CASO ESPÍAS EN LA PUERTA DEL SOL DE MADRID
" Pongo la mano en el
fuego por todos mis consejeros "
(La Condesa Gacela sentencia .22.01.09)
EL ESCÁNDALO DE LA TRAMA DE ESPÍAS IMPIDE AL PP CAPITALIZAR LA CRISIS
AGUIRRE AVISA A RAJOY DE QUE SU INVESTIGACIÓN DAÑA A TODO EL PP
EL VICEPRESIDENTE DE MADRID QUIERE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA
EL ENTORNO DE RAJOY CREE QUE AGUIRRE QUIERE IMPLICAR A GÉNOVA EN LA TRAMA DE ESPIONAJE
RAJOY: "EL PP DEBE ELEVARSE POR ENCIMA DE SU OMBLIGO"
GRANADOS: "ES FALSO QUE HAYA UN DEPARTAMENTO DE ESPIONAJE EN MI CONSEJERÍA"
GONZÁLEZ NO CREE QUE EL ESCÁNDALO VAYA A INFLUIR EN LAS ELECCIONES
GRANADOS: "ES FALSO QUE HAYA UN DEPARTAMENTO DE ESPIONAJE EN MI CONSEJERÍA"
"ME PIDIÓ QUE RECALIFICARA SUELOS PROTEGIDOS"
AGUIRRE SE ENCARA CON RAJOY POR DAR "PÁBULO" A LA TRAMA DEL ESPIONAJE
LOS SECTORES DEL PP EN PUGNA SE ATRINCHERAN MIENTRAS CUNDE LA DESAZÓN
EL FISCAL INVESTIGA EL APARATO DE SEGURIDAD AL MANDO DEL EX POLICÍA MARCOS PEÑA
ALGUNAS CLAVES DE LA VIGILANCIA A MANUEL COBO Y ALFREDO PRADA
EL ENTORNO DE RAJOY ASUME QUE LOS AGUIRRISTAS BUSCAN LA CABEZA DEL LÍDER
FRAGA: "EN MIS TIEMPOS ESTAS COSAS NO PASABAN"
LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA CENSURA LAS ACUSACIONES DE GÜEMES A EL PAÍS
IGNACIO GONZÁLEZ SOLICITA AL JUEZ QUE INVESTIGUE LOS NUEVOS DOSSIER
GONZÁLEZ NO DESCARTA QUE EL ESPIONAJE HAYA PARTIDO DE GÉNOVA
GONZÁLEZ: LAS ACUSACIONES DE GALLARDÓN SOBRE LA TRAMA FUERON "ABSOLUTAMENTE DESPROPORCIONADAS E INAPROPIADAS"
EL PP BUSCA DAR CARPETAZO CUANTO ANTES AL CASO DE ESPIONAJE Y NO SEÑALARÁ CULPABLES
AGUIRRE REPLICA A FRAGA QUE EN SUS TIEMPOS SÍ SE ESPIABA
LOS CONTRATOS SOSPECHOSOS DE GONZÁLEZ
MARTÍN MARÍN, EL TERCER PASAJERO
EL DOSSIER QUE RAJOY NO INVESTIGÓ
DECLARACIONES DE MERCADO, EL PERIODISTA DE EL PAÍS QUE HA DESTAPADO LA TRAMA DE ESPIONAJE, A EL PLURAL
TOMÁS GÓMEZ: “AGUIRRE ES UNA ESPECIE DE MEZCLA ENTRE HUGO CHÁVEZ Y STALIN”
LOS ESPÍAS AUTONÓMICOS INVESTIGARON UN COCHE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
LA MALA IMAGEN POR EL ESCÁNDALO SUME AL PP EN EL DESCONCIERTO
AGUIRRE: "GALLARDÓN TENDRÁ QUE ACLARAR SI TIENE UNA UNIDAD PARAPOLICIAL"
LA DIRECCIÓN DE UGT SE DESDICE DE SUS PROPIAS DENUNCIAS SOBRE ACTOS QUE "RAYAN LA ILEGALIDAD"
EL GERENTE DEL CANAL DE ISABEL II DENUNCIARÁ LOS SEGUIMIENTOS DESVELADOS POR LA SER
EL HOMBRE DE IGNACIO GONZÁLEZ EN EL CANAL DE ISABEL II TAMBIÉN HA SIDO ESPIADO
EL ESPIONAJE ALCANZA AL 'NÚMERO DOS' DE GONZÁLEZ EN EL CANAL DE ISABEL II
EL EX TESORERO DEL PP CUESTIONÓ ADJUDICACIONES "SOSPECHOSAS" DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LOS INFORMES QUE ALIMENTAN LA GUERRA DEL PP
LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS DEL ESCÁNDALO
EL SILENCIO DE RAJOY DESATA LA INCERTIDUMBRE EN EL PP
AGUIRRE AFIRMA QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA
ELLA ES LA RESPONSABLE, NO LA VÍCTIMA, DICEN PSOE E IU
ESPIONAJES PARA TODOS LOS GUSTOS EN EL PP
AGUIRRE REVELA QUE RAJOY SUPO DE LOS DOSIERES HACE TRES AÑOS
EL TESORERO DEL PP PRESIONÓ PARA LOGRAR CONTRATOS DE LA COMUNIDAD
BLESA SE REBELA ANTE AGUIRRE Y NIEGA ACTIVIDADES DE ESPIONAJE
AGUIRRE CONFIRMA QUE LAPUERTA MANEJÓ UN DOSSIER CONTRA GONZÁLEZ
PONS VUELVE A CULPAR AL GOBIERNO DEL ESPIONAJE: "CUANDO ALGO MALO LE OCURRE AL PP, EL PSOE ESTÁ DETRÁS"
DE COSPEDAL: "DECIR QUE GÉNOVA VA A POR ESPERANZA AGUIRRE ES UN DISPARATE"
ESPIONAJE A POLÍTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
INTERIOR DE MADRID POSEE TRES EQUIPOS DE VIGILANCIA PARALELOS
EL HOMBRE DE IGNACIO GONZÁLEZ EN EL CANAL DE ISABEL II TAMBIÉN HA SIDO ESPIADO
UN JUEZ APRECIA INDICIOS DE DELITO EN LA PRESUNTA TRAMA DE MADRID
CLAVES PARA UNA INVESTIGACIÓN
COSPEDAL SE PREPARA PARA LLAMAR A LOS JEFES DE LOS ESPÍAS
EMPLEADOS DE LA COMUNIDAD DENUNCIAN ACOSO POR NEGARSE A ESPIAR A POLÍTICOS
GRANADOS NIEGA QUE EXISTA UN SERVICIO SECRETO EN SU CONSEJERÍA
EL TESORERO DEL PP EXHIBIÓ UN DOSSIER CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
BARÓN Y PEÑA RECHAZAN DECLARAR ANTE DE COSPEDAL
EL JEFE DE LA UNIDAD PARAPOLICIAL DE GALLARDÓN CONTROLA A TODOS LOS EDILES
PRADA NIEGA QUE TUVIERA DOSSIERES SOBRE NADIE
AGUIRRE: "SOY UNA VÍCTIMA DE TODO ESTO. POLÍTICAMENTE VAN A POR MÍ"
LA TRAMA DE ESPIONAJE PONE A PRUEBA A RAJOY
AGUIRRE: "LA COMUNIDAD DE MADRID NO TIENE ESPÍAS"
FUNCIONARIOS DE MADRID DENUNCIAN ACOSO POR NEGARSE A SEGUIR A POLÍTICOS
EL JUEZ VE INDICIOS DE DELITO EN ESPIONAJE AL NÚMERO DOS DE AGUIRRE Y LO REGAÑA POR NO PONER ÉL LA DENUNCIA
"LA CAMPAÑA DE RAJOY Y GALLARDÓN PARA LIQUIDAR EL PP DE MADRID VA A TODO TRAPO"
EL EX POLICÍA QUE FICHÓ GRANADOS URDIÓ UN BULO CONTRA EL GOBIERNO DE ZAPATERO
LOS ESPÍAS REQUISARON UN 'DOSSIER' DEL CONSEJERO DE INTERIOR Y DE SU ESPOSA
GAMÓN Y HALFFTER
GONZÁLEZ RECOLOCA A UNO DE LOS ALTOS CARGOS CITADOS EN LOS SEGUIMIENTOS
ESPIONAJE MANUSCRITO
EL PP, ENTRE EL MUTISMO Y EL "QUEREMOS SABER"
RAJOY TRATA DE INYECTAR ENTUSIASMO AL PP Y PIDE UNIDAD "PASE LO QUE PASE"
GALLARDÓN TIENE A SU SERVICIO UNA 'UNIDAD PARAPOLICIAL', SEGÚN EL SINDICATO UPM
"AVISÉ A MARIANO RAJOY DE QUE ME ESTABAN ESPIANDO"
EL PP DE MADRID REDOBLA SUS ATAQUES A EL PAÍS
EL EX POLICÍA PEÑA, EL HOMBRE DE GRANADOS, O “DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO”
AGUIRRE ACHACA EN ABC “EL MONTAJE” DEL ESPIONAJE A LOS SOCIALISTAS
AGUIRRE SE DESHILACHA ENTRE ESPÍAS
LAS NOTAS SECRETAS DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS DEL PP EN MADRID
LOS ESPÍAS DE LA COMUNIDAD SIGUIERON A UN ALTO CARGO AL QUE REQUISARON EL ORDENADOR
GRANADOS MATIZA SUS NEGATIVAS
PSM E IU SE PERSONARÁN COMO ACUSACIÓN POR EL ESPIONAJE EN MADRID
EL PSOE DENUNCIA QUE UNA CUÑADA DE GRANADOS HAYA OBTENIDO UN CARGO
EL MARIANISTA QUEVEDO ASEGURA QUE EL CONSEJERO DE INTERIOR REALIZABA DOSSIERS CONTRA RAJOY EN EL CONGRESO DE VALENCIA
COSPEDAL EXCULPA A ESPERANZA AGUIRRE TRAS UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA
EXPLOSIVAS DECLARACIONES DEL PERIODISTA DE EL PAÍS QUE HA DESVELADO LA "SUCIA" TRAMA DE ESPIONAJE
RAJOY EXIGE RESPONSABILIDADES Y ABRE LA GUERRA CON AGUIRRE
LAS EVIDENCIAS SOBRE EL SEGUIMIENTO A POLÍTICOS MADRILEÑOS
RAJOY ORDENA AHORA INVESTIGAR
LA TRAMA DE ESPIONAJE REABRE LAS HOSTILIDADES ENTRE AGUIRRE Y RAJOY
EL ESPIONAJE REGIONAL DE MADRID TENSA LA CUERDA AGUIRRE-RAJOY-GALLARDÓN
ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR TODOS SUS CONSEJEROS
EL GOBIERNO DE AGUIRRE SOPESÓ CREAR UN 'CNI' LEGAL AL SENTIRSE ESPIADO DESDE DENTRO
LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE QUE UNOS 40 EX AGENTES TRABAJAN EN EL 'SERVICIO DE INFORMACIÓN'
LA COMUNIDAD DE MADRID SABÍA QUE SUS AGENTES REALIZABAN LABORES FUERA DE LA LEY
ENTREVISTA: LUIS VICENTE MORO, EX DELEGADO DEL GOBIERNO DEL PP EN CEUTA : "LES DIJE 'APLIQUEMOS A ESTO LEGALIDAD Y ASÍ OS QUITÁIS DE OSCURANTECES"
LA TRAMA DESATA LAS AMENAZAS EN EL PP MADRILEÑO
LA FISCALÍA DE MADRID ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESCÁNDALO
GRANADOS ASEGURA QUE DETRÁS DE LOS SEGUIMIENTOS A GONZÁLEZ ESTÁ "ALGUIEN MUY PODEROSO"
RAJOY: "ACTUAREMOS DE FORMA FULMINANTE, SEA QUIEN SEA"
EL PAÍS ENTREGA AL FISCAL LOS DOCUMENTOS QUE REVELAN LA TRAMA
EL GOBIERNO DE AGUIRRE SOPESÓ CREAR UN 'CNI' LEGAL AL SENTIRSE ESPIADO
AGUIRRE: "SOY LA PRINCIPAL PERJUDICADA Y LA PRINCIPAL INTERESADA EN QUE SE ACLARE"
LOS ESPÍAS SIGUIERON AL CONSEJERO PRADA ANTES DE SER DESTITUIDO POR AGUIRRE
PRADA: "ES UNA ACTIVIDAD ILEGAL CON FONDOS PÚBLICOS"
"BAJA ESTATURA, CABEZA DESPOBLADA, CINTURA GRUESA"
RAJOY EXIGE A AGUIRRE QUE ACLARE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID
RODARÁN CABEZAS EN EL PP DE MADRID SI SE DEMUESTRA EL ESPIONAJE POLÍTICO
DIRIGENTES DEL PP RECLAMAN A RAJOY QUE INTERVENGA
GALLARDÓN PEDIRÁ DIMISIONES SI LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ES LA RESPONSABLE
GALLARDÓN: "JAMÁS SE ME HUBIESE OCURRIDO CREAR UNA UNIDAD PARAPOLICIAL"
GALLARDÓN CRITICA EL «CUERPO PARAPOLICIAL» DE GRANADOS
EL 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN CULPA A "PERSONAS DEPENDIENTES" DE GRANADOS DEL CASO DE ESPIONAJE
LA COMUNIDAD DENUNCIA UNA 'OPERACIÓN DE ACOSO Y DERRIBO' CONTRA AGUIRRE
ELVIRA RODRÍGUEZ RECTIFICA TRAS PEDIRLE A AGUIRRE LA DESTITUCIÓN DE GRANADOS
COBO: "QUIERO SABER QUIÉN LO HIZO, QUIÉN LO ENCARGÓ Y CON QUÉ FINES"
EL CONSEJERO SE PRESENTA COMO VÍCTIMA
GONZÁLEZ OTORGÓ UN CONTRATO MILLONARIO AL EMPRESARIO CON EL QUE VIAJÓ A SURÁFRICA
MANUEL COBO, 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN, DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EL PRESUNTO ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE
RAJOY CONFÍA EN LA 'LIDERESA'
GRANADOS: "SOMOS VÍCTIMAS DE UNA MANIOBRA CON EL ÚNICO FIN DE DESPRESTIGIAR AL GOBIERNO DE AGUIRRE"
AGUIRRE PIDE AL FISCAL QUE ACLARE QUIÉN ESPÍA A SU VICEPRESIDENTE
LOSANTOS SENTENCIA: BLESA Y GALLARDÓN, CULPABLES DEL ESPIONAJE AL NÚMERO DOS DE ESPERANZA AGUIRRE
EL GOBIERNO DE AGUIRRE ESPIÓ AL VICEALCALDE DE RUIZ-GALLARDÓN
"MADRID NO TIENE NADA QUE VER CON EL ESPIONAJE"
EL VICEPRESIDENTE DE ESPERANZA AGUIRRE FUE ESPIADO EN SUS VIAJES AL EXTRANJERO
UN VIAJE A CARTAGENA DE INDIAS GRABADO CON CÁMARA OCULTA
UN CONSEJERO DE AGUIRRE MONTA UN 'SERVICIO SECRETO' CON EX AGENTES
AGUIRRE AFIRMA QUE 'EL PAÍS' ATACA AL PP CUANDO EL GOBIERNO CENTRAL NO PUEDE ATAJAR CRISIS
GÓMEZ: "LA RED MAFIOSA DE GRANADOS SERÍA EL CASO MÁS GRAVE DE LA DEMOCRACIA"
EL PSOE E IU EXIGEN EXPLICACIONES A AGUIRRE SOBRE EL "ESPIONAJE" DE GRANADOS
SÁENZ DE SANTAMARÍA: "QUE LA POLICÍA Y LA FISCALÍA INVESTIGUEN HASTA EL FINAL"
GRANADOS ASEGURA QUE SUS ASESORES DE SEGURIDAD ACTÚAN DENTRO DE LA LEY
EL ESCÁNDALO DE LA TRAMA DE ESPÍAS IMPIDE AL PP CAPITALIZAR LA CRISIS
El pesimismo por la crisis económica "impregna a todos los españoles", pero no es el Gobierno quien más acusa el descontento ciudadano, sino la oposición: el PP está peor valorado que hace seis meses; el Ejecutivo del PSOE, mejor (aunque suspenden ambos). Y la intención de voto directa deja a los populares casi ocho puntos por detrás de los socialistas (en las elecciones generales la diferencia en voto sobre censo no llegó a tres puntos). Son las conclusiones de un sondeo-flash de Metroscopia para EL PAÍS a partir de 800 entrevistas realizadas entre el 22 y el 27 de enero, en pleno escándalo por la presunta trama de espionaje en el Gobierno de Madrid, del PP.
La encuesta contiene sólo cuatro preguntas: tres sobre la crisis económica y una con datos sobre intención directa de voto (sin cocinar). Los populares están a 7,6 puntos del PSOE, mientras que hace apenas un año, "en las elecciones del pasado marzo, la distancia entre ambos partidos, en voto sobre censo, fue de 2,9 puntos". Los autores del sondeo subrayan, eso sí, que estas cifras reflejan "un estado de opinión en buena medida parcial y sin duda coyuntural". "En modo alguno cabe interpretarlas como predisposiciones reales de voto [...] pero sí indican que el 'ruido de la calle' es más propicio al partido del Gobierno que a la oposición".
El partido de Rosa Díez, UPyD, cuadruplica su apoyo (3,6%) y se sitúa al mismo nivel que IU, que sube ligeramente.
El panorama que arrojan las preguntas referidas a la situación económica es desolador: el 73% cree que la crisis "va a acabar siendo tan dura como se dice" (el 85% en el caso de votantes del PP). Sólo uno de cada cuatro encuestados es optimista y responde que "al final no será para tanto". Los autores del sondeo resumen el pensamiento de esa amplia mayoría: "La crisis va en serio: ni se trata de un hecho coyuntural ni se ha tocado fondo. Más bien al contrario: lo peor está por venir". Y subrayan que el pesimismo es mayor en quienes tienen entre 35 y 54 años, "probablemente por el impacto más directo que en estas edades tiene el paro".
"La amplia mayoría de españoles vislumbraba ya el pasado julio la trascendencia y dimensión" del problema, señala el informe. Porque, en otra encuesta realizada entonces, el 73% respondía que la crisis iba a ser muy importante (sólo un 9% creía que no) y siete de cada diez auguraban que sería "larga".
Son mayoría quienes piensan que, al menos, la llegada de Barack Obama a la presidencia de EE UU puede hacer que el fin de la crisis llegue antes: el 52% (sobre todo, votantes del PSOE) confía en ello, frente a un 42% (sobre todo, votantes del PP) que no cree que afecte en nada. Eso, interpretan los responsables del sondeo, podría significar que los españoles están "de acuerdo, en cierta medida, con Rodríguez Zapatero al situar el epicentro de la crisis en EE UU": al buscar en aquel país la solución al problema podrían querer decir que en aquel país estuvo el origen.
La pesadumbre ciudadana, en cualquier caso, no perjudica al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tanto como éste podría temer: los encuestados le dan una nota de 4,8; es un suspenso (hace un año el Gobierno aprobaba), pero es una valoración algo mejor que la de hace seis meses; y, sobre todo, en el mismo periodo el PP no sube sino que se estanca o baja: recibe una nota de 3,9 (era de 4 hace seis meses y de 3,8 hace un año).
"La extendida percepción de que las causas de la actual crisis económica no son exclusivamente españolas, por un lado, y, por otro, el perfil relativamente bajo que en este asunto mantiene el principal partido de la oposición, probablemente como consecuencia de la serie de tensiones y conflictos internos que experimenta en la actualidad, pueden explicar que el actual estado de cosas no pase, por el momento, la factura que parecería esperable al Gobierno", concluye el texto de Metroscopia.
La encuesta se elaboró justo en los días en los que en el PP comenzaba la tormenta por el escándalo de la presunta trama de espionaje político. Las revelaciones sobre seguimientos a distintos políticos populares, supuestamente realizados por ex policías y ex guardias civiles al servicio de la Consejería de Interior del Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre, dieron pronto paso a un enfrentamiento poco disimulado entre el equipo de Aguirre y la dirección nacional de Mariano Rajoy. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, advirtió el pasado miércoles que el principal perjudicado por esta polémica "es el partido".
(www.elpais.com, 30/01/09)
AGUIRRE AVISA A RAJOY DE QUE SU INVESTIGACIÓN DAÑA A TODO EL PPEsperanza Aguirre quiso lanzar ayer unas cuantas advertencias al líder de su partido, Mariano Rajoy. Para empezar, avisó que dar credibilidad a la existencia de una red de espionaje en la Comunidad de Madrid perjudica "al PP en su conjunto". Y enfatizó que Rajoy, al ordenar una investigación interna sobre este asunto, "da pábulo" a esta cuestión.
Segundo mensaje. O golpe dialéctico directo a la cabeza de la organización. Los primeros en pagar las consecuencias de mantener vivo el escándalo serán los candidatos populares en Galicia y Euskadi. "Nuestro electorado está desconcertado. Esto beneficia al PSOE. Tenemos ahí unas citas electorales, y debilitar al PP para el 1 de marzo --fecha de los comicios gallegos y vascos-- también interesa a los socialistas", remató Aguirre en Onda Cero.
Esta última tesis es compartida, al menos en parte, por el propio Rajoy. Anoche, acompañó a un acto en Madrid a su aspirante en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y reclamó a todos sus dirigentes que se eleven "por encima del ombligo" para volcarse en los elecciones.
Pero la presidenta aún tenía más que decir. Señaló que hubiera preferido un apoyo "más contundente" de la dirección del PP en vez de una investigación interna, especialmente cuando el caso ya está en los tribunales. ¿Y no tendría usted que haber ordenado, en el seno de la consejería de Interior, una investigación para saber si se espió?, se le preguntó en la entrevista radiofónica. Respondió que su consejero Francisco Granados ya "apretó las tuercas" a quien correspondía. Por lo visto, Granados --que hoy comparece en la Asamblea de Madrid-- no encontró culpables.
Aguirre no se cree obligada a dar más explicaciones, ya que garantiza que su Gobierno "no espía a nadie". Pero esa máxima en la que ella se escuda no la aplica por igual a su compañero a la par que adversario, Alberto Ruiz-Gallardón: sentenció que el alcalde debe explicar si tiene una red de espionaje en su ayuntamiento. Aguirre tuvo ayer para todos.
(www.elperiodico.com, 30/01/09)
EL VICEPRESIDENTE DE MADRID QUIERE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguró ayer que es partidario de que se abra, como pide la oposición, una comisión de investigación parlamentaria sobre la red de espionaje. González ha sido espiado y es, a la vez, objeto de varios dosieres en los que se le achacan casos de corrupción. González confirmó, además, que su entrevista con su secretaria general, Dolores de Cospedal, fue "corta y agradable". Sin más. Ella realiza, por orden de Rajoy, una investigación interna.
(www.elperiodico.com, 30/01/09)
EL ENTORNO DE RAJOY CREE QUE AGUIRRE QUIERE IMPLICAR A GÉNOVA EN LA TRAMA DE ESPIONAJE
Las informaciones publicadas en los últimos días en las que se asegura que la dirección del PP y su propio presidente Mariano Rajoy tenían conocimiento de los dossieres anónimos que en últimos años circulaban en Madrid sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha provocado una gran indignación entre dirigentes populares próximos a Mariano Rajoy. De hecho, fuentes cercanas al líder del PP consideran la filtración de esas noticias como un ataque al corazón del partido, ya que se ha metido por medio al tesorero. Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, se reprocha a Génova que optara por abrir una investigación interna en vez de cerrar filas en torno al Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
También que el ex tesorero Alvaro Lapuerta dijera que él también había sido espiado desde la Comunidad de Madrid. Dos versiones de una polémica que ha ha avivado el enfrentamiento y la lucha interna en el seno del PP. Dirigentes próximos a Rajoy ven en las filtraciones periodísticas de los últimos días una estrategia por parte de algunos sectores del Gobierno de la Comunidad de Madrid para implicar a la dirección nacional del PP en la 'guerra de dossieres', al revelar que Mariano Rajoy sabía de este asunto desde el año 2006.
También admiten que ha causado un gran enfado e irritación en Génova que se haya puesto en la picota al ex tesorero Alvaro Lapuerta, así como a su sucesor Luis Bárcenas, y que se hayan "aireado" conversaciones que se mantuvieron en 2006 y 2008 a raíz de supuestos informes sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Este malestar de algunos miembros de la Ejecutiva nacional se suma a su preocupación por las últimas informaciones publicadas, que revelan que el asunto del espionaje podría tener detrás un trasfondo económico que podría poner en duda la honorabilidad de todo el Partido Popular.
En este contexto, varios parlamentarios del PP coincidieron en la necesidad de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dé a conocer cuanto antes el resultado de su investigación interna para zanjar el asunto y evitar que perjudique electoralmente en el País Vasco y Galicia. "Hay que cerrarlo inmediatamente porque si no, los acontecimientos nos comen", confiesa un veterano diputado. En la dirección nacional se comparte esta tesis de que hay que cerrar ya la polémica y volcarse en las tres citas electorales que están a la vuelta de la esquina, y se recuerda que el partido no puede permitir un minuto más que se siga dañando su imagen de esta manera.
También hay quien exige un gesto de autoridad por parte de Mariano Rajoy, a la vista de que las declaraciones llamando a la unidad y la cohesión que hizo el presidente nacional el pasado domingo no han servido para poner freno al desgaste que está sufriendo "la imagen del PP en toda España".
Sin embargo, el presidente de los 'populares' ha optado en estos últimos tres días por no hablar del asunto ante los medios de comunicación. Esta actitud contrasta con la que ha mantenido en los dos últimos días la presidenta de la Comunidad de Madrid y algunos de los miembros de su gobierno.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha hecho a Mariano Rajoy conocedor de los presuntos espionajes desde 2006 al afirmar que el presidente del PP la llamó ese año para comentarle que circulaban dosieres en los que figuraban su 'número dos' y su 'número tres', Ignacio González y Francisco Granados.
Esas declaraciones, que para Génova son un ataque, se deben, según algunos dirigentes, al malestar que ha causado en el entorno de Aguirre la investigación abierta por Mariano Rajoy y que, a su entender, pone en duda la credibilidad que el líder del PP dijo tener en ella.
Sin embargo, la percepción que tienen algunos miembros de la Comunidad de Madrid, es muy distinta. Reprochan que la dirección nacional en vez de cerrar filas y apoyarlos, diera pábulo a las informaciones sobre presunto espionaje abriendo una investigación y sin hacer ningún reproche al alcalde Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
Asimismo, critican que Alvaro Lapuerta, un hombre de Génova, echará aún más leña fuego asegurando que él también había sido espiado por la Comunidad de Madrid, aseguraron fuentes del Gobierno regional.
(www.publico.es, 30/01/09)
RAJOY: "EL PP DEBE ELEVARSE POR ENCIMA DE SU OMBLIGO"
El líder del PP, Mariano Rajoy, pidió a todo el partido que "se eleve por encima del ombligo" y apoye a los candidatos en las próximas elecciones autonómicas, en concreto al de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. No en vano, estas palabras fueron pronunciadas en la presentación de una conferencia del líder de los conservadores gallegos.
Las palabras del presidente nacional del PP fueron interpretadas como un mensaje en clave interna en un momento en el que la formación política sufre el escándalo de las supuestas tramas de espionaje. Además de pedir a sus compañeros que pensasen en el partido, les recordó que ha llegado el momento de "ofrecer grandeza y altura de miras" para "atacar los problemas de los ciudadanos". También les marcó las "coordenadas": "Los valores del esfuerzo, el trabajo bien hecho y la austeridad".
Se trata del segundo mensaje de este tipo que lanza el presidente de los conservadores a sus compañeros de partido desde que el domingo, en la clausura del I Foro de militantes, se comprometió a garantizar la unidad del partido "pase lo que pase".
Rajoy alabó a Alberto Núñez Feijóo. Dijo de él que era "el capitán capaz de navegar en épocas de tormenta". Precisamente de lo contrario le acusan a él algunos integrantes de las filas conservadoras.
"Se está tomando el asunto de los espías con una tranquilidad que exaspera y esto va a acabar pasándonos factura en las próximas citas electorales", se lamenta un dirigente conservador, que mantiene que este escenario habría sido impensable en la etapa de José María Aznar. "¿Si conocía la existencia de dossiers hace tiempo por qué no puso orden?", se pregunta un diputado autonómico, que sugiere que es la "falta de liderazgo" de Rajoy la que estáé generando peleas por la sucesión.
Mientras, su entorno sigue defendiéndolo. "Rajoy sabe manejar los tiempos", dicen.
(www.publico.es, 30/01/09)
GRANADOS: "ES FALSO QUE HAYA UN DEPARTAMENTO DE ESPIONAJE EN MI CONSEJERÍA"
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha afirmado este viernes que es "absolutamente falso" que en su Consejería se haya creado un "departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia".
En su comparecencia en la Asamblea con motivo del supuesto caso de espionaje en la Comunidad de Madrid desvelado por El País, el consejero ha asegurado además que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características".
Granados, que comparece a petición propia en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, ha hecho hincapié en su primera intervención en que el cuerpo de técnicos de seguridad de su Consejería tiene las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón".
También ha reiterado que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes".
Granados ha explicado que con Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido que se ha complementado con personal eventual".
Ha indicado que las funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en edificios e instalaciones".
Más de 80 medios de comunicación acreditados han concurrido en la Cámara autonómica para seguir la comparecencia del consejero, solicitada por él mismo para informar sobre cómo su Consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".
GRANADOS EVITA "PONER LA MANO EN EL FUEGO" POR TODOS SUS FUNCIONARIOS
"Hemos hecho una investigación reservada en la consejería [Presidencia, Justicia e Interior] que ha dado un resultado negativo", ha precisado esta mañana el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, tras su comparecencia en la Asamblea de Madrid. Pero, a renglón seguido, ha rehusado poner la mano en el fuego por todos sus funcionarios. "Evidentemente, la Comunidad de Madrid es muy grande y yo he hablado con los que he hablado", ha sentenciado el consejero, que ante los diputados ha vuelto a insistir en que "el Gobierno de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características". Como se temía la oposición, no ha dado explicaciones sobre la trama de espionaje que, según ha destapado EL PAÍS, se ha gestado bajo su paraguas, sino que ha detalado sus competencias y estructura en seguridad y vigilancia y ha vuelto a decir que son las mismas que definió Alberto Ruiz-Gallardón. La falta de respuestas ha colmado la paciencia de PSOE e IU que, por primera vez, han pedido al consejero que dimita o si no, a Esperanza Aguirre que le destituya.
Granados ha llegado sonriente -y solo, ya que ningún miembro del Gobierno regional ha acudido a presenciar su intervención- al Parlamento regional y no ha hecho declaraciones. Más de 80 medios de comunicación han acudido a seguir la comparecencia del consejero -solicitada por él mismo pero no ante todos los diputados como pretendían PSOE e IU sino en una comisión extraordinaria del ramo- para informar sobre cómo su consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".
Minutos después de las 11.00, Granados ha empezado su comparecencia analizando la actuación del Gobierno regional el 9 de enero ante la nevada que sumió a la región en el caos, dado que se colapsaron las carreteras y el aeropuerto de Barajas. Posteriormente, el consejero ha pasado al tema que suscitaba todo el interés y ha comenzado por reiterar que es "absolutamente falso" que en su Consejería se haya creado un "departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia".
Granados ha hecho hincapié en que el cuerpo de técnicos de seguridad de su consejería tienen las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón". También ha reiterado que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el Gobierno de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes". El también secretario general del PP de Madrid ha explicado que con Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido que se ha complementado con personal eventual". Ha indicado que las funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en edificios e instalaciones".
Tras escucharle, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, le ha espetado que "o da respuestas o tendrá que marcharse" porque su grupo "no le cree". Sabanés ha acusado a Granados de poner en peligro la credibilidad y la democracia en las instituciones. "Usted va tarde, va mal y no ha dado explicaciones, así que debe ser cesado o debe dimitir", le ha reclamado la diputada. Tras ella, la portavoz de Presidencia del PSOE, Encarnación Noya, ha señalado que los hechos "son tan graves" que le parece una "burla" que el consejero se haya limitado a leer la lista de sus competencias, a la sazón "perfectamente conocidas y definidas". "Quien no las tiene claras es usted, que le ha traicionado el subconsciente y en lugar de decir protección ha dicho vigilancia", le ha criticado Noya. La diputada socialista le ha recordado que aún no se sabe quién manda a los espías ni ante quién responden, dos puntos esenciales que le ha pedido que aclare, aunque sí saben "quién es la máxima responsable, Esperanza Aguirre".
Noya ha subrayado que Aguirre "no ha dado la cara, ha mandado al yerno de [Carlos] Fabra [Juan José Güemes] a lanzar exabruptos y se ha presentado como una víctima como tanto le gusta". Si es así, Noya se ha preguntado por qué no ordena una investigación a Granados y por qué no da el visto bueno a una comisión de investigación. Y ha apuntado dos motivos: "O porque son conocedores de lo que sucede o porque temen las consecuencias de la investigación. Por eso lo llevan a la Justicia con la esperanza de que amaine el temporal, pero parece que el temporal cobra mas fuerza". "Quien algo teme, algo debe", ha añadido para lanzar nueve preguntas al consejero: por qué no investiga "con su batallón de asesores" lo que está pasando, si piensa desmantelar la "estructura paralela" de vigilancia de su departamento, quién ordena los seguimientos, cómo se financian, organizó el espionaje o tiene algo que ver, lo sabía Aguirre, con qué medios cuentan, cuáles son sus retribuciones y si van a permitir la comisión de investigación.
A su juicio, la situación es tan grave que impide el normal funcionamiento del Ejecutivo de Aguirre, que ha descrito como "agotado, en crisis, degradado", razones por las que ha reclamado unas "dimisiones o ceses", que "en cualquier país democrático ya se habrían producido" por responsabilidad política en los hechos, por conocernos o no conocerlos, por acción o por omisión". "¿Piensa dimitir?", ha concluido, a lo que Granados a respondiendo que, si cada vez que la oposición pide dimisiones las hubiera, "el banco azul estaría vacío".
(www.elpais.com, 30/01/09)
GONZÁLEZ NO CREE QUE EL ESCÁNDALO VAYA A INFLUIR EN LAS ELECCIONES
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no cree que la red de espionaje vaya a influir de forma negativa para el PP en las próximas elecciones, "porque el electorado es lo suficientemente maduro para saber que aquí hay una campaña interesada de acoso y derribo al Gobierno de la Comunidad de Madrid".
En la localidad madrileña de Collado Villalba, ha reconocido que "evidentemente, siempre que hay ruido, influye", pero se ha mostrado convencido de que "esto no tiene nada que ver con el fondo de las elecciones" y que no influirá en las citas electorales del País Vasco y Galicia. EL PAÍS publica hoy un sondeo-flash de Metroscopia que apunta a que la intención de voto directa deja a los populares casi ocho puntos por detrás de los socialistas (en las generales la diferencia en voto sobre censo no llegó a tres puntos).
(www.elpais.com, 30/01/09)
GRANADOS: "ES FALSO QUE HAYA UN DEPARTAMENTO DE ESPIONAJE EN MI CONSEJERÍA"
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha afirmado este viernes que es "absolutamente falso" que en su Consejería se haya creado un "departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia". En su comparecencia en la Asamblea con motivo del supuesto caso de espionaje en la Comunidad de Madrid desvelado por El País, el consejero ha asegurado además que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características".
Granados, que comparece a petición propia en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, ha hecho hincapié en su primera intervención en que el cuerpo de técnicos de seguridad de su Consejería tiene las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón". También ha reiterado que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes".
Granados ha explicado que con Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido que se ha complementado con personal eventual".
Ha indicado que las funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en edificios e instalaciones".
Más de 80 medios de comunicación acreditados han concurrido en la Cámara autonómica para seguir la comparecencia del consejero, solicitada por él mismo para informar sobre cómo su Consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".
Granados pidió disculpas a todos los ciudadanos por los molestias ocasionadas por la gestión del temporal de frío y nieve que azotó la región el pasado 9 de enero y que generó un colapso en las carreteras de la región y en el aeropuerto de Barajas. "Asumo la responsabilidad y pido disculpas a los ciudadanos en lo que es competencia de la Comunidad de Madrid", destacó Granados en su intervención, a la que no acudió ningún miembro del Gobierno regional.
"Es verdad que las carreteras competencia de la Comunidad estuvieron cerradas unas horas, es evidente que siempre se puede hacer mejor y que los responsables políticos prácticamente todos los días debemos pedir disculpas porque las cosas se pueden hacer mejor", señaló y añadió que piden "disculpas por los fallos que se hayan podido proceder". Granados consideró que la Comunidad de Madrid cuenta con los medios técnicos necesarios para hacer frente a un temporal , pero apostó por modernizar los protocolos de actuación.
Así, indicó que la labor de la Comunidad requiere "no en medios, pero sí en protocolos una revisión". "Desde ese día ordené a los servicios de la Dirección General de Protección Ciudadana que revise los protocolos, que han quedado obsoletos. Creo que los medios son adecuados y los protocolos no son los adecuados", apostilló.
El titular de Interior, que achacó el caos a la "imprevisión" del Ministerio de Fomento y a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, señaló que la colaboración con el Ministerio del Interior fue "extraordinaria".
(www.publico.es, 30/01/09)
"Me pidió que recalificara suelos protegidos"
Un ex alto cargo acusa a un hombre de González de intentar una ilegalidad
El arquitecto Pedro Ortiz, un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid, aseguró ayer en la Cadena Ser que uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y antiguo dirigente del PP, Pedro Antonio Martín Marín, le pidió que recalificara ilegalmente una finca que éste poseía en Collado Villalba.
Los hechos ocurrieron, según contó Ortiz a este periódico, a principios de su mandato como director General de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón (entre 1995 y 1999): "No recuerdo si fue en el 95 o en el 96, pero fue muy al principio. Martín Marín vino a mi despacho y me pidió que recalificara aquellos terrenos. Estaban en el parque Regional del Manzanares, así que le expliqué que era imposible urbanizar allí porque atentaba contra el medio ambiente y además era ilegal". "Y él me respondió que tampoco era tan grave", relató Ortiz.
Según el ex director general, su negativa a las peticiones de Martín Marín, hicieron que éste presionara en más altas instancias. "Sé que me puso a parir, pero al menos en mi mandato no consiguió lo que buscaba", comentó ayer Ortiz.
Según publicó este periódico en un artículo de mayo de 1997, la fiscalía acusó al Ayuntamiento de Collado Villalba, entonces gobernado por el PP, de haber ocultado a la Comunidad de Madrid que la finca de 23 hectáreas llamada Arroyo Arriba, en vías de ser recalificada, tenía especial protección ecológica. Parte de los suelos de aquella propiedad eran del entonces secretario de Estado para el Deporte, Pedro Antonio Marín Marín.
En aquella ocasión, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que la recalificación se había denegado definitivamente. El fiscal, en su escrito dirigido al Ayuntamiento, calificó el intento municipal de levantar chalés en la zona protegida como algo "absolutamente injustificado". "Su carácter de suelo de alta protección ecológica fue configurado en virtud de colindar con el Parque Regional de la Cuenca del Manzanares, así como por el estado de buena conservación del medio natural que concurre en el citado espacio", esgrimió el fiscal.
Pedro Antonio Martín Marín, ex concejal de la UCD de la localidad, empresario y alto cargo en el gobierno de José María Aznar (fue secretario de estado de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes), es también amigo de Ignacio González, la mano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad.
La presunta trama de espionaje revelada por este periódico y que afecta al Gobierno regional y al PP, roza a Pedro Martín Marín en el viaje que realizó con Ignacio González a Johanesburgo en la Semana Santa pasada. En aquel viaje también estaba Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa. Los espías elaboraron un dossier donde se apuntaba que Sánchez González, que ha recibido contratos multimillonarios en el Canal de Isabel II, que preside Ignacio González, le había regalado el viaje a Johanesburgo.
Martín Marín desciende de un ex alcalde de Collado Villalba, Juan Martín Galache, que gobernó el muncipio poco después de la Guerra Civil. Su familia era propietaria de muchos terrenos del municipio.
www.elpais.es 30.01.09
AGUIRRE SE ENCARA CON RAJOY POR DAR "PÁBULO" A LA TRAMA DEL ESPIONAJE
Esperanza Aguirre se defiende con uñas y dientes del ataque de que dice ser víctima. La presidenta niega tener espías a sueldo de la Comunidad de Madrid y no oculta su enojo con el líder del PP, Mariano Rajoy, por dar crédito a las denuncias sobre esta trama, hasta el extremo de abrir una investigación interna. Si hasta ahora eran colaboradores quienes expresaban tales quejas, ayer fue la propia Aguirre la que censuró que el partido dé "pábulo" a los dosieres sobre su vicepresidente Ignacio González. "Todas las redacciones periodísticas tiene dosieres contra González, porque políticamente me quieren atacar a mí", enfatizó, en un reproche a Rajoy por ordenar pesquisas a golpe de titular de prensa.
El entorno de la líder del PP madrileño no cesa de preguntarse por qué las denuncias sobre presuntos seguimientos a políticos populares afines a Rajoy, como el vicealcalde Manuel Cobo o el dirigente Alfredo Prada, han llevado al partido a iniciar la investigación que dirige su secretaria general, Dolores de Cospedal. Máxime cuando el asunto ya está en manos del juez y la fiscalía. Para esta pregunta retórica solo hallan una respuesta: la sospecha, si no convicción, de que Rajoy da carta de naturaleza a esta trama de espionaje para dañar la imagen de Aguirre, cabeza visible del sector crítico.
Así, coincidieron en la investidura de Rodrigo Rato como doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos, donde, estampándose un gélido beso, ilustraron la crudeza de su batalla. Y es que, según la versión que ayer difundió la presidenta en los micrófonos que le brindó la COPE, no es la primera vez que Rajoy da crédito a las sospechas sobre el equipo de Aguirre. El precedente fue en el 2006, cuando el líder del PP la avisó de que había informes comprometedores para sus vicepresidentes, el propio González y Francisco Granados.
Todo aquello quedó en nada, pero tras las elecciones de marzo del 2008, en plena batalla por la sucesión al frente del PP, se reactivó la guerra de dosieres a cuenta de un supuesto enriquecimiento de González, quien reprochó en persona a Rajoy que diera "pábulo" a estos rumores. Ayer Aguirre suscribió estas quejas de su lugarteniente.
La intención de la presidenta madrileña al revelar ahora esta conversación privada es dejar claro que Rajoy sabe desde hace tiempo que hay informes rondando por los despachos, y que ha esperado a que los espiados fuera otros, y no González o Granados, para abrir una investigación interna. Desde el entorno de Rajoy se sostiene, con todo, que hasta hace unos días no había indicios de seguimientos a miembros del partido, y que por ello investigará "pase lo que pase". "El partido no mirará para otro lado", advirtió ayer Javier Arenas, vicesecretario del PP.
Pero, por mucho que intente desviar el foco de atención mediática, Aguirre es consciente de que tendrá que dar explicaciones sobre las funciones que realizan los expolicías y exguardias civiles que trabajan en la Consejería de Interior. ¿Hacían seguimientos o no a políticos del PP o de otras siglas? Ella se remite a lo que mañana contará en la Asamblea de Madrid su consejero Granados. Eso sí, en plena ofensiva, Aguirre aprovechó también para ajustar cuentas con su otro gran rival: Alberto Ruiz-Gallardón. Ayer avanzó que la Asamblea de Madrid --donde dispone de mayoría absoluta-- puede exigir al alcalde que aclare si, como denuncian un sindicato y la oposición municipal, ha montado una "unidad parapolicial" en el Ayuntamiento de Madrid. El delegado municipal de Seguridad, Pedro Calvo, aclaró que esa unidad se limita a coordinar a los escoltas.
(www.elperiodico.com, 29/01/09)
LOS SECTORES DEL PP EN PUGNA SE ATRINCHERAN MIENTRAS CUNDE LA DESAZÓN
No hay salida, y cuantos más días pasen, peor. Es la sensación generalizada en el PP, que mira a Mariano Rajoy en busca de un gesto de autoridad que les haga intuir que la guerra interna desatada con los casos de espionaje en la Comunidad de Madrid y el cruce de dossiers va a parar, pero no lo encuentran.
El pesimismo, al que es tan dado el PP, se ha vuelto a instalar en las filas populares, y la mayoría ya no confía en una solución pacífica al escándalo. Nadie confía ya tampoco en el resultado de la investigación que el presidente del PP encargó hoy hace una semana a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, para esclarecer los hechos, ir al fondo del asunto y adoptar las medidas disciplinarias oportunas.
La cada vez más complicada interrelación de tramas, cruces de dossiers y personas implicadas en el asunto ha llevado a la número dos del PP a un callejón sin salida. Este pensamiento extendido en el seno del PP se traduce en el convencimiento de que "ya no es posible un apaño", tiene que haber "muertos". Sin embargo, son muchos los que opinan que Rajoy está atado de manos para adoptar decisiones, después de las informaciones sobre la circulación de dossiers en la calle Génova, y las supuestas gestiones de los tesoreros del PP, el actual y el anterior, interesándose por determinadas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a determinadas empresas.Si esto es así, el contraataque de los afectados inicialmente por el supuesto espionaje en la comunidad de Madrid, Ignacio González y Francisco Granados, habría tenido éxito. Los dossiers, aún sin hablar explícitamente de corrupción, apuntan a prácticas no del todo correctas, que afectarían si no al PP, por lo menos a responsables de la dirección nacional, sus tesoreros, nombramientos de Mariano Rajoy. Así las cosas, si en los primeros días del escándalo, la semana pasada, cuando Mariano Rajoy hizo público un comunicado en el que anunciaba la apertura de una investigación, todo parecía que se iba a desarrollar de forma rápida y tendría consecuencias, ahora la recopilación de información sufre un impas se y nadie aventura cuándo y cómo puede terminar.
Y no es para menos. Las informaciones se siguen sucediendo, y afectan a todos los sectores. Por un lado, la cadena Ser hizo público un dossier sobre el supuesto patrimonio de la mano derecha de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en la empresa de aguas de Madrid, el Canal de Isabel II. Por ese lado seguiría el acoso a Esperanza Aguirre y laComunidad de Madrid, mientras continúan las informaciones sobre supuestas y entrelazadas redes de espías organizadas o amparadas por responsables del Gobierno autonómico.
Pero desde el otro lado la situación no es mejor. Desde que el ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, denunció en el diario El País, que había sido espiado, supuestamente por esos grupos de la Comunidad, las denuncias sobre su manejo de dossiers, su gestión y la de su sucesor se incrementan.
Ayer, el diario El Mundo, desvelaba que Luis Bárcenas, actual tesorero y hasta la jubilación de Lapuerta su mano derecha, había hecho gestiones para que Serygur obtuviera la seguridad de la sede de la Comunidad, y de la Ciudad de la Justicia, la obra emblemática de Alfredo Prada, cuando era consejero de Justicia e Interior de Esperanza Aguirre, y hoy representante del PP en el exterior, designado por Marian Rajoy.
Ni las personas ni las acusaciones son gratuitas. Álvaro Lapuerta es un hombre de la vieja guardia del PP, antes Alianza Popular, del que el partido echa mano tras el escándalo que afectó a su tesorero, Rosendo Naseiro, para poner orden en las finanzas del PP. Un gallego, como Fraga y como Rajoy, en el que ambos confían, y que designa como sucesor a Luis Bárcenas, con la aquiescencia de Rajoy.
Dicho de otra forma, las acusaciones contra Lapuerta y Bárcenas van dirigidas a Mariano Rajoy, lo que estaría impidiendo que pudiera adoptar decisiones rápida y contundentes.
Y con este panorama, los dos sectores, atrincherados en sus posiciones y odios, lo único que hicieron ayer fue responderse a través de los medios de comunicación. Todos menos Mariano Rajoy, que ayer de nuevo se negó a responder a las preguntas de la prensa. Y de nuevo también, Rajoy y Esperanza Aguirre posaron y se besaron, como si no pasara nada y se llevaran de maravilla. El escenario, la investidura de un ex político del PP, Rodrigo Rato, como doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos, que congregó a todo el PP, desde Manuel Fraga - que genio y figura le dio un tirón de orejas al partido: "Esto en mi época no pasaba"-hasta Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy... Todos menos Alberto Ruiz-Gallardón, ausente los últimos días, muchos creen que intencionadamente.
María Dolores de Cospedal fue la encargada de responder a Esperanza Aguirre para decirle que es "un disparate" pensar "que alguien va a por ella" desde el partido".(www.lavanguardia.es, 29/01/09)
EL FISCAL INVESTIGA EL APARATO DE SEGURIDAD AL MANDO DEL EX POLICÍA MARCOS PEÑA
Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha fijado su atención en uno de los tres equipos paralelos de Seguridad de la Consejería de Interior, el que dirige el ex policía Marcos Peña y en el que se encuadran tres ex guardias civiles, todos ellos contratados a dedo por el consejero Francisco Granados entre septiembre de 2007 y junio de 2008.
Moix ha realizado ya su primera petición de datos sobre el espionaje a políticos madrileños presuntamente efectuado por agentes de dicho departamento. En un escrito cursado el pasado viernes, requirió a Granados que informase sobre los datos que tuviese acerca de los seguimientos ilegales sufridos por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, publicados por este diario y que ambos políticos han denunciado ante la fiscalía.
Ese mismo día, Moix recibió de manos de este diario las pruebas documentales de dichos marcajes por parte presuntamente de agentes de la Consejería de Interior, que aludían en sus partes de seguimiento a dos cargos de la Dirección General de Seguridad de los que dependían: Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector de Seguridad, respectivamente.
El fiscal ha puesto su primer foco de investigación en las funciones que desempeñaba la unidad que dirige el ex inspector de policía Marcos Peña, fichado en junio de 2008, y en la que trabajan los tres ex guardias civiles que contrató Granados en septiembre de 2007, sobre los cuales también ha solicitado datos (contratos, funciones y dependencia jerárquica).
Moix ha solicitado al Gobierno de Esperanza Aguirre un detallado perfil del ex inspector Marcos Peña, responsable de una unidad que presuntamente elaboraba informes sobre escándalos de corrupción en municipios socialistas y en Madrid para su consejero, Granados. Peña explicó a este diario que ése era su cometido y que incluso recababa información para su trabajo de servicios policiales dependientes del Ministerio del Interior.
El fiscal jefe del TSJM ha pedido a Granados que confirme si este ex agente pertenece a su departamento y, en caso afirmativo, cuáles son sus funciones, de quién depende jerárquicamente y qué dice su contrato. Antes de fichar por la Comunidad de Madrid, Peña era jefe de Seguridad en Iberdrola y, en sus ratos libres, suministraba informaciones delicadas a algún medio de comunicación. Peña colocó en mayo de 2006 a El Mundo un dossier sobre el presunto trato de favor de un asesor de La Moncloa a la empresa auditora de su padre. El dossier resultó falso y el medio de comunicación, que identificó a Marcos Peña como su fuente, fue condenado a pagar 18.000 euros al agredido.
Hace días, Peña sostuvo ante EL PAÍS que hacía informes sobre escándalos de municipios socialistas como Ciempozuelos o Coslada, e incluso sobre el Ayuntamiento de Madrid, bajo gobierno del PP. Y explicó que sólo respondía ante el consejero Granados, pese a que su departamento tiene un director general: antes era Sergio Gamón, que fue destituido un mes después de que Peña llegara a la Consejería de Interior -porque requisó documentación de un despacho de Justicia- y ahora lo es Enrique Barón, ex jefe superior de Policía de Madrid fichado para sustituir a Gamón. Barón proclama que no tiene ningún control sobre Peña y su grupo.
Cuando el ex inspector Marcos Peña llegó a la Consejería de Interior, en junio de 2008, ya se habían efectuado los seguimientos a políticos que se han conocido ahora. Entre abril y mayo de ese año, en plena batalla interna en el PP tras el fracaso electoral de marzo, dos dirigentes alineados con Mariano Rajoy -el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el consejero de Justicia, Alfredo Prada- fueron espiados en sus movimientos públicos y privados por agentes que, según sus propias notas, dependían de la Consejería de Interior. En aquellos meses, el jefe de seguridad de la Comunidad de Madrid era Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre, de quien había sido jefe de seguridad durante su etapa como presidenta del Senado.
La investigación abierta por el fiscal jefe de Madrid podría quedar interrumpida en los próximos días si el titular del Juzgado número 47 de la capital, José Sierra, incorpora a la causa que ha abierto por supuesto espionaje al vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, los hechos denunciados por Manuel Cobo y Alfredo Prada, también relacionados con seguimientos a políticos en la Comunidad de Madrid.
En ese momento, el fiscal debería inhibirse y pasar todo lo actuado al juez de Plaza de Castilla. El espionaje a González, del que existen pruebas documentales también aportadas por EL PAÍS a la fiscalía, no tiene autoría conocida, a diferencia de los de Cobo y Prada.
(www.elpais.com, 29/01/09)
ALGUNAS CLAVES DE LA VIGILANCIA A MANUEL COBO Y ALFREDO PRADA
La fiscalía investiga si el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia de la Comunidad Alfredo Prada fueron espiados por un aparato parapolicial -compuesto por ex policías y ex guardias civiles- a sueldo de la Comunidad de Madrid. De lo conocido hasta ahora se desprenden algunos aspectos clave de la investigación.
- Objetivos. Los dos objetivos de la investigación, "P" (Prada) y "C" (Cobo), son miembros del PP. Durante las fechas del seguimiento recogido en los partes de los agentes (de abril a mayo de 2008), ambos políticos tenían una cosa en común: se habían alineado con Mariano Rajoy y frente a Esperanza Aguirre en la batalla por el poder en el PP. Prada, sin embargo, no es un hombre de confianza de Alberto Ruiz-Gallardón; todo lo contrario: Ruiz-Gallardón revocó el nombramiento de Prada como viceconsejero en su primer Gobierno regional, en 1995, tras leer algunas noticias sobre el pasado político de Prada.
- Agendas. Tanto Cobo como Prada comprobaron que los hechos reflejados en los partes de seguimiento de los supuestos espías correspondían fielmente a lo que hicieron aquellos días. En muchas ocasiones sus movimientos eran privados, imposibles de conocer ni siquiera por sus colaboradores próximos. Salvo que hubieran sido espiados.
- Fotografías. Había un afán de los espías por conocer a las personas que se acercaban o comían con Alfredo Prada, a quien acabó destituyendo Aguirre un mes después de que cesaran los seguimientos. En algunos de los partes se recoge cómo los agentes fotografiaron incluso a la persona que almorzaba con Prada.
- Dependencia orgánica. Los agentes deslizaron en sus escritos el nombre de sus jefes: aludieron a la llegada del coche de su "director Sergio" (presuntamente Sergio Gamón) o a que les llamaba a una reunión su subdirector "Miguel" (presuntamente Miguel Castaño).
(www.elpais.com, 29/01/09)
EL ENTORNO DE RAJOY ASUME QUE LOS AGUIRRISTAS BUSCAN LA CABEZA DEL LÍDER
Llamar a cualquier dirigente del PP estos días implica escuchar frases de parte de guerra. "Hoy han contraatacado". "Estamos tocados pero ellos también". "Esto es un aviso, el bombardeo puede ser mucho peor". Son algunos de los comentarios de dirigentes de uno y otro lado. Nadie es ajeno a una de las mayores crisis de la historia del partido, que empezó con un espionaje entre compañeros revelado por EL PAÍS y ahora ya es un cruce inclemente de dossiers con las finanzas del partido, lo más delicado, en el medio de la pelea.
Tras la publicación en El Mundo de sendas acusaciones contra el actual tesorero, Luis Bárcenas, y el anterior, Álvaro Lapuerta, sobre supuestas presiones para obtener contratos de la Comunidad de Madrid, el entorno de Mariano Rajoy llega a una conclusión: para los marianistas, los aguirristas -algunos acusan directamente a Esperanza Aguirre, otros a su vicepresidente, Ignacio González- están detrás de esta información. Con el único objetivo, sostienen, de implicar a Rajoy en un escándalo que al principio afectaba a los dirigentes madrileños. "Buscan la cabeza de Mariano", insisten.
Los aguirristas están muy molestos por la falta de apoyo de Rajoy a la presidenta. "Ha sido la peor semana desde que gobernamos, y estamos muy solos", señalaba este fin de semana un aguirrista. Los fieles a la presidenta sostienen que es él quien abrió la guerra al ordenar una investigación interna que necesariamente pone en cuestión la gestión de Aguirre del escándalo. Génova dio mucha credibilidad a las informaciones de EL PAÍS mientras los aguirristas las desmentían con crudeza. La presidenta de Madrid llegó incluso a afirmar, sin señalar a nadie: "Van a por mí". Ayer, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, respondió: "De ninguna manera. Eso es un disparate. El mayor daño es al partido".
En el entorno del líder la preocupación es creciente: la guerra de Rajoy con Aguirre puede acabar muy mal. Pero los marianistas están convencidos de que, como sucedió tras las elecciones generales, los barones, claves para la estabilidad del partido, siguen con Rajoy. "Aguirre está tan sola como hace un año. Fuera de Madrid no tiene apoyos, y la gente del partido está muy harta de la guerra madrileña", sentencia un marianista. "Esperanza quiere morir matando", dice otro.
Otros dirigentes más neutrales pero que apoyan a Rajoy creen que los críticos, liderados por Aguirre y apoyados por El Mundo y la cadena Cope, han aprovechado la crisis de los espías para adelantar la batalla contra Rajoy que preparaban para después de las elecciones gallegas, en caso de derrota, o las europeas. En cualquier caso, todos coinciden en que ya no hay marcha atrás y acabará mal. "Esto es como una película del Oeste, esas con peleas en los salones. La pelea empieza entre dos, pero acaba todos contra todos. Así estamos", resume un diputado.
Mientras, Génova ha establecido un bloqueo informativo a la espera de que escampe. Nadie habla del escándalo, no se informa sobre la investigación de Cospedal, y Rajoy lleva una semana evitando a los periodistas, o haciendo, como ayer, declaraciones sin preguntas para poder salir en televisión hablando de la crisis pero no decir palabra sobre las gravísimas acusaciones que pesan sobre su partido. El viernes llegó al extremo de mandar a los servicios de prensa del PP a su casa para que le grabaran en el jardín una declaración sobre el paro y así evitar que alguien hiciera preguntas incómodas.
(www.elpais.com, 29/01/09)
FRAGA: "EN MIS TIEMPOS ESTAS COSAS NO PASABAN"
Manuel Fraga, el veterano fundador del PP, dejó claro ayer su malestar por el escándalo de espionaje y dossiers en su partido. "Yo no sé absolutamente nada de este asunto, en mi tiempo no pasaban esas cosas [...] Y si alguien lo intentaba, yo le cascaba", dijo durante el acto de concesión del doctor honoris causa a Rodrigo Rato en la Universidad Rey Juan Carlos, que contó con la presencia de toda la cúpula del PP, incluidos Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre.
Rajoy evitó hablar del escándalo, pero no Aguirre, que estuvo por la mañana en la Cope. Allí insistió en que ella es la víctima de esta historia y aseguró que será Alberto Ruiz-Gallardón quien tenga que "aclarar" la existencia de "una unidad parapolicial" en el Ayuntamiento. Preguntada por si su vicepresidente, Ignacio González, se quejó ante Rajoy porque entendía que era el PP el que estaba creando o difundiendo dossiers contra él, Aguirre contestó: "Tendrá que preguntárselo a Ignacio González. Yo creo que sí".
(www.elpais.com, 29/01/09)
LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA CENSURA LAS ACUSACIONES DE GÜEMES A EL PAÍS
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) censuró ayer las palabras de Juan José Güemes, portavoz del PP de Madrid y consejero en el Gobierno de Esperanza Aguirre, que había insultado al redactor de EL PAÍS Francisco Mercado y sugerido al periódico que no le permitiera escribir más. "Los medios y los periodistas tienen derecho a la misma presunción de inocencia que los políticos reclaman [...] La APM reclama respeto a las personas, respeto que consideramos compatible con el escrutinio de las actuaciones de los gobernantes", dice el comunicado.
(www.elpais.com, 29/01/09)
IGNACIO GONZÁLEZ SOLICITA AL JUEZ QUE INVESTIGUE LOS NUEVOS DOSSIER
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, solicitó este miércoles al juez que investigue todos los informes relativos a su persona con el fin de conocer quién está detrás de los mismos. La petición del número dos de la presidenta regional se producía el mismo día que Público revelaba las claves de un nuevo dossier que, entre otros datos, ofrece detalles sobre su patrimonio personal. "Voy a pedirle al juez que investigue todas las informaciones que aparecen [en los medios] en los que cada día descubren que existe un papel nuevo", indicó el vicepresidente. Una vez más, González mantuvo que se sentía "indefenso" y "acosado" ante esta situación y que él es el principal interesado en saber quién está detrás de estos dossiers.
La mano derecha de Esperanza Aguirre dijo desconocer los informes que manejan los medios. No obstante, señaló que el objetivo de estos documentos es el de hacerle daño "en lo personal y en lo político" y "perjudicar al Gobierno regional".
Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista a la cadena Cope, volvió a tildar de "absolutamente falso" que la Comunidad de Madrid haya creado una red de espionaje. También explicó que, además de en 2006, González se reunió con Rajoy el pasado año para quejarse de que "se diera pábulo a algunos dossiers que se hacían contra él".
La líder de los conservadores madrileños aprovechó los micrófonos de la emisora episcopal para cargar contra el alcalde madrileño. Aseguró que Alberto Ruiz-Gallardón tendrá que responder en la Asamblea a las informaciones que apuntan a que ha creado una unidad parapolicial al margen de la Policía Municipal. El entorno de Aguirre se muestra sorprendido por los nuevos dossiers sobre Ignacio González. "Qué contradicción. Se está hablando de una red de espionaje en la Comunidad de Madrid y resulta que los espiados somos nosotros", explica un aguirrista.
Las mismas fuentes siguen lamentándose de que la presidenta de la Comunidad de Madrid no haya recibido el apoyo expreso de los cargos más representativos del partido. En la Comunidad de Madrid sigue escociendo que mientras Aguirre daba la cara por su equipo ante la prensa, la dirección nacional del PP emitiera un "rotundo comunicado" anunciando la apertura de una investigación interna.
El equipo de la presidenta cierra filas en torno a ella. Uno de sus consejeros mantiene que "ha hecho todo lo que tiene que hacer en una situación como esta".
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, no tiene previsto pronunciarse sobre los últimos dossiers aparecidos hasta el viernes, cuando está prevista su comparecencia en la Asamblea de Madrid. No obstante, desde su entorno aseguran que no se aportarán grandes novedades. Todo apunta a que el también secretario general de los conservadores madrileños se limitará a recopilar la información que ha facilitado en sus últimas comparecencias.
(www.publico.es, 29/01/09)
GONZÁLEZ NO DESCARTA QUE EL ESPIONAJE HAYA PARTIDO DE GÉNOVA
El vicepresidente regional censura las declaraciones de Gallardón por "desproporcionadas e inapropiadas" y elude aclarar si el PP apoyará la comisión de investigación en la Asamblea. El vicepresidente de Madrid, Ignacio González, no descarta que la trama de espionaje que afecta al Gobierno regional y al PP haya partido desde el entorno de la calle Génova. "Soy el primer interesado en aclararlo", ha insistido el número dos de la presidenta Esperanza Aguirre. "He sufrido un espionaje intolerable a mi intimidad personal, es un montaje mafioso, que supone un atentado al Estado de Derecho", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El vicepresidente regional ha subrayado que no puede obligar a ningún funcionario de la Comunidad a participar en una comisión interna de un partido, en referencia a la negativa de dos de los principales investigados en la trama de espionaje a comparecer ante la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
González ha censurado las declaraciones del alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, en las que daba credibilidad a la trama y acusaba al consejero de Presidencia, Franciso Granados de tener "un cuerpo parapolicial". Para el vicepresidente regional, se trata de unas afirmaciones "absolutamente desproporcionadas e inapropiadas". Gallardón realizó estas declaraciones en el programa 59 segundos de TVE tres días después de que saltara la trama, aunque posteriormente las matizó y hoy ha asegurado que no va a hacer más valoraciones. "Cuando una investigación pasa a ser judicial, creo que no es el tiempo de los políticos, sino de los jueces", ha dicho el alcalde.
El vicepresidente de la Comunidad ha lanzado un dardo más a Gallardón al ser preguntado sobre si en el Ayuntamiento de Madrid hay una trama parapolicial que funcione al margen de las actuaciones propias de la Policía Municipal, tal y como ha publicado El Mundo. González, que niega la existencia de una red en su propio gobierno da sin embargo verisimilitud en el Consistorio: "Cuando menos es extraño que el primer Ayuntamiento de España, con 6.000 policías locales, necesite una estructura adicional al margen de la policial".
Preguntado por si el PP apoyará la iniciativa del PSOE e IU para que se cree una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, González ha señalado que "como afectado" está "muy interesado" en conocer los hechos, pero ha evitado comprometerse al apuntar que esa decisión corresponde a la Asamblea.
González ha pedido a la Justicia que aclare pronto el seguimiento del que ha sido objeto y las "gravísimas" acusaciones que ha recibido el Gobierno regional y que hasta ahora "nadie ha podido demostrar".
(www.elpais.copm, 29/01/09)
GONZÁLEZ: LAS ACUSACIONES DE GALLARDÓN SOBRE LA TRAMA FUERON "ABSOLUTAMENTE DESPROPORCIONADAS E INAPROPIADAS"
El vicepresidente de Madrid, Ignacio González, ha calificado de "absolutamente desproporcionadas e inapropiadas" las declaraciones que hizo Alberto Ruiz-Gallardón sobre la presunta existencia de una red de espionaje controlada por el Gobierno regional y se ha mostrado seguro de que las rectifiará.
González ha comparecido hoy en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno semanal, el primero que preside la Jefa del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, desde que se desatara la polémica en torno a los espionajes de que, supuestamente, han sido objeto políticos y altos cargos del Gobierno madrileño.
En su comparecencia, el "número dos" de la Comunidad ha pedido en todo momento a la Justicia que aclare pronto el "inadmisible, intolerable y torticero" seguimiento del que ha sido objeto y las "gravísimas" imputaciones que ha recibido el Gobierno regional y que hasta ahora "nadie ha podido demostrar".
Ha asegurado que desconoce que en el Ayuntamiento de Madrid exista una unidad "parapolicial" al margen de las actuaciones propias de la Policía Municipal y que "cuando menos" le parece "extraño que el primer Ayuntamiento de España", con 6.000 policías locales adscritos, necesite contar con una "estructura adicional" que opere al margen de la policial. En todo caso, ha opinado que el Consistorio debe explicar si existe alguna actuación "paralela" de este tipo ya que, ha insistido, le "extraña" que así sea.
El vicepresidente ha calificado de "atentado a la base del estado de Derecho" que hayan "hurgado" en su vida pública, privada e incluso, en la de sus familiares y amigos por el hecho de ser un cargo público y, cuando ha sido preguntado si echa en falta el apoyo de la cúpula nacional de su partido, ha aseverado: "yo lo único que quiero es el apoyo de la Justicia y lo quiero rápido".
Ha comentado que mantuvo una reunión "corta y agradable" con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, cuando ésta la llamó a declarar en la investigación interna abierta en el partido, de la que no ha querido hacer más comentarios pues considera que la cuestión corresponde a la dirección nacional.
Lo que sí ha dicho es que le parece "bien y razonable" que Cospedal esté llamando a algunos militantes del PP y a empleados de la Administración regional a declarar, pero ha añadido que no puede recomendarles u obligarles que lo hagan porque "no tengo autoridad directa sobre ellos" y porque se trata de una investigación del partido y no de la Comunidad.
González ha asegurado que colaborará para aclarar "en todos los extremos precisos" las imputaciones que se le han hecho en los últimos diez días y que lo mismo harán todos aquellos que hayan sido investigados para ayudar a esclarecer cualquier circunstancia relacionada con el ejercicio de sus cargos.
Entre ellos está el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que mañana comparecerá en la Asamblea de Madrid para aclarar su presunta implicación en la trama de espionaje madrileña y su gestión al frente del área donde, según el vicepresiente, "ha actuado con total transparencia". Por ello, González ha informado de que con "seguridad" la Consejería de Presidencia Justicia e Interior no va a ser reorganizada en estos momentos ni por este asunto.
También ha negado cualquier trato de favor por su parte en las contrataciones de la Comunidad y ha dicho que todas están sujetas a la legalidad, son revisadas "escrupulosamente" por las mesas de contratación y que "ningún miembro del Gobierno acepta ninguna presión o injerencia" en estas cuestiones.
(www.publico.es, 29/01/09)
EL PP BUSCA DAR CARPETAZO CUANTO ANTES AL CASO DE ESPIONAJE Y NO SEÑALARÁ CULPABLES
La factura política del escándalo de la trama de espionaje en el PP madrileño tiene novedades. La estrategia de la calle Génova pasa por dar carpetazo, lo antes posible, a la investigación interna. Fuentes de toda solvencia consultadas por la Cadena SER no dudan en decir que "sería un suicidio político" que Rajoy y su número dos, Dolores de Cospedal, señalasen públicamente responsabilidades políticas entre los dirigentes del partido en Madrid. Según fuentes populares señalar públicamente culpables perjudicaría a Esperanza Aguirre, pero también a Rajoy.
Algunos en el partido piensan que la investigación interna debería habersele encargado al comité de derechos y garantías y no a Dolores de Cospedal. Pero en lo que todos están de acuerdo es que se debe cerrar cuanto antes este debate.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha hablado esta mañana con los periodistas, aunque ha declinado hacerlo de la bronca interna en su partido. Gallardón y Esperanza Aguirre han tenido que coincidir en público en la Feria Internacional de Turismo y han felicitado a los periodistas por su masiva asistencia para cubrir el evento. El alcalde de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "no es tiempo de políticos, sino de jueces".
Por su parte, el número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, ha hablado en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno de la Comunidad que hoy sí ha estado encabezado por la presidenta autonómica Esperanza Aguirre.
Insiste Ignacio González en que en una democracia nadie está obligado a probar que es inocente, porque se presupone. Aún así, asegura el vicepresidente que, como víctima que es, es de los más interesados en que esto se aclare cuanto antes, de tal manera que si finalmente la Asamblea de Madrid decide crear una Comisión de Investigación él se compromete a colaborar. Sobre la cuestión de fondo, el asunto de los dosieres, admite González que está preocupado, pero no por lo que digan esos informes, sino por la intromisión ilegítima al que le han sometido a él y a su familia.
Además, González repite que ya le gustaría saber quién está detrás de todo esto y, en cuanto a la falta de apoyo de la dirección nacional de su partido, opina que el apoyo que le interesa de verdad es el de la Justicia, sin entrar en detalles acerca de si alguien desde la sede de Génova pudiera haber contribuido a difundir los dosieres. De momento, sale al paso de las supuestas irregularidades cometidas diciendo que todos los contratos del Gobierno de Aguirre cumplen estrictamente la legalidad.
(www.cadenaser.com, 29/01/09)
AGUIRRE REPLICA A FRAGA QUE EN SUS TIEMPOS SÍ SE ESPIABA
La lideresa del PP, Esperanza Aguirre, ha querido refrescar la memoria al presidente fundador de su partido, Manuel Fraga, quien ayer aseguró que en sus tiempos "no pasaban estas cosas" —en referencia a la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid— y, al que intentaba espiar, "les cascaba". "En el PP sólo se ha abierto una comisión de investigación y fue en sus tiempos", ha replicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, en referencia al Caso Naseiro.
En febrero de 1990, poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del PP, un juez instructor de Valencia dictó auto de procesamiento contra varios miembros del partido tras haberse realizado escuchas telefónicas al concejal conservador de Valencia, Salvador Palop.
Aguirre y Fraga ya tuvieron un desencuentro público cuando el presidente fundador la mandó callar en pleno enfrentamiento de la lideresa con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón: "Está más guapa callada", afirmó entonces.
Aguirre ha constatado que la supuesta trama de espionaje en esta comunidad "favorece al PSOE" y le perjudica a ella "en lo político y al PP en su conjunto", ya que "nuestro electorado está absolutamente desconcertado". La lideresa del PP, al igual que hizo recientemente el consejero de Presidencia, Francisco Granados, ha echado en falta un apoyo más contundente de la cúpula del PP en este asunto.
Ha afirmado sin embargo que la investigación que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha abierto para recabar información y que ha encargado a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha servido para "dar pábulo a que los periódicos digan que ya no confían" en ella, por lo que considera que ambos "tendrán que desmentirlo".
La presidenta ha insistido en la "falta de pruebas" para imputar cargos a los miembros de su Gobierno y ha vuelto a poner la mano por la inocencia de sus consejeros. También ha vuelto a pedir a la Justicia "transparencia" y que investigue "qué, por qué, a cuenta de quién y con qué intereses" se ha investigado a políticos y altos cargos madrileños.
Personalmente ha asegurado que no tiene "ni idea de quien está detrás" de estos seguimientos, pero sospecha que su intención es "sugerir que hemos utilizado nuestros cargos políticos para enriquecernos", lo que ha negado amparándose en las declaraciones de bienes que tanto ella, como su equipo, presentan al inicio y al final de su mandato.
La presidenta regional ha opinado que su partido tendría que estar "muy por delante" del PSOE en las encuestas de intención de voto y por ello opina que la alternativa del PP "no consigue calar suficientemente en los ciudadanos".
Aguirre ha afirmado que la crisis económica está teniendo efectos más graves en España que en el resto de Europa, especialmente en la destrucción de empleo y, por eso, ha dicho que "tal y como están las cosas" el PP tendría que estar mejor. Para ello, la presidenta cree que el PP necesita aumentar los apoyos en España y que sus miembros tienen que "hacer autocrítica, ser humildes y hacerlo mejor".
Daño al PP
La presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, ha reconocido que la supuesta trama de espionaje que implica al PP de Madrid "afecta a toda la clase política, desprestigia a los políticos y hace especialmente daño al PP".
En declaraciones a Rac1, Sánchez-Camacho ha coincidido con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que afirmó ayer que con el supuesto espionaje "el mayor daño político se le hace al PP".
La presidenta del PPC ha señalado que espera que el PP salga de esta situación con "transparencia" y ha destacado que "lo más importante" es que el partido aclare todo lo sucedido y que se averigüe las responsabilidades y consecuencias que se puedan derivar de la investigación.
Asimismo Sánchez-Camacho ha deseado que esta situación "pase lo más pronto posible" y ha posicionado al PP como un partido "serio" y capaz de ser la alternativa al gobierno para combatir la crisis.
Por otra parte, la presidenta del PPC ha criticado al presidente de la Generalitat, José Montilla, por ser el "responsable" de la gestión del temporal que azotó el pasado 24 de enero a Catalunya y por "escudarse" en el conseller del Interior, Joan Saura.
(www.publico.es, 29/01/09)
LOS CONTRATOS SOSPECHOSOS DE GONZÁLEZ
El patrimonio y las adjudicaciones realizadas por Ignacio González, el todopoderoso número dos de Esperanza Aguirre, preocupan al menos desde 2006 en la cúpula del PP. Así lo han confesado tanto en la dirección del partido como la propia presidenta madrileña, aunque esta última sostiene que en su día se comprobó que "todo era falso y calumnioso". Pero, ¿cuáles son esas adjudicaciones?
Los datos que constan en los dos dossiers elaborados sobre las actividades de González, junto a otras informaciones que manejó el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, permiten concluir que hay al menos cinco concesiones públicas que levantaron sospechas entre los propios compañeros del vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
1. Concesiones a Enrique Sánchez
Ignacio González y su esposa viajaron en marzo de 2008 a Johannesburgo (Suráfrica) en compañía del empresario Enrique Sánchez y del ex secretario de Estado de Comunicación Pedro Antonio Martín Marín. Los autores de uno de los informes sobre González aseguran que los billetes de avión en primera clase, cuyo importe ascendió a 8.356 euros, fueron abonados por el empresario como supuesto pago por contratos públicos recibidos. El vicepresidente aseguró que los billetes los había abonado él "en metálico", porque le "venía bien", y añadió que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez.
El pasado 22 de enero, Público desveló que el Canal de Isabel II -que preside González- le había adjudicado en 2005 un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una compañía de seguridad cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. El Canal tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas anuales de vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le concedieron 953.000 horas, a un precio cercano a 20 euros.
La Comunidad argumenta que el considerable incremento en el número de horas contratadas se prudujo por las lagunas de seguridad detectadas tras los atentados islamistas del 11-M, mientras que el importe de las mismas "está regulado por el convenio del sector".
Pero el contrato con Segurisa no es el único. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este diario, el Canal de Isabel II firmó un segundo contrato con otra empresa de Enrique Sánchez. Se trata de Saneamiento y Mantenimiento Integral (Saminsa), que el 12 de enero de 2005 se quedó con la limpieza de edificios del Canal, por dos años y un importe de 2,6 millones (sin incluir el IVA).
2. Obras en carreteras autonómicas
Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del PP hasta el año pasado, tuvo una tensa conversación con Ignacio González relacionada con la adjudicación de obras en carreteras controladas por la Comunidad. Lapuerta entendía que el proceso no estaba siendo limpio, circunstancia que negó el vicepresidente.
Las carreteras autonómicas dependen de la Consejería de Transportes. Este departamento es, precisamente, el que otorgó otro contrato multimillonario a Segurisa, la empresa del empresario con el que González viajó a Suráfrica. Se trata de una adjudicación para vigilar el Metro de Madrid, por importe de 25,9 millones de euros, aprobada en julio de 2006.
3. El campo de golf de Chamberí
El Canal de Isabel II otorgó, el 27 de diciembre de 2006, la gestión y explotación de un campo de golf y varias pistas de pádel, construidas sobre los antiguos depósitos de agua en el céntrico barrio madrileño de Chamberí, a un consorcio formado por las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. La primera de dichas sociedades fue constituida por José Antonio Clemente, que resultó ser socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad llamada Tamanaco 07 Consulting, cuyo objeto social es precisamente "la promoción, instalación y explotación de instalaciones deportivas".
Tecnoconcret era una empresa que no tenía experiencia previa en el sector y cuya actividad era mínima cuando recibió la adjudicación del campo de golf. El importe de la concesión prácticamente dobló el previsto en el pliego de condiciones. González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal ni avisó al resto de consejeros sobre cuál era su relación con el propietario de Tecnoconcret.
Los datos de esta adjudicación fueron publicados por la revista Tiempo en abril de 2007. González se defendió entonces argumentando que la empresa adjudicataria "no era de un familiar suyo". Era del socio de su hermano.
4. La plaza de toros de Las Ventas
En el dossier de 69 páginas elaborado sobre el patrimonio y las actividades profesionales de González, se dedica una especial atención a la concesión para explotar la plaza de toros de Las Ventas. La facturación en esta plaza supera los 20 millones de euros al año y aproximadamente la mitad quedan de beneficios. El coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 un polémico concurso le dejó sin la concesión, que pasó a manos de la empresa Taurodelta. Según se indica en el informe, "Simón Casas manifiesta públicamente que sabe (aunque no puede probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión".
Taurodelta y otros dos empresarios crearon en 2005 la sociedad Taurovent, que pasó a explotar Las Ventas. Uno de esos empresarios era Fidel San Román, detenido en la Operación Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en Marbella liderada por Juan Antonio Roca. En el dossier se recuerda que San Román admitió "haber pagado en distintas ocasiones a Roca".
5. Las televisiones digitales de Madrid
La Comunidad de Madrid adjudicó en agosto de 2005 las televisiones digitales locales, en un proceso controlado en todo momento por el vicepresidente. En la demarcación de Madrid capital, recibieron la concesión siete empresas, controladas por Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda Cero, Kiss FM y el productor Enrique Cerezo.
Estos siete medios de comunicación crearon, en diciembre de 2005, la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto social es la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada uno de ellos suscribió el 10% del capital y el 30% restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain.
Esta empresa se había constituido justo un mes antes y su administrador único es Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II y el más estrecho colaborador de González.
Pero el negocio no terminó ahí. Teledifusión Madrid contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Y resulta que Secuenzia Pixels había sido fundada en 2003 por el propio Ildefonso de Miguel, quien, cuando pasó a trabajar en la Comunidad, dejó a la compañía en manos de su cuñado Fernando Ruano.
(www.publico.es, 29/01/09)
MARTÍN MARÍN, EL TERCER PASAJERO
"No comento mis viajes privados con mis amigos, no tengo nada que comentar". Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Comunicación de José María Aznar entre otros muchos cargos, acompañó a Ignacio González y al empresario Enrique Sánchez en el polémico vuelo a Suráfrica de marzo de 2008, tal y como avanzó este diario en su edición del domingo. Martín Marín, preguntado telefónicamente por Público, no ha querido explicar quién y de qué modo pagó estos billetes en clase business: "Ya no soy un personaje público, no tengo por qué responder". "Lo único que quiero es que se sepa cuanto antes quién ha confeccionado esos dossieres y quién los ha pagado", dijo ayer Martín Marín, que no estudia presentar una demanda en relación a esos informes, donde su nombre aparece como uno de los hombres de confianza de Ignacio González. "De momento, no me han acusado de nada". Tampoco ha querido valorar la información que publicó ayer el diario El Mundo, que afirma que un anónimo llegado a Esperanza Aguirre lo relacionaba con Segurisa, la empresa de su amigo y compañero de viaje a Suráfrica, Enrique Sánchez. "Sin comentarios".
"No cobro ni un duro de la Comunidad de Madrid", afirma. Sin embargo, Martín Marín mantiene vínculos políticos, y no sólo de amistad, con el Gobierno de Madrid. Es vicepresidente del Consejo Taurino, un organo consultivo de la Comunidad de Madrid que participa de la gestión de la plaza de toros de Las Ventas. Es consejero de Avalmadrid, una entidad financiera participada, entre otras, por la Comunidad y Caja Madrid. Y también preside Madrid Deportes y Espectáculos S A, la empresa que gestiona el Palacio de los Deportes de Madrid. En esta sociedad participan, entre otros, el Grupo Recoletos hoy propiedad de Unidad Editorial, la empresa editora de El Mundo , Caja Madrid o el Grupo Trapsa propiedad del actual presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
Según fuentes del PP de Madrid, Pedro Antonio Martín Marín despacha "a diario" con Ignacio González,y una de sus hijas, Pilar Martin, trabaja en la Fundación Canal de Isabel II. Su yerno, Borja Sarasola, es viceconsejero de Ignacio González.
(www.publico.es, 29/01/09)
El dossier que Rajoy no investigó
Esperanza Aguirre sostiene que en Madrid no hay espías. Pero lo cierto es que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha tenido sobre su mesa un mínimo de dos informes sobre patrimonio, relaciones y adjudicaciones sospechosas realizadas por el número dos de Aguirre, el vicepresidente de la Comunidad Ignacio González.
De acuerdo con la versión oficial del PP, Rajoy ni siquiera leyó los dossiers y se los trasladó a la presidenta madrileña, quien no adoptó ninguna medida al entender que todo era legal.
Rajoy recibió varios informes, pero decidió no investigarlos
Público ha tenido acceso a dos de los informes. El principal es un dossier de 69 páginas, que recoge una detallada información sobre González. Expertos en temas de seguridad consultados por este diario indicaron que "para su elaboración se pudo tardar meses", ya que la investigación abarca desde el núcleo familiar hasta las principales relaciones profesionales y de amistad establecidas por el vicepresidente.
Aunque la copia del dossier que obra en poder de este diario no está fechada, un análisis de la múltiples referencias temporales que se realizan en el documento permite concluir que fue redactado a finales de 2006 o principios de 2007.
"Grupo de amigos"
La conclusión básica del informe es que el vicepresidente madrileño lidera "un grupo de amigos que crean un negocio particular y, además, obtiene beneficios extra de la Comunidad o el Canal de Isabel II".
En el documento manejado por la cúpula del PP se cifra el patrimonio de González y su esposa en 1,8 millones de euros. Además, se indica expresamente que tiene una "caja de caudales" y que en ocasiones "paga en negro". Igual que otras afirmaciones contenidas en el dossier están respaldadas documentalmente, no hay ninguna prueba que demuestre esos supuestos abonos irregulares.
8.000 euros en metálico
Las formas de pago de Ignacio González se convirtieron en noticia la semana pasada, cuando el propio vicepresidente madrileño aseguró que había pagado "en metálico" los 8.000 euros que costó un viaje a Suráfrica porque le "venía bien".
En el documento se cifra en 1,8 millones el patrimonio de González y su mujer
El viaje a Johannesburgo es, precisamente, la clave del segundo dossier. Se trata de un documento más modesto, que no llega a diez páginas, donde se relatan las relaciones de González con el empresario Enrique Sánchez González. Parte de este informe fue desvelado por El País, el pasado 20 de enero, y provocó una denuncia de la Comunidad de Madrid que ha llevado a la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, al entender que hay indicios de delito.
Los autores de este documento sostienen que el viaje a Suráfrica de González y su esposa fue abonado en realidad por el empresario, como supuesto pago por contratos públicos. El vicepresidente aseguró que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez. Público demostró la semana pasada que esa afirmación no era cierta, ya que el Canal de Isabel II que preside González otorgó un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una de las empresas de Enrique Sánchez.
Adjudicaciones bajo lupa
En el dossier de 69 páginas, se repasan una serie de adjudicaciones públicas presuntamente irregulares, realizadas por organismos controlados por el vicepresidente. En concreto, se habla de la concesión de un campo de golf en el centro de Madrid (en el barrio de Chamberí), del reparto de televisiones digitales en la comunidad autónoma, de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas y de la gestión del Palacio de Deportes.
En el documento también se destaca la amistad personal y las relaciones entre González y el ex secretario de Estado Pedro Antonio Martín Marín. Diversas informaciones aparecidas esta semana indican que Pedro Antonio Martín Marín fue otro de los pasajeros en la excursión a Suráfrica.
www.publico.es 28.01.09
Declaraciones de Mercado, el periodista de El País que ha destapado la trama de espionaje, a El Plural“En el PP, cuando hablan con nosotros, confirman la existencia de una red de espionaje y de dossieres”
- ¿Supongo que estará muy satisfecho por haber desvelado la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid?
Estoy satisfecho por el trabajo realizado y por la apuesta que mi periódico ha hecho por esta noticia. Pero en definitiva, este es mi trabajo, sacar noticias. Eso sí, esta información ha tenido más trascendencia por las personas a las que se alude.
- ¿La apuesta de El País por esta noticia seguirá en los próximos días? ¿Habrá nuevos capítulos en esta sucia trama?
Si, la apuesta seguirá en los próximos días. En la medida que elaboremos y contrastemos nuevos datos los explicaremos, porque en El País, esta trama nos interesa tanto como el primer día.
- Parece que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha basado su estrategia de defensa en desprestigiar las informaciones que ha publicado El País.
La Comunidad de Madrid nos ataca según qué días. Cuando publicamos cosas donde no hay autor conocido, aplauden nuestro trabajo. Pero cuando apuntamos que el autor conocido de esos seguimientos puede estar en la Consejería de Interior, ya no nos apoyan tanto y rebaten nuestras informaciones.
Es decir, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiere colaborar con esta investigación en todos los frentes. Solo quiere ayudar en los casos en los que no está claro quién es el autor de espionaje.
- ¿Y qué opina de las durísimas críticas a su labor periodística que ha realizado Juan José Güemes?
No sé si Güemes me ataca porque en el pasado he publicado informaciones basadas y contrastadas en elementos sumariales que no dejaban en buen lugar a su suegro, porque le han pedido que haga ese papel, o por iniciativa propia.
Lo que sí sé es que lo que dice, no es lo que debe hacer un buen político en un Estado democrático, donde cuando alguien siente que ha sido vejado, injuriado, u objeto de una información falsa, tiene muchos caminos para defenderse, como acudir a los Tribunales.
Sin embargo, Güemes pide que me despidan. Desde luego, no es un modo adecuado de tratar a la prensa.
- ¿Qué credibilidad da a las informaciones de El Mundo que apuntan que Gallardón tendría su propia “unidad parapolicial”?
No tengo la menor noticia de la existencia esa unidad parapolicial. No sé si Gallardón tiene una unidad parapolicial, como dicen en El Mundo. Francamente, ni me he leído esa información.
- ¿Quién es su garganta profunda?
En esta historia no hay una garganta profunda, hay una garganta bastante abierta, que es Marcos Peña, quien nos ha contado todo. Luego se ha desdicho, porque se ha asustado, pero al principio estaba muy orgulloso de dirigir una especie de servicio secreto al servicio de Francisco Granados.
- ¿Acabará saliendo a la luz el famoso dossier de Granados?
Yo creo que de hecho ese dossier ya ha salido a través de informaciones que se han ido publicando. Por ejemplo, el incendio del coche de Granados formaba parte del famoso dossier. Eso apuntan los datos que, curiosamente, me proporcionan personas del Gobierno de Aguirre que parecen haberlo leído.
- ¿Está acusando al PP de Madrid de doble rasero?
Sí. Hay un doble lenguaje en varios consejeros del Gobierno de Aguirre. Cuando hablan con nosotros, confirman la existencia de esta red de espionaje y la existencia de dossiers, pero le echan las culpas al consejero vecino. Acto seguido, salen en publico hermanadamente diciendo que todas estas informaciones son una patraña.
- El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez ha dicho esta tarde que el Gobierno Aguirre está prácticamente muerto. ¿Está de acuerdo?
Yo no sé cuán tocado está el Gobierno de Madrid. Sé que en las últimas dos semanas sólo se ha hablado de esto. Encima, cuando sus amigos mediáticos salen a la palestra para ayudarles, casi les hunden más, porque vienen a confirmar las informaciones que hemos sacado previamente en El País. Sus amigos mediáticos son personas que primero, han denigrado nuestra información; pero después, han acabado dándonos la razón, como en el caso de Alvaro Lapuerta.www.elplural.com 28.01.09
Tomás Gómez: “Aguirre es una especie de mezcla entre Hugo Chávez y Stalin”
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha comparado este miércoles a Esperanza Aguirre con una “especie entre Hugo Chávez y Stalin”.
En concreto, Gómez ha comparado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con Hugo Chávez por “el control que ejerce sobre un medio de comunicación público, Telemadrid, que está tratando el asunto más grave que ha ocurrido en Madrid en democracia de una forma vergonzante”.
Servicios secretos
"Y lo de Stalin, por la KGB (antigua agencia de servicios secretos de la URSS)”, ha agregado Gómez.
Dimisión de Granados
El líder de los socialistas madrileños, también ha vuelto a exigir la dimisión del el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, y que de una vez por todas, Aguirre aclare “todos los extremos de esta presunta trama de corrupción y vigilancia, que se está mezclando con otras tramas de corrupción de negocios en adjudicaciones".
“A punto de morir”
Por último, Gómez ha reiterado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está "roto, sin futuro y a punto de morir".www.elplural.com 28.01.09
LA CONSEJERÍA DE INTERIOR POSEE TRES APARATOS PARALELOS DE VIGILANCIA QUE RECELAN ENTRE SÍ
El departamento de Seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid tiene tres cabezas. Un director general, Enrique Barón (ex jefe superior de Policía de Madrid); un director del área de Seguridad, Sergio Gamón (ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre y ex director general de Seguridad), y un asesor de Seguridad, Marcos Peña (ex jefe de Seguridad de Iberdrola y fabricante de dossiers, uno de ellos para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con información falsa, según una sentencia judicial de enero pasado).
Pese a este organigrama, no hay ninguna dependencia jerárquica entre Barón, Gamón y Peña. Los dos últimos no responden ante el que debería ser su jefe natural, Enrique Barón. Esta insólita estructura en un departamento cuestionado por prácticas de espionaje a políticos (existen partes de seguimiento entre marzo y mayo de 2008 al vicealcalde, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, en los cuales los agentes señalan su dependencia de la Dirección General de Seguridad) obedece a la desconfianza instalada entre los distintos consejeros del Gobierno regional.
El más antiguo de los tres jefes de la seguridad autonómica es Sergio Gamón, fichado el 12 de mayo de 2006 como director general. Gamón era un viejo conocido de Esperanza Aguirre, con quien había trabajado en su etapa de ministra y presidenta del Senado. Cuando llegó a la Consejería de Interior, su titular, Alfredo Prada, tenía su propio hombre de confianza, Juan Carlos Fernández, que descendió un escalón en la consejería y se puso a las órdenes de Gamón.
Con el paso del tiempo, la desconfianza se instaló entre ambos, hasta el punto de que un día después de que Aguirre destituyera de su puesto de consejero a Alfredo Prada (26 de junio de 2008), Gamón acudió con sus hombres al despacho de Fernández y, según ha denunciado éste a la Fiscalía, le requisaron documentos y se llevaron su ordenador personal.
Durante todo el mandato de Gamón (mayo de 2006 a julio de 2008), según indican los colaboradores de Prada (consejero de Interior hasta junio del año 2007) y de Granados (consejero de Interior desde entonces hasta hoy), el director general no despachaba ni daba cuenta de sus actividades ante ellos, sino ante el vicepresidente regional, Ignacio González o ante el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, hombre de González.
Cuando Granados llegó a la consejería intentó montar su propio equipo, aunque no pudo echar a Gamón. Primero fichó a tres guardias civiles de Valdemoro como asesores de seguridad (septiembre de 2007) y nueve meses después contrató al ex policía Marcos Peña como jefe de estos tres.
Granados destituyó el 17 de julio de 2008 a Gamón cuando se hizo público el episodio del robo de documentos y de un ordenador en un despacho de la Consejería de Justicia. Había perdido la confianza en el principal jefe de Seguridad, pero no pudo deshacerse de él. Ese mismo día, cambió la estructura de su consejería para crear una dirección de Área de Seguridad.Una semana después nombró a Enrique Barón como sustituto de Gamón y, el mismo día de ese nombramiento creó otro cargo para poner a Gamón al frente de la dirección del área de Seguridad recién creada. Barón asegura que ni Gamón ni Peña dependen de él.
De los tres jefes, sólo uno de ellos, Sergio Gamón, estaba en la Consejería de Interior durante los meses en que, según ha quedado acreditado por distintos documentos, se hicieron seguimientos a políticos y, al menos, a un directivo de la Comunidad de Madrid al que se le acabaron requisando documentos y un ordenador personal cuando estaba ausente de su despacho.
La veracidad de los partes de seguimientos a políticos ha quedado acreditada por los datos secretos y exactos que contienen respecto a la actividad pública y privada a cualquier hora del día de las al menos dos víctimas del espionaje: Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, y Alfredo Prada, ex consejero de Justicia. También ha quedado probada por las anotaciones manuscritas que aparecen en los partes de seguimiento de matrículas de vehículos sin relación con la causa del espionaje político, que pasaban por determinados lugares y eran identificados por los espías. En los partes, los ex policías también hacían referencia al departamento de Interior de la Comunidad mediante distintas fórmulas refiriéndose a sus jefes inmediatos: Sergio Gamón, director General, y Miguel Castaño, su mano derecha y subdirector del departamento.
(www.elpais.com, 28/01/09)
LOS ESPÍAS AUTONÓMICOS INVESTIGARON UN COCHE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid -en sus partes reflejan su dependencia orgánica de la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior- siguieron los pasos de Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y enfrentado a la presidenta Esperanza Aguirre, en la batalla por el poder dentro del PP. En una de las salidas privadas de Prada a cenar con su mujer en la calle Comandante Zorita de Madrid, los espías investigaron todo lo que se movía alrededor del restaurante donde había entrado el consejero y apuntaron la matrícula de un coche que les resultó sospechoso o interesante para sus pesquisas.
Tras las oportunas averiguaciones -ilegales tratándose de trabajadores de la Comunidad que no tienen competencia para esa tarea- los espías apuntaron a mano quién era el propietario del vehículo: "Secretaría Estado". No se equivocaron, aunque el trabajo para averiguar de quién era el vehículo tuvo que resultar especialmente complejo: la matrícula, reservada y confidencial, correspondía a un vehículo policial de contravigilancia antiterrorista asignado a la Secretaría de Estado de Seguridad.
Los espías dejaron un rastro de sus pesquisas al consultar a sus colaboradores externos para conocer, en bases de datos de la Seguridad del Estado, a quién correspondían determinados vehículos que los agentes de la Consejería de Interior querían identificar.
Los partes han dejado constancia de numerosas anotaciones que la investigación de los espías para identificar a determinadas personas no llegó a resolver. Las anotaciones prueban que los agentes al servicio de la Comunidad de Madrid no se limitaban a constatar datos del dirigente político al que espiaban, sino que hacían un seguimiento continuado, noche y día, del personaje objeto de su interés y radiografiaban el espectro de personas que podría tener relación con él. Una tarea que tenía un horario flexible sólo propio de asesores, según fuentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.
(www.elpais.com, 28/01/09)
LA MALA IMAGEN POR EL ESCÁNDALO SUME AL PP EN EL DESCONCIERTO
Por fuera todos aparentan normalidad, como si la crisis de los espías no fuera con ellos. Pero por dentro, en el PP, tanto madrileño como nacional, comienza a extenderse el desconcierto. En privado, en las múltiples conversaciones mantenidas estos días, la idea más repetida se resume así: "Este asunto no puede acabar bien, porque, pase lo que pase, la marca PP se ha visto muy afectada y no será fácil rehacerse".
El PP tuvo un respiro el domingo, cuando Mariano Rajoy triunfó con un discurso novedoso que buscaba la emoción, al estilo de la política estadounidense. Pero ayer volvieron las hostilidades. En Génova, la sede popular, se tomó como una agresión aguirrista la información de El Mundo en la que se explica que en la sede nacional del partido circulaban dossiers sobre Ignacio González y Francisco Granados, y que Rajoy llamó a Aguirre para contárselo. La propia presidenta confirmó ayer esa llamada, aunque dijo que se produjo en 2006 y no en 2008 (en pleno proceso precongresual) como señalaba el diario. Fuentes de la dirección de Rajoy confirman que fue en 2006, por lo que el líder conocía del juego sucio dentro del partido hace casi tres años, aunque no llegó a ver ningún dossier.
El comentario general en los pasillos de Génova era ayer, según varios dirigentes, la indignación por el hecho de que Aguirre y su entorno, a quien atribuyen el origen de la información, hayan utilizado la transparencia de Rajoy -puso en conocimiento de la presidenta la información que circulaba sobre su gente- para mezclarlo en la crisis del espionaje.
El PP ha acusado los ataques y la sensación que se transmitía ayer desde el cuartel general era de desánimo porque en cualquier caso, acabe como acabe la crisis, la marca PP se habrá resentido precisamente cuando queda poco más de un mes para unas elecciones clave. De hecho, los estrategas electorales de Galicia y el País Vasco, los que de verdad se la juegan el 1 de marzo, están cada día más nerviosos porque la crisis no amaina, empeora.
Mientras, Aguirre utilizó la noticia para defenderse: "Me siento una víctima. Políticamente van a por mí. Yo soy la principal interesada en que esto se aclare", aseguró. Sin embargo, su Gobierno no ha abierto una investigación interna y ni siquiera tiene claro si apoyará la petición de comisión de investigación que ayer registraron PSOE e IU.
Los dos grupos enfrentados del PP, aguirristas y marianistas, parecen ya irreconciliables, y el enfrentamiento empeora cada día. Los aguirristas están, a su vez, muy molestos con la investigación interna -información interna, corrigió Federico Trillo tras hacer un llamamiento a la "fortaleza interna en estos momentos tan difíciles"- que dirige Dolores de Cospedal, la secretaria general. David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, despreció ayer esta iniciativa. En su opinión, "no ha lugar" y "carece de base".
Los aguirristas también están muy molestos por el hecho de que Rajoy confirmara la información de EL PAÍS según la cual el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, un hombre muy respetado en el partido, informó al líder en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado por personas vinculadas al Gobierno de Aguirre. Otros dirigentes están preocupados por el hecho de que haya entrado en liza Lapuerta, que fue tesorero durante la etapa de Aznar y por tanto conoce todos los secretos de la financiación del partido. Eso, y la guerra sin cuartel entre Génova y la Puerta del Sol (sede de la Comunidad), hace temer a muchos dirigentes que las consecuencias para el partido son imprevisibles.
(www.elpais.com, 28/01/09)
AGUIRRE: "GALLARDÓN TENDRÁ QUE ACLARAR SI TIENE UNA UNIDAD PARAPOLICIAL"
Entrevistada esta mañana por Federico Jiménez Losantos en la cadena Cope, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, "tendrá que aclarar", probablemente a instancias de la Asamblea, si el Ayuntamiento tiene una unidad parapolicial, como se ha publicado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido esta mañana que en 2008, su número dos en el Gobierno de la región, Ignacio González, mantuvo una conversación con el líder del PP, Mariano Rajoy, en la que "se quejó de que se diera pábulo a dossiers sobre él". Aguirre, en entrevista en la cadena Cope, ha reiterado, como ya hiciera ayer, que dos años antes, ya habló con Rajoy sobre los documentos que circulaban en la sede nacional y que hacían mención a González y el consejero de Presidencia, Francisco Granados.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha insistido en que su charla con el presidente del partido fue en 2006 y que el pasado año sólo asistió a la sede nacional de la calle Génova (Madrid) cuando fue informada junto al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón de que no iría en las listas electorales, y en otra ocasión a finales de año.
Aguirre ha manifestado, no obstante, que "los informes de [Álvaro] Lapuerta", el que fuera tesorero del PP en la época de José María Aznar, no eran "comprometedores". La presidenta madrileña ha explicado que en 2006, tanto González como Granados fueron a hablar con Lapuerta sobre los dossiers en su contra y se resolvió el asunto. Aguirre ha puntualizado también que entonces no se acudió a la fiscalía de Madrid, como sí se ha hecho ahora para denunciar la trama de espionaje contra su mano derecha, porque "no había indicios de nada incorrecto". Un juez ha visto ahora y tras poner en sus manos González la trama destapada por EL PAÍS indicios de delito por el posible uso de información reservada.
A preguntas de los oyentes, Aguirre ha vuelto a rechazar "frontalmente" que exista una trama de espionaje en la comunidad que preside y ha afirma con contundencia que el escándalo "favorece" al PSOE y al Gobierno. "Ya lo dijo Zapatero -ha añadido-: 'Vamos a ganar en Madrid como sea". La jefa del Ejecutivo madrileño ha reconocido también que "al PP le debiblita" la crisis abierta por el espionaje político en Madrid con dos citas electorales a la vista en Galicia y País Vasco.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por su parte ha asegurado hoy que es un disparate afirmar que la dirección del partido vaya a por Aguirre y ha subrayado que el mayor daño político de la supuesta trama de espionaje se le está haciendo al PP. En declaraciones a Telemadrid recogidas, De Cospedal ha respondido así al ser preguntada por si, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmara ayer que se sentía "una víctima" de las informaciones sobre una supuesta trama de espionaje, se puede pensar que "Génova va a por Esperanza Aguirre". "De ninguna manera, eso es un disparate", ha sentenciado la número dos del PP.
De Cospedal -a la que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha ordenado una investigación interna sobre el supuesto espionaje- ha asegurado a continuación que "el mayor daño político", aparte del que se pueda hacer a las personas, "se le hace al Partido Popular". La secretaria general del PP ha eludido explicar cómo está desarrollando la investigación interna que le ha encargado Rajoy, pero ha recalcado
que tiene "la obligación" de defender "el buen nombre" de su partido. "Tenemos la obligación de defender la trayectoria intachable del PP. Haré todo lo que esté en mi mano para que sea así", ha señalado.
(www.elpais.com, 28/01/09)
LA DIRECCIÓN DE UGT SE DESDICE DE SUS PROPIAS DENUNCIAS SOBRE ACTOS QUE "RAYAN LA ILEGALIDAD"
La Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid pidió ayer disculpas a la Consejería de Interior, desautorizó a los trabajadores a los que representa y aseguró que ni "acusa ni acusará" a este departamento de realizar misiones ilegales.
EL PAÍS informó ayer que el sector de administración pública de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT remitió el 22 de enero un escrito a la dirección general de Función Pública de la Comunidad de Madrid (que se muestra en el documento adjunto) donde denunciaba que empleados públicos, personal fijo y funcionarios de carrera, habían sufrido "hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años por no prestarse a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender, con buen criterio, que eran una extralimitación de sus funciones y podrían rayar en la ilegalidad".
Las únicas tareas destapadas por los medios estos días, a las que aludían los autores de la nota en los dos párrafos con los que arrancaba el escrito, se referían al seguimiento de políticos del PP por parte de agentes de la Consejería de Interior. Un día después de esa nota, el 23 de enero, la misma Comisión Ejecutiva Regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT elaboró otro escrito donde acusaba a ex agentes de Policía y Guardia Civil y personal de confianza de la Consejería de Interior de hacer trabajos desconocidos. Y aseguraba que el colectivo de trabajadores se sentía "perjudicado por la deriva en la gestión de la seguridad generada por el grupo de cargos de confianza y asesores del Gobierno regional". E incluso llegaba a citar a los responsables de esta situación: "Especialmente desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector de Seguridad, respectivamente, hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general".
Los sindicalistas de UGT, que ayer pidieron disculpas "si los responsables de la consejería de interior se han podido sentir aludidos por la información aparecida", llegan a censurar abiertamente que Gamón y Castaño sigan "sorprendentemente" en nómina de la Comunidad de Madrid. "En el caso de Gamón, se le creó la dirección de área de Seguridad, dependiente del consejero de Presidencia, Justicia e Interior [Francisco Granados], y en el de Miguel Castaño, se ha creado un puesto como asesor de Seguridad, al servicio del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno [Ignacio González]. UGT asegura que trasladó "su inquietud" a Enrique Barón por lo que ocurría y exige en el escrito se haga una profunda investigación a todo el personal que trabaja en la consejería.
(www.elpais.com, 28/01/09)
El gerente del Canal de Isabel II denunciará los seguimientos desvelados por la SER
El gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, ha anunciado que denunciará ante la justicia los seguimientos a los que supuestamente ha sido sometido y que figuran en el dossier que adelantó la Cadena SER. Unos documentos que le atribuyen importantes propiedades, valoradas en más de cinco millones de euros y relaciones familiares con empresas que a su vez se llevan dinero de la Comunidad de Madrid. El dossier ha sido elaborado por un autodenominado 'centro de investigación' y recoge todo tipo de propiedades del gerente de la primera empresa pública de Madrid además de sus vínculos con otras empresas. La Cadena SER ha podido comprobar que las casas de lujo, los viñedos y las relaciones con otras empresas que se le atribuyen son ciertas. El informe de la trama de espionaje cifra en al más de cinco millones de euros el valor de su patrimonio
La empresa familiar de Ildefonso de Miguel, número dos del vicepresidente de Madrid en el Canal de Isabel II, ha sido objeto de investigación en el dossier. Se trata de Secuenzia Pixels, de la que el gerente de la empresa pública Canal de Isabel II fue consejero. El actual administrador único es su cuñado, Fernando Ruano Puente. Según los documentos mercantiles consultados, sólo en el año 2007, Secuencia Pixels ha recibido al menos 1.743.000 en contratos públicos de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Y además de adjudicaciones públicas recibe subvenciones. En 2008 la empresa vinculada a Ildefonso de Miguel ha recibido hasta cinco ayudas, cuatro de ellas en la Comunidad de Madrid.
El dossier sobre Ildefonso de Miguel también recoge los detalles de su patrimonio, en total, dos pisos a su nombre y un chalet de 634 metros cuadrados en una de las zonas más caras del oeste de Madrid. Según los documentos mercantiles a los que ha tenido acceso la Cadena Ser, estas propiedades, efectivamente, están su nombre. En concreto, los dos pisos y el citado chalet. También con él y con su mujer como titulares figuran además hasta siete fincas de viñedos en una de las zonas más elitistas de la Ribera del Duero. Parte de estas propiedades están escrituradas antes de llegar al cargo y parte después.
El dossier que ha dado a conocer la Cadena SER tiene 32 páginas. En la última, los autores dicen pertenecer a lo que llaman "centro de investigación" y ponen cifras a la fortuna de la mano derecha de Ignacio González. Estiman el valor de sus propiedades, las casas y el negocio relacionado con las bodegas en la Ribera del Duero, en más de cinco millones de euros. Las hipotecas pendientes apenas pasan del millón.
www.cadenaser.com 28.01.08
El hombre de Ignacio González en el Canal de Isabel II también ha sido espiado
Un autodenominado "centro de investigación" ha seguido el rastro de sus propiedades y las de su familia por toda España
El documento consta de 32 páginas, que se centran tanto en la fortuna del hombre de confianza de Ignacio González como en detalles de su vida privada: entre ellos, los domicilios que los investigadores creen que ha ocupado, e incluso las propiedades de su esposa, Concepción Ruano, con la que aparece casado en régimen de gananciales.
De hecho, el dossier incluye una ficha completa de Concepción Ruano, de quien subrayan su puesto como consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid desde 2006.
Como ejemplo de algunas de las investigaciones realizadas por este grupo de espías. En el dosier se lee textualmente: "Acudimos a una zona residencial, conocida como Vía de las dos Castillas, accedemos al portal de la vivienda y nos entrevistamos con conserjes de fincas cercanas que nos dicen que hablemos con el conserje más antiguo de la zona, quien nos confirma que el señor De Miguel vivió allí y nos indica su nueva dirección en otra urbanización".
Los autores del informe se identifican a sí mismos como "centro de investigación". Comienza con un recorrido por los que creen que pueden ser sus actuales domicilios, preguntan a vecinos y porteros, y en todos los casos piden después la información al registro de la propiedad para tratar de confirmar que es el titular de las casas. En total encuentran a su nombre dos pisos y un chalet de 634 metros cuadrados en la zona oeste de Madrid.
Fincas en la Ribera del Duero
El recorrido de los espías sigue no muy lejos de la capital, en una zona de viñedos del sur de Burgos, en la denominación de origen Ribera del Duero. Allí atribuyen al gerente del Canal y a su esposa la propiedad de casi 25 hectáreas de viñedo. La compra, siempre según este informe, se habría formalizado en el año 2004. Después de su nombramiento como máximo responsable del Canal, por detrás tan sólo de su mentor, el vicepresidente de la comunidad Ignacio González. En este caso, tampoco ahorran trabajo las personas que investigan a Ignacio González: localizan las fincas, se desplazan hasta ellas, transitan por caminos rurales y preguntan a la gente de la zona por sus propietarios.
Y en este caso, como en los anteriores, hacen sus propias valoraciones sobre el precio en el mercado de estas propiedades.
El dossier incluye toda una serie de fotografías de las casas de lujo y de las fincas cuya propiedad atribuyen al hombre de confianza de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Las imágenes recogen desde imágenes de las lujosas fincas hasta detalles de los buzones
www.cadenaser.com 28.01.08
EL ESPIONAJE ALCANZA AL 'NÚMERO DOS' DE GONZÁLEZ EN EL CANAL DE ISABEL II
Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II, también ha sido objeto de espionaje como otros muchos altos cargos del PP. La cadena SER adelantó ayer el contenido de un dossier sobre el patrimonio privado de De Miguel, hombre de confianza del vicepresidente regional, Ignacio González, en la compañía pública que ahora quiere privatizar el Gobierno regional.
El propio González también ha sufrido en los últimos tiempos ataques a su honradez a través de informes patrimoniales, y sobre viajes públicos y privados al extranjero que ahora investiga la fiscalía y un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid.
El documento que prueba el espionaje al gerente del Canal de Isabel II consta, según informó ayer la cadena SER, de 32 páginas que se centran tanto en la supuesta fortuna del hombre de confianza de González como en detalles de su vida privada: entre ellos los domicilios que los presuntos espías creen que ha ocupado e incluso las propiedades que están a nombre de su esposa.
Los autores del informe se identifican a sí mismos como miembros de un "centro de investigación". El dossier arranca en sus primeras páginas con un detallado recorrido por los supuestos actuales domicilios del gerente del Canal de Isabel II. Para probar sus informaciones, los redactores del informe acuden al Registro de la Propiedad aportando documentación para acreditar que De Miguel es el titular de las casas.
El dossier atribuye al hombre de confianza del vicepresidente del Gobierno la propiedad de dos pisos y un chalé de grandes dimensiones en la zona oeste de Madrid. De todas las propiedades aparecen numerosas fotografías y direcciones en el dossier.
Los supuestos espías también han buscado propiedades de Ildefonso de Miguel fuera de Madrid y citan una zona de viñedos del sur de Burgos, en la denominación de origen Ribera del Duero, donde supuestamente el gerente del Canal de Isabel II y su esposa poseen casi 25 hectáreas de viñedo.
La compra de los terrenos, según el informe, se habría realizado en 2004. Los espías también habrían averiguado que una empresa de De Miguel contrata directamente con la Comunidad de Madrid, Administración en la que trabaja como gerente del Canal de Isabel II. La empresa de De Miguel, Secuencia Pixels, logró presuntamente un contrato de casi dos millones de euros con la Consejería de Justicia en 2007. Al frente de esta empresa aparece un hermano de su mujer.
Como ejemplo del espionaje, los autores del dossier escriben: "Acudimos a una zona residencial, conocida como Vía de las dos Castillas, accedemos al portal de la vivienda y nos entrevistamos con conserjes de fincas cercanas que nos dicen que hablemos con Eduardo, el conserje más antiguo de la zona, quien nos confirma que el señor De Miguel vivió allí".
(www.elpais.com, 28/01/09)
EL EX TESORERO DEL PP CUESTIONÓ ADJUDICACIONES "SOSPECHOSAS" DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Álvaro Lapuerta, tesorero nacional del PP hasta junio pasado, avisó a Mariano Rajoy en mayo, en plena batalla interna por el poder ante el congreso que el partido iba a celebrar en junio, de que se sentía espiado por un aparato parapolicial a las órdenes, según sus sospechas, de algún alto cargo de la Comunidad de Madrid.
Lapuerta explicó a su entorno que los seguimientos estaban directamente relacionados con su posición muy crítica sobre algunas adjudicaciones de obras o contratos realizadas desde departamentos de la Comunidad de Madrid vinculados al vicepresidente Ignacio González y otros altos cargos.
Por aquellas fechas, González había contactado con el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, que le redactó un borrador para crear un CNI legal en la Comunidad de Madrid y defenderse así de los dossiers que alguien preparaba contra altos cargos regionales. Entre las obras sobre las que Lapuerta puso su sospecha están algunas carreteras nuevas dependientes de la Comunidad y que suponen contratos multimillonarios.
La presidenta Esperanza Aguirre aseguró ayer que en 2006, dos años antes del espionaje denunciado por Álvaro Lapuerta, conoció que el tesorero nacional del PP manejaba dossiers contra Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y contra el vicepresidente González. Aguirre asegura que cuando surgieron aquellas noticias, las sospechas sobre González y Granados se deshicieron al demostrarse que todo era "falso y calumnioso".
Los servicios de seguridad de la Consejería de Interior, con el entonces director general Sergio Gamón al frente, irrumpieron el 26 de junio en un despacho oficial de la Consejería de Justicia en busca de documentos comprometedores contra altos cargos regionales. Prada ha negado tajantemente que ninguno de sus subordinados hubiese realiazado dossier alguno.
Pero lo cierto es que Gamón requisó el ordenador porque temía su contenido, porque creía que afectaban a algun alto cargo o por razones personales. Prada fue destituido un día antes de registrarse el asalto a ese despacho, que era el de su director de seguridad, Juan Carlos Fernández.
(www.elpais.com, 28/01/09)
LOS INFORMES QUE ALIMENTAN LA GUERRA DEL PP
Esperanza Aguirre sostiene que en Madrid no hay espías. Pero lo cierto es que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha tenido sobre su mesa un mínimo de dos informes sobre patrimonio, relaciones y adjudicaciones sospechosas realizadas por el número dos de Aguirre, el vicepresidente de la Comunidad Ignacio González. De acuerdo con la versión oficial del PP, Rajoy ni siquiera leyó los dossiers y se los trasladó a la presidenta madrileña, quien no adoptó ninguna medida al entender que todo era legal.
Público ha tenido acceso a dos de los informes. El principal es un dossier de 69 páginas, que recoge una detallada información sobre González. Expertos en temas de seguridad consultados por este diario indicaron que "para su elaboración se pudo tardar meses", ya que la investigación abarca desde el núcleo familiar hasta las principales relaciones profesionales y de amistad establecidas por el vicepresidente. Aunque la copia del dossier que obra en poder de este diario no está fechada, un análisis de la múltiples referencias temporales que se realizan en el documento permite concluir que fue redactado a finales de 2006 o principios de 2007.
La conclusión básica del informe es que el vicepresidente madrileño lidera "un grupo de amigos que crean un negocio particular y, además, obtiene beneficios extra de la Comunidad o el Canal de Isabel II". En el documento manejado por la cúpula del PP se cifra el patrimonio de González y su esposa en 1,8 millones de euros. Además, se indica expresamente que tiene una "caja de caudales" y que en ocasiones "paga en negro". Igual que otras afirmaciones contenidas en el dossier están respaldadas documentalmente, no hay ninguna prueba que demuestre esos supuestos abonos irregulares.
Las formas de pago de Ignacio González se convirtieron en noticia la semana pasada, cuando el propio vicepresidente madrileño aseguró que había pagado "en metálico" los 8.000 euros que costó un viaje a Suráfrica porque le "venía bien".
El viaje a Johannesburgo es, precisamente, la clave del segundo dossier. Se trata de un documento más modesto, que no llega a diez páginas, donde se relatan las relaciones de González con el empresario Enrique Sánchez González. Parte de este informe fue desvelado por El País, el pasado 20 de enero, y provocó una denuncia de la Comunidad de Madrid que ha llevado a la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, al entender que hay indicios de delito.
Los autores de este documento sostienen que el viaje a Suráfrica de González y su esposa fue abonado en realidad por el empresario, como supuesto pago por contratos públicos. El vicepresidente aseguró que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez. Público demostró la semana pasada que esa afirmación no era cierta, ya que el Canal de Isabel II que preside González otorgó un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una de las empresas de Enrique Sánchez.
En el dossier de 69 páginas, se repasan una serie de adjudicaciones públicas presuntamente irregulares, realizadas por organismos controlados por el vicepresidente. En concreto, se habla de la concesión de un campo de golf en el centro de Madrid (en el barrio de Chamberí), del reparto de televisiones digitales en la comunidad autónoma, de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas y de la gestión del Palacio de Deportes.
En el documento también se destaca la amistad personal y las relaciones entre González y el ex secretario de Estado Pedro Antonio Martín Marín. Diversas informaciones aparecidas esta semana indican que Pedro Antonio Martín Marín fue otro de los pasajeros en la excursión a Suráfrica.
(www.publico.es, 28/01/09)
LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS DEL ESCÁNDALO
Esperanza Aguirre
Presidenta de la Comunidad. Sus dos principales colaboradores –Ignacio González y Francisco Granados– están implicados en el caso. Ella los ha respaldado y se presenta como víctima de una conspiración para acabar con su carrera política. Su entorno afirma que detrás de esa maniobra están sus principales adversarios internos: Rajoy y Ruiz-Gallardón.
Ignacio González
Vicepresidente autonómico y persona de la máxima confianza de Aguirre. Alguien ordenó investigar su patrimonio, sus relaciones y las adjudicaciones de los organismos bajo sus órdenes. También fue espiado en dos viajes a Colombia y Suráfrica. Rajoy fue informado sobre la existencia de los ‘dossiers’, pero no hizo nada. Tras publicarse que había sido espiado, la Comunidad presentó una denuncia ante los tribunales. El Juzgado de Instrucción 47 de Madrid ha abierto diligencias.
Francisco Granados
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. ‘El País’ lo acusó de montar un servicio secreto de espionaje con ex guardias civiles y ex policías. Él lo ha negado con vehemencia. Aguirre dice que la dirección del PP también manejó un ‘dossier’ sobre Granados.
Álvaro Lapuerta
Ex tesorero del PP y persona que ha mantenido durante años una estrecha relación con Rajoy. Recibió los informes comprometedores sobre González y Granados e informó sobre ello al presidente del partido.
(www.publico.es, 28/01/09)
EL SILENCIO DE RAJOY DESATA LA INCERTIDUMBRE EN EL PP
Mariano Rajoy se convirtió el martes en el protagonista de la polémica pero prefirió esquivarla. No quiso hablar sobre la supuesta trama de espionaje que afecta a varios altos cargos de su partido. Y menos aún después de que El Mundo le acusara de conocer desde hace tiempo la existencia de un informe sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y otro sobre el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, porque se lo había comunicado personalmente el ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta.
El líder del PP utilizó a sus colaboradores para dar su versión de los hechos. No podían desmentirlo porque era cierto que Rajoy sabía que Lapuerta tenía varios dossieres en su poder. Pero estos se afanaban en recalcar que él jamás los llegó a ver o a leer. Lo único que hizo fue ponerlo en conocimiento de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, para que decidiera ella si adoptaba o no alguna medida.
Mientras la noticia caía como una bomba sobre la sede nacional de los conservadores, Rajoy pasaba la jornada en su tierra, Galicia, de precampaña. No se escondía pero prefería tratar otros asuntos como la actuación de Zapatero en el programa 'Tengo una pregunta para usted'..., la crisis económica o el "espanto de comparecencia" de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. El silencio de Rajoy comienza a incomodar a sus filas, que más que "preocupadas" se sienten ya "alarmadas". A varios dirigentes les gustaría que su presidente saliera a dar explicaciones y calmara la incertidumbre que les rodea.
Desde que saltó el escándalo, Rajoy no ha dado la cara para comentar expresamente este tema ni una sola vez. Mientras la secretaria general, María Dolores de Cospedal, prosigue con sus reuniones y la investigación judicial continúa su curso, Rajoy dribla a la prensa y mantiene en vilo a sus compañeros.
Es cierto que el pasado jueves activó la investigación interna pero lo hizo a través de un comunicado. Es verdad que durante todo el fin de semana se le pudo ver en el I Foro de militantes del PP pero desde allí se limitó a enviar un críptico mensaje: "Yo garantizaré la unidad del partido, pase lo que pase". Además, el lunes no reunió al comité de dirección. Y el PP no dio su rueda de prensa habitual. A cambio, hubo una intervención de Rajoy en un acto con alcaldes. Así era imposible que se sometiera al interrogatorio de los medios de comunicación.
En el partido también están "bastante cabreados" porque todo lo que está ocurriendo "tapa nuestro trabajo". Se quejan de que nadie se haya detenido "sobre el espectacular discurso que hizo Rajoy" el domingo pasado, que nadie haya reparado en las ponencias de la convención o que el trabajo parlamentario pase desapercibido por el espionaje...
"Esto nos pasará factura. Ya es bastante difícil de reconducir", cuenta un parlamentario. Un compañero suyo tiene toda la impresión de que se "está rompiendo el partido en mil pedazos". Pero no quiere hablar de "refundación". La mayoría del partido piensa que después de esto van quedar "tocados" tanto Rajoy como Aguirre.
(www.publico.es, 28/01/09)
AGUIRRE AFIRMA QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA
O todos o ninguno. Esperanza Aguirre no piensa quedarse sola en la supuesta red de espías que acecha su casa, la Comunidad de Madrid. Si se investiga, que también se mire debajo de las alfombras de Génova, la sede nacional del PP. La presidenta regional tenía ya preparado el mensaje al líder de los conservadores cuando llegó a las 12.30 de ayer a la Asamblea de Madrid, antes de inaugurar la conmemoración del Día del Holocausto. La esperaba un muro de periodistas: “En 2006, me llamó el presidente de mi partido, Mariano Rajoy, para decirme que el tesorero [Álvaro Lapuerta] tenía unos dosieres de Ignacio González y Francisco Granados. Inmediatamente, yo pedí a los señores González y Granados que hablaran con el tesorero y que aclararan cualquier asunto que pudiera poner en duda su honorabilidad. Se demostró que todo ello era falso y calumnioso”.
Aguirre parecía desafiar a Rajoy, que ordenó la semana pasada a la secretaria general, Dolores de Cospedal, instruir una investigación interna. Primero, daba por bueno lo publicado ayer por El Mundo: que el líder del PP había recibido, de manos de Lapuerta, un informe que contenía datos comprometedores contra González, vicepresidente de Madrid, y Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Pero, en segundo término, la jefa del Ejecutivo regional aumentó el grado de la sospecha al situar esa llamada telefónica en 2006 y no en marzo de 2008, tras los comicios generales, como afirmaba el rotativo. Es decir, el aviso de Rajoy habría llegado dos años antes de que la guerra por el poder en el PP se recrudeciese.
Fuentes del Gobierno autonómico no negaron la intención de Aguirre de lanzar un mensaje a Rajoy. “Ha sido suficientemente explícita, no hace falta interpretarla”, aseguró un portavoz a Público.
En paralelo, la presidenta buscó fortalecerse. Pidió una y otra vez “transparencia, transparencia, transparencia”, porque es la “primera interesada en que todo esto se aclare”. Eso es lo que ocurrirá, pronosticó: “Saldrá a la luz quiénes son los responsables y quiénes hemos sido falsamente acusados”.
Aguirre dejó ayer otra idea escrita en su minicomparecencia ante la prensa. Que ella no es la culpable: “Me siento una víctima. Políticamente, van a por mí”, lamentó. Tampoco habrá ceses: “Tengo toda la confianza puesta en todos los miembros de mi Gobierno y, por supuesto, en los miembros de la cúpula nacional de mi partido”. Mejor no reventar aún demasiadas heridas.
(www.publico.es, 28/01/09)
ELLA ES LA RESPONSABLE, NO LA VÍCTIMA, DICEN PSOE E IU
“Lo que nos faltaba”. La oposición parlamentaria a Aguirre, Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU), no daba ayer crédito. “No sé si será víctima o verdugo dentro del PP, pero ella es la presidenta del Gobierno. Es la responsable, por acción o por omisión y no puede colocarse de víctima”, recalcó la portavoz socialista. “Lo hace para obviar su obligación. Quizá haya responsabilidad penal, pero ya la hay política, porque ha habido seguimientos, lo han dicho los propios espiados”, añadió.
Similar tesis defendió a Público Sabanés: “Es la presidenta del Ejecutivo regional y de su partido en Madrid. Por tanto, responsable de la supuesta trama. No puede mirar hacia otro lado o negar la realidad. Empezó diciendo que todo era una gran mentira, después cargó contra el mensajero, y ahora pretende ser víctima y todavía no ha dado una explicación solvente. Tiene una oportunidad: si no tiene nada que esconder, que acepte inmediatamente la comisión de investigación. Todo lo demás es eludir su propia responsabilidad”.
(www.publico.es, 28/01/09)
ESPIONAJES PARA TODOS LOS GUSTOS EN EL PP
¿Cuántos ‘dossiers' hay sobre Ignacio González?
Es imposible saberlo con exactitud. Pero sí se puede asegurar que, como mínimo, en la cúpula del Partido Popular circulan dos documentos con datos sobre el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. Uno es el que desvela hoy ‘Público', cuyo índice se reproduce junto a estas páginas, y el otro hace referencia a las relaciones entre el número dos de Aguirre y el empresario Enrique Sánchez González.
¿Existe alguna investigación sobre el consejero Granados?
‘El Mundo' aseguraba el martes que en la dirección del PP también se había manejado un ‘dossier' sobre el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Al igual que en el caso de González, contendría información sobre el patrimonio y las relaciones del consejero. Aunque de momento no ha aparecido públicamente ningún documento que demuestre la existencia de dicho dossier, Esperanza Aguirre aseguró ayer que Granados sí había sido investigado.
¿Tienen relación estos informes con el seguimiento a Cobo o Prada?
Los expertos consultados por este diario establecen una distinción clara entre los ‘dossiers' sobre Ignacio González, que parecen realizados por "profesionales" y que se podrían catalogar con propiedad como espionaje, y los seguimientos realizados a otros políticos del PP, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el responsable de Exterior en la Ejecutiva del PP, Alfredo Prada. En estos dos últimos casos no consta investigación patrimonial alguna y tampoco se habla de sus relaciones personales o profesionales. Se trataría de "seguimientos propios de una vigilancia o contravigilancia", que, eso sí, permitía conocer la agenda personal de Cobo y Prada. Una información que puede llegar a ser altamente sensible. Al tratarse de "trabajos" tan distintos, los expertos consideran que lo lógico es pensar que fueron realizados por equipos diferentes.
¿Se sabe algo sobre los autores de los distintos documentos?
Habría que diferenciar entre las personas que encargan las investigaciones y aquellas que las llevan a cabo. Aunque no hay ningún dato cierto sobre los primeros, en el propio PP se da por supuesto que unos dirigentes del partido han decidido espiar a otros con los que están enfrentados. No es un secreto para nadie en el PP la rivalidad nada amistosa entre Ignacio González y Francisco Granados, o entre los principales dirigentes de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. En cuanto a las personas que realizaron las investigaciones, Manuel Cobo y Alfredo Prada apuntaron a la Consejería de Interior como lugar donde podrían trabajar los autores de sus seguimientos.
(www.publico.es, 28/01/09)
AGUIRRE REVELA QUE RAJOY SUPO DE LOS DOSIERES HACE TRES AÑOS
El caso del espionaje interno en el PP no deja de generar nuevos episodios día tras día. Ayer fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la que sorprendió a todo el mundo al revelar que tanto ella como Mariano Rajoy supieron hace tres años de la existencia de dosieres contra sus consejeros Ignacio González y Francisco Granados.
Concretamente, Aguirre explicó que fue el propio presidente del PP quien la llamó en el 2006 para comunicarle que "el tesorero tenía unos dosieres" sobre González y Granados. La presidenta asegura que pidió a sus consejeros que hablaran con el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta. Tras esta conversación --y siempre según la versión que ayer, por vez primera, ofreció Aguirre--, "se demostró que todo ello era falso y calumnioso".
La presidenta desautorizó de este modo las versiones periodísticas que apuntan a que Lapuerta no informó a Rajoy de estos dosieres hasta el pasado año. Aguirre, por lo demás, se presentó ayer como la principal "víctima" de una operación política en la que dice percibir el aroma de la vendetta. "Políticamente van a por mí", proclamó la presidenta. Su versión, de acuerdo con la cual prácticamente todo es mentira --excepto el seguimiento que sufrió el vicepresidente González--, la desplegó ayer también el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Para David Pérez, la investigación interna abierta por el PP no tiene sentido porque, a su juicio, quienes han culpado de espionaje a la Comunidad se han echado atrás.
Pese a ello, las pesquisas ordenadas por Rajoy siguen su curso. No así la investigación parlamentaria que promueven IU y el PSOE de Madrid, convencido de que el PP usará su mayoría absoluta en la Asamblea para abortarla. Los socialistas se han personado como acusación popular en el procedimiento judicial abierto sobre los supuestos espionajes.
(www.elmundo.es, 28/01/09)
EL TESORERO DEL PP PRESIONÓ PARA LOGRAR CONTRATOS DE LA COMUNIDAD
El actual tesorero y miembro de la Ejecutiva nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, hizo gestiones ante la Comunidad de Madrid en favor de la empresa de seguridad Serygur para que fuera adjudicataria de concursos públicos. Así lo han confirmado a EL MUNDO tanto en el Ejecutivo regional como en Serygur.
El hecho se remonta a diciembre de 2007, cuando Bárcenas pidió al entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, que adjudicara a Serygur la seguridad de la nueva Ciudad de la Justicia en la capital, un contrato valorado en 700.000 euros. Serygur fue finalmente la ganadora.
La actuación de Bárcenas pudo ser fácilmente interpretada en el Ejecutivo regional como una presión, puesto que era de facto el máximo responsable de finanzas de su propio partido político.
Bárcenas aún no había reemplazado en el cargo de tesorero a Alvaro Lapuerta, el octogenario responsable entonces de la gestión económica del PP, pero era su mano derecha. «El presidente del PP no tiene la más remota idea», afirmó ayer un portavoz del partido preguntado por la gestión de Bárcenas.
Al conocer su intervención en favor de Serygur, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, telefoneó a Bárcenas para que aclarara cuál era su interés en la sociedad. Este negó al lugarteniente de Aguirre que tuviera acciones de Serygur o algún interés económico. Justificó su gestión por su relación personal con los gestores de la empresa, que son el ex concejal de Madrid Ignacio del Río y, sobre todo, el ex director de Innovación Tecnológica del PP Alvaro de la Cruz.
«Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur.Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar al consejero Prada. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad», explicó ayer a este diario Alvaro de la Cruz.
De la Cruz es consejero delegado de Serygur y mantiene una larga relación de amistad con Bárcenas, puesto que ambos trabajaron juntos en la pasada década en la sede del PP en Génova. De la Cruz fue jefe de gabinete del entonces secretario general popular, Francisco Alvarez Cascos. Subraya que el contrato obtenido fue finalmente de 400.000 euros porque había una parte del servicio que no podía suministrar Serygur.
La empresa se jugaba más en otro contrato, el de la seguridad de la sede de la Presidencia madrileña, en el emblemático edificio de la Puerta del Sol. Serygur era la responsable de la vigilancia desde el año 2000, cuando la ocupaba Alberto Ruiz-Gallardón, pero podía perder la renovación en la pasada primavera y la necesitaba.Su facturación, que había superado los cinco millones de euros con la Comunidad, había decrecido en los últimos tiempos. El propietario de Serycur es, según el Registro Mercantil, José Luis Cuadros. «Nosotros no somos accionistas. En el verano de 2007 la empresa nos pidió que nos hiciéramos cargo de la gestión y firmamos un contrato mercantil», asegura De la Cruz. Este y Del Río son socios en Ciudad 21, que es la firma contratada por Serygur.
Llegó febrero de 2007 y el problema de Serygur, que cuenta con 400 empleados, era que había una decena de empresas, las más importantes del sector, que también pretendían encargarse de la importante vigilancia del edificio de la Puerta del Sol.
En la Comunidad aseguran que Bárcenas también se interesó por este caso concreto, pero De la Cruz lo niega. Del Río se reunió con González para sondear las posibilidades de continuar con el contrato, pero éste se remitió a su hombre de confianza Borja Sarasola. Este aseguró a De la Cruz y Del Río que sería un concurso abierto a todos los candidatos, incluido Serygur, pese a que sugirió que algunos de sus vigilantes habían incurrido en hurtos.
Las presiones de distintas empresas se sucedieron y, en coincidencia con este proceso, la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, recibió un anónimo. En él se le advertía de las relaciones entre la empresa que el sector considerada favorita, Segurisa, y el ex secretario de Estado de Comunicación y suegro de Sarasola, Pedro Antonio Martín Marín.
Segurisa está dirigida por Enrique Sánchez que, según el diario El País, es el empresario amigo de Ignacio González que viajó con él a Sudáfrica en marzo de 2007 junto a Martín Marín. No obstante, Segurisa, que se había adjudicado en 2006 la seguridad del Canal de Isabel II, no ganó el concurso de la Puerta del Sol. Tras el anónimo recibido, el Ejecutivo regional y Segurisa convinieron en que no era adecuado que concurriera a este concurso.
De la Cruz niega cualquier relación de su empresa con anónimos, espionajes o dossiers, y asegura que mantiene una relación normal con los dirigentes regionales. La adjudicataria final del contrato de la Puerta del Sol fue finalmente Segur Ibérica por decisión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2008. Logró el contrato para la vigilancia de Sol, las dependencias del Boletín Oficial regional y el Museo de la Plaza de Toros por 2,6 millones de euros.
«Bárcenas reaccionó con malestar al no resultar ganadora Serygur, pero no era la mejor oferta», aseguran fuentes de la Comunidad.Segur Ibérica está participada por distintos fondos extranjeros de capital riesgo y cuenta, como secretaria del consejo, con Marta Gil de Biedma, prima de Aguirre. «Gil de Biedma no ocupa ningún puesto ejecutivo en Segur Ibérica ni es accionista de esta sociedad», explican en el Gobierno, que niega irregularidades.
(www.elmundo.es, 28/01/09)
BLESA SE REBELA ANTE AGUIRRE, Y NIEGA ACTIVIDADES DE ESPIONAJE
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se mantiene en rebelión y da un nuevo paso. Tiene previsto presentar mañana al Consejo de Administración de la entidad un proyecto de nuevos estatutos que no recoge la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid para la renovación, este año, de la cúpula de la entidad financiera.Es decir, que no limitan el poder del Ayuntamiento de Madrid ni el de Izquierda Unida ni complican la continuidad del propio Blesa.
El argumento del presidente de Caja Madrid, apoyado por sus servicios jurídicos y Uría Menéndez, entre otros bufetes, es que la nueva ley no se puede aplicar al proceso electoral porque fue iniciado en octubre, antes de que entrara en vigor.
Sin embargo, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, sostiene que la ley incluye una disposición transitoria que la hace aplicable a los procesos electorales «que no hayan concluido» a la entrada en vigor de la misma, el pasado día 1.Las elecciones se completan en septiembre. Blesa intentará formar una mayoría en favor de sus estatutos y muy probablemente la consiga, porque los consejeros afines a Alberto Ruiz-Gallardón, Izquierda Unida y Comisiones Obreras suscriben su visión de que no cabe retroactividad.
Fuentes de la Comunidad relativizaron este hecho, puesto que la autoridad al respecto corresponde al Ejecutivo regional, ya que tiene el deber de tutela para que Caja Madrid aplique la normativa vigente. Beteta es competente para incluir o eliminar lo que considere oportuno en los estatutos para ajustarlos a la ley. No obstante, la posición de Blesa complica el golpe de autoridad que ha impulsado Esperanza Aguirre con su Ley de Cajas, al tener ésta abierto el frente político de los espionajes y de los dossiers.
Juan José Güemes, consejero de Sanidad y secretario de Comunicación del PP de Madrid, relacionó el pasado domingo el escándalo de los espionajes con Caja Madrid, lo que rechaza Blesa. El presidente de la entidad negó en la Comisión Ejecutiva de la caja del pasado lunes cualquier relación con los dossiers contra Aguirre o los espionajes al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Aseguró ante los miembros de este organismo que la caja nunca entraría en maniobras de este tipo y reivindicó la «decencia» de las actuaciones de la cuarta entidad financiera del país, según fuentes próximas.
(www.elmundo.es, 28/01/09)
AGUIRRE CONFIRMA QUE LAPUERTA MANEJÓ UN DOSSIER CONTRA GONZÁLEZ
La presidenta del Gobierno de Madrid, Esperanza Aguirre, confirmó ayer que el tesorero nacional del PP Alvaro Lapuerta manejó dossiers que afectaban a los dos hombres fuertes de su Gobierno: su vicepresidente, Ignacio González, y el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados.
Aguirre explicó que Rajoy le llamó para decirle que el tesorero tenía dos dossiers con presuntas irregularidades de los dos miembros de su Ejecutivo. «Inmediatamente les pedí que hablaran con el tesorero y aclararan cualquier asunto que pudiera poner en duda su honorabilidad».
Ambos fueron a la sede nacional del PP y se entrevistaron con Rajoy y con Lapuerta. Según Aguirre, «se demostró que todo ello era falso y calumnioso», con lo que el asunto se cerró. Incluso, como añadió ayer Aguirre, «el presidente del partido no le dio demasiada importancia».
Los hechos ocurrieron en marzo de 2008, después de las elecciones; aunque Aguirre aseguró ayer que fue en 2006. Distintas fuentes confirmaron a este diario que los hechos sucedieron el año pasado, dos meses antes del XIV Congreso Nacional del PP que se celebró en Valencia.
En aquellas fechas, González mantuvo otra reunión muy violenta con Rajoy. En la misma, el vicepresidente espetó a su jefe de filas que estaba «harto» de que se le estuviera investigando y de que «desde el partido» se estuvieran diciendo cosas que ponían en duda su honor y su honestidad.
Aguirre reclamó ayer «transparencia» para que se aclare la supuesta trama de espionaje, de la que dijo ser «una víctima». «Políticamente, van a por mí, no les quepa ninguna duda», aseguró. Volvió a pedir que la Justicia investigue la supuesta trama y añadió que ella es «la principal interesada en que todo esto se aclare».
La presidenta se mostró convencida de que «todo esto se aclarará y saldrán a la luz los responsables de este asunto y quienes hemos sido falsamente acusados de cosas que no hemos cometido en absoluto». Aguirre reiteró que tiene toda su «confianza puesta en los miembros» de su Gobierno «y, por supuesto, también en los miembros de la cúpula nacional de mi partido».
(www.elmundo.es, 28/01/09)
PONS VUELVE A CULPAR AL GOBIERNO DEL ESPIONAJE: "CUANDO ALGO MALO LE OCURRE AL PP, EL PSOE ESTÁ DETRÁS"
El virus de "la culpa es del otro" continúa extendiéndose entre los principales partidos españoles. Si ayer era la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, quien culpaba a todos los demás del caos creado en Madrid a raíz de la nevada del pasado 9 de enero, hoy le toca al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons.
"Al PSOE le viene muy bien la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid ", ha asegurado Pons, quien ha sentenciado que "cuando algo malo le ocurre al PP, el PSOE está detrás o anda cerca".
González Pons ha recalcado que la presunta trama saltó a los medios en la semana en la que más le convenía al PSOE y al Gobierno. "Esa semana supimos que 1,2 millones de españoles habían perdido su trabajo. Si el año que viene volvemos a tener los mismos datos tendremos cinco millones de parados", ha matizado Pons.
El vicesecretario de Comunicación del PP, quien culpó al Ministerio del Interior de estar detrás de la trama, ha explicado que "no lo dije yo, lo dijo el SUP -Sindicato Unificado de Policía-. "Había informaciones que sólo era posible acceder desde el Ministerio del Interior", ha añadido González Pons.
González Pons ha culpado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de estar infestado de ese virus de "la culpa es del otro". "Zapatero culpa a todo el mundo de las cosas que suceden, como si él no tuviera ninguna responsabilidad", ha asegurado Pons en referencia al programa de TVE Tengo una pregunta para usted.
"Zapatero trata a los ciudadanos como si creyeran en los Reyes Magos. Empezó el programa diciendo yo no he mentido, me puedo equivocar, y luego mintió en directo. Me importa lo que sucedió porque el presidente mintió en directo... y quien puede hacerlo en una cosa pequeña en directo, lo puede hacer en diferido en una cosa grande", ha argumentado González Pons.
(www.publico.es, 28/01/09)
Pons "el microbloguero"
"Los blogs no son inmediatos". González Pons, aficionado reconocido a las nuevas tecnologías, ha explicado que ha dejado su blog para dedicarse de lleno a "microbloguear, porque es más inmediato". "Con mis 1.200 amigos de Facebook voy al fin del mundo", asegura Pons, quien ha explciado que "el pasado fin de semana convocamos una quedada a través de Facebook". " Los ciudadanos han probado una calidad de democracia en Internet que no están dispuestos a no tener fuera de Internet", ha concluido González Pons.
(www.publico.es, 28/01/09)
DE COSPEDAL: "DECIR QUE GÉNOVA VA A POR ESPERANZA AGUIRRE ES UN DISPARATE"
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que es un disparate afirmar que la dirección del partido vaya a por Esperanza Aguirre y ha subrayado que el mayor daño político de la supuesta trama de espionaje se le está haciendo al PP.
En declaraciones a Telemadrid, De Cospedal ha respondido así al ser preguntada por si, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmara ayer que se sentía "una víctima" de las informaciones sobre una supuesta trama de espionaje, se puede pensar que "Génova va a por Esperanza Aguirre". "De ninguna manera, eso es un disparate", ha sentenciado la 'número dos' del PP.
De Cospedal -a la que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha ordenado una investigación interna sobre el supuesto espionaje- ha asegurado a continuación que "el mayor daño político", aparte del que se pueda hacer a las personas, "se le hace al Partido Popular".
La secretaria general del PP ha eludido explicar cómo está desarrollando la investigación interna que le ha encargado Rajoy, pero ha recalcado que tiene "la obligación" de defender "el buen nombre" de su partido. "Tenemos la obligación de defender la trayectoria intachable del PP. Haré todo lo que esté en mi mano para que sea así", ha señalado.
Ha considerado "lógico" que su partido esté "absolutamente indignado" porque algunos de sus miembros puedan haber sido objeto de seguimientos.
Para la secretaria general, Rajoy "ha hecho lo que tenía que hacer" al abrir una investigación que llegará "hasta las últimas consecuencias", aunque ha recordado que su partido solo puede depurar las responsabilidades políticas.
(www.publico.es, 28/01/09)
ESPIONAJE A POLÍTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
EL PAÍS destapa una trama de seguimientos a altos cargos del PP madrileños críticos con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por parte de ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior de Madrid. Éstos son sus principales personajes del escándalo.
Francisco Granados
Actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, ha ido escalando posiciones desde la alcaldía de Valdemoro a la secretaría general del PP de Madrid y al departamento de Presidencia del Gobierno regional para, más tarde, heredar el cargo que deja libre la salida de Prada, al que aspiraba también Ignacio González. Su departamento dirige a los ex agentes supuestamente dedicados al espionaje político en la región, aunque ha negado tajantemente la existencia de la trama.
Ignacio González
El número dos del Gobierno de Madrid fue objeto de seguimientos parapoliciales entre abril y mayo de 2008, en plena crisis del PP tras la derrota electoral. Fue espiado no sólo en Madrid sino también en un viaje a Cartagena de Indias (Colombia) y está documentado con imágenes. Es vicepresidente primero y portavoz del Gobierno y aspiraba a la cartera de Prada al igual que Francisco Granados, con quien mantiene una tensa relación.
Manuel Cobo
Vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, fue el segundo espiado del que dio cuenta EL PAÍS. Fue seguido en sus desplazamientos entre abril y mayo de 2008, unos meses en los que el equipo del alcalde respalda a Rajoy para que continúe al frente del partido tras perder las elecciones. Cobo ha confirmado que los datos publicados por EL PAÍS "son exactos" y ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid.
Alfredo Prada
Sufre seguimientos entre abril y mayo de 2008, cuando era consejero de Justicia. En esos meses, apoya la continuidad de Rajoy al frente del partido frente a los que piden su cabeza, liderados por Aguirre. En junio de 2008, sólo un año después de haber formado gobierno, la presidenta regional lo remodela para relevar a Prada junto a otro fiel a Rajoy, Manuel Lamela. En el Congreso del PP de Valencia, tres días antes de la crisis en el Ejecutivo madrileño, Prada entró a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de Rajoy y Lamela fue elegido como miembro. También vigilan en las mismas fechas al director de seguidad de la Consejería de Justicia, Juan Carlos Fernández, que dependía de Prada.
Álvaro Lapuerta
El histórico dirigente del PP Álvaro Lapuerta, tesorero del partido, alertó a Rajoy en mayo de 2008 de la existencia de un caso de espionaje político en Madrid. El propio Lapuerta estaba siendo vigilado, a su juicio por sus críticas a adjudicaciones sospechosas del Gobierno regional, y sus sospechas recaían en elementos parapoliciales al servicio de altos cargos de la Comunidad de Madrid.
Mª Carmen Rodríguez
Diputada autonómica del PP, su nombre y la matrícula de su coche figuran en uno de los partes del servicio de espionaje. El documento señala que el 27 de mayo come en el restaurante O Cruceiro, aunque ella lo niega. Este informe muestra que el aparato parapolicial marcó a personas que creían, con o sin motivo, que tenían relación con los espiados.
Alberto Ruiz-Gallardón
En contra de la línea oficial del PP de Madrid, que habla de un "gran bulo" orquestado contra Aguirre, el alcalde de Madrid ha dado credibilidad a la trama desde el principio y ha acusado a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" ilícito, puesto que la Comunidad de Madrid "no tiene competencia en seguridad". Este posicionamiento enojó a Aguirre, que le llamó a capítulo.
Mariano Rajoy
Cuando estalló el escándalo, respaldó a Aguirre: "Me ha dicho que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento del asunto y yo les creo". Pero la negativa de la presidenta a investigar, sus intentos de negarlo todo y sus amenazas con los tribunales le han convencido de la necesidad de intervenir. Ordenó a María Dolores de Cospedal abrir una investigación para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades". De Cospedal es, a la sazón, discípula de Aguirre.
Esperanza Aguirre
"¿Y usted por qué hace caso a EL PAÍS?", dijo la presidenta regional al ser preguntada por el asunto por primera vez. No compareció hasta el cuarto día y lo hizo para negar tajantemente que los seguimientos hayan sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de su administración. Además de poner la mano en el fuego por sus consejeros, amenazó con los tribunales a EL PAÍS y a cualquiera que crea que la trama se gesta en la Consejería de Interior.
Sergio Gamón
Ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre, fue director de Seguridad cuando se hicieron los espionajes (de mayo de 2006 a julio de 2008). "Entra nuestro director, Sergio", se dice en un informe. Su mano derecha es Miguel Castaño, ex subdirector general. Aparece supuestamente citado en esos informes como "Miguel".
Enrique Barón
Ex jefe superior de Policía de Madrid y actual director general de Seguridad de la Consejería de Interior. Sustituyó a Gamón después del escándalo por el robo de un ordenador de Juan Carlos Fernández, el responsable de seguridad de Prada, al día siguiente de que el consejero fuera destituido.
Marcos Peña
Responsable de un equipo de investigación a las órdenes de Francisco Granados. Es asesor de Seguridad, ex jefe de Seguridad de Iberdrola y fabricante de dossiers, uno de ellos para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con información falsa, según una sentencia judicial de enero de 2008.
(www.elpais.com, 28/01/09)
Interior de Madrid posee tres equipos de vigilancia paralelos
La estructura es fruto de las sospechas mutuas entre Granados y González
El departamento de Seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid tiene tres cabezas. Un director general, Enrique Barón (ex jefe superior de Policía de Madrid); un director del área de Seguridad, Sergio Gamón (ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre y ex director general de Seguridad), y un asesor de Seguridad, Marcos Peña (ex jefe de Seguridad de Iberdrola y fabricante de dossiers, uno de ellos para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con información falsa, según una sentencia judicial de enero pasado).
Pese a este organigrama, no hay ninguna dependencia jerárquica entre Barón, Gamón y Peña. Los dos últimos no responden ante el que debería ser su jefe natural, Enrique Barón. Esta insólita estructura en un departamento cuestionado por prácticas de espionaje a políticos (existen partes de seguimiento entre marzo y mayo de 2008 al vicealcalde, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, en los cuales los agentes señalan su dependencia de la Dirección General de Seguridad) obedece a la desconfianza instalada entre los distintos consejeros del Gobierno regional.
El más antiguo de los tres jefes de la seguridad autonómica es Sergio Gamón, fichado el 12 de mayo de 2006 como director general. Gamón era un viejo conocido de Esperanza Aguirre, con quien había trabajado en su etapa de ministra y presidenta del Senado. Cuando llegó a la Consejería de Interior, su titular, Alfredo Prada, tenía su propio hombre de confianza, Juan Carlos Fernández, que descendió un escalón en la consejería y se puso a las órdenes de Gamón.
Con el paso del tiempo, la desconfianza se instaló entre ambos, hasta el punto de que un día después de que Aguirre destituyera de su puesto de consejero a Alfredo Prada (26 de junio de 2008), Gamón acudió con sus hombres al despacho de Fernández y, según ha denunciado éste a la Fiscalía, le requisaron documentos y se llevaron su ordenador personal.
Durante todo el mandato de Gamón (mayo de 2006 a julio de 2008), según indican los colaboradores de Prada (consejero de Interior hasta junio del año 2007) y de Granados (consejero de Interior desde entonces hasta hoy), el director general no despachaba ni daba cuenta de sus actividades ante ellos, sino ante el vicepresidente regional, Ignacio González o ante el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, hombre de González.
Cuando Granados llegó a la consejería intentó montar su propio equipo, aunque no pudo echar a Gamón. Primero fichó a tres guardias civiles de Valdemoro como asesores de seguridad (septiembre de 2007) y nueve meses después contrató al ex policía Marcos Peña como jefe de estos tres.
Granados destituyó el 17 de julio de 2008 a Gamón cuando se hizo público el episodio del robo de documentos y de un ordenador en un despacho de la Consejería de Justicia. Había perdido la confianza en el principal jefe de Seguridad, pero no pudo deshacerse de él. Ese mismo día, cambió la estructura de su consejería para crear una dirección de Área de Seguridad.Una semana después nombró a Enrique Barón como sustituto de Gamón y, el mismo día de ese nombramiento creó otro cargo para poner a Gamón al frente de la dirección del área de Seguridad recién creada. Barón asegura que ni Gamón ni Peña dependen de él.
De los tres jefes, sólo uno de ellos, Sergio Gamón, estaba en la Consejería de Interior durante los meses en que, según ha quedado acreditado por distintos documentos, se hicieron seguimientos a políticos y, al menos, a un directivo de la Comunidad de Madrid al que se le acabaron requisando documentos y un ordenador personal cuando estaba ausente de su despacho.
La veracidad de los partes de seguimientos a políticos ha quedado acreditada por los datos secretos y exactos que contienen respecto a la actividad pública y privada a cualquier hora del día de las al menos dos víctimas del espionaje: Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, y Alfredo Prada, ex consejero de Justicia. También ha quedado probada por las anotaciones manuscritas que aparecen en los partes de seguimiento de matrículas de vehículos sin relación con la causa del espionaje político, que pasaban por determinados lugares y eran identificados por los espías. En los partes, los ex policías también hacían referencia al departamento de Interior de la Comunidad mediante distintas fórmulas refiriéndose a sus jefes inmediatos: Sergio Gamón, director General, y Miguel Castaño, su mano derecha y subdirector del departamento.
www.elpais.es 28.01.08
El hombre de Ignacio González en el Canal de Isabel II también ha sido espiado
Un autodenominado "centro de investigación" ha seguido el rastro de sus propiedades y las de su familia por toda España
El documento consta de 32 páginas, que se centran tanto en la fortuna del hombre de confianza de Ignacio González como en detalles de su vida privada: entre ellos, los domicilios que los investigadores creen que ha ocupado, e incluso las propiedades de su esposa, Concepción Ruano, con la que aparece casado en régimen de gananciales.
De hecho, el dossier incluye una ficha completa de Concepción Ruano, de quien subrayan su puesto como consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid desde 2006.
Como ejemplo de algunas de las investigaciones realizadas por este grupo de espías. En el dosier se lee textualmente: "Acudimos a una zona residencial, conocida como Vía de las dos Castillas, accedemos al portal de la vivienda y nos entrevistamos con conserjes de fincas cercanas que nos dicen que hablemos con el conserje más antiguo de la zona, quien nos confirma que el señor De Miguel vivió allí y nos indica su nueva dirección en otra urbanización".
Los autores del informe se identifican a sí mismos como "centro de investigación". Comienza con un recorrido por los que creen que pueden ser sus actuales domicilios, preguntan a vecinos y porteros, y en todos los casos piden después la información al registro de la propiedad para tratar de confirmar que es el titular de las casas. En total encuentran a su nombre dos pisos y un chalet de 634 metros cuadrados en la zona oeste de Madrid.
Fincas en la Ribera del Duero
El recorrido de los espías sigue no muy lejos de la capital, en una zona de viñedos del sur de Burgos, en la denominación de origen Ribera del Duero. Allí atribuyen al gerente del Canal y a su esposa la propiedad de casi 25 hectáreas de viñedo. La compra, siempre según este informe, se habría formalizado en el año 2004. Después de su nombramiento como máximo responsable del Canal, por detrás tan sólo de su mentor, el vicepresidente de la comunidad Ignacio González. En este caso, tampoco ahorran trabajo las personas que investigan a Ignacio González: localizan las fincas, se desplazan hasta ellas, transitan por caminos rurales y preguntan a la gente de la zona por sus propietarios.
Y en este caso, como en los anteriores, hacen sus propias valoraciones sobre el precio en el mercado de estas propiedades.
El dossier incluye toda una serie de fotografías de las casas de lujo y de las fincas cuya propiedad atribuyen al hombre de confianza de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Las imágenes recogen desde imágenes de las lujosas fincas hasta detalles de los buzones.
CADENA SER 27-01-2009
UN JUEZ APRECIA INDICIOS DE DELITO EN LA PRESUNTA TRAMA DE MADRID
José Sierra, titular del juzgado número 47 de Madrid, ordenó ayer incoar diligencias en el caso de los espionajes en la Comunidad de Madrid, al hallar indicios de delito en la denuncia presentada por Ignacio González, vicepresidente del Gobierno regional, sobre los dossiers que hacían referencia a dos de sus viajes al extranjero, uno público y otro privado, en los últimos ocho meses.
La actuación del juez se une a la emprendida hace varios días por el Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, que decidió abrir una investigación sobre los casos de espionaje que habían denunciado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada.
Estos dos últimos han sido objeto de seguimientos por un grupo de agentes que, según apuntan en sus partes de espionaje, dependen de la dirección general de Seguridad Ciudadana de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.
En dichos documentos, que acreditan el espionaje político -y que EL PAÍS puso a disposición de la Fiscalía de Madrid-, se detalla la dependencia de los supuestos espías tanto del "director Sergio [Gamón]", como de "Miguel [Castaño]", subdirector de la dirección general de Seguridad Ciudadana cuando ocurrieron los hechos. Ambos altos cargos fueron destituidos de sus puestos en junio de 2008, aunque el Gobierno de Esperanza Aguirre los ha mantenido en nómina con un salario de alto nivel en asuntos relativos a la seguridad.
Tanto el consejero de Interior, Francisco Granados, como el vicepresidente, Ignacio González, y la presidenta, Esperanza Aguirre, han rechazado que hubieran dado orden para los seguimientos a políticos en Madrid por parte de algunos de los trabajadores de la dirección general de Seguridad Ciudadana.
El titular del juzgado 47 de Madrid, José Sierra, se centra en el caso del espionaje que sufrió Ignacio González durante dos de sus viajes (uno público y otro privado) al extranjero.
En el primero, realizado en la Semana Santa pasada, González se trasladó a Johanesburgo junto a su amigo Pedro Antonio Martín Marín, y el empresario Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa. Los espías elaboraron un dossier donde se apuntaba que Sánchez González, que ha recibido contratos multimillonarios en el Canal de Isabel II, que preside Ignacio González, le había regalado el viaje a Johanesburgo. Las fotocopias de los billetes de avión reflejan que González pagó su viaje y el de su mujer, 8.000 euros, en metálico. El vicepresidente aseguró a EL PAÍS que lo hizo así porque le venía bien.
El segundo viaje, en el que sufrió seguimientos con cámara oculta del que hay testimonios gráficos, tuvo lugar a finales de agosto de 2008. González se desplazó como presidente del Canal de Isabel II hasta Cartagena de Indias (Colombia), donde fue fotografiado cuando entraba y salía del hotel en el que se alojó. González relata en su denuncia ante el juzgado que, basándose en la información publicada por EL PAÍS, podría haber sido objeto "de distintos seguimientos parapolicías en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados".
En la denuncia también se resalta que el espionaje podría haber afectado a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid. Se refiere a los partes de seguimiento, publicados por este periódico, en que personal a sueldo de la Consejería de Interior -y que citan expresamente a sus jefes- habrían seguido al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada.
Los meses del seguimiento parapolicial por presuntos agentes de la Consejería de Interior del Gobierno de Madrid -marzo, abril y mayo de 2008- coincidían con la mayor crisis interna del PP. Tanto Cobo como Prada se habían situado del lado de Mariano Rajoy, y enfrente de Esperanza Aguirre, en la batalla por el poder dentro del partido.
En el mismo periodo precongresual, en mayo de 2008, el entonces tesorero nacional del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, denunció ante su jefe, el presidente del partido, Mariano Rajoy, que tenía fundadas sospechas de que un aparato al servicio de la Comunidad de Madrid le estaba espiando. De hecho, en dos ocasiones le intentaron tomar fotografías en distintos actos privados.
Aunque Lapuerta exculpa expresamente a Esperanza Aguirre del supuesto espionaje, señala que se había enfrentado a algunos dirigentes de su Gobierno en relación con adjudicaciones de contratos que consideraba irregulares.
(www.elpais.com, - 27/01/09)
CLAVES PARA UNA INVESTIGACIÓN
Seguimiento a Cobo
- El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, fue espiado en abril de 2008, en plena batalla por el poder en el PP. Cobo confirma que lo publicado por EL PAÍS coincide con su agenda esos días y denuncia al fiscal el caso: "Quiero saber quién lo hizo, quién lo encargó y con qué fines".
Gamón y el 'dossier'
- Los espías siguieron al director de Seguridad de Justicia, Juan Carlos Fernández, al que apodaban El Cabezón y que dependía de Prada.
Tras ser destituido, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, requisó de su despacho documentación y un ordenador personal.
Viajes de González
- El vicepresidente de Madrid y número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, fue espiado en un viaje realizado a Cartagena de Indias (Colombia) en agosto de 2008. González viajaba como presidente del Canal de Isabel II; los informes de los espías apuntan a la supuesta connivencia del mandatario con un constructor que iba con él en la comitiva.
- Otro dossier revela que González viajó a Suráfrica en marzo pasado junto al empresario Enrique Sánchez. Los billetes (8.000 euros) fueron pagados en metálico. González afirma que lo pagó de su bolsillo.
- "Para realizar el seguimiento a mi persona, los autores de los hechos que se denuncian han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos, para organizar la grabación o las fotografías, y estar muy cerca de mí", afirma González en su denuncia.
Espionaje a Prada
- Alfredo Prada, ex consejero de Justicia, fue espiado antes de su destitución. En junio de 2008, tras más de tres meses de seguimiento y después de que Prada apoyase a Rajoy, Aguirre lo destituyó. Los espías llaman a su jefe "Sergio", supuestamente Sergio Gamón, director de Seguridad de la Comunidad.
El tesorero avisó
- Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, alertó a Mariano Rajoy en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado y de que sus sospechas recaían en elementos parapoliciales de la Comunidad de Madrid. Lapuerta, afín a Rajoy, exoneró en su denuncia a la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
(www.elpais.com, - 27/01/09)
COSPEDAL SE PREPARA PARA LLAMAR A LOS JEFES DE LOS ESPÍAS
La investigación interna del PP sobre el escándalo del espionaje en Madrid sigue su marcha. La secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, citó ayer a Manuel Cobo, otro de los espiados, mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Cobo le comentó lo ya sabido, según fuentes del PP, esto es, que tiene la absoluta certeza de que le siguieron.
La investigación entra ahora en una fase clave. Cospedal también quiere escuchar al ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, un veterano muy respetado en el partido, que en mayo de 2008 informó a Mariano Rajoy de que estaba siendo espiado. Sin embargo, lo más relevante es la intención de Cospedal de interrogar también a los jefes de los supuestos espías que han aparecido citados en las informaciones. La secretaria general tiene la orden de Rajoy de llegar hasta el fondo, "caiga quien caiga", en expresión del líder.
Entre los mandos citados estos días, y que sin duda tienen información para aportar a Cospedal, está Sergio Gamón, director de Seguridad cuando se hicieron los espionajes -"entra nuestro director, Sergio", se dice en un informe-. También Miguel Castaño, ex subdirector general y mano derecha de Gamón, aparece supuestamente citado en esos informes como "Miguel". Marcos Peña, responsable de un equipo de investigación a las órdenes de Francisco Granados, podría ser citado. Y Enrique Barón, el actual director general, que sustituyó a Gamón después del escándalo por el robo de un ordenador de Juan Carlos Fernández, el responsable de seguridad de Prada, al día siguiente de que el consejero fuera destituido.
Posible rechazo
Cospedal, según fuentes de la dirección, asume que algunos de estos cuadros podrían rechazar acudir a su despacho, porque no son miembros del PP, pero cree que no lo harán porque eso sería perjudicial para ellos a la hora de elaborar las conclusiones.
La investigación de Rajoy ha sentado muy mal en el Gobierno de Aguirre, que ha decidido no abrir ninguna. Francisco Granados, consejero de Interior, dejó en evidencia ese malestar al ser preguntado en Onda Cero si el PP madrileño había sido abandonado por la dirección nacional. "No diría que el PP se siente solo, pero en alguna ocasión sí hubiera preferido una declaración más contundente [de la dirección nacional]".
(www.elpais.com, - 27/01/09)
EMPLEADOS DE LA COMUNIDAD DENUNCIAN ACOSO POR NEGARSE A ESPIAR A POLÍTICOS
Los representantes de los trabajadores en la Comunidad de Madrid han denunciado que desde la Consejería de Interior se han encargado seguimientos a políticos que "rayan la ilegalidad" y que los trabajadores que se han negado a realizarlos han sufrido "acoso y hostigamiento".
El sindicato UGT, que asegura contar entre sus afiliados con 18 de los 40 miembros que conforman el núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior, ha enviado una explosiva carta -con fecha de 22 de enero y firmada por el secretario del sector de la Administración autonómica de Madrid, Francisco Javier Sanz-, al director general de la Función Pública del Gobierno regional, Miguel López González. "Como usted sabe, este colectivo conformado por unas 40 personas y que son empleados públicos (personal laboral fijo y funcionarios de carrera) de la Comunidad de Madrid, ha sufrido un hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años, por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender éstos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación a sus funciones y podrían rayar en ilegalidad".
El representante de UGT se refiere en su carta, sin mencionarlo expresamente, a tareas de seguimiento a políticos como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero de Justicia Alfredo Prada efectuado por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid que en sus notas del espionaje mencionaban expresamente a sus dos jefes Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y Miguel Castaño, subdirector.
La misiva de UGT añade: "Como en nuestra opinión es absolutamente incierto que todo el colectivo de seguridad esté o haya participado en los hechos mencionados anteriormente (...), solicitamos de esa dirección general que se abra una investigación desde la Inspección de los Servicios, a los efectos de determinar si los integrantes del servicio de seguridad de la Comunidad han participado de la 'supuesta trama' que se plantea, ya sean éstos personal laboral, funcionarios o cargos de confianza y asesores, y se confirme y restituya la honradez y el buen hacer de la mayoría de los integrantes de este colectivo".
El sindicato, que representa junto a otras centrales a los trabajadores de la Comunidad de Madrid, exige al director general de la Función Pública que "se actúe hasta las últimas consecuencias contra aquellos trabajadores, si los hubiera, que hayan participado de la supuesta trama a la que hacen mención determinados medios, extralimitándose en las funciones que tienen asignadas".
La carta toma como base las informaciones de este diario: "Durante los últimos días hemos estado asistiendo a diversas informaciones en los medios que imputan actividades supuestamente ilegales cometidas por personal de seguridad de la Comunidad de Madrid. Estos actos hasta el día de hoy han sido, insisto según los medios de comunicación, imputados al personal de confianza (asesores de seguridad, o lo que es lo mismo funcionarios de empleo)".
Hasta ahí el colectivo de trabajadores mantenía silencio, pero cuando Granados insinuó que poseía la misma estructura de seguridad que el Gobierno socialista de Joaquín Leguina, los agentes perdieron la calma. Porque ellos sabían que las actividades sospechosas o secretas que ha destapado este diario no tienen como foco el personal clásico al servicio de la Consejería de Interior, sino a "los paracaidistas" que han puesto pie en ella en calidad de "asesores" fichados por el consejero de Interior, Francisco Granados, u otros altos cargos del Gobierno, como el ex director general Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre.
De ahí la ira del colectivo de trabajadores de la Seguridad de la Comunidad de Madrid al constatar que por "por algún medio de comunicación se ha trasladado que podrían estar o haber participado en la supuesta trama técnicos especialistas en seguridad propios de la Comunidad de Madrid y, en concreto, encuadrados en la Consejería de Interior".
El colectivo tradicional de seguridad se declara ajeno a las labores que realizan los asesores de Granados. Por el contrario, según la nota de UGT, "se siente perjudicado por la deriva en la gestión de la seguridad generada por los sucesivos integrantes del grupo de cargos de confianza y asesores que ha traído el Gobierno regional, especialmente desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector, respectivamente, hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general".
(www.elpais.com, - 27/01/09)
"MADRID NO TIENE ESPÍAS".
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, hizo ayer todo lo posible en Bilbao por evitar cualquier comentario sobre el espionaje político. La Comunidad "no tiene espías", se limitó a afirmar ante la insistencia de los periodistas tras haber presentado en un acto a Antonio Basagoiti, candidato del PP a lehendakari. Basagoiti (con Aguirre en la foto) mostró su confianza en su compañera de partido y resumió su respuesta a varias preguntas al respecto diciendo: "No estoy por ayudar a nuestros rivales".
UN EX ALTO CARGO DE PRADA RECHAZA TENER UN 'DOSSIER' SOBRE GRANADOS
El ex responsable de Seguridad de la Ciudad de la Justicia Juan Carlos Fernández afirmó ayer en un comunicado que nunca ha tenido ningún informe sobre el patrimonio de Francisco Granados, sucesor de Alfredo Prada en la Consejería de Justicia. "Es rotundamente falso que yo haya jamás elaborado ningún dossier sobre el consejero de Presidencia de Madrid, Francisco Granados, ni de otra persona pública o privada", señala el comunicado.
Fernández añade que "jamás" ha recibido "el encargo de nadie para elaborar ningún informe o dossier" sobre "ninguna persona pública o privada". Sí admite que le fue robado su ordenador en el Campus de la Justicia: "Desapareció de mi puesto de trabajo y estos hechos fueron en su momento denunciados por mí ante la fiscalía". Los días previos al robo del ordenador -que, según fuentes del Ejecutivo regional, contenía un informe sobre el patrimonio de Granados y su esposa- Fernández fue seguido por ex policías que trabajan para la Comunidad de Madrid.
El ex alto cargo se mostró "absolutamente indignado por haber sido víctima de intolerables seguimientos ilegales que han sido desvelados por un medio de comunicación", en alusión a EL PAÍS.
(www.elpais.com, - 27/01/09)
GRANADOS NIEGA QUE EXISTA UN SERVICIO SECRETO EN SU CONSEJERÍA
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, insistió ayer, a través de una carta remitida a EL PAÍS, en que "es falso que el Gobierno de la Comunidad ordenara seguir, vigilar e investigar al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo". En la misma carta, recuerda que el ex policía Marcos Peña, al que Granados contrató en junio pasado, "no formaba parte del personal de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior" en las fechas en que se realizaron los seguimientos. Granados asegura que "es falso" que en su consejería "exista un departamento, se dedique personal o cualquiera otra infraestructura que tenga como finalidad el seguimiento, investigación o vigilancia que suponga la quiebra de derechos constitucionales de ciudadanos o empresas".
Granados comparecerá en la Asamblea de Madrid el próximo viernes para dar explicaciones sobre el caso de espionaje entre políticos en esta comunidad. La presencia de Granados, solicitada, entre otros, por él mismo, se aprobó ayer en la Diputación Permanente de la Cámara.
(www.elpais.com, - 27/01/09)
EL TESORERO DEL PP EXHIBIÓ UN DOSSIER CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
Poco tiempo después de las elecciones de marzo, Rajoy llamó a Aguirre y le explicó que tenía informaciones sospechosas de su 'número 2' - Aguirre envió a Granados a Génova y Rajoy le remitió al despacho del aún tesorero, Alvaro Lapuerta, quien le mostró los documentos - El propio González le pidió explicaciones y Lapuerta sacó una placa y le dijo que como policía honorario recibía mucha información
El ex tesorero del Partido Popular Alvaro Lapuerta ha manejado dossiers que afectan a altos cargos de la Comunidad de Madrid.
En el mes de marzo de 2008, tras las elecciones generales, Lapuerta -entonces todavía tesorero del PP- comentó al presidente del partido, Mariano Rajoy, que tenía en su poder datos teóricamente comprometedores que afectaban a dos altos cargos de la Comunidad de Madrid: Ignacio González y Francisco Granados, vicepresidente y consejero de Interior del Gobierno madrileño, respectivamente.
Rajoy transmitió la información a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, quien, a su vez, comunicó el mensaje a sus dos consejeros.
El primero en acudir a Génova para tratar de aclarar el asunto fue Granados, quien, tras una breve reunión con Rajoy, despachó con Lapuerta.
Posteriormente, fue Ignacio González quien se presentó en la sede central del partido con el fin de recibir de primera mano los detalles de la supuesta información comprometedora para él.
Alvaro Lapuerta, según diversas fuentes, sacó del cajón de la mesa de su despacho una carpeta en la que había anotaciones con cifras muy concretas sobre el patrimonio de ambos. En particular, sobre el número dos de la Comunidad de Madrid.
El tesorero del Partido Popular le espetó a González que no veía justificación a su patrimonio personal y le mostró datos sobre la compra de su casa, sobre sus créditos e, incluso, sobre el coste de su mobiliario. Además, criticó algunas de las adjudicaciones de la Comunidad, al margen de otros comentarios de índole personal.
Cuando González negó la veracidad de la información, le recriminó su actitud inquisitorial y le preguntó sobre el origen de los documentos que exhibió en su presencia, Lapuerta se limitó a decirle que él había trabajado en Interior, que era policía honorario -llegó a mostrarle una placa del Cuerpo Nacional de Policía- y le aseguró que tenía muchos contactos en la Policía y en la Guardia Civil.
González transmitió a Rajoy la insólita conversación con Lapuerta (de la que también tuvo conocimiento el entonces todavía secretario general del partido, Angel Acebes), pero el presidente popular le restó importancia: «Ya sabes, Lapuerta es un hombre muy mayor. No te preocupes». De hecho, el asunto no tuvo mayor trascendencia y el PP no abrió ningún tipo de investigación interna sobre las supuestas irregularidades de los consejeros de Esperanza Aguirre.
Hay que tener en cuenta que en esas fechas ya se comenzaba a especular sobre la posibilidad de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se presentase como candidata a la Presidencia del PP en el congreso que habría de celebrarse en el mes de junio en Valencia.
Mariano Rajoy, según ha podido saber EL MUNDO, no utilizó en ningún momento esa información en su beneficio. Sin embargo, un par de meses después de las citadas comparecencias en la sede del partido (es decir, en torno al mes de mayo de 2008), Lapuerta, según declaró a El País y ha confirmado el PP a EL MUNDO, denunció ante Rajoy que estaba siendo sometido a vigilancia. De la misma sospecha fueron informados su segundo y ahora tesorero, Luis Bárcenas, y el ex vicepresidente y consejero de Justicia de Madrid, Alfredo Prada.
El propio Lapuerta señaló ante sus interlocutores a elementos de la Comunidad de Madrid como responsables de los supuestos seguimientos de los que estaba siendo objeto.
Según fuentes del PP, Lapuerta en ningún momento comentó previamente con Rajoy su conversación con El País, en la que daba cuenta de que había sido objeto de seguimientos.
(www.elmundo.es, - 27/01/09)
BARÓN Y PEÑA RECHAZAN DECLARAR ANTE DE COSPEDAL
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, continuó ayer la investigación interna abierta por su partido para determinar presuntas responsabilidades en el supuesto caso del espionaje.En primer lugar, pasó por su despacho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, como uno de los presuntos espiados, al igual que la semana pasada lo hicieron Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Ignacio González y Alfredo Prada.
Sin embargo, la número dos del PP recibió también las primeras calabazas. Llamó al director general de Seguridad, Enrique Barón, y al técnico de la Dirección General Marcos Peña, pero ninguno de los dos quiso acercarse hasta la calle de Génova. Fuentes próximas al primero explicaron que había decidido no acudir a la sede del partido porque él no es militante del PP y no tiene por qué responder ante nadie, salvo ante los jueces o sus superiores.Un argumento similar debió utilizar Marcos Peña, que tampoco quiso ser interrogado por De Cospedal.
Granados, a la Asamblea
Por su parte, la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid decidió ayer que el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, comparecerá -a petición propia- ante la Comisión homónima.El consejero tendrá oportunidad de dar explicaciones el viernes por la mañana. Granados ya ha avanzado que dará todos los detalles que obren en su poder sobre el asunto y que explicará que lo publicado por el diario El País es «una gran mentira».
(www.elmundo.es, - 27/01/09)
EL JEFE DE LA UNIDAD PARAPOLICIAL DE GALLARDÓN CONTROLA A TODOS LOS EDILES
El grupo de Unidad de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid, una unidad parapolicial al servicio del alcalde de la capital, está integrada por 21 agentes y está dirigida por Juan Carlos Durán, un antiguo sargento de la Guardia Real. Este grupo funciona al margen de la estructura de la Policía Municipal y escapa del control del inspector jefe del Cuerpo, Emilio Monteagudo, según denunció la Unión de Policía Municipal, el sindicato mayoritario en esta institución de la capital de España.
Como ya publicó ayer este periódico, en teoría este grupo se encarga de la seguridad del alcalde y en ocasiones también escoltan a los seis concejales delegados del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, nadie sabe a qué se dedican estos agentes cuando no acompañan al alcalde como grupo de avance. Sus actividades no se recogen en ningún parte.
Juan Carlos Durán, el responsable de este grupo parapolicial, es un hombre de absoluta confianza de Alberto Ruiz-Gallardón y de Pedro Calvo. Durán es muy temido dentro del Cuerpo de Policía Municipal. Y no sólo manda en la Unidad de Seguridad Operativa, sino que también maneja a su antojo el Grupo de Escoltas y Contravigilancias (GEP), al que está negando continuamente las libranzas. Es decir, que controla todos los movimientos de los concejales y tiene acceso diario al registro en el que los policías municipales informan de su turno de escolta y protección.
Durán tiene a su disposición 21 agentes. Además, cuenta con un sargento que responde a las iniciales de J. E., y con el cabo J. L. S. R. El agente L.R.M. actúa como unión entre los responsables y el resto de agentes. El sargento tiene un plus de 1.800 euros al mes, mientras que el cabo y el coordinador reciben un sobresueldo de 400 euros.
Estos agentes del grupo de Durán tienen privilegios especiales y cobran más que otros policías. En cambio, no gozan del mismo estatus los agentes del Grupo de Escoltas y de Contravigilancia a los que Durán les impide librar desde hace varias semanas.
Según el sindicato UPM, Durán usurpa funciones básicas del GEP con el beneplácito de la oficial de la Unidad de Vigilancia y Protección y del resto de mandos del Cuerpo.
uentes sindicales han denunciado que Durán ha llegado a amenazar a los agentes uniformados y que es famoso por su arrogancia y su soberbia.
En el día de ayer, Durán se reunió con el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid y con varios de sus agentes. En uno de los encuentros se amenazó a quien contara algo de las actividades a la prensa. Durán ocupó el cargo de jefe de Seguridad cuando Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid y fue una de las personas que llegó al Ayuntamiento cuando éste ganó las elecciones y se convirtió en alcalde de la capital.
Por su parte, Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, tiene previsto presentar un escrito en la Fiscalía, en el que tras la denuncia del sindicato UPM, solicita que «sean investigados los expedientes, funciones y actuaciones que se ha practicado esta brigada parapolicial».
(www.elmundo.es, - 27/01/09)
PRADA NIEGA QUE TUVIERA DOSSIERES SOBRE NADIE
El ex consejero de Justicia de Madrid y director del PP en el exterior, Alfredo Prada, manifestó ayer que el ordenador de la Consejería de Justicia que fue requisado cuando él fue destituido de su puesto en la Comunidad no contenía «la mas mínima información referida a ninguna persona» ni «a ningún miembro del Gobierno regional», en contra de lo que ayer publicó El País.
En declaraciones a Efe, Prada se ha mostrado «convencido» de que en ese ordenador, que fue requisado a Juan Carlos Fernández, no habría más que «correos, archivos o documentos, pero desde luego ninguno referido a ningún miembro del Gobierno». El propio Fernández también desmintió la noticia. En un comunicado, afirmó ayer que nunca ha obrado en su poder ningún dossier sobre nadie.
(www.elmundo.es, - 27/01/09)
AGUIRRE: "SOY UNA VÍCTIMA DE TODO ESTO. POLÍTICAMENTE VAN A POR MÍ"
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reclamado "transparencia" para que se aclare la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, de la que se siente "una víctima" porque "políticamente van a por mi". Aguirre, que ha presidido hoy un homenaje a las víctimas del Holocausto nazi en la Asamblea de Madrid, ha reclamado insistentemente "transparencia" y que la Justicia investigue la supuesta trama de espionaje pues, ha insistido, "yo soy la principal interesada" en que todo esto se aclare".
La presidenta ha recordado que el Juzgado de Instrucción ha decidido ayer abrir diligencias sobre este caso, a raíz de una denuncia presentada por la Comunidad de Madrid, lo que, ha dicho, "quiere decir que ha visto indicios de delito en el espionaje " al vicepresidente de su Gobierno, Ignacio González.
Se ha mostrado convencida de que "todo esto se aclarará y saldrán a la luz los responsables de este asunto y quienes hemos sido falsamente acusados de cosas que no hemos cometido en absoluto".
"Mi interés es transparencia y aclarar absolutamente todas las imputaciones falsas que se nos han hecho a los miembros del Gobierno de Madrid y los indicios de delito que se nos han puesto de manifiesto en estos días" ha señalado Aguirre que desea que "singularmente" se averigüe la responsabilidad del espionaje a Ignacio González.
(www.publico.es, - 27/01/09)
LA TRAMA DE ESPIONAJE PONE A PRUEBA A RAJOY
Los dirigentes del PP están preocupados por la marcha de su partido. El conflicto de Caja Madrid y la supuesta trama de espionaje, que afecta a varios de sus compañeros, ponen de nuevo a prueba el liderazgo de Rajoy.
Son muchos los que consideran que la situación que se está viviendo es el resultado de una mala gestión. Y no dudan en culpar, en ese sentido, a Mariano Rajoy. Hay quien cree que tenía que haber dado hace mucho tiempo un puñetazo sobre la mesa para poner fin a las peleas entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
"Es un lío eterno y él nunca ha sido capaz de parar este enredo que daña la imagen del partido", afirma un diputado. Otro considera que "se le ha ido de las manos" y que tendría que "ejercer de presidente".
Es verdad que en más de una ocasión les ha dado un toque de atención pero ha resultado inútil. Y se ha demostrado que esta herida lleva un año sin cerrarse. Nadie olvida que el 15 de enero de 2008, Rajoy comunicaba a ambos líderes que no irían en las listas para las generales. El regidor había mostrado gran interés por estar en el Congreso y Aguirre estaba dispuesta a renunciar a la Comunidad para convertirse en diputada. Ella lanzó su órdago y ganó el primer round.
El segundo se disputó antes del Congreso Nacional. Hasta el último minuto se barajó la posibilidad de que Aguirre presentara una candidatura alternativa. Todos lo pensaron tras escucharla en una encendida defensa de las ideas liberales.
Rajoy llegó sólo a la cita y finalmente salió respaldado con algo más del 70 por 100 de la militancia. Incluyó a Gallardón en su equipo. Y buena parte de los que le habían cuestionado se refugiaron bajo el techo del PP de Madrid.
Las peleas entre Aguirre y Gallardón han continuado. Para algunas personas del partido conservador, Rajoy se tenía que haber plantado y no haber esperado a que le estallara un escándalo "tan bochornoso como éste". Creen que Caja Madrid era un aviso de lo que se avecinaba y que no quiso verlo. Prefirió mantenerse neutral y callado. Mientras Aguirre trataba de hacerse con el control de la entidad financiera, Gallardón se aliaba con su presidente, Miguel Blesa. El silencio de Rajoy se rompió hace unos días. Su consejo: recomendar que fuera el Banco de España quien tutelara la caja para que está se despolitizara por completo.
Cuando saltó la polémica del espionaje , Rajoy dijo que creía a Aguirre. Pero un día después lanzaba un rotundo comunicado que desataba definitivamente la guerra entre ellos. "Más vale tarde que nunca", piensa un miembro del Comité Ejecutivo Nacional.
No obstante, hay en el partido quien cree que pese a que pueda parecer que su líder ha actuado con un poco de retraso, lo ha hecho "con la prudencia que le caracteriza". En este sentido, una diputada nacional recuerda que Rajoy "lidera el primer partido de la oposición y mide mucho que sus actuaciones puedan ir en contra del PP".
Ahora en este juego a tres bandas, Rajoy debe demostrar su capacidad de liderazgo. Para muchos se juega su prestigio. Y también su fuerza porque ésta ha sido la primera vez que se enfrenta de verdad a Aguirre. Por eso, a los marianistas les recorre un temor: que si la presidenta de la Comunidad de Madrid sale ilesa vaya a por él sin miramientos.
A este contexto se le suma además otro elemento. El líder del PP ha tenido que soportar esta semana cómo altos cargos Ruiz-Gallardón, Fraga o Mayor Oreja recordaban que había que seguir contando con el ex presidente Aznar. (www.publico.es, - 27/01/09)
Aguirre: "La Comunidad de Madrid no tiene espías"
Feijoo afirma que el PP tienen la "obligación" de saber quién está detrás de la trama de espionaje.- El consejero de Presidencia Granados comparecerá el viernes ante la Asamblea madrileña
La presidente del Gobierno madrileño, Esperanza Aguirre, ha manifestado esta mañana que "la Comunidad de Madrid no tiene espías" ante las preguntas de la prensa en torno al escándalo de espionaje político en su región, informa Javier Rivas. Tras acudir junto a Antonio Basagoiti, candidato del Partido Popular (PP) en las elecciones vascas, a un desayuno informativo celebrado en Bilbao, la presidenta ha eludido entrar en profundidad y se ha limitado a rechazar que el Ejecutivo que dirige esté detrás de los seguimientos a su número dos, Ignacio González, el ex consejero Alfredo Prada o el vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo.
Durante el acto, Basagoiti, líder del PP vasco elegido por Mariano Rajoy para cubrir la dimisión de María San Gil, ha ofrecido su apoyo a Aguirre y ha afirmado que confía en ella. "No estoy por la labor -ha añadido Basagoiti- de echar una mano a nuestros rivales". En el mismo sentido se ha pronunciado Jaime Mayor Oreja, candidato a los comicios europeos. "Es injusto -ha expresado Mayor Oreja en una entrevista con Onda Cero- pensar que esté en la soledad más absoluta en el partido".
"Ni aceptable ni agradable"
Otro de los líderes que se someten este año al examen de las urnas y por tanto uno de los que más tiene que perder en una crisis interna del partido, el presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado hoy que tanto su partido como la sociedad quieren que se aclare el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid y "que se sepa quién está detrás", porque, de ser "real", no sería "ni aceptable ni agradable". En un desayuno de Nueva Economía Fórum, Núñez Feijoo ha insistido en que el PP tiene la obligación" de averiguar "quién está detrás" de los supuestos seguimientos a altos cargos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, y que ese es su objetivo.
En el desayuno informativo al que ha acudido Feijoo también se han dado cita la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el presidente fundador, Manuel Fraga, y algunos de las víctimas de la trama de espionaje como Manuel Cobo y Alfredo Prada. En un marco de la investigación interna abierta en el PP, Cospedal se ha reunido esta mañana con el vicealcalde de Madrid. Esta semana, Cospedal tiene previsto continuar con las reuniones con otros protagonistas de la trama, víctimas en este caso, entre ellos el ex tesorero del partido Alvaro Lapuerta y la diputada Carmen Rodríguez Flores. La pasada semana, la número dos del PP ya habló con Aguirre, González, Prada y el consejero de Presidencia, Francisco Granados.
Es el quinto cargo implicado en los supuestos seguimientos de la trama de espionaje con el que se reúne De Cospedal, que ya durante la semana pasada, en cuanto el presidente del PP, Mariano Rajoy, ordenó comenzar una investigación, se entrevistó personalmente en la sede del partido con la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y con el consejero de Interior, Francisco Granados.
Granados comparecerá el viernes
Precisamente Granados comparecerá el próximo viernes 30 de enero ante una comisión extraordiaria de su cartera (Presidencia, Justicia e Interior) en la Asamblea madrileña. La comparecencia, a petición propia, ha sido aprobada por PSOE y PP. IU se ha abstenido por considerar que no entrará en el fondo debido a que no será en pleno -como exigían el PSOE e IU- y acudirá a la Cámara para informar sobre cómo su Consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones". La portavoz de IU, Inés Sabanés, ha advertido de que una comparecencia de Granados para "explicar cómo funciona su Consejería" sería una "tomadura de pelo", mientras que el portavoz del PP, David Pérez, ha sostenido que es una "práctica totalitaria aborrecible exigir a alguien a quien se le imputan acusaciones no demostradas que demuestre su inocencia".
Por su parte, la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, ha citado una de las célebres frases del presidente de EE UU, Barak Obama, para transmitir a los populares que los socialistas están "dispuestos a tenderles la mano, si abren el puño" en este asunto. Granados cuenta con un cuerpo de al menos cuatro personas, un ex inspector de Policía, Marcos Peña, y tres ex guardias civiles, que lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP con los que la dirección regional mantiene tensas relaciones, informa Francisco Mercado.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), ha exigido hoy a Aguirre el "desmantelamiento inmediato" de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad, de la que depende el grupo que supuestamente ha espiado a varios políticos. Para Gómez, esta dirección es, o bien "un cuerpo parapolicial, una organización ilícita", o bien "no tiene ningún sentido" que exista porque la Comunidad de Madrid carece de competecias en la materia.
Granados apunta otra vez a Caja Madrid
En una entrevista con El Economísta, Francisco Granados ha indicado que la lucha de poder en torno al control de Caja Madrid ha podido crear "algunos enemigos" al Gobierno regional dentro de esa entidad, que podrían "ser autores" de la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Se trata de la segunda vez que apunta a la entidad financiera. Granados ha reiterado que desconoce "quien ha facilitado, financiado y montado la infraestructura" que ha hecho posible que varios altos cargos de la política madrileña hayan sido seguidos en los últimos meses.
Sin embargo, otros miembros del Ejecutivo desconocn cualquier vinculación entre la trama y Caja Madrid. Así ha respondido el consejero de Economía, Antonio Beteta, a preguntas de los periodistas. "El consejero (Francisco Granados) sabrá" por qué vincula estos dos asuntos, ha dicho Beteta
www.elpais.es 26.01.09
Funcionarios de Madrid denuncian acoso por negarse a seguir a políticos
Los trabajadores rechazaron las tareas exigidas porque eran una "extralimitación" a sus funciones y podían rayar en la "ilegalidad"
El Gobierno de Esperanza Aguirre tiene desde el 22 de enero una denuncia de representantes de trabajadores de la Comunidad de Madrid en la que se sostiene que empleados de la Consejería de Interior "han sufrido hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años por no prestarse a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación", en referencia al espionaje a políticos desvelado por EL PAÍS. Los trabajadores, según la denuncia enviada por el secretario de Administración Autonómica de UGT al director de la Función Pública, Miguel López González, rechazaron esas "tareas" porque "podrían rayar en la ilegalidad". UGT pide que se aclare quiénes han participado en la "supuesta trama" de espionaje.
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, califica de "intolerable" el silencio de la presidenta Esperanza Aguirre en torno a la trama de corrupción y espionaje albergado supuestamente en el Gobierno regional.
El sindicato UGT, que asegura contar entre sus afiliados con 18 de los 40 miembros que conforman el núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior, ha enviado su explosiva carta al mencionado director general. "Como usted sabe", dice textualmente la misiva, "este colectivo conformado por unas 40 personas y que son empleados públicos (personal laboral fijo y funcionarios de carrera) de la Comunidad de Madrid, ha sufrido un hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años, por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender éstos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación a sus funciones y podrían rayar en ilegalidad".
Aunque no lo señala explícitamente, el representante de UGT se refiere a tareas de seguimiento a políticos como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero de Justicia Alfredo Prada efectuado por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid que en sus notas del espionaje mencionaban expresamente a sus dos jefes Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y Miguel Castaño, subdirector.
La carta de UGT agrega: "Como en nuestra opinión es absolutamente incierto que todo el colectivo de seguridad esté o haya participado en los hechos mencionados anteriormente (...), solicitamos de esa dirección general que se abra una investigación desde la Inspección de los Servicios, a los efectos de determinar si los integrantes del servicio de seguridad de la Comunidad han participado de la 'supuesta trama' que se plantea, ya sean éstos personal laboral, funcionarios o cargos de confianza y asesores, y se confirme y restituya la honradez y el buen hacer de la mayoría de los integrantes de este colectivo".
El colectivo de trabajadores de la Comunidad de Madrid mantenía silencio en estos días, pero cuando el consejero de Interior, Francisco Granados, insinuó que poseía la misma estructura de seguridad que el Gobierno socialista de Joaquín Leguina, los agentes perdieron la calma. Porque ellos sabían que las actividades sospechosas o secretas que ha destapado EL PAÍS no tienen como foco el personal clásico al servicio de la Consejería de Interior, sino a "los paracaidistas" que han puesto pie en ella en calidad de "asesores" fichados por Granados u otros altos cargos del Gobierno, como el ex director general Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre.
El juez ve indicios de delito en espionaje al número dos de Aguirre y lo regaña por no poner él la denuncia
José Sierra, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha decidido abrir diligencias para indagar en la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, entre cuyas víctimas se sitúan el vicepresidente, Ignacio González, el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo y el ex consejero de Justicia regional, Alfredo Prada. El magistrado ve indicios de delito en la cuestión –aunque la denuncia, presentada el pasado día 20, sólo recoge el caso del número dos de Aguirre- y considera que “los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
El vicepresidente de Madrid, espiado con cámaras ocultas en varios viajes
El País se reafirma: “La presidenta Aguirre debe una explicación sobre el espionaje”
Aguirre achaca en ABC “el montaje” del espionaje a los socialistas
Granados presidió la Comisión Investigadora del tamayazo y ahora es presunto impulsor de una...
El Gobierno regional también espió a un hombre de confianza del ex consejero Prada, destituido...
No hay dos sin tres: el ex consejero Prada, afín a Rajoy, también fue espiado
Cobo denuncia ante la Fiscalía el "espionaje parapolicial" que sufrió
El partido de ultraderecha Alternativa Española se presenta como acusación contra la clínica...
Gónzalez: "Espero conocer toda la verdad y que recaiga sobre los promotores de los seguimientos...
Sierra es el mismo magistrado que instruyó el sumario del caso de la clínica de abortos Isadora, un proceso abierto en 2007 y salpicado por múltiples denuncias de “irregularidades”. Entre otras cosas, permitió que se personara en la causa el partido ultraderechista Alternativa española lo que les habría permitido acceder a los historiales de las mujeres que abortaron en la clínica. Tanto la Fiscalía como la propia clínica recurrieron tal decisión y se está a la espera de que se resuelvan ambos recursos en la Audiencia Provincial.
Denuncia de la Comunidad de Madrid
Ahora, el polémico magistrado, tras recibir la denuncia sobre la trama de espionaje en la Comunidad presentada por el secretario general del Gobierno regional, Salvador Victoria Bolívar, ha decidido incoar diligencias previas. Dicha denuncia esta fechada el 20 de enero y sólo se refiere al supuesto seguimiento que se hizo al número dos de Aguirre, Ignacio González.
¿Dónde está González?
Antes de iniciar las diligencias, el magistrado ha pedido a Victoria que aclare si ha interpuesto la diligencia en nombre de la Comunidad o del vicepresidente, dejando claro que, en su opinión, debía ser este último quien la interpusiera en calidad de víctima. Sierra ha dado al secretario general de Madrid cinco días de plazo para aclarar si actuó “únicamente en razón de su cargo” o “igualmente en nombre y representación de la persona agraviada”, citando el artículo 201 del Código Penal según el cual es “necesaria” la denuncia de "la persona agraviada o de su representante legal”.
El objeto de la denuncia
Tal como consta en el auto del juez, el objeto de la denuncia son los hechos publicados por el diario El País la semana pasada, es decir, los “distintos seguimientos parapoliciales” hechos al vicepresidente “en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados”. El texto judicial también recoge que en los seguimientos se utilizaron cámaras ocultas y se elaboraron informes con fotografías, documentos privados e información reservada.
Granados comparecerá
Por su parte, el número tres de la Comunidad, Francisco Granados, a quien muchos ven como la mano negra tras los supuestos seguimientos, comparecerá en la Asamblea regional el próximo viernes 30 de enero ante una comisión extraordinaria de Presidencia, Justicia e Interior –su cartera-. Granados acudirá a petición propia para informar de cómo Consejería “ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones”.www.elplural.com 26.01.09
"La campaña de Rajoy y Gallardón para liquidar el PP de Madrid va a todo trapo"
“La campaña de Rajoy y Gallardón para liquidar el PP de Madrid va a todo trapo”. Así ha valorado esta mañana desde la COPE Federico Jiménez Losantos la supuesta trama de espionaje que, según las informaciones de El País, la Consejería de Presidencia e Interior madrileña ha organizado para llevar a cabo seguimientos a distintas personalidades del propio PP regional. El locutor ha insistido en su programa de hoy en apuntar a Mariano Rajoy y Alberto Ruiz Gallardón como los creadores de esta trama para “acabar” con Esperanza Aguirre, ya que esta supone, según dijo, “un obstáculo en la carrera de Rajoy hacia la nada y en la carrera de Gallardón hacia el sillón de Mariano”.
El Mundo denuncia la existencia de una "unidad parapolicial", esta vez dependiente Gallardón
El País se reafirma: “La presidenta Aguirre debe una explicación sobre el espionaje”
Aguirre bromea: “¿A ti no te he espiado, con lo todopoderoso que eres?”
Explosivas declaraciones del periodista de El País que ha desvelado la "sucia" trama de espionaje
El comunicado de Génova sobre el espionaje también es una declaración de guerra de Rajoy a...
Losantos sentencia: Blesa y Gallardón, culpables del espionaje al número dos de Esperanza Aguirre
"Rajoy es una víctima de la ambición desmedida de Gallardón y Aguirre"
Los medios de la derecha siguen haciendo campaña a favor de Esperanza Aguirre y no cesan en su empeño de defender a la presidenta madrileña de las informaciones sobre una supuesta trama de espionaje que apuntan a su Ejecutivo. Si el diario El Mundo contraatacaba hoy a las informaciones de El País asegurando que en la Comunidad de Madrid existe otra red de vigilancia parapolicial, esta vez dependiente del Ayuntamiento, el siempre cercano a Aguirre, Federico Jiménez Losantos, tiene claro que las noticias del grupo Prisa al respecto forman parte de “una campaña emprendida por Gallardón y Rajoy para acabar con el PP de Madrid, porque Aguirre es un obstáculo en la carrera de Rajoy hacia la nada, y en la carrera de Gallardón hacia el sillón de Mariano, que tiene que estar al caer ya”.
"Los Hombres G"
“Los Hombres G no son los de David Summers, no, son los hombres del oneroso déspota de ambiciones”, apuntó el locutor de la radio de los obispos, recogiendo la información del rotativo de Pedro J. Ramírez, y exigió a Gallardón, al que también se refirió como “el faraón” o “la Carla Bruni de la derecha española”, que explique la existencia de esta supuesta segunda trama. “Seguro que lo explica, porque es un hombre transparente. El licenciado vidriera era de hormigón a su lado”, ironizó.
A Rajoy le "sobra" Aguirre
Tampoco ahorró en descalificaciones a Mariano Rajoy, a quien acusó de dar ayer un “discurso” sobre la unidad del partido que se convirtió en “una colección de mentiras y bobadas”. “¿Qué unidad del PP, si desde las elecciones de marzo nunca ha tenido menos unidad el PP? Has destrozado el PP vasco, lo has hundido en Cataluña y te lo quieres cargar en Madrid”, acusó a Rajoy, y le echó en cara que le “sobra Aguirre”.
"Verte nos produce repulsión"
“Si el que no gustas eres tú. Vete a un congreso democrático, no a una chapuza búlgara infecta como lo de Valencia, y si te votan lo militantes, pues muy bien, tendrás legitimidad, ahora no tienes ninguna, ninguna. Y desde lo de San Gil, verte a muchos de los votantes del PP, que lo hemos sido, nos produce repulsión por no decir otra cosa”, le recriminó.
"Interés de banda"
Además insistió en que el alcalde madrileño y el líder del PP están llevado a cabo esta operación “por puro interés de banda”, porque la carrera “escuálida” y “vermiforme” de Rajoy “se terminó” y ahora está obligado a “ir matando con tal de que no haya sucesión”. “Se trata de la lucha por el poder del PP, porque en menos de un año, el PP está para los leones, está descompuesto”, añadió.www.elplural.26.01.09
EL EX POLICÍA QUE FICHÓ GRANADOS URDIÓ UN BULO CONTRA EL GOBIERNO DE ZAPATERO
El ex policía Marcos Peña estuvo en el origen de una información falsa contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2006. La información se refería a un supuesto trato de favor en el escándalo del fraude de la filatélica Afinsa (que estafó supuestamente a 140.000 clientes y que tenía un agujero patrimonial de 1.105 millones de euros), según una sentencia conocida en el mes enero de 2008. Apenas seis meses después, el Gobierno de Esperanza Aguirre fichó a Peña como asesor de la Comunidad de Madrid.
Desde entonces, Marcos Peña forma parte del equipo de confianza en materia de seguridad del consejero de Interior de la Comunidad, Francisco Granados. Lo contrató por recomendación del diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, según fuentes del Gobierno autonómico. Del Burgo se distinguió como parlamentario por alentar otro bulo, el del 11-M, que pretendía involucrar a ETA en el atentado islamista en los trenes de Madrid.
La información falsa cocinada por Marcos Peña apareció entre mayo y junio de 2006 en el diario El Mundo e involucraba a Jorge Blázquez Lidoy, número dos de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, que entonces dirigía Miguel Sebastián, actual ministro de Industria.
La información atribuía a Blázquez Lidoy gestiones para bloquear una investigación del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) contra una empresa encargada de auditar a Afinsa por no detectar el fraude que se estaba produciendo ni el descomunal agujero patrimonial que sufría la filatélica, destapados aquel año.
La empresa auditora de Afinsa era Gestynsa, propiedad del padre de Jorge Blázquez. Éste, según el dossier que difundía el ex policía Marcos Peña, presionó desde la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno al ICAC (organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda) para bloquear la investigación e impedir una multa a la empresa de su padre. El ICAC sancionó a Gestynsa por una falta grave.
Jorge Blázquez Lidoy, en la actualidad alto cargo (asesor ejecutivo para asuntos internacionales) del Ministerio de Industria, que dirige Miguel Sebastián, confirmó ayer a EL PAÍS que durante el juicio que se celebró tras denunciar él mismo las falsedades de las noticias publicadas, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, confesó al juez que "Marcos Peña había sido el origen de la información".
En la página 5 del fallo judicial se explican los pormenores de la fabricación del bulo: "D. Pedro J. Ramírez identifica como origen de la noticia a dos personas, D. Ángel Zarabozo y D. Marcos Peña. El Director del ICAC, si bien afirmó conocer a estas personas y mantener con ellas cierta relación de amistad, negó haber transmitido dicha información, al igual que negó haber mantenido la reunión que relató Pedro J. Ramírez entre una periodista de El Mundo, el director del ICAC, D. Angel Zarabozo y D. Marcos Peña.
Y lo cierto es que la mera amistad existente entre estos dos últimos y el director del ICAC no es suficiente para atribuir a la fuente de la información la nota de solvencia que acreditaría el cumplimiento de la diligencia exigible a los demandados en la comprobación de la veracidad de la noticia difundida, lo que unido a que no se contrastó ningún dato objetivo, lleva a declarar que la información ha lesionado el derecho al honor del demandante".
La sentencia de aquel juicio, fechada en enero de 2008, sólo cinco meses antes de la contratación de Marcos Peña por parte de la Comunidad de Madrid como asesor de Seguridad, acredita que las informaciones para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eran falsas. La sentencia, recurrida por El Mundo, la firmó la juez titular del juzgado número 43 de Madrid.
La maniobra de intoxicación para desprestigiar al Ejecutivo socialista, montada por Marcos Peña y Ángel Zarabozo, ex socios en la empresa de seguridad Keytech Sistemas Integrales, fue ampliamente difundida por El Mundo durante la última semana de mayo y la primera de junio de 2006. No consta cuál era la relación de ambos con dicho escándalo para haber realizado dicho informe y ser el origen de la información falsa a la que El Mundo dedicó una decena de páginas. Cuando Jorge Blázquez Lidoy presentó una demanda por las falsas informaciones, los responsables del periódico que las habían publicado alegaron que sus noticias "debían encuadrarse dentro de la crítica política" y que exigir a ese medio de comunicación la prueba de veracidad "implicaría una probativo diabólica", según se recoge en la propia sentencia.
La juez condenó a los autores del bulo a abonar 18.000 euros al alto cargo de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno que ahora asesora el ministro de Industria.
Marcos Peña, el ex policía que fabricó el bulo sobre Blázquez Lidoy, explicó hace ocho días a este periódico que su cometido en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid consistía básicamente en elaborar informes para su jefe, el consejero Francisco Granados. Y citó entre sus investigaciones rematadas con informes algunos casos de corrupción que afectaban a ayuntamientos dirigidos por socialistas, como el de Ciempozuelos y el de Coslada, y otros como el escándalo de las mafias de las discotecas de Madrid, bajo el gobierno del PP.
LOS TRES EQUIPOS DE INTERIOR
- El primer equipo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid tras la victoria electoral de Esperanza Aguirre en las segundas elecciones autonómicas de 2004 (las primeras no sirvieron porque dos tránsfugas socialistas arrebataron la presidencia del Gobierno a Rafael Simancas con su traición) lo dirigió Alfredo Prada, con su hombre de confianza, Juan Carlos Fernández, al frente de la Seguridad autonómica.
- En 2006, dos años después de iniciada la era Aguirre, ésta ficha a Sergio Gamón, que había sido su jefe de Seguridad en el Senado, como director general de Seguridad Ciudadana. Gamón se convierte en el hombre fuerte de ese departamento en la consejería que dirige Alfredo Prada.
- En 2007, Prada pierde Interior, que pasa a depender de Francisco Granados. Gamón sigue al frente de la Dirección de Seguridad Ciudadana, pero el nuevo consejero ficha como asesores a tres ex guardias civiles que conocía de Valdemoro. Meses después contrata a un ex policía, Marcos Peña, como asesor. Luego destituye a Gamón por irrumpir en el despacho de Juan Carlos Fernández, el hombre de confianza de Prada. Enrique Barón, jefe superior de Policía de Madrid, ocupa el puesto de Gamón.
(www.elpais.com, 26/01/09)
LOS ESPÍAS REQUISARON UN 'DOSSIER' DEL CONSEJERO DE INTERIOR Y DE SU ESPOSA
El espionaje desde dentro. Un dossier con información supuestamente comprometedora para el consejero de Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, circulaba por dependencias de la propia Comunidad de Madrid, según sostienen altos cargos del Ejecutivo regional. Granados, sin embargo, nunca ha tenido conocimiento de que existiera ese dossier sobre su patrimonio, según fuentes próximas al consejero.
Uno de los principales cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre ha confirmado a EL PAÍS que ex agentes que trabajan en el área de Seguridad de la Consejería de Interior, desde donde se han hecho seguimientos a políticos del PP, requisaron el ordenador donde se encontraba presuntamente el dossier contra Granados en un despacho de la Ciudad de la Justicia, sociedad dependiente de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.
La documentación supuestamente comprometedora para Granados se encontraba, según las mismas fuentes del Gobierno regional, en el despacho de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza del ex consejero de Justicia, Alfredo Prada. Fernández era director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia, y, meses antes de que le requisaran documentos en su despacho, había sido uno de los objetivos de los seguimientos a políticos por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid. El consejero Alfredo Prada también fue investigado y seguido por los espías.
El 27 de junio, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado por la presidenta Esperanza Aguirre, y cuatro de sus colaboradores, aprovecharon la ausencia de Juan Carlos Fernández para entrar en su despacho y requisar documentos. Lo hicieron un día después de que el jefe de Fernández, el consejero Alfredo Prada, fuera destituido por Esperanza Aguirre.
El dossier incluía información sobre el patrimonio de Francisco Granados y de su esposa, e intentaba vincular al consejero con empresas constructoras, tomando como base el vehículo particular del consejero de Interior que estaba a nombre de una empresa y que resultó intencionadamente incendiado para centrar la atención sobre su propietario. Por contra, personas del entorno de Granados apuntan en privado que el dossier no le comprometía a él sino al vicepresidente, Ignacio González. Lo sorprendente es que distintos miembros del Gobierno de Aguirre reconozcan en privado saber el contenido de un ordenador cuya requisa -robo, según la denuncia- nunca han reconocido oficialmente, ni devuelto.
En efecto, en octubre de 2006, el coche del consejero Granados fue incendiado cuando estaba estacionado en el aparcamiento de la urbanización de Valdemoro en la que reside. La investigación descubrió que el incendio había sido intencionado (la policía encontró aceleradores del fuego en el interior del coche) y que el vehículo, un Mini Cooper descapotable, estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, Grandes Locales de Negocios.
Granados explicó entonces que el vehículo era de su esposa, pero que el concesionario en el que lo compró no había tramitado aún el cambio de titular por problemas burocráticos. El PP pidió inmediatamente que la Fiscalía General del Estado investigase si el incendio en el domicilio del consejero Granados tenía relación con el caso del Ayuntamiento de Ciempozuelos, donde acababa de dimitir el alcalde socialista, Pedro Torrejón, por un escándalo urbanístico de supuesto cobro de comisiones ilegales. El juez que investigó el caso Ciempozuelos, Agustín Carretero, fue fichado posteriormente por el consejero Granados como alto cargo de su consejería.
(www.elpais.com, 26/01/09)
GAMÓN Y HALFFTER
Un día después de que la presidenta Esperanza Aguirre destituyera a Alfredo Prada como consejero de Justicia, los agentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, con su jefe, Sergio Gamón, al frente, se pusieron manos a la obra.
Gamón y cuatro de sus colaboradores se presentaron en la Ciudad de la Justicia, entraron en el despacho del director de Seguridad, Juan Carlos Fernández, y requisaron documentos.
Gamón lo explicó así en este periódico: “El viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter me ordenó que mirara cómo estaba el asunto de la seguridad en la Ciudad de la Justicia. Yo siempre he actuado a las órdenes del consejero o del viceconsejero. No hago nada por mi cuenta”.
Fuentes de la consejería de Interior indicaron a este periódico que Gamón no reportaba directamente con Francisco Granados, su último jefe, sino con el viceconsejero Alejandro Halffter, fichado para ese puesto por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
(www.elpais.com, 26/01/09)
GONZÁLEZ RECOLOCA A UNO DE LOS ALTOS CARGOS CITADOS EN LOS SEGUIMIENTOS
Miguel Castaño, ex subdirector general de Seguridad de la Consejería de Interior, uno de los altos cargos de la Consejería de Interior a los que presuntamente se alude en los partes de espionaje publicados por este diario y entregados a la fiscalía de Madrid, ha sido nombrado asesor de seguridad del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Madrid, Ignacio González. Castaño es aludido en los partes del espionaje perpetrado supuestamente por personal de la consejería de Interior, que dirige Francisco Granados. El 28 de abril de 2008 escriben: "A las 18.25, nos desplazamos a la dirección por requerimiento de Miguel".
Tras la destitución del director de Seguridad, Sergio Gamón, a raíz del escándalo de la operación que dirigió de requisa de un ordenador de una empresa de la Consejería de Justicia, su segundo, Castaño, también fue apartado del puesto. Ambos fueron recolocados.
Gamón fue nombrado director del área de seguridad bajo el exclusivo mando de Granados. Y Castaño fue designado asesor. El primero tiene un equipo de ex policías a su cargo. El segundo, no, según fuentes de Interior. El personal de la Consejería de Interior desmiente, a través de UGT, que la estructura sea heredada de anteriores gobiernos: "Existe un grupo de asesores nombrados por el consejero de Interior, desde septiembre de 2007, formado por ex policías, ex guardias civiles y personal de confianza, de los que se desconoce qué trabajo realizan".
"Siguen en nómina"
El personal funcionario de la consejería, según la nota de UGT, "se siente perjudicado por la deriva en la gestión de seguridad generada por los sucesivos integrantes del grupo de cargos de confianza y asesores que ha traído el Gobierno desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector de Seguridad hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general". "Ambos ex altos cargos siguen aún, sorprendentemente, en nómina de la Comunidad", señala UGT. La nota denuncia que estos puestos se crearon para reubicarlos tras su destitución aparente.
Los trabajadores de la Consejería de Interior han trasladado su malestar al actual director, Enrique Barón, bajo cuya estructura y mando no se hallan los equipos del ex inspector Marcos Peña y Sergio Gamón. Barón ni siquiera ha sido informado de cuál es la labor de dichas células parapoliciales que reportan a Granados. Los trabajadores, ante la situación creada por las informaciones, han elevado su disgusto a distintos cargos de la Comunidad.
(www.elpais.com, 26/01/09)
ESPIONAJE MANUSCRITO
Entre las decenas de partes de seguimiento a políticos que mecanografiaron los agentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid -departamento del que dependían, puesto que se referían al mismo en sus relatos o partes diarios del trabajo de espionaje- hay algunos donde aparecen notas manuscritas cuya autoría se puede investigar judicialmente con peritos caligráficos.
Los supuestos espías vigilaban a los objetivos que alguien les había ordenado espiar: "P", era Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid al que Esperanza Aguirre destituyó cuando se puso del lado de Mariano Rajoy; y "C" era el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado abiertamente con la presidencia regional. Cualquier persona que se viera con los dos objetivos señalados era anotada en los partes de seguimiento.
En ocasiones, los agentes localizaban a vehículos que creían sospechosos en los aledaños de los restaurantes donde comían sus espiados. Y entonces, apuntaban la matrícula y luego la trasladaban a los partes de seguimiento poniendo anotaciones al margen que escribían de su puño y letra.
Estas incidencias llenaron al menos tres partes de seguimiento, a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El primero corresponde a un almuerzo del consejero de Justicia, Alfredo Prada, en un restaurante situado en la calle de Fernando El Santo. Los agentes escriben en su parte: "Observamos que hay varios vehículos oficiales de los que tomamos las matrículas". Al margen, en la nota, aparecen tres matrículas manuscritas aunque no se identifica a sus propietarios.
El 27 de mayo, en otro de sus seguimientos, donde no se precisa el objetivo, apuntan al margen una matrícula a mano y, justo debajo, el nombre de su supuesta propietaria, una diputada autonómica del PP que se ha declarado afín a Mariano Rajoy y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada.
Por último, el 14 de marzo, en una salida nocturna de Prada con su familia para cenar, los agentes que le espían toman "matrículas de vehículos con el fin de comprobar propietarios". Y añaden: "Se detecta un vehículo, tanto por las proximidades a su domicilio como por la zona del restaurante perteneciendo el mismo a...". Debajo anotan a mano "Secretaria Estado".
(www.elpais.com, 26/01/09)
¿HORAS EXTRA O TURNOS DE
Los ex policías contratados por la Comunidad de Madrid que investigaron a políticos mediante seguimientos por la capital de España y otros municipios de la región se emplearon a veces hasta la madrugada. O cobraron horas extra, o el equipo de espías era muy amplio y se hacían tres turnos de vigilancia.
Los partes de seguimiento abarcan vigilancias que se inician a primera hora de la mañana -"Cobo [vicealcalde de Madrid] sale de su domicilio a las 08.25 horas de la mañana tomando el itinerario habitual y llegando a su puesto de trabajo a las 09.02 horas"-, continúan a la hora de los almuerzos - "sale solo del restaurante, se monta en el vehículo oficial. Nosotros nos dirigimos a la reunión que tenemos en la D. G. [Dirección General]"- y se alargan hasta la madrugada -"[Prada] sale sobre las 22.10 del domicilio y se dirige a un restaurante sito en la calle Comandante Zorita, en el cual entra en compañía de su mujer y de una chica muy joven, permanecemos por la zona hasta eso de las 0.50 horas en la que salen".
El ritmo de trabajo que reflejan los partes de seguimiento apunta a la existencia de varios equipos de espionaje (de hecho hay tres tipos de letra distinta en los partes mecanografiados) y de distintos horarios, que salvo que sean remunerados con el pago de horas extra no están previstos en ningún contrato del personal de la Comunidad de Madrid.
Por los detalles que aportan en sus notas del seguimiento a políticos, los equipos de vigilancia tampoco eran demasiado numerosos porque se quejan constantemente de algunas lagunas en su zona de cobertura. "[Prada] sale con su esposa a las 22.15 horas. A las 22.22 horas lo perdemos debido a que toma un camino que sólo está cubierto por un vehículo y sale otro de un garaje que obstruye nuestra maniobra de seguimiento, no pudiendo volver a detectarlo aunque damos repetidas vueltas por zonas cercanas a la que nos encontramos. A las 23.15 decidimos desmontar el dispositivo".
En otra ocasión, los agentes localizan a Prada junto a una persona de "baja estatura, cabeza despoblada, color de pelo moreno-canoso, nariz puntiaguda y cintura gruesa". En ese seguimiento, los supuestos espías reconocen sus dificultades: "Esta persona se monta en el coche con Prada y se dirigen dirección Miguel Ángel-Ruben Darío-Almagro, itinerario descubierto [no controlado por el dispositivo por falta de medios y personas, estando cubiertas las salidas de General Martínez Campos y de Paseo de la Castellana con un vehículo-persona cada uno y el otro componente dando la salida al objetivo".
(www.elpais.com, 26/01/09)
ESPIONAJE MANUSCRITO
Entre las decenas de partes de seguimiento a políticos que mecanografiaron los agentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid -departamento del que dependían, puesto que se referían al mismo en sus relatos o partes diarios del trabajo de espionaje- hay algunos donde aparecen notas manuscritas cuya autoría se puede investigar judicialmente con peritos caligráficos.
Los supuestos espías vigilaban a los objetivos que alguien les había ordenado espiar: "P", era Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid al que Esperanza Aguirre destituyó cuando se puso del lado de Mariano Rajoy; y "C" era el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado abiertamente con la presidencia regional. Cualquier persona que se viera con los dos objetivos señalados era anotada en los partes de seguimiento.
En ocasiones, los agentes localizaban a vehículos que creían sospechosos en los aledaños de los restaurantes donde comían sus espiados. Y entonces, apuntaban la matrícula y luego la trasladaban a los partes de seguimiento poniendo anotaciones al margen que escribían de su puño y letra.
Estas incidencias llenaron al menos tres partes de seguimiento, a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El primero corresponde a un almuerzo del consejero de Justicia, Alfredo Prada, en un restaurante situado en la calle de Fernando El Santo. Los agentes escriben en su parte: "Observamos que hay varios vehículos oficiales de los que tomamos las matrículas". Al margen, en la nota, aparecen tres matrículas manuscritas aunque no se identifica a sus propietarios.
El 27 de mayo, en otro de sus seguimientos, donde no se precisa el objetivo, apuntan al margen una matrícula a mano y, justo debajo, el nombre de su supuesta propietaria, una diputada autonómica del PP que se ha declarado afín a Mariano Rajoy y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada.
Por último, el 14 de marzo, en una salida nocturna de Prada con su familia para cenar, los agentes que le espían toman "matrículas de vehículos con el fin de comprobar propietarios". Y añaden: "Se detecta un vehículo, tanto por las proximidades a su domicilio como por la zona del restaurante perteneciendo el mismo a...". Debajo anotan a mano "Secretaria Estado".
(www.elpais.com, 26/01/09)
EL PP, ENTRE EL MUTISMO Y EL "QUEREMOS SABER"
Las revelaciones sobre el espionaje político en la Comunidad de Madrid lo han convertido en un tema inevitable en cualquier comparecencia pública de casi cualquier cargo del PP. Fuera de ese partido, sólo el ministro del Interior se refirió ayer, en tono estrictamente institucional, al asunto.
- Alfredo Pérez Rubalcaba. El ministro del Interior dijo que las Fuerzas de Seguridad están "como siempre" a "plena disposición" de los jueces y los fiscales que están investigando el caso del supuesto espionaje a cargos del PP de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. El ministro rechazó comentar nada más de este tema.
- Mariano Rajoy. En una entrevista en el diario El Corrreo, el presidente del PP decía ayer que van a recabar "toda la información posible para saber qué ha pasado; es lo menos que cabe esperar cuando tres dirigentes del partido parecen haber sido objeto de seguimientos". Añade que "se trata de unos hechos que, de confirmarse, serían gravísimos. Por eso queremos saber qué ha ocurrido, eso sí, desde el respeto más absoluto al principio básico de presunción de inocencia".
- Esperanza Aguirre. La presidenta de Madrid se defendió en una entrevista en Abc en la que decía: "Lo que tiene usted que preguntarse es cui prodest, ¿a quién beneficia? Al PSOE, sobre todo, que quiere recuperar el poder en Madrid y debilitar al PP ante las próximas citas electorales. Y al Gobierno le sirve para tapar los 3.200.000 parados".
- Cristóbal Montoro. "Lo que se oye es un ruidito de fondo que no tiene ningún sentido frente a la naturaleza y la envergadura de los problemas sociales, económicos y políticos que tiene España", respondió el portavoz de Economía del PP.
- Alberto Núñez Feijoo. "Que sean los jueces los que nos digan quién está detrás", dijo el líder del PP gallego. "Queremos saber quién está detrás de estos casos que entendemos que pueden ser delictivos, queremos saber como todos los ciudadanos a quién interesan, qué buscan y qué es lo que se está ocultando en este asunto", reiteró.
- Javier Arenas. El responsable de Política Territorial del PP no quiso pronunciarse y señaló que la justicia lo "aclarará todo y pondrá todo en su sitio".
(www.elpais.com, 26/01/09)
RAJOY TRATA DE INYECTAR ENTUSIASMO AL PP Y PIDE UNIDAD "PASE LO QUE PASE"
La envidia que ha generado en los cuarteles del PP el entusiasmo desatado en torno a Barack Obama ha puesto a trabajar a todos los estrategas de la formación en un radical cambio de discurso, y de estilo. Este fin de semana se han visto las primeras consecuencias. Primero fue la apuesta por Internet, por Facebook en particular, una herramienta que, con las donaciones por la web, llevó a Obama a arrasar entre los jóvenes. El PP, comandado aquí por Esteban González Pons, está gastando mucho dinero para instalarse en la web y ganar esa batalla al PSOE.
Ayer fue el día del cambio de estilo de Mariano Rajoy. Con un discurso muy bien preparado, hecho para emocionar, el presidente del PP trató de darle la vuelta al calamitoso estado anímico de su partido. Acosado por batallas internas, desconfianzas, mala valoración del líder y un escándalo de espionaje entre compañeros que le ha enfrentado definitivamente con su gran rival, Esperanza Aguirre, Rajoy se esforzó por inyectar confianza y, al menos por un día, lo logró. La mayoría de los dirigentes salía contento por la fuerza del nuevo discurso.
En un tono apasionado, a ratos populista -las cifras del paro "no son dígitos rojos, sino sueños rotos"- y muy pensado, el líder lanzó una idea de fondo. En política, explicó, se está para servir a los ciudadanos y no "para tener un puesto". Por eso, y porque España y el PP están muy por encima de los intereses de sus dirigentes, dijo, los ciudadanos exigen "un partido unido y cohesionado". "Yo me comprometo a garantizar la unidad pase lo que pase", clamó. Rajoy, harto, según sus colaboradores, de la guerra cainita entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, y muy preocupado por las consecuencias que ha tenido el escándalo del espionaje, pidió a sus dirigentes -los dos madrileños escuchaban en primera fila- "responsabilidad y grandeza".
Todo estaba pensado. También la respuesta a quienes, como Aguirre o Jaime Mayor, piden que no se olviden los valores del PP y se dé la batalla de ideas contra el PSOE. Rajoy les dio satisfacción con un discurso de fondo en el que reivindicó un "nuevo patriotismo". "No basta con un plan económico, necesitamos recuperar los valores que puedan sostenerlo. Hay que dar la batalla de las ideas. Una sociedad vacía de valores será peor y más pobre. Y esa batalla la vamos a dar con nuestro discurso, pero sobre todo con nuestra conducta. Como siempre", dijo en lo que podía ser una velada referencia al escándalo del espionaje. "España tiene que recuperar valores como el trabajo bien hecho, la austeridad, el espíritu de superación, el esfuerzo, el mérito y el espíritu cívico. Esos valores están en crisis".
La palabra esperanza, el eje central del discurso de Obama -y título de su libro político, La audacia de la esperanza, un superventas en EE UU-, estuvo constantemente en boca de Rajoy. Hay varios obamistas en su equipo, y el nuevo PP, a pesar de sus vínculos con el Partido Republicano, reforzados en la época de Aznar, insiste en que coincide con muchos de los planteamientos del nuevo presidente de EE UU, que para nada son socialdemócratas, aseguran.
A los tres voluntarios, Cándido, Ana y Antonio, en los que personalizó su discurso, Rajoy les dijo que son "héroes silenciosos, el rostro de la esperanza que debe ayudar a confiar en el futuro". En esta época de crisis, Rajoy trató de convencer a los suyos -había más de mil personas en la sala- de que la oposición puede conectar con la gente si les hace ver que el Gobierno está agotado y que ellos son la ilusión de cambio de los que sufren la crisis. "El PP ofrece una alternativa de esperanza, un guión distinto al goteo de desánimo que llega desde el Gobierno", cerró entre el entusiasmo de unos dirigentes que, por un día, querían olvidar los problemas que acosan al partido.
(www.elpais.com, 26/01/09)
GALLARDÓN TIENE A SU SERVICIO UNA 'UNIDAD PARAPOLICIAL', SEGÚN EL SINDICATO UPM
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, dispone de una Unidad Especial, denominada Oficina de Seguridad Corporativa, integrada por 20 agentes de élite que actúan al margen de la estructura del Cuerpo, según ha denunciado la Unión de Policía Municipal (UPM), el principal sindicato de la Policía de Madrid.
La Oficina de Seguridad Corporativa está dirigido por Juan Carlos Durán Bezanilla, un antiguo sargento de la Guardia Real que ya fue jefe de seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid cuando era presidida por Ruiz Gallardón.
Este grupo especial escapa del control del inspector jefe del Cuerpo, Emilio Monteagudo y sus actuaciones son reservadas y confidenciales, según ha destacado el sindicato UPM. Es decir, no figura en el organigrama de la Policía Municipal pero sí se recoge en la estructura de Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
Demetrio Pérez, secretario provincial de UPM, ha señalado que "estos agentes de la Unidad de Seguridad gozan de unos privilegios que no tienen otros compañeros de la Policía Municipal y obedecen cualquier instrucción".
Sobre esta veintena de agentes a las ódenes de Durán, Demetrio Pérez ha puntualizado que "no sabemos muy bien lo que realizan. Pero sí sabemos que cuando hay bajas en el grupo de escoltas de los concejales estos agentes de la Unidad de Seguridad Corporativa hacen las suplencias". De hecho, algún concejal se ha quejado de que le cambiaran el escolta de un día para otro sin avisarle y que colocaran en su lugar a los agentes de la unidad parapolicial.
Por su parte, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora, ha negado que en esta Unidad de Seguridad trabajen agentes municipales. También ha asegurado que orgánicamente esos policías, a los que se refiere UPM, dependen del Grupo de Vigilancia y Protección, que son los encargados de las tareas de escolta de los concejales.
"Es falso que haya policías municipales trabajando orgánicamente para esa unidad", ha señalado Mora, que reconoce que la Oficina de Seguridad Corporativa no aparece en el organigrama del Cuerpo porque tiene "otras tareas de coordinación y seguimiento de la calidad del servicio que prestan los agentes"
Desde UPM han contestado a Mora y mantienen que "los agentes están a las órdenes de Durán. Esto lo hemos denunciado y hemos pedido reuniones con Pedro Calvo y con Mora. Pero hace cuatro años que no nos reciben y así les va. Además, desde UPM siempre nos hemos opuesto a las horas extras".
Los policías de la Unidad de Seguridad, que supuestamente trabajan para Durán, suelen acompañar al alcalde de Madrid y en ocasiones realizan tareas de contravigilancia a los concejales, según las msimas fuentes.
La actuación de Durán ha sido criticada por los propios agentes municipales, que consideran que carece de capacidad de mando y, sin embargo, se ocupa de cuestiones relacionadas con la seguridad del alcalde y de los concejales. Algunos ediles del Ayuntamiento creen que sus escoltas cuentan a Durán sus actividades, incluso personales.
www.elmundo.es 26.01.09
"Avisé a Mariano Rajoy de que me estaban espiando"
Álvaro Lapuerta, histórico dirigente y tesorero del PP, atribuye los seguimientos a altos cargos del Gobierno de Madrid - La diputada autonómica María del Carmen Rodríguez Flores también fue espiada
El líder del PP, Mariano Rajoy, fue informado en mayo de 2008 de la existencia de un caso de espionaje político en Madrid. El histórico dirigente del Partido Popular Álvaro Lapuerta, a la sazón tesorero nacional del PP, alertó entonces a su presidente de que estaba siendo vigilado y de que sus sospechas recaían en elementos parapoliciales al servicio de altos cargos de la Comunidad de Madrid. La máxima dirección del PP ha confirmado estos hechos.
Cospedal ha sido informada de la denuncia que hizo Lapuerta
Criticó algunas adjudicaciones en Madrid porque las creyó sospechosas
En su denuncia verbal, Lapuerta exoneró a la presidenta Esperanza Aguirre de tales seguimientos, pero, según aseguran altos cargos del PP con los que ha tenido contacto, explicó que era objeto de vigilancia como respuesta a sus críticas a determinadas adjudicaciones del Gobierno regional que consideraba sospechosas.
Lapuerta, un hombre afín a Rajoy, ocupaba el cargo de tesorero nacional del PP en las fechas en que fue objeto de vigilancia, un periodo especialmente turbulento en la vida del partido por la batalla desatada entre el presidente del partido y Aguirre. "Avisé a Rajoy en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado, pero el resto de detalles y de mis sospechas, prefiero dejarlas en reserva", confirmó ayer a este periódico al ser consultado.
Frente a estos hechos y declaraciones, el secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de Sanidad del Gobierno de Aguirre, Juan José Güemes, acusó ayer a EL PAÍS de "fabricar una gran mentira y un bulo calumnioso" en relación con la trama de espionaje político destapada por este periódico.
Tras descubrir que era víctima de seguimientos, Lapuerta trasladó su preocupación a dos de sus colaboradores más estrechos: Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, que ahora ocupan los cargos de tesorero y gerente del PP, respectivamente.
Posteriormente, esta denuncia también ha sido comunicada a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, responsable de la investigación interna abierta por el partido tras destaparse las actividades de la red de espionaje radicada en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, dirigida por Francisco Granados.
Otro de los conocedores de estos hechos es Alfredo Prada, antiguo consejero de Justicia y hoy miembro de la dirección del PP. Prada fue espiado tras las últimas elecciones generales, en las mismas fechas que Lapuerta, un periodo en el que se libraba una feroz batalla política entre Aguirre y Rajoy. El seguimiento a Prada incluyó citas privadas con personas de las que los agentes tomaron fotografías, según indicaron en los partes de seguimiento a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que se reproducen en esta página.
Prada era uno de los dos principales objetivos del equipo de espías. El otro era el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, adversario político de Aguirre en la batalla por el poder dentro del PP.
Al mes de cesar los partes de seguimientos a Prada, Esperanza Aguirre le destituyó de su puesto de consejero de Justicia como castigo por su alineamiento en el congreso nacional del PP y, sobre todo, por ser fichado por Mariano Rajoy para su equipo directivo.
Durante el espionaje al tesorero nacional del PP, Lapuerta fue fotografiado cuando salía de una residencia religiosa en compañía de su mujer y dos días después al anochecer, cuando regresaba a su domicilio. En la primera ocasión, siempre según los testimonios recabados por este periódico, el chófer de Lapuerta salió corriendo detrás del misterioso fotógrafo, pero éste se escabulló por las calles adyacentes, en torno a San Bernardo. El segundo síntoma de espionaje fue una foto tomada con flash cuando volvía a su domicilio. Tampoco pudo ser interceptado el fotógrafo.
Otra de las personas espiadas es la diputada autonómica del PP María del Carmen Rodríguez Flores. Su nombre y la matrícula de su coche figura en uno de los partes elaborados por el servicio de espionaje vinculado a la Consejería de Interior. Este informe (ver en los documentos de la parte superior) muestra que este aparato parapolicial no sólo marcó los pasos, públicos y privados, del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, del entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, o de su jefe de seguridad, Juan Carlos Fernández, sino de otras personas más que creían, con o sin motivo, que tenían relación con ellos. En algunos casos, se espió a personas que simplemente tuvieron la mala fortuna de aparcar el coche en las inmediaciones o estar compartiendo restaurante con ellos. El caso de la diputada Rodríguez es sintomático. Figura en un parte de seguimiento a un "objetivo" no precisado el 27 de mayo que come en el restaurante madrileño O Cruceiro, escenario frecuente de comidas de Rodríguez y otros altos cargos del partido. Sólo se sabe lo que aporta el parte sobre el espiado: "13.00. Se monta el dispositivo. 14.15: Sale del trabajo, se dirige a calle Núñez de Balboa 23, restaurante O Cruceiro; 16.50: Sale del restaurante anterior, se dirige a la calle León donde se desmonta el dispositivo a requerimiento para otras labores". A mano, los ex agentes apuntan una matrícula y, debajo, el nombre del propietario del vehículo, que es la diputada autonómica del PP.
María del Carmen Rodríguez asegura que ese día no estuvo en dicho restaurante, y no halla razones para que su coche y su nombre figuren en un parte de vigilancias, pero no oculta sus sentimientos: "Mi vida es tan clara, que no tengo nada que ocultar. Lo que siento es que si estas personas lo han hecho, que me imagino que sí porque está saliendo mucha porquería, que francamente que todo esto es muy poco bonito. ¿Qué quieren buscar en mí, si soy el último mono?".
Pero podría haber una clave: "Ah, he sido amiga de Prada desde hace muchísimo tiempo porque es un hombre honesto, ¿Y eso bastaba? Pues puede ser. Y que soy de Mariano Rajoy. Eso lo puedes decir. Soy del núcleo duro del partido. Soy Mariano Rajoy. Me han dado una importancia que no tenía. Todo esto me produce un rechazo natural. Me parece tan bajo, tan barriobajero que no cuadra con mi forma de ser".
En los partes de seguimiento que firman los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid citan expresamente al que entonces era su jefe [Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana], a otros superiores de su departamento y a la Dirección General a la que tenían que acudir en ocasiones cuando estaban en pleno seguimiento de políticos. Hay tres tipos de partes, lo que podría indicar que han sido realizados por agentes distintos. Uno de ellos siempre escribía en mayúsculas; el segundo cuida la presentación mientras el tercero utiliza un cuerpo de letra más pequeño y prefiere guardar el nombre de su objetivo; simplemente refleja sus movimientos, que en algún caso implican a empresas de seguridad, a las que se dirige la persona espiada.
Diputado histórico
La de Álvaro Lapuerta es una vida dedicada a la política. Casado y con 10 hijos, a sus 80 años pertenece a la directiva nacional del PP.
Pragmático y silencioso, fue durante un tiempo el diputado más antiguo del Congreso (ha estado en siete legislaturas). Sumando sus años como procurador en el régimen franquista, ostentó un escaño más de 30 años. Participó en 2008 en los actos del 30º aniversario de la Constitución, junto a los padres de la ley fundamental.
En su partido, donde ha sido tesorero y es considerado un miembro histórico, guarda una estrecha relación con muchos dirigentes de la cúpula. A pesar de la renovación en el seno del PP que llevó a cabo Rajoy el año pasado, él se mantuvo en la directiva.
Los que le conocen, dicen que es leal y muy serio. Tras dejar su trabajo como abogado del Estado, durante la dictadura fue delegado especial del Ministerio de Hacienda, entre otros cargos. Posee la Gran Cruz del Mérito Civil.
www.elpais.es 25.01.09
El PP de Madrid redobla sus ataques a El País
Juan José Güemes, secretario de Comunicación del PP de Madrid, consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad y yerno de Carlos Fabra, considera que la "farsa" que, a su juicio, "ha montado el diario El País" sobre una supuesta red de espionaje en la Consejería de Interior madrileña se enmarca en un intento de "ablandar el corazón" de Caja Madrid para que le ayude a superar la "gravísima" situación financiera que atraviesa el Grupo Prisa.
Güemes da así un paso más en su enfrentamiento con el diario que está publicando las informaciones que apuntan a una supuesta red de espionaje en el seno de la Comunidad de Madrid. Ya ayer, Güemes amenazó al periódico El País con emprender acciones legales, lo que le valió una nota del Comité de Redacción del diario, avisándole de que “la coacción y el exceso verbal no nos arredran. Son un motivo más para practicar la libertad de información”.
Favor a Caja Madrid
"Lo que pregunto desde aquí al diario El País es si estar dispuesto a hacer el ridículo tan intensamente durante siete días guarda alguna relación con la gravísima situación financiera del Grupo Prisa y la esperanza de ablandar el corazón de alguna entidad financiera que pudiera ver con buenos ojos que se desprestigie con falsedades al Gobierno de Esperanza Aguirre", declaró Güemes, aludiendo inequívocamente a su llegada al PP celebra el I Foro Abierto del partido. Previamente, acudió al recinto Aguirre pero declinó hacer declaraciones a los medios sobre este tema.
Informaciones ridículas
Güemes arremetió duramente contra el diario El País y calificó de "ridículas" y "absurdas" las informaciones que ha venido publicando estos días sobre la presunta trama de espionaje, incluida la que aparece hoy sobre supuestos seguimientos al tesorero nacional del PP nacional, Álvaro Lapuerta, y Carmen Rodríguez Flores. "Es tan ridículo lo de El País que me lleva a pensar que es el propio firmante de la noticia quien se inventa los informes. ¿Quién puede tener interés, político se entiende, en investigar en la puerta de (la diputada autonómica) Carmen Rodríguez Flores?", ha añadido Güemes.
Una gran mentira
"Todavía no hay ninguna prueba ni puede existir ninguna prueba por parte del diario El País de que se haya hecho espionaje ni nada parecido desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es una gran mentira. Una gran mentira, que además está rayando ya con el ridículo", aseveró, para volver a denigrar una vez más al periodista autor de las informaciones, Francisco Mercado. "Lo más grave de todo esto", ha continuado, "es que el firmante de la noticia la ha falsificado, porque, además, el redactor tiene precedentes ya que hace años publicó que un alto cargo del PP en el Gobierno se había gastado una suma de dinero en regalos a su madre, que había muerto 40 años antes", y presentó facturas y todo aparataje de pruebas", comentó Güemes.www.elplural.com 25.01.09
El ex policía Peña, el hombre de Granados, o “donde dije digo, digo Diego”
El ex inspector de Policía Marcos Peña,que trabaja para Francisco Granados como asesor de seguridad, ha concedido una entrevista a El Mundo para desmentir la supuesta trama de espionaje montada en la Comunidad de Madrid. Peña, que protagonizó la primera información de El País sobre el asunto, aseguraba entonces realizar informes y dossiers sobre asuntos de corrupción en municipios madrileños, preferiblemente gobernados por socialistas. Ahora asegura que no ha realizado nunca “un solo informe, ni de esto ni de nada” y afirma que ha sido “utilizado para perjudicar a la presidenta”. O sea, que “donde dije digo, digo Diego”.
La entrevista en el diario de Pedro J. se aleja de cualquier búsqueda periodística y se mueve entre un simulacro de entrevista de trabajo y un cuestionario a punto para desmentir las acusaciones. Desde luego, el Marcos Peña que ofrece El Mundo no tiene nada que ver con el que alardeaba de sus investigaciones en las páginas de El País.
Perjudicar a Aguirre
Marcos Peña asegura no haber participado nunca en un seguimiento político. “Es una falacia inventada. Me han utilizado para intentar perjudicar al Gobierno de Madrid y a su presidenta”, alega. Desconoce por qué ha sido él el elegido en “este montaje”, pero no niega que haya existido espionaje a políticos, sólo ofrece su convicción de que es falso, “aunque esta es una organización con miles de funcionarios”.
No alardea nunca
Peña se ciñe estrictamente al guión defendido por la Comunidad de Madrid. “Participo en todo lo relacionado con la seguridad de edificios e instalaciones”, dice. Atrás quedan las afirmaciones hechas a El País, cuando asegura que su equipo investigaba el caso Coslada o la trama de mafias de porteros de discoteca. También niega sus alardes respecto a sus investigaciones en el caso Ciempozuelos y su relación con el incendio del coche de Granados. “Ni por razones de educación, ni de formación, ni profesionales he adoptado este tipo de actitudes (…). Yo no alardeo de nada”, dice ahora en El Mundo.
Informes, informes, informes…
La mayor de las negaciones de Peña tiene que ver con los informes. Esto es lo que decía en El País: [Los tres ex guardias civiles con que trabaja] "me sirven para hacer mis informes porque son mis enlaces para pedir datos en la Guardia Civil a la Unidad Central Operativa (UCO), a Asuntos Internos o a la Policía". “Yo le asesoro o le hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida". "Yo, mis informes sólo se los doy a Granados, y que él se los dé a quien quiera".
… que asegura que nunca hizo
Sin embargo, Peña lo niega todo ahora: “Desde que trabajo en la Comunidad de Madrid no he realizado un solo informe, ni de esto ni de nada. No es ni mi función, ni mi trabajo”. Pero deja una pequeña puerta abierta: “No obstante, cuando conozco alguna información que puede afectar a la seguridad de la Comunidad de Madrid no debo callarme, bien al contrario, creo que mi obligación es transmitirla a mis superiores”. Entienda lo que entienda Peña por informe, el Diccionario de la Real Academia lo define como: “Descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto”.www.elplural.com 25.01.09
Aguirre achaca en ABC “el montaje” del espionaje a los socialistas
Casi una vez por pregunta niega Esperanza Aguirre que haya una red de espionaje montada dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La lideresadedica la mayor parte de una entrevista con ABC a echar balones fuera y recordar los seguimientos a Pizarro y los asuntos turbios en el Gobierno de Felipe González. Esa es su línea general, que pasa por insinuar que el “montaje” está hecho para beneficiar a los socialistas madrileños que quieren arrebatarle el poder y para que el Gobierno “tape” los datos del paro y la crisis.
Ni un solo temor o preocupación por todo lo que está saliendo a la luz. Aguirre no cree que pueda abrasarse poniendo la mano en el fuego por todos sus consejeros. La raíz de su tranquilidad reside en que no se cree ni una sola palabra de lo que publica El País. “Esto es una falsedad y un montaje, y como todos los montajes acabará en nada”, asegura Aguirre.
Aguirre lo niega todo
Una y otra vez, y las que vendrán, niega Esperanza Aguirre que se haya montado un dispositivo de espionaje en las entrañas de su Gobierno. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, no existe nada nuevo que no estuviera ya con Leguina y Gallardón y que vaya más allá de mantener la seguridad en los edificios oficiales.
Balones fuera
“El único espionaje oficial comprobado es el que le hicieron a Manuel Pizarro. Y no hay que olvidar que un vicepresidente del Gobierno de Felipe González tuvo que dimitir por espiar entre otros al Jefe del Estado”, explica Aguirre, empeñada en no olvidar el pasado cuando es ella la beneficiada.
Cortina de humo
Su estrategia de echar balones fuera pasa por preguntarse “qui prodest?” (¿A quién beneficia?). Según la lideresa, ese beneficio es para el PSOE, “que quiere recuperar el poder en Madrid y debilitar al PP ante las próximas citas electorales”. No podía faltar la apelación a la cortina de humo, a la que recurre el PP cada vez que le salpica un asunto turbio y que se aleja de la crisis económica. Según Aguirre, también se beneficia el Gobierno, “que le sirve para tapar los 3.200.000 parados, el déficit del seis por ciento y lo nocivo de las medidas de incremento de gasto público que ha tomado”.
¿Gallardón a juicio?
Sobre Gallardón, Esperanza Aguirre se muestra ambigua. Comenta que el alcalde madrileño hizo dos declaraciones: unas pidiendo “que Granados compareciera en la Asamblea y otras dando por bueno lo que publicaba El País.” Y justo a continuación de esto, la lideresa añade: “Ya lo he dicho: el que dé por bueno el montaje tiene tres opciones: o aporta pruebas, o rectifica, o tendrá que vérselas con nosotros en los tribunales”.
“Es un montaje”
Aguirre no tiene miedo de salir abrasada, de tanto poner la mano en el fuego por sus consejeros. “Ya lo hice y no me quemé”, asegura Aguirre, en referencia a Luis Armada, viceconsejero de Transportes, que fue requerido por la Justicia para declarar sobre el caso Guateque. La lideresa está muy tranquila: “Esto en una falsedad y un montaje, y como todos los montajes acabará en nada”.www.elplural.com 25.01.09
Aguirre se deshilacha entre espías
Los seguimientos a políticos desatan las peores tensiones en el Gobierno regional
Cuatro hombres y su jefe entran en un despacho ajeno, requisan varios documentos y cierran con llave. Uno se queda de guardia para que nadie pueda acceder a la habitación y, dos días después, los mismos hombres regresan al despacho y se llevan un ordenador personal cuyo disco duro guarda supuestamente informes patrimoniales que comprometen la honestidad de políticos con mucho poder.
Todo ha quedado grabado en las cámaras de videovigilancia. Los intrusos trabajan para la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. El jefe es el ex comisario Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y los cuatro hombres son ex agentes de policía. Han irrumpido en dependencias de la Consejería de Justicia. No son extraños, todo queda en casa.
Pero la persona que trabaja cada día en el despacho asaltado (Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia) y el hombre al que rinde cuentas (Alfredo Prada, consejero de Justicia) protestan al conocer el inquietante episodio y denuncian lo que consideran un escándalo. Ha ocurrido sólo un día después de que Prada fuera relevado en su puesto por Esperanza Aguirre. Ambos han caído en desgracia.
El asalto al despacho se cierra con la destitución de Gamón como director general, aunque el Gobierno regional prefiere no despedirle y le mantiene con un salario de alto nivel en la dirección del Área de Seguridad de la Consejería de Interior.
Pese a que la justicia investiga el suceso, llega tarde. Las imágenes del asalto al despacho captadas por las cámaras de videovigilancia han sido destruidas porque sólo se guardan cinco días de grabación, según cuenta el Gobierno de Madrid al fiscal. El caso se archiva por falta de pruebas. Parece un episodio aislado de burdo espionaje pero en realidad se trata del desenlace final de un largo desencuentro entre dirigentes del Gobierno que preside Aguirre, aderezado con prácticas ilegales de presión a base de amenazas con dossiers.
Entre los meses de marzo, abril y mayo de 2008, en plena tormenta política dentro del PP por el fracaso electoral y el debate sobre la continuidad de Rajoy, un grupo de ex policías y ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid y destinado en la Consejería de Interior desarrolla tareas de espionaje pagadas con dinero público y para las que no tiene competencias legales atribuidas.
"C" y "P" son los objetivos principales de los seguimientos durante aquellos meses de máxima fractura política en el PP. Rajoy se asegura el apoyo mayoritario mientras Aguirre, en minoría, no se resigna a la derrota.
"C" es Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, adversario político de Esperanza Aguirre a la que a veces critica con ironía y otras abiertamente. Unos años antes, Cobo intentó disputar a Aguirre, sin ningún éxito, la presidencia del PP en Madrid. Cuando Cobo conoce por EL PAÍS esos partes de seguimiento se mueve entre el estupor y la incredulidad. Repasa en su agenda personal lo que hizo aquellos días. Y comprueba que el seguimiento es real. No hay ningún dato erróneo.
"P" es Alfredo Prada, ex vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Justicia cuando sufre el espionaje. En los últimos tiempos se ha distanciado de Aguirre. De todopoderoso vicepresidente, con competencias en Interior, pasó a simple consejero de Justicia.
En la batalla por el poder dentro del PP, Prada eligió a Rajoy frente a su jefa, que le puso de patitas en la calle. Cuando recibe la llamada de este periódico y conoce los pormenores del seguimiento confirma que todos los detalles son ciertos.
El operativo de vigilancia especial a políticos de Madrid, que ningún miembro del Gobierno de Aguirre asume como propio, se organiza desde el número 33 de la calle de Gobelas (Madrid), donde está situada la sede de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.
Ex policías y ex guardias civiles forman parte de una unidad que intenta "proteger" a algunos miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid con unos métodos secretos muy peculiares. Los expertos lo llaman "bloqueo de seguridad".
Sergio Gamón es el jefe de los ex agentes. Tiene experiencia de mando. Fue jefe de seguridad en el Senado cuando Esperanza Aguirre era presidenta. Y también fue jefe de escoltas en La Moncloa en Vicepresidencia del Gobierno. Su labor era proteger a la socialista María Teresa Fernández de la Vega.
Aguirre le ficha para la Comunidad de Madrid en 2006. Su primer jefe es Alfredo Prada, al que, según los documentos que obran en poder de EL PAÍS, terminaron espiando los propios hombres de Gamón, citado en los partes de seguimiento al consejero de Justicia. Su segundo y actual jefe fue Francisco Granados, secretario general del PP, al que Aguirre ha ido endosando distintas consejerías y responsabilidades desde que llegó al Gobierno. Asumió el área de Interior que la presidenta le quitó a Prada.
Altos cargos de la Consejería de Interior recalcaron a EL PAÍS que pese a esta dependencia orgánica, Gamón "sólo" despachaba con el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y con el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, al que supuestamente fichó el propio González. El vicepresidente autonómico lo niega. Nadie quiere saber nada de Gamón.
González, se defiende recordando que él mismo ha sido víctima de espionaje. El vicepresidente ha denunciado a la Fiscalía los seguimientos de que fue objeto cuando viajó a Cartagena de Indias en marzo de 2008. González sostiene que ese seguimiento precisó de complicidades internas en la Comunidad de Madrid. Se trata de informes mucho más elaborados que los "partes" realizados sobre otros miembros del PP, con una factura distinta y que apuntan a supuestas conductas delictivas del vicepresidente. Por aquella época, González evaluó crear un CNI legal autonómico y su amigo personal, Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta llegó a presentarle un borrador que dejó aparcado en un cajón. El vicepresidente consideró que no era conveniente y, además, esa materia dependía de la Consejería de Interior.
Granados introdujo ciertos cambios en la Consejería de Interior cuando se hizo cargo de esa cartera. Contrató como asesores en septiembre de 2007 a tres guardias civiles destinados en Valdemoro, donde el consejero fue alcalde. Y nueve meses más tarde, en junio de 2008, colocó en el departamento a un ex policía llamado Marcos Peña que venía recomendado por el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo, uno de los dirigentes que más trabajó a favor de la teoría de la conspiración que pretendía involucrar a ETA en los atentados del 11-M. Y puso a sus órdenes a los ex guardias. Estos ex agentes tienen una singularidad: sólo responden ante el consejero. No están bajo las órdenes del actual director de seguridad, Enrique Barón, quien ha desechado controlarlos. Pero no sólo Barón receló de su labor. El sindicato UGT lo dice a las claras: "Existe un grupo de asesores nombrados por el consejero de Interior, desde septiembre de 2007, formado por ex policías, ex guardias civiles y personal de confianza, de los que se desconoce qué trabajo realizan". Granados sostiene que sus guardias civiles sólo le hacen tareas de escolta.
UGT también muestra su sorpresa al conocer que Sergio Gamón sigue en nómina de la Consejería de Interior. Gamón fue destituido como director general tras conocerse que había entrado con un comando en una sede autonómica de la Consejería de Justicia para requisar distinto material de un director que también fue sometido previamente a seguimientos.
Peña, el otro fichaje de Granados, se dedicó, entre otras cosas, a elaborar informes sobre tramas corruptas vinculadas a ayuntamientos socialistas. El consejero de Interior ha escuchado a Peña estos meses exponerle algunas teorías sobre la relación entre el incendio intencionado del coche particular de Granados en Valdemoro y la trama de corrupción socialista en el vecino municipio de Ciempozuelos. También ha escuchado Granados teorías de sus colaboradores sobre la implicación del CNI en el espionaje a Ignacio González. Los dos dossiers sobre los viajes públicos y privados al extranjero del vicepresidente, sobre los que el propio González sospecha que pudieron tener su origen dentro de la propia Comunidad por la información que manejaban, no aparecen citados en ninguno de los partes de seguimiento de personajes políticos elaborados por los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid. González y Granados compartieron mesa ante la prensa el pasado jueves. Ambos negaron que ex agentes de la Comunidad de Madrid hubieran hecho seguimientos de políticos del PP. Incluso llegaron a poner en duda que hubieran existido esos seguimientos. Era su puesta en escena para hacer frente a una situación que intentaron despreciar el lunes -"¿Por qué hacen ustedes caso a lo que cuenta EL PAÍS?", espetó Aguirre a los periodistas que le preguntaron ese día por el caso- y que a lo largo de la semana ha desencadenado indignación en los dirigentes nacionales del PP. Tanta que Rajoy ordenó abrir una investigación interna para depurar responsabilidades tras comprobar Aguirre intentaba cerrar el escándalo acusando a compañeros del partido de mentir.
Antes de la conferencia de prensa del jueves, González y Granados habían llamado por teléfono a Manuel Cobo, el vicealcalde de Madrid que fue espiado por ex agentes a sueldo de la Comunidad, para justificarse. "Yo no he sido, Manolo", proclamaron. Aguirre no levantó el teléfono. Recurrió a lo que más le gusta, un mensaje escrito por el móvil. En ninguna de las llamadas se atrevieron González y Granados a poner en duda que el espionaje político se había producido. A partir de ahí, pensaron que para su exposición pública, la mejor defensa era el ataque.
En sus declaraciones, ambos exculpan a los ex policías y ex guardias civiles que trabajan al servicio de la Consejería de Interior y amenazan con querellas a EL PAÍS, a Manuel Cobo, Alfredo Prada y Alberto Ruiz-Gallardón, todos los que han dado credibilidad a los testimonios de altos cargos de la Consejería de Interior y al contenido de los partes del espionaje en Madrid.
MARIANO RAJOY. Primero se fio de ella y ahora la investigará
Observó, escuchó y dejó hacer. En un primer momento, Rajoy cerró filas en torno a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Me ha dicho que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto, y yo les creo". Pero los nuevos capítulos de la red de espionaje, de la que había tenido noticia meses antes por la denuncia del entonces tesorero del partido, obligaron al líder del PP a tomar cartas en el asunto. Atrás quedó la confianza en Aguirre. Ordenó a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, abrir una investigación para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades".
ESPERANZA AGUIRRE. "Nos vemos en los tribunales"
La presidenta regional prefirió ver el toro desde la barrera. Los tres días siguientes a la publicación de la noticia no compareció públicamente. Incluso no presidió el Consejo de Gobierno del jueves porque tenía "un acto privado". Al cuarto día apareció para desmentir de forma tajante que los seguimientos hayan sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de su administración. Tras poner la mano en el fuego por sus consejeros, amenazó a EL PAÍS: "Nos vemos en los tribunales". Y a renglón seguido pidió a todo aquel que sostenga la tesis contraria a la suya que lo denuncie ante el juez.
ALBERTO R.-GALLARDÓN. "Sabemos que ha habido espionaje"
El alcalde de Madrid se desmarcó una vez más del discurso de Esperanza Aguirre. Gallardón manifestó su rechazo a la red de espionaje desde un principio -el vicealcalde, Manuel Cobo, fue sometido a vigilancia-. "Sabemos que se ha realizado esa investigación, porque no se ha hecho tacha de falsedad de la totalidad de los documentos [que publicó EL PAÍS]".
Para echar más leña a la hoguera, Gallardón acusó a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" que es ilícito puesto que la Comunidad "no tiene competencia en seguridad". "Si los seguimientos están hechos por estas personas, es un delito", aseguró en TVE
LAS NOTAS SECRETAS DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS DEL PP EN MADRID
Seis partes de los seguimientos efectuados por ex policías a sueldo de la Consejería de Interior
El vicealcalde investigado
- Los espías controlan los movimientos de Manuel Cobo desde que sale de su vivienda, en una localidad vecina de la capital, y expresan su temor a que los sorprendan policías municipales.
Fotos del acompañante de Prada
- En el espionaje al entonces consejero de Justicia, se meten junto a él en el hotel y dos de los agentes toman fotografías del acompañante de Alfredo Prada.
"Nuestro director Sergio"
- Los agentes encargados del seguimiento a políticos también recogen en los partes la llegada de su director, Sergio [Gamón], en ese momento director general de Seguridad de la Consejería de Interior.
Una diputada del PP, controlada
- En la operación, los ex agentes a sueldo de la Comunidad descubren coches sospechosos, toman sus matrículas y luego investigan a sus propietarios. Aquí hallaron a una diputada del PP.
"Sale El Cabezón"
- A Juan Carlos Fernández, apodado El Cabezón por los agentes, también le controlaron. Fernández era uno de los hombres de confianza del consejero de Justicia, también espiado.
Bajo, canoso y gordo
- A un desconocido que se encuentra con el consejero Prada Presa le describen con estas palabras: "Baja estatura, cabeza despoblada, nariz puntiaguda, cintura gruesa...".
www.elpais.es 25.01.09
Los espías de la Comunidad siguieron a un alto cargo al que requisaron el ordenador
Los ex agentes vigilaron al director de Seguridad de Justicia varios meses de 2008 y se llevaron documentos de su despacho cuando el consejero Prada fue destituido
Los ex agentes que trabajan en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid incluyeron en sus seguimientos y espionajes al director de Seguridad de la Consejería de Justicia, Juan Carlos Fernández, al que identificaban en sus partes como "el cabezón". Era un viejo conocido del departamento de Interior porque había trabajado como directivo en este organismo entre 2004 y 2007, fecha en la que el consejero Alfredo Prada, de quien dependía, fue relevado de su puesto como titular de Interior y se quedó solo al frente de Justicia. En ese momento, Fernández pasó a dirigir la seguridad de una empresa pública dependiente de Justicia y denominada Campus de la Justicia.
Los partes de la vigilancia se refieren al observado como "El Cabezón"
La fiscalía archivó la denuncia por espionaje que presentó Fernández
Los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid que hicieron el seguimiento a "El Cabezón" -Alfredo Prada y otras personas de ese departamento autonómico confirman que se conocía por ese apodo a Juan Carlos Fernández- le encontraron siempre en los aledaños de la Consejería de Justicia, en la calle de Miguel Ángel, a la que acudía a trabajar bajo la dirección del consejero Prada.
El 3 de abril, los espías le localizan junto a otras personas a las que también identifican por sus apodos: "Sobre las 14.50 sale el ENANO acompañado de otra persona que no conocemos (la misma del día anterior) y no regresa. Poco después sale el del PAÑUELO (persona que en alguna ocasión acompañó al CABEZÓN). Al poco tiempo sale el CABEZÓN, come por la zona y regresa a las 15.45".
El 23 de abril, vuelven a referirse a Juan Carlos Fernández: "Sale del trabajo a las 19.35, vuelve a los 40 minutos y vuelve a salir a las 20.45, todo en su vehículo habitual". En algunas ocasiones, le siguen por la calle: "A las 14.20 horas, el Cabezón sale del lugar de trabajo, sale andando hacia Castellana y en la puerta del hotel Intercontinental coge un taxi".
La preocupación por los pasos de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza de Alfredo Prada, que le había tenido como director de seguridad tanto en su etapa de consejero de Interior como en la de titular de Justicia, tuvo un desenlace escandaloso a partir del 25 de junio de 2008, cuando Prada fue destituido y apartado del Gobierno regional por Esperanza Aguirre. Al día siguiente, el ex comisario de policía Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad Ciudadana y jefe de las unidades donde trabajaban los ex agentes que espiaban a cargos públicos, se dirigió a las diez y media de la mañana a la sede de la Sociedad Pública Campus de la Justicia, dependiente de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Gamón se llevó a cuatro subordinados de la Consejería de Interior para requisar diversos documentos de la mesa del despacho de Juan Carlos Fernández, que ese día se había ausentado del trabajo para acudir al funeral de un pariente. Gamón pidió las llaves del despacho y lo cerró hasta el lunes. El sábado por la mañana, alguien retiró el ordenador personal de Juan Carlos Fernández donde, supuestamente, figuraban algunos dossiers patrimoniales de consejeros.
El episodio no pasó inadvertido para Alfredo Prada, que se quejó ante el consejero de Interior, Francisco Granados, quién aseguró que no había dado orden alguna de registrar el despacho de Juan Carlos Fernández. Gamón, sin embargo, aseguró que siempre obraba a las órdenes de Granados. El escándalo acabó con la destitución oficial de Sergio Gamón como director general de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, Esperanza Aguirre, le mantuvo como asesor de la Consejería de Interior y con un sueldo similar al que cobraba, para lo que tuvo que darle el cargo de director del Área de Seguridad. Granados, en privado, ha asegurado que intentó apartarlo sin éxito de su consejería por lo que consideraba una torpeza.
A raíz del escándalo desatado esta semana tras conocerse el espionaje y seguimiento a altos cargos del PP, Esperanza Aguirre aseguró que si alguien de la Comunidad de Madrid está implicado será expulsado. Gamón fue destituido en su día, pero no expulsado.
El ex comisario Gamón aseguró que el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, le había ordenado que revisase cómo estaba el asunto de la Seguridad en la Ciudad de la Justicia y por eso acudió allí, aunque negó que hubiera requisado documentos o el ordenador personal de Juan Carlos Fernández.
Fernández denunció el espionaje de que fue objeto ante la Fiscalía de Madrid, cuyas gestiones resultaron inútiles pues cuando pidió las imágenes de las videocámaras de vigilancia del lugar donde ocurrieron los hechos las cintas ya habían sido destruidas porque, según la versión de la Comunidad de Madrid, sólo se guardaban cinco días de grabación.
www.elpais.es 24.01.09
Granados matiza sus negativas
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, pasó ayer de negar rotundamente que personas del Gobierno regional hayan participado en espionaje político a declarar: "Tampoco puedo decir que los seguimientos no se hayan producido desde dentro de la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad es muy grande [unos 175.000 funcionarios], pero desde luego tengo la completa seguridad, hasta donde yo puedo controlar, que eso no se ha producido".
El jueves, la presidenta Esperanza Aguirre descartó con rotundidad que personas relacionadas con su Gobierno hubieran participado de "estos hechos gravísimos". El consejero de Sanidad y portavoz del PP en Madrid, Juan José Güemes, dijo ayer que la información es un "bulo" y que hará "lo posible" para que EL PAÍS responda ante la justicia.
Granados, entrevistado en Onda Cero y RNE, dijo también que ha "apretado las tuercas" a los miembros de su Departamento para averiguar si saben algo. De los casos conocidos, reiteró que sólo tiene "constancia" que están "probado" el seguimiento a González, ya que aparecieron fotografías publicadas en EL PAÍS.
Granados consideró que detrás de los seguimientos hay "alguien muy poderoso", porque para hacer un seguimiento a González hasta Colombia "requiere un gran despliegue de medios", aunque rechazó de plano las insinuaciones de que sea el Ministerio del Interior. Por último, señaló que todo este asunto podría estar relacionado con la guerra abierta en Caja Madrid, porque "de los enfrentamientos que en el seno de la entidad se están produciendo se derivan intereses muy importantes".
www.elpais.es 24.01.09
PSM e IU se personarán como acusación por el espionaje en Madrid
La izquierda forzará una comisión de investigación en la Asamblea
En el Parlamento y en los tribunales. El PSM-PSOE e Izquierda Unida (IU) quieren estar en primera fila para seguir todos los avatares jurídicos y políticos que rodean el caso de espionaje político a altos cargos del PP. Las direcciones de ambas formaciones han decidido personarse como acusación popular en la causa abierta en la Administración de Justicia y, por otro lado, forzar la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Para esto último, se requieren las dos quintas partes de la Cámara, lo que consigue la izquierda parlamentaria si une sus fuerzas.
La oposición quiere examinar el "entramado" de la Consejería de Interior
Este despliegue ofensivo tomó cuerpo ayer después de que el PSM, con la total aquiescencia del PSOE, decidiera hacer de este conflicto interno del PP, con derivaciones políticas y eventualmente judiciales, el elemento esencial de su política de oposición, singularmente contra la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Para justificar las acciones, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, envolvió sus iniciativas con palabras trascendentes. "Se está viviendo la mayor crisis política, social y moral que nunca haya sufrido la Comunidad de Madrid", señaló Gómez al anunciar la personación popular como partido en la causa.
Sin ocultar sus intenciones, inscribió la decisión de forzar una comisión de investigación en la Asamblea en su afán de que "se depuren responsabilidades políticas". Los socialistas quieren dosificar su exigencia de responsabilidades a medida que avance la investigación, por lo que, en principio, no piden la dimisión de nadie, sino que apelan a principios éticos y morales para considerar que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, "no tiene autoridad moral para seguir en sus cargos".
Aunque el PSM e IU tengan una coincidencia de intereses y unan sus fuerzas para crear una comisión de investigación, los estilos políticos son diferentes. Por eso, la portavoz parlamentaria de IU, Inés Sabanés, califica de "inadmisible" la permanencia aún en su cargo del consejero. Este grupo político ha centrado su interés en Granados (también secretario general del PP madrileño) por pertenecer a su consejería los ex agentes a sueldo que espiaron a altos cargos de la Comunidad. Desde el primer momento, IU pidió la comparecencia de Granados en la Asamblea; el lunes lo reiterará, y para entonces el PP habrá decidido si acepta o no esa comparecencia inmediata.
La investigación sobre la Consejería de Interior se antoja al PSM e IU de un valor muy notable para conocer qué ocurría en ese departamento. Así, IU ya ha registrado la petición de comparecencias urgentes del director general de Seguridad, Enrique Barón, del director del Área de Seguridad de la consejería, Sergio Gamón, y del jefe del Departamento de Asesores de Seguridad, Marcos Peña. "Estas personas deben explicar el entramado de seguridad de la región, ya que algunas de sus actividades, según lo publicado, bordean, cuando no atentan directamente, la legalidad", expone IU."Las cárceles están llenas de gente que dice que es inocente". Ésta es la frase pronunciada por Tomás Gómez, secretario general del PSM-PSOE, que ha levantado las iras del PP. "Son palabras despreciables", enjuició el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Gómez hizo ese comentario respecto a la persistencia del consejero de Interior, Francisco Granados, en mantener que nunca ha ordenado espiar a nadie. Lo cierto es que desde que se ha desatado este escándalo del supuesto espionaje a altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre por ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior, el PSM no suelta la presa.
En la dirección del socialismo madrileño no ocultan que este asunto va a ocupar buena parte de sus energías. Además, no hay duda de que así será por el despliegue de iniciativas que el PSM, y también Izquierda Unida, han puesto en marcha para tratar de averiguar hasta dónde llegan las responsabilidades en la existencia de un cuerpo de seguridad, dependiente de la Consejería de Interior, formado por ex agentes, que ha espiado a altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.
Según la interpretación del PSM, el fondo de este asunto es político, ya que supone la puesta en evidencia de la lucha sin cuartel entre los afines de Esperanza Aguirre contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El hecho de que también haya sido vigilado Ignacio González, vicepresidente del Gobierno regional y persona de confianza de la presidenta, supone para los socialistas un "incidente" en el camino, porque es sabido que no todos los colaboradores de la dirigente madrileña tienen buenas relaciones entre sí.
Por mucho que desde el PP se critique a Gómez por "esperar a ver qué dicen los periódicos por las mañanas para hacer oposición", como le ha espetado David Pérez, el PSM no va a mirar hacia otro lado. "Se trata de una trama probablemente de carácter delictivo, tanto por el uso de fondos públicos como por su propia constitución que atenta contra el Estado de derecho", señaló Gómez.
Que va a por todas lo demostró ayer Gómez al convocar una reunión extraordinaria para el próximo lunes con todos los secretarios generales de su partido. Se trata de lanzarse en tromba contra el Gobierno de Aguirre en particular, y contra el PP madrileño en general, informan en la dirección socialista. De esta estrategia es consciente el PP. David Pérez acusó al líder del PSM de practicar una política "indecente, inquisitorial, oportunista, carroñera e injuriosa".
Aunque el PSM tiene autonomía plena para articular su estrategia en este asunto, cuenta además con la aquiescencia del PSOE. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aunque sin adjetivos, pidió ayer al PP de Madrid que "salde esta cuenta con los ciudadanos".
www.elpais.es 24.01.09
El PSOE denuncia que una cuñada de Granados haya obtenido un cargo
Madrid.- María del Mar Alarcón Castellanos es profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos.
El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha denunciado que en la última reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrada el pasado jueves en ausencia de la presidenta Esperanza Aguirre, una cuñada del consejero Granados fue nombrada responsable del Servicio regional de Seguridad Social y Salud Laboral.
Se trata de María del Mar Alarcón Castellanos, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.
Gómez ha dicho que le "parece una tomadura de pelo, con la que está cayendo, que el jueves, en ese Consejo de Gobierno al que no acudió Aguirre, y después del cuál Granados e Ignacio González aparecieron juntos, se tomara el acuerdo de nombrar a la señora María del Mar Alarcón Castellanos, cuñada de Granados, responsable del Servicio de Seguridad Social y Salud Laboral de la Comunidad de Madrid".
"Éste no es el cortijo de nadie; ésta es la Comunidad líder en España y tiene que aspirar a liderar Europa", se ha quejado el dirigente socialista, que la víspera afirmó que Granados "no tiene autoridad moral para seguir siendo consejero".
EFE @ 24-01-2009 15:07
El marianista Quevedo asegura que el consejero de Interior realizaba dossiers contra Rajoy en el Congreso de Valencia
Federico Quevedo, columnista de El Confidencial y portavoz oficioso de Mariano Rajoy ante los medios ha dedicado su columna a criticar a “las manzanas podridas” del PP que han urdido el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid. Quevedo relata que ya en la época del Congreso de Valencia “circularon dossiers sobre algunos miembros” del equipo de Rajoy y que “la paternidad” de aquellos informes se atribuía “a Granados y a su gente”.
Quevedo carga contra “ese cainismo cerril y tabernario que encierra la derecha en sus entrañas” y que está más preocupado “por lo suyo” que por ayudar al partido a reforzarse como alternativa de gobierno. Incluso, ilustra la desesperación del PP con la expresión que le confesó un alto cargo de Génova: “A veces te entran ganas de tirar la toalla”.
“Es de coña”
Para Federico Quevedo, todo lo que el PP está intentando construir para ofrecer a los ciudadanos alternativas serias, “ha saltado por los aires” con la trama de espionajes destapada en las entrañas del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. “Es como de coña”, lamenta este columnista incondicional de la línea marianista del PP, que resume la desesperación del partido en la expresión que le dijo un alto cargo de Génova 13: “A veces te entran ganas de tirar la toalla”.
Manzanas podridas
El periodista lamenta que ante los retos electorales que enfrenta el partido, siga habiendo “manzanas podridas dispuestas a extender su podredumbre al resto” y empeñadas en ocuparse “sólo de lo suyo” y “de arrebatarle al otro la cuota de poder que ostenta”. Para Quevedo, no deja de ser una expresión más de “ese cainismo cerril y tabernario que encierra la derecha en sus entrañas” y que parece empeñada en “jorobarle al PP la mejor oportunidad” que ha tenido para arrebatarle el poder a Zapatero.
Espionaje en Valencia
Pero Quevedo no se queda ahí y apunta que toda esta trama del espionaje viene de antiguo: “Me consta que durante los meses previos y posteriores al Congreso de Valencia, en medio de una lucha encarnizada cuyo fin era echar a Rajoy del PP, circularon dosieres sobre algunos miembros de su equipo, y que la paternidad de alguno de esos dosieres se atribuía a Granados y a su gente”.
“Nadie cree lo contrario”
Con este panorama, el periodista cree que Aguirre debería haber apartado a Granados de su puesto. “Ya sé que eso es igual a señalarlo como sospechoso pero es que, francamente, nadie cree lo contrario”, afirma Quevedo, para quien Granados quizás se “extralimitara de sus funciones” durante su participación “en el movimiento anti-Rajoy”. “En Génova 13 están incluso bastante más convencidos que yo de que es así”, revela Quevedo.
www.elplural.com 24.01.09MENSAJE ENTRE LÍNEAS DE GALLARDÓN
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aprovechó ayer el acto de presentación de la 44ª promoción de la Policía Municipal para dejar caer un mensaje en su discurso en pleno escándalo por el seguimiento a miembros del PP en Madrid: "Toda esta labor [la de la policía local] se desarrolla como se debe, con transparencia, con arreglo estricto a nuestras competencias", dijo. A la derecha del alcalde, el fiscal Manuel Moix, que investiga los espionajes que han sufrido altos cargos del PP.
www.elpais.es 24.01.09
Cospedal exculpa a Esperanza Aguirre tras una conversación telefónica
La 'número dos' del PP emprende la investigación interna que ordenó Rajoy
María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ha empezado ya las entrevistas personales y telefónicas que componen la investigación interna sobre el espionaje en Madrid que ordenó el jueves Mariano Rajoy. Para arrancar, la tarde de ese mismo día mantuvo una conversación telefónica con Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad le aseguró que no sabe nada de los seguimientos ni del grupo de ex agentes creado en la Consejería de Interior y Cospedal se dio por satisfecha.
El partido inicia hoy una convención marcada por la guerra interna
"Ya he hablado con Aguirre y me ha dicho que no tenía conocimiento de este asunto, y yo la creo. ¿Cómo no la voy a creer?, claro que la creo", aseguró en rueda de prensa.
Cospedal también ha hablado ya con otros miembros del partido involucrados en distinto grado en el caso. Por ejemplo, con el consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados, su antecesor, Alfredo Prada, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Con este último, Cospedal se reunió ayer por la tarde durante 15 minutos, según fuentes del PP. El número dos de Aguirre negó tener conocimiento de la existencia de un grupo de ex policías y ex guardias civiles dependientes de la Consejería de Justicia, dedicados a hacer labores de espionaje. Negó conocer a Marcos Peña, responsable actual del grupo.
Otra parte de la conversación se refirió al seguimiento del que él mismo fue objeto en un viaje a Cartagena de Indias. La versión del PP es que González transmitió su opinión de que en ese seguimiento se utilizaron medios muy sofisticados que no están al alcance de cualquiera, pero desconoce el origen. Respecto al resto de los seguimientos, también aseguró desconocer el origen. Francisco Granados negó también ante Cospedal tener relación con los hechos, según el PP. La versión de la Comunidad sigue siendo que la estructura de seguridad es la misma de la etapa de los anteriores presidentes, Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina. La secretaria general del PP pretende tener concluido el informe en breve. Cuando tenga conclusiones lo remitirá al Comité Nacional de Derechos y Garantías que preside Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Interior y Justicia de Castilla y León y secretario general del PP en esa comunidad.
La investigación abierta por Rajoy ha irritado a la Comunidad, que desmiente todo y lamenta no tener respaldo de la dirección del PP en esa posición. En este ambiente, el PP abre hoy en Madrid su I Foro de militantes, una especie de convención bajo el lema "Queremos". Lo cerrará Rajoy el domingo y hoy lo abrirán Aguirre y Ruiz-Gallardón. Investigados, investigadores, espiados y afectados coincidirán en el acto todo el fin de semana.
www.elpais.es 24.01.09
Explosivas declaraciones del periodista de El País que ha desvelado la "sucia" trama de espionaje
El periodista de El País Francisco Mercado ha entregado este viernes al Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, información que demuestra que en la Comunidad de Madrid ha existido una trama de espionaje apoyada en dossieres "sucios" para "chantajear, quitar rivales de en medio o destruir hogares".
Así lo ha indicado Francisco Mercado, autor de las informaciones aparecidas en El País esta semana sobre la existencia de una supuesta trama de espionaje a políticos del PP, que esta mañana ha prestado declaración durante una hora en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias del Fiscal Superior, Manuel Moix.
Tirar del hielo
A su salida el periodista ha manifestado que ha pedido al Fiscal que se esclarezcan "hasta las últimas consecuencias" del caso y se "llegue hasta el final de la investigación" para averiguar quien o quienes están detrás de esta trama y ha asegurado que con la documentación que ha aportado El País, la Justicia, el PP "y quien quiera investigar tiene elementos para tirar del hilo".
"Mucha más gente"
Mercado, que no ha precisado el origen de la documentación que obra en manos del País y que ha entregado al Fiscal, ha asegurado tener "pruebas" de que "han sido espiada mucha más gente" además del vicepresidente regional, Ignacio González; del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o del ex consejero Alfredo Prada, los casos que hasta hoy ha desvelado su periódico.
"Muy próximas a la Comunidad"
Ha dicho que de todos ellos posee documentación y datos profesionales y personales que van más allá de los de una agenda laboral o personal y que en el caso de González, también han llegado a sus manos documentos gráficos que demuestran que alguien le siguió "muy de cerca" en un reciente viaje a Cartagena de Indias y tuvo que contar para ello "con la complicidad de personas próximas a la Comunidad".
"No solo altos cargos"
Mercado ha asegurado que "es bueno para los partidos, para la democracia y para los ciudadanos" en general que se investigue quien o quien "están detrás de esto" porque de acuerdo con los documentos que han llegado a su periódico "no solo han investigado a altos cargos del PP, sino a todos los que se han acercado a ellos", como familiares o personas anónimas.
"Extorsionar"
"Según en qué manos caiga este material puede tener una repercusión bastante dolorosa para determinada gente, pues puede haber relaciones sentimentales rotas o conversaciones que nunca se deberían saber" que podrían utilizarse para "chantajear y extorsionar con ello", ha afirmado el periodista que ha calificado el caso de "muy grave".
Apunta a Granados
Ha opinado que podría llegar a haber "responsabilidades penales" siempre y cuando "se compruebe quienes son los autores" y ha recordado que en su periódico "nunca hemos dicho que el Gobierno de Aguirre está detrás de esto" pero sí que poseen datos que apuntan a que funcionarios de la Consejería de Justicia e Interior, dirigida por Francisco Granados, "han hecho labores" de investigación.
Se rearfirma
En esos datos, ha continuado, aparecen reflejados entre otros el ex director general de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, o el ex subdirector general de este área, Miguel Castaño, y que ambos en activo en el momento en que se cometieron los presuntos seguimientos. Además ha dicho que en El País "tenemos diversos soportes documentales y declaraciones de personas con alta relevancia en el Gobierno regional para decir lo que estamos diciendo".
Poder
A juicio del periodista, quien se esconde detrás de esto "sabe que la información es poder" y que en este caso "es un poder muy sucio, que necesita dossieres muy sucios para extorsionar, quitar rivales de en medio, chantajear o destruir hogares". En definitiva, ha añadido, "esta información es un poder incontrolado".www.elpais.es 23.01.09
RAJOY EXIGE RESPONSABILIDADES Y ABRE LA GUERRA CON AGUIRRE
Aguantó cuatro días. Se lo pedía casi todo su entorno y, al final, Mariano Rajoy, rompiendo con su tradicional prudencia, decidió abrir la guerra sin cuartel con Esperanza Aguirre. El líder ha hecho caso omiso al desmentido de la Comunidad de Madrid y ordenó a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, abrir una investigación interna para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades de carácter estrictamente político, que el PP exigiría con absoluta firmeza y determinación".
Los aguirristas lo tomaron inmediatamente como una agresión directa, porque insisten en que no hay que investigar porque es una "gran mentira". La propia Aguirre ha hablado con dirigentes importantes del PP -Rajoy, Cospedal, Javier Arenas, Ana Mato-, para intentar convencerles de ello. Les ha dicho que la estructura en la comunidad es la misma ahora que en tiempos de Gallardón o Leguina.
El líder le concedió el beneficio de la duda el miércoles -"yo la creo", dijo-, pero ayer explotó y ya no da crédito a su desmentido, que ni siquiera se cita en el comunicado. Después de meditarlo mucho, reunirse con Cospedal, Arenas y Mato, y con una nueva víctima encima de la mesa, esta vez un amigo del líder y miembro de su dirección como Alfredo Prada, responsable del PP en el Exterior, decidió lanzarse al cuello de Aguirre. Incluso los dirigentes que aconsejaban prudencia al líder, porque él no podía, decían, "meterse en este barro", se rindieron ayer, al comprobar la estrategia defensiva de los aguirristas, que en lugar de iniciar una investigación interna, aseguran que todo es una gran mentira y no asumen ninguna responsabilidad. "Cuando hemos visto la rueda de prensa, y encima con la investigación de Prada encima de la mesa, que afecta a su familia, el jefe ya no ha aguantado más", señalaba un marianista. Aguirre decidió seguir al contrataque y obvió el comunicado para insistir en que ella reta a cualquiera, incluido Gallardón, a probar que el espionaje ha salido de la Comunidad.
A última hora de la tarde, y tras ausentarse del Consejo de Gobierno "por un acto privado", Aguirre acudió a una entrega de premios, repitió los argumentos de sus consejeros y dijo que pone "la mano en el fuego por ellos". Obviando que Rajoy ha ordenado indagar los hechos, aseguró que la Comunidad no investigará nada por tratarse de delitos.
El enfrentamiento entre Aguirre y Rajoy viene de lejos. Estos días ha aguantado expresar en público el profundo malestar que, según sus próximos, le estaba provocando lo que ocurre en Caja Madrid. Algunos fieles del líder temían el miércoles que una guerra con Aguirre en este momento podía perjudicar al PP a poco más de un mes para dos elecciones clave, las gallegas y las vascas, y por eso pedían prudencia a los que reclamaban firmeza. Pero ayer todo reventó.
El comunicado es durísimo. "De confirmarse estas informaciones, nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen. La práctica de escuchas o seguimientos ilegales repugnan al PP y a su presidente, como ha quedado acreditado en su larga trayectoria política".
La investigación parte, según el comunicado, "desde el respeto al principio de presunción de inocencia y en aras de la ejemplaridad que debe presidir la vida pública" y la llevarán a cabo la secretaria general, Dolores de Cospedal, y la responsable de Organización, Ana Mato. Ayer mismo, contactaron con las personas aludidas en las informaciones para recabarles datos y citarles en los próximos días para conocer su visión de los hechos. Los primeros a los que se pedirá su testimonio serán Ignacio González, Francisco Granados, Alfredo Prada y Manuel Cobo. En principio, no tienen previsto citar a Aguirre ni a Gallardón. Su intención es concluir la investigación lo antes posible. Según fuentes del PP, el objetivo es determinar si existe un servicio de seguridad paralelo en la Comunidad, si se han producido seguimientos y, ante la evidencia documental del espionaje a González, quién lo hizo.
Horas antes del comunicado, el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, intentó implicar al Ministerio del Interior en el caso. Pons aseguró en TVE que Interior debe explicar cómo los autores de los seguimientos manejaban datos como las matrículas a las que, según él, sólo pueden acceder las Fuerzas de Seguridad. "A lo mejor quien está detrás de esta investigación no necesariamente tiene que ser parte del PP", dijo.
(www.elpais.com, 23/01/09)
LAS EVIDENCIAS SOBRE EL SEGUIMIENTO A POLÍTICOS MADRILEÑOS
- El ex policía Marcos Peña reconoce que hace informes para el consejero Granados.
El ex inspector de policía Marcos Peña, asesor del consejero de Interior, Francisco Granados, desde junio de 2008, declara a EL PAÍS que su trabajo para Granados consiste, sobre todo, en realizar informes reservados, para lo que cuenta con tres ex guardias civiles. "Yo asesoro o hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida. Yo quería trabajar en solitario, pero Granados me pidió que usara a estos ex guardias, que eran de su confianza". Peña aseguró que había investigado el caso Coslada, la presunta trama de corrupción que lideraba el jefe de la Policía Municipal, Ginés Jiménez, y el caso Ciempozuelos, que acabó con los dos principales dirigentes socialistas de la localidad (Pedro Antonio Torrejón, que era alcalde, y Joaquín Tejeiro, ex regidor) en la cárcel.
- El vicepresidente, Ignacio González, denuncia a la fiscalía que espías que le han seguido han utilizado información reservada. EL PAÍS consiguió el dossier que incluía las fotos, tomadas desde una cámara oculta, de González y sus acompañantes durante un viaje oficial que efectuó a Cartagena de Indias en agosto de 2008. Para un segundo informe, los espías consiguieron una fotocopia de los billetes de avión de González y su esposa del viaje privado que efectuaron a Johanesburgo en marzo de 2008, junto al empresario y contratista de la Comunidad Enrique Sánchez González. En su denuncia a la fiscalía por ambos seguimientos, González explica: "Llama la atención que, para realizar el seguimiento a mi persona, los autores han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener en ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos".
- Los espías que siguen al ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada hablan del coche oficial del que dispone su director. El equipo que espió en primavera al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, describe en su parte del 22 de abril: "A las 17.30 llega al puesto de trabajo habitual de P [Prada] el conductor de nuestro director Sergio con el vehículo oficial del mismo". Sergio es, supuestamente, Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad. Prada, el consejero de Aguirre más afín a Rajoy, fue vigilado en semanas previas al Congreso del partido, tras el cual fue destituido. Granados dijo ayer sobre esa frase referida a Gamón: "Eso no significa absolutamente nada. Es como si [el dossier] dijera 'entra nuestro presidente, Zapatero"
- El ex delegado del Gobierno en Ceuta con Aznar ofrece a Ignacio González legalizar el servicio de inteligencia regional. Luis Vicente Moro declara a EL PAÍS que en verano propuso al vicepresidente Ignacio González un proyecto de servicio de inteligencia "para aplicarle legalidad y legitimidad" al que había, y que se había hecho muy popular "entre los expertos en el sector de la seguridad". "Se decía que altos cargos de la Seguridad estaban siendo vigilados por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad".
(www.elpais.com, 23/01/09)
RAJOY ORDENA AHORA INVESTIGAR
El presidente nacional del PP ordenó ayer -cuatro días después de que apareciera la primera información sobre la supuesta trama de espionaje en Madrid- abrir una investigación interna en su partido para dilucidar si los hechos que narra El País son o no ciertos.
De esta forma, pidió a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que abra una investigación «para aclarar hasta sus últimos extremos los ocurrido y adoptar las medidas pertinentes», según un comunicado del partido que se hizo público ayer por la tarde.
Por la mañana, el portavoz del PP, Esteban González Pons, apuntaba hacia otro sitio: el Ministerio del Interior. Pero, por la tarde, Rajoy decidió abrir una investigación interna sobre lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, como le han pedido algunos dirigentes de su partido.
El comunicado del PP afirma que, «de confirmarse estas informaciones», se trataría de «hechos gravísimos» y «actuaciones inadmisibles» que darían lugar a «responsabilidades en el ámbito de la Justicia» y «responsabilidades de carácter estrictamente político» que el PP exigirá «con absoluta firmeza y determinación».
En el mismo comunicado, el PP insta a la Justicia a que abra una investigación inmediata para depurar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la supuesta trama de espionaje.
La dirección del PP dice en esa misma nota «sentir repugnancia» ante la práctica de escuchas o seguimientos ilegales «con fines desconocidos» a dirigentes del partido.
Desde Toledo, María Dolores de Cospedal dijo que su partido está «completamente indignado» por la supuesta trama de espionaje en Madrid y que tomará «las más enérgicas medidas» en cuanto este asunto se esclarezca.
De Cospedal aclaró que sólo «tenemos la constancia de que ha aparecido en medios de comunicación la denuncia de esos hechos».
Pero agregó: «No sabemos si esos hechos son o no ciertos, pero de serlo son hechos gravísimos y tengo que trasladarles la completa indignación de mi partido por que pueda haber seguimiento, espionaje o cualquier tipo de vigilancia hacia militantes del Partido Popular».
Fuentes del PP de Madrid mostraron ayer su «sorpresa absoluta» porque consideran que Rajoy «da alguna credibilidad a unos hechos que el periódico no ha documentado en absoluto en ninguna de las entregas», algo que ayer calificó Granados como «una gran mentira».
(www.elmundo.es, 23/01/09)
LA TRAMA DE ESPIONAJE REABRE LAS HOSTILIDADES ENTRE AGUIRRE Y RAJOY
Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre han intentado mantener las formas desde el pasado congreso popular de Valencia. Querían dar apariencia de calma, aunque fuera tensa. Pero la trama de espionaje supuestamente ligada a la Comunidad de Madrid ha demostrado que hay un telón de acero entre el bloque de los partidarios de Rajoy y el de los de Aguirre, que han resucitado una guerra fría de consecuencias impredecibles. Ayer, el líder del PP dio instrucciones a su secretaria general, Dolores de Cospedal, para que abra una investigación interna sobre este embrollo, iniciativa que ha encolerizado a Aguirre. Las hostilidades entre ambos se han desatado.
El caso es que, en solo 24 horas, Rajoy ha pasado de expresar su confianza en la presidenta madrileña para zanjar el escándalo a tomar cartas en el asunto. El cambio de criterio se produjo, según fuentes de su entorno, cuando supo que no solo han sido vigilados el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, y al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, sino también Alfredo Prada, dirigente del PP cuyo apoyo a Rajoy en el cónclave de Valencia llevó a Aguirre a destituirlo como consejero.
Y, además de anunciar la apertura de dicha investigación, Rajoy quiso comunicárselo a la propia presidenta --que recibió también numerosas llamadas de distintos dirigentes del PP a cuenta del mismo asunto-- y darlo a conocer a la opinión pública a través de un comunicado oficial.¿Qué es lo que pretende el líder del PP al dar este paso? Pues, según la versión difundida por el partido, exigir "con absoluta firmeza y determinación" responsabilidades políticas, si fuera menester.La traducción del citado comunicado no admite dudas. Que la dirección popular considere que de esta trama pudieran derivarse responsabilidades de carácter político demuestra que otorga credibilidad a la hipótesis de que un político, o una institución, podría estar detrás del escándalo de espionaje. Llegados a este punto, toca preguntarse por lo que opina de todo esto Aguirre. A su juicio, nada tiene que investigar el PP, puesto que el caso está en manos de la fiscalía y de un juzgado. "Aquí, en la comunidad, no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada parecido", sostuvo ayer. Y lanzó una durísima advertencia: "El alcalde de Madrid, o cualquiera que dé por buena esa información de El País, tendrá que probarlo o rectificar. O nos veremos en los tribunales".
Tan segura dice estar Aguirre de que desde su gobierno no se han impulsado prácticas de espionaje que ayer, ante una multitud de periodistas, dijo poner "la mano en el fuego" por sus consejeros. Eso incluye a su responsable de Interior, Francisco Granados, señalado como jefe de un equipo de expolicías y exguardias civiles que supuestamente realizó seguimientos a otros políticos del PP.
Eso sí, ella advirtió que si alguien posee una "prueba" que afecte a alguno de sus colaboradores, este "será expulsado, tenga el nivel que tenga". Y es que, según Aguirre, ella es la más perjudicada por todas las informaciones que han salido a la luz, aunque insistió en que en un Estado de derecho no hay que demostrar la inocencia sino la culpabilidad. En la misma línea se manifestaron por la mañana su vicepresidente y portavoz, Ignacio González, y el consejero de Interior, Granados.
Sin embargo, el equipo de Rajoy, como hiciera el miércoles en TVE el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, discrepa y da crédito a las crónicas periodísticas sobre esa supuesta red de espionaje. Así se desprende de la literalidad del comunicado: "De confirmarse estas informaciones, nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen", alertan los populares. Para intentar llegar a una conclusión propia al respecto, Cospedal llamará uno por uno a los supuestos espiados y a Granados, que ayer dejó claro que no se le pasa por la cabeza dimitir.
Pero el enfrentamiento de Aguirre y de sus consejeros con Rajoy se extiende hasta salpicar a Gallardón, que ha aseverado que la Comunidad no puede contar con un cuerpo "parapolicial". A esto, el vicepresidente González y el consejero Granados respondieron en rueda de prensa, ayer por la mañana, que, si actualmente existe alguna estructura parapolicial, es la heredada del socialista Joaquín Leguina y, principalmente, de la etapa en que el mismo Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad, cuando reformó el modelo de seguridad autonómico.Tras incidir en que la denuncia sobre la trama de espionaje es "una gran mentira", se desmarcaron también de la tesis que por la mañana había esgrimido el vicesecretario del PP, Esteban González Pons. El portavoz acusó al Ministerio del Interior de "connivencia" con los espías, que, a su juicio, precisaron del apoyo de las fuerzas de seguridad para cotejar las matrículas de quienes se reunían con los vigilados. La salida de Pons no gustó al equipo de Aguirre --que se niega a dar por buena la existencia de seguimientos, salvo el de González-- ni a su partido. Nadie le siguió, quizá porque cualquier ciudadano puede averiguar quién es el propietario de un vehículo, según fuentes de la Dirección General de Tráfico consultadas por este diario. En el 2008, Tráfico tramitó siete millones de informes relacionados con las placas.
(www.elperiodico.com, 23/01/09)
EL ESPIONAJE REGIONAL DE MADRID TENSA LA CUERDA AGUIRRE-RAJOY-GALLARDÓN
Una declaración de guerra. La decisión de Mariano Rajoy de abrir una investigación interna para aclarar el caso de espionaje que afecta a la Comunidad de Madrid cayó como un jarro de agua fría en el sector aguirrista del PP, que se considera directamente acusado.
Lo que movió al líder del PP a tomar cartas en el asunto fue una nueva entrega del diario El País con otro caso de presunto espionaje, esta vez referido al ex consejero Alfredo Prada, el único miembro del Gobierno madrileño que apoyó a Rajoy en el congreso de Valencia, lo que le costó el puesto.
La información vuelve a relacionar al equipo de seguridad del consejero Francisco Granados con prácticas de espionaje, que también habrían afectado al vicealcalde, Manuel Cobo. El citado equipo habría recopilado detalles de comidas y visitas, privadas y públicas, obtenidas por un dispositivo de seguimiento, comprobación de matrículas y fotografía.Tras la difusión de nuevas sospechas de espionaje, Rajoy ordenó ayer a Maria Dolores de Cospedal la apertura de una investigación interna para aclarar los hechos, llegar hasta el final y, en su caso, "adoptar las medidas pertinentes". "Es una gran mentira", aseguró Francisco Granados, que compareció junto al vicepresidente Ignacio González en la sede de la Comunidad de Madrid.
El comunicado de Rajoy, que éste no consultó con Aguirre, fue considerado en el PP de Madrid una declaración de guerra. "Desde el respeto al principio de presunción de inocencia y en aras de la ejemplaridad que debe presidir la vida pública...", dice el texto. Con ello, el PP otorga a las revelaciones la gravedad que niega la Comunidad de Madrid, en los casos que no afectan al vicepresidente Ignacio González: "De confirmarse - añade el comunicado-nos encontraríamos ante hechos gravísimos y actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen".
Un origen controvertido, ya que los seguimientos a Cobo y Prada señalan a empleados de Granados, el espionaje a Ignacio González parece tener otra auotría. Para desviar la atención, Esteban González Pons intentó implicar ayer al Ministerio del Interior: "La comprobación de la propiedad de un vehículo a partir de una matrícula no se puede hacer sin la connivencia de Tráfico e Interior". La fiscalía ya ha abierto una investigación, con base en el espionaje a González, aunque Prada también ha denunciado judicialmente los hechos. La atención estaba ayer en la reunión del consejo de gobierno de la Comunidad -en ausencia de Esperanza Aguirre, por motivos privados- para analizar los hechos. Comparecieron después Gonzalez y Granados. El primero, serio y nervioso, es el único de los espiados de los que hay, de momento, prueba documental; el segundo, desafiante y sonriente, habló de "la gran mentira" en la que se le involucra, y negó el espionaje desde la Comunidad, aunque aunque no quiso atribuírselo a Interior, rechazando el cabo que le tendía González Pons.Los dos contaron con el apoyo de Aguirre, que, por la tarde, puso la mano en el fuego por sus consejeros y aseguró que ella es "la principal perjudicada". Todas las intervenciones reflejaron el duro enfrentamiento con Ruiz Gallardón, a quien reprocharon que dé por cierta la existencia de un grupo parapolicial.
(www.lavanguardia.es, 23/01/09)
ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR TODOS SUS CONSEJEROS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy que pone "la mano en el fuego" por todos sus consejeros y ha considerado que es "la principal perjudicada" por la supuesta trama de espionaje a políticos de la región y, por ello, la primera que quiere que se esclarezca.
En una comparecencia ante los medios previa al acto de entrega de los XVIII Premios AEDME, Aguirre ha subrayado que el Gobierno que preside "nada tiene que ver con estas imputaciones gravísimas y es el primero que quiere que se aclaren".
"Aquí -ha añadido- no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada que se le parezca y quién diga lo contrario tendrá que probarlo y, si no lo acredita, tendrá que rectificar".
Aguirre ha insistido en que "el que tenga pruebas que las ponga sobre la mesa, que ponga en conocimiento de los jueces y de la Fiscalía toda la documentación que pueda sostener o acreditar que aquí -en la Comunidad de Madrid- se ha montando algo parecido a un servicio de espionaje y si no se presentan estas pruebas, tendrán que vérselas con el Gobierno regional en los Tribunales".La presidenta ha hecho extensiva esta advertencia a Alberto Ruiz-Gallardón y ha dicho que "el alcalde de Madrid o cualesquier otra persona que dé por buena la información que publica El País tendrá que probarlo, que demostrarlo, que rectificar, y si no tendrán que vernos en los Tribunales".
La presidenta, que ha justificado su ausencia hoy en el Consejo de Gobierno afirmando que tenía un acto personal comprometido desde hace tiempo, ha argumentado que "esto es un Estado de Derecho y esto quiere decir que la inocencia no se tiene que probar, cómo voy a probar yo que yo no he montado ningún servicio de espionaje, la inocencia se presume, quien tiene que dar pruebas es quien acusa".
No obstante, la presidenta madrileña se ha comprometido a que "si hay una sola persona en la Comunidad de Madrid de la que se demuestre que ha participado en espionajes o seguimiento será expulsado". Aguirre ha asegurado que no ha hablado con el alcalde de Madrid desde que salió a la luz esta supuesta trama pero que sí mantuvo comunicación ayer, a través de varios mensajes de móvil, con el vicealcalde, Manuel Cobo, a quien expresó que "lamentaba que fuera víctima, como lo es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de estas falsas acusaciones".
Con quien si ha estado en contacto desde ayer es con los miembros de la dirección nacional del PP, incluidos su presidente, Mariano Rajoy, y la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y ha apuntado que le "parecen bien" todos los comunicados que hagan.
La presidenta ha recordado que no es a la Comunidad de Madrid a quien corresponde investigar esta presunta trama porque "aquí se imputan delitos penales y eso corresponde a los jueces y a la Fiscalía investigarlo".
En lo que compete a la Comunidad de Madrid, ha continuado, "tanto el señor Marcos Peña como el consejero Francisco Granados ya han dirigido un escrito a El País para que rectifique" y el Gobierno regional ha pedido motu proprio la comparecencia de Granados en la Asamblea de Madrid.
La presidenta ha defendido, además, que sólo da credibilidad al seguimiento al que ha sido sometido su vicepresidente, Ignacio González, porque "es el único caso que está acreditado que ha sido espiado". "El resto, no digo que no se hayan hecho, lo que digo es que el que tenga pruebas de que lo haya hecho la Comunidad de Madrid que las presente", ha concluido.
(www.elperiodico.com, 23/01/09)
EL GOBIERNO DE AGUIRRE SOPESÓ CREAR UN 'CNI' LEGAL AL SENTIRSE ESPIADO DESDE DENTRO
El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. En realidad, más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban siendo espiados desde dentro de la institución para intentar campañas de desprestigio mediante dossiers. El propio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen. Aún hoy siente la misma sensación, a tenor del contenido de su denuncia, donde alude a la cercanía de los cómplices que hicieron posible el espionaje sufrido durante su viaje a Cartagena de Indias en agosto de 2008 y en su viaje a Johanesburgo en marzo de 2008.
Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar, trató con el vicepresidente madrileño la necesidad de crear el servicio secreto. Moro era amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro combatía la inmigración irregular desde su puesto de Delegado del Gobierno en Ceuta.
Moro veía claro el problema que tenía el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando contactó con su amigo: "González y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia", seguimientos que conducían a la elaboración de dossiers contra él. "Necesitaba un servicio de información para protegerlo".
Moro explica así sus gestiones. "Hablamos de la posibilidad de algún servicio con el amparo y legitimación que tienen los del País Vasco y Cataluña. Era un servicio para proteger informativamente a los altos cargos de la Comunidad autónoma".
Moro reveló a EL PAÍS que por aquella época, los altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban preocupados porque temían que estuvieran siendo espiados desde dentro.
Ignacio González recibió el borrador de servicio secreto y lo aparcó. "No lo vi conveniente y, además, era un tema competencia de [Francisco] Granados [consejero de Interior de la Comunidad de Madrid]", explicó a EL PAÍS. González enmarcó la propuesta de su amigo en un intento de anular o neutralizar los dossiers que se lanzaban contra él en aquellos tiempos. Ahora, al recordarlo, no le concede mayor trascendencia, si bien reconoce el hartazgo que sobre él pesaba de ser objeto de oscuras maniobras cuando surgió la iniciativa. Pero evita detallar qué o quién bloqueó tal proyecto dentro del Gobierno regional.
Cuando Moro y González hablaban de crear un CNI madrileño legal, por más que entrañara una dura batalla competencial conseguirlo, el consejero de Interior, Francisco Granados, estaba fichando al ex inspector de policía Marcos Peña, que asumió la dirección de un equipo de ex guardias civiles. Peña aseguró a este periódico que su grupo realizaba los informes que le pedía su jefe, Granados, que versaban sobre escándalos o corrupciones que afectaban fundamentalmente a municipios socialistas como Coslada, Ciempozuelos...
El propio Francisco Granados les atribuye unas funciones de contravigilancia, que Peña desmiente y que, según los expertos, la ley les impide ejecutar por carecer la Comunidad de Madrid de competencias para ello. Esta unidad, al igual que otra que dirige el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, con varios ex policías a sus órdenes, dependen del consejero Granados. No están bajo la estructura orgánica al mando del actual director de Seguridad que ni los tiene, ni los ha querido tener, bajo sus órdenes.
Su labor escapa así al común de los integrantes de la seguridad de la Consejería de Interior. Las labores definidas por Peña perfilan un auténtico servicio de información. Granados lo niega. En este contexto de creación de unidades "descontroladas" de la estructura ordinaria y jerárquica -sólo responden al consejero, según fuentes de su departamento-, se bloqueó y se vetó la creación de un servicio secreto legal y transparente al servicio de la Comunidad de Madrid, tal y como planteaba Moro. "Vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces", ofreció Moro a González. No fue atendido. "Y ahora esto que está lloviendo es tremendo", ironiza.
Moro conocía ya entonces la existencia de un servicio secreto clandestino al servicio de la Comunidad de Madrid. "Tenía alguna información de mis amigos, pero de amigos que no tienen que ver con la Comunidad autónoma. Empezaba a estar acreditado [la existencia de tal servicio secreto ilegal de la Comunidad] entre los medios de la seguridad. Naturalmente, legales. No la mierda que se ha montado ahí. Las noticias que circulaban era que algunos altos cargos, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid".
El plan de montar un servicio secreto fue redactado por Moro junto a ex agentes del servicio de inteligencia español, con los que conversó EL PAÍS. Aseguran que su proyecto quería servir para captar información y compartirla con los servicios de información legales. Y querían evitar fichar a ex guardias o ex policías. "Porque se convierten en espías al servicio de sus cuerpos de origen". El Proyecto SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador entregado a Ignacio González, a "una necesidad específica de seguridad e inteligencia emergente en el Estado de las Autonomías". En dos folios, Moro resumía las virtudes de la nueva Sociedad:
- Solución afinada y eficaz. "Es una solución más afinada y eficaz ante la necesidad señalada, creciente en el actual contexto sociopolítico (...) acorde con otras experiencias más flexibles y acertadas impuestas en países de nuestro entorno occidental (por ejemplo, las Unidades de Inteligencia de ámbito departamental existentes en Francia", explicaba el texto.
- Recursos externos debidamente filtrados. El servicio secreto autonómico podría utilizar "de forma eventual medios o recursos externos debidamente filtrados y controlados". De hecho, en el organigrama de SEDE contemplaba un departamento de relaciones externas dedicado a la "adquisición de información".
- Capitalizar las Brigadas de Policías Municipales.
Los impulsores de este CNI autonómico defendían la necesidad de un servicio de este tipo en la Comunidad de Madrid ante las amenazas terroristas y para "reorientar y capitalizar de forma adecuada las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid). Aguirre intentó crear su propia policía autonómica pero ante la imposibilidad legal de hacerlo, decidió subvencionar la contratación de policías municipales en los ayuntamientos madrileños y englobar a ese grupo de agentes bajo la denominación de BESCAM.
Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS aseguran que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para crear su propio servicio secreto: "El Estatuto de Autonomía de Madrid establece que las competencias de la Comunidad se circunscriben a la 'vigilancia y protección de sus edificios'. Ámbito que, como reitera a renglón seguido el Estatuto, se ejercerá 'respetando, en todo caso, los dispuesto en la Constitución Española'. En este marco competencial es obvio, y nada discutible, que la creación de un Centro de Inteligencia autonómico, que, por definición, exige todo un conjunto de actividades, eminentemente de carácter policial, para la recogida, almacenamiento, tratamiento y análisis de un amplio espectro de informaciones relevantes para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y la seguridad de las instituciones, no está amparado en el marco competencial que la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento reconocen a la Comunidad de Madrid".
(www.elpais.com, 23/01/09)
LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE QUE UNOS 40 EX AGENTES TRABAJAN EN EL 'SERVICIO DE INFORMACIÓN'
Según ha podido confirmar la CADENA SER con fuentes de la Comunidad de Madrid, estos 40 antiguos agentes dependen directamente de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Según fuentes del ejecutivo, la mayoría de estos agentes ya estaban en la consejería cuando Francisco Granados llegó al cargo en junio de 2007.
Todos han sido contratados como técnicos de seguridad en el capítulo de cargos de confianza, en definitiva, contratos 'a dedo' puesto que no han superado prueba alguna para acceder a este puesto.
Se ocupan de revisar la seguridad de los edificios públicos, pero también de otras misiones, que en principio, corresponden a las fuerzas de seguridad del Estado.
En torno a una cuarte parte de este grupo policial ha sido contratado por el actual consejero, el resto, unos 30, ya trabajaban para la consejería. Altos cargos del departamento ven como algo normal que vigilen, investiguen, recaben datos de policías en activo o prevengan a los políticos de la Comunidad de Madrid. La lealtad, dicen, se la deben al consejero.
(www.cadenaser.com, 23/01/09)
LA COMUNIDAD DE MADRID SABÍA QUE SUS AGENTES REALIZABAN LABORES FUERA DE LA LEY
La dirección general de Seguridad del gobierno de la Comunidad de Madrid sabía desde el año pasado que sus agentes estaban realizando labores de vigilancia "fuera del marco legal existente", según informa hoy la SER. Esta emisora señala que las labores de vigilancia a las que se refiere son las tareas de información que los agentes realizaban por motivos de seguridad en los lugares que iban a ser visitados por los consejeros en sus viajes oficiales y destaca que los agentes no tenían competencias para realizar esos trabajos.
Según fuentes internas de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid citadas por la SER, la dirección de Seguridad convocó a los 36 funcionarios de seguridad en una reunión extraordinaria el pasado 24 de noviembre para informales del nuevo plan de trabajo.
La SER asegura que "la principal preocupación era buscar un marco legal a los trabajos de vigilancia e información" que sus agentes realizaban durante las operaciones de protección y seguimiento de personajes de relevancia.
De este modo, la dirección de Seguridad propuso que los agentes de seguridad fueran acompañados por policías nacionales.
Esta reunión se celebró poco tiempo después de las visitas de Esperanza Aguirre y el consejero de Sanidad Juan José Güemes a varios hospitales madrileños, donde recibieron los abucheos de pacientes y personal sanitario.
(www.publico.es, 23/01/09)
ENTREVISTA: LUIS VICENTE MORO, Ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta : "LES DIJE 'APLIQUEMOS A ESTO LEGALIDAD Y ASÍ OS QUITÁIS DE OSCURANTECES"
Luis Vicente Moro fue nombrado delegado del Gobierno en Ceuta en 1998 por el Ejecutivo de José María Aznar. Durante aquella etapa, que duró hasta 2004, cuando el PP perdió las elecciones generales, Moro gestionó información sobre seguridad muy delicada en un enclave conflictivo por los problemas de inmigración irregular y de mafias que traficaban con seres humanos.
Durante su etapa como delegado del Gobierno en Ceuta, Moro hizo amistad con Ignacio González, que trabajó en el Ministerio del Interior como secretario de Estado de Inmigración a las órdenes de Ángel Acebes en los últimos años de la segunda legislatura del PP, con José María Aznar como presidente.
Moro y González mantuvieron una relación de amistad e incluso siguieron colaborando en asuntos de seguridad. En junio de 2008, Luis Vicente Moro entregó a Ignacio González el borrador de un proyecto de servicio secreto autonómico, una especie de CNI (Centro Nacional de Inteligencia), ante la preocupación extendida en el Gobierno de Esperanza Aguirre, que se sentía espiado y quería protegerse.
Sólo unos meses antes de aquellos contactos entre Moro y González, ex agentes al servicio de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid estaban haciendo, sin amparo legal alguno y con dinero público, seguimiento a distintos altos cargos del PP, según se deduce de los partes diarios que elaboraron entonces. Tanto Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, como Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y hoy alto cargo de la dirección nacional del Partido Popular, han denunciado ante la fiscalía los seguimientos de que fueron objeto durante los meses previos al último congreso nacional del PP, en el que Mariano Rajoy salió reelegido tras varios meses de tensos enfrentamientos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
El proyecto de CNI autonómico que le presentó en junio pasado el ex delegado del Gobierno en Ceuta al vicepresidente de la Comunidad de Madrid no cuajó. Luis Vicente Moro lo explica en la entrevista que ha mantenido con EL PAÍS.
Pregunta. Hubo un proyecto de servicio secreto legal para la Comunidad de Madrid en 2008 y que al final no salió. ¿Cómo fueron las gestiones?
Respuesta. Yo soy amigo personal de Ignacio González y coincidí con él en la época anterior. Hablamos de la posibilidad de crear algún servicio, con el amparo y la legitimidad que tienen los servicios en el País Vasco y en Cataluña. Era un servicio para proteger a los altos cargos de la Comunidad de Madrid, pero nada más que eso.
P. ¿Pero proteger informativamente?
R. Informativamente, porque yo creo que por aquella época estaban preocupados, o alguien estaba preocupado.
P. ¿Y por qué rechaza finalmente Ignacio González montar ese servicio? ¿Hasta dónde se llegó después de presentar el borrador?
R. El borrador... y no hubo nada más. No sé por qué lo rechazó... No lo rechazó, son esas cosas que se dejan encima de la mesa diciendo 'esto es interesante'. Y [González] no vería la necesidad en aquel momento, porque lo que está lloviendo ahora es tremendo.
P. ¿No lo rechazarían porque ya existía uno que no era legal y transparente?
R. Yo no lo sé. Allí parecía que había un aparato. Y lo que hacemos un amigo y yo es decir, 'vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces'. Nada más que eso.
P. ¿Quién le dijo que existía un servicio secreto no transparente?
R. Tengo alguna información de mis amigos, que no tienen que ver con la Comunidad de Madrid. Empezaba a hacerse popular en los medios que están acreditados como grandes expertos en el sector de la seguridad, naturalmente todos ellos legales, no esa mierda que se ha montado ahí...
P. ¿Y qué noticias circulaban?
R. Las noticias que circulaban es que algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid. No sé si esto es lo que está pasando ahora.
P. ¿Por qué pensaban que eran objeto de vigilancia?
R. Yo creo que Ignacio González tenía datos. En esta situación, a alguien de la Comunidad le molestaba Ignacio. Él pisó algunos callos. Un servicio secreto, si no nace con las condiciones de seguridad jurídica que nosotros planteamos modestamente, no puede estar en la Comunidad de Madrid. Y si no aparece en el organigrama, es un disparate absoluto. Yo no me preocupé más porque cuando nuestro papel durmió el sueño de los justos, yo me dediqué a mis cosas. Sé que Ignacio González es un currante que puede hacer daño a personas muy, muy, muy sinvergüenzas.
(www.elpais.com, 23/01/09)
LA TRAMA DESATA LAS AMENAZAS EN EL PP MADRILEÑO
La trama de espionaje está minando las relaciones entre los populares madrileños. El intercambio de acusaciones ha llegado incluso a la amenaza de acudir a los tribunales. En un bando están los que no dudan que detrás del grupo de agentes está la Consejería de Interior, como el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el vicealcalde, Manuel Cobo, o el ex consejero de Interior Alfredo Prada. Los dos últimos fueron sometidos a vigilancia. Y en el otro están los que lo niegan, como el propio consejero de Interior, Francisco Granados, y al que se ha sumado, un poco más tarde, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio González, éste también investigado.
En un principio, ni siquiera González dudó de que esas grabaciones y seguimientos sólo los podía haber hecho alguien que estuviera "muy cerca" de él. Y así lo hizo constar en su denuncia ante la fiscalía. Ayer varió su discurso y negó tener la menor idea de quién le ha estado espiando, en una rueda de prensa que dio junto a Granados. Y fue más allá: negó que el espionaje pudiera venir de la Consejería de Interior y amenazó con denunciar a todo el que culpe a la Comunidad de Madrid de estar detrás de la trama sin pruebas en la mano.
En concreto, se refirió al alcalde de Madrid y a sus declaraciones el miércoles en el programa 59 segundos de Televisión Española. Gallardón acusó a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" que era ilícito puesto que la Comunidad "no tiene competencia en seguridad". "Si los seguimientos están hechos por estas personas, es un delito", aseguró Gallardón.
"Salvo que alguien tenga una prueba fehaciente que acredite la existencia de una trama de espionaje no se puede hacer ninguna afirmación en el sentido de las que hizo el alcalde", le respondió González. Y amenazó con denunciarle: "Vamos a exigir a quien haga este tipo de imputaciones sin acreditarlas, que rectifique y, en el caso de que no se proceda a estas rectificaciones, tendremos que actuar judicialmente".
Tanto González con Granados sostuvieron ayer que la trama de espionaje en el Gobierno de Aguirre es "una gran mentira". Sólo reconocieron las grabaciones a González. Lo demás, dijo el vicepresidente regional, "no está acreditado". Para intentar desmontar la información publicada por EL PAÍS, Granados se escudó en que Marcos Peña, jefe del departamento de asesores de seguridad, entró a trabajar "meses después" de los seguimientos. Una información que ya publicó este periódico. El consejero, sin embargo, no explicó por qué los espías identifican en sus notas como "nuestro director" al que era el director de Seguridad de la consejería, Sergio Gamón, en ese momento. "Eso no significa absolutamente nada. Es como [el dossier] si dijera 'entra nuestro presidente, Zapatero", respondió Granados.
Aseguró que ya ha llevado a cabo "una investigación verbal" en su equipo de seguridad y que "todos niegan de forma categórica que se hayan producido esas actividades". Y añadió que el Gobierno regional no tiene "que demostrar que eso no se está produciendo". Para él, la responsabilidad recae en las "personas, medios o instituciones" que poseen pruebas o documentos.
Granados remitió ayer una carta a EL PAÍS en la que, acogiéndose al derecho de rectificación, afirma que "es falso que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya ordenado seguir, vigilar o investigar a los altos cargos del PP de Madrid". Asimismo, Granados niega que en su Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "se dedique personal o cualquier otra infraestructura que tenga como finalidad el seguimiento, investigación o vigilancia que suponga la quiebra de derechos constitucionales de ciudadanos o empresas".
(www.elpais.com, 23/01/09)
LA FISCALÍA DE MADRID ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESCÁNDALO
La fiscalía de Madrid ha abierto una investigación para aclarar el escándalo de espionaje a políticos, por ahora sólo del PP, desatado en la Comunidad de Madrid. Como primera providencia, ha sido citado a declarar el periodista de EL PAÍS Francisco Mercado, autor de las publicaciones sobre la red parapolicial, de quien pretende que explique el origen de las informaciones. Además, la fiscalía ha requerido a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Francisco Granados, para que le remita "cuanta información tenga" sobre los seguimientos al vicepresidente autonómico, Ignacio González; el ex consejero Alfredo Prada, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
También se ha reclamado a Granados que informe sobre la estructura orgánica y funcional de la Dirección General de Seguridad, así como información sobre quiénes trabajan en ella y su relación contractual con la Comunidad de Madrid.
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, confirmó a Europa Press que ya incoó anteayer diligencias de investigación tras recibir la denuncia interpuesta por Ignacio González, por los seguimientos y grabaciones con cámara oculta que le realizaron sin su consentimiento durante un viaje oficial a Colombia (agosto) y otro privado a Suráfrica (en marzo). A ésta se ha acumulado la presentada por Cobo y se hará lo mismo, probablemente, con la que ya prepara Prada. Moix no descartó la práctica de más diligencias y dijo que la llamada a declarar de Granados "dependerá del curso de la investigación", aunque aún no lo tenga "en mente".
Mientras, el juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, será el encargado de decidir si admite o no la denuncia presentada por la Comunidad de Madrid por esta trama. La denuncia ha recaído sobre este juzgado por reparto, después de que el de Instrucción número 31, de guardia el martes, remitiera el escrito al Decanato, al no querer asumir la causa. Si el magistrado admite la denuncia y abre diligencias previas, la fiscalía podría remitirle sus indagaciones, siempre y cuando se traten de los mismos hechos que investigue el juez Sierra. De este modo, las dos denuncias se acumularían.
(www.elpais.com, 23/01/09)
GRANADOS ASEGURA QUE DETRÁS DE LOS SEGUIMIENTOS A GONZÁLEZ ESTÁ "ALGUIEN MUY PODEROSO"
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, aseguró hoy que detrás del seguimiento al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, "el único que está probado", tiene que haber "alguien muy poderoso". En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Granados afirmó que el único de los espionajes que está probado es el de González y que se realizó "con una estructura importante". "Trasladar gente a Cartagena de Indias (Colombia) a hacer un seguimiento en condiciones requiere un gran despliegue de medios y desde luego no tengo ni idea de quién está detrás, pero quien esté es alguien muy poderoso", indicó.
El consejero de Presidencia considera que estos seguimientos pueden tener algo que ver con el caso Caja Madrid, aunque no descarta ninguna hipótesis. "No sé si tiene que ver o no, es verdad que coincide temporalmente la puesta en escena de este montaje en general, pero nosotros todos los días tenemos que tomar decisiones en beneficio del interés general y que también afectan a gente en sus intereses particulares y algunas veces a gente muy poderosa, si esto sale de ahí o de otro vector de poder, no me extrañaría", señaló.
Por otra parte, Granados puso en duda los seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, "porque no se han presentado pruebas". "No tengo constancia de que los seguimiento a Cobo y a Prada estén probados. Se trata de un relato que hace 'El País' de la agenda de Cobo, tengo que decir monótono y por lo tanto fácilmente reproducible, y una descripción un poco más detallada de la agenda de Prada, pero cuando uno tiene escoltas, asesores y conductores hay mucha gente que puede conocer esa agenda y realizar ese tipo de informaciones, pero concluir que han sido objeto de seguimiento no lo puedo hacer", indicó. En este sentido, el consejero de Presidencia tampoco se aventuró a afirmar si los seguimientos a los tres políticos han sido realizado por el mismo equipo. Lo que sí descartó fue que detrás de la trama esté el Ministerio del Interior. "Un seguimiento que consiste en 'sale de su casa, llega al Ayuntamiento, levantamos el dispositivò, no se lo atribuyo al Ministerio del Interior", dijo con sorna.
Granados se mostró muy enfadado con que se haya dado por hecho que el espionaje parte de un equipo de la Consejería de Interior que dirige. "Me parece inaceptable en general que la gente, los medios, hagan imputaciones gratuitas y sin pruebas, y además imputaciones de hechos que pueden ser constitutivos de delito", criticó y añadió: "En un Estado de Derecho nadie tiene que demostrar la inocencia de nada sino que aquí lo que hay que demostrar es la culpabilidad de los hechos, primero su existencia y luego su autoría, y por tanto quien no rectifique o pruebe estas imputaciones tendrá que ir a explicárselas al juez", concluyó.
Por otro lado, el responsable de Interior en el Gobierno de Esperanza Aguirre explicó que, en cualquier caso, los datos de los que se está hablando con el ex policía Marcos Peña como principal percha de la trama no cuadran porque, primero, "no se dedica a ese tipo de menesteres" y cuando, "al parecer se recaba la información sobre Cobo y Prada, Peña no trabajaba en la Comunidad". "Entonces difícilmente podía estar recabando esa información a la que se refiere 'El País'", insistió Granados, quien subrayó que si Peña llega al Gobierno regional cuatro meses después de que supuestamente se produjeran los seguimientos, "difícilmente Peña puede ser el autor". Así, señaló que cuando se establece a una persona como cabeza de una trama de espionaje y luego los hechos que se espían son muy anteriores a constituirse la supuesta trama "parece que el argumento pierde un poquito de fuerza, pero bueno, puestos a que cuadren las cosas pues terminará habiendo viajes de Peña a Colombia o Cartagena de Indias", ironizó.Preguntado por si duda de la palabra de alguno de sus trabajadores a los que se les está investigando de forma verbal, Granados señaló que es el encargado de la función publica en la Comunidad, que está constituida por unos 175.000 funcionarios, y que, en concreto, en la Consejería de Presidencia hay unos 20.000, por lo que no puede descartar "absolutamente nada". "Ni siquiera cómo voy a descartar que uno de los cien más cercanos al área de interior haya puesto en circulación, haya prefabricado una información de este tipo, es evidentemente que eso no se puede descartar", subrayó, al tiempo que reiteró que, no obstante, lo que sí puede asegurar es que ni desde la Comunidad ni desde la Consejería se ha montado un red de espionaje ni se han hecho informes sobre nadie. En este sentido, insistió en que no tiene el "menor interés de saber a qué hora sale de su casa Manuel Cobo, ni con quién come Alfredo Prada "y mucho menos, ningún interés en seguir al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, hasta Cartagena de Indias. "Que alguien de alguna Consejería o de alguna otra administración haya prefabricado una historia de este tipo yo no lo puedo descartar", añadió.
Por ello, apuntó que aunque nadie descarta los seguimientos, tampoco nadie pone pruebas. Así, aseguró que se ha reunido de uno en uno con todas las personas que han podido verse implicadas por las informaciones aparecidas en los últimos días como directores anteriores, o agentes "para apretarles las tuercas y ver si esto tendría algún viso de veracidad", pero todas esas conversaciones le han llevado a la conclusión "de que ahí no hay absolutamente nada", apostilló. En la misma dirección, tampoco quiso desmentir si el conflicto interno de Caja Madrid puede estar por detrás de todo este embrollo. "No he negado que detrás de esto esté Caja Madrid... De los enfrentamientos que en el seno de la entidad se está produciendo se derivan intereses muy importantes", justificó.
De hecho, subrayó que es "muy significativo" que un consejero de Caja Madrid adelante que las fotos del vicepresidente "se van a poner encima de la mesa" en relación a la información publicada ayer en la que se afirmaba que el consejero independiente en el Consejo de Administración de la Caja, Guillermo Marcos, anunciaba el pasado 11 de enero que iban a salir cosas sobre González. "Nosotros no sabemos de dónde parte. Eso lo tiene que investigar la Justicia pero lo que es evidente es que quien sea, no tiene mucho interés en perjudicar a mí o a González, sino en ir desbrozando para perjudicar a quien tiene la notoriedad en la Comunidad y en la política nacional, que es Esperanza Aguirre", sentenció.
(www.lavanguardia.es, 23/01/09)
RAJOY: "ACTUAREMOS DE FORMA FULMINANTE, SEA QUIEN SEA"
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que actuará "de forma fulminante, sea quien sea" si se confirma la implicación de algún dirigente de su partido en la supuesta trama de espionaje de la Comunidad de Madrid.
Rajoy ha hecho estas declaraciones en Intereconomía televisión, según un comunicado de este medio de comunicación, y en las que ha subrayado que los 10,4 millones de votantes del PP y sus 700.000 militantes "tienen derecho a que se actúe con contundencia".
No obstante, ha precisado que hay que salvaguardar la presunción de inocencia y no se debe actuar hasta que se confirmen las informaciones porque, de lo contrario, "se podría cometer la injusticia de condenar a un inocente".
Tras recordar que todos los supuestos implicados en esta trama han negado su implicación en la misma, ha insistido en que habrá que esperar al informe que ha ordenado redactar sobre este asunto, que ha reconocido que le preocupa y no le hace "ninguna gracia".
Rajoy ha descartado que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, pudiera ser el beneficiario de esta polémica, y ante las palabras de Esteban González Pons en las que sugería que el Ministerio del Interior podría conocer la trama, ha señalado que no sabe "lo que ha dicho o lo que ha dejado de decir". Pero sí ha pedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que colaboren, y ha instado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que si sabe dónde tiene que buscar para encontrar el origen de lo que está ocurriendo, que se lo diga.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha comenzado hoy la investigación abierta por la dirección nacional sobre la supuesta trama de espionaje en Madrid y ha mantenido contactos personales con la presidenta, Esperanza Aguirre, y con el consejero Francisco Granados.
También ha hablado personalmente con el ex responsable de Justicia del Ejecutivo madrileño Alfredo Prada, ahora dirigente en el aparato nacional del PP, y, según ha publicado el diario "El País", otra hipotética víctima de los seguimientos de la red parapolicial al servicio de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, que dirige Granados.
Según ha recalcado la número dos del PP, la presidenta madrileña le ha comunicado que desconocía completamente la existencia de esa trama de espías, lo que De Cospedal, según ha dicho, ha creído.
"Cómo no la voy a creer", ha apostillado.
El procedimiento abierto por el PP tras la orden dada ayer por el líder nacional, Mariano Rajoy, abarcará el tiempo "necesario" y contará con el testimonio y las explicaciones de "muchas personas", y no sólo las que pertenezcan al partido por militancia, sino también de aquellas que, sin estar afiliados, quieran comparecer y ayudar en el esclarecimiento de los hechos.
(www.publico.es, 23/01/09)
EL PAÍS ENTREGA AL FISCAL LOS DOCUMENTOS QUE REVELAN LA TRAMA
El periodista de EL PAÍS Francisco Mercado ha entregado al Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, la información que demuestra que en la Comunidad de Madrid ha existido una trama de espionaje apoyada en dossieres "sucios" para "chantajear, quitar rivales de en medio o destruir hogares". Así lo ha indicado Francisco Mercado, que destapó los seguimientos a políticos del PP madrileños el pasado lunes y la existencia de un equipo de espías en la Consejería de Interior de la comunidad, ha prestado declaración esta mañana durante una hora en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a instancias del Fiscal Superior, Manuel Moix. EL PAÍS, que ya publicó imágenes de la vigilancia a Ignacio González, recopila hoy las principales evidencias.
A su salida, el periodista ha manifestado que ha pedido al discal que el caso se esclarezca "hasta las últimas consecuencias" y se "llegue hasta el final de la investigación" para averiguar quién o quiénes están detrás de esta trama y ha asegurado que con la documentación que ha aportado EL PAÍS, la Justicia, el PP "y quien quiera investigar tiene elementos para tirar del hilo". Mercado, que no ha precisado el origen de la documentación que obra en sus manos, ha asegurado tener "pruebas" de que "han sido espiada mucha más gente" además del vicepresidente regional, Ignacio González; del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o del ex consejero Alfredo Prada, los casos que hasta hoy ha desvelado este periódico.
Ha dicho que de todos ellos posee documentación y datos profesionales y personales que van más allá de los de una agenda laboral o personal y que en el caso de González, ha recordado que ha publicado documentos gráficos que demuestran que alguien le siguió "muy de cerca" en un reciente viaje a Cartagena de Indias y tuvo que contar para ello "con la complicidad de personas próximas a la Comunidad". Mercado ha asegurado que "es bueno para los partidos, para la democracia y para los ciudadanos" que se investigue quién o quiénes "están detrás de esto" porque de acuerdo "no solo han investigado a altos cargos del PP, sino a todos los que se han acercado a ellos", como familiares o personas anónimas.
"Según en qué manos caiga este material puede tener una repercusión bastante dolorosa para determinada gente, pues puede haber relaciones sentimentales rotas o conversaciones que nunca se deberían saber" que podrían utilizarse para "chantajear y extorsionar con ello", ha afirmado el periodista, que ha calificado el caso de "muy grave". Ha opinado que podría llegar a haber "responsabilidades penales" siempre y cuando "se compruebe quienes son los autores" y ha recordado que este periódico "nunca ha dicho que el Gobierno de Aguirre está detrás de esto" pero sí que poseen datos que apuntan a que funcionarios de Justicia e Interior, departamento dirigido por Francisco Granados, "han hecho labores" de investigación.
En esos datos aparecen reflejados entre otros el ex director general de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, o el ex subdirector general de este área, Miguel Castaño, y que ambos en activo en el momento en que se cometieron los presuntos seguimientos. "Tenemos diversos soportes documentales y declaraciones de personas con alta relevancia en el Gobierno regional para decir lo que estamos diciendo", ha sentenciado. A juicio del periodista, quien se esconde detrás de esto "sabe que la información es poder" y que en este caso "es un poder muy sucio, que necesita dossieres muy sucios para extorsionar, quitar rivales de en medio, chantajear o destruir hogares". En definitiva, ha añadido, "esta información es un poder incontrolado".
También en el ámbito judicial, la Fiscalía General del Estado ha remitido hoy a la Fiscalía del TSJM la denuncia del ex consejero Prada para que la incorpore a la investigación que ha abierto con las denuncias de Cobo y González. La denuncia del diputado regional del PP ha llegado al fiscal general esta misma mañana y en ella pone estos hechos en conocimiento de Conde-Pumpido para que lo investigue y adopte las medidas oportunas.
(www.elpais.com, 23/01/09)
El Gobierno de Aguirre sopesó crear un 'CNI' legal al sentirse espiado
El vicepresidente Ignacio González estudió el proyecto que le elaboraron un ex alto cargo del Gobierno de José María Aznar y ex agentes del servicio secreto español
El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. Más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad estaban siendo espiados desde dentro para intentar campañas de desprestigio mediante dossiers. El propio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen.
Un ex alto cargo del Gobierno de Aznar, amigo del vicepresidente madrileño, y un ex agente del CNI asesoraron a González sobre este servicio secreto. El Proyecto SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador que tiene Ignacio González en su poder, a "una necesidad específica de Seguridad e Inteligencia emergente en el Estados de las Autonomías". Entre las virtudes de SEDE se destacaba, según ha podido saber EL PAÍS, que podría utilizar "de forma eventual medios o recursos externos debidamente filtrados y controlados". De hecho, en el organigrama de SEDE contemplaba un departamento de relaciones externas dedicado a la "adquisición de información".
www.elpais.es 22.01.09
Aguirre: "Soy la principal perjudicada y la principal interesada en que se aclare"
La presidenta de Madrid dice que en su Gobierno "no hay ningún servicio de espionaje ni nada que se le parezca" y reta a quien lo diga a verse "en los tribunales".- González Pons apunta a Interior y Zapatero responde que "Génova sabe muy bien a quién mirar".- Rajoy ordena una investigación
A última hora de la tarde, y tras ausentarse del Consejo de Gobierno "por un acto privado", Esperanza Aguirre ha comparecido ante los medios antes de la entrega de los XVIII Premios AEDME para hablar expresamente sobre la trama de espionaje político destapada por EL PAÍS en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional ha repetido los argumentos esgrimidos esta mañana por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que se resumen en negar tajantemente que los seguimientos hayan sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de esta administración y en amenazar con "nos vemos en los tribunales" a quien diga lo contrario. También ha pedido a todo aquel que sostenga esta tesis que acuda a la Justicia. A pesar de que la presidenta de Madrid no está entre las víctimas de la red, ha dicho: "Soy la principal perjudicada y la principal interesada en que se aclare".
Esperanza Aguirre: "La inocencia en un estado de derecho se presume"
AUDIO - Cadena Ser - 22-01-2009
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha roto su silencio sobre la supuesta trama de espionaje para decir que es "la principal perjudicada" por la supuesta trama de espionaje a políticos de la región y, por ello, la primera que quiere que se esclarezca. - CADENA SER
Entrevista en La Ventana a Francisco Granados
AUDIO - Cadena Ser - 22-01-2009
El consejero de Justicia de Madrid, Francisco Granados, niega en La Ventana la supuesta trama de espionaje, aunque matiza que no puede garantizar que alguien haya actuado a sus espaldas -
Preguntada por si pone la mano en el fuego por todos sus consejeros ha sido clara y concisa: "Por supuesto". Pero si hubiera "una sola persona de la Comunidad de Madrid que se demuestre que ha participado, será expulsada tenga el rango que tenga", ha sentenciado Aguirre. El Gobierno que preside "nada tiene que ver con estas imputaciones gravísimas y es el primero que quiere que se esclarezcan", ha reiterado. "Aquí, en la Comunidad de Madrid, no hay montado ningún servicio de espionaje ni nada que se le parezca. El que diga lo contrario tendrá que probarlo y acreditarlo. Si no, tendrá que rectificar". Según ha dicho Aguirre, Marcos Peña y Granados ya han enviado cartas de rectificación. EL PAÍS publica hoy la carta de Peña, ex policía nacional Marcos Peña, fichado por el consejero de Interior, Francisco Granados, el 27 de junio de 2008 como asesor de seguridad.
La presidenta ha hecho hincapié en que se imputan "delitos muy graves" a la Comunidad de Madrid. "No podemos admitir que nos acusen sin ninguna prueba. Si no rectifican, se encontrarán con nosotros en los tribunales", ha dicho Aguirre, para reiterar, desafiante: "Nos vemos en los tribunales". Para Aguirre, en un "Estado de Derecho se presume la inocencia y quien tiene la carga de la prueba es el que acusa", a quien ha pedido "que ponga en manos de la Fiscalía toda la documentación y todas las pruebas". "No hay nadie más interesado que nosotros en que se aclare. Queremos luz y taquígrafos, la máxima transparencia", ha remachado. "El Gobierno regional no tiene nada que ver con estas imputaciones gravísimas y tampoco nos corresponde a nosotros investigar", ha sostenido Aguirre, que ha precisado que "no estamos hablando de una cuestión administrativa sino de presuntos delitos". "Nosotros no investigamos delitos", ha agregado.
El PP implica a Interior
Aguirre ha indicado que ha hablado "con toda la dirección del PP" y les ha dado ya "toda la información" de la que dispone sobre el turbio asunto. No ha hablado, sin embargo, con Alberto Ruiz-Gallardón, al que se ha referido en tonos muy duros tras la intervención de éste anoche en 59 segundos. "No me parece lógico que un consejero monte un equipo de este tipo. Una comunidad no tiene competencia en seguridad y no puede tener un cuerpo parapolicial", dijo el alcalde. Para Aguirre, Gallardón y "cualquiera que dé por buena" la información de EL PAÍS "deberán probarlo o rectificar. "Si no, nos veremos en los tribunales", ha reiterado. Sí ha enviado la presidenta un mensaje SMS a Manuel Cobo lamentando que su nombre se vea envuelto en la trama, en su caso como presunta víctima.
Esta comparecencia se ha producido después de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, haya abierto esta mañana una puerta a la complicidad del Ministerio del Interior en el escándalo. "Hay información contenida en los dossieres que no se puede conseguir sin la connivencia de Interior, como identificaciones de personas y matrículas", ha precisado González Pons, y se ha preguntado: "¿Quién está detrás de esta investigación a los populares?". Sin embargo, el consejero Francisco Granados ha negado este extremo horas después: "No tengo ninguna sospecha de que el Ministerio del Interior nada tiene que ver con ningún seguimiento ni al señor Cobo ni al señor Prada". Preguntado por el asunto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visiblemente enfadado, ha pedido "rigor y seriedad" a los populares. "En Génova saben muy bien a quién tienen que mirar. Hay quien en sus declaraciones quiere hacer chistes malos pero esto es un tema serio, muy serio", ha dicho en su primera referencia a esta cuestión desde el lunes. Por tanto, ha pedido a Mariano Rajoy que "asuma responsabilidades y tome decisiones".
En respuesta, el PP ha hecho público esta tarde un comunicado en el que advierte que de confirmarse los casos, serían unos "hechos gravísimos" y "unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen", que darían lugar a responsabilidades en el ámbito de la Justicia, a la que ha pedido que actúe de manera inmediata. Pero el PP también considera que se derivarían responsabilidades de carácter estrictamente político, que el partido exigiría con "absoluta firmeza y determinación". Rajoy, según la nota, ha dado instrucciones a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para que recabe toda la información sobre el caso con el fin de aclarar lo ocurrido hasta los últimos extremos y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes. Rajoy dice sentir repugnancia ante la práctica de escuchas o seguimientos ilegales "con fines desconocidos" a dirigentes del partido.
www.elpais.es 22.01.09
LOS ESPÍAS SIGUIERON AL CONSEJERO PRADA ANTES DE SER DESTITUIDO POR AGUIRRE
Algunos de los ex agentes que trabajan para la Consejería de Interior como asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid espiaron en los meses previos al congreso nacional del PP, en 2008, a Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y único miembro del Gobierno de Esperanza Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo a Mariano Rajoy. Aquellos días, el equipo de espías de la Comunidad de Madrid vigilaba también a Manuel Cobo, vicealcalde de Alberto Ruiz-Gallardón, que mantenía posiciones muy críticas con Aguirre por la batalla que estaba dando por desbancar a Rajoy al frente del PP. Tras más de tres meses de seguimiento de estos espías y tras confirmar Rajoy su liderazgo en el congreso del partido, Aguirre destituyó a Prada, el 25 de junio de 2008. En septiembre, Rajoy lo fichaba para su dirección como responsable de exterior.
Los ex agentes iban de un "objetivo" a otro en sus seguimientos, de los que dejaban constancia en partes diarios. Los asesores de seguridad de Granados dedicaron semanas enteras a espiar celosamente a uno de los miembros del Gobierno de Aguirre caído en desgracia. Prada, que llegó a ser vicepresidente y consejero de Justicia e Interior en el primer Gobierno de Aguirre, se mantenía en 2008 sólo como consejero de Justicia. En el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid se estaba produciendo la insólita circunstancia de que empleados de una consejería espiaban al máximo responsable de otra. Los seguimientos incluían todo tipo de actividades de Prada: citas privadas, comidas de trabajo, actos públicos... Éstos son los "partes" principales:
- Llega nuestro director. Los partes revelan para quién trabajan los espías. El 22 de abril, mientras vigilan las entradas y salidas en el despacho oficial de Prada, anotan lo siguiente: "A las 17.30 llega al puesto de trabajo habitual de P [Prada] el conductor de nuestro director (Sergio)". Y el 15 de marzo detallaban cuál era su sede: "Prada sale sólo del restaurante, se monta en el vehículo oficial y nos dirigimos a la reunión que tenemos en la D. G. [Dirección General]". El 23 de abril anotan: "A las 18.25 nos desplazamos a la Dirección a requerimiento de Miguel [supuestamente, Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad]".
- Seguimiento a Chinchón. Prada fue vigilado en su desplazamiento hasta el parador de Chinchón, a 46 kilómetros de Madrid, el 13 de abril de 2008. "Sobre las 12.20 horas detectamos el vehículo de P [Prada] en el aparcamiento interno del Parador Nacional de Chinchón. En torno a las 18.15 horas sale P del Parador de Chinchón dirección a Madrid, llegando a su trabajo sobre las 19.35". Los espías luego le seguirán hasta su casa. Ese día, Prada tuvo una reunión en el parador con los 25 miembros de su equipo de trabajo de la Consejería de Justicia.
- De un objetivo a otro. Los partes diarios sobre el objetivo "P" prueban la intensidad del seguimiento al que fue sometido Prada. El 2 de abril de 2008, tras montar una vigilancia en torno a Manuel Cobo, los espías no encuentran nada relevante: "No observamos movimientos del mismo, por tal motivo desmontamos el dispositivo y nos dirigimos a Prada".
- Control de visitas. Los espías, de alguna manera, llegaban a controlar no sólo los pasos de Prada, sino a identificar a sus visitantes oficiales. El 4 de abril se inquietan: "Nos dirigimos al puesto de trabajo de P. Observamos que su vehículo oficial se encuentra aparcado en el lugar habitual y que en la esquina está estacionado con un conductor dentro de un vehículo. Una vez verificados los datos comprobamos que pertenece a Clara R.". Este punto permite dos lecturas: los espías han tenido acceso a los datos de Tráfico, sólo accesibles legalmente a las unidades policiales, algo que no son. Clara R. era promotora de una fundación.
- Comprobar matrículas. El 14 de abril persiguen un kilómetro a Prada cerca de la plaza de Colón. Le pierden la pista. Por fin retoman el seguimiento cuando vuelve a su despacho oficial. "Sobre las 22.10 sale del domicilio y se dirige a un restaurante sito en la calle Comandante Zorita, en el cual entra en compañía de su mujer y de una chica muy joven; permanecemos por la zona hasta eso de las 0.50 horas, en la que salen. Al mismo tiempo, observamos un grupo de personas sin precisar si en tal evento participaron de la compañía de P. Se tomaron matrículas de vehículos con el fin de comprobar propietarios". Los hombres de la Consejería de Interior están practicando contra un consejero del Gobierno de Aguirre las mismas técnicas que sus compañeros en activo utilizan para capturar a delincuentes: pacientes seguimientos del objetivo e identificación de todos sus contactos para después analizar su perfil y vínculos con el investigado.
- Amplio despliegue y fotos. A veces pierden, como el 16 de abril, el rastro de su objetivo: "Esta persona se monta en el coche con P y se dirige dirección Miguel Ángel-Rubén Darío-Almagro, itinerario descubierto [no vigilado] por el dispositivo por falta de medios y personas, estando cubiertas las salidas de General Martínez Campos y de Paseo de Castellana con un vehículo con una persona cada uno y el otro componente dando la salida del objetivo". No menos de tres coches, más de cuatro agentes, conforman el grupo que espía a Prada. "Desde las 20.30 hasta las 22.30 horas nos desplazamos constantemente al domicilio de la persona y a su puesto de trabajo, así como al estadio Vicente Calderón de esta capital siendo infructuosos todos los intentos mencionados, desmontamos el dispositivo a las 22.45 horas".
Nuevo problema el día 18: "A las 22.22 horas lo perdemos debido a que toma un camino que sólo está cubierto por un vehículo y sale otro de un garaje que obstruye nuestra maniobra". El 20 de mayo, Prada acude al restaurante del hotel Hesperia: "Se reúne en el interior con un hombre de edad avanzada y una estatura similar a la de P. Se hicieron fotos por parte de los otros dos hombres del dispositivo que también entraron posteriormente". Prada fue seguido durante tres meses. Al mes, fue destituido.
(www.elpais.com, 22/01/09)
PRADA: "ES UNA ACTIVIDAD ILEGAL CON FONDOS PÚBLICOS"
"Debe caer el peso de la ley sobre los presuntos delincuentes". El ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, último vinculado a la trama de espionaje político en la región, éste como víctima, ha anunciado que pondrá en manos de la justicia el seguimiento al que fue sometido. Prada ha reconocido que los hechos son "muy graves" más si cabe cuando hay fondos públicos de por medio. El hoy miembro del Comité Nacional del partido afín a Mariano Rajoy ha manifestado que denunciará el caso, bien ante un juzgado bien ante la Fiscalía, y ha reconocido que se plantea pedir "amparo" ante la Asamblea madrileña como diputado que es.
"El señor Gallardón dijo anoche que estaba indignado, imagine cuando uno mismo lee en el periódico que ha sido objeto de espionaje e investigación, a su mujer y a su hijo. Es muy grave" ha afirmado Prada. El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, fue el invitado del programa de TVE 59 segundos el día que EL PAÍS revelaba que su número dos, Manuel Cobo, también había sido seguido en abril de 2008. Gallardón aclaró que una comunidad "no puede tener un cuerpo parapolicial" y manifestó quie habrá que "depurar responsabilidades".
Prada, que fuera consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid desde noviembre de 2003 a junio de 2007, ha descartado que tenga nada que ver con el equipo de asesores de seguridad del actual consejero de Presidencia, Francisco Granados, que según ha informado EL PAÍS ha desempeñado labores de espionaje. "Es un equipo ex novo -ha explicado Prada- que se crea en septiembre de 2007 y yo dejo de tener competencia en Interior en junio". El diputado madrileño ha afirmado que pidió ayer a la presidenta Esperanza Aguirre que desmintiera cualquier vinculación con ese cuerpo y así lo hizo. Granados cuenta con un equipo de tres ex agentes de la Guardia Civil dirigidos por el ex inspector de la Policía Marcos Peña para desempeñar, según él mismo ha reconocido labores de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos".
Según publica EL PAÍS, algunos de los ex agentes que trabajan para la Consejería de Interior como asesores de seguridad de la comunidad espiaron en los meses previos al congreso nacional del PP en 2008 a Prada, entonces consejero de Justicia y único miembro del Gobierno de Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo a Mariano Rajoy. En el congreso nacional del partido celebrado en mayo de 2008, Prada fue incluido en el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de Rajoy. Un mes después, el entonces consejero de Justicia fue sustituido en su cargo por Aguirre.
(www.elpais.com, 22/01/09)
"BAJA ESTATURA, CABEZA DESPOBLADA, CINTURA GRUESA"
Los seguimientos a Alfredo Prada a lo largo de tres meses, durante la etapa en que fue consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, parecían tener como objetivo identificar a las personas que se veían con el alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre. Por eso, en los partes diarios que recogen el trabajo de investigación, apenas detallan sus descubrimientos salvo cuando descubren una cita de su objetivo, al que denominan "P", y entonces intentan concretar con todos los datos que consiguen de quién se trata.
En alguno de los partes, los espías recurren al número de la matrícula del vehículo en el que llega la persona que se ha citado con Prada para, a través de sus propias pesquisas, averiguar la identidad de sus propietarios. En otras ocasiones, se limitan a una descripción, como ocurrió el 16 de abril de 2008, cuando Prada fue a comer a un restaurante próximo a su lugar de trabajo en la calle del General Martínez Campos.
- "Canoso y nariz puntiaguda". Prada comió supuestamente en el restaurante Yate y prolongó mucho la sobremesa. Cuando salió, los agentes apuntaron en su parte: "Sale con un individuo que se ajusta a la siguiente descripción: baja estatura, cabeza despoblada, color de pelo moreno-canoso, nariz puntiaguda, cintura gruesa. Esta persona se monta en el coche con 'P' y se dirigen en dirección Miguel Ángel-Rubén Darío-Almagro".
- "Edad avanzada, calvo y con gafas". El 20 de mayo, los ex agentes de Granados localizan a Prada a las 20.45 saliendo de su despacho y escriben: "Se dirige caminando al hotel Hesperia. Se reúne en su interior con un hombre de edad avanzada, calvo, con gafas y de una estatura similar a la de 'P'. Se hicieron fotos por parte de los otros dos hombres del dispositivo, que también entraron posteriormente". En los partes, no figuran las fotografías que se tomaron del amigo de Prada.
(www.elpais.com, 22/01/09)
RAJOY EXIGE A AGUIRRE QUE ACLARE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID
Mariano Rajoy está muy preocupado por las repercusiones que pueda tener la trama de espionaje destapada alrededor de la Comunidad de Madrid, así como por la circunstancia de que hayan trascendido seguimientos a miembros del PP: hasta ahora, el vicepresidente madrileño, Ignacio González, y el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo. "Quiero que se aclare esto cuanto antes", le dijo por teléfono Rajoy a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, el lunes por la mañana.
Según parece, ella le garantizó entonces que su gobierno --especialmente su consejero de Interior, Francisco Granados-- no estaba vinculado a ningún equipo de espías, pese a que así lo publicaba El País ese mismo día. Rajoy dio por buena esa versión, pero avisó de que consideraría "muy grave" que lo publicado por el diario resultara ser cierto. En la misma línea se pronunció ante la prensa, unos minutos después, su secretaria general, Dolores de Cospedal. "La Comunidad de Madrid ha desmentido tajantemente la información y yo me remito a ese desmentido. Se trataría, si fuera cierto, de unas cuestiones muy graves", declaró entonces Cospedal, marcando así la línea oficial del partido: respaldo a Aguirre, pero con reservas.
Una vez que se supo que González y Cobo habían sido espiados, el responsable de Interior en Madrid, Francisco Granados, desmintió por activa y por pasiva que él tenga a su disposición una miniagencia de espías. Y menos, según su versión, para vigilar a compañeros. Eso sí, ha admitido que un expolicía y varios exguardias civiles trabajan para él en calidad de asesores, pese a que la Comunidad ya cuenta con un responsable de seguridad, Enrique Barón.
Aguirre, en un intento de frenar la polémica, anunció que la Comunidad presentaba una denuncia en el juzgado por los seguimientos realizados al vicepresidente González. El propio González denunció a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el asunto. Granados, ante los medios de comunicación, dio su visto bueno a esa estrategia. Y Rajoy y su equipo también, porque vieron "voluntad" de aclarar "un tema turbio que perjudica a todo el partido". El vicealcalde Cobo, al conocer que también él fue sido espiado, recurrió a la fiscalía.
Ante los escritos de los espiados, fuentes de la fiscalía consultadas por este diario se declaran "sorprendidas" por el hecho de que tanto González como Cobo se hayan dirigido directamente a la fiscalía del Tribunal de Madrid, dando por hecho que a quien se tendrá que investigar es aforado. Es decir, diputado autonómico. No obstante, esas mismas fuentes apuntan que el hecho de que la presidenta haya presentado la denuncia en un juzgado ordinario desactiva de inmediato cualquier posible actuación del fiscal, que debe dejar el caso en manos del juez competente.
En cualquier caso, las mismas fuentes prevén una investigación con difícil resolución, dada la complejidad del tema y que es un medio de comunicación el que posee los dosieres sobre González y Cobo. De hecho, la Comunidad ya se enfrentó a otro supuesto caso de espionaje ligado a Granados: el del registro del despacho del exconsejero Alfredo Prada, finalmente archivado.
Y, a la espera de que los tribunales actúen, los afectados barajan todo tipo de hipótesis. El vicealcalde Cobo dijo ayer, en rueda de prensa, que no cree que tras sus seguimientos estén Aguirre y Granados. Pero su escrito a la fiscalía se sustenta en esa tesis.
El vicepresidente González también aparta a Granados del espionaje al que ha sido sometido. En declaraciones dijo que "no prejuzga ni descarta" nada sobre quién pueda estar detrás de su dosier, pese a que considera que para realizarlo se ha necesitado "una estructura, mucho dinero y medios sofisticados". Los afectados tienen prisa por saber. Rajoy, por lo que a él y a la imagen de su partido atañe, también.
(www.elperiodico.com, 22/01/09)
RODARÁN CABEZAS EN EL PP DE MADRID SI SE DEMUESTRA EL ESPIONAJE POLÍTICO
Hay que llegar hasta el final, y si se demuestra que alguien ha espiado a alguien, rodarán cabezas. La dirección nacional del PP no está dispuesta a mirar para otro lado en el caso de espionaje desvelado por el diario El País, que implica al consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, a quien las informaciones atribuyen la creación de un servicio formado por ex policías y ex guardias civiles que supuestamente tenían como tarea elaborar informes, contravigilancia y seguimiento.
El servicio se creó para investigar casos de corrupción en ayuntamientos socialistas, pero también fue espiado el vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, con el fin de conocer los apoyos que buscaba el alcalde tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en marzo pasado.
La trama se complica cuando trasciende un supuesto espionaje al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que fue seguido en sus viajes al extranjero. Todos estos hechos han acabado en manos de la fiscalía con denuncias en paralelo.
Los principales afectados por el escándalo son personas de la máxima confianza política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el partido yenel gobierno de la comunidad autónoma. Además del potente departamento que dirige en el Gobierno de Aguirre, Francisco Granados es secretario general del PP de Madrid. Ignacio González es vicepresidente de la Comunidad y mano derecha de Aguirre. Granados y González han negado cualquier vinculación con los hechos y, de momento, Rajoy se lo cree.
"A mí, lo que me ha dicho Esperanza Aguirre es que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tiene conocimiento de este asunto, y yo les creo", dijo Rajoy. Pero el presidente del PP considera el caso "especialmente grave", por lo que en la dirección popular se considera que el más mínimo atisbo de verosimilitud en la trama debe concluir con la petición de responsabilidades políticas y dimisiones.
Ya hay quien en el círculo próximo a Rajoy pide mano dura. Pero no sólo en el sector oficial del PP. También en la propia Comunidad se levantan voces que exigen esas responsabilidades. La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, subrayó ayer que si se demuestra que Francisco Granados tiene alguna implicación "debe ser destituido, no debe dimitir, que parece que es más digno, sino que debe ser destituido por quien tiene potestad para hacerlo". Sin embargo, no encuentra sentido a una comisión de investigación, al estar el caso en los tribunales.
Granados ha confirmado que contrató a los ex agentes, pero para labores de contravigilancia, dentro de sus competencias como consejero de Interior, pero ha negado, igual que Esperanza Aguirre, que haya servido para espiar a alguien, sea al vicepresidente Ignacio González o al vicealcalde Manuel Cobo.
Los dos dirigentes no sólo lo han negado, sino que han dado la vuelta al caso, y aseguran que todo es una maniobra para desprestigiar a Esperanza Aguirre y al PP de Madrid, enfrentado con la dirección nacional. Desde algunos sectores de dentro y de fuera del PP se relaciona el supuesto espionaje con el caso de Caja Madrid, donde Aguirre y Gallardón mantienen un pulso por el poder.
De momento, Granados ha pedido comparecer en la Asamblea de Madrid para explicarse, pero la oposición quiere que haya una investigación parlamentaria sobre lo ocurrido, que, según los socialistas, constituye "una auténtica vergüenza nacional"
(www.lavanguardia.es, 22/01/09)
DIRIGENTES DEL PP RECLAMAN A RAJOY QUE INTERVENGA
Los pasillos del Congreso de los Diputados se convirtieron ayer, según varios diputados populares, en una especie de patio de cárcel, donde los presos hablan en voz baja por temor a ser espiado por los guardias. En corrillos, los dirigentes del PP comentaban las noticias de EL PAÍS sobre la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Discrepaban en los pasos a seguir, pero todos coincidían en una enorme preocupación, según narraron después.
Varios dirigentes aprovecharon alguno de estos corrillos para acercarse a personas del equipo de Mariano Rajoy para reclamar que el líder intervenga en este asunto. Es un mensaje que no llegó sólo en el Congreso. Fuentes de Génova, la sede central del partido, confirman la enorme preocupación que se vive tanto en ese edificio como en las sedes regionales. De todas partes han llegado mensajes a favor de que el líder intervenga en el asunto, mientras él se mantiene neutral.
El escándalo, además de afectar a la imagen del Gobierno de Esperanza Aguirre, el buque insignia de un PP en la oposición, tiene un claro trasfondo de partido. Se trata de un espionaje entre compañeros, y no de base, sino personas relevantes. Francisco Granados, el consejero del que dependen los supuestos espías, es secretario general del PP madrileño. Y uno de los investigados, Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional.
El entorno de Rajoy -él estaba de viaje en el País Vasco y no acudió al Congreso, que se reunió en sesión extraordinaria para aprobar el envío de 395 militares a luchar contra la piratería en las aguas de Somalia- respondió a todos los que reclamaron una intervención más decidida lo que el propio Rajoy había contado por la mañana en Onda Cero: "A mí lo que me ha dicho Esperanza Aguirre es que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto y yo les creo".
El entorno del líder señala que él tiene que aceptar el desmentido de Aguirre, que no en vano es la presidenta del PP de Madrid y la dirigente con más poder del partido, y dejar que sea ella la que resuelva la situación, con investigaciones internas o destituciones.
Algunos marianistas señalaban ayer que el líder no puede intervenir en este momento de extrema sensibilidad porque cualquier cosa que haga -iniciar una investigación o realizar una declaración contundente- implicaría "abrir la guerra definitiva" con Aguirre, la principal rival política interna de Rajoy, al que no le conviene nada una nueva guerra interna en pleno proceso electoral en el País Vasco y en Galicia, donde se juega su imagen.
"Éste es un asunto muy turbio, pero precisamente por eso el líder no puede meterse en el barro y ensuciarse. Hay que ser prudente y esperar a ver qué hace Aguirre. Ella es la principal interesada en resolver esto", señala un dirigente marianista.
En caso de intervención, tendría que ser Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, quien pusiera orden. De hecho, fue ella la que realizó las declaraciones más contundentes hasta ahora. El lunes, cuando aún no se conocía el espionaje de Cobo, señaló que "se trataría, si fuera cierto, de unas cuestiones muy graves ciertamente", aunque se remitió al desmentido de Granados. La mala relación entre el consejero y Cospedal, que también fue miembro del Gobierno de Madrid, es de sobra conocida en los círculos del PP.
A última hora de la tarde, y después de que llegaran mensajes de todas partes que reclamaban la intervención del partido, Génova hizo correr una versión oficial: "La dirección del PP confía en que las investigaciones judiciales y policiales, así como las decisiones pertinentes que adopte el Gobierno de la Comunidad de Madrid, esclarezcan por completo la supuesta trama de espionaje a altos cargos del Ejecutivo de Esperanza Aguirre y del Ayuntamiento".
En cualquier caso, la inquietud sigue en el partido. No sólo porque esto demuestra una vez más, según varios dirigentes, que el partido tiene un problema en Madrid, sino también porque Rajoy se ve de nuevo externamente como ajeno a la polémica que mantiene a su partido en las portadas. Sin embargo, fuentes de Génova señalan que el líder "tiene mucha información" y está encima del asunto esperando acontecimientos.
Muchos dirigentes, desconocedores de que Manuel Prada, uno de los hombres del equipo de Rajoy, también fue investigado, se preguntaban ayer quién será el próximo. Y se especulaba con la posibilidad de que todos los enemigos de Aguirre, entre los que se cuentan la mayoría de los fieles de Rajoy, como Javier Arenas, estuvieran también en la lista.
(www.elpais.com, 22/01/09)
GALLARDÓN PEDIRÁ DIMISIONES SI LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ES LA RESPONSABLE
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, advirtió ayer en el programa de TVE 59 segundos que, si se demuestra que los seguimientos a su vicealcalde, "o cualquier otro cargo público", se han financiado desde la Administración --esto es, desde la comunidad-- pedirá que se depuren responsabilidades. En la misma línea se pronunció ayer también la presidenta de la Asamblea madrileña, Elvira Rodríguez.
Gallardón recordó que Madrid no tiene competencias en seguridad, aún menos para tener "un cuerpo parapolicial que realice funciones que no le corresponden y que son ajenas, completamente, a sus obligaciones". Preguntado por si creía lógico que el consejero de Interior, Francisco Granados, tenga contratados a un expolicía y exguardias civiles en su departamento, el alcalde respondió con un categórico "no".
El dirigente popular se congratuló de que Granados acuda a explicarse a la Cámara de Madrid en los próximos días. "Si esta unidad la montada por Granados hubiera realizado una investigación sobre personas con fondos públicos, habría realizado un hecho ilegal", avisó.
(www.elperiodico.com, 22/01/09)
GALLARDÓN: "JAMÁS SE ME HUBIESE OCURRIDO CREAR UNA UNIDAD PARAPOLICIAL"
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado esta noche que "jamás" se le hubiese "ocurrido" crear una unidad "parapolicial" dentro de la Comunidad de Madrid, de la que ha sido presidente ocho años, y que se si se hubiera encontrado un órgano así "lo hubiera disuelto". "No es un conflicto entre Ayuntamiento y Comunidad", ha asegurado Ruiz-Gallardón en su intervención en el programa de TVE 59 segundos.
El alcalde de Madrid ha asegurado que no ha hablado con la presidenta Esperanza Aguirre desde que han salido a la luz los supuestos casos de espionaje policial, pero ha dicho que el "diálogo existe" aunque se ha producido "por otros cauces de comunicación" y que el presidente de su partido, Mariano Rajoy, sí ha charlado con ella.
El alcalde ha desvinculado cualquier relación entre las discrepancias con Aguirre en el "conflicto" de Caja Madrid con los casos de espionaje a cargos públicos desvelados por el diario El País y ha subrayado que su máxima aspiración política para el "futuro" es que Madrid sea la sede de los Juegos Olímpicos de 2016.
Al ser preguntado sobre si tiene constancia de que en la Comunidad de Madrid exista la citada unidad parapolicial, Ruiz-Gallardón se ha remitido "a las declaraciones de los ex policías que han sido entrevistados por el diario El País, donde han reconocido la existencia de este órgano que realiza labores de contravigilancia". "Evidentemente", ha agregado el alcalde, estas labores "están al margen de las competencias de la propia comunidad autónoma".
Ruiz-Gallardón ha hecho hincapié en que si "además de esas labores de contravigilancia", la unidad parapolicial "ha realizado labores de investigación sobre personas con fondos públicos", eso es, en su opinión, "absolutamente ilegal".
Al plantearle si hubiera disuelto esa unidad en caso de saber de su existencia, el alcalde ha considerado que se trataba de una "hipótesis imposible" y ha indicado que "no hubiese tenido necesidad de disolver esa unidad", porque "jamás" se le "hubiera ocurrido crear una unidad de esta naturaleza".
Ruiz-Gallardón ha argumentado que una Comunidad Autónoma "no tiene que tener ningún cuerpo 'parapolicial' que realice funciones ajenas a sus obligaciones" y ha respondido que no le parece "lógico" que un consejero -en este caso, Francisco Granados- "monte un dispositivo de ese tipo", si bien aplaude su comparecencia ante la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre este asunto.
El alcalde ha destacado que lo importante no es que el vicealcalde de Madrid o el vicepresidente de la Comunidad hayan sido investigados sino el porqué se ha montado una investigación al margen de la Ley.
No obstante, el determinar "quienes son los autores materiales de esas investigaciones ilegales y presuntamente delictivas, quienes las han ordenado y financiado y quienes han sido los destinatarios de sus resultados" corresponde a la "investigación penal de la Justicia", ha sostenido el alcalde, y no a "la depuración de responsabilidades internas dentro de un partido político".
"No hablamos de conductas políticas de militantes del PP" -ha añadido- "sino de hechos ilegales realizados por determinadas personas, cuando esas personas estén acreditadas, entonces actuaremos en consecuencia".
Sobre las declaraciones del vicesecretario del PSOE, José Blanco, quien ha opinado que lo que pasa en la Comunidad de Madrid forma parte de la batalla sin cuartel que hay entre el alcalde y Aguirre, Ruiz-Gallardón ha afirmado que le parece "un comentario frívolo" y que no cree "oportuno intentar hacer un aprovechamiento político de carácter partidario" ante unos hechos "tan graves".
(www.publico.es, 22/01/09)
GALLARDÓN CRITICA EL «CUERPO PARAPOLICIAL» DE GRANADOS
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y su vicealcalde, Manuel Cobo, exigieron ayer que «se conozcan todos los hechos» y que «se depuren hasta las últimas responsabilidades» en los casos de espionaje a dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital conocidos esta semana.Ambos se mostraron especialmente interesados en esclarecer si detrás de estos seguimientos, que calificaron de «gravísimos» e «ilegales», hay fondos públicos.
Ante la información publicada por el diario El País, que responsabiliza directamente a un grupo de ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, Gallardón aseguró que «los datos que tenemos no son suficientes todavía» para dilucidar quién está detrás de los espionajes. No obstante, el alcalde advirtió de que la Comunidad de Madrid no tiene ninguna competencia en materia de seguridad y por ello no puede tener «un cuerpo parapolicial», ni tan siquiera para realizar labores de protección, tal y como ha justificado el consejero de Interior, Francisco Granados.
Para Gallardón esa unidad es absolutamente «ilegal». Y ante la hipótesis de que esté involucrada en los espionajes añadió: «En mis ocho años al frente de la Comunidad de Madrid, jamás se me hubiera ocurrido crear una unidad de esa naturaleza y, si me la hubiera encontrado organizada, por supuesto que la hubiese disuelto».
Durante su participación en el programa de TVE 59 segundos, el alcalde de Madrid exigió que se conozca «quiénes fueron los autores de los seguimientos, quién los ordenó, a quién se dio cuenta de los mismos y si se pagaron con fondos públicos». Algo que, de confirmarse, según dijo, sería un «delito». «El Estado de Derecho nos llega a todos sin ningún tipo de excepción», advirtió.
En la misma línea se pronunció ayer en una comparecencia pública Manuel Cobo, uno de los políticos víctimas de la supuesta trama de espionaje. El vicealcalde anunció que ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que investigue los hechos. Este paso judicial se suma al dado por la Comunidad de Madrid y su vicepresidente, Ignacio González, otra de las víctimas del supuesto espionaje, en el juzgado de guardia y la Fiscalía, respectivamente.
Cobo calificó el dispositivo que le ha seguido de «ilegal» y «parapolicial». En su opinión, lo ocurrido es inadmisible «en un Estado de Derecho». «Todo tiene que quedar absolutamente esclarecido», afirmó, antes de negar que el Ayuntamiento de Madrid disponga de personas que realicen informes y tareas similares a las denunciadas estos días.
Tanto Gallardón como Cobo negaron que el asunto del espionaje tenga algo que ver con la disputa por el control de Caja Madrid que enfrenta al Ayuntamiento con el Gobierno regional, tal y como han sugerido algunos dirigentes autonómicos. «Mezclar una cosa con otra carece de sentido», afirmó el alcalde, quien recordó que los seguimientos se produjeron hace un año y que las diferencias sobre la entidad financiera han surgido estos días.
(www.elmundo.es, 22/01/09)
EL 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN CULPA A "PERSONAS DEPENDIENTES" DE GRANADOS DEL CASO DE ESPIONAJE
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha afirmado estas mañana que "está claro" que detrás del espionaje del que él ha sido víctima están personas dependientes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. "Es evidente que hay un periódico EL PAÍS que dice que detrás está la Comunidad de Madrid y está claro que son personas dependientes de la Consejería de Interior", ha señalado Cobo en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. "Esas personas obedecen a determinadas instrucciones, por lo que hay que saber quién encargaba los informes, a quién se los daban y por qué los hacían". Para Cobo, "es evidente con la cantidad de pruebas que hay encima de la mesa y los datos que aparecen hoy en el seguimiento que hacían al vicepresidente segundo de la Comunidad, Alfredo Prada, que se trata de cuerpos parapoliciales, porque no son policías en activo, los que realizan esa actividad ilegal".
El vicealcalde, que ha dicho desconocer quién encarga los seguimientos y el interés que pueda tener, sí se ha aventurado a relacionar el espionaje con el momento que vivía el PP en abril del pasado año. "La información es poder y en este caso no es información desde un punto de vista profesional sino en un momento en el que había en mi partido legítimamente diferentes posturas a la hora de afrontar el congreso de Valencia, se hablaba de posibilidades, o de a quién apoyaba uno u otro, por lo que si alguien tenía un interés en conocer cuáles eran la reuniones, las comidas, o con qué personas, lógicamente sería una de las posibles explicaciones", ha indicado.
Prada, el último investigado
"Debe caer el peso de la ley sobre los presuntos delincuentes". El ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, último vinculado a la trama de espionaje político en la región, éste como víctima, ha anunciado que pondrá en manos de la justicia el seguimiento al que fue sometido. Prada ha reconocido que los hechos son "muy graves" más si cabe cuando hay fondos públicos de por medio. El hoy miembro del Comité Nacional del partido afín a Mariano Rajoy ha manifestado que denunciará el caso, bien ante un juzgado bien ante la Fiscalía, y ha reconocido que se plantea pedir "amparo" ante la Asamblea madrileña como diputado que es.
"El señor Gallardón dijo anoche que estaba indignado, imagine cuando uno mismo lee en el periódico que ha sido objeto de espionaje e investigación, a su mujer y a su hijo. Es muy grave" ha afirmado Prada. El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, fue el invitado del programa de TVE 59 segundos el día que EL PAÍS revelaba que su número dos, Manuel Cobo, también había sido seguido en abril de 2008. Gallardón aclaró que una comunidad "no puede tener un cuerpo parapolicial" y manifestó quie habrá que "depurar responsabilidades".
El equipo de Granados
Prada, que fuera consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid desde noviembre de 2003 a junio de 2007, ha descartado que tenga nada que ver con el equipo de asesores de seguridad del actual consejero de Presidencia, Francisco Granados que, según El País, ha desempeñado labores de espionaje. "Es un equipo ex novo -ha explicado Prada- que se crea en septiembre de 2007 y yo dejo de tener competencia en Interior en junio". El diputado madrileño ha afirmado que pidió ayer a la presidenta Esperanza Aguirre que desmintiera cualquier vinculación con ese cuerpo y así lo hizo. Granados cuenta con un equipo de tres ex agentes de la Guardia Civil dirigidos por el ex inspector de la Policía Marcos Peña para desempeñar, según él mismo ha reconocido labores de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos".
Según publica hoy EL PAÍS, algunos de los ex agentes que trabajan para la Consejería de Interior como asesores de seguridad de la comunidad espiaron en los meses previos al congreso nacional del PP en 2008 a Prada, entonces consejero de Justicia y único miembro del Gobierno de Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo a Mariano Rajoy. En el congreso nacional del partido celebrado en mayo de 2008, Prada fue incluido en el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de Rajoy. Un mes después, el entonces consejero de Justicia fue sustituido en su cargo por Aguirre.
El PP implica a Interior
También esta mañana, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons ha abierto una puerta a la complicidad del Ministerio del Interior en el escándalo de espionaje. "Hay información contenida en los dossieres que no se puede conseguir sin la connivencia de Interior, como identificaciones de personas y matríclas", ha precisado González Pons, y se ha preguntado: "¿quién está detrás de esta investigación a los populares?".
El Gobierno de la Comunidad de Madrid se reúne esta mañana, como todos los jueves. Según informa la Cadena SER, a la cita no se ha presentado la jefe del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, algo nada habitual. La reunión es presidida por su número dos, Ignacio González, seguido también durante un viaje a Cartagena de Indias (Colombia), y estará presente el actual consejero de Presidencia, Francisco Granados.
(www.elpais.com, 22/01/09)
LA COMUNIDAD DENUNCIA UNA 'OPERACIÓN DE ACOSO Y DERRIBO' CONTRA AGUIRRE
Los máximos responsables del Ejecutivo de Madrid lo tienen claro.La trama de espionaje de la que, de momento, han sido víctimas los números dos de Esperanza Aguirre y de Alberto Ruiz-Gallardón es «un montaje» y «una operación de acoso y derribo contra el Gobierno de Madrid y su presidenta». Así lo dijo el consejero de Presidencia, Francisco Granados, y así lo creen en el Gobierno regional. El origen de la operación -en opinión de Esperanza Aguirre y de sus más próximos- es la guerra sucia por el poder desatada en Caja Madrid, que mantiene enfrentados al alcalde de la capital y a la presidenta.
Ayer, ante preguntas directas de los periodistas, Francisco Granados no lo quiso decir expresamente. Pero no consideró en absoluto «descabellado» que Caja Madrid sea el trasfondo de la trama.
El consejero de Presidencia e Interior sí apuntó que su Gobierno «todos los días pone encima de la mesa decisiones que pueden afectar a instituciones, empresas y personas poderosas». Y esas personas «pueden tener razones para montar una operación de este tipo, perfectamente elaborada».
González y Granados acudieron ayer a la antigua sede central de Telefónica, en plena Gran Vía madrileña, para celebrar un acto sobre nuevas tecnologías, pero la nube de periodistas que les esperaba no quería saber nada del acto, sino de los seguimientos realizados contra el vicepresidente y el vicealcalde de Madrid.
En declaraciones a los periodistas, Francisco Granados negó una vez más de forma tajante que «exista ninguna organización de espionaje montada desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid» y emplazó al diario El País a que pruebe sus acusaciones. «Como sé que eso no existe», añadió, «espero que la Policía investigue hasta sus últimas consecuencias de dónde sale».
El rotativo del Grupo Prisa aseguraba ayer que «el Gobierno de Aguirre» ha espiado al número dos de Ruiz-Gallardón, pero no aportaba documentos que lo acreditaran. Hoy mismo, el diario detalla nuevos seguimientos realizados en los meses previos al congreso nacional del PP de 2008. Esta vez, al entonces vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada.
Por eso, en fuentes del Ejecutivo madrileño señalaron anoche que no descartan la presentación de una querella criminal contra el periódico por publicar «informaciones falsas», según esas fuentes.
Abundando en este asunto, el diario El Economista asegura en su edición de hoy que ex policías y ex guardias civiles espiaron al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, cuando se encontraba en la calle acompañado por su círculo íntimo.
Por su parte, el vicepresidente regional, Ignacio González, dijo sentirse «agredido» en su intimidad y aseguró que estas actuaciones «mafiosas» deben investigarse para saber «quién está detrás» y «cuál es el objetivo que se persigue».
González insistió en que para seguirle hasta Colombia o para obtener datos de un viaje privado a Sudáfrica, quienes le espiaron tuvieron «información muy próxima de mi vida pública y privada» y eso «sólo se conoce en mi entorno». Pero, además, apuntó que alguien más «ha tenido mucho interés en gastar mucho dinero para hacer un montaje muy sofisticado».
La trama del espionaje está sorprendiendo a la dirección nacional del PP por su virulencia y por el enfrentamiento soterrado que de nuevo subyace entre los equipos de Aguirre y Ruiz-Gallardón.Ayer, su presidente, Mariano Rajoy, aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha comunicado que ni ella ni sus asesores están implicados en el supuesto caso de espionaje. En cualquier caso, señaló que sería «bueno» abrir una investigación para averiguar quién se dedica a «esta suerte de actividades».
«A mí lo que me ha dicho Esperanza Aguirre es que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto y yo la creo», declaró Rajoy.
(www.elmundo.es, 22/01/09)
ELVIRA RODRÍGUEZ RECTIFICA TRAS PEDIRLE A AGUIRRE LA DESTITUCIÓN DE GRANADOS
La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez (PP), afirmó ayer que si se demuestra que el consejero de Presidencia, Francisco Granados, "ha hecho lo que no debía", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "lo que tiene que hacer es cesarlo". "A veces somos demasiado eufemistas, pero si uno hace lo que no debe lo que tiene que hacer el que tiene potestad para ello es cesarlo; no debe uno dimitir, que parece que es más digno", manifestó en una entrevista con Efe. Rodríguez precisó que, no obstante, ella esperaría "a ver qué es lo que dice Granados" en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid. Más tarde, Rodríguez rectificó y dijo que no se refería a Granados en concreto sino a "cuáles deben ser las consecuencias que han de seguir a hipotéticas actuaciones irregulares de gestores públicos".
- Manuel Fraga: "Desgraciadamente, hay cuestiones no resueltas". El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, consideró que, "desgraciadamente, hay algunas cuestiones que no están resueltas en este momento entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento". "Creo que eso se va a resolver", añadió el senador.
(www.elpais.com, 22/01/09)
COBO: "QUIERO SABER QUIÉN LO HIZO, QUIÉN LO ENCARGÓ Y CON QUÉ FINES"
"Quiero saber quién ha realizado esos seguimientos; si son personas que tienen una retribución pública y, en ese caso, si esa administración u organismo público que les paga tiene competencias para realizar un seguimiento a mi persona. Quién ha ordenado esos seguimientos... Quién o quiénes. A quién o a quiénes se les entregaban los informes. Con qué fines se realizaban dichos informes, para qué. Qué es lo que se quería saber o para qué se quería utilizar". Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón y supuestamente espiado por ex policías al servicio de la Comunidad de Madrid, desgranó todas estas preguntas ayer por la mañana ante los periodistas y las resumió después en una denuncia en la que pide a la Fiscalía de Madrid que encuentre las respuestas.
Tras conocer por EL PAÍS que fue objeto de seguimientos parapoliciales en abril del año pasado —en plena batalla interna por el control del PP—, el vicealcalde compareció con semblante serio y algo nervioso para explicar que había confirmado que todo lo publicado por este periódico "es exacto". "Los horarios y los lugares que aparecen [en el informe de seguimiento] coinciden con lo que hice aquellos días según figura en mi agenda", dijo.
Lo que Cobo rehusó contestar es si cree que detrás del espionaje pueden estar el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, o la presidenta Esperanza Aguirre, ambos del PP como el propio vicealcalde. "No es importante lo que yo crea. No voy a entrar en sospechas. Es el fiscal quien debe aclarar esto", afirmó. "Pero del Ayuntamiento no ha salido, eso lo puedo asegurar".
En la denuncia presentada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento ante la fiscalía sí se apunta directamente a la consejería que dirige Granados: "De la información publicada", concluye el escrito, "se desprende tanto una intromisión ilegítima en la intimidad y propia imagen del vicealcalde, al montar un dispositivo de seguimiento con el fin de descubrir contactos y encuentros privados que pudieran dar información utilizable por la Consejería de Interior, como el encargo directo a asesores contratados por la misma para la ejecución personal de tal irregular cometido, con intenciones que no se alcanzan a comprender".
Aguirre envía un SMS
Justo cuando se dirigía a dar la conferencia de prensa, el número dos de Ruiz-Gallardón recibió una llamada de Francisco Granados y un mensaje de móvil de Esperanza Aguirre. También habló con el presidente del PP, Mariano Rajoy —después de hacerlo el alcalde—, con dirigentes populares como Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas, Pío García-Escudero y Esteban González Pons, y con el vicepresidente madrileño, Ignacio González, igualmente sometido a seguimientos. "Todos me han dicho que esto es inadmisible", afirmó. Se refería a los seis últimos, porque de lo dicho por Granados y Aguirre no quiso contar nada.
Cobo subrayó que, si el espionaje fue realizado por ex policías o ex guardias civiles sin que ningún juez lo ordenara se trataría de "seguimientos parapoliciales absolutamente ilegales", y se solidarizó con Ignacio González "y cualquier otra persona que sufra un espionaje de este tipo". "Espero que se esclarezca hasta las últimas consecuencias, tanto en el ámbito judicial como en la responsabilidad que tenga cualquier cargo público. Que se depuren responsabilidades", insistió el dirigente madrileño.
Afirmó que no tiene "conocimiento" de que Ruiz-Gallardón haya sido espiado también, restó importancia a que detrás del caso estén las guerras internas del PP —"no lo sé, pero eso nos debe dar igual"— y descartó por absurdo el rumor de que los seguimientos, realizados hace diez meses, puedan tener algo que ver con la batalla actual entre aguirristas y gallardonistas en Caja Madrid: "Que yo saliera a las 8.25 de mi casa un día del mes de abril del año pasado no sé qué relación puede tener con Caja Madrid...".
(www.elpais.com, 22/01/09)
EL CONSEJERO SE PRESENTA COMO VÍCTIMA
La Comunidad de Madrid le da la vuelta a la tortilla y se presenta como víctima de la red de espionaje. Ignacio González, vicepresidente del Gobierno regional, hizo ayer su primera aparición pública tras la noticia adelantada por este periódico de que había sido espiado en viajes oficiales y privados. La esperada comparecencia llegó con sorpresa: González apareció arropado por Francisco Granados, consejero de Interior, departamento que dirige a los ex agentes supuestamente dedicados al espionaje político en la región.
La visita del vicepresidente de la Comunidad de Madrid al edificio de Telefónica en la calle Gran Vía para presentar el proyecto Madrid Región Digital reunió a decenas de periodistas. "Ni cuando viene César Alierta hay tanta expectación", comentaba una de las empleadas de la tienda.
Granados asumió el protagonismo y aseguró que tanto él como Ignacio González y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, son víctimas de un "montaje y de una operación de acoso y derribo a Esperanza Aguirre". El consejero del PP negó que el Gobierno regional haya llevado a cabo "encargos de espionaje, seguimiento o informes sobre nadie y sobre ningún asunto de los aparecidos en los medios de comunicación".
Granados cedió el testigo a Ignacio González, mucho más escueto en sus declaraciones. Afirmó que se siente "agredido" en su intimidad y que le parece "una cosa absolutamente condenable, lamentable y totalmente reprobable" el hecho de que haya sido espiado. El vicepresidente regional dijo no sospechar de quién puede ser el impulsor de "esta actuación inadmisible y mafiosa que no se puede consentir en un Estado de derecho".
(www.elpais.com, 22/01/09)
GONZÁLEZ OTORGÓ UN CONTRATO MILLONARIO AL EMPRESARIO CON EL QUE VIAJÓ A SURÁFRICA
Una empresa pública que dirige el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó un contrato por importe de 33,4 millones de euros a la empresa Segurisa, cuyo propietario invitó presuntamente a González a un viaje a Suráfrica. El número dos de Esperanza Aguirre reconoce que el viaje se produjo en marzo de 2007, pero asegura que lo pagó "en metálico" de su bolsillo.
Segurisa es una compañía de seguridad fundada en 1988. El socio mayoritario es Enrique Sánchez González, que posee algo más del 60% de las acciones, de acuerdo con los datos que figuran en el Registro Mercantil. En un dossier sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que desveló esta semana El País, se asegura que Enrique Sánchez invitó a Ignacio González y a su esposa a un viaje a Suráfrica cuyo coste aproximado es de 8.000 euros. La invitación sería un supuesto pago por adjudicaciones recibidas por Segurisa. En declaraciones a dicho diario, Ignacio González aseguró lo siguiente: "El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada".
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid desmiente la última afirmación de González. En su edición del 9 de marzo de 2006, figura una adjudicación del Canal de Isabel II a la empresa Segurisa, por importe de 33.489.078 euros.
El Canal de Isabel II es la empresa encargada de gestionar el agua en la Comunidad de Madrid y está presidida por Ignacio González.
El objeto del contrato recibido por Segurisa es la prestación de "servicios de vigilancia y seguridad en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II". La adjudicación es por un periodo de dos años a razón de 16,7 millones de euros al año y se realizó por "procedimiento restringido". Este sistema impide concursar a todas las empresas de seguridad que lo consideren oportuno y limita el proceso a unas pocas compañías seleccionadas por el organismo que realiza la adjudicación.
Un portavoz oficial del vicepresidente González explicó a este diario que Segurisa ya se encargaba de la vigilancia de las intalaciones del Canal desde 2001 (cuando gobernaba en la Comunidad el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón). Entonces se contrataron con dicha empresa 150.000 horas anuales, por las que se pagaron dos millones de euros.
Tras los atentados del 11-M, diversos informes de la Guardia Civil recomendaron incrementar de forma significativa la seguridad de las instalaciones del Canal. Por ese motivo, la Comunidad convocó un nuevo concurso en 2005. Razones de "confidencialidad" llevaron a utilizar el procedimiento restringido, explicó dicho portavoz.
En el concurso participaron diez empresas y la adjudicación a Segurisa se produjo "por unanimidad del Consejo de Administración" del Canal. Esta vez se contrataron 953.000 horas por un importe de 33,4 millones de euros.
(www.publico.es, 22/01/09)
MANUEL COBO, 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN, DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EL PRESUNTO ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE
El vicealcalde de Madrid y número dos de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo, ha denunciado ante la Fiscalía el presunto espionaje sufrido por parte del Gobierno de Aguirre. Cobo ha anunciado que va a denuciar estos presuntos espionajes después de las informaciones publicadas por el diario El País.
En concreto, Cobo quiere saber quién ha realizado esos seguimientos y "quién o quiénes" lo han ordenado, si esas personas tienen una retribución pública y, en ese caso, si esa administración o entidad que les paga tiene competencias para realizar un seguimiento, a "quién o a quienes" se entregaban los informes y con qué fin se realizaban.
El 'número dos' de Gallardón ha confirmado todas las informaciones publicadas hasta el momento y ha asegurado que los seguimientos se han hecho "de forma ilegal". "No se puede realizar este tipo de actuaciones ni conmigo ni con nadie".
Cobo no ha querido apuntar a nadie del Gobierno de la Comunidad de Madrid como responsables de los espionajes. "No quiero lanzar sospechas", ha dicho, y ha añadido que se tiene que poner bajo la tutela judicial. Además, no cree que haya sido por hacerse con el control de Caja Madrid, ya que en el mes de abril no tenía nada que ver.
También ha declarado que lo considera un hecho "muy grave" y que no sabe "cuál era el objetivo". "Espero que se esclarezca hasta las últimas consecuencias se depuren responsabilidades", ha agregado.
Ha apuntado a posibles equipos parapoliciales, por la jerga que utilizan, y ha asegurado que ha hablado con Granados, Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, pero no con Rubalcaba, además de recibir mensajes de Esperanza Aguirre.
El grupo de ex agentes de la Policía y de la Guardia Civil a sueldo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, hoy dirigida por Francisco Granados, habría hecho seguimientos diarios a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón.
Estos seguimientos, según documentos en poder de este diario, se realizaron el pasado mes de abril, cuando en el PP surgieron discrepancias internas sobre la continuidad de Mariano Rajoy al frente del partido tras su derrota electoral en los comicios de marzo.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también fue objeto de distintos seguimientos en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero.
Según El País, los ex agentes encargados de estos seguimientos fueron fichados en septiembre de 2007 por la Consejería de Interior como "asesores de seguridad", según Granados, y trabajan a las órdenes del ex policía nacional Marcos Peña.
(www.publico.es, 21/01/09)
RAJOY CONFÍA EN LA 'LIDERESA'
El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le ha comunicado que ni ella ni sus asesores están implicados en el supuesto caso de espionaje a altos cargos del Gobierno regional.
En cualquier caso, señaló que sería "bueno" abrir una investigación para averiguar quién se dedica a "esta suerte de actividades".
"A mi lo que me ha dicho Esperanza Aguirre es que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto y yo les creo", declaró Rajoy.
Rajoy afirmó que sólo conocía de ese asunto lo que han recogido los medios de comunicación. Eso sí, confesó que había hablado "lógicamente" con Aguirre, quien, según indicó, le ha dicho que "desconoce todo este tema".
A continuación, destacó que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados, ha solicitado comparecer en la Asamblea de Madrid para "decir lo que sabe" sobre este supuesto caso de espionaje. No obstante, auguró que no puede aportar "grandes cosas".
(www.publico.es, 21/01/09)
GRANADOS: "SOMOS VÍCTIMAS DE UNA MANIOBRA CON EL ÚNICO FIN DE DESPRESTIGIAR AL GOBIERNO DE AGUIRRE"
El Consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado que tanto Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, como él, son "víctimas de una maniobra con el único fin de desprestigiar al Gobierno de Aguirre".
Granados ha desmentido las informaciones publicadas en los últimos días por el diario El País, y ha dicho que "no hay una red de espías que se dedique a investigar a gente del partido". El Consejero der Interior de Esperanza Aguirre ha confirmado que Cobo va a denunciar el supuesto espionaje, ya que ha hablado con él, y se ha alegrado de que lo ponga en manos de la Justicia.
Por su parte, Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha comentado que es un asunto muy serio, y que "tiene que ser alguien con mucho dinero y muy cercano a los movimientos" de Cobo.
(www.publico.es, 21/01/09)
AGUIRRE PIDE AL FISCAL QUE ACLARE QUIÉN ESPÍA A SU VICEPRESIDENTE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tiene tal enredo en el seno de su Gobierno --con espías y dosieres de por medio-- que se ha visto obligada a recurrir a los tribunales y a la fiscalía para que le ayude, si es posible, a aclararlo. Ayer, el diario El País publicó que el vicepresidente y hombre de máxima confianza de Aguirre, Ignacio González, ha sido espiado en sus viajes oficiales y privados al extranjero. Existen fotos y documentos privados que así lo prueban. Según fuentes del entorno de González, él desconoce por orden de quién o con qué objeto se realizaron esos seguimientos.
Además, el lunes se conoció que el consejero madrileño de Interior, Francisco Granados, había contratado con dinero público a un equipo formado por al menos un expolicía y varios exguardias civiles para hacer informes confidenciales sobre diversos temas. Ese equipo, supuestamente, funciona al margen del director de Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique Barón.
Resulta inevitable preguntarse si ambas cuestiones, el espionaje a González y el grupo de seudoespías o asesores constituido por su compañero Granados, están o no relacionados entre sí. El consejero de Interior lo niega. Y los colaboradores de Aguirre prefieren no dar crédito, al menos por el momento, a esa tesis.
Pero la presidenta, a quien no ha gustado nada que su responsable de Interior tenga asesores-policías, quiere saber qué ocurre en su gabinete. Especialmente, al entender que, sea quien sea quien espía a su vicepresidente, hay un topo en la Comunidad que ha filtrado datos de su agenda que podrían haber comprometido su seguridad. Por eso, ayer solicitó a sus servicios jurídicos que interpongan una denuncia en el juzgado de guardia, y a la fiscalía, que investigue si algunos de sus altos cargos ha sido objeto de seguimiento. Su consejero de Interior también se mostró partidario de que se den estos pasos, ya que desvincula totalmente esa cuestión de la que a él le atañe.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ya advirtió ayer de que no puede actuar de oficio en el caso que afecta a González, aunque, cuando haya una denuncia registrada, iniciará los trámites pertinentes para ver si existen indicios de delito. Por su lado, el PSOE e IU han exigido a Granados que explique a qué se dedican exactamente sus nuevos asesores. Y ya han alertado de que, si esas explicaciones no les resultan satisfactorias, demandarán la creación de una comisión de investigación.
A la espera de que se vayan despejando tan oscuros enigmas, Aguirre no parece tener una semana fácil por delante: el escándalo del espionaje viene a unirse a la guerra que aún mantiene abierta con Caja Madrid, donde está dispuesta a jugar todas sus cartas para intentar apartar a su actual presidente, Miguel Blesa. ¿Y qué dice su partido, el PP de Mariano Rajoy, de todo esto? Pues que hay que investigar asuntos de índole tan grave --en lo que concierne a los dosieres y los espías-- y que deben cesar las maniobras políticas en el seno de las entidades financieras. Respaldo a Aguirre, el justo.
(www.elperiodico.com, 21/01/09)
LOSANTOS SENTENCIA: BLESA Y GALLARDÓN, CULPABLES DEL ESPIONAJE AL NÚMERO DOS DE ESPERANZA AGUIRRE
La información sobre la supuesta red extraoficial de espionaje dependiente del consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid que habría seguido, entre otros, al vicepresidente de la región y al vicealcalde de la capital, ha llegado a mezclarse con la trama por la lucha por el control de Caja Madrid. El entorno de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y su consejero Francisco Granados –a quien se acusa de haber puesto en marcha este servicio de inteligencia alternativo- apunta a Miguel Blesa, presidente de la financiera, y al alcalde de la capital como beneficiarios de la trama. Los medios afines a la lideresa también se han acogido a esta tesis. El más contundente, Federico Jiménez Losantos en la COPE: la operación la ha llevado a cabo “Blesa, con Gallardón detrás”, ha sentenciado.
Después de negar rotundamente ayer que exista una trama de contravigilancia gestada en la Consejería de Presidencia e Interior madrileña y de advertir que si los espionajes se están produciendo estaríamos ante una conducta “delictiva”, Esperanza Aguirre y su número tres, Francisco Granados, apuntaron ayer a que detrás de la supuesta trama de la que ha venido informando El País estaría la guerra por el control de Caja Madrid.
Caja Madrid y el espionaje
Aguirre y Gallardón mantienen un tenso pulso en el seno de la entidad financiera por mantener en el poder al actual presidente, Miguel Blesa (apoyado por el alcalde), o cambiar el organigrama de la caja (como quiere la presidenta). Varios medios apuntaron que la Comunidad de Madrid considera que la red de espionaje podría tener un objetivo claro: descubrir algún tipo de irregularidad o ilegalidad con el que someter al vicepresidente a algún chantaje con el que forzar un cambio de postura en la lucha de Caja Madrid. Todo ello pese a que también el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de Ruiz Gallardón, habría sufrido estos seguimientos.
Blesa y Gallardón, los beneficiadosEl diario El Mundo, fiel aliado mediático de Aguirre, no ha dudado en difundir esta información, en la que apunta: “Es una incógnita (…) quién podría estar impulsando la operación [de espionaje]. De ella se beneficiarían, entre otros, Alberto Ruiz Gallardón y Miguel Blesa”. Con la misma tesis ocupa uno de sus editoriales, en el que apunta que la percepción de esta conexión entre la trama de espionaje y el control de la caja está “bien fundamentada”, ya que “la guerra sucia” en la entidad está siendo una constante.
"Maniobra de distracción"Por eso, Pedro J. Ramírez insiste en que las informaciones sobre la contravigilancia “puede ser interpretada como una maniobra de distracción” sobre la “guerra fraticida” que “libran dos grandes clanes del PP en Madrid: el Ayuntamiento contra la Comunidad (…), Ruiz Gallardón contra Aguirre”. “El seguimiento a González va mucho más lejos y apunta a un intento para desacreditarle. No es creíble que Granados haya ordenado ese espionaje”, apunta el editorial.
"Es Blesa con Gallardón detrás"
Tampoco es creíble para otro de los principales amigos mediáticos de Aguirre, Federico Jiménenez Losantos. El locutor de la COPE se ha mostrado tajante durante su programa de hoy: “El problema es que no me salen las cuentas: el tercero de Aguirre espiando al segundo sin el permiso de ella, de la primera…”, apuntó, y añadió lo que él considera la explicación de este culebrón: “Ya empieza a aparecer en la prensa que no, que es Blesa con Gallardón detrás. Es una historia de una sordidez…”, matizó.
¿Qué paso con Alfredo Prada?
Esto último también le encaja a Pedro J.: “En esta intriga podría encajar el que una de las causas que motivó la destitución de Alfredo Prada, cercano a Gallardón y protegido de Rajoy, fueron las sospechas de que estaba vigilando a González”, señala su editorial de hoy. Un asunto que también menciona el vicedirector del rotativo, Casimiro García-Abadillo, que advierte que ahora “alguien interesado en desacreditar a González/Aguirre ha recolectado todos los dossiers que circulaban en el mercado de la basura”. “Pero ¿espió Granados a González? Esta hipótesis no es más que una hábil forma de desviar la atención del beneficiario de la infame operación”, concluye su columna.
(www.elplural.com, 21/01/09)
El Gobierno de Aguirre espió al vicealcalde de Ruiz-Gallardón
"Montado el dispositivo en torno a Cobo"
Ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior hicieron seguimientos al vicealcalde y mano derecha de Ruiz-Gallardón en pleno pulso por el poder en el PP en 2008
El equipo de ex agentes al servicio de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, hoy dirigida por Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, hizo seguimientos diarios a Manuel Cobo, vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, en abril de 2008. Desde septiembre de 2007, el departamento de Interior había fichado a tres ex guardias civiles como asesores de seguridad. Actualmente, trabajan a las órdenes del ex policía nacional Marcos Peña, que ha reconocido que entre sus tareas estaba la elaboración de informes sobre tramas de corrupción en ayuntamientos dirigidos por socialistas. Durante el mes de abril de 2008 se había desencadenado con toda su crudeza la batalla por el poder en el Partido Popular tras el fracaso electoral de su líder, Mariano Rajoy, en las elecciones generales de marzo. Los ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid utilizaron vehículos para sus seguimientos a Cobo y a otros altos cargos del PP, supuestamente rivales de Aguirre en aquel momento.
Los seguimientos llegaron al comité regional, donde se criticó a Rajoy
De los seguimientos ha quedado constancia escrita en informes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, encabezados por la palabra "Parte". En ellos se reflejan los movimientos de las personas investigadas.
"Otro objetivo"
Al vicealcalde de Madrid le hacían seguimientos algunos días en los alrededores de su despacho en el Palacio de Correos y otros días desde que salía por la mañana de su domicilio particular, en una población vecina de la capital. Así ocurrió el 2 de abril: "Cobo sale del domicilio a las 08.25 de la mañana, tomando el itinerario particular y llegando a su puesto de trabajo a las 09.02 horas. Se observa que durante los desplazamientos le acompañan una moto y un vehículo turismo con un ocupante por detrás, realizando la contravigilancia. Este mismo vehículo es el que también realiza la contravigilancia en su domicilio".
Las tareas de protección y contravigilancia de concejales en el Ayuntamiento de Madrid están asignadas a la Policía Municipal y a ningún otro cuerpo de seguridad. "Una vez llega el objetivo al puesto de trabajo", continúa el parte de ese día referido al seguimiento de Manuel Cobo, "como quiera que la zona está dotada de fuertes medidas de vigilancia y control, después de un tiempo prudencial, abandonamos la zona y nos dirigimos a montar el dispositivo de otro objetivo".
Los ex guardias civiles temen, y así lo manifiestan en sus partes, que sean localizados por la protección oficial del vicealcalde de Madrid.
Los partes de seguimiento del vicealcalde coinciden con un momento político en el que el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón apoya de manera entusiasta a Mariano Rajoy para que continúe al frente del partido. En ese periodo, tiene un peso vital la información de quién se reúne con quién o quién come con quién dentro del PP para comprobar alianzas, deserciones o cambios de filas en las posturas enfrentadas en el partido. Aguirre y Rajoy pugnan por ganar adeptos a su causa. Y los partes pueden ser un buen guión para saber si alguien de las filas aguirristas coquetea con los marianistas o para percibir qué poder y contactos tienen con Rajoy los fieles a Ruiz-Gallardón, y si están intentando captar fieles en las filas del Gobierno regional.
El seguimiento de los guardias civiles se detiene el 8 de abril en los aledaños de Génova, 13, sede del Partido Popular. "A media mañana, 'C' [Cobo] se encuentra en la sede del PP sita en la calle de Génova, de dónde sale a las 14.25".
Ese día, la reunión del comité regional, cargada de máxima tensión, tuvo como plato fuerte la discusión de cuántos compromisarios debían corresponderle al PP de Madrid en el inminente congreso del partido. Los cargos afines a Aguirre se quejaban de que en el congreso nacional, donde se dirimía la continuidad de Rajoy como líder, a Madrid le correspondían menos compromisarios de los que debería tener en función de su peso por afiliados. Manuel Cobo, presente en la reunión, se quejó de que los estatutos de Madrid también limitaron su propia candidatura en 2004, y entonces los aguirristas no protestaron.
Los seguimientos a políticos por parte de ex agentes al servicio de la Comunidad de Madrid han sido negados tanto por el consejero de Interior, Francisco Granados, como por la presidenta regional, Esperanza Aguirre. "Creo que la Comunidad de Madrid es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje y si se elaboran dossiers se está delinquiendo", aseguró ayer Aguirre.
Su Gobierno decidió trasladar a la fiscalía una petición para que se investigue el espionaje al vicepresidente, Ignacio González, en sus viajes públicos y privados al extranjero. En el caso del desplazamiento a Cartagena de Indias (Colombia) en viaje oficial, González fue grabado mediante cámaras ocultas. En su viaje privado a Johanesburgo, en compañía de un contratista de la Comunidad de Madrid, los espías lograron copia de sus billetes, pagados en metálico. El propio González sospecha que hubo complicidades internas dentro de la Comunidad para llevar a cabo el espionaje al que fue sometido en Cartagena de Indias, según se desprende de su propia denuncia.
El Ejecutivo regional del PP no ha abierto ninguna investigación interna para esclarecer si ex policías y ex guardias civiles, contratados por la Consejería de Interior entre septiembre de 2007 y junio de 2008, han realizado seguimientos a políticos y han elaborado dossiers sobre distintos escándalos.
Algunos "partes" del vicealcalde
- 1 de abril de 2008. "Montado el dispositivo en el puesto de trabajo de Cobo, no observamos movimientos durante la primera parte de la mañana. A lo largo del resto del día, no observamos movimientos de Cobo, teniendo en cuenta la dificultad que entraña la zona de trabajo de éste, decidimos desmontar el operativo".
- 3 de abril de 2008. "Llegada de "C" a su lugar de trabajo a la hora habitual. Permanecemos en la misma hasta media mañana con el fin de ver si sale. Transcurrido un tiempo prudencial, comprobamos que no hay movimientos. Abandonamos la zona".
- 4 de abril de 2008. "Llegada de "C" a la hora habitual al puesto de trabajo. Su vehículo oficial, una vez lo deja dentro, abandona el lugar (maniobra habitual) comprobamos si aparca en la parte de atrás, ya que hay un parking,pero el vehículo toma dirección Atocha por la calle de Alfonso XII".
- 7 de abril de 2008. "Llegada de "C" a la hora habitual al trabajo, quedándose su vehículo en el interior de la puerta principal. Al no observar movimientos nos retiramos al otro objetivo".
www.elpais.es 21.01.09
"MADRID NO TIENE NADA QUE VER CON EL ESPIONAJE"
Esperanza Aguirre -en la imagen, con el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el pasado septiembre- insistió ayer en que su Gobierno no está relacionado con el espionaje, aunque añadió, en relación con los seguimientos a su número dos, Ignacio González, que debían "aclararse cuanto antes", porque "si se están elaborando informes, se está delinquiendo".
El 'número dos' de Aguirre pide al fiscal que investigue quién le espió
"Los autores han debido de estar muy cerca de mí", dice González en la denuncia
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia pidiendo que se investigue el espionaje del que supuestamente fue objeto durante dos viajes al extranjero, uno público y otro privado, realizados el año pasado. Esos "seguimientos parapoliciales", destapados por este periódico, no tienen autoría conocida, pero González sospecha que sus responsables pueden estar "muy cerca" de él. La Comunidad presentó anoche otra denuncia idéntica ante el juez de guardia.
"Llama la atención que, para realizar el seguimiento a mi persona, los autores de los hechos que se denuncian han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos, para organizar la grabación o las fotografías, y estar muy cerca de mí", afirma el vicepresidente madrileño en la denuncia presentada ante el fiscal. Los hechos -"desconociendo si su autoría ha de atribuirse a particulares, funcionarios o profesionales"- serían, según González, constitutivos de un delito de "descubrimiento y revelación de secretos", penado con hasta cinco años de cárcel.
La fiscalía no ve delito
La propia Aguirre había anunciado por la mañana que su Gobierno presentaría las denuncias para aclarar el supuesto espionaje, porque, "si se están elaborando dossiers, se está delinquiendo". Aguirre aseguró que la Comunidad de Madrid "no tiene nada que ver" con esos seguimientos y los desvinculó de otro caso denunciado la víspera por EL PAÍS: la existencia de un supuesto servicio secreto de vigilancia en el seno de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Francisco Granados. "Se intenta mezclar interesadamente", protestó.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, que ayer por la tarde no había recibido aún la denuncia, ya ha adelantado, sin embargo, que él no ve delito. "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje que es un personaje público, porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y eso, así, sin más, no es ningún tipo de delito [...] a menos que se vulneren derechos fundamentales como el derecho a la propia imagen o se intercepten sus comunicaciones", afirmó. Tanto Moix como el teniente fiscal, Carlos Ruiz de Alegría, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, comentaron también la información de este diario sobre el supuesto servicio de vigilancia montado en la consejería de Granados y concluyeron que su asesor Marcos Peña, presunto jefe de la red, ha sido contratado "con publicidad" y que otras personas forman parte del organigrama como "asesores", por lo que no se atisba tampoco ninguna ilicitud.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, abundó en declaraciones a Europa Press en que "hoy por hoy no hay nada. Podrá ser correcto o no, pero no es delito".
www.elpais.es 21.01.09
El vicepresidente de Esperanza Aguirre fue espiado en sus viajes al extranjero
Altos cargos sospechan que los seguimientos contaron con complicidades internas
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el hombre con más poder después de la presidenta Esperanza Aguirre, ha sido objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares.
González afirma que no es amigo de los empresarios citados en los informes
El seguimiento al dirigente regional en Colombia se hizo con cámara oculta
Altos cargos de la Comunidad de Madrid han asegurado a EL PAÍS que están "muy preocupados" ante estos seguimientos y que tienen "sospechas" de que los documentos y las imágenes que se incluyen en tales informes han precisado "la complicidad" de personal vinculado a la seguridad de la Comunidad de Madrid, ya que evidencian conocer muy al detalle su agenda personal.
Los altos cargos autonómicos manifiestan esta preocupación después de conocer que ex policías y ex guardias civiles al servicio del consejero de Interior, Francisco Granados, elaboraban informes sobre tramas de corrupción que afectaban a ayuntamientos madrileños dirigidos por socialistas.
Sin información interna de la propia Comunidad, resultaría casi imposible espiar, como ha ocurrido, al vicepresidente madrileño en Cartagena de Indias (Colombia), según fuentes autonómicas. Este desplazamiento oficial del vicepresidente, -lo hizo como responsable del Canal de Isabel II-, es vinculado, en uno de los dos informes, a distintas operaciones irregulares. Y evidencia que partieron de una información privilegiada para poder cazarlo fotográficamente cuando pisara suelo colombiano. Las personas que realizaron el seguimiento y grabación de Ignacio González conocían el día de llegada, el vuelo, el hotel en el que se iba a alojar, la habitación, y el programa de actos y visitas del vicepresidente madrileño. Sin esos datos, los supuestos espías nunca habrían estado justo en el instante en que González llegó a Colombia, y a escasos metros de él, pisándole continuamente los talones hasta la propia habitación del hotel donde se alojó.
Tan cerca, a tenor de las fotografías, como para formar parte del séquito o no inquietar con su presencia, según interpretan altos cargos de la Comunidad de Madrid consultados por este periódico.
El viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias data de finales de agosto de 2008. En concreto, como apunta el informe, el 28 de agosto llegó a Cartagena de Indias en el vuelo AV8548, en clase business. El informe detalla que mantuvo una entrevista con el presidente colombiano Álvaro Uribe y luego desarrolla una teoría respecto a la connivencia del vicepresidente regional con una de las personas que se incorporaron a la comitiva, un constructor, J.B., que supuestamente tenía parentesco con el jefe de una trama delictiva.
Para agravar el guión, el informe incluye fotografías tomadas con cámara oculta que son explicadas así: "Acompañantes de Ignacio González acudiendo y entrando en el inmueble ubicado en..., acceden al inmueble con las bolsas blancas que se pueden apreciar y abandonando a los diez minutos el inmueble sin las citadas bolsas. González acompaña a estas personas que han viajado con él desde Madrid". El vicepresidente madrileño aseguró a este periódico: "A ese constructor del que habla el dossier no lo conozco de nada".
El segundo informe, fruto del otro seguimiento, es más simple: los espías consiguieron una fotocopia de los billetes de avión de Ignacio González y su esposa en viaje privado a Johanesburgo en vuelo de Iberia el pasado 16 de marzo. Aquí, la presunta acusación era que el viaje (unos 8.000 euros de coste) se lo regaló Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa, entre otras, y contratista de la Comunidad de Madrid, como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos multimillonarios. Todos los billetes de avión se pagaron en metálico. El contratista le acompañó, con su esposa, en tal viaje y pagó también en efectivo. González rechazó las acusaciones del informe: "Mi viaje me lo pagué yo en metálico porque me venía bien, y tengo factura de ello. El viaje me lo organizó un amigo que también vino. Fuimos a visitar al embajador de Suráfrica que es amigo nuestro y estaba a punto de ser relevado. El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada", explicó.
El Gobierno regional está ahora preocupado por conocer si los seguimientos tienen relación con la contratación por la consejería de Interior de la Comunidad de Madrid del ex policía, Marcos Peña, que dirige a un equipo de tres ex guardias civiles para tareas "de contravigilancia", según el consejero Francisco Granados. El propio Peña aclaró a EL PAÍS que entre sus trabajos figuran investigaciones sobre tramas de corrupción que afectan a dirigentes socialistas o sobre escándalos en el sector de las discotecas de la capital de España. Peña aseguró que en ningún caso había hecho seguimientos personales a políticos.
La Consejería de Interior asegura que nunca se ha ordenado la elaboración de informes relacionados con tramas de corrupción. Entre las competencias legales de la consejería de Interior no figuran tareas de espionaje por parte de los asesores, ni siquiera la recopilación de información sobre tramas de corrupción que están siendo investigadas por la administración de Justicia. Granados contrató al ex policía Marcos Peña en el verano de 2008. Con anterioridad, la Comunidad vivió otro supuesto caso de espionaje que acabó con la destitución del director general de Seguridad, Sergio Gamón, por registrar unas oficinas de la Consejería de Justicia y requisar un ordenador donde, supuestamente había un dossier contra el propio Granados, según explican dirigentes autonómicos.
El vicepresidente Ignacio González no es el único dirigente madrileño que se ha sentido espiado en los últimos meses. Otros tienen noticias de haber sufrido seguimientos. No faltan los anónimos que han llegado a hogares de destacados políticos populares, según han confirmado sus destinatarios.
UN VIAJE A CARTAGENA DE INDIAS GRABADO CON CÁMARA OCULTA
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se trasladó en viaje oficial a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. Durante su estancia en la ciudad colombiana fue objeto de seguimientos con cámara oculta. Las imágenes que se captaron, algunas de las cuales se reproducen arriba, fueron incorporadas a un dossier donde se insinuaban prácticas irregulares por parte del vicepresidente autonómico
www.elpais.es 20.01.09
La Comunidad de Madrid denuncia en los tribunales el espionaje a Ignacio González
El afectado presenta otra a título personal ante la fiscalía .- El consejero de Presidencia, Francisco Granados, califica de "delictivo" el seguimiento y pide comparecer en la Asamblea para explicarse
La Comunidad de Madrid ha interpuesto en la tarde de este martes una denuncia ante el juzgado de guardia para que investigue el espionaje y seguimiento al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, que ha su vez lo ha hecho también ante la fiscalía a título personal.
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se trasladó en viaje oficial a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. Durante su estancia en la ciudad colombiana fue objeto de seguimientos con cámara oculta-
Ambas denuncias se producen como consecuencia del artículo publicado este martes por EL PAÍS que señala que González ha sido objeto de seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y personales al extranjero. En la edición del lunes, además, este mismo periódico informaba de que ex policías y ex guardias civiles realizaron trabajos de inteligencia e información para el consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados.
Previamente, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, había declarado que la fiscalía no iba a actuar de oficio al no apreciar indicios de delito, aunque adelantó que abriría una investigación si recibía una denuncia al respecto, lo que finalmente ha sucedido. "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje, que es un personaje público porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y eso, así sin más, no es ningún tipo de delito", explicó, antes de añadir que "si hay otros datos nuevos, otros datos distintos, otro tipo de actuaciones, se puede valorar otra vez".
En la denuncia de la Comunidad se destaca que, para poder realizar el seguimiento al vicepresidente, los autores de los hechos que se denuncian tuvieron que utilizar forzosamente información reservada, que no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público, con la suficiente antelación para organizar la grabación y las fotografías publicadas por EL PAÍS.
Los servicios jurídicos regionales consideran que "se han producido, sin duda, y como mínimo, controles y grabaciones visuales clandestinas, revelación a terceros de imágenes y documentos personales, abusos informáticos sobre datos personales automatizados y apoderamiento de documentos". Y añaden que los hechos expuestos son "enormemente graves", por lo que creen necesario que se efectúen investigaciones por el órgano judicial competente sobre quiénes son los autores, y podrían ser constitutivos de "delitos de descubrimiento y revelación de secretos" tipificados en los artículos 197 a 201 del Código Penal.
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha precisado que la denuncia "no va dirigida contra nadie", y ha insistido en que lo que se pretende con esta acción es esclarecer "si es cierto que alguien está haciendo seguimientos, grabaciones o espionajes nada menos que al vicepresidente de la Comunidad de Madrid". Aguirre ha manifestado que el Ejecutivo regional es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje, y cree que si se están elaborando informes se está "delinquiendo".
Ignacio González ha calificado de "gravísimo" el seguimiento al que ha sido sometido en dos viajes, uno de carácter oficial y otro privado, y ha considerado que estos hechos incurren en un "grave delito" que atenta contra su persona. González ha confesado sentirse "absolutamente sorprendido" por las "investigaciones ilícitas" de las que ha podido ser objeto durante los últimos ocho meses. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares.
Comparecencia
Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo regional, Francisco Granados, ha enviado un escrito a la Asamblea regional en el que solicita comparecer en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, como le habían pedido PSOE e IU.
Granados ha dicho que confía en que la actuación judicial permita conocer "quien está detrás de estos seguimentos ilícitos para que recaiga todo el peso de la ley", pues la fiscalía y la policía deben investigar "quién puede" montar un servicio de espionaje como el mostrado, "con tantos medios como para realizar seguimientos en sitios tan alejados como Colombia o Johannesburgo".
En una entrevista emitida este martes en Telemadrid, Granados subrayó que la información de EL PAÍS sobre el seguimiento a González no está relacionada con la noticia que este mismo diario publicó el lunes sobre la existencia de una red de espionaje a su servicio.
El consejero de Presidencia reconoció entonces que el responsable de este servicio, Marcos Peña, trabajaba para él como "asesor de seguridad", pero aclaró que la Comunidad de Madrid ejercía las competencias de seguridad dentro de la ley. Por su parte, Aguirre se limitó a cargar contra EL PAÍS por publicar tal información.
"Con nada relacionado con inteligencia"
El comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, José Luis Conde, no ha querido hacer declaraciones sobre la noticia y se ha limitado a afirmar que su departamento "siempre trabaja los asuntos previa judicialización, es decir, que todas la autorizaciones están dadas por juez y con el conocimiento del fiscal". Conde ha incidido en que su departamento no trabaja "con nada relacionado con inteligencia, ni nada de esos temas".
www.elpais.es 20.01.09
UN CONSEJERO DE AGUIRRE MONTA UN 'SERVICIO SECRETO' CON EX AGENTES
Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, posee su propio Centro Nacional de Inteligencia o servicio de espionaje, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del ejecutivo regional. Un equipo dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña -fichado por Granados en julio pasado como asesor para temas de seguridad- y en el que se integran al menos tres ex guardias civiles, lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP con los que la dirección regional mantiene tensas relaciones.
El consejero Granados, de la máxima confianza de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y secretario general del PP madrileño, asegura que el equipo de ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid y bajo su exclusivo control sólo tiene encomendadas tareas de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos", según declaró a este periódico.
Sin embargo, el propio Peña ha confirmado, que su trabajo consiste, sobre todo, en realizar informes reservados cuyos resultados sólo conoce, supuestamente, el consejero Granados.
Fuentes del Gobierno de Esperanza Aguirre aseguran que tanto la presidenta como el vicepresidente, Ignacio González -que mantiene tensas relaciones con Granados-, ignoran qué tipo de informes elabora dicho equipo del consejero de Interior. "Nos llama la atención el volumen de gente que ha fichado para unas labores que desconocemos y que están fuera del organigrama que preside el propio director general de seguridad. Sospechamos de su labor, pero la desconocemos", explican altos cargos de la Comunidad de Madrid.
Granados asegura que unos 15 funcionarios reportan a Peña, pero éste asegura que sólo cuenta con tres ex guardias civiles: "Yo quería trabajar en solitario, pero Granados me pidió que usara a estos ex guardias, que eran de su confianza". Según el ex policía, no sólo son fiables, sino muy útiles por sus contactos: "Me sirven para hacer mis informes porque son mis enlaces para pedir datos en la Guardia Civil a la Unidad Central Operativa (UCO), a Asuntos Internos o a la Policía".
Peña contradice a su consejero. De entrada, niega que su equipo haga contravigilancia: "No hacemos contravigilancias. No seguimos a nadie. Mi misión es otra". Y añade sobre sus funciones reales: "Yo le asesoro o le hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida".
Cita diversos ejemplos. Peña recuerda que su equipo ha investigado el caso Coslada, la presunta trama de corrupción que lideraba el jefe de la Policía Municipal de esa localidad, Ginés Jiménez. Los presuntos hechos delictivos que se imputan a Jiménez y otros miembros de la Policía Municipal de Coslada (extorsión a empresarios del ocio a cambio de licencias o de un trato favorable, así como a prostitutas que ejercen en las afueras del municipio) y que investiga un juez se destaparon en mayo de 2008 por obra de la policía cuando gobernaba el PSOE. No obstante, está imputado un ex alcalde del PP, Raúl López, por presunto trato de favor a Jiménez. La investigación del equipo de Peña ha sido paralela a la investigación policial y judicial, que sigue abierta. Peña asegura haber conocido al elaborar su informe todas las complicidades con las que contó el jefe de la policía municipal de Coslada.
Peña también cita que sus hombres han investigado el caso Ciempozuelos, de 2006, que acabó con los dos principales dirigentes socialistas de la localidad (Pedro Antonio Torrejón, que era alcalde, y Joaquín Tejeiro, ex alcalde) en la cárcel durante unos meses, justo antes de las pasadas elecciones autonómicas. Ahora, el Gobierno regional ha denunciado las implicaciones de corrupción que siguen pendientes de aclarar en este municipio. Según Peña, sus informes resumen algo parecido: "Los auténticos intereses que se movían allí siguen sin conocerse. Y será una bomba cuando se conozcan". Pero Peña no desvela aún el resultado del sumario particular que ha instruido su unidad.
Este escándalo también sigue en plena investigación judicial. También aquí se produce la irregularidad de que el equipo de espionaje de Granados trabaja en paralelo, sin control político ni judicial, sobre asuntos en los que trabajan la policía y los jueces.
Sobre el caso Ciempozuelos, el ex policía Marcos Peña asegura que su investigación encontró vínculos con un suceso que afectó al propio consejero Granados, como fue el incendio supuestamente intencionado de su coche particular en el aparcamiento de su casa en Valdemoro. "Son lo mismo. El caso Ciempozuelos y el incendio están unidos, y yo lo he descubierto", alardea Peña. Granados, que antes de ser consejero fue alcalde de Valdemoro, negó que tal coche fuera un regalo de un constructor local, en contra de lo que apuntaban los primeros indicios. Este caso -agonizó sin hallarse culpable del incendio- fue investigado por el juez Agustín Carretero, al igual que el caso Ciempozuelos. Carretero fue fichado posteriormente como director general de Política Interior por Granados, a cuyas órdenes sigue como gerente de la academia regional de policía.
El equipo parapolicial, cuyos informes sólo conoce Granados, según la cúpula del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, también ha investigado, según Peña, las supuestas mafias que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas y todo lo que rodea a este entorno, incluida la supuesta pasividad o connivencia policial o de las autoridades competentes. Granados declaró la semana pasada que las mafias se han adueñado de la noche madrileña, con lo que agitó los ánimos de los empresarios de las discotecas. Éstos rechazaron las declaraciones del consejero de Interior y máximo responsable del PP madrileño, palabras que también habían provocado el malestar del equipo del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Nuevamente, el discurso político del consejero coincidía con un informe realizado por su unidad parapolicial.
La labor del servicio de información secreto de Granados tiene, según describe Peña, una serie de peculiaridades: nutren sus informes de la labor de campo que realizan los ex agentes, pero también de los datos que les suministran sus "enlaces" en distintas unidades de Policía y Guardia Civil, incluidas unidades de Asuntos Internos o lucha contra el crimen organizado. Todo ello, al margen de cualquier protocolo oficial establecido y sin el amparo de solicitud judicial alguna. Actúan, en suma, como una agencia de detectives en la que los ex profesionales rentabilizan sus antiguos contactos profesionales, pero con dinero público y amparo del Gobierno regional. ¿Para qué? "A Granados le venían las hostias de todas partes y tenía que saber de dónde le venían", resume Peña. Alude al intento de los enemigos políticos del consejero, en la oposición y dentro del PP o del Gobierno regional, de vincular su coche particular, que fue incendiado, al regalo de un constructor.
Además, meses atrás, Granados también se vio envuelto en el escándalo montado por un ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, que cesó poco después de ser fichado Peña, cuando registró unas oficinas de la consejería de Justicia y requisó un ordenador donde, según altos cargos de la Comunidad, había un dossier contra el propio Granados (sobre sus supuestas relaciones con constructores, incluido el asunto del famoso coche incendiado, y su patrimonio personal).
Granados asegura no tener constancia del robo del ordenador ni de su contenido, pese a que fue denunciado. Los informes de este mini servicio de inteligencia tienen destinatario único. "Yo, mis informes sólo se los doy a Granados, y que él se los dé a quien quiera", admite Peña. El ex policía asegura que no realiza seguimientos de políticos. Granados jura que no se los ordena, pero deja abierta una puerta: "Yo no sé qué hacen mis funcionarios cuando salen del trabajo".
(www.elpais.com, 19/01/09)
Francisco Granados afirma que ejerce las competencias de Seguridad "que le da la Ley"
El consejero de Presidencia de Aguirre explica que mantiene como "asesor de seguridad" a Marcos Peña, jefe del cuerpo de espionaje montado a su alrededor.- El fiscal superior de Madrid no ve delito
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha afirmado hoy, en relación a las informaciones de EL PAÍS que afirman que dirige una red de espionaje, que su consejería desarrolla estrictamente" las labores de Seguridad "de acuerdo a las competencias que le da la Ley". Durante un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas Madrid Sur, Granados ha indicado que esta información responde al intento de este medio de "ocultar" que el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, reconoció ayer que el Ejecutivo ha agotado sus recetas contra la crisis.
Aguirre afirma que 'El País' ataca al PP cuando el Gobierno central no puede atajar crisis
AUDIO - Cadena Ser - 19-01-2009
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha achacado las informaciones que relacionan al consejero Francisco Granados con espionaje con un "problema" del periódico El País, al que acusa de "atacar" al PP o al gobierno regional cuando "el Gobierno central tiene agotadas todas las posibilidades sobre la crisis". -
Gómez: "La red mafiosa de Granados sería el caso más grave de la democracia"
AUDIO - Cadena Ser - 19-01-2009
El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha afirmado hoy que, "de confirmarse" la noticia que publica El País sobre una red de espías creada por el consejero Francisco Granados, dicha red sería "similar a una organización mafiosa" y supondría "el caso más grave de corrupción de la democracia española". -
El titular de Economía ofreció este panorama en una entrevista concedida a EL PAÍS y publicada en la portada del diario en su edición del domingo. Aunque no ha citado en ningún momento la palabra "espionaje", el también secretario general del PP de Madrid ha indicado que "ese tipo de cuestiones no está dentro de las competencias" de su consejería y ha insistido en que su equipo trabaja en el "cumplimiento estricto" de las funciones atribuidas a la Comunidad de Madrid. Preguntado sobre si el supuesto jefe de esta trama, Marcos Peña, ha sido destituido de su cargo después de revelar sus cometidos al diario, Granados ha apuntado que el ex policía sigue a día de hoy en su cargo, que es "asesor de seguridad". Asimismo, ha explicado que esta persona "no tiene ninguna estructura a su cargo" y "trabaja en las labores propias" que le han sido atribuidas.
"¿Hace caso a EL PAÍS?"
El consejero ha indicado, asimismo, que la Consejería desarrolla las competecias de Seguridad a través de la "colaboración leal de las BESCAM con el Ministerio del Interior". "La Comunidad de Madrid desarrolla las competencias que le marca el Decreto en materia de seguridad, nada más y nada menos. No comento los mecanismos de seguridad, simplemente la Comunidad desarrolla el ejercicio las competencias de seguridad que le da la ley" ha insistido. "¿Usted por qué hace caso al periódico EL PAÍS?" ha respondido esta mañana la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a preguntas de la Cadena SER sobre la creación del cuerpo de espionaje por parte de Granados, informa Rafael Fraguas. "El periódico EL PAÍS tiene un problema: por ejemplo ayer (por el domingo) publicaba una entrevista en la cual Pedro Solbes decía que el Gobierno ya tiene agotadas todas las posibilidades frente a la crisis, y ahora EL PAÍS tiene que atacar al PP de Madrid y al Gobierno de Madrid.
Aguirre, interpelada por una periodista que ha afirmado que había sido el propio agente, en relación a Marcos Peña, el que había revelado a EL PAÍS la formación del cuerpo de espionaje, se ha limitado a replicar al periodista "es el diario EL PAÍS". "¿Mantiene su confianza en Granados?" ha preguntado otro periodista al que la presidenta regional ha contestado con el silencio. A una pregunta de este diario sobre si dudaba de la veracidad de la información, Aguirre ha manifestado "hoy es el medio ambiente lo que nos trae aquí".
Mientras, Ana Isabel Mariño, consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha espetado a los medios de comunicación presente con un "no me jorobéis este acto" en referencia a la plantación del árbol seis millones que se celebraba en la localidad madrileña de Pedrezuela. Las reacciones de la oposición en Madrid no se han hecho esperar. Los Grupos Parlamentarios de PSOE e IU han solicitado ya la reunión de la Diputación Permanente de la Asamblea madrileña para reclamar la comparecencia de Granados.
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ha afirmado que, "a priori, con todas las cautelas del mundo" y a falta de un estudio a fondo de la información, "no parece que haya delito" en el hecho de que el consejero pida informes a un equipo de asesores. "Que alguien encargue unos informes sobre determinados asuntos a asesores, siempre que no se vulneren los derechos fundamentales de nadie en las investigaciones, no es delito", ha dicho, tras admitir que no se había leído la noticia.
El PSOE e IU exigen explicaciones a Aguirre sobre el "espionaje" de Granados
Tomás Gómez considera que sería "el caso más grave de corrupción de la democracia española"
Maru Menéndez
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, han exigido a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que dé con urgencia, "hoy mismo", explicaciones sobre el supuesto servicio secreto de espionaje creado por su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Menéndez considera que el propio Granados debe comparecer ante la Cámara, para lo cuál han solicitado la reunión urgente de la Mesa, a fin de que convoque a la Diputación Permanente (órgano de gobierno de la Asamblea entre periodos de sesiones). La socialista Menéndez ha aseverado que los hechos que denuncia EL PAÍS "tienen muy mala pinta" y que "de ser ciertos constituirían una situación gravísima en esta comunidad".
Inés Sabanés
La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, ha considerado que, si es cierto que Granados ha montado un "servicio secreto" fuera del control político o legal para investigar a políticos, exigirá "responsabilidades y ceses inmediatos". "Esto, en una democracia seria, si se confirma, sería un hecho de una gravedad inusitada y estaremos encima, porque esto, en otros ámbitos, ha supuesto ceses fulminantes", ha manifestado. La parlamentaria de Izquierda Unida ha calificado de "intolerable" quedesde la Administración se monten "servicios impunes e invisibles pararealizar espionajes a la carta".
Oscar Iglesias
El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y responsable de Seguridad, Oscar Iglesias, ha señalado que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior "parece un alumno aventajado de la Stasi". Ha exigido a la presidenta regional que "dé la cara" y deje las "cortinas de humo". El socialista ha dicho que, de confirmarse estas informaciones, Granadoshabría actuado fuera del marco estatutario y supondría una vulneraciónde los derechos de los ciudadanos, motivo por el que ha instado a los responsables máximos de la Comunidad de Madrid "a no mirar a otro lado". También ha subrayado la necesidad de poner en marcha una investigación política y judicial sobre el caso si no se dan las explicaciones oportunas por parte del consejero.
Tomás Gómez
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha declarado que, de confirmarse la presunta trama de espionaje, sería "el caso más grave de corrupción de la democracia española" e incluso ha llegado a comparar el entramado con el de las mafias. El líder del PSM ha anunciado que el Grupo Parlamentario ya ha solicitado la comparecencia inmediata de Granados en la Asamblea así como explicaciones a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. "Granados tiene que explicar a los madrileños si existe una red de espionaje organizada porque, si además está financiada con fondos públicos, sería una actitud delictiva y lo último que le faltaba al Gobierno de Esperanza Aguirre", ha dicho el jefe de los socialistas madrileños.
Leire Pajín
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha exigido a la presidenta Aguirre que aclare si existe un servicio de espionaje creado por su consejero de Presidencia, ya que se trataría de "hechos muy graves". Pajín ha pedido a Aguirre que investigue la información y que, de confirmarse los hechos, "actúe en consecuencia" y "con toda rotundidad". La dirigente socialista ha añadido que "llama la atención" que ni siquiera los altos cargos del Gobierno regional "se hayan enterado" de la existencia de este servicio.
(www.elpais.com, 19/01/09)
Sáenz de Santamaría: "Que la Policía y la Fiscalía investiguen hasta el final"
Alonso exige a Granados que se explique "y si no convence habrá comisión de investigación"
Soraya Sáenz de Santamaría
Con evidente preocupación e incomodidad, la portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha eludido esta mañana hacer juicios sobre la autoría y la responsabilidad del seguimiento a Ignacio González al asegurar que no tiene "más información" que la leída en EL PAÍS. No obstante, si ha sido tajante en pedir a la Policía y a la Fiscalía que "investiguen hasta el final, por supuesto".
José Antonio Alonso
El portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, no ha restado gravedad al asunto. Para Alonso, Francisco Granados debe "dar una explicación exhaustiva de manera inmediata". Si ésta no fuera satisfactoria, ha indicado que su partido en Madrid, el PSM-PSOE, "pedirá una investigación parlamentaria" con independencia de las actuaciones que lleve adelante la policía.
Maru Menéndez
El grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de madrid pedirá una comisión de investigación en la Asamblea si el consejero Granados no ofrece en la cámara explicaciones "claras" y "convinentes" de su presunta implicación. Para los socialistas, la Fiscalía tiene que "intervenir de manera urgente", la Delegación del Gobierno debe "investigar la supuesta implicación de ex policías y ex guardias civiles" y Aguirre debe "reaccionar ya" y "ofrecer una explicación a losmadrileños, en lugar de faltarles al respeto". La portavoz del PSM, Maru Menéndez se ha mostrado convencida de que Ignacio González no habría sido el único gobernante espiado y de que este asunto está relacionado con la "fractura interna" del PP.
Inés Sabanés
La portavoz de IU, Inés Sabanés, ha afirmado que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre está en una situación de "excepcionalidad", en la que "todos están contra todos" y que comenzó con la "crisis de Gobierno" de junio y la "desaparición" del hasta entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada. Sabanés pedirá una comisiñón de investigación, pero han dado a Granados una tregua hasta lunes, día en que la Diputación Permanente del Parlamento regional decidirá previsiblemente si comparece en un pleno extraordinario para hablar de este asunto.
Mariano Rajoy
El líder del PP, Mariano Rajoy, no cree necesario iniciar una investigación interna sobre la supuesta red de espionaje creada en Madrid al margen del control político, porque tanto los dirigentes madrileños de su partido como los de la Comunidad de Madrid le han asegurado que no existe. Rajoy ha insistido en que la Comunidad de Madrid y el PP regional "nos han dicho, en público y privado, que ellos no se dedican a ninguna suerte de actividades de ese tipo" y, por tanto, no considera oportuno investigar "lo que se publica en cualquier parte".
www.elpais.es 20.01.09
Granados asegura que sus asesores de seguridad actúan dentro de la ley
PSOE e IU exigen que el consejero y Aguirre se expliquen en la Cámara regional
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados (PP), negó ayer la información publicada por EL PAÍS sobre la existencia de un servicio de espionaje en su departamento. Lo hizo sin dar detalles, asegurando simplemente que la Consejería cumple estrictamente la ley. PSOE e IU exigen explicaciones más exhaustivas y amenazan con pedir ceses. El sindicato policial SUP solicitó una investigación inmediata.
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha achacado las informaciones que relacionan al consejero Francisco Granados con espionaje con un "problema" del periódico El País, al que acusa de "atacar" al PP o al gobierno regional cuando "el Gobierno central tiene agotadas todas las posibilidades sobre la crisis". -
- Granados: "No comento los mecanismos de seguridad". El consejero de Presidencia y secretario regional del PP, Francisco Granados, calificó de "novela" lo publicado por EL PAÍS y opinó que responde a un intento de "ocultar" los problemas económicos del Gobierno central. Respecto al fondo de la información, afirmó: "La Comunidad desarrolla las competencias en materia de seguridad, nada más y nada menos. No comento los mecanismos de seguridad, simplemente la Comunidad desarrolla las competencias que le da la ley". Aunque no citó la palabra "espionaje", indicó que "este tipo de cuestiones no está dentro de las competencias". El supuesto jefe del servicio, el ex inspector de policía Marcos Peña, sigue en su cargo -"asesor de seguridad"- sin "ninguna estructura a su cargo". ¿En qué trabaja? "En las labores propias" que le han sido atribuidas, contestó Granados. Peña ha confirmado que el servicio que dirige elaboró informes sobre, por ejemplo, corrupción en municipios socialistas.
- Aguirre: "¿Por qué creen a EL PAÍS?". La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, no quiso responder a las preguntas sobre el supuesto servicio secreto montado por su Gobierno; una información que, según ella, publicó este periódico para distraer la atención después de que el ministro Pedro Solbes admitiera -en una entrevista de tres páginas en este diario- que no tiene margen de maniobra ante la crisis. "Por eso EL PAÍS tiene que atacar al Gobierno de Madrid. ¿Por qué creen a EL PAÍS?", inquirió a los periodistas. Cuando éstos le preguntaron si sigue confiando en Granados, Aguirre guardó silencio,
- Cospedal: "Sería muy grave". La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se remitió a lo dicho por Granados y Aguirre. "Se trataría, si fuera cierto, de cuestiones muy graves, pero me remito al desmentido tajante que han hecho", puntualizó.- PSOE e IU exigen explicaciones. Los grupos del PSOE e IU en la Asamblea de Madrid solicitaron la comparecencia de Granados en la Diputación Permanente. "Una vez conocida la explicación, los socialistas exigirán todas las responsabilidades al consejero y a la presidenta. Tiene muy mala pinta", anunció Maru Menéndez, portavoz del PSOE. Inés Sabanés, de IU, juzgó "intolerable" que se creen servicios de información "en el marco de la discrecionalidad" y la "impunidad". "Aquí cada cual no pone una contravigilancia donde le parece", protestó. El portavoz federal de IU, Ángel Pérez, reclamó también "explicaciones urgentes".
- Fiscalía: "A priori no hay delito". El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, señaló que va a estudiar lo publicado pero que él, "a priori", no ve delito porque si el supuesto servicio secreto está financiado con fondos de la Comunidad hace "un trabajo presupuestado y, por tanto, no secreto". "Cada uno tiene unos asesores, como cualquier cargo político. ¿Los detectives qué hacen? Investigar, ¿no? La labor de un detective no es delito", concluyó.
- Sindicatos policiales. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) pidió a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía que abran "de forma inmediata" una investigación para saber si agentes en activo han facilitado información al supuesto servicio de espionaje. "No se puede trasladar información policial a ninguna instancia que no sea judicial", subrayó el secretario general del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet. Tachó de "impresentable" al ex comisario Marcos Peña y de "reprochable éticamente" la participación de ex agentes, y reclamó al consejero Granados "una decisión política cuanto antes".
"Corrupción mafiosa"
"Esperanza Aguirre tiene que dar explicaciones sobre lo que sería una actitud delictiva de su Gobierno [...] Que todos los españoles conozcan si hay una red de espías financiada con fondos públicos", reclamó ayer Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños. "De confirmarse" la existencia de dicha red, sería "similar a una organización mafiosa y supondría el caso más grave de corrupción de la democracia española", añadió.
Gómez se mostró convencido de que la Delegación del Gobierno en Madrid "cumplirá con su obligación, se interesará y actuará", y no descartó pedir una comisión de investigación parlamentaria.
La secretaria general del PSOE, Leire Pajín, exigió a Aguirre que aclare los hechos y actúe "en consecuencia y con rotundidad".
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