El caso de la minería EN LEÓN
Pérez Villar
Cuándo en 1987 Aznar se presenta a las elecciones autonómicas en Castilla y León de la mano , José María Cuevas, Presdente por entonces de la CEOE, traza una curiosa red de intereses empresariales que en justa recompensa se verán después beneficiados por su acción de Gobierno. Uno de estos intereses es el de los empresarios amigos mineros del carbón de León, con quienes se mantienen vados contactos antes de las elecciones, incluso una cena en León en la que se recaudan aportaciones a la campaña del Partido.El hombre que centraliza estos contactos es Miguel Pérez Villar, asesor fiscal de APEMA (lAsociación de Propietarios y Empresarios de Minas de Antracita) que reúne a las compañías medianas y pequeñas. Pérez Villar es promocionado y nombrado Consejero de Economía del primer Gobierno de Aznar. Cuándo éste renuncie a la Presidencia, ocupará la Vicepresidencia del Gobierno de coalición PP-CDS con Jesús Posada de Presidente.
El principal cambio presupuestario que realiza Pérez Villar en los Presupuestos de 1988 es la incorporación de una línea de ayudas a la minería, dotada con unos 1.600 millones de pesetas, que al final se repartirá fundamentalmente en el sector de la minería energética, y dentro de ella en León.
Las criticas se disparan cuando se conoce que las empresas de APEMA, que representan una parte no mayoritaria de la producción y de los puestos de trabajo (están fuera las grandes compañías) se han llevado sin embargo la parte del león en las ayudas, que Pérez Villar ha mantenido diversas relaciones de asesoramiento con empresas subvencionadas sin inhibirse en el procedimiento, que parte de las subvenciones se han utilizado para abonar indemnizaciones por despido, y que la empresa que ha recibido las mayores subvenciones (que por su cuantía fueron por imperativo legal aprobadas por la Junta de Consejeros en pleno, es decir, con intervención de SE ), RENASA, no tenía minas ni trabajadores en Castilla y León.
El PSOE piden una comisión de investigación en las Cortes, que es rechazada con los votos del PP y la abstención del CDS. Luego éste último cambia de criterio y la acepta, con lo cual al final se acaba constituyendo. El PP en esta etapa "conecta" con los vocales del CDS en la Comisión, a los que irá haciendo sucesivas ofertas políticas. Uno de ellos será diputado provincial del PP en la legislatura siguiente. Otro acabó de delegado territorial de la Junta en León. Así fabrica una mayoría en la Comisión, que rechaza las evidencias y aprueba un dictamen descafeinado en marzo de 1991, pocos meses antes de las nuevas elecciones autonómicas.
El PSOE remite las actuaciones a la Fiscalía, que inicia el procedimiento de oficio. Para ‘blindar" a Pérez Villar, que ha salido elegido procurador en Cortes en las elecciones de 1991, el PP le nombra senador por la Comunidad Autónoma, con lo cual se garantiza un juicio en el Supremo, ya que según declaraciones de Pérez Villar el juez instructor de Valladolid era parcial "a favor del PSOE.
La sentencia del Supremo se produce el 12 de julio de 1995. Pérez Villar deja de ser senador y le condena por una delito continuado de prevaricación en la concesión de las ayudas a 8 años de inhabilitación. Desde 1991 Pérez Villar, que ha dejado de ser Consejero, ha entrado en el Consejo de Administración de algunas de las empresas subvencionadas, ha constituido otras sociedades con algunos de los principales beneficiarlos de sus subvenciones, y las sociedades en que ha participado han vuelto a ser acreedoras en algunos casos de subvenciones de la Junta.
La sentencia del Supremo declara legales dos subvenciones, a RENASA ( no tenía minas ) y Minas de Ventana ( utilizó la subvención para pagar despidos por un importe global de 150 millones ) Se abre aquí un nuevo capítulo del caso puesto que la Junta no acepta declarar automáticamente la nulidad de las subvenciones, sino que solicita informe del Consejo de Estado, luego paraliza en este organismo la emisión de su dictamen preceptivo pidiendo más tiempo, y al final acaba pidiendo al Consejo de Estado que no declare la nulidad de las subvenciones porque esto "perjudicaría el interés de la Comunidad Autónoma".
El Consejo de Estado rechaza el criterio de la Junta, recomienda declarar la nulidad y que se solicite el reintegro de las cantidades indebidamente otorgadas, sin perjuicio de reconocer que las empresas no tienen por qué hacer frente a esta devolución si, como consecuencia de las subvenciones, han efectuado debidamente gastos concretos. La Junta acata a su pesar el dictamen, declara la nulidad de las subvenciones, pero no solicita la devolución a los funcionarios que han dictado la resolución injusta (Pérez Villar y su Director General de Economía, Javier Valenzuela que con los años se vió involucrado en el denominado CASO GESCARTERA, sino a las empresas, y todo esto después de dos años y de reiteradas peticiones del PSOE en las Cortes de Castilla y León.
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