Los obispos viven desde hace décadas en constante disputa educativa contra los Gobiernos de turno. Pero sienten que ahora se juegan más. El campo de batalla es la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Según los prelados, el Estado pretende con esa materia "la formación obligatoria de las conciencias", un campo en que la Iglesia católica se siente desde siglos dueña y señora. Lo sostiene con ahínco el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el jesuita Juan Antonio Martínez Camino. El cardenal Antonio Cañizares, primado de Toledo y vicepresidente de la CEE, remacha esa idea con mayor severidad. "Colaborar en la implantación de la nueva asignatura es colaborar al mal", dice.
El cardenal primado y el portavoz episcopal son los arietes principales de la CEE en la preparación, para el próximo otoño, de una guerra abierta contra esa asignatura. De momento, predican la rebeldía ante la LOE, mediante la objeción de conciencia, pero maquinan medidas más radicales. Mejor dicho, las están buscando. Lo seguro es que habrá "otoño caliente" Gobierno-Iglesia católica por esta causa.
El reto -y el problema- al que se enfrentan los prelados para dar esta batalla es la unidad de la escuela católica y de las organizaciones y congregaciones que la sustentan. Nunca como ahora se había escenificado una ruptura tan profunda en el sector. Mientras los obispos no dan tregua al Gobierno socialista, acusándolo incluso de aplastar principios constitucionales, la poderosa Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), que agrupa a la mayoría de los colegios católicos, sostiene que la polémica está desenfocada y es desproporcionada.
Profesionales por la ética
"En los momentos difíciles, la unidad es garantía de esperanza", dicen los prelados. Complicada misión. De su parte están medio centenar de organizaciones, bien coordinadas por una asociación civil creada por un grupo de jóvenes en 1992. Se llaman Profesionales por la Ética y tiene ámbito nacional, pero también está constituida, con amplia autonomía operativa, en la mayor parte de las comunidades autónomas.
También se destaca en esta batalla, como siempre que los obispos reclaman su colaboración, la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa).
El problema de los obispos es la debilidad de sus argumentos, pese a la contundencia con que los reiteran. Un ejemplo. A la acusación de Cañizares, nada velada contra la FERE, de que quienes colaboren a la instauración de la asignatura de Ciudadanía estarán colaborando "al mal", el secretario general de esta federación de religiosos, el salesiano Manuel de Castro, responde: "Esa afirmación nos parece un poco exagerada y, por supuesto, no la compartimos". Su criterio es que dando la asignatura como han negociado y pactado con el Ministerio de Educación están formando "buenos cristianos y buenos ciudadanos".
Un repaso a los manuales editados hasta ahora sobre esta polémica asignatura -media docena de libros ya en el mercado y se esperan otros tantos- indica, efectivamente, que los temas polémicos, inaceptables para los obispos, como homosexualidad, matrimonios gays, en general el sexo y las tesis constitucionales sobre el género, se tratan con suma prudencia. Incluso ni siquiera se tratan en algunos de esos manuales, pese a lo ordenado por el Ministerio de Educación en reales decretos ya en vigor.
Claro que, como reiteran los prelados, el problema no son los contenidos de un manual concreto, sino la propia asignatura. Sencillamente, la Conferencia Episcopal le niega al Estado derecho y capacidad para educar u opinar en tales materias. Lo sostiene en un documento aprobado por el pleno de la CEE en abril pasado, que los obispos han desempolvado ahora. Se titula La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI.
La tesis episcopal es que en la raíz de la nueva asignatura, como propósito del Gobierno socialista, está "el intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo". También se quejan de que "no pocas familias tienen dificultades para ejercer su derecho de elegir el tipo de enseñanza que deseen de acuerdo con sus convicciones".
Añaden: "Son muchos los alumnos que quedan fuera de la escuela católica por las trabas que suponen las condiciones establecidas por la Administración educativa para su admisión. El mismo ejercicio del derecho del titular a establecer el carácter propio del centro se ve, a veces, dificultado por la obligada aceptación de alumnos cuyos padres se oponen a que sus hijos reciban la enseñanza de la religión católica".
La tesis episcopal es que las escuelas católicas están abiertas "a todo tipo de alumno" con tal de que acepte el "proyecto educativo" del centro, pero que, en la práctica, "la aplicación de la ley dificulta el ejercicio del derecho de opción de los padres, e incluso, obligan a recibir alumnos que se oponen a dicho proyecto".
La escuela como una extensión de la parroquia
- La función pastoral. "Los centros de enseñanza católicos, promovidos por órdenes o congregaciones religiosas, por instituciones diocesanas o grupos y personas cristianas, constituyen un sector importante en la acción pastoral de la Iglesia y un servicio cualitativa y cuantitativamente significativo a nuestra sociedad".
- La justificación. "La escuela católica encuentra su verdadera justificación en la misión misma de la Iglesia. Se basa en un proyecto educativo en el que se funden armónicamente fe, cultura y vida. Por su medio, la Iglesia local evangeliza, educa y colabora en la formación de un ambiente moralmente sano y firme en el pueblo. En el proyecto educativo de la escuela católica, Cristo es el fundamento".
- La razón básica. "El fundamento y razón básica de este ser y hacer educativo es Dios, Verdad, Bien y Belleza supremas. Es el alma de toda nuestra acción educativa, pues Él es el principio y fin de la vida, el sentido y plenitud de toda obra creada. Jesucristo es el marco de referencia continuo del proyecto educativo católico. Incluye las necesarias ofertas para que los alumnos celebren el misterio de Cristo y reciban algunos de los sacramentos, de acuerdo con las orientaciones del obispo diocesano. Para ello, es necesario que la comunidad educativa coordine estas acciones con la parroquia".
- La crisis social. "Una de las manifestaciones de la cultura, también presente en la educación, es la crisis moral con raíces claramente culturales. Se caracteriza por la exaltación de la libertad y de la conciencia individual como fuente de valores, independientemente de la verdad del hombre y de Dios. Esta situación ha provocado en las nuevas generaciones la presencia de personalidades desestructuradas, sin raíces donde sustentarse, ni finalidades transcendentes hacia las que caminar. Muchas veces sin posibilidades de respuesta a las preguntas sobre el sentido de la existencia, o sobre el mismo valor de la persona ante las manipulaciones técnicas o económicas a las que está expuesta. En esta situación es fácil sucumbir al desencanto y a la evasión a toda costa".
- No es privilegio. "La escuela católica está al servicio de la educación no por ningún privilegio o concesión del Estado, sino para ofrecer formación católica a los que libremente quieran acceder a ella. Especial importancia ha de tener el profesor de religión. Como en todo tipo de escuela, es un profesor enviado por el obispo con la misión de enseñar en nombre de la Iglesia. Toda su acción educativa es una acción evangelizadora en cuanto participa de la misma misión de la Iglesia".www.elpais.es 13.07.07
Añoranzas del florido pensil
El Estado financia a los colegios católicos concertados -2.375 centros en 2006-, con algo más de 3.000 millones de euros anuales. No es pequeña cantidad, pero los obispos la creen insuficiente. Opinan que sus servicios a la sociedad merecen mejor pago. El dinero lo administranlas congregaciones religiosas, propietarias de unos colegios que educan este curso a 1.368.237 alumnos. En algunas comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por nacionalistas con tinte democristiano, la mitad de la enseñanza primaria y secundaria está en manos de religiosos.La Conferencia Episcopal -que recibe también fondos estatales para sueldos de curas y obispos- se toma la contabilidad de la escuela católica como propia. Las congregaciones están a las órdenes y las opiniones de cada prelado en su diócesis. Como dice el documento La Escuela Católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI, cada colegio católico es una prolongación de la parroquia y tiene como misión la evangelización del alumnado.Se trata de un emporio educativo impresionante, que se prolonga con fuerza creciente en el nivel universitario. Pero los obispos se creen amenazados. Ven por todas partes obstáculos legislativos y, además, asisten impotentes al vaciamiento de muchas congregaciones religiosas tradicionales en el sector -escolapios, jesuitas, agustinos, salesianos, teresianas, esclavas-, que pierden efectivos por falta de vocaciones y se ven obligadas a dejar en manos de gerentes y profesores laicos la dirección y el desarrollo de sus colegios.Los problemas de la escuela católica son, por tanto, consecuencia de la crisis global del catolicismo español. Acostumbrada a un monopolio de siglos en la enseñanza, por dejación de los Gobiernos o por imposición de dictaduras que ella misma había contribuido a instalar en el poder, la Iglesia católica española echa de menos el florido pensil de la educación del pasado, todopoderosa y de asfixiante y ridículo rigorismo tridentista, además de la única existente en muchas grandes poblaciones.La repulsa del cardenal Cañizares y del jesuita Martínez Camino por la asignatura Educación para la Ciudadanía tiene que ver con esa pérdida de poder e influencia. Quitándole al Estado derecho alguno a intervenir en la educación de los ciudadanos, parecen añorar precisamente lo que echan en cara al Gobierno socialita. Es decir, el monopolio eclesiástico que fue en tiempos no lejanos la educación de las conciencias y la formación del espíritu nacional en un régimen sin constitución, sin democracia, sin libertad religiosa -salvo para una sola religión, la del Estado de entonces- y sin derechos humanos.Los obispos no se oponen a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Se oponen a que no sean ellos los encargados de seleccionar a los profesores que la impartan, por supuesto contratados y pagados por el Estado www.elpais.es 13.07.07
El Arzobispado de Madrid deberá pagar por los abusos de un cura pederasta
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que en octubre condenó a dos años de cárcel a un cura de 74 años, Rafael S. N., por abusar sexualmente de un menor, entre 1999 y 2001. La sentencia declara responsable civil subsidiario al Arzobispado de Madrid, que preside el cardenal Antonio María Rouco. Tendrá que pagar 30.000 euros a la víctima.
Rafael S. N. abusó del menor en la casa del niño y en la vicaría de la parroquia de Madrid en la que ejercía el sacerdocio. El tribunal desestima el recurso del Arzobispado y concluye que resulta correcta dicha declaración judicial, ya que "el acusado era secretario de la vicaría de una parroquia dependiente del Arzobispado". "Se han infringido disposiciones de la autoridad, ya que existen diversos cánones del Código de Derecho Canónico que obligan a labores de vigilancia y control sobre los párrocos", añade.
El texto considera probado que entre 1998 y 2001 el acusado "entró en relación de amistad" con la familia del menor, por lo que acudía a su domicilio "con asiduidad para el cuidado de los hijos, formación religiosa y refuerzo en los deberes escolares" del niño.
"Con el afán de satisfacer sus instintos libidinosos, primero en casa de la familia y después en la vicaría, llevó a cabo tocamientos (al menor)" y obligó al niño a que le tocara, añade la sentencia. Estos hechos se repitieron en un número de ocasiones no determinado entre finales de 1999 y 2001, para lo que utilizó "la excusa de que ello era bueno y sano para el desarrollo corporal".
En opinión del Tribunal Supremo, los hechos han quedado "corroborados en su credibilidad" con la declaración del menor en el juicio oral -mayor de edad en ese momento-, que ha mantenido una "versión coincidente en el curso de las actuaciones", así como con "otros datos" proporcionados por testigos y peritos en la vista. www.elpais.es 11.07.07
La COPE silencia la condena al Arzobispado de Madrid
La emisora de los obispos no dio ayer ninguna información sobre la condena del Supremo al Arzobispado de Madrid, a cuyo frente está Antonio María Rouco Varela, por un caso de pederastia cometido por un cura en la sede de la vicaría de Aluche. El tribunal consideró que las autoridades eclesiásticas de Madrid habían cumplido con su labor de vigilancia y control de los sacerdotes de su diócesis. Sin embargo, esta sentencia no es noticia para la COPE, que ayer por la tarde repitió hasta el hartazgo las críticas del portavoz de la conferencia episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, al nuevo ministro de Sanidad, Bernart Soria, a quien presentó casi como un "peligro para la sociedad".
Los informativos de la COPE no se hicieron eco de la noticia. Tampoco los espacios de sus presentadores estrella. Ni el evangélico César Vidal, ni el ateo declarado Federico Jiménez Losantos se atrevieron a contradecir las que parecen evidentes consignas de la cadena episcopal frente a una información de claro interés social.Desde ayer, momento en el que saltó la información, el interés de la cadena de los obispos se ha centrado, entre otras cosas, en airear el ataque de Camino contra Bernat Soria y dar amplia cobertura al acto organizado por la Fundación Miguel Ángel Blanco en el décimo aniversario del secuestro del concejal, que acabó convertido en un acto de partido, del PP, naturalmente. www.elplural.com 11.07.07
El Consell valenciano y la derecha religiosa censuran la asignatura de Ciudadanía
La Consejería de Educación pretende censurar algunos de los contenidos del decreto del ministerio que establece las "enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria", fundamentalmente en lo referido a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. Las modificaciones que quiere introducir el Consell a través del proyecto de decreto autonómico siguen las objeciones de los obispos y de la derecha religiosa en aspectos como la sexualidad, los estereotipos sobre hombres y mujeres y la crítica a un supuesto intento de adoctrinamiento desde una "moral de Estado".
Tras asegurar que se ha elaborado "evitando cualquier tentación de adoctrinamiento", el preámbulo del borrador de decreto de la Generalitat valenciana que establecerá el currículo de la ESO señala: "La materia de Educación para la Ciudadanía se ha concebido con especial atención al espacio constitucional, esquivando con voluntad explícita la implantación de una moral de Estado y respetando escrupulosamente los ámbitos de la moral individual, las decisiones de la cual pertenecen a la conciencia personal de los alumnos y las alumnas y a la educación recibida en el seno de las familias".
Tal declaración de principios recoge, casi textualmente, las objeciones que la Conferencia Episcopal ha esgrimido para justificar su oposición frontal a la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, calificada por los obispos como un intento de adoctrinamiento para imponer una "moral de Estado". El borrador de decreto autonómico está lleno de puntualizaciones en esa dirección y llega a corregir, censurar o modificar los contenidos curriculares mínimos fijados por el Gobierno en algunos puntos especialmente sensibles.
Así, entre los objetivos de la ESO suprime la expresión "rechazar los estereotipos que suponen discriminación entre hombres y mujeres" para sustituirla por una redacción que evita la referencia a los estereotipos. En el borrador del Consell, el apartado reza: "Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, rechazando cualquier tipo de discriminación".
En un sentido similar, el objetivo de "fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos" se ha convertido en un escueto "fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social".
Más explícitos resultan la supresión de la referencia a "conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad" y el retoque que convierte la conveniencia de "conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros" y "respetar las diferencias" en un básico "conocer el funcionamiento del cuerpo humano".
Por lo que se refiere al apartado específicamente dedicado a Educación para la Ciudadanía, el Consell ha anulado cualquier alusión al hecho de que la implantación de tal asignatura es consecuencia de las recomendaciones de la Unión Europea para promover el aprendizaje "de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa". Además, al abordar las relaciones interpersonales y la participación, ha excluido un párrafo sobre la "valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófonos" y, sin embargo, incluye varias alusiones a los conflictos que en el mundo actual generan "el terrorismo, los Estados fallidos, el fanatismo religioso y el nacionalismo excluyente".
En opinión de Joan Pau Cimarro, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), organización mayoritaria en el sector de la enseñanza, el borrador redactado por el Consell "entra a saco" en los contenidos curriculares mínimos del Ministerio de Educación. Cimarro, que ha estudiado los sucesivos documentos relativos a estas materias, asegura que "la censura del decreto ministerial de mínimos" tiene el objetivo evidente de "eliminar contenidos molestos para la jerarquía de la Iglesia". Con todo, el sindicalista alerta también sobre el "retraso preocupante" en la aprobación del decreto valenciano, ya "que no favorece la buena organización en los centros" de la materia.
www.elpais.es 09.07.07
Antes de jubilarse, el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, quiere dejar huella. Él es el propulsor de un templo llamado Parroquia Santuario de los Beatos Mártires Valencianos, con el que pretende honrar la memoria de los valencianos muertos en la Guerra Civil "por el odio a la fe". Memoria histórica, aunque selectiva. La imponente iglesia se levantará sobre una antigua nave de hormigón de la industria química, cuenta con apoyo del Ayuntamiento y estará en una de las zonas con mayor proyección de la ciudad, cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Algunos sectores ven en su demarcación una estrategia para que la iglesia venda su memoria al estilo de otros monumentos erigidos durante el franquismo.
El 11 de marzo de 2001 Juan Pablo II beatificó a 226 valencianos muertos en la guerra civil "por el odio a la fe", entre los que había sacerdotes, religiosos y seglares.
El 11 de marzo de 2001 Juan Pablo II beatificó a 226 valencianos muertos en la guerra civil "por el odio a la fe", entre los que había sacerdotes, religiosos y seglares. Fue uno de los mayores actos de beatificación celebrado en la plaza de San Pedro de Roma y tuvo su origen en las causas iniciadas por el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, considerado por los sectores menos integristas de la Iglesia valenciana como un hombre "con una cierta mentalidad nacionalcatolicista". Además, la diócesis de Valencia instruye la causa de canonización de otros 250 mártires, cuyo proceso abrió el arzobispo en junio de 2004.
Para honrar su memoria, y la de todos aquellos que murieron "en la misma persecución religiosa y fueron beatificados con anterioridad", el arzobispado construye un templo designado como Parroquia Santuario de los Beatos Mártires Valencianos y que, gracias al Ayuntamiento de Valencia, se ubica en una de las zonas con mayor proyección de la ciudad. Se trata de una de las antiguas naves de hormigón de la industria química Cross, en la avenida de Francia, que junto a otros solares destinados a uso escolar, le fue cedida al arzobispado por el Ayuntamiento presidido por Rita Barberá, del PP, a cambio del solar arqueológico de la plaza de L'Almoina, sobre el que se fundó la ciudad.
Este templo de 3.233 metros cuadrados, cuya primera fase de obras se encuentra a punto de concluir, contará con una torre campanario de 28 metros de altura y revestirá su cubierta con trencadís, un mosaico de azulejos similar al de los edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de Santiago Calatrava. Esta opción estética de los autores del proyecto, Vicente Ordura y Jaime Aloy, unida al hecho de que la parroquia se encuentra en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y que la estructura de la nave de la Cross guarda una cierta familiaridad con las formas de Calatrava, convierte visualmente al templo en un apéndice del complejo turístico.
Las similitudes han despertado inquietud en algunos sectores de la ciudad, a los que no se les escapa una estrategia que recuerda a la del general Francisco Franco, que situó el Valle de los Caídos en la ruta de El Escorial para convertirlo en un mismo paquete turístico.
La nave de Cross se encuentra además en la zona de expansión de Valencia, el nuevo barrio del Grau, por el que transcurrirá el circuito urbano de Fórmula 1 de Bernie Ecclestone y cuyo planeamiento urbanístico será diseñado por los estudios de los arquitectos Jean Nouvel y Volkwin Marg (GPM). La zona cuenta con una superficie de unos 370.000 metros cuadrados. Unirá la ciudad con la fachada litoral, la dársena y el paseo marítimo.
Las facilidades concedidas por el Ayuntamiento de Valencia al proyecto de honrar la memoria de los muertos en el bando nacional chocan con los impedimentos que el Consistorio ha puesto para parar las obras de construcción de nichos sobre una fosa común del cementerio de Valencia en la que, según el Fòrum per la Memòria Històrica del País Valencià, hay enterrados cientos de personas que fueron ejecutadas tras la guerra civil. Las obras sobre la fosa común fueron paralizadas cautelarmente por un juzgado, que finalmente dio la razón a esta asociación. El Ayuntamiento, por ahora, ha abandonado la intención de construir los nichos.
La parroquia santuario impulsada por García-Gasco, que dejará el cargo en breve por la jubilación, dispondrá de una capilla para culto diario y dispondrá de un aforo para 847 personas sentadas y será presidido por una imagen de San Vicente Mártir y otra de la Virgen de los Desamparados, junto con una reproducción de la medalla conmemorativa de la beatificación de los mártires en 2001.www.elpais.es 02.07.07
La Universidad Católica de Valencia admite que sólo podrá abrir Medicina si gana Camps
La noche del 27 de mayo, el rector de la Universidad Católica de Valencia seguirá con una atención especial el recuento de votos. El resultado electoral servirá para leer el futuro del único centro universitario español que depende de un arzobispado. Si el PP repite mayoría absoluta, todo irá bien. El plan del rector, José Alfredo Peris, y del arzobispo, Agustín García-Gasco, saldrá adelante: la Católica contará con una facultad de Medicina y la Iglesia con un faro para la "ética, la bioética y la deontología profesional". Culminará, de paso, la implantación más polémica de una carrera en la comunidad.
Si, por el contrario, los sondeos fallan y Camps no alcanza la Generalitat, el rector, y quizá el arzobispo, vivirá una noche larga. El sueño de convertir Valencia en un baluarte de la medicina católica quedará aplazado. La Católica, por si acaso, ha abierto el plazo de preinscripción de alumnos para el curso 2007-2008. El hecho de que en el teléfono encargado de reservar las plazas se admita que la validez de esa preinscripción dependerá de las elecciones resulta bastante insólito. Más, si se tiene en cuenta que en el Consejo de Coordinación Universitaria consideran "humanamente imposible" que la Católica implante la carrera en octubre, gane o pierda Camps.
La reforma del sistema universitario español congeló la aprobación de planes de estudio y la regulación de la carrera de Medicina exige, además, un cupo de alumnos. El horizonte legal más optimista retrasaría la cosa hasta otoño de 2008. La sinceridad de los telefonistas, sin embargo, no es tan rara si se mira el proceso en su conjunto. El 21 de febrero, cuando la Generalitat explicó a las demás universidades valencianas la solicitud de la Católica para implantar Medicina y otras cuatro carreras sanitarias, los rectores lo escucharon con perplejidad. Todos guardaban una carta del Gobierno valenciano en la que se les prohibía pedir nuevos títulos durante la reforma. Los dirigentes universitarios deploraron el "trato de favor" dado al centro del arzobispo.
La cosa sentó especialmente mal en la Cardenal Herrera-CEU, la universidad de la Asociación Católica de Propagandistas, que veía cómo su competidora natural, abierta en 2004, se disponía a alcanzar su ambición histórica de implantar la carrera. Y en Castellón, donde argumentaron que lo lógico era que la tercera facultad de Medicina, tras las de Valencia y Alicante, estuviera allí.
La Generalitat los tranquilizó: antes de tomar una decisión el expediente volvería al consejo de universidades. Y sólo había una solicitud: de ser aceptada, la carrera tardaría tres años en empezar. Tres semanas más tarde, el Gobierno valenciano aprobaba la creación de la facultad. La Administración autonómica lo justificó destacando que la formación de médicos "no le costaría dinero".
Luego se supo que el edificio, su rehabilitación y los terrenos anexos del centro de Valencia donde se levantaría la facultad los habían puesto el Gobierno de Camps y la Diputación. Las críticas arreciaron.
El arzobispo García-Gasco no contribuyó a serenar el ambiente. En la misa del día de San José en la que erigió la facultad, el prelado aseguró que su centro formará médicos que "sólo piensen en curar, nunca en matar". Los demás universitarios, quisquillosos, se dieron por aludidos.www.elpais.es 21.05.07
El
arzobispo
de
Pamplona
anima a
votar a
la
extrema
derecha
El
arzobispo
de
Pamplona
,
Fernando
Sebastián
Aguilar,
afirma
en un
documento
publicado
en la
página
web de
la
Iglesia
católica
navarra
que
partidos
de
extrema
derecha,
entre
otros
Falange
Española
de las
JONS y
Alternativa
Española,
"son
dignos
de
consideración
y de
apoyo".
El texto
forma
parte de
una
conferencia
ofrecida
por el
arzobispo
en León
el
pasado
mes de
marzo.
Con el
título
de
Situación
actual
de la
Iglesia,
algunas
orientaciones
prácticas,
el
documento
redactado
por el
máximo
responsable
de los
católicos
en
Navarra
hace un
repaso
de los
problemas
que a su
juicio
atraviesa
la
confesión
católica
y la
manera
enque
ésta
puede
recuperar
la
influencia
y
presencia
perdidas.
En el
apartado
titulado
Cómo
hacernos
presentes
en la
sociedad,
en el
punto
octavo,
señala:
"Hoy en
España
hay
algunos
partidos
políticos
que
quieren
ser
fieles a
la
doctrina
social
de la
Iglesia
en su
totalidad,
como p.e.
Comunión
Tradicionalista
Católica,
Alternativa
Española,
Tercio
Católico
de
Acción
Política,
Falange
Española
de las
JONS.
Todos
ellos
son
partidos
poco
tenidos
en
consideración.
Tienen
un valor
testimonial
que
puede
justificar
un voto.
No
tienen
muchas
probabilidades
de
influir
de
manera
efectiva
en la
vida
política,
aunque
sí
podrían
llegar a
entrar
en
alianzas
importantes
si
consiguiesen
el apoyo
suficiente
de los
ciudadanos
católicos.
Por eso
no
pueden
ser
considerados
como
obligatorios
pero sí
son
dignos
de
consideración
y de
apoyo".
Varapalo
a los
cristianos
de
izquierda
En otro
punto de
su
discurso,
el
arzobispo
reconoce
que se
está
produciendo
una
"deserción
silenciosa"
en las
filas
católicas
y culpa
de ello
al
"revisionismo"
aplicado
en la
Transición
por
"corrientes
teológicas
que
introdujeron
fuertes
tensiones
doctrinales
y
prácticas",
y cita,
entre
otras a
Cristianos
por el
Socialismo
y a la
Teología
de la
liberación.
En 2005,
este
mismo
religioso,
publicó
otras
opiniones
controvertidas
en una
de sus
Cartas
desde la
fe: "Si
nos
callamos
y
dejamos
que se
vaya
normalizando
eso de
que da
lo mismo
ser homo
que
hetero
es
posible
que nos
encontremos
dentro
de poco
con una
verdadera
epidemia
de
homosexualidad,
fuente
de
problemas
psicológicos
y de
frustraciones
dolorosas".
Poco
después
se
legalizaron
los
matrimonios
homosexuales.
www.elpais.es
07.05.07
El
obispo
de
Ciudad
Real se
ratificó
en su
idea de
que ser
cristiano
practicante
es toda
una
garantía
para
conservar
la
salud.
Después
de que
el
jueves
invitara
a los
contribuyentes
a marcar
la
opción
de la
Iglesia
en la
declaración
de la
renta
con el
argumento
de que «la
religión
abarata
los
costes
de la
Seguridad
Social»
porque
los
creyentes
son más
sanos,
ayer
declaró
que
«los
chavales
que van
a misa y
son
buenos
creyentes
no
tienen
accidentes
a las
cuatro
de la
mañana
en la
carretera
cuando
van
hartos
de
copas».
Este
obispo
nacido
en
Vilueña
(Zaragoza)
hace 66
años se
muestra
convencido
de que
los
católicos
«somos
las
personas
que
menos
utilizamos
los
analgésicos
porque
aguantar
el dolor
es algo
que
vemos en
la cruz
de
Jesucristo».
«Somos
los que
más
cuidamos
a los
ancianos
y no los
abandonamos
a la
Seguridad
Social,
no los
ingresamos
quitándonoslos
de
casa»,
alegó
Antonio
Algora,
quien
insistió
en la
relación
que
existe
entre la
confesión
católica
y el
ahorro
para la
Seguridad
Social.
Según el
obispo
de
Ciudad
Real,
los
creyentes
son un
ejemplo
de
«buenas
costumbres
para el
cuerpo».
Así, en
opinión
de
Antonio
Algora,
el
tradicional
ayuno
cristiano
es un
buen
método
para
reducir
los
niveles
de
colesterol.
En este
sentido,
invitó a
cuidar
el
cuerpo
«no
dándole
todo lo
que
quiere»,
sino
administrándolo
«con
austeridad».
«A eso
la fe
ayuda»,
añadió
el
prelado.
J. V.
MUÑOZ/COLPISA.
TOLEDO
Fuente:
Diario
Sur
05.05.07
Los obispos preparan una
peregrinación a Roma para la beatificación de 498 "mártires" de la
Guerra Civil
BAJATE ESTE VIDEO PROMOCIONAL Y
RECIBIRÁS UNA FOTOGRAFÍA DEDICADA DEL MISMÍSIMO D.ROUCULINO
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado que está
organizando una peregrinación multitudinaria a Roma el próximo
otoño para que los católicos españoles asistan a la
beatificación de 498 "mártires" de la Guerra Civil. El portavoz
de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que "la
memoria de los mártires no es una memoria contra nadie", sino
"un aliento para fomentar la reconciliación" en España en un
momento en que "parece amenazada".
Bajo el enunciado Vosotros sois la luz del mundo, el
documento, aprobado por la Asamblea Plenaria de los obispos que
se ha celebrado estos días y que se ha hecho público
oficialmente hoy, anuncia a los fieles españoles que el próximo
otoño tendrá lugar en Roma "la beatificación de 498 hermanos
nuestros en la fe, de los muchos miles que dieron su vida por
amor a Jesucristo en España durante la persecución religiosa de
los años treinta del pasado siglo XX". "Estos mártires dieron su
vida, en diversos lugares de España, en 1934, 1936 y 1937". El
texto ha sido aprobado ya por el Vaticano, tras la documentación
que han ido remitiendo a la Santa Sede las distintas diócesis
españolas a lo largo de los últimos años. Los obispos evitan
emplear la expresión "mártires de la Guerra Civil" y la
sustituyen por la de "mártires del siglo XX", ya que consideran
la primera expresión "inexacta cronológica y técnicamente".
El documento enumera estos "mártires", sin citar sus nombres,
que "son los obispos de Cuenca y de Ciudad Real, varios
sacerdotes seculares, numerosos religiosos [...], seminaristas y
laicos, jóvenes, casados, hombres y mujeres". Sus biografías y
fotografías, señala la CEE, y su relación con las diócesis
actuales se encuentran en el libro titulado Quiénes son y de
dónde vienen. 498 mártires del siglo XX en España, publicado
por la editorial Edice, propiedad de la Conferencia Episcopal.
"... Eran apóstoles y fueron valientes cuando tuvieron que
confesar su condición de creyentes; disponibles para confortar y
sostener a sus compañeros de prisión; rechazaron las propuestas
que significaban minusvalorar o renunciar a su identidad
cristiana; fueron fuertes cuando eran maltratados y torturados;
perdonaron a sus verdugos y rezaron por ellos; a la hora del
sacrificio, mostraron serenidad y profunda paz, alabaron a Dios
y proclamaron a Cristo como el único Señor", dice el documento.
Fomentar la reconciliación
El portavoz y secretario general de la CEE, Juan Antonio
Martínez Camino, ha señalado en la rueda de prensa de
presentación de la iniciativa que "la memoria de los mártires no
es una memoria contra nadie y no se trata de buscar culpas de
nadie, no es que no haya culpas de alguien, que las habrá, pero
con la beatificación y con la glorificación de los mártires no
se trata de buscar las culpas de nadie". A juicio de Martínez
Camino, "los mártires que murieron perdonando son el mejor
aliento para que todos fomentemos el espíritu de
reconciliación".
Martínez Camino ha dejado claro que las beatificaciones de estos
"mártires" "no están condicionadas por la actual coyuntura
política y social", y ha precisado que estos procesos de
beatificación llevan décadas estudiándose "caso por caso".
Preguntado por si no echaba en falta en la Ley de la Memoria
Histórica una alusión a estos "mártires", el portavoz de los
obispos ha manifestado que "la cuestión del martirio es una
cuestión de la Iglesia y que los mártires sean mártires o no, es
la Iglesia quien lo determina".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la
vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de
la Vega, que ha sido preguntada sobre si estas beatificaciones
contribuían al espíritu de la reconciliación, ha respondido que
son decisiones de la Conferencia Episcopal "que se producen en
el ámbito de sus estrictas competencias y que el Gobierno
respeta; no tengo absolutamente nada más que decir en ese tema",
ha aseverado.
www.elpais.es 27.04.07
Camps
paga a
un
observatorio
católico
opuesto
a
investigar
con
embriones
El Consell acordó pagar el funcionamiento de un observatorio católico contrario a la investigación con células madre embrionarias. En reunión plenaria, el Ejecutivo que preside Francisco Camps, acordó destinar 60.000 euros para sufragar los gastos corrientes de funcionamiento del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica San Vicente Mártir, que depende del Arzobispado de Valencia. La fórmula para asumir el gasto de funcionamiento de este ente es un convenio con la Consejería de Sanidad que permitirá al citado observatorio católico formar a sus propios miembros, organizar actividades divulgativas, nombrar becarios y comprar material bibliográfico, entre otras actividades.
El Consell apoya con este convenio a una entidad que se opone abiertamente las investigaciones que está impulsado la propia Generalitat a través del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). Una de las principales líneas de trabajo del CIPF es del desarrollo de bancos de células madre a partir de embriones humanos congelados, unas investigaciones que, en un principio, impulsó el Gobierno autonómico del PP sin ni siquiera contar con el visto bueno del Ministerio de Sanidad.
Además, en el CIPF hay investigadores firmemente defensores de la clonación terapéutica -también llamada transferencia nuclear-. Esta técnica está destinada a obtener embriones genéticamente idénticos a los de una persona para conseguir cultivos celulares que den lugar a tejidos u órganos que puedan emplearse para sustituir a otros lesionados.
También el consejero de Sanidad, Rafael Blasco, ha anunciado su intención de asumir a través de la red pública técnicas de diagnóstico preimplantacional, un procedimiento de análisis embrionario para detectar enfermedades genéticas y evitar su transmisión. Estas medidas también cuentan con la oposición de la Iglesia católica.
Por otra parte, el Consell aceptó ayer el cese de diez altos cargos de la Generalitat por incompatibilidad, ya que se han incorporado a distintas candidaturas electorales del PP. Todos los ceses fueron cubiertos automáticamente por mujeres, a excepción del cargo de directora del Gabinete de Presidencia que hasta ayer ocupaba Ana Michavila, candidata a Cortes por Castellón, y que quedará vacante. La incorporación más llamativa es la de la campeona de salto de longitud, Niurka Montalvo, que sustituye a David Serra como nueva secretaria autonómica de Deporte. www.elpais.es 21.04.07
Pecados
urbanísticos
La
tentación
era
demasiado
grande
-son
10.000
metros
cuadrados
de
parcela-
y,
finalmente,
también
ellas
cayeron.
Las
monjas
de la
Compañía
de
María,
titulares
del
colegio
La
Enseñanza,
en pleno
centro
de
Santander,
anunciaron
hace
poco más
de un
mes su
intención
de echar
el
cierre
por
motivos
"estratégicos"
y
déficit
de
vocaciones
religiosas.
Pero
había
otras
razones
más
terrenales,
concretamente
urbanísticas.Avergonzadas,
quizá
por
aquella
muestra
de
debilidad,
enviaron
a un
abogado
a
comunicar
sus
intenciones
al
director
y a los
30
profesores
del
centro,
que
lleva
funcionando
en
Santander
155
años."
Nos
explicó,
en
nombre
de las
monjas,
que no
había
suficientes
vocaciones
religiosas
para
hacerse
cargo de
todos
los
colegios
[la
Compañía
de María
regenta
26 en
toda
España],
que
había
que
cerrar
uno y
que
escogían
este
porque
mantener
el
edificio
[una
construcción
de 1850,
protegida
por su
interés
cultural],
era muy
costoso.
No
mencionó
ningún
motivo
urbanístico.
Una
semana
más
tarde
fui al
Ayuntamiento
a ver el
Plan
General
de
Ordenación
Urbana,
en fase
de
exposición
pública,
y me
llevé la
gran
sorpresa.
La
arquitecta
municipal
me
explicó
que en
la
parcela
está
prevista
la
construcción
de hasta
145
viviendas
y 100
plazas
de
garaje.
Hay un
montón
de
rumores,
pero
parece
que es
una
operación
de miles
de
millones",
afirma
José
Velasco,
director
del
colegio.
Recalificación
con
penitencia
Las
monjas
de la
Compañía
de
María,
que
declinaron
ofrecer
su
versión,
se
habían
puesto
en
contacto
con el
Ayuntamiento
mucho
tiempo
antes.
Le
plantearon
al
consistorio
que se
tenían
que ir
de
Santander
y el
Ayuntamiento
les
propuso
un trato
para que
se
quedaran
con una
penitencia
o
"contrapartida",
según el
concejal
de
urbanismo,
Víctor
Gil.
"Nos
ceden el
edificio,
construimos
el
aparcamiento
en parte
de la
parcela,
y ellas
venden
la otra
parte
para
viviendas",
explica
Gil. La
condición:
"No
hay
recalificación
de los
terrenos
si las
monjas
no
construyen
otro
colegio
en
Santander,
previsiblemente
con lo
que
saquen
de la
venta de
la
parcela
para uso
residencial.
Pero
antes de
todo
eso,
tienen
que
haber
construido
otro
colegio
en la
ciudad",
explica
el
concejal.En
cualquier
caso, la
Consejería
de
Educación
ha
obligado
a la
Compañía
de María
a
cumplir
con el
concierto
educativo
que
tienen
firmado
y que
vence en
2009.
"Desconocíamos
totalmente
el tema
urbanístico
porque
ellas
nunca lo
mencionaron,
así que
nos
sorprendió
mucho.
Nos hizo
ver que
podía
haber
otras
excusas
y ese
fue uno
de los
motivos
por los
que
exigimos
el
cumplimiento
del
concierto.
Es un
centro
concertado
que
funciona
perfectamente,
que el
año
pasado
tuvo más
demanda
que
plazas y
que,
además,
tiene
muchos
alumnos
inmigrantes
y unos
programas
de
interculturalidad
estupendos.
Nos
interesa
que
continúe",
explica
Ramón
Ruiz,
director
general
de
Centros
de la
Consejería
de
Educación.Pero
los más
sorprendidos
fueron
los
padres
de los
casi 500
alumnos
de La
Enseñanza,
que, al
conocer
la
operación
urbanística
se
organizaron
en una
coordinadora
de
afectados.
Han
recogido
15.000
firmas
contra
el
cierre
del
colegio
y ayer
celebraron
la
segunda
concentración
de
protesta.
"Ellas
nunca
han
reconocido
la
operación
urbanística.
Cuando
les
enseñamos
la
fotocopia
del Plan
General
dijeron
que no
sabían
nada.
Aducen
falta de
vocaciones,
pero el
colegio
nunca lo
llevaron
ellas,
sino los
seglares,
y no hay
plazas
en otros
colegios
concertados
en el
centro
de
Santander",
se queja
María
Ángeles
Samperio,
ex
alumna y
madre
afectada.El
próximo
martes
se
reunirán
en
Madrid
con la
junta
provincial
de la
Compañía
de María
para
presentarles
un plan
de
viabilidad.
"La idea
es que
destinen
parte de
la
parcela
a
aprovechamientos
urbanísticos,
mantengan
el
centro
donde
está y
nos
cedan la
titularidad
a los
padres y
profesores",
explica
Samperio.
www.elpais.es
17.03.07
Camps concede la facultad de Medicina a la Católica en contra de los rectores
Por sorpresa, a dos meses de los comicios autonómicos y contra la opinión de los rectores, el Consell autorizó ayer la nueva facultad de Medicina en la Universidad Católica de Valencia, propiedad del Arzobispado. Los rectores expresaron su "sorpresa y malestar" por la decisión que se adoptó sin el preceptivo informe del Consejo de Coordinación Universitaria y sin que, tal y cómo se había comprometido el consejero, Justo Nieto, se hubiera reunido la mesa de titulaciones. El Consell justificó la medida por la "necesidad de especialistas sanitarios".
Con Valencia y Castellón sumergidas en sus fiestas mayores, y a tan sólo dos meses de las elecciones autonómicas, el pleno del Consell, que preside Francisco Camps, del PP, se reunió ayer en Alicante y autorizó a la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, propiedad del Arzobispado, la creación de una facultad de Medicina. El nuevo centro impartirá además las licenciaturas de Odontología y las diplomaturas de Fisioterapia y Podología.
El consejero portavoz, Vicente Rambla, que minimizó ayer durante su comparecencia esta resolución que apenas citó, se vio obligado al ser preguntado sobre el malestar que esta decisión había causado entre los rectores a contestar diciendo que "no ha sido fuertemente contestada por todos". Rambla argumentó esta decisión en la "necesidad de especialistas sanitarios que existe" y recriminó la actitud de los gestores universitarios ya que "se hace difícil explicar a nuestros jóvenes que queremos recortar la oferta educativa".
Pero el rechazo de los rectores ha sido y es casi unánime. En el rectorado de la Universitat de València el acuerdo del Consell de ayer fue acogido con "un profundo malestar y gran sorpresa", al tiempo que criticaron que el Consejo Interuniversitario no fuera informado de esta decisión. El rector de la Universidad, Miguel Hernández de Elche, Jesús Rodríguez Marín, consideró que "no es el momento oportuno para proponer nuevas enseñanzas cuya implantación no será posible por estar pendientes de la inminente configuración de los nuevos títulos adaptados a la LOU". Para el recién elegido rector de la Miguel Hernández, en cuyo campus de Sant Joan d'Alacant se encuentra una de las facultades de Medicina más prestigiosas de España, "el procedimiento adoptado por la consejería para la creación de este nuevo centro y de las nuevas enseñanzas no ha sido apropiado, especialmente en las formas". Más contundente se expresó el rector de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, se sintió "profundamente engañado" por los representantes de la Generalitat que en la última reunión de la Mesa que estudia la demanda de nuevas titulaciones se comprometieron a que antes de la autorización del Consell se volverían a reunir. "Nos podíamos imaginar que al final se iba a aprobar, pero no de esta manera", dijo Raneda.
Todos los rectores valencianos, excepto Juan Juliá, de la Universidad Politécnica de Valencia, e incluyendo a Alfonso Bullón, de la privada Cardenal Herrera CEU, propiedad de la conservadora Asociación Española de Propagandistas, una de las grandes damnificadas por la operación, manifestaron su oposición frontal a la creación de la facultad desde el inicio por dos motivos: por un lado el proceso de reforma de títulos que se está fraguando en el Estado, pero además hay otro indicador que desaconseja ampliar el mapa de titulaciones como es la caída de la matriculación de alumnos en la mayoría de universidades. "Ya se han duplicado bastantes carreras, deberían haber aprendido la lección", comentó un rector.
Sin embargo, en el seno de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir su rector, José Alfredo Peris, expresó ayer en un comunicado su "enorme satisfacción y gratitud" por el acuerdo del Consell. Peris se comprometió a "responder con diligencia, entusiasmo, y cuanto antes" a este acuerdo de la Generalitat que permitirá "ser importadores y exportadores de universitarios, con lo que se fomentará la solidaridad mucho más allá de nuestras fronteras", afirmó. El rector tildó de "estupenda" esta noticia fruto de una convocatoria del arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco, a "los católicos para que vayan haciendo proyectos para el bien de la sociedad".
En la misma línea se manifestó la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, que manifestó que la nueva facultad es "necesaria para la formación de nuevos profesionales".
Un acuerdo en colisión con leyes estatales y autonómicas
La autorización de una nueva facultad de Medicina en la Universidad Católica de Valencia vulnera y colisiona frontalmente con decretos y leyes tanto estatales como autonómicas.
En primer término, la LOU recoge que la creación de universidades y centros universitarios corresponde a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el decreto del 21 de enero de 2005 establece que desde el 1 de marzo de ese mismo año, "el Consejo de Coordinación Universitaria no homologará planes de estudios que sirvan para obtener nuevas titulaciones, ni el Gobierno homologará los títulos oficiales universitarios correspondientes". Por este motivo, según estimaron los servicios jurídicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Consejería no puede autorizar unas enseñanzas que, más tarde, no se podrán homologar de acuerdo con los nuevos planes de estudios.
Además, según el artículo 7 de la Ley de Coordinación del Sistema Valenciano Universitario, que recientemente aprobó el Consell, para "crear, modificar o suprimir centros universitarios" en el ámbito de la Comunidad Valenciana "deberá ser informado el Consejo de Coordinación Universitaria". Y a pesar de ello, el Consell ha dado luz verde a la nueva Facultad. Igualmente la decisión debe estar avalada por un informe del Consejo de Gobierno de la Universidad interesada y de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. Los rectores consideran "extremadamente grave" que la autorización del Consell se haya producido infringiendo todas estas normas.
El consejero portavoz, Vicente Rambla, admitió que sólo el Consejo Valenciano de Universidades fue "informado" sobre las propuestas pendientes relativas a la creación, ampliación y transformación de centros y enseñanzas solicitadas por la Universidad Católica San Vicente Mártir.
El complejo de San Carlos Borromeo de Valencia, un edificio del siglo XVIII ubicado en la calle Quevedo, albergará a partir de 2008 la décima sede de la Universidad Católica de Valencia, que acogerá el rectorado y la nueva Facultad de Medicina, según informó el Arzobispado. El edificio, ubicado frente al Muvim y junto a la Biblioteca del Hospital, incluirá 25 aulas, entre otros servicios, y se encuentra en la actualidad en reformas.
La sede del Obispado de Alicante
cuesta 7 millones y Cáritas
apenas tiene medios
El
nuevo Obispado de la
diócesis de
Orihuela-Alicante, que
se inaugura mañana, ha
alcanzado un coste de 7
millones de euros. Sobre
una parcela de cinco mil
metros cuadrados se ha
construido un edificio
moderno y funcional para
el Obispado en las
inmediaciones de la Casa
Sacerdotal, del barrio
de Altozano. A escasos
metros de la flamante
sede episcopal, se ubica
la Casa Veritas, que
acoge a enfermos de sida
que demandan más
personal y medios. Ayer,
la Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC)
se planteaba si la nueva
sede "es un gesto
evangélico o no".
El
complejo del nuevo
Obispado, que mañana
inaugurará el Nuncio
Apostólico del Papa en
España, Manuel Monteiro,
y el Obispo de Orihuela
Alicante, Rafael
Palmero, se ha
construido en un tiempo
récord, apenas dos años
y medio, y con una
inversión de siete
millones de euros para
dotar a la curia de unos
7.000 metros de nuevas
dependencias para
oficinas, despachos,
salones de actos,
biblioteca y aulas. El
moderno y funcional
diseño de la nueva sede,
en las inmediaciones del
estadio Rico Pérez de
Alicante, contrasta con
la humilde casa de
acogida de enfermos con
sida, que gestiona
Cáritas, y que financia
en gran medida la
consejería de Sanidad.
La
inauguración del
edificio del nuevo
Obispado suscitó ayer
numerosos interrogantes
en el seno de la
Iglesia. Seis miembros
de la HOAC hicieron
público un escrito en el
cual se preguntaban
sobre si "hacía falta
gastarse siete millones
de euros, 1.200 millones
de las antiguas pesetas,
en una obra de este
tipo. ¿No habría sido
más evangélico una obra
menos opulenta y más
ajustada a una Iglesia
pobre y para los
pobres?". En el
comunicado, este
colectivo de fieles, que
se consideran Iglesia,
recuerdan cómo en el año
del jubileo 2000, se
adquirió el compromiso
de construir un albergue
para transeúntes,
"¿acaso el Obispado es
prioritario y el gesto
social no?", se
preguntaban.
Los miembros de la HOAC
también recriminan que
esta nueva sede se haya
levantado sobre una
parcela que adquirió
Luisa Gómez Tortosa, en
1936, con el fin de
instalar una Obra Social
de Acción Católica
Femenina, que en febrero
de 1987 legó al
Obispado. Sin embargo,
los feligreses de Acción
Católica cuestionaban:
"¿Qué actividades de
apostolado, difusión de
la cultura y de la
promoción social
dirigidas a la mujer
está realizando y
dónde?", tal y cómo era
el deseo de la
propietaria. La HOAC
recordaba en el escrito
que su tarea se hace más
"ardua" tras
inauguraciones como
esta. "Varios de
nosotros trabajamos en
sectores de exclusión y
precariedad laboral,
donde el derecho a una
vivienda digna es
sistemáticamente negado.
¿Qué pasa con los pisos
vacíos que hay en tantas
parroquias? ¿No sería un
verdadero gesto
evangélico facilitar el
acceso a la vivienda
desde Cáritas a esos
colectivos
empobrecidos?". Por
último, se preguntan si
para las personas
enfermas, los 'sin
techo', o los que viven
en precario este nuevo
Obispado es una "buena
noticia".
Por su parte, el
Obispado subrayó que el
proyecto "ha sido
largamente deseado por
la Diócesis" debido a
los "graves problemas de
espacio". Sobre la
financiación de los
siete millones de euros
de la obra aseguran que
"la mitad ha sido
gracias a legados,
durante los últimos años
se ha venido ahorrando y
se ha suscrito un
préstamo para hacer
frente al resto de
pagos".
La precaria Casa
Veritas
A tan sólo
cien metros
del nuevo
Obispado
llama la
atención una
humilde casa
de acogida
de enfermos
de sida,
gestionada
por Cáritas.
El centro,
la casa
Veritas,
tiene
capacidad
para 14
enfermos,
con edades
comprendidas
entre los 35
y 45 años,
que
requieren
más
servicios y
dotaciones."También
se deberían
haber
acordado de
nosotros",
admitía ayer
uno de
ellos,
mientras
paseaba
frente al
flamante
edificio del
Obispado. No
obstante,
reconoció
que están
bien
atendidos y
"no nos
falta de
nada". La
entidad
religiosa
asume el
20%,
aproximadamente,
de su
presupuesto,
el resto lo
aporta la
Consejería
de Sanidad.
En la
actualidad,
hay una
larga lista
de espera de
enfermos con
sida,
provinientes
de
Castellón,
Salamanca,
Canarias y
otros
pueblos de
la provincia
de Alicante
que aguardan
ingresar.Las
necesidades
más urgentes
del centro
de
rehabilitación,
según
fuentes
próximas a
la entidad,
son el
aumento de
personal
especializado,
como
psicólogos,
y más
espacio para
hacer frente
a la
creciente
demanda.
"Vamos muy
justos,
tenemos lo
mínimo, y
necesitamos
más ayuda",
admite uno
de ellos,
que prefiere
mantener el
anonimato.
Esta fuente
recuerda que
el viejo
chalé está
en régimen
de alquiler
y que cuando
expire el
contrato el
futuro del
colectivo de
enfermos
será
"incierto".
www.elpais.es
16.03.07
Ataque
frontal y brutal del obispo de Huesca y Jaca contra
Zapatero
El obispo de
Huesca y de Jaca, Jesús Sanz Santos, califica –aun sin
citarlos explícitamente- al Gobierno socialista de
Rodríguez Zapatero y, por extensión, a sus aliados de
“traidores hasta el egoísmo más desleal”.Esta especie de
excomunión fáctica la explicita el prelado oscense en su
Carta semanal, titulada Los idus de marzo.
A partir de rememorar “la fecha fatídica en la que
asesinaron a Julio César” –que se produjo precisamente
en los idus de marzo-, Sanz Santos subraya que aquel
acontecimiento fue protagonizado por algunos hombres
nacidos “para el heroísmo, la generosidad y la virtud”
pero también por otros hombres nacidos “para el egoísmo,
la traición y la deslealtad”.
“Este marzo nuestro”
Planteado el fondo de su reflexión en los
términos mencionados, el obispo salta a “este marzo
nuestro” y, sin olvidar su narración en forma de
parábola, escribe que “entre los primeros están las
víctimas de la serpiente terrorista (la serpiente,
símbolo de ETA) y las gentes sencillas que
espontáneamente han querido solidarizarse con los
débiles ignorados, despreciados y hasta perseguidos. En
lugar de tirarse al monte, volvieron a la calle. No para
una consentida kale borroka, sino para pasear
de nuevo con inmensa dignidad su indignación”. Estos
son, pues, los buenos para Sanz Santos.
¡Hasta la OPA!
Los malos son “los que pretenden cambiar la
historia sacándose de la chistera del resentimiento lo
que dicen ellos que ocurrió”. Y malos son –¡en alusión a
la OPA sobre Endesa!- aquellos que “como adolescentes
montan y desmontan operaciones económicas jugando al a
ver quién llega más lejos, cuando se trata de costear
favores inconfesables con el dinero más ajeno, lavando
como pueden las deudas de su propia corrupción”.
Los malos
El frontal y brutal ataque episcopal contra los
socialistas incluye la siguiente descripción de los
malos: “Son los que manchan el nombre de la paz y el de
la piedad, convirtiéndolo en moneda de cambio con el que
pagar –cueste lo que cueste- la particular guerra contra
sus adversarios políticos, sociales y mediáticos,
llegando a pervertir un sentimiento noble como es el
perdón, a fin de camuflar el chantaje del que siendo
rehenes ellos mismos, nos hacen víctimas a todos los
demás. Como consigna de un nuevo pásalo, lo
repiten sin parar (…) y con mucha prisa” (en
referencia implícita al Grupo Prisa): lo hemos hecho por
piedad, hemos salvado la vida a un asesino que celebra
sus veinticinco matanzas brindando con champán, le hemos
salvado la vida porque defendemos la vida”.
Leyes para amiguetes
Este monseñor ultramontano –que sigue con
beatífico entusiasmo el guión de campaña que manejan el
PP y sus medios afines- aprovecha la frase de
“defendemos la vida” para centrarse en el rechazo a la
“eutanasia que viene”, al apoyo a la enseñanza “no
ideologizada y sectaria”, a la condena por “romper la
familia con sus leyes para amiguetes” o a la condena
“del aborto”.
Tema estrella
Impregnado de santa ira contra la izquierda, el
obispo de Huesca y Jaca no silencia otro de los temas
estrella de la derecha: el de la autoría o
conspiración del 11-M. Proclama: “Supongo que no pondrán
más obstáculos para saber la verdad de la maraña confusa
y confundida por otra matanza, el 11-M, cuya sospecha
les mira…porque defienden la vida”.
Guiño a la esperanza
Tras un guiño a la esperanza que él sitúa en
mayo (elecciones municipales y autonómicas), Sanz Santos
termina su carta encomendándose a Dios. El Dios de
los genoveses, sin duda alguna. Comparado Losantos
con este Santos el locutor de la COPE, la cadena de los
monseñores enfurecidos, podría parecer en algunos
momentos un moderado.
TEXTO
INTEGRO DE LA CARTA PASTORAL
Queridos
hermanos y amigos: paz y bien.
“Los idus de marzo” es una célebre obra de Thornton
Wilder que toma como título la fecha fatídica en la que
asesinaron a Julio César. Se ambienta la novela en los
últimos días de la república romana, y describe con
escéptica ironía la capacidad de los hombres para el
heroísmo, la generosidad y la virtud, así como para el
egoísmo, la traición y la deslealtad. En este marzo
nuestro, mes de memoria de tantos otros idus, hemos
vuelto a ver a gente así: héroes hasta la virtud más
generosa, y traidores hasta el egoísmo más desleal.
Entre los primeros están las víctimas de la serpiente
terrorista y las gentes sencillas que espontáneamente
han querido solidarizarse con los débiles ignorados,
despreciados y hasta perseguidos. En lugar de tirarse al
monte, volvieron a la calle. No para una consentida /kale//
borroka, /sino para pasear de nuevo con inmensa dignidad
su indignación. Era la enésima concentración que en las
principales ciudades se dieron cita, a plena luz aunque
era de noche, sin encapuchados y sin mentiras. No eran
vociferantes, sino ciudadanos de bien que no quieren
asistir impávidos al espectáculo que algunos gobernantes
nos brindan en el pim-pam-pum de la feria del disparate
político.
Y entre los segundos están los que pretenden cambiar la
historia sacándose de la chistera del resentimiento lo
que dicen ellos que ocurrió. Como adolescentes montan y
desmontan operaciones económicas jugando al a ver quién
llega más, cuando se trata de costear favores
inconfesables con el dinero más ajeno, lavando como
pueden las deudas de su propia corrupción.
Son los que manchan el nombre de la paz y el de la
piedad, convirtiéndolo en moneda de cambio con el que
pagar -cueste lo que cueste- la particular guerra contra
sus adversarios políticos, sociales y mediáticos,
llegando a pervertir un sentimiento noble como es el
perdón, a fin de camuflar el chantaje del que siendo
rehenes ellos mismos, nos hacen víctimas a todos los
demás. Como consigna de un nuevo /pásalo/, lo repiten
sin parar, sin ninguna pausa y con mucha /prisa/: lo
hemos hecho por piedad, hemos salvado la vida a un
asesino que celebra sus veinticinco matanzas brindando
con champán, le hemos salvado la vida porque defendemos
la vida.
Yo he tomado nota de esta declaración insólita por parte
de quien miente de manera habitual, y pasando por encima
de su cinismo asustado ante la opinión pública, levanto
acta de su advenediza declaración: defienden la vida.
Estamos de enhorabuena.
Supongo que estarán al quite de quien se quite la vida
en la eutanasia que viene... /porque defienden la vida/.
Supongo que no pondrán más obstáculos para saber la
verdad de la maraña confusa y confundida de otra
matanza, el 11-M, cuya sospecha les mira... /porque
defienden la vida/. Supongo que respetarán la libertad
de quienes quieren una educación no ideologizada ni
sectaria para sus hijos... /porque defienden la vida/.
Supongo que ya no jugarán a romper la familia con sus
leyes para amiguetes... /porque defienden la vida/.
Supongo, en fin, que encabezarán la defensa del más
amenazado de todos los seres humanos: el no nacido,
luchando contra el aborto en primera línea... /porque
defienden la vida/.
Si no lo hacen así, nos habrán vuelto a colar su
mentira, que hasta pueden hacerla legal, pero que es y
será siempre inmoral. Pero si en /marzo mayea/, quizá en
/mayo marceará/, y allí daremos cuenta. Porque hay idus
que no deberían haber pasado nunca, pero ya que han
sucedido, sólo se desea que no duren mucho más una vez
acontecidos.
A Dios nos encomendamos en esta apasionante encrucijada
en la que debemos roturar sus campos para que broten
espigas de paz serena y de bien colmado para los
hermanos.
Recibid mi afecto y mi bendición.
+ Jesús Sanz Montes, ofm,
Obispo de Huesca y de Jaca
www.elplural.com 12.03.07
LA IGLESIA GANARÁ AL MENOS 15 MILLONES
CON DOS RECALIFICACIONES EN EL PGOU DE
MÁLAGA
La congregación de las Hermanas de Jesús no podrá
alegar en el futuro falta de recursos
económicos para seguir dando una
educación esmerada a los alumnos del
colegio Gamarra, uno de los centros
educativos concertados mejor valorados
de Málaga. Un convenio urbanístico
suscrito por esta comunidad religiosa
con el Ayuntamiento de Málaga e
incorporado al Plan General de
Ordenación Urbana permitirá construir
132 pisos -40 de ellos de protección
oficial- en el lugar que ahora ocupan un
pabellón deportivo cubierto y varias
canchas de fútbol sala y baloncesto del
colegio.
La venta de estos terrenos una vez recalificados a
un promotor reportará a las monjas unos
12 millones de euros, según cálculos
"conservadores" del grupo municipal
socialista, que acusa al alcalde,
Francisco de la Torre (PP), de
"favorecer a la Iglesia en el Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU)",
aprobado provisionalmente el pasado
julio con los votos de la mayoría
absoluta del PP y actualmente en periodo
de estudio de alegaciones.
Precisamente fue una de estas alegaciones al PGOU,
presentada por las Hijas de Jesús, la
que dio lugar a la recalificación de los
13.193 metros cuadrados de la parcela, a
la que se dará la máxima edificabilidad
y la mínima proporción de vivienda
protegida marcadas por la ley. Además,
también están previstos bajos
comerciales y zonas verdes de carácter
privado.
Como contrapartida a este cambio de uso de los
terrenos, las religiosas se comprometen
en el convenio a "proyectar y edificar"
en otra zona de la parcela dos piscinas
climatizadas de 25 metros de largo y una
piscina de aprendizaje de 16,5 metros.
Estas instalaciones, que serán de
titularidad municipal, se complementarán
con dos plantas de aparcamiento
subterráneo. El coste de estas obras
será de 1,8 millones de euros, cantidad
que se revisará anualmente hasta que el
Ayuntamiento reciba el nuevo
equipamiento. Al final del proceso, el
beneficio para la congregación superará
los 10 millones de euros.
"Parece que el señor De la Torre aprovecha el PGOU
para obtener una indulgencia plenaria,
ya que la mayoría de las intervenciones
urbanísticas en la ciudad consolidada se
realizan para beneficiar a la Iglesia",
ironiza el viceportavoz socialista,
Enrique Salvo.
El concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, se
defiende: "Tratamos igual a todos los
ciudadanos con independencia de su
ideología religiosa o su credo político.
El convenio soluciona un problema que
tenía el sector. Lo fácil es hacer
demagogia barata y declararse
anticlericales, eso es una cosa
superada, de los años 30 y propia de los
viejos".
Otra recalificación que beneficia a la Iglesia se
producirá en los terrenos del Colegio
San Estanislao, gestionado por la
Compañía de Jesús. La prolongación de la
calle Chile cortará en dos la parcela
donde se ubica el centro educativo que
ocupa el centro educativo en la barriada
de El Palo.
El acuerdo con el Ayuntamiento contempla que la
parte de la finca que quedará al norte,
de 4.413 metros cuadrados, pasará a
residencial y en ella se podrán
construir 30 viviendas. Con este cambio,
que al igual que el del colegio Gamarra
entrará en vigor cuando se apruebe
definitivamente el PGOU, los jesuitas
podrán obtener cerca de cinco millones
de euros con la venta de los terrenos
donde se podrán construir viviendas.
Las actuaciones urbanísticas favorables a la
Iglesia en Málaga no se limitan a
recalificaciones en el Plan General. El
viceportavoz socialista cita el ejemplo
de la cesión gratuita de terrenos
municipales a las cofradías de Semana
Santa. Es el caso de la cofradía de la
Misericordia, a la que el pasado 13 de
diciembre se le cedió una parcela de 168
metros cuadrados en El Perchel para
construir una casa hermandad.
Obtener este derecho de superficie durante 75 años
no supuso una ardua batalla para la
corporación de El Chiquito. El escrito
presentado por la cofradía para
solicitar la parcela expone que el
alcalde, Francisco de la Torre, y el
concejal de Urbanismo habían ofrecido
"reiteradamente" los terrenos a los
hermanos de la cofradía.(www.elpais.com,
05/03/07)
El
cardenal Rouco tacha de "calvario" el
conflicto con el Gobierno por la
religión
El
Gobierno socialista no tiene
contentos a los obispos pese a
haberles mejorado generosamente
la financiación, a juzgar por lo
dicho ayer por el cardenal de
Madrid, Antonio María Rouco.
Arropado por numerosos
dirigentes del PP y ningún
representante del Gobierno ni
del PSOE -sí estuvo, en lugar
destacado,
el defensor del Pueblo, Enrique
Múgica-, el prelado
compareció ante el Foro de la
Nueva Sociedad en un lujoso
hotel de Madrid, en un desayuno
que incluyó un discurso de alto
contenido filosófico y, más
tarde, un largo coloquio. "Tenemos
un problema grave, serio.Es una
especie de calvario el que
vivimos", dijo sobre la
legislación del Ejecutivo en
materia educativa.
El
cardenal reconoció que el
calvario por el que camina hoy
el episcopado viene de décadas
atrás, pero que puede empeorar
seriamente, al menos por lo que
se refiere a la clase de
religión en la escuela pública.
"Si seguimos nosotros
pacientemente esa subida al
calvario, a lo mejor algún día
vemos el triunfo de la
resurrección", ironizó.
Según
Rouco, "va a ser muy difícil que
la Iglesia católica guarde su
identidad en la asignatura de
religión si es el Gobierno quien
nombra a sus profesores y no las
diócesis, como hasta ahora".
También llamó la atención sobre
que un Estado neutral, como
España, "marque un programa de
contenidos para la nueva
asignatura Educación para la
Ciudadanía".
"La
objeción de conciencia de los
padres, la reserva de conciencia
para que sus hijos no reciban
esta materia puede estar
justificada. Leyendo los
objetivos de Educación para la
Ciudadanía, el temario y los
criterios de evaluación, nos
encontramos con un programa de
antropología filosófico impuesto
por el Estado", sentenció.
www.elpais.es 23.02.07
España, en
“la antesala del totalitarismo”
El portavoz
de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio
Martínez Camino retomó de nuevo el discurso oficial de
los obispos españoles sobre los riesgos de una sociedad
con bases laicas y racionales. Advirtió que “el
positivismo jurídico radical”, lo que definió como que
“el legislador no tenga ninguna referencia más que lo
que él mismo determine”, representa la “antesala del
totalitarismo”. Como ejemplos puso las bodas entre
homosexuales y la asignatura de Educación para la
Ciudadanía. El secretario general y portavoz de la CEE,
Martínez Camino, aludió indirectamente a la situación
política actual en España como “la antesala del
totalitarismo”, señalando que este es el estado al que
conduce “el positivismo jurídico radical”, según publicó
el diario Levante.
De la mano del laicismo
Para Martínez Camino, el positivismo jurídico
va unido “al laicismo” y es la soberanía absoluta del
sistema representativo y un legislador sin más
referencia que la que “él mismo determine”. Criticó como
ejemplo de esta soberanía del legislador los matrimonios
homosexuales, considerando que la eliminación de las
palabras “hombre y mujer” del Código Civil supone
legislar “contra lo que el ser humano es”, y calificó la
ley de “irracional e injusta”.
Contra Educación para la Ciudadanía
También arremetió contra otra de las obsesiones
de la CEE, la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, descalificándola como “una amenaza” al
derecho de los padres a educar a sus hijos según sus
creencias.
La verdad religiosa sobre el Parlamento
En esa línea de que el legislador necesita
referencias más allá de valores laicos, Martínez Camino
arguyó que existe una verdad más allá de la que dicta el
Parlamento, y que negar eso representa un “peligro” para
la democracia
www.elplural.com 21.02.07
Los obispos preparan una
nueva batalla contra el Gobierno por la educación
Los
obispos ultiman estos días una agenda para 2007
que apuntala rencillas internas y, sobre todo,
nuevos conflictos con el Gobierno socialista.
Apenas hay novedades sobre el pasado curso. Los
prelados, descontentos con las decisiones de
Educación sobre la enseñanza del catolicismo en
la escuela pública, centrarán en cambio la
ofensiva en cómo el Ejecutivo ha planteado la
asignatura educación para la ciudadanía. La
batalla contra la supuesta "ilegalidad" de los
contenidos de esa materia curricular alcanzará a
instituciones e instancias judiciales españolas
y europeas.
En los
años pasados los alumnos podían tener dos horas
de clase de religión a la semana. Ahora, el
Gobierno las quiere reducir a una sola hora.
Parece que existe el deseo de que la religión
quede como algo residual, algo de muy poca
importancia que se deja ahí por no quitarlo,
casi como un residuo decorativo. Da pena
comprobar que después de 30 años de democracia
estemos todavía con esta discusión de 'religión,
sí; religión, no', cuando es un asunto que
cualquier país serio debería tener resuelto".
Estas palabras del arzobispo de Pamplona,
Fernando Sebastián, uno de los grandes ideólogos
de la jerarquía católica, resumen el estado de
ánimo de la Conferencia Episcopal Española
(CEE).
La
tesis es que el Gobierno no sólo debe respetar
la libertad religiosa de los ciudadanos, sino
que debe favorecerla facilitando su enseñanza,
en este caso de la moral y religión católicas.
"La manera de entender las cosas del Ejecutivo
lleva fácilmente a una cierta violencia
espiritual y cultural", dice el arzobispo
Sebastián.
La
asignatura de religión sigue dentro del sistema
educativo, impartida por decenas de miles de
profesores contratados y pagados por el Estado,
pero seleccionados para cada curso por los
obispos. Es decir, el Gobierno introdujo muy
pocas novedades en la reforma aprobada el curso
pasado. Pese a todo, los prelados se sintieron
muy insatisfechos, casi agredidos, y respaldaron
que sus organizaciones afines se movilizaran a
fondo contra la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Eso fue
el año pasado. En 2007 la ofensiva va más allá.
Los obispos quieren intervenir también en el
valor curricular y los contenidos de las
asignaturas alternativas a la de catolicismo.
Para ello preparan un manifiesto, que van a
hacer público tras la reunión de la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal, los
próximos días 27 de febrero a 1 de marzo. El
comité ejecutivo episcopal ultimó el documento
en su reunión del jueves, primera del año.
Componen este órgano seis prelados y un
sacerdote jesuita: los cardenales Antonio María
Rouco (Madrid), Antonio Cañizares (Toledo) y
Carlos Amigo (Sevilla); los arzobispos Lluis
Martínez Sistach (Barcelona) y Carlos Osoro
(Oviedo); el obispo de Bilbao y presidente de la
CEE, Ricardo Blázquez, y el jesuita Juan Antonio
Martínez Camino, como portavoz y secretario
general de la institución.
El
objetivo del manifiesto episcopal, que va a ser
"muy duro" según fuentes eclesiásticas, es la
asignatura llamada educación para la ciudadanía.
Algunos prelados ya han reclamado a fieles que
ejerzan la objeción de conciencia ante esa
asignatura, y la propuesta ha sido asumida con
entusiasmo por la asociación Profesionales por
la Ética. Presentada como la "promotora de la
campaña de objeción de conciencia frente a la
imposición obligatoria de la asignatura
educación para la ciudadanía", esta organización
también está estudiando denunciar "la ilegalidad
de los contenidos de esta materia curricular
ante diferentes instituciones e instancias
judiciales españolas y europeas".
Jaime
Urcelay, portavoz de Profesionales por la Ética,
apela a un dictamen del Consejo de Estado para
decirle al Gobierno que "no puede formar parte
de los aspectos básicos del sistema educativo la
difusión de valores que no estén consagrados en
la Constitución". Afirma: "Los contenidos de la
asignatura educación para la ciudadanía
claramente se entrometen en la formación moral
de los alumnos. Por tanto, es posible iniciar
acciones políticas y legales en defensa de los
derechos de los padres en todos los ámbitos
posibles".
Profesionales por la Ética sostiene en un largo
documento que el Ministerio de Educación ha
sometido a varias "gravísimas manipulaciones" al
dictamen del Consejo de Estado en que la citada
asociación basa sus severas denuncias, y se
propone hablar con los grupos parlamentarios del
Congreso sobre el asunto antes de tomar otras
decisiones.
Otro
asunto es la unanimidad episcopal ante estas
campañas. La severidad crítica que algunos
prelados reclaman contra el Gobierno por estos
conflictos educativos ahonda la división de la
Conferencia Episcopal. Son muchos los que
reclaman más energía -entre otros, los
cardenales Rouco y Cañizares-, pero abundan
también quienes apuestan por el diálogo o por
unas denuncias menos agrias.
Es la
misma discordia, por cierto, que la escenificada
semanas atrás a propósito del fallido diálogo
del Gobierno con ETA. Algunos obispos
calificaron de inmoral cualquier contacto con
los terroristas, mientras otros, como el
presidente de la CEE, el obispo Blázquez, no
vieron con malos ojos una posible negociación.
La disputa continúa..www.elpais.es
12.02.07
El combate por la Cope
Hace
tiempo que la Conferencia Episcopal (CEE) perdió
la fascinación por la unanimidad. Se conforma
con que sus acuerdos causen los menores
estropicios, internos y externos. Para ello,
nada mejor que tomarse los documentos con
reposo, para facilitar digestiones o aflojar
enfados.
Pero el
momento de las decisiones llega inexorable. Lo
asumieron el jueves los máximos dirigentes de la
CEE -tres cardenales, dos arzobispos, un obispo
y el jesuita Martínez Camino como responsable de
la comunicación interna y externa-, reunidos
durante horas para decidir si renovaban contrato
a sus estrellas en la Cope,
Federico Jiménez Losantos, César Vidal e
Ignacio Villa.
Propiedad de los obispos, esta cadena de
emisoras tiene cada día más oyentes y más
beneficios, pero vive envuelta, con inusitada
frecuencia, en agrias polémicas. No son pocos
los prelados, sobre todo catalanes, vascos y
andaluces, que alzan la voz contra algunos de
sus contenidos o mensajes.Pese a las divisiones,
el comité ejecutivo episcopal propone que todo
siga como está, convencido de que prescindir de
Jiménez Losantos, por ejemplo, acarrearía el
riesgo de volver a lo que el obispo de Sigüenza,
José Sánchez, experimentado ex portavoz de la
CEE, llamó hace años "el jardín del domingo", es
decir, las miles de revistas o emisoras
diocesanas que sólo leen u oyen los muy fieles.
Otro
asunto delicado que solventaron los prelados es
la permanencia de
Alfonso Coronel de Palma
en la
presidencia de la Cope, pese a sus problemas
judiciales y con el Banco de España por un
accidentado pasado como gestor del Eurobank del
Mediterráneo..www.elpais.es 12.02.07
La Generalitat abre la formación docente
a la Fe católica y a los Sacramentos
Los centros de
formación del profesorado o Cefire creados por decreto de la
Generalitat en 1997 han entrado en otra dimensión -más allá del
impulso a la "innovación educativa" para la que fueron
concebidos- al abrir la formación a la carta a cursos de
Teología Dogmática y conocimiento de la Sagrada Escritura para
"profesores de Religión", cuyos currículos educativos y
contratos dependen estrictamente de la Iglesia. La
Administración educativa del PP otorga así carta de naturaleza
en materia de "investigación científica y renovación pedagógica"
al "conocimiento de las verdades de la Fe católica", "los
Misterios de la Vida de Jesús" o los "Sacramentos de la
Penitencia y el Matrimonio".
El 5 de enero se cerró
el plazo de inscripción del curso de 25 horas de "Teología
Dogmática y Teología Moral" que se imparte en el Colegio Madre
Mª Rosa Molas de Onda, con el "objetivo" de "conocer las
verdades de la Fe católica, profundizar en el estudio
cristológico, estudiar los Misterios de la Vida de Jesús y
desarrollar el contenido de los Mandamientos". El curso no
figura, sin embargo, en el catálogo de las 261 "acciones
formativas" autorizadas para 2007 por Resolución de la
Consejería de Interior, Administraciones Públicas y Justicia, en
cuyo anexo 1 se hace referencia a la Dirección General de
Enseñanza y su ámbito de los Cefire, publicado en el DGV de
18-01-2007 número 5431. Pero sí se oferta con el código oficial
07CA56EP132 entre los 53 cursos que oferta el Cefire del área de
Castellón, a través de la web de la Consejería de
Educación.
Lo mismo ocurre con el
curso de 30 horas de Sagrada Escritura y Sacramentos, con el
código 07CA56IN131, que se impartirá en marzo, para "conocer el
mensaje salvífico de la Sagrada Escritura, ahondar en la nueva
Alianza llevada a cabo con Jesús y estudiar los Sacramentos de
la Penitencia y el Matrimonio". La ausencia de la "cobertura
oficial" mediante resolución que en teoría debe tener cada curso
-y el que tampoco figuren en la publicación oficial del DGV- es
posible, según fuentes de la Administración educativa, gracias
"a la ambigüedad legal" en la que se mueven los Cefire. Un red
de formación creada por decreto para desmantelar los Centros del
Profesorado (CEP) -que consolidó la LOGSE en 1993- y que el ala
cristiana de la Administración tachó en público de "nidos de formación de rojos".
De manera que el
Gobierno valenciano del PP aprobó el 2 de septiembre de 1997 el
decreto que regulaba "la creación, estructura y funcionamiento
de los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos
(Cefire) de la Comunidad Valenciana", con el argumento de dar
"un nuevo impulso a la formación del profesorado, la
investigación educativa y la optimización de los recursos
educativos", según ha difundido de manera prolífica el inspector
Jesús García Martínez, en distintas ponencias e intervenciones.
"En el decreto", subraya García, "los Cefire son concebidos como
los órganos de la Administración educativa para la formación
permanente del profesorado".
La puesta en marcha de
la red de Cefire, a través de sus 17 sedes, introdujo, según
García, "elementos novedosos" que iban a "incidir directamente
en los factores de calidad de la enseñanza" entre cuyos "fines"
destacaban "la atención especial a las Nuevas Tecnologías y su
aplicación en el campo educativo", "la inclusión de la
innovación y la investigación educativa", la creación de
"asesorías específicas" en materia de "tutoría y Transversalidad",
"Necesidades Educativas Especiales", "Atención a la Diversidad"
y "Gestión y Dirección de Centros", entre otros del mismo
calado. García se ha destacado también por publicitar la ventaja
de firmar convenios "sin coste alguno con entidades
colaboradoras sin ánimo de lucro".
Nunca la consejería ni
la inspección han detallado el volumen de ayudas a entidades
cristianas como la Fundación San Vicente Mártir para formar a
los docentes en la "Educación desde la Antropología Cristiana" o
la "Educación Física y el Deporte desde la Antropología
Cristiana", que figuran por ejemplo en las últimas resoluciones
de 2006.
www.elpais.es
05.02.07
Los obispos blindan sus ingresos
Cada español
-creyente o ateo, niño o anciano, parado o empleado,
católico o judío, protestante, musulmán o budista-
pagará este año algo más de 3,4 euros para el
sostenimiento del clero y culto católicos. Es un 34% más
que en 2006, según lo pactado entre el Gobierno y los
obispos. Además, el nuevo sistema de financiación
eclesiástica tiene carácter "estable", se dice en las
notas intercambiadas ahora por el nuncio del Papa,
el arzobispo portugués Manuel Monteiro, y el ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
Un
'canje de notas' eleva a "estable" lo pactado
entre el Ejecutivo socialista y el Vaticano
Con
tan beneficioso trato el Gobierno pretende
desactivar las críticas de los obispos
"Mi Gobierno
considera que [lo pactado] recoge las negociaciones
mantenidas y el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la
Conferencia Episcopal con el asenso de la Santa Sede, y
constituye una aplicación de lo previsto en el artículo
II del Acuerdo sobre Asuntos Económicos [firmado en Roma
entre España y el Vaticano en 1979]", escribe Moratinos
al nuncio apostólico. "Al expresar la conformidad de la
Santa Sede con el texto de la nota, aprovecho la
oportunidad para renovarle las expresiones de mi más
alta consideración", responde el arzobispo.
Con el nuevo
sistema, el coeficiente del IRPF que recibirá el
episcopado de sus fieles se eleva del 0,52 al 0,7%. El
llamado "intercambio de notas" acuerda pactar también
"la compensación por la pérdida de la exención del IVA a
favor de la Iglesia católica", exigida por la Unión
Europea. Dicha compensación está "incluida en el cálculo
del porcentaje de asignación tributaria", dice el
ministro.
Con este
pomposo canje de notas el Gobierno parece buscar
que quede claro que la Santa Sede "estima suficiente el
compromiso para dar por concluido el proceso de
sustitución de la dotación estatal, considerando que el
porcentaje de asignación tributaria fijado en el 0,7%
del IRPF tiene carácter estable". Los gobiernos
anteriores se negaron a asumir esta reclamación
episcopal. Con tales concesiones, el Ejecutivo que
preside José Luis Rodríguez Zapatero buscaría espantar
de una vez las críticas de los obispos, que le acusan de
persecución de lo religioso y de "laicismo beligerante".
Pero, pese a
la aparatosidad del procedimiento diplomático utilizado
-en este solemne canje de notas entre Estados los
obispos españoles figuran como meros negociadores
iniciales-, expertos en derecho eclesiástico dicen que
lo acordado ni cambia el concordato de 1979 ni
convierte en "estable" lo acordado como afirma la
nota, ni en "indefinido" como sostiene la Ley de
Presupuestos para 2007.
Esto opina
el catedrático Dionisio Llamazares, que fue director
general de Asuntos Religiosos en los gobiernos de Felipe
González: "No hay cambio de modelo, lo pactado deja
intacto el Acuerdo de 1979 y no afecta para nada ni a la
transitoriedad de la fórmula de la asignación tributaria
ni al compromiso autocontraído por la Iglesia católica
de lograr por sí misma los recursos suficientes para la
atención de sus necesidades. Además, subsisten intactas
las bases de los reproches de inconstitucionalidad de la
fórmula de la asignación tributaria, salvo como
transitoria".
La
asignación de Hacienda a la Conferencia Episcopal
Española en 2007 -algo más de 12,5 millones de euros
mensuales- es una mínima parte de la ingente aportación
económica que diferentes administraciones del Estado
hacen a esta Iglesia. Los expertos cifran en 5.000
millones los fondos recibidos por esta confesión para
financiar cada año una imponente red de servicios
-culturales, educativos, hospitalarios, en guarderías,
ONG u obras de caridad, entre otros muchos-, atendida
por decenas de miles de personas.
Hasta ahora,
Hacienda recaudaba una parte de la asignación tributaria
a través del IRPF de los declarantes católicos, y el
resto lo entregaba como "dotación" extraordinaria
graciosa. Este sistema data de 1988 y era transitorio,
mientras los obispos encontraban en tres años (antes de
1991) mecanismos de autofinanciación. El Gobierno
socialista acepta ahora elevar a definitivo el viejo
sistema de asignación tributaria, no sin antes
incrementar por encima del 34% el porcentaje de dicha
asignación (ahora, el 0,5239; en el futuro el 0,70% de
la cuota íntegra de cada IRPF asignado a esa Iglesia).
A este
sistema se le llama impropiamente impuesto religioso.
La realidad es que el católico no añade ni un euro de su
bolsillo en el IRPF. Es Hacienda quien lo resta de los
ingresos públicos totales, a petición de un creyente
que, con ese mecanismo, aporta al Estado el 99,3% de su
cuota fiscal, no el 100% como el resto de los españoles.
La Iglesia católica recibirá con creces, con este
aumento del porcentaje de la cuota, lo que perderá con
la supresión de dotación graciosa: los ingresos pasarán
este año de los 144 millones de euros que entregó
Hacienda al episcopado en 2006 a más de 175 millones.
El
intercambio de "sendas notas" entre la Nunciatura
Apostólica y Exteriores es en realidad la reproducción
de la carta que el ministro Moratinos envió el 21 de
diciembre pasado al nuncio Monteiro explicándole lo
acordado y reclamando que la nunciatura confirmase "que
la misma interpretación es compartida por la Santa
Sede". Responde el nuncio: "Tengo el honor de dirigirme
a vuestra excelencia a fin de acusar recibo de su
nota, cuyo texto transcribo a continuación".
Terminada la transcripción de la carta de Moratinos, de
1.025 palabras, el arzobispo Monteiro despacha la
cuestión en 31 palabras. Dice: "Al expresar la
conformidad de la Santa Sede con el texto de la nota
transcrita, aprovecho la oportunidad para renovarle,
señor ministro, las expresiones de mi más alta y
distinguida consideración".
Lo ahora
pactado, que el Gobierno socialista desveló en parte el
22 de septiembre de 2006 después de largas
conversaciones con los prelados, lo resume el ministro
Moratinos en estos cuatro apartados: a)
sustitución del sistema de dotación presupuestaria por
el de asignación tributaria; b) elevación del
actual coeficiente de asignación tributaria al 0,7%;
c) desaparición de las actuales exenciones y no
sujeciones de la Iglesia católica al IVA, y d)
compromiso de la Iglesia católica de presentar una
memoria justificativa de las cantidades recibidas del
Estado a través de la asignación tributaria.
Nada
sobre la autofinanciación
Los obispos se mostraron en 1988 contentos
con el acuerdo de financiación provisional
pactado con el Gobierno de Felipe González.
Pronto bebieron del cáliz de la decepción
ante lo que el historiador canadiense
William J. Callahan ha llamado "la
tradicional tacañería del católico español".
En las comunidades más ricas, como Cataluña
y el País Vasco, apenas el 20% de las
declaraciones personales a Hacienda incluyen
la x en la casilla eclesiástica. Pese a ese
fracaso, ni el Gobierno socialista ni los
obispos se han atrevido a suprimir la
fórmula pactada en 1979, es decir, aquella
que obliga a que, en un futuro
indeterminado, esta religión cumplirá por
fin su compromiso de autofinanciarse
mediante donaciones, desgravaciones fiscales
u otros mecanismos a pactar. Ése fue el
acuerdo solemne del episcopado con el
Gobierno de Adolfo Suárez (centro),
reiterado en 1988 ante el Ejecutivo de
Felipe González (izquierda) y sostenido
después durante los ocho años del Gobierno
de José María Aznar (derecha). Liberarse de
ese pacto requeriría una decisión de las
Cortes Españolas, donde se ratificó lo
concordado en Roma, el 3 de enero de 1979,
entre España y el Estado vaticano. Los
socialistas votaron entonces en contra, con
sonora indignación. Dice el artículo 2.5 del
Acuerdo de 1979: "La Iglesia católica
declara su propósito de lograr por sí misma
los recursos suficientes para la atención de
sus necesidades. Cuando fuera conseguido
este propósito, ambas partes se pondrán de
acuerdo para sustituir los sistemas de
colaboración financiera expresada en los
párrafos anteriores de este artículo por
otros campos y formas de colaboración
económica entre la Iglesia católica y el
Estado". Moratinos no hace alusión a este
asunto en su carta al nuncio del Romano
Pontífice. Sectores del PSOE y el resto de
la izquierda consideran inconstitucional el
actual mecanismo de financiación
eclesiástica, por contradecir el principio
de aconfesionalidad o laicidad del Estado,
teniendo en cuenta, además, que las otras
religiones con "notorio arraigo" en España
(protestantes, judíos y musulmanes) se
reparten apenas, cada año, tres millones de
euros con la condición de que no los
destinen a salarios de clérigos o a
actividades de culto.
El pacto carece de
rango legal
Lo pactado
ahora entre el Gobierno socialista y el Estado de la
Santa Sede no es más que una interpretación de dos
artículos del acuerdo bilateral de 1979, sostiene
Dionisio Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiástico
del Estado, ex director general de Asuntos Religiosos
(de 1991 a 1993) y presidente de la Asociación Derecho,
Laicidad y Libertades. Sostiene: "No hay cambio de
modelo, deja intacto el Acuerdo de 1979 y no afecta para
nada ni a la transitoriedad de la fórmula de la
asignación tributaria ni al compromiso autocontraído por
la Iglesia católica 'de lograr por sí misma los recursos
suficientes o para la atención de sus necesidades".
"Las
relaciones con la Iglesia se mueven hoy en
España en un terreno puramente mercantil"
"Ni
es un nuevo acuerdo ni modifica el de 1979. Por
eso no necesita pasar por las Cortes"
Llamazares
subraya, más tarde, tres novedades en lo pactado ahora
entre el Gobierno y los obispos: da por terminado el
periodo de tres años para la sustitución de la dotación
presupuestaria por la asignación tributaria; eleva el
porcentaje a entregar a la Iglesia, que se adjetiva como
estable, no como indefinido, como
compensación por la pérdida de la exención del IVA, y la
memoria anual pasa de ser meramente explicativa a
ser justificativa. "No tiene más alcance. Ni es
un nuevo acuerdo internacional, ni modifica el de 1979.
Por eso no necesita ser ratificado por las cortes",
añade Llamazares.
La nueva
fórmula no espanta, sino acrecienta, los "reproches de
inconstitucionalidad" de este sistema, sostiene este
experto. Son los siguientes:
1.
Financiación con fondos públicos (el dinero que se
entrega a la Iglesia es dinero público) de una actividad
y de unos objetivos confesionales: sostenimiento de
culto y clero, incompatible con los principios
constitucionales de separación y de neutralidad.
2.
Violación del principio de igualdad tributaria. Es
evidente que es menor la contribución al sostenimiento
de los servicios públicos y para fines de interés
general de quienes ponen la cruz a favor de la Iglesia
católica que de quienes no la ponen.
3.
Violación de la libertad de conciencia de quienes no
ponen la cruz a favor de la Iglesia católica, que tienen
que pagar obligatoriamente unos impuestos de los que se
detrae la cantidad que se entrega a esta Iglesia, como
si del pago de un impuesto estatal con fines religiosos
se tratara.
El teólogo
Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y
Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III
de Madrid, sostiene que "el PSOE renuncia a la
construcción de un Estado laico" con este acuerdo. "El
Estado es más confesionalmente católico que antes, lo
que choca con la afirmación constitucional de que
'ninguna religión tendrá carácter estatal', y con la
ideología laica del PSOE".
"Estamos
cada vez más lejos del principio que, dirigiéndose a Pío
IX, defendiera Cavour en sus célebres discursos de 1861
sobre la cuestión romana: Una Iglesia libre dentro
del Estado libre. El criterio imperante hoy en
España es, más bien, una Iglesia dependiente en un
Estado sometido a las presiones de la Iglesia católica.
El Estado se convierte en recaudador y la Iglesia
católica es receptora pasiva de lo recaudado sin
esfuerzo alguno. Un Estado que se dedica a recaudar
fondos para la supervivencia, la reproducción ideológica
y el mantenimiento institucional de una religión, tiene
muy poco de laico y deja mucho que desear como Estado
social de derecho. Una religión que reclama apoyos
económicos del Estado para sobrevivir deja mucho que
desear como fuerza espiritual y referente ético. Las
relaciones del Estado con la Iglesia católica se mueven
hoy en España en el terreno puramente mercantil. Eso
constituye una peligrosa desviación de los fines y de
las funciones de cada una de las instituciones", añade
Tamayo.
Para este
teólogo católico, la financiación del Estado genera
dependencia y proteccionismo, y es signo de minoría de
edad. Concluye: "El Gobierno socialista vive instalado,
no sé si muy cómodamente, en una flagrante contradicción
o, si se prefiere, tiene dos almas. Por una parte van
las declaraciones, en perfecta sintonía con la tradición
no confesional, con el alma laica del PSOE. Por otra, va
la política del día a día", señala en referencia al
manifiesto Constitución, laicidad y educación para la
ciudadanía, recientemente firmado por el PSOE con la
aprobación explícita de su secretario de Organización,
José Blanco.
Alejandro
Torres, profesor titular del Departamento de Derecho
Público en la Universidad civil de Navarra, pone un
ejemplo para ilustrar la vulneración del "principio de
laicidad del Estado" que consagra la Constitución. Dice:
"Imaginemos que los poderes públicos quieren construir
una nueva autopista, un colegio o un hospital. Para ello
contarán con el 100% de la cuota tributaria de los
ciudadanos que no pongan la cruz a favor de la Iglesia
católica en su declaración del IRPF, pero sólo con el
99,3% de esos impuestos de los ciudadanos que opten por
la Asignación Tributaria a la Iglesia católica, pues el
0,7% restante habrá ido directamente a financiar a una
entidad que desde una paradójica perspectiva
constitucional no tiene carácter estatal. Y es que esa
cara amable del Estado no tiene desgraciadamente un
coste cero. Es como si se tratara de una hipotética
corporación de derecho público eternamente deficitaria".
Alejandro
Torres añade que la solución pactada entre el Gobierno
socialista y los obispos es, además, "contraria al
espíritu del Acuerdo de Asuntos Económicos de 1979, en
cuyo artículo 2.5 se contenía, hace ya un cuarto de
siglo, un compromiso expreso de autofinanciación por la
Iglesia católica, es decir, que esta iglesia lograría
por sí misma los recursos suficientes para la atención
de sus necesidades. "Nótese que el Acuerdo decía por sí
misma, y no minorando directamente los ingresos del
Estado en concepto de IRPF".
"Es un pacto
de caballeros que parece querer olvidar la raíz
verdadera del asunto, y es que la financiación de las
confesiones religiosas es algo que debe canalizarse
mediante la mentalización de los fieles para que éstos
realicen sus propias aportaciones a las confesiones
religiosas (que por cierto, ya cuentan con un generoso
sistema de desgravaciones fiscales para favorecer tales
donaciones), y no cargando al Estado con el coste de esa
factura", afirma Torres.
"Más difícil
de entender" le resulta a este experto en Derecho
Eclesiástico la justificación dada al incremento de la
asignación tributaria hasta el 0,7%, y a la compensación
a la Iglesia católica por la renuncia a la no sujeción
al IVA de los objetos destinados al culto. Dice: "La no
sujeción al IVA era manifiestamente incompatible con la
normativa comunitaria de armonización fiscal de la
tributación indirecta y constituía una inexplicable
fractura a la supremacía del derecho de la UE, a su
efecto directo, y al deber de los Estados miembros de
trasponer las directivas europeas al Derecho interno,
que en España ha dormido el sueño de los justos más de
dos décadas".
Franco se planteó
suprimir la financiación por la rebeldía del clero
En las
memorias del cardenal Tarancón hay un relato sobre la
negociación de la Conferencia Episcopal con la dictadura
franquista, en los años setenta del siglo pasado, para
ajustar el Concordato de 1953 a los mandatos del
Concilio Vaticano II. El general Franco debía, entre
otras renuncias, dejar de intervenir en el nombramiento
de obispos. "Seamos claros", dijo Carrero Blanco,
segundo del dictador, al cardenal. "Nosotros estamos
dispuestos a darles todo lo que quieran económicamente,
y aún más de lo que pidan. Tan sólo exigimos una cosa:
que la Iglesia sea el apoyo más firme del régimen".
Escribe
Tarancón: "Yo me alegré de que se planteara la cuestión
tan descaradamente. Ya no cabrían dudas en los obispos
afectos al régimen ni en algún sector de la Santa Sede".
El cardenal se refería a la necesidad de distanciarse de
una dictadura que la jerarquía había calificado de
cruzada cuando se impuso mediante un sangriento
golpe de Estado. También bendijo la posterior guerra
incivil como contienda de "los hijos de Dios contra los
hijos de Caín", y participó siempre como poder fáctico
de aquel Estado nacionalcatólico.
Miembros de
la jerarquía católica seguían sentados en 1970 en las
Cortes y otros altos organismos, pero no pudieron evitar
la rebeldía del clero, que se tomó en serio los aires de
libertad del Vaticano II. Franco tuvo que abrir una
cárcel especial para curas en Zamora. También quiso
expulsar de España al obispo de Bilbao, Antonio Añoveros.
Había sido voluntario capellán de requetés en la Guerra
Civil, pero en febrero de 1974 la policía sometió al
prelado a "arresto domiciliario" por una polémica
pastoral. Otros prelados pusieron tierra por medio para
evitar males mayores (Alberto Iniesta, auxiliar de
Tarancón en Madrid).
Franco pidió
entonces al Ministerio de Gobernación un dossier
sobre el alcance de la revuelta eclesiástica. Fue
demoledor. La policía secreta sostenía que el 70% de los
curas era hostil al régimen, y también el 19% de los
obispos. Proponía que la mejor manera de combatir la
rebelión era quitar a la Iglesia católica la
generosísima financiación del Estado.
Tarancón
cuenta cómo se enfrentó a Carrero, entonces presidente
del Gobierno, cuando éste le echó en cara las cuentas de
la generosidad del régimen: 300.000 millones de pesetas
del año 1972. Según el muy católico almirante era
intolerable que la Iglesia católica permitiese que
"miles de curas se rebelasen contra quien les trataba a
cuerpo de rey".
Este "pasar
factura" de Carrero irritó tanto a Tarancón que el
cardenal le respondió por carta a Presidencia del
Gobierno. "Lo que más le dolió es que enviase copia a
Franco, que, impresionado, algo le dijo a Carrero. Y
éste me escribió una carta humildísima en la que decía
que le había dado el mayor disgusto de su vida, porque
para él ser hijo de la Iglesia era mucho más importante
que ser presidente", contó más tarde el cardenal al
sacerdote Martín Descalzo.www.elpais.es
07.01.06
Los obispos creen que el Gobierno busca adoctrinar a los estudiantes
El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, dijo ayer que la asignatura de Educación para la Ciudadanía no es "una alternativa laica a la religión" ni tiene como objeto el "adoctrinamiento" de los alumnos, sino que persigue que los jóvenes reciban una formación en los valores democráticos. La creación de esta asignatura no es una excepción en Europa, y responde a la transposición de una recomendación de la UE a los países miembros para que colaboren en la formación de la ciudadanía a través de los colegios, explicó Tiana en declaraciones a la Cadena Ser.
A la misma hora, entrevistado por Telecinco, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, sostuvo una posición radicalmente contraria. La asignatura Educación para la Ciudadanía, dijo, "constituye un riesgo de adoctrinación de los alumnos, [porque] pretende meter en su cabeza principios morales sobre el matrimonio y la familia según las ideas del partido de Gobierno".
Sobre la asignatura de religión católica, el portavoz de los obispos declaró: "No ha habido forma de hacer entender [al Gobienro] que debe ser una materia seria, que debe computar como las demás". "No sabemos cómo va a quedar hasta que no salgan los reales decretos", añadió.www.elpais.es 08.12.06
El Gobierno obligará a los obispos a "justificar" los despidos de profesores de religión
El Gobierno quiere obligar a los obispos a decidir de una forma que “justificada” y que “se ajuste a derecho” la continuidad o no de los profesores de Religión, a los que en la actualidad pueden despedir sin explicaciones. Los docentes serán contratados de forma “indefinida”, tal y como adelantó ya el Ministerio de Educación.
La última propuesta presentada por el Ejecutivo a los sindicatos preveía que los contratos fueran indefinidos salvo en los casos “tasados por la ley”. El anterior borrador ministerial establecía además que los profesores de religión (casi todos de catolicismo, apenas hay un centenar de otras confesiones) podían ser apartados de su función por los obispos al inicio de cada curso sin justificación alguna. Eso es lo que ocurre hoy por hoy.
Los docentes son contratados y pagados por el Estado. En la última década numerosos profesores de religión católica han obtenido el amparo de la justicia contra despidos episcopales por causas como divorciarse, casarse por lo civil o participar en una huelga legal, entre otros motivos.
Con el nuevo borrador, la retirada de la “acreditación” para impartir estas clases tendrá que ser “motivada”, tal y como ha confirmado hoy Educación tras concluir esta mañana su ronda de consultas con la Conferencia Episcopal Española. El Gobierno ha añadido además que la asignatura no será computable para obtener una beca o acceder a la Universidad, y que quieren opten por no cursarla recibirán “una debida atención educativa”.
La CEE ha respondido con una nota en la que asegura que “permanecen dificultades fundamentales” en la “tutela de los derechos” de los padres, los profesores y de la Iglesia, que “no han podido ser superadas” tras la negociación con el Gobierno. Los obispos agradecen el “esfuerzo”, en cualquier caso, y anuncian que harán una “valoracín detallada” de los textos legales que apruebe el Ejecutivo. www.elpais.es 05.12.06
El episcopado reitera que la unidad nacional es un bien que no puede ponerse a subasta
"¿Qué razones hay que justifiquen la ruptura [de España]?", se preguntan los obispos en la instrucción pastoral sobre La situación actual. El documento, de 54 páginas, fue avanzado la semana pasada y contiene las "orientaciones morales" que la Conferencia Episcopal cree que debe aportar ahora a una sociedad "cada vez más dividida y enfrentada" por culpa del Gobierno, de los políticos y del Parlamento. Sobre los nacionalismos, el portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, reiteró ayer que la unidad nacional "es un bien que no puede ponerse a subasta".
"Nos preguntamos qué quiere Dios de nosotros en estos momentos". Con esta premisa inician los obispos este documento doctrinal, décimo de esta categoría en la historia de la Conferencia Episcopal Española. Los debates fueron animados porque, en palabras de su portavoz, unos querían "que se precisase más", y otros querían "que se precisase menos". La pastoral ha sido ratificada con 63 votos a favor, seis en contra, tres abstenciones y la ausencia intencionada de siete prelados.
La pastoral entra a fondo en los temas que preocupan al episcopado desde que gobierna el PSOE, es decir, la "reconciliación amenazada", los riesgos de la unidad de España, el laicismo beligerante, el desprecio a lo religioso, incluso el anticlericalismo renaciente, escriben.
"Nuestra historia reciente es más agitada y convulsa de lo que sería deseable. Una sociedad que parecía haber encontrado el camino de su reconciliación, vuelve a hallarse dividida y enfrentada. Una utilización de la memoria histórica, guiada por una mentalidad selectiva, abre de nuevo viejas heridas de la Guerra Civil y aviva sentimientos encontrados que parecían estar superados", dicen del primer tema.
También perciben los prelados el resurgir del "viejo anticlericalismo". Escriben: "Muchos tenían la esperanza de que el ordenamiento democrático de nuestra convivencia, regido por la Constitución de 1978, nos permitiría superar los viejos enfrentamientos que nos han dividido y empobrecido a nuestra patria, uno de los cuales era el enfrentamiento entre catolicismo y laicismo. Vemos con pesadumbre que en los últimos años vuelve a manifestarse un rechazo de la Iglesia que se presenta como algo más radical y profundo que la vuelta al viejo anticlericalismo". Afirman, incluso, que "en no pocos ambientes resulta difícil manifestarse como cristiano". También ven crecer "un peligroso germen de pragmatismo maquiavélico y de autoritarismo".
Los obispos observan como "antesala del totalitarismo" el que los parlamentarios y dirigentes de un grupo político que está en el poder crean que "pueden legislar según su propio criterio". "Una política que pretenda emanciparse del reconocimiento de la moral socialmente vigente degenera en dictadura, discriminación y desorden; es una sociedad desvertebrada, literalmente desorientada, fácil víctima de la manipulación, de la corrupción y del autoritarismo", añaden.
Respecto a la unidad de España, el episcopado hace esta reflexión. "Si la coexistencia cultural y política, largamente prolongada, ha producido un entramado de múltiples relaciones familiares, profesionales, intelectuales, económicas, religiosas y políticas, ¿qué razones actuales hay que justifiquen la ruptura de estos vínculos? ¿Sería justo reducir o suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos los afectados?".
Lo que pueden los jueces
Los obispos dicen en la instrucción pastoral que "es absolutamente necesario respetar el recto funcionamiento de las instituciones, especialmente la libertad de los jueces". Es una andanada contra los políticos, que ayer mismo rebotó sobre los prelados cuando su portavoz, Martínez Camino, tuvo que salir con ardor en defensa del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez.Un juzgado de Instrucción de esa ciudad ha ordenado abrir proceso contra ese arzobispo por posible delito de injurias y calumnias, acoso moral, coacciones y lesiones psicológicas a un ex canónigo y ex archivero de la catedral. Se trata del primer juicio contra una jerarquía de esta confesión en España.
"Las autoridades del Estado no pueden intervenir en la vida religiosa, no es su competencia. Los jueces no pueden gobernar a la Iglesia, no es su competencia", sostuvo ayer el portavoz episcopal.www.elpais.es 30.11.06
Los obispos despiden por sexta vez a una docente que ya ganó cinco pleitos
El episcopado parece no tomar en serio las sentencias, que, una y otra vez, le condenan por "vulneración de derechos fundamentales" de sus profesores de religión. Esta vez, el reproche judicial alcanza al Obispado de Canarias, por despedir por quinto año consecutivo a Nereida del Pino Díaz Mederos. Motivo: haber participado en una huelga legal en 1999. El Tribunal Superior de Justicia canario ha planteado ya ante el Constitucional cuatro cuestiones de inconstitucionalidad por ese caso. Del Pino se enfrenta el 12 de diciembre al sexto juicio por el mismo motivo.
"Estas situaciones destrozan la vida. Así que me he buscado otro trabajo, no podía estar esperando curso tras curso a que cumplan lo que les mandan los jueces", dijo ayer a EL PAÍS la profesora Nereida del Pino Díaz Mederos. Vive en Gáldar, a 22 kilómetros de Las Palmas, y cada día acude a trabajar a la universidad grancanaria en un empleo que "ya no tiene nada que ver con la docencia", su profesión desde 1988. Tiene 36 años y está casada.
El calvario de la profesora Nereida del Pino, según relata la quinta sentencia que le da la razón, empezó "a finales de 1999, [cuando] tuvieron lugar una serie de encierros de protesta del profesorado de religión y moral católica por sus condiciones laborales, participando en tales encierros, así como en una huelga de dicho profesorado a principios de 2000, eventos de notoria repercusión pública".
El magistrado Ángel Martín Suárez, del Juzgado de lo Social de Gáldar, que firma esta quinta sentencia, recuerda cómo la docente ya no fue propuesta al curso siguiente (2001-2002) por el Obispado de Canarias como profesora de religión en el instituto de Secundaria Jinámar III, ni tampoco en los cinco cursos sucesivos, lo que provocó de hecho que tuviera que irse al paro una y otra vez mientras se tramitaba la ejecución de la sentencia, el cobro de las indemnizaciones por "daños morales" y la percepción de los salarios dejados de cobrar.
Las cuatro primeras sentencias de los juzgados de lo Social han sido ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al que recurrieron los condenados, con el agravante de que el propio TSJC ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) otras cuatro cuestiones de inconstitucionalidad. La profesora Nereida del Pino y su letrado Francisco Navarro Sanz no dudan de que el alto tribunal canario reiterará una quinta vez esa reclamación al TC una vez que ratifique, también por quinta vez, la sentencia en primera instancia contra la actuación de obispado y Educación.
¿De quién es la culpa?
Los docentes de catolicismo son contratados y pagados por el Estado [en este caso, por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias], pero son los obispos los que los seleccionan para cada curso, pudiendo prescindir de ellos sin motivo alguno.
Es lo que le ha ocurrido a la profesora Nereida del Pino en todos estos años. Es decir, el obispado se limita a comunicar al Gobierno canario que la citada docente "no es propuesta [para ser contratada para el nuevo curso] por no reunir los requisitos de idoneidad necesarios para impartir la Formación Religiosa y Moral Católica". En cambio, las sucesivas sentencias declaran probado que, en realidad, el obispado prescindió de ella a causa de sus actividades sindicales, lo que una y otra vez los jueces consideran "una violación de su derecho fundamental a participar en la mencionada huelga".
Pese a que las desgraciadas vicisitudes laborales de la docente son provocadas por decisión del episcopado, a quien condenan los jueces a pagar las indemnizaciones causadas por este proceder ilegal es a la Administración, siempre "por los daños morales ocasionados". El Obispado y el Gobierno canario reciben, además, reproches judiciales por obligar a que sea la docente despedida quien cargue con la prueba de los motivos de su situación. Dice ahora el magistrado Martín Suárez, en el relato de los hechos probados: "Ningún motivo se esgrimió, ni se intentó probar por el Obispado demandado" por qué la profesora demandante "no gozaba de la idoneidad" para seguir en su puesto de trabajo.
Otra extravagancia del calvario judicial a que está sometida desde 2001 Nereida del Pino tiene que ver con la ejecución de las sentencias, en un ir y venir a su puesto de trabajo que ha terminado por desanimarla hasta el punto de "tirar la toalla". Ayer por la tarde acababa de regresar de su nuevo trabajo cuando habló para EL PAÍS, firme en su decisión de no volver a emplearse para los obispos. Lo malo es que aún le quedan pleitos por ganar, dos o tres, incluso cuatro.
El día 12 ha sido citada por el Juzgado de lo Social de Gáldar para resolver sobre su sexto despido consecutivo, pero aún no se ha ejecutado la sentencia por el quinto, sobre el que debe pronunciarse todavía el Tribunal Superior de Canarias muy pronto. Más aún: si, como parece seguro, pierden este sexto pleito, el episcopado y el Gobierno de Canarias volverán a recurrir la sentencia pese a saberse perdidos, lo que provocará una nueva resolución del TSJC y la sexta apelación al Constitucional por estar afectados en el caso "derechos fundamentales" de la docente.
Los obispos despiden y Educación paga las indemnizaciones. Esta es la situación del Gobierno de Canarias, condenado una y otra vez en todas las instancias. Esta semana se han conocido dos nuevos reproches judiciales contra él: la quinta sentencia favorable a Nereida del Pino (en 15 días habrá una sexta), y la tercera que gana el líder sindical Rafael Ramírez, presidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER).
El 24 de julio pasado fue el Tribunal Constitucional quien censuró a Educación "por comportamiento antisindical" frente a este profesor de religión y delegado de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), y lo mismo había hecho anteriormente el Supremo. Esta semana se ha conocido otra sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas condenando al Gobierno canario por motivos parecidos.
Según los hechos probados que recoge en su fallo la magistrada Victoria Gallego Funes, el ilegal comportamiento del Gobierno canario tiene que ver ahora con su negativa a facilitar a Ramírez "el listado de los profesores de religión" que causan baja en sus empleos cada curso, "los motivos" de esa baja y la lista de los que les han sustituido. El Gobierno regional le negó esos datos, en realidad porque el episcopado los guardaba como si fueran sagrados. La desgracia de ambas instituciones es que todo termina descubriéndose. Los obispos dijeron hace un mes a este periódico que "el número de profesores que han dejado de proponer en los últimos 15 años no pasan de 20". La realidad es tozuda, de acuerdo con los datos obtenidos por la Justicia sólo en la provincia de Las Palmas. La última relación de sus despedidos, algunos en cinco cursos consecutivos, suman 14 en una relación diligenciada judicialmente por el Obispado el 2 de agosto pasado. Ramírez calificó ayer al Gobierno canario de "monaguillo de los prelados". www.elpais.es 29.11.06
Sectores conservadores del PP y Coronel de Palma, solos frente a los males de la sociedad actual
El presidente de la radio de los obispos, Alfonso Coronel de Palma, defiendió que “fuésemos capaces de reclamar para nosotros la valentía de los mártires”, por ejemplo, con la “insumisión ante las leyes injustas”. Y puntualizó: “Veréis que no pido la objeción de conciencia, pido la insumisión”. Apoyó que “algunas personas den con sus huesos en la cárcel”, para que no prosperen las leyes con las que él no está de acuerdo.El sorprendente llamamiento a la desobediencia civil del máximo representante de la radio de los obispos, en el VIII Congreso de Católicos y vida pública, está relacionado con la campaña dirigida por sectores conservadores y el PP contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. Hasta el momento habíamos escuchado innumerables críticas contra esta asignatura e incluso se había llegado a editar una Guía para la Objeción de Conciencia por parte de las asociación Profesionales para la ética. Pero Coronel de Palma ha decidido ir más allá y defiende sacrificar “mártires” que opten por la “insumisión”. Realizó un simil peculiar para referirse a la participación en la vida pública, “como ovejas entre lobos” y animó a convertirnos en “corderos, que es una forma de cambiar el mundo”.
Mártires para un mundo a su imagen
No sabemos si él querría estar incluído entre estos “mártires”, a pesar de que habló en plural: “Seguramente es necesario que algunos tengamos que sufrir para producir una reacción verdadera en nuestra sociedad”. Y dió una serie de ejemplos de la efectividad de su método, como cuando llegó a España el aborto. Si en ese momento “el personal sanitario hubiese sio insumiso; si algunas personas hubieran dado con sus huesos en la cárcel, como hicieron los objetores al servicio militar, y todos lo hubiéramos visto, es muy posible que hoy tantos inocentes no siguieran muriendo como puras cobayas”.
Abrumado por España
A Coronel de Palma le “preocupa España”. Son muchas las preocupaciones que tiene y que recogió el suplemento de ABC, Alfa y Omega: “la unidad de España”, “el laicismo militante”, “la crisis demográfica que nos está llevando a un verdadero suicidio”o “el afán de controlarlo todo del Estado moderno”, son, entre otras, las cuestiones que le quitan el sueño. Pero tiene remedios. Aseguró que, aunque no sea “agradable”, hay que enseñar al otro “lo que nosotros creemos que es mejor y más verdadero”. En esta tarea anima a no “tener miedo”, porque “la Inmaculada Virgen María siempre nos va a proteger”.www.elplural.com 24.11.06
Los obispos aprueban
un documento sobre
la unidad de España
Los obispos
españoles aprobaron
a última hora de la
tarde una pastoral
sobre la política,
sociedad y cultura
española en la que,
bajo el título de
Orientaciones
morales ante la
situación actual de
España se recoge
la unidad de España
como "bien moral".El
documento salió
adelante con 63
votos a favor, seis
en contra, tres
abstenciones y un
voto nulo, de los 73
obispos que
participaron en la
votación, según la
información
facilitada por el el
gabinete de
Comunicación de la
Conferencia
Episcopal Española
(CEE). La pastoral
está dividida en
tres capítulos
titulados: Una
situación nueva:
fuerte oleada de
laicismo,
Responsabilidad de
la Iglesia y de los
cristianos y
Discernimiento y
orientaciones
morales.
Terrorismo y
nacionalismos
Según un
comunicado difundido
por la CEE, en el
último capítulo "se
anima explícitamente
a los católicos a
vivir la caridad
social para el
fortalecimiento
moral de la vida
pública", y
se analizan
cuestiones "como la
relación entre la
Iglesia y sociedad
civil, la democracia
y la moral, el
servicio al bien
común, el respeto y
la protección de la
libertad religiosa,
el terrorismo, los
nacionalismos y sus
exigencias morales,
y el ejercicio de la
caridad". El
gabinete de
comunicación de la
CEE señala también
que esta información
será ampliada en la
rueda de prensa
convocada para
mañana en la sede de
la Conferencia
Episcopal, y que "en
fechas próximas" se
realizará una
presentación de la
instrucción pastoral
aprobada hoy La
aprobación de este
documento
había sembrado
profundas divisiones
entre los obispos
moderados, liderados
por el presidente de
la CEE, Ricardo
Blázquez y los
inmovilistas, encabezados
por los cardenales
Rouco Varela y
Cañizares. Ante el
clima de división
imperante, hasta el
nuncio del papa,
Manuel Monteiro de
Castro, se vio esta
semana en la
obligación de
intervenir para
pedir que este tipo
de cuestiones no
rompan la unidad de
la Iglesia.
Antecedentes
Según
informó ayer El
País,
Cañizares, cardenal
primado y
vicepresidente de la
CEE, lleva tres años
reclamando una
pastoral especial
sobre la unidad de
España, que
completase a fondo
la aprobada en 2002
"sobre el terrorismo
y su raíz en los
nacionalismos
totalitarios". Fue
impulsado
directamente por el
cardenal Rouco,
entonces presidente
de la CEE y provocó
el rechazó de gran
parte de los
prelados catalanes y
vascos, entre otras,
"por vincular
nacionalismo y
terrorismo".
Reconocimiento a las
víctimas del
terrorismo
La Razón
destacaba ayer que
los obispos también
estarían preparando
un texto de apoyo a
las víctimas en
vísperas de la
manifestación
convocada por la
Asociación de
Víctimas del
Terrorismo, AVT,
para mañana en
Madrid. Según varios
prelados, el citado
texto no pretende
hacer un
pronunciamiento
frente al “proceso
de paz” que promueve
el Gobierno.Hoy, en
rueda de prensa la
CEE explicará los
detalles del
documento.www.elplural.com
24.11.06
Coronel de Palma proclama: “Pido la
insumisión”
El presidente
de la COPE, Alfonso Coronel de Palma, manda
en la emisora por delegación de la
Conferencia Episcopal Española. El otro día,
durante la clausura del VIII Congreso sobre
Católicos y vida pública -organizado por
la Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP)-, este coronel exhortó a la
“insumisión”. “Veréis que no pido la
objeción de conciencia. Pido la insumisión”,
advirtió. Más conocidos como los
“propagandistas”, la ACdP no es un invento
reciente. Este grupo fue fundado el año 1909
por el jesuita Ayala con el fin de vertebrar
la presencia de los católicos en la
política. Su trayectoria forma parte nuclear
de la reciente historia de España.
Instaurada la II República, los
“propagandistas” tuvieron una gran
influencia en la creación de la CEDA
(Confederación Española de Derechas
Autónomas), con Gil Robles a la cabeza.
Asimismo, promovieron periódicos
confesionales como El Debate y el
YA. El cerebro
periodístico y político fue Ángel Herrera,
más tarde ordenado sacerdote, nombrado
obispo y hasta cardenal de Málaga, cuando
los prelados de la Iglesia eran propuestos a
Roma –mediante una terna- desde El Pardo.
Numerosos altos cargos
Cuando el golpe de Estado de 1936,
origen de la guerra civil, los
“propagandistas” apoyaron –salvo excepciones
aisladas- a los militares sublevados o, en
el lenguaje de Coronel de Palma, insumisos,
sinónimo de desobedientes o rebeldes. Una de
las familias más relevantes del
Régimen franquista –junto a los falangistas,
los requetés, los monárquicos y los
tecnócratas- fue la de los “propagandistas”
o “católicos”. Desde Martín Artajo a Silva
Múñoz –dos destacados ministros de Franco-,
hubo numerosos altos cargos, durante los
cuarenta años de tiranía ignominiosa,
procedentes de la ACdP. Algunos de ellos,
como Ruiz Jiménez, rompió con el
colaboracionismo y comenzó a transitar
-por cierto, con enorme dignidad- por los
caminos de la oposición democrática.
“La valentía de los mártires”
De nuevo, como en el 36 –y salvadas
todas las distancias-, los “propagandistas”
se disponen a ejercer la insumisión. En tono
entre épico y de catacumbas, Coronel de
Palma arengó a los suyos: “Sería bueno que
fuésemos capaces de reclamar para nosotros
la valentía de los mártires (…) con nuestra
insumisión ante las leyes injustas, porque
seguramente es necesario que algunos
tengamos que sufrir para producir una
reacción verdadera en nuestra sociedad”. He
aquí, pues, otra forma -pretendidamente
heroica- de echarse al monte, como tantas
veces desgraciadamente ha hecho la derecha.
Llega con retraso
Habría que puntualizarle, a Coronel
de Palma, que su alocución alentando a la
rebeldía llega con retraso. Desde hace más
de una década, casi dos, ésta es la línea
editorial de su cadena radiofónica. Ocurre,
sin embargo, que no por ello deja de ser
gravísimo que el presidente de la misma
respalde tal postura, como si España fuera
una república bananera o un bastión
ultramontano. ¿Cuántas veces, a lo largo del
inacabable túnel de la dictadura, la ACdP
predicó la insumisión para combatir una
legislación, construida contra la libertad y
no desde la libertad?
El reparto del botín
Nunca, jamás. Callaron mientras se
repartían el botín de los vencedores.
Callaron y colaboraron en el
restablecimiento del Antiguo Régimen,
basado en la impúdica alianza de la Cruz y
la Espada, una teocracia de reminiscencias
medievales, que se cobró miles y miles de
muertos, encarcelados, perseguidos,
exiliados… Entonces fueron mudos. Sólo se
oía el hervor de sus aplausos al
Caudillo. Ahora vociferan contra un
Gobierno de izquierdas, democráticamente
elegido. Y reclaman ¡insumisión! Son
rebeldes con causa. La causa genovesa,
que tilda de traidores incluso a gente
moderada como Ruiz Gallardón. Escuche su
radio, Sr. Coronel de Palma. Aprenderá
enseguida el verdadero rostro de la
insumisión.
E.S.
www.elplural.com
24.11.06
El congreso de los propagandistas
reta a los católicos a entrar en política
El VIII
Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la
Fundación San Pablo-CEU, se cerró ayer en Madrid con un
llamamiento a participar en política. "No se puede
construir una sociedad quedándose en casa, hay que
meterse en los múltiples campos que ofrece la sociedad
civil en la democracia", proclamó Alonso Coronel de
Palma, que acaba de dejar la presidencia de la ACdP.
La ACdP participó muy
activamente en la política
durante la II República y bajo
la dictadura del general Franco
-con ministros en todos sus
gobiernos-, y también en los
primeros años de la transición.
Hoy ha perdido fuerza, tras la
desaparición de la UCD y el
empuje, en el interior de la
Iglesia católica, de los nuevos
movimientos, como el Opus,
los Kikos o los Legionarios
de Cristo. Excitar y promover de
nuevo la participación de los
católicos en la vida pública ha
sido el objetivo de estos
congresos, que reúnen en Madrid
cada año, desde 1999, a más de
mil líderes o intelectuales
católicos.
La sesión de clausura, ayer a
mediodía, tras una misa oficiada
por el cardenal de Madrid,
Antonio María Rouco, fue
presidida por Jaime Mayor Oreja,
ex ministro de Interior con el
presidente José María Aznar y
líder del PP español en el
Parlamento Europeo. Fue él quien
coordinó una mesa de debate
titulada La política como
servicio, que tuvo como
principal orador al ex
presidente de la ACdP,
Alfonso
Coronel de Palma,
designado ahora por los obispos
consejero delegado de la Cope.
El congreso, convocado con el
lema El desafío de ser
hombre,
ha sido pródigo en críticas al
Gobierno socialista, cuyas
reformas legislativas en materia
de bioética repugnan a los
católicos fieles a la
Conferencia Episcopal. Pero ayer
tocó hablar de política, después
de una apelación de Coronel de
Palma a la insumisión frente a
las leyes injustas. "Los
demonios familiares de la
historia española,
afortunadamente superados
durante la transición, vuelven
hoy a suscitarse y generan
desunión", dijo.
"No se puede construir una
sociedad quedándose en casa,
sino que hay que meterse en los
múltiples campos que ofrece la
sociedad civil en la democracia
y como un poder coadyuvante de
los existentes, todos ellos
constituidos como servicio y no
como poder, no para servirse de
los otros sino como servicio a
los otros", añadió.
Antes, Mayor Oreja había
expresado su preocupación por la
"grave" situación política de
España. Poniendo como ejemplo el
llamado proceso de paz, que
calificó de "mentira y de gran
inmoralidad", Mayor Oreja, muy
aplaudido por los congresistas,
centró el discurso en lo que
pueden hacer los católicos "ante
la gravedad de los hechos". "Son
los católicos los que en buena
medida y en primer lugar
estaríamos obligados a un cambio
de actitud", dijo.
El nuevo presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino Guerra, clausuró
el congreso en tono optimista.
"No se vayan con pesimismo. Son
tiempos difíciles, pero no para
la desesperanza: que a los
laicos católicos sepamos
defender el bien común en todas
las problemáticas que hoy se
suscitan y defenderlo con
nuestro testimonio aunque sea ir
contra corriente o ser
denostados", deseó.
Al congreso han asistido 1.200
personas, que han escuchado a 70
ponentes y leído unas 150
comunicaciones. Una de las
conferenciantes, Blanca Castilla
de Cortázar Larrea, ex
secretaria general de la Real
Academia de Doctores de España,
fue severamente criticada ayer
por el secretario de Movimientos
Sociales del PSOE, Pedro Zerolo,
que instó a la Fiscalía General
del Estado a que actúe contra
ella por las acusaciones
dirigidas hacia el colectivo de
homosexuales. Zerolo aseguró
sentirse "impactado" por las
declaraciones realizadas por
esta antropóloga y doctora en
Teología asegurando que los
homosexuales varones "utilizan a
los niños para abusar de ellos"
en el marco de las familias
homoparentales. La presidenta de
la Federación Estatal de Gays,
Lesbianas y Transexuales,
Beatriz Gimeno, también denunció
la "homofobia profunda" y la
"incultura" de la
conferenciante.www.elpais.es
20.11.06
El
arzobispo de Granada justifica la desobediencia civil contra la asignatura
de Educación para la Ciudadanía
El arzobispo de Granada, Javier Martínez,
aseguró hoy que estaría "justificada la objeción de conciencia y la
desobediencia civil" contra la nueva asignatura de Educación para la
ciudadanía "si su implantación supone una grave invasión de un derecho
fundamental de los padres y no se cuida este derecho".
Durante su
intervención en el 34 congreso de la Confederación Española de
Centros de Enseñanza (CECE), que se celebra en Granada, Martínez
dijo que la libertad educativa está "terriblemente amenazada en la
sociedad española". "Cuando en la vida se tiene la misión de educar,
no se puede renunciar a ella", indicó.
Por su parte,
Joaquín Martínez, vicepresidente de CECE- Granada e integrante del
grupo de trabajo que está analizando la implantación de la LOE,
afirmó respecto a la nueva asignatura propuesta por el Gobierno que
es "difícil de entender la desconfianza de la clase política en la
capacidad de los padres para educar a los hijos". Martínez se
preguntó "si el Gobierno ha analizado realmente que esta materia sea
capaz de resolver los males de esta sociedad" y consideró que "da la
impresión de que esta asignatura ha sido fruto de la improvisación".
www.cadenaser.com
18.11.06
Los obispos cuestionan de nuevo la Educación
para la Ciudadanía
El portavoz
de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
Juan Antonio Martínez Camino afirmó ayer que
“el Estado no puede dictar a través del
sistema educativo” cuestiones de tipo moral
o religioso, y expresó su temor por que la
nueva asignatura de Educación para la
Ciudadanía “abra una puerta al
adoctrinamiento” y hable “de tipos de
familia, entre ellos las homosexuales”.
“Tenemos serias dudas de que las páginas
redactadas (del borrador de esta materia)
respeten el principio de neutralidad del
Estado”, puntualizó. Camino realizó estas
declaraciones al finalizar la jornada de
estudio en torno a esta nueva asignatura,
que será obligatoria a partir de 2007 para
alumnos de primaria y secundaria. El
portavoz de la Conferencia Episcopal afirmó
que, dependiendo de cómo se estructure, la
materia “puede ser positiva o colisionar con
los derechos fundamentales de los
ciudadanos, concretamente los de los padres,
que tienen derecho a elegir libremente la
educación de sus hijos de acuerdo con sus
convicciones religiosas o morales”.
Objeción de conciencia
La Conferencia Episcopal aboga por
la “objeción de conciencia” de esta
asignatura si se comprueba “que invade
cuestiones de moral, o sobre el bien y el
mal, o sobre la educación de conciencia de
los alumnos”. Sin embargo, matizó que no van
a pedir a ningún padre que practique esta
objeción de conciencia, ya que ellos tienen
por sí mismos “todo el derecho del mundo a
oponerse a que sus hijos estudien algo que
va en contra de sus convicciones”.
Carácter optativo
Martínez Camino declaró que el
problema suscitado en torno a Educación para
la Ciudadanía se resolvería si tuviese
carácter optativo en lugar del obligatorio
que se plantea desde el Gobierno. Otra de
las posibilidades que plantea la Conferencia
Episcopal es convertir esta asignatura en la
materia alternativa a la religión. La
jornada de estudio sobre Educación para la
Ciudadanía, que se celebró ayer en la sede
de la CEE, estuvo presidida por su
presidente, Ricardo Blázquez, y se
desarrolló en torno a cuatro ponencias sobre
la educación y el deber de neutralidad del
estado.
www.elplural.com
18.11.06
Cañizares advierte que habrá movilizaciones
si no se retira la asignatura de Educación
para la Ciudadanía
El
vicepresidente de la Conferencia Episcopal
Española y Arzobispo de Toledo, cardenal
Antonio Cañizares, advirtió al Ejecutivo que
"sólo cabe que se retire" la asignatura de
Educación para la Ciudadanía o "movilizarse
en los niveles de opinión pública y de
objeción de conciencia". "De la misma manera
que hoy hablamos con preocupación de la
juventud LOGSE, en el futuro hablaremos de
la juventud de la Educación para la
Ciudadanía", añadió. Durante la reunión, se
defendió el derecho de los padres a la
objeción de conciencia frente a la materia
La
Conferencia Episcopal Española (CEE) hizo el
viernes por la noche una defensa del derecho
de los padres a la objeción de conciencia
frente a la Educación para la Ciudadanía,
siempre que esta asignatura entre en temas
morales. Por ello, Cañizares apeló a hacer
"lo posible para que la Ciudadanía forme
futuras generaciones de hombres cabales y
libres" al tiempo que hizo una defensa del
"bien común".
Durante la reunión de los obispos españoles
para reflexionar sobre la Educación para la
Ciudadanía, el presidente de la CEE,
Monseñor Ricardo Blázquez, señaló alguna de
las "incógnitas" ante esta "novedad en
nuestro sistema educativo" como "¿qué
sentido tiene?".
Por su parte,
el presidente de la Junta Episcopal de
Asuntos Jurídicos y Obispo de Salamanca,
Monseñor Carlos López Hernández, se encargó
de presentar los objetivos de la jornada
que, según explicó, "no consiste en rechazar
la asignatura sin más sino denunciar
aquellos aspectos que se inmiscuyen en el
derecho fundamental de los padres a la
formación de sus hijos conforme a sus
convicciones". En ese sentido, la primera
ponencia, a cargo del profesor de Derecho
Eclesiástico de Estado en la Universidad de
Cantabria Joaquín Mantencón Sancho, llevó
por título, 'Derecho de los padres a la
educación de sus hijos' en la que señaló que
ese derecho de elección de los progenitores
"no aparece como tal en ningún texto
normativo".
Le siguió su
homólogo en la Universidad de Navarra, Jorge
Utaday Guerin quien abordó el tema de 'La
neutralidad ideológica del Estado y del
sistema educativo público'. Utaday aseguró
que hay elementos para sostener que la
objeción de conciencia en España "es un
derecho fundamental y se puede extender a
diversos supuestos".
El presidente
de "Profesionales por la Ética", Jaime
Urcelay Alonso, cerró la sesión del viernes
por la mañana con la ponencia titulada
'Antropología subyacente en el currículo del
área de Educación para la Ciudadanía', en la
que indagó en el modelo de hombre que se
presenta en los contenidos curriculares de
la asignatura.
La jornada se
reanudó con la exposición del profesor de
Ética en la Universidad de Valencia, Agustín
Domingo Moratalla, en la que se analizaron
los 'Elementos ético-morales presentes en el
currículo del Área de Educación para la
Ciudadanía'. Fue el profesor Domingo
Moratalla quien realizó un repaso histórico
por las distintas leyes de educación que ha
habido en España durante la democracia y
presentó la asignatura que, según dijo, "nos
pretende introducir en una cultura de
derechos y obligaciones y en una mentalidad
donde lo moral va a ser sustituido por el
derecho".
"No se recuerda en la historia de
España un rechazo social más grande en
relación con una asignatura"
También se desarrolló una mesa redonda con
el título, 'Una propuesta aceptable de
Educación para la ciudadanía'. Moderada por
el director del Servicio Jurídico Civil de
la CEE, Silverio Nieto Núñez, intervinieron
en el debate José Antonio Ibáñez Martín y
David Reyero García, ambos de la Universidad
Complutense de Madrid, junto con el
catedrático de Filosofía Teófilo González
Vila, profesor de la Universidad San Pablo
CEU.
González Vila destacó que "no estamos en
contra de la educación moral, sino en contra
de este modo concreto de educar moralmente
que presenta Educación para la Ciudadanía".
Mientras el profesor Muñoz incidió en que
"no se recuerda en la historia de España un
rechazo social más grande en relación con
una asignatura" y recordó los argumentos
utilizados por Habermas, en su famoso
diálogo con el Cardenal Ratzinger, cuando
apuntaba que si se pretende que la
democracia se mantenga no se pueden ignorar
sus raíces culturales. Por su parte, El
profesor Reyero dijo que detrás de la
oposición a esta asignatura hay pensamiento
sólido y que precisamente uno puede oponerse
a ella porque se ha leído el texto de la
ley. Europa Press 17.11.06
Los padres católicos se congratulan
de la alternativa a la Religión, mientras los laicos se sienten
decepcionados con el Gobierno
Las asociaciones
de padres han reaccionado de distinta forma ante la noticia
adelantada por la Cadena SER sobre la alternativa evaluable a la
asignatura de Religión que prevé el Ministerio de Educación.
Mientras que la católica CONCAPA valora positivamente esta decisión
del gabinete de Mercedes Cabrera, la laica CEAPA se muestra
profundamente decepcionada con este cambio del Gobierno
Desde la Confederación católica de
padres de alumnos (CONCAPA) se valora muy positivamente la creación
de esa materia alternativa destinada a aquellos alumnos que, sin ser
católicos, desean aprender los conceptos y la historia de las
distintas religiones.
Su presidente, Luis Carbonell,
afirma que le parece "positivo" que los alumnos que no sean
católicos no estudien religión, pero señala que estos jóvenes no
pueden ser “ignorantes absolutos” de la historia y conceptos de las
religiones.
Mientras, la Confederación laica
de padres de alumnos (CEAPA) se muestra profundamente decepcionada
con este cambio de postura por parte del Ministerio, e insiste en
que cualquier tipo de religión debe salir de las aulas.
La presidenta de esta plataforma,
Lola Abelló, asegura que no se les informó de este cambio y que se
sienten “defraudados” con el Gobierno de Zapatero. Aunque aceptan la
existencia de unos acuerdos internacionales con el Vaticano, exigen
su aplicación mínima y rechazan la creación de una asignatura
alternativa que denunciarán cuando sea estudiada por el Consejo
Escolar.
La Plataforma por una sociedad
laica ha subrayado que la nueva asignatura llega al sistema
educativo porque existe la materia de religión católica y no porque
al legislador le interese que los alumnos conozcan los distintos
credos.
Los puntos polémicos
El borrador del Real Decreto por
el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), incluye en su disposición
adicional segunda, relativa a la enseñanza de religión, los
siguientes apartados:
"3.Los centros docentes
dispondrán las medidas educativas para que los alumnos cuyos padres
o tutores hayan manifestado su voluntad de no cursar enseñanzas de
religión reciban la adecuada atención educativa, a fin de que la
elección de una u otra opción no suponga discriminación alguna.
Dichas medidas deberán ser incluidas en el respectivo proyecto
educativo del centro para que padres y tutores las conozcan con
anterioridad".
"4.Los padres o tutores que
manifiesten la voluntad de que sus hijos o tutelados reciban
enseñanzas de religión podrán elegir entre las de religión católica,
las de aquellas otras confesiones religiosas con las que el Estado
tenga suscritos Acuerdos Internacionales o de Cooperación en materia
educativa, en los términos recogidos en los mismos, o la enseñanza
de historia y cultura de las religiones".www.cadenaser. 01.11.06
Los propagandistas católicos eligen
presidente a Alfredo Dagnino
La jerarquía del
catolicismo español mueve otra ficha en su reparto de poder entre
laicos después de la sustitución del monseñor Bernardo Herráez por
el seglar Alfonso Coronel de Palma al frente de la Cadena Cope. Este
presidía desde hace ocho años la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP) y la Fundación universitaria San Pablo-CEU.
Será sustituido por Alfredo Dagnino Guerra, abogado en ejercicio,
letrado del Consejo de Estado y consejero de COPE.Elegido por la
Asamblea General de la ACdP, la primera comparecencia pública de
Dagnino será mañana, para presentar el VIII Congreso Católicos y
Vida Pública, que cada año exhibe la fuerza del movimiento fundado
en 1909 por el jesuita Ángel Ayala y el seglar Ángel Herrera Oria,
entonces jovencísimo abogado de Estado metido a empresario de prensa
católica y más tarde un eclesiástico que llegó, promovido
generosamente por el dictador Franco, a cardenal romano desde la
sede episcopal de Málaga.La ACdP, erigida por la Conferencia
Episcopal como asociación con personalidad jurídica eclesiástica y
civil, posee a través de la Fundación San Pablo-CEU universidades en
Madrid, Barcelona y Valencia con 28 centros, 3.000 profesores y
28.000 alumnos. Los propagandistas fueron, además, fundadores de la
desaparecida Editorial Católica y participaron activamente en
política, especialmente en la formación de la Confederación Española
de Derechas Autónomas (CEDA) durante la II República, y de la UCD
que lideró Adolfo Suárez entre 1977 y 1991.
www.elpais.es
15.11.06
Cotino rechaza explicar cuánto costó la visita del Papa a Valencia
El Consell no
quiere ni oír hablar de la visita que el Papa realizó a Valencia a
principios de julio. Especialmente, del coste que supuso para las
arcas públicas. Si la semana pasada el consejero de Economía,
Gerardo Camps, decía que no le "corresponde" informar sobre el gasto
del Consell para la estancia de Benedicto XVI e incluso aseguraba no
ser conocedor de estos datos, ayer
el titular
de Agricultura, Juan Cotino,
uno de los miembros del ejecutivo valenciano más implicado en la
organización del evento, se negó a responder sobre esta cuestión. No
dio opción ni a formular la pregunta.La actitud de Cotino va en
consonancia con la que ha mantenido el Consell desde la visita del
pontífice. El Gobierno de Camps, que no dudó en realizar todo tipo
de cálculos sobre el beneficio que supondría una visita que iba a
atraer hasta Valencia a 1,3 millones de turistas que gastarían entre
60 millones y 70 millones, se ha mostrado hermético a la hora de
informar sobre el gasto que el evento ha supuesto. Sólo la alcaldesa
de Valencia, Rita Barberá ha informado de la aportación municipal,
2,36 millones. A falta de cifras oficiales, los socialistas
valencianos han estimado que la estancia papal y el Encuentro
Mundial de las Familias que le precedió pueden haber supuesto un
desembolso de 60 millones de euros. Publicado en
www.elpais.es
08.08.06
El Arzobispado de Madrid
reprocha a Gallardón que case a una pareja gay
El
Arzobispado de Madrid ha recordado hoy al alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón, que mañana casará a una pareja de homosexuales, que
el matrimonio sólo puede ser contraído por personas de distinto
sexo. Además, le advierte de que la doctrina de la Iglesia obliga a
todos los fieles católicos, incluidos "los políticos católicos". Por
su parte, el secretario general del Grupo Popular ha señalado hoy
que este "desafío" debe tener "consecuencias políticas".En una nota
de prensa, el Arzobispado ha dicho que "el matrimonio no puede ser
contraído más que por personas de diverso sexo: una mujer y un
varón", como expuso Benedicto XVI en el V Encuentro Mundial de las
Familias celebrado en Valencia. "La verdad sobre el matrimonio debe
ser respetada y promovida por la legislación civil y no son
aceptables ni las equiparaciones de las llamadas uniones
homosexuales con el verdadero matrimonio, ni mucho menos una
definición legal del mismo, como ocurre en la vigente legislación
española", explica la institución eclesiástica en el comunicado.
Para el Arzobispado, la legislación permite que el matrimonio "deje
de ser considerado jurídicamente como la unión del hombre y la mujer
quedando así vaciado de su valor y de su contenido insustituible
para el bien común, que exige como base ineludible el verdadero
matrimonio y la familia"."Esta doctrina obliga a todos los fieles
católicos, incluidos los políticos católicos según la
responsabilidad que les es propia, a tener especialmente presente
que todo reconocimiento legal, teórico y práctico de las llamadas
uniones homosexuales contribuye a ofuscar valores fundamentales que
no sólo pertenecen a los creyentes, sino al patrimonio común de la
Humanidad", concluye el Arzobispado de Madrid.
Publicado en
www.elpais.es 28.07.06
Nota del
Arzobispado de Madrid sobre el acto legal de la unión de dos
personas del mismo sexo presidido por el Alcalde de Madrid
Madrid,
Infomadrid,
28/7/2006.-
Ante la noticia ampliamente difundida
por los medios de comunicación social de que el Excmo. Sr. Alcalde
de Madrid presidirá próximamente el acto legal de la unión de dos
personas del mismo sexo, el Arzobispado de Madrid se ve en la
obligación de recordar a la opinión pública la doctrina de la
Iglesia sobre esta materia, expuesta en repetidas ocasiones y
recientemente confirmada por Benedicto XVI en el V Encuentro Mundial
de las Familias, celebrado en Valencia, con el fin de evitar la
confusión y el escándalo, especialmente de los católicos y entre
otros ciudadanos de buena voluntad.
1) El matrimonio no puede ser contraído más que por personas de
diverso sexo: una mujer y un varón. Benedicto XVI ha reiterado la
enseñanza de la Iglesia que afirma el respeto a la maravillosa
realidad del matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer,
origen de la familia y ámbito donde el ser humano puede nacer con
dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral.
2) La verdad sobre el matrimonio debe ser respetada y promovida por
la legislación civil. No son aceptables, por tanto, ni las
equiparaciones de las llamadas uniones homosexuales con el verdadero
matrimonio, ni mucho menos una definición legal del mismo, como
ocurre en la vigente legislación española, en la que deja de ser
considerado jurídicamente como la unión del hombre y la mujer
quedando así vaciado de su valor y de su contenido insustituible
para el bien común. El bien común de todos exige como base
ineludible el verdadero matrimonio y la familia.
3) Esta doctrina obliga a todos los fieles católicos, incluidos los
políticos católicos según la responsabilidad que les es propia;
éstos deben tener especialmente presente que todo reconocimiento
legal teórico y práctico de las llamadas uniones homosexuales
contribuye a ofuscar valores fundamentales que no sólo pertenecen a
los creyentes, sino al patrimonio común de la Humanidad.
Gallardón celebrará su
primera boda gay con la ausencia de dirigentes del PP
Alberto Ruiz Gallardón celebrará mañana su primera boda homosexual:
la del militante del PP Javier Gómez y su novio, Manuel Ródenas. A
la ceremonia no acudirán ni la ex ministra Ana Pastor -miembro de la
Ejecutiva del partido- ni Esperanza Aguirre, presidenta de la
Comunidad y del PP de Madrid, ambas invitadas. El concejal
socialista Pedro Zerolo ha tachado la iniciativa del alcalde de
"oportunista e hipócrita", mientras la asociación estatal de gays
reclama al PP que retire el recurso de inconstitucionalidad contra
la ley que permite las bodas homosexuales.Además y por su parte, el
diputado del PP y secretario general del Grupo Popular en el
Congreso, Jorge Fernández Díaz, acusó hoy de "desleal" al alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, por anunciar su intención de oficiar
una boda entre homosexuales este fin de semana. A su juicio, este
"desafío" del primer edil madrileño "debe tener consecuencias
políticas".Fernández Díaz recordó que el PP votó en contra de la ley
que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y también ha
presentado un recurso de inconstitucionalidad, por lo que el alcalde
"tiene la obligación de ser leal con su partido, sea o no
católico"."El señor Ruiz Gallardón, que es un dirigente destacado
del Partido Popular, tiene que ser leal al partido, con
independencia de que sea católico, mahometado o mormón. Ese es su
problema, pero tiene la obligación de ser leal con su partido y
acatar sus decisiones", enfatizó.En este sentido, Fernández Díaz
insistió en que si finalmente el alcalde madrileño oficia esta boda
homosexual irá "en contra de la decisión adoptada por los órganos de
gobierno del PP", lo que constituiría "una profunda deslealtad" que
"desde luego debe tener consecuencias políticas".Alberto
Ruiz-Gallardón celebrará mañana su primera boda homosexual: la del
militante del PP Javier Gómez y su novio, Manuel Ródenas. A la
ceremonia no acudirán ni la ex ministra Ana Pastor -miembro de la
Ejecutiva del partido- ni Esperanza Aguirre, presidenta de la
Comunidad y del PP de Madrid, ambas invitadas. El concejal
socialista Pedro Zerolo tachó ayer la iniciativa del alcalde de
"oportunista e hipócrita". La asociación estatal de gays reclamó al
PP que retire el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que
permite las bodas homosexuales.
Javier Gómez, coordinador del Grupo de Lesbianas y Gays del PP, y
Manuel Ródenas, responsable del programa de asesoramiento para gays
de la Comunidad de Madrid, no tendrán una boda como la que vivieron
hace tres meses el concejal de Cultura de Orense, José Araújo, del
PP, y su novio. A aquel enlace acudió la plana mayor del partido en
Galicia; a éste han declinado asistir la presidenta del PP
madrileño, Esperanza Aguirre, y otros señalados dirigentes
populares.
Gómez
y Ródenas han llevado la preparación de su enlace con sigilo. Los
invitados no iban a saber hasta dos días antes el lugar y el día.
"Es algo íntimo y los medios no están invitados", contaba ayer
Ródenas, tras publicar el diario El Mundo la fecha de la
celebración. "No sabemos quién lo ha filtrado. Prefiero no pensar en
la posibilidad de que haya sido el partido. Pero, una vez conocido,
hemos preferido contarlo", reconocía.
Fuentes del entorno de los novios indicaron que desde la dirección
del PP se ha desaconsejado la asistencia de los miembros del partido
invitados, algo que Ródenas negó.
Entre
esos invitados están Esperanza Aguirre y la ex ministra Ana Pastor,
además de Rodrigo Rato, que se encuentra fuera de España. Aguirre
explicó: "Me alegro mucho por ellos, pero no puedo ir. Me había
comprometido antes para asistir a la boda de José Ignacio Echániz
[ex consejero de Sanidad] en Salamanca . Les he mandado un regalo,
unas mesas para la casa, que es el regalo que hago en todas las
bodas. También he hablado con ellos".
A la
pregunta de si hay alguna indicación del PP para que no asistan los
dirigentes del partido, la presidenta respondió: "No lo sé, lo que
no creo es que les haya gustado que les case Alberto
[Ruiz-Gallardón]". Aguirre fue la única voz del PP que públicamente
se mostró en contra del recurso presentado por la dirección de su
partido ante el Tribunal Constitucional contra la ley que permite el
matrimonio homosexual. El alcalde se ha limitado a señalar que, aun
recurrida, esa ley está en vigor y "hay que cumplirla".
Por
su parte, Ana Pastor explicó que recibió la invitación el 19 de
julio. "Pero llamé a Javier para comunicarle que no podría asistir
porque en esas fechas estaría en Galicia", señaló.
Francisco Granados, secretario regional del PP, desmintió que haya
habido consignas de Génova. "Les he mandado un regalo y he estado
con ellos, pero me marcho a Marbella este fin de semana", dijo.
Quien sí asistirá es Luis Asúa, concejal del distrito Centro y único
invitado del equipo de gobierno, según un portavoz municipal.
El
socialista Pedro Zerolo exigió ayer "coherencia" a Gallardón para
que "retire de inmediato el recurso interpuesto por el PP", ya que,
de lo contrario, "su decisión de oficiar la ceremonia no puede ser
calificada sino de oportunismo político". "Nosotros aprobamos las
leyes a las que el PP se opone, y luego ellos las usan", subrayó.
La
presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales
y Bisexuales, Beatriz Gimeno, afirmó que los miembros del PP que
vayan a la boda, incluido el alcalde, estarán incurriendo "en un
acto de hipocresía política". Eso sí, excluyó al propio Javier
Gómez: "Es un amigo y un activista gay. Ha hecho mucho para que se
pueda ejercer este derecho".Publicado
en
www.elpais.es 28.07.06
El PP y el Opus Dei controlan la
organización de la visita del Papa
Destacados dirigentes del PP y del Opus Dei han asumido las tareas clave
de la organización del Encuentro Mundial de las Familias 2006, en cuyo
cierre participará, a partir de mañana, Benedicto XVI. El instrumento
para ello es una fundación específica presidida por el arzobispo de
Valencia, Agustín García Gasco, y el presidente valenciano, Francisco
Camps, creada en enero de 2005 e integrada por destacados miembros de la
jerarquía eclesiástica, de la prelatura y de la Administración del PP,
sin presencia de la oposición socialista. La mochila del peregrino
incluye un libro sobre los logros de la Generalitat.
Tras García Gasco
y Francisco Camps se sitúan en el escalafón la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberà, el presidente de la Diputación (también del PP), el obispo auxiliar
Esteban Escudero y el vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos.
En la primera
reunión de la fundación se designaron dos comisionados para la coordinación del
encuentro y la visita papal, ambos miembros del Opus Dei: Enrique Pérez Boada
(militante del PP y director del Institut Valencià de Finances) y Antonio Corbí,
secretario del arzobispo de Valencia.
Dependientes de
la fundación se crearon oficinas y áreas de trabajo, que en muchos casos claves
para la organización se asignaron a destacados miembros de la prelatura fundada
por José María Escrivá de Balaguer y afiliados al PP. Es el caso de Javier Arnal
(delegado de Televisión Valenciana en Castellón) en el área de comunicación; de
Manuel Lacomba, en acreditaciones; Francisco Borrás, en alojamiento y del
concejal en Valencia Miguel Domínguez, como responsable de seguridad. Todos
ellos están coordinados por la persona a la que se considera hombre fuerte de la
organización, el consejero, ex director general de la Policía y opusdeísta Juan
Cotino.
La oficina de la
prelatura en Madrid señaló ayer que la posible presencia de miembros del Opus
Dei en el comité organizador se produce, en todo caso, "a título exclusivamente
individual". Lo único que ha hecho la prelatura "como institución", añadieron
las fuentes, "es decirle a la gente de la Obra en España, y supongo que en otros
países, que hay una visita y que todo el que pueda que pida, que mire a Valencia
con especial cariño este fin de semana y que el que pueda ir, que vaya".
"El Opus Dei es
una institución de la Iglesia y, como tal, es normal que colabore, pero ni ha
pretendido tener un mayor protagonismo que las demás, ni hay sombras alargadas,
ni nada en absoluto".
La misma
respuesta ofreció Javier Arnal, miembro del Opus y encargado hasta hace unas
semanas de la comunicación: "Si vas analizando ves que hay gente de movimientos
parroquiales, gente que no pertenece a ningún movimiento, legionarios de cristo,
neocatecumenales, y también gente del Opus Dei. La gente se fija en uno o dos
nombre y habla de fuerte presencia, pero yo creo que hay una fuerte presencia de
todos los católicos", afirmó. Tanto el obispo auxiliar Esteban Escudero como el
comisionado Pérez Boada declinaron ayer hablar con EL PAÍS por cuestiones de
agenda.
Algunos
colectivos cristianos, laicos y religiosos, han criticado que el papel de los
políticos en la visita del Papa y cierto enfoque turístico habría
"invisibilizado cuestiones medulares sobre el papel de la familia en la
sociedad".
La relación entre
la jerarquía eclesiástica y el PP valencianos ha llegado hasta el punto de que
el arzobispo ha defendido la competencia técnica de Televisión Valenciana frente
a las propuestas de Televisión Española para cubrir la visita del Papa. Y
también las consecuencias favorables que el encuentro tendrá para el turismo en
la ciudad.
El presidente de
la Generalitat, por su parte, ha llamado a participar en el congreso católico.
El propio Camps, cuatro de sus consejeros y la alcaldesa Barberá presidieron el
pasado 24 de junio la entrega de credenciales a los voluntarios de la visita
papal, a los que calificaron de "lo mejor que tiene Valencia y España", tras lo
cual proclamaron a Valencia "capital de la cristiandad". La alcaldesa hubiera
abierto formalmente el encuentro religioso -cuya inauguración fue suspendida por
el accidente en la línea 1 del metro-, mientras que García Gasco presidió la
semana pasada la inauguración de una obra civil en una céntrica plaza de la
ciudad.
El intercambio de
teóricos papeles ha sido continuo. Mientras el consejero Juan Cotino pide "al
pueblo de Madrid que esté en la visita del Papa", García Gasco afirma que se han
escogido para los actos del encuentro "lugares muy emblemáticos para que nuestra
ciudad pueda lucir ante el mundo con todo su esplendor", refiriéndose a la
Ciudad de las Artes y las Ciencias, escenario central de la visita de Benedicto
XVI. La propia "mochila del peregrino" incluye un libro sobre las acciones
realizadas por la Generalitat al tiempo que el arzobispo ha multiplicado las
críticas al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Publicado en www.elpais.es
07.07.06
El presidente de los obispos asegura
que "la sociedad española está moribunda"
Los
españoles están acobardados, narcotizados, miedosos. Es el
diagnóstico del episcopado, que ayer empezó a calentar el ambiente
ideológico en Valencia, en espera de la visita del Papa, este
próximo fin de semana, para cerrar el V Encuentro Mundial de las
Familias. "La sociedad española está apagada, moribunda, y no se
siente responsable de su futuro", opina el presidente de la
Conferencia Episcopal y obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez. Su
vicepresidente, el cardenal Antonio Cañizares, ve a los católicos
acobardados, y les pide que no tengan miedo.
Ayer
fue un día de grandes pronunciamientos teológicos y pastorales en el
Encuentro Mundial de las Familias, donde se desarrollan tres grandes
congresos internacionales (uno teológico-pastoral con cardenales y
pensadores de todo el mundo, y dos sobre la juventud y los abuelos)
como preparación a la llegada de Benedicto XVI. Pero el interés
informativo en la Feria de Muestras de Valencia lo acapararon, en
distintos pabellones, los máximos dirigentes de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), el obispo Blázquez, presidente, y el
cardenal de Toledo, Cañizares.
El
primero presentó a mediodía un grueso libro de la CEE con las
pastorales de los obispos sobre la familia en los últimos años, y en
una breve reunión posterior con los periodistas rehusó contestar a
preguntas de matiz político en torno a las relaciones
Iglesia-Estado. Lo había hecho antes, con creces, en una entrevista
al semanario italiano Famiglia cristiana, y las agencias de
prensa rebotaban a esa hora sus declaraciones.
"La
sociedad ha permanecido más bien indiferente ante las decisiones de
Zapatero", dice allí en referencia a las leyes sobre matrimonios
homosexuales y divorcio rápido. "Las reformas del Gobierno
socialista han sido apoyadas por una pequeña parte de la sociedad,
mientras los católicos se han opuesto. El problema es que buena
parte de la sociedad no considera que la cuestión tenga una
importancia decisiva. Y esa es la señal de que la sociedad española
está apagada, moribunda, y no se siente responsable del propio
futuro", añade.
Acerca de la visita de Benedicto XVI, el líder episcopal español
señala que el presidente del Gobierno "quizá participará incluso en
la misa" papal del 9 de julio. "Ciertamente existe una disparidad
completa en la visión de las cosas entre el Gobierno español, de un
lado, y la Santa Sede y la Conferencia Episcopal, de otro, pero no
creo que se reproduzca el enfrentamiento. La Iglesia dirá lo que
piensa y Zapatero seguramente escuchará de los labios del Papa
algunas cosas sobre lo que ha aprobado el Parlamento español".
Tres
horas antes, en su conferencia en el congreso teológico y ante más
de 1.000 personas el cardenal Cañizares no había mostrado mejor
estado de ánimo ante la situación española. Dijo el vicepresidente
de la Conferencia Episcopal: "Hoy la familia no lo tiene fácil para
llevar a cabo su cometido porque hay mucho prejuicio y sospecha
contra ella. Se piensa que la familia es incapaz de educar, de
formar la personalidad de los hijos; se piensa que otras
instituciones de la sociedad y aún de la misma Iglesia han de hacer
por los hijos lo que la familia no puede hacer. Muchos padres se
encuentran hoy desalentados, han dimitido de su labor educadora; y
no digamos nada de la transmisión de la fe; se sienten impotentes o
piensan que ese cometido lo han de ocupar otros".
El cardenal de Toledo y primado de España también se reunió más
tarde con la prensa para expresarse con más contundencia. Manifestó
su deseo de que la visita del Papa sirva para favorecer "cambios
legislativos" en el tratamiento de la familia en España; reiteró la
idea de que las "leyes injustas" que ha aprobado este Ejecutivo no
deben ser "obedecidas", y definió el objetivo principal del viaje
apostólico de Benedicto XVI: "Confirmar a los peregrinos en el
valor, la verdad y la belleza de la familia, y decirles que no están
solos".
"Para
mí, que soy un hombre de fe, no hay casualidades. Ha sido la
Providencia la que ha elegido Valencia como sede del evento", dijo
sobre el hecho de que el V Encuentro Mundial de las Familias se vaya
a celebrar en España tras los últimos cambios legislativos sobre la
familia. Por eso espera que la visita papal sirva, además, para que
las familias "estén menos acobardadas de lo que están". Benedicto
XVI "va a decirnos que no tengamos temor".Publicado
en www.elpais.es
06.07.06
Los obispos sostienen que en España
peligran "derechos fundamentales"
¿Qué está pasando
en España? Ochenta obispos se encerraron ayer en una larga asamblea
extraordinaria para responder a esa pregunta. La reunión se celebra
con un esquema de cuatro puntos: "La nueva situación: rasgos
fundamentales; implicaciones sociopolíticas concretas de esa
situación; repercusiones pastorales, y respuesta pastoral". Se
incluye una discusión sobre la unidad de España, que los prelados
conservadores creen en peligro, al igual que "derechos fundamentales
de la persona humana". Pese a todo, no habrá documento pastoral
sobre estas cuestiones.
"La situación
actual exige una reflexión especial", dijo el portavoz de la
Conferencia Episcopal, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino.
"¿Qué está pasando en todos los ámbitos en España?", se preguntó
ante los periodistas, minutos antes de iniciarse la plenaria
extraordinaria en la conocida como Casa de la Iglesia, en Madrid.
"Todos los temas que están sobre el tapete, todos: la política, la
moral, la vida humana, la cultura, la sociedad, la educación, serán
objeto de esta asamblea extraordinaria", añadió.
Ante las
especulaciones de las últimas semanas en torno a que los obispos van
a aprobar, además, un documento ya redactado en forma de
Instrucción pastoral sobre "la unidad de España como bien
moral", el portavoz dijo: "A esta plenaria no viene ningún borrador
de documento. Se trata de un diálogo plenamente abierto y libre de
los obispos, con carácter general en torno a la situación social,
cultural, política y religiosa actual de la sociedad española. Los
obispos han considerado que existe suficiente campo abierto en estos
temas como para dedicarles un análisis pastoral monográfico. No se
trata de hablar de política o de inmiscuirse en temas que no les son
propios, sino de iluminar los ámbitos en los que se desenvuelven los
cristianos", recalcó.
Preguntado sobre
las diferentes posturas en el seno del episcopado, Martínez Camino
desmintió que "exista división". "Pocas veces la Conferencia
Episcopal ha estado tan unida como ahora. Siempre hay diferentes
opiniones en lo accidental o de matiz, no en lo fundamental, pero
nunca ha estado la Conferencia Episcopal tan unida como ahora",
insistió.
El primer signo de
desacuerdo se produce precisamente en torno a la finalidad de la
propia asamblea extraordinaria. Salvo sorpresa de última hora, la
larga reunión concluirá sin que los obispos hayan aprobado, para
publicar el viernes próximo, una Instrucción pastoral sobre
la unidad de España, ni sobre otro tema cualquiera de polémica
actualidad, como en los últimos meses han reclamando con ahínco los
cardenales Antonio María Rouco (Madrid) y Antonio Cañizares
(Toledo). El propio portavoz episcopal, adscrito al sector más
combativo y conservador de la conferencia, descartó que vaya a haber
un documento final. "Es probable que no lo haya. Un documento no se
improvisa. No está previsto, ni excluido. La decisión la tienen los
obispos; la asamblea es soberana", dijo.
En todo caso,
Martínez Camino defendió el derecho de los obispos a opinar sobre lo
que quieran, también sobre la unidad de España. "Todas las cosas de
la vida el hombre son objeto de la teología. El magisterio de los
obispos abarca a todas las cuestiones de fe y moral", dijo citando a
Tomás de Aquino. Antes había quitado igual derecho a las Cortes
Españolas. "El Parlamento no es una autoridad moral, es una
institución política. Nadie más puede legislar que él, y sus leyes
deben cumplirse si son justas, pero no es una institución moral",
remachó.
Un síntoma de por
dónde pueden ir las cosas en esta asamblea episcopal, y sobre qué
sector es ahora el mayoritario en la Conferencia Episcopal, es que
elegido como relator o portavoz de la comisión encargada de
organizarla es el arzobispo de Navarra, Fernando Sebastián. Tiene 75
años y espera que Roma le jubile muy pronto, pero sigue siendo el
peso pesado
del episcopado español en cuestiones doctrinales y políticas
desde los tiempos del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, del que
fue estrecho colaborador. Ahora se ha convertido en el gran valedor
del actual presidente, el moderado obispo de Bilbao, Ricardo
Blázquez, frente al vicepresidente y primado de Toledo, el cardenal
Cañizares, y el ex presidente Rouco.
www.elpais.es
22.06.06
" El Parlamento no es
una autoridad moral"
La Asamblea
Extraordinaria de la
Conferencia Episcopal
que se ha iniciado hoy
no estudiará un borrador
de documento sobre la
unidad de España. Al
menos, eso es lo que
asegura el portavoz de
la Conferencia, Martínez
Camino, quien ha
detallado un orden del
día dominado por los
asuntos políticos.
A pesar de que no hay
borrador, lo que sí ha
confirmado el portavoz
de los obispos es que se
ha creado una ponencia
sobre la unidad de
España.En cuanto al
orden del día, se
analizará, en palabras
de Martínez Camino, "la
situación política, la
legislación actual y la
situación cultural y
ambiental". Todo ello,
desde una perspectiva
moral. En este sentido,
el portavoz ha aclarado
que "el Parlamento no es
una autoridad moral, es
una institución
política. Y la
Conferencia Episcopal en
absoluto quiere
sustituirlo para
legislar. Las leyes de
un Parlamento legítimo
deben ser acatadas". Sin
embargo, a renglón
seguido, Martínez Camino
ha hecho una precisión
inquietante: "Las leyes
justas".
Los dos sectores del
episcopado español, el
aperturista y el
conservador y
mayoritario, han vuelto
a mostrar sus
diferencias en relación
con dicho documento
sobre la unidad de
España.El obispo de
Málaga, monseñor Antonio
Dorado, había asegurado
no saber nada del
documento y añade que
"no creo que sea un
documento de esta
Asamblea". Por su parte,
los prelados catalanes y
vascos no parecen muy
felices con esta
iniciativa de la Iglesia
española.Sin embargo, el
obispo de Jerez,
monseñor Juan del Río,
no dudaba en calificar
de "oportuna" la
iniciativa de que la
Conferencia Episcopal se
pronuncie a favor de la
unidad de España, ya que
supone "la sensibilidad
de los obispos de estar
cercanos al pueblo".
Publicado en
www.cadenaser.com
21.06.06
Los obispos irán al
Supremo si se cambia el
estatus de sus docentes
de religión y moral
El Gobierno y los
obispos siguen sin
encontrar una solución
al conflicto de los
profesores de religión y
moral católica en la
escuela pública. Ayer se
escenificó el conflicto
con cruce de
declaraciones
contradictorias. Por la
mañana, el cardenal
Antonio
Cañizares,vicepresidente
de la Conferencia
Episcopal y primado de
Toledo, anunció que el
episcopado había llegado
a una "base de acuerdo"
con el Ministerio de
Educación para aplazar
por un año, hasta el
curso 2007, la
aplicación de la
disposición adicional 3
de la Ley Orgánica de
Educación (LOE), que
mejora el estatus
laboral del profesorado
de catolicismo, y por la
tarde el anuncio del
prelado fue rechazado
por el subsecretario del
ministerio, Fernando
Gurrea.
"No hay ningún tipo de
acuerdo de demorar o de
aplazar nada. Las leyes
entran en vigor a los 20
días de su publicación.
Eso quiere decir que esa
norma entró en vigor el
24 de mayo", dijo
Gurrea. Más tarde fue la
ministra de Educación,
Mercedes Cabrera, quien
recordó, en
declaraciones a EFE, que
la disposición adicional
3 de la LOE recoge una
serie de compromisos con
los profesores de
religión que "forman
parte de la ley", es
decir, que son ya
irreversibles. Sin
embargo, la ministra
dijo que existe "un
margen de búsqueda de
acuerdos que sigue
abierto".
El cardenal Cañizares
había dicho que la
Iglesia católica está
dispuesta a recurrir al
Tribunal Supremo si no
se respetan los acuerdos
de 1979 entre el Estado
y el Vaticano. La
ministra Cabrera, que
comparecía en la
Comisión de Educación
del Senado, precisó que
su departamento va a
tratar "por todos los
medios de encontrar
puntos de convergencia
con el máximo respeto" a
todas las disposiciones
de la LOE. El diálogo
con los obispos
continuará en una
reunión a finales de
junio y otra en julio,
dijo.
Cañizares hizo sus
declaraciones en una
conferencia sobre
Familia, educación y
vida desde la fe en
España, en el curso
de verano de la
Universidad CEU-San
Pablo y la Fundación
García Morente. La
disposición adicional 3
de la LOE, que establece
el régimen laboral de
los docentes de
religión, sostiene que
su remoción se deberá
ajustar a Derecho
(básicamente, Estatuto
de los Trabajadores),
mientras que los
acuerdos con el Vaticano
delegan en los obispos
la potestad de
contratarlos o
despedirlos, sin
necesidad de motivar sus
decisiones. Cientos de
sentencias han condenado
a la Administración y al
episcopado por despidos
sin causa, o
justificados en que un
docente se casó por lo
civil, otro participó en
huelgas legales o alguno
ejerce la política en
partidos de izquierda.
Otro motivo de conflicto
es la asignatura
alternativa a la
religión. Cañizares dijo
que el proyecto del
Gobierno -Educación para
la Ciudadanía, se
llamará- "está inmerso
en una ideología de
género, en una ideología
feminista", y que va "en
contra del carácter de
los centros católicos".Publicado
en
www.elpais.es 15.06.06
VicepTE de los obispos:
“Cómo se puede decir no
a la guerra, no a la
violencia doméstica y
decir sí al aborto”
Escucha al susodicho
: “Cómo se puede
decir no a la guerra,
decir no a la violencia
en los hogares y decir
sí al aborto”
El cardenal Antonio
Cañizares ha utilizado
un tono apocalíptico en
el curso de verano de la
Universidad San Pablo de
Madrid. El cardenal
primado ha explicado que
España es el país
europeo donde la familia
está menos protegida.
También ha denunciado
que existe una cultura
de lo laico que pretende
arrinconar a los
católicos. Cañizares ha
llegado a comparar el
aborto con la violencia
de género y la guerra de
Irak. “Cómo se puede
decir no a la guerra,
decir no a la violencia
en los hogares y decir
sí al aborto”. Para
el vicepresidente de los
obispos españoles,
nuestro país se encamina
hacia el precipicio
moral con leyes como la
LOE o la de uniones
homosexuales.
Publicado en el www.cadenaser.com
14.06.06
Cañizares y Rajoy reivindican los valores de la derecha.Junto al ex embajador en el Vaticano
La presentación en sociedad de las memorias del ex embajador de España en la Santa Sede, Carlos Abella, sirvió para reivindicar las políticas del Gobierno de José María Aznar y abordar las etapas por las que han pasado las relaciones del Estado español con el Vaticano. Este lanzamiento contó con la presencia, como introductores de honor, de Rajoy y el cardenal Cañizares. Asimismo, estuvo la plaga mayor del PP a la cabeza de Ana Botella, Trillo y Álvarez del Manzano, entre otros. Además, de Alfonso Coronel de Palma, nuevo presidente de la COPE. Usando como punto de apoyo el contenido de estas Memorias confesables de un embajador en el Vaticano, Abella coincidió con Mariano Rajoy, líder del PP y el cardenal y arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, en abordar cuestiones tan actuales como la negociación con ETA o la asignatura pendiente de religión.
“Lucha contra el terrorismo”
Al respecto, el líder del PP no dudó en reivindicar como la ley de Partidos es “el instrumento más eficaz en la lucha contra el terrorismo”, que en su opinión se encuentra “en tela de juicio”.
Rajoy acusó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de actuar con “sectarismos” ante la Iglesia y los católicos, quienes se “merecen el respecto y la consideración que algunos se han empeñado en negar”. A la vez que exigió que “las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno de España tienen que ser respetuosas”.
Habla Cañizares
Por su parte, el arzobispo de Toledo se sirvió también de los recuerdos del ex embajador en la Santa Sede para reincidir en la defensa del estatut de una asignatura confesional, que se “consiguió solucionar” durante la presencia de Aznar en la Moncloa, pero que ahora está en peligro con la nueva reforma socialista.
El cardenal Cañizares hizo referencia en varias ocasiones a la unidad de España, que vinculó al proyecto de los Reyes Católicos, y no dejó pasar la oportunidad para destacar un pasaje de las memorias en las que Carlos Abella comenta las dificultades con las que tuvo que lidiar ante la presencia en la Santa Sede de “presuntos representantes de los nacionalismos catalán y vasco”.
Apoyo a las víctimas
Cañizares tampoco podía dejar pasar la oportunidad para referirse a ETA. El prelado aludió a la condena explicita de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI del terrorismo de ETA y “a su apoyo incondicional a las víctimas que lo han padecido”.
La plaga mayor del PP
Asimismo, hablaron el ex ministro de Defensa, Federico Trillo; la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, y el ex alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano. Como representantes del Partido Popular, recibieron con alborozo las duras críticas que el ex embajador lanzó contra Zapatero, junto a las alabanzas que Abella hizo al líder de la oposición, al que llamó en varias oportunidades, "presidente Rajoy".
Los valores de los
conservadores
Carlos
Abella agradeció
abiertamente la firmeza
de valores del líder del
PP, frente a "otros que
han desatado una
tormenta por no mantener
sus compromisos ante las
Cortes y los españoles".
Asimismo, expresó su
"confianza en el
patriotismo, pericia y
buena fe" de Mariano
Rajoy, para que "podamos
volver a encontrar
pronto el norte".
Regocijo
Pocos
minutos antes, el
presidente popular se
remitía, para regocijo
del público, a las
diferencias entre la
manera de gobernar del
anterior inquilino de la
Moncloa y los actuales
ocupantes. "Cuando
Abella era embajador,
había una política
exterior en España, en
Europa se defendían
nuestros intereses y
teníamos relaciones
normales con todo el
mundo: nos recibían en
la primera potencia del
mundo y en la Santa
Sede.
Abella se fue
en mayo del 2004 y, a
partir de entonces, no
nos reciben, se nos
abren expedientes y
hemos dejado de hacer
negocios en
Latinoamérica". En
declaraciones recogidas
en La Vanguardia.WWW.ELPLURAL.COM
14.06.06
Nota de la asamblea de
los obispos del Sur de
España sobre el nuevo
Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Andaluza
1. Al concluir nuestra
CIV Asamblea Ordinaria,
los Obispos de las diez
diócesis andaluzas
queremos expresar
nuestra preocupación por
las consecuencias que
pudiera tener para la
vida y para el futuro de
las personas y las
familias andaluzas la
reforma del Estatuto de
Autonomía, recientemente
aprobada por el
Parlamento Andaluz, en
los términos en que
dicha reforma está
planteada (BOPA, n. 430,
4 de mayo del 2006).
Se trata de reformar
la norma emanada de la
Constitución de 1978,
que ordena la
convivencia de todos los
andaluces dentro de la
Nación Española.
Precisamente porque se
trata de la reforma de
una norma de indudable
trascendencia para los
ciudadanos de Andalucía
y su relación con los
del resto de España,
hubiera sido necesario
que esta reforma
respondiera, tanto a un
deseo colectivo de los
andaluces, como a un
amplio consenso de las
fuerzas políticas para
llevarla a cabo.
Igualmente, un texto
de este alcance tendría
que ser muy sensible a
los aspectos de
solidaridad social entre
los españoles que
inevitablemente están
implicados en él.
Hubiera sido muy
conveniente un debate
más sosegado, sereno y
plural que propiciara el
nivel de consenso que se
alcanzó durante la
transición. Ante la
ausencia de estas
condiciones, nuestra
preocupación es
comprensible.
2.
Junto a la falta de
consenso y de debate
social sobre la reforma,
el texto que ha sido
aprobado por el
Parlamento Andaluz
adolece de graves
deficiencias en su
articulado. Nos preocupa
de forma particular su
carácter fuertemente
intervencionista, que no
respeta el “principio de
subsidiariedad”, propio
de una sociedad
participativa.
Este principio
fundamental en la
Doctrina social de la
Iglesia, recordado por
Benedicto XVI en el
Ángelus del 30 de abril
de 2005, es necesario
para que la
Administración del
Estado no ahogue las
iniciativas de alcance
público de los cuerpos
intermedios de la
sociedad civil. Cuando
no se respeta este
principio fundamental,
la sociedad se ve
abocada al totalitarismo
estatalista de las
Administraciones
públicas.
3. Por
lo que se refiere a la
declaración de derechos
y deberes, aunque no es
nuestro cometido
pronunciarnos sobre la
pertinencia jurídica de
que esta declaración
forme parte de un
Estatuto de autonomía,
puesto que una tal
declaración es parte
sustancial de la
Constitución, sí que nos
vemos obligados a
observar que algunos de
los artículos del
Estatuto son objeto de
honda preocupación..
4. El texto aprobado
puede servir para dar
protección jurídica a
atentados muy graves
contra la vida humana
desde su concepción a su
acabamiento natural.
Tampoco protege de modo
adecuado a la familia, y
desvirtúa la realidad
natural y genuina del
matrimonio, al equiparar
con él otro tipo de
uniones. Esta
equiparación al
matrimonio de uniones
que no lo son es
contraria a la razón y
tiene gravísimas
consecuencias, pues
destruye el entramado
natural del tejido
social. Es también
contraria a la
revelación de Cristo,
amplia y manifiestamente
aceptada por sectores
muy amplios de nuestro
pueblo.
5. En el
campo de la educación,
el protagonismo que el
Estatuto concede a la
Administración, y a la
escuela de titularidad
estatal, puede resultar
excluyente de cualquier
otra iniciativa, y puede
también someter la
educación de iniciativa
social financiada por la
Administración a
condiciones,
orientaciones y normas
que la pondrían
gravemente en peligro.
Con ello se atentaría
contra una de las
libertades fundamentales
de la persona y de la
sociedad.
6. La
definición de la
enseñanza pública como
una enseñanza laica
puede conducir de hecho
a no respetar de modo
adecuado los derechos
que asisten a los
ciudadanos, no sólo a
tener creencias y
convicciones, sino a la
práctica de la religión
de forma pública tanto
como privada. La
educación escolar en
este sentido podría
convertirse en un
instrumento contra la
libertad de pensamiento
y de expresión, y en
definitiva contra la
libertad religiosa, al
sofocar la vivencia y la
expresión religiosa de
los escolares, de la
cual son exclusivamente
responsables los padres.
7. Por otra parte,
aun reconociendo la
importante ayuda de la
Administración pública a
la conservación del
patrimonio histórico y
artístico de la Iglesia,
nos preocupa que en el
nuevo Estatuto no se
respete adecuadamente la
libertad de la Iglesia
para gestionar ese
patrimonio, de
específica finalidad
religiosa y social, que,
aun con limitaciones, la
Iglesia ha conservado y
transmitido durante
generaciones.
8.
Finalmente, sin dar
lugar a una lectura
política partidista, no
queremos dejar de
manifestar que la
redacción del Preámbulo
del Estatuto reformado
suscita en nosotros
honda preocupación. La
definición de Andalucía
como realidad nacional
relativiza un bien moral
indudable como es la
unidad históricamente
lograda de España como
nación durante siglos.
Esta unidad, reconocida
por la Constitución de
1978, ha entrelazado en
forma tal los bienes
materiales y
espirituales de todos
los españoles y su
recíproca dependencia,
que su debilitamiento o
quiebra pudiera conducir
a un daño de
consecuencias
imprevisibles
irresponsablemente
infligido al bien común,
al cual debe supeditarse
cualquier ordenamiento
jurídico.
9. Por
todo esto, aun
reconociendo cuanto de
bueno pueda suponer la
reforma del Estatuto en
orden a acrecentar la
participación ciudadana
en la vida pública,
hacemos un llamamiento a
todos los católicos
andaluces recordándoles
la obligación moral que
tienen de dar testimonio
de su fe, oponiéndose a
cualquier intento de
legislación contrario a
los derechos
fundamentales de la
persona y de los grupos
sociales tal como son
declarados y defendidos
por la doctrina social
de la Iglesia.
10. Cada uno desde la
vocación a la que ha
sido llamado y todos,
como Iglesia, y al mismo
tiempo como miembros de
la sociedad civil de
Andalucía y de España,
hemos de sentirnos
legitimados para
intervenir en el debate
social. Todos hemos de
reflexionar con libertad
a la luz del Evangelio,
sirviéndonos para ello
de los cauces legítimos
previstos en el
ordenamiento jurídico, a
fin de lograr que la
norma que ha de regir la
sociedad andaluza
responda sin
imposiciones al sentir
de los ciudadanos.
11. Los Obispos de
las Diócesis de
Andalucía esperamos que
la reforma del Estatuto
sirva para que en
nuestra Comunidad
Autónoma se tutele
adecuadamente la
dignidad de cada
persona, se garantice
efectivamente la
libertad de los
diferentes grupos
sociales y se creen los
instrumentos adecuados
para resolver las
necesidades reales de
nuestro pueblo y de
cuantos llegan hasta
nosotros buscando un
tenor de vida más acorde
con su propia dignidad.
Córdoba, a 18 de mayo
de 2006
C.
VALENCIANA : El Consell
refuerza la estructura
de la Iglesia
El Consell del PP, bajo
la presidencia de
Francisco Camps, ha
reforzado notablemente
la estructura de la
Iglesia católica en esta
legislatura. Desde que
jurara su cargo de
presidente sobre la
Biblia, cosa que no
hicieron sus
antecesores, Camps ha
impulsado la creación de
la Universidad Católica
de Valencia; ha
concedido una emisora de
televisión autonómica a
la Cope (propiedad de la
Conferencia Episcopal),
ha colocado el
monasterio de La
Valldigna como templo
espiritual de los
valencianos en el
Estatut y ha
multiplicado
exponencialmente el
dinero destinado a
restaurar el patrimonio
mueble e inmueble
propiedad de las
diócesis valencianas,
hasta alcanzar el 85%
del total de las
subvenciones e
inversiones de la
Generalitat destinadas
al patrimonio artístico.
La Iglesia católica ha
sido una de las
instituciones más
beneficiadas con la
llegada de Camps a la
presidencia de la
Generalitat. Desde la
jura de su cargo en el
pleno de las Cortes ante
el Estatut, Els Furs y
la Biblia, el presidente
de la Generalitat se ha
prodigado en gestos
hacia la Conferencia
Episcopal y sus
representantes en la
Comunidad Valenciana. De
hecho, el Consell, a
instancias de Camps, fue
una de las escasas
instituciones españolas
que guardó tres días de
duelo por la muerte de
Juan Pablo II (que
estuvo en Valencia en
1982), en los que
paralizó toda actividad
institucional.
En este contexto, Camps
ha mantenido una
relación privilegiada
con el arzobispo de
Valencia, Agustín
García-Gasco, quien ha
coincidido con el PP en
cuestiones como la
reforma del Estatuto
catalán y la unidad de
España, la posición ante
la reforma del sistema
educativo, la defensa
del trasvase del Ebro o
la legalización del
matrimonio homosexual.
A principios de
septiembre de 2003,
recién asentado en su
cargo, Camps mantuvo una
larga conversación con
García-Gasco durante una
visita a las obras de
restauración de la
basílica de la Virgen de
los Desamparados
(iniciadas en 1999). Una
conversación que,
probablemente, sirvió
para repasar el estado
del patrimonio de la
Iglesia, cuya
recuperación ya había
decidido impulsar el
Consell de Eduardo
Zaplana.
Según los propios
presupuestos de la
Generalitat, desde el
año 2002 el 85% de las
subvenciones e
inversiones dedicadas a
la recuperación del
patrimonio artístico
(casi 50 millones de
euros) se han destinado
a las fundaciones La Luz
de las Imágenes, Pere
Compte, Jaume II el Just
y Blasco de Alagón y a
la restauración de la
catedral de Castellón y
de la Basílica de los
Desamparados de
Valencia. A estas hay
que sumar otras partidas
monetarias importantes
implantadas por
instituciones gobernadas
por el PP, como la
Diputación de Valencia,
que desde 2004 ha
destinado cientos de
miles de euros a
recuperar cuadros,
retablos, órganos,
pinturas murales y
ermitorios y pequeñas
iglesias repartidas por
toda la provincia.
Otra de las áreas que
Camps ha querido
respaldar ha sido la
enseñanza inspirada en
valores cristianos.
Razón por la que no dudó
en diciembre de 2003 en
inaugurar junto al
arzobispo García-Gasco
el primer acto
organizado por la recién
creada Universidad
Católica de Valencia,
consistente en unas
jornadas tituladas
Cristianos en sociedad.
También la Universidad
Cardenal Herrera-CEU San
Pablo, que recientemente
organizó el congreso
internacional de
víctimas del terrorismo,
ha encontrado una mayor
fluidez en su relación
con la Generalitat y con
su presidente Camps.
La concesión de
licencias de televisión
digital terrestre por
parte de la Generalitat
también ha permitido a
la Administración dar un
espaldarazo a la
Conferencia Episcopal en
su objetivo de
incrementar su
influencia social y
aumentar los medios de
comunicación de
titularidad propia. Así,
el pasado mes de
diciembre, el Consell
otorgó una de las dos
licencias de televisión
de ámbito autonómico a
la Cope y cuatro de
ámbito comarcal -en
Torrent, Sagunt, Elche y
Alzira- a la firma
Libertad Digital,
propiedad de su
principal estrella
radiofónica, Federico
Jiménez Losantos.
El alineamiento del
Consell con los obispos
hizo que el
vicepresidente, Víctor
Campos, y el consejero
de Relaciones
Institucionales, Esteban
González Pons, acudiesen
a la propia emisora para
manifestarse hace pocos
meses contra la no
renovación de las
licencias de emisión de
la Cope por parte del
Gobierno catalán.
En este contexto, el
Gobierno valenciano se
ha volcado en la
organización del quinto
Encuentro Mundial de las
Familias y la visita del
Papa Benedicto XVI los
próximos 8 y 9 de julio
a Valencia. Para este
objetivo, las tres
Administraciones
gobernadas por el PP
(Generalitat, Diputación
y Ayuntamiento de
Valencia) y el
Arzobispado de Valencia
decidieron constituir a
finales de enero de 2005
una fundación para
organizar el encuentro
pastoral. Una fundación
en la que no figura el
Gobierno central, pese a
que incluye una visita
del jefe de Estado del
Vaticano y que la
oposición critica porque
permite gestionar dinero
público sin control
parlamentario.
En la Fundación V
Encuentro Mundial de la
Familia, Camps y
García-Gasco figuran
como presidentes de
honor, la alcaldesa Rita
Barberá como
vicepresidenta, el
obispo auxiliar Esteban
Escudero como presidente
ejecutivo y el
vicepresidente del
Consell, Víctor Campos,
como secretario. La
estructura se completa
con dos comisionados
para la organización, el
secretario del
arzobispo, Antonio
Corbí, y el director del
Instituto Valenciano de
Finanzas de la
Generalitat, Enrique
Pérez Boada. Aunque en
la práctica, uno de los
principales impulsores
del Encuentro Mundial de
la Familia es el
consejero de
Agricultura, Juan
Cotino, que es uno de
los pilares en la
coordinación de la
visita del Papa a
Valencia, informa
Rosa Biot. Hasta tal
punto, que Cotino ha
habilitado el local del
antiguo Instituto de
Investigaciones
Citológicas, que linda
con la consejería, para
el encuentro pastoral y
está recurriendo a
personal del
departamento de
Agricultura para
ayudarle en los
preparativos.
La visita del Papa y la
polémica de los 20
millones
Camps y su entorno -en
el que destaca un
selecto grupo de altos
cargos que profesan
sólidas convicciones
religiosas- se han
volcado en la
preparación de la visita
del Papa a Valencia y de
los actos que integrarán
el quinto Encuentro
Mundial de la Familia.
Misión para la que no
han dudado en poner toda
la carne en el asador,
tal y como diariamente
demuestra Canal 9, que
dedica espacios
específicos a la visita
de Benedicto XVI y
acreditará alrededor de
500 profesionales para
cubrir el evento. Las
obras relacionadas con
la visita del Pontífice
también son ya
evidentes. El altar
efímero de 2.000 metros
cuadrados desde donde
oficiará misa el Papa en
el barrio de
Monteolivete, junto a la
Ciudad de las Ciencias,
ya está en construcción
con un coste previsto de
600.000 euros. El Museu
Príncipe Felipe será el
lugar donde se instalen
los medios de
comunicación acreditados
y L'Hemisfèric se
adaptará para ser
utilizado como
sacristía. Las obras del
apartamento del palacio
arzobispal en el que
Benedicto XVI hará noche
y, previsiblemente,
recibirá al presidente
del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero,
también avanzan a buen
ritmo. El entorno de la
catedral, puerta
barroca, calzada, etc;
así como el viejo
seminario de Moncada,
que albergará a
cardenales y obispos,
también están en obras.
Todo ello son aspectos
visibles de un encuentro
pastoral que la propia
organización del
Encuentro Mundial de la
Familia cifra en unos 20
millones de euros,
aunque reconoce que no
hay presupuesto cerrado
porque habrá donativos
en especies, además de
los monetarios. Una
cantidad que la
organización considera
razonable si se compara
con el coste de la
Jornada Mundial de la
Juventud realizada en la
localidad alemana de
Colonia, que costó unos
100 millones de euros.
Sin embargo, este
argumentario no ha
evitado la polémica
política y social.
Por un lado, partidos
como Esquerra Unida han
criticado que, en un
Estado laico, el
Gobierno de Camps
financie con
presupuestos millonarios
un encuentro confesional
y, además, sin control
parlamentario ni
posibilidad de acceder a
las cuentas. Situación
que ha obligado a la
Consejería de Turismo a
defender los beneficios
económicos del
multitudinario encuentro
religioso. Según la
consejera Milagrosa
Martínez, los fieles y
curiosos que asistan al
Encuentro de la Familia
serán 1,3 millones, que
en poco menos de una
semana se gastarán entre
60 y 70 millones de
euros. Previsión cuya
comprobación no estará
exenta de dificultad.
Pero la polémica ha
desbordado el ámbito
político -incluidas las
fricciones entre el
Gobierno central y el
valenciano- y se ha
instalado también entre
los propios fieles.
Hasta el punto de que un
manifiesto elaborado por
un grupo de sacerdotes y
laicos cristianos de la
diócesis de Valencia ha
generado una acalorada
polémica en Internet
(www.atrio.org). En este
manifiesto se critica el
uso mediático de la
visita del Papa y la
"concepción
nacional-católica" del
Arzobispado y se pide
una aproximación del
Pontífice "más intensa y
sencilla hacia las
familias" que dé
testimonio de "la opción
preferente por los
pobres.
Publicado en
www.elpais.es 14.04.06
Antonio Cañizares
asegura que los
estudiantes fracasarán
El arzobispo de Toledo,
primado de España y
vicepresidente de la
Conferencia Episcopal
vuelve a arremeter
contra el tratamiento de
la asignatura de
Religión en la Ley
Orgánica de Educación,
contra la recuperación
de la memoria histórica
promovida por el
Gobierno e, incluso,
contra la propia
Federación Española de
Religiosos de Enseñanza
(FERE).
Según informó
ayer el diario El País, el recién nombrado
cardenal por Benedicto XVI llamó a sus
sacerdotes, diáconos y seminaristas a
movilizarse con una homilía apocalíptica. Lo
hizo durante la misa crismal, una de las
principales manifestaciones de la plenitud
sacerdotal. Calificó la actual situación de
"desierto espiritual".
Unidad resquebrajada
En una entrevista
en el semanario Alba, Cañizares realizó otras
declaraciones acordes a su trayectoria
comunicativa. Para él, “España es una unidad no
simplemente territorial. Es una unidad
histórica, cultural. Cuando se resquebraja esa
historia, esos fundamentos morales y éticos para
la vida del hombre”. Califica esto “muy grave”.
Descalificaciones a la
reforma educativa
Con la Ley Orgánica de Educación tampoco se
quedó corto. Llamó realmente “mala” y aseguró
“que tendrá consecuencias muy negativas”. Mostró
su certeza a que la reforma “no soluciona
ninguno de los problemas, ni siquiera el del
fracaso escolar de conocimiento”.
Experto
en Derecho Constitucional
Se metió en materia de juristas constitucionales
y sentenció que “en el tema de la enseñanza
religiosa, no cumple lo que reclama
verdaderamente la Constitución. Si la
Constitución señala que es necesario posibilitar
una formación religiosa y moral que los padres
pidan para sus hijos conforme a sus propias
convicciones morales y religiosas, significa que
es la única materia que la Constitución dice que
debe estar en el currículo”.
No menciona
el artículo 16.3 de la Constitución Española:
“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán
las consiguientes relaciones de cooperación con
la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Flagelación a sus profesores
Su crítica a la FERE es
tajante cuando atestigua que “ha hecho daño a lo
que es la libertad de enseñanza y a lo que era
necesario reclamar y exigir y que no se ha
cumplido”. Aún así, presupone es que ha actuado
“con buena intención” y que “han quedado
profundamente defraudados” con la nueva Ley.Además,
se pregunta “¿Qué esperaban? ¿Otra cosa distinta
a lo que se ha aprobado?”.
El fracaso de la II
República
Respecto a la recuperación de la memoria
histórica promovida por José Luis Rodríguez
Zapatero, presidente del Gobierno, el cardenal
comentó que el objetivo es “peligroso por
remover un pasado” y porque “la objetividad
histórica nos dice que la II República fue un
fracaso”.
Publicado en
www.elplural.com
13.04.06
La Conferencia Episcopal apoya la manifestación
contra la reforma educativa
Lo más granado del episcopado español está reunido
desde ayer en Madrid para preparar la batalla eclesiástica contra la
reforma educativa que el Gobierno socialista remitió antes del verano al
Congreso y que éste debatirá el próximo mes. Las relaciones de la
Iglesia católica con el Ejecutivo "no están claras", hay "muchas
dificultades para lograr acuerdos", dijo el obispo Antonio Dorado poco
antes de iniciar sus trabajos la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal, a la que pertenecen dos cardenales, siete arzobispos y trece
obispos. Dorado mostró su apoyo a la manifestación contra la reforma
educativa que prepara para noviembre la Confederación Católica de Padres
de Alumnos.
Antonio Dorado es obispo de Málaga, preside desde
marzo pasado la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia
Episcopal y no figura entre los halcones del episcopado. Pero
ayer dio por sentado que la jerarquía española apoyará todas las
movilizaciones contra el Gobierno anunciadas antes del verano por la
Confederación Católica de Padres de Alumnos y de Familia (Concapa), a
causa del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE). El propio Dorado
no descartó acudir en persona a la manifestación contra esa reforma, sin
fecha todavía, como hicieron una veintena de prelados, entre ellos el
cardenal Antonio María Rouco, cuando el Foro Español de la Familia tomó
las calles de Madrid, el 18 de julio pasado, para protestar contra la
legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
La ofensiva episcopal contra el actual Gobierno viene
de lejos, pero tomó caracteres de ruptura total cuando el Ejecutivo
socialista decidió legalizar el matrimonio homosexual e introducir
reformas en la LOE sin negociar antes con la Conferencia Episcopal.
El último acto del enfrentamiento se produjo cuando
el Ejecutivo remitió a las Cortes el proyecto de ley educativa, el mismo
día, viernes 22 de julio pasado, en que estaba convocada por la mañana
(y anunciada a la prensa) una reunión de la Comisión Mixta
Gobierno-Conferencia Episcopal para limar discrepancias y llegar a
posibles acuerdos.
La Conferencia Episcopal se consideró entonces
"engañada" y desairada, y dijo quedar libre de compromisos. "Hay años en
los que, aunque llueve poco, las aguas bajan muy revueltas", declaró
entonces el presidente de los obispos, el moderado Ricardo Blázquez.
Dorado, también moderado, calificó de nuevo ayer de
"sorprendentes" y "de cosa inesperada" las modificaciones introducidas a
última hora en la reforma socialista, en concreto al estatuto de los
profesores de religión católica en la escuela pública (unos 18.000), que
ahora contrata y paga el Estado, pero que seleccionan los obispos cada
curso. También señaló que, "por ahora", no hay ninguna reunión prevista
con el Ejecutivo.
En realidad, precisó, el proyecto de ley está ya en
las Cortes porque el Gobierno así lo decidió, "por consiguiente,
difícilmente el Ejecutivo es ya un organismo de diálogo". No obstante,
expresó su confianza en que puedan introducirse modificaciones en el
trámite parlamentario, "en diálogo con los representantes de los
partidos políticos".
La manifestación convocada por la Concapa para el mes
de noviembre tendrá el apoyo de la Conferencia Episcopal, aunque
"todavía está por decidir", precisó el máximo responsable de la política
educativa episcopal. "Yo creo que aunque no la promueva la Conferencia
Episcopal, esa manifestación es legítima y hay motivos para ella". Sobre
si tiene previsto acudir a la misma dijo: "No lo sé, todavía no lo he
decidido".
Preguntado sobre si el tema de la asignatura de
religión es el más importante en las complicadas relaciones del
episcopado con el Ejecutivo, el obispo de Málaga replicó: "Es un tema
importante, pero el fundamental es el hecho del recorte del derecho de
los padres para elegir la educación que desean para sus hijos. La clase
de religión supone una dificultad muy grande para ser fieles a la
Constitución y a los acuerdos Iglesia-Estado".
Además de los obispos Blázquez (Bilbao) y Dorado
(Málaga), muchos otros prelados han expresado su severo disgusto por el
proyecto educativo socialista. El primero en hacerlo fue el cardenal de
Madrid, Antonio María Rouco Varela, que dijo en julio pasado que el
texto "no corresponde a las exigencias de la Constitución", ni a los
acuerdos de España con la Santa Sede ni al "bien del hombre".
Desde entonces, se han sucedido las opiniones
críticas de los obispos de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan José
Omella; de Terrassa, Josep Ángel Saiz; de Huesca, Jesús Sanz; de
Ourense, Luis Quinteiro; de Urgell, Joan Enric Vives; de Jaén, Ramón del
Hoyo; de los arzobispos de Toledo, Antonio Cañizares, y de Pamplona,
Fernando Sebastián. También ha sido muy crítico el cardenal de Sevilla,
Carlos Amigo.Publicado en El País.28.09.05
cerca de 20
obispos acudirán a la manifestación contra las bodas gays el próximo
sábado
La Conferencia Episcopal Española (CEE) tendrá una
nutrida representación en la marcha que recorrerá el próximo sábado el
centro de Madrid en contra del matrimonio entre homosexuales, donde se
espera la participación de cerca de 20 obispos, entre ellos el cardenal
y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. La manifestación,
respaldada por la CEE y por el PP, está convocada por el Foro de la
Familia.
Rouco estará acompañado por los tres arzobispos
auxiliares de la diócesis y por los titulares de Getafe y Alcalá de
Henares para "unirse así a sus fieles", según ha explicado en un
comunicado la oficina de información del Arzobispado de Madrid. La
decisión de la jerarquía eclesiástica de animar a los fieles a
participar en la marcha ha sido criticada hoy por la Asociación de
Teólogos Juan XXIII, que ha acusado a los obispos de "estar crispados
frente al Gobierno". En un comunicado, la asociación que preside Julio
Lois afirma que el llamamiento es "un precedente discutible e inusual",
porque los "fieles laicos no toleran ser tratados por los obispos como
menores de edad, ni muchos de ellos están dispuestos a formar un 'frente
político' afín a los partidos de derechas".
Además, 18 asociaciones y grupos cristianos de gays y
lesbianas han elaborado un comunicado conjunto contra la manifestación.
Frente a los organizadores de la marcha, la Iglesia y el PP, que dicen
actuar en defensa de la familia, estas organizaciones aseguran que no
desean "destruir la institución familiar, sino extenderla a otras
realidades". "Creemos en la familia, y también en la integrada por
parejas del mismo sexo, las cuales tenemos derecho a vivir dignamente
nuestro amor en común. No deseamos destruir la institución familiar,
sino extenderla a otras realidades familiares que se dan de hecho, lo
que conllevará su plena integración en la sociedad en un entorno
estable", dice el comunicado.
En el documento, la veintena de asociaciones aseguran
que se consideran "parte de la Iglesia, que no está sólo constituida por
la Jerarquía sino por todo el Pueblo de Dios" y que son "fieles al
Evangelio de Jesús, que habló de amor y justicia y no de
discriminación", a la vez que confirman que éste "nada dijo" de las
personas homosexuales. También hacen un llamamiento "a todas las
personas cristianas" para que reflexionen sobre "dónde está Dios, si en
la voluntad de quienes convocan la manifestación del sábado 18 y que
quieren negarnos a una parte de la población nuestro derecho a amar o en
la decisión de convertirnos por fin a lesbianas y gays en ciudadanas y
ciudadanos de primera".
Mientras, el PP todavía no ha decidido qué personas
le representarán en la marcha, aunque fuentes de la dirección del
partido en Madrid apuntan que ningún miembro del Gobierno regional tiene
previsto acudir. El presidente del partido, Mariano Rajoy, ha señalado
hoy en Redondela (Pontevedra) que lo decidirá el mismo sábado. En
declaraciones a la cadena Ser, ha asegurado que le resulta "muy
desagradable" que se diga que el PP está en contra de los homosexuales,
cuando sólo está en contra de "de que se llame matrimonio a algo que
nunca se le llamó y que no se llama en ningún lugar del mundo", y ha
defendido de nuevo una ley de uniones civiles para las parejas de hecho.
Sin embargo, para el secretario de Movimientos
Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, Rajoy "miente" al decir que quieren
reconocer los derechos de las parejas homosexuales porque durante los
ocho años de gobierno del PP "sólo hubo desprecio hacia los derechos
civiles de gays y lesbianas". Zerolo denuncia en un comunicado la
"hipocresía" del principal partido de la oposición y considera que "a
nadie se le escapa la coincidencia de la salida a la calle del PP y la
cita electoral en Galicia" el domingo. Además, diversas organizaciones
sociales están impulsando un manifiesto en defensa de la ley que
regulará los matrimonios entre homosexuales e invitarán a todos los
ciudadanos a participar en la Marcha del Orgullo, un documento que
tienen previsto presentar el sábado.
El arzobispo de Granada alquilará 22 autocares
para la marcha contra las bodas gays
El arzobispo de Granada, Javier Martínez, anunció
ayer que asistirá en Madrid a la manifestación contra la ley que
permitirá los matrimonios homosexuales. Martínez, presidente de la
subcomisión para la Familia de la Conferencia Episcopal, es el primer
prelado que confirma su asistencia a la marcha. El obispo ha dicho que
alquilará 22 autocares para quienes quieran asistir. Los partidarios de
regular el matrimonio gay sufrieron ayer una nueva baja, la de la
senadora socialista por Barcelona Mercedes Aroz, quien afirmó "que no
apoyará la ley".
El proyecto de ley que regula el matrimonio entre
personas del mismo sexo "discrimina a los matrimonios verdaderos" y
"ofende a la inteligencia", manifestó el arzobispo de Granada en un
comunicado. Martínez señaló que tanto él como diversas instancias de la
Iglesia, han manifestado "reiteradamente" su disconformidad con ese
"inicuo y burlón proyecto de ley que discrimina a los matrimonios
verdaderos, destruye un bien social sagrado y ofende a la inteligencia".
El arzobispo anima a los fieles a participar en la
manifestación. Para ello pondrá a su disposición 22 autobuses, con
capacidad para unas 1.200 personas y que cuestan unos 1.200 euros más
IVA cada uno, según empresas de transportes consultadas.
Pese a su postura, el arzobispo afirma que la Iglesia
no "lucha contra nadie", sino que quiere "el bien de todos, también de
las personas homosexuales". A la manifestación también ha anunciado que
asistirá la concejal del PP en Madrid Ana Botella, quien el 18 ejercerá
de alcaldesa en funciones.
El proyecto de ley perdió ayer un posible voto a
favor: la senadora por Barcelona Mercedes Aroz, del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC), manifestó que no aprobaba la ley, por lo
que, igual que el senador socialista Francisco Vázquez, no asistirá al
pleno del Senado a votarla.
En una nota de seis puntos, Aroz afirma que la ley
"no mantiene el equilibrio necesario entre la ampliación de los derechos
civiles de la minoría homosexual y la salvaguarda de los intereses
generales" y que "no da prioridad a los derechos de la infancia". "La
ley propone cambiar la esencia del matrimonio basada en la ley natural y
civil, y de la que procede también el matrimonio canónico".
El grupo parlamentario de Aroz (Entesa Catalana de
Progrés), formado por senadores del PSC, Esquerra Republicana y de
Iniciativa-Verds, aseguró que la decisión de la senadora no alterará el
previsible resultado de la votación de la ley en el Senado, que la
mayoría de senadores de la Entesa apoyará. En un comunicado, la Entesa
afirma que "respeta la posición de cualquiera de sus miembros". Si no se
producen más cambios, en el Senado la ley obtendría 127 votos en contra
y 130 a favor.
Quien sí tuvo algo que decir fue uno de sus
compañeros de partido, José María Ortiz, que preside la Comisión de
Derechos Civiles del PSC. Ortiz lamentó la "ignorancia supina" de la
senadora respecto al derecho de familia, y afirmó que Aroz tiene la
obligación de representar a los barceloneses "incluidos los gays y
lesbianas", informa Enric Company.
Precisamente el texto de Aroz fue utilizado por Rosa
Vindel, del PP, para defender ayer en la Comisión de Justicia del Senado
su veto al proyecto de ley. Esta iniciativa fue rechazada, igual que el
veto presentado por Jordi Casas, de Unió Democràtica de Catalunya. En
cambio, la Comisión aprobó una enmienda, pactada por PP y CiU, para que
"las autoridades y funcionarios de todo tipo que, debiendo intervenir en
cualquier fase del expediente matrimonial entre personas del mismo sexo,
adujeren razones de conciencia para no hacerlo, tendrán derecho a
abstenerse de actuar". A cambio, deberá nombrarse un sustituto. "¿Qué
más les da el nombre del juez, alcalde o concejal que les case?",
justificó el portavoz del PP en la Comisión, Agustín Conde. Lluís Badia,
de CiU, recalcó que se trata de una "enmienda práctica". Esta enmienda
será previsiblemente aprobada en el Pleno del Senado.
El portavoz del PSOE, Arcadio Díaz, recordó que una
enmienda similar ya fue rechazada en el Congreso. "En términos reales se
trata de una barbaridad jurídica", dijo. El PSOE ya ha anunciado que en
el Congreso rechazará esta enmienda.
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy,
afirmó ayer en A Coruña que la Plataforma Popular Gay "está en su
derecho" de dar los nombres de políticos homosexuales -como anunció el
lunes-, aunque duda acerca de que ésa sea la medida "más razonable".Publicado
en El País. 15.06.05
El PP apoyará la manifestación del sábado contra
los matrimonios homosexuales
El PP ha anunciado hoy su apoyo a la manifestación
convocada por el Foro Español de la Familia para el próximo sábado en
Madrid contra la reforma del Código Civil que legaliza el matrimonio
entre parejas del mismo sexo y su derecho a la adopción, al considerar
que los objetivos de la convocatoria coinciden con su programa
electoral. Este partido enviará a la protesta a una representación de su
cúpula, aunque no ha concretado quiénes. Según el PP, el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero ha lanzado "una provocación" a la sociedad,
que no quiere que se llame matrimonio a estas uniones. El PSOE ha
arremtido ya contra la decisión del PP, al considerarla muestra de la
"deriva" de ese partido hacia la "derecha extrema".
Con el apoyo de los populares a la marcha, se ha
reavivado el debate en torno al matrimonio entre homosexuales en la
víspera de la reunión de la Comisión de Justicia del Senado, que
debatirá el proyecto de ley y que, previsiblemente, rechazará los vetos
del PP y de Unió Democrática de Catalunya. La decisión ha sido anunciada
en una rueda de prensa por el secretario general del PP, Ángel Acebes,
quien ha argumentado que la protesta, apoyada por los obispos a través
del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española (CEE), "no es
contra los homosexuales", sino contra una propuesta concreta del
Gobierno, que es "un empeño, un desafío y una provocación".
Acebes ha recalcado que es una manifestación "a favor
de las familias y de la libertad de educación" y no contra los
homosexuales, "como se está tratando de transmitir desde el Gobierno y
sus terminales". El secretario general del PP ha insistido en que es una
marcha "a favor del modelo tradicional de familia y en contra del modelo
elegido por el Gobierno para convertir a las parejas homosexuales en
matrimonios". Sobre este punto, ha explicado que el PP es partidario de
equiparar los derechos de estas parejas, si bien a partir de una
regulación distinta a la del matrimonio. Acebes ha apuntado además que
el proyecto de ley del Gobierno ha recibido informes en contra por parte
del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Real
Academia de la Jurisprudencia.
Diputados del PP han animado en las últimas semanas a
la dirección del partido a acudir a esta manifestación. Acebes no ha
precisado quién representará al PP en la protesta, dado que esta semana
habrá "mucha actividad política" ante las elecciones del domingo en
Galicia. En cualquier caso, "habrá representación del partido", ha
dicho, y ha restado importancia al hecho de que la convocatoria coincida
con la jornada de reflexión de los comicios en Galicia. "Nada tiene que
ver", ha subrayado. En los dos últimos sábados, dirigentes del PP han
asistido a la marcha celebrada en Salamanca contra el traslado de los
papeles del Archivo a Cataluña y a la de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo en Madrid contra un posible diálogo entre el Gobierno y
ETA.
Los obispos, por su parte, no habían apoyado una
protesta contra un Gobierno de España desde 1983, cuando se opusieron a
la primera reforma educativa del Gobierno de Felipe González, la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación. En contra de la opinión de Acebes,
para el secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, la
marcha sí es contra los homosexuales. En un comunicado, denuncia que es
"la primera vez es la historia de nuestra democracia que se convoca una
manifestación para evitar la ampliación de derechos a millones de
ciudadanos" y exige a los dirigentes del PP "que hablen claro y digan
que no nos quieren iguales, que quieren leyes distintas para lesbianas y
para gays, esto es, leyes apartheid". El texto añade que el PSOE
"respetará y escuchará a quienes se manifiesten", pero cumplirá su
programa electoral.
Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal
de Lesbianas, Gays y Transexuales, Beatriz Gimeno, ha considerado que el
apoyo del PP "es consecuente con su postura" de oponerse a todas las
iniciativas impulsadas por el Gobierno. En la misma línea, la Federación
Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales ha acusado al PP
de poner "una nueva zancadilla" a un proceso legislativo democrático y
ha rechazado la marcha "contra la igualdad y la pluralidad de modelos de
familia". El convocante, el Foro Español de la Familia, asegura que la
marcha no tiene carácter ni religioso ni político y que no va "de la
mano del PP". Su vicepresidente, Benigno Blanco, condiera que el
respaldo del PP es "racional" y "coincidente" con su posición. Entre
quienes la apoyan se encuentran ocho organizaciones educativas.
Publicado en El País. 13.06.05
El dinero de la
Iglesia católica
A finales de año vence la última prórroga del mecanismo
de financiación estatal a la Iglesia católica, iniciado en 1988 y que ha
sido objeto de retoques sucesivos a la espera de que la Iglesia cumpliera el
compromiso de autofinanciarse. Y el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, cuyo programa ha sido objeto de una gran arremetida eclesial,
tiene por delante una decisión: o vuelve a prorrogar ese modelo, o sitúa a
la Iglesia católica ante la necesidad de vivir de sus fieles.
Poner fecha de caducidad a los pagos del Estado con cargo
al Presupuesto es un trago políticamente difícil para Zapatero, al que el
episcopado ha acusado de anticlerical y laicista. El presidente del Gobierno
ya ha dejado claro que no piensa denunciar los acuerdos con la Santa Sede
firmados hace 26 años, en los que se recogió el propósito de la Iglesia de
"lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus
necesidades". Miembros de la jerarquía interpretan que no hay financiación
estatal que valga, porque los fieles son los que aportan el dinero a través
del impuesto sobre la renta (IRPF). El problema es que la recaudación
obtenida es sistemáticamente inferior al mínimo asegurado a la Iglesia "en
tanto" pueda autofinanciarse y el Estado tiene que pagar la diferencia con
la bolsa común.
El jefe del Ejecutivo se mueve en un terreno a la vez
preparado y minado. Preparado, porque el nuevo presidente de los obispos,
Ricardo María Blázquez, ha frenado la ofensiva de los suyos, en aras de un
clima en que sea posible el diálogo. Pero también minado, porque los
sectores más conservadores de la Iglesia han confirmado su fuerza con la
elección de Benedicto XVI como nuevo Papa.
Muchos intelectuales y políticos sostienen que no puede
prolongarse indefinidamente la dependencia de la Iglesia respecto del
Presupuesto, en un país cuya Constitución indica que el Estado no es
confesional. La última propuesta figura en un documento de la Fundación
Alternativas -un centro de pensamiento de izquierdas, impulsado por Nicolás
Sartorius-, que lanza la idea de eliminar la asignación presupuestaria a la
Iglesia en ocho años y sustituirla por incentivos a las donaciones de los
creyentes, deducibles en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades.
Una red de 40.000 instituciones
La Iglesia católica española es un conjunto de 40.000 instituciones: 67
diócesis, cientos de órdenes y congregaciones, 23.000 parroquias, más de
14.000 fundaciones y asociaciones. Casi un tercio de su presupuesto de 2004
fue proporcionado por fondos públicos. La Iglesia católica conserva
parroquias, construye templos, sostiene a unos 20.000 sacerdotes, ejerce el
apostolado, se emplea en acciones sociales. ¿Podría vivir por sí misma? No
se conocen cuentas consolidadas del conjunto de instituciones católicas en
España.
Lo cierto es que diferentes administraciones públicas
(ministerios, autonomías, ayuntamientos) canalizan en torno a 3.500 millones
de euros anuales hacia entidades de esa confesión. El sostén financiero del
Estado a los colegios concertados, el mantenimiento del patrimonio cultural
o los apoyos a la acción social de la Iglesia no están en discusión. La
decisión pendiente afecta a la "asignación tributaria", así llamada porque
se recauda de los ciudadanos a través de la "casilla católica" en el IRPF.
En el ejercicio de 1988 comenzó a regir el porcentaje del
0,5239% de la cuota íntegra del IRPF destinado a la Iglesia católica, cuando
el declarante marca la casilla correspondiente. También se inició el sistema
de garantizar un mínimo de ingresos a la Iglesia: a falta de recaudación
suficiente por el IRPF, las Cortes autorizan el pago de lo que falte. Todos
los años se ha hecho, con Felipe González o con José María Aznar en La
Moncloa.
En los últimos meses de 2002, el PSOE, entonces en la
oposición, se opuso a que el Estado continuara entregando a la Iglesia más
dinero del que le asignan sus fieles a través del IRPF. El Presupuesto de
2005 era la primera ocasión de corregirlo. Pero los socialistas, una vez
instalados en el poder, han renunciado a tocarlo, al menos para el ejercicio
en curso.
De modo que la Conferencia Episcopal recibe una
transferencia de 11,78 millones de euros mensuales del Ministerio de
Hacienda, y seguirá haciéndolo hasta que se completen los 141,46 millones
que tiene garantizados para 2005 por la última prórroga del sistema en
vigor, precisamente la que vence este año.
¿Quiere decir esto que no se romperá nunca la dependencia
material de la Iglesia católica, del sostenimiento de su organización en
España, respecto al Estado?
Bernando Herráez, durante muchos años responsable del
departamento de Asuntos Económicos del episcopado, ha defendido la necesidad
de llegar a la autofinanciación de la Iglesia por medio de reformas
estructurales que incrementen los ingresos y mejoren la profesionalidad en
la gestión de los recursos.
Hay otras aportaciones al debate todavía inéditas.
Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pública
de Navarra, ha elaborado un documento por encargo de la Fundación
Alternativas en el que propone cambios en los mecanismos, a fin de exigir
"el compromiso de autofinanciación asumido por la Iglesia católica en el
artículo 2.5 del Acuerdo de Asuntos Económicos", uno de los que se firmaron
en 1979.
Triple propuesta de reforma
El documento citado propone básicamente tres reformas en el sistema actual
de financiación:
-Supresión de la asignación tributaria a la Iglesia
católica, al cabo de ocho años de un periodo destinado a adaptarse a la
independencia económica frente al Presupuesto del Estado. El plazo
"conllevaría el firme compromiso de ambas partes sobre la irreversibilidad
del proceso".
-Aceptación de incentivos fiscales para las donaciones
que reciban las confesiones religiosas, tanto en el IRPF como en el impuesto
sobre sociedades.
-Reconsideración de algunos de los beneficios fiscales ya
existentes. El documento en cuestión cita el impuesto sobre el valor añadido
(IVA), al que la Iglesia católica no está sujeta cuando se trata de compras
para el culto; y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), de cuyo pago
están exentas las viviendas de sacerdotes y religiosos católicos y de otras
confesiones.
La adquisición de objetos destinados al culto católico no
está sujeta al pago del IVA, pero esa excepción no forma parte de las
autorizadas por la Comisión Europea. Con tal motivo se arrastra un
contencioso desde 1989, año en que Bruselas dio el primer toque de atención
al Gobierno español.
El hecho de que el trato beneficioso en el IVA esté
reservado a la Iglesia católica constituye "una discriminación", a juicio de
Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades
Evangélicas (Ferede), que lo ilustra con el siguiente caso: "Si un
constructor entrega un templo a la Iglesia católica, ésta no tiene que pagar
el IVA; pero si nos lo entrega a nosotros, tenemos que pagar el 16%".
En cuanto al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), del
que están exentas las viviendas de los ministros del culto católico y
también los de algunas otras confesiones, el profesor Alejandro Torres entra
en detalles. Por ejemplo, considera "inexplicable" la inclusión de huertos y
jardines de las viviendas de los religiosos en la exención del impuesto.
"Cabe preguntarse seriamente en qué medida este privilegio es necesario para
el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa". Derecho, por
cierto, extendido desde 1994 a las comunidades de protestantes, judíos y
musulmanes, consolidando "un residuo quizá más propio de un Estado
confesional que de uno laico".
¿Se pueden revisar los mecanismos de financiación de la
Iglesia, sin que esto sea considerado una agresión al catolicismo? "Nosotros
creemos que la autofinanciación es buena, porque permite más autonomía a la
Iglesia respecto al poder político de turno y es más acorde con el carácter
no confesional del Estado español", explica Nicolás Sartorius,
vicepresidente de la Fundación Alternativas.
"En modo alguno queremos que la Iglesia quede
desasistida", precisa Sartorius. "Esta institución presta servicios sociales
importantes en materia educativa, de cuidado del patrimonio y otros terrenos
sociales. Se había comprometido a autofinanciarse en los acuerdos de 1979
entre España y la Santa Sede, y con esta propuesta queremos ir creando las
condiciones para que lo cumpla, con un periodo de adaptación que podría ser
el equivalente a dos legislaturas".
A juicio del profesor Torres, autor del estudio citado,
"potenciar las donaciones a favor de la Iglesia católica sería un modelo
plenamente compatible con el marco constitucional", cuya eficacia depende de
"una labor mentalizadora de los fieles. Si esta mentalización no se
consigue, es previsible que el problema permanezca indefinidamente".
No es la primera vez que aparece la idea. A principios de
los años noventa se preparó un plan para sustituir la asignación tributaria
por desgravaciones de hasta el 40% en las donaciones. "Finalmente no se
suscribió acuerdo alguno con el episcopado, pero la idea me sigue pareciendo
buena", afirma Dionisio Llamazares, que fue director general de Asuntos
Religiosos entre 1991 y 1993.
Lo que da de sí el 0,5% del IRPF
Al investigar los datos de la Agencia Tributaria y de la Oficina de
Estadística de la Iglesia sobre los declarantes del IRPF, se observa que las
comunidades donde hay una mayoría clara de izquierda (Andalucía,
Extremadura, Castilla-La Mancha) se sitúan en el grupo donde se marca más la
"casilla" católica del IRPF. Los resultados son más irregulares entre las de
signo conservador: Galicia está por debajo de la media nacional en
porcentaje de declarantes.
La Iglesia ha logrado en Navarra los mejores resultados
relativos por el 0,5% del IRPF, tanto en porcentaje de personas que marcan
la asignación como en cantidad recaudada. Pueden explicarse por la fuerte
implantación de la Iglesia en la región y su tradicionalismo histórico. En
los últimos años ha bajado, no obstante.
Caso aparte es el de las diócesis catalanas: han
conseguido el mayor grado de autofinanciación entre las españolas (colectas,
donaciones privadas). En cambio, en el IRPF, el porcentaje de asignaciones a
la Iglesia les sitúan por debajo de la media de España.
Queda muy clara la tibia respuesta de los católicos a ese
procedimiento. Son mayoritarios entre la población, pero sólo una minoría
marca el 0,5% de la cuota de su impuesto sobre la renta para la Iglesia. La
prevención del ciudadano o de las empresas a la hora de confesarse con
Hacienda puede jugar algún papel: señalar la "casilla" católica puede tener
algo de declaración de confesionalidad, aunque desde el punto de vista
formal, el Tribunal Constitucional ha negado que pueda deducirse eso.
Que el sistema vigente no da más de sí, en la práctica,
es una evidencia a la vista de los datos. Los que marcan la casilla católica
son cuatro de cada diez, en el mejor de los años. Cuando sólo se podía
elegir entre la Iglesia y los "otros fines" sociales, el 36,62% de los
declarantes marcaron la casilla católica y se recaudó el equivalente a 97,2
millones de euros en 1998, por ejemplo; resultado netamente inferior a los
123,3 millones presupuestados y abonados en ese ejercicio.
Al año siguiente, el Gobierno de Aznar cambió el sistema
para permitir el marcaje de las dos casillas (con lo cual, un 0,5% va a la
Iglesia y otro tanto a los demás fines), una sola o ninguna. La recaudación
ha subido, pero sigue siendo inferior al mínimo garantizado a la Iglesia. En
2002 -último ejercicio del que la Agencia Tributaria ha facilitado datos- se
recaudaron 105,9 millones de euros a través del IRPF, pero se pagaron 133,3
millones (véase gráfico).
Consultado el servicio de comunicación de la Conferencia
Episcopal, finalmente no ha facilitado interlocutores para cuestiones
económicas, alegando otras prioridades durante las últimas semanas.
La defensa del sistema
Desde el departamento económico del episcopado se ha sugerido la solución de
aumentar el porcentaje del IRPF asignado a la Iglesia, hasta el 0,8% o el
1%. "Es incorrecto afirmar que el Estado es el que subvenciona a la
Iglesia", ha sostenido Fernando Jiménez Barriocanal, secretario técnico de
la Conferencia Episcopal, a propósito de una polémica anterior sobre estos
temas. "La ayuda se recibe a través de la asignación de cada uno de los
declarantes del IRPF. La ineficiente instrumentación técnica de la
asignación, establecida unilateralmente por el Gobierno, es la que provoca
el que el Estado tenga que completar la cuantía para cumplir sus
compromisos".
Una decisión de ese tipo no sería neutra para los demás
contribuyentes: la casilla del IRPF para la Iglesia católica no sube la
cuota del que la marca, sino que reduce los ingresos fiscales que pueden
dedicarse a las demás necesidades. Nada que ver con el impuesto religioso de
Alemania -el país natal del nuevo Papa-, en el que la autoridad tributaria
colabora recaudando un recargo en el impuesto sobre la renta, de entre el 8%
y el 10%, que se entrega a las iglesias respectivas y se reclama sólo a los
inscritos en las listas de cada iglesia. Darse de baja en ellas implica
dejar de pagar el impuesto religioso.
El hecho de que el Presupuesto del Estado apoye a una
iglesia es poco habitual en los países occidentales. Ni en la laica Francia
ni en Estados Unidos se acepta que las confesiones dependan de las arcas
públicas ni que la Administración recaude para ellas. Holanda acabó en 1983
con las relaciones financieras entre el Estado y las iglesias, aunque acordó
con ellas un sistema transitorio.
Durante la fase aguda de la crisis con el Gobierno de
Rodríguez Zapatero, en el verano pasado, el arzobispado de Madrid preparó un
documento en el que recalcó la implantación mayoritaria de la religión
católica. "Si es la más numerosa de España, también es lógico y necesario
que reciba unas ayudas y derechos más elevados que el resto de religiones
minoritarias".
Batalla ideológica y económica
Actualmente se aprecia un claro después de las tormentas que han descargado
sobre las relaciones entre la jerarquía católica y el Gobierno socialista.
Los intentos de organizar manifestaciones contra las reformas legislativas
fueron cancelados. El cardenal Antonio María Rouco, "hombre fuerte" en
España del anterior pontífice, Juan Pablo II, resultó derrotado en el
intento de ser reelegido al frente del episcopado. Pocas semanas antes, el
propio Juan Pablo II había lanzado una advertencia contra el clima de
permisividad moral y de laicismo que consideraba como moneda corriente en
España.
El propio Rouco recogió velas en vísperas de la asamblea
donde se jugaba la reelección al frente de la Conferencia Episcopal. "Rouco
quería comparecer ante los obispos con la carta en la mano de haber
cercenado las iniciativas públicas del Gobierno para perseguir a la
Iglesia", apunta una persona relacionada con el arzobispo de Madrid. "Aceptó
enseguida que una delegación de la Conferencia Episcopal se reuniera con la
vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, antes de la
celebración de la asamblea donde se presentaba a la reelección".
El enfrentamiento se encuentra en compás de espera. El
nuevo presidente de los obispos, Ricardo Blázquez, descartó desde el
principio el recurso a la movilización en las calles y ha abierto vías de
diálogo con el Ejecutivo. La tensión puede volver a brotar en cualquier
momento.Publicado en El País.25.04.05
El Papa ataca
el "laicismo" del Gobierno que "ignora y cercena" la libertad religiosa
Juan Pablo II formuló una severa crítica a la
política del Gobierno socialista, cuyo laicismo, dijo, conduce a "un
desprecio o ignorancia de lo religioso" y a "cercenar la libertad
religiosa". El Papa recibió en audiencia a obispos españoles,
encabezados por el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María
Rouco, y les reclamó que se movilicen en defensa de la enseñanza
religiosa, del matrimonio, de la familia y del "respeto a la vida en
todas sus etapas". También invocó los acuerdos de 1979 para exigir al
Gobierno que garantice la asignatura de religión "con una valoración
académica acorde a su importancia".
Entre enero y marzo, todos los obispos españoles
viajarán a Roma para cumplir la visita ad límina, que les exige
acudir a la Santa Sede al menos una vez cada cinco años con el fin de
peregrinar a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, conocer el
funcionamiento de la curia vaticana y entrevistarse con el Papa. Ayer
coincidieron los dos primeros grupos y Juan Pablo II les recordó que en
España habían "cambiado muchas cosas en el ámbito social, económico y
también religioso, dando paso a veces a la indiferencia religiosa y a un
cierto relativismo moral".
Tras la audiencia, el arzobispo de Toledo, Antonio
Cañizares, y los obispos de Jaca, Jesús Sanz, y de Tarazona, Demetrio
Fernández, se reunieron con un grupo de periodistas para señalar que
Juan Pablo II había abordado "cuestiones fundamentales" como "el
problema del relativismo moral y la libertad de enseñanza". "Nos ha
dicho que salgamos a la calle, que nos expresemos, sin que ello quiera
decir que nos aconseje convocar manifestaciones", precisó Cañizares,
quien, sin embargo, recordó que se habían recogido más de tres millones
de firmas a favor de la enseñanza de la religión. "El Gobierno, desde
que anuló la anterior ley (del Ejecutivo del PP), no ha hecho todavía
nada y seguimos esperando. Sólo exigimos los derechos que nos garantizan
la Constitución, el Concordato y diversos tratados internacionales",
declaró.
En su discurso a los obispos, el Papa subrayó que
"los poderes públicos tienen el deber de garantizar ese derecho de los
padres (la enseñanza religiosa) y asegurar las condiciones reales para
su efectivo ejercicio, como está recogido en los acuerdos entre España y
la Santa Sede de 1979, en vigor".
Karol Wojtila proclamó también que España es "un país
de profunda raigambre cristiana". Esas raíces "no pueden arrancarse,
sino que han de seguir nutriendo el crecimiento armónico de la
sociedad", dijo. Constató, sin embargo, que "en el ámbito social se va
difundiendo una mentalidad inspirada en el laicismo, ideología que lleva
gradualmente, de forma más o menos consciente, a la restricción de la
libertad religiosa hasta promover un desprecio o ignorancia de lo
religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su
expresión pública. Esto no forma parte de la tradición española más
noble, pues la impronta que la fe católica ha dejado en la vida de los
españoles es muy profunda para que se ceda a la tentación de
silenciarla. No se puede cercenar la libertad religiosa sin privar al
hombre de algo fundamental".
Estaban creciendo, afirmó el pontífice, "nuevas
generaciones de españoles influenciadas por el indiferentismo religioso
y la ignorancia de la tradición cristiana con su rico patrimonio
espiritual, y expuestas a la tentación de un permisivismo moral". "El
Papa ha dicho que es preocupante la situación en España porque es el
país más permisivo de Europa", apostilló después Cañizares.
Juan Pablo II hizo referencia también a la
"preocupación por la vitalidad de la Iglesia en España" y al "testimonio
de unidad". "La diversidad de pueblos, con sus culturas y tradiciones,
lejos de amenazar esta unidad, ha de enriquecerla desde su fe común. Y
vosotros tenéis que esforzaros en conservar la unidad del espíritu con
el vínculo de la paz", agregó. Los obispos precisaron que el pasaje no
se refería a cuestiones autonómicas o estatutarias, sino eclesiales.
"Aquí no se ha hablado del plan Ibarretxe ni nada de eso",
explicó el arzobispo de Toledo.
El pontífice citó su carta de diciembre al arzobispo
de Santiago de Compostela para reiterar su invitación "a los fieles
españoles a buscar (...) la fuerza para vencer los obstáculos y afrontar
las dificultades del presente" al defender "el respeto efectivo a la
vida, en todas sus etapas, la educación religiosa de los hijos, la
protección del matrimonio y de la familia... Se debe incrementar, pues,
una acción pastoral...".
La reacciones
"La Iglesia debería callarse un poco más y dejar que seamos los seglares
católicos los que hablemos. En un país democrático los que deciden son
los ciudadanos, sean católicos o no", declaró poco después el teólogo
Enrique Miret Magdalena a Servimedia.
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco,
aludió a las presiones episcopales, durante una conferencia en el Club
Siglo XXI, de Madrid. "No se puede exigir que las normas jurídicas, que
a todos obligan, vengan dictadas por principios religiosos que sólo
vinculan a quienes los profesan. Si es preciso que el Estado tenga en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad y coopera con su
representación institucional, también lo es que todos entiendan y
acepten lo que dice el Código Civil".
El
pueblo que habita en tinieblas
El diagnóstico del Papa sobre la salud del
catolicismo español coincide con los pronósticos que la Conferencia
Episcopal Española (CEE) viene enunciando desde el regreso del PSOE al
poder, hace menos de un año. La jerarquía católica cree vivir desde
entonces en un ambiente de "fundamentalismo laico" y sometida a
continuas "agresiones del Gobierno". "Nos acosan por todas partes", dijo
el pasado 12 de noviembre el vicepresidente de la CEE, Fernando
Sebastián. "Nos derriban, pero no nos rematan", remachó el arzobispo de
Santiago, Julián Barrio.
La tesis del cardenal Rouco, en quien el Papa polaco
tiene puestas todas sus complacencias, es aún más sombría. La reiteró el
sábado pasado, antes de viajar a Roma, en la apertura del III Sínodo de
la Iglesia madrileña. Previa alusión al "pueblo que habitaba en
tinieblas" -la tierra de Zabulón y de Neftalí citada por el profeta
Isaías-, Rouco dibujó la historia de un país desolado que los reyes
descendientes de David eran incapaces de mantener unido porque las
soluciones para detener la catástrofe olvidaban la ley de Dios. "El
final no pudo ser más catastrófico", sostuvo Rouco.
El presidente de la CEE, refiriéndose ya a España,
dijo: "En las raíces de nuestra patria, en la cuna de nuestras familias,
se ha sembrado la semilla de la fe cristiana desde el principio de
nuestra historia común. Sin embargo, poderosas corrientes de pensamiento
e influyentes centros del poder económico, cultural y político se han
propuesto prescindir de toda referencia y atención a la voluntad de Dios
a la hora de trazar los marcos sociales y jurídicos de la vida. Es tan
vasta e intensa esta convicción que ha logrado obnubilar la conciencia
colectiva. Ni siquiera la terrible experiencia del terrorismo nos hace
despertar. Se peca masivamente; con osadía, unas veces, y, otras, con
displicente ligereza. La apostasía silenciosa comienza a ser realidad
entre nosotros".
Los obispos achacan al Gobierno intenciones
anticatólicas en estos asuntos, entre otros:
- Financiación. El impuesto religioso a través
del IRPF debe ser revisado este año, después de 18 años de prórroga.
Apenas un 33% de los declarantes destina a la Iglesia católica el
porcentaje pactado. El Gobierno mantiene en los presupuestos de 2005 las
cantidades fijadas por los Ejecutivos del PP -más el incremento de la
inflación anual-, para compensar el crónico déficit de financiación de
los católicos a su iglesia, pero los obispos recelan de sus intenciones.
La negociación empezará pronto.
- Enseñanza religiosa. La discrepancia se centra en
el valor curricular de la asignatura y de su alternativa, no sobre quién
paga a esos docentes -el Estado-, seleccionados por los obispos cada
año. Algunos prelados acusan al Gobierno de preparar la supresión de esa
enseñanza, lo que ha provocado el enfado del PSOE, que les acusa de
mentir.
- Aborto, divorcio y bodas gays. Los obispos están en
campaña contra algunas de las reformas anunciadas por el Ejecutivo
socialista, que consideran "subversivas": ampliación de las leyes del
divorcio y del aborto, legalización del matrimonio gay, campañas para
extender el uso del preservativo, la píldora del día siguiente...
También acusan al Gobierno de pretender la pronta legalización de la
eutanasia, asunto negado por el PSOE. ( Enero 2005 )
El obispo de Cartagena pide firmas contra
la política del Gobierno
Una carta con
membrete de la Diócesis de Cartagena y firmada por el delegado Episcopal de
Enseñanza, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, transmite el deseo del
obispo de que se recojan firmas contra la política educativa del Gobierno
socialista, no sólo entre los profesores de religión, sino también entre los
fieles, en las parroquias.
Esta demanda del obispo de Cartagena, Manuel Ureña, choca con unas declaraciones
del prelado de hace tan sólo unos días en las que negaba que la Iglesia esté
detrás de este tipo de iniciativas contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
En la citada carta, cuya reproducción pueden ver en esta página web, se recuerda
la necesidad de que las hojas de firmas se reciban antes del día 6 de noviembre
en la Delegación de Enseñanza de la Diócesis, con el fin de que estén en Madrid
antes del día 15 del mismo mes. Un detalle que da idea del grado de organización
en el seno de la Iglesia española para llevar a cabo esta campaña contra la
política del Gobierno ( La Cadena Ser.26.11.04 )
Marcelino Oreja: "El Vaticano está muy por encima
de la UE"
El carácter de "sociedad perfecta" merecedora de
especiales privilegios, que España concedió a la Iglesia de Roma en el
Concordato de 1953, fue evocado ayer por varios asistentes al congreso
de la
Asociación Católica de Propagandistas
después de escuchar cómo Marcelino Oreja, el ministro de Exteriores que
negoció en 1976 y 1978 los acuerdos que atan aún las relaciones entre
ambos países, colocaba al Estado vaticano "muy por encima de la Unión
Europea". El VI Congreso de Católicos y Vida Pública se clausura
hoy en Madrid con la presencia del polémico ministro italiano Rocco
Buttiglione y del pensador polaco Stanislaw Grygiel, presidente del
Instituto Juan Pablo II de Roma.
Preguntado por qué el Vaticano no es admitido en la
UE, el ex ministro Oreja dijo: "Porque, sencillamente, la Santa Sede no
lo ha solicitado". Y añadió: "El Estado vaticano no debe solicitar la
adhesión a la UE porque está muy por encima de ella". Oreja opinó
también sobre el laicismo que, según los dirigentes eclesiásticos,
persigue la eliminación de las raíces cristianas, que Roma considera
esenciales para Europa. "Hay muchos que afirman que [el laicismo] es
algo que nos distingue de EE UU y del islam. Que hace que nuestra
civilización sea una de las menos dominadas por valores de orden
religiosos. Si laicismo significa borrar lo religioso no puedo estar en
absoluto de acuerdo. Lo religioso está en el espacio público y en el
espacio privado", dijo. Reprochó, además, que la UE no mencione al
cristianismo en la nueva Constitución. "La herencia religiosa que tan
decisivamente ha contribuido a la cultura y al humanismo en Europa debió
haberse incluido. Existen unos principios liberales como el de cohesión
económica que son cristianos", afirmó.
El ex presidente Calvo Sotelo, coordinador de una de
las mesas de debate en este multitudinario congreso de propagandistas
católicos, subrayó las ambiciones democristianas de su colega en varios
gobiernos de la UCD, que Calvo Sotelo presidió tras la dimisión de
Adolfo Suárez y el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1982.
Tras insistir en el "papel protagonista" de numerosos políticos
cristianos en la construcción de la UE, el ex presidente se quejó de que
"se olvida a menudo" esa labor. Por eso "duele aún más" la negativa a
incluir la cita a las raíces cristianas en la Constitución europea,
concluyó el ex presidente.
Este VI Congreso de Católicos y Vida Pública lleva el
lema Europa, sé tú misma y está marcado por la revuelta de la
jerarquía contra varias reformas del Gobierno socialista. Algunos
prelados han hablado incluso de "persecución" y de "fundamentalismo
laicista". Alfonso Coronel de Palma, presidente de los propagandistas,
asume la veracidad de esos intentos descristianizadores "para destruir
instituciones básicas de la sociedad", pero cree que la secularización y
el laicismo son causa de "varios factores", algunos posibilitados por la
propia Iglesia. Entre otras fallas del proyecto católico, Coronel señaló
las divisiones internas, la falta de conciencia eclesial en muchos
seglares y la tibieza y la mediocridad de los propios católicos.
Una autocrítica parecida a la de este dirigente laico
la expuso el fin de semana pasado el arzobispo de Pamplona y
vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Fernando Sebastián, en el I
Congreso de Apostolado Seglar. El arzobispo llamó a una nueva
"evangelización" de España y la tesis de Coronel de Palma es que los
católicos deben ser atrevidos ante tal "misión". "No podemos callarnos,
nos llamarían cobardes", reclamó. En la presentación del congreso que
hoy cierra el cardenal Antonio María Rouco con una eucaristía emitida en
directo por la televisión pública, Coronel lo dijo de esta manera: "La
catolicidad está por encima de los conceptos de derecha y de izquierda,
por encima de los partidos políticos". ( El País. 21.11.04 )
"Nos
acosan por todas partes, pero no podrán con nosotros", dicen los obispos
"Nos tienen por impostores y somos veraces, nos
consideran trasnochados y estamos llenos de proyectos, piensan que
estamos a punto de desaparecer y sin embargo resistimos. Nos acosan por
todas partes, pero no pueden con nosotros; nos vemos perseguidos, pero
nunca aniquilados". Así ve a los cristianos de hoy el primer ideólogo de
la Iglesia católica española, Fernando Sebastián, vicepresidente de la
Conferencia Episcopal, ex rector de la Universidad Pontificia de
Salamanca y arzobispo de Pamplona. Sebastián fue ayer el primer ponente
del multitudinario congreso de seglares convocado por los obispos este
fin de semana en Madrid. Además de dibujar un panorama muy autocrítico
del catolicismo español, el prelado lamentó que la actual democracia
esté promoviendo "una mentalidad revanchista" contra los vencedores de
la Guerra Civil.
Es la primera vez que los obispos convocan un
congreso de seglares, pero su celebración estaba prevista desde hace
tres años, dentro de un plan de revitalización del catolicismo español
acordado por la Conferencia Episcopal. La casualidad ha hecho que la
llegada a Madrid de dos millares de los laicos más implicados en el
apostolado diocesano coincida con el grueso de la campaña que los
obispos han puesto en marcha para alzar a sus fieles contra algunas de
las reformas del Gobierno socialista. Esa tensión movilizadora marcó
ayer una parte del primer gran discurso del congreso, pero no impidió
que su protagonista, el arzobispo Sebastián, se callara lo que piensa
del actual momento eclesial, según él, lastrado por la división, el
desconcierto o la relajación moral.
"Podemos recrearnos en ese casi 90% de españoles que
se declaran católicos. O podemos insistir en que de ellos solamente un
escaso 30% cumple externamente las obligaciones básicas del cristiano.
Podemos destacar que el 70% de los matrimonios se celebran según el rito
católico, pero no podemos ignorar que el 20% de esos matrimonios se
separan y dan lugar a uniones incompatibles con la moral cristiana",
dijo, para subrayar "qué profundos son los deterioros de la conciencia y
las deficiencias de muchos cristianos".
Este primer congreso de seglares, reunido desde ayer
en el Palacio Municipal de Congresos bajo el lema Testigos de la
esperanza, ha sido organizado por la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, que preside el arzobispo de Valladolid, Braulio
Rodríguez, y reúne a dos mil representantes de los grandes movimientos y
asociaciones laicales: hermandades obreras de mayores y jóvenes como las
históricas HOAC y JOC, pero también a los activos militantes de los
nuevos movimientos, como Legionarios de Cristo, Kikos, Comunión y
Liberación u Opus. La mayoría de los congresistas son laicos (81,17%),
aunque abundan los sacerdotes (14,33%), además de religiosos (2%) y
miembros de institutos seculares (2%). Arropan a los congresistas 40
prelados, entre ellos el arzobispo de Madrid y presidente de la
Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco, que vestía sus pompas
cardenalicias (único que observó la solemnidad vestimental) y presidió
la apertura con una brevísima alocución de bienvenida, reservando su
esperada opinión para el discurso de clausura, este domingo.
Es probable que el cardenal de Madrid ofrezca mañana
indicios claros sobre las intenciones del episcopado respecto al
Gobierno socialista -sobre todo, si finalmente se convoca en diciembre
una manifestación de católicos-, pero el diagnóstico hecho ayer por su
segundo en la Conferencia Episcopal, el arzobispo Sebastián, no avala
esos afanes. Sebastián fue muy crítico con las autoridades socialistas
y, en general, con los políticos, pero cargó sobre todo sobre las
carencias y fallas de la Iglesia. "Si dirigimos nuestra mirada a la
realidad de nuestra Iglesia, veremos que la fuerza y el vigor apostólico
de las comunidades cristianas es hoy bastante deficiente", dijo.
También se preguntó con pesimismo sobre "cuántos
cristianos ejercen su profesión y actúan en el mundo económico y laboral
con criterios cristianos, sin reconocer el lucro y las ventajas
personales como razón determinante de su comportamiento".
Sebastián subrayó las dificultades -"tendencias de
signo antieclesial", un supuesto acoso de "importantes medios de
comunicación desde hace años", el anticlericalismo de los partidos de
izquierda y, sobre todo, las "actividades legislativas y muchas
decisiones de nuestro Gobierno actual"-, y añadió: "Aun reconociendo las
dificultades ambientales contra la fe religiosa, cristiana y eclesial,
los cristianos tenemos que reconocer que la debilidad de nuestra Iglesia
tiene su primera causa en nuestras propias debilidades espirituales. La
debilidad de la adhesión personal a la vida de fe, la escasa formación
intelectual, la falta de estima por la propia fe, hacen a muchos
cristianos especialmente vulnerables a la acción descristianizadora del
ambiente, y los incapacita para asumir una responsabilidad apostólica en
sus propios ambientes".
También señaló las divisiones internas, muy profundas
en su opinión, y muy debilitadoras. Dijo: "Además de la debilidad
religiosa, y en gran parte consecuencia de ella, la Iglesia española
está profundamente dividida en grupos y tendencias que comprometen la
unidad y dificultan grandemente la actuación de los cristianos.
Subsisten todavía grupos que por una teología secularizada viven un
alejamiento práctico de la jerarquía difícilmente compatible con una
comunión integral. Sin llegar a situaciones tan extremas, hay multitud
de grupos que viven y actúan con una relación muy tenue, más formal que
real con la jerarquía, encerrados en sus propios sistemas y en sus
propias ideas. Muchas congregaciones religiosas están más preocupadas de
sí mismas que de su servicio a la comunidad eclesial. Y en muchos
movimientos se adivina el sentimiento de que su servicio a la Iglesia
consiste en invitarla a copiar universalmente sus ideas y
procedimientos".
Frente a ese "decaimiento religioso generalizado", el
arzobispo reclama valor y sacrificio. "En la actual sociedad el
cristiano coherente tiene que estar dispuesto a padecer una cierta
marginación social, cultural y hasta profesional, y, en consecuencia,
tiene que estar dispuesto a renunciar a muchos bienes sociales y
económicos que no están al alcance de quienes se presentan y actúan
socialmente como cristianos coherentes. Es el martirio moderno, que
prueba la autenticidad y consuma la perfección de la fe de los
cristianos que viven y actúan en el mundo", dijo. ( El País.13.11.04 )
Rajoy: "Que España sea un Estado laico va en
contra de la Constitución"
Mariano Rajoy, líder del PP, enarboló ayer la
Constitución para enfatizar que "España es un Estado aconfesional, no es
un Estado laico". Rajoy criticó así una iniciativa parlamentaria de
todos los grupos a excepción del PP de promover una comisión para que
España sea un Estado laico.
"¿Por qué el señor Zapatero tiene que tragarse eso
del Estado laico?", se preguntó Rajoy en el mitin de apertura del
congreso del PP de Castilla-La Mancha. "España no es un Estado laico, es
aconfesional", insistió. Eso, afirmó, "significa que el Estado reconoce
total libertad de culto, que no hay ninguna religión oficial, pero que
que hay enseñanza religiosa libre en las escuelas, y que también hay
capellanes en los hospitales y en las prisiones".
Rajoy aseguró que la Constitución garantiza el
"respeto a los sentimientos de una mayoría" con la definición de España
como Estado aconfesional. Y mantuvo que ahora "el objetivo parece que es
molestar, hacer daño a los sentimientos de muchísima gente".
El líder del PP puso como ejemplo de ese supuesto
intento de "molestar con tonterías" los bautizos civiles. "Ese tipo de
shows
no son serios, o es que se van a bautizar por lo civil los señores
[Josep Lluis] Carod, [Gaspar Llamazares o [José Luis Rodríguez]
Zapatero", se mofó Rajoy entre los aplausos de los militantes del PP.
"¡No hagan ustedes tonterías!", reclamó al Gobierno.
La crítica de fondo del presidente del PP al
Ejecutivo es que, a su juicio, "intenta imponer los principios de una
minoría al sentido común de la mayoría de los españoles". Y ello por que
"no tiene valores", "no respeta los de la inmensa mayoría de los
españoles" y sólo "quiere contentar a sus colegas" de Esquerra
Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, para seguir en el Gobierno.
