Levante-EMV sobre si quería hacer algún tipo de declaración pública, Herrero manifestó que, «de momento», no va a hablar y quitó hierro al contenido de las conversaciones que el PSPV ha llevado al fiscal acompañadas de una denuncia. Este diario también ha intentado contactar con Antonio Moreno Carpio, el segundo de los empresarios imputados en la causa de la presunta trama de facturas que aparece en las conversaciones grabadas con José Camarasa. Levante-EMV llamó en la tarde de ayer a los teléfonos que aparecen registrados a nombre de las empresas a las que está vinculado, pero nadie respondió a las llamadas. Moreno Carpio afirma en la trascripción de las conversaciones que entregaba «bolsas de dinero» a Conesa, al ex director técnico de Terra Mítica Antonio Rincón y a «José María». También dijo que envió dinero a Suiza y Andorra. www.levante-emv.com 17.05.06
Varias sentencias avalan las grabaciones e incluso su posible valor como prueba
Una sentencia del Tribunal Constitucional, de 2003, y dos del Supremo, de 1993 y 1999, a las que ha tenido acceso este periódico, avalan por extensión la legalidad de las grabaciones que realizaron los diputados del PSPV y subrayan precisamente que a lo que estaban obligados los parlamentarios es a denunciar los presuntos hechos delictivos, según el artículo 259 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Van incluso más allá al determinar que las grabaciones pueden servir como prueba en un proceso judicial. Uno de los fallos afectó al Ayuntamiento de Calvià, en el que hubo condenas por cohecho. «La grabación de las palabras de los acusados realizada por el denunciante con el propósito de su posterior revelación no vulnera ningún derecho al secreto, ni a la discreción, ni a la intimidad del recurrente», asevera el fallo, que añade: «No se alcanza a comprender el interés constitucional que podría existir en proteger el secreto de los propósitos delictivos».En otro momento resalta que es «totalmente irrelevante la forma en la que se documente este acto privado», una carta dirigida al denunciante o «una grabación privada».«No existe ninguna disposición que exija un control judicial para tales obtenciones privadas de pruebas. Tampoco existe ninguna disposición que impida valorar como pruebas tales grabaciones», asevera. El fallo del TC es contundente: «Tratándose de la comisión de un delito, existe obligación de denunciarlo, impuesta en el artículo 259» de la ley de Enjuiciamiento, «lo que elimina la obligación de secreto». En el caso Naseiro fueron grabaciones a terceros, no como en las del PSPV (registro de una conversación en la que se participaba).
www.levante-emv.com 17.05.06
Zaplana amenaza a los que hacen insinuaciones con que «se ha acabado la impunidad»
En una rueda de prensa, Zaplana señaló que no cree que el fiscal haya «cambiado de opinión», y aseguró que lo que Cabedo le trasladó cuando hablaron el viernes «no se ha alterado», «por mucho que algunos estén empeñados en darles todas las vueltas que quieran y en manipular la realidad y la verdad». «Estamos en la mentira permanente, en lo más burdo y canalla que se puede hacer en política. Es deleznable», denunció el portavoz del PP, quien proclamó que «se ha acabado» que se puedan realizar «insinuaciones con toda impunidad» como, recordó, ocurre desde hace tiempo, sobre todo en la Comunitat Valenciana. «A lo mejor algunos podían pensar que nos íbamos a callar siempre, pues se ha acabado esa impunidad y a partir de ahora ya saben que cada uno asumirá sus responsabilidades», advirtió. Explicó que hoy presentará las cuatro querellas, contra los dos diputados del PSPV y los empresarios que lo implican, que anunció el viernes y que está estudiando la posibilidad de querellarse contra una quinta persona, que no especificó, por haber realizado «algún tipo de comentario y valoración». Además, el PP formalizó ayer la petición de comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que dé explicaciones sobre el envío desde Moncloa de un mensaje telefónico a periodistas sobre la denuncia contra Zaplana, un «error» por el que el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, ya ha pedido excusas al portavoz popular. El PP reclama su presencia para que informe de la «utilización de medios públicos de la Secretaria de Estado de Comunicación en descrédito de determinadas formaciones políticas». Preguntado sobre si se siente respaldado por la dirección del PP, Zaplana afirmó que «sin duda», porque todos sus compañeros a los que se ha preguntado sobre el asunto se han pronunciado «de forma inequívoca». Añadió que esta no es una cuestión de respaldo sino de «razón» y de si en política «cabe todo» o hay «límites». En este punto, Zaplana destacó que este tipo de actuaciones no se daban cuando el PP estaba en el gobierno, porque los populares son «distintos» e «incapaces de sobrepasar algunos límites». «Estos episodios de tensión se dan siempre que gobierna el PSOE», dijo, y advirtió que él «jamás» asumirá el «papel de oposición políticamente correcta con el Gobierno» que, a su juicio, quieren los socialistas para el PP. www.levante-emv.com 17.05.06
Duran apunta que el ex presidente «es de los que van creando amigos»
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, también se sumó a las recriminaciones al portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, del que dijo que es de los que «van creando amigos», en relación a su trayectoria política. Tras recordar que Zaplana ha actuado contra él con falsedades, afirmó: «Yo no voy a comportarme como el señor Zaplana», y agregó que de momento le aplica «el beneficio del principio de inocencia» en el caso de su supuesta implicación en asuntos de corrupción. www.levante-emv.com 17.05.06
Llamazares pide que el portavoz se explique y no reitere que lo persiguen
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, instó ayer al portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, a dar explicaciones cuanto antes sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales de Terra Mítica. Aseguró que en este momento ya hay abiertas investigaciones de la Fiscalía y por lo tanto no puede seguir diciendo que lo persiguen. El líder de IU aseguró que hasta ahora, ante la denuncia de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y ante la denuncia de la Fiscalía de Valencia, Zaplana «ha dicho siempre lo mismo, que es un contubernio, una conspiración de las fuerzas políticas de la izquierda». Por su parte, la coordinadora general de Esquerra Unida, Glòria Marcos, manifestó en Valencia que el presidente Francisco Camps, «ha vuelto a apoyar a la persona equivocada». «Camps será corresponsable de lo que digan los tribunales sobre Terra Mítica», señaló. «Los ecos de la corrupción del PP en el País Valenciano se extienden cada vez más, y los valencianos comienzan a estar hartos de un gobierno que ampara la corrupción», indicó. Y concluyó advirtiendo a los populares de que están poniendo «las piedras de su hundimiento electoral». www.levante-emv.com 17.05.06
Los populares arremeten contra los socialistas y descalifican la denuncia que implica a Zaplana
El PP, ante la denuncia del PSPV relativa al cobro de comisiones ilegales que dos empresarios imputados en el caso Terra Mítica atribuyen al actual portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, y tras comprobar que el fiscal ha iniciado una investigación sobre el asunto, salió ayer en tromba a defender al ex presidente de la Generalitat y arremetió contra los diputados socialistas que grabaron su conversación con aquellos. Los populares tratan de endosar toda la culpa a los socialistas, sin entrar en el fondo de la cuestión ni referirse a los dos empresarios. Incluso el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, intervino ayer en defensa de Zaplana y calificó la denuncia de "cortina de humo". Zaplana anunció que hoy se querellará.Los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero García, que revelaron a los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa las prácticas presuntamente delictivas realizadas durante la construcción del parque temático Terra Mítica de Benidorm, no han aparecido en ningún momento en las múltiples declaraciones que los dirigentes populares han hecho desde que el pasado viernes se conoció la existencia de las grabaciones que implican a Eduardo Zaplana en un presunto cobro de comisiones ilegales obtenidas al falsificar facturas de las obras del parque. Prácticamente ningún dirigente del PP se ha referido a ellos, ni ha hecho referencia a los presuntos delitos denunciados por los empresarios. Tampoco a la supuesta existencia de sobrecostes millonarios en las obras de Terra Mítica.Este periódico preguntó ayer al respecto al portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, que eludió de nuevo la cuestión de fondo, evitó referirse a los empresarios y se aferró al guión: las grabaciones son ilegales, el PSPV "siempre ha criticado los grandes proyectos de la Generalitat", y para los socialistas Terra Mítica "ha sido un objeto a batir", pese a estar "sometida a todo tipo de fiscalizaciones". Castellano, que en una primera intervención había afirmado en este sentido que el Síndic de Comptes ha fiscalizado el parque temático -cosa imposible, pues se trata de una empresa privada- se limitó a señalar después, al preguntarle si podía precisar en qué ejercicio concreto se efectuó ese control, que Terra Mítica "está sujeta a la fiscalización de las distintas instancias establecidas por ley". La Sindicatura de Comptes sí que fiscaliza la actuación de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, que incluye a Terra Mítica, pero eso no supone que controle los gastos y las facturas del parque temático.El PP se ha aferrado a la supuesta ilegalidad de la grabación que los diputados socialistas hicieron de sus conversaciones con los dos empresarios -incluidos en la denuncia de la Agencia Tributaria por la supuesta trama de facturas falsas de Terra Mítica- y de ahí no sale. Critica con dureza a los socialistas y defiende a Zaplana. Una defensa a la que ayer se sumó el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, ante el comité ejecutivo de su partido, donde consideró que la denuncia de los socialistas es "una cortina de humo" para tapar temas que perjudican al Gobierno.Mientras, Zaplana aseguró que hoy presentará las cuatro querellas que anunció el viernes -contra los dos diputados del PSPV y los empresarios que le implican- y anunció que estudia la posibilidad de querellarse también contra una quinta persona, que no especificó, por realizar "algún tipo de comentario y valoración". Tras conocer que ha emprendido acciones, Zaplana insistió en que el fiscal del TSJ, Ricard Cabedo, le garantizó el viernes que de la denuncia "no se deducía absolutamente nada". www.elpais.es. 17.05.06
De España ve tan grave la grabación de los diputados como almacenar droga
El presidente de las Cortes Valencianas, el zaplanista Julio de España, y el Grupo Popular pusieron ayer toda la carne en el asador y, en su afán por defender a Eduardo Zaplana, se centraron únicamente en atacar a los socialistas y censurar su actuación y la grabación "ilegal". Si el lunes De España ya anunció que estudiaría la adopción de medidas contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa por hacer en el despacho de este último una "grabación ilegal", ayer fue más allá y consideró tan grave que los parlamentarios hayan utilizado la Cámara para "hacer actos delictivos" como "que almacenen droga". De España consideró "absolutamente reprobable que se utilice la sede parlamentaria para llevar a cabo estas felonías y montajes". El presidente fue más allá y tras considerar una "felonía que un partido político se preste a cualquier cosa con tal de intentar desacreditar o acabar con un rival político", en referencia a Zaplana, acusó a los socialistas de comprar con dinero las acusaciones de los dos empresarios: según De España, no se puede "ofrecer un millón o un millón y medio de pesetas con tal de inventar embustes".
Nada más realizar estas declaraciones, De España acudió a la reunión de la Mesa de las Cortes, donde comunicó que había encargado al letrado mayor un informe jurídico, para conocer "los precedentes en el Parlamento de las conductas que se han producido [en referencia a la grabación]", por si "tuviera que tomar alguna iniciativa como presidente". En la reunión, el letrado mayor pidió a De España que le aclarara en qué términos se debía realizar el informe puesto que consideraba que el presidente ya había "actuado" ante los hechos ocurridos, pues "había manifestado [a los periodistas] lo que quería".
La actuación del Grupo Popular fue en la misma línea: su dirección aprobó un comunicado de apoyo a Zaplana y de rechazo de las "prácticas mafiosas, indecentes, deshonestas y antidemocráticas" de los socialistas.
Estos últimos arremetieron contra De España. El vicepresidente segundo de las Cortes por el PSPV, Joaquim Puig, compareció con la secretaria segunda de la Mesa, la también socialista Carmen Ninet, y aseguró que el presidente de la Cámara había "traspasado la frontera de lo institucional para situarse en la frontera de la política de fracción o de la política partidaria". Puig añadió que "no puede ser presidente de las Cortes asumiendo un papel de líder de fracción o de partido" y que la "instrumentalización" de la presidencia de la institución "al servicio del PP y de Zaplana" sitúa a De España en una "disyuntiva": "O es presidente de las Cortes y de todos los valencianos o se dedica a la defensa de Zaplana y de los argumentos del PP".Por otra parte, las reiteradas declaraciones de los populares centradas en la supuesta ilegalidad de las grabaciones que los diputados socialistas llevaron la semana pasada a la fiscalía chocan de lleno con varias sentencias de altas instancias judiciales. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han sentado jurisprudencia al respecto: un fallo de la Sala de lo Penal del Supremo dictaminó en 1999 que "la grabación de las palabras de los acusados realizadas por el denunciante con el propósito de su posterior revelación no vulnera ningún derecho" y recuerda la obligación de denunciar los hechos delictivos que establece le Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por su parte, el Constitucional, en una sentencia de 2003 por un recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, consideraba que tal vulneración no existía y añadía que "no se comprende el interés constitucional que pueda existir en proteger el secreto de la comisión de un delito".El Supremo también se pronunció, en 1994, en un caso comparable al denunciado por los socialistas valencianos: la grabación de una conversación en un despacho. Y señalaba: "Pretender que la revelación realizada por el denunciante de los propósitos que le comunicaron los acusados vulnera un derecho constitucional a secreto, carece de todo apoyo normativo en la Constitución".www.elpais.es. 17.05.06
Zaplana insiste en que el fiscal le garantizó que no abriría diligencias contra él por 'Terra Mítica'
La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia de dos diputados socialistas por el presunto cobro de comisiones ilegales en el parque de ocio ‘Terra Mítica’. El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, insistió hoy en que el pasado viernes el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Ricard Cabedo, le garantizó que de la denuncia, "no se deducía absolutamente nada", por lo que no iba a abrir diligencias contra él.En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Zaplana señaló que no cree que el fiscal haya "cambiado de opinión" sobre esta cuestión y aseguró que lo que Cabedo le trasladó cuando hablaron el viernes "no se ha alterado", "por mucho que algunos estén empeñados en darles todas las vueltas que quieran y en manipular la realidad y la verdad". Explicó que mañana presentará las cuatro querellas -contra los dos diputados del PSPV y los empresarios que le implican en el caso- que anunció el viernes y que está estudiando la posibilidad de querellarse también contra una quinta persona, que no especificó, por haber realizado "algún tipo de comentario y valoración". Además, el PP ha formalizado hoy la petición de comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que dé explicaciones sobre el envío por parte del servicio de difusión de titulares de prensa de Moncloa de un mensaje SMS a periodistas con la noticia de la SER sobre la denuncia contra Zaplana, un "error" por el que el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, ya ha pedido excusas al portavoz ''popular''. Preguntado sobre si se siente respaldado por la dirección del PP, Zaplana afirmó que "sin duda" lo está, porque todos sus compañeros a los que se les ha preguntado sobre este asunto se han pronunciado "de forma inequívoca". No obstante, aseguró que ésta no es una cuestión de respaldo sino de "razón" y de si en política "cabe todo" o hay "límites". En este punto, Zaplana destacó que este tipo de actuaciones no se daban cuando el PP estaba en el gobierno, porque los ''populares'' son "distintos" e "incapaces de sobrepasar algunos límites". "Estos episodios de tensión se dan siempre que gobierna el PSOE", aseveró, a la vez que advirtió de que él "jamás" asumirá el "papel de oposición políticamente correcta con el Gobierno" que, a su juicio, quieren los socialistas para el PP. Los dos diputados socialistas que la semana pasada aportaron las grabaciones con el testimonio de los empresarios irán mañana a ratificar su denuncia sobre el presunto cobro de comisiones. En las cintas, dos empresarios que están siendo investigados por haber facturado servicios falsos al parque de ocio Terra Mítica aseguran que parte del dinero lo habría cobrado presuntamente Eduardo Zaplana, según les había contado a ellos un tercer empresario imputado en la causa. Publicado en www.cadenaser.com 16.05.06
Zaplana, aquejado de amnesia: " Nosotros nunca hemos tenido un Filesa"
Eduardo Zaplana se encuentra una vez más en el ojo del huracán. La sombra de la sospecha no le ha abandonado desde 1990. Ahora ha sido de nuevo involucrado por presunto cobro de comisiones ilegales en el caso Terra Mítica. El fiscal que investiga este asunto tiene en su poder grabaciones entre dos empresarios imputados en el affaire y un parlamentario del PSOE que grabó las conversaciones.
La leyenda que acompaña al actual portavoz del PP en el Congreso, ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat valenciana no sólo es tenebrosa, sino creciente. Su gestión publicitaria en el Ministerio de Trabajo -con José María Aznar en la Moncloa- ha sido cuestionada con severidad por el Tribunal de Cuentas, aparte de otros oscuros episodios vinculados con el transporte aéreo privado siendo ministro.
Extenso catálogo
Habría que incluir, en el extenso catálogo de las supuestas irregularidades de este alto dirigente del PP, los favores recibidos hace pocos años de la Caja de Ahorros del Mediterráneo a la hora de adquirir un piso de gran lujo en la Castellana de Madrid. Con el agravante de que algunos de los máximos responsables de esta entidad financiera habían sido designados a propuesta de Zaplana como presidente de la Generalitat.
Posible relevo
Cuando se han incrementado estos días los rumores sobre su posible relevo en el cargo de portavoz parlamentario, no faltan voces dentro del PP que hacen coincidir esta hipótesis con la avalancha de episodios oscuros que se van multiplicando en torno al personaje. Unos señalan que el Gobierno estaría aprovechando la coyuntura para –mediante la difusión de escándalos- propiciar la caída de Zaplana, uno de los halcones más descollantes de la derecha.
En el interior del PP
Otros, sin embargo, apuntan con la boca pequeña que los principales enemigos de Zaplana se hallan en el interior de su propio partido y que serían éstos los encargados de divulgar historias muy negativas para él con el fin de liquidarlo políticamente. En Madrid este hombre es, ciertamente, controvertido. En la Comunidad Valenciana, todavía más. El enfrentamiento entre él y su sucesor en la Generalitat, Francisco Camps, no es que sea un secreto a voces. Es una realidad pública y notoria que a veces ha terminado a bofetadas entre los llamados campistas y los llamados zaplanistas.
Amigos poderosos
Pero Zaplana cuenta con buenos y poderosos amigos. Los periodistas Carlos Ribagorda y Nacho Cardero, autores del libro Los PPijos (2004) lo describen así: “Eduardo Zaplana, abogado, casado y con tres hijos, es uno de los políticos más ambiciosos de España. Cuando era presidente de la Comunidad Valenciana ya pasaba dos o tres días a la semana en Madrid haciendo amigos: una reunión con algún banquero por la mañana, el periodista más influyente por la tarde…Amigo íntimo de Aragonés (hombre fuerte de Aznar), nombró a la novia de éste, Lucía Figar, secretaria general de Asuntos Sociales en 2003. Durante los meses previos a la sucesión se preocupó de cultivar su amistad con Rodrigo Rato mientras veraneaba con Mariano Rajoy en aguas de Mallorca. Viendo el poder que estaban adquiriendo, también se acercó a Agag y al clan que éste estaba montando. Es el preferido de los becerriles…(los jóvenes cachorros del aznarismo).
Notición dominical
A juzgar por cómo lo está tratando –en este tiempo de tribulaciones- la prensa conservadora, que ha cerrado filas para preservarlo al máximo de la tormenta judicial, “el periodista más influyente”, con el que alternaba a menudo Zaplana, es sin duda Pedro J. Ramírez. El domingo 14 de mayo el notición del día, publicado en portada y casi a toda página, fue una entrevista con Zaplana firmada por Esther Esteban. Curioso. El periódico que alardea siempre de hurgar a fondo en el arcano de las corrupciones políticas ofreció lo mejor de su edición dominical a Zaplana para que se defendiera. El portavoz parlamentario de la derecha se defendió atacando.
El PSOE, destructor
Basta con reproducir los titulares: “Siempre que se queda sin argumentos el PSOE intenta destruir a las personas”. “Lo hicieron con Adolfo Suárez, lo hicieron con José María Aznar, lo hicieron con los jueces y con los periodistas incómodos y ahora lo intentan conmigo”. “En vez de responder a nuestras preguntas sobre el 11-M o sobre las detenciones de militantes del PP, han decidido calumniarme. Esto es puro felipismo”. “Quien debe una disculpa no es Moraleda sino su jefe, y no a mí sino a todos los españoles, porque La Moncloa vuelve a ser el ventilador de la basura”.
Sencillamente, cínico
Sin embargo, lo más alucinante se contiene en esta respuesta de Zaplana: “Yo no quiero generalizar pero en la biografía del PSOE encontramos ejemplos que jamás encontraremos en la del PP. Nosotros nunca hemos tenido un GAL, o un Filesa, ni lo tendremos. Son formas distintas de entender la política y, probablemente, también la vida”. ¿Asombroso? No, sencillamente cínico. ¿Cómo puede Zaplana –implicado documentalmente en el caso Naseiro- decir impávido lo que dice? ¿Cómo puede él, precisamente él, silenciar la existencia del citado caso Naseiro, el más grave asunto –por volumen económico y por las comisiones desviadas a los bolsillos de algunos- de financiación irregular de un partido en España?
11 de febrero de 1990
El 11 de febrero de 1990 Zaplana habló por teléfono con Salvador Palop, concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y uno de los agentes recaudadores en el turbio asunto mencionado. La policía, con mandato judicial, grabó la conversación. “Tú pides la comisión”, le dice Zaplana a Palop, “y luego nos la repartimos bajo mano” Añade: “Y entonces le dices, bueno yo una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras…(…) Lo que te dé y me das la mitad bajo mano (…) Pero me tengo que hacer rico porque estoy arruinado”.
Ni una apostilla
El caso Naseiro pudo terminar con relevantes dirigentes del PP encarcelados o, al menos, expulsados de la política. Entre ellos hubiera podido figurar Eduardo Zaplana. No sucedió de este modo porque el Tribunal Supremo dio el carpetazo al affaire acogiéndose a una cuestión de procedimiento. Leer las conversaciones telefónicas -que en su día se publicaron en la prensa- es una aproximación a la obscenidad política. La absolución no llegó porque se demostrara la inocencia de los imputados, sino porque el Supremo encontró la fórmula, adecuada a la legalidad, de salvar judicialmente a la derecha. Y en la actualidad Zaplana -amenazado otra vez por grabaciones comprometedoras y de pronto aquejado de amnesia- omite tan tranquilo el caso Naseiro. Y en El Mundo, ni siquiera una apostilla.
www.elplural.com 16.05.06. Enric Sopena
La Fiscalía abre diligencias por la grabación sobre cobro de comisiones en Terra Mítica
La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia de dos diputados del PSPV en las Corts, José Camarasa y Antoni Such, por el presunto cobro de comisiones ilegales durante las obras de jardinería de Terra Mítica por un contratista que fue imputado por fraude fiscal, Vicente Conesa, y Eduardo Zaplana, cuando era presidente de la Generalitat.Ambos han negado esta acusación. Los dos denunciantes comparecerán ante el fiscal instructor en breve para ratificarse en la denuncia, que iba acompañada de una grabación en la que otros dos empresarios imputados en la misma causa que Conesa realizaban estas acusaciones.
Los dos diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such, serán los primeros en declarar ante el fiscal instructor para que se ratifiquen en la denuncia que presentaron hace una semana en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Tras abrir diligencias penales de investigación, el fiscal ha solicitado una serie de pruebas declaratorias y documentales, entre las que se irán sucediendo la petición de comparecencia de las partes denunciantes y denunciadas. José Camarasa y Antoni Such presentaron una denuncia el pasado martes por un presunto cobro de comisiones ilegales durante las obras de jardinería del parque temático de Benidorm. Entre las pruebas aportadas figura la grabación, y su correspondiente transcripción, de una conversación mantenida entre los dos diputados y dos empresarios imputados por fraude fiscal en Terra Mítica. La denuncia relata que dos empresarios imputados por fraude fiscal se pusieron en contacto con los dos diputados pidiendo apoyo económico y jurídico para afrontar el largo y complejo proceso judicial que se preveía. Durante las conversaciones, que fueron grabadas en la sede del partido socialista en Valencia, los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero, explicaron que «los sobreprecios y comisiones iban destinados a Vicente Conesa, y que éste aseguraba que parte se entregaba a Eduardo Zaplana». Respecto a las declaraciones hechas el pasado viernes en rueda de prensa por Eduardo Zaplana, diciendo que el fiscal jefe del TSJCV le había prometido que no habría diligencias contra él, Ricard Cabedo rechazó ayer pronunciarse en este punto
Pla se pregunta si ha pasado lo mismo en Ciegsa o Ciudad de la Luz
El líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, señaló ayer que debería ser una «prioridad» para el Consell de Francisco Camps «dar cuentas de cómo se ha utilizado el dinero público en Terra Mítica porque los valencianos tienen derecho a saber adónde han ido a parar los sobrecostes de este importante proyecto», que el PSPV cifró en 16.000 millones de pesetas a partir de los datos de los interventores judiciales y de la Sindicatura de Cuentas. Pla apuntó que el PSPV ha intentado «por todas las vías parlamentarias que el Consell de Camps explique lo que ha ocurrido en la gestión de este parque temático». El escándalo en torno al parque, dijo, «demuestra que hemos llegado al final de una etapa en la que todo era válido». «Si se confirma lo ocurrido Ñañadió el síndic socialistaÑ cualquiera puede pensar que lo mismo que se hizo en Terra Mítica puede haber pasado en el Palau de es Arts, en la Ciudad de la Luz o en Ciegsa», proyectos en los que los sobrecostes también han sido espectaculares. «Objetivamente tenemos 16.000 millones de pesetas en sobrecostes y, objetivamente también, tenemos el silencio de Camps», reflexionó, para sentenciar: «Si esto sigue así, si Camps no da respuesta, cualquiera puede pensar que el que calla otorga y precisamente Camps y el PP deberían ser los más interesados en esclarecer lo ocurrido en Terra Mítica». El dirigente del PSPV aseguró que los socialistas «confiamos en la justicia y por ello nos hemos limitado a poner en conocimiento del fiscal unas afirmaciones que pueden tener consecuencias penales». «Sólo hemos cumplido con nuestra obligación y ahora es la justicia la que debe actuar», agregó.Publicado en www.levante-emv.com 16.05.06
Camps da su «apoyo total» a Zaplana y De España pide reprobar a los diputados del PSPV
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mostró ayer su «apoyo total y sin reservas» al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ante el escándalo en el que se ha visto envuelto por las grabaciones aportadas por dos diputados del PSPV a la Fiscalía en las que dos empresarios imputados en la trama de facturas falsas de Terra Mítica lo implican en un supuesto cobro de comisiones.Camps se expresó en estos términos en un encuentro con los medios de comunicación tras un acto público. A la pregunta de los periodistas a cerca de su opinión sobre las presuntas pruebas en contra de Zaplana, el presidente señaló: «Apoyo total y sin reservas a nuestro portavoz en el grupo parlamentario popular, Eduardo Zaplana».Acto seguido y tras asegurar que las cuentas del parque temática «son transparentes y están perfectamente fiscalizadas», Camps cargó contra los socialistas por unas grabaciones que calificó de «ilegales». «Desde que el PSOE gobierna han vuelto las detenciones ilegales, según los jueces, y han vuelto las grabaciones ilegales», dijo. El jefe del Consell exigió explicaciones «urgentes» al secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, «de cómo es posible que dos diputados de su grupo graben ilegalmente y, además, acusen sin ningún tipo de fundamento a un dirigente del PP». El presidente desplegaba así una estrategia para dar la vuelta a la tortilla criminalizando a los diputados denunciantes sobre la base de una supuesta ilegalidad que no es tal, ya que que lo que no está permitido es grabar a terceros si no se participa en la conversación. Las palabras de apoyo de Camps se producen tres días después de que estallara el escándalo y de un fin de semana en que la contundencia con la que destacados zaplanistas salieron a defender al ex presidente de la Generalitat había contrastado con la tibieza mostrada inicialmente por la dirección regional del PP. La magnitud de la polémica ha hecho al PP valenciano cerrar filas, al menos de cara a la galería. Desde el entorno del presidente se admite que la implicación de Zaplana en un asunto tan grave no sólo podría desacreditarle a él sino salpicar a todo el partido.
Dirigentes zaplanistas mantienen que el cambio de actitud de los campsistas se produce a instancias de Génova, que habría pedido una cerrada defensa para el portavoz popular. Algunos zaplanistas consideraron muy tardía la reacción de Camps. Ayer, se sucedieron las muestras de apoyo. El equipo de gobierno de Benidorm encabezado por el alcalde y diputado autonómico, Manuel Pérez Fenoll, compareció para proclamar la «trayectoria impecable» de Zaplana. Desde Madrid, el secretario general del PP, Angel Acebes, atribuyó la denuncia socialista a una «persecución contra el PP en todos sus ámbitos y sin límites».En las Corts, el portavoz Serafín Castellano propondrá hoy al consejo de dirección la aprobación de un comunicado para elevarlo el miércoles al pleno del grupo en el que se reivindica la labor de Zaplana y se exige a Pla una rectificación y que destituya a los diputados denunciantes de sus cargos. Por la tarde, dos zaplanistas Elvira Suanzes y Manuel Gómez fueron a hablar con Castellano para exigirle una declaración. El texto será observado hoy con lupa por los zaplanistas para ver si es «lo suficientemente contundente». De hecho, el presidente de las Corts, el también zaplanista Julio de España, se adelantó ayer con una propuesta que va más lejos, ya que solicitará a su propio grupo que presente una moción en la comisión del Estatuto del Diputado para reprobar a los socialistas por usar los despachos oficiales para grabar conversaciones. También ha encargado un informe jurídico sobre lo ocurrido. Publicado en www.levante-emv.com 16.05.06
El PSPV afirma que las denuncias sobre comisiones ilegales cobran credibilidad con el caso Naseiro
El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, indicó ayer, en relación a «las denuncias de dos empresarios que implican al ex presidente de la Generalitat y portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, en el cobro de comisiones ilegales en la construcción de Terra Mítica», que «las conversaciones del propio Zaplana en las cintas grabadas por el Juez Manglano en el caso Naseiro [anuladas posteriormente] otorgan mucha credibilidad a las denuncias de los empresarios». Así, indicó que «aquellas grabaciones judiciales nos mostraron el auténtico sentido de la ética del actual portavoz del Partido Popular», al tiempo que se preguntó que «si en aquel momento Zaplana, según quedó registrado en las cintas, instaba a un compañero de su partido a pedir comisiones y a repartirlas con él, por qué habríamos de pensar que ha cambiado su código ético y su forma de actuar». En relación con este hecho, el diputado socialista señaló que «con esos antecedentes, no parece disparatado pensar que quien hace unos años entendía la política como un camino para hacerse rico siga pensando lo mismo y actuando en consecuencia». Además González puso de manifiesto que «los extraordinarios sobrecostes del parque siempre han generado dudas no sólo sobre la gestión, sino sobre asuntos mucho más escabrosos que ahora empiezan a salir a la luz». Asimismo, señaló que «a una gestión catastrófica y ruinosa acreditada por la suspensión de pagos se añade la falta de transparencia, la abundancia de amigos y familiares de Zaplana en puestos clave y las investigaciones que está llevando a cabo la Agencia Tributaria sobre presuntas prácticas ilícitas relacionadas con la defraudación de impuestos y falsificación de facturas», y todo ello, según el socialista, «sitúa a Terra Mítica como un inmenso agujero negro que debe ser investigado en los ámbitos fiscal, judicial y también político». Junto a ello, valoró también la reacción política del Partido Popular en la Comunidad Valenciana frente a las revelaciones de los industriales, y señaló que «es insólito e incomprensible que ante acusaciones de tanta gravedad contra quien ha sido presidente de la Generalitat el PP se dedique a atacar a la oposición, en lugar de intentar averiguar la realidad y esclarecer los hechos». El diputado del PSOE calificó de «auténtica farsa» las declaraciones de Zaplana en su comparecencia del viernes en Valencia, una «actitud propia de quien se siente acorralado por los acontecimientos y no ve más escapatoria que la huida hacia delante», apostilló. Por otra parte, el portavoz adjunto del PSPV en las Cortes, Antoni Such, acusó ayer a Eduardo Zaplana en la Cadena Ser de «intentar escurrir el bulto para no asumir sus responsabilidades» tras las declaraciones a El Mundo del portavoz del PP en el Congreso e insistió en su desfachatez al negar la suspensión de pagos de Terra Mítica o la investigación judicial sobre la presunta trama de facturas falsas.Publicado en www.levante-emv.com 15.05.06
El empresario valenciano asegura que nunca ha hablado de sobrecostes
El empresario valenciano, Vicente Conesa, negó ayer las acusaciones vertidas en las grabaciones que los dos diputados socialistas han presentado ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en las que se implica a Conesa y a Eduardo Zaplana en el supuesto cobro de comisiones ilegales. Fuentes próximas a Conesa aseguraron al diario El Mundo que nunca ha hablado de sobreprecios en las obras de Terra Mítica, mucho menos de repartirse el dinero con Zaplana, y que ni siquiera conoce a José Herrero, uno de los empresarios grabados en las cintas entregadas a la fiscalía. Durante el proceso de instrucción de la denuncia de la Agencia Tributaria por la presunta trama de facturación falsa, Levante-EMV ha intentado obtener la versión de los hechos por parte de Conesa, sin éxito.Publicado en www.levante-emv.com 15.05.06
Zaplana niega que adjudicara personalmente contratos a Conesa
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, negó ayer haber adjudicado contratos al empresario Vicente Conesa. En un escrito remitido a este periódico, Zaplana asegura: «Nunca he adjudicado contrato alguno al señor Vicente Conesa ni a ninguna empresa de su propiedad. Por tanto, el titular de la portada de Levante-EMV, 'Zaplana lleva adjudicando contratos a Conesa en Terra Mítica desde 1999' es rotundamente falso». Y continúa: «La mejor demostración de la falsedad de dicho titular es el propio texto de la noticia incluida en el interior del periódico, en la que se habla de algo completamente distinto: de que supuestamente contrataron con empresas de las que sería accionista Vicente Conesa las empresas Sociedad Parque Temático de Alicante y Terra Mítica». El portavoz del PP en el Congreso, concluye que «siendo ese el contenido de la noticia, carece de todo sentido y justificación el titular de la portada, pues es evidente que no pueden imputarse a mi persona las contrataciones realizadas desde Terra Mítica, que es una empresa privada, ni tampoco por la Sociedad Parque Temático de Alicante, que aun siendo una empresa pública goza de plena autonomía en su gestión. Resulta evidente, pues, que el citado titular se ha construido deliberadamente con la finalidad de hacer daño y de contribuir a la campaña de desprestigio de mi imagen». Por otra parte, Zaplana aseguró ayer en una entrevista publicada por El Mundo que se sentía víctima de una campaña de acoso y de guerra sucia contra él. «Los socialistas utilizaron esa táctica con Adolfo Suárez, lo hicieron con José María Aznar, lo han hecho con los jueces, con los periodistas incómodos y ahora me toca a mí. (...) Han decidido calumniarme. Esto es puro felipismo». El portavoz popular asegura sobre las acusaciones vertidas por dos empresarios y entregadas al fiscal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que «han construido una historia con el "dicen que dijo" y la han llevado a la fiscalía para hacer daño. Es la forma más rastrera, miedosa e infame de hacer política. Me parece deleznable la actitud de los diputados, y la del PSOE, que ha vuelto a sus peores tácticas». El dirigente popular insiste en defender su gestión al frente de Terra Mítica y niega los sobrecostes y las deudas. «Esos datos no son ciertos por mucho que los repitan. Terra Mítica es un éxito. Es el mejor parque que existe en España, sin lugar a dudas, y el más rentable. La gente no lo sabe, pero es rigurosamente cierto. Y todo lo demás es leyenda». Preguntado si «ha metido alguna vez la mano en la caja», Zaplana contesta: «Jamás, por supuesto». Publicado en www.levante-emv.com 15.05.06
El Consell de Zaplana contrató desde 1999 con el empresario que implican en el cobro de comisiones
Vicente Conesa, el empresario que dos imputados implican en el cobro de comisiones en las grabaciones remitidas por el PSPV al fiscal, ha estado vinculado a Terra Mítica desde sus orígenes. Empresas en las que ha participado o en las que figura como administrador han sido contratistas de la mercantil pública que desarrolló el entorno del parque. Conesa se había visto envuelto apenas cuatro años antes en otro escándalo de grabaciones que salpicaba a Zaplana.La historia se repite. El empresario Vicente Conesa Fernández, implicado en el cobro de comisiones por dos empresarios imputados por el caso de las facturas falsas de Terra Mítica, ha estado ligado al parque que impulsó Eduardo Zaplana desde sus orígenes. Empresas en las que Conesa ha participado o ha tenido cargos de responsabilidad en su administración comenzaron a contratar a partir de 1999 con la sociedad pública promotora de Terra Mítica, Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (antes conocida como Parque Temático de Alicante, SPTA). La aparición en escena de Vicente Conesa en la Sierra Cortina de Benidorm se produjo apenas cuatro años después de que estallara otro escándalo, el que se conoció como de los mapas de Benidorm. En esa ocasión, Eduardo Zaplana, al frente de la alcaldía de esta ciudad, adjudicó a una empresa de Conesa unos trabajos sobre condiciones acústicas y medioambientales de Benidorm que el empresario no llegó a cobrar en su totalidad. Tras diversas polémicas en torno a esa adjudicación, por procedimiento negociado sin publicidad, aparecieron unas cintas en las que se reproducían conversaciones de Conesa con el entonces presidente del PP de Valencia, Vicente Sanz. De nuevo se hablaba de supuestas comisiones. Ningún juez llegó nunca a considerar esas grabaciones punibles, pero la polémica le costó el puesto a Sanz, hoy máximo responsable de medios técnicos y humanos de Radio Televisió Valenciana (RTVV). En ese escándalo apareció el nombre de un segundo ingeniero, José María Arraiz, que posteriormente ejerció de director técnico de Proyectos Temáticos a través de su empresa AST Ingenieros, mercantil ahora denunciada por Hacienda por su presunta participación en la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica. La polémica de los mapas de Benidorm tuvo recorrido mediático desde 1992 hasta 1994. En noviembre de 1999, la empresa Delta Agrícola, en la que Conesa figuraba como administrador y accionista junto al ex director del INEM Eduardo Casanova (hasta que se desvincularon tras la venta de acciones de Conesa a Casanova), fue adjudicataria, junto a Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), de la instalación de la red de riego de todo el entorno del parque temático. El contrato ascendía a 4,37 millones de euros. En diciembre del mismo año, la unión temporal de empresas compuesta por Delta Agrícola y Lubasa fue beneficiaria del proyecto de reforma de una subestación eléctrica, cuya ejecución les reportó 302.787 euros. Vicente Conesa también ha contratado con Proyectos Temáticos a través de C-3 Ingeniería trabajos de jardinería y dirección facultativa. A la vez, la comisión ejecutiva de Terra Mítica ya constituida como sociedad mercantil le encargó la gerencia de jardinería del parque temático, trabajo en el que también participó una filial de Lubasa. Este contrato le permitió a Conesa disfrutar de una posición clave en la selección de contratistas, negociación de contratos y certificación de obras, según las declaraciones de altos cargos de Terra Mítica imputados en la primera causa abierta por el juez sobre la trama de facturas falsas, que ahora se encuentra en suspenso tras un auto de la Audiencia de Valencia. El Ministerio de Hacienda, tras subsanar un defecto de forma, ha presentado una nueva denuncia en los mismos términos, aunque en esta ocasión ha incluido en el listado de empresas denunciadas a AST Ingenieros, de José María Arraiz. E n conjunto, Conesa y las empresas en las que ha participado ha facturado a Terra Mítica y Proyectos Temáticos al menos 10 millones de euros. Según la denuncia presentada al fiscal por los diputados del PSPV, Antoni Such y José Camarasa, en la transcripción de unas conversaciones grabadas, dos imputados por la trama de facturas Antonio Moreno Carpio y José Herrero sitúan a Conesa como el recaudador de comisiones por obras que ellos mismos pagaban. Según las conversaciones grabadas, Moreno y Herrero afirman que Conesa les dijo que el dinero lo repartía con Zaplana.Publicado en www.levante-emv.com 14.05.06
Las relaciones de Conesa
El responsable de la contrata de jardinería de Terra Mítica, Vicente Conesa, imputado en la causa de facturas falsas del parque temático y supuesto responsable de cobrar comisiones, según la trascripción de unas grabaciones remitidas por el PSPV al fiscal, es un viejo conocido de las hemerotecas. Conesa Fernández-Vitoria, doctor ingeniero agrónomo, fue compañero de estudios de Juan José Lucas (ex presidente de Castilla-León y ex ministro de José María Aznar) y de Vicente Sanz (ex presidente regional del PP de Valencia, obligado a dimitir tras publicarse la grabación de unas cintas en las que aseguraba que estaba en política para enriquecerse). Los tres coincidirían como altos cargos del antiguo Instituto Nacional de Empleo (INEM). Conesa y Sanz trabajaron juntos entre 1979 y 1983. El primero medió para que Sanz fuera trasladado a Valencia, e incluso apadrinó a una de sus hijas.
Cese como director del inem en 1983
De 1979 a 1983, Vicente Conesa fue director provincial del INEM. Su gestión se vio envuelta en la sospecha que derivó en un expediente de investigación por presuntas irregularidades, sobreseido por falta de pruebas. La existencia de cursos fantasma de promoción de trabajo no se pudo probar nunca. Pero el entonces Delegado del Gobierno, Eugenio Burriel, destituyó a Vicente Conesa de su cargo.
Militancia en ap desde 1985
Vicente Conesa inicia la militancia en Alianza Popular (la antecesora del Partido Popular) en 1985. Formó parte de la comisión de medio ambiente del partido y es una persona conocida por la dirección nacional de los populares.
El escándalo de los mapas en 1992
El 14 de febrero de 1992, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm, presidido por Eduardo Zaplana, autoriza la contratación del mapa sonoro de Benidorm para detectar problemas por exceso de ruido. Ese mismo día Zaplana invita por carta a tres empresas para que participen en un procedimiento negociado sin concurso. Conesa tiene intereses en las tres empresas invitadas: Delta Ingenieros SA, CRC Ingeniería Cartográfica y Tecmma. Finalmente Zaplana adjudica siete días después de convocar el concurso, el mapa sonoro a Delta Ingenieros por 15,5 millones de pesetas, más de lo permitido legalmente en aquella época en las adjudicaciones directas. Un procedimiento similar sufrió el mapa verde de Benidorm, que también se adjudicó Conesa.
El caso sanz en 1994
Transcurrido un año desde la adjudicación de los mapas sonoro y verde, Conesa «tiene la certeza de que no cobraría por la ventajosa adjudicación a su empresa y decide hacer justicia por su cuenta», según un reportaje de El Temps publicado en 1994 y nunca desmentido por los afectados. El empresario intenta citarse con el alcalde de Benidorm y portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes, Eduardo Zaplana, sin éxito. Finalmente, acuerda un encuentro con su viejo amigo Vicente Sanz, y tras un paseo por el centro de la ciudad en plenas fallas, graba la conversación que mantienen en el Mercedes 300 Diesel propiedad de Conesa. Un extracto de cinco minutos de la grabación se filtra al periódico Las Provincias en 1994. Las declaraciones vertidas por Sanz en esa conversación, donde asegura que aspira a ser vicepresidente del Consell para «decidir sobre la adjudicación de obras, dar el golpe, y retirarse a los 60 años con 90 o 100 millones de pesetas». Sanz se vería obligado a abandonar su cargo como presidente provincial del PP pero no su escaño como diputado, aunque en 1995 fue nombrado jefe de recursos humanos de RTVV.
Archivo de la causa de los mapas
El PSPV de Benidorm denunció ante los tribunales la adjudicación de los mapas sonoro y verde en octubre de 1994. La investigación recae en el juez sustituto del juzgado número 2 de Benidorm, Carlos Morenilla. Ejercía la acusación pública, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, Ricard Cabedo. Sólo llegaron a declarar dos empresarios, Francisco Bañón y Vicente Conesa. El 25 de noviembre de 1995, al día siguiente de la declaración de Conesa, el juez archiva la causa. El mismo juez desistiría de investigar en 1997 otra causa contra Maruja Sánchez, la tránsfuga que dio la alcaldía a Zaplana, pese a encontrar «lagunas e irregularidades». En 2001, con Zaplana como presidente de la Generalitat, Carlos Morenilla fue nombrado adjunto segundo al Síndic de Greuges.
Aspirante a alto cargo
Durante 1996, Vicente Conesa hace carrera en la sombra. Influye en todos los nombramientos de la Conselleria de Trabajo que afectan al área de formación ocupacional dirigida por su amigo Constantino Palomino. Conesa reaparece en las páginas de los periódicos, en 1999, como invitado a la boda de una sobrina de Eduardo Zaplana.
Publicado en www.levante-emv.com 14.05.06
Conesa, Rincón y Arraiz o los «guardabarreras» del negocio
Tres hombres, tres puestos clave. Vicente Conesa, Antonio Rincón y José María Arraiz los tres nombres que aparecen en la trascripción de las conversaciones entre el diputado socialista José Camarasa y los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero en las que se alude a pago de comisiones han disfrutado de un notable poder durante el proceso de construcción de Terra Mítica y la urbanización del entorno. Conesa y Rincón ejercieron cargos de gerencia de jardinería y director de obras, respectivamente, en Terra Mítica. Por su parte, Arraiz, a través de su empresa AST Ingenieros, ejerció la dirección técnica de Proyectos Temáticos, sociedad pública promotora de Terra Mítica y la Ciudad de la Luz. En función de esos puestos, han sido responsables principales de establecer negociaciones con contratistas, certificar la realización de los trabajos y controlar su correcta ejecución. Tanto en Terra Mítica como en Proyectos Temáticos (en los primeros meses de funcionamiento de la mercantil pública) ha habido un cuarto hombre con competencias similares: Justo Valverde, ex cuñado de Eduardo Zaplana, quien manifestó ante el juez que su labor consistía en establecer presupuestos. Valverde ejerció durante todo el proceso de construcción de Terra Mítica como director de contratación. Por su despacho pasaban todos los contratos de las empresas que trabajaron en el parque. No obstante, la Agencia Tributaria ha remitido al fiscal también facturas firmadas por Valverde de empresas que no llegaron a suscribir contratos con el recinto de ocio de Benidorm. En el caso de Arraiz, como responsable técnico de la empresa pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, tenía capacidad además para elaborar todos los informes técnicos de puntuación de ofertas presentadas a los distintos concursos convocados por la mercantil pública. Conesa, Rincón, Arraiz y Valverde fueron imputados por el juez tras la primera denuncia presentada por Hacienda. Estas actuaciones fueron anuladas en parte por la Audiencia Nacional, que dijo que había un defecto de forma en esa primera denuncia de la Agencia tributaria. Publicado en www.levante-emv.com 14.05.06
La denuncia dice que los empresarios ejercían como testaferros que hinchaban facturas
«Yo hice unos banquitos para sentarnos y nos dice: estos banquitos qué son. Y yo digo, tres millones de pesetas. (...) Me dice que es mucho y le digo, millón doscientas. Cuando le hago la factura, fíjate como se puede llegar a eso, me dice, pon siete millones. Eso es una barbaridad. Yo cobré un millón doscientas. Seis millones más. Tu sabes que es eso? Me discutes el precio y luego me dices seis millones más...¿cómo se te queda el cuerpo?». De esta manera tan gráfica explicaba, según la trascripción de las cintas entregadas por el PSPV en su denuncia al fiscal, el empresario Antonio Moreno Carpio al diputado socialista José Camarasa el modus operandi para hinchar facturas relacionadas con servicios y trabajos a Terra Mítica. Según narra Moreno Carpio en las citadas transcripciones, Vicente Conesa Ñ también imputado en esta trama buscaba a pequeños empresarios testaferros para adjudicarles las grandes obras en el parque temático y éstos subcontrataban a empresas como Lubasa o Fomento que son las que, realmente, ejecutaban el trabajo. Siempre según la denuncia socialista en manos del fiscal y el contenido de las conversaciones grabadas, en este baile de contrataciones se producía, en paralelo, una manipulación de las cuantías a percibir. Por un lado, estaba el dinero que percibían los pequeños empresarios; por otro, el que recibían las empresas que realizaban las obras y, por último, la cantidad que Moreno y Herrero aseguran que le entregaban a Conesa responsable de negociar contratos y sobreprecios que en muchos casos suponía el triple de lo que costaban verdaderamente los trabajos encargados, siempre según la trascripción de las conversaciones. «Yo les decía (a Conesa), esto vale 50 millones. Ellos decían no, vale 30. Y yo aceptaba. A la hora de facturar, 90», explica el industrial. En todo este proceso no existía ningún tipo de contacto entre las empresas más pequeñas con las grandes firmas sino que, según Moreno, los contratos «los traía Conesa». «Al único que conocimos era a Conesa, el que firmaba con otras empresas», explica el industrial, ya que entonces es «quien tiene facultad para hacer todo eso». «A mi me lo daba siempre el mismo, Conesa», apunta. Moreno admite en varios pasajes de las conversaciones trascritas, que no tiene pruebas documentales de muchos de estos hechos, y que sólo su palabra, en consonancia con la de otros imputados, podría tener valor ante un juez. Según afirma Moreno en las transcripciones en manos del fiscal, en el proceso de contratación no existían ni estudios de precios, ni comparativos ni presupuestos sino que sólo pedían «a uno y contrataban directamente» aún «sabiendo que el precio era el más alto», hasta un «20 o un 30% más caro». Pero, a la pregunta de quién autoriza este tipo de operaciones «el director de contratación o el director general, me imagino», apunta Camarasa, Moreno responde con más interrogantes: «¿quién tiene peso específico en estas cosas para hacer lo que le dé la gana? Quién tiene peso específico para contratarme a mí por encima de Lubasa y por encima del otro y por encima del otro y haciendo lo que le da la gana?». Publicado en www.levante-emv.com 14.05.06
El PP elude apoyar de forma explícita a Zaplana horas después de respaldarlo Amor y De Miguel
El día después de conocerse que el PSPV ha presentado en la Fiscalía del TSJ unas grabaciones en las que dos empresarios imputados por el caso Terra Mítica relacionan al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, con el cobro de comisiones ilegales pilló un tanto desprevenido al Partido Popular valenciano evidenciando la grieta entre campsistas y zaplanistas.
La formación que preside Francisco Camps tuvo que reaccionar ayer al filo de la hora de la siesta y emitir un comunicado, con declaraciones del vicesecretario regional Ricardo Costa, para defender fugazmente a Zaplana, horas después de que la secretaria general del PPCV, Adela Pedrosa eludiera respaldar públicamente al ex ministro de Trabajo y de que las conselleras zaplanistas Alicia de Miguel y Gema Amor salieran en defensa del ahora portavoz del PP en el Congreso.
La mañana comenzó con una convocatoria a los medios en la que tanto Pedrosa como Costa iban a informar de los preparativos de la convención de los populares del próximo fin de semana. A preguntas de los periodistas sobre las acusaciones a Zaplana, la número dos del PPCV únicamente argumentó que la denuncia es una «caza de brujas» al PP. Ante la insistencia de la prensa, Pedrosa respondió que el ex presidente «lo dejó todo muy claro» en su comparecencia del viernes y apostilló que «no hay nada más que añadir».
En cambio, la consellera de Cooperación Gema Amor, defendió a ultranza a Zaplana calificando de «intolerables e indignas» las acusaciones de los socialistas con las que, a juicio de Amor, «tratan de desprestigiar la férrea oposición que realiza» el portavoz popular. La consellera mostró su «indignación» por la «persecución a la que se han prestado los dos diputados de les Corts, en connivencia con su líder, Joan Ignasi Pla, y sus jefes de Madrid, con el único objetivo de intentar desprestigiar a quien sí ha sabido defender mejor que nadie los intereses de la Comunitat Valenciana».
En la misma línea argumental se movió la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel. La zaplanista que aseguró la actitud del PSPV es una «persecución política» contra Zaplana «porque es un gran político y les molesta» y resaltó estar «muy orgullosa de Zaplana, creo que es una personalidad política extraordinaria y por eso les preocupa, pero llegar a estos extremos es una vergüenza».
Fue tras el despliegue de la maquinaria zaplanista, cuando Ricardo Costa, número tres del partido, emitió un comunicado en el que criticó duramente al PSPV por «su estrategia de juicios paralelos y utilizar grabaciones clandestinas hechas al margen de la ley y realizadas de forma malintencionada a imputados en procesos judiciales» pero apenas defendió a Zaplana. En este sentido, cabe señalar que ningún dirigente popular ha criticado la postura de los dos imputados que vinculan a Zaplana con los supuestos cobros.Costa exigió a Joan Ignasi Pla, que «pida disculpas a todo el PP y a Zaplana por orquestar un ataque directo contra su credibilidad y sin ningún tipo de pruebas y por fundamentar las acusaciones en artes que deberían estar absolutamente erradicadas por higiene democrática», apostilló. Costa, acusó a Pla de «no dar la cara» y añadió que «tendremos que ver si al final va a tener que llamar a su hermano mayor en alusión a Zapatero para que le salve de su grave desgobierno, desaguisado y crisis interna».
Publicado en www.levante-emv.com 14.05.06
El PSPV insta a Camps a «dar la cara» para esclarecer la trama
El portavoz adjunto del PSPV, Antoni Such, pidió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que «dé la cara» y que «colabore con la Justicia» para «esclarecer» las acusasiones sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales de Terra Mitica por parte de Eduardo Zaplana. Such reclamó que Camps «debe explicar en que han consistido los sobrecostes de Terra Mítica», que, según Such, «pasa de 40.000 a 70.000 millones de pesetas».
A juicio de Such, «por desgracia, Camps es incapaz de dar la cara y de poner todo de su parte para que ésto se pueda saber» y añadió que el «sector oficial» del PP es «incapaz de apostar por algo que saben que no pueden apostar, que es la ocultación», y aseveró, por contra, que el PSPV «lo único que pedimos realmente es que la justicia tome cartas en el asunto, que esclarezca que lo que dicen estos empresarios es cierto o no y, sobre todo, si alguien ha metido la mano en la caja de Terra Mítica, como es el dinero de todos los valencianos, debe de pagar».
Por su parte, el portavoz adjunto de EU, Joan Antoni Oltra, señaló que «en caso de confirmarse e l cobro de las supuestas comisiones ilegales por parte de Eduardo Zaplana, estaríamos ante el mayor escándalo de la vida pública valenciana y de la historia democrática». Indicó que, de confirmarse estos hechos, «se demostraría el talante aprovechado y oportunista que siempre ha transmitido este personaje y se habría materializado su sueño, plasmado y hecho público en las cintas del Caso Naseiro, de que su intención era abusar de su posición de poder político para enriquecerse».
Publicado en www.levante-emv.com 14.05.06
Zaplana acusa al PSOE de usar métodos "bastardos y asquerosos" para perseguir a la oposición
El portavoz parlamentario del PP no tiene dudas a la hora de vincular con la sentencia del caso Bono los supuestos escándalos en los que el PSOE pretende implicarle a él y a otros miembros del PP. Una estrategia en la que ha jugado un papel destacado la Ser. Eduardo Zaplana ha criticado los "métodos bastardos y asquerosos" de los socialistas. Cree, como ha reconocido en la Cope, que se han visto obligados a poner todos los instrumentos del estado de derecho "al servicio de sus propios intereses políticos y al servicio de aplastar al adversario al precio que sea".
En La Mañana del Fin de Semana de la COPE, el portavoz parlamentario del PP ha aclarado que esta nueva táctica socialista no sólo responde a ese sentencia por las detenciones ilegales. También a mucho más. Y cita la situación "de extrema debilidad en estos momentos". Sostiene Zaplana que el PSOE está pasando por muchísimas dificultades y que no hay más que mirar a Cataluña para darse cuenta de ello. También a la política exterior, con el "ridículo que se ha hecho con Evo Morales, los pronunciamientos de los tribunales sobre la OPA, los problemas con la inmigración. Todo eso es un conjunto, no le ha salido ni una bien en los más de dos años que llevamos de legislatura y eso les lleva a una situación de tremenda tensión".
Tensión, explica el dirigente popular, que se apreció este mismo viernes cuando la Secretaría de Estado de Comunicación tuvo que disculparse por haber enviado SMS a los periodistas difundiendo la noticia de la Ser contra Zaplana. El departamento que controla Moraleda habló entonces de un "error técnico", "pero lo que es evidente es que las excusas que están dando, a mí personalmente, son muy poco creíbles". Estamos, aclara Zaplana, en la "utilización permanente del aparato del estado, eso que el PSOE cuando está en el Gobierno nunca ha distinguido lo que es política de Estado y de Gobierno de lo que es política de partido". Como ha recordado en la entrevista, "no es la primera vez que lo hace, tenemos pruebas de que lo ha hecho es más de una ocasión, es la confusión de todo, el ataque al adversario, cuando no la preparación de ese ataque desde las propias instancias del Estado y del Gobierno, y es poner todo al servicio de sus propios intereses políticos y también al servicio de aplastar al adversario político al precio que sea".
En esto ha jugado un papel destacado la cadena Ser, según el relato de Zaplana, que ni siquiera le llamó para preguntarle qué tenía que decir al erspecto: "Me encuentro con que la Ser está dando una información y ni siquiera me puedo defender porque no sé en qué consiste la denuncia que está dando a conocer a través de la filtración, no sé si de la Fiscalía o del propio partido socialista. Intuyo que del PSOE, lógicamente por el montaje que estamos denunciado. No sé ni de qué defenderme: no sé ni quién ha denunciado, ni en qué se basa la denuncia, qué argumentos contempla, no sé absolutamente nada y, sin embargo, a uno lo están enjuiciando".
El portavoz parlamentario califica esto de "práctica deleznable desde el punto de vista democrático", pero "desgraciadamente estamos en la situación que estamos, la padecemos, pero lo llevamos con muchísima dignidad, salimos adelante porque lo fundamental en estas situaciones no es solamente lo mal que te lo puedan hacer pasar o la incomodidad de la situación, sino el fondo, si hay algo o no hay nada, y por tanto estas estrategias, con el PP y conmigo, se están utilizando hace mucho tiempo, pero como no hay fondo, como no hay nada, pues al final lo pasamos mal, eso es verdad, nos hacen pasar cinco minutos, diez minutos, media hora, en una situación de incomodidad, pero al final, lógicamente, estoy seguro de que se volverá todo contra quienes practican este tipo de actos".
Pese a esta campaña de descrédito que viene padeciendo, Zaplana quiere quedarse con un mensaje de optimismo: "Es verdad que las dificultades son muchas, es verdad que estos métodos bastardos son rechazables, repudiables y, si me lo permite, asquerosos en un sistema democrático, pero no es menos cierto que quedan periodistas independientes, que quedan jueces independientes, que está el PP, que hay personas muy decentes, como el presidente de la AVT y todos los que le acompañan en la dirección y en la afiliación, personas que han sufrido desgraciadamente el daño del terror y que, sin embargo, tienen que verse envueltas a veces en un deleznable debate político, que quedamos muchos que estamos dispuestos a dar la batalla y que eso no es poco, que esos son instrumentos más que de sobra".
Como ejemplo de que pueden funcionar ha puesto la denuncia presentada por el PP tras las detenciones ilegales de sus dos militantes: "Cuando se dan todas las batallas, cuando se da la cara y cuando se tiene razón, como es nuestro caso, se suele ganar. Es verdad que las dificultades son muchísimas, es verdad que esto no debía suceder en un país democrático, pero vamos a decir a la gente que quedan instrumentos y quedamos muchas personas dispuestas a dar esa batalla y a ganarla"
Cope.13.05.06
El PP valenciano evita respaldar a Zaplana y dice que todo es una “caza de brujas”
El Partido Popular de Valencia ha evitado respaldar hoy al portavoz del grupo parlamentario, Eduardo Zaplana, tras las acusaciones de dos empresarios imputados en el ‘caso Terra Mítica’ que le relacionan con el cobro de comisiones ilegales en la construcción del parque. Los ‘populares’ se limitan a acusar a los socialistas que han puesto en manos de la justicia este tema de emprender una “caza de brujas” contra su partido
La dirección regional del PP en Valencia, afín al presidente Francisco Camps, ha evitado esta mañana respaldar al portavoz del grupo parlamentario, Eduardo Zaplana, y se ha limitado a acusar a los socialistas de emprender una “campaña de brujas contra todo lo que sea PP”.
La secretaria general, Adela Pedrosa, ha recordado que el portavoz ‘popular’ ya dijo ayer “todo lo que había que decir, y yo no voy a añadir nada más”.
Por su parte, uno de los diputados del PSOE que ha presentado la denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Valencia, Antoni Such, resalta que “ha vuelto a quedar en evidencia” la división del PP valenciano, ya que, a su entender, “la dirección se desmarca de Zaplana”.
El PSPV pide la implicación de Camps
Pide, además, la implicación del presidente Camps para conocer qué ha pasado con el dinero invertido en el parque temático ‘Terra Mítica’. “Debe explicar y debe tener el mismo interés que tenemos los socialistas, por averiguar y aclarar lo que son los pagos de las facturas falsas”, señala Such, que advierte que si no ocurre esto, “realmente qué está ocultando con su silencio”.
Este diputado califica de “brindis al Sol” la denuncia que presentará Zaplana contra él y su compañero José Camarasa, por entregar a la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Valencia las grabaciones de las conversaciones que mantuvieron con dos empresarios, y en las que estos relacionan a Zaplana con el cobro de comisiones políticas en la construcción del parque
Publicado en www.cadenaser.com 13.05.06
Zaplana anuncia querellas y dice que el fiscal le ha garantizado que no habrá diligencias contra él
Saben ustedes que no acostumbro a comparecer, cada vez que, y no es la primera, se me intenta injuriar. No acostumbro a comparecer cada vez que se me intenta injuriar y hasta ahora siempre la verdad prevalece y siempre el tiempo nos termina dando la razón. Pero esta vez he creído conveniente comparecer porque alguna vez hay que decir las cosas y alguna vez hay que llamar la atención sobre conductas indignas que practican, con relativa frecuencia, algunos.
La filtración de la cadena SER de una supuesta grabación de dos diputados socialistas con dos supuestos empresarios en la que salgo citado sobrepasa todos los límites de lo tolerable y por ello les he citado esta tarde simplemente para realizar unas manifestaciones porque no debo ser yo, ni quiero ser yo el quien alimente esta bazofia.
Esta mañana cuando he tenido conocimiento de la noticia, cuando estaba en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, lo primero que he hecho ha sido llamar al Fiscal Jefe de la Comunidad Valenciana para intentar comprobar la veracidad de la existencia de esta grabación, esta cinta o esta denuncia.
El fiscal me ha confirmado efectivamente la existencia de esta denuncia presentada por dos diputados del Partido Socialista Obrero Español. En ese momento le he pedido amparo al fiscal y le he solicitado que practicara cuantas diligencias fueran necesarias de forma urgente para salvaguardar mi honor. Fíjense la situación, no sabía uno de qué se tenía que defender. Ni siquiera quién formulaba la denuncia, cuando he tenido conocimiento de la noticia, ni quienes eran los empresarios, ni tenía ninguna información al respecto.
El fiscal además de confirmarme la existencia de la denuncia me ha dicho que de esa denuncia no se desprende ninguna diligencia, absolutamente ninguna, abierta contra mi. Por tanto, no se puede practicar nada porque no se deducía de la misma ningún tipo de diligencia. La conversación grabada, por cierto, no tiene desperdicio, e imagino que ustedes habrán leído la trascripción, y desde luego da datos de la manera de actuar del Partido Socialista de la que no les quepa duda, vamos a tener ocasión de ocuparnos posteriormente y nos vamos a ocupar.
Ante esta situación lo único que vamos a hacer, y lo voy a hacer de forma inmediata, es presentar las correspondientes acciones legales contra los dos diputados del partido socialista y sus interlocutores. Inmediatamente presentaré esas acciones legales, el próximo lunes lo más tarde, y también vamos a pedir en el Congreso de los Diputados la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno. Y vamos a pedir la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno porque hemos tenido conocimiento y tenemos pruebas que desde la Secretaria de Estado de Comunicación, esta mañana se han enviado mensajes a periodistas alertándoles sobre la existencia de la noticia y por tanto requerirá de explicación de la vicepresidenta en el Congreso de los Diputados.
De nuevo el aparato del Estado, una vez más, al servicio de los intereses, bastardos, por cierto, de un partido político. No es la primera vez que yo sufro este tipo de prácticas. Estoy acostumbrado. Y algunas recientes. Ser portavoz de la oposición en estos momentos en España significa estar sometido a un linchamiento político y personal permanente. Esto es así y desde luego lo quiero denunciar públicamente. Los problemas que tiene el PSOE en el Gobierno, que son muchos, los quieren acallar con este tipo de maniobras.
Yo no sé si el Partido Socialista habrá atendido las demandas económicas que sus interlocutores en la cinta le pedían, no solamente económicas, sino de otra índole también, judiciales y demás que le reclamaban. Y si las personas, y cito literalmente, “que tienen que decidir o tienen más potestad”, según la expresión exacta de los diputados que grababan a sus interlocutores se han decidido ya. Parece que sí, si no probablemente no se hubiera presentado esta denuncia.
Este el Partido Socialista que tenemos. Esta situación yo la vengo padeciendo hace bastante tiempo y siempre he lamentado, y ustedes lo saben, que la tengan que padecer también intereses muy concretos de la Comunidad Valenciana, que sufren lamentablemente porque siempre los quieren ligar a operaciones turbias y situaciones pocos claras. Eso es lo que hay. Por mucha tristeza que nos dé, esto es lo que hay y esto lo que nos acompaña y esto es lo que me ha llevado a comparecer esta tarde ante ustedes.
Simplemente decirles que en política no vale todo, a pesar de que muchos lo crean, no vale todo ni se pueden utilizar métodos bastardos como algunos están permanentemente queriendo utilizar.
Yo apelo al sentido común y a la responsabilidad de todos los grupos. A que nos demos cuenta de que por muchas rivalidades que puedan existir, y existen, tienen también que existir límites. En la vida en general, y en política en particular. Que no vale todo.
He querido también ponerme en contacto para manifestarle esta opinión con el Presidente del Gobierno. Le he telefoneado, estaba en Viena y no ha podido devolverme la llamada porque tenía una reunión bilateral y por tanto me han dicho de su gabinete que le era imposible ponerse al teléfono. Si que he podido hablar con el secretario de organización del PSOE, con don José Blanco, para manifestarle mi indignación por estas actuaciones, por estas prácticas políticas, por esta forma de querer trasladar lo que es actuaciones deplorables al ámbito político. Ya sé que las dificultades por las que atraviesan son muchas pero eso no puede justificar comportamientos como estos.
Insisto. Creo que se sobrepasan los límites de lo tolerable. Sinceramente lo creo. Voy a interponer esas acciones penales contra los cuatro interlocutores de la grabación. Vamos a pedir la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno para que de explicaciones en sede parlamentaria de la actuación del secretario de Estado de Comunicación por los datos que nos ha llegado esta misma mañana. Y si sirve de algo decir que a pesar de lo que tenemos que soportar esta forma de actuar, jamás, no lo hemos hecho en el pasado ni lo haremos en el futuro, jamás responderemos con la misma moneda. Creemos en la Libertad, en el Estado de Derecho, en los límites, y por tanto no actuaremos como desgraciadamente actúan otros. Y nada más. Les quería hacerles partícipes de esta opinión, de las gestiones que he hecho y de las que inmediatamente voy a hacer. Muchísimas gracias.
12.05.06.Congreso de los Diputadps
El PSPV denuncia al fiscal que imputados del caso Terra Mítica ligan a Zaplana al cobro de comisiones
El portavoz adjunto del PSPV en las Corts Valencianas Antoni Such, y el diputado socialista José Camarasa han entregado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia unas grabaciones en las que dos empresarios, que han sido imputados en el caso de la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica, aseguran que Vicente Conesa -también imputado- les dijo que parte del dinero defraudado era para el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana.
Las transcripciones de las grabaciones, que ayer repartió el PSPV, reflejan una conversación de Camarasa con José Herrero García, y otra en la que participan estos dos interlocutores con Antonio Moreno Carpio. Ambos imputados afirman haber participado en una trama para hinchar facturas de trabajos relacionados con Terra Mítica y haber pagado elevadas cantidades en concepto de comisiones al que era administrador de la empresa C-3 Ingeniería, Vicente Conesa, gerente de jardinería del parque temático de Benidorm y personaje que ya se vio envuelto en las polémicas de los mapas de Benidorm y en el denominado Caso Sanz, en el que también se insinuó pago de comisiones.
En las conversaciones transcritas incluidas en el escrito presentado en la Fiscalía, José Herrero, afirma con respecto a uno de los pagos que hicieron a Conesa: «Vi como el señor Conesa se metía la bolsa en la maletero del boxster [sic] y luego nos fuimos a comer y dijo delante mía que el dinero ese lo repartía con Zaplana».
En las transcripciones incluidas en la denuncia, los dos empresarios sostienen que disponen de cifras y pruebas relativas a los sobreprecios y al ingreso de cantidades en una cuenta cifrada de Andorra en favor de Vicente Conesa. Las transcripciones revelan también que los dos imputados proponían a los socialistas que si se presentaban como acusación particular, se pusieran de acuerdo con la defensa para «hacer el menor daño posible» a los interlocutores. En un tramo de la conversación trascrita se llega a hablar incluso de contraprestaciones económicas: (É) En este caso me parece que son 12 o 13, no 14 de los imputados irían apoyando esta versión,(la de que Conesa recogía comisiones y dinero para Zaplana) pues toda esta gente quiere pasta».«Antonio [Moreno Carpio] me ha dicho a mi que él junto con tres o cuatro estarían dispuestos a prensa, televisión, luz. agua, teléfono, todo, o sea, si se llega el tema, o sea, con todas las consecuencias». Camarasa afirma en un momento de esta conversación: «Si hablamos de una declaración falsa, yo me levanto y me voy». Herrero le replica:
Según las transcripciones incluidas en la denuncia presentada por el PSPV a la Fiscalía, los dos imputados relatan toda una trama de defraudación al parque en la que sitúan a Conesa en el epicentro como responsable de negociar contratos y sobreprecios. Moreno Carpio habla de «bolsas de dinero» y afirma que se las entregaba a Conesa, pero también al director técnico de Terra Mítica, Antonio Rincón, y «a José María». Moreno Carpio explica que Conesa les entregaba contratos de otras empresas Ñen la conversación aparecen Lubasa y Fomento y que, según el relato de la denuncia, eran las que realmente hacían los trabajos, pues sus empresas y otras pequeñas ejercían de testaferros como contratistas que luego subcontrataban las grandes obras
Publicado en www.levante-emv.com 13.05.06
El PSPV decidió llevar las cintas al fiscal para evitar sospechas sobre si pagaron a los imputados
Las conversaciones entre el diputado socialista, José Camarasa, y los imputados por la trama de facturas falsas de Terra Mítica, Antonio Moreno Carpio, y José Herrero, se iniciaron a través de intermediarios a iniciativas de los propios empresarios. Desde un primer momento, reclamaron ayuda legal y contraprestaciones económicas a cambio de proporcionar información sensible.
La trascripción de las cintas entregadas por el PSPV al fiscal revela además que Moreno y Herrero decían hablar en nombre de varios imputados y proponían mantener ante los tribunales la versión conjunta de que Vicente Conesa decía cobrar las comisiones para repartirlas con Eduardo Zaplana. La existencia de las cintas y su gestión generó un debate interno importante en la cúpula del PSPV. Ha habido incluso quien se planteaba aceptar las condiciones impuestas por los empresarios. Una posición que finalmente se descartó. Para evitar que la información se volviese en contra, la dirección del partido optó finalmente por entregar todas las grabaciones al fiscal acompañadas de una denuncia
Publicado en www.levante-emv.com 13.05.06
La denuncia contra Zaplana puede unirse a la de Hacienda por delito fiscal en Terra Mítica
La denuncia presentada por dos diputados socialistas en la Fiscalía de Valencia contra el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, podría acumularse con la nueva demanda presentada por la Agencia Estatal Tributaria (AET) contra 18 empresas y Terra Mítica, por un delito fiscal en las obras de jardinería del parque temático de Benidorm.
Fuentes jurídicas explicaron que es muy posible que, si la Fiscalía entiende que hay indicios de criminalidad y presenta una denuncia en el juzgado contra Zaplana, ésta se acumule con la anterior Ñque se investiga tras la nueva denuncia de la AETÑ, al recaer sobre los mismos hechos: las obras de jardinería en Terra Mítica y su sobrecoste a través de un entramado de facturas falsas.
A ello se añade que las personas físicas y jurídicas empresarios y empresas son los mismos que aparecen en ambas denuncias a excepción del nombre del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, que sólo es nombrado en las grabaciones presentadas el lunes ante la Fiscalía.
En la demanda inicial por delito fiscal, presentada en noviembre, y en la segunda por la misma causa, presentada anteayer y que reproduce la primitiva, la Fiscalía denuncia a 18 empresas y a Terra Mítica por formar una «trama organizada que permitía, tras la falsificación de facturas, una defraudación del impuesto de sociedades y del IVA en los ejercicios de los años 2000 y 2001».
La denuncia contra Zaplana contiene la grabación de unas conversaciones entre dos diputados socialistas y dos empresarios imputados en las diligencias abiertas por el juzgado de instrucción número 3 por delito fiscal. Éstos afirman que están encausados por haber sobrevalorado los trabajos de jardinería por orden de Vicente Conesa otro de los imputados, de quien dicen que se repartía las comisiones ilegales del sobrecoste con Eduardo Zaplana.
Todas estas conexiones entre ambas demandas hacen probable el que, si la Fiscalía interpone una nueva denuncia en el juzgado, el Decanato la acumule en el juzgado de instrucción número 3. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la nueva demanda de la Agencia Estatal Tributaria contra 18 empresas y Terra Mítica incluidas, esta vez, AST Ingenieros y EIA Ingeniería ha recaído de nuevo en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia. Aunque, por Decanato, recayó en el juzgado número 8, éste se inhibió ayer a favor del juez que inicialmente llevó la instrucción, por conocimiento previo y según las normas de reparto. La razón es que la nueva demanda es igual a la que fue archivada hace tres semanas, después de que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia declarara nulas todas las actuaciones por un defecto de forma. Y, además, porque el archivo no es firme ya que está recurrido ante la Audiencia por la Fiscalía
Publicado en www.levante-emv.com 13.05.06
La denuncia dice que reformaron el chalet al ex cuñado del portavoz con cargo a Terra Mítica
Los empresarios imputados por la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica afirman, en la transcripción de las grabaciones remitidas por el PSPV a la Fiscalía, que reformaron un chalet en San Javier del que era director financiero del parque, Justo Valverde, ex cuñado del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. El portavoz adjunto del PSPV en las Corts, Antoni Such, y el diputado socialista José Camarasa sostienen en la denuncia que la reforma se realizó con cargo a Terra Mítica. En las transcripciones de las conversaciones los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero García estiman el coste de esta obra en 240.000 o 300.000 euros.
En las transcripciones, Camarasa pregunta extrañado cómo es posible que se pague la reforma de una casa «dentro de la base militar» de San Javier, en Murcia, «para algo que no va a ser suyo». José Herrero replica: «Si te es gratis, te da igual. Si lo tienes que pagar no te lo gastas...pero si es gratis». En conjunto, Antonio Moreno Carpio afirma, en la transcripción de las conversaciones entregadas al fiscal, que el gasto en jardinería fue de 60 millones de euros. «Calcula que la comisión de esto fueron 3.000 o 4.000 millones (de pesetas)», le comenta Carpio a José Camarasa. «Yo hice unos banquitos para sentarnos y nos dice (afirma Carpio en referencia a Vicente Conesa). Estos banquitos qué son. Y yo digo, tres millones de pesetas. Un verano que íbamos todos. Aquello fue un escándalo. Me dice que es mucho y le digo, millón doscientas. Seis millones más. Tú sabes lo que es eso? Me discutes el precio y luego me dices seis millones más...cómo se te queda el cuerpo?». Sobre el sistema de defraudación, Carpio sostiene que se mantuvo desde el año 1999 a 2001 y que «de los imputados hay mucha gente que hace entregas». En su denuncia el PSPV hace el siguiente resumen: «Antonio explica que buscan a pequeños empresarios testaferros para adjudicarles las grandes obras y éstos contratan a las grandes empresas que sí hacen el trabajo». En la trascripción de las conversaciones, tras explicarle a Camarasa el método para facturar los sobreprecios, el diputado interpela: «¿Entonces, tú no veías a nadie ni de Lubasa ni de Fomento?». Moreno Carpio responde: «Nada, me los traía Conesa (É) Al único que conocíamos era a Conesa, el que firmaba con otras empresas». Moreno Carpio también se refiere a los envíos de dinero a paraísos fiscales. «Has visto que sale en prensa, se entregó un cheque bancario que se fue a Suiza. Se pagó la casa de Conesa. El cheque era mío. No lo puedo justificar. Te explico, ese dinero, yo en esa empresa en trabajado en muchas plantas. he mandado muchas trasferencias en dólares al extranjero, claro demostrar que ese cheque era para la casa si no lo digo yo no lo va a demostrar nadie».
Publicado en www.levante-emv.com 13.05.06
El PSPV asegura que no ha apoyado con dinero ni abogados a los dos empresarios
El diputado socialista en las Corts Valencianes José Camarasa afirmó ayer que el PSPV-PSOE únicamente ha trasladado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) el «conocimiento de unos hechos graves cuya veracidad deberá ser determinada por los jueces», al tiempo que aseguró que no han ofrecido apoyo económico o jurídicos a los dos empresarios imputados en el fraude fiscal en Terra Mítica y con los que mantuvieron las conversaciones grabadas y denunciadas.
«Es cierto que los empresarios plantearon esa ayuda jurídicas, pero no entramos en ese juego», dijo Camarasa. Y añadió que las conversaciones, que se produjeron entre febrero y marzo, «se detuvieron porque no había un avance significativo» ya que los empresarios «pretendían cobrar dinero por facilitar más datos», algo que«no se ha planteado nunca» el PSPV.José Camarasa compareció ayer tarde en rueda de prensa, junto al portavoz adjunto del grupo en Les Corts Antoni Such y el secretario de Organización, Vicent Sarriá, para valorar la denuncia presentada por este grupo en la que se transcriben unas conversaciones de dos empresarios, que relacionan al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, con el supuesto fraude de facturas en Terra Mítica que investiga los juzgados.
Por su parte, el portavoz adjunto Antoni Such manifestó que «todos aquellos que crean que pueden ser perjudicados por esta forma de actuar en Terra Mítica, incluido Camps, deberían ponerse de nuestro lado porque es quien tiene que velar por los intereses económicos de los valencianos ante este presunto expolio». Camarasa apostilló que, «el propio Consell, como perjudicado», debería ser, «el primer interesado en saber si se ha gastado el dinero bien o mal en Terra Mítica». El diputado José Camarasa manifestó que con esta denuncia «no está prejuzgando ni acusando a nadie», sino que ha dado «traslado al fiscal de unos hechos conocidos durante unas reuniones» con los citados empresarios y que considera que «pueden ser verídicos, debido a los detalles». Tras dar traslado de estas conversaciones a la dirección de su partido, a los servicios jurídicos y al grupo parlamentario, Camarasa indicó que hizo lo que tiene la «obligación de hacer como cargo público» e insistió en que son los jueces «los que deben determinar la veracidad de lo denunciado»
Preguntado sobre si los empresarios conocían las grabaciones, Camarasa no fue demasiado explícito y contestó que «sabían que estaban con un diputado del grupo socialista en su sede parlamentaria y que yo formaba parte de la conversación», por tanto, «tenía derecho a conocer algo de lo que manifestaron que iban a hacer público». No obstante, sí estaban al tanto de la denuncia. Respecto a la intención de Zaplana de emprender «acciones penales» contra los empresarios y los diputados, dijo que «tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que crea conveniente y a decir si lo que ahí se dice es cierto o no, también en el juzgado».
Publicado en www.levante-emv.com 13.05.06
Hacienda denuncia de nuevo ante la Fiscalía la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica
La Agencia Tributaria ha vuelto a presentar una denuncia en la Fiscalía contra 17 empresas, entre ellas Terra Mítica, por defraudación a la hacienda pública a través de los impuestos del IVA y de Sociedades en los ejercicios 2000 y 2001, por falsificación de facturas y por delito contable. La denuncia mantiene la existencia de una relación instrumental entre las empresas denunciadas para eludir el pago de impuestos. Esta denuncia es la segunda que realiza Hacienda después de que la investigación que realizaba tras la presentada en julio pasado fuese parcialmente anulada por la Audiencia de Valencia.
La letrada del empresario Francisco Escoto, imputado en la causa, fue la que inició el camino de la anulación de la investigación realizada por la vía penal del delito de defraudación a la hacienda pública. Recurrió la imputación porque la inspección no había cumplido con el trámite de audiencia pública que la ley de 2003 señala como preceptivo antes de presentar la denuncia. La Audiencia le dio la razón. La causa quedó desmembrada en el Juzgado de Instrucción número tres: las diligencias por delito fiscal, anuladas; la falsificación de facturas, prescrita según el juez y pendiente de que la Audiencia se pronuncie; del delito contable nada se ha dicho y las comparecencias pendientes de cinco de los 24 imputados, en suspensión. La Agencia Tributaria ha tardado tres meses en cumplimentar el trámite de audiencia previa. Y nada ha cambiado para Hacienda. La inspección de Hacienda presentó a principios de semana una nueva denuncia.
La fiscalía estudia ahora la documentación remitida por la Inspección de Hacienda y en los próximos días decidirá los términos de la oportuna denuncia a los juzgados.
La Agencia Tributaria ha realizado el trámite de audiencia previa a varios de los imputados que se sumaron a la petición que realizó Escoto. Sobre ese trámite no existe una única interpretación del obligado cumplimiento si la investigación, como ocurre en este caso, se inició antes de la aprobación porque la ley anterior no lo contemplaba. El organismo mantiene tras finalizar el trámite la existencia de una relación entre las empresas, que la Fiscalía calificó en su día de trama, para defraudar a la hacienda pública. De hecho, la Agencia Tributaria podía haber concluido la investigación en distintos expedientes y no en uno que agrupe a las 17 empresas, entre ellas Terra Mítica Parque Temático de Benidorm. Pero no lo ha hecho así porque entiende que entre ellas, especialmente entre seis que constituyen el núcleo principal y entre las que se encuentra el parque de ocio, se concatenan los delitos. Para la Agencia Tributaria está clara la comisión de la defraudación a través de facturas falsas y con alteración de la contabilidad.
La Agencia Tributaria, representada en el proceso penal por la Abogacía del Estado, y la Fiscalía, han mantenido posiciones coincidentes tanto en la innecesaria devolución del expediente a la Hacienda para el cumplimiento del trámite de audiencia previa como en considerar que los delitos están relacionados, que no se podía fragmentar y que no había habido prescripción alguna. Los recursos presentados sobre cada uno de esos particulares están pendientes de una respuesta de la Audiencia de Valencia.
La Agencia Tributaria en esta nueva denuncia, que será registrada como una diligencia de investigación nueva, mantiene que las 17 empresas cometieron un delito de defraudación en los impuestos del IVA y de Sociedades y que lo hicieron a través de facturas falsas. En lo que se refiere a la alteración contable, no afecta a todas las mercantiles.
El núcleo duro de la trama vuelve a señalar a seis empresas que supuestamente defraudaron 4,4 millones de euros: Terra Mítica -con una defraudación de 185.000 euros-, por la que declararon ante el juez tres ex miembros del consejo de administración del parque, que son Miguel Navarro, Luis Esteban y Justo Valverde; Altos del Carrichal, SL; Gribal, SA; Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, SA; C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente, SL; y Excavaciones Escoto, SL. A ésas se añaden otras once, de las cuales algunas no consta que hayan tenido actividad alguna y en otras aparece una actividad que en nada tiene que ver con los servicios supuestamente prestados, facturados y cobrados. Por ejemplo, según fuentes de la investigación, una empresa dedicada a la fabricación y venta de lámparas aparece como proveedora de un servicio millonario de construcción.
Dos de las empresas denunciadas tienen como administrador al empresario Vicente Conesa, que a lo largo de las 19 comparecencias ante el juzgado -excepción hecha de la suya, la de sus dos hijos y la de su esposa- aparece, según los imputados, como nexo entre el parque temático y la mayoría de las mercantiles implicadas. A través de C3 Ingeniería de la Construcción y de Desarrollo de Proyectos, y de Instalaciones y Mantenimiento, Conesa subcontrató una serie de supuestos servicios a realizar en la superficie del parque. Vicente Conesa Fernández-Vitoria, que estuvo relacionado en 1995 con una supuesta adjudicación irregular de proyectos en Benidorm cuando Eduardo Zaplana era alcalde de la ciudad, es el centro de la supuesta trama. La Fiscalía sostiene que Conesa defraudó a Hacienda 2,8 millones de euros a través de facturas falsas en los impuestos del IVA y Sociedades. Las otras empresas están acusadas de un fraude que oscila entre 130.000 euros y 400.000 euros. Conesa negó haber defraudado y girado facturas falsas, a excepción de Excavaciones Escoto, a la que se imputa un fraude por una factura de 700.000 euros por movimiento de terrenos.
Proceso por partida doble
La nueva denuncia presentada por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía contará con la pertinente apertura de diligencias de investigación en breve y la consiguiente denuncia a los juzgados. Ello se produce mientras una causa de las mismas características, aunque con una parte de su tramitación anulada, continúa en el Juzgado de Instrucción número tres. Fue esa oficina judicial la que tuvo que remitir todo lo actuado en la vía penal a la Agencia Tributaria en lo referido al delito fiscal (la parte sustancial de la investigación y de la defraudación) tras el pronunciamiento de la sección tercera de la Audiencia de Valencia porque no había dado el trámite de audiencia previa a los denunciados. Sin embargo, como la Audiencia no dijo nada del delito de falsificación ni del contable, la causa continuó inicialmente, pero con las diligencias acordadas suspendidas. Finalmente, el juez decretó prescrito el delito de falsificación. Por tanto, la causa se mantiene por el delito contable y con las declaraciones pendientes en situación de suspensión. Además, una sucesión de recursos por cada una de esas decisiones esperan respuesta de la Audiencia.Publicado en El País.05.05.06
El PP valenciano impide investigar sobre la gestión de Zaplana
Las Cortes Valencianas rechazaron ayer, gracias a los votos en contra del Partido Popular, la creación de comisiones de investigación sobre los gastos del parque temático Terra Mítica, el contrato del cantante Julio Iglesias con la Comunidad Valenciana, y la situación contable de la empresa pública CIegsa, casos todos correspondientes a la época en que Eduardo Zaplana era presidente autonómico.
La propuesta de comisiones de investigación fue planteada por los grupos de la oposición, EU-l’Entesa y PSPV (Partido Socialista del País Valenciano), que perdieron sus votaciones ante los votos negativos del PP valenciano. Una de las propuestas era sobre el contrato que el cantante Julio Iglesias firmó con la Generalitat en 1997 para la promoción de la Comunidad Valenciana, y la supuesta existencia de un contrato B, que eximía al artista al pago de impuestos.
Contrato legal y rentable
Según la diputada del PP, Elvira Suanzes, el contrato con Julio Iglesias “no sólo es legal y transparente, sino eficaz y rentable para las empresas de esta Comunidad”, y aseguró que sólo entendía el interés de la oposición hacia este tema por su “obsesión” y “rencor” hacia el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana.
El “desastre” de Terra Mítica
Los populares también se opusieron a la creación de una comisión de investigación sobre las denuncias formuladas en relación a determinados pagos efectuados por Terra Mítica. El portavoz adjunto de EU-L’Entesa,Joan Antoni Oltra, defendió que “hay suficientes razones de tipo político” para continuar con las investigaciones en las Cortes, y determinar a los culpables del “desastre provocado” en esta empresa.
Empresa pública para la construcción de escuelas
La otra comisión rechazada es la que debería investigar la situación contable y financiera de la empresa pública Ciegsa, así como el estado de las adjudicaciones de las obras de los centros escolares y de todos los movimientos de contratación de personal.
Más gastos y menos escuelas
El portavoz adjunto del PSPV, Andrés Perelló, recordó que el “mapa Zaplana” que se presentó preveía la construcción de 277 colegios y un gasto de mil millones de euros, cantidad, según dijo, que ha sido superada en 500 millones de euros, con los que “se podrían haber construido 140 colegios más de los previstos”. Según contestó la portavoz de educación del PP, Carmina Nácher, no es necesaria una comisión de investigación porque Ciegsa “está sometida a los controles económicos y financieros que exige la ley”.
Publicado en www.elplural.com 30.03.06
Las actas de Terra Mítica revelan que las prisas y la improvisación dispararon el gasto previsto
Las actas de las reuniones para repasar el estado de las obras de construcción del parque temático Terra Mítica de Benidorm revelan que la improvisación y las prisas por inaugurar en la fecha prevista dispararon los gastos inicialmente previstos y elevaron los presupuestos iniciales para solucionar defectos no previstos. En estas actas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, se evidencia el descontrol de la situación de un parque que hoy sigue intervenido judicialmente, pero que el consejero de Economía, Gerardo Camps, confía en sacar adelante mediante un acuerdo con los acreedores.
El 27 de julio de 2000 el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el director general de Terra Mítica, Miguel Navarro, -hoy encargado de impulsar la construcción del Ágora y los rascacielos diseñados por el arquitecto Santiago Calatrava en la Ciudad de las Ciencias- acompañaron al Príncipe Felipe en la inauguración de uno de los principales hitos de la gestión del PP de la Comunidad Valenciana. El anuncio oficial de entonces era que Terra Mítica facturaría en 2005 un total de 15.000 millones de las antiguas pesetas y la gallina de oro empezaría a poner huevos. Sin embargo, ese caluroso día de hace cinco años ya se anunciaba que la apertura de El rescate de Ulises se posponía hasta la segunda temporada y que Los rápidos de Argos o Las sorpresas de los dioses tardarían unos días en entrar en funcionamiento.
Las actas de las reuniones entre los responsables de Terra Mítica y los contratistas encargados de la construcción y acondicionamiento de las atracciones ponen de manifiesto el descontrol y las prisas. Así, en una de las reuniones del 14 de marzo de ese año la representante de Global Gerencia de Atracciones, hablando de la ejecución del área temática correspondiente a Grecia, "comenta que se trabaja con hechos consumados y que habrá que buscar ahora un tratamiento para la estructura para no tener que devolver toda la estructura. El mantenimiento será mucho más grande, el coste más alto". En esa misma reunión, la responsable de Terra Control señala que "hay un problema en el control de las zapatas. Los planos de planta general y de armado no coinciden en lo que son las dimensiones de las zapatas y tampoco en la armadura". En la reunión, según consta en el acta, se discute también sobre otros aspectos como las canalizaciones. El contratista de la instalación eléctrica, Moncobra, dice que hace un mes que quería empezar y "no ha podido tirar cables" porque no están las canalizaciones. El representante de Moncobra quiere dejar constancia de que "ya es la tercera vez que tiene que hacer marchar a sus instaladores". La UTE que se encarga del área temática de Grecia reconoce que se le entregó un nuevo plano con el trazado de las canalizaciones pero que no se lo ha podido mirar.
En la siguiente reunión, celebrada una semana más tarde, la respuesta de la UTE sobre las canalizaciones eléctricas tampoco llega porque "se han destrozado muchas partes de las canalizaciones ya hechas por haber construido ahora las zapatas de la tematización". Hay que cambiar el trazado y tirar los tubos cortados. Las prisas y la exigencia de terminar las obras como sea a finales de abril se repiten en la práctica totalidad de las reuniones con contratistas.
De este modo, a mediados de abril "la dirección técnica de Terra Mítica decide que se incorporarán próximamente nuevos equipos con los medios necesarios para reforzar y concluir los trabajos en el plazo requerido" para completar el embarcadero de El gran viaje. En las anotaciones que figuran en las actas son constantes las advertencias de los gestores del parque de Benidorm a los contratistas: "Terra Mítica indica que NO se retrasará bajo ningún concepto la urbanización, colocándose por los contratistas que necesiten el paso las protecciones correspondientes".
A pesar de las prisas a los contratistas, el parque abrirá en julio sin tener terminadas todas sus atracciones. En una carta a la dirección técnica de Terra Mítica, la firma Amusement Whitewater se excusa por los retrasos en la puesta en funcionamiento de la atracción Splash y argumenta "demora en la aprobación de las estructuras primarias de soporte de las rocas artificiales; demora en la adjudicación de la fabricación de las mencionadas estructuras, parada en la obra de más de dos semanas cuando se consideró adjudicarla a otra empresa, lo cual se rectificó posteriormente; demoras (inicialmente) en al aprobación de los volúmenes y las texturas; mayor volumen de obra del inicialmente previsto en proyecto". Todo un rosario de improvisaciones que convirtieron la construcción de Terra Mítica en una auténtica montaña rusa, llena de emociones.
La urgencia para cumplir con los plazos obligó también a ampliar los presupuestos inicialmente acordados, no sólo de construcción de la obra, sino de los elementos técnicos necesarios para su funcionamiento. De este modo, el presupuesto para cubrir técnicamente los efectos de iluminación del Túnel de Anubis, el Cementerio de Naves, Colquides, el Lago de Poseidón y los sistemas de control se incrementaron en 58,6 millones de las antiguas pesetas (352.000 euros). Todo ello mediante presupuestos sin desglosar y sin que hubiese concurrencia de ofertas. El proceso acabó con una suspensión de pagos por importe de 215 millones de euros y la intervención judicial del parque para evitar su quiebra. El Consell confia ahora que en el plazo de un mes el parque podrá volver a la normalidad tras alcanzarse un acuerdo con los acreedores. Situación que se verá facilitada por el hecho de que la Generalitat es el principal acreedor del parque, con cerca de 57 millones de euros. A distancia, el resto de deudas que mantiene el parque corresponde a bancos y cajas de ahorro y a constructoras (la mayoría de ellas encuadradas en las uniones temporales de empresas que levantaron Terra Mítica contra reloj).
Entre las deudas que motivaron la suspensión de pagos de Terra Mítica también figura un llamativo paquete de acreedores dedicados al mundo del fútbol.La política publicitaria realizada por los gestores de Terra Mítica tuvo así, entre otras consecuencias, la generación de deudas con el Valencia CF (628.000 euros), el Villarreal CF (2 millones de euros), la Real Federación Española de Fútbol (3,7 millones de euros), el Elche Club de Fútbol (281.000 euros), y el Levante Unión Deportiva (268.000 euros). En la lista de acreedores, por figurar, figuran hasta gimnasios como el de Atalanta Centro Deportivo, al que se le adeudan casi 1.000 euros. Publicado en www.elpais.es 20.02.06
Los directores técnico y financiero de Terra Mítica dicen que cumplían órdenes de Navarro y Valverde
Los directores técnico y financiero de Terra Mítica, Antonio Rincón y Miguel Izquierdo, respectivamente, declararon ayer ante el juez que cumplían órdenes de la dirección general y del director de contratación cuando certificaban las obras y firmaban los pagos, en referencia a Miguel Navarro y Justo Valverde, este último cuñado de Eduardo Zaplana, quien ocupaba en aquella época la Presidencia de la Generalitat.
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Valencia les tomó ayer declaración como imputados, junto a otros tres empresarios, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por la Agencia Tributaria, de una «trama de empresas» en la que se encuentra Terra Mítica, que emitieron facturas falsas para defraudar el IVA y el IRPF de los ejercicios 2000 y 2001 durante la construcción del parque temático.
Por espacio de tres horas y media, el director técnico de Terra Mítica, Antonio Rincón, explicó ante el juez el organigrama y la funciones de la sociedad. Rincón declaró que no era legal representante de Terra Mítica, sino que era «un técnico sin ninguna capacidad de decisión», un ingeniero externo que había terminado las Hoces del Cabriel, que llegó al año y medio de comenzarse las obras para «poner orden y terminarlas en un año».
La comparecencia de Antonio Rincón como imputado se produce tras las declaraciones de otros imputados en diciembre pasado, entre ellas, la del ex presidente del Consejo de Administración de Terra Mítica, Luis Esteban. Éste declaró que la responsabilidad sobre contratación dependía del departamento de contrataciones, Justo Valverde; del director técnico, Antonio Rincón, y del director financiero, Miguel Izquierdo.
Rincón llegó a ocuparse de la dirección técnica de Terra Mítica cuando se la quitaron a ACS, para coordinar a las más de 250 empresas y más de 2.000 trabajadores que había en ese momento en el parque. Era abril del 99 y la inauguración se produciría en el verano de 2000.
El director técnico pertenecía al organigrama de la dirección general, pero «sin poderes ni atribuciones para contratar, porque la obra ya estaba contratada», declaró ante el juez Rincón explicando el itinerario de las facturas. El proceso a seguir era que, al pie de cada factura, figuraba el cuño de la gerencia de jardines -que es lo que se investiga-, que era la que supervisaba sobre el terreno si las unidades de obra se habían ejecutado correctamente dando su conformidad. La gerencia pasaba la factura con su sello a contratación, que era Justo Valverde y éste ponía el cajetín de salida y la fecha verificando el gasto aprobado. A continuación se pasaba al director técnico, Antonio Rincón, quien veía que estaba aprobada por la gerencia correspondiente y por la dirección de contratación, y con ambas conformidades, firmaba dando el visado de la factura. Su secretaria tomaba notas para reflejarlo en el «planning» de la obra. Su labor era coordinar las empresas y la logística. Pero la buena o mala ejecución eran de Bovis y el resto de empresas de la gerencia de construcción. Rincón pasaba la factura a contratación de nuevo -ya que hacía el camino de ida y vuelta-, que era Justo Valverde, y éste controlaba si el gasto correspondiente estaba aprobado. Entonces, la pasaba a Miguel Izquierdo, el director económico y financiero, para que se pagaran emitiendo pagarés. Ello se hacía mediante un programa de ordenador que estaba «perimetrizado» y, al figurar como aprobado el gasto, salía automáticamente el pagaré y se pasaba a Miguel Navarro para su firma, porque el director general tenía firma mancomunada con Miguel Izquierdo.Durante su declaración, Antonio Rincón también explicó el funcionamiento de la obra. Las necesidades de la obra las proponía la dirección facultativa (Global-Idon) en las reuniones de contratación, y con carácter semanal se pasaban a Justo Valverde las propuestas de contratación. De aquí, se pasaban a la comisión ejecutiva, que era la que lo aprobaba , y lo firmaba Miguel Navarro, que era quien decidía finalmente aprobar o no el gasto.El otro imputado, Miguel Izquierdo, que era el director financiero, declaró que tampoco tenía pues ningún poder decisorio porque venía aprobado todo por gerencia de obra y por contratación. Sólo firmaba para emitir el pagaré, que terminaba en poder de Miguel Navarro.
En cuanto al resto de imputado, también declaró ayer el cuarto de los hermanos Moreno Carpio, Juan Carlos, y un ingeniero que trabajó con Vicente Conesa en el sistema de riegos. Por último, compareció Julio Cortés Heredia, quien dijo haber creado una gestoría sin ningún conocimiento técnico ni jurídico y que facturó importantes cantidades a Terra Mítica bajo las siglas de Nou Mileni.Publicado en Levante.25.01.06
Hacienda denuncia que " EL CUÑADÍSIMO " Valverde validó facturas falsas de empresas sin contrato con Terra Mítica
El departamento de contratación de Terra Mítica validó durante los ejercicios de 2000 y 2001 presuntas facturas falsas a empresas que ni siquiera tenían suscrito contrato con el parque temático de Benidorm. Así lo denuncia la Agencia Tributaria en la documentación remitida a la Fiscalía y que sustenta la denuncia presentada ante el TSJ contra el recinto y otras 16 empresas. Según fuentes conocedoras de la investigación, la documentación de Hacienda señala al área que dirigía Justo Valverde y al propio cuñado entonces del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, como responsable «del control de las facturas emitidas por la entidad, entre las que se encuentran las presuntamente falsas cuya deducción da origen al posible delito».
La Agencia Tributaria señala la «inexistencia de contratos» con algunos de los proveedores implicados en la presunta trama organizada y afirma que del citado control sobre las facturas quedaba constancia mediante «la estampación de un sello del departamento de contratación» y «en algunas de ellas» con la firma en señal de conformidad del propio Justo Valverde. Hacienda, en su búsqueda de responsables de autorizar los pagos sostiene que durante el período en que se hace uso de las presuntas facturas falsas «es obvio que sin el conforme o visto bueno del departamento de contratación» no podía proceder al pago de las citadas facturas.
En su comparecencia como imputado en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia, Justo Valverde, testificó que se limitaba a publicar pliegos de condiciones pero que la adjudicación de contratos no dependía de él y descargó sobre jefes de obra y otros departamentos la responsabilidad. Pero la Agencia Tributaria desvela que muchas facturas se emitieron por empresas que no tenían contrato firmado con el parque. Según se ha publicado hasta la fecha, sólo la firma de Vicente Conesa C-3 Ingeniería de la Construcción y el Medio Ambiente mantuvo -y mantiene todavía- una relación contractual definida con Terra Mítica, mientras que otras empresas que facturaron al parque -Prexint Botanics, Altos del Carrichal, Red Moreno, Desarrollo Gran Vía y Excavaciones Escoto (que sí hizo labores de desescombro como subcontratista)- facturaron trabajos que son cuestionados por Hacienda.
Valverde, al igual que hicieron el ex presidente Luis Esteban y el ex director general Miguel Navarro, descargó responsabilidades en niveles inferiores. El juez, tras las declaraciones de estos tres imputados, ha citado a testificar para el próximo 24 de enero también al ex director técnico Antonio Rincón y al ex director financiero, Miguel Izquierdo. No obstante, según fuentes conocedoras de la investigación, la documentación de la Agencia Tributaria recoge citando actas del consejo que Valverde asumió en marzo de 2001 el control sobre el departamento económico financiero, que sumó a su responsabilidad sobre el área de contratación tras la marcha de Izquierdo
Publicado en Levante. 08.01.06
Conesa aparece como el principal responsable de la trama de facturas falsas de Terra Mítica
Nueve imputados en la causa abierta por la supuesta trama de facturas falsas con 17 empresas implicadas, entre ellas Terra Mítica, declararon ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia. El empresario Vicente Conesa Fernández-Vitoria, gerente de las firmas C3 Ingeniería de la Construcción y de Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, aparece como el principal responsable de la supuesta trama que defraudó a Hacienda 4,4 millones de euros en los impuestos del IVA y de Sociedades en 2000 y 2001. La Fiscalía achaca a las dos empresas de Conesa, cuyo accionariado comparte con su mujer y sus hijos, un fraude que asciende a más de 2,7 millones de euros.
A las 17.15 compareció Conesa ante el juez. No contestó a las preguntas de la fiscal, ni de la Abogacía del Estado, ni a la letrada que representa a Terra Mítica. Lo hizo sólo a las preguntas de su abogado, Vicente Grima. Y negó haber hecho facturas falsas y haber defraudado a Hacienda. Su mujer, Matilde Ripoll, y sus hijos, Vicente y Luis Alberto, sí contestaron a todas las partes, pero negaron conocer las actividades de las empresas de las que forman parte. Los hijos de Conesa (uno trabaja en el sector inmobiliario en Barcelona y el otro es ingeniero de Fomento) dijeron haber firmado papeles por indicación de su padre sin saber qué eran.
Vicente Conesa, que en 1995 estuvo relacionado con la supuesta adjudicación irregular de proyectos por parte del Ayuntamiento de Benidorm por valor de 600.000 euros siendo alcalde Eduardo Zaplana, ha sido investigado por la Agencia Tributaria durante casi cinco años. Las dos sociedades de las que es gerente aparecen entre las seis que la Fiscalía ha señalado en su denuncia de defraudación en los impuestos del IVA y de Sociedades mediante facturas falsas. Y, según fuentes del caso, fueron esas empresas las que lograron la adjudicación de obras de construcción y ajardinamiento del parque que luego subcontrataría con otras. De esas otras, tres aparecen también en el núcleo duro de la supuesta trama: Altos del Carrichal (cuyo administrador es Antonio Vicente Moreno Carpio, al que la Fiscalía acusa de un fraude de unos 400.000 euros), Excavaciones Escoto (de la que es gerente Francisco Escoto, imputado por un supuesto fraude de algo más de 700.000 euros) y Gribal (administrada por José Luis Rubio Sánchez y a quien se reclaman alrededor de 200.000 euros).
El empresario Moreno Carpio, gerente de las empresas Altos del Carrichal, Prexing Botànic y Traus, empezó a desvelar las líneas generales de las relaciones entre las distintas empresas implicadas en la supuesta trama y el papel de Conesa. Acudió sin abogado y fue asistido por un letrado de oficio, reconoció en la sala haber realizado trabajos para Terra Mítica en los años 2000 y 2001 y haberlo hecho a través de Conesa. Dijo a preguntas del abogado del Estado y de la fiscal del caso que sus trabajos para el parque fueron a través de Conesa. El empresario negó haber tenido un trato directo con alguno de los consejeros de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, dijo no conocerlos y, aunque en la sesión de declaraciones previas celebrada ayer no hubo reconocimiento de documentos, sí admitió haber girado facturas por esos trabajos y haberlos hecho.
En las empresas de las que es gerente Moreno Carpio también figuraban como accionistas sus hermanos. Luis Felipe Moreno Carpio fue el segundo en comparecer. Y explicó que efectivamente estaba asociado a su hermano y que tenía poderes para, por ejemplo, retirar dinero del banco y pagar nóminas. Pero negó conocer el detalle de las actividades de las empresas. El menor de los hermanos, Francisco Javier, cerró la sesión de comparecencias de la mañana y a preguntas de las partes dijo desconocer las distintas operaciones de las sociedades, señaló a su hermano como el que efectivamente controlaba la actividad y afirmó que había realizado alguna transacción menor meramente administrativa, según fuentes del caso.
María Julia Muñoz Mateu, administradora de Mecanizados de Levante, y Amparo Tejedor, cuya firma aparece en la constitución notarial de la misma empresa, fueron los otros dos testimonios que escuchó ayer el juez. Ambas explicaron que su relación con la empresa, cuyo gerente es Emilio Muñoz Mateu, también imputado, fue meramente administrativa y que desconocían las operaciones de la misma. Firmaron, dijeron, y nada más.
A los nueve citados de ayer se sumarán mañana jueves otros cuatro: María Yolanda Muñoz Mateu (Mecanizados Hermanos Mateu), Francisco Escoto (Excavaciones Escoto), Miguel Navarro Navarro, ex director de Terra Mítica, y Luis Esteban, ex presidente del consejo de administración del parque. Justo Valverde, responsable de contrataciones de Terra Mítica Parque Temático, SA, en la época del supuesto fraude, relacionado personalmente con Eduardo Zaplana y destituido hace unos meses de sus funciones, no ha podido ser citado. Un juzgado de paz lo intentó en Murcia sin éxito.
Además de Valverde, otros seis imputados no han podido ser localizados de momento. Entre ellos estaba inicialmente el empresario José Luis Rubio. Pero ayer se personó con su abogado y declarará en breve, aunque la fecha está por concretar. En total, son 23 los imputados cuyo testimonio deberán escuchar el juez y la fiscal. La relación incluía a José Herrero García, fallecido hace diez años. Será después de esos testimonios cuando se definan las personaciones definitivas y la forma de las mismas, entre ellas la de Terra Mítica, acusada por la Fiscalía pero que aspira a ser parte perjudicada.
La investigación cuyos entresijos empezaron a desvelarse ayer se inició hace cinco años. Hacienda denunció la supuesta trama a finales del pasado mes de junio a la Fiscalía y ésta, tras cuatro meses de pesquisas, trasladó 30.000 folios al juzgado en forma de una denuncia de supuesta defraudación en los impuestos del IVA y de Sociedades por importe de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas que habrían supuesto el cobro de servicios o no realizados o sobrevalorados.
Publicado en El País.14.12.05
La fiscalía revela que la trama de facturas falsas en Terra Mítica desvió dinero a Suiza
La investigación del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana sobre el fraude de 4,4 millones de euros mediante facturas falsas en el parque temático Terra Mítica de Benidorm recoge que parte de los fondos defraudados fueron transferidos a bancos suizos. El ministerio público ha imputado por estos hechos a 24 personas: 21 representantes de 16 empresas y tres altos ejecutivos del complejo lúdico: al ex presidente de Terra Mítica Luis Esteban, al ex director general Miguel Navarro y al ex jefe de compras del parque temático Justo Valverde.
La denuncia del fiscal jefe de Valencia, Ricard Cabedo, ya ha sido admitida a trámite por el El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia. El magistrado retoma así la investigación del ministerio público que, inicialmente, ha concluido con la imputación de responsables de 16 empresas proveedoras de Terra Mítica y los ex directivos del parque temático. El fiscal los acusa de seis delitos de falsedad y 12 de fraude a la Hacienda Pública.
Tras una investigación de la Agencia Tributaria, la Fiscalía detectó una "trama organizada que permitía, tras la falsificación de facturas, una defraudación del impuesto de sociedades y del IVA de los años 2000 y 2001". Según el Ministerio Público, existe un grupo de sociedades, "cuyos legales representantes están en connivencia unos con otros" que, "guiados por el ánimo de defraudar a la Hacienda Pública, han venido emitiendo una serie de facturas que no obedecen a la realidad".
Para ocultar el beneficio obtenido, según la fiscalía, las empresas desviaban "cuantiosas" cantidades de dinero hacia la mercantil Desarrollo Gran Vía, "fingiendo un endoso" a favor de ésta.
El relato de la fiscalía desmenuza el modo de obrar de la trama en cuatro escalones. El primero se corresponde con empresas inactivas o con "actividad pequeña" (Herrero Mantenimiento, Les Simetes de Partegás, Mecanizados Hermanos Muñoz, Mecanizados Levante), que emitieron "facturas falsas" por trabajos no realizados y entregaron a mercantiles del segundo escalón. Éstas (Altos del Carrichal, Red Moreno, Trabajos auxiliares del siglo XXI, Prexint Botanics y Gribal) emitieron otra serie de facturas falsas por servicios no prestados que entregaron a otro grupo de empresas, en el tercer escalón.Son Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, SA y C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente. Igualmente, estás firmas recibieron facturas de las anteriores y emitieron otras por trabajos no ejecutados a las empresas del último escalón: Terra Mítica Parque Temático de Benidorm y Excavaciones Escoto, SA.
Según la fiscalía, desde las cuentas de varias de las empresas imputadas, en concreto Trabajos auxiliares del siglo XXI, se han transmitido fondos, más de 300.000 euros, a un banco suizo.
Un portavoz de Terra Mítica aseguró ayer que desde la empresa que gestiona el parque no se ha desviado dinero a Suiza "ni a ninguna parte". El portavoz del Gobierno valenciano, Esteban González Pons, señaló que Terra Mítica es parte perjudicada en el fraude. "El Consell no es Terra Mítica, sino que no es más que un 20%", puntualizó. Los grupos parlamentarios socialista y EU-Entesa denunciaron que Terra Mítica "se ha convertido en un modelo de corrupción" y en "un pozo sin fondo" y pidieron al presidente de la Generalitat que depure las responsabilidades políticas.
El fraude se produjo, supuestamente, en 2000 y 2001, y entre los 24 imputados figura la cúpula directiva del parque en esos ejercicios: el presidente, Luis Esteban; el director general, Miguel Navarro; y el jefe de compras, Justo Valverde. El nombramiento de Valverde fue criticado por los partidos de la oposición, el PSPV-PSOE y Esquerra Unida, por su condición de cuñado de Eduardo Zaplana, actual portavoz del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso.
Zaplana impulsó en 1997 la construcción del parque temático, desde su cargo de presidente de la Generalitat. En la actualidad, el Gobierno valenciano es uno de los tres socios mayoritarios del parque, junto con las dos cajas valencianas, con el 20% de las acciones cada uno.
Publicado en El País. 10.12.05
HACIENDA SE PERSONA EN LA CAUSA CONTRA TERRA MÍTICA
Fue precisamente una investigación realizada desde Hacienda la que descubrió un entramado de empresas en torno a Terra Mítica que realizaban presuntas facturas falsas y que supondría n fraude fiscal de 4,4 millones de € en IVA e impuesto de sociedades. La Fiscalía ha pedido al juzgado que se impute a 25 representantes legales de Terra Mítica y otras 16 empresas por seis delitos continuados de falsificación de documentos mercantiles y doce delitos contra la Hacienda Pública, que dejó de ingresar 4.421.319 € durante los ejercicios 2000 y 2001 en concepto de IVA e impuesto de sociedades. La Agencia Tributaria ejercerá la acusación a través de la Abogacía del Estado en defensa de la Hacienda Pública para reclamar la cantidad defraudada al Erario Público, más una multa por el mismo importe de lo defraudado, además de la pena de prisión que acarreen los delitos que, en su caso, se desprendan de la instrucción.
Por otro lado, el titular del juzgado encargado del caso ya ha iniciado los trámites tras recibir el jueves las seis cajas de que consta la investigación realizada por la Agencia Tributaria. La mayoría de las citaciones se han realizado por exhorto a los juzgados de los partidos judiciales donde las empresas tienen su domicilio fiscal, para que comparezcan en Valencia. Para ello, ha comenzado a citar a los 25 imputados para tomarles declaración en quince días, en dos sesiones de mañana y tarde para lo que se está pensando en habilitar una sala en la que puedan caber los 25 letrados que, presumiblemente, se personarán en la causa como defensas, más el fiscal y el abogado del Estado.
Los inspectores de la Agencia Tributaria iniciaron las pesquisas en Terra Mítica -como inspección parcial- a partir de la investigación abierta a cinco empresas contratistas directas del parque temático. Se trata de C-3 Ingeniería de la Construcción y el Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos Instalaciones y Mantenimientos (Depimsa), ambas vinculadas al empresario Vicente Conesa Fernández. Otras tres firmas ligadas a Antonio Moreno Carpio ( Los Altos del Carrichal, Prexint Botanics y Red Moreno) también fueron contratistas directas. El resto de mercantiles denunciadas ejercieron de subcontratistas de obras y servicios de Terra Mítica a través de las anteriores, o según las sospechas de los fiscales, habrían ejercido de sociedades pantalla en la presunta «trama organizada» de facturas falsas y fraude a la Hacienda Pública.
Fuentes conocedoras de la investigación sostienen que gran parte de las facturas libradas y pagadas por Terra Mítica fueron rubricadas por el entonces director de contratación, Justo Valverde, que en aquellas fechas mantenía una relación marital con una de las hermanas del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. Valverde se incorporó al equipo directivo de Terra Mítica procedente de la sociedad pública impulsora del proyecto, Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Algunas de las empresas de Conesa, principalmente C-3, también han mantenido relaciones contractuales con la mercantil de la Generalitat Valenciana. En la actualidad ya no existe relación familiar entre Valverde y Zaplana.
El ex director general de Terra Mítica, Miguel Navarro, también figura entre las personas que estamparon su firma en las facturas libradas por las empresas denunciadas por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia. Una tercera persona, el ex director técnico Antonio Rincón, se suma a los firmantes, si bien en su caso sólo de documentos elaborados en el ejercicio de 2000, año en que abandonó su cargo en el recinto, una vez finalizada la fase de construcción del complejo de ocio. (Diciembre 2005)
EL EX DIRECTOR TÉCNICO DE TERRA MÍTICA ES DUEÑO DE UNA DE LAS FIRMAS QUE TRABAJÓ PARA EL PARQUE.
Una viaje de ida y vuelta. El ex director técnico de Terra Mítica, Antonio Rincón, es dueño actualmente junto a su mujer de una de las empresas que facturaron suministros con el parque temático de Benidorm. La mercantil Comercial de Materiales y Repuestos (Comares) contrató durante los ejercicios de 1999 y 2000 diversos servicios entre los que figuran la venta de materiales de seguridad, válvulas y tuberías y la construcción de varias casetas de obra. En esas fechas la mujer de Rincón, María del Carmen Martínez, figuraba como empleada de la empresa contratista. Antonio Rincón abandonó Terra Mítica en el año 2000, una vez finalizada la fase de construcción. En septiembre del año siguiente, Martínez se incorporó oficialmente a la administración de la empresa, según los datos del Registro Mercantil. En diciembre de 2003 fue el propio Rincón quien pasó a formar parte del consejo de administración. Comares es una empresa participada al 100% por otra mercantil denominada Grupo Comares MC Invert, en la que también figuran como administradores Rincón y Martínez y que tiene el mismo domicilio que Comares en una dirección de Quart de Poblet. En este mismo domicilio figura otra sociedad, Comares Ingeniería y Construcción, también administrada por las dos mismas personas, que también aparecen ligadas a los órganos de gobierno de las sociedades limitadas Armo Instalaciones y Coelfri Instalaciones. La información sobre la relación contractual de Comares con el parque de ocio Terra Mítica fue publicada en 1999. Por esas fechas Rincón ocupaba el cargo de director técnico del parque temático, pero todavía no como administrador de la sociedad. Rincón gestionaba muchas de las relaciones con las contratistas. Así lo atestiguaron el pasado jueves el ex presidente de Terra Mítica, Luis Esteban, y el ex director general Miguel Navarro, dentro de las declaraciones ante el juez como imputados tras la denuncia por presunto fraude fiscal y generación de facturas falsas presentada por la Fiscalía con documentación de la Agencia Tributaria. Comercial de Materiales y Repuestos (Comares) es una mercantil que nació en 1994 con un capital social de algo más de 120.000 €. Hasta 1998 la sociedad tuvo como administrador único a José Vicente Álvarez García, persona estrechamente ligada a las actividades empresariales de la familia Cotino. (Diciembre 2005
El presunto fraude detectado por la Fiscalía se cometió en 2000 y 2001 y asciende a 4,4 millones
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha presentado una denuncia contra 17 empresas acusadas de formar una trama de falsificación de facturas por un valor de 4,4 millones de euros en los ejercicios de 2000 y 2001. Entre las sociedades denunciadas está Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA, que habría aceptado facturas por servicios no realizados. Entre los 25 denunciados, figuran tres consejeros del parque temático y el empresario Vicente Conesa, que fue relacionado con adjudicaciones irregulares en Benidorm siendo alcalde Eduardo Zaplana.
El coordinador de delitos económicos de la Fiscalía del TSJ, Jesús Carrasco, recibió en junio de este año 70 cajas con la documentación de la inspección realizada por la Agencia Tributaria a varias empresas por supuesto fraude en los impuestos del IVA y de sociedades. La investigación que desde entonces ha realizado la Fiscalía se convirtió ayer en una denuncia presentada en los juzgados de Valencia. En ella, la Fiscalía denuncia a 17 empresas "como un grupo de sociedades que habrían desarrollado una trama organizada que permitía a través de la falsificación de facturas una defraudación a la hacienda pública en los ejercicios 2000 y 2001 por un importe inicial de 4.421.319 euros".
La denuncia imputa esos hechos inicialmente a 25 personas, entre ellas a varios empresarios -Vicente Conesa Fernández Vitoria, Antonio Vicente Moreno Carpio y José Luis Rubio Sánchez- y a tres miembros de los 23 integrantes del consejo de administración de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm SA. La Fiscalía no quiso facilitar los nombres relacionados con dicha sociedad (participada en un 20% por la Generalitat Valenciana, en otro 20% por la CAM y en otro 20% por Bancaja). Sin embargo, precisó que no se halla implicada ninguna de las entidades bancarias presentes en el consejo.
El fiscal que recibió el asunto explicó que de lo que se conoce hasta ahora se deduce que el supuesto delito fiscal a través de falsificación de facturas se orquestó a través de un grupo de empresas estructuradas con la participación de sociedades pantalla. La investigación de la Agencia Tributaria se concentró en 12 entidades. La Fiscalía, un mes después de ponerse sobre el asunto, la amplió hasta 30. Finalmente, considera que el núcleo de la trama está en seis: Altos del Carrichal SL; Gribal SA; Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento SA; C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente SL; Excavaciones Escoto SL; y Terra Mítica Parque Temático de Benidorm SA. A esas se añaden otras once, de las cuales algunas no consta que hayan tenido actividad alguna y en otras aparece una actividad que en nada tiene que ver con los servicios supuestamente prestados, facturados y cobrados. Por ejemplo, según fuentes de la Fiscalía, una empresa dedicada a la fabricación y venta de lámparas aparece como proveedora de un servicio millonario de construcción.
El ministerio público casi ha duplicado la cantidad supuestamente defraudada que inicialmente señaló la Agencia Tributaria, de 2,4 millones de euros. En el rastreo de facturas no es Terra Mítica el centro de la trama, pero sí está claro para la Fiscalía que Terra Mítica emitió facturas por trabajos de excavación y ajardinamiento en el parque que no se han realizado. El parque temático tuvo un sobrecoste de 210 millones de euros que le llevó a la suspensión de pagos.
En un comunicado emitido ayer, Terra Mítica asegura que "todos los pagos en la fase de construcción están perfectamente contabilizados". Para la dirección del parque, la denuncia de la Fiscalía, basada en "una inspección parcial de la Agencia Tributaria, es consecuencia de una serie de actuaciones inspectoras realizada a una de las más de doscientas empresas que trabajaron en la construcción del parque temático de Benidorm". Según los gestores de Terra Mítica "todos los pagos corresponden a trabajos realizados".
Fuentes de la fiscalía apuntan a que el nudo de la trama gira alrededor de la familia Conesa-Ripoll. El empresario Vicente Conesa (que aparece en dos de las empresas implicadas: Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento SA y C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente) estuvo en el centro de dos polémicas contratas de Benidorm en 1994.
Protagonista de adjudicaciones irregulares en Benidorm
Vicente Conesa Fernández Vitoria fue uno de los protagonistas de los primeros escándalos que salpicaron al PP valenciano un año antes de la llegada de Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat, en 1995. Conesa, relacionado con Vicente Sanz, entonces presidente provincial de los populares de Valencia, cobró protagonismo por ser el beneficiario de dos polémicas contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Benidorm: la elaboración de un mapa sonoro y de un mapa verde de la localidad.
Este empresario ahora investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior por supuestas facturas falsas es ingeniero agrónomo y ex militante del PP. Una de sus empresas, la mercantil Delta Ingenieros SA, fue la beneficiaria de dos adjudicaciones supuestamente irregulares del Ayuntamiento de Benidorm, entonces presidido por Eduardo Zaplana, para realizar los denominados proyectos del mapa sonoro y mapa verde la localidad.
El mencionado estudio acústico no fue pedido por el Ayuntamiento de Benidorm sino ofrecido directamente por Conesa a través de la intermediación del entonces presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Sanz.
Para el mapa sonoro se presentaron tres firmas: CRC, Ingeniería Cartográfica SL; Delta Ingenieros SA; y TecMmma SL. Conesa era apoderado de las dos primeras. El concurso lo ganó Delta Ingenieros. Para hacer el estudio, Delta buscó un equipo de la Politécnica de Valencia, que cobró 36.000 euros a la empresa de Conesa por el Trabajo. El Ayuntamiento de Benidorm no pagó el estudio, pero la Politécnica sí cobró a Delta parte de lo que le correspondía.
En los mentideros del propio PP se aseguró entonces que existía una cinta grabada con fragmentos de una o varias conversaciones en donde se aludía a las comisiones desembolsadas para obtener las contratas, que supuestamente ascendían a cerca de 100.000 euros. Zaplana logró desmarcarse del escándalo entrevistándose con Mariano Rajoy, entonces secretario general del PP, para no poner en riesgo su nominación como candidato del PP a la Generalitat valenciana, en los comicios de 1995. Sin embargo, Vicente Sanz se vio obligado finalmente a presentar su dimisión como presidente provincial del PP de Valencia.
Una década después, el empresario Vicente Conesa vuelve a la actualidad por su vinculación con otra supuesta práctica irregular relacionada con su actividad empresarial y el mismo municipio, Benidorm. La Fiscalía del TSJ -a instancia de un informe de la Agencia Tributaria de Alicante- ha incluido a la firma C-3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, SL, con sede social en la calle Llano de Zaidía de Valencia, en la trama empresarial de supuestas facturas falsas en la declaración de IVA. Conesa figura como administrador único de esa mercantil, que en los últimos años ha contratado diversos trabajos con el parque temático Terra Mítica de Benidorm.
La firma C-3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, SL, se constituyó en 1994 con un capital social de 6.310 euros. Su objeto social es el mantenimiento y explotación de toda clase de instalaciones y bienes inmuebles, rústicos y urbanos y trabajos de cartografía y concentración parcelaria. Esta mercantil está vinculada con la constructora alicantina Hormigones Martínez SA.
Según figura en el Registro Mercantil, Vicente Conesa es, además, consejero delegado de la mercantil Desarrollo de Proyectos Instalaciones y Mantenimientos SA, con el mismo domicilio social que la firma C-3. El empresario también es apoderado de la firma Editar Proyectos y Construcciones Mediterráneas SA.
El PSPV vincula el caso con el PP y la espiral de corrupción
El PSPV, a través del diputado José Camarasa, aseguró ayer que "lo ocurrido en Terra Mítica es un caso más, y no el último, que se añade a la espiral de presunta corrupción a la cual se encuentran vinculadas personas pertenecientes o próximas al PP". Camarasa, en referencia a la denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, explicó: "Estamos asistiendo a una representación donde hay un protagonista, en este caso Terra Mítica, que paga por unos trabajos o suministros que no se le han realizado y por otra parte, están las empresas imputadas que facturaban al parque de ocio por trabajos que no se realizaban". Para Camarasa, estos hechos "ponen de manifiesto que el parque de ocio, que ya en 2000 amenazaba con la ruina por su gestión de sonoro fracaso, estaba siendo esquilmado desde el principio por una cuadrilla de pillos, vividores y presuntos estafadores".
El portavoz adjunto de Esquerra Unida-L'Entesa en las Cortes Joan Antoni Oltra demandó una "investigación a fondo" de Terra Mítica. "Dada la participación mayoritaria de la Generalitat en el accionariado hay que ir hasta el fondo, y la Administración valenciana debe personarse en la investigación", señaló Oltra, que pidió la asunción de "responsabilidades".
Fuentes del PP, insistieron en que la gestión de Terra Mítica no está cuestionada, sino que las supuestas irregularidades afectan al funcionamiento de algunas empresas con las que contrató el parque.
Publicado en El País. 24.11.05
LA OFERTA MÁS ALTA PARA COMPRAR TERRA MÍTICA ES SEIS VECES MENOR A LO QUE COSTÓ. LAS DIFERENCIAS DEL PP AUMENTAN LA INCERTIDUMBRE
La grave situación de endeudamiento de Terra Mítica y los problemas entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Generalitat para modificar el uso de terrenos cuya venta aporte capital a la empresa han acabado minimizando las ofertas de los inversores a precios prácticamente de saldo. El complejo llegó a la suspensión de pagos en mayo de 2004 con unas pérdidas oficiales de 71 millones de €, casi el doble que el año anterior (34,4), y una deuda global de 240. La suspensión se produjo por el impago de 83 millones de € a 22 entidades financieras que sindicaron un préstamo para construir Terra Mítica.Pero además, Terra Mítica está condicionada por los problemas internos del PP, ya que la pugna interna en el PP entre zaplanistas, que controlan el Ayuntamiento de Benidorm, y campistas, que controlan la Generalitat, amenaza con poner Terra Mítica al borde del cierre. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm rechazó la recalificación del suelo de reserva del parque propuesta por el Consell. La recalificación es necesaria para poder vender los terrenos y lograr liquidez. El Consell, tras la decisión municipal, montó en cólera y ve "muy difícil la continuidad del parque".El pleno, controlado por el sector zaplanista del PP, votó en contra de la modificación del Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras (PEDUI) de Terra Mítica, iniciativa del Ejecutivo de Francisco Camps, el mismo día en el que el Boletín Oficial de la Provincia publicó el auto de un juzgado de Benidorm declarando la insolvencia provisional del parque y convocando la junta de acreedores para el 20 de diciembre. El rechazo del Ayuntamiento de Benidorm a conceder uso residencial a 280.000 m2 del área de expansión de Terra Mítica -como quieren la empresa y la Generalitat- mantiene hipotecado el futuro de otros 750.000 m2 de terreno público que el Consell quería aportar como capital a la empresa y ofrecer de garantía frente a los acreedores. A diferencia de la parcela propiedad del parque temático, que no precisa recalificación urbanística sino una modificación de uso, los terrenos de la Generalitat sí precisan reclasificarse, ya que su objeto en el Plan de Infraestructuras del Parque Temático de 1998 está destinado a hoteles y a áreas comerciales, pero no a la construcción de apartamentos turísticos.
La Fiscalía amplía a más de 30 empresas interpuestas la trama de facturas falsas que salpica a Terra Mítica
La Fiscalía amplió ayer la investigación de la trama de facturas falsas de empresas vinculadas al Parque Temático Terra Mítica a más de 30 mercantiles, en su mayoría sociedades instrumentales de las investigadas por la Agencia Tributaria. Entre las empresas investigadas hay cinco que destacan: Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, SA; C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, SL; Altos de El Carrichal, SL; Excavaciones Escoto, SL, y Parque Temático Terra Mítica. De las dos primeras, el administrador único es Vicente Conesa Fernández Vitoria, ingeniero agrónomo, ex militante del PP y uno de los protagonistas de un escándalo que salpicó al PP de la Comunidad Valenciana, un año antes de la llegada de Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat, en 1995. Conesa fue identificado como el interlocutor de Vicente Sanz, ex presidente provincial de los populares de Valencia, en una grabación en la que éste aseguraba que estaba en política "para forrarse". Una de las empresas de Conesa es aún adjudicataria de un servicio de jardinería para Parque Temático.
Al frente de Altos de El Carrichal, SL, aparece el empresario Antonio Vicente Moreno Carpio, quien tiene además otras cuatro firmas registradas y en activo (aunque en dos de ellas no aparece actividad comercial), con domicilio social en Paterna. Su objeto social es la promoción, construcción, demolición, compra, venta y alquiler de edificios y locales.
Excavaciones Escoto, SL, cuyo objeto social es la actuación como agente urbanizador de toda clase de polígonos industriales de promoción pública o privada, la construcción y urbanización, tiene como administrador único a Francisco Escoto Guaità, quien además está al frente del Grupo Escoto Mapa SL. Una auditoría de 2003 señaló "un volumen significativo de transacciones" con varias sociedades, la mayoría parte del mismo grupo empresarial, pero también con Sector Industrial SAB, SL, administrada por Vicente Cotino, hermano del consejero de Agricultura, Juan Cotino.
La Agencia Tributaria remitió el pasado lunes a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia un expediente en el que señalaba a 12 empresas como integrantes de un entramado para defraudar en los impuestos de sociedades y del IVA en los ejercicios 2000 y 2001 con facturas falsas. Ese fraude, según la Agencia Tributaria, se cifra en 2,4 millones de euros.La Fiscalía del TSJ explicó ayer que su decisión de ampliar la investigación a "unas 25 firmas, filiales e instrumentales de las empresas inicialmente señaladas por la Agencia Tributaria como defraudadoras" obedece a la necesidad de "aclarar todos los movimientos de un entramado que incluye empresas interpuestas". Entre esas filiales que supuestamente han actuado como instrumentales para la ejecución del fraude denunciado por Hacienda se encuentran las mercantiles de Conesa. Ya en 1995, el PP admitió que Conesa, a través de Delta Ingenieros SA, fue beneficiario de dos adjudicaciones supuestamente irregulares del Ayuntamiento de Benidorm, entonces presidido por Zaplana, para realizar los denominados proyectos del mapa sonoro y mapa verde la localidad.
Conesa fue identificado como el interlocutor de una conversación telefónica con Vicente Sanz, entonces presidente provincial de los populares de Valencia y hoy en la administración de Radiotelevisió Valenciana. La grabación aludía a una presunta mordida en aquellas adjudicaciones que ascendía a cerca de 100.000 euros. El caso costó el cargo a Sanz, aunque Zaplana logró desmarcarse, para no poner en riesgo su nominación como candidato del PP a la Generalitat, en los comicios de 1995.
El mencionado estudio acústico no fue pedido por el Ayuntamiento de Benidorm sino ofrecido por Conesa a través de la intermediación de Sanz. Para el mapa sonoro se presentaron tres firmas: CRC, Ingeniería Cartográfica, SL; Delta Ingenieros, SA; y Tecmma, SL; Conesa era apoderado de las dos primeras. El concurso lo ganó Delta Ingenieros. Para hacer el estudio, Delta buscó un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, que cobró 36.000 euros a Conesa por el trabajo. El Ayuntamiento de Benidorm no pagó el estudio, pero la Politécnica sí cobró a Delta parte de lo que le correspondía. En la cinta se aludía a la supuesta mordida por el impago del Ayuntamiento de Benidorm.
Vicente Conesa vuelve a ser actualidad diez años después por otra supuesta práctica irregular relacionada con su actividad empresarial. La Fiscalía del TSJ ha incluido a la firma C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, SL, con sede social en la calle del Llano Zaidia de Valencia, en la trama empresarial de supuestas facturas falsas en la declaración de IVA. Conesa figura como administrador único de esa mercantil que en los últimos años ha contratado diversos trabajos con Parque Temático Terra Mítica. La Agencia Tributaria responsabiliza al parque de 143.000 euros de los 2,4 millones del supuesto fraude.
C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, SL, se constituyó en 1994 con un capital social de 6.310 euros. Su objeto social es el mantenimiento y explotación de instalaciones y bienes inmuebles, rústicos y urbanos y trabajos de cartografía y concentración parcelaria. Está vinculada con la constructora alicantina Hormigones Martínez, SA. Los ejercicios que investiga la Fiscalía son los últimos en los que estuvo al frente de Terra Mítica un hombre de Zaplana, Miguel Navarro. Tras su cese en noviembre de 2001 pasó a la Administración autonómica y cesó de nuevo en junio de 2003 cuando Francisco Camps accedió al Consell.
Publicado en El País. 02.07.05
EL EX CUÑADO DE ZAPLANA ERA JEFE DE CONTRATOS DE TERRA MÍTICA EN LA ETAPA QUE INVESTIGA HACIENDA
Justo Valverde, ex cuñado del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, ejercía de director de contratación y servicios generales de Terra Mítica durante los ejercicios contables que la Agencia Tributaria ha inspeccionado a raíz de sus pesquisas sobre un entramado de empresas entre las que se encuentran C-3 Ingeniería de la Construcción y el Medio Ambiente. Esta mercantil tiene como administrador único a Vicente Conesa Fernández. La Fiscalía de Valencia ha incoado diligencias de investigación penal contra el empresario tras apreciar indicios de delito fiscal en la documentación aportada por la Agencia Tributaria, según fuentes de la Fiscalía. Hacienda ha inspeccionado el Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2000 y la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2000 y 2001 y, según fuentes conocedoras de la investigación, reclama al parque cerca de 600.000 € (100 millones de pesetas). En esos ejercicios el responsable de contratación del parque temático era Justo Valverde. Actualmente, Valverde ya no mantiene lazos familiares con Zaplana y realiza labores en el departamento de Recursos Humanos, si bien algunas fuentes sostienen que podría abandonar el recinto en breve. C-3 Ingeniería de la Construcción y el Medio Ambiente mantiene, desde los orígenes de Terra Mítica, un contrato con el parque para la realización de labores de jardinería y arbolado y fue uno de los principales suministradores de palmeras y otras plantas para revegetar el recinto. La mercantil también realizó este tipo de trabajos para la sociedad pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (antes Parque Temático de Alicante). La empresa administrada por Conesa fue una de las que vio recortados sus honorarios dentro de la política de reducción de gastos contemplada en los planes de viabilidades ejecutados por la dirección del recinto. El director general, John Fitzgerald, denunciaba en dos informes confidenciales publicados por este diario que el recinto mantenía contratos blindados de hasta cuatro años de duración con algunos proveedores de servicios, una practica que según afirmaba había impedido un mayor control sobre el gasto. Según las fuentes consultadas por este diario, el departamento de contratación del parque tuvo en la fase constructiva y de puesta en marcha el control sobre las empresas contratistas y proveedoras de Terra Mítica, más de 600.Junio 2005
Las actas de Terra Mítica revelan que las prisas y la improvisación dispararon el gasto previsto
Las actas de las reuniones para repasar el estado de las obras de construcción del parque temático Terra Mítica de Benidorm revelan que la improvisación y las prisas por inaugurar en la fecha prevista dispararon los gastos inicialmente previstos y elevaron los presupuestos iniciales para solucionar defectos no previstos. En estas actas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, se evidencia el descontrol de la situación de un parque que hoy sigue intervenido judicialmente, pero que el consejero de Economía, Gerardo Camps, confía en sacar adelante mediante un acuerdo con los acreedores.
El 27 de julio de 2000 el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el director general de Terra Mítica, Miguel Navarro, -hoy encargado de impulsar la construcción del Ágora y los rascacielos diseñados por el arquitecto Santiago Calatrava en la Ciudad de las Ciencias- acompañaron al Príncipe Felipe en la inauguración de uno de los principales hitos de la gestión del PP de la Comunidad Valenciana. El anuncio oficial de entonces era que Terra Mítica facturaría en 2005 un total de 15.000 millones de las antiguas pesetas y la gallina de oro empezaría a poner huevos. Sin embargo, ese caluroso día de hace cinco años ya se anunciaba que la apertura de El rescate de Ulises se posponía hasta la segunda temporada y que Los rápidos de Argos o Las sorpresas de los dioses tardarían unos días en entrar en funcionamiento.
Las actas de las reuniones entre los responsables de Terra Mítica y los contratistas encargados de la construcción y acondicionamiento de las atracciones ponen de manifiesto el descontrol y las prisas. Así, en una de las reuniones del 14 de marzo de ese año la representante de Global Gerencia de Atracciones, hablando de la ejecución del área temática correspondiente a Grecia, "comenta que se trabaja con hechos consumados y que habrá que buscar ahora un tratamiento para la estructura para no tener que devolver toda la estructura. El mantenimiento será mucho más grande, el coste más alto". En esa misma reunión, la responsable de Terra Control señala que "hay un problema en el control de las zapatas. Los planos de planta general y de armado no coinciden en lo que son las dimensiones de las zapatas y tampoco en la armadura". En la reunión, según consta en el acta, se discute también sobre otros aspectos como las canalizaciones. El contratista de la instalación eléctrica, Moncobra, dice que hace un mes que quería empezar y "no ha podido tirar cables" porque no están las canalizaciones. El representante de Moncobra quiere dejar constancia de que "ya es la tercera vez que tiene que hacer marchar a sus instaladores". La UTE que se encarga del área temática de Grecia reconoce que se le entregó un nuevo plano con el trazado de las canalizaciones pero que no se lo ha podido mirar.
En la siguiente reunión, celebrada una semana más tarde, la respuesta de la UTE sobre las canalizaciones eléctricas tampoco llega porque "se han destrozado muchas partes de las canalizaciones ya hechas por haber construido ahora las zapatas de la tematización". Hay que cambiar el trazado y tirar los tubos cortados. Las prisas y la exigencia de terminar las obras como sea a finales de abril se repiten en la práctica totalidad de las reuniones con contratistas.
De este modo, a mediados de abril "la dirección técnica de Terra Mítica decide que se incorporarán próximamente nuevos equipos con los medios necesarios para reforzar y concluir los trabajos en el plazo requerido" para completar el embarcadero de El gran viaje. En las anotaciones que figuran en las actas son constantes las advertencias de los gestores del parque de Benidorm a los contratistas: "Terra Mítica indica que NO se retrasará bajo ningún concepto la urbanización, colocándose por los contratistas que necesiten el paso las protecciones correspondientes".
A pesar de las prisas a los contratistas, el parque abrirá en julio sin tener terminadas todas sus atracciones. En una carta a la dirección técnica de Terra Mítica, la firma Amusement Whitewater se excusa por los retrasos en la puesta en funcionamiento de la atracción Splash y argumenta "demora en la aprobación de las estructuras primarias de soporte de las rocas artificiales; demora en la adjudicación de la fabricación de las mencionadas estructuras, parada en la obra de más de dos semanas cuando se consideró adjudicarla a otra empresa, lo cual se rectificó posteriormente; demoras (inicialmente) en al aprobación de los volúmenes y las texturas; mayor volumen de obra del inicialmente previsto en proyecto". Todo un rosario de improvisaciones que convirtieron la construcción de Terra Mítica en una auténtica montaña rusa, llena de emociones.
Deudas, cemento y fútbol
La urgencia para cumplir con los plazos obligó también a ampliar los presupuestos inicialmente acordados, no sólo de construcción de la obra, sino de los elementos técnicos necesarios para su funcionamiento. De este modo, el presupuesto para cubrir técnicamente los efectos de iluminación del Túnel de Anubis, el Cementerio de Naves, Colquides, el Lago de Poseidón y los sistemas de control se incrementaron en 58,6 millones de las antiguas pesetas (352.000 euros). Todo ello mediante presupuestos sin desglosar y sin que hubiese concurrencia de ofertas. El proceso acabó con una suspensión de pagos por importe de 215 millones de euros y la intervención judicial del parque para evitar su quiebra. El Consell confia ahora que en el plazo de un mes el parque podrá volver a la normalidad tras alcanzarse un acuerdo con los acreedores. Situación que se verá facilitada por el hecho de que la Generalitat es el principal acreedor del parque, con cerca de 57 millones de euros. A distancia, el resto de deudas que mantiene el parque corresponde a bancos y cajas de ahorro y a constructoras (la mayoría de ellas encuadradas en las uniones temporales de empresas que levantaron Terra Mítica contra reloj).
Entre las deudas que motivaron la suspensión de pagos de Terra Mítica también figura un llamativo paquete de acreeedores dedicados al mundo del fútbol.
La política publicitaria realizada por los gestores de Terra Mítica tuvo así, entre otras consecuencias, la generación de deudas con el Valencia CF (628.000 euros), el Villarreal CF (2 millones de euros), la Real Federación Española de Fútbol (3,7 millones de euros), el Elche Club de Fútbol (281.000 euros), y el Levante Unión Deportiva (268.000 euros). En la lista de acreedores, por figurar, figuran hasta gimnasios como el de Atalanta Centro Deportivo, al que se le adeudan casi 1.000 euros. Publicado en www.elpais.es 20.02.06
El ex cuñado de Zaplana cesa como jefe de personal en Terra Mítica
Justo Valverde, jefe del departamento de recursos humanos del parque temático Terra Mítica de Benidorm cesó ayer en el cargo. Valverde es ex cuñado del actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, principal impulsor del complejo de ocio a finales de los noventa desde la presidencia de la Generalitat, que entonces ocupaba. El Consell sigue siendo uno de los tres socios mayoritarios del parque junto a las dos cajas de ahorros, la CAM y Bancaixa, con el 20% de las acciones, respectivamente.
Valverde entró en Terra Mítica en 1999 como responsable del área de compras. El ya ex directivo era uno de los altos ejecutivos del parque que permanecía en la dirección de la empresa desde su puesta en marcha. Fuentes oficiales del parque temático aseguraron ayer que no ha habido ninguna destitución, "simplemente Valverde ha dejado el cargo por motivo personales".
Valverde llegó a Terra Mítica de la mano del primer director del complejo, Miguel Navarro. Navarro dejó el puesto en favor de representante de la firma norteamericana Paramount. Los americanos llegaron con el objetivo de cerrar la crisis financiera del parque, extremo finalmente frustrado, ya que Terra Mítica presentó suspensión de pagos en mayo del pasado año. El expediente de suspensión de pagos está pendiente de la resolución final del Juzgado número 5 de Benidorm. El consejero de Economía, Gerardo Camps, expresó ayer su confianza en que a finales de este año el juez levante la suspensión de pagos.
EL PAÍS - 30-07-2005
El tirón urbanístico de Terra Mítica
El anuncio en 1998 de la construcción del parque temático Terra Mítica, en las cercanías de Benidorm (Alicante), originó un aluvión de compras públicas de terrenos rústicos, vía expropiación, pero también una ola de masivas compras privadas de suelo no urbanizable en sus aledaños con vistas a una posible reclasificación.
Apenas cuatro años después de inaugurarse, en julio de 2000, el parque temático promovido por el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, las complicaciones se acumulan. Terra Mítica sigue funcionando, pero con unas pérdidas de 150 millones de euros ha tenido que suspender pagos para intentar salvar el proyecto. A ello se suma que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha elevado, en media docena de ocasiones en los últimos meses, el precio de las expropiaciones pagadas por la Generalitat por los terrenos donde se construyó el parque, que han pasado de costar 20 millones de euros a 100. El tribunal ha ordenado que el metro cuadrado, indemnizado entonces a tres euros, se pague a precios variados, según el terreno, pero que oscilan entre los 22 y los 30 euros. Y daba sus razones: "Las indemnizaciones no debieron ceñirse a la clasificación del terreno como no urbanizable o agrícola, sino al aprovechamiento urbano que se le iba a dar".
Una de las empresas inmobiliarias que en 1999 comenzó a adquirir terrenos rústicos en los alrededores del parque fue Los Almendros de Alicante, fundada ese mismo año, con un accionariado encabezado por dos empresas familiares: Promociones Les Dunes (14%) e Inmobiliaria Les Dunes. Las consejeras delegadas de la primera son Rosa Barceló Martorell, esposa de Eduardo Zaplana, entonces presidente de la Generalitat, y la madre de la primera, Dolores Martorell Llorca. La segunda empresa es del hermano de la suegra de Zaplana, Miguel Martorell Llorca. Entre ambas empresas poseían 592 de las 1.600 acciones de Los Almendros. El resto se repartía en pequeños paquetes entre distintos socios, como Torrubia Man-topoulou SL o Bealbe Inmobiliaria SL, junto a algunos familiares de Rosa Barceló.
La masiva adquisición de suelo rústico (un millón de metros cuadrados) junto a Terra Mítica por Los Almendros de Alicante, que en noviembre de 2001 presentaba la primera solicitud para un proyecto de reclasificación que le permitiría construir hoteles, viviendas y un campo de golf, se nuclea en torno a una compra en 2000 a la Fundación Concepción y Pedro Aragonés, creada dos años antes con fines benéficos. Se trataba de una finca de 665.000 metros cuadrados no urbanizables repartidos entre los municipios de La Vila Joiosa (409.477 metros) y Finestrat (256.481 metros). La Generalitat, obligada por ley a tutelar los bienes de la fundación, tasó la parcela y autorizó el precio de venta. La Consejería de Hacienda obligó en marzo de 2000 a subir el precio pactado (4,2 euros por metro cuadrado) entre Los Almendros y la fundación.
La Generalitat aportaba las siguientes razones para su valoración al alza: "Su cercanía al complejo Terra Mítica, que dista unos tres kilómetros de la finca. El tirón que se está produciendo en el entorno de Terra Mítica. Los valores actuales del mercado en rústicas de la zona, según las últimas transacciones realizadas, nos hablan de precios alrededor de los 4,8 a 6 euros por metro cuadrado en suelo rústico y de 15 euros en suelo urbanizable. La posibilidad de fácil reclasifica-ción de los terrenos de la finca, bien sea vía modificación del Plan General de Ordenación Urbana o mediante declaración de interés comunitario. La alta demanda en la zona de fincas rústicas, su riqueza acuifera y la existencia de una zona ya urbanizable en Finestrat". Tras estas consideraciones, la Generalitat elevó el precio de 4,2 a 5,4 euros por metro cuadrado.
Desde entonces, ya se han cumplido muchas de las previsiones del informe de la Generalitat. El Ayuntamiento de Finestrat, regido por un alcalde socialista, ha reclasificado los terrenos y obtenido el permiso de la Generalitat, y La Vila Joiosa, con alcalde del PP, le ha dado luz verde provisional a la recalificación, a falta del permiso final de la Generalitat. El alcalde de La Vila Joiosa, José Miguel Llorca Senabre, en el momento de la venta de la parcela a Los Almendros era patrono presidente de la Fundación Concepción y Pedro Aragonés,
Los 5,4 euros fijados por la Generalitat para vender la finca de la fundación es la tercera parte de los 15 que la propia Generalitat adjudicaba a los terrenos urbanizables. El valor fijado por la Generalitat para la finca de la fundación era incluso inferior al precio pagado entonces por el Ministerio de Fomento para expropiar suelo rústico destinado a carreteras en la misma zona (ocho euros), y se situaba muy por debajo del precio cobrado por propietarios de otras fincas próximas, unos 12 euros, según agentes inmobiliarios locales.
Concejales del Partido Socialista del País Valenciano e independientes de los ayuntamientos concernidos, como Francisca Serrano o Pedro Lloret, levantaron la voz contra la operación. Apuntaron que el beneficiario debía haber sido la fundación, dedicada a atender a personas necesitadas, y no una empresa privada participada mayoritariamente por familiares del entonces presidente de la Generalitat, encargada a su vez de fijar el precio de la venta. También hubo críticas de personas vinculadas a la entidad benéfica, como Pedro Aragonés, cuya familia creó la fundación. Todos ellos han denunciado que el precio de 5,4 euros fijado en 2000 por la Generalitat fue muy bajo. Su tesis es que ya entonces el terreno rústico valía el triple y hoy, tras superar trámites reclasificadores, su valor de mercado se ha multiplicado por 10 según tasaciones privadas.
La propia sociedad Los Almendros valoró en 18,7 euros el valor del metro cuadrado de sus terrenos tras la reclasificación en junio de 2002 en el municipio de Finestrat, más del triple del precio pagado dos años antes con permiso de la Generalitat.
Eduardo Zaplana defiende la limpieza de la actuación de la Generalitat en la operación de compraventa a la fundación, e insiste en que fue la Consejería de Hacienda la que obligó a subir el precio en beneficio de la entidad benéfica y en perjuicio del comprador, Los Almendros de Alicante. Fuentes próximas a la familia Barceló-Martorell afirman que se pagaron los precios habituales en la zona en aquellos años, así como que siempre han tenido una participación minoritaria en Los Almendros.
Destacan, sobre todo, que ya en 2003 vendieron su participación en Los Almendros, sociedad en la que después de varias ampliaciones de capital ya sólo poseían el 7%. Y recuerdan que en ese momento la única reclasificación de los terrenos la había llevado a cabo un ayuntamiento socialista, el de Finestrat (sobre unos 400.000 metros cuadrados), mientras que todavía no se había dado el visto bueno definitivo en La Vila Joiosa, con alcalde del PP, (sobre más de 600.000 metros cuadrados).
La familia Barceló-Martorell no ha facilitado el precio de la venta de su participación en la sociedad. Uno de los compradores ha declarado a este diario que pagaron las acciones a 2,5 veces su valor nominal de 2003. El 7% de Los Almendros que aún conservaba en esa fecha Les Dunes, al crecer el capital y tras sucesivas ampliaciones, estaba valorado en 525.000 euros. Lo vendió en julio de 2003 por 1.365.000 euros, según la escritura de la operación que obra en poder de este comprador.
EL PAÍS - España - 01-07-2004
Agrio debate en Cortes por la operación de venta a familiares de Zaplana de terrenos junto a Terra Mítica
La venta de unos terrenos situados en La Vila Joiosa y Finestrat cercanos a Terra Mítica a la mercantil Los Almendros de Alicante, SA, participada por familiares del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, provocó ayer un agrio debate en las Cortes. El consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Miguel Peralta, compareció ante la comisión parlamentaria de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat a petición del Grupo Socialista, que quería información sobre los criterios de valoración de los terrenos propiedad de la Fundación Doña Concepción y Don Pedro Aragonés que esta entidad vendió en el año 2000 a la citada empresa.
El consejero defendió la operación de la venta de 665.958 metros cuadrados, que se formalizó finalmente por 2,4 millones de euros después de que un informe técnico de la Consejería de Hacienda incrementara en 600.000 euros la valoración inicial. Según explicó Peralta, el informe se basó en los criterios de "cercanía a Terra Mítica" de los terrenos, "con la consiguiente alza en los precios; el alto nivel de demanda en la zona de fincas rústicas y el valor por metro cuadrado de las últimas transacciones en las inmediaciones".
Pero el diputado socialista José Camarasa hizo una lectura bien distinta. Tras resaltar que los terrenos fueron comprados por Los Almendros, participada por "personas muy cercanas al ex presidente de la Generalitat" -entre ellas la esposa de Zaplana, Rosa Barceló-, Camarasa aseguró que la empresa pagó el suelo a razón de 4,2 euros el metro cuadrado, cuando en esa época el Ministerio de Fomento pagaba ya a 8,4 euros el metro de terreno rústico en la zona. Pero, además, el parlamentario socialista denunció que los compradores conocían la inminente reclasificación de los terrenos, por lo que calificó la operación de "pelotazo urbanístico y estafa" que, según sus cálculos, ha generado, "tirando a la baja", unas plusvalías de 22 millones de euros "antes de iniciar la construcción". Y acusó a la Generalitat de "consentir y tolerar" ese pelotazo. Joan Ribó, portavoz de EU-L'Entesa, dijo que con su actuación la Generalitat "ha beneficiado al comprador y ha perjudicado a la fundación", en una de esas operaciones "entre el chanchullo y el negocio fácil" en las que "siempre aparece la misma persona al final", en alusión a Zaplana.
EL PAÍS - C. Valenciana - 27-10-2004
Los técnicos cifran en 22,8 millones las plusvalías de los solares que compró una firma de familiares de Zaplana
Una empresa privada en la que participan personas ligadas familiarmente al portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, impulsa en parcelas situadas entre los términos de Finestrat y la Vila Joiosa una urbanización compuesta por un campo de golf y un hotel de lujo. La mercantil Los Almendros adquirió en el año 2000 cerca de 665.000 metros cuadrados a apenas tres kilómetros de Terra Mítica. El 65% de los solares pertenecían a la Fundación Aragonés, una entidad benéfica privada en la que, sin embargo, figuraba como patrono el alcalde de la Vila Joiosa José Miguel Llorca. El restante 35% de las parcelas eran propiedad del Obispado de Orihuela-Alicante. La adquisición llegó acompañada de sendas propuesta de reclasificación de los de rústico a urbanizables. La Comisión Territorial de Urbanismo Ñdependiente de la Conselleria de Obras PúblicasÑ ya ha dado el visto bueno a la conversión en el término de Finestrat y está a la espera de últimas gestiones en los terrenos de la Vila.
Informes técnicos encargados por el grupo socialista en las Cortes Valencianas cifran en algo más de 22,8 millones de euros (3.797 millones de pesetas) las plusvalías obtenidas sólo en términos del valor actual de los terrenos pertenecientes a la Fundación Aragonés. Estas parcelas se compraron por 2,4 millones de euros. La estimación se ha efectuado sin tener en cuenta los posibles beneficios del aprovechamiento urbanístico derivado de la edificación en los solares.
La operación inmobiliaria empezó a fraguarse en junio de 1999. El día 8 de ese mes un promotor de Benidorm Ñque comparte consejos de administración con el tío político de Zaplana, Miguel Martorell LlorcaÑ pactó con la fundación una opción de compra. La entidad Aragonés solicitó autorización el 24 de febrero al protectorado de fundaciones de la Generalitat Valenciana. Tres días antes se inscribía en el registro mercantil de Alicante la mercantil Los Almendros con un capital social de 6 millones de euros. Esta sociedad fue la que finalmente ejerció la opción de compra.
En los accionistas de Los Almendros figuraban Martorell Llorca, pero también el suegro de Zaplana, Miguel Barceló y su esposa y suegra del ex presidente de la Generalitat, Dolores Martorell Llorca. La participación de la familia política de Zaplana se sustanciaba a través de la empresa de la familia Promociones Les Dunes, en la que también participa la esposa del ex ministro Rosa Barceló. Esta última firma vendió sus acciones en julio de 2003. No obstante, Miguel Martorell y Dolores Martorell todavía figuran en el registro mercantil como miembros del consejo de administración de Los Almendros. Otros consejeros son conocidos empresarios de Alicante como Andrés Torrubia (dueño del hotel Don Pancho de Benidorm) o el ex presidente de la patronal Cierval, José Luis Montes Tallón.
La oposición reclamó ayer una comisión de investigación en las Cortes sobre la compra de terrenos. El diputado del PSPV José Camarasa afirmó que su grupo desea conocer «los inductores, los cooperadores necesarios y los beneficiarios del "pelotazo" inmobiliario por la compra de unos terrenos cercanos a Terra Mítica por una empresa participada por familiares del ex presidente de la Generalitat». «Es paradójico que, mientras Terra Mítica se hunde, todo lo que le rodea multiplica su valor», manifestó Camarasa, quien destacó que el «proyecto emblemático del ex jefe del Consell, no ha hundido los intereses especuladores del entorno de Eduardo Zaplana». También el portavoz adjunto de Esquerra Unida, Joan Antoni Oltra, pidió la comisión de investigación y dijo que todo lo que rodea Terra Mítica «es sospechoso». «El negocio estaba fuera y se necesitaba que alguien hiciese la cama», en alusión a la inversión de la Generalitat en el parque.(*) Publicado en la edición digital de Levante. 24.12.04
Nueva ofensiva de los seguidores de Zaplana para que las cajas pongan dinero en Terra Mítica
Ripoll, Peralta, De España y Castellano, desde el PP, y Virosque y Rocamora, desde el empresariado, salieron en tromba. Los seguidores de Eduardo Zaplana aprovecharon ayer la adquisición por La Caixa de un 37% de Port Aventura, que le da el 80%, para arremeter contra los socialistas por apoyar esa operación mientras se oponen a que las cajas valencianas pongan más dinero en Terra Mítica. Presionaban, así, de nuevo, indirectamente al Consell que preside Francisco Camps, también contrario a que aumente la aportación de las entidades de ahorro a un parque en suspensión de pagos. José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y secretario general del PP regional; Miguel Perlata, consejero de Industria, Comercio y Turismo; Julio de España, presidente de las Cortes; Serafín Castellano, portavoz parlamentario; Arturo Virosque, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, y Joaquín Rocamora, dirigente de la patronal alicantina Coepa, usaron argumentos coincidentes. "Me gustaría vivir en una comunidad que defendiera lo nuestro como lo defienden las entidades financieras, los partidos políticos y toda la sociedad catalana", dijo en un comunicado Ripoll, número dos del PP en la Comunidad Valenciana. "Es muy triste que mientras en Cataluña todos los partidos han aplaudido que La Caixa haya adquirido el 80% de Port Aventura, los socialistas valencianos se hayan dedicado a criticar y desprestigiar grandes proyectos, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Castellón Cultural, o especialmente Terra Mítica", expresó, por su parte, en una nota de prensa, el portavoz parlamentario del PP, Serafín Castellano. Julio de España, presidente de las Cortes, criticó a los consejeros socialistas en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por votar en contra de que la entidad haga "un esfuerzo para salir adelante con algo tan importante como es Terra Mítica".Como ocurre también en Bancaixa, en realidad, en la CAM, ni los consejeros propuestos por los socialistas ni los propuestos por el PP, ni mucho menos los técnicos de la entidad, están por la labor de aportar más fondos al parque temático de Benidorm. Así se puso de manifiesto tan lejos como el pasado miércoles, cuando el consejo de la entidad ignoró por completo las presiones para que incremente su participación en el parque. Sin embargo, el consejero de Industria, Comercio y Turismo en el gobierno de Francisco Camps, Miguel Peralta, tras opinar que La Caixa ha actuado con un criterio de "territorialidad muy catalana" en relación con Port Aventura, confesó ayer a los periodistas en Alicante su deseo de que las entidades financieras de la Comunidad Valenciana actuasen "de una manera similar con Terra Mítica, porque al final lo que importa es que el parque temático de Benidorm funcione". El presidente de Coepa, Joaquín Rocamora, calcó el argumento al asegurar que "no vería mal" que las entidades financieras valencianas actuasen en Terra Mítica de "una manera parecida a como lo ha hecho La Caixa en Port Aventura". Finalmente, el presidente de la Cámara de Valencia, Arturo Virosque, alabó la actuación de La Caixa y se mostró partidario de que las cajas valencianas "continúen apoyando a Terra Mítica". Suspensión de pagos Mientras Port Aventura, ahora propiedad de La Caixa en más de un 80%, tiene unas "cuentas equilibradas", según la entidad catalana, tras haber registrado pérdidas de 4,6 y 4,8 millones de euros en 2001 y 2002, el 60% de las acciones de Terra Mítica se las reparten a partes iguales tres socios: la Generalitat Valenciana, Bancaixa y la CAM. Estos socios mayoritarios optaron el pasado 19 de mayo por la vía de la suspensión de pagos, tras fracasar una plan de viabilidad propuesto a los acreedores, como fórmula para capear la crisis financiera del complejo lúdico, que abrió sus puertas en julio de 2000. Desde entonces, año tras año, el balance del parque ha sido negativo. El pasado ejercicio acumuló pérdidas por valor de 71 millones de euros, el doble que en 2002. El expediente de suspensión de pagos lo tramita el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Benidorm. La juez ha admitido a trámite la iniciativa, pero antes de continuar las diligencias ha solicitado a la empresa más documentación. La suspensión de pagos de Terra Mítica, "proyecto emblemático" del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, ha estado en el centro de la crisis interna del PP. Destacados partidarios de Zaplana, entre ellos José Joaquín Ripoll y Julio de España, que amenazó con dimitir, arremetieron contra el Consell de Francisco Camps, en los días posteriores a la declaración de suspensión de pagos, por considerar que no había hecho "lo suficiente" para salvar Terra Mítica. El presidente respondió entonces que la decisión correspondía a la empresa y que su Gobierno seguiría "apostando por el proyecto". EL PAÍS - C. Valenciana - 20-06-2004 |
El parque Terra Mítica, impulsado por Zaplana en Benidorm, suspende pagos
Eduardo Zaplana soñó con levantar un vergel sobre una cantera en las faldas de Sierra Cortina, a espaldas de Benidorm, y convirtió su visión en un "proyecto emblemático" de la Generalitat valenciana bajo su presidencia, entre 1995 y 2002. Cumplió su sueño. El parque temático Terra Mítica abrió sus puertas al público en julio de 2000. Pero el desfase de 150 millones de euros en las inversiones previstas para levantar el complejo de ocio ha ahogado la empresa y ha abocado a la sociedad a solicitar la suspensión de pagos con un pasivo declarado de 218 millones de euros.
La incapacidad de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA, para afrontar el último vencimiento del crédito sindicado de 111 millones de euros que suscribió en 1999 para afrontar el desfase en las inversiones iniciales -desde 270 millones previstos hasta 420- ha sido el detonante de la suspensión de pagos. Pero Terra Mítica arrastra pérdidas de explotación superiores a 150 millones de euros desde julio de 2000 y debe a otros acreedores en torno a 15 millones de euros.
Una veintena de entidades financieras participan en el crédito sindicado cuyo capital pendiente se eleva a 83 millones de euros y que expira en 2007. Bancaixa y la CAM, las dos grandes cajas valencianas, actuaron como agentes de aquel préstamo y controlan en conjunto más del 40% del capital de Terra Mítica. La Generalitat valenciana, tras sucesivas ampliaciones de capital y una operación acordeón, es ahora titular de más del 20%.
Las instituciones, que constituyen el núcleo duro de Terra Mìtica, han intentado salvar en las últimas semanas la situación creada a finales de abril cuando Caja Cantabria y Vital Kutxa, dos de las entidades implicadas en el crédito, demandaron a Terra Mítica por impago.
Bancaixa y CAM, en su doble condición de accionistas y acreedores, plantearon a los copartícipes del crédito asumir una quita de la deuda y renunciar a otra parte a cambio de participar en el capital de la sociedad. También plantearon la necesidad de reducir la dimensión del parque para ajustarlo a la demanda real.
Pero la respuesta de las entidades titulares de un 60% de crédito en cuestión ha sido tajante. "No queremos ser accionistas", comenta un portavoz del grupo, "y carece de sentido ofrecer una quita cuando Terra Mítica puede ofrecer garantías hipotecarias" sobre los terrenos expropiados en su día por la Generalitat valenciana para desarrollar una posible ampliación del parque. El mismo portavoz añade: "Nos ha sorprendido la suspensión de pagos, estaba previsto constituir una hipoteca sobre los bienes de Terra Mítica el viernes".
Terra Mítica, en una nota oficial, insiste en el carácter estrictamente financiero del problema y garantiza el normal funcionamiento del parque y el pago a trabajadores y proveedores.
La CAM, en otra nota, asegura haber evitado pronunciarse sobre la suspensión en el consejo de Terra Mítica por su doble condición de accionista y acreedor y expresa su confianza en la viabilidad del parque.
Los problemas de Terra Mítica derivan, según un diagnóstico compartido, de la dimensión del parque y de los excesos de una inversión inicial mal planificada. Problemas a los que no es ajena la implicación de la Generalitat valenciana, cuyo aval parecía salvar cualquier aprieto.
Las entidades implicadas en el crédito sindicado exigieron en su día que la Generalitat valenciana mantuviera la condición de accionista de referencia en Terra Mítica. Ayer, un accionista particular apuntaba: "Han exigido tantas garantías para renegociar los vencimientos del préstamo, han tensado tanto la cuerda, que al final se ha roto".EL PAÍS - Economía - 20-05-2004
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