EL SUPREMO ESPERA A BARBERÁ
La senadora mantendrá las mismas líneas de su declaración en Valencia
La exalcaldesa comparecerá el lunes ante Conde Pumpido y la abogada del PSOE,
que ha sido aceptado como acusación popular
Rita Barberá afrontará el próximo lunes una de las situaciones más complicadas
de su extensa carrera política. La senadora comparecerá a primera hora ante
Cándido Conde-Pumpido, el magistrado del Tribunal Supremo que investiga su
participación en un delito de blanqueo. En la misma sala estará la abogada del
PSOE, formación que ayer mismo fue aceptada como acusación popular tras abonar
los 3.000 euros de fianza. Su papel puede ser meramente testimonial. Lo más
probable es que Barberá no entre al juego de su rival político y obvie sus
preguntas.
Su declaración, salvo sorpresa mayúscula, seguirá las mismas líneas que el
escrito que presentó en su día en el juzgado. Barberá aportó los 1.000 euros,
pero que nunca le devolvieron la cantidad en dos billetes de 500 euros que las
acusaciones sostienen que recibieron. La senadora aportó en su día también un
extracto de su cuenta. No obstante, no se descarta que Conde-Pumpido solicite
más datos acerca de las cuentas bancarias a lo largo de la instrucción que acaba
de arrancar. Otro factor que juega a favor de la aforada: Barberá no figura en
el comité de campaña y, por tanto, no pudo tener responsabilidad alguna en la
decisión de aportar aquellos 1.000 euros. Mantendrá, de igual modo, la tesis de
que los testigos actúan por venganza. Las declaraciones de los cuatro asesores
-ninguno la implica a ella directamente pero sí revelan la existencia de ese
sistema de blanqueo- responden a un plan preconcebido del exvicealcalde Alfonso
Grau y al hecho de que no iban a seguir en sus puestos. El alto cargo había
abandonado su responsabilidad en el Ayuntamiento ante el juicio por el caso Nóos.
Acción Cívica, nueva acusación en la pieza del blanqueo
Los pinchazos telefónicos a la exconcejal de Cultura y esposa de Grau, María
José Alcón, desvelaban esa animadversión hacia la alcaldesa. La amistad de ambos
había concluido de manera traumática. De las intervenciones se desprendía que el
exvicealcalde la culpaba de que él estuviera sentado en el banquillo por los
contratos de Urdangarin. El enfado se incrementaba por la posición que ocupaba
Alcón en la última lista electoral, un puesto que la apartaba de ser concejal.
En contra de Barberá, juegan dos factores. Por un lado, su estrecha amistad con
Mari Carmen García-Fuster, la secretaria del Grupo Municipal y quien manejaba el
dinero de la organización. De igual modo, resulta incriminatoria la conversación
de Alcón con su hijo, en la que se reconoce abiertamente la operativa del
blanqueo. Las defensas tratan de lograr en la instrucción en Valencia la nulidad
de esta prueba. El juez ha autorizado una pericial médica de la exconcejal, que
en el momento del pinchazo se encontraba ingresada en un centro por su delicado
estado de salud mental.
http://www.lasprovincias.es/politica/201611/19/supremo-espera-barbera-20161119000039-v.html
ALFONSO
GRAU, EN EL CENTRO DE LA DIANA DEL CASO DEL 'PITUFEO'
Las preguntas en las declaraciones y las periciales propuestas por un grupo de
seis letrados del caso de presunta financiación ilegal del PP tratan de
acreditar que todo fue un complot de Grau contra el Grupo Municipal
Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá durante
20 años, es el objetivo de un grupo de seis abogados de las defensas de los
cerca de 50 acusados de blanqueo de capitales del Grupo Municipal Popular, el
también conocido como caso del 'pitufeo'. Ya desde un principio su línea de
defensa apuntaba a un presunto complot de Grau y sus asesores, pero tras
añadirse el delito electoral a la causa, varios de los letrados han optado por
cercar al exvicealcalde.
Los motivos de apuntar hacia Alfonso Grau son dos. El primero es demostrar que
las grabaciones en las que su mujer, la exconcejal de Cultura María José Alcón,
le explica a su hijo cómo se realizó el presunto blanqueo de capitales están
manipuladas y orquestadas por él. El segundo motivo es descargar de culpa a la
cajera del PP, la exsecretaria del grupo Mari Carmen García-Fuster, no solo del
blanqueo sino también del delito electoral en la campaña de 2011 y de 2015.
Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de las defensas así como
cercanas a la investigación, las posturas adoptadas por este sexteto en las
diferentes declaraciones de investigados y testigos y las periciales solicitadas
por el grupo de letrados van todas en la misma línea: desacreditar a Alcón y
hundir a Alfonso Grau.
Prueba de ello es la reciente petición de escuchar la grabación completa entre
la exconcejal y su hijo. Este periódico ha podido averiguar que estos letrados
esperan poder acreditar una manipulación por parte del entorno de Alcón, y así
conseguir que se eliminen de la causa.
Las últimas declaraciones tomadas por el magistrado instructor dentro de esta
pieza también han ido en esa línea de defensa. Al responsable de la Agencia de
Comunicación Trasgos, Antonio Puig, le preguntaron quién era la persona
responsable de los contratos en la campaña de 2011, a lo que éste respondió que
Grau. Esto apuntaría, según ellos, a que era Alfonso Grau la persona que movía
los hilos dentro del delito electoral y no la cajera García-Fuster.
Otra de las testigos, una asesora que se negó a blanquear dinero del Grupo
Municipal, respondió que, tras pedirle la cajera que blanqueara dinero, llamó a
Grau para contárselo. En su día, Alfonso Grau declaró que se enteró del tema del
pitufeo por su mujer y que no había hablado del tema con nadie más.
El detonante, según los letrados
Para este grupo de abogados, la respuesta de la asesora apoya su tesis de que,
tras tener que abandonar la política activa por el caso Nóos, y ver como su
mujer era relegada dentro de las listas, Alfonso Grau maquinó todo un plan para
acabar con los que habían sido sus compañeros en el Ayuntamiento de Valencia,
llegando a mentir delante del magistrado cuando acudió a declarar como testigo.
El resto de los abogados de las defensas están bastante perplejos ante la deriva
que está tomando el tema. Algunos letrados consultados por Valencia Plaza tachan
de "errónea" la estrategia, ya que Alfonso Grau es la persona que conoce "todos
los trapos sucios del Ayuntamiento de Valencia, del Grupo Municipal y de todos
los concejales de los últimos 20 años". Explican estas fuentes que apretar al
exvicealcalde puede terminar siendo una "bomba de relojería que les estalle en
la cara" y, por ende, "a todos los demás".
http://valenciaplaza.com/alfonso-grau-en-el-centro-de-la-diana-del-caso-del-pitufeo
EL
JUEZ RECHAZA DAR DETALLES PSIQUIÁTRICOS DE LA ESPOSA DE GRAU
Las defensas de otros imputados en Taula habían pedido conocer su historial
médico y medicación
El juez que instruye el procedimiento por supuesto blanqueo en el grupo del PP
en el Ayuntamiento de Valencia rechaza revelar los detalles de la situación
psiquiátrica de María José Alcón, esposa del exvicealcalde Alfonso Grau y
elemento clave en la investigación al haber sido grabada por la Guardia Civil
mientras describía la operación delictiva a su hijo por teléfono.
Las defensas de los imputados en esta parte del caso Taula habían solicitado
conocer extremos como el historial médico de Alcón y la medicación que le había
sido recetada. Con ello, pretenden probar que Alcón no estaba en posesión de sus
facultades mentales cuando explicó la operación de blanqueo captada por los
investigadores.
Víctor Gómez, instructor del caso Taula, solo admite que las defensas de los
imputados en esta pieza separada, que suman medio centenar entre concejales,
exconcejales y empleados municipales del Partido Popular, tengan acceso a datos
administrativos.
Entre ellos, las fechas en las que Alcón estuvo ingresada en el hospital privado
de Aguas Vivas (Valencia), las visitas que recibió durante su estancia y "si por
razones organizativas o de tratamiento tuvo limitado de algún modo el libre
acceso a su teléfono móvil".
Niega, en cambio, que se revelen otros detalles del tratamiento al considerar
que supondría violar la intimidad de Alcón. Esta fue concejal de Cultura con la
exalcaldesa Rita Barberá y está imputada junto a su marido en el caso.
Gómez rechaza así que el hospital aporte el historial médics, los motivos por
los que estuvo ingresada en el hospital en abril de 2015. El día 15 de aquel mes
fue grabada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil explicando a su
hijo el conocido como "pitufeo", por el cual medio centenar de miembros del
grupo popular habrían ingresado 1.000 euros en una cuenta del partido y habrían
recibido el dinero en metálico.
También desestima el magistrado la petición de que el centro indicara si Alcón
fue "sometida al llamado protocolo de prevención de suicidios", y la medicación
que le fue suministrada.
La defensa de la exconcejal de Cultura había considerado "absolutamente
improcedente y lesiva al derecho a la intimidad" de su clienta la petición de
los otros acusados. Y había alegado que la propia Alcón había solicitado ser
sometida a un análisis médico en el que se refleje su estado de salud.
El magistrado sí ha aceptado la práctica de esta prueba en las condiciones en
que lo había solicitado la defensa de la exconcejal. La realizará el Instituto
de Medicina Legal de Valencia, y la documentación sobre la trayectoria médica de
Alcón solo se entregará al facultativo que realice el peritaje. El objetivo es
que la documentación médica no "se divulgue ni se exhiba a terceros".
La investigación por blanqueo se inició referida a las elecciones de 2015, pero
se ha ampliado a los comicios de 2011 y ahora también se indaga un posible
delito electoral (financiación ilegal) del partido en Valencia.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/02/valencia/1478101977_142864.html
APROBADA LA LEY QUE PERMITE REVOCAR SENADORES TERRITORIALES VALENCIANOS
Los socialistas critican la propuesta de Podemos, pero votan a favor por
"lealtad"
Aprobada la ley que permite revocar senadores territoriales valencianos Las
Cortes inician la reforma legal para revocar a la senadora Barber
Rita Barberá no acude a las Cortes Valencianas a explicar el ‘caso Taula’
El pleno de las Cortes Valencianas ha dado luz verde este miércoles a la reforma
de la ley de designación de senadores territoriales, planteada por Podemos, para
establecer la posibilidad de revocarlos cuando incurran en comportamientos que
susciten pérdida de confianza o provoquen el desprestigio de sus instituciones.
El PP ha votado en contra y el resto de grupos a favor, aunque el PSPV ha
señalado que lo ha hecho por "lealtad al acuerdo político" que tiene con
Podemos.
El cambio se ha realizado tras la implicación en el caso Taula de la exalcaldesa
de Valencia Rita Barberá, que es senadora territorial.
Tal y como consta en la ley aprobada, el proceso de revocación debe iniciarse a
propuesta de un mínimo de dos grupos parlamentarios que representen al menos una
décima parte de los miembros de las Cortes y que dicha revocación sea aprobada
por dos tercios de la cámara sin oposición del grupo proponente del senador a
revocar.
El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha señalado que los senadores
territoriales "representan al conjunto de la comunidad y son elegidos a través
del Parlamento autonómico". Por tanto, ha destacado que "hay una relación
directa de confianza y sometimiento de esas personas a esta Cámara".
"Quien puede elegir, puede también revocar", ha dicho Montiel, que ha
manifestado que esta ley "atiende a una demanda social de responsabilidad
política, de rendición de cuentas y de control de la acción de los
representantes políticos". Montiel considera que el Senado tal y como está
configurado actualmente es "un aparato caro, poco operativo y que no ha
demostrado su utilidad", pero entiende que "mientras exista queremos poder
elegir a los mejores para representar la sensibilidad de nuestros ciudadanos" y
que exista "el derecho a cambiar de opinión".
El socialista Manolo Mata ha indicado que su grupo vota a favor de esta ley
presentada por Podemos "por lealtad a un acuerdo político que tenemos", pero
considera que "estamos experimentando para abrir un mecanismo de posible
revocación de un senador que, en la práctica, es imposible". "No podemos hacer
leyes pensando en personas concretas, porque algún día alguien utilizará esas
leyes para machacarnos a nosotros", ha añadido.
También ha criticado que la ley incluya "conceptos jurídicos indeterminados y
conceptos morales en la exigencia de comportamientos políticos". Asimismo, ante
las palabras de Montiel de que con esta norma buscan "elegir a los mejores"
senadores, Mata ha replicado que "la política no es una meritocracia, es la
voluntad popular y el pueblo es el que decide quién le representa".
"No está en una manifestación, sino haciendo leyes"
"Usted es tan político como nosotros, usted no está en una manifestación, está
haciendo leyes y tiene que pensar en el conjunto de la ciudadanía", ha dicho
Mata a Montiel.
"No puedo ser ni la mitad de contundente, ni de claro, ni dejar en evidencia
esta pseudoley de forma tan clara como lo ha hecho el señor Mata", ha dicho
posteriormente el diputado popular Alfredo Castelló, quien ha advertido de la
"vulneración de la Constitución" que supone esta norma.
Castelló ha subrayado que "una cosa es abrir un debate como se ha abierto en la
Comunidad de Madrid y otra es traer una ley a las Corts para aprobarla y cambiar
el sistema actual". A su juicio, esta norma es una "cafrada".
Por parte de Compromís, Mireia Molla ha destacado que "va siendo hora que tome
sentido el concepto de asunción de responsabilidades políticas", y ha
manifestado que "la sociedad va más rápida que la Constitución".
Mollà ha defendido dos enmiendas presentadas por su grupo. Una de ellas pedía
distribuir proporcionalmente entre todos los grupos de la Cámara el número de
senadores a elegir, pero no ha salido adelante. Sí ha sido aprobada otra que
elimina de la ley la comparecencia previa obligatoria de los candidatos a
senadores territoriales.
Desde Ciudadanos (C's) Carmen Sánchez ha criticado que el PP no haya presentado
"ni una sola enmienda" a pesar de que entiende que "era un buen momento para
dialogar, enmendar, aportar y conseguir entre todos una buena ley".
Sánchez ha recordado que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá fue elegida
senadora territorial en las Cortes y "a día de hoy nada se puede hacer para
quitarle el acta, ni siquiera esta proposición de ley".
Por ello, ha dicho que con esta ley se busca "garantizar una representación
digna en el Senado en la próxima legislatura y no una persona que sale día sí y
día también en la prensa por estar investigada por una trama y atrincherada en
su casa", y que "el nombre de la comunidad no vuelva a ser tirado por tierra".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/20/valencia/1476953239_451245.html
EL SUPREMO IMPUTA A BARBERÁ Y LA LLAMA A DECLARAR EL 21 DE NOVIEMBRE
El tribunal impone una fianza de 3.000 euros al PSOE para poder
ejercer la acusación popular
El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido ha citado
a declarar para el próximo día 21 de noviembre a las 10.30 horas a la senadora
del PP y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un
presunto delito de blanqueo de capitales. En una providencia, el instructor cita
a Barberá en calidad de investigada (antes imputada) para recibirle declaración
voluntaria.
Conde-Pumpido, como instructor de dicha causa, ha impuesto además una fianza de
3.000 euros al PSOE para poder ejercer, como ha solicitado, la acusación
popular.
La investigación abierta a Barberá deriva de la exposición razonada elevada al
Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de
Valencia, describiendo indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de
capitales que se habría producido en el Grupo Popular del Ayuntamiento de
Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó, en informe del pasado 27
de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor.
En el auto de apertura de la causa, el Supremo destacó que, sin perjuicio de lo
que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el Juzgado de
Instrucción número 18 de Valencia en la exposición razonada pudieran ser
constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los
artículos 301 y siguientes del Código Penal. “Resulta, pues, imprescindible
–añade el auto—continuar la investigación sobre los mismos y sobre la
participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla”.
El objeto de la investigación iniciada por el Juzgado de Valencia es si, bajo la
cobertura de unas aportaciones de 1.000 euros realizadas por personas vinculadas
al Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y al mismo partido, se
oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o
responsables del Grupo Popular. También se indaga sobre el origen del dinero
supuestamente blanqueado.
Riesgo de judicialización de la política
Por otro lado, en un auto, el instructor, Cándido Conde-Pumpido, impone una
fianza de 3.000 euros al PSOE para ejercer la acusación popular en la causa, y
alerta además del “serio riesgo de judicialización de la política” que supone la
práctica, que no existe en los países de nuestro entorno, de que un partido
político pueda ejercer la acusación en una causa penal contra una persona
relevante de un partido de signo contrario. Añade que ese riesgo existe en la
medida en que esa práctica “transforma el área de debate procesal en un terreno
de confrontación política”.
El PSOE había pedido que no se le señalase el pago de fianza alguna para ejercer
la acusación popular. El auto recuerda que tanto el Anteproyecto de reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, como la Propuesta de Código Procesal
Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo político diferente, prohibían
expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos políticos.
“Es cierto que estos proyectos no han alcanzado vigencia, y que existe una
cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la personación
de los Partidos Políticos como acusación popular en causas contra políticos de
otros partidos. Pero ello no excluye que, aun admitiendo la personación, se
adopten las necesarias cautelas, lo que no permite privilegiar este tipo de
acusaciones e impide que se prescinda del señalamiento de la oportuna fianza”,
indica la resolución.
Ponderando las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse
para el PSOE, y la previsible asequibilidad a su prestación por éste, el
magistrado fija en 3.000 euros la fianza.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/20/actualidad/1476963385_853016.html
LA SUBIDA DE SUELDO DE BARBERÁ AL PASAR DEL PP AL GRUPO MIXTO DEL SENADO: 9.700
EUROS MÁS AL año
La exalcaldesa de Valencia renuncia a la portavocía rotatoria de su nuevo Grupo
y a los ingresos que le corresponderían en concepto de subvenciones: unos 2.300
euros
Sumará a sus 4.636 euros mensuales de la pasada legislatura 697,64 como portavoz
adjunta de la Comisión de Incompatibilidades
Rita Barberá acudió este martes a su primer pleno del Senado como miembro del
Grupo Mixto después de que hace un par de semanas renunciase a su carné del
Partido Popular al conocerse que el Tribunal Supremo estaba a un paso de
imputarla en el marco de la operación Taula. Antes de esta cita, la senadora
acudió a una reunión de su Grupo Mixto convocada precisamente para analizar la
situación tras su llegada y adecuar el reparto de tareas y fondos
presupuestarios.
Fuentes conocedoras del contenido de esta reunión informaron de que Barberá
trasladó a sus nuevos compañeros que no va a ocupar la Portavocía rotatoria del
Grupo cuando le corresponda y que renuncia también a la asignación proporcional
que le corresponde de la subvención que el Senado paga al Mixto para la
cobertura de gastos de funcionamiento. Esta cantidad está ubicada en unos 2.300
euros al mes. Lo que sí reclamó Barberá es ser portavoz en dos comisiones en las
que previamente había ejercido como vocal: la de Economía y la Constitucional
aunque al final se tendrá que conformar con ser portavoz adjunta de la Comisión
de Incompatibilidades, un puesto que conlleva un ingreso extra de 697,64 euros
al mes. Esto es lo que decidieron sus compañeros a puerta cerrada después de que
ella abandonase la reunión para dejar que el resto de senadores se pronunciasen.
¿Cómo quedan entonces las retribuciones de Barberá? La senadora recibirá al mes
los 2.813,91 euros que le corresponden en concepto de asignación constitucional,
1.822,38 euros en concepto de "indemnizaciones y ayudas" por ser de una
circunscripción diferente a Madrid y los ya citados 697,64. En total, 5.333,93
euros al mes. Una cantidad que, multiplicada por 14 pagas resulta 74.675 euros
al año.
Sin extras con el PP
En la última legislatura, en las filas del PP, Barberá no tenía ningún ingreso
extra porque los vocales de comisión no perciben más dinero. Cobraba 4.636,29
euros al mes, 64.908 euros anuales. Ahora, pues, sentada en el Grupo Mixto
Barberá cobrará 697,64 euros más al mes. Una cantidad que, multiplicada por 14
pagas resulta 9.767 euros al año. A esta cantidad hay que sumar los gastos de
transporte cubiertos, una tarjeta de 3.000 euros al año para gastos de taxi en
Madrid y las dietas en el caso en el que viaje en misión parlamentaria: 120
euros al día si el desplazamiento es por España y 150 si lo hace por el
extranjero.
Contando a Rita Barberá, proveniente del PP, el Grupo Mixto del Senado cuenta
con 17 miembros (4 senadores de CDC, 3 de Ciudadanos, 2 de Compromís, 1 de UPN,
1 de EH Bildu, 1 de Foro Asturias, 1 de Nueva Canaria, 1 de Coalición Canaria, 1
de la Agrupación Socialista Gomera y 1 de la Agrupación Herreña Independiente).
El escaño que le ha correspondido a Barberá en el Senado es el 301. Se encuentra
en la última fila del bloque central de asientos del hemiciclo y es el único
asignado en esa zona al Grupo Mixto, ya que los otros 16 asientos que le
corresponden están repartidos en las dos filas anteriores, informa Europa Press.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/27/la_subida_sueldo_barbera_pasar_del_grupo_mixto_del_senado_700_euros_mas_ano_55385_1012.html
IMPUTADO
POR BLANQUEO UN DIPUTADO DEL PP VALENCIANO
El exconcejal de Seguridad de Rita Barberá está acusado de lavar dinero en el
'caso Taula'
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha abierto este
jueves una causa por blanqueo de capitales contra Miguel Domínguez, exconcejal
de Seguridad de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia y actualmente
diputado del PP en las Cortes Valencianas. El nuevo procedimiento forma parte
del caso Taula.
El parlamentario ha proclamado su inocencia y ha anunciado su decisión de no
dimitir y pasar al grupo de no adscritos del Parlamento autonómico. El PP de la
Comunidad Valenciana se ha dado por satisfecho con su salida del grupo
parlamentario y ha evitado pedirle el acta.
La coordinadora general de los populares valencianos, Eva Ortiz, ha valorado que
Domínguez haya atendido la llamada telefónica de la presidenta regional del
partido, Isabel Bonig, "a diferencia de otros casos".
Una referencia, aparentemente, a la negativa de Barberá a atender en su día las
peticiones de Bonig para que dimitiera del cargo de senadora por designación
territorial. Y, sobre todo, a la rebeldía de los nueve concejales del PP en el
Ayuntamiento de Valencia —de un total de 10— que se han negado a abandonar el
grupo municipal pese a las reiteradas peticiones públicas y privadas efectuadas
por la dirección regional, y a haberse dado de baja del partido.
Domínguez era el último miembro del equipo de gobierno local de Barberá en la
legislatura pasada que no estaba siendo investigado por haber participado en una
supuesta operación de pitufeo, como la denominó la Guardia Civil.
Esta consistió en ingresar 1.000 euros en una cuenta del PP y recibir la misma
cantidad en metálico con el fin de blanquear fondos de origen ilícito,
procedentes del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, con los que
financiar la campaña a electoral de los populares en Valencia.
El presunto blanqueo afecta a más de medio centenar de exconcejales y
trabajadores del grupo municipal del PP de Valencia. Y ha implicado el abandono
de Barberá del PP, después de que el Tribunal Supremo haya abierto causa contra
ella. Barberá se ha integrado en el grupo mixto del Senado tras negarse a
dimitir.
Domínguez, que al igual que Barberá es aforado, aunque en este caso ante el
Tribunal Superior valenciano, ya anunció hace meses que en caso de ser imputado
haría lo mismo: abandonaría el Grupo Popular en el Parlamento autonómico, pero
no entregaría su escaño, pasando a integrar el grupo de no adscritos de la
Cámara.
Después de conocer la apertura de la causa contra él, el exresponsable de
Seguridad de Valencia ha declarado que dio los 1.000 euros al partido, pero que
no le fueron devueltos. Y ha quitado importancia a las diligencias judiciales.
"¿No aparezco en nada, no hay fundamento, pero si llaman a todos, ¿no me iban a
llamar a mí?", ha dicho en declaraciones a EFE.
El diputado ha añadido que cuando "se aclare" su situación, esto es, en la
eventualidad de que la causa sea archivada, pedirá reincorporarse al Grupo
Popular. De momento compartirá bancada con Covadonga Peremarch, elegida en las
elecciones autonómicas de 2015 en la lista de Podemos en Alicante, que se negó a
dimitir tras ser sancionada por la formación por un pucherazo en las primarias
de esta ciudad.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/13/valencia/1476350148_648572.html
BARBERÁ SE AFERRA EL ESCAÑO EN EL SENADO Y SOLICITA SU BAJA EN EL PP
Señala en un comunicado que, con su decisión, evita "que nadie se ampare" en
ella para responsabilizarla "de cualquier perjuicio o para esconder sus
resultados políticos y electorales"
Dirigentes nacionales y provinciales han presionado en las últimas horas a la
exregidora municipal para que se apartase "por el bien del partido"
Rita Barberá pedirá la baja en el Partido Popular, pero se aferra al Senado,
donde ocupa un escaño por designación de las Cortes Valencianas. Fuentes
conocedoras de las negociaciones entre la dirección nacional del PP y la
exalcaldesa de Valencia para intentar desbloquear la crisis desatada tras la
última decisión del Tribunal Supremo aseguran que la exregidora se agarra a que
no está imputada formalmente y a los estatutos del partido que fijan la dimisión
de los cargos públicos en el momento de la apertura del juicio oral. Además, a
que el acta le pertenece.
Este paso supone la integración de Barberá en el Grupo Mixto de la cámara Alta.
El anuncio llega poco antes de que el presidente del Gobierno en funciones
clausure una conferencia del ministro Luis de Guindos con motivo de la
presentación de un libro.
A las 17.40 horas, la oficina de información del PP difundió un comunicado
[aquí, en PDF] de la senadora en el que remarca su voluntad de analizar los
hechos con detenimiento, reclama que se inicien pronto las diligencias,
manifiesta que no dimitirá y avanza que entregará su carné de militante.
"He solicitado mi baja del Partido Popular porque así me lo ha pedido el Partido
y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito que nadie se
ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus
resultados políticos y electorales", escribe. Un párrafo que suena a advertencia
a Alfonso Alonso y Alberto Núñez Feijóo, que están de campaña electoral y al
propio Mariano Rajoy que sigue asegurando que su intención es formar Gobierno.
La Sala II del Supremo abrió este martes causa a la exalcaldesa de Valencia y
senadora por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación se
produce a raíz de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de
abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, y que recogía
indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo
Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa, un informe que
apoyó la Fiscalía.
"Esta muy dolorosa decisión me permite, por otra parte, actuar en plena libertad
sin estar sometida a disciplina alguna para ejercer mi defensa de acuerdo con el
artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 24.2 de la
Constitución Española en los tribunales correspondientes contra las personas que
hayan vulnerado el principio irrenunciable de la presunción de inocencia", añade
el comunicado.
La solución adoptada no acaba de convencer a la cúpula del PP. La opinión más
extendida en Génova es que lo mejor para el partido hubiese sido que la
exalcaldesa dejase el escaño.
"Yo seguiré trabajando con más fuerza si cabe por mi tierra, que es más que
Valencia, porque es España. Esa España democrática, libre y constitucional que
la mayoría deseamos", concluye el documento.
Un caso que ha dividido al PP
Cuando estalló el caso, el PP se mostró dividido. De un lado, los
vicesecretarios consideraban que la exalcaldesa tenía que dejar su escaño de
senadora; de otro, los dirigentes más veteranos señalaban que había que esperar
a que hubiese nuevos avances judiciales para no tomar una decisión que fuera
injusta.
Este lunes, un día antes de la decisión del Supremo, el ministro de Justicia en
funciones, Rafael Catalá, consideró que la exalcaldesa sólo deberá asumir
responsabilidades políticas si es procesada y, por tanto, se le abre juicio
oral.
"Hay que medir bien las responsabilidades derivadas de los procesos judiciales.
En la condición de investigado no hay una presunción de responsabilidad. Entre
condición de investigado y de inculpado hay una diferencia sustancial", dijo en
declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.
Esta posición no fue compartida por dirigentes como Cristina Cifuentes,
presidenta de la Comunidad de Madrid, y los candidatos del PP para las
autonómicas en Euskadi, Alfonso Alonso, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En sus
declaraciones públicas presionaron para que Barberá tomara una decisión por el
bien del partido.
Desde la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana también se consideraba que lo
mejor para la formación en estos momentos era que dejara el escaño.
Ciudadanos amenaza con romper el pacto
Pero a las presiones internas del PP se sumaron las del partido de Albert
Rivera. El pacto para la investidura de Rajoy firmado entre PP y Ciudadanos
obliga a ambos partidos a apartar a los cargos públicos investigados
(imputados). Nada más conocerse la decisión del Supremo, Ciudadanos exigió a
Rajoy que Barberá deje su escaño. Según Albert Rivera, si no lo hacía
incumpliría el pacto.
El acuerdo habla literalmente de la "separación inmediata de cualquier cargo
público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política,
hasta la resolución completa del procedimiento judicial".
El PP ha señalado que cumplirá lo que ha firmado, pero matizó que ese acuerdo se
pondrá en marcha una vez que haya gobierno, objetivo del pacto.
Plantón al Senado
Barberá tenía previsto acudir el martes al Senado, donde se constituirán las
comisiones Constitucional y Economía, en las que iba a repetir como vocal. Se
trata de un cargo sin remuneración más allá de las dietas. Tras hablar con
Génova una vez que el Supremo se había pronunciado, la exregidora volvió para
Valencia. En su entorno señalaron que quería estudiar el texto del Supremo con
sus abogados.
El auto del Supremo [consúltalo aquí, en PDF] recoge que, sin perjuicio de lo
que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos en la exposición
razonada pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto
y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal. "Resulta, pues,
imprescindible –añade el auto–continuar la investigación sobre los mismos y
sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá
Nolla".
Las actuaciones del PP
Tras estallar el caso en abril, el pasado 15 de marzo, el PP abrió un expediente
informativo a los afectados e investigados por el caso Imelsa. Rita Barberá
figuraba entre los cargos a los que les afectaba ese expediente.
Trece días después, el Comité de Derechos y Garantís del PP suspendía
cautelarmente de militancia, a petición propia, a los asesores y a los nueve
concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia que estaban siendo
investigados. Estos pasaron al grupo de independientes.
El PP designó instructor de este expediente al diputado Francisco Molinero, que
ha viajado varias veces a Valencia para interrogar a los afectados. En su
declaración del 3 de mayo Barberá negó haber blanqueado dinero.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/14/barbera_escano_senado_supremo_54701_1012.html
El Supremo
abre causa contra Rita Barberá por blanqueo
El exfiscal General del Estado
Cándido Conde Pumpido será el instructor
La Sala II del Tribunal Supremo ha decidido iniciar la instrucción para
investigar a la senadora del Partido Popular Rita Barberá, por un supuesto
delito de blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de
Valencia cuando era alcaldesa de la ciudad. El Alto Tribunal ha designado al
magistrado Cándido Conde-Pumpido para que lleve a cabo la instrucción del caso.
La petición al Supremo partió del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia,
que investiga el denominado caso Imelsa, y fue apoyada por la Fiscalía. En su
exposición, el magistrado valenciano subrayaba las sospechas sobre las cuentas
del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, la
exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, principal
imputada en esta pieza separada, y consideraba que las explicaciones dadas por
la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación.
El Tribunal Supremo considera
"imprescindible", a raiz de la exposición de motivos enviada desde Valencia,
"continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos
de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla".
La pieza sobre presunto blanqueo de
capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas
imputadas, más el PP como persona jurídica, e investiga ingresos detectados en
2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como donaciones
de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido
en dos billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia
ilícita.
http://www.elplural.com/2016/09/13/el-supremo-abre-causa-contra-rita-barbera-por-blanqueo
LOS RECAUDADORES DEL PP DE VALENCIA SE LLEVARON HASTA "20 MILLONES" EN
COMISIONES
Así se repartían las presuntas mordidas en el 'caso Taula'
El juez estima que los investigados se repartieron entre «10 y 20 millones de
euros» en sobornos y encarga una investigación patrimonial
Alcón confesó a la UCO que ya blanqueó en 2014 un billete de 500 a petición de
Mari Carmen García Fuster, la 'cajera'
El equipo de Rita Barberá se enriqueció con la financiación irregular del PP
Un informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, incluido en la pieza del Caso Taula que investiga los presuntos
sobornos en Valencia bajo el mandato de Rita Barberá, ha sacado a la luz
multitud de propiedades y bienes de lujo que los investigados por el escándalo
de las comisiones acumularon en los años de eclosión de la trama. El juzgado, a
petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha iniciado el proceso de decomisado de
hasta 20 propiedades; cuatro locales comerciales y siete vehículos de alta gama
para cubrir la responsabilidad Civil de los delitos que se investigan.
Además, rastrea hasta 23 cuentas corrientes de personas físicas y jurídicas en
busca del dinero presuntamente malversado. Según consta en un auto del
magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, «es difícil evaluar en este momento
el perjuicio económico derivado de las ganancias que se hayan podido generar con
la actividad ilícita de los investigados, pero este instructor, atendiendo al
número y entidad de los hechos que cabe reputar en este momento como objeto de
la causa, estima ese valor entre 10 y 20 millones de euros». La investigación
judicial abarca doce años (2003-2015) y esta cifra no incluiría los presuntos
pagos al partido para llenar la 'Caja B' del PP de Valencia.
El sumario ha revelado que las mordidas también sirvieron para enriquecer al
equipo de la ex alcaldesa Rita Barberá que el juzgado investiga por estos
hechos. Según la UCO, las diligencias han acreditado la «intención manifiesta»
de los cargos del PP investigados «de adjudicar los contratos a empresas
concretas en perjuicio de terceros licitadoras, intención que se traduce en
realidad tal y como se desprende del análisis de la documentación intervenida».
El juez comparte este análisis al afirmar que de «lo actuado hasta el momento, y
fundamentalmente del contenido de conversaciones grabadas a lo largo de los años
2005 y 2006 por Marcos Benavent, las declaraciones de éste, y el contenido de la
documentación intervenida y análisis parcial de la misma, revelan indicios que
desde los cargos de responsabilidad que ostentaban Marcos Benavent, Vicente
Burgos, y la que entonces era su esposa, María José Alcón y el entonces asesor
Pedro Aracil, se habrían enriquecido personalmente, cobrando comisiones ilegales
de distintas empresas a las que por la Concejalía de Cultura adjudicó
contratos».
Es la primera vez que el juzgado da una cifra estimada del reparto del dinero.
En el auto en el que se ordena la intervención a efectos de decomiso de bienes
de los investigados, el magistrado destaca que «no hay certeza sobre el destino
del dinero así conseguido, más allá de la del lucro personal de los citados,
pero hay conversaciones en las que Marcos Benavent dice a Alcón que una parte es
para el partido». El juez dice que «las presuntas ganancias delictivas
obviamente son dinero» aunque admite que «conocemos muy poco de su posible
transformación y de su destino».
Blanqueo desde 2014
Esta nueva pieza separada se instruye al margen de la que investiga el presunto
blanqueo por el método del pitufeo de hasta 50.000 euros en la campaña de las
elecciones municipales de 2015. Sin embargo, el sumario relaciona las comisiones
con la financiación irregular del grupo municipal del PP de Valencia. Según
consta en la declaración de Alcón ante la Guardia Civil tras su detención, la ex
concejal admitió que ya blanqueó dinero a finales de 2014, sólo unos meses antes
de que medio centenar de cargos fueran requeridos para realizar un ingreso de
1.000 euros que más tarde se devolverían en dos billetes de 500, según la UCO.
Preguntada por los sistemas de financiación del PP de Barberá, Alcón respondió
que «el partido hacía Lotería para ganar fondos. Que coincidiendo con la
recogida de la Lotería en la sede del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster
-secretaria del grupo y presunta cajera de los fondos opacos- le daba un billete
de 500 euros que la manifestante tenía que devolverle en billetes más pequeños».
Sucedió «en las navidades del año 2014 a 2015».
Las propiedades
Sólo María José Alcón, actual esposa del ex vicealcalde Alfonso Grau, acumuló
hasta cuatro propiedades a su nombre, dos en Cullera y dos en la cotizada costa
de Calpe, así como un BMW. La investigación patrimonial también ha revelado que
su asesor Pedro Aracil, quien también habría participado en el presunto blanqueo
de la última campaña electoral, posee una finca en la partida Caña Romeu de
Quart de Poblet y una plaza de garaje en el mismo municipio. Sobre Vicente
Burgos, ex presidente de NNGG y uno de los presuntos recaudadores, el juzgado ha
iniciado el decomiso de otra propiedad que el investigado adquirió en Rocafort;
y a Marcos Benavent, el yonki del dinero que ha delatado a la organización, una
propiedad en Valencia. Sus cuentas están bajo la lupa del juez a la espera de
que la UCO entregue el nuevo análisis.
Fuentes de la investigación sospechan que los dirigentes salpicados por la trama
esconden más propiedades en sociedades pantallas que no han podido ser
decomisados porque no figuran como titulares. Respecto a Thematica, en cuyo
accionariado también participó el grupo Engloba -competidores de Gürtel en
Valencia-, el juzgado ha localizado hasta cinco propiedades y viviendas
unifamiliares repartidas entre Valencia, Godella y Rocafort. El administrador de
Thematica es Rafael García Barat, contratista habitual en los grandes eventos
que impulsó Francisco Camps y ex socio de Jorge Castillejo, hijo de la ex
secretaria autonómica de Cultura, Concha Gómez. Castillejo es el presidente de
honor de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, un colectivo que la
oposición sitúa muy próximo al PP.
El juez también ha ordenado el rastreo de cuentas corrientes a nombre de García
Barat, familiares y sus empresas; además de varias cuentas a nombre del grupo
Engloba y una de las sociedades que gestiona el centro La Rambleta tras
encontrar un Mercedes Benz, un Toyota y un Yamaha a nombre de una de las
sociedades de José Adolfo Vedri.
La UCO también ha encontrado bienes a nombre de Estudio Métodos de la
Restauración (EMR), la empresa que habría pagado comisiones a cambio de obras en
los principales monumentos históricos de Valencias. En concreto, tres Mercedes y
cinco propiedades entre las que destacan dos situadas en la costa de Oropesa del
Mar.
La investigación patrimonial incluye a Carles Turró, el constructor de Cleop. La
UCO ha localizado una vivienda unifamiliar en Sueca, de 162 metro cuadrados, y
tres plazas de garaje: una en Sueca y dos en el centro de Valencia.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/08/18/57b4b1b246163f75138b4689.html
LA CONCEJALA DE CULTURA CON BARBERÁ Y SU MARIDO SE “ENRIQUECIERON” CON
COMISIONES ILEGALES, SEGÚN EL JUEZ DEL ‘CASO IMELSA’
Las conversaciones grabadas muestran al exgerente de la empresa y a María José
Alcón diseñando su estrategia para presionar a los licitadores
Entre otras actuaciones, Benavent recibió 9.000 euros de una concesión para
limpiar la fachada de La Lonja, que entregó a la exedil
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del conocido como
caso Imelsa, afirma que la exconcejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia
María José Alcón, su asesor Pedro Aracil y su exmarido, el entonces gerente de
la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, y Marcos Benavent, que trabajaba
en esa entidad antes de ser nombrado gerente de Imelsa, "se habrían enriquecido
personalmente a través del cobro de comisiones ilegales de distintas empresas" a
las que la Concejalía de Cultura adjudicó diversos contratos, informa Europa
Press.
Así consta en un reciente auto del juzgado, al que ha tenido acceso la agencia,
tras el levantamiento parcial del sumario que afecta a esta pieza separada, la
E, sobre prevaricación y cohecho del caso Taula, que forma parte de la pieza
principal de Imelsa. Además de los excargos públicos, figuran como investigados
representantes de las empresas adjudicatarias de los contratos municipales.
El juez ha llegado a esta conclusión a raíz del contenido de las conversaciones
grabadas entre 2005 y 2006 por Marcos Benavent, quien se califica a sí mismo
como "yonqui del dinero", de sus declaraciones y de la documentación intervenida
por la Guardia Civil.
De acuerdo con el magistrado, los indicios existentes se centran en el concurso
público para contratar las obras de limpieza y mantenimiento de la fachada de La
Lonja, adjudicadas en noviembre de 2003 a Estudios Métodos de la Restauración
S.L. (EMR), por 1,027 millones de euros, con una ampliación posterior de
448.000, y en la que hay indicios de que Benavent recibió 9.000 euros de
"comisión o mordida" que posteriormente entregó a Alcón.
Otro indicio es el contrato para la ejecución de las obras de limpieza y
consolidación de las Torres de Quart de Valencia, adjudicadas a la UTE Cleop y
Contratas y Obras Empresa Constructora S.A. por 1,4 millones de euros. Según el
juez hay indicios de que uno de los representantes de Cleop entregó 20.000 euros
a Benavent, que repartió con Alcón, y con el expresidente de la Diputación de
Valencia Alfonso Rus.
De igual modo, el juez considera que EMR, adjudicataria de las obras de
conservación y restauración de los Puentes de Serrano y de la Trinidad por 2,3
millones de euros, que se ampliaron posteriormente en 320.000, pudo pagar una
cantidad no determinada de dinero por conseguir esta actuación.
Y por último el juez apunta a dos contratos más: La Rambleta y la Mostra. En
relación con La Rambleta, señala que de las investigaciones policiales se
desprenden indicios de que Alcón y Benavent intentaron obtener del concesionario
Boulevar Arte y Cultura S.A., participada por tres empresas como UTE, una
comisión ilegal, para lo que mantuvieron conversaciones a cerca de la modalidad
de pago mediante canon anual por explotación, "lo que podría implicar el cobro
periódico de comisiones ilegales", recoge el juez.
En las conversaciones, Marcos Benavent se refiere a José Adolfo Vedri, vinculado
a una de las empresas de la UTE, como una de las personas conocidas "a las que
se les puede exigir algo". Sin embargo, Benavent manifestó no haber recibido
ninguna cantidad de dinero con ocasión de esta adjudicación.
Además, el juez resalta que en esas conversaciones, tanto Alcón como Benavent
"hablan de su estrategia para poder presionar a uno y a otro de los licitadores"
y la exedil "revela por sus palabras ascendencia y capacidad de presión sobre
los técnicos".
Por último, en relación con la XXVII Mostra de Valencia del año 2006, el juez
añade que la investigación de la UCO permite concretar cuatro contratas como
objeto de investigación: el servicio de azafatas, chóferes y personal auxiliar,
adjudicado a Universo Selección por 46.000 euros; los servicios de publicidad,
que recayeron en Begamir, por 168.200 euros; los servicios de imprenta, a
Comunicación Gráfica Siglo XXI, por 21.182 euros; y los servicios de
preproducción y las galas de inauguración y clausura y actos paralelos, que
correspondió a Tres Servicios de Marketing y Publicidad, por 164.000 euros.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/08/17/la_exconcejala_cultura_valencia_marido_quot_enriquecieron_quot_con_comisiones_ilegales_segun_juez_del_caso_imelsa_53627_1012.html
SE LEVANTA EL SECRETO DEL SUMARIO DEL CASO IMELSA POR COBRO DE COMISIONES EN LA
ETAPA DE LA EXCONCEJAL ALCÓN
La causa principal del caso Imelsa, que nació en abril de 2015 y que permanece
en secreto de sumario, está abierta por malversación, fraude en la contratación
pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo en esta empresa pública
dependiente de la Diputación de Valencia.
El juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha acordado levantar una de las
piezas separadas del denominado caso Imelsa, la referida al presunto cobro
ilegal de comisiones por obras promovidas por la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Valencia en la etapa de la exconcejal María José Alcón. Fuentes
jurídicas han informado este sábado a EFE que, en otro auto, el mismo juez ha
acordado prorrogar un mes más, hasta el 14 de septiembre, la causa principal y
otras dos piezas separadas iniciadas el pasado mes de julio.
Pablo Delegado, abogado de María José Alcón y exconcejal del PP en el
Ayuntamiento de Valencia, ha indicado este sábado que todavía no ha recibido
ninguna notificación del juzgado y ha lamentado que el secreto del sumario se
haya levantado en pleno puente de agosto después de más de un años sin que se
hayan realizado las diligencias solicitadas en esta causa. En la pieza separada
sobre las adjudicaciones irregulares de la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Valencia, de la que se ha levantado el secreto de sumario,
figuran el cobro de comisiones en adjudicaciones y obras municipales, como la
Mostra de Valencia y las obras de rehabilitación de las torres de Quart.
En la pieza separada sobre las adjudicaciones irregulares figuran el cobro de
comisiones en adjudicaciones y obras municipales, como la Mostra de Valencia y
las obras de rehabilitación de las torres de Quart
La causa principal del caso Imelsa, que nació en abril de 2015 y que permanece
en secreto de sumario, está abierta por malversación, fraude en la contratación
pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo en esta empresa pública
dependiente de la Diputación de Valencia. Una de las dos piezas separadas
abiertas en julio, y que también permanece bajo secreto de sumario, es la
relativa a la adjudicación por parte de Imelsa del servicio de atención
telefónica (Call center) a la empresa Servimun.
En ese mismo mes de julio, el juez instructor abrió otra pieza separada de la
que se desconocen los delitos y posibles personas investigadas, que también
sigue en secreto de sumario. Además, en una de las piezas separadas abiertas con
anterioridad se investiga el supuesto delito electoral y de blanqueo de
capitales cometido por concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de
Valencia. En total, en esta causa hay 115 investigados por varios delitos contra
la administración pública, en relación con una supuesta trama de corrupción
infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat, cuyos
integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y
cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
http://vozpopuli.com/actualidad/87979-se-levanta-el-secreto-del-sumario-del-caso-imelsa-por-cobro-de-comisiones-en-la-etapa-de-la-exconcejal-alcon
LA FISCALÍA PIDE AL SUPREMO QUE ABRA CAUSA A RITA BARBERÁ POR EL
BLANQUEO
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dejado a la ex alcaldesa y
senadora 'popular' Rita Barberá un paso más cerca del banquillo. El Ministerio
Público se ha alineado con la posición establecida por la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia y ha avalado la investigación abierta contra el grupo
municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia por blanqueo, una causa
desprendida del caso Imelsa y por la que todavía permanecen imputados nueve de
los 10 concejales 'populares' en Valencia. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha
instado al Tribunal Supremo a que abra causa contra la ex alcaldesa. El
Ministerio Público solicita en un escrito remitido al alto tribunal que designe
un magistrado instructor.
Ahora Es el Supremo el que debe pronunciarse sobre la
investigación y decidir si finalmente abre definitivamente la causa. El juez de
Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, encargado de la investigación,
envió al Alto Tribunal la parte de la investigación que afecta a la senadora el
pasado mes de abril. En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP
como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas
por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el
partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de
supuesta procedencia ilícita. El magistrado consideraba en su exposición que
habiendo reconocido la ex alcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por
el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual
portavoz), ex ediles, asesores y ex asesores que también efectuaron el pago en
vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al
TS, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la
senadora, que tiene la condición de aforada.
El juez, no obstante, señalaba que ni las dos personas
investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los
cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una
imputación "concreta" respecto a la participación de la ex alcaldesa de Valencia
en los hechos objeto de investigación. El instructor detallaba en el escrito las
sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incidía en la relación de la
senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la ex secretaria
del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este
procedimiento.
Declaración voluntaria
La petición de la Fiscalía será remitida a la sala de admisión
del Supremo, formada por cinco magistrados que serán los encargados de designar
un ponente para que argumente en un nuevo auto si las investigaciones de la UCO
realizadas hasta el momento arrojan indicios suficientes como para investigar a
la senadora. En caso de que el sala de admisión considere que Barberá debe ser
investigada, se designará un magistrado instructor, tal y como solicita la
Fiscalía, que podría optar por dar la oportunidad a la ex alcaldesa de que acuda
a declarar de forma voluntaria, sin tener la condición de investigada/imputada.
Fue algo que ya hizo el juez instructor en Valencia, pero Barberá optó por
presentar un escrito.
En función de la declaración y de cómo avancen las investigación,
el magistrado instructor indicará si es conveniente imputar y, por tanto, elevar
al Supremo el suplicatorio.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/07/29/579b4735ca4741d30c8b457c.html
OPERACIÓN TAULA. EL JUEZ IMPUTA A LA 'CAJERA' DEL PP DE RITA
BARBERÁ POR DELITO ELECTORAL
El juez que investiga las diligencias derivadas de la Operación
Taula, el magistrado Víctor Gómez, ha ampliado las diligencias a un presunto
delito electoral y ha acordado la imputación de la secretaria del grupo
municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García Fuster, la
'cajera' de la 'caja b', según apuntan todos los indicios.
Según consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL
MUNDO, el juez también imputa a Montserrat Tello, representante del PP en la
junta electoral. El juez, por el momento, no citará como imputada a Carmen
Navarro, tesorera nacional del PP y administradora general a efectos de las
elecciones municipales de 2011 y de 2015, pues quien figura como representante
provincial es Montserrat Tello. El juez excluye del delito electoral a los
cargos del grupo municipal que aportaron 1.000 euros, pues entiende que la
responsable de las donaciones era García Fuster y que los concejales
investigados por blanqueo no tenían por qué conocer que la cuenta en la que
realizaron la donación era en realidad una presunta caja b.
La pieza del 'pitufeo' se abrió para investigar separadamente si
se cometió un delito de blanqueo de capitales mediante "las aportaciones
dinerarias de 1.000 euros que antes de las elecciones municipales de 2015
efectuaron las personas investigadas, concejales y asesores del Grupo Popular en
el Ayuntamiento de Valencia, en su mayoría, en el supuesto de que esas
aportaciones les hubieran sido posteriormente reintegradas con la finalidad de
aflorar, de ese modo, un dinero en metálico, en cuantía próxima a los 50.000
euros, que en billetes de 500 euros estaría en esas fechas poder de dicho Grupo,
y que podría tener su origen en el cobro de comisiones ilegales en la
adjudicación de contratos públicos", señala el juez.
Según el auto, "lo cierto es que del resultado de lo hasta ahora
instruido, también del informe definitivo de la UCO, a juicio de este instructor
se desprenden indicios de que a través de la cuenta investigada del Grupo
Popular en el Banco de Sabadell se hizo pago de gastos electorales, tanto de la
campaña de las elecciones locales de 2011, como del 2015". Y siendo como ha sido
-destaca el magistrado-, "a todo parecer, la citada cuenta es una cuenta
bancaria carente de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del Partido
Popular, con aparente infracción tanto de la normativa aplicable en materia de
financiación de partidos políticos como de régimen electoral, entiendo que en
este momento resulta razonable y se justifica el comprobar si esos gastos se
contabilizaron electoralmente, y en su caso, por qué no se hizo, quién o
quiénes, entre las personas con atribuciones orgánicas para ello, o de facto,
decidieron ese gasto o decidieron no reflejarlo en la contabilidad electoral, y
cuáles fueron las relaciones existentes entre estas personas y aquéllas otras
designadas por el partido para cumplir con los cometidos legales que la LOREG
atribuye a los administradores electorales, y la implicación penal que en
definitiva, tales decisiones pudieran comportar en el ámbito de la
responsabilidad penal".El auto explica que "hasta el momento sabemos, según la
información remitida por la Junta Electoral Central y la Provincial que la
administradora general a efectos de las elecciones municipales tanto del 22 de
mayo de 2011 como del 24 de mayo de 2015 fue Carmen Navarro Fernández-Rodríguez;
y que como administradora provincial, a efectos de las elecciones municipales de
2015 lo fue Montserrat Tello Millán, si bien no tenemos información expresa de
quién desempeñó este último cometido en las elecciones locales de 2011, dado que
la Junta Provincial ha informado que no se designó por el Partido Popular ante
dicha Junta la persona que iba a desempeñar dicho cargo, 'alegando verbalmente
el citado partido que el administrador había sido designado en la Junta
Electoral Central', de lo que no hay constancia hasta el momento". De ahí que
Carmen Navarro no haya sido citada en este momento.
El juez ha requerido al Partido Popular que, a través de su
representación procesal, "a fin de que a la mayor brevedad posible informe a
este Juzgado de la identidad, cargo en dicho órgano y últimos datos
domiciliarios de constancia de las personas que integraban la Junta Directiva
del Partido Popular de Valencia Ciudad, durante los periodos de campaña de las
elecciones municipales de 2011 y de 2015". Esta junta estaba integrada por
multitud de militantes y cargos del PP de la ciudad de Valencia.
El instructor entiende que "resulta razonable que la
investigación y la imputación se proyecte, de inicio, tanto sobre los
administradores electorales como sobre aquellas personas que respecto de la
cuenta bancaria y sus fondos tenían capacidad de decisión o disposición". Estos
últimos, que habrían participado en la comisión del delito "con actos
conscientes de colaboración", tendrían la consideración de cooperadores
necesarios. El delito electoral no puede imputarse al Partido Popular como
persona jurídica.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/07/11/57838daee2704e2e398b465d.html
EL
JUEZ PIDE IMPUTAR A UN DIPUTADO VALENCIANO DEL PP POR BLANQUEO
El magistrado de Taula sigue la misma lógica que aplicó para pedir investigar a
Rita Barberá
El juez que investiga en Valencia el caso Taula ha pedido al Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana que impute por blanqueo al diputado
autonómico Miguel Domínguez, del PP. Domínguez fue concejal de Seguridad de la
exalcaldesa Rita Barberá, y dejó el Consistorio para presentarse a las
elecciones autonómicas de 2015. Al ser parlamentario de las Cortes Valencianas,
solo el tribunal superior de la comunidad autónoma puede proceder contra él.
El magistrado Víctor Gómez reproduce en su exposición razonada motivos parecidos
a los que utilizó para pedir al Tribunal Supremo que impute —investigue, según
la nueva denominación judicial— a Barberá, ahora senadora. El instructor le
atribuye de forma indiciaria haber participado en una operación de blanqueo que
habría consistido en que los miembros del grupo municipal del PP en el
Ayuntamiento de Valencia ingresaron cada uno 1.000 euros en una cuenta del
partido y recibieron el mismo importe en metálico. Los fondos blanqueados
procedían, según la Fiscalía Anticorrupción, de actividades ilícitas.
"Los testimonios de cargo, dos de ellos de personas investigadas, son múltiples
y detallados, sin revelar elementos de contradicción o incoherencia interna.
Indican una operativa general en relación con personas afines al grupo municipal
en el Ayuntamiento respecto de la que esta instrucción no ha revelado, hasta el
momento, hechos, circunstancias o explicaciones que permitan valorar con
carácter excluyente, en esta fase, ningún tipo de discriminación, en atención a
la persona o cargo, en cuanto a la propuesta u ofrecimiento de devolución del
dinero", señala el magistrado.
"A juicio de este instructor", prosigue el auto, "las alegaciones efectuadas por
el aforado" en su defensa, "pese a poder ser ciertas y tener sentido, no
introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de
lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su
posible implicación"
Defensa del diputado
Domínguez alegó —el juez le dio la oportunidad de defenderse antes de estar
imputado, como a Barberá— que había hecho la aportación de 1.000 euros para
financiar la campaña de 2015. Pero que el dinero no le había sido devuelto.
Planteó igualmente "desvinculación, por razones personales, en el esfuerzo
organizativo de la campaña electoral y del ambiente político diario debido a la
localización de su puesto de trabajo en dichas fechas, que no estaba en la sede
del Ayuntamiento", sino lejos del centro de Valencia, en las instalaciones de la
delegación de Seguridad Ciudadana.
El magistrado admite que no hay en el sumario "manifestación relativa a una
participación concreta ni personal" de Domínguez en los hechos. Una observación
que el instructor también realizó al elevar al Tribunal Supremo la petición de
investigar a Barberá.
Ingresos bajo sospecha
Pero el juez recuerda que, además de la presunta operación de blanqueo de 2015,
el examen de los papeles de la secretaria general del grupo municipal del PP,
María del Carmen García-Fuster —supuesta responsable de la caja b del partido en
Valencia—, ha revelado ingresos sospechosos de dinero anteriores que coinciden
con "años de convocatoria de elecciones" locales. En concreto, en 2003 y 2011.
Domínguez fue responsable de la concejalía de Seguridad de 1991 a 2015.
El juez está a la espera de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
le entregue los informes sobre la documentación incautada en la sede del grupo
municipal del PP y en las viviendas de dos imputadas. Un análisis "condicionado
por el volumen de la documentación y dispositivos intervenidos en toda la causa
en relación con los medios de los que dispone la unidad" policial.
Información pedida al PP
El juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula, ha requerido documentación al
PP, imputado como persona jurídica en la pieza del blanqueo. Entre esta, los
estatutos o "reglamentos" del partido a escala nacional, autonómica, provincial
y local. El contrato sobre "buenas prácticas" suscrito por la fuerza política
con el despacho de abogados Baker&Mckency. La normativa relativa al control del
interno de la financiación del partido —en aplicación del "artículo 15 de la Ley
Orgánica 8/2007"—. Y la instrucción que regula la "venta de participaciones en
sorteos de Lotería y contratación" en el seno de la formación.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/12/valencia/1463058888_829321.html
DOS JUECES PIDEN AL SUPREMO QUE IMPUTE A RITA BARBERÁ POR BLANQUEO DE CAPITALES
Y DESOBEDIENCIA
Una de las exposiciones razonadas es por corrupción en el llamado 'caso Taula',
la segunda por no cumplir la Ley de Memoria Histórica
El Tribunal Supremo recibirá en los próximos días dos exposiciones razonadas
pidiendo la imputación de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Una de ellas
se refiere al caso Taula, y pide que se impute a la senadora por un supuesto
delito de blanqueo de capitales. La segunda procede de un juzgado que ha
investigado un posible delito de desobediencia por el incumplimiento de la Ley
de Memoria Histórica, al no retirar los símbolos franquistas durante su mandato.
En Taula, el magistrado acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que
considera que existen indicios de que Barberá y otro medio centenar de personas
del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia cometieron el delito en marzo
de 2015, poco antes de las elecciones locales y autonómicas.
En la causa por los símbolos de la dictadura, la magistrada traslada al Supremo
una denuncia según la cual Barberá pudo cometer los "supuestos delitos de
desobediencia y denegación de auxilio" por "negarse a retirar de las calles de
la ciudad escudos, insignias y placas" franquistas pese a la vigencia de la Ley
de Memoria Histórica, ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
La denuncia fue presentada hace un año por un diputado socialista, el Grupo para
la Recuperación de la Memoria Histórica y un abogado. La magistrada indica que
al ser Barberá senadora y por ello aforada ante el Supremo, solo este órgano
judicial puede investigarla.
El juez Víctor Gómez, que instruye el caso Taula, apunta en su resolución, de
seis páginas, que también existen indicios de otras donaciones irregulares al
partido en los años 2003 y 2011. "Ambos eran años de convocatoria de elecciones
municipales y autonómicas”, subraya. El magistrado ya ha iniciado la
investigación de supuesto delito electoral —el nombre técnico de la financiación
ilegal de partidos—en el grupo municipal popular que dirigía Barberá pidiendo
información al Tribunal de Cuentas.
Destaca igualmente el juez la cercanía personal entre la exalcaldesa y la
persona que, según los investigadores, manejaba la caja b del PP de Valencia:
Mari Carmen García-Fuster, que hasta su detención en enero era secretaria
general del grupo municipal. "Barberá ostentaba una efectiva posición como
superiora jerárquica de la principal investigada, García-Fuster, tanto por ser
alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la
máxima responsable del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia. Existiendo,
además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la
principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones
dentro del Grupo desde el año 1991 en que fue designada por aquella".
El instructor mantiene imputadas —investigadas, según la nueva denominación
judicial— por este motivo a 48 personas, incluido el PP. Los miembros del grupo
popular habrían ingresado 1.000 euros en una cuenta de la formación y los
habrían recibido, en paralelo, en dos billetes de 500 euros de fondos de origen
desconocido. Una práctica que en la jerga de la lucha contra el blanqueo de
capitales se conoce como “pitufeo”, según la Guardia Civil. La fiscalía cree que
el dinero en efectivo puede proceder de comisiones cobradas a empresarios a
cambio de adjudicaciones, un sistema que centra el grueso del caso Taula, en el
que hay en total más de un centenar de investigados.
Una tesis que el juez Gómez plantea como posible, indicando que una de las
piezas separadas del caso Taula trata precisamente de sobornos a cambio de
contratos de la concejalía de Cultura que dirigía la imputada María José Alcón.
El magistrado considera en su escrito al Supremo que sería "incoherente" que,
cuando el resto del grupo municipal popular está siendo investigado, no lo sea
también la persona que lo dirigía, en referencia a Barberá. El juez destaca una
conversación grabada por la policía a la exconcejal Alcón. En ella, la exedil
explica a su hijo la presunta operación de blanqueo y menciona a la entonces
alcaldesa. "En dicha conversación la investigada cita a Rita Barberá, la
aforada, y por entonces alcaldesa de Valencia, si bien sin hacer una imputación
precisa de hechos concretos en esa operativa", añade el instructor.
El juez recuerda que tanto cuatro testigos —exempleados del grupo municipal que
se negaron a colaborar en el supuesto delito—, como Alcón y una exasesora del
PP, ambas imputadas, han reconocido la operación de blanqueo. Alcón aseguró a su
hijo en la conversación captada por la Guardia Civil que el dinero blanqueado
procedía de "dinero negro", entregado por empresas y fruto de una "corrupción
política total". "Un dinero que no pueden aflorar" por otras vías, agregó.
Las explicaciones por escrito ofrecidas por la exalcaldesa son insuficientes
para excluir "su posible implicación", considera el instructor. Este, no
obstante, afirma que "ni las investigadas que han reconocido la recepción del
dinero tras efectuar la aportación, ni los cuatro testigos que se negaron a
efectuarla, testimonian una participación concreta, personal, de la aforada
María-Rita Barberá en la entrega de dinero, ni en la propuesta o indicación para
dicha entrega se llevara a cabo, o se aceptara".
Barberá fue alcaldesa de Valencia durante 24 años, entre 1991 y 2015, cuando
después de no lograr formar gobierno en la ciudad fue elegida senadora
territorial por las Cortes Valencianas. Su condición de parlamentaria hace que
esté aforada ante el Tribunal Supremo, el único que puede actuar penalmente
contra ella. La exregidora ha defendido su inocencia, y ha planteado que los
indicios existentes provienen de una venganza urdida por su exvicealcalde
Alfonso Grau y el entorno de este. Barberá ha admitido que donó los 1.000 euros
a través de un talón, pero ha negado que la cantidad le fuera devuelta.
Si el Supremo acepta los argumentos del juez Gómez, recogidos en una exposición
razonada de motivos, deberá solicitar al Supremo permiso para investigar a la
exalcaldesa a través de un suplicatorio.
EL PP MANTIENE EL EXPEDIENTE A BARBERÁ
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha comparecido en
Puerto Lápice (Ciudad Real) para reafirmar que su partido sigue adelante con el
expediente disciplinario que abrió contra Rita Barberá. Ha señalado, asimismo,
que ni el presidente Mariano Rajoy ni ella han hablado con la exalcaldesa, cuya
imputación por blanqueo acaba de ser solicitada al Tribunal Supremo por el juez
que instruye el 'caso Taula' por presunta financiación ilegal.
En dicho expediente, abierto el 16 de marzo, están incluidos unos 50 militantes
populares, encabezados por Rita Barberá y todo su equipo de concejales y
asesores en Valencia.
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/21/actualidad/1461238386_801025.html
RITA BARBERÁ ALEGA NO RECORDAR “CON EXACTITUD” CÓMO PAGÓ AL PP VALENCIANO
La exalcaldesa niega, en su escrito ante el juez, haber participado en el
blanqueo y afirma que estaba muy ocupada
La exalcaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá no recuerda "con
exactitud" cómo hizo llegar los 1.000 euros al Grupo Popular en el Ayuntamiento
que dirigía y que, según la Fiscalía Anticorrupción, formaron parte de una
operación de blanqueo de capitales por la que quiere que sea imputada por el
Tribunal Supremo. Barberá ha remitido un escrito de 11 páginas al juez que
investiga el caso Taula en Valencia, Víctor Gómez, en el que niega las
acusaciones. Afirma que no se ocupó de la financiación de la campaña porque
estaba muy ocupada ejerciendo de alcaldesa y de candidata. Y apunta a que todo
responde a una venganza tejida por su antigua mano derecha, el exvicealcalde
Alfonso Grau, y los asesores de este. Al presentar el escrito, la exregidora
evita tener que comparecer físicamente en el juzgado.
"Es cierto que [Barberá] aportó un donativo de 1.000 euros para la financiación
de la campaña a las elecciones municipales de 2015", señala su letrada en el
documento enviado al magistrado, "mediante un talón bancario contra su cuenta
corriente de Bankia". "La mecánica empleada sería, pues no se recuerda con
exactitud, hacer llegar al Grupo Popular por servicio interno el referido talón,
para que procediera a su cobro. Como consecuencia fue abonada en la corriente
del Grupo Popular designada al efecto".
Barberá niega, sin embargo, que el dinero le fuera devuelto en dos billetes de
500, como la fiscalía y la Guardia Civil sostienen que sucedió con medio
centenar de personas vinculadas al Grupo Popular. El dinero provendría, según la
tesis de la acusación, de una caja b, nutrida con dinero negro obtenido mediante
el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
La exalcaldesa deriva la responsabilidad de haber solicitado a los integrantes
del Grupo Popular los 1.000 euros para "financiar" las actividades electorales
al comité de campaña, del que ella no formó parte. La letrada describe a Barberá
como "la candidata, con una única y finalista misión, la de captar votos, lo que
como es fácil de adivinar absorbe el tiempo suficiente como para que ni siquiera
pueda adquirir conocimiento alguno sobre temas relacionados con competencias que
no son suyas, sino del comité de campaña".
El escrito ahonda en el argumento al indicar que "dicha actividad electoral no
interrumpe el ingente quehacer derivado de la responsabilidad de la Alcaldía, lo
que nos lleva a la conclusión de que ambas actividades colmaban en exceso el
trabajo de mi representada, sin opción siquiera a interesarse por cualquier otro
asunto, y menos respecto de los que estaban sobradamente atendidos por el comité
de campaña". A este correspondía "desde la programación de actos, mítines,
visitas, paseos callejeros, eligiendo días y lugares, hasta la selección de
argumentarios a defender", así como "el soporte de la necesaria financiación que
diseña, programa y ejecuta".
El comité de campaña estaba encabezado por Alfonso Novo como coordinador
general, según el documento que acompaña al escrito de la exalcaldesa. Novo fue
de número dos en la lista del PP de Valencia, ejerció como líder tras la marcha
de Barberá al Senado y ha actuado de portavoz de los nueve ediles del grupo
imputados por blanqueo que se niegan a dimitir como les ha pedido la dirección
regional del partido. Otras 10 personas formaban parte del comité de campaña.
Todas ellas tienen ahora la condición de investigadas. Entre estas se
encontraban Grau (como coordinador de campaña) y María del Carmen García Fuster
(coordinadora del servicio jurídico). García Fuster era la secretaria general
del Grupo Popular, fue detenida en enero y la fiscalía pidió para ella prisión
preventiva, lo que fue rechazado por el juez. Según los investigadores, fue la
persona que entregó los dos billetes de 500 euros a los miembros del grupo
municipal.
Venganza de Grau
Barberá desliza de forma prolija una tesis, según la cual, la acusación de
blanqueo podría basarse en una conspiración urdida por su exvicealcalde Grau.
Este se distanció de ella por tener que ser sometido a juicio en el caso Nóos
—en el que la fiscalía y el juez de Palma José Castro intentaron que también la
exregidora se sentara en el banquillo de los acusados—. Y, sobre todo, argumenta
la senadora, por haber dejado fuera de la lista electoral a su esposa, María
José Alcón, imputada por varios delitos en el caso Taula. El pinchazo telefónico
a Alcón, exconcejal y exasesora ella misma de Barberá, fue lo que destapó el
presunto blanqueo cuando estaba siendo investigada por pertenecer a la trama del
3% vinculada al PP valenciano.
En las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, Alcón afirma que en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia
hay "mucho dinero negro” procedente “de empresas, comisiones y corrupciones”, y
que “no pueden aflorarlo”, motivo por el cual se ha diseñado la operación de
blanqueo en la que participaron presuntamente los integrantes del mismo.
Con el argumento de la lealtad hacia Grau, Barberá rechaza los testimonios
prestados por los exasesores de Grau, que confirmaron la existencia de la
operación de blanqueo ante el juez, afirmando que en su opinión la entonces
alcaldesa estaba al tanto de los hechos.
"Imposible imaginar"
La senadora insiste, como ya ha hecho en público, en que durante los 24 años que
gobernó la ciudad de Valencia "jamás se produjo ningún amaño en adjudicación
alguna, trato de favor a nadie, cobro de comisiones a terceros, en definitiva,
eso que se ha calificado de 'mordidas', hasta cuyo significado le era
desconocido a la declarante".
Ante los numerosos indicios de que efectivamente se amañaron adjudicaciones
durante su mandato —en concreto en la etapa en que Alcón fue concejal de
Cultura—, Barberá afirma "que en aquel momento era imposible siquiera imaginar
la comisión, al parecer, de unos hechos delictivos de tal ingeniería delictiva
que hoy, pese a la colaboración de algún autor de los mismos, [en referencia al
ex alto cargo Marcos Benavent, a quien califica de 'yonki arrepentido'] siguen
sin resolverse".
LA EXALCALDESA NO TENDRÁ QUE IR AL JUZGADO
Antes de remitir al Tribunal Supremo la exposición razonada de motivos por los
que considera que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá debería ser
investigada por blanqueo de capitales, como el resto de miembros del Grupo
Popular en el Ayuntamiento, el juez Víctor Gómez ofreció a la senadora declarar,
en persona o por escrito, alegando lo que considerase oportuno a su "defensa".
El magistrado señaló que en ningún caso podría interrogarla porque al formar
parte de la cámara alta, Barberá esta aforada ante el Supremo y solo este
tribunal puede dirigirse contra ella.
Barberá anunció que declararía, pero no especificó cómo. Con el escrito
presentado este viernes en el juzgado, la exalcaldesa ha despejado la duda, y ha
puesto de manifiesto que prefiere evitar la exposición pública que supondría
acudir al juzgado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/01/valencia/1459515257_783366.html
BARBERÁ SE DIRIGE AL JUEZ POR ESCRITO PARA NEGAR QUE LE DEVOLVIERAN LOS 1.000
EUROS DE LA DONACIÓN AL PP
Entrega un extracto de su cuenta con las operaciones de marzo y abril de 2015 y
la composición del Comité de Campaña
La exalcaldesa aceptó el ofrecimiento del juez el pasado febrero aunque no
precisó en qué forma la haría
La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, se dirigió por escrito al
juez que investiga el caso Imelsa para asegurar que "en ningún momento" le
devolvieron los 1.000 euros que donó al PP para la financiación de la campaña
electoral de las elecciones municipales de 2015, dinero que aportó mediante un
talón bancario contra su cuenta corriente.
Así consta en el escrito de alegaciones, de once páginas incluida la
documentación aportada y al que tuvo acceso Europa Press, entregado al juez del
juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga la pieza principal
del caso Imelsa y la separada derivada de la Operación Taula, centrada en
averiguar un presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el
Ayuntamiento de Valencia. En este caso, hay 47 personas investigadas más el PP,
entre asesores, exasesores, ediles y exconcejales del grupo municipal.
El pasado mes de febrero el magistrado instructor ofreció a Barberá declarar
antes de decidir si elevaba al Tribunal Supremo la causa, como pedía el fiscal,
aunque precisaba que no sería ningún interrogatorio. La exalcaldesa aceptó el
ofrecimiento aunque no precisó en qué forma la haría. Finalmente, optó por
presentar un escrito ante el juzgado en el que da su versión de los hechos.
En el escrito, Barberá indicó que la mecánica empleada para la donación sería,
ya que "no se recuerda con exactitud", hacer llegar al grupo popular por
servicio interno el talón para que se procediera a su cobro y, como
consecuencia, fue abonada en la cuenta del grupo municipal popular designada al
efecto.
"En ningún momento se me devolvió dicha cantidad, en consecuencia es
absolutamente falso lo dicho en torno a los dos billetes de 500 euros", indicó
la senadora, que aportó los movimientos de su cuenta bancaria entre el 1 de
marzo de 2015 a 30 de abril de 2015.
Asimismo, aseguró que, como candidata, no intervino en el Comité de campaña, que
es el organismo que asume las competencias de organización de la actividad ante
un periodo electoral, como la programación de actos, selección de argumentarios
o redacción de discursos, entre otros, con el soporte "de la necesaria
financiación que diseña, programa y ejecuta el comité de campaña".
La exalcaldesa precisó que en ese organismo –documento que adjunta– no se
integró porque es "la candidata" con la finalidad de "captar votos", lo que
"absorbe el tiempo suficiente como para que ni siquiera pueda adquirir
conocimiento alguno sobre temas relacionados con competencias que no son las
suyas" sino del propio Comité.
Al respecto, añadió que con su responsabilidad no se interesaba de ningún otro
asunto y menos de cuestiones que estaban atendidas por ese órgano, que fue el
que decidió adoptar como "una medida más" del plan de financiación de 1.000
euros por parte de cargos, candidatos y asesores, una aportación "absolutamente
onerosa" sobre la que no se le planteó ninguna condición "ni mucho menos la
posibilidad de que le fuera devuelta".
Barberá también hizo referencia a las declaraciones de cuatro exasesores del PP
que revelaron que fueron objeto de presiones para que realizaran las donaciones
que les serían devueltas al día siguiente en efectivo, en billetes de 500 y
explica que formaban parte del equipo de la Vicealcaldía –encabezada entonces
por Alfonso Grau–, a quien podían haberse dirigido "por cercanía y confianza" en
el caso de haberse sentido alarmados.
Relación con Grau
La exalcaldesa agregó que su relación con Grau no se interrumpió por su dimisión
el 16 de marzo de 2015 sino "tiempo después", a partir de la salida de la lista
electoral de un familiar directo del exvicealcalde a raíz de la publicación de
unas "comprometidas conversaciones públicamente conocidas", indica en alusión a
la exedil y esposa de Grau, María José Alcón y a la grabación que se conoció con
el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.
En ese tiempo, afirmó que "jamás" se le dijo que ese grupo de asesores dudaba de
la operación de donativos y entiende que nadie les debió amenazar con perder sus
trabajos porque esto dependía del número de concejales que obtuvieran en los
comicios y de la elección posterior del concejal. De ahí que atribuyó el rechazo
de estas personas a realizar los donativos a que su "protector" (Grau) no iba a
continuar en la lista y ellos no seguirían de asesores.
La senadora cuestionó la "reacción" de Grau ocho meses después con las
manifestaciones públicas y también la conversación grabada a Alcón donde ésta
describía el método de blanqueo y en la que afirmó que lo sucedido era
"corrupción política total".
Para Barberá, "sorprende" y es "inaudito" que una intervención telefónica
acordada el 14 de abril diera frutos un día después y que verse sobre un tema
delictivo. De igual modo, expresa "estupefacción" por el anónimo esgrimido como
prueba de cargo en contra y que llegó dos días de la conversación telefónica
grabada.
Desconocía el significado de "mordidas"
Por último, defendió que en los años en ostentó la Alcaldía "jamás" se produjo
"ningún amaño" en adjudicaciones, trato de favor o cobro de comisiones a
terceros, "en definitiva, eso que se calificó de 'mordidas', hasta cuyo
significado le era desconocido a la declarante".
De hecho, justificó que se puso como "norma inexcusable" que cualquier
adjudicación lo fuera por mesa de contratación plural y con profesionales
independientes y cualificados y añade que "nada" saben ni les debía afectar
hechos sucedidos en otras instituciones –en alusión a la Diputación– que "nada
tienen que ver" con el Ayuntamiento "pese al intento de la acusación de
entrelazar" lo mismo.
"Si como se desprende de informaciones periodísticas, personas que hace años y
que tuvieron responsabilidades en el gobierno municipal, pudieron verse
implicadas en ciertos asuntos, que al día de hoy, tras muchos meses de
investigación, con un macro despliegue de medios técnicos y humanos, fiscalías
especializadas, etc etc. no se ha concretado judicialmente, será porque de
existir algo será de tal oscurantismo y perfección delictiva, que resultaba
imposible ser detectado por quien no tiene asumida esa misión por profesión,
vocación y sueldo", manifestó.
Y añadió que "nada" se le puede reprochar "por no saber qué negligencia, al no
detectar o adivinar esos presuntos hechos acontecidos en alguna concejalía,
cuando profesionales de la investigación, fiscales, fuerzas de seguridad,
periodistas, 'yonkis arrepentidos', etc.., pese al mucho tiempo transcurrido y
medios empleados, no alcanzan conclusiones definitivas".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/01/barbera_dirige_juez_por_escrito_para_negar_que_devolvieran_los_000_euros_donacion_pp_47188_1012.html
EL PP
ABRE EXPEDIENTE A BARBERÁ Y A TODO SU EQUIPO EN VALENCIA
El partido nombra un instructor para investigar qué ha pasado en el grupo
municipal
El PP ha abierto expediente informativo por primera vez en su historia de manera
global a un grupo de dirigentes, unos 50 militantes encabezados por Rita Barberá
y todo su equipo de concejales y asesores en Valencia. El comité de garantías
del partido les citará ahora para exigirles explicaciones a Barberá y los demás
investigados judicialmente por el caso Taula, de presunta financiación ilegal,
porque no les convencen ni sus argumentos ni su negativa a declarar ante el
juez. La situación de Barberá ha evidenciado las discrepancias por primera vez
en público de Rajoy y sus nuevos portavoces ante la corrupción.
La dirección nacional del PP ha esperado por un lado hasta la apertura del
secreto del sumario del caso Taula y, por otro, hasta ver cómo actuaba Barberá y
su equipo en el Ayuntamiento de Valencia que gobernó durante 24 años para
anunciar su primer expediente conjunto contra una organización interna en el
partido. El vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, dedicó
toda la noche y madrugada del domingo al lunes a leer con detalle los 1.000
folios del sumario y no daba crédito a lo que leía. Las conversaciones grabadas
por orden judicial le revelaron una actitud y unos comportamientos
“inaceptables” para unos dirigentes políticos, como admitió anoche al anunciar
la apertura del expediente previo a cualquier sanción.
El PP nombrará ahora un instructor para citar, tomar declaración y proponer
medidas contra los cargos afectados, que se calculan sobre medio centenar.
Barberá estará entre los llamados, pese a que este martes afirmó sentirse
respaldada por la dirección de su partido.
"El expediente afecta a mucha gente que forma parte de ese procedimiento
judicial, no solo a Rita Barberá", ha declarado Maillo en los pasillos del
Congreso. Eso sí, ha señalado que esta decisión está tomada desde la mañana de
este martes y que se lo había comunicado ya él mismo por teléfono a la
exregidora de Valencia. El PP calcula que el número de afectados podría elevarse
sobre el medio centenar y apuesta por iniciar las declaraciones del instructor
con los implicados de inmediato.
La apertura del expediente se ha producido horas después de que la propia
Barberá aceptara el ofrecimiento que el lunes le planteó el juez del caso Taula
de declarar ante él voluntariamente. "El cómo y cuándo es un tema a estudiar",
ha matizado la senadora en la sede del PP valenciano, donde ha comparecido sola
ante los medios de comunicación horas después de que el Juzgado de Instrucción
número 18 de Valencia haya levantado el secreto de la causa por presunto
blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento.
Barberá ha recordado, en todo caso, que "la carga de la prueba recae sobre el
que acusa y no sobre el que tiene que defenderse". Y dichas pruebas, ha añadido
la líder popular, no deben ser "suposiciones ni pinchazos telefónicos que
utilizan el nombre de terceras personas en vano". "¿Está claro? La carga de la
prueba se la lleva quien acusa", ha añadido tras subrayar que "absolutamente
nadie" del PP le ha pedido que dimita como senadora y que, por tanto, renuncie a
su condición de aforada. "No he cometido ningún delito y no voy a dimitir".
Fernando Martínez-Maillo, el número tres de hecho del PP, no ha querido
relacionar este expediente a Barberá y todo su equipo en la ciudad de Valencia
durante años con la exposición que la propia exalcaldesa ha hecho esta mañana.
Ni tampoco con el debate interno que se ha abierto públicamente en el PP entre
Rajoy y Dolores de Cospedal, que han ofrecido un mensaje más conciliador a
Barberá, y los vicesecretarios que se han mostrado indignados y han admitido que
sus explicaciones habían resultado "claramente insuficientes". Maillo se ha
limitado a considerar que en el partido hay dirigentes con opiniones
"individuales y personales", pero que lo importante y "muy positivo" era que
Barberá hubiera decidido "dar la cara" al indicar que colaborará e irá a
declarar ante el juez.
El PP ha señalado que pretende actuar con "prudencia, contundencia y la mayor
rapidez posible" ante esta investigación interna, según ha ratificado Maillo,
que ha manifestado que esta actuación no será una maniobra o "un instrumento de
dilación"
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/15/actualidad/1458067711_177865.html
COSPEDAL, SOBRE LA LLAMADA DEL JUEZ A BARBERÁ: “EN MI VIDA HE VISTO COSA
SEMEJANTE”
La dirigente del PP se refiere, desde el "sentido del humor", al auto del
instructor del 'caso Taula'
La cúpula del PP ha hablado finalmente de la llamada del juez a Rita Barbera,
exalcaldesa de Valencia, por el caso Taula. La secretaria general de los
populares, María Dolores de Cospedal, ha afirmado en la noche de este lunes, en
una entrevista en 13TV, que "nunca ha visto cosa semejante", en referencia a la
oportunidad que da el magistrado a la senadora para que comparezca
voluntariamente ante él en un plazo de 20 días, antes de continuar con el
trámite ante el Tribunal Supremo para proceder a la solicitud de su imputación
por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Esta tarde, tras el Comité de
Dirección de la formación, el vicesecretario de sectorial del partido, Javier
Maroto, ha esquivado la cuestión pese a la insistencia de los periodistas.
"En el auto, el juez la llama [a Barberá], pero dice que no le va a hacer ningún
tipo de pregunta. Entonces, ¿no sé como va a declarar?", ha subrayado la
dirigente del PP. "Lo digo con un poco de sentido del humor, porque todo esto es
un poco chocante. Es la primera vez en mi vida que veo una cosa semejante", ha
continuado la secretaria general del partido, que ha calificado esta llamada del
juez como "anómala". En su escrito, el instructor ha señalado que, si la
senadora comparece ante él, no será interrogada —algo que solo puede hacer el
Supremo—; pero sí podría "dar a conocer hechos y circunstancias de posible
interés para la causa y manifestar lo conducente a su defensa en relación con la
investigación, que aparentemente le implica, antes de decidir sobre la petición
interesada por el fiscal".
Cospedal ha subrayado que "lo normal es que, si el juez quiere preguntarle, le
cite en calidad de testigo, pero no lo ha hecho". "Pese a todo ello, estoy
convencida de que Barberá colaborará con la Justicia. Aunque no le corresponde
[en referencia a que le corresponde hacerlo ante el Supremo]", ha remachado la
representante del PP. El juez del caso Taula, Víctor Gómez, ha detallado en su
escrito que la exalcaldesa de Valencia puede declarar voluntariamente ante él,
asistida por un abogado y teniendo acceso a las actuaciones. O, también,
presentar un escrito alegando lo que considere oportuno.
Estas declaraciones de Cospedal se producen después de horas de silencio del PP.
Maroto, tras las sucesivas preguntas de los periodistas, se refirió de soslayo
al caso: "Sin dar ningún nombre, porque en este caso, además, no hay ninguna
apertura de juicio oral, lo que digo es que es incompatible la regeneración
democrática con la corrupción. O se aparta de forma definitiva a todo el que
tenga hechos probados en relación a este asunto [la corrupción] o no se tendrá
credibilidad en la política. Dicho esto, hay un paso intermedio entre
convertirse en Torquemada y poner paños calientes porque ha habido gran cantidad
de personas acusadas e incluso imputadas por corrupción que luego han quedado en
nada. Algunos son ministros a día de hoy. Si hubiéramos actuado como Torquemadas
con cada caso que aparece, hoy no habría ningún concejal funcionando en ningún
Ayuntamiento, ningún diputado, ningún senador, ningún miembro de ningún
Gobierno".
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/14/actualidad/1457994554_284845.html
UNA EXEDIL: “EL PP VALENCIANO TIENE MUCHO DINERO NEGRO DE CORRUPCIONES”
La exconcejal María José Alcón explica en una de las grabaciones el supuesto
sistema de blanqueo
Los pinchazos telefónicos del caso Taula referidos al supuesto blanqueo de
capitales por parte del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia respaldan
la tesis de la fiscalía y la Guardia Civil. La exconcejal popular María José
Alcón explica en una de las grabaciones autorizadas por el juez a su hijo el
supuesto sistema de blanqueo. “En el partido me han dado 1.000 euros en dos
billetes de 500. Dinero negro”. “Ellos tienen mucho dinero negro”, “de empresas,
comisiones, corrupciones...” y “no pueden aflorarlo”, afirma Alcón, que menciona
a la exalcaldesa Rita Barberá.
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil, coordinados por el juez de Valencia Víctor Gómez, investigaban la
actividad de la supuesta trama del 3% vinculada al PP regional cuando, a través
de las escuchas telefónicas a la exconcejal María José Alcón, se encontraron con
el supuesto delito de blanqueo que estaban cometiendo presuntamente medio
centenar de miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Era abril
de 2015 y faltaban unas semanas para las elecciones locales y autonómicas.
Los pinchazos realizados a Alcón, exconcejal de Cultura y esposa de Alfonso Grau
—el exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgado por el caso Nóos— se unen
a otros indicios reunidos por la fiscalía y la UCO. Entre estos, las
declaraciones de cuatro exasesores del PP que han reconocido ante el juez que
les ofrecieron participar en lo que ellos interpretaron como una operación de
blanqueo. Ingresar 1.000 euros en la cuenta del partido y recibirlos al mismo
tiempo en metálico del Grupo Popular en el Ayuntamiento.
Los cuatro han declarado que no advirtieron de los hechos a Barberá porque
estaban convencidos de que estaba al tanto de los mismos o porque no les
inspiraba “confianza”.
El caso se basa también en las confesiones realizadas por dos de los imputados
—investigados según la nueva denominación oficial—: la propia Alcón y su hijo. Y
en un escrito “anónimo” recibido en fiscalía en abril de 2015 en el que se
detallaba el presunto delito.
Alcón relató la operación de blanqueo en una conversación grabada por la UCO el
15 de abril de 2015. La exconcejal habla con su hijo, al que le dice:
—Es que han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en dos
billetes de 500, dinero negro...
—Sí...
—Y yo les tenía que hacer una transferencia legal, de mi cuenta, o sea, ¿eh?
Para blanquear dinero, vamos, corrupción política total [...].
— Pero... cómo que para blanquear, no lo entiendo.
—¿No lo entiendes cariño? Pues ellos tienen mucho dinero negro.
—¿Quién?
—Pues de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones... Entonces
ese es un dinero que no pueden aflorarlo.
—¿Pero quién te ha dado a ti eso? ¿Rita [Barberá]?
—Mari Carmen García-Fuster [exsecretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento y
supuesta controladora de la caja b del partido a escala municipal].
—Ah.
—Rita, sí. Entonces, a mí me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500 que es
dinero negro obtenido...
—¿Para que te lo quedes?
—Para que me lo quede yo y entonces yo se lo doy a ellos con una transferencia
bancaria y se blanquea. Y si [alguien] dice: ‘¿Ese dinero de dónde viene?’ Ese
dinero lo ha aportado la concejal María José [Alcón] de su cuenta corriente.
“Lo único que funciona en España es la corrupción”
El hijo le pregunta “cuántos billetes de 500 tienen ellos”. “Yo qué sé cariño.
Como tú dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, es este país lo único
que funciona es la corrupción”, responde Alcón.
El teléfono de la exedil estaba intervenido por orden judicial porque la
exconcejal era una de las personas que aparecía hablando del cobro de mordidas
en las cintas acumuladas durante años por Marcos Benavent, el ex alto cargo de
la Diputación de Valencia que participó en la trama del 3% y ahora colabora con
la justicia.
Dos días después de hablar con su hijo, la exconcejal Alcón habla con su hermana
y le cuenta lo mismo de forma “espontánea”, según destaca el fiscal. “A Juanjo
le dije que me hiciera una transferencia de esos 1.000 euros que han blanqueado
en el partido de todo el dinero negro que tienen. Y me dieron dos billetes de
500 y yo tenía que hacer una transferencia legal desde el BBVA de 1.000 euros.
Que los blanquean así. [...] Es muy gordo todo”.
Otra prueba del supuesto blanqueo son las declaraciones de varios asesores del
Grupo Municipal del PP en la capital, que comparecieron ante la UCO y ante el
juzgado en calidad de testigos. Una de ellas hace su particular relato de los
hechos en un escrito que redactó en abril de 2015, barajó llevar ante notario y
conservó en un documento con dicha fecha en su ordenador hasta que se lo entregó
al juez.
En el texto explica que el 23 de marzo recibió en su despacho la visita de un
asesor de la alcaldía. Este le comunicó a ella y a otros compañeros de que
debían realizar una transferencia y, con el comprobante en la mano, debían ir al
despacho de la secretaría del grupo, que desempeñaba Mari Carmen García Fuster,
para que les fuera devuelto ese importe en efectivo, con la condición de que no
lo ingresaran en el banco, en ningún banco, relata la testigo.
La asesora fue citada al día siguiente por García Fuster a su despacho. “Me
pidió disculpas por no haber sido ella quien nos informara el día anterior. Le
comuniqué que yo no iba a participar en ese hecho (...). Me escudé en problemas
económicos aludiendo que no dispongo de ese dinero”, escribió la testigo. Según
la versión, García Fuster le insistió primero en que el dinero le sería devuelto
y luego le gritó. “Llegó a ofrecerme ella los 1.000 euros para que los ingresara
en mi cuenta y realizara la transferencia”, explicó.
Un caso sobre comisiones y financiación
El juez alzó este lunes el secreto del sumario sobre la pieza del supuesto
blanqueo de capitales del PP en el Ayuntamiento de Valencia: el caso Taula. Una
causa mucho mayor en la que se investiga el supuesto funcionamiento de una trama
que cobró comisiones, en general del 3%, a empresas que resultaron
adjudicatarias de la construcción de colegios, infraestructuras sanitarias y
otro tipo de contratos por parte de Ayuntamientos, la Diputación de Valencia y
la Generalitat.
Parte de este dinero iba a parar a las cajas b que el partido manejaba en los
distintos niveles de la Administración, según fuentes de la investigación. El
alzamiento ahora del secreto de sumario sobre esta pieza era, según esas
fuentes, un paso necesario para que los senadores puedan decidir si conceden en
su caso al Supremo el suplicatorio para imputar a Barberá por un delito de
blanqueo.
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/14/actualidad/1457985021_674563.html
EL JUEZ DEL 'CASO IMELSA' IMPUTA AL PP DE VALENCIA POR BLANQUEO DE CAPITALES
El magistrado ofrece a Rita Barberá declarar voluntariamente
El juez instructor del Caso Imelsa, germen de la Operación Taula, imputa al PP
por blanqueo. Además, cita de nuevo a cuatro investigados (Alfonso Novo, María
José Alcón, Mari Carmen García Fuster y su secretaria María José Pi Palau, por
su proximidad al dinero de origen supuestamente ilícito. Además, el Juez
Instrucción 18 de Valencia ofrece declarar a Rita Barberá antes de decidir si
eleva al Supremo la causa por blanqueo. También ofrece lo mismo al otro aforado,
al diputado autonómico Miquel Domínguez, aforado por el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana.
En cuanto a la pieza principal mantiene el secreto de sumario y lo prorroga un
mes más, hasta el próximo 14 de abril. Asimismo, el juez pide informe al fiscal
sobre la procedencia de declarar la complejidad de la causa y ampliar de 6 a 18
meses la investigación de la pieza separada.
El juez imputa al PP por blanqueo. En ese sentido cita, para interrogar de
nuevo, a cuatro investigados que en su día, estando la causa secreta, se
acogieron a su derecho a no declarar. Se trata del concejal Alfonso Novo, la
exedil María José Alcón, la exsecretaria del grupo municipal popular Mª Carmen
García-Fuster y de la secretaria de ésta, María José Pi Palau, quienes, según el
magistrado instructor, tenían, al menos indiciariamente, “mayor proximidad al
dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito”. Tendrán que
declarar de nuevo ante el juez el día 8 de abril.
En cuanto a los dos aforados el titular del Juzgado de Instrucción 18 de
Valencia ha acordado ofrecer a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barbera, y al
exconcejal Miquel Domínguez, la posibilidad de declarar voluntariamente en el
marco de la pieza separada del “Caso Imelsa” que se sigue por un delito de
blanqueo de capitales, antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo (TS),
órgano ante el que Barberá es aforada por su condición de senadora, y al
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), competente
para investigar y, en su caso, enjuiciar a Domínguez por ser diputado
autonómico. El artículo 118 bis del Código Penal permite a los aforados
renunciar a ese aforamiento y en virtud al derecho de defensa declarar ante el
juez instructor sin necesidad de que la causa se eleve al tribunal que los
afora.
El secreto, sin embargo, se ha prorrogado un mes más, hasta el 14 de abril, para
el resto de la causa atendiendo a un escrito de la Fiscalía para que elevara
sendas Exposiciones Razonadas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en
el caso de Barberá, y ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana.
Entiende el Ministerio Público que “existen indicios suficientes de la
participación” de los dos aforados en la comisión del delito de blanqueo de
capitales por el que están investigadas 48 personas (concejales, exconcejales,
asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia) y por el que el instructor
ha resuelto imputar también al Partido Popular al amparo de los artículos 302.2
del Código Penal y 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En un auto notificado hoy, el instructor explica que los escritos presentados
por el fiscal “contienen indicios racionales que fundamentan jurídicamente dicha
petición”. El juez, sin embargo, considera oportuno seguir la doctrina del
Tribunal Supremo y agotar la investigación para que, llegado el momento, tanto
el Supremo como el alto tribunal valenciano dispongan de la máxima información
que les pueda ser de utilidad para “valorar la implicación indiciaria de las dos
personas aforadas”.
Por este motivo, el titular de Instrucción 18 ha decidido también interrogar de
nuevo “Cabe la posibilidad de que quisieran, ahora, declarar, es decir,
suministrar información que podría ser valiosa o reveladora de hechos o
circunstancias ignotos en este momento, y que podrían servir para aproximarnos a
la verdad, que es el único interés y finalidad de toda instrucción judicial”,
arguye el juez, quien, para agotar la investigación, acuerda, igualmente,
ofrecer a los dos aforados, Barberá y Domínguez, la posibilidad de ser oídos
voluntariamente sobre unos hechos por los que podrían resultar imputados.
Se basa el magistrado en la doctrina del Tribunal Supremo (ATS 9884/2012), según
la cual “deben depurarse en el Juzgado de Instrucción de origen cuantas
diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos, al
efecto no solo de acreditar los mismos sino también el grado de participación
que en ellos hubiera podido tener la persona aforada, lo que pasará por
recibirle declaración si voluntariamente se presta a ello”.
En dicho auto el Supremo establece que “debe agotarse la instrucción de la
causa, a fin de permitirse una más fundada decisión no ya sobre la racionalidad
de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber
de participación en ella del aforado”.
El Alto Tribunal exige que “cuando se imputan actuaciones criminales a un grupo
de personas y alguna de ellas tiene el carácter de aforado, se individualice no
solo la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de
delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera
servir de apoyo a tal imputación (…). De ahí que para que proceda declarar su
competencia sea menester que existan suficientes indicios de responsabilidad
contra la persona aforada”.
De aceptar la fórmula de la declaración voluntaria, la senadora y el diputado
autonómico comparecerían ante juez y fiscal, asistidos por abogado, previa
designación de procurador y habiendo tenido conocimiento de las actuaciones. El
juez les otorga un plazo de veinte días para declarar si lo desean. No serán
interrogados. Y, alternativamente a esta comparecencia voluntaria, podrían
presentar un escrito alegando lo que consideren oportuno en relación a los
hechos investigados y a su posible participación en los mismos.
La declaración voluntaria de los aforados viene recogida en el artículo 118 bis
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No implica proceder alguno del órgano
judicial contra ellos. Se trata, según recoge el auto de Instrucción 18, de un
trámite que persigue garantizar su derecho de defensa “para que puedan dar a
conocer hechos y circunstancias de posible interés para la causa y manifestar lo
conducente a su defensa en relación con la investigación, que aparentemente les
implica, antes de decidir sobre la petición interesada por el fiscal”.
Además del auto en el que el juez acuerda practicar más diligencias antes de
pronunciarse sobre la petición del fiscal para que eleve la Exposición Razonada
al Supremo y al TSJ, el magistrado del “Caso Imelsa” ha dictado una providencia
en la que emplaza al Partido Popular para que designe a un representante
procesal que habrá de prestar declaración en calidad de investigado (término que
sustituye al de imputado) por un delito de blanqueo de capitales.
En esta resolución, el juez también solicita informe al representante del
Ministerio Público para que se pronuncie sobre la oportunidad de declarar
compleja la pieza separada del blanqueo y ampliar así de 6 a 18 meses el plazo
para investigar.
En el “Caso Imelsa”, cuya pieza principal seguirá estando secreta hasta el 14 de
abril tras la nueva prórroga acordada hoy por el instructor, hay 115
investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la
administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude,
falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción
infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos
integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y
cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
En la pieza separada, con 48 personas imputadas más el PP, imputado como persona
jurídica, se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de
supuesta procedencia ilícita.
La causa, que se saldó con la detención a finales de enero de 24 personas, entre
ellas el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso
Rus, consta de 15 tomos (4.500 folios). La documentación incautada en los
registros está clasificada en diez piezas documentales, integradas, cada una de
ellas, por varios tomos.
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/14/radio_valencia/1457957657_123120.html
EL PP
VALENCIANO SE LUCRÓ CON HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD
Los investigadores creen que la red usó el mismo "sistema" que al construir
colegios
Los investigadores creen que la trama vinculada al PP valenciano también se
lucró con la construcción de infraestructuras sanitarias y los grandes contratos
de hospitales. Los indicios apuntan a que la red aplicó en Sanidad, el
departamento de mayor presupuesto del Gobierno valenciano, el mismo presunto
“sistema” de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones y desvío de parte de
las mismas al partido detectado en otras Administraciones. El hombre clave en
esta fase de la investigación es Máximo Caturla, que después dirigió la
construcción de colegios.
La trama que supuestamente amañó contratos de la Generalitat, la Diputación de
Valencia y Ayuntamientos por importes que suman cientos de millones de euros,
también alcanzó al área sanitaria, según la tesis de los investigadores. Los
indicios apuntan al periodo de 2000 a 2003, cuando se sentaron las bases del
nuevo mapa de infraestructuras sanitarias en la comunidad y se adjudicó la mayor
de todas, el nuevo hospital La Fe de Valencia, el centro de referencia
autonómico que acabó costando más de 330 millones de euros.
El nombre clave en esta parte de la investigación es el de Máximo Caturla,
considerado principal “recaudador” de la trama y el que de forma más
“sistemática” habría derivado parte de estos ingresos a la caja b del partido.
Caturla —que hasta 2015 fue vicepresidente de la Diputación de Valencia— fue
detenido en enero y se acogió a su derecho a no declarar. La fiscalía pidió para
él prisión provisional, pero el juez lo rechazó y le impuso una fianza de dos
millones de euros.
Antes de convertirse, el 29 de agosto de 2003, en consejero delegado de
Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), desde
donde según los indicios reunidos por la Guardia Civil y la fiscalía cobró
comisiones por la construcción o reforma de 600 colegios e institutos y acumuló
sobrecostes de 1.000 millones de euros, Caturla ocupó un cargo crucial en el
departamento de salud.
Fue subsecretario para los Recursos de Sanidad. Un “órgano adjudicador” desde el
que firmó la construcción de centros de salud, así como numerosos contratos
hospitalarios. La compra y alquiler de equipos de hemodiálisis y radiológicos;
el mantenimiento de sistemas eléctricos, ascensores y elevadores; la creación de
la aplicación informática que centralizó los historiales médicos; el lavado de
ropa hospitalaria, el suministro de aparatos quirúrgicos, y otros.
Financiación irregular
Caturla formaba parte del equipo económico de Sanidad cuando en febrero de 2003
se adjudicó el nuevo hospital La Fe a una Unión Temporal de Empresas. Entre
ellas figuraba Lubasa, cuyo responsable se sentará en el banquillo de los
acusados en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP, en el marco
del caso Gürtel, que se celebrará en la Audiencia Nacional.
Fuentes cercanas al caso apuntan que la investigación en este periodo es
complicada por el tiempo transcurrido y la posibilidad de que parte de los
hechos hayan prescrito. Pero la etapa está siendo investigada.
La Consejería de Sanidad valenciana está rodeada de sospechas. Los cinco
consejeros que la dirigieron entre 2000 y 2012 están hoy imputados, procesados o
en la cárcel. Caturla fue subsecretario a las órdenes de Serafín Castellano,
detenido en mayo de 2015 en la operación contra la llamada trama del Fuego.
Castellano fue relevado por Vicente Rambla, que será juzgado por la presunta
financiación ilegal del PP. A continuación, fue nombrado consejero de Sanidad
Rafael Blasco, ahora en prisión por malversar fondos de la cooperación. Y los
dos siguientes titulares de la cartera, Manuel Cervera y Luis Rosado, serán
juzgados también en la Audiencia Nacional por amañar supuestamente contratos a
favor de la red Gürtel.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/01/valencia/1456855777_785407.html
RITA BARBERÁ: "NO DIMITO.
NI ME LO PLANTEO"
La exalcaldesa asegura sobre el blanqueo que "todo es absolutamente falso" y
pide "templanza y sosiego" a los dirigentes del PP que le reclaman que se marche
- A los valencianos: "Les pido que sigan confiando en mí"
La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, ha anunciado hoy que no
dimite, ni se lo plantea, porque no ha "contribuido a ningún blanqueo de dinero"
en el grupo popular municipal ni en el partido.
Barberá ha añadido que no ha ordenado, ni conocido ni ha sabido nada de ese
blanqueo, ni tampoco ha tenido nunca el menor conocimiento de una caja B, y
"todo lo que se ha dicho al respecto es falso".
Rita Barberá ha hecho estas afirmaciones en su primera rueda de prensa desde que
se produjeron las detenciones por el denominado caso Imelsa y desde que
concejales, exediles y asesores del grupo popular municipal declararon como
investigados por un presunto caso de blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia.
La senadora ha dicho "muy clarito y muy fuerte" que no dimite, porque no conoce
nada de lo que se le acusa ya que el sumario está declarado secreto, porque no
ha cometido "ningún delito o ningún ilícito" y porque hacerlo sería asumir una
responsabilidad sobre algo que no ha cometido.
Ha insistido en que nunca ha tenido conocimiento de una financiación ilegal en
su partido, "porque no la hay"; ha aseverado que no es corrupta, ni desde el
punto de vista económico ni moral, y ha hecho hincapié en que nunca ha tenido
ningún cargo orgánico en el partido y que las campañas electorales las organizan
los comités de campaña.
Al igual que en el comunicado que emitió el pasado 2 de febrero, Barberá ha
negado que en el Consistorio haya habido amaños o mordidas, por lo que ha
apelado a esperar a que se levante el secreto de sumario para que se vea que
"todo son acusaciones infundadas, maliciosas y profundamente falsas".
"Nunca me he quedado nada", ha asegurado Barberá, quien ha explicado que vive en
un piso de alquiler, no tiene coche ni segunda vivienda, su patrimonio se ha
publicado seis veces desde junio, vive de su sueldo y que está dispuesta a
gastar "hasta el último euro" de su patrimonio para restablecer su "honor".
"Me quieren hacer aparecer como la jefa de una trama criminal y corrupta porque
he dado voluntariamente mil euros para una campaña criminal sin que se me
devolviera nada", ha lamentado Barberá, quien ha reclamado "sosiego" y
"templanza" a los miembros de su partido que le han pedido explicaciones.
Gracias a su "buen amigo" Rajoy, Cospedal y Camps
Ha dado las gracias a varios miembros de su partido, entre ellos el presidente
nacional del PP "y buen amigo" Mariano Rajoy.
Igualmente, ha agradecido su actitud a la secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal; al ministro de Justicia, Rafael Catalá --"que no ha podido
ser más claro", ha recalcado-- y al expresidente de la Generalitat Valenciana
Francisco Camps, entre otros cargos del PP nacional.
"Por qué solo se habla de mí y no se pregunta a Pedro Sánchez si va a exigir
dimisiones"
La exalcaldesa se ha preguntado "por qué solo se habla de ella" mientras parece
"paralizado judicialmente" temas como los ERE de Andalucía. "¿Por qué no se
pregunta al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, si va a exigir
dimisiones?", ha manifestado.
La exprimera edil ha planteado por qué es tratada "con mayor crueldad" cuando
hay "casos multimillonarios de corrupción" en Cataluña o el secretario general
del PSOE gallego "luce cuatro imputaciones".
"¿Por qué no se le pregunta a Pedro Sánchez todos los días si va a haber más
dimisiones y a mis compañeros sí se les pregunta todos los días mí'", ha
reiterado Barberá, que ha sentenciado: "No encuentro respuesta".
Insinúa que no acudirá a las Corts
Respecto a su citación el próximo lunes en Les Corts para dar explicaciones, ha
precisado que no ha "decidido aún" si irá, aunque ha destacado que, como
senadora, solo tiene obligación de comparecer ante una comisión de investigación
-que no es el caso- y ha afirmado que no se va a someter a "tribunales
totalitarios".
Barberá ha sostenido que el aforamiento que tiene por ser senadora no significa
"inmunidad, ni impunidad ni blindaje", sino que en caso de tener que ser juzgada
lo sería en "el primer tribunal de España", el Tribunal Supremo, y ha explicado
que, en caso de ser citada, comparecerá ante el juez que le corresponde.
Ha lamentado que sobre ella ha caído una "avalancha" de peticiones de
explicaciones y ha confesado que ha vivido un "inenarrable dolor anímico, horror
y estupefacción" ante "tantas condenas mediáticas" que han caído sobre ella,
mientras que ha pedido que se legisle para evitar filtraciones de sumarios.
Barberá ha pedido que se cumplan los estatutos del partido, que marcan que se
abrirá expediente informativo si hay una imputación formal, que pasará a ser
disciplinario cuando se abra juicio oral, y ha manifestado que si no ha ido
hasta ahora al Senado es porque "no hay actividad parlamentaria", pero irá en
cuanto se retome.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/02/25/rita-barbera-reaparece-valencia-dar/1384062.html
RAJOY:
“HE HABLADO CON RITA BARBERÁ Y DICE QUE ES INOCENTE”
"He hablado con Rita Barberá y dice que es inocente”. Esta ha sido la
contestación que ha dado el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy,
al ser preguntado por la posible imputación de la exalcaldesa de Valencia y
senadora popular. Como viene haciendo en los útimos días, el líder del PP ha
justificado que el partido no haya tomado aún medidas contra Barberá, pese a que
algunos dirigentes ya piden abiertamente a la veterana política que se vaya para
no seguir perjudicando a sus siglas. Sabiendo que le iban a preguntar de nuevo
por el asunto, Rajoy ha llevado a su entrevista en Antena 3 un dossier en el que
decía tener 174 casos de personas del PP cuyos casos se habian archivado después
de haber sido acusados. "Pepe Blanco [exministro socialista] también estuvo
imputado en el Supremo, su caso se archivó y a mí no se me ocurrió pedir que lo
demonizaran".
"Vamos a esperar acontecimientos. Es muy difícil tomar decisiones sobre personas
cuando el sumario es secreto", ha insistido el líder del PP sobre qué hacer con
Barberá. Rajoy ha negado que el partido le haya dado "un trato de favor" al
enviarla a la Diputación Permamente del Senado porque ya era aforada, pero
fuentes de la Cámara alta aseguran que ese puesto garantiza su aforamiento
incluso en el caso de que se disuelvan las Cortes por convocatoria de nuevas
elecciones. "Si hubiera hecho algo, va a ser juzgada igual", ha zanjado el
presidente en funciones.
Preguntado por si es partidario de la petición de Ciudadanos de eliminar los
aforamientos, Rajoy ha dicho que "se podrían quitar", pero que ese no es el
principal problema de España, sino el paro. Los populares llevaban en su
programa electoral la reducción de los aforamientos, pero en el documento de
propuestas que entregaron a la formación de Rivera y a Pedro Sánchez simplemente
sugerían "adecuarlos".
El presidente en funciones ha admitido que la corrupción es lo que "más daño" ha
hecho al partido, aunque ha asegurado que alguno de los casos que ahora afectan
al PP "son del siglo pasado" y ha defendido las medidas tomadas en la pasada
legislatura para combatirla. Preguntado por la dimisión de Esperanza Aguirre,
Rajoy ha insistido en que su situación no es la misma: "Aguirre ha tenido muchos
consejeros imputados, alguno en la cárcel... A mí no me ha pasado eso en mi
Gobierno".
El líder del PP también ha negado que el ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, hubiese sugerido una conspiración para destapar solo los casos de
corrupción del partido. "Él habló del hecho objetivo de que se han filtrado
cinco o seis sumarios, pero yo respeto mucho a los jueces porque soy hijo de
juez y he vivido en palacios de justicia".
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/24/actualidad/1456300419_511448.html
EL ‘ANNUS HORRIBILIS’ DE RITA
BARBERÁ
El ‘caloret’ marcó el inicio de la decadencia política de la exalcaldesa de
Valencia
A finales de invierno de 2014 Rita Barberá era todavía el tótem del PP
valenciano, aunque en el universo de la alcaldesa de Valencia avanzaban las
fisuras. En las urnas ya había señales de agotamiento de la que había sido desde
1995, tras su primer mandato con Unión Valenciana, la imbatible máquina
electoral del partido en Valencia y la locomotora que tiraba de otros candidatos
como Eduardo Zaplana y Francisco Camps.
Su relación con Mariano Rajoy tampoco pasaba por el mejor momento. Era la
matriarca de un partido que supuraba casos de corrupción en todas las
Administraciones y había forcejeado con Rajoy para mantener a toda costa en el
Palau de la Generalitat a su ahijado Camps, asediado por el caso Gürtel. Como
consecuencia, a diferencia de lo que ocurrió con Zaplana y Camps, había dejado
de ser decisiva en la designación de Alberto Fabra como líder del partido. Pero,
aun así, era la figura más sólida del PP en la Comunidad Valenciana.
La Jefa, como se la conoce en el PP, retenía el mito que le atribuía su partido
de “alcaldesa de España”, forjado en su ascendencia sobre los presupuestos de
una Generalitat que le pagaba la fiesta del desarrollo urbanístico de Valencia y
los hitos que la siluetean, así como su habilidad para acaparar logros de la
Administración central como propios.
Pero el 23 de febrero de 2015 se tambaleó su leyenda. El acto de la Crida, que
anuncia el inicio de la fiesta de las Fallas, siempre había sido para Barberá un
escenario propicio, una prolongación del balcón peronista del Ayuntamiento. Sin
embargo, esa tarde en las Torres de Serranos, con un discurso inconexo,
suspicazmente eufórico y plagado de tropezones lingüísticos en castellano y en
valenciano, la alcaldesa naufragó en su propio jugo. Y donde más le dolía: ante
el mundo fallero, que había sido su principal sustento.
El episodio del caloret abrió la veda contra Barberá. Ese día empezó la cuenta
atrás de su fin. Las redes sociales achicharraron su cartel como una falla en la
noche de San José. Aunque pidió perdón al día siguiente, quedó sepultada ante
una avalancha de críticas en toda España, no solo políticas, sino cívicas y
universitarias. El caloret catalizó malhumores ciudadanos en Valencia, mientras
de debajo del glamur de los eventos la crisis afloraba la mugre de las calles de
los barrios, el abandono de los jardines y los socavones en el asfalto.
Para Barberá se había complicado todo. Las expectativas electorales no le
aseguraban la alcaldía y ni siquiera la Generalitat, asfixiada financieramente,
podía pagarle la traca final de su mandato. Ante esa expectativa, la mejor
salida era no repetir como candidata y cerrar un período de 24 años de
inauguraciones y esplendentes mayorías absolutas. Así podía mantener la vitola
de animal político invencible.
Sin embargo, Rajoy la requirió para que volviera a encabezar la candidatura al
Ayuntamiento de Valencia por séptima vez. Ante el desmoronamiento del partido,
en metástasis judicial por los escándalos de corrupción, su presencia en la
lista municipal podía amortiguar el hundimiento más que ningún otro candidato.
Barberá aceptó a regañadientes, relatan fuentes del PP. Solo estaba dispuesta a
repetir en el caso de que el Gobierno hubiese aprobado una ley de reforma
electoral que garantizase la alcaldía al partido que obtuviera el 40% de los
votos. Así podía edulcorar su caída y sumar otro mandato en su palmarés de
alcaldesa perdurable. Urgió con tanta insistencia al Gobierno para que impulsara
la reforma que en Génova, según estas mismas fuentes, tuvieron que pararle los
pies: “No te preocupes, Rita, que en Valencia no llegamos ni al 40% de los
votos”. Cuando constató que no podía evitarlo, a menos que dejara el partido,
recurrió al coraje: “Yo me podía haber ido por la puerta grande, pero no soy una
rata que sale huyendo”, alegó en un foro.
Pero sus problemas iban en aumento. En abril de 2015, un mes antes de las
elecciones, Compromís presentó la web llamada Ritaleaks, en la que se publicaron
cientos de documentos con gastos de difícil justificación del Ayuntamiento de
Valencia en años de crisis. Se trataba de viajes, comidas y diferentes actos de
representación, algunos de los cuales estaban atribuidos a la alcaldesa.
Barberá había conseguido hasta ese momento mantenerse en la periferia de la
mayoría de casos de corrupción, mientras su vicealcalde, Alfonso Grau, tuvo que
dimitir a principios de año a causa de su imputación en el caso Nóos por
decisiones que difícilmente se podían tomar sin el consentimiento de la
alcaldesa.
El caso Imelsa estalló en vísperas electorales con la filtración de las
conversaciones grabadas por el exgerente de esta empresa pública, Marcos
Benavent. Salpicada por el caso, la exconcejal de Cultura y todavía asesora de
Barberá, María José Alcón, tuvo que renunciar a ir en la lista. Las
conversaciones de Alcón, esposa de Grau, revelaban favores políticos a un
sobrino de la alcaldesa, Quique Sospedra Barberá, vinculado a empresas con las
que el Ayuntamiento de Valencia contrató servicios de azafatas en eventos
municipales.
El 24 de mayo Barberá perdió en las urnas la mitad de los votos que tenía y
obtuvo 10 concejales, uno más que Compromís. Era su acta de defunción como
alcaldesa. Su mito se había derrumbado. Mandó a sus representantes legales a
recoger el acta de concejal, pero renunció a ella un día antes de la
constitución de la nueva Corporación. “Hemos hecho importante a Valencia. La
hemos puesto en el mapa”, proclamó en su despedida. Dos meses después, pese a
que había dicho que “ni se le pasaba por la cabeza” la idea de optar a una plaza
en el Senado, dimitió de diputada en las Cortes Valencianas y se convirtió en
senadora territorial.
Alejada del foco mediático, su relativo paréntesis de tranquilidad duraría poco.
A finales de enero de 2016 el juez instructor de Imelsa imputó a nueve de los 10
concejales de la lista de Barberá y a personas de su círculo de confianza en el
marco de la Operación Taula, que investiga la presunta trama de financiación
ilegal y blanqueo. Fuentes del caso apuntan que ella no fue detenida ni imputada
por su condición aforada ante el Tribunal Supremo por el cargo de senadora, del
que no puede ser destituida a menos que se disuelvan las Cortes Valencianas.
Pero el juez ya ha dado el paso preceptivo para su imputación a través del
Supremo.
Ahora, la alcaldesa que quiso convertir Valencia en un caladero de yates de lujo
y una pista de bólidos como Mónaco, la que quiso empequeñecer al Marqués de
Campo, (el alcalde que llevó el agua potable a Valencia y adoquinó sus calles),
se esconde en su casa sitiada por las consecuencias del sistema que le sirvió de
pedestal. Incluso Grau, el hombre que tuvo toda su confianza, empieza a
señalarla, mientras ella recela de lo que pueda hacer la organización sobre la
que ha reinado y manda whatsapps con advertencias: “Cuidado con lo que decís”.
Barberá se ha convertido en un lastre demasiado pesado para el PP. El portavoz
Pablo Casado acaba de pedirle que reflexione si "aporta algo" al partido al que
pertenece porque, en caso contrario "hay vida fuera de la política". Su lápida
política está esculpida, solo le falta el pulido judicial.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/23/actualidad/1456224973_792788.html
LA UCO INVESTIGA SI EL PP VALENCIANO BLANQUEÓ SU CAJA B CON LINGOTES DE ORO
Los investigadores conectan la red del 3% con una trama del metal precioso caída
en 2014
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si la trama del
3% vinculada al PP valenciano blanqueó el dinero negro presuntamente obtenido de
mordidas en centenares de contratos públicos utilizando para ello lingotes de
oro. Los indicios de que disponen los investigadores muestran una conexión entre
la red valenciana y la trama del oro desmantelada en febrero de 2014 con más de
un centenar de detenciones, la mayoría en la Comunidad Valenciana.
La empresa de uno de los principales detenidos en aquella operación lanzada hace
ahora dos años por la policía y la Agencia Tributaria, Oro Direct, del ciudadano
de origen búlgaro Miroslav Schopoff, pasó de facturar 11 millones de euros en
2008 a hacerlo por importe de 1.000 millones en 2012. Los indicios que los
investigadores tienen ante sí apuntan a que en esa etapa Schopoff, actualmente
imputado en la Audiencia Nacional junto a otras 140 personas por supuesto
blanqueo de capitales a gran escala, mantuvo una relación muy estrecha con uno
de los presuntos cabecillas de la red del PP valenciano, el expresidente de la
Diputación de Valencia Alfonso Rus. La relación habría llegado hasta el punto de
que Schopoff acudió a la celebración del segundo matrimonio de la hija de Rus,
según las pistas obtenidas por los investigadores.
El exdirigente popular, que no comparece en público desde enero, cuando pasó 72
horas detenido, ha negado haber cometido irregularidades y ha afirmado que su
imputación responde a un “montaje”. Este periódico intentó este miércoles sin
éxito recabar la versión de Schopoff. El empresario negó en su día haber
participado en una trama del oro.
PERMISO PARA TRABAJAR EN ALABAMA
En la sede de una empresa del centro de Valencia de compraventa de oro que sigue
a nombre de Miroslav Schopoff en el Registro Mercantil, los encargados, con
acento del Este, afirmaron estemartes que el empresario de origen búlgaro ya no
es el dueño y que podía hallarse en Estados Unidos. La Audiencia Nacional señaló
que el juzgado de Valencia que instruyó inicialmente el caso contra la trama del
oro impuso a Schopoff la prohibición de salir de España. Pero en julio pasado la
Audiencia Provincial admitió su recurso para poder viajar a Alabama (EE UU) y
países europeos por motivos de trabajo.
Desde que perfilaron la envergadura de la red Taula, la UCO y la fiscalía tratan
de identificar las vías de blanqueo presuntamente utilizadas para lavar los
fondos obtenidos de comisiones cobradas por adjudicaciones de Ayuntamientos,
Diputación de Valencia y Administración autonómica. Los indicios apuntan a la
existencia de conexiones internacionales, según fuentes cercanas al caso que
instruye el Juzgado número 18 de Valencia.
La trama del oro desmantelada en 2014, con 80 detenidos en la Comunidad
Valenciana, muestra similitudes con este esquema. Schopoff montó su negocio en
2006, dedicado a la venta de lingotes en España como forma de inversión. El
negocio se disparó coincidiendo con la llegada de la crisis al ampliarse a la
compra de joyas de particulares, que se desprendían de ellas o las empeñaban.
Solo en Valencia, pasó de haber 44 comercios de este tipo en 2010 a 230 en 2012.
Las alhajas eran enviadas por avión a Suiza y fundidas en lingotes. Parte de
estos eran distribuidos después en España y otros se exportaban desde Suiza a
otros países. El grupo Oro Direct de Schopoff, que según fuentes del caso se
movía con guardaespaldas y automóviles blindados, se convirtió en la tercera
empresa por ventas en la Comunidad Valenciana por detrás de los supermercados
Mercadona y Consum. Un éxito que se vino abajo del todo con la intervención
policial.
La policía y Hacienda apuntaron al desmantelar la red que esta pudo aprovechar
el auge del oro para emitir facturas falsas de compras por importe de cientos de
millones de euros, cuando las adquisiciones eran mucho menores. La diferencia
entre la facturación real y la inflada era la cantidad económica en negro que
quedaba blanqueada. Un mecanismo que, dijeron, pudo ser utilizado para lavar
dinero del sector inmobiliario y del crimen organizado.
Los investigadores de Taula indagan ahora si este canal fue utilizado también
por la red del PP valenciano. Y si parte de las comisiones que presuntamente
fueron a parar a la caja b del partido y a los cabecillas de la organización
acabaron convertidas en lingotes que se fundían en Suiza.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/24/valencia/1456343457_632356.html
VARAPALO JUDICIAL A CAMPS: UNA JUEZA RECHAZA SU PETICIÓN DE QUE NO SE PUBLIQUEN
NOTICIAS QUE LE VINCULEN CON LA CORRUPCIÓN
El expresidente solicitó esta medida tras informar la cadena Ser de que, según
la investigación, Camps era el "recaudador" de la caja B del PP de Valencia
La jueza concluye que "no concurre ninguna razón ni motivo" para aceptar estas
medidas cautelares
El Juzgado de Instrucción 13 de Valencia ha desestimado las medidas cautelares
solicitadas por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps
(PP), en las que pedía que se prohibiera la publicación de informaciones que le
vinculen con el caso Imelsa por el "desvalimiento" que sufre su imagen pública.
Camps interpuso una denuncia en la madrugada del lunes por un delito de
revelación de secretos que, según él, habrían cometido la Guardia Civil, la
Fiscalía o el Juzgado Instructor, y pedía que se prohibiera la emisión de la
información en la Cadena SER u otros medios. La emisora informó este lunes que
el expresidente era el "recaudador" que nutría a las cinco cajas B que tenía el
PP en la Comunidad Valenciana.
Una prohibición que Camps solicitió que se extendiera a "cualquier tipo de
conversación, comentario o referencia que implique o mencione al denunciante de
cualquier manera, aun de forma indirecta o mero comentario o conjetura" y que
afectaría también a otros medios de comunicación que pudieran tener acceso a
datos protegidos por el secreto de sumario que rige sobre el caso Imelsa o sobre
aquellas diligencias relacionadas con el mismo que pudieran abrirse en otros
tribunales.
La magistrada considera que la información que ha facilitado el Juzgado
instructor, a través del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana sobre esta causa, en la que se investigan
adjudicaciones fraudulentas en varias administraciones públicas a cambio de
comisiones ilegales, está amparada por el Protocolo de Comunicación del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ).
"Los gabinetes de comunicación son la piedra angular en el empeño del CGPJ por
transformar la imagen y la reputación corporativa de la justicia española",
señala el auto, que añade que "cuanta mejor información se facilite y más
contacto haya con los profesionales de los medios, menos probabilidad de que se
produzcan noticias confusas que crean estados de opinión que no respondan a la
verdad de las cosas".
De conformidad con el criterio de la fiscal, el Juzgado de Instrucción 13 ha
denegado la adopción de la medida cautelar limitativa de la libertad de
información solicitada por Camps por entender que "cualquier norma limitativa de
derechos sólo puede ser interpretada restrictivamente".
En este caso, añade la magistrada, "no concurre ninguna razón ni motivo
acreditado alguno que determine ni justifique la adopción de medida cautelar
alguna".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/23/la_justicia_rechaza_peticion_camps_que_publiquen_informaciones_que_vinculen_con_imelsa_45427_1012.html
EL JUEZ YA PONE A BARBERÁ EN EL PUNTO DE MIRA POR EL BLANQUEO EN EL PP
El magistrado remite el escrito al Senado para que acredite su aforamiento y
poder iniciar una investigación.
El juez de Instrucción 18 de Valencia, encargado de la investigación por la
'operación Taula' y la pieza separada referente al presunto blanqueo de
capitales en el grupo municipal del PP en Valencia, se ha dirigido al Senado
para que acredite la condición de senadora de Rita Barberá. Con este paso, el
magistrado pone en el punto de mira de la investigación a la exalcaldesa y abre
la puerta a una próxima y posible imputación.
El escrito remitido al Senado es el paso previo para remitir la causa al
Tribunal Supremo una exposición razonada de los hechos que podrían imputarse a
Barberá. El magistrado abrió una pieza separada sobre la investigación por
presunto blanqueo en el seno de la agrupación local del PP de Valencia en la que
hay medio centenar de imputados (ahora llamados investigados). Las declaraciones
de todos ellos finalizarán mañana, pero por el juzgado ya han pasado los
concejales, exconcejales y asesores del partido. El juez ha remitido el escrito
al Senado a un día de finalizar los interrogatorios.
El escrito ha sido dirigido al presidente del Senado, Pío García-Escudero, y
deberá ser estudiado en la Mesa que se reúne este mediodía. La acreditación del
aforamiento de Barberá supone que la causa por blanqueo sería remitida al
Tribunal Supremo, el órgano que deberá investigar a la senadora.
En su petición, a la que ha tenido acceso la agencia Efe, el magistrado solicita
a la Mesa del Senado que "a los efectos de determinar la competencia del órgano
judicial sobre hechos referidos a la causa penal referenciada que se sigue en
este juzgado" remita "certificación sobre la condición actual de senadora en la
presente legislatura" de Rita Barberá.
La exalcaldesa de Valencia permanece en reclusión (con algunas excepciones como
su visita a la peluquería la semana pasada) desde que estallara un caso en el
que están investigados la práctica totalidad del grupo municipal del PP actual
en el Ayuntamiento (salvo un edil independiente), así como asesores, exasesores
y exconcejales de su etapa. Todo el entorno de Barberá en el consistorio ha sido
implicado en la operación de supuesto blanqueo de capitales a través de
donaciones al partido. Varios exasesores que dejaron de trabajar para el PP
admitieron que se les propuso realizar esa operación.
En Taula fueron detenidas además personal de su más estrecha confianza como la
secretaria del grupo, Carmen García Fuster, en libertad y con una fianza
pecuniaria de 150.000 euros.
Todo su círculo ha estado investigado, así que todas las miradas estaban puestas
en Barberá, a quien el juez no ha podido dirigirse hasta ahora por su condición
de aforada.
El escrito, que implica ya que la justicia ha puesto el foco en la senadora,
llega un día después de que el jefe de Génova, Mariano Rajoy, saliera en su
defensa: “Deberíamos saber por lo menos de qué se le acusa a Rita Barberá”.
También la respaldó el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco
Camps. “No se ha llevado ni un paquete de rosquilletas”, dijo. Camps habló de
ella como una “mujer extraordinaria, de primer nivel, de quien se sienten
orgullosos los valencianos”.
Son prácticamente las únicas dos manifestaciones de respaldo a la exalcaldesa en
unas semanas en las que tanto desde el entorno de Génova como desde el PP
valenciano se le ha instado a dar explicaciones, aunque también se le ha
protegido su aforamiento al situarla en la Diputación permanente del Senado.
La extodopoderosa alcaldesa tan solo emitió un comunicado en el que negaba
cualquier implicación y remitió varios mensajes al móvil de la presidenta de los
populares valencianos. “Cuidado con lo que decís”, les dijo.
http://www.elespanol.com/espana/20160223/104489611_0.html
EL PP VALENCIANO ACTUÓ COMO UN GRUPO CRIMINAL, SEGÚN LA INVESTIGACIÓN
Los indicios señalan al conjunto de la formación regional. Declaraciones de
Taula apuntan a la participación de Camps y al conocimiento de la sede nacional
de Génova
El PP de la Comunidad Valenciana actuó en su conjunto como una organización
criminal. Esta es la tesis de los investigadores del caso Taula, que empezó como
unas pesquisas en torno al supuesto amaño de adjudicaciones en la Diputación de
Valencia y se extienden ahora al conjunto de la formación regional, incluyendo
la presunta financiación irregular del partido en los tres niveles del partido,
local, provincial y autonómico, y en las tres provincias de la comunidad
autónoma. Esta financiación irregular se habría nutrido de las mordidas
ingresadas por la organización de centenares de mordidas por contratos públicos.
Ya hay cuatro campañas, las de 2007, 2008, 2014 y 2015 de las que existen
pruebas concretas de aportaciones irregulares. En el procedimiento de Taula hay
indicios, como declaraciones de testigos y conversaciones grabadas, de la
participación del expresidente regional del PP y de la Generalitat valenciana
Francisco Camps en los hechos. Y de que la sede nacional de la formación, en la
madrileña calle de Génova, estuvo al menos al tanto de los hechos y pudo
beneficiarse de los mismos.
Las fuentes han considerado "precipitado" describir a Camps como "recaudador"
del PP valenciano, y tampoco confirman la existencia de cinco cajas b en la
formación de la Comunidad Valenciana, como ha publicado este lunes la Cadena
SER, aunque no descartan que así sea. Si hubiera constancia de ello, han añadido
las fuentes, Camps habría sido detenido o llamado a declarar por la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que dirige la investigación junto a
la Fiscalía Anticorrupción en Valencia bajo la coordinación del juzgado de
Instrucción número 18 de Valencia.
Camps ha negado su implicación en la supuesta trama y ha calificado de "falsas
en su totalidad" las informaciones que así lo indican.
Los investigadores mantienen que el cobro de comisiones, las más habituales del
3%, a cambio de contratos públicos no fue un hecho aislado, sino que formó parte
de un "sistema" estructurado y jerarquizado. En la mayoría de las ocasiones una
parte de las mordidas servían para alimentar la caja b del partido, con la que
se pagaban actos de la formación. Y los amaños habrían afectado a contratos de
muy distintos ámbitos de las Administraciones valencianas.
El PP gobernó el Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015. La Generalitat y la
Diputación de Valencia, entre 1995 y 2015. Y las principales instituciones de la
Comunidad Valenciana durante esas mismas dos décadas.
La investigación de Taula, en la que hay 80 imputados, ha encontrado conexiones
con otras tramas vinculadas al PP valenciano que funcionaron durante el mismo
periodo. Más de 15 causas judiciales investigan hasta ahora por separado esa
presunta actividad corrupta.
La Fiscalía y la acusación que ejercen los socialistas en el caso Fórmula 1, en
el que está imputado Camps, quieren incorporar a este procedimiento a los
cabecillas del caso Gürtel, en otro ejemplo de la presunta conexión entre
tramas, cuyo nexo común es el Partido Popular valenciano.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/22/valencia/1456136648_171455.html
FRANCISCO CAMPS ERA "EL RECAUDADOR" DE LA TRAMA DEL PP EN VALENCIA
La Operación Taula, por la que el juzgado número 18 de Valencia investiga al PP
de este territorio y que en la actualidad cuenta con 63 imputados entre
políticos de este partido, asesores y empresarios por blanqueo, cohecho y
malversación entre otros delitos, no se limita a la capital del Turia o a la
gestión del expresidente provincial, Alfonso Rus, al frente de la Diputación.
Fuentes de la investigación consultadas por la Cadena SER sostienen que hasta
ahora solo han trascendido los cargos intermedios del entramado corrupto y
establecen un nivel superior. En el mismo, sitúan al expresidente de la
Generalitat y del PP en la región, Francisco Camps.
Las mismas fuentes aseveran que declaraciones de testigos que permanecen bajo
secreto de sumario y las grabaciones del arrepentido Marcos Benavent, avalan sus
sospechas en este sentido. Aseveran que Francisco Camps operaba como
"recaudador" de dinero negro en el PP valenciano, obtenido mediante el pago de
mordidas por parte de empresarios que resultaban adjudicatarios de los concursos
públicos amañados en distintas consejerías de la Generalitat valenciana, en el
periodo 2003-2011.
Los investigadores también sospechan de lo actuado que Francisco Camps era el
nexo con Génova 13 y nutría con parte de los fondos en negro obtenidos en
Valencia a la caja b nacional del Partido Popular. Las mismas fuentes añaden que
están perfilando las investigaciones y acumulando pruebas para imputar al
expresidente valenciano.
Camps niega "de forma categórica" la información
La Cadena SER se ha puesto en contacto con el expresidente Francisco Camps,
quien "desmiente" de forma "categórica" la información, que califica de
"absurda". Camps ha negado de forma "rotunda" las sospechas de los
investigadores. Sostiene que "nunca" ha "recaudado" ni "organizado nada ilegal"
y amenaza con querellarse por "falsa imputación de un delito".
"El PP en Valencia era una organización criminal con cinco cajas b"
Las fuentes de la investigación consultadas por la SER concluyen que el PP era
"una organización criminal" con tres cajas b "transversales" en Valencia, y "al
menos" dos más en las provincias de Alicante y Castellón.
Las grabaciones a los integrantes de la trama corroboran la "transversalidad" de
las tres cajas de Valencia. Altos cargos bajo investigación aparecen en las
grabaciones de Marcos Benavent reclamando dinero negro de la caja regional para
la provincial y viceversa, con el objetivo de lograr más efectivo para financiar
actividades del Partido Popular.
En el caso de la caja b de Alicante, los investigadores aún no han podido
determinar la identidad de quien la gestionaba. En Castellón correspondía a
Carlos Fabra, según las mismas fuentes. Fabra, cuyas primeras informaciones
sobre supuesta corrupción ofreció la SER, cumple hoy condena en la cárcel de
Aranjuez por fraude fiscal, donde permanece preso desde hace casi 15 meses.
http://cadenaser.com/ser/2016/02/21/tribunales/1456082796_285168.html
RITA BARBERÁ ADVIERTE A BONIG EN UN MENSAJE: “CUIDADO CON LO QUE DECÍS”
La senadora valenciana del PP recrimina a la presidenta regional su deslealtad
vía SMS
Las relaciones entre la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, y la
exalcaldesa y senadora Rita Barberá empeoran por momentos. El caso Taula, que
investiga una presunta red de amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales
y un posible blanqueo de dinero, ha estallado sobre Barberá. Por ello, los
populares valencianos le han pedido públicamente que dé explicaciones porque
casi todo su equipo municipal está imputado. A Barberá no le ha gustado el
gesto. "¿De qué quieres que dé explicaciones?", le escribió Barberá a Bonig en
un mensaje de texto.
El 2 de febrero, según fuentes del partido han confirmado a EL PAÍS, Barberá
remitió un SMS a Bonig para expresarle su malestar. La presidenta regional de
los populares había comparecido ese mismo día para dar explicaciones sobre las
imputaciones del equipo municipal de Barberá y para anunciar que reclamaría el
acta de los ediles cuando se levantase el secreto de sumario si seguían
imputados.
La respuesta de Barberá a las presiones de su partido, que llegaban tanto desde
Madrid como desde Valencia, fue emitir la misma noche del 2 de febrero un
comunicado público en el que reconocía que había atendido las peticiones de
donaciones económicas del partido —como la mayoría de ediles y asesores—, "pero
siempre desde la legalidad". Eso fue en público porque en privado, además del
comunicado, le envió un mensaje a Bonig.
Ese mensaje tenía una segunda parte, donde la senadora advirtió: "Cuidado con lo
que decís". "Recordad por qué estáis ahí, porque yo di la cara por vosotros",
continuaba el SMS de Barberá a Bonig el pasado 2 de febrero. "Esto me da fuerza,
me habéis activado. No me merezco esto".
Bonig, según las mismas fuentes, no respondió a las misivas de Barberá. Optó por
el silencio. La exalcaldesa se quejaba con este mensaje de la falta de lealtad
de sus compañeros de partido, a los que había apoyado en su ascenso a la
dirección.
La presidenta regional del PP citó el pasado lunes, 15 de febrero, a todos los
concejales del PP de Valencia investigados para pactar la entrega del acta. Fue
una reunión tensa, en la que al final los ediles se comprometieron con Bonig a
entregar el acta si siguen formalmente imputados cuando se levante el secreto de
sumario. Barberá no estuvo presente en la reunión.
Fuentes del PP señalan que la senadora popular envió esos mensajes en un momento
en que las relaciones eran muy tensas en el partido. Desde que estalló el
escándalo, Bonig ha sido una de las primeras interesadas en que Barberá dé un
paso atrás y deje de estar en la primera línea de la política.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/19/valencia/1455885537_005432.html
EL JUEZ ABRE PIEZA SEPARADA POR BLANQUEO EN EL PP DE VALENCIA CON 49
INVESTIGADOS
El juez que instruye la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, ha decidido
abrir una pieza separada para investigar el delito de blanqueo en el grupo
municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en la que hay 49 investigados
(figura que sustituye al término de imputados en la antigua Lecrim). Entre
ellos, se encuentran nueve de los diez ediles conservadores en el consistorio,
exconcejales, asesores o personas que han ocupado esa responsabilidad en otras
fechas. El único concejal del PP no imputado es el independiente Eusebio Monzó.
Asimismo, el juez de instrucción 18 ha intervenido inmuebles y vehículos y ha
ordenado el bloqueo de productos bancarios de investigados para su comiso en
caso de condena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana en su cuenta de Twitter.
El instructor también ha decidido prorrogar el secreto del sumario que pesa
sobre la causa hasta el próximo 14 de marzo. Esta prórroga se extiende a la
pieza separada abierta para investigar el blanqueo. Este martes el juez había
citado para declarar a tres asesores del grupo municipal popular, de los que uno
se ha acogido a su derecho a no declarar. Los tres mantienen la condición de
investigados por blanqueo.
La pasada semana se supo que el juez había citado a declarar a otras 19 personas
como investigadas en el marco de las diligencias que se siguen por un presunto
delito de blanqueo de capitales. Las próximas comparecencias tendrán lugar este
miércoles (cuatro asesores, la edil María Jesús Puchalt y los exconcejales
Vicente Aleixandre y Francisco Lledó), el jueves (los exediles Juan Vicente
jurado y Mayrén Beneyto), viernes (Emilio del Toro y Ramón Isidro Sanchís) y los
días 22 y 23.
El caso Imelsa se centra en este empresa, la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de la capital, Ciegsa y la Fundación Jaume II El Just, por
presuntamente realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones
ilegales. Suma ya 80 imputados por presunto amaño de contratos –desde 2003– en
distintas administraciones públicas de la Comunitat. La parte relativa al
presunto blanqueo afecta a 49 investigados.
En el curso de las diligencias han sido detenidas 24 personas, entre las que se
encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; los
exvicepresidentes de la corporación Máximo Caturla y Juan José Medina; el ex
secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Corts, David Serra; la ex
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex
gerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos; el exacalde de
Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el
Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe
de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia.
Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos
arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de
confianza del grupo popular).
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/16/el_juez_abre_pieza_separada_para_investigar_blanqueo_municipal_con_imputados_45061_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias
RITA BARBERÁ, LA REINA DE LOS
MERCADOS
La exalcaldesa de Valencia, rodeada de casos de corrupción, ha logrado blindarse
como aforada
La exalcaldesa de Valencia ha gozado como nadie de una popularidad sin límites.
Su discurso populista, vacío de contenido, la mantuvo en el poder 24 años. Era
la alegre vecina, la Rita cercana, la reina de los mercados. Era la que reía a
carcajadas, junto a Fernando Alonso, a bordo del Ferrari descapotable conducido
por el expresidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps. Era la matrona, un
alter ego de la Virgen de los Desamparados (la patrona de Valencia), señala su
biógrafo, no autorizado, el economista Josep Sorribes.
Pero el encanto, si es que alguna vez existió, se ha roto. Y la discípula de
Fraga, asiste, con 67 años, incrédula, al final de una carrera política, que se
niega a abandonar, parapetada, con la ayuda de su partido —tiene el carné número
tres del PP— en el Senado. Casi todo su equipo actual, al que abandonó para
instalarse en la Cámara alta, y parte del anterior (en total 18 personas) ha
sido imputado en Operación Taula. Una trama dedicada, presuntamente, al cobro de
comisiones, financiación y blanqueo del Partido Popular. Rita, según fuentes de
la investigación, no ha sido llamada a declarar como imputada porque es aforada,
y debe ser el Tribunal Supremo quien actúe contra ella.
La eterna aspirante a presidir la Generalitat valenciana, la que fuera musa del
humor durante su juventud, la que consiguió desbancar a los socialistas tras un
pacto con los regionalistas de Unión Valenciana —sin obtener la mayoría
necesaria y con el caso Naseiro todavía fresco—, no quiere dar crédito a lo que
está pasando.
Barberá tampoco aceptó perder la vara de alcaldesa, y menos todavía que esta
fuera a parar a Joan Ribó, de Compromís, al que despreció ausentándose de su
toma de posesión. Ribó decidió guardar la vara en un armario, porque dijo que
simbolizaba una manera autoritaria de gobernar que no compartía, y abrió las
puertas del Consistorio de par en par, para alegría de ciudadanos y turistas.
La discípula de Fraga, asiste, con 67 años, incrédula, al final de una carrera
política, que se niega a abandonar
Compromís es la segunda fuerza política en la ciudad de Valencia. En las
elecciones del pasado mayo obtuvo 9 concejales frente a los 10 del PP y ganó en
numerosos barrios conservadores, algo que Barberá sigue sin superar. Los
resultados de las elecciones generales de diciembre confirmaron el descenso del
PP en la ciudad y la victoria de la coalición formada por Compromís y Podemos.
Y dieron la puntilla definitiva al quehacer de Rita Barberá en Valencia, que
pidió a su amigo y presidente del partido, Mariano Rajoy, que la ubicara en el
Senado junto a su otrora enemigo, el expresidente Alberto Fabra, que ya le ha
advertido de que tiene los días contados. Justo hasta que se produzca el
suplicatorio del Tribunal Supremo.
Rita Barberá es la economista, la periodista, la amante de la ópera, y de los
bolsos de Louis Vuitton, modelos de la firma de lujo que Álvaro Pérez, el
Bigotes, responsable en Valencia de la trama Gürtel, dijo haberle regalado. Ella
nunca lo desmintió. En esa etapa, su pupilo Camps estaba a punto de ser juzgado
por el caso de los trajes, que se saldó con una sentencia absolutoria. Aunque
dos altos cargos de su Gobierno, uno de ellos el vicepresidente Víctor Campos,
se declararon culpables y fueron condenados. Son muchos los que aseguran que, a
partir de esa fecha, la populista Barberá se convirtió en una persona soberbia y
poco accesible que no soportaba las críticas. Sin embargo, tambien son muchos
los colaboradores de la política que señalan que sigue siendo la misma de
siempre. La Rita que veranea en Xàbia, la cariñosa, la espontánea, la Rita que
juega al dominó.
Lo cierto es que Barberá convirtió el Ayuntamiento de Valencia en su casa. Metió
su coche en el garaje, donde ha permanecido sin salir 23 años, y se rodeó de
familiares y fieles vasallos, que ante los numerosos casos de corrupción que
acechan a la que fuera primera autoridad municipal echan balones fuera y
aseguran que “la jefa” estaba al tanto de todo lo que ocurría en el interior del
Consistorio.
Barberá convirtió el Ayuntamiento de Valencia en su casa, y se rodeó de
familiares y fieles vasallos
Este es el caso del que era su mano derecha, el vicealcalde Alfonso Grau,
imputado en el caso Nóos, y de su su esposa, amiga de la exalcaldesa, la exedil
María José Alcón, una de las primeras detenidas de la Operación Taula. El
matrimonio lo ha dejado claro: Barberá, que siempre presumía de equipo, les ha
dejado en la estacada; era ella la responsable de tomar las decisiones. Barberá
insiste en que no. Y se niega a dar más explicaciones, a pesar de que todos en
su partido así se lo han pedido.
Pero esta vez Rita no tiene un as en la manga. Ya no es la enérgica mujerona
vestida de rojo que en 1995, cuando logró su primera mayoría absoluta, decía con
desparpajo y sin inmutarse que Valencia tenía alma y casi todos la creyeron. “Un
alma fuerte, impregnada del significado de su propio nombre: valentía, valor,
vigor, fortaleza, buen augurio; un alma que invita a la tolerancia forjada en la
confluencia y la convivencia de los pueblos, religiones y culturas, un alma
humanista que propició el renacimiento del hombre: un alma libre que nace
asomada a la mar y se proyecta sobre esa nuestra mar, eternamente abierta a la
comunicación y el intercambio”.
La dicharachera Barberá, que disfrutaba agasajando a sus invitados en Fallas, no
soportó las caceroladas bajo el balcón que le exigían que acabara con la
corrupción y le pedían transparencia. Apoyó hasta el final al exconsejero Rafael
Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por malversación de fondos
públicos. Y al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, imputado
en la Operación Taula y en libertad bajo fianza de dos millones de euros.
Su partido todavía la protege. Sin embargo, los ciudadanos de esa “Valencia con
alma”, los mismos que la apoyaron con sus votos durante años, ya la han
sentenciado. La Rita cazadora de eventos, la iluminada, la hiperbólica, la
popular, la mediática, la profunda. Ahora están todas bajo la lupa de la
justicia y de los ciudadanos.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/12/actualidad/1455301186_432787.html
CELIA VILLALOBOS. "YO CREO EN LA INOCENCIA DE RITA BARBERÁ. PUNTO"
¿Rita Barberá debería dejar su escaño del Senado?
Mientras no se demuestre lo contrario, Rita Barberá es inocente. Si no, estaría
investigada. Sería muy injusto.
¿Usted entonces es partidaria de que continúe?
Creo que es una decisión que debería tomar ella. No está investigada.
¿Pondría la mano en el fuego por ella?
Yo no pondría la mano en el fuego ni por mí misma. Pero yo creo en la inocencia
de Rita. Punto.
http://m.eldiario.es/politica/Celia_Villalobos-PP-Mesa_del_Congreso-investidura-Mariano_Rajoy_0_482951849.html
LAS 100 COMIDAS Y OCHO VIAJES DE BARBERÁ QUE LA FISCALÍA VE IRREGULARES
Los pagos corresponden a la exalcaldesa y otros concejales de Valencia, casi
todos del PP
La Fiscalía centra la investigación del conocido como caso Ritaleaks en 107
comidas, ocho viajes y seis compras cargadas como gastos de representación y
protocolo al Ayuntamiento de Valencia en la anterior legislatura, cuando Rita
Barberá era alcaldesa. Los pagos presuntamente irregulares seleccionados, de los
460 difundidos el año pasado por Compromís, incluyen una factura de más de 2.000
euros en un restaurante o de 771 por una noche de hotel.
Desde que el ministerio público empezó a investigar los hechos el año pasado, la
policía ha cotejado los gastos cargados en el Ayuntamiento con las agendas
oficiales de Barberá y su equipo de gobierno para excluir aquellas justificables
por estar vinculadas a la actividad institucional. Los agentes han reclamado a
restaurantes, tiendas y proveedores —como los de naranjas, que el Ayuntamiento
regaló por importe de 25.000 euros en tres años— los documentos que recogen que
las ventas realmente se produjeron.
Cuando terminen las diligencias pendientes en la investigación, la Fiscalía
decidirá si denuncia el caso o lo archiva, según fuentes de la misma. La
dirigente del PP es senadora, por lo que solo el Tribunal Supremo puede actuar
contra ella. Un aforamiento que la ha protegido de verse implicada en el caso
Taula en el que han sido imputados —investigados según la nueva denominación
judicial— 18 concejales y exconcejales de su partido.
Equipo local
Las facturas sospechosas no afectan solo a Barberá. De las 107 comidas pagadas
con fondos públicos, 68 fueron cargadas a la alcaldía. Una —de 472 euros— fue
pasada personalmente por la exregidora y otras 34 por sus compañeros del Grupo
Popular. Cuatro más lo fueron por concejales de la oposición socialista.
Los ocho viajes que despiertan dudas de legalidad en el ministerio público
fueron realizados por Barberá. Cinco fueron desplazamientos a Madrid por motivos
que indiciariamente no parecen institucionales y entre ellos hay al menos un
acto con el presidente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy. La entonces
alcaldesa pagó entre 212 y 685 euros por las noches de hotel en la capital
española.
Tampoco están justificados en principio para la Fiscalía otros tres viajes. Uno
a Florencia, en el que Barberá se gastó 771 euros en una noche de hotel en el
año 2010 y, en total, 2.518 euros sumando el dispendio realizado por el concejal
Cristóbal Grau. Otro a Santiago de Compostela con motivo del funeral del
histórico líder del PP Manuel Fraga, que costó 2.323 euros entre los vuelos, el
hotel y el coste del escolta.
Fórmula 1
Y el viaje que realizó a Londres en diciembre de 2011 con la explicación de
reunirse con el patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, que costó 7.200 euros
sumando los vuelos de Barberá y Cristóbal Grau, así como el alquiler de un coche
con chófer.
La organización del Gran Premio de Fórmula 1 está siendo investigado por la
justicia. Y la negociación personal que realizó el expresidente de la
Generalitat Francisco Camps lo mantiene imputado en la causa, ya que
oficialmente el negocio fue acordado con Ecclestone por la empresa privada
Valmor Sports.
Las dos últimas facturas que siguen bajo el escrutinio de la Fiscalía se
refieren a compras en la mantequería Vicente Castillo de Valencia. La primera
compra, que lleva fecha de 23 de marzo de 2011, costó 5.952 euros. E incluyó 680
euros en latas de ventresca de bonito, 730 en berberechos, 397 en mojama, así
como cientos de euros en botellas de vino, jerez, ron, vermú y cerveza. La
segunda, de abril de 2012, ascendió a 279 euros por la compra de vino y zumo de
tomate.
Además de a Barberá, los gastos difíciles de justificar más importantes afectan
a la exedil de Cultura Mayrén Beneyto y al concejal Cristóbal Grau.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/11/valencia/1455218523_304731.html
LA
PRESIDENTA DEL PP VALENCIANO USÓ SU CARGO PARA PEDIR DONACIONES
La jefa de gabinete de Bonig en la Consejería de Infraestructuras reclamó dinero
a todos los altos cargos
La presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, utilizó entre
septiembre de 2014 y junio de 2015 la Consejería de Infraestructuras autonómica,
que entonces dirigía, para pedir a los altos cargos de su departamento que
hiciesen donaciones al partido. La exigencia no partía del PP, sino de la propia
consejería, ya que algunos responsables de las empresas públicas y los cargos de
confianza no estaban afiliados a la formación.
La encargada de solicitar donativos a los cargos de libre designación de la
Consejería de Infraestructuras —para una de las cuentas que la dirección
valenciana del PP tiene abierta en el Banco Santander— fue la directora de
gabinete de Isabel Bonig, Laura Peñarroya, que utilizó el correo corporativo de
la Generalitat valenciana para recordar a los integrantes del organigrama de la
consejería que tenían que hacerle “llegar firmada la orden de transferencia
bancaria”. EL PAÍS ha tenido acceso a esos correos.
La actual presidenta regional del PP, Isabel Bonig, que encabeza la refundación
del partido en la Comunidad para limpiarlo de los múltiples casos de corrupción,
salió ayer a dar explicaciones. Aseguró a este periódico que la decisión de
pedir donaciones se adoptó en una reunión en la sede del partido en la que
estuvo presente el tesorero. “No es lo del grupo municipal de Valencia. Solo se
pidió la aportación del 1% del sueldo —entre 40 y 60 euros mensuales— al
personal eventual [no funcionario] de la Generalitat para afrontar la campaña
electoral”, explicó Bonig, quien recordó que otros partidos también recurren a
esta práctica.
La presidenta del PP valenciano usó su cargo para pedir donaciones
La exigencia de que los altos cargos de la Generalitat valenciana realizasen
donaciones al PP, aunque no fuesen militantes, sorprendió a los afectados,
porque la práctica había caído en el olvido tras lograr el poder, a mediados de
los noventa, en la mayoría de las instituciones. A quienes se mostraron
reticentes a pagar, la jefa de gabinete de Bonig les recordó que su puesto se lo
debían al partido y la práctica totalidad pagó.
En el caso del Ayuntamiento de Valencia al que se refiere Bonig, la donación
ingresada supuestamente se devolvía después en billetes de 500, por lo que los
concejales están llamados a declarar por un delito de blanqueo.
Bonig aseguró que desde la dirección regional no se pidieron más aportaciones
para sufragar la campaña. La presidenta de los populares valencianos, que cuenta
con el apoyo de los dirigentes provinciales, convocará esta semana una junta
directiva regional para la creación de una gestora local en Valencia y solicitar
a Génova permiso para hacer un congreso extraordinario. Bonig ha pedido cambiar
el nombre y el logo del partido en la comunidad, que le ha sido denegado.
La petición de que todos los cargos de la Consejería de Infraestructuras
realizasen aportaciones al partido se cursó entre septiembre y octubre de 2014,
apenas dos meses después de que Alberto Fabra, entonces presidente regional,
nombrase a Bonig número dos del partido para rebajar la tensión con los
presidentes provinciales y la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La
remodelación en la cúpula regional aupó a la vicesecretaría de Organización a
Emilio Llopis, jefe de gabinete del entonces presidente provincial de Valencia
Alfonso Rus. Los dos están hoy apartados del PP y en libertad con cargos —con
una fianza de uno y dos millones de euros, respectivamente— por haber
orquestado, supuestamente, una trama para captar comisiones ilegales a cambio de
contratos públicos.
La práctica de pedir donaciones a cargos y asesores, que se exigió, además, a
los trabajadores del partido, también se produjo en otros departamentos de la
Administración controlados por los populares, como Ayuntamientos y diputaciones.
Los ingresos en la cuenta del partido empezaron a fluir en octubre y noviembre y
se mantuvieron, según Bonig, hasta que los populares perdieron el poder. E
insistió ayer en que los miembros de la dirección regional del PP siguen
aportando entre 50 y 75 euros mensuales.
La concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Maria Àngels Ramón-Llin
admitió la semana pasada, antes de tener la condición de “investigada” en el
marco de la Operación Taula por supuesto blanqueo de capitales, que los miembros
del grupo municipal hicieron aportaciones periódicas de 60 euros y dieron otros
1.000 euros adicionales para la última campaña electoral municipal.
El juez que instruye la operación Taula considera que hay indicios de que esas
aportaciones adicionales de 1.000 euros al partido fueron reintegradas por parte
de la dirección del grupo municipal del PP, supuestamente, con dinero de
comisiones ilegales.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/07/actualidad/1454873355_439334.html
UNA PRESIDENTA UNGIDA POR BARBERÁ
Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano, aspira a refundar la organización
La sombra de Rita Barberá se proyecta mucho más allá de la ciudad de Valencia.
Ella fue quien ungió el pasado mes de julio a Isabel Bonig como nueva presidenta
de los populares valencianos en sustitución de Alberto Fabra, que apostaba por
ceder el testigo en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) a la
exconsejera de Educación María José Català.
Ello explica por qué Bonig mide cada palabra cuando se le pregunta por el futuro
de Barberá —“su situación depende del Comité Nacional de Derechos y Garantías”,
dijo el viernes— y por qué pretende refundar el PP de la Comunidad Valenciana
—cambiando hasta las siglas de la organización territorial si fuese posible—.
Isabel Bonig (Castellón de la Plana, 1970) es una mujer que no tiene empacho en
romper con su pasado: lo hizo con su familia de militancia socialista al
afiliarse al PP; lo hizo con la alcaldía de La Vall d'Uixó (Castellón), que dejó
en 2011 tan pronto fue llamada al Gobierno valenciano por Francisco Camps, y lo
ha hecho con cada uno de los equipos que le ha acompañado en las distintas
etapas de su carrera política.
La presidenta del PP valenciano se define claramente como una persona de
derechas, que no oculta una sonrisa de satisfacción cuando le preguntan por qué
la llaman la Thatcher de Vall d’Uixó. La respuesta está en su animadversión
hacia los sindicatos y su defensa a ultranza del liberalismo económico. “Si
pudiese despedir a 200 funcionarios podría rebajar la contribución”, aseguró en
una de sus primeras entrevistas al ser elegida alcaldesa de La Vall d’Uixò por
el PP en 2007. Los empleados municipales mantuvieron el recorte de prensa
durante cuatro años en el tablón de anuncios para recordar quién dirigía el
municipio, lo que no fue obstáculo para que volviese a salir reelegida en 2011
antes de asumir la Consejería de Infraestructuras, con Camps primero y con Fabra
después. Con un carácter fuerte, individualista y sin concesiones, Bonig tiene
la virtud de encorajinar a la militancia con sus discursos —“hay que recuperar
el alma del PP”—, aunque ello le complique la entrada entre la franja más
moderada del electorado popular.
Ahora Bonig pretende liderar una refundación total del PP en la Comunidad
Valenciana, como si el presente y el pasado se pudiesen dejar atrás con una
simple confesión de errores para lograr la absolución de los votantes. Quizá por
eso no ha dudado en anunciar que quiere volver a ser la presidenta regional del
nuevo PPCV con el apoyo de quienes estuvieron al lado de Francisco Camps,
Alfonso Rus, Carlos Fabra y Rita Barberá.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/06/actualidad/1454787950_323182.html
CERCO A BARBERÁ: CINCO CONVERSACIONES Y CINCO IMPUTADOS LA SALPICAN EN LA
OPERACIÓN TAULA
Entre las 10 horas de grabaciones que durante años almacenó uno de los delfines
de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, Marcos Benavent, cinco 'pinchazos'
apuntan a las gestiones del Ayuntamiento dirigido por la popular, al igual que
cinco son los detenidos vinculados a ese Consistorio en la 'Operación Taula'.
"Puedes venderle a 'la jefa': Mira, le he dado todo a tu sobrino". Esta es solo
una de las comprometedoras frases contenidas en las 10 horas de grabaciones que
durante años almacenó uno de los delfines de Alfonso Rus en la Diputación de
Valencia, Marcos Benavent, y que salpican a Rita Barberá, a quien los
interlocutores se refieren como 'la jefa' y cuyo familiar se habría visto
supuestamente favorecido por una serie de contratos amañados.
Estos 600 minutos de audios que Esquerra Unida (EUPV) incluyó en su denuncia
ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2014 incluyen al menos cinco
conversaciones que cuestionan gravemente la gestión del Ayuntamiento gobernado
por Barberá y son los mismos que este martes se han sustanciado en la 'Operación
Taula', la macrooperación de Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil contra altos cargos del Partido Popular que se ha saldado ya
24 personas detenidas y otras cinco investigadas (el término utilizado ahora
para referirse a los imputados). Entre todos ellos, hay cinco personas ligadas
al Ayuntamiento de Valencia en la época que gobernaban los 'populares'.
Uno de los diálogos más relevantes de la mencionada fonoteca involucra a
Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa de la Diputación provincial, y
a la propia ex concejal de Cultura y asesora del PP a las órdenes de Barberá,
María José Alcón, detenida este martes. Pocos días después del accidente del
Metro de Valencia en 2006, que dejó 43 muertos, ambos integrantes de la presunta
trama hablan de cómo repartir económica y políticamente las azafatas, la
publicidad y las galas en la Mostra de València-Cinema del Mediterrani entre
varias opciones, incluyendo empresas vinculadas laboralmente con Quique Sospedra
Barberá, sobrino de Rita Barberá.
Si bien la ex alcaldesa de Valencia no aparece en ninguno de estos 'pinchazos',
se deduce que estaría al corriente
De acuerdo a la conversación, que fue recogida en su día por el diario El Mundo,
la empresa que mejor oferta presentaba no era otra que Thematica Events -la
firma que facturaba unos 500.000 euros en cada Gran Premio de Europa de Fórmula
1 de Valencia y que Benavent habría empleado como sociedad pantalla para que el
dinero supuestamente saqueado volviera a sus cuentas-, pero Alcón recalcaba que
ellos tenían compromisos políticos.
Así, Benavent detalla a la ex concejal cómo descartar esta compañía y reconoce
que "son órdenes de 'la jefa'". Thematica sabría que "está el sobrino", continúa
Benavent, quien se compromete a trasladarle que debe presentarse para perder
para que no digan que siempre se presenta para ganar. Para recompensar, siempre
según esta conversación, le darían el contrato de publicidad a una empresa con
buenas relaciones con Thematica y cercana al ex presidente de la Generalitat
Francisco Camps.
Si bien el nombre de la ex alcaldesa de Valencia no aparece en ninguna de estos
'pinchazos', se deduce que presuntamente estaba al corriente de todo: "Ahí
puedes venderle a 'la jefa': 'Mira, le he dado todo a tu sobrino'', aconsejó
Benavent a la ex edil Alcón. Entre el año 2005 y 2006, fecha en la que se
produce esta conversación, se habrían repartido miles de euros en comisiones a
cambio de adjudicaciones fraudulentas, según desveló EUPV en una rueda de
prensa.
Si cinco son las escuchas que salpican al Ayuntamiento de Valencia, cinco son
también los altos cargos vinculados al Ejecutivo municipal que han sido
detenidos o están siendo investigados -término que sustituye al de imputado tras
la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- tras la puesta en marcha de la
'Operación Taula':
María José Alcón: La ex concejala de Cultura en el equipo de Gobierno de Rita
Barberá en el Ayuntamiento de Valencia y ex asesora del PP en el consistorio
durante la última legislatura ha sido una de las 24 detenidas. Las cintas del ex
gerente de Imelsa, Marcos Benavent, desvelaban su supuesta participación Alcón
-esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos-,
en el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos
amañados. La ex concejala fue destituida como asesora del Ayuntamiento y su
nombre fue retirado de la lista electoral que encabezó Rita Barberá en los
comicios del pasado mes de mayo.
María del Carmen García Fuster Conocida como Mari Carmen, ocupaba la función de
secretaria y asesora del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia en el
mandato de Rita Barberá, de quien era una de sus personas de confianza hasta las
pasadas elecciones municipales. García Fuster también fue detenida este martes
en su domicilio. Además, es hermana de José Rafael García Fuster, exsenador
popular y exconsejero del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la entidad
financiera que resultó de la fusión de Bankia, Bancaja y otras cajas de ahorros.
Alfonso Novo El exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia durante la
era Barberá es actualmente el portavoz del Partido Popular en el Consistorio y
presidente del partido en la ciudad. En su caso, no ha sido detenido, solo está
siendo investigado. Novo cogió el relevo de Barberá cuando esta decidió, tras
perder la Alcaldía en las elecciones del pasado mes de mayo, abandonar el
Ayuntamiento tras veinticuatro años al frente para centrarse en su labor como
senadora territorial del PP. Según ha explicado Novo, el registro se ha centrado
en los correos electrónicos de García Fuster, así como en "dos o tres
ordenadores más" del personal del grupo.
Luis Salom: El asesor y comunity manager del PP Valenciano se encuentra entre
los investigados en la Operación Taula. Salom se ha caracterizado en los últimos
años por algunas polémicas a través de las redes sociales, vía por la cual
también pedía que se actuara duramente contra los corruptos. Entre estas
polémicas destaca, por ejemplo, la que mantuvo con la periodista Ana pastor.
Además, Salom saltó a la palestra mediática por pedir a Ada Colau, de Guanyem
Barcelona, y a Pablo Iglesias, de Podemos, que donasen 10.000 euros cada uno a
una entidad benéfica para que él renuncie al registro de las marcas Guanyem
Valencia y Guanyem Barcelona.
María José Pi Mientras la coordinadora general del PPCV, Eva Ortizella, señalaba
este martes que Rita Barberá "está tranquila en casa", la actual secretaria del
grupo muinicipal María José Pi también ha sido investigada. Junto a Novo y a
Salom, Pi deberá presentarse este miércoles en el juzgado acompañada por un
abogado tal y como les han comunicado los agentes de la UCO de la Guardia Civil
que se han personado en el registro en los despachos del PP del consistorio en
el marco de la macroperación a raíz del caso Imelsa.
La diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez, que denunció en 2014 ante
la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades de Alfonso Rus, presidente de la
Diputación de Valencia, que han desencadenado ahora las detenciones practicadas
por la Guardia Civil, cree que tras la trama desmantelada hay un caso de
financiación ilegal del PP. Tras meses de investigación, este martes culminaba
una macro operación con 33 registros en casas particulares, sedes sociales de
empresas y fundaciones de las tres provincias de la Comunitat, con al menos 24
detenidos y 29 investigados.
Tras practicar las diligencias, se terminó descubriendo que el ámbito de
actuación de la trama corrupta era "mucho más extenso" de lo que se recogía en
la denuncia inicial. Esto llevó a la Fiscalía a presentar el pasado mes de marzo
una querella, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos contra la
administración pública que se investigan en esta causa.
PÉREZ:
"DETRÁS DE TODO ESTÁ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP"
Pérez explica a Vozpópuli sus primeras impresiones tras la macro operación
llevada a cabo este martes.
- Pregunta: ¿Qué opina de las detenciones practicadas a lo largo de este martes?
- Respuesta: Estoy muy satisfecha con el trabajo que ha realizado la Fiscalía
Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Nosotros
presentamos una denuncia el 30 de julio de 2014 y creemos que lo que presentamos
entonces era ya contundente. Habíamos hecho una investigación en la diputación
provincial y teníamos numerosa documentación sobre irregularidades que
consideramos podían ser constitutivas de delito. Posteriormente nos llegaron
grabaciones (se refiere a las que hizo el arrepentido Marcos Benavent, gerente
de Imelsa a dirigentes del PP valenciano) y alguna documentación más y desde el
primer momento nos dimos cuenta de que no era la trama Imelsa o la trama
diputación, sino que iba más allá y podía constituir un modus operandi del PP.
No solamente eran casos concretos de corrupción de dirigentes del PP, sino que
afectaba al Ayuntamiento de Valencia, al de Xátiva, e incluso, en aquel momento,
a algunos responsables de la Generalitat.
- P: ¿Estamos ante un caso de corrupción de personas o puede haber financiación
ilegal del PP?
- R: De las pruebas que nosotros presentamos ya presumíamos que podía haber
financiación ilegal del partido. Supongo que después de un año y medio de
investigación de la Fiscalía y de la UCO las pruebas serán mucho más
contundentes. Oías conversaciones en las que decían esto para tal y esto para el
partido. Eso se oía claramente.
- P: ¿Va a adoptar alguna iniciativa?
- R: Todo esto se inicia por una denuncia presentada por mí y mi intención es
personarme en la causa los próximos días. Considero que tengo legitimidad.
- P: ¿Le ha extrañado alguna de las detenciones?
- R: No me ha extrañado ninguna. Nosotros presentamos pruebas contundentes
contra todos ellos.
http://vozpopuli.com/actualidad/75008-cerco-a-barbera-cinco-conversaciones-y-cinco-imputados-la-salpican-en-la-operacion-taula
BARBERÁ, EL OCASO DE
‘LA ALCALDESA DE ESPAÑA’
La regidora de Valencia durante 25 años pierde el favor del PP por la corrupción
El escándalo de corrupción en la Comunidad Valenciana le ha estallado al PP en
el peor momento, surtiendo a la oposición de munición y complicando aún más un
pacto de Gobierno. Consciente de que tienen por delante un goteo de detenciones
y revelaciones comprometedoras, el partido intenta marcar distancias. Y eso
incluye ahora a Rita Barberá, alcaldesa de Valencia durante 25 años. El PP ya no
la defiende y confía en que dé un paso atrás y dimita.
Rajoy, amigo personal de Barberá —la llama la alcaldesa de España por sus cinco
victorias electorales—, la defendía a finales de enero. “Está absolutamente
limpia”, dijo, pero poco después fue imputado todo su equipo en Valencia salvo
ella —que es aforada— y un edil nuevo del grupo municipal. El martes la rebajó a
categoría de “una militante más” y el jueves advirtió de que “todo el mundo, sea
quien sea, tendrá el mismo trato. Esto se acabó. Aquí ya no se pasa ninguna”.
Barberá presidió el congreso nacional del PP en Valencia que rescató al líder
del PP tras la rebelión sucesoria por el batacazo electoral —el segundo— de
2008. Rajoy agradeció aquel respaldo en varias ocasiones y tuvo con la alcaldesa
deferencias que negó a otros dirigentes populares, como recibirla durante tres
horas en La Moncloa en septiembre de 2014 para sorpresa del presidente
valenciano Alberto Fabra y en plena batalla por las candidaturas.
El líder del PP zanjó cualquier debate en el partido sobre su relevo y apoyó con
entusiasmo su campaña en las municipales del pasado mayo. “No sé si es mi
obligación decirlo o no, pero me trae sin cuidado. Rita, eres la mejor. A ti te
quieren los vecinos de Valencia y no a los que acosan, insultan y mienten”,
manifestó Rajoy el mismo día en que la fiscalía abría diligencias por unos
gastos de representación de la alcaldía de Valencia. Ni el presidente ni nadie
en el partido se atreven ahora a calificar de acoso las acusaciones a la
exalcaldesa.
Rajoy no la dejó caer tampoco tras la debacle electoral. Perdieron la mitad de
sus concejales, “¡Qué hostia!”, resumía la noche electoral Barberá sobre el
hombro de su compañero Serafín Castellano, detenido días después.
“Últimamente no es fácil ser del PP”, admitía la vicesecretaria de programas del
partido, Andrea Levy, refiriéndose al “bochornoso” escándalo en la Comunidad
Valenciana. La corrupción abrasa las posibilidades de pacto para los populares.
Los favores prestados han sido amortizados y el partido ya no sujeta la mano de
Barberá.
En Valencia, Barberá se despidió de la alcaldía con un puñado de sonados
fracasos. La política de grandes eventos, que impulsó junto con el presidente de
la Generalitat Francisco Camps, no solo no cuajó sino que en algunos casos dejó
un reguero de deudas. Ahí están la Copa del América, el Gran Premio de Europa de
Fórmula 1, el Open de Tenis o los Valencia Summit, congresos que organizó el
Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin. “Nadie puede negar que han sido
acontecimientos capaces de atraer inversores, turistas y movimiento económico”,
se defendía en 2013.
Lenta caída
Su caída ha sido lenta pero sostenida. Ni con el PP en La Moncloa sacó Barberá
adelante uno de sus proyectos más personales: la prolongación de una avenida a
costa de fragmentar el barrio de El Cabanyal. Tampoco desatascó la ejecución del
Parque Central, un espacio verde en el centro de la capital que exigía el
soterramiento de las líneas del ferrocarril.
El caso Nóos se llevó por delante al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, mano
derecha de Barberá en el Consistorio. Hoy, Grau, que dimitió de su cargo a
principios de 2015 tras ser acusado por la Audiencia de Palma de presuntas
irregularidades en la adjudicación de contratos a Urdangarin, asegura que no
cruzan palabra.
La Operación Taula, coordinada por el juez instructor del caso Imelsa, que
investiga un presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones
ilegales en varias Administraciones públicas valencianas, ha sido el último
mazazo: están imputados 9 de los 10 concejales de la lista de Barberá y personas
de su círculo de confianza. Barberá, aforada en el Senado, se mueve sobre arenas
movedizas.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/06/actualidad/1454785022_076641.html
LA EDIL ALCÓN APUNTA A BARBERÁ: “LA
ÍNTIMA DE RITA ME DIO DOS BILLETES DE 500 Y ME ORDENÓ METERLOS EN LA CUENTA DEL
PP”
María José Alcón, ex concejala del Ayuntamiento de Valencia, explica en
exclusiva a OKDIARIO su calvario judicial: "La jefa del grupo municipal, amiga
íntima de la alcaldesa, me dio dos billetes de 500 euros y me ordenó ingresarlos
en una cuenta. Era una condición 'sine qua non' para todos los que íbamos en la
lista electoral".
María José Alcón, ex concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, habla en
una entrevista en exclusiva con OKDIARIO para explicar la razón de su
implicación en la operación de la Fiscalía Anticorrupción contra dicha
corporación por presunto blanqueo de capitales. Recuerda que iba en el puesto
número 16 de las listas del PP al Ayuntamiento el pasado mes de mayo. Un puesto
que le pareció muy bajo. Ella había dimitido como concejal de Cultura en 2010 a
consecuencia de un grave accidente. Pero le hacía ilusión volver al consistorio.
Pero para volver se encontró con un duro peaje: la jefa/secretaria del grupo
municipal del PP del Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, le dio
1.000 euros en billetes de 500 para que se los llevara a casa y los ingresara en
una cuenta de dicho grupo para sufragar la campaña electoral de Rita Barberá. El
fiscal lo llama blanqueo de capitales, ella no le pone nombre a esta maniobra,
pero la ha llevado al calabozo y a su implicación penal.
"O ponías los 1.000 euros o no ibas en la candidatura de Rita", afirma la ex
concejal del PP
Alcón es tajante sobre quién le dio el dinero en b y la orden de ingresarlo en
una cuenta para sufragar la campaña de Rita Barberá: “Me lo dio Mari Carmen
García Fuster”. No sabe si la orden venía o no de Barberá, pero afirma lo
siguiente: “Me lo ordenó García Fuster de malos modos. Era la jefa del grupo y
tenía autoridad suficiente para obligarme a hacer eso y más”.
La ex concejala prosigue así: “No sé de dónde sacó el dinero, lo tenía a mano.
Me dijo, toma esos dos billetes de 500 euros cada uno y ahora haz un ingreso en
la cuenta del PP, del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, que no del
Partido Popular de Valencia. Mari Carmen, por su carácter y su forma de ser,
tenía el respaldo, además de la amistad, de la alcaldesa. Tenía autoridad para
eso y para mucho más”.
Alcón es explícita sobre el papel ejecutor en esta trama de presunto blanqueo de
García Fuster: “Ella me dio el número de cuenta y me dijo que era para la
campaña electoral. Ahí tienes los billetes, ingrésalos en esta cuenta y punto”.
La exconcejala explica por qué obedeció esta irregular práctica: “Ingresé el
dinero porque era una condición sine qua non para ir en la lista electoral”.
“Si no hubiera ido en las listas yo nunca habría hecho esto. Las personas que
iban en la lista electoral, después fueron también los asesores, como se ha
visto y mucha más gente, todos tenían que hacer esta operación”.
Lo siguiente a esta maniobra de extraños pagos y reintegros “fue la Guardia
Civil”, explica dolida Alcón. “Me siento traicionada no, lo siguiente. Estoy muy
dolida y decepcionada y muy triste”.
Alcón añade: “Ignoro si Rita Barbera lo sabía pero ella y García Fuster eran
íntimas amigas y yo desconozco lo que sabía la alcaldesa. Que hable ella. Es lo
mínimo”.
El pesar de esta ex concejala del PP ese patente: “Estoy muy decepcionada con el
PP. Yo entré en política para hacer un servicio y estoy muy orgullosa de mi
etapa como concejala de Cultura y ver que en la política haya personas tan
rastreras y tan falsas, porque en principio eran amigos míos, me ha decepcionado
muchísimo y estoy muy triste”.
Alcón afirma que no pudo negarse a obedecer el sistema de donaciones irregulares
para la campaña de Rita Barberá: “Me lo dijo de una forma autoritaria y sin
posibilidad de argumentarle absolutamente nada. Las personas que van en la lista
electoral todas tienen que hacer esto”.
En la causa varios testimonios ratifican la versión de Alcón sobre el sistema de
pago en b y reintegro en a del dinero para la campaña de Barberá.
http://okdiario.com/investigacion/la-edil-de-valencia-ma-jose-alcon-o-ponias-los-1-000-euros-o-no-ibas-en-la-candidatura-de-rita-66794
LA
TRAMA DEL 3% DEL PP VALENCIANO PAGÓ EN 2014 LA CAMPAÑA EUROPEA
Una empresa negoció a la vez el traslado de militantes al mitin central y el
pago de la mordida en 2014
La trama del 3% vinculada al PP valenciano desmantelada en la Operación Taula
actuó en la campaña de las elecciones europeas de 2014. Según los indicios que
tienen ante sí los investigadores, una de las empresas de autobuses que llevó
militantes populares para llenar el acto central en Valencia, celebrado en el
edificio de L’Àgora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, negoció
simultáneamente el traslado de afiliados en autocares y la facturación de una
mordida del 3%, el porcentaje que con más frecuencia exigía la red.
El encargado de tratar los detalles fue, según estos indicios, Juan José Medina,
que era director de campaña del PP provincial y vicepresidente de la Diputación
de Valencia. Medina fue uno de los 24 detenidos la semana pasada, cuando el juez
Víctor Gómez lanzó la Operación Taula, investigada por la Guardia Civil y la
Fiscalía. El juez impuso a Medina una fianza civil de un millón de euros tras
rechazar la petición de prisión provisional realizada por el ministerio público.
La empresa de transportes, radicada en un municipio mediano de la provincia de
Valencia, prestaba servicios al partido y era a la vez adjudicataria de
contratos de la Diputación, al menos uno de los cuales fue negociado sin
publicidad. La mercantil también fue concesionaria de la Generalitat, y había
recibido subvenciones de baja cuantía del Gobierno autónomo.
Medina fue, según los investigadores, una pieza clave en la trama, que empezó a
actuar en 2003 y se mantuvo activa hasta que las pesquisas salieron a la luz,
poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Junto a Máximo
Caturla, que fue consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras
Educativas de la Generalitat Sociedad Anónima (Ciegsa), Medina habría sido el
principal receptor de las mordidas. Estas se repartieron de forma sistemática,
según las mismas fuentes, entre el beneficio personal de los miembros de la red
y el partido.
En total se cobraron comisiones por cientos de contratos —600 solo en el caso de
colegios construidos o reformados por Ciegsa—. Para estimular la entrega del
dinero, los miembros de la red utilizaban una clasificación que penalizaba en
las adjudicaciones a las empresas que se resistían a pagar y premiaba a las que
lo hacían más rápido.
Al acto electoral celebrado en L’Àgora el 21 de mayo de 2014 asistió el
presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, el candidato popular para
las europeas, Miguel Arias Cañete, y la plana mayor del PP valenciano, incluidos
la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y Alfonso Rus, en aquel momento
presidente de la Diputación de Valencia. “Hemos hecho juntos muchas cosas. Hemos
tenido, habéis tenido, mucho apoyo de los valencianos. Hemos pasado también
momentos difíciles, nos han acosado y mucho, pero os digo una cosa, estamos aquí
y vamos a seguir aquí durante mucho tiempo”, dijo Rajoy dirigiéndose a ellos.
Los socialistas han denunciado que el PP pagó 5.000 euros por el alquiler de
L’Àgora en vez de los 40.000 que costaba el recinto. La Ciudad de las Artes y
las Ciencias, dirigida ahora por los socialistas, ha abierto una investigación
sobre aquel arrendamiento, que ha calificado de “subvención encubierta”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/03/valencia/1454527861_793522.html
UNA EXASESORA DEL PP SE NEGÓ A PAGAR LOS 1.000 EUROS PORQUE LO VIO TURBIO
La ex trabajadora municipal intuyó que "era blanqueo claramente"
Vicente Igual, edil investigado: "Es un golpe que ni en el peor de los sueños
podía imaginar"
La ex asesora del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, Arantxa Martí,
ha asegurado este martes, tras declarar como testigo ante la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se negó a donar mil euros al partido
como le pidieron porque "era blanqueo claramente y un tema turbio".
Uno de los ediles del PP investigados, Vicente Igual, una pieza fundamental en
el Gobierno de Rita Barberá, ha confirmado a este diario que ya ha recibido la
notificación para declarar ante el juez como imputado. Igual no ha respondido
sobre las veracidad de las acusaciones que pesan sobre él y la practica
totalidad del equipo municipal.
El que fuera concejal de Administración y Personal del Gobierno local del PP,
que ocupó el quinto puesto de la lista en la pasadas elecciones municipales, ha
expresado su malestar por la situación. "Es un golpe que ni en el peor de los
sueños me podía imaginar", ha señalado. "Personalmente un palo", ha agregado.
El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la fiscalía y la UCO investigan
la causa que se sigue, de momento, contra 29 personas por un presunto amaño de
contratos públicos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones
públicas valencianas. La Operación Taula, ordenada como parte del caso Imelsa,
se llevó a cabo hace una semana y se saldó con 24 detenidos, 29 investigados y
más de 30 registros.
Martí fue asesora del exvicealcalde Alfonso Grau y, a preguntas de los medios de
comunicación, ha explicado a la salida de la Comandancia de Patraix, que sale
como testigo ya que se negó a participar en las presuntas donaciones que
concejales y asesores hacían para la financiación del PP de la capital. Así, ha
comentado que no participó porque no le "gustó el tema" debido a que "era
blanqueo claramente y les daban instrucciones para ello".
La exasesora de Grau no ha repetido como personal de confianza del Grupo
Municipal del PP en este mandato. "No esperaba seguir en cualquier caso, pero
era un tema turbio" y no quiso "colaborar". "Era un tema de no participar en el
delito, hice lo que me dictó la conciencia", ha manifestado.
Hasta estas dependencias se han acercado también para prestar declaración el
exedil de Educación Emilio del Toro, quien ha asegurado que esta operación le ha
pillado fuera de Valencia. El antiguo edil ha comparecido ante la UCO como
investigado y no ha respondido a si pagó los 1.000 euros.
Por las oficinas policiales han desfilado también hoy arquitectos citados para
declarar por la construcción de campos de fútbol de césped artificial, que está
bajo investigación. Uno de ellos ha atendido a los medios para asegurar que solo
se dedicaban a decir "si el control de calidad del botecito de la pelota era el
adecuado o no" y ha justificado que por su parte no había "ningún interés" en
este caso.
Estos técnicos, que dirigieron las obras de los campos de fútbol de Chella y
Navarrés, desconocen si las constructoras tenían intereses en estos proyectos
pero ellos niegan que cobraran "mordidas" y lamentan que "esto afecta a gente
que no tiene nada que ver", según la declaración del que ha hablado a los
medios.
El instructor del caso Imelsa, Víctor Gómez, comenzará mañana miércoles la
declaración de los investigados (antes imputados) del grupo municipal del PP. El
primero será Alfonso Novo, presidente del partido en la ciudad de Valencia y
portavoz municipal en el Ayuntamiento. Este diario ha intentado, sin éxito,
recabar la versión de Novo.
El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, en declaraciones a la Agencia Efe, ha
explicado que declaró hace unos días ante la UCO en calidad de testigo y se
marchó "sin ningún papel" de citación para declarar ante el instructor del caso
Imelsa. Grau ha sido rotundo al asegurar que no le consta la petición a los
ediles de Valencia de 1.000 euros para ayudar en la última campaña electoral ni
su posterior devolución en efectivo porque él ya había dimitido de su cargo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/02/valencia/1454414597_272662.html
EL
INSTRUCTOR IMPUTARÁ A LA CÚPULA MUNICIPAL DEL PP EN VALENCIA
El portavoz del PP, Alfonso Novo, declara el miércoles por supuesto blanqueo de
capitales
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia citará en los próximas días a
decenas de cargos municipales y asesores del PP de Valencia dentro de una
investigación por presunto blanqueo de capitales. Unas 50 personas entre
exconcejales, miembros del actual grupo municipal, asesores y exasesores del PP
en el Ayuntamiento de la capital llevan declarando desde el viernes ante la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el caso Imelsa, causa que
se sigue contra 29 personas por un presunto amaño de contratos a cambio de
comisiones ilegales en varias administraciones valencianas. El juez, de momento,
solo ha concretado la imputación de tres miembros del grupo municipal.
El primero en declarar ante el juez este miércoles será el portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Valencia y presidente del partido en la capital, Alfonso Novo
—suspendido de militancia tras su imputación—. Le seguirán el asesor del PP Luis
Salom y una tercera persona, los dos imputados también por blanqueo. El
magistrado citará a un cuarto investigado que al igual que Novo aparece como
autorizada para disponer de las cuentas de la agrupación local del PP.
En las dos semanas siguientes desfilarán por el juzgado que coordinó la
Operación Taula el resto de imputados relacionados con el Consistorio
valenciano. El Grupo Municipal del PP electo en mayo está salpicado de lleno por
el escándalo.
El juzgado, la fiscalía y la UCO indagan si el PP utilizó a su grupo municipal
de Valencia para recaudar dinero legal con el que financiar la última campaña
electoral, que luego se devolvía en billetes de 500 euros, supuestamente de una
caja B. La dirección nacional y regional del PP anunció tras la Operación Taula
—que se saldó con con 24 detenidos, 29 investigados y 30 registros— la
disolución de la agrupación local del partido y la creación de una gestora del
partido en Valencia.
Goteo de declaraciones
El goteo de declaraciones ha continuado este lunes en la Comandancia de la
Guardia Civil de Patraix, en la capital. Por las dependencias policiales ha
pasado el exedil Juan Vicente Jurado, responsable de alumbrado del Gobierno
local hasta mayo de 2015. A su salida exculpó a la exalcaldesa Rita Barberá del
caso Imelsa. Jurado, que se ha negado a declarar ante la UCO —“prefiero hacerlo
ante el juez”, dijo— reconoció que colaboró en la última campaña electoral del
PP con una aportación de 1.000 euros y “unas cajitas de bengalas con la cara de
Rita [Barberá]”. Su familia tiene negocios de pirotécnia. Jurado ha manifestado
que nadie le retornó el pago.
El exconcejal ha añadido que quien “movía los hilos [de la gestión] en el
Ayuntamiento de Valencia, al menos los últimos cuatro años”, era el
exvicealcalde del Consistorio Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos. E
insistió en que si algo ha hecho Barberá “es confiar en personas en las que no
debería haber confiado”.
El exgerente de Imelsa Marcos Benavent acudió por la tarde ante la UCO,
acompañado de su abogado y con la intención, según explicó, de “seguir
colaborando con la justicia”. En su primera aparición pública desde mayo pasado,
Benavent reconoció que ha vivido los últimos meses “con expectación” y aseguró
que “no es motivo de alegría todo lo que está pasando”, pero añadió: “Es lo que
hay”. “Supongo que seguirán saliendo más cosas, el tiempo dirá”. comentó.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/01/valencia/1454322154_889430.html
LA
LISTA DE CARGOS PÚBLICOS QUE COBRÓ EN B INCLUYE A RITA BARBERÁ
El PP de Valencia valora ya la posible desaparición de su grupo municipal en la
ciudad ante la magnitud del escándalo del presunto cobro de comisiones ilegales
El Ayuntamiento, escuela de corrupción
La UCO cree que Rita Barberá estaba al tanto del blanqueo
La afiliada número tres del Partido Popular también habría recibido dinero de la
caja B de Valencia y estaría al corriente de los métodos de blanqueo de sus
concejales. De todos sus fieles escuderos. Según la información de la que
dispone EL MUNDO, la lista de cargos del Partido Popular de la ciudad de
Valencia que habrían recibido pagos en B incluye a la ex alcaldesa Rita Barberá.
Su nombre ha aparecido -junto con el de varias decenas de dirigentes del grupo
municipal popular- durante las diligencias practicadas por la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los últimos meses. Según esta
información, los agentes manejan multitud de documentación que ratificarían los
testimonios recabados en los últimos días. Unas declaraciones que apuntan a la
existencia de una caja B en el grupo municipal popular del Ayuntamiento de
Valencia. Algunos de esos pagos corresponden a las donaciones de 1.000 euros con
retorno de dos billetes de 500 euros en B para costear la última campaña
electoral de Barberá. Al menos un tomo de la operación Taula, desarrollada la
semana pasada en la Comunidad Valenciana, recoge los indicios que apuntarían a
la presunta financiación irregular del PP en Valencia. El Juzgado de Instrucción
18 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigan una
presunta red de corrupción, organizada y jerarquizada, que se habría aprovechado
de sus cargos públicos para desviar miles de euros de la Administración en
comisiones. La fuga de capitales de esta trama ha llevado a los agentes de la
UCO hasta dos sociedades radicadas en Panamá y Brasil.
La Guardia Civil cree que Barberá estaba al corriente de los métodos de
blanqueo, de todo lo que ocurría en su Ayuntamiento. La torpeza que cometió el
equipo más próximo a la dirigente cuando pidió al personal laboral y de
confianza del PP ayuda para blanquear dinero de origen desconocido, en marzo de
2015, es sólo un hilo del que está tirando la Guardia Civil tras acumular
multitud de pruebas. Entre la documentación y las posteriores averiguaciones la
UCO habría detectado presuntas entregas en B a la ex alcaldesa a cambio de
donativos limpios.Rita Barberá es senadora y está aforada, goza de privilegios
jurisdiccionales, y sólo podría declarar como investigada -término que sustituye
al de imputada tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal- ante el Tribunal Supremo. Que sea senadora no significa
que la UCO no pueda investigar quién consintió el lavado de dinero desde el
despacho de un partido político del Ayuntamiento de Valencia y por qué aparece
el nombre de Barberá.
Según fuentes próximas al caso, la Guardia Civil tendrá que entregar un informe
al juzgado con el resultado de los interrogatorios que está practicando. Si el
juez Víctor Gómez, quien dirige las pesquisas, considera necesaria la
declaración como imputada de Barberá elevará una exposición razonada al Supremo
para que la interroguen.
Estado de 'shock' Valencia aún no se ha recuperado del shock que ha supuesto
conocer la investigación sobre los donativos con retorno en B para blanquear
dinero cuyo origen se desconoce. Fuentes del partido reconocen que las
revelaciones han supuesto un mazazo para el PP en Valencia, sobre todo porque
estas prácticas se han mantenido al menos hasta mayo de 2015, cuando ya se
conocían todos los grandes casos de corrupción y hasta las polémicas anotaciones
de Luis Bárcenas.
Ya han declarado ante la Guardia Civil la mayoría de los concejales del PP en la
anterior legislatura. La imagen no tiene precedentes, decenas de personalidades
históricas del PP de Valencia desfilando por un grave caso de supuesto blanqueo,
incluido, por ejemplo, Miquel Domínguez, el único que está aforado -junto a la
senadora Barberá- porque la ex alcaldesa consiguió colarle en la candidatura a
las Cortes Valencianas. Domínguez es un estrecho colaborador de Juan Cotino,
otrora todopoderoso vicepresidente del Consell en tiempos de Francisco Camps.
Eran tiempos en los que el sector democristiano del partido mantenía una enorme
influencia. La portavoz accidental en el Ayuntamiento de Valencia, María Àngels
Ramon-Llin, y los concejales Félix Crespo, Lourdes Bernal, Vicente Igual,
Beatriz Simón, Cristóbal Grau y Alberto Mendoza también han declarado ya en el
cuartel.
Este miércoles el juez ha citado a Alfonso Novo, el sucesor de Barberá en el
grupo municipal, imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Aún
está pendiente que declare en sede judicial Luis Salom, el polémico asesor de
Barberá responsable de las redes sociales del PP a quien diversos testimonios
atribuyen «consejos» para no ser detectados al «reintroducir» billetes de 500
euros en el circuito legal.
Todo apunta a que la cajera de este tentáculo de la organización Taula era Mari
Carmen García Fuster, la ex secretaria del grupo municipal para quien la
Fiscalía Anticorrupción pidió prisión. El juez lo rechazó. En sus manos, admiten
fuentes del partido, estaban las cuentas del grupo popular, las mismas desde
donde salía el dinero para las generosas campañas de Barberá.
Barbera y la cajera despachaban prácticamente a diario. En las únicas
declaraciones conocidas hasta el momento, en la cadena Cope, Barberá negó
cualquier tipo de irregularidad, tanto en lo que se refiere a la financiación
del partido como a la adjudicación de contratos. Las fórmulas para vaciar la
caja opaca del PP de Valencia eran variadas. La diputada provincial y concejal
en Valencia Beatriz Simón, por ejemplo, presumió de haber colaborado lavando el
dinero a través de los proveedores de su tienda de ropa de bebé. Luis Salom,
mientras, habría invitado a sus compañeros a pagar compras en el Cortes Inglés
con billetes de 500 euros, devolverlos al día siguiente y pedir el retorno en
billetes pequeños. Otro de los ex ediles que habría recibido los dos billetes de
500 fue Vicente Aleixandre. Los testigos que se negaron a participar sufrieron
amenazas y han declarado que no sólo Fuster les reclamaba el dinero. La red de
lavado pudo haber entrado hasta en la Alcaldía.
26.000 euros en naranjas sin expediente
El Ayuntamiento de Valencia ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción que no
encuentra ningún expediente administrativo que justifique la compra de hasta
26.000 euros en naranjas que cada año enviaba Rita Barberá a destacados
dirigentes del PP. Según fuentes próximas al caso, el Ayuntamiento ha comunicado
que las naranjas se adquirían directamente al proveedor que escogía la Alcaldía
y sólo han aparecido las facturas y los contratos. La comunicación se enmarca
dentro de la fase prejudicial del 'caso Ritaleaks', el que destapó los suntuosos
gastos de Alcaldía en la etapa de Barberá tras la denuncia que presentó el grupo
municipal Compromís. Más de 400 facturas que suman cerca de 300.000 euros. Gastó
una media de 6.000 euros al año en naranjas para regalarlas. Todos los ministros
de Rajoy tenían naranjas y podrían responder al cargo que ocupaban, sí, pero las
cajas sólo se remitieron con Rajoy en La Moncloa. No todo el PP disfrutó de las
naranjas de Barberá, sólo altos cargos cercanos a la ex alcaldesa, los 'pata
negra' de Génova 13. Parece que era habitual que el Ayuntamiento enviara cajas
de naranjas a cargos orgánicos del partido, no electos, sin ninguna
responsabilidad pública en la Administración. Incluso a periodistas de medios de
comunicación nacionales o locales. Entre ellos destaca el coordinador electoral
del PP, José Antonio Bermúdez de Castro; el ex presidente del gobierno José
María Aznar -para quien había doble regalo pues también las recibía su mujer, la
ex alcaldesa de Madrid Ana Botella-; la secretaria general del partido, María
Dolores de Cospedal; Javier Arenas, o el coordinador de organización, Juan
Carlos Vera.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/02/01/56ae7ad8ca47410b4a8b45f0.html
SE ESTRECHA EL CERCO SOBRE RITA BARBERÁ
En las grabaciones en manos del juez existen numerosas menciones a La Jefa, que
es como se conocía a Rita Barberá por su vehemencia en la dirección del
consistorio
Estrechos colaboradores de la actual senadora del PP caen en la Operación Taula,
y la oficina del partido en el Ayuntamiento de Valencia es escenario de uno de
los principales registros
"Buenos días, alcen las manos del ordenador y levántese lentamente". Así
irrumpió este martes, a las 10.00 horas, la Guardia Civil en el grupo municipal
del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Fue uno de los 33 registros
simultáneos que se realizaron en el marco de la Operación Taula (nombre que
proviene de la Taula de Canvi, la mesa de divisas del siglo XV en la Corona de
Aragón) que culminó, según fuentes judiciales, con 24 detenidos (hay 29
imputados), 252 cuentas corrientes bloqueadas y el embargo de 150 vehículos de
alta gama.
El principal arrestado fue Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de
Valencia (2007-2015) y exalcalde de Xàtiva (1995-2015) con el Partido Popular.
Además de su domicilio, se registraron las oficinas del Olímpic de Xàtiva, club
de fútbol del que ha sido máximo dirigente en dos ocasiones, y el almacén de
telas de la firma de ropa Steffano Russini, que dirige junto a su esposa. Rus
está en el centro de una supuesta trama de cobro ilegal de comisiones y blanqueo
de capitales entre 2004 y 2009 con la Diputación de Valencia como telón de
fondo. La conversación difundida en mayo de 2015 por la Cadena SER en la que se
le escuchaba contar billetes, "dos millones de pelas", provocó un terremoto
político que dio al traste con su carrera. En aquella grabación también se oye
la voz de Marcos Benavent, hombre clave en la investigación.
Benavent fue mano derecha de Rus y concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de
Xàtiva. Tras un breve amago de retirada de la política, regresó en 2007 como
gerente de Impulso Económico Local (Imelsa), empresa pública de la Diputación
con un presupuesto anual de 25 millones y dedicada, en buena parte, a la
organización de brigadas rurales. Ese mismo año, según la investigación,
Benavent habría creado, sin plantilla, Berceo Mantenimiento y Spartaki
Sinergies, empresas pantalla que facturaron por trabajos no realizados a siete
adjudicatarias de la corporación provincial. El dinero obtenido acabaría
repartido entre los integrantes de la trama de comisiones.
Un USB de 10 horas
El origen de la operación está en el USB con 10 horas de material sensible que
el 31 de julio de 2014 entregó a la Fiscalía la entonces diputada provincial de
Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo. En aquel tiempo Marcos Benavent vivía
obsesionado con su seguridad, lo grababa todo y se sentía perseguido y
amenazado. Sus cambios de humor y carácter hacían recelar a sus superiores. Una
alarma que se consumó a finales de diciembre de 2014. En plenas fiestas
navideñas, Benavent accedió a su despacho en Imelsa, se apropió de un ordenador
portátil y un par de discos duros y se esfumó sin dejar huella.
Tras unos meses en paradero desconocido, reapareció el pasado junio para
declarar ante el juez. A la salida de los tribunales admitió haber sido "un
yonqui del dinero" y se mostró dispuesto a colaborar y "sacar mierda a punta
pala". Desde entonces, sus más de 30 horas de confesiones ante la Guardia Civil
y la aportación íntegra del material informático ha permitido al juzgado de
instrucción número 18 ampliar el horizonte de la investigación más allá de la
denuncia inicial de Pérez Garijo.
Aunque la causa sigue bajo secreto de sumario, los distintos movimientos
procesales de meses anteriores y los arrestos de este martes arrojan luz sobre
la geografía corrupta del PP valenciano. De hecho, esta operación actúa como
pieza central del gran puzle que deja entrever el paisaje general. Dos de los
detenidos son los vicepresidente de la Diputación Juan José Medina y Máximo
Caturla. Este último también fue gerente de Ciegsa, la empresa pública dedicada
a la construcción de colegios y desde donde se cavó un agujero de 1.000 millones
según la auditoría de la Intervención General hecha pública la semana pasada por
el Consell. También ha sido puesto a disposición judicial David Serra, un viejo
conocido de los pasillos del TSJ valenciano por su procesamiento en la causa de
la Gürtel sobre los presuntos delitos electorales y fiscales del PP valenciano.
De la suma de vasos comunicantes existen grabaciones referidas a Rafael Blasco,
en prisión tras el saqueo de los fondos de cooperación. Y una de las firmas
investigadas es T-Systems, que recibió 2,3 millones de Imelsa por servicios
informáticos. Carlos Pujadas, socio de esta empresa está relacionado, tal y como
revela el diario Levante-EMV, con Augusto César Tauroni, también en la cárcel y
mano derecha de Rafael Blasco en el esquilmado de fondos solidarios. Y Tauroni,
hombre hecho pirueta, compró en B tres avionetas a Avialsa, empresa contratada
por Serafín Castellano, exconsejero de Gobernación, a cambio de jugosas
mordidas, según la investigación judicial.
Redondeles, cabriolas, saltos mortales entre las instituciones valencianas en
tiempos del Partido Popular a los que cabe añadir los 32 millones que, de forma
no del todo clara, Rus pagó por implantar césped artificial en polideportivos a
Hermanos Doménech y Benigras, firma sin experiencia en el sector y propiedad de
Vicente Cuquerella, quien acumula el 37,2% del número 102 de la calle Quart,
sede del PP valenciano. O los 38 millones a Inelcol, empresa de Vicente Quilis,
íntimo de Rus, para substituir bombillas convencionales por LED, de bajo
consumo. Y, finalmente, los 12 millones, con un 100% de sobrecoste, que se pagó
por el techado de la plaza de toros de Xàtiva.
“La Jefa” y “La Lavadora”
Pero donde los nudos gordianos se aprietan con mayor tirantez es entre la
Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. En las grabaciones en manos del juez
existen numerosas menciones a "La Jefa", que es como se conocía a Rita Barberá
por su vehemencia en la dirección del consistorio. Algo que trascendió durante
la campaña electoral de mayo de 2015 y que acabó por salpicar, hasta convertirla
en manchurrón andante, a su principal asesora: María José Alcón (detenida este
martes), quien había sido concejal de Cultura, esposa de Vicente Burgos (de la
fundación Jaume II el Just y también arrestado) y casada en segundas nupcias con
Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos.
Según la investigación, Alcón habría cobrado comisiones relacionadas con la
Mostra de Valencia entre 2005 y 2006, en la que uno de sus contratistas fue
Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la entonces primera edil. Todo por
intermediación de Benavent. También se apunta a presuntas mordidas en la
rehabilitación de las históricas Torres de Quart, la peatonalización del puente
de Serranos y la edificación del centro cultural la Rambleta.
Los registros de este martes en los despachos del PP en el Ayuntamiento acabaron
con cuatro concejales confinados en un estancia, con la prohibición de
comunicarse con el exterior y con la detención de la asesora María José Pi y de
la secretaria del grupo desde 1991, Mari Carmen García Fuster, persona de
extrema confianza de Rita Barberá y conocida dentro del Partido Popular con el
apodo de "La Lavadora". Además resultaron imputados Alfonso Novo, presidente y
portavoz del PP de Valencia, y Luis Salom, asesor a cargo de la redes sociales
de la agrupación local. Ambos están citados a declarar este miércoles en los
juzgados. Por su parte, Eva Ortiz, secretaria general del PP valenciano, explicó
en rueda de prensa que los detenidos han sido suspendidos de militancia y que
Rita Barberá "estaba muy tranquila en su casa".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/01/27/operacion_taula_estrecha_cerco_sobre_rita_barbera_43921_1012.html
LA INVESTIGACIÓN POR LA CORRUPCIÓN EN VALENCIA APUNTA A RITA BARBERÁ
La causa judicial iniciada en la Diputación de Valencia toca a la exalcaldesa
del PP
La investigación nacida en torno a la Diputación de Valencia apunta a la
exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, según han confirmado fuentes del caso.
Barberá no ha sido detenida ni imputada este martes, según las mismas fuentes,
porque es senadora y tiene la condición de aforada ante el Tribunal Supremo.
Solo el alto tribunal tiene capacidad para dirigir acciones penales contra ella.
Tendrá que ser el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, encargado del caso, el
que envíe eventualmente una exposición razonada de motivos al Supremo para poder
tomarle declaración en calidad de imputada (investigada, según la nueva
denominación judicial).
Desde que el caso salió a la luz, el año pasado, Barberá ha negado haber
participado o haber tenido conocimiento de ninguna irregularidad. Las pesquisas
sobre esta presunta red de cobro de comisiones de Valencia, en las que han sido
detenidas 24 personas e imputadas un total de 29, se iniciaron con la difusión
de las grabaciones efectuadas en secreto durante años por el ex alto cargo de la
diputación Marcos Benavent. En varias grabaciones se escucha a Benavent y a una
de las ahora arrestadas, la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia María José
Alcón, hablar de "la jefa" como una persona que está al tanto de los amaños.
La jefa, creen los investigadores, es Barberá. En las grabaciones también se
escucha a los interlocutores referirse presuntamente al sobrino de la exregidora
Enrique Sospedra Barberá como beneficiario de adjudicaciones irregulares.
Barberá desmintió expresamente esta información el año pasado. Del hilo de las
grabaciones han tirado la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y el juzgado
en el último año y medio hasta reunir indicios relevantes contra Barberá,
aseguran fuentes de la investigación.
Bien parada
Hasta ahora la exalcaldesa ha salido bien parada de todos los escándalos
judiciales que han estallado en Valencia, aunque algunos le han caído cerca.
Álvaro Pérez, El Bigotes, presunto cabecilla en la trama de Gürtel en Valencia,
contaba en una conversación grabada por la policía que le había regalado un
bolso de una marca de lujo. Pero Barberá no resultó implicada, entre otras
razones, porque su Ayuntamiento no adjudicó contratos a la trama de Francisco
Correa.
El juez de Palma José Castro pidió oficialmente imputarla en el caso Nóos junto
al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por las adjudicaciones. Pero
el Tribunal Superior valenciano consideró insuficientes los indicios presentados
contra ella.
El ministerio público mantiene ahora abierta una investigación contra Barberá,
para la que acaba de pedir una prórroga de seis meses a la Fiscalía General del
Estado, por el llamado caso Ritaleaks. Posibles irregularidades en los gastos de
representación de la regidora, que ascendieron a 278.000 euros en cuatro años e
incluyeron el pago de 700 euros por una noche de hotel.
Después de la pérdida de la alcaldía de Valencia, que ocupó de 1991 a 2015,
Barberá fue elegida en otoño senadora territorial por el PP junto al
expresidente de la Generalitat Alberto Fabra.
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453822747_623000.html
TRES IMPUTADOS Y DOS DETENIDOS EN EL AYUNTAMIENTO POR EL ‘CASO IMELSA’
El portavoz del grupo municipal del PP en Valencia, Alfonso Novo, citado a
declarar
El juez deja en libertad a medianoche a la exconcejal María José Alcón
Un grupo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado en torno
a las 10 de la mañana de hoy a registrar el grupo municipal del PP en el
Ayuntamiento de Valencia por orden del Juzgado de Instrucción número 18, que
investiga el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos
públicos. En la operación está investigado el portavoz municipal del PP en el
Consistorio y presidente local del partido, Alfonso Novo, un asesor y una
empleada. Han sido detenidas la actual secretaria municipal y la exconcejal
María José Alcón, que el juez ha dejado en libertad pasada la medianoche.
El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, instructor del caso Imelsa, ha
coordinado la operación contra una trama de corrupción infiltrada en varias
administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se
servían de sus puestos de responsabilidad en dichas entidades públicas para
percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
El juzgado ha citado como investigados (antes imputados) a Novo, al asesor
municipal del PP Luis Salom y a otra empleada del grupo. En la operación ha sido
detenida en su domicilio la secretaria del grupo municipal popular, Carmen
García Fuster, y la exconcejal de Cultura María José Alcón. El juez ha dejado en
libertad a la exconcejal de Cultura, que está investigada, junto a otras 28
personas, por prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y
blanqueo.
En septiembre de 2015, la policía ya practicó un registro en el Ayuntamiento de
Valencia y se incautó de "copiosa" documentación de la etapa en que Alcón
dirigía la Concejalía de Cultura de la capital bajo el mandato de Rita Barberá.
Los agentes se llevaron documentación relacionada con la adjudicación de un
contrato de recuperación de las Torres de Quart y otro relacionado con el centro
cultural de La Rambleta. Antes habían visto la luz unas grabaciones, en poder de
la justicia, en las que aparecía la entonces concejal.
"Se han llevado correos", dice Novo
Visiblemente cansado, Novo ha comparecido ante los medios de comunicación al
terminar el registro. El concejal ha negado su implicación en una supuesta trama
de cobro de comisiones ilegales y ha resaltado que "en ningún momento" les han
explicado "ni por qué ni a santo de qué" están siendo investigados. "Mañana lo
aclararán, es lo primero que tienen que hacer", ha dicho en referencia a su
declaración mañana ante el juez.
Respecto a si va a mantener sus cargos en la Corporación, Novo ha asegurado que
"por supuesto que sí", ya que en su opinión, "no podemos tomar decisiones
precipitadas" y, de esta forma, "ya veremos cuál es la acusación, si se sustenta
y en qué queda esto".
El registro, en el que ha estado presente el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce,
ha comenzado a la una y media de la tarde y ha concluido pasadas las tres. Los
agentes de la Guardia Civil han abandonado el Consistorio con bolsas y cajas.
"Se han llevado correos electrónicos de algunos ordenadores, no de todos", ha
confirmado Novo. "En ningún momento hemos estado retenidos", ha insistido el
portavoz popular en Valencia y presidente local del partido.
Diferente miembros del Gobierno local de la ciudad -que componen Compromís, PSPV
y València en Comú- han lamentado "profundamente la imagen que se pueda
trasladar a la opinión pública de una institución que tiene que merecer el
máximo respecto de la ciudadanía".
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha señalado que "si eso es, como dice la
secretaria general, un partido de ley y orden que vengan los dioses y lo vean".
En una entrevista a la Cadena Ser, Ribó ha subrayado que "los datos indican que
[el PP] es un partido con niveles de corrupción que ya no son una manzana
podrida, es todo el cesto, hasta el cesto mismo".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/26/valencia/1453824321_453251.html
24
DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN CENTRADA EN VALENCIA
La Guardia Civil ha lanzado este martes una operación contra la corrupción
centrada en Ayuntamientos de la provincia de Valencia que fueron gobernados por
el PP, la Diputación provincial y la Generalitat. Entre los detenidos —24, según
fuentes de la investigación— se encuentra Alfonso Rus, el expresidente de la
diputación y exalcalde de Xàtiva. Además, ha sido arrestado Emilio Llopis,
exjefe de gabinete de Rus en la diputación valenciana y María José Alcón,
exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia y antigua asesora de la
exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Alcón está casada con Alfonso Grau, el
exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgando en Palma en el caso Nóos.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, también ha sido
imputado (investigado en la nueva denominación judicial). La investigación
apunta, además, según confirman fuentes de la misma, a la exalcaldesa Barberá y
al exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps. Como Barberá y Camps son
aforados, por su condición de senadora y diputado en el Congreso
respectivamente, tendrá que ser el juzgado de instrucción el que, eventualmente,
remita una exposición razonada de motivos al Tribunal Supremo con los indicios
que existan contra ellos. Solo este alto tribunal puede dirigir acciones penales
contra ellos.
Dentro de la llamada Operación Taula, coordinada por el Juzgado de Instrucción
número 18 de Valencia, han sido detenidas este martes 24 personas en Valencia,
Castellón y Alicante y se han realizado 33 registros judiciales. Los
investigadores han recopilado documentación y diferentes pruebas en domicilios,
sedes de empresas (entre ellos los de la sociedad pública de la Generalitat
Ciegsa), fundaciones (como la Fundación Jaume II El Just), las instalaciones de
una asociación deportiva (Club Deportivo Olímpic de Xàtiva), el Grupo Municipal
del PP en Valencia o la empresa de comunicación Engloba, con sede en Valencia,
según apuntan fuentes de la investigación. El número de imputados —a los que
ahora se denomina investigados— asciende a 29, según el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana. Una de las cinco personas que están
implicadas, pero que no han sido detenidas este martes es el portavoz popular en
el Ayuntamiento de Valencia y presidente del PP en la ciudad.
Todos los implicados habrían participado, supuestamente, en una red que cobraba
comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. La investigación aborda también,
según fuentes de la misma, la posible financiación irregular del PP valenciano.
Las fuentes explican que se está investigando "una trama de corrupción
infiltrada en varias administraciones públicas" de la Comunidad Valenciana, que
supuestamente ha perpetrado los delitos de prevaricación administrativa,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de
capitales. Una de estas fuentes ha calificado de "descomunal" la envergadura de
las supuestas irregularidades, que se habrían cometido durante años.
La Guardia Civil ha llegado al Ayuntamiento de Valencia y ha entrado al grupo
municipal del PP en el Consistorio, donde está revisando documentación. Los
agentes han accedido a las oficinas a las 10 de la mañana y varios empleados del
PP y concejales han permanecido retenidos y se les han reclamado las claves de
sus ordenadores, informa Cristina Vázquez. Más tarde les han dejado salir, si
bien la secretaria del grupo municipal, María del Carmen García Fuster, ha sido
detenida.
La operación se está desarrollando fundamentalmente en la provincia de Valencia,
ya que el caso afecta al Ayuntamiento de la capital, la diputación provincial y
la propia Generalitat, tres entidades que han estado copadas por el PP. Pero
también se han producido registros en las provincias de Alicante y Castellón.
Rus ha sido detenido en su casa de Xàtiva, en cuyo interior ha permanecido hasta
pasadas las tres de la tarde. Ha abandonado el inmueble en un vehículo policial
camuflado en el que también viajaba el fiscal Vicente Torres. Numerosos vecinos
se han congregado en torno a la vivienda, informa Joaquín Ferrandis.
El PP de la Comunidad Valenciana ha abierto expediente a todos los afiliados
detenidos y les ha suspendido cautelarmente de militancia. También ha acordado
la destitución inmediata de todos los cargos orgánicos que desempeñen y su cese
en cualquier tipo de actividad relacionada con la formación. El portavoz del
Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando ha anunciado "medidas
contundentes" contra todos los militantes detenidos en Valencia, en un mensaje
que ha difundido a través de Twitter.
Entre los objetivos de la operación se encuentra el exvicepresidente de la
Diputación de Valencia Máximo Caturla. Este fue consejero delegado de
Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), una
empresa pública de la Generalitat dedicada a levantar colegios que, según
desveló hace poco el Gobierno valenciano, incurrió en sobrecostes que superaban
los 1.000 millones de euros la década pasada.
También ha sido detenido el exalcalde popular de Moncada y exvicepresidente de
la diputación, Juan José Medina. Y el exdiputado autonómico David Serra, que
está imputado en dos piezas del caso Gürtel. El exjefe de gabinete de Rus,
Emilio Llopis, otro de los arrestados, fue también alcalde de Genovés hasta el
pasado mes de mayo. Llopis se querelló contra EL PAÍS por una información
relacionada con estas presuntas irregularidades. El juzgado archivó la denuncia
hace unas semanas.
El presidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso
Rus, se vio forzado a dimitir el pasado abril, apenas un mes antes de las
elecciones locales y autonómicas, al hacerse pública una conversación en la que
se le escuchaba contando dinero. La grabación había sido realizada por Marcos
Benavent, entonces mano derecha de Rus como gerente de la gran empresa de la
diputación, Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa).
Grabaciones
Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la diputada de
Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, en julio de 2014 ante la Fiscalía
Anticorrupción. En el escrito se aportaron indicios de que Benavent había creado
sociedades pantalla para cobrar comisiones a varias concesionarias y
contratistas de la Diputación de Valencia. EU aportó, además de la denuncia,
numerosas horas de grabación realizadas en secreto por Benavent, relacionadas
aparentemente con el amaño de contratos y con la financiación de actos del PP
provincial. En una de esas conversaciones era en la que se escucha presuntamente
a Rus contar billetes de quinientos en quinientos, mientras habla con Benavent,
hasta sumar "dos millones de pelas".
La investigación abierta por la Fiscalía, dirigida por los delegados de
Anticorrupción en Valencia Vicente Torres y Pablo Ponce, y más tarde por el
juzgado llevó a descubrir "que el ámbito de actuación de la trama corrupta era
mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial", ha señalado el
Tribunal Superior valenciano.
Los investigadores, pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, han analizado inversiones inmobiliarias sospechosas, algunas de
las cuales se habrían realizado en el extranjero, así como la presunta
contratación irregular de personal en la diputación. Esta última práctica
afectaría, según fuentes cercanas al caso, a otros partidos además de al PP.
La difusión del contenido de las cintas de Benavent provocó la suspensión de
militancia del PP de Rus. Y forzó la renuncia de Alcón de la lista del PP al
Ayuntamiento de Valencia, en la que había sido incluida en los últimos puestos
por Barberá.
El pasado 26 de mayo, Benavent, que grabó en secreto durante años a sus
compañeros de partido y ha colaborado intensamente en los últimos meses con los
investigadores, acudió a declarar ante el juez. "Quiero pedir perdón
públicamente. Lo siento mucho. Asumiré lo que tenga que asumir, la culpa que sea
y la cárcel. E intentaré reponer todo lo que me he llevado", afirmó. Benavent,
que dijo que llegó a convertirse en un "yonqui del dinero", aseguró que "las
grabaciones son verdad" y que iba "a salir mierda a punta pala".
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453798078_040910.html
RUS O LA DETENCIÓN DEL POPULISMO
La detención de Alfonso Rus en su domicilio de Xàtiva, la ciudad que gobernó
para el PP con su peculiar estilo populista entre 1995 y 2015, ha conmocionado
este martes a los vecinos de esta ciudad de 30.000 habitantes de la provincia de
Valencia.
La noticia de que el también expresidente provincial del PP estaba detenido en
su domicilio de Xàtiva ha congregado a centenares de personas durante toda la
mañana frente a su vivienda en la calle de Montcada, en el corazón de una ciudad
que durante años controló a su antojo montado en un Porsche rojo, símbolo de su
ascenso al poder. No en vano, Alfonso Rus, cada vez que tenía ocasión, recordaba
que llevó a Mariano Rajoy en uno de sus primeros deportivos hace más de dos
décadas tras lograr el aval del dirigente de Génova para ingresar en el PP.
La operación policial contra la corrupción en el PP valenciano ha provocado este
martes en Xàtiva un espectáculo callejero, mediterráneo, que con gusto hubiese
rodado otro valenciano, el fallecido Luis García Berlanga. El domicilio del
defenestrado político —que perdió las elecciones municipales del pasado mes de
mayo y que fue repudiado por el PP tras difundirse una grabación en la que
cuenta los billetes de una supuesta mordida— se ha convertido en lugar de
peregrinación para muchos vecinos deseosos de ver "la caída de Alfonso" o
conmocionados por la detención de un hombre "que ha hecho cosas muy buenas por
Xàtiva".
"Vive en el edificio más alto de la ciudad, no tiene pérdida", orientaba Antonio
a los periodistas. Y es que todo lo que rodea a Rus siempre ha sido superlativo
a pesar de que el exdirigente del PP siempre bromeó con su baja estatura para
arrancar las risas y los aplausos de un público, que hasta hace menos de un año
llenó los auditorios en los que intervenía.
De lo que no hay duda es de que el populismo político que Rus encarnó bajo las
siglas del PP ha impregnado también su detención. "A mí me sabe mal", decía
Rosa. "A mí no, si ha robado que lo pague", replicaba su amiga. El gentío,
procedente en parte del mercadillo de los martes próximo a la casa de Rus, ha
terminado por convertir los accesos al domicilio del expolítico en una especie
de zoco alternativo, animado también a última hora de la mañana por los
escolares del cercano colegio de los Dominicos que, por decenas, han acudido a
presenciar el espectáculo con sus mayores. Una situación que ha obligado a la
Policía Local a cortar la calle por la que solo se ha permitido el acceso al
garaje del edificio de los Mercedes, Audi y BMW de los vecinos de Rus.
"He vendido las 120 series que llevaba y muchos más cupones con la máquina",
explicaba orgullosa María José, vendedora de la ONCE que no ocultaba su
satisfacción por su día de suerte. "Siempre voy donde hay gente y me han dicho
que aquí había mucha, más que en el mercadillo", aseguraba.
Salida a las 15.15
La salida de la vivienda de Rus se ha producido a las 15.15 horas, en un
vehículo policial camuflado, un Toyota blanco sin distintivos. El exalcalde
detenido estaba sentado detrás del conductor, sin grilletes y escondido tras una
chaqueta oscura que no ha impedido ver su rostro después de que el vehículo
diese un frenazo para no arrollar a los periodistas. A su lado, un agente de la
Guardia Civil y en el asiento del copiloto el fiscal Anticorrupción Vicente
Torres. Al salir por uno de los dos accesos al garaje que tiene el edificio, el
vehículo se ha encontrado con una legión de periodistas a la carrera y, por
increíble que parezca, con decenas de vecinos deseosos de grabar con sus
teléfonos móviles al exalcalde del PP, pálido y cabizbajo en el coche policial,
mientras le gritaban "¡corrupto, corrupto!".
Alfonso Rus ha sido trasladado de su domicilio a la fábrica de muebles FDM, otro
punto clave en los negocios turbios del expolítico popular, mientras la Guardia
Civil terminaba el registro del CD Olímpic de Xàtiva, el equipo de fútbol que
también presidió el político popular.
Tan solo un día antes, Rus había intentado dar una imagen de normalidad. El
lunes almorzó en los Salones Alameda del polígono industrial de Xàtiva, cerca de
la fábrica, en compañía de su yerno e intentó aparentar una tranquilidad rota
desde el domingo, cuando arreciaron los rumores sobre una inminente operación
policial que lo colocaba en el ojo del huracán. Entonces ya solo faltaban unas
horas para ver cómo acababa el populismo con el que cimentó un poder ahora
derribado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/26/valencia/1453831352_385798.html
LA INVESTIGACIÓN POR LA CORRUPCIÓN EN VALENCIA APUNTA A RITA BARBERÁ
La investigación nacida en torno a la Diputación de Valencia apunta a la
exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, según han confirmado fuentes del caso.
Barberá no ha sido detenida ni imputada este martes, según las mismas fuentes,
porque es senadora y tiene la condición de aforada ante el Tribunal Supremo.
Solo el alto tribunal tiene capacidad para dirigir acciones penales contra ella.
Tendrá que ser el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, encargado del caso, el
que envíe eventualmente una exposición razonada de motivos al Supremo para poder
tomarle declaración en calidad de imputada (investigada, según la nueva
denominación judicial).
Desde que el caso salió a la luz, el año pasado, Barberá ha negado haber
participado o haber tenido conocimiento de ninguna irregularidad. Las pesquisas
sobre esta presunta red de cobro de comisiones de Valencia, en las que han sido
detenidas 24 personas e imputadas un total de 29, se iniciaron con la difusión
de las grabaciones efectuadas en secreto durante años por el ex alto cargo de la
diputación Marcos Benavent. En varias grabaciones se escucha a Benavent y a una
de las ahora arrestadas, la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia María José
Alcón, hablar de "la jefa" como una persona que está al tanto de los amaños.
La jefa, creen los investigadores, es Barberá. En las grabaciones también se
escucha a los interlocutores referirse presuntamente al sobrino de la exregidora
Enrique Sospedra Barberá como beneficiario de adjudicaciones irregulares.
Barberá desmintió expresamente esta información el año pasado. Del hilo de las
grabaciones han tirado la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y el juzgado
en el último año y medio hasta reunir indicios relevantes contra Barberá,
aseguran fuentes de la investigación.
Bien parada
Hasta ahora la exalcaldesa ha salido bien parada de todos los escándalos
judiciales que han estallado en Valencia, aunque algunos le han caído cerca.
Álvaro Pérez, El Bigotes, presunto cabecilla en la trama de Gürtel en Valencia,
contaba en una conversación grabada por la policía que le había regalado un
bolso de una marca de lujo. Pero Barberá no resultó implicada, entre otras
razones, porque su Ayuntamiento no adjudicó contratos a la trama de Francisco
Correa.
El juez de Palma José Castro pidió oficialmente imputarla en el caso Nóos junto
al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por las adjudicaciones. Pero
el Tribunal Superior valenciano consideró insuficientes los indicios presentados
contra ella.
El ministerio público mantiene ahora abierta una investigación contra Barberá,
para la que acaba de pedir una prórroga de seis meses a la Fiscalía General del
Estado, por el llamado caso Ritaleaks. Posibles irregularidades en los gastos de
representación de la regidora, que ascendieron a 278.000 euros en cuatro años e
incluyeron el pago de 700 euros por una noche de hotel.
Después de la pérdida de la alcaldía de Valencia, que ocupó de 1991 a 2015,
Barberá fue elegida en otoño senadora territorial por el PP junto al
expresidente de la Generalitat Alberto Fabra.
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453822747_623000.html
EL COMITÉ DE DERECHOS Y GARANTÍAS DEL PP
SUSPENDE DE MILITANCIA A LOS AFILIADOS DETENIDOS EN VALENCIA
El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, a instancia del
Partido Popular de la Comunidad Valenciana, acuerda la suspensión de militancia
de las personas detenidas en el curso de la operación policial desarrollada hoy
en Valencia y que figuran como afiliados del PP.
El Comité Nacional de Derechos y Garantías asimismo recuerda que Alfonso Rus fue
suspendido de militancia en mayo de 2015.
El Partido Popular rechaza cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga, y
adoptará las medidas que estén en su mano para atajar cualquier actuación que
infrinja la ley.
El Partido Popular recuerda que existe la presunción de inocencia, pero -a pesar
de ello y teniendo en cuenta los hechos ocurridos hoy en Valencia- se procede a
la suspensión de militancia conforme a los Estatutos del partido
http://www.pp.es/actualidad-noticia/comite-derechos-garantias-pp-suspende-militancia-afiliados-detenidos-valencia
24
DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN CENTRADA EN VALENCIA
Alfonso Rus, expresidente de la diputación, entre los implicados. La Guardia
Civil ha registrado el grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia
La Guardia Civil ha lanzado este martes una operación contra la corrupción
centrada en Ayuntamientos de la provincia de Valencia que fueron gobernados por
el PP, la Diputación provincial y la Generalitat. Entre los detenidos —24, según
fuentes de la investigación— se encuentra Alfonso Rus, el expresidente de la
diputación y exalcalde de Xàtiva. Además, ha sido arrestado Emilio Llopis,
exjefe de gabinete de Rus en la diputación valenciana y María José Alcón,
exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia y antigua asesora de la
exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Alcón está casada con Alfonso Grau, el
exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgando en Palma en el caso Nóos.
María José Alcón ha quedado en libertad bajo fianza aunque en calidad de
investigada --la nueva denominación de los imputados-- por varios delitos, según
ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha acordado su
puesta en libertad bajo fianza aunque ha quedado como investigada en las
diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Como medida cautelar, el juez ha acordado además el embargo de todos sus bienes.
Alcón ha llegado sobre las 22.20 horas al juzgado de guardia para prestar
declaración y ha abandonado las dependencias de la Ciudad de la Justicia de
Valencia sobre la medianoche.
Alcón es la única de los detenidos que ha prestado declaración este martes ante
el juez. La operación contra esta trama se ha saldado con 24 arrestos en las
provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Además, hay otros 5 investigados
que no han sido detenidos pero que sí han sido citados para declarar ante el
juez.
Entre los detenidos, figuran, además de la propia Alcón, el expresidente de la
Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus; el exdiputado del PP en las Corts y
ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el ex secretario autonómico
de Educación Máximo Caturla.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, también ha sido
imputado (investigado en la nueva denominación judicial). La investigación
apunta, además, según confirman fuentes de la misma, a la exalcaldesa Barberá y
al exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps. Como Barberá y Camps son
aforados, por su condición de senadora y diputado en el Congreso
respectivamente, tendrá que ser el juzgado de instrucción el que, eventualmente,
remita una exposición razonada de motivos al Tribunal Supremo con los indicios
que existan contra ellos. Solo este alto tribunal puede dirigir acciones penales
contra ellos.
Dentro de la llamada Operación Taula, que toma su nombre de las mesas de cambio
de divisas nacidas en el siglo XV, ha sido coordinada por el Juzgado de
Instrucción número 18 de Valencia. En ella han sido detenidas este martes 24
personas en Valencia, Castellón y Alicante y se han realizado 33 registros
judiciales. Los investigadores han recopilado documentación y diferentes pruebas
en domicilios, sedes de empresas (entre ellos los de la sociedad pública de la
Generalitat Ciegsa), fundaciones (como la Fundación Jaume II El Just), las
instalaciones de una asociación deportiva (Club Deportivo Olímpic de Xàtiva), el
Grupo Municipal del PP en Valencia o la empresa de comunicación Engloba, con
sede en Valencia, según apuntan fuentes de la investigación. El número de
imputados —a los que ahora se denomina investigados— asciende a 29, según el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Una de las cinco
personas que están implicadas, pero que no han sido detenidas este martes es el
portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia y presidente del PP en la
ciudad.
Todos los implicados habrían participado, supuestamente, en una red que cobraba
comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. La investigación aborda también,
según fuentes de la misma, la posible financiación irregular del PP valenciano.
Las fuentes explican que se está investigando "una trama de corrupción
infiltrada en varias administraciones públicas" de la Comunidad Valenciana, que
supuestamente ha perpetrado los delitos de prevaricación administrativa,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de
capitales. Una de estas fuentes ha calificado de "descomunal" la envergadura de
las supuestas irregularidades, que se habrían cometido durante años.
La Guardia Civil ha llegado al Ayuntamiento de Valencia y ha entrado al grupo
municipal del PP en el Consistorio, donde está revisando documentación. Los
agentes han accedido a las oficinas a las 10 de la mañana y varios empleados del
PP y concejales han permanecido retenidos y se les han reclamado las claves de
sus ordenadores, informa Cristina Vázquez. Más tarde les han dejado salir, si
bien la secretaria del grupo municipal, María del Carmen García Fuster, ha sido
detenida.
La operación se está desarrollando fundamentalmente en la provincia de Valencia,
ya que el caso afecta al Ayuntamiento de la capital, la diputación provincial y
la propia Generalitat, tres entidades que han estado copadas por el PP. Pero
también se han producido registros en las provincias de Alicante y Castellón.
Rus ha sido detenido en su casa de Xàtiva, en cuyo interior ha permanecido hasta
pasadas las tres de la tarde. Ha abandonado el inmueble en un vehículo policial
camuflado en el que también viajaba el fiscal Vicente Torres. Numerosos vecinos
se han congregado en torno a la vivienda, informa Joaquín Ferrandis.
El PP de la Comunidad Valenciana ha abierto expediente a todos los afiliados
detenidos y les ha suspendido cautelarmente de militancia. También ha acordado
la destitución inmediata de todos los cargos orgánicos que desempeñen y su cese
en cualquier tipo de actividad relacionada con la formación. El portavoz del
Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando ha anunciado "medidas
contundentes" contra todos los militantes detenidos en Valencia, en un mensaje
que ha difundido a través de Twitter.
Entre los objetivos de la operación se encuentra el exvicepresidente de la
Diputación de Valencia Máximo Caturla. Este fue consejero delegado de
Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), una
empresa pública de la Generalitat dedicada a levantar colegios que, según
desveló hace poco el Gobierno valenciano, incurrió en sobrecostes que superaban
los 1.000 millones de euros la década pasada.
También ha sido detenido el exalcalde popular de Moncada y exvicepresidente de
la diputación, Juan José Medina. Y el exdiputado autonómico David Serra, que
está imputado en dos piezas del caso Gürtel. El exjefe de gabinete de Rus,
Emilio Llopis, otro de los arrestados, fue también alcalde de Genovés hasta el
pasado mes de mayo. Llopis se querelló contra EL PAÍS por una información
relacionada con estas presuntas irregularidades. El juzgado archivó la denuncia
hace unas semanas.
La Guardia Civil ha pedido al juez el embargo de 150 coches de alta gama, 252
cuentas bancarias y 148 propiedades de los implicados en el caso.
El presidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso
Rus, fue defenestrado en mayo, semanas antes de las elecciones locales y
autonómicas, al hacerse pública una conversación en la que se le escuchaba
contando dinero. La grabación había sido realizada por Marcos Benavent, entonces
mano derecha de Rus como gerente de la gran empresa de la diputación, Impulso
Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa).
Grabaciones
Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la diputada de
Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, en julio de 2014 ante la Fiscalía
Anticorrupción. En el escrito se aportaron indicios de que Benavent había creado
sociedades pantalla para cobrar comisiones a varias concesionarias y
contratistas de la Diputación de Valencia. EU aportó, además de la denuncia,
numerosas horas de grabación realizadas en secreto por Benavent, relacionadas
aparentemente con el amaño de contratos y con la financiación de actos del PP
provincial. En una de esas conversaciones era en la que se escucha presuntamente
a Rus contar billetes de quinientos en quinientos, mientras habla con Benavent,
hasta sumar "dos millones de pelas".
La investigación abierta por la Fiscalía, dirigida por los delegados de
Anticorrupción en Valencia Vicente Torres y Pablo Ponce, y más tarde por el
juzgado llevó a descubrir "que el ámbito de actuación de la trama corrupta era
mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial", ha señalado el
Tribunal Superior valenciano.
Los investigadores, pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, han analizado inversiones inmobiliarias sospechosas, algunas de
las cuales se habrían realizado en el extranjero, así como la presunta
contratación irregular de personal en la diputación. Esta última práctica
afectaría, según fuentes cercanas al caso, a otros partidos además de al PP.
La difusión del contenido de las cintas de Benavent provocó la suspensión de
militancia del PP de Rus. Y forzó la renuncia de Alcón de la lista del PP al
Ayuntamiento de Valencia, en la que había sido incluida en los últimos puestos
por Barberá.
El pasado 26 de mayo, Benavent, que grabó en secreto durante años a sus
compañeros de partido y ha colaborado intensamente en los últimos meses con los
investigadores, acudió a declarar ante el juez. "Quiero pedir perdón
públicamente. Lo siento mucho. Asumiré lo que tenga que asumir, la culpa que sea
y la cárcel. E intentaré reponer todo lo que me he llevado", afirmó. Benavent,
que dijo que llegó a convertirse en un "yonqui del dinero", aseguró que "las
grabaciones son verdad" y que iba "a salir mierda a punta pala".
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453798078_040910.html
ALFONSO RUS, EL HOMBRE
QUE CONTABA BILLETES
La detención del expresidente de la Diputación de Valencia le pone la lápida
política
La detención este martes de Alfonso Rus ha sido un paso más en la caída en
desgracia del que fuera líder del Partido Popular en la provincia de Valencia,
alcalde de Xàtiva y presidente de la Diputación valenciana de 2007 a 2015. La
imagen de su apresamiento supone su definitiva lápida política.
Alfonso Rus (Xàtiva, 1950) siempre fue un asunto muy controvertido en su ciudad
de origen, donde fue alcalde por el PP entre 1995 y 2015. Prometió llevar la
playa a esta ciudad del interior y, aún así, le votaron. "¡Serán burros!", se
sorprendió. El pasado mes de mayo volvió a ser cabeza de cartel sin el apoyo de
su partido, que lo suspendió de militancia tres semanas antes de las elecciones
municipales por las grabaciones en las que el también presidente de la
Diputación de Valencia contaba dinero de una supuesta mordida. Él siempre negó
que la voz que se le atribuía fuera la suya.
El escándalo de Imelsa, una empresa de la Diputación que contrató supuestos
trabajos ficticios con firmas de un hombre de su confianza, Marcos Benavent, y
cuyas ramificaciones salpican a exmiembros del Consell, acabaron con su
fulgurante carrera. Benavent, que aseguró que "iba a salir mierda a punta de
pala" y fue el autor de las grabaciones, está "colaborando plenamente" con la
justicia.
El PP perdió las elecciones en Xàtiva, donde pasó del 45% de 2011 a contar con
menos de la mitad de los apoyos, el 21%, una sangría que se tradujo en el paso
de 11 a 5 concejales. Rus fue sustituido al frente de la Corporación por el
joven socialista Roger Cerdà y presentó la derrota como una conspiración del PP
contra él. Se apartó de la vida pública y se centró en sus negocios. Su familia
empezó con una tienda que vendía productos del hogar, y él lo fue ampliando a
otros negocios, entre los que se cuentan una fábrica de ataúdes y una firma de
textil denominada Stefano Russini. Según indicó, no pensaba volver a la política
sino dedicar los meses que le quedaban hasta su jubilación a trabajar en sus
empresas.
“Van a por mí porque soy el número uno”, alegó Rus ante la presión del entonces
presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para que dejara el partido y evitar
que las grabaciones que realizó Benavent (de quien fue padrino de boda), no
deteriorasen aún más las funestas expectativas electorales. Rus se había
convertido en uno de los principales barones del partido. “El día 25 de mayo
diré de dónde viene el complot hacia mí”, advirtió, insinuando fuego amigo.
Nunca cumplió su amenaza.
Cuando saltó a la política autonómica su cartel era tosco, un ripio de
complicado encaje en el pulcro elenco de un partido que le consideraba un
estrafalario y chismoso tendero de todo a cien, que buscaba relieve social en el
pescante de un Ferrari. El partido le prohibió expresamente que no fuera a dar
mítines con el Ferrari. "Si voy en una furgoneta, creerán que voy a robarles",
adujo. Pese a su falta de glamur, Rus se fue haciendo sitio en la cúpula del
partido. Su momento llegó cuando la corrupción descabezó el paisaje del partido.
Eso mejoró el aspecto de Rus. Frente a una Generalitat asfixiada, él mantenía la
caja de la Diputación en números negros y pagaba a 30 días a los proveedores.
Rus emergía como uno de los hitos de una organización que se derrumbaba y su
ascensión era la constatación del fracaso de Fabra. Pero las grabaciones de su
apadrinado, entregadas a la fiscalía por Esquerra Unida, apuntaban que los
lixiviados de la basura en la que se hundía la nave y los que corrían por debajo
del suelo que pisaba Rus no eran distintos. Lo que más inquietaba a sus
adversarios era cuántas alcantarillas más levantaría en su caída. La respuesta
está en los interrogatorios a los que sea sometido ahora.
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453801600_991059.html
ESTOS SON LOS DETENIDOS E IMPUTADOS EN LA MACRORREDADA DE VALENCIA
Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, y otros siete cargos
relevantes del PP, entre los 24 arrestados en la Operación Taula
La macro redada contra la corrupción impulsada por la Fiscalía Anticorrupción,
supervisada por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia y ejecutada por
la Guardia Civil ha acabado, por el momento, con 24 detenidos: ocho políticos
del PP, un exasesor de este partido, 12 empresarios y tres técnicos vinculados
con la Diputación de Valencia. Estos son, de momento, los 15 cuya identidad ha
sido confirmada:
Alfonso Rus. Expresidente de la Diputación de Valencia, expresidente del PP de
Valencia y exalcalde de su ciudad, Xàtiva. Ha sido arrestado en su domicilio. Es
sospechoso de ser el hombre clave del caso Imelsa.
David Serra, exvicesecretario del PP en la Comunidad Valenciana e imputado por
el caso Gürtel, concretamente en las piezas que investigación la presunta
financiación ilegal del partido. Serra fue el número 2 de Ricardo Costa, autor
de una frase célebre: "La fiesta no se acaba nunca en el PP de la Comunidad
Valenciana".
Emilio Llopis: Exjefe de gabinete de Rus y exalcalde de Genovés, un pueblo
cercano a Xàtiva. Fue nombrado asesor del PP en la Diputación de Valencia pese a
las sospechas de su implicación en el caso. Es sospechoso de ser una de las
personas grabadas contando dinero.
Máximo Caturla. Exvicepresidente de la Diputación de Valencia con Rus. Dimitió
de todos sus cargos en mayo de 2015 después de que se le escuchara en
conversaciones sobre cobro de comisiones en el Caso Imelsa. Era miembro del
consejo de administración de la empresa de la corporación provincial.
Juan José Medina. Otro exvicepresidente de la Diputación y miembro del núcleo
duro de Rus. Exalcalde de Moncada, es vicesecretario de organización del PP en
Valencia provincia. El partido ha anunciado la destitución de todos los
detenidos e imputados. Como Llopis, seguía como asesor del PP en la Diputación
de Valencia pese a las sospechas en torno a él.
María José Alcón: Exconcejal y exasesora del PP en el Ayuntamiento de Valencia,
también fue cazada en las conversaciones sobre mordidas en torno al caso Imelsa.
Es la esposa de Alfonso Grau, vicealcalde con Rita Barberá y uno de los acusados
en el caso Nóos. Grau saltó a la fama por la "chulería" con la que defendió su
inocencia.
Vicente Burgos: Compañero de estudios de los Camps (además de Francisco,
Gerardo, diputado en el congreso) y Esteban González Pons (ahora en el
parlamento europeo) dejó quebrada una fundación de la Generalitat tras una
gestión calificada de megalómana. Luego fue nombrado liquidador de Canal 9.
Exmarido de María José Alcón, ingresó en prisión en julio de 2014 por impagar
deudas.
María del Carmen García-Fuster. Exsecretaria del grupo popular en el
Ayuntamiento de Valencia, asesora del PP en este mandato y una de las personas
de confianza de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia hasta las pasadas elecciones
municipales. Ha sido detenida en su domicilio. Y las oficinas del PP en el
consistorio, registradas. Hermana de José Rafael García-Fuster, exsenador
popular y exconsejero del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la entidad
financiera resultante de la fusión de Bankia, Bancaja y otras cajas de ahorros.
Pedro Aracil, exasesor del PP en el área de cultura en el Ayuntamiento de
Valencia. Ese departamento fue responsabilidad de Alcón, otro de los detenidos.
José Adolfo Vedri. Cabeza visible de Engloba, la agencia de publicidad mimada
por el PP, según Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel. Habría recibido
adjudicaciones a cambio de mordidas y participado en el blanqueo del dinero
distraído. Su empresa fue registrada. Su domicilio, donde fue detenido, también.
Vicente Cuquerella. Copropietario de la sede principal del PP en la Comunidad
Valenciana y propietario de Benigrass, una de las empresas registradas.
Benigrass fue una de las beneficiarias del plan de la Diputación de Valencia
para subvencionar la instalación de cesped artificial en campos de fútbol
municipales. El proyecto costó 33 millones de euros.
Jaime Úbeda, testaferro de Marcos Benavent, el peón de Rus. Varias sociedades
utilizadas supuestamente para blanquear dinero estaban a su nombre.
Mariano Sánchez. Exsuegro de Benavent, fue quién propició la investigación
judicial al filtrar decenas de horas de grabaciones de éste. Tendría relación
con un servicio de atención telefónica contratado, de manera irregular, por la
Diputación de Valencia. Paradójicamente, su despecho por la ruptura de Benavent
y su hija, su denuncia puede provocar su propio procesamiento.
Joan Vergara, exarquitecto en Imelsa, el centro de la trama. Supuesta clave al
hinchar precios o aceptar facturas falsas en planes de inversión de la
Diputación de Valencia.
Salvador Deusa, exjefe de evaluación y planificación de la Diputación de
Valencia. Licenciado en Químicas por la Universidad de Alicante, llegó a la
Diputación procedente de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).
Los imputados
También han trascendido algunos de los supuestos implicados (imputados,
investigados tras la reforma de la reforma legal del gobierno) en el caso que no
han sido detenidos.
Alfonso Novo, exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y, tras la
marcha de Barberá al senado, número 1 del PP en el consistorio.
Luis Salom, el asesor del PP célebre por su combatividad e hiperactividad en las
redes sociales.
Marcos Benavent. Exgerente de Imelsa, la empresa de la que nació la supuesta
trama, y el hombre que ha tirado de la manta a cambio de una reducción de
condena. Benavent, tras su excéntrica aparición en la Ciudad de la Justicia de
Valencia, donde avisó de que saldría "mierda a punta pala", lleva meses
colaborando en la investigación. Su imputación es conocida desde hace tiempo.
José Estarlich. Otro de los testaferros de Benavent.
http://www.eldiario.es/cv/detenidos-confirmados-macrorredada-corrupcion-Valencia_0_477702416.html
DETENIDO
ALFONSO RUS, POR CORRUPCIÓN Y
BLANQUEO
El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la Fiscalía Especial contra la
Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Guardia Civil están llevando a cabo
una operación contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en
varios ayuntamientos -incluido el de Valencia-, la Generalitat y la Diputación
de Valencia. Hasta el momento se han producido 24 detenciones y 29 investigados,
además de registros que se han practicando de forma simultánea por toda la
Comunidad.
Entre los detenidos está el ex presidente del PP en la provincia de Valencia y
de la Diputación, Alfonso Rus, así como algunos de sus más cercanos
colaboradores, como Emilio Llopis, ex jefe de gabinete y mano derecha de Rus en
la corporación valenciana, y los ex vicepresidentes Juan José Medina y Máximo
Caturla. Llopis y Medina aún era asesores de los populares en la Diputación y
han sido destituidos horas después de su detención.
Las fuentes consultadas por este periódico han confirmado que Rus dormirá esta
noche en los calabozos tras pasar más de 12 horas en los registros que han
practicado los agentes de la Guardia Civil tanto en dos de sus empresas (Modas
Rusini y FDM) como en su casa e incluso en el club de fútbol que presidió, el
Olimpic de Xàtiva. No será hasta mañana cuando el ex presidente de la Diputación
Provincial de Valencia declare ante el juez.
Esta misma noche, en cambio, ya han comenzado a desfilar por la Ciudad de la
Justicia de Valencia algunos de los empresarios de la trama arrestados. No se
descarta que cargos públicos puedan prestar declaración de manera inminente.
A última hora de la mañana de la tarde también se había confirmado la detención
de David Serra, ex diputado del PP procesado en Gürtel en la causa que investiga
la presunta financiación ilegal del PP. Serra también fue grabado aceptando
dinero procedente de una supuesta comisión.
Rus ha abandonado su domicilio a primera hora de la tarde en compañía del Fiscal
Anticorrupción y de agentes de la UCO camino de la sede de una de sus empresas,
una fábrica de muebles custodiada por la Guardia Civil desde primera hora de la
mañana que será ahora registrada. Al también ex alcalde de Xàtiva se le
considera el epicentro de la trama.
La UCO también ha entrado en las oficinas del grupo popular en el Ayuntamiento
de Valencia, donde los trabajadores están retenidos en una sala mientras se
produce el registro. Además, ha sido detenida su secretaria, Mari Carmen García
Fuster y la ex concejal popular María José Alcón, esposa del vicealcalde Alfonso
Grau, juzgado por el caso Nóos. El portavoz municipal, Alfonso Novo, el asesor
Luis Salom y una secretaria están en la lista de imputados.
Otro de los lugares donde la Guardia Civil ha practicado registros es el campo
de La Murta, del Olimpic de Xàtiva, club de fútbol del que Rus fue presidente
hasta el pasado mes de mayo. Uno de los ex presidentes, y vecino del ex alcalde,
Antonio Camaño, ha sido citado a declarar.
En Valencia, desde primera hora hay agentes en la sede Ciegsa, la empresa
pública encargada de la construcción de colegios que fue dirigida durante años
por Caturla. La Intervención de la Generalitat ha detectado sobrecostes por más
de 1.000 millones. También se busca documentación en Engloba, una empresa de
comunicación.
En la localidad de Benigànim también se ha personado la UCO para registrar la
empresa de uno de los dueños de la sede del PP al que, según se investiga, Rus
pudo 'regar' con un contrato de 32 millones.
La investigación apunta directamente a la gestión de la ex alcaldesa de Valencia
Rita Barberá -en la actualidad senadora territorial- o al ex presidente de la
Diputación y del PP en esta provincia, Alfonso Rus, retirado de la política.
También al ex conseller Gerardo Camps, en la actualidad diputado nacional del PP
en el Congreso; o al ex diputado regional del PP, David Serra. Se investiga una
presunta red internacional de pago de comisiones, organizada y jerarquizada, que
mordía de contratos públicos revistiendo de legalidad numerosas adjudicaciones
millonarias.
Según la información de la que dispone EL MUNDO, el juzgado también investiga
presunta financiación ilegal del PP en Valencia. Al parecer, esta red se habría
camuflado entre las administraciones aprovechando que durante años el foco
mediático estuvo en Gürtel. Pasó inadvertida. Se investiga, además, si
dirigentes locales del PP de Valencia cometieron un presunto delito de blanqueo
de capitales.
En los registros están participando, además de los agentes de la Guardia Civil,
dos de los tres delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia, los
fiscales Pablo Ponce y Vicente Torres.
Según estas fuentes, no se descartan más detenciones en los próximas horas.
Incluso algunos registros podrían durar hasta 48 horas. La operación la dirige
el juzgado de Instrucción 18 de Valencia pero participan otros ocho juzgados más
por la gravedad de los delitos que se investigan. Desde las nueve de la mañana
nueve secretarios judiciales están desplegados por varios puntos de la
Comunidad.
Todos los ex cargos públicos o empresarios arrestados están vinculados a la
Generalitat, la Diputación o el Ayuntamiento de Valencia. Según esta
información, algunos de los detenidos también están relacionados e investigados
-término que sustituye al de imputado- en otras causas abiertas por corrupción.
La Fiscalía lleva desde julio de 2014 investigando estos hechos y la UCO se
incorporó al caso en en noviembre de ese año. En abril de 2015 Anticorrupción
elevó la denuncia a un juzgado y el magistrado Víctor Gómez, titular del juzgado
número 18, asumió las pesquisas. En todo este tiempo los investigadores han
contado con la colaboración de Marcos Benavent, el comisionista confeso y ex
gerente de Imelsa, empresa pública de la Diputación y uno de los puntos de
partida de la trama.
Benavent ha aportado abundante documentación a la causa y ha confesado multitud
de delitos a cambio de una reducción de su pena. En todo este momento ha estado
aislado y en permanente contacto con la Guardia Civil. En total ha declarado más
de 30 horas ante la Guardia Civil.
El origen
En el origen de la operación se encuentran las más de 10 horas de grabaciones
que la diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez, entregó a la Fiscalía
Anticorrupción de Valencia. Los audios los registró durante años Marcos Benavent
y en ellos aparecerían multitud de cargos públicos contando billetes que podrían
proceder del pago de comisiones. Incluso en una de ellas se escucha con claridad
a Alfonso Rus contando billetes junto a Benavent.
También aparecen ex diputados regionales como David Serra, procesado en Gürtel,
o ex cargos de la Diputación como Máximo Caturla.
Se investiga el supuesto amaño de macrocontratos de la Diputación como el plan
provincial de leds (32 millones), el de césped artificial -cuyo gran beneficiado
fue el actual propietario de la sede central del PP en la Comunidad, en la calle
Quart de Valencia- o contrataciones de Imelsa.
Los proyectos bajo sospecha en el Ayuntamiento de Valencia son el de la reforma
de las Torres de Quart, la Mostra de Cine -uno de los contratistas era el
sobrino de Barberá, Enrique Sospedra Barberá-, o la reforma del puente de
Serranos. También la adjudicación del espacio cultural de La Rambleta.
En todos estos proyectos ha participado la ex concejal de Cultura, María José
Alcón, investigada por otro juzgado por presuntos delitos fiscales.
Alcón estuvo casada con Vicente Burgos, ex gerente de la Fundación Jaume II El
Just. Burgos fichó a Benavent y le abrieron las puertas del Ayuntamiento. La
actual pareja de Alcón es Alfonso Grau, ex alcalde procesado en Nóos por los
pagos a Iñaki Urdangarin.
Alcón es una de las claves del caso. En 2011 perdió su acta de concejal pero en
la anterior legislatura ejerció de asesora de la ex alcaldesa de Valencia. Alcón
ocupaba el número 16 de la lista del PP en las municipales para Valencia pero
renunció a su puesto tras publicarse parte de las comprometidas grabaciones.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/01/26/56a5df8222601dd0448b4618.html
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