CASO ESPÍAS EN LA PUERTA DEL SOL DE MADRID
" Pongo la mano en el
fuego por todos mis consejeros "
(La Condesa Gacela sentencia .22.01.09)
COBO, PRADA Y EL PSM RECURREN EL ARCHIVO DEL 'CASO DE LOS ESPÍAS'
GAMÓN VIGILARÁ COMO POLICÍA EL MUSEO DEL PRADO
SIETE DE LAS 10 PRUEBAS VETADAS POR LA JUEZ DEL 'CASO ESPÍAS' LAS PIDIÓ EL FISCAL EN 2009
AGUIRRE EVITA PEDIR A PRADA QUE RENUNCIE AL ESCAÑO
LA JUEZ ARCHIVA 'EL CASO ESPÍAS' PESE A LAS PRUEBAS DE LOS SEGUIMIENTOS
SEGUIR CON DINERO PÚBLICO ES GRATIS
GRANADOS PIDE QUE DIMITA EL EX CONSEJERO DE AGUIRRE ESPIADO
EL PSOE DE MADRID RECURRIRÁ EL ARCHIVO DEL CASO DE LOS ESPÍAS
LA JUEZ ARCHIVA EL CASO DE LOS ESPÍAS AL NO PODER CUANTIFICAR EL DINERO PÚBLICO QUE SE MALVERSÓ
LA JUEZ ARCHIVA EL CASO DE LOS ESPÍAS DE MADRID
EL PP IMPIDE QUE AGUIRRE EXPLIQUE EL CASO DEL ESPIONAJE
GONZÁLEZ CALLA ANTE LA ACUSACIÓN DE QUE ORDENÓ ESPIAR A PRADA
TOMÁS GÓMEZ: "AGUIRRE ES LA JEFA DE 'LA FAMILIA'"
PSOE Y UGT EXIGEN INVESTIGAR CÓMO USÓ GAMÓN MEDIOS Y FONDOS PÚBLICOS
ESPERANZA AGUIRRE DEJA CAER AL JEFE DE LOS ESPÍAS TRAS SER ACUSADO POR SU EX ESPOSA
TELEMADRID DESPIDE A YOLANDA LAVIANA TRAS DENUNCIAR QUE SU EX MARIDO ESPIÓ A PRADA
GAMÓN ESPIÓ A LA SECRETARIA QUE DENUNCIÓ AL JEFE DE TELEMADRID, SEGÚN LAVIANA
EL DIRECTOR DE LA PRESIDENTA
UN TESTIMONIO CLAVE QUE APUNTA AL CORAZÓN DEL GOBIERNO REGIONAL
DIMITE SERGIO GAMÓN, EL SUPUESTO RESPONSABLE DEL ESPIONAJE EN MADRID
AGUIRRE DESPIDE A LA SECRETARIA DEL PRESIDENTE DE TELEMADRID TRAS DENUNCIAR EL ESPIONAJE
AGUIRRE DESPIDE A LA SECRETARIA DEL PRESIDENTE DE TELEMADRID TRAS DENUNCIAR EL ESPIONAJE
EL PSOE PEDIRÁ QUE TESTIFIQUE LA EX ESPOSA DEL JEFE DE LOS ESPÍAS DE AGUIRRE
"GAMÓN YA INVESTIGABA DESDE 2006 A PRADA PARA IGNACIO GONZÁLEZ"
"¿DÓNDE ESTÁIS? ¡JODER, YA LO HABÉIS VUELTO A PERDER!"
PESQUISAS SOBRE CORRUPTELAS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
EL IMPUTADO POR ESPIONAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONTROLABA A PRADA PARA GONZÁLEZ Y TUVO "CARTA BLANCA" DE GRANADOS
AGUIRRE: "IGNACIO GONZÁLEZ NO ORDENÓ ESPIAR A ALFREDO PRADA"
LA ASAMBLEA VETA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO DE LOS ESPÍAS
EL GOBIERNO DE AGUIRRE CUESTIONA AL EX VICEPRESIDENTE AL QUE ESPIÓ
EL PP BLOQUEA EN LA ASAMBLEA LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESPÍAS
LA JUEZ CITA OTRA VEZ AL 'ESPÍA' DE AGUIRRE AUTOR DE LOS PARTES
"HAN INTENTADO MANIPULAR PRUEBAS"
TRAS LAS DESCALIFICACIONES, EL PP CALLA
CRONOLOGÍA DE UNA NEGACIÓN CONTINUA
EL AGENTE DE AGUIRRE INTENTÓ CAMBIAR SU LETRA PARA DESLIGARSE DEL ESPIONAJE
LOS EXPERTOS LE VIERON "FALTA DE ESPONTANEIDAD" AL ESCRIBIR
PSOE E IU EXIGEN LA DIMISIÓN DEL CONSEJERO QUE CONTRATÓ A LOS ESPÍAS
COBO: "ES IMPERDONABLE EL DAÑO CAUSADO AL PP"
GRANADOS: "ESTO DEL ESPIONAJE ES UNA BROMA"
RAJOY DIO CRÉDITO A LOS PARTES Y PREGUNTÓ QUIÉN ORDENÓ ESPIAR
EL CASO DE LOS ESPÍAS EN MADRID. "NO LOS HABÍA VISTO EN MIS 20 AÑOS DE SERVICIO EN MADRID"
COBO VE "IMPERDONABLE" LO QUE HAN HECHO LOS RESPONSABLES DEL ESPIONAJE
COBO VUELVE A LA CARGA: “CONFÍO EN LA JUSTICIA, LA JUEZ Y LA FISCAL. DE OTRAS PERSONAS NI CONFÍO NI ESPERO NADA”
LA JUEZ OBTIENE LA PRUEBA CLAVE DEL ESPIONAJE A PRADA Y COBO POR AGENTES DE AGUIRRE
LA JUEZ AL JEFE DE LOS SUPUESTOS ESPÍAS: "NO SÉ QUÉ HACEN USTED Y SUS HOMBRES"
EL JEFE DE LOS ESPÍAS: "YO EN LOS ACTOS HABLABA MUCHÍSIMO CON AGUIRRE"
COBO RETA A GRANADOS PARA QUE HABLE DEL ESPIONAJE
¿DEBE DIMITIR GRANADOS?
GRANADOS: "CUANDO UNO SE EQUIVOCA, PIDE PERDÓN"
GRANADOS LLEVARÁ A JUICIO A COBO
MANUEL COBO: "NOS AGREDEN Y NOS ESPÍAN, Y EL SEÑOR GRANADOS NOS DICE QUE PIDAMOS PERDÓN, NO LO PODEMOS ENTENDER"
LOS ESPÍAS DE COBO Y PRADA CAMBIAN SU VERSIÓN: "NO RECIBÍAMOS ÓRDENES"
DOS ESTRATEGIAS FRENTE A FRENTE
COBO: "NOS AGREDEN Y NOS ESPÍAN, Y EL SEÑOR GRANADOS NOS DICE QUE PIDAMOS PERDÓN"
COBO: "EL INFORME PRUEBA QUE AGENTES A LAS ÓRDENES DE GRANADOS ME ESPIARON"
UN MARCAJE RÉCORD SIN APOYO LEGAL
LA VERSIÓN DOBLE DE LOS TRES AGENTES FICHADOS A DEDO
COBO: "HA QUEDADO COMPROBADO EL ESPIONAJE"
LOS AGENTES DE AGUIRRE ESPIARON A PRADA HASTA LA MADRUGADA EN UNA CENA PRIVADA
LA JUEZ IMPUTA A OTRO EMPLEADO DE GRANADOS POR LOS INFORMES
LOS PRESUNTOS ESPÍAS DE COBO Y PRADA DECLARARÁN OTRA VEZ
GALLARDÓN: "EL PRESUNTO ESPIONAJE A COBO ES UN ASUNTO DE MÁXIMA GRAVEDAD"
LA POLICÍA DETALLA EL ESPIONAJE A COBO Y PRADA EN 17 DÍAS CLAVE DE ABRIL DE 2008
EL MES EN QUE RAJOY INVITÓ A AGUIRRE A IRSE
GRANADOS MANTIENE QUE NI SE ORDENÓ NI HUBO ESPIONAJE
AGENTES DE AGUIRRE ESPIARON A COBO
IGNACIO GONZÁLEZ DICE QUE DESCONOCE EL INFORME POLICIAL SOBRE EL ESPIONAJE EN MADRID
GRANADOS: "ESOS ESPIONAJES NO SE PRODUJERON"
LA POLICÍA CONFIRMA EL ESPIONAJE DE LA CAM A ENEMIGOS POLÍTICOS DE AGUIRRE
SÍ HUBO UNA `GESTAPILLO’ EN EL PP
LA JUEZ REHÚSA ARCHIVAR EL ESPIONAJE A COBO Y PRADA
JUECES DE MADRID CENSURAN LA FALTA DE RIGOR DEL PERITO DE ESPERANZA AGUIRRE
GRANADOS DICE QUE LA OFERTA DE IGLESIAS ERA LA MÁS BARATA
GRANADOS ADJUDICA UN CONTRATO DE UN MILLÓN AL PERITO QUE USÓ PARA DESMENTIR EL ESPIONAJE
"POR ALGUNA RAZÓN ME CONTRATARON"
ESPÍAS DE AGUIRRE EXIGEN QUE EL PAÍS SEÑALE AL FUNCIONARIO QUE LES DENUNCIÓ
UN NUEVO INFORME PERICIAL PUEDE ELEVAR A NUEVE LOS IMPUTADOS POR EL ESPIONAJE POLÍTICO EN MADRID
EL GOBIERNO REGIONAL ELUDE EXPLICAR LAS ACTIVIDADES Y EL SUELDO DE GAMÓN
DECLARACIÓN DE MANUEL COBO ANTE LA JUEZ EN EL CASO DEL ESPIONAJE POLÍTICO : "DETERMINADAS PERSONAS PUEDEN TENER CIERTO INTERÉS EN LO QUE HAGO O NO HAGO"
EL SECRETO NO ESTÁ EN LA AGENDA DE COBO
COBO MUESTRA SU AGENDA A LA JUEZ PARA PROBAR LA "VEROSIMILITUD" DEL ESPIONAJE
LA LUCHA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN SE RECRUDECE EN LOS JUZGADOS
EL GOBIERNO DE AGUIRRE NO DEDICA "NI UN MINUTO" AL ESPIONAJE A SUS COMPAÑEROS DE PARTIDO EN MADRID
COBO: "SE MONTÓ UNA 'GESTAPILLO'. OJALA SEPAMOS QUIÉN LO HIZO"
COBO DESTACA LA COINCIDENCIA DE LOS PARTES DE ESPIONAJE CON SU AGENDA
LA JUEZ CITA AL VICEALCALDE COBO PARA COTEJAR SU AGENDA CON LOS SEGUIMIENTOS
EL FISCAL PIDE EL INTERROGATORIO Y ANÁLISIS GRAFOLÓGICO DE UNO DE LOS ESPÍAS DE AGUIRRE
LA JUEZ DISPONE YA DE LAS PRUEBAS DECISIVAS SOBRE EL ESPIONAJE A COBO
DE ÓRDENES, MENTIRAS Y MANIPULACIONES
EL FISCAL PEDIRÁ IMPUTAR AL AGENTE DE LOS PARTES DE ESPIONAJE A COBO Y PRADA
LA JUEZ INSISTE A TELEFÓNICA EN BUSCA DE DATOS SOBRE EL ESPIONAJE A COBO
EL SEGUIMIENTO A PRADA
LA JUEZA DEL ESPIONAJE DEL PP METE LA MARCHA LENTA
LOS INTERROGATORIOS EVIDENCIAN LAS MENTIRAS DE LOS ESPÍAS DE GRANADOS
CONTRADICCIONES ANTE LA JUEZ
GRANADOS RESPALDA AL JEFE DE LOS ESPÍAS Y DICE QUE EL CASO ES UN MONTAJE
EL EJECUTIVO DE AGUIRRE DESCARTA ECHAR AL JEFE DE LOS ESPÍAS E INSISTE EN QUE EL CASO ES "UN MONTAJE"
EL JEFE DE LOS ESPÍAS NIEGA LA VERSIÓN DE GRANADOS SOBRE EL SEGUIMIENTO A PRADA
"NO HICE NADA QUE NO ME ORDENARA MI DIRECTOR GENERAL"
EL JEFE DE LOS ESPÍAS DEJA EN EVIDENCIA A AGUIRRE Y GRANADOS
GRANADOS ASEGURA QUE LOS 'ESPÍAS' VIGILABAN UNA SEDE REGIONAL
LOS ESPÍAS DE AGUIRRE 'CERCARON' DURANTE DOS DÍAS LA SEDE DE GALLARDÓN Y COBO
AGUIRRE CONSIDERA QUE LAS ACUSACIONES DE ESPIONAJE "SON DE RISA"
AGUIRRE RECHAZA DESTITUIR A UN ASESOR IMPUTADO POR EL ESPIONAJE
GALLARDÓN RELANZA EL CASO DEL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID
EL EQUIPO DE AGUIRRE INSISTE EN NEGAR EL ESPIONAJE PESE AL INFORME POLICIAL
EL CASO DEL ESPIONAJE VUELVE A LA ASAMBLEA DE MADRID
AGUIRRE EVITA COMPARECER PARA EXPLICAR EL ESPIONAJE
PSOE E IU PIDEN A AGUIRRE QUE COMPAREZCA PARA EXPLICAR EL ESPIONAJE
EL VICEALCALDE DE MADRID SEÑALA A "RESPONSABLES INDIRECTOS" DEL ESPIONAJE
LOS PRESUNTOS ESPÍAS DE MADRID IMPLICAN A TRES ASESORES DE UN HOMBRE DE AGUIRRE
EL RASTRO DE LOS PERSEGUIDORES
GRANADOS ACUSA A PRADA DE ORDENAR CONTRAVIGILANCIAS CUANDO ERA CONSEJERO
CRÓNICA DE UNA IMPOSTURA
LA JUEZ IMPUTARÁ A UN ALTO CARGO, FICHAJE DE AGUIRRE, POR EL ESPIONAJE
AGUIRRE SOLO ACTUARÁ EN EL CASO DE LOS ESPÍAS SI SE PRONUNCIA UN JUEZ
LA CONTRAVIGILANCIA SÓLO PUEDE SER REALIZADA POR LA POLICÍA NACIONAL TRAS COMUNICARLA A LA ESCOLTA
LA PRESIDENTA NIEGA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE SU GOBIERNO
LA JUEZ CITARÁ A GAMÓN COMO IMPUTADO EN EL CASO DEL ESPIONAJE
COBO SEÑALA A GRANADOS POR EL CASO DE LOS ESPÍAS
COBO ACUSA AL CONSEJERO DE INTERIOR DE OCULTAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE
PRADA: "ALGUIEN DEBERÁ PEDIR DISCULPAS"
EL GOBIERNO DE AGUIRRE TEME LA DECLARACIÓN DE LOS ESPÍAS ANTE LA JUEZ
LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESPÍAS REVELA LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO EN LA ASAMBLEA
EL RASTRO TELEFÓNICO QUE DELATÓ A LOS ESPÍAS DE GRANADOS
AGUIRRE NI ASUME RESPONSABILIDADES POR EL CASO DE LOS ESPÍAS, NI PIDE LA DIMISIÓN A GRANADOS
LOS EX AGENTES DE GRANADOS NIEGAN HABER REALIZADO ESPIONAJES A PRADA
AGUIRRE RECHAZA REABRIR LA COMISIÓN POR EL CASO DE LOS ESPÍAS
LA POLICÍA INDICA AL JUEZ QUE HUBO SEGUIMIENTOS A ALFREDO PRADA
LA POLICÍA DA POR PROBADO QUE AGENTES DE GRANADOS ESPIARON A PRADA EN 2008
LOS TRES ESPÍAS NIEGAN EN SU DECLARACIÓN HABER SEGUIDO A PRADA
GRANADOS: "NO ORDENÉ NADA, NO PIENSO DIMITIR"
CINCO MESES DE INSIDIAS DEL PP PARA OCULTAR EL ESPIONAJE
DECLARACIONES QUE LAS PRUEBAS POLICIALES HAN DEJADO EN ENTREDICHO
IU Y PSOE EXIGEN LA "DIMISIÓN INMEDIATA" DE GRANADOS
LA JUEZ IMPUTA A TRES AGENTES DE AGUIRRE POR EL ESPIONAJE POLÍTICO
EL PP VETÓ QUE LOS IMPUTADOS COMPARECIERAN EN LA ASAMBLEA
LA JUEZ IMPUTA A TRES ASESORES DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DE MADRID EN EL CASO DE LOS ESPÍAS
GRANADOS VE POSIBLE QUE SUS AGENTES VIGILARAN A ESPIADOS
PRADA PIDE A LA JUEZ QUE INTERROGUE A OCHO PRESUNTOS ESPÍAS DE AGUIRRE
NOMBRES PROPIOS DEL ESPIONAJE POLÍTICO EN MADRID
EL NÚMERO DOS DE AGUIRRE ASEGURA QUE ESTÁ "ACREDITADO" QUE NO HUBO ESPIONAJE
LA PRESIDENTA LLAMÓ AL EX CONSEJERO
COBO TILDA LOS SEGUIMIENTOS DE "BASURA" MÁS PROPIA DE "PAÍSES FASCISTAS" QUE DE UN ESTADO DE DERECHO
PRADA DECLARA AL FISCAL QUE AGUIRRE LE IMPUSO AL JEFE DE LOS ESPÍAS
PRADA: EL JEFE DE LOS ESPÍAS DE MADRID “ALARDEABA DE SU AMISTAD CON AGUIRRE”
"NO RECUERDO, NI TENGO AGENDA", ALEGAN LOS SOSPECHOSOS DEL ESPIONAJE EN MADRID
LOS ASESORES DE GRANADOS VIAJARON POR TODA ESPAÑA
GRANADOS NO VE RESPONSABILIDAD ALGUNA EN EL CASO DEL ESPIONAJE
LA JUEZ INVESTIGA OCHO TELÉFONOS DE 'AGENTES' DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR EL ESPIONAJE
EL JUEZ INVESTIGA EL SUPUESTO USO DE FONDOS PÚBLICOS EN EL CASO DEL ESPIONAJE
AGUIRRE REFUERZA A SU 'NÚMERO DOS'
LA MANO DERECHA DE AGUIRRE, MÁS FUERTE
UN VICEPRESIDENTE FILMADO EN COLOMBIA
AGUIRRE CULPA A LA POLICÍA JUDICIAL DE FILTRAR LAS CONVERSACIONES ENTRE CAMPS Y EL BIGOTES
LOS ESPÍAS SIGUIERON MUY DE CERCA A IGNACIO GONZÁLEZ
GRANADOS DESGAJA EL 'ÁREA DE LOS ESPÍAS'
LA TRAMA DE ESPIONAJE DEL PP EN EL JUEGO 'CLUEDO DE LOS ESPÍAS'
REFLEJOS DE ESPÍAS, SOLEDAD DE IMPUTADO
MARTÍN VASCO DIMITE COMO PORTAVOZ ADJUNTO DEL PP EN LA ASAMBLEA
RAJOY DUDA DE QUE NO HAYA HABIDO ESPIONAJE EN MADRID
EL PP CIERRA TAMBIÉN LA COMISIÓN INTERNA SOBRE EL ESPIONAJE EN MADRID
EL PP CONFIRMA QUE NO HABRÁ INVESTIGACIÓN INTERNA POR EL AFFAIRE DE LOS ESPÍAS
LOS DIPUTADOS DEL PP ESPIADOS SE AUSENTAN DE LA VOTACIÓN QUE EXCULPA A AGUIRRE
LOS AGENTES SOSPECHOSOS DE ESPIONAJE NO TENÍAN TAREAS ASIGNADAS EN INTERIOR
EL ESPIADO PRADA, EN EL EQUIPO PARA LAS EUROPEAS
GONZÁLEZ PIDE A GALLARDÓN QUE RECTIFIQUE POR ACEPTAR QUE EXISTÍA UNA UNIDAD PARAPOLICIAL
EL PP DICE AHORA QUE SERÁN LOS JUECES LOS QUE ACLAREN SI HUBO ESPIONAJE
EL PP SE AUTOEXCULPA DE ESPIONAJE Y DEJA EL CASO EN MANOS DE LOS JUECES
PSOE E IU SEÑALAN A AGUIRRE COMO RESPONSABLE DIRECTA DEL ESPIONAJE
EL SOSPECHOSO DE ESPIONAJE ATACA A SUS COMPAÑEROS DE LA CONSEJERÍA
TÉCNICOS EN LA COMUNIDAD, ESCOLTAS PARA EL PP
EL FISCAL SIGUE ADELANTE CON LA INVESTIGACIÓN DEL ESPIONAJE A CARGOS DEL PP EN MADRID
EL PP SIGUE CONFIANDO EN LAS CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA
LA FISCALÍA SEGUIRÁ ADELANTE CON LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESPIONAJES A PRADA Y COBO
COBO Y PRADA SE REAFIRMAN EN QUE FUERON ESPIADOS
LOS ESPIADOS SE REVUELVEN CONTRA AGUIRRE
AGUIRRE CIERRA LA COMISIÓN SIN ESCUCHAR A LAS VÍCTIMAS
AGUIRRE PRESENTA UNA DEMANDA CONTRA EL PAÍS
LOS AGENTES ESPIARON LA CITA DE PRADA CON UN EX PRESIDENTE DE TELEMADRID
UN EX PRESIDENTE DE TELEMADRID CONTRARIO A AGUIRRE
FUENTES CERCANAS A PRADA CONFIRMAN A EL PLURAL QUE LOS ESPIONAJES DENUNCIADOS COINCIDEN CON SU AGENDA
"COMPROBAMOS QUE EL VEHÍCULO PERTENECE A CLARA REYNOLS"
"ESTUVE EN CHINCHÓN ESE DÍA"
EL PP OCULTA DOCUMENTACIÓN CLAVE PARA SABER QUIÉN ESPIÓ
EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID: "LA COMISIÓN EMPEZÓ POR EL TEJADO. QUE ME LLAMEN SI QUIEREN VERIFICAR LOS HECHOS"
LOSANTOS RELACIONA DE NUEVO A PRADA CON EL ACCIDENTE DE HELICÓPTERO QUE SUFRIERON AGUIRRE Y RAJOY
EL CONSEJERO DE INTERIOR ACUSA DE MENTIR A TRES EX CONSEJEROS
GRANADOS FICHÓ A MARCOS PEÑA A PETICIÓN DEL PP PORQUE AYUDÓ A INVESTIGAR EL 11-M
LAS CUENTAS DE LA MANSIÓN QUE ENCARGÓ GRANADOS NO CUADRAN
EL SEGUNDO DE GALLARDÓN ACTIVA EL CASO AL DENUNCIAR ANTE EL JUEZ QUE FUE ESPIADO
ARRANCA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN: 12 DÍAS PARA 29 COMPARECIENTES
CALVO, CONCEJAL DE GALLARDÓN, DICE QUE EL PP HACE EL RIDÍCULO
GRANADOS ADQUIRIÓ MOTOS POTENTES Y CÁMARAS PARA EL ÁREA DE LOS ESPÍAS
¿CUBRE LAS ESPALDAS A AGUIRRE EL JUEZ QUE INVESTIGA EL ESPIONAJE?
EL PP MANIPULA INFORMES PARA VINCULAR EL ESCÁNDOLO DE ESPIONAJE A LA ÉPOCA DE LEGUINA
ARRANCA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN: 12 DÍAS PARA 29 COMPARECIENTES
EL SEGUNDO DE GALLARDÓN ACTIVA EL CASO AL DENUNCIAR ANTE EL JUEZ QUE FUE ESPIADO
UN INFORME QUE ENCARGÓ GRANADOS EXCULPA A UNO DE LOS SOSPECHOSOS
EL JUEZ NIEGA QUE EL ESPIONAJE DEL PP SEA OBRA DE FUNCIONARIOS
AGUIRRE SE BURLA DE LAS GRABACIONES QUE VINCULAN A CARGOS DEL PP CON LA TRAMA
EL PP NO QUIERE OÍR A LAS VÍCTIMAS EN LA COMISIÓN SOBRE LOS ESPÍAS DE MADRID
EL PP PRESENTA UNA LISTA DE 12 COMPARECIENTES PARA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL ESPIONAJE
GONZÁLEZ OCULTA A LA ASAMBLEA DATOS CLAVE DE SUS CONCESIONES
LA ASAMBLEA DE MADRID EXAMINA LAS CONCESIONES DE GONZÁLEZ
TRANSPARENCIA A PRUEBA. LAS 11 CUESTIONES QUE DEBE ACLARAR
GRANADOS INTENTA DESACTIVAR EL ESCÁNDALO DE LA MANSIÓN
ALUVIÓN DE CONTRATOS A FAMILIARES EN VALDEMORO
GRANADOS DETALLA SU PATRIMONIO A LA OPOSICIÓN
EL PP LLAMA A UN CONSEJERO DE LEGUINA PARA ACLARAR EL ESPIONAJE EN MADRID
PSOE E IU PIDEN A AGUIRRE QUE DESTITUYA A GRANADOS
GRANADOS RESPONDE QUE TIENE BIENES POR UN VALOR TOTAL DE 348.000 EUROS Y UNA HIPOTECA DE 450.000
EL PP RECHAZA REPROBAR AL EX CONSEJERO LÓPEZ VIEJO
UNA PROMOTORA LEVANTA UNA MANSIÓN A GUSTO DE GRANADOS
LAS FECHAS NO CUADRAN
UN CONSEJERO DE AGUIRRE DENUNCIA NUEVOS 'DOSSIERS' SOBRE SU PATRIMONIO
MADRID ENCARGA UN INFORME CALIGRÁFICO PARA BUSCAR A LOS ESPÍAS
EL PP IMPONE EL BLOQUEO EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
GAMÓN, EL 'TORRENTE' DE AGUIRRE
20 AÑOS DE ESCOLTA EN LA POLICÍA
GRITOS Y TENSIÓN EN LA INVESTIDURA DEL ALCALDE QUE EL PP NO QUERÍA
EL HOMBRE DE CONFIANZA DE PANERO
LA COMISIÓN SOBRE LOS ESPÍAS ESTRENA PRESIDENTA PERO SIGUE BLOQUEADA
LA SOLEDAD DEL HOMBRE CAÍDO EN DESGRACIA
LA BRONCA POR LA CORRUPCIÓN EN MADRID OBLIGA A SUSPENDER EL PLENO REGIONAL
LA CONSERVADORA ROSA POSADA PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
EL DESPACHO DE MICHAVILA TIENE LAZOS CON DOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN
LA ALCALDÍA DE BOADILLA VUELVE A ENFRENTAR AL PP
LA RED E CORRUPCIÓN VINCULADA AL PP TUMBA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
EL PP IMPIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY ANTE LA 'COMISIÓN DE LOS ESPÍAS'
AGUIRRE BLINDA AL CÍRCULO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y PROTEGE A RAJOY
EL PP IMPIDE QUE RAJOY DECLARE EN LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
AGUIRRE, GALLARDÓN Y DE COSPEDAL IRÁN A LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
LOS INGRESOS DEL SOCIO DE LOS GONZÁLEZ CRECIERON UN 1.686%
“FRANCISCO GRANADOS ES EL TÍO MÁS SUCIO DEL MUNDO, A ÉSE LE HE DADO YO EL DINERO DIRECTAMENTE”
EL PP IMPIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN LA COMISIÓN SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE
LA COMUNIDAD DIO UNA CONTRATA A DEDO AL ACOMPAÑANTE DE GONZÁLEZ
EL PP PIDE INVESTIGAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS EN LA MONCLOA, EL CNI E INTERIOR
AGUIRRE: "YO PUSE UNA QUERELLA AL FISCAL GENERAL EN 2005. ASÍ SE LES PARAN LOS PIES"
BOTELLA: "ME GUSTARÍA QUE ESTE APOYO SE DIERA TAMBIÉN A TODA LA HISTORIA DEL PP"
LAS EMPRESAS DE CORREA LOGRARON 3,5 MILLONES EN MAJADAHONDA
EL PP NIEGA DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA INVESTIGAR EL ESPIONAJE EN MADRID
NI MÓVILES PREPAGO NI DATOS DE LOS AGENTES
EL INFORME DE COSPEDAL SOBRE LOS SEGUIMIENTOS
EL ESPÍA QUE ESCRIBIÓ PARTES DE COBO Y PRADA ESCOLTÓ A AGUIRRE EN MÍTINES
PRADA SOLICITA AL FISCAL UN INFORME PERICIAL SOBRE UN AGENTE AUTONÓMICO
PRADA NO ACUDE AL HOMENAJE
ES CALIGRÁFICOS SOBRE LOS PARTES DE SEGUIMIENTO A CARGOS DEL PP EN MADRID. LOS ESPÍAS SON DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR
CONCLUSIONES
AGUIRRE SACRIFICA A DOS CARGOS DE MADRID ANTE EL ALUD DE SOSPECHAS
LA RESISTENCIA DEL ALCALDE DE BOADILLA COMPLICA LA IMAGEN DE FIRMEZA DE RAJOY
EL TIRA Y AFLOJA EN GÉNOVA
EL PP MADRILEÑO, AL BORDE DEL COLAPSO: ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA AHORA A GRANADOS POR UN POSIBLE COHECHO
BAJO SOSPECHA DESDE HACE VARIOS AÑOS
EL CONSEJERO DE DEPORTES ESCENÓGRAFO ELECTORAL DE AGUIRRE
EL ALCALDE DE BOADILLA UN REGIDOR QUE NO QUERÍA IRSE
RECOLOCADO TRAS SER DESTITUIDO
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE, AMIGO DEL JEFE DE LA TRAMA
EL PP RETRASA EL ARRANQUE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA
GONZÁLEZ, ANTE EL JUEZ
EL AYUNTAMIENTO HA ADJUDICADO TRES CONTRATOS A SPECIAL EVENTS
AGUIRRE CORTA TRES CABEZAS POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
LA TRAMA DE MADRID SE COBRA LAS CUATRO PRIMERAS CABEZAS EN EL PP
MANOS LIMPIAS DICE QUE EMPRESARIOS PACTABAN LAS BASES DE CONCURSOS CON EL ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE PRESUNTAMENTE COBRÓ CASI 2 MILLONES Y MEDIO DE EUROS A CAMBIO DE SILENCIAR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN VINCULADA CON EL PP
CORREA Y EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA QUE INVESTIGA EL ESPIONAJE, BUENOS AMIGOS
UNA DE LA IMPUTADAS PAGÓ UNA FACTURA DE 30.000 EUROS EN TRAJES PARA CAMPS
ESPÍAS QUE SIGUIERON A CARGOS PÚBLICOS SON EMPLEADOS DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR
DIMITE EL ALCALDE DE BOADILLA
RUEDAN LAS PRIMERAS CABEZAS EN EL PP POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
AGUIRRE DESTITUYE AL CONSEJERO MADRILEÑO SALPICADO EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA
LA COMUNIDAD DE MADRID ADJUDICÓ CONTRATOS A SERVIMADRID POR 340.000 EUROS
AGUIRRE DESTITUYE A SU CONSEJERO LÓPEZ VIEJO POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
LAS ALUSIONES GRABADAS DE CORREA A ALTOS CARGOS DEL PP
SOBRE EL ALCALDE DE BOADILLA: "SI DOY LA CINTA SE CAGA, PERO YO VOY AL TRULLO"
SOBRE EL EX ALCALDE DE MAJADAHONDA: "PAGÓ FACTURAS EXTRAÑAS DE PASADENA VIAJES"
"A MIAMI HEMOS VENIDO A COMPRAR"
RAJOY SE ENROCA Y ACUSA AL GOBIERNO DE ORQUESTAR UNA CAMPAÑA CONTRA EL PP
LAS TRES SEMANAS NEGRAS DEL PP
MEDIA DOCENA DE CARGOS DEL PARTIDO ESPIARON Y GRABARON AL JEFE DE LA TRAMA DURANTE DOS AÑOS
AGUIRRE CONTRATÓ A DEDO A UNA EMPRESA RECIÉN CREADA
CESIÓN URBANÍSTICA. EL PSOE DENUNCIA MÁS ANOMALÍAS EN BOADILLA
FUNCIONARIOS DENUNCIAN EL COBRO DE COMISIONES DEL ALCALDE DE BOADILLA
EL ALCALDE DE BOADILLA DESAFÍA AL PP Y SE NIEGA A DIMITIR POR LA TRAMA
EL PP SE LÍA: RAJOY ACEPTA LA DIMISIÓN QUE EL ALCALDE DE BOADILLA NIEGA HABER PRESENTADO
RAJOY DA POR DIMITIDO AL ALCALDE DE BOADILLA Y ÉSTE LO NIEGA
AGUIRRE ADJUDICÓ 76 CONTRATOS A DEDO A LA TRAMA DE BOADILLA
CRISIS POLÍTICA, COLAPSO MORAL Y DESGOBIERNO EN MADRID
AGUIRRE: "EN EL PP NOS DEDICAMOS A CONSTRUIR HOSPITALES, ESCUELAS, REDES DE METRO Y NO A ESPIAR"
EL PP ACUSA AL PSOE DE USAR A LA FISCALÍA Y A LA POLICÍA PARA ELIMINAR A ESTE PARTIDO
EL PP ARRANCA LA 'COMISIÓN DE LOS ESPÍAS' CON TODO TIPO DE ZANCADILLAS
PRIMER DÍA, PRIMERAS TENSIONES
IU Y PSOE INTENTAN EVITAR RETRASOS EN LA INVESTIGACIÓN
EL PP SE RESISTE A ACLARAR SI APOYARÁ LA CITACIÓN A RAJOY
CINCO CASOS PARA UNA COMISIÓN
EL PSOE MIRA A GALLARDÓN
AGUIRRE ELUDE DAR EXPLICACIONES DEL "LODAZAL DE 'DOSSIERS" A LA OPOSICIÓN
RAJOY: "NO ME PARECE RAZONABLE COMPARECER"
LA COMUNIDAD DA SIETE CONTRATOS A UNA FIRMA VINCULADA AL GERENTE DEL CANAL
CREO QUE ES ALGO ASÍ COMO COORDINADOR", DICE GONZÁLEZ SOBRE GAMÓN
UN CUÑADO DE IGNACIO GONZÁLEZ FUE "PROMOTOR DEL PROYECTO" DEL CAMPO DE GOLF DEL CANAL
GONZÁLEZ NIEGA HABER FAVORECIDO A SUS FAMILIARES
EL NÚMERO DOS DE AGUIRRE FALTA DE NUEVO A LA VERDAD
EL PP NO QUIERE QUE TELEMADRID RETRANSMITA LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
TENSA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN POR LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID
EL PP PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID
EL JUEZ INICIA LA INVESTIGACIÓN POR EL ESPIONAJE AL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE
EL VICEPRESIDENTE DE MADRID DESCONOCE LAS FUNCIONES DEL HOMBRE CLAVE DE LA TRAMA DE ESPIONAJE
UNA FIRMA BENEFICIADA POR GONZÁLEZ TIENE DE SOCIO A SU HERMANO
AGUIRRE ACUSA AL PSOE DE HABER ESPIADO "DEL REY PARA ABAJO A TODO EL MUNDO"
EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE EL DOSSIER DESVELADO POR 'PÚBLICO'
EL PP DE MADRID SE QUEJA DE QUE RAJOY CREA EN DOSIERES SIN VERLOS
LOS JEFES DE LOS GRUPOS ASUMEN EL CASO
LA COMISIÓN NO SERÁ "UN CIRCO", ADVIERTE EL PP
UN PERSONAJE CLAVE DE LA TRAMA DE LOS ESPÍAS EVITA CONTESTAR A LOS DIPUTADOS
RAJOY SOBRE LOS ESPÍAS: "NO SON RUMORES, ESOS DOCUMENTOS EXISTEN"
RAJOY ENDOSA A AGUIRRE EL COSTE ELECTORAL DEL ESCÁNDALO DE MADRID
RAJOY CELEBRA QUE LA ASAMBLEA DE MADRID INVESTIGUE LA PRESUNTA TRAMA DE ESPIONAJE
EL PP BLINDA EN EL PARLAMENTO REGIONAL A GAMÓN, UN HOMBRE CLAVE EN EL ESPEGATE
AGUIRRE SE SALTA LAS NORMAS DE CORTESÍA DEMOCRÁTICA Y EVITA CEDER LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
FRAGA NIEGA QUE EL PP CIERRE LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA: "LA HEMOS ENCARRILADO"
GÜEMES: "YO NO TENGO LA INFORMACIÓN DE RAJOY"
GÜEMES AFIRMA QUE ÉL NO HA VISTO NINGÚN INFORME DE LA TRAMA DE ESPIONAJE
PEDRO CASTRO TAMBIÉN PUDO SER INVESTIGADO
EL GOBIERNO DE AGUIRRE COMPRÓ OBRAS DE ARTE EN LA GALERÍA DE LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ
RAJOY CONCEDE UNA TREGUA A AGUIRRE PERO MANTIENE VIVA SU AMENAZA
PUNTOS A INVESTIGAR
ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID UNA COMISIÓN EXPRÉS
AGUIRRE DUDA DE QUE LA INVESTIGACIÓN HALLE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
LOS MÓVILES PREPAGO SE CAMBIABAN CADA SEMANA EN 2007
COSPEDAL REHÚYE UN NUEVO PACTO SOBRE EL FIN DEL TRASVASE DEL TAJO
EL PP SUSPENDE TEMPORALMENTE LA INVESTIGACIÓN INTERNA SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE
RAJOY PONE LA MANO EN EL FUEGO POR AGUIRRE
RAJOY DA TREGUA A AGUIRRE Y LE CEDE LAS PESQUISAS DEL CASO DE ESPIONAJE
CINCO PREGUNTAS PARA EL SEÑOR GONZÁLEZ
LA CUESTIONES QUE NO ACLARA EL VICEPRESIDENTE
EL GOBIERNO DE AGUIRRE MANEJA UNA RED PARALELA DE MÓVILES PREPAGO
PRADA: "ES UN ATENTADO A MI PRIVACIDAD"
AGUIRRE ACEPTA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA DE MADRID
AGUIRRE ANUNCIA QUE VAN ACEPTAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA
COSPEDAL SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN INTERNA EN EL PP SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE
COSPEDAL ANUNCIA QUE EL PP SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN INTERNA EL CASO DE ESPIONAJE
UN NIDO DE ESPÍAS EN LA CORTE DE ESPERANZA
AGUIRRE Y RAJOY NO ALCANZAN UN PACTO
LAS TRES CLAVES SECRETAS DEL ENREDO
EL PP SE ENFRENTA A SÍ MISMO
DE LA VEGA: "SON INCAPACES DE GOBERNARSE Y PONER ORDEN EN SU CASA"
CONTRATOS MILLONARIOS PARA EL COMPAÑERO DE VIAJE DE GONZÁLEZ
GRANADOS EVITA PONER LA MANO EN EL FUEGO POR NADIE
PREGUNTAS DE ESPÍAS CON Y SIN RESPUESTA
LA DIFUSA LABOR DE LOS ASESORES SECRETOS
EL EX CARGO DEL PP OBTUVO LA RECALIFICACIÓN EN COLLADO VILLALBA
FUERTE MALESTAR EN EL PP POR LA DESIGNACIÓN DE COSPEDAL PARA INVESTIGAR LA TRAMA DE ESPIONAJE
EL GOBIERNO DE AGUIRRE HA ADJUDICADO CONTRATOS MILLONARIOS A LA SOCIA DE LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ
AGUIRRE PRESIONA A RAJOY PARA QUE LA APOYE Y CIERRE LA INVESTIGACIÓN INTERNA
EL PP VASCO ESTÁ "HASTA LAS NARICES" DEL ESPIONAJE
EL ESCÁNDALO DE LA TRAMA DE ESPÍAS IMPIDE AL PP CAPITALIZAR LA CRISIS
AGUIRRE AVISA A RAJOY DE QUE SU INVESTIGACIÓN DAÑA A TODO EL PP
EL VICEPRESIDENTE DE MADRID QUIERE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA
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RAJOY: "EL PP DEBE ELEVARSE POR ENCIMA DE SU OMBLIGO"
GRANADOS: "ES FALSO QUE HAYA UN DEPARTAMENTO DE ESPIONAJE EN MI CONSEJERÍA"
GONZÁLEZ NO CREE QUE EL ESCÁNDALO VAYA A INFLUIR EN LAS ELECCIONES
GRANADOS: "ES FALSO QUE HAYA UN DEPARTAMENTO DE ESPIONAJE EN MI CONSEJERÍA"
"ME PIDIÓ QUE RECALIFICARA SUELOS PROTEGIDOS"
AGUIRRE SE ENCARA CON RAJOY POR DAR "PÁBULO" A LA TRAMA DEL ESPIONAJE
LOS SECTORES DEL PP EN PUGNA SE ATRINCHERAN MIENTRAS CUNDE LA DESAZÓN
EL FISCAL INVESTIGA EL APARATO DE SEGURIDAD AL MANDO DEL EX POLICÍA MARCOS PEÑA
ALGUNAS CLAVES DE LA VIGILANCIA A MANUEL COBO Y ALFREDO PRADA
EL ENTORNO DE RAJOY ASUME QUE LOS AGUIRRISTAS BUSCAN LA CABEZA DEL LÍDER
FRAGA: "EN MIS TIEMPOS ESTAS COSAS NO PASABAN"
LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA CENSURA LAS ACUSACIONES DE GÜEMES A EL PAÍS
IGNACIO GONZÁLEZ SOLICITA AL JUEZ QUE INVESTIGUE LOS NUEVOS DOSSIER
GONZÁLEZ NO DESCARTA QUE EL ESPIONAJE HAYA PARTIDO DE GÉNOVA
GONZÁLEZ: LAS ACUSACIONES DE GALLARDÓN SOBRE LA TRAMA FUERON "ABSOLUTAMENTE DESPROPORCIONADAS E INAPROPIADAS"
EL PP BUSCA DAR CARPETAZO CUANTO ANTES AL CASO DE ESPIONAJE Y NO SEÑALARÁ CULPABLES
AGUIRRE REPLICA A FRAGA QUE EN SUS TIEMPOS SÍ SE ESPIABA
LOS CONTRATOS SOSPECHOSOS DE GONZÁLEZ
MARTÍN MARÍN, EL TERCER PASAJERO
EL DOSSIER QUE RAJOY NO INVESTIGÓ
DECLARACIONES DE MERCADO, EL PERIODISTA DE EL PAÍS QUE HA DESTAPADO LA TRAMA DE ESPIONAJE, A EL PLURAL
TOMÁS GÓMEZ: “AGUIRRE ES UNA ESPECIE DE MEZCLA ENTRE HUGO CHÁVEZ Y STALIN”
LOS ESPÍAS AUTONÓMICOS INVESTIGARON UN COCHE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
LA MALA IMAGEN POR EL ESCÁNDALO SUME AL PP EN EL DESCONCIERTO
AGUIRRE: "GALLARDÓN TENDRÁ QUE ACLARAR SI TIENE UNA UNIDAD PARAPOLICIAL"
LA DIRECCIÓN DE UGT SE DESDICE DE SUS PROPIAS DENUNCIAS SOBRE ACTOS QUE "RAYAN LA ILEGALIDAD"
EL GERENTE DEL CANAL DE ISABEL II DENUNCIARÁ LOS SEGUIMIENTOS DESVELADOS POR LA SER
EL HOMBRE DE IGNACIO GONZÁLEZ EN EL CANAL DE ISABEL II TAMBIÉN HA SIDO ESPIADO
EL ESPIONAJE ALCANZA AL 'NÚMERO DOS' DE GONZÁLEZ EN EL CANAL DE ISABEL II
EL EX TESORERO DEL PP CUESTIONÓ ADJUDICACIONES "SOSPECHOSAS" DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LOS INFORMES QUE ALIMENTAN LA GUERRA DEL PP
LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS DEL ESCÁNDALO
EL SILENCIO DE RAJOY DESATA LA INCERTIDUMBRE EN EL PP
AGUIRRE AFIRMA QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA
ELLA ES LA RESPONSABLE, NO LA VÍCTIMA, DICEN PSOE E IU
ESPIONAJES PARA TODOS LOS GUSTOS EN EL PP
AGUIRRE REVELA QUE RAJOY SUPO DE LOS DOSIERES HACE TRES AÑOS
EL TESORERO DEL PP PRESIONÓ PARA LOGRAR CONTRATOS DE LA COMUNIDAD
BLESA SE REBELA ANTE AGUIRRE Y NIEGA ACTIVIDADES DE ESPIONAJE
AGUIRRE CONFIRMA QUE LAPUERTA MANEJÓ UN DOSSIER CONTRA GONZÁLEZ
PONS VUELVE A CULPAR AL GOBIERNO DEL ESPIONAJE: "CUANDO ALGO MALO LE OCURRE AL PP, EL PSOE ESTÁ DETRÁS"
DE COSPEDAL: "DECIR QUE GÉNOVA VA A POR ESPERANZA AGUIRRE ES UN DISPARATE"
ESPIONAJE A POLÍTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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UN JUEZ APRECIA INDICIOS DE DELITO EN LA PRESUNTA TRAMA DE MADRID
CLAVES PARA UNA INVESTIGACIÓN
COSPEDAL SE PREPARA PARA LLAMAR A LOS JEFES DE LOS ESPÍAS
EMPLEADOS DE LA COMUNIDAD DENUNCIAN ACOSO POR NEGARSE A ESPIAR A POLÍTICOS
GRANADOS NIEGA QUE EXISTA UN SERVICIO SECRETO EN SU CONSEJERÍA
EL TESORERO DEL PP EXHIBIÓ UN DOSSIER CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
BARÓN Y PEÑA RECHAZAN DECLARAR ANTE DE COSPEDAL
EL JEFE DE LA UNIDAD PARAPOLICIAL DE GALLARDÓN CONTROLA A TODOS LOS EDILES
PRADA NIEGA QUE TUVIERA DOSSIERES SOBRE NADIE
AGUIRRE: "SOY UNA VÍCTIMA DE TODO ESTO. POLÍTICAMENTE VAN A POR MÍ"
LA TRAMA DE ESPIONAJE PONE A PRUEBA A RAJOY
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FUNCIONARIOS DE MADRID DENUNCIAN ACOSO POR NEGARSE A SEGUIR A POLÍTICOS
EL JUEZ VE INDICIOS DE DELITO EN ESPIONAJE AL NÚMERO DOS DE AGUIRRE Y LO REGAÑA POR NO PONER ÉL LA DENUNCIA
"LA CAMPAÑA DE RAJOY Y GALLARDÓN PARA LIQUIDAR EL PP DE MADRID VA A TODO TRAPO"
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GAMÓN Y HALFFTER
GONZÁLEZ RECOLOCA A UNO DE LOS ALTOS CARGOS CITADOS EN LOS SEGUIMIENTOS
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GONZÁLEZ OTORGÓ UN CONTRATO MILLONARIO AL EMPRESARIO CON EL QUE VIAJÓ A SURÁFRICA
MANUEL COBO, 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN, DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EL PRESUNTO ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE
RAJOY CONFÍA EN LA 'LIDERESA'
GRANADOS: "SOMOS VÍCTIMAS DE UNA MANIOBRA CON EL ÚNICO FIN DE DESPRESTIGIAR AL GOBIERNO DE AGUIRRE"
AGUIRRE PIDE AL FISCAL QUE ACLARE QUIÉN ESPÍA A SU VICEPRESIDENTE
LOSANTOS SENTENCIA: BLESA Y GALLARDÓN, CULPABLES DEL ESPIONAJE AL NÚMERO DOS DE ESPERANZA AGUIRRE
EL GOBIERNO DE AGUIRRE ESPIÓ AL VICEALCALDE DE RUIZ-GALLARDÓN
"MADRID NO TIENE NADA QUE VER CON EL ESPIONAJE"
EL VICEPRESIDENTE DE ESPERANZA AGUIRRE FUE ESPIADO EN SUS VIAJES AL EXTRANJERO
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UN CONSEJERO DE AGUIRRE MONTA UN 'SERVICIO SECRETO' CON EX AGENTES
AGUIRRE AFIRMA QUE 'EL PAÍS' ATACA AL PP CUANDO EL GOBIERNO CENTRAL NO PUEDE ATAJAR CRISIS
GÓMEZ: "LA RED MAFIOSA DE GRANADOS SERÍA EL CASO MÁS GRAVE DE LA DEMOCRACIA"
EL PSOE E IU EXIGEN EXPLICACIONES A AGUIRRE SOBRE EL "ESPIONAJE" DE GRANADOS
SÁENZ DE SANTAMARÍA: "QUE LA POLICÍA Y LA FISCALÍA INVESTIGUEN HASTA EL FINAL"
GRANADOS ASEGURA QUE SUS ASESORES DE SEGURIDAD ACTÚAN DENTRO DE LA LEY
COBO, PRADA Y EL PSM RECURREN EL ARCHIVO DEL 'CASO DE LOS ESPÍAS'
El vicealcalde de la capital, uno de los altos cargos que denunció haber sido víctima de seguimientos por parte de empleados a sueldo de la Comunidad de Madrid, el llamado caso de los espías, ha recurrido la decisión de la jueza de archivar la causa al no encontrar indicios de delito. Según ha podido saber Público de fuentes jurídicas, Manuel Cobo, mano derecha del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, presentó su recurso el martes.
De esta forma, la suya se une a las impugnaciones presentadas por el PSM y por el diputado del PP Alfredo Prada, uno de los principales colaboradores de Mariano Rajoy en su condición de director del PP en el exterior.
La jueza Carmen Valcarce acordó el archivo del caso al entender que no podía acreditarse que ninguno de los imputados destinaran fondos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "a actividades ajenas a la función pública". Igualmente, el auto señalaba que no habían aparecido "indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación".
Manuel Cobo denunció haber sido víctima de espionaje los meses de abril y mayo de 2008. También lo hizo Alfredo Prada. En sus declaraciones ante el juez, el vicealcalde confirmó que los partes de seguimiento de los espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre coincidían con su agenda de actividades.
El recurso presentado por el vicealcalde madrileño llega días después de que el Partido Socialista de Madrid (PSM) anunciara un recurso al archivo de esta misma causa. La principal queja de los socialistas estriba en que la jueza no ha tenido en cuenta su demanda de citar como testigo a la ex mujer del ex director del Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón. En declaraciones a El País, Yolanda Laviana, que trabajó como secretaria de Esperanza Aguirre en su etapa en el Senado, reconoció que Gamón investigaba a Prada desde 2006. Y que reportaba a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Además, los socialistas madrileños consideran que el auto no ofrece ningún tipo de duda acerca de que se han producido los seguimientos. Con este punto de partida, sostienen que sí se ha hecho uso de dinero público para el espionaje a estos cargos conservadores. A diferencia del recurso de los socialistas, que se presenta ante la propia jueza instructora, el presentado por el vicealcalde de Madrid es de apelación ante la Audiencia.
Hoy, en rueda de prensa, Ruiz-Gallardón evitó echar más leña al fuego de este último elemento de fricción con la Comunidad de Madrid. "Cuando se produzca una resolución definitiva por parte de los tribunales de Justicia, todos tendremos que estar a lo que diga esa resolución, pero mientras tanto no seré yo el que introduzca elementos de debate político en un asunto que está sometido a consideración judicial", dijo.
Frente a ese criterio, la comunidad mostró otro. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, admitió que Cobo, a quien la semana pasada exigió que pidiera perdón, "está en su derecho de recurrir" el archivo, pero cargó contra el fiscal provincial de Madrid, Eduardo Esteban.
Tras el acto de toma de posesión del nuevo secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el consejero de Justicia acusó a Esteban de tener "un largo historial en persecuciones y decisiones contrarias al PP, y favorables al PSOE".
A su juicio, las declaraciones en las que Esteban explicó la forma de funcionar de la fiscalía, consistente en que, aunque la junta de fiscales de Madrid haya decidido no recurrir, el fiscal podía adherirse a los recursos presentados por las partes, son "sorprendentes e inadecuadas".
"Es curioso que diga que no se han podido acreditar los indicios de delito, pero que aun así haya que investigar más. Esto es absolutamente contrario a un Estado de Derecho", aseguró Granados. El PP madrileño tiene previsto presentar una queja contra el fiscal provincial de Madrid ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior madrileña.
(www.publico.es, 23/07/10)
GAMÓN VIGILARÁ COMO POLICÍA EL MUSEO DEL PRADO
Sergio Gamón, ex director general de Seguridad del Gobierno de Aguirre, ha reingresado en el Cuerpo Nacional de Policía y le ha sido asignada la vigilancia del Museo del Prado. Su regreso a la actividad policial se produce después de que la juez que investigaba el caso del espionaje por parte de agentes del Gobierno regional a sus órdenes decretara el archivo provisional de la causa.
Semanas antes, su ex esposa, Yolanda Laviana, le había acusado de espiar, desde que fue nombrado director general de Seguridad en 2006 por el Gobierno madrileño, al entonces vicepresidente segundo de la región, Alfredo Prada, de cuyo seguimiento informaba continuamente al vicepresidente primero, Ignacio González. Esta grave acusación fue el detonante para que Aguirre, tras un año y medio de escándalo por el espionaje, forzara su cese como asesor con rango de director.La grave acusación de su ex esposa fue el detonante para que Aguirre, tras un año y medio de escándalo por el espionaje, forzara su cese como asesor con rango de director. Su salario con el Gobierno de Aguirre superaba los 90.000 euros anuales por una labor que el PSOE nunca logró que fuera esclarecida, y ahora, al reincorporarse como inspector al Cuerpo Nacional de Policía, quedará en unos 36.000 euros brutos anuales.
Fuentes policiales explicaron que Gamón tendrá la categoría de jefe de grupo del dispositivo que vigila la pinacoteca nacional. Por encima tendrá un jefe de brigada y un jefe de sección. Las mismas fuentes explicaron que su readmisión era obligada y automática a un puesto en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en la que tuvo como último destino la protección de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Fuentes policiales explican que aunque se reabriera la investigación por la que fue imputado por un supuesto delito de malversación, por dar cobertura con fondos públicos al espionaje sufrido por Prada y el vicealcalde Manuel Cobo, Gamón podría seguir en dicho puesto en tanto no exista una condena firme. En medios sindicales ha causado cierto estupor el puesto por considerarlo un destino privilegiado.
Entretanto, desde el pasado lunes ya han presentado recursos contra el archivo judicial del caso del espionaje el PSOE, Manuel Cobo y Alfredo Prada. Esto permitirá entrar en una segunda fase. La fiscalía podrá estudiar su contenido para evaluar si se adhiere o no al contenido de los mismos, lo que permitiría ejercer indirectamente su derecho a recurrir a la decisión de la juez. Juristas consultados estiman que, en caso de rechazo por la juez, la jurisprudencia suele marcar que los recursos sean fallados en la instancia superior a favor de los recurrentes, siempre y cuando sea evidente que se dejaron de practicar pruebas.
El viceconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alejandro Halffter, aseguró ayer que estaba "muy tranquilo" tras el recurso presentado por el PSM a la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid de archivar el caso del presunto espionaje a políticos.
El viceconsejero expresó su respeto por la decisión del PSM de presentar ese recurso, que tiene como objetivo que prosiga la investigación del eventual espionaje a políticos de la región, según informa Efe.
(www.elpais.com, 22/07/10)
SIETE DE LAS 10 PRUEBAS VETADAS POR LA JUEZ DEL 'CASO ESPÍAS' LAS PIDIÓ EL FISCAL EN 2009
El auto de archivo del caso de espionaje en el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre dictado por la juez Carmen Valcarce se enfrenta a una cascada de recursos, tanto del PSOE como de las víctimas en el PP de los seguimientos: el ex vicepresidente regional Alfredo Prada y el vicealcalde, Manuel Cobo. Aún no los han presentado.
El argumento en todos ellos es, a falta de conocer algunos detalles, que la investigación dista de estar concluida. El recurso del PSOE sostiene que el auto supone "la obstrucción y vulneración del derecho a la defensa", y recuerda las diez pruebas solicitadas reiteradamente a la juez y que esta nunca atendió, sin motivar siquiera su rechazo. Entre otras, el testimonio de Yolanda Laviana, ex esposa de uno de los implicados, Sergio Gamón.
Afirma el PSOE que el veto de la juez es lo que le ha impedido cuantificar la malversación, motivo aducido por esta precisamente para archivar el caso. "En modo alguno resulta imposible, hubiera bastado con practicar la prueba solicitada y se habría podido obtener. Pero no se ha practicado, ignoramos por qué razón". La Fiscalía, tras estudiar los recursos, decidirá si se adhiere a los mismos. Pero se da la circunstancia de que siete de esas diez pruebas rechazadas fueron solicitadas el 20 de marzo de 2009 por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.
Exigió el fiscal al Gobierno regional el listado de vehículos oficiales (marca, modelo y matrícula) asignados a la Dirección de Seguridad -en manos de Gamón- y al grupo de asesores sospechosos de espionaje entre marzo a mayo de 2008; los justificantes de reportaje; los datos de las tarjetas Solred correspondientes; y los teléfonos móviles que usaron, junto con los detalles de sus facturas.
No obtuvo respuesta. Distintos letrados volvieron a pedir a la juez los mismos datos, también sin éxito. "Ni siquiera ha habido resoluciones de la inadmisión de las mismas, sino más bien las solicitudes han sido aparcadas, sin que ni siquiera se diera traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la validez de las mismas", afirma el PSOE.
Los socialistas volvieron a insistir el pasado 23 de junio; el 13 de julio la juez se dio por enterada y quedó pendiente de "resolver lo que proceda". Dos días después de notificada esa providencia, decretó el archivo provisional. El PSOE considera que lo hizo "de forma precipitada e intempestiva", y concluye que "repele al derecho y al más mínimo sentido común que una conducta de ese tipo y gravedad resulte impune". Denuncia además la equiparación que hace la juez de la prueba caligráfica oficial -que identifica a José Manuel Pinto, empleado de la Consejería de Interior, como autor de las anotaciones de matrículas en los partes del espionaje- y de la privada, que en su opinión "ni se encuentra en autos ni se ha practicado con las debidas garantías procesales".
El PSOE ve chocante que "el fundamento jurídico que se da al archivo sea la imposibilidad de cuantificar lo utilizado y la dificultad de encaje en el tipo penal, aunque se da por hecho que dichos usos se produjeron".
Porque la juez admite "coincidencias" de los partes de los espías con los posicionamientos de los hombres de Gamón durante los seguimientos a Cobo y Prada, revelada por sus teléfonos móviles. Y "lo importante no es lo que hacían sino que lo que hacían está totalmente alejado de los fines públicos y que alguien los utilizaba para fines privados", añade el PSOE.
(www.elpais.com, 21/07/10)
AGUIRRE EVITA PEDIR A PRADA QUE RENUNCIE AL ESCAÑO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no se mojó ayer a la hora de asegurar si, al igual que su consejero Francisco Granados, considera que Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores deben dejar su escaño en la Asamblea regional una vez que el caso de los espías ha sido archivado. "No tengo más que añadir. Fue una reflexión suya", añadió Aguirre al ser preguntada por su opinión. Además del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, Prada, responsable del PP en el Exterior y la diputada autonómica Rodríguez Flores denunciaron haber sido víctimas de los seguimientos.
Aguirre quiso matizar que cuando Granados solicitó a Prada y Rodríguez Flores que dejaran su escaño si les quedaba "dignidad" y empezaran a vivir "de otra cosa", lo hizo de forma personal, no como secretario general del PP de Madrid ni en calidad de consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
No obstante, la presidenta madrileña manifestó que el archivo de este caso demuestra que su Gobierno ha actuado "con la máxima transparencia" y que "no ha ordenado ni ha tenido conocimiento" de los presuntos seguimientos a miembros de su partido por personal de la consejería de Interior. "En España, las acusaciones mediáticas no son prueba, por mucho que hayan merecido cien portadas", recalcó.
Mientras, en la dirección nacional del PP rechazaron ayer entrar a valorar la petición del cese de Prada por parte de Granados. González Pons zanjó la cuestión asegurando que el partido ya abrió una investigación interna sobre este caso.
Por otra parte, preguntado sobre la posibilidad de que el ex ministro Francisco Álvarez-Cascos sea candidato a la presidencia de Asturias pese a la oposición de la formación regional, González Pons hizo una llamada a la calma. Dijo que el PP designará a sus candidatos cuando más convenga a sus intereses electorales.
(www.publico.es, 20/07/10)
LA JUEZ ARCHIVA 'EL CASO ESPÍAS' PESE A LAS PRUEBAS DE LOS SEGUIMIENTOS
La juez Carmen Valcarce ha archivado provisionalmente su investigación sobre el presunto espionaje cometido por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre contra dirigentes de su partido desafectos a ella, como el vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente segundo de su Gobierno Alfredo Prada. Todos ellos del PP. La razón principal de dicho sobreseimiento es que la magistrada se declara incapaz de cuantificar la cuantía del dinero público que costaron tales seguimientos, cuya existencia ni confirma ni desmiente. El auto de la juez, que sigue el mismo hilo argumental del escrito del abogado de los acusados, puede resumirse así: aunque hayan existido seguimientos por agentes públicos a cargos del PP no habría delito porque no se puede concretar lo malversado.
Y, además, la juez teoriza que "el hecho de seguir a una persona no constituye infracción penal alguna, salvo que la información obtenida por este medio se utilice con otros fines que en si constituyen delitos: coaccionar, chantajear, amenazar, secuestrar, etcétera".
La magistrada pone así fin a sus pesquisas antes de que pudiera comparecer como testigo Yolanda Laviana -prueba requerida días atrás por el PSOE-, la ex esposa del presunto jefe de los espías de Aguirre, Sergio Gamón. Esta mujer, ex secretaria en el Senado de Aguirre, aseguró que su ex marido siempre informaba al vicepresidente primero Ignacio González sobre el espionaje a Prada. "La prueba propuesta por un lado solo amplía el campo de investigación, intentando efectuar una causa general que afecta sin base a derechos fundamentales de numerosas personas", afirma la juez. Hay muchas más pruebas que no ha atendido antes de dar carpetazo al sumario.
La juez da por supuesto, en varios pasajes de su auto, que los seguimientos pudieron haberse producido, pero rebaja su categoría: "Se produjeron coincidencias de lugar de determinados teléfonos de los señores Oreja, Caro Vinagre y Coronado Martínez [tres ex guardias civiles asesores del consejero de Interior, Francisco Granados] con el contenido de los citados partes [del espionaje]; sin embargo, la generalidad de los contenidos de estos, unido a la no fiabilidad absoluta de los posicionamientos, sobre todo aquellos que se producen en el centro de la ciudad, hace difícil determinar con claridad suficiente la realidad de esos seguimientos".
La policía, sin embargo, solo reflejó los posicionamientos de los móviles de los agentes que juzgó indudables -tan fiables que la juez les imputó por tales informes- y desechó los discutibles.
Por tanto, los restantes posicionamientos, incluidos los seguimientos de Cobo y Prada cuando acudían a la sede del PP o a sus despachos, fueron considerados precisos y válidos. Y los propios tres ex guardias civiles asesores de Granados confesaron a la juez que siguieron semanas a Prada incluso a localidades ajenas a la ciudad de Madrid, como Chinchón o Brea de Tajo, y corroboraron su marcaje en puntos del centro madrileño. Ahí no había confusión alguna.
Y la juez proclama que un empleado de Granados, José Manuel Pinto, es nada menos que el autor de las notas manuscritas en los partes del espionaje, algo que este le negó reiteradamente. Pero la juez considera que ese dato no conduce a ningún lugar porque no puede establecer una relación de su trabajo con el resto de los imputados.
Casualmente, tanto los tres ex guardias imputados como Pinto estaban a las órdenes de Gamón como liberados, así como los cuatro ex policías (José María Rodríguez, Belén Espartero, Roberto Casielles y Miguel Castaño) a los que no ha llegado siquiera a tomar declaración, al igual que José Palomo.
Los tres ex guardias confesaron a la juez que recibían órdenes de Gamón para hacer sus seguimientos; y Gamón fichó a sus ex compañeros de su época en La Moncloa como asesores.
(www.elpais.com, 16/07/10)
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El cerrojazo judicial se produce justo cuando Yolanda Laviana, la ex mujer de Sergio Gamón, había vinculado a la cúpula del Gobierno de Esperanza Aguirre con la trama del espionaje. Y cuando pedía testificar sobre cómo el entonces director de seguridad de Aguirre usaba en beneficio propio coches y motos de la Consejería de Interior y repostaba con la tarjeta pública para sus coches privados. Ahí había un hilo para investigar una posible malversación. Y había otro filón para escudriñar en lo que le solicitó el abogado de Alfredo Prada: qué coches usó Gamón y su equipo, cuánto gastó en teléfonos y en gasolina... No hubo respuesta y ahora la juez afirma que es difícil cuantificar lo malversado en los seguimientos.
El PSOE lo cifró en dos millones. Las defensas de las víctimas y la propia fiscalía comparten un criterio: si un funcionario dedica su jornada a labores ajenas a su función, está malversando. Bastaría saber su salario para saber cuánto malversa al día, al mes...
La juez emplea argumentos que, en definitiva, benefician a los agentes imputados y asume que tienen unas funciones cargadas de "laxitud e inconcreción". Sin embargo, Gamón y los abogados de sus víctimas del espionaje, paradójicamente, le explicaron a la juez cuáles no podían ser nunca, por ilegales, las funciones de los agentes que trabajaban para Aguirre en la Comunidad: no podían realizar escoltas ni contravigilancias porque no tienen esa competencia. Por tanto, no había ninguna razón legal para que durante un solo segundo fueran la sombra de Cobo o Prada, y, sin embargo, lo fueron durante horas, semanas o meses. Los posicionamientos de los agentes imputados durante abril y mayo de 2008 lo delatan; los partes del espionaje también, y lo corroboraron en su confesión ante la juez sobre Prada. Y tales descubrimientos sobre su labor paralela han sido desvelados por la policía solo cotejando algunos de los teléfonos que usaron los presuntos espías porque Laviana había declarado que dispusieron de más de un teléfono móvil, y ha confirmado este diario. ¿Qué posicionamientos darían el segundo o el tercer teléfono que usaban? Tal vía está ahora cegada.
Y la juez tampoco ha concedido una prueba clave: el listado de llamadas -imprescindible para ver si reportaba a González- y posicionamientos del móvil de Gamón en los meses del espionaje. La propia Laviana oyó a su ex marido que los agentes habían perdido a alguien en las mismas fechas en que los partes anotaban que los espías habían perdido la pista de Cobo o Prada. Pero la juez no ha dado pie a un careo o contradicción sobre tal versión. Ha cercenado la posibilidad de que se oyera a la primera testigo de este proceso dispuesta a ratificar la existencia del espionaje. El caso no se archiva tras agotar la investigación, sino cuando quedaban decenas de pruebas sin atender. Entre ellas, el interrogatorio del resto del equipo de presuntos espías de Gamón: cuatro ex policías y el agente José Palomo.
La juez ha dado por buena una pericial caligráfica privada al agente Pinto, "hecha de espaldas" al proceso judicial, según la defensa de Prada, ya que no se hizo ante un testigo del juzgado, sino ante dos cargos de Aguirre. El auto podría sentar así un grave precedente: seguimientos ejecutados por agentes que cobran de fondos públicos puede salir gratis penalmente.
(www.elpais.com, 16/07/10)
GRANADOS PIDE QUE DIMITA EL EX CONSEJERO DE AGUIRRE ESPIADO
El consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, del PP, pidió la dimisión del diputado del PP de Madrid Alfredo Prada, al que espiaron empleados dependientes de Granados, según admitieron ante la juez del caso, Carmen Valcarce, cuando fueron a declarar como imputados. Prada, que denunció el hecho en los juzgados, precedió en su cargo al actual responsable de Interior y fue vicepresidente regional del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Granados afirmó que el objetivo de Prada y de otra diputada popular que denunció el caso, Carmen Rodríguez Flores, fue "perjudicar al Gobierno" de Aguirre. "Si les queda dignidad, deben dimitir y vivir de otra cosa", afirmó Granados. El consejero, que reiteró que nunca ha habido espionaje en la Comunidad, no pidió la dimisión del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo -el otro objetivo prioritario de seguimiento-, que también fue parte de la acusación. "Los juzgados no le han dado la razón", se limitó a decir.
Alfredo Prada, hoy miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, recurrirá el auto, según fuentes próximas al compañero de escaño de Granados en la Asamblea. Cobo anunció que sus abogados también están sopesando si recurren.
Cobo, mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en unas declaraciones difundidas por su departamento que el auto de la juez que investigaba el presunto espionaje a políticos madrileños demuestra que "hubo seguimientos" por parte de personal de la Consejería de Interior.
"Está probado, no se discute y la juez tampoco lo niega", defiende el vicealcalde, que entiende que los hechos "son absolutamente reprochables" y consisten en el seguimiento a políticos por parte de personas que "no tenían ni competencia ni legitimidad" para hacerlo.
"Ahora bien, la calificación jurídica corresponde a la justicia", apuntó el vicealcalde de Madrid, "y la juez, con las dificultades del procedimiento, no ha podido determinar la cuantía que habría sido destinada indebidamente a esos seguimientos".
(www.elpais.com, 16/07/10)
EL PSOE DE MADRID RECURRIRÁ EL ARCHIVO DEL CASO DE LOS ESPÍAS
El Partido Socialista de Madrid recurrirá el archivo del denominado caso de los espías, al opinar que la jueza que instruye el expediente, Carmen Valcárcel, considera probado que se hicieron seguimientos con medios de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y por lo tanto se ha producido un delito de malversación de fondos públicos.
"En el auto queda probado que se han producido los seguimientos, y por tanto se ha hecho un uso de dinero de los ciudadanos para cosas ajenas a la función pública", señalaron desde los servicios jurídicos del PSM, que mantienen su acusación por un supuesto delito tipificado en el artículo 433 del Código Penal.
La principal queja del PSM es que la jueza no ha tenido en cuenta su solicitud de llamar como testigo a la ex mujer del director de Seguridad, Sergio Gamón, tras las declaraciones de Yolanda Laviana, que revelaban, a su juicio, "aspectos esenciales del funcionamiento de la actividad que dirigía Sergio Gamón" y demostraban "el conocimento que manifiesta tener acerca de los hechos y de la utilización masiva de medios públicos para fines privados".
Para los socialistas, las declaraciones de Laviana, en las que asegura que Gamón daba información de los seguimientos al vicepresidente, Ignacio González, arrojaban luz sobre "las autoridades a las que reportaba constantemente D. Sergio Gamón, aunque él negó cualquier comunicación con superior jerárquico".
Además, sus palabras revelaban, según el escrito remitido a la jueza por los socialistas, "la utilización para fines privados de teléfonos, tarjetas de gasolina, vehículos, así como la posibilidad que tenía para contratar y utilizar a su antojo los medios humanos necesarios para la consecución de los fines alejados del interés público que venían realizando". Este requerimiento buscaba, según informó el secretario general del PSM, Tomás Gómez, hace unos días, desvelar quién es la "señora X del caso de los espías".
Los servicios jurídicos del PSM encuentran además un error jurídico en la incorporación por parte de la jueza en su auto de archivo el informe caligráfico presentado por el agente José Manuel Pinto, imputado en el caso, cuando no ha sido trasladado a las partes, que no han podido recurrirlo.
Tampoco ha fructificado su solicitud de que se librara oficio a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid para que aportara el número o números de teléfono que hubiere sido usado para la realización de su trabajo Sergio Gamón Serrano durante el período de marzo a junio de 2008.
El PSM también reclamó sin éxito la citación como "testigo o en calidad de imputado" a Miguel Castaño, que ocupaba el cargo de subdirector general de seguridad operativa de la Dirección General de Seguridad e Interior de la Consejería, pues a él se refieren en sus declaraciones todos los imputados como "colaborador directo" de Gamón.
Por otra parte, el PSM consideraba oportuno que se citara como testigo o en calidad de imputado a Marcos Peña, asesor de seguridad de la Consejería de Interior, y primera persona que directamente contó a un medio de comunicación la existencia de un grupo de "asesores" que venían realizando "trabajos que desde luego nada tenían que ver con el interés público, y fuera de las competencias de la Comunidad de Madrid".
(www.publico.es, 15/07/10)
LA JUEZ ARCHIVA EL CASO DE LOS ESPÍAS AL NO PODER CUANTIFICAR EL DINERO PÚBLICO QUE SE MALVERSÓ
La juez que instruye el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias por entender que no se puede precisar cuánto dinero se usó en los seguimientos y pese a dar por probado que el empleado de la Comunidad de Madrid José Manuel Pinto realizó anotaciones sobre los partes de seguimiento que recogían las actividades del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y del ex vicepresidente del propio Gobierno regional, Alfredo Prada, tal y como publicó EL PAÍS. La magistrada entiende también que "seguir a una persona no constituye delito".
En el auto de archivo al que ha tenido acceso EL PAÍS, la juez Carmen Valcárce Codes asegura que "los posicionamientos de los teléfonos utilizados por los miembros, que como asesores forman parte de la Dirección de Seguridad de la Comunidad de Madrid [es decir, bajo las órdenes de Sergio Gamón] se produjeron coincidencias" con los partes de seguimiento. Gamón dimitió el pasado 23 de junio después de que este diario publicara una entrevista con su ex mujer que le relacionaba directamente con el espionaje político a las órdenes del vicepresidente primero de Esperanza Aguirre, Ignacio González y que fue despedida tras dichas declaraciones.
La juez, además, da por probado que otro de los empleados de la Comunidad de Madrid, José Manuel Pinto, escribió a mano números de matrícula sobre dichos partes de seguimiento "antes o después" de su redación aunque no establece "una relación de trabajo diario, amistad o confianza entre este imputado" y los propios espías.
La instructora del caso, por otro lado, asegura en el auto que "el hecho de seguir a una persona no constituye infracción penal alguna", por lo que, continúa, "este procedimiento se abrió por si los hechos fueran constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.
Valcarce, no obstante, asegura que "no existen indicios suficientes" de que hayan usado medios materiales del Gobierno regional (vehículos, entre otros) para "usos ajenos", en este caso los espionajes, pero va más allá al indicar que "aun en el caso de que se hubiera producido, dada la laxitud e inconcreción de las funciones que tienen encomendadas los imputados, sería imposible determinar la cuantía que se habría destinado indebidamente".
(www.elpais.com, 15/07/10)
LA JUEZ ARCHIVA EL CASO DE LOS ESPÍAS DE MADRID
La juez Carmen Valcarce ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo del caso del espionaje al no acreditarse que ninguno de los imputados destinaron los bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "de forma principal a actividades ajenas a la función pública", así como que no concurren "indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación".
Este procedimiento arrancó el pasado mayo, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por Cobo el 29 de febrero de 2009.
La 'mano derecha' de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid. Contra esta resolución de archivo cabe recurso de reforma y, subsidiariamente, recurso de apelación.
Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo.
En la causa estaban imputados tres ex guardias civiles asesores de la Consejería de Justicia, el ex director de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón y el empleado público Manuel Pinto. En el auto, la magistrada explica que en los posicionamientos de los teléfonos de los asesores de la Consejería "se produjeron coincidencias de lugar de determinados teléfonos", en alusión a los de los ex guardias civiles.
Sin embargo, añade, "la generalidad de los contenidos de éstos, unido a la no fiabilidad absoluta de los posicionamientos, sobre todo aquellos que se producen en el centro de la ciudad, hace difícil determinar con claridad suficiente la realidad de estos seguimientos". Asimismo, indica que en tres de los partes de seguimiento se han escrito "a mano números de matrículas de vehículos, cuya autoría ha sido determinada por informe pericial caligráfico realizado por la policía científica, correspondiendo a Pinto".
"Ignorando el origen de los partes y el autor de la redacción, sólo se puede considerar que el señor Pinto escribió sobre el papel donde antes o después se redactaron, no habiéndose establecido una relación de trabajo diario, amistad o confianza, entre este imputado y el resto", añade.
Además, reseña que "el hecho de seguir a una persona no constituye infracción penal alguna, salvo que la información obtenida por este medio se utilice con otros fines que en sí constituyan delito: coaccionar, chantajear, amenazar, secuestrar, etc...".
Añade que ninguno de los denunciantes "ha manifestado nada al respecto, no teniendo constancia de que ni privada ni públicamente se haya utilizado información alguna respecto a los denunciantes, siendo la información obtenida en los partes de fácil obtención por otros medios, dada su condición de personajes públicos, quedando abierta la vía civil si consideran que su intimidad no ha podido quedar dañada".
De este modo, recuerda que este proceso se abrió e instruyó por si los hechos fueran constitutivos de delito de malversación de caudales públicos, del artículo 453 del Código penal.
"Sin embargo, de la instrucción practicada no se deduce la existencia del citado delito y ello porque no existen indicios suficientes de que hayan usado dichos efectos a usos ajenos, en el presente caso para hacer seguimientos a terceras personas, pero aún en el caso de que se hubieran producido, dada la laxitud e inconcreción de las funciones que tienen encomendadas los imputados, sería imposible determinar la cuantía que se habría destinado indebidamente", reseña.
Además, señala que "no se puede considerar que el delito pueda aplicarse para aquellos supuestos en los que no se destina de forma estricta a la función pública, bienes tales como teléfonos o vehículos, aplicándolo a cualquier desviación que el usuario hiciera de los mismos, siempre y cuando su destino principal y primordial fuera de destino público".
(www.publico.es, 15/07/10)
EL PP IMPIDE QUE AGUIRRE EXPLIQUE EL CASO DEL ESPIONAJE
La Asamblea de Madrid silencia el caso del espionaje. La Mesa, el órgano rector de la cámara regional controlada por el PP, ha impedido que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, explique el asunto. La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, trató de presentar una pregunta pero la Mesa lo impidió. "¿Piensa asumir responsabilidades políticas una vez conocidos los nuevos datos sobre el caso del presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid?", preguntó Menéndez. Pero nada. Fuentes de la Mesa aseguran que se rechazó por una cuestión formal. "¿A qué se refieren con los nuevos datos? Deben precisarlo y se calificará", desliza.
La semana pasada este diario publicó la declaración de Yolanda Laviana, ex esposa del supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón. Laviana aseguró que este hacía labores de espionaje y que reportaba al vicepresidente regional, Ignacio González. Tras su declaración en EL PAÍS fue despedida de su cargo como secretaria de dirección en Telemadrid y su ex marido presentó la dimisión. La Mesa de la Asamblea también vetó la comparecencia del vicepresidente regional y la del consejero de Justicia, Presidencia e Interior, Francisco Granados. La portavoz socialista, Maru Menéndez, explicó que el argumento que recibió para ver tumbadas sus iniciativas era que el Gobierno regional "no es competente" en esos asuntos. "Nadie en la Comunidad es competente en espionaje, y nadie del Gobierno regional debería haber participado en estos espionajes, que suponen la degradación moral y política de un gobierno en descomposición". Por su parte, el PSM anunció ayer que pedirá la declaración de tres nuevos testigos en el caso del espionaje. Entre ellos, el de Laviana.
(www.elpais.com, 30/06/10)
GONZÁLEZ CALLA ANTE LA ACUSACIÓN DE QUE ORDENÓ ESPIAR A PRADA
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no quiso entrar ayer a valorar las acusaciones que le ubican como la persona que ordenó el espionaje al ex consejero de Justicia madrileño, Alfredo Prada.
Su comparecencia de ayer fue la primera intervención pública de un miembro del Ejecutivo madrileño después de que Sergio Gamón, presunto jefe de los espías, renunciara a su cargo como director de Seguridad y Yolanda Laviana, su ex mujer, fuera despedida como secretaria del presidente de Telemadrid. El lunes, esta había concedido una entrevista en la que apuntaba a González como la persona a la que su ex marido reportaba los espionajes sobre Prada.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González rechazó en dos ocasiones pronunciarse sobre las acusaciones de Laviana a El País. Declaraciones como: "Ignacio González era con quien hablaba mi ex marido de sus averiguaciones sobre Prada".
González enmarcó las palabras de Laviana, secretaria de Aguirre en su etapa de presidenta en el Senado, en el contexto de "una situación familiar compleja" un proceso de divorcio. "Yo sobre las declaraciones de esta señora no tengo nada que añadir", respondió la primera vez que fue preguntado. Más tarde, aclaró que no la conocía de nada. Todo lo contrario que la presidenta madrileña, que el pasado lunes calificó a su ex secretaria de persona "muy respetable", a la vez que recordó que de declaraciones "de divorcio" han salido otros escándalos como "el caso de Juan Guerra".
A tenor de las declaraciones de González, ni él, ni la Comunidad de Madrid tienen previsto emprender medidas legales contra Laviana, vinculada a altos cargos del PP en los últimos diez años. En todo caso, sostuvo, será su ex marido "el que tendrá que actuar si lo considera".
González confirmó que, tal y como estaba previsto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid había aceptado el cese de Gamón. Y que, de momento, no se le ha buscado sustituto. En este sentido, no precisó si, en base a los recortes de personal puestos en marcha por el ejecutivo regional, se prescindirá del puesto.
En su comparecencia, González no supo aclarar las funciones exactas que desempeñaba Gamón. Para ello, remitió a la comparencia del supuesto jefe de los espías en la Asamblea.
Además, subrayó que la comunidad "no tenía conocimiento" de que se hubieran producido seguimientos desde 2008 y afirmó que se han hecho "todo tipo de actuaciones judiciales sobre llamadas y posicionamientos", un tema que "está en trámite judicial".
La confianza de Aguirre en Laviana se puso de manifiesto en el proceso judicial por acoso sexual al que se enfrentó el presidente de Telemadrid, Manuel Soriano. En este caso, la ex secretaria, que trabajaba junto a la denunciante, declaró a favor de quien el miércoles dejó de ser su jefe.
(www.publico.es, 25/06/10)
Tomás Gómez: "Aguirre es la jefa de 'La Familia'"
El secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha señalado este viernes que las informaciones aparecidas en los últimos días sobre el caso de espionaje demuestran que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, es 'la jefa', "como la denominaba el ex director de Seguridad, Sergio Gamón", de la 'La Familia', "al más puro estilo mafioso", y que sus dos hombres fuertes en el Gobierno, Ignacio González y Francisco Granados, "han dirigido operaciones de espionaje".
El PP trata de presentar la trama de los espías como un simple "conflicto familiar"
El PSM afirma que el cese de Gamón "demuestra que hubo espionaje"
Gamón pasó a alto cargo de Aguirre por espiar a la secretaria que denunció por acoso sexual...
Telemadrid despide a la ex mujer de Gamón tras aportar novedades al caso de los espías
Sergio Gamón presenta su dimisión a Granados después de las acusaciones de su ex mujer
El PSOE pide que testifique la ex mujer de Sergio Gamón, jefe de los presuntos espías
Así de duro se ha mostrado Tomás Gómez tras mantener un encuentro con el Grupo Municipal de San Sebastián de los Reyes, localidad madrileña que, a su entender, estará gobernada a partir del año que viene por el secretario general del PSOE local, Narciso Romero: "Será un excelente alcalde", ha dicho el líder de los socialistas madrileños.
Con dinero público
En especial, Gómez criticó que estas operaciones de espionaje se hayan pagado con "dinero de los impuestos y se ha robado a los madrileños al menos dos millones de euros".
"Indecente e inmoral"
Por ello, el líder de los socialistas madrileños aseguró que "hay razones suficientes para que Aguirre abandone", puesto que consideró "inmoral, indecente y poco democrático" que se mantenga en su puesto como presidenta de la Comunidad de Madrid, informa Europa Press.
Por el espionaje
Las declaraciones de Gómez se producen con motivo de la publicación de la entrevista a la ex mujer de Gamón, Yolanza Laviana, en la que aseguraba que el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, era con quien hablaba con su ex marido de sus averiguaciones que salían de los seguimientos al ex consejero de Justicia madrileño Alfredo Prada, uno de los políticos supuestamente espiados junto con, por ejemplo, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.www.elplural.com 25.06.10
PSOE Y UGT EXIGEN INVESTIGAR CÓMO USÓ GAMÓN MEDIOS Y FONDOS PÚBLICOS
El PSOE ha solicitado a la juez que instruye el caso del presunto espionaje en la Comunidad de Madrid que investigue si Sergio Gamón, ex director general de Seguridad con Esperanza Aguirre, usó en beneficio propio medios y fondos del Gobierno regional.
Basándose en las declaraciones a EL PAÍS de la ex esposa de Gamón, Yolanda Laviana, el letrado de ese partido exige que se verifique "la utilización para fines privados de teléfonos, tarjetas de gasolina, vehículos, así como la posibilidad que [Gamón] tenía de contratar y utilizar a su antojo los medios humanos necesarios para la consecución de los fines alejados del interés público que venían realizando".
Laviana reveló en sus declaraciones varias presuntas irregularidades de Gamón: repostaba el coche privado, un Audi, con la tarjeta que sufragaba la Comunidad de Madrid; él y sus personas allegadas usaban para fines particulares los coches oficiales; en su chalé de Casar de Escalona fueron instaladas unas videocámaras de vigilancia por Gamón y Miguel Castaño, el subdirector general de Seguridad, sin que Laviana conociera factura alguna; y se reservó para sí una moto Yamaha de lujo que aseguraba que era un regalo y en realidad pertenecía a la Consejería de Interior de la Comunidad.
El PSOE también ha pedido que testifiquen en el juzgado Miguel Castaño y Marcos Peña, ex policía asesor del actual consejero de Interior, Franciso Granados. Asimismo, ha solicitado que se identifiquen todos los teléfonos que usó Gamón, los posicionamientos de sus móviles entre marzo y junio de 2008, y las llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares vinculados con las mismas.
UGT ha salido al paso del fulminante despido de Laviana como secretaria del presidente de Telemadrid, Manuel Soriano. En un duro comunicado, el sindicato plantea interrogantes: "¿Acaso Soriano ha dejado de ser presidente del consejo de administración de esta empresa [Telemadrid], ya que esta es la obra del contrato de Yolanda Laviana? ¿Ha sido la propia presidenta de la Comunidad la que ha ordenado que se despida a Laviana?".
La ex mujer de Gamón también aseguró que Noelia del Val, la secretaria de Soriano que le denunció por acoso sexual, fue investigada por un equipo dirigido por su ex marido. UGT exige, respuesta para estas otras cuestiones: "¿Pagó la dirección de Telemadrid o la presidencia de la Comunidad una investigación de acoso clandestina e ilegal contra una trabajadora de esta empresa? ¿Cometieron perjurio o indujeron a falso testimonio miembros de la dirección de esta empresa en el juicio por acoso sexual contra Soriano? ¿Esta dirección o algún miembro de la misma ha espiado y pinchado teléfonos, robado pertenenencias o realizado seguimientos a trabajadores de la empresa?".
Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, receptor de los informes clandestinos que emitía Gamón sobre los objetivos espiados según Laviana, se zafó ayer pregunta tras pregunta de las graves acusaciones vertidas sobre él. "Le vuelvo a decir que no voy a entrar en las declaraciones de esta señora, con la que no tengo ninguna relación ni la he tenido nunca. Insisto, son declaraciones hechas en el contexto de un conflicto familiar". Y aseguró que el Gobierno regional no emprenderá acciones legales contra Laviana, que fue secretaria de Aguirre cuando era presidenta del Senado: "Imagino que será su ex marido, el que, si lo considera, tendrá que actuar".
(www.elpais.com, 25/06/10)
ESPERANZA AGUIRRE DEJA CAER AL JEFE DE LOS ESPÍAS TRAS SER ACUSADO POR SU EX ESPOSA
Esperanza Aguirre aceptó ayer la dimisión del jefe de la trama de espionaje político de Madrid, Sergio Gamón, ya imputado en esta causa por la juez. La presidenta regional ha tomado esta decisión 16 meses después de que EL PAÍS destapara el escándalo del espionaje por parte de agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid a los adversarios de Aguirre dentro del PP, el ex vicepresidente regional Alfredo Prada y el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo.
La dimisión se produce sólo 48 horas despúes de que Yolanda Laviana -ex esposa de Gamón y ex secretaria de Aguirre cuando presidió el Senado- detallara que su ex marido había espiado a Alfredo Prada, ex vicepresidente autonómico, desde que fue nombrado director general de Seguridad, en mayo de 2006. Laviana precisó en EL PAÍS que el receptor de los informes de Gamón sobre Prada era Ignacio González, vicepresidente y mano derecha de Aguirre.
El pasado lunes, Aguirre no quiso entrar en el fondo de las declaraciones de Laviana porque aseguró que ella -hasta ayer secretaria del presidente de Telemadrid- vivía un "divorcio difícil". Y aunque aseguró que daba fe de que Laviana era una "persona muy respetable", matizó que eso no le daba presunción de credibilidad en lo que denunciaba. Pese a ello, tras ironizar que a veces de los divorcios salen escándalos como el de Juan Guerra -hermano del ex vicepresidente socialista implicado en presuntos tratos de favor-, afirmó que lo investigaría y que se producirían ceses si hallaba irregularidades.
No consta si Aguirre ha hecho una investigación interna. Pero el pasado martes por la tarde recibió a Gamón en su despacho durante una hora. No trascendió el diálogo. Gamón salió con cara de pocos amigos. Al día siguiente, ayer miércoles, Gamón comunicaba su dimisión, horas después de que la Presidencia de Telemadrid despidiera a su ex esposa tras haberlo acusado de espiar al ex vicepresidente segundo Alfredo Prada en favor del vicepresidente primero.
Aguirre no había reaccionado hasta ahora, a pesar de la acumulación de pruebas que señalaban la existencia de la trama de espionaje. Entre ellas, dos informes telefónicos delatando la presencia continua de varios agentes de Granados siguiendo a Prada o al vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, en abril y mayo de 2008. O la confesión de los ex guardias, que admitieron haber seguido a Prada por orden de Gamón noche y día durante semanas. O los partes del espionaje difundidos por este diario, que detallaban datos reservados de imposible obtención sin mediar los seguimientos, y que coincidían al milímetro con los informes telefónicos y las agendas de Cobo y Prada. O la prueba pericial caligráfica que concluyó que un empleado de la consejería de Interior, José Manuel Pinto, era el autor de las anotaciones manuscritas en los partes, lo mismo que aseveró una doble pericial contratada por este diario.
Ninguna de esas pruebas movió a la presidenta a actuar. Pero ahora, tras las declaraciones de la ex mujer de Gamón, Aguirre ha admitido el cese del presunto jefe del equipo de espías anclado en su Gobierno. Aunque no ha explicado las razones que la han llevado a dar ese paso.
Sergio Gamón es el hombre al que ella confió su seguridad cuando era ministra de Cultura, presidenta del Senado y luego presidenta del Gobierno de Madrid. Aguirre sabe desde hace años lo difícil que era el divorcio de Laviana, pero sólo ha despedido a ambos cuando su ex secretaria ha denunciando las actividades ilegales de Gamón que ella presenció durante años.
El PSOE no está dispuesto a que Aguirre presente el caso como un conflicto familiar, advierte la portavoz socialista, Maru Menéndez. "Es un caso muy grave. Y lo que importa es el espionaje que ella denuncia". Por esta razón, el PSOE ha pedido que testifique Laviana ante la juez que investiga el espionaje. Un testimonio clave en este caso.
(www.elpais.com, 24/06/10)
TELEMADRID DESPIDE A YOLANDA LAVIANA TRAS DENUNCIAR QUE SU EX MARIDO ESPIÓ A PRADA
Yolanda Laviana fue despedida ayer fulminantemente como secretaria del presidente de Telemadrid, Manuel Soriano, el mismo alto cargo a favor del que testificó cuando fue acusado de acoso sexual.
Ángel Martín Vizcaíno, subdirector de Telemadrid, le comunicó el despido. A falta de una versión de dicha cadena, solicitada ayer sin éxito, Laviana explica que dicho cargo le invitó a tomar un café por la mañana y le reprochó que hubiera concedido una entrevista a EL PAÍS que detallaba las actividades ilegales de su ex esposo, Sergio Gamón. Laviana replicó que acudió a EL PAÍS porque nadie de los que conocían en el Gobierno de Aguirre los atropellos de Gamón que sufría, incluido el presidente de Telemadrid y miembros del Gobierno, le habían querido escuchar.
Martín Vizcaíno le preguntó qué pruebas tenía de las acusaciones que había vertido contra Ignacio González, vicepresidente de Aguirre, al que Laviana había descrito como el inductor y receptor de las investigaciones que hizo desde el principio Gamón contra el ex vicepresidente Alfredo Prada, a pesar de que era su jefe orgánico.
Laviana le dejó con la duda a Martín Vizcaíno. Solo le indicó que todas las pruebas que tenía estaban en poder de su abogado. Acto seguido, este subdirector de Telemadrid anunció que iba a despedirla porque su trabajo se había vuelto inviable en el canal tras sus declaraciones. Vizcaíno le ofreció firmar un despido improcedente con una indemnización de 25.000 euros. Laviana rechazó tal acuerdo. Porque no ve razones para ser despedida tras haber sido una secretaria leal a su jefe, como anteriormente lo fue a Esperanza Aguirre y a Juan José Lucas cuando fueron presidentes del Senado.
Curiosamente, el pasado lunes, la propia Aguirre tildaba de "persona muy respetable" a Laviana, al tiempo que se jactaba de ponerse siempre en favor de la mujer en estos casos, y precisó que ella estaba viviendo un "divorcio difícil". Dos días después, la presidenta consintió que se despidiera a la primera persona a sueldo del aparato de la Comunidad de Madrid que es capaz de confirmar que ha existido una trama de espionaje que fue amparada y alimentada por Ignacio González y Francisco Granados, consejero de Interior, que lideraba su ex esposo, Sergio Gamón, y que contaba para sus labores de un equipo de ex policías y ex guardias civiles.
En suma, el mismo relato que la investigación judicial ha acreditado tras destapar EL PAÍS el escándalo hace más de 16 meses.
Laviana no ha acusado a personajes de menor rango del Gobierno de Aguirre sino que ha señalado con su dedo a subordinados de Granados que ya estaban imputados por el espionaje. Y solo ha añadido el detalle, gran detalle, de a quién informaba y daba cuenta Gamón de sus pesquisas ilegales sobre Prada y demás objetivos.
(www.elpais.com, 24/06/10)
GAMÓN ESPIÓ A LA SECRETARIA QUE DENUNCIÓ AL JEFE DE TELEMADRID, SEGÚN LAVIANA
El 9 de junio de 2005, Noelia del Val, secretaria del director de Telemadrid, Manuel Soriano, le denuncia por acoso sexual. Dos investigaciones se ponen en marcha. Una es transparente y legal, la dirigen un juez y un fiscal que da la razón a la querellante. La otra, clandestina e ilegal, la dirige un inspector de policía, Sergio Gamón, que no está al servicio del juzgado, sino del Gobierno de Aguirre, aunque entonces ejerce de jefe de la escolta de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Su ex esposa, Yolanda Laviana, no solo confirma su intervención en tales pesquisas ilegales -"hay que acercarse a ella y a su entorno y grabarle, le decía mi marido a Ignacio González"-, sino que asegura que Aguirre le nombró director general de seguridad por los servicios prestados en aquel escándalo. La denuncia fue archivada por la Audiencia Provincial. Laviana, que ayer fue despedida como secretaria de Soriano, hoy presidente de Telemadrid, por sus acusaciones en este diario contra Gamón, está dispuesta a testificar en el juzgado sobre el espionaje, y el PSOE ha solicitado ya su interrogatorio.
Laviana explica así el nombramiento de Gamón como director general de seguridad de la Comunidad de Madrid en mayo de 2006. "Hoy creo que le fichó por el tema de Noelia del Val [secretaria que denunció por acoso sexual a Manuel Soriano, entonces director de Telemadrid].
Pensé que era un compromiso que ella tenía para recuperarlo como hombre de confianza. Hoy creo que en el momento que se hizo fue porque lo necesitaba conmigo para el tema de apoyo que necesitaba Soriano de investigación". Laviana fue precisamente testigo ante el juez del caso, y apoyó durante su interrogatorio la tesis de Soriano de que nunca sometió a acoso sexual a Noelia del Val.
"Hoy diría lo mismo que dije entonces. Que no hubo acoso sexual". Asegura Laviana que siempre vio que entre ambos hubo una relación muy cordial, nunca tensa, ni de acoso. Pero tal convicción suya no excluye la brutal maniobra que presenció en primera persona del aparato de Aguirre en contra de la denunciante del director de Telemadrid.
¿Cuál fue el papel jugado por Gamón en ese escándalo? "Sé que a él lo llamaron para pedirle información de cómo estaba yo y cómo veía yo el tema, y él me acompañó en una cita que tuve con un ex policía, que decía que estaba investigando para ayudar en el tema de Noelia del Val, para ayudar a Soriano entiendo, y requerían de mí información sobre su vida personal y profesional. Yo de la vida personal de Noelia sólo le contaba detalles al juez, pero es cierto que a mi marido cuando me interrogaba, yo le contestaba. Yo, sobre la vida privada de Noelia, sólo le hablaba a él y al juez".
¿Qué datos exigía Gamón? "Quería saber de su relación con M.F., un directivo de Telemadrid, la relación de desequilibrio o tormentosa con su pareja, un camionero, y cómo ella decía que había sufrido violencia de una de sus parejas". Laviana corrobora que Del Val fue espiada por el equipo que lideraba Gamón. "De Noelia llegó a saberse todo. Desconozco si es legal o no, o si es lo normal cuando se recopila información sobre quien denuncia. Pero lo sabían todo". ¿Qué es todo? "Pues cuántas veces había ido a hospitales, o si había partes médicos. Una vez escuché que le indicaba a Ignacio González que deberían pegarse a ella gente joven en discotecas o con su entorno, hacerlo camuflados, y grabarles, y preguntar a su hermano en el bar".
Laviana precisa aún más detalles: "En el tema de la denuncia de acoso sexual a Manuel Soriano, Sergio Gamón, estando con la vicepresidenta del Gobierno, es requerido por la presidenta y Nacho González [el vicepresidente primero] para ayudar a Soriano".
Y añade sobre la labor de su ex marido: "Le llamaban de Sol [sede de la presidencia regional] y se reunían con él para saber de mí y conocer mi opinión sobre el tema y valorar la situación, pero jamás hablaron conmigo de ello, era mi marido el encargado de interrogarme y de solicitarme información sobre Soriano, Noelia y la situación en Telemadrid. Hoy con todos los datos que tengo creo que hábilmente me utilizaron para tener información. Es en esas fechas y en esta ocasión cuando le ofrecen a Gamón lo que realmente quiere, ser director general de seguridad, y él sabe que cuenta con el beneplácito de Ignacio González y con las reservas de Alfredo Prada [entonces consejero de Interior y su teórico jefe}, pues le era impuesto. Por lo tanto, y desde el principio Sergio trabajaba a las órdenes de Nacho González y para Nacho González, aunque su jefe inmediato fuera Prada, Sergio sabía que era impuesto y estaba encantado con esta situación. esto le endiosaba".
Laviana da más datos de los movimientos de la ofensiva contra Noelia del Val: "El subdirector [de Telemadrid] Vizcaíno me pide que me reúna con un policía retirado que trabaja para el PP y que va a ayudar recabando información sobre el tema de Noelia. Me reuno en una cafetería de Pozuelo, en Kinépolis, y me pide que lleve o escriba todo lo que recuerde de ella personal o profesionalmente, que estuviera tranquila, que era un policía retirado que trabajaba para el PP y estaba en el Canal de Isabel II.
Cuando nos volvemos a ver, Sergio viene conmigo, porque él ya ha hablado con la presidenta y me acompaña, pero yo no le doy a esta persona ninguna información sobre la vida personal de Noelia, nada más la comento con Sergio y luego con el juez. A este señor lo vuelvo a ver en el único acto al que acompaño a Sergio en tres años, su toma de posesión".
"Durante ese tiempo", añade Laviana, "vi cómo hablaban sobre todos los pormenores de la vida de Noelia y de sus amigos. En los interrogatorios que me hacía Sergio (eran eso más que conversaciones) contaba algunas de las confidencias que Noelia hacía a su entorno de trabajo, como que se casaba a fines de año con M.F.".
Habla Noelia del Val
El testimonio que brinda Laviana, y que obra en poder de su abogado, coincide con la percepción que tuvo entonces Noelia del Val, la secretaria que denunció por acoso a Manuel Soriano: "Que fui espiada, es verdad, que fui seguida, es verdad. Me siguieron cuatro sujetos. Uno de ellos era alto y calvo. Una vez me encaré con uno. Le dije que me dejara de seguir. Y se dio la vuelta. No puedo decir quiénes eran, pero tengo mis sospechas, que me reservo. Usaban dos coches, uno rojo y otro negro. Vigilaban mis citas con mi abogada y con mi psicóloga. Mi teléfono de casa estuvo pinchado. Había interferencias cuando hablaba y me robaron el móvil de mi despacho en Telemadrid cuando lo tenía en mi bolso. Y se inventaron que había sufrido malos tratos de mi ex pareja".
(www.elpais.com, 24/06/10)
EL DIRECTOR DE LA PRESIDENTA
Sergio Gamón llegó a la Comunidad de Madrid en 2006, dos años después de que Esperanza Aguirre ganase las elecciones y formase Gobierno. La presidenta madrileña eligió entonces como consejero de Interior a Alfredo Prada, al que hizo además vicepresidente. Aguirre, que es capaz de imponer hasta a la última secretaria de una consejería, impuso a Prada un director general de Seguridad: Sergio Gamón. Prada no tenía ninguna confianza en Gamón, que ya había trabajado como jefe de Seguridad con Aguirre años antes durante su etapa en el Senado y el Ministerio de Cultura.
La rivalidad entre Gamón y Prada floreció en poco tiempo. Prada llegó a declarar al fiscal que Sergio Gamón le ninguneaba, le puenteaba y que actuaba por libre. La ex esposa de Gamón asegura que su ex marido respiró cuando Aguirre quitó a Prada de Interior. A partir de ese momento trabajó con las manos libres.
Francisco Granados, su nuevo jefe, llegó a la Consejería de Interior en 2007, pero no cambió a Gamón porque era el director general de la presidenta. Cuando por fin le destituyó en 2008 por el escabroso robo de un ordenador, Aguirre exigió a Granados que le volviese a contratar. Lo hizo, aunque le apartó de funciones, y le siguió pagando más de 90.000 euros.
(www.elpais.com, 24/06/10)
UN TESTIMONIO CLAVE QUE APUNTA AL CORAZÓN DEL GOBIERNO REGIONAL
Yolanda Laviana lleva 11 años como secretaria de confianza de altos cargos del PP. Primero estuvo con Esperanza Aguirre, que no solo la colocó en el despacho de la Presidencia del Senado en 1999 sino que nombró a su marido, Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 2006 e hizo a su hija concejal del PP en Fuenlabrada.
Aguirre siguió protegiéndola mucho después. En 2005, Laviana pasó a Telemadrid como secretaria del director general, Manuel Soriano, ex jefe de prensa de Aguirre. Hasta ayer, Laviana continuaba como secretaria de Soriano, pero ya en la presidencia de Telemadrid.
Aguirre siempre ha respetado a Yolanda Laviana y ha confiado en ella. Hasta el punto de que su testimonio resultó clave en el proceso judicial abierto a Soriano por supuesto acoso sexual a una secretaria. Laviana, que trabajaba junto a la denunciante, declaró a favor de Soriano. Y Aguirre reconoció el valor de ese testimonio y pidió expresamente que se cuidara a la familia Laviana / Gamón.
Pero ahora, cuando otro testimonio de Laviana, en pleno proceso de divorcio con Gamón, ha puesto bajo sospecha a su vicepresidente Ignacio González, e indirectamente a ella misma, Aguirre ha optado por despedir de Telemadrid a la mujer en la que tanto confiaba. Un despido improcedente, según el documento que facilitaron ayer a Laviana para ponerla de patitas en la calle.
Laviana ha declarado a EL PAÍS que su ex marido espió al que entonces era vicepresidente regional, Alfredo Prada, e informó de todo a Ignacio González, supuesto jefe de la trama de espionaje. Laviana salva a Granados, el consejero de Interior bajo cuyo mandato se produjeron los espionajes conocidos a Prada y Cobo. Aunque no del todo, pues lo considera el instrumento útil, el cómplice necesario de su marido que le dejó hacer sin preguntarle nada. Las respuestas había que dárselas a González.
Gamón, por otra parte, debía su puesto a una sola persona: Esperanza Aguirre. La investigación determinará si espiaba para ella.
(www.elpais.com, 24/06/10)
DIMITE SERGIO GAMÓN, EL SUPUESTO RESPONSABLE DEL ESPIONAJE EN MADRID
El director del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, supuesto cerebro del espionaje a cargos madrileños del PP, ha presentado su dimisión, según fuentes de la comunidad. Gamón ha motivado su cese, presentado ante el consejero de Interior, Francisco Granados, argumentando que quiere preservar su intimidad y separar su vida personal de su vida profesional.
La dimisión de Gamón coincide con la destitución de su ex esposa Yolanda Laviana de la dirección de Telemadrid tras haber denunciado en EL PAIS que su ex marido espió al vicepresidente regional Alfredo Prada desde que tomó posesión del cargo en mayo de 2006.
El caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid comenzó después de que este diario revelara la existencia de partes de seguimientos supuestamente realizados por funcionarios de la Consejería de Interior de Esperanza Aguirre al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, rival de Aguirre), y el ya ex consejero Alfredo Prada. Los partes detallaban datos muy precisos sobre los desplazamientos de ambos por Madrid capital y localidades limítrofes, reuniones privadas, cenas.
Cobo y Prada denunciaron el supuesto espionaje ante la justicia, que ha recabado pruebas de que empleados de la Francisco Granados, consejero de Interior, a las órdenes de Sergio Gamón habían estado muy cerca de los espiados en las mismas fechas que se relataban en los partes. La justicia investiga si se utilizaron fondos públicos para estos cometidos, lo que podría traducirse en un caso de malversación, además de en un escándalo político en la antesala del despacho de Esperanza Aguirre.
Entre abril y mayo de 2008 está acreditado judicialmente que miembros del grupo que dirigía Sergio Gamón (tres ex policías y tres ex guardias civiles) fueron la sombra de Cobo y Prada. Sus posiciones en varios puntos de la ciudad, conocidas gracias a los partes de las compañías telefónicas sobre la situación de sus teléfonos móviles, coinciden al milímetro con las ubicaciones en esos momentos de ambos políticos y con los partes que publicó este diario.
La situación dio un giro esta misma semana después de que Laviana declarase a este diario que los informes supuestamente elaborados por Gamón sobre Alfredo Prada fueron entregados a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y uno de los hombres fuertes del Gobierno de Esperanza Aguirre. "Sergio empezó a investigar a Prada casi desde su nombramiento en 2006. No tenía infraestructura pero estaba espiando desde el principio. Ignacio González recibía anónimos y como había entre enfrentamiento entre González y Prada... desde el principio empezó a investigar a Prada".
20 AÑOS DE ESCOLTA EN LA POLICÍA
La carrera del inspector Manuel Sergio Gamón Serrano estuvo siempre centrada en la escolta de personalidades hasta que Esperanza Aguirre lo fichó como director general de Seguridad.
- Casa del Rey. Estuvo en este destino desde 1987.
- Ministerio de Educación y Cultura. Esperanza Aguirre se lo lleva de jefe de su escolta como ministra en 1996.
- Presidencia del Senado. Va con Aguirre al Senado en 1999 hasta finales de 2000, cuando se va a hacer el curso para inspector.
- Coordinador de escoltas. Desde mediados de 2003, fue el coordinador de las escoltas del ex director general de la Policía Carlos Conde Duque; la ex ministra de Administraciones Públicas Julia García-Valdecasas; el ex secretario de Estado José Luis Méndez Romeu; la ex comisaria europea, Loyola de Palacio; el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado; el ex ministro Jordi Sevilla y del ex secretario de Estado Rafael Vera.
- Vicepresidenta del Gobierno. Entre diciembre de 2004 y mayo 2006 fue la sombra de María Teresa Fernández de la Vega.
(www.elpais.com, 23/06/10)
AGUIRRE DESPIDE A LA SECRETARIA DEL PRESIDENTE DE TELEMADRID TRAS DENUNCIAR EL ESPIONAJE
La dirección de Telemadrid ha despedido hoy a Yolanda Laviana, ex esposa del director general de Seguridad de Madrid, Sergió Gamón, tras haber denunciado en EL PAIS que su ex marido espió al vicepresidente regional Alfredo Prada desde que tomó posesión del cargo en mayo de 2006. El subdirector general que le ha comunicado el cese, Ángel Martín Vizcaíno, le ha explicado que su trabajo era inviable tras haber acudido a este diario.
Con ello, Aguirre se cobra el primer cese por el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid: mantiene en nómina a los cuatro imputados por perpetrarlo, Gamón y tres ex guardias civiles, pero despide a la mujer que se había ofrecido a testificar en dicha causa.
Tras la publicación de la entravista, la propia Aguirre enmarcó las declaraciones en el proceso de divorcio que siguen Laviana y Gamón. Laviana fue durante varios años secretaria de Aguirre cuando era presidenta del Senado. Actualmente, era secretaria del presidente de Telemadrid, Manuel Soriano.
(www.elpais.com, 23/06/10)
AGUIRRE DESPIDE A LA SECRETARIA DEL PRESIDENTE DE TELEMADRID TRAS DENUNCIAR EL ESPIONAJE
El diario El País publica en su diario digital que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha despedido a la que hasta ahora fue secretaria del presidente de Telemadrid, Yolanda Laviana, por declarra a este diario que su marigo, Sergio Gamón, espió al vicepresidente regional Alfredo Prada
Laviana había declarado que su ex marido, Sergio Gamón, director general de Seguridad de Madrid, espió a Alfredo Prada, l vicepresidente regional, desde que tomó posesión del cargo en mayo de 2006.
El encargado de comunicarle su cese en la televisión autonómica fue el subdirector, Vizcaíno, quien le expresó que su trabajo era inviable tras sus declaraciones en el citado diario, según recoje el diario El País
Aguirre se ha cobrado a su primera víctima tras el sonado caso del espionaje en la Comunidad de Madrid . Durante varios años, Laviana fue secretaria de la actual presidenta madrileña cuando era presidenta del Senado.
(www.cadenaser.com, 23/06/10)
EL PSOE PEDIRÁ QUE TESTIFIQUE LA EX ESPOSA DEL JEFE DE LOS ESPÍAS DE AGUIRRE
Wilfredo Jurado, letrado que defiende la acusación particular en nombre del PSOE en el caso del espionaje presuntamente perpetrado por agentes de la Comunidad de Madrid contra el vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente regional segundo, Alfredo Prada, anunció ayer que pedirá la comparecencia como testigo de Yolanda Laviana, ex esposa de Sergio Gamón, ex director general de Seguridad del Gobierno de Esperanza Aguirre imputado en esta causa.
Su solicitud se produce a raíz de que Laviana manifestara a este diario que Gamón empezó a realizar investigaciones sobre Prada prácticamente desde su nombramiento, en mayo de 2006, como director de seguridad, y que informó siempre de sus pesquisas extraoficiales al vicepresidente primero Ignacio González. Jurado también pedirá que se interrogue a Miguel Castaño, ex jefe de escolta del ex ministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja, al que Gamón fichó como su número dos en la Comunidad de Madrid.
A tenor del relato de Laviana, al principio, todas las pesquisas ajenas a su labor oficial las realizó Gamón con Castaño. Posteriormente, según la ex esposa de Gamón, cuando Francisco Granados asumió la Consejería de Interior, su ex esposo tuvo total "carta blanca" para adquirir los medios y el personal de confianza que necesitaba para su labor de obtener información sobre los objetivos que se marcaba.
Por otro lado, Jurado reiterará a la juez la necesidad de que solicite las llamadas y las posiciones del teléfono móvil de Gamón en los meses críticos del espionaje, abril y mayo de 2008.
Pero Laviana ha puesto en evidencia que los informes telefónicos sobre los agentes sospechosos pueden ser incompletos. Porque el grupo -tres ex policías y tres ex guardias civiles contratados como asesores- que lideraba Gamón dispuso de más de un móvil por agente. Y Gamón, en todo caso, llegó a manejar tres teléfonos móviles.
De conocerse qué otros móviles usaron los agentes investigados, podrían ser ubicados en lugares donde hasta ahora no se había hallado su rastro.
Aguirre evitó ayer entrar en el fondo de las declaraciones de Laviana. Afirmó que su ex secretaria en el Senado estaba viviendo un "divorcio muy conflictivo", sin explicar qué información poseía al respecto para definirlo así. Agregó que ella solía ponerse de parte de la mujer en estos casos y calificó de "muy respetable" a la ex esposa de Gamón, para añadir que, sin embargo, todo ello no "le da presunción de credibilidad". Laviana, sin embargo, no habló nunca de su vida conyugal.
Solo reflejó su conocimiento directo de la labor real de Gamón desde su puesto de director general de Seguridad que, por lo que ella presenció, no se limitó a sus competencias legales: control de edificios y del juego. Por el contrario, según Laviana, investigó corruptelas del Ayuntamiento de Madrid, pidió datos sobre Juan José Lucas, ex presidente del Senado; e hizo pesquisas sobre Prada. El PSOE pedirá que comparezcan en la Asamblea Aguirre, González y Granados.
José Manuel Pinto, empleado de Granados, negó ayer ante la juez ser el autor de las anotaciones manuscritas en los partes, aunque una pericial policial así lo acredita. Pinto acudió con una pericial privada realizada en la sede de la Consejería de Interior que afirma lo contrario.
(www.elpais.com, 22/06/10)
"GAMÓN YA INVESTIGABA DESDE 2006 A PRADA PARA IGNACIO GONZÁLEZ"
Yolanda Laviana ha sido persona de confianza de varios altos cargos del PP en los últimos 11 años. Hoy trabaja como secretaria del presidente de Telemadrid, Manuel Soriano, pero ya ocupó idéntico puesto con Esperanza Aguirre y Juan José Lucas cuando estos presidieron el Senado, entre 1999 y 2004. Laviana estuvo casada hasta 2009 con Sergio Gamón, ex director general de Seguridad del Gobierno de Aguirre, e imputado por el espionaje al ex vicepresidente regional Alfredo Prada y al vicealcalde madrileño, Manuel Cobo.
Gamón fue destituido de su cargo en agosto de 2008 por el supuesto robo de un ordenador, y contratado solo una semana después como director del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid, puesto en el que continúa. Laviana mantiene con Gamón un litigio en los tribunales que incluye graves acusaciones contra el director de Seguridad. "Atrévete a contarlo y verás lo que te pasa", asegura que le ha dicho Gamón.
Y ella, en presencia de un abogado al que ha aportado un minucioso relato escrito y pruebas de cuantas actuaciones irregulares conoce del presunto jefe del espionaje, se lo ha relatado a EL PAÍS. Laviana cree que contar la verdad la blindará ante nuevas extorsiones de su ex marido.
Igual que testificó en favor de Soriano por una acusación de acoso sexual que fue archivada, Laviana está dispuesta a ratificar su relato ante la juez del caso del espionaje. "Es la verdad. Es lo que he vivido. Lo que me han obligado a vivir", asegura.
"Sergio", explica Laviana, "empezó a investigar a Prada casi desde su nombramiento, en 2006. No tenía la infraestructura, pero estaba espiando desde el principio. Ignacio González [vicepresidente de la Comunidad y mano derecha de Aguirre] recibía anónimos, y como había enfrentamiento entre González y Prada... desde el principio empezó a investigar a Prada.
En diciembre de 2006 cesaron a Belén Carratolá como directora de las Bescam [Brigadas de Seguridad de Madrid]; en esas fechas hay muchas conversaciones entre Sergio y Belén con relación a que Prada la había destituido por un tema de facturas; Gamón le decía a ella que a Prada se lo iban a cargar porque lo estaban investigando y acabaría dejando de ser consejero". En 2006, según relata la ex mujer de Gamón, hacía ese trabajo solo con Miguel Castaño, al que fichó como subdirector: "Siempre han estado trabajando en paralelo él y Castaño".
Laviana presenció, asegura, cómo el principal receptor de sus informes sobre Prada fue González: "Ignacio González era con quien hablaba mi ex marido de sus averiguaciones sobre Prada. Y le decía que [él y su grupo] tenían que cambiar de tarjeta [de móvil] cada 15 días, que necesitaban un segundo teléfono porque podían escuchar sus conversaciones. También le decía que tenía que infiltrarlo en el PP para conseguir más información".
El nombramiento de Francisco Granados en 2007 como consejero de Interior, en sustitución de Prada, supuso un respiro para Gamón. "Cuando nombran a Granados, él está muy contento porque lo había pasado muy mal para adquirir información para González cuando estaba Prada. Cuando lo nombraron me dijo que para él era tener carta blanca.
Que no iba a tener ningún problema con Granados. No iba a ser ningún impedimento para su trabajo". Y le exigió crear un equipo (tres ex policías y tres ex guardias). "Le dijo a Granados: ya le podéis explicar a la jefa [Aguirre] que este trabajo no lo hago si no es con los hombres de mi confianza. Y si no, dimito".
(www.elpais.com, 21/06/10)
"¿DÓNDE ESTÁIS? ¡JODER, YA LO HABÉIS VUELTO A PERDER!"
Entre abril y mayo de 2008 está acreditado judicialmente que miembros del grupo que dirigía Sergio Gamón (tres ex policías y tres ex guardias civiles) fueron la sombra de Manuel Cobo y de Alfredo Prada. Sus posiciones, a tenor de las señales de sus teléfonos móviles, coinciden al milímetro con las ubicaciones de dichos dirigentes del PP y con los partes del espionaje que publicó este periódico. En dichos escritos, los espías a veces relatan que han perdido o no hallan a Cobo o Prada. Y anotan matrículas -manuscritas por un empleado de la Consejería de Interior, según una prueba pericial judicial- de las personas que se reunían con Prada.
¿A quién informaban tales espías? Yolanda Laviana, ex mujer de Gamón, escuchó en esos meses repetidas charlas de su ex marido con los asesores de Granados a su mando: "Hablaban de calles y de matrículas; les decía: pues os vais allí, lo habéis perdido, pues volvéis allí.
Le decían todo lo que hacían. Cuando le decían que lo habían perdido, le preguntaban qué hacían y él les daba las órdenes de volver o ir a tal sitio. Le daban matrículas y las anotaba en cualquier papel. Y él llamaba a alguien y le miraban esa matrícula. Hacían eso, pero no solo en 2008, en 2007, pero más intensamente desde que noto ese despliegue de infraestructura, desde que está Granados. Tiene carta blanca, lo noto en casa. Hay motos y coches. Un poder distinto al que había antes".
"¿Dónde estáis? ¡Joder, ya lo habéis vuelto a perder! Volved a no sé dónde...", repetía Gamón. "Les echaba la bronca y le daban el parte de lo que estaban haciendo, y luego hablaba con Castaño: 'Estos lo han vuelto a perder".
Antes de esos hechos, cuando el consejero de Interior era aún Alfredo Prada, Gamón pidió a su mujer una cámara oculta, según cuenta esta. "Le dije que en Telemadrid no teníamos, que yo supiera, pero luego por mediación de una amiga que tenía relación con otra televisión la conseguí. Gamón escogió una que era como un bolso en bandolera, y les expliqué a él y a Miguel Castaño su manejo. Luego me pidió una cámara de fotos que necesitaba para trabajar".
(www.elpais.com, 21/06/10)
PESQUISAS SOBRE CORRUPTELAS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Yolanda Laviana también recuerda investigaciones sobre el Ayuntamiento de Madrid, ajenas supuestamente al cometido oficial de Sergio Gamón: "Les escuché a fines de 2007. Ya había formado el grupo que quería [tres ex policías y tres ex guardias civiles], que hablaban mucho de locales y concejales del Ayuntamiento de Madrid, y de tratos de favor con licencias.
Al poco tiempo salió en las noticias la Operación Guateque [actuación judicial que destapó en noviembre de 2007 tratos de favor por funcionarios de la Administración municipal en la concesión de licencias de locales de ocio]. Gamón estaba muy orgulloso. Decía que era un trabajo suyo y que todo el mundo estaba muy contento con la labor que había hecho su grupo en Guateque. Le felicitaban. Hablaba de ese asunto con González, alguna vez con Alejandro Halffter y con Francisco Granados, y con Miguel Castaño continuamente".
Gamón tenía topos en las Fuerzas de Seguridad. "Le dijo a Ignacio González que un guardia civil retirado estaba haciendo una labor muy importante para él, y que su hijo era fisioterapeuta y tenía que colocarlo en la Comunidad de Madrid, porque si no no seguiría ayudando. Esta conversación justo se produjo durante la Operación Guateque".
Juan José Lucas, ex ministro de José María Aznar y ex presidente del Senado y de Castilla y León, también fue objeto de control por Gamón. "En un momento dado me dice que han averiguado que hay mensajes que están recibiendo la mujer de González o el propio González, que proceden de una tarjeta de un móvil que está comprada con una tarjeta de crédito que corresponde a Lucas [hoy cree que era una mentira para forzar su ayuda]. Yo, tras dejar [Esperanza] Aguirre el Senado, me quedé un año trabajando con Lucas como presidente, tengo una buena relación con él y con su gabinete. Gamón lo sabía y empezó a interrogarme sobre lo qué opinaba Lucas de Aguirre y de González, y qué relación había con la Comunidad cuando yo estaba allí; le dije que no vi nada raro. Me preguntó si recordaba algún teléfono del personal del gabinete de Lucas. Le dije que yo no tenía nada. Pero como sabía que tenía amistad con Teresa Boquerín, que había sido mi jefa de gabinete con Lucas, me pidió que quedara a comer con ella para ver si podía lograr alguna información sobre si existía alguna animadversión hacía Aguirre".
(www.elpais.com, 21/06/10)
EL IMPUTADO POR ESPIONAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONTROLABA A PRADA PARA GONZÁLEZ Y TUVO "CARTA BLANCA" DE GRANADOS
Yolanda Laviana es la ex mujer de Sergio Gamón, director del área de Seguridad de la Comunidad de Madrid e imputado por espionaje al ex vicepresidente regional Alfredo Prada y al vicealcalde madrileño, Manuel Cobo. Asegura que su ex marido le advirtió: "Atrévete a contarlo y verás lo que te pasa". Pero ha relatado a El País algunos de los pormenores del escándalo de espionaje entre miembros del PP y advierte de que está dispuesta a ratificarlo ante el juez.
Laviana tiene sus propias vinculaciones con el PP al margen de su ex marido, pues no obstante ha sido secretaria de Juan José Lucas y de Esperanza Aguirre en la etapa en que estuvieron al frente del Senado y ahora lo es del presidente de Telemadrid, Manuel Soriano. De hecho testificó a favor de Soriano por una acusación de acoso sexual que fue archivada.
“Desde el principio empezó a investigar a Prada”
Sin embargo, ahora las palabras de Laviana comprometen seriamente a varios miembros del PP de Madrid. En un testimonio en presencia de su abogado, explica que su ex marido Gamón "empezó a investigar a Prada [ex vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la CAM y ahora en el equipo de Rajoy] casi desde su nombramiento, en 2006”. “Ignacio González [vicepresidente de la Comunidad y mano derecha de Aguirre] recibía anónimos, y como había enfrentamiento entre González y Prada... desde el principio empezó a investigar a Prada”, insiste.
Informes para González
González también era según este testimonio el principal interlocutor de Gamón a la hora de dar cuenta de los seguimientos: "Ignacio González era con quien hablaba mi ex marido de sus averiguaciones sobre Prada. Y le decía que [él y su grupo] tenían que cambiar de tarjeta [de móvil] cada 15 días, que necesitaban un segundo teléfono porque podían escuchar sus conversaciones. También le decía que tenía que infiltrarlo en el PP para conseguir más información".
“Carta blanca” con Granados
En 2008 Prada es sustituido al frente de Justicia e Interior por Francisco Granados, lo que fue muy bien recibido por Gamón, según su ex mujer: “Cuando lo nombraron me dijo que para él era tener carta blanca. Que no iba a tener ningún problema con Granados. No iba a ser ningún impedimento para su trabajo". Se permitió además exigir ampliar el equipo de seguimientos para que lo integraran hasta tres ex policías y tres ex guardias: "Le dijo a Granados: ya le podéis explicar a la jefa [Aguirre] que este trabajo no lo hago si no es con los hombres de mi confianza. Y si no, dimito".
Aguirre: “En los divorcios se dicen cosas”
Ante estas informaciones, Esperanza Aguirre ha insistido en TVE que “Ignacio González no ordenó espiar a Alfredo Prada”. Ha insinuado asimismo que la separación ha podido influir en las declaraciones de Laviana: "En los divorcios se dicen cosas". La presidenta regional ha apuntado en cualquier caso que los divorcios sirven para destapar ciertas informaciones como "el caso Juan Guerra".
(www.elplural.com, 21/06/10)
AGUIRRE: "IGNACIO GONZÁLEZ NO ORDENÓ ESPIAR A ALFREDO PRADA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a desligar a su vicepresidente del caso de los espionajes políticos en el seno del Gobierno regional y del Ayuntamiento: "Ignacio González no ordenó los seguimientos a Alfredo Prada".
La presidenta regional ha respondido así a la información que publica hoy EL PAÍS en la que la ex mujer del supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón, asegura que los espionajes comenzaron en 2006 y que el destinatario de los informes era el vicepresidente González.
Además, Aguirre ha insinuado que el proceso de divorcio en el que Gamón y su ex compañera, Yolanda Laviana, están inmersos podría invalidar el testimonio de la mujer: "En los divorcios se dicen cosas", ha asegurado en una entrevista en TVE. Sin embargo, la propia presidenta madrileña ha recordado otros casos en los que una separación sirvió para que vieran la luz informaciones importantes, como por ejemplo en "el caso Juan Guerra".
Por otro lado, uno de los agentes responsables de los seguimientos y quien supuestamente anotaba información adicional a mano en los partes que redactaban los espías, José Manuel Pinto, declara hoy ante la juez de Madrid que lleva el caso en calidad de imputado con la autoría de dichos partes como punto fuerte de su comparecencia
(www.elpais.com, 21/06/10)
LA ASAMBLEA VETA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO DE LOS ESPÍAS
El espionaje a altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid es un tema tabú para la Asamblea de Madrid. El grupo popular en la Cámara regional ha rechazado ya siete iniciativas presentadas por el PSOE (tres comparecencias y cuatro preguntas parlamentarias) sobre el asunto. La última, ayer. El grupo popular bloqueó una pregunta parlamentaria en la que cuestionaba al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, sobre un informe caligráfico encargado por la juez que investiga el caso que demuestra la autenticidad de los partes de seguimiento. El informe revela que la letra que aparece en los partes corresponde a un trabajador de la consejería que dirige Granados. Además, la policía concluye que este empleado intentó falsear su letra ante la juez para que no se pareciese a la que había escrito en los partes.
"El consejero debería ser el primer interesado en aclarar los últimos datos aparecidos que ponen de manifiesto la existencia de partes de seguimiento cuya existencia el Gobierno regional negó. Ahora las pruebas de peritaje han confirmado que las firmas de estos partes corresponden a personas vinculadas directamente con el señor Granados", señaló la portavoz socialista, Maru Menéndez.
Los populares, por su parte, justifican el veto porque el asunto ya fue suficientemente investigado en una comisión en la Asamblea. Pérez recordó, además, que la Asamblea ya ha tratado 34 comparecencias, una interpelación, una moción y 12 preguntas orales sobre el asunto. El portavoz popular evitó hacer más comentarios hasta conocer el informe policial. "Habrá que esperar la resolución judicial para ver quién tiene que rectificar", precisó tras la reunión de la junta de portavoces celebrada ayer en la Asamblea de Madrid.
Por su parte, la socialista Maru Menéndez criticó la opacidad del PP. "En lo que va de legislatura nos han bloqueado 96 iniciativas parlamentarias", precisó un portavoz de los socialistas.
Una iniciativa que el PP no ha bloqueado obligará a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a dar explicaciones sobre los excesivos gastos de publicidad y propaganda realizados para promocionar la Ciudad de la Justicia. El megaproyecto judicial de Aguirre que está congelado por falta de presupuesto. Aun así, el Gobierno regional autorizó un gasto de 1,4 millones de euros en la publicidad del acto de colocación de la primera piedra.
(www.elpais.com, 09/06/10)
EL GOBIERNO DE AGUIRRE CUESTIONA AL EX VICEPRESIDENTE AL QUE ESPIÓ
El Gobierno de Esperanza Aguirre se ha lanzado en tromba a poner bajo sospecha al ex vicepresidente Alfredo Prada, destituido en julio de 2007 por su apoyo a Mariano Rajoy en el congreso nacional del PP y que fue objeto de seguimientos en el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, que está llegando a su fase final en los tribunales.
En los últimos días, diferentes consejeros de Aguirre han eludido respaldar la gestión de Prada al frente de la sociedad anónima Campus de la Justicia, encargada de levantar un complejo en Valdebebas destinado a albergar los edificios judiciales dispersos por la capital, paralizado ahora por falta de presupuesto.
Primero fue el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que sucedió a Prada en su área de gobierno y que fichó a los supuestos espías del ex vicepresidente. Pese a que se ha negado por tres veces a comparecer en la Asamblea de Madrid para explicar el caso de espionaje, el consejero se ofreció el pasado martes a dar cuenta en la Cámara autónoma de la gestión en el Campus de la Justicia tras informar la cadena SER de que la empresa adjudicataria de las obras (una unión temporal de las compañías Aldesa y Begar) invirtió 1,4 millones de euros en el acto de colocación de la primera piedra, celebrado el 31 de enero de 2007, al que asistió Aguirre.
Un gasto que Granados considera ahora "excesivo y difícil". Sin embargo, la Comunidad de Madrid ejecutó ese mismo año 90 millones de euros en "publicidad, promoción, divulgación y anuncios", según una respuesta del Gobierno regional al grupo socialista. Equivale a un tercio de todo el gasto del Gobierno central para ese año (268 millones). Y es tres veces más de lo que gastó la Generalitat (30 millones), pese a que Cataluña tiene un millón de habitantes menos.
Al día siguiente, el vicepresidente regional, Ignacio González, subrayó que la Comunidad no había pagado nada del evento, pero en lugar de descartar la responsabilidad de Prada, sugirió que debe ser él quien dé explicaciones y recalcó que el Gobierno regional está revisando esos gastos por si hubiera irregularidades."La responsabilidad es del vicepresidente, que será el que tenga todos los datos de esa gestión", afirmó Ignacio González. Como si Prada no hubiera formado parte del Ejecutivo de Aguirre, ni fuera del mismo partido. También recordó que Prada reunía los cargos de consejero delegado de la empresa, presidente y director ejecutivo de la sociedad Campus de la Justicia.
En el Registro Mercantil consta que el ex vicepresidente Alfredo Prada ocupó los cargos de presidente y consejero delegado de la sociedad anónima Campus de la Justicia hasta el verano de 2008. Entonces Francisco Granados le sustituyó al frente de la consejería, y por tanto, se convirtió en presidente de la sociedad. Miguel Giménez de Córdoba, que era director general de Modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia con Prada, y ya ocupaba un asiento en el Consejo de Administración, sustituyó como consejero delegado a Prada.
La paralización de las obras de la Ciudad de la Justicia ha llevado recientemente a la consejería a prescindir de Giménez de Córdoba. Según una portavoz, no será sustituido en el cargo dada la estrategia de recorte de gastos del plan de austeridad de la Comunidad de Madrid.
Frente a las dudas que sembradas sobre la gestión de Prada, algunos colaboradores suyos en su etapa de consejero recuerdan que Esperanza Aguirre preside la Junta General de Campus de la Justicia, SA, que es la que tiene la última palabra sobre la sociedad. Así lo establece la Ley de Administración Institucional para todas las sociedades públicas en las que el 100% del capital pertenece a la Comunidad. El viceconsejero de Vicepresidencia, Salvador Victoria, reconoció ayer que esto es así, pero también recalcó que la junta general solo se reúne una vez al año y que su único cometido es dar el visto bueno "a la presentación de las cuentas y a los informes de auditoría".
Victoria dejó claro que Prada sí presentó el 28 de diciembre de 2006 un informe al Consejo de Gobierno con el que daba cuenta de que la sociedad Campus de la Justicia había adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Begar -implicada en el caso Gürtel- y Aldesa las obras de urbanización de la primera fase del proyecto. El coste, que había salido a concurso público por 93 millones de euros, se adjudicó por 55,4 millones. Este es un mero trámite para que el Gobierno regional esté informado de cómo evoluciona el proyecto. De hecho, fue el propio Prada el que rubricó ese informe. Al ser el presidente de la sociedad anónima y consejero del área (en este caso, Justicia), solo él era competente para hacerlo, recordaron fuentes regionales.
Otro asunto polémico de la actuación de Prada en el que el Gobierno regional no ha salido a defenderle es el gasto en publicidad. Campus de la Justicia gastó cerca de seis millones de euros durante tres años para promocionar este megaproyecto urbanístico dentro y fuera de la región. Las maquetas de los edificios y los montajes audiovisuales que se encargaron para explicar el proyecto viajaron a lugares tan distantes como Singapur o Múnich. La mayor parte del gasto salió de las arcas regionales. Dividido en los tres años de máxima promoción supone una media que no llega a los dos millones al año. La Comunidad de Madrid se gastó solo en 2007 160 millones de euros en publicidad, mientras que el Gobierno central, pese a dirigirse a toda España, desembolsó 268 millones.
Fuentes del Gobierno regional explicaron que Prada era quien decidía en qué se gastaba ese dinero, ya que era el máximo responsable de la sociedad anónima. Tan solo recibía el visto bueno previo del vicepresidente Ignacio González y de los responsables de Comunicación antes de diseñar y contratar las campañas de publicidad.
Colaboradores de Prada en la Consejería de Justicia aseguran que no se hizo ningún dispendio excesivo, ya que la construcción de las maquetas de los futuros edificios y el traslado a puntos muy diversos resultaba a veces muy cara.
(www.elpais.com, 04/06/10)
EL PP BLOQUEA EN LA ASAMBLEA LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESPÍAS
El PP ha levantado un muro infranqueable para frenar las iniciativas de la oposición (PSOE e IU) en la Asamblea de Madrid. El grupo popular en la cámara regional bloquea de forma sistemática la mayoría de las preguntas o comparencias incómodas para el Gobierno regional en la junta de portavoces, el órgano donde se deciden qué temas se debatirán en el pleno de la Asamblea.
El grupo socialista en la cámara madrileña presentó ayer una propuesta para pedir la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Ejecutivo autonómico, Francisco Granados. El PSOE quiere que explique por qué un empleado de su departamento falsificó su letra en una prueba caligráfica encargada por la juez que investiga el caso del espionaje a altos cargos en la Comunidad de Madrid.
Con esta prueba pericial, la juez pretendía para probar la autoría de los partes de seguimiento publicados por este periódico. Los agentes que la realizaron concluyeron que José Manuel Pinto, contratado por la consejería que dirige Granados, cambió su letra para tratar de ocultar que era la misma que la que aparecía en las anotaciones manuscritas de los partes de seguimiento al ex consejero Alfredo Prada.
Pero el PP se ha opuesto a la comparecencia de Granados pese a que la Mesa de la Asamblea ha dado luz verde a la iniciativa. El portavoz del grupo popular, David Pérez, justifica la negativa de su grupo porque "el asunto está en los juzgados y habrá que esperar a que el juez finalice su investigación y esclarezca el asunto". Pérez también alega a favor del bloqueo que el caso ya fue suficientemente analizado en una comisión de investigación. Sin embargo, tras esta comisión, la juez que instruye el caso ha imputado a cinco trabajadores del Gobierno regional por esta cuestión. Además, a pesar de quedar probada la autenticidad de los partes de seguimiento, Pérez ha evitado hacer declaraciones sobre el asunto a pesar de que acusó a este diario de falsificar los partes.
La portavoz socialista, Maru Menéndez, cargó contra los populares por vetar iniciativas calificadas por la mesa y acusó al Ejecutivo regional de falta de transparencia.
El PP ha bloqueado tres de las seis peticiones para que comparezca Granados en la Asamblea que han efectuado los socialistas.
(www.elpais.com, 02/06/10)
LA JUEZ CITA OTRA VEZ AL 'ESPÍA' DE AGUIRRE AUTOR DE LOS PARTES
José Manuel Pinto, empleado de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, tiene una nueva cita el próximo día 15 con la juez Carmen Calcarce, que investiga el presunto espionaje en 2008 por agentes a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) contra dos cargos madrileños de su propio partido, el vicealcalde, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente segundo Alfredo Prada. Pinto comparecerá de nuevo como imputado, en contra de la versión oficiosa difundida desde el Ejecutivo madrileño de que acudió voluntariamente; pero, sobre todo, lo hará marcado por un informe policial caligráfico que le ha delatado como el autor de las anotaciones manuscritas en los partes de espionaje a Cobo y Prada.
Su situación es difícil, pues no solo negó a la juez haber visto nunca a lo largo de sus 20 años de servicio en la Comunidad de Madrid tales partes, en los que se relataba al detalle el espionaje a Cobo y Prada, sino que le garantizó, "segurísimo", que la letra que aparecía en ellos no era la suya.
También alegó ignorar quién era el titular de un móvil al que llamó frecuentemente en abril de 2008, y que resultó ser el teléfono de su compañero laboral, el supervisor José Palomo. En 2008, a tenor de los datos sobre sus móviles en poder de la policía y la juez, no había día en que no cruzaran llamadas.
En plena campaña contra el absentismo laboral anunciada por Esperanza Aguirre, Palomo se ha reincorporado a su puesto de trabajo un año y medio después de estallar el escándalo, mientras que Pinto permanece aún de baja.
En medios políticos hay gran expectación por conocer la actuación de la juez ante el nuevo interrogatorio, que se produce después de haber comprobado cómo la prueba pericial desmontaba todo el discurso de Pinto sobre los partes del espionaje.
Mientras tanto, las defensas de las víctimas (Manuel Cobo, Alfredo Prada y la diputada autonómica del PP Carmen Rodríguez Flores, que tuvo que vender su coche tras ser difundida su matrícula, anotada por Pinto) afilan sus armas para sacar de un modo u otro la verdad de este empleado de la Consejería de Interior, que dirige Francisco Granados. Podrá negarse a contestarles, pero al menos deberá responder a la juez y a la fiscal sobre sus llamativas contradicciones.
Algunos de los letrados ya preparan alguna acción jurídica fulminante contra el agente del Gobierno de Esperanza Aguirre que, por el momento, aparece más claramente vinculado a los partes del espionaje y con una conducta de difícil explicación legal, como es anotar matrículas de personalidades que comían o cenaban con Alfredo Prada.
(www.elpais.com, 01/06/10)
"HAN INTENTADO MANIPULAR PRUEBAS"
"Han tenido a Pinto haciendo caligrafía", lanzó ayer la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, al conocer que este empleado de la consejería de Justicia e Interior intentó falsear su letra para desligarse del caso del espionaje. La letra de José Manuel Pinto aparece en los partes de seguimiento a altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid, según un informe caligráfico realizado por la policía científica para la juez que investiga el caso y publicado ayer por EL PAÍS.
El informe de la policía científica confirma que hubo espionaje. Según el análisis caligráfico encargado por la juez, Pinto intentó cambiar su letra para que no se pareciera a la que figura en los partes de seguimiento. Estos detallan los movimientos del entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, durante varias semanas de marzo de 2008 y contienen anotaciones manuscritas con nombres de las personas que se reunieron con el responsable regional y las matrículas de sus vehículos. Esas anotaciones las escribió Pinto, según concluye la policía científica.
Tras conocer la noticia publicada ayer por este periódico los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE e IU) exigieron responsabilidades al consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados. "El asunto es muy grave porque parece que están intentando manipular pruebas que pudieran presentar en el proceso judicial", sentenció Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños (PSM).
Hace algo más de un año, la consejería de Justicia e Interior, dirigida por el consejero Francisco Granados, encargó a dedo una prueba caligráfica al ex edil socialista Cástor Iglesias. Granados intentaba así desacreditar otra doble prueba pericial publicada por este periódico que señalaba a Pinto como el autor de los partes de seguimiento. Cástor Iglesias realizó su análisis con unas fotocopias -una forma poco ortodoxa- y negó que Pinto fuera el autor de las notas.
Unos meses más tarde, este empresario se adjudicó un suculento concurso de la consejería que dirige Granados. Logró el contrato para el servicio regional de traducción e interpretación para la justicia madrileña por un millón de euros. Por eso Gómez indicó: "Habrá que ver si el resultado de ese informe tiene que ver con las adjudicaciones que luego se llevó el empresario".
Tomás Gómez señala a Granados como responsable de la situación: "Todos los datos indican que es el máximo responsable de esa trama de espionaje y de corrupción. ¿Es que Esperanza Aguirre no le puede destituir porque tiene algo que ocultar o el señor Granados tiene algo que contar?". El líder socialista anunció que preguntará todas las semanas hasta que se esclarezca el caso: "¿Quién va a devolver a los madrileños los dos millones que, como mínimo, se han gastado espiándose unos a otros?".
Por su parte, el coordinador general de IU-Madrid señaló: "Lo que hace Granados es manotear como si se estuviese ahogando". Gordo apuntó más alto: "Desde hace tiempo parece increíble que lo que hace el secretario regional del PP no lo haga sin el conocimiento de la presidenta del partido y presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre". Y concluyó: "Granados continúa aumentando su habilidad de ser el político menos creíble de Madrid".
(www.elpais.com, 25/05/10)
TRAS LAS DESCALIFICACIONES, EL PP CALLA
La estrategia del PP para afrontar el caso del espionaje al ex consejero Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha sido negar la mayor, como le gusta decir a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Desde el primer momento los populares jugaron a sembrar dudas sobre la veracidad de los 33 partes de seguimientos publicados por este periódico. El ex portavoz regional del PP, Juan José Güemes, llegó a decir: "Los partes [de seguimiento] se han fabricado en la propia redacción de EL PAÍS o los han comprado".
El análisis realizado por la policía científica para la juez que investiga el caso sostiene que la letra que aparece en los partes es la de José Manuel Pinto, empleado de la consejería de Interior. Esta conclusión prueba por sí misma los seguimientos ya que las anotaciones corresponden a los nombres de las personas y las matrículas de los coches de los que se reunieron con el ex consejero regional Alfredo Prada.
Ayer, ninguno de los portavoces del PP en la Asamblea de Madrid que participó en la comisión de investigación sobre el asunto, se atrevió a hacer declaraciones. Y eso que se esforzaron por negar el espionaje. David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea, llegó a asegurar: "Los partes publicados por EL PAÍS se han demostrado más falsos que el paraíso comunista". Ayer no quiso hablar. Su compañero Juan Soler intentó desacreditar a este periódico. Incluso la propia Aguirre dijo: "Cualquiera que dé por buena la información de EL PAÍS tendrá que rectificar, y si no, tendrá que vernos en los tribunales".
(www.elpais.com, 25/05/10)
CRONOLOGÍA DE UNA NEGACIÓN CONTINUA
Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, el área de donde partió el espionaje dijo hace unos días. "Lo de Prada se trata de las contravigilancias que hacemos a todos los altos cargos de la Comunidad de Madrid". El Ejecutivo autónomo no tiene competencia para hacer contravigilancias.
Granados también señaló: "Difícilmente un informe puede demostrar que Pinto es el autor de los seguimientos a Cobo y Prada, porque ya quedó demostrado que a Cobo no le siguió nadie".
David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. "Los partes publicados por EL PAÍS se han demostrado más falsos que el paraíso comunista".
Juan José Güemes, portavoz del PP de Madrid. "Los partes se han fabricado en la propia Redacción de EL PAÍS o los han comprado, sin contraste con la realidad".
Juan Soler, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. "EL PAÍS es un diario sensacionalista con problemas económicos".
Pablo Casado, presidente de Nuevas Generaciones y diputado regional: "A día de hoy el único caso de espionaje demostrado es el de Pizarro por parte del CNI e Interior".
(www.elpais.com, 25/05/10)
EL AGENTE DE AGUIRRE INTENTÓ CAMBIAR SU LETRA PARA DESLIGARSE DEL ESPIONAJE
El análisis caligráfico realizado para la juez por la Policía Científica, al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye "de modo categórico" que José Manuel Pinto, empleado de la consejería de Interior de Madrid, es el autor de las anotaciones manuscritas -matrículas y dueños de vehículos- de los partes del espionaje en 2008 al vicealcalde madrileño Manuel Cobo y al ex vicepresidente segundo del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada. Pinto fracasó en su intento de alterar ante la juez su letra habitual, según interpretan los propios peritos que han hecho el análisis.
Las notas manuscritas por Pinto tenían un doble valor: por sí mismas probaban que alguien había investigado ilegalmente matrículas de quienes comían o cenaban con Prada y, además, plasmó sus pesquisas sobre folios escritos a máquina que detallaban el espionaje a dirigentes del PP de Madrid desafectos a Aguirre. Por tanto, si se hallaba al autor de esas notas se demostraría que los partes no eran una invención periodística, como afirmó el Gobierno de Aguirre, ya que un funcionario suyo dejó rastro en ellos. EL PAÍS publicó hace más de un año una doble pericial caligráfica que probaba que el autor de las notas era Pinto, tras cotejar los partes originales con documentos indubitados suyos (escritos internos del trabajo). El consejero de Interior, Francisco Granados, rebatió ese informe con una pericial que encargó a dedo a un ex edil socialista, Cástor Iglesias, que hizo el trabajo con meras fotocopias de EL PAÍS -prueba de dudosa validez jurídica-, para negar que Pinto fuera el autor de las notas.
Mientras, dos informes policiales refrendaron que los posicionamientos de los móviles de varios agentes de Granados coincidían totalmente con los seguimientos ilegales recogidos en los partes. La juez imputó a cuatro subordinados de Granados, tres guardias civiles a los que contrató a dedo, y al ex director general de seguridad, Sergio Gamón. Y la policía científica, por encargo de la juez, les fue realizando una pericial caligráfica a cada uno. Las cuatro dieron negativo. Y, por fin, año y medio después de estallar el escándalo, la juez interrogó a Pinto. Este empleado de Granados le negó reiteradamente ser autor de los partes. Pero la juez le tomó una muestra de escritura y ordenó someterla a la correspondiente pericial por la policía. Y la prueba dio positivo.
"Los análisis comparativos llevados a cabo entre todos los textos y guarismos controvertidos referidos en el párrafo anterior, y las grafías indubitadas extendidas a presencia judicial en el cuerpo de escritura por José Manuel Pinto Serrano, han revelado la existencia de una singular correspondencia gráfica entre ellos. Estas semejanzas afectan a elementos de la importancia de los constitutivos y estructurales y a cualificados habitualismos gráficos o gestos-tipo. Estos son una serie de modismos escriturales que, apartándose del modelo aprendido, impregnan los escritos de un mismo individuo dotándoles de su impronta personal. Su origen semiinconsciente y su carácter automático, fruto del hábito, hace que se ejecuten de forma prácticamente involuntaria y que sean, por tanto, difíciles de omitir en su expresión gráfica".
Folio a folio, se desgranan todas las analogías de sus letras y guarismos. Y los expertos policiales concluyen: "Analizadas y valoradas las analogías expuestas, las mismas fueron finalmente valoradas de la suficiente entidad, no sólo por su cantidad, sino especialmente por su calidad, como para poder emitir de modo categórico un dictamen de común autoría en la realización de los dos grupos de grafías sometidos a cotejo en este estudio. Conclusión: los textos manuscritos dubitados han sido extendidos por el autor del cuerpo remitido, por José Manuel Pinto Serrano".
(www.elpais.com, 24/05/10)
LOS EXPERTOS LE VIERON "FALTA DE ESPONTANEIDAD" AL ESCRIBIR
El informe caligráfico, rubricado por dos inspectores jefe, entregado a la juez Carmen Valcarce, apunta que José Manuel Pinto, empleado de la consejería de Interior de Francisco Granados, intentó alterar su escritura habitual cuando se le tomó una muestra en sede judicial para impedir que los expertos comprobaran que era el autor de las notas de los partes del espionaje a Manuel Cobo y Alfredo Prada, vicealcalde y ex vicepresidente segundo, respectivamente, de Madrid.
Los peritos resumen así esta sospecha: "En relación al cuerpo de escritura remitido hay que manifestar que el mismo presenta una gran variabilidad en su ejecución con la expresión de algunas grafías ágiles y dominadas que alternan con otras más lentas y controladas, incluso con trazos repasados, exhibiendo en ocasiones distintos diseños para la expresión de una misma letra, lo que parece indicar una ejecución retenida, dotada de una aparente falta de espontaneidad". El intento de disimular su escritura le resultó inútil. La policía partía de un hecho ya verificado: los elementos manuscritos existentes en tres de los partes del espionaje "han sido extendidos por una misma persona". Una mano que asumió el riesgo de anotar e identificar matrículas de personas que comían o cenaban con Prada, incluida la diputada autonómica del PP Carmen Rodríguez Flores, que decidió vender su coche, con el consiguiente perjuicio económico, por sentir violentada su seguridad al difundirse los datos de su vehículo privado.
Y dado que Pinto no aparece delatado por su móvil junto a los restaurantes donde alternaba Prada, al contrario que algunos de sus compañeros imputados, esto hace pensar a los investigadores que su labor, en principio, no era espiar sobre el terreno a Cobo o Prada. Pero más difícil tendrá negar, en contra de lo que hizo en su reciente interrogatorio judicial, que alguna relación sí tenía con los espías a sueldo de Aguirre, ya que manejó sus partes de seguimiento ilegal y anotó datos de coches aparcados donde ellos acechaban las cenas de Prada. Unos restaurantes donde a esas horas, en coincidencia total con los partes y las posiciones de sus móviles, se encontraban merodeando no menos de tres agentes de Granados -unos ya identificados, como sus tres asesores procedentes de la Guardias Civil, y otros aún no- mientras cruzaban reiteradas llamadas a veces hasta la madrugada.
(www.elpais.com, 24/05/10)
PSOE E IU EXIGEN LA DIMISIÓN DEL CONSEJERO QUE CONTRATÓ A LOS ESPÍAS
Ya lo han pedido otras veces, pero ayer los socialistas madrileños, con su secretario general, Tomás Gómez, a la cabeza, salieron en tromba a reclamar la dimisión del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, después de que EL PAÍS revelara que los informes periciales solicitados apuntan al empleado público José Manuel Pinto, a cargo de la consejería de Granados, como autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje. "Entendemos que el consejero Granados debería cesar en sus responsabilidades", afirmó Gómez, que también envió a los medios un comunicado en el que se detallan las razones para este relevo del consejero. "Es absolutamente grave lo que está ocurriendo, pues consolida las denuncias que venimos haciendo, en el sentido de que ha habido espionaje en la Comunidad de Madrid, sustentado por fondos públicos".
Los socialistas han cifrado en 1,9 millones de euros la partida que habría gastado el Gobierno que preside Esperanza Aguirre (PP) en "actividades de espionaje". "¿Quién va a devolver el dinero? ¿Van a seguir manteniendo a unos señores pagados con fondos públicos y sin que a día de hoy sepamos qué tareas tienen asignadas?", se preguntó Gómez sobre los imputados en el caso que aún trabajan para la Consejería de Interior, entre ellos el ex director general de Seguridad Sergio Gamón.
Además, explicó que los servicios jurídicos del Partido Socialista de Madrid (PSM), que está personado en la causa, están estudiando si solicitarán que se llame a declarar al consejero Granados, dado que los supuestos espías estaban a sus órdenes. Gamón declaró que los ex guardias civiles imputados dependían del consejero madrileño.
En la misma línea, la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, afirmó que es "absolutamente imprescindible que Aguirre destituya al consejero Granados, que es responsable de la consejería donde trabajaban a su vez los responsables del espionaje". Menéndez recordó que la denuncia la hicieron "algunos miembros del PP que se sintieron espiados", en referencia al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y el ex consejero de Aguirre Alfredo Prada.
Desde las filas de IU, la portavoz en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, Inés Sabanés, insistió también en pedir la dimisión del consejero Granados, como viene haciendo desde que estalló el caso. "Los hechos han demostrado que ahora hay una doble responsabilidad, como ya le dije al Gobierno madrileño en su momento", recalcó, en referencia a una intervención parlamentaria de la ex portavoz de IU en la Asamblea. "Por lo que pasó y por haber querido manipular las pruebas", agregó. Se refería a que la Consejería de Interior eligió a dedo a Cástor Iglesias, ex concejal socialista y perito, para que hiciera una prueba grafológica que desmintiera la vinculación de Pinto con los informes de seguimiento. Un año después, la misma consejería adjudicó a Iglesias un contrato de un millón de euros para suministrar traductores en los juzgados madrileños en un concurso al que se presentó únicamente una oferta, la de Iglesias.
"Queda demostrado el fiasco del cierre de la comisión de investigación en la Asamblea", insistió Sabanés, que anunció que pedirán la comparecencia de Granados.
El PP, que acusó a EL PAÍS de fabricar los partes del espionaje en su redacción, vetó ayer que la portavoz socialista pregunte a Aguirre en la sesión de control del pleno de mañana acerca de la responsabilidad de su Gobierno en el espionaje. La razón, según el portavoz adjunto del PP, Pedro Muñoz, es que la pregunta no se envió antes a los grupos.
(www.elpais.com, 19/05/10)
COBO: "ES IMPERDONABLE EL DAÑO CAUSADO AL PP"
"Resulta imperdonable el daño causado a mi partido [PP] por quienes nos espiaron y por aquellos que les protegen". Así lo afirmaba ayer Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, que acompañaba al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón en una visita a las obras del centro cultural municipal Conde Duque. "Ha habido personas de buena fe que no se atrevían a pensar que algunos [los espías] estuvieran haciendo algo tan vergonzoso (...) pero hoy lo hemos comprobado en la información de EL PAÍS sobre aquellas frases escritas (...)", agregó el vicealcalde. Cobo reiteró su confianza en la titular del Juzgado de Instrucción número 5, también en el ministerio fiscal y en los letrados que le asesoran. A su dictamen se remitió para decidir o no pedir a la juez que cite a declarar a la presidenta del Gobierno regional madrileño, Esperanza Aguirre, y al consejero regional Francisco Granados. "Desde luego, quien debe volver a declarar es el señor Pinto, que mintió", subrayó Cobo.
(www.elpais.com, 19/05/10)
GRANADOS: "ESTO DEL ESPIONAJE ES UNA BROMA"
El consejero madrileño Francisco Granados, que contrató a dedo a los tres guardias civiles imputados en el espionaje, volvió ayer a negar que este se produjera, como ha hecho siempre en público desde que estalló el escándalo. "Lo que ya ha quedado comprobado es que en el caso del señor Cobo no se ha producido ningún seguimiento y que esto del espionaje es una absoluta broma", afirmó ayer. "Y lo de Prada se trata de las contravigilancias que hacemos a todos los altos cargos de la Comunidad de Madrid". El Ejecutivo autónomo no tiene competencia para hacer contravigilancias. Granados aseguró que no ha visto el informe pericial encargado por la juez y declinó opinar sobre él. "Difícilmente un informe puede demostrar que Pinto es el autor de los seguimientos a Cobo y Prada, porque ya quedó demostrado que a Cobo no le siguió nadie", afirmó. "Simplemente han aparecido algunos días a menos de 500 metros del Ayuntamiento, que es un gran delito como todo el mundo sabe", ironizó.
(www.elpais.com, 19/05/10)
RAJOY DIO CRÉDITO A LOS PARTES Y PREGUNTÓ QUIÉN ORDENÓ ESPIAR
Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, siempre dio credibilidad a los partes que recogían el supuesto espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; y al ex vicepresidente regional y hoy miembro de la dirección nacional del PP, Alfredo Prada.
De hecho, sólo unos días después de que aparecieran publicados los partes en EL PAÍS, Rajoy declaró: "Una cosa es que se publiquen rumores y otra cosa es que, como ha sucedido, se publiquen muchos documentos. Esos documentos existen, lo que no sabemos es quién los ha confeccionado y quién los ha ordenado. Yo quiero transparencia y claridad, es bueno que se sepa la verdad". Lo dijo el 4 de febrero de 2009, cuando su partido había abierto una investigación interna al Gobierno de Aguirre por supuesto espionaje político.
Aguirre intentó echar tierra sobre el asunto mediante amenazas a la dirección nacional del PP de destapar asuntos turbios del tesorero Luis Bárcenas. Bastó un aviso para que la comisión de investigación abierta en el PP por "unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza" se clausurase de manera provisional.
El Gobierno de Aguirre, aplicando el rodillo de su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, también cerró en falso otra comisión de investigación que aceptó abrir para calmar a Rajoy. Los dirigentes del PP acusaron entonces a EL PAÍS de fabricar los partes de espionaje en la redacción y descalificaron al periodista encargado de la investigación.
Durante más de un año, la investigación judicial fue aclarando algunas incógnitas del caso. Los informes de los posicionamientos telefónicos de los agentes sospechosos de espiar a Cobo y Prada aclararon que los culpables eran al menos cuatro personas: tres ex guardias civiles a los que fichó el consejero de Interior, Francisco Granados, por su afinidad familiar con uno de ellos; y un ex policía nacional fichado por Sergio Gamón, ex director general de Seguridad al que se destituyó tras el supuesto robo de un ordenador a un ex alto cargo vinculado a Prada. Con el informe pericial caligráfico, al que daba mucha importancia el consejero de Interior, Francisco Granados, aparece un nuevo agente culpable, al menos de transcribir lo que los supuestos espías le decían. El agente José Manuel Pinto fue identificado en un doble informe pericial encargado por EL PAÍS. Pero Granados encargó otro informe a un perito calígrafo, ex concejal socialista, que negó que Pinto fuera el autor de esa letra. Ese perito calígrafo, una de las coartadas de Granados para negar que el Gobierno regional encargara los espionajes, recibió meses después un contrato de la Consejería de Interior de casi un millón de euros para aportar traductores a los juzgados, pese a que nunca antes había hecho ese trabajo.
Rajoy espera las conclusiones de la investigación judicial para actuar. Las distintas pruebas acreditan el espionaje. Ahora, como dijo Rajoy, sólo hace falta saber quién lo ordenó: Aguirre, Granados o, por su cuenta, el ex director general de Seguridad Sergio Gamón. Eran los jefes de los espías.
(www.elpais.com, 18/05/10)
EL CASO DE LOS ESPÍAS EN MADRID. "NO LOS HABÍA VISTO EN MIS 20 AÑOS DE SERVICIO EN MADRID"
La juez del caso del espionaje político, Carmen Valcarce, le enseñó cada uno de los partes donde presuntamente aparecía su letra. Y la respuesta de José Manuel Pinto, empleado de la Consejería de Interior, que dirige Francisco Granados, fue invariable.
Juez: Reconoce usted su letra.
Pinto: No.
Así, una vez tras otra.
J: ¿Segurísimo?
P: Sí.
J: ¿Usted ha visto, aparte de en la prensa, estos partes alguna vez?
P: No.
J: ¿Usted hace partes?
P: Yo, personalmente, no.
J: ¿Qué le parecen estos partes?
P: Me parecen una broma.
J: O sea, que nunca los ha visto.
P: Nunca, nunca. Nada que yo conozca, ni que haya visto en mi vida en mis 20 años en la Comunidad de Madrid.
Pinto ahora tendrá un doble problema ante la juez: a tenor de la pericial caligráfica, le ha mentido reiteradamente durante su pasado interrogatorio y, encima, tiene que explicarle cómo llegaron a sus manos esos documentos, por qué anotó distintas matrículas y a quién le entregaba los resultados de las pesquisas sobre sus titulares o quién se encargaba de conectar con alguna base policial para obtener ilegalmente datos reservados.
El tono del interrogatorio de la juez ya denotaba su creciente exasperación e incredulidad ante las vagas coartadas que planteaban los agentes de Granados.
Pero esta nueva prueba, según fuentes de la investigación, parece haber desbordado su última gota de paciencia al comprobar que la policía, informe tras informe, va acreditando las mentiras y contradicciones de sus imputados y, por contra, se van reforzando todos los elementos de la denuncia formulada hace un año y medio por este diario: que un puñado de agentes y asesores a sueldo de Granados espiaron a los rivales políticos de Aguirre en 2008 a tenor de una treintena de partes originales, en los cuales había dejado su rastro la mano de Pinto.
(www.elpais.com, 18/05/10)
COBO VE "IMPERDONABLE" LO QUE HAN HECHO LOS RESPONSABLES DEL ESPIONAJE
El informe pericial caligráfico encargado por la juez instructora apunta a que el autor de los partes de seguimiento a Cobo y al ex vicepresidente regional Alfredo Prada fue José Manuel Pinto, un agente de la consejería de Interior dirigida por Francisco Granados.
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha tachado de "imperdonable" lo que han hecho al PP los responsables de los presuntos espionajes a los que le habrían sometido tanto a él como al ex consejero madrileño Alfredo Prada, y aseguró que no se disculpará por buscar justicia, algo a lo que "tienen derecho todos los ciudadanos".
En declaraciones a los medios tras publicar hoy el diario El País que los informes caligráficos de los presuntos partes de seguimientos confirman la autoría del agente autonómico José Manuel Pinto, Cobo afirmó asimismo que seguirá reclamando justicia en los tribunales, y pidió a los ex guardias civiles imputados en el caso que digan la verdad sobre lo ocurrido.
"No echo de menos ni espero nada de algunas personas, no espero absolutamente nada. Confío en la justicia, la juez y la fiscal y en aquellos letrados que nos asesoran en el procedimiento. De otras personas ni confío ni espero nada", respondió a la pregunta de si echa en falta una explicación pública de los responsables autonómicos.
(www.cadenaser.com, 18/05/10)
COBO VUELVE A LA CARGA: “CONFÍO EN LA JUSTICIA, LA JUEZ Y LA FISCAL. DE OTRAS PERSONAS NI CONFÍO NI ESPERO NADA”
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y hombre de confianza de Alberto Ruiz Gallardón, ha dejado claro que ni perdona ni olvida el supuesto seguimiento que padeció a manos de agentes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid entre abril y mayo de 2008. Sin mencionar nombres, Cobo ha asegurado que "hay personas que están haciendo mucho daño" al partido "cometiendo estos actos ilegales y protegiendo y amparando esta situación". Además, ha precisado que no se disculpará por buscar justicia –el caso está en manos de la jueza Carmen Valcarce-, algo a lo que “tienen derecho todos los ciudadanos”. Las declaraciones de Cobo llegan el mismo día en que el diario El País ha desvelado que el agente autonómico José Manuel Pinto es el autor de los partes de seguimiento según los informes caligráficos requeridos por la magistrado.
Cobo ha enfatizado en que seguirá reclamando justicia en los tribunales y ha pedido a los ex guardias civiles imputados que digan la verdad.
Comparecencia de Pinto
La mano derecha de Gallardón exigirá la comparecencia inmediata" de Pinto por demostrarse que “mintió” en el juzgado, pero no, por el momento, las de la presidenta Esperanza Aguirre y el consejero Francisco Granados. Cobo ha opinado que la instrucción de este caso "ha dado suficientes elementos de juicio para condenar a los culpables", el último de los cuales, ha dicho, es la prueba pericial de la que informa hoy El País."Hoy hemos comprobado que aquellas letras, números y matrículas manuscritas son de asesores o funcionarios de la Comunidad de Madrid", ha opinado, felicitando a la titular y a la fiscal del Juzgado número 5 de Madrid que lleva el caso.
“No espero nada”
El número dos del Ayuntamiento ha asegurado que "todos los pasos que han ido dando han ido probando lo que tanto Prada como yo hemos denunciado: que se produjo una situación absolutamente ilegal y vergonzosa de espiarnos". Al ser preguntado sobre si echaba en falta alguna explicación pública de los responsables autonómicos, el vicealcalde ha contestado: “No echo de menos ni espero nada de algunas personas, no espero absolutamente nada. Confío en la justicia, la juez y la fiscal y en aquellos letrados que nos asesoran en el procedimiento. De otras personas ni confío ni espero nada”. "No le voy a decir que pida perdón a nadie, no es mi papel. Exijo responsabilidades judiciales a aquellas personas que han cometido un delito, tengo todo el derecho y lo voy a seguir haciendo diga lo que diga quien lo diga", ha agregado.
Granados no ve espionaje
Del otro lado, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha dicho hoy que las informaciones de El País "sorprenden mucho", sobre todo "porque el señor Pinto se ha presentado voluntariamente a hacer la prueba y lleva meses pidiendo a la juez que le permitiera hacerla". Granados ha dicho tras un acto en Alpedrete que ni ha leído ni sabe si el informe pericial en cuestión ha llegado al juzgado por lo que no puede opinar. Aún así, ha insistido en que “lo que ha quedado comprobado en las últimas informaciones aportadas por la Policía al Juzgado es que en el caso del señor Cobo no se ha producido ningún seguimiento y que esto del espionaje es una absoluta broma". Granados ha dicho asimismo que la Comunidad de Madrid hizo informes periciales a todas las personas señaladas en el caso de espionaje a políticos y todos dieron negativo. Esos estudios los elaboró un perito que recibió un millón de euros en adjudicaciones del Ejecutivo regional.
El PSM quiere la dimisión de Granados
En sentido radicalmente opuesto, el Partido Socialista de Madrid ha dado credibilidad a las últimas informaciones sobre el espionaje y ha exigido el “cese” de Granados. "Es absolutamente grave lo que está ocurriendo, pues la información de El País consolida las denuncias que venimos haciendo, en el sentido de que ha habido espionaje en la Comunidad de Madrid" ha puntualizado el secretario general de este partido, Tomás Gómez.
(www.elplural.com, 18/05/10)
LA JUEZ OBTIENE LA PRUEBA CLAVE DEL ESPIONAJE A PRADA Y COBO POR AGENTES DE AGUIRRE
La letra de los partes del espionaje político realizado por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre contra Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, y Alfredo Prada, ex vicepresidente regional, era del agente autonómico José Manuel Pinto. Así al menos lo establece la prueba pericial caligráfica que la juez del caso encargó hace semanas a la policía, según han confirmado a este periódico diversas fuentes de la investigación. EL PAÍS llegó a la misma conclusión en un doble informe encargado a peritos de la Audiencia Nacional.
El agente autonómico José Manuel Pinto, a tenor de la pericial caligráfica encargada por la juez, anotó las matrículas de los coches relacionados con Prada, al que Aguirre echó de su Gobierno tras ficharlo Rajoy para su dirección. Los espías le siguieron a restaurantes o despachos e intentaron identificar a sus acompañantes. Ejemplo de ello es la matrícula de un coche anotada en el parte de espionaje del 27 de mayo en el que luego se identifica a su propietaria: la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores, una de las víctimas del supuesto espionaje que está personada en la causa contra los agentes al servicio del consejero de Interior Francisco Granados.
La anotación manuscrita de Pinto, según el informe pericial, no sólo acertó en la propietaria del vehículo sino también en el día en que dicha parlamentaria se encontró con Prada.
La huella dejada por Pinto en los partes confirma no sólo que los escritos que prueban el seguimiento político pagado con dinero público proceden de la Consejería de Interior, sino que la labor prestada por los agentes era de puro espionaje, ya que en los informes se detalla un auténtico marcaje al hombre, día y noche, en lo público y en lo privado, y no una mera descripción de control de algún acto político, en contra de la tesis que han mantenido ante el juez los sospechosos de hacer los seguimientos.
Pinto negó a la juez que hubiera escrito en los partes al menos en seis ocasiones. "No es mi letra, no he visto esos partes en mi vida", repitió. Con el informe pericial deberá dar nuevas explicaciones sobre el origen de los escritos mecanografiados sobre los que él escribía.
Dos informes policiales basados en posicionamientos telefónicos habían acreditado que los agentes del consejero de Interior, Francisco Granados, singularmente sus tres asesores procedentes de la Guardia Civil, siempre se hallaban en los mismos puntos y horas que registraban los partes de seguimiento a Prada o Cobo. Como última coartada, tras haber negado primero los seguimientos a uno y otro dirigente popular, alegaban que se trataban de meras coincidencias con sus vigilancias a consejerías cercanas al Ayuntamiento de Madrid o que el control de Prada se enmarcaba en la normal vigilancia a que sometían a cualquier consejero, algo que desmiente la mera visualización de sus posicionamientos telefónicos (el marcaje duró dos meses y se producía repetidamente en torno a actos íntimos o al domicilio), la normativa legal (las contravigilancias y escoltas son competencias ajenas a la Comunidad de Madrid) y el hecho de que nunca fueron alertados de tan pertinaces vigilantes ni Cobo ni Prada. La grafía de Pinto despeja las últimas dudas: este empleado de Granados deja su marca en varios folios donde se relata una actividad de claro espionaje.
Pinto, el único de los imputados que no fue fichado a dedo por el Gobierno del PP y que tiene plaza de empleado público, es un testigo privilegiado para explicar qué significaba "montado el dispositivo a la hora habitual" y "desmontamos el dispositivo ya que creemos que no va a haber movimientos", y cómo supo que un C-4 aparcado el 14 de abril junto a un restaurante donde estaba Prada pertenecía a una Secretaría de Estado. La anotación que hizo no se refería a ningún acto público. Era un coche que fue identificado por los espías cuando controlaban una cena de Prada en un restaurante de comandante Zorita con su mujer y "una chica muy joven" que resultó ser su hija. Pinto también puede ilustrar sobre la comida de Prada en la calle Fernando el Santo en la que los espías anotan que dejan su labor para una reunión en la dirección general. Y él anota tres matrículas de tres sospechosos de comer con Prada, quien compartió mantel ese día con dos altos cargos del Poder Judicial.
Las acusaciones temían que llegada esta prueba caligráfica casi año y medio después de estallar el escándalo, Pinto pudiera modificar artificialmente su letra para desvincularse del rastro dejado en los documentos. El Gobierno de Aguirre, que llegó a declarar que EL PAÍS se inventó los partes del espionaje, ya conoce a uno de sus presuntos autores. Y es empleado suyo.
LA LETRA LE DELATA
José Manuel Pinto, el autor de las anotaciones manuscritas en los partes de seguimiento a Alfredo Prada y Manuel Cobo, según el último informe pericial encargado por la juez, nunca estuvo en los lugares donde se perpetró el espionaje. Tan sólo existe constancia de que tres ex guardias civiles, fichados por el consejero Francisco Granados, y un ex policía nacional, siguieron a altos cargos del PP contrarios a Esperanza Aguirre. Sus teléfonos móviles les han delatado, a juzgar por el posicionamiento de los mismos, registrado por la compañía telefónica. Pinto, empleado público de la Comunidad y quinto agente del espionaje, tan solo anotaba por escrito algunos datos en los partes (el número de matrícula de vehículos, los nombres de personas que supuestamente estuvieron con Prada). La letra de los partes de espionaje le ha delatado.
(www.elpais.com, 18/05/10)
LA JUEZ AL JEFE DE LOS SUPUESTOS ESPÍAS: "NO SÉ QUÉ HACEN USTED Y SUS HOMBRES"
La Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, que dirige Francisco Granados, del PP asignaba en 2008 una labor a cada uno de sus 40 funcionarios, según un estadillo mensual difundido por este diario. Todos tenían asignada la supervisión de la seguridad de una consejería. En dicho listado no figuraba ninguno de los ocho agentes de Granados sospechosos del espionaje al vicealcalde Manuel Cobo y al ex vicepresidente regional, Alfredo Prada.
A su vez, cada consejería disponía de dos mallas de seguridad: la interna, ejercida por una firma privada; y la externa, a cargo de una unidad de la Guardia Civil. Los 40 agentes de Granados sólo supervisaban la seguridad interna. Y si hallaban alguna incidencia, la reflejaban en un parte. Sin embargo, los tres asesores de Granados imputados por el espionaje a Cobo y a Alfredo Prada entre abril y mayo de 2008, han proclamado ante la juez que si los posicionamientos de sus teléfonos móviles les sitúa alrededor del edificio donde Cobo tiene su despacho en los días y horas que también señalan los partes del espionaje sería porque estaban vigilando alguna consejería cercana. Y para hacer ese trabajo, confesaron a la juez que no recibían órdenes por escrito, ni emitieron ningún documento sobre su supuesta supervisión. Todo esto dejó perpleja a la juez, que les lanzó un duro reproche, especialmente al ex director general de Seguridad Sergio Gamón, también imputado.
Juez. Señor Gamón, yo tengo un problema con este tema, es que no sé qué hacen usted y sus hombres.
Gamón. Mis hombres no son, son asesores del consejero.
J. Usted da las órdenes, y por lo tanto les llamo sus hombres. Órdenes que no hay manera de controlar. Ni hay órdenes por escrito, ni hay reporte por escrito. Ni hay absolutamente nada. Entiendo que el puesto que ocupan en la Comunidad de Madrid es un puesto privilegiado, pero no hay manera de comprobar nada, pueden estar jugando al mus...
G. Yo si quiere le cuento lo que hacíamos...
J. Ya, pero es su palabra, yo no es que sea Santo Tomás, pero no hay manera de saber lo que hacían ustedes.
La juez le pregunta si el centro de Madrid era una zona caliente.
G. Claro, tenemos todas las consejerías ahí.
J. Ya, pero mire usted, a uno de sus hombres le he preguntado si sabía de las consejerías y me ha dicho que no, al otro le he preguntado que si en octubre también estaban ahí y me dice que no sabe. Erigirse en el único enterado tiene sus problemas. Los demás, no saben. Usted les dice que vayan por ahí y van por ahí, no saben ni los edificios. (...) ¿Abril fue un mes normal?
G. Fue un mes normal. Hubo un tema.
J. ¿En abril o mayo?
G. No sé.
J. Pues ya se lo podía haber mirado usted.
Luego se polemiza sobre quién es el jefe de los supuestos espías.
Fiscal. ¿Y usted no lleva ningún tipo de control de la actividad de sus asesores?
G. No son mis asesores, eran del consejero.
F. Usted era su superior y les daba las órdenes.
G. En este tema de la seguridad de los edificios, sí.
F. Y no queda ninguna constancia de su actividad.
G. Ninguna.
En un momento dado, Gamón jura que es pura coincidencia que sus hombres aparezcan en los mismos lugares, fechas y horas que marcan los partes del espionaje a Cobo. Y la juez le muestra una abierta duda.
G. Decir que mis hombres han estado en la zona centro es muy fácil, lo puede decir cualquiera.
J. Pues esto se ha guisado en su patio.
G. No, yo le garantizo que no.
Gamón aporta varios elementos curiosos más: por un lado, alega que si sus hombres aparecen en la plaza de la Independencia es porque están vigilando la entrada o salida del consejero de alguna de las sedes cercanas; pero luego matiza que desde allí no se puede ver nada porque hay mucho tráfico. Nada dice sobre el hecho de que sus asesores aparezcan repetidamente a espaldas del Ayuntamiento, junto a la calle Juan de Mena y Montalbán, desde donde aún se ve menos cualquiera de las dos consejerías cercanas, situadas en Alcalá 63 (Familia) e Independencia 6 (Deportes). Gamón negó que se practicaran contravigilancias o seguimientos a Prada, al contrario de lo que viene diciendo en público su jefe, el consejero Granados, que atribuyó a contravigilancias y escoltas el marcaje de sus hombres. Gamón reveló que los otros asesores (los ex policías Roberto Casielles, José María Rodríguez y Belén Esparteros) también estarían en la zona donde fueron cazados, presuntamente espiando a Prada o Cobo, los tres ex guardias civiles. "Yo estoy convencido de que los otros también estaban ahí, lo que pasa es que no hicieron ninguna llamada". Gamón también contó a la juez que durante los actos hablaba "muchísimo" con la presidenta Esperanza Aguirre, aunque nunca por teléfono.
Los tres ex guardias civiles asesores de Granados (José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado) siguieron idéntico guión ante la juez: sus posicionamientos telefónicos y los partes del espionaje les ubicaban en el entorno de Cobo, aunque previamente habían testificado que nunca lo habían seguido. Los tres alegaron que si aparecían allí, junto al Ayuntamiento, era porque estaban vigilando alguna consejería. Pero nunca precisaban qué consejería, ni a qué hora, ni por qué motivo. Incluso intentaban presentar como coartada un encierro en una de ellas que, según les recordó la juez, se produjo un mes después. Ni siquiera sabían la ubicación de las consejerías vigiladas. Su letrado quiso recordarles todas en su interrogatorio. Pero la juez le cortó: "No me dejan claro a qué se dedican ustedes. La defensa les está preguntando donde están los edificios de la Comunidad de Madrid y ninguno de ustedes se ha molestado en saber dónde están, pues usted me dirá...".
(www.elpais.com, 1705/10)
"NO HAY ÓRDENES, ERAN ALMAS LIBRES"
La juez Carmen Valcarce mostró repetidamente su ironía ante las evasivas respuestas de los cinco subordinados del consejero Granados. Ante la tozuda respuesta de que no había constancia escrita de su labor, la juez estalló:
Juez. ¿Todo es verbal?
José Oreja. Todo es verbal.
Juez. Ya me gustaría a mí que me pasara. No se ría usted. No hay manera de saber su función de trabajo, lo que se les encargaba cada día.
O. Las directrices las daba Gamón y era verbal.
J. ¿Y si les piden ir a vigilar una consejería y ustedes se van a tomar copas?
O. Era bajo moral de cada uno.
J. Pero tampoco queda un tema de que os haya mandado a cada zona.
O. Evidentemente.
J. Tampoco rellenaban partes semanales.
O. Tampoco.
La juez, ante la desmemoria de por qué se llamaban tanto entre sí, les recrimina: "Parece mentira que no sepan que los móviles los carga el diablo". Y confiesa que no ve respuesta a su pregunta: "Yo quiero saber por qué en abril era prioritaria la vigilancia de la zona centro de Madrid y en junio no era prioritaria". Tampoco se explicó, si era tan crucial vigilar esas consejerías, por qué las abandonaban para dirigirse a la sede central del PP, o al domicilio del entonces vicepresidente Alfredo Prada, o a los restaurantes que éste visitaba. "No hay escritos de las órdenes de Gamón ni ustedes daban partes. Ustedes eran almas libres, ustedes y su jefe", remacha la juez.
José Manuel Pinto, empleado de Granados identificado como el autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje por una doble pericial contratada por este diario, se llevó también un tirón de orejas ante sus vaguedades. Pinto estaba adscrito personalmente en 2008 al entonces director general, Sergio Gamón.
J. ¿Cuál es su función?
Pinto. La seguridad.
J. Y la mía impartir justicia, déjese de circunloquios...
Pinto, a diferencia de lo que declararon los ex guardias civiles fichados por Granados respecto a la contravigilancia a la presidenta y otros consejeros, aseguró a la juez que no se vigiló a nadie como a Prada.
(www.elpais.com, 1705/10)
EL JEFE DE LOS ESPÍAS: "YO EN LOS ACTOS HABLABA MUCHÍSIMO CON AGUIRRE"
No hay muchos madrileños que puedan jactarse de hablar a menudo o, simplemente, de estar cerca de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Y, sin embargo, los hay que pueden presumir de ambas cosas. Es el caso de Sergio Gamón, supuesto jefe de los espías de la Consejería de Interior que siguieron de cerca de dos enemigos políticos de la presidenta, Manuel Cobo y Alfredo Prada. “Yo en los actos hablaba muchísimo con Esperanza Aguirre”, aunque nunca por teléfono, ha declarado Gamón ante la juez Carmen Valcarce, quien investiga los presuntos espionajes. Como ha informado este periódico, la relación de Aguirre y Gamón viene de lejos y se remite a 1996, cuando ella era ministra de Cultura y él su escolta. Gamón fue evolucionando según lo hacía la lideresa, y pasó de ser un “policía tipo Torrente” a un alto cargo de la Comunidad de Madrid. Y no sólo él sacó rédito de esta amistad: su mujer llegó a ser secretaria del Senado, y su hija, concejala de Fuenlabrada.
Además de prestarse para comentarios de este tipo, los interrogatorios, desvelados este lunes por el diario El País, han tenido otros tintes surrealistas: los supuestos espías no saben quién les daba las órdenes –esto ha llevado a la magistrada a tacharles irónicamente de “almas libres”- y ni siquiera han podido decir dónde están las consejerías de la Comunidad que, según ellos, vigilaban.
Espías sin función asignada
Según informa el diario de Prisa, a pesar de que cada uno de los 40 funcionarios de la Consejería de Interior tenía asignada una labor en 2008, el año en que se produjeron los seguimientos, no hay ningún dato de qué hacían o para quién trabajaban Gamón y los ocho agentes sospechosos de elaborar los partes sobre Cobo, vicealcalde de Madrid, y Prada, actual responsable del PP en el Exterior y ex consejero de Aguirre.
“Almas libres”
Por el contrario, los tres asesores del consejero Francisco Granados que están imputados en el caso han proclamado que no recibían órdenes y han justificado su coincidencia con los espiados –un extremo documentado por los posicionamientos de los móviles- en que vigilaban consejerías cercanas. No hay escritos, ni partes, ni documentación sobre esta supuesta vigilancia. Por el contrario, los imputados aseguran que “todo” se mandaba de forma “verbal” y “las instrucciones las daba Gamón” –declaración de José Oreja, uno de los asesores de Granados-. No es de extrañar, por tanto, que Valcarce replicará con ironía a los acusados tachándoles de “almas libres”.
Prioridad cambiante
La magistrada también se ha mostrado escéptica sobre la excusa esgrimida por los imputados para estar en el centro –la vigilancia de consejerías-. Valcárce les ha interrogado con sarcasmo acerca del por qué la “zona centro de Madrid” era “prioritaria en abril”, cuando se ejecutaron los seguimientos, y dejó de serlo “en junio”. Además, ha evidenciado que los supuestos espías abandonaban rápidamente el supuesto cometido prioritario –las consejerías- para dirigirse a la sede central del PP o, incluso, al domicilio de Prada.
Contradicciones flagrantes
En los interrogatorios ha habido, además, contradicciones flagrantes como las de Gamón, quien ha negado que se efectuara contravigilancia a Prada, entonces consejero del PP de Madrid. Esta ha sido la explicación pública y notoria del actual titular regional de Interior. Destaca, asimismo, la incoherencia de las declaraciones de los tres asesores de Granados –el citado José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado-: todos negaron estar en el entorno de Cobo y se situaron en el de las consejerías. Ninguno supo, no obstante, decir dónde están estas sedes. “No me dejan claro a qué se dedican ustedes. La defensa le está preguntando dónde están los edificios de la Comunidad de Madrid y ninguno se ha molestado en saber dónde están, pues usted me dirá…”, apuntó Varlcarce.
Interrogatorio de Gamón
A continuación, reproducimos un extracto del interrogatorio de Sergio Gamón transcrito por El País:
Juez. Señor Gamón, yo tengo un problema con este tema, es que no sé qué hacen usted y sus hombres.
Gamón. Mis hombres no son, son asesores del consejero.
J. Usted da las órdenes, y por lo tanto les llamo sus hombres. Órdenes que no hay manera de controlar. Ni hay órdenes por escrito, ni hay reporte por escrito. Ni hay absolutamente nada. Entiendo que el puesto que ocupan en la Comunidad de Madrid es un puesto privilegiado, pero no hay manera de comprobar nada, pueden estar jugando al mus...
G. Yo si quiere le cuento lo que hacíamos...
J. Ya, pero es su palabra, yo no es que sea Santo Tomás, pero no hay manera de saber lo que hacían ustedes.
La juez pregunta si el centro de Madrid era una zona caliente.
G. Claro, tenemos todas las consejerías ahí.
J. Ya, pero mire usted, a uno de sus hombres le he preguntado si sabía de las consejerías y me ha dicho que no, al otro le he preguntado que si en octubre también estaban ahí y me dice que no sabe. Erigirse en el único enterado tiene sus problemas. Los demás, no saben. Usted les dice que vayan por ahí y van por ahí, no saben ni los edificios. (...) ¿Abril fue un mes normal?
G. Fue un mes normal. Hubo un tema.
J. ¿En abril o mayo?
G. No sé.
J. Pues ya se lo podía haber mirado usted.
Luego se polemiza sobre quién es el jefe de los supuestos espías.
Fiscal. ¿Y usted no lleva ningún tipo de control de la actividad de sus asesores?
G. No son mis asesores, eran del consejero.
F. Usted era su superior y les daba las órdenes.
G. En este tema de la seguridad de los edificios, sí
F. Y no queda ninguna constancia de su actividad.
G. Ninguna.
En un momento dado, Gamón jura que es pura coincidencia que sus hombres aparezcan en los mismos lugares, fechas y horas que marcan los partes del espionaje a Cobo. La juez se muestra escéptica
G. Decir que mis hombres han estado en la zona centro es muy fácil, lo puede decir cualquiera.
J. Pues esto se ha guisado en su patio.
G. No, yo le garantizo que no.
(www.elplural.com, 1705/10)
COBO RETA A GRANADOS PARA QUE HABLE DEL ESPIONAJE
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se dirigió ayer a través de los medios a Francisco Granados, consejero de Presidencia, Interior y Justicia, para pedirle que sea coherente en sus declaraciones públicas y privadas sobre el espionaje del que fue objeto y que realizaron presuntamente tres ex guardias civiles a cargo del Ejecutivo regional.
"Me gustaría que todos dijéramos lo mismo sobre este asunto en público y en privado. Y aquellos que dicen cosa distinta querría que rectificaran y que autorizaran a quienes han sido receptores de información a que las hagan públicas", afirmó Cobo en clara alusión a Granados, que ante los micrófonos niega taxativamente los seguimientos.
El vicealcalde respondió también a Esperanza Aguirre, que el pasado domingo comentó que aún no había recibido las disculpas de Cobo por la entrevista que concedió a este periódico y por la que está suspendido de militancia. "No sé concretamente por qué parte de las declaraciones hay algún motivo para pedir perdón. Si es por donde manifesté que existió un espionaje [que Cobo calificó de "gestapillo"], de momento ya hay varios imputados. Si hablamos de cuál era mi consideración a lo que se hacía con Rodrigo Rato [consideró la gestión para elegir al presidente de Caja Madrid de "vómito"] tampoco hay motivo para pedir perdón. Bastante hago que no he comentado qué se preguntó sobre Rodrigo Rato con un micrófono abierto", dijo Cobo para referirse al día en que Esperanza Aguirre además de alegrarse de haberle dado un puesto a Izquierda Unida en lugar de al "hijoputa", le preguntó a su vicepresidente, Ignacio González: "¿Qué armas tenemos contra él?", refiriéndose supuestamente a Rato.
(www.elpais.com, 07/05/10)
¿DEBE DIMITIR GRANADOS?
En enero de 2009 se conoció que altos cargos del PP en Madrid fueron seguidos por asesores del Gobierno regional. Casi un año y medio después se acaba de hacer público un informe policial que acredita que tres ex guardias civiles contratados como asesores de Seguridad por el consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, espiaron a miembros del PP de Madrid.
La encuesta de Metroscopia para EL PAÍS revela que la mayoría de los madrileños considera que el consejero de Esperanza Aguirre debería dimitir de su cargo de forma inmediata como consecuencia de este asunto. Un 62% de los encuestados considera que Granados debería irse ya mismo. Esta opinión también la comparte el 51% del electorado del PP.
Los seguimientos se realizaron semanas antes del último congreso nacional del PP, celebrado en Valencia en junio de 2008, en el que Rajoy revalidó el liderazgo del PP. Por aquellas fechas, Aguirre meditaba si disputar la presidencia del partido. Y también por aquella época varios altos cargos del PP en Madrid fueron espiados. Entre ellos, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada.
La encuesta se ha realizado justo un día después de que Manuel Cobo responsabilizara al consejero regional del espionaje. "El informe policial prueba que agentes a las órdenes de Granados me espiaron", aseguró el pasado miércoles el número dos del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
"Cuando uno se equivoca pide perdón porque de esta forma se enriquece a la gente", manifestó poco después Granados. Se refería al enfrentamiento que mantiene con el vicealcalde de Madrid por este asunto. El consejero de Presidencia, Interior y Justicia ha amenazado con llevar a Cobo a los tribunales por sus acusaciones.
Granados ocupaba la cartera de Interior cuando se produjeron los seguimientos. El juez que investiga el caso ha imputado a cinco personas relacionadas con esta consejería. Entre ellas a los tres ex guardias civiles que trabajaron como asesores en ese departamento y al ex director de la Seguridad regional, Sergio Gamón. Un informe pericial, encargado por este diario, sobre los partes de seguimiento sostiene que los espías provienen de la consejería que dirige Granados. El consejero encargó otro informe que contradecía esta tesis. El empresario que realizó este informe para el Gobierno regional, Castor Iglesias, logró un contrato de un millón de euros por el servicio regional de traducción e interpretación para la justicia madrileña.
El pasado miércoles prestaron declaración ante el juez los tres ex guardias civiles y su ex jefe. Negaron que alguien les ordenara realizar los seguimientos. Estos imputados han cambiado de versión, al menos dos veces, desde que el caso está en los tribunales.
Si la trama del espionaje ha dañado seriamente la imagen de Francisco Granados, la presidenta, Esperanza Aguirre, tampoco sale airosa de este asunto. Un 43% de los entrevistados considera que el espionaje le ha deteriorado mucho o bastante, frente a un 46% que opina que apenas le ha hecho mella. Esta cuestión pone de relieve la fuerte polarización del voto en la Comunidad de Madrid. Esta fuerte división también se pone de manifiesto entre los encuestados que consideran que Esperanza Aguirre no debería volver a ser candidata a la presidencia de la Comunidad (un 74% de los votantes del PSOE, frente a un 14% del PP) y los que opinan que debería repetir porque sigue contando con el mismo respaldo popular de siempre (un 83% del PP, frente al 20% del PSOE).
(www.elpais.com, 02/05/10)
GRANADOS: "CUANDO UNO SE EQUIVOCA, PIDE PERDÓN"
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, aseguró ayer que "cuando uno se equivoca, pide perdón", ya que "enriquece a la gente", unas palabras que pronunció a raíz del último enfrentamiento mantenido con el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, con motivo del cruce de acusaciones por el supuesto espionaje de miembros del Partido Popular en Madrid. Cobo señaló el jueves que "no hacen falta más pruebas" de que se produjo un espionaje y se preguntó por qué desde la Comunidad de Madrid se "quiere negar la evidencia".
El consejero se reafirmó en sus palabras del jueves, en las que advirtió a Cobo de que le llevaría a los tribunales. "En el ejercicio de sus necesidades y competencias [el vicealcalde] tiene que dedicarse a trabajar y no realizar manifestaciones que perjudican a la buena imagen del partido, que le resten opciones y le aparten de su objetivo de ganar las próximas elecciones", sostuvo.
Granados recordó que hace más de un año pidió perdón públicamente a Cobo por haberle llamado en tono despectivo "afiliado de base". "Cometí un error, le pedí perdón y ahora tengo la conciencia tranquila", aseguró el consejero, quien insistió en que él se disculpó públicamente. Indicó que siempre ha mantenido "una buena relación" con Cobo y lamentó que ya no sea así.
A preguntas sobre si llevará al vicealcalde ante el Comité de Derechos y Garantías por sus palabras del jueves, el consejero respondió que no y que su intención es dedicarse a que "el Partido Popular gane las próximas elecciones", algo que, a su juicio, debería hacer el resto de miembros del partido.
(www.elpais.com, 01/05/10)
GRANADOS LLEVARÁ A JUICIO A COBO
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, reaccionó ayer con virulencia ante las declaraciones del vicealcalde, Manuel Cobo, que asegura que tanto él como Alfredo Prada, ex vicepresidente regional, fueron espiados por tres ex guardias civiles contratados a dedo por el propio consejero.
Granados, tras conocer que Cobo había afirmado que el espionaje estaba "más que probado" y negase que los agentes actuasen motu proprio, tal y como declararon el miércoles ante la juez Carmen Valcarce, amenazó al segundo de Alberto Ruiz-Gallardón con llevarle ante los tribunales "por las barbaridades que está diciendo" e insistió en que Cobo "tiene que pedir perdón". "Que deje de trabajar contra el PP", añadió el número dos del partido regional, "y de destilar odio contra compañeros del partido". También pidió que "deje de insultar gravemente al Gobierno regional y a funcionarios de la Comunidad".
"¿Por qué se le pide al agredido que pida perdón?", había preguntado antes el vicealcalde. Cobo, indignado por las declaraciones de los supuestos espías (José Luis Caro, José Ortega y Antonio Coronado), que ahora aseguran que no recibieron órdenes, y que ya han contado hasta tres versiones en 14 meses, dijo tras la junta de gobierno que con independencia de cuál sea la resolución judicial sobre el uso de fondos públicos en el supuesto espionaje, "lo importante es que ha quedado probado", tal y como lo reflejaban en los partes de seguimiento publicados.
Se confesó dolido porque el letrado del PP de Madrid apoye a los espías. "Si no tienen nada que ocultar algunos responsables políticos, ¿por qué se ponen del lado de los imputados?", cuestionó Cobo.El vicealcalde, que utilizó 11 minutos de su comparecencia para referirse al caso de espionaje, argumentó sus afirmaciones. Le parece "imposible" que los presuntos espías estuvieran "por casualidad" en los lugares señalados en los partes de seguimiento, donde también se encontraban en esos momentos Prada o él mismo. "Hay cosas que no van a poder explicar", aseguró Cobo. "Si los partes son una invención sacada de las agendas de los espiados, ¿por qué los espías sólo están esos días, a esas horas, en esos lugares? ¿Cómo explican que tal día contravigilaban a Prada, y antes habían estado aquí [al lado del Ayuntamiento, donde trabaja Cobo]? ¿Por qué los imputados no contestaron ayer a quién corresponden los dos números a los que llamaron 26 veces a la una menos diez de la mañana al lado de un restaurante?", preguntaba el vicealcalde. "Yo, por ejemplo, estoy deseando conocer quién espió a Ignacio González, vicepresidente regional, porque no tengo nada que ver. Porque no tengo nada que ocultar. No entiendo que otras personas que aseguran que no tienen nada que ver en esto estén deseando que se archive el caso", añadió.
Cobo apuntó, pero no llegó a disparar. "Yo no puedo saber quién ha encargado esto, bajo qué órdenes actuaron, quién es el responsable final, pero que ha ocurrido es seguro, lo sabe todo el mundo: lo sabe la ciudadanía y lo sabe mi partido", alegó.
Granados, que insinuó que a Cobo lo que le duele es su "intento fallido" de conseguir la presidencia del PP regional en 2004, en la que finalmente Aguirre le ganó por una diferencia aplastante, pidió al vicealcalde que dejase de "perjudicar al partido y de demostrar condescendencia con los adversarios políticos".
El consejero dijo que ha quedado demostrado en un informe policial "que Cobo no aparece en ninguno de los posicionamientos que ha dado la policía con referencia a los guardias civiles", y criticó que el vicealcalde "siga intentando alargar este asunto e insultando e injuriando gravemente no sólo al Gobierno regional, sino también a funcionarios regionales".
Los hechos que han desencadenado el rifirrafe entre estos dos pesos pesados de la política madrileña tuvieron lugar en 2008. Cinco subordinados de Granados (los tres guardias civiles, el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, y el empleado público José Manuel Pinto, identificado como el autor de las notas manuscritas de los partes del seguimiento), presuntamente espiaron a Cobo y Prada, que casualmente no eran partidarios de que la presidenta Aguirre se presentase contra Mariano Rajoy a la presidencia del partido. Granados asegura que si los ex agentes aparecían junto al despacho de Cobo a la hora en que éste llegaba entre el 1 y el 8 de abril de 2008 era porque estaban custodiando alguna de las consejerías cercanas a ese punto. "Hay personas que niegan la evidencia", zanjó Cobo en su intervención.
(www.elpais.com, 30/04/10)
MANUEL COBO: "NOS AGREDEN Y NOS ESPÍAN, Y EL SEÑOR GRANADOS NOS DICE QUE PIDAMOS PERDÓN, NO LO PODEMOS ENTENDER"
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha hablado hoy indignado sobre el espionaje del que fue objeto por parte de tres ex guardias civiles contratados a dedo por el consejero de Interior de la Comunidad y secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados, el vicealcalde de Madrid desgranó numerosos argumentos para recalcar que el espionaje a Alfredo Prada, ex vicepresidente regional, y a él mismo, se ha producido tal y como queda reflejado en los partes de seguimiento publicados por EL PAÍS y contrastado con el informe sobre los posicionamientos telefónicos que tiene en su poder la juez.
"Nos agreden y nos espían, y el señor Granados nos dice que pidamos perdón, no lo podemos entender", ha declarado el vicealcalde. Los ex guardias civiles, que han contado tres versiones diferentes de los hechos en los últimos 14 meses, se negaron a responder a los abogados de los tres dirigentes del PP supuestamente espiados. Granados, que los contrató, ha llegado a exigir a Cobo y Prada que pidan perdón. Por eso, hoy, Cobo ha estallado.
Cobo ha respondido con indignación a las declaraciones hechas ayer en el juicio contra los supuestos espías, que siguieron a algunos miembros del PP local cuando Esperanza Aguirre estudiaba presentarse contra Mariano Rajoy a la presidencia del partido. "Hay cuestiones que nunca van a poder probar, aunque pongan cara de decir la verdad", ha dicho el vicealcalde en referencia a las declaraciones de ayer, en las que los supuestos espías dijeron actuar por su propia cuenta sin obedecer órdenes de nadie. "Yo no puedo saber quién ha encargado esto, bajo qué órdenes actuaron, quién es el responsable final", ha confesado Cobo, "pero que ha ocurrido es seguro, lo sabe todo el mundo: lo sabe la ciudadanía y lo sabe mi partido".
Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, ha respondido de forma contundente esta misma mañana las declaraciones de Cobo: "Tiene que pedir perdón y, además, tendrá que responder en los tribunales a las barbaridades que está diciendo en las últimas horas", informa EFE. Granados ha pedido al vicealcalde, además, "que deje de trabajar en contra del PP y que deje de destilar odio contra compañeros del partido".
Los tres ex guardias esgrimieron en el juicio ayer la misma coartada que había formulado días antes su consejero: que si aparecían junto al despacho de Cobo a la hora en que este llegaba todas las mañanas entre el 1 y el 8 de abril de 2008 era porque estaban custodiando alguna de las consejerías cercanas a ese punto. Pero, según fuentes jurídicas, cuando se les pedía detalle de qué consejería vigilaban, fueron incapaces de precisarlo. Alegaron desmemoria. Algunos ni siquiera sabían todas las consejerías cercanas.
Cobo, que está suspendido de militancia en el partido durante seis meses por una entrevista en EL PAÍS, ha respondido indignado al hecho de que desde la dirección regional del partido, que dirige Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, se apoyen las tesis de los imputados. "Me duele que el letrado del PP de Madrid personado en la causa se apoyen las tesis de los abogados de los imputados, es algo que no puedo entender", ha dicho a la salida del pleno que el Ayuntamiento ha celebrado hoy. "No entiendo por qué se le pide al agredido que pida perdón o que no hable, o que calle, o que pida que se archive el caso, no lo puedo entender".
Al vicealcalde no le quedan dudas de que el espionaje existió. "Es imposible que se dieran tantas coincidencias", ha dicho, "pero hay personas que niegan la evidencia". Además, ha añadido: "El espionaje está más que probado".
Granados ha respondido a esto diciendo que le parece "patético el que, una vez demostrado a través de un informe policial que el señor Cobo no aparece en ninguno de los posicionamientos que ha dado la policía, siga intentando alargar este asunto". El secretario general del PP madrileño tiene claro que no se trata sólo del espionaje: "hay lo de siempre: el ataque sistemático a la dirección general del partido y al secretario general, que soy yo".
(www.elpais.com, 30/04/10)
LOS ESPÍAS DE COBO Y PRADA CAMBIAN SU VERSIÓN: "NO RECIBÍAMOS ÓRDENES"
El juzgado número cinco de instrucción de la madrileña plaza de Castilla, cuya titular es Carmen Valcarce, tuvo ayer una inusual clientela. Estaban citados cinco subordinados del consejero madrileño de Interior, Francisco Granados, por el supuesto espionaje sufrido en 2008 por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada.
La lista de imputados con cita judicial para ayer tarde la engrosaban los tres ex guardias civiles asesores de Granados (José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado), el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, y el empleado público José Manuel Pinto, al que una doble pericial contratada por este diario identificó como el autor de las notas manuscritas de los partes de seguimiento.
Los tres ex guardias esgrimieron la misma coartada que había formulado días antes su consejero: que si aparecían junto al despacho de Cobo a la hora en que este llegaba todas las mañanas entre el 1 y el 8 de abril de 2008 era porque estaban custodiando alguna de las consejerías cercanas a ese punto. Pero, según fuentes jurídicas, cuando se les pedía detalle de qué consejería vigilaban, fueron incapaces de precisarlo. Alegaron desmemoria. Algunos ni siquiera sabían todas las consejerías cercanas.
La juez les mostró la contradicción de que habían declarado que no habían seguido a Cobo y, sin embargo, los posicionamientos los ubicaban junto al vicealcalde en los días que señalaban los partes, e inmediatamente después en el mismo parte, siguiendo a Prada, como también demostraban los posicionamientos telefónicos.
Los agentes declararon ayer a la juez que decidían con plena autonomía dónde ir cada día a vigilar, sin dejar constancia documental de ese trabajo. Nueve meses antes, le dijeron a la misma juez que lo hacían todo por orden de su jefe Sergio Gamón. La juez, según fuentes jurídicas, les espetó ayer que no entendía su trabajo pero, ironizó, le resultaba envidiable. Los tres se negaron a contestar a las defensas de las víctimas.
El jefe de los espías, Sergio Gamón, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, tampoco fue más preciso: sólo indicó que si estaban allí, junto a Cobo, sería porque era necesario custodiar alguna consejería. Sin embargo, sólo en los días en que los partes de seguimiento registran seguimientos a Cobo aparecen los ex guardias civiles por esa zona. Parece que el resto de los días no hacía falta custodiar las consejerías. La juez volvió a mostrar que no entendía qué trabajo era ese que no dejaba reflejo escrito.
Respecto del espionaje a Alfredo Prada, Gamón respaldó que le habían vigilado incluso en su domicilio como a los demás consejeros. Lo hicieron durante dos meses seguidos. Y sólo lo hizo el personal más cualificado y mejor pagado de la consejería, los asesores de confianza del consejero Granados. De la mañana a la noche y en lugares públicos y privados. Sobre eso no pudieron responder porque no contestaron a los abogados de los espiados.
El agente Pinto, por su parte, negó ser el autor de las notas manuscritas de los partes. Achacó tal acusación a un sindicalista de UGT al que no identificó. La juez le tomó abundante prueba de su escritura.
Su interrogatorio se había ordenado una vez que la juez del caso, Carmen Valcarce, había recibido un nuevo informe policial sobre los posicionamientos de los móviles de los ocho agentes de Granados sospechosos de practicar dichos seguimientos ilegales nutridos con fondos públicos.
Y si el anterior informe policial acreditó que los tres ex guardias asesores de Granados habían seguido sin descanso durante mayo de 2008 a Prada, el nuevo análisis probaba que en abril de 2008 estos mismos tres agentes se alternaron en diversas jornadas en los marcajes ilegales de Prada y Cobo.
Si ahora dan por cierto los ex guardias civiles el seguimiento a Prada, aunque encubierto bajo fórmulas de "contravigilancias" o "escolta", competencias ajenas a la Comunidad de Madrid, los abogados de los espiados creen que hay que dar por validados también los marcajes a Cobo. Porque los espías van de un objetivo a otro, Prada o Cobo, y los rastros de los móviles siguen igual trayectoria y así se refleja en los partes. "Lo que se admite como cierto a partir de una hora, no puede ser falso un minuto antes sólo porque el espiado es Cobo y ahí no hay coartada posible para explicar por qué se sigue a un cargo ajeno a la Comunidad y que tiene escolta y contravigilancia municipales", explicaban las defensas de las víctimas.
(www.elpais.com, 29/04/10)
DOS ESTRATEGIAS FRENTE A FRENTE
Dos estrategias chocaron en sede judicial. Ambas lideradas por dirigentes del PP. Unos, que se opusieron en su día a la línea anti Rajoy de Esperanza Aguirre, fueron víctimas del espionaje en vísperas del congreso que debía definir el liderazgo del PP. Se trata del vicealcalde madrileño Manuel Cobo, el entonces vicepresidente segundo regional Alfredo Prada y la diputada autonómica Carmen Rodríguez Flores. Los otros, los acusados, son todos subordinados de Francisco Granados, consejero de Interior de Aguirre. Más de un año después de que estallara el escándalo, las víctimas mantienen el mismo reto: quieren saber quién ordenó y financió el intenso espionaje que sufrieron en sus carnes cuando se ventilaba un pulso entre su máximo mentor político, Mariano Rajoy, y Aguirre. Ellos no han variado su discurso. Aguirre y los suyos, sí.
Al inicio, aseguraron que nunca se había seguido a Cobo ni a Prada. Ante la evidencia de que el primer informe policial ya demostraba que en mayo de 2008 Prada fue seguido hasta la saciedad por agentes de Granados, éste aventó que no era extraño que se produjeran coincidencias dado que al ex vicepresidente segundo se le habían practicado contravigilancias como a cualquier otro miembro del Gobierno de Aguirre. Contravigilancias que serían ilegales. Y que nunca han demostrado haber aplicado con tal furor a ningún otro cargo.
Aguirre no ha despedido a ninguno de los cinco imputados que mantiene bajo contrato, cuatro en calidad de asesores. Ello contrasta con su exigencia de dimisiones en el caso Gürtel para los cargos propios y ajenos del partido. Y manipula en su descargo una frase de un periodista para asegurar que no hay pruebas de que ella ordenara el espionaje. Pero no explica por qué le es más fácil echar a sus diputados que a sus asesores cazados en labores de espía.
(www.elpais.com, 29/04/10)
COBO: "NOS AGREDEN Y NOS ESPÍAN, Y EL SEÑOR GRANADOS NOS DICE QUE PIDAMOS PERDÓN"
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha estallado hoy tras meses de silencio. En la rueda de prensa de la Comisión de Gobierno y tras ser preguntado por el espionaje del que fue objeto por parte de tres ex guardias civiles contratados a dedo por el consejero de Interior de la Comunidad y secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados, el vicealcalde de Madrid desgranó numerosos argumentos para recalcar que el espionaje a Alfredo Prada, ex vicepresidente regional, y a él mismo, se ha producido tal y como queda reflejado en los partes de seguimiento publicados por EL PAÍS y contrastado con el informe sobre los posicionamientos telefónicos que tiene en su poder la juez.
"Nos agreden y nos espían, y el señor Granados nos dice que pidamos perdón, no lo podemos entender", ha declarado el vicealcalde. Los ex guardias civiles, que han contado tres versiones diferentes de los hechos en los últimos 14 meses, se negaron a responder a los abogados de los tres dirigentes del PP supuestamente espiados. Granados, que los contrató, ha llegado a exigir a Cobo y Prada que pidan perdón. Por eso, hoy, Cobo ha estallado.
Cobo ha respondido con indignación a las declaraciones hechas ayer en el juicio contra los supuestos espías, que siguieron a algunos miembros del PP local cuando Esperanza Aguirre estudiaba presentarse contra Mariano Rajoy a la presidencia del partido. "Hay cuestiones que nunca van a poder probar, aunque pongan cara de decir la verdad", ha dicho el vicealcalde en referencia a las declaraciones de ayer, en las que los supuestos espías dijeron actuar por su propia cuenta sin obedecer órdenes de nadie. "Yo no puedo saber quién ha encargado esto, bajo qué órdenes actuaron, quién es el responsable final", ha confesado Cobo, "pero que ha ocurrido es seguro, lo sabe todo el mundo: lo sabe la ciudadanía y lo sabe mi partido".
Los hechos que ahora se tratan de demostrar tuvieron lugar en 2008. Cinco subordinados del consejero de Interior, Francisco Granados (tres ex guardias civiles -José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado-, el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, y el empleado público José Manuel Pinto, identificado como el autor de las notas manuscritas de los partes de seguimiento), supuestamente espionaron al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, que no eran partidarios de que la presidenta se presentase en contra de Rajoy.
Los tres ex guardias esgrimieron en el juicio ayer la misma coartada que había formulado días antes su consejero: que si aparecían junto al despacho de Cobo a la hora en que este llegaba todas las mañanas entre el 1 y el 8 de abril de 2008 era porque estaban custodiando alguna de las consejerías cercanas a ese punto. Pero, según fuentes jurídicas, cuando se les pedía detalle de qué consejería vigilaban, fueron incapaces de precisarlo. Alegaron desmemoria. Algunos ni siquiera sabían todas las consejerías cercanas.
Cobo, que está suspendido de militancia en el partido durante seis meses por una entrevista en EL PAÍS, ha respondido indignado al hecho de que desde la dirección regional del partido, que dirige Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, se apoyen las tesis de los imputados. "Me duele que el letrado del PP de Madrid personado en la causa se apoyen las tesis de los abogados de los imputados, es algo que no puedo entender", ha dicho a la salida del pleno que el Ayuntamiento ha celebrado hoy. "No entiendo por qué se le pide al agredido que pida perdón o que no hable, o que calle, o que pida que se archive el caso, no lo puedo entender".
Al vicealcalde no le quedan dudas de que el espionaje existió. "Es imposible que se dieran tantas coincidencias", ha dicho, "pero hay personas que niegan la evidencia". Además, ha añadido: "El espionaje está más que probado".
(www.elpais.com, 29/04/10)
COBO: "EL INFORME PRUEBA QUE AGENTES A LAS ÓRDENES DE GRANADOS ME ESPIARON"
Cinco subordinados del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, comparecen hoy como imputados ante la juez que investiga el espionaje en 2008 al vicealcalde Manuel Cobo y al ex vicepresidente segundo Alfredo Prada -ambos desafectos a Esperanza Aguirre-, presuntamente ejecutado por agentes a sueldo del Gobierno madrileño. Los citados son los asesores de Granados y ex guardias civiles José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado; el ex director general de Seguridad Sergio Gamón, y el empleado público José Manuel Pinto, al que una doble prueba pericial de este diario identificó como el autor de las notas manuscritas de los partes.
Para Cobo, "ha quedado absolutamente comprobado y certificado" el espionaje sufrido por él y por Prada con el informe policial que analiza los posicionamientos telefónicos de los agentes de Granados investigados, tres de los cuales resultan cazados en los lugares y horas que describían los espías en los partes de seguimiento que publicó EL PAÍS. "No hay ninguna duda, es imposible la coincidencia de los posicionamientos telefónicos recogidos en el informe policial con aquellos partes que se decía que alguien se había inventado. Pues quien lo hizo tenía que tener la capacidad de saber que cuando decía que a determinada hora estaban siguiéndome, había varias personas que trabajan a las órdenes de Granados que estaban en ese punto donde decían los partes, tanto en mi caso como en el del señor Prada", proclama Cobo. "Es imposible esa coincidencia", remacha el vicealcalde, "si no fuera porque alguien efectivamente estaba espiando".
Granados tiene una visión de la comparecencia radicalmente distinta de la que ofrecen sus compañeros de partido que sufrieron el espionaje. El consejero de Interior anticipó cuál iba a ser hoy la defensa de sus asesores ante la juez: que Prada fue objeto de escoltas y contravigilancias -ambas vetadas legalmente a sus agentes- "como cualquiera de los miembros de su Gobierno". Granados insinuó que el caso iba a archivarse y explicó: "La juez encargada del asunto [Carmen Valcarce] les llama para que ratifiquen su anterior declaración, y sólo quedará la duda sobre la escritura en los partes que se apuntaba a una persona concreta [Pinto], que ha pedido que le hagan un peritaje caligráfico en sede judicial. Ese es el fleco pendiente para limpiar el buen nombre del funcionario". El vicepresidente Ignacio González, también auguró el inminente archivo de la causa: "Se ha acreditado que no existe una trama ni está organizada ni la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha todo este presunto aparato de espionaje, y que no ha habido ese presunto seguimiento ni en el caso de Prada ni en el de Cobo".
(www.elpais.com, 28/04/10)
UN MARCAJE RÉCORD SIN APOYO LEGAL
Francisco Granados, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, afirma ahora que sus agentes le hicieron labores de escolta y contravigilancia al ex vicepresidente Alfredo Prada, como a "cualquier otro" miembro del Gobierno. Dichas labores serían ilegales, porque competen al Ministerio de Interior. Eso lo sabe hasta su ex director general de Seguridad, el imputado Sergio Gamón, que garantizó a la juez que nunca ordenó a los asesores de Granados contravigilancia alguna porque no entraban dentro de las competencias de la Comunidad de Madrid. Y Prada tenía su propia escolta, servida por el Ministerio del Interior.
Pero no sólo la ley no ampara la coartada de Granados. Y es que era imposible que las supuestas contravigilancias fueran como las realizadas a "cualquier otro". Porque durante dos meses los tres ex guardias civiles, asesores de Granados -sin descartar ayudas de otros agentes- sólo siguieron a un cargo madrileño, día y noche: a Prada. Los posicionamientos de sus móviles acreditan centenares de llamadas desde los puntos donde estaba el entonces vicepresidente segundo. En su consejería, en su domicilio, en sus cenas privadas, en sus aperitivos, en cualquiera de sus desplazamientos a lo largo de Madrid... Amanecían y anochecían con él. Ni la mayor autoridad del Estado ni ningún ministro del Interior ha sido contravigilado 24 horas durante dos meses. Y esto vale para el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo: hay muchas consejerías en Madrid que vigilar, pero los espías justo aparecen a su vera a la hora y en los días que rezan los partes.
(www.elpais.com, 28/04/10)
LA VERSIÓN DOBLE DE LOS TRES AGENTES FICHADOS A DEDO
Los tres ex guardias civiles fichados por el consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados -secretario general del PP regional-, y su supuesto jefe, el ex policía Sergio Gamón -fichado por la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre-, que supuestamente integran el grupo de espionaje político a Alfredo Prada -ex vicepresidente autonómico- y a Manuel Cobo -vicealcalde de Madrid- se defienden desde hace 14 meses, cuando EL PAÍS destapó el caso, con versiones dobles y contradictorias. Este es el resumen de lo declarado por ellos hasta hoy, cuando vuelven a comparecer ante la juez.
- La confesión de los ex guardias civiles.
El 4 de marzo de 2009, los tres ex guardias civiles aseguraron a la policía que dependían del consejero de Interior, Francisco Granados, y negaron haber seguido a Prada: "El único conocimiento que hemos tenido de esos seguimientos es por lo leído en la prensa". Explicaron tan sólo que, a veces, recibían órdenes de Sergio Gamón "en cuanto a la asistencia a actos de la presidenta [Esperanza Aguirre] y revisión de los protocolos de seguridad de dichos actos".
El 30 de julio de 2009, cuando los ex guardias civiles ya conocían que un informe de Telefónica los situaba a escasos metros del vicepresidente Alfredo Prada durante muchos días de mayo de 2008, cambiaron su versión de los hechos ante la juez: "Sergio Gamón nos ordenó, siempre de manera verbal, la contravigilancia al vicepresidente Prada. No se la comunicamos al escolta del señor Prada. Cuando veía algún vehículo sospechoso de cerradura forzada, apuntaba la matrícula y se la pasaba al director [Gamón]. Este trabajo lo hemos hecho hasta seis personas, tres guardias civiles y tres policías. No hemos controlado restaurantes [a los que acudiera Prada]".
- El testimonio de Gamón.
El 4 de marzo de 2009, ante la policía, el que era supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón, declaró: "Los tres ex guardias civiles eran asesores de seguridad del Consejero de Interior, Francisco Granados. No tengo conocimiento de que se haya realizado seguimiento de Prada o Cobo por funcionarios de la Comunidad de Madrid".
El 22 de septiembre de 2009, ante la juez, señaló: "Yo nunca ordené seguimientos, nunca dije a los guardias civiles vayan ustedes a Chinchón, decidirían ir por ellos mismos. Son asesores del consejero Granados, personal de su confianza. Nunca he conocido cenas ni comidas privadas de Prada".
(www.elpais.com, 28/04/10)
COBO: "HA QUEDADO COMPROBADO EL ESPIONAJE"
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha asegurado hoy que "ha quedado absolutamente comprobado y ratificado en el informe que hizo la policía sobre los posicionamientos de esas personas que trabajan en la Comunidad de Madrid a las ordenes del señor Granados [francisco, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid] que espiaron al señor Prada [Alfredo, ex consejero de Justicia] y a mi". Cobo ha hecho estas declaraciones a la salida de la reunión del grupo municipal del PP
Un juzgado investiga el caso de los supuestos seguimientos a altos cargos del PP semanas antes del congreso nacional del PP en Valencia, en junio de 2008. En aquella época Esperanza Aguirre, presidenta de los populares de Madrid, meditaba si presentarse para desbancar al líder del PP, Mariano Rajoy. La juez que investiga el caso ha imputado ya a cinco asesores que trabajan a sueldo para la consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. El informe policial trata de determinar la posición de sus teléfonos móviles y confirma que se encontraban en los mismos lugares y horas que señalaban los partes de espionaje elaborados en la Consejería de Interior.
Cobo, mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, fue uno de los supuestamente espiados. El vicealcalde ha asegurado que "es imposible la coincidencia con aquellos partes en los que se decía que alguien se los había inventado, pues el que se inventó, entre comillas, aquellos partes tenía una capacidad para saber que cuando decía que a determinada hora me estaban siguiéndome. Había varias personas que trabajan a las ordenes de Granados estaban en ese punto donde decía los partes, tanto en mis caso como en el del señor Prada". Y concluyó: "No hay ninguna duda. Es imposible esa coincidencia si no fuera porque alguien efectivamente estaba espiándonos".
(www.elpais.com, 27/04/10)
LOS AGENTES DE AGUIRRE ESPIARON A PRADA HASTA LA MADRUGADA EN UNA CENA PRIVADA
El informe de la policía basado en datos facilitados por Telefónica sobre los movimientos de agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid acredita que el ex vicepresidente madrileño Alfredo Prada, defenestrado del Gobierno regional semanas después de sufrir los seguimientos, fue espiado también hasta la saciedad en abril de 2008.
Uno de los seguimientos más evidentes sufrido por Prada, ya que ni siquiera cabe la forzada coartada de que se vigilaba un acto público, es el marcaje a la cena privada y familiar que celebró el ex vicepresidente segundo el 14 de abril de 2008. El parte de los espías lo reflejaba así: "Sobre las 22.10 sale del domicilio y se dirige a un restaurante sito en la calle Comandante Zorita, en el cual entra en compañía de su mujer y de una chica muy joven, permanecemos por la zona hasta eso de las 0.50 horas en lo que salen. Al mismo tiempo de la salida observamos un grupo de personas, sin precisar si en tal evento participaron de la compañía de P. Se tomaron matrículas de vehículos con el fin de comprobar propietarios".
El parte del espionaje revela elementos clave: los agentes llevan tanto tiempo pegados al vicepresidente segundo madrileño que ya reconocen a su esposa, sin proyección pública; les inquieta tanto con quién cenaba Prada que no dudan en identificar las matrículas de cuantos coches aparcan junto al restaurante esa noche por si sus dueños compartieron mantel con el matrimonio Prada y "la joven" que les acompañaba, que resultó ser su hija.
Los ex guardias civiles, contratados como asesores de confianza por el consejero de Interior Francisco Granados, que conocía a uno de ellos por cuestiones familiares, dejaron un intenso rastro de su oscura labor. El parte señala que Prada abandona su despacho oficial a las 21.45 para ir a su domicilio. José Oreja, asesor de Granados ya imputado por el espionaje, hace un movimiento similar [véase gráfico]. Su teléfono hace una llamada a las 21.45 junto a la consejería de Justicia y otra a las 22.06 junto al domicilio de Prada, desde una antena situada en Núñez de Balboa, 38. Atado telefónicamente a igual antena, se encuentra otro asesor de Granados, José Luis Caro, desde las 21.22 a las 21.50.
Cuando después Prada y familia acuden al restaurante de la calle de Comandante Zorita, Oreja, a tenor de su móvil, los sigue hasta allí. Oreja está ubicado junto a la antena situada entre las calles comandante Zorita, Basílica, Hernani, y general Moscardó. Su vigilancia comienza a las 22.35 y continúa hasta las 0.49. "Permanecemos por la zona hasta eso de las 0.50 horas en la que salen", señala el parte de seguimiento con una enorme precisión respecto a lo que revela el uso de su teléfono.
En las dos horas que el agente, según el informe sobre la posición de su teléfono, espía la cena de Prada, hace una veintena de llamadas al móvil de dos personas -646 15 31 78 y 646 71 88 01-, que comparten su mismo radio de acción, y no se corresponden con los teléfonos de los ocho agentes investigados. Previamente, como siempre, el tercer ex guardia civil y asesor de Granados imputado, Antonio Coronado, también andaba a la zaga de Prada en los alrededores de la consejería de Justicia. Los tres asesores de Granados aseguraron en su declaración a la juez que nunca vigilaron actos privados de Prada ni le siguieron a restaurantes.
(www.elpais.com, 20/04/10)
LA JUEZ IMPUTA A OTRO EMPLEADO DE GRANADOS POR LOS INFORMES
Los cuatro asesores a sueldo del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre encausados por espionaje han recibido el mensaje oficioso desde instancias políticas de que el caso está a punto de ser archivado por falta de pruebas. Pero la juez sigue investigando, y ha sumado un nuevo imputado más.
Carmen Valcarce, titular del juzgado cinco de Madrid, ha citado por un presunto delito de malversación de fondos públicos para el próximo día 28 a José Manuel Pinto, empleado de la Consejería de Interior, que dirige Francisco Granados. Dos peritos caligráficos contratados por EL PAÍS le han identificado sin margen de dudas como autor de las notas manuscritas que aparecen en los partes de los espías.
La juez ha desestimado la pretensión de Pinto -formulada a través del abogado que comparte con el resto de encausados- de ser interrogado voluntariamente y en calidad de testigo. Presumiblemente, según distintas fuentes jurídicas consultadas, será sometido a una prueba caligráfica por la juez el día que comparezca en su despacho, al igual que hizo con los cuatro subordinados de Granados a los que interrogó meses atrás. En aquella ocasión, la prueba no vinculó a éstos con las anotaciones.
Cástor Iglesias, perito calígrafo contratado a dedo por Granados y al que luego su departamento adjudicó un servicio de traducción e interpretación para la justicia madrileña por un coste de un millón de euros, refutó el informe pericial encargado por EL PAÍS y llegó a la conclusión de que Pinto no era el autor de las notas manuscritas. Para su examen empleó fotocopias de los trabajos publicados por este diario. Los expertos calígrafos consideran insostenible una prueba pericial realizada a partir de fotocopias, pues no permiten analizar la fuerza que utiliza el autor, un elemento clave para identificarlo.
Pinto es el quinto empleado de Granados que resulta imputado por el presunto espionaje llevado a cabo por agentes a sueldo del Gobierno de Aguirre. Sus víctimas fueron el vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente regional segundo Alfredo Prada. El día 28 volverán a desfilar ante la juez los tres ex guardias civiles y asesores de Granados (José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado) y su ex jefe, el ex director general de Seguridad Sergio Gamón. El Gobierno de Aguirre mantiene a todos en su puesto de asesores pese a su imputación judicial.
(www.elpais.com, 20/04/10)
Los presuntos espías de Cobo y Prada declararán otra vez
La juez les cita por el informe que Granados desprecia
La juez que investiga el espionaje político en Madrid interrogará el próximo día 28 a los tres asesores del consejero de Interior madrileño, Francisco Granados, que según un informe policial siguieron al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente segundo regional Alfredo Prada. El informe analiza la posición de sus teléfonos móviles en abril de 2008 y confirma que se encontraban en los mismos lugares y horas que señalaban los partes de espionaje elaborados en la Consejería de Interior.
La posición de los agentes coincide con la de Prada y Cobo
También interrogará al que era su jefe, el ex director general de Seguridad Sergio Gamón. Tras su primer interrogatorio, meses atrás, a partir de otro informe policial sobre las posiciones de sus móviles de mayo de 2008, la juez les imputó un delito de malversación a los cuatro. Días atrás, la juez rechazó la pretensión de la defensa de cerrar el caso por falta de pruebas, ya que esperaba este decisivo informe policial.
Un quinto subordinado de Granados, José Manuel Pinto, solicitó ayer declarar ante la juez sobre este espionaje a rivales políticos de Esperanza Aguirre, anticipándose a la voluntad de la magistrada, que tenía previsto citarle. Este empleado de Granados, identificado por una pericial caligráfica contratada por este diario como el autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje, ha tardado más de un año en dar tal paso ante la justicia, a pesar de que se lo reclamaban las tres víctimas del espionaje personadas en este sumario -Cobo, Prada y la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores- y la fiscalía. Los cinco subordinados de Granados tienen como letrado al ex fiscal Enrique Molina, que sigue sin saber quién pagará su minuta.
Entretanto, Granados hacía ayer una lectura sorprendente del informe que acumula nuevas pruebas contra sus asesores: "El informe desmiente el espionaje. Ya está todo aclarado, a Cobo ni se le ha espiado ni se le ha seguido ni se ha mantenido ningún dispositivo en torno a él ni nada de nada, y esto me llena de satisfacción". Pidió incluso a Cobo que se retracte.
La alegría de Granados choca con la conclusión del informe de la policía sobre sus asesores imputados: "Tres de dichos teléfonos coinciden situados en los lugares donde se hallaban los señores Prada y Cobo (según los partes)". Sus titulares son los ex guardias José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado. Estos tres asesores de Granados ya confesaron a la juez que habían vigilado a Prada durante semanas por orden del cuarto imputado, Sergio Gamón, que lo negó.
"El espionaje es muy serio y muy grave, pero no es asunto de carácter político sino judicial", proclamó por su parte el alcalde la capital, Alberto Ruiz- Gallardón.
GALLARDÓN: "EL PRESUNTO ESPIONAJE A COBO ES UN ASUNTO DE MÁXIMA GRAVEDAD"
"El espionaje es muy serio y muy grave, pero no es asunto de carácter político sino judicial", el alcalde la capital , Alberto Ruiz Gallardón se ha referido así al caso del presunto espionaje a su vicealcalde, Manuel Cobo, por parte de funcionarios a cargo del consejero de Justicia, Francisco Granados. Ante las evidencias presentadas por la policía en las que se demuestra a través de la localización de los teléfonos móviles de los agentes, a cargo de la Comunidad, que siguieron continuadamente a Manuel Cobo y al ex vicepresidente, Alfredo Prada, el regidor ha eludido opinar sobre las manifestaciones de los últimos días en las que Granados y el vicepresidente González negaban rotundamente la existencia de cualquier tipo de seguimiento. "El posible espionaje debe investigarse y todos debemos colaborar y respetar la independencia de los tribunales. Cuando no hablamos de un debate político, sin perjuicio de que si los hechos se confirmasen habrá consecuencias políticas, debemos respetar la investigación", dijo Gallardón.
"Se está estudiando la posible comisión de un delito porque si se confirma lo que han plasmado determinados informes, y así lo confirma el tribunal, hablamos de un delito- de máxima gravedad, añadió después - y no de una cuestión política", insistió el regidor que descartó la posibilidad de reabrir la investigación interna que su partido inició cuando se destapó el asunto y que se cerró bajo el pretexto de falta de pruebas.
(www.elpais.com, 15/04/10)
LA POLICÍA DETALLA EL ESPIONAJE A COBO Y PRADA EN 17 DÍAS CLAVE DE ABRIL DE 2008
El informe policial sobre los posicionamientos en abril de 2008 de los móviles de los ocho agentes dependientes del consejero de Interior madrileño, Francisco Granados, sospechosos del espionaje político a rivales de su presidenta es implacable: al menos tres de ellos, los tres ex guardias civiles fichados como asesores por dicho cargo de Aguirre, aparecen sistemáticamente en todos los lugares donde los espías anotaron que estaban ejerciendo su ilegal seguimiento a Manuel Cobo -vicealcalde madrileño-, y a Alfredo Prada -ex vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre-. Ambos cargos eran afines a Mariano Rajoy en su lucha por el liderazgo del PP. Así se concluye del informe policial encargado y ya en poder del juez, que analiza una veintena de partes de seguimiento efectuados aquel abril de 2008, clave en la historia del PP.
Los policías han afinado al máximo en su informe, entregado el pasado lunes a la juez del caso, Carmen Valcarce: han exigido datos a Telefónica hasta detallar no sólo la calle, sino el portal donde se ubica la antena telefónica que usaron los ex guardias civiles José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado cuando emplearon sus móviles mientras seguían ilegalmente a los citados cargos del PP rivales de Aguirre. Las coincidencias geográficas con los partes son rotundas: los tres asesores de Granados están en los mismos sitios que relataban los espías. Pero las temporales son aún más abrumadoras.
Coinciden al minuto la cronología del espionaje narrado en los partes con las llamadas de los tres agentes de Aguirre. Si el parte relata que Cobo entra en su despacho a las 9.02, a esa hora, ni un minuto más, un asesor de Granados telefonea junto a la sede del Ayuntamiento. Y así día tras día. El marcaje a Prada también es intenso en ese mes de abril de 2008, y se mantendría en mayo de 2008.
Estuvo dos meses marcado por los asesores de Granados sin ser alertado. Las llamadas de los tres agentes de Aguirre siguen el rastro de su actividad diaria. Están donde esté Prada o donde creen que puede estar. Hora tras hora. Los tres ex guardias autores de tales llamadas incriminatorias son asesores de Granados, a los que mantiene en su puesto aunque se hallan imputados, al igual que el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, que también permanece como asesor. Véanse ejemplos de las coincidencias entre los partes y las llamadas de los presuntos espías.
- 1 de abril de 2008. El parte de los espías refleja que sobre las 12.00 observan un fuerte dispositivo policial en las inmediaciones del despacho oficial de Prada. La Consejería de Justicia, de la que era titular, estaba situada en la calle de Miguel Ángel, 28. A las 11.15, el móvil del agente Coronado se conecta ya con el repetidor ubicado en dicha calle, en el portal 6.
- 2 de abril de 2008. El parte detalla que Cobo llega a su despacho a las 9.02. A esa hora, el agente Oreja conecta con el repetidor situado en Recoletos, 7-9, frente al Ayuntamiento madrileño. Otro asesor de Francisco Granados, el agente Coronado, telefonea desde el repetidor del portal 6 de la plaza de la Independencia, sede del Ayuntamiento, a las 8.59. Hay más llamadas en esa franja horaria desde las inmediaciones del Ayuntamiento. El parte de los espías narra que luego cambian de objetivo y se van a marcar el despacho de Prada entre las 14.25 y 16.00. El agente Coronado está justo a esas horas en sus inmediaciones. Telefonea, por ejemplo, desde el repetidor de Miguel Ángel, 6, entre las 14.34 y las 15.49. Su compañero de labores oscuras, Oreja, llama desde Miguel Ángel, 6, a las 15.22. Y el tercer elemento del trío de presuntos espías y asesores de Granados, el agente Caro, telefonea desde Miguel Ángel, 6, a las 13.40.
- 3 de abril de 2008. El parte anota que Cobo llega a su lugar de trabajo a la hora habitual. Y, en efecto, Oreja telefonea desde la plaza de la Independencia, sede del Ayuntamiento, a las 9.09. Hay más llamadas suyas en los minutos previos desde la zona. El parte detalla que los espías se trasladan a la Puerta del Sol, y que comprueban que allí está el coche de Prada porque había Junta del Gobierno de Aguirre. El rastro telefónico delata nuevamente a los asesores de Granados: Oreja y Coronado realizan llamadas desde la zona de la Puerta del Sol y calles adyacentes, sede de la presidencia regional, desde poco antes de las nueve de la mañana.
Posteriormente, los espías, según el parte, se desplazan al puesto de trabajo de Prada sobre las 14.25, y, nuevamente, dejan un reguero de pistas de llamadas desde su entorno: Oreja llama desde Miguel Ángel, 6, entre las 14.09 y las 14.52; otro tanto hacen desde dicho punto Coronado y Vinagre en parecida franja horaria.
- 4 de abril de 2008. El parte refleja que Cobo llega al despacho a la hora habitual. Y a las 9.09 llama Coronado a través del repetidor del número 6 de la plaza de la Independencia. A la misma hora y desde el mismo punto telefonea Caro. A partir de las 11.00, los asesores de Granados montan guardia en torno al despacho de Prada, hasta que lo abandona a las 14.35 hacia su domicilio. Se repiten las coincidencias: Coronado y Caro realizan diversas llamadas desde Miguel Ángel, 6 y lugares cercanos a la Consejería de Justicia en esas horas.
- 7 de abril de 2008. Cobo llega al despacho a la hora habitual, señala el parte del espionaje. Los asesores de Granados también. Oreja llama desde el repetidor de plaza de la Independencia, 6, desde las 9.07 hasta las 9.42. Y luego los espías relatan en su parte que retoman el marcaje de Prada, al que hallan en el Casino, donde escuchaba un discurso clave de Aguirre en su amago de presentarse como alternativa a Rajoy. Lo siguen antes y después del acto. Los móviles de Oreja y Coronado dejan una estela de llamadas que arranca junto a la Consejería de Justicia, llega al Casino, y luego regresa de nuevo junto a la sede de la consejería. De Miguel Ángel, 6, a las 12.10 a Miguel Ángel, 6, a las 17.29, detallan sus datos telefónicos.
- 8 de abril de 2008. Los presuntos espías a sueldo del Gobierno de Aguirre no se cortan a la hora de espiar a los rivales de la jefa. Ese día, el parte señala que, a media mañana, tanto Prada como Cobo acudieron a Génova, 13, sede central del PP, para una importante reunión del comité ejecutivo. El agente Oreja está junto al cuartel general popular desde las 13.21. Y a las 13.58, para que no haya dudas, telefonea desde el repetidor de Génova, 6.
(www.elpais.com, 14/04/10)
EL MES EN QUE RAJOY INVITÓ A AGUIRRE A IRSE
Tras perder las elecciones del 9 de marzo de 2008, Mariano Rajoy inicia una renovación que enfurece a la vieja guardia y da alas al desafío de Esperanza Aguirre.
- 30 de marzo. Rajoy nombra a Soraya Sáez de Santamaría como portavoz parlamentaria. Decide que el congreso que refrende su liderazgo interno sea en Valencia.
- 2 de abril. Comida para limar asperezas -sin éxito- de Rajoy y Aguirre, que se desmarca de una web que apuesta por ella de candidata en las generales de 2012.
- 4 de abril. Nerviosismo en el PP ante el silencio de Aguirre. Rajoy avisa: "Tengo claros cuáles son mis apoyos, que son muchos".
- 6 de abril. Madrid reniega del reparto de delegados del congreso: 208 de 3.000. Necesita 600 avales para presentar su candidatura.
- 7 de abril. Discurso del "No me resigno" de Aguirre en el Casino de Madrid: "A fecha de hoy no entra en mis planes [competir con Rajoy]. Si hay cambio de planes, el primero en saberlo será el presidente".
- 8 de abril. Los fieles de Aguirre la animan a presentarse. Reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular en Génova.
- 9 de abril. Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, dice: "No entiendo que se monte el espectáculo que está montando Esperanza Aguirre".
- 10 de abril. Andalucía, Valencia y Murcia respaldan a Rajoy. "Todos, y cuando digo todos quiero decir todos, apoyamos la decisión de Rajoy de volver a presentarse", dice Francisco Camps. Gallardón carga contra la "indecisa" Aguirre.
- 11 de abril. Francisco Álvarez-Cascos expresa en público el malestar de la vieja guardia.
- 12 de abril. Rajoy reta a "cualquier militante" a "presentar una candidatura" en Valencia. "Quien lo haga no será un enemigo, sino un compañero que ve las cosas de otra manera".
- 14 de abril. Rajoy: "A mí me encanta debatir de ideas, entre otras cosas porque las tengo".
- 17 de abril. La presidenta madrileña dice: "Parece que la socialdemocracia está más cómoda con Rajoy que con Aguirre".
- 19 de abril. Rajoy en Elche: "Si alguien se quiere ir al partido liberal o al partido conservador, que se vaya. (...) Me voy a presentar al congreso. Doy la cara. Digo lo que pienso y no estoy en cálculo alguno". El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, responde: "Si se van liberales y conservadores del PP, ¿quién queda?". Los barones regionales se conjuran contra Aguirre. Las más ambiguas son la balear, Rosa Estarás, y la vasca, María San Gil.
- 21 de abril. Aguirre: "No me puedo creer que el presidente del PP quiera echarme. Quizá sería bueno que lo aclarara". Rajoy la llama y le dice que no se refería a ella. Su portavoz lo repite en público. La presidenta regional dice que su decisión de no plantar cara en Valencia "no es inamovible, inquebrantable". El PP se desquicia. Manuel Fraga se desespera y le reprocha: "Que se calle de una vez".
- 26 de abril. El entorno de Aguirre pide primarias para 2012. Crece la idea de que el congreso sólo aplazará la crisis.
- 29 de abril. Rajoy vive uno de sus peores días. Sufre varios desplantes de figuras relevantes el día en que nombra a sus portavoces parlamentarios. El ex ministro Eduardo Zaplana anuncia sin avisarle de que deja la política. Manuel Pizarro rehúsa a ser portavoz económico. Rajoy rectifica su decisión de no ir a un acto de Aguirre "para evitar interpretaciones sin sentido".
(www.elpais.com, 14/04/10)
FRASES DE 'GUERRA'
- Rajoy: "Tengo claro cuáles son mis apoyos, que son muchos" (4 de abril).
- Aguirre: "Hoy no entra en mis planes [presentarme para liderar el PP]. Si hay cambio de planes, el primero en saberlo será el presidente" (7 de abril).
- Camps: "Todos, y quiero decir todos, apoyamos la decisión de Rajoy [de presentarse]" (10 de abril).
- Rajoy: "[Quien se presente] no será un enemigo sino un compañero que ve las cosas de otra manera" (12 de abril)
. - Aguirre: "Parece que la socialdemocracia está más cómoda con Rajoy que con Aguirre" (17 de abril).
- Rajoy: "Si alguien se quiere ir al partido liberal o al partido conservador, que se vaya" (19 de abril).
- Aguirre: "No me puedo creer que quiera echarme. Quizá sería bueno que lo aclarara" (21 de abril).
(www.elpais.com, 14/04/10)
GRANADOS MANTIENE QUE NI SE ORDENÓ NI HUBO ESPIONAJE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que tenía ayer un acto oficial en la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno madrileño, eludió hacer declaraciones a los medios de comunicación, pese a su costumbre, para evitar preguntas sobre el informe policial que avala el espionaje por ex guardias civiles fichados como asesores en su Ejecutivo.
La reacción política llegó de la mano del siguiente escalón de su Gobierno, y del Partido Socialista de Madrid:
- Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. "La policía no puede certificar algo que no ha ocurrido. Esos espionajes no se produjeron", afirmó el consejero del que dependen orgánicamente los ex guardias civiles. Granados atribuyó la información judicial a una mentira mediática: "Asistimos a otra portada falsa de EL PAÍS". A lo que apostilló: "El Gobierno ni ha ordenado, ni producido, ni amparado ese tipo de hechos".
- Ignacio González, vicepresidente regional: "Lamentablemente no he conseguido que el celo de la policía y el juzgado haya sido tan grande como en este caso [en los seguimientos al vicealcalde Manuel Cobo y el ex vicepresidente Alfredo Prada] y pueda saber quién está detrás de mi espionaje, que llevo más de un año intentando saber quién ha organizado eso, por qué y quién está detrás. Me gustaría que se actuase en mi caso con el mismo celo", afirmó el vicepresidente madrileño en una entrevista en Punto Radio.
González también se quejó de que este diario tuviera acceso al informe, antes que los implicados.
(www.elpais.com, 14/04/10)
AGENTES DE AGUIRRE ESPIARON A COBO
El informe policial sobre los posicionamientos telefónicos de abril de 2008 concluye que agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre espiaron a dos cargos madrileños del PP rivales suyos y afines a Mariano Rajoy: el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y su propio ex vicepresidente segundo de Madrid, Alfredo Prada, según fuentes conocedoras del documento. Tal labor fue ejecutada por los tres ex guardias civiles fichados como asesores por el consejero de Interior Francisco Granados, que ya estaban imputados en esta causa, y a los que mantiene en su puesto, en contra de la dureza que Aguirre exige a la dirección del PP para los implicados en la trama de Gürtel.
Ya estaba probado que estos tres agentes habían espiado a Prada en mayo de 2009 por un informe policial similar sobre la localización de sus móviles. Pero este nuevo informe, realizado sobre un material telefónico recibido a primeros de año y que se entregó ayer a la juez Carmen Valcarce, aporta dos elementos que dinamitan las últimas coartadas formuladas por la defensa y mandos de los agentes imputados por este espionaje.
En primer lugar, el informe prueba que no se trataba de ninguna vigilancia legal. Porque los tres ex guardias civiles declararon a la juez que nunca siguieron a Cobo. El informe prueba que le mintieron. Era una vigilancia tan secreta como ilegal. Lo siguieron, a tenor de los partes, al menos siete días de abril.
Y en el caso de Cobo resulta ya del todo imposible alegar que se trataba de una contravigilancia. Cobo explicó ante la juez que sus vigilancias y contravigilancias son competencia exclusiva de personal del Ayuntamiento de Madrid. Ningún agente de la Comunidad podría contravigilarlo legalmente. Tampoco era aceptable tal coartada en el caso de Prada, como su letrado ha puesto de manifiesto: tal tarea no es competencia de la Comunidad de Madrid y su escolta nunca fue alertado de una contravigilancia que, a tenor de los informes, duró dos meses.
Detrás quedaba el intento fallido de Granados de hacer creer que estas contravigilancias eran una práctica común en su Gobierno para reforzar la seguridad, algo que le desmintió su propio ex director general de Seguridad Sergio Gamón, imputado en el caso del espionaje y al que el Gobierno Aguirre mantiene como asesor. Gamón, al declarar ante la juez, no sólo enmendó la plana a su jefe, Granados, sino que dejó sin coartada a sus ex subordinados: aseguró que nunca les ordenó seguir a Prada y que no tenían competencia para hacer contravigilancias.
El informe policial sobre los posicionamientos telefónicos de cerca de una decena de agentes sospechosos de Aguirre prueba que los tres ex guardias civiles estaban allí donde decían los partes que estaban los supuestos espías de Cobo y de Prada en las siete fechas investigadas de abril. El informe policial no ha cotejado la agenda de Cobo con dichos posicionamientos, sino con los datos que manejaban los espías a tenor de los pasos que dieron en los partes para marcar a Cobo allí donde creían o sabían que estaba. El semanario Interviú adelanta esta semana esta conclusión del informe, que ayer no fue trasladado a las partes que lo reclamaron en el juzgado porque la juez libraba.
La revelación más grave de este informe es que los citados ex guardias civiles (José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado) ya habían sido pillados en otra falsedad: juraron al ser interrogados por la policía que nunca habían seguido ni a Prada ni a Cobo. Pero ante la tozudez de un primer informe telefónico sobre los posicionamientos de sus móviles en mayo de 2008, reconocieron ante la juez que habían vigilado intensamente a Prada por orden de Gamón, algo que esté negó al testificar. La conclusión de este informe explica la reciente negativa de la juez a archivar el caso por falta de pruebas.
(www.elpais.com, 13/04/10)
IGNACIO GONZÁLEZ DICE QUE DESCONOCE EL INFORME POLICIAL SOBRE EL ESPIONAJE EN MADRID
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha respondido hoy a la existencia de un informe policial en el que se confirma el espionaje del Gobierno regional a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, diciendo que desconoce este documento y que "no es razonable" que las partes personadas en un proceso se enteren de lo que ocurre por los medios de comunicación (en alusión a la información publicada hoy por EL PAÍS).
González ha hecho estas declaraciones en Punto Radio, en una entrevista en la que además ha dicho que le gustaría que se actuara "con el mismo celo" en otros supuestos casos de espionaje, como el que vivió él en un viaje oficial a Colombia, ha dicho. "Llevo más de un año intentando saber quién ha organizado esto, por qué y quién está detrás. Me gustaría que se actuase en mi caso con el mismo celo con el que se actúa en otros", ha dicho.
(www.elpais.com, 13/04/10)
GRANADOS: "ESOS ESPIONAJES NO SE PRODUJERON"
"La policía no puede certificar algo que no ha ocurrido. Esos espionajes no se produjeron". El consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, responde con un silogismo a la publicación hoy de un informe policial que prueba los seguimientos de agentes adscritos al Gobierno regional al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia y ex vicepresidente Alfredo Prada. El informe policial fue entregado ayer a la jueza Carmen Valcárcel y todavía no ha llegado a las partes. Granados, sin conocer el contenido de dicho documento, se muestra impasible: "Estoy absolutamente tranquilo", y atribuye esa información a una componenda mediática: "Asistimos a otra portada falsa de EL PAÍS".
El consejero de Interior, en la misma postura de negación tajante de los hechos que adoptó la Comunidad de Madrid desde que se empezó a instruir el caso, en el que están imputados por malversación de fondos públicos y espionaje a altos cargos el ex director general de Seguridad de su Gobierno Sergio Gamón y tres ex agentes de la Guardia Civil que siguen trabajando para la Administración autonómica, continúa negando la mayor: "El Gobierno ni ha ordenado ni amparado ni conocido ese tipo de hechos".
A falta de conocer el informe, Granados, en un giro contraproducente, avanza tímidamente una posible reacción de la Administración a la comprobación de estos hechos: "Si eso se demuestra, quien haya realizado este tipo de actuaciones tendrá que asumir su responsabilidad. Habrá que verlo. Estoy deseando conocer ese informe".
La negación de Granados coincide con la del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien ha dicho en Punto Radio que desconoce este documento y que "no es razonable" que las partes personadas en un proceso se enteren de lo que ocurre por los medios de comunicación.
Por otro lado, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, no ha querido dar explicaciones sobre el asunto. Aguirre ha presentado hoy el nuevo carné joven de la Comunidad de Madrid acompañada del presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, pero se ha negado a hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre este asunto. La presidenta ha dicho que ya comentará mañana, día en el que está prevista la reunión del Comité de Dirección del PP madrileño.
(www.elpais.com, 13/04/10)
LA POLICÍA CONFIRMA EL ESPIONAJE DE LA CAM A ENEMIGOS POLÍTICOS DE AGUIRRE
La Policía ha constatado sin fisuras ni dudas que agentes de la Comunidad de Madrid trabajaron en un seudoservicio ilegal de espionaje que, entre otras cosas, vigiló a dos enemigos políticos de Esperanza Aguirre: el vicealcalde madrileño Manuel Cobo y el ex consejero de Justicia y ex vicepresidente Alfredo Prada. Los espiados, alineados en el sector marianista del PP, fueron seguidos en un momento tan clave como el Congreso de Valencia, el acto en el que Mariano Rajoy ratificó su liderazgo, amenazado hasta entonces por los amagos de la propia Aguirre. Los espías habrían sido tres ex guardias civiles reclutados como asesores de seguridad en una unidad dependiente del consejero de Interior y número dos del PP regional, Francisco Granados. El informe en el que constan estos detalles llegó ayer a manos de la juez que instruye este caso, Carmen Valcarce, quien recientemente se negó a archivar la investigación, recoge El País. Esta mañana, el supuesto responsable de los espías, Francisco Granados, ha negado la mayor al asegurar que no se puede certificar algo que no ha ocurrido".
La Policía se ha basado en los posicionamientos de las llamadas telefónicas hechas por los tres agentes, que ya estaban imputados en el caso, en abril de 2008.
Espionaje ilegal y secreto
Los tres ex guardias civiles siguen en su puesto, a pesar de que Esperanza Aguirre ha sido una de las dirigentes más contundentes, al menos de cara a la opinión pública, con sus imputados Gürtel. Un informe policial similar ya había probado que estos mismos agentes espiaron a Prada en mayo de 2009; pero el nuevo estudio, realizado con material recibido a principios de este año, contiene dos elementos diferenciales. En primer lugar, se demuestra que la vigilancia no era legal porque los tres ex guardias civiles dijeron a la juez que nunca siguieron a Cobo. En segundo plano, y en consecuencia, queda de relieve que los seguimientos eran secretos.
Sin competencias…
Según los partes, el espionaje a la mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón se prolongó durante al menos siete días de abril. En su caso, además, no es posible alegar que los agentes hacían tareas de contravigilancia. En el caso de Cobo, estos cometidos los llevan desde el Ayuntamiento de Madrid y cualquier contravigilancia desde la Comunidad sería ilegal. Dicha coartada, aunque se esgrimió, tampoco era válida para Prada. Como dijo su abogado, la contravigilancia al ex consejero no competía a la Comunidad de Madrid y, además, nadie avisó a su escolta de un presunto seguimiento que se prolongó por dos meses.
…de contravigilancia
El consejero de Interior y número dos del PP de Aguirre, Francisco Granados, ha intentado defenderse alegando que las contravigilancias eran comunes en su Ejecutivo para reforzar la seguridad de los seguidos; sin embargo, el supuesto e imputado jefe de los espías, Sergio Gamón, le desmintió. Ante la juez Gamón, un personaje crecido a la sombra de la lideresa que sigue en su cargo de asesor, negó haber dado instrucciones de seguir a nadie porque no tenía competencias de contravigilancia.
Mentiras...
Los posicionamientos de los móviles de una decena de agentes sospechosos prueban que los tres ex guardias civiles estaban exactamente donde decían los partes que estaban Cobo y Prada en las fechas investigadas. El informe no ha comparado los posicionamientos con la agenda de Cobo sino con los partes de seguimiento. Según El País, la revista Interviú adelanta algunas conclusiones del escrito de los peritos, que hasta ayer no fue trasladado a las partes....en evidencia
La más grave es que los ex guardias civiles (José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado) mintieron al asegurar a la Policía que nunca siguieron a Prada o a Cobo. Posteriormente, ante la evidencia de los posicionamientos de mayo de 2008, los tres imputados reconocieron haber vigilado a Prada por orden de Gamón. Este último, no obstante, negó la mayor y dejó en evidencia a su superior, Granados, y a sus tres subordinados.
Granados niega la mayor
Precisamente, Granados ha salido al paso de las informaciones sobre los seguimientos de sus hombres asegurando que “la Policía no puede certificar algo que no ha ocurrido” y que “esos espionajes no se produjeron”. Granados, que ni siquiera conoce el informe policial en cuestión, ha sido tajante: “estoy absolutamente tranquilo”, ha dicho, antes de agregar que “asistimos a otra portada falsa de El País”. “El Gobierno ni ha ordenado ni amparado ni conocido ese tipo de hechos”, ha continuado el consejero, que ha dejado abierta una rendija por si se concretan las acusaciones: “Si eso se demuestra, quien haya realizado este tipo de actuaciones, tendrá que asumir responsabilidad. Habrá que verlo. Estoy deseando conocer ese informe”.
González desconoce el informe
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha marcado distancia de estas informaciones asegurando que desconoce el informe policial sobre el espionaje y que “no es razonable” que las partes personadas en un proceso judicial se enteren de lo que ocurre por los medios de comunicación. Entrevistado en Punto Radio, González ha indicado que le gustaría que se actuara “con el mismo celo” en otros presuntos casos de espionaje, como el que sufrió él mismo en un viaje oficial a Colombia. “Llevo más de un año intentado saber quién ha organizado esto, por qué y quién está detrás. Me gustaría que se actuase en mi caso con el mismo celo con el que actúa en otros”, ha dicho.
Y Aguirre enmudeceEntretanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha rehusado dar explicaciones sobre los supuestos seguimientos realizados por agentes de su consejero de Interior. Aguirre ha presentado el nuevo carnet joven de la Comunidad acompañada de Rodrigo Rato, presidente de Cajamadrid. La lideresa, habitualmente amiga de los micrófonos, se ha negado a hablar aunque ha advertido que ya lo hará mañana, cuando está prevista la reunión del Comité de Dirección del PP regional.
(www.elplural.com, 13/04/10)
SÍ HUBO UNA `GESTAPILLO’ EN EL PP
Las pesquisas ordenadas por Carmen Valcarce, juez encargada de investigar el espionaje que sufrieron dos altos cargos del PP en Madrid críticos con el Gobierno de Esperanza Aguirre –o favorables al alcalde, Ruiz-Gallardón, que tanto monta–, no dejan lugar a dudas: Manuel Cobo, el vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y enfrentado con el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, fue espiado en abril de 2008, según un informe sobre el asunto realizado por la policía.
Y las personas que cumplieron esa misión fueron José Oreja Sánchez, Antonio Coronado Martínez y José Luis Caro Vinagre, tres guardias civiles que fueron fichados para la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Los tres expertos dedicados oficialmente a la vigilancia de edificios en la Comunidad de Madrid, según esos datos, habrían seguido a Cobo durante siete días, actividad que quedó reflejada en varios partes que fueron difundidos en su día por el diario El País.
El extenso informe encargado por la juez analiza el contenido de los citados partes y, con los datos aportados por Telefónica, sitúa a los guardias civiles llamando con sus teléfonos móviles o recibiendo llamadas en ellos en las mismas zonas de influencia, de modo que, concluye, estaban en los lugares donde se vigilaba a Cobo a la misma hora y fecha en la que se refleja en los partes de seguimiento.
El propio Manuel Cobo había dado ya ante la juez credibilidad a los siete partes en los que constaban las vigilancias a las que fue sometido. El vicealcalde de Madrid aseguró que el día en que los espías aseguraban que no habían podido localizarlo ni en su trabajo ni en su domicilio particular estaba de viaje en Zaragoza. Respecto a otros partes del espionaje, los teléfonos no engañan y muestran a uno o a los tres guardias civiles a la hora y en la zona en la que alguien anota los movimientos de Cobo.Así, el de 2 de abril de 2008 se indica: “Cobo sale del domicilio a las 8.25 horas de la mañana, tomando el itinerario habitual y llegando a su puesto de trabajo a las 9.02 horas. Se observa que durante los desplazamientos le acompañan una moto con dos ocupantes de avanzada y un vehículo turismo con un ocupante por detrás, realizando la contravigilancia.
Este mismo vehículo es el que realiza la contravigilancia en su domicilio. Una vez llega el objetivo a su puesto de trabajo, su vehículo lo deja dentro y abandona las instalaciones. Como quiera que la zona está dotada de fuertes medidas de vigilancia y control, después de un tiempo prudencial, abandonamos la zona y nos dirigimos a montar el dispositivo del otro objetivo”.
Los tres guardias civiles ya están imputados por otro espionaje reflejado en otros partes: el realizado a Alfredo Prada, ex consejero de Interior en Madrid, cargo en el que lo sucedió Francisco Granados (actualmente es asesor de Mariano Rajoy en cuestiones internacionales). Igual que ahora, los teléfonos de los guardias reflejaron que ellos estaban en los lugares a los que se hacía referencia (Brea de Tajo, Chinchón) en el espionaje a Alfredo Prada, en mayo de 2008. En ambos casos, se trataría de un posible delito de malversación de fondos públicos (al dedicar parte de su jornada pagada por la Comunidad a actividades que no tienen que ver con ella). Junto a ellos también está imputado su jefe en la Comunidad de Madrid, el ex policía nacional Sergio Gamón.
El espionaje ocurrió en una etapa especialmente convulsa en el PP de Madrid. El 7 de abril de 2008, la semana en la que Cobo era espiado, Esperanza Aguirre no desmentía los rumores y dejaba la puerta abierta en el Foro Abc a la posibilidad de presentarse como candidata a liderar el PP nacional frente a la lista oficial de Mariano Rajoy.
Manuel Cobo denunció lo ocurrido y aseguró que temía por sus hijos. Luego, en una entrevista con El País, añadió el asunto de la “gestapillo” y que la batalla por Caja Madrid le producía “vómito”. El PP lo sancionó con un año de suspensión de militancia. La pasada semana, Ruiz-Gallardón anunció que volverá a contar con él para las elecciones de 2011. Mientras, Francisco Granados pedía que se apartara a manuel Cobo de su puesto como portavoz municipal. La batalla, con espías y sin ellos, continúa.(www.interviu.es, 12/04/10)
LA JUEZ REHÚSA ARCHIVAR EL ESPIONAJE A COBO Y PRADA
La juez ha rechazado la pretensión de la defensa de los cuatro presuntos espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre de dar carpetazo a su investigación y sobreseer el caso por falta de pruebas. Tras esta decisión, siguen imputados por un presunto delito de malversación tres asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, y el ex director general de seguridad regional, Sergio Gamón. La juez ve improcedente exonerarles cuando espera "nuevas pruebas" que pueden "afectar directamente a los imputados".
Entre las diligencias pendientes se encuentra el informe sobre los posicionamientos de los móviles en abril de 2008 de los agentes de Aguirre sospechosos del espionaje que está rematando la policía y será clave para demostrar si, amén de seguir al ex vicepresidente segundo Alfredo Prada -probado por un informe similar referido a mayo de 2008-, también vigilaron al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, un mes antes.
La magistrada que investiga el caso, Carmen Valcarce, igualmente ha rechazado la solicitud del abogado, el ex fiscal Enrique Molina, de interrogar al periodista de este diario que destapó el caso para que revelase las fuentes de su información. La juez alude en su escrito a que sería una repetición de la declaración que ya prestó dicho informador sobre estos hechos ante la fiscalía en enero de 2009, tras estallar el escándalo.
El defensor de los agentes de Aguirre recibe un tercer revés jurídico: la juez rechaza su cuestionamiento del personamiento como acusación del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y de su defensa mediante letrado del Ayuntamiento. El escrito de la juez es tan sintético como contundente: "No ha lugar a la exigencia de nuevos requisitos procesales para la personación como acusación particular de don Manuel Cobo, que viene ejerciendo en su nombre el letrado del Ayuntamiento de Madrid".
Con todo ello, se derrumba como un castillo de naipes la estrategia de la defensa, que se resume así: que la juez archivara el caso por falta de pruebas contra los presuntos espías del Gobierno de Aguirre o que, de no acceder a tal petición, que el periodista identificara a las fuentes de su información. Las tres víctimas del espionaje personadas en este sumario -Cobo, Prada y la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores- y la propia fiscalía han rebatido tal pretensión por compartir el criterio de que ahora no toca archivar por falta de pruebas, sino de ejecutarlas y de finalizar la instrucción. Entre las pruebas pendientes, amén del informe policial sobre los posicionamientos telefónicos de abril de 2008 de los agentes sospechosos, falta la pericial caligráfica de José Manuel Pinto, empleado de Granados identificado por dos grafólogos contratados por este diario como el autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje.
(www.elpais.com, 08/04/10)
JUECES DE MADRID CENSURAN LA FALTA DE RIGOR DEL PERITO DE ESPERANZA AGUIRRE
Algunos jueces de Madrid han criticado en autos la falta de rigor de Castor Iglesias, perito contratado por el Gobierno de Esperanza Aguirre para negar que un agente autonómico fuera el autor de las notas manuscritas en los partes del espionaje al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente regional Alfredo Prada. Iglesias usó para el informe que le encargó el Ejecutivo de Aguirre fotocopias, algo inconcebible según sus colegas, para hacer un análisis grafólogico de la letra del agente José Manuel Pinto, empleado de la consejería de Francisco Granados, que rebatía la doble pericial contratada por EL PAÍS que le identificaba como autor de las notas en los partes del espionaje. La consejería de Granados tenía contratada a la asociación de peritos que preside Iglesias para las pericias oficiales en los juicios rápidos y desde enero pasado le contrató, primero a dedo y luego por concurso -"subasta", según explicó ayer Granados- para aportar traductores.
Hay varias resoluciones judiciales que ponen en duda el rigor de Iglesias. Una de ellas se refiere a un rumano que intentó forzar la caja de herramientas de una grúa. La víctima reconoció que "no se le causó ningún daño y que el cajón [de herramientas] no se le llegó a abrir precisamente porque retuvo al acusado y llamó a la policía". Iglesias, sin embargo, valoró los daños en las cajas de herramientas en 60 euros.
La declaración de la víctima, acusa el fallo, "contrasta con el informe que hizo el perito judicial de los juzgados, que en una práctica que podemos llamar procesalmente irregular, tasó los presuntos desperfectos sin verlos, dando por sentado que había que reparar no una caja, sino dos de ellas que presupone forzadas, cuando nada de esto se demostró porque la víctima dijo que no llegaron a forzarse". La crítica a Iglesias continúa así: "Resulta extravagante dentro del sistema de garantías que existen en el proceso penal que un perito judicial haga un dictamen dando por sentadas las consecuencias jurídicas del delito que el perjudicado niega". La sentencia concluye que la pericial fue "hecha sin rigor" y falla que "no cabe acordar responsabilidad civil al no haberse acreditado la existencia de ningún daño".
El rigor del trabajo de Iglesias es cuestionado en al menos una decena de fallos más, según fuentes judiciales. Por ejemplo, se juzgaba a un mantero senegalés al que se habían intervenido 21 DVD por un delito contra la propiedad intelectual. Pero se halló un insalvable problema al juzgarlo: "No se ha demostrado en el acto del juicio la falsedad del material incautado dado que el perito Iglesias no visualizó los DVD incautados, basando su informe sólo en el análisis de las características externas, por lo que desconocemos si algunos de ellos están vacíos".
Nuevamente, el varapalo al perito de confianza del Gobierno de Aguirre es inmisericorde: "Nos encontramos con una pericial practicada que contraviene las garantías procesales del procedimiento, dado que ninguno de los 21 DVD fue visionado por el perito. Al no visualizar los DVD, el perito no aporta ninguna regla de su ciencia y arte. En estas condiciones desconocemos si algunos o varios de ellos están vacíos, lo que reconduciría los hechos hacia la estafa y no a un delito contra la propiedad intelectual".
La sentencia apunta una grave sospecha sobre si Iglesias no hizo un mero refrito: "Es más que probable que estas conclusiones periciales se pasen de un dictamen a otro, como se aprecia en el error cometido en la pericia donde se habla 'vistos todos y cada uno de los CD y DVD', cuando en este procedimiento sólo hablamos de DVD. Esto puede ser la consecuencia de un corta y pega en el informe". El senegalés fue absuelto.
(www.elpais.com, 23/03/10)
GRANADOS DICE QUE LA OFERTA DE IGLESIAS ERA LA MÁS BARATA
Tanto PSOE como IU coincidieron ayer en considerar escandalosa y sospechosa la adjudicación de un contrato para aportar traductores por parte de la Consejería de Justicia, que dirige Francisco Granados, a la misma asociación pericial que utilizó para negar la existencia del espionaje desde su departamento contra rivales de Esperanza Aguirre.
Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, avanzó que su partido pedirá el expediente completo para averiguar en qué circunstancias resultó ganadora la entidad que preside Castor Iglesias. Igualmente, la portavoz socialista anunció que exigirá la comparecencia parlamentaria de Granados para que explique tal adjudicación. El secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, afirmó que está muy cansado de que "los trapitos sucios del PP los acaben pagando los funcionarios"
Por parte de IU, su portavoz regional, Gregorio Gordo, tiró de ironía para analizar el contrato: "No se entiende tal adjudicación. Lejos de resolver el problema que ya existía con los traductores en los juzgados madrileños y que habían denunciado los propios jueces, se ha visto que no hay ninguna voluntad de resolver este asunto por el Gobierno regional. Y cuando se le da el contrato a Iglesias, se le da por lo único que se le puede dar: por los grandes servicios prestados en la comisión de investigación del espionaje. De otra manera no se puede entender, porque si tuviera alguna experiencia al respecto... tendría una lógica. Pero cuando no tiene ninguna lógica sólo se puede interpretar lo contrario. Granados, cuando necesita algo, le llama a él [Castor Iglesias]. Es una situación que define perfectamente al Gobierno de Madrid. La única experiencia que parece tener es en ayudar a Granados...".
El propio Granados puso el acento en un hecho que ya recogía este diario: que la asociación pericial de Iglesias ganó el concurso porque era la oferta más barata. El consejero especificó que se trataba de una subasta, concurso en el que por encima de la relación calidad-precio sólo se valora el coste para la Administración.
La asociación Jueces para la Democracia estima que un servicio tan sensible para los derechos procesales no puede ser adjudicado simplemente en función de su coste, sino que debe exigirse y garantizarse su calidad. Esta postura es respaldada por los sindicatos del sector judicial.
(www.elpais.com, 23/03/10)
GRANADOS ADJUDICA UN CONTRATO DE UN MILLÓN AL PERITO QUE USÓ PARA DESMENTIR EL ESPIONAJE
La consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, investigada por supuesto espionaje político, adjudicó el mes pasado un contrato de casi un millón de euros para suministrar traductores en los juzgados a la asociación que preside Castor Iglesias. Este perito fue el que usó hace un año el consejero de Interior, Francisco Granados, para desmentir el supuesto espionaje político que mantiene a cuatro de sus hombres de confianza imputados en un juzgado de Plaza de Castilla.
El 17 de febrero de 2009, Iglesias firmó un informe grafológico encargado a dedo por Granados donde exculpaba al agente autonómico José Manuel Pinto de ser el autor de las anotaciones manuscritas en los partes del espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente regional Alfredo Prada, ambos adversarios dentro del PP de Esperanza Aguirre. El informe, que utilizó Granados para rechazar las acusaciones de espionaje, contradecía las conclusiones de dos peritos contratados por EL PAÍS. Ambos sostenían que Pinto era el autor de anotaciones en los partes, y esto vinculaba el espionaje con agentes de Granados.
Con meras fotocopias del trabajo ajeno, Iglesias rebatió a los dos peritos contratados por este periódico, que sí analizaron los originales (imprescindible para identificar claves como la presión al escribir). Ambos grafólogos, cuyas periciales han pesado en sonoros procesos de la Audiencia Nacional, concluían que Pinto era el autor de las notas y están dispuestos a testificarlo ante la juez del caso. Iglesias cobró 3.600 euros por el trabajo que exculpó a Pinto. Se lo encargaron porque no era un desconocido. Su Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ) estaba bajo contrato de la Comunidad de Madrid desde 2003 para prestar peritajes en los juicios rápidos, tarea por la que percibe 60.000 euros cada 18 meses.
Tras la pericial exculpatoria de Pinto, la AEPTJ de Iglesias logró un contrato a dedo de mes y medio para suministrar traductores e intérpretes a los juzgados. Tras este encargo a dedo, el 19 de febrero pasado, la Asociación de Iglesias ganó un concurso, con carácter bianual, dotado con 900.000 euros, al que se presentaba por vez primera para la prestación de intérpretes y traductores en los juzgados madrileños. Iglesias reconoce que con anterioridad sólo habían prestado una labor semejante de manera "puntual" en algún juicio. De hecho, la traducción e interpretación no figura entre los servicios que la página web de la asociación publicita. Nada de eso le impidió quedarse con la mitad de un servicio que en Madrid monopolizaba Seprotec desde 2007. Un servicio privado cuyas deficiencias ya había denunciado Jueces para la Democracia por entender que la nula o baja cualificación profesional de los intérpretes lesionaba las garantías procesales.
Según un portavoz de la consejería de Interior, se contrató a la asociación de Iglesias por ser la oferta más barata para un servicio crucial que puede dirimir si una persona va o no a la cárcel. Según jueces consultados por EL PAÍS, algunos traductores de AEPTJ han calcado los defectos de sus antecesores: nula o baja cualificación. Iglesias aduce que nadie se ha quejado por escrito sobre la supuesta mala calidad de sus traductores, pero no excluye que en algún caso se haya producido algún error con el currículo de sus contratados. Este diario tiene documentado a modo de ejemplo el caso de tres de sus traductores que incumplen los requisitos mínimos de calidad:
- Una argelina que acudió para un juicio el 9 de febrero de 2010 para asistir a un marroquí. El juez anotó lo siguiente: "Viene por AEPTJ. No tiene título alguno (no dice los conocimientos que tiene). Oculta datos. No hace bien la interpretación. Se pone a charlar con la víctima".
- "El traductor viene de AEPTJ", anota el juez, "para un caso de daños y para atender a una perjudicada portuguesa. El permiso de residencia es de Guinea, pero dice que es de Senegal y viene para hablar en portugués. Y dice que sólo tiene bachiller. No está cualificado. No sabe interpretar. Habla pisándole las palabras a la testigo".
- El tercer traductor sin titulación específica trabaja en el área de lenguas no europeas. Fue repescado del desempleo por la Comunidad de Madrid en septiembre de 2009 para que acudiera como intérprete a la sede de AEPTJ, seis meses antes de que esta entidad resultara ganadora del concurso de traductores. El formulario le exigía acreditar títulos y experiencia ante dicha entidad. No lo hizo porque carecía de ambas, según admite.
La organización de Iglesias realizó tareas de traducción en una docena de juicios ya en enero de 2010 cuando aún no había ganado el concurso. De hecho, el 22 de diciembre de 2009, la dirección general de Justicia, dependiente del consejero Granados, anuncia que desde el 1 de enero de 2010 "una vez comprobado que los servicios de traducción e interpretación no pueden ser prestados por el servicio de intérpretes y traductores propios de la Comunidad de Madrid, se podrán encargar directamente los trabajos de referencia, sin necesidad de autorización previa de la dirección general de Justicia, a la Asociación Española de Peritos Judiciales, sita en la calle General Pardiñas, 98". Iglesias admite que, antes del concurso, la consejería de Granados les contrató "por alguna razón" para tal servicio del 1 de enero al 15 de febrero de 2010. AEPTJ, según documentan sus traductores, paga la hora a 14 euros, cuando el monto abonado por la Comunidad rondaba los 40 ó 50 euros. Iglesias niega estas cifras, pero alega no poder precisarlas. Estos hechos están en la base de la denuncia de Jueces para la Democracia: es imposible tener un intérprete cualificado a ese precio. Por ello, demandan que la Comunidad de Madrid gestione directamente dichos contratos, para mejorar el servicio y el salario.
(www.elpais.com, 22/03/10)
"POR ALGUNA RAZÓN ME CONTRATARON"
Castor Iglesias, presidente de la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales, es muy puntilloso con toda simplificación sobre la adjudicación por la consejería de Interior del concurso de traductores para los juzgados madrileños. "Ni me lo dieron a mí, ni a mi asociación; el concurso lo ganó mi asociación". Pero se muestra menos contundente al explicar la obtención de un contrato para el mismo servicio que le dio a dedo el mismo departamento, que preside Francisco Granados, del 1 de enero al 15 de febrero de este año. Casualmente, el 19 de febrero, reasumió por dos años dicha prestación, pero ya con el título de ganador del concurso.
Iglesias lo explica así: "Ha habido una contratación desde el 1 de enero al 15 de febrero por motivos que la Administración conocerá. No tenemos nada que decir. Nos parece bien que nos contrate porque nos ha contratado muchas veces. Y el 19 de febrero es cuando salió el concurso y fuimos adjudicatarios, nosotros y Seprotec".
El PSOE quiere averiguar si esos 45 días le sirvieron para acreditar experiencia y ganar. Al solicitarle precisiones sobre los salarios que paga a sus traductores, que documentan a este diario que abona la hora a 14 euros y perciben unos 500 euros mensuales, Iglesias asegura que no puede facilitarlos por su cuenta y riesgo sin consultar a los demás miembros de su firma. "No puedo actuar como si la empresa fuera mía", aduce. En realidad, su entidad no tiene carácter de empresa y, por ello, no figura en el registro mercantil y, por lo tanto, no son fácilmente visualizables sus datos: cuentas, empleados, ingresos, gastos... Sólo explica que tiene poca plantilla, pero una dilatada y sólida trayectoria profesional.
(www.elpais.com, 22/03/10)
ESPÍAS DE AGUIRRE EXIGEN QUE EL PAÍS SEÑALE AL FUNCIONARIO QUE LES DENUNCIÓ
Enrique Molina, abogado de los cuatro presuntos espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre imputados por los seguimientos ilegales en 2008 a Alfredo Prada y Manuel Cobo (cargos del PP a los que la presidenta autonómica no apreciaba mucho por entonces), ha pedido a la juez que instruye al caso que cite al periodista de EL PAÍS que destapó el escándalo para que identifique al funcionario de la Consejería de Interior que le entregó los partes del espionaje y que, además, revele el nombre del alto cargo regional -al menos un consejero del Ejecutivo autónomo- que confirmó al periódico la veracidad de los hechos denunciados.
El letrado de los agentes imputados -un ex guardia civil y un ex policía nacional- sostiene que si el periodista no revela sus fuentes, deberían anularse todas las evidencias del delito y el asunto debería ser cerrado por falta de pruebas, a pesar de que sus clientes han admitido que hicieron los seguimientos y éstos fueron confirmados por la compañía Movistar en un informe sobre los posicionamientos telefónicos.
La petición del letrado Molina, prestigioso ex fiscal de la Audiencia Nacional, para que se exonere a los cuatro imputados que aún mantiene en nómina el Gobierno de Aguirre, elude algunos puntos ya irreversibles de la investigación judicial, que se demora desde hace un año. Tres de sus clientes, ex guardias civiles fichados con el doble de sueldo como asesores personales del consejero de Interior, Francisco Granados, ya han confesado ante la juez que siguieron a Prada durante semanas por orden del entonces director general de seguridad, Sergio Gamón, en mayo de 2008. En su declaración aseguraron que eran contravigilancias, para justificar que su trabajo era supuestamente legal.
Los ex guardias civiles confesaron los seguimientos ante la juez después de que en su primera declaración policial negaran haber seguido a Prada. Su confesión en el juzgado no fue fruto de ninguna reflexión o arrepentimiento. Tuvieron que reconocer el marcaje a Prada porque para entonces ya sabían que sus teléfonos móviles habían delatado sus pasos y se sabía que ellos habían estado justo allí donde los partes de espionaje decían que se encontraba Prada, día a día, minuto a minuto.
Los tres ex guardias civiles aseguraron que ese marcaje lo ordenó Gamón, entonces director de Seguridad de la Comunidad, fichado personalmente por Aguirre. Pero Gamón, que compareció unas semanas después ante la juez, les desmintió, declaró que nunca ordenó los seguimientos a Prada y que entre las tareas asignadas a los agentes no podía estar la contravigilancia pues no era competencia de la Comunidad.
Molina, letrado de Gamón y de los tres ex guardias civiles, no ha planteado un careo para aclarar de quién fue la idea de seguir a Prada de esa manera tan especial, pues durante el mes de mayo esos agentes de confianza no hicieron prácticamente otra cosa. En el escrito remitido a la juez, el abogado de los presuntos espías prefiere arremeter contra el informe de la policía, por arrogarse "funciones valorativas" al interpretar que los tres ex guardias civiles fueron los autores de las vigilancias.
El escrito de Molina considera que el informe policial se basa en unos datos telefónicos que contienen un enorme margen de error ("si fuera preciso se aportaría el informe de telecomunicaciones acreditativo este extremo"). Esta afirmación choca con los datos que arroja el informe sobre los posicionamientos telefónicos y no sólo por la cantidad de coincidencias geográficas y temporales hasta márgenes muy estrechos (cuando espían a Prada en Esade, casualmente salta el repetidor de Esade, y esto vale para el hotel Hesperia, Chinchón o Brea de Tajo). Además, los tres asesores de Granados han confesado punto por punto que estuvieron allí. ¿Fallan las antenas y la memoria de los tres ex guardias civiles?
Todo para llegar a un punto sencillo: aunque los posicionamientos fueran deficientes, que según la Policía y Movistar, no lo son; aunque los partes fueran deficientes, que según ha demostrado la instrucción judicial, no lo son, bastaría con la confesión de los guardias para demostrar que estaban haciendo lo que no debían, según el testimonio del propio jefe, Sergio Gamón.
Pero, según explican fuentes de la propia Comunidad de Madrid, la defensa de los cuatro presuntos espías, de acuerdo con la estrategia diseñada por el equipo del consejero Francisco Granados, en lugar de reconocer los hechosy buscar atenuantes para sus imputados, intenta lanzar acusaciones parecidas a las que en su día aireó el portavoz del PP en Madrid y consejero de Aguirre, Juan José Güemes.
Los partes, señala el escrito de Molina sin aportar una sola prueba, "podrían haber sido creados específicamente para emprender una campaña político-mediática". "Lo que se ha buscando desde un principio con la investigación periodística es la foto de Mariano Rajoy o de Esperanza Aguirre para mantener en entredicho la gestión política de ambos", añade.
El abogado intenta convencer a la juez de que la investigación está viciada, ya que este diario contrastó con Cobo y Prada lo que ponía en los partes de espionaje, pero las denuncias de estos dos cargos del PP se produjeron semanas después. Molina incluso ve irregular que Cobo haya acudido a testificar con un letrado del Ayuntamiento, en tanto él no aclara si en un caso de malversación, sus honorarios los pagará la Comunidad de Madrid o sus defendidos.
Mientras Molina intenta que se anule todo el proceso, la policía afina un informe que acumula nuevos datos, ya que a los ocho teléfonos pertenecientes a agentes de Aguirre a los que ya se investigaba en relación con los seguimientos de Cobo y Prada en abril de 2008, se han unido dos números de teléfono más presuntamente vinculados con la red de seguimiento ilegal.
Y todo ello a falta de la comparecencia de José Manuel Pinto, empleado de la consejería de Interior cuyo interrogatorio y análisis grafológico han solicitado ya en siete ocasiones a la juez las víctimas -Cobo, Prada, y la diputada Carmen Rodríguez Flores-, la policía y la fiscalía. La baja laboral de Pinto, confirmada por la Comunidad de Madrid, dura tanto como su espera para ser citado. Más de un año para confirmar lo que este diario ya apuntó: que dos peritos que trabajan en la Audiencia Nacional, a los que contrató EL PAÍS, le identifican como el autor de las anotaciones a mano en los partes del seguimiento a Cobo y Prada, donde aparecían nombres de personas y números de matrículas de vehículos que, efectivamente, estuvieron donde el parte señaló que estuvieron. El Gobierno regional encargó otro informe a otro perito donde desmentía que la letra fuera de Pinto.
Pinto podría aclarar sin margen de error quién creó tales partes en la Consejería de Interior. El abogado de los supuestos espías considera que este proceso se alarga en demasía. Pero Molina no aclara quién dilata el proceso, si la juez, la policía, la fiscalía o las partes. El último salto del letrado es llamativo: concluye que aunque todas las pruebas resultaran ciertas, seguiría sin poder sostenerse que hubo malversación. La fiscalía, por el contrario, considera que un agente que actúa en funciones ilegales está malversando el dinero que se le paga para una labor muy distinta. Y, obviamente, también quien se lo ordenó. (06/03/10)
(www.elpais.com, 08/03/10)
UN NUEVO INFORME PERICIAL PUEDE ELEVAR A NUEVE LOS IMPUTADOS POR EL ESPIONAJE POLÍTICO EN MADRID
La jueza Carmen Valcarcel, que investiga las denuncias sobre el presunto espionaje polírico sufrido por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el ex consejero Alfredo Prada, y otros cargos del PP por parte de agentes contratados por la Comunidad de Madrid, está a la espera de recibir un nuevo informe de la Policía Judicial para decidir si eleva a nueve el número de imputados.
Los nuevos acusados serían tres ex policías asesores del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, el empleado público del departamento de Seguridad José Manuel Pinto y el ex inspector de Policía Marcos Peña. Se les imputaría un delito de malversación de fondos públicos.
A instancias del fiscal y del abogado de Prada, las imputaciones se sumarían a las de los tres ex guardias civiles Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, así como a la del ex director de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón.
La magistrada está a la espera de recibir un informe pericial solicitado a la Policía Judicial sobre un esquema de los posicionamientos telefónicos de los móviles de los ex policías, de Peña y de Pinto.
La petición de nuevas imputaciones se produce después de que los informes grafológicos practicados sobre los hasta ahora cuatro imputados en el caso descartaran que su letra coincidía con las anotaciones manuscritas que aparecían en los partes de seguimiento realizados entre abril y mayo de 2008 a Prada y Cobo.
Tras los resultados de los informes, la Fiscalía de Madrid solicitó a la juez la imputación de José Manuel Pinto y la práctica de una prueba caligráfica sobre su cuerpo de escritura. La petición respondía a un informe realizado por EL PAÍS que le identificó como el autor de las notas manuscritas de los partes de espionaje.
Asimismo, el abogado de Alfredo Prada, José Aníbal, solicitó la imputación de los tres ex policías nacionales y de Peña, según indicaron a Europa press fuentes fiscales.
Este procedimiento arrancó el pasado mayo, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por Cobo el 29 de febrero de 2009.
La mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.
Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo.
(www.elpais.com, 03/03/10)
EL GOBIERNO REGIONAL ELUDE EXPLICAR LAS ACTIVIDADES Y EL SUELDO DE GAMÓN
La comparecencia de ayer en la Asamblea de Madrid del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, la había solicitado el grupo socialista para conocer las funciones de Sergio Gamón, ex director general de Seguridad. Gamón sigue cobrando del Gobierno regional como director del área de Seguridad (ya sin rango de dirección general) y está imputado por malversación de fondos públicos en el caso del espionaje al ex consejero de Justicia Alfredo Prada y al vicealcalde, Manuel Cobo. Pero Granados eludió dar explicaciones de las actividades de Gamón y afirmó que "sólo ha hecho informes de seguridad".
"Compruebo que, una vez más, vamos a seguir sin aclarar qué funciones realiza el señor Gamón", afirmó la diputada socialista Encarnación Moya, en su intervención. Recordó que la Dirección de Seguridad de la consejería se creó "ex profeso para Sergio Gamón" en julio de 2008, después de que estallara el escándalo del robo de dos ordenadores de los colaboradores de Prada. "Y desde esa fecha no se le conoce oficio, aunque sí beneficio: 90.000 euros anuales. ¿Por hacer qué?", preguntó Moya a Granados. A lo que agregó: "Todo lo que rodea a esta dirección hace sospechar que es un pago por los servicios prestados a la señora Aguirre".
Granados tiró de ironía: "Quiero felicitarle porque usted aborda uno de los asuntos de mayor interés para los madrileños". Pero no confirmó si el salario de Gamón era el que decía la diputada. Lo que sí hizo el consejero fue ridiculizar diversos gastos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para minimizar el derecho de los socialistas a preguntar en la Asamblea sobre los gastos de su consejería.
Y dijo que el presidente Zapatero "tiene 409 asesores, 29 más que hace un año". Además, afirmó que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, "se gasta 29.000 euros en un mapa de excitación sexual del clítoris, y ya preparara otro sobre los esclavos africanos del siglo XVI al XIX". "Todo lo que ha dicho hoy viene a confirmarnos por qué se cargó usted la comisión del espionaje", concluyó Moya. "Tenía pánico a lo que pudiera haber dicho el señor Cobo".
(www.elpais.com, 19/02/10)
DECLARACIÓN DE MANUEL COBO ANTE LA JUEZ EN EL CASO DEL ESPIONAJE POLÍTICO : "DETERMINADAS PERSONAS PUEDEN TENER CIERTO INTERÉS EN LO QUE HAGO O NO HAGO"
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, aparece en al menos siete partes de seguimiento correspondientes al mes de abril de 2008 que, supuestamente, hicieron los espías pagados con dinero público y dependientes del Gobierno de Esperanza Aguirre. Cobo declaró el pasado 2 de febrero, a petición de la Fiscalía, ante la juez de Plaza Castilla que instruye este caso. Hay cuatro agentes imputados que supuestamente espiaron a políticos del PP contrarios a Aguirre. Lo que sigue es un resumen de la declaración de Cobo, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso EL PAÍS. En los primeros minutos de su testimonio, el vicealcalde detalla su actividad pública y privada durante los días de abril en que supuestamente fue espiado. Después, interviene la juez.
Juez. ¿Recuerda en esos días una cita con alguien susceptible de interesar a terceros?
Cobo. En esos días como con periodistas, con personas de mi partido. No son públicas. Es decir, la pregunta es: ¿Le puede interesar a alguien? Pues depende el interés que alguien tenga en conocer o tener instrumentos de la vida de los demás. Eso es absolutamente subjetivo y...
Juez. ¿Pero usted no tiene una reunión especial para esa fecha ni nada por el estilo?
Cobo. Especial... Si vemos en la hemeroteca pues hay una cierta efervescencia, por ejemplo en mi partido, porque se va a celebrar algo que es muy importante en los partidos políticos: un congreso en Valencia en el que...
Juez. Esto es previo al congreso.
Cobo. Todo es previo al Congreso de Valencia, y lo digo porque en la hemeroteca sí aparecen cuestiones que tienen que ver con el futuro de mi partido... por un lado (...). Es decir, puede haber 100 circunstancias que pueden hacer interesante lo que yo haga para unas determinadas personas, no a la generalidad supongo. Pero determinadas personas pueden tener cierto interés en lo que yo hago o no hago.
Abogado de Cobo. En caso de que se realice una contravigilancia, ¿usted y sus escoltas deben conocerlo?
Cobo. Creo que no entra en cabeza humana que pueda haber una contravigilancia sin que lo conozca el interesado y sus escoltas porque podría dar lugar a acontecimientos graves y muy desagradables. Yo tengo contravigilancia en este momento, y lógicamente mis escoltas saben y conocen a los que contravigilan.
Abogado defensor de los supuestos espías. Señor Cobo, ¿el servicio de seguridad propio, el que le pone el Ayuntamiento, detectó en algún momento que había seguimientos sobre su persona?
Cobo. Nunca.
Abogado defensor de los supuestos espías. La denuncia que usted presenta obedece a una publicación [en EL PAÍS] de estos soportes documentales sobre los cuales le han preguntado coincidencia de horarios, y hay una declaración de una persona, periodista que se encarga de publicar esos artículos, que dice que ha mantenido con usted una entrevista para contrastar esos datos. ¿Es cierto que se mantuvo esa entrevista previa a la presentación de la denuncia?
Cobo. A mí me llama la tarde anterior el subdirector de ese medio y me dice que hay más seguimientos, hay más espionaje. Y le digo ¿de quién? Y no pensaba en el mío, y no voy a decir en quién pensaba porque sé que había desde hacía tiempo cierto rumor de a quién se seguía, y me dice que a mí. Y digo, no me lo puedo creer. Y me dice si me puede preguntar qué hice unos días y le digo que no me lo sé. Me fui a mi despacho en Cibeles, llamé previamente a mi secretaria para tirar de ordenador y el periodista me empieza a preguntar si estoy en Madrid tal día y tal día. Le voy contestando que sí con los datos que tengo, vuelvo a decir que no es un diario, coinciden todos. Y señor letrado, lo que más me sorprende, lo que me lleva a creer que es verdad, que existe un seguimiento, es cuando me dice, o me lee, que un determinado día, el 11 de abril, no me encuentran. Eso a mí me convence. Cuando me dice eso, que ese día, el único que no estoy, no me localizan, y yo veo que estoy en Zaragoza, digo esto es verdad (...) Pienso que si alguien me sigue y sabe que estoy fuera no pone que no me encuentra ese día, es lo que yo pienso y deduzco. EL PAÍS me llama para preguntar, bueno vamos a dar esta información, y como hace habitualmente o hacen los medios de comunicación, para contrastar una información que tiene con los datos que yo les puedo facilitar.
Abogado defensor de los supuestos espías. ¿Ha tenido usted algún interés en preguntarle [a los periodistas] sobre las fuentes de información.
Cobo. Sí, pero no lo dicen. Yo le he preguntado a los periodistas, al señor Barón [director general de Seguridad], a consejeros de la Comunidad de Madrid y no me lo quieren contar. No, no me lo han dicho, y lo pregunto todo lo que puedo.
(www.elpais.com, 11/02/10)
EL TESTIMONIO DE UN SUPUESTO ESPIADO
- "¿Le puede interesar a alguien lo que yo haga? Depende del interés que alguien tenga en conocer o tener instrumentos de la vida de los demás".
- "No entra en cabeza humana que pueda haber contravigilancia sin que lo conozca el interesado y sus escoltas porque podría dar lugar a acontecimientos graves y muy desagradables".
- "Yo tengo contravigilancia en estos momentos y lógicamente mis escoltas saben y conocen a los que contravigilan".
- "Si alguien me sigue y sabe que estoy fuera no pone que no me encuentra ese día".
(www.elpais.com, 11/02/10)
EL SECRETO NO ESTÁ EN LA AGENDA DE COBO
El strip-tease que practicó como testigo en sede judicial el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, para evidenciar que los partes del espionaje coincidían con su agenda pública y privada destapó un extraño olor en repetidas preguntas de sus interrogadores. Parecían encaminadas a saber si los actos que detallaba de cada jornada suya espiada eran públicos o privados o cuántas personas los conocían. Rara estrategia. Lo llamativo no es en calidad de qué actuaba Cobo en cada minuto, sino en función de qué órdenes y labor estaba siendo seguido por los espías. Es público que José Luis Rodríguez Zapatero reside en La Moncloa. Pero si se hallaran partes de agentes públicos que no tienen por misión protegerlo detallando sus entradas y salidas o cualesquiera de sus actos sería un caso claro de espionaje. El viaje a Colombia de Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, era público, sin embargo, denunció que fue objeto de espionaje.
El falso dilema de si lo espiado era un acto público o privado es peor que irrelevante: busca confundir sobre lo sucedido. Lo sustancial es que nadie -salvo escoltas y espías- sabe a qué hora sale de su domicilio Cobo; ni a qué hora llega a su despacho; ni a qué hora exacta sale de Génova, 13, cuartel general del PP, por publicitado que esté el comité ejecutivo del partido al que haya acudido.
En la vida del abogado de los presuntos espías y de la juez del caso hay actos públicos y privados, anodinos o no, pero sin duda les inquietaría verlos reflejados en un papel. Y con un nivel de detalle similar al de cualquier parte de seguimiento policial. Ninguno tiene pluma cervantina. Todos son igual de telegráficos y de simples, o si se prefiere -en terminología del Gobierno de Aguirre y afines-, de "chapuceros". El agente o espía simplemente anota lo que ve o lo que deja de ver. Gürtel ofrece ejemplos de que la prosa policial no es más abundante ni florida cuando se vigila a delincuentes. La pregunta no es cuánta gente supo del viaje privado de Cobo a Zaragoza, sino por qué le buscaban infructuosamente los espías en Madrid, tanto en su domicilio como en su despacho. Y cómo supieron por qué puerta entraba el coche del vicealcalde en el Ayuntamiento, cómo averiguaron adónde se dirigía después a aparcar, y qué burbuja de seguridad utilizaba en sus desplazamientos y en su domicilio... Si quienes seguían en abril de 2008 todos sus pasos hubieran sido terroristas, ¿sería crucial si lo acechaban en actos públicos o privados o cuánta gente manejaba su agenda? No es Cobo, la víctima, quien debe explicar qué hacía. Son sus espías quienes deberán aclarar, si sus posicionamientos telefónicos les remata, por qué fueron su sombra y por orden de quién.
(www.elpais.com, 11/02/10)
COBO MUESTRA SU AGENDA A LA JUEZ PARA PROBAR LA "VEROSIMILITUD" DEL ESPIONAJE
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, destacó ayer en su declaración a la juez que instruye el caso del supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid que, de todas las coincidencias de los partes del seguimiento con su agenda personal, hay una de especial relevancia correspondiente al 11 de abril de 2008. Esa jornada, los supuestos espías -agentes a sueldo de la consejería de Interior, a tenor de lo ya acreditado en los seguimientos al ex vicepresidente madrileño Alfredo Prada-, anotaron que Cobo no se encontraba en su despacho por la mañana y que por la tarde se desplazaron también a su domicilio, "siendo infructuosos todos los intentos" para localizarlo.
Las vigilancias resultaron fallidas porque ese día Cobo estuvo fuera de Madrid. Concretamente en Zaragoza, donde se encontraba de viaje privado desde la tarde anterior. Cobo detalló a la juez que ese desplazamiento sólo lo conocían sus colaboradores más estrechos.
El vicealcalde considera que esto corroboraría la realidad del espionaje sufrido y daría, en su opinión, total "verosimilitud" a los partes difundidos por este diario. El número dos de Alberto Ruiz-Gallardón detalló el resto de su agenda pública y privada durante los siete días de abril radiografiados por los partes del espionaje. Incluso diseccionó sus comidas personales, la mayoría con periodistas.
Cobo ratificó ante la juez que toda esta actividad política se producía con el horizonte puesto en el congreso nacional del PP que debía celebrarse en junio en Valencia, y en el que la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, amagaba con presentar su candidatura frente a Mariano Rajoy para liderar el partido. Sin embargo, existe algún rastro aún más inequívoco de tal coincidencia entre los partes y su agenda: "Cobo sale a las 8.25 horas de la mañana" del domicilio, reza el parte del espionaje. "A las 8.30 salgo de casa. Siempre igual", declaró ayer Cobo en el juzgado.
Pero, en todo caso, el vicealcalde dejó sin coartada posible para cualquier seguimiento de sus pasos a los subordinados del consejero de Interior, Francisco Granados, ya que recordó que cuando fue consejero en la Comunidad de Madrid, su seguridad corrió a cargo de la policía nacional y desde que es vicealcalde, de agentes municipales, por lo que nunca podría haber sido objeto de contravigilancias ajenas a tales cuerpos.
También remachó que esas tareas cuando son legales siempre se realizan previo aviso a la escolta y al cargo protegido para evitar conflictos entre unos equipos y otros. Cobo nunca fue alertado de gozar de una contravigilancia a cargo de personal de Granados.
Su declaración como testigo, que duró cerca de 40 minutos, se produjo un año después de que este diario destapara el escándalo de los seguimientos políticos a dirigentes del PP afines a Mariano Rajoy y cuando faltan días para que la policía entregue su análisis sobre los movimientos de los ocho agentes de Aguirre sospechosos de espionaje derivados de sus posicionamientos telefónicos en abril de 2008, datos que resultaron decisivos para demostrar el espionaje a Prada en mayo de 2008.
Con este material se cerraría el círculo de coincidencias entre los partes del espionaje, la agenda de Cobo y la posición de los espías. El vicealcalde, al contestar al letrado de los agentes imputados -tres ex guardias civiles y el ex director de Seguridad, Sergio Gamón-, afirmó que preguntó infructuosamente por el origen de los partes a diversos cargos del Gobierno de Aguirre, incluido su actual director general de Seguridad, Enrique Barón.
(www.elpais.com, 03/02/10)
LA LUCHA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN SE RECRUDECE EN LOS JUZGADOS
Mariano Rajoy está empeñadísimo en tapar la tensa situación que se vive en el PP madrileño. Pero no hay manera: cuando aún escuecen las palabras que Esperanza Aguirre pronunció (sin saber que estaba siendo grabada) sobre sus tejemanejes en Caja Madrid –que actualmente dirige Rodrigo Rato–, vuelve a resurgir con fuerza el escándalo del espionaje supuestamente vinculado al Gobierno aguirrista. Y es que ayer fue a declarar ante los tribunales Manuel Cobo, número dos del alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Lo hizo en calidad de testigo, aunque lo relevante es que se considera uno de los espiados por lo que él mismo ha venido en llamar la «gestapillo». «Yo dije que se montó una gestapillo. Y ojalá se sepa quién lo hizo en este procedimiento», declaró Cobo al término de su declaración ante la jueza Carmen Valcárcel.
Cobo nunca ha ocultado que ve creíbles las informaciones difundidas, hace meses, por el diario El País, que apuntaban a que un equipo de expolicías contratados por la Consejería de Interior en Madrid se dedicaron, entre otras cosas, a espiarle a él y a otros políticos populares como el exconsejero Alfredo Prada, hombre afín a Mariano Rajoy. Ayer ratificó esta tesis en un juzgado madrileño.
Así, Cobo confirmó ante la jueza Valcárcel que vio publicados unos hipotéticos partes de seguimientos realizados a su persona por terceros y que, para comprobar si eran creíbles, cotejó con su propia agenda el contenido de los mismos (que describían sus movimientos y actividades cotidianas en los días 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 de abril del 2008). «Efectivamente, en todos los días hay coincidencias», admitió el vicealcalde, por lo que sentenció que, a su entender, es «verosímil y creíble» la tesis de que ha sido víctima de espionaje.
En lo que no quiso entrar es en los motivos que pudieron tener, para seguirle a él y a otros políticos, un grupo de expolicías contratados por el Gobierno de Aguirre. Eso sí, Cobo rechazó la teoría de que estuvieran haciendo labores de contravigilancia, como sostienen los investigados.
«En este mundo, puede haber ocasiones en las que determinadas personas quieran o pretendan tener instrumentos o información sobre determinadas personas (...)», añadió el número dos de Gallardón. La mayor parte de los seguimientos denunciados se produjeron antes de que se celebrara el Congreso de Valencia, en el que resultó reelegido Rajoy.
(www.elperiodico.com, 03/02/10)
EL GOBIERNO DE AGUIRRE NO DEDICA "NI UN MINUTO" AL ESPIONAJE A SUS COMPAÑEROS DE PARTIDO EN MADRID
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, a cuyo cargo estaban algunos de los imputados por los seguimientos realizados a miembros del propio Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid, ha asegurado hoy que no piensa "dedicar ni un minuto más" a hablar del caso porque, en su opinión, es una asunto "de escasa entidad que no interesa en absoluto a los madrileños" que, ha dicho, no le pagan para atender "cuestiones de tan escasa entidad".
La misma opinión tiene otro de los consejeros del Ejecutivo de Aguirre, Juan José Güemes, quien ha asegurado que tiene "cosas más interesantes que hacer que prestar atención" a la declaración ante la juez de Cobo, quien testificó ayer que sus actividades encajan con los partes de seguimiento. Güemes acusó en su día a EL PAÍS de "fabricar una gran mentira".
En concreto, existe una coincidencia de especial relevancia correspondiente al 11 de abril de 2008, cuando los supuestos espías -agentes a sueldo de la consejería de Interior [que dirige Grandos, a la sazón secretario regional del partiodo], a tenor de lo ya acreditado en los seguimientos al ex vicepresidente madrileño Alfredo Prada-, anotaron que Cobo no se encontraba en su despacho por la mañana y que por la tarde se desplazaron también a su domicilio, "siendo infructuosos todos los intentos" para localizarlo.
Las vigilancias resultaron fallidas porque ese día Cobo estuvo fuera de Madrid. Concretamente en Zaragoza, donde se encontraba de viaje privado desde la tarde anterior, algo que sólo conocían sus colaboradores más estrechos.
Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha afirmado hoy que no tiene sentido relacionar el presunto espionaje que pudo sufrir el número dos de Gallardón, con las "fricciones políticas del día a día" entre dos "gobiernos emergentes como son el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid".
González Pons ha mostrado más reservas que sus compañeros de partido y ha recordado que el asunto está inmerso en una investigación judicial, por lo que son los tribunales quienes "tienen que decir" si los seguimientos se produjeron.
(www.elpais.com, 03/02/10)
COBO: "SE MONTÓ UNA 'GESTAPILLO'. OJALA SEPAMOS QUIÉN LO HIZO"
Sin apenas descanso tras la suspensión de militancia impuesta por la dirección del PP al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por sus críticas a Esperanza a Aguirre en una entrevista en EL PAÍS, el número dos del alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, ha prestado hoy declaración como testigo ante la juez que investiga el caso del espionaje que saltó hace un año.
A la salida del tribunal, Cobo ha asegurado que en Madrid "se montó una gestapillo" y ha rematado: "Ojala sepamos quién lo hizo". El vicealcalde de Madrid ha declarado ante la juez durante 40 minutos para tratar de confirmar las coincidencias entre su propia agenda y los posicionamientos de los supuestos espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, gobernada por su propio partido, obtenidos gracias a los teléfonos móviles que utilizaban.
De acuerdo con la acusación, los agentes que trabajaban para la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior (a cargo del además secretario regional del partido, Francisco Granados), espiaron a Cobo además de al ex consejero de Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada en plena guerra interna por el poder en el Partido Popular en 2008.
Cobo ha recordado tras testificar que "desde el primer momento condené los seguimientos que me hicieron a mí, a [Alfredo] Prada y a Ignacio González y lo seguiré haciendo". Ambos dirigentes son afines al líder del partido Mariano Rajoy. Prada fue destituido por Aguirre tras producirse los seguimientos, mientras que la presidenta regional mantiene con el Ayuntamiento de Madrid un interminable rifirrafe que volvió a resurgir la semana pasada cuando descalificó a Gallardón al referirse a la pugna por Caja Madrid y al reparto de consejeros.
Hace unas semanas la juez recibió una prueba que puede resultar determinante en la investigación, al remitir Telefónica los listados sobre el posicionamiento en abril de 2008 de los móviles de ocho agentes supuestamente implicados en los espionajes. Los rastros de los teléfonos demuestran que los ex guardias civiles y ex policías, todos asesores del consejero de Interior, Francisco Granados, y del jefe del equipo de espías, Sergio Gamón, controlaron muy de cerca los pasos que daban Cobo y Prada.
La fiscalía va a solicitar además que se impute a José Manuel Pinto, el agente encargado de elaborar los partes de seguimiento. Dos peritos que han participado en destacadas investigaciones de la Audiencia Nacional acreditaron tras un análisis grafológico hace un año para EL PAÍS que Pinto fue el autor de las anotaciones referidas a Cobo y Prada.
Los partes de seguimiento
PARTE DEL DÍA 2 DE ABRIL DE 2008:
"Cobo, sale del domicilio a las 08.25 horas de la mañana tomando el itinerario habitual y llegando a su puesto de trabajo a las 9.02 horas. Se observa que durante los desplazamientos le acompañan, una moto con dos ocupantes de avanzada y un vehículo turismo con un ocupante por detrás, realizando la contravigilancia; éste mismo vehículo es el que también realiza la contravigilancia en su domicilio. Una vez llega el objetivo al puesto de trabajo, su vehículo lo deja dentro y abandona las instalaciones. Como quiera que la zona está dotada de fuertes medidas de vigilancia y control, después de un tiempo prudencial, abandonamos la zona y nos dirigimos a montar el dispositivo del otro objetivo".
PARTE DEL DÍA 4 de ABRIL de 2008:
"Llegada de 'C' a la hora habitual al puesto de trabajo, su vehículo oficial una vez lo deja dentro abandona el lugar (maniobra habitual), comprobamos si aparca en la parte de atrás ya que hay un parking, pero el vehículo toma dirección Atocha por la calle Alfonso XII".
(www.elpais.com, 02/02/10)
COBO DESTACA LA COINCIDENCIA DE LOS PARTES DE ESPIONAJE CON SU AGENDA
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, ha destacado hoy ante la juez que investiga el presunto espionaje que sufrió de agentes del Gobierno de Aguirre la coincidencia entre el parte del seguimiento del 11 de abril de 2008 y su agenda de ese día.
Esa jornada, los espías presuntamente pertenecientes a la consejería de Interior a tenor de lo ya acreditado en el caso del ex consejero Alfredo Prada, anotan que ni dicho cargo de Esperanza Aguirre ni Cobo se encuentran en su despacho por la mañana; y precisan que por la tarde se desplazan nuevamente al despacho de Cobo y a su domicilio "siendo infructuosos todos los intentos" para localizarlo.
Tales vigilancias resultaron fallidas porque ese día Cobo estuvo fuera de Madrid, ya que se encontraba de viaje privado en Zaragoza desde la tarde anterior, desplazamiento que sólo conocían sus colaboradores más íntimos.
Para Cobo, este hecho ya corroboraría la realidad del espionaje sufrido. El vicealcalde detalló el resto de su agenda de los siete días de abril que se hallan radiografiados por los partes del espionaje, incluso detalló sus comidas. Pero, en todo caso, Cobo dejó sin coartada posible jurídica cualquier seguimiento de sus pasos por los subordinados del consejero de Interior, Francisco Granados, ya que recordó que cuando fue consejero en la Comunidad de Madrid su seguridad corrió a cargo de la policía nacional y desde que es vicealcalde de agentes municipales por lo que nunca podría haber sido objeto de contravigilancias ajenas a tales cuerpos y destacó que además tales tareas cuando son legales siempre se realizan previo aviso a la escolta y al cargo protegido para evitar conflictos entre unos equipos y otros policiales.
Su declaración como testigo, que duró cerca de 40 minutos, se produjo un año después de que estallara el escándalo de los seguimientos políticos a dirigentes del PP afines a Mariano Rajoy y cuando faltan días para que la policía entregue su análisis sobre los movimientos de los ocho agentes de Aguirre sospechosos de espionaje derivados de sus posicionamientos telefónicos de abril de 2008, que ya resultaron decisivos para demostrar el espionaje a Prada en mayo de 2008.
Con este material se cerraría el círculo de coincidencias entre los partes del espionaje, la agenda de Cobo y la posición de los espías con relación a tales lugares y horas. Cobo, a preguntas del letrado de los agentes imputados -tres ex guardias civiles y el ex director general de Seguridad, Sergio Gamòn-, afirmó que le había preguntado infructuosamente por el origen de los partes a diversos cargos del Gobierno de Aguirre, incluido su actual director general de Seguridad, Enrique Barón.
(www.elpais.com, 02/02/10)
LA JUEZ CITA AL VICEALCALDE COBO PARA COTEJAR SU AGENDA CON LOS SEGUIMIENTOS
Un año después de que EL PAÍS destapara el caso del supuesto espionaje político por agentes a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, a cargos del PP afines a Mariano Rajoy, como el entonces vicepresidente autonómico segundo Alfredo Prada y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, la juez del caso, Carmen Valcarce, cree llegado el momento de citar al segundo para cotejar su agenda de abril de 2008 con los partes de su seguimiento que difundió este diario y los posicionamientos telefónicos de los ocho sospechosos del marcaje, todos subordinados del consejero de Interior, Francisco Granados. La citación es para el próximo 2 de febrero. Cobo, al estallar el escándalo, ya confirmó que el contenido de los partes del espionaje coincidían al cien por cien con su agenda tanto pública como privada.
Los espías anotaron en los partes datos de imposible conocimiento público como la burbuja de seguridad que protegía a Cobo: "Le acompañan una moto con dos ocupantes de avanzada y un vehículo turismo con un ocupante por detrás, realizando la contravigilancia; este mismo vehículo contravigila su domicilio". Y revelaban datos reservados como el lugar donde aparcaba su coche oficial, fuera del Palacio de Comunicaciones -"dirección a Atocha"- y en un punto que sólo conocen sus escoltas. El 11 de abril de 2008, los espías anotaban que habían vigilado el despacho y el domicilio de Cobo "con el fin de detectar algún movimiento, siendo infructuosos todos los intentos".
¿Qué interés tenían los movimientos de Cobo para los presuntos espías y sus jefes, todos pertenecientes a la Consejería que dirige Granados a tenor de lo ya acreditado por la policía? El espionaje se produjo en vísperas de un congreso nacional del PP donde Aguirre amagaba con desafiar a Rajoy, a quien eran leales Prada y Cobo. ¿Por qué los espías se alternaban esos días entre el seguimiento sólo de los "objetivos" Cobo y Prada?: "Montado el dispositivo en torno al puesto de trabajo de Cobo no observamos movimientos del mismo durante la primera parte de la mañana, por tal motivo desmontamos el dispositivo y nos dirigimos a Prada". Era la letanía escrita en los partes de aquellos días.
Los espías no accedían a ninguna agenda oficial de Cobo: sólo señalaban si había llegado o salido de su puesto de trabajo, o si le habían perdido la pista. Y alertaban a sus jefes sobre el peligro de espiar a Cobo: "Como quiera que la zona está dotada de fuertes medidas de vigilancia y control, después de un tiempo prudencial, abandonamos la zona y nos dirigimos a montar el dispositivo del otro objetivo [Prada]".
Los espías no sólo conocían a qué hora llegaba Cobo al Palacio de Comunicaciones, también sabían a qué hora salía de su domicilio ("8.25 horas"). ¿En qué agenda figura ese dato tan preciso? ¿Qué página oficial anota la salida de Cobo de Génova 13 ("14.25 horas")?
A la espera de que los posicionamientos telefónicos de abril de 2008 revelen lo que ya probaron respecto a mayo de 2008, que los agentes/espías estaban donde los partes decían cuando seguían al entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia Prada, la fiscalía ha solicitado que testifique José Manuel Pinto y se le analice la letra. Este agente, contratado laboral de la Consejería de Interior, fue identificado por dos peritos caligráficos, habituales en procesos de la Audiencia Nacional, como el autor de las notas en los partes del espionaje, según un estudio que hicieron a petición de EL PAÍS. Otro perito, al que pagó la Consejería de Interior, negó que Pinto fuera el autor de los partes. La juez ha aplazado el interrogatorio de Pinto, que le ha sido solicitado seis veces, hasta que reciba el informe policial sobre los posicionamientos telefónicos de abril de 2008. A pesar de este freno, la satisfacción entre las víctimas del espionaje es absoluta. El timonazo dado por la fiscalía en defensa de los perjudicados por los seguimientos ilegales, la entrega de los posicionamientos teléfonicos de abril de 2008, el rosario de peticiones para que se cite a Pinto y la próxima comparecencia de Cobo han dado un empujón a la causa que, por otro lado, ya ha probado lo esencial: que agentes de Granados espiaron a Prada, seguido en mayo de 2008 por tres ex guardias civiles imputados que responsabilizaron de su labor, a la que denominaron contravigilancia, a su ex director general, Sergio Gamón, también imputado pero que se lavó las manos sobre la actividad ilegal de sus ex subordinados.
(www.elpais.com, 22/01/10)
EL FISCAL PIDE EL INTERROGATORIO Y ANÁLISIS GRAFOLÓGICO DE UNO DE LOS ESPÍAS DE AGUIRRE
El fiscal del caso del supuesto espionaje político a miembros del Partido Popular afines a Mariano Rajoy por parte de subordinados del Gobierno de Esperanza Aguirre (también del PP) ya ha solicitado a la juez que instruye el caso que llame a declarar en calidad de imputado a José Manuel Pinto, uno de los agentes identificados por una doble prueba pericial de las notas que figuraban en los partes de espionaje contratada por EL PAÍS y que destapó el caso hace ahora un año. Además, ha pedido la comparecencia como testigo del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, para que detalle su agenda de abril de 2008.
El ministerio público, tal y como informaba el pasado día 18 este diario, quiere que Pinto, empleado público del departamento de Seguridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se someta a una nueva pericial grafológica para comprobar si es su letra la que aparece en algunos de los partes de seguimiento.
La juez sólo ha pedido de momento informes de los tres ex guardias civiles que hicieron los seguimientos -y de quien presuntamente se los ordenó, su ex director general Sergio Gamón. Sin embargo, no fueron ellos quienes escribieron sobre los partes, por lo que dichos análisis han dado negativo.
No sólo la doble pericial encargada por este diario apunta que la letra manuscrita en tales partes del espionaje salió del puño de Pinto. Sus compañeros de trabajo han sabido reconocer, según confiesan en privado a este periódico, la grafía de Pinto en las anotaciones plasmadas en los partes difundidos. El Gobierno de Aguirre encargó a un perito, ex concejal socialista, el mismo trabajo. Ese perito aseguró que la letra de los partes no correspondía al agente Pinto.
Además, el fiscal quiere que la juez llame como testigo al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, una de las personas que presuntamente fue espiada por los empleados de Aguirre.
El ministerio público quiere que Cobo presente su agenda de 2008 con la finalidad de cotejar sus actividades con los partes de seguimiento y con los posicionamientos de los móviles de los espías que ha proporcionado Telefónica tras solicitarlo la juez.
Dichos posicionamientos sitúan a los acusados en las cercanías del propio Cobo y del ex consejero de Aguirre Alfredo Prada, otra de las personas que ha denunciado el espionaje.
El fiscal del caso del supuesto espionaje político a miembros del Partido Popular afines a Mariano Rajoy por parte de subordinados del Gobierno de Esperanza Aguirre (también del PP) ya ha solicitado a la juez que instruye el caso que llame a declarar en calidad de imputado a José Manuel Pinto, uno de los agentes identificados por una doble prueba pericial de las notas que figuraban en los partes de espionaje contratada por EL PAÍS y que destapó el caso hace ahora un año. Además, ha pedido la comparecencia como testigo del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, para que detalle su agenda de abril de 2008.
El ministerio público, tal y como informaba el pasado día 18 este diario, quiere que Pinto, empleado público del departamento de Seguridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se someta a una nueva pericial grafológica para comprobar si es su letra la que aparece en algunos de los partes de seguimiento.
La juez sólo ha pedido de momento informes de los tres ex guardias civiles que hicieron los seguimientos -y de quien presuntamente se los ordenó, su ex director general Sergio Gamón. Sin embargo, no fueron ellos quienes escribieron sobre los partes, por lo que dichos análisis han dado negativo.
No sólo la doble pericial encargada por este diario apunta que la letra manuscrita en tales partes del espionaje salió del puño de Pinto. Sus compañeros de trabajo han sabido reconocer, según confiesan en privado a este periódico, la grafía de Pinto en las anotaciones plasmadas en los partes. El Gobierno de Aguirre encargó a un perito, ex concejal socialista, el mismo trabajo. Ese perito aseguró que la letra de los partes no correspondía al agente Pinto.
(www.elpais.com, 21/01/10)
LA JUEZ DISPONE YA DE LAS PRUEBAS DECISIVAS SOBRE EL ESPIONAJE A COBO
Un año después de que este diario destapara el espionaje político por agentes del Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), a dirigentes de su partido afines a Mariano Rajoy, la juez del caso tiene a su alcance dos pruebas que pueden resultar definitivas para el esclarecimiento de los hechos. Telefónica ha remitido a la juez los listados sobre el posicionamiento en abril de 2008 de los teléfonos móviles de ocho subordinados del consejero de Interior, Francisco Granados, sospechosos de los seguimientos a Alfredo Prada, ex vicepresidente autonómico al que destituyó Aguirre semanas después del espionaje, y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
La inminente petición de imputación por la Fiscalía contra José Manuel Pinto, agente identificado por una doble prueba pericial contratada por este diario como autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje, puede cerrar el círculo. La juez sólo ha pedido de momento informes grafológicos de los tres ex guardias civiles que hicieron los seguimientos -y de quien presuntamente se los ordenó, su ex director general Sergio Gamón-, pero no escribieron sobre los partes. Esos informes han dado negativo.
Un año después del escándalo, Aguirre no ha destituido a nadie, a pesar de que anunció medidas enérgicas si se demostrase que alguien espió desde su Gobierno. El informe de la policía sobre los posicionamientos telefónicos lo probó ya meses atrás. Los rastros de los móviles de los espías, correspondientes a mayo de 2008, evidenciaron que tres ex guardias civiles, acompañados por al menos tres ex policías, todos asesores o cargos de confianza de Granados y Gamón, estuvieron vigilando al minuto cada paso público y privado que daba Prada.
La ubicación de sus teléfonos coincidían al 100% con la ruta que dibujaban los espías en sus partes mecanografiados de los seguimientos. Los tres ex guardias confesaron a la juez, acusados de malversación, lo que su consejero y su ex director negaron hasta la saciedad: habían seguido a Prada durante semanas, incluidos sus desplazamientos a Chinchón y Brea de Tajo. Reconocieron que mintieron a la policía en su declaración inicial. Y para demostrar que ahora sí decían la verdad aclararon que tales seguimientos se los ordenó Gamón -imputado-, aunque alegaron que eran contravigilancias, no espionaje.
Pero Gamón, al ser interrogado les desmintió, y les dejó sin coartada jurídica. Negó que les hubiera ordenado seguir a Prada y que su departamento tuviera competencias para realizar contravigilancias. En suma, sus agentes habrían practicado tal seguimiento ilegal por su cuenta. Esto ha causado un hondo malestar en los ex guardias que, según diversas fuentes, confiesan a sus íntimos que se sienten traicionados por su jefe tras cumplir sus órdenes. Y, además, en fuentes de la investigación se da por hecho que el delito de malversación, si no se prueba que recibieron órdenes, podría recaer sólo en ellos por dedicar su jornada oficial a actividades ajenas a su labor legal. Gamón no sólo desmintió a sus subordinados, sino a su consejero, Granados, que venía diciendo que las contravigilancias eran una práctica legal heredada, algo desmentido por sus funcionarios y antecesores en el cargo.
Los expertos policiales consultados por EL PAÍS coinciden en que es imposible una contravigilancia legal como la practicada un mes o dos sobre Prada: sin alertar a su escolta ni al protegido, sin competencias legales, lejos de su despacho y casa, sin armas...Mientras llega el análisis policial encargado por la juez sobre los datos telefónicos de abril de 2008, clave para probar el espionaje al vicealcalde Manuel Cobo que reflejan los partes, o la pericial a Pinto, una realidad ya ha cambiado en la Consejería de Interior: su presunto aparato de espionaje se ha desmantelado. Su cabeza visible, Gamón, anda en labores tan desconocidas para sus compañeros de consejería como bien remuneradas, con un equipo del que todavía cuelgan dos de sus fichajes, los ex policías Belén Espartero y Roberto Casielles, los únicos del núcleo investigado por espionaje que siguen disponiendo de autonomía y no están encuadrados en tareas transparentes en la estructura oficial. El ex número dos de Gamón, Miguel Castaño, cuyo móvil aparecía en seguimientos a Prada, sigue en igual puesto con el hoy director general, Enrique Barón. Un cuarto policía que solía participar en los marcajes, José Manuel Rodríguez, regresó al cuerpo tras saltar el escándalo. Los tres ex guardias civiles que siguieron a Prada hoy elaboran planes de seguridad para entidades autonómicas.
Y Pinto y su inseparable compañero José Palomo, ambos investigados por la juez, están supuestamente de baja desde que se destapó el escándalo. Granados ha declinado precisar a este diario la situación y labor de estos dos agentes por entender que se trata de asuntos personales.
(www.elpais.com, 20/01/10)
DE ÓRDENES, MENTIRAS Y MANIPULACIONES
Los datos facilitados por Telefónica han permitido acreditar la existencia de una trama de espionaje político pagada con dinero público de la Comunidad de Madrid para perjudicar a dirigentes del PP contrarios a la línea de Esperanza Aguirre. La investigación judicial, un año después de que EL PAÍS revelara los hechos, ha destapado las mentiras aireadas durante meses por una significativa parte del Gobierno regional que preside Aguirre.
El portavoz del PP madrileño y consejero de Sanidad, Juan José Güemes, acusó a EL PAÍS de haber fabricado en su redacción los partes del espionaje. Una grave injuria basada en una mentira mayúscula. El consejero de Interior, Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, que mandaba sobre los espías -tres ex guardias civiles a los que dobló el sueldo como personal de confianza-, aseguró que los agentes no habían seguido a Prada. Luego, contó a EL PAÍS que esos agentes no le habían dicho nada sobre lo que denominó "contravigilancias". Los tres guardias civiles confesaron a la juez que quien les ordenó el seguimiento a Prada fue el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, un recomendado de Aguirre. Gamón lo negó y declaró que los ex guardias civiles dependían de Granados. La incógnita sigue abierta: ¿quién dio la orden?
(www.elpais.com, 20/01/10)
EL FISCAL PEDIRÁ IMPUTAR AL AGENTE DE LOS PARTES DE ESPIONAJE A COBO Y PRADA
La fiscalía va a solicitar la imputación de José Manuel Pinto, empleado público del departamento de Seguridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, según fuentes informadas de la decisión. Dos peritos que han trabajado en relevantes casos de la Audiencia Nacional -a los que este periódico encargó el análisis de los partes de espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente autonómico madrileño Alfredo Prada- identificaron hace un año a Pinto como el autor de diversas anotaciones manuscritas en esos documentos, que registraban todos los pasos de los dos políticos, contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre, entre abril y mayo de 2008 en su enfrentamiento con Mariano Rajoy.
La fiscalía solicitará, además del interrogatorio de Pinto, que se le practique una prueba pericial caligráfica. La petición de analizar la letra de Pinto se sumará a las cinco que ya han cursado desde mayo de 2009 la policía -que sostuvo en un informe que tres ex guardias civiles fichados por el Gobierno de Aguirre espiaron a dirigentes del PP-, Prada, Cobo, la diputada autonómica popular Carmen Rodríguez Flores -también supuestamente espiada- y el PSOE. Por esta suma de peticiones se da por hecho que la juez del caso, Carmen Valcarce, finalmente, la concederá ahora. La reacción de la fiscalía se produce en respuesta a la insatisfacción "ante la parálisis judicial" de las víctimas del espionaje político presuntamente perpetrado por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre en abril y mayo de 2008 y destapado hace un año por este diario.
Dicho malestar se ha traducido en un goteo de peticiones a la juez para que active diligencias elementales cuya ejecución demora en más de medio año. Por ejemplo, se le pide que ordene ya una pericial caligráfica a Pinto. Éste fue identificado hace un año por dos expertos grafólogos como el agente del Gobierno madrileño que realizó anotaciones de matrículas de vehículos en los partes del espionaje que detallaban todos los actos públicos y privados del entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia, Alfredo Prada, y del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ambos leales a Mariano Rajoy.
Ésta es la solicitud que acaba de realizar el letrado de Cobo a la magistrada, además de que encargue la misma prueba caligráfica sobre el compañero de trabajo de Pinto, José Palomo, y a los tres ex policías (Roberto Casielles, José María Rodríguez y Belén Espartero). Los citados presuntamente integraban el grupo de asesores del consejero de Interior, Francisco Granados, dedicados al seguimiento de Prada, que ellos denominaron "contravigilancia" ante la juez, que les tomó declaración en esta causa, imputados por malversación de fondos públicos.
La petición de Cobo de realizar pruebas caligráficas también alcanza a otro asesor de Granados, Marcos Peña, ex inspector de policía que realiza informes para su jefe y que se declara ajeno a esta trama de espionaje.
La pericial caligráfica a Pinto ya la solicitó la policía en mayo pasado a la juez, petición que igualmente le formuló el abogado de Prada en julio pasado y reiteró en noviembre último. Ahora acaba de solicitarla Rodríguez Flores. Ya sólo falta que la juez atienda alguna de estas reclamaciones. Sería una prueba más para el esclarecimiento definitivo del caso tras conocerse, por los posicionamientos de los teléfonos utilizados por al menos cuatro agentes contratados a dedo por el Gobierno de Aguirre, que siguieron de la mañana a la noche y de lunes a viernes, al entonces vicepresidente Alfredo Prada sin causa aparente. Pinto, que no se encontraba en los lugares de los seguimientos como los tres ex guardias civiles y un ex policía nacional, podría desvelar el origen y fin de los partes del espionaje en los que hizo sus anotaciones.
No sólo la doble pericial encargada por este diario apunta que la letra manuscrita en tales partes del espionaje salió del puño de Pinto. Sus compañeros de trabajo han sabido reconocer, según confiesan en privado a este periódico, la grafía de Pinto en las anotaciones plasmadas en los partes difundidos por EL PAÍS. El Gobierno de Aguirre encargó a un perito, ex concejal socialista, el mismo trabajo. Ese perito aseguró que la letra de los partes no correspondía al agente Pinto.
El vicealcalde solicita las llamadas
El interrogatorio de José Manuel Pinto puede ilustrar tanto o más sobre los responsables y fines de esta supuesta trama de espionaje en la Consejería de Interior que los posicionamientos de los móviles de los espías de abril de 2008 que la juez solicitó finalmente, tras admitir un recurso del letrado de Cobo ante la negativa de Telefónica a entregarlos, que alegó que sólo tiene obligación legal de conservan un año esos archivos. Telefónica sólo facilitó los posicionamientos de mayo de 2008, que bastaron para probar el seguimiento de tres ex guardias civiles y un ex policía, asesores de Francisco Granados, consejero de Interior, al ex vicepresidente Alfredo Prada, hecho por el que fueron imputados, junto con su jefe, Sergio Gamón.
Aunque el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, solicitó hace un año a la policía los datos telefónicos de los agentes de Aguirre sospechosos del espionaje, esta petición sólo pudo ser activada cuando tuvo un respaldo judicial y, para entonces, ya se había perdido un tiempo decisivo y Telefónica alegó que la petición llegaba fuera de plazo para atenderla. No obstante, el abogado de Cobo, en prevención de que Telefónica explicite que sí ha destruido tal material (los posicionamientos de abril de 2008), ha solicitado una prueba alternativa. En concreto, ha requerido a la juez que pida toda la información disponible sobre los consumos de los teléfonos de la decena de agentes de Aguirre sospechosos de espionaje de abril de 2008.
Y, dado que esta información se guarda legalmente durante cinco años, aquí no puede haber negativa de Telefónica alegando que tales archivos han sido ya destruidos. La virtud de tal información es que aportaría el detalle día a día, hora a hora, de las llamadas realizadas o recibidas por los agentes bajo investigación. Esto demostraría si trabajaban de forma autónoma, como sugirió Gamón, o recibían consignas directas y casi a diario de sus jefes para sus seguimientos, como declararon los tres ex guardias civiles. Igualmente, el letrado de Cobo ha solicitado que se identifiquen los titulares de los teléfonos con mayores llamadas de los espías
(www.elpais.com, 18/01/10)
LA JUEZ INSISTE A TELEFÓNICA EN BUSCA DE DATOS SOBRE EL ESPIONAJE A COBO
La lenta instrucción judicial del presunto espionaje realizado por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital, y Alfredo Prada, ex vicepresidente y ex consejero de Justicia, sus rivales políticos -destapado por este diario en enero de 2009 y denunciado entonces por sus víctimas- está en vías de cobrar un impulso. La juez del caso, Carmen Valcarce, ha reiterado a Telefónica su orden de que le entregue, salvo que las haya destruido, las ubicaciones de las llamadas de móvil de los ocho agentes sospechosos en abril de 2008, el mes en el que Manuel Cobo fue supuestamente seguido.
Telefónica ya facilitó los posicionamientos de mayo de 2008 que probaban el continuo seguimiento de tres ex guardias civiles, asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, al entonces consejero Alfredo Prada. De la misma manera, la nueva remesa de posicionamientos que pide la juez podría acreditar si fue sometido a marcaje, el mes precedente, el vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, tal y como reflejaban los partes del espionaje difundidos por este diario y que denunció el propio afectado.
En julio de 2009 Telefónica ya entregó a la juez las ubicaciones de los móviles de mayo de 2008, pero le negó las del mes previo bajo el argumento de que legalmente sólo debía conservarlos un año. Pero tanto la fiscal como el letrado de Cobo argumentaron que eso no significaba que Telefónica los hubiera destruido y, por ello, solicitaron a la juez que reiterase su petición, orden que finalmente ha renovado. Fuentes de Telefónica indican que la ley fija la conservación durante un año de tales datos y, para evitar acumulaciones, suelen destruirse con posterioridad.
La anterior remesa de posicionamientos telefónicos sirvió para que los tres ex guardias civiles que aparecían noche y día como sombra de Prada confesaran a la juez -tras desmentirlo durante meses- que lo siguieron durante semanas por orden del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón (aunque dijeron que lo hacían para protegerlo, no para espiarlo). Gamón desacreditó esa versión al testificar. Los cuatro están imputados por un delito de malversación y permanecen como asesores del Gobierno de Aguirre.
Al margen de esta prueba, la juez aún no ha aceptado pedir otra de igual o mayor calado que le solicitó la policía en mayo de 2009: una pericial caligráfica al funcionario de la Consejería de Interior José Manuel Pinto, identificado por dos peritos calígrafos, en un informe encargado por este diario, como el autor de las notas manuscritas que aparecían en los partes del seguimiento en 2008 a Prada y Cobo.
Dicha prueba es juzgada como determinante por los investigadores policiales y las víctimas del espionaje. De ser confirmada su autoría, Pinto vincularía los partes del espionaje con el seguimiento ya confesado por tres asesores de Granados. Este veterano agente podría explicar quién recibió telefónicamente los datos de los vehículos -matrículas y propietarios- que fueron anotados a mano en los partes porque despertaron el interés de sus compañeros de consejería que, a pie de calle, vigilaban cuantos contactos públicos o privados mantenían Prada o Cobo en su actividad diaria. También podría explicar quién confeccionó a máquina u ordenador tales partes de espionaje.
Su interrogatorio es, a juicio de las víctimas, pieza clave de una investigación judicial que ya ha logrado dos pruebas fundamentales. En primer lugar, los posicionamientos de los móviles de tres asesores de Granados en mayo de 2008 han evidenciado su total coincidencia horaria y geográfica con los partes del seguimiento a Prada; y, en segundo lugar, los tres agentes imputados han reconocido que durante semanas, en contra de su declaración inicial ante la policía, estuvieron siguiendo minuto a minuto al entonces consejero de Justicia. Pinto sería decisivo para confirmar si los tres ex guardias civiles espiaron a Prada por cuenta propia o cumplían órdenes de Sergio Gamón.
Los ex guardias civiles ya declararon ante la juez que compartieron tal dispositivo de vigilancia con tres ex policías, también empleados en la consejería como asesores, que aún no han sido interrogados. La juez ya ha tomado pruebas de escritura a los tres ex guardias civiles y a Gamón, a los que nadie vinculaba con las notas manuscritas.
La policía ha sugerido ya en un informe que con las pruebas recabadas a los tres ex guardias y a Gamón no puede llegar a ninguna conclusión, ya que precisa más pruebas de su escritura.
El interrogatorio a Pinto y su peritaje tienen un valor especial para una de las víctimas colaterales del espionaje: la diputada autonómica popular Carmen Rodríguez Flores. Su nombre y la matrícula del coche de dicha parlamentaria apareció manuscrito en un parte que narra el marcaje hecho a Prada el 26 de mayo de 2008, tras producirse una entrevista entre ambos.
La diputada, después de difundirse ese dato, vendió su coche por sentir su seguridad en peligro y pidió explicaciones a Aguirre. La juez le impidió personarse como acusación en agosto pasado. Fue preciso un recurso de Rodríguez Flores apoyado por la fiscalía para que, finalmente, la juez consintiera su personación. El Partido Popular está personado en esta causa desde que lo solicitó.
(www.elpais.com, 17/12/09)
EL SEGUIMIENTO A PRADA
El cotejo de los partes de espionaje y las llamadas telefónicas que hicieron tres agentes de la Comunidad de Madrid en esos mismos días ya reveló un seguimiento exhaustivo al ex vicepresidente Alfredo Prada en mayo de 2008 (en el gráfico, resumen de una de las jornadas analizadas).
(www.elpais.com, 17/12/09)
LA JUEZA DEL ESPIONAJE DEL PP METE LA MARCHA LENTA
La jueza Carmen Valcarce, que investiga el presunto espionaje interno a altos cargos del PP madrileño, ha ordenado una prueba caligráfica para averiguar si alguno de los cuatro imputados que han declarado hasta ahora escribió los partes de seguimiento a Alfredo Prada, consejero de Justicia de Madrid hasta junio de 2008. El problema estriba en que, diez meses después de que estallara el escándalo y siete desde que se abrieron las diligencias, Valcarce ni siquiera ha citado a los otros cinco posibles implicados: tres ex policías y dos funcionarios empleados en el mismo departamento Interior al que estaban adscritos los imputados. La defensa de Prada ya pidió en mayo que los cinco comparezcan como imputados y que se les someta igualmente a una prueba caligráfica.
Hasta ahora han declarado tres ex guardias civiles y el ex director general de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, a quien Aguirre destituyó tras destaparse el caso, aunque lo mantiene a sueldo de su Gobierno en calidad de asesor. Los ex guardias civiles declararon en julio que en los operativos"contravigilancia", dijeron tras sugerir la jueza y no ellos ese vocablo también participaban los tres ex policías que trabajaban con Gamón, quien, además, tenía bajo su mando a dos funcionarios.
La magistrada, según explicó una fuente jurídica, ha solicitado las periciales de escritura relativas a los ex guardias civiles y a Gamón porque es a ellos a quienes señala el informe policial que determinó qué teléfonos móviles se encontraban en la misma área que Prada en los días en que se produjeron algunos seguimientos. "Esos cuatro son los importantes", aseguró la citada fuente, que no pudo precisar si la magistrada tiene o no previsto interrogar a los otros cinco posibles implicados.
El informe de posicionamiento de móviles sólo incluía datos de mayo de 2008, pese a que algunos partes de seguimiento se realizaron en abril. Telefónica adujo que sólo podía facilitar información con un año de antigüedad, ya que a partir de los 12 meses se destruyen los registros existentes.
El pasado 22 de septiembre, y mientras Gamón prestaba declaración judicial, Valcarce restó crédito al citado informe de posicionamiento telefónico. Cuando un letrado preguntó a Gamón por ese asunto, la jueza subrayó lo "complicado" de la cuestión y, segundos más tarde, se dirigió al abogado para afirmar lo siguiente: "Bueno, haga usted la pregunta. Pero no es muy de fiar el tema, ¿eh? Se lo digo para la persona que está declarando".
El segundo presunto espiado fue Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y ahora suspendido de militancia en el PP tras acusar al Gobierno de Esperanza Aguirre de haber montado "una gestapillo". Otra espiada colateral fue la diputada del PP Carmen Martínez Flores su matrícula apareció en un parte, cuya personación como acusación popular ha aceptado finalmente la jueza.
Según fuentes del caso, la Fiscalía ya reclamó que la Comunidad de Madrid aportase las matrícula de los vehículos usados por los agentes de Gamón. Según las mismas fuentes, no ha habido respuesta.
(www.publico.es, 19/11/09)
LOS INTERROGATORIOS EVIDENCIAN LAS MENTIRAS DE LOS ESPÍAS DE GRANADOS
Las declaraciones de los tres asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, y de su ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, ante la juez que investiga el espionaje político sufrido en abril y mayo de 2008 por el ex vicepresidente segundo y ex consejero de Justicia Alfredo Prada y el ex vicealcalde Manuel Cobo han hecho aflorar un abanico de mentiras y contradicciones de sus presuntos autores. Los tres ex guardias civiles han admitido que marcaron a Prada en virtud de una contravigilancia que les ordenó Gamón, y éste lo refuta. La juez tiene ante sí el reto de demostrar cuál es la versión falsa. La de Gamón o la de los asesores de Granados, que mantienen la misma tesis que su consejero.
La transcripción de la declaración judicial de Gamón no deja lugar a dudas: a lo largo de todo su interrogatorio niega que su departamento realizara contravigilancias a Prada ni a ningún consejero, ya que "no tenía competencias policiales".
Granados, antes y después de tal confesión, ha mantenido que la presencia probada por los posicionamientos telefónicos de tres asesores suyos (los tres ex guardias civiles imputados junto con Gamón) como sombra de Prada en sus desplazamientos a Chinchón, Brea de Tajo o citas y cenas en hoteles o restaurantes, se inscribían en un servicio de contravigilancias. Los propios ex guardias civiles admitieron ante la juez, en contra de su declaración policial, que sí estuvieron en tales puntos para "contravigilar" a Prada, pero siempre por orden expresa de Gamón.
Pero Gamón, que sigue siendo alto cargo de Granados, aprovechó la primera pregunta comprometida que le hizo la juez para desvincularse del presunto espionaje cometido por sus ex subordinados.
-Habrá oído las declaraciones de las personas que lo han hecho con anterioridad y, parece que hay un pequeño cambio de criterio o de idea en el sentido de que sí han hecho seguimientos o contravigilancias o que han ido a los mismos sitios que el señor Prada y que eso se lo encargaba usted.
-En lenguaje policial, hablamos de avanzadas, de contravigilancias... Pero es que nosotros, dentro de la Dirección General de Seguridad, no tenemos competencias policiales. No lo podemos llamar contravigilancias, lo que sí se ha hecho es un control sobre los actos, sobre los edificios de la Comunidad y sobre los domicilios; seguimientos, nunca. Yo nunca he ordenado un seguimiento.
A partir de ahí, Gamón desgranó cuál era la tarea de sus subordinados: "Tenemos unos actos del Gobierno que nos están reventando, reventando actos de la presidenta y de los consejeros, pues estos señores, que no son policías, lo que hacen es el control de ese servicio, visualizar que no está ocuriendo nada en el acto, que no les peguen".
Gamón denigró la factura de los partes de espionaje, pero la juez le recordó que sus datos se habían revelado ciertos: "Donde decían que Prada estaba, estaba". Gamón replicó que la agenda pública de los altos cargos era conocida por su dirección y, antes de que nadie le preguntara nada, soltó una bomba: "Yo nunca les he dicho que fueran a Chinchón, pero es verdad que ellos tenían la agenda de los consejeros, y ese día decidirían ir".
La juez quiso atar cómo impartía las órdenes a sus subordinados. Los ex guardias aseguraron que Gamón les daba instrucciones casi a diario de dónde debían acudir o a qué cargo debían contravigilar. Gamón, en cambio, aseguró que les impartió unas instrucciones genéricas que luego iban actualizando cuando coincidían en algún acto.
A preguntas de la juez sobre la probada presencia de los tres asesores de Granados en lugares como el hotel Hesperia, Gamón nuevamente dejó sin amparo a sus agentes: "No, señoría. Ahí, no le puedo concretar". Y amplió tal cortafuegos: "Excepto la presidenta y actos concretos donde yo iba a asistir, el resto les dejaba libertad para que ellos hicieran una valoración. Son asesores. Son asesores personales del consejero. Son personal de confianza".
La fiscal le preguntó si ordenó el seguimiento del acto de Chinchón. Gamón reiteró su desmarque: "No lo recuerdo. Si tuviera que afirmarlo o tal por mí mismo, diría que no, lo que sí figuraría en la agenda es que él [Prada] iba a Chinchón. Pero como hay Brea de Tajo... O la Asamblea, adonde iban los jueves, porque como no había nada, iban a la Asamblea".
En suma, apuntaba que en ninguno de tales lugares estuvieron por orden suya. Tras dejar sentado que él no les ordenaba dónde ir, quedaba por saber si, al menos, los ex guardias le informaban. Y la fiscal se lo preguntó:
- ¿Los asesores de seguridad le daban cuenta a usted?
-La mayoría de las veces, como no ocurría nada, no informaban de nada (...) Si no hay incidencias, ¿para qué?
A tenor de su relato, dado que Prada no tuvo ningún incidente en sus actos públicos ni privados durante todo el mes que duró su probado seguimiento, según los posicionamientos telefónicos, los tres ex guardias civiles imputados ni recibieron órdenes suyas ni le informaron nunca de su marcaje diario al entonces vicepresidente segundo.
Los ex guardias han declarado lo contrario: Gamón siempre les ordenaba dónde ir, y siempre sabía dónde estaban, incluida su presencia en hoteles y restaurantes donde Prada comía o se entrevistaba. "Nunca he conocido comidas ni cenas de Prada. Privadas, cero", negó Gamón.
(www.elpais.com, 05/10/09)
CONTRADICCIONES ANTE LA JUEZ
Los intensivos seguimientos de asesores del consejero de Interior, Francisco Granados, al ex vicepresidente regional, Alfredo Prada, han destapado las mentiras de los supuestos espías y sus jefes. En los interrogatorios judiciales los supuestos espías se contradicen. Alguien miente. Éstos son sólo algunos ejemplos:
-Sergio Gamón (ex director general de Seguridad): "Yo nunca les he dicho vayan ustedes a Chinchón. Pero en la agenda que ellos (los guardias civiles) tenían de varios consejeros, ese día decidirían ir a Chinchón".
-Ex guardia civil: "Estuve en un acto por la plaza de Chinchón. Nos dijo que fuéramos el director general de Seguridad (Sergio Gamón)".
-Ex guardia civil 1: "Jamás he ido a ningún sitio que no me hayan mandado. Me mandaba el director (Sergio Gamón)".
-Ex guardia Civil 3: "Sergio Gamón nos encargó a Prada".
-Interrogatorio judicial: "Eso de ir a Chinchón, ¿quién se lo dijo?".
-Ex Guardia Civil 1: "Gamón".
-Gamón:. "Excepto con la presidenta y actos concretos a los que yo iba a asistir, el resto, pues dejaba libertad para que ellos [los ex guardias civiles] hicieran una valoración. ¡Son asesores del consejero, no son asesores de la dirección general! Son personal de su confianza".
-Ex guardia Civil 1: "Nuestro jefe directo es el director general de Seguridad. No hay un mando intermedio. Dependemos de él".
-Ex guardia civil 2. "Yo dependo de Sergio Gamón".
-Gamón: "Seguimientos no se han hecho nunca. Lo mantengo, nunca ordené hacer seguimientos a Prada".
-Interrogatorio judicial. "¿No ha hecho una contravigilancia a Prada?".
-Ex guardia civil 1: "Sí, bueno, dentro del dispositivo de seguridad que me encargó Sergio Gamón".
-Ex guardia civil 2: "No hice ningún papel ni ningún seguimiento que no me hubiera ordenado mi director general".
(www.elpais.com, 05/10/09)
GRANADOS RESPALDA AL JEFE DE LOS ESPÍAS Y DICE QUE EL CASO ES UN MONTAJE
Sólo hay razones técnicas en la reestructuración de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Y el ex director general, Sergio Gamón, imputado en la trama de espionaje, no ha sido apartado del Gobierno madrileño porque el caso es un "montaje". Son los argumentos que utilizó ayer el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en su comparecencia en la Asamblea de Madrid.
Debía explicar, a petición del grupo socialista, la reforma del área de seguridad, que se produjo tras salir a la luz el caso de espionaje, en el que están imputados Sergio Gamón y tres ex guardias civiles a su cargo. "¡Si esto no es un montaje, que venga Dios y lo vea!", espetó Granados.
La diputada socialista Encarnación Moya preguntó al consejero por qué aún seguían existiendo dos direcciones en el área de Seguridad. Una está encabezada por Sergio Gamón, imputado por malversación de fondos al haber ordenado supuestamente el seguimiento a altos cargos del Partido Popular; y, la otra, por el director general de Seguridad, Enrique Barón. "¿Van a acabar las sospechas que suscitan sus servicios de seguridad?", preguntó la diputada.
Pero Granados no contestó. Y argumentó que la remodelación la forzó la inclusión bajo el mando de su consejería del cuerpo de agentes forestales, de la unidad de policía adscrita a Madrid por un convenio con el Ministerio del Interior y, también, de una nueva unidad de la Guardia Civil dedicada a vigilar edificios. "Todas las competencias en seguridad pasan a depender del director general, el señor Barón", zanjó.
En la réplica, la diputada socialista se quejó de que Granados mantenga la dirección "paralela de Gamón", cuyas competencias no están definidas. "Como si por moverle del sitio el señor Gamón no existiera", ironizó.
"¿Puede haber reestructuración con las mismas personas, y con algunas imputadas?", rebatió también al consejero el diputado de Izquierda Unida, Miguel Reneses. "Usted sabe que no y los ciudadanos saben que no".
La última palabra fue para Francisco Granados, que reprochó a los diputados de Izquierda Unida y del PSM que quieran mantener vivo un caso "que no tiene más recorrido". "Sólo me han dado un argumento para destituir a Gamón, y es que está imputado", afirmó el consejero. "¿Quiere decir que todas las personas imputadas tienen que ser cesadas o sólo las personas imputadas del PP?", concluyó.
(www.elpais.com, 02/10/09)
EL EJECUTIVO DE AGUIRRE DESCARTA ECHAR AL JEFE DE LOS ESPÍAS E INSISTE EN QUE EL CASO ES "UN MONTAJE"
Sólo hay razones técnicas en la reestructuración de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Y el ex director de esa área Sergio Gamón, imputado en la trama de supuesto espionaje, no ha sido apartado del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre porque el caso es un "montaje". Son los argumentos que utilizó ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en su comparecencia en la Asamblea de Madrid.
Debía explicar, a petición del Grupo Socialista, la reforma del área de seguridad, que se produjo tras salir a la luz el caso de espionaje, en el que están imputados Gamón y tres ex guardias civiles a su cargo. "¡Si esto no es un montaje, que venga Dios y lo vea!", exclamó Granados.
La diputada socialista Encarnación Moya le había reprochado que convivan dos direcciones en el área de Seguridad: una encabezada por Gamón y otra por el actual director general, Enrique Barón. "¿Van a acabar las sospechas que suscitan sus servicios de seguridad?", preguntó.
Granados no contestó, y defendió que la remodelación la forzó la inclusión bajo su mando de los agentes forestales, la unidad de policía adscrita a Madrid por un convenio con el Ministerio del Interior y una nueva unidad de la Guardia Civil dedicada a vigilar edificios. "Todas las competencias en seguridad pasan a depender del señor Barón", dijo. En la réplica, la diputada socialista se quejó de que se mantenga la dirección "paralela de Gamón" y de que éste no tenga definidas sus competencias.
"¿Puede haber reestructuración con las mismas personas, algunas de ellas imputadas?", rebatió el diputado de IU Miguel Reneses. "Usted sabe que no".
(www.elmundo.es, 02/10/09)
EL JEFE DE LOS ESPÍAS NIEGA LA VERSIÓN DE GRANADOS SOBRE EL SEGUIMIENTO A PRADA
Sergio Gamón, ex director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, dinamitó ayer ante la juez que investiga el espionaje político la defensa jurídica y política sostenida por sus ex subordinados y por su jefe, el consejero de Interior, Francisco Granados. Gamón negó, según letrados asistentes a la declaración, haber ordenado en 2008 contravigilar al ex consejero de Justicia Alfredo Prada porque no era de su competencia.
El ex director general, que hoy sigue siendo alto cargo del Gobierno madrileño, contradijo así las declaraciones judiciales que en julio hicieron los tres ex guardias civiles imputados con él; y también la explicación difundida entonces por Granados, quien aseguró que se habían hecho contravigilancias al igual que bajo el mandato de su antecesor, Prada, hecho que éste niega. Los tres agentes testificaron que contravigilaron a Prada por orden de Gamón. Y añadieron -en versión común con Granados, del que son asesores- que hicieron igual con la presidenta Esperanza Aguirre, el vicepresidente Ignacio González y el propio titular de Interior.
Todo eso lo rebatió ayer Gamón: dijo que sólo ordenó a sus subordinados impedir que se reventaran actos públicos de los consejeros. La fiscal le preguntó por el desplazamiento de los ex guardias imputados a Chinchón y Brea de Tajo en su seguimiento a Prada, viajes que éstos han reconocido y que delatan sus llamadas de móvil. Gamón negó que estuvieran allí por órdenes suyas. Justo lo contrario de lo que indicaron los guardias ante la juez: que todos sus desplazamientos para "contravigilar" a Prada en esos meses, incluidos los de Brea o Chinchón, los ordenó Gamón.
Pero no sólo desautorizó los desplazamientos a esos municipios de los ex guardias, sino también su presencia junto a hoteles o restaurantes donde estaba Prada, algo que igualmente han confesado y que acreditan los posicionamientos de sus móviles. Gamón aseguró que nunca ordenó seguir a ningún cargo a esos lugares.
En su estrategia defensiva, el ex director apuntó que los ex guardias tenían acceso a la agenda de los consejeros y que decidían, en función de su criterio profesional, adónde acudir. Los ex guardias, en cambio, aseguraron que era Gamón quien controlaba tal agenda y les daba instrucciones casi diarias. Gamón negó tener tal fluidez de trato con ellos, y dijo haber coincidido sólo tres veces con José Manuel Pinto, otro miembro de la consejería. Pinto fue identificado por dos peritos, en un informe encargado por este periódico, como autor de las anotaciones en los partes de espionaje; según las planillas laborales, estaba liberado para atender exclusivamente órdenes de Gamón.
El ex director subrayó que los ex guardias no eran personal de confianza suyo, sino de Granados. Y reveló que les entregó una cámara fotográfica, aunque ignora el uso que le dieron. Los ex guardias estuvieron en lugares donde fue fotografiado Prada, pero niegan ser los autores de las fotos.
La declaración de Gamón tiene dos caras: desaira a los ex guardias -y a sus propios asesores, ex policías, que participaron en el operativo-, pero le salva a él. Haber asumido ayer que conocía los seguimientos a Prada hubiera sido admitir que mintió ante la policía y ante el Parlamento regional.
(www.elpais.com, 23/09/09)
"NO HICE NADA QUE NO ME ORDENARA MI DIRECTOR GENERAL"
"Quien nos marcaba lo que teníamos que hacer era Sergio Gamón. Siempre era Gamón", declaró ante la juez el pasado 30 de julio José Oreja, uno de los tres asesores de la Comunidad de Madrid imputados por el caso del espionaje. Junto a él testificaron José Luis Caro y Antonio Coronado. Los tres, ex guardias civiles fichados en 2007 por el consejero de Interior, Francisco Granados, como asesores. Los tres, sospechosos de ser quienes siguieron físicamente durante dos meses de 2008 al ex vicepresidente Alfredo Prada y al vicealcalde Manuel Cobo. Y los tres alegaron lo mismo ante la juez: que sí siguieron a Prada, pero no para espiarlo, y que fue Sergio Gamón quien lo ordenó.
Esto es un extracto de lo declarado por Oreja, Caro y Coronado ante la misma juez ante la que, ayer, Gamón negó haber ordenado nada:
- José Oreja. "Quien nos marcaba lo que teníamos que hacer era Sergio Gamón. Siempre era Gamón, nunca nos daba órdenes por escrito, siempre eran verbales".
- José Luis Caro. "A mí me manda ir a los sitios Sergio Gamón por si puede haber un altercado o un problema. Nos marcaba los sitios, pero, por lo que yo he visto, las agendas no incluían las comidas del consejero. El domicilio particular de Prada nos lo facilita Sergio Gamón [...] A Chinchón me mandó ir Sergio Gamón [...] La decisión de informar [de la contra-vigilancia] no es mía, yo dependo de Sergio Gamón".
- Antonio Coronado. "El dispositivo de seguridad lo encargó Sergio Gamón [...] Todos los servicios que realizamos nos los mandaba Gamón. No he hecho ningún papel ni ningún seguimiento que no me hubiera ordenado mi director general".
(www.elpais.com, 23/09/09)
EL JEFE DE LOS ESPÍAS DEJA EN EVIDENCIA A AGUIRRE Y GRANADOS
Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid cuando presuntamente fueron espiados dirigentes del PP madrileño contrarios a Esperanza Aguirre, dejó ayer en evidencia a sus jefes políticos.
Fuentes del caso aseguraron ayer a Público que, en su declaración como imputado por malversación ante la juez que investiga el supuesto espionaje, Gamón sostuvo que "nunca" ordenó al personal a su cargo realizar labores de "contravigilancia" ni de vigilancia avanzada. Pero tanto Aguirre como el consejero de Interior, Francisco Granados, han sostenido con reiteración que, en realidad, no hubo espionaje sino contravigilancia. Ambos se aferraron a esa tesis una vez que los datos comenzaron a señalar de manera nítida que, al menos en 2008, habían sido objeto de seguimiento tanto el entonces vicepresidente de Madrid, Alfredo Prada, como el concejal gallardonista Manuel Cobo. Destituido en julio de 2008 por el escándalo del espionaje, Aguirre recolocó luego a Gamón como asesor de seguridad de su vicepresidente, Ignacio González, cargo que aún desempeña.
El testimonio del ex director de Seguridad contradice también el de los tres asesores que declararon ante la juez el pasado 30 de julio. Esos tres asesores, contratados por Granados, afirmaron que entre sus tareas figuraba la contravigilancia. ¿Quién organizaba su trabajo? Gamón "marcaba las directrices" fue la respuesta de uno de ellos. Gamón sostuvo que "nunca" ordenó realizar labores de "contravigilancia" ni de vigilancia avanzada
Ayer, un Gamón que asistentes a su declaración describieron como nervioso negó incluso que estuviera siempre al tanto de lo que hacían sus subalternos. Le informaban de sus actividades sólo si había algo importante, es su versión. Respecto a lo que hacían esos subordinados, se mostró confuso pero se sacó un conejo de la chistera: vigilaban el entorno físico de los políticos para evitar que alguien "reventara actos" en los que iban a participar.
Esa versión, inédita, no explicaría por qué los agentes de Gamón siguieron a Prada en mayo de 2008 hasta Chinchón (Madrid), donde tuvo una reunión con su equipo. Los partes de seguimiento acreditan, además, que Prada también fue vigilado en su vida privada. Gamón dice que no envió a nadie a Chinchón ni a Brea de Tajo, a donde Prada acudió el 23 de mayo de 2008. Uno de los asesores bajo su mando declaró en julio que hizo labores de vigilancia en ambas citas.
Tras hora y media de interrogatorio, Gamón abandonó los juzgados escoltado por un hombre que portaba una bolsa similar a la que usan los guardaespaldas para llevar el arma. La Consejería de Interior, miembros de cuyo gabinete de prensa acompañaron a Gamón y montaron luego guardia con la prensa, negó que este posea escolta.
(www.publico.es, 23/09/09)
GRANADOS ASEGURA QUE LOS 'ESPÍAS' VIGILABAN UNA SEDE REGIONAL
El consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, justificó ayer el que durante los días 27 y 28 de mayo de 2008 su director general de Seguridad, Sergio Gamón, y sus asesores rodearan la alcaldía de Madrid en que estaban vigilando un encierro sindical en la cercana Consejería de Familia, sita en el número 63 de la calle de Alcalá. Respondía así a la información de este diario que desvelaba que una decena de sus agentes cercó durante 17 horas el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento.
Granados esgrimió un escrito -rubricado por cuatro asesores sin identificar- que narra lo siguiente: "Personados a las 17.45 [del 27 de mayo] los citados [cuatro] asesores en la consejería se observa un grupo de personas (unos 15 aproximadamente) sentados en las escaleras interiores de la consejería con pancartas y silbatos, reivindicando mejoras salariales y laborales, hallándose un grupo más numeroso en el salón de actos". Según tal relato, a las 23.15 del 27 de mayo se desmontó el dispositivo, visto el tono pacífico de la protesta; se reanudó a las 7.00 del día siguiente por dos asesores y concluyó a las 15.15.
Los posicionamientos telefónicos evidencian un despliegue mayor de agentes -Gamón y seis más, el 27; Gamón y siete más, el 28-, durante más horas y ubicados lejos del conflicto laboral (calle de Juan de Mena). Y delatan la presencia del equipo de Gamón junto a la alcaldía días antes y después de aquellas fechas.
- 7 de mayo de 2008. A las 18.48 se cruzan llamadas entre los ex guardias José Oreja (calle Recoletos, 7), frente al Ayuntamiento, y Antonio Coronado (Hotel Ritz), asesores ambos de Granados ya imputados por el caso del espionaje. A esas horas, el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, presenta una revista en la sede de la alcaldía.
- 8 de mayo de 2008. José Palomo, funcionario a las órdenes de Gamón, se encuentra a las 12.02 haciendo llamadas desde Recoletos, 7, a interlocutores que se encuentran bajo el mismo repetidor, frente al Ayuntamiento. A esas horas, Gallardón y el vicealcalde Manuel Cobo, que denunció su seguimiento, están en el Palacio de Cibeles.
- 12 de mayo de 2008. El ex guardia Oreja está en la plaza de la Independencia desde las 15.00. Le acompañan los ex guardias civiles Antonio Coronado -también imputado-, y José Luis Caro y el ex policía José Manuel Rodríguez, investigado judicialmente por el espionaje. Los cuatro cruzan llamadas durante dos horas desde repetidores que circundan la sede del Ayuntamiento de Madrid (plaza de Independencia o Juan de Mena). Una de las llamadas de Oreja se dirige a Gamón, ubicado también en la plaza de la Independencia a las 15.25. Oreja permanece en esa área al menos hasta las 16.46. En esas horas se produce una comida en el Palacio de Cibeles de la candidatura olímpica, a la que asisten el alcalde y el vicealcalde. Ese día los espías anotan en su parte de seguimiento a Alfredo Prada, entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia de Esperanza Aguirre, que lo pierden a las 14.40 cerca de la Asamblea al averiarse su motocicleta. A esas horas, según sus posicionamientos telefónicos, los ex guardias Caro y Coronado y el ex policía Rodríguez están junto a la Asamblea.
La siguiente anotación es a las 17.00: informan de que el coche de Prada se encuentra en su lugar de trabajo. Entre medias, en el periodo en el que se produce el marcaje al Palacio de Cibeles, no hay apunte alguno en dicho parte.
- 29 de mayo de 2008. El ex guardia Caro vuelve a estar junto a la sede de la alcaldía. Desde las 19.29 hasta las 19.51. Nuevamente, la calle de Juan de Mena es utilizada como base de operaciones. Su compañero Rodríguez parece apostado en la misma zona. Ambos cruzan llamadas. A esas horas, Gallardón y Cobo acaban de regresar de Valencia donde han celebrado un acto de la candidatura olímpica con el presidente regional, Francisco Camps, y la alcaldesa local, Rita Barberá.
(www.elpais.com, 22/09/09)
LOS ESPÍAS DE AGUIRRE 'CERCARON' DURANTE DOS DÍAS LA SEDE DE GALLARDÓN Y COBO
Durante varios días de mayo de 2008, singularmente el 27 y el 28, los espías de la Consejería de Interior de Madrid, con su director general, Sergio Gamón, al frente, cercaron el Palacio de Comunicaciones de Madrid, sede de los despachos del alcalde y del vicealcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón y Manuel Cobo, respectivamente. Esos dos días convergen una decena de agentes, en su mayoría asesores del consejero Francisco Granados o de Gamón, sobre la sede municipal. Suman 17 horas de vigilancia, y un centenar de llamadas telefónicas entre sí.
Sus posicionamientos telefónicos -que ya han acreditado su espionaje al ex consejero Alfredo Prada y la veracidad de los partes de seguimiento, lo que ha supuesto la imputación de Gamón y tres ex guardias civiles por malversación de fondos públicos- están reflejados en el informe que la compañía Telefónica ha elaborado para la juez que instruye la causa.
Los datos delatan que hacían repetidas llamadas entre sí, muy cortas, mientras estaban ubicados estratégicamente en un reducido triángulo que formaban la calle Juan de Mena, la plaza de la Independencia (donde está la Puerta de Alcalá) y Recoletos 7-9. Podían así controlar las dos salidas de los vehículos oficiales: por la calle de Alcalá y por la de Montalbán.
No consta, en ninguna agenda ni hemeroteca, acto alguno del Gobierno de Esperanza Aguirre en ese triángulo a lo largo de los días que duró este cerco. En la zona controlada sólo se movían Gallardón o Cobo, cuyo espionaje fue acreditado por los partes realizados por los agentes en abril de 2008. La juez no ha logrado que Telefónica entregue los posicionamientos de los sospechosos en aquel mes.
¿Qué motivó ese desembarco de agentes de la Comunidad sobre la sede del Ayuntamiento? El 27 de mayo de 2008 era noticia cada palabra o silencio de Aguirre. No había deshojado aún la margarita de si presentaría o no su candidatura para el liderazgo del PP y quedaba menos de un mes para el congreso del partido en Valencia para elegir presidente. El 27 de mayo, Aguirre, en un mitín-cena en la población madrileña de San Sebastián de los Reyes y ante las barbas de Mariano Rajoy, espeta: "El PP no debe afrontar cambios radicales que nadie entendería".
Pero Aguirre tenía dos escollos en el PP de Madrid: su vicepresidente segundo y consejero de Justicia, Alfredo Prada, y el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. Los dos son firmes partidarios de Rajoy. Los hombres de Gamón parecen compartir igual inquietud por los movimientos de ambos, o, de sus subordinados, como Cobo.
- 27 de mayo de 2008. El ex policía José Manuel Rodríguez, fichado por Gamón, aterriza a las 18.07 en Juan de Mena, calle contigua a una de las entradas del Ayuntamiento de Madrid. A las 23.03 aún telefonea desde Independencia. Durante esas cinco horas su móvil se integra en un cruce de llamadas con otros agentes de Aguirre que siempre tienen como destino u origen la calle Juan de Mena, la plaza de la Independencia o Recoletos, 7.
Tales interlocutores, en su mayoría, pueden ser identificados como compañeros suyos investigados ya por espionaje: el ex policía Roberto Casielles; los ex guardias civiles José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado -los tres han negado ante la juez haber vigilado a Cobo-, el subdirector de Seguridad Miguel Castaño y el propio Gamón, que desde la plaza de la Independencia y Juan de Mena, sucesivamente, charla con Rodríguez (19.45) y con Caro. El dispositivo termina tras una llamada de Castaño desde Independencia a las 23.03.
- 28 de mayo de 2008. Al día siguiente, Rodríguez regresa a la calle Juan de Mena a las 11.25. Le acompañaran en esa jornada de vigilancia Caro, Casielles, Coronado, Oreja, Gamón, Castaño y José Manuel Pinto, agente identificado por dos peritos como autor de las notas manuscritas de los partes de espionaje. Nuevamente, triangulan sus posiciones sobre el Palacio de Comunicaciones. Caro es el más madrugador: a las 8.16 horas ya estaba a pie firme en Juan de Mena. A las 9.32, Caro recibe una llamada de su jefe, Gamón, que pisa esa misma calle y seguirá luego por la zona. Pinto aparecerá un rato por la mañana en Independencia, desde donde telefonea a interlocutores contiguos. El cerco de los agentes de Aguirre sobre el Palacio de Comunicaciones se mantendrá hasta las 20.20. El dispositivo se levanta tras una llamada de Castaño, a las 20.13, desde Juan de Mena a algunos de los agentes desplegados.
(www.elpais.com, 21/09/09)
AGUIRRE CONSIDERA QUE LAS ACUSACIONES DE ESPIONAJE "SON DE RISA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy, tras leer en el diario El País que los supuestos "espías" de la Consejería de Interior "rodearon las dependencias de Gallardón y Cobo" en mayo de 2008, que acusaciones como esa son "de risa".
"A mi es que me da la risa", ha dicho la presidenta madrileña en una entrevista en Onda Cero, en la que ha asegurado: "yo no tengo ni idea, yo me he desayunado con esto, y por tanto la jueza que está llevando este asunto lo aclarará todo seguro".
El País publica hoy que "durante varios días de mayo de 2008, singularmente el 27 y el 28, los espías de la Consejería de Interior de Madrid con su director general, Sergio Gamón, al frente, cercaron el Palacio de Comunicaciones de Madrid, sede de los despachos del alcalde y del vicealcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón y Manuel Cobo, respectivamente".
Del informe que la compañía Telefónica ha elaborado para la juez que instruye la causa deduce el diario que "esos dos días convergen una decena de agentes, en su mayoría asesores del consejero Francisco Granados o de Gamón, sobre la sede municipal" y que "suman 17 horas de vigilancia y un centenar de llamadas telefónicas entre sí".
Mientras fuentes de la Consejería de Justicia e Interior asegurabanque en esos días estaba desplegado un dispositivo de seguridad en esa zona con motivo de un encierro de trabajadores de la Comunidad en la Consejería de Familia, en la calle de Alcalá, Aguirre ponía en duda en antena que de la información de Telefónica se pueda deducir que los agentes estaban "vigilando a Gallardón".
En este sentido ha insistido en que las labores de apoyo, de vigilancia, de contravigilancia son las que hacen estos agentes de seguridad, que no los ha puesto ella, ya que estaban ahí desde tiempos de Leguina.
"Si alguien ha hecho lo que no tenía que hacer yo soy la principal interesada en que esto se ponga de manifiesto"
No obstante, Aguirre ha manifestado: "si alguien se ha extralimitado y ha hecho lo que no tenía que hacer yo soy la principal interesada en que esto se ponga de manifiesto".
"Nosotros somos los principales interesados en que se sepa la verdad y si alguien ha hecho algo malo nosotros no vamos a amparar ilegalidades ni tampoco irregularidades de ningún tipo".
(www.publico.es, 21/09/09)
AGUIRRE RECHAZA DESTITUIR A UN ASESOR IMPUTADO POR EL ESPIONAJE
"Evidentemente, no". Así de contundente se mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tras ser preguntada sobre si destituirá a su director del Área de Seguridad, Sergio Gamón, una vez que éste ha sido imputado por el presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid. La juez que instruye la causa, Carmen Valcarce, lo ha citado a declarar el próximo 22 de septiembre como imputado por un delito de malversación de fondos.
La presidenta madrileña siempre había hecho gala de su determinación a la hora de deshacerse de los altos cargos implicados en casos de corrupción. Cuando estalló el caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a administraciones del PP, y la investigación alcanzó a los alcaldes populares de Boadilla, Pozuelo y Arganda, Aguirre no dudó en forzarlos a dimitir de sus cargos. Es la presidenta del PP madrileño y dictó la orden.
También fue relevado de forma fulminante el ex consejero de Deportes, Alberto López-Viejo, cuando su nombre se relacionó con la misma trama corrupta. Y eso que López Viejo formaba parte de la guardia pretoriana de Aguirre.
Gamón es el presunto responsable de ordenar los seguimientos al ex vicepresidente regional Alfredo Prada, según la declaración que realizaron ante el juez tres empleados de la Comunidad de Madrid, ex guardias civiles, que también están imputados. "Nos encargó una especie de vigilancia sobre las medidas de seguridad que, de por sí, ya tenía Prada", testificaron los agentes imputados, aunque rechazaron que eso fuera espionaje.
En su testimonio, estos agentes también implicaron a tres ex policías nacionales como miembros del operativo de seguimiento. Los ex policías fueron fichados por Sergio Gamón, y los ex guardias civiles habían sido llamados por el consejero de Interior, Francisco Granados.
Gamón ya fue destituido como director general de Seguridad -era el cargo que ocupaba cuando se produjeron los seguimientos- al ser considerado sospechoso del robo de un ordenador de la Consejería de Justicia. Pocas semanas después, la Comunidad de Madrid lo recolocó como director del Área de Seguridad con un jugoso sueldo. La semana pasada, antes de conocer la imputación de Gamón, Aguirre indicó: "El caso está en los tribunales; cuando haya novedades, veremos".
(www.elpais.com, 04/09/09)
GALLARDÓN RELANZA EL CASO DEL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Tocado pero no hundido. Es como está Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, después de recibir ayer el varapalo del COI a la candidatura olímpica de la capital. En sus horas bajas, el regidor ha sacado fuerzas para abofetear a su eterna rival política, Esperanza Aguirre. Gallardón ha pedido “certezas judiciales” en el caso de los espionajes padecidos por su vicealcalde Manuel Cobo, presuntamente a manos de personal de la Comunidad de Madrid, opinando que no puede pedirle ciertos comportamientos al PSOE sin hacer “lo mismo” al PP. Para el alcalde, el espionaje a Cobo y a Alfredo Prada, responsable del PP en el Exterior también supuestamente seguido, “no puede pasar inadvertido” y debe tener el reproche del Estado de Derecho: la Justicia, ha advertido, debe depurar responsabilidades.
“Confío plenamente en que la investigación judicial que en estos momentos se está realizando depure todas y cada una de las responsabilidades porque a mí el hecho de que se haya seguido, ya no porque sean dirigentes del PP sino porque son representantes de los ciudadanos, al vicealcalde de la ciudad de Madrid y otros cargos de la Comunidad, me parece que no es de ninguna de las formas una conducta que pueda pasar inadvertida", ha dejado caer Gallardón en una entrevista concedida a la cadena SER.
Depurar responsabilidades
Para el regidor, unos hechos tan grave como el espionaje en la Comunidad “tiene que tener un análisis de sus responsabilidades, de su autoría, y por lo tanto el reproche que en un Estado de Derecho la Justicia tenga que hacer que es el lo que está ocurriendo hoy en Madrid". De momento, el Juzgado que instruye el caso ha imputado a tres altos cargos de Aguirre, quienes a su vez han apuntado a dos hombres fuertes de la lideresa: su consejero de Interior, Francisco Granados -a quien el mismo Cobo ha desafiado a decur " lo que sabe, o lo que va diciendo que sabe"- y su ex director de Seguridad, Sergio Gamón.
Escuchas…
Tras estos zarpazos, el alcalde ha adoptado una posición de partido en torno a las escuchas ilegales que supuestamente han padecido miembros del PP. "Creo con sinceridad que, ante las acusaciones del PP, el gobierno y el PSOE, desde su responsabilidad, tendrían que haber tenido una respuesta distinta. Una respuesta aclaratoria en el caso de que entiendan de que no ha habido un trato desigual entre los dirigentes", ha remarcado. "Si a mí un concejal socialista me denunciase que nuestra Policía municipal le ha tratado de forma distinta a como trata un concejal del PP, le puedo asegurar que lo primero que haría sería abrir una investigación", ha continuado.…legales o ilegales
En la misma línea, Gallardón ha dado pábulo al informe que presentará “en las próximas semanas” y que “acredita una serie de situaciones” persecutorias. El jefe del Consistorio madrileño se ha remitido al sumario para calificar de legales o ilegales las escuchas. "Si alguna de las conversaciones que se han publicado en distintos medios de comunicación no estuviese incluida en el sumario, en ese caso, sí estaríamos ante un caso de revelación de conversaciones no autorizado por el juez que lo estaba instruyendo", ha apuntado. "Por lo tanto, cuando ese sumario se levante, cosa que sucederá previsiblemente este mes de septiembre, podremos dar cumplida respuesta a esa pregunta", dijo, tras ser preguntado por el tema.
(www.elplural.com, 03/09/09)
EL EQUIPO DE AGUIRRE INSISTE EN NEGAR EL ESPIONAJE PESE AL INFORME POLICIAL
El PP evita que Granados comparezca para explicar el seguimiento a Prada
A pesar de que tres empleados de la Comunidad han admitido ahora ante una juez -hace meses lo negaron- que realizaron seguimientos al ex vicepresidente Alfredo Prada (según ellos, no para espiarlo sino para protegerlo); y a pesar de que la policía afirma que esos tres empleados "son los autores de los partes de seguimiento" que este periódico publicó y el PP dio por falsos, el portavoz popular en la Asamblea, David Pérez, sostuvo ayer: "La Justicia determinará, pero nada en la investigación judicial revela más que una correcta actuación de la Comunidad de Madrid".
Con esa tesis, el PP denegó la comparecencia del consejero de Interior, Francisco Granados, que PSOE e IU pedían por considerar "acreditado" que el "espionaje" a dirigentes del PP críticos con Esperanza Aguirre existió. "Ha quedado acreditado que Prada fue seguido; que Sergio Gamón [ex director de Seguridad] mintió cuando negó haber ordenado 'ningún tipo de seguimiento'; y que Granados mintió también o es un incapaz", dijo Inés Sabanés. La portavoz de IU subrayó que la teoría "inventada" ahora por el PP -que a Prada sólo se le siguió para protegerle con contravigilancia- "agrava la situación", porque esa contravigilancia habría vulnerado todos los protocolos de seguridad (no se avisó a Prada ni a su escolta).
Maru Menéndez (PSOE) recordó que "mentir en una comisión de investigación es delito" y reprochó al PP: "Ustedes, a nivel nacional, hablan de supuestas escuchas sin aportar una prueba. En Madrid, con todos los datos, no asumen su responsabilidad".Cuando, hace seis meses, saltó el escándalo por el presunto espionaje sufrido por el ex vicepresidente Alfredo Prada y el vicealcalde Manuel Cobo -ambos, dirigentes del PP críticos con Esperanza Aguirre-, todos los posibles implicados negaron tajantemente que los seguimientos hubieran existido. Lo negó el responsable de Interior, Francisco Granados, lo negó el portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, lo negaron los distintos mandos del departamento de seguridad y también los agentes a su cargo. El PP concluyó que no había ningún indicio de espionaje y ventiló la comisión de investigación en cuatro sesiones.
Pero el asunto ya estaba en los tribunales, denunciado por las víctimas -Prada y Cobo-, y la juez se dirigió a Telefónica para conocer el posicionamiento, en los días del supuesto espionaje, de los teléfonos móviles de varios sospechosos, entre ellos tres ex guardias civiles y tres ex policías fichados como asesores por Granados y por el entonces director de Seguridad, Sergio Gamón.
Esa investigación hizo concluir a la policía en un informe: "Los autores de los seguimientos y de los partes" fueron los tres ex guardias civiles. EL PAÍS comprobó después, analizando los posicionamientos y 4.000 llamadas realizadas esos días por los agentes, que al menos uno de los ex policías asesores de Gamón participó también en el seguimiento a Prada. Y, además, los tres ex guardias civiles declararon a la juez que el operativo lo formaban ellos y los tres ex policías. Alegaron, eso sí, que no hubo "espionaje" sino "contravigilancia" (una forma de protección a un cargo público). Y que no lo habían dicho antes "por la presión mediática". Los tres están imputados; la juez citará previsiblemente a Gamón en septiembre.
Nada de eso cambia la opinión del portavoz del PP. "Llevan meses castigando a esta Cámara. El asunto del espionaje ya fue aclarado aquí. Ahora está siendo analizado por la justicia, que determinará lo que corresponda. A día de hoy, nada en esa investigación judicial apunta a ninguna de las responsabilidades que ustedes dicen. Nada apunta a otra cosa que a la absolutamente correcta actuación de la Comunidad. Si alguien miente son ustedes", protestó Pérez durante la reunión de la Diputación Permanente.
El portavoz reprochó a la oposición que se empeñe en debatir cosas "que no interesan a los ciudadanos", como "el cuento de los espías", en lugar de hablar del paro, las tarifas eléctricas o el caos en Barajas el día del apagón. Menos tajante había sido la propia Aguirre, que por la mañana evitó aclarar si reabrirá la comisión de investigación -"Cuando diga algo la justicia, se verá"- y reiteró que "los primeros interesados" en conocer "si se ha hecho algo incorrecto" son los miembros de su Gobierno.
Maru Menéndez auguró que el PP intentará zanjar el caso "sacrificando a Gamón como sacrificó a López Viejo [ex consejero de Deportes, que dimitió por su implicación en el caso Gürtel]". "Lo que ha ocurrido es un atropello", dijo. Sabanés pidió la dimisión de Aguirre y advirtió a los populares: "Seguirán bajo sospecha".
www.elpais.es 28.08.09
EL CASO DEL ESPIONAJE VUELVE A LA ASAMBLEA DE MADRID
que explicar por qué mintió tanta gente cuando se inició la investigación sobre el espionaje político en Madrid, ahora que se ha demostrado que los seguimientos existieron", afirma la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez. PSOE e IU llevan hoy a la Diputación Permanente del Parlamento madrileño el debate sobre el espionaje sufrido por dirigentes del PP críticos con Esperanza Aguirre y presuntamente realizado por empleados de su Gobierno.
Tres de esos empleados, ex guardias civiles contratados como asesores, han admitido ante una juez que ellos -junto a tres ex policías nacionales también fichados por la Comunidad- participaron en el seguimiento al ex consejero Alfredo Prada en mayo de 2008, aunque aseguran que no lo hicieron para espiarlo, sino para protegerlo. Esos mismos agentes negaron en marzo a la policía que hubieran seguido a Prada. Un informe policial sostiene que ellos son "los autores de los partes de seguimiento" que el PP dio por falsos.
PSOE e IU pedirán hoy la comparecencia del consejero de Interior, Francisco Granados, probablemente en vano.
www.elpais.es 27.08.09
AGUIRRE EVITA COMPARECER PARA EXPLICAR EL ESPIONAJE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no comparecerá en la Asamblea para explicar el espionaje político a cargos del PP en la región. Entre ellos el sufrido por el ex consejero regional, Alfredo Prada, y por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, semanas antes del congreso nacional del PP en Valencia, cuando Aguirre meditaba enfrentarse a Rajoy.
La Mesa de la Asamblea, órgano que trata las cuestiones reglamentarias de la Cámara, no admitió ayer a trámite la solicitud de la oposición (PSOE e IU) para que comparezca Aguirre. El argumento esgrimido por Cristina Cifuentes (PP), vicepresidenta de la Asamblea, es que "no hay un procedimiento habilitado en el reglamento que posibilite las comparecencias de la presidenta. Sí está previsto que se puedan realizar preguntas en el pleno", zanjó la diputada popular.
Lo que sí prosperó fue la petición de comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, quien dirige el departamento donde supuestamente se realizaron los seguimientos. Para eso se reúne hoy la diputación permanente de la Asamblea, principal órgano representativo entre periodos parlamentarios, que debatirá si es oportuno la comparecencia de Granados.
"Hechos gravísimos"
Este diario ha publicado recientemente que los tres agentes imputados en el espionaje político, pertenecientes a la consejería que dirige Granados, han implicado a otros tres ex policías nacionales a sueldo de la Comunidad. Además, todos estos agentes eran colaboradores de Sergio Gamón, el principal asesor en temas de seguridad de la presidenta regional. "Son hechos gravísimos. La artimaña que esgrimen para que no comparezca Aguirre es una excusa", lanzó la portavoz socialista, Maru Menéndez.
El bloqueo a la comparecencia de Aguirre provocó gran malestar en la oposición. Menéndez, acusó a la presidenta regional de "no ser capaz de dar la cara ante los representantes de los ciudadanos".
Por otra parte, la diputación permanente de la Asamblea también debatirá hoy sobre la comparecencia de la consejera de Educación, Lucía Figar, para que valore los resultados de las pruebas de conocimientos a alumnos de sexto de primaria y de tercero de secundaria.
www.elpais.es 27.08.09
PSOE E IU PIDEN A AGUIRRE QUE COMPAREZCA PARA EXPLICAR EL ESPIONAJE
Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE e IU) han pedido la comparecencia de la presidenta Esperanza Aguirre y del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, para aclarar el espionaje sufrido presuntamente el año pasado por Manuel Cobo y Alfredo Prada, dos altos cargos del PP críticos con Aguirre.
El grupo parlamentario socialista solicitó ayer la convocatoria urgente de la Diputación Permanente del Parlamento madrileño para pedir la comparecencia de Aguirre y Granados. La idea es celebrar un pleno extraordinario "de forma inmediata debido a la gravedad de las informaciones publicadas en los últimos días sobre la participación de asesores y miembros de la Consejería de Interior, que dirige Granados, en los seguimientos a cargos públicos del PP", explicó la socialista Maru Menéndez.
EL PAÍS publicó el pasado domingo que los tres agentes imputados en el supuesto espionaje político han implicado ante el juez a otros tres agentes a sueldo de la Comunidad, ex policías nacionales dependientes del principal asesor en asuntos de Seguridad de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón.
Durante las semanas previas al congreso nacional del PP celebrado en 2008, fueron objeto de seguimiento el ex consejero madrileño de Justicia, Alfredo Prada, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Menéndez subrayó que "esta confirmación supone un hecho muy grave por el que Aguirre y Granados no sólo deben dar explicaciones sino asumir sus responsabilidades políticas". La portavoz de IU, Inés Sabanés, señaló que "el Gobierno regional no puede seguir actuando como si nada hubiera pasado".
EL VICEALCALDE DE MADRID SEÑALA A "RESPONSABLES INDIRECTOS" DEL ESPIONAJE
"Éste es un tema muy serio. Está en conocimiento de quien debe, de la Administración de Justicia, y tengo toda la confianza en que los responsables directos e indirectos del espionaje tengan al final la responsabilidad que les corresponde", afirmó ayer el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón. Se refería al presunto espionaje sufrido por él y por el ex consejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada -ambos, dirigentes del PP críticos con Esperanza Aguirre- el año pasado, y que según publicó EL PAÍS este domingo fue supuestamente realizado por un equipo de seis agentes a sueldo del Gobierno regional.
Por su parte, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid calificó de "muy grave" la "confirmación del espionaje a cargos del PP por parte de asesores de [el consejero Francisco] Granados" y exigió a Esperanza Aguirre "que asuma su responsabilidad política". La portavoz socialista, Maru Menéndez, volvió a denunciar el "cierre en falso" de la comisión parlamentaria sobre el espionaje.
www.elpais.es 18.08.09
LOS PRESUNTOS ESPÍAS DE MADRID IMPLICAN A TRES ASESORES DE UN HOMBRE DE AGUIRRE
"En el operativo a Prada a veces éramos tres; otras veces cuatro; y otras seis"
El operativo del supuesto espionaje a cargos del PP madrileño por parte de responsables del Gobierno de Esperanza Aguirre lo integraban, al menos, tres ex guardias civiles, fichados en septiembre de 2007 como asesores por el consejero de Interior, Francisco Granados; y tres ex policías nacionales, contratados en la misma época por quien era director general de Seguridad, Sergio Gamón, hombre de confianza de la presidenta autonómica. Gamón dirigió el operativo, según la declaración de los imputados ante la juez, aunque ellos sostienen que aquello no fue espionaje.
Dijeron a la juez que vigilaban en actos públicos con aglomeraciones
Los seguimientos a Prada incluyeron su actividad privada y pequeños pueblos
Los tres ex guardias civiles, imputados por malversación en relación con el seguimiento que hicieron al dirigente del PP Alfredo Prada -tanto en sus actos públicos como en su vida privada-, aseguraron a la juez que investiga el caso que esa operación "la ordenó Gamón" y que para llevarla a cabo les acompañaron tres ex policías nacionales. "A veces lo hacíamos tres, otras cuatro... Éramos seis", contaron los agentes. Los ex policías, investigados como sospechosos del espionaje, aún no han sido imputados.
Cuando Prada fue supuestamente espiado, en abril y mayo de 2008, era vicepresidente y consejero de Justicia. Fue destituido unas semanas después de que terminaran los seguimientos, tras el congreso nacional del PP en el que apoyó a Mariano Rajoy y se alejó definitivamente de Aguirre.
La declaración de más de dos horas que los tres asesores de Granados hicieron ante la juez, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, configura un extraño operativo diseñado por Gamón entre marzo y mayo, según reconoció uno de los agentes. La misión consistía, contaron ellos, en supuestas "contravigilancias" -labores de protección extra a un cargo público- de la que no tenían constancia ni el vigilado (Prada, que no las pidió) ni su escolta. Los agentes, que iban desarmados, no tienen competencias para hacer contravigilancias (sólo puede realizarlas el Ministerio del Interior).
Los posicionamientos de los teléfonos móviles de los asesores del Gobierno de Aguirre, y los partes escritos de los seguimientos diarios, que los tres ex guardias civiles niegan haber hecho, acreditan que el supuesto espionaje se hizo al menos 12 días de mayo desde el mediodía hasta, en ocasiones, la medianoche. Pese a que la Dirección General de Seguridad cuenta con cerca de 40 agentes con plaza por oposición, muchos de ellos con 20 años de experiencia, sólo hicieron el seguimiento a Prada los seis asesores fichados a dedo a finales de 2007 como hombres de confianza.
Durante su comparecencia, la juez leyó a los agentes la declaración que habían efectuado ante la policía en marzo y en la que negaban haber seguido a Prada. Sin embargo, la investigación de los posicionamientos de sus móviles ha probado ahora que los tres ex guardias civiles habían seguido por las calles de Madrid y por algunos pueblos de la Comunidad al consejero Prada.
Cuando la juez les preguntó por qué habían negado estos hechos ante la policía, dos de ellos intentaron explicarse sin mucho éxito. Hasta que la juez les habló de una cuestión de "concepto". Supuestamente negaron los hechos porque les preguntaron por seguimientos y ellos hicieron, según admitieron ante la juez, "contravigilancias". Quien primero utilizó esa palabra fue la propia juez. Los interrogados dieron por buena la palabra y se aferraron a ella. Cuando se les preguntó por el motivo de que hicieran contravigilancias en la sede de la Consejería de Justicia, custodiada por guardias civiles, uno de los imputados contestó simplemente que se ponían a "100, 200 metros o 400 metros".
Los asesores de Granados aseguraron que hacían contravigilancias a otros miembros del Gobierno. Primero citaron a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados. Luego ampliaron la lista a Juan José Güemes, Gador Ongil y Javier Fernández Lasquetty. En muchos de los casos, vinculaban sus contravigilancias a problemas que se pudieran producir en actos públicos con grandes aglomeraciones para evitar altercados, y citaron expresamente la inauguración de hospitales. Los seguimientos a Prada por pueblos de la Comunidad de Madrid se hicieron en actos celebrados en pueblos minúsculos, sin aglomeraciones ni posibilidades de altercados. En la capital, le seguían en sus encuentros públicos y también en los privados, que no figuraban en ninguna agenda.
Los tres guardias civiles insistieron durante las dos horas de declaración en tres ideas que pueden encauzar la investigación: "No hicimos nada que no nos ordenasen. Quién dirigía el operativo era Sergio Gamón. Granados no nos dio ninguna orden".
Sergio Gamón, policía nacional, llegó a la Comunidad de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre, quien se lo impuso al que entonces era consejero de Interior, Alfredo Prada. Sólo un día después de que Aguirre destituyera a Prada, Gamón se fue a un edificio de la Consejería de Justicia con tres de sus hombres de confianza; ese día desapareció un ordenador de un directivo de Prada. El episodio quedó en nada porque se habían borrado las imágenes de las cámaras de seguridad. Pero, cuando se conocieron los hechos, Granados destituyó a Gamón. Sin embargo, por indicación de Aguirre tuvo que recolocarlo dándole un puesto de director de Seguridad, dotado con un sueldo de 90.000 euros anuales y en el que no hacía prácticamente nada.
Las declaraciones de los imputados ante la juez
LABORES DE VIGILANCIA:
- José Oreja. "Hacíamos la supervisión de seguridad del consejero, sus salidas y entradas. Con posicionamiento fijo y alrededores, alcantarillas, farolas. Nunca nos identificamos ante el escolta de Prada. Nunca antes había hecho contravigilancias [...] Se dedicó un periodo determinado al señor Prada. Entiendo que de marzo a mayo de 2008".
- José Luis Caro. "No recuerdo en qué fechas se hizo esa vigilancia. Podría ser los primeros días de mayo. Se puede hacer llegando a los sitios antes de que llegue, después, durante. No íbamos detrás [de Prada] con el coche".
- Antonio Coronado. "En muchas ocasiones puedes estar en la puerta del domicilio una hora o dos o cuatro y no viene. Pero yo no estoy pendiente de que llegue sino de si hay algún riesgo en los alrededores. Y si detecto algo, lo pongo en conocimiento, si la primera persona que tengo al lado es su escolta, pues a su escolta, o del director de Seguridad, señor Gamón".
LAS ÓRDENES DE GAMÓN:
- José Oreja. "Quien nos marcaba lo que teníamos que hacer era Sergio Gamón. Siempre era Gamón, nunca nos daba órdenes por escrito, siempre eran verbales".
- José Luis Caro. "A mí me manda ir a los sitios Sergio Gamón por si puede haber un altercado o un problema. Nos marcaba los sitios, pero, por lo que yo he visto, las agendas no incluían las comidas del consejero. El domicilio particular de Prada nos lo facilita Sergio Gamón.
- Antonio Coronado. "Todos los servicios que realizamos nos los mandaba Sergio Gamón. No hice nada que no me hubiera ordenado mi director general".
EQUIPO DE SEGUIMIENTO:
- José Oreja. "Lo hicimos también con los policías"
- José Luis Caro. "Este tipo de trabajo lo hemos hecho hasta seis personas. Unas veces estábamos tres; otras, cinco. Siempre con los otros tres policías. A veces trabajamos con José Manuel Rodríguez. Es uno de los que trabajaba con nosotros".
www.elpais.es 16.08.09
EL RASTRO DE LOS PERSEGUIDORES
El análisis de los partes y de 4.000 llamadas de móvil traza la ruta de los espías
Son tres ex guardias civiles y un ex policía nacional. Los cuatro fichados como asesores por la Consejería de Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre, aunque no está claro a quién rinden cuentas: si al consejero, Francisco Granados, o a un hombre de confianza de Aguirre, Sergio Gamón. Se llaman José Luis Caro, José Oreja, Antonio Coronado y José María Rodríguez. Y durante 12 días del mes de mayo de 2008 -los únicos 12 días en los que ha quedado constancia de sus movimientos a través del registro telefónico, aunque el supuesto espionaje duró dos meses- siguen como lapas al ex consejero madrileño Alfredo Prada, dirigente del PP crítico con Esperanza Aguirre.
Mientras siguen a Prada, hablan todo el tiempo por móvil entre ellos y con otros dos ex policías, también reconvertidos en asesores: Roberto Casielles y Belén Espartero, a los que parecen comunicar las incidencias de cada momento -porque las llamadas coinciden con esos momentos, reflejados después en los partes-. Sufren cuando Prada se les pierde en la carretera, pasan horas esperándolo cerca del despacho o de su casa, dan vueltas a la manzana mientras él trabaja...
EL PAÍS ha reconstruido los movimientos de los supuestos espías cotejando el contenido de esos 12 partes de espionaje y el registro de más de 4.000 llamadas que la juez reclamó a Telefónica. El repetidor de móvil junto al que se encuentran los agentes en cada momento revela dónde están -siempre allí donde está Prada- y con quién hablan -principalmente entre ellos, con llamadas cortas-. A veces acuden en grupo a todos los puntos de seguimiento, otras veces se reparten la ruta. La jornada laboral suele comenzar a la hora en la que Prada tiene que salir a comer. Eran los días previos al congreso del PP, días de muchos almuerzos y posibles alianzas.
Los tres ex guardias civiles ya fueron señalados por la policía en un informe como "los autores de los seguimientos" y de los partes. Ese informe no citaba al cuarto agente, el ex policía José María Rodríguez, pero este periódico ha comprobado que también está presente en los seguimientos de las últimas jornadas de mayo. Los otros dos ex policías no participan físicamente en el operativo de esos 12 días -no están en esos lugares a esas horas, según desvelan sus móviles-, pero se mantienen en contacto telefónico. A su presunto jefe, el entonces director de Seguridad Sergio Gamón, lo llaman al móvil en una ocasión crítica: el día en que pierden la pista de Prada en Brea de Tajo.
Quien no aparece en los seguimientos -no sigue a Prada, y tampoco nadie le telefonea- es José Manuel Pinto, funcionario de la Consejería de Interior a quien un informe grafológico encargado por este periódico a dos peritos atribuía las anotaciones manuscritas de algunos partes. Los supuestos espías sí llaman en alguna ocasión -como en la caótica jornada de Brea de Tajo- al compañero de Pinto, José Palomo.
Así que, a la luz de los partes y los registros telefónicos, el equipo de seguimiento parece formado por tres ex guardias civiles -fichados por Granados-, un policía nacional -fichado por Gamón- y, de forma colateral, otros dos ex policías, también del entorno de Gamón.
La juez ha imputado, hasta la fecha, a los tres ex guardias civiles, y ha anunciado que en septiembre imputará a Gamón. De los demás -los tres ex policías, Palomo y Pinto- ha pedido los registros telefónicos para cruzarlos con los partes.
Telefónica aporta sólo la lista de llamadas de lo sucedido a partir del 6 de mayo de 2008, porque la petición judicial se produjo el 6 de mayo de 2009 y esos datos se guardan un año. Por eso es imposible reconstruir los seguimientos de abril de 2008, cuando supuestamente también fue espiado el vicealcalde Manuel Cobo.
Entre el 6 y el 31 de mayo hay 16 días hábiles. Y 12 partes de seguimiento que reflejan paso por paso los movimientos de Prada. Con detalles como éste: el 14 de mayo, apostados cerca de su domicilio, los supuestos espías ven salir a Prada y a su esposa y cómo los escoltas cargan en el coche "dos grandes maletas". Después los pierden. Era miércoles, y al día siguiente se iniciaba en Madrid un largo puente por la fiesta de San Isidro. Probablemente el ex consejero se fue de vacaciones y hasta el lunes 19 no vuelve a haber partes de seguimiento.
www.elpais.es 16.08.09
Granados acusa a Prada de ordenar contravigilancias cuando era consejero
El actual responsable de Interior asegura que él sólo mantuvo el dispositivo
El consejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, utilizó ayer un improvisado encuentro con los medios de comunicación para lanzar varias acusaciones contra su antecesor y diputado regional del PP, Alfredo Prada. Éste, según Granados, ordenó montar contravigilancias en su domicilio mientras era responsable de Interior y Justicia. Un grupo de guardias civiles se encargaba de controlar su domicilio y los lugares a los que iba. Prada, que se encuentra fuera de Madrid, de vacaciones, declinó hacer declaraciones. "Todo eso se aclarará en los tribunales", dijo.
El consejero sobre Cobo, vicealcalde de Madrid: "La cara es el espejo del alma"
Hace seis meses que EL PAÍS destapó que agentes contratados por la Comunidad de Madrid se dedicaban a vigilar a altos cargos, como Alfredo Prada o el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, rivales políticos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Los guardias civiles trabajaban en la Consejería de Presidencia e Interior y estaban a las órdenes del director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón. Éste tendrá que declarar como imputado dentro de un mes en el juzgado que instruye el caso por malversación de fondos públicos.
Los posicionamientos de los teléfono móviles de los guardias civiles coinciden al detalle, en hora y lugar, con los actos en los que participó Prada en sitios tan dispares como el municipio de Chinchón, algunos hoteles de la capital o el propio domicilio del diputado regional.
Estos detalles no bastaron al consejero de Presidencia, que lanzó una acusación directa contra Prada, días después de que los tres guardias civiles imputados prestaran declaración en el juzgado. Granados había mantenido silencio durante todo este tiempo. "Nosotros sólo mantuvimos la vigilancia que él tenía mientras era consejero. Sólo basta con ir a su casa y preguntar a su portero si había técnicos de la Comunidad de Madrid que vigilaban su casa o que miraban su piso antes de que él entrara y saliera. Mantuvimos el servicio y cambiaron las personas. Nada más", explicó Granados. "Las labores que los técnicos de seguridad de la Comunidad de Madrid han venido haciendo son las mismas que se venían haciendo con anterioridad, incluso con el señor Prada como consejero de Interior. Todas son perfectamente legales", mantuvo el consejero.
Granados también atacó a su compañero de partido y vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Éste le exigió la semana pasada que contara todo lo que supiera o al menos todo lo que iba diciendo que sabía sobre determinadas personas. Granados lanzó ayer un enigmático: "La cara es el espejo del alma". Cuando fue requerido para que lo explicara, se limitó a sonreír y a dar por zanjada la cuestión. No hubo respuesta.
El diputado regional Alfredo Prada declinó ayer responder las acusaciones de Granados. Se limitó a decir que estaba de vacaciones fuera de Madrid y que todo el caso se solucionará por parte de la justicia.
Fuentes cercanas al ex consejero recordaron que Prada sólo tenía un servicio de contravigilancia puesta por el Ministerio del Interior, como correspondía a su cargo. A ello se unió que su nombre apareció en papeles incautados a la banda terrorista ETA. Además, el servicio de contravigilancia no supone un seguimiento al minuto y en todos los puntos que visite un político a lo largo de un día, recordaron las citadas fuentes.
www.elpais.es 04.08.09
Crónica de una impostura
El Gobierno de Aguirre intentó ocultar el espionaje político a sus adversarios en el PP mintiendo en sede parlamentaria y bloqueando la investigación
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha desplegado en los últimos seis meses todo tipo de maniobras para ocultar lo que parte de la cúpula nacional del PP, los dirigentes de este partido, Alfredo Prada, ex consejero de Justicia, y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid; e IU y PSOE, consideran un delito especialmente grave en democracia: el espionaje al adversario político con fondos públicos y utilizando para ello a empleados a sueldo de la Comunidad de Madrid.
Para ocultar lo ocurrido, desde Aguirre hasta su vicepresidente, Ignacio González, pasando por el consejero de Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados; el consejero de Sanidad y portavoz del PP de Madrid, Juan José Güemes; el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, o el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, no dudaron en mentir en sede parlamentaria, en obstaculizar la investigación negando documentación relevante al Parlamento autónomo y en bloquear la comparecencia de los espiados. Además, Aguirre y los suyos acusaron a EL PAÍS de fabricar los partes de espionaje, que tildaron de falsos. La presidenta llegó a presentar una querella, que obligó a firmar a todos los consejeros, contra este diario.
La investigación judicial ha revelado ahora que al menos tres asesores de Seguridad, todos ellos guardias civiles contratados a dedo por el consejero de Interior, Francisco Granados, con un sueldo que duplica al de los agentes autonómicos, siguieron a Prada. Y lo hicieron de la mañana a la noche, tanto cuando acudía a actos como consejero como cuando salía a cenar o a tomar una copa con amigos o familiares.
Nuevas excusas
Llegados a este punto, y sin posibilidad de negar las evidencias que suministran los datos facilitados por Telefónica, el Gobierno de Aguirre empezó a airear una excusa cuando conoció el informe policial de los teléfonos móviles. Los asesores de Granados, según la nueva teoría, hacían "contravigilancias", no espionaje, a Prada.
Ningún manual de contravigilancias incluye las prácticas que, según la investigación, llevaron a cabo los tres ex guardias civiles. No se informó de la contravigilancia ni a Prada ni a sus escoltas, con lo que se ponía en riesgo la vida de espías y espiados. La contravigilancia no se hacía para averiguar si alguien seguía al consejero o amenazaba su integridad física, sino que era un seguimiento al milímetro de todos los pasos que daba el consejero. Sólo importaba el consejero, no lo que lo rodeaba.
Lo que sigue resume las claves de la investigación y detalla la estrategia desplegada por el Gobierno de Aguirre para evitar que el escándalo salpique a algunos de sus miembros.
- La batalla por el poder dentro del PP. Los "objetivos" de los seguimientos pagados con dinero público, Prada y Cobo, tenían un común denominador: ambos se oponían a la estrategia de Aguirre y su equipo contra el liderazgo de Mariano Rajoy tras la derrota de las elecciones generales de marzo de 2008. El vicealcalde de Madrid remaba contra el intento de Aguirre para destronar a Rajoy. Prada había pasado de ser un hombre de confianza de la presidenta -le nombró vicepresidente aunque poco a poco le fue quitando competencias- a defender la línea política marcada por Rajoy.
- Seguimientos al minuto. Los seguimientos, encargados según los tres ex guardias civiles por Sergio Gamón, ex marido de la secretaria de Esperanza Aguirre, fueron reflejados en partes escritos con una redacción muy pobre y un contenido aparentemente irrelevante.
Los partes del espionaje incluyen, sin embargo, detalles sobre las personas que acompañan a Prada que revelan un interés especial por saber con quién se veía el consejero. El informe de la policía sobre los posicionamientos de los teléfonos de los espías revela un trabajo en equipo. Los ex guardias civiles hacían llamadas de teléfono pocos minutos antes o después, a veces sólo segundos, de las incidencias que se reflejan en los partes, y desde lugares, según los postes teléfonicos que recogieron las llamadas, que nunca distaban más de 500 metros del sitio donde en ese momento se encontraba Prada. Ninguna "contravigilancia" policial se hubiera fijado en detalles referidos a las personas que acompañaban a Prada, a su mujer, a su hija o a las maletas que sacaba de su casa para salir de viaje, ni hubiera perseguido al objetivo por la ciudad.
Los ex guardias civiles aseguran que no confeccionaron los partes, donde hay algunas palabras y números de matrícula manuscritos. Dos peritos calígrafos, que trabajan en relevantes casos de la Audiencia Nacional, elaboraron un informe para EL PAÍS donde atribuían esa letra a José Manuel Pinto, técnico auxiliar de la Comunidad que dependía de Gamón y no tenía asignadas funciones específicas. Otro informe encargado por el Gobierno regional a un perito, ex edil socialista, descartó que la letra fuera de Pinto. Entre las funciones del agente Pinto, según explicó por escrito el consejero de Interior al fiscal de Madrid, estaba la "toma de datos y mecanización de los mismos".
El supuesto "montaje" de los partes, sería imposible sin tener la información suministrada por los guardias civiles desde sus teléfonos cuando seguían a Prada. Los partes coinciden casi al milímetro con la actividad de los móviles de los ex guardias civiles que trabajaban como asesores de Granados.
- ¿Quién lo ordenó? Los tres ex guardias civiles descubiertos por sus móviles en la persecución a Prada, aseguraron a la policía que dependían del consejero Granados, quien los contrató como asesores. Uno de los ex guardias civiles llegó a decir que era "su jefe directo", y que sólo se "coordinaban" con Sergio Gamón. El consejero Granados declaró a este periódico que nunca daba órdenes a los ex guardias civiles sino que era Gamón quien lo hacía. Por su parte, Gamón aseguró a la policía que estos tres ex guardias civiles eran asesores de Granados y que, a veces, trabajaban en tareas de seguridad junto al resto de personal de su departamento. Pero aclaró que, a diferencia de ese personal de su departamento, estos asesores no dependían de él.
- "Contravigilancia". En los seis meses que han pasado desde que EL PAÍS destapó la red de espionaje, ningún dirigente autonómico, hasta el pasado miércoles, había declarado que los agentes bajo sospecha hacían contravigilancia a Prada. En marzo pasado, el consejero Granados elucubraba con la posibilidad de que pudiera tratarse de contravigilancia porque Prada la pidió cuando le robaron en su casa. Prada lo niega: "Nunca me han robado en mi casa. Nunca pedí contravigilancia a nadie de la Comunidad porque, entre otras cosas, yo ya tenía contravigilancia puesta por Interior debido a que mi nombre apareció en unos papeles incautados a ETA".
Hay múltiples testimonios de los ex guardias civiles y agentes autonómicos de Seguridad, tanto en sede parlamentaria como en sede policial, que descartan que entre sus funciones estuvieran las contravigilancias a consejeros. Baste la explicación de Miguel Castaño, subdirector general: "Si un consejero hace un viaje a no sé dónde, a la dirección no nos mandan nada". ¿Por qué? "Porque la seguridad del consejero, vicepresidente o presidenta depende del Cuerpo Nacional de Policía".
Por cierto, tras el espionaje que sufrió Prada, su carrera política terminó en la Comunidad de Madrid. Aguirre le destituyó como consejero unas semanas después.
El fiscal pidió en plazo a Telefónica los datos del espionaje a Cobo
La investigación de los espionajes con dinero público a Alfredo Prada y Manuel Cobo se ha topado con un obstáculo mayor que, de momento, parece insalvable. Telefónica sólo ha facilitado los posicionamientos de los móviles de los supuestos espías desde el 6 de mayo, pese a que los seguimientos recogidos en los partes también incluyen todo el mes de abril y, por un supuesto error, dos días de marzo. Telefónica ha argumentado que, por Ley, sólo puede conservar esos datos con un año de antigüedad y la petición de la juez fue firmada el 6 de mayo de 2009.
Sin embargo, como se recoge en el documento cuya copia encabeza esta información, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, atendiendo a una petición policial ante la tardanza en suministrar datos de la Comunidad de Madrid, solicitó al director general de Telefónica Móviles España Movistar esos mismos datos sobre posicionamiento de los teléfonos de los sospechosos de espionaje el 3 de abril de 2009.
Nadie sabe a estas alturas qué ocurrió con esa petición porque Telefónica sólo ha cumplimentado, de momento, la petición de la juez. Los ex guardias civiles cazados con sus móviles en los lugares donde acudió Prada negaron insistentemente a la juez que hubieran hecho un seguimiento similar al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Y recalcaron que eso quedaría fuera de sus competencias.
Los datos correspondientes al mes de abril podrían desbaratar estas declaraciones y acreditar lo que los partes de seguimiento dicen respecto al espionaje al vicealcalde de Madrid. En dichos partes se recoge cómo los espías acudían al domicilio de Cobo, en un municipio fuera de la capital, y le seguían hasta que llegaba al Ayuntamiento de Madrid. Incluso merodeaban por los alrededores de la Plaza de Cibeles, donde se encuentra el despacho de Cobo, hasta que levantaban el dispositivo por temor a ser reconocidos por los servicios de seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
www.elpais.es 03.08.09
LA JUEZ IMPUTARÁ A UN ALTO CARGO, FICHAJE DE AGUIRRE, POR EL ESPIONAJE
Sergio Gamón, director general de Seguridad hasta julio de 2008 y hombre de confianza de Esperanza Aguirre -ella lo fichó y lo mantuvo como asesor tras destituirlo por el presunto robo de un ordenador del área de Justicia-, es el alto cargo del Gobierno de Madrid que ordenó seguir noche y día al entonces consejero de Justicia y vicepresidente segundo, Alfredo Prada, en 2008. Lo confirmaron ayer los tres asesores -los ex guardias civiles José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado- del consejero de Interior Francisco Granados que declararon como imputados por el espionaje político en el juzgado número cinco de instrucción de Madrid. La juez anunció a los letrados presentes que en septiembre citará a Gamón como imputado por un delito de malversación de caudales públicos.
Los tres ex guardias civiles no sólo admitieron que habían seguido como una sombra a Prada durante repetidas jornadas, desmenuzadas por sus posicionamientos telefónicos, sino que reconocieron que mintieron "por la presión mediática" existente cuando les interrogó la policía en marzo pasado. Entonces negaron haber participado jamás en seguimientos a Prada. Según esto, su jefe, Gamón, también mintió cuando acudió al Parlamento regional: "Nunca he ordenado ni consentido ni amparado ningún tipo de espionaje ni seguimiento a cargos políticos", dijo entonces.
Ahora, medio año después de que EL PAÍS destapara el escándalo, que fue repetidamente desmentido por Aguirre, sus subordinados han reconocido los seguimientos a Prada, pero los encuadraron en supuestas contravigilancias. Sin embargo, a preguntas del letrado de Prada, José Aníbal Álvarez, confesaron una sonora incongruencia: en todas estas repetidas jornadas de marcaje a Prada nunca le informaron de que tal contravigilancia; tampoco a su escolta, ni al Ministerio del Interior. Su coartada plantea un problema añadido: las contravigilancias son competencia del Ministerio del Interior, que sí alertó a Prada cuando lo contravigiló a raíz de una amenaza etarra. Los tres ex guardias explicaron que no redactaron los partes sobre sus seguimientos a Prada, sino que informaban verbalmente a Gamón. La juez, por si acaso, les hizo realizar unas pruebas de escritura para cotejarlas con las anotaciones que figuran en algunos partes.
Los asesores de Granados también recalcaron que ellos informaban igualmente a Gamón si sospechaban de alguna matrícula, pero que era su jefe, el director general de Seguridad, quien accedía a la base de datos para identificarlas (otra tarea ajena legalmente a la Comunidad de Madrid). Entre las matrículas anotadas en los partes figuran algunas reservadas, correspondientes a políticos y miembros del Poder Judicial que comieron con Prada.
Cuando declararon ante la policía en marzo pasado, ninguno de los tres ex guardias invocó que entre sus funciones se encontrara la realización de contravigilancias. Y José Manuel Pinto, otro de los sospechosos, garantizó que tal tarea era ajena a sus funciones legales.
Los tres ex guardias negaron ayer haber seguido o espiado al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, cuyos partes de seguimiento no han podido ser cotejados con los posicionamientos telefónicos de los ocho agentes de Aguirre investigados al haber caducado la fecha de custodia legal de éstos.
(www.elpais.com, 31/07/09)
AGUIRRE SOLO ACTUARÁ EN EL CASO DE LOS ESPÍAS SI SE PRONUNCIA UN JUEZ
La trama de espionaje supuestamente vinculada a la Comunidad de Madrid volvió a convertirse ayer en centro de atención de la opinión pública, ya que tres asesores del consejero de Interior, Francisco Granados, acudieron a declarar a un tribunal como imputados. Eso motivó que la presidenta Esperanza Aguirre se viera obligada a dar su opinión sobre tan espinoso asunto. «El Gobierno de Madrid no ha espiado, ni ordenado espiar, ni consentido ningún espionaje», enfatizó, y a renglón seguido añadió que solo tomará medidas en caso de que los tribunales consigan demostrar lo contrario.
Contradiciendo la versión hasta ahora difundida por el Ejecutivo autonómico, existe un informe policial –ya depositado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid y basado en señales de localización emitidas por los móviles– que apunta a que esos tres agentes estuvieron, el pasado mayo, a la misma hora y en el mismo sitio que varios políticos supuestamente espiados, como el exconsejero Alfredo Prada. Se da la circunstancia de que Prada era antaño hombre de Aguirre y, actualmente, es cargo de confianza de Rajoy.
El abogado de los asesores de Granados sostuvo ayer, en la puerta del tribunal, que sus defendidos habían declarado ante la jueza que «solían realizar labores de contravigilancia», también a Prada. Eso explicaría, a su entender, que pudieran estar en el entorno de los hipotéticamente espiados en fechas determinadas, recogidas en los partes de espionaje publicados por el diario El País. «Nunca se ha hecho ningún seguimiento, nunca se ha hecho una vigilancia con fines de mirar cuáles son las costumbres íntimas de estas personas y no se reconoce ni la autoría de los papeles ni de los partes que se han publicado», subrayó. Quedará por esclarecer si estos agentes tenían competencia, o no, para ejercer esas «tareas de contravigilancia».
Por otro lado, fuentes jurídicas resaltaron que los tres exguardias civiles señalaron, en varias ocasiones, que ellos obedecían al exresponsable de seguridad de Madrid, Sergio Gamón. El detalle tiene relevancia, ya que Gamón fue colocado por la propia Aguirre en la Consejería de Interior y hay políticos que, con clara intención, han insinuado que este podría haber trabajado para la propia Aguirre o para su mano derecha, Ignacio González, y no para Granados. Las partes personadas en este proceso dan por hecho que Gamón se convertirá en el cuarto imputado del caso.
Aguirre no piensa dar más explicaciones hasta que la justicia no se pronuncie. Eso sí, garantizó que si se demuestra que alguien, incluido Granados, cometió alguna irregularidad, actuará en consecuencia.
(www.elperiodico.com, 31/07/09)
LA CONTRAVIGILANCIA SÓLO PUEDE SER REALIZADA POR LA POLICÍA NACIONAL TRAS COMUNICARLA A LA ESCOLTA
La ley es clara al respecto: la protección de los altos cargos corresponde al Ministerio del Interior, que no sólo les proporciona escoltas, sino, eventualmente, una contravigilancia. ¿Qué es una contravigilancia? Comprobar que cuando el alto cargo sale de alguno de sus lugares habituales, despacho o domicilio, no le sigue nadie.
Esta labor la realiza una unidad especial de la policía -en argot, los contras-, que siempre avisa de su tarea al equipo de escolta del alto cargo. El aviso no es una gentileza: es una norma de obligado cumplimiento para no acabar en una ensalada de tiros si los escoltas confunden a sus compañeros con terroristas.
Pero, además, hay un segundo elemento básico en esas misiones: el contravigilante nunca sigue en movimiento al alto cargo, ni a su escolta. Su labor es estática y concluye en observar si alguien extraño sigue al protegido y a su escolta. Si se uniera a la caravana, el terrorista sospecharía que forma parte del dispositivo de seguridad y, en jerga policial, lo mordería. Y su tarea es la contraria, siempre previo aviso a la escolta: que nadie sepa que ese motorista o coche estacionado junto al punto de salida del alto cargo pertenece a las Fuerzas de Seguridad.
Por tanto, ninguna contravigilancia legal incurriría en el estilo aplicado por los hombres de Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad de Esperanza Aguirre: seguir al alto cargo desde que inicia su jornada hasta que la finaliza, pasando por todos los hoteles donde bebe, come o cena, identificar a sus comensales, fotografiarlos, marcarlo en cada acto al que acude.
Pero hay algo más elocuente que la ley y la comparación con la práctica normal de una contravigilancia para discernir si lo que hicieron los agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid fue puro espionaje: los partes. "Sale P acompañado de su mujer y ambos suben oficialmente al vehículo oficial e inician la marcha desconociendo la dirección que toman por falta de medios". Gamón y sus hombres no quieren saber si un etarra sigue a Prada, lo que quieren saber es adónde va, e incluso anotan si "carga dos maletas". Y buscan despistar al escolta: "Observamos un fuerte dispositivo policial en las inmediaciones del puesto de trabajo (...) por ello después de permanecer un tiempo prudencial, decidimos retomar el primer objetivo". Y revelan la frustración cuando lo pierden: "Sale por una calle descubierta por el dispositivo"; "siendo infructuosa la misma" [la espera junto a la salida]; "no se vuelve a localizar el objetivo en toda la tarde".
(www.elpais.com, 31/07/09)
LA PRESIDENTA NIEGA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE SU GOBIERNO
Como si el caso no tuviera nada que ver con la Comunidad de Madrid, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, rechazó ayer cualquier responsabilidad, incluida la política, de su Gobierno en el espionaje a altos cargos de su propio partido, el PP. Y ello a pesar de que tres empleados de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia -José Oreja Sánchez, Antonio Coronado Martínez y José Luis Caro Vinagre, fichados como asesores- están imputados por los seguimientos.
"El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha espiado, ni ordenado espiar, ni consentido ningún espionaje, ni ha hecho nada que tenga que ver con el espionaje", afirmó Aguirre. "El resto, se supone que hacen labores de apoyo, de avanzada, que se viene haciendo aquí [en el Ejecutivo madrileño] desde hace mucho tiempo".
La presidenta también descartó que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, tenga responsabilidad en el caso. "¿Por qué tendría que suspender yo al señor Granados?", planteó.
Cuando se le recordó que el consejero, como jefe de los tres imputados, tiene responsabilidad por acción u omisión, contestó: "Nosotros somos los principales interesados en que se sepa si cualquier empleado de la Comunidad o no, ha cometido algún acto incorrecto y confiamos plenamente en que lo hará la Justicia", puntualizó. "Si el que lo ha cometido ha sido el señor Granados, lo mismo". Preguntada sobre si había pedido la dimisión al señor Granados, negó con la cabeza.
Aguirre destacó varias veces que el asunto está "en los jueces". Sin embargo, no fue la Comunidad de Madrid la que acudió a los tribunales en este caso, sino que fue el ex consejero Alfredo Prada, uno de los espiados, quien lo denunció.
Tampoco quiso comentar Aguirre las declaraciones del día anterior del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, en las que pedía a Granados que contara lo que sabe sobre el espionaje. "No tengo nada que decir ni que comentar", afirmó. Pero cuando se le preguntó sobre lo que le ha podido contar el consejero sobre este asunto, respondió: "A mí el señor Granados me dice siempre lo mismo en privado y en público, y es lo mismo que ha dicho en sede parlamentaria", recalcó.
La presidenta, que también preside el PP madrileño, anunció que no piensa reabrir la comisión de investigación sobre la trama de los espías, como le ha pedido la oposición.
(www.elpais.com, 31/07/09)
La juez citará a Gamón como imputado en el caso del espionaje
Toma la decisión tras escuchar a los ex agentes de Granados que confesaron siguir a Prada por orden del ex director general de Seguridad
La juez del caso del espionaje en Madrid citará en calidad de imputado por un presunto delito de malversación en septiembre al ex director general de Seguridad Sergio Gamón tras oír la declaración de los tres ex guardias civiles del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Los tres agentes de la Consejería de Interior aseguraron que fue Gamón quien les ordenó seguir jornada tras jornada al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada.
Descubre quién es quién en la trama de seguimientos a altos cargos del PP madrileños - CARLOS GÁMEZ
El vicealcalde afirma que alguien ha enloquecido con el poder
Los ex agentes, hombres de confianza de Granados, han reconocido haber estado en los lugares detallados por el informe policial aunque aseguran que no realizaron labores de espionaje sino de contravigilancia, competencia que no tiene asignada la Comunidad de Madrid. Los agentes admitieron que en ningún momento informaron ni a Prada, ni a su escolta, ni al ministerio del Interior del continuado seguimiento que le estaban haciendo objeto al alto cargo del Gobierno de Aguirre.
Enrique Molina, abogado de José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez han indicado que sus defendidos han declarado que "nunca se han hecho seguimientos o vigilancia con la finalidad de vigilar las costumbres íntimas de estas personalidades", sino sólo controles habituales de seguridad y de los edificios. Tras declarar ante la juez Carmen Valcarce por espacio de dos horas y media, los tres guardias civiles han quedado en libertad sin cargos, ha agregado el abogado.
Sin responsabilidades
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha negado hoy cualquier responsabilidad de su Ejecutivo en el caso de los espías y ha dicho que no va a pedir la dimisión de Granados porque "el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha ordenado, ni consentido ningún espionaje, ni ha hecho ningún acto que se pueda calificar de espionaje".
Según el informe policial, basado en la ubicación de los teléfonos móviles de los ex guardias civiles imputados en los días en que se realizaron partes de seguimiento del ex consejero de Interior Alfredo Prada publicados por EL PAÍS, queda demostrado que ellos fueron "los autores de los seguimientos". Fechas y lugares, como el despacho de Prada, su domicilio o su visita Chinchón son coincidentes.
Además de Prada, otro de los pesos pesados del PP madrileño que sufrió los seguimientos fue el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, quien está convencido de que lo espiaron y cree que la Comunidad de Madrid miente. Tras conocer la información publicada por EL PAÍS en la que un informe policial demuestra que desde el Gobierno regional se lo espió a él y a otros líderes del PP, Cobo improvisó ayer una rueda de prensa en la que disparó contra el secretario general de su partido en Madrid y consejero de Interior del Gobierno Regional, Francisco Granados
Reacción de Cobo
A él y a los tres ex guardias civiles que han declarado hoy ante la juez y que Granados fichó como asesores de seguridad, les pidió Cobo "que digan la verdad". Pese a que la policía opina lo contrario, todos ellos han asegurado ya que no hubo tales seguimientos. Una versión que asume todo el Gobierno de Esperanza Aguirre. Cobo, visiblemente molesto, acusó a Granados de mantener versiones distintas, en público y en privado, sobre el espionaje. "Mi recomendación es que digan la verdad [los guardias civiles] porque otras personas [Granados] que públicamente dicen una cosa, cuentan otra en privado, incluso a medios de comunicación, con lo cual yo me fiaría muy poco de los que pueden pedirles que sigan manteniendo una versión que no es la real", lanzó Cobo en referencia al secretario general de su partido.
En su comparecencia, la mano derecha de Gallardón no descartó que cargos más importantes del PP fueran espiados: "Cuando alguien se emborracha de poder, cuando alguien enloquece con el poder o cuando alguien piensa que es impune a todo, esas personas no van a parar en Manuel Cobo o en Alfredo Prada". También se refirió al cerrojazo que dio su partido a la comisión de investigación sobre este asunto en la Asamblea de Madrid y a los intentos de ridiculizar las informaciones sobre el espionaje. "Se ha dicho que los partes habían sido inexistentes, se ha obstaculizado, se ha mentido y se ha engañado y se negó toda actuación de seguimiento a las personas a las que EL PAÍS y otros medios han publicado, de acuerdo a unos partes que fueron facilitados en su día dentro de esa Consejería de Interior", criticó.
www.elpais.es 30.07.09
COBO SEÑALA A GRANADOS POR EL CASO DE LOS ESPÍAS
La venganza está servida. Ayer, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se despachó a gusto. No le hizo falta pensar en cuando tuvo que renunciar a la presidencia del PP de Madrid en 2004, ni en las guerras intestinas en las que se ha visto enzarzado su equipo con el de Esperanza Aguirre. Le bastó con recordar que había sido objeto de seguimientos para que le hirviera la sangre. Y no dudó en señalar a un responsable: Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.
"Que diga la verdad de todo lo que sabe o al menos que diga lo que va diciendo que sabe", le exigió a Granados. La mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón quiere respuestas sobre los supuestos espionajes a políticos que se produjeron desde su Departamento y que también afectan al ex consejero, Alfredo Prada.
Cobo no dudó en arremeter contra aquellos que han tratado de "ridiculizar" y "obstaculizar" tanto las investigaciones policiales, como las judiciales y periodísticas. Se refería así al carpetazo que se le dio a la comisión de investigación de la Asamblea madrileña que se resolvió en tres sesiones. En ella se vetó la comparecencia de los tres guardias civiles que hoy declaran ante el juzgado. Ayer PSOE e IU aprovecharon para exigir su "inmediata reapertura".
El vicealcade también pidió a los agentes que confesaran. "Nadie de buena fe les va a reprochar que cuenten qué labores les fueron encomendadas durante el tiempo que han sido detectados los seguimientos porque son actuaciones realizadas por obediencia y porque es una salida honorable", dijo incitándoles a denunciar a la persona al frente.
En la Comunidad de Madrid no daban crédito a sus palabras. Granados no quiso responder en público. Fuentes cercanas a él se encargaron de trasladar su indignación a quien preguntara por él .
En el Gobierno regional dolió mucho una de sus indirectas. "Cuando alguien se emborracha de poder y cree que es impune a todo, no para en Cobo o Prada", dijo el vicealcalde despertando ciertas iras al apuntar hacia lo alto.
Los colaboradores de Granados retaron a Cobo a hablar. "Si tiene información que sea contraria a la que él declaró en la Asamblea regional que lo cuente", respondieron. Afirmaban que todo lo que se estaba diciendo era "absolutamente falso" y exigían un respeto porque Francisco Granados es "su secretario general".
Ayer la oposición pidió la dimisión de Granados. En el PP de Madrid algunos creen que los cargos del consejero se tambalean. Pero este ya ha anunciado que no tiene intención de marcharse porque tiene la conciencia "muy tranquila". La dirección nacional del PP se remitió al procedimiento judicial para no hablar sobre el asunto. Y hoy Aguirre, tras la reunión del Consejo de Gobierno, dará su visión de los hechos.
Se investiga si hubo malversación de fondos por parte de Interior para sufragar los gastos de los supuestos espionajes.
(www.publico.es, 30/07/09)
COBO ACUSA AL CONSEJERO DE INTERIOR DE OCULTAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE
Está convencido de que le espiaron y cree que la Comunidad de Madrid, gobernada por miembros de su partido, miente. Tras conocer la información publicada por EL PAÍS en la que un informe policial demuestra que desde el Gobierno regional se espió a él y a otros líderes del PP, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, improvisó ayer una rueda de prensaen la que disparó contra el secretario general de su partido en Madrid y consejero de Interior del Gobierno Regional, Francisco Granados. A él y a los tres ex guardias civiles imputados en el caso de espionaje, que declaran hoy ante la juez y que Granados fichó como asesores de seguridad, les pidió Cobo "que digan la verdad". Pese a que la policía opina lo contrario, todos ellos han asegurado ya que no hubo tales seguimientos. Una versión que asume todo el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Cobo, visiblemente molesto, acusó a Granados de mantener versiones distintas, en público y en privado, sobre el espionaje. "Mi recomendación es que digan la verdad [los guardias civiles] porque otras personas [Granados] que públicamente dicen una cosa, cuentan otra en privado, incluso a medios de comunicación, con lo cual yo me fiaría muy poco de los que pueden pedirles que sigan manteniendo una versión que no es la real", lanzó Cobo en referencia al secretario general de su partido.
"Que diga la verdad de todo lo que sabe o al menos que diga lo que va diciendo que sabe", le exigió a Granados. "Con eso bastaría". Además, apeló al "honor" de los guardias civiles para que hoy no acepten presiones y expliquen a la juez quién ordenó los seguimientos. "Las actuaciones realizadas por obediencia deben ser puestas en conocimiento del juzgado", insistió.
Según el informe policial, basado en la ubicación de los teléfonos móviles de los ex guardias civiles imputados en los días en que se realizaron partes de seguimiento del ex consejero de Interior Alfredo Prada, queda demostrado que ellos fueron "los autores de los seguimientos". Fechas y lugares, como el despacho de Prada, su domicilio o su visita Chinchón son coincidentes.
Esperanza Aguirre aguarda la declaración hoy de los tres ex guardias civiles para tomar decisiones respecto al espionaje con dinero público a cargos del PP, entre ellos el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, destituido de su cargo semanas después de haber sufrido los seguimientos. En el Gobierno regional hay temor a que la confesión de los agentes pueda desencadenar la caída de algún consejero, según fuentes del propio Ejecutivo.
En su comparecencia, la mano derecha de Gallardón no descartó que cargos más importantes del PP fueran espiados: "Cuando alguien se emborracha de poder, cuando alguien enloquece con el poder o cuando alguien piensa que es impune a todo, esas personas no van a parar en Manuel Cobo o en Alfredo Prada".
También se refirió al cerrojazo que dio su partido a la comisión de investigación sobre este asunto en la Asamblea de Madrid y a los intentos de ridiculizar las informaciones sobre el espionaje. "Se ha dicho que los partes habían sido inexistentes, se ha obstaculizado, se ha mentido y se ha engañado y se negó toda actuación de seguimiento a las personas a las que los medios de comunicación han publicado, de acuerdo a unos partes que fueron facilitados en su día dentro de esa Consejería de Interior", criticó.
(www.elpais.com, 30/07/09)
PRADA: "ALGUIEN DEBERÁ PEDIR DISCULPAS"
"Algunas personas tendrán que dar explicaciones y otros deberán pedir disculpas cuando se resuelva todo esto". Así de rotundo se mostró ayer el ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y diputado regional, Alfredo Prada, que fue objeto de espionaje por parte de asesores adscritos a la Consejería de Presidencia e Interior.
Prada, que se encuentra de vacaciones, se mostró satisfecho de que "los asuntos se estén esclareciendo a raíz de las investigaciones". El ex consejero madrileño también lanzó una invitación a Esperanza Aguirre: "Espero que haga un ejercicio de responsabilidad en su condición de presidenta regional y como dirigente del partido".
"Tengo mi más sincera confianza en la Administración de Justicia y que estos hechos queden perfectamente esclarecidos, como todo apunta que llegará la investigación que está haciendo la policía", concluyó Prada.
(www.elpais.com, 30/07/09)
EL GOBIERNO DE AGUIRRE TEME LA DECLARACIÓN DE LOS ESPÍAS ANTE LA JUEZ
La presidenta del Gobierno regional de Madrid, Esperanza Aguirre, aguarda la declaración hoy de los tres ex guardias civiles imputados en la trama de espionajes políticos que afecta al PP para tomar decisiones respecto al uso de dinero público para financiar los seguimientos a cargos de su propio partido, entre ellos el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, destituido de su cargo semanas después de haber sufrido los seguimientos. En el Gobierno regional hay temor a que la confesión de los agentes pueda desencadenar la caída de algún consejero, según fuentes del propio Ejecutivo.
Además de Prada, otro de los pesos pesados del PP madrileño que sufrió los seguimientos fue el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, quien está convencido de que le espiaron y cree que la Comunidad de Madrid miente. Tras conocer la información publicada por EL PAÍS en la que un informe policial demuestra que desde el Gobierno regional se espió a él y a otros líderes del PP, Cobo improvisó ayer una rueda de prensa en la que disparó contra el secretario general de su partido en Madrid y consejero de Interior del Gobierno Regional, Francisco Granados
A él y a los tres ex guardias civiles que declaran hoy ante la juez y que Granados fichó como asesores de seguridad, les pidió Cobo "que digan la verdad". Pese a que la policía opina lo contrario, todos ellos han asegurado ya que no hubo tales seguimientos. Una versión que asume todo el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Cobo, visiblemente molesto, acusó a Granados de mantener versiones distintas, en público y en privado, sobre el espionaje. "Mi recomendación es que digan la verdad [los guardias civiles] porque otras personas [Granados] que públicamente dicen una cosa, cuentan otra en privado, incluso a medios de comunicación, con lo cual yo me fiaría muy poco de los que pueden pedirles que sigan manteniendo una versión que no es la real", lanzó Cobo en referencia al secretario general de su partido.
"Que diga la verdad de todo lo que sabe o al menos que diga lo que va diciendo que sabe", le exigió a Granados. "Con eso bastaría". Además, apeló al "honor" de los guardias civiles para que hoy no acepten presiones y expliquen a la juez quién ordenó los seguimientos. "Las actuaciones realizadas por obediencia deben ser puestas en conocimiento del juzgado", insistió.
Según el informe policial, basado en la ubicación de los teléfonos móviles de los ex guardias civiles imputados en los días en que se realizaron partes de seguimiento del ex consejero de Interior Alfredo Prada publicados por EL PAÍS, queda demostrado que ellos fueron "los autores de los seguimientos". Fechas y lugares, como el despacho de Prada, su domicilio o su visita Chinchón son coincidentes.
En su comparecencia, la mano derecha de Gallardón no descartó que cargos más importantes del PP fueran espiados: "Cuando alguien se emborracha de poder, cuando alguien enloquece con el poder o cuando alguien piensa que es impune a todo, esas personas no van a parar en Manuel Cobo o en Alfredo Prada".
También se refirió al cerrojazo que dio su partido a la comisión de investigación sobre este asunto en la Asamblea de Madrid y a los intentos de ridiculizar las informaciones sobre el espionaje. "Se ha dicho que los partes habían sido inexistentes, se ha obstaculizado, se ha mentido y se ha engañado y se negó toda actuación de seguimiento a las personas a las que EL PAÍS y otros medios han publicado, de acuerdo a unos partes que fueron facilitados en su día dentro de esa Consejería de Interior", criticó.
(www.elpais.com, 30/07/09)
LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESPÍAS REVELA LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO EN LA ASAMBLEA
"El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 6 a 12 meses". Este artículo, el 502.3 del Código Penal, podría haber sido vulnerado por los altos cargos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, incluido su titular, Francisco Granados, cuando fueron llamados por la comisión de investigación de la Asamblea que, entre el 6 de febrero y el 16 de marzo, estudió la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid.
El consejero Granados, uno de sus viceconsejeros, Alejandro Halffter y el director de Seguridad, Sergio Gamón mantuvieron en la Asamblea de Madrid que desde la consejería no se habían realizado seguimientos a altos cargos y representantes del PP. La investigación policial ha demostrado ahora lo contrario.
Lo afirma el informe elaborado por los agentes de la policía, en el que compara los partes de seguimiento al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, con las ubicaciones de los móviles de José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado Martínez. Estos tres ex guardias civiles, asesores del consejero de Interior, "han sido los autores de los partes de seguimiento analizados y, por tanto, los autores de los seguimientos y vigilancias a que dichos partes hacen referencia", según el informe.
Esta conclusión policial contradice, por ejemplo, lo afirmado en la Asamblea el pasado 9 de marzo por el entonces director de Seguridad, según consta en el diario de sesiones de ese día: "Los equipos a mi cargo durante mi etapa como director general no se dedicaron jamás a esas actividades que, por cierto, se recogen en panfletos; anotaciones, no". Los tres guardias civiles ahora imputados fueron fichados como asesores de la consejería de Granados.
"Esos partes en muchos casos son erróneos, cuando no falsos", afirmó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior en su turno de comparecencia en la comisión, el pasado 11 de marzo, según el diario de sesiones.
Por estas declaraciones, entre otras, realizadas en sede parlamentaria, los dos grupos de la oposición, PSM e IU, están estudiando acudir a la fiscalía, porque podrían ser constitutivas de delito. Tanto Maru Menéndez (PSM) como Inés Sabanés (IU) explicaron que, antes, escucharán lo que digan hoy los tres imputados ante el juez.El informe policial ha puesto de manifiesto que sí existieron seguimientos y que los realizaron empleados de la Comunidad de Madrid. Por eso, los grupos parlamentarios de la oposición, PSM e IU, están estudiando llevar a la fiscalía las declaraciones de los altos cargos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, según aseguraron sus dos portavoces, Maru Menéndez e Inés Sabanés.
Creen que los altos cargos de la consejería habrían podido cometer el delito que establece el artículo 504 del Código Penal, que castiga a quienes faltan a la verdad cuando son llamados por una comisión de investigación de un Parlamento. Ambas portavoces insistieron ayer en que la comisión de investigación, cerrada en falso por el PP, debe reabrirse.
"En el Gobierno regional, hay una crisis de legitimidad como yo no he visto nunca", subrayó ayer la portavoz de IU, Inés Sabanés. "En este momento, el Gobierno regional está derivando responsabilidades con versiones contradictorias. Hacen falta dimisiones. Esto no se puede saldar con que de tapadillo y en verano se produzcan dos o tres cambios de consejeros".
Sabanés insistió en que los altos cargos del PP pudieron "verter falsedades en comisión", hecho que calificó de muy grave, y que ahora están cayendo en versiones contradictorias. "Aquel que decía que Gamón decía la verdad o que jamás había ordenado los seguimientos, ahora dice que igual se han producido los seguimientos", agregó Sabanés en referencia al consejero Granados. La portavoz de IU recordó que éste declaró el pasado martes que las órdenes a los tres imputados "se las daría Sergio Gamón [fichado personalmente por Esperanza Aguirre como director general de Seguridad]". "O mintió Gamón, o Granados, o todos", sentenció.
En la misma línea, la portavoz socialista, Maru Menéndez, subrayó que no va a permitir que "entre Aguirre y Granados se convierta a Gamón en cabeza de turco". Recordó que el consejero Granados contrató directamente a los tres agentes imputados, "y la presidenta, a Gamón", agregó.
Menéndez afirmó que su grupo agotará las iniciativas parlamentarias para exigir responsabilidades al Gobierno regional "como la petición de reunión de la Diputación Permanente". La portavoz socialista agregó: "Estudiaremos ir a la fiscalía por las mentiras que se han dicho en la sede parlamentaria".
Éstas son algunas de las frases que pronunciaron los altos cargos de la consejería en la comisión de investigación, según recogen los diarios de sesiones:
FRANCISCO GRANADOS Consejero de Presidencia, Justicia e Interior
"Lo único que le digo y le acredito con documentos es que ni nosotros hemos creado esa estructura -que la creó el señor Leguina-, ni la hemos impulsado en su configuración actual -que lo hizo el señor Gallardón- ni nosotros hemos hecho funciones que no se hayan hecho con los gobiernos del señor Leguina y del señor Gallardón; y no es una opinión, es que es un hecho probado".
"A ustedes les parece tan raro que [los agentes] vayan de avanzada, antes de que llegue el alto cargo, simplemente para ver si hay algún problema, y que ya quedó acreditado que se hacía con el señor Leguina y con el señor Gallardón".
ALEJANDRO HALFFTER Viceconsejero de Interior
"Tengo que decir que no he visto en mi vida, ni conozco, ninguno de los supuestos partes; por tanto, no sé quién los ha podido confeccionar ni si corresponden a algún seguimiento efectuado a altos cargos. Pero sí les puedo asegurar que desde nuestra consejería no se ha ordenado el seguimiento -yo por supuesto no he ordenado ningún seguimiento ni el consejero, tampoco- o se ha espiado a nadie, como así se ha demostrado en las comparecencias de todos los responsables de seguridad que han ido apareciendo en esta comisión".
SERGIO GAMÓN Director de Seguridad
"Quiero que quede muy claro que nunca he ordenado, consentido o amparado ningún tipo de espionaje ni seguimiento a cargos políticos, ninguno. Y que no he conocido jamás ninguna acción de este tipo dentro de la dirección general en la que yo, en su tiempo, era responsable".
Las declaraciones en el Parlamento
- Sergio Gamón, director de Seguridad: "Los equipos a mi cargo durante mi etapa como director general no se dedicaron jamás a esas actividades que, por cierto, se recogen en panfletos; anotaciones, no".
- Alejandro Halffter, viceconsejero de Presidencia e Interior: "Les puedo asegurar que desde nuestra consejería no se ha ordenado el seguimiento -yo por supuesto no he ordenado ningún seguimiento, ni el consejero tampoco- o se ha espiado a nadie, como así se ha demostrado en las comparecencias de todos los responsables de seguridad".
- Francisco Granados, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. "A ustedes les parece tan raro que [los agentes] vayan de avanzada, antes de que llegue el alto cargo, simplemente para ver si hay algún problema, y que ya quedó acreditado que se hacía con el señor Leguina y con el señor Gallardón"
(www.elpais.com, 30/07/09)
EL RASTRO TELEFÓNICO QUE DELATÓ A LOS ESPÍAS DE GRANADOS
Los teléfonos móviles de los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid siempre estuvieron a sólo unos metros de Alfredo Prada en mayo de 2008. Si el entonces consejero de Justicia iba a Sol, el repetidor de dicha plaza enganchaba a los teléfonos de los asesores de Francisco Granados, consejero de Interior. Si volvía a su casa, los teléfonos de los tres ex guardias civiles conectaban con el repetidor más cercano a ella. Si Prada iba a Chinchón o a Brea de Tajo, allí saltaba su conexión telefónica.
El informe policial sobre la actividad de los asesores-espías a sueldo de la consejería de Interior es demoledor. Apenas coteja "siete días significativos" de mayo de 2008 de los 35 partes de vigilancia, pero el resultado es elocuente. Telefónica los ubica, sin margen de error, por sus conexiones con las antenas usadas en cada instante. Hoy, esos teléfonos estarán enganchados a la antena más próxima a los juzgados de Plaza de Castilla, donde declaran por supuesta malversación de fondos públicos.
Éstas son las pruebas de los seguimientos a Prada recogidas en el informe de la policía entregado a la juez del caso.
- 7 de mayo de 2008. El parte de los espías reza lo siguiente: "A las 14.05 sale P [Prada] (de su trabajo) y se dirige a su domicilio, al que llega sobre las 14.15". ¿Dónde se hallan los espías a esas horas? "Los teléfonos usados por José Luis Caro y Antonio Coronado se encuentran en la zona de influencia de los repetidores Rubén Darío / Hermanos Bécquer, Don Ramón de la Cruz precisamente entre las horas 13.54 y las 14.14 horas. Tengamos en cuenta que el lugar de trabajo de Prada en tales fechas era la consejería de Justicia, sita en Madrid, calle Miguel Ángel 28, y su domicilio es en Madrid, calle de Núñez de Balboa [muy próximas ambas a los repetidores]", precisa el informe policial. El marcaje continúa: "A las 18.35 sale P (de su domicilio), toma el vehículo y se dirige a Sol". Y los teléfonos usados por Oreja y Coronado "se encuentran en la zona de influencia de los repetidores de Sol, donde reciben o emiten llamadas entre las 18.59 y las 21.07 horas".
- 12 de mayo de 2008. "Sobre las 13.15 horas llega P a la Asamblea". Y "los teléfonos usados por Oreja, Caro y Coronado se encuentran en la zona de influencia del repetidor Asamblea precisamente entre las 13.49 y 14.10". Sigue el espionaje: "En torno a las 21 horas sale P del trabajo y se dirige a su domicilio al que llega a las 21.10 horas. A las 22.00 horas y viendo que no hay movimientos desmontamos el dispositivo". Naturalmente, "los teléfonos usados por Caro y Coronado se encuentran en la zona de influencia de los repetidores de Hermosilla y Ayala, donde reciben o emiten llamadas entre las 21.28 y las 21.56". La policía resalta que dichos repetidores se encuentran junto a la vivienda y despacho de Prada.
- 13 de mayo de 2008. "Sobre las 12.20 horas detectamos el vehículo de P en el aparcamiento interno de Chinchón. En torno a las 18.15 horas sale P del parador en dirección Madrid, llegando a su trabajo sobre las 19.00". Y ese día y a esa hora los asesores de Granados, que negaron ante la policía haber seguido a Prada, nuevamente están cosidos a él. "Los teléfonos usados por Oreja, Caro y Coronado se encuentran en la zona de influencia de los repetidores de Chinchón, precisamente entre las 12.31 y 18.44".
"A las 19.35 horas sale P de su trabajo y toma dirección a su domicilio, al que llega sobre las 19.45". Sus custodios le siguen: "Los teléfonos usados por Oreja y Caro se encuentran en la zona de influencia del repetidor de Hermosilla, donde reciben o emiten llamadas entre las 19.49 y las 20.02 horas". Nuevamente, la policía recuerda que es un repetidor cercano a la casa y despacho de Prada.
- 20 de mayo de 2008. "Sobre las 16.35 horas sale P de su domicilio, a las 16.45 horas llega a Sol". El teléfono de Caro "se encuentra en la zona de influencia de Sol a las 16.45". Prada se mueve: "Sale de Sol a las 17.30 y se dirige a su trabajo al que llega a las 17.40 horas". Su sombra, Caro, le sigue: "Su móvil está a las 17.40 en Rubén Darío".
"A las 20.45 sale P de su trabajo, se dirige caminando hasta el Hotel Hesperia. Se reúne en el interior del hotel con un hombre de edad avanzada. Sobre las 21.45 P abandona el citado hotel". El móvil vuelve a delatar al espía Caro: "20.52 y 21.54 en hotel Hesperia". Los espías anotaron que fotografiaron a ese hombre de edad avanzada, que resultó ser Álvaro Renedo, ex director de Telemadrid, que horas antes se había reunido con Granados, molesto con la información de confidenciales vinculados con el ex antiguo amigo de Aguirre. Luego, Prada vuelve a su domicilio. Y el asesor de Granados, a tenor de su móvil, lo sigue fielmente: "Hermanos Bécquer, 18.21 horas; Rubén Darío, 20.45 horas; San Juan de la Cruz, 21.14 horas; Infinorsa, 21.50". Pero los espías pierden el rastro de su víctima: "Dirigido todo el operativo a las proximidades de su domicilio, no se detecta por lo que sobre las 22.30 se desmonta el mismo". La telefonía nuevamente ubica a Caro: su móvil está a las "22.23 horas en Hermosilla". El teléfono de Coronado muestra un itinerario idéntico en pos de Prada: lo sigue como una sombra cuando sale del despacho, cuando va a Sol, cuando entra en el Hotel Hesperia y cuando acude a su casa por la noche. Oreja comparte el mismo trayecto. Los tres vigilan a Prada a lo largo de toda su jornada.
- 22 de mayo de 2008. Ese día Prada sale de su casa, va al despacho y a las 13.50 llega a la Asamblea, según el parte de los espías. El teléfono delata que Caro está en la Asamblea entre "las 14.31 y 15.49". A las 23.15, Prada regresa a casa, donde llega a las 23.30. Los espías desmontan el operativo, según el parte, a las 23.45. A las 23.15 está Caro junto al repetidor más cercano, en Ramón de la Cruz.
- 23 de mayo de 2008. "11 horas. Se monta. Está en Brea de Tajo". Y allí están los agentes Oreja y Coronado, a tenor de sus móviles, "precisamente entre las horas 11.53 y 13.09". A las 13 horas Prada se va de Brea y lo pierden en la entrada de la R-2 a las 13.20 horas en dirección a Madrid. El móvil de Coronado traza igual ruta: Villarejo de Salvanés 12.55 horas; Perales de Tajuña 13.06; Arganda del Rey, 13.21 y calle Almagro en Madrid 14.17. El parte corrobora tal recorrido: "20.15 horas. Desde la hora anterior a esta última hora se le realiza esperas en su trabajo y domicilio, al no aparecer se desmonta". En todo caso los espías, una noche más, acaban junto a su vivienda, según revelan sus móviles, tras rastrear infructuosamente su paradero: "Ortega y Gasset, 19.55".
El lenguaje de los espías, una vez más, revela a las claras que su objetivo no es atisbar potenciales riesgos para Prada, no es detectar quién lo sigue, sino seguirlo sin más. El perseguido es Prada. Él parece ser el peligro para alguien que desea saber hasta el último de sus movimientos. Por otro lado, las contravigilancias, ajenas a las competencias de Granados, siempre se hacen en los domicilios, según indican los profesionales, nunca en desplazamientos.
- 26 de mayo de 2008. Ese día Prada acude a un acto en Esade a las 18.45 horas, según refleja el parte de los espías. Los asesores de Granados no quieren perdérselo. El teléfono de Oreja "se encuentra en la zona de influencia del repetidor Esade precisamente a las 20.17 horas". El espiado cambia de escenario. "19.55 sale del anterior y se dirige al hotel Palace, llegando a las 20.20". El sargento Oreja cree que vale la pena seguirlo: su teléfono se halla "en la zona de influencia del repetidor del Congreso de los Diputados precisamente a las 20.17 horas". Y, una vez más, la guardia pretoriana de Granados casi entra en casa de Prada. "22.10 sale del Palace, llega a casa a las 22.20. 22.40 se desmonta..." Oreja, según delatan los datos de Telefónica, en efecto, se halla en "la zona de influencia de Hermosilla precisamente a las 22.22 horas".
Granados, días atrás, aseguraba públicamente que no vería relevante que coincidieran en algún punto sus agentes bajo investigación judicial por espionaje y los espiados por mor de unas supuestas contravigilancias. No es que coincidan: es que los asesores de Granados no hacen otra cosa que estar pegados a Prada hora tras hora, día tras día. Y cuando lo pierden, se quejan y se van a casa. Previa llamada. ¿A quién? Las acusaciones quieren despejar ese interrogante. Esas llamadas los conectarían con el jefe de los espías.
(www.elpais.com, 30/07/09)
AGUIRRE NI ASUME RESPONSABILIDADES POR EL CASO DE LOS ESPÍAS, NI PIDE LA DIMISIÓN A GRANADOS
Como si el caso de los espías no fuera con la Comunidad de Madrid. Pese a que tres empleados de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia, fichados como asesores personales, están imputados por malversación de fondos públicos al haber seguido a altos cargos del PP, la presidenta regional Esperanza Aguirre ha negado hoy cualquier responsabilidad de su Ejecutivo. "El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha ordenado, ni consentido ningún espionaje, ni ha hecho ningún acto que se pueda calificar de espionaje", ha afirmado Aguirre. "El resto, se supone que hacen labores de apoyo, de avanzada, que se viene haciendo aquí [en la Comunidad de Madrid] desde hace mucho tiempo".
La presidenta madrileña también ha descartado que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior tenga responsabilidad sobre estos trabajadores, por acción o por omisión. "Nosotros somos los principales interesados en que se sepa si cualquier empleado de la Comunidad o no, ha cometido algún acto incorrecto", ha puntualizado. "Y confiamos en la Justicia". Según la presidenta, si el señor Granados ha sido el que ha cometido esos actos, "lo mismo", ha agregado. "Pero hasta ahora eso no se ha puesto de manifiesto y será un juez el que decida si tiene responsabilidad". Preguntada sobre si había pedido la dimisión al señor Granados, ha negado con la cabeza.
Tampoco ha querido comentar Esperanza Aguirre las declaraciones del día anterior del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, en las que pedía a Granados que contara lo que sabe sobre el espionaje. "No tengo nada que decir ni que comentar", ha afirmado ¡. Pero, cuando se le preguntó sobre lo que le ha podido contar el consejero sobre este asunto, ha respondido: "A mí el señor Granados me dice siempre lo mismo en privado y en público, y es lo mismo que ha dicho en sede parlamentaria", ha recalcado. Tampoco el vicepresidente regional, Ignacio González ha querido hablar sobre Cobo.
La presidenta, que también preside el PP madrileño, ha negado además que tenga pensado reabrir la comisión de investigación, como le han pedido las portavoces de la oposición, PSM e IU. "No tengo pensado reabrir ninguna comisión", ha zanjado
(www.elpais.com, 30/07/09)
LOS EX AGENTES DE GRANADOS NIEGAN HABER REALIZADO ESPIONAJES A PRADA
Los tres ex guardias civiles imputados en la trama de espionajes políticos que afecta al PP madrileño han negado hoy, durante su declaración en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Madrid, haber espiado al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada. Los ex agentes, hombres de confianza del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, han reconocido, sin embargo, haber estado en los lugares detallados por el informe policial sobre los espionajes a Prada aunque aseguran que no realizaron labores de espionaje sino de contraespionaje, encargadas por el responsable de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, según informa Cadena SER.
Enrique Molina, abogado de José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez han indicado que sus defendidos han declarado que "nunca se han hecho seguimientos o vigilancia con la finalidad de vigilar las costumbres íntimas de estas personalidades", sino sólo controles habituales de seguridad y de los edificios. Tras declarar ante la juez Carmen Valcarce por espacio de dos horas y media, los tres guardias civiles han quedado en libertad sin cargos, ha agregado el abogado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha negado hoy cualquier responsabilidad de su Ejecutivo en el caso de los espías y ha dicho que no va a pedir la dimisión de Granados porque "el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha ordenado, ni consentido ningún espionaje, ni ha hecho ningún acto que se pueda calificar de espionaje".
Según el informe policial, basado en la ubicación de los teléfonos móviles de los ex guardias civiles imputados en los días en que se realizaron partes de seguimiento del ex consejero de Interior Alfredo Prada publicados por EL PAÍS, queda demostrado que ellos fueron "los autores de los seguimientos". Fechas y lugares, como el despacho de Prada, su domicilio o su visita Chinchón son coincidentes.
Además de Prada, otro de los pesos pesados del PP madrileño que sufrió los seguimientos fue el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, quien está convencido de que lo espiaron y cree que la Comunidad de Madrid miente. Tras conocer la información publicada en la que un informe policial demuestra que desde el Gobierno regional se lo espió a él y a otros líderes del PP, Cobo improvisó ayer una rueda de prensa en la que disparó contra el secretario general de su partido en Madrid y consejero de Interior del Gobierno Regional, Francisco Granados
A él y a los tres ex guardias civiles que han declarado hoy ante la juez y que Granados fichó como asesores de seguridad, les pidió Cobo "que digan la verdad". Pese a que la policía opina lo contrario, todos ellos han asegurado ya que no hubo tales seguimientos. Una versión que asume todo el Gobierno de Esperanza Aguirre. Cobo, visiblemente molesto, acusó a Granados de mantener versiones distintas, en público y en privado, sobre el espionaje. "Mi recomendación es que digan la verdad [los guardias civiles] porque otras personas [Granados] que públicamente dicen una cosa, cuentan otra en privado, incluso a medios de comunicación, con lo cual yo me fiaría muy poco de los que pueden pedirles que sigan manteniendo una versión que no es la real", lanzó Cobo en referencia al secretario general de su partido.
En su comparecencia, la mano derecha de Gallardón no descartó que cargos más importantes del PP fueran espiados: "Cuando alguien se emborracha de poder, cuando alguien enloquece con el poder o cuando alguien piensa que es impune a todo, esas personas no van a parar en Manuel Cobo o en Alfredo Prada". También se refirió al cerrojazo que dio su partido a la comisión de investigación sobre este asunto en la Asamblea de Madrid y a los intentos de ridiculizar las informaciones sobre el espionaje. "Se ha dicho que los partes habían sido inexistentes, se ha obstaculizado, se ha mentido y se ha engañado y se negó toda actuación de seguimiento a las personas a las que EL PAÍS y otros medios han publicado, de acuerdo a unos partes que fueron facilitados en su día dentro de esa Consejería de Interior", criticó.
(www.elpais.com, 30/07/09)
AGUIRRE RECHAZA REABRIR LA COMISIÓN POR EL CASO DE LOS ESPÍAS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, negó este jueves que vaya a reabrir la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre los presuntos espionajes, ahora que han sido imputados tres asesores de seguridad de la Consejería de Interior, al tiempo que se preguntó por qué tendría que suspender al responsable de este departamento, Francisco Granados.
"¿Por qué tendría que suspender yo al señor Granados?", preguntó al ser cuestionada sobre si tiene intención de cesar a su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por el caso de los presuntos espionajes a cargos políticos.
Aguirre, que no quiso comentar las duras acusaciones del vicealcalde, Manuel Cobo , ayer en rueda de prensa, donde pidió a Granados que diga lo que sabe sobre esta cuestión, defendió nuevamente que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha espiado ni ha ordenado a espiar ni ha consentido ningún espionaje, ni ha hecho nada que tenga que ver con el espionaje".
Este asunto, dijo Aguirre, "está en los jueces". "Y nosotros somos los principales interesados en que se sepa si alguien ha cometido alguna irregularidad y confiamos plenamente que eso lo hará la justicia. Ya lo dijo el periodista que lo denunciaba, que ni la presidenta, ni el vicepresidente ni el consejero..., estaba convencido que habían ordenado nada de esto", indicó.
"¿El resto de las personas? pues mire usted se supone que hacen unas labores de avanzada, de apoyo. etc que vienen haciéndose aquí desde hace mucho tiempo", señaló la presidenta."Yo desde luego no tengo pensado reabrir ninguna comisión", agregó.
No obstante, destacó que Granados recibirá el mismo tratamiento que el resto de los cargos de la Comunidad si se llegase a demostrar alguna irregularidad.
(www.publico.es, 30/07/09)
LA POLICÍA INDICA AL JUEZ QUE HUBO SEGUIMIENTOS A ALFREDO PRADA
El pasado 24 de julio, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal remitió un informe al Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid en el que aseguraba que el ex consejero de la Comunidad Alfredo Prada fue objeto de seguimientos y vigilancias.
En su escrito, los analistas policiales desglosan parte del material facilitado por Telefónica sobre el posicionamiento de los teléfonos móviles de tres de los asesores de seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Los especialistas de la Policía Judicial entienden que esos posicionamientos coinciden con los polémicos partes sobre los seguimientos a Alfredo Prada. Estos tres asesores de Interior han sido ya imputados por la juez instructora y acudirán a declarar el próximo día 31. Prada tiene previsto pedir prisión para los investigados por este supuesto caso de espionaje. En su informe, la Policía concluye que estos tres asesores «han sido los autores de los partes de seguimiento analizados y, por lo tanto, los autores de los seguimientos y vigilancias a que dichos partes hacen referencia», indica el informe policial. Los investigados negaron ante la juez haber realizado seguimientos a Prada.
La Policía adjuntan «los datos de los posicionamientos facilitados por Movistar» de los móviles de estos tres imputados. «Los anteriores seguimientos», indica el informe policial, «son a una persona identificada como P, que sin ninguna duda se trata de Alfredo Prada», asegura categóricamente la Policía.
Además, «se adjunta igualmente 12 esquemas donde se ven situados en una línea de tiempo la localización de los teléfonos móviles investigados y en las fechas y horas en que se realizan las vigilancias o seguimientos a P según cada parte de seguimiento».
La Policía no aporta todos los datos del seguimiento telefónico. «A modo de ejemplo, se concretan siete días significativos».
(www.elmundo.es, 29/07/09)
LA POLICÍA DA POR PROBADO QUE AGENTES DE GRANADOS ESPIARON A PRADA EN 2008
José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado Martínez, los tres ex guardias civiles que fichó como asesores de seguridad el consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, y que mañana comparecen ante una juez por el espionaje político, "han sido los autores de los partes de seguimiento analizados y, por tanto, los autores de los seguimientos y vigilancias a que dichos partes hacen referencia".
Es la conclusión del informe de la policía tras cotejar los partes difundidos por este diario del espionaje al ex consejero de Justicia Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, con las ubicaciones de los móviles de dichos agentes. Los posicionamientos de sus teléfonos coinciden en fecha, hora y lugar con la ubicación de Prada reflejada en los partes. Es la prueba de que estos tres agentes del Gobierno de Aguirre, a pesar de sus burlas sobre este escándalo y el cerrojazo a la comisión de investigación parlamentaria, siguieron pegados como una lapa a Prada en los días reflejados por los partes del espionaje, aunque los tres alegaron no recordar dónde estaban cuando la policía les interrogó en marzo pasado.
El informe policial da un impulso decisivo sobre el escándalo del espionaje desde el Gobierno de Madrid a rivales de Aguirre en la víspera del congreso del partido en Valencia -uno de ellos, Prada, era vicepresidente de su Gobierno-. Prueba que los partes de espionaje eran reales y reflejaban una actividad ilegal desarrollada minuciosa y tenazmente por agentes de la Consejería de Interior y de la máxima confianza de Granados.
La investigación policial certifica que cuando Prada estaba en Chinchón, allí estaban los agentes-espía imputados: el parte indica que llega a las 12.20 y se va a las 18.15; y "los teléfonos usados por Oreja, Caro y Coronado se encuentran en la hora de influencia de Chinchón precisamente entre las horas 12.31 y 18.44". Si acudía a Brea de Tajo a las 11 horas, allí estaba su equipo de marcaje: "Los teléfonos usados por Oreja y Coronado se encuentran en la zona de influencia de Brea de Tajo precisamente entre las 11.53 y las 13.09". Si regresaba a su domicilio, en Núñez de Balboa, hasta allí le seguían los asesores de Granados, "22. 23 en Hermosilla". Y un largo etcétera. Si estaba en el hotel Hesperia o Palace, allí merodeaban sus sombras... Si cambiaba de lugar, los móviles de los asesores de Granados hacían igual recorrido. Las horas y los lugares de las llamadas telefónicas delatan y desnudan la actividad ilegal de estos tres agentes.
Pero la policía ha topado con un escollo: Telefónica sólo conserva un año los datos sobre los posicionamientos de las llamadas de los móviles. Y como se solicitaron datos sobre ocho agentes sospechosos de realizar los seguimientos el pasado 6 de mayo, sólo se han entregado las llamadas efectuadas por los sospechosos a partir del 6 de mayo de 2008. Los partes de seguimiento comienzan en marzo.
Sin embargo, la muestra de un solo mes ha bastado para demostrar que estos tres ex guardias civiles sí han espiado a Prada a partir de esa fecha, lo que no excluye que los restantes cinco agentes intervinieran en los partes y seguimientos previos a tal fecha, de los que no hay datos telefónicos. Los asesores de Granados, cuando mañana comparezcan ante la juez por un delito que compete a sus jefes, malversación de caudales públicos, deberán arrostrar el dilema de si colaboran en aclarar quién les dio las órdenes para tal marcaje a Prada u optan por una labor que puede ser entendida como obstrucción a la justicia.
De hecho, la policía destaca en su informe que ya omitieron un dato cuando fueron interrogados en marzo pasado. La policía les preguntó, por un error derivado de este diario, si habían vigilado a Prada el 13 de abril de 2008 en Chinchón. Los tres lo negaron, pero ocultaron que sí lo espiaron en la fecha descrita por el parte, el 13 de mayo de 2008, como ahora queda acreditado. Por supuesto, también negaron haber participado en vigilancias o seguimientos. Ahora tienen el serio reto de explicar por qué mintieron a la policía y negaron tal labor.
Tendrán que aclarar también quién les coordinaba, porque ellos han relatado que tal tarea la desempeñó el ex director de Seguridad Sergio Gamón hasta el fichaje como asesor de Granados de Marcos Peña, que informó a la policía de que su contratación data del 7 de mayo de 2008. Por tanto, aunque Peña suele alegar que él no estaba en la consejería cuando se produjeron los hechos, su relato prueba lo contrario. Gamón y Peña deberán dirimir quién coordinó a estos ex guardias civiles en mayo de 2008, mes en el que la policía ya da por probado que se produjo un espionaje por estos agentes de Granados.
Aguirre suele argumentar que, si se demuestra que un agente, a título particular, ha cometido una ilegalidad, será implacable. Pero resulta difícil sostener que este espionaje sea obra de agentes incontrolados: los tres ya imputados son asesores de la total confianza de Granados, que, de hecho, recomendó a Peña que los usara para sus informes.
Durante casi un mes, los tres han estado siguiendo en bloque noche y día a Prada y relatando cuanto hacía el vicepresidente de Aguirre. Los movimientos de Prada tenían un valor político: era un serio rival de Aguirre en vías, como ocurrió, de ser fichado por Mariano Rajoy para su dirección nacional del partido. Y el espionaje se produjo el mes previo al congreso nacional del PP, en el que planeó un órdago de Aguirre a Rajoy.
La policía ha cotejado en total 7 de los 35 partes de espionaje difundidos por este diario, pero ha bastado esta muestra para descerrajar la realidad oculta de que ha existido espionaje en el seno del Gobierno regional. Y si estos partes son ciertos, no es osado colegir que los previos, de similar factura y con grafías de agentes suyos, son igualmente reales, por lo que Manuel Cobo también fue espiado. Granados insinuó días atrás que no sería relevante que Prada hubiera sufrido alguna contravigilancia domiciliaria. Un argumento nuevo que ha coincidido con la entrega a la policía de los datos que dejaban al descubierto que sus agentes habían sido pillados en una labor de seguimiento continuado y clandestino a dirigentes del PP y miembros de su propio Gobierno. Seguiría siendo ilegal haber practicado tal contravigilancia, porque la protección de altos cargos es competencia del Ministerio del Interior. Granados siempre negó que sus agentes, especialmente sus asesores, hubieran seguido a Prada, y los partes no revelan riesgos de atentados, sino que desnudan la vida pública y privada de Prada y Cobo, y de cuantos ciudadanos se encontraron con ellos en los meses del espionaje que Aguirre negó y la policía ha probado.
(www.elpais.com, 29/07/09)
LOS TRES ESPÍAS NIEGAN EN SU DECLARACIÓN HABER SEGUIDO A PRADA
Los tres ex guardias civiles asesores del consejero de Interior de la Comunidad, Francisco Granados, y autores de parte de los seguimientos a Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y hoy alto cargo de la dirección nacional del PP, negaron en la declaración que efectuaron ante la Policía haber hecho los seguimientos a Prada.
Sus testimonios están recogidos en el sumario del caso que se instruye en un juzgado de la Plaza de Castilla, en Madrid. Cuando se les preguntó expresamente qué hicieron los días reflejados en los partes de seguimiento al ex consejero de Interior, aseguraron que no recordaban nada. Lo que sigue es un resumen de su declaración:
- José Luis Caro Vinagre: "En determinados actos me coordino con Marcos Peña y antes de estar esta persona la coordinación la realizaba con Sergio Gamón. Dependo del consejero de Interior [Francisco Granados]". "Mis funciones son las relacionadas con la seguridad en el exterior de los edificios, así como la prevención de altercados en determinados actos a los que asisten los consejeros o la presidente de la Comunidad de Madrid".
"No tengo conocimiento de que se haya realizado algún tipo de seguimientos o vigilancia por parte de funcionarios de la Comunidad de Madrid o por cualquier otra persona a los señores Cobo y Prada. El único conocimiento que he tenido ha sido por lo leído en la prensa".
- José Oreja Sánchez. "En determinados actos me coordino con Marcos Peña y antes de estar esta persona la coordinación la realizaba con Sergio Gamón, de quien he recibido algunas directrices en cuanto a asistencia a actos de la presidenta. Dependo del Consejero de Interior".
"Mis funciones están relacionadas con protocolos de seguridad antes de la llegada de la personalidad a los actos".
"El único conocimiento que tengo de los seguimientos a Cobo y Prada ha sido por lo que he leído en la prensa. Desconozco a qué obedece todo lo que se dice".
- Antonio Coronado Martínez. "Mi jefe principal es el consejero de Interior, no obstante, en determinados actos me coordino con Marcos Peña y antes de estar esta persona la coordinación la realizaba con Sergio Gamón".
"Mis funciones son la revisión de los protocolos de seguridad, antes o durante la llegada de la personalidad a los actos, tanto en Madrid como en cualquier otro desplazamiento".
"El único conocimiento que he tenido de seguimientos a Prada y Cobo ha sido por lo que sale en la prensa".
- Sergio Gamón (ex director general de la Seguridad Ciudadana). " El nombramiento de Caro, Oreja y Coronado es de asesores de seguridad del Consejero de Interior, Francisco Granados. Han trabajado en actos de los miembros del Gobierno con personal de la dirección general. Este personal sí depende de mí".
"No tengo conocimiento de que se haya realizado ningún tipo de seguimiento por funcionarios pertenecientes a la Comunidad de Madrid, circunstancia de la que he tenido noticias cuando se produce la publicación en el diario EL PAÍS".
(www.elpais.com, 29/07/09)
GRANADOS: "NO ORDENÉ NADA, NO PIENSO DIMITIR"
Francisco Granados, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, del que dependían los tres ex guardias civiles a los que fichó como asesores, aseguró ayer a EL PAÍS que no dio "ninguna orden" a los espías. "De todos los asesores que han venido aquí
[tres guardias civiles y tres policías nacionales], al único que conozco es a un guardia civil de Valdemoro, al resto no los conozco de nada". ¿Quién les daba las órdenes? "Se las daría Sergio Gamón [fichado personalmente por Esperanza Aguirre como director general de Seguridad]". "No pienso dimitir, tengo la conciencia muy tranquila, yo no he ordenado nada a esos guardias civiles", insistió. "Les pregunté si habían hecho vigilancia a Prada y me dijeron que no. Si se demuestra que han ido detrás de él, evidentemente, me han engañado, pero es algo más que despedir, tendremos que ver quién se lo ha ordenado". "Del Gobierno, y cuando digo el Gobierno no digo un director general, nadie ha ordenado seguir a Prada".
(www.elpais.com, 29/07/09)
CINCO MESES DE INSIDIAS DEL PP PARA OCULTAR EL ESPIONAJE
El Gobierno de Esperanza de Aguirre, y algunos diputados del PP, han tratado de ridiculizar el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, durante estos cinco meses, desde que el pasado 19 de enero se destapó la trama de seguimiento y vigilancia de altos cargos regionales. Incluso la propia presidenta madrileña puso en duda que la información fuera veraz. "¿Por qué creen a EL PAÍS?", llegó a preguntar a los periodistas el mismo día que saltó la trama.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que también es portavoz del PP madrileño, aseguró el 30 de enero: "El Gobierno de Madrid emprenderá acciones legales contra el fabricante de las noticias falsas, de esa gran mentira y ese enorme bulo gravemente calumnioso y ofensivo hacia la inteligencia de los lectores de EL PAÍS". Cuando está a punto de finalizar la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, cerrada por el PP, con su mayoría, afirma el 9 de marzo: "[Los partes de espionaje] se han fabricado en la propia redacción de EL PAÍS o los han comprado".
No fue el único consejero. En la comisión, es Francisco Granados, titular de Interior, Justicia e Interior, el que trata de desmontar las informaciones de EL PAÍS al descalificar los 33 partes de seguimiento. Según su testimonio en la Asamblea, supuestamente no coincidían con las agendas de los espiados, como había publicado El Mundo. Este diario trató de montar una estrategia de descalificación de las informaciones sobre el caso del espionaje, basándose en un error de EL PAÍS, que transcribió mal una fecha. "Muchos partes no se corresponden con la agenda. Es incompatible estar en Chinchón y León a la vez", espetó Granados en su comparecencia, para demostrar que mientras los espías sitúan al ex consejero Alfredo Prada en Chinchón, estaba en León. Pero el parte no ofrece dudas: el 13 de mayo Prada estaba en Chinchón y EL PAÍS publica una fotografía del ex consejero en ese lugar, ese día. El propio Prada lo confirmó, pero Granados no se dio por enterado. El consejero también intenta colar en la comisión que las letras manuscritas aparecidas en los partes correspondían a un solo día. Pero al menos hay otros dos partes donde aparecen textos manuscritos con nombres y números: "Casualmente el parte falso (del 15 de marzo) es el que tiene las anotaciones manuscritas".
La claque contra la trama de espionaje continúa en la Asamblea, con algunos diputados populares. "La piedra angular de esta acusación eran los supuestos partes, que a día de hoy no se sostienen", afirmó el portavoz del grupo del PP, David Pérez, en la comisión. Allí llegó a asegurar que los partes eran falsos, pese a que el PP admitió en su día que no los conocían en su totalidad y que sería "una ilegalidad" porque estaban en ese momento a disposición de la fiscalía.
"Ha quedado demostrado que los hechos que dieron lugar a la comisión no son ciertos", zanja Pérez, al cierre de la comisión. Y llega a asegurar: "Los presuntos espiados no existen". Pero ahí están, son sus propios compañeros de partido: Alfredo Prada, Manuel Cobo, Carmen Rodríguez Flores, Juan Carlos Fernández...
En la comisión del espionaje interviene también, para descalificar con saña a EL PAÍS, Pablo Casado, diputado autonómico y entonces asesor de Prada. Ahora es el secretario de José María Aznar en FAES. Casado aparecía en la fotografía de Chinchón con el ex consejero Prada, porque ambos asistían ese día a un acto de la Consejería de Justicia. "A día de hoy el único caso de espionaje demostrado es el de Manuel Pizarro por parte del CNI e Interior", afirma en una entrevista el 17 de marzo. La misma táctica la sigue el portavoz adjunto de los populares, Juan Soler Espiauba, que califica a EL PAÍS de "diario sensacionalista, con problemas económicos".
(www.elpais.com, 29/07/09)
DECLARACIONES QUE LAS PRUEBAS POLICIALES HAN DEJADO EN ENTREDICHO
- David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. "Los partes publicados por EL PAÍS se han demostrado más falsos que el paraíso comunista".
- Juan José Güemes, portavoz del PP de Madrid. "Los partes se han fabricado en la propia Redacción de EL PAÍS o los han comprado, sin contraste con la realidad".
- Juan Soler, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. "EL PAÍS es un diario sensacionalista con problemas económicos".
- Pablo Casado, presidente de Nuevas Generaciones. "A día de hoy el único caso de espionaje demostrado es el de [Manuel] Pizarro por parte del CNI e Interior".
- Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid. "Cualquiera que dé por buena la información de EL PAÍS tendrá que rectificar, y si no, tendrá que vernos en los tribunales".
(www.elpais.com, 29/07/09)
IU Y PSOE EXIGEN LA "DIMISIÓN INMEDIATA" DE GRANADOS
Izquierda Unida y PSOE exigieron ayer la "dimisión inmediata" del consejero de Interior, Francisco Granados, al que consideran principal responsable del espionaje sufrido por el ex consejero y diputado autonómico del PP, Alfredo Prada. Las pruebas acumuladas por la investigación judicial han llevado a la policía a asegurar que tres ex guardias civiles, fichados como asesores de Granados, espiaron a Prada no sólo durante su actividad pública, sino también en sus almuerzos y desplazamientos privados.
"Los escándalos del PP en Madrid superan todas las previsiones. Las pruebas conocidas ahora sobre el espionaje colocan al Gobierno regional en una situación de grave crisis. No sólo Granados debe dimitir; Esperanza Aguirre tiene en esto una gran responsabilidad al bloquear el parlamento e impedir la investigación de este caso", señaló ayer Inés Sabanés, portavoz de IU.
El grupo parlamentario popular y tres de sus principales diputados, David Pérez (portavoz), Juan Soler y Pablo Casado, torpedearon el funcionamiento de la comisión y mintieron reiteradamente acusando a EL PAÍS de fabricar los partes de seguimientos, de los que llegaron a decir, en sede parlamentaria, que eran falsos.
"Los hechos se agravan al haber impedido una investigación en el parlamento y evitar que comparecieran los guardias civiles que sí hicieron los seguimientos, según se ha probado ahora. Si hubieran comparecido los afectados, seguramente se hubiera aclarado", señala Sabanés.
"Con dinero público se ha estado espiando, se dio una versión oficial y parte de los que estaban votando el informe del PP sabían la verdad. Éste es un tema de una gravedad extrema que afecta a la solvencia de la democracia", añade.
La portavoz socialista Maru Menéndez exigió "la dimisión fulminante" de Granados y apuntó contra la presidenta autonómica: "Esperanza Aguirre no puede ocultar a estas alturas su relación con personas que han estado acompañándola en los mítines de campaña. Vamos a pedir que se reabra la comisión de investigación".
Los socialistas entienden que lo ocurrido, tras las pruebas recabadas por el juez y facilitadas por la policía y Telefónica, es "uno de los delitos más graves en democracia". "Es un hecho que genera una inseguridad para cualquier ciudadano, que puede haber sido objeto de este tipo de seguimientos", señaló Menéndez. "Siempre he dicho que los tribunales de Justicia esclarecerían la verdad. Estoy convencida de que los tres asesores de Granados seguían instrucciones. No creo que tres personas por su cuenta decidan realizar estos seguimientos".
"El PP trató de minimizar este grave asunto e incluso perpetró una campaña de descrédito frente a los medios que insistieron en que se esclareciera la verdad", recuerda. "Nos debe preocupar mucho a todos tener un Gobierno que utiliza estas prácticas contra sus adversarios".
(www.elpais.com, 29/07/09)
LA JUEZ IMPUTA A TRES AGENTES DE AGUIRRE POR EL ESPIONAJE POLÍTICO
El espionaje a políticos del PP, ejecutado supuestamente por agentes de la Comunidad de Madrid, se ha cobrado sus primeros imputados. El Gobierno de Esperanza Aguirre enterró la investigación en el Parlamento regional porque aseguraba que el espionaje no existió. Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la capital, Carmen Valcarce, ha citado a declarar el día 30, en calidad de imputados, a tres ex guardias civiles que fueron fichados como asesores por el consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados: José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.
La juez investiga el seguimiento al que fueron sometidos entre marzo y mayo de 2008 el entonces consejero de Justicia del Gobierno de Aguirre, Alfredo Prada, y el vicealcalde del Ayuntamiento madrileño, Manuel Cobo. Eran las vísperas del congreso del PP y ambos se mostraban afines a Mariano Rajoy.
Fuentes relacionadas con la investigación vinculan su citación con un primer informe remitido por Telefónica sobre los lugares donde ocho agentes de seguridad de la Comunidad hicieron llamadas entre marzo y mayo de 2008. Los tres ex guardias civiles citados a declarar también colaboraron con el ex policía Marcos Peña, asesor de Granados, para realizar sus informes sobre presuntos casos de corrupción vinculados a ayuntamientos socialistas.
Los tres son personas de la total confianza del consejero Granados. Los fichó personalmente en 2007 como asesores por su amistad de su etapa de alcalde en Valdemoro, base de la que provenían los tres. En privado, dentro del caos de distintos equipos de servicios de seguridad que pululaban en su consejería, Granados sólo ponía la mano en el fuego por ellos. Sus teléfonos móviles estaban incluidos en la relación que envió la juez a Telefónica el pasado 6 de mayo para que ubicara su posicionamiento en los meses del espionaje a Prada y Cobo. La petición se ampliaba a otros cinco agentes más de la Comunidad.
Ya existe un primer informe de Telefónica, que la juez requirió ampliar. Y en este contexto se ha producido una citación que los abogados del caso esperaban para septiembre como muy pronto.
Maru Menéndez, portavoz socialista en la asamblea madrileña, suma como elemento de sospecha la reciente remodelación de funciones en la Consejería de Interior, que dejó sin tareas de contravigilancia y avanzadas precisamente a los agentes sospechosos del espionaje. Olfatea que con tal medida Granados pretendía soltar lastre al sentir estrecharse el cerco judicial sobre los presuntos autores del espionaje. Menéndez pide a Aguirre que aplique la política de ceses internos, léase Granados, que demanda a Rajoy por el caso Gürtel.
Granados, significativamente, se curaba en salud días atrás diciendo que no tendría la menor trascendencia si los posicionamientos telefónicos demostraran que algún agente suyo coincidió en algún punto en los días de espionaje con Prada o Cobo. Y anticipaba una posible coartada: admitía que sus agentes habían realizado avanzadas (reconocimientos de lugares donde acuden altos cargos) y contravigilancias (detección de riesgos en el personal escoltado), incluso domiciliarias. Y, según la Consejería de Interior, esa labor de protección podría haber alcanzado a Prada. Pero sin precisar nunca cuándo ni dónde se le había contravigilado o se le había aplicado una avanzada al entonces consejero de Justicia. "No hay ningún informe donde se detalle a quién se contravigila ni cuándo", alegaban portavoces de Granados.
La Consejería de Interior intentaba involucrar a Prada: "Cuando Prada era consejero de Interior también ordenaba realizar avanzadas y contravigilancias". Pero Prada lo niega, y también los sindicatos de agentes: "Esas prácticas las instauró Sergio Gamón como director de seguridad cuando Granados asumió Interior". Granados ha venido a dar la razón a la oposición y a los sindicatos cuando tachaban de ilegales tales avanzadas y contravigilancias -la protección de los altos cargos corresponde sólo al Ministerio del Interior- al anunciar que serán los futuros 80 policías nacionales que se integren en su departamento quienes realicen estas tareas, que hasta ahora copaban una decena escasa de sus agentes: los tres ex guardias civiles, los tres ex policías procedentes de la seguridad de La Moncloa y los funcionarios históricos José Manuel Pinto y José Palomo.
Toda la labor de esta guardia pretoriana que investiga la juez era legal, según Granados. Pero, desde que este diario destapó el espionaje por agentes de Aguirre, el grupo quedó desocupado, sin perder sus sueldos, la mayoría muy altos. Pinto y Palomo incluso enfermaron. Llevan meses de baja. Las supermotos Honda que compró Granados "para reparto de correo interno" dejaron de usarse. Tanta autolimpieza no ha bastado. La juez busca bajo las alfombras del aparato de seguridad de Aguirre porque sospecha que se malversó dinero público al financiar tareas de espionaje.
(www.elpais.com, 28/07/09)
EL PP VETÓ QUE LOS IMPUTADOS COMPARECIERAN EN LA ASAMBLEA
Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, expresó su convicción de que la imputación de tres de los implicados en el caso de los presuntos seguimientos ilegales por parte de funcionarios del Gobierno regional demuestra el "error que supuso el cerrojazo a la comisión de investigación en el Parlamento madrileño por parte de Esperanza Aguirre, que privó a los partidos de escuchar, entre otros, a los tres llamados a declarar por el juez".
Menéndez fue más allá al pedir responsabilidades al Ejecutivo regional por su "clarísima responsabilidad política", e insistió en la gravedad de "usar medios públicos para seguir a ciudadanos, entre ellos a un vicepresidente de su propio gobierno [en referencia a Alfredo Prada]".
Por su parte, Inés Sabanés, portavoz de IU en la Asamblea, señaló que "con los acontecimientos nuevos que se van conociendo, está cada día más en cuestión la actuación del PP y los vetos a los que sometió al Parlamento". "Ahora tienen una doble responsabilidad. La responsabilidad política inicial que nunca asumieron y las consecuencias de haber impedido que declararan, entre otros, los que ahora están imputados", denunció.
Este diario reclamó ayer sin éxito la versión del titular de la consejería de Interior, Francisco Granados, sobre la implicación de sus tres asesores.
Mala memoria
Los tres ex guardias civiles ya fueron interrogados por la policía en marzo pasado. Usaron idéntica defensa exculpatoria ante las preguntas en relación con los días investigados por presunto espionaje: "No lo recuerdo. No tengo ninguna agenda personal". Por tanto, no confirmaron ni negaron si estuvieron cerca de los espiados en los días críticos objeto de investigación. Ahora, la juez dispone de una serie de informes que podrían ayudarles a refrescar la memoria.
Pero hay algo que no se les olvidó señalar: que todos ellos estuvieron bajo la coordinación del ex director general de Seguridad, Sergio Gamón -destituido tras comandar una operación que acabó con la desaparición de un ordenador de un despacho oficial de la Consejería de Justicia-, hasta que fue fichado en el verano de 2008 el ex policía Marcos Peña. Los tres admitieron que realizaban tareas de "prevención de altercados" en actos donde intervenían los consejeros o la presidenta, léase avanzadas. Y relataron que no hacían informes escritos, sino verbales a sus jefes sobre tales actuaciones.
(www.elpais.com, 28/07/09)
LA JUEZ IMPUTA A TRES ASESORES DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DE MADRID EN EL CASO DE LOS ESPÍAS
La titular del juzgado número cinco de Madrid, Carmen Valcarce, ha citado en calidad de imputados a tres ex guardias civiles fichados como asesores por Francisco Granados por el espionaje al ex consejero de Justicia y ex vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre Alfredo Prada y al vicealcalde del Ayuntamiento madrileño, Manuel Cobo: José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.
Auto por el que se imputa a tres asesores de Interior en el caso de los espías
DOCUMENTO (PDF - 27,32Kb) - 27-07-2009
Fuentes relacionadas con esta investigación vinculan esta citación con un primer informe remitido por Telefónica sobre los posicionamientos de ocho agentes de Granados sospechosos de tales seguimientos a ambos rivales de Aguirre en los meses en los que presuntamente fueron vigilados (abril, marzo y mayo de 2008). La citación judicial supone un doble escozor para Granados: no solo se trata de agentes suyos sospechosos de realizar un espionaje que intentó ridiculizar en Prensa y desbarató en sede parlamentaria, sino que se trata, encima, del personal de mayor confianza suya. Los fichó él personalmente por su conocimiento o amistad de cuando era alcalde en Valdemoro, guarnición de la que provenían los tres. En privado, dentro del caos de distintos equipos de servicios secretos que pululaban en su consejería, Granados sólo ponía la mano en el fuego por estos tres agentes suyos que, paradójicamente, han sido los primeros en verse alcanzados por las llamas.
Sus teléfonos estaban incluidos en la relación que envió la juez a Telefónica el pasado 6 de mayo para que se ubicara su posicionamiento en los meses del espionaje a Prada y Cobo. Ya existe un primer informe de Telefónica que ha sido requerido ampliar. Y en este contexto se ha producido una citación que los abogados del caso esperaban para septiembre como muy pronto. La lectura que hacen es unívoca: algo ha hallado ya la juez en los datos telefónicos para agilizar la citación de estos tres miembros de la guardia de corps de Granados.
El PSOE, por boca de Maru Menéndez, portavoz socialista en la asamblea madrileña, suma otro elemento de sospecha: la reciente remodelación de funciones en la Consejería de Interior que precisamente dejaba sin tareas de contravigilancia y avanzada a los agentes sospechosos del espionaje era una medida preventiva para soltar lastre ante el conocimiento o temor de que la justicia ya andaba cerca de los presuntos autores del espionaje. Granados, incluso, recientemente se curaba en salud diciendo que no tendría la menor trascendencia si, por mor de los posicionamientos telefónicos, se demostrara que algún presunto espía de su departamento coincidió en algún punto geográfico en los meses de los seguimientos a Prada y Cobo con alguno de los espiados. Y Granados anticipaba una posible coartada: sus agentes se han dedicado a realizar avanzadas (reconocimientos de lugares donde acuden altos cargos) y contravigilancias (detección de defectos o riesgos en el personal escoltado), incluso domiciliarias. Y, según la consejería de Interior, esa labor de protección podría haber alcanzado a Prada. Sin embargo, ningún portavoz de la consejería de Granados supo precisar cuándo se había contravigilado a Prada o se le había aplicado una avanzada. "No hay ningún informe donde se detalle a quien se contravigila ni cuándo", precisaban en Interior.
La consejería de Interior intentaba soltar humo sobre Prada: "Cuando Prada era consejero de Interior también ordenaba realizar avanzadas y contravigilancias". Pero no es cierto. No solo lo niega Prada, sino los sindicatos de la consejería. "Esta medida la instauró Sergio Gamón como director de seguridad bajo el mandato de Francisco Granados al frente de Interior".
Granados ha venido a dar la razón a la oposición, incluso a los sindicatos, cuando tachaban de ilegales tales avanzadas y contravigilancias, ya que la protección de los altos cargos corresponde al ministerio del Interior. Cuando ha anunciado que serán los futuros 80 policías nacionales que se integren quienes realicen estas tareas que hasta ahora copaban una decena escasa de sus agentes (los tres ex guardias civiles, los tres policías procedentes de la seguridad de Moncloa y los funcionarios José Manuel Pinto y José Palomo.
Toda la labor que realizaba esta selecta guardia pretoriana que investiga la juez era legal según Granados, sin embargo, desde que este diario destapó el escándalo del espionaje este grupo quedó como mano de obra desocupada pero con sueldo, un generoso sueldo. Algunos, como Pinto y Palomo, incluso enfermaron. Llevan meses de baja. Las supermotos Honda que compró Granados "para reparto de correo interno" dejaron de usarse. Pero tanta autolimpieza no ha bastado. La jueza quiere levantar las alfombras del aparato de seguridad/espionaje de Aguirre.
(www.elpais.com, 27/07/09)
Granados ve posible que sus agentes vigilaran a espiados
El consejero madrileño admite que se controlaron domicilios
"No sé cuál es el resultado de los posicionamientos [de los teléfonos móviles de los ocho agentes de la Consejería de Interior investigados por una juez por espionaje], pero no creo que sea una gran noticia que en un acto público haya la demostración de que había algún miembro de la seguridad que tiene obligación de prestar seguridad a los miembros del Gobierno. No creo que tenga la menor trascendencia".
Prada nunca fue informado de que se le practicaran contravigilancias
Las palabras del consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, el jueves, cuando presentó la reestructuración del aparato de seguridad del Gobierno de Aguirre, admiten la posible presencia de agentes en los actos de los miembros del Gobierno regional, lo que supone un giro copernicano en la estrategia del Gobierno de Aguirre sobre su escándalo de espionaje.
Un juzgado de Madrid investiga si los ocho agentes sospechosos de redactar los partes de seguimiento del ex consejero Alfredo Prada y del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, estuvieron en los actos de los espiados. Los seguimientos incluían sus actos políticos, pero también comidas privadas, fotografías y matrículas de sus interlocutores, y seguimientos hasta el domicilio.
Para conocer sus movimientos, la juez ha solicitado a las compañías telefónicas el posicionamiento de las llamadas que pudieran haber realizado esos meses. Ante la posibilidad de que se confirme la presencia de alguno de los agentes en los mismos lugares que los políticos seguidos, Granados ya se ha anticipado a minimizarlo: "No tiene trascendencia".
Granados añadió: "Los técnicos de la Comunidad se han dedicado exclusivamente a labores de seguridad, incluida la seguridad de edificios y de las personalidades del Gobierno, como complemento de la seguridad prestada por el Ministerio del Interior. Estas actividades han sido de contravigilancia y avanzada en los actos públicos, y en edificios y en domicilios particulares". Ahora parece reconocer que las avanzadas y las contravigilancias no eran competencia de la consejería, sino del Ministerio, ya que las acaba de encomendar a una futura unidad de 80 policías nacionales.
Portavoces de Granados no descartan que Prada haya sido protegido con avanzadas o contravigilancias, pero no precisan fechas: "No hay un informe". Prada nunca fue informado de tales protecciones, ni las ordenó en su etapa al frente de la consejería.
www.elpais.es 18.07.09
Prada pide a la juez que interrogue a ocho presuntos espías de Aguirre
El miembro de la dirección del PP quiere reavivar la investigación judicial
El ex consejero de Aguirre y miembro de la dirección nacional del PP Alfredo Prada quiere agilizar la investigación judicial del espionaje que sufrió por agentes de la Comunidad de Madrid. Para ello, ha pedido la declaración como imputados de ocho agentes de la Consejería de Interior que dirige Francisco Granados y que se les someta a una prueba caligráfica para cotejarla con los partes del seguimiento. Tal iniciativa de Prada, que evitó realizar antes de los pasados comicios europeos para no perjudicar a su partido, tiene un claro contexto. La investigación del espionaje por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre al ex consejero de Justicia y ex vicepresidente madrileño Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo -ambos afines a Rajoy- avanza lentamente. Tres meses después de que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, solicitase a Telefónica los posicionamientos de los móviles de seis de los funcionarios sospechosos durante los meses del seguimiento a ambos políticos del PP (marzo a mayo de 2008, en vísperas del congreso por el liderazgo del PP), la respuesta aún no se ha incorporado al sumario que instruye la juez Carmen Valcarce por un presunto delito de malversación de fondos.
El ex alto cargo espiado reclama que se practique ya una prueba caligráfica
Tampoco ha sido citado ninguno de los sospechosos ante dicho juzgado, el número cinco de Instrucción de Madrid, que asumió la denuncia de Cobo y las pesquisas de la fiscalía a resultas de otra denuncia de Prada. Por último, tampoco ha sido ordenada una prueba pericial para cotejar los partes de los espías con la grafía de los agentes de Aguirre sospechosos. Ni siquiera Prada, víctima destacada de este espionaje, ha sido interrogado por la juez.
Por todo ello, Prada ha remitido un escrito al juzgado en el que solicita, como primera medida, que le tome declaración para ratificar y ampliar su denuncia de hace medio año ante Moix.
Prada pide que la juez interrogue como imputados a los siguientes ocho agentes de la Consejería de Interior, a las órdenes de Granados: José Manuel Pinto y José Palomo trabajadores de la Consejería que puso bajo su mando directo el ex director general de Seguridad Sergio Gamón; los ex guardias civiles fichados por Granados José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro; y tres ex policías con los que Gamón trabajó en anteriores destinos: Belén Esparteros, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles.
Pinto, de baja en el servicio junto con Palomo desde hace meses a raíz del escándalo, fue identificado por una doble pericial caligráfica encargada por este diario como el autor de varias anotaciones manuscritas que figuraban en los partes donde los espías relataban todas sus observaciones sobre los movimientos de Prada y Cobo. La lentitud del proceso es tanto más notable si se tiene en cuenta que Moix ordenó las primeras pesquisas policiales el 30 de enero a raíz de las informaciones publicadas por este diario que destaparon este escándalo.
Buena parte de los agentes cuyo interrogatorio judicial exige ahora Prada ya declararon ante la policía bajo las órdenes de Moix. Todos alegaron no recordar dónde estaban en los momentos descritos por los partes del espionaje a Cobo o a Prada, y que tampoco tenían una agenda a la que acudir para refrescar su memoria. Su tono fue calcado.
Ahora se verán en la tesitura de mantener tal versión ante la juez con el riesgo de que, si los posicionamientos teléfonicos o cualquier prueba colateral (repostajes, facturas, dietas...) la contradice, podrían verse en un serio problema jurídico en su afán por ocultar un delito del que no son presuntamente autores, ya que la malversación de fondos que persigue la juez salpica, en principio, sólo a sus jefes en la Consejería de Interior. Granados hasta ahora ha proclamado que él no ordenó tal espionaje, pero no pone la mano en el fuego por la actuación de todos sus agentes en torno a tales hechos. Cunde el desamparo entre el colectivo de espías.
Nombres propios del espionaje político en Madrid
- Noviembre de 2003-junio de 2007. Alfredo Prada es vicepresidente y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. En su mandato la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ficha a Sergio Gamón como director general de Seguridad Ciudadana. En la consejería ya estaban José Manuel Pinto y José Palomo.
- Junio de 2007. Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia, asume las competencias de Interior. Prada se queda sólo con Justicia. Gamón ficha a los policías Belén Esparteros, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles. [Los tres, junto a Pinto y Palomo, están en la lista que Prada ha remitido al juez para que les tome declaración].
- Septiembre de 2007. Granados ficha como asesores de seguridad a los guardias civiles de Valdemoro (de donde fue alcalde) José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro. [Prada también pide que se impute a los tres].
- Abril y mayo de 2008. Prada y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, son objeto de seguimientos que quedan plasmados en partes.
- Junio de 2008. Granados ficha a Marcos Peña como jefe del departamento de asesores de seguridad. Peña asegura en enero de 2009 que hace informes para Granados sobre tramas de corrupción, que afectan a municipios gobernados por alcaldes socialistas, y sobre diversos escándalos.
- Junio de 2008. Rajoy es reelegido presidente del PP. Prada le apoya. Aguirre le destituye como consejero de Justicia. En septiembre, Rajoy le da un cargo en la dirección del PP.
- Junio de 2008. Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, registra una sede de la Consejería de Justicia y requisa un ordenador donde había supuestamente informes confidenciales.
- Julio de 2008. Granados destituye a Gamón como director general de Seguridad Ciudadana.
- Agosto de 2008. Espionaje a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en un viaje oficial a Cartagena de Indias (Colombia).
www.elpais.es 02.06.09
El número dos de Aguirre asegura que está "acreditado" que no hubo espionaje
El vicepresidente de Madrid recupera los argumentos que utilizó el PP durante la comisión de investigación de la trama
"Somos los primeros interesados en conocer la verdad", ha asegurado hoy el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, en relación con la red de espionaje a altos cargos de la Comunidad de Madrid. González ha añadido que su Gobierno se atendrá "a lo que resuelvan los tribunales" sobre el caso de seguimientos a políticos.
González respondía así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, un día después de que el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, una de las víctimas de esos seguimientos, pidiera al juez que cite a ocho empleados de la Consejería de Interior para que declaren. Es de esa consejería de donde, supuestamente, procede el espionaje.
González asegura que se ha demostrado que "esa presunta situación de espionaje no ha existido en algunos casos" y ha reiterado que "algún medio publicó unos seguimientos en los que luego, según parece, no coincidían las fechas y no se habían producido".
El consejero se refiere con estas declaraciones a los partes desvelados por EL PAÍS y que, en dos casos concretos, presentan errores de transcripción, tal y como ya publicó en su día este periódico.
Ambos partes son de marzo (9 y 15); son los únicos de ese mes. El resto, 31, son de abril y mayo. Y curiosamente, los dos partes de marzo se refieren a días que supuestamente no eran hábiles para el espionaje (domingo y sábado, respectivamente). En el caso del domingo 9 de marzo, día de elecciones generales, el parte señala que no se localiza al consejero en su puesto de trabajo habitual. Es difícil que espías de la Comunidad de Madrid busquen al consejero un domingo en su despacho. Salvo que el día en cuestión sea el 9, pero de abril (miércoles). En el parte correspondiente al 15 de marzo (sábado), el espía que sigue a Prada hasta un restaurante anota tres matrículas a mano y señala en su parte que podrían corresponder a vehículos oficiales. Una de ellas, efectivamente, corresponde a un coche que la Dirección General de Tráfico asegura que tiene matrícula reservada correspondiente a vehículos oficiales.
El parte de ese supuesto 15 de marzo -cuando Prada volaba hacia Tailandia- hace referencia a una comida que el alto cargo del PP mantuvo en un restaurante de la calle de Fernando el Santo de Madrid. El almuerzo existió. Prada mantuvo un día 15, pero de abril (martes), una comida con altos cargos de la Administración de Justicia (el presidente del Tribunal Superior y un vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta del PP, que fue alto cargo de la Administración autonómica). En el parte de seguimiento, los policías incluyen todos los datos de los coches que realmente estaban allí, aunque en el encabezamiento escriben una fecha errónea, 15 de marzo.
Esta descalificación de las informaciones publicadas por EL PAÍS ya fueron utilizadas por el PP durante la comisión de investigación que la Asamblea de Madrid celebró sobre la trama de espías. Una comisión que sufrió múltiples tramas por parte del PP.
www.elpais.es 02.07.09
La presidenta llamó al ex consejero
El PP de Madrid se topó ayer inesperadamente con la petición al juez del ex consejero Alfredo Prada, hecha pública por el Grupo Socialista en la Asamblea, que ejerce la acusación popular en el caso de los espías de la Comunidad de Madrid. Por eso, la presidenta, Esperanza Aguirre, paró a Prada en los pasillos del hemiciclo y se lo llevó a su despacho durante una media hora.
A la salida, el ex consejero, que sigue como diputado regional, no quiso precisar de qué habían hablado: "Mis conversaciones en privado con la presidenta, lógicamente se quedan en privado". Pero sí arremetió contra los socialistas por la "instrumentalización política" del caso, que él considera que "no entra en la órbita de la política, sino de lo personal". Y negó que haya presentado la carta ahora para mantener vivo el proceso. "Nada me daría más satisfacción que el espionaje no tuviera que ver con la Comunidad de Madrid", zanjó.
www.elpais.es 02.07.09
COBO TILDA LOS SEGUIMIENTOS DE "BASURA" MÁS PROPIA DE "PAÍSES FASCISTAS" QUE DE UN ESTADO DE DERECHO
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y una de las víctimas de los presuntos espionajes a altos cargos del PP regional, se ha referido a estos seguimientos como una “auténtica basura”. Aunque en ningún momento ha hablado de la posible responsabilidad de la Comunidad de Madrid en todo esto, sí podía hun mensaje muy claro a Aguirre: estos casos son más propios de “países totalitarios, fascistas o comunistas” que de un Estado de Derecho. . Cobo, que también ha tachado de “muy graves” los dossiers sobre dos ex concejales del PP de Torrelodones que han salido a la luz esta semana, tampoco ha querido opinar sobre si el escándalo pasará factura al PPM. “No voy a entrar en valoraciones, cada uno puede hacer la reflexión que quiera” respondió, ante la insistencia de los periodistas sobre este punto.
El 9 de febrero de 2009 Francisco Mercado, el periodista de El País que destapó el escándalo de los espías en la comunidad, desvelaba que los seguimientos a dos de los más destacados rivales políticos de Aguirre, el mismo Cobo y su defenestrado consejero de Justicia Alfredo Prada, se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre. Concretamente, apuntaba a personal de la Dirección General de Seguridad dependiente de la Consejería de Interior capitaneada por Francisco Granados.
Sin comentarios sobre AguirreAguirre y Granados son número uno y número dos del PPM. Sin embargo, Cobo no ha querido instarles a “mover ficha”, según se le preguntó. Igualmente, ha rehusado valorar las posibles repercusiones del escándalo, atajado de malos modos en la comisión de investigación en la Asamblea Regional que se cerró prematuramente, en el partido. De momento, el vicealcalde de Madrid no parece dispuesto a más que a condenar el caso, eso sí, de forma prolífica.
Seguimientos fascistas
"Me parece de auténtica basura, de asco, que cualquier persona pueda ser seguida, fotografiada, que se anote cuál es su actividad diaria. En su momento dije que este tipo de actuaciones en un Estado de Derecho sólo se pueden realizar cuando la autoridad judicial, a través de la policía y de los medios que tiene, la ordenar para resolver o prevenir determinados delitos. Fuera de ese ámbito, me parece una actuación que tiene mucho más que ver con países totalitarios, fascistas, comunistas...", ha declarado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
El caso Torrelodones
Cobo también ha valorado las últimas informaciones sobre seguimientos a Jesús María Pacios y Reyes Tintó, ex concejales de Juventud y Cultura de Torrelodones que esta semana han descubierto sendos dossiers sobre sus actividades elaborados, casualmente, en el verano de 2006, inmediatamente después de denunciar ante Granados presuntos delitos de corrupción en el municipio. Para el número dos del Ayuntamiento, es “muy grave” que se den “datos de su actividad personal” y también que “aparezcan menores de edad” –hay fotos e información de los hijos de los espiados-.
Preguntas sin responder
"No sé quién ha realizado estos seguimientos, ni los del vicepresidente (regional, Ignacio González), ni los del ex consejero Prada ni los míos. Pero no entiendo que cualquier seguimiento a cualquier persona, sea político, periodista, médico, notario..., se pueda realizar sin las condiciones y circunstancias referidas. En los casos anteriores, tanto Ignacio González como Prada y yo hemos ido a los tribunales de Justicia, sabiendo que es ahí donde se puede dirimir, si es posible probarlo, quién ha sido el responsable, por qué, para qué y para quién se hacían los seguimientos” ha insistido el vicealcalde, repitiendo las incógnitas que desde el primer día desea responder.
Aguirre se lava las manos
Esperanza Aguirre, entretanto, ha aprovechado las declaraciones del último espiado, el notario de Torrelodones, para librarse a sí misma de culpas. Preguntada al respecto por la cadena Ser, que ha destapado los tres casos de esta localidad madrileña, ha declarado: “Yo escuché al notario de Torrelodones en su emisora exculparme a mí y excluirme de todo lo que le ha ocurrido. Por lo tanto, no tengo nada que decir”.
El PSOE recurrirá la comisión del espionaje
Finalmente, esta misma mañana el PSOE de la Asamblea ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se reabra la Comisión de Investigación de espionaje a la que el PP dio carpetazo. Tal como ha explicado la portavoz socialista Maru Menéndez, en dicha comisión se "vulneraron los derechos fundamentales" de los diputados socialistas que la integraban. Menéndez está dispuesta a utilizar "todas las vías del Estado de Derecho hasta conseguir la reapertura de la Comisión e identificar las responsabilidades políticas y, si las hubiere, las responsabilidades jurídicas de aquellos que promueven, amparan o incluso sufragan los procedimientos de espionaje en esta Comunidad". El portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz, ha replicado que el PSOE "es muy libre de hacer el ridículo planteando las iniciativas jurídicas que considere oportunas".
(www.elplural.com, 18/06/09)
PRADA DECLARA AL FISCAL QUE AGUIRRE LE IMPUSO AL JEFE DE LOS ESPÍAS
Alfredo Prada, ex vicepresidente segundo y ex consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Madrid, no sólo ratificó el pasado 23 de marzo ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, la coincidencia con su agenda de la mayoría de los partes de seguimiento elaborados por los espías de la Consejería de Interior y publicados por este diario. Reveló, además, que tuvo que nombrar a Sergio Gamón Serrano, jefe orgánico de los supuestos espías, director general de Seguridad del Gobierno madrileño "por petición expresa de la presidenta", Esperanza Aguirre.
Prada reconoció que durante su mandato al frente de la Consejería de Interior -hasta junio de 2007- sus relaciones con Gamón pasaron de ser "tensas" a "nulas". Su conflicto con tal protegido de Aguirre lo dejó plasmado así: Gamón "alardeaba ante los alcaldes de sus buenas relaciones con la presidenta y con el vicepresidente primero [Ignacio González], ninguneaba y obstaculizaba el desarrollo del proyecto de las Bescam [policía autonómica madrileña]".
Su declaración corroboró el espionaje colateral a otras personas que se reunieron con él en los meses en que estuvo bajo el intenso foco de los supuestos espías del Gobierno de Aguirre, abril y mayo de 2008, en vísperas del congreso en Valencia en el que Aguirre estuvo a punto de disputarle a Mariano Rajoy el liderazgo del PP. Tanto Prada como Manuel Cobo, vicealcalde madrileño -también víctima del espionaje a cargo de funcionarios de Aguirre-, eran claramente simpatizantes de Rajoy. Por tal razón, sus movimientos precongresuales tenían un alto valor político. En el desarrollo de su declaración, Prada confirmó que tuvo una entrevista con Clara Reynolds, representante de una fundación, el 4 de abril de 2008. Los espías tuvieron constancia de esa cita al identificar la matrícula del coche de Reynolds cuando estaba aparcado junto a la Consejería de Justicia.
Otra víctima colateral del espionaje de los agentes del Gobierno de Aguirre es Álvaro Renedo, ex director general de Telemadrid, ex diputado regional del PP y, aparentemente, ex amigo de Aguirre. Los espías le llegaron a fotografiar tras sostener un encuentro con Prada en el hotel Hesperia, el 20 de mayo de 2008. La cita, confirmada por Prada al fiscal, era muy interesante para los jefes de los espías. Renedo se entrevistó horas antes ese mismo día con Granados, molesto con las continuadas críticas a su persona desde medios digitales que controlaba Renedo. Por otro lado, aunque el juez no las ha admitido, también han presentado denuncia contra esta trama la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores -la matrícula de su coche figura en un parte-, Ginés Jiménez -presunto jefe de la trama de corrupción policial de Coslada que un asesor del consejero Francisco Granados, Marcos Peña, dijo haber investigado- y Juan Carlos Fernández Núñez, ex subordinado de Prada que denunció el robo de su ordenador tras un registro en su despacho oficial capitaneado por Gamón.
(www.elpais.com, 02/06/09)
PRADA: EL JEFE DE LOS ESPÍAS DE MADRID “ALARDEABA DE SU AMISTAD CON AGUIRRE”
Alfredo Prada, ex vicepresidente segundo y ex consejero de Justicia e Interior de Madrid, ha declarado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia regional que Sergio Gamón Serrano, supuesto jefe de los espías que siguieron a políticos y altos cargos de la Comunidad, alardeaba públicamente de su amistad con Esperanza Aguirre y su mano derecha, Ignacio González. El pasado 23 de marzo Prada, presuntamente objeto de seguimientos, aseguró que nombró a Gamón director general de Seguridad del Ejecutivo regional “por petición expresa de la presidenta” madrileña. También admitió, como se había apuntado, que nunca tuvo buenas relaciones con el supuesto encargado del espionaje. Durante su mandato en la Consejería, explicó, sus relaciones con el cesado director de Seguridad pasaron de “tensas” a “nulas”. Pero Gamón tenía una fórmula contra las hostilidades: “alardeaba de sus buenas relaciones con la presidenta y con el vicepresidente”, admite el que fuera su superior.
Daños colaterales
Corroboró también que mantuvo entrevistas con personas que sufrieron los efectos colaterales del seguimiento: Clara Reynolds, representante de una fundación con la que se reunió el 4 de abril, y Álvaro Renedo, ex director general de Telemadrid, ex diputado regional y, supuestamente, ex amigo de Aguirre. En el caso de Reynolds, los espías se limitaron a apuntar su número de matrícula cuando estaba aparcado en la Consejería.
El caso Renedo
En el caso de Renedo, los seguimientos incluyen una foto. Al parecer, este encuentro celebrado el 20 de mayo en el hotel Hesperia era interesante para los responsables del espionaje, quizás porque se produjo el mismo día en que el ex parlamentario recibió quejas de Granados. El número tres del Gobierno regional estaba molesto por las críticas contra su persona vertidas desde los medios digitales controlados por el ex amigo de Aguirre.
La purga de Prada
Los supuestos seguimientos a Prada tuvieron lugar entre abril y mayo de 2008, una época en la que era consejero de Justicia y sus movimientos tenían gran valor político: su militancia marianista le hacía sospechoso a los ojos de Esperanza Aguirre, quien sopesaba al posibilidad de presentarse al Congreso de Valencia para sustituir a Mariano Rajoy. El vice alcalde de Madrid, Manuel Cobo, otro enemigo político de la lideresa, también fue espiado por funcionarios de Interior. Prada fue purgado del Gobierno aguirrista a finales de junio, tras el cónclave. Desde entonces, ocupa un cargo en la Ejecutiva de Rajoy, en la que es Director del Departamento del PP en el Exterior.
Gamón, muy cercano a Aguirre
En cuanto a Gamón, como ya explicó este diario, su carrera evolucionó de la mano de Esperanza Aguirre. Fue la lideresa quien dio instrucciones de hacerle jefe de Seguridad de la Consejería de Interior a pesar de que, según su entorno, Gamón tiene capacidades políticas “nulas” y es agresivo, serio, irritable, chulo, estricto y, en definitiva, un policía “tipo Torrente”. La relación de ambos se remonta a 1996, cuando él fue su escolta en el Ministerio de Cultura. La presidenta también habría apadrinado a su familia: su mujer llegó a ser secretaria del Senado, y su hija, concejala de Fuenlabrada.
(www.elplural.com, 02/06/09)
"NO RECUERDO, NI TENGO AGENDA", ALEGAN LOS SOSPECHOSOS DEL ESPIONAJE EN MADRID
Todos los agentes de la consejería de Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre sospechosos de espiar a altos cargos del PP carecen de memoria y de agenda. Todos ellos calcaron su declaración cuando fueron interrogados por la policía el pasado marzo a instancias del fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid, Manuel Moix, por el presunto espionaje al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada entre marzo y mayo de 2008. La desmemoria sobre los seguimientos a ambos políticos populares contrarios a Aguirre afectó al ex director general de Seguridad, Manuel Sergio Gamón, y a sus subordinados José Manuel Pinto Serrano, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado.
-"¿Dónde se encontraba usted el 2 de abril de 2008 sobre las ocho horas de la mañana y el 8 de abril de 2008 sobre las 14 horas?" El 2 de abril, los espías anotaron en su parte el seguimiento de Manuel Cobo desde su domicilio en un municipio de la periferia de la capital a su despacho. Y el 8 de abril, Cobo y Prada fueron vigilados por los espías cuando pisaron la sede del PP para una reunión del partido.
La respuesta que registra la policía es idéntica en la media docena de agentes interrogados: "Dice que no lo recuerda, asimismo indica que no lleva ningún tipo de agenda personal".
-"¿Dónde se encontraba el 22 de abril de 2008 sobre las 17 horas y el 23 de abril de 2008 sobre las 18 horas?". El 22 de abril los espías anotaron, entre otras cosas, que a las 17.30 llegaba al despacho de Prada el conductor de Gamón. Y el 23 de abril los agentes dieron parte de que estuvieron buscando sin éxito a Prada en su lugar de trabajo.
Respuesta a coro de los agentes en su declaración ante la policía: "Dice que no lo recuerda". Ninguno fue capaz de revelar qué tareas retribuidas con dinero público desempeñó en los días sospechosos. Aparentemente, ninguno de ellos tiene ninguna base oficial para consultar y demostrar cómo se ganó su sueldo en los días citados en los interrogatorios de la policía. Todos los investigados, ex guardias civiles o ex policías, admiten que en la etapa del espionaje estaban coordinados por Gamón. Su labor es un misterio.
En el acta de las declaraciones hay una pregunta a la que todos los interrogados hicieron frente sin escudarse en el olvido.
-"¿Viajó el 13 de abril de 2008 a Chinchón?". "No", replicaron todos sin titubear. Hay una clave que explica por qué aquí no acuden a la desmemoria: todos ellos saben que el 13 de abril ninguno estuvo espiando a Prada en Chinchón. Porque ese día Prada no estuvo en Chinchón. El consejero de Interior, Francisco Granados, también lo sabe. Días después del interrogatorio, el consejero envió al fiscal documentos que probaban que Prada se encontraba en esa fecha en León. Las mismas pruebas que luego filtraría el Gobierno regional a algunos medios de comunicación para intentar desacreditar los partes. Pero la coartada no sirve. Porque el parte de los espías, que consta en el sumario del caso aportado por este periódico, decía la verdad: Prada estuvo en Chinchón el 13 de mayo de 2008, pero EL PAÍS publicó por error que ese seguimiento fue el 13 de abril.
La respuesta evasiva de los agentes implicados no paró la investigación de Moix ni la de la juez que luego ha asumido el caso. La policía, a instancias de Moix, recabó los teléfonos móviles de los sospechosos, sus dietas de desplazamiento, los vehículos que usaron y todos sus gastos de repostaje. La documentación sigue en estudio por la policía, a la espera de hallar coincidencia de sus movimientos con los lugares del espionaje. La lista de investigados por el espionaje, amén de los interrogados, se ha engrosado con más nombres de agentes de Granados: Belén Espartero, José Palomo, Roberto Casielles y José Manuel Rodríguez. Se analizan sus teléfonos, todos sus ingresos, y se da por hecho que la juez concederá la pericial caligráfica que la policía considera indispensable para determinar si su grafía coincide con las de los partes. Y todo para investigar si agentes autonómicos utilizaron (malversaron) fondos públicos para espiar.
(www.elpais.com, 01/06/09)
LOS ASESORES DE GRANADOS VIAJARON POR TODA ESPAÑA
Francisco Granados, consejero de Interior, definió así al fiscal jefe del TSJ de Madrid, Manuel Moix, la labor de sus asesores: "Las funciones que realizan son de asesoramiento en materia de seguridad, en el marco de las competencias de la Dirección General de Seguridad. No consta la elaboración de partes de servicio o de actividad donde los empleados de la Dirección General de Seguridad e Interior reflejen su actividad diaria". En la documentación figuran numerosos viajes por distintas comunidades ¿Qué hacían estos asesores viajando, con cobro de dietas, por España en 2008?
Así, el ex guardia civil José Luis Caro viajó a Tarragona el 6 de marzo de 2008. Cometido: preparación y planificación del dispositivo de seguridad de altos cargos. El 12 de febrero de 2008 viajó a Lleida con igual motivo de "seguridad de altos cargos". El 23 de enero, a Bilbao.
El ex policía y asesor Juan Manuel Rodríguez también se desplazó para iguales tareas: el 17 de junio acudió a la localidad madrileña de Arganda; el 5 de marzo viajó a A Coruña; el 20 de febrero se movió por Toledo y Guadalajara; el 18 de febrero acudió a Lleida; el 22 de enero visitó Bilbao. La asesora y ex policía Belén Espartero acudió a Arganda el 27 de junio y el 25 de enero a San Sebastián.
El ex policía Roberto Casielles acudió a Arganda en dos ocasiones: el 27 de junio y el 4 de julio. En julio viajó a Santander, a A Coruña y a Tarragona. También apuntó como destinos con pago de dietas Toledo y Guadalajara en febrero de 2008. Y el 25 de enero recaló en San Sebastián. Del 22 al 24 de enero viajó a Bilbao y Vitoria. El ex guardia y asesor teórico de Granados Antonio Coronado también viajó a Arganda, del 27 al 28 de junio; el 23 de enero acudió a Bilbao y Vitoria. El ex guardia José Oreja viajó a Lleida y Barcelona el 12 y 13 de febrero. Todo ello, según la documentación aportada por la Consejería de Interior a la Fiscalía de Madrid.
¿Qué papel cubrían en la seguridad de altos cargos desplazados cuando los miembros del Ejecutivo madrileño, conforme a la ley, disponen de escolta policial dependiente del Ministerio del Interior? Ningún funcionario de la Consejería de Interior ajeno a los supuestos espías entiende qué hacían viajando por toda España los asesores de Granados, cuando se les suponían unas labores acordes a las competencias de la Comunidad. Y hay un elemento curioso: no hay ninguna factura ni dieta por servicios coincidentes con los meses del espionaje. ¿Ninguno viajó en abril y mayo?
(www.elpais.com, 01/06/09)
GRANADOS NO VE RESPONSABILIDAD ALGUNA EN EL CASO DEL ESPIONAJE
Ante el avance de la investigación judicial sobre el espionaje político en la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, reiteró que tiene "la absoluta seguridad de que desde el Gobierno [regional] no se ha mandado ni amparado seguimientos". Granados rechazó cualquier nivel político de responsabilidad en caso de que se demuestren unos hechos que, en cualquier caso, no considera demostrados. "En el caso de que se demuestre que algún responsable o miembro de la consejería haya realizado actuaciones al margen del Gobierno, tendrá que dar las explicaciones pertinentes y asumir la responsabilidad", subraya.
El departamento de Granados contiene la Dirección General de Seguridad, en la que trabajan al menos dos de los supuestos espías que presuntamente realizaron seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente segundo y ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, entre marzo y mayo de 2008. La juez que investiga estos hechos por un presunto delito de malversación de fondos públicos ha pedido datos de ocho teléfonos móviles de policías y guardias civiles adscritos a la Consejería de Granados.
"Celebro que la investigación avance", dijo ayer Granados ante los nuevos datos revelados por este periódico. "Es el resultado de una denuncia de Manuel Cobo, y el Gobierno de la Comunidad es el primer interesado en que se aclare".
Granados rechazó también que haya responsabilidad política alguna en una investigación relativa a fondos públicos. "Habrá que ver una responsabilidad política si hay algún político involucrado en esto. Si no, no hay tal responsabilidad". Siempre, "en el supuesto de que se haya producido, que nosotros no tenemos ningún indicio de que eso sea así", aclaró. El consejero afirmó también que la juez no se ha dirigido a su departamento ni a ningún otro de la Comunidad hasta el momento.
El secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, reiteró ayer su sospecha de que en la Comunidad "ha habido fondos reservados para financiar una actividad ilícita como era el espionaje que se hacían entre unos y otros en el PP en la guerra interna que viven", según Europa Press. Gómez insistió en que los presuntos espionajes a políticos madrileños componen "un asunto de corrupción y de vulneración de derechos fundamentales".
(www.elpais.com, 25/05/09)
La juez investiga ocho teléfonos de 'agentes' de la Comunidad de Madrid por el espionaje
La instrucción se fija en cargos de confianza de Francisco Granados, consejero de Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre, y del ex jefe de Seguridad Sergio Gamón
La juez que investiga un supuesto delito de malversación de fondos públicos en el espionaje supuestamente ejecutado desde la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital, y Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de Esperanza Aguirre, se ha fijado en ocho personas para buscar al culpable de los seguimientos y localizar a la persona que los ordenó.
La juez quiere saber dónde estaban esos móviles los días de los seguimientos
Dos de los aparatos pertenecen a Pinto y Palomo, que son empleados públicos
Un auto judicial de hace más de una semana requiere a la compañía MoviStar, de Telefónica, que facilite información sobre "el posicionamiento" de ocho números de teléfono durante marzo, abril y mayo de 2008. Durante este periodo, los supuestos espías de la Consejería de Interior, dirigida por Francisco Granados, habrían hecho seguimientos a Manuel Cobo (durante semana y media) y a Alfredo Prada (durante varios meses). Prada fue destituido por Aguirre como consejero de Justicia mes y medio después de que finalizara el espionaje.
Los seguimientos al vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y a Prada, entonces consejero de Justicia (llegó a ser vicepresidente segundo), se desarrollaron en los meses previos al congreso que el PP celebró en Valencia en junio de 2008, y que supuso la confirmación de Mariano Rajoy al frente del partido. En dicho congreso, la presidenta madrileña amagó con disputar a Rajoy el timón del PP. Ambos espiados, Cobo y Prada, son afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Prada fue apartado del Gobierno madrileño y ahora es responsable del PP en el exterior.
Cuando el asunto del espionaje fue revelado por este diario, la presidenta regional se enfrentó a una investigación interna de su partido, que no confiaba en los métodos del Ejecutivo de la dirigente popular para esclarecer el asunto. Tras unas semanas de tira y afloja con la dirección nacional del PP, Aguirre accedió a que se celebrase una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para aclarar los hechos. Pero la comisión resultó un fiasco: la mitad de los comparecientes no declaró, por las prisas del Grupo Popular en la Asamblea de dar cerrojazo al asunto. La conclusión oficial fue que no hubo espiados ni espías, y por tanto no pudo haber espionaje. El PP sacó adelante esta conclusión con su mayoría absoluta.
El auto de la juez también pide que se investigue en especial el posicionamiento de esos ocho teléfonos entre las doce de la mañana y las seis de la tarde del 13 de mayo de 2008. Ese día, en el parte de los espías figura un seguimiento a Prada hasta el Parador Nacional de Chinchón, donde estuvo entre las 12.20 y las 18.00, según reflejan por escrito los espías.
Los ocho números de teléfono de los que tendrá que informar Telefónica a la Policía Judicial pertenecen a personal de confianza de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Consejería de Interior. De las ocho personas, sólo dos son empleados públicos, los agentes Pinto y Palomo. Curiosamente, son los únicos de todo el personal fijo del departamento que no tenían a diario una función de seguridad asignada a una consejería determinada, sino que dependían directamente de Sergio Gamón, el director de Seguridad Ciudadana, hombre de confianza de Aguirre. La presidenta le mantuvo a sueldo incluso después de ser destituido por entrar con alguno de sus hombres en el despacho de un alto cargo de la Consejería de Justicia y, supuestamente, robar un ordenador.
Cuando Francisco Granados, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, le destituyó como director general, Aguirre le ordenó que le mantuviese en un puesto de responsabilidad con un sueldo muy elevado. Eso ocurrió hace casi un año, y Gamón sigue con su sueldo próximo a los 100.000 euros anuales.
IU y PSOE denunciaron en su día que la presidenta autonómica había "comprado" de esta manera "el silencio de Gamón".
De los otros seis teléfonos que investiga la juez, tres corresponden a agentes del Cuerpo Nacional de Policía que Gamón fichó cuando le nombraron director general de Seguridad Ciudadana de la Comunidad, que son personal de su absoluta confianza y que sólo trabajaban para él. Los tres restantes los usan tres guardias civiles que fueron fichados personalmente por Granados, que los conocía de Valdemoro, el municipio madrileño del que fue alcalde. Estos tres guardias trabajaron un tiempo a las órdenes de Gamón hasta que llegó a la Consejería de Interior, algunos meses después de acabados los espionajes de Prada y Cobo, el ex policía Marcos Peña, un colaborador de la dirección nacional del PP en tareas de información sobre la teoría de la conspiración del 11-M y similares.
Peña se encargaba de espiar por su cuenta asuntos relacionados con tramas corruptas en pueblos madrileños dirigidos por socialistas, y en algún caso informó al consejero de Interior madrileño que, según las fuentes a las que acudía, se había hallado la tarjeta de visita del ahora director general de Seguridad, Enrique Barón, en el bolsillo de una persona asesinada a las puertas de una discoteca de Madrid.
PARTES DE SEGUIMIENTOS A POLÍTICOS EN MADRID
Día 23 de mayo
- "11.00 horas. Se monta, está en Brea de Tajo".
- "13.00 horas. Sale de Brea".
- "13.20 horas. Se le pierde en cercanías salida R-2".
- "20.15 horas. Desde la hora anterior a esta última hora se le realizan esperas en su trabajo y domicilio. Al no aparecer, se desmontan".
Día 13 de mayo de 2008
- "Sobre las 12.20 horas detectamos el vehículo de 'P' en el aparcamiento interno del Parador Nacional de Chinchón".
- "En torno a las 18.15 horas sale 'P' del Parador dirección Madrid, llegando a su trabajo sobre las 19.00 horas".
- "A las 19.35 horas sale 'P' de su trabajo y toma dirección a su domicilio, al que llega sobre las 19.45 horas".
- "Los acompañantes lo dejan en el domicilio, esperan unos minutos y se retiran (el itinerario que toman es dirección al aparcamiento del vehículo una vez terminado el día)".
- "A las 20.35 horas, y no detectando movimiento alguno, desmontamos el dispositivo".
www.elpais.es 24.05-09
El juez investiga el supuesto uso de fondos públicos en el caso del espionaje
El titular del Juzgado número 5 de Madrid abre diligencias por supuesta "malversación de caudales públicos" por los seguimientos a dirigentes del PP
El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha incoado diligencias previas por "un presunto delito de malversación de fondos públicos". Es la respuesta judicial a la denuncia presentada por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado 20 de febrero. Cobo denunció tras destapar EL PAÍS el espionaje supuestamente cometido por funcionarios de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid en abril y mayo de 2008 contra el vicealcalde y contra Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y vicepresidente segundo del Gobierno de Esperanza Aguirre. El juez investigará también el seguimiento a Prada, quien presentó denuncia ante la fiscalía.
Con su decisión de abrir diligencias por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, el juez no sólo da paso a una investigación en toda regla sobre el espionaje a ambos políticos, sino que pone el foco de la sospecha en la posible procedencia pública de los fondos que sustentaron dicha actividad y su supuesta vinculación con la Comunidad de Madrid.
Los seguimientos a Cobo y Prada se desarrollaron en los meses previos al congreso del PP en Valencia de junio de 2008. En dicho congreso, la presidenta madrileña amagó con disputar a Mariano Rajoy el timón del PP. Ambos espiados, Cobo y Prada, son afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Prada fue apartado del Gobierno de Madrid y ahora es responsable del PP en el exterior.
Hay un segundo frente de la justicia en el caso del espionaje: el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix. A lo largo de cinco meses ha impulsado una discreta investigación policial -tan sigilosa que ha sido malinterpretada como pasividad-, tras recibir las denuncias de Prada y de Cobo (quien luego acudió a los juzgados).
Moix, con una unidad de élite policial a sus órdenes, ha acumulado medio millar de folios de pesquisas. Lejos de pedir el archivo de la causa por no hallar verosímil o delictivo lo denunciado, lo ha indagado a fondo y ahora ha incorporado sus actuaciones al Juzgado número 5 de Madrid, dada la conexión de ambas causas. En estos meses de investigación policial han sido interrogados diversos funcionarios de la Consejería de Interior señalados como los presuntos autores materiales del espionaje. Todos lo han negado.
Como no es el espionaje en sí el delito de la causa actual, sino su financiación, el papel de los posibles ejecutores de los seguimientos no acarrearía, salvo sorpresa, problema legal. Ahora bien, si a lo largo del proceso que ahora se abre por supuesta malversación de fondos públicos se demostrase que esos ejecutores han mentido, su situación penal se agravaría. Y podrían incurrir en delito por su supuesta labor obstructiva. El abanico de minas es amplio: que el juez compruebe que sí recabaron unas matrículas que no tenían por qué identificar y que investigaron un día sí y otro también para saber quiénes eran interlocutores de Prada; que, en contra de su versión inicial, sí estuviesen en los escenarios donde fueron espiados Prada o Cobo; que documentación interna de la consejería acredite unos desplazamientos o gastos de tales funcionarios sólo explicables en función de tales actividades ilegales; o el relato como testigo protegido de otros funcionarios.
Y, por último, que se realice, como se prevé, un cotejo pericial de la grafía de los 35 partes de seguimiento con la letra de la media docena de funcionarios de la Consejería de Interior sospechosos de haber participado en el espionaje a cargos públicos. No en vano, la policía ya tiene en su poder los partes originales, imprescindibles para hacer una pericial caligráfica.
www.elpais.es 17.05.09
AGUIRRE REFUERZA A SU 'NÚMERO DOS'
Esperanza Aguirre es una magnífica estratega política. Mueve a sus consejeros como si se trataran de fichas de ajedrez en su particular aventura política. En sólo dos años de legislatura ha retocado su Gobierno en tres ocasiones. Ayer improvisó una jugada que sorprendió a buena parte del parlamento regional, diputados populares incluidos. Anunció la supresión de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes que dirigía Santiago Fisas y se la adjudicó al vicepresidente regional, Ignacio González. La medida fue avanzada durante el pleno parlamentario dedicado a debatir sobre la crisis y se justificó como un gesto de austeridad del Gobierno de la Comunidad. Pero además, le sirve a Aguirre para resolver dos problemas: da salida a Fisas, incluido en las listas del PP al Parlamento europeo, y refuerza a González en un momento en el que arrecian las sospechas sobre él. Además, con esta minicrisis la presidenta aplaza una remodelación más profunda del gabinete.
El martes por la tarde Aguirre recibió la noticia de que Fisas era incluido por Mariano Rajoy en la candidatura popular para las elecciones europeas. El consejero había dado muestras de cansancio, y la posibilidad de ir a Bruselas se había barajado en los pasillos de la Asamblea. La designación de Fisas obligaba a la presidenta a trastocar su Gobierno, porque, aunque la posición que ocupa el consejero en las listas (23º) no le garantiza la elección, en noviembre, cuando se firme el Tratado europeo, España ampliará el número de representantes, por lo que quedaría un hueco para él.
Coincidiendo con ello, su vicepresidente y hombre de confianza, Ignacio González, ha vuelto a convertirse en el centro de la polémica. La cadena SER hizo público ayer un vídeo en el que se constata que fue espiado durante un viaje a Colombia. Ello ha motivado que PSOE e IU reclamen la reapertura de la comisión de investigación sobre la presunta red de espionaje, cerrada en falso sin que pudieran declarar la mitad de los citados.
Con la maniobra de ayer, González refuerza su poder al asumir Cultura, Deportes y Turismo y acumula varios cargos en entidades regionales, entre ellas la presidencia del todopoderoso Canal de Isabel II.
(www.elpais.com, 30/04/09)
LA MANO DERECHA DE AGUIRRE, MÁS FUERTE
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, hizo ayer más fuerte a su vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. Lo hizo en plena tormenta contra el vicepresidente, que ayer vio cómo una emisora de radio colgaba unas imágenes durante una visita que hizo el pasado año a Colombia.
Personas cercanas a González criticaban ayer que se quiera presentar al hombre fuerte de Aguirre como una persona que hace desplazamientos raros a Colombia, «cuando el viaje era conocido por muchísimas personas».
González asume las competencias en Cultura, Deporte y Turismo, además de la Vicepresidencia del Gobierno y la Presidencia del Canal de Isabel II y del Consejo de Asuntos Taurinos.
Todos en la Comunidad han interpretado que el número dos es más fuerte y que, de abandonar, nada. En las últimas semanas en diversas consejerías se hablaba de una posible crisis de Gobierno.
Santiago Fisas había pedido ir a Estrasburgo, pero al recibir las competencias de Deportes, hace dos meses, pensó que no sería el elegido. Fisas ha sido siempre persona fiel y ha prestado servicios eficaces a la presidenta y recibe el premio de Europa.
La oposición ha interpretado de manera diferente la suspensión de la consejería. La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, consideró «un sarcasmo» que en el mismo día en que la oposición está reclamando la reapertura de la comisión de investigación de la presunta trama de espionaje tras el visionado de un vídeo del vicepresidente regional, Ignacio González, en Cartagena de Indias, el número dos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, asuma más competencias.
Por su parte, la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, tildó de «broma» la desaparición de la Consejería de Cultura un día después de conocer que el consejero del ramo, Santiago Fisas, concurre como número 23 de las listas del PP a las elecciones europeas del 7J. Apuntó que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, suprime consejerías cuando el presidente del PP, Mariano Rajoy, ficha a alguno de sus consejeros.
Santiago Fisas dijo: «Estoy agotando mis últimas horas de consejero. Tengo que cesar porque soy inelegible».
Fisas señaló que «había manifestado mi deseo de ir a las europeas con el PP porque siempre me ha gustado la política internacional y nunca había podido probarla». «Este año -añadió- parecía complicado porque, hasta que se apruebe el Tratado de Lisboa, hay cuatro diputados menos y, además, está en vigor una ley de paridad en las listas que dificultaba mucho mis aspiraciones».
Le está agradecido a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal, además de a la presidenta de la Comunidad, «que se ha portado de maravilla, y a la presidenta del PP de Cataluña, porque entre todos me han encontrado un hueco».
Fisas aseguró que se va con pena por dejar a sus «colaboradores del mundo de la cultura, los empresarios hoteleros y Madrid 16...».De lo que se siente más orgulloso es de haber «sido capaz de crear una complicidad y un diálogo con el mundo de la cultura y de haber sabido escuchar a todos». «Para mí sería mucho mejor que me echaran de menos antes de que me echen», bromeó Fisas. «Siempre es bueno irse en el momento en que todavía te quieren», añadió.
(www.elmundo.es, 30/04/09)
EL HOMBRE PLURIEMPLEADO
Si algo ha quedado claro tras la remodelación de Gobierno anunciada ayer por Esperanza Aguirre es que la cultura no es algo prioritario para la presidenta regional. Tampoco lo son el deporte ni el turismo, curiosamente tres de las cosas por las que desde la Comunidad de Madrid ha tratado de venderse la región más allá de sus fronteras. Así que, "para ahorrar", Aguirre se ha cargado la consejería que hasta ahora dirigía Santiago Fisas, que ya emprende su ansiado viaje a Europa "muy ilusionado y algo nostálgico", decía ayer. A partir de hoy, será la mano derecha de Aguirre y vicepresidente de su gobierno, Ignacio González (Madrid, 1960), el mismo que sale en el vídeo de los espías de la Comunidad, el que responderá por las áreas de Cultura, Deporte y Turismo.
"Si pasaran a depender de otras consejerías podría decir que la cultura iba a perder importancia, pero el hecho de que pase a depender directamente del vicepresidente es una garantía. Yo antes tenía que departir con él para lograr un mejor presupuesto o desbloquear temas; ahora él solo va a tener que resolver consigo mismo", comentó ayer el ya ex consejero.
Así que si alguien quiere espiar a González a partir de ahora va a tener que estar tan pluriempleado como él. Porque este licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid, que sacó su oposición de funcionario del Cuerpo Técnico Superior del Ayuntamiento de la capital en 1984, suma a estas nuevas competencias las que ya atesoraba anteriormente: vicepresidente y portavoz del Gobierno regional; presidente del poderoso Canal de Isabel II; miembro de la dirección de IFEMA; patrono del Teatro Real y presidente del consejo de Asuntos Taurinos de Madrid. Además, ostenta la presidencia del comité electoral del PP de Madrid. En realidad, es el hombre que toma las penúltimas decisiones en el Gobierno regional. Aguirre siempre tiene la última palabra. La presidenta, que confía plenamente en él, asiste indiferente al duelo que libra con Francisco Granados por controlar los entresijos del Ejecutivo. Nadie supo precisar ayer si esta frenética actividad implicará una subida de sueldo, o si él también se suma a la política del ahorro por amor al arte.
La relación laboral del hombre fuerte del Gabinete con su presidenta se remonta a los años noventa, cuando, ya con Aguirre de concejal de Cultura y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, desempeñó el cargo de director de los servicios culturales; años después, en 1996, siendo ella ministra de Educación, le nombró subsecretario. Son los dos momentos en los que ha estado más cerca de la cultura y el deporte en su larga carrera política, en la que se ha ganado la fama de "gran gestor". Hay quien añade: "Habilidoso, casi maquiavélico".
González hizo carrera en el Gobierno de José María Aznar de la mano de Ángel Acebes. Éste le nombró secretario de Estado de Administraciones Públicas en 1999, y cuando asumió la cartera de Interior se lo llevó como delegado del Gobierno para la Inmigración en julio de 2002. Los deberes que le pusieron eran difíciles: debía apagar los conflictos creados en un asunto tan delicado como la entrada de inmigrantes en España. Lo logró a medias. Su primer gran problema fue afrontar un revés judicial del Supremo, que anuló 11 artículos del reglamento de Extranjería que habían elaborado sus antecesores. Dejó claro, ya entonces, que su forma de hacer política no iba a cambiar. Apenas un año y medio después, en 2003, González, que nunca abandonó su carrera en el PP de Madrid, se marchó con Aguirre, quien siempre lo consideró uno de los suyos. Se iba con un acuerdo con el PSOE para reformar la ley de Extranjería (que se frustró) y con el aura de eludir los charcos mediante una combinación, a veces desequilibrada, de negociación y mano dura.
Dicen que por esa determinación y por la acumulación de poderes es un tipo odiado internamente. Tan odiado como temido: "Es muy controlador. Es, en definitiva, quien reparte las dádivas", comentan fuentes cercanas a la Comunidad.
(www.elpais.com, 30/04/09)
UN VICEPRESIDENTE FILMADO EN COLOMBIA
La oposición se unió ayer en una sola voz para pedir la reapertura de la comisión de investigación por el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, después de que la web de la cadena SER difundiera un vídeo del vicepresidente Ignacio González durante un viaje oficial a Colombia. El secretario regional de los socialistas de Madrid, Tomás Gómez, y la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, pidieron que González dé explicaciones por lo sucedido.
La comisión de investigación en la Asamblea de Madrid duró tan sólo cuatro sesiones. En ella no comparecieron algunos altos cargos, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Interior y Justicia, Alfredo Prada, pese a que lo habían solicitado expresamente al ser víctimas del supuesto espionaje.
El vídeo, que dura poco más de cuatro minutos, muestra imágenes de la visita del vicepresidente regional en septiembre y octubre de 2008 a la ciudad de Cartagena de Indias.
Para Tomás Gómez, el vídeo del viaje oficial de Ignacio González a Colombia pone de manifiesto que hubo "espionaje en la Comunidad de Madrid y también se intuyen otras cosas", recalcó el dirigente socialista tras la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno, Amparo Valcarce.
Gómez pidió que González compareciera en la Asamblea de Madrid para que aclare los motivos del viaje, su objetivo y para qué se hizo, mientras criticaba que se cerrara con un carpetazo la comisión de investigación del espionaje regional. "El PP, de forma intencionada, cercenó esos trabajos porque no quiere que los ciudadanos conozcan el funcionamiento de esa trama de espionaje, quién la organizó, quién la financió, quién la ordenó, por qué se espió, con qué objetivo, a quién se espió y quién realizó los espionajes", criticó Gómez.
Esperanza Aguirre también estuvo en las críticas del líder de los socialistas madrileños, que acusó a la presidenta de ningunear institucionalmente a los municipios gobernados por el PSOE en la región. Puso como ejemplo la ampliación del metro en Getafe.
De la misma opinión fue la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, quien aseguró que la comisión de investigación fue "violentamente cerrada por el PP tras sólo tres días y medio de comparecencias". En opinión de Sabanés, el PP vetó toda la documentación que tenía que ver con Ignacio González y los contratos del Canal de Isabel II.
"Nos parece que hay motivos más que suficientes para que el Gobierno regional, con su presidenta a la cabeza, dé explicaciones serias a los ciudadanos de lo que está pasando y por qué no se ha permitido investigar el espionaje y estos viajes", añadió la portavoz de IU en la Asamblea.
(www.elpais.com, 30/04/09)
Aguirre culpa a la Policía Judicial de filtrar las conversaciones entre Camps y El Bigotes
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acusó a la Policía Judicial de filtrar las conversaciones publicadas hoy por la Cadena SER entre el presidente valenciano, Francisco Camps, y el empresario imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes. Por otra parte, en relación con los vídeos publicados ayer en los que se pone de manifiesto que el vicepresidente regional, Ignacio González, fue espiado durante su viaje a Colombia, Aguirre aseguró que no piensa reabrir la comisión de investigación por la supuesta trama, puesto que aquella comisión estaba centrada en lo ocurrido en la comunidad, mientras que estos seguimientos se han producido en el extranjero y de manera ajena al Ejecutivo regional.
Esperanza Aguirre acusó esta mañana a la Policía Judicial de haber filtrado a la Cadena SER las conversaciones en las que una vez más se pone de manifiesto la magnífica relación de amistad que mantenían el presidente valenciano, Francisco Camps, y el empresario Álvaro Pérez, El bigotes, uno de los principales imputados en la trama de corrupción de la Operación Gürtel. Según advirtió Aguirre en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, estas conversaciones no aparecen en la parte del sumario que tiene levantado el secreto ya que, de ser así, estarían a disposición de todo el mundo”. “¿Y eso quien lo da? Pues la Policía Judicial”, aseguró.
Filtración "absolutamente intolerable"
La presidenta madrileña calificó de “absolutamente intolerable” la filtración de esta grabación y apuntó que se trata de una “violación de los derechos más elementales de la persona, que debería avergonzar a los responsables de esta cuestión”. Además, bromeó con la idea de que cualquier conversación es susceptible de ser sospechosa: “Desde luego yo no podría resistir la trascripción de una sola de las que tengo, ni con el máximo jefe de mis colaboradores ni con las de mis hijos”, matizó.
No se reabrirá la comisión de investigación
Por otra parte, se refirió al vídeo, también publicado por la Cadena SER, en el que se puede comprobar cómo Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad, fue espiado durante un viaje oficial a Colombia. PSOE e IU habían pedido que se reabriese la comisión de investigación llevada a cabo en la región para esclarecer la supuesta trama de espionaje dependiente de la consejería de Francisco Granados y que el PP cerró precipitadamente. Sin embargo, la presidenta aseguró que “no tiene ningún sentido” reabrir esta comisión, ya que las “imágenes han sido tomadas en Colombia” por lo que “no forman parte del objeto de la comisión”, que era investigar lo sucedido en la Comunidad de Madrid.
"No forma parte del objeto"
“Este Gobierno, que a diferencia del PSOE aceptó la comisión de investigación sobre aquellas mentiras que el PSOE e IU propuesieron, hablaban justamente de Madrid. El espionaje de González no se ha cometido en Madrid y no forma parte del objeto de la comisión. No tendría ningún sentido reabrirlo por esto”, insistió.
Ampliación de la denuncia de González
Por su parte, González tampoco abogó por reabrir la comisión, puesto que en su opinión el ámbito de investigación de los seguimientos es el “judicial”, en el que actualmente se encuentra el caso. A su juicio, el vídeo publicado “es la demostración” de algo que ya denunció en su momento, un “seguimiento ilícito” a su persona, por lo que, tras ver las imágenes, ha decidido ampliar la denuncia ya que, según manifestó, él es el “más interesado” en desvelar “quién ha ordenado” el espionaje, “por qué y con qué intereses”.
"No he estado en mi vida en ninguna historia de estas"
En cualquier caso, aseguró que no conoce “ningún despacho panameño, ningún banco suizo” como se sugiere en la grabación, ni ha estado en contracto con ningún narcotraficante. “No he estado en mi vida en ninguna historia de estas ni de estas sociedades, ni conozco a ninguno de los narcotraficantes, terroristas o paramilitares a los que se refiere este vídeo infame que ha sido colgado en la red”, subrayó.www.elplural.com 30.04.09
Los espías siguieron muy de cerca a Ignacio González
Novedades importantes sobre el espionaje político en la Comunidad de Madrid. La Cadena SER ha tenido acceso al video completo grabado al número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, durante un viaje oficial a Colombia. Varias fuentes del Canal de Isabel II, aseguran que entre los acompañantes de Ignacio González figura Ildefonso de Miguel, gerente del Canal y hombre de confianza de González. Estas fuentes lo identifican como una de las personas que lleva las bolsas blancas de plástico así como en las imágenes del desayuno durante el cual se habla de bufetes panameños y bancos suizos para mover cheques y fondos
La grabación dura 1 hora y 16 minutos y forma parte de un amplio dossier de espionaje con decenas de fotografías y documentos de un viaje oficial del número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, al país sudamericano. En el vídeo se comprueba cómo los espías le siguieron muy de cerca en Cartagena de Indias, Barranquilla y Bogotá durante al menos 4 días.
El seguimiento va acompañado de un informe elaborado por los espías donde explican lo que supuestamente ven y escuchan y al que ha tenido acceso esta emisora. Según el documento adjunto al vídeo, González llega a Cartagena de Indias acompañado por tres personas que viajan con él desde Madrid. Todo el grupo se dirige a una vivienda particular, "después de llamar, acceden al inmueble con bolsas blancas y salen a los diez minutos sin las citadas bolsas".
El informe señala que un individuo colombiano acompaña al grupo de Ignacio González durante su estancia en Cartagena. "Se nos informó - escriben los autores del seguimiento - de que este individuo tiene parentesco familiar con un narcotraficante que se entregó recientemente en Estados Unidos". Esa noche, según las imágenes fechadas el 30 de agosto de 2008 se lee en el dossier, "Ignacio González, el individuo colombiano y los demás miembros del grupo se reúnen en el hotel Sofitel y salen a cenar al Restaurante el Santísimo".
Los espías mantienen el operativo a la mañana siguiente, es domingo 31 de agosto. Uno de los acompañantes de González, escriben y filman los autores, "se dirige nuevamente al mismo domicilio del día anterior para dejar una nueva bolsa". Esa misma mañana, los espías graban al grupo desayunando: González, solo en una mesa, y sus tres acompañantes en la mesa de al lado.
El video de esta secuencia está grabado a pocos metros de los protagonistas. Los autores del espionaje aseguran en su dossier que los acompañantes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid hablan en ese momento de "un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc en Panamá". Según el dossier, González no participa en esta conversación.
Los agentes dicen oír dos nombres, anotan los nombres, y explican: "Estas dos personas pertenecieron a IGRA y al parecer tuvieron problemas judiciales y fiscales por blanqueo de capitales".
Los documentos revelan un posible viaje de Ignacio González de Cartagena de Indias a Barranquilla y un vuelo posterior a Bogotá, éste con motivo de una supuesta visita de González al Presidente de la República Álvaro Uribe, anotada también en el informe.
El dossier señala que un individuo colombiano les acompaña en Cartagena. Según los autores del espionaje esta persona "tiene parentesco familiar con un narcotraficante que se entregó recientemente en EEUU".
Las últimas imágenes son en El Dorado, aeropuerto de la capital colombiana. Allí, los agentes acusan a la comitiva de que "Ni González, ni su grupo, pasó control alguno de pasaporte en la llegada o salida de Colombia, no constando información suya en la DAS (similar al CNI español), en los Servicios Secretos Policiales ni en el B2 militar".
Portazo político a la investigación
La justicia investiga la trama del espionaje aunque la Comisión de Investigación que se constituyó en el parlamento regional se cerró sin señalar responsables después de solo dos sesiones. Dos jueces de Madrid investigan la trama. El titular del juzgado número 47 considera que los seguimientos a Ignacio González en Cartagena de Indias puede constituir un delito de revelación de secretos. En el juzgado numero 5 recayó la denuncia que presentó Manuel Cobo, mano derecha de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, sobre el presunto espionaje en la Consejería de Presidencia de Esperanza Aguirre. En la fiscalía presentó denuncia Alfredo Prada, ex consejero de Aguirre, de quien también aparecieron partes de seguimientos.
El número 2 de Esperanza Aguirre siempre ha mantenido que es el máximo interesado en conocer quién estuvo detrás de los seguimientos. Sin embargo, Ignacio González no ha aclarado, de momento, el motivo del viaje, quiénes le acompañaron, a cargó de qué presupuesto se cargó o la visita al Presidente colombiano, Álvaro Uribe, que él mismo confirmó. Tampoco dio explicaciones sobre la polémica secuencia donde aparece junto a sus acompañantes portando idénticas bolsas de plástico.
www.cadenaser.com 29.04.09
GRANADOS DESGAJA EL 'ÁREA DE LOS ESPÍAS'
Los casos de supuesto espionaje a altos cargos del PP de Madrid han dejado una profunda cicatriz en la Consejería de Presidencia e Interior, que dirige Francisco Granados. Las funciones de los 39 trabajadores del área de Seguridad son difusas. La fugaz comisión de investigación celebrada en la asamblea para esclarecer los casos de espionaje apenas pudo determinar a qué se dedicaban algunos de estos trabajadores. Ahora, Presidencia e Interior se prepara para una reorganización que pasa por la asignación de los cerca de 40 trabajadores a cuatro áreas diferentes distribuidas en otras consejerías, según precisan fuentes del Gobierno regional.
La decisión está relacionada con el convenio firmado con el Ministerio de Interior por el que se crea una unidad del Cuerpo Nacional de Policía, integrada por 80 agentes, adscrita a la Comunidad de Madrid. Según el convenio, se crearán cuatro departamentos, entre los que se encuentran el área para la preparación de eventos con personalidades públicas, la unidad para el tratamiento de datos confidenciales -como matrículas de coches-, la unidad para la coordinación de la seguridad física del complejo gubernamental de la Puerta del Sol y otra área para supervisar la actuación de los servicios de seguridad privada contratados en diversas sedes de la Comunidad de Madrid. El plan fue explicado por Granados en sede parlamentaria hace unas semanas.
Enrique Barón, director general de Seguridad e Interior de la Consejería de Presidencia e Interior, está comunicando los cambios a los trabajadores, según fuentes del Gobierno regional.
La reordenación del área de Seguridad, avanzada ayer por el diario gratuito ADN, despertó los rumores sobre una posible crisis de Gobierno del Ejecutivo de Aguirre. Pero tanto la propia presidenta, Esperanza Aguirre, como el vicepresidente, Ignacio González, se apresuraron a desmentirlo. "Es pura especulación y no hay nada más", comentó González en referencia a posibles cambios en la dirección de la Consejería de Presidencia e Interior. La figura de Granados ha perdido peso político en el Ejecutivo de Aguirre, según fuentes del PP. Descartada una reordenación inmediata de las consejerías, la decisión se aplaza para después del verano. Fuentes populares cuentan con que una vez pasadas las elecciones europeas y las vacaciones estivales se produzca una reforma del Gobierno regional para encarar la recta final de la legislatura.
El área de Seguridad dependiente de la Consejería de Presidencia e Interior cuenta con 39 trabajadores. La mayoría de ellos tienen una actividad programada a diario que se detalla en partes internos. En el organigrama de la Dirección General de Seguridad, que dirige Enrique Barón, figuran los destinos de los casi 40 trabajadores. Ocho agentes están destinados al complejo de la presidencia, otros siete están asignados a diferentes consejerías, otros dos se encargan de la seguridad electrónica y nueve empleados figuran en la seguridad de exteriores. En la estructura figura un agente técnico de guardia asignado a la sede de la consejería en la calle de Gobelas, número 34. Hay un trabajador al cargo de los vehículos de la Dirección General de Seguridad, y otro de la informática. Cinco trabajadores tienen una baja laboral prolongada y otros tres están liberados por ser representantes sindicales. Los dos trabajadores restantes están al servicio del director general de Seguridad, Sergio Gamón.
Este alto cargo fue destituido por Francisco Granados en junio de 2008 tras acceder con un grupo de funcionarios a una oficina de la Consejería de Justicia, cuyo titular denunció el robo de un ordenador. Pero Gamón encontró acomodo en un área de Seguridad paralela de la Comunidad de Madrid, bajo las órdenes del vicepresidente regional, Ignacio González.
Los dos agentes al servicio de Gamón son José Palomo Gallego (supervisor de Seguridad) y José Manuel Pinto (técnico especialista de Seguridad). Ambos son compañeros desde hace cinco años. Pinto ha sido identificado como uno de los que supuestamente elaboraron los informes de seguimientos a altos cargos del PP de Madrid durante el pasado año, según una prueba pericial caligráfica encargada por este diario. Pero otro informe pericial encargado por la Comunidad desvincula al mismo agente de los espionajes.
José Manuel Pinto y José Palomo son los únicos de los 39 agentes que no tienen una actividad definida en el estadillo de funciones diario. Ambos desarrollan su trabajo en el turno diurno. En los partes de trabajo sólo aparecen referencias que les vinculan al servicio del director general.
Tras estallar el caso de los supuestos espionajes a altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid, los dos agentes redactaron una carta a sus compañeros. En el documento justificaban sus tareas y negaban que hubieran espiado a políticos. A la vez criticaban al resto de sus compañeros porque, según escribieron, se sentían "despreciados profesionalmente por los representantes de los trabajadores, por componentes del propio servicio de seguridad (algunos no tienen muy claro qué es un servidor público y menos el estamento al cual pertenecen) y por ex responsables políticos y de seguridad".
(www.elpais.com, 24/04/09)
LA TRAMA DE ESPIONAJE DEL PP EN EL JUEGO 'CLUEDO DE LOS ESPÍAS'
Las Juventudes Socialistas de Madrid han creado un juego denominado Cluedo de los espías para criticar la supuesta trama de espionaje entre políticos del PP, consistente en descubrir a un "asesino" entre seis personajes "oscuros" que luchan por el poder.
Según han informado hoy las Juventudes Socialistas en un comunicado, el 'Cluedo de los espías' está disponible en la página web de la formación y trata de explicar y denunciar de forma informal "el escándalo del espionaje político en la Comunidad de Madrid".
En la citada página web se ha incluido un vídeo de presentación del juego que imita la estética de la película La Guerra de las Galaxias y un vínculo para descargar el juego que pronto estará disponible.
Este juego imita al tradicional juego de mesa Cluedo, en el que el tablero representa una casa en la que se ha perpetrado un asesinato y todas las personas que están en la misma se consideran sospechosas, por lo que los jugadores tienen que averiguar quién cometió el asesinato, dónde y con qué arma.
El juego inventado por las JJSS está ambientado en la actual sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, un lugar "habitado por personajes oscuros, con ansias de poder inmenso y lugar de la investigación para descubrir el verdadero asesino en este vodevil que ha acabado con las últimas esperanzas en las que se antepusiese el servicio al ciudadano frente a los intereses políticos particulares", según se dice en las instrucciones del juego.
Hay seis sospechosos, un móvil y diferentes armas para descubrir al asesino. Los personajes son "La lideresa", "El espía", "El vice", "Líder?", "El Aguador", "El Faraón" y "El Espiado".
Sus descripciones, en tono de humor, corresponden a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre; al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados; al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; al líder del PP, Mariano Rajoy; al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González; al alcalde de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón; y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada.
Las armas son un coche quemado, un portátil robado, "las bolsas de Cartagena", una carpeta 'top secret' y un billete de avión, elementos que se ha mencionado durante la investigación de la supuesta trama de corrupción.
Las instrucciones especifican que "todos los sospechosos tienen una relación clara, son compañeros de organización, se conocen desde hace mucho tiempo y han sido amigos y enemigos a partes iguales, ninguno se fía de ninguno pero nadie acusará a nadie" y asegura que "sólo tú y tu intuición adivinarán el asesino".
(www.publico.es, 14/04/09)
REFLEJOS DE ESPÍAS, SOLEDAD DE IMPUTADO
La Asamblea esperaba ayer una cita de trámite. Pero el debate parlamentario se envenenó con la dimisión del portavoz adjunto del PP, Benjamín Martín Vasco, que renunció acosado por su implicación en el caso Gürtel. El otro asunto que soliviantó a los diputados de ambos bandos fue la polémica comida del consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un día antes de que el tribunal asumiera el caso Gürtel. La imagen, tomada desde una de las cabinas de prensa de la Asamblea, muestra juntos, por el efecto del reflejo en un cristal, por un lado a los diputados del PP Alberto López Viejo (a la derecha), implicado en la red corrupta, y Alfredo Prada, uno de los altos cargos del PP espiados, y por otro a Esperanza Aguirre y el portavoz, David Pérez.
(www.elpais.com, 03/04/09)
MARTÍN VASCO DIMITE COMO PORTAVOZ ADJUNTO DEL PP EN LA ASAMBLEA
Benjamín Martín Vasco, uno de los tres diputados regionales del PP salpicados por el caso Gürtel, presentó ayer su renuncia como portavoz adjunto de su partido en la Asamblea. Ha tardado 54 días en dimitir desde que el pasado 14 de febrero se destapase su supuesta implicación en la trama de corrupción en administraciones gobernadas por el PP. Entonces se supo que Francisco Correa, supuesto cabecilla de la red corrupta, y varios de sus colaboradores implicaban a Martín Vasco en la trama, según reveló una de las grabaciones realizadas por la policía: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
El auto judicial elaborado por el juez Baltasar Garzón revela que entre 2003 y 2008 Martín Vasco recibió pagos de la trama. Garzón calcula que entre las entregas en efectivo, pago de viajes, joyas, gastos de boda y hoteles el diputado recibió 345.166 euros, según la contabilidad de dinero negro de la red corrupta. Estos hechos pueden ser constitutivos de delito de "cohecho en sus diversas modalidades y de tráfico de influencias".
Tras publicarse el asunto, Martín Vasco abandonó la presidencia de la comisión de los espías que ostentaba, pero mantuvo hasta ayer la portavocía adjunta del grupo popular en la Asamblea, aunque no la ejercía. Ahora conservará su escaño de diputado al menos hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) lo impute por el caso. Si eso ocurre, la dirección nacional del PP le pedirá que entregue su acta de diputado y lo suspenderá de militancia, igual que les ocurrirá a los otros dos diputados del PP salpicados por el caso Gürtel, el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y Alfonso Bosch. Fuentes del PP aseguran que la vacante de Martín Vasco no se cubrirá porque el portavoz adjunto suplente, Juan Soler, desempeñará ese papel.
El portavoz titular del PP en la Asamblea, David Pérez, fue el encargado de ofrecer la versión oficial en los pasillos: "Martín Vasco ha presentado una carta de dimisión que ha sido aceptada". Pérez justifica su renuncia porque "no quiere perjudicar al grupo parlamentario en vista del proceso en el que está inmerso". El escaño de Martín Vasco permaneció vacío durante buena parte del pleno. Sólo apareció a última hora para votar las propuestas populares.
La decisión de Martín Vasco ha pillado por sorpresa. Muchos diputados populares daban por sentado que la dirección del partido lo obligaría a dimitir de todo si finalmente el TSJM lo imputaba. Pero, entre tanto, no se esperaba que abandonase, sobre todo después del tiempo pasado desde las primeras acusaciones. "Ayer hubo reunión del grupo popular y no se comentó nada del asunto", deslizan fuentes del PP regional. "Ha sido una decisión de la presidenta o de él mismo", abundan. Fuentes del parlamento regional explican que desde que estalló el asunto el diputado popular redujo notablemente su actividad parlamentaria. "No acudía a las ruedas de prensa, ni a las comisiones. Mantenía el perfil bajo y parecía deprimido", relatan. Una de las fuentes consultadas sugiere que la publicación de que Correa pagó los gastos de su boda desencadenó la dimisión. Una decisión que coincide con la polémica surgida a raíz de la comida del consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados, con el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, justo un día antes de que el tribunal asumiera el Gürtel.
Ambos asuntos fueron las comidillas ayer en la cámara regional. Las portavoces de la oposición coincidieron al interpretar "la dimisión por entregas de Martín Vasco" como "un síntoma de la gravedad de la situación que atraviesa el PP". La portavoz socialista, Maru Menéndez, reclamó a la presidenta regional que asuma responsabilidades por "una situación fruto de una trama de corrupción masiva". Y agregó: "Aguirre debe dejar de esconder la cabeza debajo del ala". Por su parte, Inés Sabanés, cabeza de IU en el parlamento regional, espetó que el "Gobierno de Aguirre está bajo sospecha". Sabanés considera que la presidenta de la Comunidad está detrás de esta dimisión "por fases para minimizar la gravedad de la situación".
(www.elpais.com, 03/04/09)
RAJOY DUDA DE QUE NO HAYA HABIDO ESPIONAJE EN MADRIDMariano Rajoy se desmarcó ayer de las conclusiones de la Asamblea de Madrid sobre que no ha habido espionaje político alguno, al menos, imputable al Gobierno de la Comunidad. Lo que ayer dijo el presidente del PP a Ana Rosa Quintana en Telecinco es que la comisión de investigación de la Asamblea -cuya apertura ponderó como idea propia- no ha demostrado su existencia, y que él queda a la espera de lo que resulte de la investigación judicial.
«Yo no puedo echar a nadie del partido sin pruebas, porque ni siquiera la propia oposición dijo: el espionaje consistió en esto, o el espía fue esta persona o ésta otra. Yo no sé si lo ha habido, y desde luego, no sé quién lo ha hecho, si es que alguien lo ha hecho, pero estaré a lo que diga la investigación judicial», afirmó.
Rajoy ponderó, eso sí, la decisión del Gobierno de Madrid de aceptar la comisión de investigación, en contraposición con las sucesivas negativas de Rodríguez Zapatero a sus propias peticiones en el Congreso de los Diputados. «Zapatero jamás ha hecho una comisión de investigación, salvo la del 11-M porque la pidieron todos los grupos, y pese a que yo la he pedido para Endesa, los incendios de Guadalajara y Forum Afinsa».
«La Comunidad de Madrid lo hizo», dijo, para añadir matices a las propias conclusiones del Grupo mayoritario de la Asamblea: «Y allí salió lo que salió. Salió que no había ningún dato ni ninguna persona acusada de espionaje». «¡Ya me gustaría a mí saber si hubo espionaje y quién lo hizo! Si yo sé que hay alguien de mi partido que ha espiado a otro utilizando medios públicos, yo a esa persona la echo del partido, pero yo no puedo echar a nadie sin pruebas», insistió.
Su matizado apoyo a Esperanza Aguirre, al día siguiente de que el vicealcalde de Madrid insistiera en que fue espiado, contrastó en la misma entrevista con la apasionada defensa que hizo en favor del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en relación con la investigación en torno a los trajes supuestamente regalados por los imputados en el Gürtel.
El presidente del PP manifestó su «plena confianza» en Camps, que hizo extensiva «a todo el equipo que yo he nombrado», en alusión tácita -nunca hasta ahora expresa- a su tesorero, Luis Bárcenas, cuyo abultado patrimonio se ha hecho público y ha abierto sospechas en sus propias filas.
Rajoy llegó a definir a Camps y todos los miembros de su equipo comprometidos por las últimas informaciones como «inocentes».Pero sobre Camps, dio un paso más al responder de él personalmente: «porque le conozco, sé cómo vive, quién es su mujer y sus hijos, y es una persona honrada», afirmó.
(www.elmundo.es, 27/03/09)
El PP cierra también la comisión interna sobre el espionaje en Madrid
Fernández de la Vega acusa al primer partido de la oposicion de encubrir el caso
Una vez cerrada abruptamente la comisión sobre el espionaje en la Asamblea de Madrid, la dirección nacional del Partido Popular ha decidido hacer lo mismo con la investigación interna. Queda la investigación sobre responsabilidades penales en los tribunales, pero ninguna instancia buscará las responsabilidades políticas del caso.
Cospedal se acoge a las conclusiones exculpatorias de la Asamblea madrileña
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, argumentó ayer que, a la vista de las conclusiones de la investigación del Parlamento regional sobre el espionaje político, el partido cerrará su investigación interna y esperará al resultado de la investigación judicial.
La Comisión parlamentaria se cerró sin que comparecieran siquiera los espiados y las conclusiones exculpatorias fueron aprobadas gracias a la mayoría absoluta del PP y frente a los dos partidos de la oposición en Madrid, PSOE e Izquierda Unida.
Cospedal, en declaraciones a los periodistas en La Roda (Albacete), explicó que el PP no tiene "más medios para seguir adelante" porque no puede "practicar ninguna otra averiguación".
Por ello, dado que hay abierta una investigación judicial, aseguró la número dos del partido, "el PP dejará cerrada esta comisión de recabar información que teníamos abierta dentro del partido, y esperaremos a las conclusiones de la Justicia".
Cospedal ha considerado que la investigación de la Asamblea de Madrid no ha podido "demostrar absolutamente nada y no ha habido una demostración palpable de que existiera una trama de espionaje". La comisión interna fue anunciada por Mariano Rajoy nada más estallar el escándalo, en contra de la opinión de Esperanza Aguirre, y fue suspendida sin haber arrancado apenas cuando se abrió la investigación parlamentaria. Ni una ni otra han avanzado.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el PP debería haberse "volcado en aclarar" la trama y subrayó que tanto la comisión de la Asamblea de Madrid como la del partido parecen haber sido "montadas más para encubrir que para descubrir".
www.elpais.es 21.03.09
El PP confirma que no habrá investigación interna por el affaire de los espías
Pecaron de confiados quienes creyeron que el Partido Popular proseguiría la investigación interna sobre el affaire de los espías en la Comunidad de Madrid, después de que Esperanza Aguirre escenificara finalmente el carpetazo a la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. Así lo ha confirmado hoy la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal en la albaceteña localidad de La Roda: “El PP dejará cerrada esta comisión de investigación que estaba abierta dentro del partido y esperaremos a las conclusiones de la Justicia".
De esta manera, Rajoy se lava las manos en lo que se refiere al asunto del espionaje al tiempo que se libra de retomar su particular guerra con la lideresa, y se limitará a esperar a las conclusiones judiciales. La decisión no es sorprendente, ya que desde que se amagó con cerrar la Comisión de Investigación madrileña, en el PP nacional todo han sido evasivas al respecto de retomar las pesquisas internas.
A la espera de la Justicia
"Teniendo en cuenta que nosotros no tenemos más medios para seguir adelante porque no podemos practicar ninguna otra averiguación y que hay abierta una investigación judicial, el PP dejará cerrada esta comisión de investigación que estaba abierta dentro del partido y esperaremos a las conclusiones de la Justicia". De esta manera, según El País, De Cospedal ha dado por zanjada la polémica sobre si Génova continuaría lo que Aguirre había sepultado ya.
Sin disgusto
Sin embargo, la noticia era un secreto a voces, tras las múltiples evasivas por parte de la dirección nacional del PP a responder si reabrirían la investigación interna sobre la que aseguraban que sólo estaba “suspendida” y no cancelada. Fue la propia De Cospedal quien afirmó que no le “disgustaba” la manera en que Aguirre había dado carpetazo a la Comisión de Investigación en la Asamblea.
No se ha demostrado nada
De Cospedal ha llegado incluso a avalar las conclusiones obtenidas por esta comisión y que el PP aprobó, gracias a su mayoría absoluta y con la radical oposición de PSOE e IU, el pasado miércoles por la tarde, en vísperas del puente y con la opinión pública funcionando a medio gas. "No se ha podido demostrar absolutamente nada sobre que existiera o dejara de existir una trama de espionaje", ha afirmado hoy la número dos del PP.
Reacción de De la Vega
Las reacciones no se han hecho esperar. La primera respuesta la ha dado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según la dirigente, las dos investigaciones –la asamblearia y la interna- "han sido montadas más para encubrir que para descubrir. De la Vega ha confiado en que el PP "esclarezca cuanto antes todos estos asuntos tan turbios y tan poco claros que vienen rodeando a este partido en las últimas semanas".www.elplural.com 20.03.09
Los diputados del PP espiados se ausentan de la votación que exculpa a Aguirre
Alfredo Prada confía en que sea "la justicia" la que aclare si fue seguido
Ni Alfredo Prada ni María del Carmen Rodríguez Flores, los dos diputados del PP en Madrid que -según han dicho ellos mismos- han sido espiados, tuvieron que escuchar cómo el portavoz del Grupo Popular, David Pérez, les decía a la cara desde la tribuna del Parlamento madrileño que "no existen los espiados porque no ha existido espionaje". Tampoco tuvieron que ver cómo su presidenta, Esperanza Aguirre, jaleaba a Pérez y se reía de los diputados de PSOE e IU que pedían seguir investigando los hechos.
El PP acusa a PSOE e IU de actuar como "un Torquemada progresista"
No tuvieron que verlo, ni oírlo, porque ayer no acudieron al pleno en el que la Asamblea de Madrid aprobó las conclusiones exculpatorias de la comisión de investigación sobre la presunta trama de espionaje. Así que tampoco tuvieron que votar esas conclusiones, que echan tierra sobre los seguimientos que ambos sufrieron en 2008: Prada de forma directa y Rodríguez como víctima colateral -pasaba por allí uno de los días en que seguían a Prada- de una trama que el PP de Madrid califica de "gran patraña". Los dos escaños ayer vacíos de Prada y Rodríguez, su "ausencia clamorosa", son, según la socialista Maru Menéndez, "la mejor prueba de que el espionaje ha existido".
La ausencia clamorosa no alteró los planes del PP ni a la presidenta Aguirre, que ya en el turno previo de preguntas, interpelada por Menéndez, había repetido con orgullo las conclusiones de la comisión redactadas y aprobadas por la mayoría absoluta del PP. "Esta comisión ha sido muy positiva y clarificadora: ha demostrado que nunca ha existido una trama de espionaje político, ni amparada ni auspiciada ni impulsada ni conocida por este Gobierno", dijo.
Mientras la presidenta hablaba, y acusaba a la oposición de insistir "erre que erre" con el tema de los seguimientos ilegales para tapar "los 7.000 parados diarios del Gobierno de Zapatero", algunos diputados populares miraban de reojo a los dos butacones vacíos en los que tendrían que haber estado Alfredo Prada y Carmen Rodríguez. Justo separados por el de Alberto López Viejo, ex consejero dimitido hace un mes por su vinculación con un asunto distinto: la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón.
Después empezó el debate sobre la cuestión: el dictamen de conclusiones de la comisión que durante apenas cuatro sesiones -antes de que el PP decidiera su final- trató de investigar el caso. Un dictamen exculpatorio para el Ejecutivo. Inés Sabanés (IU) volvió a poner el dedo en la llaga: "¿Se ha fijado en que tiene dos sillas vacías?", preguntó a Aguirre, señalando los dos escaños sin dueño de la bancada popular. "Entiendo que a usted, que controla todo en esta Comunidad, le moleste ver que hoy tiene dos disidencias en este pleno", insistió. La presidenta ni se inmutaba: continuó haciendo lo que hizo durante todo el debate: hablar por el móvil y bromear con el vicepresidente, Ignacio González, y el consejero Francisco Granados.
Hasta que subió a la tribuna el portavoz del PP, David Pérez: ahí Aguirre se animó y, aunque Prada y Rodríguez seguían sin aparecer, se puso a dirigir los aplausos. Pérez censuró que los diputados de PSOE e IU, actuando "como un Torquemada progresista", no hayan querido ver "la verdad que se abría paso": que no existió espionaje y que todo es una "mentira", una "farsa" para atacar a la presidenta de la Comunidad.
Se votó, al filo de las siete de la tarde, a mano alzada. En el PP faltaban dos, a pesar de lo cual su holgada mayoría absoluta sacó adelante el dictamen exculpatorio por 65 votos a 50. Una portavoz del Grupo Popular informó a última hora de que Carmen Rodríguez y Alfredo Prada habían llamado para excusarse. Ella no pudo asistir "porque está enferma" -algo que ni ella ni el PP comunicaron hasta entonces-; Prada, por estar en un viaje de trabajo.
Este periódico contactó con Prada (ex vicepresidente de Aguirre además de diputado), que confirmó la razón de su ausencia. A la pregunta de qué hubiera votado de haber ido al pleno, se limitó a contestar por dos veces: "Respeto la decisión que tomó el grupo parlamentario, no voy a decir más. Mi confianza está depositada en la Administración de justicia".
El capítulo final del carpetazo
- Pérez (PP): "Todo era una farsa. ¡Pidan perdón!". "El Gobierno de Madrid no ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos. PSOE e IU están en una huida hacia delante y siguen mintiendo. ¿Quién va a reparar el buen nombre de quienes fueron acusados sin pruebas? ¿Quién va a responder por este montaje? Todo era una farsa. ¡Deberían pedir perdón y se hacen las víctimas!"
- Menéndez (PSOE): "Señora Aguirre, salga de la presidencia". "Esperanza Aguirre es la máxima responsable política del asunto del espionaje político. La ausencia clamorosa de Alfredo Prada y Carmen Rodríguez es la mejor muestra de que el espionaje ha existido. Señora Aguirre, salga de la presidencia o la sacarán los ciudadanos por la puerta de atrás".
- Sabanés (IU): "El principio del fin de la impunidad". "Nosotros pensamos que ha habido espionaje y algunos de los que hoy no están aquí también lo piensan. Esto es el principio del fin de su impunidad. Usted, señora Aguirre, ha elegido el camino de sus hombres de confianza y tendrá que acabar dimitiendo".
www.elpais.19.03.09
LOS AGENTES SOSPECHOSOS DE ESPIONAJE NO TENÍAN TAREAS ASIGNADAS EN INTERIOR
José Palomo Gallego y José Manuel Pinto son dos empleados públicos de la Consejería de Interior de Madrid, cuyo titular es Francisco Granados. Según han reconocido ambos, forman pareja profesional desde hace cinco años. Pinto ha sido identificado mediante una doble prueba pericial caligráfica encargada por este diario como uno de los agentes que elaboró los partes del espionaje a cargos políticos del PP en 2008. Un informe pericial con fotocopias encargado por el Gobierno regional desvincula a Pinto de estas prácticas.
Hasta junio de 2008, ambos funcionarios tuvieron una actividad al margen de la agenda laboral de su departamento. Ni Pinto ni Palomo aparecían con tarea concreta asignada en los boletines internos del departamento, uno de los cuales se muestra en esta página. Sólo conocía cual era su trabajo su jefe directo, Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad, que cesó en junio de 2008 tras irrumpir junto a un equipo de funcionarios en una oficina de la Consejería de Justicia cuyo titular denunció el robo del ordenador.
El resto de los casi 40 compañeros de su departamento tenían una actividad definida día a día y mes a mes en los documentos internos oficiales. Pinto y Palomo tenían turno de mañana. Pero en los partes nunca quedaba constancia de su labor oficial, sólo aparecían asignados al director general mientras el resto tenía tareas asignadas en la protección interior y exterior de edificios, en vigilancia electrónica, en informática o en la propia sede de la dirección general.
A efectos de reparto de trabajo, Pinto y Palomo no existían. Y no porque estuvieran de baja, dado que los partes de dicha consejería en poder de este diario sí citan a los funcionarios que estaban ausentes por enfermedad.
José Palomo tiene como categoría la de supervisor. En los citados boletines diarios que llevan por título Distribución de los servicios a prestar por el Servicio de Seguridad de la Dirección General de Seguridad Comunidad de Madrid, sí figuraban sus dos homólogos, Carlos Correcher y Sebastián Escuadra. Pero Palomo no aparece.
Y lo mismo vale para su compañero de equipo, Pinto, con categoría de técnico. Los partes reflejaban las actividades asignadas a sus 14 compañeros del turno de mañana: algunos cumplían una ruta de verificación del servicio de control de exteriores de los distintos edificios del Gobierno madrileño. Cada cual recorría entre cinco y seis sedes. En el parte se anotaba el vehículo que usaban y sus teléfonos móviles y fijos. Por tanto, se podía saber al minuto qué hacían, dónde estaban y cómo localizarlos.
Otros compañeros de Pinto tenían asignado un servicio fijo en edificios, como la de Presidencia o la Cámara de Cuentas. Y el resto de funcionarios se repartía en servicios administrativos (mecanización de datos informáticos, comunicaciones, anotación y registro de incidencias y generación de los correspondientes informes, gestión del parque móvil...). Pinto nunca aparecía adscrito a ninguna de esas labores que cumplían el resto de sus funcionarios de igual nivel.
Si en lugar de observar el parte diario de actividades de los 14 funcionarios de turno de mañana, se analiza la planilla de los 39 empleados (a ellos habría que añadir casi una decena de asesores), el resultado es más llamativo: todos tienen una asignación laboral precisa (complejo de Presidencia, seguridad electrónica, técnicos de guardia en Gobelas, protección de las distintas consejerías, informática, baja prolongada, actividad sindical, vehículos...).
Todos menos dos: Palomo y Pinto. Su cuadrícula sólo anota lo siguiente: "Servicio director general de Seguridad". Por tanto, sólo Gamón sabía qué trabajos le hacían en 2008 Pinto y Palomo.
En la Consejería de Interior no hubo respuesta oficial a esta incógnita. Durante el tiempo que su labor estuvo vedada al conocimiento de sus compañeros, se produjo el espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; al ex consejero Alfredo Prada e, indirectamente, al ex director general de Telemadrid Álvaro Renedo o a la diputada autonómica Carmen Flores. Todos ellos, contrarios a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. En los partes de espionaje se aludía a Sergio Gamón como "nuestro director".
(www.elpais.com, 18/03/09)
EL ESPIADO PRADA, EN EL EQUIPO PARA LAS EUROPEAS
El PP arrancó el asalto a las elecciones europeas, claves para el futuro político de Mariano Rajoy, y en las que parte como favorito. El líder y Jaime Mayor, el candidato, tendrán campañas separadas, como sucedió en Galicia con Alberto Núñez Feijóo. Así lo decidió la comisión de estrategia para las europeas, constituida , que preside Ana Mato, y tiene entre sus miembros al espiado Alfredo Prada -en la foto, con Arsenio Fernández de Mesa- y a Miguel Arias Cañete, posibles eurodiputados.
(www.elpais.com, 18/03/09)
GONZÁLEZ PIDE A GALLARDÓN QUE RECTIFIQUE POR ACEPTAR QUE EXISTÍA UNA UNIDAD PARAPOLICIAL
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha pedido al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que rectifique o al menos reconozca que "se equivocó", ya que "se extralimitó" al dar por buena la información que afirmaba que en la Comunidad había una "unidad parapolicial". González, que ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Telemadrid, ha opinado que el alcalde "se equivocó gravemente" cuando dio credibilidad a las informaciones de El País sobre la responsabilidad de la Comunidad en la supuesta trama de espionaje a políticos.
"Es obligado que rectifique, porque lo que se ha demostrado es que lo que él llamaba una estructura parapolicial no existe", ha dicho el vicepresidente regional, que ha añadido que Ruiz-Gallardón "causó un grave perjuicio que debe reparar".
En relación con el supuesto espionaje a su persona, ha dicho suponer que detrás "tiene que haber gente que tenga alguna vinculación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", puesto que se desprende un conocimiento de las tramas con las que se la querido vincular.
Además, González espera que "la policía judicial, el Ministerio del Interior, haga su trabajo" y se sepa "cuanto antes" quién está detrás de esos seguimientos. Preguntado si una supuesta falta de apoyo de la dirección del PP a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, extensiva también al presidente valenciano, Francisco Camps, tendría su origen en el enfrentamiento de la primera al líder conservador, Mariano Rajoy, en el último Congreso del partido, González ha dicho que le "parecería una grandísima equivocación".
"Sería", ha añadido, siempre en condicional, "de una torpeza infinita y además muy reprobable que alguien que tiene la intención de liderar este país atacase a las bases de su poder territorial, que son Madrid y Valencia, sería un suicidio", ha dicho, que diera "prioridad a su propio enfado".
Ha manifestado además que Rajoy será de nuevo el cartel electoral del PP si así lo decide el congreso que el partido celebre antes de las elecciones, aunque ha matizado que si los resultados de los comicios siguen siendo buenos "sería absurdo cambiarlo".
Ignacio González, que ha dicho en relación a las facturas de los trajes de Camps que él, cuando se compra una camisa o un pantalón, las tira, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de filtrar el sumario del caso Gürtel "por dosis" y "parece" que "con un interés político", mientras "no sabemos nada más" y los acusados sufren "indefensión".
Por otra parte, ha declarado que la posición del Ayuntamiento de Madrid en el conflicto de Caja Madrid "no se entiende" y es "sorprendente", puesto que el alcalde primero dice "que es intolerable una mayor intervención" pública en la entidad y "ahora se opone porque se recorta su participación".
Respecto a Caja Madrid, el vicepresidente de Aguirre ha dicho que la actitud de "todos aquellos" que se oponen a cumplir la ley de Cajas aprobada por la Asamblea de Madrid es "desacato". Asimismo, González ha señalado que la Comunidad de Madrid no espera del Gobierno "la misma generosidad" que ha tenido con Andalucía al reconocerle la deuda histórica. "Hay una actitud claramente sectaria y teledirigida para perjudicar a las comunidades no gobernadas por el Partido Socialista", ha opinado.
(www.publico.es, 17/03/09)
EL PP DICE AHORA QUE SERÁN LOS JUECES LOS QUE ACLAREN SI HUBO ESPIONAJE
Después de consumar en cuatro sesiones el carpetazo a la investigación parlamentaria sobre el presunto espionaje político en Madrid -argumentando que no puede haber responsabilidades políticas porque "no hubo espionaje"-, el PP le pasó ayer la pelota a los tribunales y expresó su confianza en que éstos lleguen al "total esclarecimiento de los hechos". ¿Qué hechos, si no hubo espionaje? "Hay unas causas judiciales abiertas, y somos los primeros interesados en que esa vía judicial arroje luz en el ámbito penal, como ha arrojado luz la vía parlamentaria", contestó el portavoz popular, David Pérez.
Minutos antes, el PP había empleado su mayoría absoluta para absolver políticamente a Esperanza Aguirre en el caso: la fugaz comisión de investigación del Parlamento madrileño aprobó el dictamen de conclusiones de los populares, que sentencia: "La Comunidad de Madrid ni ha ordenado ni ha amparado ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos". Fueron desestimados los dictámenes de PSOE e IU, que no sólo certificaban que hubo espionaje sino que apuntaban a la presidenta Aguirre como máxima responsable.
El documento aprobado exime de toda culpa a la Comunidad, pero rebaja el tono mantenido por los diputados del PP en las últimas semanas. Los partes que publicó EL PAÍS ya no son radicalmente "falsos", sino "inexactos". Esos documentos que reflejan seguimientos a altos cargos del PP durante los meses de abril y mayo de 2008 no son "papelitos de galletas de la suerte encontrados en la puerta de un restaurante chino", como llegó a calificarlos el diputado popular Juan Soler, sino que "en muchos casos no se corresponden con la agenda" de los espiados. "La inexactitud de su contenido impide dar verosimilitud a su conjunto", señala el texto. Y la aseveración de que "no existen los espiados porque no ha existido espionaje" -repetida durante cuatro sesiones y, aún ayer, en la quinta y última- no figura negro sobre blanco en el dictamen.
Esas conclusiones serán aprobadas mañana definitivamente por el pleno de la Asamblea de Madrid, donde tienen escaño -y voto- dos de los políticos que sufrieron los presuntos seguimientos: Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores. Prada, que es miembro de la dirección nacional del PP y responsable del partido en el exterior, ha confirmado a este periódico que mañana tiene un viaje de trabajo y aún no ha decidido si podrá acudir al pleno.
El dictamen ocupa 62 páginas: las primeras 42 son una mera relación de los trámites seguidos para crear la comisión, y después el PP se limita a resumir lo que dijeron los 11 comparecientes que pudieron hablar (eliminando lo que dijeron en contra de las tesis del PP, como que Madrid no tiene competencias para hacer labores de escolta ni contravigilancia).
Por último, las conclusiones hacen referencia al informe grafológico, encargado por el Gobierno regional, que "acredita" que "la letra de las anotaciones manuscritas" de los partes "no se corresponde" con la del técnico de seguridad José Manuel Pinto, señalado por otro informe grafológico encargado por este periódico. El informe para el Gobierno, dice el PP, lo ha realizado "el Presidente de los Peritos, Cástor Iglesias". En realidad, Iglesias es presidente de la Asociación Nacional de Peritos Tasadores Judiciales, que no es el órgano colegiado de los peritos sino una de las muchas asociaciones que existen. El informe lo hizo con fotocopias, no con documentos originales.
"La verdad se ha ido abriendo paso, las teorías han ido cayendo una tras otra, pero ustedes no se han dado por enterados porque siguen aferrados a su política calumniosa", espetó a los diputados de la oposición el popular David Pérez durante la sesión de cierre de la comisión. Reiteró que "la Comunidad de Madrid ha sido víctima de una operación de acoso y calumnias plenamente planificada", insistió en que "no ha habido espiados porque no ha habido espionaje" y terminó con un consejo ético dirigido al PSOE e IU: "En política no vale todo".
(www.elpais.com, 17/03/09)
LOS DICTÁMENES DE LOS TRES GRUPOS EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
PP: "La Comunidad no lo ordenó"
- "La Comunidad de Madrid ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos".
- "Ha quedado acreditado que los supuestos partes de seguimiento, origen de los trabajos de esta comisión, ni son documentos de la consejería ni tan siquiera se corresponden en muchos casos con las agendas oficiales [de los espiados]".
- "La comisión de investigación no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario
EL PAÍS y confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso".
PSOE: "Una o varias tramas"
- "Dar por acreditada la existencia de una o varias tramas de espionaje vinculadas o relacionadas con cargos políticos, de confianza o empleados públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior".
- "Algunos errores existentes en algún parte [de seguimiento] no impiden valorar como muy significativos los aciertos que la inmensa mayoría de ellos contiene".
- "Esperanza Aguirre es la máxima responsable política del asunto del espionaje político, así como del bloqueo al esclarecimiento pleno de los hechos. Considerando responsable directo al consejero Granados".
IU: "Ha habido espionaje"
- "Los datos conocidos sobre los seguimientos y su muy mayoritaria coincidencia con las agendas pública y privada de los espiados dan credibilidad a la existencia de una estructura organizada para obtener información sobre personas al margen de la legalidad. Concluimos que ha habido espionaje".
- "Las actuaciones de espionajes estaban localizadas en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior".
- "Una actuación de este calado no se circunscribe al ámbito de una consejería y no puede hacerse sin el respaldo de la máxima autoridad del Gobierno regional, la señora Aguirre".
(www.elpais.com, 17/03/09)
EL PP SE AUTOEXCULPA DE ESPIONAJE Y DEJA EL CASO EN MANOS DE LOS JUECES
El PP ha pasado de calificar de falsos los partes de espionaje a altos cargos del Ayuntamiento de Madrid y del Gobierno regional a simplemente cuestionar su validez, según las conclusiones del dictamen que ha registrado hoy en la Asamblea y que impondrá gracias a la mayoría absoluta que posee en la Cámara. "Los supuestos partes de espionaje ni son documentos de la Consejería ni se corresponden en muchos casos con las agendas oficiales y carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración", señala el texto. Sin embargo, tanto el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, han confirmado que las anotaciones de los informes coinciden con lo que hicieron en esas fechas entre abril y mayo de 2008.
Tras rechazar la utilidad de la comisión, que fue bloqueada y frenada deliberadamente, para alcanzar cualquier conclusión que confirme los seguimientos, el Grupo Popular cree que es el turno de los tribunales. "La comisión no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario EL PAÍS y confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso", añade el informe del PP. El pasado viernes, la fiscalía anunció que seguiría adelante con la investigación al dar verosimilitud a los partes de seguimientos a Prada y Cobo.
Las conclusiones del PP, presentadas después de que el pasado miércoles diera cerrojazo a la comisión con la última comparecencia del consejero de Interior, Francisco Granados, chocan frontalmente con las de los grupos de la oposición, PSOE e IU, que apuntan directamente a la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, para que se llevaran a cabo los seguimientos. "No se pudo hacer sin el respaldo de la máxima autoridad del Gobierno regional, la señora Aguirre, que por acción u omisión tiene responsabilidad en todos los hechos", afirma el el dictamen de IU. Socialistas e IU destacan además que ha quedado acreditada la existencia de una o varias tramas ligadas a "cargos políticos, de confianza o empleados públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior", con la particularidad de que la mayoría de los espiados son o han sido "rivales directos de Aguirre". La oposición reclama también el cese del consejero Granados como "responsable directo" de la trama.
Responsabilidades pasadas
Como ya señalara durante las sesiones de la fugaz comisión de investigación, por la que pasaron ex responsables de los servicios de seguridad de Gobiernos anteriores al de Aguirre, el PP subraya que las estructuras y funciones de la Dirección General de Seguridad son "las mismas que puso en marcha el Gobierno de Joaquín Leguina a partir de 1985 y que potenció el de Alberto Ruiz-Gallardón, con un proyecto de Seguridad de 2002".
El informe del PP insiste además en negar que los partes fueran elaborados por agentes dependientes de los jefes del área de Seguridad, pese a que lo confirmaba un informe pericial, que indicaba que José Manuel Pinto fue el autor de alguno de ellos. "La letra de las anotaciones manuscritas en algunos de los supuestos partes no se corresponde con la de las personas a las que han apuntado las informaciones periodísticas", indica el PP. El Gobierno regional encargó otro informe que negaba ese extremo, si bien se realizó sobre fotocopias y con la letra de Pinto después de que éste conociera su supuesta responsabilidad.
(www.elpais.com, 14/03/09)
PSOE E IU SEÑALAN A AGUIRRE COMO RESPONSABLE DIRECTA DEL ESPIONAJE
Hubo "espionaje político" en la Comunidad de Madrid y no pudo hacerse "sin el respaldo de Esperanza Aguirre". No es la conclusión a la que llegará hoy la fugaz comisión de investigación del Parlamento madrileño, porque en ella tiene mayoría absoluta el PP, que sostiene lo contrario e impondrá sus tesis. Pero sí es la que defenderán hasta el final las portavoces de la oposición, Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU). Los dictámenes que presentarán ambas ante la comisión -a cuyos borradores ha tenido acceso este periódico- apuntan expresamente a la responsabilidad de la presidenta regional y subrayan que, si no se ha podido investigar más, ha sido porque el PP no quiso.
- "Una o varias tramas". "Podemos dar por acreditada la existencia de una o varias tramas de espionaje vinculadas o relacionadas con cargos políticos, de confianza o empleados públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior", rezan las conclusiones "provisionales" del PSOE. Conclusiones que los socialistas no dan por definitivas porque aspiran a reabrir la comisión con la ayuda del Tribunal Constitucional. La propuesta de dictamen de IU también incide en lo fundamental, el diagnóstico: "Los datos conocidos sobre seguimientos y su mayoritaria coincidencia con las agendas públicas y privadas de los espiados dan credibilidad a la existencia de una estructura organizada para obtener información sobre personas al margen de la legalidad", dice el texto.
- Pruebas "irrefutables". Los socialistas subrayan que las víctimas del presunto espionaje "dieron y continúan dando verosimilitud" a los partes publicados por EL PAÍS: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero Alfredo Prada confirmaron que lo que figura en esos documentos de seguimiento coincide con su agenda de aquellos días, lo que los convierte en "pruebas irrefutables". Ante la "evidencia" de esas pruebas, el PP se ha dedicado a "tratar de deslegitimarlas", usando para ello "recursos públicos". "No para investigar en profundidad los hechos acaecidos, sino para deslegitimar las pruebas de estos hechos", denuncia el PSOE, que recuerda que la reciente comunicación de la fiscalía dando verosimilitud a los partes "despeja cualquier duda".
También IU concluye que las incongruencias o errores de transcripción que aparecen en algunos de esos documentos -utilizadas por el PP para tachar de "falso" todo el caso- no ponen en cuestión su veracidad. Y destaca que el seguimiento a Alfredo Prada, "el más intenso", tuvo efectos políticos: "fue cesado".
- Los responsables. "No se pudo hacer sin el respaldo de la máxima autoridad del Gobierno regional, la señora Aguirre, que por acción u omisión tiene responsabilidad en todos los hechos", sentencia el borrador del dictamen de IU, señalando directamente a la presidenta como la persona que ordenó o consintió el seguimiento a políticos del PP. "Los hechos y las declaraciones nos llevan a la hipótesis de que existían razones políticas para los espionajes", añade.
El PSOE, después de recordar que "la mayoría de los espiados son o han sido rivales directos de Aguirre", pone igualmente el peso en la presidenta, aunque de forma menos tajante: Aguirre es "la máxima responsable política del asunto del espionaje político en la Comunidad de Madrid", así como del "bloqueo al esclarecimiento pleno de los hechos forzando un cierre abrupto de la comisión". Y, justo por debajo de la presidenta, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, cuyo "cese inmediato" piden por enésima vez los dos grupos de oposición, porque en su consejería "se localizaron las actuaciones".
Los socialistas proponen, por otro lado, la "supresión" de ciertos puestos de trabajo que contribuyen a crear estructuras paralelas en la red de seguridad autonómica; empezando por la dirección del Área de Seguridad, ocupada por Sergio Gamón.
- Una comisión "inconclusa y manipulada". "La falta de interés por parte del Gobierno regional para investigar los hechos; el veto a comparecer a los espiados y el manejo que se ha hecho de la comisión de investigación nos hacen concluir que [la Comunidad] es responsable también, por omisión, de que no se sepa la verdad", afirma el borrador de dictamen de IU. El PSOE coincide en que el PP ha diseñado una estrategia para tapar los hechos y bloquear la investigación, dando lugar a una comisión "inconclusa y manipulada". Por eso, ambos grupos exigen que se reabra la frustrada investigación parlamentaria.
(www.elpais.com, 1
6/03/09)El sospechoso de espionaje ataca a sus compañeros de la consejería
Malestar en Interior de la Comunidad de Madrid por un escrito de dos agentes
La sede donde supuestamente trabajan los espías que siguieron durante dos meses a altos cargos del PP en Madrid contrarios a Esperanza Aguirre se ha cargado de tensión. En Gobelas, 34, el edificio que alberga la dirección general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, hay dos trabajadores, uno de ellos sospechoso de participar en el operativo del espionaje y el otro, su compañero de equipo durante los últimos cinco años, que han puesto por escrito sus recelos tras lo ocurrido.
El agente Pinto dice sentirse marginado a pesar de sus privilegios Otros veteranos afirman que ese equipo trabaja "al margen" con Gamón
Los agentes José Palomo Gallego (supervisor de Seguridad) y José Manuel Pinto Serrano (técnico especialista de Seguridad) escribieron y firmaron el 9 de marzo tres folios donde, tras justificar sus tareas y negar que hubieran espiado a políticos, cargan contra sus compañeros. "Nos sentimos despreciados profesionalmente por los representantes de los trabajadores (sean estos trabajadores, afiliados o no), por componentes del propio servicio de seguridad (algunos no tienen muy claro qué es un servidor público y menos el estamento al cual pertenecen) y por ex responsables políticos y de seguridad (personas que no recuerdan que durante su mandato lo único que hicimos fue trabajar en pro de la seguridad de nuestro estamento al servicio de los ciudadanos)".
La reacción de Pinto y Palomo no se corresponde con lo que ha trascendido del interior de la Dirección General de Seguridad, donde el silencio desde hace semanas es absoluto. Ninguno de los 40 trabajadores que figuran en la plantilla de ese organismo ha manifestado públicamente nada en contra de Pinto y Palomo. Ni el Gobierno regional, ni la Fiscalía de Madrid, ni el juez que investiga otros espionajes ha tomado declaración a los trabajadores de la Dirección General de Seguridad a los que se refieren Pinto y Palomo. Nada que justifique la respuesta de ambos. Por todo ello, resulta su carta especialmente indignante para sus compañeros. En primer lugar, porque una decena larga son conocedores de sus extrañas actividades laborales y, por el momento, no han dado un paso para plasmar sus evidencias o sospechas en manos del fiscal o de la policía. Pero desde una perspectiva meramente laboral, los compañeros se plantean darles adecuada réplica.
"Nunca los hemos marginado", declaran veteranos de la Consejería. "Son ellos los que han vivido al margen del colectivo al estar vinculados directamente al que fue director general Sergio Gamón. Eso les ha permitido vivir con unas prerrogativas que no han tenido el resto de compañeros de la consejería: no respondían ante su jefe natural, sino exclusivamente ante el director general. Han tenido absoluta libertad horaria. Han dispuesto de teléfono y coches oficiales, algo sólo reservado a los jefes".
Los representantes sindicales temen que la consejería de Interior intente compensar en breve a Pinto salarialmente a su regreso de su actual baja médica por "ansiedad", surgida tras ser vinculado por este diario al espionaje. Pinto, según dos informes periciales encargados por EL PAÍS, es el autor de algunos de los partes de seguimiento al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada.
Otro informe encargado a un perito por el consejero de Interior, Francisco Granados, mantiene lo contrario y descarta que Pinto escribiera esos partes. Pero hay dos hechos que, según los expertos, lo invalidan: en primer lugar ha sido hecho con fotocopias, lo que no permite medir la presión de escritura; y se han usado pruebas caligráficas hechas por Pinto cuando ya sabía que era sospechoso y cómo eran sus letras sospechosas. La tentación de variar la grafía no era poca.
Desde hace años, Pinto trabaja en equipo con Palomo. Durante los dos meses de espionaje (abril y mayo de 2008), ambos trabajaban a las órdenes de Sergio Gamón, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, que le fichó para dirigir el departamento y que luego le mantuvo con un sueldo de 90.000 euros tras ser destituido por Granados debido a que entró en un despacho de la consejería de Justicia supuestamente a requisar documentos y un ordenador, aunque la Fiscalía archivó la denuncia presentada por la víctima de aquellos hechos. Nunca se halló al responsable del robo.
www.elpais.es 15.03.09
TÉCNICOS EN LA COMUNIDAD, ESCOLTAS PARA EL PP
José Manuel Pinto (con círculo), técnico de seguridad de la Comunidad de Madrid sospechoso de elaborar partes de seguimiento a políticos, hizo de escolta para Esperanza Aguirre en un mitin del PP en 2008. Tras él se aprecia a José Palomo, también trabajador de la Comunidad. En primer término, de espaldas, está Sergio Gamón, ex director general de Seguridad y jefe de ambos.
www.elpais.es 15.03.09
El fiscal sigue adelante con la investigación del espionaje a cargos del PP en Madrid
La Fiscalía de Madrid sigue adelante con la investigación de los supuestos espionajes al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, ambos del PP, durante los meses previos a la batalla por el poder en el partido que perdió Esperanza Aguirre y ganó Mariano Rajoy. La fiscalía entiende que el contenido de los partes es verosímil, por lo que ha pedido nuevas pruebas y el pasado jueves firmó tres oficios recabando distinta documentación.
Mientras el PP de Esperanza Aguirre insiste en que los partes son falsos, basándose en algunos errores que cometieron los espías y que el Gobierno regional ha intentado magnificar con documentación reservada de las actividades del ex consejero de Justicia, los espiados (Cobo y Prada) se han ratificado en que la mayoría del contenido de los seguimientos acredita que sufrieron espionaje y reclaman a la justicia que aclare lo ocurrido.
Los agentes que elaboraron los partes de seguimiento se refieren en ellos al departamento donde trabajaban, la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior. Dos informes periciales encargados por EL PAÍS señalan a uno de los agentes de esa consejería, José Manuel Pinto, como autor de algunos partes. El informe pericial encargado por el Gobierno regional, hecho con fotocopias, niega ese extremo.
Espiado mientras escucha a Aguirre
7-4-2008 La presidenta lanza en el Casino su "no me resigno"
El 7 de abril de 2008, los espías, tras abandonar el seguimiento del vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, retoman el otro objetivo, el consejero de Justicia del Gobierno de Aguirre, Alfredo Prada. "(...) nos desplazamos a la calle Alcalá (Casino de Madrid), en el que se localiza el vehículo [de Prada] estacionado (recepción y almuerzo en el casino)". Prada asiste a un discurso de Esperanza Aguirre donde proclama su "no me resigno" con el que firma la guerra por el liderazgo del PP ante Rajoy. Una foto certifica el acto.
Cobo y Prada "salen a las 14.25"
8-4-2008 Reunión del comité ejecutivo del PP
El 8 de abril de 2008, los espías anotan que el vicealcalde Manuel Cobo y el consejero Prada entran en la sede del PP. Se reúne el comité ejecutivo. Es un hecho público, figura en agendas y previsiones informativas. Pero los espías aportan datos que sólo ellos conocen. "Salen a las 14.25. Seguimos a P, que toma dirección a su trabajo, donde permanece unos pocos minutos y se dirige a su domicilio, sale a los 30 minutos, y lo perdemos".
"Va en un coche que no es suyo"
10-4-2008 Prada clausura un acto de Promomadrid
El 10 de abril de 2008, los espías narran su diaria persecución de Prada y apuntan una cita que les resulta extraña. "Sobre las 14.00 P. se dirige a la calle Suero de Quiñones, número 34 de Madrid (edificio próximo al Auditorio Nacional), en un vehículo que no es el suyo, pero de similares características, donde permanece unos 30-40 minutos (se puede vislumbrar que se trata de un evento laboral por la existencia de varias personas esperándolo)". Prada, en efecto, clausuraba un acto de Promomadrid sobre arbitraje.
"Le hemos perdido"
23-5-2008 Prada y el fiscal Moix en Brea de Tajo
El 23 de mayo de 2008, los espías de la Consejería de Interior de Madrid anotan lo siguiente: "11.00 horas. Se monta. Está en Brea de Tajo. 13.00: Sale de Brea de Tajo. 13.20: se le pierde en cercanías salida" de la carretera. Luego le esperan en su domicilio y trabajo, y al no hallarlo, desmontan el dispositivo. El espiado, aunque no es citado, es Prada, que ese día acude en Brea de Tajo a una exposición de cuadros de los menores internados por la justicia en un centro local. Comparte el acto con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, que ahora investiga el presunto espionaje sufrido por Prada y otros cargos del PP.
Vigilancia y matrículas de su cita con dos jueces
15-3-2008 (fecha errónea). Almuerzo
Los espías anotan una comida de Prada en el restaurante madrileño Lur Maitea el 15 de marzo de 2008. Cometen un error en el mes. Ocurrió el 15 de abril. Prada invitó al vocal del Poder Judicial José Merino (PP) y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Casas. Sus colaboradores confirman la comida. Y el Gobierno de Esperanza Aguirre posee la factura. Los espías anotaron tres matrículas de vehículos que creían oficiales. Una sí lo era. Es secreta por ser de un alto cargo. Los otros dos son de Martinsa y de un particular. Los espías después van a su dirección general.
Casado y ocho testigos más
13-5-2008 Chinchón
El 13 de mayo de 2008, Alfredo Prada estaba en un acto con sus colaboradores en el parador nacional de Chinchón. Lo saben los espías: "Sobre las 12.20 detectamos el coche de P. en el Parador Nacional de Chinchón". Y lo saben sus ocho compañeros de encuentro, entre ellos, singularmente, el entonces portavoz de Justicia en la Asamblea por el PP, Pablo Casado, y miembro de la difunta comisión de investigación del espionaje. Prada ese día no estaba en León, donde estuvo un mes antes, el 13 de abril, fecha que erróneamente atribuyó este diario al parte del acto de Chinchón. Pero los espías no fallaron.
Premio y conferencia
26-5-2008. 'Madridiario'
Los espías actúan un día más como sombra de Prada: "18.35. Se dirige a Mateo Inurria, 25-27, llegando a este lugar a las 18.45, oficinas de Esade". En efecto, a esa hora clausura un programa en Esade sobre la función pública. "19.55. Sale del anterior ", anotan los espías, y, una vez más huérfanos de toda agenda, sólo saben que se dirige al Palace a las 20.20. "22.10 Sale del Palace. Llega a casa a las 22.20". ¿Qué ha hecho dentro? No lo saben. En el hotel, Madridiario entrega el premio a los personajes más influyentes. Prada es uno de ellos (según muestra Madridiario en la foto adjunta). Y el más espiado.
www.elpais.es 14.03.09
El PP sigue confiando en las conclusiones de la Asamblea
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, evitó ayer de nuevo dar el más mínimo paso a favor o en contra de reactivar el expediente interno que ella misma dirige para aclarar el espionaje a cargos de su partido desde dentro de la Comunidad de Madrid. Cospedal, que prometió llegar hasta el final caiga quien caiga, fía ahora esa investigación a lo que diga el PP de Madrid, que no tiene ningún interés en que se conozca siquiera la versión de los espiados.
En definitiva, en el PP hay dos versiones públicas que son difíciles de combinar. Por un lado, el PP nacional dio desde el principio total credibilidad al espionaje de sus cargos y ordenó un expediente interno que sólo detuvo cuando el PP de Madrid aceptó abrir una comisión de investigación. Ahora, se ha cerrado por imposición del PP de Aguirre precisamente con la tesis contraria: que el espionaje es falso, nunca existió, y que los espiados (del PP) mienten.
Sin embargo, desde el PP nacional en ningún momento se han echado atrás en su convencimiento de la autenticidad de los documentos que prueban el espionaje.
Miembros de la cúpula
"Tenemos que esperar a las conclusiones, y a partir de ahí decir lo que tengamos que decir", dijo ayer Cospedal a la cadena SER, como Mariano Rajoy había dicho el día anterior. A pesar de que las víctimas del espionaje son miembros del Comité Ejecutivo Nacional (la cúpula del PP), la secretaria general del partido lleva una semana repitiendo que ella no es nadie para opinar sobre lo que está sucediendo en la Asamblea de Madrid por no ser miembro de la comisión. Mientras, el resto del PP permanece atónito y en un silencio marcial.
De qué manera pueden satisfacer al PP unas conclusiones que niegan los hechos investigados es algo que queda para el próximo miércoles, cuando se conocerá esa resolución del trabajo parlamentario. Cospedal dio "por descontado" que si hay algún responsable pagará por estos hechos. Pero en esta versión no queda claro si es la comisión de investigación la que debe encontrar responsables. Parece obvio que no lo va a hacer, puesto que niega los hechos mismos.
María Dolores de Cospedal aprovechó también ayer para defender a Ana Mato, vicesecretaria de Organización, con el argumento de que "lo que hace un marido no arrastra a la mujer", en referencia a los supuestos regalos que recibió el ex marido de Mato, Jesús Sepúlveda, de Francisco Correa, jefe de la trama de corrupción vinculada al PP que investiga la Audiencia Nacional.
www.elpais.es 14.03.09
La Fiscalía seguirá adelante con la investigación de los espionajes a Prada y Cobo
El Ministerio Público cree en su verosimilitud, por la coincidencia de los partes de vigilancia con las agendas de los populares
La Fiscalía de Madrid seguirá adelante con la práctica de diligencias en la investigación abierta a instancias de las denuncias presentadas por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el diputado regional y ex consejero de Justicia Alfredo Prada por los presuntos espionajes que habrían sufrido en abril de 2008. Tras el carpetazo que el PP ha dado a la comisión parlamentaria que investigaba la trama de espionaje político en Madrid sin escuchar a los espiados- entre ellos, Cobo y Prada- el Ministerio Público cree en la verosimilitud de los seguimientos, que el Gobierno regional tacha de "falsos", por la coincidencia de los partes de vigilancias con las agendas de los populares, en alusión a la versión de los propios afectados.
La investigación sobre los espionajes al vicealcalde se podría judicializar en breve con motivo de la denuncia que interpuso el 20 de febrero ante un juez de guardia debido a la supuesta inactividad de la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En el escrito se incluían fragmentos de informaciones publicadas en EL PAÍS, como la del 10 de febrero, sobre la realización de unos informes caligráficos (vea el informe 1 y el informe 2) "que concluyen que los partes de seguimiento al vicealcalde corresponden al técnico de la dirección general de Seguridad de la Consejería de Interior y, en concreto, a José Manuel Pinto Serrano".
En el caso de González, los supuestos espionajes están documentados con fotografías tomadas en los viajes que realizó a Cartagena de Indias y Johannesburgo. El magistrado aprecia en estos seguimientos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
www.elpais.es 13.03.09
COBO Y PRADA SE REAFIRMAN EN QUE FUERON ESPIADOS
Tras el carpetazo que el PP ha dado a la comisión parlamentaria que investigaba la existencia de una trama de espionaje político en Madrid, sin escuchar ni siquiera a los espiados, dos de ellos -Manuel Cobo y Alfredo Prada, ambos dirigentes del PP críticos con Esperanza Aguirre- se ratificaron ayer en que fueron objeto de seguimientos, y confiaron en que los jueces investiguen el caso hasta sus últimas consecuencias.
"No cambio nada de lo que dije el primer día. Creo que efectivamente a mí se me ha seguido", subrayó el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón. Y añadió: "Se lo dije a Rajoy y a Aguirre: lo que se realizó fue un delito". Alfredo Prada, ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, aprovechó para responder al consejero de Interior, Francisco Granados, que la víspera le acusó de mentir. "No he mentido en ningún momento", protestó.
Manuel Cobo reiteró que, cuando tuvo conocimiento por este periódico de la existencia de unos partes -que el PP tacha de "falsos"- que reflejaban seguimientos a su persona, los cotejó con su agenda. "Comprobé que todo era correcto. Si a mí me dicen por dónde sale mi coche, si voy a [la calle] Génova... Y lo compruebo y es así, yo contesto que es verdad. Eso ha ocurrido", relató. "Le pido a la juez que compruebe si una persona retribuida con dinero público y sin función de protegerme o vigilarme ha estado durante un tiempo siguiendo mis pasos. Todos lo queremos saber".
El vicealcalde restó importancia al cierre de la comisión de investigación. "Esas comisiones analizan responsabilidades políticas; yo hubiera ido si creen que puedo aportar algo. Pero no busco condena política, busco saber quién ha cometido ese delito y que sea condenado. Y es lo que voy a seguir haciendo", dijo. Cobo concluyó citando a los espiados: "Nosotros somos Ignacio González, Cobo, Alfredo Prada, Álvaro Lapuerta, Carmen Rodríguez Flores... Mi partido quiere saber lo que ha ocurrido. Si puede tener medios para esclarecerlo, ésa es la dificultad. Quien tiene esa posibilidad es la Administración de justicia".
Alfredo Prada, por su parte, negó tajantemente haber mentido sobre la veracidad del contenido de los partes -él también confirmó que coincidía con su agenda- y lamentó ser objeto de acusaciones "infundadas". Reiteró que fue "víctima" de unos "hechos gravísimos" -los seguimientos a él y a su familia- y confió en que la justicia los esclarezca. Pero también quiso dejar claro que decidió no hacer valoraciones "esperando poder dar todo tipo de explicaciones en la creencia de ser llamado a comparecer ante la comisión de investigación". No pudo ir porque el PP no quiso que fuera.
[La secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, reclamó a Mariano Rajoy que reabra la "investigación interna" y "depure responsabilidades" sobre el espionaje. "Rajoy no debe cambiar impunidad por unidad interna. Él es el jefe de los que están imputados, acusados o denunciados por robar o por espiar, o por las dos cosas", dijo].
(www.elpais.com, 13/03/09)
Los espiados se revuelven contra Aguirre
Que Esperanza Aguirre haya cerrado con cajas destempladas la comisión del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid no significa que la ley del silencio funcione. Ayer lo pudo comprobar la presidenta. Dos de los presuntos espiados del PP, Manuel Cobo y Alfredo Prada, a los que ha impedido comparecer, se rebelaron. Levantaron el dedo. Y dijeron que sí, que padecieron seguimientos. La fractura en el PP volvió a asomar. Por el espionaje y por la guerra en Caja Madrid.
Primero terció Cobo, vicealcalde de Madrid: "No cambio nada de lo dije cuando se supieron los seguimientos, que creo que, efectivamente, se han realizado. Se me ha seguido". El número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, durante 45 minutos, buscó liberarse del fardo, rechazar las acusaciones de "mentir" que los aguirristas habían arrojado al equipo del alcalde; la última vez, el miércoles, por boca del consejero de Interior, Francisco Granados. Explicó con detalle cómo los movimientos que describen los partes, en abril de 2008, "coinciden" con su agenda pública y privada.
No hay más vía que ésta, repitió Cobo: "Conocer quién lo hizo, por qué, quién lo ordenó y con qué fines". Por eso él mismo interpuso una denuncia ante la Fiscalía y otra en el juzgado de guardia, cuando El País señaló a un técnico de seguridad, gracias a exámenes grafológicos, como posible autor de las notas. "Granados querrá saberlo", escurrió. "Y si hay falsedad documental [como alega Aguirre], mi partido en Madrid querrá saberlo".
El vicealcalde insistió, y no por casualidad, en el doble rasero de la Comunidad, al equiparar el seguimiento que él asegura haber sufrido, y que Aguirre ha despreciado, con el que afecta al número dos de la presidenta, Ignacio González, "igual de infame y de mafioso". Así que, en su caso y en el del vicepresidente, "se debe llegar a las últimas consecuencias", subrayó.
Cobo eludió censurar el cierre de la comisión ya finiquitada en la Asamblea de Madrid, aunque precisó que habría estado "encantado" de comparecer si le hubieran citado. Se cuidó asimismo de elevar responsabilidades a la cúpula nacional del PP. Tiró a dar a Aguirre. Por un lado, refrendó lo que los ex consejeros de Gallardón dijeron en la comisión, que la Comunidad no tiene competencia para tareas de vigilancia o contravigilancia. Y por otro, deslizó la sospecha: "Nada tiene que ver la estructura de un cuerpo con que se mande hacer a alguien algo legal o ilegal".
Prada, ex consejero de Aguirre y hoy escudero de Mariano Rajoy, convergió con Cobo. Ayer, en declaraciones a Europa Press, se etiquetó como "víctima" de espionaje y se ratificó en que "nunca" había mentido cuando dio credibilidad a los partes. Confiaba, añadió, en que le dejaran explicarse en la Asamblea. La Justicia dirá y si exculpa a la Comunidad, le satisfaría mucho, sostuvo.
La otra grieta se llama Caja Madrid. Cobo anunció que el Ayuntamiento de la capital interpondrá dos recursos contra la Comunidad por "imponer" los nuevos estatutos de la entidad, que menguan la representación del Consistorio en los órganos de gobierno, porque se consideran "lesivos" para los intereses de los madrileños. CCOO también prepara un recurso similar, informa Virginia Zafra. El sindicato estudia acudir incluso al Defensor del Pueblo: juzga inconstitucional la Ley de Cajas de Aguirre, aprobada a toda prisa en diciembre de 2008.
González respondió seco. Cree "incongruente" que Gallardón recurra ahora los estatutos de la caja, que tendrá que aprobar la asamblea de la entidad el día 23 y, si no es así, los impondrá el Gobierno regional. Sobre Cobo, nada: "Se ha dejado en evidencia que no ha habido espionaje".
(www.publico.es, 13/03/09)
AGUIRRE CIERRA LA COMISIÓN SIN ESCUCHAR A LAS VÍCTIMAS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dará cerrojazo a la comisión de investigación de la trama de espionaje político destapada por EL PAÍS sin escuchar los principales testimonios, los de las víctimas de los espías. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid ha decidido esta mañana, gracias a la mayoría absoluta que detenta el PP, fijar para el próximo 18 de marzo la aprobación del dictamen de la comisión, lo que en la práctica implica que mañana será el último día de vida útil del organismo. El final de las pesquisas, que estaba previsto que duraran hasta el 31 de marzo, se adelanta 13 días tras apenas cuatro sesiones. Francisco Granados, máximo responsable de la Consejería de Interior, de la que dependen los presuntos responsables de la red, cerrará mañana las comparecencias.
Así lo ha decidido la mayoría del PP en la Junta de Portavoces, a propuesta de la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, con los votos en contra del PSOE e IU. Maru Menéndez e Inés Sabanés, portavoces de PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, han comparecido juntas en rueda de prensa para denunciar la maniobra del PP, que han calificado de "atropello democrático". Ambos partidos han advertido de que agotarán todas las vías "parlamentarias", "jurídicas" e "institucionales" para seguir investigando la supuesta trama. Entre otras medidas, PSOE e IU estudian llevar al Tribunal Constitucional lo que consideran la vulneración de los "derechos de los grupos parlamentarios". Además, Menéndez ha anunciado que los socialistas "no asistirán a actos instituciones organizados por Esperanza Aguirre" en señal de protesta.
De este modo, el PP da carpetazo a los trabajos de la comisión, tal y como han venido denunciando PSM e IU desde el día en el que se aprobó el orden de comparecientes, sin que por ella hayan pasado sus protagonistas. Al menos tres altos cargos populares fueron vigilados, según ha publicado este periódico: el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, el ex presidente de Telemadrid y ex diputado autonómico, Álvaro Renedo, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Así las cosas, desfilarán por la comisión apenas diez de los 29 comparecientes previstos.
Entre ellos, Marcos Peña, asesor de seguridad de Granados, y Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad. Los dos negaron haber participado o tenido conocimiento de ningún espionaje o seguimiento a cargos públicos. También han pasado por la comisión un ex consejero socialista del Gobierno de Joaquín Leguina, Virgilio Cano, y dos consejeros del PP en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, que ahora es concejal en el Ayuntamiento. Todos negaron que en sus etapas se realizaran labores de contravigilancia. Estas comparecencias fueron tildadas de "despropósito" por Alberto Ruiz-Gallardón y por Pedro Calvo, que acusó a su propio partido de querer desviar la atención.
La comisión elaborará su dictamen de conclusiones después de la comparecencia mañana miércoles de Francisco Granados, a pesar de que la comisión tenía tiempo para trabajar hasta el 31 de marzo. En la comisión se someterá a votación antes de pasar a pleno. En el hemiciclo, en el que el PP tiene mayoría absoluta, también pasará la votación.
A pesar de alardear de ella a posteriori, Aguirre dio luz verde a la comisión a regañadientes y presionada por la dirección del PP, que encargó a María Dolores de Cospedal una investigación interna en vista de la postura de la presidenta, que negaba la existencia de la trama y se negaba a mover un dedo para esclarecer los hechos. Sin embargo, el PP le ha puesto piedras en las ruedas desde el principio. La comisión se constituyó el 6 de febrero pero tardó casi un mes en arrancar de hecho por la tardanza del PP en detallar su lista de comparecientes.
(www.elpais.com, 10/032/09)
AGUIRRE PRESENTA UNA DEMANDA CONTRA EL PAÍS
El secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, ha anunciado hoy que todos los miembros del Gobierno regional presentaron hace 10 días, a título individual, una demanda de conciliación contra el director de EL PAÍS, por las informaciones sobre la supuesta trama de espionaje que calificó de "falsas". Güemes ha aclarado, en declaraciones a los medios de comunicación, que esta demanda de conciliación, es "el paso previo, si no se rectifica en sede judicial, a la presentación de una querella criminal". Una acto de conciliación prevé un arreglo de la controversia en un Juzgado de Primera Instancia o de Paz con la asistencia de la parte demandada y demandante. Este tipo de demanda pretende evitar el juicio.
Respecto a la continuidad de la comisión de Investigación en el Parlamento madrileño, el secretario de Comunicación del PP de Madrid ha indicado que es ya es tiempo de que la Asamblea de Madrid se dedique a "cuestiones más cercanas a las necesidades de la gente y no a dar pábulo a una enorme falsedad". Así, se preguntó si el parlamento regional "debe seguir derrochando energías y recursos en una comisión que responde exclusivamente a un enorme bulo y a una gran mentira".
(www.elpais.com, 10/032/09)
LOS AGENTES ESPIARON LA CITA DE PRADA CON UN EX PRESIDENTE DE TELEMADRID
Agentes del Gobierno de Madrid espiaron al ex presidente de Telemadrid y ex diputado regional del PP Álvaro Renedo, otro dirigente caído en desgracia ante Esperanza Aguirre. Renedo fue fotografiado por los espías, según el parte de éstos, tras entrevistarse en un hotel con Alfredo Prada, ex consejero de Justicia. Ambos espiados confirman su encuentro.
Los 33 partes originales que recogen los seguimientos por agentes de la Consejería de Interior de Madrid en 2008 a políticos del PP contrarios a Aguirre como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero Prada no sólo coinciden con sus agendas oficiales, sino con las privadas.
Y quienes tuvieron encuentros con ellos también fueron investigados o fotografiados. Este diario ha identificado a dos víctimas colaterales del espionaje negado por el consejero de Interior, Francisco Granados, pero que nutren un listado que incluye al ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta y a la diputada regional Carmen Rodríguez.
La primera víctima colateral del espionaje es Álvaro Renedo, presidente de Telemadrid entre 2003 y 2007 por nombramiento de Aguirre y diputado regional en la anterior legislatura. La segunda es Clara Reynolds, presidenta de una fundación. Renedo fue espiado el 20 de mayo de 2008. Los espías de la Consejería de Interior lo describieron y fotografiaron tras entrevistarse con Prada en el hotel Hesperia de Madrid: "Se reúne en el interior de hotel con un hombre de edad avanzada, calvo, con gafas y de una estatura similar a la de P". "Ese hombre de edad avanzada, calvo y con gafas que se entrevistó en el hotel Hesperia con Prada soy yo", confirmó Renedo.
Pero evitó opinar sobre tal espionaje y aclarar si presentaría acciones legales. Renedo había caído ya en desgracia en mayo de 2008 ante Aguirre. Había sido su amigo personal y compañero de oposición, pero ella no dudó en apearlo de la presidencia de Telemadrid. Y, por si fuera poco, Renedo, cuando fue espiado, se entrevistaba con otro disidente, Alfredo Prada, al que Aguirre destituyó tras ser fichado por Mariano Rajoy para su ejecutiva.
Renedo fue espiado en su encuentro con Prada tras haber mantenido sólo unas horas antes una entrevista con Granados en la cafetería Riofrío, junto a la sede del PP. No ha querido detallar su entrevista con Granados, que estaba entonces inquieto por ciertos ataques periodísticos contra él. La entrevista entre Renedo y Granados no fue espiada.
Renedo sólo fue objeto de espionaje indirecto cuando contactó con Prada, objetivo continuado del seguimiento desde la Consejería de Interior. No en vano, el 20 de mayo de 2008, Prada, consejero de Justicia y vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre, fue seguido minuto a minuto por los espías de la Consejería de Interior.
De su marcaje salen dos datos sobresalientes: uno figura en la agenda de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, su cita con Prada en Sol. Pero los agentes sólo anotan que Prada entra a las 16.45 en la sede de la presidencia madrileña y que sale a las 17.40. No detallan quién lo recibe. Ignoran un dato que deberían conocer si manejaran agendas.
Y poseen otros que no podrían extraer de ellas, salvo por el espionaje que describen: "A las 20.45 sale P de su lugar de trabajo, se dirige caminando hasta el hotel Hesperia, el cual se encuentra a unos 300 metros de su puesto de trabajo (le siguen a una cierta distancia los dos hombres del dispositivo más próximos a él)". Y luego describen y fotografían a Renedo. "Alguien debe tener mis fotos", clama Renedo. Unas fotos que no figuran en agendas.
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www.elpais.com, 09/03/09)UN EX PRESIDENTE DE TELEMADRID CONTRARIO A AGUIRRE
- "Calvo y con gafas".
El 20 de mayo de 2008, los espías siguieron a Alfredo Prada hasta el hotel Hesperia de Madrid, donde se vio con "un hombre de edad avanzada, calvo, con gafas". Ese hombre era Álvaro Renedo, según confirma él mismo a EL PAÍS. Renedo fue presidente de Telemadrid entre 2003 y 2007, y justo antes de reunirse con Prada se había visto con el consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados.
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www.elpais.com, 09/03/09)FUENTES CERCANAS A PRADA CONFIRMAN A EL PLURAL QUE LOS ESPIONAJES DENUNCIADOS COINCIDEN CON SU AGENDA
La información ofrecida ayer por el diario El Mundo, a bombo y platillo, asegurando que los partes de espionaje al ex vicepresidente de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, son falsos o incorrectos, es mentira. Así lo han confirmado a El Plural fuentes de extrema cercanía a Prada. “Los seguimientos denunciados por él (Alfredo Prada) coinciden con la agenda de sus propias actividades en los días que fue vigilado, en contra de lo que proclama hoy (por ayer) El Mundo” han asegurado a este periódico fuentes de total confianza.
El Mundo abrió ayer en portada con esta noticia: “Los partes del supuesto espionaje en Madrid son falsos o erróneos”. La información estaba convenientemente sazonada con el editorial del diario, que sugería que “las fuerzas políticas deberían acordar mañana mismo la clausura de la comisión de investigación".
La agenda coincide
El gran titular de El Mundo fue ayer desmentido por personas cercanas a Alfredo Prada que se pusieron en contacto con El Plural. “Los seguimientos denunciados por él (Alfredo Prada) coinciden con la agenda de sus propias actividades en los días que fue vigilado, en contra de lo que proclama hoy (por ayer) El Mundo”, aseguraron.
A punto del cierre
La información del diario de Pedro J. no tardo en encontrar el aplauso y la recepción de diferentes sectores. La más sonada fue el comunicado, nada menos, de David Pérez, el portavoz del PP en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre las denuncias del espionaje. "Al quedar demostrada la falsedad de los partes de seguimiento, se desmonta definitivamente toda la acusación de espionaje", aseguró Pérez, que añadía en su texto preguntas retóricas sobre quién iba a “reparar ahora el nombre del PP y de su Gobierno en la Comunidad de Madrid".
Aplausos de Lozanitos
La noticia también tuvo una gran acogida en Libertad Digital, que se apresuró a aplaudir que El Mundo hubiera “demostrado” que los partes eran falsos. “Se demuestra así, como sostenía Aguirre, que todo era un montaje”, señalaba el artículo en que se recogía esta información. Tampoco faltaban las críticas a El País y, por supuesto, la denuncia de que desde Génova, Rajoy había dado “pábulo” a esta mentira.
Malestar en Génova
Las mismas fuentes señalaron a El Plural el enorme “malestar” que existía en la dirección nacional del Partido Popular por la “utilización” que Aguirre está haciendo de todo este asunto del espionaje.
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www.elplural.com, 09/03/09)"COMPROBAMOS QUE EL VEHÍCULO PERTENECE A CLARA REYNOLS"
Cualquier lector de los 33 partes originales de espionaje a dirigentes del PP, singularmente al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero Alfredo Prada, tiene decenas de pruebas de que hay información que sólo puede obtenerse mediante prácticas ilegales. Y no cabe afirmar que esa información sale de las agendas de ambos espiados. Si los agentes dispusieran de la agenda de Prada no tendrían que tomarse las molestias que se relatan a continuación. El siguiente texto está fechado el 4 de abril de 2008, y fue redactado por los espías después de haber levantado el seguimiento al vicealcalde, Manuel Cobo:
"Nos dirigimos al puesto de trabajo de P, observamos que su vehículo oficial se encuentra aparcado en el lugar habitual y que en la esquina está estacionado con un conductor dentro un vehículo del cual una vez verificados los datos comprobamos que pertenece a Clara Reynols".
Es decir, una visitante del despacho del consejero Prada es identificada por los espías no porque alguien filtre datos de la agenda oficial de este último, sino porque miembros de la red de espionaje verifican incluso qué coches hay aparcados en las inmediaciones de la Consejería de Justicia. Y, a partir de ahí, descubren el nombre de Clara Reynolds tras obtener datos de Tráfico sobre la identidad del propietario de su coche.
Los espías no pueden, por tanto, confirmar que se reunió con Prada. Sólo saben que estaba en los alrededores y simplemente eso la convertía, a sus ojos, en sospechosa. Prada sí certifica que tuvo ese día una reunión con Reynolds en su papel de presidenta de una fundación.
Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, lo ve claro: "Granados filtra los partes del ex chófer de Prada mientras que no ha proporcionado un solo papel sobre los agentes de su consejería que son sospechosos de haber espiado. Ni una dieta, ni una factura de sus asesores sospechosos. No ha entregado nada de su supuesta investigación interna, pero intenta cerrar la comisión de investigación".
El espionaje en la Comunidad de Madrid 13 de mayo de 2008 Reunión de Prada en el parador de Chinchón
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www.elpais.com, 09/03/09)"ESTUVE EN CHINCHÓN ESE DÍA"
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha revuelto en sus archivos para intentar demostrar que los partes del espionaje, atribuidos a la Consejería de Interior por los agentes que los llevaron a cabo, son falsos. Para ello, los dirigentes autonómicos -el consejero Francisco Granados asegura que él no ha sido- se aferraron a una fecha, el 13 de abril de 2008, publicada por error en este periódico, y buscaron en la documentación interna de la Comunidad para demostrar que ese día el entonces consejero Alfredo Prada estaba en León y no en Chinchón (Madrid), como reflejaban los partes.
No contaba el Gobierno de Esperanza Aguirre con que los partes de seguimiento, a los que puede tener acceso pues están depositados en la Fiscalía de Madrid desde hace más de un mes, aunque el PP no ha querido incorporarlos a la comisión de investigación, reflejan la fecha exacta: 13-05-2008 (ver reproducción del documento). "Yo estuve en Chinchón ese día", señaló ayer Prada, tal y como refleja el parte de seguimiento. "Lo que me sorprende es que revuelvan en las facturas de mi escolta para montar este lío".
El "lío", publicado ayer por el diario El Mundo, sirvió al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, para enterrar la comisión del espionaje sin atender al daño sufrido por Prada, uno de los diputados espiados, que además pertenece a su grupo político.
"Las acusaciones de espionaje se desmontan al quedar demostrada la falsedad de los partes de seguimiento", afirma David Pérez. Este hombre, que se halla a las órdenes de Esperanza Aguirre, ha bloqueado la posibilidad de investigar negando documentación clave y comparecencias necesarias.
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www.elpais.com, 09/03/09)EL PP OCULTA DOCUMENTACIÓN CLAVE PARA SABER QUIÉN ESPIÓ
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, no ha tenido reparo en facilitar a un medio de comunicación los documentos sobre gastos del escolta de Alfredo Prada, el ex consejero de Justicia espiado supuestamente por agentes autonómicos, cuando se trasladó a León. Pero ha negado durante las últimas semanas documentación crucial para poder investigar quién de entre los agentes de la Consejería de Interior hizo los seguimientos a cargos del PP contrarios a la línea marcada por la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
El PP ha impuesto su mayoría absoluta en la comisión de investigación para no facilitar, entre otros, los expedientes del personal de seguridad de la Consejería de Interior: partes de los servicios realizados por éstos, facturas de material fotográfico, información sobre los viajes al extranjero del vicepresidente Ignacio González y datos sobre adjudicaciones supuestamente irregulares realizadas por la Comunidad.
Los populares han rechazado más de la mitad de las peticiones de documentación del PSOE e IU. Además, han puesto todo tipo de vetos a las comparecencias que la oposición solicitó y que podían esclarecer lo ocurrido durante los últimos años en la Consejería de Interior.
El propio consejero, Francisco Granados, se negó a solicitar un dictamen pericial caligráfico sobre todos los agentes de la consejería y se limitó a pedir el cotejo de la firma de uno de los supuestos espías. Lo hizo evitando utilizar documentos originales y aportando fotocopias del diario EL PAÍS. El diario encargó un informe a dos peritos calígrafos que señalaron al agente José Manuel Pinto como autor de los partes.
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www.elpais.com, 09/03/09)EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID: "LA COMISIÓN EMPEZÓ POR EL TEJADO. QUE ME LLAMEN SI QUIEREN VERIFICAR LOS HECHOS"
Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de Madrid, aseguró ayer en una entrevista mantenida con EL PAÍS: "De mi vida pública y de mi vida privada se han publicado una serie de hechos [en relación al contenido de los partes de seguimiento elaborados por agentes supuestamente a sueldo de la Consejería de Interior] que en su mayor parte coinciden con la realidad". Prada mantiene que los datos reflejados por los espías autonómicos en 33 partes distintos que van de marzo a mayo de 2008, en plena batalla interna por el poder en el PP, se corresponden con lo que hizo esos días, y algunas de ellas, fuera de su agenda pública. Prada cita como ejemplo la reunión que mantuvo con su equipo el 13 de mayo (recogida en los partes de seguimiento con esa misma fecha y no con la del 13 de abril, como por error escribió este periódico en su día).
Algunos de los seguimientos tuvieron que ver con su vida privada. "La cena que detallan con mi mujer y mi hija refleja lo que ocurrió. No solamente supone una vulneración de mi derecho a la privacidad e intimidad, recogido en el artículo 18 de la Constitución, sino que vulnera los derechos de mis propios hijos. Es de una gravedad inmensa".
Prada sostiene que la Administración de Justicia debe investigar estos hechos. "Debe averiguar si con dinero público se ha estado espiando, porque se trataría de malversación de caudales. Quien lo tiene que comprobar es el fiscal. Que me llame a declarar". Un mes después de denunciados los hechos por Prada y por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, también espiado, ninguno de los dos ha sido interrogado por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para comprobar si los partes se corresponden con lo que hicieron.
Moix ha optado por reclamar datos a la Consejería de Interior sobre las funciones ejercidas por los 40 agentes de Granados, para luego ir cribando por otras vías tales datos. En suma, ir buscando elementos que contradigan que las labores reales de algunos agentes indagados por Moix, singularmente los asesores especiales de Granados que han estado a las órdenes de Marcos Peña o Sergio Gamón, han podido ser distintas de las que proclama oficialmente el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Que no realizaban labores claras lo acredita, entre otras cosas, que el nuevo director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Barón, declinó tenerlos bajo su mando. Le parecían, como el tiempo ha acreditado tras destapar este diario sus labores (espionaje o confección de dossiers), una fuente potencial de conflictos. Por tanto, sean cuales sean sus labores, que Barón intentó inútilmente conocer, no realizan tareas encuadrables en la actividad ordinaria de la estructura oficial. Moix guarda sigilo sobre las pesquisas alternativas que ha puesto en marcha para conseguir acreditar si alguno de los agentes de Granados realizó seguimientos a dirigentes del PP.
Prada asegura que la investigación parlamentaria "debería haber empezado por llamar a las víctimas del espionaje. Que me llamen si quieren verificar los hechos. Hay que empezar a investigar por los cimientos, no por el tejado", dice. El PP, según sugirieron sus portavoces parlamentarios el viernes pasado, pretende finiquitar la investigación sin llamar a declarar a dos altos cargos de su partido espiados (uno de ellos, Prada, sigue siendo diputado autonómico en Madrid) y que han denunciado lo ocurrido ante los tribunales de Justicia.
Dirigentes de la consejería de Interior, cuyo máximo responsable es Francisco Granados, han sugerido que los partes podrían haber sido "fabricados" por colaboradores del ex consejero de Justicia: "Prada sufrió un robo en su casa y desde entonces le pusimos contravigilancia. Con los datos de la contravigilancia se pueden elaborar los partes". Prada aseguró ayer a EL PAÍS: "Es falso. No robaron en mi casa ni nadie me puso contravigilancia por ese motivo".
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www.elpais.com, 09/03/09)LOSANTOS RELACIONA DE NUEVO A PRADA CON EL ACCIDENTE DE HELICÓPTERO QUE SUFRIERON AGUIRRE Y RAJOY
Federico Jiménez Losantos ha recurrido a las informaciones de El Mundo de este fin de semana para asegurar que los presuntos espionajes en el Gobierno de Madrid son “falsos, inventados, con documentos inventados, sin sello de autentificación, solamente el Mercado-Mercadillo”, aludiendo así al periodista que firma las informaciones en El País. Para el locutor, esto prueba “que es el PP el que estaba disparando contra los suyos, el PP al más alto nivel, son Rajoy, Cospedal y Gallardón los que estaban disparando contra Esperanza Aguirre, con el Prada y Cobo de cheerleaders, animando al personal, el uno diciendo ¡Ay que me espían! (…) y Prada mintiendo”. El locutor tachó a Prada de "figura" y de nuevo insinuó su presunta responsabilidad en el accidente de helicóptero que sufrieron Rajoy y Esperanza Aguirre, que pudo costarles la vida.
Desde el púlpito que a diario le brinda la emisora de los obispos, Losantos calificó de "montaje repugnante perpetrado en el PP o con el respaldo expreso del PP", el caso del espionaje que afecta presuntamente a la Comunidad de Madrid. "Es todo mentira, ¿ahora El País va a pedirle disculpas a Esperanza Aguirre?”, sentenció y aprovechó el momento para seguir apuntillando al alcalde de Madrid: “¿Gallardón postrado de hinojos, aunque hay pasado el miércoles de ceniza, va a hacer penitencia en la Puerta del Sol? De paso podría cerrar algunas de las zanjas…”
“El PP disparando contra Aguirre”
Losantos, apoyándose en las informaciones de ayer de El Mundo, negando credibiliadad a los partes de seguimiento, consideró que todo esto prueba “que es el PP el que estaba disparando contra los suyos, el PP al más alto nivel… Rajoy, Cospedal y Gallardón estaban disparando contra Esperanza Aguirre, con el Prada y Cobo de chearleaders, animando al personal, el uno diciendo ¡Hay que me espían! (…) y Prada mintiendo”. “Era punto por punto mentira”, insiste sobre los seguimientos al ex consejero.
Prada, “responsable de Interior” en el accidente
Sobre Prada en concreto, recordó que era el responsable de Interior en la Comunidad cuando "se pegó la nata" el helicóptero en el que viajaban la presidenta de Madrid y Mariano Rajoy. Ya el pasado més de enero,
Losantos acusó a Prada de organizar el accidente aéreo, y hoy, aunque no ha llegado tan lejos, sí lo ha insinuado al asegurar que la seguridad era precisamente responsabilidad de su consejería. "Cuando se pegó la nata el helicóptero con Esperanza y Mariano dentro, que salvó la buena suerte a Esperanza, como de costumbre, y a Mariano por ir bien acompañado, pero el responsable de Interior era Prada".Burlas sobre Cobo
También se ha burlado de otra de las personas que aparece como víctima de los seguimientos, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, “a este pobre hombre con una vida tan regular, ejemplar alcalde, que es Cobo, que iba del despacho a casa… qué cosas sacan a reducir los espías”.
“No se meta en el fuego” por CampsTras defender a Aguirre, Losantos ha dejado en la estacada al presidente valenciano. “El que está un poco tocado, no sabemos hasta qué punto, es Camps, por esa basurilla de los trajes”, apuntó, recordando que González Pons, responsable de comunicación del PP, se ha mostrado estos días dispuesto a “meterse en el fuego” por el presidente valenciano. “Que Garzón lo haya hinchado no significa que no existiera (…) todos estos [los de Correa] estaban en Génova enredando, los alcaldes que han caído y tal…”. Y continuó sobre la ramificación de la trama en Valencia: “¿Se dedicaban a mediar, intermediar y llevarse la pasta? Sí. ¿Eran muchos o pocos? No lo sabemos y difícilmente lo vamos a saber con Garzón instruyendo el caso”. “Por favor, no se meta en el fuego, don Esteban, lo que suele pasar, salvo que pises y sean brasas y no fuego como la célebre fiesta levantina es que te quemes, pero no por Camps, sino porque las metáforas las carga el diablo”.
“No hubo tal chantaje” a Rajoy
Losantos también descalificó las informaciones de El País sobre un supuesto de chantaje del entorno de Correa a Rajoy con un supuesto vídeo grabado en 2003 en el que Rajoy se refería a Fraga asegurando que estaba "gagá”. “Carmen [responsable de comunicación de Rajoy], un poco de decoro a la hora de inventar cosas”, advirtió el locutor. Cree que se trata de un montaje “para salvar a Rajoy, el hombre del aparato en tiempos de Aznar, el que dirigía sus campañas electorales, pues ayer se inventaron en El País una historia fabulosa, resulta que Rajoy había sido víctima del clan este de la gomina... Hombre, pero si serían criaturas suyas… No, no, habían querido chantajearlo"."No hubo tal chantaje porque no había tal vídeo”, concluyó, denunciando que “a mí me ha hablado Mariano en tales términos de Fraga que esto es una broma… ”.
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www.elplural.com, 09/03/09)EL CONSEJERO DE INTERIOR ACUSA DE MENTIR A TRES EX CONSEJEROS
El consejero madrileño de Interior, Francisco Granados, acusó a tres ex consejeros de mentir en la comisión que investiga la trama de espionaje en Madrid. El socialista Virgilio Cano y los populares Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, responsables de la seguridad entre 1983 y 2003, habían negado la víspera, en esa comisión, que el cuerpo de seguridad autonómico realizara labores de escolta o contravigilancia en sus mandatos.
Granados no los creyó y ayer, en el pleno de la Asamblea de Madrid, proclamó: "Afirmo categóricamente que en el Gobierno del señor Joaquín Leguina [1983-1995] se prestaban servicios de seguridad por parte de los técnicos de seguridad, se compraron pistolas [...] y que además hacían de escolta de los miembros del Gobierno; lo afirmo y lo puedo acreditar; por lo tanto, alguien ayer mintió". Además, insistió en que "las competencias y funciones que realiza ese cuerpo" -según él, escolta, contravigilancia, etcétera- son "las mismas que se ejercían con Leguina y con Gallardón".
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www.elpais.com, 06/032/09)GRANADOS FICHÓ A MARCOS PEÑA A PETICIÓN DEL PP PORQUE AYUDÓ A INVESTIGAR EL 11-M
El consejero de Interior del Gobierno de Madrid, Francisco Granados, fichó como asesor personal de seguridad al ex inspector de policía Marcos Peña por recomendación de dirigentes nacionales del PP, al que el ex agente "había prestado grandes servicios en la investigación del 11-M", según presumía ante sus interlocutores de la Comunidad de Madrid.
"Me recomendaron que lo contratara desde la dirección nacional del partido", explicó el consejero de Interior para justificar el fichaje de una persona que no necesitaba la Consejería de Interior puesto que no había una vacante para él. Granados no concreta quién de la dirección nacional del PP avaló la contratación en función de la labor prestada por Peña, presumiblemente en lo que fue la infructuosa búsqueda de un nexo entre el 11-M y ETA.
Aparte del dirigente del PP que apoyó la contratación de Marcos Peña, este ex agente contó con un valedor estelar: el diputado Jaime Ignacio del Burgo, uno de los más fieles inspiradores y seguidores de la recurrente teoría mediática que intentaba mezclar a islamistas con etarras para explicar la mayor matanza terrorista de la historia española.
De hecho, Peña, en una conversación mantenida con este diario, insinuó que antes de ser fichado por Granados para el Gobierno de Aguirre había hecho trabajos "para el partido", que evitó concretar. La versión del Gobierno regional sobre el origen de su contratación (una recomendación del PP nacional porque había colaborado con el partido suministrando información sobre el 11-M), abundaría en la afición del ex policía de realizar pesquisas sobre asuntos que están bajo la lupa de algún juez, en aquel caso el magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.
De hecho, según su propio relato a este periódico, que luego rectificó, Peña hizo indagaciones e informes para Granados sobre distintos asuntos bajo investigación sumarial: el caso Ciempozuelos, que salpicaba a dos ex alcaldes socialistas; la mafia policial de Coslada, destapada bajo mandato de un equipo socialista; y la mafia de las discotecas de Madrid, a resultas de la muerte de un joven a manos de un portero.
¿Supervisar contratos?
Nadie le habría contratado, pues, para supervisar contratos, ni para controlar la seguridad de los edificios, tareas que Granados se empeña en intentar atribuirle para justificar su desconocida labor profesional. Nada de eso es lo suyo. Él es un profesional del dossier. De acumular información. No en vano el propio Granados no duda en proclamar que, mientras atiende sus labores, Marcos Peña le puede aportar "cualquier información relevante para la seguridad de la Comunidad". Dicha información la obtenía Peña, según explicó él mismo, de una manera peculiar: "A través de los enlaces que tienen mis guardias en la policía y en la Guardia Civil".
Peña comparece hoy en la comisión que investiga el espionaje por agentes de la Consejería de Interior a cargos del PP. Peña niega que participara o conociera esos trabajos.
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www.elpais.com, 06/032/09)LAS CUENTAS DE LA MANSIÓN QUE ENCARGÓ GRANADOS NO CUADRAN
Ninguna promotora construye para perder dinero. Ninguna si se exceptúa la que desde 2006 edifica en Valdemoro (Madrid) una casa de 1.000 metros diseñada siguiendo un proyecto encargado por Francisco Granados, alcalde de ese municipio hasta 2003, número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre e hipotético cliente que, hasta la fecha, no figura como titular. En 2006, y según aseguró Granados hace dos semanas, la promotora de la mansión, perteneciente al grupo Obras y Vías, le pidió un millón de euros por hacer la casa, lo que le hizo desistir de formalizar la compra. Pero ya a finales de 2006 los costes superaban en 36.000 euros ese precio de un millón de euros.
Promovida por Vicfidem, la casa se alza sobre seis parcelas gemelas cuya superficie total sobrepasa los 1.700 metros. El 21 de mayo de 2003, Vicfidem había adquirido cuatro de esas seis por 288.480 euros. Un año más tarde, compró las otras dos, por 144.400 euros. En total, hacerse con ese suelo, adscrito al Plan Parcial del sector de El Caracol, le costó 432.000 euros. El proyecto de ejecución se cuantificó en 559.105 euros, lo que significa que la licencia equivalente al 4% de esa cifrasupuso otro gasto de 22.364 euros. Según fuentes conocedoras del asunto, la casa se edifica con materiales y equipamientos de lujo, como piscina cubierta y gimnasio en el sótano, lo que, según los arquitectos consultados eleva el coste real del proyecto de ejecución.
A lo anterior hay que añadir los honorarios del arquitecto por redacción del proyecto y dirección de obras. Incluso calculando por ambos conceptos unos honorarios equivalentes sólo al 4% del importe del proyecto las tarifas suelen oscilar entre el 5% y el 10%, habría que sumar otros 22.364 euros, con lo que el monto de costes ascendería a 1.036.713 euros. No se ha computado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Es una incógnita por qué Obras y Vías, un boyante grupo que posee intereses urbanísticos en Valdemoro, accedió a un negocio que implicaba perder seis millones de las antiguas pesetas. Aunque oficialmente ningún vínculo une a Granados con el inmueble, su esposa visita asiduamente la obra, hasta el punto de que se le han dado a elegir materiales. El coche que en 2006 conducía la esposa del consejero, Nieves Alarcón, pertenecía a otra filial de Obras y Vías. Hasta ahora, Obras y Vías tampoco ha explicado por qué, en lugar de hacer los seis chalés que en esa área prescribía el planeamiento, optó por edificar una mansión hecha a la medida de Granados, quien ni siquiera ha formalizado una opción de compra.
(www.publico.es, 05/032/09)
EL SEGUNDO DE GALLARDÓN ACTIVA EL CASO AL DENUNCIAR ANTE EL JUEZ QUE FUE ESPIADO
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), que sufrió seguimientos supuestamente realizados por agentes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia -tras hacerlo hace un mes ante la Fiscalía de Madrid- para que se reactive la investigación del espionaje del que fue objeto entre los meses de abril y mayo de 2008, en plena batalla interna por el poder en el PP. En estas semanas, la fiscalía ha llamado a declarar al periodista de EL PAÍS que destapó los hechos y ha solicitado algunos datos a la Consejería de Interior.
Cobo pide ahora al juez que abra una investigación y que compruebe si, como mantienen dos peritos calígrafos que hicieron un informe para EL PAÍS, la letra manuscrita que aparece en los partes de seguimiento corresponde a uno de los agentes que trabajan a sueldo del Gobierno regional. "Dado que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el vicealcalde desconocen las investigaciones realizadas, nos vemos en la necesidad de poner estos hechos en conocimiento del juzgado, por si los mismos fueren constitutivos de ilícito penal al amparo del artículo 24.1 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva", señala el letrado del Ayuntamiento en la denuncia presentada el pasado 20 de febrero.
El escrito llegó ayer a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Los mismos que durante las próximas cuatro semanas investigarán en una comisión especial los seguimientos a políticos para depurar posibles responsabilidades. El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Grupo Parlamentario Popular se han negado a facilitar documentación clave para poder investigar estos hechos.
Cobo fue seguido supuestamente por agentes autonómicos -según se desprende de los partes de seguimiento publicados por este periódico- en los mismos meses en los que el entonces consejero de Justicia de la Comunidad, Alfredo Prada, sufría un espionaje similar. Tanto Prada como Cobo se habían convertido para entonces en adversarios políticos de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella amagaba con disputar la dirección del PP tras la derrota de la candidatura de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Cobo y Prada apoyaban a Rajoy.
Aguirre destituyó a Prada como consejero de Justicia unos días después del congreso que el PP celebró en Valencia, donde Rajoy revalidó finalmente su cargo por amplísima mayoría sin tener que competir con ningún candidato alternativo. Los seguimientos a Prada fueron más exhaustivos que los del vicealcalde, llegando en algún caso a tomarse fotografías de las personas que acompañaban al entonces consejero de Justicia en un almuerzo.
El 27 de junio de 2008 -el día siguiente de la destitución de Prada-, cuatro agentes de la Consejería de Interior comandados por el entonces director de Seguridad, Sergio Gamón, entraron en un despacho de un organismo de la Consejería de Justicia donde trabajaba un hombre de confianza del ya ex consejero, y requisaron una serie de documentos y un ordenador personal. La fiscalía investigó estos hechos pero acabó archivándolos dado que la videocámara que grabó la irrupción de los agentes en el despacho había borrado las imágenes cuando se inició la investigación.
[Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, ha denegado a PSOE e IU la posibilidad de personarse como acusación popular en la investigación del espionaje sufrido por el vicepresidente Ignacio González en sendos viajes el año pasado. Los dos grupos de oposición recurrirán la decisión ante la Audiencia Provincial, informa Europa Press].
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www.elpais.com, 04/032/09)ARRANCA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN: 12 DÍAS PARA 29 COMPARECIENTES
El primer mes de la comisión de investigación sobre la trama de espionaje en Madrid -fue constituida en el Parlamento autónomo el 6 de febrero- se ha perdido en los trámites previos: el PP esperó a que pasaran tres semanas para presentar su lista de comparecientes, y eso lo atascó todo. Hoy empiezan por fin las sesiones, pero ya sólo quedan 12 días hábiles -los lunes, miércoles y viernes- hasta el 31 de marzo, cuando se echará el cierre, y en ese tiempo los diputados deben escuchar a 29 comparecientes.
Ésa es la primera traba con la que nace la comisión, aunque hay más: la Mesa de la Asamblea, con mayoría absoluta del PP, vetó la mitad de los documentos solicitados por PSOE e IU -también vetó documentación ajena al caso pedida por los populares-. Además, fue rechazada la comparecencia de 18 personas, y a quienes sí sean llamados no se les podrá hacer repreguntas; por último, las sesiones comienzan cuando la documentación aún no ha llegado.
- La primera sesión mira al pasado. La primera jornada está copada por comparecientes que, aparentemente, nada tienen que ver con la trama: dos ex consejeros que dejaron el cargo en los años noventa -el socialista Virgilio Cano y el popular Carlos Mayor Oreja-, otro ex consejero y hoy concejal de Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Calvo; y un cargo policial de éste, Juan Carlos Durán. El PP los llama porque tuvieron en su día o tienen ahora "competencias de seguridad".
- Policías y políticos. Los siguientes en acudir serán policías o responsables de Seguridad de la Consejería de Interior desde cuyos departamentos se sospecha que pudieron realizarse los seguimientos ilegales. Entre ellos, Sergio Gamón, ex director general de Seguridad -que entró en 2008 en un despacho de un alto cargo y se llevó un ordenador-; y el asesor Marcos Peña. La comparecencia de los principales dirigentes políticos -Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados- se deja para más adelante.
- ¿Podrán hablar las víctimas? Dos políticos del PP fueron sometidos a seguimientos en 2008: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero -defenestrado por Aguirre- Alfredo Prada. De forma colateral, también fueron víctimas del espionaje la diputada Carmen Rodríguez y el alto cargo Juan Carlos Fernández. El PP no ha pedido su comparecencia aunque ha aceptado, en principio, que los llame la oposición. Puede revisar su decisión en cualquier momento, así que la presencia de las víctimas no está garantizada. Ignacio González, también espiado, está llamado "sólo en calidad de vicepresidente", subraya el PP.
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www.elpais.com, 04/032/09)CALVO, CONCEJAL DE GALLARDÓN, DICE QUE EL PP HACE EL RIDÍCULO
Con amigos como Pedro Calvo, el PP de Madrid no necesita enemigos.Está claro que ayer dijo lo que pensaba. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de la capital arremetió contra el Gobierno y el grupo parlamentario de su propio partido en la Asamblea de Madrid, a los que calificó de "ridículos". El PP quería demostrar, en la primera jornada de la Comisión de Investigación sobre el espionaje en la Asamblea de Madrid, que la estructura de seguridad del Gobierno de la Comunidad no la ha creado Aguirre. La teoría del PP es que la creó Leguina y la desarrolló Gallardón. El actual Ejecutivo sólo ha mantenido esa estructura.
Para ello llamó al ex consejero de Gobernación de Joaquín Leguina Virgilio Cano y a Carlos Mayor Oreja (PP), que estuvo en el cargo durante unos meses. Cano dijo educadamente que ellos ni espiaban, ni hacían contravigilancia ni nada de nada. Vigilaban las sedes y sólo tenía escolta el presidente Leguina. Sin embargo, cuando abandonó la comisión, David Pérez (PP) repartió unos documentos a la prensa en los que demostraba que Cano firmó un convenio que permitía la labor de vigilancia a personas y otro acuerdo para que algunas personas pudieran utilizar armas.
Carlos Mayor Oreja, ex consejero del actual alcalde, aseguró que, en los 10 meses en que él dirigió las competencias de seguridad, el cuerpo de vigilantes "exclusivamente controlaba edificios", mientras que las "labores de contravigilancia las realizaba la Policía Nacional, que para eso estaba". Pero llegó Pedro Calvo y quiso desmontar la teoría de sus compañeros del PP. Lo único que hizo en su época, dijo, fue un plan de seguridad, que apenas se puso en marcha.
La respuesta más dura no le vino de la oposición, sino de su compañero David Pérez, que le enseñó hasta diplomas de cursos sobre protección de personas, amenazas de ETA, negociación, contravigilancia y contraseguimientos... El plan de Calvo, que fue repartido por el PP, incluye todas estas materias como uno de sus objetivos y añade que los integrantes del colectivo de seguridad "podrán realizar aquellas otras tareas que les sean encomendadas por sus superiores". El PP de Gallardón matizó luego que el documento de Seguridad que había pasado el PP de Aguirre lo firmó una persona que antes estaba en el PP de Gallardón, pero que ahora está en el PP de Aguirre. Un lío.
Calvo se calentó y cargó contra sus compañeros por solicitar su comparecencia en esa comisión, que también fue pedida por el PSOE. "No sé", añadió, "qué intentan investigar ustedes, pero me parece un poco ridículo que intenten investigar al Gobierno de Gallardón. Es un despropósito que nos hagan comparecer a mí y al señor Mayor Oreja. Es como si en una comisión sobre lo que hizo el director general de la Guardia Civil Luis Roldán se llamara a comparecer desde al duque de Ahumada a todos los directores generales hasta llegar al señor Roldán. Es absurdo. El problema es cuando se encarga algo que no se debe hacer y que, además, es ilegal".
(www.elmundo.es, 05/032/09)
GRANADOS ADQUIRIÓ MOTOS POTENTES Y CÁMARAS PARA EL ÁREA DE LOS ESPÍAS
El ex director general de Seguridad de la Consejería de Interior de Madrid, Sergio Gamón, bajo cuyo mandato algunos de sus subordinados espiaron a políticos del PP, según los partes de seguimiento publicados por este periódico, abordó a finales de 2007 diversas compras de material para sus hombres de confianza: cuatro cámaras fotográficas, dos potentes motos capaces de sobrepasar los 238 kilómetros por hora, y una amplia flota de vehículos. En los partes de seguimiento al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, se relatan entre marzo y mayo de 2008 seguimientos con motos y el uso de cámaras para fotografiar a acompañantes de los dos políticos espiados.
El material adquirido por Gamón, según fuentes sindicales, salvo dos Citroën C4, nunca ha sido usado por los 40 funcionarios en los que descansan las labores legales que tiene por competencia la Consejería de Interior: el control administrativo del juego y la vigilancia de edificios e instalaciones de la Comunidad de Madrid.
A la sombra del consejero de Interior, Francisco Granados, el entonces director general Sergio Gamón no escatimó recursos públicos para sus agentes de confianza, en su mayoría procedentes, como él, de labores de escolta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en La Moncloa. De entrada, les dotó de dos poderosas motos Honda VFR 800, de 108 caballos, cuyo precio superaría los 14.000 euros cada una.
Una de esas motos, según fuentes sindicales, se la autoasignó el propio Gamón: de color rojo con matrícula 5320 FYM. Asimismo, en abril de 2008, por un monto de 254.000 euros se alquilaron 10 vehículos (cinco de tipo medio, cuatro ligeros y un todoterreno) a la firma Finanzia Autorenting.
Dos de ellos son de uso habitual de Gamón, un Toyota Land Cruiser y un Peugeot 207, matrícula 1462 GFT. Previamente, en noviembre de 2007, Gamón había logrado para sus chicos de la calle Gobelas 33 la compra de cinco C4 por un monto de más de 65.000 euros. Dos de estos vehículos acabaron siendo usados por la plantilla de Seguridad y otros dos cayeron en manos de Miguel Castaño, ex subdirector de seguridad, y de Marcos Peña, asesor de Granados.
Ese mismo mes se produce una nueva compra con destino a Gobelas 33, cuartel general de Gamón: cuatro cámaras de fotos. Dos Canon Ixus Wireless por 898 euros, y dos Canon EOS 300D por un monto de 2.076 euros.
Interior pagó por las cámaras el doble de lo que costaban entonces estos aparatos en el mercado, alguno de ellos ya por entonces descatalogado. ¿Para qué necesitaban los hombres de confianza de Gamón dos discretas cámaras de fotos de bolsillo y dos de tipo aficionado medio? El consejero Granados da una respuesta: "Se compraron para aplicarlas a los helicópteros de la Bescam". Pero, ¿cómo puede usarse una cámara diminuta como la Ixus, sin apenas teleobjetivo, apenas 105 milímetros, y escasa definición, para hacer fotos desde el aire? Esto no lo aclara Granados.
El consejero de Interior añade una respuesta singular sobre el uso dado por los agentes de su departamento a las motos Honda VFR 800: "Las usan para el traslado de correspondencia". ¿Traslado de correspondencia oficial en motos de 14.000 euros capaces de alcanzar los 238 por hora? Si tales motos se reservaron para Gamón y su equipo de confianza, significaría que asesores con nivel 28 o 29, cobraban una de las más altas remuneraciones funcionariales por repartir correo en motos de lujo.
La Consejería de Interior no da respuesta oficial al supuesto despropósito: asesores motorizados en tareas de cartero. De puertas para adentro, hay versiones que dan luz: "Ninguno de los elementos de la plantilla oficial de la dirección de Seguridad [que hoy dirige Enrique Barón] hemos usado nunca tales vehículos, cámaras y motos. Tal material ha estado adscrito al equipo de Gamón. Y, después, lo repartió con el equipo de Marcos Peña", plantean veteranos de Interior. De hecho, desde el aterrizaje de Barón ya no se usan las motos. ¿Ya no hay correo para repartir?
Gamón nunca compró cámaras de fotos ni motos para su equipo de seguridad cuando tuvo como jefe a Prada, según los ex colaboradores del consejero. Su sucesor, Granados, sí le dio luz verde.
(www.elpais.com, 04/032/09)
¿Cubre las espaldas a Aguirre el juez que investiga el espionaje?
El juez José Sierra, instructor del caso del espionaje en la Comunidad de Madrid, ha negado que en la red estén implicados funcionarios públicos, a pesar de que existen informes grafológicos que atribuyen la autoría de los seguimientos a personal de la Consejería de Interior. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 también ha descartado que hubiera malversación de fondos públicos: a su juicio, solo existe un delito de revelación de secretos cometido por particulares contra el vicepresidente regional, Ignacio González –que presentó la denuncia el 20 de enero- y contra el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. Sierra ha dejado constancia de ambas cuestiones en el auto emitido ayer para rechazar la personación del PSOE e IU como acusación particular. El magistrado, acostumbrado a la polémica tras llevar el caso de la clínica de abortos Isadora, promete seguir dando de que hablar.
El juez ve indicios de delito en espionaje al número dos de Aguirre y lo regaña por no poner...
La Fiscalía recurre de nuevo la personación de la ultraderecha en el caso Isadora
El partido de ultraderecha Alternativa Española se presenta como acusación contra la clínica...
ABC trata de justificar la acción de la Guardia Civil contra la clínica Isadora
Los espías que siguieron a cargos del PP son empleados de Aguirre
El juez, que inició diligencias previas el 26 de enero tras hallar “indicios de delito”, ha rechazado las solicitudes de personación presentadas a principios de febrero por PSOE e IU. Así consta en su auto de ayer en el que además se aclara que pudo haber descubrimiento y revelación de secretos, pero no hay pruebas ni de malversación de caudales públicos ni de participación de funcionarios de la Comunidad.
Ni malversación, ni funcionarios…
“Las referencias sobre un posible delito de malversación carecen de fundamento”, ha explicado. De las declaraciones de Francisco Mercado y los periodistas que sacaron a la luz la trama, “no pueden desprenderse indicios de que los hechos sean imputables a una autoridad o funcionario público”, prosigue. La investigación, por tanto, se refiere a “los secretos, datos o intimidad de dos personas físicas” que son las únicas que pueden ejercer de acusación.
…ni estudios grafológicos
Ni una referencia, sin embargo, a los informes grafológicos encargados por el diario El País que achacaban a personal de la Consejería de Interior la autoría de varios dossieres. El juez tampoco ha tenido en cuenta las referencias explícitas a la dirección de Seguridad, con anotaciones como “Llega nuestro Director, Sergio (Gamón)”. Para Sierra, debe descartarse que “los posibles delitos afecten a los intereses generales o a una pluralidad de personas” y, por tanto, no pueden personarse PSOE e IU.
Recurso a la Audiencia
El Ministerio Fiscal había dado el visto bueno al requerimiento de ambos grupos para ejercer de acusación particular, pero el magistrado parece haberse decantado por la solicitud de González y De Miguel, que habían rechazados estas personaciones. La oposición madrileña, por su parte, ha anunciado que recurrirá la decisión ante la Audiencia Provincial.
El Caso Isadora
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ya cosechó muchas críticas instruyendo el caso de la clínica abortista Isadora. El proceso, abierto en 2007, estuvo salpicado por las denuncias de “irregularidades”, pero el clímax del escándalo llegó cuando Sierra permitió que se personara en la causa el partido ultra derechista Alternativa Española –aceptarles como acusación permite que accedan a los historiales y datos de las pacientes-. También esa decisión fue recurrida por la Fiscalía y la Clínica, que siguen a la espera de la respuesta en la Audiencia Provincial.www.elplural.com 04.03.09
El PP manipula informes para vincular el escándolo de espionaje a la época de Leguina
Los populares han pretendido desmentir al ex consejero Virgilio Cano cuando afirmó, ante la Comisión de Investigación del espionaje en Madrid, que durante su cargo al frente de la entonces Consejería de Gobernación no se hizo ningún seguimiento o vigilancia a ningún político, solamente protección de edificios públicos.
El grupo popular en la Asamblea de Madrid ha presentado ante la Comisión de Investigación una selección -hojas numeradas no correlativamente, por cierto- de los Convenios colectivos que han regulado las funciones de los empleados de la Comunidad de Madrid y entre ellos los de Seguridad. Pretenden demostrar que el tema de la vigilancia viene de lejos, desde la época de Joaquín Leguina.
"Una falsificación de la realidad"
El portavoz adjunto de los socialistas madrileños en la Asamblea, Adolfo Navarro, ha declarado a El Plural que “lo que pretende el PP es demostrar que ellos no han inventado nada. Esto es un intento de falsificación de la realidad. Los convenios regulan las funciones de distintos departamentos de la Consejería de Interior, pero vamos a lo que nos interesa: en el papel que cumplía el personal de seguridad aparece todo lo que hacían y en ningún caso se menciona la vigilancia de las personas”.
Vigilancia por conserjes
Navaro explica que “para confundir, se van a otro departamento, el de Servicios generales, donde sí aparece la vigilancia de las personas, el registro, etc, pero por parte de conserjes u ordenanzas. Claro que un conserje, si ve a una persona que está entrando en un despacho o está en dependencias sin acreditación tiene autoridad para preguntar qué hace allí, pero esto siempre trata de la protección dentro de los edificios. Querer sacar de aquí que con Virgilio Cano se vigilaba a personas es mentir. Las funciones nunca se referían a los técnicos de Seguridad, como se ve claramente en el documento.”Documento en exclusiva
El Plural ha tenido acceso al Acuerdo, con fecha de febrero de 1985, en el que se recoge el Plan Integral de Seguridad, firmado por el entonces consejero Virgilio Cano, cuando se formó este departamento. El Plural publica, en exclusiva, este documento.www.elplural.com 04.03.09
ARRANCA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN: 12 DÍAS PARA 29 COMPARECIENTES
El primer mes de la comisión de investigación sobre la trama de espionaje en Madrid -fue constituida en el Parlamento autónomo el 6 de febrero- se ha perdido en los trámites previos: el PP esperó a que pasaran tres semanas para presentar su lista de comparecientes, y eso lo atascó todo. Hoy empiezan por fin las sesiones, pero ya sólo quedan 12 días hábiles -los lunes, miércoles y viernes- hasta el 31 de marzo, cuando se echará el cierre, y en ese tiempo los diputados deben escuchar a 29 comparecientes.
Ésa es la primera traba con la que nace la comisión, aunque hay más: la Mesa de la Asamblea, con mayoría absoluta del PP, vetó la mitad de los documentos solicitados por PSOE e IU -también vetó documentación ajena al caso pedida por los populares-. Además, fue rechazada la comparecencia de 18 personas, y a quienes sí sean llamados no se les podrá hacer repreguntas; por último, las sesiones comienzan cuando la documentación aún no ha llegado.
- La primera sesión mira al pasado. La primera jornada está copada por comparecientes que, aparentemente, nada tienen que ver con la trama: dos ex consejeros que dejaron el cargo en los años noventa -el socialista Virgilio Cano y el popular Carlos Mayor Oreja-, otro ex consejero y hoy concejal de Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Calvo; y un cargo policial de éste, Juan Carlos Durán. El PP los llama porque tuvieron en su día o tienen ahora "competencias de seguridad".
- Policías y políticos. Los siguientes en acudir serán policías o responsables de Seguridad de la Consejería de Interior desde cuyos departamentos se sospecha que pudieron realizarse los seguimientos ilegales. Entre ellos, Sergio Gamón, ex director general de Seguridad -que entró en 2008 en un despacho de un alto cargo y se llevó un ordenador-; y el asesor Marcos Peña. La comparecencia de los principales dirigentes políticos -Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados- se deja para más adelante.
- ¿Podrán hablar las víctimas? Dos políticos del PP fueron sometidos a seguimientos en 2008: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero -defenestrado por Aguirre- Alfredo Prada. De forma colateral, también fueron víctimas del espionaje la diputada Carmen Rodríguez y el alto cargo Juan Carlos Fernández. El PP no ha pedido su comparecencia aunque ha aceptado, en principio, que los llame la oposición. Puede revisar su decisión en cualquier momento, así que la presencia de las víctimas no está garantizada. Ignacio González, también espiado, está llamado "sólo en calidad de vicepresidente", subraya el PP.
(www.elpais.com, 04/032/09)
EL SEGUNDO DE GALLARDÓN ACTIVA EL CASO AL DENUNCIAR ANTE EL JUEZ QUE FUE ESPIADO
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), que sufrió seguimientos supuestamente realizados por agentes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia -tras hacerlo hace un mes ante la Fiscalía de Madrid- para que se reactive la investigación del espionaje del que fue objeto entre los meses de abril y mayo de 2008, en plena batalla interna por el poder en el PP. En estas semanas, la fiscalía ha llamado a declarar al periodista de EL PAÍS que destapó los hechos y ha solicitado algunos datos a la Consejería de Interior.
Cobo pide ahora al juez que abra una investigación y que compruebe si, como mantienen dos peritos calígrafos que hicieron un informe para EL PAÍS, la letra manuscrita que aparece en los partes de seguimiento corresponde a uno de los agentes que trabajan a sueldo del Gobierno regional. "Dado que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el vicealcalde desconocen las investigaciones realizadas, nos vemos en la necesidad de poner estos hechos en conocimiento del juzgado, por si los mismos fueren constitutivos de ilícito penal al amparo del artículo 24.1 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva", señala el letrado del Ayuntamiento en la denuncia presentada el pasado 20 de febrero.
El escrito llegó ayer a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Los mismos que durante las próximas cuatro semanas investigarán en una comisión especial los seguimientos a políticos para depurar posibles responsabilidades. El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Grupo Parlamentario Popular se han negado a facilitar documentación clave para poder investigar estos hechos.
Cobo fue seguido supuestamente por agentes autonómicos -según se desprende de los partes de seguimiento publicados por este periódico- en los mismos meses en los que el entonces consejero de Justicia de la Comunidad, Alfredo Prada, sufría un espionaje similar. Tanto Prada como Cobo se habían convertido para entonces en adversarios políticos de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella amagaba con disputar la dirección del PP tras la derrota de la candidatura de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Cobo y Prada apoyaban a Rajoy.
Aguirre destituyó a Prada como consejero de Justicia unos días después del congreso que el PP celebró en Valencia, donde Rajoy revalidó finalmente su cargo por amplísima mayoría sin tener que competir con ningún candidato alternativo. Los seguimientos a Prada fueron más exhaustivos que los del vicealcalde, llegando en algún caso a tomarse fotografías de las personas que acompañaban al entonces consejero de Justicia en un almuerzo.
El 27 de junio de 2008 -el día siguiente de la destitución de Prada-, cuatro agentes de la Consejería de Interior comandados por el entonces director de Seguridad, Sergio Gamón, entraron en un despacho de un organismo de la Consejería de Justicia donde trabajaba un hombre de confianza del ya ex consejero, y requisaron una serie de documentos y un ordenador personal. La fiscalía investigó estos hechos pero acabó archivándolos dado que la videocámara que grabó la irrupción de los agentes en el despacho había borrado las imágenes cuando se inició la investigación.
[Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, ha denegado a PSOE e IU la posibilidad de personarse como acusación popular en la investigación del espionaje sufrido por el vicepresidente Ignacio González en sendos viajes el año pasado. Los dos grupos de oposición recurrirán la decisión ante la Audiencia Provincial, informa Europa Press].
(www.elpais.com, 04/032/09)
UN INFORME QUE ENCARGÓ GRANADOS EXCULPA A UNO DE LOS SOSPECHOSOS
El consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, encargó hace más de una semana un informe caligráfico sobre uno de los agentes sospechosos de hacer los seguimientos a altos cargos del PP madrileño. El informe ha sido realizado, según Interior, por el perito calígrafo Castor Iglesias, ex edil socialista de Madrid. El autor advierte que ha hecho el trabajo "con material fotocopiado y escaneado". El material fotocopiado al que se refiere son las páginas de EL PAÍS donde dos peritos calígrafos, que han intervenido en algunos de los casos judiciales más importantes tramitados por la Audiencia Nacional sobre documentos originales concluían que la letra manuscrita en los partes de seguimiento era obra del agente José Manuel Pinto, la misma persona que había escrito en distintos formularios, también originales, de la Consejería de Interior.
Iglesias saca distintas conclusiones: "Tras examinar las zonas, recorridos, trazos más o menos entintados, dimensiones, etcétera de ambos manuscritos, se han observado notables diferencias respecto de unas y otras, y en especial en los factores relacionados con su ejecución, tales como signo de puntuación (guiones), morfología, caracteres, inicio de letras, formas, tamaños y dirección, que por su desarrollo se van alejando de apariencias a simple vista similares pero divergentes en su descripción gráfica y suficientemente identificativas como para concluir que ambos manuscritos no son concordantes y en consecuencia no han sido realizados por el mismo autor".
El informe de Iglesias para Granados concluye: "Al no existir suficientes elementos estructurales ni de juicio para determinar la autoría de la escritura dubitada, se puede afirmar que los textos dubitados no han sido realizados por José Manuel Pinto".
(www.elpais.com, 04/032/09)
EL JUEZ NIEGA QUE EL ESPIONAJE DEL PP SEA OBRA DE FUNCIONARIOS
El juez José Sierra negó ayer que detrás de la red de espionaje en Madrid estén funcionarios públicos y tampoco admite que se haya podido cometer un delito de malversación de caudales públicos. A su juicio solo existe un delito de revelación de secretos cometido por particulares contra el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y contra el gerente del Canal Isabel II, Ildefonso de Miguel. Así consta en el auto en el que rechaza la personación del PSOE y de IU, que querían ejercer la acción popular. Ambos partidos recurrirán la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El magistrado afirma que las diligencias que ha practicado desde el pasado 26 de enero han servido para confirmar que los hechos denunciados por González y De Miguel pueden ser constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, no ha encontrado ninguna prueba que acredite que se ha cometido una malversación de caudales públicos como defendían el PSOE e IU en sus escritos de personación. "Las referencias sobre un posible delito de malversación carecen de fundamento", explica Sierra.También sostiene que de las declaraciones de los periodistas que publicaron estos hechos "no pueden desprenderse indicios de que los hechos sean imputables a una autoridad o funcionario público". En su opinión, la investigación se refiere a "los secretos, datos o intimidad de dos personas físicas" que son las únicas que pueden ejercer la acusación particular.
También mantiene que debe descartarse "que los posibles delitos afecten a los intereses generales o a una pluralidad de personas". Por este motivo rechaza la personación del PSOE y de IU.
(www.elperiodico.com, 04/032/09)
AGUIRRE SE BURLA DE LAS GRABACIONES QUE VINCULAN A CARGOS DEL PP CON LA TRAMA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha querido hoy restar relevancia a las grabaciones que implican a cargos del PP con la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa. "Lo que sabemos es que hay una cintas que dicen cosas sobre cantidad de gente, que es como si el alcalde de Torrejón dijera que tiene mucha relación con Angelina Jolie, aunque tendría más credibilidad si lo dijera el consejero de Sanidad", ha afirmado la presidenta madrileña en presencia del regidor de Torrejón, Pedro Rollán, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Aguirre se ha referido a las grabaciones como "conversacioncillas" de una persona que "presume y acusa de ciertas cosas que implican delitos gravísimos a otras personas".
La presidenta ha tildado de "triquiñuela" a la consulta de Garzón a la Fiscalía Anticorrupción sobre qué tribunal ha de llevar el caso Gürtel. "Parece ser que todo esto es una nueva triquiñuela del Juez Garzón para no pasárselo ni al Supremo ni a los Tribunales Superiores de Justicia Valencia ni de Madrid, y quedarse él con el asunto".
Aguirre ha apuntado que el "ministro furtivo", Mariano Fernández Bermejo ya ha dimitido y "el juez socialista", Baltasar Garzón, sigue actuando. "Y aquí estamos todos al albur de que se publique en determinados medios unas grabaciones, que al parecer duran nueve horas, de un señor ex concejal del PP de Majadahonda, expulsado del PP, que se pone a grabar a mí y al alcalde, y a lo mejor decimos cosas que pueden o no ser ciertas"
Aguirre ha anunciado que el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ha solicitado la suspensión de militancia en el Partido Popular. Panero, aseguró Aguirre, tomó la decisión "voluntariamente", después de haber presentado su dimisión como alcalde hace 15 días por al estar imputado por Garzón. Se prevé que Panero declare ante el juez el próximo miércoles. La presidenta regional ha añadido que el lunes el comité de dirección formará una gestora para que presida el partido en Boadilla, casta ahora liderado por Panero. El director de esta gestora será el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias, Bartolomé González, hasta que se vote una nueva ejecutiva local.
La renuncia de Panero fue motivo de controversia después de que se personara voluntariamente en la Audiencia Nacional para declarar antes de que su nombre apareciera entre los imputados y en la puerta del tribunal asegurara que él no había cesado pese a que minutos antes, Mariano Rajoy, había anunciado que había puesto el cargo a disposición del partido. Horas después Panero se vio forzado a cesar, tal y como había pactado con la ejecutiva del PP de Madrid.
Aguirre se ha referido a la no inclusión del vicealcalde, Manuel Cobo, ni del ex consejero Alfredo Prada -ambos objeto del presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid - en la lista de 12 comparecientes que presentó ayer el PP ante la comisión de investigación del caso. "No están en la lista porque no les ha acusado nadie de espiar", por lo que "no tienen que dar explicaciones". La presidenta insistió en que Ignacio González, sometido a seguimiento durante un viaje a Colombia, ha sido incluido en la lista "en calidad de vicepresidente de la Comunidad".
(www.elpais.com, 26/02/09)
EL PP NO QUIERE OÍR A LAS VÍCTIMAS EN LA COMISIÓN SOBRE LOS ESPÍAS DE MADRID
Los presuntos seguimientos a políticos del PP en la Comunidad de Madrid se produjeron entre marzo y junio de 2008, según consta en los partes del espionaje. Pero el PP cree que para aclarar quién los ordenó y con qué fines es muy relevante lo que tenga que decir un político del PSOE que dejó el Gobierno autonómico en 1995: Virgilio Cano, consejero de Gobernación con Joaquín Leguina. Él figura en la lista de 12 comparecientes para la comisión de investigación que por fin presentó ayer el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Una lista en la que no están las víctimas de los seguimientos: el vicealcalde Manuel Cobo, el ex consejero Alfredo Prada y, de forma colateral, la diputada regional Carmen Rodríguez Flores y el que fue segundo de Prada, Juan Carlos Fernández.
"Llamamos a quienes pueden contribuir a esclarecer si hubo espionajes; nosotros estamos convencidos de que no los hubo", explicó Pérez. Ignacio González -que fue sometido a seguimiento durante un viaje a Colombia- ha sido incluido en la lista "pero en su calidad de vicepresidente". Cobo, Prada y las otras víctimas sí han sido llamadas por PSOE e IU.
El PP llama a Virgilio Cano por lo mismo que a Carlos Mayor Oreja (ex consejero de Justicia con Ruiz-Gallardón): porque tuvo "competencias en materia de seguridad" y puede ayudar a "trazar el escenario correcto" y llegar "al fondo de la cuestión". Además, en la lista de los populares figuran el consejero de Interior, Francisco Granados; su viceconsejero, Alejandro Halffter; la secretaria técnica Mar Pérez; el director general de Seguridad, Enrique Barón; los responsables de seguridad Sergio Gamón, Miguel Castaño y Marcos Peña; el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo; y un alto cargo de éste, Juan Carlos Durán.
Por otro lado, Ignacio González compareció ayer ante la comisión de Vigilancia de las Contrataciones para responder a las acusaciones vertidas contra él por tres supuestas adjudicaciones irregulares. Dos de los contratos se adjudicaron a una empresa cuyo dueño viajó con González en 2008 a Johannesburgo, algo que él ayer ni mencionó. "Aquí se habla del contenido de los contratos, y éstos son impecables", zanjó. Sobre el tercer contrato, adjudicado a una empresa cuyo dueño era socio de familiares de González en otra, negó cualquier irregularidad: "¿Hay familiares míos entre los adjudicatarios? No. Jamás he adjudicado nada a un familiar".
(www.elpais.com, 26/02/09)
EL PP PRESENTA UNA LISTA DE 12 COMPARECIENTES PARA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL ESPIONAJE
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha presentado su lista de comparecientes para la comisión de investigación parlamentaria, que trata de esclarecer la presunta trama de espionaje en la Comunidad.
El listado está compuesta por 12 nombres de los que tan solo el ex consejero de Gobernación de la Comunidad en época del socialista Joaquín Leguina, Virgilio Cano de Lope, no ha sido reclamado por los grupos de la oposición.
En la lista del PP destacan también:
- El vicepresidente regional, Ignacio González.
- El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
- El viceconsejero de la misma cartera, Alejandro Halffter.
- El delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo.
- El director de la oficina de Seguridad corporativa del Consistorio que dirige Alberto Ruiz Gallardón, Juan Carlos Durán.
Asimismo, quieren que comparezcan:
- El asesor de seguridad, Marcos Peña.
- El director del área de seguridad de la Consejería de Granados, Sergio Gamón.
- El director general de seguridad e interior, Enrique Barón.
La lista está repleta de técnicos y sobresale la ausencia de los espiados en la trama, como Alfredo Prada a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid. De igual forma, y pese a que Esperanza Aguirre le sacó varias veces a la palestra para demostrar "que el PSOE también espiaba", se ha descartado al diputado Manuel Pizarro.
(www.publico.es, 26/02/09)
GONZÁLEZ OCULTA A LA ASAMBLEA DATOS CLAVE DE SUS CONCESIONES
Fueron cuatro horas de comparecencia del vicepresidente madrileño, Ignacio González, en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas de la Cámara regional. Cuatro horas en las que PSOE e IU intentaron desentrañar las concesiones sospechosas que ha hecho como presidente del Canal de Isabel II. Cuatro horas en las que evitó explicar por qué empresas vinculadas a familiares suyos han resultado beneficiadas. Se defendió recalcando que los contratos firmados por el Canal son "impecables", que se ajustan "escrupulosamente a la legalidad, con total transparencia y objetividad".
De todos, el caso que más dudas plantea es la mutación de los antiguos depósitos del Canal en un campo de golf. Quien se llevó la explotación y gestión de las instalaciones fue Green Canal Golf, una Unión Temporal de Empresas formada por Iridium (Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. Esta última era propiedad de José Antonio Clemente, socio del hermano del vicepresidente (Pablo González) y de un cuñado (José Juan Caballero) en otra compañía, Tamanaco 07 Consulting. "No hay ni una sola empresa, ni ahora, ni antes, ni durante, que haya tenido nada que ver con la Administración en la que estén familiares míos", recalcó. El vicepresidente no desmintió ninguno de los datos desvelados por Público.
El vicepresidente puso el acento en dos puntos. Uno, que Green Canal Golf era la segunda empresa de las que compitieron en concurso con mejor oferta económica: proponía un canon de 3,2 millones, frente a los 1,5 millones de la licitación. "Es la empresa la que paga el canon, no al revés". La sociedad que ofertó un canon mayor fue descartada "por poca solvencia".
Segundo punto de defensa: que en enero de 2008 Tecnoconcret vendió todas sus acciones a Iridium, que pasó a ser la dueña del 100% de Green Canal. No aludió a que el pasado noviembre, en una ampliación de capital, se hicieron con la mayoría de Tecnoconcret su hermano y su cuñado. Tampoco que Clemente y Caballero ya aparecían en 2006 como promotores del proyecto del campo de golf en la fase de construcción del mismo.
González debía dar cuentas de la concesión de contratos de limpieza y seguridad a Saminsa y Segurisa. Pero soslayó el ataque de PSOE e IU: por qué viajó a Suráfrica en 2008 con el propietario de ambas compañías, Enrique Sánchez, viaje en el que los dos fueron presuntamente espiados.
La oposición quedó indignada. "No ha respondido a lo que le planteamos, tira balones fuera", dijo Livia Castillo (PSOE). Reyes Montiel, de IU, exigió su dimisión.
(www.publico.es, 26/02/09)
LA ASAMBLEA DE MADRID EXAMINA LAS CONCESIONES DE GONZÁLEZ
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre comparece hoy en la Asamblea para explicar tres adjudicaciones suyas que están bajo sospecha . A la vista de cómo está actuando el PP en la comisión de investigación, donde ha censurado de forma reiterada las peticiones de PSOE e IU, ambos partidos temen que Ignacio González no aporte ninguna información relevante. Si sus temores se confirman, al menos IU reclamará su dimisión.
El caso que mayores sospechas acumula es la transformación de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II –empresa pública que preside González– en una zona deportiva con campo de golf incluido. La explotación del recinto fue adjudicada, a finales de 2006, a un consorcio formado por las empresas Iridium (Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. El dueño de esta última era José Antonio Clemente, quien seis meses antes se había convertido en socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado de vicepresidente. Clemente, González y Caballero habían creado la firma Tamanaco 07 Consulting, el 21 de junio de 2006, precisamente para dedicarse a explotar instalaciones deportivas. El domicilio social de Tecnoconcret y de Tamanaco 07 Consulting es, además, el mismo.
Pero no sólo está bajo sospecha la concesión para explotar las instalaciones deportivas del Canal, sino también la fase previa de construcción. El Canal adjudicó las obras al Grupo ACS, que a su vez subcontrató parte de los trabajos con la sociedad Only Golf. Y los promotores de proyectos de Only Golf eran precisamente Clemente y Caballero.
Y hay más. El Canal de Isabel II sostiene que, a principios de 2008, el Grupo ACS le compró sus acciones a Tecnoconcret. Ello plantea una pregunta evidente: ¿por qué formó parte del consorcio una empresa que pocos meses después vendió sus acciones? El círculo de la sospecha se cerró el 10 de noviembre de 2008, cuando el hermano y el cuñado del vicepresidente se convirtieron en accionistas de Tecnoconcret, cada uno con un porcentaje por encima del 30% del capital.
En resumen, ACS recibe primero una adjudicación pública y subcontrata para las obras a una empresa vinculada a la familia de González. Después, ACS recibe también la explotación de las instalaciones deportivas, pero en un consorcio junto a otra sociedad vinculada a la familia de González. Y, por último, ACS facilita a esta última empresa un pelotazo al comprarle sus acciones.
Ignacio González también hablará en la Asamblea sobre las adjudicaciones del Canal a las sociedades Segurisa y Saminsa, cuyo dueño es Enrique Sánchez. El vicepresidente viajó con este empresario a Suráfrica y, según un dossier, fue Sánchez quien corrió con los gastos de la expedición. González mintió inicialmente al asegurar que nunca había adjudicado nada a las empresas de Sánchez.
(www.publico.es, 25/02/09)
TRANSPARENCIA A PRUEBA. LAS 11 CUESTIONES QUE DEBE ACLARAR
1. ¿Es José Antonio Clemente socio desde junio de 2006 de un hermano (Pablo González) y un cuñado (José Juan Caballero) del vicepresidente?
2. ¿Conoce Ignacio González a Clemente?
3. ¿Participaron las empresas Only Golf y Tecnoconcret en las obras del campo de golf del Canal?
4. ¿Eran Clemente y Caballero promotores de proyectos en la empresa Only Golf?
5. ¿Por qué adjudicó González la explotación de las instalaciones del Canal a Tecnoconcret, empresa del socio de su hermano y de su cuñado?
6. ¿Por qué no se abstuvo González en el consejo del Canal que decidió dicha adjudicación?
7. ¿Por qué no informó en el consejo sobre los vínculos entre Clemente y su familia?
8. ¿Autorizó el Canal que Tecnoconcret vendiera sus acciones al Grupo ACS pocos meses después de recibir la concesión?
9. ¿Para qué se le dio entonces la concesión a Tecnoconcret?
10. ¿Cuál fue el precio pagado por ACS?
11. ¿Son el hermano y el cuñado de González los actuales socios mayoritarios de Tecnoconcret?
(www.publico.es, 25/02/09)
GRANADOS INTENTA DESACTIVAR EL ESCÁNDALO DE LA MANSIÓN
Francisco Granados, número tres del Gobierno de Esperanza Aguirre, intentó ayer sin éxito desactivar el escándalo de la mansión que una promotora inmobiliaria construye en Valdemoro (Madrid) siguiendo un proyecto encargado por el consejero y su mujer, pese a lo cual el inmueble no figura a su nombre.
Horas después de que el PSOE exigiera en la Asamblea de Madrid que el titular de Presidencia, Justicia e Interior remita en 48 horas su declaración oficial de bienes, Granados reaccionó enviando a la oposición dos folios en los que refleja su patrimonio inmobiliario y obvia que su mujer es consejera en una filial de Caja Madrid. El documento no alude a la casa de lujo de 1.000 metros cuadrados, ya casi acabada, y que su esposa visita asiduamente para supervisar las obras. Su maniobra en absoluto convenció al PSOE, que sigue reclamando los documentos oficiales del registro de bienes.
Los dos folios llegaron en mano a las portavoces de PSOE e IU, Maru Menéndez e Inés Sabanés, a primera hora de la tarde. Por la mañana, el socialista Adolfo Navarro había pedido cuentas al consejero por construirse “una fortaleza medieval, como si fuera el señor de un castillo feudal”. “Dice mucho de la ética y de la estética de Granados”, apuntaló el portavoz adjunto.
El PSOE no se cree que haya una promotora que opte por construir en Valdemoro –Granados fue su alcalde de 1999 a 2003–, y sin tener comprador asegurado, una casa de lujo sobre seis parcelas donde el planeamiento permitía levantar otros tantos chalés estándar. “Debería tener más vergüenza y explicarse. Si no tiene nada que ocultar y es rico de familia, que lo diga públicamente”, concluyó Navarro.
David Pérez, portavoz del PP en la Cámara, descartó todo vínculo de Granados con la mansión y acusó al PSOE de propalar “ignominias”. En el escrito a PSOE e IU, Granados cita a su mujer, Nieves Alarcón Castellanos. El consejero lo hace para informar que es “profesora de universidad”. Pero obvia un dato de máxima relevancia: desde el 17 de julio de 2008, Alarcón pertenece al consejo de administración de Caja de Madrid de Pensiones, SA, entidad gestora de fondos de pensiones.
Fuentes de la caja madrileña confirmaron ayer a Público que Alarcón representa en esa empresa a la Comunidad, es decir, a la institución donde su marido ocupa el tercer puesto en rango. Otras fuentes de la entidad aseguraron que Alarcón percibe al mes 1.803 euros brutos (1.175 netos) en dietas por asistencia al consejo. Este diario no logró que el Ejecutivo desvele qué criterios ha seguido para asignar uno de los 15 asientos del consejo de Caja Madrid de Pensiones a la esposa de Granados, profesora de Economía Política en el Centro Universitario Villanueva, de titularidad privada y adscrito a la Complutense.
Alarcón –cuya pertenencia al consejo de la citada sociedad desconocía la oposición– se suma así a la lista de miembros de confianza del PP a los que Aguirre ha acomodado en la órbita de Cibeles, la corporación que aglutina las participaciones financieras de la caja madrileña y a la que pertenece la gestora de pensiones. En esa nómina ya figuran el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela, el ex ministro del Interior Ángel Acebes y Carmen Cavero, cuñada del vicepresidente, Ignacio González.
En los dos folios remitidos a la oposición –a los que se une un tercero con su currículum–, Granados confiesa un patrimonio inmobiliario de 351.000 euros, correspondientes a un piso de 110 metros cuadrados y un dúplex de 164 metros, ambos en Valdemoro. Además, declara que en 2007 compró una vivienda adosada de 143 metros por 450.760 euros, de los que todavía debe 330.000 euros. “El resto de bienes corresponde a la herencia de mi padre”, apunta.
“Siempre hemos disfrutado de una buena situación económica”, sostiene el consejero. El jueves pasado, dijo a Público que antes de llegar a la política trabajaba en Bolsa y ganaba “bastante dinero”, más que ahora. “Todas mis adquisiciones, aunque modestas, se han realizado sin ningún trato de favor”, explicita en los folios.
Menéndez perseverará en su reclamación: “Le agradezco al consejero el documento, pero no nos vale. Pedimos declaración de bienes, que incluya sus cuentas corrientes. Y que explique por qué su mujer tutela las obras de una casa que no es suya”. En IU tampoco convencen esos dos folios, pero reiteran que ya han pedido el cese de Granados. El PSOE lo volvió a exigir ayer.
(www.publico.es, 25/02/09)
ALUVIÓN DE CONTRATOS A FAMILIARES EN VALDEMORO
Hijo, primo, cuñado, tío, hermano, sobrino, esposa o madre. Esa es la relación de parentesco que hay entre ediles y ex ediles del PP en de Valdemoro (58.623 habitantes) y 19 trabajadores municipales a los que, según la Inspección de Trabajo, se otorgó contratos temporales incumpliendo las normas laborales. En algunos casos, los contratos se encadenaron hasta convertirse en indefinidos.
De los 20 contratos de familiares que denunció el PSOE ante la Inspección, nueve corresponden a la etapa de Granados como alcalde. Los restantes se suscribieron cuando José Miguel Moreno, hombre fuerte del hoy consejero, ya había accedido a la alcaldía, a finales de 2003.
En la lista figuran dos primos de la mujer de Granados, según el PSOE, cuya relación de contratos indica que se lleva la palma el anterior edil de Urbanismo, Juan Carlos Bravo-Burguillos: cinco parientes en el Ayuntamiento, entre ellos, su esposa. La cuñada del actual regidor, casada con un alto cargo de la Comunidad, también aparece. Los socialistas ya han planteado una moción en la que exigen responsabilidades políticas. La Inspección subraya que en la mayoría de los casos el Ayuntamiento “violó” el precepto del Estatuto de los Trabajadores que prohíbe la contratación temporal para tareas ordinarias. Una portavoz del Consistorio dijo ayer que no poseía datos suficientes sobre el asunto.
(www.publico.es, 25/02/09)
GRANADOS DETALLA SU PATRIMONIO A LA OPOSICIÓNFrancisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, mandó ayer su declaración de bienes al PSOE e IU. La oposición regional se la había exigido a raíz de una información del diario Público en la que se relataba que Obras y Vías, una promotora inmobiliaria con intereses en Valdemoro -localidad de la que Granados fue alcalde-, construye una mansión en dicho municipio por encargo del consejero.
Dicha firma es un grupo empresarial que, además, era la titular del coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón, la esposa de Granados. Según el propio consejero, la casa no la han comprado todavía, pero admite que el proyecto lo encargó su mujer. De hecho, ésta ha visitado las obras unas 8 o 10 veces.
Según el documento remitido por el consejero a Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), Granados y su esposa poseen tres viviendas. Un piso de 110 metros cuadrados en Valdemoro, que costó 72.000 euros en 1993; un dúplex de 164 metros cuadrados, también en Valdemoro, por el que pagó 127.504 euros; y una tercera vivienda, la última que compró, un chalé de 143 metros cuadrados que costó 450.760 euros y por el que tiene una hipoteca pendiente de 330.000 euros.
El dinero total desembolsado hasta la fecha por el matrimonio Granados para la adquisición de todo su patrimonio, asegura el consejero, es de 351.000 euros. "Una cantidad muy razonable para un matrimonio después de 18 años de trabajo", dice Granados en el documento que ha remitido a la oposición.
(www.elpais.com, 25/02/09)
EL PP LLAMA A UN CONSEJERO DE LEGUINA PARA ACLARAR EL ESPIONAJE EN MADRID
Con casi tres semanas de retraso, el PP ha presentado hoy su lista de comparecientes en la comisión de la Asamblea que investiga la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Los populares se han remontado a épocas pasadas y han incluido a Virgilio Cano, quien fue consejero de Gobernación con Joaquín Leguina -presidente del Gobierno regional entre 1983 y 1995-, porque consideran que puede ayudar a esclarecer cómo trabajan los servicios de seguridad. Por contra, el PP ha dejado fuera de sus peticiones a algunas de las víctimas de la trama, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y la diputada autonómica del PP Maria del Carmen Rodríguez Flores.
El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, está también incluido en la lista de comparecientes -de los que 11 coinciden con los solicitados por el PSOE e IU- si bien lo hará en calidad del cargo que desempeña y no por haber sufrido supuestamente el espionaje. Además ha convocado al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados; el viceconsejero de Presidencia e Interior, Alejandro Halffter, la secretaria general de los servicios de Interior, Mar Pérez Merino; el director general de Seguridad e Interior, Enrique Barón; el director del Área de Seguridad, Sergio Gamón; el subdirector general de Seguridad Operativa, Miguel Castaño; el asesor de Protección Ciudadana, Marcos Peña; el director de la Oficina de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid, Marcos Durán; el consejero de Seguridad municipal, Pedro Calvo y Carlos Mayor Oreja, ex consejero de Medio Ambiente.
El portavoz del PP en la Asamblea David Pérez ha afirmado que aunque pueda parecer "reducida", la lista de comparecientes es "una buena base para trabajar", y ha recordado que el plazo para presentar más nombres "sigue abierto". Según Pérez, aunque en principio no hay mucha coincidencia entre sus solicitudes de comparecientes y la documentación que ha solicitado para trabajar, en su opinión sí que existe relación.
El inicio de los trabajos de la comisión continúa aún sin conocerse con precisión, puesto que tras presentarse las listas de comparecientes todavía se deben realizar algunos trámites, por lo que probablemente hasta la próxima semana no echará a rodar. Fue hace tres semanas cuando se inició la constitución de la comisión con el nombramiento de Benjamín Martín Vasco como presidente, cargo al que tuvo que renunciar posteriormente al aparecer su nombre entre los implicados en la trama corrupta de empresas vinculados al PP dirigida por Francisco Correa. La veterana diputada del PP Rosa Posada salió elegida con los votos de su grupo para sustituir a Martín Vasco, lo que provocó las críticas de la oposición, que proponían a la diputa de IU Inés Sabanés para presidir la comisión.
El PP censuró de nuevo el pasado lunes la lista de comparecientes del PSOE pero sí aceptó algunas como la de José Manuel Pinto, técnico de la Dirección General de Seguridad. Su caligrafía, de acuerdo con el examen de dos peritos, aparece en los partes de espionaje de Cobo y Prada. Pinto trabajó en una red paralela de escolta a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en sus actos electorales.
(www.elpais.com, 25/02/09)
PSOE E IU PIDEN A AGUIRRE QUE DESTITUYA A GRANADOS
PSOE e Izquierda Unida pidieron el lunes a Esperanza Aguirre el cese del consejero Francisco Granados, número tres en el Gobierno de Madrid. Titular de Presidencia, Justicia e Interior, Granados se encuentra en el ojo del huracán desde que hace un mes estalló el escándalo de la presunta trama de espionaje en el PP . Ahora, otro nuevo escándalo se cierne sobre él.
Una inmobiliaria con intereses urbanísticos en Valdemoro, donde Granados fue alcalde hasta 2003, construye una casa de lujo de 1.000 metros cuadrados cuyo proyecto encargó la mujer del consejero, Nieves Alarcón, pese a que el inmueble jamás ha figurado a su nombre ni al de su marido.
La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, anunció a este periódico que pedirá la declaración de bienes de Granados a través de la Comisión del Estatuto del Diputado. El registro de bienes de la Comunidad de Madrid no es público. A mediodía, los socialistas ya habían enviado un comunicado en nombre de su portavoz donde consideran que "no es de recibo" que Granados continúe en su puesto.
En esa nota, Menéndez subrayó el "caos" que rige en su consejería, "con la Administración de Justicia patas arriba, con una huelga de funcionarios provocada por un incumplimiento reconocido por el propio consejero, con el conflicto abierto con sus abogados del turno de oficio y, mientras tanto, con el señor Granados suponemos que preocupado por las noticias que se van publicando sobre sus supuestas propiedades".
En opinión de la portavoz socialista, "urge que Esperanza Aguirre abra una crisis formal en el Consejo de Gobierno para una remodelación profunda. Es la única salida –recalca Menéndez– para que los ciudadanos recuperen la credibilidad de la institución de la Comunidad de Madrid".
Más contundente, y en charla telefónica con este periódico, la portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, puso el dedo en la llaga del asunto de la mansión: "No se sostienen los argumentos de Granados ni sus respuestas para esclarecer la situación". Sabanés, que cuando estalló la trama de espionaje exigió de inmediato el cese del consejero de Presidencia e Interior, considera que Granados es incapaz de ofrecer una explicación coherente sobre "por qué su mujer va por allí".
Frente al comedimiento del PSOE, la portavoz de IU delató el "escandaloso doble rasero en el PP a la hora de asumir responsabilidades políticas". "Nosotros ya pedimos la dimisión de Granados y ahora la volvemos a reiterar”", clamó Sabanés con un punto de indignación en la voz por la estrategia que, a su juicio, han adoptado los conservadores: situarse "tras la trinchera" de lo que cabría definir como una nueva teoría de la conspiración: "Todo lo que es capaz de decir el PP es que hay una campaña de acoso y que los persiguen", resume la dirigente izquierdista. Pero cada día, razona Sabanés, "se suscitan más sospechas y dudas". "El PP no puede seguir escondido", apostilló.
Granados reconoció, en declaraciones a este periódico, que le gustaría comprar la casa pero que sólo lo hará si vende los dos pisos que su mujer y él ya tienen "pagados".
(www.publico.es 24/02/09)
GRANADOS RESPONDE QUE TIENE BIENES POR UN VALOR TOTAL DE 348.000 EUROS Y UNA HIPOTECA DE 450.000
Granados, según aclara, no tiene nada que ver con la mansión que según denunciaron ayer Público e Interviú, una constructora le está haciendo en Valdemoro. Por cierto la misma empresa que en 2006 tenía a su nombre el mini de su mujer. Entonces lo justificó porque no le había dado tiempo a resolver el papeleo. Poco después de que el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid le diera un ultimatum de 48 horas para que hicera público su patrimonio, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha remitido a los portavoces de la oposición un informe en el que explica que tiene una hipoteca por un valor de 450.000 euros, de la que restan por pagar 330.000 euros, correspondiente a su domicilio en Valdemoro. El documento informa, además, del resto de sus bienes y cuándo los ha comprado, así como que todas las adquisiciones que ha realizado en los últimos 18 años tienen un valor total de 348.000 euros.
Con ello, Granados pretende demostrar que no tiene "nada que ocultar", según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.
Ultimatum socialista
El grupo socialista en la Asamblea de Madrid había pedido esta mañana la lista de sus bienes. De no hacerlo en 48 horas, había amenazado con hacer uso de su derecho reglamentario, a través de la Comisión del Estatuto del Diputado o por otras vías legales, para acceder a la copia de su declaración del IRPF y de bienes”.
Cese de Granados
El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Adolfo Navarro, exigió a Esperanza Aguirre el cese de Francisco Granados por estar políticamente incapacitado para seguir ejerciendo el cargo “por el aluvión de indicios sobre su implicación en la trama de espionaje y la trama corrupta fraguada en los aledaños o dentro del PP de Madrid”.
De consejero a “señor feudal”
“Hemos tenido conocimiento de que el señor Granados, además de poseer un patrimonio inmobiliario importante, se está construyendo el equivalente a una fortaleza medieval. La impresión es que se está haciendo el castillo de un señor feudal que desde la colina mira a los súbditos de Valdemoro. Esto dice mucho de la ética de Francisco Granados”, concluyó el portavoz socialista.
(www.elplural.com, 24/02/09)
EL PP RECHAZA REPROBAR AL EX CONSEJERO LÓPEZ VIEJO
El PSOE presentó ayer una proposición no de ley (PNL) ante la Mesa de la Asamblea de Madrid para reprobar al diputado autonómico y ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en el órgano rechazó llevar la proposición al Pleno porque, según dijeron, no está contemplado en el Reglamento de la Asamblea reprobar a un parlamentario sin ningún cargo público.
El ex consejero y hombre de confianza de Esperanza Aguirre dimitió el 9 de febrero, tras conocerse que había contratado durante años con empresas que ahora están siendo investigadas por el juez Garzón dentro del caso Gürtel por pertenecer a una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados distintos cargos públicos del PP.
La Mesa también estudió una nueva lista de 10 comparecientes presentada por el PSOE para que declaren ante la comisión de investigación creada en la Asamblea para estudiar el presunto espionaje político. Sin embargo, el PP rechazó a cinco de ellos, la mitad de los presentados. Entre los rechazados está el viceconsejero de Presidencia y secretario general del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria.
Según denunció la portavoz socialista, Maru Menéndez, este rechazo «confirma y refuerza las trabas del PP a la transparencia de la comisión de investigación».
Desde la dirección del Grupo Popular respondieron que tres comparecientes los habían rechazado por defectos de forma -el PSOE presentó mal sus nombres y cargos- y los otros, por ser «completamente ajenos» al objeto de la comisión.
(www.elmundo.es, 24/02/09)
UNA PROMOTORA LEVANTA UNA MANSIÓN A GUSTO DE GRANADOS
Estos son los hechos: una promotora inmobiliaria construye desde 2006 en Valdemoro (58.623 habitantes) una casa de lujo de 1.000 metros sobre seis parcelas donde el Plan General permitía edificar otros tantos chalés de 261 metros. ¿Para quién se levanta una mansión de esas características, diseñada a medida y mucho más difícil de vender en el mercado libre que seis pareados, con o sin boom inmobiliario?
Oficialmente, es un misterio. Pero se sabe que Nieves Alarcón Castellanos, esposa de Francisco Granados, el número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre, "encargó" el proyecto con la idea de comprar la casa. Y se sabe que, tres años después y pese a que la compra nunca llegó a "materializarse", Nieves Alarcón visita asiduamente la obra porque la pareja sigue "interesada" en la vivienda, tanto que sus constructores le han dado incluso la opción de elegir "los suelos de mármol".
Los entrecomillados pertenecen a las declaraciones efectuadas el pasado jueves a Público por Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, secretario general del PP en la Comunidad y alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003. Y la inmobiliaria que en 2006 obtuvo la licencia de obras forma parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón.
Granados ofrece una explicación insólita: el proyecto para la vivienda fue encargado por su mujer en torno al otoño de 2006 tras el incendio del citado Mini Cooper y sin que mediara título de compra al grupo Obras y Vías. Por ese motivo, Nieves Alarcón "puede aparecer" en el expediente de la licencia. ¿En calidad de qué?: "Como la que se va a hacer la casa", respondió el consejero. ¿Y por qué actúa como propietaria, dando indicaciones a los responsables de la obra? "Será la propietaria cuando la compremos [la casa], si la compramos", espeta.
"Nos hicieron unos bocetos e incluso se encargó un proyecto con lo que íbamos a construir pero luego, como dijimos que no queríamos la casa, pues se quedó Obras y Vías con él. Supongo que eso estará a nombre de Obras y Vías", explica.
Sin haber abonado un euro a la promotora inmobiliaria, Nieves Alarcón suele visitar el inmueble -"la citan los martes", dice su marido- para abordar la marcha de las obras, según fuentes conocedoras del proyecto. Granados rebaja esa afirmación aunque admite que su mujer ha acudido allí "ocho o diez veces" en seis meses. Y que los promotores siguen algunas de sus indicaciones por si, finalmente, el matrimonio se decide a comprar. "Una cosa es que uno pretenda comprar una cosa y que diga: pues a mí me gustaría que pusiera esto así y esto asao. Y otra cosa es dónde, por decirlo clarmaente, dónde está ahí la corrupción o el escándalo".
Pero la vivienda, remacha el también presidente local del PP en Valdemoro, no es suya. "Yo no me voy a ir a una casa que esté a nombre de otro, ni la constructora está por ser mi testaferro", argumenta.
Según Granados, en 2008 su mujer vio que la obra estaba "medio parada", se dijo "pues igual la venden", preguntó y comenzó a acudir los martes. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que, en efecto, las obras se ralentizaron, pero sólo por un error técnico: al alzar los tabiques no se dejó el hueco necesario para la compleja red de canalización eléctrica -es una casa domótica- y de climatización.
Granados, que ha visitado "un par de veces" el inmueble, niega saber si el sótano dispondrá no sólo de garaje -"para tres plazas", afirma- sino también de piscina, gimnasio, bodega, dos salones de juego, cuarto de servicio y lavadero. Un ascensor de cristal enlazará las tres plantas, cuentan quienes conocen el proyecto.
El dirigente conservador asegura que no llegó a comprar porque, en 2006, Obras y Vías le pidió un millón de euros por ejecutar el proyecto. La vivienda consta de dos pisos con terraza voladiza más sótano habitable a razón de unos 300 metros por planta, lo que significa que, en aquel momento de precios disparados, Granados habría tenido que pagar, según su versión, sólo 1.000 euros por metro cuadrado construido. El cuarto trimestre de 2006, el precio medio en España se situó en 1.958 euros por metro.
Proyectada sobre una superficie de 1.721 metros y abalconada sobre un parque público, la vivienda se construye en la calle Chequia con la licencia lograda en febrero de 2006 por la empresa Vicfidem Proyectos SL. Esa promotora es una de las múltiples filiales de Obras y Vías SA, que en 2007 facturó 79,1 millones de euros. Ambas sociedades tienen como presidente a Ramiro Cid Sicluna.
El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo. Y ese precio constituye otra incógnita: los responsables de Vicfidem no ha devuelto las llamadas de este periódico.
Aunque Granados reitera que se decidió finalmente a comprar un chalé adosado, aún quiere la mansión, dice. Si vende los dos pisos que la pareja posee y tiene ya "pagados", lo hará. Y si puede vender su tercera propiedad, el adosado "con hipoteca" donde ahora reside -"costó 80 millones [de pesetas] y me dan 50"- , también se desprenderá de él. "Antes de entrar en política -aduce el consejero-, yo trabajaba en Bolsa y gané bastante dinero". Su mujer es profesora.
A tenor de sus palabras, también la promotora está interesada en que los Granados formalicen la compra: "Alguna vez me han preguntado [la promotora]: oye, te damos facilidad y nos quedamos con los pisos. No, no, yo no quiero dar pisos de entrada a ninguna constructora, no quiero líos, yo si vendo los pisos doy una entrada… si tengo dinero".
Según Granados, el terreno cambió de manos antes de que comenzaran las obras. Y su actual propietaria es una constructora cuyo nombre ignora y al frente de la cual se sitúa un tal "Consuelo" cuyos apellidos también desconoce, pese a que su mujer se ha entrevistado con él en la obra "ocho o diez veces" . Y pese, también, a que, según Granados, les pide ahora 1,2 millones por la casa.
En realidad, la transacción fue parcial y se produjo en mayo del año pasado, cuando los trabajos ya estaban avanzados. Ese mes, las empresas Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL -cuyo administrador único es el aparejador Consuelo Astasio- y Conde Guedan SL adquirieron mancomunadamente cuatro de las seis parcelas. Vicfidem conservó las otras dos. Granados habló con Público dos días después de que, el martes pasado, Nieves Alarcón fuese fotografiada a su llegada a la mansión.
(www.publico.es, 23/02/09)
LAS FECHAS NO CUADRAN
Granados sostiene que la primera conversación con Obras y Vías sobre la posibilidad de construir una casa en la calle Chequia cuando alguien prendió fuego al Mini Cooper en el garaje de la vivienda donde entonces residía la familia, en la calle Guardia Civil de Valdemoro. Pero ese incendio, nunca esclarecido y que destapó la verdadera identidad del titular del vehículo -Grandes Locales de Negocio, filial de Obras y Vías-, se produjo el 23 de octubre de 2006.
Pero en fecha, Vicfidem, filial de Obras y Vías, ya tenía la licencia de obras de la mansión. La junta de gobierno del ayuntamiento de Valdemoro la había otorgado el 16 de febrero. Y la solicitud se registró el 27 de diciembre de 2005.
Es más, según el arquitecto municipal de Valdemoro, el proyecto básico data del 14 de junio de 2005. Y el de ejecución, de noviembre de 2006. Llevan la firma del arquitecto Carlos de Rojas, con quien Público no ha logrado contactar.
Según Granados, fue el incendio lo que decidió a la pareja a buscar suelo para hacerse una casa. Eligieron El Caracol, una zona de expansión donde Obras y Vías poseía, dice el consejero, la mayor parte del terreno.
El viernes, el arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro, mostró a este periódico varios documentos del expediente, pero no el proyecto básico ni el de ejecución, donde, teóricamente, debe constar no sólo quién pide la licencia sino por encargo de quién se promueve la obra. Navarro invocó la Ley de Protección de Datos.
Tanto él como la letrada de Urbanismo afirmaron que el nombre de Nieves Alarcón no consta en el expediente urbanístico de la casa de la calle Chequia. Fuentes conocedoras de ese expediente sostienen que, al menos en el verano de 2006, sí figuraba.
El arquitecto Navarro confirmó que desde febrero de 2006 no se ha notificado ningún cambio en la titularidad de la licencia, ni en el proyecto de obras, ni en la dirección facultativa. Cualquier cambio en la titularidad o en el proyecto, precisó el alto funcionario municipal, resulta de notificación obligatoria al ayuntamiento. El jueves, Granados había asegurado que el proyecto definitivo difiere del que encargó su mujer aunque "la estructura básica" coincide.
Respecto al vehículo quemado, el consejero mantiene que Tráfico no había tramitado la transferencia. En octubre de 2006, El País publicó que la transferencia no se había iniciado.
(www.publico.es, 23/02/09)
UN CONSEJERO DE AGUIRRE DENUNCIA NUEVOS 'DOSSIERS' SOBRE SU PATRIMONIO
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha tenido que salir al paso de nuevos dossiers que le involucran en negocios ilegales con constructores. Alguno de los informes incluye fotografías de sus propiedades. Granados quiere conocer al detalle el alcance del seguimiento del que ha sido objeto y sus autores para decidir si presenta una querella.
Los dossiers vuelven a tener origen desconocido, y el consejero se muestra tan inquieto como en su día lo estuvo el vicepresidente Ignacio González, que denunció en los juzgados el seguimiento del que fue objeto. González llegó a sugerir que esos dossiers (que le atribuían trato de favor a empresarios) podrían tener su origen en la propia Comunidad.
El primer dossier se refiere a la empresa DICO, que vendió a Granados la vivienda en la que reside en Valdemoro, municipio madrileño del que fue alcalde. El director financiero de la empresa, despedido del puesto, se hizo eco del dossier y denunció en Interviú la semana pasada que el consejero cobraba sobornos a cambio de dar trato de favor a DICO. Granados lo niega y ha formalizado un requerimiento notarial contra el directivo de DICO, que, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico, se ha desdicho de lo denunciado en Interviú.
El otro asunto que ha dado lugar a un nuevo dossier tiene que ver con una historia antigua: la venta por parte de Granados de una vivienda que había empezado a comprar en Marbella. Se la vendió a un constructor de Valdemoro, David Marjaliza, ex edil del PP y amigo del consejero. Granados ya explicó los detalles de aquella operación de compraventa y mostró en su día los certificados de la transacción que supuestamente demostraban que no había ganado nada.
Por último, circula un tercer documento anónimo que vincula a Granados con el constructor Marjaliza en una adjudicación de suelo supuestamente amañada en otro municipio, Parla, gobernado por el socialista Tomás Gómez cuando ocurrieron los hechos. El dossier, que no ofrece pruebas, sugiere que la adjudicación benefició a Marjaliza y, de forma indirecta, al consejero Granados.
(www.elpais.com, 23/02/09)
MADRID ENCARGA UN INFORME CALIGRÁFICO PARA BUSCAR A LOS ESPÍAS
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha encargado un informe caligráfico sobre los partes de seguimiento a políticos del PP publicados por este periódico. Pretende comprobar si alguno de los agentes a sueldo de su consejería o del Gobierno autónomo de Esperanza Aguirre es autor de los mismos, según han confirmado fuentes del Ejecutivo regional.
Dos informes periciales encargados por EL PAÍS sobre la caligrafía aparecida en los partes de seguimiento concluyeron que al menos uno de los trabajadores del departamento autonómico de Seguridad, José Manuel Pinto, participó en la elaboración de los informes de espionaje. Los calígrafos llegaron a esa conclusión tras comparar los rasgos de la caligrafía de los partes con la letra de algunos agentes en formularios de la Consejería de Interior.
El agente Pinto fue fotografiado en febrero de 2008 junto a Esperanza Aguirre en un acto electoral del PP, donde no existe justificación legal alguna para que los funcionarios intervengan, ni siquiera en tareas de contravigilancia, al tratarse de actos no institucionales. Junto a Pinto, la fotografía muestra a otros agentes que, según trabajadores de la Consejería de Interior, son los que realizaban habitualmente las "misiones especiales" que ordenaba Sergio Gamón, director general de Seguridad hasta julio de 2008 y hombre de confianza de Aguirre.
Con el encargo del informe pericial caligráfico, la Comunidad atiende por fin a las peticiones formuladas desde distintos ámbitos: entre otros lo reclamó Mariano Rajoy, quien sugirió que para investigar los seguimientos habría que encargar esos informes. El espionaje pagado supuestamente con dinero público se hizo, al menos, entre marzo y mayo de 2008, justo antes del congreso nacional de los populares; éste ratificó por amplísima mayoría la continuidad de Rajoy pese a la resistencia que opuso Aguirre, la principal líder del PP que le plantó cara.
Los seguimientos entre marzo y mayo de 2008 se centraron en dos objetivos: el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo -mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón-, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, ambos adversarios de Aguirre en su estrategia por desbancar a Rajoy. De paso, los supuestos espías se fijaron también en un hombre de confianza de Prada, Juan Carlos Fernández, y en la diputada regional Carmen Rodríguez Flores. Ésta reclamó a Aguirre en persona hace días que aclare quién ordenó el espionaje.
(www.elpais.com, 23/02/09)
EL PP IMPONE EL BLOQUEO EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El PP es, según sus dirigentes nacionales y madrileños, "el principal interesado" en que se descubra la verdad sobre la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. Pero es también el partido que está bloqueando de facto la comisión de investigación creada en el Parlamento autónomo para desentrañar el caso.
La comisión entra hoy en su tercera semana y aún no tiene calendario de sesiones, porque el Grupo Popular está retrasando lo máximo posible el plazo para presentar su lista de comparecientes y, además, ha negado a la oposición más de la mitad de la documentación reclamada. A este ritmo, lo más probable es que los interrogatorios a los implicados -víctimas o presuntos responsables de los seguimientos- no empiecen hasta pasadas las elecciones vascas y gallegas del 1 de marzo, en las que el PP se juega mucho.
- Retraso en las comparecencias. Según las normas pactadas por los tres grupos, éstos pueden solicitar comparecencias hasta cinco días después de recibir la documentación del caso (que podría empezar a llegar esta semana). PSOE e IU no han apurado ese plazo: presentaron su lista de comparecientes el día en que se constituyó la comisión, el 6 de febrero. Pero el PP aún no ha dicho esta boca es mía, y eso tiene bloqueadas las sesiones.
- Veto a las personas. Socialistas e IU pidieron la comparecencia de 37 personas con nombres y apellidos, y el PP ya les ha tumbado 13. Entre ellas, las de Mariano Rajoy, el ex tesorero y los actuales tesoreros del PP y varios empresarios relacionados con adjudicaciones sospechosas del Gobierno regional.
- Criba en la documentación. El principal palo en la rueda que han puesto los populares tiene que ver con la documentación del caso. El PP, haciendo uso de su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, ha rechazado más de la mitad de las solicitudes de PSOE e IU, incluidos documentos fundamentales para investigar. Por ejemplo: el Gobierno de Esperanza Aguirre no entregará a la comisión la "relación nominativa de todo el personal relacionado con el ámbito de la seguridad" en la Comunidad, ni el "organigrama del gabinete y relación de personal de confianza" de la Consejería de Interior, ni los informes internos sobre el asalto a un despacho ajeno por parte de Sergio Gamón, ex director general de Seguridad. Tampoco dará documentación sobre facturas de móviles, material fotográfico o vales de gasolina autorizados por la consejería a sus empleados, que PSOE e IU reclamaban para seguir el rastro de los autores del espionaje.
(www.elpais.com, 23/02/09)
GAMÓN, EL 'TORRENTE' DE AGUIRRE
La primera consecuencia práctica de los casos de espionaje en la Comunidad de Madrid es que el contribuyente ha descubierto que, desde hace siete meses, en el Gobierno regional hay un alto cargo que no tiene despacho, ni competencias, ni personal a sus órdenes y cobra un sueldo como el del presidente del Gobierno. "Por aquí no viene casi nunca, pero le cogemos los recados", dicen en la Dirección de Área de Seguridad, en un edificio de la calle Gobelas, a las afueras de Madrid. Se refieren a Manuel Sergio Gamón Serrano, el director de Área. Su cargo depende directamente del consejero de Presidencia, Justicia e Interior. La sede de la Consejería está en la Puerta del Sol. "Ese señor no está aquí, no hay ningún despacho de nadie que se llame Gamón", dicen en la centralita. Es un cargo virtual, pero su sueldo es real: 91.657 euros al año.
Sergio Gamón es inspector de policía. También militante del PP. La carrera de Sergio Gamón acabó abruptamente un 27 de junio de 2008. Al mando de un grupo de policías, irrumpió en el Campus de la Justicia, cerró a las bravas un despacho y robó un ordenador, supuestamente con información comprometida, según los testigos. El despacho era de Juan Carlos Fernández, segundo del consejero de Interior, Alfredo Prada. Prada había sido destituido un día antes, tras alinearse con Mariano Rajoy en la lucha sorda por el poder en el PP que se libró en aquellos meses. No pasó mucho tiempo antes de que se descubriera la autoría de Gamón, nada menos que el director general de Seguridad, que estaba a las órdenes de Prada hasta el día antes. ¿Un alto cargo de Aguirre espiando a otro? La insostenible situación se resolvió destituyendo a Gamón el 17 de julio. Judicialmente, el caso fue sobreseído porque no hay grabaciones en vídeo del asalto al despacho, a pesar de los testigos.
Además, poco antes se habían producido los seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y a Alfredo Prada. Los informes de los espías fueron publicados por EL PAÍS el pasado enero. Un informe caligráfico encargado por el periódico demuestra que en los escritos participó un policía a las órdenes de Gamón. En uno de los informes, para mayor evidencia, los espías anotan: "Llega nuestro director, Sergio".
Cómo llegó este policía, zamorano de 49 años, a situarse en el centro de un escándalo de espionaje político es una historia de lealtades de toda una vida. Cuando se pregunta a los que lo han tratado a lo largo de 27 años de carrera policial, la mayoría no se sorprende. Agresivo, serio, irritable, chulo, estricto, no ahorran calificativos. Es un policía "tipo Torrente", resume gráficamente un funcionario cercano a él. Es sorprendente la cantidad de policías que suscriben esta descripción.
Gamón es guardaespaldas. A la vista del currículum, debe de ser un escolta de primer nivel, a pesar de los recelos que despierta en algunos de sus antiguos mandos. La primera referencia de su carrera como escolta se encuentra en 1987 en la Casa del Rey. Estuvo allí nueve años, centrado en el servicio a las Infantas. Un antiguo superior suyo en la Zarzuela lo recuerda como uno de los mejores policías a su cargo.
Tras ascender a subinspector de policía, perdió ese destino. Ahí empieza su relación con Esperanza Aguirre, la mujer que lo ha llevado de la mano hasta el centro del escándalo. Aguirre se lo lleva de jefe de su escolta en el Ministerio de Educación y Cultura, entre 1996 y 1999. Paralelamente, hay una larga relación personal previa que confirman fuentes del Senado, de la Comunidad y políticos de Fuenlabrada, donde vive Gamón. Esa relación, casi familiar entre la familia de Gamón y la de Aguirre, forja una fidelidad que explica lo que sucede después.
Cuando Esperanza Aguirre fue designada presidenta del Senado, en febrero de 1999, nombró secretarias de su gabinete a María José Moreno, su secretaria de toda la vida, a Isabel González, hermana de Ignacio González (hoy diputada autonómica) y a Yolanda Laviana, la esposa de Sergio Gamón. Para Laviana, entrar a trabajar en el Senado fue "un impulso económico muy importante", según una persona que trabajaba en el círculo más cercano a Aguirre en ese tiempo. Estuvo allí todo el tiempo que Aguirre fue presidenta. Cuando ganó la Presidencia de la Comunidad, la esposa de Gamón pasó a ser secretaria del director de Telemadrid.
En el despacho de al lado de la presidenta del Senado y sus secretarias, el marido de Laviana coordinaba la escolta. Gamón se llevó para este trabajo a su propio equipo, formado en el ministerio, y no hizo precisamente muchos amigos entre los policías del Senado.
El equipo de Gamón no se hablaba con los policías de la comisaría especial del Senado. Para ellos, eran "los del pinganillo", dicho en un sentido peyorativo, como sólo pueden decirlo policías que llevan toda la vida en un servicio y llega un equipo de fuera a enseñarles cómo hacer una escolta. Prácticamente no cruzaron palabra con los agentes de la comisaría hasta que se fueron. Como ejemplo, una fuente política del Senado relata que Aguirre se empeñó en ponerle a Gamón la Cruz al Mérito Polical con distintivo blanco. En contra de lo habitual, no hubo fiesta, ni discurso, ni felicitaciones. Gamón recibió la medalla casi de manera clandestina.
En aquella época era subinspector de policía. Gamón procede de la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, que empezó desde abajo y ha llegado a inspector, su grado actual, por promoción interna, paso a paso.
En el Senado estuvo desde febrero de 1999 hasta octubre de 2000. En esas fechas hizo el curso para inspector. Ya como inspector, a finales de 2002 Gamón pasó a depender de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en la Unidad de Protección, dando servicio de escolta a altos cargos y testigos protegidos. Luego coordinó escoltas de altos cargos.
El 18 de diciembre de 2004 cesó de todos los servicios y pasó a depender de la comisaría especial de La Moncloa. Su último destino en la protección de altos cargos sería con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Gamón utilizó esta circunstancia para defenderse durante su comparecencia ante la Asamblea de Madrid. Irritado por las preguntas sobre su relación con Aguirre dijo en la Asamblea que De la Vega lo había llamado a él "expresamente" para trabajar con ella. Un portavoz de la vicepresidenta lo desmintió tajantemente: "No lo conocía de nada, así que no pudo llamarlo". Un funcionario de seguridad de la Comunidad asegura que presumía de ser amigo de la vicepresidenta.
No lo llamó ella, pero sí es cierto que lo fueron a buscar "expresamente". Cuando De la Vega decidió cambiar de jefe de escoltas (lleva cuatro en estos años), pidió consejo a un antiguo amigo de su época en Interior. Éste, a su vez, preguntó a otro compañero muy ligado a servicos de escolta de alto nivel. Este mando había sido jefe de Gamón en un destino anterior, y había estado al tanto de su carrera. Lo recomendó a la vicepresidenta porque "era un buen profesional de la seguridad", asegura. Durante 16 meses, Gamón fue la sombra de De la Vega. El jefe de escoltas va con ella en muchas ocasiones dentro del coche. La acompaña a sus desplazamientos privados, escucha sus conversaciones, entra en su residencia privada y también la acompaña en los viajes oficiales. Aunque no se hablen más que lo imprescindible, el jefe de escolta comparte la vida íntima de su protegido.
El entorno de la vicepresidenta llegó a hacer averiguaciones informales sobre Gamón. También recibió información de al menos dos fuentes distintas sobre la antigua relación de amistad que él y su esposa tenían con Esperanza Aguirre. La relación con los escoltas es muy delicada, y la más mínima inquietud del protegido puede hacer que los retiren de un servicio. Sin embargo, la vicepresidenta siempre estuvo muy a gusto con Gamón como escolta.
En mayo de 2006, Aguirre le hace una oferta de las que resuelven una vida: ser director general de Seguridad, dependiente del consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada. Se conocían perfectamente. Prada y Aguirre eran uña y carne en el Senado, donde él era vicepresidente. Tras 25 años de policía, Gamón se mete en política para asombro de políticos y policías, que no se explican que un inspector pueda ser director general. Pasó a tener un nivel 30 de la Administración, cuando un comisario puede aspirar a un nivel 26. De hecho, el actual responsable de ese puesto tras Gamón es nada menos que un ex jefe superior de policía, Enrique Barón. Alguien acostumbrado a lidiar con políticos durante años y gobernar miles de funcionarios y altos presupuestos. Pero Gamón pasó de guardaespaldas a alto cargo político de un día para otro.
Por aquel entonces, su hija, María del Carmen Gamón, ya es concejal de PP en Fuenlabrada, la ciudad del sur de Madrid donde vive toda la familia. "Me dijo Aguirre en persona que tenía que meterla en la lista" en 2003, asegura Juan Barranco, que entonces era el líder del PP en Fuenlabrada. Barranco cayó en desgracia a mediados de 2006 y acabó fuera del PP. Carmen Gamón "se refería a Esperanza Aguirre como 'mi madrina", asegura Barranco. "Yo no le daba importancia hasta que nombraron a su padre director de las Bescam. Entonces me di cuenta de la influencia que tenía esa familia", añade. "La relación entre Gamón y Aguirre es casi familiar", asegura Barranco. María del Carmen Gamón, a través de una portavoz del PP de Fuenlabrada, declinó hablar.
El encargo de Sergio Gamón en su primer puesto político es coordinar el proyecto de las Bescam. Puesto en marcha por Prada, consiste en que la Comunidad subvenciona a los municipios plazas de policía local con la condición de que se dediquen a tareas de seguridad ciudadana. Sustituye a la policía autonómica que el Estatuto de Madrid no permite tener. La coordinación se hace en comisiones de seguimiento con alcaldes y jefes de policía local.
En esas reuniones está José Francisco Cano, secretario general de Unijepol, la asociación de jefes de policía local. "La actitud era de total falta de respeto a la policía local y a los alcaldes", recuerda Cano, con quien llegó a tener un enfrentamiento, con apertura de expediente incluido, por cómo utilizaba a las Bescam en Fuenlabrada. Unijepol emitió "comunicados durísimos" contra Gamón. Cano define así a Gamón: "Cero capacidad política". Es guardaespaldas, seguramente bueno, no un director general de nada.
Fuentes municipales confirman que en esa época hay protestas formales de varios alcaldes ante Francisco Granados por la actitud de Gamón. Daba lecciones de cómo debía dirigirse la Policía Municipal, se creía jefe de todos, en vez de coordinador. Un alcalde cuenta que Gamón se metía en las competencias municipales y discutía qué era seguridad ciudadana. "Tenía un concepto de las Bescam como si fueran geos".
Sorprendentemente, todos los que hablan así de Gamón tenían una relación excelente con Alfredo Prada, su superior. De hecho, el enfrentamiento entre ambos era evidente para las fuentes de policía local y ayuntamientos consultadas. Gamón llegó a menospreciar a Prada en público, y se reía cuando le mencionaban los acuerdos a los que el consejero había llegado con los municipios dentro del proyecto Bescam, recuerda un alcalde. Por su parte, una fuente policial asegura que Prada dio a entender a los policías locales que ignoraran a Gamón y trataran directamente con él. "Gamón lo sabía y eso le irritaba muchísimo", afirma.
Tras 25 años de carrera policial y dos en la política, Gamón tiene que salir huyendo tras revelarse como un espía. En mayo de 2008, Aguirre remodela medio Gobierno y le busca a su íntimo amigo un puesto virtual sin competencias, sin personal y sin presupuesto. Lo único que puede aportar es información: quién le ordenó supuestamente los seguimientos, para quién eran los dossiers, qué se llevó del despacho de Prada, archienemigo suyo y de Aguirre. Gamón está en situación de servicios especiales en el Cuerpo Nacional de Policía. Cuando quiera, puede pedir el reingreso en su anterior destino, la comisaría especial de La Moncloa.
20 AÑOS DE ESCOLTA EN LA POLICÍA
La carrera del inspector Manuel Sergio Gamón Serrano estuvo siempre centrada en la escolta de personalidades hasta que Esperanza Aguirre lo fichó como director general de Seguridad.
- Casa del Rey. Estuvo en este destino desde 1987.
- Ministerio de Educación y Cultura. Esperanza Aguirre se lo lleva de jefe de su escolta como ministra en 1996.
- Presidencia del Senado. Va con Aguirre al Senado en 1999 hasta finales de 2000, cuando se va a hacer el curso para inspector.
- Coordinador de escoltas. Desde mediados de 2003, fue el coordinador de las escoltas del ex director general de la Policía Carlos Conde Duque; la ex ministra de Administraciones Públicas Julia García-Valdecasas; el ex secretario de Estado José Luis Méndez Romeu; la ex comisaria europea, Loyola de Palacio; el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado; el ex ministro Jordi Sevilla y del ex secretario de Estado Rafael Vera.
- Vicepresidenta del Gobierno. Entre diciembre de 2004 y mayo 2006 fue la sombra de María Teresa Fernández de la Vega.
(www.elpais.com, 23/02/09)
Gritos y tensión en la investidura del alcalde que el PP no quería
El ex regidor de Boadilla no asiste al nombramiento de su sucesor
Diez de la mañana. Expectación en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en un salón de plenos a rebosar. Vecinos y medios de comunicación pugnan por encontrar el mejor puesto de observación, escaleras y pasillos incluidos. El acontecimiento lo merece. Está a punto de comenzar la toma de posesión del nuevo alcalde, Juan Siguero, con el antiguo, Arturo González Panero, como concejal raso.
"Aquí no hay más que ladrones que se llevan el dinero", gritaban los vecinos
En el pleno no se permitieron intervenciones de la oposición
Puntuales, los ediles ocupan sus puestos con semblante serio. Todos, menos uno. Panero no aparece. "¿Dónde está?", murmura el público. Nadie conoce su paradero. O, al menos, eso contestan los ediles populares con miradas esquivas e imperceptibles encogimientos de hombros. La explicación oficial llegó después del pleno y de una breve declaración institucional del recién nombrado alcalde ante los medios. "Es una cuestión de respeto, en un día como hoy no quiere restar protagonismo al nuevo alcalde", indicó un portavoz del Ayuntamiento.
La sesión se inició tensa, pero en silencio. Por poco tiempo. Un par de minutos y primera interrupción. Ángel Galindo, edil del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB), pidió una explicación sobre lo que está pasando en el municipio. Pero no era "ni el lugar ni el momento" y menos para "montar un espectáculo", zanjó la presidenta de la sesión, Belén Húmera. La edil tampoco admitió la intervención del portavoz del PSOE, Pablo Nieto, que se conformaba con "tres o cuatro minutos".
Galindo volvió a la carga amenazando con "ir al juzgado de guardia" si no se respetaban sus derechos. No sirvió de nada. Húmera no consintió ninguna intervención. El nuevo alcalde, una vez que hubo tomado posesión, tampoco. La crispación subió de tono. Los vecinos se sumaron a la petición de explicaciones. Los gritos arreciaron. "Tienen derecho a hablar" o "aquí no hay más que ladrones que se llevan el dinero".
Finalmente llegó la votación. El resultado, el esperado: Siguero recibió el respaldo de 15 ediles del PP. Faltó el voto del ex alcalde ausente. El PSOE votó a su candidato y portavoz, Pablo Nieto, mientras que el concejal del grupo independiente APB optó, con ironía, por el anterior alcalde, voto que fue declarado nulo.
Siguero juró por su "conciencia y honor" cumplir con su deber, y a continuación recibió el bastón de mando consistorial de la mano de Húmera. Aplausos y pitos. Después, una breve declaración en la que agradeció la confianza depositada en él y al público su asistencia. Con un breve "es el momento de dedicarse a trabajar", levantó la sesión.
En el mismo pleno tomó posesión el concejal Juan Carlos Martín para cubrir el puesto que dejó la ex edil María Jesús Díaz, número dos de la lista y sucesora natural de Panero, a la que el PP de Madrid obligó a dimitir para que el regidor imputado se fuera. El ex alcalde se lo había exigido a Francisco Granados: si ella no se iba, él tampoco. "Estaba fuera de lugar que si yo dejaba la alcaldía pasara a ser alcaldesa alguien que podría estar generando el conflicto en Boadilla", declaró el mismo día en que dejó la alcaldía.
A los pocos minutos, Siguero realizó una declaración institucional a los medios de comunicación en otra sala del Ayuntamiento. No admitió preguntas. Rodeado de sus concejales, habló de sus propósitos en esta "nueva etapa", que se centran en devolver al Consistorio "la normalidad que siempre le ha caracterizado". "Que se vuelva a hablar de Boadilla por su gestión y su trabajo bien hecho", subrayó. En cuanto al proceso judicial en el que se encuentran inmersos, se comprometió a garantizar la máxima transparencia y colaboración con la justicia.
Los ediles de la oposición consideran a Siguero un hombre a la sombra de Panero, por lo que dudan de sus intenciones. "El PP está inmerso en una situación de desgobierno y Rajoy es el único que puede resolver y pasar por encima del partido en Madrid", opinó el edil de APB.
www.elpais.es 21.02.09
El hombre de confianza de Panero
Juan Siguero ha desarrollado toda su carrera a la sombra del ex primer edil
Nuevo regidor para Boadilla del Monte, Juan Siguero, número tres del PP en el municipio, 39 años y licenciado en Derecho. Nuevo como alcalde, pero viejo conocido en el municipio. Ha fraguado toda su carrera política en el Consistorio de Boadilla del Monte junto al ex alcalde Arturo González Panero.
Es concejal desde el año 1993 y ha sido uno de los hombres de confianza de Panero, que dimitió el pasado 10 de febrero obligado por su presunta implicación en la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón. En estos años le ha dado tiempo a pasar por diferentes áreas: Deportes, Medio Ambiente, Urbanizaciones, Regimen Interior, Nuevas Tecnologías y Hacienda.
Panero le nombró segundo teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio. Siguero formaba parte de las mesas de contratación del Ayuntamiento, en las que se dio el visto bueno a actuaciones que ahora investiga Garzón. En una de ellas se decidió la venta de una parcela a UFC, en la que supuestamente el responsable de la trama, Francisco Correa, y Panero, se repartieron tres millones.
Ediles del Ayuntamiento le califican como un hombre tranquilo, que no provoca conflictos, "sin gran empuje" y con amistad personal con el ex alcalde. Para la oposición es una persona a la sombra de Panero, por lo que dudan de que la situación vaya a cambiar en el municipio. "Su primera decisión en el pleno de investidura ha sido no hablar él y luego no dejar hablar a la oposición. Los vecinos tienen derecho a saber qué pasa. Con estos precedentes podemos esperar muy poco del nuevo alcalde y del nuevo equipo de gobierno", indica el portavoz del PSOE, Pablo Nieto.
María Jesús Díaz, concejal que tuvo que dimitir para que Panero dejara la alcaldía, opina que se está distinguiendo a alguien que forma parte del círculo más próximo del alcalde. "Con el puesto que ocupaba de edil de Hacienda, aparte de estar al tanto de las cuentas, conocía de cerca lo que ocurre en el Ayuntamiento", puntualiza. Aun así, rompe una lanza a su favor. "Hay que darle algo de tiempo, acaba de empezar, no lleva ni 24 horas. Yo espero con sinceridad que no sea una continuidad de lo que dejamos atrás".
Siguero no entraba en principio en las quinielas. La candidata de consenso era Miriam Villares, la número 10 en las listas populares, que ayer dio su voto a Siguero. Contaba con el respaldo de nueve de los 16 concejales del PP. Pero no pudo ser.
Tras la dimisión de Díaz, la número dos, el puesto le correspondía a Belén Húmera, pero ésta renunció. A continuación iba Siguero, que se negó a renunciar a ser alcalde. Desde su puesto actual espera poder devolver a Boadilla "el buen nombre que nunca debió perder". También se va a tener que enfrentar a los problemas del PP local, que todavía preside Panero. "No es posible que sigan dirigiendo el partido personas que ya no están, habrá que ir a una gestora, hasta que haya nuevas elecciones", comenta Díaz, que está dispuesta a presentar su candidatura como presidenta del partido, como ya hizo en diciembre pasado.
www.elpais.es 21.02.09
La comisión sobre los espías estrena presidenta pero sigue bloqueada
PSOE e IU ruegan a Posada que fuerce al PP a dar inicio a las comparecencias
La comisión de investigación sobre el espionaje político en la Comunidad tiene desde ayer nueva presidenta -la veterana diputada del PP Rosa Posada sustituye al dimitido Benjamín Martín Vasco-, pero por lo demás sigue en el mismo sitio: en dique seco. El grupo popular aún no ha entregado su solicitud de comparecientes, y eso mantiene bloqueado el inicio de las sesiones. Lo único que PSOE e IU han podido hacer por ahora es reclamar la documentación sobre el caso; y, de la que han pedido, más de la mitad ha sido rechazada por el PP, que tiene mayoría absoluta en la Asamblea. En cuanto a los presuntos implicados en el caso, mientras el PP no presente su lista de comparecientes parece imposible empezar a llamar a nadie.
La comisión se constituyó el 6 de febrero y ese mismo día fue elegido su presidente, el popular Benjamín Martín Vasco, que a los cinco minutos ya estaba enfrentado a las portavoces de la oposición, la socialista Maru Menéndez e Inés Sabanés, de IU. Pocos días después Martín Vasco fue relacionado con la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón -una de las empresarias imputadas afirmaba en una grabación que el diputado cobró a cambio de ocultar adjudicaciones irregulares en Arganda- y el pasado jueves Martín Vasco dimitió con el argumento de que es inocente y quiere querellarse contra quienes le acusan. No dejó su acta de diputado, pero sí la comisión de investigación sobre los espías.
Rosa Posada, de 69 años y toda una vida en política -fue, entre otras cosas, jefa de Gabinete de Adolfo Suárez y la primera mujer portavoz del Gobierno-, es una figura muy respetada en la Asamblea. Ayer, Menéndez y Sabanés le rogaron -ése fue el verbo- que haga un gesto para demostrar que representa "una nueva etapa", pero salieron "decepcionadas" porque Posada no les garantizó que la semana próxima la comisión pueda echar a rodar por fin. "No se ajusta a la verdad que esta comisión no esté funcionando", dijo la nueva presidenta. Los plazos, opinó, "se están llevando a cabo de forma normalizada y rigurosa", porque aunque no haya comparecientes sí se podrá empezar a analizar en breve la (escasa) documentación concedida.
"Esperábamos de ella otro talante", protestó Menéndez a la salida de la comisión. "A día 20 de febrero no sabemos en qué momento va a aparecer el primer compareciente, y teóricamente la comisión termina el 31 de marzo", subrayó. Sabanés acusó al PP de poner al Parlamento "al servicio de Esperanza Aguirre" y someterlo a un "sistemático blindaje". El portavoz popular, David Pérez, se defendió atacando: "Es la oposición la que está dificultando los trabajos", dijo.
Una veterana entre Suárez, Gallardón y Aguirre
Abrazada a su carpeta roja de documentos, Rosa Posada Chapado (Madrid, 1940) salió con gesto tranquilo de la comisión y fue rodeada por los periodistas. "Usted que ha asumido responsabilidades tan diferentes, ¿cómo cree que será ésta?", le preguntaron. Ella respondió encogiéndose de hombros: "Será diferente. Los tiempos cambian". Sin más. Porque la presidencia de la comisión de investigación en un momento tan delicado para el PP podría ser la oportunidad de despuntar y darse a conocer para cualquier otro político, pero parece sólo un reto más para una mujer que ha entregado su vida a la política.
Abogada de formación, integró primero los grupos de oposición democristianos, perteneció al Partido de Izquierda Democrática y en 1978 ingresó en UCD. Adolfo Suárez la nombró jefa de gabinete, y en 1980 se convirtió en portavoz del Gobierno: la primera mujer en el Consejo de Ministros desde los tiempos de Federica Montseny. Cesó el 27 de febrero de 1981, a petición propia, para dedicarse a la abogacía.
Pero pronto regresó a la política. En 1983 fue la candidata del CDS a la alcaldía de Madrid, y en las elecciones generales de 1986 ocupó el puesto 22 en la lista por Madrid, pero no obtuvo escaño. Diputada regional en 1987, fue elegida presidenta de la Asamblea; de nuevo, la primera mujer en presidir una Cámara legislativa en España, cargo que ocupó hasta mayo de 1991.
En 1992 se dio de baja en el CDS y dos años más tarde se incorporaba al PP. Concurrió como número dos de Alberto Ruiz-Gallardón en las autonómicas de 1995, y tras su victoria asumió la Consejería de Sanidad. Ha sido diputada regional desde entonces -primero con Gallardón, luego con Esperanza Aguirre-, además de senadora. Está divorciada del socialista Leopoldo Torres, con el que tuvo cuatro hijos.
Ayer quiso reforzar el perfil institucional de su nuevo cargo: "A partir de este momento, serán los portavoces de la comisión los que hagan las valoraciones".
www.elpais.es 21.02.09
LA SOLEDAD DEL HOMBRE CAÍDO EN DESGRACIA
El último escaño. El más alejado de la presidenta. En la última fila y escorado a la izquierda, casi en la tierra de nadie que queda entre la bancada popular y la socialista. Con la única compañía de un diputado -y algún otro que se acercó a hablar con él durante el receso- y el refugio intermitente de la pantalla de su móvil. Ahí colocó el PP en el pleno de ayer al diputado y ex consejero de Deportes Alberto López Viejo. Lo más alejado posible del Gobierno. Un hombre de Esperanza Aguirre señalado por la fiscalía en la investigación del juez Baltasar Garzón y cuya gestión la presidenta no quiso avalar de forma expresa.
Fue probablemente el pleno más largo de quien fue durante años el escenógrafo electoral del PP madrileño. Un mal trago que sorbió con dificultad. Aunque los flases también se cebaron con los otros dos diputados populares supuestamente implicados en la trama de corrupción: Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.
Una decena de veces aplaudió la bancada del PP las intervenciones de su presidenta y de algún parlamentario. Ni una sola lo hizo López Viejo, pese a que Aguirre estaba respondiendo preguntas sobre él. Fruncía el ceño, bebía agua. No quiso, él que fue maestro en el arte de la inauguración y los aplausos, participar en el teatro parlamentario. Ni en las muecas, ni en los bramidos de desaprobación de ambos bandos. "Es una situación muy dura para él. Le están haciendo un juicio paralelo en los medios", se apiadaba del ex consejero una diputada.
Los compañeros de penitencia de Alberto López Viejo aguantaban cada uno a su manera. Alfonso Bosch, hierático. Casi como un muñeco de cera. Benjamín Martín Vasco, muy activo, muy cerca de la presidenta, seguro de sí mismo. Enérgico en el aplauso y con una perenne media sonrisa cuando hablaba la oposición, como si le hiciera gracia lo que estaban diciendo. La víspera, Martín Vasco se había visto obligado a dimitir como presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje por su presunta vinculación con otra trama: la de corrupción que investiga el juez Garzón.
La presidenta lucía un jersey rojo con estrellas blancas. Bandera de su Comunidad con mangas que compró, dijo luego, en H&M. Y así ataviada, y llamando "secta" al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al juez de la Audiencia Nacional y a los medios que, según ella, reciben sus filtraciones, estuvo atacando al PSOE y revolviéndose a su vez a cada uno de sus ataques. Citando incluso la sentencia que atribuyó a Bertolt Brecht -"Primero fueron a por los comunistas, y yo no hice nada..."-, y que ahora parece que sirve para todo: por la mañana la había citado Francisco Camps, el presidente valenciano señalado por la fiscalía. Y un mes atrás, el vicealcalde Manuel Cobo, éste por causa bien distinta: había sido espiado y reclamaba el apoyo de los suyos.
De pronto, a Aguirre le dio por soltar que en las filas socialistas había un imputado. Sin dar más datos. Como dando a entender que en todas las casas cuecen habas -y que de devolver el acta de sus tres penitentes, nada de nada-. Sus colaboradores aclararon más tarde -ella no lo hizo- que el aludido era el diputado socialista José Luis Pérez Ráez, ex alcalde de Leganés y con una causa abierta -distinta a la de la trama de la que se hablaba- en el Tribunal Superior de Justicia.
Y enfureció el PSOE. Algunos se cebaron entonces con López Viejo. "¡Ése sí está imputado!", gritó un socialista. Él (que no está imputado) no se inmutó. Alargaba un poco el cuello y torcía el gesto. Elvira Rodríguez, la presidenta de la Asamblea, tuvo que suspender el pleno casi veinte minutos. Tiempo muerto.
A la vuelta, los tres penitentes se centraron en sus móviles y ordenadores. El ex consejero de Deportes mascaba chicle. Bosch seguía rígido. Martín Vasco continuaba aplaudiéndolo todo enérgicamente. "La verdad es que, al principio, cuando estalló todo esto, estaba abatido. Pero en las últimas horas se ha venido bastante arriba", se comentó en un pasillo.
Poco a poco se fue vaciando la sala. Apenas quedaban diez diputados del PP. Pero López Viejo resistía. Un incómodo escaño que, al menos, le mantenía a salvo de los pasillos donde aguardaban los periodistas. Martín Vasco y Alfonso Bosch se habían largado a mitad del pleno. Cada uno a sus cosas, según una portavoz. El segundo volvió de vez en cuando, pero el ya ex presidente de la comisión de investigación se esfumó y sólo regresó para la votación final.
A las 19.20, tras tres largas horas de penitencia, Alberto López Viejo se cansó, se levantó y abandonó el salón de plenos. Pero él, que dos semanas atrás se sentara junto a la presidenta Aguirre, no regresó al final de la sesión. Su voto no era necesario.
(www.elpais.com, 20/02/09)
LA BRONCA POR LA CORRUPCIÓN EN MADRID OBLIGA A SUSPENDER EL PLENO REGIONAL
Sólo Alberto López Viejo, diputado regional del PP y dimitido como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid hace 11 días por su supuesta vinculación con la presunta trama corrupta del empresario Francisco Correa, permaneció serio y en silencio en su escaño durante el pleno de ayer en el Parlamento madrileño. El resto del hemiciclo era un hervidero al principio de la sesión, se convirtió en terremoto poco después y derivó en una bronca monumental que obligó a suspender el pleno 20 minutos.
Aguirre tenía que dar explicaciones sobre la situación en la que queda su gobierno tras la dimisión de López Viejo: respondió denunciando "una trama contra el PP" montada por el "juez socialista" Baltasar Garzón, el "ministro furtivo" Mariano Fernández Bermejo y los medios que publican noticias "filtradas" sobre la causa judicial, a los que calificó de "secta". Aunque en medio de esa filípica dejó caer algo parecido a una autocrítica: "Me preguntan las razones que me han llevado a aceptar la dimisión del señor López Viejo. Sólo hay una: distinguirme del PSOE, que jamás ha sido capaz de aceptar responsabilidades políticas. El ejemplo lo tenemos hoy: Bermejo reconoce que se saltó a la torera la Ley de Caza y no acepta responsabilidades políticas. Nosotros no somos como ustedes y sí las aceptamos", afirmó, mientras los suyos rompían en aplausos, y los socialistas, en indignados pataleos.
Pero la presidenta no llegó a explicar por qué tenía que asumir responsabilidades: aunque no respaldó a su ex consejero expresamente, tampoco cuestionó su gestión. "No vamos a juzgar a nadie, eso lo harán los jueces", dijo. Entonces hizo una pausa y soltó el dardo que desató la ira en el PSOE: "Tampoco juzgamos a los imputados del grupo socialista".
"¿Qué imputado? ¿Quién es?" "¡Que lo retire!", gritaban los socialistas. Aguirre se negó a retirar nada -se refería a una supuesta imputación, por causa totalmente ajena a la trama de corrupción, de un ex alcalde del PSOE y diputado autonómico- y, tras varios minutos de silbidos que cruzaban el hemiciclo en ambas direcciones, la presidenta de la Cámara suspendió el pleno y la bronca se fue a los pasillos.
Antes de eso, la oposición había tenido apenas cinco minutos para centrar el debate en la corrupción -que, según el fiscal, podría salpicar a López Viejo y a otros dos diputados del PP: Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch-. Inés Sabanés (IU) pidió directamente la dimisión de Aguirre. "Hoy hay una verdadera crisis de gobierno en esta comunidad. Han dimitido un consejero, un gerente, el presidente de una comisión de investigación, hay dos diputados espiados... ¿Qué más tiene que pasar para que usted se dé por aludida? Sólo le queda un camino: dimitir. Usted es el problema", soltó, ante la inmutable sonrisa de la presidenta.
La portavoz socialista, Maru Menéndez, se declaró "abochornada" por "la hipocresía" de Aguirre y le pidió cuentas sobre contratos adjudicados a empresas supuestamente implicadas en la trama. No logró sacar a la presidenta madrileña de la trinchera de una respuesta: "Este Gobierno trabaja hoy con la misma ilusión que el primer día".
(www.elpais.com, 20/02/09)
LA CONSERVADORA ROSA POSADA PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
La diputada del PP Rosa Posada ha sido elegida nueva presidenta de la Comisión de Investigación sobre la supuesta trama de espionaje, en sustitución de su compañero Benjamín Martín, voluntariamente apartado de esta comisión para defenderse jurídicamente de su supuesta implicación en la operación Gürtel. Como ya ocurriera el pasado 6 de febrero, cuando se constituyó la comisión, los socialistas han propuesto para el cargo a la portavoz de IU, Inés Sabanés. Rosa Posada, de 69 años, secretaria de la Mesa de la Asamblea, fue presidenta de la Cámara en la II Legislatura y consejera de Sanidad y Servicios Sociales entre 1995 y 1999, con el primer Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.
(www.publico.es, 20/02/09)
EL DESPACHO DE MICHAVILA TIENE LAZOS CON DOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN
El municipio madrileño de Boadilla del Monte, uno de los más ricos de la Comunidad, cuenta con un ayuntamiento que tiene una actividad casi frenética en los tribunales. Será por eso que Arturo González Panero, el exalcalde imputado en la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón, dio el visto bueno para que se contratara al despacho EIUS Abogados, donde presta sus servicios el exministro de Justicia José María Michavila, ahora diputado del PP en el Congreso. El director del bufete, antiguo subordinado de Michavila en el ministerio, Alberto Dorrego, también colabora en negocios de otro imputado, el empresario José Luis Ulibarri, beneficiado por González Panero con una adjudicación que investiga el juez.
Según los documentos obtenidos ha defendido al consistorio de Boadilla en varias ocasiones. Los letrados fueron Alfredo Dagnino y Dorrego, que fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia en la etapa de Michavila como ministro. En el 2004, al perder el PP las elecciones, Dorrego fundó el bufete y contrató a quien fuera su superior jerárquico. Semanas atrás, el sindicato Manos Limpias entregó a la Fiscalía Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de González Panero "implicados" en sus negocios que incluía a Michavila. Este negó tener negocios con el entonces alcalde de Boadilla.
Quizás no los tenga directamente, pero sí el despacho para el que trabaja. Así se lo confirmó ayer a este diario el propio Dorrego. "Ciertos pleitos de singular complejidad se encomiendan a abogados en ejercicio. Es una práctica frecuentísima", enfatizó.
Dorrego aclaró que los casos que han llevado para Panero son de orden contencioso administrativo, y minimizó al hecho de que el consistorio tenga un letrado en nómina. A su juicio, un solo abogado no puede atender el número "ingente" de litigios de distintas especialidades judiciales. Al tiempo, resaltó que el suyo no es el único despacho que ha colaborado con Panero. Otros, como Galán y Asociados, que también se ha beneficiado de varios contratos del consistorio. Casualidad o no, Gustavo Galán defiende a otra imputada en la trama de corrupción, Felisa Isabel Jordán.
El caso es que Dorrego compagina la dirección de EIUS con otras atribuciones que le vinculan laboralmente con el empresario Ulibarri, otro imputado en el caso: es secretario en Mediamed Comunicación Digital, propiedad de Ulibarri y partícipe de las adjudicatarias de licencias de la TDT otorgadas por la Generalitat Valenciana. Idéntico cargo ostenta Dorrego en Cabanyal 2010, empresa pública valenciana al igual que Comunitat Valenciana d'Inversions, de la que es vicesecretario.
¿Qué implica ser secretario en esas firmas?. "Levanto las actas de los consejos y las llevo al registro mercantil", explicó Dorrego, restando importancia a su cometido. Pero una de ellas, Cabanyal 2010, ha solicitado varios informes al bufete que él dirige en relación a procesos de "expropiación", entre otros. "Temas menores", puntualizó el aludido. El director de EIUS encarna, así, el segundo punto de conexión entre dos de los imputados: González Panero y Ulibarri. El primero figura en el sumario que instruye el juez Garzón: el alcalde adjudicó al constructor una parcela en Boadilla para la construcción de 139 viviendas libres a un precio inferior en cuatro millones de euros a la cifra que ofrecía uno de sus competidores.
Dorrego es ahora el jefe de Michavila en EIUS, pero antes estuvo a sus órdenes. La carrera de ambos ha ido en paralelo: Dorrego entró a formar parte del cuerpo de letrados de las Cortes Generales desde 1991, llegando a ser secretario general adjunto del Congreso. De 1996 al 2000, Michavila fue el secretario de Estado de Relaciones con la Cortes, etapa en la que pudo trabar relación con él.En el 2002, Michavila fue nombrado secretario de Estado de Justicia, con Ángel Acebes como ministro. Meses después, Michavila le sustituyó al pasar Acebes a Interior. En esa etapa, el ministro confió a Dorrego uno de los planes estrella de su departamento: la modernización de la justicia, que, a tenor de la reciente huelga de jueces, quedó inacabada. El ministerio terminó concediendo a Dorrego la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.
(www.elperiodico.com, 20/02/09)
LA ALCALDÍA DE BOADILLA VUELVE A ENFRENTAR AL PP
Boadilla ya tiene un nuevo alcalde. Se llama Juan Siguero Aguilar, es el número tres del PP en el municipio y el segundo teniente de alcalde. Se trata de un hombre cercano al ex alcalde Arturo González Panero, que dimitió el pasado 10 de febrero tras ser imputado en la trama de corrupción investigada por el Juez Baltasar Garzón.
La elección del nuevo regidor, que se hará efectiva hoy en el pleno municipal, ha enfrentado a los concejales del PP en Boadilla por segunda vez en una semana. El plan de la ejecutiva era llevar a la alcaldía a la número diez, Miriam Villares. Para ello tenían que renunciar los nueve primeros de la lista. Contra el criterio de la dirección del partido en Madrid, Siguero anunció que se queda con la alcaldía.Tras la dimisión de Panero, impuesta por la ejecutiva del PP, se supo que el ex alcalde había exigido la renuncia de la número dos, María Jesús Díaz, su enemiga declarada. Ese mismo día, la ejecutiva del PP madrileño anunció a los concejales que la elección del nuevo alcalde sería una decisión de partido y se les pidió el compromiso de acatarla. Así parecía que iba a ser. Un hombre del partido se encargó de sondear a todos los concejales del municipio y les convocó ayer para tomar la decisión. A la reunión también asistió Granados.
Una de las concejales, la número diez del PP, Miriam Villares, contaba con la mayoría de los apoyos, nueve de los 16 concejales del PP en la localidad. Pero para su nombramiento debían renunciar los nueve primeros. El Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales establece que en caso de que se produzca la dimisión de un cargo elegido, será sustituido por el siguiente en la lista.
Tras la dimisión de González Panero y la renuncia de la número dos, María Jesús Díaz, la semana pasada, la siguiente en la lista era María Belén Húmera Contreras. Ésta renunció a su derecho a hacerse con la alcaldía y cumplió así el compromiso con el partido. El siguiente en la lista era Juan Siguero, que no cumplió lo prometido y anunció que él sí ejercería su derecho a la alcaldía de la localidad.
La reunión, según fuentes municipales, fue tensa. Siguero defendió su decisión y alegó ante Granados que lo hacía porque era un hombre de partido. El secretario general del PP en Madrid le recriminó su conducta. "Es lo único que se os ha pedido", dijo Granados, según fuentes municipales. "Si fueras un hombre de partido harías lo que tu partido te pide".
Si no hay sorpresas hoy en el pleno, Siguero será el nuevo regidor. Tiene 39 años, está casado y tiene dos hijos. Lleva en el Ayuntamiento de la localidad desde 1993, donde ha sido responsable de las áreas de Deportes, Medio Ambiente, Urbanizaciones y Servicios, Régimen Interior, Nuevas Tecnologías y Hacienda.
(www.elpais.com, 20/02/09)
La red de corrupción vinculada al PP tumba al presidente de la comisión del espionaje
El popular Benjamín Martín Vasco, "voluntariamente apartado" del organismo para querellarse contra una de las imputadas.- La presidencia en funciones queda en manos del PSOE
El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco ha solicitado esta mañana dejar la comisión de investigación sobre el espionaje de la Asamblea de Madrid, de la además de miembro es presidente, para querellarse contra Isabel Jordán, imputada en la otra gran trama que salpica al PP, el caso Gürtel que investiga la Audiencia Nacional. En las grabaciones en poder del juez Baltasar Garzón, Jordán le había relacionado con la trama corrupta y de tráfico de influencias, razón por la cual PSOE e IU habían exigido la recusación de Martín Vasco como presidente de la comisión sobre espionaje. El PP rechazó el pasado lunes esta petición. El diputado no está imputado en el caso.
El propio afectado ha explicado EL PAÍS que hoy queda "voluntariamente apartado" de la comisión porque hoy mismo ha emprendido un procedimiento penal contra Isabel Jordán y no quiere que los trabajos de la comisión se vean "perjudicados por este procedimiento". "He pedido a mi grupo que me retire de la comisión para que nadie pueda decir que uso el cargo de presidente para reforzar mi querella contra Isabel Jordán", ha subrayado. Tras sostener que su decisión "irrevocable" no es una "dimisión", ha apuntado que ha esperado hasta hoy para hacer lo que la oposición lleva días exigiendo porque hoy ha presentado la querella. Se trata, según Martín Vasco, de una "decisión personal" y no se lo ha pedido "ni el PP ni la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre". Preguntado por el fondo de la cuestión, es decir, si recibió sobornos de la trama a cambio de su silencio, se ha remitido a lo que sostiene en la querella, un documento que no ha facilitado. Eso sí, ha añadido que él "nunca tuvo conocimiento de irregularidades".
Tras conocer la noticia, Aguirre ha dicho que "entiende" que haya dimitido "para dedicarse a querellarse contra quienes le imputan delitos gravísimos". "Eso no quiere decir -ha continuado Aguirre- que olvidemos que es una absoluta irregularidad que un sumario declarado secreto se esté llenando de filtraciones a los medios de comunicación, y además, siempre a los mismos". Ha insistido en que "el hecho de que el juez Garzón permita las filtraciones del sumario en donde las personas cualesquiera profieren, dicen e imputan delitos gravísimos a cualquier ciudadano" les coloca "ante una tremenda indefensión". El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha manifestado que Martín Vasco ha cesado de su cargo en la comisión de investigación para "defenderse mejor", informa Carlos E. Cué. Rajoy ha aclarado que esa es la información que el diputado madrileño, quien ha interpuesto una querella contra una de las imputadas en la causa de Garzón, le ha trasladado y ha añadido que "tiene todo el derecho" a hacerlo.
De llamadas anónimas y pagos por silencios
Preguntado por la apertura de nuevos expedientes o la suspensión cautelar de alguno de sus miembros, el presidente del PP, desde El Barco de Valdeorras (Ourense), ha afirmado que "este asunto lo lleva el comité de conflictos" y se ceñirá a lo que él diga. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha celebrado la "dimisión" y ha dicho que demuestra que la presidenta de Madrid "sólo da su brazo a torcer cuando se ve con el agua al cuello". Menéndez, que ha repescado su propuesta de que la portavoz de IU, Inés Sabanés, presida esta comisión, ha recordado que el grupo socialista ha venido defendiendo que Benjamín Martín "no podía ejercer el cargo de presidente" una vez conocida su presunta vinculación con la trama de empresas que han podido cometer irregularidades en la contratación administrativa con la Comunidad de Madrid.
A través de una nota, Sabanés asegura que "esa dimisión (de Martín) debería ser una oportunidad para que realmente la Comisión se convierta en un instrumento útil para llegar hasta el fondo". La renuncia de Martín dejará la presidencia en funciones en manos de la vicepresidenta socialista Encarnación Moya, quien tendrá la facultad de promover una convocatoria de la comisión previsiblemente la próxima semana. Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto del Grupo Popular y miembro de la dirección de grupo, denunció la semana pasada que el lunes sufrió un intento de chantaje telefónico a cuenta de la trama de corrupción. Alguien llamó a su móvil y le dijo: "Si no quieres que te pase lo que a tu amigo Correa [Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción] , tienes que llevar 50.000 euros esta tarde a un bar de la Casa de Campo".
Martín Vasco ha admitido que mantiene una relación de amistad con el presunto cabecilla de la trama, aunque subraya que desde 2005 ya no lo frecuenta tanto porque él dejó de veranear en Marbella, donde ambos solían coincidir. La cadena SER informó al estallar el escándalo que Martín Vasco estaba siendo investigado y que Isabel Jordán sostiene en una grabación que al diputado madrileño le pagaron 30.000 euros para que callara sobre operaciones urbanísticas irregulares en el municipio de Arganda del Rey. Pero Martín Vasco no ha sido imputado por el juez Garzón.
Este periódico ha detallado que en otra conversación grabada, Correa y sus colaboradores implican a Benjamín Martín Vasco, ex alto cargo de Arganda: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
La sustituta: Rosa Posada
La veterana diputada del PP Rosa Posada, miembro de la Mesa de la Asamblea de Madrid, sustituirá a Benjamín Martín como miembro de la comisión una vez que éste formalice la renuncia que ha anunciado hoy. Rosa Posada, de 69 años, fue presidenta de la Asamblea en la II Legislatura y consejera de Sanidad y Servicios Sociales entre 1995 y 1999, con el primer Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. El grupo popular no ha confirmado de momento si Posada va a presidir la comisión, que deberá reunirse para aprobar el cambio de miembros en lo que será la primera reunión que celebra tras su sesión constitutiva del pasado 6 de febrero.
www.elpais.es 18.02.09
EL PP IMPIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY ANTE LA 'COMISIÓN DE LOS ESPÍAS'
Apelando de nuevo a su compromiso con la "transparencia" y a su afán por "llegar al fondo de la verdad", el PP impuso ayer su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para vetar comparecencias y documentos clave en la comisión de investigación sobre la presunta trama de espionaje. Lo hizo aplicando un doble rodillo, pues ya el pasado día 11 tumbó la mitad de la documentación solicitada por la oposición. Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) calificaron lo sucedido de "censura" y "burla" a la Cámara.
Si los populares mantienen el veto, no acudirá a la comisión Mariano Rajoy, presidente del PP, ni el ex tesorero del partido Álvaro Lapuerta -a pesar de que él mismo confesó sentirse espiado y de que la presidenta Esperanza Aguirre lo vinculó con supuestos dossiers-, ni el actual tesorero, Luis Bárcenas, ni empresarios relacionados con el vicepresidente Ignacio González. Tampoco Luis Vicente Moro, el alto cargo del Gobierno de Aznar que en 2008 diseñó un borrador de servicio secreto para el Ejecutivo de Aguirre.
Ninguna de esas comparecencias se ajusta "al objeto de la comisión" -o requieren "precisiones"-, alegó el portavoz popular, David Pérez, que quiso resaltar el "ejemplo de transparencia" que supone que sí hayan sido aceptadas otras "45 comparecencias". En realidad son 22, porque la mayoría están repetidas. Entre las aceptadas, las de Aguirre; Ignacio González; el consejero de Interior, Francisco Granados, los altos cargos de distintos departamentos de seguridad Enrique Barón, Sergio Gamón y Marcos Peña; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, y los espiados Manuel Cobo (vicealcalde) y Alfredo Prada (ex consejero de Aguirre). Todos ellos acudirán a la Asamblea -aún no se sabe cuándo- para someterse al interrogatorio de los diputados.
Eso al menos decidió la Mesa de la Asamblea. Pero la lista de comparecientes debe pasar ahora por la mesa de la comisión de investigación y ésta volverá a "analizar" las peticiones, señaló Pérez, así que podría haber una segunda criba. No sorprendería porque eso es exactamente lo que sucedió ayer con otro asunto fundamental: las solicitudes de documentación. La Mesa había escandalizado a PSOE e IU el pasado miércoles al tumbar más de la mitad de los documentos que pedían, pero ayer la mesa de la comisión los escandalizó aún más al rechazar algunos de los que habían sido aceptados entonces.
Entre los pedidos por el PSOE, el PP impidió que se reclame la "relación nominativa de todo el personal relacionado con el ámbito de la seguridad" en la Comunidad; el "organigrama del gabinete y relación de personal de confianza" de la Consejería de Interior; la "documentación completa" sobre la seguridad regional; y los documentos que manejó Cospedal cuando el PP abrió la investigación interna que luego interrumpió. El "inventario de vehículos" de la Consejería de Interior sí fue autorizado, pero a condición de que no se faciliten las matrículas.
A IU se le vetaron otros tres documentos: dos sobre los "servicios de contravigilancia" realizados por la Dirección General de Seguridad desde 2007 y otro referido a los informes de la Comunidad sobre el asalto a un despacho ajeno por parte de Sergio Gamón (el PP reclamó más precisión).
La criba del PP ha dado lugar a situaciones paradójicas: no podrá ser interrogado Luis Vicente Moro, pero los diputados sí dispondrán de la documentación relacionada con él; y viceversa: comparecerá Cospedal, pero su informe no podrá verlo la comisión.
Los populares impidieron la recusación del presidente de la comisión, Benjamín Martín Vasco -la oposición lo vincula con otro asunto: la trama de corrupción destapada por Baltasar Garzón-, y no aclaró cuándo empezarán las sesiones de la comisión. Al ritmo que el PP impone en los trámites previos -aún no ha anunciado su lista de comparecientes-, no parece que pueda ser antes del próximo lunes. Como pronto.
(www.elpais.com, 17/02/09)
AGUIRRE BLINDA AL CÍRCULO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y PROTEGE A RAJOY
Paso a paso, Esperanza Aguirre va perfilando qué entiende por investigar el presunto espionaje en la Comunidad de Madrid. El lunes ofreció a la oposición, PSOE e IU, otra valiosa pista. Investigar, "llegar hasta el fondo y esclarecer los hechos" -como se cansó de repetir el portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez-, significa blindar el círculo del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y proteger al líder nacional del partido, Mariano Rajoy.
El PP madrileño ejecutó su plan en tres horas y sin costes, gracias a su mayoría absoluta. La Mesa de la Cámara autonómica vetó 13 peticiones de comparecencia de PSOE e IU. No eran nombres vacuos. Aguirre impidió que den la cara los dos empresarios que viajaron a Suráfrica con González en 2008, Enrique Sánchez y Pedro Antonio Martín Marín. El número dos de la presidenta fue supuestamente espiado en esa ocasión, y de hecho él mismo ha denunciado los hechos. Sánchez es además el principal accionista de Segurisa, sociedad a la que el Canal de Isabel II -que preside González- adjudicó en 2005 un contrato de 33 millones.
Tampoco irá Fidel San Román, uno de los empresarios que explota el coso de Las Ventas e implicado en la operación Malaya.
La Mesa rechazó también las comparecencias del ex tesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta -otro de los presuntamente espiados-, de su sucesor, Luis Bárcenas, y del actual gerente, Cristóbal Páez. Descartado quedó Luis Vicente Moro, delegado del Gobierno en Ceuta con José María Aznar y autor del proyecto de creación de una agencia "legal" de espionaje en la Comunidad.
La criba no la superó, finalmente, Rajoy , reclamado por IU. El argumento esgrimido por el PP fue siempre el mismo: "No se ajusta al objeto de estudio de la comisión". ¿Quiénes comparecerán? El PP no ha entregado su lista, pero permitió que la Asamblea llame a Aguirre, González y el consejero de Interior, Francisco Granados; a Alberto Ruiz-Gallardón y su mano derecha, Manuel Cobo, y a Alfredo Prada. Está prevista la comparecencia igualmente de María Dolores de Cospedal.
De momento, claro, porque la Mesa de la comisión denegó a los socialistas su solicitud de que la secretaria general del PP les enviase su informe interno. La semana pasada los conservadores habían decidido justo lo contrario. Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) calificaron la actitud del PP de "censura y bloqueo". Pérez, como un "ejercicio de transparencia".
(www.publico.es, 17/02/09)
EL PP IMPIDE QUE RAJOY DECLARE EN LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
El PP impidió ayer que Mariano Rajoy tenga que comparecer en la comisión de investigación sobre el espionaje político en el Gobierno autonómico por considerar que "no se ajusta al objeto de la comisión". También vetaron las comparecencias de los tesoreros del PP Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, y del extesorero Álvaro Puerta, entre otras.
Los conservadores tampoco cedieron en la demanda de PSOE e Izquierda Unida para quitar de la presidencia de la comisión a Benjamín Martín Vasco, por estar relacionado, según informaciones periodísticas, con la supuesta trama de corrupción en el seno del PP, el otro caso intrigante que los populares tienen abierto. "No es lógico que una persona que aparece relacionada en un sumario presida una comisión de investigación", denunció sin éxito Inés Sabanés, portavoz de IU.El PP la desestimó con el argumento de que dichas informaciones "le relacionan con asuntos que nada tienen que ver con el objeto de esta comisión", dijo David Pérez, portavoz del grupo Popular. Pérez aprovechó para destacar la "incoherencia" del PSOE por pedir esta recusación mientras mantiene al frente de la alcaldía de Pinto a un "imputado".
En tiempos de cacerías, cazados y empresarios que se pasean como caciques por los despachos de los políticos, era fácil caer en la metáfora: "¿Pero qué se ha creído Esperanza Aguirre que es esto? Esto no es su cortijo ni su finca", se quejó Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista Madrileño. Gómez advirtió de que su partido no abandonará la comisión, como considera que está intentando provocar el PP. El dirigente socialista asegura que, si es necesario, pedirá amparo al Tribunal Constitucional. "Ya no tengo ninguna duda. Estamos ante una trama de corrupción en el seno del PP", declaró.
(www.elperiodico.com, 17/02/09)
AGUIRRE, GALLARDÓN Y DE COSPEDAL IRÁN A LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que estudiará el presunto espionaje político producido en la Comunidad de Madrid tendrá muchos y muy insignes comparecientes. La Mesa de la Cámara aprobó ayer una primera lista de 38 personas, que no es definitiva y a la que se podrán sumar otros nombres, entre los que destacan la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Del total de 56 nombres que propusieron el PSOE e IU para que se sometan a los interrogatorios de los tres grupos, el PP rechazó 18 (10 del PSOE y ocho de IU). Entre ellos destaca Mariano Rajoy, al que había propuesto IU. Los populares tampoco aceptaron que pasen por el Parlamento de Madrid el actual tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas y ni el ex tesorero, Alvaro Lapuerta.
El Grupo Popular, que dirige David Pérez, todavía no ha propuesto su propia lista de comparecientes. Pero como el PSOE e IU lo hicieron hace ya más de una semana, la Mesa decidió estudiar estas peticiones antes de que el PP haga las suyas.
La comisión de la Asamblea no sólo investigará los presuntos espionajes al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González; al primer teniente de alcalde de la capital, Manuel Cobo, o al dirigente nacional del PP Alfredo Prada. También indagará sobre la supuesta «unidad parapolicial» que ha creado Ruiz-Gallardón, según denunció el principal sindicato de la Policía Municipal.
Por eso, entre los comparecientes aprobados ayer está Ruiz-Gallardón; su concejal de Seguridad, Pedro Calvo, y el director de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento, Juan Carlos Durán Bezanilla.
Además, la comisión de investigación revisó la documentación que la Mesa de la Cámara aprobó pedir hace una semana. En el transcurso de esa revisión, el PP dio marcha atrás en algunas de sus peticiones y decidió no solicitar a De Cospedal sus informes sobre la investigación interna que se inició por orden de Rajoy.A pesar de que hace una semana los populares votaron favorablemente a esa petición, ayer consideraron que los papeles de la número dos del PP no son de interés para el órgano parlamentario. Los vetos del PP no sentaron bien en la oposición.
(www.elmundo.es, 17/02/09)
LOS INGRESOS DEL SOCIO DE LOS GONZÁLEZ CRECIERON UN 1.686%
Uno de los métodos más seguros para que prospere un negocio, al menos en la Comunidad de Madrid, es convertirse en socio de la familia de Ignacio González. A esa conclusión se llega fácilmente comprobando la evolución de los ingresos de Tecnoconcret, empresa fundada por José Antonio Clemente. En 2005, antes de que Clemente se convirtiera en socio del hermano y del cuñado del vicepresidente , la empresa facturó 95.336 euros; un año después, cuando se asoció a la familia González, la cifra de negocio se disparó hasta 1,4 millones. Y en 2007, último ejercicio que consta en el Registro Mercantil, superó los 1,7 millones. Es decir, en dos años, los ingresos de Tecnoconcret crecieron un 1.686%. O, lo que es lo mismo, se multiplicaron por 17,8.
Tecnoconcret fue constituida en mayo de 2003 por José Antonio Clemente y por su esposa, con un capital de 3.010 euros. La sede social se fijó en el domicilio del matrimonio y el objeto de la compañía era “la ejecución de trabajos de ingeniería”. Los comienzos fueron duros para Clemente, un ingeniero civil español de padre venezolano: en el ejercicio de su constitución, Tecnoconcret sólo facturó 18.527 euros; en 2004, los ingresos ascendieron a 74.002 euros, y un año después se quedaron en 95.336.
Pero la suerte de Clemente cambió de forma radical en 2006. El 21 de junio de ese año, constituyó la sociedad Tamanaco 07 Consulting junto a Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del número dos de Esperanza Aguirre. Cada uno de los socios se quedó con el 33,3% del capital de la firma, dedicada a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.
Los dos familiares del vicepresidente demostraron tener gran confianza en su socio porque aceptaron que la sede social de la empresa se instalara en el domicilio particular de Clemente. Y el nombre de la compañía también parece una sugerencia de este: Tamanaco fue uno de los más famosos caciques venezolanos, que lideró durante parte del siglo XVI la resistencia contra los invasores españoles.
Llama la atención que Clemente, González y Caballero decidieran crear una compañía dedicada a promover y explotar instalaciones deportivas, no sólo porque ninguno de los socios tuviera experiencia previa en el sector, sino por el hecho de que en esas mismas fechas se comenzó a construir el campo de golf de Chamberí en terrenos del Canal de Isabel II. Y resulta que el presidente de esta empresa pública es el vicepresidente madrileño, Ignacio González.
Las obras para transformar los depósitos de agua del Canal en una zona deportiva fueron adjudicadas al Grupo ACS, que subcontrató la construcción del campo de golf con una compañía denominada Only Golf Planning and Design. Como desveló Público el pasado 6 de febrero , Clemente y Caballero aparecen como “promotores de proyectos” en dicha sociedad.
El caso es que la facturación de Tecnoconcret se disparó en 2006 hasta 1.423.935 euros. Y el año terminó de manera inmejorable para el socio de la familia González. El 27 de diciembre, el Canal decidió adjudicar la explotación del campo de golf, por un plazo de cinco años, a un consorcio formado por tres empresas: Iridium (del grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. Ignacio González beneficiaba así directamente a la empresa del socio de sus familiares.
La compañía siguió en racha durante 2007, cuando su facturación se elevó a 1,7 millones. Y al año siguiente, el 10 de noviembre de 2008, Tecnoconcret decidió ampliar su capital en 100.000 euros y facilitar la entrada a dos nuevos socios: los mismísimos Pablo González y José Juan Caballero, que pasaron a controlar entre ambos más del 60% de las acciones.
La historia empresarial de Tecnoconcret
Fundación: 29 de mayo de 2003 // La empresa fue fundada por José Antonio Clemente, que suscribió el 75% del capital, y por su esposa, que se adjudicó el 25% de las acciones. La sede de la sociedad se fijó en el domicilio del matrimonio y su objeto social era “la realización de servicios técnicos y la ejecución de trabajos de ingeniería”. Clemente fue nombrado administrador único.
Objeto social: 5 de febrero de 2008 // La empresa amplió su objeto social para incluir “la realización de proyectos deportivos, la planificación de servicios sociales y los servicios de recogida de basura y reciclajes”, entre otros.
La familia González: 10 de noviembre de 2008 // Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se convierten en accionistas mayoritarios de la empresa. Cada uno de ellos suscribe el 31,6% de las acciones, en una ampliación de capital de 100.000 euros. Clemente retiene otro 31,6% y Fernando Serrano recibe el 5,2% de las acciones.
(www.publico.com, 16/02/09)
“Francisco Granados es el tío más sucio del mundo, a ése le he dado yo el dinero directamente”
Es la denuncia de David Merino, ex director general de Dico-DHO, una constructora en suspensión de pagos tras una época boyante. Merino da detalles de los supuestos pagos al actual número tres de Aguirre, y apunta también a una serie de primeros ediles de municipios del noroeste de Madrid, una lista que incluye a los defenestrados Arturo González Panero (Boadilla) y Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda y ex gerente del Mercado de Puerta de Toledo) y a populares que aún no han sido imputados como Narciso de Foxá, actual alcalde de Majadahonda, y Ricardo Romero de Tejada, su antecesor en ese consistorio. Y aunque la aparición de Merino podía parecer oportunista, lo cierto es que sus declaraciones datan de agosto pasado y están en poder de la Fiscalía Anticorrupción desde el anterior 17 de noviembre. De momento, se sabe que Granados se ha hecho con una copia…
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“Pagábamos en todos los sitios donde construíamos. Hemos actuado en Las Rozas, Majadahonda, Boadilla, Coslada, San Fernando de Henares, Villanueva del Pardillo… y muchísimo en Valdemoro cuando era alcalde Granados”, explica David Merino a la revista Interviú, que publica un reportaje sobre la presunta trama corrupta vinculada al PP.
Pagos a Granados…
Merino trabajó en Dico-DHO entre 1997 y 2007 y su gestión coincidió en parte con la presencia de Granados en la alcaldía de Valdemoro (1999-2003). Tal como cuenta al semanario, él mismo pagó al entonces primer edil de la localidad y a su sucesor, José Miguel Moreno, cantidades que se niega a cifrar –“eso se lo diré al juez o al fiscal”, asegura- en una finca de Ciudad Real.
…y a su sustituto en Valdemoro
La Fiscalía Anticorrupción conoce estas denuncias desde el 17 de noviembre pasado, cuando llegaron a sus manos las actas notariales respectivas. En una de ellas se puede leer que Dico retiró 2,5 millones de euros de Caixa Tarragona para pagar comisiones “a los responsables del ayuntamiento (de Valdemoro) en su máximo nivel” relacionados con la construcción de la urbanización Valdeoro.
Granados admite que conoce Dico
El actual consejero de Interior, por su parte, se ha desmarcado de estas acusaciones. “Aseguro cien por cien que no he adjudicado ni un solo metro a esa empresa ni he recibido un duro de ningún constructor, ni, evidentemente, de DHO, a la que no he beneficiado en nada”. Granados no ha negado que conoce a los dueños de la constructora (Julián Giménez de los Galanes y Francisco Colado) y que ha participado con ellos en un par de cacerías, pero ha apuntando que desconoce a Merino. A pesar de estas palabras, se ha sabido que su gabinete tiene en su poder la citada denuncia de Anticorrupción.
González Panero
El dedo de Merino no sólo apunta a Granados: también ha señalado a Arturo González Panero, ex regidor de Boadilla del Monte –forzado a dimitir por el escándalo de la presunta trama corrupta- y aún presidente del PP de Boadilla. “A Arturo se le han dado entre 200.000 y 300.000 euros” ha señalado el ex ejecutivo de Dico. “No sólo cobró dinero, también le invitamos a varia cacerías en las fincas ‘La Parrilla’ (Toledo) y ‘Los Berrocales’ (Ciudad Real)”. Tal como recoge el semanario, a González Panero se le conquistaba con “regalos de alto valor” y con monterías en las que no faltaba nada. “Las comidas, los cartuchos, los hoteles… absolutamente todo pagado por la constructora, hasta las putas”, requeridas por el entonces alcalde.
La estrategia de las cacerías
Las citadas cacerías habrían sido, según el denunciante, una verdadera estrategia de cortejo y corrupción. “Sumando acompañantes y constructores, se podían juntar unas cincuenta personas”, reunidas obedeciendo criterios como cargos y zona –por ejemplo, los alcaldes del PP del noroeste de Madrid, incluyendo a antiguos regidores y a posibles aspirantes-. “Yo he jugado al póquer en una misma partida con Granados y González Panero apostando billetes de 500 euros”, ha sostenido. El consejero de Interior, una vez más, ha negado estos datos diciendo que ni juega al póquer ni se lleva bien con Panero.
El eje noroeste
Al parecer, el rango de actuación de Dico se concentraba en el eje noroeste de Madrid donde conviven las mejores urbanizaciones de España y las mayores rentas. En esta zona, además del citado Panero –cuyo gusto por el lujo, las extorsiones y las comisiones ha quedado registrado en dossiers también en poder de Anticorrupción-, estaría el trío de regidores de Majadahonda, uno de los municipios donde más cohechos se habrían pagado. “Ahí han cobrado el actual alcalde, Narciso de Foxá (un amigo de infancia de la presidenta Aguirre) y sus dos antecesores, Guillermo Ortega (ex gerente del mercado de Puerta de Toledo) y Ricardo Romero de Tejada (ex secretario general del PP de Madrid hasta 2003)”.
La amenaza de tirar de la manta
De estos tres hombres, el único que ha sido imputado por el juez Garzón es Ortega, que la semana pasada presentó su dimisión frente al Mercado de Puerta Toledo. Tal como ha narrado Merino, Dico también habría participado en su salida del consistorio de Majadahonda. “La operación de quitar a Willy y poner a Narciso de Foxá la hicimos nosotros en la finca. A Willy le pusieron un sueldo porque quería contarlo todo”, ha sentenciado.www.elplural.com 16.02.09
EL PP IMPIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN LA COMISIÓN SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE
Primeras peticiones de comparecencia para la comisión de investigación de la supuesta trama de espionaje en Madrid. El PP ha rechazado que comparezcan el presidente del partido, Mariano Rajoy, el tesorero y el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, varios empresarios relacionados con adjudicaciones de la comunidad de Madrid y con el seguimiento al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Asimismo, Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta y quien hizo el borrador del 'CNI madrileño'. El PP sí ha aceptado que comparezcan la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, entre otros. Además, han tirado más documentación que había solicitado la oposición, que asegura que todo esto es un escándalo.
PSOE e IU habían requerido 56 comparecencias. Las portavoces del PSOE en IU en la Asamblea, Maru Menéndez e Inés Sabanés, han denunciado el "veto" y la "censura" que, a su juicio, ha ejercido el PP sobre comparecientes que consideran "esenciales" para la investigación de la supuesta trama. La Mesa ha rechazado asimismo las peticiones de compareencia del secretario general técnico de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno regional, Borja Sarasola; y de los empresarios Enrique Sánchez (accionista de Segurisa), Fernando Ruano (administrador único de Secuenzia Pixels) y Fidel San Román (adjudicatario de la plaza de toros de Las Ventas).
El portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, ha destacado, sin embargo, que la Mesa ha aprobado la mayoría de las comparecencias solicitadas por la oposición y lo ha considerado un "ejercicio de compromiso con la transparencia".-
(www.elpais.com, 16/02/09)
La Comunidad dio una contrata a dedo al acompañante de González
La empresa de limpieza Saminsa, propiedad del empresario Enrique Sánchez, recibió a finales de 2008 un contrato a dedo del Canal de Isabel II para limpiar los Teatros del Canal durante tres meses por 24.000 euros según el procedimiento reservado a "extremada urgencia". El presidente del Canal es el número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, que viajó a Johannesburgo en marzo de 2008 con Sánchez. El vicepresidente afirma que pagó en metálico los 8.000 euros del billete de avión porque le venía bien. Preguntado sobre Sánchez, el pasado 22 de enero, afirmó: "No es amigo mío, ni le adjudiqué nada".
Una portavoz del Canal afirmó ayer que el contrato tenía que deberse al acondicionamiento de los Teatros del Canal antes de cedérselos a la Comunidad de Madrid el pasado 1 de enero y apuntó que era lógico que un contrato de tan poca cuantía se lo llevase la empresa que tiene adjudicada la limpieza de todo el Canal de Isabel II.
El Consejo de Administración del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en Madrid, recibió el pasado 28 de enero el contrato que el gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, había firmado con Saminsa. De Miguel, mano derecha de González, adjudicó la limpieza durante tres meses de los Teatros del Canal por 24.601,47 euros (sin incluir IVA). Y lo hizo siguiendo el procedimiento previsto para "razones de extremada urgencia, resultante de hechos imprevisibles". Saminsa es adjudicataria desde 2005 de la limpieza del Canal. Sánchez es, además, adjudicatario de la seguridad del Canal a través de la empresa Segurisa. Ésta tiene contratos con la Comunidad de Madrid por al menos 59,3 millones de euros.
www.elpais.es 14.02.09
EL PP PIDE INVESTIGAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS EN LA MONCLOA, EL CNI E INTERIOR
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid parece decidido a convertir la comisión de investigación sobre el espionaje a cargos del PP en algo así como un juicio a todo tipo de presuntos casos de seguimientos y vigilancias. Los populares han solicitado 33 documentos, que incluyen las averiguaciones del Gobierno en la trama e incluso el registro de entrada y salida de personal y visitas a la Moncloa, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al Ministerio de Interior.
El PP quiere además datos sobre la estructura de las consejerías de Interior de autonomías gobernadas por el PSOE. Entre la documentación solicitada, el grupo popular también incluye el estado procesal de la denuncia sobre un supuesto espionaje al diputado popular Manuel Pizarro. El grupo socialista considera una "tomadura de pelo" esta actitud de los populares, que atribuye a la falta de interés del PP por investigar el fondo del asunto del presunto espionaje interno.
(www.elperiodico.com, 12/02/09)
AGUIRRE: "YO PUSE UNA QUERELLA AL FISCAL GENERAL EN 2005. ASÍ SE LES PARAN LOS PIES"
Para la mayoría de los que asistieron, fue una reunión reconfortante, porque todos se dedicaron a lamerse mutuamente las heridas. La sensación se resume en una frase de la ex ministra Celia Villalobos: "Todos tenemos que apoyar al PP. Con las cosas de comer no se juega". Ésta es la reconstrucción de la reunión según varios dirigentes.
Esperanza Aguirre. "Yo le puse una querella al fiscal general en 2005, por el caso Majadahonda, por prevaricación y violación del secreto de sumario. Así se les paran los pies. Desde entonces en Madrid ya no van a por nosotros [la querella fue archivada por el Supremo]. Me acusaban de intervenir en una parcela, que se iba a vender más barata y gracias a mí se vendió más cara. Tuvimos que echar a dos concejales y tuvo que dimitir el alcalde". Aguirre no contó que lo recolocó en el mercado Puerta de Toledo, con un sueldo público, hasta que dimitió el lunes por su implicación en la red que investiga Garzón. Fue una de las pocas intervenciones que tuvo aplausos.
Francisco Camps. "Te agradezco lo que estás haciendo, Mariano, y agradezco el apoyo de todo el partido. Esto es una campaña de acoso, porque aquí no hay nada. Los contratos son todos limpios y transparentes. Sólo persiguen al PP. En nuestra comunidad lo han hecho muchas veces, pero no hay ni un solo alcalde condenado".
José María Michavila. "Yo conozco bien a Bermejo [como ministro de Justicia, Michavila se enfrentó a Bermejo, que era fiscal jefe de Madrid]. Ya intentó muchas veces ir contra el PP como fiscal, pero todos los casos se los echaban para atrás. Tenemos que estar todos unidos. No hay salidas para unos o para otros".
Celia Villalobos. "Madrid es parte del partido, pero no todo el partido. Los problemas de Madrid no se pueden convertir en los problemas del partido".
Teófila Martínez. "Mariano, tú tienes la autoridad para salvaguardar la unidad del partido y para exigirnos a todos que nos pongamos detrás de ti. Tenemos que mostrar la unidad aquí, pero también fuera, en la calle".
Rosa Estarás (Baleares). "En Baleares hemos visto la actuación de la fiscalía. El trato discriminatorio es evidente. Cuando son del PSOE, hay una citación al juez y nada más. Cuando es del PP, primero aparece en prensa. Después se les detiene con grilletes y policías encapuchados, siempre con cámaras de televisión presentes. Y les dejan detenidos durante 72 horas, como el chaval de 21 años al que se acusaba de delito informático. Al final quedó en libertad sin cargos".
Miguel Ángel Cortés. "Deberíamos utilizar las nuevas tecnologías para denunciar este acoso, con vídeos en YouTube de las detenciones".
Esteban González Pons. "Garzón no imputa a ningún aforado, como López Viejo [ex consejero de Aguirre] para que no le quiten el caso".
Manuel Fraga. "En todos los partidos hay un Judas. Hay que mantener la unidad absoluta".
(www.elpais.com, 12/02/09)
BOTELLA: "ME GUSTARÍA QUE ESTE APOYO SE DIERA TAMBIÉN A TODA LA HISTORIA DEL PP"
El Comité Ejecutivo discurría con una muestra de cierre de filas absoluto, en la que los dirigentes competían por ver quién atacaba con más dureza a la fiscalía y al juez Garzón, hasta que le llegó el turno a Ana Botella, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y esposa del ex presidente José María Aznar. La intervención chirrió porque era una reprimenda interna en toda regla.
"A mí me parece muy bien la posición del partido y de su presidente en toda esta cuestión, y tiene todo mi apoyo. Pero me gustaría que este apoyo se diera también a toda la historia del partido, incluida la del presidente Aznar y su equipo. Todos sabéis quién soy. Aquí hay sentados muchos dirigentes que tuvieron responsabilidades en esa época [había ex ministros, entre ellos Rajoy]. Me gustaría que se defendiera de manera más firme ese legado", clamó Botella, según la reconstrucción de varios de los presentes.
No hubo aplausos, y los dirigentes se miraron, según contaron después, con caras de complicidad y una tensión difícil de disimular. La esposa de Aznar, en un auditorio acostumbrado a leer entre líneas y que no necesitó muchas explicaciones para saber de qué estaba hablando y qué quería decir, estaba protestando por el hecho de que Rajoy haya dejado muy claro que fue él quien, en 2004, en cuanto sucedió a Aznar, rompió con Francisco Correa, el jefe de Special Events.
El líder lo dejó claro en una rueda de prensa el lunes. Pero todo el mundo en el PP sabe que Correa fue el principal organizador de actos de Génova durante toda la etapa de Aznar. En la prensa han aparecido sus estrechas relaciones con el aznarismo y con el yerno del ex presidente, Alejandro Agag, además de las fotos de Correa y su socio Álvaro Pérez en la boda de la hija de Aznar y Botella. Por eso la esposa del ex presidente se queja de que Rajoy se concentre en decir que él rompió en vez de reivindicar que no hubo nada sucio en la etapa de Aznar. La ofensiva del aznarismo, en boca de su principal representante en activo, aspirante a la alcaldía de Madrid si la abandonara Alberto Ruiz-Gallardón, fue de tal calibre que Rajoy entendió que tenía que responder para dejar claras algunas cosas.
El líder del PP, elegido a dedo por José María Aznar en 2003 frente a otras opciones como Rodrigo Rato o Jaime Mayor, nunca ha osado criticar públicamente a su mentor. Aun así, todos los analistas interpretaron que, en el congreso de Valencia, Rajoy acabó con el aznarismo para inaugurar un nuevo PP, el suyo. Pero el jefe de la oposición decidió ayer que era momento de unidad, y trató de atraerse a Botella a su terreno.
"Por supuesto, Ana, yo siempre defiendo y defenderé toda la historia del partido. Y si alguna vez compruebas que alguien no lo hace, me gustaría que me lo dijeras inmediatamente", sentenció el líder, firmando así una especie de pacto de no agresión con el aznarismo.
(www.elpais.com, 12/02/09)
LAS EMPRESAS DE CORREA LOGRARON 3,5 MILLONES EN MAJADAHONDA
Entre 2003 y 2005, tres sociedades controladas por el cabecilla de la trama, Francisco Correa, de objeto difuso y administradores comunes (TCM, Downtown Consulting y Easy Concept) fueron cerrando acuerdos con el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), del PP, por valor de más de dos millones de euros. Todos figuran en los papeles municipales de la oficina de contratación. Además de los pagos por esta "oficina fantasma", IU ha documentado otro millón y medio de euros pagados a empresas vinculadas a Correa, aunque es posible que haya muchos otros contratos. Eso, en una legislatura (2001-2005). Algunos de ellos por conceptos como "Decoración de la concejalía de Familia", montar un stand en una feria de informática, "suministrar vinilos para terminales de información" o colocar una mampara.
En 2003, la empresa madre de Correa en Madrid, Special Events, deja de firmar contratos con Majadahonda. Alguien ha reparado en que la administradora es María del Carmen Rodríguez, conocida por los trabajadores municipales como La Barbie. Rodríguez es la mujer de Correa y la jefa de gabinete del entonces alcalde, el ahora imputado Guillermo Ortega. Special Events se volatiliza, pero emerge Technology Consulting Management, de los mismos dueños y que se dedica a las mismas cosas. Esta compañía gana el concurso para "la consultoría de diseño de la implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano" de Majadahonda. Un rebuscado pliego que se traduce en el pago de 612.551 euros a esta empresa el 18 de febrero de 2003.
En diciembre de ese mismo año, la compañía repara en que necesita más dinero. El ayuntamiento se lo da. En concreto, 120.000 euros más. Eso supone el 19% de la concesión original. Si el aumento hubiese superado el 20% habrían tenido que repetir el concurso. El 30 de abril de 2004, con la oficina a punto de abrirse, se les prorroga el contrato. En esta ocasión reciben 419.638 euros. Un técnico municipal había sugerido que lo justo sería 58.000 euros y así lo hace constar en un documento. Nadie le hace caso.
¿Ha terminado el trabajo de la empresa de Correa una vez abierta la oficina? No. Ahora, es el momento de que emerja otra de sus empresas. Alguien tiene que llevar el día a día de esa oficina. Nace Downtown Consulting. Esta firma recibe más de 20.000 euros mensuales. En 2005 cambia de nombre y se vuelve a transformar. Su nueva reencarnación es Easy Concept, con la misma configuración que Downtown, pero cobrando un poco más: 27.900 euros. Hasta mayo de 2005. La oficina desapareció y sólo estuvo unos meses en funcionamiento.
(www.elpais.com, 12/02/09)
EL PP NIEGA DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA INVESTIGAR EL ESPIONAJE EN MADRID
La comisión parlamentaria creada en la Asamblea de Madrid para investigar la presunta trama de espionaje político no podrá acceder a los expedientes del personal de seguridad de la Consejería de Interior o a los partes de los servicios realizados por éstos, ni a facturas de material fotográfico, ni a la información sobre los viajes al extranjero del vicepresidente Ignacio González, ni a los datos sobre adjudicaciones supuestamente irregulares realizadas por la Comunidad.
El Partido Popular impuso ayer su mayoría absoluta en la Mesa de la Asamblea para rechazar más de la mitad de la documentación que PSOE e Izquierda Unida habían solicitado. Además, se negó a estudiar -hasta, como pronto, el lunes- la relación de comparecencias, lo que vuelve a retrasar el arranque de la comisión. "Esto es inquisitorial, indigno. El PP ha puesto a este Parlamento en excepción democrática", protestó la portavoz de IU, Inés Sabanés. La socialista Maru Menéndez calificó de "burla" y "vergüenza" la actitud de los populares. "Está claro que el PP tiene mucho que ocultar", dijo.
El argumento empleado por el PP para guardar bajo llave todos esos documentos fue que "no tienen relación con el objeto de la comisión". Con ese mismo criterio fueron rechazadas igualmente varias peticiones del propio grupo popular, que había reclamado cosas tan peregrinas como la relación de entradas y salidas del complejo gubernamental de La Moncloa, los dictámenes sobre presuntos casos de espionaje en Andalucía y Galicia, o la relación de actividades de una fundación de Pinto (municipio madrileño donde el PP fue desbancado de la alcaldía mediante una polémica moción de censura), sin explicar qué podrían tener que ver con los presuntos seguimientos a cargos públicos en Madrid.
Sí admitió la Mesa otro de los asuntos que pedía el PP: analizar el "estado procesal de la denuncia presentada por Manuel Pizarro contra dos agentes de la Guardia Civil y dos agentes del CNI por supuestos seguimientos a su persona", un caso denunciado hace dos años. También pasó la criba su solicitud de aportar a la comisión el organigrama de seguridad de comunidades gobernadas por el PSOE como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia; así como el organigrama de la Consejería de Interior madrileña "en todas las legislaturas", es decir, desde los gobiernos de Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón.
Tras conocer a media mañana la "extravagante" relación de documentación registrada por los populares, PSOE e IU habían decidido votar a favor para no sentar el precedente de un veto. "Sólo les falta pedir que venga a declarar el toro que mató a Manolete para desviar la atención, pero ni aun así conseguirán cargarse esta comisión", había dicho Sabanés. Sin embargo, no les sirvió de nada: la oposición votó a favor de las solicitudes del PP, pero el PP tiró abajo 28 de los 45 documentos pedidos por Izquierda Unida y 38 de los 60 planteados por el PSOE. Este periódico intentó, en vano, recabar la explicación del portavoz popular, David Pérez.
Y si mal le fue a la oposición con la petición de documentación, peor resultó su intento de que la Mesa se pronunciara ya sobre las comparecencias: el PP alegó que hasta el lunes, como pronto, no empezará a estudiar ese asunto, lo cual retrasa de nuevo todo el proceso. En principio, las sesiones deben finalizar el 31 de marzo.
(www.elpais.com, 12/02/09)
NI MÓVILES PREPAGO NI DATOS DE LOS AGENTES
La Mesa de la Asamblea, con mayoría absoluta del PP, consideró que no tienen "relación con el objeto de la comisión de investigación" los "expedientes administrativos personales de todos aquellos empleados públicos que realicen tareas de seguridad" en la Comunidad de Madrid. Tampoco aportará documentación sobre facturas de móviles, material fotográfico o vales de gasolina autorizados por la Consejería de Interior a sus empleados, que PSOE e IU pedían para seguir el rastro de los autores del espionaje a cargos públicos. Y no permitirá que se analice la red de tarjetas de móviles prepago que utilizan varios consejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre.
La comisión tampoco podrá estudiar la información referida a los viajes del vicepresidente Ignacio González al extranjero (en uno de ellos fue seguido y grabado con cámara oculta). Las adjudicaciones sospechosas del Ejecutivo de Aguirre no formarán parte de la investigación. La Mesa ha denegado al PP el registro de entradas y salidas del CNI, el Ministerio del Interior y La Moncloa, y lo referido a presuntos casos de espionaje en Galicia, Andalucía y Fuenlabrada (Madrid).
(www.elpais.com, 12/02/09)
EL INFORME DE COSPEDAL SOBRE LOS SEGUIMIENTOS
Entre los documentos reclamados por PSOE e IU que la Mesa de la Asamblea aceptó ayer tramitar está todo lo referido a la investigación interna encargada por la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, tras destaparse el espionaje a cargos públicos en Madrid. También figura la "relación nominativa del personal, cualquiera que sea su relación, en el ámbito de seguridad de la Administración autonómica" y la "descripción pormenorizada" de sus funciones.
La comisión podrá acceder igualmente a las denuncias presentadas por los políticos que sufrieron los seguimientos, y al "estudio sobre el modelo de seguridad" que supuestamente está elaborando desde hace un año Sergio Gamón, ex director general de Seguridad y destituido en 2008 (aunque sigue en nómina de la Comunidad) tras llevarse información confidencial del despacho del ex consejero Alfredo Prada.
En cuanto a la documentación reclamada por el PP, además del presunto seguimiento del CNI a Manuel Pizarro, la Mesa admitió lo referido a la estructura de la Consejería de Interior pero también la de cuatro comunidades del PSOE y la del Ayuntamiento de Madrid.
(www.elpais.com, 12/02/09)
www.elpais.es 12.02.09
(www.levante-emv.com, 12/02/09)
Bartolomé Molina, secretario general del PP en Torres (Jaén), quien organizó la cacería en la que participaron el ministro Bermejo y el juez Garzón: "No
EL ESPÍA QUE ESCRIBIÓ PARTES DE COBO Y PRADA ESCOLTÓ A AGUIRRE EN MÍTINES
José Manuel Pinto, funcionario de la Consejería de Interior que dirige Francisco Granados, es autor, según dos peritos calígrafos, de las anotaciones manuscritas que figuran en los partes de espionaje a dos cargos políticos del PP contrarios a Esperanza Aguirre: el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. Además, Pinto formó parte de una red paralela para dar escolta a Esperanza Aguirre en sus actos de partido en la última campaña electoral, como se aprecia en la imagen que ilustra esta información.
El Ministerio del Interior brinda escolta a la presidenta madrileña, por lo que dicho servicio de protección, que prestaban Pinto y otros empleados de la Consejería de Interior, no sólo es redundante, sino ilegal, ya que la Comunidad de Madrid no tiene asignadas esas competencias.
La labor de protección de la presidenta en actos del partido es una de las actividades ilegales que denunció recientemente la sección de UGT del colectivo de Seguridad de la Consejería de Interior, antes de pedir disculpas por enviar por escrito su denuncia al director general de la Función Pública de la Comunidad.
Esta tarea extraordinaria, fuera del marco institucional de la Comunidad de Madrid, ha sido desempeñada, de manera excepcional y a regañadientes, por agentes del colectivo de 40 funcionarios que trabajan en el área de Seguridad de la Consejería de Interior. Una decena de hombres de confianza de Sergio Gamón, hasta el pasado mes de julio director general de Seguridad, han realizado esa función, ajena a su cometido oficial.
Robo de un ordenador
Gamón estuvo al frente de la Dirección General de Seguridad desde mayo de 2007 hasta julio de 2008, fecha en que fue destituido al verse implicado en la requisa de documentos y el supuesto robo de un ordenador del despacho de Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia y hombre de confianza del ex consejero Alfredo Prada.
A continuación, Gamón fue recolocado por el consejero Francisco Granados en una dirección de nueva creación con un sueldo superior a 90.000 euros anuales. Desde entonces se dedica en exclusiva a elaborar un informe sobre la seguridad en los edificios de la Comunidad de Madrid.
Durante su etapa de director general contó con un equipo de confianza formado por tres ex policías a los que fichó como asesores y a los que conocía de su labor de escolta a la vicepresidenta del Gobierno, junto a otros funcionarios del departamento, entre ellos José Manuel Pinto Serrano, el autor de las notas manuscritas de los partes de seguimiento a Prada y Cobo.
En este núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior recaen las sospechas de los casos de espionaje perpetrados entre marzo y mayo de 2008, en vísperas del combate por el poder en el partido que había de dirimirse en el Congreso del PP en Valencia.
Las sospechas se basan en varias razones: uno de sus integrantes ha sido identificado ya por peritos calígrafos (José Manuel Pinto); los partes de espionaje aluden a sus jefes (Sergio Gamón y Miguel Castaño) y en privado sus compañeros de trabajo y altos cargos de su consejería lo confirman. Los espiados por los funcionarios de Aguirre eran partidarios de su Rajoy, el adversario político de la presidenta de la Comunidad ante el congreso interno del partido.
(www.elpais.com, 11/02/09)
PRADA SOLICITA AL FISCAL UN INFORME PERICIAL SOBRE UN AGENTE AUTONÓMICO
Alfredo Prada, consejero de Justicia hasta junio de 2008, cuando fue destituido por Esperanza Aguirre tras apoyar a Mariano Rajoy en el congreso nacional del Partido Popular, tuvo ayer una reacción inmediata tras leer la noticia publicada por este diario y reclamó nuevas actuaciones de la Fiscalía para aclarar quién le espió y quién ordenó que le siguieran.
Dicha información revelaba la identidad de uno de los autores de los partes de seguimiento al propio Prada entre marzo y mayo de 2008. Dos peritos calígrafos certificaron que la letra manuscrita de los partes era la misma que la que aparecía en distintos formularios de la Consejería de Interior firmados por el funcionario José Manuel Pinto.
Prada aseguró ayer a este diario que ha ordenado a su abogado trasladar al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix -que investiga el espionaje que sufrió este político y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo-, dicha información para que, a su vez, "practique pruebas que conduzcan a la confirmación de la veracidad de lo publicado". "De tal manera que con las pruebas caligráficas que hoy aporta el diario EL PAÍS se puede evidenciar que detrás de esos partes hay personas que trabajaban en la Consejería de Interior. Y, tras las pesquisas del fiscal, me querellaré contra el autor o autores del espionaje y quienes se lo ordenaron".
Colaboradores del consejero de Interior, Francisco Granados, interrogaron ayer a José Manuel Pinto en relación con los informes caligráficos publicados por este periódico. Fuentes de la Consejería de Interior aseguraron que Pinto había negado ante los colaboradores de Granados ser autor de las notas manuscritas que aparecen en los partes de seguimiento a políticos.
Dichos partes recogen, con más o menos detalle, la actividad pública y privada de Cobo y Prada. En el caso del ex consejero de Justicia, los agentes no sólo apuntan los movimientos de Prada sino que llegan a entrar a tomar fotos en restaurantes donde come el dirigente del PP para intentar identificar a las personas que almuerzan con él. También toman nota de matrículas sospechosas que se mueven en la misma zona por donde almuerza Prada y llegan a identificar el vehículo de una diputada autonómica del PP y de un servicio de contravigilancia del Ministerio del Interior. Tanto Cobo como Prada han confirmado que los movimientos registrados en los partes de seguimiento corresponden con su actividad en los días que se citan en cada documento.
(www.elpais.com, 11/02/09)
PRADA NO ACUDE AL HOMENAJE
El Senado concedió ayer la medalla de honor a Esperanza Aguirre -"¿Es de oro?", preguntó sorprendida la presidenta- por los años en que presidió la Cámara (1999-2002), y colgó su retrato junto a los de sus antecesores. Aguirre dijo sentirse orgullosa de compartir pasillo con "ilustres liberales como Laureano de Figueroa y el Conde de Romanones". Faltaron al homenaje Francisco Granados, consejero de Interior, y el que fuera vicepresidente del Senado con Aguirre, después consejero en su Gobierno y más tarde destituido, Alfredo Prada.
(www.elpais.com, 11/02/09)
ES CALIGRÁFICOS SOBRE LOS PARTES DE SEGUIMIENTO A CARGOS DEL PP EN MADRID. LOS ESPÍAS SON DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR
Los seguimientos en Madrid a cargos políticos del PP contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre -el vicealcalde de la ciudad, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada- se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid por personal de la Dirección General de Seguridad. Los indicios recaen sobre un equipo de la máxima confianza del máximo jefe de esa área, Sergio Gamón, director general de Seguridad. Ese equipo estaba compuesto por asesores, trabajadores eventuales y funcionarios de la consejería.
Los agentes que se encargaron de los seguimientos dejaron anotaciones manuscritas sobre los partes mecanografiados para identificar determinadas matrículas de coches que aparecían durante sus tareas de espionaje. Los agentes escribieron a mano el número de la matrícula y el nombre de su supuesto propietario, que confirmaron, supuestamente, acudiendo a otros servicios policiales.
La letra manuscrita que figura en alguno de esos partes coincide con la de al menos una de las personas que está empleada en ese departamento de la Comunidad de Madrid desde hace años, según las conclusiones de los dos informes caligráficos encargados por este periódico a los peritos José Javier Simón Alonso y Rafael Martín Ramos.
Antes de encargar los informes periciales, EL PAÍS tuvo acceso a numerosos documentos originales del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid (formularios de personal y partes de vacaciones o turnos), donde se recogen algunos apuntes manuscritos de funcionarios que trabajaban allí.
En alguno de los documentos de ese departamento con los que ha trabajado este periódico, la caligrafía coincide con la que aparece en las anotaciones manuscritas de los partes de seguimiento a políticos, fechados entre marzo y mayo de 2008.
Los peritos Simón Alonso y Martín Ramos sacan idéntica conclusión tras analizar con diversas técnicas y durante días todos los documentos facilitados por este periódico y que se presentan en estas páginas. "Los textos dubitados [las anotaciones de los partes de seguimiento publicados por este periódico] han sido manuscritos por la misma persona que realizó los textos y firma indubitados [documentos originales de la Direción General de Seguridad que se corresponden con distintos formularios y presupuestos donde los empleados escribieron a mano diversas anotaciones]", señalan Simón Alonso y Martín Ramos.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, y los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), habían defendido la necesidad de ordenar informes caligráficos para determinar la autoría de la letra que aparece en los partes de seguimiento.
Pero ni el Gobierno autónomo de Esperanza Aguirre ni el juzgado que investiga estos hechos, el número 47 de Madrid, que acumula las pesquisas iniciales de la Fiscalía de Madrid, se han interesado por la práctica de esta prueba para investigar de dónde procedió el espionaje.
El consejero de Interior madrileño, Francisco Granados, llegó incluso a poner en duda la autenticidad de los partes de seguimiento publicados por este periódico, pese a que los dos espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, confirmaron punto por punto que el contenido de los seguimientos se correspondía con sus actividades públicas y privadas de aquellos días.
El autor de la letra a la que se refieren los peritos calígrafos es un técnico de la Dirección General de Seguridad llamado José Manuel Pinto. "No sé de qué me está hablando. Eso lo tendrán que probar en el juzgado", declaró ayer cuando conoció por este periódico el resultado del informe pericial.
El agente Pinto, un veterano que lleva en el servicio desde 1989, trabajaba hasta hace unos meses a las órdenes directas del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado en 2007 por Esperanza Aguirre. La dirigente madrileña conocía bien a Gamón, pues trabajó en el equipo de seguridad del Senado cuando ella era presidenta de esa institución. Una de las secretarias de Aguirre en el Senado durante aquella etapa era la esposa de Gamón. Cuando en julio de 2008 Gamón fue destituido de su puesto por irrumpir en un despacho de la Consejería de Justicia -casualmente, de una persona que también había sido espiada algunos meses antes-, para sustraer documentación supuestamente delicada, Aguirre ordenó que se le buscase un cargo dentro de la misma Consejería de Interior. Le garantizó así que siguiera cobrando más de 90.000 euros anuales. El consejero Francisco Granados lo hizo con celeridad. Gamón sólo estuvo tres días en el paro tras ser destituido por supuesto espionaje ilegal de una dependencia de la Comunidad de Madrid.
Unos meses antes de su destitución, se produjeron los seguimientos a políticos del PP. En los meses del espionaje, de los que ha quedado prueba documental a través de partes de seguimiento (entre marzo y mayo de 2008), se había desencadenado con especial virulencia la mayor batalla que se recuerda por el poder dentro del PP.
La presidenta de la Comunidad de Madrid se había mostrado muy crítica con la dirección del partido tras la derrota electoral, y muchos de sus consejeros defendían que había que plantar cara a Rajoy en el congreso extraordinario que se iba a celebrar en junio en Valencia.
En ese ambiente de fractura interna en el PP se producen los seguimientos diarios al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado con Esperanza Aguirre y con el propio Gobierno regional por asuntos políticos y de pura gestión diaria de ambas instituciones.
También hay seguimientos más detallados al que entonces era un miembro del propio Gobierno regional, el consejero de Justicia, Alfredo Prada.
A Prada, según los partes diarios de seguimiento, se le espía en restaurantes y hoteles y se describe a las personas que le acompañan para tratar de identificarlas, a veces utilizando otros servicios de información de manera ilegal para conocer quiénes podían ser los propietarios de determinados vehículos. Prada se situó del lado de Rajoy en la batalla interna del partido y ahora es un cargo orgánico de la dirección nacional. Desde hacía meses, había caído en desgracia en el Gobierno de Esperaza Aguirre. La presidenta pasó de tenerle en el máximo escalafón de su equipo de gobierno, como vicepresidente y consejero de Justicia e Interior, a dejarle únicamente la cartera de Justicia.
Además, sólo dos meses después de los últimos seguimientos a Prada de los que existe prueba documental, y concluido el congreso regional con una victoria aplastante de Mariano Rajoy, la presidenta regional le destituyó como consejero de Justicia.
Uno de sus hombres de confianza, Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia, también fue víctima del espionaje del personal de la Dirección General de Seguridad: sólo un día después del cese de su consejero, sufrió el robo de su ordenador personal y de distintos documentos que guardaba en su despacho de la Ciudad de la Justicia. Lo denunció ante la Fiscalía de Madrid, conociendo que Sergio Gamón era el jefe del grupo de agentes que irrumpió en su despacho. Pero la fiscalía archivó el caso porque la prueba concluyente de aquel asalto se había borrado. Las cámaras de videovigilancia del recinto sólo guardaban cinco días de grabación, y el fiscal pidió esas pruebas un mes después de que ocurrieran los hechos.
Sergio Gamón se negó a dar detalles de esta operación en su comparecencia de la semana pasada ante los diputados autonómicos. El consejero de Interior, Francisco Granados, de quien depende, también evitó responder en los últimos días al episodio de la destitución de Gamón y su nombramiento, sólo tres días después, en un cargo que no tiene ni personal ni competencias asignadas. Gamón explicó que desde que le destituyeron como director general de Seguridad se ha dedicado a redactar un informe sobre la seguridad en los edificios institucionales de la Comunidad de Madrid. En eso lleva casi siete meses.
Según fuentes de la Consejería de Interior, Gamón ha contado siempre con una célula de hombres de su confianza para los trabajos más delicados, "secretos", según la denuncia inicial que presentó UGT ante la Dirección General de la Función Pública.
De hecho, los partes de los espías aluden a Gamón, cuando narran que han visto entrar el coche de su "director Sergio" en las oficinas del consejero de Justicia, Alfredo Prada, mientras lo vigilaban. Al igual que anotan que deben volver a la sede de la dirección por órdenes de "Miguel", en alusión a Miguel Castaño, ex subdirector de seguridad recolocado como asesor, al igual que Gamón, tras ser destituido en julio pasado.
(www.elpais.com, 10/02/09)
CONCLUSIONES
- Irregularidad."Se mueve con un rango específico de irregularidad que permite establecer que se trata de la misma grafía".
- Cifras y letras. "El modo de ubicar cifras y letras, de distanciarlas y de situarlas sobre una línea teórica horizontal" es el mismo.
- Fluctuación. "El tipo de fluctuación de unos y otros textos es similar".
- Tendencia. "Al delimitar las letras, en cada uno de los grupos aparecen las mismas tendencias".
- Distanciamiento. "Hay distanciamientos semejantes entre letras en ambos grupos".
- Comportamiento de la mano. "El comportamiento de la mano es idéntico en todos los casos. Los dedos se desplazan desde el final de una letra hasta el arranque de la siguiente con un impulso irregular, que en la totalidad de los textos presenta recorridos equivalentes".
- Similitudes inequívocas. "La muestra dubitada y las indubitadas son homogéneas, han sido realizadas por un mismo autor. Existen numerosas similitudes que son, sin duda, resultado de la existencia de una determinada personalidad escritural, lo que permite dictaminar de manera inequívoca que todas las muestras objeto de estudio tienen una autoría común".
- Renglones. "Hay análogas cualidades en la formación de los renglones".
(www.elpais.com, 10/02/09)
AGUIRRE SACRIFICA A DOS CARGOS DE MADRID ANTE EL ALUD DE SOSPECHAS
Apenas han hecho falta tres días desde que trascendió la investigación sobre cohecho relacionado con el PP para que dos de sus cargos en la Comunidad de Madrid hayan "presentado su dimisión". Aunque se presentara como una decisión voluntaria, la encargada de anunciarlo fue la propia presidenta, Esperanza Aguirre, quien calificó las dimisiones como necesarias y generosas para evitar que la causa judicial se relacione con la actividad de la Comunidad de Madrid. Alberto López Viejo, hasta ayer consejero de Deportes, y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y hasta ayer gerente del Mercado Puerta de Toledo de Madrid, se convirtieron ayer en los dos primeros sacos de arena que pone el PP en su trinchera ante la ofensiva judicial que se avecina contra el partido.
Aguirre exculpó contundentemente a López Viejo, pero no lo hizo con Ortega. "Desconozco las razones que tiene para dimitir", dijo. Lo relacionó con un caso de corrupción denunciado en 2005 en torno a unas adjudicaciones municipales denunciadas por dos concejales del PP.
Según la investigación del juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, Alberto López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a Down Town Consulting, una de las empresas vinculadas al cabecilla de la trama, Francisco Correa. Esta firma pasó a llamarse Easy Concept Comunicación. López Viejo adjudicó a las empresas de la trama al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005. Todos, por importe inferior a 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso y entre ellos, un "acto para la recepción de deportistas paralímpicos" (10.747 euros) o una "lona para la Ciudad Olímpica" (3.176 euros).
Guillermo Ortega, en su etapa de alcalde de Majadahonda (entre 2001 y 2005), contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Correa, otra de las investigadas. Ortega aprobó contratos con Special Events, la principal empresa de la trama de corrupción por más de 125.000 euros.
"Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid", declaró Aguirre. La presidenta insistió varias veces: "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular". "Ha organizado los actos de la Comunidad", que definió como "poner sillas y luces", y algunos de los contratos han ido a parar a "empresas que son las que se están investigando". Esas contrataciones se hicieron con el único criterio de "la confianza que esas empresas daban a los técnicos de López Viejo".
"No teníamos ni idea", es el resumen exculpatorio de Aguirre. La presidenta aseguró que ella hizo indagaciones en 2005 para ver si se había contratado con Special Events, la empresa de Francisco Correa que por entonces ya era investigada y que la cúpula del PP con Rajoy había vetado en las contrataciones. "Pero resulta que las empresas mutan", sostuvo gráficamente Aguirre, es decir, cambian de nombre.
La presidenta de Madrid aseguró con contundencia, sin embargo, que, desde que ella preside el partido en Madrid (2004) "ni esta empresa ni ninguna de las otras ha organizado actos del PP". La Consejería de Deportes se integrará en la de Cultura y Turismo.
(www.elpais.com, 10/02/09)
LA RESISTENCIA DEL ALCALDE DE BOADILLA COMPLICA LA IMAGEN DE FIRMEZA DE RAJOY
Mariano Rajoy, Javier Arenas y Federico Trillo, tres pata negra del PP que llevan más de 30 años en política, curtidos en mil batallas y todos ellos ex ministros de Aznar, entraron juntos y con cara de circunstancia en la sala de prensa de Génova. Querían darle la mayor gravedad a la comparecencia del líder, la primera en un mes en su sede nacional, a pesar de la ristra de escándalos.
Los históricos del PP habían preparado con detalle la reacción del partido después de que EL PAÍS revelara que Francisco Correa, jefe de la supuesta trama de tráfico de intereses vinculada al PP que investiga el juez Garzón, presumía de haber entregado en mano 1.000 millones de pesetas al tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Todo estaba cuidado, hasta la escenificación, pero se fue al traste por un alcalde díscolo. Rajoy desmintió todo lo que dice Correa y anunció las medidas que toma el partido -abrir una investigación interna, personarse en la causa, pedir amparo al CGPJ por las filtraciones del sumario- y guardó para el final la noticia: "El alcalde de Boadilla [presuntamente implicado en la trama y veterano regidor de ese municipio residencial madrileño] ha puesto su cargo a disposición del partido y el PP de Madrid ha aceptado su dimisión. Ha dejado de ser alcalde".
Pero pocos minutos después, y a unos 200 metros de donde hablaba el líder del PP, en la puerta de la Audiencia Nacional, el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, desmentía al presidente de su partido: "No he puesto mi cargo a disposición".
El estupor en la cúpula del PP fue inmediato. ¿Qué había pasado? Una rebelión en toda regla. El alcalde había sido citado a las 10.00 en Génova por Francisco Granados, secretario general del PP madrileño. Después de una fuerte presión, le convenció de que debía dimitir. Quedaron en que lo anunciaría después de hablar con Garzón. Granados llamó a Esperanza Aguirre y ésta a Rajoy para confirmarle la dimisión. Pero el juez le dijo al alcalde que, de momento, no tiene nada contra él, y González cambió de idea. Granados le llamó enfurecido: "¿Qué has hecho?". "Necesito más tiempo, Garzón me ha dicho que no hay nada contra mí", contestó el alcalde. "Ya no hay marcha atrás, la decisión está tomada, tienes que dimitir", zanjó Granados.
González se refugió en Boadilla, donde compareció con 14 de los 16 concejales del PP para mostrar su fuerza. "Mientras no haya imputación es absurdo que presente la dimisión. Entonces no quedaría ningún político", se defendió. El PP mantiene como presidente de la Diputación de Castellón a Carlos Fabra, imputado por varios delitos fiscales y de tráfico de influencias. A última hora, según Granados, González cedió a la presión y dimitirá finalmente.
El entuerto de Boadilla tapó la principal decisión tomada por Rajoy después de casi un mes de escándalos. El líder, presionado por barones, dirigentes rivales y afines que le exigían que moviera pieza, esperó de nuevo mucho tiempo -tres días-, dejó a algunos de los suyos a los pies de los caballos -sobre todo a Dolores de Cospedal, que el sábado recuperó Filesa y los GAL y negó que todo esto tuviera nada que ver con el PP- pero al final, con Arenas, Trillo, Ana Mato y Esteban González Pons aconsejándole, dio el puñetazo que muchos esperaban.
Rajoy defendió la honorabilidad del PP y aseguró que todo lo que tiene que ver con su financiación está supervisado por el Tribunal de Cuentas, pero confirmó la información de EL PAÍS. Admitió que él, como jefe de campaña en 1996 y 2000, conocía a Francisco Correa, que entonces, con su empresa Special Events, hacía todo para el PP. Y reconoció que en Génova se dio la orden de no trabajar más con él. "Supimos que utilizaban el nombre de la dirección del PP para obtener ventajas en algunos ayuntamientos del norte de Madrid". ¿Por qué no lo denunció?, le preguntaron. "Porque no vimos delito". ¿Y por qué no avisó al PP de la Comunidad Valenciana, que siguió trabajando con ellos? "Sólo avisamos a los municipios de Madrid aludidos de que ellos [Special Events] no hablaban en nuestro nombre", sentenció.
Rajoy ha convocado para mañana un Comité Ejecutivo Nacional extraordinario para tratar este asunto. De momento, el líder, que acaba de dejar en suspenso una inaudita investigación interna por el caso del espionaje, abre otra por la vinculación del PP con Special Events. Y anuncia expulsiones inmediatas para cualquier militante que se vea implicado. De momento han rodado cabezas en Madrid. Ahora la presión pasa a la Comunidad Valenciana, donde se refugiaron Correa y su socio, Álvaro Pérez. Todo, a menos de tres semanas de unos comicios clave. ¿Cree que esto afectará a las elecciones?, le preguntaron ayer. "Espero que no", sólo acertó a decir Rajoy.
(www.elpais.com, 10/02/09)
EL TIRA Y AFLOJA EN GÉNOVA
- 10.00. "Tienes que dimitir". Francisco Granados cita en su despacho de Génova a Arturo González, alcalde de Boadilla (Madrid). "Tienes que dimitir por el bien del partido", le dice Granados. Se resiste pero cede, y pactan que González lo anunciará.
- 12.00. Aguirre habla con Rajoy. Granados llama a Aguirre para confirmarle que González ha cedido. Ésta habla con Rajoy y le da la noticia, que ya difunden algunos medios.
- 13.00: Rajoy: "Ya no es alcalde, ha presentado su dimisión". El líder del PP es tajante ante los periodistas: "Ya ha dejado de ser alcalde, ya no es alcalde. Ha puesto el cargo a disposición del partido y el PP de Madrid le ha aceptado su dimisión".
- 13.15: "Yo no he puesto mi cargo a disposición del partido". González, a menos de 200 metros de donde está hablando Rajoy, le desmiente. "No he puesto mi cargo a disposición", asegura a la salida de la Audiencia Nacional.
- 13.30: "Esto no tiene marcha atrás". Granados, enfurecido, llama a González y le dice: "Esto no tiene marcha atrás, tienes que dimitir, ya lo ha anunciado el presidente del partido".
- 15.00: "Es absurdo que dimita". Ya en Boadilla, el alcalde se siente más fuerte, comparece con 14 de los 16 concejales del PP y dice: "No dimitiré mientras no haya ninguna imputación".
- 19.00: Ya dimite. Granados convoca a todos los concejales en Génova y asegura que González dimitirá hoy. El alcalde acepta a cambio de que también se vaya la número dos de la lista, María Jesús Díaz, a la que estaba enfrentado.
- 19.20. Cese de un consejero madrileño. Aguirre anuncia en la Puerta del Sol la dimisión del consejero López Viejo y del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo.
EL PP MADRILEÑO, AL BORDE DEL COLAPSO: ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA AHORA A GRANADOS POR UN POSIBLE COHECHO
Al número dos del PP madrileño y consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, se le acumulan los problemas: después de verse envuelto en la supuesta trama de espionaje que el viernes comenzó a debatirse en la comisión de investigación del Parlamento autonómico, hoy se ha sabido que la Fiscalía Anticorrupción le investiga ahora por un presunto delito continuado de cohecho durante su época como alcalde de Valdemoro.
El PP madrileño está al borde del colapso. Por si fuera poco, al escándalo de la red de espionaje dependiente presuntamente del mismo Granados, y la trama de corrupción de Boadilla, hoy se le suma un nuevo caso. Según publica hoy el digital ElConfidencial.com, la Fiscalía Anticorrupción investiga desde el pasado mes de noviembre al secretario general de los populares madrileños y consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la región, Francisco Granados. Después de que el consejero de Esperanza Aguirre se haya visto directamente implicado en la supuesta trama de espionaje desatada en la Comunidad de Madrid, Granados está acusado ahora, según el mencionado diario, de un presunto delito continuado de cohecho mientras ocupó la alcaldía del municipio de Valdemoro, entre junio de 1999 y noviembre de 2003.
Favores urbanísticos a cambio de comisiones
Según esta información, Anticorrupción abrió diligencias contra el consejero madrileño tras recibir la denuncia de una promotora inmobiliaria que aseguraba haber sido beneficiada por la recalificación de terrenos en Valdemoro a cambio de importantes comisiones mientras Granados gobernaba en el municipio. Además, la investigación de la Fiscalía se extiende también a cerca de una docena de municipios madrileños, además de otros en Castilla- La Mancha y Andalucía, la mayoría de ellos gobernados en los últimos años por el PP.
Registros
La denuncia de la promotora detalla numerosas pruebas de los supuestos sobornos recibidos y de las presuntas comisiones que se le habrían cobrado como pago de favores por las adjudicaciones de trabajos. En base a ella, la Policía judicial ya habría realizado registros en la sede central de la empresa, donde se habría incautado de numerosa documentación que aún estaría siendo analizada.
Rastreo del patrimonioAnticorrupción ha requerido además a la Fiscalía de Madrid para que colabore en esta investigación e inicie un rastreo del patrimonio personal de este hombre fuerte de Aguirre.
Del tamayazo a número dos
Francisco Granados, uno de los hombres más cercanos a la presidenta Aguirre no ha tenido una larga carrera política. En solo un año pasó de ser un simple parlamentario de la Asamblea de Madrid y alcalde del municipio de Valdemoro a secretario general de los populares madrileños, previo paso, ¡atención!, por la presidencia de la Comisión de la Asamblea de Madrid que investigó el tamayazo. Su nombre se ha visto envuelto en oscuros episodios, entre ellos, la trama del espionaje; el incendio del coche de su mujer, que reveló que el vehículo estaba puesto a nombre de la empresa Grandes Locales de Negocio, presidida por un constructor cántabro que había edificado numerosos espacios en Valdemoro durante su mandato como alcalde y la compra de un chalet en Marbella a otro constructor favorecido en Valdemoro.
(www.elplural.com, 10/02/09)
BAJO SOSPECHA DESDE HACE VARIOS AÑOS
Una veterana ex concejal del PP de un municipio de Madrid lo resume así: "A partir de 2000, cuando Aznar logra la segunda mayoría absoluta, todo cambia en el partido. Compañeros que habían estado en Nuevas Generaciones se hacen con el poder. No hay obstáculos para ellos".
Y así comienza el historial de relaciones entre políticos del PP madrileño con la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. En esa época Arturo González Panero y Guillermo Ortega ocupan la alcaldía de Boadilla y Majadahonda. Comienzan a tener relación con Francisco Correa, supuesto cabecilla de la red de empresas investigadas por el juez. En 2001, Special Events, la principal sociedad de la trama, se adjudica un contrato para la realización de un vídeo promocional en Majadahonda por 28.571 euros. Carmen Rodríguez, esposa de Correa y una de las investigadas por Garzón, era la jefa de gabinete del alcalde. Tan sólo unos meses antes había cesado como administradora de la empresa.
En abril de 2002, el alcalde de Boadilla viaja a Miami con Correa y otros dos concejales. Van a comprar propiedades inmobiliarias, según reconoce uno de los que estuvieron allí. Para entonces Panero ya había contratado varios viajes de hermanamientos entre municipios con la empresa Pasadena, firma que también está vinculada a Correa.
Para entonces Alberto López Viejo ya acumulaba sospechas por su gestión al frente de la Concejalía de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de ellos, fue nombrado viceconsejero de Presidencia en mayo de 2004. Justo un mes antes este departamento adjudica 15 contratos a Easy Concept Comunicación, otra de las empresas de la trama, para organizar el homenaje del 11-M, por unos 130.000 euros en contratos separados menores de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público.
Pero Aguirre se deshizo en elogios hacia él. La presidenta regional, sin embargo, renunció a defender a Guillermo Ortega. "Desconozco las razones de su dimisión", dijo. Pero la dirigente aclaró que conocía el caso que acabó con Guillermo Ortega al frente del Ayuntamiento de Majadahonda. Aquel en el que "hubo dos tránsfugas", dos concejales del PP que denunciaron la venta irregular de una parcela y la adjudicación de la oficina de atención al ciudadano de Majadahonda a la compañía TCM (Tecnology Consulting Management). En ambos casos los beneficiarios eran empresas de la trama.
Aguirre no sólo dejó a los pies de los caballos a Ortega, a quien recolocó ella como gerente del Mercado Puerta de Toledo, sino que recordó que el actual alcalde de Majadahonda, su amigo Narciso de Foxá (PP), paralizó esos dos contratos en cuanto llegó al cargo. La diferencia de consideración que Aguirre mostró ayer entre López Viejo y Ortega fue sorprendente. La presidenta asumió toda la responsabilidad por la sonora discordancia entre Rajoy y el alcalde de Boadilla. Panero negó ayer haber cesado, pese a que Rajoy lo había anunciado poco antes. Finalmente, Francisco Granados, anunció que el alcalde dimitiría hoy.
(www.elpais.com, 10/02/09)
EL CONSEJERO DE DEPORTES ESCENÓGRAFO ELECTORAL DE AGUIRRE
Alberto López Viejo, de 41 años, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP, que cesó ayer, es considerado un hombre estrechamente vinculado a Esperanza Aguirre. Fue responsable en 2003 de sus escenografías electorales, que montaba la compañía Special Events, regida por Francisco Correa, detenido por el juez Garzón. Como concejal de Limpieza entre 1999 y 2003, creó un servicio urgente criticado como superfluo y con cometidos duplicados por la oposición socialista, que trató de vincularle con un presunto trato de favor a varias contratas.
En mitad del mitin que realizaba José María Aznar en febrero de 2003, un joven de 17 años se levantó y gritó "¡No a la guerra!". Estuvo a punto de ser linchado. López Viejo se ocupó personalmente de desalojarlo de la sala. Del acto que él había organizado. Porque eso, ocuparse de los eventos, "del sonido, de la seguridad, incluso de llevar pinganillo", según algunos conocidos, es lo que le gustaba. "Era el que se encargaba de llenar los autobuses con militantes para que aplaudieran a Aguirre en las inauguraciones del metro", explica una compañera. Y así, Alberto López Viejo, de 41 años, se ganó la confianza de los de dentro del partido y conoció a otros, como Francisco Correa, que se dedicaban, también con dinero público, a algo parecido a lo que a él tanto le gustaba, la escenografía electoral.
Criado en Nuevas Generaciones en la época en que la organización estaba presidida por el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, el dimisionario consejero de Deportes entró en el Ayuntamiento de Madrid en 1995, de la mano de José María Álvarez del Manzano. Le pusieron al mando de los distritos de Carabanchel y de Usera. "Era joven, y tenía ganas. Era de los pocos que tenían un cargo a esa edad", recuerda un compañero suyo de la época de Nuevas Generaciones.
Ambicioso, deseoso de destacar y de que hablaran de él, no perdía ocasión para pedir la palabra en los plenos. A los pocos años, le llegó un regalo envenenado: concejal de Limpieza. Por fin dejaba atrás su etapa poco agradecida de concejal de distrito de las afueras y se hacía con un área. Pero, por lo general, si se habla mucho del concejal de Limpieza... mal asunto. Esto quiere decir que la ciudad está sucia, que la gestión no es buena.... Lo mejor es la discreción. Pero eso no cuadraba con el nuevo concejal, que estaba dispuesto a (y consiguió) que se hablara de él.
Se dio cuenta de que uno de los servicios más apreciados por los madrileños (y por el alcalde Manzano) era el Samur. Y se inventó uno para su área: el Selur, Servicio de limpieza urgente. Un equipo de barrenderos vestidos con uniformes brillantes que acudía a eventos particulares y desplegaba una eficacia y una rapidez encomiable: en la Puerta del Sol el 31 de diciembre, en procesiones, desfiles militares, en la cabalgata de Reyes... Siempre aparecían los empleados del Selur, con camiones modernos con destellos naranjas. Tanto, que se le acusó de ordenar a su flamante ejército limpiar con ahínco la acera de la discoteca Gabana, donde iban a celebrar la fiesta de boda la pareja Agag-Aznar. En otra ocasión, su tropa de limpiadores se encargó de barrer a los empleados de Sintel acampados varios días en la Castellana para protestar por sus despidos.
La presentación de este servicio (y la de muchas máquinas nuevas de limpieza) constituyó todo un símbolo del carácter de este edil que pensaba que el cargo le venía pequeño: una carpa, música y presentador, como si en vez de un equipo de limpieza se presentara una banda de rock. Alguno se echó las manos a la cabeza. Le acusaron de despilfarrador y de hortera. Pero López Viejo, un edil que había llegado al Ayuntamiento para que se hablara de él, estaba encantado. Pero las acusaciones pasaron de hortera, a presumible corrupto, y la oposición trató de vincularlo una y otra vez con presuntos delitos de doble contabilidad. Salió indemne. Pero cuando Gallardón llegó al Ayuntamiento no le quiso. Él captó la indirecta y se fue a los brazos de Aguirre, que lo colocó encantada como número seis de su lista y director adjunto de la campaña. Lo que él sabía hacer mejor. "Hoy es esperancista. Mataría por ella. Supongo que por eso, si es que ella se lo ha pedido, no ha dudado ni un momento en dimitir", cuenta un miembro del Comité Ejecutivo del PP madrileño que señala que "quien no puede ni verle es el vicepresidente, Ignacio González".
En un principio Aguirre fue reticente en incluirlo en su gobierno por las sospechas y permanente críticas que despertaba en la oposición, pero al cabo de pocos meses le nombró vicepresidente segundo de Presidencia, y luego consejero de Deportes y Juventud. Si se demuestra algo, dijo la presidenta, "tendrá que dimitir". Ayer todo se precipitó.
(www.elpais.com, 10/02/09)
EL ALCALDE DE BOADILLA UN REGIDOR QUE NO QUERÍA IRSE
El PP obligó ayer al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, de 42 años, a abandonar la alcaldía por las denuncias de su presunta implicación en la trama de corrupción. Rajoy lo anunció por la mañana y él lo había aceptado. Pero después de que el juez Garzón le dijera que no tenía nada contra él, cambió de opinión. Panero llegó a Boadilla en 1991. Entonces gobernaba Nieves Hernández, del PP. En 1999 llega a ser alcalde después de una moción de censura contra su mentora, Hernández. Pactó con cuatro concejales de Eficacia Independiente (EI).
Panero gobernó con EI hasta que el grupo tuvo problemas internos y se disolvió. El PP arrasó en las elecciones de 2003. Consiguió mayoría absoluta y se convirtió en uno de los bastiones de los populares en el noroeste madrileño. Fue en esos años cuando se tiene constancia de su relación con Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción investigada por Baltasar Garzón.
El 18 de abril de 2002 Panero viajó con Correa a Miami, con ellos iba el entonces concejal José Galeote. Y se unió Francisco Sánchez, que se convertiría en edil de Sanidad e Higiene de Boadilla en 2007. Éste asegura que el alcalde alardeaba de "comprar en Miami y tener muchas propiedades". En julio de 2003 Panero volvió a repetir viaje con Correa. El viernes pasado la Policía requirió documentos en el Ayuntamiento sobre su relación con las empresas Easy Concept, Pasadena Viajes y Servimadrid Integral, vinculadas a la trama de corrupción. Boadilla contrató a la primera para gestionar la Oficina de Atención al Ciudadano. Paga por ello 506.000 euros anuales.
En 2007 los populares repitieron resultados: de 21 concejales, obtuvieron 16. El PSOE se quedó con cuatro y APB con uno. Nadie podía imaginar que en menos de dos años le obligarían a dimitir. La actitud de Panero ya había cambiado. Sus adversarios políticos, PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) le califican de "prepotente y dictatorial". "No sólo con nosotros, que al fin y al cabo somos ediles de la oposición, sino con sus propios compañeros. Realmente tiene muy poca sensibilidad y empatía", señala Pablo Nieto, portavoz de los socialistas boadillenses. Asegura que cuando se le rebate en los plenos su tono se vuelve despreciativo e incluso insultante. A la vez le reconoce un "gran instinto político". "Es ágil mentalmente, salta de un argumento a otro con gran facilidad", indica. González, que cobra unos 85.000 euros anuales, se ha rodeado de un séquito de asesores. "29 nada más ni nada menos", puntualiza Nieto. El Consistorio se gasta 1.269.000 euros al año en pagar sus sueldos.
Los resultados electorales auguraban un mandato sin grandes complicaciones. Nada más lejos de la realidad. El clima en el PP se fue enrareciendo. Los problemas comenzaron con un dossier que empezó a circular hace aproximadamente año y medio en el que se acusaba al regidor de poseer un patrimonio inmobiliario, con casas en España y Miami, que no concordaba con sus ingresos. Él negó todas las acusaciones e incluso denunció por calumnias a uno de sus ediles, Francisco Sánchez, al que considera autor del informe. Previamente, le había despojado de sus competencias como concejal de Sanidad.
No fue su único quebradero de cabeza. La primera teniente de alcalde y edil de Servicios Sociales, María Jesús Díaz, le disputó la presidencia del partido en el municipio el pasado mes de diciembre. González revalidó su puesto con un 57% de los votos, Díaz obtuvo el 43%. Panero no perdió más tiempo y una vez pasadas las elecciones, la destituyó de todos sus cargos.
"En ese momento hubo bastante lío, pero nada comparado con lo de ahora". En el pleno en el que se dio cuenta de su cese no apareció ni el alcalde, ni Díaz. "En un principio nos comentaron que estaba enfermo, pero después nos enteramos de que estaba en Brasil para ver el último Gran Premio de la temporada de Fórmula 1", explica Ángel Galindo, portavoz de APB. Le invitó el Banco de Santander, patrocinador de la escudería McLaren Mercedes, que tiene en Boadilla del Monte su Ciudad Financiera.
El clima político del Ayuntamiento era irrespirable, según la oposición. Los ediles pidieron una comisión de investigación debido a que los problemas internos del PP afectaban al funcionamiento del Consistorio. También en diciembre, PSOE y APB abandonaron un pleno debido a que les impideron participar. Además, Panero se enfrenta a diferentes procesos judiciales abiertos por sus opositores, PSOE y APB. Ambos grupos le han denunciado por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación continuada y contrataciones ilegales.
(www.elpais.com, 10/02/09)
RECOLOCADO TRAS SER DESTITUIDO
Guillermo Ortega, de 41 años, llegó a la alcaldía de Majadahonda cuando Ricardo Romero de Tejada dejó el municipio en mayo de 2001 para ser secretario general del PP de Madrid. En 2005, el PP le obligó a dimitir por un escándalo urbanístico, pero le colocaron como gerente del Mercado Puerta de Toledo. Ahora dimite también de este cargo por sus implicaciones con la trama de corrupción. Durante su mandato contrató a la empresa Special Events, vinculada a Francisco Correa. Su jefa de gabinete fue María del Carmen Rodríguez, detenida y puesta en libertad con cargos.
Ortega está vinculado al PP desde su adolescencia. Con 14 años entró a formar parte de las filas del partido. Su ascensión en la política se la debe a Ricardo Romero de Tejada. Cuando éste abandonó el Ayuntamiento era concejal de Urbanismo, primer teniente de alcalde y número dos de la lista del PP. Ganó las elecciones de 2003 con mayoría absoluta. "Le venía grande el puesto. No estaba preparado para asumir esa responsabilidad", opina Mercedes Pedreira, concejal del Grupo Centrista.
En marzo de 2005 se gestó en el municipio una crisis político-urbanística que acabó con el relevo de Ortega y una denuncia del PSOE por prevaricación y tráfico de influencias que investigó el fiscal anticorrupción. Finalmente, el caso se archivó.
Pero la situación en el Consistorio majariego era insostenible, el alcalde se encontró solo, con el único apoyo de dos concejales, José Luis Peñas y Juan José Moreno, a los que el partido acabó expulsando. A su lado estaba también María del Carmen Rodríguez -esposa de Franciscon Correa, presunto responsable de la trama- detenida el pasado viernes y puesta en libertad. Guillermo Ortega se vio obligado a dimitir en febrero de 2005 "por motivos de salud", dijo. Esto no le impidió ejercer de gerente del Mercado Puerta de Toledo, puesto en el que le colocó Aguirre, durante todos estos años. Puesto al que ahora también se ve obligado a renunciar.
El PSOE denunció que Rodríguez compaginó durante 2001 su puesto de administradora única de Special Events con el de asesora del alcalde. El 20 de septiembre se pagaron 28.571 euros a Special Events por la realización de un vídeo. A otra de las empresas investigadas por Garzón, TCM, se le adjudicó la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano por 612.551 euros. Al final, el importe llegaba a dos millones de euros anuales. Narciso de Foxá, el alcalde que sustituyó a Ortega, anuló el contrato.
(www.elpais.com, 10/02/09)
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE, AMIGO DEL JEFE DE LA TRAMA
El entramado de relaciones con los implicados en el escándalo se extiende por multitud de ayuntamientos de Madrid, distintos organismos de la Comunidad y hasta el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, Benjamín Martín Vasco, el diputado del PP en la Asamblea que ha sido designado presidente de la comisión de investigación del espionaje en la Comunidad de Madrid, es amigo personal de Francisco Correa, el empresario detenido.
Martín Vasco está siendo investigado y que una de las detenidas, Isabel Jordán, asegura en una grabación que a Martín Vasco le pagaron para que callara sobre operaciones urbanísticas en Arganda. Fuentes de la Audiencia aseguran que, por el momento, no está imputado en este sumario. El diputado autonómico admite su relación de amistad con Correa. De hecho, explica que antes de 2005 coincidía con él en Marbella, mientras pasaban las vacaciones de verano. Según su versión, salían y asistían a fiestas con grupos de amigos. Niega que fuera de vacaciones a su casa en Marbella y asegura que desde 2005 viaja a Estepona y ya no coincide con Correa. Pero admite su relación de amistad.
El empresario detenido está casado con Carmen Rodríguez, hija de un constructor recientemente fallecido que estuvo implicado en la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Algunas fuentes aseguran que Martín Vasco coincidió en Marbella con Emilio Rodríguez Buallo, el suegro constructor de Correa.
Otra relación llamativa es la de la jefa de gabinete del todavía alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que está casada con David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
Elena Cerezo Rodero ocupa ese cargo de confianza del alcalde desde hace seis años. Fuentes del PP en la Asamblea aseguran que se trata de un cargo técnico y que la esposa del portavoz es especialista en comunicación.
Por el cargo de jefa de Gabinete, Elena Cerezo, de 36 años, tiene acceso a la agenda del alcalde de Boadilla, que, entre otras cosas, viajó a Miami con Correa. También se ha asegurado en algunos medios que adquirió un apartamento en Estados Unidos.
Fuentes del PP aseguran que cuando fue designada por González Panero para el cargo, hace seis años, David Pérez no era ni diputado autonómico. El actual portavoz del PP obtuvo el escaño en 2003. Correa es también amigo personal de Jesús Sepúlveda, actual alcalde de Pozuelo y anterior responsable de acción electoral de su partido. Cuando organizaba los actos del PP tenía también estrecha relación con Francisco Álvarez-Cascos, entonces secretario general del partido. Personas vinculadas a Correa han tenido relación con el concejal de Madrid Álvaro Ballarín.
(www.elpais.com, 10/02/09)
EL PP RETRASA EL ARRANQUE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA
El Partido Popular mantiene el suspense sobre las comparecencias que va a pedir, si pide alguna, en la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid el pasado viernes para investigar la trama de espionaje político en la región que afecta a altos cargos de la Comunidad de Madrid y miembros de ese partido. El PP maneja los tiempos con su mayoría en la Cámara y la comisión no va a arrancar hasta que ese partido no decida exactamente qué quiere que ocurra en la misma.
Tras un fin de semana de mutismo absoluto (la comisión se constituyó el jueves pasado), y con las listas de comparecencias de la oposición ya presentadas (en las que aparecen desde el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad y la cúpula del PP, hasta los consejeros más cercanos a Esperanza Aguirre y los policías implicados), la Mesa de la Asamblea, el órgano de Gobierno de la Cámara, decidió ayer en su reunión ordinaria volver a reunirse el miércoles para tratar todos los asuntos referidos a la comisión de investigación.
La Mesa es el órgano que debe dar trámite a las peticiones de comparecencias o la solicitud de documentación por parte de los grupos. El miércoles es la fecha tope para solicitar documentación, por lo que la oposición esperaba que parte se resolviera en la reunión de ayer. Al no producirse ningún avance, la comisión no puede echar a andar, como mínimo, hasta el lunes que viene. El PP incluso tiene cinco días de plazo desde el día que reciba la documentación para presentar su lista de comparecientes. Los populares impusieron que el 28 de febrero sea la fecha tope para finalizar los trabajos, con posibilidad de prórroga de un mes.
Una vez presentada la petición de documentación y, previsiblemente, las peticiones de comparecencias de todos los grupos, incluido el PP, tras la calificación de la Mesa de la Asamblea aún queda el trámite de que el presidente de la comisión convoque la misma para organizar el calendario. El primer compareciente no podría acudir a la Asamblea hasta por lo menos tres días después de recibir la comunicación. Es decir, si el PP quisiera, cumpliendo estrictamente el reglamento la comisión tampoco empezaría la semana que viene, lo que condiciona gravemente los trabajos.
"En la comisión de investigación estamos aceptando las máximas garantías", dijo ayer la presidenta, Esperanza Aguirre, en la misma rueda de prensa en la que anunciaba la dimisión de tres cargos del PP madrileño.
(www.elpais.com, 10/02/09)
GONZÁLEZ, ANTE EL JUEZ
El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, acudió ayer al juzgado para ratificar la denuncia que interpuso ante la fiscalía por los supuestos seguimientos a los que fue sometido en viajes al extranjero. A las puertas de las dependencias judiciales, el número dos de Esperanza Aguirre confió en que el proceso sirva para conocer "quién está detrás de los seguimientos ilícitos" y de la vulneración de su "intimidad privada". "Espero que la actuación diligente de la justicia nos dé luz para saber quién está detrás de esto, por qué lo ha hecho, con qué objetivos y sepamos qué hay detrás de verdad", recalcó el vicepresidente.
(www.elpais.com, 10/02/09)
EL AYUNTAMIENTO HA ADJUDICADO TRES CONTRATOS A SPECIAL EVENTS
Special Events también ha dejado rastro en el Ayuntamiento de Madrid. Pese a que los contratos de los que se benefició fueron adjudicados conforme a la legislación y mediante concurso público, la empresa de Francisco Correa ya estaba vetada por el PP en la sede de Génova en el año 2004, cuando obtuvo los dos contratos concedidos durante el mandato del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Por aquella época, Mariano Rajoy ya tenía constancia de que Correa exigía contratos, en nombre de la tesorería del partido, a alcaldes madrileños populares. Desde entonces cortó todo tipo de relaciones con él y su empresa.
El Ayuntamiento de Madrid adjudicó a Special Events, la principal empresa implicada en el caso de corrupción destapado por el juez Baltasar Garzón, tres contratos. Uno en la etapa de José María Álvarez del Manzano como alcalde (en 2001) y otros dos con Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Consistorio (en 2004 y en 2005).
En 2005, el entonces portavoz del PSOE, Óscar Iglesias, pidió información al Ayuntamiento acerca de las adjudicaciones a dicha empresa. Lo hizo a raíz de los primeros indicios de irregularidades en Special Events, que ya contrataba servicios con la Comunidad y no había declarado ninguna de sus facturaciones.
Según el documento que el Ayuntamiento remitió a Iglesias, María Tardón, entonces tercera teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Policía y Movilidad, adjudicó un contrato por valor de 267.000 euros a la empresa de Correa para que organizara los actos del Día sin Coches que celebraba el Ayuntamiento.
Años más tarde, cuando dicha empresa ya estaba vetada internamente por el Partido Popular por sus presuntas irregularidades, el Gobierno de Gallardón le adjudicó dos contratos más.
El primero, por un monto total de 329.000 euros, se lo concedió, mediante concurso público, la empresa pública Promoción Madrid para que se encargase de montar el stand de la capital en la feria de turismo Fitur.
El contrato y el pliego de condiciones, que el Ayuntamiento mostró, cumplía con la legalidad vigente y se sometía a las normas de la contratación. "Esa empresa tenía todo en regla. No había ningún motivo jurídico para que no se le adjudicase el contrato para montar el stand", alegaron ayer fuentes del Ayuntamiento.
Cinco empresas más participaron en el concurso, cuya convocatoria se publicó en dos periódicos de tirada nacional el 17 de diciembre de 2004 con un plazo de respuesta hasta el 27 de ese mismo mes. Apenas una semana hábil para apuntarse. "Eso es normal. Las empresas que se dedican a esto están pendientes de estos concursos, que son siempre en las mismas fechas", explicaron fuentes de la Concejalía de Economía. Una vez adjudicado, el Ayuntamiento les ofreció la posibilidad de revisarlo, pero nadie lo pidió, alegan en el Consistorio.
La Empresa Municipal de la Vivienda adjudicó otro contrato a Special Events durante el mandato de Gallardón. La sociedad pública, entonces dirigida por el concejal de Vivienda Sigfrido Herráez, encargó a la firma de Francisco Correa en 2004 la "asistencia técnica para el diseño, montaje y mantenimiento del stand EMB, EMS y GMU del Salón Inmobiliario 2004". El precio de licitación fue de 153.000 euros y otras nueve empresas participaron en el concurso. "La comisión técnica propuso que se le adjudicase a esa compañía. No se encontró ninguna irregularidad y se consideró que era la mejor oferta", explican fuentes de la Concejalía de Urbanismo.
Según las mismas fuentes, un año después, Special Events se volvió a presentar al mismo concurso, pero en esa ocasión la comisión técnica no consideró oportuno adjudicárselo.
(www.elpais.com, 10/02/09)
AGUIRRE CORTA TRES CABEZAS POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Esperanza Aguirre, forzó ayer la dimisión de tres altos cargos de su partido por estar presuntamente relacionados con algunas de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón en la supuesta trama de corrupción que podría afectar a este partido.El primero es un consejero de su Gobierno, Alberto López Viejo, responsable de Deportes, a quien Aguirre destituyó ayer, pero al que también defendió de forma absoluta porque «no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular».
Alberto López Viejo se ha dedicado desde siempre -primero como viceconsejero de Presidencia y luego como titular de Deportes- a contratar los actos de la presidenta y de gran parte de las consejerías. Muchos de esos contratos se hicieron con la sociedad Easy Concept.
Los otros dos dirigentes que dejan sus cargos son Guillermo Ortega, gerente de la sociedad Mercado Puerta de Toledo y ex regidor de Majadahonda, y Arturo González Panero, que se resistió hasta última hora de la noche a dejar su puesto de alcalde de Boadilla del Monte.
En un día de perros para el PP, lleno de confusiones por la resistencia del alcalde de Boadilla a dimitir, Aguirre decidió cortar por lo sano y forzar la salida de estas tres personas, aunque no le consta, según fuentes próximas a la presidenta, que alguno haya cometido los delitos que está investigando Garzón.
La clave es que los tres tienen algún tipo de relación con las sociedades de Francisco Correa, el conseguidor que, según la investigación, alardeaba de contar con el apoyo del PP para lograr contratos.
El más importante de los políticos que dejan su puesto es Alberto López Viejo, consejero de Deportes de Aguirre y persona de la máxima confianza de la presidenta, hasta ayer. El ex miembro del Gobierno de Madrid contrató durante años con sociedades vinculadas a Correa para hacer presentaciones y actos públicos de la presidenta y de multitud de consejerías. De hecho, Aguirre le preguntó en 2005 si estaba contratando con Special Events, una de las sociedades ahora investigadas, ya que se publicaron presuntas irregularidades en prensa. López Viejo le dijo que no. Lo que le ocultó es que lo estaba haciendo con otras sociedades controladas por los mismos empresarios, como Easy Concept.
Según Aguirre, que dio una rueda de prensa a las 19.15 horas para anunciar la destitución, «López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal» y dijo que dimite porque «no quiere que se mezcle la trama de investigación de Garzón con actos de la Comunidad de Madrid» y «evitar así fomentar una campaña de desprestigio orquestada contra el PP».
Aguirre también anunció la destitución de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y actual gerente del Mercado Puerta de Toledo. En su etapa como regidor, presuntamente contrató a sociedades de la trama de Correa. Su entonces jefa de Gabinete, María del Carmen Rodríguez, es esposa de Correa y el viernes fue detenida por Garzón, aunque después fue puesta en libertad.
El que se resistió como pudo y hasta el último momento fue el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Aguirre habló en la noche del domingo con su número dos en el PP, Francisco Granados.Y decidió que Panero debía dejar su puesto ya que durante la investigación de Garzón se han conocido cintas presuntamente comprometedoras para él: «Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [el mote que usa Correa], se caga; pero yo también voy al trullo», aseguraba el empresario.
Granados le citó a las 10.00 de la mañana y le exigió que dejara la Alcaldía. Panero aceptó, pero le pidió que antes le dejara hablar con el juez Garzón para anunciarlo él posteriormente.Mientras el regidor visitaba al magistrado, Aguirre le comunicó la dimisión al presidente del PP, Mariano Rajoy, y éste anunció en rueda de prensa que González Panero «dejará de ser alcalde de esa localidad».
Tras ese anuncio, la confusión fue mayúscula porque a la vez y a escasos 200 metros (la sede del PP está frente a la Audiencia Nacional), el regidor decía a los periodistas que no estaba imputado y que no pensaba dimitir.
Por la tarde, Granados convocó a Panero y a todos sus concejales y forzó su salida. Pero tuvo que aceptar una condición: la concejala María Jesús Díaz -enfrentada políticamente al alcalde- abandonará también el Consistorio. Díaz se enfrentó al regidor en el congreso local del PP y obtuvo un 43% de los apoyos. Desde entonces, las relaciones de los dos se rompieron definitivamente.
Las empresas de Correa no han trabajado sólo para la Comunidad de Madrid, sino también para el PP de la región. De hecho, el congreso regional que ganó Aguirre en diciembre de 2004 fue organizado por Special Events. Sin embargo, no fue su equipo el que lo organizó, sino el entonces presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, ahora portavoz en el Senado.
(www.elmundo.es, 10/02/09)
LA TRAMA DE MADRID SE COBRA LAS CUATRO PRIMERAS CABEZAS EN EL PP
La trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón deja otra herida de guerra en el PP. Las relaciones de los empresarios implicados en este caso con algunos cargos populares hacen daño, y mucho, a la imagen del partido. Y en busca de algún tratamiento de choque, ayer se tomó la decisión de cortar cuatro cabezas políticas: las del consejero de Deportes en Madrid, Alberto López Viejo; el actual gerente del madrileño Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega --exalcalde del municipio de Majadahonda--; el actual alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y su número dos, María Jesús Díaz.
Pero esto es un resumen de una larga jornada que se vivió ayer en el PP y que, en algunos momentos, adquirió tintes de sainete. Valga como ejemplo el momento en el que Mariano Rajoy anunciaba en su sede que el alcalde de Boadilla dimitía y, casi a la vez, el aludido lo negaba en las puertas de la Audiencia Nacional. El final de esta pieza lo puso Esperanza Aguirre, que decidió entrar en escena a media tarde para poner orden.
Este nuevo lunes negro de Rajoy (ya acumula varios en su biografía política) comenzó temprano, con la reunión de su comité de dirección. Allí se habló principalmente de corrupción. En su entorno había tomado fuerza la idea de que esta vez era el líder y no segundos espadas quien debía dar la cara y, de paso, exhibir autoridad.
Rajoy aceptó la sugerencia. Apareció en la sala de prensa del partido a las 12.45 horas, con sus vicesecretarios --su número dos, María Dolores de Cospedal, no estaba--; su jefe de gabinete y su responsable de justicia. Arrancó su discurso: admitió que algunos empresarios que investiga Garzón han sido "proveedores" de servicios al PP, pese a que el sumario que se está instruyendo es secreto y él, matizó, lo desconoce.
El líder del PP anunció otra investigación interna "a nivel nacional y regional" (en Madrid y Valencia) y cargó contra las "filtraciones" a los medios ya que, según apuntó, "hacen daño al PP en su conjunto". Y señaló que pediría amparo en la Audiencia Nacional y en el Consejo General del Poder Judicial, además de personarse en la causa. Eso sí, restó importancia al hecho de que hayan sido exediles del PP los que hayan favorecido que este caso salga a la luz."Todas las contrataciones que ha hecho esta casa se han hecho en el marco de la legalidad", garantizó Rajoy, que añadió que tampoco ha recibido donaciones de los detenidos. "Si algún militante hubiera hecho algo ilegal, o que no se ajuste a los comportamientos que cualquier dirigente político debe mantener en el ejercicio de su cargo, el PP actuará con toda contundencia", agregó.
Asimismo, reconoció que, cuando supo en el 2003 que empresas como Special Events trataban de conseguir contratos usando fraudulentamente el nombre de su partido, cortó relaciones con ellas. Y si se enteró, ¿por qué no lo denunció entonces?, se le preguntó. "No me pareció que aquello fuera una actividad delictiva", respondió.
A continuación, comunicó que el alcalde de Boadilla había puesto su cargo a disposición del PP, pese a declararse inocente. Aceptaba el gesto por el bien de la imagen del partido. ¿Y quién se lo había dicho a Rajoy? Pues la propia Esperanza Aguirre, que, según especificó, le autorizó a contarlo. Pero mientras, el afectado desautorizaba al líder sin pudor y negaba su dimisión.
Nadie entendía nada de lo que ocurría en el PP. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién dimitía? En medio del caos, el PP de Madrid trató de arreglar el entuerto. Así, su secretario general, Francisco Granados, aclaró que se había reunido a las diez de la mañana con el alcalde de Boadilla y que había obtenido su compromiso de dimisión. Granados se lo dijo a Aguirre, y esta, a Rajoy. Y Rajoy, a los periodistas. Al mismo tiempo, el regidor de Boadilla se veía con el juez Baltasar Garzón. No estaba imputado. De momento, pese a las revelaciones sobre sus supuestas y sospechosas posesiones en Miami. El alcalde reculó y decidió que no se iba.
Granados telefoneó a González Panero y le avisó de que o se marchaba o le echaban. Ninguno cedía. Se convocó una reunión con los ediles de Boadilla. Siete y media de la tarde. Aguirre convocó con urgencia a la prensa. A saber: anunció la dimisión de su consejero Alberto López Viejo --por contratar servicios con esas empresas--, así como la del exalcalde de Majadahonda, que hasta ayer dirigía una sede comercial madrileña.
Aguirre sostuvo que el PP de Madrid, desde que ella lo preside, no tiene relación con los investigados y que la reunión de Granados con el equipo de Boadilla daba frutos: hoy se irán el alcalde y su número dos. En total, cuatro cabezas en la cuenta de Aguirre, que insistió en la presunción de inocencia. Igual que con el espionaje, aunque ahí no dimite nadie. Es evidente que el PP tiene distintas varas de medir. Como en Valencia, donde ser imputado --como Carlos Fabra-- no implica, siquiera, perder la militancia en el partido.
(www.elperiodico.com, 10/02/09)
MANOS LIMPIAS DICE QUE EMPRESARIOS PACTABAN LAS BASES DE CONCURSOS CON EL ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE
El empresario "amigo" del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que pactaba una comisión con él para acceder a una adjudicación del Ayuntamiento del municipio elaboraba con el técnico municipal las condiciones del concurso para que las bases se amoldaran a su oferta, según consta en un informe presentado por Manos Limpias ante la Fiscalía Anticorrupción.
Según el documento, al que tuvo acceso Europa Press, el alcalde obligaba a los técnicos a amañar las bases del concurso público de las empresas que optaban a las adjudicaciones para adecuarlas a las gestionadas por sus "amigos", entre los que figuran Francisco Correa, Pablo Crespo, José Ramón Blanco Balín y José Galeote.
"Cualquier técnico municipal responsable de realizar bases de concursos para la adjudicación de servicio del Ayuntamiento, pasa por la experiencia previa de ser advertido de las directrices, bajo las cuales, ha de elaborar el correspondiente Pliego de Condiciones y su posterior Informe Técnico para que el campeón, que así es como lo denomina el alcalde, sea la empresa que él ha decidido. Ya sea porque le reporta alguna comisión en efectivo, favor o sea amigos personal", recoge el documento.
El informe de Manos Limpias revela que Panero se reunía previamente a comer con cada uno de los empresarios que se presentaban a los concurso para realizar un sondeo de cual empresa ofrecía la mayor comisión. Tras cerrar el trato, el alcalde enviaba al empresario a una reunión con el técnico municipal para realizar las bases del Pliego de Condiciones a su medida, "de modo que el posterior informe técnico le resultara favorable en el proceso de adjudicación". "En otros casos, dependiendo de las características del técnico municipal, las directrices le vienen marcadas a través del concejal de su Delegación, de modo más sutil", recoge el texto.
(www.levante-emv.com, 10/02/09)
El presidente de la Comisión del espionaje PRESUNTAMENTE cobró casi 2 millones y medio de euros a cambio de silenciar la trama de corrupción vinculada con el PP
Un nuevo escándalo puede asestar un golpe mortal al escaso crédito que tiene la mayoría popular en la Asamblea de Madrid. El Plural revela hoy que Benjamín Martín Vasco, el elegido de Esperanza Aguirre para presidir la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la trama de espionaje, obtuvo casi dos millones y medio de euros a cambio de guardar silencio en relación con la trama de corrupción vinculada al Partido Popular.
Benjamín Martín Vasco no solo ha compartido vacaciones en propiedades ahora registradas judicialmente en Marbella con Francisco Correa y su mujer, Mari Carmen Rodríguez, dos de los detenidos en la operación anticorrupción con epicentro en Boadilla del Monte.
Discusión extramunicipal
Fuentes cercanas a la investigación han revelado a El Plural la estrecha relación que mantenía Martín Vasco -en la legislatura 2003-2007, teniente de alcalde de Arganda- con su entonces superior, el regidor popular Ginés López. Tras una fuerte discusión mantenida por motivos extramunicipales, Martín Vasco habría “amenazado a todo el clan con reventar el tinglado multimillonario que tenían en Arganda”.
Un caro silencio
La disputa se habría saldado, según las mismas fuentes, con el silencio de Martín Vasco a cambio de un alto precio: 2,4 millones de euros, que pudieron provenir, según revelan los implicados en las citadas grabaciones, de los pagos que la empresa Martinsa pudo realizar a dicho entramado.
Correa estaba allí
No es casual, en este sentido, que en el momento en que Martín Vasco exigió recibir 2,4 millones de euros para no “reventar el tinglado”, el empresario Francisco Correa ya había establecido negocios en la localidad de Arganda del Rey.
Un buen botín
Martín Vasco abandonó según se desprende de estas conversaciones grabadas e investigadas por Garzón, con un buen botín. Después se convirtió en diputado de la Asamblea regional y, a partir de ahí, es conocida su cercanía a Esperanza Aguirre, quien le ha designado presidente de la Comisión que va a investigar el, por ahora, mayor escándalo de la historia de la Comunidad. Un nuevo golpe que va a complicar las cosas al Gobierno regional.
Sin respuesta
A lo largo de esta tarde, El Plural se ha puesto en contacto con el Partido Popular para conocer la visión de los hechos de Benjamín Martín Vasco. Este periódico no ha obtenido respuesta alguna.www.elplural.com 09.02.09
Correa y el presidente de la Comisión Parlamentaria que investiga el espionaje, buenos amigos
El entramado empresarial que presuntamente encabezaba Francisco Correa, que organizaba actos para el PP en la etapa de José María Aznar y que mantenía estrechas relaciones con alcaldes y concejales populares del Oeste de la autonomía madrileña, no era en absoluto ajeno a determinados miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y a altos cargos de Esperanza Aguirre, según fuentes de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional.
¿Por qué la derecha tiene tanto pavor a que se tire de la manta?
Garzón investiga las concesiones del PP al empresario Ulibarri
Aznar contó con Álvaro Pérez, ahora involucrado en el escándalo de corrupción, para montar...
El presidente de la Comisión del espionaje cobró casi 2 millones y medio de euros a cambio...
En concreto, el presidente de la comisión que investiga una supuesta trama de espionaje en la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, diputado del PP y ex primer teniente de alcalde de Arganda, compartió vacaciones en Marbella con Correa y su esposa, María del Carmen Rodríguez. Jornadas que disfrutaron precisamente en propiedades ahora registradas judicialmente, según fuentes jurídicas.
Presidente de la Comisión
El matrimonio ahora detenido disfrutó a su vez de las fiestas de Arganda a invitación del propio Martín Vasco, el parlamentario halcón designado recientemente por Aguirre para dirigir la Comisión Parlamentaria de Investigación.
Agag, el primero en “pegar la espantá”
Tanto el responsable de Special Events, Francisco Correa, como otros destacados miembros de la trama de supuesta corrupción mantuvieron, al menos hasta el viernes pasado, día en el que fueron detenidos, una fluida relación contractual que también funcionaba a través de adjudicaciones que se encuentran bajo sospecha. Además, seguían conservando estrechos lazos de amistad, con viajes y vuelos compartidos, aunque ahora sitúen esos vínculos como agua pasada, como ha hecho el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag.
Las grabaciones de Correa
El poder de Francisco Correa para “resguardar” a su círculo de amigos podría tener sentido a la vista de la revelación efectuada ayer por el diario El País. Este periódico reprodujo el contenido de una grabación en la que el mismo Correa sostiene que si entregara una cinta del albondiguilla (apodo con el que designa al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero) él mismo iría al trullo.
El albondiguilla
Según fuentes jurídicas, Garzón no habría necesitado por ahora la polémica grabación, en la que el albondiguilla aparecería en una situación muy comprometedora para un político.
Más amigos en puestos clave
El Plural ha podido saber asimismo que otro miembro destacado de la Comisión Parlamentaria de investigación también es muy amigo del detenido Correa. Éste, según personas de su entorno, intervino ante el alcalde de Boadilla para que la mujer del diputado autonómico consiguiera trabajo.
“Arreglar los papeles”
Francisco Correa, según otras fuentes, solía alardear de que “arreglaba los papeles” de forma irregular a través de un alto cargo del ejecutivo autonómico.www.elplural.com 09.02.09
Una de la imputadas pagó una factura de 30.000 euros en trajes para Camps
La figura del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha salido a relucir en las grabaciones que investiga el juez Garzón sobre la trama de corrupción destapada en Boadilla del Monte. En una de estas conversaciones a la que ha tenido acceso El Plural, una de las detenidas, Isabel Jordán, asegura haber “pagado una factura de 30.000 euros” para “pagarle los trajes al presidente Camps”.
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El diálogo registrado en la grabación refleja la preocupación de Jordán por las “presiones” sufridas, y por las deudas contraídas por la empresa Orange Market: “Ahora son 600.000, antes eran 900.000 euros de deuda, he hecho trabajo para la Comunidad de Valencia, Máster Open, FITUR y que no le he facturado. Incluso hemos adelantado las nóminas”.
Aparece Camps
Por si esto fuera poco, Jordán saca a relucir la figura de Camps al afirmar lo siguiente: “Incluso he pagado una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps, tengo yo la factura, yo la he pagado”.
Orange Market
La empresa Orange Market forma parte del entramado investigado por Garzón. En Valencia, Orange Market ha resultada adjudicataria, como empresa organizadora, de algunos de los principales eventos que se han realizado en Valencia bajo el mandato de Francisco Camps, entre ellos la visita del Papa en 2006 o la Copa América en 2007. Además el pasado 26 de enero, El Plural del escándalo que supuso que el Gobierno regional valenciano hubiera concedido a Orange Market –cuyos principales gestores mantienen vínculos con Aznar- el diseño, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Tal adjudicación se produjo por un importe cercano al millón de euros. El escándalo de corrupción sigue expandiéndose.www.elplural.com 09.02.09
ESPÍAS QUE SIGUIERON A CARGOS PÚBLICOS SON EMPLEADOS DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR
Los seguimientos en Madrid a cargos políticos del PP contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre -el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada- se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid por personal de la Dirección General de Seguridad. Los indicios recaen sobre personas ajenas al colectivo de 40 funcionarios que desempeñan las tareas oficiales. En concreto, sobre uno de los dos equipos especiales de funcionarios que han coexistido en dicha consejería para la realización de tareas sensibles: uno, históricamente al mando de Sergio Gamón y otro, desde junio de 2008, bajo el control del ex policía Marcos Peña.
Dicho personal dejó anotaciones manuscritas sobre los partes mecanografiados para identificar determinadas matrículas de coches que aparecían en los seguimientos. Los agentes escribieron a mano el número de la matrícula y el nombre de su supuesto propietario, que confirmaron, supuestamente, acudiendo a otros servicios policiales. La letra manuscrita que figura en alguno de esos partes coincide con la de al menos una de las personas que está empleada en ese departamento de la Comunidad de Madrid desde hace años, según las conclusiones de los dos informes caligráficos encargados por este periódico.
La caligrafía coincide
Antes de encargar los informes periciales, EL PAÍS tuvo acceso a numerosos documentos originales del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid (formularios de personal y partes de vacaciones o turnos), donde se recogen algunos apuntes manuscritos de funcionarios que trabajaban allí. En alguno de los documentos del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid con los que ha trabajado este periódico, la caligrafía coincide con la que aparece en las anotaciones manuscritas de los partes de seguimiento a políticos, fechados entre marzo y mayo de 2008.
Los peritos a los que ha recurrido EL PAÍS sacan idéntica conclusión tras analizar con diversas técnicas y durante días todos los documentos facilitados por este periódico y que se presentan en estas páginas. "Los textos dubitados [las anotaciones a mano en los partes de seguimiento publicados por este periódico] han sido manuscritos por la misma persona que realizó los textos y firma indubitados [documentos originales de la direción general de Seguridad que se corresponden con distintos formularios y presupuestos donde los empleados escribieron a mano diversas anotaciones]", señalan los informes periciales.
El presidente del PP, Mariano Rajoy; y los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE) habían defendido la necesidad de ordenar informes caligráficos para determinar la autoría de la letra que aparece en los partes de seguimiento. Pero ni el Gobierno de Esperanza Aguirre ni el juzgado que investiga estos hechos, el numero 47 de Madrid, que acumula las pesquisas iniciales de la Fiscalía de Madrid, se han interesado por la práctica de esta prueba para investigar de dónde procedió el espionaje. El consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, llegó incluso a poner en duda la autenticidad de los partes de seguimiento publicados por este periódico. Pese a que los dos espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, confirmaron punto por punto que el contenido de los seguimientos se correspondía con sus actividades públicas y privadas de aquellos días.
El autor de la letra forma parte del equipo que hasta hace unos meses trabajaba a las órdenes directas del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado en 2007 por Esperanza Aguirre. La dirigente madrileña conocía bien a Gamón, pues trabajó en el equipo de seguridad del Senado cuando ella era presidenta de esa institución. Una de las secretarias de Aguirre en el Senado durante aquella etapa era la esposa de Gamón. Cuando en julio de 2008 fue destituido Gamón de su puesto por irrumpir en un despacho de la consejería de Justicia, casualmente de una persona que también había sido espiada algunos meses antes, para sustraer documentación supuestamente delicada, Aguirre ordenó que se le buscase un cargo dentro de la misma consejería de Interior. Le garantizó así que siguiera cobrando más de 90.000 euros anuales. Y el consejero de Interior, Francisco Granados, lo hizo con celeridad. Gamón sólo estuvo tres días en el paro tras ser destituido por supuesto espionaje ilegal de una dependencia de la Comunidad de Madrid.
Fractura interna
Unos meses antes de su destitución se produjeron los seguimientos a políticos del PP. En los meses del espionaje, de los que ha quedado prueba documental a través de partes de seguimiento (entre marzo y mayo de 2008), se había desencadenado con especial virulencia la mayor batalla que se recuerda por el poder dentro del PP. Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se había mostrado muy crítica con la dirección del partido tras la derrota electoral y muchos de sus consejeros defendían que había que plantar cara a Rajoy en el congreso extraordinario de junio que se iba a celebrar en Valencia.
En ese ambiente de fractura interna en el PP se producen los seguimientos diarios al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado con Aguirre y con el propio Gobierno regional por asuntos políticos y de pura gestión diaria de ambas instituciones. También hay seguimientos más detallados al que entonces era un miembro del propio Gobierno de Esperanza Aguirre, el consejero de Justicia, Alfredo Prada. A Prada, según los partes diarios de seguimiento, se le espía en restaurantes y hoteles y se describe a las personas que le acompañan para tratar de identificarlas, a veces utilizando otros servicios de información de manera ilegal para conocer quienes podían ser los propietarios de determinados vehículos. Prada se situó del lado de Rajoy en la batalla interna del PP y ahora es un cargo orgánico de la dirección nacional del partido. Desde hacía meses, Prada había caído en desgracia en el Gobierno de Esperaza Aguirre. La presidenta pasó de tenerle en el máximo escalafón de su Gobierno, como vicepresidente y consejero de Justicia e Interior, a dejarle sólo con la cartera de Justicia.
(www.elmundo.es, 09/02/09)
(20:57 horas). DIMITE EL ALCALDE DE BOADILLA
El alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (PP), ha presentado su dimisión, según han confirmado a elmundo.es fuentes del PP de Madrid. La confirmación oficial se produce después de un día lleno de rumores sobre la dimisión del primer edil popular, después de que el pasado viernes se detuviese por una trama de corrupción a cinco personas, presuntamente vinculadas con su Ayuntamiento.
Esta mañana, tras declarar ante el juez Baltasar Garzón, González Panero reiteraba que no había presentado su dimisión y que no pensaba hacerlo mientras no fuese imputado. Casi al mismo tiempo, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunciara que el alcalde de Boadilla había puesto su cargo a disposición del PP.
(www.elpais.com, 09/02/09)
RUEDAN LAS PRIMERAS CABEZAS EN EL PP POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
Ruedan las primeras cabezas tras la trama de corrupción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aceptado este lunes la dimisión que le había presentado el consejero de Deportes, Alberto López Viejo, según ha afirmado ella misma en rueda de prensa. Asimismo, también cesa en su puesto el actual gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Pero el torrente de dimisiones todavía no había acabado. Finalmente, y tras una jornada llena de contradicciones y desmentidos, también ha presentado su dimisión el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Aguirre, minutos antes de darse a conocer la noticia, se había mostrado convencida de que finalmente dejaría el cargo.
López Viejo era el encargado de organizar los actos del partido, algunos de los cuales fueron encargados a Special Events, empresa vinculada con el propio Correa. Aguirre ha comentado que acepta la dimisión "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". El nombre de Ortega se venía relacionando durante los últimos días a Francisco Correa.
Los denunciantes de la trama mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. La cartera de Deportes pasará a forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Santiago Fisas. Asimismo, la presidenta subrayó que López-Viejo no ha hecho nada "ni ilegal, ni irregular", sino que ha contratado a las empresas que está investigando el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, relacionadas con Francisco Correa.
"Sólo ha organizado materialmente los actos de la Comunidad", destacó en rueda de prensa. La presidenta subrayó en este sentido que el hasta ahora consejero "ha dimitido pero no está implicado en la trama", de hecho deja su cargo "para que no se confunda con la trama". "Los madrileños pueden estar tranquilos porque, desde luego, la transparencia y la responsabilidad mientras yo sea presidenta serán las señas de identidad de este Gobierno y no vamos a permitir que nadie empañe esta transparencia y responsablidad", agregó.
En este sentido, Aguirre aseguró "toda la actuación" de la Comunidad en materia de contratos "es legal" y "goza de los informes de intervención", pero "esas contrataciones se han hecho por la confianza que tenía en sus técnicos". "Por eso le agradezco que haya tenido la responsabilidad de dejar su cargo de consejero", manifestó.
Aguirre asegura que la Comunidad de Madrid no tiene ningún contrato con Special Events y que, al menos desde que es presidenta de la Comunidad, tampoco con el PP.
En cuanto a la dimisión de Ortega, también aceptada, ha sido para defender mejor sus intereses "estando fuera del Gobierno de la Comunidad". Guillermo Ortega fue alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005, cuando dimitió en el marco de la ruptura del grupo municipal originada por la decisión de enajenar dos parcelas públicas a un precio inferior al del mercado. Durante su mandato Ortega tuvo como jefa de gabinete a María del Carmen Rodríguez Quijano, detenida el viernes pasado por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción y casada con Francisco Correa, otro de los arrestados en la investigación de una supuesta trama de corrupción vinculada a varios Ayuntamientos.
(www.publico.es, 09/02/09)
AGUIRRE DESTITUYE AL CONSEJERO MADRILEÑO SALPICADO EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado esta tarde que el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, ha presentado su renuncia y ella la ha aceptado "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". López Viejo está envuelto en la trama de corrupción política vinculada al PP que fue desmantelada el pasado viernes por el juez Baltasar Garzón. El magistrado ordenó cinco detenciones, dos de ellos ex cargos en el partido, y 30 imputados. El supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa Sánchez, extendió sus negocios por Madrid y Valencia.
Los denunciantes de la trama han investigado la supuesta relación de Correa con el consejero. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros.
También ha presentado su renuncia el gerente del Mercado Puerta de Toledo, ex alcalde de Majadahonda, Guillemo Ortega.
En las conversaciones grabadas a Correa, éste insinúa que Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa, Pasadena Viajes, cuando era regidor de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de caja. Y que su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación, le compró un piso al "Rata", apodo con el que denomina a dicho regidor, que oficialmente no era de él sino que usaba un testaferro.
(www.elpais.com, 09/02/09)
LA COMUNIDAD DE MADRID ADJUDICÓ CONTRATOS A SERVIMADRID POR 340.000 EUROS
La Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Madrid adjudicó dos contratos en 2005 y 2006, por un importe de 162.000 y 177.570 euros respectivamente, a la empresa Servimadrid Integral, investigada por la Audiencia Nacional dentro de la operación Gürtel contra la corrupción, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales.
El objeto social de la empresa, constituida en febrero de 2005 en Alicante, es la prestación de servicios de asesoramiento, gestión y administración de empresas, así como la organización, promoción y comercialización de eventos, convenciones y congresos.
En ambos casos Servimadrid Integral ganó el concurso abierto convocado por la Comunidad de Madrid para organizar la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes, tanto en el 2005 como en el 2006. El primero de ellos lo ganó la empresa ocho meses después de su creación, en octubre de 2005.
Servimadrid Integral es una de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón junto a Special Events, Easy Concept y Pasadena Viajes. El juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía ordenaron el viernes a los agentes requerir documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda referidas a estas empresas.
(www.elmundo.es, 09/02/09)
AGUIRRE DESTITUYE A SU CONSEJERO LÓPEZ VIEJO POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha destituido al consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y ha aceptado la dimisión de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y ahora director del Mercado Puerta de Toledo. Ambos estarían presuntamente relacionados con la operación Gürtel contra la corrupción.
López Viejo fue durante varios años el encargado de organizar los actos del partido, algunos de los cuales fueron encargados a una empresa relacionada con Francisco Correa, cerebro de la trama de corrupción, blanqueo y asociación ilícita destapada por el juez Baltasar Garzón.
Según ha anunciado la presidenta regional, la cartera de Deportes pasará a forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Santiago Fisas. Asimismo, la presidenta subrayó que López-Viejo no ha hecho nada "ni ilegal, ni irregular", sino que ha contratado a las empresas que está investigando el juez.
"Sólo ha organizado materialmente los actos de la Comunidad", destacó en rueda de prensa. La presidenta subrayó en este sentido que el hasta ahora consejero "ha dimitido pero no está implicado en la trama", de hecho deja su cargo "para que no se confunda con la trama".
"Los madrileños pueden estar tranquilos porque, desde luego, la transparencia y la responsabilidad mientras yo sea presidenta serán las señas de identidad de este Gobierno y no vamos a permitir que nadie empañe esta transparencia y responsabilidad", agregó.
En este sentido, Aguirre aseguró "toda la actuación" de la Comunidad en materia de contratos "es legal" y "goza de los informes de intervención", pero "esas contrataciones se han hecho por la confianza que tenía en sus técnicos". "Por eso le agradezco que haya tenido la responsabilidad de dejar su cargo de consejero", manifestó.
Un consejero controvertido
Esperanza Aguirre nombró en 2004 viceconsejero de Presidencia a su controvertido pupilo Alberto López Viejo tras investigar su pasado político, plagado de denuncias por irregularidades. Tras las pasadas elecciones de 2007, López Viejo pasó a ocupar la consejería de Deportes, un departamento sin apenas competencias.
López Viejo, que ejerció como concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid en la época de Alvarez del Manzano, fue acusado varias veces por el PSOE de malversar fondos públicos.
Por su parte, Guillermo Ortega, que dimitió en 2005 como alcalde de Majadahonda, habría sido responsable de los contratos a varias empresas de la trama de corrupción investigados por el juez Garzón en Majadahonda.
(www.elmundo.es, 09/02/09)
LAS ALUSIONES GRABADAS DE CORREA A ALTOS CARGOS DEL PP
Lo que sigue es una selección de las abundantes acusaciones, sin aportar detalles, formuladas en las conversaciones grabadas a Francisco Correa, jefe de la trama corrupta vinculada al PP, contra dirigentes de dicho partido. La totalidad de los afectados ha restado veracidad a sus palabras. Algunas de esas acusaciones, conocidas antes de abrirse el sumario, tienen como objetivo cargos del PP, singularmente dirigentes afines a Mariano Rajoy, que se han interpuesto en sus negocios.
(www.elpais.com, 09/02/09)
SOBRE EL ALCALDE DE BOADILLA: "SI DOY LA CINTA SE CAGA, PERO YO VOY AL TRULLO"
Correa afirma: "Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote que aplica a Arturo González Panero], se caga. Pero también voy yo al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". Y añade sobre un asunto urbanístico en Boadilla: "Dile que mi amigo no ha pagado nada, que el Ayuntamiento le ha dado una prórroga, que no joda al empresario, éste no le ha dado un duro a Arturo. (...) No le ha dado el dinero a Arturo, me lo ha dado a mí".
Sobre el ex alcalde de Majadahonda: "Pagó facturas extrañas de Pasadena Viajes"
Correa insinúa que Guillermo Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa, Pasadena Viajes, cuando era alcalde de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de caja. Y que su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación, le compró un piso al "Rata", apodo con el que denomina a dicho regidor, que oficialmente no era de él sino que usaba un testaferro. Ortega niega tajantemente tales acusaciones.
(www.elpais.com, 09/02/09)
"A MIAMI HEMOS VENIDO A COMPRAR"
El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, viajó a Miami el 18 de abril de 2002. A su lado en el avión volaba Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en varios ayuntamientos de España. Un resguardo del billete de avión confirma que viajaron en primera clase. Junto a ellos también viajó el entonces concejal popular José Galeote, padre del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.
Al llegar a Miami, alquilaron un coche y se alojaron en un hotel de lujo. Al día siguiente, otro personaje se unió a la comitiva: Francisco Sánchez, amigo de Galeote. Un año después, Sánchez se convertiría en concejal de Sanidad e Higiene de Boadilla. Cuando aterrizó en Miami preguntó a Galeote y sus amigos qué hacían allí. "Hemos venido a comprar", le respondieron. El alcalde de Boadilla tiene un sueldo público de unos 85.000 euros al año.
Sánchez recuerda que durante los años que permaneció en el Ayuntamiento de Boadilla a las órdenes de González Panero "siempre alardeaba de comprar en Miami y de tener muchas propiedades". Cuenta que, al detectar sospechas sobre el alcalde, comenzó a investigar sobre las supuestas propiedades de González Panero en Florida. "Aparecieron muchas propiedades a nombre de Arturo González. Pero no pude comprobar que se trataba de él", concluye.
Sánchez fue destituido. El alcalde lo denunció por distribuir un dossier sobre un supuesto enriquecimiento del alcalde. "No hay ningún informe. Lo que circula es el boca-oído. En el Ayuntamiento todo el mundo sospecha del alcalde", concluye. El alcalde del municipio madrileño ha negado que tenga ninguna propiedad inmobiliaria en Florida. También rechaza ser amigo del cabecilla de la trama, Francisco Correa.
Otro de los personajes que viajaron a Miami, Galeote, es objeto de una denuncia por parte de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Boadilla. El portavoz socialista, Pablo Nieto, denuncia que Galeote "sigue cobrando del consistorio a pesar de estar jubilado".
José Galeote fue concejal del Ayuntamiento de Boadilla durante 12 años, hasta 2003. Un año más tarde fue nombrado gerente del Consorcio Deportivo, una entidad pública de la que forman parte los ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda -una de las Administraciones supuestamente vinculada a la trama de corrupción- y Pozuelo.
Además, Galeote es consejero de la Empresa Municipal de Vivienda de Boadilla, según consta en el acta del consejo de administración de junio de 2008. El concejal del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo explica que los cargos son incompatibles con la jubilación. "Está prohibido desempeñar un puesto de trabajo en el sector público a personas mayores de 70 años", precisa Galindo.
(www.elpais.com, 09/02/09)
RAJOY SE ENROCA Y ACUSA AL GOBIERNO DE ORQUESTAR UNA CAMPAÑA CONTRA EL PP
Después de tres semanas sintiendo pitar sus oídos por la sucesión de informaciones devastadoras para el PP, el sábado por la noche Mariano Rajoy descolgó el teléfono y le dio a su número dos en el partido, María Dolores de Cospedal, la orden de pasar a la ofensiva. Ella ni siquiera esperó al lunes: ayer por la mañana convocó a los medios de comunicación para trasladarles la "opinión oficial del PP" sobre el último de los escándalos: la presunta trama de corrupción empresarial destapada por el juez Baltasar Garzón y que podría afectar a administraciones gobernadas por los populares.
El PP, vino a decir Cospedal, no tiene nada que ver con todo eso. Y las informaciones que relacionan al supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, con alcaldes populares de Madrid y la Comunidad Valenciana son sólo un paso más en la "campaña de acoso y difamación orquestada por el PSOE" valiéndose de los "poderes del Estado" -entre ellos la Audiencia Nacional- para "cambiar la intención de voto de los ciudadanos" en las próximas elecciones gallegas, vascas y europeas.
"No vamos a consentir que se nos implique en ninguna campaña de financiación ilegal o de corrupción porque el PP no reconoce absolutamente como partido ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo en diversos medios de comunicación", comenzó la dirigente popular, para a continuación apuntar a los socialistas: "Esto es una operación de acoso y derribo contra el PP. El PSOE, que no nos puede dar lecciones porque es el partido de los GAL y de Filesa, está utilizando de forma escandalosa al Ministerio del Interior, la fiscalía y otros poderes del Estado en beneficio propio". ¿Qué otros poderes del Estado?, se le preguntó. Y Cospedal señaló directamente al juez: "Se están produciendo filtraciones de un sumario secreto, y eso es digno de responsabilidad penal. La información está saliendo del juzgado del señor Garzón. Filtraciones interesadas a favor del PSOE. Pedimos al Poder Judicial que tome medidas".
Cospedal no explicó por qué al llegar Rajoy a la presidencia del PP ordenó suspender cualquier relación laboral con Special Events, la principal empresa implicada en la trama, y aseguró que el hecho de que otras firmas sospechosas sean proveedoras de servicios para administraciones del PP como la Comunidad Valenciana no significa nada. "Que una empresa contrate con una administración no quiere decir que haya una conexión. El presidente [Francisco] Camps me ha dicho que las cuentas están perfectamente justificadas, pero además, desde el viernes, ha ordenado dejar en suspenso cualquier contrato con esa empresa", afirmó antes de enviar un "mensaje de confianza" a militantes y votantes del PP: "Pertenecen a un partido digno".
La desarticulación de esta presunta banda corrupta de empresarios llega en medio de otra tormenta: la de la supuesta trama de espionaje político en Madrid; y cuando, además, la campaña del PP gallego se ha visto tocada al conocerse que el número 1 por Ourense, Luis Carrera, no declaró a Hacienda 240.000 euros (Carrera fue apartado de la lista de forma fulminante el viernes por el candidato a presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo).
Todo en las mismas tres semanas. Ahora, la dirección del PP parece haber decidido que la mejor estrategia es la del enroque. Eso sí, Cospedal subrayó que "en el caso hipotético de que algún militante o cargo publico tuviera algún tipo de responsabilidad" en los hechos investigados, el PP "actuará con toda contundencia".
Rajoy, por su parte, sigue prefiriendo el silencio: ayer, desde Suiza, volvió a arremeter contra la política económica del Gobierno sin hacer la más mínima alusión a la investigación de Garzón. Sí habló el portavoz del PP, Esteban González Pons, durante un acto de precampaña en Getxo (Vizcaya). "Cuatro chorizos no son el PP. Este partido no se va a rendir nunca", dijo. Y atribuyó igualmente a la cercanía de las elecciones las informaciones aparecidas en las últimas semanas: "No por casualidad sobre el nombre de nuestro partido se está arrojando mucha basura", protestó.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no quiso entrar en el asunto durante un acto multitudinario con alcaldes socialistas, informa Anabel Díez. Lo hizo el líder del PSOE madrileño, Tomás Gómez, que tomó la palabra para referirse al otro escándalo que atenaza a los populares, el de la trama de espías: "El gobierno de la Comunidad de Madrid ha creado un problema de salud democrática, envuelto en corrupciones, espionajes, negocios oscuros y adjudicaciones sospechosas. Si se ponen impedimentos a la investigación, no tendrá legitimidad moral ni política para seguir gobernando".
(www.elpais.com, 09/02/09)
LAS TRES SEMANAS NEGRAS DEL PP
- 19 de enero 2009. EL PAÍS publica que la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid (PP) tiene un servicio secreto integrado por ex policías y ex guardias civiles que elabora informes sobre tramas corruptas en ayuntamientos socialistas.
- 20 de enero. Dossiers divulgados por EL PAÍS demuestran que el vicepresidente de Madrid, Ignacio González (número dos de Esperanza Aguirre), fue espiado en sendos viajes en marzo y agosto de 2008. González denuncia el asunto ante la fiscalía y un juzgado. Uno de los informes recoge datos sobre adjudicaciones sospechosas realizadas por González.
- 21 de enero. Nuevos dossiers revelan que el vicealcalde Manuel Cobo (número dos de Alberto Ruiz-Gallardón) y el ex consejero de la Comunidad Alfredo Prada -ambos enfrentados políticamente a Aguirre- fueron sometidos a seguimientos parapoliciales, supuestamente por agentes al servicio de la Consejería de Interior. Cobo y Prada denuncian ante el fiscal. El consejero Francisco Granados niega estar detrás del espionaje, y Rajoy se limita a decir: "Yo le creo [a Esperanza Aguirre]".
- 22 de enero. Rajoy encarga a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, una investigación interna sobre la presunta trama de espionaje político en Madrid, y anuncia -a través de un comunicado- que exigirá "responsabilidades políticas" con "absoluta firmeza" si se demuestra que algún cargo popular está implicado. Aguirre afirma que pone "la mano en el fuego" por los consejeros de su Gobierno. "Aquí no hay ninguna estructura de espionaje. Quien diga lo contrario tendrá que probarlo", advierte. La fiscalía abre una investigación.
- 26 de enero. El Juzgado número 47 de Madrid abre una investigación por el supuesto espionaje a Ignacio González.
- 27 de enero. Esperanza Aguirre afirma: "Me siento una víctima. Políticamente van a por mí". Cospedal le responderá al día siguiente: "El principal perjudicado es el partido".
- 2 de febrero. Esperanza Aguirre acepta la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Cospedal suspende "temporalmente" la pesquisa interna.
- 6 de febrero. En la misma mañana en que se constituye la comisión de investigación sobre la trama de espías, cinco empresarios -dos de ellos ex altos cargos del PP- son detenidos por orden del juez Garzón por un asunto distinto: su pertenencia a una presunta trama de corrupción. El supuesto jefe del grupo es Francisco Correa, amigo de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar) y organizador de eventos para varias Administraciones gobernadas por el PP.
- 6 de febrero. Ese mismo día, Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a presidente de la Xunta de Galicia, aparta al número uno de la lista por Ourense, Luis Carrera, por impagos a Hacienda.
(www.elpais.com, 09/02/09)
MEDIA DOCENA DE CARGOS DEL PARTIDO ESPIARON Y GRABARON AL JEFE DE LA TRAMA DURANTE DOS AÑOS
Durante meses, media docena de cargos del PP madrileño, en su mayoría vinculados a municipios del noroeste, tendieron una trampa a las personas que integraban la presunta trama de corrupción vinculada al partido que lideraba Francisco Correa. Dos años antes de que se iniciara propiamente la investigación por la Fiscalía Anticorrupción sobre esta red, empezaron a procurarse pruebas contra ella. Estuvieron dos años acudiendo a citas con ellos, grabándoles, manteniendo citas en hoteles, en restaurantes y en los propios locales de las empresas de la trama.
El piano acompaña muchas de las grabaciones como música de fondo. Y, entre copa y copa, Correa les desnuda sus negocios, sus socios ocultos, sus bienes en paraísos fiscales, sus protectores políticos. O, por el contrario, suelta invectivas contra decenas de cargos políticos del partido. Lo mismo se jacta de haber recaudado sumas para Génova que de saber en qué paraíso fiscal ocultó un ex ministro de Aznar su patrimonio ilegal. O amenaza con poseer información delicada o grabaciones contra alcaldes o ex alcaldes del PP. Todo eso le sirve para concienciar a sus interlocutores de que hay un poder que el PP que dirige Rajoy no le puede arrebatar: la información sucia que se jacta de poseer tras haber servido al partido durante una década en régimen de monopolio para atender las campañas electorales. Nadie repara en una contradicción que aflora de su relato: ¿Cómo puede defenestrarlo Luis Bárcenas, gerente y luego tesorero del PP, si él le ha entregado 1.000 millones de pesetas en Génova y en su casa?
Pero el mensaje sirve para que su red clientelar le tenga respeto y propague en sus círculos que, en el fondo, sigue contando con poder para poder exigir contratos públicos en los municipios donde gobierna el PP. Por contra, algunas de las supuestas personas con las que insinúa haber tenido relaciones comprometedoras, como Bárcenas o González Pons, han colaborado decisivamente a erradicarlo de Génova 13, cuartel general del PP, desde que asumió en 2003 el liderazgo Mariano Rajoy.
Por fin, con un material probatorio que arranca en febrero de 2006 y culmina en octubre de 2007, en noviembre de 2007 se presenta una denuncia a la Policía, que, a su vez, la traslada a la Fiscalía Anticorrupción. Los conspiadores del PP anti-Correa aportan a la justicia todos sus documentos y grabaciones presumariales. Y ese material sirven de arranque para la investigación del juez Baltasar Garzón, que decreta numerosas intervenciones telefónicas, cuyo contenido no ha sido desvelado, pero que, según fuentes conocedoras del sumario, han proporcionado abundantes indicios sobre la actividad delictiva de esta trama. Hasta el punto de que no sólo están bajo el foco del juez los cinco ya detenidos, sino más de 30 personas que han tenido estrecha relación con ellos. El PP, oficialmente, se siente víctima política de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
Pero la realidad es que esta bola de nieve, que se agiganta por minutos, la empujó un puñado de cualificados militantes suyos para erradicar unas prácticas ilegales que, amén de ensombrecer la imagen del partido, convertían en un calvario la vida de quienes se oponían personalmente a sus intereses. Para desgracia de los investigadores, desde hace meses los investigados sabían que estaban bajo la lupa. Una filtración periodística les alertó. Eso rebajó notablemente el contenido probatorio de las charlas que seguía grabando la policía semana tras semana. Sin embargo, los responsables de la investigación se muestran satifechos: sobran pruebas contra los detenidos, dicen.
(www.elpais.com, 09/02/09)
AGUIRRE CONTRATÓ A DEDO A UNA EMPRESA RECIÉN CREADA
No se habían cumplido aún 15 días desde su constitución cuando la empresa Good and Better SL, presuntamente adscrita a la trama de corrupción destapada por el juez Baltasar Garzón, logró en enero de 2005 su primer contrato a dedo de la Comunidad de Madrid. Tanto la que fue hasta febrero de 2008 su administradora única, Felisa Isabel Jordán Goncet, como su sucesor al frente de la compañía, el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo Sabaris, permanecen detenidos desde el viernes. Garzón les imputa, entre otros, los delitos de cohecho (soborno a funcionario o cargo público), blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Como informó el sábado Público, Good and Better y Easy Concept Comunicación, ambas ligadas a Jordán y Crespo, facturaron al Ejecutivo de Esperanza Aguirre 562.000 euros entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 gracias a la adjudicación directa de 76 contratos menores, esto es, aquellos que no se someten a concurso dado que su importe no supera los 12.000 euros [18.000 tras la nueva ley de 2007].
Según la nota registral, Good and Better quedó constituida el 11 de enero de 2005. El día 26 de ese mes, ya había tenido tiempo para preparar la presentación del nuevo helicóptero Bescam [Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid], acto protagonizado esa mañana en Móstoles por Esperanza Aguirre.El 14 de febrero, la empresa giraba factura por su primer trabajo: 9.158 euros. Y el 7 de abril de ese mismo año ya había recabado del Ejecutivo madrileño ocho contratos, cuya suma total ascendió a 58.753 euros.
Pero si resulta inédita la velocidad con que Good and Better se hizo un hueco en la agenda de adjudicatarios directos del Gobierno de Madrid, más complicado de explicar parece otro dato: cuando el 26 de enero colocó la carpa, el enmoquetado, la iluminación y el escenario desde donde Aguirre difundió las bondades del nuevo helicóptero, Good and Better no se dedicaba oficialmente a la organización de eventos. Fue el 3 de febrero cuando, en el mismo momento en que Felisa Isabel Jordán Goncet adquirió la condición de administradora única, la compañía modificó su objeto social para asumir tareas tales como "organización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos" y "proyectos con las administraciones públicas".
Good and Better (en castellano, bueno y mejor) pertenece a la categoría de sociedades limitadas llave en mano. Quien gestionó los trámites y figuró como primer administrador fue el abogado Ramón Cerdá Sanjuán, que anuncia por Internet sus servicios. Un empleado de su empresa explicó ayer que el negocio consiste en vender una sociedad limitada durmiente dispuesta para ser activada y lanzarse al mercado.
Las adjudicaciones a Easy Concept y Good and Better se produjeron en la etapa de Ignacio González como consejero de Presidencia y de Alberto López Viejo, actual titular de Deportes, como viceconsejero.
(www.publico.es, 09/02/09)
CESIÓN URBANÍSTICA. EL PSOE DENUNCIA MÁS ANOMALÍAS EN BOADILLA
El PSOE de Boadilla (Madrid) criticó ayer que Ramón Blanco, adjudicatario de un derecho de superficie sobre 30 locales comerciales concedido por la empresa municipal del suelo por un canon anual de 320.000 euros, alquile uno de ellos al Ayuntamiento por una tercera parte de esta suma.
Según el PSOE, el Ayuntamiento ha arrendado uno de estos locales para la nueva comisaría por un precio de 104.000 euros al año
a la empresa de Ramón Blanco, supuestamente vinculado a Francisco Correa, a quien la Policía señala como jefe de la trama. Este importe supone el 34% del canon que recibe el Ayuntamiento.El alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), figura entre las 30 personas cuya imputación ha pedido Anticorrupción a Garzón.
(www.publico.es, 09/02/09)
FUNCIONARIOS DENUNCIAN EL COBRO DE COMISIONES DEL ALCALDE DE BOADILLA
«Cualquier técnico municipal responsable de realizar concursos para la adjudicación de servicios para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte pasa por la experiencia previa de ser advertido de las directrices bajo las cuales ha de elaborar el pliego de condiciones y su posterior informe técnico, para que el campeón sea la empresa que él ha decidido. Bien porque le reporta alguna comisión en efectivo o porque sea amigo personal».
Así relatan unos funcionarios y empleados la presión a la que se han visto sometidos por Arturo González y sus hombres de confianza para que las contrataciones se las llevaran sus «amigos», según la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
«Incluso te pedían que te reunieses con la empresa previamente para que todo cuadrase», sostienen. ¿Qué cómo saben que se pagaban comisiones?, «porque te lo dicen los responsables de las propias empresas: 'Tu jefe me ha sacado más pasta de la que habíamos hablado en un principio, o hemos tenido problemas con tu jefe porque no le hemos pagado lo que él pedía'», precisan para describir tanto el funcionamiento general del sistema de adjudicaciones municipales como para justificar la denuncia en la que afirman que los ingresos del alcalde no justifican ni sus propiedades - «posee un patrimonio personal muy superior a sus ingresos»- ni su tren de vida.
El desplazamiento en helicóptero para participar en un Torneo de Golf en Cádiz -aparte de sus viajes a Miami junto con el detenido Francisco Correa- es uno de los ejemplos -más o menos anecdóticos- de actividades que, al parecer de los denunciantes, no se ajustan a una retribución anual de 81.136,30 euros.
El sindicato Manos Limpias presentará hoy un escrito ante la Fiscalía con un listado de testigos para que sean llamados a declarar. Sobre las empresas que han venido beneficiándose de la contratación -y aquí aparecen los componentes del Club de Miami, llamado así por viajar junto a Correa hasta esa ciudad con intenciones inversoras- y sobre el patrimonio del edil popular.
Según el dossier aportado, el alcalde Arturo González Panero tiene dos coches a su nombre -un BMW X-5 y un Opel Zafira- y habría comprado otros dos a su hermano - como regalo de bodas- y a su padre. Se le atribuyen tres propiedades, una en Boadilla, otra en una urbanización de Torrepacheco, en Murcia, y una tercera comprada sobre plano en Los Fresnos, que estaría valorada en más de 607.000 euros.
Se pide a la Fiscalía que investigue sobre una propiedad en Marruecos -una inmobiliaria de Ceuta, Euromaroc, le remitió una carta en la que se le notificaba que no se le podría entregar su adquisición hasta abril de 2008-; además de los inmuebles que pueda tener en Miami de cuya compra se ha jactado.
Los denunciantes dan cuenta de una circunstancia que les parece sospechosa, como los viajes a Andorra «portando maletines» en compañía de un asesor de la Alcaldía, y apuntan algunas inversiones y gastos del primer edil. Como la acción adquirida en Palomarejos Golf por valor de 20.000 euros, las inversiones en bolsa o los viajes que regala a través de Pasadena Viajes, la empresa que tiene como administrador único a su amigo Pablo Crespo, socio de Correa, ambos arrestados por orden del juez Garzón.
Se contabilizan gastos de escolarización de sus tres hijos en el eurocolegio Casvi y Highlands de Boadilla por un importe anual aproximado de 11.455 euros; los correspondientes a las clases de golf de su esposa por un importe de 3.000 euros, y se relata su participación en torneos de este deporte por toda España.
Ese nivel de vida tiene relación directa, según los denunciantes, con el hecho de que el alcalde y su director general, Tomás Martín Morales, por ejemplo, «se reúnan previamente para comer con cada uno de los empresarios que se presentan a los concursos para realizar un sondeo de quién ofrece mayor comisión».
Como consecuencia, «desde hace años se comunica al personal del Ayuntamiento que todos los seguros de accidentes se contraten con la empresa F y A de Lope Correduría de Seguros -amigos de negocios- con los que, entre otras actividades, viajó a Brasil para el último mundial de Fórmula 1-. Todo ello sin pedir previamente presupuestos a otras empresas».
«Habiendo un letrado consistorial y dos técnicos jurídicos, se contrata en numerosas ocasiones a la empresa EIUS Abogados con importes que suman un montante anual de entre 12.000 y 18.000 euros», se informa, para después especificar que el bufete pertenece a sus amigos José María Michavila (ex ministro de Justicia) y Alberto Dorrego.
Y se relatan presuntos tratos de favor, como la parcela de Boadilla que fue adjudicada para su explotación a UFC S.A., una empresa vinculada a la hermana del ex concejal de urbanismo. Entre otros.
(www.elmundo.es, 09/02/09)
EL ALCALDE DE BOADILLA DESAFÍA AL PP Y SE NIEGA A DIMITIR POR LA TRAMA
"Sin estar imputado es absurdo presentar la dimisión". Así se ha expresado esta tarde el alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, en una rueda de prensa en la que no ha admitido preguntas, según informa J. Sérvulo González. A Panero se le vincula con la trama de corrupción municipal destapada el viernes por la fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón. Sin embargo, según sus propias palabras, hoy se ha reunido con Garzón y éste ni siquiera lo ha citado como testigo. "Soy un cabeza de turco", ha afirmado.
La renuncia de González Panero ha sido objeto de controversia toda la mañana. Primero fue el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien aseguró que González Panero, había presentado su dimisión al secretario general de los populares en Madrid, Francisco Granados, y que se la había aceptado. Sin embargo, el regidor insistió en su inocencia al acudir a la Audiencia Nacional y negó que hubiera puesto su cargo "a disposición del partido". Rajoy ha anunciado que va a abrir una investigación interna para conocer los hechos que vinculan a su formación con la trama corrupta desarticulada el pasado viernes, que conseguía contratos en administraciones públicas gobernadas por los populares y después prestaba servicios a este partido en las campañas electorales.
El alcalde de Boadilla quien viajó en viajó a Miami en dos ocasiones (en 2002 y 2003) con el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, había pactado esta mañana con Granados su dimisión pero posteriormente ha dado marcha atrás. Conocido el cambio de postura de González Panero, el secretario general del PP madrileño ha empezado a usar todos sus recursos para forzar su renuncia y ha comenzado a hablar con los concejales para presentar, si fuera preciso, una moción de censura.
El PP pedirá amparo
Al igual que hizo ayer la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el líder del PP ha cargado contra el PSOE porque, en su opinión, ha utilizado "de forma partidista" a la fiscalía y ha anticipado que van a presentar un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial para pedir amparo. Rajoy ha querido aclarar que su partido nunca ha recibido donaciones de ninguno de los empresarios arrestados y ha manifestado que las contrataciones siempre se han hecho "en el marco de la legalidad" y no se ha recibido "beneficio alguno".
Preguntado no obstante por su etapa como responsable de campaña del PP, Rajoy ha reconocido que trabajaron con Special Events, firma investigada en el proceso abierto por Garzón, pero ha señalado que "conocedores de que algunas personas utilizaban el nombre del PP" en ayuntamientos del noreste de Madrid dejaron de hacerlo. En línea con la investigación interna, el PP se personará como acusación popular en la causa de la Audiencia Nacional.
Rajoy, que hasta hoy había guardado silencio sobre la trama, ha afirmado que la revelación del contenido del sumario "puede hacer daño" al partido y las actuaciones contra esos cinco "individuos" puede "manchar el nombre del PP", algo que, en palabras del líder del PP es "injusto e intolerable". Por ese motivo, el presidente del PP ha insistido en que su partido actuará con "contundencia" contra cualquier militante que actúe fuera de la legalidad.
Una relación "puntual"
Por su parte, el regidor de Boadilla ha asegurado que su ayuntamiento ha tenido relación puntual con tres de las empresas de Correa, al facturar a Pasarena Viajes contratos por un importe de 5.500 euros, además de unos servicios con ServiMadrid por valor de 2.000 euros y una adjudicación a la empresa EasyConcept la oficina de atención al ciudadano con el voto favorable de la oposición. "La documentación aportada por el ayuntamientos sobre estas adjudicaciones es totalmente transparente", ha afirmado González Panero. "Desde ese 2004 no tengo ningún trato con Correa", ha apuntado. "Yo hablaré con el Partido Popular y les contaré lo que he hablado hoy aquí -en la Audiencia Nacional-", ha afirmado el alcalde de Boadilla. En una de las cintas grabadas a Correa, éste asegura: "Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote que aplica a González Panero], se caga. Pero también voy yo al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla".
Los detenidos que hoy declararán ante el juez Garzón son Francisco Correa , quien se encargaba habitualmente de organizar los actos de los populares, hasta que Rajoy prescindió de él en 2003; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y Antoine Sánchez, cuyo nombre aparece en el amplio entramado de empresas de Correa. Las dos mujeres detenidas, María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio y Felisa Jordán Goncet, han quedado en libertad con cargos.
(www.elpais.com, 09/02/09)
EL PP SE LÍA: RAJOY ACEPTA LA DIMISIÓN QUE EL ALCALDE DE BOADILLA NIEGA HABER PRESENTADO
El lío en el PP ya llega hasta tal punto que los mensajes que lanzan desde su seno se contradicen entre sí. Un ejemplo: mientras el líder conservador, Mariano Rajoy, anunciaba de forma rotunda la dimisión del alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, por su presunta relación con la trama de corrupción en Madrid, el propio González lo desmentía pocos minutos después. Además, añadía que no estaba dispuesto "a convertirse en cabeza de turco de nadie".
Diez de la mañana. El secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, cita al alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) por orden de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Granados recomienda a González que ponga su cargo a disposición del partido ante las graves acusaciones que pesan en su contra.
El alcalde de Boadilla, conforme con Granados, le asegura que hará pública su decisión de dimitir tras presentarse voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Batasar Garzón. Tras su reunión con el alcalde de Boadilla, Granados se reúne con la presidenta Aguirre para comunicarle lo sucedido. La lideresa habla con Rajoy para informarle de que el alcalde de Boadilla ha presentado su dimisión y que el partido lo ha aceptado.
A renglón seguido, Rajoy comparece ante los medios para informar de la dimisión porque "el alcalde de Boadilla no quería hacer daño al partido".
En ese preciso momento en el que Rajoy comparece ante los medios, y tras personarse ante Garzón, el alcalde de Boadilla matiza que no ha presentado su dimisión. Surge el caos.
El alcalde ha asegurado ante los medios de comunicación que tiene "la conciencia tranquila" y que las adjudicaciones realizadas por su consistorio fueron "impecables" y "aprobadas por la oposición".
"No he puesto ningún cargo a disposición, yo hablaré con el Partido Popular y les contaré lo que he venido a hacer hoy aquí, en cuanto tenga oportunidad", dijo el edil de Boadilla. González Panero ha argumentado que no ha puesto su cargo a disposición del partido porque Garzón le anunció que "ya me llamaría", por lo que ha decidido dejar su dimisión en suspenso.
Posteriormente, ya en rueda de prensa, el alcalde de Boadilla ha explicado su visión de los sucedido: "No voy a poner el cargo a disposición de mi partido". El anuncio, en este sentido, realizado por el PP esta mañana "ha sido una sorpresa" para él. González Panero ha dado un paso más allá y de forma contundente ha anunciado que no se va "a convertir en cabeza de turco de nadie". Para que dimita, explica, la Justicia debe probar antes su culpabilidad. "¿Por qué tengo que dimitir, si ni siquiera he sido citado como testigo o como imputado por el juez Garzón?".
No obstante, desde el PP ya se ha informado de que esta decisión unilateral —de dejar su dimisión en suspenso— del alcalde de Boadilla no se va a aceptar, y han informado de que, de ser necesario, presentarán una moción de censura.
"Lo procedente es que el alcalde de Boadilla ponga su cargo a disposición del partido", explicaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
"Quiero aclararlo todo cuanto antes", ha manifestado González, quien pretende así esclarecer la relación de su consistorio con los detenidos el pasado viernes relacionados con una trama de corrupción urbanística presuntamente liderada por Fernando Correa.
González ha indicado que el consistorio facturó a Pasarena Viajes contratos por un importe de 5.500 euros, contrató servicios con ServiMadrid por valor de 2.000 euros y adjudicó a la empresa EasyConcept la oficina de atención al ciudadano con el voto favorable de la oposición.
"La documentación aportada por el ayuntamientos sobre estas adjudicaciones es totalmente transparente", añadió. Además, González Panero aclaró que rompió su relación con Correa en 2004. "Desde ese año no tengo ningún trato", indicó en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Audiencia Nacional.
Garzón tomará hoy declaración a los detenidos en la operación contra la corrupción en Madrid, que se extiende a Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz), según informaron fuentes jurídicas.
A los detenidos en esta operación, dirigida por Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, se les imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Las detenciones del viernes fueron practicadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Comisaría General de Policía Judicial.
Los arrestados en la operación contra la corrupción en la Comunidad de Madrid son cinco: los empresarios Pablo Crespo Sabaris, Francisco Correa Sánchez, la mujer de éste último, María del Carmen Rodríguez Quijano, Felisa Jordán y Antoine Sánchez.
(www.publico.es, 09/02/09)
RAJOY DA POR DIMITIDO AL ALCALDE DE BOADILLA Y ÉSTE LO NIEGA
El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (PP), ha comparecido para reiterar que no ha presentado su dimisión y que no piensa hacerlo mientras no sea imputado. Ha hecho estas declaraciones poco después de que el líder del partido, Mariano Rajoy, anunciara que el primer edil de la localidad madrileña había puesto su cargo a disposición del PP.
González Panero ha hecho estas declaraciones ante la prensa, rodeado por 14 de los 16 concejales del municipio (los otros dos fueron expulsados del equipo de Gobierno) y no admitió preguntas.
El viernes fueron detenidas cinco personas dentro de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional, algunas de ellas presuntamente vinculadas con su Ayuntamiento.
El primer edil de Boadilla se ha reunido a las 10 de la mañana durante una hora con el secretario general del PP, Francisco Granados, quien le ha pedido que pusiera su cargo a disposición del partido.
Fuentes populares aseguraron que el hasta ahora alcalde se ha declarado inocente de todas las imputaciones que se le han hecho pero para no perjudicar al partido ha decidido poner su cargo a disposición de sus superiores.
Más tarde, sin embargo, Panero, ha negado que haya puesto su cargo a disposición del PP y que tenga intención de dimitir. Panero aseguró ante los medios de comunicación que tiene "la conciencia tranquila" y que las adjudicaciones realizadas por su consistorio fueron "impecables" y "aprobadas por la oposición".
Asimismo, preguntado acerca de la posibilidad de que el testimonio de Francisco Correa -uno de los principales detenidos en la trama- provoque su ingreso en prisión, contestó: "No, le puedo asegurar que no". Fuentes municipales han precisado que Panero no dimitirá haasta que no sea imputado por el caso.
Ante esta actitud, fuentes de la dirección del PP han señalado que confiaban en que Panero dimitiera, ya que, en caso contrario, sería expulsado del partido y se le plantearía una moción de censura.
Después de reunirse con Granados, Panero ha acudido de forma voluntaria a declarar en la Audiencia Nacional. Ha sido acompañado por su abogada para aclarar informaciones periodísticas que le vinculan con el cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones a determinadas empresas.
Así, funcionarios del Ayuntamiento de Boadilla denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción la presión a la que se vieron sometidos por Arturo González y sus hombres de confianza para que las adjudicaciones se las llevaran "amigos".
"Incluso te pedían que te reunieses con la empresa previamente para que todo cuadrase", sostienen los funcionarios, que aseguran que los propios empresarios les decían "tu jefe me ha sacado más pasta de la que hablamos en un principio o hemos tenido problemas con tu jefe porque no le hemos pagado todo lo que él quería".
El sindicato Manos Limpias presentará hoy un escrito ante la Fiscalía con un listado de testigos para que sean llamados a declarar, y otro con el patrimonio de Panero, que según el dossier, tiene dos coches a su nombre -un BMW X-5 y un Opel Zafira- y habría comprado otros dos a su hermano -como regalo de bodas- y a su padre.
(www.elmundo.es, 09/02/09)
Aguirre adjudicó 76 contratos a dedo a la trama de Boadilla
El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó, directamente y sin concurso, 76 contratos entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 a dos empresas vinculadas a los detenidos por la trama de corrupción que comenzó a investigarse en Boadilla (Madrid) y que el viernes destapó el juez Baltasar Garzón.
En total, Easy Concept Comunicación, SL (antes denominada Down Town Consulting) y Good and Better, SL recibieron adjudicaciones para organización de eventos por valor de 562.183 euros, cada una de ellas inferior a 12.000 euros. Esa es la cuantía que la Ley de Contratos estatal señalaba hasta 2007 como límite máximo para adjudicar sin concurso los llamados contratos menores.
Easy Concept yGood and Better tienen o han tenido por administradores a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego; y Felisa Isabel Jordán Goncet, detenidos el viernes con otros tres empresarios. Entre ellos, Francisco Correa Sánchez, a quien los investigadores consideran el cerebro de la trama.
Actos de la presidenta
Las adjudicaciones otorgadas por el Gobierno de Madrid constan en sendas respuestas parlamentarias remitidas al PSOE en diciembre de 2005. El listado constata que, de las dos empresas citadas, Easy Concept Comunicación fue la más beneficiada, con 68 contratos.
Al estar ‘troceados’, los contratos no tuvieron que ser otorgados por concurso
En buena parte de la serie de adjudicaciones hay dos nexos comunes: tienen por objeto la preparación de actos a los que asistió Esperanza Aguirre y aparecen troceados. Es decir, los trabajos necesarios para un mismo evento no se consideran un todo, sino se que se adjudican por partes, de modo ninguna de ellas exceda en coste de los 12.000 euros.
El ejemplo más ilustrativo lo representan las 15 facturas emitidas el mismo día por Easy Concept –el 1 de abril de 2004– por los otros tantos servicios prestados para el homenaje que la Comunidad de Madrid rindió en la Puerta del Sol el 25 de marzo de 2004 a “los que se volcaron con las víctimas del 11-M”. La relación de contratos muestra, por ejemplo, cómo el concepto “elementos de sonido”, cuyo coste se cifró en 11.954,39 euros, aparece ajeno al de “iluminación y sonido”, cuantificado en 11.524,36 euros.
Un solo homenaje, el del 11-M, dio lugar a 15 adjudicaciones
Un segundo caso: del homenaje al Getafe por su ascenso a Primera en junio de 2004, Easy Concept emitió cuatro facturas. Todas aparecen en el listado remitido al PSOE con el mismo epígrafe, “Acto Ascenso Club Fútbol Getafe”. Easy Concept y Good and Better giraron facturas en abril de 2005 por el Día de la Mujer. La primera, por 11.906 euros; la segunda, por 11.700.
HABLA LA PRESIDENTA : "Ningún detenido es afiliado del PP"
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró ayer que si algún cargo del PP tiene algo que ver con la operación abierta por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos por tráfico de influencias, soborno y fraude, “tendrá qué vérselas con la Justicia”. Según Aguirre, ninguno de los detenidos está afiliado al PP. Para la presidenta, la única relación con el PP estriba en que los detenidos “tuvieron que ver con la organización de campañas electorales”.
www.publico.es 08.02.09
Crisis política, colapso moral y desgobierno en Madrid
En tiempos de crisis, perplejidad e incertidumbre, la necesidad de la política ha regresado con fuerza arrolladora a la escena social. Pero hay partidos y gobiernos que se empeñan en desacreditarla cuando más falta nos hace. Para superar los graves problemas que estamos sufriendo precisamos del retorno de valores básicos, consistencia moral, liderazgo, confianza y capacidad de movilización social con objetivos compartidos. Todo ello falla ahora en el Gobierno de Madrid.
Exigiremos que la comisión llame a declarar a todos los presuntos implicados
No les dejaremos el campo libre, aunque jueguen con las cartas marcadas
Saldremos de esta crisis de hoy, pero lo que nos encontraremos mañana, cuando hayamos sido capaces de recuperar el crecimiento y el empleo, será un mundo en buena medida distinto. Si hemos sido capaces de aprender en este duro trance, sabremos que no nos hemos topado sólo con un profundo bache, y seremos conscientes de que caminábamos por una senda equivocada, en una dirección que había que cambiar. Si hemos tomado buena nota, recuperaremos principios arrinconados largo tiempo por el predominio del afán de enriquecimiento, el egoísmo individualista, la euforia consumista y la inconsciencia depredadora. Y devolveremos a la primera línea de las prioridades los derechos, el reconocimiento del esfuerzo, el apoyo al riesgo y a la capacidad de emprender, la primacía de la cohesión social.
Valores, gobierno, liderazgo, iniciativa: ésas son las cuatro patas sobre las que apoyarnos para remontar la crisis que afrontamos. Lamentablemente, Madrid cojea estrepitosa y escandalosamente en tres de esas cuatro patas, se quiebra en todos aquellos apoyos que no proceden directamente de la propia sociedad. Un Gobierno cuyo proyecto no va más allá de servirse a sí mismo, un liderazgo reducidamente partidario en continua competencia por conseguir otro liderazgo distinto, pero igual de estrechamente partidario, y una acción política absolutamente carente de valores. La sociedad madrileña está entre las más sanas y dinámicas de España, pero tiene en su Gobierno enfermo el freno más potente entre todas las comunidades autónomas.
Crece el paro sin que ese Gobierno añada apoyos que complementen los aportados por el Gobierno de España. Se reducen las oportunidades de nuestros jóvenes por una educación desatendida. Constituye ya un clamor social la queja por una sanidad deteriorada. Se hurtan los apoyos a miles de madrileños dependientes. Se especula con el urbanismo y se ataca el medio ambiente. Cuestiones todas ellas que deberían constituir un programa de acción ambicioso para un Gobierno que estuviera interesado y dedicado a gobernar.
Pero, mientras tanto, por lo que sabemos, por lo que este mismo periódico ha desvelado, los dirigentes más cualificados del Gobierno de Madrid han empleado sus mejores esfuerzos y dedicado sus mayores desvelos a actuar atentando derechos individuales básicos, traspasando las más elementales barreras de la ética democrática, pervirtiendo las obligaciones propias de los cargos públicos, pisoteando la legalidad, utilizando presumiblemente para ello recursos puestos a su disposición por todos los ciudadanos.
No es poca cosa que la mayor parte de esas conductas irregulares (de momento, las hasta ahora conocidas) se hayan producido en un proceso de espionaje entre ellos mismos; que se hayan entregado a una lucha mucho más sórdida que sorda; que se hayan empleado en lanzarse acusaciones mutuas; que hayan traficado con dossiers de cada una de las partes, apuntado su existencia o amenazado con desvelarlos.
El dedo de cada uno de ellos señala al otro, y en cada caso lo hacen con una mano distinta del mismo cuerpo, el del Partido Popular. Un cuerpo atormentado, descompuesto por una feroz lucha intestina entre sus miembros, alterado por un doble proceso infeccioso, el de cada uno por hacerse con el poder en Madrid y el de todos ellos por desplazar del poder a Rajoy. Un cuerpo febril, debilitado por los ataques entre quienes no se soportan y se temen porque se conocen demasiado bien entre sí.
Espionaje en la lucha por el poder. Pero no sólo o sobre todo. O, quizás, sólo instrumentalmente por el poder político. Ya son más que suficientes las informaciones, desveladas por EL PAÍS y algún otro medio, que sacan a la luz conductas y decisiones más que sospechosas en relación con negocios, concursos, adjudicaciones, decisiones empresariales, subvenciones, reparto discrecional de recursos, etcétera. Ya se va configurando un puzle complejo de redes personales y familiares de poder, amistades provechosas, militancias muy rentables.
Primero, la decencia democrática, después el saneamiento institucional, y finalmente la dignificación de la política, exigen información, transparencia, fiscalización y asunción de responsabilidad. Por eso y para eso los socialistas de Madrid hemos pedido la creación en la Asamblea de una comisión de investigación. Que no esperen que vayamos a cruzarnos de brazos, que vayamos a permitir que establezcan entre ellos una tregua temporal, un cese transitorio de hostilidades, un pacto de silencio a la espera de que escampe la tormenta. Que, aunque lo intenten desesperadamente, a costa del propio Reglamento de la Cámara, no esperen imponer una comisión vacía de contenido, que les sirva de vía de escape de esta situación. No permitiremos que se la use para tapar los agujeros negros de los responsables y gestores que hayan aprovechado la Administración pública para realizar acciones ilegales.
Exigiremos que respondan los líderes madrileños, pero también que respondan los cargos nacionales del PP. Exigiremos que la comisión llame a declarar a todos y cada uno de los presuntos implicados en todas las denuncias que se han venido planteando en los medios de comunicación; que se investigue la presunta existencia de una unidad de vigilancia especial en el Ayuntamiento de Madrid. Pero también que acuda a la comisión el, durante décadas, tesorero del PP, a entregar la información de que dispone y explicar el fundamento de sus sospechas sobre adjudicaciones irregulares y sobre la autoría del espionaje al que fue sometido; o que aclare Esperanza Aguirre el contenido de la reunión con Rajoy en la que fue advertida de la existencia de informes sobre sus vicepresidentes.
El PP dispone de mayoría absoluta en la Asamblea, y todo apunta a que quiere aplicarla "sin complejos" para capitidisminuir la comisión, envolverla en la opacidad, motorizar su desarrollo y concluir con una absolución ya predicada a priori. Pero ése no es nuestro escenario. Nos opondremos a la aplicación de una fecha de caducidad perentoria si la Comisión no ha desarrollado satisfactoriamente su mandato. Y no permitiremos la aplicación intolerablemente restrictiva de su funcionamiento. Pero no les dejaremos el campo libre, aunque jueguen con las cartas marcadas y cambien de reglas siempre que les convenga. Que se preparen para la permanente denuncia.
Nos estamos jugando las oportunidades de nuestra Comunidad, las condiciones de vida de los madrileños, el futuro de nuestros hijos. Y, mientras tanto, los dirigentes del PP, los responsables del Gobierno, se miran entre sí en vez de mirar a los problemas y las necesidades de la gente, miran a cada lado en vez de mirar de frente. Así no se crea confianza. Así se desestabiliza, se pone en serio riesgo la credibilidad de las instituciones. Así no se puede liderar el cambio que necesariamente tenemos que afrontar.
Pero hay remedio, y está en las manos y la voluntad de los ciudadanos ponerlo en marcha. Los socialistas madrileños seremos rigurosos, incansables e implacables en el esclarecimiento de los hechos, en la búsqueda de la verdad, en la determinación de responsabilidades y en la exigencia de que se asuman. Más allá de los trabajos de esta comisión, y paralelamente a nuestra tarea diaria de oposición, nos proponemos transmitir a los madrileños y madrileñas que no hay lugar a la resignación, que podemos acumular confianza, ilusión y capacidad, porque hay alternativa a este desconcierto.
Personalmente, tengo la certeza de que el buen gobierno volverá pronto a Madrid. Tengo plena confianza en el futuro, porque es posible salir juntos y reforzados de esta situación, y tengo la determinación de ofrecer las propuestas necesarias para atender a las preocupaciones, las inquietudes y los sueños de la gente, de responder con transparencia y honradez a quienes miran a la política pidiendo soluciones y no problemas añadidos a los que ya sufren en sus vidas, a quienes exigen y esperan una pronta regeneración ética en el ámbito público. Otro gobierno es posible y podemos conseguir que sea incomparablemente mejor.
www.elpais.es 08.02.09 Tomás Gómez Franco es secretario general del Partido Socialista de Madrid.
Aguirre: "En el PP nos dedicamos a construir hospitales, escuelas, redes de metro y no a espiar"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró este sábado que si algún cargo del Partido Popular tiene algo que ver con la operación abierta por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos por tráfico de influencias, soborno y fraude, "tendrá qué vérselas con la justicia", aunque recalcó que, de momento, ninguno de los detenidos es un afiliado al PP.
"Si algún cargo del PP ha hecho alguna recalificación urbanística para ellos (los empresarios implicados), desde luego, tendrán que vérselas, me imagino, con la Justicia", aseveró Aguirre en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press y en donde fue preguntada por la nueva operación contra la corrupción destapada en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, Valencia y Andalucía.
"Me parece muy bien que se juzgue a los culpables con todas las garantías"
No obstante, señaló que por lo que ha podido saber por los medios de comunicación, ninguno de los detenidos es afiliado o cargo del Partido Popular sino que "son personas que tuvieron que ver con la organización de campañas electorales". En todo caso, Aguirre apuntó que la situación se tiene que aclarar "cuanto antes" porque la corrupción es algo "intolerable".
"Si en esta ocasión es cierto lo que se dice, que la Fiscalía lleva mucho tiempo detrás de esta trama, me parece muy bien que se juzgue a los culpables con todas las garantías, y les daremos también la presunción de inocencia...pero si eso es así, que la Justicia esclarezca este asunto", añadió.
Preguntada por la comisión de investigación que se ha abierto esta semana en la Asamblea de Madrid para esclarecer la supuesta trama de espionaje en el seno de la Comunidad de Madrid, Aguirre recalcó que se ha aceptado dicha comisión para que se sepa que el Gobierno "no ha espiado, ni ha amparado el espionaje, ni lo ha conocido ni considera presentable que nadie espíe". "Queremos proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, su intimidad y demostrar que nosotros no hemos espiado", apostilló.
En este sentido, subrayó que, en ningún caso la comisión se ha demorado, sino que "para sorpresa de la oposición", el PP la aceptó porque "no tiene nada que ocultar" y porque quiere que el asunto se esclarezca porque son "los más perjudicados en este asunto". "Lo que queremos es claridad, luz, taquígrafos y transparencia", añadió, al tiempo que criticó que el PSOE, a pesar de decir que se solidarizaba con el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, luego ha montado "prácticamente una causa general y una investigación al estilo de la Inquisición".
Por otro lado, la presidenta madrileña dijo que no era "serio" que la oposición se queje por todo lo que haga el PP al respecto de la comisión. "Si no aceptamos la comisión, porque tenemos algo que ocultar, si la aceptamos porque la queremos controlar", se quejó Aguirre, quien criticó que la oposición piense que el PP tiene interés en que vaya rápido porque quiere perjudicarles.
"El PSOE ha montado una investigación al estilo de la Inquisición"
Frente a las críticas que ha recibido el Gobierno regional por que el presidente de la comisión sea del PP, Aguirre recordó que todas las comisiones de investigación las ha presidido un miembro del PP, "como dice el reglamento", y que, por el contrario, está la Comisión de Vigilancia de Contrataciones que la preside la oposición, en donde González ha pedido intervenir para hablar de unas adjudicaciones.
"Compareceremos donde haga falta, soy una entusiasta del control parlamentario, y aquí estamos para que los madrileños sepan y tengan la tranquilidad de que nos dedicamos a cumplir con el programa electoral que ellos votaron, a construir hospitales, escuelas infantiles, redes de metro y no a espiar", arguyó.
Asimismo, negó que haya una pugna entre la dirección del PP nacional y la del PP de Madrid, y cuestionada por si se había sorprendido de que el PSOE no haya solicitado la comparecencia en la comisión del presidente de su partido, Mariano Rajoy, Aguirre se limitó a preguntar: "¿Qué tiene que ver el pobre con todo este asunto, con que El País me acuse a mí de espiar falsamente...se quiere magnificar".
Acciones contra 'El País'
Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid insistió en que todo el caso deriva de unas informaciones publicadas en el diario 'El País' y recordó que como consideran que las acusaciones sobre la trama son falsas, han enviado al periódico, acogiéndose al derecho de rectificación, la rectificación de este asunto.Así, señaló que el periodista que redactó las informaciones, Francisco Mercado, ya ha rectificado ante los medios de comunicación cuando salió de la Fiscalía y en un programa de televisión, pero que esto "no basta" porque el periódico no lo ha hecho. Por ello, anunció, está estudiando el planteamiento de una demanda de concilición. "Y si no, tendremos que ir a los tribunales penales", agregó.
Preguntada por si cree que todas estas informaciones son porque alguien quiere ir a por ella, la presidenta apuntó que "no cabe duda que el periódico 'El País' no le tiene gran simpatía" y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "es el emblema del tipo de gobierno del PP en España, como el valenciano, el de Castilla y León o Murcia".
"Es evidente que todo lo que sea hacernos daño, al Partido Socialista...", señaló la presidenta, quien recordó como el PSOE ya dijo en su día que había que ganar en Madrid "como sea". Por ello, también insistió en que, en este caso, IU está haciendo un "enorme" favor al Gobierno de la nación por "no recordarle que se están yendo al paro 7.000 españoles más cada día".
Para Aguirre, no tiene sentido que se esté hablando de una cuestión suscitada por un periódico, cuando su periodista ya ha rectificado, si hay un momento de crisis económica como la que atraviesa España. "Es de gran interés para el Gobierno que no se hable de la crisis que estamos padeciendo", matizó.
Mayoría absoluta en Galicia
En cuanto a las próximas elecciones vascas y gallegas, la presidenta de la Comunidad sólo tuvo buenas palabras para sus dos compañeros, y en el caso del País Vasco, Aguirre recordó que sus compañeros en esta comunidad son "auténticos héroes porque se sienten vascos y españoles y defienden la libertad de sentirse así".
Aseguró que el candidato del PP a estas elecciones, Antonio Basagoiti, "es extraordinario y excepcional" y, además, "está denunciando la situación terrorífica en la que viven muchos ciudadanos del País Vasco, y no solamente por ausencia de libertades", indicó Aguirre, en referencia a las quejas de su partido porque en algunos casos se tenga en cuenta antes conocer el euskera que poseer títulos académicos.
En cuanto a Galicia, indicó que es lamentable que no se hable de lo que se ha gastado en mobiliario para su despacho el actual presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, pero aseguró que los gallegos son "muy inteligentes y le van a dar una victoria al PP, pero por mayoría absoluta", sentenció.
www.publico.es 07.02.09
El PP acusa al PSOE de usar a la Fiscalía y a la Policía para eliminar a este partidoEl dirigente popular ha respondido así a lo dicho por el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien se ha referido a un "vendaval" que recorre el PP de "espías"
González Pons ha manifestado, en declaraciones a EFE, que tiene la sensación de que el PSOE está empleando contra el partido que lidera Mariano Rajoy los medios que tiene el Ejecutivo a su disposición "en una estrategia de eliminación del PP".
El dirigente popular ha respondido así a lo dicho por el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien se ha referido a un "vendaval" que recorre el PP de "espías", de "mangoneo" y de "paraísos fiscales". En opinión de González Pons, "cuando José Blanco celebra la desaparición del PP está verbalizando su fantasía de una España de partido único".
El vicesecretario de Comunicación del PP ha puntualizado que las comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura o Cataluña, entre otras dirigidas por los socialistas, "nunca reciben órdenes de investigación" de la Fiscalía General del Estado.
"Se está poniendo en peligro el Estado de Derecho en España con la persecución sistematizada del principal partido de la oposición", ha aseverado. En nombre del PP, ha exigido que la justicia sea rápida para que "todos sepamos cuanto antes si estamos ante una peligrosa red de tráfico de influencias o ante una maniobra electoral del partido del Gobierno, utilizando los recursos de la Justicia española".
"El PP es un partido honrado, sus militantes son militantes honrados y sus dirigentes son dirigentes honrados", ha enfatizado González Pons, quien ha matizado que en esta formación política, como en todas, "hay personas que no hacen lo correcto".
Sin embargo, ha concluido, "ya nos hemos hartado de que sólo se persiga la incorrección por parte del Fiscal General del Estado en el PP
www.cadenaser.com 07.02.09
El PP arranca la 'comisión de los espías' con todo tipo de zancadillas
Los populares rechazan dos sesiones de tarde y no garantizan repreguntas
No había prácticamente empezado la comisión de investigación sobre el espionaje en la Comunidad de Madrid, y el presidente, Benjamín Martín Vasco, del PP, ya mostraba sus cartas. Hasta cuatro veces quitó la palabra a Maru Menéndez, la portavoz socialista, y a Inés Sabanés, de IU, ante el estupor de ambas.
"Mal empezamos, presidente si me quita la palabra el primer día", le espetó Menéndez. "Presidente, no sabe lo que voy a reclamar, permítame que lo reclame, por favor", se quejó Sabanés cuando Martín Vasco no le dejaba ni siquiera exponer su petición. El presidente, teóricamente un cargo institucional, llegó a decir en un momento: "Entiendo la buena voluntad del Grupo Popular", para aplaudir una intervención de David Pérez, el portavoz del PP. Pérez es el jefe de Martín Vasco, que no es un diputado cualquiera, sino un miembro de la dirección del grupo, por tanto, un aguirrista de la absoluta confianza de la cúpula.
Toda esta bronca se produjo sin que hubiera ningún compareciente polémico, mientras se discutían cosas tan básicas cómo qué días de la semana se trabajará. Después de una sesión de control del jueves durísima, en la que Esperanza Aguirre recuperó escándalos socialistas de hace más de 20 años, lo de ayer es sólo un pequeño avance de una comisión que el PP pretende controlar hasta sus últimos detalles para evitar que se deteriore aún más la imagen de Aguirre y su Gobierno.
El PP arrancó utilizando su mayoría absoluta para poner varias zancadillas a la oposición. Primero, decidió que sólo habrá tres días hábiles: lunes y miércoles a jornada completa y viernes sólo por la mañana. El martes, adujo el PP, hay junta de portavoces, y el jueves pleno. IU replicó: pongamos también el martes por la tarde, y ampliamos a la tarde del viernes, para poder agilizar. Los diputados del PP, con poco margen porque las decisiones políticas se toman en la Puerta del Sol, donde está el Gobierno madrileño, votaron en contra incluso de esta pequeña ampliación.
Los populares no dieron ninguna garantía de que la comisión pueda ser considerada de investigación, esto es, que incluya repreguntas y capacidad de interrogar realmente al compareciente, como sucedió en todas las comisiones importantes del Congreso. La última fue la del 11-M, con interrogatorios de hasta 12 horas, como el de José María Aznar.
Según el reglamento, el PP puede forzar que haya comparecencias de poco más de una hora y sin ninguna repregunta, como una "sucesión de monólogos", en palabras de Menéndez. El PP no rechazó de plano la idea de las repreguntas, pero tampoco se comprometió a nada. Y la actitud del presidente, cortando constantemente a la oposición, hizo temer a PSOE e IU que no va a dar ningún tipo de facilidades cuando estén allí miembros del Gobierno del PP, y por tanto jefes supremos de Martín Vasco.
El PP puso otras zancadillas de las que la oposición ni siquiera se percató en un primer momento. Concentrados como estaban en las repreguntas y otro tipo de cuestiones, no cayeron en la cuenta de que los populares aprovechaban su mayoría para dilatar al máximo los plazos para empezar a trabajar. Hasta el punto de que aún no se sabe cuándo arrancará. Según lo votado ayer, podría retrasarse indefinidamente la llegada del primer compareciente.
El PP, al contrario que PSOE e IU, no registró ayer sus peticiones, y hasta que no lo haga no se podrá votar y arrancar la comisión. Además, hay que dar un plazo de tres días desde que se llama al primero. La situación llega al absurdo de que, aunque el PP ha prometido ser flexible, formalmente la fecha final de la comisión es el 28 de febrero, pero al paso confuso que marcó ayer el PP para esa fecha podrían no estar ni siquiera decididos los comparecientes. El 1 de marzo son las elecciones gallegas y vascas, claves para el PP.
Primer día, primeras tensiones
- David Pérez (PP): El portavoz del PP se indignó con la presencia de Tomás Gómez, que no es diputado, en la Asamblea: "Hay una voluntad de aprovechamiento político descarado. Hay un tiempo para los partidos y un tiempo para los representantes parlamentarios. No respetar esto es no respetar la democracia".
- Maru Menéndez (PSOE). A la segunda interrupción del presidente, la socialista se enfadó: "Mal empezamos si el primer día me retira la palabra. Por favor, permítame expresarme y sabrá lo que quiero decir". Después dijo que la actitud del PP puede convertir este órgano en una "comisión tapadera".
- Inés Sabanés (IU). También interrumpida varias veces por el presidente, del PP, se indignó: "No sabe aún lo que voy a reclamar, permítame que lo reclame, por favor", clamó. Después señaló que sería un "verdadero escándalo político" si el PP veta la comparecencia de personajes clave e impide prolongar la comisión después del 28 de febrero.
- Tomás Gómez (PSOE): "El presidente de la comisión es un intransigente que representa el sector más duro del PP. Venía todo atado y bien atado por Esperanza Aguirre".
IU y PSOE intentan evitar retrasos en la investigación
La oposición trató ayer de zafarse de la trampa tejida por el Grupo Popular durante la constitución de la comisión de investigación de la presunta trama de espionaje en Madrid. Con las normas aprobadas ayer, las primeras comparecencias no tendrán lugar hasta el próximo viernes, como mínimo. Y si el lunes, como está previsto, no se envían las primeras citaciones, el asunto se retrasaría una semana más. Por eso, para evitar dilaciones, tanto socialistas como IU intentaron ayer solucionar el entuerto parlamentario.
Los grupos de la oposición presentaron ayer por la tarde en la Asamblea sendos escritos reclamando una reunión de la comisión de investigación para fijar el calendario de comparecencias. También solicitan a la Mesa de la Asamblea de Madrid, el órgano que da luz verde a la discusión de las iniciativas, que acepte las citaciones propuestas para poder comenzar cuanto antes los interrogatorios. De este modo y dado que el tiempo que debe trascurrir entre las citaciones y las comparecencias es de tres días, según el reglamento de la Asamblea, la oposición se asegura que las comparecencias no comenzarán más tarde del viernes por la mañana.
PSOE e IU presentaron ayer su relación de comparecientes. El Grupo Popular no la presentará hasta el próximo lunes. Esta circunstancia hace sospechar a los socialistas que el PP trata de retrasar el comienzo de la comisión.
Comparecientes
La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, advirtió de que "la comisión tiene fecha de finalización pero no de comienzo". Y reclamó a los populares que no entorpezcan los procedimientos para comenzar cuanto antes con los interrogatorios. Por su parte, la portavoz de IU, Inés Sabanés, confía en que "el lunes se empiecen a calificar las comparecencias para que el viernes comiencen los interrogatorios". El portavoz del Grupo Popular, David Pérez, manifestó su intención "en que no haya problemas con los tiempos".
Desde que se conoció que el PP aceptaba la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, los socialistas han mostrado su desconfianza por el juego limpio de los populares. Menéndez ha expresado en repetidas ocasiones, esta semana, su temor a que la comisión estuviese diseñada a medida del PP. Sospechaban que no habría turno de réplica y que no podrían repreguntar a los comparecientes. La preocupación por el funcionamiento formal de la comisión ha dejado margen al PP para jugar con los plazos.
El PP se resiste a aclarar si apoyará la citación a Rajoy
"No le voy a adelantar el criterio respecto a este compareciente", dijo el portavoz del PP, David Pérez, cuando los periodistas le preguntaron si aceptará la comparecencia de Mariano Rajoy, solicitada por IU (no por el PSOE). Y añadió: "Apoyaremos las comparecencias que aporten algo al objeto de esta comisión, evitaremos lo que introduzca confusión".
Pérez no quiso adelantar eso ni ninguna otra cosa, porque, aunque subrayó que su grupo apostará por la "máxima transparencia" para llegar "al fondo de la cuestión", respondió con elusiones a todo. Así, tampoco quiso decir si el PP renuncia a vetar comparecencias, aunque más tarde declaró a este periódico: "Los vetos no nos gustan. No forman parte de nuestra política".
PSOE e IU no coinciden en la comparecencia de Rajoy, aunque sí en la de su número dos, María Dolores de Cospedal. También piden que acuda a dar explicaciones la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, los máximos responsables de su Gobierno, prácticamente todo el organigrama de la Consejería de Interior y varios empresarios beneficiarios de adjudicaciones en Madrid.
Inés Sabanés, portavoz de IU, quiere empezar preguntando a Aguirre. "Hay que centrar la cuestión y ella es la máxima responsable de la región", afirma. El PSOE prefiere recabar primero información de los cargos medios para después afrontar con más razones los interrogatorios a políticos.
Cinco casos para una comisión
La presunta trama de espionaje tiene escenarios distintos que se entremezclan
El objeto de la comisión de investigación creada en el Parlamento madrileño es uno: "Analizar y evaluar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse en relación con el supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid". Pero los caminos para llegar a ese objetivo pueden ser varios, porque el escándalo tiene frentes distintos que se entremezclan. Para tratar de esclarecerlos, PSOE e IU registraron ayer mismo su solicitud de comparecencias: una lista con 56 nombres que aún debe pasar el filtro del PP. Éstos son algunos de los asuntos sobre los que la comisión tratará de arrojar luz:
- Seguimientos parapoliciales a adversarios de Aguirre. En abril de 2008, el vicealcalde, Manuel Cobo, y el ex consejero Alfredo Prada -enfrentados políticamente a Esperanza Aguirre- fueron sometidos a seguimiento por un grupo de agentes que trabajaban supuestamente en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Eso se deduce de los partes de seguimiento, publicados por EL PAÍS, donde los espías hablan de "nuestro director, Sergio" -supuestamente Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad- y de "Miguel" -supuestamente el ex subdirector Miguel Castaño-. Los agentes se encaminan a veces a la "D. G.", identificada con la Dirección General de Seguridad. El máximo responsable de la consejería es Francisco Granados, aunque fuentes cercanas a él y a Prada aseguran que Gamón no respondía ante Granados sino ante el vicepresidente Ignacio González (el número dos de Esperanza Aguirre) y el viceconsejero Alejandro Halffter, un hombre de González.
- Asalto al despacho de un alto cargo. El 27 de junio de 2008, Sergio Gamón, director general de Seguridad, se presenta con varios agentes en un organismo de la Consejería de Justicia, entra en un despacho y requisa un ordenador. El despacho es de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza de quien ha sido destituido como consejero de Justicia la víspera: Alfredo Prada (después de colocarse del lado de Rajoy en la batalla de poder en el PP). El ordenador contiene supuestamente informes confidenciales (algunas fuentes aseguran que es un dossier contra Granados; otras, que se trata de información contra González). El asunto ya salió a la luz pública entonces (Gamón fue destituido por el asalto al despacho, aunque permaneció en nómina de la Comunidad), pero ahora vuelve a cobrar relevancia porque otro de los altos cargos que ha sido espiado es Juan Carlos Fernández. En los dossiers aparece con el apodo de "el cabezón": así es como era llamado en la consejería según confirman distintos responsables de ésta.
- Espionaje al vicepresidente. Ignacio González fue grabado con cámara oculta durante un viaje oficial a Colombia en agosto de 2008, según figura en uno de los dossiers publicados por EL PAÍS. Un segundo dossier informaba de un viaje privado del vicepresidente a Suráfrica cuatro meses antes, y denunciaba adjudicaciones presuntamente irregulares de la Comunidad a empresas (como un tercer dossier, divulgado por Público). Uno de los empresarios iba en el avión con González; en otros casos las empresas están ligadas a familiares del vicepresidente. PSOE e IU llaman a declarar a varios empresarios.
Éste es uno de los episodios más confusos del escándalo, porque González aparece a la vez como víctima de espionaje y acusado de irregularidades en el ejercicio de su cargo. Y también porque algunos de los sospechosos de ordenar el resto de seguimientos eran hombres de confianza del vicepresidente.
- Las denuncias ante la dirección nacional del PP. El ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, comunicó en mayo de 2008 a su presidente, Mariano Rajoy, que creía estar siendo espiado por gente relacionada con la Comunidad de Madrid, según ha explicado el propio Lapuerta y confirmado el PP. Esperanza Aguirre, por otro lado, asegura que Lapuerta había tenido acceso a informes que atentaban contra el honor de Ignacio González y Francisco Granados, y que avisó a Rajoy en 2006; éste se limita a decir que él no vio ningún dossier.
- Un 'CNI' autonómico. En junio de 2008 y ante la creciente sensación de que altos cargos del Gobierno regional, él incluido, estaban siendo espiados, González barajó crear un servicio secreto similar al CNI. Encargó un borrador del proyecto a Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta, pero finalmente el plan quedó aparcado. La Comunidad de Madrid carece de competencias para tener un CNI.
El PSOE mira a Gallardón
Entre las 33 personas con nombre y apellidos que el PSOE quiere llamar a la comisión de investigación (además de un número indeterminado de asesores) hay cuatro altos cargos que no lo son de la Comunidad sino del Ayuntamiento de Madrid: el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón; su concejal de Seguridad, Pedro Calvo; Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal; y Juan Carlos Durán, director de Seguridad Corporativa.
El PSOE los llama porque, en los días en que salió a la luz el escándalo del espionaje en la Comunidad, el diario El Mundo publicó que el Ayuntamiento tiene una unidad "parapolicial" con competencias supuestamente fuera del control de la Policía Municipal. Aunque no ha surgido ninguna información sobre espionaje realizado por esta unidad, el PSOE cree que "hay que abordar todo lo que ha ido saliendo", explica su portavoz, Maru Menéndez. Una estrategia de la que disiente IU, que en sus 23 solicitudes de comparecencia sólo ha incluido a Gallardón y que prefiere centrarse en la Comunidad de Madrid.
También figura en la lista de ambos partidos el vicealcalde Manuel Cobo, pero él sí como víctima de la supuesta trama de espionaje político en la Comunidad.
www.elpais.es 07.02.09
AGUIRRE ELUDE DAR EXPLICACIONES DEL "LODAZAL DE 'DOSSIERS" A LA OPOSICIÓN
La Asamblea de Madrid resucitó ayer los momentos más ásperos desde el episodio de transfuguismo de 2003 de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que abrió las puertas de la presidencia regional a Esperanza Aguirre. Durante tres horas, la oposición intentó ayer, sin éxito, que Aguirre, su viceconsejero, Ignacio González, y el responsable de Interior, Francisco Granados, intentaran aclarar el "el lodazal de dossiers para chantajear a altos cargos" que, en palabras del diputado socialista Adolfo Navarro, se había convertido la Comunidad de Madrid.
PSOE e Izquierda Unida querían saber si algún "subordinado había usurpado atribuciones en las competencias de seguridad previstas en el Estatuto de autonomía; por qué un Gobierno sin apenas competencias de seguridad tienen tal número de asesores y altos cargos de seguridad; por qué Granados destituyó a su responsable de Seguridad Sergio Gamón y lo recuperó a los tres días o por qué le paga 91.000 euros al año por limitarse a hacer un informe sobre la seguridad privada de los edificios de la Comunidad".
Lejos de dar respuestas, Aguirre y sus consejeros replicaron a la catarata de preguntas contraatacando. La presidenta acusó al PSOE de tener "una larga historia de espionaje político". "Desde 1984 a 1995 funcionó un gabinete de espionaje por el que tuvo que dimitir quien lo creó como ministro de Defensa [Narcís Serra] y luego dimitió como vicepresidente del Gobierno por haber espiado, del Rey abajo, a todo el mundo. No sólo a los de su propio partido sino al Partido Comunista y a Alianza Popular". También aludió Aguirre a casos más recientes. Y se refirió al presunto "espionaje del Gobierno de Andalucía a los presidentes de las cajas andaluzas", caso que fue investigado por un juez y archivado a los pocos días.
La presidenta eludió las preguntas de la oposición sobre la responsabilidad política en la red de espionaje y se refugió en la creación de la comisión de investigación que se pone hoy en marcha y de la que, aseguró, no se derivarán responsabilidades políticas. "Queremos claridad para demostrar que aquí nadie ha espiado", espetó Aguirre.
González siguió la estrategia al pie de la letra y, tras negar todas las acusaciones sobre su intervención en algunos contratos del Canal de Isabel II que preside, en los que presuntamente se favoreció a empresas de familiares, reclamó a la oposición que, "una vez que haya culminado la comisión de investigación, si no se prueba nada, pidan excusas por las acusaciones graves que se han hecho".
La portavoz socialista, Maru Menéndez, caldeó aún más el debate cuando se dirigió a Aguirre para decirle que "llegó a la Comunidad bajo sospecha y saldrá bajo sospecha". La frase no sentó nada bien en la bancada popular. La portavoz socialista presentó ayer una queja formal contra el portavoz adjunto del PP por llamar "cacatúas" a la bancada socialista.
Por su parte, la portavoz de IU, Inés Sabanés, después de reprochar a los responsables populares que "no respondieran a las preguntas", le espetó a Aguirre que se estaba "enfrentando a uno de los momentos más duros de su gobierno". "Sobre la Consejería de Interior y el Gobierno regional recaen sospechas muy serias y firmes de que pudieran haberse vulnerado derechos fundamentales con espionajes fuera de control, con seguimientos fuera de la ley pagados con fondos públicos"
(www.elpais.com , 06/02/09)
RAJOY: "NO ME PARECE RAZONABLE COMPARECER"
Los grupos de la Asamblea de Madrid decidieron ayer la composición de la comisión de investigación que se constituye hoy y que integrarán nueve diputados. Uno de los asuntos es la lista de comparecientes. Quien parece que no estará es el líder del PP, Mariano Rajoy. Ni el PSOE ni el PP parecen dispuestos a citarlo. Rajoy consideró ayer en Rianxo (A Coruña), adonde acudió para respaldar la campaña del PP, que no le parece "razonable" comparecer y negó que el ex tesorero del partido Álvaro Lapuerta le dijera "nada" sobre dossiers.
Aunque ni socialistas ni populares citarán a Rajoy, IU sí lo incluirá. Inés Sabanés (IU) espera que la comisión comience con Esperanza Aguirre y concluya. Los socialistas sí están dispuestos a llamar a Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados, Ruiz-Gallardón, la estructura de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y algunos de los empresarios vinculados a la información aparecida sobre las supuestas adjudicaciones irregulares en la contratación.
(www.elpais.com , 06/02/09)
LA COMUNIDAD DA SIETE CONTRATOS A UNA FIRMA VINCULADA AL GERENTE DEL CANAL
Una empresa de telecomunicaciones e informática de la que fue socio el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, ha obtenido siete contratos públicos de la Comunidad de Madrid que superan 3,9 millones de euros. De Miguel fundó la empresa Secuenzia Pixels junto a su cuñado, Fernando Ruano, y otros socios en 2002. La abandonó un año después, cuando se convirtió en gerente de la compañía de aguas que preside el número dos del Gobierno regional, el vicepresidente Ignacio González.
Secuenzia Pixels obtuvo siete contratos de la Administración regional entre 2006 y 2008. Fueron adjudicaciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), que depende de la vicepresidencia regional desde junio de 2008. De Miguel negó ayer cualquier vinculación con esas adjudicaciones. Ruano también rechaza que el gerente del Canal haya influido.
De Miguel, hombre de confianza de González, aparece en dos dossiers de la trama de presunto espionaje que afecta a cargos públicos madrileños. Participó en el viaje a Colombia donde se le hizo un seguimiento a González. Y también está en otro informe que alude a las supuestas casas de lujo y fincas del gerente.
De Miguel entró en Secuenzia Pixels como accionista mayoritario con "un 30% de participaciones", según indicó ayer a EL PAÍS. Presidió la compañía hasta que le nombraron gerente del Canal en diciembre de 2003. El gerente asegura que en ese momento vendió sus acciones a su cuñado y se desvinculó de la firma, como consta en el Registro Mercantil, "para no tener conflicto de intereses".
ICM otorgó las cinco primeras adjudicaciones a Secuenzia Pixels por 2,3 millones de euros entre febrero de 2006 y junio de 2008. A partir de esa fecha, cuando esta agencia dejó de depender de la Consejería de Hacienda y entró a formar parte del organigrama de vicepresidencia, obtuvo otros dos contratos por 1,6 millones. La mayoría era para suministrar aplicaciones informáticas.
Secuenzia Pixels, según datos de la Comunidad de Madrid, se ha presentado desde 2006 a 34 concursos de los que ha ganado siete para dar servicios a las Consejerías de Justicia, Vivienda, Educación y Hacienda.
Las dos adjudicaciones más cuantiosas fueron para Justicia. Se otorgaron en junio de 2007 (por 1,7 millones de euros) y en noviembre de 2008 (1,4 millones). Ambos fueron concursos abiertos con dos y tres participantes, respectivamente, según un portavoz de la Comunidad, que añade que Secuenzia presentó la oferta más económica.
De los otros cinco contratos, cuatro se concedieron en concursos restringidos, en los que la administración invita a un número cerrado de empresas, según el Gobierno regional. El primero de ellos lo ganó Secuenzia en septiembre de 2006, para un plan de comunicación para los juzgados por valor de 134.080. Competía con otras dos firmas. En febrero de 2007, Secuenzia obtuvo otro contrato para el SICE (Sistema Informático de los Centros Educativos) por 145.000 euros. También en concurso restringido logró la adjudicación del soporte informático de la oficina de quejas de Hacienda (108.919 euros) en octubre de 2007. Y en septiembre de 2008 fue la adjudicataria, frente a otras dos compañías invitadas al concurso, de los sistemas de información para la oficina de Vivienda (203.440 euros). La empresa ganó una quinta adjudicación en concurso abierto y con otro adjudicatario (193.336 euros) en febrero de 2006.
Los contratos de Secuenzia con el Gobierno madrileño suponen el 30% de sus ingresos, según afirmó Fernando Ruano. Insistió en que trabaja también para otras administraciones, como el Ministerio de Industria.
(www.elpais.com , 06/02/09)
CREO QUE ES ALGO ASÍ COMO COORDINADOR", DICE GONZÁLEZ SOBRE GAMÓN
"Creo que es algo así como coordinador del área de seguridad". Fue todo lo que alcanzó a decir ayer el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al ser preguntado por el cargo y funciones del inspector Sergio Gamón en el Gobierno regional. "Está adscrito a la Consejería de Presidencia y tendrá las funciones que diga en el decreto de su nombramiento", añadió en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Francisco Granados las aclaró más tarde, pero en la web de la Comunidad de Madrid no figura ni una sola competencia adjudicada al área de Seguridad.
Gamón es uno de los personajes centrales en la trama de espionaje político que lleva dos semanas llenando los medios de comunicación. Es directamente sospechoso de haber dirigido el asalto al despacho del ex consejero de Justicia Alfredo Prada y el robo de su ordenador en junio de 2008. El pasado martes, compareció en la Asamblea de Madrid precisamente para explicar sus funciones, y tuvo dificultades para aclararlo.
González insistió en su disposición a acudir a la comisión de investigación que se constituye hoy en la Asamblea de Madrid sobre el espionaje. "Le he pedido al Grupo Parlamentario que me pida", dijo, con lo que garantiza su presencia. A pesar de que González parece no haber hecho ningún tipo de averiguación sobre Gamón, dijo tener la esperanza de que "la comisión aclare el objeto que persigue, averiguar si alguien ha montado un servicio de espionaje en la Comunidad de Madrid".
Por su parte, Francisco Granados, consejero de Presidencia, dijo que la principal función de Gamón es "informar los expedientes de contratación de seguridad" de la Comunidad de Madrid. Es decir, controlar las condiciones en que se contrata la seguridad y las bases de los concursos. También realiza informes sobre la seguridad en edificios del Gobierno regional y participa en la supervisión de la misma.
El cargo de Gamón, según el decreto por el que se creó, en julio de 2008, es director del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid, con las funciones de seguridad en los edificios públicos. Sin embargo, en la página web Madrid.org el apartado "competencias" de esa Dirección de Área aparece vacío, en blanco. Fuentes de la Consejería de Presidencia lo achacaron ayer a un fallo de coordinación entre el departamento y el equipo que hace la página. La página web, indicaron, no se actualizó en su momento y ahora, en medio de esta polémica, sería malinterpretado hacer cualquier cambio en la información
(www.elpais.com , 06/02/09)
UN CUÑADO DE IGNACIO GONZÁLEZ FUE "PROMOTOR DEL PROYECTO" DEL CAMPO DE GOLF DEL CANAL
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no sólo adjudicó la explotación del campo de golf de Chamberí a un socio de su hermano y de su cuñado. Las obras de dicho campo también fueron realizadas por empresas vinculadas a su familia, mediante subcontratas recibidas de ACS. Y un cuñado de González, José Juan Caballero, fue uno de lo "promotores" del proyecto.
El diseño y la construcción del golf de Chamberí corrió a cargo de varias firmas relacionadas entre sí. La principal se llama Only Golf Planning and Design y elaboró un vídeo promocional para explicar el éxito de su trabajo, al que ha tenido acceso Público. En dicho vídeo se indica que los "promotores de proyectos" de la sociedad son José Juan Caballero y José Antonio Clemente.
Caballero está casado con Isabel González, hermana del vicepresidente y diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Clemente, por su parte, es un hombre clave en los negocios de los familiares del vicepresidente. En junio de 2006, fundó la empresa Tamanaco junto a Caballero y a Pablo González, hermano del número dos de Aguirre. Y también era el accionista y administrador de Tecnoconcret cuando esta sociedad recibió la adjudicación para explotar el campo de golf de Chamberí. Como desveló este lunes este diario, Pablo González y José Juan Caballero se han hecho hace tres meses con la mayoría del capital de Tecnoconcret.
Las obras del campo de golf se terminaron antes de las elecciones autonómicas de 2007. Como subcontratistas del Grupo ACS trabajaron Only Golf y Sportcrete. Se trataba de construir, encima de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, un campo de golf de nueve hoyos y una zona de prácticas. El proyecto contó con una fuerte oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un espacio público.
Según datos que figuran en el vídeo promocional, el presupuesto total del proyecto ascendió a 50 millones de euros, de los que 3,5 se asignaron al campo de golf.
Como accionistas de Only Golf figuran en el Registro Mercantil tres personas: Dimitris Tsalidis, José Alberto Romero y José Jesús Vallenilla. El objeto de esta empresa, fundada en noviembre de 2003, es "el diseño, la construcción y la comercialización de campos de golf e instalaciones deportivas".
Además de tener a Caballero y Clemente como "promotores de proyectos", Only Golf comparte negocios con Tecnoconcret. Recientemente, ambas empresas han constituido la firma Airgrass Technologies, dedicada a "comercializar soluciones de césped artificial".
En cuanto a otra de las subcontratistas, Sportcrete, se trata de una filial de Only Golf, que controla el 80% de su capital. El 20% restante está en manos de una sociedad británica, cuya sede está en la localidad de Derbyshire.
En definitiva, en la fase de construcción del campo de golf, la contratista principal ACS decidió subcontratar a empresas ligadas a la familia de González. Y luego, en el momento de adjudicar la explotación del campo, Ignacio González le dio la concesión a una empresa de ACS Iridium y a otra del socio de su hermano y de su cuñado.
(www.publico.es, 06/02/09)
GONZÁLEZ NIEGA HABER FAVORECIDO A SUS FAMILIARES
"En ningún caso se ha hecho una adjudicación por parte de ninguna entidad dependiente de mí a ninguna empresa en la que figure ninguno de mis familiares". Esta fue la respuesta que ayer esgrimió Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, tras la reunión del Consejo de Gobierno regional.
El número dos de Esperanza Aguirre respondía así a la información publicada ayer por este diario en la que se señalaba que Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente, habían entrado en noviembre de 2008 en el capital de Tecnoconcret, sociedad que recibió hace dos años la concesión para explotar un campo de golf en el barrio madrileño de Chamberí. La adjudicación la realizó el Canal de Isabel II, que preside el propio González.
Interrogado por este tema, González comenzó diciendo que no sabía muy bien de qué le hablaban. Después dijo que se imaginaba que se trataba de una historia que no había tenido "aún oportunidad de leer". Pero, para no haberlo hecho, la relacionó de inmediato con otra que apareció en abril de 2007 en la revista Tiempo, y en la que obviamente no se informaba sobre compras de acciones de miembros de la familia González que se produjeron año y medio más tarde.
"Esa es una información ya muy vieja", comentó en dos ocasiones, mientras afirmaba que ya había dado "explicaciones en su momento". A pesar de las vueltas que le dio al asunto, Ignacio González no desmintió en ningún momento los datos aportados ayer por Público.
Pero no fue la única polémica de la que se desentendió. A González también se le preguntó qué le parecía que la galería de subastas Segre, que dirige su esposa Lourdes Cavero, hubiera vendido varias obras de arte a la Comunidad madrileña. "Es imposible que conozca los millones de contratos y decisiones que se toman en la gestión de la Comunidad de Madrid", se defendió. Y añadió que, si la Consejería de Cultura había decidido hacer esas compras, tenía que ser dentro "de la política que estaba llevando a cabo y en función de sus objetivos culturales".
Y también sostuvo que desconocía que una bodega de vinos de Ribera de Duero en la que participa el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, haya supuestamente vendido sus caldos al Gobierno regional: "No tiene nada que ver con la actividad pública a la que me dedico. No tengo ni idea". González, eso sí, quiso aprovechar la ocasión para recordar que él había solicitado voluntariamente comparecer ante la comisión de investigación que comienza hoy en la Asamblea madrileña.
El portavoz del Ejecutivo regional se lamentó de que "desgraciadamente", durante estos días, tanto él como sus compañeros hayan sido el principal objetivo de los medios de comunicación "sin que nadie haya acreditado absolutamente nada". En realidad, casi todas las revelaciones periodísticas están basadas en documentos, muchas veces públicos.
González cree que todo es una campaña "de echar velos de sospechas". Por eso afirmó que el más interesado en que se aclare todo es él, recordó que fue el primero en poner todo el caso en manos de la justicia y se mostró "especialmente satisfecho" por el arranque de la investigación. González desea que ésta "vaya muy rápido" y sirva para "clarificar quién está detrás y con qué objetivos". También pidió "responsabilidades" en el caso de que se hubiera cometido alguna actuación ilícita y "rectificaciones públicas" si se demuestran falsas "las imputaciones tan graves que se han hecho".
Como viene repitiendo desde el primer día, González dijo que no hay "nadie más interesado" que él en la resolución de esta trama y que le parece "estupendo" que toda aquella persona que pueda aportar algo lo haga. Y para este cometido valen también su presidente nacional, Mariano Rajoy, y su secretaria general, María Dolores de Cospedal. "Sé de la disponibilidad de ambos", destacó.
Por último, se le pidió que explicara las funciones del ex polícia Sergio Gamón, a quien varias informaciones apuntan como uno de los presuntos cabecillas de la trama de espionaje. "Creo que es algo así como coordinador del área de seguridad, que está adscrito a la Consejería de Presidencia y que tendrá las funciones que ésta le asigne", respondió de forma dubitativa.
(www.publico.es, 06/02/09)
EL NÚMERO DOS DE AGUIRRE FALTA DE NUEVO A LA VERDAD
Ignacio González aseguró que la noticia desvelada ayer por 'Público' era una “ información muy vieja” que ya había sido publicada en su día por ‘Tiempo’. Resulta sencillo comprobar que la versión del vicepresidente no se ajusta a la verdad. La información de la revista a la que se refiere González es de abril de 2007, mientras que este diario reveló ayer que un hermano y un cuñado del vicepresidente compraron acciones de la empresa Tecnoconcret el 10 de noviembre de 2008. Así que parece complicado sostener que en ‘Tiempo’ tuvieron la audacia de prever con año y medio de antelación las actividades empresariales de la familia González.
No es la primera vez que el número dos de Aguirre no cuenta la verdad. Cuando saltó el escándalo, González afirmó que no había adjudicado “nada” a las sociedades de Enrique Sánchez, el empresario con el que viajó a Suráfrica. ‘Público’ desveló que el Canal deIsabel II, empresa que preside González, le había adjudicado un contrato de 33 millones de euros a Segurisa y otro de 2,6 millones a Saminsa. Ambas compañías tienen como accionista mayoritario a Enrique Sánchez.
(www.publico.es, 06/02/09)
EL PP NO QUIERE QUE TELEMADRID RETRANSMITA LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, ha vuelto a reclamar que Telemadrid emita en directo las sesiones de la Comisión de Investigación sobre la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid que ha empezado hoy su andadura. El Partido Socialista Madrileño –PSM- ya había hecho esta petición el pasado miércoles, pero ayer la hizo llegar a la misma presidenta, Esperanza Aguirre durante su comparecencia en el Parlamento. La lideresa, sin embargo, hizo oídos sordos y obvió la cuestión. Al parecer, su deseo de “luz y taquígrafos” no incluye cámaras, y menos de Telemadrid.
Menéndez ha explicado que el “indudable interés público” de la comisión hace “imprescindible que Telemadrid informe en directo a los ciudadanos” de ella, apelando a la citada voluntad de “transparencia” que manifestó Aguirre cuando anunció la creación de la investigación parlamentaria.
“Luz y taquígrafos. Esto es lo que dice Esperanza Aguirre que quiere para la Comisión de Investigación, así que vamos a solicitar que Telemadrid, como ente público autonómico que es, emita en directo y sin cortes las comparecencias que se desarrollen en esta investigación”, explicó la portavoz el miércoles.
Ayer durante el pleno en el que comparecía la presidenta, Menéndez la reiteró la petición reprochándole su escaso interés en “la verdad”. Para que eso no ocurra, y en aras de “salvaguardar los derechos de la ciudadanía”, exigió a Aguirre que permitiera a Telemadrid televisar en directo la comisión. La jefa del Ejecutivo regional dio la callada por respuesta, y evitó dar un sí o un no.
Fuentes del ente autonómico consultados por este diario han explicado que Aguirre no tiene ninguna intención de retransmitir la comisión, y que esta negativa no se debe a cuestiones “económicas” –por el coste de la transmisión- ni de “audiencia”. “Podrían usar La Otra -la hermana en TDT de Telemadrid con escasas presiones de este tipo- para retransmitirla como hicieron con la comisión del 11-M, seguro que el espionaje tiene más seguimiento”, precisan.
Precisamente, si de audiencia se trata, en agosto de 2003, cuando el ente autonómico emitió la Comisión de Investigación del llamado tamayazo, retransmitiendo en directo las comparecencias de Eduardo Tamayo, María Teresa Sáez, entre otros, la cadena alcanzó “elevados índices de audiencia”, como explica el entonces director general, Francisco Jiménez-Alemán. Los buenos datos, sin embargo, fueron decayendo y se sustituyeron por avances diarios de diez minutos de duración y amplia cobertura en los telediarios.
(www.elplural.com, 06/02/09)
TENSA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN POR LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID
Esta mañana se ha constituido la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por la presunta trama de espionaje que, según las informaciones del diario El País, dependería de la Consejería de Presidencia e Interior de la región que preside Francisco Granados. Tras una tensa discusión sobre la composición de la comisión, en la que PSOE e IU han intentado sin éxito que Inés Sabanés (portavoz de IU) presidiera el órgano, la mayoría popular ha impuesto a Benjamín Martín Vasco, de la confianza de Aguirre, como presidente. La vicepresidencia ha recaído en la socialista Encarnación Moya y la secretaría ha sido para la popular Gandor Ongil.
Tal y como estaba previsto, la comisión ha quedado integrada por los populares David Pérez (portavoz), Juan Soler, Pablo Casado, Gador Ongil (secretaria) y Benjamín Martín (presidente). Por parte del PSOE conforman la comisión Maru Menéndez (portavoz), Adolfo Navarro y Encarnación Moya (vicepresidenta); e Inés Sabanés (portavoz) representa a IU.El clima polémico que probablemente tendrá la comisión se ha dejado ver ya en la sesión de constitución de la mesa, cuando PSOE e IU han mostrado su disconformidad por el hecho de que el grupo Popular, que es el objeto de la investigación y el grupo mayoritario, sea el que preside el órgano extraordinario.
Menénez recordó que la tendencia general es que los grupos minoritarios presidan este tipo de comisiones, algo que desmintió el portavoz del PP. Pérez aseguró que “en la Asamblea de Madrid todas las comisiones las ha presidido el grupo mayoritario”. “No manipulen, la tradición en esta Cámara es que siempre las ha presidido el grupo mayoritario (…) Un poco de respeto al procedimiento, a la sala y a los madrileños”, reclamó.
La tensión se ha mantenido al estudiar también la organización de los temas a tratar en la comisión y el calendario de la misma. Pese a los intentos de PSOE e IU por ampliar el calendario de sesiones, finalmente la comisión se reunirá los lunes y miércoles en sesión de mañana y tarde y los viernes en sesión de mañana hasta el próximo 28 de febrero y con posibilidad de prorrogar un mes más el órgano.
(www.elplural.com, 06/02/09)
EL PP PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID
La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid por la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid ha quedado constituida bajo la presidencia del diputado conservador Benjamín Martín Vasco, tras ser rechazada la propuesta del PSOE de que recayera en la portavoz de IU, Inés Sabanés.
Los nueve miembros (5 del PP, 3 del PSOE y 1 de IU) se reunirán los lunes y los miércoles en sesiones de mañana y tarde, y los viernes sólo por la mañana, hasta el 28 de febrero, prorrogable a un mes más. Asimismo, aquellas personas a las que se solicite su comparecencia, tendrán obligación de asistir a la reunión.
En la sesión de constitución de la comisión a "objeto de estudiar y analizar las responsabilidades políticas que pudieran derivar de la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid", la portavoz socialista, Maru Menéndez, propuso dejar la presidencia al grupo minoritario en "aras a la transparencia y a la claridad de la investigación", como se ha hecho en otros ámbitos.
Sin embargo, la vicepresidenta de la Cámara, Cristina Cifuentes (PP), rechazó esta posibilidad por considerarla una "voluntad política" y por no corresponder con las reglas establecidas por la Junta de Portavoces en esta Legislatura. "En ningún caso se ha expresado que deba ser por el grupo mayoritario el que obtenga la presidencia, sino el grupo que tenga más votos obtenga de acuerdo con el voto ponderado", destacó.
Por su parte, Sabanés destacó que las propuestas de presidencia de la comisión "están vinculadas a un criterio político", por lo que el PP podrían haberlo aceptado "por tradición democrática", con el "mismo reglamento y con el mismo criterio".
Dado que no fue aceptada la misma, procedió a retirar su candidatura, con el fin de que Encarnación Moya, del PSOE, obtuviera la vicepresidencia.
Será secretaria de la comisión la conservadora Gádor Ongil.
(www.publico.es, 06/02/09)
EL JUEZ INICIA LA INVESTIGACIÓN POR EL ESPIONAJE AL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE
El titular del juzgado número 47 de Madrid, José Sierra, ya ha iniciado su instrucción sobre el espionaje sufrido por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), número dos de Esperanza Aguirre. Sierra investigará los dossiers que destapó EL PAÍS el 20 de enero -el seguimiento con cámara oculta a González durante un viaje a Colombia en 2008 y otro de un viaje a Johanesburgo ese mismo año donde se hace referencia a adjudicaciones sospechosas- y un tercer dossier, publicado posteriormente por Público, también sobre adjudicaciones del vicepresidente. "La apertura de diligencias supone que hoy se ha producido la judicialización de este presunto caso de espionaje", explicó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los autores de los dossiers -desconocidos hasta el momento- podrían haber incurrido, según la denuncia que presentó en su día el vicepresidente, en el delito de descubrimiento y revelación de secretos, penado con hasta cuatro años de cárcel.Además del espionaje al número dos de Aguirre, EL PAÍS ha revelado la existencia de otros seguimientos a dirigentes del PP -éstos enfrentados políticamente a Aguirre-: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero madrileño de Justicia Alfredo Prada. Pero ambos han denunciado ante la Fiscalía de Madrid, no ante el juez, así que su caso depende de que el fiscal decida inhibirse y remitirlo al juzgado. O de que, en una fase más avanzada del proceso, el juez concluya que todo tiene que ver con una única trama delictiva y reclame la investigación.
En paralelo al proceso judicial prosigue el avatar político. Ayer habló la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para repetir lo que el pasado lunes ya subrayó tres veces: que la investigación interna iniciada por el partido sobre el espionaje político en Madrid no está cerrada, sino "suspendida" durante el tiempo que dure la comisión de investigación en el Parlamento regional. Lo dijo durante una visita a la sede del PP en París, y el protocolo hizo que en ese acto estuviera también el espiado Alfredo Prada en su actual condición de director del PP en el Exterior. Prada se mostró dispuesto a acudir a la comisión parlamentaria si es citado, aunque recalcó que la investigación que le interesa es la judicial.
En nombre de los más fieles a Esperanza Aguirre, el consejero de Sanidad y portavoz del PP de Madrid, Juan Jesús Güemes, volvió a cargar sus palabras con ironías contra el propio PP. "Pregúntenle al señor Rajoy. Yo no tengo la información que tiene Rajoy. Yo, desde luego, no he visto ningún dossier", afirmó. La víspera, Rajoy había admitido que el escándalo del espionaje no es "un rumor" sino que está apoyado en "muchos documentos". Sobre la comisión de investigación, Güemes avisó de que el PP no permitirá que se convierta "en un circo".
Por otro lado, el alcalde de Getafe (Madrid) y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, anunció que emprenderá "acciones legales" tras leer en la revista Interviú que también él fue espiado en 2007. Una portavoz municipal precisó después que acudirán a la fiscalía.
Castro dijo estar "indignado, dolorido y rabioso" al saberse víctima de "tan oscuras prácticas", y añadió que en los últimos años había confesado a colaboradores y familiares que tenía "la sensación" de sentirse espiado. "Era una percepción de que alguien me observaba", aseguró. Nunca llegó a denunciarlo. El presidente de la FEMP exigió a la Comunidad que llegue "hasta las últimas consecuencias" y, aunque dejó claro que no puede "acusar a nadie", aprovechó para deslizar un mensaje: "Pensé que este tipo de prácticas, que están más cercanas al pasado más triste y oscuro de este país, habían sido erradicadas de las administraciones que gobiernan a los ciudadanos".
(www.elpais.com, 05/02/09)
EL VICEPRESIDENTE DE MADRID DESCONOCE LAS FUNCIONES DEL HOMBRE CLAVE DE LA TRAMA DE ESPIONAJE
"Creo que es algo así como coordinador del área de seguridad", ha sido todo lo que pudo responder esta mañana el vicepresidente de la Comunidad de Mardid, Ignacio González, al ser preguntado por el cargo y funciones exactos del inspector Sergio Gamón en la Administración madrileña. Gamón es un personaje clave en la trama de espionaje político que ha afectado a varios cargos de la Comunidad. "Está adscrito a la consejería de Presidencia, Interior y Justicia y sus funciones serán las que diga el decreto" de su nombramiento, añadió González. El pasado martes, en la Asamblea de Madrid, el propio Gamón no pudo tampoco concretar sus funciones exactas dentro del Gobierno.
A pesar de desconocer cuáles son las funciones o el cargo exacto de Gamón, González no ha tenido problemas en considerar "falsas" las imputaciones que se deducen de la información descubierta por EL PAÍS entre ellas la que sitúa a Gamón como responsable de un equipo de espionaje directamente relacionado con el asalto a un despacho y el robo de un ordenador a un ex consejero de Justicia. "Yo no sé lo que hacen todos los cargos de la Comunidad", ha añadido González esta mañana, y ha remitido a la consejería que dirige Francisco Granados para conocer esa información, ya que es de quien depende orgánicamente.
Si bien el vicepresidente desconoce, dos semanas después de que trascendiera el nombre de Gamón, cualquier detalle sobre el "coordinador del área de Seguridad" de la Comunidad de Madrid, ha animado a que la comisión de investigación que se inicia mañana viernes en la Asamblea sobre este asunto "aclare el objeto que persigue, averiguar si alguien ha montado un servicio de espionaje en la Comunidad de Madrid". Para ello, afirmó que él ha pedido al grupo parlamentario que pida su comparecencia. También ha reiterado, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Comunidad, que no hay "nadie más interesado que el PP en que se aclaren unas imputaciones que hasta ahora se han demostrado falsas".
(www.elpais.com, 05/02/09)
UNA FIRMA BENEFICIADA POR GONZÁLEZ TIENE DE SOCIO A SU HERMANO
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó en diciembre de 2006 la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid a un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret. Pues bien, el 10 de noviembre de 2008, uno de los hermanos de González compró más del 30% de las acciones de dicha empresa. Y un porcentaje idéntico adquirió José Juan Caballero, uno de los cuñados del número dos de Esperanza Aguirre.
Los datos a los que ha tenido acceso Público figuran en el Registro Mercantil de Madrid y, lógicamente, no están incluidos enel dossier sobre González manejado por la cúpula del PP, ya que dicho informe fue escrito a finales de 2006 o principios de 2007.
El Canal de Isabel II, empresa pública que preside Ignacio González, adjudicó el campo de golf de Chamberí a un consorcio formado por las empresas Iridium, Soto Once y Tecnoconcret. La concesión se produjo el 27 de diciembre de 2006, por un periodo de cinco años, prorrogable a otros cinco en caso de que ambas partes se muestren de acuerdo. Las tres sociedades tenían la obligación de formar una nueva compañía para explotar las instalaciones deportivas, y así lo hicieron el 15 de febrero de 2007, al constituir Green Canal Golf.
La decisión de construir un campo de golf y ocho pistas de pádel sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II contó con una fuerte oposición de los vecinos, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtiran en un espacio público.
En abril de 2007, la revista Tiempo publicó que Tecnoconcret era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. Efectivamente, en aquel momento, en el Registro Mercantil figuraban oficialmente como únicos socios de la empresa un ingeniero llamado José Antonio Clemente y su esposa.
Clemente era socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente madrileño, en otra compañía denominada Tamanaco 07 Consulting. Esta empresa se había constituido el 21 de junio de 2006, seis semanas antes de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicase el concurso para adjudicar el campo de golf. Curiosamente, el objeto social de Tamanaco 07 Consulting era la “explotación de instalaciones deportivas”.
Al hacerse públicos estos datos, el vicepresidente González compareció ante los medios de comunicación, el 27 de abril de 2007. Visiblemente nervioso, en tres ocasiones rehuyó aclarar si sabía que había adjudicado el campo de golf a un socio de sus familiares directos. Y como principal argumento de defensa utilizó el siguiente: “La adjudicación se ha hecho a una UTE donde no figuran familiares míos”.
González no se abstuvo en la votación del consejo de administración del Canal de Isabel II y tampoco advirtió a los demás consejeros de la relación que existía entre su familia y una de las empresas adjudicatarias.
Todo el entramado empresarial resultaba altamente sospechoso. Lo lógico era pensar que Clemente actuaba en Tecnoconcret como testaferro de los familiares de González, que evidentemente no podían aparecer en el accionariado de la sociedad adjudicataria del campo de golf. Pero no había documentos que probasen esa sospecha.
Aunque los partidos de la oposición consideraron que ya era suficientemente escandaloso que el beneficiario fuese un socio del hermano y del cuñado de González, la presidenta Aguirre respaldó entonces a su número dos y no adoptó ninguna medida. Un mes después, el PP amplió su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas.
Cuando casi todo el mundo había olvidado la polémica concesión, Tecnoconcret realizó una ampliación de capital de 100.000 euros, acordada el 10 de noviembre de 2008. José Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero –a través de su empresa Proyectos Ecosistemas– suscribieron cada uno el 31,6% de las nuevas acciones. Entre el hermano y el cuñado de González controlan, por tanto, la mayoría absoluta del capital.
De esta forma, el accionariado de Tecnoconcret pasó a ser prácticamente idéntico al de Tamanaco 07 Consulting. Y se confirma, así, la relación entre los familiares de González y la empresa que recibió la adjudicación del polémico campo de golf de Chamberí.
Fuentes del Canal de Isabel II aseguraron ayer a este diario que, “hace aproximadamente un año”, Iridium le compró sus acciones a las otras dos empresas que recibieron la adjudicación para explotar el campo de golf; es decir, a Soto Once y a Tecnoconcret. Según esta versión oficial, por tanto, los familiares de González ya no formarían parte de Green Canal Golf.
(www.publico.es, 05/02/09)
AGUIRRE ACUSA AL PSOE DE HABER ESPIADO "DEL REY PARA ABAJO A TODO EL MUNDO"
¿Espías en el PP? No, los hay en el PSOE.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, mantiene su estrategia de hacer bueno el dicho de "no hay mejor defensa que un buen ataque" en la trama de espionaje desatada en el PP. La 'lideresa' ha afirmado que el PSOE "tiene como seña de identidad el espionaje político" y ha aludido a seguimientos irregulares realizados por este partido en los años 80, en los 90 y en la actualidad.
Aguirre, que ha hablado de este asunto en el pleno de la Asamblea regional, ha relatado cómo en 1984 el PSOE "creó un gabinete de espionaje político para espiar a los de su propio partido, a los de Alianza Popular y a los comunistas", y cómo en 1995 su "creador", el entonces ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno Narci Serra "tuvo que dimitir por espiar desde el rey para abajo a todo el mundo".
Tras insistir en que su Gobierno "no tiene nada que ocultar", la presidenta ha señalado que en la presunta trama de espionaje a políticos en la Comunidad de Madrid lo único "cierto" es que ha habido "18 portadas nacionales de un periódico diciendo que el Gobierno de esta Comunidad espía, acusaciones que han sido desmentidas más tarde por su autor a la salida de la Fiscalía".
Esperanza Aguirre, que ha dedicado buena parte de su intervención a recordar la trayectoria histórica de espionaje del PSOE, ha destacado que "sigue abierta una causa porque en 2003 escucharon los teléfonos del PP de Madrid y el juez ve indicios de delito" y que "se ha probado que agentes del CNI espiaron a Manuel Pizarro (diputado nacional del PP) en junio de 2007".
"Es usted muy valiente, señora Menéndez. Bienvenida al club de los que creemos que estos espionajes son intolerables y no estamos dispuestos a aceptar que los derechos y libertades sean conculcados. Es usted la primera en la historia de su partido que se preocupa por nuestro derecho a no ser espiados", le ha dicho Aguirre a la portavoz del PSOE.
La socialista Maru Menéndez le había preguntado si considera que existen responsabilidades políticas relacionadas con la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, a lo que Aguirre ha contestado que dichas responsabilidades las tendrá que "juzgar" y "esclarecer" la comisión de investigación de la Asamblea.
Menéndez le ha dicho a la presidenta que "a la hora de mentir podían ponerse de acuerdo" todos los representantes del PP para "no volver locos" a los demás, y ha hecho hincapié en que miembros de su mismo partido, como el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero y diputado regional Alfredo Prada "son los que han hablado directamente de responsabilidad en los hechos de la Consejería de Interior".
Le ha reprochado también que, desde que hace un año se mostrara dispuesta a abandonar el Gobierno regional para concurrir en la lista de Mariano Rajoy al Congreso de los Diputados y se produjera la "fractura interna" en el PP, los madrileños estén sufriendo su "ambición desmedida y su lucha por el poder y por el dinero".
Menéndez se ha mostrado convencida de que el PP, "fruto de un pacto interno", tiene ya "escrito el dictamen de la comisión de investigación" y "no tiene voluntad de esclarecer los hechos". Por su parte, la portavoz de IU, Inés Sabanés, le ha dicho a Aguirre que su grupo está "dispuesto cruzar el desierto aun sin cantimplora, para saber la verdad de lo que aquí ha sucedido".
"Tengo la convicción de que usted se está enfrentando a uno de los momentos más duros de su gobierno, porque recaen sospechas muy serias y firmes, y las tramas de espionaje se suelen montar contra algo y por algo en momentos de deterioro y descontrol", ha agregado la portavoz de IU. Sabanés ha aprovechado además para lanzar un cuestionario a la presidenta, con el fin de que ésta dijera expresamente si "sostiene que nadie de la Consejería de Interior ni relacionado ha podido intervenir en la trama" y si "responde por todos sus consejeros", y para que explicara "quién la persigue" y "de quién es víctima".
Como respuesta, Aguirre ha asegurado que quiere "claridad, luz y taquígrafos" y que "nadie ha organizado espionajes, ni los ha amparado, ni ha tenido conocimiento de ello". En su debate con Sabanés, la presidenta ha criticado que IU "preste ayuda al PSOE" en este asunto, "después de haber sido espiado también por ellos", y que "se dedique a seguir informaciones mentirosas en lugar de pedir responsabilidades a un Gobierno que manda al paro a siete mil trabajadores al día".
(www.publico.es, 05/02/09)
EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE EL DOSSIER DESVELADO POR 'PÚBLICO'
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, solicitó ayer al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que amplíe el contenido de la denuncia presentada anteriormente en relación con la existencia de una supuesta trama de espionaje en la Comunidad. González pide que se añada a las diligencias la información desvelada por Público sobre la existencia de dos informes que contienen datos muy detallados sobre su patrimonio y relaciones y en los que se vincula al número dos de Esperanza Aguirre con varias adjudicaciones sospechosas.
Estas informaciones parten de dos. El informe principal consta de 69 páginas y en él se repasan cinco adjudicaciones públicas presuntamente irregulares, realizadas por organismos controlados por el vicepresidente madrileño. El Gobierno de Madrid llevó a los tribunales la presunta trama de espionaje el 20 de enero. Posteriormente, incluyó en ella los seguimientos de que habría sido objeto el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.
(www.publico.es, 05/02/09)
EL PP DE MADRID SE QUEJA DE QUE RAJOY CREA EN DOSIERES SIN VERLOS
Al PP de Madrid, que dirige Esperanza Aguirre, no le ha gustado nada que el presidente del partido, Mariano Rajoy, admitiera ayer en Barcelona que cree en la existencia de dosieres vinculados al espionaje a políticos, pese a no haber visto ninguno.
Y, para que constase en acta, los populares madrileños decidieron hacer público su malestar a través de su portavoz, Juan José Güemes, que llegó a mofarse de esos informes que Rajoy da por buenos. "Son como las meigas, que haberlas haylas", subrayó, dando a entender que lo del presidente del PP es una cuestión de fe en lo publicado en los medios de comunicación, y no en los argumentos de Aguirre. Además, quiso aprovechar la oportunidad para intentar desvincular la Comunidad de la supuesta red de espías. "Puedo garantizar que el Gobierno de Madrid no ha elaborado ni amparado ni conocido la elaboración de ningún informe relativo a nadie", sentenció.
Pero Güemes no solo tenía recado para Rajoy. También se acordó de sus compañeros de Galicia y Euskadi, que están inmersos ya en la campaña preelectoral y que han puesto de manifiesto su preocupación por la repercusión que, a la hora de votar o no al PP, puede tener el escándalo de espionaje en Madrid. "No es cuestión ni momento de hacer cálculos electorales", replicó el portavoz de los conservadores madrileños, reclamando "rigor y seriedad" ante este asunto.
Por último, se pronunció sobre la comisión de investigación que mañana empezará en la Asamblea. Avisó de que el PP no permitirá que se convierta "en un circo" y abogó por marcar un calendario de trabajo intenso. Y como ayer hiciera su jefe, Esperanza Aguirre, auguró que la investigación demostrará la inocencia de la Comunidad de Madrid.
(www.elperiodico.com, 05/02/09)
LOS JEFES DE LOS GRUPOS ASUMEN EL CASO
Hay una causa común en los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. La enorme preocupación sobre el funcionamiento de la comisión de investigación sobre la presunta trama de espionaje a altos cargos. Y esta inquietud ha desatado la tensión.
Nada debe quedar al azar. Por eso, el Gobierno regional ha tomado cartas en el asunto. Fuentes populares avanzaron el martes que la presidencia de la comisión recaería en un cargo próximo a Esperanza Aguirre. El escogido era Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto del Grupo Popular y miembro de la dirección de grupo. Pero ayer fuentes de la Asamblea reconocieron que no está tan claro. "Sol [sede del Gobierno regional] tiene que dar la última palabra", apuntaron. Otro de los nombres que se barajan es el de David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea, uno de los hombres duros de Aguirre en el Parlamento regional.
Los socialistas observan de reojo cualquier movimiento de sus rivales políticos y aplazan hasta hoy la designación de los tres miembros que les corresponden. Fuentes del PSOE avanzan que la portavoz del grupo, Maru Menéndez, y el portavoz adjunto, Adolfo Navarro, estarán en la comisión. También Inés Sabanés, la portavoz de IU, intervendrá junto a Miguel Reneses.
La investigación quedará así en manos de los jefes de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. La oposición teme que el PP ponga trabas al desarrollo de la comisión con unas reglas que no impidan el turno de réplica. De ser así, la comisión se convertiría en un monólogo del compareciente que podría eludir las preguntas de los miembros de la comisión.
(www.elpais.com, 05/02/09)
LA COMISIÓN NO SERÁ "UN CIRCO", ADVIERTE EL PP
La supuesta red de espionaje controlada desde la Comunidad de Madrid desembarcará hoy en sede parlamentaria. Como un aperitivo de la comisión de investigación que comenzará a funcionar el viernes, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dará las primeras explicaciones sobre esta trama en la Asamblea regional. Dos preguntas, del PSOE e IU, estrenarán así el nuevo periodo de sesiones en el parlamento autonómico.
Será el primer envite. Mañana concluye el plazo para que los tres partidos que constituirán la comisión: PP, PSOE e IU, registren su primera petición de comparecencias. El consejero de Sanidad y responsable de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, advirtió ayer de que su partido no tolerará que la comisión "se tome como una broma ni que nadie tenga la tentación de convertirla en un circo".
La investigación parlamentaria finalizará el próximo 28 de febrero. La oposición considera que tanta premura por parte del PP responde a la estrategia de atragantar el trabajo de la comisión. Güemes verbalizó ayer cierta urgencia al señalar que la Asamblea podrá "alcanzar conclusiones relativamente rápido".
El portavoz del PP madrileño pidió también que la comisión se marque "un calendario de trabajo intenso". De este modo, nueve diputados, cinco del PP y cuatro de la oposición, tendrán que hacer frente a la estajanovista filosofía de trabajo anunciada ayer por Güemes: "Que la comisión se reúna cuantas más veces mejor, que comparezcan cuantas más personas mejor y que se haga rápido, porque conviene despejar cualquier duda cuanto antes".
El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, cree que Aguirre quiere "echar tierra encima" de la comisión "para que no se esclarezca nunca la verdad". Desde esa sospecha, el PSOE pide "transparencia" al Ejecutivo regional: luz, taquígrafos, y las cámaras de la televisión pública de Madrid. Los socialistas esgrimen un precedente, Telemadrid ya emitió en directo las comparecencias de la comisión que investigó el denominado Tamayazo, en agosto de 2003.
Entretanto, los protagonistas de la trama esperan su citación. Uno de los cargos supuestamente espiado, el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, aseguró ayer que "estaría encantado" de comparecer. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señaló que ella y Rajoy "están dispuestos a ayudar en lo que sea posible".
UN PERSONAJE CLAVE DE LA TRAMA DE LOS ESPÍAS EVITA CONTESTAR A LOS DIPUTADOS
No ha hecho ni una sola declaración pública. Evita a los periodistas. Y eso que aparece en el centro de la trama de espionaje. Primero, porque era el director de Seguridad cuando se produjo. Segundo, porque su nombre aparece en los informes -"entra nuestro director, Sergio", se lee en el del seguimiento a Alfredo Prada-. Y tercero, porque fue destituido por espiar a Prada, que después fue seguido de nuevo. Es Sergio Gamón, "protagonista de esta película del que no conocemos aún al director", sentenció la diputada socialista Encarnación Moya. Por eso la expectación era máxima ayer cuando Gamón compareció en la Comisión de Interior para explicar cuál es su trabajo.
Pero el ex policía volvió a dar esquinazo a políticos y periodistas, con la colaboración de la presidenta de la comisión, Pilar Liébana, del PP, que insistía en exigir a los diputados del PSOE e IU que no le preguntaran al ex policía por lo que está en todos los periódicos, sino por el asunto de la comparecencia, esto es ¿cuál es su trabajo?
Las preguntas estaban todas: ¿Ante quién responde? ¿Es el jefe de los espías? ¿Es una de esas personas por las que Francisco Granados no se atrevió a poner la mano en el fuego? ¿Por qué le cesaron cuando robó un ordenador y lo recolocaron a los cuatro días? Las respuestas, casi ninguna.
Después de un largo listado de cuestiones que afectaban a su imagen -la diputada del PP Cristina Cifuentes llegó a pedirle "perdón en nombre de todos los parlamentarios" por las preguntas de Miguel Reneses, de IU- Gamón se contuvo y sólo entró al trapo en dos cosas.
Ante la pregunta de si mantiene amistad con Esperanza Aguirre -fue su jefe de escoltas cuando presidía el Senado, y es eso, según fuentes populares, lo que hizo que después de su fulminante destitución le buscaran un puesto de "director de área" prácticamente sin atribuciones-, el ex policía se alteró: "Me preguntan sobre mi relación con Aguirre. ¿Por qué no me preguntan sobre mi relación con María Teresa Fernández de la Vega? Ella me llamó expresamente para trabajar en su gabinete en el tema de seguridad. En 27 de años de policía he trabajado con el PSOE y con el PP". Una portavoz de la vicepresidenta aseguró ayer a EL PAÍS: "Eso es imposible, ella no le conocía de nada".
Gamón trabajó un año para De la Vega, pero es militante del PP, y fue Aguirre quien le dio un puesto de relevancia política, director general de Seguridad, y quien ahora le mantiene como director de área con un salario alto, de 91.657 euros brutos al año.
El ex policía también perdió la paciencia cuando le preguntaron por el robo del ordenador en el despacho de un hombre de confianza de Alfredo Prada, al día siguiente de que Aguirre lo echara. "Me gustaría que fueran un poquito justos. El caso está sobreseído. La justicia en la que yo creo ha dicho que no hay prueba alguna". Efectivamente, no se encontraron pruebas porque cuando el fiscal pidió los vídeos de seguridad de las instalaciones ya se habían borrado.
De lo demás, ni palabra. Se limitó a explicar a que su puesto no tiene estructura orgánica ni dotación presupuestaria, y su función es elaborar "un estudio sobre las necesidades de seguridad privada en los edificios dependientes de la Comunidad". Las explicaciones fueron tan vagas, y la comparecencia tan breve y tensa, que la oposición sostuvo que Gamón "tiene mucho tiempo libre", cobra por no hacer nada y por "deudas pasadas".
El ex policía tendrá que comparecer de nuevo, casi con seguridad, en la comisión que arranca sus trabajos el viernes. Aún no hay nada decidido sobre la manera en la que desarrollará. Sobre todo si se admiten o no repreguntas, como ha sucedido en todas las comisiones del Congreso y en la de Tamayo y Sáenz en la Asamblea. Sólo hubo una comisión sin repreguntas, esto es con sucesión de monólogos. Fue la del incendio de Guadalajara en 2005. La investigación política fue un desastre, y el PP criticó el rodillo socialista que impidió ir más allá, aunque al final dimitió la consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo.
Todo parece indicar que Aguirre quiere controlar la comisión estrechamente. Como primera medida, no ha cedido a la petición de que el presidente, personaje clave para cortar preguntas, como se vio ayer con Gamón, sea de la oposición. Ésa era la tradición en la democracia española. Es lo que sucedió en comisiones famosas como el 11-M, Gescartera (con Aznar), Filesa y Naseiro, todas presididas por CC. Otras conocidas, como la del caso Mariano Rubio o el caso Roldán, fueron para el PNV. Obviando esta tradición, Aguirre dará la presidencia a un diputado del PP y además de máxima confianza. Se trata de Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto y por tanto miembro de la dirección del Grupo Popular. El portavoz del PP en la comisión será David Pérez, que es a su vez portavoz en la Asamblea y por tanto jefe de Martín Vasco.
(www.elpais.com 04/02/09)
DE ROLDÁN AL 11-M Y EL 'TAMAYAZO'
- 15 Comisiones de Investigación. En el Congreso de los Diputados se han celebrado 15 comisiones de investigación de asuntos como malos tratos a detenidos en el País Vasco, catástrofes aéreas, Rumasa, financiación de partidos, caso Renfe, caso Roldán, caso Rubio, privatización de Intelhorce, tramitación de expedientes de la Agencia Tributaria, fraude del lino, Gescartera y 11-M. El Senado creó una sobre los GAL en 1995 que no llegó a funcionar.
- Presidencia de las minorías. Se ha cumplido siempre la costumbre de que el presidente fuera de un partido minoritario. Coalición Canaria presidió la del 11-M, la del lino y Gescartera. CiU la de Roldán y el PNV la de Mariano Rubio. La de Roldán fue la última a puerta cerrada y la del 11-M, la más larga: 13 meses, seis de ellos de interrogatorios. El tiempo medio del resto fue de tres meses. La de la matanza de los trenes no tuvo límite de tiempo en las comparecencias y fue un puro interrogatorio.
- Comisiones autonómicas. La del tamayazo en la Asamblea de Madrid la presidió Francisco Granados (PP); duró un mes y no hubo límites en los interrogatorios. En Navarra se celebró la del caso Urralburu y en Castilla-La Mancha la del incendio de Guadalajara, limitada a un mes.
(www.elpais.com, 04/02/09)
RAJOY SOBRE LOS ESPÍAS: "NO SON RUMORES, ESOS DOCUMENTOS EXISTEN"
Todos los dirigentes del PP señalaban estos días que la dirección concedía mucha credibilidad a las informaciones sobre el espionaje entre compañeros de partido que ha publicado EL PAÍS. Pero hasta ahora nadie lo había dejado tan claro como Mariano Rajoy ayer en Barcelona. En una entrevista con la cadena de radio Rac 1 fue tajante al avalar las informaciones de EL PAÍS y contradecir, por tanto, la tesis de Esperanza Aguirre, que insiste en que todo es una "gran mentira" urdida por este periódico, a pesar de que se ha visto forzada a conceder la creación de una comisión de investigación.
Preguntado expresamente por las informaciones de EL PAÍS, Rajoy señaló: "Una cosa es que se publiquen rumores y otra cosa es que, como ha sucedido, se publiquen muchos documentos. Esos documentos existen. Lo que no sabemos es quién los ha confeccionado y quién los ha ordenado. Yo quiero transparencia y claridad, es bueno que se sepa la verdad y por eso es bueno que se haya abierto una comisión de investigación".
El líder del PP llegó incluso a sugerir que si hay anotaciones personales en algunos de los documentos, como se ve en los que ha publicado este periódico, se pueden hacer pruebas caligráficas durante una investigación judicial. El departamento de Interior de Madrid no ha intentado esas pruebas caligráficas a las que se refiere el líder del PP. Rajoy señaló que si ha habido espionaje y dossiers -se hagan con dinero público o sin él- "es lamentable y bochornoso. Y si se hace con dinero público muchísimo peor", concluyó.
Poco después de acudir a la radio, el líder del PP volvió a tratar de esquivar a los periodistas. Llevaba 18 días sin enfrentarse a una rueda de prensa, y ayer se vio por qué. Apenas aguantó una pregunta sobre la trama de espionaje de la Comunidad de Madrid: "Si usted conocía la existencia de los dossiers, ¿por qué no tomó cartas en el asunto?", le preguntaron. La réplica, breve y forzada, fue la siguiente: "No he visto jamás ningún dossier, si ustedes tienen uno, me gustaría verlo".
En 2006, Álvaro Lapuerta, entonces tesorero del PP, informó a Rajoy de que tenía en su poder un dossier sobre concesiones irregulares de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El entorno del líder ha confirmado esta información. Aunque Rajoy no llegó a ver el dossier, sí supo de su existencia -es lo que le preguntaban- y en vez de ir al juzgado o a los medios, se lo contó en secreto a Esperanza Aguirre, según ha confirmado ésta. Y ahí quedó todo hasta que la prensa lo investigó.
La siguiente pregunta fue si habrá alguna dimisión. Cambió el semblante e incluso su tono de proverbial ironía. Se limitó a replicar: "No responderé nada más sobre este tema y me remito a la nota que hizo pública el partido" el lunes. Hubo otro intento, también sin éxito. Y nada más.
(www.elpais.com, 04/02/09)
RAJOY ENDOSA A AGUIRRE EL COSTE ELECTORAL DEL ESCÁNDALO DE MADRID
Mariano Rajoy intenta tomar distancia respecto a la trama de los espías y, de paso, blindarse ante futuros fiascos electorales. El líder del PP aprovechó ayer su paso por Barcelona para lanzar un mensaje a la militancia que no es baladí: dejó caer que el escándalo del espionaje a políticos, presuntamente relacionado con el Gobierno de Esperanza Aguirre, podría perjudicar seriamente al partido. Especialmente cuando apenas queda un mes para los comicios gallegos y vascos y cuatro para las elecciones europeas.
Y es que, según se deduce de sus palabras, Rajoy considera que este asunto daña seriamente la imagen de los populares y, además, imposibilita que los medios de comunicación recojan otro tipo de discursos y temas, más propios de la oposición y de tiempos de crisis. "Un escándalo como este hace daño, porque hace que no se hable de lo realmente importante", afirmó.
No obstante, Rajoy dijo estar contento de que Aguirre haya aceptado, finalmente, apoyar una comisión de investigación en el Parlamento regional de Madrid, una iniciativa que le ha permitido aparcar, al menos de momento, la investigación interna que había ordenado. "Si es verdad que ha habido espionaje y dosieres, se haga con dinero público o sin él, me parece lamentable y bochornoso. Y si se hace con dinero público, muchísimo peor", señaló en declaraciones a RAC-1, a fin de justificar la necesidad de seguir buscando "la verdad".
Eso sí, reconoció que el PP no tiene "ni la mitad de los medios" que una Cámara regional o un juzgado para poder investigar, puesto que no tiene potestad para obligar a personal de la Comunidad de Madrid no afiliado al partido a prestar declaración ante su secretaria general, Dolores de Cospedal. Además, sacó a colación que los documentos que se han publicado sobre seguimientos a terceros llevan anotaciones personales. En su opinión, un juez podría ordenar pruebas caligráficas que dieran un poco de luz a tan oscuro asunto.
Ya en la rueda de prensa que ofreció en Barcelona, tras reunirse con la presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, Rajoy trató de defenderse de quienes le acusan de conocer desde el 2006 la existencia de dosieres sobre el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. "A mí nunca me ha llegado ningún dosier", señaló. Y eso parece que es verdad. No le llegaron, pero sabía de su existencia desde hace dos años, cuando el tesorero de su partido, Álvaro Lapuerta, le habló de esos informes.
Sin embargo, tampoco quiso ayer Rajoy arremeter directamente contra ninguno de sus compañeros de organización. "Tengo la mejor opinión de todos los miembros del PP y creo en la presunción de inocencia. Y Aguirre me parece una extraordinaria dirigente política", enfatizó.¿Eso significa que el líder de los populares descarta que los miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre estén implicados en la trama de espionaje?. No lo parece, a tenor del aviso que dejó en el aire: "Cualquier persona tiene que saber quiénes son sus colaboradores".
Y mientras Rajoy se declaraba "entusiasta" de la investigación parlamentaria, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, rebajaba la expectativas creadas. Él decía en Barcelona: "Soy un entusiasta de esa comisión. Que se sepa lo que se tenga que saber, si se tiene que saber algo". Ella, mientras tanto, lanzaba augurios exculpatorios. "La investigación judicial derivará, en su caso, en responsabilidades penales que haya por el espionaje, si las hay. La Asamblea investigará si hay responsabilidad política. Yo creo que no y digo que no tengo nada que ocultar", recalcó.
El equipo de Aguirre trabaja ya en los preparativos de la comisión. Y, sin micrófonos delante, se mofa de que la dirección del PP ya prepare la venda para una posible herida electoral. Una herida que podría complicar el futuro del partido.
(www.elperiodico.com, 04/02/09)
RAJOY CELEBRA QUE LA ASAMBLEA DE MADRID INVESTIGUE LA PRESUNTA TRAMA DE ESPIONAJE
Mariano Rajoy se ha declarado "muy contento" por que la Asamblea de Madrid vaya a llevar a cabo una investigación sobre la supuesta trama de espionaje en la Comunidad que preside Esperanza Aguirre, quien ayer hizo público su apoyo a la comisión investigadora. "Lo único que quiero es que se sepa la verdad", ha reiterado el presidente del PP en una entrevista en RAC1.
A Rajoy le parecería "bochornoso y lamentable" que hubiese habido juego de espías y redacción de dossiers "con o sin dinero público" y ha subrayado que para evitar situaciones como la que ahora vive su partido todos los cargos deberían "conocer a quienes tienen por debajo".
Respecto a los documentos que ha ido publicando el diario 'El País' sobre los casos de espionaje, no ha tenido reparos en admitirlos como pruebas –"no se los han inventado"- aunque ha insistido en la importancia de que sea una investigación pública la que determine las responsabilidades.
Rajoy también ha reconocido que todo este asunto "no ayuda" a las aspiraciones de los populares en las próximas elecciones gallegas y vascas. Sin embargo, considera que los votantes sabrán distinguir entre lo que pasa en Madrid y en su comunidad.
"Yo no he hecho nada", fue su respuesta espontánea al preguntársele si se había planteado dimitir por las últimas disensiones en el seno del partido y ha recordado que obtuvo un respaldo del 84% en el pasado congreso del PP.
Más tarde, Rajoy se ha reunido con empresarios y dirigentes sindicales de Catalunya, y en la posterior rueda de prensa ha defendido la presunción de inocencia de Esperanza Aguirre en el caso del supuesto espionaje en la Comunidad a la vez que ha negado haber visto jamás "ningún dossier" sobre seguimientos a altos cargos. "Tengo la mejor opinión de todos los miembros de mi partido y creo en la presunción de inocencia, y Aguirre me parece una extraordinaria dirigente política", dijo.
Más allá de la lucha intestina de los populares, en los micrófonos de RAC1 el líder de la oposición se mostró muy preocupado por cómo la crisis afecta a la sociedad española el día en que se han conocido los datos del paro de enero, con un aumento récord del número de desempleados, 198.838, que eleva a más de 3,3 millones la cifra total.
A su juicio, el aumento imparable del paro es una "auténtica tragedia social" que requiere un urgente cambio de rumbo de la política económica del Gobierno, al que acusa de ser incapaz de generar confianza y mitigar el miedo. "Esto es un drama. Detrás de cada cifra hay familias que lo pasan muy mal".
Preguntado sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, ha sido taxativo y ha acusado de engañar al presidente del Gobierno. Denuncia que José Luis Rodríguez Zapatero "ofrece a todos el oro y el moro" para a continuación improvisar el modelo, aunque, asegura, ningún presidente autonómico conoce qué cantidad de dinero va a recibir su comunidad.
Rajoy no ha dejado de subrayar que su principal preocupación es que la financiación vaya a pagarse con deuda pública y no con los recursos ordinarios de los Presupuestos. Lamenta que de este modo el pago se hará a costa de los ciudadanos y se dificultará la concesión de créditos.
(www.lavanguardia.es, 04/02/09)
EL PP BLINDA EN EL PARLAMENTO REGIONAL A GAMÓN, UN HOMBRE CLAVE EN EL ESPEGATE
A juzgar por la actitud que mantuvo ayer el PP en la Asamblea de Madrid, Sergio Gamón, director del área de Seguridad de la Consejería de Presidencia de Madrid y hombre clave en la presunta trama de espionaje regional, vale más por lo que calla que por lo que habla. Sólo así se entiende que, en una actitud dudosamente democrática, la presidenta de la comisión de Interior, Pilar Liébana, exigiera a los diputados de la oposición la retirada de todas las preguntas incómodas. El blindaje a Gamón fue tal que la parlamentaria Cristina Cifuentes llegó a excusar a sus compañeros por su imprudencia. Cifuentes se dirigió al compareciente para pedirle “perdón en nombre de todos” los presentes.
Sergio Gamón es uno de los nombres más relevantes en la presuma trama de espionaje de la Comunidad de Madrid. Primero, porque era director de Seguridad cuando sucedieron los seguimientos. Segundo, porque se le menciona en los los dossier sobre Alfredo Prada: “entra nuestro director, Sergio”. Y tercero, porque, curiosamente, se le destituyó del anterior cargo por espiar precisamente a Prada, nada más ser destituido como consejero de Justicia.
Censura del PP
En definitiva y retomando las palabras de la portavoz socialista de Interior, Encarnación Moya, Gamón es el “protagonista de esta película del que no conocemos aún al director”. Su comparecencia en la Asamblea, por tanto, era de las más esperadas. IU y PSOE, sin embargo, se quedaron con las ganas de interrogarle. Ayer Pilar Liébana, presidenta de la Comisión de Interior, impidió que se le interpelara al también ex policía algo distinto a ¿cuál es su trabajo?, según recoge hoy El País
Nada sobre su polémico cese o para quién trabaja
Quedó prohibido, por tanto, preguntar a Gamón a quién obedece, si ha dado o recibido órdenes de espiar, cuáles fueron los motivos de su cese como director general de Seguridad o, simplemente, si se refería a él el consejero de Justicia, Francisco Granados, cuando rehusó poner las manos en el fuego por sus subalternos. La guinda la puso la diputada popular Cristina Cifuentes, pidiendo “perdón en nombre de todos los parlamentarios” por las preguntas del diputado de IU, Miguel Reneses.
Casi 92.000 euros anuales por nada
Reneses recibió tres toques de atención por parte de la presidenta de la comisión para que volviera al tema de la comparecencia y a la salida aseguró haber asistido "a la primera farsa de un sainete", con "un señor al que se le paga por hacer nada [en concreto, 91.657 euros al año] o en todo caso por un estudio sine die sobre los temas de seguridad privada en la vigilancia de edificios" cuando, según aseguró, todos conocen que es "un personaje clave" en los hechos del Campus de la Justicia y en la trama de espionaje.
Se escuda en De la Vega
El ex director de Seguridad tan solo se pronunció sobre dos aspectos: sobre si mantiene una relación de amistad con Esperanza Aguirre, de quien fue jefe de escoltas cuando presidía el Senado, y sobre el robo del ordenador de un despacho dependiente de Prada. En el primer caso, salió por la tangente: “Me preguntan por mi relación con Aguirre. ¿Por qué no me preguntan sobre mi relación con María teresa Fernández de la Vega? Ella me llamó expresamente para trabajar en su gabinete”. La información ha sido desmentida por una portavoz de la presidenta: “es imposible que ella le llamara, no le conocía de nada”, asevera al diario El País.
Pide “justicia”En el caso de Prada, se limitó a pedir “justicia”. “El caso está sobreseído. La justicia en la que yo creo ha dicho que no hay prueba alguna”, remachó. Ni una palabra sobre la misteriosa desaparición del ordenador o el borrado de los vídeos de seguridad. En cualquier caso, es altamente probable que Gamón vuelva a comparecer en la comisión de investigación que arranca este viernes presidida por un hombre de máxima confianza de Aguirre, el diputado Benjamín Martín Vasco.
(www.elplural.com, 04/02/09)
AGUIRRE SE SALTA LAS NORMAS DE CORTESÍA DEMOCRÁTICA Y EVITA CEDER LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
A dos días de que la Comisión de Investigación de la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid inicie andadura en la Asamblea, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha echado mano de sus dotes de vidente –seguramente teniendo en mente su mayoría absoluta- para adelantar las conclusiones. “No tendrá consecuencias políticas”, ha indicado.
Aguirre no da puntada sin hilo y, previamente, había atado los cabos poniendo a un diputado de máxima confianza al frente de la citada comisión. El popular Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto y miembro de la dirección del grupo, presidirá los trabajos, en una decisión inédita en democracia ya que hasta ahora se había aceptado la norma no escrita de ceder la presidencia a otros grupos políticos en casos como éste. Ni siquiera Aznar traspasó la norma tácita en el caso Gescartera, cuando dejó la presidencia a Coalición Canaria.
Gracias a su mayoría absoluta en la Asamblea, Aguirre se ha asegurado que su grupo sea el que decida el funcionamiento, los turnos de réplica y las comparecencias en la comisión, que iniciará su andadura este viernes y finalizará el 28 de febrero, aunque podrá prorrogar sus trabajos durante otro mes si es necesario. Las condiciones impuestas han indignado a la oposición. sin embargo, ella sigue defendiendo que se trata de un proceso con luz y taquígrafos.
Otras comisiones
En el Congreso de los Diputados se han celebrado 15 Comisiones de Investigación sobre asuntos como malos tratos a detenidos en el País Vasco, catástrofes aéreas, Rumasa, la financiación de partidos, los llamados casos RENFE, Roldán y Rubio, la privatización de Intelhorce, la tramitación de expedientes de la Agencia Tributaria, fraude del lino, Gescartera y el 11-M, tal como recoge El País.
Presiden los grupos minoritarios
En todas las ocasiones, la presidencia de las mismas corrió a cuenta de los líderes de los grupos minoritarios, siendo Coalición Canaria la formación con más investigaciones a su cargo –la del 11-M, la del lino y Gescartera-. CiU, se encargó de Roldán –la última, por cierto, celebrada a puerta cerrada- y PNV, por su parte del caso Mariano Rubio y del de Roldán.
¿Adelantando conclusiones?La lideresa, sin embargo, se ha asegurado el control sobre otra comisión. Mientras los grupos de la oposición han mostrado su recelo hacia lo que parece una "trampa" -en palabras de Inés Sabanés, portavoz de IU-, Aguirre ha seguido firme en su empeño y ya ha adelantado que estos trabajos no tendrán consecuencias políticas. “La Asamblea investigará si hay, en su caso, responsabilidad política. Yo creo que no y por eso lo que digo es que no tengo nada que ocultar”, ha indicado.
El antecedente del tamayazo
De momento, como antecedente de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid está el del tamayazo y en aquella ocasión, Aguirre también contó con un hombre de su absoluta confianza en la presidencia, su actual Consejero de Justicia, Francisco Granados.
(www.elplural.com, 04/02/09)
FRAGA NIEGA QUE EL PP CIERRE LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA: "LA HEMOS ENCARRILADO"
El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, ha asegurado que la dirección de su partido no ha cerrado la investigación abierta por el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid sino que "la ha encarrilado".
Fraga ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado por la decisión de la dirección del PP de suspender la investigación interna que inició la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, a raíz de las informaciones difundidas sobre espionaje político en la Comunidad de Madrid.
"La han llevado a donde la tienen que llevar"
"La han llevado a donde la tienen que llevar", ha asegurado Fraga, en referencia a la comisión de investigación sobre este asunto que se pondrá en marcha el próximo viernes en la Asamblea de Madrid.
Preguntado por el aumento del paro en 198.838 personas en enero conocido ayer, Fraga ha criticado la "absoluta incapacidad" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para gestionar una de las crisis "más graves" que ha tenido España.
Aguirre, la sospechosa
El secretario del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, ha asegurado que si Esperanza Aguirre sigue interesada en que no se celebre la comisión de investigación sobre la supuesta trama de espionaje en el PP de Madrid, "es sospechosa, y una presidenta sospechosa no puede seguir presidiendo la Comunidad".
Antes de asistir a un desayuno informativo organizado por Europa Press en el que interviene el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, Gómez ha dicho que el Ejecutivo de Madrid "no es un gobierno de una derecha civilizada, democrática, sino un gobierno facha".
(www.publico.es, 04/02/09)
GÜEMES: "YO NO TENGO LA INFORMACIÓN DE RAJOY"
El secretario de Comunicación del PP de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes, no se acaba de creer las informaciones publicadas por EL PAÍS sobre la trama de espionaje en el Gobierno regional. "Yo no tengo la información de Rajoy", ha señalado Güemes esta mañana preguntado por lo dicho ayer por el líder de su partido sobre la existencia de los documentos difundidos. Güemes ya acusó al redactor que ha destapado la trama, Francisco Mercado, de "fabricar cuatro o cinco portadas falsas y engañar a sus lectores".
Las acusaciones de Güemes, yerno de Carlos Fabra -presidente de la diputación de Castellón e imputado por tráfico de influencias y fraude fiscalm sobre el que Mercado también ha publicado numerosos reportajes- fueron censuradas por la Asociación de la Prensa de Madrid. También su líder las censura al afirmar ayer, en una entrevista ayer con RAC 1, que los documentos publicados por EL PAÍS "existen", porque ese diario "no se los ha inventado"."Una cosa -explicó el presidente del PP- es que se publiquen rumores y otra cosa es que, como ha sucedido, se publiquen muchos documentos". Rajoy matizó no obstante que desconocía "quiénes los han confeccionado [los docuemntos] y quién lo ha ordenado".
"Como las meigas"
Aguirre, en un tono muy diferente y en una de sus primeras intervenciones tras salir a la luz el escándalo de esionaje respondió a preguntas de la prensa: "¿Y usted por qué cree a EL PAÍS". "Yo desde luego no he visto ningún informe", ha aclarado Güemes durante una entrega de premios en la Agencia Laín Entralgo. "(Son) como las meigas, que haberlas haylas", ha comentado el consejero de Sanidad en relación a los documentos, al tiempo que puntualizó que si existen, la Comunidad no está detrás.
"Si existen, le puedo garantizar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha elaborado, ni amparado la elaboración, ni conocido la elaboración de ningún informe relativo a nadie", ha afirmado Güemes quien además ha insistido en que si ha habido o no informes, está "convencido" de que se esclarecerá en la investigación llevada a cabo en instancias judiciales y en la comisión de investigación que comenzará a funcionar el viernes en la Asamblea de Madrid.
(www.elpais.com, 04/02/09)
GÜEMES AFIRMA QUE ÉL NO HA VISTO NINGÚN INFORME DE LA TRAMA DE ESPIONAJE
El consejero de Sanidad y secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, ha indicado este miércoles que él no ha visto ningún informe procedente de la presunta trama de espionaje que supuestamente depende de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, ya ha insistido en que la Comunidad de Madrid no está detrás de ellos.
"Yo desde luego no he visto ningún informe", ha afirmado Güemes durante una entrega de premios, al ser preguntado por las palabras del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que afirmaba que se conocía la existencia de dossieres pero que él no los había visto. "Son como las meigas, que haberlas hailas", ha comentado en relación a los documentos, al tiempo que puntualizó que si existen, la Comunidad no está detrás.
"Si existen, le puedo garantizar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha elaborado, ni amparado la elaboración, ni conocido la elaboración de ningún informe relativo a nadie", ha afirmado ya ha insistido en que si ha habido o no informes, está "convencido" de que se esclarecerá en la investigación llevada a cabo en instancias judiciales y en la comisión de investigación que comenzará a funcionar el viernes en la Asamblea de Madrid.
Güemes ha garantizado que "en ambas instancias se llegará a la conclusión inequívoca y contundente de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha conocido, ni ha amparado, ni ha promovido seguimientos, ni el espionaje de nadie". "Es absolutamente falso que la Comunidad de Madrid se dedique a hacer dossieres ni investigaciones ni seguimientos", ha asegurado y reseñado que el Gobierno de la Comunidad lo que hace es "trabajar por los ciudadanos" de la región.
Así, ha matizado que lo que le interesa al Ejecutivo que lidera Esperanza Aguirre "no es con quien va a tomar café fulano o mengano, sino los intereses de los madrileños".
Fraga señala que el PP no ha cerrado investigación sino que "la ha encarrilado"
El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, ha asegurado este miércoles que la dirección de su partido no ha cerrado la investigación abierta por el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid sino que "la ha encarrilado
Fraga ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de asistir a un desayuno informativo con el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, al ser preguntado por la decisión de la dirección del PP de suspender la investigación interna que inició la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, a raíz de las informaciones difundidas sobre espionaje político en la Comunidad de Madrid.
"La han llevado a donde la tienen que llevar", ha asegurado Fraga, en referencia a la comisión de investigación sobre este asunto que se pondrá en marcha el próximo viernes en la Asamblea de Madrid.
Preguntado por el aumento del paro en 198.838 personas en enero conocido ayer, Fraga ha criticado la "absoluta incapacidad" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para gestionar una de las crisis "más graves" que ha tenido España.
Por su parte Juan José Güemes, consejero de Sanidad del gobierno de Esperanza Aguirre y yerno de Carlos Fabra, cree que es Rajoy quien debe dar explicaciones de la existencia de dossieres en el escándalo de los espías . El líder del PP señalo este martes que él no había visto nuinguno cuando le preguntaron por qué no actuó cuando se conoció que había informes.
Una comisión, a medida del PP
La Mesa de la Asamblea de Madrid aprobó este lunes la creación de una comisión de investigación por la supuesta trama de espionaje presuntamente liderada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, tal y como la presidenta regional, Esperanza Aguirre. El órgano no contará con limitación de los comparecientes a funcionarios de la Comunidad.
Fuentes populares explicaron que la comisión se extenderá hasta el 28 de febrero, con posibilidad de ampliación de un mes y que contará con cinco diputados de PP, tres del PSOE y uno de IU, en contra de la propuesta de la oposición, que requería que hubiera cuatro de PP, tres de PSOE y uno de IU.
La reunión de la Mesa celebrada finalizó con dos votaciones. La primera, referida a la creación de la comisión, que se aceptó por unanimidad de los tres Grupos Parlamentarios. No obstante, hubo una segunda votación, referida a las normas de funcionamiento, que tan sólo se aprobó con la mayoría absoluta del PP.
El funcionamiento se regirá por lo establecido en los artículos comprendidos entre el 208 y el 211 del Reglamento de la Cámara, asemejándose al funcionamiento de una comisión ordinaria, según afirmaron fuentes parlamentarias.
(www.cadenaser.com, 04/02/09)
Pedro Castro también pudo ser investigado
El culebrón de los espías continúa. El alcalde de Getafe y actual presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, interpondrá acciones judiciales por las presuntas investigaciones a las que ha sido sometido. Un reportaje de la revista Interviú describe cómo Castro pudo haber sido investigado sin saberlo en fechas previas a la pérdida de la FEMP por parte del Partido Popular en favor del histórico dirigente socialista.
Después de que ayer Interviú publicara que Castro había podido ser objeto de espionajes, tal y como ha ocurrido con el vicepresidente regional, Ignacio González y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, entre otras personas, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, afirmó hoy que Pedro Castro "interpondrá una denuncia en los juzgados", y consideró "inaceptable" que el consejero de Presidencia Justicia e Interior, Francisco Granados, siga siendo miembro del Ejecutivo regional.
En un momento clave
En efecto, Interviú informó de que el regidor del populoso municipio de Getafe -la "Madrid del sur"- habría podido ser objeto de espionajes por parte de un ex jefe del Ejército de Tierra en la reserva. Los seguimientos e informes sobre Castro habrían tenido lugar en 2007, coincidiendo con el momento en el que Castro iba a conseguir alzarse con la presidencia de la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP).
Operativo completo
Siempre según la revista, el ex jefe militar dedicado a la tarea habría contratado a ex agentes de seguridad y detectives privados para elaborar un dossier sobre las propiedades y la situación patrimonial de Castro y su familia, un informe que habría sido realizado a cambio de unos 10.000 euros. Al mismo tiempo, el dispositivo puesto en marcha para espiar a Pedro Castro trató de encontrar entre los funcionarios del Ayuntamiento de Getafe a algún topo dispuesto a proporcionar más información sobre el histórico regidor socialista, pieza clave en el PSM y en el Comité Federal del PSOE.
Tomás Gómez
"Con todo lo que dijo el señor (Francisco) Granados y la señora (Esperanza) Aguirre del presidente de la FEMP hace escasamente dos meses hay que tener cara para haber dicho lo que han dicho y no asumir en este momento ninguna responsabilidad y seguir formando parte de un Gobierno que está roto, en estado de coma, y un Gobierno que sufre metástasis en el que unos órganos están comiendo a otros", ha concluido hoy de manera contundente Tomás Gómez en relación con este tema, según informa Europa Press.www.elplural.com 04.02.09
El Gobierno de Aguirre compró obras de arte en la galería de la mujer de Ignacio González
La Comunidad de Madrid adquirió varias piezas de alto valor en la exclusiva firma de arte de la esposa del vicepresidente de la comunidad
Entre ellas varios lienzos de pintores del siglo XIX adquiridos en subasta pública. El dinero que la comunidad destinó a la compra de obras de arte en esta galería (Subastas Segre) fue a parar directamente a "la caja" de esta empresa de la que es accionista y presidenta la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero
Para adquirir los cuadros, la Comunidad de Madrid solicitó al Ministerio de Cultura que ejerciese en su nombre lo que se conoce como "derecho de tanteo". Éste consiste en que un representante del estado, presente en la puja, se haga con la pieza solicitada con prioridad sobre el resto, al actuar éste en nombre de una institución.
Este derecho no puede ser ejercido por una comunidad autónoma por lo que cuando un gobierno autonómico quiere concurrir a una subasta suele utilizar este procedimiento.
Entre los cuadros comprados por la Comunidad de Madrid a la mujer de González, los de un pintor de finales del siglo XIX llamado Ulpiano Checa. De este autor la comunidad compró las obras: Enamorados en Pompeya, Escena galante con Madrid al fondo y Carga de caballería.
Subastas Segre: el amor al arte de las amigas de Ana Botella
El consejo de administración de esta rentable firma de arte está fuertemente vinculado al Partido Popular. Lourdes Cavero, mujer de González es accionista y presidenta.La secretaria del consejo de administración es Carmen Cafranga, amiga de Ana Botella, y también accionista y dueña de varias empresas que han recibido contratos y subvenciones de la comunidad.
También cercana a la mujer de Aznar es otra de socias de esta empresa: Concha Tallada, ex mujer del que fuera presidente de Telefónica Juan Villalonga.
La SER se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional afirma que todas sus compras han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) y que Subastas Segre vende a otras Instituciones y Administraciones.
( www.cadenaser.com 03/02/09)
RAJOY CONCEDE UNA TREGUA A AGUIRRE PERO MANTIENE VIVA SU AMENAZA
Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre son como la noche y el día. Ella es una mujer de acción, en ocasiones precipitada; él es hombre de reacción, y sólo a veces. Por eso, ayer fue ella la que, de nuevo, en una situación de bloqueo que amenazaba con destrozar la imagen de su Gobierno y romper el partido, movió ficha. Ante la evidencia de que se iba a enfrentar en Génova, sede central del PP, a todos los barones, muy molestos por cómo ella ha esquivado cualquier responsabilidad en el escándalo de los espías en la Comunidad de Madrid, Aguirre se adelantó y, a primera hora, antes de la reunión de los líderes regionales, anunció que aceptará la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que piden PSOE e IU.
Rajoy tardó varias horas en reaccionar, pero lo hizo. A última hora de la tarde, la secretaria general, Dolores de Cospedal -el líder sigue huyendo de los periodistas y sólo habla, a veces, fuera de Madrid- anunció solemnemente que suspende temporalmente -"no se cierra", aclaró dos veces- la investigación interna que había abierto la guerra total entre Rajoy y Aguirre.
El líder concede así una tregua a su gran enemiga interna, como respuesta al gesto de ésta, pero mantiene su amenaza de reabrir la investigación en cualquier momento si la comisión no resulta satisfactoria y no despeja las sospechas. Fuentes de ambos bandos insisten en que no había pacto previo, que ha sido más bien una acción-reacción en esta delicadísima jugada de ajedrez que tiene en vilo a todo el PP.
La guerra no ha terminado. Cospedal dejó muy claro que quiere que la comisión no sea un paripé en el que Aguirre aproveche su mayoría absoluta para negar las comparecencias clave. De hecho, llegó a decir que ella, que tiene mucha información tras sus 10 días de investigación, y Rajoy, que conocía de la existencia de dossiers y espionajes desde 2006, están dispuestos a acudir.
Aguirre y Rajoy, después de varias llamadas telefónicas con infructuosos intentos de pacto, han encontrado así una vía intermedia que les permite ganar algo de tiempo, aunque también garantiza que este asunto estará en la primera plana durante toda la campaña electoral de las vascas y, sobre todo, de las gallegas, claves para el futuro del líder.
Pero las espadas siguen en alto. Dirigentes regionales y del entorno de Rajoy insisten en que las revelaciones periodísticas son de tal gravedad, y la reacción de los aguirristas desvelando supuestas irregularidades del tesorero del PP tan inauditas, que este asunto sólo se puede resolver con alguna dimisión. "La dirección recuerda a todos los dirigentes su obligación de mantener una conducta acorde con los estatutos", dice el comunicado como aviso a navegantes. El texto deja muy claro que Génova abre la puerta para que sea la propia Aguirre, a través de la comisión, quien depure responsabilidades: "La dirección del PP considera que la comisión parlamentaria, en el ámbito de la mayor claridad y transparencia posibles, es un cauce adecuado para depurar eventuales responsabilidades políticas".
Varios dirigentes marianistas expresan claramente en privado su deseo de que todo este escándalo acabe con la dimisión de Ignacio González, la mano derecha de Aguirre, centro de dossiers, seguimientos y sospechas, y enemigo declarado de Rajoy, que lo echó sin contemplaciones de la dirección nacional.
El enfado del líder con los últimos acontecimientos y con la reacción de los aguirristas era de tal nivel, según los que hablan con él, que algunos empezaban a dar por hecho que iba a pedir alguna cabeza. De hecho, así se había interpretado por algunos barones una frase que Rajoy pronunció en la reunión de la mañana.
Aguirre ya se había marchado, a inaugurar una exposición de Francis Bacon en El Prado, después de anunciar ante los barones -que ya lo sabían por los teletipos de agencia- la comisión de investigación. Al final, después de horas hablando de financiación, Luisa Fernanda Rudi, presidenta del PP aragonés y lo suficientemente veterana como para atreverse a romper el hielo, dijo que se alegraba de la noticia que había dado Aguirre y que esperaba que todo esto "se aclare cuanto antes".
Rajoy recogió el guante. Dijo que era "muy positiva" la noticia de la apertura de la comisión, que se iba a cerrar en cuanto se pudiera la investigación interna -no parecía que a esa hora estuviese decidido suspenderla- y al final, en un análisis sobre las responsabilidades de cada cual en la crisis, soltó: "Cada uno tiene que saber lo que tiene debajo". Esto es, un político no puede alegar desconocimiento de lo que hacen sus subordinados para evitar asumir responsabilidades.
Otra de las claves de la versión oficial ofrecida ayer por Cospedal hay que buscarla en la prensa. Rajoy y los suyos le dan mucha credibilidad a lo publicado por EL PAÍS -fue la revelación del espionaje de Alfredo Prada lo que les hizo abrir la investigación interna-, y esperan nuevas entregas en cualquier momento. Por eso, Cospedal hizo una salvedad a esa suspensión: "Estamos abiertos a que cualquier dato relevante que aparezca y pueda ser importante sea puesto en conocimiento de la comisión de investigación".
En cualquier caso, Cospedal, en tono muy serio, dejó clara la gravedad de la crisis: "Trabajamos en defensa de la honorabilidad del PP y por respeto a nuestros 10 millones de votantes".
(www.elpais.com, 03/02/09)
PUNTOS A INVESTIGAR
- 1. Seguimiento a altos cargos del PP por trabajadores a sueldo de la Consejería de Interior de Madrid.
Los espiados, según los partes de seguimiento: Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid), Alfredo Prada (ex consejero de Justicia), Juan Carlos Fernández (director de Seguridad del campus de la Justicia). Supuestos autores: Dirección General de Seguridad, equipo dirigido por Sergio Gamón, con trabajadores fijos y eventuales del departamento. Álvaro Lapuerta(ex tesorero nacional del PP) lo denuncia ante Rajoy sin pruebas documentales.
- 2. Seguimiento a Ignacio González e Ildefonso de Miguel (gerente del Canal de Isabel II).
Autores: desconocidos. En los dossiers se hace referencia a adjudicaciones sospechosas con empresarios perjudicados.
- 3. Adjudicaciones sospechosas por parte del Gobierno de Madrid. -Explotación de la plaza de Las Ventas.
-Adjudicación de la seguridad en el Canal de Isabel II y en el Metro. Beneficiario: Enrique Sánchez Flores (pasó con González unas vacaciones en 2008).
-Adjudicación de carreteras (la denunció Lapuerta).
-Adjudicación del campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II.
-Recalificación de suelo protegido a favor de Pedro Antonio Martín Marín, ex alto cargo de José María Aznar.
(www.elpais.com, 03/02/09)
Espionaje político en la Comunidad de Madrid UNA COMISIÓN EXPRÉS
La Asamblea de Madrid dio ayer el primer paso para crear una comisión de investigación que llegue al fondo del caso de espionaje que sacude al PP madrileño. Habrá que esperar para conocer los detalles del funcionamiento de la comisión, pero la cosa no pinta bien, según la oposición (PSOE e IU), porque el PP quiere una comisión a su medida. Una investigación exprés.
El PP pretende asegurarse la presidencia de la comisión a la que ha puesto caducidad: 28 de febrero. Lo que deja sólo dos semanas de indagaciones. "El objetivo es aportar transparencia a uno de los casos más graves que se han producido en nuestra región, pero parece que el PP no pretende eso", señala Maru Menéndez, portavoz del PSOE en la Asamblea. La oposición critica la falta de flexibilidad de los interrogatorios. "Será una comparecencia única con una sola pregunta", señala Inés Sabanés, de IU.
Aunque aún no hay una lista sobre las personas que desfilarán por la comisión, ya hay algunas pistas. "Llamaremos a Cospedal", asegura Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, quien agregó: "No descartamos llamar a cualquiera que tenga que ver con este caso". Gómez evitó reconocer si citarán a Rajoy, pero señaló que su grupo estudia hacerlo.
(www.elpais.com, 03/02/09)
AGUIRRE DUDA DE QUE LA INVESTIGACIÓN HALLE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sostenido esta mañana que su Gobierno aceptó "desde el primer día" una comisión de investigación en la Asamblea regional para "determinar si ha habido responsabilidades políticas" en la supuesta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid, aunque varios miembros del PP regional pusieron en duda la necesidad de su constitución y hasta ayer no estaba claro que el PP fuera a permitirla. En todo caso, Aguirre ha añadido que no cree que se vayan a hallar implicaciones de miembros de su Gobierno en la red.
Durante un acto público en Ciempozuelos, Aguirre ha insistido en que en el PP lo que quieren "es que haya transparencia y claridad y que se demuestre que el Gobierno regional no ha espiado a nadie". "Luz y taquígrafos", ha vuelto a reclamar la presidenta madrileña, que de nuevo ha negado la existencia de un "pacto" con el líder del PP, Mariano Rajoy para suspender la investigación interna sobre la trama que realizaba el partido. "La investigación judicial [abierta el 26 de enero] derivará en su caso en las responsabilidades penales que haya por el espionaje, si es que existen responsabilidades, qué delitos hay, quiénes son los delincuentes (...). La Asamblea investigará si hay en su caso responsabilidad política. Yo creo que no y por eso lo que digo es que no tengo nada que ocultar", ha dicho Aguirre.
Para Aguirre, lo importante ahora es que los madrileños sepan que "sus derechos, sus libertades y su intimidad están absolutamente protegidos" y por eso ha dicho que a la Justicia le toca averiguar si ha habido "algún delito, quienes han sido los delincuentes y que pena les van a imponer los jueces", en el caso de que se demuestre que sí hubo seguimientos ilegales. La presidenta ha negado también que haya "tardado mucho" en aceptar la formación de una comisión de investigación en el parlamento madrileño y ha recordado que no fue hasta ayer cuando se reunió la Mesa de la Asamblea y se votó a favor de llevar a cabo este proceso, cuya solicitud registró en la cámara no el PP sino el PSOE e IU.
A pesar de que Aguirre presupone que no hay responsabilidades que buscar, Rajoy ha asegurado poco antes que se queda "muy tranquilo" con la comisión de investigación y que que lo único que quiere es "que se sepa la verdad". "Es un paso adelante que valoro muy bien", ha dicho, en alusión a la comisión de investigación que se abrirá en la asamblea de Madrid, y se ha confesado "muy contento" de que se haya optado por esa solución. "Quiero transparencia, claridad y saber lo que ha pasado", ha afirmado Rajoy en una entrevista en Rac-1 en la que ha opinado que "si es verdad que ha habido espionaje y dossiers, se haga con dinero público o sin él", le parece "lamentable y bochornoso y si se hace con dinero público muchísimo peor". Asimismo, ha reconocido que polémicas como ésta "hacen daño, porque hacen que no se hable de lo realmente importante", y "no ayudan nada" en puertas de unas elecciones vascas y gallegas. Sin embargo, Rajoy ha afirmado que la opinión pública "distingue muy bien" cada situación y ha añadido que en Galicia se votará pensando en quién es el mejor presidente para la comunidad.
Aún así, Rajoy ha insistido en que cree "en la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario", y ha añadido que considera una "buena decisión" que una comisión investigue el asunto, porque ello responde "al sentido común". Rajoy ha justificado además la decisión tomada ayer por el PP de suspender temporalmente la investigación interna sobre el supuesto espionaje mientras se desarrolla la investigación parlamentaria y judicial que pueda depurar responsabilidades políticas y penales.
El líder del PP ha afirmado que su partido no podría citar a funcionarios de la comunidad que no son del PP, y que además no tiene "ni la mitad de los medios" que una investigación parlamentaria y judicial, por lo que su versión se limitaría a la de "dos o tres dirigentes políticos importantes". Si hay anotaciones personales en algunos de los documentos, ha añadido, "se pueden hacer pruebas caligráficas" durante una investigación judicial.
Rajoy ha admitido que los documentos que en las últimas semanas ha publicado EL PAÍS sobre la trama "existen", porque ese diario "no se los ha inventado", pero no saben "quiénes los han confeccionado y quién lo ha ordenado". La postura de Rajoy contrasta con la de otros importantes miembros del partido, como el secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que descalificó a EL PAÍS y al redactor que ha destapado la trama de espionaje, Francisco Mercado, al que acusó de "fabricar cuatro o cinco portadas falsas y engañar a sus lectores". En sus primeras declaraciones sobre el asunto, la propia Aguirre contestó al periodista que le preguntaba sobre la noticia: "¿Y usted por qué cree a EL PAÍS". La presidenta marzó así la línea de defensa, que ha sido desde el primer momento negar los hechos. Francisco Granados, el consejero de cuyo departamento parte la trama, habla también de "un gran bulo".
Tras esta entrevista en la radio, Rajoy ha ofrecido una rueda de prensa tras una reunión con empresarios y dirigentes sindicales de Cataluña, en la que ha defendido la presunción de inocencia de la presidenta de la comunidad de Madrid y ha negado haber visto jamás "ningún dossier" sobre seguimientos a altos cargos. "Jamás he visto ningún dossier de esos que dice usted que llegaron. A mí nunca me ha llegado ningún dossier". A la pregunta de si pondría la mano en el fuego por la gestión de Aguirre en esta polémica, ha respondido: "Tengo la mejor opinión de todos los miembros de mi partido y creo en la presunción de inocencia, y Aguirre me parece una extraordinaria dirigente política".
(www.elpais.com, 03/02/09)
LOS MÓVILES PREPAGO SE CAMBIABAN CADA SEMANA EN 2007
La revelación de que el Gobierno popular de la Comunidad Madrid utiliza móviles prepago alternativos que se cambian cada 15 días como forma de evitar que las conversaciones delicadas sean espiadas causó estupor entre la mayoría de los dirigentes del PP consultados. No así, obviamente, entre los consejeros de Esperanza Aguirre, que cada 15 días asisten, a la entrada del consejo de Gobierno de los jueves, a la puesta en marcha de esta medida de seguridad ordenada por el vicepresidente, Ignacio González.
Ahora se realiza el cambio de móviles cada dos semanas, pero hace casi dos años, cuando comenzó, en la campaña electoral de 2007, se hacía todas las semanas. Muchos consejeros se quejaron, según comentaron algunos de ellos ayer a EL PAÍS, por el engorro que suponía, y se empezó a hacer cada dos semanas. Uno de cada dos jueves, tres funcionarios reparten los móviles a la entrada y reclaman el anterior. Como muchos consejeros se lo han olvidado -el que llevan encima es el que usan habitualmente- estos funcionarios envían a otros a recoger el móvil antiguo en los despachos de los consejeros. Precisamente estas molestias hicieron que se espaciara la renovación.
Muchos consejeros rechazan el móvil prepago o lo guardan en un cajón, porque lo consideran una medida de protección excesiva, aunque González, que se sabe espiado -EL PAÍS reveló las pruebas de que fue seguido en Colombia y Suráfrica- insiste en la necesidad de utilizarlo para llamadas delicadas.
Sistema perfeccionado
El sistema de la red paralela de teléfonos móviles está muy perfeccionado. Cada uno de los móviles tiene instalado en su memoria los teléfonos reservados de los otros consejeros, la única manera para no perderse con el cambio de numeración de todo el Gobierno cada semana.
De manera que si alguien quiere contactar de forma reservada con otro consejero, y en especial con el vicepresidente, el que más temor tiene a ser espiado -entre otras cosas porque es el que más decisiones económicas de alto nivel toma y el que, por ello, más enemigos tiene entre los empresarios- sólo debe buscar en la memoria del móvil prepago el nombre al que desea llamar y marcarlo.
Esta elaboración implica el trabajo de una serie de funcionarios que se encargan de mantener en marcha un sistema que se usa en Madrid desde las elecciones en las que Esperanza Aguirre confirmó y amplió su mayoría absoluta pero también abrió paso a la batalla interna del PP que sigue abierta.
(www.elpais.com, 03/02/09)
COSPEDAL REHÚYE UN NUEVO PACTO SOBRE EL FIN DEL TRASVASE DEL TAJO
La situación del Estatuto de Castilla-La Mancha se mantiene empantanada al no haberse renovado el acuerdo entre el PSOE y el PP de la región, que en 2007 les llevó a aprobar la reforma del estatuto. Las Cortes de Castilla-La Mancha celebraron ayer un pleno, forzado por la mayoría socialista, para que el presidente de la comunidad, José María Barreda, y la presidenta del PP de la región, María Dolores de Cospedal, explicaran en qué posición está cada uno ante los cambios que demanda el Congreso.
Barreda informó de la alternativa que está oficiosamente pactada con el Gobierno de España y con el grupo socialista, y remitida al Grupo Popular. Cospedal, por su parte, no se movió de la tesis de que su grupo acordó un texto en 2007 y no va a modificarlo. Lo cierto es que el texto que Cospedal aprobó con Barreda es rechazado por el PP de Valencia y el de Murcia, por eso los socialistas han trabajado en una alternativa. La nueva fórmula consiste en que la caducidad del trasvase del Tajo al Segura en 2015 queda en el preámbulo como mera declaración de principios y la comunidad se reserva 600 hectómetros cúbicos no trasvasables.
(www.elpais.com, 03/02/09)
EL PP SUSPENDE TEMPORALMENTE LA INVESTIGACIÓN INTERNA SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se apuntó ayer el primer tanto en el enfrentamiento que mantiene con la dirección nacional del PP a cuenta de la supuesta trama de espionaje que cuestiona a varios cargos de su Ejecutivo. Le bastó dar un sí a la comisión de investigación que le pedían PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, para que el líder del PP, Mariano Rajoy ordenara parar las máquinas. Así, a las 18.30 de la tarde, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal , comparecía ante la prensa para informar de que quedaban “en suspenso” las pesquisas sobre la trama, iniciadas por ella misma hace tan sólo once días.
Además de hacer dar marcha atrás a Rajoy, el PP madrileño, con mayoría en la Asamblea, conseguía que la comisión de investigación vaya a desarrollarse en un tiempo record. Han puesto como tope el 28 de febrero y los conservadores confían en iniciar los trabajos la próxima semana.
Pese a ello, el comunicado mantenía que “la dirección del PP considera que la comisión parlamentaria, en el ámbito de la mayor claridad y transparencia posibles, es un cauce adecuado para depurareventuales responsabilidades políticas”
La secretaria general del PP fue muy insistente a la hora de señalar que la “suspensión” –jamás usó la palabra “cierre”– no se debía a un pacto entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. En la Comunidad la versión era la misma: “Yo puedo asegurarles que no [hay pacto], pero a lo mejor ustedes no me creen”, aseguraba la presidenta de los conservadores madrileños. Con pacto o sin él, en la Comunidad se apuntan un tanto.
El anuncio llegaba diez horas después de que Aguirre anunciara que su formación aceptaba la comisión de investigación en la Asamblea sobre la presunta trama de espionaje. Aguirre hacía estas declaraciones a su llegada a un desayuno informativo protagonizado por el presidente de los conservadores gallegos, Alberto Núñez Feijóo. Era la noticia del día, aunque el viernes ya la dejaron caer algunos de sus consejeros.
Poco después de las palabras de la presidenta, eran varios los dirigentes del PP que daban por “muerta” la investigación del partido. Mientras, el entorno de Aguirre se mantenía sereno: “Cospedal puede seguir investigando. Sólo va a llegar a una conclusión; el Gobierno de la Comunidad ni ha amparado ni ha conocido el seguimiento de nadie”.
No obstante, recordaban que si Rajoy en algún momento había pedido a la Comunidad que aceptara una investigación en sede parlamentaria, ya la tenía. La pelota estaba ahora en el tejado del presidente del PP.No es ningún secreto que la presidenta de la Comunidad de Madrid se había sentido abandonada por la dirección del partido cuando se anunció la apertura de la investigación interna. Le escoció la rotundidad del comunicado y el hecho de que De Cospedal escogiera para hacerlo público la misma tarde que ella negaba las informaciones publicadas por El País. “Dimos una imagen penosa, parecíamos dos partidos diferentes”, se quejan desde la sede del Ejecutivo regional. Aguirre intentó disimular su enfado en público, pero jamás dejó de lanzar dardos envenenados. A sabiendas de que De Cospedal ya estaba entrevistando a algunos de los afectados, ella seguía con el mismo discurso: “El PP de Madrid no tiene que demostrar que es inocente. Son los que nos acusan los que tienen que probarlo. Y tendrán que rectificar, o a los tribunales”.
Además de compartir con la prensa su disposición a ir a la Asamblea, Aguirre tuvo la oportunidad de comentárselo al resto de presidentes regionales de su partido. Lo hizo en una reunión a media mañana en la sede del PP, a la que los barones habían acudido para hablar de financiación autonómica. Consciente de que algunos de sus compañeros, sobre todo los de las comunidades con elecciones a la vuelta de la esquina, están molestos con el daño que la supuesta trama puede hacerles en las urnas, la presidenta quiso compartir con ellos su buena noticia. El propio Rajoy lo corroboró al final de la reunión, al filo de las dos de la tarde. “Que se aclare cuanto antes”, fue el comentario más extendido.
Tan rápido pretende el PP que transcurran las pesquisas, que ha acordado, con la indignación de la oposición, que la comisión finalice el 28 de febrero. De Cospedal mantuvo que será de la investigación de la Asamblea de donde puedan extraerse responsabilidades políticas, “si las hubiera”. Y del proceso abierto en los tribunales, las penales. Si los resultados finales apuntasen a algún culpable, “el PP actuará de forma inmediata”, añade el comunicado.Además, se puso a disposición de la Asamblea en el supuesto de que fuera necesaria su presencia para hacer cualquier tipo de aclaración. Rajoy también estaría dispuesto. No obstante, rechazó aventurar posibles desenlaces”. Sí hubo una llamada a la unidad: “Estamos recibiendo ataques. A mí y a la inmensa mayoría de mis compañeros nos han servido para convencernos más de que tenemos una responsabilidad que es ganar las próximas elecciones”.
RAJOY PONE LA MANO EN EL FUEGO POR AGUIRRE
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha defendido la presunción de inocencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el caso del supuesto espionaje en la Comunidad, y ha negado haber visto jamás "ningún dossier" sobre seguimientos a altos cargos. Rajoy ha asegurado, en respuesta a un periodista: "Jamás he visto ningún dossier de esos que dice usted que llegaron. A mí nunca me ha llegado ningún dossier".
A la pregunta de si pondría la mano en el fuego por la gestión de Aguirre en esta polémica, ha respondido: "Tengo la mejor opinión de todos los miembros de mi partido y creo en la presunción de inocencia, y Aguirre me parece una extraordinaria dirigente política".
Lo cierto es que Rajoy sólo tiene una certeza sobre la presunta trama de espionaje en el PP de la Comunidad de Madrid. "No voy a dimitir porque yo no he hecho nada. Me debo a los militantes del PP que me eligieron en el congresode Valencia".
Todo lo demás es una inmensa duda para el líder conservador, quien ha asegurado que se queda "muy tranquilo" con la comisión de investigación sobre el presunto espionaje que, todo sea dicho de paso, "hace daño". "Lo único que quiero es que se sepa la verdad", ha argumentado Rajoy, quien desea "transparencia, claridad y saber lo que ha pasado".
En una entrevista en RAC1, Rajoy ha asegurado que "si es verdad que ha habido espionaje y dosieres, se haga con dinero público o sin él, me parece lamentable y bochornoso, y si se hace con dinero público muchísimo peor". Aún así, Rajoy ha insistido en que cree "en la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario", y ha añadido que considera una "buena decisión" que una comisión investigue el asunto, porque ello responde "al sentido común".
Rajoy ha justificado la decisión tomada ayer por el PP de suspender la investigación interna sobre el supuesto espionaje mientras se desarrolla la investigación parlamentaria y judicial que pueda depurar responsabilidades políticas y penales. El líder del PP ha afirmado que su partido no podría citar a funcionarios de la comunidad que no son del PP, y que además no tiene "ni la mitad de los medios" que una investigación pública y judicial, por lo que su versión se limitaría a la de "dos o tres dirigentes políticos importantes". Si hay anotaciones personales en algunos de los documentos, ha añadido, "se pueden hacer pruebas caligráficas" durante una investigación judicial.
Rajoy ha asegurado que los documentos que en las últimas semanas ha publicado el diario El País sobre el supuesto espionaje "existen", porque ese diario no se los ha "inventado", pero "no sabemos quiénes los han confeccionado y quién lo ha ordenado".
Asimismo, ha admitido que polémicas como esta "hacen daño, porque hacen que no se hable de lo realmente importante", y "no ayudan nada" en puertas de unas elecciones vascas y gallegas. Sin embargo, Rajoy ha afirmado que la opinión pública "distingue muy bien" cada situación y ha añadido que en Galicia se votará pensando en quién es el mejor presidente para la comunidad. Es un paso adelante que valoro muy bien", ha dicho, en alusión a la comisión de investigación que se abrirá en la asamblea de Madrid, y se ha confesado "muy contento" de que se haya optado por esa solución.
(www.publico.es, 03/02/09)
RAJOY DA TREGUA A AGUIRRE Y LE CEDE LAS PESQUISAS DEL CASO DE ESPIONAJE
Tregua en el PP. Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre se van a conceder un respiro: el líder de los populares ha decidido "suspender" la investigación interna que ordenó en torno al escándalo del espionaje, supuestamente ligado a la Comunidad de Madrid. Justo lo que la presidenta regional quería. Pero el alto el fuego no le ha salido gratis a Aguirre. Ha tenido que dar su brazo a torcer y, en contra de su criterio inicial, acceder a apoyar una comisión de investigación parlamentaria sobre este asunto. ¿Hubo pacto entre ambos para cambiar una investigación por otra? Los dos lo niegan. Pero la coincidencia es demasiado llamativa como para no albergar dudas.
El caso es que investigar, se investigará, aunque en vez de en la sede central de los conservadores, se hará en el Parlamento madrileño. Resulta curioso que Aguirre prefiera que sea la oposición, y no su propio partido, la que ponga la lupa sobre sus colaboradores y las supuestas relaciones con el espionaje a otros políticos. Claro que el Grupo Popular tiene mayoría en la Asamblea regional y, por tanto, capacidad de imponer su criterio. No obstante, el PP asegura que no permitirá un cierre en falso, dado que algunos de sus dirigentes han sido objeto de espionajes. Y lanzan un mensaje a Aguirre: si el tema vuelve a enturbiarse, la investigación del partido se reactivará.
Fue la presidenta de Madrid la primera en mover ficha ayer. A las nueve de la mañana anunció que respaldaba una comisión parlamentaria para que se sepa que no ha "espiado a nadie". Según fuentes de su entorno, Aguirre tomó la decisión el domingo. Hasta entonces, les asaltaban dudas. Sí eran defensores de esa iniciativa política su vicepresidente, Ignacio González, espiado y protagonista de varios dosieres ligados al tráfico de influencias, y el consejero de Interior, Francisco Granados, responsable del supuesto equipo de espías de la Comunidad.
"No hubo ningún pacto con Rajoy. Pero se hartó de que le reprocharan que no aceptaba la comisión de la Asamblea porque tenía algo que ocultar", enfatizan las citadas fuentes. Ayer por la mañana, Aguirre comunicó a la prensa su decisión. Después, acudió a la sede del PP y, en una reunión con Rajoy y el resto de barones territoriales, dio explicaciones al respecto. Se marchó de allí pronto porque tenía un acto con los Príncipes, pero estuvo el tiempo suficiente para oír que tanto al líder del partido, como al resto de presidentes autonómicos veían bien la apertura de la comisión.
En esa misma reunión --en principio dedicada a la financiación autonómica--, Rajoy tuvo que escuchar a sus presidentes territoriales reclamar que el escándalo del espionaje se cierre cuanto antes. Todos comparten que mantener vivo el asunto perjudica a todos.
Por la tarde, Rajoy recogió la pelota que Aguirre dejó en su tejado. Su número dos, Dolores de Cospedal, anunció oficialmente que se suspendía la investigación interna, por considerar que las eventuales responsabilidades políticas se depurarían en la Cámara autonómica y las penales, en los tribunales. "Es difícil que un partido llegue a sitios donde no llegue el juez", admitió.
Calificó así de "sinsentido" mantener una investigación propia paralela, por lo que optó por dejar en suspenso sus trabajos hasta el fin de la investigación de la Asamblea, previsto para el 28 de febrero, justo la víspera de las elecciones en Euskadi y Galicia. De Cospedal dijo que tanto ella como su jefe estarían dispuestos a acudir a la comisión. El equipo de Rajoy, inmerso ya en precampaña electoral, respiró aliviado ayer. Aguirre también. A ver cuanto dura el oxígeno.
(www.elperiodico.com, 03/02/09)
CINCO PREGUNTAS PARA EL SEÑOR GONZÁLEZ
La estrategia de los dirigentes del PP es meridiana: están dispuestos a hablar todo lo que haga falta sobre el espionaje en Madrid, pero evitan entrar en las sospechas de corrupción que se recogen en los dossiers elaborados sobre Ignacio González, el número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad. El principal informe, de 69 páginas de extensión, lleva casi dos años en manos de la cúpula del PP.
Las razones que explican esta estrategia también son obvias. La comisión de investigación en la Asamblea de Madrid estará controlada por el PP, no sólo por tener mayoría absoluta, sino porque el Gobierno de Aguirre decidirá qué información acepta suministrarle. Y es previsible que los debates se centren en personajes más o menos subalternos, como Marcos Peña o Sergio Gamón, cuya cabeza se puede cortar hoy y colocar mañana en otro puesto de la Comunidad.
Una investigación a fondo sobre las adjudicaciones del vicepresidente González es, en cambio, potencialmente explosiva para Aguirre. Y materia para examinar desde luego no falta, a la vista de lo que ya se conoce de los dossiers.
Una de las cuestiones que Ignacio González no ha aclarado es el origen de los más de 8.000 euros que costó un viaje a Johannesburgo (Suráfrica), que el vicepresidente realizó junto a su esposa y varios empresarios en marzo de 2008.
De acuerdo con un informe que El País desveló el pasado 20 de enero, el viaje fue un regalo de Enrique Sánchez en agradecimiento por los contratos públicos recibidos de la Comunidad. Una versión que negó González: "Mi viaje me lo pagué yo en metálico porque me venía bien".
¿Y cómo genera un funcionario público 8.000 euros en metálico? Legalmente y sin justificante bancario, sólo si recibe algún ingreso extraordinario, por ejemplo con la venta de algún bien o la recepción de una herencia.
Pero la declaración de González adquiere una relevancia especial si la relacionamos con uno de los datos que constan en el dossier que desveló Público hace una semana. "El investigado tiene una caja de caudales en Barclays donde parece ser que tiene dinero líquido", se indica textualmente en dicho informe. De momento, el vicepresidente no se ha pronunciado sobre este asunto.
En sus breves declaraciones a El País, González también aseguró que jamás le había adjudicado "nada" al empresario Enrique Sánchez. Una afirmación que resultó ser falsa. Público descubrió que el Canal de Isabel II empresa pública que preside González adjudicó un contrato de 33 millones a Segurisa y otro de 2,6 millones a Saminsa, ambas sociedades cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. ¿Por qué ocultó el vicepresidente estas concesiones?
Ignacio González tampoco ha ofrecido ninguna explicación sobre diversas adjudicaciones públicas sospechosas, que despertaron la alarma entre sus propios compañeros de partido.
La más sorprendente fue la concesión que realizó el Canal de Isabel II para explotar un campo de golf, en el barrio madrileño de Chamberí, a un consorcio formado por las sociedades Iridium, Soto Once y Tecnoconcret.
Esta última es propiedad de José Antonio Clemente, que resultó ser socio de un hermano y un cuñado de González. Tecnoconcret era una empresa que no tenía experiencia previa en el sector y cuya actividad era mínima cuando recibió la concesión del campo de golf.
También ha sido polémica la adjudicación para gestionar la señal de las televisiones digitales locales de Madrid, que ha quedado en manos de dos empresas Centanor Spain y Secuenzia Pixels controladas por Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, que es el gerente del Canal y el más estrecho colaborador de González.
En definitiva, que si el PP quiere que los ciudadanos confíen en sus proclamas a favor de la transparencia, aquí tiene cinco preguntas que siguen pendientes de una respuesta detallada.
(www.publico.es, 03/02/09)
La cuestiones que no aclara el vicepresidente
1. ¿Cuál es el origen de los 8.000 euros en metálico que, según el vicepresidente, utilizó para pagar el viaje a Johannesburgo?
2. ¿Es cierto que tiene una caja de caudales en Barclays, como se afirma en el ‘dossier’ sobre González que manejó la cúpula del PP?
3. ¿Por qué mintió el vicepresidente sobre las adjudicaciones concedidas al empresario Enrique Sánchez, con el que viajó a Suráfrica?
4. ¿Por qué adjudicó González la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid al socio de su hermano?
5. ¿Por qué concedió la gestión de la señal de las televisiones digitales locales a empresas vinculadas al director del Canal de Isabel II y persona de su máxima confianza, Ildefonso de Miguel?
(www.publico.es, 03/02/09)
EL GOBIERNO DE AGUIRRE MANEJA UNA RED PARALELA DE MÓVILES PREPAGO
Desde hace más de un año, algunos miembros (consejeros y altos cargos) del Gobierno de la Comunidad de Madrid tienen dos teléfonos móviles para trabajar. El habitual, con el que realizan todas las llamadas y al que se remiten los periodistas para hablar con ellos, y otro, de modelo muy básico, que reciben de la Consejería de Presidencia con tarjeta prepago y que cambian cada 15 días. Este sistema de comunicaciones, que alerta de la desconfianza que se ha instalado en el seno del Ejecutivo autónomo, arrancó en las elecciones autonómicas de mayo de 2007.
En la actualidad este sistema de seguridad no se aplica a todos los consejeros ni a todos los altos cargos, sino solamente algunos. Según distintas fuentes, esta precaución fue adoptada por el vicepresidente Ignacio González, la persona con más poder de la Administración regional después de Esperanza Aguirre. González ha sido en los últimos años el principal objetivo de duras acusaciones, la mayoría gruesas, que, escudadas en el anonimato, denunciaban tratos de favor a determinadas empresas vinculadas por lazos familiares o de amistad con él. Algunos de los altos cargos que reciben esos teléfonos para sus comunicaciones más delicadas no los utilizan nunca en los 15 días de vida útil y se limitan a cambiarlos cuando se les dice en la sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad.
Por otro lado, González ha presentado una denuncia en el Juzgado 47 de la plaza de Castilla exigiendo que se investigue el origen de los seguimientos que ha sufrido en los últimos años, y de los que han quedado pruebas gráficas en al menos un dossier. En su denuncia, González nada dice de los seguimientos que tuvieron su origen supuestamente en la Consejería de Interior de la propia Comunidad de Madrid y que afectan a una persona que era miembro del Gobierno regional cuando sufrió el espionaje, el ex consejero de Justicia Alfredo Prada.
González, según distintas fuentes, ha presentado la denuncia en su calidad de vicepresidente y portavoz del Ejecutivo de Aguirre. En concreto, lo ha hecho a través del secretario general del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En ella, según los citados medios, se refiere a las informaciones publicadas por EL PAÍS, con soporte documental, que indican que ha sido objeto de seguimientos en viajes de carácter oficial y privados realizados al extranjero. Y pide al juez que comisione a la policía judicial para que investigue quien está detrás de esos seguimientos, que, señala, pueden ser constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
También pide al juez, José Sierra, que indague quién elaboró el dossier de 69 páginas del que se hizo eco el diario Público el 28 de enero y que da cuenta de una investigación realizada sobre él durante meses. González detalla que el citado informe recoge datos sobre su patrimonio, su familia y amistades políticas y privadas, así como adjudicaciones de contratos públicos en los que él ha intervenido en función de su cargo de vicepresidente.
Según González, para elaborar ese informe se han producido "violaciones al derecho a la intimidad" de él y su "familia". Lamenta que los autores de los mismos hayan tenido acceso a información privada mediante "abusos informáticos" y sustracción de documentos, "entre otras actuaciones ilegales".
La Comunidad de Madrid también ha presentado ante el juez Sierra una denuncia, paralela a la de González, por los seguimientos que igualmente habría sufrido el gerente del Canal de Isabel II de Madrid, Ildefonso de Miguel, de los que informó este periódico el pasado 20 de enero. En este caso, la Comunidad demanda que se investigue si De Miguel fue espiado durante un viaje que realizó a Cartagena de Indias (Colombia), en agosto de 2008, acompañando al vicepresidente González, presidente del Canal de Isabel II. De ese viaje hay un informe que contiene fotografías y documentos privados de González. De Miguel sostiene que las fotos fueron captadas con cámaras ocultas y de modo clandestino. También pide que se investigue un informe de 32 páginas que adelantó la cadena SER y que alude a De Miguel como hombre de confianza de González. Ese informe contiene fotos de las supuestas casas de lujo y fincas que posee De Miguel.
(www.elpais.com, 02/02/09)
PRADA: "ES UN ATENTADO A MI PRIVACIDAD"
El ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada negó ayer "con rotundidad" haber ordenado "seguimientos, dosieres" o cualquier otra "labor que no fueran las del departamento" que dirigió hasta la última remodelación de la presidenta, Esperanza Aguirre, tras haberse visto implicado en la supuesta trama de espionaje en la Administración autonómica, informa Europa Press.
En declaraciones en Londres, donde tomó parte en el congreso de constitución del PP de Reino Unido, Prada reconoció la gravedad del caso. Por ello, confirmó haber trasladado la cuestión a la fiscalía, donde espera que se "depuren las responsabilidades que se tengan de depurar, si finalmente se demuestra la existencia de delito" en los registros en los que aparecen ámbitos de su vida privada.
"Hubo referencias, que son ciertas, y aparecen miembros de mi propia familia, que son menores de edad", advirtió, en lo que calificó como "un atentado" contra su derecho a la privacidad. "Que todos lo tenemos, aunque estemos en la vida pública", aseveró.
Además, en referencia a las informaciones que apuntan a su departamento, insistió en que, "en ningún momento, ninguna persona recibió ninguna indicación de dedicarse a otras labores" de una cartera que, recordó, tuvo una actividad "intensísima" en la que figuró desde la reacción a los atentados del 11 de marzo de 2004 al incendio del edificio Windsor, la bomba en la T-4 de Barajas o la modernización del cuerpo de bomberos.
Sin embargo, reiteró "con rotundidad, que en ningún momento se hizo ningún seguimiento". "No bajo mi responsabilidad", aclaró.
(www.elpais.com, 02/02/09)
AGUIRRE ACEPTA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA DE MADRID
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado esta mañana que el PP regional "va aceptar la comisión de investigación en la Asamblea" madrileña con el fin de demostrar que el Gobierno que preside "no ha espiado a nadie". A su llegada a un desayuno informativo en el que interviene el candidato popular a la presidencia de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Aguirre ha dicho que su objetivo con esta decisión es "dejar totalmente claro" su interés "en la transparencia, claridad, la luz y los taquígrafos". Por otro lado, Aguirre ha eludido responder a la pregunta de si la semana pasada mantuvo conversaciones con el presidente del PP, Mariano Rajoy. Según publicó ayer EL PAÍS, Aguirre trató sin éxito de pactar con Rajoy el fin de la crisis de los espías.
El Parlamento autonómico debe decidir precisamente esta semana sobre esta cuestión, después de que tanto el PSOE como Izquierda Unida hayan reclamado la creación de una comisión en la Asamblea. Los partidos de la oposición registraron la solicitud el día 27.
La presidenta de Madrid ha explicado que la comisión de investigación es "un instrumento" y por tanto lo van a aceptar. La primera ocasión para hablar sobre ella será hoy, lunes, durante la reunión de la Mesa de la Asamblea, donde se estudiará la solicitud de la oposición desde el punto de vista técnico. El debate político llegará mañana, martes, cuando la Junta de Portavoces aborde el fondo de la cuestión y la califique. Si el asunto es de "interés general", habrá comisión. En cualquier caso, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, deberá volver a enfrentarse a las preguntas sobre este mismo tema el próximo jueves, durante el pleno de la Asamblea.
Gómez: "Lo más grave en democracia"
En el escrito, la oposición proponía que la comisión esté formada por cuatro diputados del PP, tres del PSOE y uno de IU; que los trabajos finalicen antes del 30 de junio; y que los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y funcionarios estén "obligados" a comparecer si son requeridos. La portavoz socialista, Maru Menéndez, considera que la comisión es absolutamente necesaria para investigar las "supuestas irregulariades del Gobierno de la Comunidad de Madrid o de cualquiera de las instituciones en el territorio de la Comunidad de Madrid", al considerar insuficientes las explicaciones dadas por el consejero en la comisión de Interior el pasado viernes, a petición propia.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, fue incluso más lejos al subrayar que o se crea esta comisión "o el consejero Granados tiene que dimitir", puesto que lo ocurrido es "lo más grave en democracia en la comunidad autónoma". Además, indicó que la comparecencia del consejero demostró que "tiene muchas más información de la que ha contado y que alguna indagación ha hecho en la Consejería de Interior". Por su parte, la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, exigió también la constitución de una comisión de investigación ad hoc, con el fin de lograr respuestas "claras y contundentes" sobre la supuesta red de espionaje a altos cargos desvelada en los últimos días.
Sabanés se mostró convencida de que con su actitud el consejero "agrava cada día la situación" y pone en juego "la credibilidad democrática de las instituciones". "Va tarde y mal, debe ser cesado o dimitir, además de dar explicaciones precisas para el alcance de la trama y quién ha intervenido en la trama. Váyase, será más fácil y facilitará que la democracia se recupere de actuaciones tan graves como las que están sucediendo en la Comunidad de Madrid", le pidió durante su alocución el pasado viernes.
(www.elpais.com, 02/02/09)
AGUIRRE ANUNCIA QUE VAN ACEPTAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que el PP de Madrid va aceptar la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, para "dejar claro que nuestro interés es que se sepa que le Gobierno no ha espiado a nadie".
La lideresa del PP, quien ha defendido desde el primer momento que la trama "va a quedar en nada", responde así a la solicitud realizada por el PSOE y por IU. "El PP de Madrid va a aceptar la comisión de investigación en la Asamblea para dejar totalmente claro que nuestro interés es la transparencia, la claridad, y la luz y taquígrafos", ha precisado.
La presidenta de Madrid ha explicado que la comisión de investigación es "un instrumento" y por tanto lo van a aceptar en una reunión que se celebre en la Mesa y la Junta de Portavoces.
Aguirre, quien desde el momento en el que saltó la trama ha reclamado "transparencia", se autodefinió como "una víctima" porque "políticamente van a por mi".
Asimismo, Aguirre ha eludido responder a la pregunta de si la semana pasada ha mantenido conversaciones con el presidente del PP, Mariano Rajoy.
La primera ocasión para hablar sobre la comisión de investigación será este lunes, durante la reunión de la Mesa de la Asamblea, donde se estudiará la solicitud de la oposición desde el punto de vista técnico. El debate político llegará mañana, martes, cuando la Junta de Portavoces aborde el fondo de la cuestión.
En cualquier caso, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, deberá volver a enfrentarse a las preguntas de la izquierda sobre este mismo tema el próximo jueves, durante el pleno de la Asamblea.
(www.publico.es, 02/02/09)
COSPEDAL SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN INTERNA EN EL PP SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado esta tarde que la investigación interna que realiza en el seno del PP sobre el escándalo de espionaje destapado por EL PAÍS queda "en suspenso". En un comunicado leído en la sede de Génova, De Cospedal ha argumentado que no tiene sentido mantener tres líneas de investigación paralelas sobre un mismo asunto: sus pesquisas, la causa abierta por la justicia y la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid a la que Esperanza Aguirre ha dado luz verde esta misma mañana. Cospedal ha tenido mucho cuidado en repetir que la investigación no se cierra, sino que se aparca mientras se desarrolla la investigación parlamentaria y judicial, que son las que deben depurar responsabilidades políticas y penales respectivamente.
"La verdad siempre es beneficiosa para todo el mundo", ha sentenciado la número dos del partido. A preguntas de los periodistas, Cospedal ha agregado que tanto ella misma como Rajoy están dispuestos a comparecer en el Parlamento regional, al tiempo que ha negado que este gesto de Génova se deba a un pacto entre Rajoy y Aguirre de comisión por comisión. "No hace falta ningún pacto", ha subrayado. Cospedal no ha querido adelantar nada sobre las conclusiones a las que ha llegado tras varios días de trabajos, ha calificado de "adecuada" la decisión de Aguirre y ha dicho una y otra vez que "el órgano judicial y el parlamentario" son los que deben pronunciarse al respecto.
Este anuncio se ha producido unas horas después de que la presidenta de Madrid diera su visto bueno a la apertura de la comisión de investigación pedida por PSOE e IU el día 27, a pesar de que la semana pasada algunas voces del PP madrileño descartaran esta posibilidad. A la entrada de un desayuno informativo en el que ha intervenido el candidato popular a la presidencia de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Aguirre ha explicado a los periodistas que el PP regional "va aceptar la comisión" para "dejar totalmente claro" su interés "en la transparencia, claridad, la luz y los taquígrafos" y con el fin de demostrar que el Gobierno que preside "no ha espiado a nadie".
"Empezará a funcionar de manera inmediata"
Poco después, Aguirre ha comunicado la noticia a Génova, donde ha calmado a los barones a los que Mariano Rajoy había reunido para hablar de financiación. Los líderes del PP en las 17 comunidades se han mostrado satisfechos con la medida y muchos de ellos se han pronunciado a favor de que el asunto se aclare cuanto antes. Inmediatamente después del anuncio de Aguirre, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha exigido que la comisión se convoque de forma "inmediata" y que el órgano sea "rápido en su funcionamiento". A su juicio, la situación del Gobierno autonómico "no puede continuar sujeta a las luchas internas" y "cuanto antes tiene que esclarecer todos los ámbitos de esa presunta trama de espionaje".
IU ha pedido que la Presidencia del organismo recaiga en manos de la oposición para permitir que la investigación llegue hasta el final. Inés Sabanés no quiere que "haya blindajes" y se convierta "en un juego de mayorías y minorías como ocurrió en la de Tamayo", en referencia al tránsfuga que boicoteó la votación de investidura del socialista Rafael Simancas. El portavoz del PP madrileño, David Pérez, ha informado por su parte de que la comisión "empezará a funcionar de manera inmediata" y que posiblemente "podría estar funcionando la semana que viene". Además, el dirigente popular ha negado que el PP madrileño haya pactado con Génova la comisión, ya que "estas decisiones no se adoptan a base de pactos sino a base de compromisos y el compromiso de la Comunidad de Madrid está en la transparencia".
El Parlamento autonómico debe decidir precisamente esta semana sobre la comisión. Hoy lunes, la Mesa de la Asamblea estudiará la solicitud de la oposición desde el punto de vista técnico. El debate político llegará mañana, martes, cuando la Junta de Portavoces aborde el fondo de la cuestión y la califique. Si el asunto es considerado de "interés general", como todo parece indicar, habrá comisión. En el escrito, la oposición proponía que la comisión esté formada por cuatro diputados del PP, tres del PSOE y uno de IU; que los trabajos finalicen antes del 30 de junio; y que los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y funcionarios estén "obligados" a comparecer si son requeridos. En cualquier caso, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, deberá volver a enfrentarse a las preguntas sobre este mismo tema el próximo jueves, durante el pleno de la Asamblea.
(www.elpais.com, 02/02/09)
COSPEDAL ANUNCIA QUE EL PP SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN INTERNA EL CASO DE ESPIONAJE
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado hoy que su partido deja en suspenso la investigación interna sobre el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid mientras se desarrolla la investigación parlamentaria y judicial que pueda depurar responsabilidades políticas y penales. Cospedal ha hecho este anuncio en una comparecencia ante los periodistas en la sede nacional del Partido Popular, en la que ha subrayado que "la verdad siempre es beneficiosa para todo el mundo".
La dirigente del PP ha señalado que la comisión de investigación parlamentaria de la Asamblea de Madrid es el cauce adecuado para dirimir eventuales responsabilidades políticas. Precisamente, esta mañana, Esperanza Aguirre ha anunciado que va a apoyar esta comisión en la Asamblea.
Cospedal ha explicado que la investigación judicial abierta es el cauce adecuado para conocer eventuales responsabilidades penales. Por ello, ha anunciado que mientras esas dos investigaciones se llevan a cabo (la parlamentaria y la judicial), el PP deja en suspenso su investigación interna.
Además, ha garantizado que el Partido Popular está dispuesto a colaborar tanto con la justicia como con la Asamblea de Madrid en el desarrollo de sus trabajos.
Horas antes al anuncio de Cospedal, a la entrada de un desayuno informativo en el que ha intervenido el candidato popular a la presidencia de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Aguirre se había referido a la supuesta red de espionaje en la Comunidad de Madrid, y se había mostrado dispuesta a aceptar una comisión de investigación en la Asamblea, como habían solicitado el PSOE e IU.
"Transparencia, luz y taquígrafos"
"El PP de Madrid va a aceptar la comisión de investigación en la Asamblea para dejar totalmente claro que nuestro interés es la transparencia, la claridad, y la luz y taquígrafos", ha precisado, tras asegurar que la Comunidad quiere dejar claro que no se ha espiado a nadie.La presidenta de Madrid había explicado que la comisión de investigación es "un instrumento" y por tanto lo van a aceptar en una reunión que se celebre en la Mesa y la Junta de Portavoces.
Asimismo, Aguirre ha eludido responder a la pregunta de si la semana pasada mantuvo conversaciones con el presidente del PP, Mariano Rajoy.
(www.elperiodico.com, 02/02/09)
Un nido de espías en la Corte de Esperanza
La batalla por el poder y las sospechas sobre las adjudicaciones públicas del vicepresidente de la Comunidad de Madrid provocan una guerra en el PP donde se lucha a golpe de ‘dossier’
En la tarde del 30 de enero, los empresarios Enrique Sánchez y Pedro Antonio Martín Marín quedaron para jugar al mus en la cafetería Stars, junto al estadio Santiago Bernabeu. Como todos los viernes. Aunque éste era un poco especial, ya que ambos llevaban varios días saliendo en la prensa, en relación con las tramas de espionaje y presunta corrupción organizadas en la Comunidad de Madrid.
La culpa es de un viaje a Suráfrica realizado en marzo de 2008, al que Enrique Sánchez y Pedro Antonio Martín Marín se llevaron al hombre más poderoso de la Comunidad de Madrid: Ignacio González, número dos de Esperanza Aguirre, que lleva un lustro controlando las principales adjudicaciones del Gobierno regional.
Una reproducción de los billetes de aquel vuelo a Johannesburgo salió publicada en El País el pasado 20 de enero, junto a otras imágenes de Ignacio González durante una visita a Cartagena de Indias (Colombia). Forman parte de un dossier sobre el vicepresidente madrileño, en el que se afirma que tanto su viaje como el de su esposa habían sido abonados por Enrique Sánchez en agradecimiento por las adjudicaciones públicas recibidas. González sostuvo que pagó en metálico los 8.000 euros, porque le "venía bien", y aseguró que nunca adjudicó "nada" a dicho empresario.
Pero la mentira no llega lejos. Dos días después, Público desveló que González le había adjudicado un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una de las principales sociedades de Enrique Sánchez.
Y el asunto se agravó cuando, una semana más tarde, este diario reveló la existencia de un detallado informe de 69 folios sobre el patrimonio y las adjudicaciones sospechosas del vicepresidente, que ha sido manejado en la cúpula del PP.
Investigando a González
Los servicios policiales de información que están analizando el asunto descartan que funcionarios de la Comunidad se hayan desplazado a Colombia para grabar al vicepresidente. "Las imágenes se han tomado con un equipo muy básico. Ese trabajo se podría hacer con un simple bolígrafo con cámara camuflada. Así que resulta lógico sospechar que el vídeo fue grabado por alguien que viajaba en la comitiva de González o por la empresa local que se encargó de la vigilancia en Colombia", indican fuentes conocedoras de las pesquisas en el Ministerio del Interior.
En cuanto al dossier de 69 páginas, expertos en temas de seguridad descartan que haya sido elaborado por ex agentes de la Policía o la Guardia Civil y apuntan a alguna empresa privada: "Cualquier informe de funcionarios policiales empieza con una foto del sujeto investigado y datos sobre si tiene vehículos, antecedentes...". Justo esa información falta en el dossier, que aporta todo tipo de detalles sobre propiedades, cuentas bancarias, historial laboral o actividades empresariales de González, sus familiares y sus amigos más cercanos. Lo mismo se puede afirmar del informe realizado sobre Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II y persona de confianza del vicepresidente.
En el PP está extendida la idea de que el espionaje a González en los viajes al extranjero, realizados en 2008, tiene su origen en la batalla entre empresas privadas de seguridad por el negocio de los contratos públicos.
Empresas, eso sí, relacionadas de forma directa o indirecta con políticos de dicho partido. El dossier de 69 páginas, por su parte, fue escrito a finales de 2006 o principios de 2007 y es una investigación destinada a demostrar que el vicepresidente madrileño tiene un patrimonio injustificado y que se beneficia de las adjudicaciones públicas que están bajo su control. El propio González no ha descartado que le haya espiado la dirección del PP.
En resumen, en lo que respecta a González, se puede hablar de la existencia de una trama dentro del partido, que contrata los servicios de investigadores privados, para obtener pruebas que permitan desenmascarar al hombre fuerte de Aguirre.
Los expertos son más reacios a emplear el término espionaje para definir los seguimientos realizados al ex consejero de Justicia de la Comunidad y actual responsable de Exteriores en la Ejecutiva Nacional del PP, Alfredo Prada, y al vicealcalde de Madrid capital, Manuel Cobo: "Para hablar de espionaje tiene que haber grabaciones, fotografías, investigación patrimonial o personal, pinchazos telefónicos... Y lo publicado son partes de seguimiento propios de un equipo de contravigilancia".
Los equipos de Granados
Parece fuera de toda duda que los partes policiales son reales, ya que tanto Cobo como Prada han corroborado que el contenido coincide con sus agendas, y también que fueron realizados por personal de la Consejería de Interior, puesto que en algún caso dan el nombre de personas que trabajan en el departamento que dirige Francisco Granados.
Otra cuestión es saber si los seguimientos eran legales -como defiende el Gobierno de Aguirre- y si el personal que los realizó era consciente de que podía estar cometiendo alguna irregularidad. Sobre este último punto, agentes que han participado en este tipo de operativos tienen pocas dudas: "Ni al tipo más tonto del mundo, si sabe que está cometiendo un seguimiento ilegal, se le ocurre escribir en un parte ‘llega el conductor de nuestro director Sergio con el vehículo oficial del mismo'. Y eso figura así en uno de los documentos publicados".
¿Y la legalidad de los seguimientos? Granados puede explicar con mayor facilidad el caso de Prada, ya que cuando se produjeron los hechos era consejero de la Comunidad, lo que podría explicar que contase con un equipo de contravigilancia. Más difícil resulta defender ese argumento en el caso de Manuel Cobo, ya que el Ayuntamiento tiene sus propios equipos de seguridad.
Claro que, más allá de los seguimientos más o menos legales a determinados políticos, en el sector de la seguridad privada existe la certeza de que en la Consejería de Granados había alguna persona dedicada a encargar trabajos sucios. "A algún investigador lo llegaron a citar, para su asombro, en un despacho de la Consejería y le plantearon investigar a un político. No aceptó el trabajo, pero salió con la idea clara de que eran bastante chapuzas", explica el dueño de una empresa de investigación.
Gallardón y Blesa
En el Ministerio del Interior investigan si también se produjeron seguimientos al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el archienemigo de Esperanza Aguirre. De hecho, en ese departamento circula la versión de que fue el equipo de seguridad del alcalde quien detectó que personal de la Comunidad de Madrid le estaba siguiendo. El descubrimiento se habría producido cuando Gallardón realizaba una visita privada a la localidad de Las Rozas. Esta versión encaja con el convencimiento que tienen algunos dirigentes del PP de que la primera filtración a El País partió del entorno de Gallardón. Una acusación que realizan en privado, ya que públicamente sólo han señalado a Caja Madrid.
"Tenemos enemigos en Caja Madrid que pueden ser autores de lo que pasa", declaró Granados en medio del escándalo. La entidad financiera, por cuyo control pelean de forma descarnada Aguirre y Gallardón, tiene un servicio privado de escolta para su presidente, Miguel Blesa. Y, además, es uno de los principales clientes de las empresas privadas de investigación: "Contrata a agencias para que realicen informes de morosos o insolvencias, busquen bienes para embargar o estudien quién está detrás de proyectos especialmente relevantes", detalla uno de esos detectives. Pero de ahí a implicar a Caja Madrid en el espionaje a políticos hay un salto que, de momento, sólo ha dado Granados en público y varios compañeros de la Comunidad en privado.
Datos del ministerio
Además de en Caja Madrid, algún dirigente conservador también se ha fijado en el Ministerio del Interior en un intento de buscar culpables fuera del PP. Lo único probado es que algún mando de la Guardia Civil o de la Policía facilitó datos a quienes estaban realizando el seguimiento a Prada, ya que preguntaron por una "matrícula reservada" que resultó ser de la Secretaría de Estado de Seguridad. En ese caso, la información sobre la titularidad del vehículo no se puede obtener en Tráfico. Y tampoco la puede facilitar un guardia o policía raso.
En el Ministerio del Interior están realizando una amplia investigación para localizar al informador. Sobre todo después de que en el departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil hayan recibido, como desveló El Economista, la denuncia de algunos agentes que recibían ordenes para "realizar tareas que no entendían". La sospecha es que el mando que encargaba los trabajos o facilitaba datos, cobraba a cambio una importante cantidad de dinero mensual.
"En Madrid no hay espías", aseguró hace diez días la presidenta Esperanza Aguirre. La realidad parece exactamente la contraria. Por la capital circulan espías, dossiers y equipos de contravigilancia a un ritmo trepidante, ajenos a cualquier atisbo de crisis. Y es que un informe como el elaborado sobre Ignacio González puede costar 50.000 euros.
www.publico.es 01.02.09
Aguirre y Rajoy no alcanzan un pacto
Dirigentes del PP piden mano dura por la 'crisis de los espías' - La presidenta y el líder popular han conversado al menos dos veces por teléfono en los últimos días
Fue la tarde del pasado domingo. Después de su triunfal discurso de estilo obamista, Mariano Rajoy estaba descansando en su casa. Sonó el teléfono, y era Esperanza Aguirre. Sobre la mesa estaba lo que los aguirristas consideraban una agresión: una información de EL PAÍS en la que el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, hombre muy respetado y clave en la historia interna del partido, aseguraba que en mayo de 2008 había avisado a Rajoy de que le estaban espiando.
La investigación abierta en el partido provocó la protesta de la líder madrileña
Lapuerta pensaba que eran personas de la Comunidad de Madrid, como respuesta a críticas que había hecho a adjudicaciones de esta administración que consideraba sospechosas. Para colmo, según la visión de los aguirristas, el propio Rajoy, a través de su responsable de Comunicación, Carmen Martínez Castro, había confirmado la noticia. Lapuerta es además amigo del presidente del PP, con lo que todos los aguirristas atribuyeron al líder la bomba informativa.
Espionaje, adjudicaciones y una investigación interna en marcha. Eran demasiados fusiles apuntando a Aguirre, y todos de fuego supuestamente amigo, esto es desde Génova, la sede central del PP.
La presidenta llamó al líder para, según diversas fuentes populares, mostrarle su preocupación por la situación y reclamarle que busque una salida que no le haga daño a ella ni al partido.
Rajoy, fiel a su estilo, no entró de lleno en el asunto y trató de tranquilizarla con la idea de que seguramente habrá una solución. Pero no hubo acuerdo, y desde entonces la situación se ha complicado.
El diario El Mundo ha publicado graves acusaciones de conductas irregulares tanto de Lapuerta como de su sucesor, Luis Bárcenas, por haber presionado a la Comunidad de Madrid en diversas adjudicaciones. Todos los marianistas lo interpretaron como una venganza del aguirrismo.
A mediados de semana, mientras se publicaban dossiers con supuestas irregularidades de la mano derecha de Aguirre, Ignacio González, amigos y familiares suyos, hubo al menos otra conversación telefónica entre los dos dirigentes, de tenor similar, según las mismas fuentes.
Aguirre insiste en que la investigación interna que dirige la secretaria general, Dolores de Cospedal, es una gran muestra de desconfianza hacia ella, que no va a encontrar nada porque nada hay, y que se debe cerrar cuanto antes.
Rajoy insiste en su ambigüedad. En privado buscan un pacto, pero ella quiere un apoyo público que él no le ha dado. Y por eso las espadas siguen en alto mientras la situación es cada día más explosiva.
El entorno del líder y algunos dirigentes regionales, muy enfadados por lo que consideran un ataque directo al corazón del partido, le piden mano dura, un gesto de autoridad. "Casi todos estamos aquí de paso, pero Lapuerta y Bárcenas son la casa, los que dan continuidad al PP. Ir contra ellos es ir contra el partido, no contra Rajoy. Esto no puede quedar así", señala un marianista.
Mientras, Aguirre no está dispuesta a aceptar que el presidente le pida la cabeza de nadie, porque insiste en que no hay ninguna prueba de que el espionaje saliera de la Comunidad ni de ninguna irregularidad en ninguna adjudicación.
Cospedal, que aún tiene que interrogar a algunos, se prepara para enviar su informe al Comité de Derechos y Garantías del partido. Si su papel recomienda sanciones, como apuntaba el durísimo comunicado de la semana pasada, y éstas no están pactadas con Aguirre, la guerra será total y ella se resistirá hasta el final. De momento todo sucede en pasillos, pero la próxima semana probablemente habrá un Comité Ejecutivo Nacional, el órgano de gobierno, donde se verá hasta dónde llega la batalla y si alguien sigue a Aguirre en su resistencia numantina a ofrecer ninguna cabeza, ni siquiera la de algún jefe intermedio de los espías.
www.elpais.es 01.02.09
Las tres claves secretas del enredo
Odios políticos, 'dossiers' tóxicos e intereses económicos se entrecruzan en la 'batalla de Madrid'
Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ha recibido uno de los encargos más envenenados de su carrera: investigar las supuestas malas prácticas de un Gobierno del PP, el de la Comunidad de Madrid, que lidera con aplastante autoridad Esperanza Aguirre, el principal y, a estas alturas, casi único referente de la corriente crítica del partido.
González debe de ser el cargo con más 'dossiers' sobre sus adjudicaciones
Empresas molestas al perder concursos han indagado sobre su patrimonio
La tarea se complica porque las personas a las que debe investigar Cospedal (Esperanza Aguirre, Ignacio González o Francisco Granados, entre otros) han sido, hasta hace muy poco, sus jefes políticos directos, sus principales mentores o sus amigos de escapada veraniega.
Pese a todo, según cuentan algunas de las personas que han pasado ya por la "sala de interrogatorios" de Cospedal está intentando hacer una investigación fría y profesional. Y eso que algunos de los sujetos que pueden resultar cruciales para desentrañar todo lo ocurrido (principalmente ex policías que han trabajado en el servicio acusado de espionaje) se niegan a comparecer con la excusa de que no pertenecen al PP.
El escenario en el que se maneja Dolores de Cospedal tiene unos actores que se mueven en un círculo de intereses políticos y tiene otros actores en una obra de teatro paralela donde lo que manda son las implicaciones económicas.
La decisión de Cospedal respecto a la investigación abierta puede marcar un antes y un después en la historia del PP. Así están las cosas.
- La guerra de los dossiers. La guerra de los dossiers es muy vieja en la Comunidad de Madrid. A comienzos de la primera legislatura de Esperanza Aguirre, octubre de 2004, proliferaron los informes secretos que se lanzaban contra el PP buscando vinculaciones entre algunos dirigentes populares y el denominado tamayazo (la fuga de dos diputados socialistas en una votación crucial que impidió a Rafael Simancas ser presidente de la Comunidad de Madrid y dio una segunda oportunidad a Esperanza Aguirre para ganar en las urnas ese puesto). Se hallaron muchos vínculos entre el PP, sus aledaños y Eduardo Tamayo, el último gran tránsfuga de la democracia española, pero nadie acreditó una compra del voto que hubiera implicado responsabilidades penales.
Más tarde llegó la adjudicación de la explotación de la Plaza de Toros de las Ventas, un negocio supuestamente muy apetitoso, en el que el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, empezó su exitosa carrera para reclutar a legiones de enemigos. La empresa perdedora recurrió a los tribunales. Y González, según explican desde el Gobierno regional, empezó a sospechar que Alfredo Prada, entonces segundo vicepresidente de la Comunidad, que compartía con él los máximos galones después de la presidenta, le hacía luz de gas y se aliaba con sus enemigos para informar contra él. Prada siempre lo ha negado. Por si acaso, González y la presidenta le pusieron a Prada, que era consejero de Interior, un guardián ex policía llamado Sergio Gamón al que colocaron como director general de Seguridad, neutralizando a la persona de confianza de Prada que hasta entonces ejercía, sin tanto cargo, ese mismo puesto. Luego llegaron más dossiers sobre las propiedades de González, las hipotecas de sus casas, las adjudicaciones a sus familiares, amigos y conocidos, sus tratos de favor a empresarios especialmente beneficiados en el Canal de Isabel II, la poderosa compañía pública que preside.
- Empresas molestas. Los intereses económicos de empresas molestas por no haber sido beneficiarias del maná de la Comunidad de Madrid, una administración rica y gran inversora, han arrojado durante los últimos cuatro años una concienzuda cadena de sospechas sobre el honor de González y algunos cargos de su confianza a los que ha colocado en sitios estratégicos. Esas empresas perdedoras en múltiples concursos encuadernaron sus sospechas y denuncias en carpetas donde aparecían datos públicos que se pueden encontrar en el Registro Mercantil o en el Boletín Oficial de la Comunidad junto a algunos detalles, a veces sorprendentes, de la vida privada de González. Así completaban un panorama sombrío sobre supuestas prácticas corruptas del vicepresidente de la Comunidad. Él siempre lo ha negado. Es el alto cargo de Madrid, y probablemente de España, que más dossiers por adjudicaciones sospechosas tiene. Y lleva dando explicaciones de su honorabilidad mucho tiempo. Lo tuvo que hacer ante su propio partido porque Álvaro Lapuerta, tesorero nacional los últimos 25 años, quiso saber más de sus propiedades en 2006. Y en 2008, el propio Lapuerta se sentía espiado por las personas sobre las que puso sus sospechas, entre ellas el propio González.
- Enemigos irreconciliables. Desde la Consejería de Interior se hicieron seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada; y a su hombre de confianza y director de Seguridad en la Ciudad de la Justicia, Juan Carlos Fernández. Los dos políticos espiados no apoyaban precisamente a Esperanza Aguirre en la batalla por el poder del PP y se declaraban enemigos irreconciliables de Ignacio González. El espionaje, documentado, ocurrió entre marzo y mayo de 2008, cuando caían chuzos de punta sobre el PP tras la derrota electoral. Los ex policías que hicieron el seguimiento citaban en sus partes a sus jefes directos: Sergio Gamón y Miguel Castaño, que no despachaban casi nunca con el consejero de Interior, Francisco Granados, según ha declarado. El viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, es quién manda en Gamón. Y Halffter confía tan poco en Granados como el consejero confía en él, porque sabe que es un hombre de González. El consejero del Interior ya intentó acabar con Sergio Gamón cuando éste irrumpió con cuatro de sus hombres en un despacho de la consejería de Justicia donde pensaba que se guardaban dossiers muy comprometedores para él mismo y para miembros del Gobierno regional. Pero una semana después de destituir a Gamón, le volvió a nombrar. Y ahí sigue.
www.elpais.es 01.02.09
El PP se enfrenta a sí mismo
El escándalo siembra desconfianza en el partido - Muchos piden ya cabezas por el espionaje
La primera impresión es la que cuenta. Lo primero que dijo un cargo público del PP cuando se destapó el escándalo de espionaje político en la Comunidad de Madrid fue que "si alguien hace lo que no debe, hay que cesarlo", sin contemplaciones. Lo declaró la presidenta de la Asamblea regional, Elvira Rodríguez. Después, matizó sus palabras. Al fundador del PP, Manuel Fraga, lo primero que le vino a la cabeza fue: "Desgraciadamente, hay cosas no resueltas entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento". Después, relativizó los problemas y dijo que eso pasa en todos los partidos. Pero esas dos primeras impresiones eran las buenas. Tras diez días de polémica ya nadie disimula en el PP dos ideas. Uno: hay temas no resueltos que van a terminar por desangrar el partido. Dos: alguien va a perder la silla por hacer lo que no debía.
En el PP nadie sabe cuánta basura guarda el vecino. Como en Wall Street
Aguirre ha hecho de un problema de Madrid uno de todos los populares
"La bola de nieve se convirtió en alud y no lo paramos", dice un asesor del PP
"El Gobierno se va a reír de nosotros en el Congreso", se queja un parlamentario
Como escándalo político, la situación no tiene episodios recientes con qué compararla. Un vicealcalde de Madrid, un consejero de Justicia y el vicepresidente de la Comunidad han sido espiados. El consejero de Interior es sospechoso de amparar a los autores de parte de los seguimientos. Un ex tesorero del PP denuncia que a él le espiaban en Madrid. El Gobierno de la Comunidad airea públicamente que la cúpula del partido manejaba dossiers contra ellos hace dos años. Los supuestos contenidos de esos informes empiezan a aparecer en los periódicos. El presidente del PP ha ordenado una investigación interna. Todas las víctimas presentes y futuras de esta historia son del mismo partido.
Se ha apoderado del PP la sensación de que no hay marcha atrás. Lo peor está por llegar. Como en los bancos de Wall Street, en el PP nadie sabe exactamente cuánta basura tiene guardada el vecino, ni siquiera cuánta tiene en su propia casa. La desconfianza que esto provoca está paralizando el sistema y la iniciativa política.
El PP podía haber intentado aguantar, esperando a que escampe. No sería la primera vez. Pero esas "cosas no resueltas" que apuntó Fraga hace diez días son las que han terminado por pulverizar la estabilidad lograda tras el congreso de Valencia, en junio de 2008, en el que Mariano Rajoy acalló las críticas a su liderazgo y empezó una nueva etapa en el PP. De esto hace menos de un año. Esas "cosas no resueltas" se van a resolver ahora, o Rajoy posiblemente no siga adelante.
Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre no se han llevado bien nunca, cuentan en el partido. Pero desde que ambos compiten claramente por un puesto en la cúpula del PP la situación ha sido explosiva. Cuando Rajoy presentó las candidaturas de Aguirre y Gallardón para Madrid, en enero de 2007, exhibió la gestión de ambos y dijo que "Madrid es el emblema de la España que quiere el PP".
En enero de 2008, Aguirre estaba dispuesta a dimitir del emblema y de la presidencia de la Comunidad con tal de que Gallardón no fuera diputado, y consiguió que no lo fuera. Al salir de la tensa reunión en la que Rajoy les dio la noticia de que ninguno de los dos iría en las listas electorales, Aguirre destapó todas sus cartas. En un ascensor de Génova 13 le dijo a Gallardón: "Si Mariano pierde, tú y yo estaremos en iguales condiciones" para sucederle. El golpe fue tan duro que el alcalde, bastión electoral del partido, desapareció de la campaña.
Rajoy perdió. Mientras Aguirre amagaba públicamente con disputar el liderazgo del partido, Gallardón permaneció junto a Rajoy. Los seguimientos al vicealcalde de Madrid y al consejero Alfredo Prada, alineados en el bando de Rajoy, se produjeron en esas fechas.
La victoria de Rajoy en el congreso de Valencia reafirmó su liderazgo, aupó a Gallardón, remodeló la cara visible del PP y obligó a Aguirre a retirarse con los suyos a sus cuarteles de invierno, con la vista puesta en el próximo congreso, tres años después. Pero es enero de 2009 y la herida vuelve a sangrar.
La secuencia de los hechos es rapidísima en política. EL PAÍS destapa el escándalo del espionaje político, Aguirre niega, Rajoy dice que la cree, Gallardón se suma a la petición de explicaciones, Aguirre desmiente de nuevo y amenaza con los tribunales al periódico y al alcalde, Rajoy explota al ver que ella no asume la más mínima duda y abre una investigación interna, Aguirre airea que Rajoy conocía dossiers contra sus hombres. Todo, entre el 19 y el 27 de enero.
Aguirre ha convertido un problema de la Consejería de Interior de Madrid en un problema de todo el PP. Un experto en comunicación del PP, que no simpatiza con la presidenta, cree que el equipo de Aguirre ha hecho todo lo que no debe hacerse en una crisis. "Primero lo niegan todo y se definen como víctimas. Eso no se debe hacer, es lo que hacen los culpables. Lo primero siempre tiene que ser demostrar la inocencia". Pero además, "después, reparten la mierda. Y por último, matan al mensajero".
La sobreactuación del Gobierno de Madrid ha llevado las cosas a un punto de no retorno. Ya no se puede, por ejemplo, abrir una investigación propia, dar imagen de transparencia y controlar el proceso. "Hemos visto cómo la bola de nieve se convertía en alud, y no sólo no hemos sabido pararlo, sino que ni siquiera nos hemos quitado de en medio", opina este experto. Génova trató sin éxito de que fuera la Comunidad la que actuara, antes de tomar las riendas.
Francisco Granados, el consejero de Justicia e Interior de Madrid y superior de los supuestos espías, desveló el viernes que preguntó a sus subordinados por las denuncias de EL PAÍS y no halló nada extraño. Granados ha matizado crípticamente que, sin embargo, en la Comunidad hay miles de funcionarios. Pero ahora ya es una anécdota. Las investigaciones están en manos de Génova y de la Fiscalía.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, tras decir el primer día que no apreciaba delito, ahora investiga las diversas tramas de espionaje que supuestamente parten de la Consejería de Interior que dirige Granados. Por el momento, ha pedido toda la información necesaria a todos los actores, incluido este periódico.
Desde la secretaría general se ha dejado claro estos días que la investigación interna del partido no es ningún paripé. Se inició con un durísimo comunicado en el que se anunciaban "responsabilidades de carácter estrictamente político que el PP exigiría con absoluta firmeza y determinación".
El objetivo es probar si existe un servicio de espionaje en la Comunidad de Madrid (algo ya negado tajantemente), y saber quién ha realizado los seguimientos al vicepresidente, Ignacio González. La secretaria general, Dolores de Cospedal, no parece que vaya a cerrar la investigación en falso. Prueba de ello es que ha llamado a declarar a su despacho incluso a Sergio Gamón, jefe del área de Seguridad de la Comunidad, citado como "nuestro director" por los autores de uno de los informes.
Gamón, al servicio de Aguirre desde que era presidenta del Senado, es el único de los implicados que es militante del PP. Los demás no sienten ninguna obligación de dar explicaciones a la jefa del partido de su jefe, Granados.
Por ahora no hay la más mínima pista de dónde apuntarán las responsabilidades que los datos que confirme Cospedal. Según los estatutos del partido, se puede expulsar a aquellos que comprometan el honor y la imagen del PP. En cualquier caso, hasta la investigación puede acabar siendo irrelevante. Porque la furibunda reacción del núcleo duro del aguirrismo (Aguirre, González y Granados), al poner el grito en el cielo con el espionaje a González, ha puesto el ventilador en su casa. Puede que el fiscal acabe siendo el único interesado en saber quién hizo el dossier sobre González, mientras se airean supuestos negocios sucios del vicepresidente y otros personajes de su entorno como Ildefonso de Miguel o Pedro Antonio Martín Marín.
El pasado jueves, un ex alto cargo de la Comunidad, Pedro Ortiz, contó con una ligereza pasmosa en una tertulia radiofónica cómo Martín Marín le presionó para recalificar un terreno protegido. Son el tipo de cosas que hacen temer en el PP que se haya abierto la veda. Todos contra todos y nadie sabe quiénes son los suyos.
La parte del PP ajena a esta situación, es decir, la inmensa mayoría, sólo espera que los que han apretado los botones del ventilador lo paren antes de que los papeles lleguen al pasillo.
Responsabilidades aparte, el problema político es mayúsculo. El PP se la juega en apenas un mes en las elecciones gallegas y vascas, con dos candidatos jóvenes y primerizos que quieren ser la mejor imagen del mejor PP del mejor Rajoy. El candidato gallego, Alberto Núñez Feijóo, dio una conferencia con Rajoy en el Club Siglo XXI de Madrid el pasado jueves. No trascendió absolutamente nada en los medios nacionales más que una frase de Rajoy pidiendo altura de miras al PP. El candidato vasco, Antonio Basagoiti, dijo ese día que estaba "hasta las narices" del asunto del espionaje, que está arrinconando su campaña.
El propio Rajoy dio el domingo pasado el que iba a ser el discurso del año. Paro, jóvenes, esperanza, esfuerzo y patriotismo en un evento multitudinario de corte obamista preparado durante meses. No consiguió colocar un mensaje claro en los grandes medios de comunicación. Nada a lo que el PSOE o el Gobierno tuvieran que responder con urgencia. Nada que hiciera consciente que estamos en campaña electoral o que el PP tenga algo que decir sobre el paro.
Pero muchos sí recordarán que Rajoy garantizó la "unidad del partido pase lo que pase". En junio del año pasado, haciendo cábalas sobre el liderazgo del PP, un destacado parlamentario del partido advertía a los periodistas: "Si nos ponemos a final de año con 800.000 parados más, no se pueden descartar elecciones anticipadas". El año 2008 terminó con un millón de parados más y previsiones terroríficas. Las encuestas de finales de diciembre revelaban que el PP no lo había capitalizado.
Un mes después, una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS realizada en los días más duros del escándalo de espionaje revelaba que el PP está todavía más lejos, a 7,6 puntos en intención directa (en las elecciones perdió por una diferencia de 2,6). Por ahora, Zapatero sólo ha pasado apuros por la situación económica el día que lo atornillaron los ciudadanos en TVE.
También en este aspecto lo peor está por venir, intuye una fuente parlamentaria. Esta semana se reanuda la actividad en el Congreso y el Senado tras el parón de enero. "Cuando vengan los ministros se van a reír de nosotros. Van a hacer chistes con este asunto". El PSOE y el Gobierno, por ahora, son espectadores atónitos tanto como cualquier ciudadano. Pero en el momento en que tengan que defenderse en el Parlamento tienen material de sobra para desacreditar al PP hasta que no depure responsabilidades internas.
www.elpais.es 01.02.09
De la Vega: "Son incapaces de gobernarse y poner orden en su casa"
"Nada es más penoso e inquietante que ver que son incapaces de gobernarse a sí mismos y de poner orden en su casa quienes pretenden gobernarnos a todos", aseguró ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en referencia al escándalo de la trama de espionaje en el PP de Madrid.
De la Vega, que participó en Valencia en una reunión interparlamentaria con los socialistas valencianos, analizó con crudeza la actuación de los dirigentes del PP: "Nada es más lamentable que ver, a quienes aspiran a llegar a liderar el país, refugiarse en la política hecha de oscuridad, de recelos, de cámaras ocultas, de deslealtad y de temor a todo y a todos, incluso a los más cercanos".
Según la vicepresidenta, "nada es más penoso que comprobar, un día sí y otro también, lo que están haciendo [los populares] con el mandato que en ellos han depositado los ciudadanos".
La vicepresidenta primera del Gobierno acusó al PP de "poner las instituciones públicas al servicio de intereses y objetivos particulares y partidistas".
En este contexto, en el que también cuestionó la pretensión del presidente valenciano, Francisco Camps, de utilizar su mayoría en las Cortes Valencianas para reprobarla por no manifestarse en contra de la caducidad del trasvase Tajo-Segura, De la Vega instó al PP a dejar de tratar las instituciones "como si fuesen el patio de su casa" y a ocuparse de los problemas que afectan a los ciudadanos.
www.elpais.es 01.02.09
Contratos millonarios para el compañero de viaje de González
La empresa de Enrique Sánchez obtuvo por 59 millones la seguridad del Canal y de Metro - El suburbano rescindió el acuerdo por incumplimiento
La empresa de seguridad Segurisa (Servicios Integrales de Seguridad, SA) ha sido adjudicataria de dos contratos de la Comunidad de Madrid que suman 59,3 millones de euros. Su presidente, Enrique Sánchez González, viajó a Johanesburgo en marzo de 2008 con el número 2 del Gobierno de Esperanza Aguirre y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González. Fue un viaje privado que aparece en el informe de un seguimiento parapolicial a González.
La empresa dejó sin cubrir "hasta el 50%" de los servicios, según Metro
La presunta acusación del dossier (cuya existencia fue revelada por EL PAÍS) era que el viaje suponía un regalo a Ignacio González por la adjudicación de contratos públicos millonarios a Segurisa. El informe incluye una fotocopia de los pasajes de vuelo de González y de su esposa a Suráfrica. El vicepresidente de la Comunidad señaló a este periódico que había pagado su pasaje "en metálico" y que estuvo en Johanesburgo para visitar al embajador de Suráfrica que es amigo suyo.
Respecto al presidente de Segurisa, Ignacio González fue tajante: "No es amigo mío, ni le adjudiqué nada". Pero la empresa de seguridad resultó adjudicataria de dos contratos para prestar servicios de vigilancia entre 2005 y 2006. Uno en el Canal de Isabel II, por dos años prorrogables a cuatro, y otro en Metro, que fue rescindido antes de tiempo por incumplimiento de contrato, según confirmó ayer a EL PAÍS la empresa que gestiona el suburbano.
El primer contrato a Segurisa data de octubre de 2005. La empresa resulta adjudicataria de los servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II, del que ya era presidente Ignacio González.
El periodo propuesto en el pliego del concurso convocado por la vicepresidencia era de dos años prorrogables a dos más a razón de 19.423.665 euros anuales. El procedimiento era restringido, una figura incluida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que supone que el adjudicador invita al concurso a un número determinado de empresas.
Segurisa obtuvo la concesión por 33.489.078 euros, cinco millones menos que el presupuesto de salida (38.847.330 euros). Y actualmente sigue al frente de la seguridad en el Canal, según confirman trabajadores de la empresa.
En el segundo contrato público, firmado seis meses después, Segurisa aparece entre las adjudicatarias de la vigilancia de Metro de Madrid.
El servicio de seguridad en el suburbano se divide por líneas y tramos que se repartieron en cinco contratos a los que optaron nueve empresas diferentes en 2006. El plazo era de dos años prorrogables a cinco. A Segurisa le correspondieron 25,9 millones de euros -la cuantía más baja de las cinco adjudicaciones- por prestar servicio en la línea 3 y en un tramo de la línea 4. Pero no llegó a cumplir ni siquiera los dos primeros años. Metro le rescindió el contrato en enero de 2007, nueve meses después de la adjudicación, por "incumplimiento" de la empresa, según un portavoz del suburbano. Ese incumplimiento supone que Segurisa dejó sin cubrir "hasta el 50% de los servicios" a los que se había comprometido, según Metro, al no aportar el número necesario de trabajadores a sus tramos de la red. El portavoz de la empresa pública del suburbano asegura que Segurisa sólo ha cobrado "la parte proporcional del dinero" por el servicio prestado durante el tiempo que el contrato estuvo en vigor. No especificó la cantidad. Segurisa, creada en 1988 y con sede principal en Madrid, dispone de 1.326 empleados.
Las líneas de metro que gestionaba Segurisa fueron repartidas entre otras tres empresas. Antes de la rescisión, fue una de las adjudicatarias que se vieron envueltas en el escándalo de las agresiones de los vigilantes de Metro a viajeros. En uno de los vídeos difundidos por EL PAÍS, un trabajador de seguridad de la línea 3 con uniforme golpeaba a un pasajero junto a la puerta de salida de una estación.
Este periódico intentó recabar ayer sin éxito los testimonios de Enrique Sánchez González y de Ignacio González sobre las adjudicaciones de ambos contratos públicos.
Ignacio González denunció a la Fiscalía de Madrid los seguimientos durante dos viajes a Colombia y a Suráfrica recogidos en dos informes. El titular del Juzgado número 47 de Madrid ordenó el pasado 26 de enero incoar diligencias al hallar indicios de delito en la denuncia del vicepresidente del Gobierno regional.
En el dossier de la visita de González a Johanesburgo aparece una fotocopia de los billetes de avión del vicepresidente y de su esposa. La presunta acusación del informe era que el viaje era un regalo de Enrique Sánchez González como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos millonarios. El documento refleja que Ignacio González pagó su viaje y el de su mujer (unos 8.000 euros) en metálico. González aseguró a EL PAÍS que los abonó así porque le venía bien. El número 2 del Gobierno de Aguirre negó entonces que fuera amigo del presidente de Segurisa y que le hubiera adjudicado nada.
www.elpais.es 31.01.09
Granados evita poner la mano en el fuego por nadie
El consejero madrileño explica que ha investigado turnos y viajes sin hallar pruebas del espionaje - La oposición le pide que presente la dimisión por el bien de la democracia
Llevaba una noticia en la manga, y con eso creía haber salvado un día muy complicado. Francisco Granados, el consejero de Justicia e Interior de Esperanza Aguirre, el hombre sobre el que cae todo el peso del escándalo de espionaje, esperó al último minuto de su comparecencia en la Asamblea de Madrid, después de una importante paliza dialéctica de las dos portavoces de la oposición, para buscar la salida: "Se ha hecho por parte de la secretaria general técnica una información reservada. Se ha tomado testimonio a los altos cargos, se entrevistó a asesores y personal eventual que se insinúa en las informaciones podrían estar implicados. Hemos comprobado turnos de noche, viajes... La comprobación ha sido absolutamente negativa".
El responsable de Interior no aportó pruebas de la pesquisa interna
Aguirre sigue sin decidir si el PP aceptará la comisión de investigación
Era lo que todos, incluso en el PP, pedían hace días: una investigación. Granados había esperado para ofrecer esa comprobación y así obtener ese triunfo mediático. Pero algo falló. Inés Sabanés, de IU, le hizo la pregunta más complicada: "¿Puede usted poner la mano en el fuego por todas las personas que trabajan en su consejería?". Granados rehuyó la respuesta. Y no puso la mano en el fuego. Y a la salida, preguntado por la prensa, dejó muy claro cómo está la situación interna en la Comunidad de Madrid, donde ya nadie se fía de nadie y los políticos viven en vilo esperando nuevas revelaciones periodísticas. "¿Por qué no ha contestado cuando le preguntan si puede poner la mano en el fuego?", le preguntaron. "Yo he dicho que se ha hecho una comprobación con resultado negativo. Evidentemente, la comunidad es muy grande y yo he hablado con los que he hablado".
Con esta frase críptica, Granados no hacía más que confirmar el comentario generalizado de los políticos del PP estos días. Todos dan por hecho que el espionaje a Manuel Cobo y Alfredo Prada salió de la Dirección General de Seguridad -en uno de los partes se llega a decir "sale nuestro director, Sergio", el nombre propio de Gamón, entonces director de ese centro- aunque nadie hace apuestas sobre quién lo ordenó.
Granados sólo pudo garantizar que él no ha hecho nada y que sus comprobaciones para buscar al culpable no han tenido éxito. Nada más. De hecho, el consejero, en tono comedido, lejos de la agresividad de otros miembros de su Gobierno, como Juan José Güemes, abrió la posibilidad de que los periódicos aún aporten novedades: "Si siguen apareciendo cuestiones en los medios, seguiremos investigando, pero de lo que tenemos hasta ahora, nada nos lleva a concluir que hubo espionaje en la Consejería de Interior". La clave política a partir de ahora, además de la investigación interna del PP nacional, con su secretaria general, Dolores de Cospedal, a la cabeza, es saber si el equipo de Esperanza Aguirre acepta una comisión de investigación que piden PSOE e IU. Granados apuntó hacia el sí. Pero fuentes del PP de Madrid señalan que hay un fuerte debate en el seno de la cúpula aguirrista, y que aún no hay una decisión. El asunto se votará la próxima semana.
Granados se aferró en todo momento a la presunción de inocencia para pedir a la oposición que espere a que se aclaren más las cosas para sacar conclusiones. La diputada popular Cristina Cifuentes se quejó de que, incluso antes de escucharle, ya le habían declarado culpable. Sin embargo, Granados no ofreció pruebas concluyentes y más bien apeló a la confianza de Sabanés y la socialista Encarnación Noya. Dijo que se habían comprobado todo tipo de pistas que podían conducir a los autores del espionaje, pero no habló de pruebas caligráficas (los informes publicados por EL PAÍS contienen notas manuscritas) ni entregó pruebas de esa investigación interna que habría descartado el espionaje (como serían las horas extra que se pagaron el día que Prada fue seguido mientras salía de cenar con su mujer y su hija a la una de la madrugada).
El consejero aguirrista armó su defensa con un pase constante de la pelota a otros rivales. Sobre todo a Alberto Ruiz-Gallardón, ex presidente de la Comunidad, que fue quien, dijo, desarrolló la unidad de seguridad creada por el socialista Joaquín Leguina y que en épocas del alcalde llegó a tener hasta 60 personas, 20 más que ahora. Gallardón, gran rival de Aguirre, ha dado públicamente credibilidad a las informaciones de EL PAÍS (en privado casi todos los dirigentes de Génova se la conceden) por lo que Aguirre amenazó con llevarle a los tribunales si no rectificaba. Granados insistió en la línea de defensa de los aguirristas en los últimos días: "Somos víctimas, han espiado al vicepresidente, somos los primeros interesados en que se aclare todo".
Sabanés y Noya armaron su ataque en torno a la ausencia de una investigación interna, algo que Granados desmontó parcialmente al final de su intervención, aprovechando el turno de cierre. Las dos le pidieron insistentemente su dimisión ante la gravedad de las revelaciones periodísticas. "Usted viene aquí a divagar y explicarnos la estructura de su consejería. Sin embargo, la realidad es que su consejería está cuestionada, esto es una catástrofe democrática, usted va tarde y mal, debería ser cesado o dimitir. Váyase, y así será más fácil que la democracia se recupere de este escándalo", sentenció Sabanés.
Especialmente dura fue también Noya, que calificó de "burla" que Granados se limitara a explicar las competencias de su consejería con la que está cayendo. "Aguirre dice que quiere esperar a que amaine. Son sus palabras. Pero el temporal va a peor. Porque ustedes están todos contra todos. Y niegan lo evidente, lo cual es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Nadie podrá entender que no apoyen una comisión de investigación. Si no lo hacen, a usted que le gustan los refranes, harán bueno ese que dice 'El que algo teme, algo debe".
Cospedal interroga a Gamón
La investigación interna ordenada por Mariano Rajoy para aclarar el escándalo de los espías sigue avanzando, con gran sigilo. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha interrogado esta semana a un personaje clave, Sergio Gamón, según fuentes del partido. Gamón era director general de seguridad de la Comunidad de Madrid cuando se produjeron, en la primavera de 2008, en plena guerra interna del PP, los espionajes a Manuel Cobo (mano derecha del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón), y Alfredo Prada (entonces vicepresidente de la comunidad y afín a Rajoy).
Uno de los informes del espionaje publicados por EL PAÍS muestra que eran sus funcionarios quienes espiaron a Cobo y Prada. "Entra nuestro director, Sergio", se lee en uno de los partes. Gamón es el único de los policías citados en las informaciones que ha acudido a Génova porque él sí es militante del partido. Los otros se han negado, según fuentes del PP. De Cospedal también ha llamado a Alejandro Halffter, viceconsejero de Interior y la persona ante quien reportaba Gamón. Halffter responderá a De Cospedal, según las mismas fuentes.
Gamón fue el artífice del espionaje en julio de 2008 en los despachos de la Ciudad de la Justicia al hombre de confianza de Prada al día siguiente de que Aguirre cesara al consejero. Por esta actuación, en la que desapareció un ordenador, Francisco Granados, el consejero de Interior, decidió destituirle, aunque después le buscó un puesto en la Dirección General de Seguridad. De Cospedal quiere cerrar pronto la investigación. Antes deberá preparar un informe para dar cuenta a la máxima dirección del partido, el Comité Ejecutivo Nacional.
www.elpais.es 31.01.09
Preguntas de espías con y sin respuesta
Granados dejó sin contestar varias de las cuestiones sobre la supuesta trama
Inés Sabanés (Izquierda Unida) y Encarnación Noya (PSOE) se convirtieron ayer, especialmente la primera, en una especie de fiscales con muchas preguntas para el consejero de Interior, Francisco Granados. A pesar del formato, típico del parlamentarismo español -una sucesión de monólogos sin posibilidad de repreguntas- es posible hacer una reconstrucción de la mayoría de los asuntos clave, partiendo de las preguntas y las respuestas, o la ausencia de ellas, por parte de Granados. Éstas son las más importantes:
» ¿Despachaba usted con todos los asesores de seguridad? Yo despacho con los viceconsejeros y, de vez en cuando, con algún director general.
» ¿Puede sostener que nadie de su consejería ha hecho tareas de espionaje? ¿Pone usted la mano en el fuego por todas estas personas? La carga de la prueba la tiene usted. Yo puedo puedo probar que no hicieron lo que usted dice. Pero no hemos encontrado pruebas de espionaje. El periodista de EL PAÍS que ha hecho las informaciones sí ha respetado la presunción de inocencia, y ha dicho que no hay pruebas de que el consejero o la presidenta ordenaran nada, ni siquiera de que lo conocieran. Respétenla ustedes.
» ¿Han comprobado horarios, horas extra, informes de los policías que pueden estar implicados en las fechas de los espionajes? Se ha comprobado todo, turnos de noche, salidas, viajes, y nada apunta hacia el espionaje.
» ¿Por qué contrató a Marcos Peña si tenía ya un departamento de seguridad completo? [Sin respuesta].
» ¿Si destituyó a Sergio Gamón porque robó un ordenador, por qué después le buscó un puesto? [Sin respuesta].
» ¿Despacha frecuentemente con Gamón? [Sin respuesta].
» ¿Por qué su servicio no detectó el espionaje a González? Es compatible que el servicio funcione bien y que se espíe al vicepresidente en el extranjero.
» Está comprobado que se espió a Cobo y Prada a altas horas de la madrugada. ¿Han comprobado si esos días alguien de su oficina cobró un servicio a esas horas? Se ha comprado todo, con resultado negativo.
» ¿Ante quién responden los ex guardias civiles que ha ido usted contratando? Todo el personal eventual depende del consejero. Incluso algún conductor o secretarias. Los guardias civiles no dependen de Marcos Peña.
» ¿Permitirá la comisión de investigación que le pedimos? Siempre estoy dispuesto, si lo quieren los grupos, encantado. Nosotros somos los más interesados en que se aclare todo. Somos víctimas de esto, el vicepresidente ha sido espiado.
» Si todo es mentira, ¿por qué no se ha querellado contra EL PAÍS? [Sin respuesta].
» ¿Cómo se han financiado los espionajes? ¿Hay fondos reservados en la Comunidad de Madrid? [Sin respuesta].
» ¿Qué función realizan los cuatro ex agentes que usted contrató? Es una imprudencia dar esos nombres. Algunos de ellos volverán algún día a Interior a realizar labores delicadas. Lo que hacen son funciones de vigilancia, avanzadas (llegar antes a los actos, impedir que agredan a la presidenta como en la inauguración de un hospital en Parla). Informan a los escoltas por dónde tienen que entrar para evitar problemas. Comprueban que se cumplen los contratos de seguridad que firmamos con empresas privadas. También se han ocupado de resolver encierros en edificios, hay centenares de pruebas fotográficas de todo.
» ¿Qué retribuciones perciben? [Sin respuesta].
» ¿Se da cuenta de la alarma social provocada? En un partido como IU, con una larga tradición de defensa de los trabajadores, creo que deberían preocuparse por alguna cuestión que causa más alarma y afecta a los trabajadores [en referencia a la crisis].
» ¿Va a dimitir? ¿Echará a alguien? Si dimitiéramos todos los que piden, el banco azul estaría vacío. No se ha constatado nada, creo en la presunción de inocencia. Ustedes me piden un ejercicio imposible, que es demostrar que soy inocente. Éste es un pilar básico del Estado de derecho.
www.elpais.es 31.01.09
La difusa labor de los asesores secretos
Francisco Granados, consejero de Interior, reveló ayer que había ordenado una investigación reservada sobre “los indicios” (las noticias publicadas por EL PAÍS) de la trama de espionaje anclada en su departamento, pero con “resultados infructuosos”, salvo que surjan “nuevas informaciones” periodísticas. Una investigación tan reservada que la ignoraba el presidente de su partido, Mariano Rajoy, quien encargó dicha tarea a la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal. Una investigación, la de Granados, que se resume así: preguntar a la decena de asesores de Seguridad sospechosos de espiar si habían realizado ese trabajo ilegal.
—¿Tú has espiado por tu cuenta o por orden mía?
—No, jefe.
Granados dijo también que había cotejado facturas y dietas de los agentes sospechosos del periodo en el que se produjeron los seguimientos, pero no las aportó a la comisión. Unos asesores a los que, según reprochó ayer Granados, es “imprudente identificar” porque “pueden estar inmersos en cuestiones que no interesen, por su propia seguridad, que aparezcan”. Los asesores del ministro del Interior, con algunas competencias más que Granados en asuntos de seguridad —terrorismo, crimen organizado, etcétera—, figuran en el FAC (Fichero de Altos Cargos).
Unos asesores, los de Granados, que, según proclamó, no despachan con él. Pero si no despachan con el director general de Seguridad, Enrique Barón, ni con el consejero, ¿a quién reportan estos asesores fichados personalmente por Granados? El ex inspector Marcos Peña aseguró a este diario que sólo despacha con el consejero. Y lo aseveran algunos cargos de su consejería. Más sorpresa: “los ex guardias civiles no dependen de Marcos Peña”. Peña dijo en su día que estaban bajo sus órdenes. ¿Ante quién responden entonces los ex agentes asesores? ¿Son autónomos? ¿Hacen fila para despachar uno tras otro con un cargo aún no identificado? “Yo sólo despacho con los viceconsejeros y la secretaria general”. Granados puso de este modo un cortafuegos sobre el control de tales asesores.
¿Qué hacen los asesores? Un trabajo variado que incluye el análisis de los contratos de seguridad y de su ejecución —Granados parece considerar una garantía que un ex policía o un ex guardia civil supervise una tarea competencia del interventor general o de la mesa de contratación—; contravigilancias, actividad que tiene legalmente vedada la Comunidad de Madrid, y actuaciones de “avanzada”. Esta última consiste en acudir antes a los actos donde se prevén incidentes para cargos de la Comunidad y alertar a sus escoltas. Esta difusa labor de difusa legalidad está ampliamente documentada. “Hay cientos de pruebas gráficas de esto”, desafió. ¿Significa que graban los incidentes con vídeos? Las dos portavoces de la oposición, Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU), manejan desde ayer justo esta sospecha: que los vídeos donde se identificaba a sindicalistas que arruinaban actos inaugurales de hospitales de su presidenta y de su consejero de Sanidad eran obra de camarógrafos del equipo de asesores de Granados.
Peña “informa al consejero de todas las cuestiones que le parece relevante desde el punto de vista de la seguridad; cualquier cuestión relevante que pueda afectar a la seguridad de la Comunidad de Madrid”, dijo Granados. Lo que no dijo es qué es relevante para Peña. ¿Escándalos del PSOE como los de Coslada o Ciempozuelos? ¿Las mafias de las discotecas de Madrid que afectan a Ruiz-Gallardón? ¿Lo plasma por escrito? ¿Y dónde obtiene tales datos sensibles? ¿Mientras investiga a sindicalistas en el hospital de Parla? Pero su investigación interna no da para más. Granados parece esperar un impulso de la prensa.
www.elpais.es 31.09.09
El ex cargo del PP obtuvo la recalificación en Collado Villalba
Pedro Antonio Martín Marín, uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y ex alto cargo del PP -secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar-, consiguió la recalificación de 11,9 hectáreas de suelo protegido en Collado Villalba, de las que él poseía una parte. Incluso con la prohibición de la fiscalía, que dijo en 1997 que no se podía construir en esos terrenos porque tenían una "especial protección ecológica". Martín recurrió supuestamente al arquitecto Pedro Ortiz, entonces director general de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. "Me pidió que recalificara sus terrenos", denunció el jueves Ortiz en la cadena SER. Él se negó porque "era ilegal". Fue entre 1995 y 1996. Finalmente, logró la recalificación en 2001, con Ortiz ya fuera de Urbanismo. Martín es amigo de González y le acompañaba en el viaje a Johanesburgo, donde fue espiado. Es presidente de Madrid Deportes y Espectáculos, que gestiona el Palacio de Deportes.
En 1997 el Gobierno regional anunció que paraba el cambio de uso
La zona hoy está edificada, con casas que lindan con un terreno protegido
González se desvinculó ayer de la petición ilegal de recalificación de Martín a Ortiz. "Es evidente que yo conozco a Pedro Antonio Martín Marín pero en 1995 y 1996 yo no conocía a este señor. Le conocí cuando llegamos al gobierno en el 96", subrayó. "Si alguien quiere insinuar que aquí hay algún tipo de connivencia para una recalificación de hace 14 años es claramente una tergiversación", añadió ayer, en la firma de un convenio entre el Canal de Isabel II y Collado-Villalba.
Martín inició la gestión de recalificación de las 11,9 hectáreas en 1995. Junto a los otros cuatro propietarios de la zona Arroyo Arriba -entre ellos, una concejal del PP del municipio, Esperanza Seoane- pidió al Ayuntamiento que cambiara el uso de la finca. Los terrenos, pegados al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, estaban protegidos, igual que la cuenca del río, puesto que la norma subsidiaria de 1986 que ordenaba el territorio (a falta de un plan general) sólo distinguía entre suelo protegido y urbanizable.
El Gobierno municipal del PP consideró que como el terreno linda por el sur con una urbanización, podía recalificarse, y que además eso convenía a las necesidades de crecimiento del municipio. En consecuencia, el PP, con el apoyo del PSOE, aprobó en octubre de 1995 un proyecto que permitía la construcción de 613 viviendas de tipo multifamiliar (pisos de hasta tres plantas) en la zona.
En esa primera gestión, y en todas las posteriores el PP y el PSOE se aliaron para aprobar la recalificación y se encontraron de frente tanto a IU como a Ecologistas en Acción. El proyecto se discutió en cuatro ocasiones en pleno entre 1995 y 1997, y acabó en 144 viviendas, en lugar de las 613 previstas inicialmente.
En ese intervalo, Martín acudió supuestamente a Ortiz y le pidió que autorizara la recalificación, que necesitaba la aprobación de la Comisión de Urbanismo regional. Ortiz, según lo declarado a la cadena SER, se negó. En 1997 se discutió por última vez en pleno el cambio de uso del suelo. La recalificación estaba casi acabada. Pero entró en juego la fiscalía. Tras examinar las denuncias de IU y de Ecologistas en Acción, dijo que el Ayuntamiento había ocultado a la Comunidad que la finca que pretendía hacer urbanizable tenía una catalogación de "especial protección ecológica". El alcalde de entonces, José Luis Peñalvo (PP) lo negó. Y replicó que un informe de Medioambiente aseguraba que "los valores ecológicos de Arroyo Arriba" estaban "notablemente deteriorados". El que era consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que después de la revelación de la fiscalía, la recalificación estaba denegada.
Pero no fue así porque esos terrenos son hoy de uso residencial urbanizable. Tienen varias casas construidas y otras muchas en construcción. El alcalde socialista, José Pablo González, aprobó en 2001 el Plan General de Ordenación Urbana que recogió el cambio de uso. La Comunidad no se pronunció sobre la recalificación, y dio luz verde al Plan General. Hoy las viviendas de Arroyo Arriba tienen una vista privilegiada de la cuenca del Manzanares, con la que linda.
El actual alcalde de Collado-Villalba insinuó ayer que quizá Ortiz se confundió en sus declaraciones y se refería a un solar de Galapagar, también propiedad de Martín (con el que este periódico trató de contactar, sin éxito). Ortiz lo negó: el suelo que Martín quería recalificar y al final se recalificó es el de Collado-Villalba.
www.elpais.es 31.01.09
Fuerte malestar en el PP por la designación de Cospedal para investigar la trama de espionaje
La tensión en el seno del PP a raíz de la supuesta trama de espionaje desatada en la Comunidad de Madrid crece cada vez más. Según informó la Cadena SER, en el partido hay un fuerte malestar por el hecho de que Mariano Rajoy haya designado a la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, para investigar el caso. Según sostienen, la dirigente mantiene una estrecha relación de amistad con el vicepresidente madrileño, Ignacio González, uno de los mandos que habría sido espiado. De Cospedal y él han trabajado juntos desde los gobiernos de Aznar e incluso han ido juntos de vacaciones, por lo que a muchos no les gusta que sea precisamente ella quien se va a ocupar de esclarecer la trama.
El escándalo del espionaje pasa factura a la derecha, que no rentabiliza la crisis
“Usted va tarde, va mal y no da explicaciones: debe dimitir señor Granados, váyase”
El Espegate llega a la segunda fase: los presuntos implicados ya no niegan los hechos
Continúa el escándalo: Aguirre adjudicó contratos y subvenciones millonarias a una socia de...
A la tensión interna que vive el PP desde que se destapó la supuesta trama de espionaje relacionada con la Consejería de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, se suman ahora el descontento en el seno del partido por la decisión de Mariano Rajoy de dejar en manos de Maria Dolores de Cospedal la investigación del caso. Según informó la Cadena SER, muchos sectores del partido han mostrado su sorpresa e indignación por la designación, ya que la secretaria general popular es amiga personal de Ignacio González, directamente implicado en el caso.
Juntos con Aznar y con Aguirre
De hecho, De Cospedal y el vicepresidente madrileño coincidieron en varios ministerios durante los gobiernos de Aznar, y habrían congeniado especialmente cuando trabajaron juntos en Interior a las órdenes de Ángel Acebes. En aquel momento, la ahora secretaria general del PP era subsecretaria del Ministerio, y González ocupaba la Delegación del Gobierno para Inmigración. Ambos volvieron a coincidir en la Comunidad de Madrid en el primer mandato de Aguirre, ella como consejera de Transportes y él como vicepresidente.
Vacaciones en Marbella
Además, mantienen una relación de amistad y sus familias han llegado a ir juntas de vacaciones. El pasado verano, por ejemplo, coincidieron en una urbanización de lujo en Marbella, donde también pasó unos días Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II y persona de confianza de González que también ha sufrido seguimientos.
Conversación corta y agradable
Por ello, en ciertos sectores del PP no ha gustado la designación de Cospedal para investigar la trama, aunque la dirigente ya ha recogido la declaración del propio González. El vicepresidente madrileño aseguró que la conversación había sido corta y agradable.
¿Presiones de Aguirre?
Además, desde medios como El País apuntan a que Aguirre y su entorno están presionando a Rajoy para que cierre esta investigación interna. Ayer, en una entrevista en Onda Cero, Aguirre insistió en que la trama es “un montaje que acabará en nada”, y criticó que se de “pábulo” a las informaciones sobre el espionaje, que están haciendo “mucho daño” al partido.
www.elplural.com 31.01.09
El Gobierno de Aguirre ha adjudicado contratos millonarios a la socia de la mujer de Ignacio González
Carmen Cafranga es consejera de Caja Madrid y accionista de la empresa que preside la mujer de González. Posee varias empresas que han recibido contratos y subvenciones de la Comunidad de Madrid que ascienden a 2 340.000 euros
Carmen Cafranga Cavestany, es consejera de Caja Madrid y accionista de la empresa que preside la mujer de González. Amiga personal de Ana Botella, Cafranga posee además varias empresas y una fundación que han recibido en los últimos tres años contratos y subvenciones de la Comunidad de Madrid que ascienden a 2 340.000 euros.
La esposa del vicepresidente de la Comunidad de Madrid Lourdes Cavero comparte con Carmen Cafranga la dirección de "Subastas Segre"; una rentable firma de arte de la que ambas son accionistas y en la que ocupan los cargos de presidenta y secretaria general respectivamente. La empresa obtuvo en 2007 unos beneficios de más de medio millón de euros.Cafranga, socia de la familia González-Cavero en esta empresa de subastas, posee además varias empresas y una fundación mediante las cuales ha conseguido hacerse con numerosas adjudicaciones y subvenciones de la Comunidad. Sólo entre 2006 y 2008 la cifra percibida por esta consejera de Caja Madrid asciende a 2.340.000 euros.
La consejería de empleo y mujer le ha adjudicado la gestión de tres importantes centros ocupacionales; Una gestión que Cafranga realiza a través de distintas sociedades (de empresas SL) .La conserjería de asuntos sociales le ha concedido la gestión de varios centros de día. Así mismo Carmen Cafranga ha recibido en los tres últimos años subvenciones por valor de 800.000 euros para proyectos de su fundación en el exterior.
Cafranga Cavestany y la crisis de Caja Madrid
La socia del matrimonio González, es miembro de la comisión de control de Caja Madrid. Un órgano determinante para el desarrollo de la elección de los nuevos consejeros de la asamblea general que decidirán en septiembre al próximo presidente de la caja de ahorros
www.cadenaser.com 30.01.09
AGUIRRE PRESIONA A RAJOY PARA QUE LA APOYE Y CIERRE LA INVESTIGACIÓN INTERNA
El nivel de tensión entre Génova, sede del PP, y la Puerta del Sol, sede del Gobierno de Madrid, crece cada día. El escándalo del espionaje ha profundizado la enorme división que dejó el congreso del partido el pasado junio entre estos dos sectores, marianistas y aguirristas. Sobre todo porque estos últimos no perdonan a la dirección nacional que haya abierto una investigación interna, dirigida por la secretaria general, Dolores de Cospedal, que todo el partido ha interpretado como una muestra de desconfianza hacia el equipo de Esperanza Aguirre.
La propia presidenta de la Comunidad dejó ayer muy claro su malestar y presionó sin disimulo a Mariano Rajoy para que apoye su tesis -que todo es una gran mentira de EL PAÍS y que la Comunidad nada tiene que ver en ningún espionaje- y se olvide ya de la investigación interna.
Aguirre fue aún más tajante que de costumbre en Onda Cero. En su opinión, la investigación de Cospedal ha servido para "dar pábulo a que los periódicos digan" que Rajoy y la secretaria general "ya no confían" en la presidenta del PP de Madrid, por lo que considera que ambos "tendrán que desmentir" esa tesis que se ha instalado tanto en la prensa como en el partido.
La actuación de Rajoy ha descolocado a los aguirristas. El miércoles pasado, cuando EL PAÍS destapó el seguimiento a Manuel Cobo, mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el líder del PP dijo que había hablado con Aguirre, que ésta le había negado cualquier responsabilidad de su gente y que él la había creído. Pero al día siguiente, cuando EL PAÍS destapó que otros funcionarios de la Dirección General de Seguridad, dependiente de la Consejería de Interior, habían espiado a Alfredo Prada -ex consejero de Aguirre, amigo de Rajoy y ahora miembro de su equipo en Génova-, el líder cambió de tercio, promovió un comunicado durísimo que no apoyaba para nada a Aguirre y ordenó abrir una investigación interna.
La presidenta no se conformó ayer con esa carga de profundidad contra el líder. Insistió en la idea de que este escándalo, y por tanto la investigación interna que lo acompaña, "favorece al PSOE" y la perjudica a ella "en lo político" y al PP "en su conjunto". "Nuestro electorado está absolutamente desconcertado", insistió. Puesta a repartir mandobles que cualquier buen entendedor, sobre todo Rajoy, podía interpretar muy fácilmente, Aguirre tocó el punto débil del líder: su partido, dijo, tendría que estar "muy por delante" del PSOE en las encuestas de intención de voto. La alternativa de Rajoy "no consigue calar suficientemente en los ciudadanos", dijo. "Tal y como están las cosas" el PP tendría que estar mejor, en su opinión. Como receta, sólo ofrece "hacer autocrítica, ser humildes y hacerlo mejor".
Aguirre también devolvió el golpe a Manuel Fraga, el fundador del PP, que el día anterior había dicho que en su época "estas cosas no pasaban". La presidenta recordó que en toda la historia del PP sólo se ha abierto una vez una comisión de investigación y que fue precisamente "en tiempos" de Fraga, cuando estalló el caso Naseiro, un escándalo de financiación ilegal.
Mientras Aguirre presiona para buscar una tregua con Rajoy que amaine las aguas del partido y deje que sean los jueces quienes investiguen, en Génova no ofrecen ninguna información sobre la investigación de Cospedal; pero fuentes del partido descartan que se vaya a cerrar en breve, entre otras cosas porque siguen apareciendo noticias en los periódicos sobre el escándalo. Rajoy tiene muy claro, aseguran, que una vez tomada la decisión de abrirla no se puede cerrar en falso, señalan estas fuentes de Génova.
Una de las claves de la investigación de Cospedal es el interrogatorio a los jefes de los supuestos espías. Algunos de ellos pueden negarse, porque no son del PP, pero otros, como Sergio Gamón, hombre clave que aparece en los informes de los seguimientos, sí es militante.
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad, dejó muy claro ayer que él no piensa obligar a esos altos cargos de su Gobierno a colaborar con Cospedal. "Yo no soy su superior directo, pero en cualquier caso, aunque lo fuera, esas personas están en sus puestos por sus méritos, como miembros de la administración, y no por ser miembros del PP, con lo que no les puedo obligar a que acudan a la llamada de Cospedal. No me consta que les haya llamado, ni que se hayan negado a ir. En cualquier caso, me parece bien que les llamen, y que ellos decidan", sentenció.
De nuevo, González, como cada jueves, desgranó los acuerdos de gestión -un hospital, un trazado del metro, datos de turismo- y empezó a escuchar preguntas sin alterar la sonrisa. Todas se referían a la trama de espionaje en Madrid, a sus tormentosas relaciones con el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y al dossier que circula sobre el propio González. "Esto es una mafia infame, un montaje muy molesto, ilícito y que ataca al Estado de derecho. Quiero saber qué hay detrás de ello porque soy uno de los afectados", fue su respuesta a la mayoría de las cuestiones. "Yo soy el primero que quiere saber qué demonio ha pasado aquí", insistió. Cuando se le preguntó si descarta que el dossier sobre él se haya elaborado o pagado en Génova, la sede del PP, González esquivó la pregunta sin aclarar nada.
(www.elpais.com, 30/01/09)
EL PP VASCO ESTÁ "HASTA LAS NARICES" DEL ESPIONAJE
La frase que el candidato popular a lehendakari en los comicios del próximo 1 de marzo empleó en una entrevista con Radio Euskadi resume el disgusto de un partido que se está viendo indirectamente afectado por "otra guerra que no sientes como algo tuyo", según fuentes de la formación.
"Las elecciones autonómicas en Madrid son dentro de dos años y sería muy injusto que ahora pagásemos nosotros por ello en plena campaña electoral", indica un dirigente de la máxima confianza de Basagoiti. Una sensación que se acrecienta cuando los populares sienten que por vez primera en bastante tiempo el voto a sus listas puede tener un valor fundamental en la configuración del nuevo Parlamento de Vitoria y el futuro Gobierno.
Los dirigentes de la formación en Euskadi recuerdan que, frente a lo que sucede en Madrid, y con las excepciones en su momento de la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, el PP nunca ha ocupado posiciones de poder en Euskadi. A lo que se suma el coste social y personal que supone militar o apoyar visiblemente al PP en el País Vasco. "Ya bastante soportan aquí con escoltas", apunta otra fuente de la formación. "Puede hacernos daño porque no proyecta una buena imagen, pero nuestra actividad no tiene que verse salpicada", añade.
Rodar cabezas
Las dudas de los populares surgen más al pensar en la evolución que pueda tener la trama del espionaje político y la división en el partido a nivel nacional. "Igual deberían rodar una o dos cabezas", apunta otro dirigente muy cercano a Basagoiti.
El nuevo PP vasco que surgió del congreso del pasado mes de julio, tras la crisis que supuso la renuncia de María San Gil a la presidencia, se ha alineado en todo momento como una piña detrás de Mariano Rajoy. El propio Basagoiti, quien mantiene una muy buena relación personal con Esperanza Aguirre, insistía ayer en que "todo el partido tiene que estar unido detrás de Rajoy, entre otras cosas, porque si no, no se van a resolver los problemas principales de España".
(www.elpais.com, 30/01/09)
EL ESCÁNDALO DE LA TRAMA DE ESPÍAS IMPIDE AL PP CAPITALIZAR LA CRISIS
El pesimismo por la crisis económica "impregna a todos los españoles", pero no es el Gobierno quien más acusa el descontento ciudadano, sino la oposición: el PP está peor valorado que hace seis meses; el Ejecutivo del PSOE, mejor (aunque suspenden ambos). Y la intención de voto directa deja a los populares casi ocho puntos por detrás de los socialistas (en las elecciones generales la diferencia en voto sobre censo no llegó a tres puntos). Son las conclusiones de un sondeo-flash de Metroscopia para EL PAÍS a partir de 800 entrevistas realizadas entre el 22 y el 27 de enero, en pleno escándalo por la presunta trama de espionaje en el Gobierno de Madrid, del PP.
La encuesta contiene sólo cuatro preguntas: tres sobre la crisis económica y una con datos sobre intención directa de voto (sin cocinar). Los populares están a 7,6 puntos del PSOE, mientras que hace apenas un año, "en las elecciones del pasado marzo, la distancia entre ambos partidos, en voto sobre censo, fue de 2,9 puntos". Los autores del sondeo subrayan, eso sí, que estas cifras reflejan "un estado de opinión en buena medida parcial y sin duda coyuntural". "En modo alguno cabe interpretarlas como predisposiciones reales de voto [...] pero sí indican que el 'ruido de la calle' es más propicio al partido del Gobierno que a la oposición".
El partido de Rosa Díez, UPyD, cuadruplica su apoyo (3,6%) y se sitúa al mismo nivel que IU, que sube ligeramente.
El panorama que arrojan las preguntas referidas a la situación económica es desolador: el 73% cree que la crisis "va a acabar siendo tan dura como se dice" (el 85% en el caso de votantes del PP). Sólo uno de cada cuatro encuestados es optimista y responde que "al final no será para tanto". Los autores del sondeo resumen el pensamiento de esa amplia mayoría: "La crisis va en serio: ni se trata de un hecho coyuntural ni se ha tocado fondo. Más bien al contrario: lo peor está por venir". Y subrayan que el pesimismo es mayor en quienes tienen entre 35 y 54 años, "probablemente por el impacto más directo que en estas edades tiene el paro".
"La amplia mayoría de españoles vislumbraba ya el pasado julio la trascendencia y dimensión" del problema, señala el informe. Porque, en otra encuesta realizada entonces, el 73% respondía que la crisis iba a ser muy importante (sólo un 9% creía que no) y siete de cada diez auguraban que sería "larga".
Son mayoría quienes piensan que, al menos, la llegada de Barack Obama a la presidencia de EE UU puede hacer que el fin de la crisis llegue antes: el 52% (sobre todo, votantes del PSOE) confía en ello, frente a un 42% (sobre todo, votantes del PP) que no cree que afecte en nada. Eso, interpretan los responsables del sondeo, podría significar que los españoles están "de acuerdo, en cierta medida, con Rodríguez Zapatero al situar el epicentro de la crisis en EE UU": al buscar en aquel país la solución al problema podrían querer decir que en aquel país estuvo el origen.
La pesadumbre ciudadana, en cualquier caso, no perjudica al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tanto como éste podría temer: los encuestados le dan una nota de 4,8; es un suspenso (hace un año el Gobierno aprobaba), pero es una valoración algo mejor que la de hace seis meses; y, sobre todo, en el mismo periodo el PP no sube sino que se estanca o baja: recibe una nota de 3,9 (era de 4 hace seis meses y de 3,8 hace un año).
"La extendida percepción de que las causas de la actual crisis económica no son exclusivamente españolas, por un lado, y, por otro, el perfil relativamente bajo que en este asunto mantiene el principal partido de la oposición, probablemente como consecuencia de la serie de tensiones y conflictos internos que experimenta en la actualidad, pueden explicar que el actual estado de cosas no pase, por el momento, la factura que parecería esperable al Gobierno", concluye el texto de Metroscopia.
La encuesta se elaboró justo en los días en los que en el PP comenzaba la tormenta por el escándalo de la presunta trama de espionaje político. Las revelaciones sobre seguimientos a distintos políticos populares, supuestamente realizados por ex policías y ex guardias civiles al servicio de la Consejería de Interior del Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre, dieron pronto paso a un enfrentamiento poco disimulado entre el equipo de Aguirre y la dirección nacional de Mariano Rajoy. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, advirtió el pasado miércoles que el principal perjudicado por esta polémica "es el partido".
(www.elpais.com, 30/01/09)
AGUIRRE AVISA A RAJOY DE QUE SU INVESTIGACIÓN DAÑA A TODO EL PPEsperanza Aguirre quiso lanzar ayer unas cuantas advertencias al líder de su partido, Mariano Rajoy. Para empezar, avisó que dar credibilidad a la existencia de una red de espionaje en la Comunidad de Madrid perjudica "al PP en su conjunto". Y enfatizó que Rajoy, al ordenar una investigación interna sobre este asunto, "da pábulo" a esta cuestión.
Segundo mensaje. O golpe dialéctico directo a la cabeza de la organización. Los primeros en pagar las consecuencias de mantener vivo el escándalo serán los candidatos populares en Galicia y Euskadi. "Nuestro electorado está desconcertado. Esto beneficia al PSOE. Tenemos ahí unas citas electorales, y debilitar al PP para el 1 de marzo --fecha de los comicios gallegos y vascos-- también interesa a los socialistas", remató Aguirre en Onda Cero.
Esta última tesis es compartida, al menos en parte, por el propio Rajoy. Anoche, acompañó a un acto en Madrid a su aspirante en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y reclamó a todos sus dirigentes que se eleven "por encima del ombligo" para volcarse en los elecciones.
Pero la presidenta aún tenía más que decir. Señaló que hubiera preferido un apoyo "más contundente" de la dirección del PP en vez de una investigación interna, especialmente cuando el caso ya está en los tribunales. ¿Y no tendría usted que haber ordenado, en el seno de la consejería de Interior, una investigación para saber si se espió?, se le preguntó en la entrevista radiofónica. Respondió que su consejero Francisco Granados ya "apretó las tuercas" a quien correspondía. Por lo visto, Granados --que hoy comparece en la Asamblea de Madrid-- no encontró culpables.
Aguirre no se cree obligada a dar más explicaciones, ya que garantiza que su Gobierno "no espía a nadie". Pero esa máxima en la que ella se escuda no la aplica por igual a su compañero a la par que adversario, Alberto Ruiz-Gallardón: sentenció que el alcalde debe explicar si tiene una red de espionaje en su ayuntamiento. Aguirre tuvo ayer para todos.
(www.elperiodico.com, 30/01/09)
EL VICEPRESIDENTE DE MADRID QUIERE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguró ayer que es partidario de que se abra, como pide la oposición, una comisión de investigación parlamentaria sobre la red de espionaje. González ha sido espiado y es, a la vez, objeto de varios dosieres en los que se le achacan casos de corrupción. González confirmó, además, que su entrevista con su secretaria general, Dolores de Cospedal, fue "corta y agradable". Sin más. Ella realiza, por orden de Rajoy, una investigación interna.
(www.elperiodico.com, 30/01/09)
EL ENTORNO DE RAJOY CREE QUE AGUIRRE QUIERE IMPLICAR A GÉNOVA EN LA TRAMA DE ESPIONAJE
Las informaciones publicadas en los últimos días en las que se asegura que la dirección del PP y su propio presidente Mariano Rajoy tenían conocimiento de los dossieres anónimos que en últimos años circulaban en Madrid sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha provocado una gran indignación entre dirigentes populares próximos a Mariano Rajoy. De hecho, fuentes cercanas al líder del PP consideran la filtración de esas noticias como un ataque al corazón del partido, ya que se ha metido por medio al tesorero. Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, se reprocha a Génova que optara por abrir una investigación interna en vez de cerrar filas en torno al Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
También que el ex tesorero Alvaro Lapuerta dijera que él también había sido espiado desde la Comunidad de Madrid. Dos versiones de una polémica que ha ha avivado el enfrentamiento y la lucha interna en el seno del PP. Dirigentes próximos a Rajoy ven en las filtraciones periodísticas de los últimos días una estrategia por parte de algunos sectores del Gobierno de la Comunidad de Madrid para implicar a la dirección nacional del PP en la 'guerra de dossieres', al revelar que Mariano Rajoy sabía de este asunto desde el año 2006.
También admiten que ha causado un gran enfado e irritación en Génova que se haya puesto en la picota al ex tesorero Alvaro Lapuerta, así como a su sucesor Luis Bárcenas, y que se hayan "aireado" conversaciones que se mantuvieron en 2006 y 2008 a raíz de supuestos informes sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Este malestar de algunos miembros de la Ejecutiva nacional se suma a su preocupación por las últimas informaciones publicadas, que revelan que el asunto del espionaje podría tener detrás un trasfondo económico que podría poner en duda la honorabilidad de todo el Partido Popular.
En este contexto, varios parlamentarios del PP coincidieron en la necesidad de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dé a conocer cuanto antes el resultado de su investigación interna para zanjar el asunto y evitar que perjudique electoralmente en el País Vasco y Galicia. "Hay que cerrarlo inmediatamente porque si no, los acontecimientos nos comen", confiesa un veterano diputado. En la dirección nacional se comparte esta tesis de que hay que cerrar ya la polémica y volcarse en las tres citas electorales que están a la vuelta de la esquina, y se recuerda que el partido no puede permitir un minuto más que se siga dañando su imagen de esta manera.
También hay quien exige un gesto de autoridad por parte de Mariano Rajoy, a la vista de que las declaraciones llamando a la unidad y la cohesión que hizo el presidente nacional el pasado domingo no han servido para poner freno al desgaste que está sufriendo "la imagen del PP en toda España".
Sin embargo, el presidente de los 'populares' ha optado en estos últimos tres días por no hablar del asunto ante los medios de comunicación. Esta actitud contrasta con la que ha mantenido en los dos últimos días la presidenta de la Comunidad de Madrid y algunos de los miembros de su gobierno.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha hecho a Mariano Rajoy conocedor de los presuntos espionajes desde 2006 al afirmar que el presidente del PP la llamó ese año para comentarle que circulaban dosieres en los que figuraban su 'número dos' y su 'número tres', Ignacio González y Francisco Granados.
Esas declaraciones, que para Génova son un ataque, se deben, según algunos dirigentes, al malestar que ha causado en el entorno de Aguirre la investigación abierta por Mariano Rajoy y que, a su entender, pone en duda la credibilidad que el líder del PP dijo tener en ella.
Sin embargo, la percepción que tienen algunos miembros de la Comunidad de Madrid, es muy distinta. Reprochan que la dirección nacional en vez de cerrar filas y apoyarlos, diera pábulo a las informaciones sobre presunto espionaje abriendo una investigación y sin hacer ningún reproche al alcalde Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
Asimismo, critican que Alvaro Lapuerta, un hombre de Génova, echará aún más leña fuego asegurando que él también había sido espiado por la Comunidad de Madrid, aseguraron fuentes del Gobierno regional.
(www.publico.es, 30/01/09)
RAJOY: "EL PP DEBE ELEVARSE POR ENCIMA DE SU OMBLIGO"
El líder del PP, Mariano Rajoy, pidió a todo el partido que "se eleve por encima del ombligo" y apoye a los candidatos en las próximas elecciones autonómicas, en concreto al de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. No en vano, estas palabras fueron pronunciadas en la presentación de una conferencia del líder de los conservadores gallegos.
Las palabras del presidente nacional del PP fueron interpretadas como un mensaje en clave interna en un momento en el que la formación política sufre el escándalo de las supuestas tramas de espionaje. Además de pedir a sus compañeros que pensasen en el partido, les recordó que ha llegado el momento de "ofrecer grandeza y altura de miras" para "atacar los problemas de los ciudadanos". También les marcó las "coordenadas": "Los valores del esfuerzo, el trabajo bien hecho y la austeridad".
Se trata del segundo mensaje de este tipo que lanza el presidente de los conservadores a sus compañeros de partido desde que el domingo, en la clausura del I Foro de militantes, se comprometió a garantizar la unidad del partido "pase lo que pase".
Rajoy alabó a Alberto Núñez Feijóo. Dijo de él que era "el capitán capaz de navegar en épocas de tormenta". Precisamente de lo contrario le acusan a él algunos integrantes de las filas conservadoras.
"Se está tomando el asunto de los espías con una tranquilidad que exaspera y esto va a acabar pasándonos factura en las próximas citas electorales", se lamenta un dirigente conservador, que mantiene que este escenario habría sido impensable en la etapa de José María Aznar. "¿Si conocía la existencia de dossiers hace tiempo por qué no puso orden?", se pregunta un diputado autonómico, que sugiere que es la "falta de liderazgo" de Rajoy la que estáé generando peleas por la sucesión.
Mientras, su entorno sigue defendiéndolo. "Rajoy sabe manejar los tiempos", dicen.
(www.publico.es, 30/01/09)
GRANADOS: "ES FALSO QUE HAYA UN DEPARTAMENTO DE ESPIONAJE EN MI CONSEJERÍA"
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha afirmado este viernes que es "absolutamente falso" que en su Consejería se haya creado un "departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia".
En su comparecencia en la Asamblea con motivo del supuesto caso de espionaje en la Comunidad de Madrid desvelado por El País, el consejero ha asegurado además que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características".
Granados, que comparece a petición propia en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, ha hecho hincapié en su primera intervención en que el cuerpo de técnicos de seguridad de su Consejería tiene las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón".
También ha reiterado que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes".
Granados ha explicado que con Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido que se ha complementado con personal eventual".
Ha indicado que las funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en edificios e instalaciones".
Más de 80 medios de comunicación acreditados han concurrido en la Cámara autonómica para seguir la comparecencia del consejero, solicitada por él mismo para informar sobre cómo su Consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".
GRANADOS EVITA "PONER LA MANO EN EL FUEGO" POR TODOS SUS FUNCIONARIOS
"Hemos hecho una investigación reservada en la consejería [Presidencia, Justicia e Interior] que ha dado un resultado negativo", ha precisado esta mañana el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, tras su comparecencia en la Asamblea de Madrid. Pero, a renglón seguido, ha rehusado poner la mano en el fuego por todos sus funcionarios. "Evidentemente, la Comunidad de Madrid es muy grande y yo he hablado con los que he hablado", ha sentenciado el consejero, que ante los diputados ha vuelto a insistir en que "el Gobierno de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características". Como se temía la oposición, no ha dado explicaciones sobre la trama de espionaje que, según ha destapado EL PAÍS, se ha gestado bajo su paraguas, sino que ha detalado sus competencias y estructura en seguridad y vigilancia y ha vuelto a decir que son las mismas que definió Alberto Ruiz-Gallardón. La falta de respuestas ha colmado la paciencia de PSOE e IU que, por primera vez, han pedido al consejero que dimita o si no, a Esperanza Aguirre que le destituya.
Granados ha llegado sonriente -y solo, ya que ningún miembro del Gobierno regional ha acudido a presenciar su intervención- al Parlamento regional y no ha hecho declaraciones. Más de 80 medios de comunicación han acudido a seguir la comparecencia del consejero -solicitada por él mismo pero no ante todos los diputados como pretendían PSOE e IU sino en una comisión extraordinaria del ramo- para informar sobre cómo su consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".
Minutos después de las 11.00, Granados ha empezado su comparecencia analizando la actuación del Gobierno regional el 9 de enero ante la nevada que sumió a la región en el caos, dado que se colapsaron las carreteras y el aeropuerto de Barajas. Posteriormente, el consejero ha pasado al tema que suscitaba todo el interés y ha comenzado por reiterar que es "absolutamente falso" que en su Consejería se haya creado un "departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia".
Granados ha hecho hincapié en que el cuerpo de técnicos de seguridad de su consejería tienen las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón". También ha reiterado que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el Gobierno de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes". El también secretario general del PP de Madrid ha explicado que con Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido que se ha complementado con personal eventual". Ha indicado que las funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en edificios e instalaciones".
Tras escucharle, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, le ha espetado que "o da respuestas o tendrá que marcharse" porque su grupo "no le cree". Sabanés ha acusado a Granados de poner en peligro la credibilidad y la democracia en las instituciones. "Usted va tarde, va mal y no ha dado explicaciones, así que debe ser cesado o debe dimitir", le ha reclamado la diputada. Tras ella, la portavoz de Presidencia del PSOE, Encarnación Noya, ha señalado que los hechos "son tan graves" que le parece una "burla" que el consejero se haya limitado a leer la lista de sus competencias, a la sazón "perfectamente conocidas y definidas". "Quien no las tiene claras es usted, que le ha traicionado el subconsciente y en lugar de decir protección ha dicho vigilancia", le ha criticado Noya. La diputada socialista le ha recordado que aún no se sabe quién manda a los espías ni ante quién responden, dos puntos esenciales que le ha pedido que aclare, aunque sí saben "quién es la máxima responsable, Esperanza Aguirre".
Noya ha subrayado que Aguirre "no ha dado la cara, ha mandado al yerno de [Carlos] Fabra [Juan José Güemes] a lanzar exabruptos y se ha presentado como una víctima como tanto le gusta". Si es así, Noya se ha preguntado por qué no ordena una investigación a Granados y por qué no da el visto bueno a una comisión de investigación. Y ha apuntado dos motivos: "O porque son conocedores de lo que sucede o porque temen las consecuencias de la investigación. Por eso lo llevan a la Justicia con la esperanza de que amaine el temporal, pero parece que el temporal cobra mas fuerza". "Quien algo teme, algo debe", ha añadido para lanzar nueve preguntas al consejero: por qué no investiga "con su batallón de asesores" lo que está pasando, si piensa desmantelar la "estructura paralela" de vigilancia de su departamento, quién ordena los seguimientos, cómo se financian, organizó el espionaje o tiene algo que ver, lo sabía Aguirre, con qué medios cuentan, cuáles son sus retribuciones y si van a permitir la comisión de investigación.
A su juicio, la situación es tan grave que impide el normal funcionamiento del Ejecutivo de Aguirre, que ha descrito como "agotado, en crisis, degradado", razones por las que ha reclamado unas "dimisiones o ceses", que "en cualquier país democrático ya se habrían producido" por responsabilidad política en los hechos, por conocernos o no conocerlos, por acción o por omisión". "¿Piensa dimitir?", ha concluido, a lo que Granados a respondiendo que, si cada vez que la oposición pide dimisiones las hubiera, "el banco azul estaría vacío".
(www.elpais.com, 30/01/09)
GONZÁLEZ NO CREE QUE EL ESCÁNDALO VAYA A INFLUIR EN LAS ELECCIONES
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no cree que la red de espionaje vaya a influir de forma negativa para el PP en las próximas elecciones, "porque el electorado es lo suficientemente maduro para saber que aquí hay una campaña interesada de acoso y derribo al Gobierno de la Comunidad de Madrid".
En la localidad madrileña de Collado Villalba, ha reconocido que "evidentemente, siempre que hay ruido, influye", pero se ha mostrado convencido de que "esto no tiene nada que ver con el fondo de las elecciones" y que no influirá en las citas electorales del País Vasco y Galicia. EL PAÍS publica hoy un sondeo-flash de Metroscopia que apunta a que la intención de voto directa deja a los populares casi ocho puntos por detrás de los socialistas (en las generales la diferencia en voto sobre censo no llegó a tres puntos).
(www.elpais.com, 30/01/09)
GRANADOS: "ES FALSO QUE HAYA UN DEPARTAMENTO DE ESPIONAJE EN MI CONSEJERÍA"
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha afirmado este viernes que es "absolutamente falso" que en su Consejería se haya creado un "departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia". En su comparecencia en la Asamblea con motivo del supuesto caso de espionaje en la Comunidad de Madrid desvelado por El País, el consejero ha asegurado además que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características".
Granados, que comparece a petición propia en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, ha hecho hincapié en su primera intervención en que el cuerpo de técnicos de seguridad de su Consejería tiene las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón". También ha reiterado que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes".
Granados ha explicado que con Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido que se ha complementado con personal eventual".
Ha indicado que las funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en edificios e instalaciones".
Más de 80 medios de comunicación acreditados han concurrido en la Cámara autonómica para seguir la comparecencia del consejero, solicitada por él mismo para informar sobre cómo su Consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".
Granados pidió disculpas a todos los ciudadanos por los molestias ocasionadas por la gestión del temporal de frío y nieve que azotó la región el pasado 9 de enero y que generó un colapso en las carreteras de la región y en el aeropuerto de Barajas. "Asumo la responsabilidad y pido disculpas a los ciudadanos en lo que es competencia de la Comunidad de Madrid", destacó Granados en su intervención, a la que no acudió ningún miembro del Gobierno regional.
"Es verdad que las carreteras competencia de la Comunidad estuvieron cerradas unas horas, es evidente que siempre se puede hacer mejor y que los responsables políticos prácticamente todos los días debemos pedir disculpas porque las cosas se pueden hacer mejor", señaló y añadió que piden "disculpas por los fallos que se hayan podido proceder". Granados consideró que la Comunidad de Madrid cuenta con los medios técnicos necesarios para hacer frente a un temporal , pero apostó por modernizar los protocolos de actuación.
Así, indicó que la labor de la Comunidad requiere "no en medios, pero sí en protocolos una revisión". "Desde ese día ordené a los servicios de la Dirección General de Protección Ciudadana que revise los protocolos, que han quedado obsoletos. Creo que los medios son adecuados y los protocolos no son los adecuados", apostilló.
El titular de Interior, que achacó el caos a la "imprevisión" del Ministerio de Fomento y a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, señaló que la colaboración con el Ministerio del Interior fue "extraordinaria".
(www.publico.es, 30/01/09)
"Me pidió que recalificara suelos protegidos"
Un ex alto cargo acusa a un hombre de González de intentar una ilegalidad
El arquitecto Pedro Ortiz, un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid, aseguró ayer en la Cadena Ser que uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y antiguo dirigente del PP, Pedro Antonio Martín Marín, le pidió que recalificara ilegalmente una finca que éste poseía en Collado Villalba.
Los hechos ocurrieron, según contó Ortiz a este periódico, a principios de su mandato como director General de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón (entre 1995 y 1999): "No recuerdo si fue en el 95 o en el 96, pero fue muy al principio. Martín Marín vino a mi despacho y me pidió que recalificara aquellos terrenos. Estaban en el parque Regional del Manzanares, así que le expliqué que era imposible urbanizar allí porque atentaba contra el medio ambiente y además era ilegal". "Y él me respondió que tampoco era tan grave", relató Ortiz.
Según el ex director general, su negativa a las peticiones de Martín Marín, hicieron que éste presionara en más altas instancias. "Sé que me puso a parir, pero al menos en mi mandato no consiguió lo que buscaba", comentó ayer Ortiz.
Según publicó este periódico en un artículo de mayo de 1997, la fiscalía acusó al Ayuntamiento de Collado Villalba, entonces gobernado por el PP, de haber ocultado a la Comunidad de Madrid que la finca de 23 hectáreas llamada Arroyo Arriba, en vías de ser recalificada, tenía especial protección ecológica. Parte de los suelos de aquella propiedad eran del entonces secretario de Estado para el Deporte, Pedro Antonio Marín Marín.
En aquella ocasión, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que la recalificación se había denegado definitivamente. El fiscal, en su escrito dirigido al Ayuntamiento, calificó el intento municipal de levantar chalés en la zona protegida como algo "absolutamente injustificado". "Su carácter de suelo de alta protección ecológica fue configurado en virtud de colindar con el Parque Regional de la Cuenca del Manzanares, así como por el estado de buena conservación del medio natural que concurre en el citado espacio", esgrimió el fiscal.
Pedro Antonio Martín Marín, ex concejal de la UCD de la localidad, empresario y alto cargo en el gobierno de José María Aznar (fue secretario de estado de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes), es también amigo de Ignacio González, la mano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad.
La presunta trama de espionaje revelada por este periódico y que afecta al Gobierno regional y al PP, roza a Pedro Martín Marín en el viaje que realizó con Ignacio González a Johanesburgo en la Semana Santa pasada. En aquel viaje también estaba Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa. Los espías elaboraron un dossier donde se apuntaba que Sánchez González, que ha recibido contratos multimillonarios en el Canal de Isabel II, que preside Ignacio González, le había regalado el viaje a Johanesburgo.
Martín Marín desciende de un ex alcalde de Collado Villalba, Juan Martín Galache, que gobernó el muncipio poco después de la Guerra Civil. Su familia era propietaria de muchos terrenos del municipio.
www.elpais.es 30.01.09
AGUIRRE SE ENCARA CON RAJOY POR DAR "PÁBULO" A LA TRAMA DEL ESPIONAJE
Esperanza Aguirre se defiende con uñas y dientes del ataque de que dice ser víctima. La presidenta niega tener espías a sueldo de la Comunidad de Madrid y no oculta su enojo con el líder del PP, Mariano Rajoy, por dar crédito a las denuncias sobre esta trama, hasta el extremo de abrir una investigación interna. Si hasta ahora eran colaboradores quienes expresaban tales quejas, ayer fue la propia Aguirre la que censuró que el partido dé "pábulo" a los dosieres sobre su vicepresidente Ignacio González. "Todas las redacciones periodísticas tiene dosieres contra González, porque políticamente me quieren atacar a mí", enfatizó, en un reproche a Rajoy por ordenar pesquisas a golpe de titular de prensa.
El entorno de la líder del PP madrileño no cesa de preguntarse por qué las denuncias sobre presuntos seguimientos a políticos populares afines a Rajoy, como el vicealcalde Manuel Cobo o el dirigente Alfredo Prada, han llevado al partido a iniciar la investigación que dirige su secretaria general, Dolores de Cospedal. Máxime cuando el asunto ya está en manos del juez y la fiscalía. Para esta pregunta retórica solo hallan una respuesta: la sospecha, si no convicción, de que Rajoy da carta de naturaleza a esta trama de espionaje para dañar la imagen de Aguirre, cabeza visible del sector crítico.
Así, coincidieron en la investidura de Rodrigo Rato como doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos, donde, estampándose un gélido beso, ilustraron la crudeza de su batalla. Y es que, según la versión que ayer difundió la presidenta en los micrófonos que le brindó la COPE, no es la primera vez que Rajoy da crédito a las sospechas sobre el equipo de Aguirre. El precedente fue en el 2006, cuando el líder del PP la avisó de que había informes comprometedores para sus vicepresidentes, el propio González y Francisco Granados.
Todo aquello quedó en nada, pero tras las elecciones de marzo del 2008, en plena batalla por la sucesión al frente del PP, se reactivó la guerra de dosieres a cuenta de un supuesto enriquecimiento de González, quien reprochó en persona a Rajoy que diera "pábulo" a estos rumores. Ayer Aguirre suscribió estas quejas de su lugarteniente.
La intención de la presidenta madrileña al revelar ahora esta conversación privada es dejar claro que Rajoy sabe desde hace tiempo que hay informes rondando por los despachos, y que ha esperado a que los espiados fuera otros, y no González o Granados, para abrir una investigación interna. Desde el entorno de Rajoy se sostiene, con todo, que hasta hace unos días no había indicios de seguimientos a miembros del partido, y que por ello investigará "pase lo que pase". "El partido no mirará para otro lado", advirtió ayer Javier Arenas, vicesecretario del PP.
Pero, por mucho que intente desviar el foco de atención mediática, Aguirre es consciente de que tendrá que dar explicaciones sobre las funciones que realizan los expolicías y exguardias civiles que trabajan en la Consejería de Interior. ¿Hacían seguimientos o no a políticos del PP o de otras siglas? Ella se remite a lo que mañana contará en la Asamblea de Madrid su consejero Granados. Eso sí, en plena ofensiva, Aguirre aprovechó también para ajustar cuentas con su otro gran rival: Alberto Ruiz-Gallardón. Ayer avanzó que la Asamblea de Madrid --donde dispone de mayoría absoluta-- puede exigir al alcalde que aclare si, como denuncian un sindicato y la oposición municipal, ha montado una "unidad parapolicial" en el Ayuntamiento de Madrid. El delegado municipal de Seguridad, Pedro Calvo, aclaró que esa unidad se limita a coordinar a los escoltas.
(www.elperiodico.com, 29/01/09)
LOS SECTORES DEL PP EN PUGNA SE ATRINCHERAN MIENTRAS CUNDE LA DESAZÓN
No hay salida, y cuantos más días pasen, peor. Es la sensación generalizada en el PP, que mira a Mariano Rajoy en busca de un gesto de autoridad que les haga intuir que la guerra interna desatada con los casos de espionaje en la Comunidad de Madrid y el cruce de dossiers va a parar, pero no lo encuentran.
El pesimismo, al que es tan dado el PP, se ha vuelto a instalar en las filas populares, y la mayoría ya no confía en una solución pacífica al escándalo. Nadie confía ya tampoco en el resultado de la investigación que el presidente del PP encargó hoy hace una semana a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, para esclarecer los hechos, ir al fondo del asunto y adoptar las medidas disciplinarias oportunas.
La cada vez más complicada interrelación de tramas, cruces de dossiers y personas implicadas en el asunto ha llevado a la número dos del PP a un callejón sin salida. Este pensamiento extendido en el seno del PP se traduce en el convencimiento de que "ya no es posible un apaño", tiene que haber "muertos". Sin embargo, son muchos los que opinan que Rajoy está atado de manos para adoptar decisiones, después de las informaciones sobre la circulación de dossiers en la calle Génova, y las supuestas gestiones de los tesoreros del PP, el actual y el anterior, interesándose por determinadas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a determinadas empresas.Si esto es así, el contraataque de los afectados inicialmente por el supuesto espionaje en la comunidad de Madrid, Ignacio González y Francisco Granados, habría tenido éxito. Los dossiers, aún sin hablar explícitamente de corrupción, apuntan a prácticas no del todo correctas, que afectarían si no al PP, por lo menos a responsables de la dirección nacional, sus tesoreros, nombramientos de Mariano Rajoy. Así las cosas, si en los primeros días del escándalo, la semana pasada, cuando Mariano Rajoy hizo público un comunicado en el que anunciaba la apertura de una investigación, todo parecía que se iba a desarrollar de forma rápida y tendría consecuencias, ahora la recopilación de información sufre un impas se y nadie aventura cuándo y cómo puede terminar.
Y no es para menos. Las informaciones se siguen sucediendo, y afectan a todos los sectores. Por un lado, la cadena Ser hizo público un dossier sobre el supuesto patrimonio de la mano derecha de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en la empresa de aguas de Madrid, el Canal de Isabel II. Por ese lado seguiría el acoso a Esperanza Aguirre y laComunidad de Madrid, mientras continúan las informaciones sobre supuestas y entrelazadas redes de espías organizadas o amparadas por responsables del Gobierno autonómico.
Pero desde el otro lado la situación no es mejor. Desde que el ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, denunció en el diario El País, que había sido espiado, supuestamente por esos grupos de la Comunidad, las denuncias sobre su manejo de dossiers, su gestión y la de su sucesor se incrementan.
Ayer, el diario El Mundo, desvelaba que Luis Bárcenas, actual tesorero y hasta la jubilación de Lapuerta su mano derecha, había hecho gestiones para que Serygur obtuviera la seguridad de la sede de la Comunidad, y de la Ciudad de la Justicia, la obra emblemática de Alfredo Prada, cuando era consejero de Justicia e Interior de Esperanza Aguirre, y hoy representante del PP en el exterior, designado por Marian Rajoy.
Ni las personas ni las acusaciones son gratuitas. Álvaro Lapuerta es un hombre de la vieja guardia del PP, antes Alianza Popular, del que el partido echa mano tras el escándalo que afectó a su tesorero, Rosendo Naseiro, para poner orden en las finanzas del PP. Un gallego, como Fraga y como Rajoy, en el que ambos confían, y que designa como sucesor a Luis Bárcenas, con la aquiescencia de Rajoy.
Dicho de otra forma, las acusaciones contra Lapuerta y Bárcenas van dirigidas a Mariano Rajoy, lo que estaría impidiendo que pudiera adoptar decisiones rápida y contundentes.
Y con este panorama, los dos sectores, atrincherados en sus posiciones y odios, lo único que hicieron ayer fue responderse a través de los medios de comunicación. Todos menos Mariano Rajoy, que ayer de nuevo se negó a responder a las preguntas de la prensa. Y de nuevo también, Rajoy y Esperanza Aguirre posaron y se besaron, como si no pasara nada y se llevaran de maravilla. El escenario, la investidura de un ex político del PP, Rodrigo Rato, como doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos, que congregó a todo el PP, desde Manuel Fraga - que genio y figura le dio un tirón de orejas al partido: "Esto en mi época no pasaba"-hasta Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy... Todos menos Alberto Ruiz-Gallardón, ausente los últimos días, muchos creen que intencionadamente.
María Dolores de Cospedal fue la encargada de responder a Esperanza Aguirre para decirle que es "un disparate" pensar "que alguien va a por ella" desde el partido".(www.lavanguardia.es, 29/01/09)
EL FISCAL INVESTIGA EL APARATO DE SEGURIDAD AL MANDO DEL EX POLICÍA MARCOS PEÑA
Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha fijado su atención en uno de los tres equipos paralelos de Seguridad de la Consejería de Interior, el que dirige el ex policía Marcos Peña y en el que se encuadran tres ex guardias civiles, todos ellos contratados a dedo por el consejero Francisco Granados entre septiembre de 2007 y junio de 2008.
Moix ha realizado ya su primera petición de datos sobre el espionaje a políticos madrileños presuntamente efectuado por agentes de dicho departamento. En un escrito cursado el pasado viernes, requirió a Granados que informase sobre los datos que tuviese acerca de los seguimientos ilegales sufridos por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, publicados por este diario y que ambos políticos han denunciado ante la fiscalía.
Ese mismo día, Moix recibió de manos de este diario las pruebas documentales de dichos marcajes por parte presuntamente de agentes de la Consejería de Interior, que aludían en sus partes de seguimiento a dos cargos de la Dirección General de Seguridad de los que dependían: Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector de Seguridad, respectivamente.
El fiscal ha puesto su primer foco de investigación en las funciones que desempeñaba la unidad que dirige el ex inspector de policía Marcos Peña, fichado en junio de 2008, y en la que trabajan los tres ex guardias civiles que contrató Granados en septiembre de 2007, sobre los cuales también ha solicitado datos (contratos, funciones y dependencia jerárquica).
Moix ha solicitado al Gobierno de Esperanza Aguirre un detallado perfil del ex inspector Marcos Peña, responsable de una unidad que presuntamente elaboraba informes sobre escándalos de corrupción en municipios socialistas y en Madrid para su consejero, Granados. Peña explicó a este diario que ése era su cometido y que incluso recababa información para su trabajo de servicios policiales dependientes del Ministerio del Interior.
El fiscal jefe del TSJM ha pedido a Granados que confirme si este ex agente pertenece a su departamento y, en caso afirmativo, cuáles son sus funciones, de quién depende jerárquicamente y qué dice su contrato. Antes de fichar por la Comunidad de Madrid, Peña era jefe de Seguridad en Iberdrola y, en sus ratos libres, suministraba informaciones delicadas a algún medio de comunicación. Peña colocó en mayo de 2006 a El Mundo un dossier sobre el presunto trato de favor de un asesor de La Moncloa a la empresa auditora de su padre. El dossier resultó falso y el medio de comunicación, que identificó a Marcos Peña como su fuente, fue condenado a pagar 18.000 euros al agredido.
Hace días, Peña sostuvo ante EL PAÍS que hacía informes sobre escándalos de municipios socialistas como Ciempozuelos o Coslada, e incluso sobre el Ayuntamiento de Madrid, bajo gobierno del PP. Y explicó que sólo respondía ante el consejero Granados, pese a que su departamento tiene un director general: antes era Sergio Gamón, que fue destituido un mes después de que Peña llegara a la Consejería de Interior -porque requisó documentación de un despacho de Justicia- y ahora lo es Enrique Barón, ex jefe superior de Policía de Madrid fichado para sustituir a Gamón. Barón proclama que no tiene ningún control sobre Peña y su grupo.
Cuando el ex inspector Marcos Peña llegó a la Consejería de Interior, en junio de 2008, ya se habían efectuado los seguimientos a políticos que se han conocido ahora. Entre abril y mayo de ese año, en plena batalla interna en el PP tras el fracaso electoral de marzo, dos dirigentes alineados con Mariano Rajoy -el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el consejero de Justicia, Alfredo Prada- fueron espiados en sus movimientos públicos y privados por agentes que, según sus propias notas, dependían de la Consejería de Interior. En aquellos meses, el jefe de seguridad de la Comunidad de Madrid era Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre, de quien había sido jefe de seguridad durante su etapa como presidenta del Senado.
La investigación abierta por el fiscal jefe de Madrid podría quedar interrumpida en los próximos días si el titular del Juzgado número 47 de la capital, José Sierra, incorpora a la causa que ha abierto por supuesto espionaje al vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, los hechos denunciados por Manuel Cobo y Alfredo Prada, también relacionados con seguimientos a políticos en la Comunidad de Madrid.
En ese momento, el fiscal debería inhibirse y pasar todo lo actuado al juez de Plaza de Castilla. El espionaje a González, del que existen pruebas documentales también aportadas por EL PAÍS a la fiscalía, no tiene autoría conocida, a diferencia de los de Cobo y Prada.
(www.elpais.com, 29/01/09)
ALGUNAS CLAVES DE LA VIGILANCIA A MANUEL COBO Y ALFREDO PRADA
La fiscalía investiga si el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia de la Comunidad Alfredo Prada fueron espiados por un aparato parapolicial -compuesto por ex policías y ex guardias civiles- a sueldo de la Comunidad de Madrid. De lo conocido hasta ahora se desprenden algunos aspectos clave de la investigación.
- Objetivos. Los dos objetivos de la investigación, "P" (Prada) y "C" (Cobo), son miembros del PP. Durante las fechas del seguimiento recogido en los partes de los agentes (de abril a mayo de 2008), ambos políticos tenían una cosa en común: se habían alineado con Mariano Rajoy y frente a Esperanza Aguirre en la batalla por el poder en el PP. Prada, sin embargo, no es un hombre de confianza de Alberto Ruiz-Gallardón; todo lo contrario: Ruiz-Gallardón revocó el nombramiento de Prada como viceconsejero en su primer Gobierno regional, en 1995, tras leer algunas noticias sobre el pasado político de Prada.
- Agendas. Tanto Cobo como Prada comprobaron que los hechos reflejados en los partes de seguimiento de los supuestos espías correspondían fielmente a lo que hicieron aquellos días. En muchas ocasiones sus movimientos eran privados, imposibles de conocer ni siquiera por sus colaboradores próximos. Salvo que hubieran sido espiados.
- Fotografías. Había un afán de los espías por conocer a las personas que se acercaban o comían con Alfredo Prada, a quien acabó destituyendo Aguirre un mes después de que cesaran los seguimientos. En algunos de los partes se recoge cómo los agentes fotografiaron incluso a la persona que almorzaba con Prada.
- Dependencia orgánica. Los agentes deslizaron en sus escritos el nombre de sus jefes: aludieron a la llegada del coche de su "director Sergio" (presuntamente Sergio Gamón) o a que les llamaba a una reunión su subdirector "Miguel" (presuntamente Miguel Castaño).
(www.elpais.com, 29/01/09)
EL ENTORNO DE RAJOY ASUME QUE LOS AGUIRRISTAS BUSCAN LA CABEZA DEL LÍDER
Llamar a cualquier dirigente del PP estos días implica escuchar frases de parte de guerra. "Hoy han contraatacado". "Estamos tocados pero ellos también". "Esto es un aviso, el bombardeo puede ser mucho peor". Son algunos de los comentarios de dirigentes de uno y otro lado. Nadie es ajeno a una de las mayores crisis de la historia del partido, que empezó con un espionaje entre compañeros revelado por EL PAÍS y ahora ya es un cruce inclemente de dossiers con las finanzas del partido, lo más delicado, en el medio de la pelea.
Tras la publicación en El Mundo de sendas acusaciones contra el actual tesorero, Luis Bárcenas, y el anterior, Álvaro Lapuerta, sobre supuestas presiones para obtener contratos de la Comunidad de Madrid, el entorno de Mariano Rajoy llega a una conclusión: para los marianistas, los aguirristas -algunos acusan directamente a Esperanza Aguirre, otros a su vicepresidente, Ignacio González- están detrás de esta información. Con el único objetivo, sostienen, de implicar a Rajoy en un escándalo que al principio afectaba a los dirigentes madrileños. "Buscan la cabeza de Mariano", insisten.
Los aguirristas están muy molestos por la falta de apoyo de Rajoy a la presidenta. "Ha sido la peor semana desde que gobernamos, y estamos muy solos", señalaba este fin de semana un aguirrista. Los fieles a la presidenta sostienen que es él quien abrió la guerra al ordenar una investigación interna que necesariamente pone en cuestión la gestión de Aguirre del escándalo. Génova dio mucha credibilidad a las informaciones de EL PAÍS mientras los aguirristas las desmentían con crudeza. La presidenta de Madrid llegó incluso a afirmar, sin señalar a nadie: "Van a por mí". Ayer, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, respondió: "De ninguna manera. Eso es un disparate. El mayor daño es al partido".
En el entorno del líder la preocupación es creciente: la guerra de Rajoy con Aguirre puede acabar muy mal. Pero los marianistas están convencidos de que, como sucedió tras las elecciones generales, los barones, claves para la estabilidad del partido, siguen con Rajoy. "Aguirre está tan sola como hace un año. Fuera de Madrid no tiene apoyos, y la gente del partido está muy harta de la guerra madrileña", sentencia un marianista. "Esperanza quiere morir matando", dice otro.
Otros dirigentes más neutrales pero que apoyan a Rajoy creen que los críticos, liderados por Aguirre y apoyados por El Mundo y la cadena Cope, han aprovechado la crisis de los espías para adelantar la batalla contra Rajoy que preparaban para después de las elecciones gallegas, en caso de derrota, o las europeas. En cualquier caso, todos coinciden en que ya no hay marcha atrás y acabará mal. "Esto es como una película del Oeste, esas con peleas en los salones. La pelea empieza entre dos, pero acaba todos contra todos. Así estamos", resume un diputado.
Mientras, Génova ha establecido un bloqueo informativo a la espera de que escampe. Nadie habla del escándalo, no se informa sobre la investigación de Cospedal, y Rajoy lleva una semana evitando a los periodistas, o haciendo, como ayer, declaraciones sin preguntas para poder salir en televisión hablando de la crisis pero no decir palabra sobre las gravísimas acusaciones que pesan sobre su partido. El viernes llegó al extremo de mandar a los servicios de prensa del PP a su casa para que le grabaran en el jardín una declaración sobre el paro y así evitar que alguien hiciera preguntas incómodas.
(www.elpais.com, 29/01/09)
FRAGA: "EN MIS TIEMPOS ESTAS COSAS NO PASABAN"
Manuel Fraga, el veterano fundador del PP, dejó claro ayer su malestar por el escándalo de espionaje y dossiers en su partido. "Yo no sé absolutamente nada de este asunto, en mi tiempo no pasaban esas cosas [...] Y si alguien lo intentaba, yo le cascaba", dijo durante el acto de concesión del doctor honoris causa a Rodrigo Rato en la Universidad Rey Juan Carlos, que contó con la presencia de toda la cúpula del PP, incluidos Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre.
Rajoy evitó hablar del escándalo, pero no Aguirre, que estuvo por la mañana en la Cope. Allí insistió en que ella es la víctima de esta historia y aseguró que será Alberto Ruiz-Gallardón quien tenga que "aclarar" la existencia de "una unidad parapolicial" en el Ayuntamiento. Preguntada por si su vicepresidente, Ignacio González, se quejó ante Rajoy porque entendía que era el PP el que estaba creando o difundiendo dossiers contra él, Aguirre contestó: "Tendrá que preguntárselo a Ignacio González. Yo creo que sí".
(www.elpais.com, 29/01/09)
LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA CENSURA LAS ACUSACIONES DE GÜEMES A EL PAÍS
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) censuró ayer las palabras de Juan José Güemes, portavoz del PP de Madrid y consejero en el Gobierno de Esperanza Aguirre, que había insultado al redactor de EL PAÍS Francisco Mercado y sugerido al periódico que no le permitiera escribir más. "Los medios y los periodistas tienen derecho a la misma presunción de inocencia que los políticos reclaman [...] La APM reclama respeto a las personas, respeto que consideramos compatible con el escrutinio de las actuaciones de los gobernantes", dice el comunicado.
(www.elpais.com, 29/01/09)
IGNACIO GONZÁLEZ SOLICITA AL JUEZ QUE INVESTIGUE LOS NUEVOS DOSSIER
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, solicitó este miércoles al juez que investigue todos los informes relativos a su persona con el fin de conocer quién está detrás de los mismos. La petición del número dos de la presidenta regional se producía el mismo día que Público revelaba las claves de un nuevo dossier que, entre otros datos, ofrece detalles sobre su patrimonio personal. "Voy a pedirle al juez que investigue todas las informaciones que aparecen [en los medios] en los que cada día descubren que existe un papel nuevo", indicó el vicepresidente. Una vez más, González mantuvo que se sentía "indefenso" y "acosado" ante esta situación y que él es el principal interesado en saber quién está detrás de estos dossiers.
La mano derecha de Esperanza Aguirre dijo desconocer los informes que manejan los medios. No obstante, señaló que el objetivo de estos documentos es el de hacerle daño "en lo personal y en lo político" y "perjudicar al Gobierno regional".
Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista a la cadena Cope, volvió a tildar de "absolutamente falso" que la Comunidad de Madrid haya creado una red de espionaje. También explicó que, además de en 2006, González se reunió con Rajoy el pasado año para quejarse de que "se diera pábulo a algunos dossiers que se hacían contra él".
La líder de los conservadores madrileños aprovechó los micrófonos de la emisora episcopal para cargar contra el alcalde madrileño. Aseguró que Alberto Ruiz-Gallardón tendrá que responder en la Asamblea a las informaciones que apuntan a que ha creado una unidad parapolicial al margen de la Policía Municipal. El entorno de Aguirre se muestra sorprendido por los nuevos dossiers sobre Ignacio González. "Qué contradicción. Se está hablando de una red de espionaje en la Comunidad de Madrid y resulta que los espiados somos nosotros", explica un aguirrista.
Las mismas fuentes siguen lamentándose de que la presidenta de la Comunidad de Madrid no haya recibido el apoyo expreso de los cargos más representativos del partido. En la Comunidad de Madrid sigue escociendo que mientras Aguirre daba la cara por su equipo ante la prensa, la dirección nacional del PP emitiera un "rotundo comunicado" anunciando la apertura de una investigación interna.
El equipo de la presidenta cierra filas en torno a ella. Uno de sus consejeros mantiene que "ha hecho todo lo que tiene que hacer en una situación como esta".
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, no tiene previsto pronunciarse sobre los últimos dossiers aparecidos hasta el viernes, cuando está prevista su comparecencia en la Asamblea de Madrid. No obstante, desde su entorno aseguran que no se aportarán grandes novedades. Todo apunta a que el también secretario general de los conservadores madrileños se limitará a recopilar la información que ha facilitado en sus últimas comparecencias.
(www.publico.es, 29/01/09)
GONZÁLEZ NO DESCARTA QUE EL ESPIONAJE HAYA PARTIDO DE GÉNOVA
El vicepresidente regional censura las declaraciones de Gallardón por "desproporcionadas e inapropiadas" y elude aclarar si el PP apoyará la comisión de investigación en la Asamblea. El vicepresidente de Madrid, Ignacio González, no descarta que la trama de espionaje que afecta al Gobierno regional y al PP haya partido desde el entorno de la calle Génova. "Soy el primer interesado en aclararlo", ha insistido el número dos de la presidenta Esperanza Aguirre. "He sufrido un espionaje intolerable a mi intimidad personal, es un montaje mafioso, que supone un atentado al Estado de Derecho", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El vicepresidente regional ha subrayado que no puede obligar a ningún funcionario de la Comunidad a participar en una comisión interna de un partido, en referencia a la negativa de dos de los principales investigados en la trama de espionaje a comparecer ante la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
González ha censurado las declaraciones del alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, en las que daba credibilidad a la trama y acusaba al consejero de Presidencia, Franciso Granados de tener "un cuerpo parapolicial". Para el vicepresidente regional, se trata de unas afirmaciones "absolutamente desproporcionadas e inapropiadas". Gallardón realizó estas declaraciones en el programa 59 segundos de TVE tres días después de que saltara la trama, aunque posteriormente las matizó y hoy ha asegurado que no va a hacer más valoraciones. "Cuando una investigación pasa a ser judicial, creo que no es el tiempo de los políticos, sino de los jueces", ha dicho el alcalde.
El vicepresidente de la Comunidad ha lanzado un dardo más a Gallardón al ser preguntado sobre si en el Ayuntamiento de Madrid hay una trama parapolicial que funcione al margen de las actuaciones propias de la Policía Municipal, tal y como ha publicado El Mundo. González, que niega la existencia de una red en su propio gobierno da sin embargo verisimilitud en el Consistorio: "Cuando menos es extraño que el primer Ayuntamiento de España, con 6.000 policías locales, necesite una estructura adicional al margen de la policial".
Preguntado por si el PP apoyará la iniciativa del PSOE e IU para que se cree una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, González ha señalado que "como afectado" está "muy interesado" en conocer los hechos, pero ha evitado comprometerse al apuntar que esa decisión corresponde a la Asamblea.
González ha pedido a la Justicia que aclare pronto el seguimiento del que ha sido objeto y las "gravísimas" acusaciones que ha recibido el Gobierno regional y que hasta ahora "nadie ha podido demostrar".
(www.elpais.copm, 29/01/09)
GONZÁLEZ: LAS ACUSACIONES DE GALLARDÓN SOBRE LA TRAMA FUERON "ABSOLUTAMENTE DESPROPORCIONADAS E INAPROPIADAS"
El vicepresidente de Madrid, Ignacio González, ha calificado de "absolutamente desproporcionadas e inapropiadas" las declaraciones que hizo Alberto Ruiz-Gallardón sobre la presunta existencia de una red de espionaje controlada por el Gobierno regional y se ha mostrado seguro de que las rectifiará.
González ha comparecido hoy en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno semanal, el primero que preside la Jefa del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, desde que se desatara la polémica en torno a los espionajes de que, supuestamente, han sido objeto políticos y altos cargos del Gobierno madrileño.
En su comparecencia, el "número dos" de la Comunidad ha pedido en todo momento a la Justicia que aclare pronto el "inadmisible, intolerable y torticero" seguimiento del que ha sido objeto y las "gravísimas" imputaciones que ha recibido el Gobierno regional y que hasta ahora "nadie ha podido demostrar".
Ha asegurado que desconoce que en el Ayuntamiento de Madrid exista una unidad "parapolicial" al margen de las actuaciones propias de la Policía Municipal y que "cuando menos" le parece "extraño que el primer Ayuntamiento de España", con 6.000 policías locales adscritos, necesite contar con una "estructura adicional" que opere al margen de la policial. En todo caso, ha opinado que el Consistorio debe explicar si existe alguna actuación "paralela" de este tipo ya que, ha insistido, le "extraña" que así sea.
El vicepresidente ha calificado de "atentado a la base del estado de Derecho" que hayan "hurgado" en su vida pública, privada e incluso, en la de sus familiares y amigos por el hecho de ser un cargo público y, cuando ha sido preguntado si echa en falta el apoyo de la cúpula nacional de su partido, ha aseverado: "yo lo único que quiero es el apoyo de la Justicia y lo quiero rápido".
Ha comentado que mantuvo una reunión "corta y agradable" con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, cuando ésta la llamó a declarar en la investigación interna abierta en el partido, de la que no ha querido hacer más comentarios pues considera que la cuestión corresponde a la dirección nacional.
Lo que sí ha dicho es que le parece "bien y razonable" que Cospedal esté llamando a algunos militantes del PP y a empleados de la Administración regional a declarar, pero ha añadido que no puede recomendarles u obligarles que lo hagan porque "no tengo autoridad directa sobre ellos" y porque se trata de una investigación del partido y no de la Comunidad.
González ha asegurado que colaborará para aclarar "en todos los extremos precisos" las imputaciones que se le han hecho en los últimos diez días y que lo mismo harán todos aquellos que hayan sido investigados para ayudar a esclarecer cualquier circunstancia relacionada con el ejercicio de sus cargos.
Entre ellos está el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que mañana comparecerá en la Asamblea de Madrid para aclarar su presunta implicación en la trama de espionaje madrileña y su gestión al frente del área donde, según el vicepresiente, "ha actuado con total transparencia". Por ello, González ha informado de que con "seguridad" la Consejería de Presidencia Justicia e Interior no va a ser reorganizada en estos momentos ni por este asunto.
También ha negado cualquier trato de favor por su parte en las contrataciones de la Comunidad y ha dicho que todas están sujetas a la legalidad, son revisadas "escrupulosamente" por las mesas de contratación y que "ningún miembro del Gobierno acepta ninguna presión o injerencia" en estas cuestiones.
(www.publico.es, 29/01/09)
EL PP BUSCA DAR CARPETAZO CUANTO ANTES AL CASO DE ESPIONAJE Y NO SEÑALARÁ CULPABLES
La factura política del escándalo de la trama de espionaje en el PP madrileño tiene novedades. La estrategia de la calle Génova pasa por dar carpetazo, lo antes posible, a la investigación interna. Fuentes de toda solvencia consultadas por la Cadena SER no dudan en decir que "sería un suicidio político" que Rajoy y su número dos, Dolores de Cospedal, señalasen públicamente responsabilidades políticas entre los dirigentes del partido en Madrid. Según fuentes populares señalar públicamente culpables perjudicaría a Esperanza Aguirre, pero también a Rajoy.
Algunos en el partido piensan que la investigación interna debería habersele encargado al comité de derechos y garantías y no a Dolores de Cospedal. Pero en lo que todos están de acuerdo es que se debe cerrar cuanto antes este debate.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha hablado esta mañana con los periodistas, aunque ha declinado hacerlo de la bronca interna en su partido. Gallardón y Esperanza Aguirre han tenido que coincidir en público en la Feria Internacional de Turismo y han felicitado a los periodistas por su masiva asistencia para cubrir el evento. El alcalde de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "no es tiempo de políticos, sino de jueces".
Por su parte, el número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, ha hablado en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno de la Comunidad que hoy sí ha estado encabezado por la presidenta autonómica Esperanza Aguirre.
Insiste Ignacio González en que en una democracia nadie está obligado a probar que es inocente, porque se presupone. Aún así, asegura el vicepresidente que, como víctima que es, es de los más interesados en que esto se aclare cuanto antes, de tal manera que si finalmente la Asamblea de Madrid decide crear una Comisión de Investigación él se compromete a colaborar. Sobre la cuestión de fondo, el asunto de los dosieres, admite González que está preocupado, pero no por lo que digan esos informes, sino por la intromisión ilegítima al que le han sometido a él y a su familia.
Además, González repite que ya le gustaría saber quién está detrás de todo esto y, en cuanto a la falta de apoyo de la dirección nacional de su partido, opina que el apoyo que le interesa de verdad es el de la Justicia, sin entrar en detalles acerca de si alguien desde la sede de Génova pudiera haber contribuido a difundir los dosieres. De momento, sale al paso de las supuestas irregularidades cometidas diciendo que todos los contratos del Gobierno de Aguirre cumplen estrictamente la legalidad.
(www.cadenaser.com, 29/01/09)
AGUIRRE REPLICA A FRAGA QUE EN SUS TIEMPOS SÍ SE ESPIABA
La lideresa del PP, Esperanza Aguirre, ha querido refrescar la memoria al presidente fundador de su partido, Manuel Fraga, quien ayer aseguró que en sus tiempos "no pasaban estas cosas" —en referencia a la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid— y, al que intentaba espiar, "les cascaba". "En el PP sólo se ha abierto una comisión de investigación y fue en sus tiempos", ha replicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, en referencia al Caso Naseiro.
En febrero de 1990, poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del PP, un juez instructor de Valencia dictó auto de procesamiento contra varios miembros del partido tras haberse realizado escuchas telefónicas al concejal conservador de Valencia, Salvador Palop.
Aguirre y Fraga ya tuvieron un desencuentro público cuando el presidente fundador la mandó callar en pleno enfrentamiento de la lideresa con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón: "Está más guapa callada", afirmó entonces.
Aguirre ha constatado que la supuesta trama de espionaje en esta comunidad "favorece al PSOE" y le perjudica a ella "en lo político y al PP en su conjunto", ya que "nuestro electorado está absolutamente desconcertado". La lideresa del PP, al igual que hizo recientemente el consejero de Presidencia, Francisco Granados, ha echado en falta un apoyo más contundente de la cúpula del PP en este asunto.
Ha afirmado sin embargo que la investigación que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha abierto para recabar información y que ha encargado a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha servido para "dar pábulo a que los periódicos digan que ya no confían" en ella, por lo que considera que ambos "tendrán que desmentirlo".
La presidenta ha insistido en la "falta de pruebas" para imputar cargos a los miembros de su Gobierno y ha vuelto a poner la mano por la inocencia de sus consejeros. También ha vuelto a pedir a la Justicia "transparencia" y que investigue "qué, por qué, a cuenta de quién y con qué intereses" se ha investigado a políticos y altos cargos madrileños.
Personalmente ha asegurado que no tiene "ni idea de quien está detrás" de estos seguimientos, pero sospecha que su intención es "sugerir que hemos utilizado nuestros cargos políticos para enriquecernos", lo que ha negado amparándose en las declaraciones de bienes que tanto ella, como su equipo, presentan al inicio y al final de su mandato.
La presidenta regional ha opinado que su partido tendría que estar "muy por delante" del PSOE en las encuestas de intención de voto y por ello opina que la alternativa del PP "no consigue calar suficientemente en los ciudadanos".
Aguirre ha afirmado que la crisis económica está teniendo efectos más graves en España que en el resto de Europa, especialmente en la destrucción de empleo y, por eso, ha dicho que "tal y como están las cosas" el PP tendría que estar mejor. Para ello, la presidenta cree que el PP necesita aumentar los apoyos en España y que sus miembros tienen que "hacer autocrítica, ser humildes y hacerlo mejor".
Daño al PP
La presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, ha reconocido que la supuesta trama de espionaje que implica al PP de Madrid "afecta a toda la clase política, desprestigia a los políticos y hace especialmente daño al PP".
En declaraciones a Rac1, Sánchez-Camacho ha coincidido con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que afirmó ayer que con el supuesto espionaje "el mayor daño político se le hace al PP".
La presidenta del PPC ha señalado que espera que el PP salga de esta situación con "transparencia" y ha destacado que "lo más importante" es que el partido aclare todo lo sucedido y que se averigüe las responsabilidades y consecuencias que se puedan derivar de la investigación.
Asimismo Sánchez-Camacho ha deseado que esta situación "pase lo más pronto posible" y ha posicionado al PP como un partido "serio" y capaz de ser la alternativa al gobierno para combatir la crisis.
Por otra parte, la presidenta del PPC ha criticado al presidente de la Generalitat, José Montilla, por ser el "responsable" de la gestión del temporal que azotó el pasado 24 de enero a Catalunya y por "escudarse" en el conseller del Interior, Joan Saura.
(www.publico.es, 29/01/09)
LOS CONTRATOS SOSPECHOSOS DE GONZÁLEZ
El patrimonio y las adjudicaciones realizadas por Ignacio González, el todopoderoso número dos de Esperanza Aguirre, preocupan al menos desde 2006 en la cúpula del PP. Así lo han confesado tanto en la dirección del partido como la propia presidenta madrileña, aunque esta última sostiene que en su día se comprobó que "todo era falso y calumnioso". Pero, ¿cuáles son esas adjudicaciones?
Los datos que constan en los dos dossiers elaborados sobre las actividades de González, junto a otras informaciones que manejó el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, permiten concluir que hay al menos cinco concesiones públicas que levantaron sospechas entre los propios compañeros del vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
1. Concesiones a Enrique Sánchez
Ignacio González y su esposa viajaron en marzo de 2008 a Johannesburgo (Suráfrica) en compañía del empresario Enrique Sánchez y del ex secretario de Estado de Comunicación Pedro Antonio Martín Marín. Los autores de uno de los informes sobre González aseguran que los billetes de avión en primera clase, cuyo importe ascendió a 8.356 euros, fueron abonados por el empresario como supuesto pago por contratos públicos recibidos. El vicepresidente aseguró que los billetes los había abonado él "en metálico", porque le "venía bien", y añadió que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez.
El pasado 22 de enero, Público desveló que el Canal de Isabel II -que preside González- le había adjudicado en 2005 un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una compañía de seguridad cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. El Canal tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas anuales de vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le concedieron 953.000 horas, a un precio cercano a 20 euros.
La Comunidad argumenta que el considerable incremento en el número de horas contratadas se prudujo por las lagunas de seguridad detectadas tras los atentados islamistas del 11-M, mientras que el importe de las mismas "está regulado por el convenio del sector".
Pero el contrato con Segurisa no es el único. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este diario, el Canal de Isabel II firmó un segundo contrato con otra empresa de Enrique Sánchez. Se trata de Saneamiento y Mantenimiento Integral (Saminsa), que el 12 de enero de 2005 se quedó con la limpieza de edificios del Canal, por dos años y un importe de 2,6 millones (sin incluir el IVA).
2. Obras en carreteras autonómicas
Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del PP hasta el año pasado, tuvo una tensa conversación con Ignacio González relacionada con la adjudicación de obras en carreteras controladas por la Comunidad. Lapuerta entendía que el proceso no estaba siendo limpio, circunstancia que negó el vicepresidente.
Las carreteras autonómicas dependen de la Consejería de Transportes. Este departamento es, precisamente, el que otorgó otro contrato multimillonario a Segurisa, la empresa del empresario con el que González viajó a Suráfrica. Se trata de una adjudicación para vigilar el Metro de Madrid, por importe de 25,9 millones de euros, aprobada en julio de 2006.
3. El campo de golf de Chamberí
El Canal de Isabel II otorgó, el 27 de diciembre de 2006, la gestión y explotación de un campo de golf y varias pistas de pádel, construidas sobre los antiguos depósitos de agua en el céntrico barrio madrileño de Chamberí, a un consorcio formado por las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. La primera de dichas sociedades fue constituida por José Antonio Clemente, que resultó ser socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad llamada Tamanaco 07 Consulting, cuyo objeto social es precisamente "la promoción, instalación y explotación de instalaciones deportivas".
Tecnoconcret era una empresa que no tenía experiencia previa en el sector y cuya actividad era mínima cuando recibió la adjudicación del campo de golf. El importe de la concesión prácticamente dobló el previsto en el pliego de condiciones. González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal ni avisó al resto de consejeros sobre cuál era su relación con el propietario de Tecnoconcret.
Los datos de esta adjudicación fueron publicados por la revista Tiempo en abril de 2007. González se defendió entonces argumentando que la empresa adjudicataria "no era de un familiar suyo". Era del socio de su hermano.
4. La plaza de toros de Las Ventas
En el dossier de 69 páginas elaborado sobre el patrimonio y las actividades profesionales de González, se dedica una especial atención a la concesión para explotar la plaza de toros de Las Ventas. La facturación en esta plaza supera los 20 millones de euros al año y aproximadamente la mitad quedan de beneficios. El coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 un polémico concurso le dejó sin la concesión, que pasó a manos de la empresa Taurodelta. Según se indica en el informe, "Simón Casas manifiesta públicamente que sabe (aunque no puede probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión".
Taurodelta y otros dos empresarios crearon en 2005 la sociedad Taurovent, que pasó a explotar Las Ventas. Uno de esos empresarios era Fidel San Román, detenido en la Operación Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en Marbella liderada por Juan Antonio Roca. En el dossier se recuerda que San Román admitió "haber pagado en distintas ocasiones a Roca".
5. Las televisiones digitales de Madrid
La Comunidad de Madrid adjudicó en agosto de 2005 las televisiones digitales locales, en un proceso controlado en todo momento por el vicepresidente. En la demarcación de Madrid capital, recibieron la concesión siete empresas, controladas por Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda Cero, Kiss FM y el productor Enrique Cerezo.
Estos siete medios de comunicación crearon, en diciembre de 2005, la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto social es la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada uno de ellos suscribió el 10% del capital y el 30% restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain.
Esta empresa se había constituido justo un mes antes y su administrador único es Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II y el más estrecho colaborador de González.
Pero el negocio no terminó ahí. Teledifusión Madrid contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Y resulta que Secuenzia Pixels había sido fundada en 2003 por el propio Ildefonso de Miguel, quien, cuando pasó a trabajar en la Comunidad, dejó a la compañía en manos de su cuñado Fernando Ruano.
(www.publico.es, 29/01/09)
MARTÍN MARÍN, EL TERCER PASAJERO
"No comento mis viajes privados con mis amigos, no tengo nada que comentar". Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Comunicación de José María Aznar entre otros muchos cargos, acompañó a Ignacio González y al empresario Enrique Sánchez en el polémico vuelo a Suráfrica de marzo de 2008, tal y como avanzó este diario en su edición del domingo. Martín Marín, preguntado telefónicamente por Público, no ha querido explicar quién y de qué modo pagó estos billetes en clase business: "Ya no soy un personaje público, no tengo por qué responder". "Lo único que quiero es que se sepa cuanto antes quién ha confeccionado esos dossieres y quién los ha pagado", dijo ayer Martín Marín, que no estudia presentar una demanda en relación a esos informes, donde su nombre aparece como uno de los hombres de confianza de Ignacio González. "De momento, no me han acusado de nada". Tampoco ha querido valorar la información que publicó ayer el diario El Mundo, que afirma que un anónimo llegado a Esperanza Aguirre lo relacionaba con Segurisa, la empresa de su amigo y compañero de viaje a Suráfrica, Enrique Sánchez. "Sin comentarios".
"No cobro ni un duro de la Comunidad de Madrid", afirma. Sin embargo, Martín Marín mantiene vínculos políticos, y no sólo de amistad, con el Gobierno de Madrid. Es vicepresidente del Consejo Taurino, un organo consultivo de la Comunidad de Madrid que participa de la gestión de la plaza de toros de Las Ventas. Es consejero de Avalmadrid, una entidad financiera participada, entre otras, por la Comunidad y Caja Madrid. Y también preside Madrid Deportes y Espectáculos S A, la empresa que gestiona el Palacio de los Deportes de Madrid. En esta sociedad participan, entre otros, el Grupo Recoletos hoy propiedad de Unidad Editorial, la empresa editora de El Mundo , Caja Madrid o el Grupo Trapsa propiedad del actual presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
Según fuentes del PP de Madrid, Pedro Antonio Martín Marín despacha "a diario" con Ignacio González,y una de sus hijas, Pilar Martin, trabaja en la Fundación Canal de Isabel II. Su yerno, Borja Sarasola, es viceconsejero de Ignacio González.
(www.publico.es, 29/01/09)
El dossier que Rajoy no investigó
Esperanza Aguirre sostiene que en Madrid no hay espías. Pero lo cierto es que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha tenido sobre su mesa un mínimo de dos informes sobre patrimonio, relaciones y adjudicaciones sospechosas realizadas por el número dos de Aguirre, el vicepresidente de la Comunidad Ignacio González.
De acuerdo con la versión oficial del PP, Rajoy ni siquiera leyó los dossiers y se los trasladó a la presidenta madrileña, quien no adoptó ninguna medida al entender que todo era legal.
Rajoy recibió varios informes, pero decidió no investigarlos
Público ha tenido acceso a dos de los informes. El principal es un dossier de 69 páginas, que recoge una detallada información sobre González. Expertos en temas de seguridad consultados por este diario indicaron que "para su elaboración se pudo tardar meses", ya que la investigación abarca desde el núcleo familiar hasta las principales relaciones profesionales y de amistad establecidas por el vicepresidente.
Aunque la copia del dossier que obra en poder de este diario no está fechada, un análisis de la múltiples referencias temporales que se realizan en el documento permite concluir que fue redactado a finales de 2006 o principios de 2007.
"Grupo de amigos"
La conclusión básica del informe es que el vicepresidente madrileño lidera "un grupo de amigos que crean un negocio particular y, además, obtiene beneficios extra de la Comunidad o el Canal de Isabel II".
En el documento manejado por la cúpula del PP se cifra el patrimonio de González y su esposa en 1,8 millones de euros. Además, se indica expresamente que tiene una "caja de caudales" y que en ocasiones "paga en negro". Igual que otras afirmaciones contenidas en el dossier están respaldadas documentalmente, no hay ninguna prueba que demuestre esos supuestos abonos irregulares.
8.000 euros en metálico
Las formas de pago de Ignacio González se convirtieron en noticia la semana pasada, cuando el propio vicepresidente madrileño aseguró que había pagado "en metálico" los 8.000 euros que costó un viaje a Suráfrica porque le "venía bien".
En el documento se cifra en 1,8 millones el patrimonio de González y su mujer
El viaje a Johannesburgo es, precisamente, la clave del segundo dossier. Se trata de un documento más modesto, que no llega a diez páginas, donde se relatan las relaciones de González con el empresario Enrique Sánchez González. Parte de este informe fue desvelado por El País, el pasado 20 de enero, y provocó una denuncia de la Comunidad de Madrid que ha llevado a la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, al entender que hay indicios de delito.
Los autores de este documento sostienen que el viaje a Suráfrica de González y su esposa fue abonado en realidad por el empresario, como supuesto pago por contratos públicos. El vicepresidente aseguró que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez. Público demostró la semana pasada que esa afirmación no era cierta, ya que el Canal de Isabel II que preside González otorgó un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una de las empresas de Enrique Sánchez.
Adjudicaciones bajo lupa
En el dossier de 69 páginas, se repasan una serie de adjudicaciones públicas presuntamente irregulares, realizadas por organismos controlados por el vicepresidente. En concreto, se habla de la concesión de un campo de golf en el centro de Madrid (en el barrio de Chamberí), del reparto de televisiones digitales en la comunidad autónoma, de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas y de la gestión del Palacio de Deportes.
En el documento también se destaca la amistad personal y las relaciones entre González y el ex secretario de Estado Pedro Antonio Martín Marín. Diversas informaciones aparecidas esta semana indican que Pedro Antonio Martín Marín fue otro de los pasajeros en la excursión a Suráfrica.
www.publico.es 28.01.09
Declaraciones de Mercado, el periodista de El País que ha destapado la trama de espionaje, a El Plural“En el PP, cuando hablan con nosotros, confirman la existencia de una red de espionaje y de dossieres”
- ¿Supongo que estará muy satisfecho por haber desvelado la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid?
Estoy satisfecho por el trabajo realizado y por la apuesta que mi periódico ha hecho por esta noticia. Pero en definitiva, este es mi trabajo, sacar noticias. Eso sí, esta información ha tenido más trascendencia por las personas a las que se alude.
- ¿La apuesta de El País por esta noticia seguirá en los próximos días? ¿Habrá nuevos capítulos en esta sucia trama?
Si, la apuesta seguirá en los próximos días. En la medida que elaboremos y contrastemos nuevos datos los explicaremos, porque en El País, esta trama nos interesa tanto como el primer día.
- Parece que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha basado su estrategia de defensa en desprestigiar las informaciones que ha publicado El País.
La Comunidad de Madrid nos ataca según qué días. Cuando publicamos cosas donde no hay autor conocido, aplauden nuestro trabajo. Pero cuando apuntamos que el autor conocido de esos seguimientos puede estar en la Consejería de Interior, ya no nos apoyan tanto y rebaten nuestras informaciones.
Es decir, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiere colaborar con esta investigación en todos los frentes. Solo quiere ayudar en los casos en los que no está claro quién es el autor de espionaje.
- ¿Y qué opina de las durísimas críticas a su labor periodística que ha realizado Juan José Güemes?
No sé si Güemes me ataca porque en el pasado he publicado informaciones basadas y contrastadas en elementos sumariales que no dejaban en buen lugar a su suegro, porque le han pedido que haga ese papel, o por iniciativa propia.
Lo que sí sé es que lo que dice, no es lo que debe hacer un buen político en un Estado democrático, donde cuando alguien siente que ha sido vejado, injuriado, u objeto de una información falsa, tiene muchos caminos para defenderse, como acudir a los Tribunales.
Sin embargo, Güemes pide que me despidan. Desde luego, no es un modo adecuado de tratar a la prensa.
- ¿Qué credibilidad da a las informaciones de El Mundo que apuntan que Gallardón tendría su propia “unidad parapolicial”?
No tengo la menor noticia de la existencia esa unidad parapolicial. No sé si Gallardón tiene una unidad parapolicial, como dicen en El Mundo. Francamente, ni me he leído esa información.
- ¿Quién es su garganta profunda?
En esta historia no hay una garganta profunda, hay una garganta bastante abierta, que es Marcos Peña, quien nos ha contado todo. Luego se ha desdicho, porque se ha asustado, pero al principio estaba muy orgulloso de dirigir una especie de servicio secreto al servicio de Francisco Granados.
- ¿Acabará saliendo a la luz el famoso dossier de Granados?
Yo creo que de hecho ese dossier ya ha salido a través de informaciones que se han ido publicando. Por ejemplo, el incendio del coche de Granados formaba parte del famoso dossier. Eso apuntan los datos que, curiosamente, me proporcionan personas del Gobierno de Aguirre que parecen haberlo leído.
- ¿Está acusando al PP de Madrid de doble rasero?
Sí. Hay un doble lenguaje en varios consejeros del Gobierno de Aguirre. Cuando hablan con nosotros, confirman la existencia de esta red de espionaje y la existencia de dossiers, pero le echan las culpas al consejero vecino. Acto seguido, salen en publico hermanadamente diciendo que todas estas informaciones son una patraña.
- El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez ha dicho esta tarde que el Gobierno Aguirre está prácticamente muerto. ¿Está de acuerdo?
Yo no sé cuán tocado está el Gobierno de Madrid. Sé que en las últimas dos semanas sólo se ha hablado de esto. Encima, cuando sus amigos mediáticos salen a la palestra para ayudarles, casi les hunden más, porque vienen a confirmar las informaciones que hemos sacado previamente en El País. Sus amigos mediáticos son personas que primero, han denigrado nuestra información; pero después, han acabado dándonos la razón, como en el caso de Alvaro Lapuerta.www.elplural.com 28.01.09
Tomás Gómez: “Aguirre es una especie de mezcla entre Hugo Chávez y Stalin”
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha comparado este miércoles a Esperanza Aguirre con una “especie entre Hugo Chávez y Stalin”.
En concreto, Gómez ha comparado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con Hugo Chávez por “el control que ejerce sobre un medio de comunicación público, Telemadrid, que está tratando el asunto más grave que ha ocurrido en Madrid en democracia de una forma vergonzante”.
Servicios secretos
"Y lo de Stalin, por la KGB (antigua agencia de servicios secretos de la URSS)”, ha agregado Gómez.
Dimisión de Granados
El líder de los socialistas madrileños, también ha vuelto a exigir la dimisión del el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, y que de una vez por todas, Aguirre aclare “todos los extremos de esta presunta trama de corrupción y vigilancia, que se está mezclando con otras tramas de corrupción de negocios en adjudicaciones".
“A punto de morir”
Por último, Gómez ha reiterado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está "roto, sin futuro y a punto de morir".www.elplural.com 28.01.09
LA CONSEJERÍA DE INTERIOR POSEE TRES APARATOS PARALELOS DE VIGILANCIA QUE RECELAN ENTRE SÍ
El departamento de Seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid tiene tres cabezas. Un director general, Enrique Barón (ex jefe superior de Policía de Madrid); un director del área de Seguridad, Sergio Gamón (ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre y ex director general de Seguridad), y un asesor de Seguridad, Marcos Peña (ex jefe de Seguridad de Iberdrola y fabricante de dossiers, uno de ellos para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con información falsa, según una sentencia judicial de enero pasado).
Pese a este organigrama, no hay ninguna dependencia jerárquica entre Barón, Gamón y Peña. Los dos últimos no responden ante el que debería ser su jefe natural, Enrique Barón. Esta insólita estructura en un departamento cuestionado por prácticas de espionaje a políticos (existen partes de seguimiento entre marzo y mayo de 2008 al vicealcalde, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, en los cuales los agentes señalan su dependencia de la Dirección General de Seguridad) obedece a la desconfianza instalada entre los distintos consejeros del Gobierno regional.
El más antiguo de los tres jefes de la seguridad autonómica es Sergio Gamón, fichado el 12 de mayo de 2006 como director general. Gamón era un viejo conocido de Esperanza Aguirre, con quien había trabajado en su etapa de ministra y presidenta del Senado. Cuando llegó a la Consejería de Interior, su titular, Alfredo Prada, tenía su propio hombre de confianza, Juan Carlos Fernández, que descendió un escalón en la consejería y se puso a las órdenes de Gamón.
Con el paso del tiempo, la desconfianza se instaló entre ambos, hasta el punto de que un día después de que Aguirre destituyera de su puesto de consejero a Alfredo Prada (26 de junio de 2008), Gamón acudió con sus hombres al despacho de Fernández y, según ha denunciado éste a la Fiscalía, le requisaron documentos y se llevaron su ordenador personal.
Durante todo el mandato de Gamón (mayo de 2006 a julio de 2008), según indican los colaboradores de Prada (consejero de Interior hasta junio del año 2007) y de Granados (consejero de Interior desde entonces hasta hoy), el director general no despachaba ni daba cuenta de sus actividades ante ellos, sino ante el vicepresidente regional, Ignacio González o ante el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, hombre de González.
Cuando Granados llegó a la consejería intentó montar su propio equipo, aunque no pudo echar a Gamón. Primero fichó a tres guardias civiles de Valdemoro como asesores de seguridad (septiembre de 2007) y nueve meses después contrató al ex policía Marcos Peña como jefe de estos tres.
Granados destituyó el 17 de julio de 2008 a Gamón cuando se hizo público el episodio del robo de documentos y de un ordenador en un despacho de la Consejería de Justicia. Había perdido la confianza en el principal jefe de Seguridad, pero no pudo deshacerse de él. Ese mismo día, cambió la estructura de su consejería para crear una dirección de Área de Seguridad.Una semana después nombró a Enrique Barón como sustituto de Gamón y, el mismo día de ese nombramiento creó otro cargo para poner a Gamón al frente de la dirección del área de Seguridad recién creada. Barón asegura que ni Gamón ni Peña dependen de él.
De los tres jefes, sólo uno de ellos, Sergio Gamón, estaba en la Consejería de Interior durante los meses en que, según ha quedado acreditado por distintos documentos, se hicieron seguimientos a políticos y, al menos, a un directivo de la Comunidad de Madrid al que se le acabaron requisando documentos y un ordenador personal cuando estaba ausente de su despacho.
La veracidad de los partes de seguimientos a políticos ha quedado acreditada por los datos secretos y exactos que contienen respecto a la actividad pública y privada a cualquier hora del día de las al menos dos víctimas del espionaje: Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, y Alfredo Prada, ex consejero de Justicia. También ha quedado probada por las anotaciones manuscritas que aparecen en los partes de seguimiento de matrículas de vehículos sin relación con la causa del espionaje político, que pasaban por determinados lugares y eran identificados por los espías. En los partes, los ex policías también hacían referencia al departamento de Interior de la Comunidad mediante distintas fórmulas refiriéndose a sus jefes inmediatos: Sergio Gamón, director General, y Miguel Castaño, su mano derecha y subdirector del departamento.
(www.elpais.com, 28/01/09)
LOS ESPÍAS AUTONÓMICOS INVESTIGARON UN COCHE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid -en sus partes reflejan su dependencia orgánica de la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior- siguieron los pasos de Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y enfrentado a la presidenta Esperanza Aguirre, en la batalla por el poder dentro del PP. En una de las salidas privadas de Prada a cenar con su mujer en la calle Comandante Zorita de Madrid, los espías investigaron todo lo que se movía alrededor del restaurante donde había entrado el consejero y apuntaron la matrícula de un coche que les resultó sospechoso o interesante para sus pesquisas.
Tras las oportunas averiguaciones -ilegales tratándose de trabajadores de la Comunidad que no tienen competencia para esa tarea- los espías apuntaron a mano quién era el propietario del vehículo: "Secretaría Estado". No se equivocaron, aunque el trabajo para averiguar de quién era el vehículo tuvo que resultar especialmente complejo: la matrícula, reservada y confidencial, correspondía a un vehículo policial de contravigilancia antiterrorista asignado a la Secretaría de Estado de Seguridad.
Los espías dejaron un rastro de sus pesquisas al consultar a sus colaboradores externos para conocer, en bases de datos de la Seguridad del Estado, a quién correspondían determinados vehículos que los agentes de la Consejería de Interior querían identificar.
Los partes han dejado constancia de numerosas anotaciones que la investigación de los espías para identificar a determinadas personas no llegó a resolver. Las anotaciones prueban que los agentes al servicio de la Comunidad de Madrid no se limitaban a constatar datos del dirigente político al que espiaban, sino que hacían un seguimiento continuado, noche y día, del personaje objeto de su interés y radiografiaban el espectro de personas que podría tener relación con él. Una tarea que tenía un horario flexible sólo propio de asesores, según fuentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.
(www.elpais.com, 28/01/09)
LA MALA IMAGEN POR EL ESCÁNDALO SUME AL PP EN EL DESCONCIERTO
Por fuera todos aparentan normalidad, como si la crisis de los espías no fuera con ellos. Pero por dentro, en el PP, tanto madrileño como nacional, comienza a extenderse el desconcierto. En privado, en las múltiples conversaciones mantenidas estos días, la idea más repetida se resume así: "Este asunto no puede acabar bien, porque, pase lo que pase, la marca PP se ha visto muy afectada y no será fácil rehacerse".
El PP tuvo un respiro el domingo, cuando Mariano Rajoy triunfó con un discurso novedoso que buscaba la emoción, al estilo de la política estadounidense. Pero ayer volvieron las hostilidades. En Génova, la sede popular, se tomó como una agresión aguirrista la información de El Mundo en la que se explica que en la sede nacional del partido circulaban dossiers sobre Ignacio González y Francisco Granados, y que Rajoy llamó a Aguirre para contárselo. La propia presidenta confirmó ayer esa llamada, aunque dijo que se produjo en 2006 y no en 2008 (en pleno proceso precongresual) como señalaba el diario. Fuentes de la dirección de Rajoy confirman que fue en 2006, por lo que el líder conocía del juego sucio dentro del partido hace casi tres años, aunque no llegó a ver ningún dossier.
El comentario general en los pasillos de Génova era ayer, según varios dirigentes, la indignación por el hecho de que Aguirre y su entorno, a quien atribuyen el origen de la información, hayan utilizado la transparencia de Rajoy -puso en conocimiento de la presidenta la información que circulaba sobre su gente- para mezclarlo en la crisis del espionaje.
El PP ha acusado los ataques y la sensación que se transmitía ayer desde el cuartel general era de desánimo porque en cualquier caso, acabe como acabe la crisis, la marca PP se habrá resentido precisamente cuando queda poco más de un mes para unas elecciones clave. De hecho, los estrategas electorales de Galicia y el País Vasco, los que de verdad se la juegan el 1 de marzo, están cada día más nerviosos porque la crisis no amaina, empeora.
Mientras, Aguirre utilizó la noticia para defenderse: "Me siento una víctima. Políticamente van a por mí. Yo soy la principal interesada en que esto se aclare", aseguró. Sin embargo, su Gobierno no ha abierto una investigación interna y ni siquiera tiene claro si apoyará la petición de comisión de investigación que ayer registraron PSOE e IU.
Los dos grupos enfrentados del PP, aguirristas y marianistas, parecen ya irreconciliables, y el enfrentamiento empeora cada día. Los aguirristas están, a su vez, muy molestos con la investigación interna -información interna, corrigió Federico Trillo tras hacer un llamamiento a la "fortaleza interna en estos momentos tan difíciles"- que dirige Dolores de Cospedal, la secretaria general. David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, despreció ayer esta iniciativa. En su opinión, "no ha lugar" y "carece de base".
Los aguirristas también están muy molestos por el hecho de que Rajoy confirmara la información de EL PAÍS según la cual el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, un hombre muy respetado en el partido, informó al líder en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado por personas vinculadas al Gobierno de Aguirre. Otros dirigentes están preocupados por el hecho de que haya entrado en liza Lapuerta, que fue tesorero durante la etapa de Aznar y por tanto conoce todos los secretos de la financiación del partido. Eso, y la guerra sin cuartel entre Génova y la Puerta del Sol (sede de la Comunidad), hace temer a muchos dirigentes que las consecuencias para el partido son imprevisibles.
(www.elpais.com, 28/01/09)
AGUIRRE: "GALLARDÓN TENDRÁ QUE ACLARAR SI TIENE UNA UNIDAD PARAPOLICIAL"
Entrevistada esta mañana por Federico Jiménez Losantos en la cadena Cope, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, "tendrá que aclarar", probablemente a instancias de la Asamblea, si el Ayuntamiento tiene una unidad parapolicial, como se ha publicado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido esta mañana que en 2008, su número dos en el Gobierno de la región, Ignacio González, mantuvo una conversación con el líder del PP, Mariano Rajoy, en la que "se quejó de que se diera pábulo a dossiers sobre él". Aguirre, en entrevista en la cadena Cope, ha reiterado, como ya hiciera ayer, que dos años antes, ya habló con Rajoy sobre los documentos que circulaban en la sede nacional y que hacían mención a González y el consejero de Presidencia, Francisco Granados.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha insistido en que su charla con el presidente del partido fue en 2006 y que el pasado año sólo asistió a la sede nacional de la calle Génova (Madrid) cuando fue informada junto al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón de que no iría en las listas electorales, y en otra ocasión a finales de año.
Aguirre ha manifestado, no obstante, que "los informes de [Álvaro] Lapuerta", el que fuera tesorero del PP en la época de José María Aznar, no eran "comprometedores". La presidenta madrileña ha explicado que en 2006, tanto González como Granados fueron a hablar con Lapuerta sobre los dossiers en su contra y se resolvió el asunto. Aguirre ha puntualizado también que entonces no se acudió a la fiscalía de Madrid, como sí se ha hecho ahora para denunciar la trama de espionaje contra su mano derecha, porque "no había indicios de nada incorrecto". Un juez ha visto ahora y tras poner en sus manos González la trama destapada por EL PAÍS indicios de delito por el posible uso de información reservada.
A preguntas de los oyentes, Aguirre ha vuelto a rechazar "frontalmente" que exista una trama de espionaje en la comunidad que preside y ha afirma con contundencia que el escándalo "favorece" al PSOE y al Gobierno. "Ya lo dijo Zapatero -ha añadido-: 'Vamos a ganar en Madrid como sea". La jefa del Ejecutivo madrileño ha reconocido también que "al PP le debiblita" la crisis abierta por el espionaje político en Madrid con dos citas electorales a la vista en Galicia y País Vasco.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por su parte ha asegurado hoy que es un disparate afirmar que la dirección del partido vaya a por Aguirre y ha subrayado que el mayor daño político de la supuesta trama de espionaje se le está haciendo al PP. En declaraciones a Telemadrid recogidas, De Cospedal ha respondido así al ser preguntada por si, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmara ayer que se sentía "una víctima" de las informaciones sobre una supuesta trama de espionaje, se puede pensar que "Génova va a por Esperanza Aguirre". "De ninguna manera, eso es un disparate", ha sentenciado la número dos del PP.
De Cospedal -a la que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha ordenado una investigación interna sobre el supuesto espionaje- ha asegurado a continuación que "el mayor daño político", aparte del que se pueda hacer a las personas, "se le hace al Partido Popular". La secretaria general del PP ha eludido explicar cómo está desarrollando la investigación interna que le ha encargado Rajoy, pero ha recalcado
que tiene "la obligación" de defender "el buen nombre" de su partido. "Tenemos la obligación de defender la trayectoria intachable del PP. Haré todo lo que esté en mi mano para que sea así", ha señalado.
(www.elpais.com, 28/01/09)
LA DIRECCIÓN DE UGT SE DESDICE DE SUS PROPIAS DENUNCIAS SOBRE ACTOS QUE "RAYAN LA ILEGALIDAD"
La Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid pidió ayer disculpas a la Consejería de Interior, desautorizó a los trabajadores a los que representa y aseguró que ni "acusa ni acusará" a este departamento de realizar misiones ilegales.
EL PAÍS informó ayer que el sector de administración pública de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT remitió el 22 de enero un escrito a la dirección general de Función Pública de la Comunidad de Madrid (que se muestra en el documento adjunto) donde denunciaba que empleados públicos, personal fijo y funcionarios de carrera, habían sufrido "hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años por no prestarse a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender, con buen criterio, que eran una extralimitación de sus funciones y podrían rayar en la ilegalidad".
Las únicas tareas destapadas por los medios estos días, a las que aludían los autores de la nota en los dos párrafos con los que arrancaba el escrito, se referían al seguimiento de políticos del PP por parte de agentes de la Consejería de Interior. Un día después de esa nota, el 23 de enero, la misma Comisión Ejecutiva Regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT elaboró otro escrito donde acusaba a ex agentes de Policía y Guardia Civil y personal de confianza de la Consejería de Interior de hacer trabajos desconocidos. Y aseguraba que el colectivo de trabajadores se sentía "perjudicado por la deriva en la gestión de la seguridad generada por el grupo de cargos de confianza y asesores del Gobierno regional". E incluso llegaba a citar a los responsables de esta situación: "Especialmente desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector de Seguridad, respectivamente, hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general".
Los sindicalistas de UGT, que ayer pidieron disculpas "si los responsables de la consejería de interior se han podido sentir aludidos por la información aparecida", llegan a censurar abiertamente que Gamón y Castaño sigan "sorprendentemente" en nómina de la Comunidad de Madrid. "En el caso de Gamón, se le creó la dirección de área de Seguridad, dependiente del consejero de Presidencia, Justicia e Interior [Francisco Granados], y en el de Miguel Castaño, se ha creado un puesto como asesor de Seguridad, al servicio del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno [Ignacio González]. UGT asegura que trasladó "su inquietud" a Enrique Barón por lo que ocurría y exige en el escrito se haga una profunda investigación a todo el personal que trabaja en la consejería.
(www.elpais.com, 28/01/09)
El gerente del Canal de Isabel II denunciará los seguimientos desvelados por la SER
El gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, ha anunciado que denunciará ante la justicia los seguimientos a los que supuestamente ha sido sometido y que figuran en el dossier que adelantó la Cadena SER. Unos documentos que le atribuyen importantes propiedades, valoradas en más de cinco millones de euros y relaciones familiares con empresas que a su vez se llevan dinero de la Comunidad de Madrid. El dossier ha sido elaborado por un autodenominado 'centro de investigación' y recoge todo tipo de propiedades del gerente de la primera empresa pública de Madrid además de sus vínculos con otras empresas. La Cadena SER ha podido comprobar que las casas de lujo, los viñedos y las relaciones con otras empresas que se le atribuyen son ciertas. El informe de la trama de espionaje cifra en al más de cinco millones de euros el valor de su patrimonio
La empresa familiar de Ildefonso de Miguel, número dos del vicepresidente de Madrid en el Canal de Isabel II, ha sido objeto de investigación en el dossier. Se trata de Secuenzia Pixels, de la que el gerente de la empresa pública Canal de Isabel II fue consejero. El actual administrador único es su cuñado, Fernando Ruano Puente. Según los documentos mercantiles consultados, sólo en el año 2007, Secuencia Pixels ha recibido al menos 1.743.000 en contratos públicos de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Y además de adjudicaciones públicas recibe subvenciones. En 2008 la empresa vinculada a Ildefonso de Miguel ha recibido hasta cinco ayudas, cuatro de ellas en la Comunidad de Madrid.
El dossier sobre Ildefonso de Miguel también recoge los detalles de su patrimonio, en total, dos pisos a su nombre y un chalet de 634 metros cuadrados en una de las zonas más caras del oeste de Madrid. Según los documentos mercantiles a los que ha tenido acceso la Cadena Ser, estas propiedades, efectivamente, están su nombre. En concreto, los dos pisos y el citado chalet. También con él y con su mujer como titulares figuran además hasta siete fincas de viñedos en una de las zonas más elitistas de la Ribera del Duero. Parte de estas propiedades están escrituradas antes de llegar al cargo y parte después.
El dossier que ha dado a conocer la Cadena SER tiene 32 páginas. En la última, los autores dicen pertenecer a lo que llaman "centro de investigación" y ponen cifras a la fortuna de la mano derecha de Ignacio González. Estiman el valor de sus propiedades, las casas y el negocio relacionado con las bodegas en la Ribera del Duero, en más de cinco millones de euros. Las hipotecas pendientes apenas pasan del millón.
www.cadenaser.com 28.01.08
El hombre de Ignacio González en el Canal de Isabel II también ha sido espiado
Un autodenominado "centro de investigación" ha seguido el rastro de sus propiedades y las de su familia por toda España
El documento consta de 32 páginas, que se centran tanto en la fortuna del hombre de confianza de Ignacio González como en detalles de su vida privada: entre ellos, los domicilios que los investigadores creen que ha ocupado, e incluso las propiedades de su esposa, Concepción Ruano, con la que aparece casado en régimen de gananciales.
De hecho, el dossier incluye una ficha completa de Concepción Ruano, de quien subrayan su puesto como consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid desde 2006.
Como ejemplo de algunas de las investigaciones realizadas por este grupo de espías. En el dosier se lee textualmente: "Acudimos a una zona residencial, conocida como Vía de las dos Castillas, accedemos al portal de la vivienda y nos entrevistamos con conserjes de fincas cercanas que nos dicen que hablemos con el conserje más antiguo de la zona, quien nos confirma que el señor De Miguel vivió allí y nos indica su nueva dirección en otra urbanización".
Los autores del informe se identifican a sí mismos como "centro de investigación". Comienza con un recorrido por los que creen que pueden ser sus actuales domicilios, preguntan a vecinos y porteros, y en todos los casos piden después la información al registro de la propiedad para tratar de confirmar que es el titular de las casas. En total encuentran a su nombre dos pisos y un chalet de 634 metros cuadrados en la zona oeste de Madrid.
Fincas en la Ribera del Duero
El recorrido de los espías sigue no muy lejos de la capital, en una zona de viñedos del sur de Burgos, en la denominación de origen Ribera del Duero. Allí atribuyen al gerente del Canal y a su esposa la propiedad de casi 25 hectáreas de viñedo. La compra, siempre según este informe, se habría formalizado en el año 2004. Después de su nombramiento como máximo responsable del Canal, por detrás tan sólo de su mentor, el vicepresidente de la comunidad Ignacio González. En este caso, tampoco ahorran trabajo las personas que investigan a Ignacio González: localizan las fincas, se desplazan hasta ellas, transitan por caminos rurales y preguntan a la gente de la zona por sus propietarios.
Y en este caso, como en los anteriores, hacen sus propias valoraciones sobre el precio en el mercado de estas propiedades.
El dossier incluye toda una serie de fotografías de las casas de lujo y de las fincas cuya propiedad atribuyen al hombre de confianza de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Las imágenes recogen desde imágenes de las lujosas fincas hasta detalles de los buzones
www.cadenaser.com 28.01.08
EL ESPIONAJE ALCANZA AL 'NÚMERO DOS' DE GONZÁLEZ EN EL CANAL DE ISABEL II
Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II, también ha sido objeto de espionaje como otros muchos altos cargos del PP. La cadena SER adelantó ayer el contenido de un dossier sobre el patrimonio privado de De Miguel, hombre de confianza del vicepresidente regional, Ignacio González, en la compañía pública que ahora quiere privatizar el Gobierno regional.
El propio González también ha sufrido en los últimos tiempos ataques a su honradez a través de informes patrimoniales, y sobre viajes públicos y privados al extranjero que ahora investiga la fiscalía y un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid.
El documento que prueba el espionaje al gerente del Canal de Isabel II consta, según informó ayer la cadena SER, de 32 páginas que se centran tanto en la supuesta fortuna del hombre de confianza de González como en detalles de su vida privada: entre ellos los domicilios que los presuntos espías creen que ha ocupado e incluso las propiedades que están a nombre de su esposa.
Los autores del informe se identifican a sí mismos como miembros de un "centro de investigación". El dossier arranca en sus primeras páginas con un detallado recorrido por los supuestos actuales domicilios del gerente del Canal de Isabel II. Para probar sus informaciones, los redactores del informe acuden al Registro de la Propiedad aportando documentación para acreditar que De Miguel es el titular de las casas.
El dossier atribuye al hombre de confianza del vicepresidente del Gobierno la propiedad de dos pisos y un chalé de grandes dimensiones en la zona oeste de Madrid. De todas las propiedades aparecen numerosas fotografías y direcciones en el dossier.
Los supuestos espías también han buscado propiedades de Ildefonso de Miguel fuera de Madrid y citan una zona de viñedos del sur de Burgos, en la denominación de origen Ribera del Duero, donde supuestamente el gerente del Canal de Isabel II y su esposa poseen casi 25 hectáreas de viñedo.
La compra de los terrenos, según el informe, se habría realizado en 2004. Los espías también habrían averiguado que una empresa de De Miguel contrata directamente con la Comunidad de Madrid, Administración en la que trabaja como gerente del Canal de Isabel II. La empresa de De Miguel, Secuencia Pixels, logró presuntamente un contrato de casi dos millones de euros con la Consejería de Justicia en 2007. Al frente de esta empresa aparece un hermano de su mujer.
Como ejemplo del espionaje, los autores del dossier escriben: "Acudimos a una zona residencial, conocida como Vía de las dos Castillas, accedemos al portal de la vivienda y nos entrevistamos con conserjes de fincas cercanas que nos dicen que hablemos con Eduardo, el conserje más antiguo de la zona, quien nos confirma que el señor De Miguel vivió allí".
(www.elpais.com, 28/01/09)
EL EX TESORERO DEL PP CUESTIONÓ ADJUDICACIONES "SOSPECHOSAS" DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Álvaro Lapuerta, tesorero nacional del PP hasta junio pasado, avisó a Mariano Rajoy en mayo, en plena batalla interna por el poder ante el congreso que el partido iba a celebrar en junio, de que se sentía espiado por un aparato parapolicial a las órdenes, según sus sospechas, de algún alto cargo de la Comunidad de Madrid.
Lapuerta explicó a su entorno que los seguimientos estaban directamente relacionados con su posición muy crítica sobre algunas adjudicaciones de obras o contratos realizadas desde departamentos de la Comunidad de Madrid vinculados al vicepresidente Ignacio González y otros altos cargos.
Por aquellas fechas, González había contactado con el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, que le redactó un borrador para crear un CNI legal en la Comunidad de Madrid y defenderse así de los dossiers que alguien preparaba contra altos cargos regionales. Entre las obras sobre las que Lapuerta puso su sospecha están algunas carreteras nuevas dependientes de la Comunidad y que suponen contratos multimillonarios.
La presidenta Esperanza Aguirre aseguró ayer que en 2006, dos años antes del espionaje denunciado por Álvaro Lapuerta, conoció que el tesorero nacional del PP manejaba dossiers contra Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y contra el vicepresidente González. Aguirre asegura que cuando surgieron aquellas noticias, las sospechas sobre González y Granados se deshicieron al demostrarse que todo era "falso y calumnioso".
Los servicios de seguridad de la Consejería de Interior, con el entonces director general Sergio Gamón al frente, irrumpieron el 26 de junio en un despacho oficial de la Consejería de Justicia en busca de documentos comprometedores contra altos cargos regionales. Prada ha negado tajantemente que ninguno de sus subordinados hubiese realiazado dossier alguno.
Pero lo cierto es que Gamón requisó el ordenador porque temía su contenido, porque creía que afectaban a algun alto cargo o por razones personales. Prada fue destituido un día antes de registrarse el asalto a ese despacho, que era el de su director de seguridad, Juan Carlos Fernández.
(www.elpais.com, 28/01/09)
LOS INFORMES QUE ALIMENTAN LA GUERRA DEL PP
Esperanza Aguirre sostiene que en Madrid no hay espías. Pero lo cierto es que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha tenido sobre su mesa un mínimo de dos informes sobre patrimonio, relaciones y adjudicaciones sospechosas realizadas por el número dos de Aguirre, el vicepresidente de la Comunidad Ignacio González. De acuerdo con la versión oficial del PP, Rajoy ni siquiera leyó los dossiers y se los trasladó a la presidenta madrileña, quien no adoptó ninguna medida al entender que todo era legal.
Público ha tenido acceso a dos de los informes. El principal es un dossier de 69 páginas, que recoge una detallada información sobre González. Expertos en temas de seguridad consultados por este diario indicaron que "para su elaboración se pudo tardar meses", ya que la investigación abarca desde el núcleo familiar hasta las principales relaciones profesionales y de amistad establecidas por el vicepresidente. Aunque la copia del dossier que obra en poder de este diario no está fechada, un análisis de la múltiples referencias temporales que se realizan en el documento permite concluir que fue redactado a finales de 2006 o principios de 2007.
La conclusión básica del informe es que el vicepresidente madrileño lidera "un grupo de amigos que crean un negocio particular y, además, obtiene beneficios extra de la Comunidad o el Canal de Isabel II". En el documento manejado por la cúpula del PP se cifra el patrimonio de González y su esposa en 1,8 millones de euros. Además, se indica expresamente que tiene una "caja de caudales" y que en ocasiones "paga en negro". Igual que otras afirmaciones contenidas en el dossier están respaldadas documentalmente, no hay ninguna prueba que demuestre esos supuestos abonos irregulares.
Las formas de pago de Ignacio González se convirtieron en noticia la semana pasada, cuando el propio vicepresidente madrileño aseguró que había pagado "en metálico" los 8.000 euros que costó un viaje a Suráfrica porque le "venía bien".
El viaje a Johannesburgo es, precisamente, la clave del segundo dossier. Se trata de un documento más modesto, que no llega a diez páginas, donde se relatan las relaciones de González con el empresario Enrique Sánchez González. Parte de este informe fue desvelado por El País, el pasado 20 de enero, y provocó una denuncia de la Comunidad de Madrid que ha llevado a la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, al entender que hay indicios de delito.
Los autores de este documento sostienen que el viaje a Suráfrica de González y su esposa fue abonado en realidad por el empresario, como supuesto pago por contratos públicos. El vicepresidente aseguró que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez. Público demostró la semana pasada que esa afirmación no era cierta, ya que el Canal de Isabel II que preside González otorgó un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una de las empresas de Enrique Sánchez.
En el dossier de 69 páginas, se repasan una serie de adjudicaciones públicas presuntamente irregulares, realizadas por organismos controlados por el vicepresidente. En concreto, se habla de la concesión de un campo de golf en el centro de Madrid (en el barrio de Chamberí), del reparto de televisiones digitales en la comunidad autónoma, de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas y de la gestión del Palacio de Deportes.
En el documento también se destaca la amistad personal y las relaciones entre González y el ex secretario de Estado Pedro Antonio Martín Marín. Diversas informaciones aparecidas esta semana indican que Pedro Antonio Martín Marín fue otro de los pasajeros en la excursión a Suráfrica.
(www.publico.es, 28/01/09)
LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS DEL ESCÁNDALO
Esperanza Aguirre
Presidenta de la Comunidad. Sus dos principales colaboradores –Ignacio González y Francisco Granados– están implicados en el caso. Ella los ha respaldado y se presenta como víctima de una conspiración para acabar con su carrera política. Su entorno afirma que detrás de esa maniobra están sus principales adversarios internos: Rajoy y Ruiz-Gallardón.
Ignacio González
Vicepresidente autonómico y persona de la máxima confianza de Aguirre. Alguien ordenó investigar su patrimonio, sus relaciones y las adjudicaciones de los organismos bajo sus órdenes. También fue espiado en dos viajes a Colombia y Suráfrica. Rajoy fue informado sobre la existencia de los ‘dossiers’, pero no hizo nada. Tras publicarse que había sido espiado, la Comunidad presentó una denuncia ante los tribunales. El Juzgado de Instrucción 47 de Madrid ha abierto diligencias.
Francisco Granados
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. ‘El País’ lo acusó de montar un servicio secreto de espionaje con ex guardias civiles y ex policías. Él lo ha negado con vehemencia. Aguirre dice que la dirección del PP también manejó un ‘dossier’ sobre Granados.
Álvaro Lapuerta
Ex tesorero del PP y persona que ha mantenido durante años una estrecha relación con Rajoy. Recibió los informes comprometedores sobre González y Granados e informó sobre ello al presidente del partido.
(www.publico.es, 28/01/09)
EL SILENCIO DE RAJOY DESATA LA INCERTIDUMBRE EN EL PP
Mariano Rajoy se convirtió el martes en el protagonista de la polémica pero prefirió esquivarla. No quiso hablar sobre la supuesta trama de espionaje que afecta a varios altos cargos de su partido. Y menos aún después de que El Mundo le acusara de conocer desde hace tiempo la existencia de un informe sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y otro sobre el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, porque se lo había comunicado personalmente el ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta.
El líder del PP utilizó a sus colaboradores para dar su versión de los hechos. No podían desmentirlo porque era cierto que Rajoy sabía que Lapuerta tenía varios dossieres en su poder. Pero estos se afanaban en recalcar que él jamás los llegó a ver o a leer. Lo único que hizo fue ponerlo en conocimiento de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, para que decidiera ella si adoptaba o no alguna medida.
Mientras la noticia caía como una bomba sobre la sede nacional de los conservadores, Rajoy pasaba la jornada en su tierra, Galicia, de precampaña. No se escondía pero prefería tratar otros asuntos como la actuación de Zapatero en el programa 'Tengo una pregunta para usted'..., la crisis económica o el "espanto de comparecencia" de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. El silencio de Rajoy comienza a incomodar a sus filas, que más que "preocupadas" se sienten ya "alarmadas". A varios dirigentes les gustaría que su presidente saliera a dar explicaciones y calmara la incertidumbre que les rodea.
Desde que saltó el escándalo, Rajoy no ha dado la cara para comentar expresamente este tema ni una sola vez. Mientras la secretaria general, María Dolores de Cospedal, prosigue con sus reuniones y la investigación judicial continúa su curso, Rajoy dribla a la prensa y mantiene en vilo a sus compañeros.
Es cierto que el pasado jueves activó la investigación interna pero lo hizo a través de un comunicado. Es verdad que durante todo el fin de semana se le pudo ver en el I Foro de militantes del PP pero desde allí se limitó a enviar un críptico mensaje: "Yo garantizaré la unidad del partido, pase lo que pase". Además, el lunes no reunió al comité de dirección. Y el PP no dio su rueda de prensa habitual. A cambio, hubo una intervención de Rajoy en un acto con alcaldes. Así era imposible que se sometiera al interrogatorio de los medios de comunicación.
En el partido también están "bastante cabreados" porque todo lo que está ocurriendo "tapa nuestro trabajo". Se quejan de que nadie se haya detenido "sobre el espectacular discurso que hizo Rajoy" el domingo pasado, que nadie haya reparado en las ponencias de la convención o que el trabajo parlamentario pase desapercibido por el espionaje...
"Esto nos pasará factura. Ya es bastante difícil de reconducir", cuenta un parlamentario. Un compañero suyo tiene toda la impresión de que se "está rompiendo el partido en mil pedazos". Pero no quiere hablar de "refundación". La mayoría del partido piensa que después de esto van quedar "tocados" tanto Rajoy como Aguirre.
(www.publico.es, 28/01/09)
AGUIRRE AFIRMA QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA
O todos o ninguno. Esperanza Aguirre no piensa quedarse sola en la supuesta red de espías que acecha su casa, la Comunidad de Madrid. Si se investiga, que también se mire debajo de las alfombras de Génova, la sede nacional del PP. La presidenta regional tenía ya preparado el mensaje al líder de los conservadores cuando llegó a las 12.30 de ayer a la Asamblea de Madrid, antes de inaugurar la conmemoración del Día del Holocausto. La esperaba un muro de periodistas: “En 2006, me llamó el presidente de mi partido, Mariano Rajoy, para decirme que el tesorero [Álvaro Lapuerta] tenía unos dosieres de Ignacio González y Francisco Granados. Inmediatamente, yo pedí a los señores González y Granados que hablaran con el tesorero y que aclararan cualquier asunto que pudiera poner en duda su honorabilidad. Se demostró que todo ello era falso y calumnioso”.
Aguirre parecía desafiar a Rajoy, que ordenó la semana pasada a la secretaria general, Dolores de Cospedal, instruir una investigación interna. Primero, daba por bueno lo publicado ayer por El Mundo: que el líder del PP había recibido, de manos de Lapuerta, un informe que contenía datos comprometedores contra González, vicepresidente de Madrid, y Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Pero, en segundo término, la jefa del Ejecutivo regional aumentó el grado de la sospecha al situar esa llamada telefónica en 2006 y no en marzo de 2008, tras los comicios generales, como afirmaba el rotativo. Es decir, el aviso de Rajoy habría llegado dos años antes de que la guerra por el poder en el PP se recrudeciese.
Fuentes del Gobierno autonómico no negaron la intención de Aguirre de lanzar un mensaje a Rajoy. “Ha sido suficientemente explícita, no hace falta interpretarla”, aseguró un portavoz a Público.
En paralelo, la presidenta buscó fortalecerse. Pidió una y otra vez “transparencia, transparencia, transparencia”, porque es la “primera interesada en que todo esto se aclare”. Eso es lo que ocurrirá, pronosticó: “Saldrá a la luz quiénes son los responsables y quiénes hemos sido falsamente acusados”.
Aguirre dejó ayer otra idea escrita en su minicomparecencia ante la prensa. Que ella no es la culpable: “Me siento una víctima. Políticamente, van a por mí”, lamentó. Tampoco habrá ceses: “Tengo toda la confianza puesta en todos los miembros de mi Gobierno y, por supuesto, en los miembros de la cúpula nacional de mi partido”. Mejor no reventar aún demasiadas heridas.
(www.publico.es, 28/01/09)
ELLA ES LA RESPONSABLE, NO LA VÍCTIMA, DICEN PSOE E IU
“Lo que nos faltaba”. La oposición parlamentaria a Aguirre, Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU), no daba ayer crédito. “No sé si será víctima o verdugo dentro del PP, pero ella es la presidenta del Gobierno. Es la responsable, por acción o por omisión y no puede colocarse de víctima”, recalcó la portavoz socialista. “Lo hace para obviar su obligación. Quizá haya responsabilidad penal, pero ya la hay política, porque ha habido seguimientos, lo han dicho los propios espiados”, añadió.
Similar tesis defendió a Público Sabanés: “Es la presidenta del Ejecutivo regional y de su partido en Madrid. Por tanto, responsable de la supuesta trama. No puede mirar hacia otro lado o negar la realidad. Empezó diciendo que todo era una gran mentira, después cargó contra el mensajero, y ahora pretende ser víctima y todavía no ha dado una explicación solvente. Tiene una oportunidad: si no tiene nada que esconder, que acepte inmediatamente la comisión de investigación. Todo lo demás es eludir su propia responsabilidad”.
(www.publico.es, 28/01/09)
ESPIONAJES PARA TODOS LOS GUSTOS EN EL PP
¿Cuántos ‘dossiers' hay sobre Ignacio González?
Es imposible saberlo con exactitud. Pero sí se puede asegurar que, como mínimo, en la cúpula del Partido Popular circulan dos documentos con datos sobre el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. Uno es el que desvela hoy ‘Público', cuyo índice se reproduce junto a estas páginas, y el otro hace referencia a las relaciones entre el número dos de Aguirre y el empresario Enrique Sánchez González.
¿Existe alguna investigación sobre el consejero Granados?
‘El Mundo' aseguraba el martes que en la dirección del PP también se había manejado un ‘dossier' sobre el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Al igual que en el caso de González, contendría información sobre el patrimonio y las relaciones del consejero. Aunque de momento no ha aparecido públicamente ningún documento que demuestre la existencia de dicho dossier, Esperanza Aguirre aseguró ayer que Granados sí había sido investigado.
¿Tienen relación estos informes con el seguimiento a Cobo o Prada?
Los expertos consultados por este diario establecen una distinción clara entre los ‘dossiers' sobre Ignacio González, que parecen realizados por "profesionales" y que se podrían catalogar con propiedad como espionaje, y los seguimientos realizados a otros políticos del PP, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el responsable de Exterior en la Ejecutiva del PP, Alfredo Prada. En estos dos últimos casos no consta investigación patrimonial alguna y tampoco se habla de sus relaciones personales o profesionales. Se trataría de "seguimientos propios de una vigilancia o contravigilancia", que, eso sí, permitía conocer la agenda personal de Cobo y Prada. Una información que puede llegar a ser altamente sensible. Al tratarse de "trabajos" tan distintos, los expertos consideran que lo lógico es pensar que fueron realizados por equipos diferentes.
¿Se sabe algo sobre los autores de los distintos documentos?
Habría que diferenciar entre las personas que encargan las investigaciones y aquellas que las llevan a cabo. Aunque no hay ningún dato cierto sobre los primeros, en el propio PP se da por supuesto que unos dirigentes del partido han decidido espiar a otros con los que están enfrentados. No es un secreto para nadie en el PP la rivalidad nada amistosa entre Ignacio González y Francisco Granados, o entre los principales dirigentes de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. En cuanto a las personas que realizaron las investigaciones, Manuel Cobo y Alfredo Prada apuntaron a la Consejería de Interior como lugar donde podrían trabajar los autores de sus seguimientos.
(www.publico.es, 28/01/09)
AGUIRRE REVELA QUE RAJOY SUPO DE LOS DOSIERES HACE TRES AÑOS
El caso del espionaje interno en el PP no deja de generar nuevos episodios día tras día. Ayer fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la que sorprendió a todo el mundo al revelar que tanto ella como Mariano Rajoy supieron hace tres años de la existencia de dosieres contra sus consejeros Ignacio González y Francisco Granados.
Concretamente, Aguirre explicó que fue el propio presidente del PP quien la llamó en el 2006 para comunicarle que "el tesorero tenía unos dosieres" sobre González y Granados. La presidenta asegura que pidió a sus consejeros que hablaran con el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta. Tras esta conversación --y siempre según la versión que ayer, por vez primera, ofreció Aguirre--, "se demostró que todo ello era falso y calumnioso".
La presidenta desautorizó de este modo las versiones periodísticas que apuntan a que Lapuerta no informó a Rajoy de estos dosieres hasta el pasado año. Aguirre, por lo demás, se presentó ayer como la principal "víctima" de una operación política en la que dice percibir el aroma de la vendetta. "Políticamente van a por mí", proclamó la presidenta. Su versión, de acuerdo con la cual prácticamente todo es mentira --excepto el seguimiento que sufrió el vicepresidente González--, la desplegó ayer también el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Para David Pérez, la investigación interna abierta por el PP no tiene sentido porque, a su juicio, quienes han culpado de espionaje a la Comunidad se han echado atrás.
Pese a ello, las pesquisas ordenadas por Rajoy siguen su curso. No así la investigación parlamentaria que promueven IU y el PSOE de Madrid, convencido de que el PP usará su mayoría absoluta en la Asamblea para abortarla. Los socialistas se han personado como acusación popular en el procedimiento judicial abierto sobre los supuestos espionajes.
(www.elmundo.es, 28/01/09)
EL TESORERO DEL PP PRESIONÓ PARA LOGRAR CONTRATOS DE LA COMUNIDAD
El actual tesorero y miembro de la Ejecutiva nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, hizo gestiones ante la Comunidad de Madrid en favor de la empresa de seguridad Serygur para que fuera adjudicataria de concursos públicos. Así lo han confirmado a EL MUNDO tanto en el Ejecutivo regional como en Serygur.
El hecho se remonta a diciembre de 2007, cuando Bárcenas pidió al entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, que adjudicara a Serygur la seguridad de la nueva Ciudad de la Justicia en la capital, un contrato valorado en 700.000 euros. Serygur fue finalmente la ganadora.
La actuación de Bárcenas pudo ser fácilmente interpretada en el Ejecutivo regional como una presión, puesto que era de facto el máximo responsable de finanzas de su propio partido político.
Bárcenas aún no había reemplazado en el cargo de tesorero a Alvaro Lapuerta, el octogenario responsable entonces de la gestión económica del PP, pero era su mano derecha. «El presidente del PP no tiene la más remota idea», afirmó ayer un portavoz del partido preguntado por la gestión de Bárcenas.
Al conocer su intervención en favor de Serygur, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, telefoneó a Bárcenas para que aclarara cuál era su interés en la sociedad. Este negó al lugarteniente de Aguirre que tuviera acciones de Serygur o algún interés económico. Justificó su gestión por su relación personal con los gestores de la empresa, que son el ex concejal de Madrid Ignacio del Río y, sobre todo, el ex director de Innovación Tecnológica del PP Alvaro de la Cruz.
«Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur.Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar al consejero Prada. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad», explicó ayer a este diario Alvaro de la Cruz.
De la Cruz es consejero delegado de Serygur y mantiene una larga relación de amistad con Bárcenas, puesto que ambos trabajaron juntos en la pasada década en la sede del PP en Génova. De la Cruz fue jefe de gabinete del entonces secretario general popular, Francisco Alvarez Cascos. Subraya que el contrato obtenido fue finalmente de 400.000 euros porque había una parte del servicio que no podía suministrar Serygur.
La empresa se jugaba más en otro contrato, el de la seguridad de la sede de la Presidencia madrileña, en el emblemático edificio de la Puerta del Sol. Serygur era la responsable de la vigilancia desde el año 2000, cuando la ocupaba Alberto Ruiz-Gallardón, pero podía perder la renovación en la pasada primavera y la necesitaba.Su facturación, que había superado los cinco millones de euros con la Comunidad, había decrecido en los últimos tiempos. El propietario de Serycur es, según el Registro Mercantil, José Luis Cuadros. «Nosotros no somos accionistas. En el verano de 2007 la empresa nos pidió que nos hiciéramos cargo de la gestión y firmamos un contrato mercantil», asegura De la Cruz. Este y Del Río son socios en Ciudad 21, que es la firma contratada por Serygur.
Llegó febrero de 2007 y el problema de Serygur, que cuenta con 400 empleados, era que había una decena de empresas, las más importantes del sector, que también pretendían encargarse de la importante vigilancia del edificio de la Puerta del Sol.
En la Comunidad aseguran que Bárcenas también se interesó por este caso concreto, pero De la Cruz lo niega. Del Río se reunió con González para sondear las posibilidades de continuar con el contrato, pero éste se remitió a su hombre de confianza Borja Sarasola. Este aseguró a De la Cruz y Del Río que sería un concurso abierto a todos los candidatos, incluido Serygur, pese a que sugirió que algunos de sus vigilantes habían incurrido en hurtos.
Las presiones de distintas empresas se sucedieron y, en coincidencia con este proceso, la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, recibió un anónimo. En él se le advertía de las relaciones entre la empresa que el sector considerada favorita, Segurisa, y el ex secretario de Estado de Comunicación y suegro de Sarasola, Pedro Antonio Martín Marín.
Segurisa está dirigida por Enrique Sánchez que, según el diario El País, es el empresario amigo de Ignacio González que viajó con él a Sudáfrica en marzo de 2007 junto a Martín Marín. No obstante, Segurisa, que se había adjudicado en 2006 la seguridad del Canal de Isabel II, no ganó el concurso de la Puerta del Sol. Tras el anónimo recibido, el Ejecutivo regional y Segurisa convinieron en que no era adecuado que concurriera a este concurso.
De la Cruz niega cualquier relación de su empresa con anónimos, espionajes o dossiers, y asegura que mantiene una relación normal con los dirigentes regionales. La adjudicataria final del contrato de la Puerta del Sol fue finalmente Segur Ibérica por decisión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2008. Logró el contrato para la vigilancia de Sol, las dependencias del Boletín Oficial regional y el Museo de la Plaza de Toros por 2,6 millones de euros.
«Bárcenas reaccionó con malestar al no resultar ganadora Serygur, pero no era la mejor oferta», aseguran fuentes de la Comunidad.Segur Ibérica está participada por distintos fondos extranjeros de capital riesgo y cuenta, como secretaria del consejo, con Marta Gil de Biedma, prima de Aguirre. «Gil de Biedma no ocupa ningún puesto ejecutivo en Segur Ibérica ni es accionista de esta sociedad», explican en el Gobierno, que niega irregularidades.
(www.elmundo.es, 28/01/09)
BLESA SE REBELA ANTE AGUIRRE, Y NIEGA ACTIVIDADES DE ESPIONAJE
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se mantiene en rebelión y da un nuevo paso. Tiene previsto presentar mañana al Consejo de Administración de la entidad un proyecto de nuevos estatutos que no recoge la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid para la renovación, este año, de la cúpula de la entidad financiera.Es decir, que no limitan el poder del Ayuntamiento de Madrid ni el de Izquierda Unida ni complican la continuidad del propio Blesa.
El argumento del presidente de Caja Madrid, apoyado por sus servicios jurídicos y Uría Menéndez, entre otros bufetes, es que la nueva ley no se puede aplicar al proceso electoral porque fue iniciado en octubre, antes de que entrara en vigor.
Sin embargo, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, sostiene que la ley incluye una disposición transitoria que la hace aplicable a los procesos electorales «que no hayan concluido» a la entrada en vigor de la misma, el pasado día 1.Las elecciones se completan en septiembre. Blesa intentará formar una mayoría en favor de sus estatutos y muy probablemente la consiga, porque los consejeros afines a Alberto Ruiz-Gallardón, Izquierda Unida y Comisiones Obreras suscriben su visión de que no cabe retroactividad.
Fuentes de la Comunidad relativizaron este hecho, puesto que la autoridad al respecto corresponde al Ejecutivo regional, ya que tiene el deber de tutela para que Caja Madrid aplique la normativa vigente. Beteta es competente para incluir o eliminar lo que considere oportuno en los estatutos para ajustarlos a la ley. No obstante, la posición de Blesa complica el golpe de autoridad que ha impulsado Esperanza Aguirre con su Ley de Cajas, al tener ésta abierto el frente político de los espionajes y de los dossiers.
Juan José Güemes, consejero de Sanidad y secretario de Comunicación del PP de Madrid, relacionó el pasado domingo el escándalo de los espionajes con Caja Madrid, lo que rechaza Blesa. El presidente de la entidad negó en la Comisión Ejecutiva de la caja del pasado lunes cualquier relación con los dossiers contra Aguirre o los espionajes al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Aseguró ante los miembros de este organismo que la caja nunca entraría en maniobras de este tipo y reivindicó la «decencia» de las actuaciones de la cuarta entidad financiera del país, según fuentes próximas.
(www.elmundo.es, 28/01/09)
AGUIRRE CONFIRMA QUE LAPUERTA MANEJÓ UN DOSSIER CONTRA GONZÁLEZ
La presidenta del Gobierno de Madrid, Esperanza Aguirre, confirmó ayer que el tesorero nacional del PP Alvaro Lapuerta manejó dossiers que afectaban a los dos hombres fuertes de su Gobierno: su vicepresidente, Ignacio González, y el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados.
Aguirre explicó que Rajoy le llamó para decirle que el tesorero tenía dos dossiers con presuntas irregularidades de los dos miembros de su Ejecutivo. «Inmediatamente les pedí que hablaran con el tesorero y aclararan cualquier asunto que pudiera poner en duda su honorabilidad».
Ambos fueron a la sede nacional del PP y se entrevistaron con Rajoy y con Lapuerta. Según Aguirre, «se demostró que todo ello era falso y calumnioso», con lo que el asunto se cerró. Incluso, como añadió ayer Aguirre, «el presidente del partido no le dio demasiada importancia».
Los hechos ocurrieron en marzo de 2008, después de las elecciones; aunque Aguirre aseguró ayer que fue en 2006. Distintas fuentes confirmaron a este diario que los hechos sucedieron el año pasado, dos meses antes del XIV Congreso Nacional del PP que se celebró en Valencia.
En aquellas fechas, González mantuvo otra reunión muy violenta con Rajoy. En la misma, el vicepresidente espetó a su jefe de filas que estaba «harto» de que se le estuviera investigando y de que «desde el partido» se estuvieran diciendo cosas que ponían en duda su honor y su honestidad.
Aguirre reclamó ayer «transparencia» para que se aclare la supuesta trama de espionaje, de la que dijo ser «una víctima». «Políticamente, van a por mí, no les quepa ninguna duda», aseguró. Volvió a pedir que la Justicia investigue la supuesta trama y añadió que ella es «la principal interesada en que todo esto se aclare».
La presidenta se mostró convencida de que «todo esto se aclarará y saldrán a la luz los responsables de este asunto y quienes hemos sido falsamente acusados de cosas que no hemos cometido en absoluto». Aguirre reiteró que tiene toda su «confianza puesta en los miembros» de su Gobierno «y, por supuesto, también en los miembros de la cúpula nacional de mi partido».
(www.elmundo.es, 28/01/09)
PONS VUELVE A CULPAR AL GOBIERNO DEL ESPIONAJE: "CUANDO ALGO MALO LE OCURRE AL PP, EL PSOE ESTÁ DETRÁS"
El virus de "la culpa es del otro" continúa extendiéndose entre los principales partidos españoles. Si ayer era la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, quien culpaba a todos los demás del caos creado en Madrid a raíz de la nevada del pasado 9 de enero, hoy le toca al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons.
"Al PSOE le viene muy bien la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid ", ha asegurado Pons, quien ha sentenciado que "cuando algo malo le ocurre al PP, el PSOE está detrás o anda cerca".
González Pons ha recalcado que la presunta trama saltó a los medios en la semana en la que más le convenía al PSOE y al Gobierno. "Esa semana supimos que 1,2 millones de españoles habían perdido su trabajo. Si el año que viene volvemos a tener los mismos datos tendremos cinco millones de parados", ha matizado Pons.
El vicesecretario de Comunicación del PP, quien culpó al Ministerio del Interior de estar detrás de la trama, ha explicado que "no lo dije yo, lo dijo el SUP -Sindicato Unificado de Policía-. "Había informaciones que sólo era posible acceder desde el Ministerio del Interior", ha añadido González Pons.
González Pons ha culpado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de estar infestado de ese virus de "la culpa es del otro". "Zapatero culpa a todo el mundo de las cosas que suceden, como si él no tuviera ninguna responsabilidad", ha asegurado Pons en referencia al programa de TVE Tengo una pregunta para usted.
"Zapatero trata a los ciudadanos como si creyeran en los Reyes Magos. Empezó el programa diciendo yo no he mentido, me puedo equivocar, y luego mintió en directo. Me importa lo que sucedió porque el presidente mintió en directo... y quien puede hacerlo en una cosa pequeña en directo, lo puede hacer en diferido en una cosa grande", ha argumentado González Pons.
(www.publico.es, 28/01/09)
Pons "el microbloguero"
"Los blogs no son inmediatos". González Pons, aficionado reconocido a las nuevas tecnologías, ha explicado que ha dejado su blog para dedicarse de lleno a "microbloguear, porque es más inmediato". "Con mis 1.200 amigos de Facebook voy al fin del mundo", asegura Pons, quien ha explciado que "el pasado fin de semana convocamos una quedada a través de Facebook". " Los ciudadanos han probado una calidad de democracia en Internet que no están dispuestos a no tener fuera de Internet", ha concluido González Pons.
(www.publico.es, 28/01/09)
DE COSPEDAL: "DECIR QUE GÉNOVA VA A POR ESPERANZA AGUIRRE ES UN DISPARATE"
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que es un disparate afirmar que la dirección del partido vaya a por Esperanza Aguirre y ha subrayado que el mayor daño político de la supuesta trama de espionaje se le está haciendo al PP.
En declaraciones a Telemadrid, De Cospedal ha respondido así al ser preguntada por si, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmara ayer que se sentía "una víctima" de las informaciones sobre una supuesta trama de espionaje, se puede pensar que "Génova va a por Esperanza Aguirre". "De ninguna manera, eso es un disparate", ha sentenciado la 'número dos' del PP.
De Cospedal -a la que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha ordenado una investigación interna sobre el supuesto espionaje- ha asegurado a continuación que "el mayor daño político", aparte del que se pueda hacer a las personas, "se le hace al Partido Popular".
La secretaria general del PP ha eludido explicar cómo está desarrollando la investigación interna que le ha encargado Rajoy, pero ha recalcado que tiene "la obligación" de defender "el buen nombre" de su partido. "Tenemos la obligación de defender la trayectoria intachable del PP. Haré todo lo que esté en mi mano para que sea así", ha señalado.
Ha considerado "lógico" que su partido esté "absolutamente indignado" porque algunos de sus miembros puedan haber sido objeto de seguimientos.
Para la secretaria general, Rajoy "ha hecho lo que tenía que hacer" al abrir una investigación que llegará "hasta las últimas consecuencias", aunque ha recordado que su partido solo puede depurar las responsabilidades políticas.
(www.publico.es, 28/01/09)
ESPIONAJE A POLÍTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
EL PAÍS destapa una trama de seguimientos a altos cargos del PP madrileños críticos con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por parte de ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior de Madrid. Éstos son sus principales personajes del escándalo.
Francisco Granados
Actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, ha ido escalando posiciones desde la alcaldía de Valdemoro a la secretaría general del PP de Madrid y al departamento de Presidencia del Gobierno regional para, más tarde, heredar el cargo que deja libre la salida de Prada, al que aspiraba también Ignacio González. Su departamento dirige a los ex agentes supuestamente dedicados al espionaje político en la región, aunque ha negado tajantemente la existencia de la trama.
Ignacio González
El número dos del Gobierno de Madrid fue objeto de seguimientos parapoliciales entre abril y mayo de 2008, en plena crisis del PP tras la derrota electoral. Fue espiado no sólo en Madrid sino también en un viaje a Cartagena de Indias (Colombia) y está documentado con imágenes. Es vicepresidente primero y portavoz del Gobierno y aspiraba a la cartera de Prada al igual que Francisco Granados, con quien mantiene una tensa relación.
Manuel Cobo
Vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, fue el segundo espiado del que dio cuenta EL PAÍS. Fue seguido en sus desplazamientos entre abril y mayo de 2008, unos meses en los que el equipo del alcalde respalda a Rajoy para que continúe al frente del partido tras perder las elecciones. Cobo ha confirmado que los datos publicados por EL PAÍS "son exactos" y ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid.
Alfredo Prada
Sufre seguimientos entre abril y mayo de 2008, cuando era consejero de Justicia. En esos meses, apoya la continuidad de Rajoy al frente del partido frente a los que piden su cabeza, liderados por Aguirre. En junio de 2008, sólo un año después de haber formado gobierno, la presidenta regional lo remodela para relevar a Prada junto a otro fiel a Rajoy, Manuel Lamela. En el Congreso del PP de Valencia, tres días antes de la crisis en el Ejecutivo madrileño, Prada entró a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de Rajoy y Lamela fue elegido como miembro. También vigilan en las mismas fechas al director de seguidad de la Consejería de Justicia, Juan Carlos Fernández, que dependía de Prada.
Álvaro Lapuerta
El histórico dirigente del PP Álvaro Lapuerta, tesorero del partido, alertó a Rajoy en mayo de 2008 de la existencia de un caso de espionaje político en Madrid. El propio Lapuerta estaba siendo vigilado, a su juicio por sus críticas a adjudicaciones sospechosas del Gobierno regional, y sus sospechas recaían en elementos parapoliciales al servicio de altos cargos de la Comunidad de Madrid.
Mª Carmen Rodríguez
Diputada autonómica del PP, su nombre y la matrícula de su coche figuran en uno de los partes del servicio de espionaje. El documento señala que el 27 de mayo come en el restaurante O Cruceiro, aunque ella lo niega. Este informe muestra que el aparato parapolicial marcó a personas que creían, con o sin motivo, que tenían relación con los espiados.
Alberto Ruiz-Gallardón
En contra de la línea oficial del PP de Madrid, que habla de un "gran bulo" orquestado contra Aguirre, el alcalde de Madrid ha dado credibilidad a la trama desde el principio y ha acusado a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" ilícito, puesto que la Comunidad de Madrid "no tiene competencia en seguridad". Este posicionamiento enojó a Aguirre, que le llamó a capítulo.
Mariano Rajoy
Cuando estalló el escándalo, respaldó a Aguirre: "Me ha dicho que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento del asunto y yo les creo". Pero la negativa de la presidenta a investigar, sus intentos de negarlo todo y sus amenazas con los tribunales le han convencido de la necesidad de intervenir. Ordenó a María Dolores de Cospedal abrir una investigación para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades". De Cospedal es, a la sazón, discípula de Aguirre.
Esperanza Aguirre
"¿Y usted por qué hace caso a EL PAÍS?", dijo la presidenta regional al ser preguntada por el asunto por primera vez. No compareció hasta el cuarto día y lo hizo para negar tajantemente que los seguimientos hayan sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de su administración. Además de poner la mano en el fuego por sus consejeros, amenazó con los tribunales a EL PAÍS y a cualquiera que crea que la trama se gesta en la Consejería de Interior.
Sergio Gamón
Ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre, fue director de Seguridad cuando se hicieron los espionajes (de mayo de 2006 a julio de 2008). "Entra nuestro director, Sergio", se dice en un informe. Su mano derecha es Miguel Castaño, ex subdirector general. Aparece supuestamente citado en esos informes como "Miguel".
Enrique Barón
Ex jefe superior de Policía de Madrid y actual director general de Seguridad de la Consejería de Interior. Sustituyó a Gamón después del escándalo por el robo de un ordenador de Juan Carlos Fernández, el responsable de seguridad de Prada, al día siguiente de que el consejero fuera destituido.
Marcos Peña
Responsable de un equipo de investigación a las órdenes de Francisco Granados. Es asesor de Seguridad, ex jefe de Seguridad de Iberdrola y fabricante de dossiers, uno de ellos para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con información falsa, según una sentencia judicial de enero de 2008.
(www.elpais.com, 28/01/09)
Interior de Madrid posee tres equipos de vigilancia paralelos
La estructura es fruto de las sospechas mutuas entre Granados y González
El departamento de Seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid tiene tres cabezas. Un director general, Enrique Barón (ex jefe superior de Policía de Madrid); un director del área de Seguridad, Sergio Gamón (ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre y ex director general de Seguridad), y un asesor de Seguridad, Marcos Peña (ex jefe de Seguridad de Iberdrola y fabricante de dossiers, uno de ellos para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con información falsa, según una sentencia judicial de enero pasado).
Pese a este organigrama, no hay ninguna dependencia jerárquica entre Barón, Gamón y Peña. Los dos últimos no responden ante el que debería ser su jefe natural, Enrique Barón. Esta insólita estructura en un departamento cuestionado por prácticas de espionaje a políticos (existen partes de seguimiento entre marzo y mayo de 2008 al vicealcalde, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, en los cuales los agentes señalan su dependencia de la Dirección General de Seguridad) obedece a la desconfianza instalada entre los distintos consejeros del Gobierno regional.
El más antiguo de los tres jefes de la seguridad autonómica es Sergio Gamón, fichado el 12 de mayo de 2006 como director general. Gamón era un viejo conocido de Esperanza Aguirre, con quien había trabajado en su etapa de ministra y presidenta del Senado. Cuando llegó a la Consejería de Interior, su titular, Alfredo Prada, tenía su propio hombre de confianza, Juan Carlos Fernández, que descendió un escalón en la consejería y se puso a las órdenes de Gamón.
Con el paso del tiempo, la desconfianza se instaló entre ambos, hasta el punto de que un día después de que Aguirre destituyera de su puesto de consejero a Alfredo Prada (26 de junio de 2008), Gamón acudió con sus hombres al despacho de Fernández y, según ha denunciado éste a la Fiscalía, le requisaron documentos y se llevaron su ordenador personal.
Durante todo el mandato de Gamón (mayo de 2006 a julio de 2008), según indican los colaboradores de Prada (consejero de Interior hasta junio del año 2007) y de Granados (consejero de Interior desde entonces hasta hoy), el director general no despachaba ni daba cuenta de sus actividades ante ellos, sino ante el vicepresidente regional, Ignacio González o ante el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, hombre de González.
Cuando Granados llegó a la consejería intentó montar su propio equipo, aunque no pudo echar a Gamón. Primero fichó a tres guardias civiles de Valdemoro como asesores de seguridad (septiembre de 2007) y nueve meses después contrató al ex policía Marcos Peña como jefe de estos tres.
Granados destituyó el 17 de julio de 2008 a Gamón cuando se hizo público el episodio del robo de documentos y de un ordenador en un despacho de la Consejería de Justicia. Había perdido la confianza en el principal jefe de Seguridad, pero no pudo deshacerse de él. Ese mismo día, cambió la estructura de su consejería para crear una dirección de Área de Seguridad.Una semana después nombró a Enrique Barón como sustituto de Gamón y, el mismo día de ese nombramiento creó otro cargo para poner a Gamón al frente de la dirección del área de Seguridad recién creada. Barón asegura que ni Gamón ni Peña dependen de él.
De los tres jefes, sólo uno de ellos, Sergio Gamón, estaba en la Consejería de Interior durante los meses en que, según ha quedado acreditado por distintos documentos, se hicieron seguimientos a políticos y, al menos, a un directivo de la Comunidad de Madrid al que se le acabaron requisando documentos y un ordenador personal cuando estaba ausente de su despacho.
La veracidad de los partes de seguimientos a políticos ha quedado acreditada por los datos secretos y exactos que contienen respecto a la actividad pública y privada a cualquier hora del día de las al menos dos víctimas del espionaje: Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, y Alfredo Prada, ex consejero de Justicia. También ha quedado probada por las anotaciones manuscritas que aparecen en los partes de seguimiento de matrículas de vehículos sin relación con la causa del espionaje político, que pasaban por determinados lugares y eran identificados por los espías. En los partes, los ex policías también hacían referencia al departamento de Interior de la Comunidad mediante distintas fórmulas refiriéndose a sus jefes inmediatos: Sergio Gamón, director General, y Miguel Castaño, su mano derecha y subdirector del departamento.
www.elpais.es 28.01.08
El hombre de Ignacio González en el Canal de Isabel II también ha sido espiado
Un autodenominado "centro de investigación" ha seguido el rastro de sus propiedades y las de su familia por toda España
El documento consta de 32 páginas, que se centran tanto en la fortuna del hombre de confianza de Ignacio González como en detalles de su vida privada: entre ellos, los domicilios que los investigadores creen que ha ocupado, e incluso las propiedades de su esposa, Concepción Ruano, con la que aparece casado en régimen de gananciales.
De hecho, el dossier incluye una ficha completa de Concepción Ruano, de quien subrayan su puesto como consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid desde 2006.
Como ejemplo de algunas de las investigaciones realizadas por este grupo de espías. En el dosier se lee textualmente: "Acudimos a una zona residencial, conocida como Vía de las dos Castillas, accedemos al portal de la vivienda y nos entrevistamos con conserjes de fincas cercanas que nos dicen que hablemos con el conserje más antiguo de la zona, quien nos confirma que el señor De Miguel vivió allí y nos indica su nueva dirección en otra urbanización".
Los autores del informe se identifican a sí mismos como "centro de investigación". Comienza con un recorrido por los que creen que pueden ser sus actuales domicilios, preguntan a vecinos y porteros, y en todos los casos piden después la información al registro de la propiedad para tratar de confirmar que es el titular de las casas. En total encuentran a su nombre dos pisos y un chalet de 634 metros cuadrados en la zona oeste de Madrid.
Fincas en la Ribera del Duero
El recorrido de los espías sigue no muy lejos de la capital, en una zona de viñedos del sur de Burgos, en la denominación de origen Ribera del Duero. Allí atribuyen al gerente del Canal y a su esposa la propiedad de casi 25 hectáreas de viñedo. La compra, siempre según este informe, se habría formalizado en el año 2004. Después de su nombramiento como máximo responsable del Canal, por detrás tan sólo de su mentor, el vicepresidente de la comunidad Ignacio González. En este caso, tampoco ahorran trabajo las personas que investigan a Ignacio González: localizan las fincas, se desplazan hasta ellas, transitan por caminos rurales y preguntan a la gente de la zona por sus propietarios.
Y en este caso, como en los anteriores, hacen sus propias valoraciones sobre el precio en el mercado de estas propiedades.
El dossier incluye toda una serie de fotografías de las casas de lujo y de las fincas cuya propiedad atribuyen al hombre de confianza de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Las imágenes recogen desde imágenes de las lujosas fincas hasta detalles de los buzones.
CADENA SER 27-01-2009
UN JUEZ APRECIA INDICIOS DE DELITO EN LA PRESUNTA TRAMA DE MADRID
José Sierra, titular del juzgado número 47 de Madrid, ordenó ayer incoar diligencias en el caso de los espionajes en la Comunidad de Madrid, al hallar indicios de delito en la denuncia presentada por Ignacio González, vicepresidente del Gobierno regional, sobre los dossiers que hacían referencia a dos de sus viajes al extranjero, uno público y otro privado, en los últimos ocho meses.
La actuación del juez se une a la emprendida hace varios días por el Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, que decidió abrir una investigación sobre los casos de espionaje que habían denunciado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada.
Estos dos últimos han sido objeto de seguimientos por un grupo de agentes que, según apuntan en sus partes de espionaje, dependen de la dirección general de Seguridad Ciudadana de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.
En dichos documentos, que acreditan el espionaje político -y que EL PAÍS puso a disposición de la Fiscalía de Madrid-, se detalla la dependencia de los supuestos espías tanto del "director Sergio [Gamón]", como de "Miguel [Castaño]", subdirector de la dirección general de Seguridad Ciudadana cuando ocurrieron los hechos. Ambos altos cargos fueron destituidos de sus puestos en junio de 2008, aunque el Gobierno de Esperanza Aguirre los ha mantenido en nómina con un salario de alto nivel en asuntos relativos a la seguridad.
Tanto el consejero de Interior, Francisco Granados, como el vicepresidente, Ignacio González, y la presidenta, Esperanza Aguirre, han rechazado que hubieran dado orden para los seguimientos a políticos en Madrid por parte de algunos de los trabajadores de la dirección general de Seguridad Ciudadana.
El titular del juzgado 47 de Madrid, José Sierra, se centra en el caso del espionaje que sufrió Ignacio González durante dos de sus viajes (uno público y otro privado) al extranjero.
En el primero, realizado en la Semana Santa pasada, González se trasladó a Johanesburgo junto a su amigo Pedro Antonio Martín Marín, y el empresario Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa. Los espías elaboraron un dossier donde se apuntaba que Sánchez González, que ha recibido contratos multimillonarios en el Canal de Isabel II, que preside Ignacio González, le había regalado el viaje a Johanesburgo. Las fotocopias de los billetes de avión reflejan que González pagó su viaje y el de su mujer, 8.000 euros, en metálico. El vicepresidente aseguró a EL PAÍS que lo hizo así porque le venía bien.
El segundo viaje, en el que sufrió seguimientos con cámara oculta del que hay testimonios gráficos, tuvo lugar a finales de agosto de 2008. González se desplazó como presidente del Canal de Isabel II hasta Cartagena de Indias (Colombia), donde fue fotografiado cuando entraba y salía del hotel en el que se alojó. González relata en su denuncia ante el juzgado que, basándose en la información publicada por EL PAÍS, podría haber sido objeto "de distintos seguimientos parapolicías en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados".
En la denuncia también se resalta que el espionaje podría haber afectado a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid. Se refiere a los partes de seguimiento, publicados por este periódico, en que personal a sueldo de la Consejería de Interior -y que citan expresamente a sus jefes- habrían seguido al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada.
Los meses del seguimiento parapolicial por presuntos agentes de la Consejería de Interior del Gobierno de Madrid -marzo, abril y mayo de 2008- coincidían con la mayor crisis interna del PP. Tanto Cobo como Prada se habían situado del lado de Mariano Rajoy, y enfrente de Esperanza Aguirre, en la batalla por el poder dentro del partido.
En el mismo periodo precongresual, en mayo de 2008, el entonces tesorero nacional del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, denunció ante su jefe, el presidente del partido, Mariano Rajoy, que tenía fundadas sospechas de que un aparato al servicio de la Comunidad de Madrid le estaba espiando. De hecho, en dos ocasiones le intentaron tomar fotografías en distintos actos privados.
Aunque Lapuerta exculpa expresamente a Esperanza Aguirre del supuesto espionaje, señala que se había enfrentado a algunos dirigentes de su Gobierno en relación con adjudicaciones de contratos que consideraba irregulares.
(www.elpais.com, - 27/01/09)
CLAVES PARA UNA INVESTIGACIÓN
Seguimiento a Cobo
- El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, fue espiado en abril de 2008, en plena batalla por el poder en el PP. Cobo confirma que lo publicado por EL PAÍS coincide con su agenda esos días y denuncia al fiscal el caso: "Quiero saber quién lo hizo, quién lo encargó y con qué fines".
Gamón y el 'dossier'
- Los espías siguieron al director de Seguridad de Justicia, Juan Carlos Fernández, al que apodaban El Cabezón y que dependía de Prada.
Tras ser destituido, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, requisó de su despacho documentación y un ordenador personal.
Viajes de González
- El vicepresidente de Madrid y número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, fue espiado en un viaje realizado a Cartagena de Indias (Colombia) en agosto de 2008. González viajaba como presidente del Canal de Isabel II; los informes de los espías apuntan a la supuesta connivencia del mandatario con un constructor que iba con él en la comitiva.
- Otro dossier revela que González viajó a Suráfrica en marzo pasado junto al empresario Enrique Sánchez. Los billetes (8.000 euros) fueron pagados en metálico. González afirma que lo pagó de su bolsillo.
- "Para realizar el seguimiento a mi persona, los autores de los hechos que se denuncian han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos, para organizar la grabación o las fotografías, y estar muy cerca de mí", afirma González en su denuncia.
Espionaje a Prada
- Alfredo Prada, ex consejero de Justicia, fue espiado antes de su destitución. En junio de 2008, tras más de tres meses de seguimiento y después de que Prada apoyase a Rajoy, Aguirre lo destituyó. Los espías llaman a su jefe "Sergio", supuestamente Sergio Gamón, director de Seguridad de la Comunidad.
El tesorero avisó
- Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, alertó a Mariano Rajoy en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado y de que sus sospechas recaían en elementos parapoliciales de la Comunidad de Madrid. Lapuerta, afín a Rajoy, exoneró en su denuncia a la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
(www.elpais.com, - 27/01/09)
COSPEDAL SE PREPARA PARA LLAMAR A LOS JEFES DE LOS ESPÍAS
La investigación interna del PP sobre el escándalo del espionaje en Madrid sigue su marcha. La secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, citó ayer a Manuel Cobo, otro de los espiados, mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Cobo le comentó lo ya sabido, según fuentes del PP, esto es, que tiene la absoluta certeza de que le siguieron.
La investigación entra ahora en una fase clave. Cospedal también quiere escuchar al ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, un veterano muy respetado en el partido, que en mayo de 2008 informó a Mariano Rajoy de que estaba siendo espiado. Sin embargo, lo más relevante es la intención de Cospedal de interrogar también a los jefes de los supuestos espías que han aparecido citados en las informaciones. La secretaria general tiene la orden de Rajoy de llegar hasta el fondo, "caiga quien caiga", en expresión del líder.
Entre los mandos citados estos días, y que sin duda tienen información para aportar a Cospedal, está Sergio Gamón, director de Seguridad cuando se hicieron los espionajes -"entra nuestro director, Sergio", se dice en un informe-. También Miguel Castaño, ex subdirector general y mano derecha de Gamón, aparece supuestamente citado en esos informes como "Miguel". Marcos Peña, responsable de un equipo de investigación a las órdenes de Francisco Granados, podría ser citado. Y Enrique Barón, el actual director general, que sustituyó a Gamón después del escándalo por el robo de un ordenador de Juan Carlos Fernández, el responsable de seguridad de Prada, al día siguiente de que el consejero fuera destituido.
Posible rechazo
Cospedal, según fuentes de la dirección, asume que algunos de estos cuadros podrían rechazar acudir a su despacho, porque no son miembros del PP, pero cree que no lo harán porque eso sería perjudicial para ellos a la hora de elaborar las conclusiones.
La investigación de Rajoy ha sentado muy mal en el Gobierno de Aguirre, que ha decidido no abrir ninguna. Francisco Granados, consejero de Interior, dejó en evidencia ese malestar al ser preguntado en Onda Cero si el PP madrileño había sido abandonado por la dirección nacional. "No diría que el PP se siente solo, pero en alguna ocasión sí hubiera preferido una declaración más contundente [de la dirección nacional]".
(www.elpais.com, - 27/01/09)
EMPLEADOS DE LA COMUNIDAD DENUNCIAN ACOSO POR NEGARSE A ESPIAR A POLÍTICOS
Los representantes de los trabajadores en la Comunidad de Madrid han denunciado que desde la Consejería de Interior se han encargado seguimientos a políticos que "rayan la ilegalidad" y que los trabajadores que se han negado a realizarlos han sufrido "acoso y hostigamiento".
El sindicato UGT, que asegura contar entre sus afiliados con 18 de los 40 miembros que conforman el núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior, ha enviado una explosiva carta -con fecha de 22 de enero y firmada por el secretario del sector de la Administración autonómica de Madrid, Francisco Javier Sanz-, al director general de la Función Pública del Gobierno regional, Miguel López González. "Como usted sabe, este colectivo conformado por unas 40 personas y que son empleados públicos (personal laboral fijo y funcionarios de carrera) de la Comunidad de Madrid, ha sufrido un hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años, por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender éstos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación a sus funciones y podrían rayar en ilegalidad".
El representante de UGT se refiere en su carta, sin mencionarlo expresamente, a tareas de seguimiento a políticos como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero de Justicia Alfredo Prada efectuado por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid que en sus notas del espionaje mencionaban expresamente a sus dos jefes Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y Miguel Castaño, subdirector.
La misiva de UGT añade: "Como en nuestra opinión es absolutamente incierto que todo el colectivo de seguridad esté o haya participado en los hechos mencionados anteriormente (...), solicitamos de esa dirección general que se abra una investigación desde la Inspección de los Servicios, a los efectos de determinar si los integrantes del servicio de seguridad de la Comunidad han participado de la 'supuesta trama' que se plantea, ya sean éstos personal laboral, funcionarios o cargos de confianza y asesores, y se confirme y restituya la honradez y el buen hacer de la mayoría de los integrantes de este colectivo".
El sindicato, que representa junto a otras centrales a los trabajadores de la Comunidad de Madrid, exige al director general de la Función Pública que "se actúe hasta las últimas consecuencias contra aquellos trabajadores, si los hubiera, que hayan participado de la supuesta trama a la que hacen mención determinados medios, extralimitándose en las funciones que tienen asignadas".
La carta toma como base las informaciones de este diario: "Durante los últimos días hemos estado asistiendo a diversas informaciones en los medios que imputan actividades supuestamente ilegales cometidas por personal de seguridad de la Comunidad de Madrid. Estos actos hasta el día de hoy han sido, insisto según los medios de comunicación, imputados al personal de confianza (asesores de seguridad, o lo que es lo mismo funcionarios de empleo)".
Hasta ahí el colectivo de trabajadores mantenía silencio, pero cuando Granados insinuó que poseía la misma estructura de seguridad que el Gobierno socialista de Joaquín Leguina, los agentes perdieron la calma. Porque ellos sabían que las actividades sospechosas o secretas que ha destapado este diario no tienen como foco el personal clásico al servicio de la Consejería de Interior, sino a "los paracaidistas" que han puesto pie en ella en calidad de "asesores" fichados por el consejero de Interior, Francisco Granados, u otros altos cargos del Gobierno, como el ex director general Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre.
De ahí la ira del colectivo de trabajadores de la Seguridad de la Comunidad de Madrid al constatar que por "por algún medio de comunicación se ha trasladado que podrían estar o haber participado en la supuesta trama técnicos especialistas en seguridad propios de la Comunidad de Madrid y, en concreto, encuadrados en la Consejería de Interior".
El colectivo tradicional de seguridad se declara ajeno a las labores que realizan los asesores de Granados. Por el contrario, según la nota de UGT, "se siente perjudicado por la deriva en la gestión de la seguridad generada por los sucesivos integrantes del grupo de cargos de confianza y asesores que ha traído el Gobierno regional, especialmente desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector, respectivamente, hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general".
(www.elpais.com, - 27/01/09)
"MADRID NO TIENE ESPÍAS".
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, hizo ayer todo lo posible en Bilbao por evitar cualquier comentario sobre el espionaje político. La Comunidad "no tiene espías", se limitó a afirmar ante la insistencia de los periodistas tras haber presentado en un acto a Antonio Basagoiti, candidato del PP a lehendakari. Basagoiti (con Aguirre en la foto) mostró su confianza en su compañera de partido y resumió su respuesta a varias preguntas al respecto diciendo: "No estoy por ayudar a nuestros rivales".
UN EX ALTO CARGO DE PRADA RECHAZA TENER UN 'DOSSIER' SOBRE GRANADOS
El ex responsable de Seguridad de la Ciudad de la Justicia Juan Carlos Fernández afirmó ayer en un comunicado que nunca ha tenido ningún informe sobre el patrimonio de Francisco Granados, sucesor de Alfredo Prada en la Consejería de Justicia. "Es rotundamente falso que yo haya jamás elaborado ningún dossier sobre el consejero de Presidencia de Madrid, Francisco Granados, ni de otra persona pública o privada", señala el comunicado.
Fernández añade que "jamás" ha recibido "el encargo de nadie para elaborar ningún informe o dossier" sobre "ninguna persona pública o privada". Sí admite que le fue robado su ordenador en el Campus de la Justicia: "Desapareció de mi puesto de trabajo y estos hechos fueron en su momento denunciados por mí ante la fiscalía". Los días previos al robo del ordenador -que, según fuentes del Ejecutivo regional, contenía un informe sobre el patrimonio de Granados y su esposa- Fernández fue seguido por ex policías que trabajan para la Comunidad de Madrid.
El ex alto cargo se mostró "absolutamente indignado por haber sido víctima de intolerables seguimientos ilegales que han sido desvelados por un medio de comunicación", en alusión a EL PAÍS.
(www.elpais.com, - 27/01/09)
GRANADOS NIEGA QUE EXISTA UN SERVICIO SECRETO EN SU CONSEJERÍA
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, insistió ayer, a través de una carta remitida a EL PAÍS, en que "es falso que el Gobierno de la Comunidad ordenara seguir, vigilar e investigar al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo". En la misma carta, recuerda que el ex policía Marcos Peña, al que Granados contrató en junio pasado, "no formaba parte del personal de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior" en las fechas en que se realizaron los seguimientos. Granados asegura que "es falso" que en su consejería "exista un departamento, se dedique personal o cualquiera otra infraestructura que tenga como finalidad el seguimiento, investigación o vigilancia que suponga la quiebra de derechos constitucionales de ciudadanos o empresas".
Granados comparecerá en la Asamblea de Madrid el próximo viernes para dar explicaciones sobre el caso de espionaje entre políticos en esta comunidad. La presencia de Granados, solicitada, entre otros, por él mismo, se aprobó ayer en la Diputación Permanente de la Cámara.
(www.elpais.com, - 27/01/09)
EL TESORERO DEL PP EXHIBIÓ UN DOSSIER CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
Poco tiempo después de las elecciones de marzo, Rajoy llamó a Aguirre y le explicó que tenía informaciones sospechosas de su 'número 2' - Aguirre envió a Granados a Génova y Rajoy le remitió al despacho del aún tesorero, Alvaro Lapuerta, quien le mostró los documentos - El propio González le pidió explicaciones y Lapuerta sacó una placa y le dijo que como policía honorario recibía mucha información
El ex tesorero del Partido Popular Alvaro Lapuerta ha manejado dossiers que afectan a altos cargos de la Comunidad de Madrid.
En el mes de marzo de 2008, tras las elecciones generales, Lapuerta -entonces todavía tesorero del PP- comentó al presidente del partido, Mariano Rajoy, que tenía en su poder datos teóricamente comprometedores que afectaban a dos altos cargos de la Comunidad de Madrid: Ignacio González y Francisco Granados, vicepresidente y consejero de Interior del Gobierno madrileño, respectivamente.
Rajoy transmitió la información a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, quien, a su vez, comunicó el mensaje a sus dos consejeros.
El primero en acudir a Génova para tratar de aclarar el asunto fue Granados, quien, tras una breve reunión con Rajoy, despachó con Lapuerta.
Posteriormente, fue Ignacio González quien se presentó en la sede central del partido con el fin de recibir de primera mano los detalles de la supuesta información comprometedora para él.
Alvaro Lapuerta, según diversas fuentes, sacó del cajón de la mesa de su despacho una carpeta en la que había anotaciones con cifras muy concretas sobre el patrimonio de ambos. En particular, sobre el número dos de la Comunidad de Madrid.
El tesorero del Partido Popular le espetó a González que no veía justificación a su patrimonio personal y le mostró datos sobre la compra de su casa, sobre sus créditos e, incluso, sobre el coste de su mobiliario. Además, criticó algunas de las adjudicaciones de la Comunidad, al margen de otros comentarios de índole personal.
Cuando González negó la veracidad de la información, le recriminó su actitud inquisitorial y le preguntó sobre el origen de los documentos que exhibió en su presencia, Lapuerta se limitó a decirle que él había trabajado en Interior, que era policía honorario -llegó a mostrarle una placa del Cuerpo Nacional de Policía- y le aseguró que tenía muchos contactos en la Policía y en la Guardia Civil.
González transmitió a Rajoy la insólita conversación con Lapuerta (de la que también tuvo conocimiento el entonces todavía secretario general del partido, Angel Acebes), pero el presidente popular le restó importancia: «Ya sabes, Lapuerta es un hombre muy mayor. No te preocupes». De hecho, el asunto no tuvo mayor trascendencia y el PP no abrió ningún tipo de investigación interna sobre las supuestas irregularidades de los consejeros de Esperanza Aguirre.
Hay que tener en cuenta que en esas fechas ya se comenzaba a especular sobre la posibilidad de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se presentase como candidata a la Presidencia del PP en el congreso que habría de celebrarse en el mes de junio en Valencia.
Mariano Rajoy, según ha podido saber EL MUNDO, no utilizó en ningún momento esa información en su beneficio. Sin embargo, un par de meses después de las citadas comparecencias en la sede del partido (es decir, en torno al mes de mayo de 2008), Lapuerta, según declaró a El País y ha confirmado el PP a EL MUNDO, denunció ante Rajoy que estaba siendo sometido a vigilancia. De la misma sospecha fueron informados su segundo y ahora tesorero, Luis Bárcenas, y el ex vicepresidente y consejero de Justicia de Madrid, Alfredo Prada.
El propio Lapuerta señaló ante sus interlocutores a elementos de la Comunidad de Madrid como responsables de los supuestos seguimientos de los que estaba siendo objeto.
Según fuentes del PP, Lapuerta en ningún momento comentó previamente con Rajoy su conversación con El País, en la que daba cuenta de que había sido objeto de seguimientos.
(www.elmundo.es, - 27/01/09)
BARÓN Y PEÑA RECHAZAN DECLARAR ANTE DE COSPEDAL
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, continuó ayer la investigación interna abierta por su partido para determinar presuntas responsabilidades en el supuesto caso del espionaje.En primer lugar, pasó por su despacho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, como uno de los presuntos espiados, al igual que la semana pasada lo hicieron Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Ignacio González y Alfredo Prada.
Sin embargo, la número dos del PP recibió también las primeras calabazas. Llamó al director general de Seguridad, Enrique Barón, y al técnico de la Dirección General Marcos Peña, pero ninguno de los dos quiso acercarse hasta la calle de Génova. Fuentes próximas al primero explicaron que había decidido no acudir a la sede del partido porque él no es militante del PP y no tiene por qué responder ante nadie, salvo ante los jueces o sus superiores.Un argumento similar debió utilizar Marcos Peña, que tampoco quiso ser interrogado por De Cospedal.
Granados, a la Asamblea
Por su parte, la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid decidió ayer que el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, comparecerá -a petición propia- ante la Comisión homónima.El consejero tendrá oportunidad de dar explicaciones el viernes por la mañana. Granados ya ha avanzado que dará todos los detalles que obren en su poder sobre el asunto y que explicará que lo publicado por el diario El País es «una gran mentira».
(www.elmundo.es, - 27/01/09)
EL JEFE DE LA UNIDAD PARAPOLICIAL DE GALLARDÓN CONTROLA A TODOS LOS EDILES
El grupo de Unidad de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid, una unidad parapolicial al servicio del alcalde de la capital, está integrada por 21 agentes y está dirigida por Juan Carlos Durán, un antiguo sargento de la Guardia Real. Este grupo funciona al margen de la estructura de la Policía Municipal y escapa del control del inspector jefe del Cuerpo, Emilio Monteagudo, según denunció la Unión de Policía Municipal, el sindicato mayoritario en esta institución de la capital de España.
Como ya publicó ayer este periódico, en teoría este grupo se encarga de la seguridad del alcalde y en ocasiones también escoltan a los seis concejales delegados del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, nadie sabe a qué se dedican estos agentes cuando no acompañan al alcalde como grupo de avance. Sus actividades no se recogen en ningún parte.
Juan Carlos Durán, el responsable de este grupo parapolicial, es un hombre de absoluta confianza de Alberto Ruiz-Gallardón y de Pedro Calvo. Durán es muy temido dentro del Cuerpo de Policía Municipal. Y no sólo manda en la Unidad de Seguridad Operativa, sino que también maneja a su antojo el Grupo de Escoltas y Contravigilancias (GEP), al que está negando continuamente las libranzas. Es decir, que controla todos los movimientos de los concejales y tiene acceso diario al registro en el que los policías municipales informan de su turno de escolta y protección.
Durán tiene a su disposición 21 agentes. Además, cuenta con un sargento que responde a las iniciales de J. E., y con el cabo J. L. S. R. El agente L.R.M. actúa como unión entre los responsables y el resto de agentes. El sargento tiene un plus de 1.800 euros al mes, mientras que el cabo y el coordinador reciben un sobresueldo de 400 euros.
Estos agentes del grupo de Durán tienen privilegios especiales y cobran más que otros policías. En cambio, no gozan del mismo estatus los agentes del Grupo de Escoltas y de Contravigilancia a los que Durán les impide librar desde hace varias semanas.
Según el sindicato UPM, Durán usurpa funciones básicas del GEP con el beneplácito de la oficial de la Unidad de Vigilancia y Protección y del resto de mandos del Cuerpo.
uentes sindicales han denunciado que Durán ha llegado a amenazar a los agentes uniformados y que es famoso por su arrogancia y su soberbia.
En el día de ayer, Durán se reunió con el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid y con varios de sus agentes. En uno de los encuentros se amenazó a quien contara algo de las actividades a la prensa. Durán ocupó el cargo de jefe de Seguridad cuando Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid y fue una de las personas que llegó al Ayuntamiento cuando éste ganó las elecciones y se convirtió en alcalde de la capital.
Por su parte, Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, tiene previsto presentar un escrito en la Fiscalía, en el que tras la denuncia del sindicato UPM, solicita que «sean investigados los expedientes, funciones y actuaciones que se ha practicado esta brigada parapolicial».
(www.elmundo.es, - 27/01/09)
PRADA NIEGA QUE TUVIERA DOSSIERES SOBRE NADIE
El ex consejero de Justicia de Madrid y director del PP en el exterior, Alfredo Prada, manifestó ayer que el ordenador de la Consejería de Justicia que fue requisado cuando él fue destituido de su puesto en la Comunidad no contenía «la mas mínima información referida a ninguna persona» ni «a ningún miembro del Gobierno regional», en contra de lo que ayer publicó El País.
En declaraciones a Efe, Prada se ha mostrado «convencido» de que en ese ordenador, que fue requisado a Juan Carlos Fernández, no habría más que «correos, archivos o documentos, pero desde luego ninguno referido a ningún miembro del Gobierno». El propio Fernández también desmintió la noticia. En un comunicado, afirmó ayer que nunca ha obrado en su poder ningún dossier sobre nadie.
(www.elmundo.es, - 27/01/09)
AGUIRRE: "SOY UNA VÍCTIMA DE TODO ESTO. POLÍTICAMENTE VAN A POR MÍ"
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reclamado "transparencia" para que se aclare la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, de la que se siente "una víctima" porque "políticamente van a por mi". Aguirre, que ha presidido hoy un homenaje a las víctimas del Holocausto nazi en la Asamblea de Madrid, ha reclamado insistentemente "transparencia" y que la Justicia investigue la supuesta trama de espionaje pues, ha insistido, "yo soy la principal interesada" en que todo esto se aclare".
La presidenta ha recordado que el Juzgado de Instrucción ha decidido ayer abrir diligencias sobre este caso, a raíz de una denuncia presentada por la Comunidad de Madrid, lo que, ha dicho, "quiere decir que ha visto indicios de delito en el espionaje " al vicepresidente de su Gobierno, Ignacio González.
Se ha mostrado convencida de que "todo esto se aclarará y saldrán a la luz los responsables de este asunto y quienes hemos sido falsamente acusados de cosas que no hemos cometido en absoluto".
"Mi interés es transparencia y aclarar absolutamente todas las imputaciones falsas que se nos han hecho a los miembros del Gobierno de Madrid y los indicios de delito que se nos han puesto de manifiesto en estos días" ha señalado Aguirre que desea que "singularmente" se averigüe la responsabilidad del espionaje a Ignacio González.
(www.publico.es, - 27/01/09)
LA TRAMA DE ESPIONAJE PONE A PRUEBA A RAJOY
Los dirigentes del PP están preocupados por la marcha de su partido. El conflicto de Caja Madrid y la supuesta trama de espionaje, que afecta a varios de sus compañeros, ponen de nuevo a prueba el liderazgo de Rajoy.
Son muchos los que consideran que la situación que se está viviendo es el resultado de una mala gestión. Y no dudan en culpar, en ese sentido, a Mariano Rajoy. Hay quien cree que tenía que haber dado hace mucho tiempo un puñetazo sobre la mesa para poner fin a las peleas entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
"Es un lío eterno y él nunca ha sido capaz de parar este enredo que daña la imagen del partido", afirma un diputado. Otro considera que "se le ha ido de las manos" y que tendría que "ejercer de presidente".
Es verdad que en más de una ocasión les ha dado un toque de atención pero ha resultado inútil. Y se ha demostrado que esta herida lleva un año sin cerrarse. Nadie olvida que el 15 de enero de 2008, Rajoy comunicaba a ambos líderes que no irían en las listas para las generales. El regidor había mostrado gran interés por estar en el Congreso y Aguirre estaba dispuesta a renunciar a la Comunidad para convertirse en diputada. Ella lanzó su órdago y ganó el primer round.
El segundo se disputó antes del Congreso Nacional. Hasta el último minuto se barajó la posibilidad de que Aguirre presentara una candidatura alternativa. Todos lo pensaron tras escucharla en una encendida defensa de las ideas liberales.
Rajoy llegó sólo a la cita y finalmente salió respaldado con algo más del 70 por 100 de la militancia. Incluyó a Gallardón en su equipo. Y buena parte de los que le habían cuestionado se refugiaron bajo el techo del PP de Madrid.
Las peleas entre Aguirre y Gallardón han continuado. Para algunas personas del partido conservador, Rajoy se tenía que haber plantado y no haber esperado a que le estallara un escándalo "tan bochornoso como éste". Creen que Caja Madrid era un aviso de lo que se avecinaba y que no quiso verlo. Prefirió mantenerse neutral y callado. Mientras Aguirre trataba de hacerse con el control de la entidad financiera, Gallardón se aliaba con su presidente, Miguel Blesa. El silencio de Rajoy se rompió hace unos días. Su consejo: recomendar que fuera el Banco de España quien tutelara la caja para que está se despolitizara por completo.
Cuando saltó la polémica del espionaje , Rajoy dijo que creía a Aguirre. Pero un día después lanzaba un rotundo comunicado que desataba definitivamente la guerra entre ellos. "Más vale tarde que nunca", piensa un miembro del Comité Ejecutivo Nacional.
No obstante, hay en el partido quien cree que pese a que pueda parecer que su líder ha actuado con un poco de retraso, lo ha hecho "con la prudencia que le caracteriza". En este sentido, una diputada nacional recuerda que Rajoy "lidera el primer partido de la oposición y mide mucho que sus actuaciones puedan ir en contra del PP".
Ahora en este juego a tres bandas, Rajoy debe demostrar su capacidad de liderazgo. Para muchos se juega su prestigio. Y también su fuerza porque ésta ha sido la primera vez que se enfrenta de verdad a Aguirre. Por eso, a los marianistas les recorre un temor: que si la presidenta de la Comunidad de Madrid sale ilesa vaya a por él sin miramientos.
A este contexto se le suma además otro elemento. El líder del PP ha tenido que soportar esta semana cómo altos cargos Ruiz-Gallardón, Fraga o Mayor Oreja recordaban que había que seguir contando con el ex presidente Aznar. (www.publico.es, - 27/01/09)
Aguirre: "La Comunidad de Madrid no tiene espías"
Feijoo afirma que el PP tienen la "obligación" de saber quién está detrás de la trama de espionaje.- El consejero de Presidencia Granados comparecerá el viernes ante la Asamblea madrileña
La presidente del Gobierno madrileño, Esperanza Aguirre, ha manifestado esta mañana que "la Comunidad de Madrid no tiene espías" ante las preguntas de la prensa en torno al escándalo de espionaje político en su región, informa Javier Rivas. Tras acudir junto a Antonio Basagoiti, candidato del Partido Popular (PP) en las elecciones vascas, a un desayuno informativo celebrado en Bilbao, la presidenta ha eludido entrar en profundidad y se ha limitado a rechazar que el Ejecutivo que dirige esté detrás de los seguimientos a su número dos, Ignacio González, el ex consejero Alfredo Prada o el vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo.
Durante el acto, Basagoiti, líder del PP vasco elegido por Mariano Rajoy para cubrir la dimisión de María San Gil, ha ofrecido su apoyo a Aguirre y ha afirmado que confía en ella. "No estoy por la labor -ha añadido Basagoiti- de echar una mano a nuestros rivales". En el mismo sentido se ha pronunciado Jaime Mayor Oreja, candidato a los comicios europeos. "Es injusto -ha expresado Mayor Oreja en una entrevista con Onda Cero- pensar que esté en la soledad más absoluta en el partido".
"Ni aceptable ni agradable"
Otro de los líderes que se someten este año al examen de las urnas y por tanto uno de los que más tiene que perder en una crisis interna del partido, el presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado hoy que tanto su partido como la sociedad quieren que se aclare el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid y "que se sepa quién está detrás", porque, de ser "real", no sería "ni aceptable ni agradable". En un desayuno de Nueva Economía Fórum, Núñez Feijoo ha insistido en que el PP tiene la obligación" de averiguar "quién está detrás" de los supuestos seguimientos a altos cargos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, y que ese es su objetivo.
En el desayuno informativo al que ha acudido Feijoo también se han dado cita la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el presidente fundador, Manuel Fraga, y algunos de las víctimas de la trama de espionaje como Manuel Cobo y Alfredo Prada. En un marco de la investigación interna abierta en el PP, Cospedal se ha reunido esta mañana con el vicealcalde de Madrid. Esta semana, Cospedal tiene previsto continuar con las reuniones con otros protagonistas de la trama, víctimas en este caso, entre ellos el ex tesorero del partido Alvaro Lapuerta y la diputada Carmen Rodríguez Flores. La pasada semana, la número dos del PP ya habló con Aguirre, González, Prada y el consejero de Presidencia, Francisco Granados.
Es el quinto cargo implicado en los supuestos seguimientos de la trama de espionaje con el que se reúne De Cospedal, que ya durante la semana pasada, en cuanto el presidente del PP, Mariano Rajoy, ordenó comenzar una investigación, se entrevistó personalmente en la sede del partido con la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y con el consejero de Interior, Francisco Granados.
Granados comparecerá el viernes
Precisamente Granados comparecerá el próximo viernes 30 de enero ante una comisión extraordiaria de su cartera (Presidencia, Justicia e Interior) en la Asamblea madrileña. La comparecencia, a petición propia, ha sido aprobada por PSOE y PP. IU se ha abstenido por considerar que no entrará en el fondo debido a que no será en pleno -como exigían el PSOE e IU- y acudirá a la Cámara para informar sobre cómo su Consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones". La portavoz de IU, Inés Sabanés, ha advertido de que una comparecencia de Granados para "explicar cómo funciona su Consejería" sería una "tomadura de pelo", mientras que el portavoz del PP, David Pérez, ha sostenido que es una "práctica totalitaria aborrecible exigir a alguien a quien se le imputan acusaciones no demostradas que demuestre su inocencia".
Por su parte, la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, ha citado una de las célebres frases del presidente de EE UU, Barak Obama, para transmitir a los populares que los socialistas están "dispuestos a tenderles la mano, si abren el puño" en este asunto. Granados cuenta con un cuerpo de al menos cuatro personas, un ex inspector de Policía, Marcos Peña, y tres ex guardias civiles, que lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP con los que la dirección regional mantiene tensas relaciones, informa Francisco Mercado.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), ha exigido hoy a Aguirre el "desmantelamiento inmediato" de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad, de la que depende el grupo que supuestamente ha espiado a varios políticos. Para Gómez, esta dirección es, o bien "un cuerpo parapolicial, una organización ilícita", o bien "no tiene ningún sentido" que exista porque la Comunidad de Madrid carece de competecias en la materia.
Granados apunta otra vez a Caja Madrid
En una entrevista con El Economísta, Francisco Granados ha indicado que la lucha de poder en torno al control de Caja Madrid ha podido crear "algunos enemigos" al Gobierno regional dentro de esa entidad, que podrían "ser autores" de la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Se trata de la segunda vez que apunta a la entidad financiera. Granados ha reiterado que desconoce "quien ha facilitado, financiado y montado la infraestructura" que ha hecho posible que varios altos cargos de la política madrileña hayan sido seguidos en los últimos meses.
Sin embargo, otros miembros del Ejecutivo desconocn cualquier vinculación entre la trama y Caja Madrid. Así ha respondido el consejero de Economía, Antonio Beteta, a preguntas de los periodistas. "El consejero (Francisco Granados) sabrá" por qué vincula estos dos asuntos, ha dicho Beteta
www.elpais.es 26.01.09
Funcionarios de Madrid denuncian acoso por negarse a seguir a políticos
Los trabajadores rechazaron las tareas exigidas porque eran una "extralimitación" a sus funciones y podían rayar en la "ilegalidad"
El Gobierno de Esperanza Aguirre tiene desde el 22 de enero una denuncia de representantes de trabajadores de la Comunidad de Madrid en la que se sostiene que empleados de la Consejería de Interior "han sufrido hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años por no prestarse a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación", en referencia al espionaje a políticos desvelado por EL PAÍS. Los trabajadores, según la denuncia enviada por el secretario de Administración Autonómica de UGT al director de la Función Pública, Miguel López González, rechazaron esas "tareas" porque "podrían rayar en la ilegalidad". UGT pide que se aclare quiénes han participado en la "supuesta trama" de espionaje.
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, califica de "intolerable" el silencio de la presidenta Esperanza Aguirre en torno a la trama de corrupción y espionaje albergado supuestamente en el Gobierno regional.
El sindicato UGT, que asegura contar entre sus afiliados con 18 de los 40 miembros que conforman el núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior, ha enviado su explosiva carta al mencionado director general. "Como usted sabe", dice textualmente la misiva, "este colectivo conformado por unas 40 personas y que son empleados públicos (personal laboral fijo y funcionarios de carrera) de la Comunidad de Madrid, ha sufrido un hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años, por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender éstos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación a sus funciones y podrían rayar en ilegalidad".
Aunque no lo señala explícitamente, el representante de UGT se refiere a tareas de seguimiento a políticos como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero de Justicia Alfredo Prada efectuado por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid que en sus notas del espionaje mencionaban expresamente a sus dos jefes Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y Miguel Castaño, subdirector.
La carta de UGT agrega: "Como en nuestra opinión es absolutamente incierto que todo el colectivo de seguridad esté o haya participado en los hechos mencionados anteriormente (...), solicitamos de esa dirección general que se abra una investigación desde la Inspección de los Servicios, a los efectos de determinar si los integrantes del servicio de seguridad de la Comunidad han participado de la 'supuesta trama' que se plantea, ya sean éstos personal laboral, funcionarios o cargos de confianza y asesores, y se confirme y restituya la honradez y el buen hacer de la mayoría de los integrantes de este colectivo".
El colectivo de trabajadores de la Comunidad de Madrid mantenía silencio en estos días, pero cuando el consejero de Interior, Francisco Granados, insinuó que poseía la misma estructura de seguridad que el Gobierno socialista de Joaquín Leguina, los agentes perdieron la calma. Porque ellos sabían que las actividades sospechosas o secretas que ha destapado EL PAÍS no tienen como foco el personal clásico al servicio de la Consejería de Interior, sino a "los paracaidistas" que han puesto pie en ella en calidad de "asesores" fichados por Granados u otros altos cargos del Gobierno, como el ex director general Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre.
El juez ve indicios de delito en espionaje al número dos de Aguirre y lo regaña por no poner él la denuncia
José Sierra, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha decidido abrir diligencias para indagar en la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, entre cuyas víctimas se sitúan el vicepresidente, Ignacio González, el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo y el ex consejero de Justicia regional, Alfredo Prada. El magistrado ve indicios de delito en la cuestión –aunque la denuncia, presentada el pasado día 20, sólo recoge el caso del número dos de Aguirre- y considera que “los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
El vicepresidente de Madrid, espiado con cámaras ocultas en varios viajes
El País se reafirma: “La presidenta Aguirre debe una explicación sobre el espionaje”
Aguirre achaca en ABC “el montaje” del espionaje a los socialistas
Granados presidió la Comisión Investigadora del tamayazo y ahora es presunto impulsor de una...
El Gobierno regional también espió a un hombre de confianza del ex consejero Prada, destituido...
No hay dos sin tres: el ex consejero Prada, afín a Rajoy, también fue espiado
Cobo denuncia ante la Fiscalía el "espionaje parapolicial" que sufrió
El partido de ultraderecha Alternativa Española se presenta como acusación contra la clínica...
Gónzalez: "Espero conocer toda la verdad y que recaiga sobre los promotores de los seguimientos...
Sierra es el mismo magistrado que instruyó el sumario del caso de la clínica de abortos Isadora, un proceso abierto en 2007 y salpicado por múltiples denuncias de “irregularidades”. Entre otras cosas, permitió que se personara en la causa el partido ultraderechista Alternativa española lo que les habría permitido acceder a los historiales de las mujeres que abortaron en la clínica. Tanto la Fiscalía como la propia clínica recurrieron tal decisión y se está a la espera de que se resuelvan ambos recursos en la Audiencia Provincial.
Denuncia de la Comunidad de Madrid
Ahora, el polémico magistrado, tras recibir la denuncia sobre la trama de espionaje en la Comunidad presentada por el secretario general del Gobierno regional, Salvador Victoria Bolívar, ha decidido incoar diligencias previas. Dicha denuncia esta fechada el 20 de enero y sólo se refiere al supuesto seguimiento que se hizo al número dos de Aguirre, Ignacio González.
¿Dónde está González?
Antes de iniciar las diligencias, el magistrado ha pedido a Victoria que aclare si ha interpuesto la diligencia en nombre de la Comunidad o del vicepresidente, dejando claro que, en su opinión, debía ser este último quien la interpusiera en calidad de víctima. Sierra ha dado al secretario general de Madrid cinco días de plazo para aclarar si actuó “únicamente en razón de su cargo” o “igualmente en nombre y representación de la persona agraviada”, citando el artículo 201 del Código Penal según el cual es “necesaria” la denuncia de "la persona agraviada o de su representante legal”.
El objeto de la denuncia
Tal como consta en el auto del juez, el objeto de la denuncia son los hechos publicados por el diario El País la semana pasada, es decir, los “distintos seguimientos parapoliciales” hechos al vicepresidente “en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados”. El texto judicial también recoge que en los seguimientos se utilizaron cámaras ocultas y se elaboraron informes con fotografías, documentos privados e información reservada.
Granados comparecerá
Por su parte, el número tres de la Comunidad, Francisco Granados, a quien muchos ven como la mano negra tras los supuestos seguimientos, comparecerá en la Asamblea regional el próximo viernes 30 de enero ante una comisión extraordinaria de Presidencia, Justicia e Interior –su cartera-. Granados acudirá a petición propia para informar de cómo Consejería “ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones”.www.elplural.com 26.01.09
"La campaña de Rajoy y Gallardón para liquidar el PP de Madrid va a todo trapo"
“La campaña de Rajoy y Gallardón para liquidar el PP de Madrid va a todo trapo”. Así ha valorado esta mañana desde la COPE Federico Jiménez Losantos la supuesta trama de espionaje que, según las informaciones de El País, la Consejería de Presidencia e Interior madrileña ha organizado para llevar a cabo seguimientos a distintas personalidades del propio PP regional. El locutor ha insistido en su programa de hoy en apuntar a Mariano Rajoy y Alberto Ruiz Gallardón como los creadores de esta trama para “acabar” con Esperanza Aguirre, ya que esta supone, según dijo, “un obstáculo en la carrera de Rajoy hacia la nada y en la carrera de Gallardón hacia el sillón de Mariano”.
El Mundo denuncia la existencia de una "unidad parapolicial", esta vez dependiente Gallardón
El País se reafirma: “La presidenta Aguirre debe una explicación sobre el espionaje”
Aguirre bromea: “¿A ti no te he espiado, con lo todopoderoso que eres?”
Explosivas declaraciones del periodista de El País que ha desvelado la "sucia" trama de espionaje
El comunicado de Génova sobre el espionaje también es una declaración de guerra de Rajoy a...
Losantos sentencia: Blesa y Gallardón, culpables del espionaje al número dos de Esperanza Aguirre
"Rajoy es una víctima de la ambición desmedida de Gallardón y Aguirre"
Los medios de la derecha siguen haciendo campaña a favor de Esperanza Aguirre y no cesan en su empeño de defender a la presidenta madrileña de las informaciones sobre una supuesta trama de espionaje que apuntan a su Ejecutivo. Si el diario El Mundo contraatacaba hoy a las informaciones de El País asegurando que en la Comunidad de Madrid existe otra red de vigilancia parapolicial, esta vez dependiente del Ayuntamiento, el siempre cercano a Aguirre, Federico Jiménez Losantos, tiene claro que las noticias del grupo Prisa al respecto forman parte de “una campaña emprendida por Gallardón y Rajoy para acabar con el PP de Madrid, porque Aguirre es un obstáculo en la carrera de Rajoy hacia la nada, y en la carrera de Gallardón hacia el sillón de Mariano, que tiene que estar al caer ya”.
"Los Hombres G"
“Los Hombres G no son los de David Summers, no, son los hombres del oneroso déspota de ambiciones”, apuntó el locutor de la radio de los obispos, recogiendo la información del rotativo de Pedro J. Ramírez, y exigió a Gallardón, al que también se refirió como “el faraón” o “la Carla Bruni de la derecha española”, que explique la existencia de esta supuesta segunda trama. “Seguro que lo explica, porque es un hombre transparente. El licenciado vidriera era de hormigón a su lado”, ironizó.
A Rajoy le "sobra" Aguirre
Tampoco ahorró en descalificaciones a Mariano Rajoy, a quien acusó de dar ayer un “discurso” sobre la unidad del partido que se convirtió en “una colección de mentiras y bobadas”. “¿Qué unidad del PP, si desde las elecciones de marzo nunca ha tenido menos unidad el PP? Has destrozado el PP vasco, lo has hundido en Cataluña y te lo quieres cargar en Madrid”, acusó a Rajoy, y le echó en cara que le “sobra Aguirre”.
"Verte nos produce repulsión"
“Si el que no gustas eres tú. Vete a un congreso democrático, no a una chapuza búlgara infecta como lo de Valencia, y si te votan lo militantes, pues muy bien, tendrás legitimidad, ahora no tienes ninguna, ninguna. Y desde lo de San Gil, verte a muchos de los votantes del PP, que lo hemos sido, nos produce repulsión por no decir otra cosa”, le recriminó.
"Interés de banda"
Además insistió en que el alcalde madrileño y el líder del PP están llevado a cabo esta operación “por puro interés de banda”, porque la carrera “escuálida” y “vermiforme” de Rajoy “se terminó” y ahora está obligado a “ir matando con tal de que no haya sucesión”. “Se trata de la lucha por el poder del PP, porque en menos de un año, el PP está para los leones, está descompuesto”, añadió.www.elplural.26.01.09
EL EX POLICÍA QUE FICHÓ GRANADOS URDIÓ UN BULO CONTRA EL GOBIERNO DE ZAPATERO
El ex policía Marcos Peña estuvo en el origen de una información falsa contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2006. La información se refería a un supuesto trato de favor en el escándalo del fraude de la filatélica Afinsa (que estafó supuestamente a 140.000 clientes y que tenía un agujero patrimonial de 1.105 millones de euros), según una sentencia conocida en el mes enero de 2008. Apenas seis meses después, el Gobierno de Esperanza Aguirre fichó a Peña como asesor de la Comunidad de Madrid.
Desde entonces, Marcos Peña forma parte del equipo de confianza en materia de seguridad del consejero de Interior de la Comunidad, Francisco Granados. Lo contrató por recomendación del diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, según fuentes del Gobierno autonómico. Del Burgo se distinguió como parlamentario por alentar otro bulo, el del 11-M, que pretendía involucrar a ETA en el atentado islamista en los trenes de Madrid.
La información falsa cocinada por Marcos Peña apareció entre mayo y junio de 2006 en el diario El Mundo e involucraba a Jorge Blázquez Lidoy, número dos de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, que entonces dirigía Miguel Sebastián, actual ministro de Industria.
La información atribuía a Blázquez Lidoy gestiones para bloquear una investigación del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) contra una empresa encargada de auditar a Afinsa por no detectar el fraude que se estaba produciendo ni el descomunal agujero patrimonial que sufría la filatélica, destapados aquel año.
La empresa auditora de Afinsa era Gestynsa, propiedad del padre de Jorge Blázquez. Éste, según el dossier que difundía el ex policía Marcos Peña, presionó desde la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno al ICAC (organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda) para bloquear la investigación e impedir una multa a la empresa de su padre. El ICAC sancionó a Gestynsa por una falta grave.
Jorge Blázquez Lidoy, en la actualidad alto cargo (asesor ejecutivo para asuntos internacionales) del Ministerio de Industria, que dirige Miguel Sebastián, confirmó ayer a EL PAÍS que durante el juicio que se celebró tras denunciar él mismo las falsedades de las noticias publicadas, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, confesó al juez que "Marcos Peña había sido el origen de la información".
En la página 5 del fallo judicial se explican los pormenores de la fabricación del bulo: "D. Pedro J. Ramírez identifica como origen de la noticia a dos personas, D. Ángel Zarabozo y D. Marcos Peña. El Director del ICAC, si bien afirmó conocer a estas personas y mantener con ellas cierta relación de amistad, negó haber transmitido dicha información, al igual que negó haber mantenido la reunión que relató Pedro J. Ramírez entre una periodista de El Mundo, el director del ICAC, D. Angel Zarabozo y D. Marcos Peña.
Y lo cierto es que la mera amistad existente entre estos dos últimos y el director del ICAC no es suficiente para atribuir a la fuente de la información la nota de solvencia que acreditaría el cumplimiento de la diligencia exigible a los demandados en la comprobación de la veracidad de la noticia difundida, lo que unido a que no se contrastó ningún dato objetivo, lleva a declarar que la información ha lesionado el derecho al honor del demandante".
La sentencia de aquel juicio, fechada en enero de 2008, sólo cinco meses antes de la contratación de Marcos Peña por parte de la Comunidad de Madrid como asesor de Seguridad, acredita que las informaciones para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eran falsas. La sentencia, recurrida por El Mundo, la firmó la juez titular del juzgado número 43 de Madrid.
La maniobra de intoxicación para desprestigiar al Ejecutivo socialista, montada por Marcos Peña y Ángel Zarabozo, ex socios en la empresa de seguridad Keytech Sistemas Integrales, fue ampliamente difundida por El Mundo durante la última semana de mayo y la primera de junio de 2006. No consta cuál era la relación de ambos con dicho escándalo para haber realizado dicho informe y ser el origen de la información falsa a la que El Mundo dedicó una decena de páginas. Cuando Jorge Blázquez Lidoy presentó una demanda por las falsas informaciones, los responsables del periódico que las habían publicado alegaron que sus noticias "debían encuadrarse dentro de la crítica política" y que exigir a ese medio de comunicación la prueba de veracidad "implicaría una probativo diabólica", según se recoge en la propia sentencia.
La juez condenó a los autores del bulo a abonar 18.000 euros al alto cargo de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno que ahora asesora el ministro de Industria.
Marcos Peña, el ex policía que fabricó el bulo sobre Blázquez Lidoy, explicó hace ocho días a este periódico que su cometido en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid consistía básicamente en elaborar informes para su jefe, el consejero Francisco Granados. Y citó entre sus investigaciones rematadas con informes algunos casos de corrupción que afectaban a ayuntamientos dirigidos por socialistas, como el de Ciempozuelos y el de Coslada, y otros como el escándalo de las mafias de las discotecas de Madrid, bajo el gobierno del PP.
LOS TRES EQUIPOS DE INTERIOR
- El primer equipo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid tras la victoria electoral de Esperanza Aguirre en las segundas elecciones autonómicas de 2004 (las primeras no sirvieron porque dos tránsfugas socialistas arrebataron la presidencia del Gobierno a Rafael Simancas con su traición) lo dirigió Alfredo Prada, con su hombre de confianza, Juan Carlos Fernández, al frente de la Seguridad autonómica.
- En 2006, dos años después de iniciada la era Aguirre, ésta ficha a Sergio Gamón, que había sido su jefe de Seguridad en el Senado, como director general de Seguridad Ciudadana. Gamón se convierte en el hombre fuerte de ese departamento en la consejería que dirige Alfredo Prada.
- En 2007, Prada pierde Interior, que pasa a depender de Francisco Granados. Gamón sigue al frente de la Dirección de Seguridad Ciudadana, pero el nuevo consejero ficha como asesores a tres ex guardias civiles que conocía de Valdemoro. Meses después contrata a un ex policía, Marcos Peña, como asesor. Luego destituye a Gamón por irrumpir en el despacho de Juan Carlos Fernández, el hombre de confianza de Prada. Enrique Barón, jefe superior de Policía de Madrid, ocupa el puesto de Gamón.
(www.elpais.com, 26/01/09)
LOS ESPÍAS REQUISARON UN 'DOSSIER' DEL CONSEJERO DE INTERIOR Y DE SU ESPOSA
El espionaje desde dentro. Un dossier con información supuestamente comprometedora para el consejero de Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, circulaba por dependencias de la propia Comunidad de Madrid, según sostienen altos cargos del Ejecutivo regional. Granados, sin embargo, nunca ha tenido conocimiento de que existiera ese dossier sobre su patrimonio, según fuentes próximas al consejero.
Uno de los principales cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre ha confirmado a EL PAÍS que ex agentes que trabajan en el área de Seguridad de la Consejería de Interior, desde donde se han hecho seguimientos a políticos del PP, requisaron el ordenador donde se encontraba presuntamente el dossier contra Granados en un despacho de la Ciudad de la Justicia, sociedad dependiente de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.
La documentación supuestamente comprometedora para Granados se encontraba, según las mismas fuentes del Gobierno regional, en el despacho de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza del ex consejero de Justicia, Alfredo Prada. Fernández era director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia, y, meses antes de que le requisaran documentos en su despacho, había sido uno de los objetivos de los seguimientos a políticos por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid. El consejero Alfredo Prada también fue investigado y seguido por los espías.
El 27 de junio, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado por la presidenta Esperanza Aguirre, y cuatro de sus colaboradores, aprovecharon la ausencia de Juan Carlos Fernández para entrar en su despacho y requisar documentos. Lo hicieron un día después de que el jefe de Fernández, el consejero Alfredo Prada, fuera destituido por Esperanza Aguirre.
El dossier incluía información sobre el patrimonio de Francisco Granados y de su esposa, e intentaba vincular al consejero con empresas constructoras, tomando como base el vehículo particular del consejero de Interior que estaba a nombre de una empresa y que resultó intencionadamente incendiado para centrar la atención sobre su propietario. Por contra, personas del entorno de Granados apuntan en privado que el dossier no le comprometía a él sino al vicepresidente, Ignacio González. Lo sorprendente es que distintos miembros del Gobierno de Aguirre reconozcan en privado saber el contenido de un ordenador cuya requisa -robo, según la denuncia- nunca han reconocido oficialmente, ni devuelto.
En efecto, en octubre de 2006, el coche del consejero Granados fue incendiado cuando estaba estacionado en el aparcamiento de la urbanización de Valdemoro en la que reside. La investigación descubrió que el incendio había sido intencionado (la policía encontró aceleradores del fuego en el interior del coche) y que el vehículo, un Mini Cooper descapotable, estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, Grandes Locales de Negocios.
Granados explicó entonces que el vehículo era de su esposa, pero que el concesionario en el que lo compró no había tramitado aún el cambio de titular por problemas burocráticos. El PP pidió inmediatamente que la Fiscalía General del Estado investigase si el incendio en el domicilio del consejero Granados tenía relación con el caso del Ayuntamiento de Ciempozuelos, donde acababa de dimitir el alcalde socialista, Pedro Torrejón, por un escándalo urbanístico de supuesto cobro de comisiones ilegales. El juez que investigó el caso Ciempozuelos, Agustín Carretero, fue fichado posteriormente por el consejero Granados como alto cargo de su consejería.
(www.elpais.com, 26/01/09)
GAMÓN Y HALFFTER
Un día después de que la presidenta Esperanza Aguirre destituyera a Alfredo Prada como consejero de Justicia, los agentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, con su jefe, Sergio Gamón, al frente, se pusieron manos a la obra.
Gamón y cuatro de sus colaboradores se presentaron en la Ciudad de la Justicia, entraron en el despacho del director de Seguridad, Juan Carlos Fernández, y requisaron documentos.
Gamón lo explicó así en este periódico: “El viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter me ordenó que mirara cómo estaba el asunto de la seguridad en la Ciudad de la Justicia. Yo siempre he actuado a las órdenes del consejero o del viceconsejero. No hago nada por mi cuenta”.
Fuentes de la consejería de Interior indicaron a este periódico que Gamón no reportaba directamente con Francisco Granados, su último jefe, sino con el viceconsejero Alejandro Halffter, fichado para ese puesto por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
(www.elpais.com, 26/01/09)
GONZÁLEZ RECOLOCA A UNO DE LOS ALTOS CARGOS CITADOS EN LOS SEGUIMIENTOS
Miguel Castaño, ex subdirector general de Seguridad de la Consejería de Interior, uno de los altos cargos de la Consejería de Interior a los que presuntamente se alude en los partes de espionaje publicados por este diario y entregados a la fiscalía de Madrid, ha sido nombrado asesor de seguridad del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Madrid, Ignacio González. Castaño es aludido en los partes del espionaje perpetrado supuestamente por personal de la consejería de Interior, que dirige Francisco Granados. El 28 de abril de 2008 escriben: "A las 18.25, nos desplazamos a la dirección por requerimiento de Miguel".
Tras la destitución del director de Seguridad, Sergio Gamón, a raíz del escándalo de la operación que dirigió de requisa de un ordenador de una empresa de la Consejería de Justicia, su segundo, Castaño, también fue apartado del puesto. Ambos fueron recolocados.
Gamón fue nombrado director del área de seguridad bajo el exclusivo mando de Granados. Y Castaño fue designado asesor. El primero tiene un equipo de ex policías a su cargo. El segundo, no, según fuentes de Interior. El personal de la Consejería de Interior desmiente, a través de UGT, que la estructura sea heredada de anteriores gobiernos: "Existe un grupo de asesores nombrados por el consejero de Interior, desde septiembre de 2007, formado por ex policías, ex guardias civiles y personal de confianza, de los que se desconoce qué trabajo realizan".
"Siguen en nómina"
El personal funcionario de la consejería, según la nota de UGT, "se siente perjudicado por la deriva en la gestión de seguridad generada por los sucesivos integrantes del grupo de cargos de confianza y asesores que ha traído el Gobierno desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector de Seguridad hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general". "Ambos ex altos cargos siguen aún, sorprendentemente, en nómina de la Comunidad", señala UGT. La nota denuncia que estos puestos se crearon para reubicarlos tras su destitución aparente.
Los trabajadores de la Consejería de Interior han trasladado su malestar al actual director, Enrique Barón, bajo cuya estructura y mando no se hallan los equipos del ex inspector Marcos Peña y Sergio Gamón. Barón ni siquiera ha sido informado de cuál es la labor de dichas células parapoliciales que reportan a Granados. Los trabajadores, ante la situación creada por las informaciones, han elevado su disgusto a distintos cargos de la Comunidad.
(www.elpais.com, 26/01/09)
ESPIONAJE MANUSCRITO
Entre las decenas de partes de seguimiento a políticos que mecanografiaron los agentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid -departamento del que dependían, puesto que se referían al mismo en sus relatos o partes diarios del trabajo de espionaje- hay algunos donde aparecen notas manuscritas cuya autoría se puede investigar judicialmente con peritos caligráficos.
Los supuestos espías vigilaban a los objetivos que alguien les había ordenado espiar: "P", era Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid al que Esperanza Aguirre destituyó cuando se puso del lado de Mariano Rajoy; y "C" era el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado abiertamente con la presidencia regional. Cualquier persona que se viera con los dos objetivos señalados era anotada en los partes de seguimiento.
En ocasiones, los agentes localizaban a vehículos que creían sospechosos en los aledaños de los restaurantes donde comían sus espiados. Y entonces, apuntaban la matrícula y luego la trasladaban a los partes de seguimiento poniendo anotaciones al margen que escribían de su puño y letra.
Estas incidencias llenaron al menos tres partes de seguimiento, a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El primero corresponde a un almuerzo del consejero de Justicia, Alfredo Prada, en un restaurante situado en la calle de Fernando El Santo. Los agentes escriben en su parte: "Observamos que hay varios vehículos oficiales de los que tomamos las matrículas". Al margen, en la nota, aparecen tres matrículas manuscritas aunque no se identifica a sus propietarios.
El 27 de mayo, en otro de sus seguimientos, donde no se precisa el objetivo, apuntan al margen una matrícula a mano y, justo debajo, el nombre de su supuesta propietaria, una diputada autonómica del PP que se ha declarado afín a Mariano Rajoy y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada.
Por último, el 14 de marzo, en una salida nocturna de Prada con su familia para cenar, los agentes que le espían toman "matrículas de vehículos con el fin de comprobar propietarios". Y añaden: "Se detecta un vehículo, tanto por las proximidades a su domicilio como por la zona del restaurante perteneciendo el mismo a...". Debajo anotan a mano "Secretaria Estado".
(www.elpais.com, 26/01/09)
¿HORAS EXTRA O TURNOS DE
Los ex policías contratados por la Comunidad de Madrid que investigaron a políticos mediante seguimientos por la capital de España y otros municipios de la región se emplearon a veces hasta la madrugada. O cobraron horas extra, o el equipo de espías era muy amplio y se hacían tres turnos de vigilancia.
Los partes de seguimiento abarcan vigilancias que se inician a primera hora de la mañana -"Cobo [vicealcalde de Madrid] sale de su domicilio a las 08.25 horas de la mañana tomando el itinerario habitual y llegando a su puesto de trabajo a las 09.02 horas"-, continúan a la hora de los almuerzos - "sale solo del restaurante, se monta en el vehículo oficial. Nosotros nos dirigimos a la reunión que tenemos en la D. G. [Dirección General]"- y se alargan hasta la madrugada -"[Prada] sale sobre las 22.10 del domicilio y se dirige a un restaurante sito en la calle Comandante Zorita, en el cual entra en compañía de su mujer y de una chica muy joven, permanecemos por la zona hasta eso de las 0.50 horas en la que salen".
El ritmo de trabajo que reflejan los partes de seguimiento apunta a la existencia de varios equipos de espionaje (de hecho hay tres tipos de letra distinta en los partes mecanografiados) y de distintos horarios, que salvo que sean remunerados con el pago de horas extra no están previstos en ningún contrato del personal de la Comunidad de Madrid.
Por los detalles que aportan en sus notas del seguimiento a políticos, los equipos de vigilancia tampoco eran demasiado numerosos porque se quejan constantemente de algunas lagunas en su zona de cobertura. "[Prada] sale con su esposa a las 22.15 horas. A las 22.22 horas lo perdemos debido a que toma un camino que sólo está cubierto por un vehículo y sale otro de un garaje que obstruye nuestra maniobra de seguimiento, no pudiendo volver a detectarlo aunque damos repetidas vueltas por zonas cercanas a la que nos encontramos. A las 23.15 decidimos desmontar el dispositivo".
En otra ocasión, los agentes localizan a Prada junto a una persona de "baja estatura, cabeza despoblada, color de pelo moreno-canoso, nariz puntiaguda y cintura gruesa". En ese seguimiento, los supuestos espías reconocen sus dificultades: "Esta persona se monta en el coche con Prada y se dirigen dirección Miguel Ángel-Ruben Darío-Almagro, itinerario descubierto [no controlado por el dispositivo por falta de medios y personas, estando cubiertas las salidas de General Martínez Campos y de Paseo de la Castellana con un vehículo-persona cada uno y el otro componente dando la salida al objetivo".
(www.elpais.com, 26/01/09)
ESPIONAJE MANUSCRITO
Entre las decenas de partes de seguimiento a políticos que mecanografiaron los agentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid -departamento del que dependían, puesto que se referían al mismo en sus relatos o partes diarios del trabajo de espionaje- hay algunos donde aparecen notas manuscritas cuya autoría se puede investigar judicialmente con peritos caligráficos.
Los supuestos espías vigilaban a los objetivos que alguien les había ordenado espiar: "P", era Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid al que Esperanza Aguirre destituyó cuando se puso del lado de Mariano Rajoy; y "C" era el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado abiertamente con la presidencia regional. Cualquier persona que se viera con los dos objetivos señalados era anotada en los partes de seguimiento.
En ocasiones, los agentes localizaban a vehículos que creían sospechosos en los aledaños de los restaurantes donde comían sus espiados. Y entonces, apuntaban la matrícula y luego la trasladaban a los partes de seguimiento poniendo anotaciones al margen que escribían de su puño y letra.
Estas incidencias llenaron al menos tres partes de seguimiento, a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El primero corresponde a un almuerzo del consejero de Justicia, Alfredo Prada, en un restaurante situado en la calle de Fernando El Santo. Los agentes escriben en su parte: "Observamos que hay varios vehículos oficiales de los que tomamos las matrículas". Al margen, en la nota, aparecen tres matrículas manuscritas aunque no se identifica a sus propietarios.
El 27 de mayo, en otro de sus seguimientos, donde no se precisa el objetivo, apuntan al margen una matrícula a mano y, justo debajo, el nombre de su supuesta propietaria, una diputada autonómica del PP que se ha declarado afín a Mariano Rajoy y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada.
Por último, el 14 de marzo, en una salida nocturna de Prada con su familia para cenar, los agentes que le espían toman "matrículas de vehículos con el fin de comprobar propietarios". Y añaden: "Se detecta un vehículo, tanto por las proximidades a su domicilio como por la zona del restaurante perteneciendo el mismo a...". Debajo anotan a mano "Secretaria Estado".
(www.elpais.com, 26/01/09)
EL PP, ENTRE EL MUTISMO Y EL "QUEREMOS SABER"
Las revelaciones sobre el espionaje político en la Comunidad de Madrid lo han convertido en un tema inevitable en cualquier comparecencia pública de casi cualquier cargo del PP. Fuera de ese partido, sólo el ministro del Interior se refirió ayer, en tono estrictamente institucional, al asunto.
- Alfredo Pérez Rubalcaba. El ministro del Interior dijo que las Fuerzas de Seguridad están "como siempre" a "plena disposición" de los jueces y los fiscales que están investigando el caso del supuesto espionaje a cargos del PP de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. El ministro rechazó comentar nada más de este tema.
- Mariano Rajoy. En una entrevista en el diario El Corrreo, el presidente del PP decía ayer que van a recabar "toda la información posible para saber qué ha pasado; es lo menos que cabe esperar cuando tres dirigentes del partido parecen haber sido objeto de seguimientos". Añade que "se trata de unos hechos que, de confirmarse, serían gravísimos. Por eso queremos saber qué ha ocurrido, eso sí, desde el respeto más absoluto al principio básico de presunción de inocencia".
- Esperanza Aguirre. La presidenta de Madrid se defendió en una entrevista en Abc en la que decía: "Lo que tiene usted que preguntarse es cui prodest, ¿a quién beneficia? Al PSOE, sobre todo, que quiere recuperar el poder en Madrid y debilitar al PP ante las próximas citas electorales. Y al Gobierno le sirve para tapar los 3.200.000 parados".
- Cristóbal Montoro. "Lo que se oye es un ruidito de fondo que no tiene ningún sentido frente a la naturaleza y la envergadura de los problemas sociales, económicos y políticos que tiene España", respondió el portavoz de Economía del PP.
- Alberto Núñez Feijoo. "Que sean los jueces los que nos digan quién está detrás", dijo el líder del PP gallego. "Queremos saber quién está detrás de estos casos que entendemos que pueden ser delictivos, queremos saber como todos los ciudadanos a quién interesan, qué buscan y qué es lo que se está ocultando en este asunto", reiteró.
- Javier Arenas. El responsable de Política Territorial del PP no quiso pronunciarse y señaló que la justicia lo "aclarará todo y pondrá todo en su sitio".
(www.elpais.com, 26/01/09)
RAJOY TRATA DE INYECTAR ENTUSIASMO AL PP Y PIDE UNIDAD "PASE LO QUE PASE"
La envidia que ha generado en los cuarteles del PP el entusiasmo desatado en torno a Barack Obama ha puesto a trabajar a todos los estrategas de la formación en un radical cambio de discurso, y de estilo. Este fin de semana se han visto las primeras consecuencias. Primero fue la apuesta por Internet, por Facebook en particular, una herramienta que, con las donaciones por la web, llevó a Obama a arrasar entre los jóvenes. El PP, comandado aquí por Esteban González Pons, está gastando mucho dinero para instalarse en la web y ganar esa batalla al PSOE.
Ayer fue el día del cambio de estilo de Mariano Rajoy. Con un discurso muy bien preparado, hecho para emocionar, el presidente del PP trató de darle la vuelta al calamitoso estado anímico de su partido. Acosado por batallas internas, desconfianzas, mala valoración del líder y un escándalo de espionaje entre compañeros que le ha enfrentado definitivamente con su gran rival, Esperanza Aguirre, Rajoy se esforzó por inyectar confianza y, al menos por un día, lo logró. La mayoría de los dirigentes salía contento por la fuerza del nuevo discurso.
En un tono apasionado, a ratos populista -las cifras del paro "no son dígitos rojos, sino sueños rotos"- y muy pensado, el líder lanzó una idea de fondo. En política, explicó, se está para servir a los ciudadanos y no "para tener un puesto". Por eso, y porque España y el PP están muy por encima de los intereses de sus dirigentes, dijo, los ciudadanos exigen "un partido unido y cohesionado". "Yo me comprometo a garantizar la unidad pase lo que pase", clamó. Rajoy, harto, según sus colaboradores, de la guerra cainita entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, y muy preocupado por las consecuencias que ha tenido el escándalo del espionaje, pidió a sus dirigentes -los dos madrileños escuchaban en primera fila- "responsabilidad y grandeza".
Todo estaba pensado. También la respuesta a quienes, como Aguirre o Jaime Mayor, piden que no se olviden los valores del PP y se dé la batalla de ideas contra el PSOE. Rajoy les dio satisfacción con un discurso de fondo en el que reivindicó un "nuevo patriotismo". "No basta con un plan económico, necesitamos recuperar los valores que puedan sostenerlo. Hay que dar la batalla de las ideas. Una sociedad vacía de valores será peor y más pobre. Y esa batalla la vamos a dar con nuestro discurso, pero sobre todo con nuestra conducta. Como siempre", dijo en lo que podía ser una velada referencia al escándalo del espionaje. "España tiene que recuperar valores como el trabajo bien hecho, la austeridad, el espíritu de superación, el esfuerzo, el mérito y el espíritu cívico. Esos valores están en crisis".
La palabra esperanza, el eje central del discurso de Obama -y título de su libro político, La audacia de la esperanza, un superventas en EE UU-, estuvo constantemente en boca de Rajoy. Hay varios obamistas en su equipo, y el nuevo PP, a pesar de sus vínculos con el Partido Republicano, reforzados en la época de Aznar, insiste en que coincide con muchos de los planteamientos del nuevo presidente de EE UU, que para nada son socialdemócratas, aseguran.
A los tres voluntarios, Cándido, Ana y Antonio, en los que personalizó su discurso, Rajoy les dijo que son "héroes silenciosos, el rostro de la esperanza que debe ayudar a confiar en el futuro". En esta época de crisis, Rajoy trató de convencer a los suyos -había más de mil personas en la sala- de que la oposición puede conectar con la gente si les hace ver que el Gobierno está agotado y que ellos son la ilusión de cambio de los que sufren la crisis. "El PP ofrece una alternativa de esperanza, un guión distinto al goteo de desánimo que llega desde el Gobierno", cerró entre el entusiasmo de unos dirigentes que, por un día, querían olvidar los problemas que acosan al partido.
(www.elpais.com, 26/01/09)
GALLARDÓN TIENE A SU SERVICIO UNA 'UNIDAD PARAPOLICIAL', SEGÚN EL SINDICATO UPM
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, dispone de una Unidad Especial, denominada Oficina de Seguridad Corporativa, integrada por 20 agentes de élite que actúan al margen de la estructura del Cuerpo, según ha denunciado la Unión de Policía Municipal (UPM), el principal sindicato de la Policía de Madrid.
La Oficina de Seguridad Corporativa está dirigido por Juan Carlos Durán Bezanilla, un antiguo sargento de la Guardia Real que ya fue jefe de seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid cuando era presidida por Ruiz Gallardón.
Este grupo especial escapa del control del inspector jefe del Cuerpo, Emilio Monteagudo y sus actuaciones son reservadas y confidenciales, según ha destacado el sindicato UPM. Es decir, no figura en el organigrama de la Policía Municipal pero sí se recoge en la estructura de Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
Demetrio Pérez, secretario provincial de UPM, ha señalado que "estos agentes de la Unidad de Seguridad gozan de unos privilegios que no tienen otros compañeros de la Policía Municipal y obedecen cualquier instrucción".
Sobre esta veintena de agentes a las ódenes de Durán, Demetrio Pérez ha puntualizado que "no sabemos muy bien lo que realizan. Pero sí sabemos que cuando hay bajas en el grupo de escoltas de los concejales estos agentes de la Unidad de Seguridad Corporativa hacen las suplencias". De hecho, algún concejal se ha quejado de que le cambiaran el escolta de un día para otro sin avisarle y que colocaran en su lugar a los agentes de la unidad parapolicial.
Por su parte, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora, ha negado que en esta Unidad de Seguridad trabajen agentes municipales. También ha asegurado que orgánicamente esos policías, a los que se refiere UPM, dependen del Grupo de Vigilancia y Protección, que son los encargados de las tareas de escolta de los concejales.
"Es falso que haya policías municipales trabajando orgánicamente para esa unidad", ha señalado Mora, que reconoce que la Oficina de Seguridad Corporativa no aparece en el organigrama del Cuerpo porque tiene "otras tareas de coordinación y seguimiento de la calidad del servicio que prestan los agentes"
Desde UPM han contestado a Mora y mantienen que "los agentes están a las órdenes de Durán. Esto lo hemos denunciado y hemos pedido reuniones con Pedro Calvo y con Mora. Pero hace cuatro años que no nos reciben y así les va. Además, desde UPM siempre nos hemos opuesto a las horas extras".
Los policías de la Unidad de Seguridad, que supuestamente trabajan para Durán, suelen acompañar al alcalde de Madrid y en ocasiones realizan tareas de contravigilancia a los concejales, según las msimas fuentes.
La actuación de Durán ha sido criticada por los propios agentes municipales, que consideran que carece de capacidad de mando y, sin embargo, se ocupa de cuestiones relacionadas con la seguridad del alcalde y de los concejales. Algunos ediles del Ayuntamiento creen que sus escoltas cuentan a Durán sus actividades, incluso personales.
www.elmundo.es 26.01.09
"Avisé a Mariano Rajoy de que me estaban espiando"
Álvaro Lapuerta, histórico dirigente y tesorero del PP, atribuye los seguimientos a altos cargos del Gobierno de Madrid - La diputada autonómica María del Carmen Rodríguez Flores también fue espiada
El líder del PP, Mariano Rajoy, fue informado en mayo de 2008 de la existencia de un caso de espionaje político en Madrid. El histórico dirigente del Partido Popular Álvaro Lapuerta, a la sazón tesorero nacional del PP, alertó entonces a su presidente de que estaba siendo vigilado y de que sus sospechas recaían en elementos parapoliciales al servicio de altos cargos de la Comunidad de Madrid. La máxima dirección del PP ha confirmado estos hechos.
Cospedal ha sido informada de la denuncia que hizo Lapuerta
Criticó algunas adjudicaciones en Madrid porque las creyó sospechosas
En su denuncia verbal, Lapuerta exoneró a la presidenta Esperanza Aguirre de tales seguimientos, pero, según aseguran altos cargos del PP con los que ha tenido contacto, explicó que era objeto de vigilancia como respuesta a sus críticas a determinadas adjudicaciones del Gobierno regional que consideraba sospechosas.
Lapuerta, un hombre afín a Rajoy, ocupaba el cargo de tesorero nacional del PP en las fechas en que fue objeto de vigilancia, un periodo especialmente turbulento en la vida del partido por la batalla desatada entre el presidente del partido y Aguirre. "Avisé a Rajoy en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado, pero el resto de detalles y de mis sospechas, prefiero dejarlas en reserva", confirmó ayer a este periódico al ser consultado.
Frente a estos hechos y declaraciones, el secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de Sanidad del Gobierno de Aguirre, Juan José Güemes, acusó ayer a EL PAÍS de "fabricar una gran mentira y un bulo calumnioso" en relación con la trama de espionaje político destapada por este periódico.
Tras descubrir que era víctima de seguimientos, Lapuerta trasladó su preocupación a dos de sus colaboradores más estrechos: Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, que ahora ocupan los cargos de tesorero y gerente del PP, respectivamente.
Posteriormente, esta denuncia también ha sido comunicada a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, responsable de la investigación interna abierta por el partido tras destaparse las actividades de la red de espionaje radicada en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, dirigida por Francisco Granados.
Otro de los conocedores de estos hechos es Alfredo Prada, antiguo consejero de Justicia y hoy miembro de la dirección del PP. Prada fue espiado tras las últimas elecciones generales, en las mismas fechas que Lapuerta, un periodo en el que se libraba una feroz batalla política entre Aguirre y Rajoy. El seguimiento a Prada incluyó citas privadas con personas de las que los agentes tomaron fotografías, según indicaron en los partes de seguimiento a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que se reproducen en esta página.
Prada era uno de los dos principales objetivos del equipo de espías. El otro era el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, adversario político de Aguirre en la batalla por el poder dentro del PP.
Al mes de cesar los partes de seguimientos a Prada, Esperanza Aguirre le destituyó de su puesto de consejero de Justicia como castigo por su alineamiento en el congreso nacional del PP y, sobre todo, por ser fichado por Mariano Rajoy para su equipo directivo.
Durante el espionaje al tesorero nacional del PP, Lapuerta fue fotografiado cuando salía de una residencia religiosa en compañía de su mujer y dos días después al anochecer, cuando regresaba a su domicilio. En la primera ocasión, siempre según los testimonios recabados por este periódico, el chófer de Lapuerta salió corriendo detrás del misterioso fotógrafo, pero éste se escabulló por las calles adyacentes, en torno a San Bernardo. El segundo síntoma de espionaje fue una foto tomada con flash cuando volvía a su domicilio. Tampoco pudo ser interceptado el fotógrafo.
Otra de las personas espiadas es la diputada autonómica del PP María del Carmen Rodríguez Flores. Su nombre y la matrícula de su coche figura en uno de los partes elaborados por el servicio de espionaje vinculado a la Consejería de Interior. Este informe (ver en los documentos de la parte superior) muestra que este aparato parapolicial no sólo marcó los pasos, públicos y privados, del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, del entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, o de su jefe de seguridad, Juan Carlos Fernández, sino de otras personas más que creían, con o sin motivo, que tenían relación con ellos. En algunos casos, se espió a personas que simplemente tuvieron la mala fortuna de aparcar el coche en las inmediaciones o estar compartiendo restaurante con ellos. El caso de la diputada Rodríguez es sintomático. Figura en un parte de seguimiento a un "objetivo" no precisado el 27 de mayo que come en el restaurante madrileño O Cruceiro, escenario frecuente de comidas de Rodríguez y otros altos cargos del partido. Sólo se sabe lo que aporta el parte sobre el espiado: "13.00. Se monta el dispositivo. 14.15: Sale del trabajo, se dirige a calle Núñez de Balboa 23, restaurante O Cruceiro; 16.50: Sale del restaurante anterior, se dirige a la calle León donde se desmonta el dispositivo a requerimiento para otras labores". A mano, los ex agentes apuntan una matrícula y, debajo, el nombre del propietario del vehículo, que es la diputada autonómica del PP.
María del Carmen Rodríguez asegura que ese día no estuvo en dicho restaurante, y no halla razones para que su coche y su nombre figuren en un parte de vigilancias, pero no oculta sus sentimientos: "Mi vida es tan clara, que no tengo nada que ocultar. Lo que siento es que si estas personas lo han hecho, que me imagino que sí porque está saliendo mucha porquería, que francamente que todo esto es muy poco bonito. ¿Qué quieren buscar en mí, si soy el último mono?".
Pero podría haber una clave: "Ah, he sido amiga de Prada desde hace muchísimo tiempo porque es un hombre honesto, ¿Y eso bastaba? Pues puede ser. Y que soy de Mariano Rajoy. Eso lo puedes decir. Soy del núcleo duro del partido. Soy Mariano Rajoy. Me han dado una importancia que no tenía. Todo esto me produce un rechazo natural. Me parece tan bajo, tan barriobajero que no cuadra con mi forma de ser".
En los partes de seguimiento que firman los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid citan expresamente al que entonces era su jefe [Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana], a otros superiores de su departamento y a la Dirección General a la que tenían que acudir en ocasiones cuando estaban en pleno seguimiento de políticos. Hay tres tipos de partes, lo que podría indicar que han sido realizados por agentes distintos. Uno de ellos siempre escribía en mayúsculas; el segundo cuida la presentación mientras el tercero utiliza un cuerpo de letra más pequeño y prefiere guardar el nombre de su objetivo; simplemente refleja sus movimientos, que en algún caso implican a empresas de seguridad, a las que se dirige la persona espiada.
Diputado histórico
La de Álvaro Lapuerta es una vida dedicada a la política. Casado y con 10 hijos, a sus 80 años pertenece a la directiva nacional del PP.
Pragmático y silencioso, fue durante un tiempo el diputado más antiguo del Congreso (ha estado en siete legislaturas). Sumando sus años como procurador en el régimen franquista, ostentó un escaño más de 30 años. Participó en 2008 en los actos del 30º aniversario de la Constitución, junto a los padres de la ley fundamental.
En su partido, donde ha sido tesorero y es considerado un miembro histórico, guarda una estrecha relación con muchos dirigentes de la cúpula. A pesar de la renovación en el seno del PP que llevó a cabo Rajoy el año pasado, él se mantuvo en la directiva.
Los que le conocen, dicen que es leal y muy serio. Tras dejar su trabajo como abogado del Estado, durante la dictadura fue delegado especial del Ministerio de Hacienda, entre otros cargos. Posee la Gran Cruz del Mérito Civil.
www.elpais.es 25.01.09
El PP de Madrid redobla sus ataques a El País
Juan José Güemes, secretario de Comunicación del PP de Madrid, consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad y yerno de Carlos Fabra, considera que la "farsa" que, a su juicio, "ha montado el diario El País" sobre una supuesta red de espionaje en la Consejería de Interior madrileña se enmarca en un intento de "ablandar el corazón" de Caja Madrid para que le ayude a superar la "gravísima" situación financiera que atraviesa el Grupo Prisa.
Güemes da así un paso más en su enfrentamiento con el diario que está publicando las informaciones que apuntan a una supuesta red de espionaje en el seno de la Comunidad de Madrid. Ya ayer, Güemes amenazó al periódico El País con emprender acciones legales, lo que le valió una nota del Comité de Redacción del diario, avisándole de que “la coacción y el exceso verbal no nos arredran. Son un motivo más para practicar la libertad de información”.
Favor a Caja Madrid
"Lo que pregunto desde aquí al diario El País es si estar dispuesto a hacer el ridículo tan intensamente durante siete días guarda alguna relación con la gravísima situación financiera del Grupo Prisa y la esperanza de ablandar el corazón de alguna entidad financiera que pudiera ver con buenos ojos que se desprestigie con falsedades al Gobierno de Esperanza Aguirre", declaró Güemes, aludiendo inequívocamente a su llegada al PP celebra el I Foro Abierto del partido. Previamente, acudió al recinto Aguirre pero declinó hacer declaraciones a los medios sobre este tema.
Informaciones ridículas
Güemes arremetió duramente contra el diario El País y calificó de "ridículas" y "absurdas" las informaciones que ha venido publicando estos días sobre la presunta trama de espionaje, incluida la que aparece hoy sobre supuestos seguimientos al tesorero nacional del PP nacional, Álvaro Lapuerta, y Carmen Rodríguez Flores. "Es tan ridículo lo de El País que me lleva a pensar que es el propio firmante de la noticia quien se inventa los informes. ¿Quién puede tener interés, político se entiende, en investigar en la puerta de (la diputada autonómica) Carmen Rodríguez Flores?", ha añadido Güemes.
Una gran mentira
"Todavía no hay ninguna prueba ni puede existir ninguna prueba por parte del diario El País de que se haya hecho espionaje ni nada parecido desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es una gran mentira. Una gran mentira, que además está rayando ya con el ridículo", aseveró, para volver a denigrar una vez más al periodista autor de las informaciones, Francisco Mercado. "Lo más grave de todo esto", ha continuado, "es que el firmante de la noticia la ha falsificado, porque, además, el redactor tiene precedentes ya que hace años publicó que un alto cargo del PP en el Gobierno se había gastado una suma de dinero en regalos a su madre, que había muerto 40 años antes", y presentó facturas y todo aparataje de pruebas", comentó Güemes.www.elplural.com 25.01.09
El ex policía Peña, el hombre de Granados, o “donde dije digo, digo Diego”
El ex inspector de Policía Marcos Peña,que trabaja para Francisco Granados como asesor de seguridad, ha concedido una entrevista a El Mundo para desmentir la supuesta trama de espionaje montada en la Comunidad de Madrid. Peña, que protagonizó la primera información de El País sobre el asunto, aseguraba entonces realizar informes y dossiers sobre asuntos de corrupción en municipios madrileños, preferiblemente gobernados por socialistas. Ahora asegura que no ha realizado nunca “un solo informe, ni de esto ni de nada” y afirma que ha sido “utilizado para perjudicar a la presidenta”. O sea, que “donde dije digo, digo Diego”.
La entrevista en el diario de Pedro J. se aleja de cualquier búsqueda periodística y se mueve entre un simulacro de entrevista de trabajo y un cuestionario a punto para desmentir las acusaciones. Desde luego, el Marcos Peña que ofrece El Mundo no tiene nada que ver con el que alardeaba de sus investigaciones en las páginas de El País.
Perjudicar a Aguirre
Marcos Peña asegura no haber participado nunca en un seguimiento político. “Es una falacia inventada. Me han utilizado para intentar perjudicar al Gobierno de Madrid y a su presidenta”, alega. Desconoce por qué ha sido él el elegido en “este montaje”, pero no niega que haya existido espionaje a políticos, sólo ofrece su convicción de que es falso, “aunque esta es una organización con miles de funcionarios”.
No alardea nunca
Peña se ciñe estrictamente al guión defendido por la Comunidad de Madrid. “Participo en todo lo relacionado con la seguridad de edificios e instalaciones”, dice. Atrás quedan las afirmaciones hechas a El País, cuando asegura que su equipo investigaba el caso Coslada o la trama de mafias de porteros de discoteca. También niega sus alardes respecto a sus investigaciones en el caso Ciempozuelos y su relación con el incendio del coche de Granados. “Ni por razones de educación, ni de formación, ni profesionales he adoptado este tipo de actitudes (…). Yo no alardeo de nada”, dice ahora en El Mundo.
Informes, informes, informes…
La mayor de las negaciones de Peña tiene que ver con los informes. Esto es lo que decía en El País: [Los tres ex guardias civiles con que trabaja] "me sirven para hacer mis informes porque son mis enlaces para pedir datos en la Guardia Civil a la Unidad Central Operativa (UCO), a Asuntos Internos o a la Policía". “Yo le asesoro o le hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida". "Yo, mis informes sólo se los doy a Granados, y que él se los dé a quien quiera".
… que asegura que nunca hizo
Sin embargo, Peña lo niega todo ahora: “Desde que trabajo en la Comunidad de Madrid no he realizado un solo informe, ni de esto ni de nada. No es ni mi función, ni mi trabajo”. Pero deja una pequeña puerta abierta: “No obstante, cuando conozco alguna información que puede afectar a la seguridad de la Comunidad de Madrid no debo callarme, bien al contrario, creo que mi obligación es transmitirla a mis superiores”. Entienda lo que entienda Peña por informe, el Diccionario de la Real Academia lo define como: “Descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto”.www.elplural.com 25.01.09
Aguirre achaca en ABC “el montaje” del espionaje a los socialistas
Casi una vez por pregunta niega Esperanza Aguirre que haya una red de espionaje montada dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La lideresadedica la mayor parte de una entrevista con ABC a echar balones fuera y recordar los seguimientos a Pizarro y los asuntos turbios en el Gobierno de Felipe González. Esa es su línea general, que pasa por insinuar que el “montaje” está hecho para beneficiar a los socialistas madrileños que quieren arrebatarle el poder y para que el Gobierno “tape” los datos del paro y la crisis.
Ni un solo temor o preocupación por todo lo que está saliendo a la luz. Aguirre no cree que pueda abrasarse poniendo la mano en el fuego por todos sus consejeros. La raíz de su tranquilidad reside en que no se cree ni una sola palabra de lo que publica El País. “Esto es una falsedad y un montaje, y como todos los montajes acabará en nada”, asegura Aguirre.
Aguirre lo niega todo
Una y otra vez, y las que vendrán, niega Esperanza Aguirre que se haya montado un dispositivo de espionaje en las entrañas de su Gobierno. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, no existe nada nuevo que no estuviera ya con Leguina y Gallardón y que vaya más allá de mantener la seguridad en los edificios oficiales.
Balones fuera
“El único espionaje oficial comprobado es el que le hicieron a Manuel Pizarro. Y no hay que olvidar que un vicepresidente del Gobierno de Felipe González tuvo que dimitir por espiar entre otros al Jefe del Estado”, explica Aguirre, empeñada en no olvidar el pasado cuando es ella la beneficiada.
Cortina de humo
Su estrategia de echar balones fuera pasa por preguntarse “qui prodest?” (¿A quién beneficia?). Según la lideresa, ese beneficio es para el PSOE, “que quiere recuperar el poder en Madrid y debilitar al PP ante las próximas citas electorales”. No podía faltar la apelación a la cortina de humo, a la que recurre el PP cada vez que le salpica un asunto turbio y que se aleja de la crisis económica. Según Aguirre, también se beneficia el Gobierno, “que le sirve para tapar los 3.200.000 parados, el déficit del seis por ciento y lo nocivo de las medidas de incremento de gasto público que ha tomado”.
¿Gallardón a juicio?
Sobre Gallardón, Esperanza Aguirre se muestra ambigua. Comenta que el alcalde madrileño hizo dos declaraciones: unas pidiendo “que Granados compareciera en la Asamblea y otras dando por bueno lo que publicaba El País.” Y justo a continuación de esto, la lideresa añade: “Ya lo he dicho: el que dé por bueno el montaje tiene tres opciones: o aporta pruebas, o rectifica, o tendrá que vérselas con nosotros en los tribunales”.
“Es un montaje”
Aguirre no tiene miedo de salir abrasada, de tanto poner la mano en el fuego por sus consejeros. “Ya lo hice y no me quemé”, asegura Aguirre, en referencia a Luis Armada, viceconsejero de Transportes, que fue requerido por la Justicia para declarar sobre el caso Guateque. La lideresa está muy tranquila: “Esto en una falsedad y un montaje, y como todos los montajes acabará en nada”.www.elplural.com 25.01.09
Aguirre se deshilacha entre espías
Los seguimientos a políticos desatan las peores tensiones en el Gobierno regional
Cuatro hombres y su jefe entran en un despacho ajeno, requisan varios documentos y cierran con llave. Uno se queda de guardia para que nadie pueda acceder a la habitación y, dos días después, los mismos hombres regresan al despacho y se llevan un ordenador personal cuyo disco duro guarda supuestamente informes patrimoniales que comprometen la honestidad de políticos con mucho poder.
Todo ha quedado grabado en las cámaras de videovigilancia. Los intrusos trabajan para la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. El jefe es el ex comisario Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y los cuatro hombres son ex agentes de policía. Han irrumpido en dependencias de la Consejería de Justicia. No son extraños, todo queda en casa.
Pero la persona que trabaja cada día en el despacho asaltado (Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia) y el hombre al que rinde cuentas (Alfredo Prada, consejero de Justicia) protestan al conocer el inquietante episodio y denuncian lo que consideran un escándalo. Ha ocurrido sólo un día después de que Prada fuera relevado en su puesto por Esperanza Aguirre. Ambos han caído en desgracia.
El asalto al despacho se cierra con la destitución de Gamón como director general, aunque el Gobierno regional prefiere no despedirle y le mantiene con un salario de alto nivel en la dirección del Área de Seguridad de la Consejería de Interior.
Pese a que la justicia investiga el suceso, llega tarde. Las imágenes del asalto al despacho captadas por las cámaras de videovigilancia han sido destruidas porque sólo se guardan cinco días de grabación, según cuenta el Gobierno de Madrid al fiscal. El caso se archiva por falta de pruebas. Parece un episodio aislado de burdo espionaje pero en realidad se trata del desenlace final de un largo desencuentro entre dirigentes del Gobierno que preside Aguirre, aderezado con prácticas ilegales de presión a base de amenazas con dossiers.
Entre los meses de marzo, abril y mayo de 2008, en plena tormenta política dentro del PP por el fracaso electoral y el debate sobre la continuidad de Rajoy, un grupo de ex policías y ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid y destinado en la Consejería de Interior desarrolla tareas de espionaje pagadas con dinero público y para las que no tiene competencias legales atribuidas.
"C" y "P" son los objetivos principales de los seguimientos durante aquellos meses de máxima fractura política en el PP. Rajoy se asegura el apoyo mayoritario mientras Aguirre, en minoría, no se resigna a la derrota.
"C" es Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, adversario político de Esperanza Aguirre a la que a veces critica con ironía y otras abiertamente. Unos años antes, Cobo intentó disputar a Aguirre, sin ningún éxito, la presidencia del PP en Madrid. Cuando Cobo conoce por EL PAÍS esos partes de seguimiento se mueve entre el estupor y la incredulidad. Repasa en su agenda personal lo que hizo aquellos días. Y comprueba que el seguimiento es real. No hay ningún dato erróneo.
"P" es Alfredo Prada, ex vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Justicia cuando sufre el espionaje. En los últimos tiempos se ha distanciado de Aguirre. De todopoderoso vicepresidente, con competencias en Interior, pasó a simple consejero de Justicia.
En la batalla por el poder dentro del PP, Prada eligió a Rajoy frente a su jefa, que le puso de patitas en la calle. Cuando recibe la llamada de este periódico y conoce los pormenores del seguimiento confirma que todos los detalles son ciertos.
El operativo de vigilancia especial a políticos de Madrid, que ningún miembro del Gobierno de Aguirre asume como propio, se organiza desde el número 33 de la calle de Gobelas (Madrid), donde está situada la sede de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.
Ex policías y ex guardias civiles forman parte de una unidad que intenta "proteger" a algunos miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid con unos métodos secretos muy peculiares. Los expertos lo llaman "bloqueo de seguridad".
Sergio Gamón es el jefe de los ex agentes. Tiene experiencia de mando. Fue jefe de seguridad en el Senado cuando Esperanza Aguirre era presidenta. Y también fue jefe de escoltas en La Moncloa en Vicepresidencia del Gobierno. Su labor era proteger a la socialista María Teresa Fernández de la Vega.
Aguirre le ficha para la Comunidad de Madrid en 2006. Su primer jefe es Alfredo Prada, al que, según los documentos que obran en poder de EL PAÍS, terminaron espiando los propios hombres de Gamón, citado en los partes de seguimiento al consejero de Justicia. Su segundo y actual jefe fue Francisco Granados, secretario general del PP, al que Aguirre ha ido endosando distintas consejerías y responsabilidades desde que llegó al Gobierno. Asumió el área de Interior que la presidenta le quitó a Prada.
Altos cargos de la Consejería de Interior recalcaron a EL PAÍS que pese a esta dependencia orgánica, Gamón "sólo" despachaba con el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y con el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, al que supuestamente fichó el propio González. El vicepresidente autonómico lo niega. Nadie quiere saber nada de Gamón.
González, se defiende recordando que él mismo ha sido víctima de espionaje. El vicepresidente ha denunciado a la Fiscalía los seguimientos de que fue objeto cuando viajó a Cartagena de Indias en marzo de 2008. González sostiene que ese seguimiento precisó de complicidades internas en la Comunidad de Madrid. Se trata de informes mucho más elaborados que los "partes" realizados sobre otros miembros del PP, con una factura distinta y que apuntan a supuestas conductas delictivas del vicepresidente. Por aquella época, González evaluó crear un CNI legal autonómico y su amigo personal, Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta llegó a presentarle un borrador que dejó aparcado en un cajón. El vicepresidente consideró que no era conveniente y, además, esa materia dependía de la Consejería de Interior.
Granados introdujo ciertos cambios en la Consejería de Interior cuando se hizo cargo de esa cartera. Contrató como asesores en septiembre de 2007 a tres guardias civiles destinados en Valdemoro, donde el consejero fue alcalde. Y nueve meses más tarde, en junio de 2008, colocó en el departamento a un ex policía llamado Marcos Peña que venía recomendado por el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo, uno de los dirigentes que más trabajó a favor de la teoría de la conspiración que pretendía involucrar a ETA en los atentados del 11-M. Y puso a sus órdenes a los ex guardias. Estos ex agentes tienen una singularidad: sólo responden ante el consejero. No están bajo las órdenes del actual director de seguridad, Enrique Barón, quien ha desechado controlarlos. Pero no sólo Barón receló de su labor. El sindicato UGT lo dice a las claras: "Existe un grupo de asesores nombrados por el consejero de Interior, desde septiembre de 2007, formado por ex policías, ex guardias civiles y personal de confianza, de los que se desconoce qué trabajo realizan". Granados sostiene que sus guardias civiles sólo le hacen tareas de escolta.
UGT también muestra su sorpresa al conocer que Sergio Gamón sigue en nómina de la Consejería de Interior. Gamón fue destituido como director general tras conocerse que había entrado con un comando en una sede autonómica de la Consejería de Justicia para requisar distinto material de un director que también fue sometido previamente a seguimientos.
Peña, el otro fichaje de Granados, se dedicó, entre otras cosas, a elaborar informes sobre tramas corruptas vinculadas a ayuntamientos socialistas. El consejero de Interior ha escuchado a Peña estos meses exponerle algunas teorías sobre la relación entre el incendio intencionado del coche particular de Granados en Valdemoro y la trama de corrupción socialista en el vecino municipio de Ciempozuelos. También ha escuchado Granados teorías de sus colaboradores sobre la implicación del CNI en el espionaje a Ignacio González. Los dos dossiers sobre los viajes públicos y privados al extranjero del vicepresidente, sobre los que el propio González sospecha que pudieron tener su origen dentro de la propia Comunidad por la información que manejaban, no aparecen citados en ninguno de los partes de seguimiento de personajes políticos elaborados por los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid. González y Granados compartieron mesa ante la prensa el pasado jueves. Ambos negaron que ex agentes de la Comunidad de Madrid hubieran hecho seguimientos de políticos del PP. Incluso llegaron a poner en duda que hubieran existido esos seguimientos. Era su puesta en escena para hacer frente a una situación que intentaron despreciar el lunes -"¿Por qué hacen ustedes caso a lo que cuenta EL PAÍS?", espetó Aguirre a los periodistas que le preguntaron ese día por el caso- y que a lo largo de la semana ha desencadenado indignación en los dirigentes nacionales del PP. Tanta que Rajoy ordenó abrir una investigación interna para depurar responsabilidades tras comprobar Aguirre intentaba cerrar el escándalo acusando a compañeros del partido de mentir.
Antes de la conferencia de prensa del jueves, González y Granados habían llamado por teléfono a Manuel Cobo, el vicealcalde de Madrid que fue espiado por ex agentes a sueldo de la Comunidad, para justificarse. "Yo no he sido, Manolo", proclamaron. Aguirre no levantó el teléfono. Recurrió a lo que más le gusta, un mensaje escrito por el móvil. En ninguna de las llamadas se atrevieron González y Granados a poner en duda que el espionaje político se había producido. A partir de ahí, pensaron que para su exposición pública, la mejor defensa era el ataque.
En sus declaraciones, ambos exculpan a los ex policías y ex guardias civiles que trabajan al servicio de la Consejería de Interior y amenazan con querellas a EL PAÍS, a Manuel Cobo, Alfredo Prada y Alberto Ruiz-Gallardón, todos los que han dado credibilidad a los testimonios de altos cargos de la Consejería de Interior y al contenido de los partes del espionaje en Madrid.
MARIANO RAJOY. Primero se fio de ella y ahora la investigará
Observó, escuchó y dejó hacer. En un primer momento, Rajoy cerró filas en torno a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Me ha dicho que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto, y yo les creo". Pero los nuevos capítulos de la red de espionaje, de la que había tenido noticia meses antes por la denuncia del entonces tesorero del partido, obligaron al líder del PP a tomar cartas en el asunto. Atrás quedó la confianza en Aguirre. Ordenó a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, abrir una investigación para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades".
ESPERANZA AGUIRRE. "Nos vemos en los tribunales"
La presidenta regional prefirió ver el toro desde la barrera. Los tres días siguientes a la publicación de la noticia no compareció públicamente. Incluso no presidió el Consejo de Gobierno del jueves porque tenía "un acto privado". Al cuarto día apareció para desmentir de forma tajante que los seguimientos hayan sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de su administración. Tras poner la mano en el fuego por sus consejeros, amenazó a EL PAÍS: "Nos vemos en los tribunales". Y a renglón seguido pidió a todo aquel que sostenga la tesis contraria a la suya que lo denuncie ante el juez.
ALBERTO R.-GALLARDÓN. "Sabemos que ha habido espionaje"
El alcalde de Madrid se desmarcó una vez más del discurso de Esperanza Aguirre. Gallardón manifestó su rechazo a la red de espionaje desde un principio -el vicealcalde, Manuel Cobo, fue sometido a vigilancia-. "Sabemos que se ha realizado esa investigación, porque no se ha hecho tacha de falsedad de la totalidad de los documentos [que publicó EL PAÍS]".
Para echar más leña a la hoguera, Gallardón acusó a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" que es ilícito puesto que la Comunidad "no tiene competencia en seguridad". "Si los seguimientos están hechos por estas personas, es un delito", aseguró en TVE
LAS NOTAS SECRETAS DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS DEL PP EN MADRID
Seis partes de los seguimientos efectuados por ex policías a sueldo de la Consejería de Interior
El vicealcalde investigado
- Los espías controlan los movimientos de Manuel Cobo desde que sale de su vivienda, en una localidad vecina de la capital, y expresan su temor a que los sorprendan policías municipales.
Fotos del acompañante de Prada
- En el espionaje al entonces consejero de Justicia, se meten junto a él en el hotel y dos de los agentes toman fotografías del acompañante de Alfredo Prada.
"Nuestro director Sergio"
- Los agentes encargados del seguimiento a políticos también recogen en los partes la llegada de su director, Sergio [Gamón], en ese momento director general de Seguridad de la Consejería de Interior.
Una diputada del PP, controlada
- En la operación, los ex agentes a sueldo de la Comunidad descubren coches sospechosos, toman sus matrículas y luego investigan a sus propietarios. Aquí hallaron a una diputada del PP.
"Sale El Cabezón"
- A Juan Carlos Fernández, apodado El Cabezón por los agentes, también le controlaron. Fernández era uno de los hombres de confianza del consejero de Justicia, también espiado.
Bajo, canoso y gordo
- A un desconocido que se encuentra con el consejero Prada Presa le describen con estas palabras: "Baja estatura, cabeza despoblada, nariz puntiaguda, cintura gruesa...".
www.elpais.es 25.01.09
Los espías de la Comunidad siguieron a un alto cargo al que requisaron el ordenador
Los ex agentes vigilaron al director de Seguridad de Justicia varios meses de 2008 y se llevaron documentos de su despacho cuando el consejero Prada fue destituido
Los ex agentes que trabajan en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid incluyeron en sus seguimientos y espionajes al director de Seguridad de la Consejería de Justicia, Juan Carlos Fernández, al que identificaban en sus partes como "el cabezón". Era un viejo conocido del departamento de Interior porque había trabajado como directivo en este organismo entre 2004 y 2007, fecha en la que el consejero Alfredo Prada, de quien dependía, fue relevado de su puesto como titular de Interior y se quedó solo al frente de Justicia. En ese momento, Fernández pasó a dirigir la seguridad de una empresa pública dependiente de Justicia y denominada Campus de la Justicia.
Los partes de la vigilancia se refieren al observado como "El Cabezón"
La fiscalía archivó la denuncia por espionaje que presentó Fernández
Los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid que hicieron el seguimiento a "El Cabezón" -Alfredo Prada y otras personas de ese departamento autonómico confirman que se conocía por ese apodo a Juan Carlos Fernández- le encontraron siempre en los aledaños de la Consejería de Justicia, en la calle de Miguel Ángel, a la que acudía a trabajar bajo la dirección del consejero Prada.
El 3 de abril, los espías le localizan junto a otras personas a las que también identifican por sus apodos: "Sobre las 14.50 sale el ENANO acompañado de otra persona que no conocemos (la misma del día anterior) y no regresa. Poco después sale el del PAÑUELO (persona que en alguna ocasión acompañó al CABEZÓN). Al poco tiempo sale el CABEZÓN, come por la zona y regresa a las 15.45".
El 23 de abril, vuelven a referirse a Juan Carlos Fernández: "Sale del trabajo a las 19.35, vuelve a los 40 minutos y vuelve a salir a las 20.45, todo en su vehículo habitual". En algunas ocasiones, le siguen por la calle: "A las 14.20 horas, el Cabezón sale del lugar de trabajo, sale andando hacia Castellana y en la puerta del hotel Intercontinental coge un taxi".
La preocupación por los pasos de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza de Alfredo Prada, que le había tenido como director de seguridad tanto en su etapa de consejero de Interior como en la de titular de Justicia, tuvo un desenlace escandaloso a partir del 25 de junio de 2008, cuando Prada fue destituido y apartado del Gobierno regional por Esperanza Aguirre. Al día siguiente, el ex comisario de policía Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad Ciudadana y jefe de las unidades donde trabajaban los ex agentes que espiaban a cargos públicos, se dirigió a las diez y media de la mañana a la sede de la Sociedad Pública Campus de la Justicia, dependiente de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Gamón se llevó a cuatro subordinados de la Consejería de Interior para requisar diversos documentos de la mesa del despacho de Juan Carlos Fernández, que ese día se había ausentado del trabajo para acudir al funeral de un pariente. Gamón pidió las llaves del despacho y lo cerró hasta el lunes. El sábado por la mañana, alguien retiró el ordenador personal de Juan Carlos Fernández donde, supuestamente, figuraban algunos dossiers patrimoniales de consejeros.
El episodio no pasó inadvertido para Alfredo Prada, que se quejó ante el consejero de Interior, Francisco Granados, quién aseguró que no había dado orden alguna de registrar el despacho de Juan Carlos Fernández. Gamón, sin embargo, aseguró que siempre obraba a las órdenes de Granados. El escándalo acabó con la destitución oficial de Sergio Gamón como director general de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, Esperanza Aguirre, le mantuvo como asesor de la Consejería de Interior y con un sueldo similar al que cobraba, para lo que tuvo que darle el cargo de director del Área de Seguridad. Granados, en privado, ha asegurado que intentó apartarlo sin éxito de su consejería por lo que consideraba una torpeza.
A raíz del escándalo desatado esta semana tras conocerse el espionaje y seguimiento a altos cargos del PP, Esperanza Aguirre aseguró que si alguien de la Comunidad de Madrid está implicado será expulsado. Gamón fue destituido en su día, pero no expulsado.
El ex comisario Gamón aseguró que el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, le había ordenado que revisase cómo estaba el asunto de la Seguridad en la Ciudad de la Justicia y por eso acudió allí, aunque negó que hubiera requisado documentos o el ordenador personal de Juan Carlos Fernández.
Fernández denunció el espionaje de que fue objeto ante la Fiscalía de Madrid, cuyas gestiones resultaron inútiles pues cuando pidió las imágenes de las videocámaras de vigilancia del lugar donde ocurrieron los hechos las cintas ya habían sido destruidas porque, según la versión de la Comunidad de Madrid, sólo se guardaban cinco días de grabación.
www.elpais.es 24.01.09
Granados matiza sus negativas
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, pasó ayer de negar rotundamente que personas del Gobierno regional hayan participado en espionaje político a declarar: "Tampoco puedo decir que los seguimientos no se hayan producido desde dentro de la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad es muy grande [unos 175.000 funcionarios], pero desde luego tengo la completa seguridad, hasta donde yo puedo controlar, que eso no se ha producido".
El jueves, la presidenta Esperanza Aguirre descartó con rotundidad que personas relacionadas con su Gobierno hubieran participado de "estos hechos gravísimos". El consejero de Sanidad y portavoz del PP en Madrid, Juan José Güemes, dijo ayer que la información es un "bulo" y que hará "lo posible" para que EL PAÍS responda ante la justicia.
Granados, entrevistado en Onda Cero y RNE, dijo también que ha "apretado las tuercas" a los miembros de su Departamento para averiguar si saben algo. De los casos conocidos, reiteró que sólo tiene "constancia" que están "probado" el seguimiento a González, ya que aparecieron fotografías publicadas en EL PAÍS.
Granados consideró que detrás de los seguimientos hay "alguien muy poderoso", porque para hacer un seguimiento a González hasta Colombia "requiere un gran despliegue de medios", aunque rechazó de plano las insinuaciones de que sea el Ministerio del Interior. Por último, señaló que todo este asunto podría estar relacionado con la guerra abierta en Caja Madrid, porque "de los enfrentamientos que en el seno de la entidad se están produciendo se derivan intereses muy importantes".
www.elpais.es 24.01.09
PSM e IU se personarán como acusación por el espionaje en Madrid
La izquierda forzará una comisión de investigación en la Asamblea
En el Parlamento y en los tribunales. El PSM-PSOE e Izquierda Unida (IU) quieren estar en primera fila para seguir todos los avatares jurídicos y políticos que rodean el caso de espionaje político a altos cargos del PP. Las direcciones de ambas formaciones han decidido personarse como acusación popular en la causa abierta en la Administración de Justicia y, por otro lado, forzar la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Para esto último, se requieren las dos quintas partes de la Cámara, lo que consigue la izquierda parlamentaria si une sus fuerzas.
La oposición quiere examinar el "entramado" de la Consejería de Interior
Este despliegue ofensivo tomó cuerpo ayer después de que el PSM, con la total aquiescencia del PSOE, decidiera hacer de este conflicto interno del PP, con derivaciones políticas y eventualmente judiciales, el elemento esencial de su política de oposición, singularmente contra la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Para justificar las acciones, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, envolvió sus iniciativas con palabras trascendentes. "Se está viviendo la mayor crisis política, social y moral que nunca haya sufrido la Comunidad de Madrid", señaló Gómez al anunciar la personación popular como partido en la causa.
Sin ocultar sus intenciones, inscribió la decisión de forzar una comisión de investigación en la Asamblea en su afán de que "se depuren responsabilidades políticas". Los socialistas quieren dosificar su exigencia de responsabilidades a medida que avance la investigación, por lo que, en principio, no piden la dimisión de nadie, sino que apelan a principios éticos y morales para considerar que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, "no tiene autoridad moral para seguir en sus cargos".
Aunque el PSM e IU tengan una coincidencia de intereses y unan sus fuerzas para crear una comisión de investigación, los estilos políticos son diferentes. Por eso, la portavoz parlamentaria de IU, Inés Sabanés, califica de "inadmisible" la permanencia aún en su cargo del consejero. Este grupo político ha centrado su interés en Granados (también secretario general del PP madrileño) por pertenecer a su consejería los ex agentes a sueldo que espiaron a altos cargos de la Comunidad. Desde el primer momento, IU pidió la comparecencia de Granados en la Asamblea; el lunes lo reiterará, y para entonces el PP habrá decidido si acepta o no esa comparecencia inmediata.
La investigación sobre la Consejería de Interior se antoja al PSM e IU de un valor muy notable para conocer qué ocurría en ese departamento. Así, IU ya ha registrado la petición de comparecencias urgentes del director general de Seguridad, Enrique Barón, del director del Área de Seguridad de la consejería, Sergio Gamón, y del jefe del Departamento de Asesores de Seguridad, Marcos Peña. "Estas personas deben explicar el entramado de seguridad de la región, ya que algunas de sus actividades, según lo publicado, bordean, cuando no atentan directamente, la legalidad", expone IU."Las cárceles están llenas de gente que dice que es inocente". Ésta es la frase pronunciada por Tomás Gómez, secretario general del PSM-PSOE, que ha levantado las iras del PP. "Son palabras despreciables", enjuició el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Gómez hizo ese comentario respecto a la persistencia del consejero de Interior, Francisco Granados, en mantener que nunca ha ordenado espiar a nadie. Lo cierto es que desde que se ha desatado este escándalo del supuesto espionaje a altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre por ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior, el PSM no suelta la presa.
En la dirección del socialismo madrileño no ocultan que este asunto va a ocupar buena parte de sus energías. Además, no hay duda de que así será por el despliegue de iniciativas que el PSM, y también Izquierda Unida, han puesto en marcha para tratar de averiguar hasta dónde llegan las responsabilidades en la existencia de un cuerpo de seguridad, dependiente de la Consejería de Interior, formado por ex agentes, que ha espiado a altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.
Según la interpretación del PSM, el fondo de este asunto es político, ya que supone la puesta en evidencia de la lucha sin cuartel entre los afines de Esperanza Aguirre contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El hecho de que también haya sido vigilado Ignacio González, vicepresidente del Gobierno regional y persona de confianza de la presidenta, supone para los socialistas un "incidente" en el camino, porque es sabido que no todos los colaboradores de la dirigente madrileña tienen buenas relaciones entre sí.
Por mucho que desde el PP se critique a Gómez por "esperar a ver qué dicen los periódicos por las mañanas para hacer oposición", como le ha espetado David Pérez, el PSM no va a mirar hacia otro lado. "Se trata de una trama probablemente de carácter delictivo, tanto por el uso de fondos públicos como por su propia constitución que atenta contra el Estado de derecho", señaló Gómez.
Que va a por todas lo demostró ayer Gómez al convocar una reunión extraordinaria para el próximo lunes con todos los secretarios generales de su partido. Se trata de lanzarse en tromba contra el Gobierno de Aguirre en particular, y contra el PP madrileño en general, informan en la dirección socialista. De esta estrategia es consciente el PP. David Pérez acusó al líder del PSM de practicar una política "indecente, inquisitorial, oportunista, carroñera e injuriosa".
Aunque el PSM tiene autonomía plena para articular su estrategia en este asunto, cuenta además con la aquiescencia del PSOE. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aunque sin adjetivos, pidió ayer al PP de Madrid que "salde esta cuenta con los ciudadanos".
www.elpais.es 24.01.09
El PSOE denuncia que una cuñada de Granados haya obtenido un cargo
Madrid.- María del Mar Alarcón Castellanos es profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos.
El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha denunciado que en la última reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrada el pasado jueves en ausencia de la presidenta Esperanza Aguirre, una cuñada del consejero Granados fue nombrada responsable del Servicio regional de Seguridad Social y Salud Laboral.
Se trata de María del Mar Alarcón Castellanos, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.
Gómez ha dicho que le "parece una tomadura de pelo, con la que está cayendo, que el jueves, en ese Consejo de Gobierno al que no acudió Aguirre, y después del cuál Granados e Ignacio González aparecieron juntos, se tomara el acuerdo de nombrar a la señora María del Mar Alarcón Castellanos, cuñada de Granados, responsable del Servicio de Seguridad Social y Salud Laboral de la Comunidad de Madrid".
"Éste no es el cortijo de nadie; ésta es la Comunidad líder en España y tiene que aspirar a liderar Europa", se ha quejado el dirigente socialista, que la víspera afirmó que Granados "no tiene autoridad moral para seguir siendo consejero".
EFE @ 24-01-2009 15:07
El marianista Quevedo asegura que el consejero de Interior realizaba dossiers contra Rajoy en el Congreso de Valencia
Federico Quevedo, columnista de El Confidencial y portavoz oficioso de Mariano Rajoy ante los medios ha dedicado su columna a criticar a “las manzanas podridas” del PP que han urdido el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid. Quevedo relata que ya en la época del Congreso de Valencia “circularon dossiers sobre algunos miembros” del equipo de Rajoy y que “la paternidad” de aquellos informes se atribuía “a Granados y a su gente”.
Quevedo carga contra “ese cainismo cerril y tabernario que encierra la derecha en sus entrañas” y que está más preocupado “por lo suyo” que por ayudar al partido a reforzarse como alternativa de gobierno. Incluso, ilustra la desesperación del PP con la expresión que le confesó un alto cargo de Génova: “A veces te entran ganas de tirar la toalla”.
“Es de coña”
Para Federico Quevedo, todo lo que el PP está intentando construir para ofrecer a los ciudadanos alternativas serias, “ha saltado por los aires” con la trama de espionajes destapada en las entrañas del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. “Es como de coña”, lamenta este columnista incondicional de la línea marianista del PP, que resume la desesperación del partido en la expresión que le dijo un alto cargo de Génova 13: “A veces te entran ganas de tirar la toalla”.
Manzanas podridas
El periodista lamenta que ante los retos electorales que enfrenta el partido, siga habiendo “manzanas podridas dispuestas a extender su podredumbre al resto” y empeñadas en ocuparse “sólo de lo suyo” y “de arrebatarle al otro la cuota de poder que ostenta”. Para Quevedo, no deja de ser una expresión más de “ese cainismo cerril y tabernario que encierra la derecha en sus entrañas” y que parece empeñada en “jorobarle al PP la mejor oportunidad” que ha tenido para arrebatarle el poder a Zapatero.
Espionaje en Valencia
Pero Quevedo no se queda ahí y apunta que toda esta trama del espionaje viene de antiguo: “Me consta que durante los meses previos y posteriores al Congreso de Valencia, en medio de una lucha encarnizada cuyo fin era echar a Rajoy del PP, circularon dosieres sobre algunos miembros de su equipo, y que la paternidad de alguno de esos dosieres se atribuía a Granados y a su gente”.
“Nadie cree lo contrario”
Con este panorama, el periodista cree que Aguirre debería haber apartado a Granados de su puesto. “Ya sé que eso es igual a señalarlo como sospechoso pero es que, francamente, nadie cree lo contrario”, afirma Quevedo, para quien Granados quizás se “extralimitara de sus funciones” durante su participación “en el movimiento anti-Rajoy”. “En Génova 13 están incluso bastante más convencidos que yo de que es así”, revela Quevedo.
www.elplural.com 24.01.09MENSAJE ENTRE LÍNEAS DE GALLARDÓN
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aprovechó ayer el acto de presentación de la 44ª promoción de la Policía Municipal para dejar caer un mensaje en su discurso en pleno escándalo por el seguimiento a miembros del PP en Madrid: "Toda esta labor [la de la policía local] se desarrolla como se debe, con transparencia, con arreglo estricto a nuestras competencias", dijo. A la derecha del alcalde, el fiscal Manuel Moix, que investiga los espionajes que han sufrido altos cargos del PP.
www.elpais.es 24.01.09
Cospedal exculpa a Esperanza Aguirre tras una conversación telefónica
La 'número dos' del PP emprende la investigación interna que ordenó Rajoy
María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ha empezado ya las entrevistas personales y telefónicas que componen la investigación interna sobre el espionaje en Madrid que ordenó el jueves Mariano Rajoy. Para arrancar, la tarde de ese mismo día mantuvo una conversación telefónica con Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad le aseguró que no sabe nada de los seguimientos ni del grupo de ex agentes creado en la Consejería de Interior y Cospedal se dio por satisfecha.
El partido inicia hoy una convención marcada por la guerra interna
"Ya he hablado con Aguirre y me ha dicho que no tenía conocimiento de este asunto, y yo la creo. ¿Cómo no la voy a creer?, claro que la creo", aseguró en rueda de prensa.
Cospedal también ha hablado ya con otros miembros del partido involucrados en distinto grado en el caso. Por ejemplo, con el consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados, su antecesor, Alfredo Prada, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Con este último, Cospedal se reunió ayer por la tarde durante 15 minutos, según fuentes del PP. El número dos de Aguirre negó tener conocimiento de la existencia de un grupo de ex policías y ex guardias civiles dependientes de la Consejería de Justicia, dedicados a hacer labores de espionaje. Negó conocer a Marcos Peña, responsable actual del grupo.
Otra parte de la conversación se refirió al seguimiento del que él mismo fue objeto en un viaje a Cartagena de Indias. La versión del PP es que González transmitió su opinión de que en ese seguimiento se utilizaron medios muy sofisticados que no están al alcance de cualquiera, pero desconoce el origen. Respecto al resto de los seguimientos, también aseguró desconocer el origen. Francisco Granados negó también ante Cospedal tener relación con los hechos, según el PP. La versión de la Comunidad sigue siendo que la estructura de seguridad es la misma de la etapa de los anteriores presidentes, Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina. La secretaria general del PP pretende tener concluido el informe en breve. Cuando tenga conclusiones lo remitirá al Comité Nacional de Derechos y Garantías que preside Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Interior y Justicia de Castilla y León y secretario general del PP en esa comunidad.
La investigación abierta por Rajoy ha irritado a la Comunidad, que desmiente todo y lamenta no tener respaldo de la dirección del PP en esa posición. En este ambiente, el PP abre hoy en Madrid su I Foro de militantes, una especie de convención bajo el lema "Queremos". Lo cerrará Rajoy el domingo y hoy lo abrirán Aguirre y Ruiz-Gallardón. Investigados, investigadores, espiados y afectados coincidirán en el acto todo el fin de semana.
www.elpais.es 24.01.09
Explosivas declaraciones del periodista de El País que ha desvelado la "sucia" trama de espionaje
El periodista de El País Francisco Mercado ha entregado este viernes al Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, información que demuestra que en la Comunidad de Madrid ha existido una trama de espionaje apoyada en dossieres "sucios" para "chantajear, quitar rivales de en medio o destruir hogares".
Así lo ha indicado Francisco Mercado, autor de las informaciones aparecidas en El País esta semana sobre la existencia de una supuesta trama de espionaje a políticos del PP, que esta mañana ha prestado declaración durante una hora en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias del Fiscal Superior, Manuel Moix.
Tirar del hielo
A su salida el periodista ha manifestado que ha pedido al Fiscal que se esclarezcan "hasta las últimas consecuencias" del caso y se "llegue hasta el final de la investigación" para averiguar quien o quienes están detrás de esta trama y ha asegurado que con la documentación que ha aportado El País, la Justicia, el PP "y quien quiera investigar tiene elementos para tirar del hilo".
"Mucha más gente"
Mercado, que no ha precisado el origen de la documentación que obra en manos del País y que ha entregado al Fiscal, ha asegurado tener "pruebas" de que "han sido espiada mucha más gente" además del vicepresidente regional, Ignacio González; del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o del ex consejero Alfredo Prada, los casos que hasta hoy ha desvelado su periódico.
"Muy próximas a la Comunidad"
Ha dicho que de todos ellos posee documentación y datos profesionales y personales que van más allá de los de una agenda laboral o personal y que en el caso de González, también han llegado a sus manos documentos gráficos que demuestran que alguien le siguió "muy de cerca" en un reciente viaje a Cartagena de Indias y tuvo que contar para ello "con la complicidad de personas próximas a la Comunidad".
"No solo altos cargos"
Mercado ha asegurado que "es bueno para los partidos, para la democracia y para los ciudadanos" en general que se investigue quien o quien "están detrás de esto" porque de acuerdo con los documentos que han llegado a su periódico "no solo han investigado a altos cargos del PP, sino a todos los que se han acercado a ellos", como familiares o personas anónimas.
"Extorsionar"
"Según en qué manos caiga este material puede tener una repercusión bastante dolorosa para determinada gente, pues puede haber relaciones sentimentales rotas o conversaciones que nunca se deberían saber" que podrían utilizarse para "chantajear y extorsionar con ello", ha afirmado el periodista que ha calificado el caso de "muy grave".
Apunta a Granados
Ha opinado que podría llegar a haber "responsabilidades penales" siempre y cuando "se compruebe quienes son los autores" y ha recordado que en su periódico "nunca hemos dicho que el Gobierno de Aguirre está detrás de esto" pero sí que poseen datos que apuntan a que funcionarios de la Consejería de Justicia e Interior, dirigida por Francisco Granados, "han hecho labores" de investigación.
Se rearfirma
En esos datos, ha continuado, aparecen reflejados entre otros el ex director general de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, o el ex subdirector general de este área, Miguel Castaño, y que ambos en activo en el momento en que se cometieron los presuntos seguimientos. Además ha dicho que en El País "tenemos diversos soportes documentales y declaraciones de personas con alta relevancia en el Gobierno regional para decir lo que estamos diciendo".
Poder
A juicio del periodista, quien se esconde detrás de esto "sabe que la información es poder" y que en este caso "es un poder muy sucio, que necesita dossieres muy sucios para extorsionar, quitar rivales de en medio, chantajear o destruir hogares". En definitiva, ha añadido, "esta información es un poder incontrolado".www.elpais.es 23.01.09
RAJOY EXIGE RESPONSABILIDADES Y ABRE LA GUERRA CON AGUIRRE
Aguantó cuatro días. Se lo pedía casi todo su entorno y, al final, Mariano Rajoy, rompiendo con su tradicional prudencia, decidió abrir la guerra sin cuartel con Esperanza Aguirre. El líder ha hecho caso omiso al desmentido de la Comunidad de Madrid y ordenó a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, abrir una investigación interna para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades de carácter estrictamente político, que el PP exigiría con absoluta firmeza y determinación".
Los aguirristas lo tomaron inmediatamente como una agresión directa, porque insisten en que no hay que investigar porque es una "gran mentira". La propia Aguirre ha hablado con dirigentes importantes del PP -Rajoy, Cospedal, Javier Arenas, Ana Mato-, para intentar convencerles de ello. Les ha dicho que la estructura en la comunidad es la misma ahora que en tiempos de Gallardón o Leguina.
El líder le concedió el beneficio de la duda el miércoles -"yo la creo", dijo-, pero ayer explotó y ya no da crédito a su desmentido, que ni siquiera se cita en el comunicado. Después de meditarlo mucho, reunirse con Cospedal, Arenas y Mato, y con una nueva víctima encima de la mesa, esta vez un amigo del líder y miembro de su dirección como Alfredo Prada, responsable del PP en el Exterior, decidió lanzarse al cuello de Aguirre. Incluso los dirigentes que aconsejaban prudencia al líder, porque él no podía, decían, "meterse en este barro", se rindieron ayer, al comprobar la estrategia defensiva de los aguirristas, que en lugar de iniciar una investigación interna, aseguran que todo es una gran mentira y no asumen ninguna responsabilidad. "Cuando hemos visto la rueda de prensa, y encima con la investigación de Prada encima de la mesa, que afecta a su familia, el jefe ya no ha aguantado más", señalaba un marianista. Aguirre decidió seguir al contrataque y obvió el comunicado para insistir en que ella reta a cualquiera, incluido Gallardón, a probar que el espionaje ha salido de la Comunidad.
A última hora de la tarde, y tras ausentarse del Consejo de Gobierno "por un acto privado", Aguirre acudió a una entrega de premios, repitió los argumentos de sus consejeros y dijo que pone "la mano en el fuego por ellos". Obviando que Rajoy ha ordenado indagar los hechos, aseguró que la Comunidad no investigará nada por tratarse de delitos.
El enfrentamiento entre Aguirre y Rajoy viene de lejos. Estos días ha aguantado expresar en público el profundo malestar que, según sus próximos, le estaba provocando lo que ocurre en Caja Madrid. Algunos fieles del líder temían el miércoles que una guerra con Aguirre en este momento podía perjudicar al PP a poco más de un mes para dos elecciones clave, las gallegas y las vascas, y por eso pedían prudencia a los que reclamaban firmeza. Pero ayer todo reventó.
El comunicado es durísimo. "De confirmarse estas informaciones, nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen. La práctica de escuchas o seguimientos ilegales repugnan al PP y a su presidente, como ha quedado acreditado en su larga trayectoria política".
La investigación parte, según el comunicado, "desde el respeto al principio de presunción de inocencia y en aras de la ejemplaridad que debe presidir la vida pública" y la llevarán a cabo la secretaria general, Dolores de Cospedal, y la responsable de Organización, Ana Mato. Ayer mismo, contactaron con las personas aludidas en las informaciones para recabarles datos y citarles en los próximos días para conocer su visión de los hechos. Los primeros a los que se pedirá su testimonio serán Ignacio González, Francisco Granados, Alfredo Prada y Manuel Cobo. En principio, no tienen previsto citar a Aguirre ni a Gallardón. Su intención es concluir la investigación lo antes posible. Según fuentes del PP, el objetivo es determinar si existe un servicio de seguridad paralelo en la Comunidad, si se han producido seguimientos y, ante la evidencia documental del espionaje a González, quién lo hizo.
Horas antes del comunicado, el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, intentó implicar al Ministerio del Interior en el caso. Pons aseguró en TVE que Interior debe explicar cómo los autores de los seguimientos manejaban datos como las matrículas a las que, según él, sólo pueden acceder las Fuerzas de Seguridad. "A lo mejor quien está detrás de esta investigación no necesariamente tiene que ser parte del PP", dijo.
(www.elpais.com, 23/01/09)
LAS EVIDENCIAS SOBRE EL SEGUIMIENTO A POLÍTICOS MADRILEÑOS
- El ex policía Marcos Peña reconoce que hace informes para el consejero Granados.
El ex inspector de policía Marcos Peña, asesor del consejero de Interior, Francisco Granados, desde junio de 2008, declara a EL PAÍS que su trabajo para Granados consiste, sobre todo, en realizar informes reservados, para lo que cuenta con tres ex guardias civiles. "Yo asesoro o hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida. Yo quería trabajar en solitario, pero Granados me pidió que usara a estos ex guardias, que eran de su confianza". Peña aseguró que había investigado el caso Coslada, la presunta trama de corrupción que lideraba el jefe de la Policía Municipal, Ginés Jiménez, y el caso Ciempozuelos, que acabó con los dos principales dirigentes socialistas de la localidad (Pedro Antonio Torrejón, que era alcalde, y Joaquín Tejeiro, ex regidor) en la cárcel.
- El vicepresidente, Ignacio González, denuncia a la fiscalía que espías que le han seguido han utilizado información reservada. EL PAÍS consiguió el dossier que incluía las fotos, tomadas desde una cámara oculta, de González y sus acompañantes durante un viaje oficial que efectuó a Cartagena de Indias en agosto de 2008. Para un segundo informe, los espías consiguieron una fotocopia de los billetes de avión de González y su esposa del viaje privado que efectuaron a Johanesburgo en marzo de 2008, junto al empresario y contratista de la Comunidad Enrique Sánchez González. En su denuncia a la fiscalía por ambos seguimientos, González explica: "Llama la atención que, para realizar el seguimiento a mi persona, los autores han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener en ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos".
- Los espías que siguen al ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada hablan del coche oficial del que dispone su director. El equipo que espió en primavera al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, describe en su parte del 22 de abril: "A las 17.30 llega al puesto de trabajo habitual de P [Prada] el conductor de nuestro director Sergio con el vehículo oficial del mismo". Sergio es, supuestamente, Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad. Prada, el consejero de Aguirre más afín a Rajoy, fue vigilado en semanas previas al Congreso del partido, tras el cual fue destituido. Granados dijo ayer sobre esa frase referida a Gamón: "Eso no significa absolutamente nada. Es como si [el dossier] dijera 'entra nuestro presidente, Zapatero"
- El ex delegado del Gobierno en Ceuta con Aznar ofrece a Ignacio González legalizar el servicio de inteligencia regional. Luis Vicente Moro declara a EL PAÍS que en verano propuso al vicepresidente Ignacio González un proyecto de servicio de inteligencia "para aplicarle legalidad y legitimidad" al que había, y que se había hecho muy popular "entre los expertos en el sector de la seguridad". "Se decía que altos cargos de la Seguridad estaban siendo vigilados por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad".
(www.elpais.com, 23/01/09)
RAJOY ORDENA AHORA INVESTIGAR
El presidente nacional del PP ordenó ayer -cuatro días después de que apareciera la primera información sobre la supuesta trama de espionaje en Madrid- abrir una investigación interna en su partido para dilucidar si los hechos que narra El País son o no ciertos.
De esta forma, pidió a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que abra una investigación «para aclarar hasta sus últimos extremos los ocurrido y adoptar las medidas pertinentes», según un comunicado del partido que se hizo público ayer por la tarde.
Por la mañana, el portavoz del PP, Esteban González Pons, apuntaba hacia otro sitio: el Ministerio del Interior. Pero, por la tarde, Rajoy decidió abrir una investigación interna sobre lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, como le han pedido algunos dirigentes de su partido.
El comunicado del PP afirma que, «de confirmarse estas informaciones», se trataría de «hechos gravísimos» y «actuaciones inadmisibles» que darían lugar a «responsabilidades en el ámbito de la Justicia» y «responsabilidades de carácter estrictamente político» que el PP exigirá «con absoluta firmeza y determinación».
En el mismo comunicado, el PP insta a la Justicia a que abra una investigación inmediata para depurar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la supuesta trama de espionaje.
La dirección del PP dice en esa misma nota «sentir repugnancia» ante la práctica de escuchas o seguimientos ilegales «con fines desconocidos» a dirigentes del partido.
Desde Toledo, María Dolores de Cospedal dijo que su partido está «completamente indignado» por la supuesta trama de espionaje en Madrid y que tomará «las más enérgicas medidas» en cuanto este asunto se esclarezca.
De Cospedal aclaró que sólo «tenemos la constancia de que ha aparecido en medios de comunicación la denuncia de esos hechos».
Pero agregó: «No sabemos si esos hechos son o no ciertos, pero de serlo son hechos gravísimos y tengo que trasladarles la completa indignación de mi partido por que pueda haber seguimiento, espionaje o cualquier tipo de vigilancia hacia militantes del Partido Popular».
Fuentes del PP de Madrid mostraron ayer su «sorpresa absoluta» porque consideran que Rajoy «da alguna credibilidad a unos hechos que el periódico no ha documentado en absoluto en ninguna de las entregas», algo que ayer calificó Granados como «una gran mentira».
(www.elmundo.es, 23/01/09)
LA TRAMA DE ESPIONAJE REABRE LAS HOSTILIDADES ENTRE AGUIRRE Y RAJOY
Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre han intentado mantener las formas desde el pasado congreso popular de Valencia. Querían dar apariencia de calma, aunque fuera tensa. Pero la trama de espionaje supuestamente ligada a la Comunidad de Madrid ha demostrado que hay un telón de acero entre el bloque de los partidarios de Rajoy y el de los de Aguirre, que han resucitado una guerra fría de consecuencias impredecibles. Ayer, el líder del PP dio instrucciones a su secretaria general, Dolores de Cospedal, para que abra una investigación interna sobre este embrollo, iniciativa que ha encolerizado a Aguirre. Las hostilidades entre ambos se han desatado.
El caso es que, en solo 24 horas, Rajoy ha pasado de expresar su confianza en la presidenta madrileña para zanjar el escándalo a tomar cartas en el asunto. El cambio de criterio se produjo, según fuentes de su entorno, cuando supo que no solo han sido vigilados el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, y al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, sino también Alfredo Prada, dirigente del PP cuyo apoyo a Rajoy en el cónclave de Valencia llevó a Aguirre a destituirlo como consejero.
Y, además de anunciar la apertura de dicha investigación, Rajoy quiso comunicárselo a la propia presidenta --que recibió también numerosas llamadas de distintos dirigentes del PP a cuenta del mismo asunto-- y darlo a conocer a la opinión pública a través de un comunicado oficial.¿Qué es lo que pretende el líder del PP al dar este paso? Pues, según la versión difundida por el partido, exigir "con absoluta firmeza y determinación" responsabilidades políticas, si fuera menester.La traducción del citado comunicado no admite dudas. Que la dirección popular considere que de esta trama pudieran derivarse responsabilidades de carácter político demuestra que otorga credibilidad a la hipótesis de que un político, o una institución, podría estar detrás del escándalo de espionaje. Llegados a este punto, toca preguntarse por lo que opina de todo esto Aguirre. A su juicio, nada tiene que investigar el PP, puesto que el caso está en manos de la fiscalía y de un juzgado. "Aquí, en la comunidad, no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada parecido", sostuvo ayer. Y lanzó una durísima advertencia: "El alcalde de Madrid, o cualquiera que dé por buena esa información de El País, tendrá que probarlo o rectificar. O nos veremos en los tribunales".
Tan segura dice estar Aguirre de que desde su gobierno no se han impulsado prácticas de espionaje que ayer, ante una multitud de periodistas, dijo poner "la mano en el fuego" por sus consejeros. Eso incluye a su responsable de Interior, Francisco Granados, señalado como jefe de un equipo de expolicías y exguardias civiles que supuestamente realizó seguimientos a otros políticos del PP.
Eso sí, ella advirtió que si alguien posee una "prueba" que afecte a alguno de sus colaboradores, este "será expulsado, tenga el nivel que tenga". Y es que, según Aguirre, ella es la más perjudicada por todas las informaciones que han salido a la luz, aunque insistió en que en un Estado de derecho no hay que demostrar la inocencia sino la culpabilidad. En la misma línea se manifestaron por la mañana su vicepresidente y portavoz, Ignacio González, y el consejero de Interior, Granados.
Sin embargo, el equipo de Rajoy, como hiciera el miércoles en TVE el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, discrepa y da crédito a las crónicas periodísticas sobre esa supuesta red de espionaje. Así se desprende de la literalidad del comunicado: "De confirmarse estas informaciones, nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen", alertan los populares. Para intentar llegar a una conclusión propia al respecto, Cospedal llamará uno por uno a los supuestos espiados y a Granados, que ayer dejó claro que no se le pasa por la cabeza dimitir.
Pero el enfrentamiento de Aguirre y de sus consejeros con Rajoy se extiende hasta salpicar a Gallardón, que ha aseverado que la Comunidad no puede contar con un cuerpo "parapolicial". A esto, el vicepresidente González y el consejero Granados respondieron en rueda de prensa, ayer por la mañana, que, si actualmente existe alguna estructura parapolicial, es la heredada del socialista Joaquín Leguina y, principalmente, de la etapa en que el mismo Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad, cuando reformó el modelo de seguridad autonómico.Tras incidir en que la denuncia sobre la trama de espionaje es "una gran mentira", se desmarcaron también de la tesis que por la mañana había esgrimido el vicesecretario del PP, Esteban González Pons. El portavoz acusó al Ministerio del Interior de "connivencia" con los espías, que, a su juicio, precisaron del apoyo de las fuerzas de seguridad para cotejar las matrículas de quienes se reunían con los vigilados. La salida de Pons no gustó al equipo de Aguirre --que se niega a dar por buena la existencia de seguimientos, salvo el de González-- ni a su partido. Nadie le siguió, quizá porque cualquier ciudadano puede averiguar quién es el propietario de un vehículo, según fuentes de la Dirección General de Tráfico consultadas por este diario. En el 2008, Tráfico tramitó siete millones de informes relacionados con las placas.
(www.elperiodico.com, 23/01/09)
EL ESPIONAJE REGIONAL DE MADRID TENSA LA CUERDA AGUIRRE-RAJOY-GALLARDÓN
Una declaración de guerra. La decisión de Mariano Rajoy de abrir una investigación interna para aclarar el caso de espionaje que afecta a la Comunidad de Madrid cayó como un jarro de agua fría en el sector aguirrista del PP, que se considera directamente acusado.
Lo que movió al líder del PP a tomar cartas en el asunto fue una nueva entrega del diario El País con otro caso de presunto espionaje, esta vez referido al ex consejero Alfredo Prada, el único miembro del Gobierno madrileño que apoyó a Rajoy en el congreso de Valencia, lo que le costó el puesto.
La información vuelve a relacionar al equipo de seguridad del consejero Francisco Granados con prácticas de espionaje, que también habrían afectado al vicealcalde, Manuel Cobo. El citado equipo habría recopilado detalles de comidas y visitas, privadas y públicas, obtenidas por un dispositivo de seguimiento, comprobación de matrículas y fotografía.Tras la difusión de nuevas sospechas de espionaje, Rajoy ordenó ayer a Maria Dolores de Cospedal la apertura de una investigación interna para aclarar los hechos, llegar hasta el final y, en su caso, "adoptar las medidas pertinentes". "Es una gran mentira", aseguró Francisco Granados, que compareció junto al vicepresidente Ignacio González en la sede de la Comunidad de Madrid.
El comunicado de Rajoy, que éste no consultó con Aguirre, fue considerado en el PP de Madrid una declaración de guerra. "Desde el respeto al principio de presunción de inocencia y en aras de la ejemplaridad que debe presidir la vida pública...", dice el texto. Con ello, el PP otorga a las revelaciones la gravedad que niega la Comunidad de Madrid, en los casos que no afectan al vicepresidente Ignacio González: "De confirmarse - añade el comunicado-nos encontraríamos ante hechos gravísimos y actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen".
Un origen controvertido, ya que los seguimientos a Cobo y Prada señalan a empleados de Granados, el espionaje a Ignacio González parece tener otra auotría. Para desviar la atención, Esteban González Pons intentó implicar ayer al Ministerio del Interior: "La comprobación de la propiedad de un vehículo a partir de una matrícula no se puede hacer sin la connivencia de Tráfico e Interior". La fiscalía ya ha abierto una investigación, con base en el espionaje a González, aunque Prada también ha denunciado judicialmente los hechos. La atención estaba ayer en la reunión del consejo de gobierno de la Comunidad -en ausencia de Esperanza Aguirre, por motivos privados- para analizar los hechos. Comparecieron después Gonzalez y Granados. El primero, serio y nervioso, es el único de los espiados de los que hay, de momento, prueba documental; el segundo, desafiante y sonriente, habló de "la gran mentira" en la que se le involucra, y negó el espionaje desde la Comunidad, aunque aunque no quiso atribuírselo a Interior, rechazando el cabo que le tendía González Pons.Los dos contaron con el apoyo de Aguirre, que, por la tarde, puso la mano en el fuego por sus consejeros y aseguró que ella es "la principal perjudicada". Todas las intervenciones reflejaron el duro enfrentamiento con Ruiz Gallardón, a quien reprocharon que dé por cierta la existencia de un grupo parapolicial.
(www.lavanguardia.es, 23/01/09)
ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR TODOS SUS CONSEJEROS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy que pone "la mano en el fuego" por todos sus consejeros y ha considerado que es "la principal perjudicada" por la supuesta trama de espionaje a políticos de la región y, por ello, la primera que quiere que se esclarezca.
En una comparecencia ante los medios previa al acto de entrega de los XVIII Premios AEDME, Aguirre ha subrayado que el Gobierno que preside "nada tiene que ver con estas imputaciones gravísimas y es el primero que quiere que se aclaren".
"Aquí -ha añadido- no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada que se le parezca y quién diga lo contrario tendrá que probarlo y, si no lo acredita, tendrá que rectificar".
Aguirre ha insistido en que "el que tenga pruebas que las ponga sobre la mesa, que ponga en conocimiento de los jueces y de la Fiscalía toda la documentación que pueda sostener o acreditar que aquí -en la Comunidad de Madrid- se ha montando algo parecido a un servicio de espionaje y si no se presentan estas pruebas, tendrán que vérselas con el Gobierno regional en los Tribunales".La presidenta ha hecho extensiva esta advertencia a Alberto Ruiz-Gallardón y ha dicho que "el alcalde de Madrid o cualesquier otra persona que dé por buena la información que publica El País tendrá que probarlo, que demostrarlo, que rectificar, y si no tendrán que vernos en los Tribunales".
La presidenta, que ha justificado su ausencia hoy en el Consejo de Gobierno afirmando que tenía un acto personal comprometido desde hace tiempo, ha argumentado que "esto es un Estado de Derecho y esto quiere decir que la inocencia no se tiene que probar, cómo voy a probar yo que yo no he montado ningún servicio de espionaje, la inocencia se presume, quien tiene que dar pruebas es quien acusa".
No obstante, la presidenta madrileña se ha comprometido a que "si hay una sola persona en la Comunidad de Madrid de la que se demuestre que ha participado en espionajes o seguimiento será expulsado". Aguirre ha asegurado que no ha hablado con el alcalde de Madrid desde que salió a la luz esta supuesta trama pero que sí mantuvo comunicación ayer, a través de varios mensajes de móvil, con el vicealcalde, Manuel Cobo, a quien expresó que "lamentaba que fuera víctima, como lo es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de estas falsas acusaciones".
Con quien si ha estado en contacto desde ayer es con los miembros de la dirección nacional del PP, incluidos su presidente, Mariano Rajoy, y la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y ha apuntado que le "parecen bien" todos los comunicados que hagan.
La presidenta ha recordado que no es a la Comunidad de Madrid a quien corresponde investigar esta presunta trama porque "aquí se imputan delitos penales y eso corresponde a los jueces y a la Fiscalía investigarlo".
En lo que compete a la Comunidad de Madrid, ha continuado, "tanto el señor Marcos Peña como el consejero Francisco Granados ya han dirigido un escrito a El País para que rectifique" y el Gobierno regional ha pedido motu proprio la comparecencia de Granados en la Asamblea de Madrid.
La presidenta ha defendido, además, que sólo da credibilidad al seguimiento al que ha sido sometido su vicepresidente, Ignacio González, porque "es el único caso que está acreditado que ha sido espiado". "El resto, no digo que no se hayan hecho, lo que digo es que el que tenga pruebas de que lo haya hecho la Comunidad de Madrid que las presente", ha concluido.
(www.elperiodico.com, 23/01/09)
EL GOBIERNO DE AGUIRRE SOPESÓ CREAR UN 'CNI' LEGAL AL SENTIRSE ESPIADO DESDE DENTRO
El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. En realidad, más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban siendo espiados desde dentro de la institución para intentar campañas de desprestigio mediante dossiers. El propio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen. Aún hoy siente la misma sensación, a tenor del contenido de su denuncia, donde alude a la cercanía de los cómplices que hicieron posible el espionaje sufrido durante su viaje a Cartagena de Indias en agosto de 2008 y en su viaje a Johanesburgo en marzo de 2008.
Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar, trató con el vicepresidente madrileño la necesidad de crear el servicio secreto. Moro era amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro combatía la inmigración irregular desde su puesto de Delegado del Gobierno en Ceuta.
Moro veía claro el problema que tenía el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando contactó con su amigo: "González y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia", seguimientos que conducían a la elaboración de dossiers contra él. "Necesitaba un servicio de información para protegerlo".
Moro explica así sus gestiones. "Hablamos de la posibilidad de algún servicio con el amparo y legitimación que tienen los del País Vasco y Cataluña. Era un servicio para proteger informativamente a los altos cargos de la Comunidad autónoma".
Moro reveló a EL PAÍS que por aquella época, los altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban preocupados porque temían que estuvieran siendo espiados desde dentro.
Ignacio González recibió el borrador de servicio secreto y lo aparcó. "No lo vi conveniente y, además, era un tema competencia de [Francisco] Granados [consejero de Interior de la Comunidad de Madrid]", explicó a EL PAÍS. González enmarcó la propuesta de su amigo en un intento de anular o neutralizar los dossiers que se lanzaban contra él en aquellos tiempos. Ahora, al recordarlo, no le concede mayor trascendencia, si bien reconoce el hartazgo que sobre él pesaba de ser objeto de oscuras maniobras cuando surgió la iniciativa. Pero evita detallar qué o quién bloqueó tal proyecto dentro del Gobierno regional.
Cuando Moro y González hablaban de crear un CNI madrileño legal, por más que entrañara una dura batalla competencial conseguirlo, el consejero de Interior, Francisco Granados, estaba fichando al ex inspector de policía Marcos Peña, que asumió la dirección de un equipo de ex guardias civiles. Peña aseguró a este periódico que su grupo realizaba los informes que le pedía su jefe, Granados, que versaban sobre escándalos o corrupciones que afectaban fundamentalmente a municipios socialistas como Coslada, Ciempozuelos...
El propio Francisco Granados les atribuye unas funciones de contravigilancia, que Peña desmiente y que, según los expertos, la ley les impide ejecutar por carecer la Comunidad de Madrid de competencias para ello. Esta unidad, al igual que otra que dirige el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, con varios ex policías a sus órdenes, dependen del consejero Granados. No están bajo la estructura orgánica al mando del actual director de Seguridad que ni los tiene, ni los ha querido tener, bajo sus órdenes.
Su labor escapa así al común de los integrantes de la seguridad de la Consejería de Interior. Las labores definidas por Peña perfilan un auténtico servicio de información. Granados lo niega. En este contexto de creación de unidades "descontroladas" de la estructura ordinaria y jerárquica -sólo responden al consejero, según fuentes de su departamento-, se bloqueó y se vetó la creación de un servicio secreto legal y transparente al servicio de la Comunidad de Madrid, tal y como planteaba Moro. "Vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces", ofreció Moro a González. No fue atendido. "Y ahora esto que está lloviendo es tremendo", ironiza.
Moro conocía ya entonces la existencia de un servicio secreto clandestino al servicio de la Comunidad de Madrid. "Tenía alguna información de mis amigos, pero de amigos que no tienen que ver con la Comunidad autónoma. Empezaba a estar acreditado [la existencia de tal servicio secreto ilegal de la Comunidad] entre los medios de la seguridad. Naturalmente, legales. No la mierda que se ha montado ahí. Las noticias que circulaban era que algunos altos cargos, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid".
El plan de montar un servicio secreto fue redactado por Moro junto a ex agentes del servicio de inteligencia español, con los que conversó EL PAÍS. Aseguran que su proyecto quería servir para captar información y compartirla con los servicios de información legales. Y querían evitar fichar a ex guardias o ex policías. "Porque se convierten en espías al servicio de sus cuerpos de origen". El Proyecto SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador entregado a Ignacio González, a "una necesidad específica de seguridad e inteligencia emergente en el Estado de las Autonomías". En dos folios, Moro resumía las virtudes de la nueva Sociedad:
- Solución afinada y eficaz. "Es una solución más afinada y eficaz ante la necesidad señalada, creciente en el actual contexto sociopolítico (...) acorde con otras experiencias más flexibles y acertadas impuestas en países de nuestro entorno occidental (por ejemplo, las Unidades de Inteligencia de ámbito departamental existentes en Francia", explicaba el texto.
- Recursos externos debidamente filtrados. El servicio secreto autonómico podría utilizar "de forma eventual medios o recursos externos debidamente filtrados y controlados". De hecho, en el organigrama de SEDE contemplaba un departamento de relaciones externas dedicado a la "adquisición de información".
- Capitalizar las Brigadas de Policías Municipales.
Los impulsores de este CNI autonómico defendían la necesidad de un servicio de este tipo en la Comunidad de Madrid ante las amenazas terroristas y para "reorientar y capitalizar de forma adecuada las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid). Aguirre intentó crear su propia policía autonómica pero ante la imposibilidad legal de hacerlo, decidió subvencionar la contratación de policías municipales en los ayuntamientos madrileños y englobar a ese grupo de agentes bajo la denominación de BESCAM.
Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS aseguran que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para crear su propio servicio secreto: "El Estatuto de Autonomía de Madrid establece que las competencias de la Comunidad se circunscriben a la 'vigilancia y protección de sus edificios'. Ámbito que, como reitera a renglón seguido el Estatuto, se ejercerá 'respetando, en todo caso, los dispuesto en la Constitución Española'. En este marco competencial es obvio, y nada discutible, que la creación de un Centro de Inteligencia autonómico, que, por definición, exige todo un conjunto de actividades, eminentemente de carácter policial, para la recogida, almacenamiento, tratamiento y análisis de un amplio espectro de informaciones relevantes para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y la seguridad de las instituciones, no está amparado en el marco competencial que la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento reconocen a la Comunidad de Madrid".
(www.elpais.com, 23/01/09)
LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE QUE UNOS 40 EX AGENTES TRABAJAN EN EL 'SERVICIO DE INFORMACIÓN'
Según ha podido confirmar la CADENA SER con fuentes de la Comunidad de Madrid, estos 40 antiguos agentes dependen directamente de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Según fuentes del ejecutivo, la mayoría de estos agentes ya estaban en la consejería cuando Francisco Granados llegó al cargo en junio de 2007.
Todos han sido contratados como técnicos de seguridad en el capítulo de cargos de confianza, en definitiva, contratos 'a dedo' puesto que no han superado prueba alguna para acceder a este puesto.
Se ocupan de revisar la seguridad de los edificios públicos, pero también de otras misiones, que en principio, corresponden a las fuerzas de seguridad del Estado.
En torno a una cuarte parte de este grupo policial ha sido contratado por el actual consejero, el resto, unos 30, ya trabajaban para la consejería. Altos cargos del departamento ven como algo normal que vigilen, investiguen, recaben datos de policías en activo o prevengan a los políticos de la Comunidad de Madrid. La lealtad, dicen, se la deben al consejero.
(www.cadenaser.com, 23/01/09)
LA COMUNIDAD DE MADRID SABÍA QUE SUS AGENTES REALIZABAN LABORES FUERA DE LA LEY
La dirección general de Seguridad del gobierno de la Comunidad de Madrid sabía desde el año pasado que sus agentes estaban realizando labores de vigilancia "fuera del marco legal existente", según informa hoy la SER. Esta emisora señala que las labores de vigilancia a las que se refiere son las tareas de información que los agentes realizaban por motivos de seguridad en los lugares que iban a ser visitados por los consejeros en sus viajes oficiales y destaca que los agentes no tenían competencias para realizar esos trabajos.
Según fuentes internas de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid citadas por la SER, la dirección de Seguridad convocó a los 36 funcionarios de seguridad en una reunión extraordinaria el pasado 24 de noviembre para informales del nuevo plan de trabajo.
La SER asegura que "la principal preocupación era buscar un marco legal a los trabajos de vigilancia e información" que sus agentes realizaban durante las operaciones de protección y seguimiento de personajes de relevancia.
De este modo, la dirección de Seguridad propuso que los agentes de seguridad fueran acompañados por policías nacionales.
Esta reunión se celebró poco tiempo después de las visitas de Esperanza Aguirre y el consejero de Sanidad Juan José Güemes a varios hospitales madrileños, donde recibieron los abucheos de pacientes y personal sanitario.
(www.publico.es, 23/01/09)
ENTREVISTA: LUIS VICENTE MORO, Ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta : "LES DIJE 'APLIQUEMOS A ESTO LEGALIDAD Y ASÍ OS QUITÁIS DE OSCURANTECES"
Luis Vicente Moro fue nombrado delegado del Gobierno en Ceuta en 1998 por el Ejecutivo de José María Aznar. Durante aquella etapa, que duró hasta 2004, cuando el PP perdió las elecciones generales, Moro gestionó información sobre seguridad muy delicada en un enclave conflictivo por los problemas de inmigración irregular y de mafias que traficaban con seres humanos.
Durante su etapa como delegado del Gobierno en Ceuta, Moro hizo amistad con Ignacio González, que trabajó en el Ministerio del Interior como secretario de Estado de Inmigración a las órdenes de Ángel Acebes en los últimos años de la segunda legislatura del PP, con José María Aznar como presidente.
Moro y González mantuvieron una relación de amistad e incluso siguieron colaborando en asuntos de seguridad. En junio de 2008, Luis Vicente Moro entregó a Ignacio González el borrador de un proyecto de servicio secreto autonómico, una especie de CNI (Centro Nacional de Inteligencia), ante la preocupación extendida en el Gobierno de Esperanza Aguirre, que se sentía espiado y quería protegerse.
Sólo unos meses antes de aquellos contactos entre Moro y González, ex agentes al servicio de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid estaban haciendo, sin amparo legal alguno y con dinero público, seguimiento a distintos altos cargos del PP, según se deduce de los partes diarios que elaboraron entonces. Tanto Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, como Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y hoy alto cargo de la dirección nacional del Partido Popular, han denunciado ante la fiscalía los seguimientos de que fueron objeto durante los meses previos al último congreso nacional del PP, en el que Mariano Rajoy salió reelegido tras varios meses de tensos enfrentamientos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
El proyecto de CNI autonómico que le presentó en junio pasado el ex delegado del Gobierno en Ceuta al vicepresidente de la Comunidad de Madrid no cuajó. Luis Vicente Moro lo explica en la entrevista que ha mantenido con EL PAÍS.
Pregunta. Hubo un proyecto de servicio secreto legal para la Comunidad de Madrid en 2008 y que al final no salió. ¿Cómo fueron las gestiones?
Respuesta. Yo soy amigo personal de Ignacio González y coincidí con él en la época anterior. Hablamos de la posibilidad de crear algún servicio, con el amparo y la legitimidad que tienen los servicios en el País Vasco y en Cataluña. Era un servicio para proteger a los altos cargos de la Comunidad de Madrid, pero nada más que eso.
P. ¿Pero proteger informativamente?
R. Informativamente, porque yo creo que por aquella época estaban preocupados, o alguien estaba preocupado.
P. ¿Y por qué rechaza finalmente Ignacio González montar ese servicio? ¿Hasta dónde se llegó después de presentar el borrador?
R. El borrador... y no hubo nada más. No sé por qué lo rechazó... No lo rechazó, son esas cosas que se dejan encima de la mesa diciendo 'esto es interesante'. Y [González] no vería la necesidad en aquel momento, porque lo que está lloviendo ahora es tremendo.
P. ¿No lo rechazarían porque ya existía uno que no era legal y transparente?
R. Yo no lo sé. Allí parecía que había un aparato. Y lo que hacemos un amigo y yo es decir, 'vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces'. Nada más que eso.
P. ¿Quién le dijo que existía un servicio secreto no transparente?
R. Tengo alguna información de mis amigos, que no tienen que ver con la Comunidad de Madrid. Empezaba a hacerse popular en los medios que están acreditados como grandes expertos en el sector de la seguridad, naturalmente todos ellos legales, no esa mierda que se ha montado ahí...
P. ¿Y qué noticias circulaban?
R. Las noticias que circulaban es que algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid. No sé si esto es lo que está pasando ahora.
P. ¿Por qué pensaban que eran objeto de vigilancia?
R. Yo creo que Ignacio González tenía datos. En esta situación, a alguien de la Comunidad le molestaba Ignacio. Él pisó algunos callos. Un servicio secreto, si no nace con las condiciones de seguridad jurídica que nosotros planteamos modestamente, no puede estar en la Comunidad de Madrid. Y si no aparece en el organigrama, es un disparate absoluto. Yo no me preocupé más porque cuando nuestro papel durmió el sueño de los justos, yo me dediqué a mis cosas. Sé que Ignacio González es un currante que puede hacer daño a personas muy, muy, muy sinvergüenzas.
(www.elpais.com, 23/01/09)
LA TRAMA DESATA LAS AMENAZAS EN EL PP MADRILEÑO
La trama de espionaje está minando las relaciones entre los populares madrileños. El intercambio de acusaciones ha llegado incluso a la amenaza de acudir a los tribunales. En un bando están los que no dudan que detrás del grupo de agentes está la Consejería de Interior, como el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el vicealcalde, Manuel Cobo, o el ex consejero de Interior Alfredo Prada. Los dos últimos fueron sometidos a vigilancia. Y en el otro están los que lo niegan, como el propio consejero de Interior, Francisco Granados, y al que se ha sumado, un poco más tarde, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio González, éste también investigado.
En un principio, ni siquiera González dudó de que esas grabaciones y seguimientos sólo los podía haber hecho alguien que estuviera "muy cerca" de él. Y así lo hizo constar en su denuncia ante la fiscalía. Ayer varió su discurso y negó tener la menor idea de quién le ha estado espiando, en una rueda de prensa que dio junto a Granados. Y fue más allá: negó que el espionaje pudiera venir de la Consejería de Interior y amenazó con denunciar a todo el que culpe a la Comunidad de Madrid de estar detrás de la trama sin pruebas en la mano.
En concreto, se refirió al alcalde de Madrid y a sus declaraciones el miércoles en el programa 59 segundos de Televisión Española. Gallardón acusó a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" que era ilícito puesto que la Comunidad "no tiene competencia en seguridad". "Si los seguimientos están hechos por estas personas, es un delito", aseguró Gallardón.
"Salvo que alguien tenga una prueba fehaciente que acredite la existencia de una trama de espionaje no se puede hacer ninguna afirmación en el sentido de las que hizo el alcalde", le respondió González. Y amenazó con denunciarle: "Vamos a exigir a quien haga este tipo de imputaciones sin acreditarlas, que rectifique y, en el caso de que no se proceda a estas rectificaciones, tendremos que actuar judicialmente".
Tanto González con Granados sostuvieron ayer que la trama de espionaje en el Gobierno de Aguirre es "una gran mentira". Sólo reconocieron las grabaciones a González. Lo demás, dijo el vicepresidente regional, "no está acreditado". Para intentar desmontar la información publicada por EL PAÍS, Granados se escudó en que Marcos Peña, jefe del departamento de asesores de seguridad, entró a trabajar "meses después" de los seguimientos. Una información que ya publicó este periódico. El consejero, sin embargo, no explicó por qué los espías identifican en sus notas como "nuestro director" al que era el director de Seguridad de la consejería, Sergio Gamón, en ese momento. "Eso no significa absolutamente nada. Es como [el dossier] si dijera 'entra nuestro presidente, Zapatero", respondió Granados.
Aseguró que ya ha llevado a cabo "una investigación verbal" en su equipo de seguridad y que "todos niegan de forma categórica que se hayan producido esas actividades". Y añadió que el Gobierno regional no tiene "que demostrar que eso no se está produciendo". Para él, la responsabilidad recae en las "personas, medios o instituciones" que poseen pruebas o documentos.
Granados remitió ayer una carta a EL PAÍS en la que, acogiéndose al derecho de rectificación, afirma que "es falso que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya ordenado seguir, vigilar o investigar a los altos cargos del PP de Madrid". Asimismo, Granados niega que en su Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "se dedique personal o cualquier otra infraestructura que tenga como finalidad el seguimiento, investigación o vigilancia que suponga la quiebra de derechos constitucionales de ciudadanos o empresas".
(www.elpais.com, 23/01/09)
LA FISCALÍA DE MADRID ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESCÁNDALO
La fiscalía de Madrid ha abierto una investigación para aclarar el escándalo de espionaje a políticos, por ahora sólo del PP, desatado en la Comunidad de Madrid. Como primera providencia, ha sido citado a declarar el periodista de EL PAÍS Francisco Mercado, autor de las publicaciones sobre la red parapolicial, de quien pretende que explique el origen de las informaciones. Además, la fiscalía ha requerido a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Francisco Granados, para que le remita "cuanta información tenga" sobre los seguimientos al vicepresidente autonómico, Ignacio González; el ex consejero Alfredo Prada, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
También se ha reclamado a Granados que informe sobre la estructura orgánica y funcional de la Dirección General de Seguridad, así como información sobre quiénes trabajan en ella y su relación contractual con la Comunidad de Madrid.
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, confirmó a Europa Press que ya incoó anteayer diligencias de investigación tras recibir la denuncia interpuesta por Ignacio González, por los seguimientos y grabaciones con cámara oculta que le realizaron sin su consentimiento durante un viaje oficial a Colombia (agosto) y otro privado a Suráfrica (en marzo). A ésta se ha acumulado la presentada por Cobo y se hará lo mismo, probablemente, con la que ya prepara Prada. Moix no descartó la práctica de más diligencias y dijo que la llamada a declarar de Granados "dependerá del curso de la investigación", aunque aún no lo tenga "en mente".
Mientras, el juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, será el encargado de decidir si admite o no la denuncia presentada por la Comunidad de Madrid por esta trama. La denuncia ha recaído sobre este juzgado por reparto, después de que el de Instrucción número 31, de guardia el martes, remitiera el escrito al Decanato, al no querer asumir la causa. Si el magistrado admite la denuncia y abre diligencias previas, la fiscalía podría remitirle sus indagaciones, siempre y cuando se traten de los mismos hechos que investigue el juez Sierra. De este modo, las dos denuncias se acumularían.
(www.elpais.com, 23/01/09)
GRANADOS ASEGURA QUE DETRÁS DE LOS SEGUIMIENTOS A GONZÁLEZ ESTÁ "ALGUIEN MUY PODEROSO"
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, aseguró hoy que detrás del seguimiento al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, "el único que está probado", tiene que haber "alguien muy poderoso". En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Granados afirmó que el único de los espionajes que está probado es el de González y que se realizó "con una estructura importante". "Trasladar gente a Cartagena de Indias (Colombia) a hacer un seguimiento en condiciones requiere un gran despliegue de medios y desde luego no tengo ni idea de quién está detrás, pero quien esté es alguien muy poderoso", indicó.
El consejero de Presidencia considera que estos seguimientos pueden tener algo que ver con el caso Caja Madrid, aunque no descarta ninguna hipótesis. "No sé si tiene que ver o no, es verdad que coincide temporalmente la puesta en escena de este montaje en general, pero nosotros todos los días tenemos que tomar decisiones en beneficio del interés general y que también afectan a gente en sus intereses particulares y algunas veces a gente muy poderosa, si esto sale de ahí o de otro vector de poder, no me extrañaría", señaló.
Por otra parte, Granados puso en duda los seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, "porque no se han presentado pruebas". "No tengo constancia de que los seguimiento a Cobo y a Prada estén probados. Se trata de un relato que hace 'El País' de la agenda de Cobo, tengo que decir monótono y por lo tanto fácilmente reproducible, y una descripción un poco más detallada de la agenda de Prada, pero cuando uno tiene escoltas, asesores y conductores hay mucha gente que puede conocer esa agenda y realizar ese tipo de informaciones, pero concluir que han sido objeto de seguimiento no lo puedo hacer", indicó. En este sentido, el consejero de Presidencia tampoco se aventuró a afirmar si los seguimientos a los tres políticos han sido realizado por el mismo equipo. Lo que sí descartó fue que detrás de la trama esté el Ministerio del Interior. "Un seguimiento que consiste en 'sale de su casa, llega al Ayuntamiento, levantamos el dispositivò, no se lo atribuyo al Ministerio del Interior", dijo con sorna.
Granados se mostró muy enfadado con que se haya dado por hecho que el espionaje parte de un equipo de la Consejería de Interior que dirige. "Me parece inaceptable en general que la gente, los medios, hagan imputaciones gratuitas y sin pruebas, y además imputaciones de hechos que pueden ser constitutivos de delito", criticó y añadió: "En un Estado de Derecho nadie tiene que demostrar la inocencia de nada sino que aquí lo que hay que demostrar es la culpabilidad de los hechos, primero su existencia y luego su autoría, y por tanto quien no rectifique o pruebe estas imputaciones tendrá que ir a explicárselas al juez", concluyó.
Por otro lado, el responsable de Interior en el Gobierno de Esperanza Aguirre explicó que, en cualquier caso, los datos de los que se está hablando con el ex policía Marcos Peña como principal percha de la trama no cuadran porque, primero, "no se dedica a ese tipo de menesteres" y cuando, "al parecer se recaba la información sobre Cobo y Prada, Peña no trabajaba en la Comunidad". "Entonces difícilmente podía estar recabando esa información a la que se refiere 'El País'", insistió Granados, quien subrayó que si Peña llega al Gobierno regional cuatro meses después de que supuestamente se produjeran los seguimientos, "difícilmente Peña puede ser el autor". Así, señaló que cuando se establece a una persona como cabeza de una trama de espionaje y luego los hechos que se espían son muy anteriores a constituirse la supuesta trama "parece que el argumento pierde un poquito de fuerza, pero bueno, puestos a que cuadren las cosas pues terminará habiendo viajes de Peña a Colombia o Cartagena de Indias", ironizó.Preguntado por si duda de la palabra de alguno de sus trabajadores a los que se les está investigando de forma verbal, Granados señaló que es el encargado de la función publica en la Comunidad, que está constituida por unos 175.000 funcionarios, y que, en concreto, en la Consejería de Presidencia hay unos 20.000, por lo que no puede descartar "absolutamente nada". "Ni siquiera cómo voy a descartar que uno de los cien más cercanos al área de interior haya puesto en circulación, haya prefabricado una información de este tipo, es evidentemente que eso no se puede descartar", subrayó, al tiempo que reiteró que, no obstante, lo que sí puede asegurar es que ni desde la Comunidad ni desde la Consejería se ha montado un red de espionaje ni se han hecho informes sobre nadie. En este sentido, insistió en que no tiene el "menor interés de saber a qué hora sale de su casa Manuel Cobo, ni con quién come Alfredo Prada "y mucho menos, ningún interés en seguir al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, hasta Cartagena de Indias. "Que alguien de alguna Consejería o de alguna otra administración haya prefabricado una historia de este tipo yo no lo puedo descartar", añadió.
Por ello, apuntó que aunque nadie descarta los seguimientos, tampoco nadie pone pruebas. Así, aseguró que se ha reunido de uno en uno con todas las personas que han podido verse implicadas por las informaciones aparecidas en los últimos días como directores anteriores, o agentes "para apretarles las tuercas y ver si esto tendría algún viso de veracidad", pero todas esas conversaciones le han llevado a la conclusión "de que ahí no hay absolutamente nada", apostilló. En la misma dirección, tampoco quiso desmentir si el conflicto interno de Caja Madrid puede estar por detrás de todo este embrollo. "No he negado que detrás de esto esté Caja Madrid... De los enfrentamientos que en el seno de la entidad se está produciendo se derivan intereses muy importantes", justificó.
De hecho, subrayó que es "muy significativo" que un consejero de Caja Madrid adelante que las fotos del vicepresidente "se van a poner encima de la mesa" en relación a la información publicada ayer en la que se afirmaba que el consejero independiente en el Consejo de Administración de la Caja, Guillermo Marcos, anunciaba el pasado 11 de enero que iban a salir cosas sobre González. "Nosotros no sabemos de dónde parte. Eso lo tiene que investigar la Justicia pero lo que es evidente es que quien sea, no tiene mucho interés en perjudicar a mí o a González, sino en ir desbrozando para perjudicar a quien tiene la notoriedad en la Comunidad y en la política nacional, que es Esperanza Aguirre", sentenció.
(www.lavanguardia.es, 23/01/09)
RAJOY: "ACTUAREMOS DE FORMA FULMINANTE, SEA QUIEN SEA"
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que actuará "de forma fulminante, sea quien sea" si se confirma la implicación de algún dirigente de su partido en la supuesta trama de espionaje de la Comunidad de Madrid.
Rajoy ha hecho estas declaraciones en Intereconomía televisión, según un comunicado de este medio de comunicación, y en las que ha subrayado que los 10,4 millones de votantes del PP y sus 700.000 militantes "tienen derecho a que se actúe con contundencia".
No obstante, ha precisado que hay que salvaguardar la presunción de inocencia y no se debe actuar hasta que se confirmen las informaciones porque, de lo contrario, "se podría cometer la injusticia de condenar a un inocente".
Tras recordar que todos los supuestos implicados en esta trama han negado su implicación en la misma, ha insistido en que habrá que esperar al informe que ha ordenado redactar sobre este asunto, que ha reconocido que le preocupa y no le hace "ninguna gracia".
Rajoy ha descartado que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, pudiera ser el beneficiario de esta polémica, y ante las palabras de Esteban González Pons en las que sugería que el Ministerio del Interior podría conocer la trama, ha señalado que no sabe "lo que ha dicho o lo que ha dejado de decir". Pero sí ha pedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que colaboren, y ha instado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que si sabe dónde tiene que buscar para encontrar el origen de lo que está ocurriendo, que se lo diga.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha comenzado hoy la investigación abierta por la dirección nacional sobre la supuesta trama de espionaje en Madrid y ha mantenido contactos personales con la presidenta, Esperanza Aguirre, y con el consejero Francisco Granados.
También ha hablado personalmente con el ex responsable de Justicia del Ejecutivo madrileño Alfredo Prada, ahora dirigente en el aparato nacional del PP, y, según ha publicado el diario "El País", otra hipotética víctima de los seguimientos de la red parapolicial al servicio de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, que dirige Granados.
Según ha recalcado la número dos del PP, la presidenta madrileña le ha comunicado que desconocía completamente la existencia de esa trama de espías, lo que De Cospedal, según ha dicho, ha creído.
"Cómo no la voy a creer", ha apostillado.
El procedimiento abierto por el PP tras la orden dada ayer por el líder nacional, Mariano Rajoy, abarcará el tiempo "necesario" y contará con el testimonio y las explicaciones de "muchas personas", y no sólo las que pertenezcan al partido por militancia, sino también de aquellas que, sin estar afiliados, quieran comparecer y ayudar en el esclarecimiento de los hechos.
(www.publico.es, 23/01/09)
EL PAÍS ENTREGA AL FISCAL LOS DOCUMENTOS QUE REVELAN LA TRAMA
El periodista de EL PAÍS Francisco Mercado ha entregado al Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, la información que demuestra que en la Comunidad de Madrid ha existido una trama de espionaje apoyada en dossieres "sucios" para "chantajear, quitar rivales de en medio o destruir hogares". Así lo ha indicado Francisco Mercado, que destapó los seguimientos a políticos del PP madrileños el pasado lunes y la existencia de un equipo de espías en la Consejería de Interior de la comunidad, ha prestado declaración esta mañana durante una hora en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a instancias del Fiscal Superior, Manuel Moix. EL PAÍS, que ya publicó imágenes de la vigilancia a Ignacio González, recopila hoy las principales evidencias.
A su salida, el periodista ha manifestado que ha pedido al discal que el caso se esclarezca "hasta las últimas consecuencias" y se "llegue hasta el final de la investigación" para averiguar quién o quiénes están detrás de esta trama y ha asegurado que con la documentación que ha aportado EL PAÍS, la Justicia, el PP "y quien quiera investigar tiene elementos para tirar del hilo". Mercado, que no ha precisado el origen de la documentación que obra en sus manos, ha asegurado tener "pruebas" de que "han sido espiada mucha más gente" además del vicepresidente regional, Ignacio González; del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o del ex consejero Alfredo Prada, los casos que hasta hoy ha desvelado este periódico.
Ha dicho que de todos ellos posee documentación y datos profesionales y personales que van más allá de los de una agenda laboral o personal y que en el caso de González, ha recordado que ha publicado documentos gráficos que demuestran que alguien le siguió "muy de cerca" en un reciente viaje a Cartagena de Indias y tuvo que contar para ello "con la complicidad de personas próximas a la Comunidad". Mercado ha asegurado que "es bueno para los partidos, para la democracia y para los ciudadanos" que se investigue quién o quiénes "están detrás de esto" porque de acuerdo "no solo han investigado a altos cargos del PP, sino a todos los que se han acercado a ellos", como familiares o personas anónimas.
"Según en qué manos caiga este material puede tener una repercusión bastante dolorosa para determinada gente, pues puede haber relaciones sentimentales rotas o conversaciones que nunca se deberían saber" que podrían utilizarse para "chantajear y extorsionar con ello", ha afirmado el periodista, que ha calificado el caso de "muy grave". Ha opinado que podría llegar a haber "responsabilidades penales" siempre y cuando "se compruebe quienes son los autores" y ha recordado que este periódico "nunca ha dicho que el Gobierno de Aguirre está detrás de esto" pero sí que poseen datos que apuntan a que funcionarios de Justicia e Interior, departamento dirigido por Francisco Granados, "han hecho labores" de investigación.
En esos datos aparecen reflejados entre otros el ex director general de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, o el ex subdirector general de este área, Miguel Castaño, y que ambos en activo en el momento en que se cometieron los presuntos seguimientos. "Tenemos diversos soportes documentales y declaraciones de personas con alta relevancia en el Gobierno regional para decir lo que estamos diciendo", ha sentenciado. A juicio del periodista, quien se esconde detrás de esto "sabe que la información es poder" y que en este caso "es un poder muy sucio, que necesita dossieres muy sucios para extorsionar, quitar rivales de en medio, chantajear o destruir hogares". En definitiva, ha añadido, "esta información es un poder incontrolado".
También en el ámbito judicial, la Fiscalía General del Estado ha remitido hoy a la Fiscalía del TSJM la denuncia del ex consejero Prada para que la incorpore a la investigación que ha abierto con las denuncias de Cobo y González. La denuncia del diputado regional del PP ha llegado al fiscal general esta misma mañana y en ella pone estos hechos en conocimiento de Conde-Pumpido para que lo investigue y adopte las medidas oportunas.
(www.elpais.com, 23/01/09)
El Gobierno de Aguirre sopesó crear un 'CNI' legal al sentirse espiado
El vicepresidente Ignacio González estudió el proyecto que le elaboraron un ex alto cargo del Gobierno de José María Aznar y ex agentes del servicio secreto español
El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. Más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad estaban siendo espiados desde dentro para intentar campañas de desprestigio mediante dossiers. El propio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen.
Un ex alto cargo del Gobierno de Aznar, amigo del vicepresidente madrileño, y un ex agente del CNI asesoraron a González sobre este servicio secreto. El Proyecto SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador que tiene Ignacio González en su poder, a "una necesidad específica de Seguridad e Inteligencia emergente en el Estados de las Autonomías". Entre las virtudes de SEDE se destacaba, según ha podido saber EL PAÍS, que podría utilizar "de forma eventual medios o recursos externos debidamente filtrados y controlados". De hecho, en el organigrama de SEDE contemplaba un departamento de relaciones externas dedicado a la "adquisición de información".
www.elpais.es 22.01.09
Aguirre: "Soy la principal perjudicada y la principal interesada en que se aclare"
La presidenta de Madrid dice que en su Gobierno "no hay ningún servicio de espionaje ni nada que se le parezca" y reta a quien lo diga a verse "en los tribunales".- González Pons apunta a Interior y Zapatero responde que "Génova sabe muy bien a quién mirar".- Rajoy ordena una investigación
A última hora de la tarde, y tras ausentarse del Consejo de Gobierno "por un acto privado", Esperanza Aguirre ha comparecido ante los medios antes de la entrega de los XVIII Premios AEDME para hablar expresamente sobre la trama de espionaje político destapada por EL PAÍS en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional ha repetido los argumentos esgrimidos esta mañana por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que se resumen en negar tajantemente que los seguimientos hayan sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de esta administración y en amenazar con "nos vemos en los tribunales" a quien diga lo contrario. También ha pedido a todo aquel que sostenga esta tesis que acuda a la Justicia. A pesar de que la presidenta de Madrid no está entre las víctimas de la red, ha dicho: "Soy la principal perjudicada y la principal interesada en que se aclare".
Esperanza Aguirre: "La inocencia en un estado de derecho se presume"
AUDIO - Cadena Ser - 22-01-2009
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha roto su silencio sobre la supuesta trama de espionaje para decir que es "la principal perjudicada" por la supuesta trama de espionaje a políticos de la región y, por ello, la primera que quiere que se esclarezca. - CADENA SER
Entrevista en La Ventana a Francisco Granados
AUDIO - Cadena Ser - 22-01-2009
El consejero de Justicia de Madrid, Francisco Granados, niega en La Ventana la supuesta trama de espionaje, aunque matiza que no puede garantizar que alguien haya actuado a sus espaldas -
Preguntada por si pone la mano en el fuego por todos sus consejeros ha sido clara y concisa: "Por supuesto". Pero si hubiera "una sola persona de la Comunidad de Madrid que se demuestre que ha participado, será expulsada tenga el rango que tenga", ha sentenciado Aguirre. El Gobierno que preside "nada tiene que ver con estas imputaciones gravísimas y es el primero que quiere que se esclarezcan", ha reiterado. "Aquí, en la Comunidad de Madrid, no hay montado ningún servicio de espionaje ni nada que se le parezca. El que diga lo contrario tendrá que probarlo y acreditarlo. Si no, tendrá que rectificar". Según ha dicho Aguirre, Marcos Peña y Granados ya han enviado cartas de rectificación. EL PAÍS publica hoy la carta de Peña, ex policía nacional Marcos Peña, fichado por el consejero de Interior, Francisco Granados, el 27 de junio de 2008 como asesor de seguridad.
La presidenta ha hecho hincapié en que se imputan "delitos muy graves" a la Comunidad de Madrid. "No podemos admitir que nos acusen sin ninguna prueba. Si no rectifican, se encontrarán con nosotros en los tribunales", ha dicho Aguirre, para reiterar, desafiante: "Nos vemos en los tribunales". Para Aguirre, en un "Estado de Derecho se presume la inocencia y quien tiene la carga de la prueba es el que acusa", a quien ha pedido "que ponga en manos de la Fiscalía toda la documentación y todas las pruebas". "No hay nadie más interesado que nosotros en que se aclare. Queremos luz y taquígrafos, la máxima transparencia", ha remachado. "El Gobierno regional no tiene nada que ver con estas imputaciones gravísimas y tampoco nos corresponde a nosotros investigar", ha sostenido Aguirre, que ha precisado que "no estamos hablando de una cuestión administrativa sino de presuntos delitos". "Nosotros no investigamos delitos", ha agregado.
El PP implica a Interior
Aguirre ha indicado que ha hablado "con toda la dirección del PP" y les ha dado ya "toda la información" de la que dispone sobre el turbio asunto. No ha hablado, sin embargo, con Alberto Ruiz-Gallardón, al que se ha referido en tonos muy duros tras la intervención de éste anoche en 59 segundos. "No me parece lógico que un consejero monte un equipo de este tipo. Una comunidad no tiene competencia en seguridad y no puede tener un cuerpo parapolicial", dijo el alcalde. Para Aguirre, Gallardón y "cualquiera que dé por buena" la información de EL PAÍS "deberán probarlo o rectificar. "Si no, nos veremos en los tribunales", ha reiterado. Sí ha enviado la presidenta un mensaje SMS a Manuel Cobo lamentando que su nombre se vea envuelto en la trama, en su caso como presunta víctima.
Esta comparecencia se ha producido después de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, haya abierto esta mañana una puerta a la complicidad del Ministerio del Interior en el escándalo. "Hay información contenida en los dossieres que no se puede conseguir sin la connivencia de Interior, como identificaciones de personas y matrículas", ha precisado González Pons, y se ha preguntado: "¿Quién está detrás de esta investigación a los populares?". Sin embargo, el consejero Francisco Granados ha negado este extremo horas después: "No tengo ninguna sospecha de que el Ministerio del Interior nada tiene que ver con ningún seguimiento ni al señor Cobo ni al señor Prada". Preguntado por el asunto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visiblemente enfadado, ha pedido "rigor y seriedad" a los populares. "En Génova saben muy bien a quién tienen que mirar. Hay quien en sus declaraciones quiere hacer chistes malos pero esto es un tema serio, muy serio", ha dicho en su primera referencia a esta cuestión desde el lunes. Por tanto, ha pedido a Mariano Rajoy que "asuma responsabilidades y tome decisiones".
En respuesta, el PP ha hecho público esta tarde un comunicado en el que advierte que de confirmarse los casos, serían unos "hechos gravísimos" y "unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen", que darían lugar a responsabilidades en el ámbito de la Justicia, a la que ha pedido que actúe de manera inmediata. Pero el PP también considera que se derivarían responsabilidades de carácter estrictamente político, que el partido exigiría con "absoluta firmeza y determinación". Rajoy, según la nota, ha dado instrucciones a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para que recabe toda la información sobre el caso con el fin de aclarar lo ocurrido hasta los últimos extremos y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes. Rajoy dice sentir repugnancia ante la práctica de escuchas o seguimientos ilegales "con fines desconocidos" a dirigentes del partido.
www.elpais.es 22.01.09
LOS ESPÍAS SIGUIERON AL CONSEJERO PRADA ANTES DE SER DESTITUIDO POR AGUIRRE
Algunos de los ex agentes que trabajan para la Consejería de Interior como asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid espiaron en los meses previos al congreso nacional del PP, en 2008, a Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y único miembro del Gobierno de Esperanza Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo a Mariano Rajoy. Aquellos días, el equipo de espías de la Comunidad de Madrid vigilaba también a Manuel Cobo, vicealcalde de Alberto Ruiz-Gallardón, que mantenía posiciones muy críticas con Aguirre por la batalla que estaba dando por desbancar a Rajoy al frente del PP. Tras más de tres meses de seguimiento de estos espías y tras confirmar Rajoy su liderazgo en el congreso del partido, Aguirre destituyó a Prada, el 25 de junio de 2008. En septiembre, Rajoy lo fichaba para su dirección como responsable de exterior.
Los ex agentes iban de un "objetivo" a otro en sus seguimientos, de los que dejaban constancia en partes diarios. Los asesores de seguridad de Granados dedicaron semanas enteras a espiar celosamente a uno de los miembros del Gobierno de Aguirre caído en desgracia. Prada, que llegó a ser vicepresidente y consejero de Justicia e Interior en el primer Gobierno de Aguirre, se mantenía en 2008 sólo como consejero de Justicia. En el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid se estaba produciendo la insólita circunstancia de que empleados de una consejería espiaban al máximo responsable de otra. Los seguimientos incluían todo tipo de actividades de Prada: citas privadas, comidas de trabajo, actos públicos... Éstos son los "partes" principales:
- Llega nuestro director. Los partes revelan para quién trabajan los espías. El 22 de abril, mientras vigilan las entradas y salidas en el despacho oficial de Prada, anotan lo siguiente: "A las 17.30 llega al puesto de trabajo habitual de P [Prada] el conductor de nuestro director (Sergio)". Y el 15 de marzo detallaban cuál era su sede: "Prada sale sólo del restaurante, se monta en el vehículo oficial y nos dirigimos a la reunión que tenemos en la D. G. [Dirección General]". El 23 de abril anotan: "A las 18.25 nos desplazamos a la Dirección a requerimiento de Miguel [supuestamente, Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad]".
- Seguimiento a Chinchón. Prada fue vigilado en su desplazamiento hasta el parador de Chinchón, a 46 kilómetros de Madrid, el 13 de abril de 2008. "Sobre las 12.20 horas detectamos el vehículo de P [Prada] en el aparcamiento interno del Parador Nacional de Chinchón. En torno a las 18.15 horas sale P del Parador de Chinchón dirección a Madrid, llegando a su trabajo sobre las 19.35". Los espías luego le seguirán hasta su casa. Ese día, Prada tuvo una reunión en el parador con los 25 miembros de su equipo de trabajo de la Consejería de Justicia.
- De un objetivo a otro. Los partes diarios sobre el objetivo "P" prueban la intensidad del seguimiento al que fue sometido Prada. El 2 de abril de 2008, tras montar una vigilancia en torno a Manuel Cobo, los espías no encuentran nada relevante: "No observamos movimientos del mismo, por tal motivo desmontamos el dispositivo y nos dirigimos a Prada".
- Control de visitas. Los espías, de alguna manera, llegaban a controlar no sólo los pasos de Prada, sino a identificar a sus visitantes oficiales. El 4 de abril se inquietan: "Nos dirigimos al puesto de trabajo de P. Observamos que su vehículo oficial se encuentra aparcado en el lugar habitual y que en la esquina está estacionado con un conductor dentro de un vehículo. Una vez verificados los datos comprobamos que pertenece a Clara R.". Este punto permite dos lecturas: los espías han tenido acceso a los datos de Tráfico, sólo accesibles legalmente a las unidades policiales, algo que no son. Clara R. era promotora de una fundación.
- Comprobar matrículas. El 14 de abril persiguen un kilómetro a Prada cerca de la plaza de Colón. Le pierden la pista. Por fin retoman el seguimiento cuando vuelve a su despacho oficial. "Sobre las 22.10 sale del domicilio y se dirige a un restaurante sito en la calle Comandante Zorita, en el cual entra en compañía de su mujer y de una chica muy joven; permanecemos por la zona hasta eso de las 0.50 horas, en la que salen. Al mismo tiempo, observamos un grupo de personas sin precisar si en tal evento participaron de la compañía de P. Se tomaron matrículas de vehículos con el fin de comprobar propietarios". Los hombres de la Consejería de Interior están practicando contra un consejero del Gobierno de Aguirre las mismas técnicas que sus compañeros en activo utilizan para capturar a delincuentes: pacientes seguimientos del objetivo e identificación de todos sus contactos para después analizar su perfil y vínculos con el investigado.
- Amplio despliegue y fotos. A veces pierden, como el 16 de abril, el rastro de su objetivo: "Esta persona se monta en el coche con P y se dirige dirección Miguel Ángel-Rubén Darío-Almagro, itinerario descubierto [no vigilado] por el dispositivo por falta de medios y personas, estando cubiertas las salidas de General Martínez Campos y de Paseo de Castellana con un vehículo con una persona cada uno y el otro componente dando la salida del objetivo". No menos de tres coches, más de cuatro agentes, conforman el grupo que espía a Prada. "Desde las 20.30 hasta las 22.30 horas nos desplazamos constantemente al domicilio de la persona y a su puesto de trabajo, así como al estadio Vicente Calderón de esta capital siendo infructuosos todos los intentos mencionados, desmontamos el dispositivo a las 22.45 horas".
Nuevo problema el día 18: "A las 22.22 horas lo perdemos debido a que toma un camino que sólo está cubierto por un vehículo y sale otro de un garaje que obstruye nuestra maniobra". El 20 de mayo, Prada acude al restaurante del hotel Hesperia: "Se reúne en el interior con un hombre de edad avanzada y una estatura similar a la de P. Se hicieron fotos por parte de los otros dos hombres del dispositivo que también entraron posteriormente". Prada fue seguido durante tres meses. Al mes, fue destituido.
(www.elpais.com, 22/01/09)
PRADA: "ES UNA ACTIVIDAD ILEGAL CON FONDOS PÚBLICOS"
"Debe caer el peso de la ley sobre los presuntos delincuentes". El ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, último vinculado a la trama de espionaje político en la región, éste como víctima, ha anunciado que pondrá en manos de la justicia el seguimiento al que fue sometido. Prada ha reconocido que los hechos son "muy graves" más si cabe cuando hay fondos públicos de por medio. El hoy miembro del Comité Nacional del partido afín a Mariano Rajoy ha manifestado que denunciará el caso, bien ante un juzgado bien ante la Fiscalía, y ha reconocido que se plantea pedir "amparo" ante la Asamblea madrileña como diputado que es.
"El señor Gallardón dijo anoche que estaba indignado, imagine cuando uno mismo lee en el periódico que ha sido objeto de espionaje e investigación, a su mujer y a su hijo. Es muy grave" ha afirmado Prada. El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, fue el invitado del programa de TVE 59 segundos el día que EL PAÍS revelaba que su número dos, Manuel Cobo, también había sido seguido en abril de 2008. Gallardón aclaró que una comunidad "no puede tener un cuerpo parapolicial" y manifestó quie habrá que "depurar responsabilidades".
Prada, que fuera consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid desde noviembre de 2003 a junio de 2007, ha descartado que tenga nada que ver con el equipo de asesores de seguridad del actual consejero de Presidencia, Francisco Granados, que según ha informado EL PAÍS ha desempeñado labores de espionaje. "Es un equipo ex novo -ha explicado Prada- que se crea en septiembre de 2007 y yo dejo de tener competencia en Interior en junio". El diputado madrileño ha afirmado que pidió ayer a la presidenta Esperanza Aguirre que desmintiera cualquier vinculación con ese cuerpo y así lo hizo. Granados cuenta con un equipo de tres ex agentes de la Guardia Civil dirigidos por el ex inspector de la Policía Marcos Peña para desempeñar, según él mismo ha reconocido labores de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos".
Según publica EL PAÍS, algunos de los ex agentes que trabajan para la Consejería de Interior como asesores de seguridad de la comunidad espiaron en los meses previos al congreso nacional del PP en 2008 a Prada, entonces consejero de Justicia y único miembro del Gobierno de Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo a Mariano Rajoy. En el congreso nacional del partido celebrado en mayo de 2008, Prada fue incluido en el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de Rajoy. Un mes después, el entonces consejero de Justicia fue sustituido en su cargo por Aguirre.
(www.elpais.com, 22/01/09)
"BAJA ESTATURA, CABEZA DESPOBLADA, CINTURA GRUESA"
Los seguimientos a Alfredo Prada a lo largo de tres meses, durante la etapa en que fue consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, parecían tener como objetivo identificar a las personas que se veían con el alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre. Por eso, en los partes diarios que recogen el trabajo de investigación, apenas detallan sus descubrimientos salvo cuando descubren una cita de su objetivo, al que denominan "P", y entonces intentan concretar con todos los datos que consiguen de quién se trata.
En alguno de los partes, los espías recurren al número de la matrícula del vehículo en el que llega la persona que se ha citado con Prada para, a través de sus propias pesquisas, averiguar la identidad de sus propietarios. En otras ocasiones, se limitan a una descripción, como ocurrió el 16 de abril de 2008, cuando Prada fue a comer a un restaurante próximo a su lugar de trabajo en la calle del General Martínez Campos.
- "Canoso y nariz puntiaguda". Prada comió supuestamente en el restaurante Yate y prolongó mucho la sobremesa. Cuando salió, los agentes apuntaron en su parte: "Sale con un individuo que se ajusta a la siguiente descripción: baja estatura, cabeza despoblada, color de pelo moreno-canoso, nariz puntiaguda, cintura gruesa. Esta persona se monta en el coche con 'P' y se dirigen en dirección Miguel Ángel-Rubén Darío-Almagro".
- "Edad avanzada, calvo y con gafas". El 20 de mayo, los ex agentes de Granados localizan a Prada a las 20.45 saliendo de su despacho y escriben: "Se dirige caminando al hotel Hesperia. Se reúne en su interior con un hombre de edad avanzada, calvo, con gafas y de una estatura similar a la de 'P'. Se hicieron fotos por parte de los otros dos hombres del dispositivo, que también entraron posteriormente". En los partes, no figuran las fotografías que se tomaron del amigo de Prada.
(www.elpais.com, 22/01/09)
RAJOY EXIGE A AGUIRRE QUE ACLARE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID
Mariano Rajoy está muy preocupado por las repercusiones que pueda tener la trama de espionaje destapada alrededor de la Comunidad de Madrid, así como por la circunstancia de que hayan trascendido seguimientos a miembros del PP: hasta ahora, el vicepresidente madrileño, Ignacio González, y el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo. "Quiero que se aclare esto cuanto antes", le dijo por teléfono Rajoy a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, el lunes por la mañana.
Según parece, ella le garantizó entonces que su gobierno --especialmente su consejero de Interior, Francisco Granados-- no estaba vinculado a ningún equipo de espías, pese a que así lo publicaba El País ese mismo día. Rajoy dio por buena esa versión, pero avisó de que consideraría "muy grave" que lo publicado por el diario resultara ser cierto. En la misma línea se pronunció ante la prensa, unos minutos después, su secretaria general, Dolores de Cospedal. "La Comunidad de Madrid ha desmentido tajantemente la información y yo me remito a ese desmentido. Se trataría, si fuera cierto, de unas cuestiones muy graves", declaró entonces Cospedal, marcando así la línea oficial del partido: respaldo a Aguirre, pero con reservas.
Una vez que se supo que González y Cobo habían sido espiados, el responsable de Interior en Madrid, Francisco Granados, desmintió por activa y por pasiva que él tenga a su disposición una miniagencia de espías. Y menos, según su versión, para vigilar a compañeros. Eso sí, ha admitido que un expolicía y varios exguardias civiles trabajan para él en calidad de asesores, pese a que la Comunidad ya cuenta con un responsable de seguridad, Enrique Barón.
Aguirre, en un intento de frenar la polémica, anunció que la Comunidad presentaba una denuncia en el juzgado por los seguimientos realizados al vicepresidente González. El propio González denunció a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el asunto. Granados, ante los medios de comunicación, dio su visto bueno a esa estrategia. Y Rajoy y su equipo también, porque vieron "voluntad" de aclarar "un tema turbio que perjudica a todo el partido". El vicealcalde Cobo, al conocer que también él fue sido espiado, recurrió a la fiscalía.
Ante los escritos de los espiados, fuentes de la fiscalía consultadas por este diario se declaran "sorprendidas" por el hecho de que tanto González como Cobo se hayan dirigido directamente a la fiscalía del Tribunal de Madrid, dando por hecho que a quien se tendrá que investigar es aforado. Es decir, diputado autonómico. No obstante, esas mismas fuentes apuntan que el hecho de que la presidenta haya presentado la denuncia en un juzgado ordinario desactiva de inmediato cualquier posible actuación del fiscal, que debe dejar el caso en manos del juez competente.
En cualquier caso, las mismas fuentes prevén una investigación con difícil resolución, dada la complejidad del tema y que es un medio de comunicación el que posee los dosieres sobre González y Cobo. De hecho, la Comunidad ya se enfrentó a otro supuesto caso de espionaje ligado a Granados: el del registro del despacho del exconsejero Alfredo Prada, finalmente archivado.
Y, a la espera de que los tribunales actúen, los afectados barajan todo tipo de hipótesis. El vicealcalde Cobo dijo ayer, en rueda de prensa, que no cree que tras sus seguimientos estén Aguirre y Granados. Pero su escrito a la fiscalía se sustenta en esa tesis.
El vicepresidente González también aparta a Granados del espionaje al que ha sido sometido. En declaraciones dijo que "no prejuzga ni descarta" nada sobre quién pueda estar detrás de su dosier, pese a que considera que para realizarlo se ha necesitado "una estructura, mucho dinero y medios sofisticados". Los afectados tienen prisa por saber. Rajoy, por lo que a él y a la imagen de su partido atañe, también.
(www.elperiodico.com, 22/01/09)
RODARÁN CABEZAS EN EL PP DE MADRID SI SE DEMUESTRA EL ESPIONAJE POLÍTICO
Hay que llegar hasta el final, y si se demuestra que alguien ha espiado a alguien, rodarán cabezas. La dirección nacional del PP no está dispuesta a mirar para otro lado en el caso de espionaje desvelado por el diario El País, que implica al consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, a quien las informaciones atribuyen la creación de un servicio formado por ex policías y ex guardias civiles que supuestamente tenían como tarea elaborar informes, contravigilancia y seguimiento.
El servicio se creó para investigar casos de corrupción en ayuntamientos socialistas, pero también fue espiado el vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, con el fin de conocer los apoyos que buscaba el alcalde tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en marzo pasado.
La trama se complica cuando trasciende un supuesto espionaje al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que fue seguido en sus viajes al extranjero. Todos estos hechos han acabado en manos de la fiscalía con denuncias en paralelo.
Los principales afectados por el escándalo son personas de la máxima confianza política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el partido yenel gobierno de la comunidad autónoma. Además del potente departamento que dirige en el Gobierno de Aguirre, Francisco Granados es secretario general del PP de Madrid. Ignacio González es vicepresidente de la Comunidad y mano derecha de Aguirre. Granados y González han negado cualquier vinculación con los hechos y, de momento, Rajoy se lo cree.
"A mí, lo que me ha dicho Esperanza Aguirre es que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tiene conocimiento de este asunto, y yo les creo", dijo Rajoy. Pero el presidente del PP considera el caso "especialmente grave", por lo que en la dirección popular se considera que el más mínimo atisbo de verosimilitud en la trama debe concluir con la petición de responsabilidades políticas y dimisiones.
Ya hay quien en el círculo próximo a Rajoy pide mano dura. Pero no sólo en el sector oficial del PP. También en la propia Comunidad se levantan voces que exigen esas responsabilidades. La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, subrayó ayer que si se demuestra que Francisco Granados tiene alguna implicación "debe ser destituido, no debe dimitir, que parece que es más digno, sino que debe ser destituido por quien tiene potestad para hacerlo". Sin embargo, no encuentra sentido a una comisión de investigación, al estar el caso en los tribunales.
Granados ha confirmado que contrató a los ex agentes, pero para labores de contravigilancia, dentro de sus competencias como consejero de Interior, pero ha negado, igual que Esperanza Aguirre, que haya servido para espiar a alguien, sea al vicepresidente Ignacio González o al vicealcalde Manuel Cobo.
Los dos dirigentes no sólo lo han negado, sino que han dado la vuelta al caso, y aseguran que todo es una maniobra para desprestigiar a Esperanza Aguirre y al PP de Madrid, enfrentado con la dirección nacional. Desde algunos sectores de dentro y de fuera del PP se relaciona el supuesto espionaje con el caso de Caja Madrid, donde Aguirre y Gallardón mantienen un pulso por el poder.
De momento, Granados ha pedido comparecer en la Asamblea de Madrid para explicarse, pero la oposición quiere que haya una investigación parlamentaria sobre lo ocurrido, que, según los socialistas, constituye "una auténtica vergüenza nacional"
(www.lavanguardia.es, 22/01/09)
DIRIGENTES DEL PP RECLAMAN A RAJOY QUE INTERVENGA
Los pasillos del Congreso de los Diputados se convirtieron ayer, según varios diputados populares, en una especie de patio de cárcel, donde los presos hablan en voz baja por temor a ser espiado por los guardias. En corrillos, los dirigentes del PP comentaban las noticias de EL PAÍS sobre la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Discrepaban en los pasos a seguir, pero todos coincidían en una enorme preocupación, según narraron después.
Varios dirigentes aprovecharon alguno de estos corrillos para acercarse a personas del equipo de Mariano Rajoy para reclamar que el líder intervenga en este asunto. Es un mensaje que no llegó sólo en el Congreso. Fuentes de Génova, la sede central del partido, confirman la enorme preocupación que se vive tanto en ese edificio como en las sedes regionales. De todas partes han llegado mensajes a favor de que el líder intervenga en el asunto, mientras él se mantiene neutral.
El escándalo, además de afectar a la imagen del Gobierno de Esperanza Aguirre, el buque insignia de un PP en la oposición, tiene un claro trasfondo de partido. Se trata de un espionaje entre compañeros, y no de base, sino personas relevantes. Francisco Granados, el consejero del que dependen los supuestos espías, es secretario general del PP madrileño. Y uno de los investigados, Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional.
El entorno de Rajoy -él estaba de viaje en el País Vasco y no acudió al Congreso, que se reunió en sesión extraordinaria para aprobar el envío de 395 militares a luchar contra la piratería en las aguas de Somalia- respondió a todos los que reclamaron una intervención más decidida lo que el propio Rajoy había contado por la mañana en Onda Cero: "A mí lo que me ha dicho Esperanza Aguirre es que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto y yo les creo".
El entorno del líder señala que él tiene que aceptar el desmentido de Aguirre, que no en vano es la presidenta del PP de Madrid y la dirigente con más poder del partido, y dejar que sea ella la que resuelva la situación, con investigaciones internas o destituciones.
Algunos marianistas señalaban ayer que el líder no puede intervenir en este momento de extrema sensibilidad porque cualquier cosa que haga -iniciar una investigación o realizar una declaración contundente- implicaría "abrir la guerra definitiva" con Aguirre, la principal rival política interna de Rajoy, al que no le conviene nada una nueva guerra interna en pleno proceso electoral en el País Vasco y en Galicia, donde se juega su imagen.
"Éste es un asunto muy turbio, pero precisamente por eso el líder no puede meterse en el barro y ensuciarse. Hay que ser prudente y esperar a ver qué hace Aguirre. Ella es la principal interesada en resolver esto", señala un dirigente marianista.
En caso de intervención, tendría que ser Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, quien pusiera orden. De hecho, fue ella la que realizó las declaraciones más contundentes hasta ahora. El lunes, cuando aún no se conocía el espionaje de Cobo, señaló que "se trataría, si fuera cierto, de unas cuestiones muy graves ciertamente", aunque se remitió al desmentido de Granados. La mala relación entre el consejero y Cospedal, que también fue miembro del Gobierno de Madrid, es de sobra conocida en los círculos del PP.
A última hora de la tarde, y después de que llegaran mensajes de todas partes que reclamaban la intervención del partido, Génova hizo correr una versión oficial: "La dirección del PP confía en que las investigaciones judiciales y policiales, así como las decisiones pertinentes que adopte el Gobierno de la Comunidad de Madrid, esclarezcan por completo la supuesta trama de espionaje a altos cargos del Ejecutivo de Esperanza Aguirre y del Ayuntamiento".
En cualquier caso, la inquietud sigue en el partido. No sólo porque esto demuestra una vez más, según varios dirigentes, que el partido tiene un problema en Madrid, sino también porque Rajoy se ve de nuevo externamente como ajeno a la polémica que mantiene a su partido en las portadas. Sin embargo, fuentes de Génova señalan que el líder "tiene mucha información" y está encima del asunto esperando acontecimientos.
Muchos dirigentes, desconocedores de que Manuel Prada, uno de los hombres del equipo de Rajoy, también fue investigado, se preguntaban ayer quién será el próximo. Y se especulaba con la posibilidad de que todos los enemigos de Aguirre, entre los que se cuentan la mayoría de los fieles de Rajoy, como Javier Arenas, estuvieran también en la lista.
(www.elpais.com, 22/01/09)
GALLARDÓN PEDIRÁ DIMISIONES SI LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ES LA RESPONSABLE
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, advirtió ayer en el programa de TVE 59 segundos que, si se demuestra que los seguimientos a su vicealcalde, "o cualquier otro cargo público", se han financiado desde la Administración --esto es, desde la comunidad-- pedirá que se depuren responsabilidades. En la misma línea se pronunció ayer también la presidenta de la Asamblea madrileña, Elvira Rodríguez.
Gallardón recordó que Madrid no tiene competencias en seguridad, aún menos para tener "un cuerpo parapolicial que realice funciones que no le corresponden y que son ajenas, completamente, a sus obligaciones". Preguntado por si creía lógico que el consejero de Interior, Francisco Granados, tenga contratados a un expolicía y exguardias civiles en su departamento, el alcalde respondió con un categórico "no".
El dirigente popular se congratuló de que Granados acuda a explicarse a la Cámara de Madrid en los próximos días. "Si esta unidad la montada por Granados hubiera realizado una investigación sobre personas con fondos públicos, habría realizado un hecho ilegal", avisó.
(www.elperiodico.com, 22/01/09)
GALLARDÓN: "JAMÁS SE ME HUBIESE OCURRIDO CREAR UNA UNIDAD PARAPOLICIAL"
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado esta noche que "jamás" se le hubiese "ocurrido" crear una unidad "parapolicial" dentro de la Comunidad de Madrid, de la que ha sido presidente ocho años, y que se si se hubiera encontrado un órgano así "lo hubiera disuelto". "No es un conflicto entre Ayuntamiento y Comunidad", ha asegurado Ruiz-Gallardón en su intervención en el programa de TVE 59 segundos.
El alcalde de Madrid ha asegurado que no ha hablado con la presidenta Esperanza Aguirre desde que han salido a la luz los supuestos casos de espionaje policial, pero ha dicho que el "diálogo existe" aunque se ha producido "por otros cauces de comunicación" y que el presidente de su partido, Mariano Rajoy, sí ha charlado con ella.
El alcalde ha desvinculado cualquier relación entre las discrepancias con Aguirre en el "conflicto" de Caja Madrid con los casos de espionaje a cargos públicos desvelados por el diario El País y ha subrayado que su máxima aspiración política para el "futuro" es que Madrid sea la sede de los Juegos Olímpicos de 2016.
Al ser preguntado sobre si tiene constancia de que en la Comunidad de Madrid exista la citada unidad parapolicial, Ruiz-Gallardón se ha remitido "a las declaraciones de los ex policías que han sido entrevistados por el diario El País, donde han reconocido la existencia de este órgano que realiza labores de contravigilancia". "Evidentemente", ha agregado el alcalde, estas labores "están al margen de las competencias de la propia comunidad autónoma".
Ruiz-Gallardón ha hecho hincapié en que si "además de esas labores de contravigilancia", la unidad parapolicial "ha realizado labores de investigación sobre personas con fondos públicos", eso es, en su opinión, "absolutamente ilegal".
Al plantearle si hubiera disuelto esa unidad en caso de saber de su existencia, el alcalde ha considerado que se trataba de una "hipótesis imposible" y ha indicado que "no hubiese tenido necesidad de disolver esa unidad", porque "jamás" se le "hubiera ocurrido crear una unidad de esta naturaleza".
Ruiz-Gallardón ha argumentado que una Comunidad Autónoma "no tiene que tener ningún cuerpo 'parapolicial' que realice funciones ajenas a sus obligaciones" y ha respondido que no le parece "lógico" que un consejero -en este caso, Francisco Granados- "monte un dispositivo de ese tipo", si bien aplaude su comparecencia ante la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre este asunto.
El alcalde ha destacado que lo importante no es que el vicealcalde de Madrid o el vicepresidente de la Comunidad hayan sido investigados sino el porqué se ha montado una investigación al margen de la Ley.
No obstante, el determinar "quienes son los autores materiales de esas investigaciones ilegales y presuntamente delictivas, quienes las han ordenado y financiado y quienes han sido los destinatarios de sus resultados" corresponde a la "investigación penal de la Justicia", ha sostenido el alcalde, y no a "la depuración de responsabilidades internas dentro de un partido político".
"No hablamos de conductas políticas de militantes del PP" -ha añadido- "sino de hechos ilegales realizados por determinadas personas, cuando esas personas estén acreditadas, entonces actuaremos en consecuencia".
Sobre las declaraciones del vicesecretario del PSOE, José Blanco, quien ha opinado que lo que pasa en la Comunidad de Madrid forma parte de la batalla sin cuartel que hay entre el alcalde y Aguirre, Ruiz-Gallardón ha afirmado que le parece "un comentario frívolo" y que no cree "oportuno intentar hacer un aprovechamiento político de carácter partidario" ante unos hechos "tan graves".
(www.publico.es, 22/01/09)
GALLARDÓN CRITICA EL «CUERPO PARAPOLICIAL» DE GRANADOS
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y su vicealcalde, Manuel Cobo, exigieron ayer que «se conozcan todos los hechos» y que «se depuren hasta las últimas responsabilidades» en los casos de espionaje a dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital conocidos esta semana.Ambos se mostraron especialmente interesados en esclarecer si detrás de estos seguimientos, que calificaron de «gravísimos» e «ilegales», hay fondos públicos.
Ante la información publicada por el diario El País, que responsabiliza directamente a un grupo de ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, Gallardón aseguró que «los datos que tenemos no son suficientes todavía» para dilucidar quién está detrás de los espionajes. No obstante, el alcalde advirtió de que la Comunidad de Madrid no tiene ninguna competencia en materia de seguridad y por ello no puede tener «un cuerpo parapolicial», ni tan siquiera para realizar labores de protección, tal y como ha justificado el consejero de Interior, Francisco Granados.
Para Gallardón esa unidad es absolutamente «ilegal». Y ante la hipótesis de que esté involucrada en los espionajes añadió: «En mis ocho años al frente de la Comunidad de Madrid, jamás se me hubiera ocurrido crear una unidad de esa naturaleza y, si me la hubiera encontrado organizada, por supuesto que la hubiese disuelto».
Durante su participación en el programa de TVE 59 segundos, el alcalde de Madrid exigió que se conozca «quiénes fueron los autores de los seguimientos, quién los ordenó, a quién se dio cuenta de los mismos y si se pagaron con fondos públicos». Algo que, de confirmarse, según dijo, sería un «delito». «El Estado de Derecho nos llega a todos sin ningún tipo de excepción», advirtió.
En la misma línea se pronunció ayer en una comparecencia pública Manuel Cobo, uno de los políticos víctimas de la supuesta trama de espionaje. El vicealcalde anunció que ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que investigue los hechos. Este paso judicial se suma al dado por la Comunidad de Madrid y su vicepresidente, Ignacio González, otra de las víctimas del supuesto espionaje, en el juzgado de guardia y la Fiscalía, respectivamente.
Cobo calificó el dispositivo que le ha seguido de «ilegal» y «parapolicial». En su opinión, lo ocurrido es inadmisible «en un Estado de Derecho». «Todo tiene que quedar absolutamente esclarecido», afirmó, antes de negar que el Ayuntamiento de Madrid disponga de personas que realicen informes y tareas similares a las denunciadas estos días.
Tanto Gallardón como Cobo negaron que el asunto del espionaje tenga algo que ver con la disputa por el control de Caja Madrid que enfrenta al Ayuntamiento con el Gobierno regional, tal y como han sugerido algunos dirigentes autonómicos. «Mezclar una cosa con otra carece de sentido», afirmó el alcalde, quien recordó que los seguimientos se produjeron hace un año y que las diferencias sobre la entidad financiera han surgido estos días.
(www.elmundo.es, 22/01/09)
EL 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN CULPA A "PERSONAS DEPENDIENTES" DE GRANADOS DEL CASO DE ESPIONAJE
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha afirmado estas mañana que "está claro" que detrás del espionaje del que él ha sido víctima están personas dependientes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. "Es evidente que hay un periódico EL PAÍS que dice que detrás está la Comunidad de Madrid y está claro que son personas dependientes de la Consejería de Interior", ha señalado Cobo en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. "Esas personas obedecen a determinadas instrucciones, por lo que hay que saber quién encargaba los informes, a quién se los daban y por qué los hacían". Para Cobo, "es evidente con la cantidad de pruebas que hay encima de la mesa y los datos que aparecen hoy en el seguimiento que hacían al vicepresidente segundo de la Comunidad, Alfredo Prada, que se trata de cuerpos parapoliciales, porque no son policías en activo, los que realizan esa actividad ilegal".
El vicealcalde, que ha dicho desconocer quién encarga los seguimientos y el interés que pueda tener, sí se ha aventurado a relacionar el espionaje con el momento que vivía el PP en abril del pasado año. "La información es poder y en este caso no es información desde un punto de vista profesional sino en un momento en el que había en mi partido legítimamente diferentes posturas a la hora de afrontar el congreso de Valencia, se hablaba de posibilidades, o de a quién apoyaba uno u otro, por lo que si alguien tenía un interés en conocer cuáles eran la reuniones, las comidas, o con qué personas, lógicamente sería una de las posibles explicaciones", ha indicado.
Prada, el último investigado
"Debe caer el peso de la ley sobre los presuntos delincuentes". El ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, último vinculado a la trama de espionaje político en la región, éste como víctima, ha anunciado que pondrá en manos de la justicia el seguimiento al que fue sometido. Prada ha reconocido que los hechos son "muy graves" más si cabe cuando hay fondos públicos de por medio. El hoy miembro del Comité Nacional del partido afín a Mariano Rajoy ha manifestado que denunciará el caso, bien ante un juzgado bien ante la Fiscalía, y ha reconocido que se plantea pedir "amparo" ante la Asamblea madrileña como diputado que es.
"El señor Gallardón dijo anoche que estaba indignado, imagine cuando uno mismo lee en el periódico que ha sido objeto de espionaje e investigación, a su mujer y a su hijo. Es muy grave" ha afirmado Prada. El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, fue el invitado del programa de TVE 59 segundos el día que EL PAÍS revelaba que su número dos, Manuel Cobo, también había sido seguido en abril de 2008. Gallardón aclaró que una comunidad "no puede tener un cuerpo parapolicial" y manifestó quie habrá que "depurar responsabilidades".
El equipo de Granados
Prada, que fuera consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid desde noviembre de 2003 a junio de 2007, ha descartado que tenga nada que ver con el equipo de asesores de seguridad del actual consejero de Presidencia, Francisco Granados que, según El País, ha desempeñado labores de espionaje. "Es un equipo ex novo -ha explicado Prada- que se crea en septiembre de 2007 y yo dejo de tener competencia en Interior en junio". El diputado madrileño ha afirmado que pidió ayer a la presidenta Esperanza Aguirre que desmintiera cualquier vinculación con ese cuerpo y así lo hizo. Granados cuenta con un equipo de tres ex agentes de la Guardia Civil dirigidos por el ex inspector de la Policía Marcos Peña para desempeñar, según él mismo ha reconocido labores de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos".
Según publica hoy EL PAÍS, algunos de los ex agentes que trabajan para la Consejería de Interior como asesores de seguridad de la comunidad espiaron en los meses previos al congreso nacional del PP en 2008 a Prada, entonces consejero de Justicia y único miembro del Gobierno de Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo a Mariano Rajoy. En el congreso nacional del partido celebrado en mayo de 2008, Prada fue incluido en el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de Rajoy. Un mes después, el entonces consejero de Justicia fue sustituido en su cargo por Aguirre.
El PP implica a Interior
También esta mañana, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons ha abierto una puerta a la complicidad del Ministerio del Interior en el escándalo de espionaje. "Hay información contenida en los dossieres que no se puede conseguir sin la connivencia de Interior, como identificaciones de personas y matríclas", ha precisado González Pons, y se ha preguntado: "¿quién está detrás de esta investigación a los populares?".
El Gobierno de la Comunidad de Madrid se reúne esta mañana, como todos los jueves. Según informa la Cadena SER, a la cita no se ha presentado la jefe del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, algo nada habitual. La reunión es presidida por su número dos, Ignacio González, seguido también durante un viaje a Cartagena de Indias (Colombia), y estará presente el actual consejero de Presidencia, Francisco Granados.
(www.elpais.com, 22/01/09)
LA COMUNIDAD DENUNCIA UNA 'OPERACIÓN DE ACOSO Y DERRIBO' CONTRA AGUIRRE
Los máximos responsables del Ejecutivo de Madrid lo tienen claro.La trama de espionaje de la que, de momento, han sido víctimas los números dos de Esperanza Aguirre y de Alberto Ruiz-Gallardón es «un montaje» y «una operación de acoso y derribo contra el Gobierno de Madrid y su presidenta». Así lo dijo el consejero de Presidencia, Francisco Granados, y así lo creen en el Gobierno regional. El origen de la operación -en opinión de Esperanza Aguirre y de sus más próximos- es la guerra sucia por el poder desatada en Caja Madrid, que mantiene enfrentados al alcalde de la capital y a la presidenta.
Ayer, ante preguntas directas de los periodistas, Francisco Granados no lo quiso decir expresamente. Pero no consideró en absoluto «descabellado» que Caja Madrid sea el trasfondo de la trama.
El consejero de Presidencia e Interior sí apuntó que su Gobierno «todos los días pone encima de la mesa decisiones que pueden afectar a instituciones, empresas y personas poderosas». Y esas personas «pueden tener razones para montar una operación de este tipo, perfectamente elaborada».
González y Granados acudieron ayer a la antigua sede central de Telefónica, en plena Gran Vía madrileña, para celebrar un acto sobre nuevas tecnologías, pero la nube de periodistas que les esperaba no quería saber nada del acto, sino de los seguimientos realizados contra el vicepresidente y el vicealcalde de Madrid.
En declaraciones a los periodistas, Francisco Granados negó una vez más de forma tajante que «exista ninguna organización de espionaje montada desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid» y emplazó al diario El País a que pruebe sus acusaciones. «Como sé que eso no existe», añadió, «espero que la Policía investigue hasta sus últimas consecuencias de dónde sale».
El rotativo del Grupo Prisa aseguraba ayer que «el Gobierno de Aguirre» ha espiado al número dos de Ruiz-Gallardón, pero no aportaba documentos que lo acreditaran. Hoy mismo, el diario detalla nuevos seguimientos realizados en los meses previos al congreso nacional del PP de 2008. Esta vez, al entonces vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada.
Por eso, en fuentes del Ejecutivo madrileño señalaron anoche que no descartan la presentación de una querella criminal contra el periódico por publicar «informaciones falsas», según esas fuentes.
Abundando en este asunto, el diario El Economista asegura en su edición de hoy que ex policías y ex guardias civiles espiaron al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, cuando se encontraba en la calle acompañado por su círculo íntimo.
Por su parte, el vicepresidente regional, Ignacio González, dijo sentirse «agredido» en su intimidad y aseguró que estas actuaciones «mafiosas» deben investigarse para saber «quién está detrás» y «cuál es el objetivo que se persigue».
González insistió en que para seguirle hasta Colombia o para obtener datos de un viaje privado a Sudáfrica, quienes le espiaron tuvieron «información muy próxima de mi vida pública y privada» y eso «sólo se conoce en mi entorno». Pero, además, apuntó que alguien más «ha tenido mucho interés en gastar mucho dinero para hacer un montaje muy sofisticado».
La trama del espionaje está sorprendiendo a la dirección nacional del PP por su virulencia y por el enfrentamiento soterrado que de nuevo subyace entre los equipos de Aguirre y Ruiz-Gallardón.Ayer, su presidente, Mariano Rajoy, aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha comunicado que ni ella ni sus asesores están implicados en el supuesto caso de espionaje. En cualquier caso, señaló que sería «bueno» abrir una investigación para averiguar quién se dedica a «esta suerte de actividades».
«A mí lo que me ha dicho Esperanza Aguirre es que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto y yo la creo», declaró Rajoy.
(www.elmundo.es, 22/01/09)
ELVIRA RODRÍGUEZ RECTIFICA TRAS PEDIRLE A AGUIRRE LA DESTITUCIÓN DE GRANADOS
La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez (PP), afirmó ayer que si se demuestra que el consejero de Presidencia, Francisco Granados, "ha hecho lo que no debía", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "lo que tiene que hacer es cesarlo". "A veces somos demasiado eufemistas, pero si uno hace lo que no debe lo que tiene que hacer el que tiene potestad para ello es cesarlo; no debe uno dimitir, que parece que es más digno", manifestó en una entrevista con Efe. Rodríguez precisó que, no obstante, ella esperaría "a ver qué es lo que dice Granados" en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid. Más tarde, Rodríguez rectificó y dijo que no se refería a Granados en concreto sino a "cuáles deben ser las consecuencias que han de seguir a hipotéticas actuaciones irregulares de gestores públicos".
- Manuel Fraga: "Desgraciadamente, hay cuestiones no resueltas". El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, consideró que, "desgraciadamente, hay algunas cuestiones que no están resueltas en este momento entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento". "Creo que eso se va a resolver", añadió el senador.
(www.elpais.com, 22/01/09)
COBO: "QUIERO SABER QUIÉN LO HIZO, QUIÉN LO ENCARGÓ Y CON QUÉ FINES"
"Quiero saber quién ha realizado esos seguimientos; si son personas que tienen una retribución pública y, en ese caso, si esa administración u organismo público que les paga tiene competencias para realizar un seguimiento a mi persona. Quién ha ordenado esos seguimientos... Quién o quiénes. A quién o a quiénes se les entregaban los informes. Con qué fines se realizaban dichos informes, para qué. Qué es lo que se quería saber o para qué se quería utilizar". Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón y supuestamente espiado por ex policías al servicio de la Comunidad de Madrid, desgranó todas estas preguntas ayer por la mañana ante los periodistas y las resumió después en una denuncia en la que pide a la Fiscalía de Madrid que encuentre las respuestas.
Tras conocer por EL PAÍS que fue objeto de seguimientos parapoliciales en abril del año pasado —en plena batalla interna por el control del PP—, el vicealcalde compareció con semblante serio y algo nervioso para explicar que había confirmado que todo lo publicado por este periódico "es exacto". "Los horarios y los lugares que aparecen [en el informe de seguimiento] coinciden con lo que hice aquellos días según figura en mi agenda", dijo.
Lo que Cobo rehusó contestar es si cree que detrás del espionaje pueden estar el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, o la presidenta Esperanza Aguirre, ambos del PP como el propio vicealcalde. "No es importante lo que yo crea. No voy a entrar en sospechas. Es el fiscal quien debe aclarar esto", afirmó. "Pero del Ayuntamiento no ha salido, eso lo puedo asegurar".
En la denuncia presentada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento ante la fiscalía sí se apunta directamente a la consejería que dirige Granados: "De la información publicada", concluye el escrito, "se desprende tanto una intromisión ilegítima en la intimidad y propia imagen del vicealcalde, al montar un dispositivo de seguimiento con el fin de descubrir contactos y encuentros privados que pudieran dar información utilizable por la Consejería de Interior, como el encargo directo a asesores contratados por la misma para la ejecución personal de tal irregular cometido, con intenciones que no se alcanzan a comprender".
Aguirre envía un SMS
Justo cuando se dirigía a dar la conferencia de prensa, el número dos de Ruiz-Gallardón recibió una llamada de Francisco Granados y un mensaje de móvil de Esperanza Aguirre. También habló con el presidente del PP, Mariano Rajoy —después de hacerlo el alcalde—, con dirigentes populares como Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas, Pío García-Escudero y Esteban González Pons, y con el vicepresidente madrileño, Ignacio González, igualmente sometido a seguimientos. "Todos me han dicho que esto es inadmisible", afirmó. Se refería a los seis últimos, porque de lo dicho por Granados y Aguirre no quiso contar nada.
Cobo subrayó que, si el espionaje fue realizado por ex policías o ex guardias civiles sin que ningún juez lo ordenara se trataría de "seguimientos parapoliciales absolutamente ilegales", y se solidarizó con Ignacio González "y cualquier otra persona que sufra un espionaje de este tipo". "Espero que se esclarezca hasta las últimas consecuencias, tanto en el ámbito judicial como en la responsabilidad que tenga cualquier cargo público. Que se depuren responsabilidades", insistió el dirigente madrileño.
Afirmó que no tiene "conocimiento" de que Ruiz-Gallardón haya sido espiado también, restó importancia a que detrás del caso estén las guerras internas del PP —"no lo sé, pero eso nos debe dar igual"— y descartó por absurdo el rumor de que los seguimientos, realizados hace diez meses, puedan tener algo que ver con la batalla actual entre aguirristas y gallardonistas en Caja Madrid: "Que yo saliera a las 8.25 de mi casa un día del mes de abril del año pasado no sé qué relación puede tener con Caja Madrid...".
(www.elpais.com, 22/01/09)
EL CONSEJERO SE PRESENTA COMO VÍCTIMA
La Comunidad de Madrid le da la vuelta a la tortilla y se presenta como víctima de la red de espionaje. Ignacio González, vicepresidente del Gobierno regional, hizo ayer su primera aparición pública tras la noticia adelantada por este periódico de que había sido espiado en viajes oficiales y privados. La esperada comparecencia llegó con sorpresa: González apareció arropado por Francisco Granados, consejero de Interior, departamento que dirige a los ex agentes supuestamente dedicados al espionaje político en la región.
La visita del vicepresidente de la Comunidad de Madrid al edificio de Telefónica en la calle Gran Vía para presentar el proyecto Madrid Región Digital reunió a decenas de periodistas. "Ni cuando viene César Alierta hay tanta expectación", comentaba una de las empleadas de la tienda.
Granados asumió el protagonismo y aseguró que tanto él como Ignacio González y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, son víctimas de un "montaje y de una operación de acoso y derribo a Esperanza Aguirre". El consejero del PP negó que el Gobierno regional haya llevado a cabo "encargos de espionaje, seguimiento o informes sobre nadie y sobre ningún asunto de los aparecidos en los medios de comunicación".
Granados cedió el testigo a Ignacio González, mucho más escueto en sus declaraciones. Afirmó que se siente "agredido" en su intimidad y que le parece "una cosa absolutamente condenable, lamentable y totalmente reprobable" el hecho de que haya sido espiado. El vicepresidente regional dijo no sospechar de quién puede ser el impulsor de "esta actuación inadmisible y mafiosa que no se puede consentir en un Estado de derecho".
(www.elpais.com, 22/01/09)
GONZÁLEZ OTORGÓ UN CONTRATO MILLONARIO AL EMPRESARIO CON EL QUE VIAJÓ A SURÁFRICA
Una empresa pública que dirige el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó un contrato por importe de 33,4 millones de euros a la empresa Segurisa, cuyo propietario invitó presuntamente a González a un viaje a Suráfrica. El número dos de Esperanza Aguirre reconoce que el viaje se produjo en marzo de 2007, pero asegura que lo pagó "en metálico" de su bolsillo.
Segurisa es una compañía de seguridad fundada en 1988. El socio mayoritario es Enrique Sánchez González, que posee algo más del 60% de las acciones, de acuerdo con los datos que figuran en el Registro Mercantil. En un dossier sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que desveló esta semana El País, se asegura que Enrique Sánchez invitó a Ignacio González y a su esposa a un viaje a Suráfrica cuyo coste aproximado es de 8.000 euros. La invitación sería un supuesto pago por adjudicaciones recibidas por Segurisa. En declaraciones a dicho diario, Ignacio González aseguró lo siguiente: "El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada".
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid desmiente la última afirmación de González. En su edición del 9 de marzo de 2006, figura una adjudicación del Canal de Isabel II a la empresa Segurisa, por importe de 33.489.078 euros.
El Canal de Isabel II es la empresa encargada de gestionar el agua en la Comunidad de Madrid y está presidida por Ignacio González.
El objeto del contrato recibido por Segurisa es la prestación de "servicios de vigilancia y seguridad en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II". La adjudicación es por un periodo de dos años a razón de 16,7 millones de euros al año y se realizó por "procedimiento restringido". Este sistema impide concursar a todas las empresas de seguridad que lo consideren oportuno y limita el proceso a unas pocas compañías seleccionadas por el organismo que realiza la adjudicación.
Un portavoz oficial del vicepresidente González explicó a este diario que Segurisa ya se encargaba de la vigilancia de las intalaciones del Canal desde 2001 (cuando gobernaba en la Comunidad el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón). Entonces se contrataron con dicha empresa 150.000 horas anuales, por las que se pagaron dos millones de euros.
Tras los atentados del 11-M, diversos informes de la Guardia Civil recomendaron incrementar de forma significativa la seguridad de las instalaciones del Canal. Por ese motivo, la Comunidad convocó un nuevo concurso en 2005. Razones de "confidencialidad" llevaron a utilizar el procedimiento restringido, explicó dicho portavoz.
En el concurso participaron diez empresas y la adjudicación a Segurisa se produjo "por unanimidad del Consejo de Administración" del Canal. Esta vez se contrataron 953.000 horas por un importe de 33,4 millones de euros.
(www.publico.es, 22/01/09)
MANUEL COBO, 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN, DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EL PRESUNTO ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE
El vicealcalde de Madrid y número dos de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo, ha denunciado ante la Fiscalía el presunto espionaje sufrido por parte del Gobierno de Aguirre. Cobo ha anunciado que va a denuciar estos presuntos espionajes después de las informaciones publicadas por el diario El País.
En concreto, Cobo quiere saber quién ha realizado esos seguimientos y "quién o quiénes" lo han ordenado, si esas personas tienen una retribución pública y, en ese caso, si esa administración o entidad que les paga tiene competencias para realizar un seguimiento, a "quién o a quienes" se entregaban los informes y con qué fin se realizaban.
El 'número dos' de Gallardón ha confirmado todas las informaciones publicadas hasta el momento y ha asegurado que los seguimientos se han hecho "de forma ilegal". "No se puede realizar este tipo de actuaciones ni conmigo ni con nadie".
Cobo no ha querido apuntar a nadie del Gobierno de la Comunidad de Madrid como responsables de los espionajes. "No quiero lanzar sospechas", ha dicho, y ha añadido que se tiene que poner bajo la tutela judicial. Además, no cree que haya sido por hacerse con el control de Caja Madrid, ya que en el mes de abril no tenía nada que ver.
También ha declarado que lo considera un hecho "muy grave" y que no sabe "cuál era el objetivo". "Espero que se esclarezca hasta las últimas consecuencias se depuren responsabilidades", ha agregado.
Ha apuntado a posibles equipos parapoliciales, por la jerga que utilizan, y ha asegurado que ha hablado con Granados, Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, pero no con Rubalcaba, además de recibir mensajes de Esperanza Aguirre.
El grupo de ex agentes de la Policía y de la Guardia Civil a sueldo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, hoy dirigida por Francisco Granados, habría hecho seguimientos diarios a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón.
Estos seguimientos, según documentos en poder de este diario, se realizaron el pasado mes de abril, cuando en el PP surgieron discrepancias internas sobre la continuidad de Mariano Rajoy al frente del partido tras su derrota electoral en los comicios de marzo.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también fue objeto de distintos seguimientos en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero.
Según El País, los ex agentes encargados de estos seguimientos fueron fichados en septiembre de 2007 por la Consejería de Interior como "asesores de seguridad", según Granados, y trabajan a las órdenes del ex policía nacional Marcos Peña.
(www.publico.es, 21/01/09)
RAJOY CONFÍA EN LA 'LIDERESA'
El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le ha comunicado que ni ella ni sus asesores están implicados en el supuesto caso de espionaje a altos cargos del Gobierno regional.
En cualquier caso, señaló que sería "bueno" abrir una investigación para averiguar quién se dedica a "esta suerte de actividades".
"A mi lo que me ha dicho Esperanza Aguirre es que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto y yo les creo", declaró Rajoy.
Rajoy afirmó que sólo conocía de ese asunto lo que han recogido los medios de comunicación. Eso sí, confesó que había hablado "lógicamente" con Aguirre, quien, según indicó, le ha dicho que "desconoce todo este tema".
A continuación, destacó que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados, ha solicitado comparecer en la Asamblea de Madrid para "decir lo que sabe" sobre este supuesto caso de espionaje. No obstante, auguró que no puede aportar "grandes cosas".
(www.publico.es, 21/01/09)
GRANADOS: "SOMOS VÍCTIMAS DE UNA MANIOBRA CON EL ÚNICO FIN DE DESPRESTIGIAR AL GOBIERNO DE AGUIRRE"
El Consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado que tanto Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, como él, son "víctimas de una maniobra con el único fin de desprestigiar al Gobierno de Aguirre".
Granados ha desmentido las informaciones publicadas en los últimos días por el diario El País, y ha dicho que "no hay una red de espías que se dedique a investigar a gente del partido". El Consejero der Interior de Esperanza Aguirre ha confirmado que Cobo va a denunciar el supuesto espionaje, ya que ha hablado con él, y se ha alegrado de que lo ponga en manos de la Justicia.
Por su parte, Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha comentado que es un asunto muy serio, y que "tiene que ser alguien con mucho dinero y muy cercano a los movimientos" de Cobo.
(www.publico.es, 21/01/09)
AGUIRRE PIDE AL FISCAL QUE ACLARE QUIÉN ESPÍA A SU VICEPRESIDENTE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tiene tal enredo en el seno de su Gobierno --con espías y dosieres de por medio-- que se ha visto obligada a recurrir a los tribunales y a la fiscalía para que le ayude, si es posible, a aclararlo. Ayer, el diario El País publicó que el vicepresidente y hombre de máxima confianza de Aguirre, Ignacio González, ha sido espiado en sus viajes oficiales y privados al extranjero. Existen fotos y documentos privados que así lo prueban. Según fuentes del entorno de González, él desconoce por orden de quién o con qué objeto se realizaron esos seguimientos.
Además, el lunes se conoció que el consejero madrileño de Interior, Francisco Granados, había contratado con dinero público a un equipo formado por al menos un expolicía y varios exguardias civiles para hacer informes confidenciales sobre diversos temas. Ese equipo, supuestamente, funciona al margen del director de Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique Barón.
Resulta inevitable preguntarse si ambas cuestiones, el espionaje a González y el grupo de seudoespías o asesores constituido por su compañero Granados, están o no relacionados entre sí. El consejero de Interior lo niega. Y los colaboradores de Aguirre prefieren no dar crédito, al menos por el momento, a esa tesis.
Pero la presidenta, a quien no ha gustado nada que su responsable de Interior tenga asesores-policías, quiere saber qué ocurre en su gabinete. Especialmente, al entender que, sea quien sea quien espía a su vicepresidente, hay un topo en la Comunidad que ha filtrado datos de su agenda que podrían haber comprometido su seguridad. Por eso, ayer solicitó a sus servicios jurídicos que interpongan una denuncia en el juzgado de guardia, y a la fiscalía, que investigue si algunos de sus altos cargos ha sido objeto de seguimiento. Su consejero de Interior también se mostró partidario de que se den estos pasos, ya que desvincula totalmente esa cuestión de la que a él le atañe.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ya advirtió ayer de que no puede actuar de oficio en el caso que afecta a González, aunque, cuando haya una denuncia registrada, iniciará los trámites pertinentes para ver si existen indicios de delito. Por su lado, el PSOE e IU han exigido a Granados que explique a qué se dedican exactamente sus nuevos asesores. Y ya han alertado de que, si esas explicaciones no les resultan satisfactorias, demandarán la creación de una comisión de investigación.
A la espera de que se vayan despejando tan oscuros enigmas, Aguirre no parece tener una semana fácil por delante: el escándalo del espionaje viene a unirse a la guerra que aún mantiene abierta con Caja Madrid, donde está dispuesta a jugar todas sus cartas para intentar apartar a su actual presidente, Miguel Blesa. ¿Y qué dice su partido, el PP de Mariano Rajoy, de todo esto? Pues que hay que investigar asuntos de índole tan grave --en lo que concierne a los dosieres y los espías-- y que deben cesar las maniobras políticas en el seno de las entidades financieras. Respaldo a Aguirre, el justo.
(www.elperiodico.com, 21/01/09)
LOSANTOS SENTENCIA: BLESA Y GALLARDÓN, CULPABLES DEL ESPIONAJE AL NÚMERO DOS DE ESPERANZA AGUIRRE
La información sobre la supuesta red extraoficial de espionaje dependiente del consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid que habría seguido, entre otros, al vicepresidente de la región y al vicealcalde de la capital, ha llegado a mezclarse con la trama por la lucha por el control de Caja Madrid. El entorno de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y su consejero Francisco Granados –a quien se acusa de haber puesto en marcha este servicio de inteligencia alternativo- apunta a Miguel Blesa, presidente de la financiera, y al alcalde de la capital como beneficiarios de la trama. Los medios afines a la lideresa también se han acogido a esta tesis. El más contundente, Federico Jiménez Losantos en la COPE: la operación la ha llevado a cabo “Blesa, con Gallardón detrás”, ha sentenciado.
Después de negar rotundamente ayer que exista una trama de contravigilancia gestada en la Consejería de Presidencia e Interior madrileña y de advertir que si los espionajes se están produciendo estaríamos ante una conducta “delictiva”, Esperanza Aguirre y su número tres, Francisco Granados, apuntaron ayer a que detrás de la supuesta trama de la que ha venido informando El País estaría la guerra por el control de Caja Madrid.
Caja Madrid y el espionaje
Aguirre y Gallardón mantienen un tenso pulso en el seno de la entidad financiera por mantener en el poder al actual presidente, Miguel Blesa (apoyado por el alcalde), o cambiar el organigrama de la caja (como quiere la presidenta). Varios medios apuntaron que la Comunidad de Madrid considera que la red de espionaje podría tener un objetivo claro: descubrir algún tipo de irregularidad o ilegalidad con el que someter al vicepresidente a algún chantaje con el que forzar un cambio de postura en la lucha de Caja Madrid. Todo ello pese a que también el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de Ruiz Gallardón, habría sufrido estos seguimientos.
Blesa y Gallardón, los beneficiadosEl diario El Mundo, fiel aliado mediático de Aguirre, no ha dudado en difundir esta información, en la que apunta: “Es una incógnita (…) quién podría estar impulsando la operación [de espionaje]. De ella se beneficiarían, entre otros, Alberto Ruiz Gallardón y Miguel Blesa”. Con la misma tesis ocupa uno de sus editoriales, en el que apunta que la percepción de esta conexión entre la trama de espionaje y el control de la caja está “bien fundamentada”, ya que “la guerra sucia” en la entidad está siendo una constante.
"Maniobra de distracción"Por eso, Pedro J. Ramírez insiste en que las informaciones sobre la contravigilancia “puede ser interpretada como una maniobra de distracción” sobre la “guerra fraticida” que “libran dos grandes clanes del PP en Madrid: el Ayuntamiento contra la Comunidad (…), Ruiz Gallardón contra Aguirre”. “El seguimiento a González va mucho más lejos y apunta a un intento para desacreditarle. No es creíble que Granados haya ordenado ese espionaje”, apunta el editorial.
"Es Blesa con Gallardón detrás"
Tampoco es creíble para otro de los principales amigos mediáticos de Aguirre, Federico Jiménenez Losantos. El locutor de la COPE se ha mostrado tajante durante su programa de hoy: “El problema es que no me salen las cuentas: el tercero de Aguirre espiando al segundo sin el permiso de ella, de la primera…”, apuntó, y añadió lo que él considera la explicación de este culebrón: “Ya empieza a aparecer en la prensa que no, que es Blesa con Gallardón detrás. Es una historia de una sordidez…”, matizó.
¿Qué paso con Alfredo Prada?
Esto último también le encaja a Pedro J.: “En esta intriga podría encajar el que una de las causas que motivó la destitución de Alfredo Prada, cercano a Gallardón y protegido de Rajoy, fueron las sospechas de que estaba vigilando a González”, señala su editorial de hoy. Un asunto que también menciona el vicedirector del rotativo, Casimiro García-Abadillo, que advierte que ahora “alguien interesado en desacreditar a González/Aguirre ha recolectado todos los dossiers que circulaban en el mercado de la basura”. “Pero ¿espió Granados a González? Esta hipótesis no es más que una hábil forma de desviar la atención del beneficiario de la infame operación”, concluye su columna.
(www.elplural.com, 21/01/09)
El Gobierno de Aguirre espió al vicealcalde de Ruiz-Gallardón
"Montado el dispositivo en torno a Cobo"
Ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior hicieron seguimientos al vicealcalde y mano derecha de Ruiz-Gallardón en pleno pulso por el poder en el PP en 2008
El equipo de ex agentes al servicio de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, hoy dirigida por Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, hizo seguimientos diarios a Manuel Cobo, vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, en abril de 2008. Desde septiembre de 2007, el departamento de Interior había fichado a tres ex guardias civiles como asesores de seguridad. Actualmente, trabajan a las órdenes del ex policía nacional Marcos Peña, que ha reconocido que entre sus tareas estaba la elaboración de informes sobre tramas de corrupción en ayuntamientos dirigidos por socialistas. Durante el mes de abril de 2008 se había desencadenado con toda su crudeza la batalla por el poder en el Partido Popular tras el fracaso electoral de su líder, Mariano Rajoy, en las elecciones generales de marzo. Los ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid utilizaron vehículos para sus seguimientos a Cobo y a otros altos cargos del PP, supuestamente rivales de Aguirre en aquel momento.
Los seguimientos llegaron al comité regional, donde se criticó a Rajoy
De los seguimientos ha quedado constancia escrita en informes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, encabezados por la palabra "Parte". En ellos se reflejan los movimientos de las personas investigadas.
"Otro objetivo"
Al vicealcalde de Madrid le hacían seguimientos algunos días en los alrededores de su despacho en el Palacio de Correos y otros días desde que salía por la mañana de su domicilio particular, en una población vecina de la capital. Así ocurrió el 2 de abril: "Cobo sale del domicilio a las 08.25 de la mañana, tomando el itinerario particular y llegando a su puesto de trabajo a las 09.02 horas. Se observa que durante los desplazamientos le acompañan una moto y un vehículo turismo con un ocupante por detrás, realizando la contravigilancia. Este mismo vehículo es el que también realiza la contravigilancia en su domicilio".
Las tareas de protección y contravigilancia de concejales en el Ayuntamiento de Madrid están asignadas a la Policía Municipal y a ningún otro cuerpo de seguridad. "Una vez llega el objetivo al puesto de trabajo", continúa el parte de ese día referido al seguimiento de Manuel Cobo, "como quiera que la zona está dotada de fuertes medidas de vigilancia y control, después de un tiempo prudencial, abandonamos la zona y nos dirigimos a montar el dispositivo de otro objetivo".
Los ex guardias civiles temen, y así lo manifiestan en sus partes, que sean localizados por la protección oficial del vicealcalde de Madrid.
Los partes de seguimiento del vicealcalde coinciden con un momento político en el que el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón apoya de manera entusiasta a Mariano Rajoy para que continúe al frente del partido. En ese periodo, tiene un peso vital la información de quién se reúne con quién o quién come con quién dentro del PP para comprobar alianzas, deserciones o cambios de filas en las posturas enfrentadas en el partido. Aguirre y Rajoy pugnan por ganar adeptos a su causa. Y los partes pueden ser un buen guión para saber si alguien de las filas aguirristas coquetea con los marianistas o para percibir qué poder y contactos tienen con Rajoy los fieles a Ruiz-Gallardón, y si están intentando captar fieles en las filas del Gobierno regional.
El seguimiento de los guardias civiles se detiene el 8 de abril en los aledaños de Génova, 13, sede del Partido Popular. "A media mañana, 'C' [Cobo] se encuentra en la sede del PP sita en la calle de Génova, de dónde sale a las 14.25".
Ese día, la reunión del comité regional, cargada de máxima tensión, tuvo como plato fuerte la discusión de cuántos compromisarios debían corresponderle al PP de Madrid en el inminente congreso del partido. Los cargos afines a Aguirre se quejaban de que en el congreso nacional, donde se dirimía la continuidad de Rajoy como líder, a Madrid le correspondían menos compromisarios de los que debería tener en función de su peso por afiliados. Manuel Cobo, presente en la reunión, se quejó de que los estatutos de Madrid también limitaron su propia candidatura en 2004, y entonces los aguirristas no protestaron.
Los seguimientos a políticos por parte de ex agentes al servicio de la Comunidad de Madrid han sido negados tanto por el consejero de Interior, Francisco Granados, como por la presidenta regional, Esperanza Aguirre. "Creo que la Comunidad de Madrid es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje y si se elaboran dossiers se está delinquiendo", aseguró ayer Aguirre.
Su Gobierno decidió trasladar a la fiscalía una petición para que se investigue el espionaje al vicepresidente, Ignacio González, en sus viajes públicos y privados al extranjero. En el caso del desplazamiento a Cartagena de Indias (Colombia) en viaje oficial, González fue grabado mediante cámaras ocultas. En su viaje privado a Johanesburgo, en compañía de un contratista de la Comunidad de Madrid, los espías lograron copia de sus billetes, pagados en metálico. El propio González sospecha que hubo complicidades internas dentro de la Comunidad para llevar a cabo el espionaje al que fue sometido en Cartagena de Indias, según se desprende de su propia denuncia.
El Ejecutivo regional del PP no ha abierto ninguna investigación interna para esclarecer si ex policías y ex guardias civiles, contratados por la Consejería de Interior entre septiembre de 2007 y junio de 2008, han realizado seguimientos a políticos y han elaborado dossiers sobre distintos escándalos.
Algunos "partes" del vicealcalde
- 1 de abril de 2008. "Montado el dispositivo en el puesto de trabajo de Cobo, no observamos movimientos durante la primera parte de la mañana. A lo largo del resto del día, no observamos movimientos de Cobo, teniendo en cuenta la dificultad que entraña la zona de trabajo de éste, decidimos desmontar el operativo".
- 3 de abril de 2008. "Llegada de "C" a su lugar de trabajo a la hora habitual. Permanecemos en la misma hasta media mañana con el fin de ver si sale. Transcurrido un tiempo prudencial, comprobamos que no hay movimientos. Abandonamos la zona".
- 4 de abril de 2008. "Llegada de "C" a la hora habitual al puesto de trabajo. Su vehículo oficial, una vez lo deja dentro, abandona el lugar (maniobra habitual) comprobamos si aparca en la parte de atrás, ya que hay un parking,pero el vehículo toma dirección Atocha por la calle de Alfonso XII".
- 7 de abril de 2008. "Llegada de "C" a la hora habitual al trabajo, quedándose su vehículo en el interior de la puerta principal. Al no observar movimientos nos retiramos al otro objetivo".
www.elpais.es 21.01.09
"MADRID NO TIENE NADA QUE VER CON EL ESPIONAJE"
Esperanza Aguirre -en la imagen, con el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el pasado septiembre- insistió ayer en que su Gobierno no está relacionado con el espionaje, aunque añadió, en relación con los seguimientos a su número dos, Ignacio González, que debían "aclararse cuanto antes", porque "si se están elaborando informes, se está delinquiendo".
El 'número dos' de Aguirre pide al fiscal que investigue quién le espió
"Los autores han debido de estar muy cerca de mí", dice González en la denuncia
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia pidiendo que se investigue el espionaje del que supuestamente fue objeto durante dos viajes al extranjero, uno público y otro privado, realizados el año pasado. Esos "seguimientos parapoliciales", destapados por este periódico, no tienen autoría conocida, pero González sospecha que sus responsables pueden estar "muy cerca" de él. La Comunidad presentó anoche otra denuncia idéntica ante el juez de guardia.
"Llama la atención que, para realizar el seguimiento a mi persona, los autores de los hechos que se denuncian han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos, para organizar la grabación o las fotografías, y estar muy cerca de mí", afirma el vicepresidente madrileño en la denuncia presentada ante el fiscal. Los hechos -"desconociendo si su autoría ha de atribuirse a particulares, funcionarios o profesionales"- serían, según González, constitutivos de un delito de "descubrimiento y revelación de secretos", penado con hasta cinco años de cárcel.
La fiscalía no ve delito
La propia Aguirre había anunciado por la mañana que su Gobierno presentaría las denuncias para aclarar el supuesto espionaje, porque, "si se están elaborando dossiers, se está delinquiendo". Aguirre aseguró que la Comunidad de Madrid "no tiene nada que ver" con esos seguimientos y los desvinculó de otro caso denunciado la víspera por EL PAÍS: la existencia de un supuesto servicio secreto de vigilancia en el seno de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Francisco Granados. "Se intenta mezclar interesadamente", protestó.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, que ayer por la tarde no había recibido aún la denuncia, ya ha adelantado, sin embargo, que él no ve delito. "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje que es un personaje público, porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y eso, así, sin más, no es ningún tipo de delito [...] a menos que se vulneren derechos fundamentales como el derecho a la propia imagen o se intercepten sus comunicaciones", afirmó. Tanto Moix como el teniente fiscal, Carlos Ruiz de Alegría, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, comentaron también la información de este diario sobre el supuesto servicio de vigilancia montado en la consejería de Granados y concluyeron que su asesor Marcos Peña, presunto jefe de la red, ha sido contratado "con publicidad" y que otras personas forman parte del organigrama como "asesores", por lo que no se atisba tampoco ninguna ilicitud.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, abundó en declaraciones a Europa Press en que "hoy por hoy no hay nada. Podrá ser correcto o no, pero no es delito".
www.elpais.es 21.01.09
El vicepresidente de Esperanza Aguirre fue espiado en sus viajes al extranjero
Altos cargos sospechan que los seguimientos contaron con complicidades internas
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el hombre con más poder después de la presidenta Esperanza Aguirre, ha sido objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares.
González afirma que no es amigo de los empresarios citados en los informes
El seguimiento al dirigente regional en Colombia se hizo con cámara oculta
Altos cargos de la Comunidad de Madrid han asegurado a EL PAÍS que están "muy preocupados" ante estos seguimientos y que tienen "sospechas" de que los documentos y las imágenes que se incluyen en tales informes han precisado "la complicidad" de personal vinculado a la seguridad de la Comunidad de Madrid, ya que evidencian conocer muy al detalle su agenda personal.
Los altos cargos autonómicos manifiestan esta preocupación después de conocer que ex policías y ex guardias civiles al servicio del consejero de Interior, Francisco Granados, elaboraban informes sobre tramas de corrupción que afectaban a ayuntamientos madrileños dirigidos por socialistas.
Sin información interna de la propia Comunidad, resultaría casi imposible espiar, como ha ocurrido, al vicepresidente madrileño en Cartagena de Indias (Colombia), según fuentes autonómicas. Este desplazamiento oficial del vicepresidente, -lo hizo como responsable del Canal de Isabel II-, es vinculado, en uno de los dos informes, a distintas operaciones irregulares. Y evidencia que partieron de una información privilegiada para poder cazarlo fotográficamente cuando pisara suelo colombiano. Las personas que realizaron el seguimiento y grabación de Ignacio González conocían el día de llegada, el vuelo, el hotel en el que se iba a alojar, la habitación, y el programa de actos y visitas del vicepresidente madrileño. Sin esos datos, los supuestos espías nunca habrían estado justo en el instante en que González llegó a Colombia, y a escasos metros de él, pisándole continuamente los talones hasta la propia habitación del hotel donde se alojó.
Tan cerca, a tenor de las fotografías, como para formar parte del séquito o no inquietar con su presencia, según interpretan altos cargos de la Comunidad de Madrid consultados por este periódico.
El viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias data de finales de agosto de 2008. En concreto, como apunta el informe, el 28 de agosto llegó a Cartagena de Indias en el vuelo AV8548, en clase business. El informe detalla que mantuvo una entrevista con el presidente colombiano Álvaro Uribe y luego desarrolla una teoría respecto a la connivencia del vicepresidente regional con una de las personas que se incorporaron a la comitiva, un constructor, J.B., que supuestamente tenía parentesco con el jefe de una trama delictiva.
Para agravar el guión, el informe incluye fotografías tomadas con cámara oculta que son explicadas así: "Acompañantes de Ignacio González acudiendo y entrando en el inmueble ubicado en..., acceden al inmueble con las bolsas blancas que se pueden apreciar y abandonando a los diez minutos el inmueble sin las citadas bolsas. González acompaña a estas personas que han viajado con él desde Madrid". El vicepresidente madrileño aseguró a este periódico: "A ese constructor del que habla el dossier no lo conozco de nada".
El segundo informe, fruto del otro seguimiento, es más simple: los espías consiguieron una fotocopia de los billetes de avión de Ignacio González y su esposa en viaje privado a Johanesburgo en vuelo de Iberia el pasado 16 de marzo. Aquí, la presunta acusación era que el viaje (unos 8.000 euros de coste) se lo regaló Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa, entre otras, y contratista de la Comunidad de Madrid, como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos multimillonarios. Todos los billetes de avión se pagaron en metálico. El contratista le acompañó, con su esposa, en tal viaje y pagó también en efectivo. González rechazó las acusaciones del informe: "Mi viaje me lo pagué yo en metálico porque me venía bien, y tengo factura de ello. El viaje me lo organizó un amigo que también vino. Fuimos a visitar al embajador de Suráfrica que es amigo nuestro y estaba a punto de ser relevado. El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada", explicó.
El Gobierno regional está ahora preocupado por conocer si los seguimientos tienen relación con la contratación por la consejería de Interior de la Comunidad de Madrid del ex policía, Marcos Peña, que dirige a un equipo de tres ex guardias civiles para tareas "de contravigilancia", según el consejero Francisco Granados. El propio Peña aclaró a EL PAÍS que entre sus trabajos figuran investigaciones sobre tramas de corrupción que afectan a dirigentes socialistas o sobre escándalos en el sector de las discotecas de la capital de España. Peña aseguró que en ningún caso había hecho seguimientos personales a políticos.
La Consejería de Interior asegura que nunca se ha ordenado la elaboración de informes relacionados con tramas de corrupción. Entre las competencias legales de la consejería de Interior no figuran tareas de espionaje por parte de los asesores, ni siquiera la recopilación de información sobre tramas de corrupción que están siendo investigadas por la administración de Justicia. Granados contrató al ex policía Marcos Peña en el verano de 2008. Con anterioridad, la Comunidad vivió otro supuesto caso de espionaje que acabó con la destitución del director general de Seguridad, Sergio Gamón, por registrar unas oficinas de la Consejería de Justicia y requisar un ordenador donde, supuestamente había un dossier contra el propio Granados, según explican dirigentes autonómicos.
El vicepresidente Ignacio González no es el único dirigente madrileño que se ha sentido espiado en los últimos meses. Otros tienen noticias de haber sufrido seguimientos. No faltan los anónimos que han llegado a hogares de destacados políticos populares, según han confirmado sus destinatarios.
UN VIAJE A CARTAGENA DE INDIAS GRABADO CON CÁMARA OCULTA
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se trasladó en viaje oficial a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. Durante su estancia en la ciudad colombiana fue objeto de seguimientos con cámara oculta. Las imágenes que se captaron, algunas de las cuales se reproducen arriba, fueron incorporadas a un dossier donde se insinuaban prácticas irregulares por parte del vicepresidente autonómico
www.elpais.es 20.01.09
La Comunidad de Madrid denuncia en los tribunales el espionaje a Ignacio González
El afectado presenta otra a título personal ante la fiscalía .- El consejero de Presidencia, Francisco Granados, califica de "delictivo" el seguimiento y pide comparecer en la Asamblea para explicarse
La Comunidad de Madrid ha interpuesto en la tarde de este martes una denuncia ante el juzgado de guardia para que investigue el espionaje y seguimiento al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, que ha su vez lo ha hecho también ante la fiscalía a título personal.
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se trasladó en viaje oficial a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. Durante su estancia en la ciudad colombiana fue objeto de seguimientos con cámara oculta-
Ambas denuncias se producen como consecuencia del artículo publicado este martes por EL PAÍS que señala que González ha sido objeto de seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y personales al extranjero. En la edición del lunes, además, este mismo periódico informaba de que ex policías y ex guardias civiles realizaron trabajos de inteligencia e información para el consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados.
Previamente, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, había declarado que la fiscalía no iba a actuar de oficio al no apreciar indicios de delito, aunque adelantó que abriría una investigación si recibía una denuncia al respecto, lo que finalmente ha sucedido. "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje, que es un personaje público porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y eso, así sin más, no es ningún tipo de delito", explicó, antes de añadir que "si hay otros datos nuevos, otros datos distintos, otro tipo de actuaciones, se puede valorar otra vez".
En la denuncia de la Comunidad se destaca que, para poder realizar el seguimiento al vicepresidente, los autores de los hechos que se denuncian tuvieron que utilizar forzosamente información reservada, que no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público, con la suficiente antelación para organizar la grabación y las fotografías publicadas por EL PAÍS.
Los servicios jurídicos regionales consideran que "se han producido, sin duda, y como mínimo, controles y grabaciones visuales clandestinas, revelación a terceros de imágenes y documentos personales, abusos informáticos sobre datos personales automatizados y apoderamiento de documentos". Y añaden que los hechos expuestos son "enormemente graves", por lo que creen necesario que se efectúen investigaciones por el órgano judicial competente sobre quiénes son los autores, y podrían ser constitutivos de "delitos de descubrimiento y revelación de secretos" tipificados en los artículos 197 a 201 del Código Penal.
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha precisado que la denuncia "no va dirigida contra nadie", y ha insistido en que lo que se pretende con esta acción es esclarecer "si es cierto que alguien está haciendo seguimientos, grabaciones o espionajes nada menos que al vicepresidente de la Comunidad de Madrid". Aguirre ha manifestado que el Ejecutivo regional es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje, y cree que si se están elaborando informes se está "delinquiendo".
Ignacio González ha calificado de "gravísimo" el seguimiento al que ha sido sometido en dos viajes, uno de carácter oficial y otro privado, y ha considerado que estos hechos incurren en un "grave delito" que atenta contra su persona. González ha confesado sentirse "absolutamente sorprendido" por las "investigaciones ilícitas" de las que ha podido ser objeto durante los últimos ocho meses. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares.
Comparecencia
Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo regional, Francisco Granados, ha enviado un escrito a la Asamblea regional en el que solicita comparecer en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, como le habían pedido PSOE e IU.
Granados ha dicho que confía en que la actuación judicial permita conocer "quien está detrás de estos seguimentos ilícitos para que recaiga todo el peso de la ley", pues la fiscalía y la policía deben investigar "quién puede" montar un servicio de espionaje como el mostrado, "con tantos medios como para realizar seguimientos en sitios tan alejados como Colombia o Johannesburgo".
En una entrevista emitida este martes en Telemadrid, Granados subrayó que la información de EL PAÍS sobre el seguimiento a González no está relacionada con la noticia que este mismo diario publicó el lunes sobre la existencia de una red de espionaje a su servicio.
El consejero de Presidencia reconoció entonces que el responsable de este servicio, Marcos Peña, trabajaba para él como "asesor de seguridad", pero aclaró que la Comunidad de Madrid ejercía las competencias de seguridad dentro de la ley. Por su parte, Aguirre se limitó a cargar contra EL PAÍS por publicar tal información.
"Con nada relacionado con inteligencia"
El comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, José Luis Conde, no ha querido hacer declaraciones sobre la noticia y se ha limitado a afirmar que su departamento "siempre trabaja los asuntos previa judicialización, es decir, que todas la autorizaciones están dadas por juez y con el conocimiento del fiscal". Conde ha incidido en que su departamento no trabaja "con nada relacionado con inteligencia, ni nada de esos temas".
www.elpais.es 20.01.09
UN CONSEJERO DE AGUIRRE MONTA UN 'SERVICIO SECRETO' CON EX AGENTES
Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, posee su propio Centro Nacional de Inteligencia o servicio de espionaje, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del ejecutivo regional. Un equipo dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña -fichado por Granados en julio pasado como asesor para temas de seguridad- y en el que se integran al menos tres ex guardias civiles, lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP con los que la dirección regional mantiene tensas relaciones.
El consejero Granados, de la máxima confianza de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y secretario general del PP madrileño, asegura que el equipo de ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid y bajo su exclusivo control sólo tiene encomendadas tareas de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos", según declaró a este periódico.
Sin embargo, el propio Peña ha confirmado, que su trabajo consiste, sobre todo, en realizar informes reservados cuyos resultados sólo conoce, supuestamente, el consejero Granados.
Fuentes del Gobierno de Esperanza Aguirre aseguran que tanto la presidenta como el vicepresidente, Ignacio González -que mantiene tensas relaciones con Granados-, ignoran qué tipo de informes elabora dicho equipo del consejero de Interior. "Nos llama la atención el volumen de gente que ha fichado para unas labores que desconocemos y que están fuera del organigrama que preside el propio director general de seguridad. Sospechamos de su labor, pero la desconocemos", explican altos cargos de la Comunidad de Madrid.
Granados asegura que unos 15 funcionarios reportan a Peña, pero éste asegura que sólo cuenta con tres ex guardias civiles: "Yo quería trabajar en solitario, pero Granados me pidió que usara a estos ex guardias, que eran de su confianza". Según el ex policía, no sólo son fiables, sino muy útiles por sus contactos: "Me sirven para hacer mis informes porque son mis enlaces para pedir datos en la Guardia Civil a la Unidad Central Operativa (UCO), a Asuntos Internos o a la Policía".
Peña contradice a su consejero. De entrada, niega que su equipo haga contravigilancia: "No hacemos contravigilancias. No seguimos a nadie. Mi misión es otra". Y añade sobre sus funciones reales: "Yo le asesoro o le hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida".
Cita diversos ejemplos. Peña recuerda que su equipo ha investigado el caso Coslada, la presunta trama de corrupción que lideraba el jefe de la Policía Municipal de esa localidad, Ginés Jiménez. Los presuntos hechos delictivos que se imputan a Jiménez y otros miembros de la Policía Municipal de Coslada (extorsión a empresarios del ocio a cambio de licencias o de un trato favorable, así como a prostitutas que ejercen en las afueras del municipio) y que investiga un juez se destaparon en mayo de 2008 por obra de la policía cuando gobernaba el PSOE. No obstante, está imputado un ex alcalde del PP, Raúl López, por presunto trato de favor a Jiménez. La investigación del equipo de Peña ha sido paralela a la investigación policial y judicial, que sigue abierta. Peña asegura haber conocido al elaborar su informe todas las complicidades con las que contó el jefe de la policía municipal de Coslada.
Peña también cita que sus hombres han investigado el caso Ciempozuelos, de 2006, que acabó con los dos principales dirigentes socialistas de la localidad (Pedro Antonio Torrejón, que era alcalde, y Joaquín Tejeiro, ex alcalde) en la cárcel durante unos meses, justo antes de las pasadas elecciones autonómicas. Ahora, el Gobierno regional ha denunciado las implicaciones de corrupción que siguen pendientes de aclarar en este municipio. Según Peña, sus informes resumen algo parecido: "Los auténticos intereses que se movían allí siguen sin conocerse. Y será una bomba cuando se conozcan". Pero Peña no desvela aún el resultado del sumario particular que ha instruido su unidad.
Este escándalo también sigue en plena investigación judicial. También aquí se produce la irregularidad de que el equipo de espionaje de Granados trabaja en paralelo, sin control político ni judicial, sobre asuntos en los que trabajan la policía y los jueces.
Sobre el caso Ciempozuelos, el ex policía Marcos Peña asegura que su investigación encontró vínculos con un suceso que afectó al propio consejero Granados, como fue el incendio supuestamente intencionado de su coche particular en el aparcamiento de su casa en Valdemoro. "Son lo mismo. El caso Ciempozuelos y el incendio están unidos, y yo lo he descubierto", alardea Peña. Granados, que antes de ser consejero fue alcalde de Valdemoro, negó que tal coche fuera un regalo de un constructor local, en contra de lo que apuntaban los primeros indicios. Este caso -agonizó sin hallarse culpable del incendio- fue investigado por el juez Agustín Carretero, al igual que el caso Ciempozuelos. Carretero fue fichado posteriormente como director general de Política Interior por Granados, a cuyas órdenes sigue como gerente de la academia regional de policía.
El equipo parapolicial, cuyos informes sólo conoce Granados, según la cúpula del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, también ha investigado, según Peña, las supuestas mafias que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas y todo lo que rodea a este entorno, incluida la supuesta pasividad o connivencia policial o de las autoridades competentes. Granados declaró la semana pasada que las mafias se han adueñado de la noche madrileña, con lo que agitó los ánimos de los empresarios de las discotecas. Éstos rechazaron las declaraciones del consejero de Interior y máximo responsable del PP madrileño, palabras que también habían provocado el malestar del equipo del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Nuevamente, el discurso político del consejero coincidía con un informe realizado por su unidad parapolicial.
La labor del servicio de información secreto de Granados tiene, según describe Peña, una serie de peculiaridades: nutren sus informes de la labor de campo que realizan los ex agentes, pero también de los datos que les suministran sus "enlaces" en distintas unidades de Policía y Guardia Civil, incluidas unidades de Asuntos Internos o lucha contra el crimen organizado. Todo ello, al margen de cualquier protocolo oficial establecido y sin el amparo de solicitud judicial alguna. Actúan, en suma, como una agencia de detectives en la que los ex profesionales rentabilizan sus antiguos contactos profesionales, pero con dinero público y amparo del Gobierno regional. ¿Para qué? "A Granados le venían las hostias de todas partes y tenía que saber de dónde le venían", resume Peña. Alude al intento de los enemigos políticos del consejero, en la oposición y dentro del PP o del Gobierno regional, de vincular su coche particular, que fue incendiado, al regalo de un constructor.
Además, meses atrás, Granados también se vio envuelto en el escándalo montado por un ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, que cesó poco después de ser fichado Peña, cuando registró unas oficinas de la consejería de Justicia y requisó un ordenador donde, según altos cargos de la Comunidad, había un dossier contra el propio Granados (sobre sus supuestas relaciones con constructores, incluido el asunto del famoso coche incendiado, y su patrimonio personal).
Granados asegura no tener constancia del robo del ordenador ni de su contenido, pese a que fue denunciado. Los informes de este mini servicio de inteligencia tienen destinatario único. "Yo, mis informes sólo se los doy a Granados, y que él se los dé a quien quiera", admite Peña. El ex policía asegura que no realiza seguimientos de políticos. Granados jura que no se los ordena, pero deja abierta una puerta: "Yo no sé qué hacen mis funcionarios cuando salen del trabajo".
(www.elpais.com, 19/01/09)
Francisco Granados afirma que ejerce las competencias de Seguridad "que le da la Ley"
El consejero de Presidencia de Aguirre explica que mantiene como "asesor de seguridad" a Marcos Peña, jefe del cuerpo de espionaje montado a su alrededor.- El fiscal superior de Madrid no ve delito
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha afirmado hoy, en relación a las informaciones de EL PAÍS que afirman que dirige una red de espionaje, que su consejería desarrolla estrictamente" las labores de Seguridad "de acuerdo a las competencias que le da la Ley". Durante un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas Madrid Sur, Granados ha indicado que esta información responde al intento de este medio de "ocultar" que el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, reconoció ayer que el Ejecutivo ha agotado sus recetas contra la crisis.
Aguirre afirma que 'El País' ataca al PP cuando el Gobierno central no puede atajar crisis
AUDIO - Cadena Ser - 19-01-2009
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha achacado las informaciones que relacionan al consejero Francisco Granados con espionaje con un "problema" del periódico El País, al que acusa de "atacar" al PP o al gobierno regional cuando "el Gobierno central tiene agotadas todas las posibilidades sobre la crisis". -
Gómez: "La red mafiosa de Granados sería el caso más grave de la democracia"
AUDIO - Cadena Ser - 19-01-2009
El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha afirmado hoy que, "de confirmarse" la noticia que publica El País sobre una red de espías creada por el consejero Francisco Granados, dicha red sería "similar a una organización mafiosa" y supondría "el caso más grave de corrupción de la democracia española". -
El titular de Economía ofreció este panorama en una entrevista concedida a EL PAÍS y publicada en la portada del diario en su edición del domingo. Aunque no ha citado en ningún momento la palabra "espionaje", el también secretario general del PP de Madrid ha indicado que "ese tipo de cuestiones no está dentro de las competencias" de su consejería y ha insistido en que su equipo trabaja en el "cumplimiento estricto" de las funciones atribuidas a la Comunidad de Madrid. Preguntado sobre si el supuesto jefe de esta trama, Marcos Peña, ha sido destituido de su cargo después de revelar sus cometidos al diario, Granados ha apuntado que el ex policía sigue a día de hoy en su cargo, que es "asesor de seguridad". Asimismo, ha explicado que esta persona "no tiene ninguna estructura a su cargo" y "trabaja en las labores propias" que le han sido atribuidas.
"¿Hace caso a EL PAÍS?"
El consejero ha indicado, asimismo, que la Consejería desarrolla las competecias de Seguridad a través de la "colaboración leal de las BESCAM con el Ministerio del Interior". "La Comunidad de Madrid desarrolla las competencias que le marca el Decreto en materia de seguridad, nada más y nada menos. No comento los mecanismos de seguridad, simplemente la Comunidad desarrolla el ejercicio las competencias de seguridad que le da la ley" ha insistido. "¿Usted por qué hace caso al periódico EL PAÍS?" ha respondido esta mañana la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a preguntas de la Cadena SER sobre la creación del cuerpo de espionaje por parte de Granados, informa Rafael Fraguas. "El periódico EL PAÍS tiene un problema: por ejemplo ayer (por el domingo) publicaba una entrevista en la cual Pedro Solbes decía que el Gobierno ya tiene agotadas todas las posibilidades frente a la crisis, y ahora EL PAÍS tiene que atacar al PP de Madrid y al Gobierno de Madrid.
Aguirre, interpelada por una periodista que ha afirmado que había sido el propio agente, en relación a Marcos Peña, el que había revelado a EL PAÍS la formación del cuerpo de espionaje, se ha limitado a replicar al periodista "es el diario EL PAÍS". "¿Mantiene su confianza en Granados?" ha preguntado otro periodista al que la presidenta regional ha contestado con el silencio. A una pregunta de este diario sobre si dudaba de la veracidad de la información, Aguirre ha manifestado "hoy es el medio ambiente lo que nos trae aquí".
Mientras, Ana Isabel Mariño, consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha espetado a los medios de comunicación presente con un "no me jorobéis este acto" en referencia a la plantación del árbol seis millones que se celebraba en la localidad madrileña de Pedrezuela. Las reacciones de la oposición en Madrid no se han hecho esperar. Los Grupos Parlamentarios de PSOE e IU han solicitado ya la reunión de la Diputación Permanente de la Asamblea madrileña para reclamar la comparecencia de Granados.
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ha afirmado que, "a priori, con todas las cautelas del mundo" y a falta de un estudio a fondo de la información, "no parece que haya delito" en el hecho de que el consejero pida informes a un equipo de asesores. "Que alguien encargue unos informes sobre determinados asuntos a asesores, siempre que no se vulneren los derechos fundamentales de nadie en las investigaciones, no es delito", ha dicho, tras admitir que no se había leído la noticia.
El PSOE e IU exigen explicaciones a Aguirre sobre el "espionaje" de Granados
Tomás Gómez considera que sería "el caso más grave de corrupción de la democracia española"
Maru Menéndez
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, han exigido a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que dé con urgencia, "hoy mismo", explicaciones sobre el supuesto servicio secreto de espionaje creado por su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Menéndez considera que el propio Granados debe comparecer ante la Cámara, para lo cuál han solicitado la reunión urgente de la Mesa, a fin de que convoque a la Diputación Permanente (órgano de gobierno de la Asamblea entre periodos de sesiones). La socialista Menéndez ha aseverado que los hechos que denuncia EL PAÍS "tienen muy mala pinta" y que "de ser ciertos constituirían una situación gravísima en esta comunidad".
Inés Sabanés
La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, ha considerado que, si es cierto que Granados ha montado un "servicio secreto" fuera del control político o legal para investigar a políticos, exigirá "responsabilidades y ceses inmediatos". "Esto, en una democracia seria, si se confirma, sería un hecho de una gravedad inusitada y estaremos encima, porque esto, en otros ámbitos, ha supuesto ceses fulminantes", ha manifestado. La parlamentaria de Izquierda Unida ha calificado de "intolerable" quedesde la Administración se monten "servicios impunes e invisibles pararealizar espionajes a la carta".
Oscar Iglesias
El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y responsable de Seguridad, Oscar Iglesias, ha señalado que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior "parece un alumno aventajado de la Stasi". Ha exigido a la presidenta regional que "dé la cara" y deje las "cortinas de humo". El socialista ha dicho que, de confirmarse estas informaciones, Granadoshabría actuado fuera del marco estatutario y supondría una vulneraciónde los derechos de los ciudadanos, motivo por el que ha instado a los responsables máximos de la Comunidad de Madrid "a no mirar a otro lado". También ha subrayado la necesidad de poner en marcha una investigación política y judicial sobre el caso si no se dan las explicaciones oportunas por parte del consejero.
Tomás Gómez
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha declarado que, de confirmarse la presunta trama de espionaje, sería "el caso más grave de corrupción de la democracia española" e incluso ha llegado a comparar el entramado con el de las mafias. El líder del PSM ha anunciado que el Grupo Parlamentario ya ha solicitado la comparecencia inmediata de Granados en la Asamblea así como explicaciones a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. "Granados tiene que explicar a los madrileños si existe una red de espionaje organizada porque, si además está financiada con fondos públicos, sería una actitud delictiva y lo último que le faltaba al Gobierno de Esperanza Aguirre", ha dicho el jefe de los socialistas madrileños.
Leire Pajín
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha exigido a la presidenta Aguirre que aclare si existe un servicio de espionaje creado por su consejero de Presidencia, ya que se trataría de "hechos muy graves". Pajín ha pedido a Aguirre que investigue la información y que, de confirmarse los hechos, "actúe en consecuencia" y "con toda rotundidad". La dirigente socialista ha añadido que "llama la atención" que ni siquiera los altos cargos del Gobierno regional "se hayan enterado" de la existencia de este servicio.
(www.elpais.com, 19/01/09)
Sáenz de Santamaría: "Que la Policía y la Fiscalía investiguen hasta el final"
Alonso exige a Granados que se explique "y si no convence habrá comisión de investigación"
Soraya Sáenz de Santamaría
Con evidente preocupación e incomodidad, la portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha eludido esta mañana hacer juicios sobre la autoría y la responsabilidad del seguimiento a Ignacio González al asegurar que no tiene "más información" que la leída en EL PAÍS. No obstante, si ha sido tajante en pedir a la Policía y a la Fiscalía que "investiguen hasta el final, por supuesto".
José Antonio Alonso
El portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, no ha restado gravedad al asunto. Para Alonso, Francisco Granados debe "dar una explicación exhaustiva de manera inmediata". Si ésta no fuera satisfactoria, ha indicado que su partido en Madrid, el PSM-PSOE, "pedirá una investigación parlamentaria" con independencia de las actuaciones que lleve adelante la policía.
Maru Menéndez
El grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de madrid pedirá una comisión de investigación en la Asamblea si el consejero Granados no ofrece en la cámara explicaciones "claras" y "convinentes" de su presunta implicación. Para los socialistas, la Fiscalía tiene que "intervenir de manera urgente", la Delegación del Gobierno debe "investigar la supuesta implicación de ex policías y ex guardias civiles" y Aguirre debe "reaccionar ya" y "ofrecer una explicación a losmadrileños, en lugar de faltarles al respeto". La portavoz del PSM, Maru Menéndez se ha mostrado convencida de que Ignacio González no habría sido el único gobernante espiado y de que este asunto está relacionado con la "fractura interna" del PP.
Inés Sabanés
La portavoz de IU, Inés Sabanés, ha afirmado que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre está en una situación de "excepcionalidad", en la que "todos están contra todos" y que comenzó con la "crisis de Gobierno" de junio y la "desaparición" del hasta entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada. Sabanés pedirá una comisiñón de investigación, pero han dado a Granados una tregua hasta lunes, día en que la Diputación Permanente del Parlamento regional decidirá previsiblemente si comparece en un pleno extraordinario para hablar de este asunto.
Mariano Rajoy
El líder del PP, Mariano Rajoy, no cree necesario iniciar una investigación interna sobre la supuesta red de espionaje creada en Madrid al margen del control político, porque tanto los dirigentes madrileños de su partido como los de la Comunidad de Madrid le han asegurado que no existe. Rajoy ha insistido en que la Comunidad de Madrid y el PP regional "nos han dicho, en público y privado, que ellos no se dedican a ninguna suerte de actividades de ese tipo" y, por tanto, no considera oportuno investigar "lo que se publica en cualquier parte".
www.elpais.es 20.01.09
Granados asegura que sus asesores de seguridad actúan dentro de la ley
PSOE e IU exigen que el consejero y Aguirre se expliquen en la Cámara regional
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados (PP), negó ayer la información publicada por EL PAÍS sobre la existencia de un servicio de espionaje en su departamento. Lo hizo sin dar detalles, asegurando simplemente que la Consejería cumple estrictamente la ley. PSOE e IU exigen explicaciones más exhaustivas y amenazan con pedir ceses. El sindicato policial SUP solicitó una investigación inmediata.
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha achacado las informaciones que relacionan al consejero Francisco Granados con espionaje con un "problema" del periódico El País, al que acusa de "atacar" al PP o al gobierno regional cuando "el Gobierno central tiene agotadas todas las posibilidades sobre la crisis". -
- Granados: "No comento los mecanismos de seguridad". El consejero de Presidencia y secretario regional del PP, Francisco Granados, calificó de "novela" lo publicado por EL PAÍS y opinó que responde a un intento de "ocultar" los problemas económicos del Gobierno central. Respecto al fondo de la información, afirmó: "La Comunidad desarrolla las competencias en materia de seguridad, nada más y nada menos. No comento los mecanismos de seguridad, simplemente la Comunidad desarrolla las competencias que le da la ley". Aunque no citó la palabra "espionaje", indicó que "este tipo de cuestiones no está dentro de las competencias". El supuesto jefe del servicio, el ex inspector de policía Marcos Peña, sigue en su cargo -"asesor de seguridad"- sin "ninguna estructura a su cargo". ¿En qué trabaja? "En las labores propias" que le han sido atribuidas, contestó Granados. Peña ha confirmado que el servicio que dirige elaboró informes sobre, por ejemplo, corrupción en municipios socialistas.
- Aguirre: "¿Por qué creen a EL PAÍS?". La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, no quiso responder a las preguntas sobre el supuesto servicio secreto montado por su Gobierno; una información que, según ella, publicó este periódico para distraer la atención después de que el ministro Pedro Solbes admitiera -en una entrevista de tres páginas en este diario- que no tiene margen de maniobra ante la crisis. "Por eso EL PAÍS tiene que atacar al Gobierno de Madrid. ¿Por qué creen a EL PAÍS?", inquirió a los periodistas. Cuando éstos le preguntaron si sigue confiando en Granados, Aguirre guardó silencio,
- Cospedal: "Sería muy grave". La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se remitió a lo dicho por Granados y Aguirre. "Se trataría, si fuera cierto, de cuestiones muy graves, pero me remito al desmentido tajante que han hecho", puntualizó.- PSOE e IU exigen explicaciones. Los grupos del PSOE e IU en la Asamblea de Madrid solicitaron la comparecencia de Granados en la Diputación Permanente. "Una vez conocida la explicación, los socialistas exigirán todas las responsabilidades al consejero y a la presidenta. Tiene muy mala pinta", anunció Maru Menéndez, portavoz del PSOE. Inés Sabanés, de IU, juzgó "intolerable" que se creen servicios de información "en el marco de la discrecionalidad" y la "impunidad". "Aquí cada cual no pone una contravigilancia donde le parece", protestó. El portavoz federal de IU, Ángel Pérez, reclamó también "explicaciones urgentes".
- Fiscalía: "A priori no hay delito". El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, señaló que va a estudiar lo publicado pero que él, "a priori", no ve delito porque si el supuesto servicio secreto está financiado con fondos de la Comunidad hace "un trabajo presupuestado y, por tanto, no secreto". "Cada uno tiene unos asesores, como cualquier cargo político. ¿Los detectives qué hacen? Investigar, ¿no? La labor de un detective no es delito", concluyó.
- Sindicatos policiales. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) pidió a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía que abran "de forma inmediata" una investigación para saber si agentes en activo han facilitado información al supuesto servicio de espionaje. "No se puede trasladar información policial a ninguna instancia que no sea judicial", subrayó el secretario general del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet. Tachó de "impresentable" al ex comisario Marcos Peña y de "reprochable éticamente" la participación de ex agentes, y reclamó al consejero Granados "una decisión política cuanto antes".
"Corrupción mafiosa"
"Esperanza Aguirre tiene que dar explicaciones sobre lo que sería una actitud delictiva de su Gobierno [...] Que todos los españoles conozcan si hay una red de espías financiada con fondos públicos", reclamó ayer Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños. "De confirmarse" la existencia de dicha red, sería "similar a una organización mafiosa y supondría el caso más grave de corrupción de la democracia española", añadió.
Gómez se mostró convencido de que la Delegación del Gobierno en Madrid "cumplirá con su obligación, se interesará y actuará", y no descartó pedir una comisión de investigación parlamentaria.
La secretaria general del PSOE, Leire Pajín, exigió a Aguirre que aclare los hechos y actúe "en consecuencia y con rotundidad".
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