CASO LA ZERRICHEA
ESTO ES LO QUE HAY DE
MOMENTO
LA POLICÍA
DETIENE AL EX ARQUITECTO MUNICIPAL DE ÁGUILAS
Agentes de la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal detuvieron ayer al ex arquitecto municipal del ayuntamiento
de Águilas, Jorge Sotelino, por su presunta participación en el pago de
comisiones a altos cargos políticos. La operación se enmarca dentro del caso
Zerrichera. El arquitecto estaba muy vinculado al empresario T.
C, padrino del plan parcial La Zerrichera. Fuentes policiales no
descartan más detenciones en las próximas horas. Este arquitecto está
relacionado laboralmente con el promotor urbanístico Sebastián Fernández, que
fue detenido ya en dos ocasiones, por los casos Zerrichera y Limusa.
En el marco de esta operación, están
imputados numerosas personas, entre ellos el ex consejero Francisco Marqués, que
fue detenido en Madrid por agentes de los cuerpos de Seguridad, y que se
mantiene en la presidencia de la Hermandad Farmacéutica.
En abril de 2007, el magistrado del
juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
Antonio Alcázar Fajardo, decidió imputar a cinco altos cargos del Gobierno
murciano, al alcalde popular de Águilas, y a un ex concejal del mismo partido en
el consistorio aguileño por los presuntos delitos de prevaricación
administrativa, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los
funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho, al aprobar el
expediente de reclasificación de una urbanización de 4.000 viviendas, un campo
de golf y un hotel de lujo en la finca de La Zerrichera Águilas).
Una parte de este terreno está
protegida por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de
Especial Protección de Aves (ZEPA), por lo que según la investigación de la
fiscalía no debería ser urbanizable. El juez Alcázar Fajardo admitió a trámite la
querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal.
En concreto, la querella iba
dirigida inicialmente contra la ex directora general del Medio Natural Encarna
Muñoz; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el director
general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el
subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el alcalde de Águilas, Juan
Ramírez; y el ex edil del PP en este consistorio, José López. Posteriormente se
añade al jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería de Industria y
Medio Ambiente y presidente de la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, Juan
Ignacio Sánchez Gelabert.
El ya conocido como caso La Zerrichera, lleva años en los juzgados murcianos.
Fuentes judiciales manifestaron en que es necesario dotar de más recursos al
Fiscal Jefe del TSJ de Murcia para poder hacer frente a todos los casos
abiertos.
(www.vegamediapress.com,
11/11/09)
MARQUÉS REGRESA A COMISARÍA CERCADO POR NUEVAS PRUEBAS
QUE LO INCRIMINAN
Al calvario de Marqués le quedan
todavía muchas estaciones que cubrir. Ayer -después de su detención, el pasado
marzo, como imputado en delitos de cohecho, prevaricación, contra la ordenación
del territorio y blanqueo de capitales- alcanzó la segunda parada: nueva
citación y comparecencia en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía
de Murcia, con el fin de ser interrogado sobre nuevas pruebas que van
apareciendo y que presuntamente estrechan el círculo de sospechas en torno a su
persona.
La llamada de los agentes de la
Unidad de Delincuencia Especializada y Financiera, sección Blanqueo de Capitales
(UDEF-BLA), causó ayer cierta sorpresa por lo inusual de la misma. Lo habitual
es que un imputado sea citado ante el juez instructor cuantas veces éste lo
considere necesario, pero es menos usual que la Policía vuelva a tomarle
declaración por segunda vez a un sospechoso, una vez que ya ha sido puesto a
disposición judicial.
Fuentes próximas al caso explicaron,
sin embargo, que en este asunto el magistrado de Instrucción número 3 de Murcia,
Antonio Alcázar, y el fiscal superior, Manuel López Bernal, vienen trabajando de
forma muy estrecha con los agentes anticorrupción, de ahí que les confiasen la
nueva toma de declaración al ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel.
Marqués acudió hacia las doce del
mediodía a la Comisaría murciana, acompañado por su letrado, el catedrático de
Derecho Penal Jaime Peris. Las fuentes citadas explicaron que el ex consejero de
Medio Ambiente acudió «de forma voluntaria» a la cita con los policías, después
de haber sido requerido por éstos, «aunque si no lo hubiera hecho habría tenido
que acudir de manera obligada».
El objetivo de la citación era
requerir a Marqués para que ofreciera aclaraciones sobre varios documentos que
los agentes han intervenido en los últimos días, fruto de los registros
realizados en viviendas y en la sede de la notaría del también imputado
Sebastián Fernández Rabal, así como en el domicilio de su hombre de confianza en
la promotora Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres.
Los policías están muy satisfechos
con el resultado de esos registros, ya que les han permitido intervenir
«documentación muy abundante, que habrá que ir procesando y que puede abrir
nuevas vías de investigación», según señalan las mismas fuentes. Éstas aseguran
que entre todo ello «se encuentran algunas pruebas que parecen confirmar que la
venta de una vivienda a Francisco Marqués, por parte de los responsables de la
sociedad Hacienda del Hornillo S.L., fue en la práctica una especie de regalo»,
debido a su precio excepcionalmente reducido: 104.000 euros para un apartamento
en un complejo residencial cuyo precio de mercado, según los informes
policiales, rondaba los 300.000 euros.
Ésta es una de las razones por las
que tanto Marqués como el notario y constructor Sebastián Fernández, y su
apoderado, José Cáceres, están imputados en un delito de cohecho, ya que estiman
los agentes anticorrupción que la venta de ese piso habría sido en realidad un
pago encubierto por el trato de favor que el primero habría dado a los segundos
durante su etapa como consejero. En concreto, habría permitido a Hacienda del
Hornillo realizar obras en lugares protegidos por la legislación
medioambiental.
Francisco Marqués, que continúa
imputado por los delitos antes citados, con el pasaporte retirado y con la
obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, permaneció un par de
horas en las dependencias policiales, prestando declaración. Abandonó la
Jefatura con el mismo gesto tranquilo y la media sonrisa con la que había
llegado.
La segunda estación de su particular
vía crucis había sido cubierta. Resta saber cuántas le quedan y qué le espera al
final de esa cuesta.
(www.laverdad.es,
08/05/09)
INMACULADA GARCÍA RECHAZA QUE HAYA COMPRADO DOS PISOS
La Consejera de Economía y Hacienda,
Inmaculada García, desmintió ayer las afirmaciones realizadas por su ex
compañero del Consejo de Gobierno, Francisco Marqués, cuando en su declaración
ante el juez, el pasado marzo, aseguró que García había adquirido dos pisos
encima del suyo, en Águilas, y añadió que si a él le había costado tan barato,
sólo 104.000 euros, fue «gracias a la amistad con Inmaculada García, que es
prima del constructor».
La consejera rechazó ser propietaria
de tales viviendas. Aunque reconoció haber hecho una reserva sobre esos pisos,
asegura que finalmente renunció a escriturarlos, por lo que volvieron a quedar a
disposición de la promotora. García es prima segunda del notario y constructor
detenido el martes, Sebastián Fernández Rabal.
Antes de ofrecer esta explicación, a
través de un portavoz, la consejera había respondido de forma airada a un
periodista de La Verdad cuando éste, en una rueda de prensa, le preguntó cómo
valoraba las declaraciones de Marqués en el juzgado y si consideraba cierto que
éste había logrado un piso a precio muy bajo gracias a la amistad entre ambos
consejeros.
«No es cierto nada de lo que aparece
hoy en la prensa», señaló con evidente malestar, tras lo que instó a los
periodistas a que lo comprobasen en el Registro Mercantil para ver que «no es
cierto nada de lo que se dice». Un colaborador suyo dio por terminada entonces
la rueda de prensa, convocada para presentar la feria Sicarm, y la consejera
abandonó la sala con la indignación reflejada en el rostro.
(www.laverdad.es,
07/05/09)
POLICÍAS ANTICORRUPCIÓN BUSCAN EN DOS CONSEJERÍAS
EXPEDIENTES URBANÍSTICOS
Dos consejerías de la Comunidad
Autónoma se sumaron ayer a la cada vez más extensa lista de edificios públicos
de la Región (ayuntamientos de Torre Pacheco, Fuente Álamo, Totana, Los
Alcázares, Librilla... y sedes del Gobierno regional, entre ellas la sede de la
Consejería de Presidencia) visitados por agentes de las fuerzas de seguridad, de
un par de años a esta parte, en busca de pruebas sobre casos de corrupción. Esta
vez se ha tratado de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad,
perteneciente a la Consejería de Agricultura y Agua, y la de Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio, con sede en la plaza Santoña de Murcia.
En estas últimas dependencias, los
policías reclamaron diversa documentación de la Dirección General de Urbanismo y
de la de Transportes y Puertos.
El objetivo de esta diligencia,
ejecutada por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF-BLA)
de Madrid, y de la UDEV de Murcia, era hacerse con diversos expedientes
relativos a actuaciones urbanísticas en Águilas. En concreto, algunas
desarrolladas por la sociedad promotora Hacienda del Hornillo S.L., que preside
el notario de Lorca Sebastián Fernández Rabal, detenido este martes, y cuyo
apoderado, el aguileño José Cáceres Olivares, también se encuentra arrestado.
Los cargos que pesan contra ellos son cohecho, blanqueo de capitales y delito
contra la ordenación del territorio.
En concreto, se les imputa haber
regalado buena parte del valor de un piso -le rebajaron hasta un 70% del precio
de mercado, según los informes policiales- al ex consejero de Medio Ambiente,
Francisco Marqués, en pago por el supuesto trato de favor que éste les habría
dado desde su cargo y que les habría permitido sacar adelante diversas obras en
parajes protegidos.
Los policías especializados en la
lucha contra la corrupción recorrieron ayer las dos consejerías citadas en busca
de los expedientes de esas obras, con el fin de recabar pruebas sobre esos
supuestos delitos. Abandonaron las dependencias oficiales varias horas después,
portando varias cajas repletas de documentos, que serán minuciosamente
analizados.
Tanto el notario Sebastián Fernández
como su hombre de confianza, José Cáceres, permanecían ayer detenidos en
dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. Hoy pasarán a
disposición del juez de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, sin
haber sido previamente interrogados. Todo apunta a que los agentes no quieren
darles pistas sobre los hechos que se les imputan.
El letrado Juan de Dios Teruel
Sánchez, abogado de uno de los dos detenidos, aseguró a Efe que ambos se
encuentran «bien», y señaló que no tenía constancia de que hayan declarado ante
la Policía.
(www.laverdad.es,
07/05/09)
UNA VIVIENDA EN UN ENCLAVE PARADISÍACO A PRECIO DE
GANGA
La urbanización Dos Bahías está
situada sobre el Cabezo de las Cuevas, con impresionantes vistas sobre las
bahías de Levante y el Hornillo (las dos que le dan nombre al complejo). Se
trata de tres torres de edificios con seguridad privada las 24 horas del día,
pistas de tenis y de squad, jardines y varias piscinas de espectacular diseño.
El complejo urbanístico fue
construido por Hacienda del Hornillo, la sociedad que preside el notario ahora
detenido, Sebastián Fernández, y que apodera José Cáceres, también arrestado.
Ambos vendieron una vivienda en una de esas torres a Marqués, al supuesto precio
de 104.000 euros. Ello supone una rebaja en torno al 70% de su precio de
mercado, que rondaría los 300.000 euros según los policías anticorrupción.
Las tres torres del complejo donde
Marqués tiene un piso
(www.laverdad.es,
07/05/09)
DETIENEN A UN CONSTRUCTOR POR PAGAR A MARQUÉS POR LOS
FAVORES QUE ÉSTE LE HIZO COMO CONSEJERO
Dice el dicho que nadie vende duros
a peseta. O euros a un céntimo, en versión actualizada. La Policía también
piensa lo mismo, por más que el ex consejero del Gobierno murciano Francisco
Marqués se haya empeñado en negar lo contrario y que en los últimos años, según
ha confesado ante el juez, haya tenido la fortuna de poder adquirir unos cuantos
chollos inmobiliarios. Pisos y dúplex a precio de ganga, de los que el ex alto
cargo asegura haberse beneficiado por mera fortuna: por tener un amigo que le
daba el soplo de un inmueble especialmente barato, por tener una compañera de
profesión que es prima de un constructor...
Pero las explicaciones de Marqués,
que fue detenido el pasado marzo por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo
de capitales y contra la ordenación del territorio, no parecen haber convencido
por completo al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio
Alcázar, coordinador de la causa sobre el caso Zerrichera, quien ha instado a
los especialistas de la Policía Nacional a que sigan el rastro de cada una de
esas operaciones que permitieron al imputado amasar un amplio patrimonio
inmobiliario.
Fruto de las investigaciones
realizadas en las últimas semanas por los agentes de la Unidad de Delitos
Económicos y Fiscales, brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) ha sido la
detención, ayer, del notario y constructor Sebastián Fernández Rabal, así como
del apoderado de una de sus sociedades promotoras, José Cáceres Olivares.
Los informes policiales, ya en poder
del magistrado, consideran que Sebastián Fernández Rabal, a través de su
apoderado y hombre de confianza, habría pagado a Marqués por el supuesto trato
de favor que éste le habría otorgado desde su cargo de consejero de Industria y
Medio Ambiente. En concreto, indican los especialistas de la UDEF-BLA que
Marqués habría autorizado a Fernández Rabal a llevar adelante algunas
construcciones pese a afectar a zonas protegidas por la Ley de Costas.
Como premio a esos favores, a ese
presunto trato privilegiado, siempre según los informes policiales, el promotor
le habría hecho a su benefactor algo parecido a un pago en especie: le habría
rebajado sustancialmente el precio de un piso en una de sus promociones, la
Hacienda del Hornillo de Águilas: hasta el 70% de su valor de mercado, según
señalan los especialistas de la UDEF-BLA en los informes remitidos al juez.
Es fundamentalmente por tal razón,
por ese supuesto regalo a Marqués, por lo que un grupo de policías detuvo ayer
por la mañana al notario y constructor Sebastián Fernández Rabal y al apoderado
de la sociedad Urbanística Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres Olivares,
como imputados en los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la
ordenación del territorio, según confirmaron a La Verdad fuentes próximas al
caso.
Los arrestos causaron ayer una gran
conmoción en Lorca y, sobre todo, en Águilas, donde los dos sospechosos son muy
conocidos. No en vano, Sebastián Fernández ejerce su profesión de notario en
Lorca pero, a la vez, es el impulsor de importantes proyectos urbanísticos en
Águilas, como el gran complejo Hacienda del Hornillo, el centro comercial
Águilas Plaza y los multicines El Hornillo. Además es presidente del Consorcio
Turístico de Águilas y primo de la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno
murciano, Inmaculada García Fernández.
Por lo que se refiere a José Cáceres
Olivares, éste es miembro de la dirección ejecutiva local del Partido Popular
(secretario de Economía y Empleo, según consta en la web del partido) y
presidente del Paso Azul de la Semana Santa de Águilas, que saca en procesión a
la Patrona aguileña, la Virgen de los Dolores.
El notario lorquino comenzó a ser
investigado cuando los agentes de la UDEF-BLA localizaron, durante el transcurso
de varios registros en viviendas de Marqués, la escritura de un inmueble de
Hacienda del Hornillo. Los especialistas policiales comprobaron que el vendedor
era el citado Sebastián Fernández Rabal, aunque habría utilizado -según fuentes
vinculadas a la investigación- el protocolo de otro notario, conocido suyo, con
el supuesto fin de ocultar las presuntas irregularidades existentes en la
operación de compraventa.
Tras detener al notario y a su
apoderado, los policías procedieron ayer a registrar los domicilios de ambos y,
una vez concluidos éstos, también las dependencias de la notaría lorquina, de la
que se llevaron abundante documentación. Las fuentes citadas señalaron que
Sebastián Fernández encargó en días pasados la renovación completa del sistema
informático de la notaría, lo que ha levantado suspicacias entre los
investigadores por si pudiera tratarse de un intento de destruir documentos.
(www.laverdad.es,
06/05/09)
«EL PRECIO FUE MUY BUENO GRACIAS A LA AMISTAD CON LA
CONSEJERA GARCÍA»
El pasado 7 de marzo, el ex alto
cargo del Gobierno de Valcárcel, Francisco Marqués, quien fue consejero de
Sanidad, más tarde de Industria y Medio Ambiente y delegado del Gobierno en
Murcia durante un breve periodo de tiempo, fue conducido a presencia del juez de
Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar. El ex consejero y actual
director general de Hefame llevaba casi tres días detenido, como sospechoso de
delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y
blanqueo de capitales.
En su declaración, , Marqués ofreció
una extensa explicación sobre la adquisición de uno de sus múltiples pisos, éste
en Águilas, así como del ventajoso precio al que lo compró. Esto dijo:
«Que la vivienda de Águilas se la
compró al notario de Lorca Sebastián Jiménez Peral (en realidad, Sebastián
Fernández Rabal), en el año 2004. Que la mercantil Hacienda del Hornillo S.L.
cree que es de su propiedad. Que José Cáceres (también detenido ayer) es el
apoderado y sólo ha coincidido con él en dos o tres ocasiones».
«Que no sabe el motivo por el que se
demoró la firma de la escritura; que se trataba de una vivienda en construcción
y que además tuvo algunos problemas de tipo administrativo. Que no ha utilizado
la vivienda y que ni siquiera ha contratado la luz eléctrica».
«Que reconoce que el precio fue muy
bueno, gracias a la amistad de Inmaculada García, consejera de Hacienda de la
Región de Murcia, que es prima del vendedor, Sebastián, y que adquirió dos
apartamentos encima del suyo. Que cree que por ese motivo el precio fue bueno».
«Que en ese momento pensaba que iba
a utilizarlo, pues le gustaba mucho la zona, pero al adquirir la vivienda de
Campoamor no ha llegado a usarlo. Que sólo pagó mil euros en la firma del
contrato privado y ya después en la firma de la escritura. Que los 10.280 euros
que aparecen en la escritura no recuerda su origen. Que el hecho de que en la
escritura aparezca una fecha de entrega de los mil euros del contrato privado
puede deberse a un error. Que a pesar de lo que ponga en el contrato privado no
pagó nada durante la obra. Que preguntó en una ocasión al señor Cáceres y éste
le dijo que no se preocupara, que ya pagaría cuando se hiciera la escritura».
«Que desde su punto de vista la
compra fue estupenda. Ni tiene explicación ni se la ha buscado a que el precio
fuera tan ventajoso: 104.000 euros».
«Exhibido el documento de
comunicación de Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha
27-7-2004, con destinatario Dirección General de Ordenación del Territorio y
Costas de su consejería, en fechas en que ya era consejero, y que obraba junto
al contrato privado de compraventa, según aparece en el registro, contesta que
ese documento se lo entregó el señor Cáceres, y lo guardó junto al contrato,
aunque no puede dar una explicación en este momento.
Que cree que era un acceso de
escalera a la playa, que supone que habría algún problema y supone que el señor
Cáceres le entregaría el documento para que supiera de la existencia de ese
problema y de las gestiones sobre este particular con la señora Baraza,
directora general de Costas, que era pariente suya. Que no hizo absolutamente
ninguna gestión sobre ese particular (...) Que ignora si se contestó o no, ni
las gestiones que se hicieran, pero el declarante no tiene absolutamente nada
que ver. Que el acceso a la playa está todavía cerrado, por lo que es probable
que todavía exista el problema».
(www.laverdad.es,
06/05/09)
UN AMIGO DE CUIDADO
Nadie, ni el juez Antonio Alcázar;
ni el fiscal superior, Manuel López Bernal; ni siquiera su abogado defensor,
Jaime Peris, preguntó al imputado Francisco Marqués por la consejera Inmaculada
García. Fue el ex consejero, motu propio, quien al ser interrogado por las
razones por las que compró tan barato, tan inexplicablemente barato, un
apartamento en la Hacienda del Hornillo de Águilas, sacó a colación a su ex
compañera en el Consejo de Gobierno. «Reconozco que el precio fue muy bueno
gracias a la amistad con Inmaculada García, consejera de Hacienda, que es prima
del vendedor, Sebastián (el notario de Lorca detenido ayer)», dijo. Y añadió,
también sin que nadie se lo solicitase, que ella misma «adquirió dos
apartamentos encima del suyo».
La amistad de Francisco Marqués e
Inmaculada García es un hecho conocido en ámbitos políticos desde el año 2003,
en que ésta pasó a formar parte del Gobierno autónomo. Fue el entonces consejero
de Sanidad quien hizo de valedor de su amiga y vecina ante el presidente Ramón
Luis Valcárcel. En una cena, celebrada en el domicilio de Marqués, fue donde se
la presentó al jefe del Ejecutivo murciano, quien la fichó como consejera de
Hacienda.
(www.laverdad.es,
06/05/09)
EL PP "BLINDA A VALCÁRCEL PARA QUE NO DÉ CUENTAS" POR
NOMBRAMIENTOS DE ALTOS CARGOS EN "CASO ZERRICHERA"
La viceportavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, denunció que el Partido Popular
"blinda al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, para que
no dé explicaciones en la Asamblea regional sobre el nombramiento de altos
cargos en el caso de La Zerrichera", según informaron fuentes de esta formación
política en un comunicado.
García Retegui lamentó que la Mesa
de la Cámara "no admitiera a trámite la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, que cumplía todos los requisitos exigidos en el reglamento del
Parlamento autónomo", y que "el PP con su mayoría haya utilizado la institución
para hacerlo".
El Grupo Parlamentario Socialista en
su iniciativa, solicitó la comparecencia del presidente del Consejo de Gobierno
para que "diera cuentas sobre su responsabilidad en el nombramiento de altos
cargos imputados por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus
competencias en diferentes gobiernos de la Región de Murcia".
García Retegui declaró que "el
presidente Valcárcel es el responsable directo de los nombramientos de los altos
cargos y él es quien los firma como responsable del Consejo de Gobierno, tal y
como establece la Ley del Presidente".
Asimismo, añadió que "Valcárcel
sigue escondido y todavía no ha dado una explicación a los ciudadanos en la
Asamblea Regional de por qué incorporó a los presuntos implicados en La
Zerrichera al Consejo de Gobierno, y también al ex consejero Francisco Marqués,
forzando la ley que le impedía aumentar el número de consejeros".
El Grupo Parlamentario Socialista
reclamó al presidente murciano "que explique por qué no quiere asumir la
responsabilidad del nombramiento de los imputados", y la viceportavoz socialista
anunció la intención del PSOE de "recurrir la decisión adoptada por la Mesa de
la Cámara de no admitir a trámite dicha solicitud de comparecencia".
(www.laverdad.es,
24/03/09)
EL PSOE PIDE A VALCÁRCEL QUE ASUMA RESPONSABILIDADES POR LA ACTUACIÓN DE MARQUÉS
La diputada regional socialista
Begoña García Retegui anunció ayer que el PSRM no se conforma «con que se
intente desde el Gobierno regional decir que el asunto del ex consejero
Francisco Marqués es personal». «Además de las responsabilidades penales que
pudieran derivarse de los asuntos que están en el ámbito judicial, hay
responsabilidades políticas de quien dirige el Consejo de Gobierno, porque,
según la Ley del Presidente, éste coordina y controla la labor de sus
consejeros», añadió la diputada, quien solicitó de nuevo que Valcárcel dé
explicaciones en la Asamblea Regional.
Retegui explicó que «no nos vale que
intenten aislar al ex consejero y ex delegado del Gobierno como único
responsable, cuando ha sido nombrado tres veces por Valcárcel, cuando no se fue
porque lo cesaran, sino que -por lo que nos han dicho hasta ahora- se fue
voluntariamente del Consejo de Gobierno, y porque, además, la sola actuación del
señor Marqués no habría hecho viable ninguno de los asuntos de los que estamos
conociendo sobre presuntas irregularidades urbanísticas y medioambientales».
Criticó que, «por lo que hemos
conocido en los últimos días, altos cargos del PP al parecer se han beneficiado
y han encontrado viviendas a precio de chollo, mientras a los demás nos crecía
el precio de la vivienda en casi un 200 por ciento y nos subían las hipotecas».
(www.laverdad.es,
17/03/09)
INMOBILIARIA MARQUÉS S.L.
O tuvo mucha suerte a la hora de
enterarse de chollos inmobiliarios, o pagó por sus viviendas -en dinero
negro-más de lo que admite haber pagado, o alguien pagó la diferencia por él, o
bien tuvo que compensar con pagos en especie lo que no abonó en dinero de curso
legal. Tales son las cuatro hipótesis que se manejan judicial y policialmente en
la investigación del caso Zerrichera para explicar el incremento patrimonial del
ex consejero de Industria y Medio Ambiente, Francisco Marqués, quien aparece
imputado en estas diligencias por los delitos de cohecho, prevaricación y
blanqueo de capitales.
El propio Marqués, en sus
declaraciones del pasado sábado ante el magistrado, Antonio Alcázar, y el fiscal
superior, Manuel López Bernal, tuvo que admitir en alguna ocasión que lo suyo no
era normal. Es decir, que el precio al que había conseguido adquirir alguna
vivienda casi no se lo creía ni él mismo.
Uno de esos supuestos chollos lo
halló en la Dehesa de Campoamor. Juan Gracia, propietario de Peinsa, impulsor
del plan parcial Sanina Golf en La Unión y beneficiario de un más que ventajoso
convenio con el Ayuntamiento que habría supuesto -según la Fiscalía de Murcia,
que pasó el asunto al Tribunal de Cuentas- un perjuicio para las arcas
municipales de 8,4 millones de euros, fue quien le informó de que había un
dúplex junto al mar del que los propietarios tenían que deshacerse como fuera.
«Lo compré a un precio bastante inferior al de mercado -sostuvo Marqués ante el
juez-, por la situación en la que se encontraban los dueños: un matrimonio en
crisis. Me gustó mucho la vivienda».
Fuentes próximas al caso indican que
Marqués asegura haber pagado unos 240.000 euros por esa casa, aunque otras
fuentes -vecinos de esa misma urbanización- sostienen que los dueños pedían unos
420.000 euros (setenta millones de pesetas). El pago lo hizo, eso sí,
íntegramente en dinero negro.
Otro apartamento que sumó a su
patrimonio a un precio más que razonable es el que adquirió en Valencia en el
año 2004. Lo compró a Hansa Urbana, sociedad que promueve el resort Novo
Carthago junto al Mar Menor y sobre el cual el propio Marqués hubo de adoptar
importantes decisiones, entre 2004 y 2006, como consejero de Medio Ambiente.
Cuando el juez le preguntó cómo
explicaba que el piso fuera tasado a efectos inmobiliarios en el doble de lo que
él dice haber pagado, el ex alto cargo se encogió de hombros. «No lo sé. Es
posible que en esos dos años -entre que lo apalabró, en el 2004, y lo escrituró,
en el 2006- se produjera un aumento de valor».
El tercero, y más evidente, de los
chollos con los que se fue topando el ex consejero del Gobierno de Valcárcel lo
halló en Águilas. Fue un apartamento en El Hornillo y lo consiguió al precio de
104.000 euros. «La compra fue estupenda, y ni tiene explicación ni se la he
buscado, a que el precio fuera tan ventajoso», llegó a admitir Marqués ante el
instructor, y así consta en las diligencias judiciales en las que declaró
acompañado de su abogado, Jaime Peris.
El propio Marqués no tuvo problema
en señalar que esta propiedad la obtuvo «gracias a la amistad que tiene con
Inmaculada García, consejera de Economía y Hacienda, y prima del vendedor y
propietario de la promotora Hacienda del Hornillo S.L., Sebastián Jiménez
Peral». Y como corroboración a lo anterior, también facilitó un dato que
objetivamente nada explicaba sobre su conducta económica, pero que volvía a
incidir sobre la propia consejera: «(Ella) adquirió dos pisos encima del suyo.
Que cree que por ese motivo el precio fue bueno».
En el 2004, cuando se produjo la
adquisición, Marqués pensaba «que iba a utilizarlo, pues le gustaba mucho la
zona, pero al comprar la vivienda de Campoamor no ha llegado a usarlo. (...) Que
no ha utilizado la vivienda y que ni siquiera ha contratado la luz eléctrica».
Si sobre el precio «tan ventajoso»
de esa vivienda no supo qué explicación ofrecer, otro tanto le ocurrió al ex
consejero cuando el juez le exhibió un documento de la Demarcación de Costas,
dirigido a la Consejería de Medio Ambiente, en la época en que Marqués ya era
consejero, y que los policías judiciales encontraron junto a la escritura del
apartamento.
El imputado indicó que el citado
documento -en el que Costas informaba de la existencia de un problema con la
escalera del residencial que bajaba hasta la playa- se lo había dado el
apoderado de Hacienda del Hornillo, José Cáceres, «aunque -declaró- no puedo dar
una explicación. Supongo que habría un problema y que el señor Cáceres me
entregó el documento para que supiera de la existencia del problema y de las
gestiones sobre ese particular con la señora Baraza (jefa de la Demarcación de
Costas), que es pariente suya. Yo no hice absolutamente ninguna gestión sobre
ese particular».
Cada palabra de Marqués en esa
amplia declaración -duró más de cinco horas- está siendo comprobada por los
investigadores.
(www.laverdad.es,
12/032/09)
VALCÁRCEL, LA INDIGNIDAD POLÍTICA
Y EL ABORREGAMIENTO
Detención de Francisco Marqués, dos
veces consejero del Gobierno Regional designado por Ramón Luís Valcárcel,
delegado del Gobierno en Murcia nombrado por José María Aznar y durante todo ese
tiempo –según la declaración hecha por él mismo ante el más que bondadoso
juzgado de Murcia- dedicado durante esos mismos años a defraudar a Hacienda.
Supongo yo que no saldrán a ladrar los perros voceros populares en esta ocasión
para acusar a fiscales, jueces, policías y guardia civiles…es el propio
Francisco Marqués quien sin empacho –de ser ciertas las informaciones de La
Verdad, yo no las pongo en duda, empero Ruiz Vivo parece que sí-. ¿Qué dijo en
su declaración ante el juez el que otrora fuera uno de los pretorianos de
Valcárcel?, amigo lector agárrese a la silla no vaya a caerse:
“ha ocultado al control de la
Hacienda Pública, durante las dos últimas décadas, ingresos por importe de unos
92 millones de pesetas (unos 552.000 euros). ¿De dónde procedía todo ese dinero
que hurtó al control de la Hacienda Pública? Lo explica con detalle:
- Una entrega de 40 millones de
pesetas que su suegro hizo a su esposa, entre los años 95 y 96, para compensar
que había dejado el negocio familiar a sus dos hermanos.
- Otros siete millones de pesetas
que su madre le dio entre los años 94 y 96 por la venta de una finca.
- De la venta en 1988 a su primo de
una sociedad, Cabramar S.L., que Marqués dedicaba a la explotación ganadera, y
por cuyo traspaso recibió 24 millones de pesetas, de los que sólo declaró 10.
- De vender una casa en Albarracín,
en 1998, que se escrituró en 12 millones de pesetas, y por los que además
recibió «6 ó 7 millones en dinero no fiscalizable».
- De la venta de un adosado en
Mazarrón, en 1998 ó 1999, que vendió en 15 millones de pesetas y que se
escrituró en 9.
- De la venta de una parcela en
Altorreal, en el año 2000, por 15 millones de pesetas, aunque se escrituró en 9.
- De la venta de dos parcelas en La
Alcayna, por 240.000 euros (40 millones de pesetas) y que se escrituró por
180.00 euros (30 millones de pesetas).
- De la venta de un punto de amarre
de Lo Pagán, en el 2007, por el que recibió 72.000 euros, que no declaró al
fisco.
En total, unos 92 millones de
pesetas hurtados al control de Hacienda, una parte importante de los cuales
cuando ya ocupaba cargos de responsabilidad en el Gobierno regional del PP.
TRES VÍAS DE CONVERSIÓN
Todo ese dinero negro, «dinero
incómodo», como se refiere Marqués al mismo, se convirtió en un serio problema a
principios del 2002, con la llegada del euro. Ello le obligó a sacar del
trastero el dinero negro en pesetas, y a cambiarlo por la nueva moneda. Para
ello, afirma, utilizó tres vías:
Un empleado de Cajamurcia, que le
cobró 12.000 euros por cambiarle el dinero, en lo que era una comisión del 2%.
Así, la cantidad cambiada a euros de una tacada debía ascender a 600.000 euros
(cien millones de pesetas).
Un empleado de Cajamar, conocido
suyo, que le cambió «importantes cantidades: unos 30 millones de pesetas».
El Banco de España, al que llevaba cantidades de entre uno y dos millones de
pesetas.
Todo ese dinero negro, ha confesado
ante el juez Alcázar, «lo guardó donde pudo, en su casa, en un trastero...»”.
Es decir cuando era miembro del Gobierno de Valcárcel, casi de forma sistemática
se dedicó a burlar dinero a Hacienda y el PP, con Valcárcel a la cabeza actúan
como si apenas conocieran a este individuo. Es más, se agarran el cínico
argumento, actuación muy conforme a la personalidad política de personajillos
como Ruiz Vivo, de que Marqués hace poco más de dos años que no es miembro del
Gobierno Regional. Está claro, Valcárcel y los del PP están tan seguros de que
han conseguido aborregar a esta Región hasta extremos tales, que creen que con
decir cosas así, van a escapar de la quema y, por lo que se va conociendo, el
fuego en el rastrojo, con el viento que sopla, lo único que va a hacer es seguir
avanzando, no lo duden.
¿Pero cómo puede llegar la
indignidad y la desvergüenza política a tales dimensiones en esta tierra?, es
sencillo porque la gente lo permite, le gusta que estos arrieros manden, les
tomen el pelo.
Valcárcel, ayer mismo, después de
que se conociera como Marqués reconocía en una declaración judicial que ocultaba
dinero al fisco manejando de forma sistemática dinero negro en distintas
operaciones, algunas especialmente reprochables, al tiempo que compatibilizaba
tal conducta con su labor de Consejero y Delegado del Gobierno, Ramón Luís
Valcárcel –digo- tenía que haber salido ayer ante la opinión pública a pedir
disculpas por haber tenido a este individuo en su Gobierno. Sr. Valcárcel, ya sé
que usted, ni sus acólitos, quieren saber nada de ‘responsabilidades políticas’;
pero han pasado el límite. Un miembro, que ha sido, de su gobierno ha reconocido
ante un bondadoso juez, que ha defraudado dinero a Hacienda, que ha manejado
sistemáticamente millones de pesetas en negro, ya no se trata de denuncias, él
mismo ha declarado eso y si no es cierto lo informado por La Verdad, como parece
dudar Ruiz Vivo, supongo que Marqués ya habrá presentado una querella.
Todo lo que estamos conociendo tras
la detención de este señor causa un bochorno extraordinario en una sociedad que
le votó porque creía que Valcárcel estaba rodeado de gente decente
políticamente, y ciertamente no parece que esto sea cierto en este caso.
Bochornoso el comportamiento del PP
de la Región donde tengo la sensación que algunos andan con el miedo metido en
el cuerpo, pero hasta las trancas, pues ya temen que salgan a la luz otras
cosas, que algún empresario puede tener a buen recaudo por si el agua le llegara
al cuello.
Marqués, encima, sale del juzgado después del trance vivido y, como si fuera una
folclórica, sonríe y con descaro bromea ‘parezco a Claudia Shiffer’.
El espectáculo de Valcárcel oculto
como los conejos en el monte que sienten cerca el peligro, con sus acólitos en
el PP saliéndose por la tangente, como si lo que ha ocurrido no fuera con ellos;
con una sociedad acrítica que parece que le diera igual ocho que ochenta y,
además, presumiendo, con frases tales como “que más escándalos de corrupción más
votos para el PP”. ¿Pero es que se piensan que porque ganen en las urnas la
sociedad emite sentencia?; que nó, hombre, que no. Las urnas no sentencian nada,
simplemente ponen a un partido político inútil como el PSOE murciano en el sitio
que merece, liderado por un manso como Pedro Saura.
Vergüenza da la Justicia, también,
por las varas de medir y los distintos raseros que se emplean. Vergüenza da ver
el miedo en el rostro de gente decente del PP que ni comparten lo que está
pasando, ni quieren saber nada de este Valcárcel, pero que al mismo tiempo
cierran el pico y sólo hablan ‘off de record’. Vergüenza, sí, es lo que los
murcianos tenemos que padecer cuando viajamos fuera y señalan a nuestra tierra
–por culpa de sus políticos- como si fuera un antro de corrupción, falsedades y
demagogias baratas. Vergüenza ver como el agua, bien necesario y que todos
reivindicamos, en realidad no es más que un negocio en manos de un clan mafioso
al estilo del que ‘Don Tomasino’ tenía montado en la Región de Corleone.
Vergüenza, sí, porque en nuestra tierra los políticos que gobiernan guarden
silencios cómplices con todo lo relacionado con las basuras. Vergüenza, sí, por
como Valcárcel miente cuando anuncia la reducción de altos cargos y a los mismos
que cesa los nombra dirigentes de fundaciones y sociedades públicas cobrando
pingües sueldos. Vergüenza sí, porque tenemos un presidente que no cumple con su
palabra y todavía hay quien lo aplaude. Vergüenza sí de tener un partido en la
oposición que no hace nada por sintonizar con la gente.Si Valcárcel no sale ante
la opinión pública a pedir disculpas por haber mantenido a Marqués en su
Gobierno después de que hayamos conocido por su propia declaración a qué se
dedicaba al mismo tiempo que manejaba el dinero público, ya no sólo merecerá la
crítica política normal en cualquier democracia, sino que además tendremos
derecho a opinar que la dignidad política del presidente pende de un hilo.
Y ahora, Ramón Luís, vas y lo cascas
al juez, es posible que tal como está la cosa prefieran enchironar a un
periodista que opina, antes de meter la uña en la corrupción que en Murcia está
generalizada, sistematizada y lo peor, interiorizada y amortizada por muchos
ciudadanos que prefieren el aborregamiento a salir a la calle con la guadaña en
la mano para segar las cabezas de quien no esté más limpio que una patena. ‘Me
cagoen brevas’.
(www.vegamediapress.com,
12/03/09)
MARQUÉS ADMITE ANTE EL JUEZ
QUE OCULTÓ A HACIENDA 550.000 EUROS EN DINERO NEGRO
La opción de llegar a tener que
verse la cara con Hacienda no parece asustar a Francisco Marqués. O, cuanto
menos, parecen darle más miedo otras alternativas, como el delito de cohecho del
que está imputado. El caso es que el ex alto cargo de la Comunidad Autónoma -fue
consejero de Sanidad entre 1996 y 2003, y consejero de Medio Ambiente desde
julio del 2004 hasta abril del 2006 en gobiernos de Valcárcel- no tuvo empacho
el pasado sábado en admitir ante el juez que ha ocultado al control de la
Hacienda Pública, durante las dos últimas décadas, ingresos por importe de unos
92 millones de pesetas (unos 552.000 euros).
Todo ello procedente de donaciones
familiares y de la venta de bienes inmuebles y, en ningún caso, sostiene, de
pagos ilícitos para impulsar proyectos desde los departamentos que ha dirigido.
Algo que, de haber admitido, habría supuesto una confesión explícita de
cohecho.
Dos son, pues, las ideas básicas en
torno a las cuales giró buena parte de su declaración ante el magistrado del
Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, que instruye el caso
Zerrichera: «Que no ha recibido ninguna aportación de dinero para la aprobación
de dicho expediente (de La Zerrichera, se entiende)», y, dos, que «efectivamente
ha tenido ingresos que no han sido declarados y no fiscalizados por tanto, desde
hace tiempo, aunque alguno más recientemente».
Dicho en román paladino, que no
habría incurrido en cohecho, pero sí habría defraudado al fisco.
Tanto dinero negro acumuló en
algunos momentos que el trastero de su domicilio de Murcia, donde la Policía
Judicial halló la pasada semana 43.00 euros en billetes de 500 euros, llegó a
servirle para esconder «250.000 euros (más de 41 millones de pesetas, más otros
30.000 euros (otros cinco millones de pesetas)», tal y como se recoge
textualmente en el acta con su declaración judicial.
¿De dónde procedía todo ese dinero
que hurtó al control de la Hacienda Pública? Lo explica con detalle:
Una entrega de 40 millones de
pesetas que su suegro hizo a su esposa, entre los años 95 y 96, para compensar
que había dejado el negocio familiar a sus dos hermanos.
Otros siete millones de pesetas que
su madre le dio entre los años 94 y 96 por la venta de una finca.
De la venta en 1988 a su primo de
una sociedad, Cabramar S.L., que Marqués dedicaba a la explotación ganadera, y
por cuyo traspaso recibió 24 millones de pesetas, de los que sólo declaró 10.
De vender una casa en Albarracín, en
1998, que se escrituró en 12 millones de pesetas, y por los que además recibió
«6 ó 7 millones en dinero no fiscalizable».
De la venta de un adosado en
Mazarrón, en 1998 ó 1999, que vendió en 15 millones de pesetas y que se
escrituró en 9.
De la venta de una parcela en
Altorreal, en el año 2000, por 15 millones de pesetas, aunque se escrituró en
9.
De la venta de dos parcelas en La
Alcayna, por 240.000 euros (40 millones de pesetas) y que se escrituró por
180.00 euros (30 millones de pesetas).
De la venta de un punto de amarre de
Lo Pagán, en el 2007, por el que recibió 72.000 euros, que no declaró al fisco.
En total, unos 92 millones de
pesetas hurtados al control de Hacienda, una parte importante de los cuales
cuando ya ocupaba cargos de responsabilidad en el Gobierno regional del PP.
Todo ese dinero negro, «dinero
incómodo», como se refiere Marqués al mismo, se convirtió en un serio problema a
principios del 2002, con la llegada del euro. Ello le obligó a sacar del
trastero el dinero negro en pesetas, y a cambiarlo por la nueva moneda. Para
ello, afirma, utilizó tres vías:
Un empleado de Cajamurcia, que le
cobró 12.000 euros por cambiarle el dinero, en lo que era una comisión del 2%.
Así, la cantidad cambiada a euros de una tacada debía ascender a 600.000 euros
(cien millones de pesetas).
Un empleado de Cajamar, conocido
suyo, que le cambió «importantes cantidades: unos 30 millones de pesetas».
El Banco de España, al que llevaba
cantidades de entre uno y dos millones de pesetas.
Todo ese dinero negro, ha confesado
ante el juez Alcázar, «lo guardó donde pudo, en su casa, en un trastero...».
Como muchas personas que disponen de
grandes cantidades en dinero negro, Marqués también disponía de una caja de
seguridad alquilada en una entidad bancaria. Así lo cuenta en su declaración:
«Que es cierto que tenía una caja de seguridad y que la tiene todavía, en
Cajamar, y que cuando le pudo hacer falta algo más de dinero (para adquirir
alguna de las propiedades inmobiliarias que más adelante se detallarán) acudió a
esa caja. Que la había alquilado a principios de ese mismo año (estaba hablando
del 2005), precisamente para guardar ese dinero.
Que el motivo de no haber alquilado
una caja con anterioridad, a pesar de todos los años de los que dispuso de este
tipo de dinero, fue por las dificultades (que encontró), ya que no suele haber
disponibilidad en las entidades con las que trabaja (...) Que el motivo de que
no guardara todo el dinero en esa caja fue por la inquietud que le producía su
tenencia, ya que resulta difícil guardar ese dinero. Que su modo de vida no es
austero, pero que tampoco es dado a grandes gastos».
Lo que hizo con ese dinero nunca
declarado al fisco fue utilizarlo, también como dinero negro, para adquirir
algunas viviendas. De esta forma pagó una parte de una casa comprada en Madrid
(donde reside una de sus hijas y donde el propio Marqués fue detenido el pasado
miércoles por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal-UDEF);
otra vivienda en Águilas, en el Hornillo, y un dúplex en Campoamor (Orihuela).
Eso, además de entregarle 206.000
euros (unos 34 millones de pesetas) a una agrupación de farmacéuticos, conocida
como Grupo Trébol, para comprar una oficina de farmacia en Madrid para su hija,
que quiere ser farmacéutica.
(www.laverdad.es,
10/032/09)
Un ex consejero del PP
de Murcia tenía 43.000 euros en su garaje
La
policía investiga la firma que Marqués posee en Panamá
El ex consejero
de Medio Ambiente de Murcia Francisco Marqués guardaba
43.000 euros en billetes de 500 euros en el garaje de una de
sus seis viviendas, que desde el pasado miércoles han sido
registradas por los agentes de la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía que le
detuvieron en Madrid, según confirmaron ayer fuentes de la
investigación. Éstas resaltan que los agentes investigan una
empresa que Marqués posee en Panamá y también un viaje que
hizo a Suiza acompañado de empresarios.
Marqués, que
también fue consejero de Sanidad y durante dos meses
delegado del Gobierno en Murcia bajo el Ejecutivo de José
María Aznar, está imputado por cohecho y prevaricación por
la reclasificación de un paraje protegido en el que una
sociedad del empresario T.C pretendía
construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de
golf. En el caso están imputadas otras nueve personas, entre
ellas T.C y el alcalde de Águilas, el popular Juan
Ramírez.
La empresa de
T.C compró la finca de La Zerrichera a un grupo de
agricultores por un precio de 30 millones de euros. Tras
aprobar el Ayuntamiento de Águilas (PP) la reclasificación,
T.C vendió el proyecto a una empresa de la Caja de
Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa) por 105
millones, lo que supone un beneficio de 75 millones de euros
sin poner un ladrillo.
Las denuncias de
los grupos de la oposición y la investigación inicial del
fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal,
coincidió con la salida de Marqués del Gobierno de
Valcárcel, que fichó con un sueldo millonario por la
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, una de las mayores
empresas de Murcia.
Pelotazo
paralizado
El sucesor de
Marqués en Medio Ambiente, Benito Mercader, paralizó el
proyecto. Ayer, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente
murciano, Antonio Cerdá, aseguró en La Verdad que en
La Zerrichera "no se pondrá ni un ladrillo". Marqués se
declaró "inocente, por supuesto", al ser preguntado por los
periodistas cuando salía de la Comisaría de Policía Nacional
de Murcia para pasar a disposición del titular del Juzgado
de Instrucción número 3 del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, Antonio Alcázar.
Por otra parte,
la Junta de Fiscales de Murcia emitió ayer una nota en la
que se defiende de los ataques del PP. En ella, aclara que
"ninguna de las querellas o denuncias presentadas por la
fiscalía han sido archivadas por juzgado o tribunal alguno",
en relación a las críticas del PP de que las causas en
Murcia abiertas por el fiscal habían sido archivadas.
La fiscalía
aclara que si hay casos cerrados es porque la propia
fiscalía los archivó. Sobre la acusación de que sólo actúa
contra cargos del PP, la Junta de Fiscales aclara que ha
interpuesto "ocho denuncias o querellas" a responsables del
PP y tres contra responsables del PSOE y que además fue su
actuación la que permitió reabrir la denuncia del PP contra
un ex alcalde socialista.
Los
imputados 'recolocados' por el presidente Valcárcel
-
Antonio Alvarado. Gerente de la Fundación
Cluster. Ex director general de Calidad
Ambiental, ahora llamada de Planificación y
Control Ambiental, a la que sigue adscrito como
asistente. Firmó la declaración de impacto
ambiental que permitió reclasificar terrenos
protegidos.
-
Encarna Muñoz. Ex directora general del
Medio Natural y ahora directora ejecutiva del
Parque Científico de Murcia. Retiró la
protección a parte del suelo de La Zerrichera.
-
Manuel Alfonso Guerrero. Ex director general
de Vivienda y Urbanismo, ahora responsable del
Urbanismo en Lorca. Firmó el planeamiento
declarando la finca urbanizable cuando un año
antes hizo un informe en contra.
-
José María Ródenas. Subdirector de Vivienda
y Urbanismo. Firmó primero en contra y luego a
favor de la recalificación y acabó proponiendo
la modificación del PGOU de Águilas con La
Zerrichera como urbanizable.
-
Ignacio Sánchez Gelabert. Era jefe del
servicio de Calidad Ambiental y ahora mantiene
el mismo puesto en la Dirección General de
Planificación, Evaluación y Control Ambiental.
Informó de forma positiva pese a que el suelo
estaba incluido en la Red Natura.
-
Juan Ramírez. Alcalde de Águilas. Convocó un
pleno para recalificar los terrenos antes de
estar aprobada la declaración ambiental
positiva.
-
José López. Ex concejal de Águilas. Es el
único que ha dimitido. Compró una parte de la
finca y luego la vendió al empresario T.C antes de votar favorablemente en el
pleno a la recalificación.
www.elpais.es
07.03.09
El ex delegado del Gobierno
en Murcia guardaba en un trastero 43.000 euros en billetes de 500
La
policía investiga una empresa que Francisco Marqués poseía en Panamá
El ex delegado del Gobierno en Murcia con
el Partido Popular, Francisco Marqués, escondía 43.000 euros en
billetes de 500 euros en el trastero de su casa, según avanza
hoy el diario La Verdad de Murcia y han confirmado
fuentes próximas al caso. La policía investiga, además, la
empresa que Marqués posee en Panamá, un paraíso fiscal, y
propiedades que ha adquirido en Murcia, Valencia y Madrid. Fue
detenido en Madrid el pasado miércoles
y ayer los agentes registraron su vivienda en el centro de
Murcia.
Marqués, que fue consejero de Sanidad y de Medio Ambiente del
gobierno del popular Ramón Luis Valcárcel, está imputado por
prevaricación y cohecho en el caso Zerrichera, la recalificación
en 2005 de un paraje protegido para construir una gran
urbanización de 4.100 viviendas con campo de golf en la época en
la que ocupaba la cartera.
En la causa hay imputadas otras diez personas, entre ellas el
alcalde de Águilas, Juan Ramírez, que convocó el pleno del
Ayuntamiento antes de estar aprobada la declaración ambiental
positiva. También hay técnicos o el empresario T.C amigo de uno de los consejeros de Murcia que aprobó la
recalificación. T.C vendió el proyecto a la Kutxa por 105
millones de euros cuando dos años antes la compró por 30
millones. Obtuvo un beneficio de 75 millones sin poner un
ladrillo.
Los fiscales se defienden
Por otra parte, la Junta de Fiscales de Murcia ha emitido hoy
una nota en la que se defiende de los ataques del PP y aclara
que "ninguna de las querellas o denuncias presentadas por la
fiscalía han sido archivadas por juzgado o tribunal alguno", en
relación a las críticas del PP de que las causas en Murcia
abiertas por el fiscal habían sido archivadas.
La fiscalía aclara que si hay casos archivados lo son porque la
propia fiscalía los archivó. Y sobre la acusación de que sólo
actúa contra cargos del PP, la Junta de Fiscales aclara que ha
interpuesto "ocho denuncias o querellas" a responsables del PP y
tres "contra responsables de ayuntamientos gobernados por el
PSOE; además ha intervenido en una denuncia interpuesta por una
representante del PP contra un ex alcalde del PSOE que, tras su
archivo judicial, fue abierta precisamente en virtud del recurso
del ministerio fiscal".
www.elpais.es 06.03.09
Francisco Marqués está implicado, junto a otras nueve personas, en el
caso de La Zerrichera
Agentes de la Policía Nacional han detenido hoy en Madrid el ex
consejero de Medio Ambiente de Murcia y ex delegado de Gobierno
Francisco Marqués por los delitos de prevaricación y cohecho en
el caso Zerrichera, paraje calificado como Zona de
Especial Protección para Aves (ZEPA), ubicado en el municipio
murciano de Águilas. Otras nueve personas están imputadas por el
juez tras la denuncia presentada por el fiscal superior de
Murcia, Manuel López Bernal.
En este terreno protegido el empresario T.C, ahora retirado, promovía la construcción de más de dos
mil viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos
en una finca de 250 hectáreas de la sierra de La Almenara, parte
de las cuales cuentan con la protección medio ambiental de la
Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia, la detención de Francisco Marqués se ha producido a
última hora de esta mañana en Madrid, cuando se encontraba de
viaje de trabajo, por orden del Juzgado de Instrucción número 3
de Murcia, que lleva el caso de La Zerrichera y que ha decretado
parcialmente el secreto de las actuaciones judiciales, según
informa EFE.
Marqués fue consejero de Sanidad del Gobierno murciano
(1999-2003), delegado del Gobierno en Murcia (2004) y consejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2004-2006)
www.elpais.es 04.03.09
UN SECRETARIO GENERAL TENDRÁ QUE DAR EXPLICACIONES
POR UNA GRABACIÓN SOBRE LA ZERRICHERA
El juez quiere comprobar el alcance
de las conversaciones telefónicas grabadas por los agentes de la UDYCO. Con este
motivo, el secretario general de la Consejería de Política Social, Fernando
Mateo, ha sido citado para que declare hoy como testigo en el caso de La
Zerrichera de Águilas, en el que se investiga por partida doble un supuesto caso
de cohecho y presuntas irregularidades urbanísticas derivadas de la
desclasificación de los terrenos protegidos de esta zona. Este alto cargo
acudirá por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia,
Antonio Alcázar. No ha hecho falta que lo pidiera la acusación particular que
ejerce el PSOE.
Fernando Mateo, que en la anterior
legislatura fue director general de Carreteras, ha sido citado de urgencia por
el magistrado, según informaron ayer fuentes judiciales. Su comparecencia se
producirá una hora después de que lo haga el ex director general de Calidad
Ambiental, Antonio Alvarado. Éste último no pudo declarar la semana pasada
debido a que el juzgado no tenía disponible el equipo necesario para escuchar
las grabaciones.
Según las mismas fuentes, se trata
de analizar si existen algunas contradicciones en la conversación que
mantuvieron Mateo y Alvarado en torno a La Zerrichera. En una de las grabaciones
-según publicó La Verdad- Fernando Mateo comentó que el anterior consejero de
Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, le había aconsejado al empresario T.C que comprara una finca en otro lugar debido a que no era fácil
desclasificar los terrenos protegidos, y que la intención era trasladarle el
índice de aprovechamiento urbanístico que le corresponde a cada proyecto.
(www.laverdad.es,
31/10/08)
EL TSJ DICTA DE NUEVO LA
SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA ZERRICHERA
La Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ)
ha dictado un auto en el que mantiene la suspensión cautelar de la Orden de la
Consejería de Obras Públicas de 13 de febrero de 2006 -bajo el mando de Joaquín
Bascuñana-, que permitía urbanizar en terrenos de la finca La Zerrichera.
La Sala enmienda así un defecto
procesal -no hubo emplazamiento dentro del plazo legal previsto a T.C, titular de una de las promotoras afectadas como parte, el Grupo
Inversor Hispania- que había dejado sin efecto la paralización cautelar que
dictó el año pasado, como adelantó La Verdad. T.C no pudo conocer el auto
judicial y tener oportunidad de personarse en la causa y defender sus intereses.
Esto hizo que el propio TSJ declarara la nulidad de su auto, situación que se ha
mantenido hasta ahora.
El auto ahora emitido desestima los
recursos presentados por las promotoras Grupo Inversor Hispania, e Inverlur
Águilas I y II, que habían solicitado al tribunal que levantara la suspensión
acordada por éste en julio de 2007. Estas empresas alegaron en su defensa que en
la zona afectada no existen valores ambientales dignos de protección y que, por
tanto, los razonamientos utilizados por la Sala para acordar la suspensión de
urbanizar eran erróneos. Además, el Grupo Inversor Hispania señaló que no
levantar esta suspensión le iba a ocasionar perjuicios que valoraba en 180
millones de euros.
Al rechazar los recursos, el Alto
Tribunal afirma que «de la propia resolución del Ayuntamiento de Águilas de
suspensión del expediente del Plan Parcial se extraía que la medida de
suspensión no ocasionaba perjuicio alguno al interés general».
Además, el tribunal añade que, «por
otra parte, los perjuicios que se pueden ocasionar a las empresas por la no
ejecución son meramente económicos y, por el contrario, el perjuicio que se
podría ocasionar con la ejecución del acto es difícilmente reparable, teniendo
en cuenta los valores ambientales de la zona». La Sala añade que este acuerdo de
suspensión, que puede ser recurrido en súplica, no prejuzga lo que en su día se
pueda decidir al resolver el fondo del asunto.
(www.laverdad.es,
22/10/08)
CASO LA COLA: JUEZ ADMITE QUERELLA
CRIMINAL POR PRESUNTA PREVARICACIÓN CONTRA ALCALDE DE ÁGUILAS
La juez del Juzgado de Instrucción
número 1 de Lorca, Olga Reverte Villar, ha admitido a trámite una querella
criminal interpuesta por la empresa Inversiones Promalor contra el alcalde de
Águilas, Juan Ramírez Soto, el arquitecto municipal José Espín Cánovas, y el ex
secretario municipal y actual secretario del ayuntamiento de Santa Pola, José
Luis Pascual Martínez. Los fundamentos jurídicos amparan la admisión de la
denuncia ya que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de
prevaricación administrativa. De hecho, la juez ha citado para hoy, jueves, en
“a los querellados para conferirles traslado y posteriormente ser oídos en
calidad de imputados”, para los que los querellantes piden la prisión
incondicional. Uno de los socios de Promalor sufre secuelas físicas consecuencia
del estado de ansiedad al que está sometido.
La empresa Inversiones Promalor
asegura haber tenido pérdidas superiores a los mil millones de pesetas, ante la
negativa constante del alcalde de darle la licencia de obras, a pesar de tener
todos los papeles en regla, incluso los facilitados por el propio consistorio.
Promalor había vendido ya las 58 viviendas proyectadas en el paraje de La Cola,
pero ha tenido que devolver el dinero a los compradores y anular los contratos,
tras más de tres años de silencio administrativo. Fruto de la información que la
empresa tenía respecto a las condiciones edificatorias, superficie y
clasificación de suelo, urbano, desde 1972, acordaron comprar el terreno
mediante la suscripción de un préstamo hipotecario de 3.000.000 millones de
euros con Cajamurcia. La compra se realizó en Madrid a José Luis Martínez
Gómez-Acebo, propietario y emparentado con la familia real.Promalor cumplió con
todos los requisitos exigidos por los funcionarios municipales, recibió la
cédula con el valor de edificabilidad, pagó 25 millones de pesetas por la visa
del Colegio de Arquitectos y otros cinco millones por los derechos de
transmisión. Durante todos estos años también ha pagado la contribución urbana.
A pesar de reunir todos los requisitos, el alcalde se ha negado de manera
sistemática a dar la licencia para la construcción de 58 viviendas en el paraje
La Cola, en Calabardina, y no ha recibido, durante tres años, a los promotores,
que finalmente ante la imposibilidad de poder comenzar a construir tuvieron que
devolver todo el dinero a los clientes.
El ayuntamiento, por su parte,
durante todo ese tiempo buscó todas las posibilidades para evitar dar la
licencia, incluso “haciendo una modificación de la parcela que no se corresponde
con los documentos del Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación aprobados
definitivamente y que, posteriormente, se trata de adaptar a Derecho, de una
manera flagrante, arbitraria, sin motivación alguna, y prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, según consta en la
denuncia.
Para justificar los cambios, el
ayuntamiento aseguró que tanto el proyecto de reparcelación como el de
urbanización “contenía un error, que nunca fue detectado salvo cuando Promalor
solicita la licencia de edificación". Según los abogados de la empresa, ese
error no existe, ya que la propia Dirección General de Ordenación del Territorio
y Costas, “especifica textualmente que el Plan General Municipal de Ordenación
del término de Águilas vigente, a fecha de 6 de mayo de 2004, aprobado con fecha
de 6 de septiembre de 1993, clasifica la zona como suelo urbano, lo que deja en
evidencia y contraria a la realidad la estúpida argumentación del error material
puesta de manifiesto por el ayuntamiento de Águilas”.En la querella interpuesta
en el juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, se hace referencia a hechos
delictivos que pueden derivarse de la actuación del alcalde, el secretario que
dio fe, y el arquitecto municipal.
Asimismo, además de de la prisión
incondicional para todos los imputados, solicitan una fianza de tres millones de
euros y el embargo de los bienes.
Como dato significativo, añadir que
justo encima de los terrenos de La Cola, donde se pretendía construir 58
viviendas, está ubicado el chalet de un familiar directo del alcalde de Águila,
Juan Ramírez.
(www.vegamediapress.com,
18/09/08)
EL PP SE NIEGA A ANULAR EL
EXPEDIENTE DE RECALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA ZERRICHERA
El diputado del PP en la Asamblea
Regional Martín Quiñonero denegó ayer la posibilidad de anular los permisos
ambientales y el cambio urbanístico con vías a urbanizar en el paraje aguileño
de La Zerrichera, pidió a la oposición que «espere al resultado de la
investigación judicial en curso», y defendió el «rigor y seriedad de una
modificación urbanística que era viable y realizada de acuerdo con todos los
estudios ambientales».
Los grupos políticos debatieron esta
cuestión a petición de la diputada del PSOE Teresa Rosique, quien pidió al
Parlamento que anule el decreto que aprobó Bascuñana, que recalificó los
terrenos y los hizo urbanizables. Entre tanto, la Consejería de Obras Públicas
aún debe aclarar si mantiene o revoca el decreto que permite urbanizar la finca.
Quiñonero apuntó que «no puede
hablarse de una modificación urbanística irregular ni de declaración de impacto
ambiental ilegal cuando la normativa existente deja la puerta abierta a
actuaciones como la planteada en la Zerrichera», que recordó que supone la
reclasificación de un 0,75% de la superficie de más de 22.000 hectáreas del
paraje ZEPA y LIC de la Sierra de la Almenara.
A su juicio, «debe respetarse la
investigación judicial en curso y, si ha lugar, averiguar posteriormente si de
esa actuación enjuiciada se derivan responsabilidades políticas». Asimismo,
Quiñonero recordó que en La Zerrichera no se ha puesto aún ni un sólo ladrillo,
mientras que en la otra vertiente de la sierra, en Lorca, un gobierno municipal
del PSOE autorizó actuaciones.
La diputada Rosique reprochó a
Quiñonero la «escasa valentía» del PP de no pedir la nulidad de la modificación
urbanística que permite sobre el papel construir en la citada zona, y subrayó
que tiene conocimiento de la existencia de «informes de los servicios jurídicos
de Presidencia que aconsejan que se anule esa modificación y los efectos de unos
informes ambientales favorables manipulados».
Asimismo, subrayó que la Ley
Regional del Suelo no permite urbanizar en zonas consideradas LIC o ZEPA. José
Antonio Pujante, de IU incidió en que el frustrado proyecto de La Zerrichera es
«un ejemplo de un modelo fracasado» de desarrollo.
(www.laverdad.es,
02/10/08)
EL SUMARIO DEL 'CASO ZERRICHERA' UN EX CONSEJERO MURCIANO EN LA DIANA
El ex director general Alvarado, imputado en la causa, se refiere a su antiguo superior como «el gran 'mullidor'» y afirma que «nos está arrastrando a muchos, por arriba y por abajo»
La investigación
del caso
Zerrichera
tiende, como el
aire caliente,
hacia arriba.
Tiende a subir.
En su
trayectoria
ascendente se ha
topado ya con el
ex consejero de
Industria y
Medio Ambiente
de la Comunidad
Autónoma de
Murcia,
Francisco
Marqués, quien
durante meses ha
tenido
intervenidos sus
teléfonos y cuyo
patrimonio e
ingresos, y
también los de
su esposa, están
siendo
exhaustivamente
investigados.
Ésta es una de
las principales
novedades que
aporta la pieza
separada de la
investigación
sobre el caso
Zerrichera, que
se abrió en
abril del 2007
por orden del
titular del
Juzgado de
Instrucción
número 3 de
Murcia, Antonio
Alcázar Fajardo,
y que ha
permanecido
hasta ahora bajo
secreto de
sumario. Esta
investigación,
que se resume en
345 folios que
están en poder
de La Verdad,
tenía por objeto
determinar si
algún cargo
público del
Ayuntamiento de
Águilas o de la
Comunidad
Autónoma había
recibido dinero,
o promesa de
ello, a cambio
de recalificar
una finca -la
citada
Zerrichera- para
permitir
edificar un
resort pese a
que era objeto
de una especial
protección
ambiental.
En ese paraje de
156 hectáreas,
40 áreas y 24
centiáreas,
enclavado en la
diputación
aguileña de
Téber y que
forma parte de
la Sierra de la
Almenara, el
empresario T.C
promovía un
proyecto
urbanístico
consistente en
levantar unas
4.000 viviendas
y un hotel de
lujo en torno a
un campo de
golf.
VARIOS ALTOS
CARGOS
Francisco
Marqués, quien
en la actualidad
ejerce como
director general
de la Hermandad
Farmacéutica del
Mediterráneo (Hefame),
no formaba parte
de esa
investigación en
su origen. Los
funcionarios del
Grupo de
Delincuencia
Económica,
integrados en la
Unidad contra la
Droga y el
Crimen
Organizado (UDYCO)
de la Jefatura
de Policía de
Murcia, se
habían centrado,
por orden del
juez, en los ex
directores
generales de
Calidad
Ambiental,
Antonio Alvarado
Pérez, y del
Medio Natural,
Encarna Muñoz
Martínez; en el
alcalde de
Águilas, Juan
Ramírez Soto, y
en el empresario
T.C, entre
otros.
Sin embargo, los
datos que iba
aportando la
investigación,
unidos a una
conversación
intervenida a
Alvarado, en la
que
supuestamente se
refería a su ex
jefe, Francisco
Marqués, como
«el gran
mullidor (sic)»
-en realidad,
habría querido
decir muñidor,
esto es, «el que
concierta o
dispone un
asunto con
engaño», según
la Real Academia
de la Lengua
Española-, y en
las que hacía
otras
consideraciones
como que «ha
arrastrado a
unos por arriba
y a otros por
abajo», llevaron
a los policías
judiciales a
solicitar del
juez que
ordenase la
intervención de
los teléfonos
del ex
consejero, así
como que
permitiese
someterle a una
minuciosa
investigación de
su patrimonio e
ingresos.
PUEDE ACABAR
IMPUTADO
En el
auto dictado el
24 de enero
pasado, el
magistrado
Alcázar otorga
luz verde a los
agentes para
investigar a
Francisco
Marqués, y
realiza una
serie de
consideraciones
que
justificarían
una decisión de
tal calado.
Así, señala el
juez que Antonio
Alvarado,
Encarna Muñoz y
José Ignacio
Sánchez
Gelabert, el ex
jefe del
Servicio de
Calidad
Ambiental de la
Consejería de
Medio Ambiente
-todos ellos
imputados en el
caso Zerrichera-
«dependían
jerárquicamente
de Francisco
Marqués (...),
de quien resultó
muy llamativa su
actuación cuando
salió en prensa
para defender,
políticamente,
la decisión
adoptada por una
dirección
general a su
cargo -la de
Calidad
Ambiental- al
aprobar la
Declaración de
Impacto
Ambiental (DIA)
de la finca la
Zerrichera,
criticando,
despectivamente
y sin sonrojo
alguno, el
contenido de un
informe
medioambiental
anterior (del 31
de agosto del
2004), elaborado
precisamente por
funcionarios
dependientes de
él mismo, pero
de otra
dirección
general: la de
Medio Natural».
El magistrado
repasa además la
citada
conversación
telefónica
mantenida por
Alvarado con un
desconocido, que
fue intervenida
por la Policía,
en la que el ex
director general
apuntaba a que
el empresario
T.C tenía a
algún político
«cogido por los
huevos», y a
continuación se
refería a ese
político como
«el gran
mullidor»,
añadía que es la
persona «que
debería estar y
no está», que ya
no se dedica a
la política y
que «está
ganando mucho
dinero todos los
meses» y, por
último, «que ha
arrastrado a
unos por arriba
y a otros por
abajo».
Tanto la Policía
Judicial como el
juez llegan a la
conclusión de
que la persona a
la que se
presuntamente
refiere
Alvarado, aunque
sin nombrarlo,
sólo puede ser
Francisco
Marqués. Y, de
esta forma, el
instructor
afirma que
«puede
inferirse,
lógicamente, que
Alvarado -mejor
que él nadie
puede saberlo-
pudo no actuar
por decisión
propia, sino
inducido por su
superior
jerárquico,
Francisco
Marqués, en cuya
mano además
estaba la
posibilidad de
haber detenido
el irregular
proceso,
entonces ya
socialmente
polémico, lo que
no sólo no hizo,
sino que lo
apoyó
abiertamente».
La última
consideración
del magistrado
al autorizar la
intervención de
los teléfonos de
Marqués es
especialmente
reveladora.
«Aunque
Francisco
Marqués,
actualmente no
aforado, no fue
incluido por el
fiscal en su
querella, no es
descartable, por
los antecedentes
expuestos, que
termine
declarando como
imputado en la
causa».
«TÚ ME TIENES
QUE LLAMAR»
Los
teléfonos del ex
consejero del
Gobierno
regional han
permanecido
pinchados desde
el 11 de enero
hasta al menos
el 15 de junio
de este año,
momento en que
la UDYCO estima
que ya no tiene
sentido seguir
con la
intervención
telefónica. Del
contenido de las
escuchas poco ha
trascendido,
pues han sido
remitidas al
juez en CD y las
diligencias
escritas sólo
recogen una
conversación con
la ex secretaria
general de la
Consejería de
Medio Ambiente,
María de los
Reyes Sánchez, a
la que llama dos
días antes de
que ésta tuviera
que prestar
declaración en
el juzgado.
-«Tú, cuando
acabes, me
tienes que
llamar», le
exige Marqués.
-«Hombre, ya lo
sé, ya lo sé.
Qué te crees»,
responde ella.
Nada ha
trascendido,
tampoco, de la
investigación
económico-patrimonial
que están
llevando a cabo
los agentes de
la UDYCO sobre
Francisco
Marqués y su
esposa, María
Jesús G.M., pues
los informes
todavía no han
sido redactados
o, al menos, no
han sido
incorporados a
las diligencias
cuyo secreto se
ha levantado
ahora.
Con estas
actuaciones,
Marqués se
convierte en la
persona
investigada por
el caso
Zerrichera que
ha ocupado,
hasta el
momento, un
cargo de mayor
relevancia en la
Administración
regional.
http://www.laverdad.es/murcia/20080827/region/juez-pincha-telefonos-investiga-20080827.html
EL
SUMARIO DEL 'CASO ZERRICHERA' LOS 'PEONES' DEL
PROMOTOR INMOBILIARIO
El
alcalde popular de Águilas, Juan Ramírez; la
consejera de Economía, Empresa e Innovación,
Inmaculada García, y el portavoz regional del PP,
Pedro Antonio Sánchez, tendrían quizás que haber
esperado unos días antes de bendecir con sus
gestos y sus palabras la incorporación al equipo
de gobierno municipal de un edil tránsfuga:
Clemente García López, quien salió elegido en
las pasadas elecciones por el Movimiento
Aguileño Socialdemócrata (MASd) y que a finales
de julio se pasó al Grupo Mixto.
Quizás, hoy, Ramírez, García y Sánchez, se
habrían alegrado de haber aguardado hasta poder
echarle un vistazo a las últimas diligencias
judiciales del caso Zerrichera, cuyo secreto se
levantó hace un mes, y haber constatado la
especial relación, de práctica subordinación,
que el citado edil Clemente García mantenía
hacia el empresario murciano T.C, principal impulsor de un resort de
unas 4.000 viviendas, un hotel y un campo de
golf en el paraje protegido de La Zerrichera.
Quizás, entonces -aunque esto no son sino
suposiciones-, Pedro Antonio Sánchez no habría
refrendado con su presencia las bondades del
pacto alcanzado entre el alcalde y el edil
tránsfuga, y la consejera de Economía quizás
hubiese estado más comedida a la hora de definir
a Clemente García como «un hombre honesto y
honrado» y a quien dijo conocer desde la
infancia.
«Lo mejor que le podido»
Y es que las numerosas grabaciones
telefónicas recabadas por los agentes de la
UDYCO demuestran la estrecha relación existente
entre T.C, y el ex concejal del
MASd, que en apariencia acomodaba su actuación
política a la voluntad y a los deseos del
empresario. Un ejemplo muy explícito se registra
el pasado 18 de marzo, unos minutos antes de las
tres de la tarde, cuando Clemente García Pérez
telefonea a T.C y le informa de que una
votación, en la que éste último tenía gran
interés, ha transcurrido en contra de los
intereses del promotor.
Éste, enfadado por el traspiés, apenas quiere
escuchar a su interlocutor y le insta a hablar
otro día.
- Clemente: Bueno, el resultado el resultado es
que hemos estado paralizando la votación más de
media hora...
- T.C: Que tampoco lo comentemos eso. Ya
cualquier día, tranquilamente tomando un café,
comentaremos cosas. No, ahora no. Vamos a comer
tranquilamente (...)
- Clemente: Hombre, creo que lo he hecho lo
mejor que he podido. No he podido hacer otra
cosa.
- T.C: Tranquilo, que ya hablamos tomando
un café.
- Clemente: Te lo digo en serio.
- T.C: Tomando un café hablaremos, venga.
«Reunión con la
consejera»
Más significativo es el mensaje que dos
días después envía Clemente García al
empresario. «Esta tarde me reúno con la
consejera (en apariencia, Inmaculada García,
también aguileña de origen y amiga de juventud).
Parece que han reaccionado. Dios quiera. No
desesperes. Voy a ir a muerte hasta el final. Un
abrazo».
Por no hablar del SMS que apenas cuatro horas
después le envía de nuevo: «Quiero que valores
la posibilidad de que yo haga unas declaraciones
a nivel regional y nacional. Con la excusa de
Marina de Cope. Podemos dar a conocer a toda
España el daño que se le ha hecho a Águilas. A
las personas y a las empresas».
La respuesta de T.C debió de ser positiva,
pues 45 minutos más tarde, Clemente García Pérez
vuelve a enviarle otro SMS: «OK. Acabo de estar
con mi amigo el senador y me ha dicho que me va
a ayudar todo lo que pueda para meter presión.
La reunión va a ser, al final, mañana a las 11.
Te mantengo informado».
«Sólo me falta el gran
jefe»
Al día siguiente, 21 de marzo, cuando
en apariencia se celebraba el encuentro «con la
consejera», Clemente envía otro mensaje de móvil
al empresario, dándole cuenta de su gestión. «La
reunión ha ido bien. He visto voluntad. Sólo me
falta una reunión con el gran jefe
próximamente».
El día 28 de marzo, los agentes de la UDYCO
interceptan los dos siguientes SMS, que parece
venir a confirmar, una vez más, la subordinación
de Clemente García a los intereses de T.C.
El primero, a las 19.53 horas: «Acaban de
confirmarme la cita con el presidente para la
próxima semana. Creo que deberíamos vernos
antes». Y 17 minutos después, después de haber
recibido supuestamente las indicaciones del
empresario: «OK. No lo dudes. Tengo las ideas
muy claras. Siempre se hará en los términos
pactados. Buen viaje».
«Dando instrucciones»
Conversaciones telefónicas de ese tipo,
que fueron debidamente registradas por los
especialistas de la Policía y cuyas
transcripciones están en poder de La Verdad, son
las que han llevado al juez de Instrucción
número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, a ir
prorrogando, un mes tras otro, la intervención
de los teléfonos utilizados por T.C.
No en vano, el magistrado destaca la estrecha
relación del promotor de la Zerrichera «con
personas vinculadas con el entorno de Pedro Gil,
como es Clemente García Pérez, concejal y
miembro del partido oportunamente fundado por
Gil cuando éste abandonó o fue cesado por el
PSOE». Y añade que esas conversaciones que se
van produciendo a lo largo de meses, unidas a
las que previsiblemente se irían sucediendo en
fechas próximas, podrían ser de gran relevancia
para la investigación.
http://www.laverdad.es/murcia/20080827/region/juez-pincha-telefonos-investiga-20080827.html
El Tribunal Superior
de Justicia de Murcia paraliza la construcción de 4.000
viviendas en un paraje protegido
La Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia (TSJM) ha decidido paralizar de forma
cautelar la resolución del anterior consejero de Obras
Públicas del Gobierno murciano, Joaquín Bascuñana,
del PP, que permitía construir en un paraje
protegido del municipio murciano de Águilas,
conocido como la finca de La
Zerrichera, unas 4.000 viviendas, un campo de
golf de 18 hoyos, hoteles y centros comerciales.
La inversión
prevista, según explicó uno de los promotores de la
iniciativa, T.C, amigo personal
del entonces consejero de Obras Públicas Joaquín
Bascuñana, era de 300 millones de euros e iba a generar
un millar de empleos.
El consejero
de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio,
Benito Mercader, congeló el proyecto al acceder al
cargo, a la espera de realizar un plan de gestión de la
zona protegida de La Almenara, en la que está encuadrada
la finca que iba a ser urbanizada. No obstante, una
decisión del Ejecutivo murciano podría haber reactivado
el plan, ahora suspendido judicialmente.
De esta
forma, los tres magistrados dan la razón a la Asociación
de Naturalistas del Sureste (Anse), que solicitó la
paralización cautelar de la iniciativa urbanística al
impugnar la aprobación definitiva de la modificación del
Plan General de Ordenación del Territorio (PGOU) de
Águilas que incluía la urbanización de La Zerrichera, y
por la que están imputados cinco altos cargos del
anterior Ejecutivo murciano, del PP, así como el
alcalde, Juan Ramírez, del mismo partido, y uno de los
ediles, el único que ha dimitido. Los ecologistas
alegaban que, si no se suspendía la resolución que
permitía el inicio de las obras, se provocaría "la
destrucción de los bienes naturales presentes".
En su auto,
los magistrados justifican la paralización de la
resolución, alegando que esta "medida cautelar no
ocasiona perjuicio alguno al interés general, puesto que
por el momento el desarrollo urbanístico está en
suspenso en tanto no se apruebe el correspondiente plan
de gestión y conservación". Además, agregan, "se
aprecian contradicciones con respecto a los contenidos
de la declaración de impacto ambiental, lo que permite
considerar la posible insuficiencia o disconformidad a
derecho de un trámite esencial para la reclasificación
de los terrenos".
Por su
parte, el consejero Benito Mercader dijo ayer que los
jueces "se han hecho eco de la decisión del Gobierno
regional de esperar para ejecutar el proyecto
urbanístico a la realización de un plan de gestión".
Esta aseveración contrasta con las declaraciones del
consejero Bascuñana, quien en su momento consideró
"compatible urbanísticamente" el cambio del PGOU de
Águilas en La Zerrichera, tras una reunión de la
Comisión de Coordinación de Política Territorial, que
estudió la modificación propuesta por el Ayuntamiento.
www.elpais.es
06.09.07
LA IMPUTACIÓN DE CINCO ALTOS CARGOS PONE CONTRA LAS CUERDAS AL GOBIERNO DE
MURCIA
La decisión del magistrado del Juzgado de
Instrucción número tres de Murcia, Antonio Alcázar, de imputar a cinco altos
cargos del Gobierno de la Región de Murcia (PP) por la reclasificación del
paraje protegido de La Zerrichera (Águilas) ha puesto contra las cuerdas al
presidente, Ramón Luis Valcárcel. Los implicados se han negado a dimitir a pesar
de que Valcárcel, que lleva 12 años en el poder, aseguró hace unos meses que
cualquier cargo del PP o candidato imputado debería abandonar el Ejecutivo o las
listas para las próximas municipales y autonómicas.
Después de que fuentes del Gobierno regional
anunciaran a la prensa regional un ultimátum e incluso la dimisión del director
general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, el consejero de Industria y
Medio Ambiente, Benito Mercader, aseguró ayer que no tenía constancia de ninguna
dimisión en el Ejecutivo autonómico. Tampoco ha renunciado el alcalde de Águilas
y candidato del PP para las municipales, Juan Ramírez, pese a las críticas
internas recibidas.
La investigación por la reclasificación del paraje
de La Zerrichera -en la que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia (TSJM), Manuel López Bernal, apunta a la posibilidad de ampliar la
querella a dos consejeros- se inició tras la petición del empresario T.C, amigo personal del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, de
quien dependía la reclasificación definitiva del paraje, de los permisos para
construir unas 4.000 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo en una finca
rústica denominada La Zerrichera, en el municipio de Águilas, al sur de la
comunidad.
Pero esta iniciativa, que estaba enclavada en una
zona protegida por la Unión Europea (UE) como Lugar de Interés Comunitario (LIC)
y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) contó con la oposición del director
general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, ahora retirado, quien aseguró en
un informe: "La finca debe preservarse del proceso urbanizador, por estar sujeta
a un régimen específico de protección incompatible con su transformación
urbanística".
Pero esta negativa cambió meses después. Sobre
todo con la presencia de su sucesora, Encarna Muñoz, esposa de otro de los
considerados padres de la reclasificación de los terrenos, Antonio Alvarado,
ambos imputados por el juez.
Según la investigación del fiscal Manuel López
Bernal, durante la tramitación del expediente se llegó a realizar la declaración
de impacto ambiental en 24 horas, apareciendo publicado en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia con una fecha diferente. Para el responsable de la Fiscalía
murciana, los ahora imputados tenían "un interés incomprensible en
reclasificar el terreno".
Este interés llegó hasta el punto de que la
directora general Encarna Muñoz solicitó a la UE la modificación del perímetro
protegido, coincidiendo con los intereses del promotor T.C,
quien adquirió los terrenos rústicos en 2004 a una cooperativa agrícola por 30
millones de euros, y los vendió dos años después a la Caja de Ahorros de
Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa) por 105 millones de euros. 75 millones de
euros de beneficio sin poner un ladrillo.
Tras un viaje a China, el entonces consejero de
Industria y Medio Ambiente Francisco Marqués anunció su fichaje por una empresa
privada, negando que su salida tuviera ninguna relación con las críticas de la
Comisión Europea que pidió la paralización del expediente de urbanización.
Unos meses después, el nuevo consejero de
Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, paralizó la urbanización alegando
la falta de un plan de ordenación de los recursos natural del parque en el que
está enclavada La Zerrichera.
Tras la denuncia de los grupos ecologistas y del
PSOE de Murcia, el fiscal López Bernal abrió unas diligencias informativas que
finalizaron con una querella contra siete miembros del PP. Además, pidió a un
tribunal de Murcia que investigara un posible delito de cohecho por un presunto
soborno del promotor de La Zerrichera, T.C, que supuestamente
habría intentado pagar dos millones de euros a dos dirigentes municipales del
PSOE para que votaran a favor de la reclasificación de los terrenos. Según la
propia Fiscalía, el actual secretario municipal del partido, Ramón Román,
denunció el intento de soborno, habiendo actuado como intermediario su ahora ex
compañero Pedro Gil, que fue expulsado, pese a asegurar que faltó al pleno para
cuidar a su madre.
Ante esta denuncia T.C anunció una querella
contra Ramón Román y relató en un comunicado de prensa su intención de denunciar
al Gobierno regional por paralizar la urbanización, llegando incluso a llamar
"cobarde" al presidente Valcárcel, quien no respondió a los insultos. Además de
ser investigado por La Zerrichera, T.C está imputado por un delito fiscal
por presentar facturas falsas. Por el momento no ha adoptado ninguna iniciativa
legal contra el Ejecutivo del PP.
Entre las empresas que iban a
construir la urbanización en el antiguo paraje protegido de La Zerrichera está
la sociedad C-15, que financia una fundación del presidente del PP de
Torrelodones (Madrid) y diputado, Mario Mingo. Este parlamentario, que
además de presidente del PP en el municipio madrileño es portavoz del PP en la
comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, fue alcalde de
Torrelodones.
La fundación se llama Escuela Superior de Arte
Dramático de Torrelodones (www.eadst.com) y mantiene un convenio con el
ayuntamiento, gobernado por el PP, por el cual éste le cede la Casa de la
Cultura y todas sus instalaciones de forma gratuita a cambio de que esta
organización sin ánimo de lucro represente obras de teatro. Son vocales de esta
fundación periodistas, empresarios y políticos ligados al PP, como por ejemplo
el diputado regional en la Asamblea de Madrid Juan Van Halen, Miguel Hinojar de
Inza, y el propio consejero delegado de C-15, Eduardo Morales.
(www.elpais.com,
13/04/07)
Un juzgado decide imputar a cinco
altos cargos del Gobierno murciano
El
magistrado del juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, Antonio Alcázar Fajardo, ha decidido imputar a cinco
altos cargos del Gobierno murciano, al alcalde popular de Águilas, y a
un ex concejal del mismo partido en el consistorio aguileño por los
presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento
oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico
de influencias y cohecho, al aprobar el expediente de reclasificación de
una urbanización de 4.000 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo
en la finca de La Zerrichera (Águilas).
Una parte
de este terreno está protegida por la Unión Europea como Lugar de
Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA),
por lo que según la investigación de la fiscalía no debería ser
urbanizable.
De esta
forma, el juez Alcázar Fajardo ha admitido a trámite la querella
presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, en
relación a La Zerrichera, después de que el decano de los jueces de
Murcia, José Moreno Hellín, y la secretaria decana, Concepción Parra
Martínez, efectuaran el pasado 14 de marzo el oportuno reparto, tras
inhibirse en la admisión de la misma el titular del Juzgado de
Instrucción número 3 de Lorca, Juan Alcázar, donde se había remitido en
un principio, según informa Europa Press.
Querella
En
concreto, la querella iba dirigida contra la ex directora general del
Medio Natural Encarna Muñoz; el director general de Calidad Ambiental,
Antonio Alvarado; el director general de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda,
José María Ródenas; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez; y el ex edil
del PP en este consistorio, José López. No obstante, y en virtud de la
comunicación del fiscal del 16 de marzo, se añade al jefe del Servicio
de Calidad Ambiental de la Consejería de Industria y Medio Ambiente y
presidente de la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio
Sánchez Gelabert.
A los
querellados se les entregará previamente copia del escrito de querella,
para "ser oídos" en calidad de imputados, en una fecha que se tendrá que
precisar en una resolución aparte, así como respecto a la práctica de
las diligencias propuestas por el Ministerio Fiscal como prueba
documental.
Por su
parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea
Regional, Teresa Rosique, calificó "positivamente" que el juzgado de
Instrucción número 3 haya admitido a trámite la querella sobre La
Zerrichera, porque, de este modo, "quedan imputados una parte importante
del Gobierno regional y otros altos cargos del PP".
El
portavoz del PP en la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, afirmó
ayer que Rosique "está intentando firmar sentencias", aunque destacó que
"afortunadamente, en un sistema democrático, las sentencias judiciales
no dependen de ella".
www.elpais.es 11.04.07
El fiscal se
querella contra cinco cargos del Gobierno de Murcia y el alcalde
de Águilas
El fiscal
jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel
López Bernal, se ha querellado por los delitos de
prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y
falsificación de documentos oficiales contra cinco altos
cargos del Gobierno regional de Murcia; el alcalde de
Águilas, Juan Ramírez; y el ex concejal José López,
todos del PP. El fiscal les acusa de dar el visto bueno
a la construcción de 4.000 viviendas, un hotel y un
campo de golf en la finca de La Zerrichera, en zona
protegida por la Unión Europea y cerca del mar, pese a
que había informes técnicos y jurídicos desfavorables.
Con la recalificación, el constructor T.C, amigo personal de consejero de Obras Públicas,
ganó 75 millones de euros.
La denuncia
partió de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse),
Ecologistas en Acción y el PSOE. Tras meses de
investigación, la querella del fiscal se dirige contra
los directores generales del Gobierno de Murcia (PP)
Antonio Alvarado, de Calidad Ambiental, y Manuel Alfonso
Guerrero Zamora, de Vivienda; una ex directora general
del Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector de
Vivienda, José María Ródenas; el jefe de Calidad
Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el alcalde de
Águilas, Juan Ramírez (PP); y el ex concejal José López.
Fuentes de
la fiscalía aseguran que el número de acusados podría
ampliarse en el juzgado de Lorca, que llevará el caso, y
podrían alcanzar a algún consejero, como el de Obras
Públicas, Joaquín Bascuñana, amigo del empresario que
compró los terrenos, T.C. Bascuñana
aprobó en última instancia la reclasificación de la zona
protegida. Además, el ex consejero de Medio Ambiente
Francisco Marqués encargó varios informes ambientales
que, según la fiscalía, se hicieron pasar como
favorables a la reclasificación del paraje, pero cuyos
autores han desmentido que apoyaran la urbanización. En
la zona viven varias parejas de águilas perdiceras y un
centenar de tortugas moras.
El fiscal se
ha decidido a presentar la querella tras tomar
declaración a decenas de funcionarios, directores
generales y políticos en los últimos meses, como el
alcalde de Águilas, Juan Ramírez, quien declaró como
acusado, y altos cargos de las consejerías de Industria
y Medio Ambiente y de Obras Públicas. El que más
expectación generó fue el director general de Calidad
Ambiental, Antonio Alvarado, quien en octubre de 2005
firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del
proyecto a pesar de que existía un informe desfavorable
del ex director del Medio Natural Carlos Brugarolas.
El informe
contrario era de 31 de agosto de 2004 y provocó la
paralización del proyecto en el ayuntamiento. Más de un
año después, la declaración favorable de impacto
ambiental reactivó el proyecto. La DIA se aprobó con el
visto bueno de la dirección de Calidad Ambiental, pero
con la oposición de la de Medio Natural, ya que los
servicios jurídicos de la consejería atribuyeron la
competencia al departamento dirigido por Alvarado un día
antes de que se firmase el documento.
La persona
que relevó a Brugarolas al frente de Medio Natural,
Encarna Muñoz, firmó en 2005 el informe en el que se
desprotegía la zona basándose en una "corrección
cartográfica" por entender que existían zonas "muy
degradadas" y envió a Bruselas la petición para
desproteger parte de la sierra de la Almenara, donde
está La Zerrichera.
En febrero
de 2006, el director general de Vivienda, Manuel Alfonso
Guerrero, dio el visto bueno definitivo a la
reclasificación. Tras este trámite, el Grupo Inversor
Hispania, de T.C, vendió el suelo y
obtuvo unas plusvalías de unos 75 millones sin poner un
solo ladrillo. Los actuales propietarios son la Caja de
Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa), Riofisa
(participada por Caixa de Cataluña), la empresa C-15 y
el Grupo Lar. El proyecto está paralizado desde que en
abril saltó el escándalo.
www.elpais.es 24.02.07
Valcárcel defiende
"la honorabilidad" de los acusados
El
presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del PP,
aseguró ayer estar "plenamente convencido de la
honorabilidad de esas personas", las denunciadas por el
fiscal, y añadió que "el tiempo dejará al final a cada
uno en su sitio". Valcárcel aseguró que "es muy difícil
hacer una valoración", ya que afirmó desconocer el
contenido de la querella. Valcárcel siguió ayer la misma
línea que en el resto de denuncias por corrupción al PP
en Murcia: quitar importancia y seguir adelante.
Valcárcel
afirmó que "primero hay que conocer el contenido de la
denuncia, que no deja de ser una denuncia, pero después
hay que determinar, como es natural, si hay o no
consistencia". Valcárcel habló de denuncia, aunque en
realidad se trata de una querella, mucho más
fundamentada y jurídicamente más relevante.
El
presidente regional quitó relevancia a la querella,
aunque reconoció que "parte de alguien cualificado desde
el punto de vista jurídico, como es el fiscal jefe del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia". "Primero hay
que conocer qué se les imputa, en qué sentido se plantea
la denuncia y cuáles son los delitos que a juicio del
fiscal pudieran ser tales". Posteriormente, relató,
"tienen que ser admitida a trámite por un juez, tiene
que juzgarse y por último fijarse sentencia".
La portavoz
socialista, Teresa Rosique, exigió el relevo "inmediato
y fulminante" del consejero de Obras Públicas, Joaquín
Bascuñana, así como de todos los altos cargos acusados.
Rosique destacó que sin la firma de Bascuñana "lo
anterior no habría servido de nada y, por tanto, es el
máximo responsable en esta actuación".
El
coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, afirmó
que la querella obliga a Valcárcel a dar explicaciones.
La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y
Ecologistas en Acción consideraron el caso "uno de los
más escandalosos de la desastrosa política contra el
medio ambiente del Gobierno murciano, aunque no es el
único ni el más grave".
www.elpais.es 24.02.07
LA FISCALÍA
INVESTIGA AL GOBIERNO DE MURCIA POR UN 'PELOTAZO' DE 75 MILLONES DE EUROS
El fiscal jefe
de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la
recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que
está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. Según la
investigación del fiscal, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el propietario del
grupo Hispania, T.C , ganó en dos años 75 millones de
euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de
Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor. La
fiscalía ha abierto diligencias también por la recalificación de otro terreno
protegido en cuya compra intermedió el cerebro de la trama de Marbella, Juan
Antonio Roca.
La finca La
Zerrichera
está en un lugar privilegiado: cerca del Mediterráneo y de una sierra protegida
y junto a la futura autovía Cartagena-Vera. El concejal del PP de Águilas José
López compró junto a otros empresarios el suelo en 2004. Pocos meses después, el
15 de septiembre de 2004, vendió al promotor T.C. El concejal
ganó 1,2 millones de euros y el constructor pagó 30 millones de euros por toda
la finca. Entonces, las 240 hectáreas de suelo estaban calificadas como rústicas
y un tercio estaba protegido por la UE como Lugar de Interés Comunitario y Zona
de Especial Protección para las Aves.
El Ayuntamiento
de Águilas aprobó en 2005 la recalificación de la finca para construir 4.100
casas y un campo de golf. El cambio de uso salió adelante con los votos del PP y
de seis ediles del PSOE. Éstos fueron expulsados del partido por apoyar la
recalificación. López dimitió tras publicarse que había ganado dinero en la
venta. A principios de 2006, la Consejería de Obras Públicas aprobó el
expediente y el terreno pasó a ser urbanizable. El consejero de Obras Públicas,
Joaquín Bascuñana, es amigo personal del constructor, según la investigación. La
recalificación contó con el apoyo del entonces consejero de Medio Ambiente,
Francisco Marqués.
Una vez que el
suelo fue recalificado, el empresario lo puso en venta y en marzo de 2006 fue a
parar a manos de la Kutxa (Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián), que
desembolsó 105 millones de euros, según consta en documentos de la compraventa.
Así, el beneficio de T.C fue de 75 millones de euros sin poner un ladrillo
y en sólo dos años.
Paralización
momentánea
El actual
titular de Medio Ambiente, Benito Mercader, ha paralizado momentáneamente la
iniciativa urbanística, hasta que esté aprobado el plan de ordenación de los
recursos naturales de la Sierra de Almenara, que cuenta con una subvención
europea para conservar el águila perdicera.
La paralización
de esta operación ha sido uno de los motivos por los que la Kutxa ha decidido
segregar su filial Inverlur 5005 en varias firmas, ya que en el caso de que La
Zerrichera no se realizara podría suponer un duro revés para la firma matriz. En
otras de sus inversiones en Murcia, las urbanizaciones de Lo Poyo y Novo
Carthago, la Kutxa ha separado las sociedades de los empresarios investigados
por la Operación Malaya.
El presidente
de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Pedro García, consideró
"extremadamente grave" la recalificación de La Zerrichera y la construcción de
"4.100 viviendas". García criticó que "construir esa cantidad de viviendas donde
anida una de las últimas parejas de águilas perdiceras de Murcia, no sólo va en
contra de la protección de ese espacio natural, sino contra la razón". El
presidente de Anse sostuvo que "en el caso de la recalificación ha habido
prevaricación", por lo que los ecologistas interpusieron un recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Por otra parte,
el fiscal jefe de Murcia ha abierto también diligencias informativas sobre la
compraventa de la finca de Lo Poyo (Cartagena) y su posterior recalificación por
parte del Ayuntamiento de Cartagena, del PP. El pasado 6 de octubre, el PSOE
denunció la operación. El fiscal investiga por qué un grupo de empresarios
encabezados por el guipuzcoano Francisco Javier Arteche y los representantes de
la Kutxa compraron un terreno en el que no se podía urbanizar por 213 millones
de euros y que al poco tiempo fue declarado urbanizable a falta de la aprobación
definitiva.
Tras la compra,
la Consejería de Medio Ambiente aprobó la declaración de impacto ambiental de la
urbanización de Lo Poyo y el Ayuntamiento de Cartagena aprobó la modificación
inicial del Plan de Ordenación Urbana que incluye la urbanización de este paraje
del Mar Menor. Según la investigación de la policía en la Operación Malaya de
Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca pagó dos millones de euros por la
compraventa de los terrenos de Lo Poyo.
La asamblea
general de la Kutxa de hoy tendrá como centro de atención las inversiones que la
entidad financiera ha realizado en Lo Poyo y en La Zerrichera y la posible
relación con la Operación Malaya. El grupo de consejeros del Partido Socialista
de Euskadi pedirá una explicación al presidente de la caja, Carlos Etxepare,
para que aporte "una información clara y franca sobre la implicación de la Kutxa
en los proyectos inmobiliarios con la llamada trama de Marbella".
Relación con
Roca
También pedirán
que explique la política de inversiones inmobiliarias, al frente de la cual ha
aparecido en numerosas ocasiones Francisco Javier Arteche, Luis María Maya y
Agustín Aguirre. Estos dos empresarios, que encabezan más de 200 sociedades,
pagaron dinero al cerebro del urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, según
confesó este último ante el juez Miguel Ángel Torres.
Además, según
el sumario de la Operación Malaya, Montserrat Corulla Castro, considerada por el
juez como la principal testaferro de Roca, era beneficiaria de la tarjeta visa
Oro de la Kutxa de la empresa Aguirene. Esta empresa es propiedad de los
empresarios Luis María Maya y Agustín Aguirre, dueños al 50% de los proyectos
urbanísticos de Lo Poyo y Novo Carthago (9.000 viviendas y un campo de golf) en
el municipio de Cartagena. Mientras que en Lo Poyo la recalificación está en
trámite, las obras de la urbanización Novo Carthago ya han comenzado.