Transfuguismo a la carta
DEBATE DE INVESTIDURA DE RAFAEL SIMANCAS
(27.06.03 )
EXPLICACIÓN DE LA INVESTIDURA
Señora Presidenta, Señoras Diputadas y Señores Diputados:
El 25 de mayo, los ciudadanos se inclinaron mayoritariamente por la alternancia en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Los partidos que durante los ocho años anteriores habían estado en la oposición obtuvieron más votos y más escaños que el partido que había gobernado y, de esa manera, los electores abrían la puerta un cambio en las prioridades, en la orientación de las políticas y en el estilo de gobernar respecto al período anterior.
Este hecho, absolutamente normal en las democracias de larga trayectoria, tenía algo de novedoso en nuestro caso. Nuestra joven Comunidad Autónoma había vivido ya en 1995, con toda normalidad y sin problemas, la sustitución de un gobierno socialista por un gobierno conservador; pero ésta era la primera ocasión de practicar la alternancia en el sentido opuesto.
La experiencia adquiría mayor interés porque durante estos años las Comunidades Autónomas han multiplicado su volumen de competencias y su peso específico. Los gobiernos autonómicos no son instituciones con funciones poco relevantes, sino auténticos gobiernos que manejan presupuestos importantes, gestionan servicios públicos esenciales e influyen con sus políticas en sectores decisivos de la vida económica y social.
En el caso de Madrid, con más de cinco millones y medio de habitantes y la actividad económica más intensa de España, la orientación política del Gobierno de la Comunidad es un factor de gran relevancia para todos. Digamos también que la interpretación del interés general desde una óptica progresista o desde una óptica conservadora tiene efectos muy importantes para ciertos intereses particulares. Y eso es especialmente cierto, en una región como la nuestra, en lo que se refiere al sector inmobiliario y urbanístico.
Lo cierto es que lo que hubiera debido ser un trámite normal en democracia se convirtió desde el primer momento en una carrera preñada de trampas y obstáculos. Un recuento interminable en una noche electoral llena de oscuridad, todo tipo de maniobras para prolongar la incertidumbre sobre el resultado final, una enconada resistencia a admitir públicamente la derrota y, cuando muy a regañadientes se tuvo que aceptar el resultado, una masiva operación de desinformación destinada a crear inquietud sobre una negociación entre dos partidos democráticos que, por cierto, cuando ocurrió lo que después ocurrió distaba de estar cerrada.
Y lo cierto es que hoy, un mes después de las elecciones, la alternancia democrática en el Gobierno de esta Comunidad está en grave peligro. Y lo está por tres razones:
Porque desde la misma noche electoral fuerzas e intereses muy poderosos se pusieron en marcha para impedir que se cumpliera el mandato de las urnas;
Porque dos personas elegidas, para mi vergüenza, en la lista del Partido Socialista se prestaron a colaborar en ello;
Y porque el Partido Popular vio la oportunidad de recuperar lo que había perdido en las urnas y apostó desde el primer momento por hacer lo posible para que la intentona se transformase en hecho consumado. Es decir, por invalidar por la vía de los hechos las elecciones del 25 de mayo.
Llevamos dos semanas de bloqueo institucional. Los socialistas, tratando de buscar fórmulas para restablecer la eficacia del resultado electoral, para recuperar la normalidad democrática y la dignidad de las instituciones de la Comunidad. El Partido Popular, a Dios rogando y con el mazo dando, ganando posiciones de ventaja al socaire de la interinidad y forzando la máquina para desembocar cuanto antes en su fórmula mágica: carpetazo y nuevas elecciones. Carpetazo para que no se sepa lo que pasó y nuevas elecciones para ganar lo que parecía perdido.
Y mientras tanto los ciudadanos sometidos a una intolerable incertidumbre sobre el futuro de sus instituciones representativas, sintiendo crecer cada día la desconfianza respecto a la validez de su voto y asistiendo con preocupación a la emergencia de tramas de corrupción que todo lo quieren condicionar.
Señoras y señores diputados: ¿podemos estar de acuerdo en que vivimos una situación de emergencia democrática que requiere la contribución de todos para solucionarla de acuerdo a los principios de la democracia representativa, o algunos preferirán seguir manteniendo –con su característica altura de miras- que esto es simplemente un problema interno del adversario y haciendo su propio cálculo de ganancias políticas?
Estoy profundamente convencido de lo primero. Vivimos la situación más amenazadora de los últimos veinte años para la salud de nuestra democracia. En esta ocasión la amenaza no procede de los sables ni de los cañones, sino de los talonarios: pero sus efectos pueden ser igualmente destructivos.
Señorías, si a partir de este caso queda establecida en la conciencia popular la idea de que un resultado electoral puede ser invalidado mediante la compra de voluntades, la democracia representativa en España habrá sufrido un golpe de gravedad incalculable. Evitar que tal cosa ocurra debería ser la prioridad de todos nosotros por encima de cualquier aprovechamiento partidista.
Por eso y no por otra razón he tomado la decisión, tras meditarlo largamente en el seno de mi organización, de someterme a este debate de investidura. Un debate que se justifica por razones de legitimidad y por razones de oportunidad.
Este debate de investidura es legítimo porque los ciudadanos que con sus votos formaron la mayoría electoral del 25 de mayo tienen derecho a él. Tienen derecho a que las fuerzas políticas que ellos apoyaron se presenten ante la Cámara con su programa de gobierno, a que la mayoría electoral se traduzca en una mayoría parlamentaria no sometida a chantaje, a que se diga en voz alta que nadie puede secuestrar la voluntad popular para imponer su propia voluntad.
Y el pleno de investidura, además de legítimo, es oportuno. En primer lugar, porque se ha convertido en el único medio de garantizar que se cumpla el Estatuto de Autonomía y la legalidad vigente, frente al intento ilegítimo de sortear todos los plazos legalmente establecidos para precipitar un determinado objetivo político. Es oportuno también porque nos va a permitir a todos dar las explicaciones que los ciudadanos exigen sobre lo que ha ocurrido, incluidos nuestros propios errores; y es oportuno porque tendremos la ocasión de exponer y reafirmar el programa de defensa del interés general en materia de urbanismo y vivienda que ha provocado esta conspiración contra la democracia.
Soy plenamente consciente de que éste no es un debate de investidura normal. Y tampoco mi discurso se ajustará a los contenidos habituales en estas ocasiones. Trataré ante todo de responder a las dudas e inquietudes de los ciudadanos de Madrid en el momento presente. Y a mi juicio, tales dudas se centran en tres preguntas: ¿Qué ha pasado realmente?, ¿Qué salidas tiene la situación?, ¿Qué podemos esperar en el futuro del gobierno y del parlamento autonómico?
RELATO Y ANÁLISIS DE LOS HECHOS
Probablemente tardaremos algún tiempo en conocer todos los detalles de lo ocurrido. Pero no dude nadie de que se conocerá. Al final todo se termina sabiendo; pese a que algunos se crean invisibles, antes o después les alcanza el foco de la verdad.
Pero lo que queremos es que se sepa lo que ha pasado cuando aún puede hacerse algo al respecto. Y aunque falten detalles, lo esencial se va sabiendo. Permítanme Sus Señorías que dé cuenta de algunos hechos que probablemente todos conocen pero que, colocados juntos y en su orden, resultan esclarecedores:
En la noche del 25 de mayo el recuento de votos quedó paralizado durante varias horas sin que nadie haya dado todavía una explicación razonable al respecto. Una de las principales responsables del escrutinio era Paloma García Romero, entonces viceconsejera de Presidencia y hoy concejala del Ayuntamiento de Madrid. Desde luego, la señora García Romero pertenece al Partido Popular.
Mientras el recuento se ralentizaba, Eduardo Tamayo hablaba telefónicamente hasta en seis ocasiones con el abogado José Esteban Verdes, candidato en el Ayuntamiento de Pasajes. El señor Verdes es, casualmente, novio de la viceconsejera García Romero y militante del Partido Popular desde hace más de 20 años.
En esa misma noche, Eduardo Tamayo habló también con Francisco Bravo, titular de varias empresas inmobiliarias y de juego con intereses en muchos municipios de Madrid. El señor Bravo es, casualidad también, militante del PP y persona vinculada casualmente al Secretario General del PP en Madrid, señor Romero de Tejada.
Entre el 26 de mayo y el 9 de junio se reiteraron las conversaciones entre Eduardo Tamayo y sus interlocutores, los señores Verdes y Bravo Vázquez, del Partido Popular, además de con su mentor y socio José Luis Balbás. Este último, expulsado del Partido Socialista.
El 10 de junio, a las nueve de la mañana, Tamayo y Saez acudieron a la reunión del Grupo Parlamentario Socialista, en la que permanecieron en silencio. Al salir de la reunión, Tamayo llama de nuevo para recibir indicaciones y asesoramiento. ¿A quién llama? Al señor Verdes, hasta en cuatro ocasiones. Les recuerdo que el señor Verdes es casualmente novio de la Viceconsejera de Presidencia y antiguo militante del Partido Popular, además de persona vinculada al señor Romero de Tejada y, según los medios de comunicación, al señor Pio García Escudero, ambos, claro está, dirigentes del Partido Popular.
A las diez de la mañana del día de autos, Tamayo y Saez se aseguran de que el Pleno ha comenzado y abandonan la Asamblea. Un Grupo político de esta Cámara, demostrando grandes reflejos, reclamó que se realizara inmediatamente la votación y obtuvo la Presidencia y la mayoría de la Mesa, en contra de la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas apenas quince días antes. Ese Grupo político, beneficiario inmediato de la ausencia de los tránsfugas fue, casualmente, el Partido Popular. La nueva Presidenta de la Asamblea, del Partido Popular desde luego, nos obsequió con un cuidado discurso de agradecimiento, muy meritorio para ser improvisado.
Según se ha hecho público en los medios de comunicación, el subjefe de información nacional de Antena 3 Televisión tenía preparado el dispositivo informativo desde varias horas antes de los hechos. Recibió con todos los honores a los dos tránsfugas, que grabaron una entrevista evidentemente acordada con anterioridad. Por casualidad resulta que esta persona era un antiguo colaborador del señor Javier Arenas, casualmente también secretario general del Partido Popular.
Ese mismo día 10, el constructor Francisco Bravo se encargó, por casualidad, de reservar sendas habitaciones en un hotel de Madrid para esconder a los dos tránsfugas. Quiero recordar, por si alguien se ha perdido, que este constructor que reservó las habitaciones del hotel para Tamayo y Saez es, solo casualmente, militante del Partido Popular.
Esa misma tarde, el mismo constructor Francisco Bravo se personó en la sede central de un importante partido político de Madrid. Tanto él como su interlocutor, el propio secretario general de ese partido en Madrid, reconocen que mantuvieron negociaciones políticas en torno a algunos puestos institucionales en nuestra región. Pero al parecer, casualmente, no hablaron del caso que protagonizaba todas las portadas de los informativos y en el que el señor Bravo jugaba un papel significativo. La sede que visitó el señor Bravo el día de autos para hablar de política era, por casualidad también, la sede del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova
Así pues, el día del golpe, el diputado electo Tamayo conversa tres veces con un militante del PP, José Esteban Verdes, novio de la viceconsejera Paloma García Romero del PP; coordina sus declaraciones con un periodista próximo al PP, se aloja en secreto en un hotel reservado por un promotor inmobiliario militante … del PP. Y ese mismo día , el mismo promotor del PP visita en la sede central del PP a Romero de Tejada, secretario general en Madrid ¿de qué partido?… del PP. Y con su golpe institucional, facilita el control de la Cámara ¿a quién?….. Tal vez lo hayan adivinado: al Partido Popular.
Las declaraciones del señor Tamayo, porque la señora Saez no habla, coinciden en los argumentos y hasta en los tiempos con las declaraciones que hacen los dirigentes de un determinado partido político. Se habla primero de la supuesta "radicalización" del Partido Socialista, más tarde de la "maldad intrínseca" en los acuerdos con Izquierda Unida, después del peligro que corren supuestamente los conciertos educativos. Se atribuye la crisis a supuestos conflictos internos en el PSOE y a delirantes acuerdos incumplidos. Se amenaza sincrónicamente con querellas. Se vaticina o pronostica un gobierno ilegítimo del PSOE hipotecado por los señores Tamayo y Saez. Las palabras del señor Tamayo coinciden siempre, casualmente, con los argumentos esgrimidos por los dirigentes del Partido Popular.
Los empresarios Bravo y Vázquez dirigen un holding de empresas inmobiliarias implicadas en grandes operaciones urbanísticas, frecuentemente irregulares, a juzgar por las numerosas querellas de la fiscalía de Madrid que les afectan de una u otra manera. Estas operaciones tienen lugar prioritariamente en los municipios de Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Sevilla la Nueva, Villamanta, Arroyomolinos, Brunete, Boadilla del Monte, y un largo etcétera. Los Ayuntamientos de estos municipios están gobernados, casualmente desde luego, por el Partido Popular.
Arpegio, empresa pública de la Comunidad de Madrid, adjudicó, casualmente en los días previos al comienzo de la campaña electoral, una serie de parcelas en Navalcarnero y Arroyomolinos a las empresas de los señores Bravo y Vázquez. Arpegio estaba dirigida, no por casualidad en este caso, desde una Consejería del Gobierno del Partido Popular.
Recientemente ha sido descubierta y denunciada por la Fiscalía de Madrid una gran operación especulativa y fraudulenta en el municipio de Alcorcón. La lista de los implicados la encabeza el propio exalcalde de Alcorcón, y en ella figuran, casualmente los empresarios, Vázquez y Bravo. El referido alcalde de Alcorcón pertenecía, lo habrán deducido ustedes enseguida, al Partido Popular.
El pasado día 23 de junio Tamayo y Sáez acudieron a la Cámara. Tras tomar posesión de sus escaños, votaron junto a un grupo parlamentario de esta Cámara la composición de la Diputación Permanente y éste mismo grupo les concedió el estatus y las ventajas de miembros del Grupo Mixto. El Grupo Parlamentario en cuestión era, casualidades de la vida, el Grupo del Partido Popular.
Hasta aquí los hechos. Pero, ¿cómo hemos de interpretarlos?, ¿cuántas casualidades estamos dispuestos a aceptar antes de extraer conclusiones lógicas? ¿cuáles son las claves, los móviles e intereses que conducen a estas actuaciones?
Empecemos por la conclusión: estamos ante un caso de irrupción de intereses económicos en la vida política. Desde siempre los sectores económicos detentadores de grandes intereses han tratado de influir sobre las decisiones políticas para orientarlas a su favor; y la obligación de los responsables políticos es mantener su autonomía y su vinculación al interés general.
Lo específico de este caso es: primero, que se trata de violentar el resultado de unas elecciones recién celebradas; y segundo, que la operación cuenta con importantes conexiones en la propia esfera política y con la visible complacencia de sus beneficiarios políticos.
Señorías, las decisiones del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de política urbanística y de vivienda afectan a negocios –actuales o futuros- de miles de millones. Ha saltado a luz en estos días el caso de Alcorcón: una operación de recalificación de terrenos que puede suponer más de un billón de pesetas para sus promotores. Los desarrollos urbanísticos de muchos municipios van ligados a operaciones multimillonarias de venta y construcción. La empresa pública Arpegio dispone de suelo para edificar y el uso que de él haga incide notablemente en el volumen de negocio de muchas empresas del sector; y la legislación sobre suelo y vivienda es determinante para un mercado que vive una desbocada cabalgada de los precios a causa de una especulación contemplada por los poderes públicos del PP cuando menos con tolerancia.
Todo eso pasa por decisiones que, en el ámbito político, corresponden en gran medida al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pues bien, parece claro que algunas personas y grupos económicamente poderosos consideran que sus intereses particulares están bien protegidos con un gobierno del Partido Popular y no lo estarían con un gobierno del Partido Socialista.
No ha habido nunca lugar a engaño: desde el primer día anuncié que si los ciudadanos me daban su apoyo en las urnas, una de mis prioridades como Presidente de la Comunidad sería someter la política de urbanismo al interés público, combatir la especulación del suelo, considerar la vivienda como un derecho más que como un producto y estimular por todos los medios legítimos la oferta de viviendas dignas a precios razonables.
Mensaje emitido y mensaje recibido: si gobierna Simancas, se acabó el chollo. Cualquiera que sea el resultado electoral, se dijeron algunos, hay que hacer lo que sea necesario para garantizarnos un gobierno que nos favorezca. Es decir, un gobierno de los nuestros. Es decir, un gobierno del PP.
Por eso en la misma noche del 25 de mayo se puso en marcha el dispositivo para subvertir el resultado electoral.
Pero el dispositivo no hubiera podido funcionar por sí sólo: necesitaba apoyos políticos. Y en concreto necesitaba que se cumplieran dos condiciones:
Que hubiera personas dentro del Partido Socialista dispuestas a colaborar, es decir, dispuestas a corromperse.
Que el Partido Popular consintiera en recoger el beneficio político de la operación.
Desgraciadamente, ambas condiciones se han cumplido. Y para empezar, no quiero ocultar ni disminuir la responsabilidad que en ello nos toca.
Este golpe a la democracia ha sido posible porque dos personas elegidas en la lista del Partido Socialista se han prestado a participar en él. No caben medias tintas: nosotros los incluimos en nuestra lista y pedimos a los ciudadanos que los votaran junto con el resto de sus integrantes. Tendrán razón los electores de buena fe que nos digan: nosotros los votamos porque vosotros los pusisteis ahí.
A veces en los partidos políticos el deseo de la máxima integración posible y el afán de evitar conflictos se sobrepone al rigor en la selección de las personas que se incluyen en una lista. Es un error que, en esta ocasión, estamos pagando caro. Naturalmente, jamás pudimos imaginar que estas dos personas hicieran lo que han hecho; quizá fueran poco queridos para algunos, pero no se les consideraba tan absolutamente indignos como han resultado ser.
Como algún ciudadano –espero que pocos- aún puede albergar alguna duda
sobre los móviles de su actuación, quiero despejarlas por completo. Tengan la certeza de que la actuación de estas dos personas no tiene la menor relación con cualquier inquietud, reivindicación o discrepancia política que, por otra parte, jamás manifestaron cuando tuvieron ocasión de hacerlo en el seno de Partido Socialista.
Consumada la traición, reaccionamos de inmediato: expulsamos de nuestras filas a los dos corruptos y a su mentor político y pusimos en marcha los mecanismos necesarios para esclarecer los hechos. Incluso hemos interpuesto una querella por delito de cohecho continuado contra estas personas, sus supuestos instigadores y sus cómplices. Lástima que el Fiscal General del Estado no se haya sentido concernido por un caso que afecta de forma tan evidente al interés público. Sin duda, porque, como ya ha demostrado con reiteración, su interés está lejos del interés público.
Todo ello, no obstante, no nos exime de nuestra responsabilidad. Nos equivocamos e incluimos en nuestra lista a dos personas que no lo merecían. Por ello pedimos disculpas a los ciudadanos y nos proponemos evitar que esto se pueda repetir en el futuro. Creánnos, lo haremos con la determinación y la eficacia necesarias.
Pero para contemplar la situación en su conjunto hay que mirar en todas direcciones. Porque si nosotros tenemos mucho que explicar sobre los corruptos, en el otro lado de la Cámara tienen mucho que explicar sobre los presuntos corruptores. Con una diferencia importante: los corruptos estaban en el Partido Socialista y ya no lo están. Los presuntos corruptores estaban y siguen estando en el Partido Popular, que los ampara y defiende además de beneficiarse de sus actos.
Como ya hemos avanzado, los dos diputados corruptos hablan constantemente, en el día de su traición y en los días siguientes, con dos importantes empresarios inmobiliarios que pertenecen al Partido Popular. Uno de esos empresarios incluso les busca refugio tras la fechoría. El mismo empresario del Partido Popular que esa misma tarde acude a despachar asuntos políticos a la sede central de su partido, donde es recibido con todos los honores del caso por el propio Secretario General del PP de Madrid. El mismo empresario del Partido Popular que, según los medios de comunicación, tutea al Sr. Aznar en las pistas de Baqueira y que se las arregló para que el Gobierno del Partido Popular diera a su empresa el título de Madrid Excelente. Nada más y nada menos que Madrid Excelente, señores del PP. Menuda excelencia.
Los empresarios en cuestión actúan preferentemente y tienen sus principales negocios en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, en donde disfrutan de excelentes contactos y parecen encontrar todo tipo de facilidades.
Otro de los interlocutores favoritos de los dos diputados corruptos en esos días es un abogado que, casualmente, también pertenece al Partido Popular y está ligado a una exviceconsejera –actual concejala- del mismo partido.
Lo cierto es que a medida que avanzamos en el conocimiento de los hechos comprobamos que todas las armas del árbol conducen al mismo tronco y que el tronco está alarmantemente próximo a la calle Génova.
Pero todas estas presuntas casualidades, siendo significativas, lo serían menos si el Partido Popular desde el primer día hubiera renunciado claramente a obtener cualquier ventaja política de la situación creada por los dos corruptos. No ha sido así, sino al contrario:
Al Partido Popular le faltó tiempo el mismo día 10, en plena confusión, para hacerse con la Presidencia de la Asamblea y con la mayoría de la Mesa;
El Partido Popular, a los diez minutos de consumarse la traición, se lanzó en tromba a exigir la convocatoria inmediata de nuevas elecciones, pasando incluso por encima de los plazos estatutarios.
El Partido Popular impuso su circunstancial mayoría para inventarse un ridículo período de sesiones de seis días de duración que le abriese la puerta a su designio de precipitar la convocatoria de nuevas elecciones.
El Partido Popular ha unido sus votos a los de los diputados corruptos y les ha premiado dándoles la llave de las decisiones de la Cámara en la Diputación Permanente. Y les ha premiando también otorgándoles todos los derechos y privilegios que corresponden a los grupos parlamentarios.
El Partido Popular ha ejercido como altavoz mediático de los corruptos, repitiendo en coro las insidias destinadas a presentar una supuesta guerra de intereses inmobiliarios en el seno del PSOE.
No, señores, los grandes intereses inmobiliarios están donde están, que por otra parte es donde siempre han estado. Los intereses inmobiliarios ilegítimos están frente a mí, no detrás de mí. Por eso ha pasado lo que ha pasado.
Lo sucedido, Señorías, se resume, por tanto, en lo siguiente: poderosas fuerzas económicas han montado una operación para impedir que se cumpla la decisión de las urnas y para garantizarse un gobierno favorable a sus intereses, que ellos identifican con un gobierno del PP. Para ello han contado con la venalidad de dos diputados socialistas y, al menos, si no es más, con la disponibilidad del PP para recoger los frutos políticos de la operación. Y ahora toca que entre todos encontremos la mejor salida a tan peligrosa situación.
III. LAS SALIDAS
Llegados a este punto de la crisis, sólo hay tres posibles salidas:
La primera es que uno de los dos principales partidos acepte gobernar con la actual composición de la Cámara. En lo que se refiere al Partido Socialista y a mí como candidato a la Presidencia, tal hipótesis está totalmente descartada. En ningún caso gobernaré con esta Cámara mientras los dos escaños robados no sean devueltos y sus actuales usurpadores abandonen el Parlamento.
Algunos amigos me han animado de buena fe a aceptar la investidura, si esta se produjera, y tratar de gobernar, aunque sólo sea para que la conspiración no cumpla sus objetivos y para desenredar la trama. Pero entiendo que ello iría en contra de la dignidad de esta institución y del propio sistema democrático. Y sobre todo, han de saber que tal posibilidad resulta incompatible con mi conciencia personal y con mi conciencia política. Respecto a la primera, porque no me sentiría tranquilo conmigo mismo: quiero ser Presidente de la Comunidad de Madrid porque los ciudadanos han decidido con sus votos que asuma el liderazgo de un Gobierno de progreso, para afrontar las necesidades y los retos colectivos de esta región, pero esos mismos ciudadanos esperan que actúe desde los principios de la dignidad y la decencia que prometí en campaña, y con la actual configuración de la cámara eso no es posible. Alguien, en una entrevista publicada hoy, dice que para estar en política hay que tener estómago para esto y para más. Yo no tengo ese estómago y estoy orgulloso de ello. Además, no estoy de acuerdo con el vaticinio.
Pero tal posibilidad es contraria también a mi conciencia política, porque en democracia no puede aceptarse que un gobierno esté permanente expuesto al chantaje de dos individuos que han acreditado su carencia de escrúpulos. Un gobierno no debe estar prisionero de nadie; y mucho menos, de comportamientos corruptos.
He leído que estos dos diputados declaraban su intención de votar mi investidura. Vaya por delante que no me lo creo. Pero por si acaso su plan premeditado incluyera tal intención, digo desde ahora que rechazo esos votos y que no los quiero. Hasta el momento, esos dos votos se han situado junto a los escaños que están frente a mí. Están bien donde están. Que sigan ahí, si es que pretenden seguir usurpando el puesto que no les corresponde.
La primera salida, pues, no es salida. No habrá un gobierno presidido por Rafael Simancas con la actual composición de la Cámara.
La segunda salida es, en mi opinión, la única compatible con la dignidad: que los dos diputados usurpadores abandonen los escaños y permitan restablecer la virtualidad de las elecciones del 25 de mayo. Y es la que hoy vuelvo a pedir.
Ya sé que esa solución es la que menos gusta a los dirigentes del PP, que han hecho todo lo posible por hacerla inviable. Como el jugador que ha recibido cartas perdedoras, aprovechan el desorden para reclamar que se tire la baraja y se reparta de nuevo. Pero es la única que no supone un fracaso democrático.
La devolución de los escaños robados no repararía el daño causado a la democracia, pero evitaría que éste fuese aún mayor. La renuncia a los escaños permitiría dejar el golpe en intentona. Y quizá haría posible para sus dos protagonistas que algún día alguien les mire a la cara sin desprecio.
Esta salida requiere que todos los demócratas reclamemos la restitución de la democracia, que se basa en que la voluntad popular expresada en las elecciones es sagrada y nadie puede alterarla. Desgraciadamente, los dirigentes del PP han considerado secundario este principio frente a la oportunidad de retener el poder.
La tercera salida es la que le gusta a la Sra. Aguirre, la convocatoria de nuevas elecciones. Es muy posible que finalmente tengamos que llegar a esa solución, pero ninguna persona responsable debería sentirse satisfecha por ello.
Debemos tener claro que la celebración de nuevas elecciones no es un avance de la democracia, sino un retroceso. Comparto plenamente la coherencia y la firmeza con la que Izquierda Unida ha mantenido este criterio desde el primer día de la crisis. Y aprovecho para reiterar al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida nuestro respeto y nuestra consideración por la actitud constructiva y de defensa firme de la dignidad democrática que ha mostrado en estos días.
Las elecciones del 25 de mayo fueron válidas a todos los efectos. Es más, fueron unas de las elecciones autonómicas con mayor participación desde que existe la Comunidad de Madrid. De ellas salió una mayoría política con capacidad para formar un gobierno estable. Su legitimidad es indiscutible: anular su resultado para celebrar otras pocos meses después es un fraude a los votantes. Y si eso se produce a causa de la maquinación de unos pocos personajes corruptos, es una derrota de la que los demócratas tenemos que avergonzarnos.
Repito, con toda probabilidad iremos a unas elecciones repetidas. Pero si tal cosa ocurre, para nosotros hay dos requisitos irrenunciables:
i. Uno. Que se respeten los plazos y las formas que establece el Estatuto de Autonomía y la Ley. Sin atajos y sin ventajismos. También aquí conviene aclarar algo al ciudadano con dudas. En la discusión de estos días, la posición del PP y la nuestra conducían al mismo resultado final: elecciones en octubre. La diferencia es que el PP quería cerrar apresuradamente la puerta a cualquier otra solución y nosotros mantenemos la necesidad de respetar los plazos legales.
ii. Y dos. Que se sepa todo lo que ha ocurrido. Si las elecciones se tienen que repetir a causa de una crisis provocada por dos diputados corruptos, los ciudadanos tienen derecho a conocer todos los detalles. El origen de la crisis y su desarrollo posterior; sus causantes, sus víctimas y sus beneficiarios; los objetivos declarados y los no declarados. Las conexiones y los apoyos. Todo.
En los próximos meses nos dedicaremos a ello. Tengan la seguridad de que, llegado el caso, los ciudadanos acudirán a las urnas con una información detallada de lo que ha ocurrido. Y quizá entonces algunos no se sientan tan felices de haber provocado la repetición de las elecciones.
LAS PROPUESTAS
Señorías, esta Comunidad tendrá finalmente un Gobierno. O bien por que se restablezca el legítimo resultado del 25 de mayo, o bien porque se celebren nuevas elecciones. En mi opinión, el golpe sufrido altera las prioridades de la legislatura. El próximo gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá que dedicar una parte sustancial de su esfuerzo a reconstruir el prestigio y la confianza en las instituciones democráticas y a luchar contra la corrupción urbanística. Para ambas tareas necesitará la colaboración de las fuerzas políticas y sociales y el respaldo de la opinión pública.
DEMOCRACIA
Recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los mecanismos democráticos pasa, en primer lugar, por evitar que se repitan en el futuro situaciones como la que ahora vivimos. Reconocidos nuestros errores, pongamos manos a la obra para no volver a caer en ellos:
En primer lugar, hay que investigar de verdad lo ocurrido. Basta ya de utilizar las propuestas de comisiones de investigación como arma arrojadiza contra el adversario político. A todos nos interesa saber lo que ha pasado porque necesitamos que no vuelva a pasar, y porque es de justicia que los responsables de esta trama sean identificados y respondan ante el país. ¿Es posible una investigación parlamentaria rigurosa y no sectaria? ¿Cabe una actuación judicial que determine el posible contenido delictivo de los hechos? ¿Reaccionará el Ministerio Fiscal? Todo ello es necesario para llegar a conocer la verdad y establecer las responsabilidades.
En segundo lugar, los partidos políticos debemos extremar nuestro rigor y fortalecer los mecanismos de control y prevención interna a la hora de elaborar listas electorales. En un sistema electoral como el nuestro, de listas cerradas y bloqueadas, el voto de los ciudadanos adquiere un cierto carácter de contrato de adhesión: se vota a quienes figuran en una lista no por sus méritos personales –que con frecuencia son desconocidos- sino porque vienen presentados y avalados por su partido. Esto aumenta la responsabilidad de los partidos a la hora de seleccionar a los candidatos.
Pero también habría que fortalecer los mecanismos de control externos a los partidos. Por eso propongo introducir las modificaciones legislativas y reglamentarias precisas para que todos los candidatos a diputados estén obligados a presentar una completa declaración de actividades, bienes y rentas, suyos y de sus cónyuges o compañeros, para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Al ser elegidos y al concluir su mandato.
Propondremos a todos los demás partidos ampliar los acuerdos antitransfuguismo, con el fin de que todos quedemos comprometidos, en la práctica y no sólo de palabra, a renunciar a cualquier ventaja política derivada de este tipo de conductas en cualquier nivel: no solo el municipal, sino también en el ámbito autonómico y en el ámbito nacional.
Propondremos reformas reglamentarias, especialmente en lo que se refiere al Grupo Mixto. El Grupo Mixto fue concebido para dar cabida en la actividad parlamentaria a las formaciones políticas que, habiéndose presentado a las elecciones, obtienen una representación inferior a la necesaria para formar un Grupo Parlamentario propio. De ahí a utilizar el Grupo Mixto como un refugio de tránsfugas, hay un trecho que no debemos permitir que se recorra.
Ningún precepto jurídico debería obligarnos a premiar a los tránsfugas con los privilegios de todo tipo –políticos, representativos y hasta económicos- que conlleva el formar un grupo parlamentario. El Diputado que abandone el partido por el que fue elegido y se niegue a renunciar a su escaño debería pasar a ser considerado como diputado no adscrito, con los derechos individuales que le correspondan como diputado pero sin formar parte de ningún grupo parlamentario y, por lo tanto, sin las ventajas que ello supone de representación, por ejemplo, en Junta de Portavoces o en la Diputación Permanente.
Personalmente, he de decir también que coincido con el Presidente del Tribunal Constitucional y con Francisco Rubio Llorente, ponente en su día de la famosa sentencia 10/83, que recientemente se han mostrado partidarios de revisar la doctrina que atribuye al diputado la titularidad prácticamente inviolable del escaño, y que en consecuencia deja desarmado al sistema democrático frente a comportamientos como los que aquí estamos padeciendo por parte de dos diputados tránsfugas. Creo que en un sistema electoral como el nuestro, tal doctrina encierra contradicciones insalvables.
En este sentido creo necesario animar un amplio debate político, a nivel nacional incluso, con el objetivo de valorar la propuesta de que un Parlamento, por una mayoría muy cualificada, de tres quintos o de cuatro quintos incluso, pueda declarar la indignidad de uno de sus miembros. Tal indignidad política o institucional consistiría en la manifiesta vulneración del mandato otorgado por los electores en la candidatura a la que concurrió a las elecciones. La declaración de indignidad llevaría aparejada su expulsión y la pérdida del escaño.
Fíjense que no hablo de que un partido expulse a uno de sus diputados, sino de que la inmensa mayoría de los parlamentarios coincida en que uno de ellos es indigno, por su comportamiento, de pertenecer a la Cámara. Hay derecho comparado aplicable en varios países, Portugal por ejemplo. No obstante, piénsese que el Reglamento de la Cortes de Castilla-La Mancha posibilita la expulsión del diputado, por acuerdo de una mayoría de tres quintos en la Cámara, cuando se compruebe el simple incumplimiento de la obligación de declarar bienes y actividades, cuando esta ocultación sea relevante por importancia económica o relevancia social. Si se puede expulsar a un diputado por ocultar la posesión de un Ferrari, y nadie, que yo sepa, ha recurrido al Tribunal Constitucional este precepto, ¿por qué no pensar en una declaración de indignidad que tenga efectos similares?. Esto es mucho más grave.
Existen otros precedentes significativos. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional posibilita a sus integrantes expulsar, mediante una mayoría cualificada, a cualquiera de sus miembros sin mantiene una conducta que se juzgue subjetivamente irregular o inapropiada. Lo mismo ocurre en el Consejo General del Poder Judicial en virtud de la Ley Orgánica que lo regula. Acuérdense de que varios miembros de este órgano intentaron expulsar al juez Estevill. No lo lograron, porque no reunieron los votos suficientes, y al final el referido juez fue efectivamente condenado por las acusaciones que se le hacían. Entiendo que merece la pena estudiar este camino. Hoy, simplemente, dejo la propuesta encima de la mesa.
URBANISMO
La otra prioridad del futuro gobierno de Madrid es la lucha contra la especulación y la delincuencia urbanística. Los hechos de los últimos días nos han mostrado brutalmente la gravedad de este problema. Estamos ante un auténtico cáncer que amenaza con contaminar todas las esferas de la vida colectiva de nuestra Comunidad. Contamina y condiciona la actividad económica, produciendo subidas de precios escandalosas y artificiales que no se corresponden con las condiciones del mercado, para lucro exclusivo de unos pocos; contamina y condiciona la vida social, al impedir a los jóvenes y a las familias el acceso a la vivienda; y como acabamos de ver, contamina y condiciona la vida política creando en ella focos de corrupción, estimulando la compra de voluntades y llegando a desafiar al sistema democrático.
El cáncer de la especulación y la delincuencia urbanística ha crecido en Madrid ante la complaciente pasividad de los gobernantes del Partido Popular. Una de las declaraciones más provocadoras e irresponsables de los últimos años corresponde al actual ministro del ramo, que se felicitaba del alto precio de la vivienda porque, según él, era un síntoma de salud económica. De la salud económica de sus amigos, señor ministro.
El peligro de que la tolerancia –cuando no la connivencia- con la especulación diera paso, al cambiar el gobierno de la Comunidad, a una política de control basada en el interés público, está en el origen de la crisis política que ahora vivimos. Y precisamente por eso, porque el monstruo ha enseñado su verdadero rostro, es ahora más perentorio que nunca acabar con él. Y desde luego, lograr que no triunfe su golpe antidemocrático.
Vaya por delante que hay que distinguir con claridad a los especuladores y delincuentes de los empresarios honrados. La mayoría de los empresarios de la construcción y la vivienda son personas perfectamente honestas que se ganan la vida y contribuyen con su actividad al progreso económico. Ellos son los primeros interesados en combatir a las mafias urbanísticas que destrozan la imagen del sector. Con los empresarios hay que colaborar, contra las mafias hay que luchar.
Señorías, la dificultad para acceder a la vivienda constituye uno de los problemas más importantes de la sociedad madrileña. En los últimos cinco años, el precio de las viviendas en Madrid se ha duplicado. El aumento del precio de la vivienda multiplica por seis el incremento en el coste de la vida. Más del 70% de la población carece de recursos para acceder al mercado libre de viviendas. El esfuerzo familiar para comprar un piso ha crecido 10 puntos en el último año. Las familias madrileñas tienen que dedicar el 69% de sus ingresos anuales para pagar la vivienda: por encima de las dos terceras partes de todos sus recursos; veinte puntos más que la media española. A un hogar con un solo salario normal le resulta prácticamente imposible adquirir una vivienda.
La precariedad laboral y el precio de la vivienda forman una tenaza que condena a los jóvenes a la incertidumbre y a la dependencia de sus padres. Tenemos la edad media de emancipación más alta de Europa y de toda nuestra historia: 31 años.
La política de suelo y vivienda de los gobiernos del Partido Popular se
resume muy fácilmente: gloriosa para los especuladores, catastrófica para los ciudadanos.
Ante los desarrollos urbanísticos más importantes, hay dos clases de gobiernos del Partido Popular: los más pulcros dimiten de su responsabilidad de gobernar los diseños urbanísticos y permiten que sean los propios dueños del suelo o promotores quienes se sirvan a su antojo. Los menos pulcros colaboran directamente con los especuladores, que entran y salen de los despachos oficiales como quien anda por su casa.
El Partido Popular ha amparado en la Comunidad de Madrid el mayor proceso especulativo sobre el suelo que se ha producido en Europa durante los últimos 50 años. Unos pocos promotores inmobiliarios acaparan la propiedad de la mayor parte del suelo destinado a vivienda. Retienen esa propiedad, trafican con ella (no siempre de forma legal), y la sacan al mercado cuando y como conviene a su cuenta de resultados.
Mientras tanto, los gobiernos del PP han abandonado la construcción de viviendas protegidas o de precios asequibles. En 1995, el 50% de la vivienda que se construía en Madrid tenía algún grado de protección pública. Hoy son menos del 10%, y eso porque hay alcaldes socialistas o de Izquierda Unida que hacen un gran esfuerzo para que no desaparezca.
Sigo, Señorías. Entre los años 1999 y 2003 el Gobierno del Partido Popular ha reducido la inversión en vivienda en más de un 18%. El Instituto de la Vivienda de Madrid se ha dejado sin gastar 430 millones de euros que tenía presupuestados; con ellos se hubieran podido construir más de ocho mil viviendas protegidas. ¿Y saben por qué? Por ineficacia, desde luego. Pero también y sobre todo porque la vivienda protegida es el gran enemigo de los especuladores, que a su vez son los grandes amigos y favorecedores de quienes hoy gobiernan en España y todavía en la Comunidad de Madrid.
Habrá un gobierno progresista en Madrid. Un gobierno que se ocupará de garantizar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna en condiciones razonables. Y que trabajará para que las familias no tengan que invertir más del 30% de sus ingresos para adquirir o alquilar un lugar donde vivir.
Puesto que esto es un discurso de investidura, quiero comprometerme desde ahora ante los ciudadanos y ante la Cámara a desarrollar una política urbanística y de vivienda basada en seis objetivos:
Primero: Freno a la especulación y transparencia total para los desarrollos urbanísticos.
Realizaremos una auditoría general sobre el urbanismo madrileño, en especial sobre las grandes operaciones: su planificación, su diseño, su ejecución y la legitimidad de los intereses en juego. Esta auditoría no ralentizará, desde luego, los desarrollos legítimos en marcha.
En el plazo de un año aprobaremos el Plan Regional de Estrategia Territorial que servirá como referencia obligada para todos los desarrollos urbanísticos locales. Este Plan garantizará la preeminencia del interés general en la promoción de viviendas protegidas, la creación de equipamientos sociales y de infraestructuras supramunicipales de interés general, el equilibrio ambiental, la reserva de suelo en condiciones razonables para actividades económicas que aseguren un crecimiento potente, el impulso a las nuevas tecnologías y el empleo de calidad, así como la generación de nuevos focos de centralidad. Este Plan será un instrumento decisivo para combatir la especulación.
El otro será la ley. Modificaremos la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid a fin de favorecer la obtención y urbanización de suelo para la promoción de vivienda protegida; la transparencia del mercado y de la propiedad inmobiliaria, así como de la gestión urbanística, tanto pública como privada; la seguridad jurídica en materia de urbanismo, y la agilización de los procesos de gestión urbanística, mejorando la coordinación entre las administraciones. .
Además, me interesa especialmente destacar lo siguiente: incorporaremos a la Ley del Suelo mecanismos que penalicen económicamente de forma progresiva la retención especulativa de suelo, de manera tal que, transcurrido un año desde la aprobación de los instrumentos urbanísticos sin que el suelo haya comenzado a desarrollarse, este quedará sometido a venta o sustitución forzosa, reservándose la administración los derechos de tanteo y retracto, o en su caso, la expropiación. Espero que algunos estén tomando buena nota.
Las reuniones de la Comisión Regional de Urbanismo se celebrarán a puerta abierta para los medios de comunicación, a fin de que todos los ciudadanos puedan conocer las decisiones, y las motivaciones de las decisiones, que allí se adoptan.
Los nombres y circunstancias de los propietarios de suelo y promotores de operaciones inmobiliarias en Juntas de Compensación serán publicados en Boletines regionales y municipales para conocimiento público.
En todos los desarrollos urbanísticos relevantes se instalarán oficinas de atencion al ciudadano con información precisa y actualizada.
Crearemos una unidad especial de inspeccion urbanistica e inmobiliaria para reforzar los mecanismos de prevención y control en posibles casos de fraude y vulneraciones de la legalidad.
En definitiva, vamos a plantar cara a la especulación y a los especuladores. Los ciudadanos tienen mi garantía personal de que cuando yo sea Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid los diseños urbanísticos no volverán a decidirse en los despachos o en los restaurantes de los más poderosos. Las decisiones se adoptarán en las instituciones públicas, con luz y taquígrafos, cumpliendo la ley y atendiendo al interés general.
En segundo lugar vamos a promover un pacto por la vivienda protegida en Madrid, de acuerdo con los interlocutores institucionales, sociales y privados directamente afectados.
En los próximos cuatro años, pondremos a disposición de los ciudadanos al menos 50.000 viviendas de promoción pública en propiedad, utilizando suelos urbanizables existentes en la región, a través de consorcios públicos transparentes constituidos entre la Comunidad y los Ayuntamientos, y cuyos promotores serán tanto la iniciativa pública como el sector cooperativo y el sector privado.
Impulsaremos la vivienda en alquiler. Desarrollaremos una oferta de más de 100.000 viviendas en este régimen, de las que al menos 25.000 serán de promoción pública, especialmente para jóvenes que no habrán de dedicar a su pago más allá del 30% de sus ingresos.
Incentivaremos la salida al mercado de alquiler de buena parte de las más de 200.000 viviendas vacías existentes en la región, con ventajas fiscales, y con un Plan de Avales Públicos contra el Deterioro y el Impago.
Pondremos en marcha un nuevo sistema de ayudas directas al alquiler para personas con rentas inferiores a las 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. Esta vez funcionará bien.
Y crearemos 2.500 nuevas plazas de residencia en los campus de las universidades de Madrid, para facilitar el alojamiento de los estudiantes.
Nos proponemos potenciar la rehabilitación y remodelación de núcleos urbanos deteriorados, actuando conjuntamente con los Ayuntamientos de la región, sobre un mínimo de 10.000 viviendas al año.
Tengo el propósito de erradicar los núcleos chabolistas en la Comunidad de Madrid. Según los datos del IRYS, al menos 6.800 personas residen hoy en los 59 núcleos chabolistas de la región. Bueno, más que residir malviven en condiciones de miseria, inaceptables para una sociedad que presume de desarrollo y otorga certificados de excelencia. Este es otro de los objetivos que seguro no comparto con determinados agentes del suelo en Madrid.
Quiero eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan el movimiento a personas mayores o con discapacidad en sus residencias, así como dotar de ascensores a sus viviendas. La Comunidad financiará estas obras hasta con el 60% del gasto.
Proponemos la reducción del tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales al 4% para la vivienda protegida, y solicitaremos al Gobierno de la nación una bajada del IVA aplicable a estas viviendas.
Y pretendemos también incorporar las exigencias de eficiencia energética a las viviendas favorecidas con ayudas públicas, en aplicación de las Directivas europeas. Promoveremos incentivos y ayudas públicas para la implantación de fuentes y aplicaciones de energía solar en las viviendas, contribuyendo al equilibrio ambiental y a la lucha contra el cambio climático.
Este es el programa de urbanismo y vivienda que han apoyado la mayoría de los ciudadanos en las elecciones del 25 de mayo; el que debe aplicarse. Pero es también el programa que tanto asusta a los especuladores y a los delincuentes urbanísticos. Para evitar su aplicación se ha urdido un golpe antidemocrático y ahora, 26 años después de las primeras elecciones democráticas, es el momento de una nueva reacción cívica en defensa del sufragio universal como única fuente legítima del poder.
PROGRAMA GENERAL
Por lo demás, los ciudadanos y Sus Señorías conocen el programa con el que el Partido Socialista se presentó a las elecciones, que es a su vez la base fundamental del programa de gobierno que me propongo formar cuando se den las condiciones que lo hagan posible. Un programa que normalmente debería constituir el núcleo central de este discurso pero que, dadas las excepcionales circunstancias, me limito a recordar en sus principales aspectos.
Me gustaría lograr que la Comunidad de Madrid se caracterice e identifique, ante sus propios habitantes y ante todos los demás, por cuatro rasgos que deberían ser atributos de personalidad de la Región:
Por ser un motor de progreso económico e innovación tecnológica plenamente instalado en el tiempo europeo.
Por la calidad de sus servicios públicos.
Por actuar como elemento de cohesión y solidaridad en el marco del
Estado autonómico;
Por consolidarse como un espacio de convivencia de personas de toda clase y condición, en el que nadie se sienta extraño por su origen.
Permítanme unas pocas palabras sobre cada uno de estos aspectos:
A. En Madrid se concentra una parte fundamental de la capacidad de innovación de la economía española. Y sin embargo, estamos perdiendo peso, protagonismo y dinamismo. Entre 1999 y 2001, Madrid ha sido la séptima región de España en crecimiento económico. En 2002 el número de parados creció un 10% y el número de desempleados registrados alcanza prácticamente los 200.000. El peso de la industria madrileña en el PIB ha perdido dos puntos porcentuales. El comercio, sobre todo el pequeño y el mediano, pierde superficie y empleos. La investigación está lejos de las regiones europeas que nos han de servir como referencia. Mientras la media europea de ciudadanos con acceso a Internet es ya del 40%, en Madrid estamos quince puntos por debajo. Y mantenemos situaciones desfavorables respecto a Europa en cuanto al endeudamiento público, a la inflación o a la presión fiscal que, por cierto, ha subido en estos años.
Sin embargo, Madrid reúne las condiciones para ser una de las regiones punteras de Europa en prosperidad y bienestar si resuelve sus actuales desequilibrios e inseguridades. Esa capacidad de actuar como motor de progreso debe ser una de sus señas de identidad.
B. Después de haber asumido las competencias de Educación y de Sanidad, puede decirse que la Comunidad de Madrid tiene en sus manos la gestión de la gran mayoría de los servicios públicos esenciales. Quiero dejar claro que para mí la calidad de los servicios públicos tiene que ser una razón de ser de esta Comunidad. Y subrayo lo de públicos para que nadie se llame a engaño. Hablo de servicios prestados en régimen de universalidad, igualdad, proximidad y eficiencia: y soy de los que piensan que tal cosa sólo es posible desde una gestión que mida la rentabilidad desde el punto de vista de quien recibe el servicio y no de quien lo da.
C. El tercer rasgo estaba referido a la cohesión y la solidaridad en el marco autonómico. A mi entender, la base del sistema autonómico está precisamente en la cooperación y en la lealtad. Y quiero hacer alguna declaración de intenciones a este respecto:
A) Si asumo la Presidencia de la Comunidad de Madrid, defenderé el interés de la región y de sus habitantes por encima de cualquier otro criterio, incluido el partidario.
B) Cualquiera que ocupe el Gobierno de la Nación sabe, pues, que podrá esperar de la Comunidad de Madrid máxima cooperación institucional y máxima firmeza en la defensa de los intereses de la región.
Madrid es la Comunidad Autónoma que más contribuye a la solidaridad y a la redistribución regional, a buena distancia de la segunda. Y sin embargo, Madrid no ha sido capaz en los últimos años de hacer que se le reconozcan los recursos necesarios para hacer frente a sus propias obligaciones de gestión.
El nuevo sistema de financiación autonómica introdujo un mecanismo llamado modulación para poner un tope a los aumentos de financiación derivados del aumento de población. Esto supone para Madrid una merma de ingresos que puede cifrarse en cerca de 400 millones de Euros al año.
La consecuencia es que Madrid se ha convertido en la Comunidad con peor financiación por habitante del bloque de competencias comunes.
En cuanto a los traspasos competenciales:
El de la educación no universitaria se produjo en el momento en que doña Esperanza Aguirre recortaba todos los años los presupuestos educativos de este país. La consecuencia fue una insuficiencia de recursos que no se ha logrado compensar hasta ahora.
El de la sanidad se hizo en diez Comunidades a la vez, pero cada una de ellas negoció por separado. Los negociadores madrileños firmaron un coste efectivo de casi 10.000 millones de pesetas por debajo de lo que el INSALUD venía gastando en la región. Las demás Comunidades obtuvieron un promedio de 114.000 pesetas por habitante protegido; Madrid, de 108.000 pesetas. La peor de todas.
Y en cuanto a las inversiones, me limitaré a recordar que el incumplimiento por parte del Estado del Convenio de Carreteras supone unos 818 millones de Euros (en valores actualizados a 2003) que se deberían haber invertido en Madrid y no se han invertido.
También podría hablar de las transferencias de Justicia, del incumplido Plan Concertado de Servicios Sociales, etc.
Para cualquier Comunidad Autónoma es decisivo contar con los recursos que le permitan desarrollar su función. Y me emplearé con la máxima energía y con todos los recursos políticos y jurídicos que la ley me otorga para solucionar –espero que de forma negociada- estas situaciones.
C) La Comunidad de Madrid pierde gran parte de su significado si no se apoya y colabora con los Ayuntamientos de la Región. Desde luego, el de la capital. Pero también el resto de los Ayuntamientos de la Región. La Comunidad de Madrid tiene que recuperar su función de Diputación Provincial en lo que se refiere a su relación con los Ayuntamientos, especialmente los medianos y pequeños, que tienen que ser apoyados para garantizar que todos los ciudadanos de la Región puedan recibir servicios municipales en condiciones iguales de calidad y eficiencia.
D. Madrid tiene que seguir siendo un espacio de convivencia en el que nadie se sienta extraño cualquiera que sea su origen. Una región cosmopolita compuesta por gentes de todas las clases, nacionalidades, razas y culturas, y todos en plenitud de sus derechos cívicos. No un lugar de acogida, sino un lugar de bienvenida.
Eso, a día de hoy, exige un enfoque inteligente y civilizado de la inmigración. Un enfoque que reconozca los aspectos problemáticos del fenómeno pero también la carga de oportunidades positivas que conlleva.
Mi deseo es que nuestra tarea en el Gobierno de la Comunidad se concentre en seis áreas que considero prioritarias:
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La competitividad y la sociedad del conocimiento
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El empleo
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La vivienda
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La garantía de los derechos sociales
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La seguridad ciudadana
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La cultura
Del tema de la vivienda ya he hablado con amplitud. Me referiré con mayor brevedad a los restantes.
A mi juicio, la clave de la competitividad para una economía como la nuestra es la plena incorporación a la sociedad del conocimiento y la innovación tecnológica. Como creo haber apuntado en lo que llevo dicho, Madrid ha de buscar sus referencias no en otras regiones de España, sino en las más desarrolladas de Europa. Y en todas ellas la partida se está jugando en el tablero de la innovación tecnológica, la formación de los trabajadores y el dinamismo de los emprendedores. Ese debe ser también nuestro camino.
Este modelo de desarrollo no puede basarse en la terciarización de la economía, el descontrol urbanístico y la precariedad laboral, que es lo que ha ocurrido hasta ahora . Desde el Gobierno impulsaremos un Pacto por el Empleo Estable en Madrid. Y apostaremos por los llamados Nuevos Yacimientos de Empleo.
Cuando hablo de servicios públicos sitúo en primer lugar la garantía de los derechos sociales de todos los ciudadanos: el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a los servicios sociales, con plena sujeción a los principios de universalidad, igualdad de oportunidades, calidad, cercanía y confort. Deseo una Administración autonómica comprometida visiblemente en la lucha contra la exclusión social. No se trata de declararse neutral ante los procesos que generan la exclusión para después atender compasivamente a las víctimas, sino de ser beligerante hacia los orígenes del problema y hacer saber a quienes provocan o favorecen situaciones de exclusión que encontrarán frente a sí a los poderes públicos.
Qué paradoja y qué gran golpe para los tópicos que el gobierno más conservador desde el principio de la transición haya provocado el más profundo deterioro de la seguridad ciudadana. Pero lo cierto es que estamos ante un problema grave que, si no se afronta con rigor, alcanzará niveles de emergencia en los próximos años.
Es cierto que la Comunidad de Madrid, al carecer de policía autonómica, tiene menos competencias directas en este campo que otras Comunidades Autónomas. Pero tiene las suficientes para implicarse directamente en la lucha contra la delincuencia. Desde luego, necesitamos más medidas preventivas, sobre todo de carácter social, y más policías. España necesita, a mi juicio, un modelo policial basado en una policía nacional que atienda los delitos más graves (el terrorismo, por ejemplo) y una policía local, con medios y atribuciones suficientes, bajo las órdenes de los alcaldes y la coordinación de los gobiernos autonómicos, que prevenga y persiga los delitos de orden menor, como hurtos, robos o agresiones.
Tengo el deseo y el objetivo de lograr que Madrid se convierta en el punto de referencia cultural más importante del sur de Europa. Tenemos las capacidades para ello y, además, ahora tenemos una gran ocasión. Si Barcelona fue capaz de aprovechar intensamente los Juegos del 92, Madrid puede convertir la cita del 2012 en una potente plataforma de creatividad y de irradiación cultural hacia el mundo.
Impulsar la sociedad del conocimiento favoreciendo a la vez la creación de empleo estable; frenar el crecimiento descontrolado del precio de la vivienda; garantizar los derechos sociales de todos los ciudadanos; restablecer niveles razonables de seguridad ciudadana; y convertir a Madrid en la capital cultural del sur de Europa. He aquí los objetivos que darán sentido a la acción del gobierno cuando una Cámara libre de diputados indignos nos dé su apoyo mayoritario.
VI. CIERRE
Voy concluyendo, Señorías. En memorable ocasión, Winston Churchill dijo a uno de sus adversarios políticos: Detesto lo que usted dice, pero daría la vida para que pudiera seguir diciéndolo.
Señora Aguirre. Si usted hubiera ganado las elecciones limpiamente y alguien tratara de impedir que usted gobernase, yo lo condenaría y no lo cobijaría. Y si ese alguien fuese un traidor de su propio partido, yo lo condenaría y no lo cobijaría. Y si alguien me hubiera planteado la posibilidad de obtener ventajas políticas de la situación, yo lo hubiese rechazado de plano. Pero eso tiene que ver con la profundidad de las convicciones.
Se ha perdido una gran ocasión. ¿Qué hubieran pensado los ciudadanos si el día 10 de junio los tres partidos de esta Cámara hubiéramos dicho, al unísono, que ningún corruptor ni ningún corrupto puede cambiar la decisión de las urnas? ¿Y si todos hubiéramos actuado en consecuencia? ¿No estaría hoy mejor servida la democracia? ¿No estarían contemplándonos los ciudadanos, a ustedes y a nosotros, de otra manera? Pero para eso hubiera hecho falta una altura de miras y un sentido del Estado que ustedes están lejos de tener. Por desgracia. Les perdió el sectarismo. Como casi siempre.
Por eso en este momento prefiero dirigirme a los ciudadanos. Muchos, la gran mayoría, acudieron a votar el 25 de mayo. Y todos, votaran a quien votaran, lo hicieron sinceramente convencidos de que estaban decidiendo el futuro de su Comunidad. Así debe ser en democracia. Pero al abrirse las urnas y comprobar el resultado, alguien pensó que aquello era malo para sus intereses. Y decidió cambiarlo.
Nuestra democracia es como ciertas piedras preciosas, dura y frágil a la vez. Es dura porque resiste muy bien las agresiones que vienen de fuera: por eso el terrorismo jamás la vencerá. Pero es frágil porque soporta mal los ataques que vienen de dentro. Y este ataque viene del mismo corazón del sistema democrático, de un Parlamento recién elegido por los ciudadanos.
Espero que me crean. Tras el 25 de mayo, tenía la ilusión de ayudar desde el gobierno a mejorar las cosas en Madrid, aplicando unas ideas y un programa en los que creo de verdad. Tras el 10 de junio, sólo tengo una firme determinación: trabajar para que los cheques no derroten a las urnas. Y me da cierto escalofrío comprobar que no todos comparten esa determinación. Porque el día que las urnas capitulen ante los cheques será muy difícil desandar el camino y recuperar la confianza.
Lo he dicho muchas veces. Me considero una persona decente. Y mi gobierno será decente o no será. Por eso hoy no deseo ganar esta votación de investidura, sino decirle a los millones de personas decentes que hay en esta Comunidad, del Partido Socialista, del Partido Popular, de Izquierda Unida o de cualquier otra opción, que no vamos permitir que unos pocos indecentes se salgan con la suya y nos roben la democracia. Con seguridad. Muchas gracias.
