ALBERTO RUIZ GALLARDÓN : UN GENOVÉS DE LOS QUE YA NO QUEDAN
LA LEY DEL ABORTO : REGRESO AL PASADO
LAS NOTICIAS
RAJOY DEJA CAER AL MINISTRO GALLARDÓN EN BUSCA DEL CENTRO POLÍTICO
LA LEY DEL ABORTO, LA HISTORIA DE UN FIASCO
EL GOBIERNO DESAUTORIZA A GALLARDÓN AL NO APROBAR LA LEY DEL ABORTO EN EL PLAZO FIJADO
LA VICEPRESIDENTA NIEGA EN EL VATICANO QUE HAYA CAMBIOS EN LA CONTRARREFORMA DE LA LEY DEL ABORTO
LOS CUATRO AMAGOS DE ESPANTADA DE GALLARDÓN: LA ÚLTIMA, POR EL ABORTO
SÁNCHEZ RECUERDA LA MILITANCIA DE COBOS EN EL PP ANTE EL RECURSO DEL ABORTORADIOGRAFÍA DEL TRIBUNAL QUE DECIDIRÁ SOBRE EL RECURSO DEL PP CONTRA LA LEY DE PLAZOS DE ZAPATERO
EL EJECUTIVO EVITA COMPROMETERSE CON LA LEY DEL ABORTO Y NO ACLARA SI SE APROBARÁ
UN CONSEJO FISCAL DIVIDIDO APRUEBA EL INFORME DE LA LEY DEL ABORTO
2.000 SANITARIOS DENUNCIAN QUE LA LEY GALLARDÓN DAÑARÁ LA SALUD DE LAS MUJERES
GALLARDÓN: “TENGO EL APOYO DE RAJOY Y DEL GOBIERNO PARA LA REFORMA DEL ABORTO”
El 80% rechaza la ‘ley Gallardón’
BARONES DEL PP MANTIENEN LA PRESIÓN PARA RECTIFICAR EL PROYECTO DEL ABORTO
EL PP REIVINDICA EL CONSENSO DEL 85 QUE NUNCA EXISTIÓ
LOS ASPECTOS POLÉMICOS DE UNA LEY DEL PASADO
CELIA VILLALOBOS PIDE LIBERTAD DE VOTO Y NADIE CONTESTA
DE ‘VERSO SUELTO’ A MINISTRO HINCHA
EL LONDINENSE ‘THE TIMES’ ACUSA A RAJOY DE “ABUSO DE PODER”
MONAGO: “NADIE PUEDE OBLIGAR A UNA MUJER A SER MADRE”
EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY DEL ABORTO MÁS RESTRICTIVA DE LA DEMOCRACIA
DE GALLARDÓN PADRE A GALLARDÓN HIJO: 30 AÑOS DE FRASES 'POPULARES' CONTRA EL ABORTO
CIFUENTES, CONTRARIA A LA REFORMA DE GALLARDÓN, APUESTA POR UNA LEY DE PLAZOS PARA EL ABORTO
EL GOBIERNO RETRASA LA LEY DEL ABORTO ANTE LA DIVISIÓN INTERNA QUE GENERA
FERNÁNDEZ: EL ABORTO “TIENE ALGO QUE VER” CON ETA, “PERO NO DEMASIADO”
GALLARDÓN INVOCA EL “MANDATO DE LOS CIUDADANOS” PARA CAMBIAR EL ABORTO
GALLARDÓN REFORMARÁ LA LEY DEL ABORTO PERO NO EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL
EL GOBIERNO SOSTIENE QUE UN HIJO INDESEADO NO DAÑA LA SALUD DE LA MUJER
GALLARDÓN: “LOS DISCAPACITADOS NACIDOS Y POR NACER NO PUEDEN SER DISCRIMINADOS”
GALLARDÓN: "LA MATERNIDAD LIBRE HACE A LAS MUJERES AUTÉNTICAMENTE MUJERES"
GALLARDÓN DENUNCIA UNA "VIOLENCIA ESTRUCTURAL" QUE OBLIGA A ABORTAR
RAJOY DEJA CAER AL MINISTRO GALLARDÓN EN BUSCA DEL CENTRO POLÍTICO
El titular de Justicia renuncia también a su escaño en el Congreso y a sus cargos en el partido.
"No soy la persona para poder llevar adelante con convicción la nueva regulación anunciada por el presidente"
La historia de un fracaso, el del proyecto de ley del aborto del PP, acabó ayer con la vida política de un veterano de la política. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció su dimisión a media tarde en rueda de prensa, apenas cuatro horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmara la retirada de la reforma de ley del aborto y aparcara así uno de los asuntos que en este momento le creaban más problemas a la hora de mantener a su electorado de centro. Gallardón afirmó que se va porque no ha sido capaz de llevar adelante el “encargo” que le hizo el presidente al inicio del mandato, y anunció que en los próximos días renunciará también a su escaño de diputado y a los cargos de dirección en el partido. “Dejo la política”, concluyó. Será sustituido por Rafael Catalá, actual secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, cuyo nombramiento fue comunicado oficialmente ayer mismo.
El movimiento de Rajoy coincide con el momento más delicado para las perspectivas electorales del Partido Popular. Sin adversario político a su derecha, el PP busca mensajes que le vuelvan a aproximar al centro. Y una de las iniciativas más claras para conseguir ese objetivo es la retirada de la reforma de la ley del aborto, rechazada por la mayor parte de la sociedad (según las encuestas) y por un sector del PP, que se prepara para afrontar el año electoral clave de 2015 (municipales, autonómicas y generales). Los cálculos de Pedro Arriola, el primer asesor de Rajoy en estrategias electorales, han terminado por enterrar la iniciativa, sacrificando por el camino al ministro con más peso político del Gobierno.
Gallardón explicó que la semana pasada comunicó a Rajoy su intención de dejar el cargo y ayer se lo ratificó, una vez que el presidente hizo público lo que el ministro ya sabía: la decisión de retirar la ley. “Dimito como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno de retirar el proyecto de Ley (...) Más que desautorizado, siento que no he sido capaz de cumplir el encargo que se me hizo (...) Yo no soy la persona para poder llevar adelante con convicción la nueva forma de regulación del aborto que ha sido anunciada por el presidente”, afirmó Gallardón.
La nueva regulación que Rajoy había anunciado horas antes se reduce a esto: olvidarse por el momento de una nueva ley y abordar una mínima modificación de la actual, introduciendo únicamente la obligatoriedad de contar con permiso de los padres para las embarazadas de 16 y 17 años que decidan abortar. El PP renuncia, por tanto, a la vuelta atrás de tres décadas que suponía el proyecto de ley aprobado el pasado diciembre, que derogaba el sistema de plazos (el derecho de la mujer a abortar sin alegar motivo en las primeras 14 semanas) y retornaba al sistema de supuestos que rigió entre 1985 y 2010, pero endureciéndolo. “Creo que he tomado la decisión más sensata”, dijo el presidente, que comunicó este giro clave de su mandato en unas declaraciones ante los periodistas después de un acto público en Madrid.
La consecuencia inmediata de esa decisión es la dimisión de Gallardón. El ministro se va sin dar un portazo. En su comparecencia evitó cualquier reproche o crítica a Rajoy, le manifestó varias veces su “gratitud y lealtad” e insistió: “Las responsabilidades [del fracaso de la ley] las asumo yo”. Pero también deslizó que ese anteproyecto de ley fue un proyecto colectivo: “Yo asumí el compromiso de reformar la ley como consecuencia del encargo de responsabilidades que se hizo en el Gobierno a comienzos de legislatura”, dijo. Y también: “Lo hice de acuerdo con lo que había sido la doctrina de nuestro partido y con el criterio establecido [por el PP] en el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de 2010”. Y por último: “Reconozco que no he sido capaz de convertir en proyecto de ley el anteproyecto que aprobamos en Consejo de Ministros”.
Subrayó, además, que nunca “ningún compañero de partido” le pidió que cambiara “ningún aspecto del anteproyecto”. Añadió que de este asunto solo despachó “con el presidente del Gobierno”. Y cuando se le preguntó si el anteproyecto de ley del aborto que ahora se retira era suyo o de Rajoy, contestó: “Era del Gobierno de España”.
Cuando hace unos días Gallardón le planteó a Rajoy su intención de dimitir, el presidente intentó convencerle para que permaneciese en su puesto, pero siempre bajo la premisa de que la reforma de la ley del aborto no saldría adelante, según varias fuentes gubernamentales. Esa situación abocaba a Ruiz-Gallardón a ser, aún más, la diana perfecta de la oposición, que le bombardeaba casi cada semana con preguntas sobre la reforma y que ahora había quedado, además, desautorizado. El ministro afirmó ayer que aplazó la dimisión unos días, hasta tener preparados los recursos de Justicia contra la ley de consultas catalana y el futuro decreto de convocatoria del referéndum del 9-N.
Gallardón es el primer ministro que abandona por voluntad propia el gabinete de Rajoy. Desde el ministerio se insistía ayer en que no solo se ha dedicado a la ley del aborto, y daban la cifra de 36 normas aprobadas y 12 en tramitación. Pero todas las grandes iniciativas que anunció para “revolucionar y modernizar” la administración de Justicia, como la reforma del Código Penal, la Ley del Poder Judicial o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están empantanadas en el Congreso o no han logrado salir de su departamento.
El ministro había amagado más de una vez con abandonar la política. Ayer lo hizo. "Debo dar por agotada mi vida política, y la doy por agotada". En su discurso de despedida mencionó a los dos dirigentes de la mano de los cuales entró en el PP —su padre, José María Ruiz-Gallardón, y Manuel Fraga— y subrayó que seguirá militando en el partido pero que no volverá a ejercer “ningún puesto de responsabilidad política”. La voz se le quebró cuando recordó las cinco mayorías absolutas consecutivas que le dieron los madrileños, como presidente autonómico y alcalde, antes de convertirse en ministro. “No me voy con dolor. La política a veces te da satisfacciones y a veces te las quita”, dijo, antes de fundirse en un abrazo con su hijo Ignacio y con su cada uno de los miembros de su equipo.
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/23/actualidad/1411483106_012590.html
LA LEY DEL ABORTO, LA HISTORIA DE UN FIASCO
Gallardón propuso su cese antes del verano, cuando Rajoy esgrimió las encuesta para no sacar adelante la ley. Nadie asume del todo la paternidad del mayor pinchazo político de la legislatura
La ley del aborto ha sido el mayor fiasco político de la legislatura. Se promovió para contentar al electorado conservador y su azarosa tramitación y posterior retirada después de tres años de debate ha acabado molestando a la izquierda, al centro y ahora a la derecha. En el camino ha quedado la carrera política de Alberto Ruiz Gallardón, que cumplió el encargo de Mariano Rajoy y después ha intentado de todo para que saliera, hasta que antes del verano empezó a rendirse y pidió a Rajoy que le cesara. El presidente le puso encima de la mesa encuestas que recomendaban no sacar la ley, pero le pidió que aguantara. El resultado al final ha sido el mismo: un fiasco con dimisión del ministro.
Todo empezó el día en que Mariano Rajoy decidió encargar la ley del aborto, el asunto más delicado de la legislatura, al ministro de Justicia, Gallardón, y no a la de Sanidad e Igualdad, Ana Mato. Si con José Luis Rodríguez Zapatero el asunto quedó en manos de Bibiana Aido, con Rajoy se atribuyó al hijo del diputado de AP que en 1983 había recurrido la anterior ley del aborto. Una feminista frente a un exfiscal hijo del líder del antiabortismo en la derecha. Todo un símbolo. El enfoque no sería social, sino puramente político y jurídico.
Algunos en el PP lo vieron como un regalo envenenado para Gallardón, eterno aspirante al trono de Rajoy. Ya entonces, en 2012, muchos le avisaron de que este asunto podría ser su tumba política. Otros en el partido creen que él intentó aprovecharlo para reconciliarse con la derecha política y mediática, que siempre le había dado la espalda mientras él buscaba un perfil moderado que le dio cuatro mayorías absolutas en Madrid. Lo cierto es que Gallardón, fiel a su estilo protagonista, se creyó el papel y empezó a defender la nueva ley del aborto en todos los foros, mientras poco a poco se iba hundiendo en las encuestas.
La batalla de la ley del aborto no era nueva en el PP. Venía de lejos, y Gallardón fue el último en llegar a ella. Ya se produjo en 2010, cuando Federico Trillo, miembro del Opus Dei y uno de los pata negra del PP, capitaneó con Soraya Sáenz de Santamaría un recurso durísimo al Tribunal Constitucional en el que se comparaba la ley del PSOE con las normas nazis de selección de la raza precisamente por permitir el aborto por malformación que después centró toda la polémica.
La batalla se abrió de nuevo en 2011, cuando se estaba cerrando el programa electoral. Rajoy y otros muchos dirigentes recibieron miles de cartas de presión de colectivos antiabortistas cercanos a la iglesia y al PP. El entorno del Opus y de la Conferencia Episcopal se movió. Jorge Fernández Díaz, amigo de Rajoy y miembro del Opus, apretó y logró que se incluyera un compromiso, aunque vago, de reformar la ley del PSOE para proteger mejor al nasciturus. Los moderados que preferían esperar al fallo del Constitucional perdieron esa batalla. Era la segunda vez que ganaban los conservadores porque así lo quiso Rajoy.
Gallardón empezó a trabajar en una ley de supuestos mejorada. Enseguida empezaron a verse los problemas. Las discusiones con La Moncloa eran constantes y el ministro ofreció públicamente varias fechas que eran sistemáticamente incumplidas. La ley estaba ya lista, con dos opciones, una más suave y otra más dura, encima de la mesa de Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Allí estuvo meses a la espera de una solución.
Gallardón puso sobre la mesa del presidente dos versiones de la ley, una más suave y otra más dura. Rajoy tomó la última decisión
El presidente, como siempre, tomaría la última decisión. Algunos dirigentes y miembros del Gobierno creen que en él influyó también su entorno personal, de origen muy conservador. Otros culpan a la insistencia de Gallardón. Rajoy decidió, pero se quería evitar que él asumiera el coste político de un asunto muy delicado. Así que el 20 de diciembre de 2013, aprovechando que el presidente estaba en Bruselas y buscando que la polémica se apagara con el eco de las Navidades, un Consejo de Ministros presidido por Sáenz de Santamaría aprobó la norma más restrictiva de la democracia, que eliminaba incluso la malformación, cualquiera de ellas, como un supuesto para abortar.
Gallardón quería que quedara claro que era una ley de todo el Gobierno, no suya. Insistió en que se basaba en el recurso que en su día presentaron Trillo y Sáenz de Santamaría. Y para que todos los ministros asumieran el coste juntos, se les envió a todos la ley dos días antes. Sabían el miércoles lo que iban a aprobar el viernes. Algunos ministros temían más a la reacción de los conservadores, por una ley que no eliminaba el aborto, que a la izquierda. Era una norma pensada para ese electorado católico, eran esos votantes los que inquietaban. Pasó exactamente lo contrario y muchos se sorprendieron.
Ese mismo día ya se vio que Gallardón iba a asumir el coste en solitario. Desde Bruselas, Rajoy evitó contestar, como si no supiera de qué iba la ley. En Madrid, sentada al lado de Gallardón, Sáenz de Santamaría renunció a defenderla. Se le preguntó si estaba cómoda con ella. Y dijo que estaba tan cómoda con esta ley como con la de 1985, sin explicar qué le parecía esta última. Fátima Báñez, la ministra de Empleo, sentada a su lado, no quiso decir ni palabra.
Los que sí hablaron fueron los barones autonómicos y dirigentes locales. La ley tuvo un enorme impacto en el electorado moderado y el PP empezó a caer aún más en las encuestas a pocos meses de las europeas de mayo. José Antonio Monago, Alberto Núñez Feijóo y otros barones pidieron un texto más consensuado. El asunto monopolizó una tensa reunión de la cúpula del PP en enero y se alcanzó el pacto interno de no volver a tocarla hasta después de las europeas. Con eso se logró que saliera del debate público. Rajoy insistía: hay que hablar de economía. Pero el presidente no había renunciado a la ley. Quería suavizarla, en especial el asunto de la malformación, pero estaba dispuesto a seguir para acabar con la ley de plazos del PSOE. Volver al 85 era la consigna.
La sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley de plazos puede ser más eficaz y duradera que la reforma del PP
En mayo las cosas estaban claras. En cuanto pasaran las europeas la ley se aprobaría rápidamente en verano para dejarla lista antes de 2015, año electoral. Esa era la intención del ministro. Y creía tener el respaldo de La Moncloa. Rajoy lo dejó claro en mayo en la Cadena SER: "No vamos a retirar la ley, estamos dispuestos a hablar pero no vamos a retirarla".
Pero entonces llegaron las europeas. El PP bajó a un inédito 26% en toda España. Todos los focos se pusieron en la crisis del PSOE pero los populares vivían internamente una especie de revuelta silenciosa. Los alcaldes y presidentes autonómicos entraron en pánico: se veían perdidos en 2015 si no cambiaba la tendencia. La enorme presión interna a Rajoy hizo incluso que el presidente recuperara la olvidada propuesta de cambiar la ley electoral para evitar la debacle del PP.
En ese momento, antes del verano, Rajoy citó a Gallardón en La Moncloa. Le enseñó las encuestas que manejaba Pedro Arriola, uno de sus asesores más influyentes: hasta el 40% de los votantes del PP estaban en desacuerdo con la reforma de la ley del aborto. Aprobarla podía ser el golpe definitivo para un partido en horas bajas. Especialmente preocupante eran los datos del voto joven, el que más inquieta ahora mismo a los populares porque han detectado mucho malestar, tanto que incluso una parte pequeña de sus exvotantes jóvenes se han ido a Podemos. Entre esos jóvenes del PP la ley de plazos ha sido mayoritariamente aceptada.
Rajoy quería buscar una solución. Retirarla era muy duro para el electorado conservador, suavizarla, muy difícil para el moderado. Gallardón propuso entonces una salida: que le destituyera. Sería el culpable del mayor fiasco político del Gobierno y la situación quedaría resuelta, las críticas irían contra él. Pero el presidente no aceptó. A Rajoy no le gustan los cambios y menos una crisis de gobierno por una ley tan sensible. Pidió un poco de tiempo, tal vez convencido de que Gallardón se olvidaría de la dimisión como había hecho otras muchas veces en el pasado.
El ministro entonces lanzó su última apuesta, a la desesperada. Aseguró que la ley saldría del Consejo de Ministros "antes de que acabe el verano, que acaba en septiembre". La ley, ya suavizada en algunos puntos polémicos, en especial el de las malformaciones, estaba de nuevo en La Moncloa esperando destino. Ya no había negociaciones, ni se estudiaban informes, al contrario de lo que decía Sáenz de Santamaría cada viernes para ganar tiempo. Sólo se esperaba una decisión de Rajoy. Pero el presidente optó por dejarla morir y desautorizar a Gallardón.
A nadie le interesaba su dimisión, pero todos los consultados eran conscientes estos días de que había salido muy tocado, hundido en las encuestas después de años de ser el mejor valorado del PP. Pocos estaban al tanto de la situación entre Rajoy y Gallardón pero se palpaba en el PP una gran preocupación: en la manifestación del domingo estaban los mismos votantes del PP que salieron a la calle en 2010 acompañados por María Dolores de Cospedal y José María Aznar contra la ley del aborto de Zapatero. Y amenazaban con no votar más al PP.
"El PP es mucho más que esa gente, perderíamos muchísimo más por el centro que el pequeño riesgo de que algunos de la derecha que no tienen otra opción real decidan quedarse en casa", resume un miembro de la cúpula. Pero la realidad es que el PP no está para enfadar a ninguno de sus votantes o exvotantes. Al revés, tiene que recuperarlos. Por eso, y aunque Gallardón tiene muchos enemigos internos, nadie ha empujado para su dimisión. Al contrario. Incluso Cospedal, de la que está muy distanciado, trató de retenerle el lunes con un mensaje que él podía entender. Insistió hasta dos veces en que las decisiones del Gobierno como la ley del aborto "son colegiadas, las toman todos los ministros", una manera clara de decir que no tenía por qué asumir en solitario este fiasco. Pero las cartas ya estaban echadas.
El texto está muerto y su principal defensor políticamente acabado. Pero la batalla del PP contra la ley de plazos del PSOE seguirá por vías incluso más eficaces y de efectos más duros. Ahora tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional, que había retrasado su decisión con el argumento de que había una ley en tramitación. Era un pacto no escrito entre los dos sectores. Pero ahora no hay excusas para no tomar una decisión. El PP influye indirectamente en el Tribunal Constitucional, presidido por un exmilitante suyo. Los conservadores tienen mayoría clara. Y el ponente del recurso del PP, Andrés Ollero, es un exdiputado popular conocido por sus posiciones antiabortistas. Entre los populares existe el convencimiento de que la sentencia, cuando salga, acabará con toda probabilidad con la ley de plazos que ahora Rajoy no se ha animado a cambiar y volverá a la situación de 1985.
Pero lo hará con un efecto más duradero. Si el PP hubiese cambiado la ley sin sentencia y retirado el recurso, el PSOE podría volver a modificarla en cuanto llegase al gobierno para recuperar la ley de plazos, similar a la de otros países del entorno español como Francia, Italia o Alemania. Pero si hay una sentencia del Constitucional que acaba con la ley de plazos, sólo otra sentencia elaborada con otra mayoría podría recuperarla. Y eso no es fácil. Puede pasar muchos años o incluso no suceder nunca. Gallardon puede haber quedado en el camino pero el efecto buscado por Rajoy y el PP, que es satisfacer a su entorno y su electorado más conservador, se lograría un poco más tarde pero de forma mucho más duradera y sin el coste político de una reforma del Gobierno con una larga y durísima tramitación en el Congreso. Después del fiasco llegaría así una segunda vuelta con un resultado similar: el fin de la ley de plazos.
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/24/actualidad/1411510577_143104.htmlEL GOBIERNO DESAUTORIZA A GALLARDÓN AL NO APROBAR LA LEY DEL ABORTO EN EL PLAZO FIJADO
El Ejecutivo celebra su último Consejo de Ministros del verano, fecha máxima fijada por Justicia
Santamaria evita hablar de retirada pero lo apunta al decir que buscan un consenso "no sencillo"
Nadie en el Gobierno quiere pronunciar en público una palabra sobre la ley del aborto que implicaría un gran coste político en el sector de la derecha: retirada. Sin embargo, Soraya Sáenz de Santamaría, sin llegar a hablar de ella, se acercó bastante ayer, más que nunca, cuando señaló que esa ley trata un tema “muy sensible” y que no se puede aprobar sin “un consenso que no es sencillo”.
Es casi imposible, porque prácticamente todos los demás grupos políticos la rechazan, y el Gobierno ni siquiera está buscando ese consenso: hace meses que no se reúne con nadie por este asunto y la ley está lista y bloqueada en La Moncloa. Por tanto, parece abocada a dormir en un cajón hasta que ya no quede tiempo para aprobarla en las Cortes.
Sáenz de Santamaría fue más explícita que otras veces, aunque no aclaró si la ley está ya definitivamente muerta o habrá un último intento. “Es una ley complicada, de gran sensibilidad social. Desde el principio se quiso trabajar por un consenso, que no es sencillo. Es el encargo que tenemos y estamos trabajando en ello. Se harán todos los esfuerzos”. “¿Y sin consenso no saldrá?”, fue preguntada. “Ese consenso es importante. El ministro de Justicia tiene el mandato de trabajar por el consenso en todos los ámbitos y todos seguiremos trabajando y ayudando”.
Sáenz de Santamaría no quiso hablar sobre el futuro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ni sobre la posibilidad de que dimita al quedar desautorizado. El ministro garantizó públicamente el pasado julio que la ley saldría del Consejo de Ministros “antes de que acabe el verano, en septiembre”. El verano se acaba el martes y el próximo consejo ordinario será ya en otoño. Este viernes era el último día políticamente viable para poder aprobar la norma en 2014. Si no, se va a 2015, año electoral, lo que la hace inviable ante el coste político que tendría a pocos meses de las autonómicas y municipales.
Retirar el proyecto como está planteado tendría un gran coste político en la derecha
Ahora, el futuro de Gallardón está en el aire. Su imagen queda tocada y su capacidad de maniobra política también. Tiene que decidir si agota la legislatura —es poco probable que vaya más allá— o dimite ahora. Él mismo dijo a la prensa esta semana que cuando acabaran los trámites para recurrir la ley de consultas y la convocatoria del referéndum catalán, en principio, la próxima semana, hablaría de su futuro. Antes tendrá que hacerlo con el presidente Mariano Rajoy, la persona que ha tomado todas las decisiones: la de que la ley del aborto fuera al Consejo de Ministros —aunque él no estaba ese día— y la de que quede guardada en un cajón ante el coste electoral que supone, como reflejan las encuestas manejadas por Pedro Arriola. Rajoy no quiere ninguna crisis de Gobierno por el asunto del aborto, difícil de gestionar en el sector conservador —la Conferencia Episcopal le ha pedido que cumpla sus compromisos—, pero puede ver cómo su ministro le plantea una dimisión irrevocable. Si la decisión depende del presidente, pedirá a Gallardón que siga, según señalan en su entorno. Pero el ministro tiene la última palabra.
Al Gobierno, como explicó públicamente el ministro de Educación, José Ignacio Wert, experto en encuestas como Arriola, le gustaría que fuera el Tribunal Constitucional el que resolviera esta papeleta. Casi con seguridad lo haría en el sentido que quiere el PP, declarando inconstitucional ley de plazos del PSOE, porque el ponente es Andrés Ollero, un exdiputado del PP claramente antiabortista, y porque los conservadores tienen una clara mayoría. Sin embargo, el presidente de este organismo, Francisco Pérez de los Cobos, ya ha dejado claro que no llevará este asunto al pleno mientras el Gobierno tenga en tramitación la ley. Por tanto, el Ejecutivo tendría que anunciar la retirada del proyecto y asumir el coste político para forzar así que el Constitucional falle.
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/19/actualidad/1411124328_924060.htmlLA VICEPRESIDENTA NIEGA EN EL VATICANO QUE HAYA CAMBIOS EN LA CONTRARREFORMA DE LA LEY DEL ABORTO
Asegura que no habló del tema en Roma y no se pronuncia sobre la posible dimisión de Gallardón, adelantada por ELPLURAL.COM la pasada semana
Mariano Rajoy ha decidido dejar en un cajón la reforma de la Ley del aborto que de salir adelante colocaría a España entre los países con las leyes más retrógradas de toda Europa, solo equiparable a la legislación de Irlanda y Malta. El texto de la contrarreforma elaborado por el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, prohíbe de facto el aborto en España dado que solo contempla dos posibilidades: grave peligro para la vida de la madre y embarazo provocado por una violación. En ambos casos además se debe acreditar por tres médicos. No es comparable, como insiste el PP, con la Ley del aborto de Felipe González dado que la Ley del PP prohíbe el aborto en caso de malformación del feto, aunque sea muy grave y se sepa que el bebé esté condenado a morir al poco de nacer. Es precisamente este aspecto el que provocó incluso el rechazo de buena parte del PP. Ejemplo del atolladero político en el que se ha metido el PP es que la Vicepresidenta negara a su salida de El vaticano, que haya cambios en los planes del Gobierno.
Soraya en el Vaticano
La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha visitado este lunes el Vaticano para reunirse con el Secretario de Estado, Pietro Parolín, en la que es su segunda visita al estado Pontificio y su primera reunión con el nuevo número dos de la Iglesia católica. A la salida de la reunión, Soraya Sáenz de Santamaría negó que en su reunión se hubiera hablado de la Ley del aborto y negó también que haya habido cambios en el contenido o en el calendario. Textualmente la Vicepresidenta aseguró que “no ha habido cambios”, sin embargo desde el Partido Popular son ya semanas las que se viene filtrando a los medios de comunicación que Rajoy aparca la Ley. Prueba de ello es que un periódico absolutamente fiel y permanentemente elogios con Rajoy como es La Razón, dedica hoy su editorial a criticar al Gobierno por retirar la reforma de la Ley del aborto.
La dimisión/presión de Gallardón
El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, se siente “solo” porque después de ser “absolutamente fiel y disciplinado” a Rajoy reformando la Ley del aborto para dar gusto a los sectores más ultra católicos del PP, su Ley se queda en el cajón. Después de anunciar en reiteradas ocasiones que se aprobaría -primero dijo que a finales de julio y luego que antes de que terminara el verano- nada indica que esto vaya a ocurrir. Y Gallardón ha comenzado a presionar, primero hizo llegar a las plataformas pro-vida o ultras como “Hazteoir.org” que él había cumplido y que era la Vicepresidenta la que bloqueaba su entrada en el orden del día del Consejo de Ministros. Dichas plataformas han iniciado una campaña de recogida de firmas contra Soraya Sáenz de Santamaría en internet.
El pasado miércoles ELPLURAL.COM adelantaba que Gallardón está dispuesto a dimitir si la Ley no se aprueba antes de termine el verano (oficialmente el próximo 23 de septiembre), noticia que han recogido hoy varios medios nacionales a quienes también ‘fuentes del Ministerio’ les han confirmado la noticia. Más indicios, el pasado domingo El Mundo titulaba a cinco columnas que el Gobierno no reformará la Ley del aborto y este lunes, por primera y única vez, La Razón critica a Rajoy. Queda un Consejo de Ministros para comprobar si el Gobierno cumplirá su compromiso con los sectores más ultras de la derecha española y para saber si Gallardón cumple lo que él mismo ha filtrado: que dimite si la Ley no se aprueba.
http://www.elplural.com/2014/09/15/la-vicepresidenta-niega-en-el-vaticano-que-haya-cambios-en-la-ley-del-aborto/LOS CUATRO AMAGOS DE ESPANTADA DE GALLARDÓN: LA ÚLTIMA, POR EL ABORTO
No es la primera vez que Gallardón amaga con dimitir: en 2008 amenazó con dejar la alcaldía cuando Rajoy le cerró el paso al Congreso, en 2004 ya lo había insinuado tras no conseguir hacerse con el control del PP madrileño
La congelación de la reforma del aborto, impulsada por el ministro de Justicia, ha provocado su última amenaza de dejar el puesto
A lo largo de su dilatada carrera política, Alberto Ruiz-Gallardón ha usado varias veces la amenaza de la espantada. La desautorización que supone para él la renuncia del Gobierno a sacar adelante la reforma de la ley del aborto ha provocado la última. El entorno del ministro confiesa que está "tocado y dolido" y que ha abierto un "periodo de reflexión" sobre su futuro.
Por el momento, encara las obligaciones que se derivan de la situación política en Cataluña y la convocatoria de la consulta del 9-N, y aspira a que Mariano Rajoy le diga si sigue contando con él después de revés que supone guardar en un cajón la contrarreforma del aborto.
"No me podéis hacer esto. Tras el 9 de marzo dejaré la política"
En enero de 2008, el entonces alcalde de Madrid lleva muchos meses peleando por ser diputado. Se le ha guardado un puesto entre los primeros de la lista del PP, el cinco. Enterada su eterna enemiga, Esperanza Aguirre, decide retar a Rajoy y pide la misma pretensión para evitar que Gallardón consiga entrar en el Congreso mientras ella se queda fuera. El alcalde se entera en una reunión en Génova porque Aguirre no lo había hecho público. Se lo había hecho saber a Ángel Acebes, amigo y secretario general del partido, para que se lo trasladara a Rajoy. La plataforma que supone estar en el Parlamento es demasiado golosa. Como presidenta autonómica, no puede ir en las listas, pero está dispuesta a dimitir y pasar el cargo a Ignacio González.
La decisión del entonces líder de la oposición es salomónica: ninguno de los dos. Gallardón acusa el golpe y su entorno filtra que se plantea dimitir y que así se lo ha hecho saber a Rajoy. La expresión utilizada es la misma que ahora. Abre un "periodo de reflexión" para ver si deja la política. Como ahora, tampoco es inmediato. Gallardón vende que su responsabilidad le aconseja esperar hasta que pasen las elecciones del 9 de marzo "para no perjudicar al partido".
La reconstrucción del diálogo mantenido entre Rajoy, Gallardón, Aguirre y Ángel Acebes, que entonces publicó El País, no tiene desperdicio. Rajoy confiesa nada más empezar el encuentro "estar harto de los enfrentamientos" entre ambos. Conocida la decisión del jefe, Aguirre dice que le parecía bien. El alcalde se enrabieta: "No me podéis hacer esto. Mariano, tú has tomado tu decisión y no la mía. Tras el 9 de marzo, dejaré la política", dijo Gallardón.
"No sé qué haré después de 2007"
La competencia por liderar el PP madrileño es fueroz en la segunda semana de octubre de 2004. Gallardón se enfrenta a Aguirre a través de un candidatura liderada por su número dos y eterna mano derecha, Manuel Cobo. Hasta entonces no había ocurrido que dos opciones tan enfrentadas lucharan por la presidencia regional del partido, en manos de Pío García-Escudero. Los apoyos de Aguirre son aplastantes. Gallardón se da por enterado y manda retirar su candidatura.
La derrota de Gallardón frente a lo que define como "la opción de la exclusión" le sirve para darse cuenta de que está en una minoría que define como "casi absoluta". El vicealcalde Cobo pone su cargo a disposición de su jefe aunque éste no le acepta la dimisión. Cobo no se atreve a culpar directamente a Aguirre, pero sí se queja de "recibir continuamente mensajes injuriosos" y alude a "políticas talibanes" dentro del PP contra él y contra el alcalde.
Gallardón amaga con que el batacazo provoque su retirada, aunque no es claro cuando aparece con cara de circunstancias ante los periodistas. "¿Si volveré a presentarme como candidato a la alcaldía en 2007? Sinceramente, no lo sé. Yo tengo un compromiso con los madrileños hasta mayo de 2007. Después no sé".
Enfado por la moción frustrada contra Joaquín Leguina
Muchos años antes de ese episodio, el actual ministro de Justicia ya había recurrido a la amenaza de dejar su puesto. Era 1988 y la derecha se llamaba entonces Alianza Popular. El presidente del partido era Antonio Hernández Mancha y Gallardón era el vicepresidente del partido y portavoz en la Asamblea de Madrid.
La posibilidad de descabalgar a Leguina del sillón de la Comunidad era jugosa, pero Hernández Mancha dejó fuera a Gallardón de un posible acuerdo con el CDS que no se llegó después a materializar en el debate sobre el estado de la región. El apoyo de Adolfo Suárez a la operación se daba por hecho por parte de Hernández Mancha pero no se llegó a materializar y la maniobra se abortó. Gallardón sintió entonces que se había maniobrado a sus espaldas y amenazó con dejar sus responsabilidades. 26 años después, sigue en política.
http://www.eldiario.es/politica/amagos-espantada-Gallardon_0_303769781.html
SÁNCHEZ RECUERDA LA MILITANCIA DE COBOS EN EL PP ANTE EL RECURSO DEL ABORTO
El líder del PSOE pide que el nuevo ministro de Justicia retire la impugnación del Constitucional
Después de la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón por “no tener capacidad” para sacar adelante la contrarreforma de la ley actual del aborto ahora toca la retirada del recurso de inconstitucionalidad que contra ella interpuso el PP. Esta es la petición de buena parte de la oposición y singularmente del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Su argumento se centra en el fondo de la ley pero, además, añade que el Tribunal Constitucional no está en condiciones de dictaminar con imparcialidad la ley por la militancia al menos hasta 2011 de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos. Es más, el político socialista ha hablado en presente de esa afiliación. “El presidente del Tribunal Constitucional no puede ver esa ley porque es militante del PP”. La militancia en el PP del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos —ocultada en la comisión de nombramientos del Senado, previa a su designación—, desencadenó no solo protestas sino también peticiones de nulidad de resoluciones en las que había participado como magistrado. Todo quedó en nada porque por una mayoría el propio tribunal le amparó y consideró que no había motivos para que se abstuviera de participar en las votaciones. Ahora el nuevo líder del PSOE reaviva el asunto al invocar la militancia, aunque sin cargos, en el partido que ahora gobierna.
Esa es una razón suficiente, según el PSOE, para que Pérez de los Cobos no tenga parte en ninguna deliberación sobre esa ley pero lo que persigue Pedro Sánchez es que no haya lugar a deliberación. “Le pido al nuevo ministro de Justicia como primera tarea que retire el recurso de inconstitucionalidad contra la legislación del aborto que está en la línea de las leyes de las sociedades más avanzadas”, ha dicho. Y la segunda tarea es otra retirada: la ley de tasas judiciales que “está impidiendo el acceso a la justicia de muchos ciudadanos por razones económicas”.
La pelea ahora de la oposición va a estar en la retirada de ese recurso y, por supuesto, que no se toque la actual ley. Mientras Pedro Sánchez hacía estas consideraciones, el diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, interpelaba al gobierno sobre el mismo asunto. Los aspectos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere cambiar, según ha expresó en el momento que anunció la retirada del proyecto propio, también va a ser cuestionado por la oposición. Se trata de las condiciones para abortar de las jóvenes de 16 y 17 años. Toda vez que se ha instalado la incorrecta tesis de que pueden interrumpir el embarazo sin la opinión de un mayor de edad, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha leído ante los medios de comunicación la literalidad de la ley. Las jóvenes de esa edad deben contar con la opinión favorable del padre o de la madre y en su defecto de un tutor. La exclusión de toda autorización de un adulto para abortar se restringe a que la menor pueda sostener “fundamentadamente” que está en riesgo su integridad física al vivir en un entorno familiar de violencia, incluida las agresiones sexuales.
“Queremos que el presidente del Gobierno nos diga qué parte de esta legislación sobre las menores de 16 y 17 años quiere quitar”, ha requerido Pedro Sánchez. Los socialistas tras la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón presionarán para que la ley que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se mantenga vigente.
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/24/actualidad/1411558102_302299.htmlRADIOGRAFÍA DEL TRIBUNAL QUE DECIDIRÁ SOBRE EL RECURSO DEL PP CONTRA LA LEY DE PLAZOS DE ZAPATERO
Fuentes del Alto Tribunal mantienen que el fallo no se va a acelerar por la retirada el texto. "A efectos del TC no ha cambiado nada todavía"
La proporción es de siete jueces conservadores frente a cinco progresistas
El ponente, Andrés Ollero, manifestó en el pasado que dejar a una madre abortar "es autorizar un acto de guerra contra su hijo"
Con el anteproyecto de reforma de la ley del aborto en un cajón, todas las miradas dentro y fuera del Partido Popular se dirigen hacia el Tribunal Constitucional (TC), que lleva más de cuatro años para decidir el recurso planteado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el año 2010. La oposición teme que un TC de mayoría conservadora (siete frente a cinco progresistas) acabe poniendo en bandeja a Mariano Rajoy acabar con una ley que prometió modificar en el programa electoral de 2011 y que ahora descarta hacerlo tal y como lo habían planteado en el anteproyecto de diciembre de 2013 por miedo a seguir perdiendo votos en las municipales y autonómicas. Sería la forma de los conservadores de contentar a su electorado molesto con la retirada de la ley Gallardón y, por otro lado, de vacunarse contra las críticas apelando a que es el Alto Tribunal el que ha declarado la inconstitucionalidad del texto.
Fuentes del Alto Tribunal consultadas por infoLibre aseguran que la retirada del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia no acelera de ninguna manera los planes para abordar el tema. "A efectos del TC no ha cambiado nada", subrayan.
La Ley del Aborto en vigor nunca ha llegado al pleno del TC desde que los conservadores plantearon su recurso en 2010. Ni se conoce en qué punto exacto de elaboración se encuentra la ponencia. La última información oficial se conoció el pasado febrero. El tribunal de garantías contestó al diputado de IU Gaspar Llamazares que el “procedimiento se encuentra concluso” y únicamente “pendiente de señalamiento para votación y fallo”. Es decir, que los recursos del PP y de Navarra –el Gobierno foral presentó su impugnación en 2010– están admitidos a trámite y a la espera de sentencia.
Llegado el momento de la votación, los magistrados conservadores son mayoría frente a los progresistas. Y en el primer grupo hay algunos de ellos muy vinculados al Partido Popular. Es el caso del ponente, Andrés Ollero, conocido por sus posiciones antiabortistas y su vinculación al Opus Dei. O de Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Alto Tribunal, que fue militante del partido de Rajoy hasta que llegó a la presidencia del TC, y cuyo voto es el que decide en caso de empate. Rajoy es el presidente del Gobierno que más pronto se ha garantizado el control del Constitucional. No en vano, el Gobierno actual ha logrado las riendas del Alto Tribunal en menos de 18 meses, mientras que Felipe González y José María Aznar tardaron cinco y seis años en disponer de una mayoría favorable. Zapatero lo logró en siete años.
A continuación se ofrece la radiografía de los magistrados que tienen entre manos la respuesta al recurso planteado por 71 diputados el Grupo Parlamentario Popular en 2010. Unos trabajos que fueron coordinados por Federico Trillo.
1. FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS. PRESIDENTE. CONSERVADOR
Elegido presidente del Alto Tribunal el 19 de junio de 2013. Ingresó en el Tribunal Constitucional propuesto por el PP en el cupo del Senado en 2010. Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, su perfil fue aceptado por el PSOE. Pero Pérez de los Cobos no era un desconocido para el partido de Mariano Rajoy. Fue esta formación la que le eligió también como miembro del Consejo Económico y Social, organismo en el que pasó más de una década.
En círculos judiciales le atribuyen la etiqueta de conservador, pero moderado. O lo que es lo mismo, conservador moderado. Así, en 2012 votó a favor del reconocimiento del matrimonio homosexual y en contra del recurso presentado por el partido que le propuso para el cargo. También ha mantenido relación con FAES, la formación presidida por José María Aznar, redactando algunos documentos.
Un mes después de ser nombrado presidente del TC estalló el escándalo después de que el diario El País informara de que llegó a pagar cuotas de militante del PP al menos hasta 2011.
El propio De los Cobos, admitió después ante el Pleno del Alto Tribunal que pagó cuotas como militante al PP entre los años 2008 y 2011 aunque precisó que a partir de ese año dejó de hacerlo. No obstante, fuentes de la institución sostienen que dejó su carné de partido en cuanto fue designado presidente en junio de 2013, al entender que "asumía un cargo representativo que así lo aconsejaba". Esto supone que continuaba siendo militante mientras que era miembro raso del TC.
En su condición de presidente, su voto decide el sentido de un fallo si se presenta un empate en las votaciones.
2. ADELA ASUA. VICEPRESIDENTA. PROGRESISTA
Fue elegida magistrada por el Senado en 2010 a propuesta del Parlamento vasco con el apoyo del PSOE. Su elección como vicepresidenta tuvo lugar el 19 de junio de 2013.
En pleno debate sobre el modelo de Estado tras la abdicación de Juan Carlos I, Asua sostuvo que la posibilidad de reformar la Constitución para decidir si se modifica o no el sistema de monarquía parlamentaria: es "una cuestión del legislador".
Licenciada en Derecho y especializada en Criminología, destaca por sus publicaciones sobre terrorismo y violencia de género.
3. LUIS IGNACIO ORTEGA ÁLVAREZ. PROGRESISTA
Llegó al TC en 2010 a propuesta del Parlamento de Castilla-La Mancha con el apoyo de los socialistas. Licenciado en Derecho (Premio extraordinario de Licenciatura) y doctor en Derecho, dirigió el equipo de profesores universitarios que redactó el borrador del proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, un texto que no vio la luz por la falta de apoyo del PP. Asimismo, ha sido miembro del grupo de estudio de Asuntos Europeos de la Fundación Elcano desde 2006 a 2010.
Entre sus publicaciones destacan las relacionadas con el derecho laboral y sobre las reformas constitucionales y estatutarias.
4. ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS. PROGRESISTA
Integra la cuota del Congreso de los Diputados a propuesta de los socialistas. Fue nombrada del 20 de julio de 2012. Procedente del Supremo.
Según figura en su currículum, ha sido la primera mujer catedrática de Derecho Civil, magistrada en la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y en la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
Considerada una experta en derecho de Familia y Civil, sentó jurisprudencia al admitir el derecho de una mujer que nunca trabajó fuera de casa a cobrar una pensión compensatoria por divorcio por haber contribuido con sus tareas domésticas a las cargas familiares mientras duró su matrimonio en régimen de separación de bienes.
5. ANDRÉS OLLERO TASSARA. PONENTE. CONSERVADOR
Fue designado magistrado del Alto Tribunal en julio de 2012. Lo hizo por el Congreso de los Diputados a propuesta del PP. Y es el magistrado ponente de la sentencia que dará respuesta al recurso del PP. Gran parte de las miradas de la oposición en estos días se dirigen a él, vinculado al Opus Dei, exparlamentario del PP y antiabortista confeso.
Catedrático de Filosofía del Derecho, diputado del PP durante 17 años (1986-2003) en el pasado manifestó que dejar a una madre abortar "es autorizar un acto de guerra contra su hijo" (1987) y criticó que España se hubiera convertido en el el "paraíso del turismo abortista" (2012). "Los no nacidos no han ganado para sustos", subrayó.
El pasado enero, en una entrevista concedida a Alfa y Omega, advirtió al Gobierno que la ley de 1985 tampoco protegía al nasciturus. Si lo que se pretende, dijo, es volver a la legislación anterior, "para empezar habría que tener en cuenta la experiencia de 1985. Si con la nueva ley se intenta defender al no nacido, la experiencia dice que hay que aquilatar mucho la cuestión. Al haberse recurrido a fórmulas genéricas [para señalar los supuestos de despenalización del aborto], se ha podido frustrar ese intento". Eran los días posteriores a la aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros y cuando Rajoy intentaba apagar el incendio que la ley había causado en el PP asegurando que más que la ley más restrictiva de la democracia lo que el PP pretendía era regresar al "consenso" de 1985. Un consenso que, en la práctica, no existió.
Ollero emitió uno de los votos particulares contra la sentencia del TC que avaló el matrimonio homosexual. “Comparto íntegramente la legítima aspiración a erradicar la injusta discriminación de las personas que suscriben una orientación homosexual” pero eso no debe llevar a sustraer de sentido al matrimonio, señaló para defender su postura.
Sobre la mesa no hay ningún tipo de recusación.
6. FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ. PROGRESISTA
Elegido por la Cámara baja a propuesta del PSOE en 2012. Es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e inspector de trabajo por oposición. Es considerado un gran experto en materia laboral. Según su currículum ha publicado alrededor de cuatrocientos cincuenta artículos de su especialidad y ha sido presidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (2008-2012), y vicepresidente para Europa Occidental de la Asociación Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con sede en Ginebra (2009-2012).
Valdés Dal-Ré ha sido crítico con la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy y respaldó la huelga general de marzo de 2012.
7. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RIVAS. CONSERVADOR
Llegó al TC en julio de 2012 por el Congreso de los Diputados a propuesta del partido presidido por Mariano Rajoy. Doctor en Derecho y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
González Rivas se unió al Alto Tribunal procedente de Tribunal Supremo y en las hemerotecas queda su rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, uno de los proyectos de José Luis Rodríguez Zapatero. Defendió la objeción de conciencia a esta materia. También fue uno de los tres magistrados que emitió un voto particular contra la sentencia que avaló el matrimonio homosexual.
8. SANTIAGO MARTÍNEZ-VARES GARCÍA. CONSERVADOR
Elegido magistrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2013. Antes de aterrizar en el TC, fue magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo (TS). Como magistrado de esa Sala Tercera, fue uno de los jueces que firmó una de las sentencias del alto tribunal que dictaminó que el castellano, al igual que el catalán, debía considerarse lengua vehicular en los colegios catalanes.
Entre 1997 y 2001 presidió la conservadora la Asociación Profesional de la Magistratura, de la que es miembro desde 1985. Esta asociación de jueces es la mayoritaria.
9. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS. PROGRESISTA
Elegido en junio de 2013 por el CGPJ, anteriormente fue magistrado y presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo (2005-2013). En el año 2011 fue ponente del voto particular que defendía la procedencia de legalizar el partido Bildu, en contra de la opinión de la mayoría.
Director general de Relaciones con la Justicia con el ministro socialista Fernando Ledesma (1985-1990), es experto en Derecho contencioso-administrativo. Entre los años 1987 y 2005 ocupó el puesto de magistrado de la Sala de lo Contencioso en el Supremo, para pasar después a la Sala de lo Civil.
10. PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ. CONSERVADOR
Elegido por el Gobierno de Rajoy en 2013, es catedrático en Derecho Constitucional y fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid y vocal de la Junta Electoral Central.
Formó parte de la comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos nombrada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Y se opuso al traslado de los restos de Francisco Franco en contra de la opinión mayoritaria de la comisión. A su juicio, el traslado de los restos del dictador podría servir más para "separar, dividir y tensionar”.
11. RICARDO ENRÍQUEZ SANCHO. CONSERVADOR
Designado en marzo por el Senado en sustitución de Francisco José Hernando, fallecido en noviembre de de 2013. Además de Enríquez, que compareció como candidato propuesto por un total de seis parlamentos autonómicos, optaban al cargo el catedrático de Derecho Constitucional Antoni Rovira, propuesto por el Parlament de Catalunya y José Luis Costa, candidato de la Cámara autonómica gallega, magistrado de lo contencioso en el Tribunal Superior de Justicia gallego y en la actualidad en el Consello Consultivo.
Licenciado en Derecho, procede del Supremo.
12. ANTONIO NARVÁEZ RODRÍGUEZ. CONSERVADOR
Fue propuesto por el Consejo de Ministros del 4 de julio en sustitución de Enrique López tras su episodio al ser descubierto conduciendo ebrio su moto por Madrid.
Según sostuvo ese día la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Narváez Rodríguez "tiene una abultada carrera fiscal y muy amplia": "durante 10 años estuvo como fiscal de la Fiscalía ante el TC y actualmente es teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo", mantuvo por entonces.
Según su currículum, ha pronunciado decenas de conferencias y ha publicado artículos, entre otros temas, sobre el Tribunal del Jurado, la prueba de ADN en la investigación penal, intervenciones telefónicas, protección de los derechos fundamentales, derechos de las víctimas, delitos urbanísticos, jurisprudencia constitucional en los procesos contencioso-electorales o la cuestión de inconstitucionalidad.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/09/25/asi_son_los_magistrados_del_que_decidiran_sobre_recurso_del_ley_del_aborto_zapatero_21850_1012.htmlLAS RAZONES POR LAS QUE ES IMPOSIBLE RECUSAR AL MAGISTRADO ANTIABORTISTA
Entre los sectores que defienden la actual ley de plazos se cuestiona si el magistrado ponente, Andrés Ollero, está contaminado para decidir sobre su constitucionalidad
En base a la legislación actual su recusación es prácticamente imposible, así que sólo podría evitarse su pronunciamiento si él mismo renunciara
La retirada de la ley del aborto impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha devuelto protagonismo a los recursos que el Partido Popular y el Gobierno de Navarra interpusieron en el Tribunal Constitucional en 2010 contra la actual ley de plazos que garantiza el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Tal y como detalló infoLibre este miércoles, documentos internos del PP dejan entrever que los conservadores no contemplan la posibilidad de retirar este recurso. Asimismo, fuentes del alto tribunal señalaron que el Grupo Parlamentario Popular –que fue quien impulsó uno de los recursos– no podría desistir de él porque su composición, al cambiar la legislatura, es distinta. No están hoy en día todos los diputados que lo firmaron.
Aunque será una decisión colegiada, el ponente de la sentencia por la que se dilucidará si la actual ley de plazos es conforme a la Constitución (aunque hay dos recursos es muy posible que la decisión se agrupe en un mismo texto) es el magistrado Andrés Ollero Tassara. A él se dirigen ahora las miradas de los partidos que apoyan el mantenimiento de la ley actual y las plataformas que defienden que no haya más restricciones a la interrupción del embarazo. Ollero está vinculado al Opus Dei, es exparlamentario del PP y antiabortista confeso. En el pasado manifestó que dejar a una madre abortar "es autorizar un acto de guerra contra su hijo" (1987) y criticó que España se hubiera convertido en el "paraíso del turismo abortista" (2012). Ollero emitió uno de los votos particulares contra la sentencia del TC que avaló el matrimonio homosexual. Y es el único magistrado que acaba de mostrarse contrario a la ley que regula la creación de un registro de médicos objetores al aborto en Navarra impulsada por el PSN con el apoyo de NaBai e IU.
Entre los sectores que defienden la norma actual se examina estos días hasta qué punto el magistrado Ollero, que es también catedrático de Filosofía del Derecho, podría estar 'contaminado' a la hora de decidir acerca de un tema que despierta tantas sensibilidades. Sobre la mesa no hay ningún tipo de recusación. Y la realidad es que, en base a la legislación, no puede llegar a haberla. infoLibre explica por qué en los siguientes párrafos:
01. LA COMPETENCIA
De acuerdo con la legislación vigente sólo están legitimadas para interponer una recusación las partes que están personadas en el recurso. En este caso se trata del Grupo Parlamentario Popular que, como se ha explicado, tiene ahora una composición diferente a la que tenía cuando se interpuso; el Gobierno de Navarra, que sigue en manos de Unión del Pueblo Navarro (UPN); y el Gobierno de España, que estaría representado por la Abogacía del Estado. El recurso fue presentado en 2010 contra una ley promovida por un Ejecutivo que entonces estaba sostenido por el PSOE. Sin embargo, los socialistas no tienen ahora capacidad de recusación porque esta competencia se limita a la institución, que en la actualidad está liderada por el PP. No parece probable, por tanto, que ninguna de las partes pudiera plantearse la posibilidad de pedir al tribunal que aparte a Ollero.
En 2012, la Plataforma Decidir Nos hace Libres, formada por más de 200 organizaciones, la mayoría de mujeres, pero también otras como Médicos del Mundo o sindicatos como CCOO y UGT, pidieron a la Abogacía del Estado que interviniera para impedir que este magistrado fuera ponente del recurso contra la ley a través de la recusación o instando a que se abstuviera en la deliberación. Los servicios jurídicos de esta plataforma –surgida para liderar la oposición a la nueva ley impulsada por Gallardón– estimaban que sus pasadas declaraciones y publicaciones contra el aborto iban en contra de la doctrina de imparcialidad que ha sentado el propio TC. La Abogacía del Estado hizo caso omiso de esta petición.
02. LOS PLAZOS
Otro punto clave que impide que Ollero pueda ser recusado son los plazos. La legislación es muy clara en este sentido. Determina que se inadmitirán las recusaciones cuando no se propongan al inicio del proceso si se ha tenido conocimiento de las causas que podrían apartarle del mismo antes de que este comenzara. Una vez que el proceso ya se ha iniciado tampoco se admitiría si el motivo de recusación se conociese antes de que la recusación se proponga. Fuentes jurídicas señalan que, en este caso, una hipotética recusación se declararía como no procedente porque el recurso fue presentado hace cuatro años y algunas de las manifestaciones de este magistrado que se aportarían como prueba datan también de años atrás. Los grupos parlamentarios no citaron el credo antiabortista de Ollero cuando fue examinado en la Comisión de Nombramientos del Congreso en julio de 2012.
03. LAS CAUSAS
Un aspecto determinante es también el de las causas. El magistrado Andrés Ollero ha manifestado en más de una ocasión sus posiciones contrarias al aborto como derecho de las mujeres, que es lo que contempla la ley actual. Sin embargo, lo ha hecho en artículos científicos, entrevistas o declaraciones a medios de comunicación.
La más reciente es una entrevista a Alfa y Omega –el suplemento católico de ABC– en la que dejó caer que la ley de 1985 tampoco protegía al nasciturus. Si lo que se pretende, dijo, es volver a la legislación anterior, "para empezar habría que tener en cuenta la experiencia de 1985. Si con la nueva ley se intenta defender al no nacido, la experiencia dice que hay que aquilatar mucho la cuestión. Al haberse recurrido a fórmulas genéricas [para señalar los supuestos de despenalización del aborto], se ha podido frustrar ese intento". En otras ocasiones ha manifestado que dejar a una madre abortar "es autorizar un acto de guerra contra su hijo" (1987) y criticó que España se hubiera convertido en el "paraíso del turismo abortista" (2012). "Los no nacidos no han ganado para sustos", subrayó.
Estas manifestaciones, declaran fuentes jurídicas, están amparadas por la libertad de expresión porque no forman parte de dictámenes de carácter técnico. Por eso, las fuentes consultadas consideran que una hipotética recusación tendría escasas posibilidades de éxito. No obstante, hay que tener en cuenta que en 2007 el exmagistrado Pablo Pérez Tremps fue apartado de la deliberación del recurso presentado por el PP contra el Estatut de Cataluña por haber escrito en una obra académica colectiva sobre el asunto.
04. ABSTENCIÓN
Tras todo lo anterior parece claro que la única posibilidad de que Ollero no participe en la deliberación sobre si la actual ley de plazos es conforme a la Constitución sería que él mismo se abstuviera en la votación, algo para lo que también tendría que autorizarle el pleno del TC. En este punto existen varios ejemplos de situaciones en las que se ha planteado la idoneidad de que un magistrado participara en una votación del alto tribunal.
Uno de ellos es el del actual presidente del Constitucional Francisco Pérez de los Cobos. El fallo por el que este tribunal avala las partes centrales de la reforma laboral tras el recurso presentado por el Parlamento de Navarra reabrió el debate sobre su imparcialidad a la hora de sentenciar sobre este asunto. La polémica tiene su razón de ser en el hecho de que uno de los dos artículos de la ley recurridos sin éxito por la Cámara navarra, el relativo a la negociación colectiva, está inspirado en un texto que Pérez de los Cobos publicó en 2010 en la revista Relaciones Laborales en colaboración con su discípulo Xavier Thibault, que fue nombrado director general de Empleo con la llegada del PP al poder, según desveló la Cadena Ser. El pasado septiembre, la mayoría del pleno del TC rechazó admitir las recusaciones que la Generalitat y el Parlamento de Cataluña habían promovido contra Pérez de los Cobos, al que no consideraban idóneo para participar en la resolución de los litigios presentados por Cataluña por haber ocultado al Senado su militancia en el partido de Mariano Rajoy. Tres asociaciones creen que debió abstenerse de la votación sobre la reforma laboral.
En un sentido diferente actuó el magistrado Francisco José Hernando, que en julio de 2012 pidió abstenerse de la deliberación del recurso del PP contra el matrimonio homosexual. Hernando reclamó apartarse de este caso por haber firmado un informe en enero de 2005, cuando presidía el Consejo del Poder Judicial, contrario a esta regulación, que concluía que "el matrimonio, o es heterosexual, o no es".
No obstante, no parece que esta vaya a ser la voluntad de Ollero. En un artículo publicado en el diario ABC este mismo verano sostuvo que "no tiene sentido" imaginar que los magistrados llegan al TC "con recetas precocinadas". Y defendió que "no es lo mismo expresar con libertad lo que a uno le parece moralmente más valioso o políticamente más deseable, que dictaminar con objetiva imparcialidad si se han respetado las mínimas exigencias constitucionales en una determinada resolución, sea cual sea el grado en que se la pueda subjetivamente considerar valiosa o deseable".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/09/26/las_tres_razones_por_las_que_imposible_recusar_magistrado_antiabortista_21882_1012.htmlEL EJECUTIVO EVITA COMPROMETERSE CON LA LEY DEL ABORTO Y NO ACLARA SI SE APROBARÁ
La reforma está lista desde julio, pero Rajoy no se decide a sacarla adelante
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó ayer ofrecer una respuesta clara al ser preguntada por la ley del aborto, que sigue sin salir del Consejo de Ministros hacia el Congreso ocho meses después de que se aprobara por primera vez como anteproyecto, el 20 de diciembre de 2013. Aquel día el Consejo fue presidido por ella y no por Mariano Rajoy, quien se encontraba de viaje en Bruselas.
"Este Gobierno aprobó un anteproyecto, lo ha remitido y ha recibido informes de las distintas instituciones. Algunos de ellos plantean cambios, y se están estudiando los informes, en la búsqueda de una posición que pueda suscitar el mayor consenso posible”, señaló la vicepresidenta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de ayer, el primero después de las vacaciones. Pero no aclaró si podía garantizar que en algún momento la ley saldrá del Consejo de Ministros al Congreso o si, por contra, existe la posibilidad de que el Gobierno renuncie a aprobarla en esta legislatura.
El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, principal defensor en público de la ley, aunque se trata de una norma que ha tenido mucho debate interno, que resolvió finalmente Mariano Rajoy, prometió en su último compromiso de calendario que el proyecto definitivo saldría del Consejo de Ministros “antes de que termine el verano”, que acaba el 21 de septiembre. La fecha se acerca, la ley no sale y miembros del Gobierno y del PP consultados contemplan ya la posibilidad de que no salga nunca. Es una decisión que tomará Rajoy, único con capacidad de impulsar una norma de este calado o dejarla morir si así lo estima oportuno. Varios de los ministros consultados creen que, dada la enorme polémica que provoca, sería mejor que no saliera.
Lo único que falta para aprobar la ley es la decisión política de sacarla adelante o elegir el momento adecuado, ya que las cuestiones técnicas han sido resueltas. Los informes de los que habla la vicepresidenta (el del Consejo General del Poder Judicial y el del Consejo Fiscal) han sido estudiados con detalle y la norma está lista desde julio, el mes en el que Ruiz-Gallardón quería aprobarla para poder poner en marcha los trámites parlamentarios y tenerla lista antes de Navidades, según fuentes del Gobierno que han seguido de cerca el desarrollo del anteproyecto.
Gallardón aseguró que sería aprobada “antes de que termine el verano”
Después, la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales de mayo haría muy complicada su aprobación porque los barones autonómicos ya dejaron claro en enero que esta ley perjudica sus expectativas electorales.
De hecho, la norma se quedó parada hasta después de las elecciones europeas y ahora varios miembros del Gobierno y de la cúpula del PP ven muy probable que de nuevo se deje dormir. Temen que entorpezca un arranque de año político que el Ejecutivo quiere concentrar en sus propuestas de regeneración democrática y la recuperación económica. Cada día que pasa, más complicada es su aprobación, pues se va acercando el año electoral de 2015.
Algunos ministros más conservadores, como Jorge Fernández Díaz, sí confían en que la norma salga adelante. La tensión interna en el PP se resolvió con el compromiso de suavizarla algo, pero distintos dirigentes admiten que es tan polémica que pase lo que pase tendrá un coste. Dejarla morir también, porque molestaría al sector más conservador. “Hay que optar por el mal menor, no hay ninguna solución buena”, resume uno de ellos. La decisión última es de Rajoy, que ha tenido todo el verano para pensar qué hacer con este espinoso asunto. En cualquier caso, si la ley no sale antes del 21 de septiembre, el coste para Gallardón puede ser importante, porque quedará desautorizado en una norma clave.
http://politica.elpais.com/politica/2014/08/29/actualidad/1409341897_528942.htmlUN CONSEJO FISCAL DIVIDIDO APRUEBA EL INFORME DE LA LEY DEL ABORTO
Con 8 votos a favor y 4 en contra el Consejo Fiscal da el visto bueno a un informe que propone multar a las mujeres que aborten fuera de la ley
El Consejo Fiscal ha dado luz verde, con 8 votos a favor y 4 en contra, al informe sobre la ley del aborto que propone al Ministro Gallardón multar a las mujeres que interrumpan su embarazo fuera de los supuestos permitidos en el anteproyecto. El sector progresista del Consejo ha anunciado que emitirá votos particulares, por entender que la reforma de Gallardón se ajusta a la Constitución pero que es "innecesaria".
Con 8 votos a favor y 4 en contra, un Consejo Fiscal dividido ha aprobado su informe definitivo sobre la reforma propuesta por Gallardón para la ley del aborto: un texto que refleja la opinión oficial de los fiscales y que pide al Ministro de Justicia que imponga sanciones económicas a aquellas mujeres que aborten fuera de los supuestos permitidos por el anteproyecto. "Consideramos procedente mantener la previsión de una sanción a la mujer que se causa su propio aborto o consiente que otro se lo cause, al margen de los supuestos previstos", dice el texto aprobado, al que ha tenido acceso la SER. Fuentes fiscales interpretan que si una mujer no paga esta multa podría ir a prisión un día por cada dos de multa que haya dejado de pagar, en este caso un máximo de un año de prisión.
Se trata de una redacción final del informe preceptivo que ha tenido que ser suavizado desde que llegara a la mesa del Consejo Fiscal. Fuentes del Consejo han confirmado a la Cadena SER que el sector progresista formulará votos particulares contra este informe, por entender que la reforma de Gallardón es constitucional pero que en todo caso es "innecesaria". Un informe preceptivo que enviará el Consejo Fiscal al Gobierno en los últimos compases de la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón, avalando el grueso de los artículos del proyecto y aplaudiendo que la vida del nasciturus sea equiparada en protección jurídica a la de la mujer en la mayoría de los supuestos: señalan que el aborto no es un derecho de la mujer, y que la vida del nasciturus no es "un bien a su libre disposición".
Proteger a las personas con discapacidad
El informe aprobado esta semana ve con buenos ojos que se elimine la posibilidad del aborto eugenésico (la interrupción del embarazo por malformación en el feto que no afecte a su seguridad o la de la madre), alegando que así la ley cumplirá con los tratados internacionales sobre la protección de personas con discapacidad firmados por España. Pero también pide cambios a Gallardón, como por ejemplo proponiendo que el daño psicológico de la mujer no sea un criterio vinculante a la hora de permitir un aborto por malformación del feto. A este respecto los fiscales también ven más razonable que sea un único médico el que redacte el informe facultativo, y no dos como propone Gallardón ya que podrían contradecirse entre sí, y no hay ningún mecanismo previsto para esta situación.
De la misma manera exige que todos los centros médicos garanticen que haya profesionales que no apelen a la objeción de conciencia para evitar interrumpir un embarazo en los casos permitidos: lo contrario, aseguran, condenaría a la mujer a un "peregrinaje indeseable". El Consejo avala el artículo que permite a un fiscal asumir la representación de los intereses de una mujer que quiere abortar, aunque su opinión sea distinta a la de la afectada.
Falta el informe del Poder Judicial
Este informe del Consejo Fiscal es uno de los análisis preceptivos que el Gobierno debe estudiar, aunque no tiene que asumir, para completar su anteproyecto de reforma de la ley del aborto. Otro de los informes principales que espera el ejecutivo es el del Consejo General del Poder Judicial, que será debatido en un pleno extraordinario del próximo 13 de junio. Los dos borradores que estudiará el CGPJ proponen cambios profundos a Gallardón.
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/consejo-fiscal-dividido-aprueba-informe-ley-aborto/csrcsrpor/20140609csrcsrnac_6/Tes2.000 SANITARIOS DENUNCIAN QUE LA LEY GALLARDÓN DAÑARÁ LA SALUD DE LAS MUJERES
Especialistas en ginecología, psiquiatría o enfermería firman un manifiesto contra la reforma del aborto. Los profesionales defienden la norma actual, "acorde a la realidad social y sanitaria del país"
'Ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país'. Este es el título y la conclusión principal del manifiesto que cerca de 2.000 profesionales sanitarios han firmado contra la reforma de la ley del aborto. Médicos, enfermeras, psicólogos o trabajadores sociales se han sumado al documento en el que defienden la normativa actual --que permite el aborto sin que la mujer tenga que justificar su decisión hasta la semana 14 de gestación-- y alertan de que el anteproyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Justicia, pone en peligro la salud y la vida de las mujeres.
El documento, que han presentado hoy viernes en Madrid reputados profesionales como el prestigioso obstetra Santiago Dexeus, la ginecóloga experta en diagnóstico prenatal Pilar Martínez-Ten, la psiquiatra Eudoxia Gay y el ginecólogo Javier Martínez-Salmean , insiste en que con la restrictiva nueva ley --que permite el aborto solo por violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer--, y con las barreras que impone de acceso a la prestación, se incrementarán los abortos tardíos. El sistema provocará que las mujeres recurran a métodos inseguros o tengan que viajar al extranjero para interrumpir su embarazo.
Estos profesionales sanitarios firman el manifiesto a título personal, pero su crítica se une a la de numerosas asociaciones y sociedades científicas --la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal, las dos entidades de médicos de familia...-- que han elaborado comunicados contra la reforma de la ley del aborto. Una crítica que ha llegado también desde la Organización Médica Colegial --que agrupa a los 200.000 médicos colegiados que hay en España-- que hace unos días aprobó una declaración en la que afirmaban que la decisión del abortar debe quedar en manos de la mujer.
"No decidimos ni decidiremos sobre úteros ajenos", dice la presidenta de los neuropsiquiatras
Los sanitarios que han firmado el manifiesto --que sigue sumando adhesiones y que entregarán en el Ministerio de Justicia-- hablan también del sinsentido que supone la eliminación del supuesto de aborto por malformación fetal (ahora posible sin plazo si la anomalía detectada es extremadamente grave o incompatible con la vida); un supuesto que la nueva ley supedita a que la patología fetal suponga un riesgo psicológico para la mujer. Este sistema y todo lo que implica, dicen en el manifiesto, "contradice" su ética profesional y resulta contraria al sentir mayoritario de la población". Esta medida, dicen, solo servirá "para agudizar el dolor" de las 3.000 mujeres que en la actualidad deciden interrumpir su embarazo por malformación del feto."Tal y como está planteada la norma, además, hará prácticamente inviable la interrupción del embarazo por esta causa", ha aseverado Martínez Ten.
"Las mujeres que abortan no son enfermas mentales", ha apuntado Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en la presentación del documento, que sigue recogiendo firmas. Con la ley elaborada por el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, que dicta que dos psiquiatras (en caso de que la mujer alegue riesgo psicológico) deben acreditar que existe un daño "persistente" y "duradero en el tiempo" se estará teniendo en cuenta la vulnerabilidad psíquica sino la enfermedad mental.
La regulación, con sus barreras y sus obstáculos, ha dicho Gay, "aumentar el número de casos ansiosodepresivos y de enfermedad mental debido a estas medidas y también a la clandestinidad a la que se verán sometidas las mujeres". "No queremos que la ideologia nos diga que tenemos que crear enfermas en lugar de cuidarlas. No decidimos ni decidiremos sobre úteros ajenos. La nueva ley del aborto es una marcha atrás", ha insistido Gay.
Dexeus: "El aborto no es un hecho banal ni frívolo, tratar a las mujeres como frívolas es desastroso".
Un "flashback", ha ironizado Santiago Dexeus, que ha lamentado que el debate sobre la regulación del aborto esté de nuevo sobre la mesa. Sobre todo, ha dicho, teniendo en cuenta que la ley actual (de 2010) está funcionando bien. "Es una hipocresía que las mujeres no puedan hablar con su propia voz y las envíen al psiquiatra", ha dicho. El ginecólogo --que atendió el parto de los hijos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy-- ha recordado los inicios de los años 80. "En aquél entonces las niñas ricas viajaban a Londres para abortar". Las pobres, ha insistido, recurrían al aborto inseguro y clandestino y muchas veces eran atendidas en los hospitales por profesionales como él, que veían los efectos y la secuelas de esa realidad. "No quiero volver a vivir eso", ha alertado. "El aborto no es un hecho banal ni frívolo, tratar a las mujeres como frívolas es desastroso", ha dicho Dexeus.
Para Dexeus y el resto de caras visibles del manifiesto, la nueva ley supondrá una barrera en el ejercicio de su labor. "Dificultará enormemente nuestro trabajo que es ayudar, diagnosticar ya acompañar al as mujeres", ha aseverado Martínez Ten, que ha explicado que el 61% de los firmantes son médicos, el 21% matronas y enfermeras y el 13% psicólogos.
Falta de consulta y asesoramiento
"No entendemos por qué hay que modificar la ley actual, que está funcionando bien, al igual que funciona en la mayoría de los países de nuestro entorno", ha criticado Martínez Salmeán, uno de los expertos que participó en la ley actual, que el Gobierno derogará. Para elaborarla, ha explicado, se estudió la legislación de otros países, sus resultados y su funcionamiento. La inmensa mayoría d de los países de la UE tiene leyes de plazos como la que hay desde 2010 en España. "No sabemos a qué ha atendido Justicia para elaborar su ley", ha incidido Salméan. Los profesionales sanitarios han criticado que ni el Ministerio de Justicia ni el de Sanidad hayan realizado una consulta previa a los expertos que día a día trabajan en esta prestación sanitaria. Justicia recibió a algunos profesionales --como a Martínez-Ten-- que solicitaron una reunión, pero no ha formado un grupo de expertos como en otras ocasiones, aunque un mes después de aprobar la ley en Consejo de Ministros, el departamento de Ruiz-Gallardón solicitó informes sobre la ley a entidades como la Organización Médica Colegial, el Colegio de Enfermeros, organizaciones de mujeres, y otras contrarias al aborto, como Red Madre.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/28/actualidad/1393590036_404088.htmlGALLARDÓN: “TENGO EL APOYO DE RAJOY Y DEL GOBIERNO PARA LA REFORMA DEL ABORTO”
El Pleno del Ayuntamiento de Paterna (Valencia) gobernado por el PP se une a las voces críticas
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dice sentirse plenamente respaldado para sacar adelante la muy contestada reforma de la ley del aborto. “Tengo el apoyo más importante que puede tener un ministro para sacar adelante un proyecto, que es el apoyo del presidente del Gobierno y del Gobierno en pleno”, señaló después de inaugurar en Madrid el I Congreso Internacional sobre Gestión del Pluralismo Religioso.
El ministro ha tratado de esta forma de despejar la idea de que el anteproyecto se trate de una iniciativa personal, a la vez que respondía a la polémica abierta por las manifestaciones vertidas por algunos miembros de su mismo partido, como el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago; el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, o la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que han alzado sus voces en contra de los aspectos más espinosos de la reforma.
Pese a los esfuerzos de Gallardón, las críticas lanzadas por miembros del PP no cesan. El Ayuntamiento de Paterna (Valencia, 65.000 habitantes), gobernado por los populares, se ha unido al coro de opiniones discrepantes. El pleno aprobó el miércoles pedir al Gobierno “la retirada” del anteproyecto de reforma de la ley y “rechazar la regresión que supondría su aprobación”. El texto, presentado por el PSPV-PSOE (que cuenta con siete concejales), ha sido respaldado por los dos ediles de Compromís y los dos de Esquerra Unida. También por seis concejales del PP (cuatro de ellos mujeres), mientras que los otros siete ediles populares, incluido el alcalde, Lorenzo Agustí, se abstuvieron.
María Villajos, es teniente de alcalde del PP de la Corporación municipal y ha votado a favor de la moción. “Yo personalmente no me siento a disgusto con la ley de plazos actual”, comenta a este diario. “El alcalde nos dio libertad de voto, al tratarse de una decisión muy personal, y yo pienso así [en relación a su apoyo a la retirada del anteproyecto]”. “Es más una decisión que tomo como mujer que como representante política, aunque se trate de parcelas difíciles de deslindar”, añade.
La moción recoge el reconocimiento del derecho a “una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada”. El texto sostiene que la actual legislación de plazos es “la más extendida entre los países del entorno europeo, muchos de ellos gobernados por partidos conservadores”. Y que “no hay razones sociales, jurídicas y médicas que justifiquen la reforma que plantea el Gobierno, tan solo congratularse con los sectores más ultraconservadores y católicos de nuestro país, olvidando el compromiso social y democrático de gobernar para la mayoría”.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/30/actualidad/1391081400_329609.htmlEl 80% rechaza la ‘ley Gallardón’
El 68% de los votantes del PP cree que la mujer debe decidir libremente
El 59% de los católicos apuesta por mantener el supuesto de malformación
La reforma de la ley del aborto, el proyecto del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, no tiene apoyo unánime en el PP, es casi imposible que tenga más respaldo político en las Cortes durante el trámite parlamentario y, además, cuenta con un amplio rechazo social. Entre los ciudadanos, el porcentaje medio de rechazo a cada uno de sus planteamientos es del 80%, según Metroscopia. Tampoco es apoyada por la mayoría de los votantes del PP y ni siquiera los que se declaran católicos apoyan el anteproyecto en todos sus extremos.
Es decir, que el terremoto que ha provocado entre los cuadros del PP el plan de Rajoy y Gallardón, ni siquiera va subido a la ola de la mayoría de los ciudadanos y traslada a la sociedad el mismo seísmo.
Para empezar no es entendido por los españoles como algo imprescindible y oportuno, porque el 78% de los encuestados asegura que no es una reforma necesaria. Ni siquiera ve esta necesidad el 57% de los votantes del PP ni el 50% de los que se declaran católicos.
El Gobierno y la dirección del PP justifican la decisión en su programa electoral, pero la referencia en este es ambigua y el propio Rajoy, en entrevistas de campaña electoral, aseguró que la reforma se limitaría a retoques como, por ejemplo, el consentimiento de los padres para mujeres de entre 16 y 18 años.
En coincidencia con el dato anterior, el sondeo muestra que los españoles estaban a otra cosa cuando el Gobierno ha irrumpido con el debate sobre el aborto, porque el 75% da por hecho que no había demanda social sobre este asunto. Es decir, la ley de plazos de 2010, votada por ocho partidos en su momento, tiene ahora un mayoritario consenso social.
Un 86% de los españoles consultados por Metroscopia cree que la mujer debe elegir libremente si sigue adelante o no con el embarazo. Es decir, que ese porcentaje está a favor de la ley de plazos que permite abortar libremente y sin justificar causa alguna durante las primeras 16 semanas de embarazo.
El 68% de los que votaron al PP y el 60% de católicos practicantes se suma a esta tesis.
Curiosamente, el Gobierno esgrime ahora un consenso sobrevenido entre 1985 y 2010 a la ley de supuestos de Felipe González, contra la que el PP (entonces Alianza Popular) votó en contra y recurrió ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno de José María Aznar, con mayoría absoluta entre 2000 y 2004, no la modificó por no romper ese consenso social que inicialmente no reconoció. Luego, la tesis del PP contra la ley de plazos de 2010 fue que no había demanda social y ahora se da de bruces contra este mismo argumento, porque el sondeo muestra un amplio rechazo al proyecto del actual Gobierno.
El Gobierno asegura que su proyecto es una vuelta a la ley de supuestos de 1985, pero en la práctica elimina el de malformación del feto, porque solo se puede alegar si hay peligro para la salud de la madre.
El 84% de los ciudadanos, el 70% de los votantes del PP y el 59% de los católicos practicantes, rechazan que se elimine este supuesto. Varios dirigentes del PP, especialmente barones regionales, han pedido estos días que se mantenga, en línea con esta opinión mayoritaria de la sociedad y de sus votantes.
En coherencia con esos datos, el 82% asegura que no debe haber sanción penal para los médicos que asistan a mujeres que aborten fuera de los supuestos legales. La consecuencia de la norma, según el 78%, es que aumentarán los abortos clandestinos, en condiciones de inseguridad y riesgo para la madre. De hecho, según los datos oficiales, la ley de plazos ha supuesto una disminución del número de interrupciones de embarazos en España y la mayor libertad para practicarlos no los ha alentado, sino todo lo contrario.
¿Para qué lo hace el Gobierno entonces si hay tal rechazo social? La tesis del 75% es que se trata solo de complacer al sector más conservador de la Iglesia católica. El porcentaje más alto es el de los que piden que se dé libertad de voto a los parlamentarios. El 91%, la práctica unanimidad, así lo pide.
En este momento, los grupos imponen multas a quienes rompan la disciplina de voto que pueden llegar a 500 euros, según la importancia de la votación y la reincidencia. La diputada del PP Celia Villalobos pidió el jueves en la dirección del PP que se dé libertad de voto, pero ni siquiera tuvo respuesta.
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/11/actualidad/1389478017_454627.html
BARONES DEL PP MANTIENEN LA PRESIÓN PARA RECTIFICAR EL PROYECTO DEL ABORTO
El partido da por hecho que se matizará la norma e impone silencio a sus diputados
Los posibles cambios no lograrán apoyo de otros grupos
Los barones del PP desoyeron este jueves la petición de Mariano Rajoy de evitar el debate público sobre el aborto y mantuvieron la presión para que se modifique el anteproyecto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El ministerio y el PP dan por hecho que habrá cambios durante el trámite parlamentario aunque no afectarán a su esencia, pero la dirección del Grupo Popular se movilizó para pedir silencio a sus parlamentarios.
Por un lado, el presidente de Cantabria y líder regional del PP, Ignacio Diego, tachó el proyecto de “mejorable” y, por otro, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, pidió a Rajoy que “no repita el error de Zapatero y apruebe una ley unilateral y sin apoyos suficientes”.
El presidente gallego afirmó que el PP tiene legitimidad para aplicar su programa electoral y para derogar una ley —la que aprobó el anterior Gobierno socialista en 2010— que había recurrido ante el Tribunal Constitucional. Pero acto seguido demandó cambios en la redacción del proyecto presentado por Gallardón para que la futura norma se parezca más a la que aprobó Felipe González (a quien Feijóo confiesa haber votado en 1982) en 1985: “El Gobierno está buscando recuperar el consenso tácito de 1985 que ningún Gobierno modificó en 25 años. Se debe buscar una ley que tenga puntos de coincidencia sustanciales con la que estuvo en vigor 25 años en España sin que fuese modificada por ningún Gobierno y para derogar la de 2010”. Feijóo pronosticó que el texto conocido va a ser mejorado en el trámite parlamentario y dio a entender que el caso de malformación del feto debería ser incluido entre las excepciones que permitan el aborto.
No obstante, el consenso de 1985, al que Feijóo y el resto del PP apelan ahora, no existió, porque entonces el PP, como Alianza Popular, se opuso a la ley y la recurrió. Además, ese consenso es imposible porque todos los demás grupos parlamentarios están en contra de cambiar la actual ley de plazos.
En paralelo, la dirección del Grupo Popular se movilizó este jueves para controlar a los diputados y senadores que, en definitiva, son los que tienen que votar la norma. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, reunió a los portavoces y presidentes de comisión y, entre otras cosas, les exhortó a no debatir sobre este asunto, según varios asistentes. Según les dijo, ese debate lo propicia la oposición y al PP solo le debe preocupar hablar de la recuperación económica. El efecto inmediato es que nadie le replicó.
Alonso, que en múltiples ocasiones ha justificado, como el propio Rajoy, que no se cumplan puntos concretos del programa electoral, lo esgrimió ante los diputados para que apoyen la ley. No estaba presente Celia Villalobos, que el miércoles pidió libertad de voto en la dirección del partido, por no hallarse entre los convocados. Alonso explicó que Villalobos tiene libertad de voto, como las otras veces que ha roto la disciplina sobre el aborto o el matrimonio homosexual. La diputada tuvo que pagar entonces multas de 300 euros.
Alonso dio por hecho que la norma será modificada en el trámite parlamentario. “Sería la única ley que no cambia en su tramitación. Todas cambian”, dijo. En este caso los cambios serían voluntad exclusiva de la mayoría absoluta del PP, puesto que los demás grupos discrepan del objeto.
También fuentes del Ministerio de Justicia admitieron este jueves que “habrá modificaciones, por supuesto, aunque no cambios sustanciales”. Sobre la regulación que afecta a la malformación del feto, cuyo supuesto independiente se ha eliminado del texto y se ha ligado al riesgo para la integridad psicológica de la madre, Justicia no cree que se deba modificar y considera que se ha comprendido mal su nueva redacción, informa José Antonio Hernández.
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/09/actualidad/1389272089_142239.html
EL PP REIVINDICA EL CONSENSO DEL 85 QUE NUNCA EXISTIÓ
Sin embargo, la tramitación de la norma aprobada en ese año fracturó la Cámara en dos
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, garantizó ayer que, cuando el proyecto de Ley llegue al Congreso, su partido hará “lo posible para que la futura ley [del aborto] concite el máximo consenso como lo tuvo la del 85” que elaboró el Gobierno socialista de Felipe González.
La tramitación de aquella ley, que en realidad modificaba el Código Penal para introducir un nuevo artículo que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos, nunca contó con consenso sino todo lo contrario: fracturó la Cámara en dos mitades. La primera versión de aquella Ley fue aprobada en el Congreso el 6 de octubre de 1983 por 186 votos a favor (PSOE y tres diputados de la minoría catalana, entre ellos Miguel Roca), 109 votos en contra (del grupo popular, del grupo centrista, de la minoría vasca y del resto de la minoría catalana) y cuatro abstenciones (comunistas y Euskadiko Ezkerra).
Esa Ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por AP, el partido en el que entonces militaban Rajoy y Aznar, lo que obligó a suspender su entrada en vigor. El Tribunal, con un empate a seis, declaró inconstitucional la Ley por el voto de calidad del presidente Manuel García Pelayo y sugirió en la sentencia las reformas necesarias para hacerla constitucional. El PSOE introdujo esos retoques en el Código Penal y en 1985 aprobó definitivamente la Ley, que ha estado vigente en España hasta 2010.
Pero esa versión definitiva de la Ley también tuvo en contra a AP y los centristas. Se aprobó por 187 votos a favor, 109 en contra y 12 abstenciones. Nunca ha habido consenso con las leyes del aborto sino todo lo contrario. La norma que aprobó Zapatero en 2010 tuvo 184 votos a favor (PSOE, PNV, ERC, IU, ICV, Nafarroa Bai, BNG y dos diputados de CiU) y 158 en contra (PP, CC, UPyD, UPN y ocho diputados de CiU).
La reivindicación que Rajoy y Cospedal hacen del consenso de la Ley de 1985 tiene poco que ver con la actitud que AP mantuvo durante su tramitación. Primero la recurrió ante el Constitucional y, después, cuando se corrigió de acuerdo con la sentencia, AP también se opuso, aunque no volvió a recurrirla ni la cambió durante los ocho años de Gobierno de José María Aznar (1996-2004).
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/08/actualidad/1389221972_328015.htm
LOS ASPECTOS POLÉMICOS DE UNA LEY DEL PASADO
El anteproyecto de ley del aborto devuelve a España a un sistema de supuestos despenalizados
El texto presentado por Alberto Ruiz-Gallardón regresa al sistema vigente entre 1985 y 2010
El anteproyecto de ley del aborto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, devolverá a España a un sistema de supuestos despenalizados como el vigente entre 1985 y 2010.
Fin de un derecho.
El texto elimina el derecho de la mujer a decidir libremente, durante las primeras 14 semanas de embarazo y sin alegar ningún motivo, si prosigue su embarazo o aborta. Se pasará de este sistema, conocido como ley de plazos e instaurado en 2010, a otro modelo en el que solo se permitirá el aborto en dos supuestos: violación (hasta la semana 12 de gestación) o "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada" (hasta la 22). Ese riesgo tiene que ser "permanente o duradero en el tiempo".
Acreditación.
La nueva ley prevé que se exijan dos dictámenes médicos que acrediten ese daño para la salud de la mujer. Tendrán que firmarlos dos profesionales sanitarios de la especialidad de la patología alegada, una condición que hasta ahora (tanto con la ley de 1985 como con la actual para los casos de aborto por riesgo para la salud entre la semana 14 y la 22) se ceñía a un solo dictamen. Los dos médicos no podrán trabajar en la misma clínica que luego va a practicar el aborto.
Anomalías.
El anteproyecto elimina el supuesto de aborto por anomalías fetales, aunque enmarca este problema en el riesgo de daño psíquico para la mujer. Si la anomalía fetal es "incompatible con la vida", la mujer podrá alegar daño psíquico sin límite temporal, y abortar acogiéndose a ese supuesto (en ese caso necesitará dos dictámenes médicos: uno sobre la salud de la mujer y otro acerca del feto). Si la anomalía fetal no es incompatible con la vida, la mujer solo podrá alegar daño psíquico hasta la semana 22. Este modelo deja sin cobertura las anomalías fetales que no sean incompatibles con la vida pero sí extremadamente graves e incurables y que se hayan diagnosticado de manera tardía.
Información.
Las mujeres recibirán información sobre las alternativas al aborto por parte de un "colaborador del sistema público", según dijo Gallardón. Aún está por ver qué servicios la facilitarán. Tras este asesoramiento personal -que ahora se limita a información escrita- tendrán que reflexionar durante siete días.
El periplo en busca de cuatro certificados
En España, desde 2010, el aborto es libre en las primeras 14 semanas de embarazo (que es cuando se produce más del 90% de los abortos). La futura ley acabará con ese derecho. EL PAÍS ha reconstruido el periplo que tendrá que recorrer con la nueva ley una mujer que quiera abortar, tomando como ejemplo el caso que se augura más probable -que la embarazada alegue riesgo para su salud psíquica- y contando con que todo le salga bien: que los médicos acrediten que existe ese riesgo y que ningún profesional objete por el camino. Este será el itinerario:
1. La mujer va al ginecólogo (público o privado) o al médico de cabecera y dice que está embarazada y que quiere abortar. Si alega riesgo para su salud psíquica, el médico -tras confirmar el embarazo- la deriva a un psiquiatra o le da la opción de que lo elija ella.
2. El psiquiatra la recibe y determina que, en efecto, si esa mujer sigue adelante con el embarazo existe un riesgo de "menoscabo importante" y "duradero en el tiempo" para su salud (tiene que constatar esos dos elementos). Le firma el informe.
3. La mujer tiene que buscar entonces un segundo psiquiatra, que le hace otra entrevista y, si está de acuerdo con el primero, le firma el informe. Puede ocurrir que sea vista desde el inicio por los dos médicos, ya que en la mayoría de los equipos de psiquiatría de hospitales o clínicas hay varios especialistas. ¿Qué ocurre si los dos psiquiatras tienen opiniones diferentes? Habrá que pedir la opinión de otro, hasta conseguir que dos psiquiatras firmen el informe. Los dos psiquiatras pueden trabajar en centros públicos o privados, y pueden trabajar ambos en el mismo centro, pero ninguno de ellos puede estar empleado en el centro (público o privado) que después vaya a practicar el aborto.
4. Uno de los dos psiquiatras tiene que dar, además, a la mujer, de forma "personal, individualizada y verbal", información clínica explicándole dos cosas: los riesgos que el aborto puede conllevar "para la salud de la mujer y para su maternidad futura" y las consecuencias que sobre su salud psíquica tendría seguir con el embarazo. Tras explicarle esas dos cosas, el médico le extiende un certificado. Según fuentes del Ministerio de Justicia, los informes médicos serán sufragados por la Administración (igual que la propia intervención, porque el aborto forma parte de los servicios incluidos en la cartera de la sanidad pública); en el caso de que la mujer haya acudido a médicos privados, ella paga los informes y después "se le reembolsará" el dinero.
5. Con los dos informes médicos y con la certificación de haber recibido la información clínica sobre los riesgos que conlleva abortar, la mujer es derivada por el ginecólogo o médico de cabecera que la atendió al principio (o acude directamente ella misma) a los servicios de salud o servicios sociales. Estos tendrán que prestarle un "asesoramiento asistencial completo", también de forma "personal, individualizada y verbal", es decir, concertando una cita. El Ministerio de Justicia asegura que esa cita se concertará "de forma inmediata, ese mismo día o al día siguiente", saltándose las listas de espera si las hubiera. El "asesoramiento asistencial completo" incluirá: información de que "la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución"; orientación "sobre el modo de resolver los problemas y conflictos" personales que la mujer haya alegado como razón para abortar; un "estudio de la posibilidad de actuar directamente" sobre esos conflictos con ayuda de la Administración; e información sobre las alternativas al aborto (ayudas públicas, guarda administrativa del niño, acogimiento o adopción).
6. Una vez terminado ese asesoramiento, el personal del servicio de salud expide un certificado indicando la fecha. A partir de entonces, la mujer, ya con los dos informes psiquiátricos y las dos certificaciones (información clínica y asesoramiento social) concedidos, tiene que reflexionar durante siete días antes de comunicar definitivamente su decisión de abortar.
6bis. Cuando la mujer es menor de edad el proceso puede alargarse más. Si tiene entre 16 y 18 años necesitará para abortar el "asentimiento" (la ratificación) de sus padres o tutores; si tiene menos de 16 años necesitará su "consentimiento expreso". En ambos casos, si los padres no dan su permiso a la chica, ella puede acudir a un juez (una vez que tenga todos los informes médicos y de asesoramiento asistencial concedidos, y como muy tarde 15 días antes de que venza el plazo legal para abortar). También pueden pedir la intervención del juez los médicos a los que la joven haya acudido, si perciben que existe ese conflicto en la familia.
En un procedimiento de carácter urgente, a puerta cerrada y con presencia del fiscal, el juez resolverá a quién da la razón tras escuchar a la mujer y a "los demás interesados". Si la chica tiene entre 16 y 18 años, primará su voluntad, salvo que el juez "constate su falta de madurez"; si tiene menos de 16 años, primará la voluntad de los padres, salvo que se acredite en la vista que ello es "contrario a la protección del interés de la mujer". En todo caso, decidirá un juez. Todo el procedimiento judicial, recurso incluido, no puede superar los ocho días de duración.
Si la menor (sea cual sea su edad) quiere proseguir el embarazo y son los padres los que quieren que aborte, serán ellos los que podrán acudir a un juez para que decida.
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/08/actualidad/1389177388_074294.html
CELIA VILLALOBOS PIDE LIBERTAD DE VOTO Y NADIE CONTESTA
La vicepresidenta del Congreso asegura que "representa a muchos"
Los barones del PP recrudecen la batalla interna por la ley del aborto
Mariano Rajoy se comporta en las reuniones internas como en las ruedas de prensa. Cuando un asunto no le interesa, lo deja sin contestar. El pasado 27 de diciembre, los periodistas le preguntaron si estaba dispuesto a conceder la libertad de voto a los diputados y senadores del PP en la ley del aborto. Y no contestó. Este miércoles se lo pidió Celia Villalobos, una mujer que no solo ha sido alcaldesa y ministra y tiene un peso específico en el partido, sino que además es la esposa del gurú de Rajoy, Pedro Arriola, su principal asesor. Villalobos, que en público había guardado silencio, dijo que ella está en contra de la ley de Gallardón y que representa “a muchos que piensan igual”. Y pidió a Rajoy que conceda esa libertad de voto. Pero el presidente no contestó a ese asunto.
Acabada la reunión, en la rueda de prensa, María Dolores de Cospedal también trató de esquivar esta cuestión. “Celia Villalobos ha planteado esa cuestión pero no se ha abordado”, aseguró. ¿Pero el PP está dispuesto a conceder esa libertad de voto? “No ha habido más debate. Hoy por hoy este tema no lo vamos a tratar, así de claro se lo digo”. Cospedal se negó por dos veces a dar una opinión personal de la ley. “Aquí estoy en mi condición de secretaria general”, se justificó, evitando así apoyar la norma.
La libertad de voto está prácticamente descartada. Tanto que en los pasillos, después de la reunión, algunos dirigentes como Pedro Sanz señalaban que eso de la libertad de voto “no existe” y el presidente del Congreso, Jesús Posada, aseguraba que eso “no cabe en la votación de una ley”. Posada fue muy vehemente defendiendo la unidad del PP. Dijo que la guerra de Irak no logró romper a este partido y no lo hará el aborto. En realidad sí cabe la libertad de voto siempre. Es una decisión del grupo. En el PP no se ha hecho nunca, pero en Convergència, por ejemplo, es habitual que se dé a los diputados libertad de voto en asuntos que afectan a su conciencia, como es precisamente el del aborto.
Los diputados pueden votar lo que quieran, porque la Constitución ampara su libertad, pero los partidos son muy duros con quienes rompen la disciplina, hay multas importantes y sobre todo se cae en desgracia y se corre el riesgo de no repetir en las siguientes elecciones.
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/08/actualidad/1389176428_438414.html
DE ‘VERSO SUELTO’ A MINISTRO HINCHA
Gallardón asume en solitario una ley, la del aborto, que lo sitúa en el ala más dura del PP
Cualquier modificación posterior lo dejará a él sin defensa
El alcalde que hace ocho años dispensaba gratis —y a menores— la píldora postcoital para evitar embarazos no deseados (provocando, al hacerlo, la indignación de buena parte de su partido y de la jerarquía eclesiástica) es hoy el ministro que ha firmado y defiende con entusiasmo la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Aquel alcalde —y antes presidente autonómico— que concitaba el apoyo de muchos ciudadanos no votantes del PP con iniciativas alejadas del programa de su partido —la creación de una narcosala para que los yonquis se inyectaran en condiciones sanitarias aceptables, las campañas a favor del preservativo que motivaron la protesta de Antonio María Rouco Varela, las bodas de homosexuales, la apertura de los festejos municipales a nombres de la cultura asociados con la izquierda— se desploma hoy en popularidad y es visto por muchos como el representante del ala más dura de la derecha española.
Alberto Ruiz-Gallardón, el verso suelto del PP cuando ejercía de jefe y aspiraba a algo más, se ha convertido, como subordinado, en un ministro hincha, centrado sin fisuras en la defensa del PP y del Gobierno. Lo ha hecho envolviéndose en una bandera: la de la nueva ley del aborto, la ley que consagra la “protección de la vida del concebido” y, solo en segundo lugar, los “derechos de la mujer embarazada”. Él sostiene —lo decía esta semana en sendas entrevistas— que no es que aquel alcalde se haya derechizado, sino que la izquierda no entiende que esta es “la ley más progresista” que ha aprobado el Ejecutivo y la aportación “más importante” que él dejará en su paso por la política española.
Durante los casi dos años que ha durado la elaboración de la ley del aborto, desde el Ministerio de Justicia han ido llegando mensajes contradictorios. Teniendo en cuenta que en el programa electoral del PP no se decía prácticamente nada de cómo sería esa ley —sí se anunciaba una nueva norma, pero sin entrar en detalles salvo en lo referido a las menores—, Gallardón podría haber hecho el proyecto que hubiera querido, siempre que obtuviera el respaldo del presidente Mariano Rajoy. En público, y desde el primer momento, el ministro optó por la versión más restrictiva de la ley: confirmó la vuelta a un sistema de supuestos para proteger al “no nacido”, anunció la supresión de uno de esos supuestos, el de malformación fetal, e incendió el Congreso con su teoría sobre la “violencia de género estructural” —la “presión social” y la falta de ayudas que supuestamente obligan a las mujeres a abortar aunque quieran tener a su hijo—; un asunto, por cierto, que quedó en mera teoría sin trasladarse a la práctica, porque en la nueva ley no se incluye ni una sola medida concreta de apoyo a la maternidad.
En privado, sin embargo, desde el entorno de Gallardón se manejaba la idea de que el ministro estaba trabajando en una versión mucho más abierta de la ley, que reconocía formalmente la protección del nasciturus pero dejaba en realidad la última palabra en manos de la mujer. Así fue publicado en varios medios, entre ellos EL PAÍS, y nunca desmentido. Además, Gallardón suavizó a mediados de este año su anuncio sobre la eliminación del supuesto de malformación fetal: durante una intervención en el Senado, aseguró que él nunca había querido referirse a las anomalías graves sino a algunas “discapacidades” fetales que creía que no debían ser motivo de aborto. Las otras, las gravísimas, seguirían siendo un supuesto legal para abortar. “Naturalmente”, dijo.
Si existió realmente esa versión más suave de la ley, ha sido enterrada por el propio Gallardón. El anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 20 no deja a la mujer la última palabra en nada —dependerá de la decisión de los médicos— y el supuesto de malformación fetal desaparece del todo. La mujer embarazada de un feto con anomalías gravísimas y que no desee tenerlo podrá abortar, pero solo si alega otra cosa: que eso supone un peligro grave para su salud psíquica (y, a partir de la semana 22, únicamente si las anomalías son incompatibles con la vida).
El ministro de Justicia no solo ha asumido la defensa de ese proyecto de ley —en solitario, porque ningún otro ministro o dirigente del PP ha querido salir a respaldarla, y Rajoy ha pasado por ello de puntillas—, sino que lo ha hecho con auténtica entrega. “No he hecho nada nunca más importante en política que la presentación de este proyecto. Nada tiene la importancia de este proyecto”, declaró con énfasis esta semana al diario Abc. “En los 30 años que llevo en política, probablemente haya sido la decisión más avanzada y más progresista que he tenido la ocasión de proponer”, insistió en La Razón. Sutilmente, eso sí, quiso compartir la autoría de la ley con quien se la encargó: “Por muy convencido que esté un ministro de una iniciativa”, advirtió, “es imposible que la saque adelante sin el apoyo de su presidente”.Tanto ha aplaudido Gallardón la nueva ley y tan pocos matices ha puesto a su defensa que, al mínimo cambio que el PP introduzca en la tramitación parlamentaria —y ya se oyen voces en el partido que lo piden—, él quedará ante la opinión pública como el duro que la concibió.
El ministro de Justicia ha protagonizado varias y variadas polémicas en estos dos años —por las tasas judiciales, por el endurecimiento del Código Penal, por la reforma del Consejo General del Poder Judicial (en el que, en pro del acuerdo con el PSOE, incumplió de plano el programa del PP), por ciertos indultos—.
Pero la nueva ley del aborto se adivina como aquella que marcará su paso por el ministerio. Al menos en lo que se refiere a su imagen frente a un electorado al que antaño cortejó con éxito y que hoy le da la espalda.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/28/actualidad/1388258643_227205.html
EL LONDINENSE ‘THE TIMES’ ACUSA A RAJOY DE “ABUSO DE PODER”
La prensa europea destaca el retroceso que supone la reforma del aborto
La reforma de la ley del aborto en España ha sido seguida con interés por la prensa europea, con titulares y textos que destacan el retroceso que supone una norma que trata de contentar al ala más conservadora del PP. Y no solo han informado, sino que algunos han dado también su opinión, como el diario británico The Times, que ayer acusó al Gobierno español de “abuso de poder” en un durísimo editorial y pidió al resto de Gobiernos europeos que presionen a Mariano Rajoy para que reconsidere la reforma.
El editorial sostiene que la nueva ley recoge tan solo el pensamiento “de una pequeña minoría”. “Viola el principio de la política democrática al suplantar con decretos estatales las opiniones de ciudadanos privados individuales. Va a erosionar el pluralismo, restringir la libertad, hacer retroceder la posición de la mujer en la sociedad española, dañar la vida familiar e infligir daños psicológicos y físicos a mujeres que padecen en ocasiones circunstancias desesperadas. Es una ley mala que previsiblemente tendrá consecuencias lamentables”, sostiene el texto.
El diario londinense, que se sitúa en el centro derecha del arco político de la sociedad británica, sostiene: “Aunque el Gobierno manifiesta que ninguna mujer será procesada por haber abortado, esa línea de defensa es débil. Los médicos se arriesgan a ser procesados y se enfrentan hasta a tres años de cárcel por llevar a cabo abortos que sean considerados ilegales”. “Hay gente que tiene fuertes objeciones éticas contra las terminaciones del embarazo (incluyendo a la Iglesia católica, que ha apoyado al Gobierno español en este asunto). Sin embargo, esa visión es minoritaria. Los sondeos muestran que la mayoría de los votantes españoles están a favor de que la ley siga como hasta ahora. Y aunque no fuera ese el caso, la propuesta de ley seguiría siendo perversa”, opina el diario,
Y concluye: “Llevar al rango penal una cuestión que afecta a la salud de las mujeres y que es una cuestión de conciencia es un abuso del poder del Gobierno. Una sociedad constitucional no se inmiscuye en zonas de criterio personal que la mayoría de los ciudadanos consideran que se tienen que decidir dentro de las familias. La ingeniería social es una práctica de los gobiernos autocráticos. Los amigos y aliados de España en Europa deberían convencer al señor Rajoy de que se lo vuelva a pensar”.
Las siguientes son algunas de las reacciones de la prensa en otros países europeos:
» Italia: vuelta al pasado. Los titulares de los medios italianos han hablado de “vuelta al pasado de Rajoy”, “frenazo de España” o “vuelta de tuerca”. La agencia Ansa (homóloga de Efe) se pregunta porque “el presidente católico y conservador Mariano Rajoy encargó este diseño de ley al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y no a la titular de Sanidad, Ana Mato”. “La contrarreforma española en materia de aborto está lista”, arranca su crónica en La Repubblica Omero Ciai. “El texto sigue siendo secreto, pero, por lo que ha trascendido, haría retroceder el reloj hasta 1985”. Los medios locales, no muy acostumbrados a poner la lupa más allá de los Alpes, comparan la tendencia actual con los años de Zapatero, que transformó a España en una especie de El Dorado de los derechos civiles.
» Alemania: restricción de la libertad. Los grandes diarios alemanes han pasado de puntillas sobre el proyecto español de reforma. La cabecera conservadora Die Welt publicó el mismo viernes un largo reportaje en Internet sobre “los intentos, por parte del Partido Popular, de contentar al sector conservador en el país”. Cuenta el reportaje que el PP, “tras varios años de austeridad presupuestaria”, proyecta también “profundos cambios sociales” en España. La ley del aborto es, asegura, la constatación de que las “restricciones en el derecho de manifestación aprobadas a primeros de mes [dentro de la ley de seguridad ciudadana] solo fueron un primer paso”.
El diario berlinés Die Tageszeitung, tradicionalmente próximo al partido Los Verdes, se hizo eco de la reforma con sendos reportajes el viernes y el sábado. El primero, firmado en Madrid, aclara que la nueva ley será más restrictiva que la de 1985 y recuerda las movilizaciones contra el aborto en las que el PP participó “junto a la Iglesia y a organizaciones provida”. También refiere cómo, hasta 1985, las mujeres españolas que querían abortar viajaban a Londres y a Holanda para poder hacerlo. El otro artículo es una nota de la agencia alemana DPA sobre las protestas contra la reforma. El diario muniqués Süddeutsche Zeitung destacó el sábado las críticas al proyecto por parte de “los conservadores democristianos” del PNV. La nota lleva el título entrecomillado: “Una incomprensible restricción de la libertad”.
» Francia: concesiones al Episcopado. La prensa francesa se ha hecho ampliamente eco de la reforma del aborto en España, retratada también como una marcha atrás. Para el diario Le Monde, se trata de “otra concesión al ala dura” del Partido Popular y “a las reivindicaciones del Episcopado católico”. El diario vespertino francés de centroizquierda sitúa el proyecto de ley en línea con la nueva ley de educación, el debate sobre la cadena perpetua y, sobre todo, la ley de seguridad ciudadana.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/23/actualidad/1387830309_462497.html
MONAGO: “NADIE PUEDE OBLIGAR A UNA MUJER A SER MADRE”
El presidente extremeño es el primer barón del PP que rechaza abiertamente la nueva ley del aborto impulsada por el ministro Gallardón
La grieta en el PP por la futura ley del aborto se agranda poco a poco, a pesar de los esfuerzos de la dirección del partido y el Gobierno por frenar las críticas remitiéndose al futuro trámite de la norma en el Congreso y el Senado. Ayer se sumó a las voces críticas José Antonio Monago, presidente de Extremadura, mientras que otros dirigentes y parlamentarios que no comparten la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se preparan para plantear el asunto en el comité ejecutivo del PP que tendrá lugar el 8 de enero.
Monago, que gobierna en Extremadura gracias a los votos de IU, es hasta el momento la voz más clara y de mayor relevancia en el partido que se pronuncia contra la ley. “Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre. Ni tampoco nadie puede obligar a nadie a serlo”, aseguró anoche en el discurso institucional de fin de año. Antes de él, solo otro barón regional del PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo, había sugerido cambios durante la tramitación parlamentaria, pero sin expresar críticas al texto.
Sí lo hicieron en días pasados la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper, que pidió expresamente a los diputados populares que voten la ley “en conciencia”, no por disciplina de partido. Dos alcaldes del PP —la de Zamora y el de Valladolid— se mostraron contrarios a la eliminación del supuesto de aborto por malformación fetal; y el portavoz de la Junta de Castilla y León confió en que la ley se “matice” y se “mejore” a su paso por el Congreso.
Críticos al proyecto quieren plantear su posición el día 8 en el Comité Ejecutivo
Ninguno de los que ha expresado la crítica en público debe votar la futura ley en las Cortes.
Monago ha sido el más claro, poniendo el énfasis en la capacidad de decisión de la mujer al subrayar que “nadie” puede “obligar” a una mujer a ser madre. En su discurso apostó por “desideologizar” este asunto: “Creo sinceramente que la ideología no tiene que introducirse en asuntos de Estado [...] y tampoco en materias tan sensibles como la reproducción asistida o la interrupción voluntaria del embarazo”, afirmó. “Necesitamos una ley del aborto que conecte con la sociedad, que sea reflejo de la España actual, la que inicia 2014. Y para ello, las posiciones se tienen que acercar”. El presidente extremeño abogó por “aprender las lecciones del pasado”. “La ley del aborto de Felipe González nos unió durante 25 años y la de Zapatero solo ha necesitado tres años para dividirnos. Debemos trabajar entre todos por una ley del aborto que dure al menos otros 20 años”, dijo.
La dirección del PP intenta frenar las críticas públicas remitiéndose al trámite parlamentario en el que pueden incluirse cambios, y también a la posibilidad de que se retoque cuando el texto vuelva al Consejo de Ministros, una vez que el Gobierno reciba los informes pertinentes. No obstante, el ministro de Justicia ya ha dicho que esa tramitación no afectará a la esencia de su anteproyecto.
La dirección del PP insiste en remitirse a la tramitación parlamentaria
Varios diputados del PP, que rechazan la reforma, han expresado a este periódico su voluntad de plantear su discrepancia en el comité ejecutivo nacional que presidirá Mariano Rajoy el 8 de enero, aunque ninguno ha manifestado públicamente su discrepancia. Ya el pasado 5 de mayo, la diputada y vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, planteó su rechazo a la reforma cuando el debate surgió en una reunión similar. Villalobos, que ha roto la disciplina de voto en otras ocasiones cuando se han tramitado asuntos relacionados con el aborto, se dirigió ese día a Gallardón para exponer su rechazo a que se derogase la actual ley de plazos y se limitara el supuesto de malformación del feto. Ese día la diputada no recibió ninguna contestación.
Fuentes de la dirección del Grupo Popular mantienen la tesis de que el programa del PP recogía este cambio de la ley y, por tanto, mantendrán la disciplina, que implica multas de unos 500 euros a quien vote en contra de la posición oficial. El programa, no obstante, se limitaba a decir: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. No especificaba más.
Uno de los diputados críticos lamenta la estrategia del PSOE estos días al situar la presión sobre ellos. Recuerda que en la última etapa del Gobierno de José María Aznar los socialistas hicieron lo mismo para combatir la actitud del Gobierno ante la guerra de Irak, forzando votaciones secretas para mostrar las discrepancias internas del PP. Con esa presión, dice este diputado, el PSOE logró el efecto contrario, es decir, que pesara más en los parlamentarios populares la necesidad de proteger al Gobierno que la expresión de la discrepancia. Ahora, este crítico con la ley del aborto asegura que su intención es también minimizar el daño a su partido.
El PSOE ha anunciado que va a presentar una proposición no de ley pidiendo la retirada del proyecto, y en ese trámite pedirá el voto secreto. El citado parlamentario del PP explica que él es contrario al anteproyecto de ley, pero que eso no le impedirá rechazar la proposición socialista.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/30/actualidad/1388432571_462749.html
EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY DEL ABORTO MÁS RESTRICTIVA DE LA DEMOCRACIA
El Gobierno aprueba un retroceso de 30 años
La mujer podrá alegar daño psíquico, pero acreditarlo será más duro
El supuesto de anomalía fetal se suprime
El Gobierno aprobó este viernes la ley del aborto más restrictiva de la democracia, a la que pondrá nombre Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia. Interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas —un derecho que existe solo desde 2010— y volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como lo era con la Ley de 1985. Pero esos supuestos se reducen, y la posibilidad de la mujer de acogerse a ellos se restringe. Solo habrá dos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer. Serán, de nuevo, los médicos —con requisitos más estrictos que en 1985 y un procedimiento más largo— los que decidirán si ese peligro existe. La presencia de malformaciones fetales gravísimas no será motivo de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico que eso tenga en la embarazada.
La nueva normativa se llamará Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, por ese orden; Gallardón aseguró que se ha hecho para proteger “a los más débiles: los concebidos y no nacidos”, pero “siempre en interés de la mujer” y respetando asimismo sus derechos. Según el ministro, la ley vigente, aprobada por el PSOE en 2010, vulnera el “equilibrio” en la protección de los derechos del feto y de la mujer que impuso el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, porque “desprotege” al nasciturus en las primeras 14 semanas de embarazo (en ese plazo se puede abortar sin alegar motivo). La Ley de 2010 está recurrida por el PP ante el Constitucional, pero este aún no ha dictaminado; Gallardón dijo que el Gobierno no necesita esperar a conocer esa sentencia porque está convencido de que esa ley es inconstitucional.
El PSOE calificó la futura norma de “vergüenza” y auguró que producirá muertes por abortos realizados en la clandestinidad. Otros grupos de oposición, como IU, UPyD, ERC y PNV se manifestaron también frontalmente en contra. La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) —a las que el anteproyecto de ley resta funciones y cuyos servicios prohíbe publicitar— afirmó en un comunicado que la ley hará “prácticamente imposible” abortar en España. En el año 2011, último con datos oficiales, se produjeron 118.359 abortos; el 90%, antes de la semana 14 de embarazo.
El anteproyecto debe ser sometido ahora a diversos informes y después al debate parlamentario, por lo que no entrará en vigor hasta dentro de aproximadamente un año.
» La malformación fetal no será motivo de aborto. El anteproyecto de ley señala que el aborto es un delito salvo en dos supuestos: que el embarazo sea fruto de una violación (alegable en las primeras 12 semanas) y que genere un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada” (alegable en las primeras 22 semanas). Desaparece, por tanto, el supuesto de malformación, enfermedad incurable o anomalía fetal incompatible con la vida, que con una u otra formulación ha existido durante tres décadas. Que el feto tenga un problema de salud, por muy grave que este sea y aunque vaya a producirle la muerte nada más nacer, ya no será en sí mismo un motivo legal para abortar.
Gallardón, que anunció la supresión de ese supuesto hace año y medio, fue modulando su propuesta en los meses siguientes —ante la enorme polémica generada— y, el pasado mayo, en el Senado, hizo una distinción: entre las malformaciones fetales muy graves —“que naturalmente la legislación contemplará como ha contemplado siempre”, dijo— y las “discapacidades” del feto, que quedarían fuera de la ley para no “discriminar” a los discapacitados. Finalmente ha renunciado a esa distinción: todas las malformaciones y enfermedades quedan fuera de los supuestos legales de aborto. “No hay embriones de primera y de segunda, como no hay personas de primera y de segunda”, argumentó.
La autorización la firmarán dos médicos ajenos a la clínica que haga el aborto
» El “coladero” del daño psicológico, pero con más obstáculos. Que la malformación fetal desaparezca como supuesto no quiere decir que ninguna mujer embarazada de un feto con problemas de salud (del grado que sean) vaya a poder abortar: podrá hacerlo, si demuestra que eso supone un “grave peligro” para su salud psíquica, porque será eso lo que tendrá que alegar. El Gobierno recupera el supuesto de daño psicológico para la embarazada de la ley de 1985, al que se acogía entonces la inmensa mayoría de las mujeres y que el PP y las asociaciones antiabortistas tachaban de “coladero”. Lo recupera pero con un procedimiento más exigente, más complicado y más largo.
» Un informe de dos médicos y ajenos a la clínica. El “grave peligro” para la salud psíquica de la mujer —supuesto al que se acogerán previsiblemente quienes quieran abortar por malformación fetal o por otros motivos— tendrá que quedar acreditado en un informe firmado por dos médicos (ahora es solo uno). Esos dos profesionales no podrán ser los mismos que vayan a practicar el aborto —igual que sucede con la ley actual— pero tampoco podrán, y esta es la novedad, trabajar en el mismo centro en el que se practique el aborto. En la actualidad, el 97% de las interrupciones voluntarias del embarazo se produce en clínicas privadas, y son médicos de esas mismas clínicas los que elaboran los dictámenes médicos cuando son necesarios. También se hacía así con la ley de 1985. Ahora el PP rompe ese vínculo, para garantizar la “imparcialidad” de los informes médicos.
La mujer podrá elegir qué dos médicos —de la sanidad pública o de otra clínica privada diferente a la que vaya a practicar el aborto— firman su dictamen. Si la embarazada alega que el peligro para su salud psíquica es producto de que el feto padece una anomalía incompatible con la vida, tendrá que haber dos informes: uno de un especialista que acredite que la anomalía existe y otro del psicólogo o psiquiatra que dictamine si eso le genera a la mujer un daño psíquico. A partir de la semana 22, el daño psíquico ya solo puede alegarse si es por anomalías del feto incompatibles con la vida (ahora es igual).
Además, los médicos que firmen el informe en cualquier supuesto de riesgo para la salud psíquica tendrán que establecer que el conflicto entre la protección del feto y la de la mujer no puede resolverse, “desde el ámbito médico, de ninguna otra forma”. Y solo se entenderá que hay daño psíquico cuando, según su criterio, el embarazo produzca un “menoscabo importante” y “con permanencia en el tiempo” para la mujer. El Ministerio de Justicia afirma que así es como el Tribunal Constitucional describió en 1985 el riesgo para la salud psíquica.
La embarazada podrá decidir qué facultativos realizan el informe
» Información a la embarazada: verbal y con siete días de reflexión. En la actualidad, la mujer que decide abortar recibe de los médicos un sobre con información sobre alternativas, ayudas a la maternidad y riesgos de la intervención, y tiene que reflexionar sobre ello durante tres días antes de abortar. Ese plazo se amplía ahora a siete días, y la información —que no incluirá fotos de ecografías, según confirmó Gallardón— tendrá que darse en persona por parte de los trabajadores de los servicios sociales públicos. Fuentes de Justicia sostienen que no hay riesgo de que eso genere retrasos en todo el procedimiento y acabe aumentando los casos de abortos tardíos. “Se potenciarán los servicios sociales para que eso no suceda”, confían.
» Las menores, con permiso paterno. Las chicas de 16 y 17 años volverán a requerir el permiso de sus padres para abortar (como sucedía antes de 2010). En caso de conflicto familiar grave, un juez decidirá —en 15 días— a quién da la razón, si a la joven o a sus padres; en principio, primará la opinión de la embarazada.
» Derecho a la objeción de conciencia generalizado. Todos los profesionales sanitarios que participen, colaboren o cuyo trabajo sea necesario para realizar un aborto —desde el administrativo al celador o al que dispone los instrumentos en el quirófano— podrán acogerse a la objeción de conciencia. Con la ley actual solo pueden hacerlo los médicos que practican el aborto.
»Un delito sin castigo para la mujer. Los abortos realizados fuera de los supuestos legales serán delito, pero solo habrá castigo para el médico (hasta tres años de cárcel y hasta seis de inhabilitación, como ahora). La mujer no tendrá reproche penal. Gallardón se felicitó de esa novedad y lo justificó en que la mujer es una “víctima” del aborto, un argumento que algunas asociaciones de mujeres tacharon de “paternalista”.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/20/actualidad/1387544028_883233.html
DE GALLARDÓN PADRE A GALLARDÓN HIJO: 30 AÑOS DE FRASES 'POPULARES' CONTRA EL ABORTO
Los argumentos de hoy no están muy lejos de los utilizados por los grupos conservadores en 1985, cuando se aprobó la primera ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos
El PP salió a la calle y se opuso con virulencia a la reforma del Gobierno de Zapatero
El discurso de Ruiz-Gallardón ha presentado la reforma como un "avance histórico" y una "apuesta por la libertad de las mujeres"
El aborto deja de ser un derecho y la mujer solo tendrá la última palabra en caso de violación
La reforma de la actual ley del aborto, que ya demandaban en Génova los votantes del PP el mismo día de la victoria electoral, ya es una realidad. Una de las promesas estrella del programa electoral de los 'populares' se ha concretado este viernes en el Consejo de Ministros. El proyecto del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no solo pasa por acabar con el sistema vigente de plazos, sino por retroceder más allá de 1985, cuando había que acogerse a uno de los tres supuestos para poder interrumpir el embarazo: violación, riesgo para la madre o malformación del feto.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en 2010 por el Gobierno de Zapatero, fue la primera en instaurar un sistema de plazos que permitía el aborto libre hasta las 14 semanas de embarazo. La norma suscitó, incluso antes de nacer, una frontal oposición por parte de los sectores más conservadores de la sociedad, que desde entonces no han dejado de reclamar una reforma urgente para garantizar la "protección de la vida de concebidos".
Precisamente en esa línea se ha movido el discurso Ruiz-Gallardón, encargado de presentar el que es su proyecto más ambicioso. Desde el orden de los "sujetos a proteger" dentro del nombre oficial de la ley hasta la presentación de la mujer como "víctima" en todo momento. Así, los cambios de la contrarreforma del aborto, aunque suponen un retroceso para la capacidad de decisión de las mujeres, han sido presentados como "avances históricos" y "apuestas por su libertad".
Los argumentos de hoy no están muy lejos de los que esgrimían los grupos conservadores cuando se aprobó la primera ley de supuestos en 1985, una vez resuelto el recurso de anticonstitucionalidad que paralizó la entrada en vigor de la normativa dos años. Las declaraciones del padre de Gallardón, diputado por Coalición Popular, parecen extraidos palabra por palabra de la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
José María Ruiz-Gallardón, padre del actual ministro ( 11 de abril de 1985 ): "Nosotros hemos defendido siempre el derecho a la vida en los términos en que la Constitución lo establece. Defendemos la vida en su integridad (...) ahora bien, entendemos que puede haber colisión en algún momento entre los derechos del feto y la personalidad de la mujer y en algún caso puede prevalecer el derecho de la mujer sobre el feto. Pero lo que quiere la Constitución es que la contemplación de estos derechos de la mujer se produzca con suficientes garantías para los derechos del hijo".
Cuando la intención del Gobierno del PSOE de avanzar hacia un aborto libre empezaba a cocinarse, las filas del PP crearon una fuerza de oposición muy activa que han mantenido hasta hoy.
Ana Botella (25 de enero de 2008): "Me produce sonrojo pensar que aquí al lado hay un niño de siete meses en una trituradora".
Ana Mato (4 de diciembre de 2008): "Algunas veces me da la impresión de que al PSOE no le importan nada las mujeres, sólo las utiliza, pero nunca piensa en los sentimientos de las mujeres y tendría que ponerse en la piel de una mujer que tenga que abortar y saber el sentimiento que ella tiene para eso (...) La solución no pasa por dar libertad para todo".
Manuel Fraga (17 de marzo de 2009): "La ministra Bibiana Aído va a convertir el aborto en un sustitutivo del preservativo, y más claro agua". "Un lince está más protegido que un niño".
Un gran número de líderes del PP participaron en la manifestación convocada en Madrid por la Iglesia y los grupos anti elección en octubre de 2009.
José María Aznar (17 de octubre de 2009): "La reforma propuesta [referida a la de Zapatero] pasa todos los límites y es un proyecto retrógrado del Gobierno socialista".
Vicente Martínez Pujalte (17 de octubre de 2009): "Esta ley convierte un fracaso en un derecho, es una aberración". "Sin incentivos para que la mujer tenga el niño, a veces se le pone en situaciones imposibles".
El ex ministro del PP y ahora dirigente de Foro Asturias plasmó en el programa electoral de su nueva formación una postura similar a las de sus antiguos compañeros de partido.
Francisco Álvarez Cascos (septiembre de 2011): "No es posible hablar de igualdad cuando una mujer embarazada se ve limitada en su derecho a ser madre por cualquier tipo de circunstancia económica, social o cultural ajena a su propia voluntad".
El propio ministro de Justicia se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el tema. Sus palabras más controvertidas se escucharon en el Congreso de los Diputados el año pasado.
Alberto Ruiz Gallardón (7 de marzo de 2012): "El legislador no debe ser indiferente a la situación de muchas mujeres que ven violentado su derecho a ser madres por la presión que ejercen a su alrededor determinadas estructuras"
El culmen de la polémica llegó con la declaraciones del titular de Interior, que relacionaban el aborto con la banda terrorista ETA.
Jorge Fernández Díaz (7 de mayo de 2013): "[El aborto] Tiene algo que ver [con ETA] , pero no demasiado".
La portavoz adjunta de la Comisión de Justicia, Beatriz Escudero, alteró el hemiciclo del Congreso con un argumento que relacionaba el aborto con la falta de formación . Después encendió las redes sociales con la publicación un polémico tuit.
Beatriz Escudero (8 de mayo de 2013) : "Las mujeres que abortan son las que menos formación tienen"."Se defiende más a los embriones de cefalópodos y mamíferos que a los de seres humanos".
El eurodiputado Mayor Oreja respaldó en Madrid la presentación de la Iniciativa Ciudadana Europea "Uno de Nosotros" que recoge firmas para que la Unión Europea proteja al embrión humano desde la concepción.
Jaime Mayor Oreja (septiembre de 2013): "El aborto no puede ser considerado un derecho" y "la actual legislación es un disparate y una vulneración de la dignidad de la persona".
http://www.eldiario.es/sociedad/discurso-avanza_0_209279814.html
CIFUENTES, CONTRARIA A LA REFORMA DE GALLARDÓN, APUESTA POR UNA LEY DE PLAZOS PARA EL ABORTO
La delegada del Gobierno en Madrid asegura que, aunque el PP cumple con una promesa electoral con esta nueva ley, no puede estar de acuerdo con la línea oficial de su partido
La delegada del Gobierno en Madrid ha asegurado esta mañana que "personalmente", ella tiene "una posición que no coincide con la mayoritaria" del PP, su partido, en cuanto a la reforma de la ley del aborto que presentó el Gobierno en el Consejo de Ministros el pasado viernes 20. Cristina Cifuentes ha explicado en una entrevista en RNE que esta modificación de la ley socialista de 2010 aún está en una fase inicial y que falta por abordar el trámite parlamentario, un proceso que, según la delegada del Gobierno, podría incluir modificaciones.
Cifuentes es partidaria de que el PP cumpla sus promesas electorales aunque no esté de acuerdo
Sin embargo, Cifuentes, para no crear muchas expectativas sobre la posibilidad de cambios en el texto salido del Consejo de Ministros del viernes 20, ha recordado que la controvertida reforma responde a un compromiso electoral del PP y un regreso a la ley de supuestos de 1985. La dirigente madrileña se ha mostrado partidaria de que la nueva norma modifique la posibilidad de que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, tal y como recoge la ley de 2010, pero en todo lo demás, "estoy más de acuerdo con una regulación de plazos", ha admitido.
Con todo, "entiendo que es un tema muy complicado y tengo que aceptar la medida que ha tomado mi partido porque es una promesa electoral", ha insistido Cifuentes, que tampoco ha querido pronunciarse sobre si votaría en contra o no de la reforma si tuviese un escaño en las Cortes, porque no es parlamentaria. "Que algunas piensen de manera diferente no es negativo, pero también creo que hay que cumplir las promesas electorales", ha advertido
EL GOBIERNO RETRASA LA LEY DEL ABORTO ANTE LA DIVISIÓN INTERNA QUE GENERA
Santamaría matiza a Gallardón y admite que la fórmula está en discusión
Rajoy decidirá sobre la prohibición del aborto por malformación
La división interna que genera la ley del aborto, y que ha estallado muy claramente esta semana, ha llevado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a aparcar esta norma hasta encontrar un claro consenso interno. A pesar de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegura que presentará el texto “pronto”, la ley no está en la agenda de reformas inminentes, según estas fuentes. De hecho, ni siquiera es la primera en cartera en el Ministerio de Justicia, que antes tiene que sacar adelante la del Código Penal. Y ni el Gobierno en privado ni ayer en público la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, muestran ninguna prisa por sacar adelante esta polémica norma. De modo que el choque interno continuará hasta que Rajoy decida definitivamente.
La ley del aborto quema. Cada vez que el PP intenta llegar a un acuerdo sobre ella, estalla la división interna que genera. Acercarse a ella es arriesgarse a que la polémica acabe con la imagen de quien la protagoniza. Tal vez por eso los tres principales protagonistas del Gobierno en este asunto —Gallardón, Santamaría y Mariano Rajoy— parecen buscar una forma de repartir el coste.
Algunos en el Gobierno señalan que es Gallardón quien ha ido más lejos de lo pactado al plantear la eliminación del supuesto de aborto por malformación del feto. Lo achacan a su tradición conservadora familiar —su padre fue el promotor del recurso al Constitucional contra la anterior ley en 1983— y a su deseo por reconciliarse con el sector del partido que más recelaba de él. Otros indican que una decisión de este calibre tiene que contar con el aval e incluso el impulso de Rajoy, que evita pronunciarse sobre el asunto. Gallardón hizo un gesto el martes en el Senado. Miró a Rajoy, que se quedó a escuchar su respuesta sobre el aborto —lo habitual es que se marche antes— y dijo “voy a contar una primicia de la ley, con el permiso del presidente, que me lo acaba de autorizar”. Con ese gesto estaba implicando a Rajoy y destacando que esta ley es tan suya como del presidente.
Mientras, Sáenz de Santamaría jugó ayer a un equilibrio dificilísimo. Sin desautorizar a Gallardón ni descartar que se vaya a prohibir el aborto por malformación, matizó al ministro y trató de alejar su imagen de las posiciones más duras del PP. Todo de forma sutil, pero claramente estudiada.
Tras los juegos políticos para evitar que un asunto tan delicado destruya la imagen pública de sus protagonistas, hay una realidad, según coinciden diversas fuentes del Gobierno y del PP: Gallardón, que ha dado un giro total en los últimos meses hacia posiciones mucho más duras, cuenta con apoyos para sacar adelante el proyecto, y probablemente las instrucciones de Rajoy, pero el asunto genera una enorme división tanto en el Gobierno como en el PP, donde muchos quieren limitarse como mucho a volver a la ley del 85 —que permitía el aborto por malformación— y otros prefieren esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
Santamaría admitió implícitamente ese debate interno. Cuando se le preguntó por lo más polémico, el aborto por malformación, dejó la responsabilidad en Gallardón: “El Ministerio de Justicia está analizando la convención de la ONU sobre personas con discapacidad [que recomienda, no exige, limitar este tipo de abortos] y la doctrina del Constitucional [que sí los autorizó en 1985] para establecer la mejor manera posible para tener presentes ambos equilibrios”. Esto es, que todo está abierto. A pesar de este aparente distanciamiento, Santamaría firmó en 2010 el recurso al Constitucional en el que se comparaba el aborto por malformación con las prácticas nazis. Ayer dijo que lo importante de ese recurso eran los argumentos jurídicos.
El PP, en especial el grupo parlamentario, está muy dividido, según coinciden todas las fuentes consultadas. El sector conservador, en algunos casos vinculado al Opus o próximo a la Conferencia Episcopal, como sucede con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, está entusiasmado ante las propuestas de Gallardón. Otros, más moderados, están descolocados porque creían que se volvería a ley del 85. La idea de eliminar el supuesto de malformación, que obligaría a quienes sufran esa circunstancia a viajar al extranjero si quieren abortar, no genera consenso. Y otros, los más centristas, están directamente indignados. Tanto, que Celia Villalobos, la única que ha mostrado abiertamente su rechazo y se marchó del pleno mientras hablaba Beatriz Escudero, la portavoz elegida por el PP para defender este asunto en el Congreso, ha recibido varias muestras de apoyo de diputados, según personas que han hablado con ella. De hecho, buena parte del grupo evitó aplaudir a Escudero. Una muestra más de esta división que nadie niega: Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego, dijo que la ley merece “un debate sosegado” y una “aproximación entre partidos”.
Esta división no es nueva. Ya en 2011, a la hora de elaborar el programa electoral, se produjo una enorme batalla interna por el asunto del aborto. Grupos católicos, en especial Hazte Oír, presionaban para que Rajoy prometiera antes de votar que derogaría la ley del aborto socialista. La división interna era tan fuerte que al final se optó por una fórmula especialmente ambigua, de una sola línea, en un programa de 214 páginas: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Nada se decía del aborto por malformación. Fue el consenso mínimo alcanzado tras una gran polémica. Por eso, para el PP, la situación ideal era la vivida hasta 2010: miraban para otro lado y dejaban que se aplicara la ley de 1985, que AP rechazó. Pero ahora toca tomar decisiones y abrir la guerra interna o esperar al Constitucional.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/10/actualidad/1368211571_199887.html
FERNÁNDEZ: EL ABORTO “TIENE ALGO QUE VER” CON ETA, “PERO NO DEMASIADO”
El ministro del Interior relaciona la interrupción del embarazo con el terrorismo
Luego matiza sus declaraciones y asegura que no quiso comparar ambos temas
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha relacionado este martes por la mañana el aborto con el terrorismo de ETA en una rueda de prensa convocada para dar detalles de una operación contra la banda en la que han sido detenidos seis presuntos miembros en Francia.
Cuando ha llegado la tanda de preguntas, varios periodistas han cuestionado al ministro acerca de otros temas de actualidad, como el aborto y la suspensión de la imputación de la Infanta por parte de la Audiencia de Palma. Díaz, que quería primero contestar a las preguntas relacionadas con la operación policial, ha ido contestando que todos los temas que no estuvieran relacionados con la detención de los etarras se contestarían al final de la rueda de prensa. Preguntado por el aborto, ha dicho que eran dos temas muy diferentes, para matizarlo luego: "Tiene algo que ver, pero no demasiado", ha sentenciado.
Posteriormente, y dada la polémica levantada, el ministerio del Interior ha hecho pública una nota matizando las declaraciones de Díaz y negando haber comparado terrorismo y aborto: "En ningún momento el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha querido establecer una comparación entre las personas que deciden abortar y los terroristas etarras. La voluntad del ministro era contestar más tarde la pregunta relacionada con el aborto para evitar que se mezclara con las cuestiones vinculadas con la operación antiterrorista. De hecho, así ha sido. El titular de Interior, tras responder a las preguntas relacionadas con la detención de seis presuntos etarras, dio su opinión sobre la cuestión del aborto", dice la nota.
Ferviente católico -sus colaboradores diseñan su agenda para que no falte ningún día a misa-, no es la primera vez que el ministro levanta polémicas con sus declaraciones. El pasado marzo indignó a los colectivos de homosexuales al asegurar que los matrimonios entre personas del mismo sexo "no garantizan la pervivencia de la especie".
Díaz ha aprovechado para apoyar al ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la reforma de la ley del aborto. "Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del ministro de Justicia. Apoyo de la A a la Z todo lo que dijo y cómo lo dijo".
La número dos del PSOE, Elena Valenciano, ya le ha pedido una rectificación a Fernández Díaz. El ministro era este martes al mediodía uno de los prinicipales temas de conversación en la red social Twitter, donde muchos usuarios pedían su dimisión.
También la vicepresidenta primera del Congreso y compañera de partido del ministro, Celia Villalobos, ha exigido este martes "una rectificación en toda regla" por su comparación "impresentable" del aborto con ETA. "Espero que [el ministro] se haya equivocado porque me parece un error gravísimo que no comparto en absoluto", ha manifestado a los periodistas Villalobos, para quien comparar "cualquier cosa con ETA es impresentable".
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/07/actualidad/1367926859_705406.html
La reforma de la ley que prepara el Gobierno sitúa a España a la cola de Europa
Los expertos alertan de un retroceso de más de 30 años
Gallardón: “Me identifico con que desaparezca el supuesto de aborto por malformación”
En España, las mujeres pueden abortar sin dar explicaciones, hasta la semana 14 de gestación. Tras esto, se necesita un dictamen médico y cumplir ciertos requisitos —riesgo para la salud, hasta la semana 22, y anomalías fetales graves o incompatibles con la vida, sin plazo—. Pero cuando aún no ha cumplido tres años desde su estreno, el derecho a la maternidad libremente decidida, que consagra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, pende de un hilo. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que la reformará para sustituir ese plazo libre por un sistema de supuestos como el que rigió hasta 2010.
El cambio, alertan los expertos, no solo supondría un retroceso de más de 25 años. También aleja a España de la esfera de la UE, donde predominan leyes de plazos. Así es en Francia (hasta la semana 12 de gestación), Holanda (26) o Italia (10). Solo cuatro países tienen un modelo de supuestos como el deseado por Gallardón: la restrictiva Polonia, Chipre, Reino Unido y Finlandia. Aunque en los tres últimos se amparan las razones socioeconómicas, bajo las que subyacen, en realidad, la libertad de la mujer.
La nueva regulación colocaría a España al nivel de Malta, que prohíbe el aborto, o Irlanda que lo restringe tanto que es inalcanzable. Estos son, además, los dos únicos países de la UE que no permiten la interrupción del embarazo por anomalías fetales. Un supuesto que el titular de Justicia ya ha insistido en que eliminará.
Ese cambio dejaría sin cobertura, alerta la experta en Diagnóstico Prenatal Pilar Martínez Ten, a los 3.000 gravísimos casos que se detectan cada año. Quienes estén en esta situación por el dictamen de patologías como anencefalia o agenesia de cuerpo calloso, de pronóstico fatal, por ejemplo, se verán obligadas a salir del país para abortar. “La restricción también impedirá que se haga la necropsia para ver si la enfermedad se repetirá con otros hijos”, dice Martínez Ten.
Los expertos no dudan de que una ley más restrictiva no frenará los más de 110.000 abortos que se realizan cada año en España, pero sí provocará que las mujeres sin medios para viajar a países más permisivos con la intervención —antaño iban a Londres— recurran a métodos inseguros. En el siglo XXI, apunta la ginecóloga Isabel Serrano, presidenta de la Plataforma por los Derechos Reproductivos, el aborto clandestino ya no es en casa y con una abortera. “Se recurrirá a fármacos que no están indicados para ello, lo que causará a las mujeres graves problemas de salud”, dice.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/04/actualidad/1367694686_721410.html
GALLARDÓN INVOCA EL “MANDATO DE LOS CIUDADANOS” PARA CAMBIAR EL ABORTO
El PSOE llama a la sociedad contra la “abolición” de la interrupción del embarazo
“Señor Gallardón, por qué, por qué hace esto, qué le han hecho las mujeres”. Así arrancó este miércoles, pasadas las nueve de la mañana, en la sesión de control al Gobierno, el primer rifirrafe sobre las intenciones del Ejecutivo respecto a la legislación del aborto. La pregunta era de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. Después vendría una interpelación defendida por la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Carmen Montón. Ante las acusaciones de retroceso de 30 años, de vulneración de los derechos de las mujeres, de intromisión en el derecho a decidir sobre la maternidad, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se envolvió en el “mandato de los ciudadanos” para cambiar la ley del aborto y aludió a la interpretación que el Tribunal Constitucional hizo en 1985 sobre este asunto. En efecto, en su programa los populares se comprometieron a cambiar la ley aprobada por el Gobierno socialista en 2010, pero sin dar detalles ni precisar hasta dónde tenían previsto cambiarla. No hay lugar para la transacción con el paso que ha dado el ministro de contraponer el derecho de las mujeres a su libertad con el derecho del “concebido”. “Nosotros repondremos el derecho de los no nacidos”, ha avisado el titular de Justicia.
Eso significa echar abajo la actual ley de plazos, que permite abortar durante las primeras 14 semanas de embarazo, pero también eliminar los supuestos actuales, incluida la posibilidad de interrumpir el embarazo por malformaciones en el feto. Con estos apuntes se intuye que el Gobierno irá más allá de cambiar la ley de 2010, al eliminar supuestos de la norma de 1985.
Los argumentos y las objeciones de las diputadas socialistas Elena Valenciano, primero, y Carmen Montón, después, se extendieron por diferentes ámbitos: políticos, jurídicos, sanitarios y morales. “Sobre las mujeres no decide nadie; ni los obispos ni los ministros”, clamó Montón, ante lo que no anda lejos de ser “la abolición encubierta del aborto”, ante las restricciones anunciadas, proclamó la diputada socialista.
Con gráficos en mano, la portavoz de Igualdad del PSOE citó los países europeos en los que rige una ley de interrupción del embarazo similar a la española. “Con los cambios que anuncia”, dijo, “se condena a las españolas a tener que acudir a métodos cruentos o a abortar a Londres las que se lo puedan permitir económicamente”. Antes, la número dos del PSOE, Elena Valenciano, en tono muy duro, había hecho esa dicotomía y situaba a las mujeres “de la clase social de Gallardón” en el grupo que podría ir a abortar a Londres, “como antes, como siempre”, y a las más débiles económicamente, dijo, se las condenaría a poner en riesgo su vida al acudir a la clandestinidad.
El ministro de Justicia aseguró que hace los cambios en la ley por convicción, sin presiones. “Ni lobbies ni jerarquías eclesiásticas, sino respeto a la Constitución y al mandato del pueblo, que nos pidió que cambiáramos la ley”, argumentó. Cada posición fue acogida por la bancada del correspondiente orador con los diputados puestos en pie y en apretado aplauso. La derecha aplaudió a Gallardón; la izquierda, a Montón.
La discusión avanzó sin la menor posibilidad de encontrar un punto de aproximación. “¿Por qué la derecha española no está a la altura de la derecha europea y deja la ley actual que da seguridad jurídica, seguridad sanitaria, seguridad profesional, hace prevención…?”, enumeró Montón. También preguntó por qué el Gobierno no espera a que el Constitucional se pronuncie sobre la reforma de Zapatero antes de que la ley llegue a la Cámara.
¿Para qué?, se preguntó Gallardón. Hasta tres veces, dijo, el Tribunal se ha pronunciado sobre la necesidad de respetar los derechos del no nacido. “El concebido es un bien jurídico protegido y cuando entra en conflicto con otros derechos, como el de la mujer a su pleno desarrollo personal, libertad de creencias, etcétera, el legislador tiene que dar respuesta, pero no acabar con los derechos del concebido. Los derechos de la mujer no pueden tener prevalencia sobre los derechos del no nacido”, sentenció el ministro.
Pero esta literatura jurídica del Constitucional no se ha traducido de la manera que anuncia el titular de Justicia y que tiene intención de plasmar en la futura ley del aborto. ¿De nuevo la cárcel para las mujeres por abortar? No, aseguró el ministro. “Ninguna mujer irá a la cárcel por abortar”, dijo, sin precisar cómo se conseguirá eso. “Respete a las mujeres, ministro. Y yo, que soy madre, me siento igual de mujer antes y después de parir”, dijo Montón, que anunció que luchará “por no dejar” a su hija como herencia “una ley que no respeta el derecho de las mujeres a decidir”.
No le importa a Gallardón lo que le digan, porque, dijo, “la defensa de los más débiles justifica” toda su vida política. Esas aseveraciones provocaron desasosiego en la bancada socialista, que interpretó que el ministro va muy en serio y que la futura ley será sumamente restrictiva.
La diputada Montón hizo un llamamiento a la sociedad para que “se oponga a este retroceso” y llamó a la sociedad a no dar “ni un paso atrás”. La batalla también va en serio por parte de la izquierda, esta vez abanderada por el PSOE en el Parlamento. “Gallardón, ya no toca ser el progre del Gobierno”, espetó con dura ironía la número dos socialista. “Usted carece de la necesaria serenidad para abordar este asunto”, replicó el ministro a Valenciano. El componente anímico inapropiado también se lo atribuyó el ministro a la portavoz de Igualdad.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/24/actualidad/1366791616_715518.html
GALLARDÓN REFORMARÁ LA LEY DEL ABORTO PERO NO EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL
La reforma de la ley de interrupción del embarazo no resulta fácil para el titular de Justicia
Mariano Rajoy, un hombre creyente y que sus más cercanos definen como un conservador clásico, siempre ha estado muy atento a las reclamaciones del ala de su partido más cercana a las posiciones de la Iglesia católica. Fue él quien ordenó a los máximos dirigentes del PP que se manifestaran con los obispos contra el matrimonio homosexual. Sin embargo, él siempre busca una imagen de moderación. De hecho no fue a esas marchas y trató de no mojarse antes de las elecciones en cuestiones clave como las bodas gais o el aborto. Además, la relación de Rajoy con la Conferencia Episcopal, y en especial con Antonio María Rouco, un hombre que no disimula su intento por influir en el PP, nunca ha sido buena. La irrupción, ayer, del cardenal en un día especial para Rajoy, en Roma con el Papa, la complicará aún más.
Una vez llegado al Gobierno, Rajoy ha encargado a Alberto Ruiz-Gallardón estos asuntos delicados. La posición en principio parece clara sobre las dos cuestiones clave que ayer reclamaba Rouco: el matrimonio homosexual no se va a tocar, el Gobierno acata la sentencia del Tribunal Constitucional y el asunto está cerrado. Pese a sus ideas sobre la cuestión —él dijo en la oposición que no creía que los gais debieran poder adoptar y que no debería llamarse matrimonio a su unión— Rajoy ha sido pragmático y ha visto que la mayoría de los españoles y de los votantes del PP apoyan las bodas gais. En el PP y en su propio Gobierno algunos ministros como Gallardón las respaldaban y hasta las llegó a celebrar cuando era alcalde. Así que Rajoy no dará satisfacción a Rouco.
En el aborto, teóricamente también debería estar claro: el PP se ha comprometido a reformar la ley para defender los derechos del nasciturus y para eliminar la posibilidad de que las menores de 18 años puedan abortar sin autorización de sus padres. Pero la reforma está claramente encallada. Gallardón la ha retrasado ya tres veces. Primero prometió que estaría en otoño de 2012. Luego a finales de año. Después se apuntó a la Semana Santa de 2013. Ahora parece que podría estar para el verano. Aquí Rajoy, que ve a los españoles más divididos que con el matrimonio homosexual y sobre todo a su electorado muy escorado hacia un rechazo a la ley socialista, no ha querido esperar a que el Tribunal Constitucional falle. O al menos eso ha prometido, porque la ley sigue retrasándose.
Fuentes del Ejecutivo insisten en que ya está cercana su aprobación. Tal vez esa inminencia explique el nuevo intento de presión de Rouco, precisamente el día en que Rajoy se ve con el Papa en Roma, para recuperar protagonismo —opacando mediáticamente incluso a Francisco— y garantizar que su contenido le satisface.
Pero no es fácil. La ley será una marcha atrás pero no impedirá el aborto. De hecho, mientras gobernaba Aznar se practicaron 500.000 abortos porque él no tocó la ley. Gallardón sabe que haga lo que haga recibirá el ataque de la derecha o de la izquierda, o de los dos a la vez. El ministro busca ahora un complejo equilibrio. Parece claro que va a eliminar la ley de plazos socialista —similar a la que rige en la mayoría de los países europeos y aceptada por la derecha de esas naciones— para volver a una de supuestos. Pero de la definición de esos supuestos, sobre todo de la laxitud con que se entienda el daño psicológico a la madre, dependerá que en España el aborto sea accesible o una auténtica pesadilla legal.
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/15/actualidad/1366053811_961553.html
EL GOBIERNO SOSTIENE QUE UN HIJO INDESEADO NO DAÑA LA SALUD DE LA MUJER
· El Ejecutivo insiste en reformar la ley para suprimir la malformación como causa de interrupción de embarazo
· En una respuesta parlamentaria, discute las "hipotéticas y negativas" consecuencias de no abortar
· Gallardón dice que la malformación del feto no será razón para abortar
El Gobierno ha defendido que uno de los argumentos que le lleva a reformar la Ley del Aborto de 2010 es que "no se sostiene" emitir juicios atribuyendo "hipotéticas y negativas" consecuencias sobre la salud de la mujer, si ésta no decide interrumpir su embarazo no deseado. Así se recoge, según informa Europa Press, en una respuesta parlamentaria dirigida a la diputada de ICV Laia Ortiz, en la que esta preguntaba al Ejecutivo sobre la exclusión de la malformación fetal como causa legal del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que anunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en verano.
El Gobierno justifica que su reforma “no se basa en frías estadísticas” y que son “multitud” las normas internacionales y del ordenamiento jurídico español las que amparan y extienden el derecho a la no discriminación a todas las personas. Y es que Gallardón justifica esa parte de la reforma –en realidad pretende reformar toda la ley de Salud Sexual y reproductiva para eliminar el plazo de aborto libre que actualmente permite a la mujer interrumpir su embarazo sin justificación hasta la semana 14— en un texto de Naciones Unidas, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.
La ONU en 2010, tras las quejas de dos asociaciones de personas discapacitadas, recomendó a España modificar la posibilidad de abortar por “razón de discapacidad exclusivamente”. Sin embargo, la ley actual no habla de discapacidad sino de anomalías fetales graves. La regulación permite abortar a la mujer hasta la semana 22 si dos médicos diagnostican que el feto sufre anomalías fetales graves y después de ese tiempo, y sin plazo, si las anomalías diagnosticadas por un comité médico designado por las comunidades autónomas se consideran extremadamente graves e incurables o incompatibles con la vida.
El Gobierno ha recalcado en su respuesta a Ortiz que la reforma de la actual legislación sobre el aborto se inspirará y respetará ese principio universal que se configura como uno de los derechos humanos que “merece mayor protección”. Dice que seguirá las recomendaciones hechas en octubre de 2011, cuando ya estaba en vigor la Ley promovida por el anterior Gobierno, por el Comité de Seguimiento de Naciones Unidas, que ha dado de plazo hasta 2015 para que España subsane las contradicciones entre la legislación española sobre el aborto y la Convención. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya contestó a la ONU tras recibir la recomendación alegando que la ley no chocaba en ningún caso con la Convención.
La ley permite a la mujer abortar, sin plazo, si un comité médico diagnostica anomalía fetal extremadamente grave
La mayoría de los países de Europa – a excepción de Irlanda y Malta— permiten la interrupción del embarazo por malformación del feto. En Francia, Alemania, Grecia o Reino Unido —incluso Polonia— ese supuesto no tiene límite de tiempo si la anomalía se considera extremadamente grave; como en España. En otros estados, como Suecia o Dinamarca, las mujeres tienen esta opción hasta la semana 24 de gestación. En España, las intervenciones por este motivo son apenas el 3% de los abortos registrados cada año.
El Gobierno también ha recordado en su respuesta a la diputada de ICV que el proyecto que presentará parte de la doctrina del Tribunal Constitucional de que el no nacido es titular de unos derechos, al igual que lo es la mujer, que hay que proteger; y que es tarea del legislador prever qué hacer cuando se produce una colisión de esos derechos. El alto tribunal resolvió en 1985 el recurso que presentó José María Ruiz Gallardón –padre del actual titular de Justicia—con una sentencia en la que definía al nasciturus (no nacido) como un bien jurídicamente protegido. Tras la doctrina el aborto se despenalizó pero solo en tres supuestos en los que el derecho de la mujer prevalecía: violación (hasta la semana 12 de gestación), malformación del feto (hasta la 22) y riesgo físico o psicológico para la salud de la mujer (sin plazo). Una regulación que estuvo en vigor hasta julio de 2010 y que forzaba a las mujeres a alegar problemas de salud mental para poder abortar.
El Ejecutivo apunta que reformará la ley porque la actual no protege los derechos de los no nacidos
El Gobierno cree que la ley de plazos actual –similar a la de la inmensa mayoría de los países de la UE— choca con los derechos del nasciturus que, afirma, confirmó el Constitucional. Por eso, plantea una vuelta a una regulación más parecida al sistema de supuestos anterior, para que no haya colisión entre los derechos de la mujer y del no nacido. “Algo que no ocurre actualmente durante esas 14 primeras semanas del embarazo en las que el concebido no nacido está completa y absolutamente desprotegido”, esgrime el Ejecutivo.
Así, argumenta que, en el ejercicio de su independencia y responsabilidad, va a introducir en el ordenamiento jurídico español las necesarias garantías en aquellos casos que se produzca un conflicto entre el derecho a la vida del concebido y no nacido y otros derechos, de acuerdo con la doctrina expresada por el Tribunal Constitucional. El tribunal --pero otros magistrados-- que tiene pendiente pronunciarse, a instancias del PP, sobre la ley de Salud Sexual y Reproductiva. Uno de los ponentes será el magistrado Andrés Ollero, conocido por sus estudios antiabortistas.
El Ejecutivo, sin embargo, elude pronunciarse sobre los programas de educación sexual y salud reproductiva. Afirma que estos programas de salud son competencias de las comunidades y que en todas ellas se realizan programas de educación sexual.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/05/actualidad/1352139441_000972.html
GALLARDÓN: “LOS DISCAPACITADOS NACIDOS Y POR NACER NO PUEDEN SER DISCRIMINADOS”
La izquierda pide a las mujeres del PP que se opongan al retroceso en la ley del aborto
Ni un paso atrás de los grupos de la izquierda parlamentaria y social, y de los sindicatos en su defensa de la actual ley del aborto y tampoco se mueve un ápice el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en su afán de darle la vuelta a la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El titular de Justicia se opone a la ley de plazos, que rige en la mayor parte de Europa, pero también abomina de los actuales supuestos para abortar, entre ellos, la malformación del feto. En una brevísima declaración en el pasillo del Congreso, el ministro da muestras de un criterio muy restrictivo o directamente contrario a cualquier posibilidad de interrupción del embarazo.
Se le preguntó al ministro qué entiende por malformación del feto y esta fue la respuesta, sin posibilidad de réplica porque empezaba el pleno del Congreso: “Todos los discapacitados tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano; por ser discapacitado no tiene por qué ver mermados sus derechos ni sufrir ningún tipo de discriminación. Y este criterio es para los discapacitados que han nacido y para los que no han nacido”.
Durante toda la mañana las iniciativas para oponerse a las intenciones del ministro continuaron y también declaraciones de los portavoces parlamentarios. PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), BNG y PNV mostraron su más absoluto rechazo. El Grupo Socialista del Congreso y del Senado piden la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para que responda por lo que dice el ministro de Justicia ya que el riesgo de abortos clandestinos preocupa a estos grupos. “Pido a las mujeres de todos los grupos parlamentarios, también a las del PP, que se opongan al retroceso de 30 años que pretende el ministro sobre la ley del aborto. Creo que por encima de la disciplina de partido debe primar la dignidad de la ciudadanía y de las mujeres", opina el diputado de ICV. “Entre la actividad parlamentaria y la movilización social hay que impedir que Gallardón se salga con la suya en su intento de involución cívica de más de tres décadas". La primera movilización contra el cambio de la ley está prevista para el próximo domingo ante el Congreso convocada por la Plataforma de Mujeres.
http://politica.elpais.com/politica/2012/07/24/actualidad/1343141941_825349.html
GALLARDÓN: "LA MATERNIDAD LIBRE HACE A LAS MUJERES AUTÉNTICAMENTE MUJERES"
El ministro de Justicia arremete contra el PSOE por su "silencio cómplice" ante las dificultades para tener hijos
Alberto Ruiz-Gallardón ha ampliado en el Senado la polémica sobre su visión del aborto. Queriendo explicar el anterior revuelo sobre la "violencia estructural" que impide a las mujeres ser madres, el ministro de Justicia ha levantado aún más polvareda. Todo por no limitarse a explicar con criterios jurídicos o políticos la reforma que hará de la ley del aborto, sino por echar mano de citas y argumentos filosóficos o morales.
Esta vez para decir que "la libertad de la maternidad es la que hace a las mujeres auténticamente mujeres". Respondía a una pregunta del senador socialista Roberto Lertxundi sobre sus anteriores palabras y terminó utilizando una cita de Manuel Azaña según la cual "la libertad no hace felices a los hombres, pero sí es lo que hace hombres", para llegar a la conclusión sobre la libertad de las mujeres.
"Mientras exista en España la más mínima posibilidad de que una mujer no pueda, en plenitud, ejercer su derecho a la maternidad, de este grupo parlamentario (PP) y de este gobierno tendrá siempre la solidaridad y no la actitud de silencio cómplice culpable que practica el Partido Socialista", dijo antes para explicar a qué se refería con lo de la "violencia estructural" sobre las posibles madres.
Según el senador, el ministro empleó esos conceptos para proclamar políticas "reaccionarias en materia sexual" con la excusa de querer defender las libertades, lo que ha considerado una "trampa". Lertxundi le afeó que utilice conceptos como el de "violencia de género estructural" para argumentar un retroceso en derechos de las mujeres.
El ministro le respondió con el argumento de que el aborto no es un derecho y de que lo que se trata es de garantizar la libertad de las mujeres a ser madres y, de esta manera, ser "auténticamente mujeres". "Yo hablo de una libertad para la mujer -ha dicho el ministro- que no se vea condicionada ni por expectativas ni por prejuicios, una libertad que signifique que no tenga que decidir en función de intereses económicos, sino en función de su propia libertad de elección", afirmó Gallardón.
"Hablo de una libertad -ha señalado- que consiste en que una mujer que se enfrenta al gravísimo conflicto de decidir si interrumpe o no su embarazo tenga una respuesta por parte de los poderes públicos que llegue mucho más lejos de decirle: está despenalizado (el aborto), me olvido de tu problema", concluyó.
www.elpais.es 28.03.12
GALLARDÓN DENUNCIA UNA "VIOLENCIA ESTRUCTURAL" QUE OBLIGA A ABORTAR
Gallardón denuncia una "violencia de género estructural" contra la mujer que la obliga a abortar
No fue una improvisación sino una declaración explícita sobre el porqué las mujeres abortan. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha provocado un auténtico incendio fuera y dentro del Parlamento al afirmar que las mujeres se ven sometidas “en muchas ocasiones” a una "violencia de género estructural por el mero hecho del embarazo”. Así lo ha dicho a la pregunta de la diputada socialista, Ángeles Álvarez, preocupada por el sentido del cambio que quiere hacer en la actual ley del aborto. “El legislador no debe ser indiferente a la situación de muchas mujeres que ven violentado su derecho a ser madres por la presión que ejercen a su alrededor determinadas estructuras”. Los murmullos de los bancos de la izquierda subían de intensidad, mientras que la bancada del PP le aplaudía con fuerza. Los temores de que el Gobierno quiere dejar en papel mojado la legislación actual del aborto en España se confirman para la izquierda parlamentaria. El nuevo borrador estará en el otoño.
El debate que suscitó Gallardón en el pleno del Congreso siguió en los pasillos y llegó muy pronto a las asociaciones de mujeres, a los sindicatos y a las redes sociales. Todo el discurso del ministro, leído en un cuaderno, se dirige a señalar como causa de los abortos, “en muchos casos” a la falta de atención, ayuda e información que tienen las mujeres. Con una red asistencial adecuada no renunciarían a la maternidad. Esta concepción no es compartida en absoluto por la diputada interpelante, Ángeles Álvarez, tampoco por la ponente de la ley ahora en vigor, la socialista Carmen Montón, y las mujeres de la izquierda en el Parlamento. La discrepancia radical con el ministro procede de que para las personas a favor del aborto este es un derecho inalienable de las mujeres, al margen de consideraciones socioeconómicas.
Las diputadas de la izquierda tienen previsto preguntar al ministro permanentemente sobre sus planes de cambio para esta ley por el temor de que vaya mucho más allá de exigir que las menores entre 16 y 18 años puedan abortar sin conocimiento de los padres. De ahí el enunciado de la pregunta de Álvarez que ha dado lugar a la tremenda polémica.
"¿Piensa el Gobierno recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?". A la pregunta, el ministro respondió que "no solamente" no los va a recortar sino que va a aumentar la protección del derecho reproductivo "por excelencia", que es “la maternidad”. "A mi juicio es insuficiente una legislación que se limita a proteger el no nacido mediante la tipificación penal del aborto y que no preste atención a la situación de la mujer que debe estar protegida", ha afirmado. El ministro seguía leyendo, y los diputados del ala izquierda, empezaron a mirarse unos a otros. “Ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social. "Esos son los principios rectores", ha dicho el ministro. El acompañamiento a las mujeres para que no aborten, con “promoción de la inserción laboral, formación, garantías de conciliación de la vida laboral…" provocó murmullos que no pararon hasta el final del parlamento leído por el titular de Justicia. Las Administraciones van a estar muy cerca “de las menores de edad, de las inmigrantes, de las discapacitadas…”
#violenciaestructur
Apenas una hora después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, haya hablado, de "violencia de género estructural" en el Congreso como motivación fundamental de la futura reforma de la Ley del Aborto, el término #violenciaestructural ya era trending topic en la red social Twitter. Al poco, se ha colocado a la cabeza de los temas de conversación más populares. Con esa etiqueta, se incluyen ejemplos sarcásticos aportados por los usuarios de Twitter haciendo mofa del término acuñado por el ministro.
La respuesta del ministro, con una fundamentación muy elaborada, alarmó mucho más de lo que tenían previsto a los diputados que apoyaron la actual ley del aborto. La diputada interpelante le pidió que no tocara la ley actual hasta que el Tribunal Constitucional no resolviera el recurso que el PP presentó. “Ustedes la quieren cambiar porque saben que van a perder ese recurso”,aventuró la diputada socialista. “Ese pronunciamiento favorable iría en contra de los sectores fundamentalistas con los que ustedes están comprometidos, siempre ajenos a los derechos de las mujeres”. No olvidó la diputada recalcar que el 90% de las jóvenes entre 16 y 18 que abortan “tienen confianza con sus padres” y están acompañadas en ese trance. “Sólo una minoría que sufre violencia” no puede hacer partícipes a sus progenitores de esa decisión. Pero esta referencia a lo que en principio parecía que iba a ser el meollo de la respuesta, quedó muy relegado ante las reflexiones del ministro.
www.elpais.es 07.03.12
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