MARÍA RITA BARBERÁ NOLLA : DEL BALCÓN AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
NOTICIAS SALTEADAS SOBRE LA SUSODICHA
PROTECCIÓN
DE DATOS RESPALDA QUE SE FILTRARAN LAS FACTURAS DE RITA BARBERÁ
ANTICORRUPCIÓN
PRORROGA SEIS MESES MÁS LA INVESTIGACIÓN CONTRA RITA BARBERÁ
BARBERÁ NIEGA QUE HAYA EXISTIDO TRATO DE FAVOR A SUS FAMILIARES
LA CORRUPCIÓN AGOBIA A BARBERÁ
El PSPV acusa a Barberá y Camps por cinco delitos en Nóos
CASTRO ATRIBUYE MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN A CAMPS Y BARBERÁ
BARBERÁ: “HAY ALGUNA FALSEDAD Y JUICIO DE VALOR NADA PROPIOS DE UNA INVESTIGACIÓN”
BARBERÁ INSTA A LA OPOSICIÓN A MEDIR SUS PALABRAS PORQUE NO ES AFORADA
EL SUPERIOR DE VALENCIA INVESTIGARÁ SI CAMPS Y BARBERÁ COMETIERON DELITO
BARBERÁ: “EL JUEZ SOLO PREGUNTA SI SOY DIPUTADA”
BARBERÁ SE NIEGA A ACLARAR LA COMIDA CON NÓOS EN LA ZARZUELA
TURISMO VALENCIA TRABAJÓ PARA NÓOS MESES ANTES DE FIRMAR EL CONVENIO
RITA BARBERÁ SE ENROCA Y NIEGA SU RELACIÓN CON LOS VALENCIA SUMMIT
Los correos de Nóos revelan que Barberá fue decisiva en los Valencia Summit
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DESMONTA LA DEFENSA DE BARBERÁ EN EL ‘CASO NÓOS’
BARBERÁ DUPLICÓ LA CONTRATACIÓN IRREGULAR EN 2011, SEGÚN LA AUDITORÍA MUNICIPAL
BARBERÁ RECRIMINA A UNA CONDUCTORA DE LA EMT SU SUELDO ANTE LOS PASAJEROS
El nuevo desaire de Fabra a Barberá sorprende en el PP
"LOS ESCOLTAS NO SON RECADEROS", DENUNCIA UN SINDICATO DE VALENCIA
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BARBERÁ SE AFERRA EL ESCAÑO EN EL SENADO Y SOLICITA SU BAJA EN EL PP
Señala en un comunicado que, con su decisión, evita "que nadie se ampare" en
ella para responsabilizarla "de cualquier perjuicio o para esconder sus
resultados políticos y electorales"
Dirigentes nacionales y provinciales han presionado en las últimas horas a
la exregidora municipal para que se apartase "por el bien del partido"
Rita Barberá pedirá la baja en el Partido Popular, pero se aferra al Senado,
donde ocupa un escaño por designación de las Cortes Valencianas. Fuentes
conocedoras de las negociaciones entre la dirección nacional del PP y la
exalcaldesa de Valencia para intentar desbloquear la crisis desatada tras la
última decisión del Tribunal Supremo aseguran que la exregidora se agarra a
que no está imputada formalmente y a los estatutos del partido que fijan la
dimisión de los cargos públicos en el momento de la apertura del juicio
oral. Además, a que el acta le pertenece.
Este paso supone la integración de Barberá en el Grupo Mixto de la cámara
Alta. El anuncio llega poco antes de que el presidente del Gobierno en
funciones clausure una conferencia del ministro Luis de Guindos con motivo
de la presentación de un libro.
A las 17.40 horas, la oficina de información del PP difundió un comunicado
[aquí, en PDF] de la senadora en el que remarca su voluntad de analizar los
hechos con detenimiento, reclama que se inicien pronto las diligencias,
manifiesta que no dimitirá y avanza que entregará su carné de militante.
"He solicitado mi baja del Partido Popular porque así me lo ha pedido el
Partido y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito
que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o
para esconder sus resultados políticos y electorales", escribe. Un párrafo
que suena a advertencia a Alfonso Alonso y Alberto Núñez Feijóo, que están
de campaña electoral y al propio Mariano Rajoy que sigue asegurando que su
intención es formar Gobierno.
La Sala II del Supremo abrió este martes causa a la exalcaldesa de Valencia
y senadora por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación
se produce a raíz de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes
de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, y que recogía
indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo
Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa, un informe
que apoyó la Fiscalía.
"Esta muy dolorosa decisión me permite, por otra parte, actuar en plena
libertad sin estar sometida a disciplina alguna para ejercer mi defensa de
acuerdo con el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
en el 24.2 de la Constitución Española en los tribunales correspondientes
contra las personas que hayan vulnerado el principio irrenunciable de la
presunción de inocencia", añade el comunicado.
La solución adoptada no acaba de convencer a la cúpula del PP. La opinión
más extendida en Génova es que lo mejor para el partido hubiese sido que la
exalcaldesa dejase el escaño.
"Yo seguiré trabajando con más fuerza si cabe por mi tierra, que es más que
Valencia, porque es España. Esa España democrática, libre y constitucional
que la mayoría deseamos", concluye el documento.
Un caso que ha dividido al PP
Cuando estalló el caso, el PP se mostró dividido. De un lado, los
vicesecretarios consideraban que la exalcaldesa tenía que dejar su escaño de
senadora; de otro, los dirigentes más veteranos señalaban que había que
esperar a que hubiese nuevos avances judiciales para no tomar una decisión
que fuera injusta.
Este lunes, un día antes de la decisión del Supremo, el ministro de Justicia
en funciones, Rafael Catalá, consideró que la exalcaldesa sólo deberá asumir
responsabilidades políticas si es procesada y, por tanto, se le abre juicio
oral.
"Hay que medir bien las responsabilidades derivadas de los procesos
judiciales. En la condición de investigado no hay una presunción de
responsabilidad. Entre condición de investigado y de inculpado hay una
diferencia sustancial", dijo en declaraciones a RNE, recogidas por Europa
Press.
Esta posición no fue compartida por dirigentes como Cristina Cifuentes,
presidenta de la Comunidad de Madrid, y los candidatos del PP para las
autonómicas en Euskadi, Alfonso Alonso, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En
sus declaraciones públicas presionaron para que Barberá tomara una decisión
por el bien del partido.
Desde la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana también se consideraba que
lo mejor para la formación en estos momentos era que dejara el escaño.
Ciudadanos amenaza con romper el pacto
Pero a las presiones internas del PP se sumaron las del partido de Albert
Rivera. El pacto para la investidura de Rajoy firmado entre PP y Ciudadanos
obliga a ambos partidos a apartar a los cargos públicos investigados
(imputados). Nada más conocerse la decisión del Supremo, Ciudadanos exigió a
Rajoy que Barberá deje su escaño. Según Albert Rivera, si no lo hacía
incumpliría el pacto.
El acuerdo habla literalmente de la "separación inmediata de cualquier cargo
público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción
política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial".
El PP ha señalado que cumplirá lo que ha firmado, pero matizó que ese
acuerdo se pondrá en marcha una vez que haya gobierno, objetivo del pacto.
Plantón al Senado
Barberá tenía previsto acudir el martes al Senado, donde se constituirán las
comisiones Constitucional y Economía, en las que iba a repetir como vocal.
Se trata de un cargo sin remuneración más allá de las dietas. Tras hablar
con Génova una vez que el Supremo se había pronunciado, la exregidora volvió
para Valencia. En su entorno señalaron que quería estudiar el texto del
Supremo con sus abogados.
El auto del Supremo [consúltalo aquí, en PDF] recoge que, sin perjuicio de
lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos en la
exposición razonada pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de
capitales previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código
Penal. "Resulta, pues, imprescindible –añade el auto–continuar la
investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la
persona aforada doña María Rita Barberá Nolla".
Las actuaciones del PP
Tras estallar el caso en abril, el pasado 15 de marzo, el PP abrió un
expediente informativo a los afectados e investigados por el caso Imelsa.
Rita Barberá figuraba entre los cargos a los que les afectaba ese
expediente.
Trece días después, el Comité de Derechos y Garantís del PP suspendía
cautelarmente de militancia, a petición propia, a los asesores y a los nueve
concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia que estaban siendo
investigados. Estos pasaron al grupo de independientes.
El PP designó instructor de este expediente al diputado Francisco Molinero,
que ha viajado varias veces a Valencia para interrogar a los afectados. En
su declaración del 3 de mayo Barberá negó haber blanqueado dinero.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/14/barbera_escano_senado_supremo_54701_1012.html
El Supremo
abre causa contra Rita Barberá por blanqueo
El exfiscal General del Estado
Cándido Conde Pumpido será el instructor
La Sala II del Tribunal Supremo ha decidido iniciar la instrucción para
investigar a la senadora del Partido Popular Rita Barberá, por un supuesto
delito de blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de
Valencia cuando era alcaldesa de la ciudad. El Alto Tribunal ha designado al
magistrado Cándido Conde-Pumpido para que lleve a cabo la instrucción del caso.
La petición al Supremo partió del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia,
que investiga el denominado caso Imelsa, y fue apoyada por la Fiscalía. En su
exposición, el magistrado valenciano subrayaba las sospechas sobre las cuentas
del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, la
exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, principal
imputada en esta pieza separada, y consideraba que las explicaciones dadas por
la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación.
El Tribunal Supremo considera
"imprescindible", a raiz de la exposición de motivos enviada desde Valencia,
"continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos
de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla".
La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas imputadas, más el PP como persona jurídica, e investiga ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
http://www.elplural.com/2016/09/13/el-supremo-abre-causa-contra-rita-barbera-por-blanqueo
DOS JUECES PIDEN AL SUPREMO QUE IMPUTE A RITA BARBERÁ POR BLANQUEO DE CAPITALES
Y DESOBEDIENCIA
Una de las exposiciones razonadas es por corrupción en el llamado 'caso Taula',
la segunda por no cumplir la Ley de Memoria Histórica
El Tribunal Supremo recibirá en los próximos días dos exposiciones razonadas
pidiendo la imputación de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Una de ellas
se refiere al caso Taula, y pide que se impute a la senadora por un supuesto
delito de blanqueo de capitales. La segunda procede de un juzgado que ha
investigado un posible delito de desobediencia por el incumplimiento de la Ley
de Memoria Histórica, al no retirar los símbolos franquistas durante su mandato.
En Taula, el magistrado acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que
considera que existen indicios de que Barberá y otro medio centenar de personas
del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia cometieron el delito en marzo
de 2015, poco antes de las elecciones locales y autonómicas.
En la causa por los símbolos de la dictadura, la magistrada traslada al Supremo
una denuncia según la cual Barberá pudo cometer los "supuestos delitos de
desobediencia y denegación de auxilio" por "negarse a retirar de las calles de
la ciudad escudos, insignias y placas" franquistas pese a la vigencia de la Ley
de Memoria Histórica, ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
La denuncia fue presentada hace un año por un diputado socialista, el Grupo para
la Recuperación de la Memoria Histórica y un abogado. La magistrada indica que
al ser Barberá senadora y por ello aforada ante el Supremo, solo este órgano
judicial puede investigarla.
El juez Víctor Gómez, que instruye el caso Taula, apunta en su resolución, de
seis páginas, que también existen indicios de otras donaciones irregulares al
partido en los años 2003 y 2011. "Ambos eran años de convocatoria de elecciones
municipales y autonómicas”, subraya. El magistrado ya ha iniciado la
investigación de supuesto delito electoral —el nombre técnico de la financiación
ilegal de partidos—en el grupo municipal popular que dirigía Barberá pidiendo
información al Tribunal de Cuentas.
Destaca igualmente el juez la cercanía personal entre la exalcaldesa y la
persona que, según los investigadores, manejaba la caja b del PP de Valencia:
Mari Carmen García-Fuster, que hasta su detención en enero era secretaria
general del grupo municipal. "Barberá ostentaba una efectiva posición como
superiora jerárquica de la principal investigada, García-Fuster, tanto por ser
alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la
máxima responsable del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia. Existiendo,
además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la
principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones
dentro del Grupo desde el año 1991 en que fue designada por aquella".
El instructor mantiene imputadas —investigadas, según la nueva denominación
judicial— por este motivo a 48 personas, incluido el PP. Los miembros del grupo
popular habrían ingresado 1.000 euros en una cuenta de la formación y los
habrían recibido, en paralelo, en dos billetes de 500 euros de fondos de origen
desconocido. Una práctica que en la jerga de la lucha contra el blanqueo de
capitales se conoce como “pitufeo”, según la Guardia Civil. La fiscalía cree que
el dinero en efectivo puede proceder de comisiones cobradas a empresarios a
cambio de adjudicaciones, un sistema que centra el grueso del caso Taula, en el
que hay en total más de un centenar de investigados.
Una tesis que el juez Gómez plantea como posible, indicando que una de las
piezas separadas del caso Taula trata precisamente de sobornos a cambio de
contratos de la concejalía de Cultura que dirigía la imputada María José Alcón.
El magistrado considera en su escrito al Supremo que sería "incoherente" que,
cuando el resto del grupo municipal popular está siendo investigado, no lo sea
también la persona que lo dirigía, en referencia a Barberá. El juez destaca una
conversación grabada por la policía a la exconcejal Alcón. En ella, la exedil
explica a su hijo la presunta operación de blanqueo y menciona a la entonces
alcaldesa. "En dicha conversación la investigada cita a Rita Barberá, la
aforada, y por entonces alcaldesa de Valencia, si bien sin hacer una imputación
precisa de hechos concretos en esa operativa", añade el instructor.
El juez recuerda que tanto cuatro testigos —exempleados del grupo municipal que
se negaron a colaborar en el supuesto delito—, como Alcón y una exasesora del
PP, ambas imputadas, han reconocido la operación de blanqueo. Alcón aseguró a su
hijo en la conversación captada por la Guardia Civil que el dinero blanqueado
procedía de "dinero negro", entregado por empresas y fruto de una "corrupción
política total". "Un dinero que no pueden aflorar" por otras vías, agregó.
Las explicaciones por escrito ofrecidas por la exalcaldesa son insuficientes
para excluir "su posible implicación", considera el instructor. Este, no
obstante, afirma que "ni las investigadas que han reconocido la recepción del
dinero tras efectuar la aportación, ni los cuatro testigos que se negaron a
efectuarla, testimonian una participación concreta, personal, de la aforada
María-Rita Barberá en la entrega de dinero, ni en la propuesta o indicación para
dicha entrega se llevara a cabo, o se aceptara".
Barberá fue alcaldesa de Valencia durante 24 años, entre 1991 y 2015, cuando
después de no lograr formar gobierno en la ciudad fue elegida senadora
territorial por las Cortes Valencianas. Su condición de parlamentaria hace que
esté aforada ante el Tribunal Supremo, el único que puede actuar penalmente
contra ella. La exregidora ha defendido su inocencia, y ha planteado que los
indicios existentes provienen de una venganza urdida por su exvicealcalde
Alfonso Grau y el entorno de este. Barberá ha admitido que donó los 1.000 euros
a través de un talón, pero ha negado que la cantidad le fuera devuelta.
Si el Supremo acepta los argumentos del juez Gómez, recogidos en una exposición
razonada de motivos, deberá solicitar al Supremo permiso para investigar a la
exalcaldesa a través de un suplicatorio.
EL PP MANTIENE EL EXPEDIENTE A BARBERÁ
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha comparecido en
Puerto Lápice (Ciudad Real) para reafirmar que su partido sigue adelante con el
expediente disciplinario que abrió contra Rita Barberá. Ha señalado, asimismo,
que ni el presidente Mariano Rajoy ni ella han hablado con la exalcaldesa, cuya
imputación por blanqueo acaba de ser solicitada al Tribunal Supremo por el juez
que instruye el 'caso Taula' por presunta financiación ilegal.
En dicho expediente, abierto el 16 de marzo, están incluidos unos 50 militantes
populares, encabezados por Rita Barberá y todo su equipo de concejales y
asesores en Valencia.
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/21/actualidad/1461238386_801025.html
EL PP ABRE EXPEDIENTE A BARBERÁ Y A TODO SU EQUIPO EN VALENCIA
El partido nombra un instructor para investigar qué ha pasado en el
grupo municipal
El PP ha abierto expediente informativo por primera vez en su
historia de manera global a un grupo de dirigentes, unos 50
militantes encabezados por Rita Barberá y todo su equipo de
concejales y asesores en Valencia. El comité de garantías del
partido les citará ahora para exigirles explicaciones a Barberá y
los demás investigados judicialmente por el caso Taula, de presunta
financiación ilegal, porque no les convencen ni sus argumentos ni su
negativa a declarar ante el juez. La situación de Barberá ha
evidenciado las discrepancias por primera vez en público de Rajoy y
sus nuevos portavoces ante la corrupción.
La dirección nacional del PP ha esperado por un lado hasta la
apertura del secreto del sumario del caso Taula y, por otro, hasta
ver cómo actuaba Barberá y su equipo en el Ayuntamiento de Valencia
que gobernó durante 24 años para anunciar su primer expediente
conjunto contra una organización interna en el partido. El
vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, dedicó
toda la noche y madrugada del domingo al lunes a leer con detalle
los 1.000 folios del sumario y no daba crédito a lo que leía. Las
conversaciones grabadas por orden judicial le revelaron una actitud
y unos comportamientos “inaceptables” para unos dirigentes
políticos, como admitió anoche al anunciar la apertura del
expediente previo a cualquier sanción.
El PP nombrará ahora un instructor para citar, tomar declaración y
proponer medidas contra los cargos afectados, que se calculan sobre
medio centenar. Barberá estará entre los llamados, pese a que este
martes afirmó sentirse respaldada por la dirección de su partido.
"El expediente afecta a mucha gente que forma parte de ese
procedimiento judicial, no solo a Rita Barberá", ha declarado Maillo
en los pasillos del Congreso. Eso sí, ha señalado que esta decisión
está tomada desde la mañana de este martes y que se lo había
comunicado ya él mismo por teléfono a la exregidora de Valencia. El
PP calcula que el número de afectados podría elevarse sobre el medio
centenar y apuesta por iniciar las declaraciones del instructor con
los implicados de inmediato.
La apertura del expediente se ha producido horas después de que la
propia Barberá aceptara el ofrecimiento que el lunes le planteó el
juez del caso Taula de declarar ante él voluntariamente. "El cómo y
cuándo es un tema a estudiar", ha matizado la senadora en la sede
del PP valenciano, donde ha comparecido sola ante los medios de
comunicación horas después de que el Juzgado de Instrucción número
18 de Valencia haya levantado el secreto de la causa por presunto
blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento.
Barberá ha recordado, en todo caso, que "la carga de la prueba recae
sobre el que acusa y no sobre el que tiene que defenderse". Y dichas
pruebas, ha añadido la líder popular, no deben ser "suposiciones ni
pinchazos telefónicos que utilizan el nombre de terceras personas en
vano". "¿Está claro? La carga de la prueba se la lleva quien acusa",
ha añadido tras subrayar que "absolutamente nadie" del PP le ha
pedido que dimita como senadora y que, por tanto, renuncie a su
condición de aforada. "No he cometido ningún delito y no voy a
dimitir".
Fernando Martínez-Maillo, el número tres de hecho del PP, no ha
querido relacionar este expediente a Barberá y todo su equipo en la
ciudad de Valencia durante años con la exposición que la propia
exalcaldesa ha hecho esta mañana. Ni tampoco con el debate interno
que se ha abierto públicamente en el PP entre Rajoy y Dolores de
Cospedal, que han ofrecido un mensaje más conciliador a Barberá, y
los vicesecretarios que se han mostrado indignados y han admitido
que sus explicaciones habían resultado "claramente insuficientes".
Maillo se ha limitado a considerar que en el partido hay dirigentes
con opiniones "individuales y personales", pero que lo importante y
"muy positivo" era que Barberá hubiera decidido "dar la cara" al
indicar que colaborará e irá a declarar ante el juez.
El PP ha señalado que pretende actuar con "prudencia, contundencia y
la mayor rapidez posible" ante esta investigación interna, según ha
ratificado Maillo, que ha manifestado que esta actuación no será una
maniobra o "un instrumento de dilación"
UNA EXEDIL: “EL PP VALENCIANO TIENE MUCHO DINERO NEGRO DE CORRUPCIONES”
La exconcejal María José Alcón explica en una de las grabaciones el supuesto sistema de blanqueo
Los pinchazos telefónicos del caso Taula referidos al supuesto blanqueo de capitales por parte del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia respaldan la tesis de la fiscalía y la Guardia Civil. La exconcejal popular María José Alcón explica en una de las grabaciones autorizadas por el juez a su hijo el supuesto sistema de blanqueo. “En el partido me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500. Dinero negro”. “Ellos tienen mucho dinero negro”, “de empresas, comisiones, corrupciones...” y “no pueden aflorarlo”, afirma Alcón, que menciona a la exalcaldesa Rita Barberá.
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, coordinados por el juez de Valencia Víctor Gómez, investigaban la actividad de la supuesta trama del 3% vinculada al PP regional cuando, a través de las escuchas telefónicas a la exconcejal María José Alcón, se encontraron con el supuesto delito de blanqueo que estaban cometiendo presuntamente medio centenar de miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Era abril de 2015 y faltaban unas semanas para las elecciones locales y autonómicas.
Los pinchazos realizados a Alcón, exconcejal de Cultura y esposa de Alfonso Grau —el exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgado por el caso Nóos— se unen a otros indicios reunidos por la fiscalía y la UCO. Entre estos, las declaraciones de cuatro exasesores del PP que han reconocido ante el juez que les ofrecieron participar en lo que ellos interpretaron como una operación de blanqueo. Ingresar 1.000 euros en la cuenta del partido y recibirlos al mismo tiempo en metálico del Grupo Popular en el Ayuntamiento.
Los cuatro han declarado que no advirtieron de los hechos a Barberá porque estaban convencidos de que estaba al tanto de los mismos o porque no les inspiraba “confianza”.
El caso se basa también en las confesiones realizadas por dos de los imputados —investigados según la nueva denominación oficial—: la propia Alcón y su hijo. Y en un escrito “anónimo” recibido en fiscalía en abril de 2015 en el que se detallaba el presunto delito.
Alcón relató la operación de blanqueo en una conversación grabada por la UCO el 15 de abril de 2015. La exconcejal habla con su hijo, al que le dice:
—Es que han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500, dinero negro...
—Sí...
—Y yo les tenía que hacer una transferencia legal, de mi cuenta, o sea, ¿eh? Para blanquear dinero, vamos, corrupción política total [...].
— Pero... cómo que para blanquear, no lo entiendo.
—¿No lo entiendes cariño? Pues ellos tienen mucho dinero negro.
—¿Quién?
—Pues de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones... Entonces ese es un dinero que no pueden aflorarlo.
—¿Pero quién te ha dado a ti eso? ¿Rita [Barberá]?
—Mari Carmen García-Fuster [exsecretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento y supuesta controladora de la caja b del partido a escala municipal].
—Ah.
—Rita, sí. Entonces, a mí me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500 que es dinero negro obtenido...
—¿Para que te lo quedes?
—Para que me lo quede yo y entonces yo se lo doy a ellos con una transferencia bancaria y se blanquea. Y si [alguien] dice: ‘¿Ese dinero de dónde viene?’ Ese dinero lo ha aportado la concejal María José [Alcón] de su cuenta corriente.
“Lo único que funciona en España es la corrupción”
El hijo le pregunta “cuántos billetes de 500 tienen ellos”. “Yo qué sé cariño. Como tú dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, es este país lo único que funciona es la corrupción”, responde Alcón.
El teléfono de la exedil estaba intervenido por orden judicial porque la exconcejal era una de las personas que aparecía hablando del cobro de mordidas en las cintas acumuladas durante años por Marcos Benavent, el ex alto cargo de la Diputación de Valencia que participó en la trama del 3% y ahora colabora con la justicia.
Dos días después de hablar con su hijo, la exconcejal Alcón habla con su hermana y le cuenta lo mismo de forma “espontánea”, según destaca el fiscal. “A Juanjo le dije que me hiciera una transferencia de esos 1.000 euros que han blanqueado en el partido de todo el dinero negro que tienen. Y me dieron dos billetes de 500 y yo tenía que hacer una transferencia legal desde el BBVA de 1.000 euros. Que los blanquean así. [...] Es muy gordo todo”.
Otra prueba del supuesto blanqueo son las declaraciones de varios asesores del Grupo Municipal del PP en la capital, que comparecieron ante la UCO y ante el juzgado en calidad de testigos. Una de ellas hace su particular relato de los hechos en un escrito que redactó en abril de 2015, barajó llevar ante notario y conservó en un documento con dicha fecha en su ordenador hasta que se lo entregó al juez.
En el texto explica que el 23 de marzo recibió en su despacho la visita de un asesor de la alcaldía. Este le comunicó a ella y a otros compañeros de que debían realizar una transferencia y, con el comprobante en la mano, debían ir al despacho de la secretaría del grupo, que desempeñaba Mari Carmen García Fuster, para que les fuera devuelto ese importe en efectivo, con la condición de que no lo ingresaran en el banco, en ningún banco, relata la testigo.
La asesora fue citada al día siguiente por García Fuster a su despacho. “Me pidió disculpas por no haber sido ella quien nos informara el día anterior. Le comuniqué que yo no iba a participar en ese hecho (...). Me escudé en problemas económicos aludiendo que no dispongo de ese dinero”, escribió la testigo. Según la versión, García Fuster le insistió primero en que el dinero le sería devuelto y luego le gritó. “Llegó a ofrecerme ella los 1.000 euros para que los ingresara en mi cuenta y realizara la transferencia”, explicó.
Un caso sobre comisiones y financiación
El juez alzó este lunes el secreto del sumario sobre la pieza del supuesto blanqueo de capitales del PP en el Ayuntamiento de Valencia: el caso Taula. Una causa mucho mayor en la que se investiga el supuesto funcionamiento de una trama que cobró comisiones, en general del 3%, a empresas que resultaron adjudicatarias de la construcción de colegios, infraestructuras sanitarias y otro tipo de contratos por parte de Ayuntamientos, la Diputación de Valencia y la Generalitat.
Parte de este dinero iba a parar a las cajas b que el partido manejaba en los distintos niveles de la Administración, según fuentes de la investigación. El alzamiento ahora del secreto de sumario sobre esta pieza era, según esas fuentes, un paso necesario para que los senadores puedan decidir si conceden en su caso al Supremo el suplicatorio para imputar a Barberá por un delito de blanqueo.
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/14/actualidad/1457985021_674563.html
EL JUEZ DEL 'CASO IMELSA' IMPUTA AL PP DE VALENCIA POR BLANQUEO DE CAPITALES
El magistrado ofrece a Rita Barberá declarar voluntariamente
El juez instructor del Caso Imelsa, germen de la Operación Taula, imputa al PP por blanqueo. Además, cita de nuevo a cuatro investigados (Alfonso Novo, María José Alcón, Mari Carmen García Fuster y su secretaria María José Pi Palau, por su proximidad al dinero de origen supuestamente ilícito. Además, el Juez Instrucción 18 de Valencia ofrece declarar a Rita Barberá antes de decidir si eleva al Supremo la causa por blanqueo. También ofrece lo mismo al otro aforado, al diputado autonómico Miquel Domínguez, aforado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
En cuanto a la pieza principal mantiene el secreto de sumario y lo prorroga un mes más, hasta el próximo 14 de abril. Asimismo, el juez pide informe al fiscal sobre la procedencia de declarar la complejidad de la causa y ampliar de 6 a 18 meses la investigación de la pieza separada.
El juez imputa al PP por blanqueo. En ese sentido cita, para interrogar de nuevo, a cuatro investigados que en su día, estando la causa secreta, se acogieron a su derecho a no declarar. Se trata del concejal Alfonso Novo, la exedil María José Alcón, la exsecretaria del grupo municipal popular Mª Carmen García-Fuster y de la secretaria de ésta, María José Pi Palau, quienes, según el magistrado instructor, tenían, al menos indiciariamente, “mayor proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito”. Tendrán que declarar de nuevo ante el juez el día 8 de abril.
En cuanto a los dos aforados el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha acordado ofrecer a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barbera, y al exconcejal Miquel Domínguez, la posibilidad de declarar voluntariamente en el marco de la pieza separada del “Caso Imelsa” que se sigue por un delito de blanqueo de capitales, antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo (TS), órgano ante el que Barberá es aforada por su condición de senadora, y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), competente para investigar y, en su caso, enjuiciar a Domínguez por ser diputado autonómico. El artículo 118 bis del Código Penal permite a los aforados renunciar a ese aforamiento y en virtud al derecho de defensa declarar ante el juez instructor sin necesidad de que la causa se eleve al tribunal que los afora.
El secreto, sin embargo, se ha prorrogado un mes más, hasta el 14 de abril, para el resto de la causa atendiendo a un escrito de la Fiscalía para que elevara sendas Exposiciones Razonadas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en el caso de Barberá, y ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Entiende el Ministerio Público que “existen indicios suficientes de la participación” de los dos aforados en la comisión del delito de blanqueo de capitales por el que están investigadas 48 personas (concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia) y por el que el instructor ha resuelto imputar también al Partido Popular al amparo de los artículos 302.2 del Código Penal y 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En un auto notificado hoy, el instructor explica que los escritos presentados por el fiscal “contienen indicios racionales que fundamentan jurídicamente dicha petición”. El juez, sin embargo, considera oportuno seguir la doctrina del Tribunal Supremo y agotar la investigación para que, llegado el momento, tanto el Supremo como el alto tribunal valenciano dispongan de la máxima información que les pueda ser de utilidad para “valorar la implicación indiciaria de las dos personas aforadas”.
Por este motivo, el titular de Instrucción 18 ha decidido también interrogar de nuevo “Cabe la posibilidad de que quisieran, ahora, declarar, es decir, suministrar información que podría ser valiosa o reveladora de hechos o circunstancias ignotos en este momento, y que podrían servir para aproximarnos a la verdad, que es el único interés y finalidad de toda instrucción judicial”, arguye el juez, quien, para agotar la investigación, acuerda, igualmente, ofrecer a los dos aforados, Barberá y Domínguez, la posibilidad de ser oídos voluntariamente sobre unos hechos por los que podrían resultar imputados.
Se basa el magistrado en la doctrina del Tribunal Supremo (ATS 9884/2012), según la cual “deben depurarse en el Juzgado de Instrucción de origen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos, al efecto no solo de acreditar los mismos sino también el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada, lo que pasará por recibirle declaración si voluntariamente se presta a ello”.
En dicho auto el Supremo establece que “debe agotarse la instrucción de la causa, a fin de permitirse una más fundada decisión no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado”.
El Alto Tribunal exige que “cuando se imputan actuaciones criminales a un grupo de personas y alguna de ellas tiene el carácter de aforado, se individualice no solo la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación (…). De ahí que para que proceda declarar su competencia sea menester que existan suficientes indicios de responsabilidad contra la persona aforada”.
De aceptar la fórmula de la declaración voluntaria, la senadora y el diputado autonómico comparecerían ante juez y fiscal, asistidos por abogado, previa designación de procurador y habiendo tenido conocimiento de las actuaciones. El juez les otorga un plazo de veinte días para declarar si lo desean. No serán interrogados. Y, alternativamente a esta comparecencia voluntaria, podrían presentar un escrito alegando lo que consideren oportuno en relación a los hechos investigados y a su posible participación en los mismos.
La declaración voluntaria de los aforados viene recogida en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No implica proceder alguno del órgano judicial contra ellos. Se trata, según recoge el auto de Instrucción 18, de un trámite que persigue garantizar su derecho de defensa “para que puedan dar a conocer hechos y circunstancias de posible interés para la causa y manifestar lo conducente a su defensa en relación con la investigación, que aparentemente les implica, antes de decidir sobre la petición interesada por el fiscal”.
Además del auto en el que el juez acuerda practicar más diligencias antes de pronunciarse sobre la petición del fiscal para que eleve la Exposición Razonada al Supremo y al TSJ, el magistrado del “Caso Imelsa” ha dictado una providencia en la que emplaza al Partido Popular para que designe a un representante procesal que habrá de prestar declaración en calidad de investigado (término que sustituye al de imputado) por un delito de blanqueo de capitales.
En esta resolución, el juez también solicita informe al representante del Ministerio Público para que se pronuncie sobre la oportunidad de declarar compleja la pieza separada del blanqueo y ampliar así de 6 a 18 meses el plazo para investigar.
En el “Caso Imelsa”, cuya pieza principal seguirá estando secreta hasta el 14 de abril tras la nueva prórroga acordada hoy por el instructor, hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
En la pieza separada, con 48 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita.
La causa, que se saldó con la detención a finales de enero de 24 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, consta de 15 tomos (4.500 folios). La documentación incautada en los registros está clasificada en diez piezas documentales, integradas, cada una de ellas, por varios tomos.
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/14/radio_valencia/1457957657_123120.html
RITA BARBERÁ: "NO DIMITO. NI ME LO PLANTEO"
La exalcaldesa asegura sobre el blanqueo que "todo es absolutamente falso" y pide "templanza y sosiego" a los dirigentes del PP que le reclaman que se marche - A los valencianos: "Les pido que sigan confiando en mí"
La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, ha anunciado hoy que no dimite, ni se lo plantea, porque no ha "contribuido a ningún blanqueo de dinero" en el grupo popular municipal ni en el partido.
Barberá ha añadido que no ha ordenado, ni conocido ni ha sabido nada de ese blanqueo, ni tampoco ha tenido nunca el menor conocimiento de una caja B, y "todo lo que se ha dicho al respecto es falso".
Rita Barberá ha hecho estas afirmaciones en su primera rueda de prensa desde que se produjeron las detenciones por el denominado caso Imelsa y desde que concejales, exediles y asesores del grupo popular municipal declararon como investigados por un presunto caso de blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia.
La senadora ha dicho "muy clarito y muy fuerte" que no dimite, porque no conoce nada de lo que se le acusa ya que el sumario está declarado secreto, porque no ha cometido "ningún delito o ningún ilícito" y porque hacerlo sería asumir una responsabilidad sobre algo que no ha cometido.
Ha insistido en que nunca ha tenido conocimiento de una financiación ilegal en su partido, "porque no la hay"; ha aseverado que no es corrupta, ni desde el punto de vista económico ni moral, y ha hecho hincapié en que nunca ha tenido ningún cargo orgánico en el partido y que las campañas electorales las organizan los comités de campaña.
Al igual que en el comunicado que emitió el pasado 2 de febrero, Barberá ha negado que en el Consistorio haya habido amaños o mordidas, por lo que ha apelado a esperar a que se levante el secreto de sumario para que se vea que "todo son acusaciones infundadas, maliciosas y profundamente falsas".
"Nunca me he quedado nada", ha asegurado Barberá, quien ha explicado que vive en un piso de alquiler, no tiene coche ni segunda vivienda, su patrimonio se ha publicado seis veces desde junio, vive de su sueldo y que está dispuesta a gastar "hasta el último euro" de su patrimonio para restablecer su "honor".
"Me quieren hacer aparecer como la jefa de una trama criminal y corrupta porque he dado voluntariamente mil euros para una campaña criminal sin que se me devolviera nada", ha lamentado Barberá, quien ha reclamado "sosiego" y "templanza" a los miembros de su partido que le han pedido explicaciones.
Gracias a su "buen amigo" Rajoy, Cospedal y Camps
Ha dado las gracias a varios miembros de su partido, entre ellos el presidente nacional del PP "y buen amigo" Mariano Rajoy.
Igualmente, ha agradecido su actitud a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; al ministro de Justicia, Rafael Catalá --"que no ha podido ser más claro", ha recalcado-- y al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, entre otros cargos del PP nacional.
"Por qué solo se habla de mí y no se pregunta a Pedro Sánchez si va a exigir dimisiones"
La exalcaldesa se ha preguntado "por qué solo se habla de ella" mientras parece "paralizado judicialmente" temas como los ERE de Andalucía. "¿Por qué no se pregunta al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, si va a exigir dimisiones?", ha manifestado.
La exprimera edil ha planteado por qué es tratada "con mayor crueldad" cuando hay "casos multimillonarios de corrupción" en Cataluña o el secretario general del PSOE gallego "luce cuatro imputaciones".
"¿Por qué no se le pregunta a Pedro Sánchez todos los días si va a haber más dimisiones y a mis compañeros sí se les pregunta todos los días mí'", ha reiterado Barberá, que ha sentenciado: "No encuentro respuesta".
Insinúa que no acudirá a las Corts
Respecto a su citación el próximo lunes en Les Corts para dar explicaciones, ha precisado que no ha "decidido aún" si irá, aunque ha destacado que, como senadora, solo tiene obligación de comparecer ante una comisión de investigación -que no es el caso- y ha afirmado que no se va a someter a "tribunales totalitarios".
Barberá ha sostenido que el aforamiento que tiene por ser senadora no significa "inmunidad, ni impunidad ni blindaje", sino que en caso de tener que ser juzgada lo sería en "el primer tribunal de España", el Tribunal Supremo, y ha explicado que, en caso de ser citada, comparecerá ante el juez que le corresponde.
Ha lamentado que sobre ella ha caído una "avalancha" de peticiones de explicaciones y ha confesado que ha vivido un "inenarrable dolor anímico, horror y estupefacción" ante "tantas condenas mediáticas" que han caído sobre ella, mientras que ha pedido que se legisle para evitar filtraciones de sumarios.
Barberá ha pedido que se cumplan los estatutos del partido, que marcan que se abrirá expediente informativo si hay una imputación formal, que pasará a ser disciplinario cuando se abra juicio oral, y ha manifestado que si no ha ido hasta ahora al Senado es porque "no hay actividad parlamentaria", pero irá en cuanto se retome.
RAJOY: “HE HABLADO CON RITA BARBERÁ Y DICE QUE ES INOCENTE”
"He hablado con Rita Barberá y dice que es inocente”. Esta ha sido la contestación que ha dado el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, al ser preguntado por la posible imputación de la exalcaldesa de Valencia y senadora popular. Como viene haciendo en los útimos días, el líder del PP ha justificado que el partido no haya tomado aún medidas contra Barberá, pese a que algunos dirigentes ya piden abiertamente a la veterana política que se vaya para no seguir perjudicando a sus siglas. Sabiendo que le iban a preguntar de nuevo por el asunto, Rajoy ha llevado a su entrevista en Antena 3 un dossier en el que decía tener 174 casos de personas del PP cuyos casos se habian archivado después de haber sido acusados. "Pepe Blanco [exministro socialista] también estuvo imputado en el Supremo, su caso se archivó y a mí no se me ocurrió pedir que lo demonizaran".
"Vamos a esperar acontecimientos. Es muy difícil tomar decisiones sobre personas cuando el sumario es secreto", ha insistido el líder del PP sobre qué hacer con Barberá. Rajoy ha negado que el partido le haya dado "un trato de favor" al enviarla a la Diputación Permamente del Senado porque ya era aforada, pero fuentes de la Cámara alta aseguran que ese puesto garantiza su aforamiento incluso en el caso de que se disuelvan las Cortes por convocatoria de nuevas elecciones. "Si hubiera hecho algo, va a ser juzgada igual", ha zanjado el presidente en funciones.
Preguntado por si es partidario de la petición de Ciudadanos de eliminar los aforamientos, Rajoy ha dicho que "se podrían quitar", pero que ese no es el principal problema de España, sino el paro. Los populares llevaban en su programa electoral la reducción de los aforamientos, pero en el documento de propuestas que entregaron a la formación de Rivera y a Pedro Sánchez simplemente sugerían "adecuarlos".
El presidente en funciones ha admitido que la corrupción es lo que "más daño" ha hecho al partido, aunque ha asegurado que alguno de los casos que ahora afectan al PP "son del siglo pasado" y ha defendido las medidas tomadas en la pasada legislatura para combatirla. Preguntado por la dimisión de Esperanza Aguirre, Rajoy ha insistido en que su situación no es la misma: "Aguirre ha tenido muchos consejeros imputados, alguno en la cárcel... A mí no me ha pasado eso en mi Gobierno".
El líder del PP también ha negado que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hubiese sugerido una conspiración para destapar solo los casos de corrupción del partido. "Él habló del hecho objetivo de que se han filtrado cinco o seis sumarios, pero yo respeto mucho a los jueces porque soy hijo de juez y he vivido en palacios de justicia".
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/24/actualidad/1456300419_511448.html
EL ‘ANNUS HORRIBILIS’ DE RITA BARBERÁ
El ‘caloret’ marcó el inicio de la decadencia política de la exalcaldesa de Valencia
A finales de invierno de 2014 Rita Barberá era todavía el tótem del PP valenciano, aunque en el universo de la alcaldesa de Valencia avanzaban las fisuras. En las urnas ya había señales de agotamiento de la que había sido desde 1995, tras su primer mandato con Unión Valenciana, la imbatible máquina electoral del partido en Valencia y la locomotora que tiraba de otros candidatos como Eduardo Zaplana y Francisco Camps.
Su relación con Mariano Rajoy tampoco pasaba por el mejor momento. Era la matriarca de un partido que supuraba casos de corrupción en todas las Administraciones y había forcejeado con Rajoy para mantener a toda costa en el Palau de la Generalitat a su ahijado Camps, asediado por el caso Gürtel. Como consecuencia, a diferencia de lo que ocurrió con Zaplana y Camps, había dejado de ser decisiva en la designación de Alberto Fabra como líder del partido. Pero, aun así, era la figura más sólida del PP en la Comunidad Valenciana.
La Jefa, como se la conoce en el PP, retenía el mito que le atribuía su partido de “alcaldesa de España”, forjado en su ascendencia sobre los presupuestos de una Generalitat que le pagaba la fiesta del desarrollo urbanístico de Valencia y los hitos que la siluetean, así como su habilidad para acaparar logros de la Administración central como propios.
Pero el 23 de febrero de 2015 se tambaleó su leyenda. El acto de la Crida, que anuncia el inicio de la fiesta de las Fallas, siempre había sido para Barberá un escenario propicio, una prolongación del balcón peronista del Ayuntamiento. Sin embargo, esa tarde en las Torres de Serranos, con un discurso inconexo, suspicazmente eufórico y plagado de tropezones lingüísticos en castellano y en valenciano, la alcaldesa naufragó en su propio jugo. Y donde más le dolía: ante el mundo fallero, que había sido su principal sustento.
El episodio del caloret abrió la veda contra Barberá. Ese día empezó la cuenta atrás de su fin. Las redes sociales achicharraron su cartel como una falla en la noche de San José. Aunque pidió perdón al día siguiente, quedó sepultada ante una avalancha de críticas en toda España, no solo políticas, sino cívicas y universitarias. El caloret catalizó malhumores ciudadanos en Valencia, mientras de debajo del glamur de los eventos la crisis afloraba la mugre de las calles de los barrios, el abandono de los jardines y los socavones en el asfalto.
Para Barberá se había complicado todo. Las expectativas electorales no le aseguraban la alcaldía y ni siquiera la Generalitat, asfixiada financieramente, podía pagarle la traca final de su mandato. Ante esa expectativa, la mejor salida era no repetir como candidata y cerrar un período de 24 años de inauguraciones y esplendentes mayorías absolutas. Así podía mantener la vitola de animal político invencible.
Sin embargo, Rajoy la requirió para que volviera a encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Valencia por séptima vez. Ante el desmoronamiento del partido, en metástasis judicial por los escándalos de corrupción, su presencia en la lista municipal podía amortiguar el hundimiento más que ningún otro candidato.
Barberá aceptó a regañadientes, relatan fuentes del PP. Solo estaba dispuesta a repetir en el caso de que el Gobierno hubiese aprobado una ley de reforma electoral que garantizase la alcaldía al partido que obtuviera el 40% de los votos. Así podía edulcorar su caída y sumar otro mandato en su palmarés de alcaldesa perdurable. Urgió con tanta insistencia al Gobierno para que impulsara la reforma que en Génova, según estas mismas fuentes, tuvieron que pararle los pies: “No te preocupes, Rita, que en Valencia no llegamos ni al 40% de los votos”. Cuando constató que no podía evitarlo, a menos que dejara el partido, recurrió al coraje: “Yo me podía haber ido por la puerta grande, pero no soy una rata que sale huyendo”, alegó en un foro.
Pero sus problemas iban en aumento. En abril de 2015, un mes antes de las elecciones, Compromís presentó la web llamada Ritaleaks, en la que se publicaron cientos de documentos con gastos de difícil justificación del Ayuntamiento de Valencia en años de crisis. Se trataba de viajes, comidas y diferentes actos de representación, algunos de los cuales estaban atribuidos a la alcaldesa.
Barberá había conseguido hasta ese momento mantenerse en la periferia de la mayoría de casos de corrupción, mientras su vicealcalde, Alfonso Grau, tuvo que dimitir a principios de año a causa de su imputación en el caso Nóos por decisiones que difícilmente se podían tomar sin el consentimiento de la alcaldesa.
El caso Imelsa estalló en vísperas electorales con la filtración de las conversaciones grabadas por el exgerente de esta empresa pública, Marcos Benavent. Salpicada por el caso, la exconcejal de Cultura y todavía asesora de Barberá, María José Alcón, tuvo que renunciar a ir en la lista. Las conversaciones de Alcón, esposa de Grau, revelaban favores políticos a un sobrino de la alcaldesa, Quique Sospedra Barberá, vinculado a empresas con las que el Ayuntamiento de Valencia contrató servicios de azafatas en eventos municipales.
El 24 de mayo Barberá perdió en las urnas la mitad de los votos que tenía y obtuvo 10 concejales, uno más que Compromís. Era su acta de defunción como alcaldesa. Su mito se había derrumbado. Mandó a sus representantes legales a recoger el acta de concejal, pero renunció a ella un día antes de la constitución de la nueva Corporación. “Hemos hecho importante a Valencia. La hemos puesto en el mapa”, proclamó en su despedida. Dos meses después, pese a que había dicho que “ni se le pasaba por la cabeza” la idea de optar a una plaza en el Senado, dimitió de diputada en las Cortes Valencianas y se convirtió en senadora territorial.
Alejada del foco mediático, su relativo paréntesis de tranquilidad duraría poco. A finales de enero de 2016 el juez instructor de Imelsa imputó a nueve de los 10 concejales de la lista de Barberá y a personas de su círculo de confianza en el marco de la Operación Taula, que investiga la presunta trama de financiación ilegal y blanqueo. Fuentes del caso apuntan que ella no fue detenida ni imputada por su condición aforada ante el Tribunal Supremo por el cargo de senadora, del que no puede ser destituida a menos que se disuelvan las Cortes Valencianas. Pero el juez ya ha dado el paso preceptivo para su imputación a través del Supremo.
Ahora, la alcaldesa que quiso convertir Valencia en un caladero de yates de lujo y una pista de bólidos como Mónaco, la que quiso empequeñecer al Marqués de Campo, (el alcalde que llevó el agua potable a Valencia y adoquinó sus calles), se esconde en su casa sitiada por las consecuencias del sistema que le sirvió de pedestal. Incluso Grau, el hombre que tuvo toda su confianza, empieza a señalarla, mientras ella recela de lo que pueda hacer la organización sobre la que ha reinado y manda whatsapps con advertencias: “Cuidado con lo que decís”.
Barberá se ha convertido en un lastre demasiado pesado para el PP. El portavoz Pablo Casado acaba de pedirle que reflexione si "aporta algo" al partido al que pertenece porque, en caso contrario "hay vida fuera de la política". Su lápida política está esculpida, solo le falta el pulido judicial.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/23/actualidad/1456224973_792788.html
CERCO A BARBERÁ: CINCO CONVERSACIONES Y CINCO IMPUTADOS LA SALPICAN EN LA
OPERACIÓN TAULA
Entre las 10 horas de grabaciones que durante años almacenó uno de los delfines
de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, Marcos Benavent, cinco 'pinchazos'
apuntan a las gestiones del Ayuntamiento dirigido por la popular, al igual que
cinco son los detenidos vinculados a ese Consistorio en la 'Operación Taula'.
"Puedes venderle a 'la jefa': Mira, le he dado todo a tu sobrino". Esta es solo
una de las comprometedoras frases contenidas en las 10 horas de grabaciones que
durante años almacenó uno de los delfines de Alfonso Rus en la Diputación de
Valencia, Marcos Benavent, y que salpican a Rita Barberá, a quien los
interlocutores se refieren como 'la jefa' y cuyo familiar se habría visto
supuestamente favorecido por una serie de contratos amañados.
Estos 600 minutos de audios que Esquerra Unida (EUPV) incluyó en su denuncia
ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2014 incluyen al menos cinco
conversaciones que cuestionan gravemente la gestión del Ayuntamiento gobernado
por Barberá y son los mismos que este martes se han sustanciado en la 'Operación
Taula', la macrooperación de Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil contra altos cargos del Partido Popular que se ha saldado ya
24 personas detenidas y otras cinco investigadas (el término utilizado ahora
para referirse a los imputados). Entre todos ellos, hay cinco personas ligadas
al Ayuntamiento de Valencia en la época que gobernaban los 'populares'.
Uno de los diálogos más relevantes de la mencionada fonoteca involucra a
Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa de la Diputación provincial, y
a la propia ex concejal de Cultura y asesora del PP a las órdenes de Barberá,
María José Alcón, detenida este martes. Pocos días después del accidente del
Metro de Valencia en 2006, que dejó 43 muertos, ambos integrantes de la presunta
trama hablan de cómo repartir económica y políticamente las azafatas, la
publicidad y las galas en la Mostra de València-Cinema del Mediterrani entre
varias opciones, incluyendo empresas vinculadas laboralmente con Quique Sospedra
Barberá, sobrino de Rita Barberá.
Si bien la ex alcaldesa de Valencia no aparece en ninguno de estos 'pinchazos',
se deduce que estaría al corriente
De acuerdo a la conversación, que fue recogida en su día por el diario El Mundo,
la empresa que mejor oferta presentaba no era otra que Thematica Events -la
firma que facturaba unos 500.000 euros en cada Gran Premio de Europa de Fórmula
1 de Valencia y que Benavent habría empleado como sociedad pantalla para que el
dinero supuestamente saqueado volviera a sus cuentas-, pero Alcón recalcaba que
ellos tenían compromisos políticos.
Así, Benavent detalla a la ex concejal cómo descartar esta compañía y reconoce
que "son órdenes de 'la jefa'". Thematica sabría que "está el sobrino", continúa
Benavent, quien se compromete a trasladarle que debe presentarse para perder
para que no digan que siempre se presenta para ganar. Para recompensar, siempre
según esta conversación, le darían el contrato de publicidad a una empresa con
buenas relaciones con Thematica y cercana al ex presidente de la Generalitat
Francisco Camps.
Si bien el nombre de la ex alcaldesa de Valencia no aparece en ninguna de estos
'pinchazos', se deduce que presuntamente estaba al corriente de todo: "Ahí
puedes venderle a 'la jefa': 'Mira, le he dado todo a tu sobrino'', aconsejó
Benavent a la ex edil Alcón. Entre el año 2005 y 2006, fecha en la que se
produce esta conversación, se habrían repartido miles de euros en comisiones a
cambio de adjudicaciones fraudulentas, según desveló EUPV en una rueda de
prensa.
Si cinco son las escuchas que salpican al Ayuntamiento de Valencia, cinco son
también los altos cargos vinculados al Ejecutivo municipal que han sido
detenidos o están siendo investigados -término que sustituye al de imputado tras
la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- tras la puesta en marcha de la
'Operación Taula':
María José Alcón: La ex concejala de Cultura en el equipo de Gobierno de Rita
Barberá en el Ayuntamiento de Valencia y ex asesora del PP en el consistorio
durante la última legislatura ha sido una de las 24 detenidas. Las cintas del ex
gerente de Imelsa, Marcos Benavent, desvelaban su supuesta participación Alcón
-esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos-,
en el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos
amañados. La ex concejala fue destituida como asesora del Ayuntamiento y su
nombre fue retirado de la lista electoral que encabezó Rita Barberá en los
comicios del pasado mes de mayo.
María del Carmen García Fuster Conocida como Mari Carmen, ocupaba la función de
secretaria y asesora del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia en el
mandato de Rita Barberá, de quien era una de sus personas de confianza hasta las
pasadas elecciones municipales. García Fuster también fue detenida este martes
en su domicilio. Además, es hermana de José Rafael García Fuster, exsenador
popular y exconsejero del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la entidad
financiera que resultó de la fusión de Bankia, Bancaja y otras cajas de ahorros.
Alfonso Novo El exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia durante la
era Barberá es actualmente el portavoz del Partido Popular en el Consistorio y
presidente del partido en la ciudad. En su caso, no ha sido detenido, solo está
siendo investigado. Novo cogió el relevo de Barberá cuando esta decidió, tras
perder la Alcaldía en las elecciones del pasado mes de mayo, abandonar el
Ayuntamiento tras veinticuatro años al frente para centrarse en su labor como
senadora territorial del PP. Según ha explicado Novo, el registro se ha centrado
en los correos electrónicos de García Fuster, así como en "dos o tres
ordenadores más" del personal del grupo.
Luis Salom: El asesor y comunity manager del PP Valenciano se encuentra entre
los investigados en la Operación Taula. Salom se ha caracterizado en los últimos
años por algunas polémicas a través de las redes sociales, vía por la cual
también pedía que se actuara duramente contra los corruptos. Entre estas
polémicas destaca, por ejemplo, la que mantuvo con la periodista Ana pastor.
Además, Salom saltó a la palestra mediática por pedir a Ada Colau, de Guanyem
Barcelona, y a Pablo Iglesias, de Podemos, que donasen 10.000 euros cada uno a
una entidad benéfica para que él renuncie al registro de las marcas Guanyem
Valencia y Guanyem Barcelona.
María José Pi Mientras la coordinadora general del PPCV, Eva Ortizella, señalaba
este martes que Rita Barberá "está tranquila en casa", la actual secretaria del
grupo muinicipal María José Pi también ha sido investigada. Junto a Novo y a
Salom, Pi deberá presentarse este miércoles en el juzgado acompañada por un
abogado tal y como les han comunicado los agentes de la UCO de la Guardia Civil
que se han personado en el registro en los despachos del PP del consistorio en
el marco de la macroperación a raíz del caso Imelsa.
La diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez, que denunció en 2014 ante
la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades de Alfonso Rus, presidente de la
Diputación de Valencia, que han desencadenado ahora las detenciones practicadas
por la Guardia Civil, cree que tras la trama desmantelada hay un caso de
financiación ilegal del PP. Tras meses de investigación, este martes culminaba
una macro operación con 33 registros en casas particulares, sedes sociales de
empresas y fundaciones de las tres provincias de la Comunitat, con al menos 24
detenidos y 29 investigados.
Tras practicar las diligencias, se terminó descubriendo que el ámbito de
actuación de la trama corrupta era "mucho más extenso" de lo que se recogía en
la denuncia inicial. Esto llevó a la Fiscalía a presentar el pasado mes de marzo
una querella, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos contra la
administración pública que se investigan en esta causa.
PÉREZ:
"DETRÁS DE TODO ESTÁ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP"
Pérez explica a Vozpópuli sus primeras impresiones tras la macro operación
llevada a cabo este martes.
- Pregunta: ¿Qué opina de las detenciones practicadas a lo largo de este martes?
- Respuesta: Estoy muy satisfecha con el trabajo que ha realizado la Fiscalía
Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Nosotros
presentamos una denuncia el 30 de julio de 2014 y creemos que lo que presentamos
entonces era ya contundente. Habíamos hecho una investigación en la diputación
provincial y teníamos numerosa documentación sobre irregularidades que
consideramos podían ser constitutivas de delito. Posteriormente nos llegaron
grabaciones (se refiere a las que hizo el arrepentido Marcos Benavent, gerente
de Imelsa a dirigentes del PP valenciano) y alguna documentación más y desde el
primer momento nos dimos cuenta de que no era la trama Imelsa o la trama
diputación, sino que iba más allá y podía constituir un modus operandi del PP.
No solamente eran casos concretos de corrupción de dirigentes del PP, sino que
afectaba al Ayuntamiento de Valencia, al de Xátiva, e incluso, en aquel momento,
a algunos responsables de la Generalitat.
- P: ¿Estamos ante un caso de corrupción de personas o puede haber financiación
ilegal del PP?
- R: De las pruebas que nosotros presentamos ya presumíamos que podía haber
financiación ilegal del partido. Supongo que después de un año y medio de
investigación de la Fiscalía y de la UCO las pruebas serán mucho más
contundentes. Oías conversaciones en las que decían esto para tal y esto para el
partido. Eso se oía claramente.
- P: ¿Va a adoptar alguna iniciativa?
- R: Todo esto se inicia por una denuncia presentada por mí y mi intención es
personarme en la causa los próximos días. Considero que tengo legitimidad.
- P: ¿Le ha extrañado alguna de las detenciones?
- R: No me ha extrañado ninguna. Nosotros presentamos pruebas contundentes
contra todos ellos.
http://vozpopuli.com/actualidad/75008-cerco-a-barbera-cinco-conversaciones-y-cinco-imputados-la-salpican-en-la-operacion-taula
BARBERÁ, EL OCASO DE
‘LA ALCALDESA DE ESPAÑA’
La regidora de Valencia durante 25 años pierde el favor del PP por la corrupción
El escándalo de corrupción en la Comunidad Valenciana le ha estallado al PP en
el peor momento, surtiendo a la oposición de munición y complicando aún más un
pacto de Gobierno. Consciente de que tienen por delante un goteo de detenciones
y revelaciones comprometedoras, el partido intenta marcar distancias. Y eso
incluye ahora a Rita Barberá, alcaldesa de Valencia durante 25 años. El PP ya no
la defiende y confía en que dé un paso atrás y dimita.
Rajoy, amigo personal de Barberá —la llama la alcaldesa de España por sus cinco
victorias electorales—, la defendía a finales de enero. “Está absolutamente
limpia”, dijo, pero poco después fue imputado todo su equipo en Valencia salvo
ella —que es aforada— y un edil nuevo del grupo municipal. El martes la rebajó a
categoría de “una militante más” y el jueves advirtió de que “todo el mundo, sea
quien sea, tendrá el mismo trato. Esto se acabó. Aquí ya no se pasa ninguna”.
Barberá presidió el congreso nacional del PP en Valencia que rescató al líder
del PP tras la rebelión sucesoria por el batacazo electoral —el segundo— de
2008. Rajoy agradeció aquel respaldo en varias ocasiones y tuvo con la alcaldesa
deferencias que negó a otros dirigentes populares, como recibirla durante tres
horas en La Moncloa en septiembre de 2014 para sorpresa del presidente
valenciano Alberto Fabra y en plena batalla por las candidaturas.
El líder del PP zanjó cualquier debate en el partido sobre su relevo y apoyó con
entusiasmo su campaña en las municipales del pasado mayo. “No sé si es mi
obligación decirlo o no, pero me trae sin cuidado. Rita, eres la mejor. A ti te
quieren los vecinos de Valencia y no a los que acosan, insultan y mienten”,
manifestó Rajoy el mismo día en que la fiscalía abría diligencias por unos
gastos de representación de la alcaldía de Valencia. Ni el presidente ni nadie
en el partido se atreven ahora a calificar de acoso las acusaciones a la
exalcaldesa.
Rajoy no la dejó caer tampoco tras la debacle electoral. Perdieron la mitad de
sus concejales, “¡Qué hostia!”, resumía la noche electoral Barberá sobre el
hombro de su compañero Serafín Castellano, detenido días después.
“Últimamente no es fácil ser del PP”, admitía la vicesecretaria de programas del
partido, Andrea Levy, refiriéndose al “bochornoso” escándalo en la Comunidad
Valenciana. La corrupción abrasa las posibilidades de pacto para los populares.
Los favores prestados han sido amortizados y el partido ya no sujeta la mano de
Barberá.
En Valencia, Barberá se despidió de la alcaldía con un puñado de sonados
fracasos. La política de grandes eventos, que impulsó junto con el presidente de
la Generalitat Francisco Camps, no solo no cuajó sino que en algunos casos dejó
un reguero de deudas. Ahí están la Copa del América, el Gran Premio de Europa de
Fórmula 1, el Open de Tenis o los Valencia Summit, congresos que organizó el
Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin. “Nadie puede negar que han sido
acontecimientos capaces de atraer inversores, turistas y movimiento económico”,
se defendía en 2013.
Lenta caída
Su caída ha sido lenta pero sostenida. Ni con el PP en La Moncloa sacó Barberá
adelante uno de sus proyectos más personales: la prolongación de una avenida a
costa de fragmentar el barrio de El Cabanyal. Tampoco desatascó la ejecución del
Parque Central, un espacio verde en el centro de la capital que exigía el
soterramiento de las líneas del ferrocarril.
El caso Nóos se llevó por delante al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, mano
derecha de Barberá en el Consistorio. Hoy, Grau, que dimitió de su cargo a
principios de 2015 tras ser acusado por la Audiencia de Palma de presuntas
irregularidades en la adjudicación de contratos a Urdangarin, asegura que no
cruzan palabra.
La Operación Taula, coordinada por el juez instructor del caso Imelsa, que
investiga un presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones
ilegales en varias Administraciones públicas valencianas, ha sido el último
mazazo: están imputados 9 de los 10 concejales de la lista de Barberá y personas
de su círculo de confianza. Barberá, aforada en el Senado, se mueve sobre arenas
movedizas.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/06/actualidad/1454785022_076641.html
LA EDIL ALCÓN APUNTA A BARBERÁ: “LA
ÍNTIMA DE RITA ME DIO DOS BILLETES DE 500 Y ME ORDENÓ METERLOS EN LA CUENTA DEL
PP”
María José Alcón, ex concejala del Ayuntamiento de Valencia, explica en
exclusiva a OKDIARIO su calvario judicial: "La jefa del grupo municipal, amiga
íntima de la alcaldesa, me dio dos billetes de 500 euros y me ordenó ingresarlos
en una cuenta. Era una condición 'sine qua non' para todos los que íbamos en la
lista electoral".
María José Alcón, ex concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, habla en
una entrevista en exclusiva con OKDIARIO para explicar la razón de su
implicación en la operación de la Fiscalía Anticorrupción contra dicha
corporación por presunto blanqueo de capitales. Recuerda que iba en el puesto
número 16 de las listas del PP al Ayuntamiento el pasado mes de mayo. Un puesto
que le pareció muy bajo. Ella había dimitido como concejal de Cultura en 2010 a
consecuencia de un grave accidente. Pero le hacía ilusión volver al consistorio.
Pero para volver se encontró con un duro peaje: la jefa/secretaria del grupo
municipal del PP del Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, le dio
1.000 euros en billetes de 500 para que se los llevara a casa y los ingresara en
una cuenta de dicho grupo para sufragar la campaña electoral de Rita Barberá. El
fiscal lo llama blanqueo de capitales, ella no le pone nombre a esta maniobra,
pero la ha llevado al calabozo y a su implicación penal.
"O ponías los 1.000 euros o no ibas en la candidatura de Rita", afirma la ex
concejal del PP
Alcón es tajante sobre quién le dio el dinero en b y la orden de ingresarlo en
una cuenta para sufragar la campaña de Rita Barberá: “Me lo dio Mari Carmen
García Fuster”. No sabe si la orden venía o no de Barberá, pero afirma lo
siguiente: “Me lo ordenó García Fuster de malos modos. Era la jefa del grupo y
tenía autoridad suficiente para obligarme a hacer eso y más”.
La ex concejala prosigue así: “No sé de dónde sacó el dinero, lo tenía a mano.
Me dijo, toma esos dos billetes de 500 euros cada uno y ahora haz un ingreso en
la cuenta del PP, del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, que no del
Partido Popular de Valencia. Mari Carmen, por su carácter y su forma de ser,
tenía el respaldo, además de la amistad, de la alcaldesa. Tenía autoridad para
eso y para mucho más”.
Alcón es explícita sobre el papel ejecutor en esta trama de presunto blanqueo de
García Fuster: “Ella me dio el número de cuenta y me dijo que era para la
campaña electoral. Ahí tienes los billetes, ingrésalos en esta cuenta y punto”.
La exconcejala explica por qué obedeció esta irregular práctica: “Ingresé el
dinero porque era una condición sine qua non para ir en la lista electoral”.
“Si no hubiera ido en las listas yo nunca habría hecho esto. Las personas que
iban en la lista electoral, después fueron también los asesores, como se ha
visto y mucha más gente, todos tenían que hacer esta operación”.
Lo siguiente a esta maniobra de extraños pagos y reintegros “fue la Guardia
Civil”, explica dolida Alcón. “Me siento traicionada no, lo siguiente. Estoy muy
dolida y decepcionada y muy triste”.
Alcón añade: “Ignoro si Rita Barbera lo sabía pero ella y García Fuster eran
íntimas amigas y yo desconozco lo que sabía la alcaldesa. Que hable ella. Es lo
mínimo”.
El pesar de esta ex concejala del PP ese patente: “Estoy muy decepcionada con el
PP. Yo entré en política para hacer un servicio y estoy muy orgullosa de mi
etapa como concejala de Cultura y ver que en la política haya personas tan
rastreras y tan falsas, porque en principio eran amigos míos, me ha decepcionado
muchísimo y estoy muy triste”.
Alcón afirma que no pudo negarse a obedecer el sistema de donaciones irregulares
para la campaña de Rita Barberá: “Me lo dijo de una forma autoritaria y sin
posibilidad de argumentarle absolutamente nada. Las personas que van en la lista
electoral todas tienen que hacer esto”.
En la causa varios testimonios ratifican la versión de Alcón sobre el sistema de
pago en b y reintegro en a del dinero para la campaña de Barberá.
http://okdiario.com/investigacion/la-edil-de-valencia-ma-jose-alcon-o-ponias-los-1-000-euros-o-no-ibas-en-la-candidatura-de-rita-66794
UNA EXASESORA DEL PP SE NEGÓ A PAGAR LOS 1.000 EUROS PORQUE LO VIO TURBIO
La ex trabajadora municipal intuyó que "era blanqueo claramente"
Vicente Igual, edil investigado: "Es un golpe que ni en el peor de los sueños
podía imaginar"
La ex asesora del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, Arantxa Martí,
ha asegurado este martes, tras declarar como testigo ante la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se negó a donar mil euros al partido
como le pidieron porque "era blanqueo claramente y un tema turbio".
Uno de los ediles del PP investigados, Vicente Igual, una pieza fundamental en
el Gobierno de Rita Barberá, ha confirmado a este diario que ya ha recibido la
notificación para declarar ante el juez como imputado. Igual no ha respondido
sobre las veracidad de las acusaciones que pesan sobre él y la practica
totalidad del equipo municipal.
El que fuera concejal de Administración y Personal del Gobierno local del PP,
que ocupó el quinto puesto de la lista en la pasadas elecciones municipales, ha
expresado su malestar por la situación. "Es un golpe que ni en el peor de los
sueños me podía imaginar", ha señalado. "Personalmente un palo", ha agregado.
El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la fiscalía y la UCO investigan
la causa que se sigue, de momento, contra 29 personas por un presunto amaño de
contratos públicos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones
públicas valencianas. La Operación Taula, ordenada como parte del caso Imelsa,
se llevó a cabo hace una semana y se saldó con 24 detenidos, 29 investigados y
más de 30 registros.
Martí fue asesora del exvicealcalde Alfonso Grau y, a preguntas de los medios de
comunicación, ha explicado a la salida de la Comandancia de Patraix, que sale
como testigo ya que se negó a participar en las presuntas donaciones que
concejales y asesores hacían para la financiación del PP de la capital. Así, ha
comentado que no participó porque no le "gustó el tema" debido a que "era
blanqueo claramente y les daban instrucciones para ello".
La exasesora de Grau no ha repetido como personal de confianza del Grupo
Municipal del PP en este mandato. "No esperaba seguir en cualquier caso, pero
era un tema turbio" y no quiso "colaborar". "Era un tema de no participar en el
delito, hice lo que me dictó la conciencia", ha manifestado.
Hasta estas dependencias se han acercado también para prestar declaración el
exedil de Educación Emilio del Toro, quien ha asegurado que esta operación le ha
pillado fuera de Valencia. El antiguo edil ha comparecido ante la UCO como
investigado y no ha respondido a si pagó los 1.000 euros.
Por las oficinas policiales han desfilado también hoy arquitectos citados para
declarar por la construcción de campos de fútbol de césped artificial, que está
bajo investigación. Uno de ellos ha atendido a los medios para asegurar que solo
se dedicaban a decir "si el control de calidad del botecito de la pelota era el
adecuado o no" y ha justificado que por su parte no había "ningún interés" en
este caso.
Estos técnicos, que dirigieron las obras de los campos de fútbol de Chella y
Navarrés, desconocen si las constructoras tenían intereses en estos proyectos
pero ellos niegan que cobraran "mordidas" y lamentan que "esto afecta a gente
que no tiene nada que ver", según la declaración del que ha hablado a los
medios.
El instructor del caso Imelsa, Víctor Gómez, comenzará mañana miércoles la
declaración de los investigados (antes imputados) del grupo municipal del PP. El
primero será Alfonso Novo, presidente del partido en la ciudad de Valencia y
portavoz municipal en el Ayuntamiento. Este diario ha intentado, sin éxito,
recabar la versión de Novo.
El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, en declaraciones a la Agencia Efe, ha
explicado que declaró hace unos días ante la UCO en calidad de testigo y se
marchó "sin ningún papel" de citación para declarar ante el instructor del caso
Imelsa. Grau ha sido rotundo al asegurar que no le consta la petición a los
ediles de Valencia de 1.000 euros para ayudar en la última campaña electoral ni
su posterior devolución en efectivo porque él ya había dimitido de su cargo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/02/valencia/1454414597_272662.html
EL
INSTRUCTOR IMPUTARÁ A LA CÚPULA MUNICIPAL DEL PP EN VALENCIA
El portavoz del PP, Alfonso Novo, declara el miércoles por supuesto blanqueo de
capitales
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia citará en los próximas días a
decenas de cargos municipales y asesores del PP de Valencia dentro de una
investigación por presunto blanqueo de capitales. Unas 50 personas entre
exconcejales, miembros del actual grupo municipal, asesores y exasesores del PP
en el Ayuntamiento de la capital llevan declarando desde el viernes ante la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el caso Imelsa, causa que
se sigue contra 29 personas por un presunto amaño de contratos a cambio de
comisiones ilegales en varias administraciones valencianas. El juez, de momento,
solo ha concretado la imputación de tres miembros del grupo municipal.
El primero en declarar ante el juez este miércoles será el portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Valencia y presidente del partido en la capital, Alfonso Novo
—suspendido de militancia tras su imputación—. Le seguirán el asesor del PP Luis
Salom y una tercera persona, los dos imputados también por blanqueo. El
magistrado citará a un cuarto investigado que al igual que Novo aparece como
autorizada para disponer de las cuentas de la agrupación local del PP.
En las dos semanas siguientes desfilarán por el juzgado que coordinó la
Operación Taula el resto de imputados relacionados con el Consistorio
valenciano. El Grupo Municipal del PP electo en mayo está salpicado de lleno por
el escándalo.
El juzgado, la fiscalía y la UCO indagan si el PP utilizó a su grupo municipal
de Valencia para recaudar dinero legal con el que financiar la última campaña
electoral, que luego se devolvía en billetes de 500 euros, supuestamente de una
caja B. La dirección nacional y regional del PP anunció tras la Operación Taula
—que se saldó con con 24 detenidos, 29 investigados y 30 registros— la
disolución de la agrupación local del partido y la creación de una gestora del
partido en Valencia.
Goteo de declaraciones
El goteo de declaraciones ha continuado este lunes en la Comandancia de la
Guardia Civil de Patraix, en la capital. Por las dependencias policiales ha
pasado el exedil Juan Vicente Jurado, responsable de alumbrado del Gobierno
local hasta mayo de 2015. A su salida exculpó a la exalcaldesa Rita Barberá del
caso Imelsa. Jurado, que se ha negado a declarar ante la UCO —“prefiero hacerlo
ante el juez”, dijo— reconoció que colaboró en la última campaña electoral del
PP con una aportación de 1.000 euros y “unas cajitas de bengalas con la cara de
Rita [Barberá]”. Su familia tiene negocios de pirotécnia. Jurado ha manifestado
que nadie le retornó el pago.
El exconcejal ha añadido que quien “movía los hilos [de la gestión] en el
Ayuntamiento de Valencia, al menos los últimos cuatro años”, era el
exvicealcalde del Consistorio Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos. E
insistió en que si algo ha hecho Barberá “es confiar en personas en las que no
debería haber confiado”.
El exgerente de Imelsa Marcos Benavent acudió por la tarde ante la UCO,
acompañado de su abogado y con la intención, según explicó, de “seguir
colaborando con la justicia”. En su primera aparición pública desde mayo pasado,
Benavent reconoció que ha vivido los últimos meses “con expectación” y aseguró
que “no es motivo de alegría todo lo que está pasando”, pero añadió: “Es lo que
hay”. “Supongo que seguirán saliendo más cosas, el tiempo dirá”. comentó.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/01/valencia/1454322154_889430.html
LA
LISTA DE CARGOS PÚBLICOS QUE COBRÓ EN B INCLUYE A RITA BARBERÁ
El PP de Valencia valora ya la posible desaparición de su grupo municipal en la
ciudad ante la magnitud del escándalo del presunto cobro de comisiones ilegales
El Ayuntamiento, escuela de corrupción
La UCO cree que Rita Barberá estaba al tanto del blanqueo
La afiliada número tres del Partido Popular también habría recibido dinero de la
caja B de Valencia y estaría al corriente de los métodos de blanqueo de sus
concejales. De todos sus fieles escuderos. Según la información de la que
dispone EL MUNDO, la lista de cargos del Partido Popular de la ciudad de
Valencia que habrían recibido pagos en B incluye a la ex alcaldesa Rita Barberá.
Su nombre ha aparecido -junto con el de varias decenas de dirigentes del grupo
municipal popular- durante las diligencias practicadas por la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los últimos meses. Según esta
información, los agentes manejan multitud de documentación que ratificarían los
testimonios recabados en los últimos días. Unas declaraciones que apuntan a la
existencia de una caja B en el grupo municipal popular del Ayuntamiento de
Valencia. Algunos de esos pagos corresponden a las donaciones de 1.000 euros con
retorno de dos billetes de 500 euros en B para costear la última campaña
electoral de Barberá. Al menos un tomo de la operación Taula, desarrollada la
semana pasada en la Comunidad Valenciana, recoge los indicios que apuntarían a
la presunta financiación irregular del PP en Valencia. El Juzgado de Instrucción
18 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigan una
presunta red de corrupción, organizada y jerarquizada, que se habría aprovechado
de sus cargos públicos para desviar miles de euros de la Administración en
comisiones. La fuga de capitales de esta trama ha llevado a los agentes de la
UCO hasta dos sociedades radicadas en Panamá y Brasil.
La Guardia Civil cree que Barberá estaba al corriente de los métodos de
blanqueo, de todo lo que ocurría en su Ayuntamiento. La torpeza que cometió el
equipo más próximo a la dirigente cuando pidió al personal laboral y de
confianza del PP ayuda para blanquear dinero de origen desconocido, en marzo de
2015, es sólo un hilo del que está tirando la Guardia Civil tras acumular
multitud de pruebas. Entre la documentación y las posteriores averiguaciones la
UCO habría detectado presuntas entregas en B a la ex alcaldesa a cambio de
donativos limpios.Rita Barberá es senadora y está aforada, goza de privilegios
jurisdiccionales, y sólo podría declarar como investigada -término que sustituye
al de imputada tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal- ante el Tribunal Supremo. Que sea senadora no significa
que la UCO no pueda investigar quién consintió el lavado de dinero desde el
despacho de un partido político del Ayuntamiento de Valencia y por qué aparece
el nombre de Barberá.
Según fuentes próximas al caso, la Guardia Civil tendrá que entregar un informe
al juzgado con el resultado de los interrogatorios que está practicando. Si el
juez Víctor Gómez, quien dirige las pesquisas, considera necesaria la
declaración como imputada de Barberá elevará una exposición razonada al Supremo
para que la interroguen.
Estado de 'shock' Valencia aún no se ha recuperado del shock que ha supuesto
conocer la investigación sobre los donativos con retorno en B para blanquear
dinero cuyo origen se desconoce. Fuentes del partido reconocen que las
revelaciones han supuesto un mazazo para el PP en Valencia, sobre todo porque
estas prácticas se han mantenido al menos hasta mayo de 2015, cuando ya se
conocían todos los grandes casos de corrupción y hasta las polémicas anotaciones
de Luis Bárcenas.
Ya han declarado ante la Guardia Civil la mayoría de los concejales del PP en la
anterior legislatura. La imagen no tiene precedentes, decenas de personalidades
históricas del PP de Valencia desfilando por un grave caso de supuesto blanqueo,
incluido, por ejemplo, Miquel Domínguez, el único que está aforado -junto a la
senadora Barberá- porque la ex alcaldesa consiguió colarle en la candidatura a
las Cortes Valencianas. Domínguez es un estrecho colaborador de Juan Cotino,
otrora todopoderoso vicepresidente del Consell en tiempos de Francisco Camps.
Eran tiempos en los que el sector democristiano del partido mantenía una enorme
influencia. La portavoz accidental en el Ayuntamiento de Valencia, María Àngels
Ramon-Llin, y los concejales Félix Crespo, Lourdes Bernal, Vicente Igual,
Beatriz Simón, Cristóbal Grau y Alberto Mendoza también han declarado ya en el
cuartel.
Este miércoles el juez ha citado a Alfonso Novo, el sucesor de Barberá en el
grupo municipal, imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Aún
está pendiente que declare en sede judicial Luis Salom, el polémico asesor de
Barberá responsable de las redes sociales del PP a quien diversos testimonios
atribuyen «consejos» para no ser detectados al «reintroducir» billetes de 500
euros en el circuito legal.
Todo apunta a que la cajera de este tentáculo de la organización Taula era Mari
Carmen García Fuster, la ex secretaria del grupo municipal para quien la
Fiscalía Anticorrupción pidió prisión. El juez lo rechazó. En sus manos, admiten
fuentes del partido, estaban las cuentas del grupo popular, las mismas desde
donde salía el dinero para las generosas campañas de Barberá.
Barbera y la cajera despachaban prácticamente a diario. En las únicas
declaraciones conocidas hasta el momento, en la cadena Cope, Barberá negó
cualquier tipo de irregularidad, tanto en lo que se refiere a la financiación
del partido como a la adjudicación de contratos. Las fórmulas para vaciar la
caja opaca del PP de Valencia eran variadas. La diputada provincial y concejal
en Valencia Beatriz Simón, por ejemplo, presumió de haber colaborado lavando el
dinero a través de los proveedores de su tienda de ropa de bebé. Luis Salom,
mientras, habría invitado a sus compañeros a pagar compras en el Cortes Inglés
con billetes de 500 euros, devolverlos al día siguiente y pedir el retorno en
billetes pequeños. Otro de los ex ediles que habría recibido los dos billetes de
500 fue Vicente Aleixandre. Los testigos que se negaron a participar sufrieron
amenazas y han declarado que no sólo Fuster les reclamaba el dinero. La red de
lavado pudo haber entrado hasta en la Alcaldía.
26.000 euros en naranjas sin expediente
El Ayuntamiento de Valencia ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción que no
encuentra ningún expediente administrativo que justifique la compra de hasta
26.000 euros en naranjas que cada año enviaba Rita Barberá a destacados
dirigentes del PP. Según fuentes próximas al caso, el Ayuntamiento ha comunicado
que las naranjas se adquirían directamente al proveedor que escogía la Alcaldía
y sólo han aparecido las facturas y los contratos. La comunicación se enmarca
dentro de la fase prejudicial del 'caso Ritaleaks', el que destapó los suntuosos
gastos de Alcaldía en la etapa de Barberá tras la denuncia que presentó el grupo
municipal Compromís. Más de 400 facturas que suman cerca de 300.000 euros. Gastó
una media de 6.000 euros al año en naranjas para regalarlas. Todos los ministros
de Rajoy tenían naranjas y podrían responder al cargo que ocupaban, sí, pero las
cajas sólo se remitieron con Rajoy en La Moncloa. No todo el PP disfrutó de las
naranjas de Barberá, sólo altos cargos cercanos a la ex alcaldesa, los 'pata
negra' de Génova 13. Parece que era habitual que el Ayuntamiento enviara cajas
de naranjas a cargos orgánicos del partido, no electos, sin ninguna
responsabilidad pública en la Administración. Incluso a periodistas de medios de
comunicación nacionales o locales. Entre ellos destaca el coordinador electoral
del PP, José Antonio Bermúdez de Castro; el ex presidente del gobierno José
María Aznar -para quien había doble regalo pues también las recibía su mujer, la
ex alcaldesa de Madrid Ana Botella-; la secretaria general del partido, María
Dolores de Cospedal; Javier Arenas, o el coordinador de organización, Juan
Carlos Vera.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/02/01/56ae7ad8ca47410b4a8b45f0.html
SE ESTRECHA EL CERCO SOBRE RITA BARBERÁ
En las grabaciones en manos del juez existen numerosas menciones a La Jefa, que
es como se conocía a Rita Barberá por su vehemencia en la dirección del
consistorio
Estrechos colaboradores de la actual senadora del PP caen en la Operación Taula,
y la oficina del partido en el Ayuntamiento de Valencia es escenario de uno de
los principales registros
"Buenos días, alcen las manos del ordenador y levántese lentamente". Así
irrumpió este martes, a las 10.00 horas, la Guardia Civil en el grupo municipal
del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Fue uno de los 33 registros
simultáneos que se realizaron en el marco de la Operación Taula (nombre que
proviene de la Taula de Canvi, la mesa de divisas del siglo XV en la Corona de
Aragón) que culminó, según fuentes judiciales, con 24 detenidos (hay 29
imputados), 252 cuentas corrientes bloqueadas y el embargo de 150 vehículos de
alta gama.
El principal arrestado fue Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de
Valencia (2007-2015) y exalcalde de Xàtiva (1995-2015) con el Partido Popular.
Además de su domicilio, se registraron las oficinas del Olímpic de Xàtiva, club
de fútbol del que ha sido máximo dirigente en dos ocasiones, y el almacén de
telas de la firma de ropa Steffano Russini, que dirige junto a su esposa. Rus
está en el centro de una supuesta trama de cobro ilegal de comisiones y blanqueo
de capitales entre 2004 y 2009 con la Diputación de Valencia como telón de
fondo. La conversación difundida en mayo de 2015 por la Cadena SER en la que se
le escuchaba contar billetes, "dos millones de pelas", provocó un terremoto
político que dio al traste con su carrera. En aquella grabación también se oye
la voz de Marcos Benavent, hombre clave en la investigación.
Benavent fue mano derecha de Rus y concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de
Xàtiva. Tras un breve amago de retirada de la política, regresó en 2007 como
gerente de Impulso Económico Local (Imelsa), empresa pública de la Diputación
con un presupuesto anual de 25 millones y dedicada, en buena parte, a la
organización de brigadas rurales. Ese mismo año, según la investigación,
Benavent habría creado, sin plantilla, Berceo Mantenimiento y Spartaki
Sinergies, empresas pantalla que facturaron por trabajos no realizados a siete
adjudicatarias de la corporación provincial. El dinero obtenido acabaría
repartido entre los integrantes de la trama de comisiones.
Un USB de 10 horas
El origen de la operación está en el USB con 10 horas de material sensible que
el 31 de julio de 2014 entregó a la Fiscalía la entonces diputada provincial de
Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo. En aquel tiempo Marcos Benavent vivía
obsesionado con su seguridad, lo grababa todo y se sentía perseguido y
amenazado. Sus cambios de humor y carácter hacían recelar a sus superiores. Una
alarma que se consumó a finales de diciembre de 2014. En plenas fiestas
navideñas, Benavent accedió a su despacho en Imelsa, se apropió de un ordenador
portátil y un par de discos duros y se esfumó sin dejar huella.
Tras unos meses en paradero desconocido, reapareció el pasado junio para
declarar ante el juez. A la salida de los tribunales admitió haber sido "un
yonqui del dinero" y se mostró dispuesto a colaborar y "sacar mierda a punta
pala". Desde entonces, sus más de 30 horas de confesiones ante la Guardia Civil
y la aportación íntegra del material informático ha permitido al juzgado de
instrucción número 18 ampliar el horizonte de la investigación más allá de la
denuncia inicial de Pérez Garijo.
Aunque la causa sigue bajo secreto de sumario, los distintos movimientos
procesales de meses anteriores y los arrestos de este martes arrojan luz sobre
la geografía corrupta del PP valenciano. De hecho, esta operación actúa como
pieza central del gran puzle que deja entrever el paisaje general. Dos de los
detenidos son los vicepresidente de la Diputación Juan José Medina y Máximo
Caturla. Este último también fue gerente de Ciegsa, la empresa pública dedicada
a la construcción de colegios y desde donde se cavó un agujero de 1.000 millones
según la auditoría de la Intervención General hecha pública la semana pasada por
el Consell. También ha sido puesto a disposición judicial David Serra, un viejo
conocido de los pasillos del TSJ valenciano por su procesamiento en la causa de
la Gürtel sobre los presuntos delitos electorales y fiscales del PP valenciano.
De la suma de vasos comunicantes existen grabaciones referidas a Rafael Blasco,
en prisión tras el saqueo de los fondos de cooperación. Y una de las firmas
investigadas es T-Systems, que recibió 2,3 millones de Imelsa por servicios
informáticos. Carlos Pujadas, socio de esta empresa está relacionado, tal y como
revela el diario Levante-EMV, con Augusto César Tauroni, también en la cárcel y
mano derecha de Rafael Blasco en el esquilmado de fondos solidarios. Y Tauroni,
hombre hecho pirueta, compró en B tres avionetas a Avialsa, empresa contratada
por Serafín Castellano, exconsejero de Gobernación, a cambio de jugosas
mordidas, según la investigación judicial.
Redondeles, cabriolas, saltos mortales entre las instituciones valencianas en
tiempos del Partido Popular a los que cabe añadir los 32 millones que, de forma
no del todo clara, Rus pagó por implantar césped artificial en polideportivos a
Hermanos Doménech y Benigras, firma sin experiencia en el sector y propiedad de
Vicente Cuquerella, quien acumula el 37,2% del número 102 de la calle Quart,
sede del PP valenciano. O los 38 millones a Inelcol, empresa de Vicente Quilis,
íntimo de Rus, para substituir bombillas convencionales por LED, de bajo
consumo. Y, finalmente, los 12 millones, con un 100% de sobrecoste, que se pagó
por el techado de la plaza de toros de Xàtiva.
“La Jefa” y “La Lavadora”
Pero donde los nudos gordianos se aprietan con mayor tirantez es entre la
Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. En las grabaciones en manos del juez
existen numerosas menciones a "La Jefa", que es como se conocía a Rita Barberá
por su vehemencia en la dirección del consistorio. Algo que trascendió durante
la campaña electoral de mayo de 2015 y que acabó por salpicar, hasta convertirla
en manchurrón andante, a su principal asesora: María José Alcón (detenida este
martes), quien había sido concejal de Cultura, esposa de Vicente Burgos (de la
fundación Jaume II el Just y también arrestado) y casada en segundas nupcias con
Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos.
Según la investigación, Alcón habría cobrado comisiones relacionadas con la
Mostra de Valencia entre 2005 y 2006, en la que uno de sus contratistas fue
Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la entonces primera edil. Todo por
intermediación de Benavent. También se apunta a presuntas mordidas en la
rehabilitación de las históricas Torres de Quart, la peatonalización del puente
de Serranos y la edificación del centro cultural la Rambleta.
Los registros de este martes en los despachos del PP en el Ayuntamiento acabaron
con cuatro concejales confinados en un estancia, con la prohibición de
comunicarse con el exterior y con la detención de la asesora María José Pi y de
la secretaria del grupo desde 1991, Mari Carmen García Fuster, persona de
extrema confianza de Rita Barberá y conocida dentro del Partido Popular con el
apodo de "La Lavadora". Además resultaron imputados Alfonso Novo, presidente y
portavoz del PP de Valencia, y Luis Salom, asesor a cargo de la redes sociales
de la agrupación local. Ambos están citados a declarar este miércoles en los
juzgados. Por su parte, Eva Ortiz, secretaria general del PP valenciano, explicó
en rueda de prensa que los detenidos han sido suspendidos de militancia y que
Rita Barberá "estaba muy tranquila en su casa".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/01/27/operacion_taula_estrecha_cerco_sobre_rita_barbera_43921_1012.html
LA INVESTIGACIÓN POR LA CORRUPCIÓN EN VALENCIA APUNTA A RITA BARBERÁ
La causa judicial iniciada en la Diputación de Valencia toca a la exalcaldesa
del PP
La investigación nacida en torno a la Diputación de Valencia apunta a la
exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, según han confirmado fuentes del caso.
Barberá no ha sido detenida ni imputada este martes, según las mismas fuentes,
porque es senadora y tiene la condición de aforada ante el Tribunal Supremo.
Solo el alto tribunal tiene capacidad para dirigir acciones penales contra ella.
Tendrá que ser el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, encargado del caso, el
que envíe eventualmente una exposición razonada de motivos al Supremo para poder
tomarle declaración en calidad de imputada (investigada, según la nueva
denominación judicial).
Desde que el caso salió a la luz, el año pasado, Barberá ha negado haber
participado o haber tenido conocimiento de ninguna irregularidad. Las pesquisas
sobre esta presunta red de cobro de comisiones de Valencia, en las que han sido
detenidas 24 personas e imputadas un total de 29, se iniciaron con la difusión
de las grabaciones efectuadas en secreto durante años por el ex alto cargo de la
diputación Marcos Benavent. En varias grabaciones se escucha a Benavent y a una
de las ahora arrestadas, la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia María José
Alcón, hablar de "la jefa" como una persona que está al tanto de los amaños.
La jefa, creen los investigadores, es Barberá. En las grabaciones también se
escucha a los interlocutores referirse presuntamente al sobrino de la exregidora
Enrique Sospedra Barberá como beneficiario de adjudicaciones irregulares.
Barberá desmintió expresamente esta información el año pasado. Del hilo de las
grabaciones han tirado la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y el juzgado
en el último año y medio hasta reunir indicios relevantes contra Barberá,
aseguran fuentes de la investigación.
Bien parada
Hasta ahora la exalcaldesa ha salido bien parada de todos los escándalos
judiciales que han estallado en Valencia, aunque algunos le han caído cerca.
Álvaro Pérez, El Bigotes, presunto cabecilla en la trama de Gürtel en Valencia,
contaba en una conversación grabada por la policía que le había regalado un
bolso de una marca de lujo. Pero Barberá no resultó implicada, entre otras
razones, porque su Ayuntamiento no adjudicó contratos a la trama de Francisco
Correa.
El juez de Palma José Castro pidió oficialmente imputarla en el caso Nóos junto
al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por las adjudicaciones. Pero
el Tribunal Superior valenciano consideró insuficientes los indicios presentados
contra ella.
El ministerio público mantiene ahora abierta una investigación contra Barberá,
para la que acaba de pedir una prórroga de seis meses a la Fiscalía General del
Estado, por el llamado caso Ritaleaks. Posibles irregularidades en los gastos de
representación de la regidora, que ascendieron a 278.000 euros en cuatro años e
incluyeron el pago de 700 euros por una noche de hotel.
Después de la pérdida de la alcaldía de Valencia, que ocupó de 1991 a 2015,
Barberá fue elegida en otoño senadora territorial por el PP junto al
expresidente de la Generalitat Alberto Fabra.
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453822747_623000.html
TRES IMPUTADOS Y DOS DETENIDOS EN EL AYUNTAMIENTO POR EL ‘CASO IMELSA’
El portavoz del grupo municipal del PP en Valencia, Alfonso Novo, citado a
declarar
El juez deja en libertad a medianoche a la exconcejal María José Alcón
Un grupo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado en torno
a las 10 de la mañana de hoy a registrar el grupo municipal del PP en el
Ayuntamiento de Valencia por orden del Juzgado de Instrucción número 18, que
investiga el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos
públicos. En la operación está investigado el portavoz municipal del PP en el
Consistorio y presidente local del partido, Alfonso Novo, un asesor y una
empleada. Han sido detenidas la actual secretaria municipal y la exconcejal
María José Alcón, que el juez ha dejado en libertad pasada la medianoche.
El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, instructor del caso Imelsa, ha
coordinado la operación contra una trama de corrupción infiltrada en varias
administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se
servían de sus puestos de responsabilidad en dichas entidades públicas para
percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
El juzgado ha citado como investigados (antes imputados) a Novo, al asesor
municipal del PP Luis Salom y a otra empleada del grupo. En la operación ha sido
detenida en su domicilio la secretaria del grupo municipal popular, Carmen
García Fuster, y la exconcejal de Cultura María José Alcón. El juez ha dejado en
libertad a la exconcejal de Cultura, que está investigada, junto a otras 28
personas, por prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y
blanqueo.
En septiembre de 2015, la policía ya practicó un registro en el Ayuntamiento de
Valencia y se incautó de "copiosa" documentación de la etapa en que Alcón
dirigía la Concejalía de Cultura de la capital bajo el mandato de Rita Barberá.
Los agentes se llevaron documentación relacionada con la adjudicación de un
contrato de recuperación de las Torres de Quart y otro relacionado con el centro
cultural de La Rambleta. Antes habían visto la luz unas grabaciones, en poder de
la justicia, en las que aparecía la entonces concejal.
"Se han llevado correos", dice Novo
Visiblemente cansado, Novo ha comparecido ante los medios de comunicación al
terminar el registro. El concejal ha negado su implicación en una supuesta trama
de cobro de comisiones ilegales y ha resaltado que "en ningún momento" les han
explicado "ni por qué ni a santo de qué" están siendo investigados. "Mañana lo
aclararán, es lo primero que tienen que hacer", ha dicho en referencia a su
declaración mañana ante el juez.
Respecto a si va a mantener sus cargos en la Corporación, Novo ha asegurado que
"por supuesto que sí", ya que en su opinión, "no podemos tomar decisiones
precipitadas" y, de esta forma, "ya veremos cuál es la acusación, si se sustenta
y en qué queda esto".
El registro, en el que ha estado presente el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce,
ha comenzado a la una y media de la tarde y ha concluido pasadas las tres. Los
agentes de la Guardia Civil han abandonado el Consistorio con bolsas y cajas.
"Se han llevado correos electrónicos de algunos ordenadores, no de todos", ha
confirmado Novo. "En ningún momento hemos estado retenidos", ha insistido el
portavoz popular en Valencia y presidente local del partido.
Diferente miembros del Gobierno local de la ciudad -que componen Compromís, PSPV
y València en Comú- han lamentado "profundamente la imagen que se pueda
trasladar a la opinión pública de una institución que tiene que merecer el
máximo respecto de la ciudadanía".
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha señalado que "si eso es, como dice la
secretaria general, un partido de ley y orden que vengan los dioses y lo vean".
En una entrevista a la Cadena Ser, Ribó ha subrayado que "los datos indican que
[el PP] es un partido con niveles de corrupción que ya no son una manzana
podrida, es todo el cesto, hasta el cesto mismo".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/26/valencia/1453824321_453251.html
PROTECCIÓN
DE DATOS RESPALDA QUE SE FILTRARAN LAS FACTURAS DE RITA BARBERÁ
La exalcaldesa denunció a Ribó por publicar gastos que incluían 700
euros por una noche de hotel o 7.000 euros en vuelos y coche con
chófer en Londres
Filtrar facturas de gastos en comidas, viajes y regalos de cargos
públicos pagados con fondos de una Administración es legal. La
Agencia de Protección de Datos ha respaldado la publicación de 466
facturas de "gastos de representación" de la entonces alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, realizada en abril por el actual regidor de
la ciudad, Joan Ribó.
Las facturas incluían pagos desde 2011. Entre ellos, noches de hotel
en Madrid por 500 euros y de 771 en Florencia. O los 7.223 euros
gastados en billetes de avión para dos personas y alquiler de coche
con chófer en Londres en un viaje que tuvo por objeto asistir a un
partido de fútbol y cenar con el patrón de la Fórmula 1 Bernie
Ecclestone.
La publicación fue denunciada por el Ayuntamiento de Valencia, que
gobernaba el PP, a la Agencia de Protección de Datos. El organismo
responde ahora al Consistorio que la difusión no infringió la Ley
Orgánica de Protección de Datos. Y ello porque los gastos, colgados
en la web RitalLeaks creada por Compromís, fueron realizados por
personas que ostentaban "cargos de relevancia" y fueron abonados con
fondos del "presupuesto municipal".
Al contrario, la respuesta suscrita por la directora de la Agencia,
Mar España, razona que el propio Ayuntamiento debió dar publicidad a
ese tipo de gastos en el marco de la Ley de Transparencia. La norma,
señala el organismo, "impone una obligación de transparencia en la
información pública que afecta a todas las Administraciones y que se
proyecta de especial forma en la gestión económica como la que
contiene el documento difundido".
La Agencia señala que los datos fueron acompañados por documentación
que los acreditaba. Y enmarca la publicación en "un ejercicio de
información y expresión política encaminada a crear una opinión y un
criterio político". Una práctica que la Constitución Española
encomienda a los partidos políticos en su artículo número seis,
recuerda.
Tampoco supone infracción para la Agencia el hecho de que la
información procediese de archivos del Ayuntamiento obtenidos por
Ribó en virtud de su condición de concejal. "La jurisprudencia del
Tribunal Supremo ante la revelación datos de interés público
contenidos en expedientes administrativos ha establecido la
preeminencia del derecho a la información sobre el derecho a la
protección de datos", expone.
El organismo sí recomienda que "una vez que la información devenga
en obsoleta debería evitarse la inclusión de datos de terceros",
como funcionarios o proveedores, "para limitar su divulgación
incondicionada e ilimitada a través de la Red".
Pero no ve problema en que en su momento se publicaran datos de
funcionarios y empresas proveedoras, al considerar que estos
aparecen "de forma meramente accesoria y testimonial", sin que se
les atribuyera un "comportamiento reprochable". Y "en todo caso",
prosigue la resolución, "los puestos de trabajo que son objeto de
cobertura por personal funcionario en el Ayuntamiento de Valencia
cuentan con un carácter público y, por tanto, dichos datos han sido
objeto de publicidad en fuentes de acceso público".
La decisión del organismo es recurrible ante la Agencia o la
Audiencia Nacional. Pero el promotor de la denuncia fue el
Ayuntamiento y el actual equipo de gobierno no se plantea,
obviamente, hacerlo. El organismo subraya, por otra parte, que si
alguien considera afectado su "derecho al honor o a la intimidad"
por la publicación de las facturas pueden acudir a los tribunales,
al "escapar" dicho examen de las competencias de la Agencia.
Ribó ha mantenido este viernes que la contestación de la Agencia de
Protección de Datos debería llevar a los populares a "retractarse
públicamente de la denuncia". Y ha destacado que el Ayuntamiento
publica ahora los datos de gastos de representación y de uso del
vehículo oficial por parte del alcalde.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/27/valencia/1448621723_295756.html
ANTICORRUPCIÓN
PRORROGA SEIS MESES MÁS LA INVESTIGACIÓN CONTRA RITA BARBERÁ
El Ministerio Público abrió diligencias de investigación el pasado mes de
mayo a raíz de una denuncia interpuesta por Compromís que acompañó de 466
facturas por valor de 278.000 euros y que dio a conocer en la web 'Ritaleaks'.
La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha prorrogado seis meses más la
investigación abierta contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP
Rita Barberá por presuntas irregularidades en gastos de representación
cargados al consistorio entre los años 2011 y 2014, según ha podido saber
Europa Press.
El Ministerio Público abrió diligencias de investigación el pasado mes de
mayo a raíz de una denuncia interpuesta por Compromís que acompañó de 466
facturas por valor de 278.000 euros y que dio a conocer en la web 'Ritaleaks'.
Compromís denunció la presunta financiación irregular del PP
Entre los "dispendios" publicados en esta página web figuraban una comida
con gin tonics, gazpachos de langostas, ron Cacique, ostras, mariscadas,
pacharán, vieiras o "mojama extra". Entre estos gastos, figuraba también 600
euros por una noche en una suite de hotel con full crédit, que cubría todos
los gastos, "desde masajes hasta la pedicura".
Transcurridos los primeros seis meses de investigación, la Fiscalía
Anticorrupción ha decidido prorrogar la investigación medio año más, han
informado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa.
La denuncia interpuesta por Compromís se centraba en facturas que podían
esconder una presunta financiación irregular del PP, ya que se indicaba que
Barberá usó fondos del Ayuntamiento pagar viajes a actos del partido, como
asistir a conferencias en Madrid del expresidente del PPCV, Alberto Fabra, o
costear el viaje al entierro del fundador de la formación Manuel Fraga,
"amigo personal" de la ex primera edil.
De igual modo, se denunciaba el "excesivo gasto" en lo presupuestado y que,
además, en 2012 se duplicó por dos, desde los 36.000 euros iniciales a los
64.000, gastos autorizados por la entonces asesora de la exalcaldesa y
también hermana. Por último, Compromís alertaba de un posible
fraccionamiento de contratos para eludir la ley que obliga a las
administraciones públicas a recurrir a concurso público para contratos
superiores a 18.000 euros.
Los denunciantes consideraban que estos hechos podían ser constitutivos de
varios delitos contra las administraciones públicas, como uno de
malversación de fondos públicos; tráfico de influencias en las
contrataciones fragmentadas, así como prevaricación por la aprobación de
facturas fuera de presupuesto. Algunos de estos delitos están penados con la
inhabilitación e, incluso, con la cárcel
http://m.publico.es/politica/1943820/anticorrupcion-prorroga-seis-meses-mas-la-investigacion-contra-rita-barbera
BARBERÁ NIEGA QUE HAYA EXISTIDO TRATO
DE FAVOR A SUS FAMILIARES
La alcaldesa defiende a su sobrino pero elude dar la cara por la
exconcejala grabada por Marcos Benavent
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, negó ayer que fuese cierto
el trato de favor a una serie de empresas vinculadas con un sobrino
suyo, tal y como parece desprenderse de una de las grabaciones que
Marcos Benavent, hombre de confianza de Alfonso Rus, grabó con la
entonces concejal popular María José Alcón, que figura en la actual
candidatura municipal del PP.
“Existe una ansiedad irrefrenable por llevar mi nombre a las
portadas vinculado a líos”, dijo Barberá que explicó que la empresa
supuestamente relacionada con su sobrino era de telefonía. “[La
empresa] era propiedad de mí exsuegro y de su exmujer”, argumentó
Barberá, “Mi sobrino nunca ha tenido ninguna empresa de nada”.
Sorprendentemente, y sin que nadie la interpelara sobre ello, la
alcaldesa de Valencia desveló que su hermana y su cuñado tenían un
concesionario que vendía coches al Ayuntamiento de Valencia, pero
que cuando pasó a gobernar la Corporación dejó de comprárselos.
Esquerra Unida, que presentó ante la Fiscalía una denuncia y las
grabaciones realizadas por Marcos Benavent, aseguraron ayer que las
conversaciones indican que la entonces concejal del PP María José
Alcón cobró comisiones durante los años 2005 y 2006 vinculadas con
la organización de la Mostra de Cine de Valencia.
Los dirigentes de EU, Ignacio Blanco, Rosa Pérez Garijo y Amadeu
Sanchis, explicaron que puede haber más personas del Ayuntamiento
implicadas en este asunto, pero que no tienen por qué ser cargos
públicos. “Hay gente que no sabe que está grabada, hay gente que no
sabe que está en la investigación”, afirmó el candidato a la
Generalitat de EU, Ignacio Blanco.
Rosa Pérez recordó que cuando presentaron la denuncia ya se anunció
que la investigación sobre la empresa de la Diputación de Valencia,
Imelsa, cuyo gerente era Benavent, tenía alcance más allá de esta
empresa pública,
“Se trata del caso PP, ya que tirando del hilo de Marcos Benavent,
están saliendo muchos ovillos muy gordos y con el tiempo se verá”,
insistió Blanco, que admitió que en las grabaciones se hablan del
“sobrinísimo” y de “la jefa” en varias ocasiones.
La oposición municipal en pleno aseguró que el contenido de la
grabación produce bochorno y preocupación por el nuevo caso de
irregularidades que afecta al Ayuntamiento de Valencia.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/06/valencia/1430936718_711834.html
LA CORRUPCIÓN
AGOBIA A BARBERÁ
Grau, imputado en Nóos, estudia dimitir para salvaguardar a la
alcaldesa
Las pesquisas en Feria Valencia y el ‘caso Emarsa’ afectan al
entorno de la regidora
A estas horas Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, sopesa si
dimite de su cargo como número dosde Rita Barberá después de que la
Audiencia de Palma de Mallorca lo haya dejado a un paso del
banquillo de los acusados por los convenios suscritos entre 2004 y
2006 por la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, cuyo
patronato preside, y el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin.
Lo hace poco después de jactarse en un pleno de que la alcaldesa y
su gobierno llevaban más de 20 años al frente del Consistorio sin un
solo caso de corrupción. Grau acusó a los grupos de la oposición de
“vendedores vulgares de ideas, como los del viejo oeste”, cuanto
exigieron explicaciones por la responsabilidad de Barberá en los
escándalos de las jornadas Valencia Summit organizadas por
Urdangarin, la gestión de la depuradora de la pedanía de Pinedo a
través de la empresa pública Emarsa o los sobrecostes de Feria
Valencia, de cuyo patronato es presidenta.
Grau, que medita su renuncia para salvaguardar a la regidora de la
presión política, no ha podido evitar, sin embargo, que el auto de
la Audiencia de Palma, echase en falta en la causa al expresidente
valenciano Francisco Camps y a la alcaldesa, exonerados por el
Tribunal Superior de Justicia valenciano. “Constatamos que ha
quedado al margen del escrutinio judicial la posible participación
[de los dos políticos] en los convenios de los Valencia Summit”,
dice el auto. La Audiencia considera que los dos aforados podrían
haber “ilícitamente participado” en “contrataciones controvertidas”.
Y alude a la alcaldesa que “impulsó la contratación” del evento. “De
ahí los contactos previos y personales” que mantuvieron Urdangarin y
Torres con ella “y con el presidente de la Generalitat”, recogen los
magistrados.
“Estamos avergonzados de la manera en que los dirigentes del PP han
gestionado el dinero de los valencianos”, denunció ayer el portavoz
municipal socialista, Joan Calabuig, cuyo grupo está personado en el
caso Nóos. El edil subrayó la influencia determinante de Barberá en
las principales instituciones de la capital. Y no se paró solo en el
caso Urdangarin. Siguió con otro de los casos más onerosos para las
arcas públicas valencianas: el saqueo de 31 millones de euros a
Emarsa, la sociedad pública que gestionaba la depuradora de Pinedo.
Las investigaciones que empañan la imagen de la ciudad
Caso Nóos. Las irregularidades en la contratación de las jornadas
Valencia Summit, impulsadas en las reuniones mantenidas entre el
expresidenteFrancisco Camps, Rita Barberá, Iñaki Urdangarin y su
socio Diego Torres, han colocado al vicealcalde Alfonso Grau a un
paso del banquillo, al igual que otros tres ex altos cargos de la
Ciudad de las Artes.
Las jornadas Valencia Summit, de 2004 a 2006, y un convenio para
organizar unos Juegos Europeos costaron casi cuatro millones de
euros, que se contrataron sin observar la ley de contratos públicos.
El ‘caso Emarsa’. Un total de 24 millones de euros es lo que calcula
el juez que se saqueó en la depuradora de la pedanía valenciana de
Pinedo a través de la empresa pública Emarsa. Entre los 24 acusados
que están a la espera de que se fije la fecha del juicio oral figura
el exgerente Esteban Cuesta, que era presidente del PP en el
distrito de Poblats de l’Oest. El saqueo de la depuradora permitió
la colocación de militantes populares como asalariados. Los gestores
se apropiaron de cantidades millonarias y agasajaron con regalos
caros a los principales cargos del PP.
Feria Valencia. La Fiscalía ha iniciado las investigaciones para
esclarecer si los sobrecostes de la ampliación del recinto y algunos
gastos desorbitados se realizaron dentro de la legalidad. Las
actuaciones tienen lugar después de un informe de la Intervención de
la Generalitat que cuestiona la gestión realizada, fundamentalmente
bajo la presidencia de Alberto Catalá y la dirección de la hoy
diputada nacional, Belén Juste. Dos personas que mantienen una
relación de amistad personal con la alcaldesa de Valencia, que
preside el patronato de la institución ferial.
Fue una coincidencia pero el mismo día que la Audiencia de Palma
imputaba de nuevo a Grau, el juez instructor Vicente Ríos abrió
juicio contra 24 acusados por el saqueo de la depuradora, algunos de
ellos de la órbita del PP de la capital e incluso del Gobierno local
de Barberá. Es el caso de Esteban Cuesta, expresidente del PP en la
Agrupación de Poblats de l’Oest y exalcalde pedáneo de Benimàmet. O
Santos Peral, ex secretario general del PP de Patraix e Ignacio
Martínez Maiques, ex secretario general del PP en el distrito de
Trànsits.
La propia Barberá recibió del gerente de Emarsa y principal imputado
regalos pagados por la depuradora. La secretaria de Cuesta declaró
como testigo en el juzgado que en dos ocasiones llevó a la regidora
bolsos de la marca Loewe. También declaró que el desembarco en
Emarsa de uno de los personajes más turbios de la trama, Sebastián
García, fue gracias al actual concejal de Hacienda de Barberá,
Silvestre Senent. Ni Barberá ni el resto de su gobierno ha aceptado
vínculo alguno con el saqueo, pero Senent fue relevado de la
presidencia del PP local a principios de 2013 tras 20 años en el
cargo y con la investigación de Emarsa abierta.
Un tercer escándalo ha salpicado de lleno a Feria Valencia, otra
institución cuyo patronato preside Rita Barberá. La Generalitat
admitió hace unos días que la Fiscalía de Valencia investiga los
sobrecostes de la ampliación del recinto, que puede suponer para la
Generalitat el desembolso de 1.027 millones de euros al no poder la
institución hacer frente a los pagos de la deuda. Los órganos de
gobierno de la institución, que presidía en este controvertido
periodo Alberto Catalá —persona de confianza de Barberá— se gastaron
en 11 años 142 millones de euros en dietas y viajes.
Como recoge un informe de la Intervención de la Generalitat,
realizado recientemente por Hacienda y en poder de la fiscalía, la
ampliación de la feria se hizo sin controles del patronato ni de la
Generalitat. La regidora ha defendido siempre que se le ha
preguntado por los hechos que es una institución de carácter privado
y no está sometida a la fiscalización pública. Un criterio que no
comparte la Intervención.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/08/valencia/1415478543_089526.html
El PSPV acusa a Barberá y
Camps por cinco delitos en Nóos
La acusación popular alega que el duque de Palma recibió contratos
de la Generalitat y de la Fundación Turismo Valencia "por su
condición de yerno del rey" - Añaden el tráfico de influencias a los
delitos apreciados por el juez de Palma
El PSPV del Ayuntamiento de Valencia, que ejerce la acusación
popular en el caso Nóos, ha solicitado al Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que asuma la causa en su
ramificación valenciana y que impute por cinco delitos a la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la
Generalitat Francisco Camps.
El PSPV se adhiere así a la decisión del juez de Palma que consideró
que debe ser el TSJCV el que indague sobre la legalidad de los
contratos que la Generalitat y la Fundación Turismo Valencia
Convention Bureau firmaron con Iñaki Urdangarin para la organización
del Valencia Summit y de los que serían responsables directos los
aforados Camps y Barberá. Además de los socialistas, deben presentar
sus alegaciones las partes implicadas en esta pieza separada del
caso Palma Arena y la fiscalía.
En el escrito de treinta páginas al que ha tenido acceso Levante-EMV,
la acusación popular concluye que las contrataciones de más de
cuatro millones con la fundación del duque de Palma «fueron actos
estrictamente voluntaristas en la medida que no obedecían a procurar
el interés general» y que «se hicieron al margen de cualquier
procedimiento administrativo con el fin último de poder beneficiar
económicamente a cargo de las arcas públicas valencianas a
Urdangarin, por su condición de yerno del rey».
El PSPV argumenta en su escrito que las contrataciones de la
Generalitat y Fundación Turismo Valencia se realizaron «sustituyendo
los principios que deben regir las contrataciones públicas». La
acusación popular considera que «son responsables de tales ilícitos
los que directamente tomaron estas decisiones arbitrarias e
injustas: Camps y Barberá».
Esta participación de la alcaldesa y del expresidente de la
Generalitat es una «certeza», ya que, según la acusación popular,
ambos serían los máximos responsables de que, tanto la Generalitat
como la Fundación Turismo Valencia, que recibía más del 80 % de los
fondos del Ayuntamiento de Valencia, liberaran el capital a
Urdangarin para que montara el Valencia Summit. Cabe recordar que se
investiga si ese dinero se usó para beneficio propio del duque de
Palma y su socio Diego Torres.
Las alegaciones del PSPV incluyen documentación que ayuda a afianzar
las tesis del juez de Palma José Castro e incorporan el delito de
tráfico de influencias que en la instrucción del juzgado de Mallorca
no se había apreciado. La acusación asevera que en las diligencias
practicadas por Castro «aparecen constantes referencias a la
participación de Barbera y Camps, y las instituciones que
representan, en los hechos relacionados con el Valencia Summit que
tras el trabajo de más de tres años de instrucción se han
considerado en diferentes momentos del procedimiento como
presuntamente delictivos».
La acusación popular concluye que Camps y Barberá cometieron
presuntamente prevaricación, falsedad en documento mercantil,
malversación de fondos públicos, fraude a la administración y el ya
mencionado tráfico de influencias.
El fiscal tendrá que pronunciarse si el TSJCV es competente en el
mes de septiembre, ya que el propio tribunal valenciano rechazó
ampliarle el plazo en 15 días. Por el momento, la sala ya tiene por
parte, aunque sólo como afectada, a la alcaldesa, que decidió
personarse asistida de abogado y procurador. Además, en caso de
asumir la investigación estarán también los otros cinco imputados
valencianos
CASTRO ATRIBUYE MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN A CAMPS Y BARBERÁ
El juez señala que las Administraciones valencianas se doblegaron a
las exigencias de Urdangarin
Prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y falsedad en
documentos oficiales. Esos son los delitos que el juez instructor
del caso Nóos, José Castro, atribuye al expresidente de la
Generalitat, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, por su implicación en la firma de contratos con la
fundación de Iñaki Urdangarin.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha remitido
al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana su
exposición razonada en torno a los indicios que pesan sobre Camps y
Barberá, en relación a su participación en las negociaciones previas
a la firma de los convenios para la celebración del Valencia Summit
y de los Juegos europeos (nunca celebrados), por los que Nóos
percibió alrededor de tres millones de euros públicos.
Castro expone en su auto cómo las Administraciones de doblegaron a
las exigencias del yerno del Rey e indica: "Sin el benepláctio del
presidente, don Francisco Camps Ortiz, no se comprende ese
sometimiento de la Generalitat Valenciana a las exigencias de don
Iñaki UrdangaronLiebaert cuya presencia detrás de la Asociación
Instituo Nóos era de dominiio público en el ámbito de dicha
Administración".
Además, resume las contrataciones alegando que fueron actos
estriuctamente "voluntaristas en la medida que no obedecían a
procurar el interés general y solo al deseo de doblegarse a las
exigencias de don Iñaki Urdangarin".
Tras la exposición motivada remitida por Castro, ahora es el
Tribunal Superior de Justicia valenciano el que debe asumir su
competencia sobre la causa que implica a Camps y Barberá ya que,
como parlamentarios autonómicos, son aforados y es el TSJ el
tribunal competente para juzgarlos.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/31/actualidad/1369997750_920040.html
BARBERÁ: “HAY ALGUNA FALSEDAD Y JUICIO DE VALOR NADA PROPIOS DE UNA
INVESTIGACIÓN”
La regidora niega haberse reunido en Zarzuela el 29 de enero con
Torres y Urdangarin
Dice que en la exposición motivada solo aparece mencionada en cuatro
folios
"No es delito comer con Iñali Urdangarín", asegura la alcaldesa
Unas horas después de conocerse la exposición razonada del titular
del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro,
instructor del caso Nóos, para inhibirse en favor del TSJ valenciano
en lo que afecta a los contratos de la Generalitat y el
Ayuntamiento, la alcaldesa de Valencia ha dicho que en el citado
escrito "hay alguna que otra falsedad y algún que otro juicio de
valor que no son propios de una investigación". "Caben las pruebas",
ha añadido.
El juez ha enviado la rama valenciana del caso Nóos al Tribunal
Superior de Justicia valenciano para que investigue si el
expresidente del Consell Francisco Camps y la regidora pudieron
incurrir en los posibles delitos de prevaricación, malversación de
fondos públicos, fraude y falsedad en documentos oficiales.
Barberá ha rechazado que la Fundación Turismo Valencia Convention
Bureau, una de las entidades que firmaron el convenio y las adendas
con el instituto que presidía Iñaki Urdangarin, sea una entidad
pública, como señala el escrito de Castro. Y ha leído el artículo de
los estatutos donde se dice que es una fundación privada.
"Me ratifico en todos los argumentos anteriores ", ha señalado la
regidora en alusión a las ocasiones en las que ha dicho que no ha
firmado nada y no ha aprobado nada relacionado con estos convenios,
con los que Urdangarin recibió de la fundación de turismo y la
Ciudad de las Artes y las Ciencias 3,5 millones de euros.
De la presunta comida en Zarzuela con Camps, Urdangarin y Torres, en
la que este último ha declarado al juez que se cerró la colaboración
de las Administraciones valencianas con Nóos, Barberá ha negado que
comiera el 29 de enero de 2004 en la residencia real y ha detallado
con quien estuvo a lo largo del día.
""Sobre lo de que Camps y Barberá se doblegaron a las exigencias del
duque", ha leído textualmente la regidora en el escrito a Castro,
esta ha dicho que eso es otro juicio de valor. "Hablar y comer con
Urdangarin no es delito", ha concluido.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/31/valencia/1370008285_264430.html
BARBERÁ INSTA A LA OPOSICIÓN A MEDIR SUS PALABRAS PORQUE NO ES
AFORADA
La regidora alerta de que los ediles no gozan de la inviolabilidad
de los diputados
No hay pleno municipal desde que se inició el mandato en el que no
salgan a la palestra casos judicializados como Emarsa [depuradora de
Pinedo] o Nóos [la fundación de Iñaki Urdangarin]. Este viernes se
añadieron al debate la apertura de una investigación sobre el
accidente de metro o la deuda sobre la visita de Benedicto XVI a
Valencia en 2006.
Los grupos de la oposición exigen una vez tras otra explicaciones al
Gobierno local, del PP, de su posible implicación en estos casos. Y
ayer llegó la advertencia por boca de la alcaldesa Rita Barberá en
el pleno. Las críticas del portavoz de Compromís, Joan Ribó, sobre
la posibilidad de que el equipo de gobierno haya dado “trato de
favor” a los propietarios de un inmueble en la plaza de Manises
—donde se prevé un hotel— hizo saltar a la alcaldesa.
Barberá tomó la palabra para leer un artículo del Estatutd’Autonomia
sobre la “inviolabilidad” de los diputados a Cortes por sus
manifestaciones, una condición que aseguró no ampara a los
concejales. El caso Nóos planeaba sobre el pleno y, de hecho, a
primera hora de la tarde se conoció el escrito razonado del juez
instructor del caso José Castro.
El PP rechaza instar a las Cortes a investigar el accidente de metro
La alcaldesa rechazó las acusaciones cada vez más frecuentes por
parte de la oposición sobre “comportamientos fuera de la ley”. La
regidora enfatizó que en las Cortes Valencianas —ella es diputada—
existe esa inviolabilidad, pero en el ayuntamiento no. “Esa especie
de paraguas que cubre la mayor posibilidad de expresar opiniones sin
temor a incurrir en caer en determinados actos delictivos aquí no
está”, agregó. Barberá pidió que no se siguiera por ese camino de
acusaciones. Sus palabras sonaron a amenaza.
El pleno rechazó, gracias a la mayoría absoluta del PP, todas las
mociones defendidas por los tres grupos de la oposición. El portavoz
de EU, AmadeuSanchis, solicitó al Consistorio que se garantizase que
el suelo municipal educativo se destine exclusivamente a centros
públicos. Decayó.
Ribó reclamó que no aporte ningún dinero a la Fundación V Encuentro
de las Familias para hacer frente a la deuda generada en la visita
del Papa en 2006. El concejal de Compromís preguntó de dónde ha
salido la deuda de 4,1 millones de euros y les acusó de opacidad y
falta de transparencia. El vicealcalde Alfonso Grau replicó a Ribó
que llega tarde porque “el Consistorio ha decidido dar por
terminadas las aportaciones a la fundación”.
Los populares rechazaron, además, instar a las Cortes Valencianas a
crear una comisión de investigación del accidente de metro de 2006,
en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Lo
llevaron al pleno los tres grupos de la oposición —PSPV, Compromís y
EU—. Defendieron la necesidad de que “se aclare la verdad” de lo
sucedido.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/31/valencia/1370024329_901805.html
EL SUPERIOR DE VALENCIA INVESTIGARÁ SI CAMPS Y BARBERÁ COMETIERON
DELITO
El magistrado se inhibe en favor de ese tribunal dada la condición
de aforados de Barberá y Camps
Pretende que examine las posibles responsabilidades penales y decida
la posible imputación
El juez José Castro, que investiga el caso Nóos, ha remitido al
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la parte de
la investigación que tiene que ver con la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, y el expresidente valenciano, Francisco Camps. El
magistrado se inhibe en favor de ese tribunal "única y
exclusivamente" por la condición de aforados de los dos políticos
valencianos, que son diputados autonómicos. En caso de que el
tribunal no aceptara la competencia, señala el juez, él recuperaría
automáticamente el caso respecto a los no aforados incluidos en la
causa.
El juez pretende que el Tribunal Superior de Valencia examine las
posibles responsabilidades penales de ambos y señala que remite
pieza separada para, "la instrucción y, en su caso, fallo de los
hechos". En este caso, Camps y Barberá podrían ser imputados por la
adjudicación a dedo de varios contratos a favor del instituto que
dirigían Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, y su socio Diego Torres,
por casi cuatro millones de euros entre 2004 y 2006. Se refiere a
los dos Valencia Summit y a la organización de unos Juegos Europeos
en dicha ciudad "y cualesquiera otros que, en conexión con aquellos,
pudieran derivarse como acontecidos en el territorio de su
competencia".
La declaración de Urdangarin ante el juez José Castro del pasado 23
de febrero colocó a los dos dirigentes del PP valenciano en
situación similar a la del expresidente balear Jaume Matas, ya
imputado en el caso Nóos por dar adjudicaciones a dedo.
Urdangarin admitió ante el juez que todos los contratos a dedo que
logró de las Administraciones valencianas tuvieron su origen en sus
entrevistas con Camps y Barberá, que asumieron sus propuestas y le
adjudicaron esos proyectos sin concurso público alguno. Hasta ahora
ambos han mantenido silencio sobre estos contratos adjudicados al
Instituto del yerno del Rey
“Me reuní en Valencia con Francisco Camps. Había una idea sobre los
Juegos Europeos y les explicamos lo que se podía hacer, si había una
oportunidad para llevarlos a cabo, simplemente eso”, declaró
Urdangarin. El duque de Palma aseguró que no recordaba las fechas de
aquella decisión pero que, tras salir de la reunión con Camps,
empezaron a trabajar en el proyecto de los Juegos Europeos. Este
proyecto nunca se llevó a efecto, pero Nóos giró a la Comunidad
Valenciana facturas por 382.000 euros por una serie de estudios para
su realización. Según la investigación judicial, estos documentos
preliminares valían mucho menos y de hecho, la Generalitat
Valenciana llegó a devolver al instituto de Urdangarin más de 100
facturas por valor de dos millones de euros.
Urdangarin también relató al juez cómo presentó a la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, su proyecto para organizar en esa ciudad un
evento, el Valencia Summit. “Hubo reuniones en Valencia con la
alcaldesa y con el señor Camps para explicarles el proyecto. En la
alcaldía debió ser, o en una comida, no lo recuerdo ahora. Y con el
señor Camps pues también en algún momento en su despacho o donde
fuese. Les expusimos ideas para aprovechar que el evento deportivo,
el America’s Cup tuviese el máximo rendimiento en Valencia (...) Le
propusimos la creación de un foro de discusión donde personas
multidisciplinares de distintos puntos de vista pudiesen aportar
ideas, proyecto y experiencia sobre otros grandes eventos deportivos
que habían existido en el mundo y que Valencia se pudiera nutrir de
ese conocimiento y aplicarlo”, explicó Urdangarin. “En esas
reuniones [con Camps y Barberá] se concretó la creación de un
Valencia Summit, entiendo”, señaló.
Apremiado por el fiscal, el yerno del Rey acabó reconociendo que se
puso a trabajar en la organización de los eventos antes incluso de
que se firmase el convenio, algo que ocurrió mucho después de su
reunión con Barberá y Camps, ambos del PP.
El juez Castro apuntaba en un auto del pasado 30 de enero, donde
aceptaba la petición de fianza que había hecho la fiscalía, que los
convenios firmados por el Gobierno valenciano con Nóos “no fueron
otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, con la única
finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar al Instituto
Nóos y en este caso al más ilustre de sus miembros, al señor
Urdangarin”.
En ese auto, acusaba a la Comunidad Valenciana durante el mandato de
Francisco Camps y al Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Rita
Barberá, de incurrir en “transgresiones palmarias” de la ley, y de
prescindir “olímpicamente de tramitar ningún concurso público o
negociado”, lo que les hacía merecedores “del más intenso reproche
ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber
que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los
fondos públicos que les han sido confiados”. Ahora será el Tribunal
Superior de Valencia el que decida si, además, les imputa a ambos en
la causa.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/29/actualidad/1369828313_738236.html
BARBERÁ: “EL JUEZ SOLO PREGUNTA SI SOY DIPUTADA”
La alcaldesa de Valencia recuerda que no está imputada en el 'caso
Nóos'
El juez ha solicitado a las Cortes una acreditación de su condición
de parlamentaria
"El juez solo ha pedido que se acredite mi condición de diputada",
ha dicho la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tras conocer el
auto del juez Castro, en el que solicita a las Cortes Valencianas la
certificación de que el expresidente valenciano Francisco Camps y la
propia regidora son diputados autonómicos, un paso previo a la
posible imputación de los dos políticos por el caso Nóos.
La regidora del PP ha accedido al auto de Castro y tras echarle un
vistazo rápido ha recordado que está a disposición de la justicia.
"El auto dice que incluso cabe recurso y aunque no he tenido una
conversación formal con mi abogado, mi intención primera no es
recurrir si no defender las tesis que he defendido siempre", ha
subrayado.
Barberá insistió en que ella ni decidió, ni aprobó ni acordó nada
relacionado con la celebración de los Valencia Summit. Los
encargados formales de la organización de tres ediciones de este
congreso que relacionaba ciudad y eventos deportivos fueron el
Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin, la sociedad pública
Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) y la fundación municipal
Turismo Valencia Convention Bureau. El gobierno local de Valencia ha
utilizado esta última como cortafuegos para que el escándalo no le
salpicase.
La alcaldesa ha justificado las tres ediciones del Valencia Summit
por el que ambas administraciones pagaron unos tres millones de
euros. Nóos elaboró además una especie de candidatura para que
Valencia albergase una edición de los Juegos Europeos. En total, el
instituto de Urdangarin y su entonces socio Diego Torres recibieron
unos cuatro millones de euros de administraciones y entidades
valencianas.
"Me gustaría concretar que esos encuentros se celebraron
públicamente, que participaron muchas personalidades conocidas y de
diferentes partes del mundo. Se celebraron, se pagaron y se tienen
las facturas", ha añadido Barberá. "Las actuaciones fueron
absolutamente correctas. No voy a entrar en otras estrategias", ha
concluido.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/24/valencia/1369399276_239052.html
BARBERÁ SE NIEGA A ACLARAR LA COMIDA CON NÓOS EN LA ZARZUELA
La alcaldesa insiste: "Yo no he firmado nada, ni he decidido nada”
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se negó este jueves a
aclarar su grado de participación en la comida celebrada en el
palacio de La Zarzuela con Francisco Camps, el duque de Palma Iñaki
Urdangarin y su socio Diego Torres en el Instituto Nóos. Una reunión
celebrada en enero de 2004 y que sirvió para preparar la
adjudicación a dedo de contratos millonarios al Instituto Nóos,
según la información que ha facilitado Diego Torres al juez José
Castro de Palma de Mallorca.
Barberá argumentó que las informaciones sobre el almuerzo mantenido
en el palacio de La Zarzuela “son estrategias de defensa en las que
yo no entro”.
Para la primer edil del Ayuntamiento de Valencia se ha generado una
buena “cantidad de confusión” respecto al citado encuentro. “Debo
tener el don de la ubicuidad porque puedo haber estado en tres o
cuatro sitios a la vez el mismo día”, ironizó la alcaldesa.
Rita Barberá evitó dar ningún detalle del encuentro desvelado por
Diego Torres. “Serenidad, tranquilidad y lo de siempre: Yo no he
firmado nada, ni he decidido nada”. “Por lo tanto, señores, muchas
gracias”, se despidió de los periodistas que la habían abordado en
los pasillos de las Cortes.
Más tarde fue interpelada en el Ayuntamiento, durante la
presentación de un libro, pero se negó a seguir respondiendo a las
mismas preguntas. En la Corporación municipal, Barberá sí aceptó dar
su opinión sobre las manifestaciones del expresidente del Gobierno
José María Aznar a Antena 3, informa Pilar Almenar. Interpelada
sobre si le parecían desleales las declaraciones de Aznar, Barberá
dijo: “Lo que está diciendo claramente es que mi partido es un
partido con un enorme respeto por la libertad de las opiniones, que
tenemos un banquillo muy importante y que todas las aportaciones son
positivas. Pero yo no lo llamaría ni mucho menos deslealtad.
¡Faltaría más!”.
La alcaldesa indicó que no tiene por qué plantearse si Aznar va a
regresar a primera línea política. “No viene al caso”, dijo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/23/valencia/1369305211_011473.html
TURISMO VALENCIA TRABAJÓ PARA NÓOS MESES ANTES DE FIRMAR EL CONVENIO
Los preparativos se adelantaron al coincidir dos eventos, explicó su
subdirector, Jaume Mata
Jaume Mata, subdirector de la Fundación Turismo Valencia Convention
Bureau, reconoció en su última comparencia ante el juez José Castro,
que instruye el caso Urdangarin, que al menos tres meses antes de
que se firmara el convenio con el Instituto Nóos para organizar la
primera edición de la Valencia Summit este organismo estuvo
trabajando con agencias de viajes en el alojamiento (entre 100 y 125
habitaciones) y las invitaciones al evento.
“Hicimos esas previsiones, esos preparativos (...). Con antelación
hay que invitar a los ponentes, los conferenciantes, hay que tener
todo preparado. (...) Estábamos trabajando en un congreso que se iba
a celebrar, lo que faltaba era formalizar ese convenio de
colaboración. Después se firmó, pero nosotros ya estábamos
trabajando”, declaró. Mata justificó la premura con que en esas
mismas fechas en las que se iba a celebrar la cumbre se celebraban
unas regatas en Valencia.
El subdirector de Turismo Valencia admitió, como se reflejaba en un
correo que le remite el empleado de Nóos Juan Pablo Molinero en
junio de 2004, que desde primavera estaban trabajando “con todos
esos preparativos” por indicación del director, José Salinas, y que
ya en esas fechas el precio de la cumbre “venía en la propuesta,
estaba aprobado”.
El fiscal inquirió a Mata sobre la contradicción de que en la firma
del convenio figure la fecha del 8 de septiembre y que en un correo
del 17 de septiembre Molinero se quejara al subdirector de Turismo
de que estaban “a un mes de la cumbre y todavía no hay contrato
firmado”. Mata aseguró no recordar, pese a que contestó ese correo.
Asimismo, el fiscal le pidió que aclarara el correo que mandó a
Molinero el 31 de agosto de 2004, en el que revelaba que el papel de
la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue decisivo en estos
eventos. Mata relataba a Molinero que la alcaldesa aún no había
regresado de vacaciones por lo que no había podido “despachar con
ella los temas pendientes relativos a la Valencia Summit”. El
subdirector, tras un intrincado circunloquio, se imaginó que “debía
tratarse de todos los actos institucionales, de presentación a la
opinión pública y a los medios de comunicación”, que había que
“trasladar a las entidades, a las instituciones, a las empresas”.
Barberá niega sistemáticamente que ella haya decidido nada
relacionado con la Valencia Summit, una cumbre según ella decidida
por Turismo Valencia como organismo privado.
El juez acepta la personación del PSPV en el 'caso Nóos'
El juez del caso Nóos, José Castro, ha aceptado la personación como
acusación particular colectiva de los concejales socialistas en el
Ayuntamiento de Valencia en su doble condición de representantes de
una parte de los ciudadanos afectados por el presunto mal uso de
caudales públicos y por estar obligados a la defensa del correcto
funcionamiento de la Corporación municipal. El magistrado Castro
instruye un caso de posible desvío de fondos públicos de la
Generalitat valenciana y el Consell balear al Instituto Nóos, que
dirigían el duque de Palma y su socio Diego Torres, por la
organización de varios eventos.
La Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que gestiona la
promoción turística de la capital, rechazó en su día la personación
penal ofrecida por Castro y optó por reclamar responsabilidades
civiles al Instituto Nóos, organizador de los tres congresos
Valencia Summit sobre deporte y ciudad en 2004, 2005 y 2006, si al
final del proceso hay condena. Se trata de una fórmula similar a la
ejercida por la Generalitat y la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)
contra los responsables de Nóos sin pedir responsabilidad penal.
Turismo Valencia, que se nutre básicamente de dinero público, gastó
sin mediar ningún concurso público al menos 1,35 millones de euros
en estos eventos, cantidad que Esquerra Unida eleva a dos millones
de euros. Un informe del Tribunal de Cuentas considera que Valencia
Convention Bureau “como integrante de ese sector público local” por
la “dependencia económica” del Ayuntamiento de Valencia, por lo que
debió ajustarse a las limitaciones y requisitos de contrato que
afectan al sector público.
El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de
Valencia, Joan Calabuig, destacó ayer que la personación “permitirá
aclarar dónde fue a parar el dinero de los valencianos y las
valencianas”. Calabuig insistió en que si la alcaldesa Barberá
“realmente estuviera preocupada por lo que ha sucedido, habría
tomado la iniciativa de personarse para defender los intereses y los
recursos públicos”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/24/valencia/1366825029_825040.html
RITA BARBERÁ SE ENROCA Y NIEGA SU RELACIÓN CON LOS VALENCIA SUMMIT
La alcaldesa de Valencia comparece públicamente después de la declaración al juez de Torres
El exsocio de Urdangarin dijo que negoció con ella y Camps los Valencia Summit en Zarzuela
Rita Barberá comparecía por primera vez en público desde que Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, declarase el sábado al juez que instruye el caso Nóos que negoció con ella y el expresidente Francisco Camps el Valencia Summit durante una comida celebrada en la Zarzuela en 2004. “No voy a entrar en estrategias premeditadas de defensa o acusación de casos que ya están en los juzgados. Porque responden a intereses de parte”, dijo este miércoles sin aclarar si estuvo o no en la residencia real con el duque de Palma y su entonces socio.
No negó la regidora el honor “de que los Reyes me hayan invitado a la Zarzuela. Un honor que espero que siga”, agregó sin ocultar su excelente relación con la Casa Real. Y añadió que a lo largo de sus más de 20 años de vida pública ha conocido a muchas personalidades del mundo de la política, de la judicatura o de los empresarios y algunas de ellas se han visto apartadas de su carrera, y puso de ejemplo al juez Baltasar Garzón o al socialista José Blanco.
Con sutilidad, la regidora desacreditó la declaración de Torres —el próximo sábado comparecerá ante el juez Urdangarin—. “Yo no soy abogada, pero puede que una persona que está imputada, mienta, pueda decir lo que quiera. Yo no entro en esa estrategia, aunque se me compare con un avestruz o con una paloma mensajera”, reiteró.
Sobre las informaciones que la sitúan como parte activa y supervisora del convenio suscrito en 2004 entre el Instituto Nóos, CACSA y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, Barberá echó mano del argumentario mil veces repetido. “No he firmado ni un solo convenio ni he votado nada en ningún punto ni en ningún lugar. La fundación es de naturaleza privada, lo dicen los servicios de la Intervención General del Estado. Y, por tanto, esta casa [en alusión al Ayuntamiento de Valencia] no ha tomado ninguna decisión al respecto. Les guste o no”.
Una vez más, la regidora acusó a la izquierda de intentar desgastarla políticamente con casos como este. “La izquierda está prácticamente derrotada y tiene una impotencia importante. Lo único que quieren es apartarme de aquí [de la alcaldía]“, arremetió. Los grupos de la oposición piden desde hace meses al Gobierno local que explique su papel es escándalos como Emarsa o Nóos sin ningún éxito. El PP ha aplastado con su mayoría absoluta cualquier iniciativa del PSPV, Compromís o EU.
A diferencia de la Generalitat Valenciana, que se ha personado en el caso Nóos, la Fundación Turismo Valencia no lo ha hecho y esperará a una condena en firme para pedir, si procede, responsabilidades civiles a los condenados.
Y se despidió con su expresión de siempre: “Las cosas son como son y no como les gustaría a algunos. Las dudas que tengan [sobre el Valencia Summit] se las preguntan a la fundación Turismo Valencia”.
El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas solicitó una comisión de investigación sobre el caso Urdangarin. La propuesta justifica la petición en que la existencia de representantes públicos valencianos implicados en la trama corrupta perjudica gravemente la imagen de la Comunidad Valenciana y causa alarma social. Esquerra Unida también es partidaria de investigar en el Parlamento las posibles responsabilidades políticas de la Generalitat en el caso Nóos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/20/valencia/1361386977_479864.html
Los correos de Nóos revelan
que Barberá fue decisiva en los Valencia Summit
La alcaldesa de Valencia niega que sea la organizadora de los
eventos
El intercambio de correos entre un antiguo empleado del Instituto
Nóos, Juan Pablo Molinero, y el entonces director de gabinete del
Consorcio Valencia 2007, Jaume Mata, revela el protagonismo de la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la organización del congreso
Valencia Summit en su primera edición de 2004, que se celebró entre
el 27 y el 29 de octubre. La alcaldesa ya había sido señalada el
sábado por el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, en su
declaración al juez, al que dijo que ella había acudido a una
reunión en el palacio de la Zarzuela junto al entonces presidente
Francisco Camps para negociar la organización de ese evento con él y
el duque de Palma.
Barberá apenas ha dado explicaciones sobre las tres ediciones de
estos foros, por los que, según el juez, Nóos ha cobrado de la
Administración valenciana al menos 3,5 millones de euros, así como
por la preparación de la candidatura de los Juegos Europeos, que no
llegó a presentarse. De forma sistemática, el Ayuntamiento y la
Generalitat valenciana han puesto toda clase de impedimentos a la
oposición para dar información sobre los convenios, alegando que la
responsable de la organización de esos encuentros era Valencia
Convention Bureau, una fundación que no es pública porque no
gestiona exclusivamente fondos municipales.
Vicealcalde Grau: “Lo que no descarto es que me puedan haber timado”
Pero la presencia de Barberá en la Valencia Summit no se limitó a
acudir a los actos, según los correos electrónicos cruzados. En el
verano de 2004, Molinero remite a Mata la presentación en PDF del
funcionamiento y desarrollo de ese encuentro internacional que,
según Urdangarin convertiría a Valencia en “el Davos del deporte y
las ciudades”. El convenio contemplaba una aportación al Instituto
Nóos de 900.000 euros y el contrato tenía que ser firmado por el
presidente de la Fundación Valencia Convention Bureau (FVCB), que se
encontraba de vacaciones.
Nóos barajaba la idea de “que se escenifique una firma protocolaria,
con luz y taquígrafos, que llevaría a cabo la alcaldesa (presidenta
de honor de FVCB), aunque el contrato se firme mediante cruce de
envíos los primeros días de septiembre”. A principios de agosto,
Molinero envió a Mata, cuyo departamento se integraba en la
fundación, la versión final del convenio y le explicó la idea de
hacer un acto oficial para presentar la firma para “simplemente
salir en la foto” y “sin responder a preguntas de presupuesto”.
En su respuesta, Mata le remite la versión final del documento y le
anuncia que “probablemente” al día siguiente remitirá el documento
firmado. Pero el acto público de la firma, le advierte, tiene que
“ser consultado con las autoridades”. Sin embargo, las cosas parecen
torcerse durante las semanas siguientes. Ante la presumible
insistencia de Molinero (faltan esos correos) por el atasco del
convenio, Mata le contesta el 31 de agosto: “La alcaldesa aún no se
ha incorporado, por lo que no se han podido despachar con ella los
temas pendientes relativos a la Valencia Summit, y confiamos poder
tener novedades antes de la próxima semana”.
El PSOE niega que Blanco acallara en Valencia preguntas sobre el
congreso
El correo de Mata, remitido al juez que instruye el caso Nóos por el
exsocio de Urdangarin, Diego Torres, pone de relieve que la
participación de Barberá en la toma de decisiones de la Valencia
Summit era activa. Además, el Tribunal de Cuentas considera que
Valencia Convention Bureau, por la “dependencia económica” del
Ayuntamiento de Valencia, “debería llevar a considerarla como
integrante de ese sector público local”, y, por consiguiente,
“ajustarse a las limitaciones y requisitos de contrato que afectan
al sector público”.
La alcaldesa de Valencia no tenía ayer agenda pública. Pero el
vicealcalde, Alfonso Grau, sí habló de la declaración de Torres y el
supuesto encuentro en La Zarzuela: “Hasta donde yo sé, esa comida no
se produjo”. Grau, que también preside Valencia Convention Bureau,
añadió: “Tengo la tranquilidad absoluta de haber actuado con arreglo
a derecho, y lo que no descarto es que me puedan haber timado, por
eso he pedido que, si nos han timado, nos devuelvan el dinero”. Ayer
el PSOE también negó que el exministro de Fomento José Blanco
ordenara a los socialistas valencianos que no preguntaran en el
Parlamento autonómico sobre la Valencia Summit, como apuntaba otro
de los correos entregados al juez.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/18/valencia/1361216676_121953.html?rel=rosEP
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DESMONTA LA DEFENSA DE BARBERÁ EN EL ‘CASO NÓOS’
La fundación que contrató a Urdangarín forma parte del sector público local
El Tribunal de Cuentas ha desmontado la defensa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante el caso Urdangarin. Barberá ha intentado mantener alejado el escándalo de los cerca de dos millones de euros que la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau concedió al Instituto Nóos del yerno del Rey, sosteniendo que se trata de una entidad privada separada del Ayuntamiento, a pesar de que la preside su número dos, el vicealcalde Alfonso Grau.
El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador del sector público, echa por tierra esa teoría al señalar en un informe fechado el 23 de febrero de 2012 que la "dependencia económica" de la fundación respecto al Gobierno de Barberá, "debería llevar a considerarla como integrante de ese sector público local". Su actividad debería ajustarse, añade, a las limitaciones que afectan al sector público, incluidos los requisitos para contratar.
Valencia suscribió con el Instituto Nóos convenios para organizar el Valencia Summit, un encuentro de expertos deportivos por el que la entidad de Urdangarin cobró importes fabulosos, en los años 2004, 2005 y 2006. Pero el Ayuntamiento no lo hizo directamente, sino a través de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB), que pagó cerca de dos millones de euros por los eventos. La investigación del juez de Palma José Castro ha revelado que del dinero que destinó por esta vía el Ayuntamiento —y la Generalitat, que cofinanciaba el Valencia Summit—, menos de una quinta parte está justificado con facturas, mientras que el resto se lo habría quedado el instituto del yerno del Rey.
La alcaldesa ha insistido en que la fundación es privada e independiente
El juez también ha censurado a la fundación municipal y al Consell, ambos controlados por el PP, por haber firmado los convenios "sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado", lo que llevó a que Nóos "ni tan siquiera se molestó en tratar de esbozar para convencer a quienes tendrían que pagarlo". Los acuerdos, añadió el juez en el auto que estableció una fianza de 8,1 millones de euros para Urdangarin y su socio Diego Torres, violaron "de manera descarada los principios de concurrencia y publicidad para ser sustituidos por los del amiguismo y la oficiosidad".
La estrategia de Barberá ha consistido en mantener que la fundación TVCB no depende del Ayuntamiento. Al ser privada, no tendría que ajustarse a estrictos criterios legales en la contratación. El Tribunal de Cuentas opina, sin embargo, lo contrario. El organismo solicitó datos de más de 400 fundaciones municipales españolas. De siete de ellas concluye que, pese a estar constituidas formalmente como privadas, deben ser consideradas parte del sector público. La primera de esa lista es Turismo Valencia Convention Bureau.
El Tribunal de Cuentas la enmarca en un grupo de cinco fundaciones que cuentan "con una aportación dotacional, si bien no mayoritaria sí significativa por parte de Ayuntamientos y/o diputaciones que, además, subvencionan anualmente sus actividades en un porcentaje considerable frente a otro tipo de ingresos". A continuación, detalla que la fundación VTCB "no se constituye mayoritariamente por el Ayuntamiento de Valencia (aporta el 25%), siendo junto con él socios fundadores la Cámara de Comercio, la Confederación Empresarial y Feria Valencia, esta última participada a su vez por el Ayuntamiento. Si bien más del 80% de los ingresos anuales se aportan por el Consistorio de Valencia".
Acogiéndose a ese supuesto carácter privado, Barberá y su equipo de Gobierno han rechazado informar incluso de cuánto dinero municipal acabó en manos de Urdangarin y Torres. Y ello a pesar de que en 2005, por ejemplo, 95 de cada 100 euros que manejó la fundación TVCB le fueron proporcionados por el Ayuntamiento. En ese mismo ejercicio, de un presupuesto total de 5,25 millones de euros, la fundación dedicó 739.965 a gastos del Valencia Summit.
Ser un ente privado permite eludir estrictos controles en la contratación
El Tribunal de Cuentas señala en las conclusiones de su informe que las entidades "constituidas como fundaciones, bien con aportación dotacional mayoritaria de los entes locales y/o con representación mayoritaria de estos en sus patronatos y/o cuando las aportaciones posteriores a su constitución devengan esencialmente de subvenciones concedidas por las entidades locales participantes en esta, aunque dicha participación resulte minoritaria, debieran ser consideradas como parte del sector público local y, por tanto, con igual sujeción al control previsto para este".
Que una Administración pretenda servirse del derecho privado creando y financiando entidades que persiguen fines públicos —el fin de la fundación del Ayuntamiento es "la gestión estratégica y la promoción de la ciudad de Valencia en el ámbito turístico"— no es raro. El sumario del caso Gürtel revela que la Generalitat intentó hacer lo mismo sin éxito con su Agencia Valenciana de Turismo, que contrató de forma presuntamente ilegal a empresas de la red corrupta por cinco millones de euros.
Existen, en cambio, pocos supuestos en que un Ayuntamiento se resista a aceptar el carácter público de sus fundaciones. Y menos cuando, como sucede con TVCB administra tanto dinero (en 2004, 8,9 millones). Entre los pocos casos similares que recoge el Tribunal de Cuentas se incluyen la fundación Feria Apícola de Castilla-La Mancha (del Ayuntamiento de Pastrana y la Diputación de Guadalajara) y la del Museo del Calzado de Elda (del consistorio eldense y de la Diputación de Alicante).
Un precedente en el sumario de Gürtel
El sumario del caso Gürtel contiene un intento similar, en este caso de la Generalitat, de eludir las restricciones que pesan sobre las Administraciones a la hora de contratar sosteniendo que uno de sus entes, la Agencia Valenciana de Turismo, se regía por derecho privado. Un informe de la Intervención General del Estado de 2012, sobre la contratación de dicha agencia con empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa, concluye lo contrario, reproduciendo para ello un dictamen de la Sindicatura de Comptes de 2005.
"La Agencia Valenciana de Turismo, como ya se ha venido indicando en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores, es una entidad de derecho público dependiente de la Generalitat valenciana, financiada en su práctica totalidad por la misma y creada para satisfacer necesidades de interés general que son competencia de esa Administración autonómica, como son el fomento y la promoción del turismo valenciano".
De ese modo, prosigue la Sindicatura, "concurren los dos requisitos establecidos" en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para que la agencia "ajuste su actividad contractual a lo dispuesto en esta ley".
El artículo 3 de esa norma recoge los entes que estarán sujetas a la regulación. Y, a modo de red de seguridad para evitar que bajo distintas denominaciones las Administraciones burlen el control, establece que deberán ceñirse al modo de contratar del sector público: "Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad". Como ocurre con la fundación del Ayuntamiento de Valencia.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/12/valencia/1360695255_120741.html
BARBERÁ DUPLICÓ LA CONTRATACIÓN IRREGULAR EN 2011, SEGÚN LA AUDITORÍA MUNICIPAL
El informe pone graves reparos y observaciones significativas a una cuarta parte del gasto
El gobierno local dice que son expedientes tramitados sin fiscalización previa ua regularizados
El Ayuntamiento de Valencia duplicó en 2011 el volumen de contrataciones irregulares, según la auditoría municipal que dieron a conocer los grupos del PSPV y EU tras la Comisión de Hacienda.
Los auditores reconocen que el número de expedientes de subvenciones y transferencias que se gestionaron mal pasaron del 8 al 13%. Los reconocimientos extrajudiciales de créditos (gasto fuera de presupuesto) se dispararon de los 57 a los 124 millones de euros y uno de cada cuatro expedientes tramitados mereció graves reparos u observaciones significativas por parte del auditor. En volumen, un 26,7% del total del gasto del Consistorio.
En uno de cada cuatro expedientes, la auditoría constató que no habian habido procesos de contratación, lo que representa el 20% del volumen de gasto. Otra de las salvedades que destaca el informe es el sistema irregular de encargos a las contratas municipales, que afectó el año pasado al 16,5% de expedientes y a un volumen de gasto del 22%.
Las inversiones se adjudicaron, en cerca del 20% de los expedientes, sin procesos de contratación, mientras que por encargo a las contratas se tramitó el 40% de los mismos (37,80% del volumen de gasto).
Para el concejal socialista Pedro M. Sánchez, estos datos "demuestran un año más el descontrol absoluto de la gestión municipal", donde se aprueban gastos sin contrato o cobertura presupuestaria. "Esto no es responsabilidad de la crisis económica", enfatizó el edil.
Rosa Albert, concejal de EU, calificó la auditoría de "auténtico varapalo" para la alcaldesa Rita Barberá. Según sus cálculos, el 40,6% del gasto presupuestario de 2011, que ascendió a 457,4 millones de euros, ha recibido una observación significativa por parte de la Intervención Municipal, es decir, "un total de 185.861.405 euroscuentan con reparos por parte del interventor". "Si nos preocupaba, y mucho, la falta de capacidad de obtener ingresos por parte del Ayuntamiento por distintos motivos, el cómo se está ejecutando el gasto nos preocupa mucho más tras ver el presente informe", ha observado.
El concejal delegado de Hacienda, Silvestre Senent, reconoció la existencia de los reparos de la auditoría en expedientes tramitados sin fiscalización previa, pero añadió que el hecho "está subsanado y convalidado por el órgano competente".
Penalizar la falta de diligencia en la tramitación de expedientes
El Ayuntamiento de Valencia congelará todos los impuestos municipales, ha dicho el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que en las Bases de Ejecución del Presupuesto "se incluirá como novedad la penalización de la falta de la diligencia requerida en la tramitación de los expedientes" que se tramitan en los diferentes departamentos municipales.
El concejal de Hacienda, Silvestre Senent, ha señalado por su parte, sobre los "reparos" de Intervención reflejados en la Auditoría municipal, que "se trata principalmente de expedientes tramitados sin fiscalización previa, pero el hecho está subsanado y convalidado por el órgano competente".
Así lo ha indicado Senent después de que el concejal del grupo municipal socialista Pedro M.Sánchez haya asegurado que la auditoria de 2011 ha revelado que el Ayuntamiento duplicó el volumen de contratación irregular en 2011, con respecto al ejercicio anterior y que el número de expedientes de subvenciones y transferencias irregularmente gestionadas pasó del 8,50% de 2010 al 13,60% en 2011 mientras que el volumen de gastos se elevó de 12,70% a 31,40%.
Senent ha aclarado que la responsabilidad corresponde al centro gestor, y que desde el Area de Hacienda se ha dado orden a Intervención para que se incorpore a las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2013, un procedimiento "más estricto y con reducción de plazos para la presentación de facturas".
En relación con esta cuestión, el vicealcalde Grau ha anunciado que en las Bases de Ejecución del Presupuesto "se incluirá como novedad la penalización de la falta de la diligencia requerida en la tramitación de los expedientes" que se tramitan en los diferentes departamentos municiales, y ha apuntado que con esta medida se pretende que la tramitación no se alargue en el tiempo excesiva o innecesariamente, y que se mejore la gestión.
Con respecto a los impuestos, Grau ha subrayado, tras la Comisión de Hacienda celebrada este martes, que las tasas municipales "no se modifican en absoluto, es decir, se congelan todos los impuestos municipales, y cuando decimos que se congelan quiere decir que lo mismo que los ciudadanos pagaron por el IBI, por el impuesto de vehículos o por el ICIO el año pasado, pagarán este año".
El vicealcalde ha remarcado que se ha tomado esta medida porque "desde el equipo de gobierno municipal consideramos que es importante, en la situación económica en la que estamos, dejar el máximo de dinero posible en el bolsillo de los ciudadanos".
En respuesta a las críticas de PSOE y EU, Alfonso Grau ha contestado que negarlo porque se bajó la bonificación del 5 al 2% y que eso supone un aumento del 3, es un "sofisma". "Primero porque fue el año pasado cuando se bajó, y por lo tanto este año gracias a la congelación del impuesto se pagará lo mismo exactamente que el año pasado", ha dicho.
"En segundo lugar porque la bonificación afectaba a unos cuantos contribuyentes, no a todos, y se ha reducido, pero no es un aumento. Porque los que no tenían la bonificación, ni la tenían antes, ni la tienen ahora, y por lo tanto van a pagar exactamente lo mismo", ha recalcado.
En cuanto a las tasas y precios públicos, el vicealcalde ha resaltado que, "teniendo en cuenta que obedecen a una contraprestación de un servicio --como puede ser la ocupación de vía pública y demás--, se actualizan en el IPC, que además es lo que corresponde, puesto que se trata de aprovehamientos lucrativos, en mayor o menor medida, y que deben tener su contrarestación".
Sobre la decisión de la Conselleria de Educación de anular distintas licencias para la construcción de centros educativos en la ciudad, Alfonso Grau ha manifestado que entienden que la administración educativa "querría poderlos construir pero se lo impide por el momento la situación económica".
"Suponemos que se acometerán más adelante y, en todo caso, entiendo que son las Cortes valencianas el lugar donde se debaten estos asuntos porque es donde están las competencias", ha agregado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/25/valencia/1348590561_710490.html
BARBERÁ
RECRIMINA A UNA CONDUCTORA DE LA EMT SU SUELDO ANTE LOS PASAJEROS
La alcaldesa de Valencia salió de su coche oficial frente a su casa y se
encaró con la trabajadora, que negó que cobrara "3.000 euros"
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, recriminó el pasado fin de semana a una conductora de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la línea 31 el sueldo que cobra delante de los pasajeros del autobús, han denunciado dirigentes sindicales del comité de empresa.
Los hechos sucedieron el sábado, cuando Rita Barberá se bajó de su coche oficial molesta porque enfrente de su casa había un autobús de la línea 31, parado, con pegatinas donde se podía leer Rita no paga, en alusión a los retrasos que la plantilla de la empresa municipal de transportes dice acumular desde enero.
Según esta versión, la alcaldesa, con unos emolumentos anuales de más de 93.000 euros, salió del coche oficial y fue hacia donde estaba el autobús. “Se dirigió a la conductora para decirle que estaba cobrando tres mil y pico euros, delante de los pasajeros”, indicaron fuentes del comité de empresa.
La conductora le respondió que ella “no los cobra y que ningún conductor gana ese dinero”. Barberá también le recriminó que llevara las pegatinas, “de mala forma”, algo que el comité de empresa considera que “no se corresponde con una persona de su talante”. El incidente se produjo durante la jornada de huelga convocada por el comité de la empresa pública en protesta por los recortes y despidos que plantea la dirección.
A la alcaldesa, sostienen fuentes del comité de empresa, “le está molestando mucho” que los trabajadores de la EMT se hayan manifestado en las últimas semanas para reclamar lo que les “debe” la empresa.
Los trabajadores exhiben unas pegatinas y camisetas con el lema Rita no paga a sus trabajadores “y posiblemente le moleste más eso que la huelga o la situación que se está planteando”. Desde el comité de empresa de la EMT han reiterado que “ningún trabajador cobra 3.000 euros, a excepción de los jefes y directivos” y recalcaron que han retado “en varias ocasiones” al concejal encargado de esta área a que lo demuestre.
“Decisión política”
La plantilla tiene un sueldo neto de entre 1.400 y 1.700 euros y “en los que se trabajan festivos, sábados y nocturnidad”, recalcaron. Los representantes de los trabajadores creen que “se ha tomado la decisión política de destruir el estatus y el bienestar de un montón de familias”.
La alcaldesa de Valencia percibe algo más de 93.508 euros anuales brutos. Por su parte, el gerente de la EMT, Jesús Herrero, nombrado por el equipo de Gobierno del PP, cobra 126.897,80 euros brutos anuales, según hizo público hace unos meses el concejal de Compromís, Joan Ribó.
El Consistorio no tardó en replicar. Lo que los sindicatos de la EMT calificaron de recriminación, el concejal delegado de Transportes de Valencia, Alfonso Novo, lo redujo a un intercambio de impresiones. “No tuvo mayor importancia, aunque los representantes sindicales quieran magnificar los hechos. La alcaldesa simplemente cruzó unas palabras con una conductora sobre los paros y los argumentos que defienden los sindicatos sin más trascendencia, pero sin faltar al respeto a nadie”, dijo el concejal en una nota oficial.
Novo reiteró que los conductores ganan más de 3.000 euros mensuales. “Esto quiere decir que el 100% de su salario bruto está en los 39.548,022 euros anuales, que dividido por 12 meses [ignoran las dos pagas extraordinarias] significa que al mes reciben unos 3.295,66 euros”.
Las espadas siguen en alto. Mañana, miércoles, habrá consejo de administración de la EMT, solicitado por la oposición, para hablar de las negociaciones con los sindicatos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/25/valencia/1340642382_356055.html
El nuevo desaire de Fabra a Barberá sorprende en el PP
Responsables campsistas critican
el gesto de dejar fuera a la alcaldesa del encuentro con Ecclestone
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no invitó el domingo a la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a su encuentro con el magnate de la
Fórmula 1, Bernie Ecclestone, para hablar sobre el futuro del Gran Premio de
Europa. Un feo, que se suma a una larga lista de desavenencias entre Fabra y
la primera edil de Valencia, que trascendió la anécdota y fue ayer la
comidilla entre los responsables políticos del PP. En medios campsistas, se
recordaba que el exjefe del Consell Francisco Camps siempre invitó a Barberá
a sus charlas con Ecclestone, un detalle que, se reprochaba, Fabra no tuvo
el domingo con la alcaldesa del "cap i casal".
Uno de los primeros problemas con que se encontró Fabra al llegar al
Ejecutivo, atenazado por la falta de liquidez, fue precisamente el leonino
acuerdo rubricado con el magnate de la Fórmula 1 cuando Camps y Barberá
negociaban. Ahora, el titular de la Generalitat busca una salida para
aliviar la carga económica sin perder la prueba, de ahí la posible
alternancia con Cataluña.
Pero los desencuentros entre Fabra y Barberá han sido un constante estos
meses. El mayor feo de Fabra que no le perdona Barberá fue cuando el jefe
del Consell viajó a Londrés para hablar con Ecclestone sin informar a la
alcaldesa. Las declaraciones de Fabra sobre el coste del Gran Premio han
sentado muy mal a Barberá, que defiende a capa y espada la política de
eventos para Valencia. En otra clave, el anuncio del jefe del Consell en las
Corts de que avalaba una comisión de investigación sobre Emarsa disgustó
profundamente a la edil, que también intentó forzar sin éxito que Fabra no
designara al conseller de Gobernación, Serafín Castellano, como secretario
general del PPCV. Ayer, un comentario de Barberá dejó entrever que no le
había gustado nada el quedarse fuera de la cita con Ecclestone. "Presidente,
no dejes que te coman", le apuntó, como cuestionando aunque en clave de
broma la capacidad negociadora de Fabra.
"LOS ESCOLTAS NO SON RECADEROS", DENUNCIA UN SINDICATO DE VALENCIA
Barberá replica que cuando hay negociación colectiva se dicen muchas cosas
La polémica sobre si es aceptable que los políticos, en este caso los concejales de Valencia, gocen de escolta y coche oficial se abrió con la crisis y las estrecheces presupuestarias. El anuncio de ETA en octubre pasado de que ponía fin a la violencia avivó más el debate sobre la idoneidad del servicio. Antes, los ediles de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia habían renunciado a coche y escolta como gesto de austeridad. Sólo el Grupo Popular municipal conservó vehículos y guardaespaldas.
El PSPV invita a los ediles del PP a usar el transporte público para desplazarse
Ayer, el sindicato mayoritario en el Consistorio, el SPPBL, alzó de nuevo el tono de sus protestas no por la idoneidad del servicio, sino por las tareas que algunos ediles del PP dan a sus escoltas. Según declaró un dirigente del sindicato, "una cosa es si procede mantener el servicio, en lo que no entramos, y otra que en ocasiones [los escoltas] se empleen como chóferes, que no lo son".
Según esta organización policial, los escoltas, que suelen conducir el vehículo oficial de los concejales, son enviados a comprar el periódico, cargar con las bolsas del supermercado o llevar los hijos al colegio. Hace unos meses desvelaron que algunos coches oficiales llevan instalada en la parte trasera hasta la silla infantil de forma permanente. "Los escoltas no son recaderos", reiteró un portavoz del SPPBL.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, replicó ayer al sindicato policial desde los pasillos de las Cortes Valencianas. Los escoltas que prestan servicio a los ediles del Consistorio, comentó la regidora, trabajan con los concejales "como Dios manda". Barberá enmarcó las quejas sindicales por los supuestos servicios fuera de su función que prestan los escoltas a la negociación colectiva abierta con los sindicatos policiales.
"Se está negociando el convenio y entonces todo es posible", respondió Barberá, quien desacreditó las denuncias: "Cuando hay debates sobre la situación laboral, se dicen muchas cosas. Al final unas responden a la verdad y otras no", apostilló.
Sobre si el PP renunciará o no al servicio de escoltas en breve -ya lo han hecho o anunciado políticos y cargos institucionales del País Vasco como el lehendakari Paxti López-, Barberá repitió ayer lo que ya dijo el pasado domingo. Se aferró a la cautela que aconsejan varios ministerios del Gobierno. "El Ejecutivo central ha dicho que no hay que bajar la guardia y no se va a bajar la guardia".
En la oposición no están de acuerdo con la alcaldesa. El portavoz socialista Joan Calabuig insistió en que la situación política deja cada vez más claro que no está justificado el uso de escoltas. "Menos aún cuando a los agentes se les asignan tareas que no son de su cometido", declaró Calabuig. El concejal socialista recordó que su grupo -también el resto de la oposición- renunció al coche oficial y a la protección al inicio de mandato e insistió en que "no hay amenazas objetivas". Si encima, añadió, los coches oficiales, que están para la seguridad, son utilizados para actividades familiares y personales, el servicio se pervierte. Calabuig invitó a los ediles del PP a utilizar el transporte público.
www.elpais.es 19-01-12
Las aguas bajan revueltas en el interior del PP valenciano. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha encontrado más resistencias de las previstas para hacerse con el control del partido. Sobre todo en la provincia de Valencia, donde cargos como la alcaldesa Rita Barberá y el presidente provincial del partido y de la Diputación, Alfonso Rus, no ocultan su malestar por haberse visto desplazados de la posición de privilegio que mantenían en la etapa presidida por el dimitido Francisco Camps.
Barberá habla en público de que "los enredos están volviendo al PP de la Comunidad Valenciana" y Rus se queja de que se entera de las decisiones importantes del presidente de la Generalitat por la prensa.
Quienes fueron dos de los principales pilares de Camps -en una etapa caracterizada por los excesos y algunos de los mayores escándalos de corrupción- ahora evidencian públicamente su malestar con el trato que les otorga Alberto Fabra y la nula presencia del PP valenciano en el equipo de Mariano Rajoy.
El malestar se ha acumulado a medida que el presidente valenciano tomaba decisiones y se desmarcaba de la herencia de Camps.
Tres han sido, fundamentalmente, las decisiones adoptadas por Fabra que han hecho estallar las tensiones en el seno del PP. Por un lado, la decisión de renegociar a la baja el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 que se celebra en Valencia y que es el gran evento que exhibe la alcaldesa. Por otro, el retoque hecho por Fabra en el Gobierno heredado de Camps para desplazar de la vicepresidencia y la portavocía a las dos personas más identificadas con su antecesor.
Pero el elemento que más ronchas ha levantado en Barberá y en Rus ha sido la decisión de Alberto Fabra de aceptar una comisión de investigación sobre el caso Emarsa en el Parlamento. Un escándalo de corrupción relacionado con el saqueo de una depuradora, por el que el juez que instruye el caso ya ha imputado a Enrique Crespo, vicepresidente de la Diputación, y a varios cargos intermedios próximos a Barberá.
En este clima, Rus aprovechó la reunión de la junta directiva regional del partido, celebrada el martes por la noche, para criticar por elevación el poco peso de Alberto Fabra en Madrid. Rus se quejó de que Rajoy trata al PP de la Comunidad Valenciana "como si fuese Guinea Ecuatorial". Y ayer volvió a insistir: "Parece que seamos apestados", prosiguió, "y políticos valencianos hay muy buenos, prueba de ello es que estamos gobernando muchos años". Rajoy no ha nombrado a ningún político valenciano entre sus 13 ministros ni entre sus 32 secretarios de Estado.
La alcaldesa de Valencia tampoco ocultó su disgusto en la reunión y permaneció ostensiblemente callada. Solo cuando un diputado autonómico apeló al valor de Barberá para afrontar situaciones difíciles, la alcaldesa replicó: "A mí, ni nombrarme, prefiero no hablar".
Tanto Rus, en público, como Barberá, en privado, recibieron la amonestación del presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, quien les recordó que con Camps nunca se quejaban de lo que se decidía.
Y es que pese a las presiones de Barberá y Rus para condicionar las decisiones del presidente valenciano, el entorno de Mariano Rajoy ya les ha hecho saber a ambos que Alberto Fabra tiene ahora todo su respaldo y es el interlocutor de Génova en la Comunidad Valenciana.
www.elpais.es 19.01.12
EL PRESIDENTE Y LA ALCALDESA NO DISIMULAN SU FRÍA RELACIÓN
Tenso encuentro después de que Barberá se queje de los "enredos" en el PP
Más que distancia se ha abierto un abismo. Las relaciones entre el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos compañeros del partido, nunca han sido excelentes, pero de un tiempo a esta tarde se deterioran a un ritmo vertiginoso. Ayer no ocultaron esta frialdad en la parada militar en la que coincidieron. La regidora ofició de madrina del contingente de 100 mandos militares del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en Bétera que viajará a Afganistán en una misión internacional. En la tribuna de autoridades estaban, además, el presidente Fabra, la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y el vicepresidente del Consell, José Ciscar.
Fabra y Barberá ni se hablan, según fuentes del entorno de Presidencia
La gestión del 'caso Emarsa' y de la F-1, motivos del alejamiento
Barberá departió en diferentes momentos con Sánchez de León y con Ciscar pero no cruzó palabra con el presidente, a pesar de que lo tuvo todo el tiempo a su derecha. No se saludaron al llegar y no se despidieron al irse. El presidente y la alcaldesa declinaron, antes, hacer declaraciones a los medios de comunicación -la regidora habló exclusivamente de la misión- solo un día después de que Barberá criticase sin disimulo al PP que preside Alberto Fabra. "Lamento que vuelvan los enredos al PP valenciano", dijo la alcaldesa el lunes tras conocer las intenciones del Consell de replantearse el contrato de la fórmula 1 suscrito en 2007 con el patrón de la competición, Bernie Ecclestone, cuando Francisco Camps presidía todavía la Generalitat. "Hoy no toca", dijeron cada uno por su lado cuando los periodistas se acercaron.
Ambos políticos han dado muestras en varias ocasiones de la escasa simpatía que se tienen. Fuentes del entorno del presidente confirman que la relación es fría y que ni se hablan. Los desencuentros entre ambos no tiene una sola causa. El presidente Fabra está descontento con la gestión que Barberá ha hecho del escándalo relacionado con la extinguida empresa pública Emarsa, que se encargaba de la depuradora de Pinedo, y cuya gestión está siendo investigada por los tribunales. El número de imputados supera la veintena y algunos de ellos han estado o están vinculados al organigrama del PP en la ciudad, que controlan concejales del Gobierno de Barberá. Estas diferencias afloraron cuando el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, desautorizó al equipo de Barberá y suspendió de militancia a Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa con cargo en el partido. La inacción del PP local causa disgusto al entorno de Fabra.
La revisión del contrato con Ecclestone para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, que anunció el Consell hace solo unos días dentro de su política de recortes, ha soliviantado a Barberá. La alcaldesa es, junto a Francisco Camps, una de las defensoras de este evento. En una entrevista a Onda Cero, el propio Fabra descartó la propuesta realizada por la propia Barberá de, para salvar las carreras, dedicar los 22 millones de euros que Canal 9 paga a Ecclestone (en derechos de retransmisión del campeonato) al pago del canon para no alterar el evento. Fabra dijo que no le salen las cuentas, por mucho que se deje de retransmitir la F-1. "El problema es que hay un contrato", reconoció sin tapujos.
Fue la única crítica que evidenció Fabra en relación a la propuesta de la alcaldesa, que se ha entrevistado en solitario con Ecclestone. El presidente eludió pronunciarse sobre las polémicas declaraciones de Barberá, en las que aludió a que los enredos vuelven al PP que él preside. "Mis relaciones con la alcaldesa son buenas. Siento su trato y también su consejo", dijo.
Esto lo dijo Fabra después de que el Gobierno local se haya negado a eximir a la Generalitat de pagar 2,5 millones de euros en impuestos al Consistorio, otra prueba más de una guerra fría que Génova, cuartel general del PP nacional, teme que estalle en cualquier momento.
www.elpais.es 11.01.12
BARBERÁ CENÓ CON EL PATRÓN ECCLESTONE
Mientras la Generalitat valenciana hace de la necesidad virtud y revisa el modelo de gestión de sus proyectos estratégicos, otros gestores públicos valencianos se aferran a la política de fastos e inversiones que tan buenos réditos dio en épocas de bonanza.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aprovechó el viaje esta semana a Londres con el Valencia, que jugó frente al Chelsea en la Champions, para verse con el patrón de la fórmula 1, Bernie Ecclestone. Ayer reconoció en declaraciones a los periodistas que cenó con él, aunque matizó que fue un encuentro más privado más que otra cosa y que el tono de la reunión fue de "cercanía y amistad". Barberá pidió al patrón de la F-1 que se implique con más proyectos en la ciudad. Hablaron de la gestión del campeonato pero, según la regidora, no se puso sobre la mesa ningún nombre.
La alcaldesa se entrevistó, según contó, con dos grupos de inversores que están interesados en la capital valenciana. Como es su costumbre, la regidora no dio detalles ni ofreció nombres porque cualquier cosa que diga al respecto "puede estropear" las negociaciones, aclaró.
Barberá ha sido junto al expresidente de la Generalitat Francisco Camps la gran abanderada de los eventos deportivos. De ambos partió la operación para convertir Valencia en capital de la Copa del América en 2007. La regidora ha presumido más de una vez de su amistad con Ernesto Bertarelli, patrón del equipo suizo Alinghi. Igual que con Ecclestone, que al poco de las elecciones autonómicas y locales de 2007 vinculó la celebración del campeonato de fórmula 1 en Valencia a la victoria del PP en aquella convocatoria. Otro de los proyectos en los que se ha interesado Barberá es en la creación de un parque temático de Ferrari.
www.elpais.es 10.12.11
LA FERIA REGALÓ BOLSOS Y PAÑUELOS POR 5.740 € A BARBERÁ ENTRE 2007 Y 2009
Los obsequios se hicieron coincidiendo con reuniones del patronato o por onomásticas de la alcaldesa
Feria Valencia realizó constantes y lujosos regalos a la presidenta de su patronato y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entre mayo de 2007 y diciembre de 2009, según la información a la que ha tenido acceso este diario. En ese período, la institución se gastó 5.740 euros en distintos obsequios a Barberá, principal apoyo para que Alberto Catalá, cuyo hermano Rafael era entonces su jefe de gabinete en el ayuntamiento, se convirtiera en presidente ferial en diciembre de 1999.
El 22 de mayo de
2007, con motivo del santo de la alcaldesa, la Feria le regaló un bolso de
Carolina Herrera por valor de 420 euros. El 17 de julio, coincidiendo con la
celebración del patronato ferial, recibió un foulard/broche de Hermés
valorado en 650 euros.
Por el santo de la alcaldesa de 2008, Catalá, el director de la Feria,
Carlos Vargas, y el secretario general Enrique Calomarde, con cuya Visa de
la institución se realizaron los pagos, enviaron al ayuntamiento un centro
de flores y dejaron en su coche oficial un pañuelo y una billetera Bulgari
que costaron 600 euros.
El 16 de julio,
cumpleaños de Rita Barberá, le remitieron otros dos centros de flores así
como un pañuelo de Bulgari y un portadocumentos para el bolso por 800 euros.
El 21 de diciembre, por la habitual reunión del patronato de fin de año, un
bolso beige de Bulgari y unos guantes rojos por 1.980 euros. Por el
patronato del 25 de junio de 2009 le regalaron un bolso Loewe blanco que
costó 590 euros. Y, finalmente, por el patronato del día 22, un pañuelo de
Hermés (700).
Un portavoz oficial de la institución justificó los regalos a la alcaldesa
de esta forma: «Feria Valencia ha tenido históricamente la costumbre de
tener una atención con los miembros de su patronato en coincidencia con las
reuniones del mismo. Esta atención siempre ha sido acorde con el momento
económico que se estaba viviendo. En las ultimas reuniones no ha habido
detalle alguno para los miembros del patronato».
En los citado tres ejercicios, la institución ferial tuvo también un detalle para con los miembros de su comité ejecutivo, que les entregó en la reunión de diciembre de cada ejercicio. El gasto ascendió a 1.900 euros y consistió en cheques regalo de El Corte Inglés y un estuche bolígrafo-rotulador Balmain por valor de 600 euros (2007), otro cheque regalo de la misma cadena de distribución por 600 euros (2008) y otro cheque y una caja tarjetero, también por 600 euros, en 2009, el último ejercicio del que hay constancia.
Y Catalá aspira a un cuarto mandato
Este mes de diciembre termina el tercer mandato de cuatro años de Alberto Catalá como presidente de Feria Valencia. Tal es el respaldo que le ofrece la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pese a su controvertida gestión, que hay pocas dudas de que renovará para otros cuatro años cuando este mes el patronato de la institución se reuna.
Los empresarios valencianos, no por falta de ganas, han renunciado a esa batalla e intentarán centrar sus aspiraciones en que, una vez renovado Catalá, este y Barberá se avengan a sustituir al director general, Carlos Vargas, a quien, de esta forma, se haría responsable de la polémica etapa ferial de los últimos años, que se ha visto culminada a principios de este año con el despido de 106 trabajadores, un tercio de la plantilla como consecuencia también de los estragos de la crisis
www.levante-emv.com 03.12.11
BARBERÁ: ´CAMPS SE HA FIADO DE QUIEN NO DEBÍA´
La alcaldesa califica de "tsunami" y "trauma" la dimisión y no ve "nada grave" en las quejas de Rus
La alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, ha asegurado hoy que el "defecto" del
expresident de la Generalitat Francisco Camps,
procesado en la llamada "causa de los trajes" del caso Gürtel,
ha sido que "se ha fiado de quien no debía y se han aprovechado
de él".
Barberá, quien ha hecho estas declaraciones tras firmar en el
aeropuerto de Valencia el convenio de creación del Comité de
Desarrollo de Rutas Aéreas, ha añadido que Camps ha sido un
president "brillante en su gestión política", una persona con
"bondad humana", "honesto, honrado, íntegro y trabajador".
Según la alcaldesa, Camps "ha rendido servicios muy importantes" al Partido Popular, se ha visto "inmerso en un proceso que ha tenido importantes dosis de carácter mediático y político", y su defecto es "fiarse demasiado de demasiada gente".
Se ha mostrado convencida de que "el señor Camps es inocente" y, cuando esa inocencia se demuestre, será "uno de los políticos más brillantes y con más futuro del PP".
Barberá, que ha recordado que el president se ha ido tras ganar nuevamente las últimas elecciones autonómicas con mayoría absoluta, ha señalado que ese apoyo electoral "no borra responsabilidades, si las hubiera".
Ha dicho, además, que Camps "ha prestado el último servicio, y no quiere ser el menor obstáculo" para que Mariano Rajoy llegue a la presidencia del Gobierno.
Camps, de quien ha destacado su "gran fortaleza mental y anímica y un gran control de sus emociones", forma "parte importante" del proyecto del PP y del que encabeza Rajoy y al que ha contribuido "para que vaya adelante", ha afirmado.
La dimisión del president ha hecho "más fuerte" al partido porque, a su juicio, ha abierto un camino de dignidad para otros que tienen que rendir "muchas cuentas y muchas responsabilidades por su mala gestión".
"Saben cuál es el delito que se le imputa a Camps", ha dicho a los periodistas para afirmar que hay otros delitos "terribles" como el de "connivencia de la Policía con los terroristas", un caso en el que aún no se han producido dimisiones, ha apuntado en alusión al caso "Faisán".
Según ha recordado, en su primer mandato como alcaldesa un
concejal dejó su cargo al "olvidarse" de incluir en la lista de
bienes "una birria de acciones" de un aparcamiento de Valencia.
Por contra, "hay quien se ha olvidado de poner una hípica, por
decir algo, y hay quien ha firmado cheques y cheques a empresas
relacionadas con sus hijos, que han consentido ERE de cientos de
millones de euros que eran mentira".
Estas personas tienen que tomar "responsabilidades ya" y seguir "la autopista de la dignidad" que ha enseñado Camps.
Preguntada por quién se ha aprovechado de Camps, ha zanjado que en alguna emisora de radio "lo han dicho muchas veces" pero no ha querido concretar más.
Ha hecho referencia que en el proceso judicial se ha invertido la carga de la prueba porque no era Camps quien tenía que sacar las facturas de los trajes sino "los otros que acusaban, los que tenían que sacar las facturas", como han dicho "dos ilustrísimas personalidades de la Justicia", uno de ellos el exrector y catedrático Gustavo Villapalos.
Barberá ha reconocido que la dimisión del president de la Generalitat ha sido un "tsunami" y un "trauma" y sus dos años "de sufrimiento", desde el inicio de la "causa de los trajes", han servido para algo: "Para cohesionarnos mucho más, fortalecernos y unirnos en torno a él".
Sobre su opinión respecto a las declaraciones del presidente de la Diputación, Alfonso Rus, sobre cómo se produjo la dimisión de Francisco Camps y la posterior elección de Alberto Fabra como su sucesor, la alcaldesa ha calificado de "normal" que haya "alguna sensación discrepante" dentro del partido, pero que no lo ve "nada grave".
www.levante-emv.com 22.07.11
Como tantos otros políticos españoles, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, relató ayer, a preguntas de los periodistas, cómo vivió el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Ayer se cumplieron 30 años de la intentona golpista. Barberá, entonces periodista en el Gobierno Civil de Valencia, rememoró con cierta relajación y, en algún momento sin contener la risa, los acontecimientos vividos aquella noche en la sede gubernativa.
Barberá recordó cómo oyó por la radio -seguía la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo- los disparos y la famosa frase de los golpistas "todos al suelo". Explicó cómo luego recibió la llamada del gobernador civil de Valencia, José María Fernández del Río, para que acudiese al Palacio del Temple, y relató que a su llegada coincidió con el gobernador militar, el General Caruana, responsable de comunicar al gobernador el estado de sitio.
"De repente, Enguídanos [un funcionario de Gobierno Civil] nos dijo que había llegado un bando tremendo y empezamos a oír por la radio a Palmer [un periodista], que leía ese bando con las órdenes del entonces capitán general Jaime Milans del Bosch, con la anulación de los partidos políticos y el decreto de estado de sitio", agregó.
La alcaldesa siguió su relato y en un momento dado contó cómo después aparecieron los tanques en los jardines del Gobierno Civil: "Hasta que aparecieron los tanques. Uno se metió allí en medio... [risas] e hizo con la tanqueta purrrrr y luego se volvió [apuntando] a la fachada [del Gobierno Civil]. Y después, la alegría de ver al Rey en la televisión. De eso me acuerdo muy bien", concluyó.
No fue tanto lo que contó sino cómo lo hizo lo que molestó ayer a la oposición municipal. Oídas sus declaraciones, el concejal socialista Juan Soto lamentó la "relajación" y las "sonrisas" de la alcaldesa al referirse al 23-F. "Supone [el tono de sus declaraciones] un desprecio a todos los que pasaron mal aquella noche", agregó el edil, quien apostilló que "si había una familia en Valencia que podía estar totalmente tranquila y no temer nada, por sus antecedentes y su trayectoria, era la familia Barberá Nolla". Soto no quiso entrar en detalles pero se estaba refiriendo a la relación del padre de la alcaldesa con el franquismo.
El concejal de Gobierno Miquel Domínguez acusó a Soto de "mentalidad sectaria" y criticó la "mezquindad" de sus palabras.
www.elpais. 24.02.11
RIBÓ DENUNCIA QUE BARBERÁ FINANCIÓ SU CAMPAÑA CON EL CEYD
Compromís mantiene ante la Fiscalía que en 2007 el grupo Laterne
organizó actos del PP en periodo pre-electoral mientras recibía
encargos de la asociación municipal
El portavoz de Compromís per València, Joan Ribó, ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía en la que pide que se investigue a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por supuesta financiación de actos electorales a cargo de la asociación municipal Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD).
El CEyD es una asociación privada de derecho público financiada 100% por el Ayuntamiento de Valencia mediante aportaciones.
La denuncia pide que, además de a Barberá, presidenta de esa entidad, se investigue al secretario, Arturo Virosque, y a Vicente Saéz, administrador del grupo empresarial Laterne, al que el CEyD encargó un trabajo que no realizó y que organizó un acto de campaña de Barberá a través de Orange Market, vinculada al caso "Gürtel".
En el texto presentado ante la Fiscalía por Ribó señala que ha tenido acceso a "determinadas irregularidades" a través de los medios de comunicación. El portavoz de Compromís se refiere a las reiteradas denuncias realizadas por el PSPV en las que pedían a Hacienda que investigara el supuesto desfase de 550.000 euros en el CEyD. La entonces edil del grupo municipal socialista y actual Delegada de Gobierno, Ana Botella, pidió a la Agencia Tributaria que se verificara si el centro cumplía con sus obligaciones fiscales y solicitó las cuentas de la entidad municipal sin éxito. La firma Laterne Product Council, impulsora de la marca paraguas Valencia Experience, firmó también un contrato de patrocinio con el Valencia SAD por 6 millones de euros.
Ribó
denuncia que Barberá dio por aprobadas las cuentas de CEyD "de
espaldas a su asamblea general" durante los ejercicios 2006,
2007, 2008 y 2009, y en julio de 2010 convocó una asamblea para
aprobar esas cuentas, lo que a su juicio evidencia que no se
hizo en su momento, aunque sí se certificó ante el registro esa
aprobación por Barberá y Virosque.
Además, explica que el CEyD encargó a una empresa de grupo
Laterne durante 2006 y 2007 un infobarómetro de la ciudad (que
hizo otra empresa en 2009 tras la quiebra de Laterne), a pesar
de lo cual se efectuaron pagos a cuenta del trabajo no realizado
por al menos 200.000 euros. Ribó mantiene que en 2007 Laterne
organizó a través de Orange Market actos del PP y de Barberá en
periodo pre-electoral, uno de ellos en el pabellón del Cabanyal.
La denuncia sostiene que estos hechos podrían constituir un
delito de falsedad documental, un delito electoral y otros
delitos contra la Administración pública, como la malversación
de caudales y la prevaricación. Ribó señala que CEyD, "con poca
actividad conocida, ya ha recibido 4,9 millones de euros", y que
las personas que realizan trabajos remunerados en esa entidad
"están todas vinculadas al PP o han sido cargos públicos del
mismo".
www.levante-emv.com 12.01.11
Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial del caso Gürtel revela graves irregularidades en la contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante gran parte del mandato de la actual alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como presidenta de este organismo. El informe señala que entre 2000 y 2003 la FEMP contrató a dedo con empresas del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, por importe de 1,3 millones de euros. En esa época, el encargado de la contratación era el secretario general de la FEMP, Álvaro de la Cruz, uno de los imputados en el caso Gürtel y hombre de confianza de Barberá en la federación. La caja B de las sociedades de la trama Gürtel recoge una entrega de 30.000 euros en dinero negro a De la Cruz.
La federación se saltó la norma para favorecer a las empresas de Correa
El dinero se fue en viajes, 'stands', 3.000 maletines para alcaldes...
El informe señala que la FEMP se saltó la ley para favorecer a la red de Correa incumpliendo los principios de "concurrencia, objetividad y transparencia" que deben presidir los contratos que emanan de organismos públicos.
Como urdidor de estos contratos el informe apunta a De la Cruz, nombrado secretario general de la FEMP el 11 de noviembre de 1995 y apartado de este cargo el 23 de noviembre de 2003, periodo que coincide prácticamente con el de Barberá como presidenta del organismo (luego pasó a ser vicepresidenta).
El informe de la citada unidad recoge un escrito de la actual secretaria general de la FEMP, Isaura Leal, en el que subraya que ninguna propuesta de formalización de los fraudulentos contratos emitidos entre 2000 y 2003 fue sometida "a la aprobación de la Comisión Ejecutiva ni del Consejo Federal de la FEMP". Entre 1999 y 2003, este organismo realizó adjudicaciones a dedo a Special Events y Pasadena Viajes, ambas de la red Gürtel, por más de un millón de euros. Solo para el montaje de la VII Asamblea de la FEMP, celebrada los días 25, 26 y 27 de noviembre de 1999, fueron 276.000 euros. Se montaron 40 stands y se entregaron 3.000 maletines a los alcaldes participantes. Otros 570.000 euros fueron destinados a la organización de la VIII Asamblea de la FEMP, celebrada en noviembre de 2003. A esta cantidad hay que unir otros 149.000 euros para "trabajos extra".
"Las facturas las emitió un único proveedor" y todo se hizo a dedo, puesto que no consta un expediente previo de contratación de acuerdo con la ley, según el informe. Pese al volumen de dinero (a partir de 12.000 euros la ley obliga a sacar este tipo de actos a concurso), "todo indica que la FEMP tramitó esta actividad de forma similar a un contrato menor". Dado su "origen público", la FEMP debió someterse a los principios de "publicidad, concurrencia y transparencia" que estipula la ley, lo que le habría permitido alcanzar "una mayor eficacia y economía en la gestión de fondos públicos", destaca el informe.
La Unidad de Auxilio Judicial se detiene también en 222 facturas de viajes que la FEMP pagó a la sociedad de Gürtel Pasadena Viajes entre 2000 y 2003 por importe de 288.000 euros para "estancia y locomoción de personal o colaboradores de la FEMP". La mayoría de las facturas eran por importes menores aunque su suma es "significativa". Por ello, el informe reprocha que no se hubiese planteado "la posibilidad de tramitar un expediente de contratación para la prestación del servicio de Agencia de Viajes", lo que pudo evitar "costes innecesarios".
www.elpais.es 16.12.10
BARBERÁ GASTA 90.000 EUROS MÁS EN UN ESTUDIO SIN OBJETIVO CLARO
El Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), asociación financiada por el Ayuntamiento de Valencia, contrató hace un mes a Idees, SL para que desarrollase trabajos "en el marco del observatorio de la ciudad". Le pagará 90.021 euros y los objetivos, a la vista del texto del acuerdo, no quedan demasiado claros. La empresa nació en 2009 y tiene un trabajador y dos administradores. Uno de ellos es primo de un ex concejal de la alcaldesa, Rita Barberá, Eduardo Santón, que además dirigió el CEyD.
La presidenta del CEyD es la propia Barberá. El objetivo del observatorio consiste en "precisar las necesidades reales y las preocupaciones de los ciudadanos" para que el Ayuntamiento les dé respuesta. De momento, solo ha aportado dos estudios sobre la ciudad y sus problemas basándose en 800 encuestas realizadas a ciudadanos. Uno se presentó el año pasado y otro en junio del presente. Nada más. Sin embargo, el CEyD, con el nuevo convenio, ya ha inyectado más de 550.000 euros en el observatorio desde 2007.
La concejal socialista Ana Botella mostró ayer el contrato y volvió a censurar la "falta de transparencia" del CEyD y la escasa información respecto a las tareas que la empresa deberá realizar. "El contrato es muy genérico", explicó, "no está nada claro que tendrán que hacer, en qué se empleará el dinero".
Los socialistas presentarán hoy una moción en el pleno para crear un registro de entidades públicas que recoja las "memorias de gestión, cuentas anuales y auditorias" de sociedades que, como el CEyD, reciben dinero público. Según los socialistas, el 7% del presupuesto va cada año a estas entidades.
Por otro lado, Barberá presentó ayer las 32 enmiendas que el Consistorio presenta a los presupuestos generales del Estado. La alcaldesa explicó que alegan en contra de la disposición del Gobierno que les impide pedir préstamos el año que viene, debido a la deuda que arrastra el Ayuntamiento.
Además, desglosó los 905 millones que reclama al Ejecutivo. Barberá pide 80 millones para soterrar vías de tren o 80 más para cubrir un tramo del canal que entre el Turia y Júcar.
(www.elpais.com, 29/10/10)
LA DIPUTACIÓN CARECE DE "DOCUMENTO ALGUNO" SOBRE CEYD, ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE
"Le informo de que en los archivos de la Secretaría General de la Diputación de Valencia a mi cargo no figura documento alguno relacionado con el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD)", asegura por escrito el secretario general de la Corporación, Vicente Boquera, en respuesta a una pregunta que le formuló el martes el portavoz socialista en la institución provincial, Rafael Rubio.
En el pleno del Ayuntamiento de ayer, la concejal socialista Ana Botella esgrimió esa respuesta como ejemplo del sospechoso funcionamiento de una asociación municipal de la que niega todo conocimiento uno de sus 15 socios oficiales. El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, le respondió a Botella que "el secretario de la Diputación no puede tener actas de una asociación donde sólo manda a un delegado".
Sin embargo, Rubio preguntaba por asuntos bastantes razonables: convocatoria y orden del día de cada una de las asambleas celebradas, nombre del representante enviado por la Diputación, acuerdos tomados en las asambleas y, en su caso, "publicaciones, materiales, estudios, etc., elaborados por CEyD de que disponga".
El problema, como ya destacaron el jueves la portavoz socialista en el Ayuntamiento Carmen Alborch y la propia Ana Botella, es que los supuestos trabajos realizados por CEyD, entidad que se financia íntegramente con fondos municipales, no constan ni en los propios archivos del Ayuntamiento de Valencia.
Con una plantilla de ocho personas y un presupuesto anual que supera de media los 800.000 euros, CEyD justifica sus ingresos, en unos casos, como "trabajos realizados para el Ayuntamiento de Valencia" y en otros casos, para cuentas del mismo ejercicio, como "aportaciones realizadas por el Ayuntamiento de Valencia".
La falsedad en las certificaciones firmadas por la alcaldesa sobre las celebraciones de las asambleas de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 para aprobar las cuentas, y la asamblea urgente del pasado lunes para aprobarlas todas juntas, se suman a la opacidad sobre las facturas pagadas en 2007 y 2008 a City Marketing Council, una empresa creada a propósito por Vicente Sáez Tormo, el presidente de Laterne, empresa que organizó la precampaña a Barberá, en la que buscó la colaboración de Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción del caso Gürtel.
www.elpais.es 31.07.10
BARBERÁ SE OPONE UNA VEZ MÁS A QUE SE INVESTIGUE EL 'CASO LATERNE'
El PP rechaza crear una comisión para que saber qué pasó en el CEyDEl grupo socialista baraja pedir a Hacienda que investigue la asociación
Sin más explicación que "ustedes no tienen derecho", el primer teniente de alcalde de Valencia y concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, del PP, desbarató ayer la petición del grupo municipal socialista de crear una comisión para que investigase la actividad del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD). Grau, en nombre de la presidenta de la entidad y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, argumentó que no hacia falta ninguna investigación, ya que un secretario y el interventor municipales elaboraron un informe "favorable" de las cuentas de la asociación. Así, el grupo popular votó en contra de la moción de los socialistas y la asociación continúa instalada en la sombra.
La ampliación del Palacio de Congresos se queda en una opción "a estudiar"
Si hay un rasgo que define al CEyD es su opacidad. Pese a ser una asociación financiada totalmente con dinero público (ha recibido, según los socialistas, 5 millones de euros en seis años), sus responsables políticos, Grau y Barberá, rechazan continuamente facilitar cualquier dato sobre su contabilidad. De la misma manera, se niegan a dar una explicación acerca de qué ha hecho en los últimos años o qué actividades ha coordinado exactamente y por cuánto dinero, pese a que ha quedado claro que el grupo Laterne, que organizó la precampaña de Barberá, cobró de esa entidad por trabajos que no realizó.
Ayer, la historia se repitió. "Usted no tiene autoridad moral ni material para fiscalizar las cuentas", espetó Grau a la edil socialista Ana Botella. La concejal socialista lleva tres años detrás del CEyD, de su actividad y contabilidad, y la respuesta del equipo de Barberá a sus peticiones muestra el escaso interés por desmadejar las entrañas de la entidad. Ayer, obviando de nuevo cualquier explicación, Grau despistó con unos supuestos indicios de irregularidad en un organismo del que Botella fue responsable hace 18 años.
3Botella criticó insistentemente la opacidad del gobierno local: "Ustedes son responsables de haber secuestrado una asociación financiada con dinero público durante cuatro años". La única justificación que esgrimió Grau, el informe "favorable" del secretario y el interventor, recibió una pregunta de la edil del PSPV: "¿Por qué un interventor o un secretario puede ver las cuentas del CEyD y una concejal de la oposición no?". Se llevó la callada por respuesta. El grupo socialista baraja ahora varias opciones, entre ellas pedir a Hacienda que investigue la actividad de la entidad.
Los interrogantes sobre la contratación del CEyD no se resuelven. Por un lado, la entidad encargó a la empresa City Marketing Council, SL, del grupo Laterne, varios trabajos en septiembre de 2007, entre ellos la elaboración de un infobarómetro de la ciudad. Por ello le pasó dos facturas al CEyD por un valor de 300.000 euros.
En mayo de 2008, City Marketing Council mandó a la sociedad una factura rectificativa por la que le devolvía los 300.000 euros, a la vez que emitía otra que rebajaba los trabajos a realizar con un cargo de 201.846 euros. Ese mismo verano, el grupo Laterne, el mismo que incumplió un contrato de patrocinio con el Valencia CF a través de la marca "Valencia Experience", quebró. Otra empresa se encargó de los trabajos que debería haber realizado City Marketing Council al año siguiente, aunque nada se supo de lo que había cobrado la empresa de Laterne.
Alfonso Grau no dijo una palabra sobre este asunto ayer. Tampoco lo hizo el lunes, cuando salía de la sede del CEyD. "No explico nada", dijo, "porque no me da la gana". El primer teniente de alcalde acudió a la asamblea de la entidad, que él mismo había convocado el viernes anterior, con el objetivo de aprobar las cuentas de los años 2006, 2007, 2008 y 2009. Tenía que explicarle a los socios (delegados de las universidades, de la Generalitat, de Feria Valencia o de la Autoridad Portuaria), que iban a firmar unas cuentas que ya figuraban como aprobadas en el Registro Mercantil con el cuño de la presidenta, Rita Barberá. Grau comentó ayer en el pleno que se trataba de un "defecto de forma"; una "subsanación de errores" que dijo el lunes a los socios. Es la contabilidad de esos años, en concreto las de 2007 y 2008, la que debería esclarecer los contratos de City Marketing Council con el CEyD.
Por otro lado, el primer teniente de alcalde rebajó las declaraciones de Barberá de hace unas semanas sobre el Palacio de Congresos. La regidora había anunciado una ampliación del complejo de 5.000 metros cuadrados y Grau se limitó ayer a decir que estaban "pensando en la posibilidad de ampliarlo".
www.elpais.es 31.07.10
CONTRADICCIONES EN LAS CUENTAS DEL 'CASO LATERNE'
Las cuentas del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) de Valencia justifican ante el Registro Mercantil sus ingresos de 731.034 euros en 2008 por "trabajos realizados para el Ayuntamiento", mientras que en el documento depositado ante este último considera que el importe corresponde a "las aportaciones realizadas por el Ayuntamiento". Y añade que, "de ese importe, 300.000 euros se encuentran pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2008".
Ese año, la empresa City Marketing Council, del grupo Laterne, que había hecho precampaña para la alcaldesa, Rita Barberá, rectificó unas facturas cobradas en 2007 por valor de 300.000 euros, con el objetivo aparente de devolver esa cantidad, y presentó a CEyD otra factura de 201.846 euros por trabajos que no realizó. Nadie ha explicado hasta ahora qué pasó exactamente.
Los socialistas pedirán hoy en el pleno del Ayuntamiento de Valencia que se cree una comisión que investigue las irregularidades de CEyD en los ejercicios comprendidos entre 2006 y 2009. Durante estos años la asociación recibió del Ayuntamiento 4,99 millones de euros. La portavoz socialista Carmen Alborch y la concejal Ana Botella adelantaron ayer que si el pleno rechaza la moción estudiarán emprender acciones judiciales, aunque insistieron en que prefieren agotar las vías internas.
La asociación CEyD, presidida por Barberá, la componen 15 entidades (las universidades, la Diputación o la Generalitat, entre otras) que deben aprobar sus cuentas en asamblea general. Sin embargo, en 2006, 2007, 2008 y 2009 Barberá y el secretario de CEyD, el ex presidente de la Cámara de Comercio Arturo Virosque, mintieron ante el Registro Mercantil al asegurar que las asambleas se habían celebrado.
Las concejales socialistas detallaron irregularidades como que el Ayuntamiento sea el único socio que financia a la asociación o que los trabajos realizados por CEyD no consten en los archivos municipales. Botella acusó a Barberá de convertir a la asociación municipal en un "corralito" para manejar el dinero público y contratar a las empresas a dedo sin someterse a la ley de contrataciones de la Administración. "La alcaldesa aprueba que el Ayuntamiento conceda dinero a CEyD, y después justifica los gastos de esta asociación, que ella preside, sin estar sometida a los controles", recalcó la concejal.
Alborch y Botella anunciaron, también, que su grupo ha solicitado formar parte del organismo. Hasta el momento, el gobierno local ha ignorado las iniciativas sobre el CEyD que los socialistas han presentado y ha bloqueado el acceso a la información. Ana Botella señaló que, de aprobarse la comisión de investigación, su grupo pedirá la comparecencia de Barberá y Virosque, de Mar Martínez, la directora de CEyD, del concejal delegado, Alfonso Grau y de la empresa auditora que no verificó si las asambleas se habían celebrado. La concejal socialista hizo hincapié en que el objetivo de la comisión es saber "a qué gastos corresponden las facturas, en qué se han gastado los casi cinco millones de euros de los fondos públicos".
(www.elpais.com, 30/07/10)
APROBADAS AHORA UNAS CUENTAS SOBRE LAS QUE BARBERÁ MINTIÓ
La urgencia de la convocatoria y la negativa del Ayuntamiento de Valencia a facilitar información alguna ("porque no me da la gana", llegó a decir el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, para justificarlo) no pudieron borrar una desautorización en toda regla de la alcaldesa, Rita Barberá.
La asamblea general del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), una asociación municipal que depende totalmente del Ayuntamiento, aprobó ayer las cuentas de 2006, 2007, 2008, 2009, dado que desde el primero de esos años no se había celebrado asamblea alguna de la entidad. La presidenta de la fundación y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, sin embargo, certificó cada uno de esos años ante el Registro Mercantil que la asamblea, "con el nombre y la firma de los asistentes", había aprobado las cuentas, lo que es completamente falso, como se demostró ayer.
Las denuncias de los socialistas sobre irregularidades en la asociación han sido ignoradas por Barberá y su equipo durante tres años. CEyD, que recibe anualmente más de 800.000 euros del Ayuntamiento, fue una de las entidades municipales con las que contrató el grupo Laterne, de Vicente Sáez Tormo, que organizó la precampaña electoral de Barberá y recurrió para ello a la empresa Orange Market, de la trama de corrupción del caso Gürtel.
A través de una empresa, City Marketing Council, que creó a propósito, Laterne facturó a CEyD en 2007 y 2008 trabajos que no se realizaron. Posteriormente quebró. La alcaldesa de Valencia se ha negado a dar explicaciones públicas sobre sus relaciones con Laterne, que también facturó a otras fundaciones municipales, como Turismo Valencia Convention Bureau.
Presididos por el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, en delegación de la alcaldesa, acudieron a la asamblea la Cámara de Comercio, representada por José Martorell; la Consejería de Economía, por Eusebio Monzón; la Universitat de València, por Jorge Hermosilla; el puerto de Valencia, por Ramón Gómez Ferrer; la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre), por el concejal Ramón Isidro, o la Feria de Valencia, por Alberto Catalá, entre otros socios adscritos a la asociación CEyD. También asistieron los concejales Jorge Bellver y Vicente Igual.
Ramón Gómez Ferrer, director de la autoridad portuaria de Valencia, comentó a la salida que los responsables del CEyD les explicaron que se les había convocado a la asamblea para una "subsanación de errores". Así se refirió a tener que dar su visto bueno a unas cuentas que ya figuraban aprobadas en el Registro Mercantil.
Grau rehusó aclarar por qué se había convocado a los asistentes. "Se les ha dado la explicación que se les debía de dar", comentó.
- ¿Y no puede contar en qué ha consistido?
- No
- ¿Por qué no?
- Porque no me da la gana hacerlo.
Así zanjó el diálogo con el periodista. Y se marchó. El CEyD es una fundación municipal que se financia exclusivamente con el dinero que le transfiere el Ayuntamiento.
Alfonso Grau aseguró el viernes en rueda de prensa que las cuentas del CEyD "estaban auditadas, que eran conformes a los auditores y que además ellos se habían personado allí [en la sede de la entidad] y habían revisado las cuentas, las facturas y el trabajo que soportan esas facturas. Estaban perfectamente y en orden". Grau evitó añadir que mientras pronunciaba esa frase ya había convocado de forma urgente a la asamblea general del CEyD para ayer.
Igual que el viernes, el primer teniente de alcalde rechazó aclarar, al salir de la asamblea, si el grupo Laterne, que ha trabajado con CEyD, ha devuelto 201.846 euros que cobró de la entidad en mayo de 2008 por un trabajo que finalmente no hizo, pues quebró pocas semanas después. "Ustedes tienen derecho a preguntar y nosotros a no responder", señaló.
La situación de CEyD no es algo que le venga de nuevo al Ayuntamiento que preside Rita Barberá. La primera de las 47 iniciativas que los socialistas han presentado pidiendo información data de junio de 2007. En julio de ese mismo año, la concejal socialista Ana Botella ya formuló la primera pregunta ante el pleno municipal.
En octubre, por ejemplo, inquirió sobre qué actividades había llevado a cabo la asociación correspondientes a sus partidas presupuestarias. El entonces concejal de Innovación y Sociedad de la Información, Juan Eduardo Santón, que posteriormente dimitiría, le enumeró una serie de actividades que coincidían en buena medida con los trabajos por los que cobró Laterne pero no realizó.
Carmen Alborch, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, señaló ayer que la celebración de la asamblea urgente de CEyD "supone reconocer las irregularidades en las certificaciones aportadas al Registro Mercantil". Según Alborch, la resistencia a ofrecer información "incrementa las sospechas sobre la actuación del equipo de gobierno del PP".
(www.elpais.com, 27/07/10)
CUATRO MENTIRAS POR ESCRITO
- Urgencia: Las cuentas del Centro de Estrategias y Desarrolo de Valencia (CEyD) de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 fueron aprobadas ayer por el procedimiento de urgencia.
- Denuncia: El Ayuntamiento de Valencia convocó la asamblea después de que este periódico informara de que no hubo asamblea alguna desde 2006.
- 'Caso Laterne': La asociación CEyD pagó a City Marketing Council, una empresa del grupo Laterne, por trabajos que no se realizaron. Laterne organizó la precampaña electoral de la alcaldesa, Rita Barberá.
- Certificados falsos: Firmados por el ex presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Virosque, como secretario de CEyD, y por Barberá, como presidenta, cuatro documentos del Registro certifican falsamente que las cuentas se aprobaron el 26 de abril de 2006, el 24 de abril de 2007, el 6 de mayo de 2008 y el 15 de abril de 2009.
(www.elpais.com, 27/07/10)
Los socios del Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD), entidad financiada íntegramente con fondos municipales, han sido convocados de urgencia el próximo lunes para aprobar las cuentas de los años 2006, 2007, 2008 y 2009. La alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, del PP, certificó reiteradamente ante el Registro Mercantil que las cuentas habían sido debidamente aprobadas por la asamblea, lo que no era cierto. Las cuentas de CEyD, que el Ayuntamiento se ha negado a facilitar, incluyen pagos en 2007 y 2008 al grupo Laterne por trabajos que no se realizaron, como desveló ayer este periódico. Laterne recurrió, en la organización de la precampaña electoral de Barberá, en 2007, a la empresa Orange Market, terminal de la trama de corrupción del caso Gürtel, para un acto del PP en El Cabanyal.
El Ayuntamiento ha hecho todos los años modificaciones de crédito a CEyD
Carmen Alborch afirma que Rita Barberá "dinamita la legalidad"
La asamblea de CEyD la convoca como presidente por delegación de la alcaldesa el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, quien ya mintió en relación con el caso Laterne cuando afirmó que el Ayuntamiento no había tenido relación alguna con la empresa que dirigía Vicente Sáez Tormo. Grau tuvo que reconocer después que, por lo menos, había cobrado del Consistorio dos facturas de 3.351 y 2.852 euros en 2006.
Laterne, empresa que quebró en 2008 dejando importantes deudas con sus trabajadores, tras haber incumplido el contrato de patrocinio de la marca "Valencia Experience" con el Valencia Club de Fútbol, al que dejó a deber seis millones de euros, ha cobrado al menos de tres fundaciones y entidades municipales. Así, de CEyD, recibió unos 400.000 euros, de Turismo Valencia Convention Bureau, 716.393 euros, y de la Fundación para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento, 130.713 euros.
Los socialistas, en la oposición municipal, señalaron ayer que el certificado de Barberá dando por aprobadas las cuentas anuales de CEyD es un requisito necesario para que el centro reciba su aportación anual del Ayuntamiento. La portavoz municipal del PSPV-PSOE, Carmen Alborch, calificó de "grave" el caso Laterne y dijo que la alcaldesa "lo primero que tiene que explicar es por qué se convoca una asamblea general en trámite de urgencia para aprobar las cuentas de los años 2006 a 2009 que ya constan como aprobadas según el certificado al que ella dio el visto bueno".Desde el año 2006 no se ha convocado asamblea alguna del Centro de Estrategias y Desarrollo, pese a que el organismo ha contado con una financiación municipal de más de 800.000 euros al año. La que se celebrará el lunes, por trámite de urgencia, tras las informaciones publicadas por este diario sobre irregularidades en la asociación, prevé la aprobación de las cuentas de 2006, 2007, 2008 y 2009, que figuran como ya aprobadas en el Registro Mercantil con la firma de la alcaldesa y del ex presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Virosque, y un cambio de domicilio social. Ni Barberá ni Grau aludieron a la convocatoria en la conferencia de prensa que ofrecieron ayer para negarse, una vez más, a ofrecer información alguna sobre las relaciones de Laterne con el Ayuntamiento.
Los socialistas han presentado a lo largo de este mandato hasta 45 iniciativas sobre la actividad, la plantilla y las empresas contratadas por CEyD. La mayoría de esas preguntas, solicitudes de información o interpelaciones fueron realizadas por la concejal Ana Botella, a quien tanto Barberá como Grau atacan cada vez que intentan restar importancia a las denuncias. También la portavoz socialista, Carmen Alborch, ha insistido en pedir transparencia. Ayer mismo, Alborch calificó de "alucinante" la actuación de la alcaldesa, que ejerce como presidenta de CEyD y "dinamita la legalidad" al dar el visto bueno a unas cuentas que no han pasado por la preceptiva asamblea.
Según el grupo municipal socialista, Barberá habría incumplido al menos ocho artículos de los estatutos de CEyD, una asociación constituida en 1998 para impulsar la redacción del Plan Estratégico de Valencia que en 2004 adoptó la denominación actual. Con todo, el problema de fondo es el uso partidista y opaco de las entidades y fundaciones públicas, con sospechas evidentes de corrupción.
El Ayuntamiento de Valencia ha venido financiando el Centro de Estrategias y Desarrollo desde 2004 de una forma muy particular. Cada año ha destinado en sus presupuestos 500.000 euros a la entidad, pero ha incrementado posteriormente sus fondos mediante modificaciones de crédito. En 2004, la modificación fue de 235.000 euros y el crédito definitivo de CEyD ascendió a 735.000 euros. En 2005 se aumentó el presupuesto en 450.000 euros, en 2006 en 387.400, en 2007 en 419.000, en 2008 en 300.000 y en 2009 en 200.000 euros. En total, el Ayuntamiento ha destinado a CEyD 4,99 millones de euros.
La empresa City Marketing Council, del grupo Laterne, facturó en septiembre de 2007, sólo un mes después de constituirse, 300.000 euros a CEyD por diversos trabajos, entre los que se incluía un infobarómetro de la ciudad. En mayo de 2008 hizo unas facturas rectificativas de esas cantidades y presentó al cobro otra factura de 201.846 euros. El infobarómetro no se realizó hasta 2009, a cargo de otra empresa, ya que Laterne entró en quiebra en 2008.
El diputado socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata aseguró ayer que "los tentáculos de la corrupción se están extendiendo por toda la Administración valenciana. Ya no sólo es el problema de todas las consejerías y de algunos dirigentes políticos, sino que se extiende por algunos ayuntamientos como el de Valencia". Mata ha presentado varias preguntas parlamentarias en torno a CEyD. Entre ellas, qué personas designadas por la Consejería de Economía la han representado en su comité ejecutivo o en cuántas reuniones ha participado este representante y en qué fechas; si ha aprobado el representante de la consejería las cuentas anuales de dicha asociación; o si el representante de la consejería ha tenido conocimiento de que esta asociación, durante 2007, ejecutó pagos a una empresa del grupo Laterne, que subcontrató con Orange Market un acto preelectoral de Barberá.
Por otra parte, el candidato de la Coalició Compromís a la alcaldía de Valencia, Joan Ribó, advirtió que, "si Barberá no ofrece explicaciones convincentes sobre el turbio asunto de Laterne, la justicia tendrá que intervenir". Amadeu Sanchis, coordinador de Esquerra Unida en la ciudad, pidió que "la alcaldesa deje de mirar hacia otro lado y dé explicaciones adecuadas".
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no quiso hablar ayer sobre el caso. "Al respecto de esa información [los vínculos entre CEyD y la empresa de el grupo Laterne], lo único que quiero es darle las gracias a EL PAÍS por el espacio que me ha dado". "Es todo lo que voy a decir, ahora y siempre". "De este tema no hablo en ruedas de prensa". Barberá no dijo nada más ayer ante los medios de comunicación. Ni siquiera que esa asociación, el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), que ella preside, había convocado hacía escasos minutos una asamblea general para el próximo lunes.
Alfonso Grau, teniente de alcalde, profundizó algo más. "En el último pleno", recordó, "presenté un informe firmado por la secretaría y la intervención general en el que se explicaba que las cuentas estaban auditadas, que eran conformes a los auditores, y que además ellos se habían personado allí [en la sede del CEyD] y habían revisado las cuentas, las facturas y los trabajos que soportan esas facturas. Estaban perfectamente y en orden". Este informe del que habla Grau no ha salido del equipo de gobierno. No se sabe qué dice, en qué términos, cuál es su profundidad analítica y su exhaustividad. La oposición pidió ver el informe en el pleno y Grau les pidió ver "las cuentas del señor Rubalcaba [ministro de Interior]".
Barberá primero y Grau después rehusaron explicar si el grupo Laterne, quebrado en verano de 2008, había devuelto al Consistorio el dinero que este le había abonado en mayo de ese año, 201.846 euros, para que realizase tres trabajos: el Observatorio de la ciudad, la potenciación de las alianzas estratégicas y las alianzas de comunicación. Ambos rechazaron esclarecer la relación entre el conglomerado empresarial Laterne y el CEyD; "todas las facturas, y cuando digo todas las facturas son todas", espetó Grau, "están en orden". Grau y Barberá cargaron contra la concejal socialista, Ana Botella, por "mentir" en sus afirmaciones sobre la opacidad de la asociación en los últimos meses. De hecho, Barberá la acusó esta misma semana de tener "intereses ocultos" en sus denuncias. El teniente de alcalde, por su parte, argumentó que "ni la señora Botella" ni los medios de comunicación "son quien para pedir" las facturas del CEyD. "Las ven quienes las tienen que ver", sentenció Grau, "que son fedatarios públicos autorizados".
www.elpais.es 24.07.10
BARBERÁ PAGÓ AL GRUPO LATERNE POR TRABAJOS QUE NO SE REALIZARON
La entidad municipal Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD) pagó al menos dos facturas por un valor total de 300.000 euros en septiembre de 2007 al grupo Laterne, que había organizado actos de la precampaña electoral de ese año a la alcaldesa Rita Barberá, en uno de los cuales, celebrado por el PP en febrero en el pabellón de El Cabanyal, recurrió a Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción del caso Gürtel. Las facturas fueron rectificadas en mayo de 2008 y la entidad, que preside Barberá, acabó pagando a City Marketing Council, SL, del grupo que presidía Vicente Sáez Tormo, otra factura de 201.846 euros por una serie de trabajos que en su mayor parte no se realizaron, ya que Laterne quebró. Entre esos trabajos figuraba un infobarómetro a partir de 800 encuestas que acabaría ejecutando otra empresa en 2009. Así lo revela la documentación de CEyD a la que ha tenido acceso este diario.
Barberá rechazó el martes dar explicación alguna sobre la aprobación de las cuentas correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009 de la entidad, financiada íntegramente por el Ayuntamiento, sin convocar a la asamblea, como está previsto en los estatutos. "No tengo nada más que decir", zanjó la alcaldesa, que criticó las reiteradas reclamaciones de información por parte de los socialistas.
Laterne fue encargada en 2006 y 2007 de sendos trabajos demoscópicos, en los que buscó la colaboración de firmas conocidas en el sector de las agencias de publicidad, como BSB, y de los estudios de mercado, como Empymer. El de 2006, con BSB, encargado por el Ayuntamiento, vaticinó una nueva victoria de Barberá por mayoría absoluta al año siguiente. El de 2007, con Empymer, dado a conocer días antes de las elecciones, reflejaba el apoyo mayoritario al futuro circuito de fórmula 1.
La empresa Empymer es la que ha acabado encargándose del Infobarómetro de CEyD, en su dos primeras ediciones, de 2009 y 2010.Bajo la denominación de Laterne Council (LC) o Laterne Product Council (LPC), el grupo que dirigía Sáez Tormo participó en la elaboración de encuestas para Rita Barberá, antes de hacerse cargo de organizar actos de su precampaña, como el de febrero de 2007 en el que buscó a Orange Market, sin conseguir el éxito de asistencia que esperaban los dirigentes del PP. La encuesta de 2006 fue presentada como "infobarómetro municipal de la ciudad de Valencia" y tenía un fuerte énfasis electoral. La de 2007 fue dada a conocer en algún medio de comunicación como "una encuesta realizada por la empresa Empymer-LPC" y se centraba en aspectos como la acogida de la promesa electoral del futuro gran premio de fórmula 1 en Valencia, la opinión popular sobre la Copa del América o las exigencias al Gobierno sobre la construcción del AVE y los recursos hídricos.
Meses después de las elecciones municipales y autonómicas, la empresa City Marketing Council, constituida apenas un mes antes, giraba con fecha del 15 de septiembre de 2007 sendas facturas al Centro de Estrategias y Desarrollo, por 200.000 y 100.000 euros, respectivamente. Correspondían al primer y segundo pago de un proyecto global que preveía "la puesta en funcionamiento del Observatorio de la Ciudad" y la realización del primer estudio, el desarrollo del plan de marcas de Valencia, el "inicio del hospitality de la ciudad", "la realización de todas las gestiones necesarias para la potenciación de alianzas estratégicas entre operadores locales y nacionales, así como grandes marcas internacionales", y el "desarrollo de las acciones de comunicación (planificación, redacción y gestión de medios) encaminadas a comunicar tanto los proyectos como sus resultados".
El 27 de mayo de 2008, sin embargo, City Marketing Council extendía a CEyD dos "facturas rectificativas", a las que ha tenido acceso este diario, en las que, aparentemente, asumía la devolución de los 300.000 euros de las anteriores, sin ninguna explicación específica. Ahora bien, con fecha de ese mismo día, presentaba al cobro a la entidad municipal otra factura de 201.846 euros por los mismos conceptos, aunque esta vez quedaban reducidos a tres los cinco apartados inicialmente previstos y se desarrollaban más los trabajos a realizar. Así, bajo el encabezamiento de "pago a cuenta por los siguientes trabajos realizados en el contrato con fecha 13 de septiembre de 2007", la factura incluía, para la puesta en funcionamiento del observatorio de la ciudad, de cara a lo que denominaba "primer estudio", la realización de 800 encuestas, con la definición de la metodología, el diseño del cuestionario, la delimitación de distritos, la tabulación y el cruce de información, entre otros aspectos. En relación con la "potenciación de las alianzas estratégicas" especificaba un "primer taller de herramientas de gerencia pública y política de España" y reflejaba hasta 14 "acciones de comunicación" como una gestión de artículos de opinión sobre la wifi en Valencia, una estrategia general de comunicación de CEyD, una guía de estudiantes y otras actividades que definía como "gabinete de prensa".
El hecho es que el grupo Laterne quebró poco después y Sáez Tormo dejó una larga lista de deudas con los trabajadores de sus empresas. También quedaron sin realizar la mayor parte de los trabajos reflejados en las facturas presentadas a la entidad municipal. Especialmente llamativo es el caso del estudio o infobarómetro, que había de dar algún contenido a la creación del denominado Observatorio de la Ciudad.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia ha alegado, en respuesta a las preguntas de la oposición socialista, que otra empresa se hizo cargo de acabar el infobarómetro de la ciudad. En efecto, hasta 2009 no se presentó el primero de esos estudios, cuyo trabajo de campo, consistente en 801 encuestas telefónicas, se desarrolló durante el mes de julio de ese mismo año. El segundo Infobarómetro de la Ciudad de Valencia, que presentó hace poco más de un mes el primer teniente de alcalde y presidente delegado del CEyD, Alfonso Grau, se basó en 824 encuestas telefónicas realizadas en abril. La empresa encargada de la ejecución de esas encuestas ha sido Empyper, dedicada a los estudios y análisis de mercado y de opinión. Ambos documentos pueden consultarse en la página web del Centro de Estrategias y Desarrollo.
(www.elpais.com, 23/07/10)
UN BAILE DE FACTURAS
- 2 de agosto de 2007: Es la fecha de constitución de la empresa City Marketing Council, SL, de la que es administrador único Vicente Sáez Tormo, presidente de la consultora de comunicación y publicidad Laterne Product Council, SL.
- 13 de septiembre de 2007: City Marketing Council firma un contrato con la entidad del Ayuntamiento de Valencia Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) que incluye, entre otros trabajos, la puesta en marcha del Observatorio de la Ciudad.
- 15 de septiembre de 2007: La empresa del grupo Laterne presenta sendas facturas de 200.000 y 100.000 euros, a pagar mediante transferencia bancaria antes del 30 de noviembre, en las que se detallan cinco "tareas y actuaciones" que City Marketing Council ha de llevar a cabo: Observatorio de la Ciudad (que incluye un estudio o infobarómetro), plan de gestión de marcas, inicio del hospitality de Valencia, "gestiones necesarias para la potenciación de alianzas estratégicas entre operadores locales y nacionales" y "desarrollo de acciones de comunicación".
- 27 de mayo de 2008: La empresa del grupo Laterne presenta al CEyD dos facturas rectificadas que, aparetemente, implican la devolución de los 200.000 y 100.000 euros de las facturas de septiembre de 2007.
- 27 de mayo de 2008: En la misma fecha que la facturas rectificadas, City Marketing Council presenta al CEyD otra factura de 201.846 euros, a pagar por transferencia bancaria en la misma cuenta que las otras. Esta factura reduce a cinco los trabajos del contrato: el Observatorio de la Ciudad, la potenciación de las alianzas estratégicas y las acciones de comunicación. Desarrolla más los apartados y especifica la realización de 800 encuestas y las diversas fases del futuro infobarómetro de la ciudad.
- Verano de 2008. El Valencia Club de Fútbol comprueba que Laterne no hará frente a sus compromisios millonarios de patrocinio con la marca "Valencia Experience". Los trabajadores empiezan a denunciar a las empresas del grupo, que entra en quiebra.
(www.elpais.com, 23/07/10)
BARBERÁ APRUEBA SIN ASAMBLEA LAS CUENTAS DE LAS QUE COBRÓ LATERNE
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha dado por aprobadas las cuentas de la asociación municipal Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD) durante los ejercicios de 2006, 2007, 2008 y 2009 a espaldas de su asamblea general. Al menos un miembro del órgano de CEyD al que estatutariamente corresponde revisar y aprobar las cuentas anuales no ha sido convocado y, por tanto, no las ha refrendado. Se trata de la Universitat de València. CEyD es una asociación nacida en el año 1998 para elaborar el Plan Estratégico de Valencia y que en 2004 se modificó y adoptó su actual nombre. Esa entidad pagó en 2007 un total de 400.000 euros a una empresa del grupo Laterne, que ese mismo año recurrió a la empresa de la trama Gürtel Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, para organizar uno de los actos de la precampaña electoral de la alcaldesa.
La oposición exige desde hace meses información de la gestión de esta asociación, que vive del presupuesto del Ayuntamiento de Valencia, del que ha recibido más de 4,5 millones de euros entre 2004 y 2009.
Las cuentas anuales de CEyD se han ido depositando en el Registro Mercantil con un certificado de la presidenta de la asociación, Rita Barberá, y del secretario -el hasta hace poco presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Arturo Virosque-, en el que se dice que la reunión de los asociados con carácter universal ha tenido lugar en una fecha concreta y que en ella se han aprobado las cuentas por unanimidad. Los socialistas han reclamado información sobre el destino y uso del dinero público transferido a esta asociación, que ha incrementado sus gastos de personal de 2004 a 2009 un 104% a pesar de que las asistencias y contratos externos son cada vez más numerosos. Incluso la concejal socialista Ana Botella ha solicitado incorporarse como asociada a CEyD pero ha recibido la callada por respuesta.
Este periódico intentó sin éxito ayer que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia explicara por qué no se han celebrado asambleas del Centro de Estrategias y Desarrollo desde el año 2006.En junio de 2009, hace ahora un año, y a la vista de la política de opacidad municipal, la portavoz socialista, Carmen Alborch, dirigió cartas a varios asociados, como la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Cepymev y las universidades Politécnica y de Valencia, para preguntarles por las cuentas de CEyD y por su aprobación en la asamblea general.
Solo una de estas entidades aseguró en su respuesta que la última reunión de la asamblea general de CEyD de la que tiene constancia tuvo lugar el 31 de mayo de 2006 y fue para tratar asuntos que no tenían que ver ni con la gestión social ni con la aprobación de las cuentas. Sin embargo, en las certificaciones en el Registro Mercantil, Barberá asegura que las asambleas generales en las que se aprobaron los balances se celebraron el 26 de abril de 2006, el 24 de abril de 2007, el 6 de mayo de 2008 y el 15 de abril de 2009.
La oposición considera este acto un incumplimiento flagrante de los estatutos de la asociación, de la que también forman parte la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), la Diputación de Valencia, la Generalitat a través de la Consejería de Economía, la Feria de Valencia (cuyo presidente, Alberto Catalá, ejerce de tesorero), el sindicato CSI-CSIF o la Unión Gremial.
Los socialistas, a pesar de las resistencias del gobierno local, que defiende que estas entidades son privadas y el Consistorio no tiene obligación de rendir cuentas sobre su gestión, han conseguido averiguar que CEyD ha recibido de 2004 a 2009 una media de 831.900 euros anuales del Ayuntamiento. "Es su única fuente de ingresos", reiteran. En todos los ejercicios presupuestarios se han producido modificaciones extraordinarias de crédito, hasta 10, para transferir fondos adicionales a la entidad. Los gastos de personal, que representaban un 20% del total, se han más que duplicado y en 2009 representaban el 48%.
En esta asociación trabaja, por ejemplo, una hija del concejal del grupo de gobierno de Barberá Francisco Lledó. O Cristina Peris, que ocupaba un puesto en la lista del PP al Ayuntamiento en los comicios de 2007. También cobra de esta sociedad una persona que, según la oposición, en realidad cumple sus funciones en la alcaldía. En cuanto a los trabajos desarrollados por CEyD, algunos de ellos han sido realizados por empresas externas.
Es el caso de sociedades vinculadas al grupo Laterne, administrado por Vicente Sáez Tormo, que organizó al menos un acto para el PP de Valencia en la pasada campaña electoral y recurrió para ello a la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción del caso Gürtel. Una de las sociedades de Laterne, City Marketing Council, se encargó de la elaboración del Observatorio de la Ciudad, donde se incluye un infobarómetro municipal, que acabó otra sociedad después de que el negocio de Sáez Tormo quebrase y dejara una larga lista de deudas a los trabajadores.
Otras sociedades que han trabajado para CEyD son Trasgos Comunicación, de la que fue consejero el ex concejal de Deportes del Ayuntamiento y posteriormente director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada. O Ideas Estratégicas de Marketing y Comunicación, SL, de la que es apoderado Eduardo Moreno Castillo, primo del ex concejal y ex director del CEyD Juan Eduardo Santón.
(www.elpais.com, 20/07/10)
UN GRUPO DE VECINOS PROTESTA A BARBERÁ EN PATRAIX
En bronca acabó la visita ayer de la alcaldesa de Valencia al barrio de Patraix. Barberá, arropada por varios de sus concejales, asesores y simpatizantes, inauguraba las obras de urbanización del PAI de Patraix -ejecutado por la empresa Pavasal- y tras ser increpada por un grupo de vecinos, acabó el acto con un mitin contra los socialistas, a los que acusó de estar detrás de estas protestas para reventar sus actos oficiales. Los vecinos movilizados, poco numerosos, le echaron en cara su pasividad ante las molestias que provoca el hospital privado Virgen del Consuelo y ante la falta de dotaciones escolares y de salud en el barrio.
Barberá creyó ver, sin embargo, una conspiración. "Nos lo habían avisado, sabemos quiénes han venido... Todo está absolutamente organizado para reventar cada acto que yo haga en la calle", denunció la regidora.
Mientras Barberá desgranaba bajo la carpa instalada ex profeso para el acto las bondades del PAI, las críticas de los vecinos arreciaron. "Mentirosa" le dijeron a cada nuevo dato que proporcionaba del PAI de Patraix. "Es el nuevo Patraix, el Patraix verde...", se explayó Barberá al aludir a los 100.000 metros cuadrados de zona verde proyectados. Para la Asociación vecinal de Patraix, este PAI ha arrasado el último tramo de huerta al barrio.
"Es increíble. No entiendo que traer 32 millones de inversión al barrio sea motivo de protesta", apostilló la regidora que elevó el tono de voz convirtiendo el discurso de inauguración en un auténtico mitin: "La izquierda no quiere inversiones, quiere ver a Valencia estancada y no lo vamos a consentir...".
Fuera, a pleno sol, y con agentes de la policía local que impedían que los vecinos críticos se acercaran a la carpa, estos le preguntaron a voz en grito por el instituto de secundaria pendiente desde hace una década. Sobre la parcela donde está previsto se yergue hace casi tres años un cartel que anuncia su construcción. Y una cosa llevó a la otra. "¿Dónde está Ripoll?" "¿Y las basuras de Ripoll?", le espetó otro de los vecinos de la protesta.
No fueron los únicos en increpar. Otro grupo intentó acallar al grito de "¡Rita!, ¡Rita!" las críticas. "¡Che, calla ya, collons!" o "¡Ves a pitar a tu casa!, replicaron los defensores de la regidora.
Antoni Pla, portavoz de la Asociación de Vecinos de Patraix, presente en el acto, lamentó la reacción de la alcaldesa, que raya el autoritarismo, y pidió que se comportara como tal, "con los que le han votado y con los que no". Pla defendió las movilizaciones y, por si acaso, precisó que son lícitas para las asociaciones vecinales o los partidos políticos en cualquier democracia.
Los socialistas reaccionaron por alusiones. Carmen Alborch, portavoz socialista en Valencia, devolvió la pelota al tejado de Barberá: "La alcaldesa es incapaz de soportar la crítica ciudadana y por eso la considera orquestada por los socialistas", afirmó.
Varios vecinos de los que participaron en la protesta fueron identificados, acabado el acto, por la policía local cuando regresaban a sus casas. E incluso tomaron nota de los datos de uno de ellos. Al Consistorio no le constaba anoche esta actuación.
El PAI, urbanizado por Pavasal, se llevará a cabo sobre más de medio millón de metros cuadrados, de los que 100.000 serán zonas verdes. Está prevista la construcción de 3.800 viviendas, de las que 1.123 serán protegidas.
(www.elpais.com, 08/07/10)
El grupo empresarial Laterne, al que el PP de Valencia encargó la organización de un gran evento en la precampaña electoral de 2007, acabó recurriendo al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, para intentar salvar un mitin en el polideportivo de El Cabanyal con presencia de Rita Barberá, Mariano Rajoy, Francisco Camps, Alberto Fabra y Luis Díaz Alperi.
Un portavoz oficial asegura que CeyD tiene sus cuentas auditadas
La firma se llevó 500.000 euros por un trabajo de campo de turismo
Laterne, que contrató a la empresa de la trama Gürtel la realización y emisión satélite del acto de presentación de los candidatos del PP a los ayuntamientos de las tres capitales, pinchó en la organización de un acto montado habitualmente por Orange Market por encargo de la dirección regional del PP.
Sin embargo, pese las críticas a la mala organización del mitin, Laterne mantuvo relación ya sea con el Ayuntamiento de Valencia que dirige Rita Barberá o con sus fundaciones o asociaciones municipales hasta que cerró en 2008.
Dos empresas del Grupo Laterne, fallido patrocinador del Valencia C. F., cobraron en cuestión de seis meses algo más de 700.000 euros -de noviembre de 2007 a mayo de 2008- de dos entidades municipales de Valencia: la fundación Valencia Turismo Convention Bureau y la asociación local Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia, CEyD. La fundación pagó a Laterne 500.000 euros fraccionados en cuatro facturas, la mayor de 200.000 euros, según documentación a la que ha accedido este diario, por trabajos relacionados con el turismo. La celeridad con que se libraron estas facturas contrasta con el retraso con que el consistorio paga a alguno de sus proveedores.
El PSPV ha pedido al Ayuntamiento, que financia en más del 90% estas dos entidades, explicaciones de la relación con Laterne, que ha sido denunciada por el Valencia CF por incumplir el contrato de patrocinio de la marca Valencia Experience.Laterne, consultora dirigida por Vicente Sáez Tormo, suspendió pagos en el verano de 2008. La consultora fue denunciada por los trabajadores por impago de salarios. En julio de dos años atrás, los despachos de la sede quedaron vacíos y los empleados en la calle. Según ha rastreado la oposición -que no ha logrado que el Ayuntamiento le informe de su relación con la consultora-, el consistorio o las entidades municipales han abonado 1,2 millones de euros al grupo Laterne desde 2001 por diferentes trabajos.
La Fundación Valencia Convention Bureau pagó a Laterne Product Council 500.000 euros de noviembre de 2007 a enero de 2008. Si el periodo es desde 2001, la facturación asciende a más de 700.000 euros. "Hay un paraíso para los proveedores privilegiados que son las fundaciones y entidades municipales", denunció hace unos meses la edil socialista Ana Botella en el pleno del Ayuntamiento. No es la única entidad que ha pagado religiosamente a las empresas del grupo Laterne. La asociación CeyD abonó a la empresa del grupo Laterne City Marketing Council otros 400.000 euros de 2007 a 2008 por su trabajo en el Observatorio de Políticas Urbanas de Valencia, principalmente. El Observatorio no se presentó hasta 2009, un año después de que Laterne se fuera a pique, y se encargaron de presentarlo otras empresas.
La relación del Grupo Laterne con el Ayuntamiento o sus entidades sin ánimo de lucro arranca al menos de 2001. Pero la etapa más intensa se produjo entre 2006 y 2008. Uno de los últimos actos en los que Laterne tuvo relación con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue el 16 de febrero, durante la campaña electoral de las municipales de 2007.
Laterne Producciones Council subcontrató a Orange Market, implicada en la trama Gürtel, los servicios audiovisuales para la presentación de la candidatura de Barberá y de los candidatos por Castellón y Alicante. El acto se celebró en el polideportivo de El Cabanyal y costó 22.900 euros. La mayoría de las pantallas, instaladas en la calle para seguir el mitin, fueron innecesarias al incumplirse la previsión de asistentes al mitin, que cerró una jornada de actos de Camps y Barberá con Mariano Rajoy en Valencia.
La nómina de empleados de Laterne incluye nombres y apellidos curiosos. Allí trabajaron un primo del ex concejal de Innovación del Ayuntamiento de Valencia Eduardo Santón Moreno y Patricia Iserte que, tras la caída del grupo, fue fichada como asesora en el Ayuntamiento de Valencia y más tarde se convirtió en secretaria ejecutiva del PP en la ciudad de Valencia.
La relación entre el primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, y Vicente Sáez Tormo no es nueva. Como dijo Grau en el pleno, en respuesta a preguntas de la oposición, Sáez Tormo hizo la residencia de cirugía en su departamento cuando el primer teniente de alcalde ejercía de médico.
En conversación con un portavoz de la fundación Valencia Convention Bureau, los 500.000 euros se pagaron por un trabajo de campo que Laterne hizo de cara a la revisión del plan estratégico de este departamento turístico. La relación duró desde 2006 hasta finales de 2007 "Y no se pagó con celeridad, se pagó al final de los trabajos, por eso fueron tan seguidos", comentó el citado portavoz. Nadie dio ninguna instrucción a la fundación para contratar a Laterne "se buscaron varias propuestas y la que más gustó fue la de Laterne", precisó.
Por lo que respecta a CeyD, la concejalía de Grandes Proyectos, que dirige Alfonso Grau, reconoce que sí hubo relación. Se rescindió la relación con Laterne y se dirigieron a otra empresa. Esta portavoz añadió que la asociación municipal se somete cada año a una auditoría.
www.elpais.es 13.06.10
BARBERÁ SE NIEGA A BAJARSE EL SUELDO Y ESO QUE SU AYUNTAMIENTO ES EL SEGUNDO MÁS ENDEUDADO
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, parece dispuesta a declararse insumisa a la bajada de sueldos aprobada ayer por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una medida que disminuirá hasta un 15% las retribuciones salariales de los altos cargos municipales. Mientras la mayoría de los regidores han acatado las instrucciones de la FEMP incluido el de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, Barberá ha recordado que en su Ayuntamiento se congelaron los sueldos hace dos años y que, aunque está dispuesta a seguir en esa línea, no acepta recomendaciones de una entidad que “no existe ni para defender a los ayuntamientos”, recoge el rotativo regional Levante. Según dice la primera edil de Valencia, su oposición, más que contra la medida, va contra la FEMP.
La FEMP acordó rebajar entre 0,25 y 15% los sueldos de los altos cargos municipales, alcaldes incluidos. El tijeretazo se haría efectivo en la nómina de junio, mientras que el año que viene los sueldos permanecerían congelados.
El anuncio ha sido acogido de manera muy desigual en ayuntamientos tan emblemáticos del PP como el de Madrid y el de Valencia. En el primero Gallardón elevó al alza las instrucciones de la FEMP: además de recortarse un 15% el sueldo, cambió su Audi de alta gama por un Toyota Prius, recuerda Levante. En el segundo, Barberá se mostró contraria a acatar el mandato, aunque intentó resaltar que su oposición era a la FEMP más que a la medida.
En declaraciones a los medios, la alcaldesa del segundo consistorio más endeudado de España calificó de “ejemplares” a sus concejales porque, según dijo, han perdido 7 puntos de poder adquisitivo, tres puntos y medio por año. Según Barberá, sus ediles han vuelto a tener las retribuciones de 2007. “Lo hemos hecho por austeridad y seguiremos haciéndolo”, señaló. “Yo no necesito la menor instrucción de una Federación de Municipios que no existe ni para defender a los ayuntamientos. Lo que tenía que hacer ya lo hice hace dos años con responsabilidad: congelar los impuestos para dejar algo de dinero más en el bolsillo de los ciudadanos y congelar los sueldos. Y seguiré en ese camino", agregó.
Cabe mencionar que, a pesar de esta reticencia a la FEMP, la propia Barberá presidió esta Federación nada más ni nada menos que durante ocho años, entre 1995 y 2003. A partir de 1999 y hasta el fin de la era Barberá, el entramado Gürtel, facturó 800.000 euros al organismo por contratos adjudicados a dedo. También habría que diferenciar la congelación del recorte. Son muchos los consistorios que ya habían estancado las remuneraciones o que, incluso, las habían rebajado en porcentajes menores a los aprobados ahora.
La portavoz socialista en el Consistorio de Valencia, Carmen Alborch, se mostró dispuesta a estudiar "cualquier medida que suponga reducir el elevado gasto municipal" y pidió a la alcaldesa que actúe con responsabilidad y presente "una propuesta para reducir los salarios de los cargos públicos". La Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha avanzado que el recorte, aprobado por unanimidad en la FEMP, se abordará en la junta del próximo lunes.
(www.elplural.com, 27/05/10)
TABACALERA COSTARÁ 16 MILLONES MÁS DE LO PREVISTO
Juan Ferrer, concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, lamentó ayer en rueda de prensa que el presupuesto para rehabilitar el antiguo complejo industrial de Tabacalera se haya disparado a 51,8 millones de euros. Según el edil, la obra costará 15,8 millones más de lo previsto en el proyecto inicial, que el consistorio estimó, en 2007, en 36 millones.
El arquitecto encargado de restaurar el edificio de Tabacalera, Pedro Soler, se reunió la semana pasada con el Grupo Socialista municipal, según explicó ayer el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, en un comunicado, para explicar el motivo del aumento del presupuesto. Una vez escuchadas sus razones, el concejal Ferrer criticó que "en el proyecto [de rehabilitación] inicial alguien ha dado por buenas cosas, sin ver lo que había en el edificio y sin haberlo tenido en cuenta previamente".
El edil socialista divide en tres grupos las modificaciones que el gobierno local ha efectuado en el proyecto de rehabilitación, y por las que justifica haber aumentado la cantidad de dinero destinada a este fin un 43% según los socialistas. En primer lugar, Ferrer asegura que el análisis del edificio, previo al inicio de las obras fue ineficaz. Es el caso de las vigas de hierro que soportan la techumbre, cuyo deterioro no se tuvo en cuenta hasta meses después. En segundo lugar, Ferrer señala las variaciones respecto al proyecto original, "lo que significa que no se estudiaron bien los usos [del edificio] y las necesidades que se desprenden de esos usos", caso de los tres servicios municipales que, pese a no estar previsto, se han trasladado al edificio de Tabacalera. Por último, Ferrer apunta al retraso en la construcción de un aparcamiento subterráneo.
Alfonso Grau contestó ayer, tras la comparecencia de Ferrer ante los periodistas, que a lo largo de los trabajos realizados "se fueron encontrando defectos ocultos que afectaban muy seriamente la estructura del inmueble" y que "en ningún caso puede hablarse ni de errores de análisis ni de proyectos".
Fuentes consultadas por este periódico sostienen que, pese a que una obra de rehabilitación está expuesta a muchas más sorpresas que una de nueva planta, el desajuste habitual entre el presupuesto inicial y la cantidad finalmente gastada oscila entre el diez y el 20 por ciento. En este caso, la variación es del 43%, 15,8 millones de euros. Grau lo achaca a una "rehabilitación espléndida"
(www.elpais.com, 28/01/10)
EL FISCAL INVESTIGA A BARBERÁ POR FAVORECER UN 'PELOTAZO'
La Fiscalía de Valencia investigará al Ayuntamiento de esta localidad y a su alcaldesa, Rita Barberá (PP), por la permuta del edificio de Tabacalera, según se conoció ayer. Las diligencias penales se inician tras la denuncia que presentó el Grupo Municipal Socialista el 18 de diciembre en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El PSPV-PSOE entiende que se produjo un delito de "prevaricación" en la permuta de este edificio por el de los antiguos juzgados a la constructora Guadalmedina.
La portavoz socialista, Carmen Alborch, definió esta operación inmobiliaria como "el mayor pelotazo urbanístico de la era Barberá". Para la oposición, la clave está en la modalidad, ya que ha usado "la permuta cuando debería haber vendido a precio de mercado el inmueble de los juzgados, que está situado en una de las mejores zonas de Valencia". Según Alborch, "supone que el consistorio, para beneficiar a una empresa, ha perdido casi 60 millones, el equivalente a todo el presupuesto municipal de inversiones en un año".
Por su parte, Guadalmedina destinará el solar a residencias con aparcamientos que le reportarán un beneficio de 100 millones de euros, afirman desde el PSPV. Desde el PP, Alfonso Grau, teniente de alcalde y edil de Grandes Proyectos, afirmó que no tiene "nada que decir" y que el ayuntamiento se explicará "ante el juzgado correspondiente".
La denuncia de los socialistas también se refiere al valor patrimonial de Tabacalera, edificado para la Exposición Regional de 1909 y con un elevado valor arquitectónico industrial. Un inmueble que fue derribado parcialmente a finales de 2007 para la construcción de viviendas.
Las excavadoras finalizaron su trabajo en diez días "cuando el proyecto de demoliciones hablaba de un plazo entre cinco y seis semanas", advierten en el PSPV-PSOE, donde apuntan a "presuntas actuaciones delictivas" por parte del ayuntamiento. En este sentido, afirman que estudiarán a fondo la Ley de Patrimonio Histórico para determinar si podría haber existido, al igual que en el barrio de El Cabanyal, "un delito de expolio".
El PSOE denuncia que la operación supone “un trato de favor” a Guadalmedina. En 2001, el ayuntamiento otorgó un uso administrativo a Tabacalera. Al año siguiente, Guadalmedina compró el 49% por 8 millones de euros. En 2005 se recalificó el terreno para destinar un parte a la construcción de dos fincas de nueve alturas con garajes. Por ello, aseguran los socialistas, Guadalmedina se embolsará 165 millones. En 2006, la constructora compró por 52 millones lo que quedaba de Tabacalera. Este terreno es el que permutó el ayuntamiento por el edificio de los juzgados. La operación supondrá para Gualdalmedina un beneficio de 100 millones, según el PSPV.
(www.publico.es, 20/01/10)
Los proyectos del Ayuntamiento de Valencia para el segundo Plan E, financiado por el Ejecutivo central, ya están sobre la mesa. 87 millones que la alcaldesa Rita Barberá destinará a obras que, solo con el presupuesto municipal, no podría abarcar. Entre las necesidades que se intentarán subsanar, como centros para personas mayores o dos escuelas infantiles, Barberá presentó ayer una idea un tanto especial: el ajardinamiento de la cubierta del mercado de Russafa por casi 700.000 euros.
La segunda parte del Plan E de Valencia ya está lista para despegar. Ayer, la alcaldesa presentó un listado con 36 proyectos, enmarcados en varios grupos, que servirán para dotar a la ciudad de nuevas instalaciones y reparar otras.
Además de los 17 millones de euros que el consistorio dedicará a pagar el gasto corriente, incluidos los sueldos del personal que trabaja en bienestar social y la conservación de centros escolares, Barberá repartirá 45,7 millones entre varios proyectos sociales, entre los que está la construcción de cuatro centros para mayores en diferentes barrios de la ciudad. Además, y a pesar de que todavía no se ha levantado ni una de las cuatro escuelas infantiles que ya anunció Barberá con la primera partida del Plan E por un valor de seis millones de euros, la alcaldesa anunció dos más por la misma cantidad. En total, el Gobierno central financiará seis escuelas para niños de cero a tres años, centros que el Ayuntamiento de Valencia no construía desde que la alcaldesa llegó al poder en 1991. Además, y según denunció el PSPV municipal, existen "sospechas" de que la gestión de los mismos se privatice.
Entre las propuestas calificadas como "sostenibles", que supondrán alrededor de 19 millones de euros, el gobierno local destacó las reformas en los jardines y avenidas de la ciudad, por 10 millones, y la mejora del alumbrado público. El 7% restante de los 70 millones que se invertirán directamente en la ciudad, será para restaurar el patrimonio de Valencia.
www.elpais.es 24.12.09
LA ASOCIACIÓN DE BARBERÁ CON EL 'CASO GÜRTEL' AUMENTA LA CRISPACIÓN
Los populares cuestionan los salarios de Carmen Alborch y Leire Pajín
"Pretender implicar a la alcaldesa de esta ciudad, Rita Barberá, en la trama corrupta del caso Gürtel es una maniobra absolutamente sucia y despreciable". Con estas palabras, el primer teniente alcalde del consistorio valenciano, Alfonso Grau, que compareció ayer junto con el alcalde en funciones, Jorge Bellver, arremetió contra la oposición y medios de comunicación dos días después de que la policía judicial se presentara en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid para reclamar documentación sobre contratos anteriores a 2004 que podrían estar relacionados con la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. En esa época, desde 1999 hasta 2003, la presidenta de la FEMP era Barberá, y Álvaro de la Cruz, que está siendo investigado por haber recibido un supuesto pago de 30.000 euros, ocupaba la secretaría general del organismo.
Las acusaciones y recriminaciones entre populares y socialistas, surgidas desde que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, fuera imputado por un presunto delito de cohecho, no han cesado, sino todo lo contrario. Ahora, la asociación de Barberá con el caso Gürtel ha sido lo que ha reactivado las críticas.
Frente a la defensa acérrima de Barberá por parte del PP, que negó sistemáticamente que la alcaldesa tuviera algo que ver con la trama de corrupción, los socialistas arremetieron de nuevo contra la opacidad del gobierno municipal y aseguraron que inculpar a un partido y a un Gobierno de perseguir a otro partido es, además de una "auténtica barbaridad", como afirmar que el juez "está teledirigido desde la Moncloa y desde Ferraz".
Tanto Grau como Bellver, que apuntaron que se trata de un complot de la oposición y de los medios de comunicación contra el PP, sostuvieron que todas las decisiones que se tomaron cuando Barberá presidía la FEMP fueron consensuadas por el comité ejecutivo, donde están representados todos los partidos políticos.
Entre este cruce de reproches, Grau llamó a la ética política del PSPV y cuestionó, además, el salario de la portavoz socialista municipal, Carmen Alborch. Según el teniente alcalde, Alborch ha preferido el sueldo como secretaria de Mesa del Senado en lugar de como concejal, cobrando de ese modo, más que la propia alcaldesa de Valencia.
En esta misma línea, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, que espera ser designada senadora en las Cortes Valencianas, también recibió críticas por parte del Partido Popular. Además de que Pedro Agramunt, senador del grupo territorial del PP, afirmara que los objetivos de Pajín están muy lejos de defender los intereses de la Comunidad Valenciana, la coordinadora regional del PPCV, María José Catalá, también utilizó el sueldo oficial que cobra Carmen Alborch en el Senado para desgastarla políticamente.
www.elpais.es 12.10.09
EL 'CASO GURTEL' SE EXTIENDE A LA ETAPA DE RITA BARBERÁ AL FRENTE DE LA FEMP
El juez reclama los contratos firmados con la trama bajo mandato del PP
Dos funcionarios de la Policía Judicial se presentaron ayer a las 11.30 en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en Madrid, con un papel que abre una nueva vía de investigación en el caso Gürtel. Los agentes entregaron un requerimiento del juez Antonio Pedreira, instructor de la parte madrileña del caso, en el que se reclama la relación de contratos firmados con 11 empresas de la trama de corrupción durante cuatro años (2000-2004) en los que la Federación estuvo presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP. Esos contratos suman cerca de un millón de euros, según fuentes de la asociación que agrupa a los ayuntamientos.
El ex secretario de la federación de alcaldes figura en los papeles de Correa
El actual presidente de la FEMP, Pedro Castro (PSOE), aseguró que habrá una "colaboración total con la justicia" y que los expedientes serán entregados al Tribunal Superior Madrid en los próximos días. No llegó a haber registro policial, a pesar de que las primeras informaciones en ese sentido convocaron rápidamente a los medios de comunicación en la sede. Muebles agrupados en el patio del edificio alimentaron el rumor hasta que se supo que todo se debía a una mudanza.
Los contratos que busca el juez Pedreira fueron firmados por Álvaro de la Cruz, que era secretario general de la FEMP cuando Barberá la presidía; y a él lleva el caso Gürtel porque el nombre de De la Cruz aparece en la caja B -la contabilidad de pagos en dinero negro- donde la trama dirigida por el empresario Francisco Correa apuntaba los supuestos sobornos que pagaba a políticos del PP a cambio de favores.
Esa caja B recoge "un apunte el día 14 de marzo de 2004 por importe de 30.000 euros, en el que consta como concepto Pago Álvaro de la Cruz por P. Crespo y autorizado por P. Correa", según explicaba la Agencia Tributaria el pasado junio en un informe. El pago, por tanto, se habría realizado pocos meses después de que De la Cruz dejara el cargo de secretario general de la FEMP, porque el equipo de Barberá dio paso al del socialista Francisco Vázquez tras la asamblea general de noviembre de 2003.
La organización de esa asamblea fue adjudicada por la FEMP a Special Events, una de las empresas de Correa y epicentro de toda la trama empresarial que ahora investiga la justicia. La Federación pagó por el montaje del evento 570.000 euros, el doble de lo que había costado la asamblea de 1999 -también adjudicada a Special Events y que ya, a su vez, había duplicado el coste de la de 1995-. Los dos contratos, el de 1999 y el de 2003, fueron formalizados por De la Cruz y la adjudicación fue a dedo, sin concurso, según fuentes de la Federación. Algo supuestamente legal porque la FEMP es jurídicamente una asociación privada y no está obligada a sacar a concurso los contratos.
Además, durante el mandato de Barberá la FEMP contrató con otra de las empresas de la trama, Pasadena, decenas de viajes que suman casi 300.000 euros. Esas facturas, cuya existencia confirmó hace meses Pedro Castro, forman parte de los expedientes que serán entregados a Pedreira.
Pero el requerimiento judicial no se refiere sólo a Special Events y Pasadena Viajes; añade a la lista otras nueve empresas: Orange Market -dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, que hizo negocio principalmente en la Comunidad Valenciana-, Down Town Consulting, Easy Concept, Servimadrid, Diseño Asimétrico, Technology Consulting Management, Boomerang Drive, Rial Green y Good&Better. El magistrado solicita también la "certificación de toma de posesión y cese de Álvaro de la Cruz Gil como secretario general de la Federación" y una copia de los estatutos.
Barberá subrayó ayer que en el requerimiento judicial no se la menciona e insistió en que jamás ha tenido "la más mínima relación con ningún personaje de la trama Gürtel". También negó, por primera vez, que El Bigotes le regalara bolsos. En una conversación grabada por la policía el pasado 2 de enero al empresario, él cuenta que en ese momento está "en Louis Vuitton comprándole un bolso a la alcaldesa". "Como llevo haciendo desde hace cuatro años", dice Pérez. Y añade: "[Barberá] no nos da nada, pero tampoco nos hace nada".
"Dinero procedente de fondos de la 'caja B"
- El informe de la Agencia Tributaria.
A petición primero del juez Garzón y después del instructor Antonio Pedreira, la Agencia Tributaria realizó el pasado 4 de junio un informe que recoge algunas de las actividades de la presunta trama de corrupción ligada a gobiernos del PP y encabezada por el empresario Francisco Correa. En ese informe figura el nombre de Álvaro de la Cruz en relación con un supuesto soborno de 30.000 euros. El informe dice así:
- "En la contabilidad que recoge las entradas y salidas de fondos con origen o destino en la caja B del grupo, consta un apunte relativo a Álvaro de la Cruz, que recibe dinero procedente de fondos de la caja B de Serrano. Concretamente en la cuenta Caja Pagos B.xls consta un apunte el día 14 de marzo de 2004 por importe de 30.000 euros, en el que consta como concepto Pago Álvaro de la Cruz por P. Crespo y autorizado por P. Correa".
- "En las hojas de distribución de fondos encontradas en el domicilio de José Luis Izquierdo [el contable de la trama] consta la recepción en concepto de cobro sin referencias [es decir, de una persona no identificada] el día 14/03/2004 de un importe de 1.018.560 euros. De ese importe se distribuyen 30.000 euros a Álvaro de la Cruz, en concreto, se indica, P. CRESPO-ALVARO DE LA CRUZ. Esta cantidad podría ser la misma que se indica en el párrafo anterior".
www.elpais.es 11/08/2009
LA ALCALDESA: "EL GOBIERNO Y EL PSOE QUIEREN ENSUCIARME"
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se siente víctima de una conspiración del Gobierno y del PSOE que tendría como finalidad ensuciar su nombre porque los socialistas han sido incapaces de ganarle en las urnas en 18 años, aunque en realidad el PSOE lograra 40.000 votos más que ella en 1991. Barberá, con la contundencia que le caracteriza cuando se siente atacada, afirmó que "ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni la Policía Judicial han pedido ningún documento de la FEMP" relacionado con ella y advirtió de que no tiene "el más mínimo inconveniente" en ampliar sus "querellas contra medios de comunicación y personas".
La alcaldesa de Valencia, que se sepa, no ha presentado ninguna querella contra Álvaro Pérez, El Bigotes, que fue quien dijo que le regalaba bolsos de la marca de lujo Louis Vuitton. "Jamás he recibido un euro de nadie, jamás he tenido la más mínima relación, ni he recibido ningún bolso de ningún personaje de la trama Gürtel". Barberá acusó a los socialistas de querer "ensuciar" su nombre porque son incapaces de ganarle en las urnas. "Les volveré a ganar y por más votos, porque los valencianos siguen confiando en mí y rechazan las malas artes de los socialistas", remachó.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, recordó que "todos los contratos, todos los que se hicieron durante aquella época, fueron tramitados, refrendados y aprobados por unanimidad en el seno del Comité Ejecutivo de la FEMP". Fuentes de la entidad supramunicipal dijeron ayer que "no consta" que la ejecutiva refrendara ninguno de esos contratos.
Por su parte, los portavoces socialistas en el Ayuntamiento de Valencia y en las Cortes Valencianas emplazaron a Barberá para que explicara porqué durante su presidencia en la FEMP se adjudicaron contratos a empresas vinculadas a la trama. Carmen Alborch, ex ministra de Cultura y portavoz de la oposición en el consistorio, preguntó a la alcaldesa porqué no impidió esas contrataciones, exigiéndole que dijera si aceptó regalos de personas o empresas de la red Gürtel. "Barberá no puede eludir por más tiempo responder a los interrogantes sobre su mandato al frente de la FEMP". Ángel Luna, portavoz del PSPV en la Cámara autonómica, subrayó que los contratos "tienen que ver con miembros de una trama corrupta que ha realizado regalos a la alcaldesa y al presidente de la Generalitat, entre otros, y que ha obtenido contratos de la Administración valenciana".
www.elpais.es 11/08/2009
DE LA RÚA Y LA ALCALDESA
El pasado 7 de marzo, durante la toma de posesión del Defensor del Pueblo valenciano, Rita Barberá saludaba, con la efusividad que recoge la imagen, a Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior valenciano. Acababa de estallar el caso Camps. De la Rúa es uno de los dos jueces que hace una semana inclinaron la balanza a favor del archivo de la causa por cohecho contra el presidente.
www.elpais.es 11/08/2009
Barberá acompaña a Camps a la salida de su declaración ante el juez el pasado 20 de mayo. ferran montenegro
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El
presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro,
afirmó ayer que la institución conserva en sus
archivos las facturas de los trabajos que
realizó la empresa de la trama Gürtel Special
Events durante la etapa de Rita Barberá como
presidenta, pero no guarda los contratos.
"Intentamos buscar los soportes que gestionasen
las facturas que encontramos, pero lo que no ha
quedado ha sido ni un solo contrato, o al menos
no lo han visto los técnicos de la FEMP. Quedan
las facturas, pero no los soportes ni los
contratos", explicó.
El alcalde de Getafe (PSOE) se refirió en estos
términos en una entrevista a Europa Press. La
FEMP fue uno de los clientes de la trama de
Francisco Correa, que tuvo su ramificación en
Valencia con la filial Orange Market, dirigida
por Álvaro Pérez "El Bigotes". Concretamente,
mientras la alcaldesa de Valencia presidió la
asociación de municipios españoles, Special
Events organizó las asambleas de 1999 y 2003 por
un montante total de 800.000 euros.
La matriz de la trama fue la adjudicataria de la
séptima asamblea de la FEMP, en 1999, con un
coste de 232.000 euros; cuatro años después, la
octava asamblea, también celebrada en Madrid, se
firmó por más del doble: 570.000 euros.Rita
Barberá fue la presidenta de la federación entre
1995 y 2003. Quien firmó los contratos fue el
entonces número dos de Barberá en la FEMP,
Álvaro de la Cruz, quien a la postre fue
salpicado por el caso Gürtel debido a que su
nombre aparecía en la contabilidad B de la trama
por un supuesto pago de 30.000 euros.
Con todo, parece que la organización de las
asambleas no fue el único vínculo entre
Francisco Correa y la federación. Y es que, la
empresa Pasadena Viajes SL, una de las firmas
con que operaba el grupo de Francisco Correa,
facturó a la FEMP 283.000 euros entre junio de
2000 y diciembre de 2003 en concepto de
organización de viajes.
No investigarán los contratos
Desde que saltó el escándalo, el actual
presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha puesto
la documentación de la institución "a
disposición de la Justicia". En mayo pasado,
Castro, ante las sospechas de que se había
pretendido borrar el rastro de la relación entre
la trama y la FEMP en la etapa popular, dio
instrucciones para fiscalizar todas las facturas
por si aparecían más vínculos entre el organismo
y el entramado de Francisco Correa.
Así las cosas, el presidente de la FEMP señaló
ayer que la federación no investigará los
contratos realizados durante la etapa de mandato
de Rita Barberá con empresas relacionadas con la
trama, pero "guarda todos los documentos que
posee para ponerlos a disposición de la justicia
si fuese necesario".
Además, reconoció que no ha hablado del asunto
con la alcaldesa de Valencia y responsable de la
FEMP durante ese periodo. Cabe recordar que el
nombre de la alcaldesa de Valencia también se
vio salpicado de forma indirecta por la
investigación del caso Gürtel. El que fuera
presidente de Orange Market, Álvaro Pérez,
señalaba en una llamada telefónica interceptada
por la policía que en los últimos cuatro años le
había regalado bolsos a Barberá.
Concretamente, se trataba de regalos de lujo, de
la firma Louis Vuitton, que habrían sido
realizados durante los últimos cuatro años. "No
nos da nada, pero tampoco nos hace nada", decía
Pérez a su interlocutor en referencia a la
alcaldesa de Valencia. Barberá negó haber
recibido obsequios del cabecilla de la trama en
Valencia.
GERARDO CAMPS CONFIRMA HABER RECIBIDO BILLETES DE AIR NOSTRUM, PERO QUE NO NINGUNA TRASCENDENCIA
El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha confirmado haber recibido billetes "con descuento" de Air Nostrum, franquiciada de Iberia para vuelos regionales, aunque consideró que se trata de una cuestión que no tiene "ninguna trascendencia".
Camps se pronunció así en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Corts tras la reunión de la Diputación Permanente, al ser preguntado por la información difundida ayer en la que se señalaba que viajó al menos en tres ocasiones gratis con Air Nostrum y se recalcaba que su departamento es el responsable de la tramitación del ERE de la aerolínea y de concederle subvenciones.
Ninguna transcendencia
"Aquí hablamos de cosas serias, de cuestiones que no tienen ninguna trascendencia me parece que no merecen ni que tengamos la opinión", sentenció Camps, quien apuntó que "la empresa ya manifestó ayer que no son, en ningún caso, billetes gratis, sino con descuento".
Sin relación con el ERE
Además, aclaró que la tramitación del ERE planteado por la dirección de Air Nostrum, y que podría afectar a 507 trabajadores, "no corresponde a la Administración autonómica", ya que la aerolínea "tiene centros de trabajo y trabajadores afectados en más de una comunidad autónoma, y es el Ministerio de Trabajo el que tiene que resolver ese ERE", dijo.
Sobre las subvenciones
Por otro lado, señaló que "ciertas subvenciones que dicen que corresponden a la Conselleria de Economía", y que habría recibido la compañía aérea, no corresponden a ese departamento y además, se realizan mediante concurso público, en relación al contrato de publicidad que Air Nostrum mantiene con la Conselleria de Turisme y que, según señaló la empresa, se suscribió después de que la aerolínea ganara un concurso público cuyas bases se difundieron a través del BOE, el DOCV y el DUE.
(www.elplural.com, 23/07/09)
GERARDO CAMPS VIAJÓ "GRATIS" INVITADO POR AIR NOSTRUM
El vicepresidente del Consell y consejero de Economía, Gerardo Camps, viajó "gratis" en al menos tres ocasiones con la compañía aérea Air Nostrum, según reveló ayer la Cadena SER. La información aparece en plena polémica sobre los regalos que reciben los políticos a raíz del caso Gürtel. De Gerardo Camps, como responsable económico del Consell, dependen tanto las subvenciones que recibe la compañía aérea, que han sido muy numerosas, coque han sido muy numerosas, como la aprobación del expediente de regulación de empleo (ERE) que ha presentado la empresa y que tiene en vilo a más de 500 trabajadores.
El último de los viajes fue en junio pasado a Ibiza, en compañía de Ricardo Costa, el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana y portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, imputado en el caso Gürtel acusado de haber recibido trajes de la trama corrupta. Costa quiso ayer dejar claro que no tiene vinculación alguna con Air Nostrum, aseguró que fue invitado por Gerardo Camps, que fue el titular de Economía y Hacienda quien se encargó de la reserva de los billetes y que él mismo incluso adelantó su viaje de vuelta pagando de su bolsillo 320 euros a una agencia de viajes.
Los otros dos viajes fueron en 2007 y 2008. En uno de ellos Gerardo Camps iba acompañado de su familia. En las tres ocasiones, fueron vuelos "gratis", que pagó la propia empresa Air Nostrum.
La compañía aérea explicó a la SER que es una práctica habitual que realizan con todo tipo de personajes públicos incluidos políticos de todos los partidos.
La coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià, Marga Sanz, consideró "sumamente grave, si se confirma que el vicepresidente del Consell y el portavoz del Partido Popular han aceptado viajar gratis gracias a un supuesto regalo de la compañía Air Nostrum". Un regalo que, según Sanz, "confirmaría la tónica general que tiene el PP de aceptar cualquier tipo de regalos".
Y añadió: "Nos preocupa, al igual que en el caso Gürtel, que se acepten [regalos] cuando proceden de una empresa que tiene un interés desmesurado en que la Administración dé el visto bueno a un expediente de regulación de empleo que afectaría a centenares de trabajadores".
(www.elpais.com, 23/07/09)
CARGOS DEL PP CORRIGEN A BARBERÁ Y NIEGAN QUE ACEPTEN REGALOS CAROS
La piña empieza a resquebrajarse. Pese a la consigna de la dirección del partido de cerrar filas en torno a Rita Barberá, ayer varios cargos relevantes del PP rompieron con el discurso impuesto desde Génova. El intento de la alcaldesa de Valencia de generalizar el intercambio de regalos a todos los políticos no ha sentado bien a muchos de sus compañeros. La rebelión interna ha tenido especial fuerza en Madrid, el principal foco de la trama Gürtel.
Pío García Escudero, portavoz del PP en la Cámara Alta, fue quien marcó diferencias de forma más clara. El senador madrileño reconoció que Rita Barberá "tiene toda la razón cuando dice que todos los políticos recibimos regalos", pero matizó: "Hay que saber donde está el límite de la obtención y el valor de esos regalos".
El propio García Escudero predicó con el ejemplo. A principios de 2003, el cerebro de la trama, Francisco Correa, le hizo llegar un paquete. Cuando comprobó que era un "reloj caro" dio la orden de que se devolviera. Su actitud contrasta con la que, según la conversación de Alberto Pérez recogida por El País, mantuvo la alcaldesa cuando desde la misma trama se le ofrecieron bolsos de Louis Vuitton. Casualmente, la alcaldesa se ha dejado ver en varias ocasiones con un bolso de esa misma marca valorado en más de 800 euros.
El político madrileño no fue el único que se esforzó por desmarcarse de los argumentos de Barberá. La presidenta Esperanza Aguirre aclaró que cuando le han ofrecido "cosas valiosas" las ha devuelto. Su actitud no incluye, sin embargo, los pequeños detalles que recibe durante las visitas, como las anchoas de Santoña que el presidente de Cantabaria regala a Rodríguez Zapatero, ejemplo al que se aferró Rita Barberá. "El otro día acepté unas picotas y, según me las comía, pensé: Uy, me van a sacar en la Gürtel", reconoció cargada de ironía. Ayer mismo, durante su visita al convento de la Clarisas de Chinchón, se llevó una pastas fabricadas por la monjas.
David Pérez, portavoz del PP en la asamblea madrileña, puso en el mismo sitio el límite de lo razonable. Aunque reconoció haber recibido algunos "productos de Madrid", nunca ha aceptado regalos valiosos.
Otras declaraciones mejor intencionadas tampoco contribuyeron a reforzar la posición de Barberá. El conseller valenciano de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, señaló que prohibir los regalos a los políticos a raíz del caso Gürtel, sería como "suprimir a los Reyes Magos de nuestra cultura".
Precisamente ayer, varios partidos, ERC y UPyD entre ellos, sugirieron la necesidad de regular de forma más restrictiva los obsequios. Otros, como IU o BNG, apelaron en cambio al sentido común para distinguir entre un detalle de cortesía y un soborno.
Mientras, en el PP se aferran a la acusación de filtraciones desde el Gobierno para evitar cualquier tipo de explicación sobre las informaciones aparecidas en los últimos días. Ayer, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saenz de Santamaría, recurrió a esa misma estrategia para evitar aclarar si comparte las declaraciones de Barberá. La diputada se limitó a recordar la querella que la alcaldesa prepara y aseguró que su partido "va a defenderse de este tipo de filtraciones que atacan el derecho al honor, a la honorabilidad y a la presunción de inocencia de mucha gente".
El argumento del PP fue llevado hasta el extremo por el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, quien aseguró que el caso Gürtel "tiene toda la pinta" de ser una "conspiración" contra su partido.
(www.publico.es, 22/07/09)
BARBERÁ LAMENTA QUE SUS BOLSOS OPAQUEN LOS DATOS DEL PARO
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha lamentado hoy que los bolsos y los trajes "absoluta y perfectamente legales" hayan relevado de las portadas de los medios de comunicación al desempleo que afecta a cuatro millones de personas, lo que a su juicio supone "una vergüenza".
En rueda de prensa tras firmar un acuerdo con la Conselleria de Inmigración, Barberá ha criticado que el paro "desaparezca del primer nivel de la información" y se ha preguntado qué pensarán "los cuatro millones de parados" de que los medios "se ocupen de un bolso o un traje, cuando es -algo- absoluta y perfectamente legal, y no de que no pueden comer cuatro millones de españoles".
La alcaldesa aludía así a los trajes que supuestamente recibió como dádiva el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por parte de la trama corrupta que se investiga judicialmente en el "caso Gürtel", así como a los bolsos de lujo que, según una grabación policial difundida esta semana, habría regalado a Barberá el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes.
"El problema tremendo de todos los españoles es el Gobierno que tenemos, que ha consentido un país en el que se conculcan los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos", ha sentenciado la alcaldesa, quien ha reiterado que no tenía intención de "incrementar el morbo" pero que tampoco se iba a callar.
A preguntas de los periodistas, ha señalado que "los regalos que se aceptan son los de Navidad, los normales" y que no sólo lo hacen los políticos sino también "otros muchos más colectivos con influencia en la sociedad".
"Se reciben regalos y los devolvemos o no en función de nuestro criterio", ha agregado Barberá, quien ha reiterado que no ha cometido ningún delito y ha dicho con ironía que seguirá llevando "los mismos bolsos" de todos los días para que le "hagan las fotos que quieran".
Además, la alcaldesa ha asegurado que le da "risa y pena" ver "las carreras de determinados dirigentes políticos -como Carmen Alborch, Rafael Rubio y Ricardo Peralta- para tomar la posición en la salida de la organización del Partido Socialista en la ciudad de Valencia".
(www.publico.es, 22/07/09)
REGALOS POR DOQUIER: GERARDO CAMPS VIAJÓ GRATIS TRES VECES CON AIR NOSTRUM
“¿Quién no recibe un regalo por Navidad?”, aseguraba ayer Esteban González Pons. Quizá tenga razón, pero se están destapando todos en verano. Según informa la Cadena SER, Gerardo Camps, vicepresidente de la Generalitat Valenciana viajó gratis con la compañía Air Nostrum hasta en tres ocasiones. Algo que podría ser banal, si no fuera por las numerosas subvenciones que ha recibido la compañía del Govern.
Además, Air Nostrum ha recibido la aprobación de la Generalitat para realizar un ERE que tiene en vilo a más de 500 trabajadores. Junto a Camps, en uno de aquellos viajes gratis total, iba Ricardo Costa, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana e imputado por cohecho por recibir presuntamente trajes de la trama Gürtel.
Subvenciones y ERE
Gerardo Camps, vicepresidente y responsable económico del Consell viajó tres veces gratis con la compañía Air Nostrum, que ha recibido numerosas subvenciones de la Generalitat y la aprobación para hacer un ERE que quita el sueño a más de 500 trabajadores. La decisión de a quién van las subvenciones y que ERE se aprueba depende directamente de Gerardo Camps.
Costa y Camps, Camps y Costa
En 2007 y en 2008 se produjeron los dos primeros viajes y en uno de ellos Camps iba acompañado de su familia. La última ocasión tuvo lugar en junio, en un viaje a Ibiza también gratis total. En esta ocasión le acompañaba Ricardo Costa, mano derecha del presidente Camps y con el que comparte imputación por recibir supuestamente trajes en el caso Gürtel.
Vuelta precipitada
Costa ha asegurado que el encargado de gestionar el viaje fue Gerardo Camps, quien también le invitó a acompañarle. El secretario general del PP dice que se tuvo que volver antes de lo previsto y la vuelta se la pagó, por 320 euros, en una agencia de viajes. Por su parte, Air Nostrum asegura que regala viajes de manera habitual a políticos y otros personajes públicos.
(www.elplural.com, 22/07/09)
BARBERÁ NO DESMIENTE REGALOS DE EL BIGOTES
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha pasado en 48 de horas de afirmar tajantemente que "jamás" en su vida ha recibido regalo alguno de Álvaro Pérez, El Bigotes, a manifestar que sólo hablará "en los tribunales". Un matiz sustancial. Barberá, ayer, no desmintió que el cabecilla de la trama corrupta del caso Gürtel en Valencia le hubiera comprado bolsos de la marca de lujo Louis Vuitton, a diferencia de lo que aseguraba en mayo cuando, preguntada por este periódico, dijo que "nunca" había obtenido presentes de Pérez.
En una larga comparecencia pública para responder a la publicación en EL PAÍS de una conversación grabada por la investigación de la trama en la que El Bigotes afirma que le compra bolsos, la alcaldesa echó balones fuera y arremetió contra el Gobierno, contra la "izquierda política, social y mediática" y contra aquellos que han "vinculado intencionadamente" su nombre al caso Gürtel. Pero no negó con claridad haber recibido regalos ni acusó a Álvaro Pérez de mentir.
"Hablaré en los tribunales", fue su respuesta a la pregunta de si aceptó presentes de El Bigotes. La alcaldesa, en cambio, volvió a insistir en que todos los cargos públicos reciben obsequios. "Todos los políticos de este país, desde el primero al último, reciben regalos y sospecho que los del presidente del Gobierno y ministros tienen que ser un poco más caros que los de la alcaldesa y los concejales", aseguró. Barberá ya justificó los regalos a políticos al comparar las anchoas que lleva a La Moncloa en sus visitas el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con los trajes que supuestamente ha aceptado el jefe del Gobierno valenciano, Francisco Camps, que éste niega.
La alcaldesa, arropada por buena parte de su equipo de gobierno, defendió que es una persona "íntegra" que no ha tenido "nunca" problemas con la justicia. A su juicio, no le corresponde a ella aclarar una supuesta relación con la trama corrupta. "Soy yo, en plenitud de mi inocencia y mis derechos, la que va a pedir explicaciones", repitió varias veces. Lo hará en los tribunales, donde dijo que emprenderá "acciones judiciales" por la información de este periódico, aunque no concretó contra quién. "No tengo nada que hablar con EL PAÍS, más que en los tribunales", replicó a este periódico.
El Comité de Redacción de este diario, que representa a sus periodistas, respaldó ayer el derecho de Barberá a emprender acciones judiciales pero mostró su sorpresa por que considere responsable de calumnias al periódico "y no a Álvaro Pérez, que ha sido quién declaraba que le regalaba bolsos". Sobre la reiterada referencia del PP a la vulneración del secreto del sumario, el comité recuerda "que es doctrina constitucionalmente consolidada que la libertad de información ocupa una posición prevalente dentro del conjunto de derechos y libertades que defiende la Constitución".
(www.elpais.com, 21/07/09)
GONZÁLEZ PONS: "TODO EL MUNDO RECIBE REGALOS EN NAVIDAD"
El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de ser el responsable de la filtración de una "pieza policial inservible" para dañar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al principal partido de la oposición. Además ha afianzado la tesis de Barberá, que en su momento apuntó a Zapatero por aceptar anchoas regaladas del presidente cántabro Revilla, al asumir como normal que los políticos reciban regalos. "Todo el mundo recibe regalos en navidad", ha explicado Pons.
En declaraciones a Punto Radio, González Pons ha recalcado que la información del diario El País -sobre una grabación en la que Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los supuestos cabecillas de la trama Gürtel en Valencia, dice que habría regalado bolsos de lujo a Barberá -, es "una pieza policial inservible".
Ha argumentado que esa conversación "no forma parte del sumario", ni ha dado lugar "a ninguna investigación" y ha dicho que estaba "guardada" hasta que "una mano negra", siete meses después de que se produjera, "la saca de un cajón y la filtra a un periódico" con la "intención" de "dañar" al PP.
González Pons ha explicado que se trata de una conversación telefónica grabada el 2 de enero, que da lugar a un informe policial del 23 de enero, que ha sido "filtrado parcialmente" a El País puesto que concluía afirmando que "no hay ningún indicio delictivo".
Preguntado por si efectivamente Barberá recibió regalos de responsables de la trama Gürtel , ha indicado que esa "supuesta" grabación se produjo "en plenas navidades" y ha dicho que "todo el mundo recibe regalos en navidad".
En ese sentido, ha dicho que si se tiene que abrir un debate sobre regalos "que se abra, pero no a costa de una información policial cerrada, probablemente incluso falsa, filtrada para perjudicar el buen nombre" de Rita Barberá.
"Dado que no hay ningún delito detrás de esa supuesta conversación telefónica, el único interés que puede tener es desprestigiar a uno de los principales valores del partido de la oposición, y ¿desde dónde?: desde el Gobierno", ha manifestado.
González Pons ha asegurado que el PP "está muy enfadado" y que "cuando el Gobierno filtra con intencionalidad política piezas policiales inservibles para dañar a la oposición, se está rompiendo algún consenso básico democrático".
"Nunca el Gobierno había utilizado a la Policía y a la Fiscalía para perseguir a la oposición, para conseguir que la oposición no tenga debate político", ha agregado.
Ha hecho hincapié en que las investigaciones policiales del caso Gürtel "no adelantan" y ha añadido que en su partido empiezan a pensar que "hay algún interés político" en "se eternice" porque "no llegan donde soñaban llegar al principio" o "les interesa que el PP se encuentre en esta situación de jaque".
Por último, se ha referido a la declaración del tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el Tribunal Supremo y le ha pedido "que hable de todo lo que tenga que hablar" porque "en cuanto hable va a aclarar cualquier acusación que se haya establecido contra él y va a poder salir libre de cargos"
"Nosotros, hasta que la justicia diga, o no, otra cosa, confiamos plenamente en nuestro compañero", ha concluido.
(www.publico.es, 21/07/09)
PONS ACUSA AL GOBIERNO DE FILTRAR UNA PRUEBA INSERVIBLE
El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha acusado hoy al Gobierno de ser el responsable de la filtración de una "pieza policial inservible" para dañar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al principal partido de la oposición.
En declaraciones a Punto Radio recogidas por Efe, González Pons ha recalcado que la información del diario "El País" -sobre una grabación en la que Álvaro Pérez, "El Bigotes", uno de los supuestos cabecillas de la trama Gürtel en Valencia, dice que habría regalado bolsos de lujo a Barberá-, es "una pieza policial inservible".
Ha argumentado que esa conversación "no forma parte del sumario", ni ha dado lugar "a ninguna investigación" y ha dicho que estaba "guardada" hasta que "una mano negra", siete meses después de que se produjera, "la saca de un cajón y la filtra a un periódico" con la "intención" de "dañar" al PP.
González Pons ha explicado que se trata de una conversación telefónica grabada el 2 de enero, que da lugar a un informa policial del 23 de enero, que ha sido "filtrado parcialmente" a "El País" puesto que concluía afirmando que "no hay ningún indicio delictivo".
Preguntado por si efectivamente Barberá recibió regalos de responsables de la trama Gürtel, ha indicado que esa "supuesta" grabación se produjo "en plenas Navidades" y ha dicho que "todo el mundo recibe regalos en Navidad".
En ese sentido, ha dicho que si se tiene que abrir un debate sobre regalos "que se abra, pero no a costa de una información policial cerrada, probablemente incluso falsa, filtrada para perjudicar el buen nombre" de Rita Barberá.
"Dado que no hay ningún delito detrás de esa supuesta conversación telefónica, el único interés que puede tener es desprestigiar a uno de los principales valores del partido de la oposición, y ¿desde dónde?: desde el Gobierno", ha manifestado.
González Pons ha asegurado que el PP "está muy enfadado" y que "cuando el Gobierno filtra con intencionalidad política piezas policiales inservibles para dañar a la oposición, se está rompiendo algún consenso básico democrático".
"Nunca el Gobierno había utilizado a la Policía y a la Fiscalía para perseguir a la oposición, para conseguir que la oposición no tenga debate político", ha agregado.
Ha hecho hincapié en que las investigaciones policiales del caso Gürtel "no adelantan" y ha añadido que en su partido empiezan a pensar que "hay algún interés político" en "se eternice" porque "no llegan donde soñaban llegar al principio" o "les interesa que el PP se encuentre en esta situación de jaque".
Por último, se ha referido a la declaración del tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el Tribunal Supremo y le ha pedido "que hable de todo lo que tenga que hablar" porque "en cuanto hable va a aclarar cualquier acusación que se haya establecido contra él y va a poder salir libre de cargos""Nosotros, hasta que la justicia diga, o no, otra cosa, confiamos plenamente en nuestro compañero", ha concluido.
(www.levante-emv.com, 21/07/09)
CAMPS Y BARBERÁ COMEN JUNTOS PARA DARSE MUTUO APOYO
Mientras el cerco judicial se sigue estrechando en torno a la trama corrupta en Valencia, Francisco Camps y Rita Barberá han quedado a comer para hacer piña.
El presidente de la Generalitat, pendiente de la resolución de su recurso contra el auto en el que se que se apreciaban indicios de delito de cohecho, trasladó hoy su apoyo a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante un encuentro en un restaurante en la playa de la Malva-rosa de Valencia, donde almorzaron juntos sobre las 15.00 horas.
Fuentes municipales precisaron que este tipo de encuentros son habituales puesto que la alcaldesa y el presidente Camps se ven "casi todos los días" y remarcaron que, en todo caso, todos los días hablan, al tiempo que señalaron que aprovechan estas reuniones para tratar sobre temas que afectan a la Comunitat y a la ciudad.
Asimismo, señalaron que, en esta ocasión, el jefe del Consell ha podido escenificar su apoyo a la alcaldesa y la "unidad" del partido después de las informaciones aparecidas este domingo en la que se decía que Alvaro Pérez, imputado en el caso Gürtel, había hecho regalos a Barberá.
La reunión se produjo después de que la alcaldesa de Valencia ofreciera una rueda de prensa en la que no desmintió los regalos recibidos y afirmó que: "todos los políticos de este país, desde el primero al último, reciben regalos, y sospecho que los del presidente del Gobierno tienen que ser más grandes y más caros que los de la alcaldesa y los concejales".
La alcaldesa valenciana ha denunciado que dichas informaciones pretenden "dirigir intencionadamente" su nombre "para que los ciudadanos lo vean vinculado a una supuesta trama delictiva".
"Soy yo quien, en plenitud de mis derechos, va a pedir explicaciones del porqué", ha sentenciado Barberá, quien ha recordado que "hay que demostrar la culpabilidad, no la inocencia" y ha apuntado que emprenderá acciones judiciales ante los tribunales.
(www.publico.es, 21/07/09)
BARBERÁ SE DEFINE COMO "ÍNTEGRA" Y DICE QUE TODOS LOS POLÍTICOS RECIBEN REGALOS
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha defendido hoy de las informaciones que la relacionan con la trama del "caso Gürtel" al señalar que es una persona "íntegra" y que "todos los políticos reciben regalos", aunque los del presidente del Gobierno "tienen que ser más grandes y caros que los de la alcaldesa". Arropada por la mayoría de los concejales de su equipo de gobierno, Barberá ha comparecido en la sala de reuniones de Alcaldía, que se ha quedado pequeña con la presencia de más de medio centenar de periodistas gráficos y escritos que han esperado sus palabras con expectación durante casi dos horas.
Previamente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha evitado dar explicaciones sobre los regalos recibidos por Barberá de los cabecillas de la trama corrupta, pero ha respondido con la petición de la comparecencia de los ministros de Justicia e Interior. "Es horrible y dramático que se produzcan filtraciones; el PP ha pedido la comparecencia de los ministros de Justicia e Interior en el Congreso". Cospedal ha mostrado su apoyo a Barberá. "La alcaldesa de Valencia ha anunciado una querella en defensa de su honor al igual que el PP de Valencia y las dos actuaciones cuentan con el respaldo del partido", ha añadido la número dos de los populares.
El diario El PAÍS publicó ayer una información en la que se recogía que la alcaldesa de Valencia, recibió regalos de la trama corrupta, de acuerdo con unas conversaciones intervenidas por la policía al cabecilla de la red en Valencia, Álvaro Pérez, alias El Bigotes. Éste compró un bolso de la firma Louis Vuitton, cuyo precio medio es de 900 euros y realizó regalos a la regidora durante al menos los últimos cuatro años. Según ha explicado esta mañana las Generalitat, Barberá dará las explicaciones "que tenga que dar" con "toda la naturalidad y toda la normalidad del mundo".
Cospedal ha comparecido ante los medios tras la reunión de la dirección del partido de todos los lunes y se ha expresado en un tono muy similar al comunicado emitido ayer por su partido en el que denunciaban una persecución para aniquilarles. "Hemos acordado iniciar las acciones que les hemos anunciado pero no quiere decir que no vayamos a utilizar todas las acciones para defendernos de quienes quieren hacer daño al PP", ha afirmado Cospedal, que ha calificado de planificada la actuación contra el PP. "No podemos consentir que se utilice los medios del Estado de derecho para hacer daño a un partido y menoscabar la labor de la oposición".
Cospedal ha explicado el porque del malestar de su partido con los titulares de Justicia e Interior. "Nos referimos a todos aquellos que tienen capacidad con autorización judicial, como para intervenir teléfonos, y aprovecharla políticamente dañando el buen nombre de algunas personas".
Las quejas de ayer del PP censurando al Gobierno y a un "determinado grupo de comunicación por tratar de desprestigiarle, han tenido continuidad desde primera hora de la mañana de este lunes con las declaraciones del vicepresidente tercero de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, que ha anunciado que "hoy mismo" su partido interpondrá una denuncia por las filtraciones del caso Gürtel. "Hacerlas públicas atenta contra la libertad en España, donde no se va escuchando a los ciudadanos en todas las esquinas", ha indicado en RNE Cotino, quien ha añadido que lo que está ocurriendo "no es serio un país democrático".
El vicepresidente de la Generalitat ha justificado que el PP no ha investigado si son ciertas las informaciones publicadas porque cuando un tema está judicializado "lo normal y lógico" es que las explicaciones "se le den primero al juez" y cuando haya terminado ese proceso "se informa a todos los ciudadanos". Según el comunicado emitido ayer por el PP, el partido está siendo víctima de "una campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio de sus cargos públicos y del propio partido, en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación -que se sitúa al margen de la libertad de expresión-". En esa línea, el vicepresidente tercero valenciano ha subrayado que las informaciones publicadas proceden de "alguien del Ministerio del Interior, de la Judicatura o de la Fiscalía" por lo que espera que tanto el ministro de Justicia como el ministro del Interior abran una investigación. "Si ellos no lo aclaran, irán al estamento siguiente", ha añadido Cotino.
Los populares recordaron que Barberá, ha anunciado "acciones judiciales por calumnia contra los responsables de la difamación publicada este fin de semana por los medios del Grupo PRISA, a raíz de la violación del deber de secreto de unas actuaciones que no forman parte del sumario y que están tan sólo a disposición de la Policía Judicial".
Los populares afrontan una semana complicada ante el avance de las investigaciones del caso Gürtel. El miércoles, el tesorero del partido, Luis Bárcenas, sobre quien el juez ve indicios de cohecho y fraude fiscal, acudirá a declarar al Tribunal Supremo, . Al día siguiente lo hará el diputado Jesús Merino, también imputado por haber recibido importantes sumas de la trama. Sobre estas comparecencias, Cospedal ha señalado que confía en que la Justicia actúe lo más rápidamente posible.
(www.elpais.com, 20/07/09)
BARBERÁ: "TODOS LOS POLÍTICOS DE ESTE PAÍS RECIBEN REGALOS
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha defendido hoy de las informaciones que la relacionan con la trama del "caso Gürtel" al señalar que es una persona "íntegra" y que "todos los políticos reciben regalos", aunque los del presidente del Gobierno "tienen que ser más grandes y caros que los de la alcaldesa".
Arropada por la mayoría de los concejales de su equipo de gobierno, Barberá ha comparecido en la sala de reuniones de Alcaldía y ha asegurado a los valencianos que "tienen una alcaldesa íntegra" y ha reiterado que lo seguirá siendo "para orgullo" de su equipo de trabajo, de su familia y de sus conciudadanos.
Preguntada sobre si ha recibido regalos, como supuestamente se le imputa en informaciones aparecidas el pasado fin de semana, Barberá ha afirmado: "todos los políticos de este país, desde el primero al último, reciben regalos, y sospecho que los del presidente del Gobierno tienen que ser más grandes y más caros que los de la alcaldesa y los concejales".
Barberá ha afirmado que es "una convencida absoluta de la bondad de la democracia" y ha asegurado que la va a ejercer "para denunciar las actitudes totalitarias del partido que gobierna" en el país. "No me van a callar ni me van a amedrentar", ha afirmado con contundencia Barberá.
La alcaldesa de Valencia ha denunciado que las informaciones que aseguran que supuestamente habría recibido regalos de uno de los imputados del "caso Gürtel" pretenden "dirigir intencionadamente" su nombre "para que los ciudadanos lo vean vinculado a una supuesta trama delictiva".
"Soy yo quien, en plenitud de mis derechos, va a pedir explicaciones del porqué", ha sentenciado Barberá, quien ha recordado que "hay que demostrar la culpabilidad, no la inocencia" y ha apuntado que emprenderá acciones judiciales ante los tribunales.
Ha recordado que durante sus dieciocho años como alcaldesa -por reiteradas mayorías absolutas-, "nunca" ha tenido problemas con la justicia aunque en ocasiones han intentado criminalizarla. "Nunca he sido judicializada y por eso gozo de la plenitud de la inocencia de cualquier ciudadano", ha aseverado.
Barberá ha acusado a la "izquierda política, social y mediática" de carecer de "convicción democrática" y de "vulnerar el respeto hacia las personas" porque "no pueden ganar en las urnas".
Ante la situación "extraña y difícil" que la alcaldesa admite haber vivido este fin de semana por las informaciones publicadas, ha asegurado que ha sido "enormemente emocionante recabar el cariño por parte de la familia, el partido, amigos, ciudadanos y hasta de algún socialista".
Ha agradecido las llamadas del presidente del PP, Mariano Rajoy, del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, o del embajador en la Santa Sede, Fernando Vázquez, entre otros.
Se ha mostrado contenta por las muestras de cariño recibidas en la calle de gente que le pedía "no amedrentarse" y ha resaltado el comunicado de apoyo del PP, que "marca un antes y un después en la historia del partido porque fue contundente, cierto y activo", y las declaraciones "magníficas y valientes" del vicepresidente social Juan Cotino, o del concejal Miquel Domínguez.
También ha puesto de manifiesto que cuando comparó las anchoas con los trajes como ejemplo de los regalos que pueden recibir los políticos le replicaron dos vicepresidentes, el ministro de Justicia y varios diputados del PSOE, lo que le llevó a preguntarse "cuánto daño" les había hecho. "Aquí está la respuesta a las anchoas", ha sentenciado.
(www.publico.es, 20/07/09)
Álvaro Pérez, alias El Bigotes, cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, revela en una llamada telefónica interceptada por la policía el pasado 2 de enero que en los últimos cuatro años ha hecho regalos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP. En concreto, señala que le ha regalado bolsos de la marca de lujo Louis Vuitton.
El precio medio de un bolso de Louis Vuitton es de 900 euros
"Barberá recibe regalos desde hace cuatro años", según la policía
En la grabación, que la policía extracta en un informe, El Bigotes charla con una persona llamada "Cándido" y le comenta que en ese momento "está en [una tienda de] Louis Vuitton comprándole un bolso a la alcaldesa". "Como llevo haciendo desde hace cuatro años", subraya Álvaro Pérez. Según explica El Bigotes a Cándido, Barberá "no nos da nada, pero tampoco nos hace nada".
De esta conversación, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía concluye que "la alcaldesa de Valencia" ha recibido "regalos de la empresa Orange Market desde hace cuatro años". El citado informe del caso Gürtel tiene fecha del pasado 23 de enero y aclara que, en ese momento, los agentes policiales "están pendientes de obtener las facturas correspondientes a las compras efectuadas" por El Bigotes en una tienda de Louis Vuitton.
La alcaldesa indicó ayer a este periódico que "jamás en su vida" ha recibido regalos de El Bigotes. No es la primera vez que lo niega. Hace un mes hizo el mismo comentario al ser preguntada por una redactora de EL PAÍS sobre si había recibido regalos de Álvaro Pérez.
El presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps, también ha negado durante meses haber recibido regalos (trajes) de la trama corrupta que afecta a altos cargos del PP y ha insistido en que él se pagaba sus trajes y en que no conocía a El Bigotes. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia José Flors no cree a Camps y le imputa un delito de cohecho impropio, el que comete la autoridad pública que acepta regalos, aunque sean a cambio de nada.
Orange Market es la empresa filial en Valencia de la red de sociedades que dirigía del cabecilla del caso Gürtel, Francisco Correa. El hombre de confianza de Correa en Valencia y gestor de Orange Market es Álvaro Pérez, El Bigotes. El informe policial señala que Barberá es "diputada de las Cortes valencianas desde 1983" y "alcaldesa de Valencia desde 1991". Y razona: "Francisco Correa, a través de la empresa Orange Market, SL, en Valencia, concurre desde el año 2005 a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo, habiendo obtenido la adjudicación desde 2006 a 2009".
Un bolso de Louis Vuitton, como los que supuestamente regalaba El Bigotes a la alcaldesa, cuesta una media de 900 euros, según fuentes del citado establecimiento. "El más barato, 350 euros, y el más caro, 4.400", añadieron esas fuentes. Barberá suele exhibir habitualmente bolsos de esta marca de lujo. Cuando era presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), este organismo adjudicó a Special Events, una de las empresas del entramado de Correa, la organización de varias de sus asambleas, por un importe de total de 800.000 euros. La adjudicación fue suscrita por el entonces número dos de Barberá en la FEMP, Álvaro de la Cruz Gil, uno de los casi 80 implicados en el caso Gürtel entre cargos públicos y empresarios que se prestaron a pagar dinero o dádivas a políticos del PP a cambio de contratas y otras lucrativas operaciones.
En la contabilidad B, opaca al fisco, de las empresas del jefe máximo de la trama, Francisco Correa, hay una anotación que refleja una entrega de 30.000 euros a De la Cruz cuando éste era jefe del gabinete del ex ministro Francisco Álvarez Cascos. El primer evento encargado por la FEMP a las sociedades de Correa se celebró en 1999 y costó 232.305 euros, casi el doble que el anterior. El segundo, ya en 2003, volvió a duplicar la cifra: 570.000 euros, según adelantó EL PAÍS.
En la variante del caso Gürtel en Valencia, que investiga el juez Flors, no figura ni imputada ni implicada la alcaldesa de Valencia. A pesar de que, si lo que comenta El Bigotes en esa grabación es cierto, la acción de recibir dádivas, sería justamente la misma que imputa el juez Flors a Camps, un supuesto cohecho impropio. Flors sostiene que Camps debe ser juzgado por ese delito por el mero hecho de ser una autoridad pública y haber aceptado trajes pagados por la trama corrupta.
No obstante, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana subraya que los regalos que supuestamente recibió el presidente autonómico fueron a cambio de nada, ya que no ve una relación entre las dádivas y los más de siete millones de euros en contratas que ha recibido en los últimos cuatro años la trama Gürtel de distintas consejerías del Gobierno valenciano.
En el sumario del caso Gürtel existen dos conversaciones telefónicas entre El Bigotes y Camps que fueron grabadas por la policía con autorización judicial la pasada Nochebuena y el día de Reyes (6 de enero de este año). De ambas se desprende que entre el presidente valenciano y El Bigotes existía una estrechísima relación.
Rita Barberá, a través de su jefe de prensa, señaló ayer a EL PAÍS que "jamás en su vida ha recibido ningún regalo de El Bigotes", y añadió: "No voy a dejar pasar así como así que se utilice mi nombre". La alcaldesa subrayó que había hablado con su abogado para que se querelle "contra quien corresponda".
La alcaldesa de Valencia ha salido en defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado en la variante valenciana del caso Gürtel por haber recibido dádivas (varios trajes) supuestamente pagados por la trama societaria de Correa y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.
Barberá comparó los supuestos regalos que recibió Camps con las anchoas que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, regala al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "cada vez que visita La Moncloa". "Todo el mundo sabe que Revilla regala anchoas a Zapatero por agasajo o complacencia", señaló.
Y añadió: "Y vive Dios que las anchoas son un producto caro, bueno pero caro, por lo tanto, son dádiva. Haciendo un paralelismo con el caso del presidente Camps, también están incursos en este artículo [del Código Penal] algunos más. Yo también, probablemente por recibir un ramo de flores. Pero, desde luego, Zapatero por lo de las anchoas de Santoña del presidente Revilla", insistió la alcaldesa de Valencia.
www.elpais.es 19.07.09
Rita Barberá contrató al hermano de Bárcenas en la Federación Española de Municipios y Provincias
Nuevas informaciones sobre la relación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, con implicados en la trama de corrupción Gürtel. Ahora se ha sabido que contrató, cuando estaba al frente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) nada más y nada menos que al hermano del tesorero popular, Luis Bárcenas.
Rita
Barberá
contrató
en
la
FEMP
a
Pablo
Bárcenas
Gutiérrez
pocas
semanas
después
de
que
Aznar
ganara
las
elecciones
de
1996.
Según
los
documentos
a
los
que
ha
tenido
acceso
la
SER,
fue
un
contrato
de
asesor
de 6
meses,
que
fue
renovando
hasta
que,
en
enero
del
98,
le
hizo
un
contrato
indefinido.
Salario
de
400.000
pesetas
El
hermano
del
tesorero
del
PP
empezó
cobrando
en
la
FEMP
millón
y
medio
de
pesetas
por
seis
meses
y
pasó
a
cobrar
más
de
400.000
pesetas
al
mes,
a
partir
del
98.
Pablo
Barcenas
sigue
trabajando
ahora
mismo
en
la
FEMP.
Barberá dió
contratos
a
Correa
La
firma
que
aparece
en
todos
los
contratos
es
la
del
número
2 de
Rita
Barberá
en
la
FEMP,
Álvaro
de
la
Cruz,
ex
asesor
de
Alvarez
Cascos.
Durante
la
presidencia
de
Rita
Barberá,
la
trama
de
Correa
organizó
varias
de
sus
asambleas
y se
llevó
contratos
por
valor
de
800.000
euros.
Estos
contratos
también
los
firmaba
Álvaro
de
la
Cruz,
quien
según
la
contabilidad
de
las
empresas
de
Correa,
recibió
30.000
euros
cuando
era
jefe
de
gabinete
del
vicepresidente
Álvarez
Cascos.
El
otro
hermano
de
Bárcenas
Pablo
Bárcenas
no
es
el
único
hermano
del
tesorero
del
PP
que
aparece
relacionado
con
este
caso.
También
otro,
Juan
Carlos
Bárcenas,
había
sido
colocado
en
administraciones
populares
imputadas
en
la
trama
Gürtel.
Juan
Carlos
era
vocal
de
la
sociedad
del
suelo
del
Ayuntamiento
de
Pozuelo
cuando
se
le
concedieron
de
manera
irregular
varios
contratos
a la
empresa
Constructora
Hispánica.
El
alcalde
de
Pozuelo
era
en
aquel
momento
Jesús
Sepúlveda.
El
ex
marido
de
Ana
Mato
aparece
ampliamente
en
el
sumario
del
caso.
Sepúlveda,
un
hombre
de
plena
confianza
de
Aznar,
esta
plenamente
implicado
en
el
caso
Gürtel.
Protagonizó
el
escándalo
de
haber
recibido
como
regalo
un
Jaguar,
vañlorado
en
52.
192
euros,
más
de
ocho
millones
de
las
antiguas
pesetas.
www.elplural.com 19.07.09
LA JUNTA JUZGA ELECTORALISTA UN ACTO DE BARBERÁ A UN DÍA DEL 7-J
Ha tardado algo más de un mes, pero la Junta Electoral Central considera que el acto de inauguración del primer vuelo directo Valencia-Nueva York de la compañía Delta Airlines, celebrado en la jornada de reflexión previa a los comicios europeos del 7 de junio, tenía connotaciones "objetivamente electoralistas". A la ceremonia del corte de la cinta, que tuvo lugar en el aeropuerto valenciano de Manises, acudió la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la consejera de Turismo valenciana, Angélica Such.
Los socialistas recurrieron a la Junta Provincial, pero ésta desestimó la queja e insistió en que el acto no fuera utilizado con fines electorales. El partido que dirige Jorge Alarte elevó el asunto ante la Junta Central, que ayer falló a su favor. Según este órgano, las declaraciones que hizo la alcaldesa provocaron "reacciones" de representantes de otros partidos, que fueron difundidas el mismo día de las elecciones. Barberá acusó a los socialistas de ver "fantasmas" al criticar el posible uso electoralista del acto y mencionó también "la vergüenza democrática" del PSOE en la jornada de reflexión del 13 de marzo de 2004, tras el 11-M.
(www.elpais.com, 09/07/09)
BARBERÁ PROPONE DESPENALIZAR LOS REGALOS A LOS POLÍTICOS
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, debió considerar ayer que no se había formado suficiente revuelo cuando equiparó los regalos que hizo supuestamente la trama Gürtel al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con las anchoas que recibe Zapatero de parte del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Y decidió ir un paso más allá y exigir una reforma del Código Penal, a la vista de lo que se está haciendo "sufrir" al líder del PP valenciano.
La dirigente conservadora planteó la necesidad de cambiar el artículo 426 del Código Penal para "poner las cosas claras". Este señala que "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".
Barberá, que ya cuestiona hasta el ordenamiento jurídico, solicitó que se aplique la legislación "a todos" con "el mismo rasero" o bien "cambiarlo si estamos en una espiral de locura, que es donde parece que estamos". Pero Rajoy no tiene previsto pedir una reforma de este texto legal. Desde la dirección nacional del PP explican que lo planteado por Barberá responde "a una opinión personal". Eso sí, que "comparten muchos ciudadanos y compañeros de partido". Algunos de ellos señalaban con desenfado que se trataba de "una ritada" y le quitaban hierro al asunto.
La que muchos consideran como la posible sucesora de Camps, si las cosas se complican aún más, no lo ve como una broma y ayer insistió en que le parecía una "barbaridad" actuar contra Camps aplicándole este artículo que se refiere al delito de cohecho impropio y que encaja, según ella, perfectamente con la analogía que había realizado.
Barberá, que había instado a que por "vía de oficio" se presentara una denuncia contra el presidente del Gobierno por los regalos de Revilla, insistió con el argumento de que la ley "no dice si el regalo tiene forma de traje o de anchoa y si vale 1 euro o 10.000 euros".
La polémica de la anchoa fue la protagonista del día de ayer. Revilla, el presidente que las regala, recordó de inmediato que también se las manda al rey, a Rajoy y al propio Camps por Navidad. El presidente cántabro, que se ha visto involucrado de forma indirecta, comentó que eran sólo "dos latas de anchoas" y que "no son tan caras como dice Barberá", ya que "valen 20 euros" y dan para seis personas.
Revilla cree que "hay mucha diferencia entre vestirse de forma clandestina e ir con bolsas en la mano a regalar a los presidentes y al rey". Destacó que Barberá "debe de comer bien, porque tiene pinta", y le agradeció "la publicidad".
En cualquier caso, no fue la única persona en lamentar las palabras de la alcaldesa. La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, preguntó ayer "qué teme" Barberá para reclamar dicha modificación y lograr así que "no sea delito" aceptar regalos. Y también le llovieron críticas desde su propias filas.
El líder del PP de Cantabria, Ignacio Diego, consideró "desafortunada" la declaración de Barberá. Y lo mismo hizo el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, quien manifestó que no le parecía "pertinente" el comentario de su compañera.
La dirección del PP, que ha ordenado silencio a sus dirigentes para que no opinen en público sobre el caso Gürtel, salió de la mano de María Dolores de Cospedal a defender de nuevo a Camps. La secretaria general rompió ese silencio para denunciar que el líder del PP valenciano está siendo objeto de un "ataque personal y directo". A su juicio, eso ha generado una "situación muy complicada" para él porque se ha formado un auténtico "circo mediático y político" a su alrededor.
En una entrevista en Castilla y León Televisión, Cospedal indicó que está segura de que Camps es inocente y, por tanto, que no se podrá probar que ha existido un "cohecho impropio", una "conducta sancionable como mucho con 2.000 euros". En la cúpula del PP han variado de estrategia. Sorprende descubrir como ahora hablan abiertamente de regalos y tratan de restarle importancia porque su cuantía no es muy elevada.
(www.publico.es, 09/07/09)
Barberá investigada por malversación de caudales públicos
La alcaldesa
popular de Valencia, Rita Barberá, aceptó una
tasación del club sólo por el valor del estadio de
45.300.000 euros, cuando lo que valen en realidad,
gracias a las dos recalificaciones realizadas que
permiten el uso de los terrenos para oficinas, comercial
y hostelero, asciende a casi 75 millones. O sea, 29,5
millones menos.
"Trato de favor"
Tras una denuncia vecinal por este "trato de favor", la
Fiscalía de Valencia ha estimado que hay indicios de
criminalidad y considera responsables de los delitos de
prevaricación y malversación de caudales públicos a la
alcaldesa, Rita Barberá; al concejal de Grandes
Proyectos, Alfonso Grau, y al concejal de Urbanismo,
Jorge Bellver, que estuvieron presentes en las
recalificaciones. Según el informe del fiscal, los tres
participaron en este convenio "a sabiendas" de que el
terreno estaba siendo infravalorado, para favorecer al
club de fútbol en detrimento del interés general de los
ciudadanos, según el diario Levante.
Investigada desde hace seis meses
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia abrió
diligencias de investigación criminal hace más de seis
meses, tras la denuncia de la asociación de vecinos "Cercle
Obert" de Benicalap, sobre el "trato de favor" que se le
estaba dando al Valencia CF, entonces bajo la
presidencia de Juan Soler ,conocido constructor para
levantar el nuevo estadio del Mestalla.
Terreno de uso deportivo público
El 20 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento de Valencia
ratificó la permuta sobre los terrenos del nuevo
Mestalla, por la que cedería al Valencia CF un solar de
80.000 metros cuadrados en la Avenida de las Cortes
Valencianas, que estaba calificado como de uso deportivo
público, a cambio de 19 solares aún por determinar y 17
millones de euros que el club debería entregar.
Modificaron el Plan de Ordenación
Para ello, el Ayuntamiento -que aún no ha recibido los
solares ni el dinero- modificó el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) recalificando el terreno en uso
deportivo privado. La Fiscalía destaca que en este
primer momento ya se incurrió en prevaricación y en
malversación de caudales públicos, ya que se aprobó "sin
establecer los terrenos que se iban a dar a cambio" y,
por tanto, se desconocía su valor.
La tasación del juez
Durante la investigación, el fiscal encargado del caso
tomó declaración a varios técnicos del Ayuntamiento,
pidió documentación y encargó una tasación de los
terrenos. Fue ésta la prueba definitiva del "trato de
favor" por parte del gobierno de Valencia con el club de
fútbol, que esuna sociedad anónima privada con ánimo de
lucro, en detrimento del interés general de los
valencianos.
La tasación de Barberá
El fiscal comenzó a encontrar indicios de delito cuando
comprobó que el Ayuntamiento había aceptado que el
Valencia CF encargara la tasación a Gesval y que
presentara justo dos meses antes, en junio de 2007, una
valoración de los terrenos por 45.300.000 euros, "sin
tener en cuenta los usos comercial y de oficinas" que
incluían el proyecto del nuevo Mestalla. A esta tasación
acompañaba dos más, una de una empresa privada y otra de
la Universidad Politécnica del Valencia, que el Equipo
de Rita Barberá desestimó.
Uso hotelero del terreno
Aún más, el Ayuntamiento de Valencia volvió a aprobar
una segunda recalificación, en mayo de 2008, que provocó
la segunda denuncia de los vecinos, en la que "se
permite el uso hotelero" en los terrenos, y que supone
una modificación importante en la tasación, que, sin
embargo, no se traduce en un cambio en el contrato.
www.elplural.com 21.06.09
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha convertido en las últimas semanas en el bastión moral del Partido Popular. Su estrecha relación con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, y con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la han convertido en un personaje clave en la grave crisis interna que atraviesa el PP. Si la semana pasada, Barberá (por sugerencia de Vicente Rambla) propuso a Rajoy comparecer rodeado de los principales dirigentes nacionales para dar imagen de unidad y tachar de "trama contra el PP" los escándalos de corrupción que afectan al partido, esta misma semana volvió a asesorar en el mismo sentido a Francisco Camps, implicado, según el informe de la Fiscalía Anticorrupción, en la trama que dirigía Francisco Correa. Una trama que, según el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tendría una ramificación en la Comunidad Valenciana a través de la empresa Orange Market.
El Consell presume de normalidad y exige renovar al Síndic de Greuges
"Las circunstancias mandan y decidí a las siete de la mañana anular el viaje a Galicia [donde tenía previsto participar dos días en la campaña electoral de Feijóo] y estar junto al presidente de todos los valencianos y mi amigo, Francisco Camps", reconoció ayer la alcaldesa. Barberá, que llegó al Ayuntamiento de Valencia como parte de la solución de la grave crisis que atravesaba el PP valenciano a finales de los ochenta gracias a la mediación de Rajoy, ha visto cómo Camps crecía políticamente a su sombra. De hecho, fue concejal de Tráfico en el primer gobierno municipal de Barberá en 1991 y, luego, concejal de Hacienda. Plataforma desde la que despegó su carrera política. Desde esa época el vínculo se ha mantenido inalterable.
El jueves, tras conocerse que el informe del fiscal implicaba a Camps en la trama, Barberá acudió rauda junto a Camps. De hecho, se situó protocolariamente en el Palau de la Generalitat junto al vicepresidente segundo, en la comparecencia de Camps, arropado por los miembros del Consell, para hacer una declaración institucional de desmentido. Luego paseó de su brazo hasta las Cortes y, por la tarde, esperó al jefe del Consell frente a la sede del partido para agarrarle de nuevo en cuanto salió del coche y acompañarlo a la junta directiva regional.
Ayer, mientras el Consell intentaba transmitir imagen de normalidad, Barberá se encargaba de marcar la estrategia de ataque del PP: mandobles contra los socialistas, el juez, el Gobierno y los medios de comunicación.En una declaración cargada de hipérboles y verbo contundente, la dirigente popular expresó su "absoluta perplejidad e indignación" por una información que, en su opinión, era un anuncio de que "se quería matar políticamente al presidente del Gobierno valenciano".
La alcaldesa de Valencia, que no escatimó las loas al presidente de la Generalitat, abonó la teoría de la conspiración contra Camps con duros ataques a los socialistas y al Gobierno de Rodríguez Zapatero. "El Estado de Derecho se está pudriendo en España", repitió varias veces la alcaldesa, que denunció "falta de garantías" y atribuyó la investigación judicial a un intento de los socialistas de despistar sobre la crisis económica.
Los populares valencianos han decidido intensificar la presión sobre el juez Baltasar Garzón para que remita el sumario sobre la trama corrupta a los tribunales superiores de Madrid y Comunidad Valenciana. El PP y los asesores del propio presidente de la Generalitat no descartan, incluso, pedir la anulación de la instrucción practicada hasta ahora por la Audiencia Nacional.
El juez Baltasar Garzón -ingresado en el hospital por una subida de tensión- inició ayer los trámites para inhibirse, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, al haber indicios de que hay varios altos cargos aforados.
En este contexto, entró en escena el vicepresidente primero del Consejo General del Poder Judicial y ex consejero de Justicia con Camps, Fernando de Rosa, que advirtió de que si Garzón no se inhibe podría haber prevaricación.
Por su parte, el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, hizo un esfuerzo de contención por trasladar el foco de atención hacia otros asuntos distintos a los relacionados con la investigación sobre la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa.
Rambla aseguró: "No vamos a participar de este juego mediático que los socialistas quieren poner en marcha". En coordinación con el secretario general del PP, Ricardo Costa, ambos intentaron reabrir el debate sobre la renovación del Síndic de Greuges. Para Rambla y para Costa, una vez que se ha llevado a las Cortes más documentación de la solicitada por el PSPV sobre la Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana -la empresa de la Generalitat que adjudicó un contrato de 445.000 euros a Orange Market-, ya no hay razón alguna para que los socialistas voten al diputado popular José Cholbi como nuevo Síndic de Greuges. Una documentación que no satisface al grupo parlamentario de Compromís, que volvió a solicitar a Rambla todos los contratos que se adjudican "a dedo".
El jefe del Consell intentó ayer dar una imagen de normalidad reunido con su Gobierno en sesión plenaria. En el refuerzo de su imagen contó con comunicados solidarios como el del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana o el de la central sindical CSIF, ensalzando la honradez de Camps.
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, solicitó al presidente de la Generalitat que "colabore con el funcionamiento de la justicia y no haga manifestaciones que descalifiquen el funcionamiento institucional del sistema democrático". Peralta tachó de "inadmisible" que Camps citara a Bertolt Brecht, escritor perseguido por el nazismo, para explicar su situación y verter "acusaciones muy serias" contra las instituciones del Estado.
www.elpais.es 21.02.09
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