CASO TOTANA : OPERACIÓN TÓTEM
ANTICORRUPCIÓN
DETALLA LAS CORRUPTELAS DEL EXALCALDE DE TOTANA
Exigió más de
15 millones en comisiones urbanísticas.- Se le han hallado más de 500.000
euros en dinero negro entre 2006 y 2007 frente a unos ingresos oficiales de
menos de 50.000 anuales.- La Fiscalía solicita una pena de más de 28 años de
cárcel.
La Fiscalía Anticorrupción
presentó el pasado viernes su escrito de acusación contra el exalcalde de
Totana y aún diputado autonómico murciano Juan Morales Cánovas. El escrito
desgrana todos los indicios de corrupción urbanística hallados durante la
investigación: cohecho, blanqueo de capitales, fraude, falsedad,
malversación, etcétera, en un alegato contra el exdirigente del PP. La
Fiscalía solicita para el diputado una pena de 28 años y ocho meses de
prisión.
"En la legislatura de
2003-2007, siendo alcalde y amparándose y aprovechándose de tal condición de
máximo responsable municipal" Morales fue "un triste y claro ejemplo de lo
que nunca debe hacer un cargo público, esto es, el usarlo para servirse del
mismo con un fin estrictamente privado, buscando en muchos casos de una
forma desmedida el beneficio económico particular, y en otros casos buscando
el trato de favor para sus amistades, utilizando para conseguir tales fines
todos los mecanismos e instrumentos necesarios para no dejar rastro o
huellas de sus quehaceres al margen de la más elemental normativa y sin el
más mínimo recato tanto él directamente como, en la mayoría de los casos a
través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, y tanto públicas
como privadas, a las que utilizaba como testaferros a modo de parapeto a fin
de ocultar que detrás de esos movimientos estaba su persona".
Tan inmenso manejo habría
sido imposible si Morales no se hubiera dotado del poder absoluto: "al menos
desde 2004 centralizó en su persona todas las actuaciones urbanísticas
importantes del municipio, y entre ellas destacaba todo lo relacionado con
la tramitación del plan general de ordenación urbana".
Asumió "toda la
documentación relativa a los convenios urbanísticos, sobre los que inició
una cruzada para conseguir tramitar y firmar el mayor número de convenios".
Y todo ello "movido por un interés privado" al calor de "unas plusvalías muy
importantes en una época de bonanza económica como la que se vivía aún en
aquellas fechas, teniendo así una vía fácil para la participación personal
en las citadas plusvalías, a las que en muchos casos se les denomina
coloquialmente pelotazos, pues como se ha apuntado, la localidad de
Totana era municipio en el que se llegaron a tramitar un número aproximado
de 60 convenios urbanísticos a instancia del citado alcalde acusado,
situación idónea que servía como caldo de cultivo de prácticas como las que
se van a citar a continuación, llegando incluso a utilizar de forma habitual
la maniobra de contactar él directamente o a través de terceros tanto con
los dueños de los terrenos rústicos o no urbanizables como con los propios
promotores inmobiliarios interesados en el desarrollo urbanístico,
solicitando a muchos de ellos sin pudor compensaciones económicas cuyo
destinatario iba a ser él".
El escrito detalla que
Morales, tras perder la alcaldía de Totana en 2007 ?que ocupó entre 1995 y
1999 y 2003 a 2007-, siguió tutelando sus intereses privados desde su puesto
de diputado regional, escaño que ocupa desde 2003 a la actualidad. "Siguió
aprovechándose de su condición de servidor público con posibles influencias
en la Administración, al ser miembro de la comisión parlamentaria de
Ordenación del Territorio en la asamblea regional".
El exalcalde no dejó nada
al azar. "Morales es el que propicia desde el principio la existencia de esa
comisión ilegal pues es el que la solicita, es él quien concreta la cantidad
a abonar, él ordena y coordina la operación, él exige la firma de un
documento público de reconocimiento de deuda y es él el que firma el
convenio...".
La investigación de estos
hechos se produce a partir de una denuncia gracias a la información
comprometedora para Morales proporcionada por un miembro de la trama,
Emiliano Ovide, que entrega a un miembro de la oposición local.
Ovide, en contacto estrecho
con Manos Limpias como acreditan las grabaciones sumariales, hizo llegar el
recado de que iba a denunciar los hechos para obligar a que se le pagara su
parte del pastel. Ovide mostró pruebas de que por una sola operación estaba
en juego una comisión de tres millones de euros. La fiscalía tiene indicios
de que las comisiones solicitadas superaron los 15 millones de euros.
Fruto de tales operaciones
y "actividades paralelas", Anticorupción ha hallado que Morales tiene "una
gran cantidad de dinero que excedía con mucho su capacidad de ingresos por
la vía oficial, teniendo tanto un exceso de movimiento de dinero en metálico
como una gran actividad en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, que
no ha podido justificar su procedencia lícita".
En concreto, el fiscal
encargado del caso le imputa el manejo de más de medio millón de euros de
dinero negro en un lapso muy concreto, entre 2006 y 2007, cuando en dichos
años todos sus sueldos oficiales no superaban los 100.000 euros.
Igualmente, se le ha
descubierto un inextricable bosque de transferencias y pagos a través de su
red de empresas tapadera y testaferros.
www.elpais.es 07.03.11
DE CÓMO HACER “LA PIRULA”
PARA COMPRAR FINCAS PARA EL ALCALDE DE TOTANA
La Guardia Civil puso en marcha
una nueva investigación patrimonial del alcalde de Totana, José Martínez
Andreo, del Partido Popular. Tras recabar información tanto del entorno
familiar como del círculo más inmediato de relaciones del regidor municipal,
la investigación pone de manifiesto la relación entre Martínez Andreo,
Sergio Vicente López Cánovas, la mercantil World Services Levante S.L.,
Movale S.L. y Contenedores Santa Ana S.L. según un documento policial en
poder de VMPress.
En las conversaciones
registradas por la Guardia Civil, el alcalde de Totana comenta la necesidad
de hacer “la pirula” a la hora de adquirir determinadas propiedades.
El concejal
Sergio Vicente López Cánovas,
concejal de Servicios y Mantenimiento fue administrador de la sociedad World
Services Levante, aunque cesó poco antes de tomar posesión como edil. No
obstante, como dato a tener en cuenta, la citada mercantil tiene como
domicilio el mismo en el que reside el concejal popular.
Del análisis realizado por los
agentes participantes en la investigación se desprende una estrella relación
entre José Martínez Andreo, alcalde de Totana, Sergio Vicente López, y la
mercantil World Service Levante. Una relación que se pone de manifiesto en
una intervención telefónica desarrollada durante la investigación, y que el
documento policial recoge como Transcripción número 2818.
Perico
El 3 de agosto a las 22:28
horas, José Martínez Andreo recibe una llamada de Perico (Pedro de World
Services). En esta conversación que se transcribió de forma literal hablan
de la compra de una finca por parte del alcalde en cincuenta millones de
pesetas. Andreo comenta que ha hablado de este tema con Sergio para ver cómo
hacer la operación, porque luego “tienen que hacer la pirula para segregar
a nombre de quién poner la finca, si de Perico o de la sociedad de Javi”.
Esta conversación pone de
manifiesto uno de los negocios que Andreo quería desarrollar con “Perico” y
Sergio Vicente López Cánovas. La operación en cuestión consistía en la
compra de unos 7.500 metros cuadrados de terreno que luego tenían la
intención de segregar en tres porciones iguales para la construcción de tres
viviendas.
Según la Guardia Civil, Andreo,
al comentar que tienen que hacer la “pirula” para segregar y ver a nombre de
quien ponen la finca, “da muestras con ello de la intención de ocultar la
verdadera propiedad de la finca, en colaboración con las personas citadas”.
Ángel
En la transcripción número 2975 de fecha 6 de agosto de 2007, Andreo recibe
una llamada de Aquilino, vendedor del terreno citado. En esta conversación
hablan de los detalles sobre la venta. En ese diálogo Aquilino pregunta a
Andreo cuál es la versión que tiene que dar a este respecto en Totana, “si
es la de decir que un constructor de Cartagena le ha hecho una oferta y que
éste no tiene ninguna vinculación con Andreo”, a lo que el alcalde le dice
que efectivamente esa es la versión que tiene que dar. “Andreo le dice que
la persona de Cartagena se llama Ángel y tiene una empresa que se llama
Movale S.L.”.
Nuevamente, dicen los agentes,
se aprecia el ánimo de Andreo de ocultar la compraventa del terreno,
utilizando para ello a la empresa de construcción Movale S.L. y Ángel
Abellán Nieto, que también es administrador de Materiales y Contenedores
Santa Ana.
En otra conversación del alcalde
con el concejal Sergio Vicente López, este le indica de forma literal que se
ha reunido con la persona que vende la parcela para ver como cierran el
negocio, lo que “pone de manifiesto la relación entre ambos y el ánimo de
cerrar un negocio de carácter patrimonial en el que Andreo pide verse con
Sergio para darle instrucciones, lo que demuestra que Andreo se sirve de
Sergio para sus negocios particulares”.
Mientras, siguen las reuniones y
conversaciones para llevar a buen puerto la compra de la finca.
José Martínez Andreo recibe una
llamada de Aqulino. En esta conversación que se transcribió también de forma
literal, hablan de una parte del importe de la finca que se pagará con
50.000 euros en negro, ya que al parecer en una reunión que mantuvieron
ambos, Andreo solicita a Aquilino pagarle una parte de la finca en dinero
B.
Según la diligencia, “queda
patente en la llamada como realmente es Andreo quien negocia en todo
momento, aunque luego trate de interponer a otras personas o sociedades”.
Dinero B
Asimismo, destaca la solicitud
por parte del primer edil de pagar una parte del precio en dinero B, que
junto al hecho de materializar la operación por medio de una sociedad
interpuesta dificultaría a posteriori la reconstrucción de la operación. “Es
notorio el afán de desvincular a Andreo de la operación, ya que desde su
cargo de alcalde de alguna manera intervendría en la segregación de dicha
parcela y otros trámites con el ayuntamiento”.
En otra diálogo interceptado por
los agentes, José Martínez Andreo recibe la llamada de Perico de World
Services Levan te, quien le explica el funcionamiento de un GPS de un
vehículo que le ha prestado a Andreo para ir de viaje a Valencia.
De la llamada se deduce
nuevamente la buena relación que mantiene Andreo, Sergio y World Services
Levante, y cómo Andreo utiliza un vehículo de la citada mercantil para ir de
viaje a Valencia con su edil. Esto indica que el alcalde utiliza medios y
propiedades de la mercantil.
La operación la quiso ultimar
Andreo con Aquilino. En otra conversación, éste indica al alcalde que Matías
Navarro le ha llamado de parte de Andreo, y el regidor le dice que no quiere
hablar por el móvil y que la operación debe tratarla con Matías. La
operación consiste en que Matías, a través de su inmobiliaria, cierra la
operación con Aquilino, y luego con el tiempo Andreo le compraría el terreno
a esta inmobiliaria.
Ahora, según el informe
policial, Andreo quiere ultimar la operación por medio de la sociedad
inmobiliaria de Matías, también con idéntico ánimo de ocultación.
En la fecha en que se produce
esta última llamada, ya se había iniciado la primera parte de la operación
Totem, en cuya segunda fase Andreo resultaría detenido, de ahí que se
mostrara reacio a utilizar el móvil para hablar de ciertos asuntos.
Además, durante la diligencia de
entrada y registro practicada en el ayuntamiento de Totana, sobre la mesa
del alcalde se encontraron facturas de la mercantil World Services Levante
por importe de 100.000 euros.
Enriquecimiento injusto
Según esta investigación,
existen indicios racionales para documentar que el alcalde se habría servido
de varias empresas para ocultar un posible enriquecimiento injusto abusando
de su cargo.
La Guardia Civil solicitó
mandamientos para recabar información relacionada con los implicados a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, bancos, cajas de ahorros, así
como cuenta bancarias en el exterior.
(www.vegamediapress.com,
03/10/10)
EL FISCAL
PIDE 11 AÑOS DE PRISIÓN PARA EL ALCALDE DE TOTANA
El fiscal ha
pedido penas que suman 11 años, 10 meses y un día de prisión
para el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, por los
delitos de falsedad de documento público, fraude,
infidelidad en la custodia de documentos, obstrucción a la
justicia y amenazas, que se enmarcan en las actuaciones de
la 'Operación Tótem', en la que se destapó en noviembre de
2007 una presunta trama de corrupción urbanística en dicha
localidad.
En concreto, en
el primero de los escritos del Ministerio Fiscal, al que ha
tenido acceso Europa Press, se solicita la apertura de
juicio oral ante la Audiencia Provincial respecto a la
persona del primer edil, que permaneció en prisión dos meses
tras abonar una fianza de 70.000 euros, al tiempo que fue
dado de baja en la dirección regional del PP, aunque
continúa gobernando con el apoyo del partido.
Las razones del
escrito de acusación, según entiende el fiscal, responden,
en primer lugar, a un delito de falsedad de documento
público por la posible "adjudicación irregular" en las obras
de varios colegios de Totana, entre los que figuran dos
aulas del centro de 'San José'. Por dicho delito, el fiscal
procede que se imponga la pena de cuatro años de prisión.
El Consistorio
decidió antes del verano de 2006 que se realizaran obras en
diferentes colegios públicos, entre ellos el anteriormente
citado, para lo que era preceptivo que se incoara el
correspondiente expediente de contratación pública, aunque
Martínez Andreo, por aquel entonces edil de Obras e
Infraestructuras, contactó con un empresario conocido suyo,
Pedro José Martínez, quien ostentaba la representación de la
empresa 'UCOM 2005 S.L.', para que las llevara a cabo.
En esa misma
época, el Ayuntamiento tenía previsto firmar un convenio
urbanístico de 'La Costera' entre cuyos firmantes se
encontraba Pedro José Martínez, de UCOM, como propietaria de
parte de los terrenos objeto del acuerdo, en el que se
estableció que los propietarios de las parcelas abonarían al
Consistorio 6,1 millones de euros, cantidad que iría
destinada a la construcción de un vial y otras
infraestructuras.
Entre estas
obras, Martínez Andreo incluyó las obras del colegio 'San
José', quedando fijado en el convenio que aprobó la Junta de
Gobierno local y se firmó el 19 de septiembre de ese año.
Sobre esta cuestión, el fiscal expone que "hasta tal punto
estaba claro que las obras del colegio estaban ligadas al
citado convenio y que iban a compensarse con la citada deuda
que tenía la empresa y que consta en acta del Consejo de
Administración de UCOM, que se establece que se tenían que
realizar con más premura a cambio de la firma del convenio
urbanístico".
Durante el curso
de las obras, el PSOE de Totana denunció ante los medios la
posible adjudicación irregular de estas obras, por lo que
Martínez Andreo desligó estas obras del colegio del convenio
urbanístico firmado.
No obstante,
tras las reiteradas solicitudes del PSOE de acceder a la
documentación de estas obras, tanto Martínez Andreo como el
representante de UCOM "se inventaron la burda tesis de que
tales obras, sobre las que existía ya partida presupuestaria
aprobada, se iban a realizar de forma gratuita por la
adjudicataria, lo cual estaba muy alejado de la realidad".
Toda esta operación derivó en 2007 en los juzgados de
Totana, donde el PSOE municipal denunció a José Martínez
Andreo.
La segunda de
las acusaciones del fiscal se refieren al fraude por una
operación de compra-venta de la parcela de la empresa Prados
de Caravaca S.L. a UCOM 2005 S.L., por la que procede a
imponer la pena de dos años de prisión.
Según el
Ministerio Fiscal, Martínez Andreo, en su condición de
concejal del Consistorio en mayo de 2007 y como alcalde
desde junio de ese mismo año, "era perfectamente conocedor
desde el principio de la maniobra que se estaba llevando a
cabo entre Los Prados de Caravaca S.L. y UCOM 205 S.L.,
siendo incluso consultado de la forma de hacer la operación
al estar interesado en la adquisición de la parcela".
Por tanto, "se
llegó incluso al acuerdo con los demás acusados en
autorizarles la operación, pese a ser conocedor que la
plusvalía que se generaba por esta operación rondaba los
tres millones de euros que podrían revertir a favor del
Ayuntamiento".
Finalmente, la
venta en escritura pública de Ofrisa a UCOM "no consta que
se llegase a firmar, no constando si el citado consejo de
administración se llegó a manifestar al respecto", aunque,
en opinión del fiscal, "todos los acusados eran conocedores
de la situación de gran demanda de suelo industrial por los
empresarios de la zona, existiendo lista de espera".
La tercera de
las acusaciones por las que el fiscal entiende que Martínez
Andreo es culpable de un delito de infidelidad en la
custodia de documentos, que contempla una pena de dos años y
seis meses de prisión, se fundamenta en una "burda maniobra"
entre el alcalde, un amigo --Diego Carrión-- y el oficial de
la Policía Local, Alfonso Canales.
En concreto, el
alcalde intermedió con el oficial de dicho Cuerpo para que
no se tramitara en el juzgado una denuncia interpuesta
contra Diego Carrión por conducir bajo la influencia de
bebidas alcohólicas.
En total, por
los delitos de falsedad de documento público, fraude e
infidelidad en la custodia de documentos el Ministerio
Fiscal entiende que procede imponer una pena que sumaría
ocho años y seis meses de prisión.
AMENAZAS Y
OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA
El segundo
escrito del fiscal contempla los delitos de obstrucción a la
justicia, por el que se piden dos años, seis meses y un día
de cárcel; además de amenazas, que contempla una pena de
diez meses de prisión.
Estos delitos
responden, a juicio del fiscal, a las actuaciones que tanto
el regidor totanero como el edil de Industria y Deportes,
José Antonio Valverde Reina, realizaron contra el concejal
socialista, Alfonso Martínez Baños, el denunciante de la
operación de corrupción urbanística en Totana.
Sostiene que a
raíz de la operación Totem y tras hacerse público que la
persona que interpuso la denuncia fue Martínez Baños,
"determinados imputados procedieron a iniciar una serie de
hechos tendentes a tratar de represalias a toda costa y de
cualquier manera al denunciante".
Así, una de las
acciones que tanto el regidor totanero como el concejal
Valverde realizaron fue, "aprovechándose del cargo público y
el poder que ostentaban", mandar una carta, dirigida desde
la Concejalía de Deportes, a la atención de Roque Aledo,
representante de las empresas Urbansport y Cade, en las que
Martínez Baños era gerente.
En dicha misiva
se comunicaba que el Ayuntamiento "borraba" toda relación
con estas empresa, que había sido contratada para varios
trabajos, puesto que en sus 15 años de existencia había sido
cliente habitual del Ayuntamiento de Totana, en compras y
realización de obras, a través de los procedimientos
legalmente previstos.
Pero "no
contentos con ello", dice el fiscal, los imputados emitieron
un comunicado en los medios de la localidad, poniendo como
fuente el PP de Totana, en los que manifestaban que "no les
sorprende que la sede de esta estrategia política contra el
citado partido de acoso judicial y procesal sea la empresa
Cade, constituida antes de 1997 por Martínez Baños siendo
concejal del Consistorio, donde trabajan ex alcaldes y altos
cargos del PSOE local".
A tenor de la
preocupación de los empresarios de Cade por el "evidente
perjuicio que esto podía llevar a su empresa y sus más de
200 trabajadores", el propietario mayoritario de la misma,
Francisco Vicente Lozano, pidió una reunión con el alcalde
para aclarar lo que ocurría y "dejara en paz a la empresa".
Celebrado este
encuentro, al que acudió el alcalde y el edil de Deportes,
éstos instaron a la empresa a que despidiera a Martínez
Baños, porque de no ser así "actuarían en contra de la
empresa"; por lo que el accionista mayoritario de Cade se
sintió "intimidado".
(www.vegamediapress.com,
22/07/10)
«HA COMPRADO
EN BRASIL; SE VA PARA ALLÁ CON EL DINERO DE AQUÍ»
Emiliano Ovide,
la persona que destapó la Operación Tótem por una supuesta
trama de corrupción urbanística en Totana, implicó al
entonces alcalde Juan Morales de haber acordado, a través de
un hombre de paja, una comisión de tres millones de euros
que debía percibir con la recalificación de terrenos del
grupo gallego Inmonuar. Pensaba que Morales iba a «hacer
caja» y marcharse a Brasil con su amiga. Ovide se quejó de
que el ex alcalde iba a llevarse una comisión, mientras que
él no lograba cobrar la suya al promotor gallego Manuel
Nuñez por las gestiones realizadas.
La Verdad ha
tenido acceso a la conversación que dio origen a la
investigación de la Guardia Civil y que todas las partes
consideran la base principal del caso. El 13 de febrero del
2007, año electoral, Ovide se reunió en el bar El Alporchón
de Totana con Alfonso Martínez Baños, secretario local del
PSOE. Éste último grabó la conversación que destapaba todo
el pastel. Ahora, el Servicio de Criminalística de la
Guardía Civil ha informado de que no puede cotejar la voz
real de Ovide con la que aparece en la cinta debido a una
saturación del sonido. El abogado de Juan Morales piensa que
se cae toda la base de la acusación; mientras que otras
fuentes consultadas apuntan que la prueba se mantiene y no
ha quedado invalidada, ya que Ovide reconoció que existía
dicha grabación, aunque luego comentara que no se acordaba
de algunas cosas. La prueba se recogió en una grabadora
digital. Luego se volcó a un PC y finalmente se registró en
un CD, por lo que pudo perder calidad, apuntan fuentes de la
investigación.
La Operación
Totem estalló en diciembre del 2007, con las detenciones
realizadas por la Guardia Civil, diez meses después de la
cita entre Ovide y Martínez Baños. La transcripción de la
grabación la certificó la secretaria del Juzgado de
Instrucción número 1 de Totana, María Pilar Abellán
Martínez. Ovide señala en la grabación que los gallegos
llegaron a Totana por mediación suya, con la intención de
construir 5.000 viviendas en el paraje de El Raiguero,
previa recalificación de los terrenos. Éste tenía mucho
interés en conocer si el PSOE tenía posibilidades de
recuperar la alcaldía de Totana, y en ese caso qué pensaba
hacer con el proyecto urbanístico.
¿Camino de
Brasil?
Ovide cuenta que
envió un burofax a Nuñez Arias para que cumpliera lo que
habían acordado (el cobro de las gestiones que había
realizado), y que en caso contrario pondría «los papeles en
manos de la Fiscalía, salga el Juan por donde salga». Relata
que el entonces alcalde, que no iba a repetir en el cargo,
había llegado a un acuerdo. A preguntas de Martínez Baños,
que le iba sonsacando, Ovide precisa que Morales no lo hizo
directamente, sino su intermediario, que respondía al nombre
de Paco «el Moreno».
-Ovide:
«Correcto, ese fue el que cerró el tema. La cantidad además
te la digo tres millones de euros. Esa es la cantidad que
cerró...
-Martínez Baños:
Pero ¿estás hablando de comisión...?
-O: Claro de
comisiones de él, son particulares. Este hombre ahora se va,
este hombre no se presenta a las próximas elecciones.
-M. B:
Precisamente no se presenta porque hay comentarios por ahí
de que alguien le ha pillado en alguna faena, pero bueno
esto es difícil.
-O: No, no....
Yo lo que tengo es que el tío se va, además se va hasta de
España. Él hace aquí el plan general, además hace caja y
hasta luego 'pin' y aquí te he visto y no me acuerdo.
-M. B: Ah, con
la chica esta..
-O: Correcto...
Ha comprado en Brasil... Ha comprado allí algo, se va para
allá y con el dinero de aquí...
En otra parte de
la conversación, Ovide dice que su objetivo es cobrar su
comisión de Manuel Nuñez, presidente de Inmonuar.
-Ovide: Es lo
que nos corresponde. El trabajo para esta operación es de
casi un año, trayendo gente.
-M. Baños: Lo
que pasa es que este hombre, el gallego no es quiere pagar
(sic)
-O: El gallego
como no queríamos nada firmao, porque no teníamos ningún
problema, pues en cuanto vio tanto dinero a ganar el tío se
bloqueó y dijo, ¡aquí no pago a nadie! Entonces no ha pagado
a nadie. Ha pagado los dos millones a la gente por las
opciones y ahora el banco le da el resto. Pero no dándose
cuenta de que hay una serie.
-M.B: ¿Pero al
alcalde tampoco?
-O: No. Al
alcalde le paga la aprobación definitiva con una señal.
-M. B: ¿A la
aprobación?
-O: Con un
documento. ¡Eh, en definitiva cobra tres millones!
(www.laverdad.es,
08/07/09)
PÉREZ
TEMPLADO, QUE INSTRUYE LA INVESTIGACIÓN, DICE QUE EL JUICIO
PUEDE INICIARSE ANTES DE FINAL DE AÑO
El magistrado
instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado,
anunció hoy que las comparencias de los testigos e imputados
en la operación 'Tótem' --en la que se investiga una
presunta trama urbanística en el municipio de Totana-- han
finalizado, por lo que adelantó que el juicio por esta causa
podría iniciarse antes de final de año.
Pérez Templado,
en declaraciones a Onda Regional tras acabar el 'careo'
protagonizado entre el presidente y el gerente de
Proinvitosa, José Miguel Martínez y Florencio Martínez,
respectivamente, explicó que "a partir de ahora, la Guardia
Civil tiene que enviarnos unos informes, unas pruebas
policiales que solicité hace tiempo".
Igualmente,
"falta el trabajo de gabinete, de estudio" al objeto de
"depurar y preparar el auto de apertura del juicio oral",
indicó el magistrado.
Pérez Templado
reanudó el pasado 20 de abril la toma de declaraciones en el
marco de la operación 'Tótem'; en concreto de las
diligencias sobre el caso 'Proinvitosa', empresa municipal
de Totana ('Promoción de suelo industrial y vivienda de
Totana S.A'), al entender, según consta en el sumario al que
ha tenido acceso Europa Press, que este asunto "podría ser
al menos un delito de fraude, otro de malversación de
caudales públicos y de tráfico de influencias", por lo que
comparecen representantes de la misma.
El caso 'Tótem'
investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en
documento público, falso testimonio, omisión del deber de
perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude,
malversación de caudales públicos, prevaricación,
infidelidad en la custodia de documentos, contra la
intimidad y blanqueo de capitales.
En concreto, se
trata de una operación, destapada a finales de 2007, contra
una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de
licencias municipales para construir en el término municipal
de Totana (Murcia). Y es que, el grupo gallego Nuaria habría
adquirido las licencias para construir más de 5.000
viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de
comisiones ilegales durante la pasada legislatura, lo que
sería el mayor complejo residencial del municipio.
Dentro de esta
misma investigación fue detenido, en noviembre de 2007, el
alcalde de Totana, José Martínez Andreo, y 16 personas más,
entre las que se encontraba también el ex regidor de esta
localidad y diputado, Juan Morales. El 1 de febrero de 2008
Martínez Andreo quedó en libertad bajo fianza de 70.000
euros, y se reincorporó a la Alcaldía.
En diciembre de
2008 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia acordó el
"sobreseimiento provisional" de la denuncia a Andreo por
cohecho.
(www.laverdad.es,
01/06/09)
MORALES DIJO QUE «HABÍA QUE VOTAR A
FAVOR» DE LA VENTA DE UNA PARCELA A MARYPER
Juan Morales, ex
alcalde de Totana, convocó el 11 y 18 de septiembre de 2006
dos reuniones en su propio despacho. A ellas asistieron
tanto el propietario de la empresa totanera Huevos Maryper,
Gabriel Martínez, como los consejeros del PP de Proinvitosa
y el secretario de la empresa municipal, Fulgencio González,
tal y como este último reveló ayer ante el juez. El tema a
tratar no era otro que la venta de una parcela de 40.000
metros propiedad de Smurfit Kappa a Huevos Maryper. «Morales
nos dijo que todo estaba bien, que la gestión era suya y se
tenía que votar a favor».
Ésta es una de
las revelaciones que González hizo ayer al magistrado
instructor de la Operación Tótem, Julián Pérez Templado, en
el transcurso de su declaración. El secretario regresó ayer
a los tribunales después de que se postergase su declaración
del pasado 20 de abril al ser imputado. El propio González
ya explicó, en su momento, que ésta se justificaba
únicamente como «garantía procesal», para que acudiera en
compañía de un letrado. Tras su esclarecedora declaración,
el juez levantó ayer mismo esa imputación.
En su
declaración, González reconoció, además, que las reuniones
convocadas por Morales le parecieron «anómalas» dado que no
se habían producido en negociaciones anteriores. Gabriel
Martínez, director gerente de Huevos Maryper y hombre de
confianza del ex alcalde totanero, está imputado en la
Operación Tótem como presunto intermediario entre Morales y
el empresario gallego Nuñez Arias, también imputado, para el
supuesto cobro de una comisión millonaria.
Las
declaraciones de la Operación Tótem continuarán el próximo
martes día 12. En esa jornada está llamado a declarar Daniel
Aroca, concejal de Vivienda, Transporte, Suelo, Patrimonio y
Calidad del Partido Popular totanero. Al día siguiente se
cerrará esta ronda de declaraciones ante la Sala de Lo Civil
y lo Penal del TSJ con la comparecencia del presidente del
Consejo de Administración de Proinvitosa, José Miguel
Martínez; y el consejero de la misma, elegido por el PP,
Juan José Salas. Todos ellos están imputados.
(www.laverdad.es,
07/05/09)
EL ALCALDE DE
TOTANA GASTARÁ 40.000 EUROS EN LA COMPRA DE "UN COCHE
OFICIAL"
Mientras la
crisis acosa a empresas y familias, el alcalde de Totana,
Martínez Andreo, del Partido Popular, imputado y detenido
por la operación Totem y en libertad condicional, anuncia la
compra de un coche oficial, de lujo, por importe de 40.000
euros. Para Izquierda Unida, en la oposición, se trata de
“un sacrilegio mientras no paga a proveedores y las familias
totaneras lo están pasando cada vez peor”.
Además del
coche, el ayuntamiento contratará un chófer oficial. El
gobierno municipal tuvo que reconocer en el último pleno, de
forma extraoficial, facturas que superaban los 39.000 euros,
que habían gastado sin consignación presupuestaria en
protocolo, propaganda, comidas y dietas. Esta actitud pone
de manifiesto “ la burla que supone para los vecinos que el
Ayuntamiento derroche, a manos llenas, mientras los obreros
ingresan en el paro y Caritas se encuentra desbordada, ante
las necesidades básicas de la gente”, denuncian desde IU.
Para IU Totana
“está sufriendo las consecuencias de la especulación y la
corrupción, puesta en marcha por Juan Morales, con el apoyo
de Martínez Andreo, Juan Carrión y Roque Molina”.
Asimismo desde
IU Totana denunciaron que el presidente de PROINVITOSA y
portavoz del PP en el ayuntamiento, José Antonio Valverde
Reina, cobra unas dietas anuales de 42.405 euros. "Se da la
circunstancia de que Valverde Reina, compatibiliza esas
cuantiosas dietas de PROINVITOSA con las que percibe por
asistencias a los Plenos, Comisiones Informativas y demás
Órganos Municipales, siendo el concejal que ha batido todo
los record en ingresos del Ayuntamiento de Totana en todos
los tiempos".
(www.vegamediapress.com,
10/02/09)
EL JUEZ CITA A
CUATRO TESTIGOS POR LA REVENTA DE SUELO INDUSTRIAL EN LA
'OPERACIÓN TÓTEM'
Dos imputados y
cuatro testigos involucrados en la Operación Tótem por
presunta corrupción volverán a declarar la próxima semana.
Varios de ellos tendrán que responder de supuestas
irregularidades en la empresa de promoción de suelo
industrial y vivienda protegida de Totana, Proinvitosa.
El martes
comparecerán ante el magistrado del TSJ, Julián Pérez
Templado, los consejeros de Proinvitosa Antonio M. C., Pedro
M. G., José J. C. C. y Florentino M. V. Todos acuden en
calidad de testigos. El día siguiente lo hará el registrador
de la propiedad de Totana, también como testigo. Según la
Fiscalía, pudo existir reventa de suelo industrial público
con elevados beneficios. Proinvitosa tiene derecho a
recomprar a un precio más bajo las parcelas industriales que
no han sido utilizadas, para ofertarlas a nuevos inversores.
Algunos responsables de esta sociedad municipal, al parecer,
no utilizaron este mecanismo y dejaron que una empresa
comerciara con su parcela al venderla a otra sociedad.
Previamente, el
lunes, declararán como imputados Emiliano Ovide Castillo, a
quien se considera intermediario de la compra de los
terrenos de El Raiguero, donde el grupo gallego Nuaria quiso
urbanizar. También lo hará Javier Cegarra, antiguo abogado
de el excalde Juan Morales.
Sobre este
último, el presidente de la Asamblea Regional Francisco
Celdrán dijo que siguen a la espera del certificado médico
que justifique las ausencias a las sesiones de la cámara del
diputado del grupo mixto y ex alcalde de Totana Juan
Morales, presuntamente implicado en una trama de corrupción
urbanística, informa Efe.
Morales lleva
sin acudir a la sesiones desde finales del año 2007. La
Cámara ha iniciado un procedimiento para retirarle el sueldo
mensual de 3.000 euros. Morales envió un certificado médico
de baja, aduciendo una «enfermedad común» . El Parlamento le
pidió que presentase de forma más específica un certificado
médico en el que se recoja de forma explícita que la
enfermedad que padece le impide asistir a las sesiones del
legislativo. Celdrán indicó que Morales ha remitido un nuevo
documento que podría conoce rmañanas la Mesa del
Parlamento.
(www.laverdad.es,
15/01/09)
LA FISCALÍA
MANTIENE QUE HAY INDICIOS DE COHECHO POR PARTE DEL ALCALDE Y
RECURRE EL ARCHIVO
El fiscal
considera que de lo investigado hasta ahora en la Operación
Totem «se observa la existencia de un posible delito de
cohecho» por parte del alcalde de Totana, José Martínez
Andreo, ya que argumenta que «la solicitud de una comisión
económica sí está tipificado como delito». Sobre esta base,
el Ministerio Fiscal ha presentado un recurso de reforma
contra el sobresemiento provisional del delito de cohecho
que pesaba sobre el alcalde de Totana.
La Fiscalía
presentó el escrito ante el magistrado del TSJ Julián Pérez
Templado, una semana después de que éste hubiera dictado el
sobreseimiento a favor de Martínez Andreo. Será pues el
mismo magistrado quien decida sobre su propio auto. A la
Fiscalía le queda la opción de presentar después recurso de
apelación.
Según ha podido
saber La Verdad, el fiscal del caso, Díaz Manzanera, estima
que hay indicios suficientes de la comisión de este delito
sobre la base de las conversaciones telefónicas entre el
alcalde y Juan Francisco Casanova, amigo suyo, ex concejal y
dueño de unos terrenos que pensaba vender al grupo gallego
Nuaria. También argumenta «la falta de explicación coherente
y convincente» de ambos sobre estas conversaciones cuando
prestaron declaración policial y judicial. El magistrado
Pérez Templado dictó el sobreseimiento por entender que, a
la vista de lo investigado, no está suficientemente
justificada la solicitud de dinero al grupo Inmonuar a
cambio de la recalificación de unos terrenos para
urbanizar.
La Fiscalía
señala que «existía una voluntad ya manifestada en forma de
oferta o solicitud por el citado Andreo a través de Casanova
Cánovas como intermediario, teniendo ya seguro conocimiento
ambos de la existencia de la 'solicitud' de esa comisión por
parte de Juan Morales siendo éste alcalde, ya que así ha
quedado acreditado, y son ellos mismos los que proceden a
'solicitar' esa comisión, entiendo que se produce la
consumación desde el momento en que los nuevos 'actores'
realizan por sí mismos la 'solicitud' a 'los gallegos' de 'Inmonuar'»,
dice el recurso de reforma. Para la Fiscalía, «no estamos
ante un delito putativo ni ante un delito imposible».
Añade que «no es
necesario que Andreo haya cobrado algo de alguien, pues el
delito se entiende consumado por la simple 'solicitud'».
Aporta jurisprudencia y sentencias del Tribunal Supremo
alusiva al caso. «Los hechos imputados pueden englobar el
delito de cohecho, bien en grado de consumación o de
tentativa, ya que al menos se ha dado comienzo a su
ejecución en base a las pruebas practicadas y que aún quedan
por practicar».
El fiscal vuelve
a aportar el contenido de dos conversaciones telefónicas
entre Martínez Andreo y Casanova para tratar de rebatir el
argumento del magistrado instructor de las pruebas del
presunto cohecho son «muy escasas e inconsistentes». En una
de las grabaciones, de agosto del 2007, el fiscal cree que
se demuestran los «intereses personales comunes» entre
Martínez Andreo y Casanova. «De la simple lectura y aún más
de su escucha se observa ante cualquier visión imparcial no
sólo que detrás de ella hay dinero, sino que el actual
alcalde tiene interés personal en ello», apostilla.
La otra
grabación es del 28 de noviembre de ese mismo año, un día
antes de la detención de ambos. «Tras enterarse de que el
operativo policial está en marcha, demuestran una gran
preocupación personal, posiblemente por la implicación que
ellos puedan tener». En dicha conversación comentan que «los
gallegos no van a comerse el marrón» y que «al otro le van a
enganchar hoy o si no mañana», en alusión al ex alcalde y
diputado regional Juan Morales.
(www.laverdad.es,
13/01/09)
Manos Limpias
diseñó una estrategia para que un imputado cobrara una
comisión
El secretario
general del sindicato negociaba con el intermediario
proyectos inmobiliarios
Las grabaciones policiales del
caso Totana,
la trama de corrupción municipal en la
que están imputados los dos últimos alcaldes del
municipio murciano -Juan Morales y José Martínez
Andreo, que se presentaron por el PP-, han dado
también una pista para justificar la frenética
actividad que mantiene en los juzgados como
acusación de mil causas el pseudo sindicato Manos
Limpias. Su secretario general, el que fuera líder
de Fuerza Nueva, Miguel Bernad, aparece en las
cintas poniendo su maquinaria de denuncias al
servicio de los intereses de un comisionista
implicado en la trama, Emiliano Ovide, un
intermediario en compras de suelo. Las denuncias de
Manos Limpias son utilizadas como medio de coacción
por Ovide para conseguir el pago de comisiones.
La
relación entre ambos se extiende, además, a otros
municipios de España, donde las acusaciones
judiciales de Bernad, que también tiene negocios
inmobiliarios, favorecen a Ovide, según se le oye en
las grabaciones. Es el caso de Ciempozuelos
(Madrid). Allí Manos Limpias consiguió paralizar con
sus denuncias el Plan General. La suspensión
favoreció a Ovide, que, según sus palabras, se
colocó "en primera línea" para construir vivienda
protegida cuando se levantara la suspensión.
¿En
cuántos municipios donde Bernad u Ovide poseen
negocios inmobiliarios hay denuncias de Manos
Limpias contra sus gestores urbanísticos? Bernad no
ha contestado a este periódico, pero ambos listados
por separado son amplios. La captación de tales
evidencias arranca del verano de 2007. La Guardia
Civil tiene pinchado el teléfono de Ovide a raíz de
una denuncia por cobro de comisiones en Totana.
Ovide
tiene la culpa de ser objeto de la investigación: en
su afán de cobrar su comisión, reveló a la oposición
de Totana que Inmonuar pagó sobornos para lograr un
convenio. Su relato llegó a la fiscalía, que abrió
una investigación. Sin saber que era grabado, Ovide
puso en marcha su plan b para cobrar su
comisión: presionar a Inmonuar a través de Manos
Limpias. Este diario intentó recabar ayer sin éxito
por teléfono y correo electrónico la versión de
Bernad.
8 DE
JUNIO DE 2007 "En primera línea de salida"
Ovide,
tras hablar de proyectos inmobiliarios en
Guadalajara y Arroyomolinos (Madrid), se jacta de
que en Ciempozuelos (Madrid) está "en primera línea
de salida" para construir vivienda de protección
oficial en cuanto se desbloquee el plan general,
paralizado por una denuncia de Manos Limpias que
llevó a prisión a dos ex alcaldes del PSOE. Ironiza
que "a Esprode [inmobiliaria perjudicada por dicha
denuncia] no le vende ni en broma".
26 DE
JULIO DE 2007 "Sacar lo que sea o negociar"
Bernad
pide cita a Ovide en Madrid: "Es que tengo
preparadas varias cosas de VPO y VPT (...) en
Valladolid, en Villanubla (Valladolid), en Murcia,
en Salamanca y en Burgos. ¿Te pueden encajar estos
sitios?
Ovide:
"Lo de Valladolid podemos mirarlo. ¿Lo de Murcia es
en la ciudad?".
Bernad:
"Sí, sí, en ciudad".
Ovide:
"Acabo de estar con Ricardo y me decía que tenía en
Murcia, y digo: a ver si va a ser lo mismo".
Bernad:
"No, no tiene nada que ver, y luego también en
Madrid y Daganzo. (...) Yo te voy preparando todos
estos sitios y tú luego me dices, oye pues en este
sitio me interesa, en este no, etcétera. (...) Y
luego también preparamos el tema que tienes del
alcalde ése".
Ovide:
"¿Lo de Totana?".
Bernad:
"Sí, y le metemos el cuerno ahí".
Ovide:
"El alcalde es ahora diputado por Murcia. El tío se
va a ir a Brasil porque tiene allí a su amante.
Compró un tema en Salvador de Bahía, y como el plan
general no se ha aprobado, tiene que estar aquí
pendiente porque cobra tres millones de euros de
cada plan que ha firmado".
Bernad:
"Qué sinvergüenza".
Ovide:
"Se va a ir el tío con una cantidad de 15 a 18
millones de euros para Brasil, así que imagínate, el
rey del mambo".
Bernad:
"Puag, pues en todo caso le preparamos la denuncia,
que la firma el sindicato, ¿eh?".
Ovide:
"Ya vemos la estrategia que conviene para paralizar
su actuación o para que negocie, lo que sea. (...)
Es una gestión que yo he hecho allí, con Inmonuar,
que es un pelotazo, que ha hecho una opción de
compra por dos millones que al aprobarse el plan, al
venderlo, genera una plusvalía de 300 millones".
Bernad:
"Pues nos metemos a fondo con ello si tú le puedes
sacar lo que sea, o negociar".
1 DE
AGOSTO DE 2007 "Bernad me tiene que explicar cómo
está"
Ovide
recibe una llamada de una clienta de Ciempozuelos,
que le comenta que tiene algo junto a la Plaza
Mayor. Ovide asegura que ya posee 200.000 metros
cuadrados de VPO en dicho municipio y que no hará
nada hasta hablar con Bernad, autor de una denuncia
por corrupción urbanística, y que "le tiene que
decir cómo está el tema".
3 DE
SEPTIEMBRE DE 2007 "Tengo varias cosas de VPO para
ofrecerte"
Bernad
le pregunta cuándo se meten con el tema de Totana.
Ovide pide tiempo porque aún no se ha aprobado el
plan general, requisito para cobrar su comisión,
pero acepta contárselo por encima. Bernad le
replica: "Cuando quieras quedamos y nos metemos con
ello, y luego tengo yo también varias cosas que me
han llegado, para ofrecerte, de VPO".
Ovide:
"¿Directa con el promotor?".
Bernad:
"No, directamente con el promotor no, ya veríamos
cómo lo encasillábamos. Pero me han llegado de
varios sitios".
Luego le
pregunta Bernad lo siguiente: "¿Te acuerdas de
aquella gestión que se hizo, que no prosperó, que
hacía falta esa cantidad de dinero?". A continuación
le aclara que tiene un amigo que lo puede solventar.
25 DE
SEPTIEMBRE DE 2007 "Tened cuidado por si os pilla a
vosotros"
Emiliano
Ovide se entrevista en una cafetería madrileña con
Miguel Bernad "para diseñar una estrategia para
conseguir cobrar su comisión". La cita fue espiada.
Bernad le hizo ver a Ovide el riesgo de salpicarlo
con su querella.
Bernad:
"Por lo penal, tendréis que tener cuidado por si os
pilla a vosotros... Que esto siga su curso y cuando
vea que hay movimiento se va a poner en contacto...
También podemos hacerle llegar al alcalde un
adelanto y que se entere del tema de que tú te has
puesto en contacto con Manos Limpias".
Ovide:
"Es mucho dinero, y a mí lo que me interesa es
cobrar".
7 DE
SEPTIEMBRE DE 2007 "O se aviene a razones o le meten
un hostiazo"
Ovide
explica el plan a su abogado: "Bernad me ha dado
autorización para meter el tema y ellos intervenir
en el tema. O sea que el tema de Totana, en cuanto
salga aprobado el plan, o se aviene a razones o le
van a meter un hostiazo públicamente que lo van a
hundir en Galicia. (...) Manos Limpias nos va a
favorecer. A mí me ha dicho éste que en el momento
en que no se avenga a razones como en el tema de
Totana, directamente al fiscal, los faxes y los
emails, con las cintas que le he grabado al
antiguo alcalde y demás, directamente al fiscal.
Como aprueben el plan general, lo que me corresponde
ahí voy a cobrarlo. Que no lo cobro, a éste se le
hunde, porque me dijo Bernad que aquí salimos todos
en la prensa. Bernad me ha autorizado a dar su
número de teléfono y demás de que ellos están en el
tema, y desde luego están vinculados a que si
Emiliano [Ovide] dice que hay que ir palante,
palante con todo (...) O negocia y se le retira
todo, o éste se cae con todo el equipo. Y ya deja de
ser Manuel Núñez [dueño de Inmonuar]".
Alardea
de que el actual alcalde de Totana, José Martínez
Andreo, "está temblando". "Sabe que algo va a pasar,
lo que no sabe es que le va a llamar el secretario
general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Y dice,
oiga, tenemos esto y esto, y por supuesto después de
haber hablado con el presidente de Murcia, que es
del PP. Y éste entra en Génova, que no es de los que
se quedan fuera".
9 DE
OCTUBRE DE 2007 "Ponerles nerviosos"
El 9 de
octubre de 2007, Bernad y Ovide hablan de visitar
Salamanca por un asunto. Mientras perfilan una
querella, Bernad aconseja enviar una carta al
Ayuntamiento para "ponerles nerviosos". El 22 de
octubre, Ovide informa a Bernad de que ha recibido
una llamada de un amigo suyo interesado en un suelo
en Valdebebas (Madrid). Tres días más tarde, nuevo
signo de intereses urbanísticos comunes entre Ovide
y Bernad. El comisionista habla de un contrato sobre
un asunto en Arroyomolinos (Madrid) por el que se
pagará una comisión de un millón de euros. Y comenta
que "va a ver a Miguel Bernad por un solar en
Valdemoro (Madrid) para viviendas de protección". La
conclusión de la Guardia Civil es clara: "Emiliano y
Bernad tienen en común no solamente el asunto de la
querella de Totana, sino que además intervienen
juntos en temas inmobiliarios". Días después, Ovide
confiesa: "El viernes estuve con el de Manos Limpias
y me dijo que Esperanza Aguirre [presidenta de la
Comunidad de Madrid] se había comprometido a que
hasta que Ciempozuelos no salga del juzgado no
mueven ni una paja, y que en principio cree que
serán unos dos años". Días después, Bernad pide
documentos a Ovide de las comisiones que le deben
por sus operaciones.
A
seis denuncias por mes
Manos Limpias presenta una media de seis
denuncias al mes desde 1997. El listado
de sus víctimas jurídicas, entre otros
cientos, incluye al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero;
a jueces de la Audiencia Nacional como
Baltasar Garzón o Juan del Olmo; al
lehendakari, Juan José Ibarretxe, al
fallecido editor y presidente del Grupo
PRISA, Jesús de Polanco, y a decenas de
miembros de consistorios y organismos
diversos. Suman cientos sus denuncias,
muchas de ellas derivadas de meros
recortes de prensa. Imposible
cuantificar objetivamente qué porcentaje
son inadmitidas o archivadas, pero su
éxito mediático es seguro. A veces se
les vuelven en contra. Fueron
denunciados por falsa denuncia en el
11-M.
Se llaman sindicato, pero nunca convocan
huelgas, dada su exigua estructura, sino
conferencias para detallar su último
alarde judicial. ¿Qué les mueve? A tenor
de su página web, la lucha sin
hipotecas contra la corrupción. Pero en
sus charlas grabadas, Emiliano Ovide, el
comisionista protegido por el líder del
sindicato, Miguel Bernad, y su aparente
compañero de negocios, define de modo
menos heroico la organización de su
amigo: "Éstos de Manos Limpias son
un grupo de abogados y tienen
financiación del PP. Y vamos, igual que
si yo hago una operación y les doy algo
de dinero. Ellos son abogados y no les
cuestan nada estos pleitos, es para
pagar la secretaria y el local".
EL SUMARIO DE LA
'OPERACIÓN TÓTEM' TRAMA DE CORRUPCIÓN EN TOTANA: ANDREO: «QUE SE VAYA DE
AHÍ MORALES, QUE NO QUIERO DETENCIONES EN EL AYUNTAMIENTO»
A Juan Morales le
dieron los siete males cuando, el 26 de noviembre del 2007, a primera
hora de la mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil comenzaron a detener a varios vecinos de la localidad. Se
había iniciado la Operación Tótem y el ex alcalde no debía de tener la
conciencia muy tranquila, y además hubo de acordarse del refrán que dice
aquello de «cuando las barbas de tu vecino veas cortar...», porque lo
primero que hizo fue llamar a su abogado y pedirle asesoramiento. Estaba
convencido de que su detención era cuestión de minutos.
Así lo relató el
abogado Javier C.A., también imputado en la Operación Tótem, cuando más
tarde, él mismo, después de diversos avatares, se vió en la tesitura de
tener que prestar declaración ante los citados agentes de la UCO. «Juan
Morales -explica el abogado- le llama desde la Secretaría del
Ayuntamiento de Totana y le pide que vaya para allá. Que desconoce el
motivo de por qué éste estaba en la Secretaría. Que llega allí y habla
con Morales. Que estaba allí por el asunto de asesorarle por causa de la
detención inminente de Morales que se iba a producir».
«Posteriormente
-continúa su relato-, cuando el declarante se encontraba en la
Secretaría con Juan Morales, llegó Antonio Morales Cánovas y les
preguntó qué está pasando y le explican lo que sucede. Laura (la
secretaria municipal) les dice que se marchen, porque es posible que la
Policía Judicial vaya al Ayuntamiento a registrar (lo hizo tres días más
tarde). En ese momento, el dicente llamó al actual alcalde, Martínez
Andreo, para comunicarle que estaba en el Ayuntamiento con Juan Morales,
y Andreo les dice que se marchen inmediatamente, que no quería
detenciones en el Ayuntamiento».
No es necesario que
les animen más. Ambos salen del edificio consistorial casi a la carrera.
«Morales estaba bastante nervioso. No sabía si ir a su casa de La
Charca, si ir a Murcia... Estaba alterado. El declarante no conocía si
existían motivos para una detención inminente de Morales. Que quiere
hacer constar que no es penalista y que tuvo que consultar detalles
sobre el particular. No conocía si a Morales, como aforado, lo podían o
no detener, registrar el vehículo, o incluso a él mismo. Luego (el
letrado) aclara que a él sí que podían».
Juan no quería que
su abogado le abandonase, bajo ningún concepto. Le pide que lo acompañe
a la urbanización La Charca, «por si está allí la Policía para
detenerlo. Ingenuamente, el declarante aceptó acompañarle hasta su casa.
Que realmente no valoró los hechos y que quizás debía haber hecho otra
cosa». Llamó a su despacho para que le facilitaran teléfonos de abogados
penalistas y llamó a José María Caballero, «a quien comentó la situación
y (le pidió) que si podía representar a Juan Morales, quedando en hablar
posteriormente».
En la casa,
mientras el letrado esperaba en el salón, el ex alcalde recorría
diversas dependencias. «Debajo de la mesa del salón -sigue explicando el
abogado-, entre periódicos, había varios documentos de los que (el
declarante) desconoce su contenido, que Morales metió en una maleta
negra junto con ropa, y el propio Morales la sacó de la casa. Que además
Juan Morales entró en la cocina y salió con una bolsa de basura de color
violeta. Como Morales llevaba las manos ocupadas, le entregó la maleta
al manifestante para que se la llevara, a los efectos de poder estudiar
su contenido con José María Caballero y preparar su posible defensa. Que
el declarante le estaba asistiendo en ese momento, pero que no quería
llevar ese asunto».
El detalle de la
bolsa de basuras que portaba el ex alcalde de Totana es particularmente
importante, por cuanto los agentes de la UCO que le iban siguiendo ese
día, con gran discreción, la recuperaron del contenedor y en su interior
hallaron un documento hecho trozos, que lograron recomponer.
Este documento era
un reconocimiento de deuda de 3,6 millones de euros, firmado por el
grupo promotor gallego Inmonuar, en favor de la firma Nubia Inversiones,
y que era el método que Morales, su amigo Gabriel Martínez y dos
intermediarios habían concebido, supuestamente, para asegurarse el cobro
de una millonaria comisión.
Cuando compareció
ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Julián Pérez
Templado, el ex alcalde no fue capaz de ofrecer una explicación
coherente sobre las razones por las que tenía copia de ese documento en
su poder.
Tras sacar los
papeles de su casa y entregárselos al abogado, ambos se dirigieron hacia
Murcia, cada uno en su coche. La mala suerte sorprendió al letrado, ya
que Morales atravesó sin problemas un control de la Guardia Civil, pero
no así Javier C.A., a quien los agentes dieron el alto y le hicieron
abrir el maletero. Cuando vieron la maleta, le preguntaron de quién era,
y él respondió que era de Morales, «que es diputado regional, aforado, y
que por eso no la pueden abrir».
El guardia civil,
sin embargo, la abrió, vio su contenido y llamó a otros agentes, que no
tardaron en presentarse en el lugar, a la vez que Morales regresaba a
ese mismo sitio. El abogado le preguntó entonces: «Juan, ¿esta maleta es
tuya?. Y Juan le dijo que sí, que es suya, y lo reconoce delante del
agente. Juan, a indicación de alguien, se marcha del lugar».
Siguen llegando
guardias civiles al lugar, éstos de la UCO, y precintan la maleta.
Permiten que el abogado se marche. «Se ve con Morales en la gasolinera
de Totana y quedan a comer en un restaurante de carretera llamado La
Paz. Que mientras se desplazaban, el dicente llama a José María
Caballero y ya no llegan a comer, que se desplazan al despacho de
caballero, y allí le presenta a Morales y en ese momento Caballero se
hace cargo de su asistencia jurídica».
El letrado concluye
su declaración afirmando que, «a pesar de la insistencia de Morales en
volver a llamarle algún día, él le deja claro que no quiere volver a
hablar con él».
(www.laverdad.es,
26/06/08)
EL EX ALCALDE DE
TOTANA EXTORSIONÓ A INDUSTRIALES DESDE LA CÁMARA MURCIANA
La Guardia Civil
cree que el ex alcalde de Totana del PP y diputado del grupo mixto en el
Parlamento autonómico murciano, Juan Morales, siguió aprovechándose de
su cargo de diputado para hacer negocios ilícitos y tratar de cobrar
comisiones ilegales por las gestiones urbanísticas iniciadas cuando era
primer edil totanero. Documentos interceptados al abogado de Morales
muestran que la ex mujer de éste -está separado, no divorciado y sin
separación de bienes- firmó un convenio con la empresa Visanfer en la
que el empresario se comprometía a pagar cinco millones de euros de
comisión a cambio de la recalificación de una finca en un Parque
Natural.
Un atestado de la
Unidad Central Operativa (UCO) que consta en el sumario de la Operación
Tótem, al que ha tenido acceso EL PAÍS, subraya: "Juan Morales, desde su
nueva posición de diputado regional, sigue aprovechándose de su
condición de servidor público con influencias en la Administración (...)
para seguir haciendo ver a Manuel Núñez Arias que aún conserva cierta
influencia y que de él depende la exitosa culminación de la operación,
consiguiendo así una recompensa por sus servicios". Morales fue alcalde
de Totana hasta 2007, cuando pasó a la Asamblea regional en la lista del
PP. En diciembre pasado, cuando estalló el escándalo de corrupción, fue
expulsado y pasó al Grupo Mixto. IU recordó ayer que Morales fue elegido
por el PP portavoz de la Comisión de Ordenación del Territorio, por la
que debería pasar la recalificación de esa parcela.
Según la
investigación judicial, Morales habría pactado con el empresario una
comisión ilegal de 3,6 millones, de la que también se beneficiarían los
intermediarios Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara, así como el
empresario totanero Gabriel Martínez, amigo íntimo de Morales. Una frase
de este último, dueño de Huevos Maryper, llevó a la Guardia Civil a
pensar que el ex alcalde continuaba delinquiendo desde la Asamblea.
Martínez y Morales,
una vez que éste había salido de la alcaldía de Totana, negociaban con
Núñez Arias la comisión ilegal por las gestiones para aprobar el
convenio urbanístico. "Por si hay que dar un toque en Murcia o donde
sea", señaló el empresario totanero.
El responsable de
Política Municipal de IU y edil de Totana, Juan José Cánovas, dijo tener
constancia "de que hubo personas del municipio que informaron al
presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, o a parte de su
entorno, sobre qué pasaba en el municipio". El alcalde de Totana, el
popular José Martínez Andreo, aseguró ante la prensa que las presuntas
corruptelas de Morales las conocía "media Totana y medio Región de
Murcia".
(www.elpais.com,
06/06/08)
"ESPERO QUE ESOS
IMBÉCILES APRUEBEN EL PLAN URBANO"
Juan Morales
escondía en su casa de Totana grandes cantidades de dinero en metálico,
en bolsas y sobres, como el ex alcalde reconoció en una conversación con
su hijo intervenida por la policía. Morales pudo eludir la prisión tras
pagar una fianza de 200.000 euros que reunió en dos días. Los
investigadores creen que esa forma de guardar el dinero "comunica una
clara intención de mantenerlo oculto y diseminado", de lo que se
deduciría una procedencia "poco justificable".
Además, Morales
estaba preocupado por el futuro del Plan General (PGOU), que empezó a
tramitarse cuando él era alcalde pero cuya aprobación estaba en manos de
su sucesor, José Martínez Andreo. Del PGOU dependían varios de sus
presuntos negocios. En otra conversación intervenida dice "Espero que
los imbéciles éstos sean capaces de ir sacando el plan (...), si no, no
van a poder ni cobrar ellos (...). No les va más que la pura
subsistencia, tienen que comer de allí".
(www.elpais.com,
06/06/08)
CASANOVA, AL
ALCALDE ANDREO: «TENEMOS QUE HACER COSAS Y VAMOS A PONER DE TESTAFERRO A
BARTOLO»
José Martínez
Andreo se convirtió en alcalde de Totana a mediodía del 16 de junio del
2007, en un acto solemne celebrado en el cine Velasco de la localidad.
Su dicha se habría visto velada, sin duda, de haber sabido que ya en ese
momento tenía el teléfono intervenido por orden de la titular del
Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, María Asunción Navarro
Artero; de que todos sus pasos eran seguidos bien de cerca por los
agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y que,
a cuenta de ese nombramiento, acabaría dando un día con sus huesos en la
prisión provincial de Sangonera la Verde.
Apenas tres días
después de haber empuñado por vez primera el bastón de mando, el día 19,
a las 19 horas y 48 minutos, Martínez Andreo recibe una llamada del
ahora concejal del PP Juan Francisco Casanova. Éste le felicita por la
presentación de los concejales, acto que se ha producido ese mismo día,
y a continuación le expone directamente que Rafael, el del Paretón, «se
ve que tiene un problemica...» y que le ha dicho que no se preocupe que
él sabe «que Pepe -supuestamente José Martínez Andreo- es un tío legal y
lo que hablamos... lo que te haga falta, lo que te haga falta... Y tiene
problemas con su casa, con no sé qué, y digo tú tranquilo por eso, que
no vamos a firmar nada».
Andreo responde:
«¿Pero que necesita cosas nuestras?»
-Casanova: «Hombre,
hombre, pues claro, claro».
-Andreo: «¿Pero de
qué plan? ¿Del Plan General, o de qué?».
-Casanova: «Sí, una
cosa del Plan General. (...) Tú no te preocupes de eso. Si no lo sabes
tú, no sé quién lo va a saber...».
-Andreo: «Claro».
La conversación
cambia de derroteros hasta que Casanova le indica: «Las perricas que me
dijiste, no te gastes todas las perras, que tenemos que comprar algo
bueno».
-Andreo: «Tenemos
que hacer cosas».
-Casanova: «Sí, sí
sí, sí tenemos que hacer una cosa... Vamos a poner de testaferro a
Bartolo».
-Andreo: «Eso,
eso... (se ríe)».
-Casanova: «...que
es un tío legal, que es de lo más legal que he conocido en mi vida...».
-Andreo: «Sí,
¿no?».
-Casanova: «Hostia,
ése da la vida por nosotros».
-Andreo: «Sí».
-Casanova:
«Muere».
-Andreo: «Eso está
bien, eso está bien».
Los guardias
civiles, que llevan alrededor de un mes tratando de desenredar la
supuesta trama de corrupción en Totana, de la que comenzaron a tirar
siguiendo el hilo del ex alcalde Juan Morales, se ponen alerta ante
semejante conversación. «Aunque se aprecia cierta ironía en este tema
por parte de ambos -señalan en un informe cursado a la juez Navarro-, no
se interpreta como una idea descabellada». Desde ese instante estarán
bien atentos a las conversaciones entre Martínez Andreo y el edil Juan
Francisco Casanova. No habrán de esperar mucho más para tener
novedades.
LLAMADA A 'LOS
GALLEGOS'
«El rumor de que
Juan Morales pedía comisiones lo conocía media Totana y media región»,
admitió recientemente el actual alcalde de Totana y sucesor del aludido.
Pero la juez María Ascensión Navarro va mucho más allá en las
conclusiones con que cierra su investigación sobre el caso Tótem.
Considera la
instructora que Martínez Andreo no sólo conocía esos «rumores», sino que
sabía fehacientemente que Morales había llegado a un acuerdo con el
presidente del grupo inmobiliario gallego Inmonuar, Manuel Núñez Arias,
para cobrar 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) por
recalificar 2,2 millones de metros cuadrados en el paraje El Raiguero,
donde pretenían construir 5.000 viviendas y un campo de golf. El dinero
debía ser repartido en tres partes iguales entre Morales, su amigo y
hombre de confianza, el empresario Gabriel Martínez -de Huervos Maryper-
y dos intermediarios en la operación.
Más aún, estima la
juez que Martínez Andreo, una vez que hubo tomado posesión de su cargo,
decidió apartar a Morales y tratar de quedarse con la comisión. ¿Cómo
llegó a tal conclusión?. Por otra conversación interceptada el 27 de
agosto del 2007 entre Casanova y Martínez Andreo, en la que ambos hablan
supuestamente de tales planes.
Una conversación a
la que los investigadores otorgan una excepcional importancia y que
llevó a incluir como imputados en un delito de cohecho a los dos
intervinientes en la misma.
Por la
trascendencia del documento, que está en poder de La Verdad, se
reproduce íntegramente:
-José Martínez
Andreo: Sí.
- Juan Francisco
Casanova: Pepe.
-Andreo: Díme.
-Casanova: He
llamado al gallego y he quedao con él pa la semana que viene, pa comer
con él.
-Andreo: Vale.
-Casanova:
¿Entiendes o no?
-Andreo: Mmm.
-Casanova: Vamos a
hacer una cosa bien hecha.
-Andreo: Ah, tú...
¿pero tú, no?
-Casanova: ¿Eh?
-Andreo: Que tú,
tú, tú...
-Casanova: Sí, sí,
sí.. Tú tranquilo, tú no. Aquí soy yo, yo sólo, tú nada, ¿me entiendes o
no?
-Andreo: Mmm.
-Casanova: Yo
luego, a ver si tú me entiendes, yo, como si fuéramos los dos, pero soy
yo.
-Andreo: Ya está.
Lo que tú mires, hables y ya está. ¿Mmm?
-Casanova: Ehhhhh.
Mmm. Ya está tú, exactamente. Nosotros comemos, hablamos con él, y ya
está, y ahí lo podemos hacer bien, y si sale bien es como si supiéramos
el precio del suelo y punto, y no pasa ná.
-Andreo: Correcto,
correcto.
-Casanova: (No se
entiende). De puta madre, pero no pasa ná. Y con lo otro...
-Andreo: Mmm.
-Casanova: Pues lo
otro, si tú quieres ayudarle, yo también. Tú no apareces, nada, y lo
hacemos bien también. ¿Me entiendes o no?
-Andreo: Sí, ahí
está el tema de, fff, si uno sabe lo del otro, peligro.
-Casanova: Noooo,
éste, éste ahora cuando yo he hablado, dice, es que yo, me parece a mí,
que La generala no ha hecho ná. Éste no sabe ná. Pero eso se puede a...,
lo tengo también pensado, eso se puede hacer bien pensado pa que... mmm,
para que nin... (no termina la frase).
-Andreo: Pero (no
termina)
-Casanova: (No se
entiende). Y que nadie lo sepa.
-Andreo: Pero
porque es..., porque los..., lo..., ¿el abogado es el mismo de los dos?
-Casanova: Tiene
que ser el abogao, ellos no sabrán ná, tiene que ser que el abogao de La
Generala haya hablao con el abogado de... (no termina la frase).
-Andreo: Sí.
-Casanova: De eso.
Pero lo que está claro es que si La Generala hace eso, el abogao no le
va a decir al otro abogao ná.
-Andreo: Ya, ya,
ya.
-Casanova: Y si el
abogado éste hace lo de eso..., no va a decir..., quiere decirse que eso
es una cosa... (no termina la frase).
-Andreo: Mmm.
-Casanova: Que
nadie (no se entiende), nadie va a saber ná.
-Andreo: Ya, ya,
ya... Está claro.
-Casanova:
¿Entiendes o no? Nosotros vamos a ir. Yo le he dicho, tú bájate, porque
él está ciego, digo tú bájate pa abajo, comemos y echamos un rato.
-Andreo: ¿Eso quién
es, el Pablo ése?
-Casanova: Sí.
-Andreo: Vale.
-Casanova: Hemos
bajao con el jefe. No lo sabía, Digo, no..., tú bájate, tú, de momento
tú...
-Andreo: Eso, pero
ellos ¿van en plan firme ahí, a desarrollar? ¿O no? ¿O siguen por ahí
intentando colocar eso?
-Casanova: Ya nos
enteraremos la semana que viene.
-Andreo: Pues ya
está. No, es que eso es una de las cosas, también, que tienes tú que
saber.
-Casanova: Por eso,
por eso. No, no, no. Tú. Vamos a ver, nosotros nos vamos a enterar de tó
la semana que viene.
-Andreo: Mmm.
-Casanova:
¿Entiendes o no?
-Andreo: Bien,
bien, bien.
-Casanova: Todo
bien, y ya está. Y eso no es ningún problema, porque no lo vamos a hacer
de..
-Andreo: Y sobre
todo déjales claro que... con Morales, desmarcarse total.
-Casanova: No, eso
tú tranquilo. Además, es que lo vamos a hacer de tal manera que si la
cosa sale en puesto de 30 euros el suelo, pues les va costar 60.
-Andreo: Ya, que no
hace falta que me digas ná, pero que...
-Casanova: Nada.
-Andreo: Pero que
lo que te digo, eh, que se lo dejes claro, ¿eh?, que Morales no va en el
mismo barco.
-Casanova: Ya se lo
he dicho, yo, no le he dicho ná de eso. Lo único que le he dicho, que de
momento no comente ná a nadie, hasta que no hablemos.
-Andreo: Ya está.
-Casanova: Y una
vez que hablemos, ya, como le vamos a decir lo que tenemos que decirle,
y punto.
-Andreo: Ya. Venga,
de acuerdo. Vale.
-Casanova: Y a los
otros, lo mismo. Los otros, tú, cuando hablemos con éste...
-Andreo: Los otros,
exactamente.
-Casanova:
Exactamente. Cuando hablemos con éstos, tú a los otros no tienes más que
decirles, ehh, ehh, habla con Juan Francisco.
-Andreo: Mmm. Está
claro.
-Casanova: Y
punto.
-Andreo: Venga
vale, vale, ok.
-Casanova: Pero eso
sí, a nadie, Pepe, hostia.
-Andreo: No, no,
pero si lo tengo claro, si lo tengo claro.
-Casanova: ¿Eh?
Esto tú, yo, tú y yo, y punto.
-Andreo: Ya.
-Casanova: Ni a tu
mujer, ni yo a la mía.
-Andreo: No te
preocupes, no te preocupes.
-Casanova: ¿Me
entiendes o no?
-Andreo: Sí, lo
tengo claro, si eso lo tengo yo claro.
-Casanova:
Exactamente, ahí eso, pa ti y pa mí, y punto.
-Andreo: Venga, ok.
-Casanova: Hasta
luego, Pepe
-Andreo: Venga,
hasta luego.
«RENEGOCIANDO LA COMISIÓN»
Los investigadores
de la UCO, como más tarde harían el fiscal y la propia juez, llegaron a
la conclusión de que «Andreo y Juan Francisco Casanova se conciertan
para que el segundo hable con Pablo (Pablo Maceira Galarza, gestor de
suelo de Inmonuar), y renegocien lo que parece ser una comisión por
facilitar la llegada a buen puerto del convenio que la sociedad gallega
tiene firmado con el Ayuntamiento de Totana».
Con la
interceptación de esta conversación, Andreo pasó a convertirse en uno de
los objetivos prioritarios de la Operación Tótem.
(www.laverdad.es,
06/06/08)
EL HIJO DE
MORALES, SU EXMUJER Y SU ACTUAL COMPAÑERA, CONOCÍAN SUS ACTIVIDADES
ILÍCITAS
El hijo de Juan
Morales, su exmujer, y su actual compañera sentimental conocían algunas
de sus presuntas actividades ilícitas. Del sumario del Caso totem se
desprende por ejemplo que Morales, en una conversación con su hijo, le
dice que tiene guardado abundante dinero en metálico "en distintos
sobres que están en puntos diferentes de su casa de la charca de
Totana", según ha informado esta mañana la cadena SER.
También a través
del sumario, sabemos que la exmujer de Morales, Carmen Jordan, es
conocedora, colaboradora y beneficiaria de los negocios de Morales . Se
ha comprobado que Morales sigue manteniéndola económicamente, que Jordan
está vinculada a la empresa Nubia, que es la que iba a cobrar la
comisión de 3 millones de euros de Nuaria, y que comparten al menos una
cuenta bancaria.
En una conversación
intervenida entre los dos sobre el PGOU de Totana, ella afirma que el
negocio con Nuaria Morales lo tiene por escrito y supeditado a la
aprobación de dicho plan para cobrar. Entonces morales le dice cosas
como estas..."Esperemos que los imbéciles estos sean capaces de ir
sacando el plan urbanístico adelante. si no lo sacan no van a poder
cobrar ni ellos. les va la pura subsistencia, tienen que comer de alli."
Por último, del
sumario del caso totem destaca la figura de Vaneide Freita, la actual
pareja sentimental de morales que también es conocedora de sus presuntas
actividades ilícitas. Y es que Morales tienes inversiones inmobiliarias
en Foz de Iguazu, en Brasil, la localidad natal de Freita y la ha
utilizado a ella para transportar el dinero con el que pagarlas. Eso se
sabe porque segun un registro oficial que se cita en el sumario Morales
no aparece como interviniente en ninguna operación comercial en el
extranjero.
(www.vegamediapress.com,
05/06/08)
"Haz un documento para que
las comisiones lleguen a todos"
El ex alcalde de Totana
puso por escrito sus tejemanejes
La apertura del secreto de sumario en la Operación Tótem, que
destapó una trama de corrupción en la que han sido detenidas en
Murcia, Galicia y Madrid 14 personas, está subiendo los colores
a todo el Ayuntamiento de Totana (Murcia). Apenas un mes después
de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, con la
oposición del PSOE e IU, el sumario, al que ha tenido acceso EL
PAÍS, pone de manifiesto la presunta existencia de una lucha
entre el ex alcalde y diputado murciano Juan Morales y el actual
primer edil, José Martínez Andreo, para obtener tres millones de
euros en comisiones.
Según la juez que instruye el caso, Morales pudo haber recibido
12 millones de euros en comisiones en los diferentes pelotazos
del municipio, en el que se aprobaron 60 convenios urbanísticos.
"Yo no puedo firmar nada, pero hay que hacer algún documento
donde las comisiones lleguen para todos, y luego cada uno recoja
su parte". Así se expresaba el diputado del PP en el Parlamento
murciano (ahora está en el Grupo Mixto), Juan Morales, quien
pagó 200.000 euros para eludir la prisión, tal y como decretó la
Sala de lo Civil y Penal de la Audiencia de Murcia.
La frase procede de una conversación grabada por la Guardia
Civil en la sala Vip del aeropuerto de Barajas. En ella
participaron, además de Morales, los intermediarios Gabriel
Martínez y José Antonio Alcántara. Iban de camino a Galicia a
cobrar presuntamente una comisión de tres millones de euros al
empresario gallego Manuel Núñez, para recalificar varios
millones de metros cuadrados para que la firma Nuaria
construyera 5.000 viviendas en Totana (20.000 habitantes).
En la misma sala de Barajas, uno de los intermediarios,
concretamente Alcántara, dijo: "Lo que le vamos a proponer es
que en vez de los seiscientos millones, nos dé los cuatrocientos
en billetes y nos bajamos el viernes con ellos en una bolsa para
Murcia".
Estos tejemanejes estaban reflejados,
según la investigación realizada por la juez de Totana María
Asunción Navarro, en un documento que el propio diputado Juan
Morales destruyó al tener conocimiento de las detenciones de los
empresarios gallegos. Este documento, "troceado y recompuesto,
es un reconocimiento de deuda de tres millones de euros por
parte de una de las firmas del empresario que quería construir
en Totana en favor de una empresa cuyo titular es Joaquín
Carmona". Los tres millones de euros se habían repartido en tres
partes: una para Morales, otra para el empresario Gabriel
Martínez, y una tercera para los intermediarios Joaquín Carmona
y José Antonio Alcántara, según la investigación de la Guardia
Civil.
www.elpais.es
24.05.08
IMPLICADOS EN LA NEGOCIACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 3,6
MILLONES DE EUROS CONFIESAN QUE MORALES ESTABA DETRÁS
Si el sumario judicial instruido con motivo de la
Operación Tótem es una especie de cuerda en torno a la garganta del ex alcalde
de Totana Juan Morales, bien podría decirse que cada declaración prestada ante
la juez por los presuntos implicados ha contribuido a ir apretando el nudo. Ni
en sus amigos más íntimos ha hallado respaldo.
Las diligencias sobre este asunto de corrupción
urbanística, que están en poder de La Verdad, demuestran que la gran mayoría de
los sospechosos de participar en la negociación de comisiones multimillonarias
han acabado implicando al actual diputado regional del Grupo Mixto. Incluso
Gabriel Martínez, director ejecutivo de Huevos Maryper, hombre de su absoluta
confianza y uno de los más activos participantes, según las citadas diligencias,
en la negociación de un cobro de 3,6 millones de euros (600 millones de
pesetas). También él, su amigo del alma, su compañero de andanzas, ha confesado
que fue Morales quien exigió llevarse su parte del pastel por facilitar una
recalificación urbanística.
Según se desprende de la investigación judicial, y así
lo recoge la juez de Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, el
entonces alcalde de Totana, Juan Morales, habría visto la oportunidad de hacer
un buen negocio en el año 2006, cuando intermediarios de la firma gallega
Inmonuar S.L. empezaron a buscar terrenos en el municipio para construir una
urbanización.
La superficie que despertó el interés de la promotora
se situaba en el paraje conocido como El Raiguero, tenía una superficie de unos
2,2 millones de metros cuadrados y, aunque estaba calificada como no
urbanizable, el alcalde se habría ofrecido para impulsar el cambio de
calificación, además de para favorecer la venta de los terrenos a la promotora
gallega por parte de sus entonces propietarios. A cambio, siempre según la juez,
Morales habría solicitado la tercera parte de una comisión de 3,6 millones de
euros (las otras dos terceras partes habría ido destinadas a los intermediario y
a su amigo Gabriel Martínez, también implicado en la operación).
No fue el único intento de cobrar una comisión por
parte del alcalde totanero, quien supuestamente habría reclamado a los dueños de
los terrenos un pago de dos millones de euros (unos 332 millones de pesetas),
por gestionar la venta con el grupo gallego. Para asegurarse el pago les habría
hecho firmar un contrato de gestión inmobiliaria, en el que figuraba como
beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán. este documento
está en poder de los investigadores.
En resumen, que Morales no habría tenido empaño en
jugar incluso a dos bandas.
Por lo que se refiere a las negociaciones con Inmonuar
S.L. y su propietario, Manuel Núñez Arias, la investigación ha determinado que a
mediados del 2006 hubo una reunión en el Ayuntamiento de Totana en la que,
además del alcalde, habrían participado los intermediarios José Antonio
Alcántara y Joaquín Carmona, así como Gabriel Martínez. Éste último ha confesado
ante la juez que fue allí cuando su amigo Morales «directamente solicitó la
comisión», según se recoge en el sumario.
Con ser ya comprometido este testimonio, el problema de
Morales es que el resto de los implicados tampoco le han salvado la cara. Así,
Carmona ha dado detalles a la juez de que el alcalde había pedido participar en
el reparto de la comisión y que había reclamado que se hiciesen tres partes. Y
el propio promotor, Manuel Núñez, y su representante, Pablo Maceira, han
confesado que Morales les pidió dinero a través del intermedio Emiliano Ovide.
Por si esto no era suficiente, otros dos vecinos de
Totana, Manuel C. y Raquel V., han declarado que el mismo Emiliano Vigil les
contó la exigencia de Morales de llevarse una comisión por la recalificación de
terrenos.
Ante tamañas imputaciones, el actual parlamentario
regional se limitó en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a
encogerse de hombros. Dijo que no podía responder por las palabras de los demás
y negó «rotundamente» en una decena de ocasiones haber reclamado comisión
alguna.
Sin embargo, otro dato que le incrimina, y para el que
no encontró argumento coherente que lo explicase, es el hecho de que tuviese en
su poder dos copias del documento de reconocimiento de deuda, por importe de 3,6
millones de euros, que Inmonuar firmó en favor de la sociedad Nubia Inversiones
S.L., controlada por Carmona. Éste era el método supuestamente ideado para que
ni Morales ni el resto figurasen como perceptores de la citada comisión.
Aunque Morales respondió, a preguntas del fiscal, que
ese documento estaba incluido en el expediente del plan parcial de El Raiguero,
y que él se llevaba a casa copias de todos los planes parciales «por
precaución», no supo explicar por qué un documento privado de reconocimiento de
deuda estaba en un expediente municipal.
Hasta tal punto se fue enredando Morales en sus
respuestas que el propio magistrado instructor del TSJ, Julián Pérez Templado,
se permitió recordarle que tenía derecho a no declarar, pero que lo que estaba
diciendo «no está claro». O lo que es lo mismo, que le era preferible callar
antes que dar explicaciones poco coherentes.
Uno de los hechos más curiosos recogidos en el sumario
es la presunta conversación a cuatro bandas que Morales habría organizado, junto
a varios intermediarios, para evitar ser quien negociase directamente la
multimillonaria comisión con el promotor Nuñez Arias. De esta forma, Morales le
transmitía las indicaciones a su amigo Gabriel Martínez, quien a su vez las
pasaba por teléfono a los intermediarios Carmona y Alcántara, que estaban
reunidos en un coche con Pablo Maceira, hombre de confianza de Núñez Arias. Éste
era quien finalmente hacía llegar las exigencias al promotor gallego, también
vía telefónica. Una precaución que parece haberle servido de poco.
(www.laverdad.es,
23/05/08)
MARTÍNEZ ANDREO:«NOS VAMOS A REPARTIR ALGO, PERO NO LO
DEBEN SABER NI NUESTRAS MUJERES»
La titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, sostiene en su
Exposición Razonada, remitida al Tribunal Superior de Justicia como resumen de
su investigación, que «hay prueba al menos indiciaria de que el actual alcalde
[Juan Martínez Andreo], no sólo era perfectamente consciente de que existía ese
acuerdo entre Morales y otras personas para el cobro de la comisión de 3,6
millones de euros, pues ya lo tenía que saber siendo concejal de Obras Públicas,
y además así se lo confirmó a Emiliano Ovide en la reunión que tuvieron en el
Parador de Albacete cuando Andreo aspiraba a ser alcalde, sino que también ha
querido cobrar él mismo toda o parte de la misma comisión cuando, según el
propio Emiliano, así trascendió en la citada reunión».
Tal y como ayer publicó La Verdad, basándose en las
diligencias judiciales de la Operación Tótem, la juez ofrece más datos al
respecto y señala, asimismo, que «existe además una conversación telefónica de
Martínez Andreo con Juan Francisco Casanova -uno de sus concejales-, en la que
hablan de quedar con Pablo Maceira como representante de los 'gallegos', y que
se van a repartir 'algo' sólo entre ellos dos, que no se lo deben comunicar a
nadie, ni siquiera a sus propias mujeres, y que debe quedar claro a los
'gallegos' que Morales 'debe quedar fuera, desmarcarse total de él'».
María Asunción Navarro también hace constar que, en sus
declaraciones, Martínez Andreo y Casanova no pudieron «dar una explicación
coherente al contenido de tal conversación, cayendo ambos en contradicciones que
demuestran que ocultan la realidad de su contenido, por lo que es perfectamente
posible que ya hayan 'solicitado' o 'aceptado' el cobro de la comisión ilegal».
José Martínez Andreo afirmó ayer, a raíz de las
informaciones desveladas por La Verdad, que «no he cobrado, no pensaba hacerlo,
ni lo haré», en referencia a las comisiones de la supuesta trama de corrupción
urbanística investigada en su municipio.
Martínez Andreo, que asistió a la inauguración del
Sicarm 08, señaló que la información publicada ayer por este periódico que
«deduce y pone en boca» de la juez Navarro, referente a su persona, es
«rotundamente falso», y pidió que se levante el secreto del sumario para poder
defenderse.
El alcalde de Totana, que a consecuencia de su
imputación en esta supuesta trama pasó dos meses en la cárcel hasta que pagó una
fianza de 70.000 euros, afirmó seguir confiando en la Justicia y pidió que «esto
-en referencia a la publicación de las diligencias- no sea un cuentagotas para
hacerme daño y erosionarme políticamente».
Pidió profesionalidad a la hora de trabajar, y ante la
pregunta de si pensaba dejar la alcaldía, reiteró su presunción de inocencia.
Por contra, según informa Efe, señaló como «novedad
importante» y calificó de «fidedigna» la información publicada por este
periódico sobre el origen de la denuncia. «Quien ha propiciado [la causa] es el
PSOE de Totana y su secretario general, Alfonso Martínez Baños, que además se ha
prestado a hacer grabaciones a terceros, como ya dije en alguna ocasión y hoy se
ha hecho realidad».
(www.laverdad.es,
22/05/08)
EL FISCAL IMPUTA A MORALES 5 COHECHOS QUE SUMARÍAN
QUINCE MILLONES DE EUROS
Al menos cinco posibles delitos de cohecho. Tales son
los cargos, a las que se suman otros posibles delitos de tráfico de influencias,
negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, malversación
de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales e infidelidad en la
custodia de documentos, que el Ministerio Fiscal imputa al ex alcalde popular de
Totana y actual parlamentario regional del Grupo Mixto, Juan Morales, y que se
deducen de la investigación realizada con motivo de la denominada Operación
Tótem.
Diversos documentos intervenidos en los registros
realizados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil en el domicilio de Morales, en la casa y en la asesoría que figuran a
nombre de su ex mujer y en el piso que le prestaba a su novia brasileña, e
incluso papeles que portaba en un maletín uno de sus abogados, ofrecen indicios
suficientes, en opinión del Ministerio Público, para sospechar que Morales se
valió «de su condición de alcalde» para solicitar multimillonarias comisiones, a
cambio de su supuesto apoyo y de sus gestiones para sacar adelante proyectos
urbanísticos en Totana.
Para evitar figurar como futuro perceptor de esas
comisiones, Morales habría utilizado a su ex mujer, María del Carmen Jordán, así
como sociedades controladas por intermediarios urbanísticos y por amigos y
personas de su absoluta confianza, con quienes varias empresas, interesadas en
sacar adelante esos proyectos urbanísticos, habrían firmado contratos
comprometiéndose al pago de elevadas cantidades de dinero.
Uno de los documentos más comprometedores es un
reconocimiento de deuda que la firma gallega Inmonuar S.L., que quería construir
más de 5.000 viviendas en Totana, habría expedido en favor de la sociedad Nubia
Inversiones S.L., propiedad del intermediario Joaquín Carmona. En concreto, esa
promotora gallega se habría comprometido a pagar 3,6 millones de euros (600
millones de pesetas) por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados,
y supuestamente existía un acuerdo para que esa comisión se repartiese en tres
partes iguales de 1,2 millones de euros entre Juan Morales, su amigo Gabriel
Martínez (de Huevos Maryper) y el citado intermediario y su socio José Antonio
Alcántara.
Ese documento de reconocimiento de deuda fue hallado en
manos de todos los imputados mencionados. También lo tenía en su casa Juan
Morales, quien presuntamente lo rompió en pedazos y lo arrojó a un contenedor,
aunque la Guardia Civil logró recuperarlo y reconstruirlo. También estaba en el
piso de la novia brasileña de Morales, Vaneide Freita.
La Guardia Civil también intervino otros tres
documentos, en los que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María
del Carmen Jordán, en los que empresas como Agroproducciones Integradas S.L. y
Visanfer S.L. se comprometían a abonarle cantidades que habrían ascendido, en el
primer caso, a dos millones de euros, y a cinco millones en el segundo.
Por último, la investigación sacó también a la luz un
documento privado de compraventa de acciones de la empresa Deitania S.L.,
firmado entre Morales y el dueño de esa firma, su amigo Juan Antonio Álvarez, y
que el fiscal sospecha que buscaba camuflar el supuesto intento de cobro de otra
comisión de nueve millones de euros.
(www.laverdad.es,
22/05/08)
EL ALCALDE MARTÍNEZ ANDREO INTENTÓ QUITARLE A MORALES
LA COMISIÓN DE TRES MILLONES DE EUROS
Tres millones de euros constituyen un fajo de billetes
demasiado grueso como para no resultar una tentación. Dinero suficiente para
justificar una zancadilla a un socio. A un amigo. A un colega. Incluso, a quien
fue tu jefe y alcalde. Tal es la conclusión que se extrae, en una primera
lectura, del sumario instruido por la titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, en el
que se investiga una decena de delitos vinculados a la corrupción urbanística en
Totana. Esto es, las diligencias judiciales de la denominada Operación Tótem, a
las que ha tenido acceso La Verdad.
Una de las conclusiones más sorprendentes de la
investigación, coordinada por la citada juez y desarrollada por agentes de la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es la que indica que el
actual alcalde del PP en Totana, José Martínez Andreo, intentó quedarse con una
comisión de tres millones de euros (500 millones de pesetas) que su antecesor en
el cargo, Juan Morales Cánovas, había pactado supuestamente con una firma
gallega por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, en el paraje
de El Raiguero, donde estaba prevista la construcción de 5.040 viviendas.
Según se recoge en la Exposición Razonada que la juez
María Asunción Navarro remitió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia
el pasado 11 de enero, y en la que realiza un exhaustivo resumen de todo lo
investigado hasta ese momento, Martínez Andreo, que había sido concejal de Obras
Públicas en la anterior legislatura, con Juan Morales como alcalde, «conocía las
andanzas» de quien fue su jefe de corporación, y era consciente de la
multimillonaria comisión presuntamente pactada por éste con el empresario
gallego Manuel Núñez Arias, responsable de las sociedades Inmonuar S.L. y Grupo
Nuaria S.L., entre otras.
En esta tesitura, recoge el citado documento, «Martínez
Andreo, una vez que obtuvo la Alcaldía (en el 2007), y al considerarse como
máximo responsable del Consistorio, [consideró] que debía ser él quien cobrase
la citada comisión, tratando de dejar fuera a Morales».
«Esto aparece claramente -añade la juez- en la
conversación telefónica que tuvo en el mes de agosto del 2007 con Juan Francisco
Casanova, que actuaba como representante suyo en las reuniones que celebró con
Pablo Maceiras -representante a su vez de Inmonuar S.L.-, al cual llegó a
recibir en su propio despacho del Ayuntamiento». La instructora señala, sin
embargo, que «no se ha acreditado» que el actual alcalde popular «llegase a
recibir ninguna cantidad».
De esta forma, y según las conclusiones obtenidas con
la suma de indicios y pruebas por la juez Navarro, se habrían creado «dos
bandos» con el mismo objetivo: hacerse con la suculenta comisión pactada por la
recalificación de los terrenos de El Raiguero. De un lado, «el bando formado por
Juan Morales -ya entonces diputado-, José Antonio Alcántara (intermediario) y
Gabriel Martínez (director ejecutivo de Huevos Maryper y amigo íntimo y hombre
de toda la confianza de Morales)». Y de otro lado, «otro bando formado por el
citado Pablo Maceiras, Joaquín Carmona (intermediario y ex socio de José Antonio
Alcántara) y posiblemente Juan Francisco Casanova (concejal de Agricultura de
Totana y amigo y representante de Martínez Andreo) y [el propio] José Martínez
Andreo».
Juan Morales, preocupado por la entrada en escena de
Martínez Andreo, y sobre todo por el hecho de que se hubiesen acabado peleando
Alcántara y Carmona, que habían comenzado siendo sus supuestos intermediarios y
negociadores de la comisión ante el grupo gallego, el parlamentario regional
habría decidido dar un golpe de mano y recuperar el control de la operación,
aunque fuese a costa de perder algún dinero.
Así, señala la juez, Morales organizó un viaje
relámpago a Vigo, junto con Gabriel Martínez y Alcántara, y allí se reunieron
con el empresario Núñez Arias. En ese encuentro, que fue controlado por la
Guardia Civil, quedaron en que la comisión originalmente pactada por la
recalificación, que era de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) a
repartir en tres partes, se quedaría en tres millones de euros.
La forma de pago, según las exigencias de Morales,
serían 1,2 millones de euros en el acto, y 1,8 millones de euros cuando se
aprobase el Plan General de Urbanismo, o bien cuando Inmonuar S.L. vendiese sus
terrenos a un tercero.
El reparto de esa comisión se haría de la siguiente
forma: 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) para Juan Morales, e
iguales cantidades para Gabriel Martínez y Alcántara. (Parece que la juez quiere
decir, en realidad, tres partes de un millón de euros).
REUNIÓN SECRETA EN ALBACETE
Mientras el ex alcalde y todavía diputado del PP Juan
Morales -luego fue expulsado por su partido y pasó a integrar el Grupo Mixto de
la Asamblea Regional- trataba de esa forma de hacerse con la comisión, Martínez
Andreo intentaba también, presuntamente, jugar sus cartas. De esta forma, habría
contactado con uno de los primeros intermediarios y representantes del grupo
gallego, Emiliano Ovide, y habría concertado con él una reunión, que finalmente
se celebró en el Parador Nacional de Albacete.
En este encuentro habrían participado, además de las
dos personas mencionadas, Manuel C.M. y Raquel V.L. (cuñado e hija,
respectivamente, de la vecina de Totana Juana L.G., que fue la primera que puso
en contacto a Emiliano con Juan Morales).
En su declaración en el juzgado, Emiliano explicó que
Martínez Andreo le había solicitado además toda la documentación que tuviese en
su poder y que pudiese implicar a Morales en la negociación de comisiones. Sin
embargo, añadió, «cuando observó que Andreo no lo llamaba para pedirle esa
documentación, unido a los comentarios del pueblo y al nivel económico de vida
que empezó a tener éste, le hizo pensar que se había aliado con Morales».
LA TRAICIÓN SE PAGA CARA
Otro dato realmente interesante que ofrecen las
diligencias sumariales sobre la Operación Tótem es el que se refiere al origen
de la investigación. Como en tantos otros grandes asuntos de corrupción
urbanística, las primeras claves empezó facilitándolas un arrepentido; en
realidad, un intermediario de la operación urbanística a quien el resto de
implicados se había quitado de encima, dejándole sin su parte del pastel.
Este papel lo ha jugado aquí el intermediario Emiliano
Ovide Castrillo, que fue quien empezó a buscar terrenos para urbanizar en
Totana, por mandato de Núñez Arias, y quien por primera vez habría contactado
con el entonces alcalde Juan Morales.
Cuando varios intermediarios urbanísticos locales se
metieron por enmedio y lo dejaron fuera, Emiliano Ovide le fue con el cuento al
secretario general del PSOE en Totana, Alfonso Martínez Baños, quien grabó
subrepticiamente la conversación. Fruto de aquel encuentro fue la presentación
de una denuncia, por parte del PSOE local, ante la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia y la subsiguiente Operación Tótem, en la que ya
figura una veintena de imputados.
UNA EMPRESA 'TAPADERA'
La juez de Totana tiene pocas dudas del papel
protagonista jugado por el actual diputado regional en la trama. Así, en su
escrito remitido al TSJ, señala que «ha quedado acreditado, al menos
indiciariamente, que Juan Morales es el que propicia desde el principio la
existencia de esa comisión ilegal, pues es él quien la solicita; es él quien
concreta la cantidad a abonar; él ordena y coordina la operación; él exige la
firma de varios documentos de deuda públicos y privados; es él quien impulsa de
una forma insistente y firma el convenio sin cuya comisión seguramente no
hubiese firmado; es él quien una vez que deja de dirigir el consistorio totanero
sigue impulsando toda la operación, hasta el punto de que sale de una decisión
suya la idea de acudir a Vigo a la reunión con Núñez».
«Reunión -prosigue la instructora-, a la que acudió
acompañado de Gabriel Martínez y Alcántara (...), llegando a escucharse incluso
en la sala VIP de Barajas comentar entre los tres que iban a rebajar la comisión
en 600.000 euros, pero que iban a exigir a Núñez que les entregase ya todo o
parte de la cantidad de tres millones de euros, que se la traerían a la vuelta
en un coche, metida en una bolsa de plástico».
Para evitar figurar en documento alguno, Morales había
acordado supuestamente con dos intermediarios y personas de su confianza, el
citado Alcántara y Joaquín Carmona Abellán, que fuese una sociedad vinculada a
ellos, Nubia Inversiones S.L., la que cobrase la comisión. La operación se haría
mediante el reconocimiento, por parte de la promotora Inmonuar S.L. -propiedad
de Núñez Arias- de un reconocimiento de deuda por importe de los 3,6 millones
mencionados en primer lugar.
Copias de ese documento de reconocimiento de deuda
fueron encontradas en posesión de la mayor parte de los imputados mencionados,
cuando la juez de Totana ordenó los registros de domicilios y sedes
empresariales.
Y POR ÚLTIMO, A VIVIR A BRASIL
El propio Emiliano señaló en sus manifestaciones ante
el juzgado que los planes de Juan Morales pasaban por cobrar la comisión y
marcharse a vivir en Brasil, aprovechando que había iniciado tiempo atrás una
relación sentimental con una ciudadana brasileña, la también imputada ahora
Vaneide Freita.
La juez Navarro considera que esos planes del diputado
han quedado acreditados en el curso de la investigación judicial y señala,
asimismo, que hay indicios de que esta mujer «habría colaborado en el envío de
dinero y documentos pertenecientes o relacionados con Juan Morales a su país de
origen».
También se habría confirmado que Morales posee
inversiones inmobiliarias en la localidad brasileña de Foz de Iguaçu.
(WWW.LAVERDAD.ES,
21/05/08)
Detenido el presunto testaferro del ex alcalde
de Totana
Agentes de la Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil detuvieron ayer por
la mañana en Alcantarilla (Murcia) a
Juan Antonio Álvarez Moreno,
amigo del
ex alcalde de Totana Juan Morales, como
presunto testaferro de éste. Poco antes,
uno de los hermanos de Álvarez Moreno
abonaba la fianza de 200.000 euros que
le permitió salir de la cárcel al ex
alcalde y actual parlamentario
autonómico al que se le imputan delitos
de cohecho, malversación de fondos
públicos y prevaricación.
El nuevo arrestado, que había declarado
como testigo por este caso ante la juez
de Totana Asunción Navarro, es el
administrador único de la sociedad
Deitania Trading, que fuentes de la
investigación consideran vinculada al ex
regidor, y se dedica a la intermediación
de operaciones relacionadas con
inmuebles. Al parecer, Álvarez cobró
comisiones por recalificaciones de
terrenos.
www.elpais.es 15.04.08
LA FISCALÍA DEL TSJ PIDE QUE SE TOME DECLARACIÓN A JUAN MORALES COMO IMPUTADO
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha
pedido a la Sala de lo Civil y Penal que asuma el caso de la presunta corrupción
urbanística de Totana y que llame a declarar como imputado al anterior alcalde y
diputado regional Juan Morales. El diputado se encuentra en paradero
desconocido. Desde que saltó el escándalo en la operación Totem, poco o nada se
ha vuelto a saber de él.
El fiscal superior de la Región, Manuel López
Bernal, presentó hoy el informe solicitado por el TSJ la pasada semana, en el
que se indica que dada la condición de aforado de Morales el órgano competente
para enjuiciarlo es la Sala de lo Civil y Penal, indicaron a EFE fuentes
judiciales.
En su escrito, la Fiscalía afirma que en la
investigación realizada por el Juzgado de Instrucción de Totana en el marco de
la "Operación Tótem" han aparecido indicios de criminalidad contra Morales que
exigen extender la investigación a este ex alcalde.
Según el informe, esos indicios derivarían de las intervenciones telefónicas
grabadas con autorización judicial, de documentos aportados a la causa y de lo
manifestado por otros imputados.
De confirmarse el contenido de estas pruebas, añade el informe, el ex alcalde
habría podido incurrir, entre otros, en los delitos de cohecho, malversación de
caudales públicos y prevaricación.
En consecuencia, pide que la Sala proceda al
nombramiento de un instructor y que se cite a declarar a Morales, además de
solicitar al tribunal que se dirija al Juzgado para reclamarle el envío de todas
las actuaciones.
Igualmente, aconseja que se mantenga el secreto del sumario para que la
investigación no se vea perjudicada.
La operación judicial de la que se derivan estas actuaciones comenzó el pasado
26 de noviembre, con la detención de seis personas en Totana, Murcia, Vigo y
Madrid y continuó tres días después con la puesta a disposición de otros cuatro
imputados, hasta alcanzar en conjunto la quincena con las detenciones llevadas a
cabo después.
De todos los investigados, el único que permanece
en prisión desde primeros días de diciembre es el actual alcalde de Totana, José
Martínez Andreo.
De asumir la Sala de lo Civil y Penal el
conocimiento del caso, procedería al nombramiento de un instructor, que sería,
según sus normas de reparto, el magistrado Julián Pérez-Templado, anterior
presidente del Tribunal Superior.
(www.vegamiapress.com,
23/01/08)
El ex
diputado del
PP Juan
Morales ha
adquirido un
patrimonio
difícil de
justificar
Juan
Morales,
principal
sospechoso
de la
Operación
Tótem que
investiga el
pago de
comisiones
millonarias
a cambio de
recalificaciones
de suelo en
la localidad
murciana de
Totana,
cuenta con
cinco
inmuebles y
tres
vehículos de
alta gama,
según
fuentes
judiciales.
Indicios que
acumula el
ex diputado
popular por
presunto
delito de
cohecho y
que el
Tribunal
Superior de
Justicia de
Murcia tiene
sobre su
mesa para
valorar si
puede o no
proceder
contra el
político
El ex diputado popular y ex alcalde de Totana Juan Morales podría ser procesado por un presunto delito de cohecho. Según varios informes que se encuentran en posesión de la juez que instruye el caso, a Juan Morales le resultaría difícil justificar su patrimonio: al menos tres vehículos de gama alta, entre ellos un BMW y un Mercedes, tres casas en Murcia y otros dos inmuebles en Brasil.
Por orden de las autoridades españolas, la policía de Brasil investiga además posibles inversiones de Morales en el país sudamericano cuando era diputado popular. Inversiones que habría destinado a adquirir viviendas y un local comercial. Morales ha formado la mayor parte de este patrimonio en los tres últimos años, un hecho que fuentes de la investigación valoran como un claro indicio de enriquecimiento personal difícil de justificar ya que el desembolso supera con creces sus ingresos conocidos.
En cuanto al posible cobro de comisiones ilegales millonarias a cambio de la recalificación de terrenos en la localidad murciana, Morales tenia en la gestoría de su ex mujer una copia exacta de cada uno de los 60 convenios públicos del Ayuntamiento y que estaban en fase de aprobación. Según fuentes judiciales, Morales podía llegar a cobrar hasta un 30 por ciento de las plusvalías que obtuviera la empresa constructora con la recalificación de los terrenos y no se descarta que la gestoría fuera una tapadera de Morales para presuntas actividades ilegales vinculadas a su actividad política como diputado popular.
Según fuentes judiciales, la investigación está estudiando los contratos que firmaron distintos empresarios con Morales y por los que pudo cobrar comisiones ilegales, así como abundante documentación de la que se incautó la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil durante los registros en el marco de la Operación Tótem.
La cadena Ser les avanzó en su día que Juan Morales era el principal sospechoso de la trama y que no se procedió contra él al tratarse de una persona aforada. Una operación que, por cierto, se precipitó ante la sospecha de que Morales estaba a punto de recibir una comisión de tres millones de euros, parte de ese dinero lo recibiría en maletines en Madrid, a través de una cadena de intermediarios que ya fueron detenidos. En cuanto al proceso judicial, la juez que instruye el caso en Totana ha enviado hoy un escrito con estos y otros indicios al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que podrían sentar a Morales en el banquillo.
www.cadenaser.com 14.01.08
Arrestados e
imputados
por cohecho
dos
empresarios
de Totana
El
empresario
Domingo
Sánchez
Martínez
fue
detenido
ayer
por
la
mañana
en
su
domicilio
de
Totana,
dentro
de
la
Operación
Tótem
contra
una
trama
de
corrupción
urbanística,
y
fue
puesto
en
libertad
a
las
seis
de
la
tarde
tras
declarar
ante
los
agentes
de
la
Unidad
Central
Operativa
de
la
Guardia
Civil
en
Murcia.
Hacia
las
tres
de
la
tarde,
la
titular
del
Juzgado
de
Primera
Instancia
número
1 de
Totana,
María
Asunción
Navarro
Artero,
que
investiga
el
caso,
decidió
imputar
también
al
hermano
del
detenido,
Francisco
Sánchez
Martínez.
A
ambos
empresarios,
propietarios
de
la
empresa
Visanfer,
la
juez
les
imputa
presuntos
delitos
de
cohecho
y
tráfico
de
influencias.
Fuentes
cercanas
a la
investigación
sostienen
que
la
detención
de
este
empresario,
cuya
sociedad
firmó
cuatro
convenios
urbanísticos
con
el
anterior
alcalde
de
Totana,
Juan
Morales
-ahora
diputado
del
Grupo
Mixto
en
el
Parlamento
murciano
tras
ser
expulsado
del
PP-
para
construir
un
millar
de
viviendas,
podría
estar
relacionada
con
una
promoción
en
el
paraje
del
Llano
de
las
Cabras,
cerca
del
Parque
Natural
de
Sierra
Espuña.
Recalificación
Los
investigadores
consideran
que
pudo
haber
cometido
un
delito
de
cohecho
al
acordar
con
el
actual
alcalde
del
PP,
José
Martínez
Andreo,
en
la
cárcel
desde
el
pasado
3 de
diciembre,
la
reclasificación
de
200.000
metros
cuadrados
rústicos
tras
la
aprobación
del
Plan
General
de
Ordenación
Urbana
de
Totana,
que
todavía
está
en
tramitación.
Según
fuentes
de
la
oposición,
el
primer
edil
había
firmado,
de
forma
paralela,
un
acuerdo
privado
con
una
confederación
de
empresarios
en
las
que
se
comprometía
a no
aprobar
la
urbanización
del
detenido,
que
incluía
318
viviendas.
Con
el
arrestado
ayer,
que
fue
puesto
en
libertad,
ya
son
14
los
detenidos
en
la
Operación
Tótem,
entre
los
que
se
encuentra
el
regidor
del
municipio,
que
no
ha
dimitido.
Fuentes
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
informaron
de
que
la
Fiscalía
está
a la
espera
de
la
entrada
en
la
Sala
de
lo
Penal
del
informe
de
la
juez
sobre
la
supuesta
intervención
de
Juan
Morales,
parlamentario
regional
y
alcalde
de
Totana
entre
2003
y
2007,
en
un
caso
de
cohecho.
De
los
detenidos,
11
están
en
libertad
provisional,
nueve
con
fianza.
www.elpais.es
La fiscalía pide que se
impute por cohecho al ex
alcalde del PP de Totana
La fiscalía de
Murcia ha pedido
a la juez de
Totana que
investiga la
trama de
corrupción
urbanística, la
Operación
Tótem,
destapada por la
Guardia Civil en
esta localidad
murciana de
28.000
habitantes, que
impute por
cohecho al
diputado Juan
Morales. Fruto
de esta
operación han
sido detenidas
hasta el momento
trece personas;
entre las que se
encuentra el
actual alcalde
de Totana, José
Martínez Andreo
(PP), que
permanece desde
el 3 de
diciembre en la
prisión murciana
de Sangonera la
Verde. Morales,
también ex
alcalde de
Totana, ha sido
expulsado por el
PP, pero se ha
pasado al grupo
mixto de la
Asamblea de
Murcia. Aun así
es aforado.
Según el informe
que el fiscal ha
remitido al
juzgado, el ex
primer edil de
Totana habría
acordado, en una
conversación
telefónica con
un empresario
gallego, el
cobro de tres
millones de
euros en
dinero negro
a cambio de
recalificar 2,2
millones de
metros cuadrados
de terreno
rústico para
construir en
ellos 5.040
viviendas.
La juez Navarro
remitirá esta
semana al
Tribunal
Superior de
Justicia (TSJ)
de Murcia el
informe que ha
elaborado sobre
la presunta
implicación en
los hechos de
Morales. Al ser
aforado, la
causa debe
tramitarla el
alto tribunal
murciano.
Un aforado
Fuentes de la
fiscalía
informaron de
que hoy o
mañana, la Sala
de lo Civil y
Penal del TSJ
recibirá la
documentación
que le eleve la
juez, y que
incluye el
informe de la
fiscalía
pidiendo la
imputación por
cohecho de
Morales.
En ese informe,
la juez
instructora
deberá señalar
los indicios que
han aparecido
contra Morales
durante la
investigación.
Esta "exposición
razonada", como
señala la ley,
es un trámite
obligado en el
caso de que la
investigación
judicial afecte
a un aforado.
La Sala de lo
Civil y Penal,
una vez recibido
el documento de
la juez, dará
traslado del
mismo al fiscal
jefe del
Tribunal
Superior de
Justicia de
Murcia, Manuel
López Bernal,
para que éste se
pronuncie sobre
la competencia
del tribunal y
para que al
mismo tiempo
determine si las
actuaciones que
se atribuyen a
Morales son
constitutivas de
infracción
penal.
Asimismo, el
Juzgado de
Instrucción 2 de
Totana investiga
también al
diputado
murciano por un
presunto delito
medioambiental
en la
reclasificación
un terreno
protegido
denominado Las
Cabezuelas.
www.elpais.es
10.01.08
Un segundo juez investiga al ex
alcalde de Totana
Otro juzgado de Totana
(Murcia), el número 2,
investiga también al
diputado regional expulsado
del PP y anterior alcalde de
este municipio Juan Morales,
considerado el principal
sospechoso de la Operación
Tótem, que instruye el
Juzgado número 1. Se le
investiga por un delito de
tráfico de influencias en la
reclasificación una parcela
denominada Las Cabezuelas y
sobre la que está previsto
levantar, si finalmente se
aprueba el planeamiento
urbanístico de Totana, más
de 5.000 viviendas.
Morales había sido llamado a
declarar como testigo en
esta querella el pasado 26
de noviembre, fecha en la
que se iniciaron las
detenciones de la Operación
Tótem. Fuentes de la
fiscalía han mostrado su
intención de pedir que este
caso se acumule al iniciado
por el Juzgado número 1, en
la que han sido detenidas 13
personas, entre las que se
encuentra el actual alcalde
de Totana, José Martínez
Andreo, que todavía
permanece en prisión.
La investigación judicial es
fruto de una querella del
PSOE contra Morales. La
empresa Summa Inversiones
Inmobiliarias, una filial de
Cajamurcia, se había hecho
con una opción de compra de
unos terrenos protegidos en
Las Cabezuelas, terreno que
posteriormente revendió a la
sociedad Inversiones Musiya,
que es la propietaria en la
actualidad de una parcela
que será reclasificada si se
aprueba el nuevo PGOU.
www.elpais.es 24.13.07
La
Audiencia imputa ocho delitos al alcalde de
Totana y confirma su prisión
El
gobierno murciano no ve motivos para asumir la
gestión del urbanismo
La Audiencia Provincial de Murcia
ratificó ayer la prisión incondicional
contra el alcalde de Totana, José
Martínez Andreo (PP), el único de los 13
detenidos por una presunta trama de
corrupción urbanística en el municipio
murciano que permanece en la cárcel. La
justicia investiga si el regidor
favoreció a amigos suyos cediéndoles
suelo municipal a cambio de que éstos
beneficiasen al municipio, cosa que no
hicieron.
El Ayuntamiento, del PP,
considera "desproporcionada" la
decisión judicial
Los magistrados de la Sala acordaron
ayer, tras dos días de deliberaciones,
desestimar el recurso de apelación de la
defensa de Martínez Andreo "pues los
hechos que se refieren revisten
apariencia delictiva y son presuntamente
constitutivos de, al menos, los delitos
de tráfico de influencias,
prevaricación, de omisión del deber de
perseguir determinados delitos, y
falsificación de documentos públicos".
Fuentes de la investigación elevan el
número de infracciones penales que se
achacan al alcalde hasta ocho, añadiendo
los presuntos delitos de cohecho, falso
testimonio (al mentir presuntamente ante
un juez sobre un convenio de unas obras
de un colegio), malversación (al
negociar contratos a bajo precio) e
infidelidad en la custodia de documentos
públicos (al tener presuntamente
documentación del ayuntamiento en su
casa y tratar de destruirla). El auto
sostiene que existen "indicios
razonables de la participación de
Martínez Andreo en la ejecución de los
delitos, según se desprende de las
pruebas que se refieren en el auto
reservado".
Además, los jueces sostienen que, al
estar el proceso en la fase inicial de
investigación, con la prisión se impide
que el alcalde "interfiera, oculte o
destruya las fuentes de prueba". La
medida trata de que no se repita un
intento de destruir documentos.
El portavoz del Gobierno murciano, Juan
Antonio de Heras (PP), advirtió ayer que
para "intervenir las competencias
urbanísticas de un ayuntamiento hay que
tener no sólo muy contrastados los
hechos, sino que tienen que ser
reiterados y especialmente graves". En
su opinión, "hasta ahora no hay
suficientes causas o indicios como para
poder actuar de una forma tan
contundente".
El portavoz del Gobierno municipal en
Totana, José Antonio Valverde Reina
(PP), leyó un comunicado en el que
consideró "desproporcionada" la decisión
del tribunal. Valverde, acompañado por
11 miembros del equipo de gobierno
municipal, compareció en el salón de
plenos acompañado por una silla vacía
que, según dijo, representa el apoyo que
muestran a Andreo.
En Totana hay dos tramas urbanísticas.
La primera afecta al empresario Manuel
Núñez y al diputado del PP en Murcia
Juan Morales por una gran recalificación
de suelo rústico. Morales, antecesor de
Martínez en la alcaldía, ha sido
expulsado del PP. La segunda afecta al
actual alcalde.
www.elpais.es 22.12.07
El Ayuntamiento tiene
paralizados 70 convenios por
los que recibió 16 millones
"Como haya que devolver el
dinero, iremos a la
quiebra", comentó el regidor
El anterior alcalde
del Ayuntamiento de
Totana (Murcia), el
hoy diputado
regional del PP Juan
Morales, firmó
durante su mandato
unos 70 convenios
urbanísticos por
valor de 65 millones
de euros. "Ingresar
dinero rápido en los
ayuntamientos a
golpe de convenio"
es, según fuentes
jurídicas, un
sistema muy
habitual.
Pero el dato de
Totana adquiere
relevancia ahora por
dos razones.
Primero, porque
Morales está siendo
investigado por su
presunta
participación en la
trama de corrupción
urbanística
destapada por la
unidad de élite de
la Guardia Civil, la
UCO. Los
responsables de la
investigación
sospechan que para
firmar al menos uno
de esos convenios,
el ex alcalde llegó
a exigir al
constructor tres
millones de euros.
Pero la cifra
también es
importante porque
los promotores
llegaron a
adelantar, tras la
firma de los
convenios, unos 16
millones de euros,
que el municipio
deberá devolver si
los planes llegaran
a anularse. Por cada
convenio firmado, el
Ayuntamiento tenía
por costumbre pedir
a la otra parte por
adelantado un 25%
del dinero total
establecido por la
recalificación. El
resto, una vez
aprobado el Plan de
Ordenación Urbana y
hecha la
recalificación. Todo
se ha venido abajo,
ya que el
planeamiento
urbanístico de
Totana ha sido
paralizado por la
Comunidad de Murcia.
En el marco de la
Operación Tótem, la
Guardia Civil captó
una conversación
entre el actual
alcalde, José
Martínez Andreo,
también del PP, y
que está encarcelado
por su presunta
participación en la
trama, y un amigo
suyo. En ella
Martínez expresaba
su preocupación por
el dinero
adelantado: "Si las
arcas sobreviven es
gracias a los
convenios. Como el
plan general no
salga y haya que
devolver el dinero
que nos han
adelantado, el
Ayuntamiento irá a
la quiebra", afirmó.
El comentario,
grabado, forma parte
de las
conversaciones
interceptadas al
alcalde y que
figuran en las
diligencias de la
trama urbanística de
Totana, que ya se
salda con 13
detenidos.
Según fuentes
jurídicas, otras
conversaciones
interceptadas al
alcalde revelan que
éste mezcla sus
intereses privados
con los públicos.
Por el tono de sus
conversaciones con
terceros, algunos de
ellos beneficiarios
de recalificaciones,
se observa que
Martínez Andreo no
distingue sus
negocios privados de
la gestión
municipal.
"Maneja el
Ayuntamiento como si
fuera su propia
economía familiar",
señalan los citados
medios.
www.elpais.es 22.12.07
EL JUZGADO CITA A DECLARAR COMO IMPUTADA A LA EX ESPOSA DEL
DIPUTADO JUAN MORALES
La
ex esposa del diputado regional Juan Morales, María del
Carmen Jordán, prestará declaración como imputada el próximo
sábado en el juzgado de Instruccion número uno de Totana,
que investiga una presunta trama de corrupción urbanística
en esta localidad, informaron hoy fuentes próximas a la
investigación.
En
la denominada Operación Tótem que lleva a cabo la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil han sido imputadas
hasta ahora 13 personas, entre ellas el alcalde de Totana,
José Martínez Andreo que se encuentra en prisión provisional
desde la madrugada del pasado 3 de diciembre.
María del Carmen Jordán realizó una comparecencia en el
juzgado en los primeros días de diciembre en la que solicitó
ser llamada a declarar como imputada para así gozar de una
mayor protección de sus derechos y estar asistida por su
letrado, indicaron las fuentes.
Las
mismas fuentes dijeron que se atribuye un gran valor a las
declaraciones que pueda hacer Jordán por las revelaciones
que, presuntamente, aclararían la participación de su ex
marido, Juan Morales, que fue alcalde de Totana en las
legislaturas 1995-1999 y 2003-2007, en la supuesta trama de
corrupción urbanística que se investiga.
Morales, que desde que se inició el 26 de noviembre la
operación Tótem no ha asistido a ninguna de la sesiones de
la Asamblea Regional, fue expulsado ayer del grupo popular
al que pertenecía, a petición de su antiguo partido, y quedó
adscrito al grupo mixto.
El
PP también ha pedido a Morales que entregue su acta de
diputado, pero éste, por medio de su abogado, ha anunciado
que no lo hará porque supondría que dejaría de estar
aforado.
www.laverdad.es, 19/12/07
El diputado
murciano del ‘caso Totana’ exigió tres millones por
recalificaciones
El PP expulsa
como parlamentario a Morales y le pide que entregue el acta
Juan
Morales, diputado del PP en la Asamblea de Murcia,
exigió al empresario de Vigo (Pontevedra) Manuel
Núñez tres millones de euros a cambio de usar su
influencia para facilitarle la recalificación de 2,2
millones de metros cuadrados de terrenos en Totana
(Murcia). La intención de Núñez, también implicado
en la trama de corrupción urbanística de Totana, era
levantar 5.000 viviendas sobre una parcela
catalogada como rústica. El pacto entre Morales y
Núñez figura en conversaciones telefónicas que
constan en el sumario —que sigue secreto— del caso
Totana, localidad de 28.000 habitantes.
El
juzgado que investiga la trama de corrupción no
tiene constancia fehaciente de si se ha producido
alguna entrega adelantada del dinero. No obstante,
fuentes jurídicas no lo descartan, dado que el pacto
incluía la entrega de un primer millón justo al
cerrarse el acuerdo entre ambos. El terreno en el
que Núñez pretendía construir más de 5.000
viviendas, un campo de golf y dos hoteles con spa,
sigue siendo aún rústico, aunque los trámites para
su recalificación habían sido activados antes de
estallar el escándalo. La idea era duplicar la
población de Totana.
Núñez
Arias, propietario del Grupo Nuaria, es uno de los
detenidos e imputados en la trama de Totana. El
diputado regional Juan Morales no ha sido detenido
dada su condición de aforado. Es previsible que en
los próximos días, la juez de Totana que investiga
este asunto se inhiba en favor de la Sala de lo
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El PP en
la Asamblea de Murcia, al que pertenece Morales,
decidió ayer expulsarle del grupo parlamentario.
Además, le pide que renuncie al acta de diputado
“por su presunta implicación en irregularidades
urbanísticas cometidas durante su gestión como
alcalde de Totana”. Así se indica en la nota que
hizo pública Juan Carlos Ruiz, portavoz del PP en la
Cámara murciana. El pasado día 3, el PP de Murcia
aceptó la petición de baja cautelar de militancia de
Morales.
Morales
fue alcalde de Totana entre los años 1995 y 1999. Un
pacto entre PSOE e Izquierda Unida le desalojó de la
alcaldía. Pero en 2003 volvió a ganar las
elecciones, esta vez con mayoría absoluta. Tras
cuatro años de gobierno, alegó que se encontraba
cansado y dejó paso al que era su delfín político,
José Martínez Andreo, actual alcalde. Éste se halla
en prisión preventiva por su implicación en la trama
urbanística destapada por un grupo de élite de la
Guardia Civil, la llamada Unidad Central Operativa,
la UCO. Al poco de dejar la alcaldía, Morales fue
elegido diputado regional del PP.
En un
cuarto habilitado en el despacho profesional de la
ex esposa de Morales, la Guardia Civil intervino
abundante documentación perteneciente al
Ayuntamiento de Totana sobre asuntos urbanísticos.
La evasión de capitales que, entre otros delitos, se
le atribuye obedece a los numerosos envíos de dinero
—cantidades periódicas de 3.000 euros— que ha
remitido Morales en los últimos años a su novia
cuando ésta estaba en Brasil. En la casa que posee
esta mujer en Totana, los investigadores hallaron
más de 50.000 euros. La mujer comentó que el dinero
pertenecía a Morales.
Por otro
lado, este diputado del PP mintió supuestamente al
juez de Totana que investigaba la extraña
adjudicación municipal, a dedo, de las obras del
colegio San José. Esta adjudicación, junto con otro
cúmulo de irregularidades y favoritismos
urbanísticos, es la que ha llevado a la cárcel al
actual alcalde, José Martínez.
Martínez
falsificó un documento oficial para hacerle creer al
juez que la adjudicación de las obras del colegio no
había sido a dedo, sino fruto de un convenio
urbanístico. En las diligencias consta una
conversación entre Morales y Martínez en la que el
primero señala al segundo respecto a estas obras:
“¡Menos mal que he dicho que ese convenio
urbanístico estaba por ahí, porque si no, se os cae
el pelo a todos!”.
www.elpais.es
13.12.07
Morales: “No sabía que mi hermano estaba en
esa empresa”
El ex alcalde y diputado regional
del PP en la Asamblea de Murcia Juan
Morales fue llamado como testigo por
el titular del Juzgado de
Instrucción número 4 de Totana el
pasado 17 de octubre para explicar
la adjudicación a dedo de unas obras
en el colegio público San José de la
localidad en 2006. La oposición
municipal había denunciado la
irregularidad y el juez abrió
diligencias. Morales aseguró
entonces ante el magistrado, según
consta en las diligencias
judiciales, que desconocía que su
hermano Antonio Morales formara
parte de la sociedad que hizo las
obras del colegio. Y señaló que la
adjudicación no había sido a dedo,
sino que existía un convenio
urbanístico al respecto. Ahora,
durante la investigación de la
trama, se ha demostrado que era
falso que existiese tal convenio y
que el ex alcalde intentó crear uno
a posteriori.
Morales aseguró al juez: “El
convenio que el PSOE dice que
faltaba estaba en los archivos del
Ayuntamiento”. Sin embargo, las
grabaciones que obran en poder del
juzgado que investiga la trama de
Totana demuestran que el documento
fue firmado con posterioridad. El
actual alcalde de Totana, José
Martínez Andreo, que ahora se
encuentra en prisión, también
declaró entonces sobre este asunto.
Y justificó que una empresa privada
realizara un gasto de 100.000 euros
sin ninguna contraprestación.
Preguntado por el hecho de que no
hubiera ningún tipo de concurso para
la adjudicación de las obras,
Martínez Andreo dijo: “No considero
necesario sacar las obras a
concurso, pues el pueblo de Totana
se ha ahorrado 109.000 euros”. Y
señaló que había un convenio. La
secretaria del Ayuntamiento, Laura
Bastida, ha reconocido ahora que fue
simulado.
www.elpais.es
13.12.07
LAS GRABACIONES DE
LA INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN TOTANA
"Rómpelo y haz
copias nuevas, pero con fecha de 2006"
La investigación
judicial sobre una trama de corrupción en el municipio
murciano de Totana permitió descubrir las maniobras del
alcalde de la localidad, José Martínez Andreo, del PP, para
ocultar una operación urbanística irregular. Las
conversaciones del regidor, grabadas por orden judicial,
destapan sus gestiones para maquillar un contrato adjudicado
a dedo a un amigo.
El contenido de
las grabaciones obra en las diligencias judiciales
-secretas- abiertas sobre la trama de corrupción
urbanística. En algunas grabaciones, el alcalde de Totana
conversa con su antecesor, Juan Morales, y en otras, con
Laura Bastida, la secretaria del Ayuntamiento de esta
localidad murciana de 25.000 habitantes. La juez que
instruye el caso decretó hace días orden de prisión
provisional sin fianza para el alcalde, al que interrogó
sobre la venta de unas parcelas del polígono industrial y
sobre sus conversaciones telefónicas, entre ellas, alguna
relacionada con el promotor gallego también detenido en la
operación.
La
investigación ha revelado que el regidor, en connivencia con
la secretaria municipal, falsificó un documento público [un
convenio urbanístico] para evitar que un juez de Totana le
sentase en el banquillo por prevaricación. La oposición
municipal había denunciado en el juzgado que el Ayuntamiento
había adjudicado a dedo a un amigo del alcalde, las obras de
un colegio público de la localidad.
Al pedir el
juzgado el expediente municipal sobre las obras del colegio,
hechas en 2006, Martínez, que ya entonces había sustituido
en la alcaldía a Juan Morales, ideó falsificar un convenio y
llevarlo al juez para simular que la adjudicación era legal
y no a dedo, según la investigación. Para ello habló con la
secretaria municipal, que era la que tenía que dar fe de la
existencia del documento, y con su amigo y promotor de la
obra. Los tres aceptaron fingir un convenio, pero la
secretaria se equivocó y puso como fecha del mismo el año
2007. Antes de firmar, el promotor inmobiliario se dio
cuenta del error y llamó al alcalde:
-¡Cómo habéis
puesto fecha de 2007, si la obra se hizo en 2006! -espetó el
constructor al alcalde, quien entonces, comienzos de este
año, ya tenía el teléfono intervenido por la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil.
Martínez
Andreo comentó a su amigo que no se preocupase, que hablaría
con la secretaria. Y eso hizo:
-Rompe lo que
has hecho y haz copias nuevas, pero con fecha de 2006.
La secretaria
cambió la fecha y el alcalde, que había sido citado como
imputado por este hecho, acudió al juzgado con el falso
convenio.
Sobre este
asunto declaró como testigo su antecesor en el cargo, Juan
Morales, en la actualidad diputado autonómico del Partido
Popular y otro de los implicados en la trama de corrupción
de Totana. Morales, en una conversación con Martínez,
comentó:
-Menos mal
que he dicho que ese convenio estaba por ahí, que si no, se
os cae el pelo a todos...
Pese a las
evidencias telefónicas, en su declaración ante la juez, el
alcalde lo negó todo.
Otro de los
supuestos favoritismos que pesan sobre Martínez consiste en
que ordenó al jefe de la policía local, Alfonso Canales, ex
brigada del Ejército de tierra, a que ayudase a un amigo
suyo al que la policía local había detenido por circular
ebrio y en sentido contrario. Este amigo del alcalde fue
detenido un viernes y citado para el correspondiente juicio
rápido un lunes. Canales lo tenía complicado, ya que sus
policías habían enviado al juzgado el atestado para el
juicio.
No obstante,
el jefe de la policía conocía a un funcionario, se presentó
el sábado en la sede judicial y le pidió el atestado con la
excusa de que había en error en el ticket del alcoholímetro
y éste había marcado una tasa de alcohol excesiva. Canales
se llevó las diligencias, las introdujo en una caja fuerte,
y no las devolvió al juzgado, según la investigación. La
Guardia Civil las intervino cuando efectuó el registro en el
Ayuntamiento de Totana al hilo de la corrupción urbanística.
Éste es el
motivo por el que fue detenido el jefe de la Policía Local,
que también está imputado en las diligencias del caso
Totana. Canales declaró a la juez que lleva el caso que
había actuado así porque se sintió coaccionado por el
alcalde, quien, según explicó en el juzgado, le pidió que
hiciera lo necesario para que su amigo no fuera a juicio por
ese motivo ni le pasara nada. En su declaración, el alcalde
comentó que no coaccionó a Canales, sino que se limitó a
decirle que hiciera lo posible por esa persona.
Martínez,
Morales y la secretaria Bastida están implicados en la que
cabe considerar como una segunda fase de la trama que han
destapado los agentes de la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil especializados en delitos urbanísticos. Los
tres están acusados de cohecho, tráfico de influencias,
malversación y blanqueo de capitales.
Se les
investiga, además, por operaciones irregulares con suelo
industrial a través de la empresa municipal Proinvitosa. A
través de esta firma municipal -encargada de gestionar el
suelo industrial de Totana- los tres habrían favorecido a
empresarios amigos suyos. ¿Cómo? Vendiéndoles terrenos
municipales a bajo precio y bajo determinadas condiciones
que luego los amigos incumplían ante la pasividad de estos
cargos municipales. Es en el marco de la investigación de
Proinvitosa cuando la secretaria advierte al alcalde sobre
una de las operaciones realizadas: "Se nota a una legua que
esto es un pelotazo".
Mientras los
amigos del alcalde se forraban, otros empresarios pujaban
por suelo sin éxito, según la investigación. El Ayuntamiento
les decía que no quedaba suelo aunque era mentira.
Las
conversaciones delatoras
-
Las obras de un colegio. En la investigación
judicial por la adjudicación de obras de un
colegio por parte del alcalde a un amigo suyo,
las conversaciones grabadas por orden judicial
descubren los movimientos del regidor para
impedir que el juez descubriera lo realmente
ocurrido. El alcalde maquina con su secretaria
la redacción de un documento público, un
convenio urbanístico, para justificar el encargo
de las obras. Pero el promotor al que se
adjudicó el proyecto, advierte que el documento
prefabricado no sirve:- "¿Cómo habéis puesto
fecha de 2007, si la obra se hizo en 2006?".El
alcalde intenta resolver la chapuza y llama a su
secretaria:- "Rompe lo que has hecho, haz copias
nuevas, pero con fecha de 2006".Con este arreglo
intentó salvar el apuro.
Polígono
industrial bajo sospecha
- La
venta de un polígono industrial. La
investigación judicial de la trama de corrupción
destapó una venta supuestamente fraudulenta de
suelo público destinado a un polígono
industrial. El alcalde habría vendido a unos
amigos suyos vendió parcelas públicas por un
precio muy por inferior al de mercado con la
condición de que cumplieran una serie de
requisitos. Los propietarios no los cumplieron y
revendieron el suelo a un precio muy superior al
de compra.En las conversaciones grabadas por
orden judicial, la secretaria del alcalde saca
sus propias conclusiones sobre la operación de
venta de suelo municipal:- "Se nota a una legua
que esto es un pelotazo".Promotores ajenos a
esta operación quisieron comprar suelo. El
Ayuntamiento les aseguró que no quedaban
parcelas libres.
www.elpais.es
12.12.07
El TSJ
niega el amparo al ex alcalde de Totana
El Tribunal
Superior de Justicia de Murcia ha decidido no admitir la
petición de amparo del ex alcalde de Totana y actual
diputado del PP, Juan Morales, que está siendo
investigado por presuntas irregularidades urbanísticas.
La Sala de
lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia (TSJRM) acordó, mediante un auto de 5
de diciembre de 2007, notificado ayer, archivar "sin más
trámite" la petición de amparo presentada por el
diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan Morales,
ante la situación "de indefensión" en la que se
encontraba tras "conocer que está siendo investigado a
través de los medios de comunicación", señaló en su
momento. Juan Morales está siendo investigado en el
marco de una operación contra la corrupción urbanística
en la localidad murciana de Totana.
No hay lugar para declaraciones
El TSJRM señala que "no hay lugar a declarar su
competencia para resolver sobre la petición formulada
por Juan Morales" por lo que remite las actuaciones,
"junto con testimonio del presente al decanato de los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Totana,
para que en su caso lo remita al órgano judicial que
esté tramitando la investigación a la que se refiere la
petición formulada". La Sala resuelve así sobre el
escrito firmado por el ex alcalde de la ciudad murciana
de Sotana, Juan Morales, y dirigido al presidente de la
Sala de lo Civil y Penal que tuvo entrada en el Registro
General de este Tribunal Superior de Justicia el pasado
29 del pasado mes de noviembre.
Persecución
Según el propio Morales lo que pretendía era saber "si
se le imputan cargos y por qué motivos está siendo
objeto de dicha persecución, ya que hasta el momento
carecía de notificación oficial de ningún órgano
competente", según indicó en un comunicado en su día.
www.elplural.com
08.12.07
El PP
murciano rechaza actuar contra su diputado autonómico Juan
Morales
El Partido
Popular de Murcia se para de momento en el
caso Tótem. El lunes
aceptó las bajas de militancia que le solicitaron tanto el
alcalde de Totana, José Martínez Andreo –en prisión sin
fianza–, como el diputado autonómico Juan Morales,
considerado presunto
cerebro de la trama de corrupción. Éste, además, está
siendo investigado por la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil.
Ahí ha quedado todo. Según relataron a Efe fuentes del Grupo
Parlamentario en la Asamblea de Murcia, el PP no tiene
previsto “en estos momentos” abordar la situación de
Morales. La razón que esgrime la formación es que el
diputado, obviamente aforado, “no está encausado ni acusado
de nada judicialmente”.
Además, según el
reglamento de la Cámara murciana, la suspensión cautelar de
militancia de un partido por parte de un parlamentario no
conduce a la expulsión de su grupo y su paso al Mixto. De
modo que si el partido no va más allá, Morales puede seguir
en su grupo, sin más cambios y con todas las prerrogativas
íntegras.Los socialistas no están satisfechos. Creen que la
baja del PP de Martínez Andreo y de Morales “no es más que
una estratagema, un subterfugio para engañar a los murcianos
y salvar el escollo de la opinión pública”, recalcó ayer el
portavoz del PSOE regional, José Ramón Jara.
El alcalde, en Sangonera
Mientras, el regidor de Totana –lo sigue siendo, ya que el
edil de Urbanismo sólo ha asumido la alcaldía de forma
temporal– sigue en prisión. En concreto, se encuentra
encarcelado, desde la madrugada del lunes, en el penal de
Sangonera (Murcia), en uno de los módulos “de vida
ordinaria”, destinado a reclusos que no precisan de
especiales medidas de seguridad.
www.publico.es 05.12.07
El alcalde de Totana
deja el partido tras ingresar en prisión
El
concejal de Urbanismo asume la dirección municipal
El alcalde de
Totana, José Martínez Andreo (PP), que desde la noche del
pasado domingo se encuentra en prisión por su vinculación
con una trama de corrupción urbanística, presentó ayer su
baja "cautelar" del PP para evitar que su detención en la
Operación Tótem "dañe la imagen" de este partido, según
fuentes de esta formación política en la Región de Murcia.
La junta directiva del PP murciano, máximo órgano de
decisión entre congresos, mantuvo ayer una reunión "a puerta
cerrada" para ver si atiende la propuesta del regidor
municipal.
Por su parte, el
ex alcalde de Totana y actual diputado regional del PP, Juan
Morales, considerado el principal sospechoso de la trama y
que es aforado, acudió a primera hora de la tarde a la sede
regional provisto de numerosa documentación, según
confirmaron testigos de los hechos.
Por el momento,
la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil se ha saldado con 12 detenciones y cuatro
personas imputadas. Además, se ha solicitado un requisitorio
a la Asamblea Regional de Murcia para conocer si el diputado
del PP regional Juan Morales es aforado. La juez achaca a
estas personas presuntos delitos de cohecho, falsedad en
documento público, falso testimonio, omisión del deber de
perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude,
malversación de caudales públicos, prevaricación,
infidelidad en la custodia de documentos, contra la
intimidad y blanqueo de capitales.
Mientras tanto,
el concejal de Urbanismo de Totana y primer teniente de
alcalde, Juan Carrión (PP), ha asumido la dirección de la
corporación municipal. La corporación municipal mantuvo una
reunión en la sede consistorial desde primera hora de la
mañana para estudiar la situación en la que se encuentra el
Consistorio tras la Operación Tótem, y tomó la decisión de
elegir como sustituto a Carrión "por protocolo", informaron
fuentes municipales.
El concejal de
Urbanismo confirmó que es "alcalde accidental" de
este municipio, ya que, según dijo, Andreo "sigue siendo
primer edil del consistorio". En declaraciones a Efe,
Carrión señaló que el resto de concejales del equipo de
gobierno "continúan asumiendo sus responsabilidades con
normalidad".
El abogado José
Antonio Ramos, que ha asumido la defensa del alcalde de
Totana, va a presentar un recurso al decreto de prisión
dictado por la juez para la excarcelación de su cliente.
Ramos expresó a Efe su confianza en que el alcalde sea
puesto en libertad "lo más inmediatamente posible".
www.elpais.es 04.12.07
La juez dicta prisión
provisional sin fianza para el alcalde de Totana
José Martínez Andreo,
del PP, fue detenido en el marco de la Operación Totem que investiga una
presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad murciana
La titular el Juzgado número uno de Totana, María Asunción
Navarro, ha decretado prisión provisional sin fianza para el
alcalde de Totana, José Martínez Andreo, del PP, en el marco de
la Operación Totem que investiga una presunta trama de
corrupción urbanística en esa localidad, según el Tribunal
Superior de Justicia.
La decisión de la jueza, anunciada poco antes de las dos de la
madrugada, se produce después de la toma de declaración del
primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de
este domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado
viernes, fue puesto a disposición judicial. El fiscal que
investiga la corrupción urbanística en Totana, José Luis
Manzanera, ya había solicitado para el edil prisión
incondicional por los presuntos delitos de cohecho, falsedad de
documento público y prevaricación.
Trama
urbanística
Para los otros dos detenidos que prestaron el sábado
declaración, la jueza ha establecido en el caso de la secretaria
general del Ayuntamiento, Laura Bastida, libertad provisional
bajo fianza de 20.000 euros, y para el empresario y ex-edil Juan
Francisco Casanova libertad provisional bajo fianza de 20.000
euros. Ambos tienen también la obligación de comparecer ante el
juzgado.
La nota del TSJ no especifica los nombres completos ni los
cargos que se le imputan a los encausados, si bien informa de la
lista de delitos que instruye en este caso que afecta a las doce
personas detenidas los pasados lunes, jueves y viernes. La
relación de delitos incluye cohecho, falsedad en documento
público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir
delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de
caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de
documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
La Operación Tótem se destapó el pasado lunes, con la
detención de seis personas, dos de ellas en Vigo, una en la
localidad madrileña de Las Rozas, dos en Murcia, y una en
Totana. Cuatro de los detenidos quedaron el viernes en libertad
provisional con el pago de fianzas de entre 30.000 y 120.000
euros, retirada de pasaporte y la obligación de comparecer
semanalmente ante el juzgado, otro, el detenido en Las Rozas,
quedó en libertad sin fianza, sin pasaporte, y con la obligación
de comparecer los días uno y quince de cada mes.
www.elpais.es
03.12.07
El jefe de la
Policía Local de Totana, sospechoso de robar documentos
judiciales
El jefe de la policía local de Totana,
Alfonso Canales, fue detenido el pasado
jueves en las dependencias del Ayuntamiento
de esta localidad. Según fuentes judiciales,
se le acusa de un presunto delito de
falsificación de documento público y señalan
que todo apunta a que Canales sustrajo unas
diligencias penales de los Juzgados de
Totana y se las llevó a su despacho.
De hecho, las mismas fuentes subrayan que en
los registros que realizó la Guardia Civil
se recuperaron estas diligencias. Los
documentos estaban escondidos en el interior
de la caja fuerte del despacho de Canales,
actualmente en libertad con cargos.
Al margen de estos hechos que figuran ya en
los documentos por escrito que maneja la
juez, otras fuentes jurídicas consultadas
por esta emisora confirman la existencia de
este robo y añaden que puede estar
relacionado con otras causas de corrupción
en Murcia.
Estos presuntos delitos, investigados por la
Guardia Civil en el marco de la 'Operación
Tótem', tienen a Juan Morales, diputado del
PP en el parlamento murciano y ex alcalde de
Totana, como principal sospechoso de
posibles cobros de comisiones ilegales
millonarias a cambio de favores urbanísticos
en Murcia. La operación se salda, por el
momento, con 12 personas detenidas y 4
imputados, entre ellos, la ex mujer y la
actual compañera sentimental de Morales.
www.cadenaser.com 03.12.07
Seis detenidos en Totana
eluden la cárcel con fianzas de hasta 150.000 euros
La juez retira el
pasaporte a los imputados al detectar riesgo de fuga
Seis de los
primeros nueve detenidos de la Operación Tótem por la
corrupción urbanística en Totana han tenido que pagar una
fianza para eludir la cárcel. La titular del Juzgado número
1 de Totana, Asunción Navarro, ha decretado prisión eludible
con una fianza de entre 150.000 euros y 30.000 para los
imputados, que han declarado por una trama de cobro de
comisiones a cambio de recalificaciones urbanísticas y de
compraventa de suelo público. A todos los arrestados el
pasado lunes se les ha retirado el pasaporte para reducir el
riesgo de fuga y deberán comparecer cada semana ante el
juzgado.
La juez impuso
una fianza de 150.000 euros para el empresario gallego
Manuel Núñez, propietario de Nuaria, por haber pagado
presuntamente una importante cantidad de dinero para que le
reclasificaran 2,2 millones de metros cuadrados rústicos
para construir 5.040 viviendas, en el municipio. Totana
tiene actualmente 25.000 habitantes. El fiscal del caso,
José Luis Manzanera, había solicitado prisión incondicional
para el empresario gallego.
El empresario
gallego pagó ayer por la mañana los 150.000 euros. Lo hizo
después de pasar la noche en los calabozos.
Para los otros
cuatro de los seis detenidos el pasado lunes en la Operación
Tótem -el empleado de la empresa gallega Inmonuar Pablo José
Maceira; el dueño de la empresa Huevos Maryper, Gabriel
Martínez; el empresario murciano José Antonio Alcántara, y
el intermediario, Joaquín Carmona- las fianzas decididas por
la magistrada oscilan entre los 30.000 y los 120.000 euros,
informaron fuentes de la investigación a EL PAÍS.
Por su parte, el
detenido en Las Rozas (Madrid), empleado de la firma gallega
y empresario, José Antonio Carrocera, quedó en libertad
provisional sin fianza, según las mismas fuentes.
Asimismo, el
empresario Pedro Martínez, detenido el jueves en relación
con esta operación ha quedado en libertad después de
declarar el viernes por la tarde ante la Guardia Civil.
Tanto Pedro
Martínez como los otros dos detenidos que ya habían sido
puestos en libertad -el jefe de la Policía Local, Alfonso
Canales; y el vendedor ambulante de zapatos, Diego Carrión-
prestaron ayer declaración. Estos dos últimos no debieron
pagar fianza para quedar libres.
Ayer por la
tarde, permanecían tres personas detenidas por la Guardia
Civil. Se trata del alcalde de Totana, José Martínez Andreo
(PP), la secretaria del ayuntamiento, Laura Bastida; y el
miembro de la ejecutiva local del PP y empresario de Totana,
Juan Francisco Casanova, que pasarán a disposición judicial
hoy, después de cumplir las 72 horas que la ley permite a
los agentes retener sin declarar ante la magistrada.
Las detenciones
se produjeron a raíz de las investigaciones que realiza la
Guardia Civil, entre otros casos, sobre un presunto intento
de recalificación de 220 hectáreas de terrenos rústicos para
construir unas 5.000 viviendas, proyecto que iba a efectuar
la empresa gallega Nuaria.
También
investiga la venta presuntamente ilegal de terrenos en el
polígono industrial de Totana, así como la reclasificación
de varios millones de metros cuadrados a una empresa
propiedad de dos de los detenidos y del hermano del ex
alcalde y parlamentario regional del PP, Juan Morales,
principal sospechoso de la Operación Tótem.
La Asamblea
Regional respondió ayer al Tribunal Superior de Justica que
Morales es aforado al ser diputado regional, un trámite para
proseguir la investigación. Morales fue alcalde de Totana de
1995 a 1999 y de 2003 a 2007. Además, el Tribunal Superior
de Justicia de Murcia investiga a petición del político si
éste ha visto vulnerados sus derechos al no haber sido
informado de la investigación.
El 'caso
Totana'
-
Dos cargos del PP, la secretaria municipal y un
empresario declaran hoy tras 72 horas detenidos.
-
La Guardia Civil investiga la recalificación
para levantar más de 5.000 viviendas
Detenido un cargo del PP
local por el caso de corrupción de Totana
El Tribunal Superior
pregunta por la condición de aforado del ex alcalde
Agentes de la
Guardia Civil detuvieron ayer en Totana (Murcia) a otros dos
empresarios -uno de ellos fue puesto en libertad horas
después- por su presunta relación con la trama de corrupción
urbanística que se investiga en el marco de la Operación
Tótem. En la última semana han sido arrestadas 12 personas.
Ahora quedan 10 detenidas, y cuatro como imputadas.
Uno de los
detenidos ayer es el empresario Juan Francisco Casanova,
miembro de la ejecutiva del PP de Totana, ex concejal y
propietario de varias fincas en el polígono industrial que
fue registrado el pasado lunes. La presunta implicación de
Casanova hace cada vez más evidente que la investigación se
centra en la figura del ex alcalde y hoy diputado regional
del PP Juan Morales. Casanova tenía en su poder
documentación del Ayuntamiento, y es socio del también
arrestado al empresario Pedro Martínez. Juntos promueven la
construcción de 1.700 viviendas.
En esta
urbanización, llamada Ladera de Espuña, también participa
Antonio Morales, hermano del ex alcalde investigado. Los
tres socios tenían previsto construir las 1.700 viviendas en
suelo rústico, que esperaban fuera recalificado en el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana.
Juan Morales se
trasladó ayer a la Audiencia Provincial para solicitar el
amparo del Tribunal Superior, alegando la "indefensión" que
sufre tras conocer, "a través de los medios de
comunicación", que está siendo investigado, según informó el
PP en un comunicado. El diputado pidió que "se adopten
cuantas medidas sean necesarias" para asegurar que se
respetan sus derechos. El objetivo de Morales es saber "si
se le imputan cargos y por qué motivos está siendo objeto de
dicha persecución, ya que hasta el momento carece de
notificación oficial de ningún órgano competente", continúa
el comunicado. El Tribunal Superior ha solicitado al
Parlamento murciano que certifique la condición de
parlamentario de Juan Morales, paso previo a la solicitud de
una posible imputación del dirigente del PP.
El convenio de
Ladera de Espuña y el de Nuaria (con otros tres arrestados)
son dos de los 53 firmados por Juan Morales con empresas
constructoras. Estos 53 planes, que recalificaban 15
millones de metros rústicos, permitían construir unas 40.000
casas. Totana tiene hoy 25.000 habitantes
www.elpais.es 01.12.07
Los populares cambian de
estrategia
El PP
pasa de expulsar a ediles imputados a denunciar a la justicia por
parcial
Los escándalos de corrupción que se han abatido sobre el PP en
el último año y medio comenzaron en Telde (Gran Canaria). Desde
entonces, la dirección del partido ha dado un giro radical en la
forma de enfrentarse a ellos. Al principio optó por dar ejemplo:
el PP expulsó de forma preventiva a sus ocho concejales de Telde
-imputados por corrupción urbanística- tras destaparse el
escándalo. Y lo mismo hizo con el alcalde de Andratx (Mallorca)
cuando fue detenido.
Pero los casos se iban acumulando, y el PP decidió pasar a la
ofensiva sugiriendo que Gobierno y fiscalía podían estar detrás
de una campaña contra el PP. Es lo que se hizo con el caso
Mogán, y sobre todo en Alhaurín el Grande, cuyo alcalde,
Juan Martín Serón, aún en libertad bajo fianza, insiste en
culpar al Ejecutivo de impulsar una operación contra él y va a
querellarse contra la policía. La dirección del PP respalda al
alcalde, que fue detenido minutos después de participar en un
acto público de Mariano Rajoy en Torremolinos.
Los dirigentes nacionales se preocupan de no incluir en sus
insinuaciones o acusaciones a los jueces. Obvian que son éstos
los que ordenan las detenciones.
Sin embargo, algunos no son tan cautelosos. El presidente de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), mostró ayer en la cadena Cope
su "indignación" por el "circo mediático" en torno al caso
Totana. Aunque aseguró que los implicados serán "apartados
automáticamente" si se demuestra "cualquier tipo de
contaminación", acto seguido se lanzó contra los jueces: "Habrá
que ver no a una justicia ciega, sino a una justicia que se le
baja un poquito el pañuelo para ver qué conveniencia puedo tener
sobre un proceso electoral sobre el que ya estamos prácticamente
inmersos", dijo.
Lo hacía probablemente después de leer un argumentario interno
que ayer el PP mandó a los periodistas por error y que recoge la
nueva estrategia frente a los escándalos: "Sorprende que se esté
alimentando de noticias a determinados medios de comunicación,
provocando así situaciones de indefensión y generando una clara
espiral de confusión en la opinión pública", dice el PP a sus
dirigentes para prepararlos ante los periodistas.
www.elpais.es 01.12.07
Libertad provisional para
los seis primeros detenidos en la operación Tótem
Un total
de 12 personas han sido arrestadas por una trama de recalificación de
terrenos a cambio de comisiones en el Ayuntamiento de Totana
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Totana, Asunción Navarro, ha decretado este sábado la libertad
provisional para los seis primeros detenidos en la operación
Tótem, contra una presunta trama de corrupción urbanística en
esa localidad murciana.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia, que no especifica las identidades de estos seis
detenidos el pasado lunes, quedan en libertad provisional bajo
fianza, con la obligación de comparecer ante el juzgado
semanalmente y la retirada del pasaporte, cuatro de ellos.
Estas cuatro personas fueron apresados por la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil en Murcia, Vigo (Pontevedra) y la
localidad murciana de Totana. Para el empresario detenido en la
localidad madrileña de Las Rozas, la jueza ha dictado libertad
provisional sin fianza, con la obligación de comparecer los días
1 y 15 de cada mes y la retirada del pasaporte. Por último,
acordó la prisión provisional eludible bajo fianza para el
segundo detenido en Galicia.
El pasado jueves fueron detenidos en Totana el alcalde de la
localidad, José Martínez Andreo, del PP; la secretaria del
ayuntamiento, Laura Bastida, y el jefe de la Policía Local, que
fue puesto en libertad ayer por la Guardia Civil. Durante la
pasada jornada, fueron arrestados un empresario y un particular;
éste último también quedó en libertad horas después. El
procedimiento sigue bajo secreto de sumario, según las mismas
fuentes.
www.elpais.es 01.12.07
ENTREVISTA: JUAN JOSÉ
CÁNOVAS Edil que destapó el caso
"Algunos empresarios han ganado 100 millones"
Juan José
Cánovas, concejal de IU-Los Verdes en Totana, tiene 49 años
y ocupa el escaño desde los 29. Una denuncia de su grupo
ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia destapó la supuesta trama de corrupción urbanística
en el ayuntamiento, por la que hay 12 detenidos y cuatro más
imputados.
Pregunta.
La Guardia Civil investiga posibles comisiones ilegales en
planes urbanísticos...
Respuesta.
Aprobar 53 convenios urbanísticos para construir 39.544
viviendas en un municipio con 25.000 habitantes es un
disparate urbanístico. Y hay que destacar que los convenios
más favorables están en manos de unos pocos empresarios.
P. ¿Qué
le parece que el anterior alcalde firmara un convenio con su
hermano para levantar 1.700 casas en suelo rústico?
R. Ésta
es una prueba de la impunidad con la que se movían los
cargos del PP en Totana. Y no hay que olvidar que, al final,
es el Gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel (PP) quien
tiene que aprobar los convenios.
P. ¿Qué
decisión debe tomar el ex alcalde, hoy diputado?
R. Juan
Morales debe renunciar a su escaño en el Parlamento
murciano. Para lavar el buen nombre de Totana y del PP debe
dimitir. Después, la Justicia dirá si es o no culpable.
P. ¿Por
qué la Guardia Civil registró la sede de la empresa
municipal Proinvitosa?
R. Quiero
ser prudente, el sumario es secreto. Pero desde IU
denunciamos con documentación ante el fiscal que varios
empresarios, entre ellos el ahora detenido Gabriel Martínez,
habrían podido ganar unos 100 millones de euros en
plusvalías, en detrimento de las arcas municipales.
Proinvitosa, presidida por Juan Morales en calidad de
alcalde, permitió que un industrial se hiciera con una
parcela de 40.000 metros. Se permitió especular con el
suelo, permitiendo otros usos fuera del industrial. El
alcalde les permitió que especularan con suelo industrial.
www.elpais.es
01.12.07
Dos detenidos más en Totana
por la trama de corrupción que implica a gobiernos locales del PP
Son ya
12 los arrestado por una trama de recalificación de terrenos a cambio de
comisiones
La Guardia Civil ha detenido a otras dos personas en la
localidad murciana de Totana en el marco de la Operación Tótem.
Con estas detenciones son ya 12 las personas arrestadas por una
trama de recalificación de terrenos a cambio de comisiones.
Los detenidos son Juan Francisco Casanova es ex concejal del PP
y ocupó Agricultura, Ganadería y Caminos en el ayuntamiento de
Totana entre los años 1994 y 1999, bajo el mandato de Juan
Morales. Casanova, que tiene una empresa productos
fitosanitarios en el polígono industrial El Saladar de la
población, y explotaciones ganaderas, es socio del también
detenido Pedro Martínez, y Diego Carrión, empresario de Puerto
Lumbrera y al que se le ha encontrado documentación pública del
Ayuntamientod de la localidad murciana.
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Totana,
Asunción Navarro, esperará hasta hoy para decidir la situación
en la que quedan los seis detenidos el lunes en la misma
operación.
www.elpais.es
30.11.07
La Guardia Civil detiene al
actual alcalde de Totana por la trama de corrupción
El jefe
de la Policia Local, la secretaria municipal y un empresario también han
sido detenidos en el día de hoy
La Guardia Civil ha detenido al actual alcalde de Totana, José
Martínez Andreo, al actual jefe de la Policía Local y a la
secretaria municipal por la presunta trama de corrupción que ha
puesto al descubierto la Operación Totem en dicho consistorio.
En las próximas horas es posible que se detenga a otro
empresario relacionado con la trama.
Custodiado por la Guardia Civil, el empresario Pedro Martinez
(dueño del hotel Olimpia y de una gasolinera) ha entrado en la
sede del Ayuntamiento, donde desde primeras horas de la mañana
se están practicando registros en las dependencias municipales,
previo desalojo de todo su personal.
Agentes del instituto armado están también practicando registros
en la sede a la sociedad municipal de suelo industrial, cuyo
responsable es José María Delgado.
Los anteriores seis detenidos en Murcia por la presunta trama de
corrupción en el ayuntamiento de Totana han pasado a disposición
judicial poco antes de las ocho de la mañana. Fuentes de la
investigación han confirmado que el abogado personal de Morales,
Javier Cegarra, ha sido imputado en el caso.
Agentes de la Guardia Civil que participan en la operación
interceptaron un maletín en poder de Javier Cegarra, con
documentación importante para la investigación. El letrado
colaboró, a través de su empresa, en la elaboración del Plan
General Municipal de Ordenación (PGMO) de Totana, en los años en
los que Morales estuvo al frente del Ayuntamiento (2003-2007).
El actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP),
rescindió el contrato del Ayuntamiento con la empresa de
Cegarra, que ejercía labores de consultoría en el área de
Urbanismo por 1.800 euros al mes. Preguntado por EL PAÍS, el
abogado de Morales aseguró: "Lo que puedo asegurar es que ya no
soy el letrado de este señor, Juan Morales, porque he renunciado
a defenderle. No quiero saber nada de él, porque bastante me ha
perjudicado. Pero quiero que tengan en cuenta que en el bufete
Cegarra no tenemos nada que ver con ningún tipo de delito".
El ex alcalde - actualmente diputado regional por el Partido
Popular - es el principal sospechoso de la presunta trama de
corrupción que ha sacado a la luz la Operación Totem que va por
seis detenidos por presuntos delitos de cohecho, tráfico de
influencias y blanqueo de capitales por el pago de comisiones
para recalificar más de 2,2 millones de metros cuadrados
rústicos para construir 5.040 viviendas.
Los seis primeros detenidos en Murcia por la presunta trama de
corrupción han pasado a disposición judicial poco antes de las
ocho de la mañana. Entre ellos se encuentran la ex mujer del ex
alcalde de Totana, Juan Morales, y su actual pareja. En el
registro de la vivienda de María del Carmen Jordán, ex mujer de
Juan Morales e imputada en el caso, los agentes encontraron
numerosos documentos oficiales del Ayuntamiento de Totana, que
según fuentes de la investigación no deberían estar en poder de
una particular.
También se encontró documentación oficial del Ayuntamiento de
Totana en la asesoría de Jordán. Preguntada por los agentes, la
ex mujer de Morales aseguró que ella era una simple secretaria
de la empresa, y que era realmente su marido, Juan Morales,
quien dirigía a los empleados.
Fuentes de la investigación no descartan nuevas detenciones en
las próximas horas en otros municipios murcianos.
www.elpais.es 29.11.07
Hallados 60.000 euros en
casa de la novia del ex alcalde de Totana
La Guardia Civil
se incautó el pasado lunes de más de 60.000 euros en
billetes en la vivienda de la actual pareja del ex alcalde
de Totana y diputado regional del PP en la Asamblea
murciana, Juan Morales. El ex alcalde es el principal
sospechoso de la presunta trama de corrupción que ha sacado
a la luz la Operación Totem que va por seis detenidos por
presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y
blanqueo de capitales por el pago de comisiones para
recalificar más de 2,2 millones de metros cuadrados rústicos
para construir 5.040 viviendas.
Además, fuentes
de la investigación aseguran que los agentes interceptaron
un maletín en poder del abogado personal de Morales, Javier
Cegarra, con documentación importante para la investigación.
El letrado colaboró, a través de su empresa, en la
elaboración del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO)
de Totana, en los años en los que Morales estuvo al frente
del Ayuntamiento (2003-2007).
El actual
alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), rescindió el
contrato del Ayuntamiento con la empresa de Cegarra, que
ejercía labores de consultoría en el área de Urbanismo por
1.800 euros al mes. Preguntado por EL PAÍS, el abogado de
Morales aseguró: "Lo que puedo asegurar es que ya no soy el
letrado de este señor, Juan Morales, porque he renunciado a
defenderle. No quiero saber nada de él, porque bastante me
ha perjudicado. Pero quiero que tengan en cuenta que en el
bufete Cegarra no tenemos nada que ver con ningún tipo de
delito".
"Simple
secretaria"
Asimismo, en el
registro de la vivienda de María del Carmen Jordán, ex mujer
de Juan Morales e imputada en el caso, los agentes
encontraron numerosos documentos oficiales del Ayuntamiento
de Totana, que según fuentes de la investigación no deberían
estar en poder de una particular. También se encontró
documentación oficial del Ayuntamiento de Totana en la
asesoría de Jordán. Preguntada por los agentes, la ex mujer
de Morales aseguró que ella era una simple secretaria de la
empresa, y que era realmente su marido, Juan Morales, quien
dirigía a los empleados.
Los seis
detenidos en la operación pasan hoy a disposición judicial.
Fuentes de la investigación no descartan nuevas detenciones
en las próximas horas en otros municipios murcianos
www.elpais.es 29.11.07
La trama de Totana,
investigada por cohecho y tráfico de influencias
Los seis
detenidos por su supuesta implicación en la trama de
corrupción urbanística en el municipio murciano de Totana
están siendo investigados por presuntos delitos de cohecho,
tráfico de influencias y blanqueo de capitales, según
informaron ayer a Efe fuentes de la investigación. Las seis
personas, que fueron arrestadas el lunes en Murcia, Madrid y
Galicia, pasarán a partir de hoy a disposición del Juzgado
de Instrucción número 1 de Totana. El objetivo de la trama
era construir una urbanización de 5.000 viviendas y campo de
golf en la localidad, de 25.000 habitantes.
Además, se
encuentra imputada María del Carmen Jordán, esposa del
anterior alcalde de Totana y actual parlamentario autonómico
del PP, Juan Morales -si bien están separados-, así como su
actual compañera sentimental. María del Carmen Jordán es
propietaria de una asesoría jurídica y fiscal en Totana, que
el pasado lunes fue registrada por agentes del Grupo de
Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil. La actual pareja de Morales no tiene empleo
remunerado.
Los tres
detenidos en la región de Murcia se hallan desde su arresto
en dependencias de la Guardia Civil en esa comunidad, a
donde estaba previsto que fueran trasladados ayer los
arrestados en Galicia y Madrid.
Seis detenidos por pago
de comisiones para recalificar terrenos en Murcia
Entre
los imputados están la pareja y la ex esposa del anterior alcalde,
del PP
Seis personas
fueron ayer detenidas por agentes de la Guardia Civil -tres
de ellas en Murcia, dos en Pontevedra y una en Madrid- por
su implicación en una trama de pago de comisiones
millonarias a cambio de favores urbanísticos para construir
en el municipio de Totana más de 5.000 viviendas, un campo
de golf y dos hoteles con spa. Entre los investigados
se encuentra también el anterior alcalde de esa localidad,
Juan Morales, del PP -ahora diputado en el Parlamento
murciano- así como su ex mujer, María del Carmen Jordán, y
su actual pareja, ambas imputadas en las investigaciones
dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Totana.
En la operación,
desarrollada por el Grupo de Delitos Urbanísticos de la
Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, fue detenido
en Nigrán (Pontevedra) el abogado y propietario del Grupo
Nuaria Manuel Núñez Arias, y en Vigo, Pablo José Maceira
Galarsa, uno de sus más estrechos colaboradores -director de
Suelo de Inmonuar, agencia integrada en ese grupo- y
presunto comisionista. El Grupo Nuaria es el encargado de
desarrollar el mayor complejo residencial en Totana, para lo
cual adquirió en el municipio 2,2 millones de metros
cuadrados de terreno que fueron recalificados. La ejecución
del proyecto duplicaría la población de Totana (25.000
habitantes).
En la capital
murciana fueron detenidos dos presuntos intermediarios en el
pago de las comisiones, Joaquín Carmona y José Antonio
Alcántara, y en Totana el dueño de la empresa Huevos
Maryper, muy conocida en la región, que podría haber actuado
de intermediario a través de algunas de sus empresas
dedicadas a la construcción. En Las Rozas (Madrid) fue
arrestado un constructor también en relación con la trama.
Siete horas de
registro
Los agentes de
la Guardia Civil registraron durante más de siete horas la
asesoría de la que es propietaria María del Carmen Jordán,
ex mujer del anterior alcalde de Totana, así como el
domicilio de la actual compañera sentimental de éste.
La investigación
trata de esclarecer si el Grupo Nuaria adquirió las
licencias para construir 5.040 viviendas, un campo de golf y
dos hoteles a través de comisiones ilegales durante la
gestión de la anterior corporación municipal, según fuentes
de la investigación. El máximo responsable del consistorio
en esa etapa y actual parlamentario autonómico del PP, Juan
Morales, aseguró ayer, tras conocer la intervención de la
Guardia Civil: "Te encuentras indefenso, porque no te
comunican nada". En declaraciones a Europa Press, Morales
dijo estar dispuesto a colaborar con la investigación
judicial. "No pueden encontrarte tranquilo, de ninguna
forma, cuando van a registrar el despacho de tu ex mujer",
agregó.
Fuentes próximas
a las indagaciones apuntaron ayer que es probable que en los
próximos días se produzcan nuevos registros y detenciones en
relación con las corruptelas urbanísticas en Totana. Las
mismas fuentes recordaron, para explicar que no haya sido
interrogado el anterior alcalde de esa localidad, Juan
Morales, que está ahora aforado al ser miembro del
Parlamento autonómico de la Región de Murcia.
Cajas fuertes
Agentes del
Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil registraron en el curso del día varias
cajas de seguridad de Caja Murcia, en las que al parecer
examinaron documentación de algunos de los investigados por
las presuntas corruptelas urbanísticas. En total, los
agentes efectuaron once registros, la mayoría en empresas
relacionadas con los detenidos y ubicadas en Madrid, Vigo,
Murcia, Pontevedra, Las Rozas (Madrid) y Totana.
De regidor a
diputado
Juan
Morales fue alcalde de Totana en dos ocasiones.
La primera, de 1995 a 1999. Ese año ganó las
elecciones, pero sin mayoría absoluta, y fue
desalojado de la alcaldía tras un pacto entre el
PSOE e Izquierda Unida. En 2003, volvió a ganar
las elecciones, esta vez con mayoría absoluta.
Tras cuatro años de gobierno, decidió no
presentarse a la reelección -alegó que se
encontraba cansado- y dejó paso al que era uno
de sus hombres fuertes, José Martínez Andreo. En
cambio, Morales aceptó presentarse a las
elecciones en la candidatura del PP para la
Asamblea regional, en la circunscripción del
Guadalentín. Salió elegido diputado.
En
su discurso, al ser nombrado en 2003 alcalde,
Morales abogó por el apoyo de todos los grupos
municipales "para lograr un impulso decidido y
comprometido de la acción de gobierno" y por el
equilibrio a la hora de abordar la ordenación
urbana, la dotación de servicios e
infraestructuras. En el último año, el PP aprobó
inicialmente el PGOU de Totana, incluyendo
numerosos convenios urbanísticos.
www.elpais.es
27.11.07
