El presidente del Senado se ha sentado en el mismo sitio que había
ocupado minutos antes el presidente del Gobierno
Asegura que su relación con Francisco Correa y Álvaro Pérez sólo fue
por motivos de trabajo
El presidente del Senado, Pío García-Escudero, también declaró como
testigo este miércoles en el juicio de la primera etapa del caso
Gürtel. Lo hizo tras el paso de Mariano Rajoy por la sala de vistas
y siguió la misma estrategia que el presidente del Gobierno. "Mi
preocupación principal era el tema político. Yo no me ocupaba de la
financiación", repitió desde el mismo sitio que ocupó Rajoy minutos
antes el que fuera presidente del PP de Madrid entre 1993 y 2004.
"Mi función y responsabilidad era estrictamente política", insistió.
Durante los 40 minutos que duró su declaración, Escudero fue
preguntado por la financiación de las campañas electorales, por
donativos al partido o por las contrataciones. La respuesta, siempre
en la misma línea: "El presupuesto de la campaña era cosa del
tesorero regional", "todo lo relacionado con la financiación es
responsabilidad de tesorería, no de la parte política del partido",
"la contratación y pago de proveedores era responsabilidad del área
administrativa".
El presidente del Senado también fue cuestionado durante su
declaración, que se ha realizado a petición de la representación del
acusado Guillermo Ortega –exalcalde de Majadahonda imputado en el
proceso–, por el power point, desvelado por el diario El Mundo, con
el que el partido presuntamente enseñaba a sus alcaldes a financiar
irregularmente sus campañas. "No lo he visto en mi vida", sostuvo el
expresidente del PP de Madrid.
Escudero también confirmó que en 2000 recibió "por transferencia
bancaria" un préstamo del PP "por valor de 4 millones de pesetas"
que posteriormente devolvió "en cuatro talones bancarios, cada uno
de un millón". Un dinero que, dijo, pidió después de que un atentado
de ETA destrozase su casa.
Sobre la relación con Francisco Correa y Álvaro Pérez, afirmó que
era "sólo una relación de trabajo". Sobre el señalado como líder de
la trama corrupta, señaló que durante una cena le intentó regalar un
reloj que rechazó "inmediatamente".
El presidente del Senado, que estaba citado el día 19, se sale
con la suya
El presidente del Senado, Pío García-Escudero (PP), deberá declarar
como testigo en el juicio a la trama Gürtel el próximo 26 de julio,
el mismo día que lo hará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En un primer momento estaba citado para el 19 de julio si bien, al
tratarse de una alta institución del Estado, podía acogerse al
artículo 730.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le permite
reclamar otra fecha por razones de agenda.
La letrada de la administración de Justicia, tras recibir
notificación de la directora de gabinete de Presidencia de la Cámara
Alta, finalmente ha anulado esa primera citación y ha dictado una
nueva diligencia por la que le llama a declarar una semana después,
el mismo día que lo hará Rajoy.
El presidente del Senado, que ha sido citado a las 11:00 horas,
deberá responder por hechos ocurridos cuando presidía el PP de
Madrid (1999-2004) y lo hará hora y media después de la declaración
del presidente del Gobierno, que está prevista a las 9:30.
En un auto que contó con el voto discrepante del presidente del
tribunal, Ángel Hurtado, como también ocurrió con la admisión de la
citación de Rajoy, los otros dos magistrados de la Sala, José
Ricardo de Prada y Julio de Diego, acordaron la testifical de
García-Escudero
al considerarla "relevante".
Lo hicieron, al igual que con Rajoy, en contra del criterio de la
Fiscalía y de Hurtado, que se opusieron a su citación y alegaron que
ya "se han oído suficientes testimonios sobre los hechos a los que
se refiere la defensa de Guillermo Ortega".
Fue precisamente Ortega, exalcalde de Majadahonda y acusado, quien
reclamó por segunda vez la testifical de García-Escudero y de otros
cargos del partido regional ante la acusación de delito fiscal que
pesa contra él y al entender que los testigos pueden "aclarar cuál
era la operativa de financiación de los distintos distritos,
municipios, así como de la regional del Partido Popular de Madrid".
Una hora y media antes que García-Escudero, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, declarará como testigo a petición de la
acusación popular ADADE, en relación con su cargo como
"vicesecretario general del Partido Popular y responsable de asuntos
electorales" entre 1990 y 2003, años en los que se centra este
juicio.
Además, el 19 de junio testificará el exsecretario del PP madrileño
Ricardo Romero de Tejada y el excoordinador de campañas José Manuel
Fernández Norniella, condenado, junto a Romero de Tejada, por las el
caso de las tarjetas black.
El tribunal le cita para que explique la financiación del PP de
Madrid en su etapa como presidente regional de la formación
política. También cita como testigos a los exaltos cargos del PP,
Ricardo Romero de Tejada y José Manuel Fernández Norniella; y a la
exdiputada Carmen Rodríguez Flores y el exconcejal Jorge Barbadillo,
para aclarar las supuestas presiones del extesorero Lapuerta para
adjudicar a un donante en negro al PP. Los magistrados pretenden
tomar declaración a estos testigos antes de que el próximo 26 de
julio comparezca en la misma condición el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy
El tribunal del caso Gürtel ha accedido parcialmente a la petición
del acusado exalcalde de Majadahonda del Partido Popular, Guillermo
Ortega, y ha acordado citar como testigo al presidente del Senado,
Pío García-Escudero, para que aclare cómo se financiaba la formación
conservadora en su etapa como presidente regional del partido.
El letrado de Ortega reclamó su declaración porque se atribuye a su
cliente la financiación ilegal del PP en Majadahonda, y todos los
que han declarado hasta la fecha, incluidos la expresidenta
Esperanza Aguirre y los exsecretarios generales del PP y otros altos
cargos como Rodrigo Rato, han asegurado desconocer cómo sufragaba
sus gastos el partido en el ámbito local.
Pío García-Escudero ya se vio salpicado por el caso Gürtel. En una
conversación grabada a la secretaria de Francisco Correa por la
funcionaria de Boadilla que denunció el caso, aquella sostuvo que
había visto salir “con sobres y a horas intempestivas” del despacho
del líder de la Gürtel al hoy presidente del Senado. García-Escudero
anunció acciones legales contra la secretaria de Correa, María
Carmen Jiménez, y cuando el juez José de la Mata la citó en la
Audiencia Nacional para que corroborase su declaración, se retractó
alegando que había tomado “tres o cuatro copas” en el momento de
hacer esas manifestaciones.
El tribunal del juicio a la Gürtel también ha citado como testigos
al exsecretario general regional del PP, Ricardo Romero de Tejada, y
al excoordinador regional de campaña electoral, José Manuel
Fernández Norniella. Ambos han sido condenados por el caso de las
tarjetas black de Caja Madrid y Bankia.
Así mismo, y también a petición de Guillermo Ortega, los magistrados
han acordado que declaren como testigos la exdiputada del PP, Carmen
Rodríguez Flores, y el exconcejal del mismo partido en Madrid, Jorge
Barbadillo. Según Ortega, los dos estuvieron junto al extesorero
Álvaro Lapuerta en la reunión del restaurante Club 31, en la que
este último se quejó al exalcalde de Majadahonda de que no
adjudicaba obras en el municipio al empresario supuesto donante a la
caja b del PP, Joaquín Molpeceres.
Los magistrados pretenden tomar declaración a estos testigos a
partir del 19 de julio y hasta el 26 del mismo mes, cuando está
citado a declarar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque
fue secretario general del Partido Popular entre 2003 y 2004.
Uno de los alcaldes implicados en la trama pide que acuda como
testigo para explicar la financiación del PP de Madrid
Dos de las principales instituciones del Estado tendrán que dar la
cara en el juicio del caso Gürtel, lo que da medida de la relevancia
de la trama. El presidente del Senado, Pío García Escudero, tendrá
que declarar ante el tribunal, que ha accedido a la petición de
Guillermo Ortega, avanzada por ELPLURAL.COM, quien pedía que se le
citase como testigo para explicar cómo se financiaba el Partido
Popular de Madrid cuando él lo presidía.
Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, está acusado de usar las
adjudicaciones a la trama para financiar al PP de Madrid. Por ello,
su abogado usó el ejemplo de la citación de Mariano Rajoy como
testigo, que se producirá el próximo día 26, para pedir que también
el presidente del Senado fuera llamado para “aclarar cuál era la
operativa de financiación de los distintos distritos, municipios,
así como de la Regional del Partido Popular de Madrid”.
No es la primera experiencia de Pío García-Escudero con la trama,
porque la secretaria de Francisco Correa, en una grabación realizada
por Ana Garrido, funcionaria de Boadilla, dijo que le había visto
salir “con sobres y a horas intempestivas” del despacho de su jefe.
Algo que la secretaria acabó retirando ante los jueces, alegando que
se había tomado “tres o cuatro copas” cuando lo dijo, y después de
que García-Escudero le amenazara con acciones legales.
El tribunal también ha accedido a llamar a declarar a otros testigos
que había pedido Ortega, como el ex secretario general del PP de
Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y al ex coordinador regional de
campaña electoral, José Manuel Fernández Norniella, quienes también
tienen en común haber sido condenados por las tarjetas black de
Bankia. Y también se cita a Carmen Rodríguez Flores, exdiputada del
PP, y al exedil popular en Madrid, Jorge Barbadillo.
Las fechas que se barajan para citar a estos testigos van del 19 de
julio al día 26, fecha marcada en el calendario judicial porque será
cuando acuda a declarar Mariano Rajoy, para entrar en la historia
como el primer presidente del Gobierno que es citado en los
tribunales mientras está en el cargo.
Guillermo Ortega usa la citación de Rajoy como pretexto y quiere que
García-Escudero explique la financiación del PP de Madrid
El que fuera alcalde de Majadahonda y coordinador de las campañas
electorales del PP de Madrid, Guillermo Ortega, ha pedido que el
actual presidente del Senado, Pío García-Escudero, testifique en el
juicio del caso Gürtel para “aclarar cuál era la operativa de
financiación de los distintos distritos, municipios, así como de la
Regional del Partido Popular de Madrid”. Ortega, apodado El Rata por
los cabecillas de la trama, recuerda en el escrito presentado, al
que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, que García Escudero era
“presidente regional del PP de Madrid en el periodo de 1999 a 2004,
así como coordinador nacional del PP para diversas campañas
electorales”.
La petición de Ortega utiliza como pretexto la citación por el
tribunal de Mariano Rajoy “como máximo responsable, que lo fue, de
distintas campañas, así como secretario general del Partido
Popular”. Y también se basa en la declaración de Esperanza Aguirre y
en la de Rodrigo Rato este pasado martes, donde ambos dijeron “no
conocer ni ser responsables de nada respecto de los temas de
financiación y organización de los asuntos del PP de Madrid y sus
municipios”.
La Cadena SER accede a la grabación del interrogatorio a Maica
Jiménez, la exsecretaria de Correa, ante el juez José de la Mata.
Jiménez negó la grabación en la que implicaba al presidente del
Senado en la Gürtel. El juez le espeta: “¿Entonces usted estaba
mintiendo absolutamente, estaba engañando a su interlocutora?”. “Me
vine arriba”, contesta la testigo
La exsecretaria de Francisco Correa entre mayo de 2001 y junio de
2003, Maica Jiménez, negó en su declaración como testigo ante el
juez José de la Mata todo lo que había afirmado en la conversación
que fue grabada de forma subrepticia por la funcionaria de Boadilla,
Ana Garrido.
Maica Jiménez: "Pío y Cayetana estaban en el ajo"
Por negar, negó incluso que fuera secretaria del líder de la Gürtel,
aunque reconociera ante el juez que llevó su agenda. Según dijo este
martes, todo aquello que dijo sobre que vio a Pío García Escudero
acudir a horas intempestivas al despacho de Correa, y a otros
acusados como Bárcenas, Jesús Merino o Benjamín Martín Vasco ir allí
a recoger sobres, fue “una invención”. Una “conversación de taberna”
en la que se vino “arriba” después de tomarse “dos o tres copas”.
Maica Jiménez: 'Sí recuerdo a Benjamín Martín Vasco. Desconozco la
relación. Yo abría la puerta y anunciaba quien era'
Sobre García Escudero, se muestra especialmente vehemente al
defenderlo. Por dos ocasiones dice que “nunca” le vio en el despacho
y añade que aprovecha la ocasión para pedirle “perdón por el daño
que ha podido ocasionarle haberle mencionado”. García Escudero
anunció una demanda contra ella en cuanto la Cadena SER desveló la
grabación en la que Jiménez aseguró que “Pío estaba en el ajo” de la
trama.
Maica Jiménez: 'No he visto nunca a Pío García-Escudero y desde aquí
le pidó perdón por mencionarlo'
Maica Jiménez dice que “puntualmente” ha podido ver a algunas
personas por el despacho, y cita en concreto a Martín Vasco “porque
el PP era cliente de Special Events” pero da un trato de normalidad
a las visitas y niega que hubiera visto sobres con dinero. “¿sobres
cerrados?”, se pregunta la secretaria, “puede ser un billete de
avión”, dice ahora cuando en la grabación se refería a dinero.
Maica Jiménez: 'Desconozco el contenido de los sobres, puede ser un
billete de avión'
También niega ahora, e incluso dice no recordar que hubiera visto
tráfico de dinero, hasta 300.000 euros, en cajas de zapatos, tal y
como aseguró en la conversación con Ana Garrido. Al ser interrogada
al respecto responde “¿Yo he dicho eso?, me desdigo absolutamente,
¡madre mía!”. En ese punto, el juez la reprende: “no se trata de
desdecirse cuando uno quiere” y la secretaria contesta “pues no lo
recuerdo y si lo dije es una barbaridad, yo nunca he visto salir
dinero de esa empresa, jamás, ni en sobres ni en carpetas”,
sentencia ahora Maica Jiménez.
Maica Jiménez, sobre 300.000 euros en cajas de zapatos: 'No lo
recuerdo, si lo he dicho es una barbaridad'
Casi al final del interrogatorio, el juez la coloca ante su espejo.
Le dice “¿Entonces estaba usted mintiendo absolutamente, estaba
engañando a su interlocutora o no recuerda?”, a lo que la
exsecretaria del líder de la Gürtel contesta “yo me vine arriba,
llevaba dos o tres copas y empecé a soltar por mi boca lo que no
está en los escritos”.
Maica Jiménez: 'Me vine arriba, llevaba dos o tres copas'
Solo admite una de sus afirmaciones y con salvedades. Al ser
preguntada sobre quién pagó la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag,
afirma que “oyó en los pasillos” que fue pagada por Special Events.
“Pero solo algo”, matiza la secretaria, no toda la boda, dice ahora.
Mañana declara la secretaria de Correa, que dice en una grabación
que el presidente del Senado iba por el despacho de su exjefe. La
grabación es obra de un robo denunciado en otro juzgado
Maica Jiménez, la que fuera secretaria de Francisco Correa,
declarará mañana 13 de octubre en el juzgado número 5 de la
Audiencia Nacional para ratificar, desmentir, aclarar o ampliar las
comprometidas frases que pronunció a una testigo clave de la trama
Gürtel, y que fueron recogidas sin que ella lo supiera en una
grabación que, cuatro años después, ha acabado en el despacho del
juez instructor del caso, José de la Mata. La historia tiene varios
recovecos judiciales, porque actualmente se dirimen en un juzgado de
Móstoles dos denuncias por robo y amenazas que explican cómo es
posible que la grabación, guardada en un domicilio de Boadilla del
Monte, haya terminado implicando al actual presidente del Senado,
Pío García-Escudero.
Ana Garrido Ramos es la autora de la grabación. Diplomada en
Magisterio, es testigo de la Fiscalía Anticorrupción porque durante
20 años fue funcionaria del Ayuntamiento madrileño de Boadilla del
Monte, donde la trama hizo y deshizo a su antojo. Hace cuatro años,
con una grabadora escondida en su camisa, se citó en un café de la
capital con Maica Jiménez (secretaria de la empresa Special Events
entre mayo de 2001 y junio de 2003) y con un exconcejal del PP en
Boadilla. "He visto a Luis Bárcenas, he visto a Pío, he visto al
hermano de Bárcenas, que era un perdido de la vida, a Jesús Merino,
a Isidro Cuberos, a Guillermo Ortega, a Benjamín Martín Vasco, a
Alberto López Viejo...". Maica enumeró a todos los políticos que
pasaban por el despacho de Correa y salían con sobres. La mayoría
están hoy imputados.
Ana cogió la grabación y la guardó en el ordenador de su casa. "No
porque fuera a hacer con ella nada especial, sino porque era mi
manera de recordar luego las conversaciones cuando tomaba notas".
Ana ya era entonces testigo de Anticorrupción tras haber redactado
un informe de 300 páginas con todas las irregularidades que detectó
en Boadilla. La grabación durmió el sueño de los justos hasta que
Ana empezó en 2014 una relación con un chico, Juan Carlos, que en un
principio fue un gran apoyo en el duro proceso judicial que ella
había iniciado en abril de 2013 contra el Ayuntamiento por acoso
laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al
Consistorio a compensarla con 96.450 euros, sentencia recurrida en
el Supremo por el Gobierno municipal, del PP.
Ana Garrido es testigo de la Fiscalía y el Ayuntamiento de Boadilla
ha sido condenado por el TSJM por acosarla laboralmente
Como pasa con muchas parejas, la relación se estropeó. Y Juan
Carlos, transportista autónomo, presentó el 29 de abril de 2015 una
denuncia por amenazas telefónicas en la comisaría de la Policía
Local de Boadilla. "Manito, te vas a estar quieto, voy a cortarte el
cuello, voy a meter tu cabeza en una bolsa de plástico y voy a
enviarla para allá a Ana Garrido", es lo que declaró Juan Carlos que
una voz masculina le había dicho por teléfono. Juan Carlos dejó
entrever además que la amenaza podía partir de su ex, Ana Garrido.
Un ordenador comprometido
El 7 de mayo, al ampliar su declaración, Juan Carlos argumentó ante
los agentes que "tales amenazas pudieran ser fruto del hecho de
tener en su poder un ordenador portátil que utilizaba su expareja y
que pudiera ser perjudicial para ella". Juan Carlos explicó que su
exnovia era testigo clave de la Gürtel, y acusó a Ana de haber
robado documentación del Ayuntamiento, que contenía "facturas
perjudiciales para ella". La maquinaria judicial se puso en marcha.
La denuncia de Juan Carlos pasó al juzgado de instrucción número 3
de Móstoles. Y la Policía Local de Boadilla informó al juzgado
número 5 de la Audiencia Nacional (el que instruye el caso Gürtel)
que podía tener en su poder información relevante sobre la trama.
Juan Carlos, con antecedentes policiales por atentado contra agente
de la autoridad, entregó el ordenador el 8 de mayo y dio más
detalles. Aseguró que el abogado de Ana le ha ofrecido 10.000 euros
por su silencio, aunque luego se demostraría que el letrado al que
acusó nunca ha tenido a Ana como cliente. Se produce además otra
anomalía: el expediente policial de la denuncia de Juan Carlos
revela que un informático del Ayuntamiento hizo copia del disco duro
del portátil que entregó Juan Carlos, un Acer Ferrari One 200.
La Audiencia Nacional recibió todo el material el 29 de mayo de
2015. El 1 de junio, el juez De la Mata cree relevante escuchar a
Juan Carlos y le llama a declarar, y ordena también al Grupo XXI de
la UDEF que analice el contenido del ordenador. Es en ese momento
cuando la grabación de Ana a la secretaria de Correa llega a manos
de la Policía.
Ana estaba de viaje
Ana, de momento, no sabe nada. Está en el extranjero, en EEUU, entre
el 14 de mayo y el 23 de junio. Recibe entonces la llamada de un
periodista que le quiere preguntar por un curioso auto de la
Audiencia Nacional que deja entrever que un vecino de Boadilla ha
entregado un portátil con información sensible. "¿Conoces a Juan
Carlos D. M.?", le pregunta el periodista. Ana se queda pálida. Es
su ex. Tiene que acelerar su retorno a España y se entera de todo.
Le han tenido que hacer una copia del disco duro.
El 24 de junio pone una denuncia por amenazas en la red social
Twitter. Uno de los alias que la amenazan corresponde a su expareja,
Juan Carlos. Ana aporta los tuits y asegura que Juan Carlos "ha
pretendido desprestigiarme y desacreditarme creando un hastag #BoadillacontraAna",
y colgando vídeos "con una mujer con una pistola en la mano
apuntando hacia la persona que mira la pantalla". En la denuncia,
Ana relata: "Ha podido acceder [su ex] sin mi consentimiento a todas
las pruebas del caso Gürtel que obran en mi poder y que yo guardaba
en mi ordenador y en otros dispositivos, así como documentación en
formato papel". Obviamente, la grabación a la secretaria de Correa
también estaba en el ordenador.
El 17 de julio, Ana amplió su denuncia, que curiosamente recae en el
juzgado número 4 de Móstoles, el que ahora lleva Pablo Ruz (el
anterior instructor de la Gürtel). Había ido a la Audiencia el 2 de
julio y "como bien intuía, identifiqué copia de numerosas carpetas y
archivos de mi ordenador a las cuales él no tenía acceso, y que por
tanto han sido copiados y obtenidos de manera ilegal, habida cuenta
de que no ha mediado consentimiento alguno por mi parte, ni expreso
ni tácito. Quisiera poner de manifiesto que no ha sido un ordenador
compartido, como al parecer ha indicado Juan Carlos D. M. en su
comparecencia judicial". De hecho, aclara Ana, "ha copiado incluso
el folleto de la vajilla del hotel de Costa Rica en el que yo
trabajé, y en esa época no estaba con Juan Carlos".
Ana también denunció que Juan Carlos le comentó en una ocasión que
"tenía información de mi propiedad en su ordenador y que como no
tenía dinero había tenido tentaciones de venderla. En reiteradas
ocasiones le solicité una copia que tenía de las llaves de mi
domicilio". De esta manera tan rocambolesca, el juez José de la
Mata, instructor del caso Gürtel, tiene en su poder una comprometida
grabación. El 13 de octubre hay una nueva oportunidad de aclarar
todo lo sucedido. No solo declarará la secretaria de Correa, también
Ana Garrido.
En una grabación adelantada por la SER, la secretaria de Francisco
Correa implicaba a Pío García Escudero en la trama Gürtel
El juez de la Audiencia nacional, José de la Mata, ha citado a
declarar como testigo a la secretaria de Francisco Correa en special
events, que en una conversación grabada en un restaurante aseguraba
haber visto pasar por el despacho del líder de la trama Gürtel, a
Pío García Escudero o Luis Bárcenas.
El juez atiende la petición de la acusación ADADE, y con el informe
favorable de la Fiscalía Anticorrupción, cita a declarar como
testigo el próximo 13 de octubre a la exsecretaria de Correa, María
del Carmen Jiménez, que figura en una grabación adelantada por la
SER, en la que implicaba a Pío García Escudero en la trama Gürtel.
La exsecretaria de Correa afirmó que "Pío estaba en el ajo", y que
entre mayo de 2001 y junio de 2003, cuando fue empleada del supuesto
cabecilla, vio a Pío García Escudero en el despacho del líder de la
Gürtel junto a otros acusados, que desfilaban a horas intempestivas
para recoger sobres.
La exsecretaria de Correa no dijo en esa conversación si García
Escudero se llevó sobres o no. No es la primera vez que el nombre
del actual presidente del Senado sale salpicado por la trama, aunque
no está imputado en ninguna de las piezas del caso investigadas, y
ha negado en un comunicado las afirmaciones de Jiménez.
El juez también convoca el mismo día a declarar a Ana Garrido, la
funcionaria de Boadilla que grabó a María del Carmen Jiménez.
ADADE pedirá imputar a García Escudero si se confirman los hechos
El abogado de la acusación popular ADADE, Francisco Montiel, ha
asegurado que pedirá al juez de la Audiencia Nacional que eleve una
"exposición razonada al Tribunal Supremo" para encausar a Pío García
Escudero "si la exsecretaria de Correa se ratifica en sus
declaraciones y añade detalles sobre el supuesto cobro de sobres"
por parte del entonces presidente del PP en Madrid y hoy presidente
del Senado.
García Escudero es aforado por su condición de presidente de la
Cámara Alta, y el Supremo sería el único órgano jurisdiccional capaz
de imputarle y procesarle, recuerda Montiel.
Para el abogado de ADADE, la declaración como testigo de María del
Carmen Jiménez puede ser "muy relevante" para cerrar el caso Gürtel
y apuntalar los supuestos cohechos cobrados por imputados como Luis
Bárcenas, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Jesús Merino o
Guillermo Ortega, todos ellos citados en la grabación por la
exsecretaria del líder de la trama como "visitadores" de su despacho
a altas horas de la noche.
Las tres acusaciones populares del caso Gürtel anuncian que pedirán
al juez José de la Mata que cite a declarar a María Carmen Jiménez,
quien afirmó haber visto a Pío García Escudero "salir del despacho"
del líder de la Gürtel. También estudian solicitar que declare como
testigo el propio presidente del Senado
Todas las acusaciones coinciden. El testimonio de la exsecretaria de
Correa, María Carmen Jiménez, desvelado este miércoles por la Cadena
SER, puede ser relevante tanto para apuntalar los supuestos cohechos
atribuidos a los exdirigentes y exdiputados del PP, Luis Bárcenas,
Jesús Merino o Benjamín Martín Vasco entre otros, como el grado de
penetración de la trama en el Partido Popular, ya que Bárcenas y
García Escudero eran aquellos años, entre 2001 y 2003, altos
responsables de las direcciones nacional y regional en Madrid,
respectivamente.
Por ello, tanto la acusación ADADE, como la ejercida por el PSPV y
el Observatori Desc, van a reclamar al juez que cite como testigo a
la exsecretaria de Correa, que los veía a todos desfilar por el
despacho. El letrado del Observatori Desc también ha anunciado que
se plantea pedir que el presidente del Senado, Pío García-Escudero,
declare como testigo. No pueden solicitar su comparecencia como
imputado porque debido a su condición de aforado, citarlo en tal
condición correspondería al Tribunal Supremo.
Después de que la SER publicase las grabaciones en las que María
Carmen Jiménez afirmaba que le había visto salir del despacho del
líder de la trama Gürtel
El presidente del Senado, Pío García-Escudero, asegura que las
grabaciones que publica este miércoles la Cadena SER y que le
implican en la trama Gürtel son falsas. Por eso, ha anunciado que
emprenderá acciones judiciales que procedan "en defensa de su
honor".
María Carmen Jiménez, secretaria del supuesto cabecilla de la
Gürtel, afirma en una grabación que vio salir de su despacho "a
horas intempestivas y con sobres" al extesorero Luis Bárcenas, y
también a García Escudero, así como a los principales acusados en la
trama.
Ante estas manifestaciones, García-Escudero explica en un comunicado
que llevará a cabo "todas las acciones judiciales que procedan
contra ella, dada la falsedad de las mismas y en defensa de su
honor".
María Carmen Jiménez, secretaria del supuesto cabecilla de la
Gürtel, Francisco Correa, afirma en una grabación que vio salir de
su despacho “a horas intempestivas y con sobres” al extesorero Luis
Bárcenas, y también al hoy presidente del Senado, Pío García
Escudero, y a los principales acusados en la trama. García-Escudero
sostiene que "jamás" ha visitado el despacho de Correa
El juez instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, José de
la Mata, ha puesto a disposición de las partes una grabación
efectuada por la funcionaria de Boadilla que denunció el caso, Ana
Garrido, a María Carmen Jiménez, que fue secretaria de Francisco
Correa en una de sus empresas, Special Events, entre mayo de 2001 y
julio de 2003.
Jiménez cuenta que en aquel tiempo vio a Luis Bárcenas, entonces
gerente nacional del Partido Popular, ir al despacho de Francisco
Correa situado en el número 40 de la madrileña calle Serrano “a
horas intempestivas, a las 10 y media de la noche” y salir de allí
“con sobres”
La exsecretaria de Correa dice que también ha visto a Pío
García-Escudero, aunque no aclara si en su caso también salió con
sobres, y a otros acusados de la causa, como el exviceconsejero
Alberto López Viejo; los exdiputados del PP Jesús Merino y Benjamín
Martín Vasco; el exjefe de prensa de Javier Arenas, Isidro Cuberos;
o el exalcalde de Majadahonda del PP, Guillermo Ortega.
María Carmen Jiménez da detalles que aportan verosimilitud a su
relato. Asevera que en muchas ocasiones telefoneaba a
García-Escudero por orden de Correa y entonces se ponía en contacto
con "Caye", apócope cariñoso para denominar a Cayetana Hernández de
la Riva, su secretaria. Jiménez asegura que Correa le contó que era
"amigo íntimo" de Pío García-Escudero y que el supuesto líder de la
Gürtel se sintió muy defraudado porque el político le abandonó al
estallar el caso.
A través de su gabinete de comunicación, el presidente del Senado,
Pío García-Escudero, responde que "jamás" ha estado en el despacho
de Francisco Correa. Según dice, "ni siquiera sabe" dónde estaba,
porque cuando el líder de la Gürtel tenía algún asunto que tratar
con el PP, "iba directamente a Génova" en referencia a la calle de
Madrid donde se encuentra la sede nacional de este partido.
La Cadena SER ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con la
exsecretaria de Correa para ampliar esta información. En un momento
dado, Jiménez le cuenta a Ana Garrido que una amiga la advirtió de
que Francisco Correa "no se andaba con chiquitas" y que si cantaba,
el líder de la Gürtel le "enviaría un sicario".
La documentación requisada a Francisco Correa en la sede de Serrano
40 acreditó las prácticas corruptas de la trama Gürtel y los
sobornos que practicaba con múltiples regalos a dirigentes políticos
del PP, entre ellos un reloj valorado en 3.000 euros cuyo
destinatario fue Pío García-Escudero. Cuando esa documentación
incorporada al sumario se hizo pública, García-Escudero aseguró que
fue personalmente Correa quien le hizo entrega del regalo pero lo
devolvió.
El Partido Popular concedió en el 2000 a Pío García Escudero,
coordinador general del partido, un préstamo de cinco millones de
pesetas que el actual presidente del Senado fue devolviendo a
plazos. Uno de esos pagos de un millón de pesetas figura en la
contabilidad manuscrita del extesorero Luis Bárcenas.
García-Escudero admitió que recibió ese dinero y que lo devolvió
"con talones en mano" a Álvaro Lapuerta. El presidente del Senado no
está imputado en ninguna de las causas abiertas por corrupción que
afectan al PP.
La exsecretaria de Correa también habla de otros asuntos
relacionados con el caso Gürtel en su conversación con Garrido.
Sostiene que Pasadena Viajes, la agencia de Correa, pagaba los
billetes del hijo del expresidente Aznar, y que Álvaro Pérez El
Bigotes organizó la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar con dinero de
Special Events.
De hecho, la Policía incautó diversas facturas en los registros
practicados a la trama que corroborarían que Special Events pagó
varios servicios de aquel enlace, por un importe cercano a los
35.000 euros.
Fue grabada en secreto tras la operación policial diciendo que
Bárcenas visitaba a Correa de noche y salía con sobres
Añadía que había visto pasar por el despacho a varios imputados y al
presidente del Senado
García-Escudero asegura que es falsa la afirmación y anuncia
acciones judiciales
El juez del caso Gürtel ha incorporado a la causa una grabación que
se hizo de manera subrepticia a la ex secretaria de Francisco
Correa, María del Carmen Jiménez. En la grabación, realizada en un
restaurante poco después de la operación policial contra la trama
por la funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla, Ana Garrido, Maica
afirma que había visto al ex tesorero del PPLuis Bárcenas visitar a
Correa de noche en el despacho y salir de allí con sobres en la
mano. También afirma que el presidente del Senado, Pío
García-Escudero, visitaba al cabecilla de Gürtel en su despacho.
En un momento de la conversación la secretaria de Correa afirma que
"Pío está más metido en el ajo" y añade que Cayetana, en referencia
a la secretaria del dirigente popular, de la que dice que recibía
regalos y elogios de Correa para que le pasara sin problemas las
llamadas a García-Escudero."Maica inicia la conversación hablando de
la causa de Bárcenas", indica el resumen de las dos horas de
grabación aportado por la Udef, "manifestando que ésta le ha visto
en el despacho de Correa una sola vez, a altas horas de la noche
cuando no hay testigos y el portero ya había acabado su jornada
laboral. La secretaria manifiesta que le abrió la puerta pensando
que era Francisco Correa, manifestando Bárcenas que tenía una
reunión con Correa a las 22.30, y señala que Bárcenas tras despachar
con Correa salía con sobres".
Los investigadores prosiguen explicando que en la grabación Maica
"empieza a relatar nombres de gente a la que ella afirma haber visto
en estas condiciones con Francisco Correa, como son el ya citado
Luis Bárcenas, Pío García-Escudero, el hermano de Luis Bárcenas
(José Bárcenas), Jesús Merino, Isidro Cubero, Jesús Calvo Soria,
Alberto López Viejo, Benjamín [Martín Vasco], Guillermo Ortega, Pepe
Peñas".La lista mencionada está plagada de imputados o ya acusados
en Gürtel, como Bárcenas, los ex diputados madrileños Merino y
Martín Vasco, el ex consejero López Viejo y el ex alcalde de
Boadilla Ortega. También aparece un ex asesor de Javier Arenas
(Cuberos), pero la figura más relevante de las mencionadas es, sin
embargo, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, que nunca ha
estado imputado en la investigación. Esta es la conversación que
mantienen Maica Jiménez y Ana Garrido:
- Te voy a decir una cosa, lo de Bárcenas es cierto, es cierto. Yo a
Bárcenas le he visto una sola vez, pero me da igual.
- ¿Allí en el despacho de Correa?
- Si, a altas horas de la noche, cuando nadie puede identificar
quién es, no hay ningún testigo que pueda afirmar, por ejemplo el
portero, que pueda confirmar que este señor le han visto. Una de las
noches que me quedaba a esperar a Paco [Correa] por el telefonillo
abrí y pensaba que era Paco [...] y era Bárcenas. Me quedé mirándole
porque yo ni le conocía [...] '¿Está el señor Correa?'. Pues no
todavía... 'Es que tengo una reunión con él a las 10 y media' [...]
Señor Correa está aquí el señor Bárcenas. ¡Ah sí, sí, sí...' y salir
Bárcenas con sobres [...].
- He visto a Pío, he visto a Luis Bárcenas, a su hermano [...] Jesús
merino, Isidro Cuberos, Jesús Calvo [...] Alberto López Viejo,
Benjamín [Martín Vasco], que era como su casa, Guillermo [Ortega],
Pepe Peñas.
- ¿Peñas también ha ido a recoger dinero?
- Ha ido muchas veces, no sé si le han dado o no porque yo no lo he
visto.
Tras conocer el contenido de la declaración incorporada al sumario
el pasado día 10, el secretario de Política Federal del PSOE,
Antonio Pradas, ha pedido explicaciones García-Escudero, según
informa Europa Press. Para el dirigente socialista, este episodio
exige una explicación, "en el Senado y en el Congreso". "Y a ver si
en esa comparecencia es capaz de arrastrar a Rajoy, que llevamos por
activa y por pasiva meses pidiendo su comparecencia para que dé
explicaciones sobre esta trama", ha añadido en los pasillos del
Congreso. También el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en
el Congreso, José Luis Centella, considera que el presidente del
Senado tiene que dar "explicaciones".
Por su parte, el propio García-Escudero ha dicho a través de un
comunicado que es falsa la afirmación sobre sus visitas al despacho
de Correa y ha anunciado que emprenderá todas las acciones
judiciales que procedan "en defensa de su honor". García-Escudero ya
declaró ante el juez Pablo Ruz en calidad de testigo sobre la
aparición de su nombre en la investigación sobre la contabilidad B
del PP. En su caso, en los papeles de Bárcenas su nombre había
aparecido porque el partido le prestó dinero para arreglar los daños
que había sufrido por un ataque terrorista.
Anticorrupción sostiene que pedir a García -Escudero que
entregue sus datos fiscales “adolece de los vicios de inutilidad”
El presidente del Senado, Pío García-Escudero, probablemente no
tendrá que presentar sus declaraciones de la renta y del patrimonio
del año 2000, ejercicio en el que recibió un préstamo de 30.000
euros del PP para reparar su vivienda, dañada tras un atentado de
ETA. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la petición de que la
cuarta autoridad del Estado entregue estos datos fiscales “adolece
de los vicios de inutilidad e impertinencia”. La contabilidad
secreta de Bárcenas contenía ese pago. Para el fiscal Antonio
Romeral, el examen de los datos fiscales de García-Escudero resulta
inútil porque este, en su declaración como testigo el pasado 20 de
mayo ante el juez Ruz, “ya reconoció no haber declarado ni
consignado dicho préstamo” porque, según aseguró, desconocía que
tuviera la obligación de hacerlo. En su declaración, García-Escudero
redujo el montante del préstamo a 24.000 euros, cantidad que fue
devolviendo al partido en los años posteriores.
El representante de la acusación pública también considera
“impertinente” la aportación de las declaraciones tributarias porque
estas “no tienen relación alguna” con el objeto de la investigación
de los papeles de Bárcenas.
La Fiscalía sí ve conveniente solicitar a Banesto, entidad con la
que opera el PP, que aporte los documentos que prueban la devolución
del préstamo, en los años 2001 y 2003. El presidente del Senado
afirmó en su declaración de mayo que el préstamo lo devolvió en
talones entregados en mano al extesorero popular Álvaro Lapuerta. Y
también que nunca pidió ni le dieron un recibí ni por el préstamo ni
por las devoluciones, porque “había una relación de confianza”.
Según consta en la contabilidad del PP que obra en manos del juez Ruz
El pasado lunes, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, admitió
ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber recibido
sobresueldos de 700.000 pesetas (unos 4.200 euros) entre los años 1999 y
2003 por las funciones que desempeñaba en el Grupo Popular en la Cámara
Alta. Ingresos que según el dirigente del Partido Popular cobraba tanto
de su grupo parlamentario en el Senado como desde la propia cuenta del
partido.
Sin embargo, en su declaración, Pío García-Escudero no explicó que estos
sobresueldos se prologaron al menos hasta finales de 2011. Así queda
reflejado en la contabilidad oficial del Partido Popular que está en
manos del juez Ruz y a la que ha tenido acceso en exclusiva ELPLURAL.COM.
Casi 80.000 euros en sobresueldos
En 2011, y sólo bajo el concepto de “gastos de representación”, Pío
García-Escudero recibió de la cuenta del Partido Popular en el Senado
sobresueldos por valor de 79.635,62 euros.
Los pagos
En concreto, hasta mayo de 2011, todos los días 30 el dirigente
conservador recibía una transferencia por valor de 5.110,39 euros. En
junio de ese mismo año, y simulando claramente el cobro de una paga
extra, García-Escudero cobró 10.220,78 euros. Posteriormente, desde
julio hasta noviembre, el Partido Popular aumentó significativamente su
sobresueldo, ingresándolo mensualmente la nada desdeñable cantidad de
6.941,39 euros.
Ya como presidente del Senado
El último cobro en 2011 recibido por Pío García-Escudero está fechado el
30 de diciembre. Por aquel entonces, el senador del PP ya había sido
elegido, por mayoría absoluta, presidente de la Cámara Alta en la sesión
constitutiva de la décima Legislatura que se celebró el 13 de diciembre.
Pese a ser la cuarta autoridad del Estado, y fijándose un sueldo de base
anual (bruto) de144.929,68, Escudero no tuvo reparos en aceptar de su
partido un sobresueldo de 9.155,94 euros.
También sobresueldos de Génova
Pero a parte de los gastos de representación que García-Escudero obtenía
de la cuenta a nombre del Grupo del Partido Popular en el Senado, la
cuarta autoridad del Estado también fue agraciado con percepciones
directamente desde Génova 13, es decir, desde la que se supone la
principal cuenta bancaria del partido.
Año por año
Este periódico ha podido comprobar que al menos desde 1999 Pío
García-Escudero ha sido beneficiario de sobresueldos que oscilan desde
los 3.029,62 euros en el año 2000, hasta los 38.730,43 que cobró en
2008. Las cifras son las siguientes: Año 1999: 5.044 euros. Año 2000:
3.029 euros. Año 2001: 12.465 euros. Año 2002: 12.691 euros. Año 2003:
21.589 euros. Año 2004: 24.199 euros. Año 2005: 18.648 euros. Año 2006:
19.021,10 euros. Año 2007: 31.180,20 euros. Año 2008: 38.730,43 euros.
Año 2009: 25.054,68 euros. Año 2010: 25.255,14 euros.
La cifra total en 2011: Más de 15 millones
Finalmente, en el año 2011 recibió desde Génova 13 la cantidad de 12.817
euros. Sumados a los 79.635,62 euros que cobró desde la cuenta que obra
a nombre del Partido Popular en el Senado, Pío García-Escudero obtuvo
sobresueldos por valor de 92.452,62 euros. Lo que equivale a más de 15
millones de las antiguas pesetas.
El presidente del Senado y el diputado del PP admiten el cobro de
sobresueldos
García Escudero afirma que cobraba 4.200 euros al mes; Nasarre, 1.800
El responsable de la Cámara Alta rebaja el préstamo que recibió de 30.000 a
24.000 euros
Los sobresueldos eran "generalizados", según el veterano diputado del PP
El diputado del PP Eugenio Nasarre certificó este lunes ante el juez Pablo Ruz
los pagos de 70.000 euros que figuran a nombre de la fundación de la que era
patrono en los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del PP que destapó
EL PAÍS el pasado 31 de enero. Nasarre abrió la ronda de interrogatorios a los
que el magistrado de la Audiencia Nacional va a someter a los políticos de la
formación conservadora que han admitido algunos de los pagos recogidos por Luis
Bárcenas en su contabilidad paralela. Nasarre declaró a primera hora de la tarde
en la sede de la Audiencia Nacional. Tras tomarle testimonio durante una hora,
el juez Ruz se trasladó al Senado para interrogar al presidente de la Cámara
alta, Pío García-Escudero, que admitió haber recibido un préstamo de 24.000
euros del PP en el año 2000 y sobresueldos de 4.200 euros al mes entre 1999 y
2003, pero negó los dos apuntes de la contabilidad de Bárcenas sobre él.
Nasarre sí reconoció en su declaración ante Ruz haber recibido en metálico los
pagos de 30.000 euros y 40.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia,
de la que era patrono, que figuran en los papeles de Bárcenas. La primera
cantidad, de octubre de 2003, la recibió él en persona en un sobre en el
despacho del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, y en presencia del gerente del
PP, Luis Bárcenas, según fuentes judiciales. La segunda cantidad, según
reconoció Nasarre, le fue entregada a José Ramón Pin, exconcejal del PP de
Madrid y también patrono de la fundación. Según letrados presentes en el
interrogatorio, Nasarre admitió que el dinero se cobró en metálico y se ingresó
en la caja fuerte de la fundación haciendo figurar en la contabilidad de la
misma un “donativo anónimo”.
En el caso de García-Escudero, sí reconoció el préstamo que le hizó el PP para
reparar su domicilio después de que este sufriera graves daños por un
coche-bomba de ETA en las inmediaciones. En los papeles de Bárcenas consta una
entrega de 6.000 euros en diciembre de 2001 en concepto de “devolución del
anticipo Atentado”. Tras la publicación de la contabilidad paralela del
extesorero popular, García-Escudero explicó a EL PAÍS que el partido le concedió
este crédito, que cifró entonces en 30.000 euros. Este lunes, García-Escudero
rebajó la cantidad a 24.000 euros y dijo que le fueron entregados “sin intereses
y sin fecha de devolución”, según fuentes judiciales.
En la contabilidad manuscrita de Bárcenas constan dos apuntes referidos a
García-Escudero por 6.000 euros cada uno. El primero es de diciembre de 2001,
sobre el anticipo por el atentado, y el segundo de julio de 2003, con una
supuesta “15ª paga”. En su declaración ante el juez, negó tajantemente tener
algo que ver con esas anotaciones.
En las declaraciones también salieron a relucir los sobresueldos que percibían
los altos mandos populares al margen de su cargo público. Según fuentes
conocedoras del interrogatorio que se celebró en el Senado, García-Escudero
reconoció que entre 1999 y 2003 percibió, además de su sueldo de senador,
700.000 pesetas (4.200 euros) mensuales del partido. Este dinero, que se abonaba
en 14 pagas anuales, se dividía en dos bloques. El primero, de unas 550.000
pesetas (3.300 euros), se lo abonaba el grupo parlamentario del PP en la Cámara
alta como asignación de coordinador de organización electoral. El segundo, de
150.000 pesetas (900 euros), corría a cargo de Génova 13 (sede central del PP)
como “gastos de representación”. Tanto el grupo como el partido tenían el mismo
código de identificación fiscal.
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Tanto García-Escudero como Nasarre, que cobraba entonces 1.800 euros mensuales
de sobresueldo como secretario de estudios y programas del partido, señalaron
que habían negociado esos pagos con el secretario general del PP, Javier Arenas.
Nasarre afirmó que la existencia de “pagos complementarios por responsabilidad
interna era un procedimiento “estandarizado” y “generalizado”. García-Escudero
reconoció su sobresueldo pero matizó que no le constaba si otros miembros de su
partido han percibido ese tipo de emolumentos.
El presidente del Senado declara que entre 1999 y 2003 percibió del partido en
torno a 4.200 euros en 14 pagas
El diputado Eugenio Nasarre admite que cobró en metálico 70.000 euros cuyo
destino oficial era una fundación controlada por el partido
El actual presidente del Senado, Pío García Escudero, percibió retribuciones del
PP al menos hasta el año pasado y así lo acreditan las sucesivas declaraciones
anuales de retenciones de ingresos a cuenta presentadas por el PP, el llamado
Modelo 190. García Escudero, quien ayer reconoció que entre 1999 y 2003 recibió
del partido y de su grupo en el Senado en torno a 700.000 pesetas mensuales
(unos 4.200 euros), percibió oficialmente del PP en 2011, y además de su sueldo
como senador, 12.817 euros sobre los que se practicó una retención de 1.922
euros.
Otro dirigente del PP, el diputado Eugenio Nasarre, admitió también ayer que a
comienzos de la pasada década ya cobraba del partido 1.800 euros y dio un paso
más al admitir a preguntas de la asociación de juristas Adade, que ejerce la
acusación popular, que recibía esas retribuciones en metálico, dentro de
“paquetes de papel”. Tal como figura en los llamados papeles de Bárcenas,
Nasarre admitió haber recibido entre 2003 y 2004 dos entregas, igualmente en
metálico, de 30.000 y 40.000 euros destinados por el partido a la Fundación
Humanismo y Democracia, aunque no pudo detallar en qué se empleó el dinero. A
partir de 2005, y según fuentes jurídicas, Nasarre negoció con el PP recibir un
0,7% de los fondos destinados a esa fundación.
Este lunes, García Escudero declaró como testigo en el Senado ante el juez Pablo
Ruz, que investiga los llamados papeles de Bárcenas y su relación con las
donaciones recibidas por el PP así como con su aplicación en supuestos
sobresueldos a sus dirigentes. Y, según fuentes conocedoras del interrogatorio,
el senador reconoció que entre 1999 y 2003 cobró del PP en torno a 150.000
pesetas mensuales y otras 550.000 del grupo parlamentario. Ese sueldo, dado que
se trataba de cantidades idénticas abonadas mes a mes en catorce pagas –lo que
indica que había dos extra– aunque contabilizadas como gastos de representación,
se estableció, según García Escudero, para por su triple condición de presidente
del partido en Madrid, diputado en la Asamblea regional y miembro del Senado.
En la noche del lunes, este diario no logró localizar a los portavoces de García
Escudero. Otras fuentes del PP dijeron ignorar si el presidente del Senado
continuó cobrando del partido a partir de 2003 pero subrayaron que la
contabilidad aportada por el PP al juez Ruz “es absolutamente correcta”. Y es en
esa contabilidad donde figuran los pagos a García Escudero, quien pasó de
ingresar 25.255,14 euros del PP en 2010 a los 12.817.
El dirigente conservador admitió que el PP le prestó 24.000 euros –no 30.000
como sostiene El País que convino en un primer momento– para rehabilitar su
vivienda en Madrid tras sufrir un atentado pero no reconoció dos ingresos
consignados en los papeles de Bárcenas. En todos los casos, García Escudero
aseguró que el partido le realizaba las correspondientes retenciones y que
tributó a Hacienda por todos estos ingresos, por lo que en ningún caso se
produjeron irregularidades, informa Europa Press.
Según su declaración, las condiciones de la entrega las negoció con el entonces
secretario general, Javier Arenas, y el dinero supone que se lo entregaron el
que era tesorero Álvaro Lapuerta y su número dos, Luis Bárcenas, aunque ha dicho
no recordar con claridad los detalles de la operación.
El dirigente conservador', que declaró durante algo más de 45 minutos y se
mostró muy tranquilo durante todo el interrogatorio, según fuentes presentes en
el mismo, explicó que la devolución del préstamo la realizó a través de cuatro
talones del Santander o del BBVA –las dos entidades en las que tenía cuentas–
que entregó en la sede del PP en la calle Génova de Madrid.
En los denominado papeles de Bárcenas, aparecen cuatro pagos de un millón de
pesetas (24.000 euros) con la inscripción 'devol. antic. Atentado'.
Una comisión irá hoy al Senado a interrogar a su presidente, Pío
García Escudero
El cajero, la contable y otros cinco cargos del partido declararán
esta semana
La esposa de Bárcenas también percibió fondos
El juez Pablo Ruz, que investiga la supuesta financiación ilegal del
PP, a raíz de que EL PAÍS hiciera públicos los papeles secretos del
extesorero Luis Bárcenas, busca el origen del dinero que recibieron
seis cargos populares. En la contabilidad oficial del PP, los
investigadores no han encontrado ni rastro de esas entregas de
fondos que han admitido los seis dirigentes, por lo que sospechan
que se trataría de una caja b que administraba Bárcenas para
distintos pagos ocultos al fisco.
Una comisión judicial se presentará esta tarde en el Senado para
interrogar en su despacho al presidente de esa institución, el
senador Pío García-Escudero.
El juez pretende aclarar en el interrogatorio una de las anotaciones
de Bárcenas en su cuaderno, según la cual el hoy presidente del
Senado recibió un millón de pesetas (6.000 euros) del PP. García
Escudero declaró a EL PAÍS que ese apunte correspondía a la
devolución de un préstamo de cinco millones de pesetas que le hizo
el PP en el verano de 2000 para acometer unas obras en su domicilio,
dañado por un atentado de ETA con coche bomba muy cerca de donde
vivía.
En la contabilidad oficial del PP tan solo figura un préstamo de
cuatro millones de pesetas que García-Escudero devolvió en plazos de
un millón. El millón de pesetas restante figura como pagado por el
PP al hoy presidente del Senado a través de la supuesta caja b que
manejaba Luis Bárcenas.
El juez interrogará a los dirigentes y exdirigentes del PP Jaime
Ignacio del Burgo, Santiago Abascal, Eugenio Nasarre, Calixto Ayesa
y Jaume Matas. Todos ellos, salvo Matas, que habló de otras
cantidades y conceptos, reconocieron haber cobrado las cantidades
que apuntó Bárcenas en su contabilidad secreta. También declararán
esta semana dos altos cargos de las finanzas del PP: el cajero, Luis
Molero, y la jefa de contabilidad, Milagros Puente.
Del Burgo declaró ante notario que había recibido 500.000 pesetas
(3.000 euros) del PP para ayudar a una víctima del terrorismo y que,
por tanto, en la entrega de ese dinero no se pueden buscar
retenciones fiscales porque no existen, al no ser una retribución.
En el caso de Calixto Ayesa, exconsejero navarro de Salud, aclaró en
una nota pública que el entonces diputado nacional Jaime Ignacio del
Burgo, navarro como él, le entregaba periódicamente un dinero del
partido, 3.900.000 pesetas en total (23.439 euros), en forma de
sobresueldos para compensar las pérdidas por el cierre de su
consulta para formar parte del Gobierno autónomo. En la información
solicitada por el juez a Hacienda para conocer las retenciones
fiscales practicadas por el PP, no figuran datos de tres años (1991,
1992 y 1993), lo que impide averiguar si Ayesa tributó por estos
sobresueldos. El exconsejero, por el momento, se ha negado a
aclararlo. Mañana, deberá responder en la Audiencia Nacional.
Otro apunte manuscrito de Bárcenas señala que Jaume Matas,
exministro de Medio Ambiente y expresidente de Baleares, recibió
8.400 euros para “piso”. Matas tan solo reconoce haber cobrado un
sueldo del partido cuando dejó el ministerio y fue designado
candidato a presidente autonómico de Baleares. Esas retribuciones sí
aparecen en la contabilidad oficial del partido con sus
correspondientes retenciones fiscales.
La mujer de Bárcenas también percibió fondos
En un anexo documental remitido a la Audiencia Nacional, la Unidad
Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF)
analiza los papeles secretos de Bárcenas y llega a la conclusión de
que una de las personas que aparece recibiendo fondos, “Rosa
Iglesias”, es la esposa del extesorero del PP, Rosalía Iglesias
Villar, imputada también en el caso Gürtel. Según las cuentas que
manejaba Bárcenas, habría percibido una pequeña cantidad de 650
euros.
La operación recogida por el extesorero, de acuerdo con la
contabilidad manuscrita que él mismo llevaba, está vinculada a
Libertad Digital. En los papeles del Luis Bárcenas hay varios
apuntes, entre octubre de 2004 y noviembre de 2005, que registran la
adquisición de participaciones de Libertad digital con dinero del PP
de origen supuestamente no declarado a Hacienda. Esas compras se
llevaron a cabo por diverso personal del Partido Popular.
El propio Bárcenas admitió en la Audiencia Nacional, a preguntas de
la fiscalía, que había comprado participaciones de Libertad Digital
por importe de 149.600 euros desde una cuenta bancaria a nombre de
su mujer, Rosalía Iglesias, y que posteriormente las vendió por el
mismo precio.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como
imputados a ocho empresarios que aparecen como donantes del PP en los
llamados 'papeles de Bárcenas', y como testigos a nueve miembros del PP,
entre ellos el presidente del Senado, Pío García Escudero.
En un auto, el juez que investiga la supuesta contabilidad B del PP ha
llamado a declarar entre los días 20 y 29 de mayo a 18 testigos e
imputados y a dos peritos de la Policía Nacional.
El 27 de mayo empezarán las declaraciones de los ocho empresarios
imputados que, según los papeles manuscritos atribuidos al extesorero
del PP Luis Bárcenas, donaron dinero al partido. Esa jornada declararán
Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; el presidente de OHL,
Juan Miguel Villar Mir, y el presidente del grupo Sando, José Luis
Sánchez Domínguez.
El día 28 están citados el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del
Rivero; Manuel Contreras, del grupo de empresas Azvi SL, y Juan Manuel
Fernández, de Aldesa Construcciones. Finalmente, el 29 el juez ha citado
como imputado a José Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción;
Antonio Vilella, del grupo Rubau, y finalmente el considerado como
número dos del caso Gürtel, Pablo Crespo.
Estas citaciones responden a la querella presentada por Izquierda Unida
en la Audiencia Nacional en la que pedía que se investigara a los
directivos de las empresas que, según los papeles de Bárcenas publicados
por El País, hicieron pagos al PP entre 2003 y 2008.
Además, el juez ha citado a nueve testigos, entre ellos varios cargos
del PP que reconocieron públicamente los apuntes contables recogidos en
los papeles manuscritos. El día 20 está llamado el presidente del
Senado, que declarará a las 18.30 horas en su despacho oficial tal y
como dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y el exdiputado Nasarre
podrá hacerlo en su despacho o en el juzgado ese mismo día a las 16.00
horas. García Escudero afirmó que el apunte referido a él en los papeles
manuscritos respondió a un crédito de cinco millones de pesetas que
había pedido al PP para reparar los daños que había sufrido su casa en
un atentado terrorista.
El juez ha emplazado el día 21, también como testigos y por la tarde, al
ex portavoz adjunto del PP en el Congreso Jaime Ignacio del Burgo; al
exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra y actual miembro de la
ejecutiva del PPN, Calixto Ayesa; al expresidente balear y exministro de
Medio Ambiente Jaume Matas, y al miembro del PP vasco Santiago Abascal.
En el caso de Abascal, confirmó haber recibido de su partido 12.000
euros que figuran en los papeles, que destinó a reparar los daños
sufridos en su comercio tras un ataque con cócteles molotov en febrero
de 1999. Ayesa afirmó por su parte que él era el perceptor de las
cantidades (23.435 euros) que figuran a nombre del exdiputado popular
Jaime Ignacio del Burgo en la supuesta contabilidad del PP que publicó
El País.
El día 22, también por la tarde, declararán como testigos el exdiputado
Jorge Trías, quien ya compareció en la Fiscalía por el caso Bárcenas, y
dos peritos de la Policía que deberán ratificar el informe grafológico
que avaló que la letra de los papeles publicados es de Bárcenas. Trías
manifestó ante la Fiscalía Anticorrupción que Bárcenas le enseñó unas
fotocopias con una "contabilidad paralela a la del partido" en la que se
consignaban entregas en efectivo a miembros de esta formación como
"complementos o gratificaciones". Un día después están llamados a
testificar el identificado en las actuaciones como cajero del PP Luis
Molero, así como Milagro Puente, jefa de contabilidad del partido
García Escudero admite que devolvió al PP el crédito en cinco
pagos de un millón de pesetas
El PP concedió en 2000 a Pío García Escudero, entonces
coordinador general del partido, un préstamo de cinco millones de
pesetas que el actual presidente del Senado fue devolviendo en pagos de
un millón y que figuran en la contabilidad manuscrita del extesorero
Luis Bárcenas, que hoy ha revelado EL PAÍS. García Escudero ha
confirmado a EL PAÍS que recibió ese dinero y que lo devolvió.
El actual presidente del Senado, Pío García Escudero, es uno de
los dirigentes de la cúpula del PP que figura en las anotaciones
manuscritas del registro paralelo que llevó durante muchos años el
extesorero del partido, Luis Bárcenas. En una de esas acotaciones figura
la devolución, en diciembre de 2001, de un millón de pesetas a nombre de
Pío García Escudero. El presidente de la cámara Alta, que fue durante
muchos años presidente del PP de Madrid y coordinador electoral del
partido, reconoció a EL PAÍS, que efectivamente pidió al partido un
crédito de cinco millones de las antiguas pesetas en el verano de 2000
tras sufrir un atentado de la banda terrorista ETA que destrozó
totalmente su vivienda habitual en Madrid. El atentado se produjo en
agosto de 2000.
Pío García Escudero, que en aquel momento estaba de viaje de
vacaciones por Estados Unidos, volvió a España y comprobó los
desperfectos de su casa. Que estaba inhabitable. Se reunió con el
entonces secretario general del PP, Javier Arenas, y le pidió ayuda
económica para rehabilitarla. El PP le dio un crédito de cinco millones
de pesetas. García Escudero asegura que devolvió ese dinero en pagos de
un millón de pesetas. Y también que nunca tuvo ninguna relación para
recibir ese préstamo con el entonces tesorero, Luis Bárcenas, que sin
embargo sí anotó esa devolución en su contabilidad.
TOMÁS GÓMEZ: “NO ME
EXTRAÑARÍA QUE AGUIRRE ACABE SENTADA EN UN BANQUILLO”
Los partidos de Madrid reaccionan a la denuncia de
financiación ilegal del PP
La Agencia Tributaria denuncia la financiación
ilegal del PP en Madrid
El líder de los socialistas madrileños, Tomás
Gómez, ha dicho hoy que no le "extrañaría en absoluto" que la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "acabe sentada en un banquillo", en
referencia a la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid por medio de la
fundación Fundescam que ha denunciado la Agencia Tributaria en un informe
remitido a la Audiencia Nacional.
"La Comunidad de Madrid contrata a la trama Gürtel
y la trama Gürtel financia las campañas del PP. ¿Pues sabe usted lo que le digo?
No me extrañaría en absoluto que, al igual que Camps y el señor Matas, la señora
Aguirre acabe sentada en un banquillo", ha afirmado Gómez.
"Si el Gürtel ha financiado las campañas del PP,
empezamos a entender por qué la Comunidad de Madrid ha contratado en tantas
ocasiones y por tanto dinero a toda la trama", ha declarado Gómez en la Asamblea
después de la reunión de la Junta de Portavoces.
Tras recordar que fueron los socialistas los que
denunciaron la supuesta financiación irregular de las campañas electorales de
Aguirre (ante la Fiscalía Anticorrupción, en junio de 2009), ha señalado que "da
igual que esté prescrito o no" el delito y que el PP "tiene ya demasiados
entramados de presuntas corruptelas".
"Caso típico"
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Iñigo
Henríquez de Luna, ha replicado que le produce "pena" oír a Gómez, porque
"España no se merece tener gobernantes de su altura y catadura". Sobre el fondo
del asunto, el portavoz popular ha subrayado que "no hay ninguna investigación
contra el PP", sino que una investigación contra la trama Gürtel". Henríquez de
Luna ha hecho hincapié en que la información, publicada hoy por este diario, "no
aporta pruebas, sino facturas de 2002 y 2003 con post-it delante". Tras recordar
que Aguirre ha sido elegida este fin de semana presidenta del PP madrileño "por
tercera vez y por absoluta mayoría" y que "tiene el apoyo de todo el PP de
Madrid y de España", Henríquez de Luna ha dicho que a Gómez "seguramente le da
envidia", porque en su partido "tiene lo que él mismo cosecha con propios y
extraños: demagogia, sectarismo y falta de respeto". También se ha referido al
asunto de Fundescam el portavoz de IU,
Gregorio Gordo, que ha opinado que el PP en Madrid
"no puede seguir mirando hacia otro lado cuando el hedor de la trama Gürtel
parece indicar que no está muy aseado".
Gordo ha reclamado que las investigaciones "no
sigan eternizándose, para que no prescriban delitos", y ha acusado a los
dirigentes del PP de querer acabar con las subvenciones a partidos y sindicatos,
"porque ellos tienen otras formas de financiación más oscuras y siniestras".
Para el portavoz parlamentario de UPyD, Luis de
Velasco, "hay que llegar hasta el fondo" de la investigación y ha recordado que
desde el principio del Gürtel, todo indicaba que se trataba de “un caso clásico
y típico de financiación ilegal de un partido".
LA AGENCIA TRIBUTARIA DENUNCIA LA FINANCIACIÓN
ILEGAL DEL PP EN MADRID
“Al menos una parte de la facturación emitida a
Fundescam es falsa. El cliente real era el Partido Popular”. La Agencia
Tributaria es clara al considerar las pruebas sobre la financiación ilegal del
PP de Madrid. En 2010 ya lo hizo la investigación del caso Gürtel. Ahora, los inspectores
de Hacienda —ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy— han remitido al
juez de Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que denuncian la
existencia de documentos que acreditan que servicios realizados por la trama
Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por la Fundación para el Desarrollo
Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Esta es una fundación
del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y
que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Es
decir, el dinero de los empresarios acabó pagando los gastos electorales del PP
madrileño.
Sin embargo, el presunto delito ha prescrito,
motivo por el que ya en 2010 la Fiscalía Anticorrupción decidió no seguir
adelante con la investigación.
Documentos de
Special Events que cubrieron los gastos del congreso de Madid (70.000 euros).
El nuevo informe, fechado hace apenas 10 días, se
ha elaborado con el fin de cuantificar las cuotas presuntamente defraudadas por
una de las sociedades de la trama, Special Events, en los ejercicios 2003 y
2004. Los inspectores de Hacienda destacan el hecho de que la facturación de
Special Events a Fundescam “ofrece determinadas irregularidades”. Y resalta
hasta cinco facturas emitidas. En una de ellas, tal como describe el informe y
se percibe en el documento incautado en los registros de las empresas de la
trama, Fundescam emitió una factura por supuestos trabajos para cursos y
jornadas organizados por esa fundación, “pero la nota que aparece adherida a la
factura indica que lo que realmente se factura son trabajos para la organización
de un acto para el Partido Popular”. Otra, la factura 02/0177 por trabajos
realizados en cursos, seminarios y jornadas, lleva adherida otra nota
aclaratoria en la que, en este caso, la trama escribió toda una aclaración:
“Esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de
septiembre de 2002 y ha sido extendida con un concepto provisional el cual está
sujeto a ser modificación en su momento”. “Enviada a Beltrán Gutiérrez, gerente
regional del Partido Popular”, indica.
Documentos de
Special Events que justificaron la campaña electoral de Madrid (18.000 euros).
En otra factura, presentada por Special Events a
Fundescam, se relacionan un supuesto seminario, una jornada de trabajo y un
curso de formación, de los que indican incluso los días de celebración. Sobre el
documento, la nota aclaratoria de la trama indica que realmente servía para
cobrar el coste de los servicios de la empresa de la red Gürtel en el acto de
presentación de candidatos en Móstoles.
La campaña de las elecciones regionales de Madrid
y el congreso regional del PP de Madrid fueron otros de los conceptos que, según
apuntó la trama para su propia contabilidad, se cobraron a través de la
fundación, en lugar de hacerlo directamente al PP. Las elecciones a las que se
refiere la nota son las celebradas en mayo de 2003, cuando el pacto de los
partidos de izquierdas, PSOE e IU, en la Asamblea de Madrid iba a otorgar la
presidencia de la Comunidad a los socialistas, hecho que se truncó cuando uno de
los integrantes de la lista, Eduardo Tamayo, y otra diputada se abstuvieron e
impidieron la elección del candidato socialista y dieron el poder a Esperanza
Aguirre.
Documentos de
Special Events para justificar los gastos de las elecciones generales (57.600
euros).
Las referencias que incluye en su informe la
Agencia Tributaria, que se circunscriben a la comisión de un delito electoral,
en el que se incluye la financiación ilegal, no afectan solo a actos y campañas
regionales sino que también existe una nota que sostiene que la factura por el
“transporte, guía, manutención y visitas facultativas” sirvió en realidad para
pagos de actos de la campaña de las generales en Madrid, en 2004.
Tras detectar estas irregularidades, la
investigación inició la revisión de las cuentas de la empresa de los años 2007 y
2008, durante los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de
que se hubiera repetido el mismo modus
operandi con delitos que no habrían prescrito. La forma de proceder
es, además, semejante a la detectada en el PP valenciano, donde los servicios
que las empresas de la trama hicieron para el partido acabaron siendo costeados
por empresarios.
El auto del pasado viernes no es la primera ocasión en la que
el sumario de la operación Gürtel alude a la posible financiación irregular del
PP en la Comunidad de Madrid, ya que en una memoria externa en poder de la trama
los investigadores descubrieron una carpeta con el epígrafe "Facturación PP
Madrid", en el que se sugiere que las empresas de la trama financiaron actos de
este partido.
Además, un documento de la Agencia Tributaria refleja que
Special Events, una de las empresas de la trama corrupta liderada por Francisco
Correa, facturó a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fundescam),
vinculada al PP, en 2004 y que ha encargado actos electorales para el partido.
Por otra lado, un informe elaborado por la policía y que está
incluido en el sumario detalla cómo en un reparto de dinero entre los miembros
de la trama por la consecución de tres contratos en Boadilla del Monte, aparece
una entrega de 30.050 euros bajo el concepto "campaña", 15 días antes de las
elecciones autonómicas de 2003. Entre las personas que presuntamente habría
recibido dinero estarían el responsable de la campaña en Boadilla Tomás Martín
Morales, imputado en la causa, y el propio ex primer edil Arturo González
Panero. En las conclusiones, Pedreira indica que la empleada de Correa Isabel
Jordán explicó que la red corrupta había grabado un vídeo en el que éste contaba
dinero junto con el ex teniente alcalde de Boadilla Miguel Ignacio González
Sánchez.
Otro informe policial sobre el ex alcalde de Majadahonda,
Guillermo Ortega, señala que Correa financió actos del partido en el municipio,
en concreto en las elecciones generales de 2004 y que el dinero se había
ingresado en una cuenta a nombre de Ortega.
EL PP INICIA UNA OFENSIVA PARA DILUIR LAS DUDAS
SOBRE SU FINANCIACIÓN
Granados denuncia ante el Tribunal de Cuentas
supuestas irregularidades en una de las fundaciones del PSM
El PP de Madrid, que
preside Esperanza Aguirre, está preocupado por una acusación de supuesta
financiación irregular a través de una fundación vinculada al partido,
Fundescam. Esta entidad del PP está siendo investigada por la fiscalía, aunque
algunos de los supuestos delitos ya han prescrito por ser anteriores a 2004.
"No han sido capaces
ni de camuflar", dijo ayer el dirigente popular
"Es una estrategia
para ponernos bajo sospecha", lanzó Rosa Alcalá, del PSM
Los populares han
adoptado la máxima futbolística que establece que la mejor defensa es un buen
ataque. Por eso, el secretario general del PP regional, Francisco Granados,
acudió ayer al Tribunal de Cuentas para denunciar otro posible caso de
financiación irregular del PSM. Los populares sostienen que la Fundación para el
Estudio de los Problemas de las Ciudades, vinculada a los socialistas, recibió
en 2007 y 2008 una cantidad de dinero de Caja Madrid superior al límite
establecido en la Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de Partidos. La entidad
ligada a los socialistas percibió más de 400.000 euros cada año, más de los
150.000 euros fijados en la citada ley.
Una de las
disposiciones de esta norma estatal fija el tope máximo de las donaciones
privadas en 150.000 euros para las fundaciones vinculadas a partidos políticos.
"No son donaciones privadas. En Caja Madrid están representados todos los
partidos políticos. Además, ni siquiera es una donación. Es un convenio de
colaboración entre la entidad y Caja Madrid como el que tienen otras fundaciones
del PP", sostiene Rosa Alcalá, responsable de Administración del PSM. Los
socialistas interpretan que Caja Madrid no es una entidad privada. En cualquier
caso, sería una irregularidad contable y no financiación irregular.
Por su parte, el
secretario general del PP aseguró ayer que "la Fundación para el Estudio de los
Problemas de las Ciudades ha podido cometer un presunto fraude de ley,
intentando ocultar una donación fraudulenta a través de un supuesto convenio de
colaboración".
Lo cierto es que, en
2007, esta fundación relacionada con el PSM recibió de Caja Madrid 418.754
euros. La fundación obtuvo la misma cantidad al año siguiente, cuando ya entró
en vigor la norma sobre financiación de partidos. Por su parte, FAES, la
fundación ligada al PP nacional, recibió en 2007 461.790 euros; al año siguiente
percibió solo 150.000 euros. "Caja Madrid reparte el dinero entre las
fundaciones en función de la representación que tienen los partidos", explican
fuentes socialistas. Además, la denuncia presentada por el secretario general
del Partido Popular ante el Tribunal de Cuentas afecta a las cuentas de 2007 y
2008, cuando en la contabilidad de 2007 aún no eran de aplicación los límites de
la Ley de Financiación de Partidos. Aun así, Granados dijo ayer tras presentar
la denuncia: "Tanto en el año 2007 como en el 2008, el PSM, a través de esa
fundación, ha recibido cantidades muy por encima del tope máximo establecido".
El PP ha repartido
las cantidades en varias fundaciones para poder eludir el requisito legal. Así
las entidades ligadas a los populares reciben más dinero que las vinculadas a
los socialistas. "No han sido capaces ni de cambiar, aunque hubiera sido para
perder, algún euro y poder camuflar, lo que en nuestra opinión es además de una
financiación ilegal un fraude de ley", señaló de forma reveladora.
Además, de la
denuncia presentada ayer por Francisco Granados, número tres
del Gobierno regional, se desprende que Caja Madrid, controlada por el PP, pagó
dinero para financiar supuestamente de forma ilegal al PSM.
Rosa Alcalá, del PSM,
fue la encargada ayer de desmontar los argumentos jurídicos del PP. La diputada
socialista descartó rotundamente que exista financiación ilegal en el PSM. "El
ridículo que hoy está haciendo el consejero de Presidencia es una estrategia del
PP sin fundamento que únicamente pretende poner bajo sospecha a todos, para que
los ciudadanos crean que somos todos iguales. La misma estrategia que siempre
utiliza el Partido Popular cuando se ve acorralado por la corrupción", señaló en
un comunicado la dirigente del PSM.
ANTICORRUPCIÓN CONFIRMA QUE
AGUIRRE SE FINANCIÓ ILEGALMENTE
Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez
instructor del
caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de
Madrid
financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003,
el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas.
Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso
de la
fundación Fundescam como canal opaco de captación de
fondos y pago de facturas.
Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam
por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe
policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y
del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de
euros el valor de las facturas que
Special Events, buque insignia de la red corrupta,
falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear
facturas en 2004 por más de 800.000 euros.
La fiscalía otorga máximo crédito al
informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito
electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad
documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción
sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal
porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá
el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el
secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados
ni los que ejercen la acusación popular.
Las fuentes jurídicas consultadas
discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres
años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año;
y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando
presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes
jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo
de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó
tarde.
El primer informe policial sobre la
financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de
julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el
avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad
secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.
El PSOE de Madrid (PSM) esperará al
levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su
propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso
de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos
electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos
presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de
asociación ilícita, que prescriben a los diez años.
El informe policial remitido en
julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un
delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca
que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar
las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el
PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de
euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de
euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe
de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos
"provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos
públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".
A lo largo de 2003, Fundescam,
entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000
euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía
presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la
patronal madrileña, Arturo Fernández.
Al menos la mitad de esas donaciones
se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004,
Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005,
ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos
por donaciones.
El informe policial de julio de este
año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y
lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor"
en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas,
entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables
entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios
autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados
socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid.
La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda
convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.
El delito electoral y el de falsedad
documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la
clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera
el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión
menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que
falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el
Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la
falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.
LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA
FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA
Special Events, marca de cabecera de la
trama Gürtel, endosó a la
fundación Fundescam una factura de 70.644 euros que en
realidad se correspondía con la organización del congreso regional del PP de
2004 y en el que Esperanza Aguirre fue elegida presidenta de los conservadores
madrileños. Special Events giró contra la fundación del PP la factura del
congreso regional el 30 de noviembre de 2004. Es decir, lo hizo tres días
después de que Aguirre ya hubiera tomado formalmente el timón del PP madrileño.
En abril de 2005, Aguirre ascendió también a la presidencia de Fundescam, cargo
en el que permaneció hasta meses después de estallar el escándalo.
El falseamiento de la factura congresual consta en el
informe policial sobre financiación del PP remitido el 30 de julio al juez
Antonio Pedreira y
cuyo contenido acaba de ratificar Anticorrupción . El
informe cifra en 1,3 millones de euros las
facturas que el PP falseó entre 2003 y 2004 en
supuesta connivencia con la red corrupta y gracias al uso de Fundescam como
fuente de financiación opaca. Ratifica, asimismo, que Special Events no sólo
organizó algunos actos electorales de Aguirre para las autonómicas de 2003 sino
que llevó toda su campaña.
Emitida con el número 04/099, la
factura falsificada sobre el congreso regional del PP es una de las halladas por
la policía en el registro del piso que la trama tenía en la madrileña calle de
Serrano. Y sobre esa factura había una anotación manuscrita con la siguiente
leyenda: "Congreso Regional PP. Madrid". Formalmente, Special Events reclamaba a
Fundescam los 70.644 euros por un concepto propio del objeto social de la
fundación y ajeno, por tanto, a la actividad partidaria del PP: "Importe
correspondiente al montaje de cursos, seminarios y presentación de publicaciones
durante el 2º semestre de 2004", dice la factura.
Pero la anotación manuscrita no es
el único indicio que sustenta la sospecha de falsificación. La referencia a esa
factura endosada a Fundescam consta en tres archivos distintos, todos ellos
pertenecientes a la contabilidad secreta de Special Events y cuyo contenido
reproduce el informe policial.
Uno de esos tres archivos es una
hoja en formato Excel denominada "Detalle facturas actos P.P. Madrid" y en ella
se consignan los gastos que fueron generando los actos del partido entre
diciembre de 2002 y 2004. En ese archivo, los datos se organizan en columnas
bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una
última columna sin denominar. Los "clientes" eran cinco: PP de Madrid, Grupo
Popular Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP nacional. En
la columna de "cliente" la factura 04/099 aparece endosada a Fundescam. Pero en
la columna "concepto", figura el verdadero origen del cargo: "Congreso Regional
P.P. Madrid".
La Brigada de Blanqueo subraya que
tanto ese como los restantes archivos almacenados en el disco duro externo del
piso de seguridad que la trama tenía en General Martínez Campos (Madrid) el ya
célebre pendrive estaban "encriptados". O sea, cifrados mediante un código que
hacía ilegible su contenido si no se conocía la clave.
La factura del congreso regional
aparece igualmente reseñada en el archivo "Cambios facturación 2003-2004.xls",
cuyo contenido es la relación de facturas del PP falseadas. Hay otro archivo
casi idéntico, llamado "cambios facturación 2003-2004-barcenas.x". Lo único que
lo diferencia del anterior es que, en la parte inferior, podía leerse esto:
"Demanda de Special Events contra el PP de Madrid procedimiento ordinario
1200/2005 juzgado de primera instancia número 8 de Madrid 1ª Audiencia día
1-2-06 a las 11.30 horas". Esa demanda es la que Special Events planteó para
exigir el pago de lo que la propia trama denominaba los "pufos del PP de
Madrid".
"INTUYO CÓMO SIGUE FINANCIÁNDOSE
EL PP"
Campañas bajo sospecha
El secretario general del PSM y
candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez,
subrayó ayer que "haya prescrito o no, no significa que no hubiese financiación
irregular" en las campañas de su oponente, Esperanza Aguirre.
Posible recurso
Tomás Gómez aseguró que si el juez
Pedreira da la razón a la Fiscalía Anticorrupción, el PSM tendrá que estudiar si
cabe o no recurso para mantener abierta la investigación sobre Fundescam y el PP
de Madrid. "Intuimos cómo puede seguir financiándose" el PP, avisó el líder de
los socialistas madrileños.
AGUIRRE SE
DESMARCA DE LA 'GÜRTEL' Y SEÑALA OTRA VEZ A ESCUDERO
La presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, insiste en desvincular su etapa al
frente del PP de Madrid de la trama Gürtel, a pesar de que los últimos informes
policiales apuntan a que los responsables de la red corrupta organizaron todos
los actos de las primeras autonómicas de 2003 cuando ella era la candidata.
"Una vez que se
sabe que todos los actos de su campaña electoral de 2003 los organizó la red
Gürtel, ¿mantienen en el PP de Madrid que hay que seguir pidiendo explicaciones
a Pío García-Escudero, su antecesor en el cargo?", fue preguntada ayer en rueda
de prensa. La líder del PP de Madrid respondió con otra cuestión: "En el año
2003, ¿quién era el responsable de las campañas electorales [en Madrid]?", en
alusión a Pío-García Escudero, ex presidente de los conservadores de Madrid y
actual portavoz del partido en el Senado.
No es la
primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid marca distancias con la
etapa de su predecesor. El 19 de mayo de 2009, cuando estalló el escándalo de
Fundescam, fue contundente en sus declaraciones. "En el 2003, yo no estaba [en
el partido]. O sea que se lo pregunten a Pío, pío, pío". Esperanza Aguirre no
llegó a la primera planta del número 13 de la madrileña calle de Génova, sede
del PP de Madrid, hasta noviembre de 2004. Según ha informado este periódico,
Special Events, una de las empresas de la red corrupta, se encargó de organizar
todos los actos de las autonómicas de 2003 anteriores al tamayazo. Así se
desprende de un documento de excel, "Relación actos E. A.-Beltrán.xls", hallado
por la policía en un ordenador de la trama Gürtel.
Las siglas E.
A. se refieren a la presidenta madrileña y el siguiente nombre es el de Beltrán
Gutiérrez, gerente del PP de Madrid. Según la policía, el PP de Madrid falseó
facturas electorales de las campañas de Aguirre de 2003 por más de 1,2 millones
de euros. Y, para ello, se sirvió de la fundación Fundescam, perteneciente al
partido. Hasta hace unos meses, la norma ha sido que el presidente del PP de
Madrid lo sea también de la citada fundación.
Transcurridas
las autonómicas, las empresas de la red corrupta recibieron adjudicaciones de
actos de las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Una vez más, la
presidenta madrileña restó ayer valor a los informes que prueban la financiación
ilegal del PP de Madrid. "No hay nada nuevo, más que un informe policial que
pone de manifiesto la enorme transparencia con la que el PP ha funcionado en
todo momento".
Mañana,
Esperanza Aguirre y Pío García-Escudero podrán ser fotografiados juntos. El
portavoz conservador en el Senado será uno de los participantes en la convención
regional del PP de Madrid. Hasta el sábado, la plana mayor del partido se dará
cita en el hotel Auditorio de Madrid para debatir sobre educación, inmigración,
deporte, financiación local, economía e ideología. El plato fuerte ha sido
reservado para la clausura. Será cuando intervengan Alberto Ruiz-Gallardón,,
Aguirre y Mariano Rajoy.
(www.publico.es,
21/10/10)
AGUIRRE
CULPA A ESCUDERO: "PREGUNTEN A PÍO, PÍO, PÍO"
Esperanza
Aguirre no sabe, Esperanza Aguirre no contesta. La presidenta de la Comunidad de
Madrid no quiso pronunciarse sobre la información publicada por este periódico,
que revelaba que el PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, empleó una
red de financiación paralela en las dos elecciones autonómicas del año 2003,
cuando ella era la candidata.
Preguntada
en dos ocasiones por los periodistas durante su visita a la Universidad Carlos
III de Getafe para una entrega de premios, Aguirre no quiso entrar a precisar si
la Comunidad de Madrid adjudicó contratos a empresarios que previamente habían
financiado a la fundación Fundescam, dependiente del PP de Madrid. Tampoco
explicó la forma en la que se gestiona Fundescam, una fundación de la que ahora
es presidenta, y por qué no rinde cuentas desde el año 2002. Las únicas palabras
que salieron de su boca al respecto es que en el año 2003 ella no era la
presidenta del PP de Madrid: "En el 2003 yo no estaba. O sea, que se lo
pregunten a Pío, pío, pío", fue lo único que dijo la presidenta en alusión a su
precedesor en el partido.
En su equipo
recuerdan que Aguirre no llegó a la primera planta del número 13 de la madrileña
calle de Génova hasta octubre de 2004, cuando fue escogida líder de los
conservadores madrileños. En fechas anteriores su responsable era Pío García
Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Es a él, según explican fuentes
de la Comunidad de Madrid, a quien habría que pedir explicaciones.
Pío García
Escudero, por su parte, tampoco ha querido responder directamente sobre el caso
y sólo ha hablado en su nombre un portavoz de su equipo: "Tiene la conciencia
muy tranquila de que todo se hizo bien mientras él estuvo [al frente de la
fundación]".
Esperanza
Aguirre tampoco aclaró por qué el PP de Madrid acordó pagar en 2006 a Special
Events unas facturas pendientes de la campaña electoral de 2003, después de que
la empresa, propiedad de Francisco Correa, les llevase a los tribunales.
Según la
versión que ha defendido desde que estalló el caso Gürtel, la presidenta de
Madrid ordenó a su equipo en el año 2004 que no pagasen nada a las empresas de
Correa. Según esa versión, sólo el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo
había incumplido esa orden. Sin embargo, López Viejo que también participó en la
campaña electoral de Aguirre del año 2003 en calidad de director adjunto no
decidía sobre los pagos del PP de Madrid en el año 2006.
(www.publico.es, 20/05/09)
SORPRESA EN
EL PARTIDO POR LA DUREZA DEL LÍDER CON SU EX AMIGO
Todos los
dirigentes consultados se mostraron ayer muy sorprendidos por el tono
displicente, muy duro, que utilizó Rajoy para referirse a "Jaime Matas". No
respetó ni siquiera el nombre de Jaume, en catalán, el que el ex ministro
siempre prefiere.
La distancia
con Matas llama la atención porque todo el PP conoce la estrechísima relación
que mantuvo con Rajoy, hasta el punto de veranear juntos en Mallorca en yates de
empresarios conocidos.
De todo el
Gobierno de Aznar, Matas era, con Eduardo Zaplana, el más cercano al líder del
PP. Hasta el punto de que Rajoy, cuando Matas dejó la política y le pidió ayuda,
decidió otorgarle un sueldo del partido de 5.000 euros durante un año.
En el PP,
además de la desolación con el caso Matas, se ha instalado la inquietud por la
posible implicación indirecta en el caso Gürtel de otro hombre de confianza de
Rajoy, Pío García Escudero, miembro de maitines y portavoz en el Senado.
En el
sumario consta que el PP de Madrid utilizó fondos entregados por empresarios a
Fundescam, una fundación, para pagar las campañas de Esperanza Aguirre en 2003 y
2004, algo ilegal. Entonces era García Escudero quien dirigía el PP de Madrid.
Ella se encargó de recordarlo. "Que le pregunten a Pío, Pío", dijo cuando le
interpelaron por el caso
Piden la imputación de Pío García Escudero y Romero de Tejada por presunta
financiación ilegal en el PP de Madrid
Granados niega
ilegalidades "hasta donde yo sé"
Piden la
imputación de Pío García Escudero y Romero de Tejada por presunta financiación
ilegal en el PP de Madrid
El PSOE
ha pedido al juez Pedreira que cite a declarar por supuesta financiación ilegal
a los responsables del PP en Madrid en 2003, Pío García Escudero –ex presidente
del partido en Madrid y actual portavoz de su grupo en el Senado- y Romero de
Tejada –ex secretario general de la formación- por supuesta financiación ilegal
en la organización de actos electorales. La petición se basa en un informe de la
Policía Judicial que apunta que un acto electoral de Esperanza
Aguirre
celebrado el 6 de marzo de 2003 en Boadilla del Monte (Madrid), con un coste de
11.449 euros, fue sufragado al 50% por las empresas FCC y Sufi a través de la
red Gürtel. La clave podría estar en que estas dos empresas habrían pagado
una comisión ilegal a cambio de un contrato municipal y ese dinero acabó pagando
actos electorales del PP. El actual secretario general del PP de Madrid, Francisco
Granados, ha echado balones fuera asegurando que se trató de "un acto de una
agrupación municipal" y ha subrayado la legalidad de la financiación de su
partido "por lo menos hasta dónde yo sé".
La petición del
PSOE de que declaren como imputados García Escudero y Romero de Tejada se basa
en un informe de la Policía Judicial que apunta que un acto electoral del PP
celebrado el 6 de marzo de 2003 en Boadilla del Monte (Madrid) fue sufragado al
50% por las empresas FCC y Sufi a través de la red Gürtel, según informa El
País.
La campaña del
tamayazo
El acto de
Boadilla del Monte estuvo protagonizado por la entonces candidata del PP a las
autonómicas, Esperanza Aguirre, y por el alcalde de la localidad, Arturo
González Panero, en la actualidad imputado por la Gürtel. Aquellas elecciones de
2003 quedaron marcadas por la deserción de dos diputados socialistas,
el conocido como tamayazo, que evitaron la proclamación de Simancas como
presidente y la posterior victoria de Aguirre en una nueva convocatoria
electoral.
Un contrato
municipal y Correa por medio
La clave de la
presunta financiación ilegal del acto de Boadilla, según el informe policial,
está en que FCC y Sufi habían conseguido un contrato para la recogida de la
basura en el municipio a cambio una comisión ilegal que habría servido para
pagar actos electorales del PP. Las condiciones del contrato obligaban a las
empresas a destinar el 2% del total del dinero de la adjudicación a campañas de
comunicación. Es ahí donde aparece Correa, que cobraría ese porcentaje para
presuntamente destinarlo no a comunicación de las propias empresas sino a actos
electorales del PP.
Dirimir
responsables de la campaña del PP
En su petición
al juez Pedreira, el instructor del caso Gürtel en Madrid, los socialistas piden
dirimir quiénes eran los responsables de la campaña del PP en 2003, y es que
para que Aguirre participara en Boadilla tuvo que existir una "concertación
previa", teniendo en cuenta "la superioridad jerárquica" del PP de Madrid sobre
el de Boadilla del Monte. Es en esta delimitación de responsabilidades en la que
se enmarca la petición de que declaren los entonces presidente y secretario
general del PP madrileño, García Escudero y Romero de Tejada respectivamente.
Llueve sobre
mojado: Fundescam
Ya otro informe
policial alertó de la posibilidad de financiación ilegal en las campañas
electorales del PP en Madrid a través de Fundescam, una fundación del PP que se
nutría de empresas contratistas de la Comunidad de Madrid.
También piden
imputación de Ana Mato
Además de las
imputaciones de García Escudero y de Romero de Tejada, el PSOE también ha
solicitado a Pedreira que declare como imputada la popular Ana Mato, que
en 2003 era coordinadora de Organización del PP y estaba casada con el también
imputado por la Gürtel Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Majadahonda. El motivo
alegado por los socialistas en un presunto delito de cohecho al recibir regalos
de la trama Correa, como un viaje para ella y a su hija a Suiza.
Granados avala
legalidad "hasta donde yo sé"
Por su parte,
el actual secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha tachado de
"esperpéntico" el reclamo del PSOE, y ha dicho que la Gürtel es "algo muy
manido, estudiado e investigado desde todos los puntos de vista". Según Granados
y en declaraciones recogidas por La Vanguardia, "el PP desde que Aguirre
es presidenta nunca jamás ha contratado ni un solo acto con estos señores [de la
Gürtel]". Además, el popular ha echado balones fuera asegurando que el acto de
Boadilla corría a cargo de la "agrupación municipal" y no la contrató "ni Pío
García Escudero ni Ricardo Romero de Tejada". "El PP se ha financiado de una
manera absolutamente legal y regular durante toda su existencia en la Comunidad,
por lo menos hasta dónde yo sé", concluyó.
GARCÍA-ESCUDERO
ASEGURA QUE EN 2003 DEVOLVIÓ UN RELOJ A CORREA
En el sumario
figura un apunte de 500 euros a su secretaria
La contabilidad
B de la trama de Francisco Correa, una de las bases del caso Gürtel, tenía un
gran nivel de detalle. Hasta el punto de que en ella figuran incluso cantidades
muy pequeñas. Hay una, de 500 euros, que consta en el sumario como si fuera una
entrega en 2003 a la secretaria de Pío García-Escudero, actual portavoz en el
Senado del PP y entonces presidente del partido en Madrid, por lo que tenía
relación con las empresas de la red, que montaban casi todos los actos.
El apunte,
según García-Escudero, podría deberse a un teléfono móvil que le regaló Álvaro
Pérez, El Bigotes, cuando estaban organizando la campaña de las municipales y
autonómicas de 2003, que coordinó García-Escudero. El miembro de la cúpula del
PP sostiene que ese regalo se produjo en el contexto del trabajo, porque se le
había estropeado el suyo, y lo engloba en una relación profesional normal.
González Pons:
"¿Quién no recibe un regalo en Navidad?"
García-Escudero
se relacionaba con El Bigotes directamente, pero también admite que el propio
Francisco Correa, el jefe de Álvaro Pérez y máximo responsable de la trama, al
final de una comida de trabajo, también en 2003, le dio una bolsa con un regalo.
El portavoz en el Senado recuerda que intentó no aceptarlo en ese momento, pero
ante la insistencia de Correa se lo llevó a su despacho. Al abrirlo, comprobó
que se trataba de un reloj "muy caro, de mucho más de 500 euros", según su
propio relato, y decidió que no podía aceptar ese regalo. Por eso cerró el
paquete y ordenó a su chófer que lo entregara en las oficinas de Correa, en la
calle de Serrano 40 de Madrid. García-Escudero sostiene que no volvió a saber
nada de ese regalo.
Correa tenía la
costumbre de realizar costosos regalos a prácticamente todas las personas
responsables de alguna manera de sus contratos. En el PP, los más veteranos
recuerdan perfectamente los carísimos regalos -bolsos, casi siempre de Louis
Vuitton, para las mujeres, relojes caros para los hombres- que llegaban a la
sede de la calle de Génova cada Navidad.
García-Escudero
fue el responsable de varias campañas y sobre todo del PP de Madrid, que
contrataba todo con Correa hasta el punto de que el congreso de 2004, en el que
Esperanza Aguirre sucedió a García-Escudero al frente del PP de Madrid, también
lo organizó la red. Después de 2004 Correa buscó refugio en la Comunidad
Valenciana y en el Gobierno de Aguirre, a través de Alberto López Viejo.
Gürtel. La secretaria de Pío García-Escudero recibió dinero de la "caja B" de
Correa
La secretaria
del actualmente portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, recibió en
mayo de 2002 dinero de la "caja B" de la presunta trama de corrupción organizada
por Francisco Correa, según consta en un informe policial recogido por
Servimedia del sumario de la instrucción del "caso Gürtel".
El documento,
elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales, asegura que una de las
personas beneficiadas económicamente por la red de empresas de Correa es la
secretaria personal de Pío García-Escudero, que aparece identificada por el
nombre "Cayetana / Secret. Pío Gª Escudero".
En un archivo
informático encontrado en un piso que la trama tenía en la calle Serrano, se
detalla un pago que la Policía interpreta como una "salida de fondos de la
cuenta de la contabilidad B denominada Caja X PC por importe de 500 euros que se
entrega a la señorita Cayetana, que es secretaria de Pío García-Escudero, el día
7/5/2002".
Los peritos
policiales concluyen en el informe que la secretaria de García-Escudero recibió
"dinero procedente de fondos de la caja B existente en Serrano".
Además,
subrayan que la mención a la secretaria de García-Escudero supone encontrar "una
persona vinculada directamente a un responsable político del Partido Popular
tanto a nivel de la Junta de Castilla y León como nacional".
El informe
detalla que García-Escudero "entró en política de la mano de José María Aznar"
en 1987. Sin embargo, en el año 2002, en la fecha del abono registrado por la
trama de corrupción, García-Escudero tenía centralizada toda su actividad
política en Madrid. Entonces era coordinador de Organización del partido a nivel
nacional y presidente del PP de Madrid.
EL PATRIMONIO
DE BÁRCENAS
En el mismo
documento, la Policía enumera un listado de pagos supuestamente recibidos por el
ex tesorero del PP Luis Bárcenas de la trama de corrupción encabezada por Correa
y una evolución de sus propiedades en los últimos años.
Entre ellos,
destaca la cancelación de una hipoteca por más de 240.000 euros, la compra de un
apartamento en el valle de Arán por más de 940.000 euros, otra vivienda en
Madrid por más de 245.000 euros de valor catrastal y una garage en la capital de
unos 11.000 euros en valor catastral.
Además, su esposa, Rosalía Iglesias, tenía una casa en Marbella con un valor
catastral superior a los 100.000 euros, además de un local y un garage que que
sumaban entre sí más de 30.000 euros en valor catrastral.
La cuantía de
las inversiones lleva a concluir a la Policía que "el patrimonio inmobiliario
configurado por el matrimonio Bárcenas" entre los años 2006 y 2008 "asciende a
1.031.340,40 euros".
Pío García Escudero ordenó a decenas de alcaldes del PP favorecer a empresas
amigas
Pío García
Escudero,
actual portavoz del PP en el Senado, ordenó en 2003 a todos los alcaldes
populares de la Comunidad de Madrid, siendo presidente regional del partido,
que favorecieran a casi dos docenas de empresas constructoras que habían
aportado fondos a Génova para sufragar la campaña electoral de las
municipales y autonómicas de aquel año.
Según el
testimonio de uno de los imputados en el caso Gürtel ante el juez que
instruye el sumario, Antonio Pedreira, García Escudero envió a finales de
mayo de 2003, una semana después de los comicios municipales y autonómicos, un
fax a todos los municipios madrileños gobernados por el PP, incluido el de la
capital, en el que ordenaba a los alcaldes que "dieran prioridad" en la
adjudicación de contratos públicos a las empresas que habían ayudado a
financiar la campaña electoral del partido.
El fax, que fue
enviado desde la Presidencia regional del PP a los alcaldes y concejales de
Urbanismo de los ayuntamientos en los que el partido obtuvo o revalidó la
victoria en las urnas, incluía un listado con las empresas -más de 20, la
mayoría de ellas constructoras- que debían recibir un trato de favor durante
la nueva legislatura por su generosidad para sufragar los gastos
electorales de la campaña, según han asegurado a El Confidencial fuentes
conocedoras del sumario.
Entre las
constructoras recomendadas por García Escudero estaba Grupo Dico Empresarial,
más tarde investigada por el presunto pago de comisiones millonarias a alcaldes
y funcionarios de municipios madrileños del PP a cambio de favores urbanísticos.
Un ex directivo
de Dico denunció a principios de este año ante la Fiscalía Anticorrupción
que uno de los políticos supuestamente beneficiado por los sobornos fue el
actual consejero de Presidencia de Esperanza Aguirre y número dos
del PP de Madrid, Francisco Granados, que fue alcalde del Ayuntamiento de
Valdemoro entre 1999 y 2003. La causa fue archivada.
Guillermo
Ortega,
ex alcalde del municipio madrileño de Majadahonda e imputado en el caso
Gürtel, transmitió personalmente a varios alcaldes y concejales del PP las
órdenes de García Escudero para beneficiar a empresarios amigos, según consta en
la parte del sumario sobre la que el juez Pedreira aún mantiene el secreto.
Ortega era en 2003 miembro de la Ejecutiva regional del partido y hombre de
confianza de García Escudero.
"No lo
recuerdo"
Consultado por
El Confidencial, García Escudero aseguró ayer desconocer si se había
enviado algún fax o carta a los alcaldes de la Comunidad de Madrid indicando a
qué empresas debían contratar. "No lo recuerdo", afirmó. Sin embargo, mostró su
"extrañeza" por que algo así se llegara a producir: "En la vida he hablado
con un alcalde para recomendarle una empresa", dijo a este periódico. El
entonces presidente regional del PP añadió que "sería absurdo hacer una
recomendación de este tipo por fax", y apuntó a la posibilidad de que otra
persona, haciéndose pasar por él, enviara el documento desde la Presidencia del
PP de Madrid.
En 2003, García
Escudero no sólo era el máximo responsable del PP en la Comunidad de Madrid,
sino que figuraba como número dos de Alberto Ruiz-Gallardón en la
candidatura al Ayuntamiento de la capital y fue nombrado por el entonces
presidente del Gobierno y líder del partido, José María Aznar, coordinador
nacional de la campaña electoral para las municipales y autonómicas. Los
populares necesitaban demostrar que el descontento por la guerra de Iraq y
la gestión del hundimiento del Prestige no interferiría en los resultados
electorales, y García Escudero fue el encargado de movilizar a toda la
maquinaria del partido.
El ahora
portavoz del PP en el Senado llevó las riendas de la campaña junto con Ana
Mato, en la actualidad vicesecretaria de Organización del PP. Ésa fue,
precisamente, la última campaña electoral en la que participó el ex marido de
Mato,Jesús Sepúlveda, entonces secretario nacional del Área
Electoral. Sepúlveda fue imputado por Baltasar Garzón en el caso
Gürtel por haber recibido, presuntamente, más de medio millón de euros de la
trama dirigida por Francisco Correa. Por este motivo, Sepúlveda dimitió
como alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Los
populares ganaron en aquellas elecciones 400 concejales más que los
socialistas en toda España, pero el PSOE del entonces líder de la oposición,
José Luis Rodríguez Zapatero, obtuvo 100.000 votos más en el conjunto del
país. En la Comunidad de Madrid, el territorio de García Escudero, el PP
revalidó la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital. Su trabajo fue
bien valorado por Mariano Rajoy, que en 2007 volvió a designar a García
Escudero responsable de la campaña electoral para las municipales y autonómicas
de aquel año.
El PP de Madrid falseó, según la policía, facturas
electorales de las autonómicas de 2003 por importe superior a 1,2 millones de
euros. Lo hizo con la connivencia de
Special Events, entonces buque insignia de la
trama Gürtel. Y lo hizo también utilizando la
fundación Fundescam como canal de financiación
paralelo gracias a donaciones de empresarios cuya "opacidad" subraya la policía.
El grueso de las donaciones (649.255 euros) llegó a Fundescam el año del
tamayazo, la traición de dos diputados socialistas que abrió a Esperanza Aguirre
la puerta del Gobierno de Madrid.
Las nuevas revelaciones policiales,
que agravan las sospechas de financiación ilegal y corroboran las informaciones
de Público sobre Fundescam, constan en un informe de la Brigada de Blanqueo
fechado el pasado 30 de julio. El informe, al que ha tenido acceso este diario,
concluye que el falseamiento de las facturas electorales del PP madrileño se
hizo "con conciencia y voluntad" de "enmascarar la realidad".
Siempre según el informe, el monto
de las facturas "ficticias" que Special Events giró al PP y a Fundescam entre
2003 y 2004 es aún superior: "El importe total en euros al que ascienden las
facturas alcanza un montante de 1.316.103 euros", dice en referencia expresa al
archivo llamado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (P.P. de
Madrid)". En ese archivo, una columna agrupaba datos bajo el epígrafe "concepto
real". Y, bajo el título "concepto factura", en otra columna se alineaban los
datos falsos utilizados a efectos oficiales.
Elaborado en formato excel, ese es
uno de los estadillos que la trama almacenaba en la carpeta denominada
"PP.-Madrid". Su contenido, cruzado con el del archivo "Detalle facturas
emitidas por actos PP de Madrid", ha sido clave para la investigación. El
análisis de esos documentos, incautados en los pisos francos de la trama, ha
permitido a la policía abordar por primera vez con carácter monográfico la
financiación del PP madrileño a través de Fundescam. En su informe, la policía
reseña que Luis Bárcenas era en 2003 el responsable del PP a efectos de control
de ingresos y gastos electorales. Y que Fundescam tenía como presidente en esas
fechas a Pío García Escudero, hoy portavoz del PP en el Senado.
Había un doble modus operandi y el
informe abunda en datos al respecto. En unos casos, Special Events alteraba el
concepto de la factura e incluso la fecha del supuesto acto que la había
originado, de modo que esa factura no quedara sujeta a las severas limitaciones
de gasto que la legislación impone a los partidos durante las campañas
electorales. Mediante ese procedimiento y según los documentos de la trama
corrupta reproducidos por la policía, el PP pagó a Special Events un millón de
euros entre 2003 y 2004.
En otros casos, la empresa endosaba
la factura a Fundescam. Aquí, Special Events fingía haber organizado para la
fundación actos ajenos a la actividad partidaria, ya fueran jornadas o
seminarios. Atendiendo a los datos del informe y de los anexos, Fundescam abonó
así más de 300.000 euros que se correspondían con gastos electorales del PP
madrileño.
Como norma, el concepto de la
factura y/o su destinatario se alteraban a conveniencia. El informe lo resume
así: "El sistema de actuación consistía en elaborar una factura de carácter
provisional una vez realizado el acto, que posteriormente estaba sujeta a
cambios tanto de entidad como de concepto en el momento de ser enviada al
cliente según las necesidades de este".
En referencia a los empresarios que,
con Gerardo Díaz Ferrán en cabeza, donaron casi un millón de euros a Fundescam
entre 2003 y 2004, el informe habla de "opacidad" y lanza un misil contra el
Ejecutivo de Aguirre: "Estos fondos obtenidos por Fundescam, vinculada
orgánicamente al PP, provienen de empresas privadas a las que se les han
adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en
administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una
propensión al intercambio de favores". Seis de las empresas donantes de
Fundescam obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300
millones de euros.
El informe policial, que evita
nombrar delitos imputables a los dirigentes del PP pero los describe con
precisión, incluye este párrafo: "[El PP madrileño utilizó] un mecanismo de
financiación ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y la Ley de
Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada
orgánicamente al partido".
El informe policial que ratifica los indicios de
financiación ilegal en el PP madrileño propone al juez una amplia batería de
pruebas para avanzar en las pesquisas. Una de ellas, que se reclame a Fundescam
la lista de donaciones recibidas en 2003 y 2004 "con indicación del donante y de
la cuantía de la donación, así como el destino dado a las mismas". En esos dos
años, ambos electorales,
Fundescam recaudó 941.574 euros por aportaciones de
origen privado. A partir de 2005, y a tenor de sus propias cuentas, la fundación
ya no recibió un solo euro en donaciones.
Como ha venido informando Público a
lo largo del último año, las cuentas de esta misteriosa fundación ligada al PP
madrileño no aportan el más mínimo detalle sobre el destino de las donaciones.
Las memorias anuales de Fundescam relativas a 2003 y 2004 ni siquiera
pormenorizan la relación de donantes. Tampoco ofrecen pistas sobre el destino
dado a las generosas ofrendas económicas hechas por una quincena de hombres de
negocios con intereses en la Comunidad de Madrid. Los encabezaba el todavía jefe
de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que donó en total 246.000 euros.
Fundescam centra el grueso de las
propuestas de actuación planteadas en su informe por la Brigada de Blanqueo. La
policía propugna que se requiera a la fundación para que facilite "toda la
documentación soporte de las relaciones comerciales" que haya podido mantener
con las empresas más señeras de la red corrupta. Y en ese "toda" se incluye
desde facturas a informes realizados a correos electrónicos cruzados entre ambas
partes. La relación de empresas por cuyas relaciones con Fundescam se interesa
la policía es esta: Special Events, Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid
Integral, Good and Better, Technology Consulting Management, Orange Market,
Pasadena Viajes, Orange Factory, Forever Travel Group y Ventana Única.
La policía propone igualmente que se
reclame al Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid los siguientes
datos sobre Fundescam: "Fundadores, patronato fundacional, cargos de
responsabilidad, estatutos, memorias y estados contables y toda la información
obrante en el registro desde su fundación y hasta el año 2004".
Respecto al PP de Madrid, la Brigada
de Blanqueo solicita que se le requiera "para que facilite la documentación
relativa a las operaciones llevadas a cabo con la sociedad Special Events
durante 2003 y 2004". Esa petición se hace extensiva al PP nacional, incluyendo
aquí la "justificación bancaria y contable" de los pagos.
En los dos meses hábiles
transcurridos desde el envío del informe al juez Pedreira, Anticorrupción no ha
solicitado la práctica de ninguna de las diligencias propuestas por la Brigada
de Blanqueo .
LA POLICÍA CONSTATA QUE EL PP
MADRILEÑO SE FINANCIÓ ILEGALMENTE ENTRE 2003 Y 2004
El PP madrileño utilizó "un
mecanismo de financiación ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y
la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada
orgánicamente al partido". Así de contundente es el informe policial incluido en
el caso Gürtel, que asegura que los populares en la Comunidad de Madrid
falsearon facturas de activides electorales de las autonómicas de 2003 por un
importe superior a 1,2 millones de euros y que para ello utilizaron la fundación
Fundescam a partir de donaciones de determinados empresarios.
El diario Público, que ha tenido
acceso al informe policial, asegura que la mayor de las donaciones (unos 649.255
euros) llegó a Fundescam el año del tamayazo, la traición de dos diputados
socialistas que abrió a Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid, en
2004.
"Enmascarar la realidad"
La autoría del informe corresponde a
la Brigada de Blanqueo, y está fechado el pasado 30 de julio. En él se concluye
que el falseamiento de las facturas electorales del PP madrileño se hizo "con
conciencia y voluntad" de "enmascarar la realidad".
Special Events
La empresa que falseó presuntamente
las facturas que suman un montante de 1.316.103 euros fue Special Events, una de
las compañías del cabecilla de la trama Gürtel, entre 2003 y 2004. Estos datos
están recogidos en al archivo llamado "Detalle facturas con cambio de entidades
y/o conceptos (P.P. de Madrid)". La Policía halló en ese documento una columna
con datos bajo el epígrafe "Concepto real". Y, bajo el título "Concepto
factura", en otra columna, se alineaban los datos falsos utilizados a efectos
oficiales.
Facturas a medida
Special Events en ocasiones alteraba
el concepto de la factura e incluso la fecha del supuesto acto que la había
originado, para que no quedara sujeta a las limitaciones de gasto que la ley
impone a los partidos durante las campañas electorales. Mediante ese
procedimiento y según los documentos de la trama corrupta reproducidos por la
Policía, el PP pagó a Special Events un millón de euros entre 2003 y 2004. Al
respecto, la Policía establece que "el sistema de actuación consistía en
elaborar una factura de carácter provisional una vez realizado el acto, que
posteriormente estaba sujeta a cambios tanto de entidad como de concepto en el
momento de ser enviada al cliente según las necesidades de ´éste".
Facturas a Fundescam con "conceptos
ficticios"
En otros casos, la empresa de Correa
elaboraba la factura a nombre de Fundescam, con conceptos “ficticios” ajenos a
la actividad partidaria, como jornadas o seminarios. Atendiendo a los datos del
informe y de los anexos, Fundescam pagó más de 300.000 euros que se
correspondieron, realmente, con gastos electorales del PP madrileño.
Las donaciones de empresarios
Sobre los empresarios que
presuntamente financiaron al PP madrileño, entre 2003 y 2004, con donaciones que
sumaron casi un millón de euros, está el todavía presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán(en la foto junto a Aguirre). "Estos fondos obtenidos por Fundescam,
vinculada orgánicamente al PP, provienen de empresas privadas a las que se les
han adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en
administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una
propensión al intercambio de favores". Seis de las empresas donantes de
Fundescam obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300
millones de euros, según el informe policial, citado por Público.
La versión del Gobierno de Aguirre
Una fuente próxima a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid, que ha sido consultada por El Plural para la
elaboración de esta información, ha afirmado que en la noticia de Público, según
su criterio, no hay datos nuevos, y que sobre las acusaciones vertidas en la
misma, el juez que lleva el caso Gürtel no ha tomado medida alguna. El Plural ha
intentado, sin éxito, conocer la versión del PP madrileño.
El sumario sobre el caso Gürtel
incluye, en su tomo 60, las pruebas que permiten concluir que el PP de Madrid
falsificó facturas para financiar las campañas electorales de 2003. Y que lo
hizo a través de Fundescam, una fundación del propio partido. Los datos que
demuestran el maquillaje de facturas a fin de burlar la Ley Electoral, que fija
un límite de gastos a los partidos políticos, figuran en un informe de la
Brigada de Blanqueo de la Policía incluido en el sumario.
Fue durante un registro policial en
un piso de seguridad de Francisco Correa, ubicado en la madrileña calle General
Martínez Campos, donde los investigadores hallaron una memoria portátil en la
que figuraban hojas de cálculo de la empresa Special Events, firma clave de la
trama. Los nombres de los archivos no dejaban indiferente: "Cambios facturación
2003-2004.xls", "Cambio facturación 2003-2004.barcenas.xls" y "Facturación P.P.
Madrid.xls". Esta información ya fue adelantada por Público el pasado octubre.
El archivo "Facturación P.P.
Madrid.xls", según figura en la página 136 del tomo 60, consta de "seis columnas
con las denominaciones: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una última
sin denominar". Los datos abarcan el periodo comprendido entre diciembre de 2002
y noviembre de 2004.
Entre los clientes que figuran en
esta hoja de cálculo, están el PP de Madrid, el Grupo Popular del Ayuntamiento
de Móstoles. el PP de Majadahonda, Fundescam y el PP nacional.
A la hora de citar el concepto, los
investigadores destacan que, en ocasiones, consta una denominación genérica,
como "campaña municipales y autonómicas Madrid", "campaña autonómicas E. Aguirre
octubre", "campaña elecciones generales 2004 Madrid" y "congreso regional PP
Madrid". Junto a estos conceptos, figura, según sostiene la policía, un número
1. Son los actos que después se facturarán falsamente. El apunte en el que se
hace mención a octubre se refiere a las elecciones posteriores al tamayazo.
El archivo en el que aparece el
nombre de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, junto a la expresión "cambios
facturación", ofrece detalles de las facturas con modificaciones en lo referente
a los clientes y los conceptos. Al igual que el archivo "Facturación P.P.
Madrid.xls", este consta de seis columnas. Pero en este caso hay una ligera
variación: "fecha, factura, cliente, importe, concepto real y concepto factura".
Esto permite concluir que se facturaron cantidades por conceptos falsos. Las
fechas siguen siendo las mismas, pero los clientes son ahora tres: PP de Madrid,
Fundescam y PP Nacional.
En cuanto al concepto real, se citan
"las elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004" y el "congreso
regional 2004". Y en el concepto factura, aparece, según el sumario "la
descripción del acto atribuido".
Los investigadores concluyen que
"existe una correlación entre ambos archivos, de tal forma que los apuntes
genéricos que figuran en el archivo "Facturación P. P. Madrid xls" con el número
1 al lado se traspasan casi en su totalidad al archivo "Cambios facturación
2003-2004 barcenas.xls" asignando un concepto determinado a cada uno de ellos,
si bien sigue siendo genérico sin aportar datos concretos sobre los mismos como:
lugar de realización, fecha de celebración etc." El informe policial también
incorpora una información publicada en mayo por Público, en la que se menciona
que el PP de Madrid recaudó cerca de un millón de euros de empresarios a través
de Fundescam. Con ellos se pagaron facturas de las campañas de 2003.
El PP de Madrid desliga
a Aguirre de la financiación ilegal de sus campañas
Argumenta que no presidía el partido en 2003, cuando Fundescam pagó
sus gastos electorales
El Partido Popular de Madrid intenta desligar a Esperanza
Aguirre de la presunta
financiación ilegal de sus campañas electorales en 2003 a
través de la fundación Fundescam. No es la primera vez. Nada más
estallar el escándalo, la propia presidenta regional respondió a
los periodistas con un: "Que se lo pregunten a Pío, Pío, Pío",
en alusión a Pío García-Escudero, su antecesor al frente de los
conservadores madrileños hasta noviembre de 2004.
En un sentido similar, ayer el partido remitió una solicitud de
rectificación a Público al entender que es incorrecto
el titular del diario de ayer: "La policía busca más pruebas
sobre la financiación ilegal del PP de Aguirre".
Informe policial
En dicho escrito, el PP de Madrid
no niega ni una sola de las
informaciones reveladas por Públicosobre la
presunta financiación irregular de los conservadores madrileños
a través de Fundescam. Este periódico ha revelado que la Brigada
de Blanqueo de Capitales de la Policía ha entregado al juez
instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un
informe que recoge sus avances en la investigación de la
supuesta financiación irregular del PP de Madrid sirviéndose de
la mencionada fundación.
Fundescam, controlada por al PP de Madrid,
recibió entre los años 2003 y
2004 un millón de euros de donaciones procedentes de
empresarios. Estos, a su vez, recibieron después adjudicaciones
millonarias del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Según documentos a los que ha tenido acceso este diario, el PP
de Madrid pagó con los fondos
recaudados facturas de las dos elecciones autonómicas
celebradas en el año 2003, las del 25 de mayo y las celebradas
en octubre tras el episodio del tamayazo. La candidata
del PP era Esperanza Aguirre.
Ahora, la policía ha entregado al juez un nuevo informe con
avances sobre el caso y le solicita que requiera los datos
contables del partido en 2003 y 2004.
En la citada nota de rectificación, el PP de Madrid argumenta
que "la presunta actividad irregular a la que alude su
información se refiere a un periodo de tiempo, anterior al 30 de
noviembre de 2004, en el que la Sra. Aguirre no ejercía la
presidencia del Partido Popular de Madrid, hecho éste que se
oculta en los titulares, y se relega en la información".
Como admite el propio PP de Madrid, este diario informa con
exactitud de todas las fechas. En este sentido, en la
información se menciona que Pío García-Escudero, actual portavoz
del PP en el Senado, presidía a los conservadores madrileños en
2003 y 2004 y que también presidió Fundescam hasta noviembre de
2004, cargo en el que le sustituyó Esperanza Aguirre. A
principios de este año Gádor Ongil, número tres del PP de
Madrid, tomó el testigo de la presidenta y preside ahora la
fundación.
LA POLICÍA INVESTIGA LOS GASTOS DEL PP EN ÉPOCA DEL' TAMAYAZO'
Entrega al instructor del caso 'Gürtel'
un nuevo informe sobre presunta financiación irregular a través de Fundescam.
Pide al juez que requiera los datos contables del partido en 2003 y 2004
La Brigada de
Blanqueo de Capitales de la Policía ha entregado al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un
informe de 50 páginas que recoge sus avances en la investigación de la presunta
financiación irregular del PP a través de Fundescam, una fundación del partido
en Madrid que recibió un millón de euros entre 2003 y 2004 en donaciones de
empresarios a los que luego el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó
contratos millonarios.
En este informe, la policía pide al juez que requiera todo tipo de
información contable al Partido Popular y a la propia Fundescam correspondiente
a esos dos años, incluidas las operaciones con Special Events, empresa
clave en la trama que dirigía Francisco Correa. Hasta ahora, la investigación ha
puesto de manifiesto que el PP se sirvió de Fundescam para burlar la Ley
Electoral, que establece un límite de gasto en las campañas.
La policía indaga los vínculos del Gobierno de Madrid con Fundescam
Según
reveló Público en mayo de 2009,
la fundación abonó 300.000 euros a Special Events entre diciembre de 2002 y
noviembre de 2004 en concepto de gastos electorales que correspondían al
partido. Para enmascarar la trampa, Special Events emitía facturas por conceptos
que no se corres-pondían con la realidad.
Campañas para Aguirre
Las campañas de las dos eleccio-nes autonómicas celebradas en Madrid
en 2003, pagadas en parte por Fundescam, estuvieron separadas por el tamayazo, la repentina deserción de
dos diputados socialistas que impidió la investidura de Rafael Simancas,
propició la celebración de unos nuevos comicios y el desembarco final de
Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol.
Pide información del Registro de Fundaciones y de la Junta Electoral
Ahora, los requerimientos de la policía se centran en la campaña
electoral de 2004 para las elecciones al Parlamento europeo, en la que el PP
habría seguido el mismo método fraudulento de financiación. De ahí que
uno de los requerimientos de la policía afecte a la Junta Electoral. El cuarto y
último va dirigido al juez para que requiera información detallada al Registro
de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
En esta nueva fase de la investigación, la policía pretende avanzar
también en la relación de Fundescam con la Comunidad de Madrid. Por el momento,
se sabe que el Gobierno de Aguirre otorgó desde 2004 un total de 367 contratos a
distintas empresas de Correa. El modus operandi consistía en que varios
departamentos o consejerías de la Comunidad contrataran distintos servicios de
un mismo evento y pagaran por cada uno de ellos siempre menos de 12.000 euros,
límite máximo fijado por la ley para que la adjudicación no tenga que salir a
concurso.
Los policías piden también al juez todos los datos de facturación de
Special Events, la justificación contable, servicios prestados e identidad de
las personas que se situaron a un lado y otro de los cobros. Su administrador
único era Pablo Crespo, número dos de la
trama Gürtel y ex secretario de organización del PP gallego, que
continúa en la cárcel.
La fundación pagó 300.000 euros a una empresa de Correa en gastos
electorales
La policía ya desmenuzó el canal paralelo de financiación del PP
madrileño en un informe de abril de 2009, para el que resultó clave la de-sencriptación
de un pen drive hallado en un
piso de la calle General Martínez Campos. Para el nuevo informe ha sido
fundamental la información incautada en otro de los pisos de la red,
situado en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, y registrado el 6 de
febrero de 2009 en presencia del contable de la trama, José Luis Izquierdo.
Esa contabilidad en negro también recogía los pagos a distintos
políticos del PP, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas y el que fuera
consejero del Gobierno madrileño Alberto López Viejo, al que el propio Crespo
describía como el "muñidor" de todos los contratos que recibía la trama por
parte de la Comunidad de Madrid a partir de 2004.
"Que le pregunten a Pío, Pío"
El juez Pedreira tiene el informe, de 50 páginas, desde hace dos
semanas
En lo que respecta a Fundescam, el Gobierno de Esperanza Aguirre
siempre ha remitido al que era presidente del PP madrileño en 2003 y 2004, Pío
García Escudero. "Que se lo pregunten a Pío, Pío, Pío", contestó Aguirre la
primera vez que un periodista la interrogó por esta cuestión. De la misma
forma, el PP nunca ha explicado a qué se destinó el millón de euros que recaudó
Fundescam entre los años 2003 y 2004.
El juez Pedreira recibió el citado informe de la Brigada de Blanqueo
a principios de agosto y no está previsto que se pronuncie sobre sus peticiones
hasta bien entrado el mes de septiembre
Anticorrupción pide los pagos de
Fundescam a la red Gürtel
La fundación del PP madrileño abonó
a Special Events 300.000 euros de las campañas de Aguirre en 2003 y 2004. La
Fiscalía actúa tras el informe policial que confirma la financiación ilegal
La instrucción
del caso Gürtel ha dado un paso más en sus
indagaciones sobre la
financiación ilegal del PP madrileño a través de la
hasta hace un año desconocida fundación Fundescam, que pagó
gastos electorales del partido a la trama que dirigía
Francisco Correa. La Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido a
Fundescam datos sobre los pagos efectuados en 2003 y 2004,
cuando, como reveló Público el pasado mes de mayo,
Fundescam abonó a Special Events gastos electorales de las
campañas de Esperanza Aguirre, que en noviembre de 2004 pasó
a presidir la fundación. A través de la entidad, que se
nutría con donaciones de empresarios, el PP burló los
límites legales de gasto que la ley impone a los partidos en
campaña electoral.
En la batería de
documentos cuya entrega exige el ministerio público figura
la contabilidad detallada de la fundación, así como los
recibos y los justificantes de los actos que, supuestamente,
generaron los pagos. Las facturas pagadas a Special Events
por gastos del PP se camuflaban alterando el concepto que
las había originado. En lugar de actos del partido, los
albaranes reflejaban eventos inexistentes de Fundescam, cuya
misión oficial consiste en promocionar el desarrollo
económico y social de la Comunidad de Madrid.
Tramitado en
febrero por el juez Antonio Pedreira,
el requerimiento de la
Fiscalía aún no ha obtenido respuesta, confirmaron
ayer a este diario fuentes del caso. La decisión del
ministerio público tiene su origen en un informe policial
conocido en julio de 2009 y cuyo contenido ratificaba la
existencia de financiación ilegal.
Incorporado a la
segunda parte del sumario, cuyo secreto levantó el juez
Pedreira el pasado martes, el citado informe policial
desmenuza cómo el PP madrileño utilizó Fundescam como canal
parelelo de financiación. La clave la dio un pendrive
incautado en el piso franco que la trama mantenía en la
madrileña calle de General Martínez Campos.
Los archivos
Dentro de la "Carpeta PP-Madrid", el lápiz de memoria
contenía dos archivos en formato de hoja de cálculo y ambos
relacionados con Fundescam. El primero, "Cambio facturación
2003-2004.barcenas.xls". El segundo, "Facturación
PP.Madrid.xls". En 2003 y 2004, Luis Bárcenas, imputado en
el caso Gürtel y a quien Mariano Rajoy ha permitido
conservar su escaño en el Senado, desempeñaba el cargo de
gerente nacional del PP.
El primero de
los dos archivos mencionados consta de seis columnas cuyos
datos se alinean bajo los siguientes epígrafes:
fecha, factura, cliente, importe y concepto. En esa
hoja de cálculo figura una relación de actos organizados por
Special Events para cinco clientes: PP de Madrid, Grupo
Popular del Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda,
Fundescam y PP nacional.
El segundo
archivo, el denominado "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls",
seguía una pauta similar. Pero con una variante sustancial:
aquí, son seis las columnas. Y se denominan así: fecha,
factura, cliente, importe, concepto real y concepto factura.
Esas dos últimas columnas demuestran que las facturas se
emitieron por conceptos falsos. De hecho, y según consta en
el informe policial, como concepto real aparecen
"elecciones 2003", "europeas
2004" y "congreso regional 2004". En la columna
bautizada como "concepto columna" figura la descripción de
los actos que se reflejaron en la contabilidad oficial.
Los socialistas
creen que, aun si el delito electoral ha prescrito, lo
ocurrido en Fundescam puede constituir un delito de falsedad
documental.
Pío García Escudero agradece a Bárcenas su
"gesto" de no perjudicar ni al grupo ni al
partido
El portavoz
del Partido Popular (PP) en el Senado, Pío
García Escudero, agradeció hoy al ex
tesorero del PP, Luis Bárcenas, relacionado
con el caso Gürtel, y que ha presentado su
renuncia como senador, su "gesto" de no
perjudicar ni al grupo ni al partido.
García
Escudero se refirió a la entrevista a Luis
Bárcenas que publica hoy el diario 'ABC', en
la que anunciaba su decisión de dimitir como
senador. El portavoz popular consideró que
el ex tesorero explica muy bien en dicha
entrevista la renuncia a su acta de senador.
Dijo que Bárcenas "entiende que así se va a
poder defender mejor", ya que "si al dejar
el acta de senador el tema queda en el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
tendrá derecho a dos instancias". Es decir,
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
y, en función del resultado, el Tribunal
Supremo.
Por otra
parte, García Escudero valoró la intención
manifiesta del ex tesorero del PP, ya que
según dijo "no quiere perjudicar al partido
en su conjunto y a Mariano Rajoy como
presidente".
Como portavoz
del grupo parlamentario al que Luis Bárcenas
pertenecía hasta hoy, García Escudero señaló
que "quiero agradecerle el gesto que ha
tenido en su intención de no perjudicar ni
al grupo ni al partido y desearle lo mejor
en los procedimientos en los que está en
curso".
Pío García
Escudero participa hoy en Huesca en una
jornada política junto a representantes
regionales, provinciales y locales del
Partido Popular.
En
el sumario hay una carpeta de la trama que sugiere pagos electorales
El juez del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio
Pedreira ha pedido a la Fundación para el Desarrollo
Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam),
una entidad que ha encargado actos electorales para el PP,
información sobre los pagos sospechosos aparecidos en las
anotaciones de la caja B de la trama corrupta de Francisco
Correa, según han confirmado fuentes oficiales a este
diario. Por su parte, la fiscalía sospecha que podría
haberse producido falsificación de facturas por parte de las
empresas de la red para financiar actos electorales del PP
en Madrid.
El instructor
del caso ha dictado una providencia requiriendo a Fundescam
sus actas contables, los recibos y la justificación de los
actos realizados en los periodos señalados en la
documentación incautada como consecuencia de los registros
del caso Gürtel. La documentación requerida, según
fuentes oficiales, hace referencia al tiempo en el que Pío
García Escudero era presidente del PP de Madrid y Ricardo
Romero de Tejada ocupaba la secretaría general.
A la vista de
las peticiones del Ministerio Público, el magistrado estaba
obligado a abrir pieza separada por este asunto y tramitar
la obtención de los documentos, que a día de hoy aún no han
sido remitidos al TSJM. Según explicaron fuentes fiscales a
Europa Press, el presunto delito a investigar en esta pieza
separada sería el de falsedad de documento, puesto que un
posible delito electoral habría prescrito, al tratarse de
asuntos referidos a 2002, 2003 y 2004.
Esta
investigación arrancó de la presentación por parte del PSM
en mayo del año pasado de tres denuncias contra el PP de
Madrid. La primera, ante la Fiscalía Anticorrupción, por un
delito de cohecho que se habría cometido por la presunta
financiación ilegal a través de Fundescam, al hacer recibido
ésta, supuestamente, donaciones preelectorales a cargo del
presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de otros
empresarios.
Asimismo, el PSM
interpuso una denuncia ante la Junta Electoral por
"utilización de fondos no declarados para actos de campaña a
través de un delito electoral" y una tercera ante el
Tribunal de Cuentas por falsificación de documento mercantil
relacionado con la posible financiación irregular del PP en
un proceso electoral. En este sentido, el PSM señala que
pese a la interpretación de la Fiscalía de que podrían haber
prescrito los delitos electorales, su opinión es que una
parte de los mismos no lo estaría, ya que el tiempo comienza
a contar cuando el PP presentó las cuentas ante la Junta
Electoral.
El sumario del
caso Gürtel, hecho público esta semana, incluye una
carpeta bajo el nombre "PP de Madrid" donde se incluyen las
facturas emitidas por la trama por actos del partido entre
diciembre de 2002 y noviembre de 2004. En este documento
figuran los archivos "Cambios de facturación 2003-2004.bárcenas.xls"
y "facturación PP Madrid", donde se detallan las facturas
emitidas por la trama por actos del PP madrileño. Aparecen
como clientes el PP de Madrid, el Grupo Popular del
Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y el
PP nacional. En el apartado de concepto figura la
descripción del acto realizado, como "la campaña autonómicas
E. Aguirre", "campaña elecciones generales 2004 Madrid" o
"congreso regional PP Madrid". En el archivo sobre "Cambios
de facturación 2003-2004-bárcenas.xls" hay detalle de
facturas con cambio de entidades. Los clientes eran el PP de
Madrid, Fundescam y el PP nacional.
Además, en esta
carpeta aparece en la parte inferior "unos datos relativos a
una demanda de la sociedad Special Events contra el PP de
Madrid", por suspensión de pagos a estas empresas.
El sumario sobre el
caso Gürtel incluye,
en su tomo 60, las
pruebas que permiten
concluir que el PP
de Madrid falsificó
facturas para
financiar las
campañas electorales
de 2003. Y que lo
hizo a través de
Fundescam, una
fundación del propio
partido. Los datos
que demuestran el
maquillaje de
facturas a fin de
burlar la Ley
Electoral, que fija
un límite de gastos
a los partidos
políticos, figuran
en un informe de la
Brigada de Blanqueo
de la Policía
incluido en el
sumario.
Fue durante un
registro policial en
un piso de seguridad
de Francisco Correa,
ubicado en la
madrileña calle
General Martínez
Campos, donde los
investigadores
hallaron una memoria
portátil en la que
figuraban hojas de
cálculo de la
empresa Special
Events, firma clave
de la trama. Los
nombres de los
archivos no dejaban
indiferente:
"Cambios facturación
2003-2004.xls",
"Cambio facturación
2003-2004.barcenas.xls"
y "Facturación P.P.
Madrid.xls". Esta
información ya fue
adelantada por
Público el pasado
octubre.
El archivo
"Facturación P.P.
Madrid.xls", según
figura en la página
136 del tomo 60,
consta de "seis
columnas con las
denominaciones:
fecha, factura,
cliente, importe,
concepto y una
última sin
denominar". Los
datos abarcan el
periodo comprendido
entre diciembre de
2002 y noviembre de
2004.
Entre los clientes
que figuran en esta
hoja de cálculo,
están el PP de
Madrid, el Grupo
Popular del
Ayuntamiento de
Móstoles. el PP de
Majadahonda,
Fundescam y el PP
nacional.
A la hora de citar
el concepto, los
investigadores
destacan que, en
ocasiones, consta
una denominación
genérica, como
"campaña municipales
y autonómicas
Madrid", "campaña
autonómicas E.
Aguirre octubre",
"campaña elecciones
generales 2004
Madrid" y "congreso
regional PP Madrid".
Junto a estos
conceptos, figura,
según sostiene la
policía, un número
1. Son los actos que
después se
facturarán
falsamente. El
apunte en el que se
hace mención a
octubre se refiere a
las elecciones
posteriores al
tamayazo.
El maquillaje
El archivo en el que
aparece el nombre de
Luis Bárcenas, ex
tesorero del PP,
junto a la expresión
"cambios
facturación", ofrece
detalles de las
facturas con
modificaciones en lo
referente a los
clientes y los
conceptos. Al igual
que el archivo
"Facturación P.P.
Madrid.xls", este
consta de seis
columnas. Pero en
este caso hay una
ligera variación:
"fecha, factura,
cliente, importe,
concepto real y
concepto factura".
Esto permite
concluir que se
facturaron
cantidades por
conceptos falsos.
Las fechas siguen
siendo las mismas,
pero los clientes
son ahora tres: PP
de Madrid, Fundescam
y PP Nacional.
En cuanto al
concepto real, se
citan "las
elecciones
autonómicas 2003,
elecciones europeas
2004" y el "congreso
regional 2004". Y en
el concepto factura,
aparece, según el
sumario "la
descripción del acto
atribuido".
Los investigadores
concluyen que
"existe una
correlación entre
ambos archivos, de
tal forma que los
apuntes genéricos
que figuran en el
archivo "Facturación
P. P. Madrid xls"
con el número 1 al
lado se traspasan
casi en su totalidad
al archivo "Cambios
facturación
2003-2004
barcenas.xls"
asignando un
concepto determinado
a cada uno de ellos,
si bien sigue siendo
genérico sin aportar
datos concretos
sobre los mismos
como: lugar de
realización, fecha
de celebración etc."
El informe policial
también incorpora
una información
publicada en mayo
por Público, en la
que se menciona que
el PP de Madrid
recaudó cerca de un
millón de euros de
empresarios a través
de Fundescam. Con
ellos se pagaron
facturas de las
campañas de 2003.
Fundescam pagó de manera irregular el Congreso del PP de Madrid que eligió a Aguirre como presidenta
Según ha podido saber El Plural, el Congreso en el que Esperanza Aguirre fue elegida el 27 de noviembre de 2004 presidenta del Partido Popular de Madrid se financió de forma irregular a través de la Fundación Fundescam. Así se extrae de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), que forma parte del sumario sobre el caso Gürtel.
En ese congreso, Esperanza Aguirre sustituyó en la presidencia del PP madrileño a Pío García Escudero. Días antes, el 15 de octubre de 2004, Alberto Ruíz Gallardón y Manuel Cobo retiraron su candidatura al comprobar que tan sólo 8 de los 76 miembros que formaban parte de la Ejecutiva Regional apoyaban su candidatura frente a la que encabezaba Esperanza Aguirre.
Triunfo empañado
Desde entonces, y gracias al 91,99% de los votos que obtuvo por parte de los compromisarios que acudieron al congreso, Aguirre se hizo con el control absoluto del Partido Popular de Madrid. Ahora, este triunfo podría verse empañado si se confirma lo que apunta la UDEF.
Indicios de financiación irregular
Asimismo, en el sumario que se ha destapado este martes, existen serios indicios de financiación del PP madrileño, que pudo sufragar los costes de varios actos electorales a través de Fundescam. Estos actos tuvieron lugar en las elecciones autonómicas de 2003 –las del tamayazo-, y las generales y europeas que se celebraron en el año 2004.
Contra la ley
Sin duda, el temor en el PP madrileño crece ante los nuevos detalles que a lo largo de este martes se han ido conociendo del sumario. Y es que la ley prohíbe expresamente que las Fundaciones sufraguen actos electorales.
Nuevo informe Los indicios de financiación irregular son tan serios que, según ha podido saber El Plural, la UDEF está ultimando un nuevo informe sobre las cuentas del PP madrileño que se incorporará próximamente al sumario.
La versión del PP Este periódico se ha puesto en contacto con el Partido Popular de Madrid. Desde Génova 13 recalcan que en caso de que fuera cierta la información publicada por El Plural, no afectaría a Esperanza Aguirre, pues ella no tomó las riendas del PP madrileño hasta después del polémico congreso. Por su parte, hora antes de que se levantase el secreto del sumario, la lideresa fue tajante: “No juzga la Policía, que depende del Gobierno, sino los jueces”.
EL NÚMERO 2 DE AGUIRRE DIO AYUDAS
A SU PROPIA FUNDACIÓN
El número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de
Madrid,
el vicepresidente Ignacio González, firmó entre 2005 y
2007 la concesión de 536.000 euros en subvenciones para la fundación del PP
madrileño,
Fundescam, pese a que en esos tres años pertenecía a
su patronato la directiva como vocal. Fundescam, la fundación a la que la trama
Gürtel endosó facturas de las campañas de Aguirre en las elecciones del tamayazo,
tuvo en su patronato a Ignacio González entre el 28 de febrero de 2005 y el 12
de junio de 2008, fecha en que certificó su renuncia ante notario.
El importe y los destinatarios de
las subvenciones concedidas por Madrid a fundaciones ligadas a partidos, como
Fundescam, jamás se publicitó a través del Boletín Oficial de Madrid ni mediante
ningún otro medio de acceso universal. La tutela legal sobre Fundescam
corresponde al Gobierno de Aguirre.
La situación de González respecto a Fundescam es muy
similar a la que ha costado una querella por prevaricación y malversación a
Diego López Garrido, secretario de Estado para la
Unión Europea. La asociación ultraderechista Centro Jurídico Tomás Moro logró
hace diez días que un juez de Madrid admitiera su querella contra el alto cargo
socialista por haber otorgado a la Fundación Alternativas dos ayudas que en
total sumaban 78.000 euros. El principal argumento de la querella radica en que
López Garrido era vocal de la fundación cuando firmó las resoluciones, extremo
que el secretario de Estado niega.
Tras la admisión a trámite de la
denuncia , el PP se lanzó en tromba contra López Garrido. Desde entonces, no ha
cesado de pedir su dimisión. Los conservadores, que han pedido al Gobierno
explicaciones sobre las ayudas a la Fundación Alternativas, sostienen que el
secretario de Estado debe abandonar su cargo "para no manchar" la imagen
exterior de España ni "perjudicar" la presidencia española de turno en la Unión.
En esos términos se han pronunciado tanto la secretaria general del partido,
María Dolores de Cospedal, como la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de
Santamaría. Cospedal llegó a comparar el caso de López Garrido con el de Camps,
y exigió "la misma vara de medir para todos" los ciudadanos.
Para el equipo de Aguirre, sin
embargo, no hay parangón entre la actuación de López Garido y la de Ignacio
González. A la pregunta de por qué el vicepresidente no se abstuvo a la hora de
firmar las subvenciones para Fundescam, el Ejecutivo madrileño no contestó. Se
limitó a subrayar lo siguiente: "La Comunidad de Madrid, a través de la
vicepresidencia, otorga anualmente subvenciones a la fundación que cada partido
(PP, PSOE e IU) presenta a la convocatoria, como ya se venía haciendo con
anterioridad a este Gobierno regional. Es decir, el vicepresidente, Ignacio
González, ni incluye fundaciones a su elección ni excluye a ninguna".
En su artículo 7, la ley madrileña
de incompatibilidades de altos cargos les permite a estos participar "en
entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro, siempre que no
perciban ningún tipo de retribución o percepción por dicha participación, ni
comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su
función". La versión del Ejecutivo madrileño mantiene que González no ha puesto
en riesgo su neutralidad. "Ni incluye fundaciones a su elección ni excluye a
ninguna", dice la respuesta oficial.
En realidad, hasta 2005 correspondía
a la Consejería de Presidencia y no a la Vicepresidencia resolver la
adjudicación de estas ayudas, convocadas anualmente para la realización de
actividades que contribuyan a difundir "el conocimiento del sistema democrático
y la realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid". Cuando, en
diciembre de 2004, Esperanza Aguirre desgajó Presidencia de la Vicepresidencia,
y asignó el primero de esos dos departamentos a Francisco Granados, Ignacio
González retuvo como vicepresidente las competencias sobre dichas subvenciones.
Para ello, dictó el 30 de noviembre de 2005 una nueva orden marco que remarcaba,
de forma expresa, su potestad personal sobre ese tipo de ayudas. "El
excelentísimo señor vicepresidente primero y portavoz del Gobierno resolverá el
concurso", dice la base octava de la citada orden, la 412/2005. A renglón
seguido, quedaron convocadas las subvenciones correspondientes a ese ejercicio.
En el trienio 2005-2007, Fundescam
recibió, según la Comunidad, 536.096 euros. Otros 477.293 euros se repartieron,
en porcentajes no especificados, entre la Fundación para los Estudios de los
Problemas de las Ciudades, adscrita al PSOE, y la Fundación para los Estudios
Municipales Territoriales, auspiciada por IU.
La Comunidad de Madrid tampoco dio
respuesta a la pregunta sobre por qué nunca se publicitó, ni en boletín oficial
ni en la web del Gobierno, el resultado anual de la convocatoria de ayudas para
fundaciones partidarias. "La página web -contestó por escrito el gabinete de
prensa- no es el medio de información oficial de la Comunidad de Madrid. En ella
no se publica cada ayuda que otorgan los organismos dependientes de la Comunidad
de Madrid". El equipo de Aguirre considera suficiente el sistema de publicidad
elegido: "En un acto público en el que están presentes los representantes de los
partidos políticos se abren los sobres con la propuesta de cada formación
política y así se le da la publicidad a estas ayudas, así como con su remisión
anual a la Asamblea de Madrid".
En mayo, este diario desveló cómo el
entramado empresarial de Francisco Correa cargó a Fundescam facturas del PP por
300.000 euros. En ese mismo bienio, la desconcida fundación recaudó un millón de
euros entre una docena de empresarios. Con una aportación global de 246.000
euros, el actual presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, encabezaba
la lista de donantes del PP, partido para el que 2003 resultó un año crucial. En
las elecciones autonómicas de mayo de ese año, PSOE e IU sumaron mayoría
absoluta y, por tanto, gobernar. La traición de los diputados socialistas
Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez obligó a repetir los comicios en octubre. Esa
vez, ganó Aguirre.
UN PROCESO BAJO SOSPECHA
Máxima potestad para resolver
El 30 de noviembre de 2005, el
Boletín Oficial de Madrid (BOCM) publicó la orden por la que quedaban aprobadas
las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a fundaciones ligadas a
partidos. En la base octava, la orden especifica que la potestad para resolver
quién recibe ayudas y cómo se reparten corresponde al vicepresidente. O sea, a
González.
La renuncia como vocal de Fundescam
Según la documentación depositada
por Fundescam en el Registro de Fundaciones, Ignacio González se incorporó a su
patronato en febrero de 2005, junto con el resto del nuevo equipo fundacional
comandado por Esperanza Aguirre. El 12 de junio de 2008, formalizó su renuncia
ante notario, aunque el cese no se inscribió en el Registro de Fundaciones hasta
el 3 de octubre de ese año.
LA BRIGADA DE
BLANQUEO TAMBIÉN ENCONTRÓ PRUEBAS DEL CASO FUNDESCAM
La Brigada de
Blanqueo de la Policía que elaboró el informe sobre la presunta financiación
ilegal del PP valenciano también encontró pruebas del caso Fundescam. Los
agentes desencriptaron una memoria USB incautada en el piso franco de la trama
en la madrileña calle General Martínez Campo. Dos archivos depositados en este
dispositivo demostrarían que Special Events, terminal Gürtel, emitía
facturas falsas al PP madrileño. Algunas de ellas fueron cobradas a Fundescam,
fundación adscrita al grupo de Esperanza Aguirre que habría financiado actos
electorales como su campaña del tamayazo . Esta fundación recaudaba
fondos gracias a donaciones de empresarios afines como Gerardo Díaz Ferrán o
Arturo González, presidentes de las patronales española y madrileña. El PP
madrileño burlaría así la Ley Electoral, que establece un tope de gasto para los
partidos, limitando y obligando a declarar las donaciones. Los mecenas de
Fundescam le dieron casi un millón de euros pero recibieron, ya con Aguirre en
la presidencia regional, más de 300 millones en contratos de la Comunidad.
En las hojas de cálculo
Facturación P.P. Madrid.xls y Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls
se recogen trabajos realizados para el Partido Popular madrileño y nacional,
varios de ellos cobrados a Fundescam, informa Público. El segundo archivo
lleva, además, el nombre de Luis Bárcenas, entonces gerente del PP nacional
imputado en Gürtel por el presutno cobro de comisiones por 1'3 millones
de euros.
Facturación P.P. Madrid.xls
El primer documento se compone de seis columnas: fecha, factura, cliente,
importe, concepto y una vacía. En estos apartados se detallan actos organizados
por Special Events para cinco clientes: PP de Madrid, Grupo Popular del
Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, PP nacional y Fundescam. Las
descripciones del concepto son genéricas de tipo “campaña municipal y
autonómicas Madrid”, “campaña autonómica E. Aguirre octubre”, “campaña
elecciones generales 2004 Madrid” y “congreso regional PP Madrid”. Las fechas
oscilan entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004, y varias partidas llevan un
número 1 al lado.
Trasvase…
Las líneas que están marcadas con ese 1 son las que, precisamente, se
traspasaron al segundo archivo, Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls.
En este documento hay una estructura similar con seis tabulaciones: fecha,
factura, cliente, importe, concepto real y concepto factura. Las dos últimas
columnas probarían el sistema de facturación doble. Así, entre los conceptos
reales constan “elecciones 2003”, “elecciones 2004”, y “congreso regional 2004”
y entre los conceptos facturados aparecen descripciones de los actos. Los
clientes, a su vez, se limitan a tres: PP Madrid, PP nacional y Fundescam. Como
ya se informó en su momento, no hay ninguna constancia de que, en las fechas
mencionadas, esta fundación haya realizado actos que justifiquen la contrata de
Special Events.
El veredicto policial
La Brigada de Blanqueo define la relación ente los documentos de la siguiente
manera: “Existe una correlación entre ambos archivos, de tal forma que los
apuntes genéricos que figuran en el archivo Facturación P.P. Madrid.xls
con el número 1 al lado se traspasan casi en su totalidad al archivo Cambios
facturación 2003-2004.barcenas.xls asignando un concepto determinado a cada
uno de ellos, si bien sigue siendo genérico sin aportar datos concretos sobre
los mismos como lugar de realización, fecha de celebración, etc”.
Constancia de la demanda
Además, el informe policial también detalla que en la parte inferior archivo con
el nombre de Bárcenas aparecen “unos datos relativos a una demanda de la
sociedad Special Events contra el PP de Madrid, Procedimiento ordinario
1200/2005 del juzgado de Primera Instrucción 8 de Madrid. La primera audiencia
se fijó para el día 1/02/06 a las 11.30 horas”. Como ya informó este periódico,
tal demanda nunca se consumó. La red de Francisco Correa persuadió al partido de
Esperanza Aguirre de pagar sus deudas con una carta en la que se
enumeraban actos facturados a Fundescam por un sistema doble. El caso Fundescam
En mayo pasado, el diario Público desveló que el PP de Madrid habría
sufragado sus actos electorales a través de Fundescam, una fundación dependiente
del grupo que recaudaba fondos de empresarios como Gerardo Díaz Ferrán, Arturo
González, o Antonio Basagoiti (padre del presidente del PP vasco). Esta
organización
tuvo a Special Events, terminal Gürtel, entre sus proveedoresde servicios
habituales. También contrató a centrales de medios como Starcom,
a pesar de que no consta que haya realizado alguna campaña publicitaria sobre sí
misma (Fundescam ni siquiera tiene página web). En la época en la que
Fundescam contrató a estas dos empresas sin motivo aparente ambas trabajaban en
las campañas del PP de Aguirre. Al finalizar el ejercicio, estas eran sus
principales acreedoras.
EL INFORME 'GÜRTEL' PRUEBA LAS
FACTURAS FALSAS DEL PP DE MADRID
La contabilidad de las empresas de la trama Gürtel
confirma la falsificación de facturas realizada por el PP para financiar las
campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, a través de la
fundación Fundescam. El sistema para saltarse la ley
electoral, que establece un tope de gasto para los partidos, funcionaba de la
siguiente forma: Special Events -empresa clave de la trama Gürtel- organizaba
actos para Aguirre, pero en vez de pagarlos el PP, lo hacía Fundescam.
Y para enmascarar la trampa, Special
Events emitía facturas por conceptos que no se correspondían con la realidad.
Los fondos de Fundescam procedían de donaciones de empresarios que luego
recibieron adjudicaciones millonarias del Gobierno de Aguirre.
Los datos sobre la falsificación de
facturas por parte del PP de Madrid constan en el informe elaborado por la
Brigada de Blanqueo de la Policía que ha servido para desvelar la financiación
ilegal del PP valenciano. En el documento policial se hace una mención expresa a
una información de Público, del pasado mes de mayo, en la que se destapó el caso
Fundescam.
En el informe se explica que la
organización corrupta comandada por Francisco Correa tenía un "piso de
seguridad" en la calle General Martínez Campos, de Madrid.
En uno de los registros realizados
por orden judicial, la Policía encontró "una memoria de almacenamiento exterior
cuyos archivos informáticos estaban encriptados". Una vez descifrados,
aparecieron diversos documentos contables de las empresas de la trama.
Entre ellos, dos hojas de cálculo de
Special Events con los siguientes nombres: "Facturación P.P. Madrid.xls" y
"Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls".
Luis Bárcenas era en aquella época gerente del PP
nacional. En 2008, fue promocionado por Mariano Rajoy al cargo de
tesorero. Ahora es uno de los principales implicados
en el caso Gürtel, ya que está acusado de recibir más de 1,3 millones de euros
de la trama de corrupción.
El primer documento incautado a
Special Events, "Facturación P.P. Madrid.xls", consta de seis columnas con las
siguientes denominaciones: fecha, factura, cliente, importe y concepto. La
última columna no tiene nombre. En la hoja de cálculo figura una relación de
actos organizados por Special Events para cinco clientes: PP de Madrid, Grupo
Popular del Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP
nacional.
La descripción del concepto es
genérica y, entre otras, constan "campaña municipal y autonómicas Madrid",
"campaña autonómica E. Aguirre octubre", "campaña elecciones generales 2004
Madrid" y "congreso regional PP Madrid". Todos los eventos de este archivo están
fechados entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004. Y aquellos actos que luego
se facturarán falsamente llevan un número 1 al lado.
Las elecciones municipales y
autonómicas se celebraron en mayo de 2003 y, en el caso de la Comunidad de
Madrid, PSOE e Izquierda Unida sumaban mayoría absoluta. Pero la fuga de dos
tránsfugas socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, obligó a repetir las
elecciones en octubre. A la segunda, Esperanza Aguirre ganó por mayoría
absoluta.
El segundo documento encontrado en
el piso de seguridad de Special Events, "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls",
tiene una estructura similar. Se trata de una hoja de cálculo con seis columnas,
denominadas de la siguiente forma: fecha, factura, cliente, importe, concepto
real y concepto factura. Estas dos últimas columnas son clave, ya que demuestran
que las facturas se emitieron por conceptos que no eran reales. De hecho, según
consta expresamente en el informe policial, como concepto real constan
"elecciones 2003", "europeas 2004" y "congreso regional 2004".
Como concepto factura figura la
descripción del acto atribuido en cada caso. En cuanto a los clientes, han
quedado reducidos a tres: PP Madrid, Fundescam y PP nacional.
En el informe policial se explica,
claramente, la relación entre los dos documentos: "Existe una correlación entre
ambos archivos, de tal forma que los apuntes genéricos que figuran en el archivo
"Facturación P.P. Madrid.xls" con el número 1 al lado se traspasan casi en su
totalidad al archivo "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls" asignando un
concepto determinado a cada uno de ellos, si bien sigue siendo genérico sin
aportar datos concretos sobre los mismos como lugar de realización, fecha de
celebración, etc".
La Brigada de Blanqueo de la Policía
también detalla en su informe que, en el archivo que lleva el nombre de
Bárcenas, figuran en la parte inferior "unos datos relativos a una demanda de la
sociedad Special Events contra el PP de Madrid, Procedimiento ordinario
1200/2005 del Juzgado de Primera Instrucción 8 de Madrid. La 1ª audiencia se
fijó para el día 1/02/06 a las 11.30 horas".
Efectivamente, los responsables de
Special Events presentaron una demanda contra el PP porque se negaba a pagar más
de un millón de euros que les debía por diferentes eventos, incluidos los
facturados falsamente. Ambas partes llegaron a un acuerdo antes del juicio.
EL PSOE CREE QUE AGUIRRE YA NO
TIENE COARTADA EN FUNDESCAM
La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru
Menéndez, consideró ayer "un hecho grave" el que la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, haya tratado de "eludir toda
responsabilidad" en el
caso Fundescam.
Así se pronunciaba la portavoz socialista el mismo día en
que Público desvelaba que la presidenta madrileña avaló con su firma las cuentas
de la mencionada fundación de los años 2003 y 2004. Todo, pese a que la postura
mantenida por Aguirre desde que estallara el escándalo fue la de echar balones
fuera y cargar la responsabilidad sobre Pío García Escudero, actual portavoz del
PP en el Senado y presidente de los conservadores madrileños hasta noviembre de
2004.
"Pregunten a Pío, Pío, Pío", respondió la presidenta
la primera vez que fue preguntada por su responsabilidad en esta cuestión.
Para los socialistas, la estrategia
de Aguirre se desmonta desde el momento en el que "la firma de la presidenta
está estampada en un documento", en alusión a la reproducción en este diario de
un certificado en el que la también presidenta del PP de Madrid daba el visto
bueno a los balances de esta fundación correspondientes a 2003 y 2004.
En este sentido, la portavoz
socialista considera también "grave" que haya quien pretenda hacer creer que esa
rúbrica "es un mero trámite que no tiene ningún valor". "Me parece que esto es
un hecho muy relevante y que pone de manifiesto lo que muchos nos tememos: que
estamos ante un presunto caso de financiación ilegal del PP que Esperanza
Aguirre no puede eludir por más tiempo".
Este diario ha publicado diversos
documentos que demuestran que Fundescam abonó a la trama Gürtel gastos de las
campañas electorales autonómicas de 2003, cuando Aguirre logró mayoría absoluta
al segundo intento, ya que los comicios se repitieron tras la fuga de dos
tránsfugas socialistas.
Por su parte, Gregorio Gordo,
coordinador general de IU en la Comunidad de Madrid, destacó que desde su
formación siempre se ha exigido y se exigirá "absoluta claridad a la presidenta
de la Comunidad de Madrid". Y mostró sus sospechas de que la actitud que ha
mantenido Aguirre en el escándalo de Fundescam es una muestra más de "todas
aquellas veces que Esperanza Aguirre dice que no está y luego resulta que
estaba, y viceversa".
No obstante, Gordo señaló que IU no
es partidaria "de contribuir a los grandes seriales en los que andan inmersos
tanto el PP como el Partido Socialista".
AGUIRRE AVALÓ CON SU FIRMA LAS
CUENTAS DE FUNDESCAM DE 2003 Y 2004
La versión oficial de Esperanza Aguirre sobre
Fundescam, la fundación del PP madrileño que pagó a la
trama Gürtel gastos de sus campañas electorales en 2003 y 2004, se ha estrellado
contra el papel. La presidenta de Madrid alega que nada sabe "de lo que allí
ocurría" en aquella época, cuando presidía la entidad el anterior líder regional
del PP, Pío García Escudero.
"Pregunten a Pío, Pío, Pío", espetó en mayo cuando
saltó el escándalo. Pero la firma de Aguirre aparece estampada en el certificado
por el que Fundescam garantizó a la Comunidad, el 21 de septiembre de 2005, que
la documentación correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004 "es fiel reflejo"
de la contenida "en los libros de contabilidad de la fundación".
Por motivos desconocidos, ese
entrecomillado, con mención conjunta a ambos años electorales, también aparece
en el certificado relativo a las cuentas de 2003, expedido el 28 de julio de
2005, dos meses antes que el de 2004. Pero en ese papel no aparece la firma de
Aguirre, que en julio de 2005 llevaba cinco meses como presidenta de Fundescam.
Desde su constitución en 2000 hasta 2002, las memorias anuales de Fundescam
precisan la fecha en que el patronato aprobó las cuentas de cada ejercicio. A
partir de 2003, ese dato no aparece.
En 2003, el año del Tamayazo, Special Events endosó a
Fundescam facturas electorales del PP. Y la fundación contrajo, por conceptos
que no detalla la memoria anual ni ha explicado el PP,
una deuda de 250.000 euros con la misma agencia de publicidad
que trabajó para la campaña de Aguirre en las autonómicas
de mayo. Tras esa convocatoria electoral, la traición de los diputados
socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió la formación de un
gobierno PSOE-IU y forzó la repetición de los comicios. A la segunda, en
octubre, Aguirre ganó.
Ese año la fundación se nutrió de
las generosas donaciones aportadas por una docena de empresarios encabezados por
el actual jefe de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. En el bienio electoral
2003-2004, recaudó oficialmente por esa vía 941.000 euros. El PSOE ha pedido a
Anticorrupción que investigue si Fundescam financió las campañas electorales del
PP de Madrid.
El documento enviado por Fundescam a la Consejería de
Educación relativo a 2004 no precisa cuándo aprobó el patronato de la fundación
las cuentas de ese ejercicio. Lo firmó Jacobo Beltrán, secretario de la
fundación. Y lo hizo con el visto bueno de Aguirre, cuya rúbrica aparece a pie
de página. En 2004, el principal acreedor de Fundescam fue Special Events SL,
germen de la
trama Gürtel. Al cierre de ese año, el de las
elecciones generales que ganó Zapatero, la fundación le adeudaba 70.544 euros.
En la memoria de 2005 ya no figura
ese débito, lo que indica que en teoría se pagó. Sin embargo, Special Events
demandó al PP a finales de 2005 porque aún no había abonado todas las facturas
pendientes Antes del juicio, Pablo Crespo, socio de Correa y ex secretario de
organización del PP gallego, entregó a la dirección del partido un comprometedor
documento: el listado de facturas endosadas por Special Events a Fundescam y el
PP entre 2002 y 2004. Ahí se distingue entre "concepto real", es decir, los
trabajos electorales, y "concepto factura". En esa última casilla no se
mencionan las elecciones y sí supuestas actividades institucionales de la
fundación.
A partir de 2004, la firma de Aguirre no consta en ningún
documento remitido por Fundescam a la Comunidad. En las cuentas de 2005, 2006 y
2007, con la líder del PP en el puente de mando de la fundación, la memoria y el
balance sólo están signados por el apoderado de la entidad. Tampoco se refleja
la firma de los miembros del patronato. Las memorias de esos tres ejercicios se
enviaron a la Comunidad
tras destapar Público el caso.
Un portavoz de Aguirre minimizó que
su firma conste en el certificado sobre 2004 antes referido. "Lo que hace
-señaló- es ratificar como mero trámite un documento contable firmado por el
secretario de la fundación correspondiente a dos ejercicios anteriores a su
designación, puesto que cuando se le presenta ese documento ella ya sí ejerce de
presidenta de la fundación".
Lo "relevante", subrayó, habría sido
que su firma "hubiese aparecido en un documento con fecha anterior" a su
nombramiento en Fundescam. En 2003, remachó el portavoz, Aguirre no presidía la
Comunidad ni el PP. Público preguntó por qué Aguirre no ha firmado ningún
balance desde que preside Fundescam. No hubo respuesta.
El certificado enviado por Fundescam
a la Comunidad de Madrid sostiene que la contabilidad de 2003 y 2004 fue
"revisada-aprobada" por el patronato.
AGUIRRE ADMITE QUE FUNDESCAM PUSO
AL DÍA SUS CUENTAS TRAS SALTAR EL ESCÁNDALO
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, no mostró ayer reparos a la hora de reconocer que la
publicación en este diario del escándalo de Fundescam puede haber agilizado la
presentación de los balances de los últimos años.
Preguntada en la rueda de prensa por
el hecho de que la fundación hubiese ocultado sus cuentas de los años 2005, 2006
y 2007 hasta después de que Público denunciara la utilización de Fundescam para
la financiación de las campañas del PP de Madrid, Aguirre fue clara:
"Probablemente, la publicación en un periódico estimuló el cumplimiento de las
cuestiones reglamentarias", admitió.
Fueron los días 25 y 26 del pasado
mayo cuando Fundescam presentó sus balances de los años 2005, 2006 y 2007. Se da
la circunstancia de que, pocos días antes, concretamente el 19 de mayo, este
diario publicaba su primera información sobre esta fundación que durante 2003 y
2004 había recaudado fondos entre varios empresarios. Un dinero con el que
después se sufragaron parte de los gastos de la campaña de Esperanza Aguirre.
La rapidez con la que fueron
presentadas las cuentas de los citados ejercicios contagió también a la
validación de los mismos. Pese a que las cuentas llegaron fuera de plazo, la
Consejería de Educación tardó sólo dos días en dar luz verde a las memorias del
trienio referido. Fue también el 27 de mayo cuando el departamento presidido por
Lucía Figar dio validez al balance de Fundescam de 2004. Se trata de la memoria
en la que Special Events, propiedad de Francisco Correa, supuesto cabecilla de
la trama Gürtel, aparece como el principal acreedor de la fundación con una
deuda superior a los 70.000 euros.
La revelación de Aguirre de ayer
choca con lo sostenido en los últimos meses por miembros de su equipo. Y por
ella misma. En una rueda de prensa celebrada en Trujillo (Cáceres) el pasado 2
de junio, la presidenta madrileña, al ser preguntada por el escándalo de
Fundescam, respondió que las cuentas del PP de Madrid están "clarísimas" y que
Fundescam no había financiado sus campañas electorales.
Pocos días antes, el 26 de mayo, el
portavoz del PP en la Asamblea de Madrid había ido aún más allá. David Pérez
señaló que las cuentas de la fundación estaban "depositadas, justificadas y
fiscalizadas por el Protectorado de Fundaciones".
La posición del equipo de Aguirre en
este tema ha sido la de intentar desviar la cuestión hacia Pío García Escudero,
actual portavoz del PP en el Senado y presidente del PP de Madrid hasta
noviembre de 2004. "Pregúntele a Pío, Pío, Pío", espetó la presidenta madrileña
la primera vez que se le cuestionó sobre Fundescam.
En la rueda de prensa posterior al
Comité de Dirección de Madrid, Aguirre también fue preguntada por su opinión
sobre la fotografía en la que Bibiana Aído y Leire Pajín aparecían con el puño
en alto cantando la Internacional.
"Es el saludo comunista, con el cual
no sólo no comulgo, sino que lucharé por evitar que esa ideología totalitaria se
imponga en ningún país del mundo, ya que pisoteó los derechos de los ciudadanos
en la Europa del Este", indicó Aguirre, que sostuvo lo mismo "contra el otro
saludo", en alusión al fascista.
FUNDESCAM OCULTÓ SUS CUENTAS
HASTA QUE ESTALLÓ EL ESCÁNDALO
Las cuentas de Fundescam de los años 2005, 2006 y 2007 no
fueron presentadas hasta una semana después de que
Público desvelase esta red paralela de financiación del Partido Popular de
Madrid. El 19 de mayo de 2009, este diario publicó la
primera noticia sobre esta desconocida fundación que, durante 2003 y 2004,
recaudó fondos entre empresarios afines con los que después se pagó parte de los
gastos de campaña de Esperanza Aguirre. Seis días después, el 25 y 26 de mayo de
2009,
Fundescam depositó a toda prisa sus balances de esos
ejercicios.
Las cuentas de ese trienio llegaron
fuera de plazo, pero fueron aprobadas a toda velocidad. La Consejería de
Educación de Madrid tardó sólo 48 horas en dar el visto bueno a las memorias de
tres años: los ejercicios de 2005, 2006 y 2007. El 27 de mayo de 2009, el
secretario general del departamento dictó una resolución por la que autorizaba
el depósito de las cuentas en el Registro de Fundaciones y ponía "fin a la vía
administrativa". Sólo en 2007, Fundescam declaró en patrocinios 546.000 euros,
de los que 368.000 son de origen desconocido.
Ese mismo 27 de mayo, la Consejería también tuvo tiempo
para visar el balance de Fundescam del año 2004, una memoria que señala a la
empresa de Francisco Correa
Special Events como el principal acreedor de la
fundación, con una deuda reconocida de 70.644 euros. Oficialmente, las cuentas
de 2004 fueron presentadas en noviembre de 2005, pero la Consejería de Educación
sólo las dio por buenas ocho días después de que Público destapase el caso
Fundescam.
En las memorias visadas por
Educación el pasado 27 de mayo, las de los años 2004 a 2007, no figuran las
fechas en las que el patronato que dirige Fundescam se reunió para aprobar las
cuentas. En el ejercicio de 2003, sí aparece esa información y la memoria anual
también está firmada en cada página por todos los miembros del patronato. En la
documentación presentada de los años posteriores no consta ni la firma de los
patronos ni tampoco la fecha en la que se reunieron para aprobar las cuentas.
Las fechas de entrada de los
balances de estos últimos años desmontan la versión del equipo de Aguirre sobre
esta fundación. El PP madrileño ha sostenido en todo momento que las cuentas de
Fundescam, amén de legales y ajenas a las campañas electorales, habían sido
presentadas y auditadas. Varios dirigentes se pronunciaron en esos términos. Un
ejemplo: el 26 de mayo, un día antes de que fuesen aprobadas las memorias y
balances de cuatro años, el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de
Madrid, David Pérez, aseguró que las cuentas de Fundescam estaban "depositadas,
justificadas y fiscalizadas por el Protectorado de Fundaciones". Tres meses
después, y previo requerimiento notarial, el Registro de Fundaciones entregaba
por fin a Público las cuentas de Fundescam. Y las fechas que constan en los
papeles oficiales desmienten la explicación que daba Pérez.
Junto con la negativa airada de que Fundescam tuviese algo
que ver con sus campañas electorales, Aguirre también optó desde el primer
momento por desviar el tiro hacia su predecesor al frente del PP de Madrid: Pío
García Escudero.
"Pregunten a Pío, Pío, Pío", espetó jocosa a los
periodistas el mismo día en que Público desveló la existencia de esta red que
financió su campaña. Con ese argumento, repetido estos días, Aguirre obvia un
factor relevante: que velar por la legalidad de las cuentas de Fundescam,
incluidas las de 2003, compete a su Gobierno.
Fundescam consiguió 649.255 euros en donaciones durante
2003 y otros 292.319 en 2004. En total, casi un millón de euros de una docena de
empresarios afines, con
Gerardo Díaz Ferrán a la cabeza. El actual presidente
de la CEOE donó 246.000 euros. En la lista de donantes también figuran el jefe
de la patronal madrileña, Arturo Fernández, el ex presidente de Unión Fenosa
Antonio Basagoiti y el ex presidente de Siemens Eduardo Montes.
Pese a su insistencia en que
"no tenía noticia de lo que allí ocurría", las fuentes
consultadas sostienen que el control real de Esperanza Aguirre sobre Fundescam
se remonta a 2003, cuando, con ella como candidata, el PP no logró mayoría
absoluta en las autonómicas de mayo. Los conservadores se salvaron gracias a la
traición de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez y a la
forzada repetición de los comicios. A la segunda, Aguirre venció.
La actividad editorial de Fundescam
es casi clandestina. Resulta imposible encontrar en cualquier biblioteca
española algún libro editado a partir de 2003 por esta fundación del PP
madrileño, que pagó a la trama Gürtel gastos de las campañas de Esperanza
Aguirre en las autonómicas de 2003 y las generales de 2004. Sin embargo,
Fundescam dice haber desembolsado en el quinquenio 2003-2007 la cifra de 1,06
millones de euros para afrontar, supuestamente, la edición y reedición de 19
libros así como otros trabajos de imprenta (folletos, carpetas, carteles y
textos para cursos de formación, dice el PP). Ninguno de los 19 títulos que
Fundescam computa en sus cuentas como publicados ha pasado por el Depósito
Legal, pese a tratarse de un trámite legal del que ningún editor está exento,
tanto si la obra va destinada al mercado editorial como si planea regalar la
tirada completa. El PP admite que ningún volumen se destinó a la venta.
De esos 1.066.247 euros que suman
las partidas contabilizadas bajo los epígrafes "Publicaciones y artes finales"
(301.184 euros) y "Trabajos de imprenta" (765.063 euros), el grueso se localiza
en 2003. Ese año, la fundación declaró 470.553 euros por publicaciones y otros
trabajos impresos. Es decir, el 44% del total gastado para esos fines entre
2003-2007 aparece reflejado justamente en el ejercicio en que Fundescam pagó a
Special Events gastos de las campañas del tamayazo.
Según los cálculos efectuados por
dos editores de larga experiencia a petición de Público, con esos 470.553 euros
Fundescam podría haber impreso más de 100.000 ejemplares de los cinco libros que
ese año editó, o decenas de miles de carteles a cuatro colores.
Special Events disfrazó los gastos
electorales de Fundescam como actos propios de la fundación
Un documento entregado al PP a
finales de 2005 por el ahora imputado en el caso Gürtel Pablo Crespo demuestra
que Special Events disfrazó los gastos electorales de Fundescam como actos
propios de la fundación. Este periódico no ha logrado averiguar qué tirada hizo
Fundescam de sus cinco libros ni qué otro despliegue de actos de la fundación
explicaría un volumen de gasto en imprenta como el declarado en 2003.
El pasado viernes, una portavoz del
PP de Madrid mostró a este diario ejemplares de cinco de las 19 publicaciones
que Fundescam dice haber editado entre 2003 y 2007. En ninguno de los volúmenes
mostrados aparece el ISBN ni el ya citado Depósito Legal. Tan solo el nombre de
la fundación y el del impresor, pero sin CIF. El año de edición tampoco figura.
Según el PP, Fundescam no está
obligada a llevar sus libros al Depósito Legal. Pero acudir al Depósito
constituye un trámite imperativo. De hecho, la propia Comunidad de Madrid
explica en su web cómo están sujetos a Depósito todos los libros, "cualquiera
que sea su contenido y forma de impresión y estén o no destinados a la venta", y
"folletos escritos que tengan entre 4 y 50 páginas".
Una montaña rusa con subidas escarpadas y caídas en
picado, un Guadiana que aparece y desaparece según haya o no haya elecciones. El
PP madrileño ha sostenido que
Fundescam jamás ha financiado al partido ni tampoco ha
pagado facturas relacionadas con las campañas electorales. Sin embargo, los
ingresos y gastos de la fundación que preside la propia Aguirre se han disparado
justamente en los tres años con urnas: 2003, cuando el PP venció en las segundas
elecciones autonómicas del año, forzadas por la espantada de los entonces
diputados socialista Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez; 2004, año de la primera
victoria de Zapatero; y 2007, cuando Aguirre revalidó la Presidencia de Madrid
en las autonómicas de mayo.
El primer ejercicio en el que las
cuentas de Fundescam se multiplican a la vez que las urnas es 2003. En el año
del tamayazo, la fundación obtuvo el triple de ingresos que en el ejercicio
anterior y rozó el millón de euros: en cifras exactas, logró 938.210 euros,
según su memoria anual, frente a los 310.078 de 2002. 2003, año clave para
Aguirre, marcó el récord de ingresos: 938.210 euros
La clave del vertiginoso crecimiento
de los ingresos de Fundescam en 2003 está en las donaciones, aportadas
supuestamente para el cumplimiento de los fines de la fundación, es decir, no
para entrar en la batalla de las urnas sino para editar libros, realizar
estudios y celebrar cursos, seminarios o conferencias.
Aportadas por una docena de empresarios con
Gerardo Díaz Ferrán , actual presidente de la patronal
CEOE y entonces jefe de los empresarios madrileños, en cabeza, las donaciones
aparecen el año del tamayazo y se esfuman en 2005, periodo de barbecho
electoral. Durante 2003, y en fechas próximas a las dos elecciones autonómicas
(mayo y octubre) Díaz Ferrán donó 192.200 euros a Fundescam; y otros 54.000 en
marzo de 2004, el mes de las elecciones generales. Su sucesor en la patronal
madrileña,
Arturo Fernández, donó 57.030 euros entre 2003 y 2004,
también en vísperas electorales.
Entre los donantes más generosos
figura igualmente Antonio Basagoiti, padre del líder del PP vasco y entonces
presidente de Unión Fenosa. Donó 120.000 euros dos días antes de las autonómicas
de mayo de 2003 y otros 36.000 diez días antes de las generales de 2004.
Tras el bienio electoral, el salto
hacia la sima es nítido: Fundescam pasó de recaudar 941.574 euros por donaciones
entre 2003 y 2004 a apuntar desde 2005 un 0 en la casilla.
En 2007, Fundescam tampoco
contabiliza donaciones en su balance, pero el capítulo de patrocinios se
dispara. Hasta ese ejercicio, el grueso de ese apartado procedía de la ayuda que
cada año otorga a Fundescam Caja Madrid, como a las demás fundaciones ligadas a
partidos con representación parlamentaria en la Asamblea regional. Y la cifra
anotada en la casilla Patrocinadores, colaboraciones y asistentes a cursos jamás
había siquiera llegado a los 200.000 euros.
En 2005 no hubo elecciones: el gasto
cayó un 66,3% respecto a 2003
Pero en 2007, el año de las últimas
autonómicas madrileñas, la prodigalidad de los simpatizantes de Fundescam se
multiplicó: la fundación anotó 546.434 euros en patrocinios y colaboraciones,
sin mención alguna a ingresos por cursos. No se sabe quiénes fueron los
patrocinadores ni qué patrocinaron: las cuentas sólo revelan la aportación de
Caja Madrid (178.434 euros). El origen de los otros 368.000 euros es
desconocido.
En cuanto a los gastos, también
oscilan a ritmo electoral. El ejemplo más claro se ve al comparar los ejercicios
de 2003 y 2005. En el primer año, cuando el PP echó el resto para garantizarse
que Aguirre, y no el socialista Rafael Simancas, sucedería a Alberto Ruiz
Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid, Fundescam gastó 967.794 euros.
Dos años después, sin urnas a la vista, la fundación desembolsó 326.700 euros,
es decir, un 66,3% menos.
Tras tomar oficialmente en noviembre
de 2004 el relevo de Pío García Escudero como líder del PP madrileño, Aguirre
pasó a presidir Fundescam. De 2005 a 2007, último año del que hay datos, el
patronato de la fundación ha congregado a notables del PP como el consejero y
secretario general del partido, Francisco Granados; Ana Botella o el ex
vicepresidente Alfredo Prada, presuntamente espiado por la propia Comunidad.
Esperanza Aguirre, presidenta de
Madrid, líder regional del PP y máxima responsable de Fundescam, reiteró ayer
que no tenía conocimiento de las actividades de la fundación, parte de cuyos
fondos nutrieron sus campañas electorales de 2003 y 2004. “No tengo ni idea”,
afirmó tras su cita con la ministra de Sanidad.
“Llegué a la presidencia del PP en
Madrid en 2004. Todas esas informaciones son de 2002 y 2003, y quizá de
principios de 2004”. Ya en mayo, Aguirre desvió el tiro y apuntó a su predecesor
en el PP. “Pregunten a Pío, Pío, Pío”, dijo entonces, en referencia a Pío García
Escudero.
La empresa matriz de
Correa fue el acreedor principal de Fundescam
La fundación del
PP madrileño debía a Special Events 70.544 euros tras los
comicios de 2004
Special
Events SL, empresa matriz de la
trama Gürtel,
se convirtió en 2004 en el principal acreedor de
Fundescam,
la fundación del PP madrileño que financió actos electorales
de Esperanza Aguirre. Así lo demuestran las cuentas de
Fundescam, entregadas a Público previo
requerimiento notarial, donde la fundación reconoce deber a
Special Events
70.644 euros, el 64% de la deuda acumulada por la fundación
ese año, que ascendió a 110.683 euros.
Como ha venido
informando Público desde mayo, Special Events
endosó a Fundescam facturas por gastos de la campaña del PP
de las autonómicas de 2003 y de las generales de 2004.
Special Events también cargó a la fundación del PP madrileño
los gastos de la organización del congreso regional del
partido de noviembre de 2004:
el cónclave que consagró a
Esperanza Aguirre al frente del PP de Madrid. En
total, Special Events endilgó a esta fundación facturas del
PP por un importe global de 301.094 euros.
Special
Events copó el 64% de la deuda acumulada por la
fundación ese año
La amenaza de Pablo Crespo
La memoria de
Fundescam de 2004 apunta a Special Events en la lista de
acreedores a corto plazo. En el balance de 2005, la firma ya
no aparece en esa relación, lo que, en teoría, indica que la
deuda fue liquidada. Sin embargo,
Special Events demandó al PP
a finales de 2005 porque aún no había cobrado todas
las facturas pendientes por las campañas de Aguirre en 2003.
Antes del
juicio, Pablo Crespo, socio de Correa y ex secretario de
organización del PP gallego, entregó a la dirección del
partido un comprometedor documento: un listado de
facturas emitidas por
Special Events contra Fundescam y el PP entre 2002 y
2004 que distingue entre el "concepto real" (los gastos de
la campaña) y el "concepto factura", donde no se mencionan
las elecciones.
La conexión
de Correa con el PP se vio reforzada tras la victoria de
Aguirre
Según ese
listado, Special Events cobró gastos electorales de
Fundescam, que después fueron maquillados en las facturas
bajo otros conceptos, como cursos o viajes. Después que de
que Crespo entregase ese documento, el PP aceptó pagar las
facturas pendientes y la demanda judicial se cerró de mutuo
acuerdo.
El
escudero electoral
La conexión
del grupo de Correa con el PP madrileño se vio reforzada con
la llegada de Aguirre al poder. Las propias cuentas de la
fundación señalan en esa dirección: Special Events ya
aparecía en 2002 como acreedor de Fundescam, pero la deuda
(16.732 euros) era muy
inferior a la reflejada en el balance de 2004.
El
colaborador de la presidenta López Viejo adjudicó 76
contratos a la trama
Presidenta de la Comunidad tras las segundas elecciones
autonómicas de 2003 celebradas en octubre tras el
tamayazo, Aguirre tuvo como escudero electoral a quien
luego habría de erigirse en uno de los grandes adjudicadores
de contratos a las empresas de la tramaGürtel:
Alberto López Viejo.
El ahora imputado fue director adjunto de su campaña de
octubre, viceconsejero de Presidencia entre 2004 y 2007 y
después consejero de Deportes hasta que se vio obligado a
dimitir tras conocerse su relación con la red Gürtel.
Entre abril
de 2004 y el mismo mes de 2005, López Viejo adjudicó a dos
sociedades de la red corrupta, Easy Concept y Good and
Better, 76 contratos a dedo por 576.000 euros. Pero las
adjudicaciones comenzaron
antes incluso de que López Viejo accediera a la
viceconsejería de Presidencia. Ese dato desbarata la
tesis, insinuada por el equipo de Aguirre, según la cual la
responsabilidad de esas contrataciones comenzó y acabó en el
todavía diputado del PP.
Congresos y viajes de la FEMP
La empresa tuvo problemas para cobrar las facturas que
endosó al PP
No sólo la
Comunidad de Madrid benefició a la red. Como ya había hecho
en 1999, la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), entonces presidida por Rita Barberá, encomendó en
2003 a Special Events
organizar la asamblea estatal de la federación; sólo
por ese encargo, la empresa cobró 570.000 euros.
En 1999, la
FEMP ya había asignado a Special Events la organización de
su asamblea. La empresa facturó en aquella ocasión 232.305
euros. Pese a que sólo esos dos contratos le reportaron
802.000 euros, hubo más: bajo el mandato de Barberá, otra
empresa del holding de Correa, Pasadena Viajes,
facturó a la FEMP 283.000
euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003.
Al camuflar
facturas de Special Events a través de Fundescam, así como
al presentar las donaciones (casi un millón entre 2003 y
2004) como destinadas a cubrir actividades de la fundación,
los conservadores habrían logrado un objetivo clave:
esquivar los preceptos legales que, aun con lagunas, acotan
la financiación de partidos.
El presunto
uso de Fundescam para encubrir gastos electorales es
ilegal
La Ley
Electoral (Loreg), por ejemplo, no sólo fija límites al
gasto permitido a las candidaturas sino que les prohíbe
recibir aportaciones de una misma persona física o jurídica
cuyo importe supere los 6.000 euros. Y la Ley de
Financiación de Partidos vigente hasta 2007 vetaba la
recepción directa o indirecta de donaciones entregadas por
contratistas de cualquier Administración.
Algunos donantes de
Fundescam eran contratistas públicos. Luego, lograron
de Aguirre 300 millones de euros en contratos.
Los socialistas preguntarán por Starcom, e
IU reclama la actuación del fiscal
El PSOE pedirá de nuevo cuentas al PP en
la Asamblea de Madrid sobre las
actividades de Fundescam y su conexión
con las campañas electorales de los
conservadores. La portavoz parlamentaria
del PSOE en Madrid, Maru Menéndez,
anunció ayer en declaraciones a este
periódico que
su
partido preguntará por los gastos
pagados a la agencia de publicidad
Starcom. Y que lo hará conectando
el asunto con las donaciones aportadas
por empresarios de renombre, con el
actual presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, en cabeza y los posteriores
contratos que la Comunidad de Madrid les
adjudicó.
"El PP debe explicar las cuentas de
Fundescam y la generosidad de la
Comunidad de Madrid con los empresarios
donantes", afirmó Menéndez, "porque no
tendríamos nada que objetar
si esa
generosidad saliera del bolsillo del PP
y no del de todos los ciudadanos, que es
lo grave".
En opinión de la portavoz socialista, la
información sobre Starcom demuestra que
"Aguirre mintió" cuando proclamó en
junio que Fundescam no paga campañas.
También Izquierda Unida subrayó la
gravedad de los hechos. La portavoz de
Presidencia de IU Madrid, TaniaSánchez,
sostiene que en "la conexión entre los
grandes contratos y el dinero que donan
quienes los consiguen" habla de "un
maremágnum oscuro que se debería
aclarar". "La Fiscalía", reclamó
Sánchez,
"debería investigar de oficio la
presunta financiación ilegal del PP".
UNA FUNDACIÓN
DEL PP PAGÓ 250.000 EUROS A LA AGENCIA DE LA PRIMERA CAMPAÑA
DE AGUIRRE
Fundescam, la
fundación con la que el PP de Madrid recaudó fondos
procedentes de empresarios poco antes de las elecciones
autonómicas de 2003, destinó 250.000 euros para pagar
facturas a Starcom. Según el diario Público, dicha firma es
una agencia de medios que realizó la contratación de parte
de la publicidad de la primera campaña electoral de
Esperanza Aguirre en las autonómicas de 2003.
La información
está avalada por las cuentas de Fundescam, depositadas en el
Registro de Fundaciones, en las que consta que se adeudaba a
Starcom 250.264,43 euros. Pese a que no se sabe en calidad
de qué se le pagó ese dinero, la actividad de Starcom es la
contratación de publicidad (vallas, anuncios de
televisión...). Algo que realizó para la campaña electoral
de Aguirre.
Precisamente, la
presidenta de la Comunidad, que lo es a su vez de la citada
fundación, dijo ayer que Fundescam "tiene sus cuentas en
regla", pero se desvinculó del asunto poniendo tierra de por
medio: "Yo ni presidía el partido, ni tengo noticia de lo
que allí ocurría, por lo tanto, yo creo que esa fundación
tiene sus cuentas en regla y si alguien cree que no están en
regla, pues que lo denuncie donde proceda", dijo en una
entrevista en Telecinco. En ese momento era Pío García
Escudero quien estaba al frente del partido a escala
regional.
La oposición no
ve tan claro el argumento y pide explicaciones. El PSOE,
denuncia que Aguirre ha mentido. "En primer lugar lo hizo en
junio cuando dijo que la fundación no tuvo actividad de
campaña electoral. Sin embargo, las cuentas de Fundescam
ponen de manifiesto que tiene como acreedor a una central de
medios que hizo la campaña del PP", denuncia la portavoz del
PSM en la Asamblea, Maru Menéndez. "Además, hay una
vinculación entre las empresas donantes y las adjudicatarias
de contratos. Su generosidad la hemos resarcido todos",
insiste.
Para IU el caso
debe ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción. "En un
caso vinculado a la repetición de unas elecciones
autonómicas, cualquier información que siembra la duda sobre
una conexión entre adjudicatarias de contratos públicos y
esos comicios debe ir acompañada de la actuación de la
Fiscalía Anticorrupción", pide Tania Sánchez, portavoz de la
presidencia de IU en la región.
La vena Gürtel
de Fundescam, fundación que presuntamente financió de forma
irregular varias campañas del PP, incluida la del tamayazo
de 2003, sigue aflorando. Hoy ha salido a la luz que el
mayor acreedor de la organización en 2004 fue, precisamente,
Special Events SL, una de las terminales de la supuesta red
corrupta. Tal fue el volumen de los tratos entre ambas
entidades que al finalizar el ejercicio de ese año la
entidad Gürtel acaparaba el 64% de la deuda total de su
cliente, al que facturó 70.644 euros. Si de por sí las sumas
son llamativas, más asombrosos son sus conceptos: gastos
electorales o del PP entre los que se encuentra la
organización del Congreso que consagró a Esperanza Aguirre
como lideresa del PPM. Contando las campañas de Aguirre en
2003, la de Génova de 2004 y el cónclave en cuestión,
Fundescam reportó 301.094 euros a Special Events que, por
cierto, fueron facturados en un sistema de contabilidad
doble que los maquillaba bajo epígrafes como “viaje” o
“curso”.
El 64% de los
110.683 euros que Fundescam debía a sus acreedores
inmediatos al término de 2004 correspondía a Special Events.
Nunca se supo cómo se pagaron esos 70.644 euros ni cuándo:
la empresa Gürtel desapareció de los apuntes contables de la
fundación en el ejercicio siguiente, informa Público.
¿Chantaje para
el pago?
Ello haría
pensar que la deuda fue liquidada rápidamente, pero los
presuntos cabecillas corruptos hicieron movimientos en otra
dirección. A finales de 2005 Pablo Crespo, ex dirigente del
PP gallego y directivo de la red demandó al PPM –responsable
de Fundescam- por el impago de las facturas pendientes desde
2003 –varias correspondientes
a la campaña del tamayazo-.
Crespo cerró la operación con una maniobra de presión que
resultó más eficaz que la medida legal: remitió a la cúpula
del PPM un listado de sus deudas, en el que
se distinguía el “concepto real”
–gastos de campaña- del “concepto facturado” –actos
mayormente lúdico docentes-.
Financiación
paralela
Sería la prueba
de que Fundescam, cuyo objetivo como fundación es estudiar
el desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, pagó
actos electorales del PP y los camufló con el contubernio de
empresas Gürtel. El partido, por consiguiente, acabó
llegando a un acuerdo antes del juicio y pagando las
facturas a Special Events.
La mano amiga de
Aguirre
La
presunta red corrupta afianzó su influencia en el PPM con la
llegada al poder de Aguirre. Para constatarlo, basta un
dato: la facturación a Special Events pasó de 16.732 euros
en 2003 a 70.644 al término de 2004. Ello lo propició, en
gran medida, quien hasta febrero pasado
fue el protegido y hombre de confianza de la lideresa,
Alberto López Viejo,
dimitido consejero de Deportes, director adjunto de la
campaña post-tamayazo -en 2003 se repitieron las elecciones
tras el golpe de los trásfugas- y ex viceconsejero de
Vicepresidencia. De su mano la red corrupta se embolsó
576.000 euros por 76 contratos adjudicados a dedo. Pero las
adjudicaciones habían empezado antes de su desembarco en
Presidencia, con lo cual la tesis del PPM de que las
contrataciones habían sido responsabilidad del dimitido
consejero y solo suya no tendría sentido.
Financiación
irregular
Las
evidencias apuntan además a que los populares lograron
esquivar las leyes de financiación electoral y de partidos
–que limitan y obligan a informar de las donaciones y gastos
de campaña- gracias a Fundescam. Además de sus tratos con
Special Events, en 2003
la fundación pagó 250.561,43 a la
agencia Starcom, encargada
de gestionar la publicidad electoral del PP en ese año. La
Comisión de Cuentas incluyó a Starcom y a otras cinco
entidades en una lista negra de empresas que incumplieron el
deber de informar de sus negocios con los conservadores tras
los comicios. Precisamente, en aquel catálogo también estaba
Special Events.
Donantes
afortunados
A pesar de
lo sorprendente que resulta ver a una fundación sin
repercusión mediática invertir tamañas cifras en publicidad
y organización de eventos, Fundescam tenía fondos de sobra
para operar gracias a las donaciones de destacados
empresarios, incluidos los presidentes de la patronal
madrileña y española, Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán.
La organización recaudó cerca de un millón de euros, pero
sus mecenas vieron recompensada tanta caridad. La
administración Aguirre de la Comunidad
ha adjudicado contratos por más de
300 millones a los donantes más generosos
de la fundación que preside ella misma.
Largas de
Aguirre
Por
cierto, preguntada al respecto, la lideresa remite a su
antecesor frente al PPM, Pío García Escudero con un fugaz
“Pregunten a Pío, Pío, Pío”.
Ayer cuando las informaciones de Starcom salieron a la luz,
la dirigente amplió su repertorio siguiendo, eso sí, con la
mirada puesta en García Escudero.
“Si alguien cree que las cuentas no
están en regla que lo denuncié”,
zanjó tras explicar que ella no dirigía el PP en 2003. ¿Dirá
también que no sabía nada de los gastos de una campaña en la
que ella era cabeza de lista y sus hombres de confianza
máximos responsables?
EL NOTARIO TAMPOCO LOGRA ACCEDER
A LAS CUENTAS DE FUNDESCAM
¿Hay algo que ocultar en las cuentas
de Fundescam, la fundación del PP madrileño que en 2003 pagó gastos electorales
de la campaña del tamayazo? La pregunta cobra de nuevo sentido después de que el
Gobierno de Esperanza Aguirre haya desoído el requerimiento notarial formulado
por Público para que entregase las cuentas de Fundescam depositadas a partir de
2003. 9
Desde que el 5 de mayo este diario
solicitó los balances y memorias de actividades de Fundescam, depositados en el
Registro de Fundaciones, a cuyos documentos la ley garantiza el libre acceso, el
Ejecutivo de Aguirre ha utilizado toda clase de artimañas para evitar su
entrega.
Entre la primavera de 2003 y la de
2004, Fundescam obtuvo casi un millón de euros por donaciones procedentes de
significados empresarios, con Gerardo Díaz Ferrán, actual presidente de la CEOE,
en cabeza. La fundación, que carece de web y tiene su domicilio en la sede del
PP de la madrileña calle Génova, no realiza actividad conocida.
Por encargo de este periódico, el
notario Fernando Molina Stranz acudió el pasado día 7 de julio al Registro de
Fundaciones de Madrid, donde reclamó oficialmente copia de los balances y
memorias anuales de la fundación que preside Esperanza Aguirre, aportó copia de
todas las solicitudes de información realizadas desde mayo por Público y otorgó
siete días de plazo para la entrega.
Ocho días después, el fedatario
público levantó acta para hacer constar la ausencia de respuesta. Una portavoz
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de la que depende el
Registro de Fundaciones, argumentó que la Ley de Procedimiento Administrativo
concede a las administraciones tres meses de plazo para notificar una
resolución. Pero acceder a una solicitud de información pública difícilmente se
encuadra en el concepto "resolución administrativa". Al frente de Presidencia,
que es la que deniega los documentos, se sitúa Francisco Granados,
vicepresidente de Fundescam.
Como desveló este diario, la
sociedad Special Events SL, buque insignia de la trama Gürtel, endosó a
Fundescam facturas que en realidad se correspondían con actos del PP. El
concepto real se camufló para evitar su identificación, pero el jefe de la red
corrupta, Francisco Correa, conservó un estadillo. Y ese estadillo, esgrimido
ante el equipo de Aguirre para forzar el pago de unas deudas, refleja en qué se
gastó de verdad el dinero.
Cómo justificó en 2003 y 2004 el
gasto de los más de 800.000 euros que le fueron transferidos por sus donantes
constituye una de las grandes incógnitas del asunto. El PP ha repetido hasta la
saciedad que sus cuentas estaban en orden y depositadas en el Registro.
Pero lo cierto es que ese Registro
sólo se avino a facilitar los balances previos a 2003, es decir, los
correspondientes a la etapa de Pío García Escudero como presidente del PP
madrileño y de Fundescam.
Aunque Aguirre no llegó a la cúpula
regional del partido hasta noviembre de 2003, cuando ya había ganado las
elecciones autonómicas en segunda convocatoria tras el escándalo del tamayazo,
las fuentes consultadas por este diario subrayan que los hilos de Fundescam
estuvieron en manos de su equipo desde comienzos de año.
PSOE E IU PIDEN A AGUIRRE QUE
ENSEÑE LAS CUENTAS DE FUNDESCAM
Ni PSOE ni Izquierda Unida van a
dejar pasar de largo el caso Fundescam, que toca de lleno la financiación de la
campaña electoral del PP de Madrid de 2003 –la del tamayazo– y la donación de
más de 800.000 euros al partido por parte de los grandes empresarios de la
Comunidad, encabezados por el actual presidente de la patronal, Gerardo Díaz
Ferrán. Ambos partidos pidieron a Aguirre que enseñe las cuentas de la
fundación.
Ayer, el secretario general de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez, afirmó que “algo huele muy mal” en el PP.
Lo decía después de que se supiera que el Registro de
Fundaciones negó a Público las cuentas de Fundescam,
fundación de la que Esperanza Aguirre es presidenta y que ha financiado
numerosos actos del PP madrileño. Para José Antonio García Rubio, secretario
federal de Economía y Empleo de IU, lo que está cada vez más claro es que la
presidenta “no cumple con la ley”.
El registro depende de la Consejería
de Presidencia, cuyo titular es Francisco Granados, a su vez vicepresidente de
Fundescam. El 8 de junio, el subdirector general de Política Interior, Antonio
Piñol, arguyó ante este periódico que a partir de ahora se aplicará “un nuevo
criterio”, de forma que no se podrá acceder a la copia de balances o memorias de
la fundación del PP desde 2003, el último año en el que se depositaron las
cuentas. El “nuevo criterio” contravendría la ley estatal y la autonómica, pues
ambas permiten el libre acceso a los ficheros archivados en los registros de
fundaciones.
Así, será imposible conocer si se
computaron las donaciones de los empresarios que luego recibieron adjudicaciones
de la Comunidad por valor de más de 300 millones de euros. O cómo se anotaron
las deudas que el PP madrileño contrajo con Special Events, compañía clave en la
red de Francisco Correa, presunto cerebro de la trama Gürtel.
Para Gómez, Fundescam es el “gran
caso de financiación de Aguirre y del PP de Madrid”. El ex alcalde de Parla
recordó que el PSM ya ha hecho los deberes para exigir responsabilidades al
Gobierno regional. “Este caso nos llevó a ir a los juzgados, a la Junta
Electoral, al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía Anticorrupción y a la
delegación de Hacienda”, citó. A su juicio, el PP podría haber incurrido en
cuatro delitos: falsificación de documento público, delito fiscal, delito
electoral y cohecho –por el presunto trato de favor a empresas “que han
financiado a Aguirre y sus campañas”, indicó–. “Lo que la presidenta no quiera
explicar ni en sede parlamentaria ni ante los ciudadanos, lo va a explicar en
los juzgados”, avisó Gómez.
Desde IU, García Rubio denunció que
la ocultación de las cuentas de Fundescam supone un “incumplimiento flagrante de
la ley”, por el que Aguirre “debe responder políticamente”. "Los registros son
públicos", abundó. La ejecutiva regional de IU, por su parte, también estudiará
posibles acciones en próximas reuniones. La siguiente es dentro de una semana,
el 24 de junio.
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha
optado por saltarse la ley a cambio de mantener bajo llave las cuentas
supuestamente presentadas en los seis últimos ejercicios por Fundescam, la
fundación del PP madrileño que en 2003 pagó gastos de la campaña electoral del
tamayazo y recibió más de 800.000 euros en donaciones de importantes empresarios
nucleados por el actual presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. El PSOE ha
pedido a Anticorrupción y a Hacienda que investiguen las cuentas de la
fundación, presidida por la propia Aguirre.
Pese a que tanto la ley estatal
sobre la materia como la autonómica garantizan el libre acceso a los documentos
depositados en cualquier Registro de Fundaciones, los responsables de ese
fichero ya han comunicado a este periódico que aplicarán "un nuevo criterio" en
virtud del cual se denegará por escrito y en fecha desconocida la entrega de
copia de los balances y memorias de actividades de Fundescam a partir de 2003.
El Registro depende de la Consejería de Presidencia e Interior, cuyo titular,
Francisco Granados, es secretario general del PP madrileño y vicepresidente de
Fundescam.
De momento, será por tanto imposible
conocer si Fundescam contabilizó las donaciones de los empresarios que luego
obtuvieron más de 300 millones en contratos de la Comunidad de Madrid. Tampoco
podrá verificarse cuál fue su programa oficial de actividades ni en concepto de
qué anotó las deudas con Special Events SL, buque insignia de la trama de
corrupción que ha dado origen al caso Gürtel. Como acreditan documentos de la
contabilidad interna de Fundescam difundidos por este diario, Special Events le
endosó entre 2003 y 2004 gastos electorales y partidarios del PP por importe
superior a 300.000 euros y camuflados como actos de la fundación.
Antes de que, el 19 de mayo,
Público lanzara las primeras revelaciones sobre el cúmulo de irregularidades que
rodea a Fundescam, el Registro había suministrado a
este periódico y sin objeciones copia de las cuentas presentadas desde 2000 a
2002 tras precisar que ni las de 2003 ni las posteriores habían llegado nunca a
depositarse en ese organismo. Una vez estalló el escándalo, el PP se aferró a
que las cuentas "están claras"; proclamó –indignado y pese a los hechos
contrastados por Público– que todos los balances se habían depositado; y
remachó que Fundescam se ha atenido siempre a la más estricta legalidad.
A partir de las primeras
informaciones sobre el caso Fundescam, el Registro de Fundaciones se adentró en
un rocambolesco laberinto de contradicciones. Primero,y por dos veces
consecutivas, adujo ante este periódico que no había documentos contables
posteriores a 2002.
Sin embargo, y después de que los
socialistas hubieran anunciado una batería de acciones jurídicas para esclarecer
el caso, la encargada del Registro terminó emitiendo un certificado de
"subsanación de errores" que sostenía lo contrario a lo que su propio
departamento había mantenido hasta entonces: las cuentas de 2003 y las de los
siguientes ejercicios, salvo el de 2008, sí obraban en poder del Registro.
En conversación con este periódico,
la funcionaria atribuyó el “error” a sus subordinados: alguien –dijo con aplomo–
había guardado las cuentas de 2003 en la carpeta de 2005. ¿Y por qué entonces no
se produjo la entrega de los documentos incorporados a la carpeta de 2005 pese a
que el periódico había solicitado cualquier balance depositado a partir de 2003?
Porque, dándolos por inexistentes, no los buscaron, argumentó. Lo anterior
ocurrió el 29 de mayo, tres días después de que Público pidiera un certificado
acreditativo de que las cuentas de Fundescam jamás habían cruzado la puerta de
entrada del Registro.
Ese mismo día 29, el diario pidió de
nuevo los balances y memorias de actividades de Fundescam y la fecha exacta de
entrada en el Registro. Fue a partir de esa última reclamación –la cuarta en un
mes– cuando la Consejería de Presidencia descubrió el "nuevo criterio" para
denegar las cuentas. El lunes 8 de junio, y en dos conversaciones con este
diario –la primera telefónica; la segunda, en persona–, el subdirector general
de Política Interior, Antonio Piñol, anunció que la entrega de las cuentas se
vetaría por escrito en aplicación del artículo 29 del Reglamento de Fundaciones,
que en realidad regula el “acceso directo” a los documentos, es decir, la
entrada al archivo, reservada a historiadores y científicos. A la pregunta de
por qué no se había aplicado ese artículo para negar al periódico las cuentas de
2000, 2001 y 2002, las entregadas antes de que estallara el escándalo, Piñol
calló.
Ayer, Público renovó el rito diario
de llamar al Registro para averiguar si el certificado denegatorio estaba ya
listo. La respuesta fue negativa. Según el Registro, la solicitud de información
está en manos "de la superioridad".
Aguirre niega que
Fundescam haya "pagado campañas electorales" del PP
La presidenta asegura que ocho de las 21 empresas "jamás han
sido contratadas" por su Gobierno, en referencia a la
información de 'Público' sobre las aportaciones que realizaron a
Fundescam
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido hoy la
legalidad de las
contrataciones de su Gobierno con trece empresas
que realizaron donaciones a Fundescam,
y ha negado que esta fundación haya "pagado
campañas electorales" del PP.
Esperanza Aguirre ha contestado así en
el pleno de la Asamblea a la portavoz del PSOE, Maru
Menéndez, que le ha pedido explicaciones por la
financiación irregular del PP de
Madrid en la campaña de las
elecciones autonómicas de octubre de 2003 a través de
Fundescam.
La presidenta ha
afirmado que "todos" los contratos con dichas empresas "se
ajustan escrupulosamente a la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y demás legislación aplicable", y
que Fundescam "siempre se ha
ajustado a la ley, desde que se fundó en el año 2000".
La socialista Maru Menéndez le ha
preguntado por los contratos de la Comunidad con las 21
empresas que,
según
Público, realizaron
aportaciones a Fundescam en periodo electoral.
Fundescam
"se dedica a hacer cursos, seminarios y publicaciones"
Estas empresas
son: Mercurio, Promociones García Domínguez, Grupo
Cantoblanco Catering Service, Siemens, Inmobiliaria Cof,
Francisco Santos, Ciuvasa, Valentín, Avanza, Carlos de Blas
García, Idea Informática, Unión Fenosa, José Antonio López
Casas, FCC, Felop, Hotetur Club, Transportes de Cercanías,
Expacontra, Aerolíneas de baleares, Arturo Grupo Cantoblanco
y Germán López Madrid.
Esperanza
Aguirre ha dicho que ocho de esas 21 empresas "jamás
han sido contratadas" por su Gobierno, aunque no ha
especificado cuáles. Ha señalado que las trece empresas
restantes han sido contratadas también por otras Comunidades
Autónomas y por la Administración General del Estado, y que
el Gobierno madrileño las contrata "en concurrencia, cuando
ganan los concursos porque presentan las mejores ofertas y
los mejores proyectos". "Compiten en condiciones de
igualdad", ha aseverado Aguirre.
La presidenta ha
insistido en que las cuentas de las campañas electorales del
PP "están todas auditadas, fiscalizadas y aprobadas por la
Cámara de Cuentas" de la Comunidad de Madrid, y en que
Fundescam "se dedica a hacer
cursos, seminarios y publicaciones".
Maru Menéndez ha
sostenido que hubo aportaciones de esas empresas a la
fundación del PP Fundescam por un importe superior a 439.000
euros, entre el 25 de julio y el 11 de agosto, cuando se
había consumado el llamado "tamayazo" y se habían convocado
unas nuevas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid
para el mes de octubre.
Según Menéndez,
esa "generosidad" de los empresarios la "recompensó" el
Gobierno de Aguirre con más de
300 millones de euros
en adjudicaciones públicas por medio de más de 200
contratos.
EL PSOE VE EN EL CASO FUNDESCAM
LA TUMBA POLÍTICA DE AGUIRRE
El caso
Fundescam "puede ser el principio del fin de Esperanza
Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid". En esos términos se
pronunció ayer el secretario regional del PSOE, Tomás Gómez, a preguntas de los
periodistas sobre la información difundida por Público sobre cómo seis
empresarios, que en vísperas de las elecciones del Tamayazo y en las generales
de 2004
aportaron fondos a la fundación del PP madrileño,
recibieron luego
más de 200 contratos por importe global superior a 300
millones.
Los socialistas, que acudirán el jueves
a la Fiscalía Anticorrupción por si de los hechos
conocidos sobre Fundescam pudieran derivarse indicios de prevaricación, cohecho
y negociaciones prohibidas a funcionarios, pedirán hoy al Tribunal de Cuentas
que investigue si la fundación podría haber cometido falsedad en documento
mercantil.
Como viene informando Público, la contabilidad interna de
Fundescam revela que Special Events, una de las empresas de la
trama Gürtel, endosó a esa fundación facturas
electorales del PP de Madrid.
También Izquierda Unida anunció ayer
que pondrá el asunto en manos de Anticorrupción. "Nosotros declaró ayer la
portavoz de IU en Madrid, Tania Sánchez creemos que la Fiscalía debe actuar de
oficio, pero como no se ha dado por aludida, le entregaremos un dossier con lo
publicado y un informe motivado para que investigue".
La formación izquierdista sostiene
que la Fiscalía debe indagar si hay alguna conexión entre las donaciones y las
adjudicaciones que luego recibieron los donantes.
Sobre ese aspecto del caso, se
pronunció también ayer el consejero de Salud de Madrid y secretario regional de
Comunicación, Juan José Güemes. Pero lo hizo para aferrarse a la versión que el
PP ofrece desde el primer día: que las cuentas de su partido son "totalmente
transparentes" y que las campañas de 2003 y 2004 ya fueron auditadas. Cuando un
periodista le preguntó si no hay demasiada casualidad en el hecho de que los
donantes de Fundescam recibieran generosas adjudicaciones, Güemes contestó con
otra pregunta: "¿Insinúa usted una relación de causalidad?".
El portavoz del PP reiteró que las
cuentas de Fundescam están "presentadas". Este periódico ha intentado a lo largo
del último mes que el Registro de Fundaciones facilitase las cuentas de
Fundescam relativas a los ejercicios 2003 y siguientes. La primera respuesta
oficial y la segunda fue que ninguno de esos balances se había depositado. Ayer,
20 días después de la primera negativa, el Registro entregó un certificado donde
alega que se produjo un error, que las cuentas de 2003 se habían "traspapelado"
y prometió facilitarlas.
Fundescam, que depende orgánicamente
del PP madrileño –su comité ejecutivo nombra al patronato de la fundación–
recaudó entre 2003 y 2004 casi 800.000 euros de una docena de empresarios. Como
principal donante, figura Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE y entonces
jefe de la patronal madrileña CEIM.
Special Events SL, una de las
empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, endosó a Fundescam
facturas por 271.000 euros que en realidad se correspondían con gastos
electorales del PP y con la preparación de su congreso regional.Tras las
donaciones, seis donantes recibieron más de 200 contratos de la Comunidad de
Madrid. Díaz Ferrán ha gestionado los viajes para mayores durante cuatro años
consecutivos.
AGUIRRE ADJUDICÓ MÁS DE 200
CONTRATOS A LOS DONANTES DE FUNDESCAM
Entre los donantes que aportaron
fondos a Fundescam no sólo había empresas que en aquel momento, en el año 2003,
ya cobraban del Estado a través de numerosos contratos con administraciones
gobernadas por el PP. Después de las elecciones, varias de ellas lograron buenos
negocios con el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Según los datos del Registro de
Contratos, seis de las empresas o empresarios que aportaron donativos a esta
desconocida fundación del PP de Madrid justo durante la campaña electoral de
Esperanza Aguirre consiguieron después, a través de varios organismos que
dependen de la Comunidad de Madrid, más de 300 millones de euros en
adjudicaciones por medio de más de 200 contratos distintos. En cualquier caso,
esa cifra es sólo orientativa y a la baja, dado que en el Registro de Contratos
no figuran todos los adjudicados por el Gobierno de Madrid. Y los que figuran se
incorporan muchas veces a la base de datos con años de retraso.
De hecho, sólo 24 de 205 contratos
analizados se adjudicaron en 2008 y no aparece ninguno de 2009. De este total,
84 se otorgaron mediante procedimiento negociado y sólo 11 previa subasta.
Varias de estas adjudicaciones han sido objeto de polémica y alguna, como es el
caso de una adjudicación a Siemens, ha acabado en los tribunales.
Tomás Gómez, líder de los
socialistas madrileños, anunció el pasado 23 de mayo su intención de llevar el
caso Fundescam hasta los tribunales: "Hay sospechas para relacionar la
financiación irregular del PP de Madrid con la concesión de contratos a las
empresas que han beneficiado económicamente los procesos electorales del PP y
Aguirre".
Special Events facturó a Fundescam
gastos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy en las
mismas fechas mayo de 2003, octubre de 2003 y marzo de 2004 en las que se
recibieron los donativos de estas empresas. La semana pasada, el Partido
Socialista de Madrid denunció este escándalo ante la Inspección de Hacienda y la
Junta electoral. Mañana los socialistas tienen previsto presentar una tercera
querella ante el Tribunal de Cuentas y el jueves han anunciado que elevarán el
caso Fundescam a la Fiscalía Anticorrupción.
Los ingresos. Casi 800.000 euros en
donativos antes de las elecciones
Una veintena de empresas y
empresarios donaron a esta fundación del PP de Madrid cerca de 800.000 euros.
Según los documentos de la contabilidad de Fundescam a los que ha tenido acceso
‘Público’, todos los pagos llegaban en los meses de 2003 y 2004 en los que se
produjeron campañas electorales: en la víspera de las dos autonómicas del
‘tamayazo’ y también los días antes de las generales de 2004. La mayoría de los
donantes firmaron los justificantes de los donativos y muchos de ellos ya tenían
contratos públicos.
Los pagos. Correa facturó a
Fundescam y también a FAES
Dos documentos difundidos por
‘Público’ demuestran que Special Events facturó gastos de la campaña de Aguirre
tanto a Fundescam como a FAES. El primero, con el membrete de la Tesorería del
PP de Madrid, detalla los pagos que realizó el partido y FAES a esta empresa de
la ‘trama Gürtel’, los números de los cheques y las facturas pendientes. El
tercero es un listado de Special Events donde aparecen los “conceptos reales” de
varias facturas endosadas al PP de Madrid y Fundescam. Special Events demandó en
2005 al PP por los pagos pendientes. El PP de Aguirre accedió a pagar.
GERARDO DÍAZ FERRÁN. CUATRO AÑOS
CONSECUTIVOS GESTIONANDO VIAJES DE MAYORES
El presidente de la CEOE donó a
Fundescam en vísperas de las autonómicas de 2003 y de las generales de 2004 un
total de 246.000 euros divididos en seis entregas. La última aportación, de
30.000 euros, lleva fecha del 4 de marzo de 2004, y fue canalizada a través de
la empresa Transportes de Cercanías SA, que ya entonces tenía concesiones
públicas en la Comunidad de Madrid como línea regular de viajeros. Veinte días
más tarde, el 26 de abril, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid
subvencionó a Transportes de Cercanías con 94.896 euros para adquisición de
vehículos accesibles. Otras dos de sus firmas concesionarias de líneas de
viajeros, Autobuses Urbanos del Sur y Trapsa, obtuvieron en esa misma
convocatoria de ayudas 94.896 y 59.310 euros, respectivamente. Y Autobuses
Urbanos consiguió ese mismo día una segunda inyección de 148.720 euros para la
compra de máquinas canceladoras de billetes. El total de esas ayudas suma
397.822 euros.
Aunque no todos los contratos
figuran en el Registro de de la Comunidad de Madrid, en ese fichero sí constan
las adjudicaciones a Viajes Marsans SA, de la que Díaz Ferrán es copropietario y
cara visible. Desde 2005, Marsans se ha adjudicado los cuatro programas de rutas
culturales para mayores sacados a concurso. Subvencionado en un 40% por la
Consejería de Familia el 60% del importe lo paga cada viajero, el programa
reportó a Marsans 16,7 millones de euros en el cuatrienio 2005-2008. De ese
monto, la Consejería aportó 6.410.000 euros. Este año, el concurso aún no se ha
resuelto.
Hay otro contrato del que, en
noviembre de 2006, salió beneficiada Expacontra, donante de Fundescam y
propiedad de Díaz Ferrán: la gestión del Auditorio de El Escorial durante dos
años por 6,8 millones de euros. Expacontra acudió al concurso en unión temporal
(UTE) con Grupo Cantoblanco,de Arturo Fernández, y otras dos sociedades.
ARTURO FERNÁNDEZ. UN HOSPITAL CON
ULIBARRI Y SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Amigo de Esperanza Aguirre desde que
ambos eran alumnos del Colegio Británico y presidente de la patronal madrileña,
Arturo Fernández atesora importantes adjudicaciones. El Registro de Contratos de
Madrid, consigna desde 2004 ocho que le reportaron ingresos de 626.000 euros más
la concesión del comedor del servicio de informática, y de las cafeterías del
Hospital Ramón y Cajal y Vicepresidencia del Gobierno. En esas ocho
adjudicaciones figuran tres cursos asignados en 2005 y 2007 por el Servicio
Regional de Empleo (597.000 euros). No se computa la ya citada adjudicación del
Auditorio de El Escorial ni la que, en alianza con el grupo Ploder y otros
empresario, entre ellos el imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri, obtuvo
para la construcción y gestión del Hospital de Vallecas. Otorgada en 2005 por 30
años, esa concesión garantiza a sus gestores 15,4 millones de euros anuales
procedentes de las arcas públicas de Madrid. Arturo Fernández donó 57.000 euros
a Fundescam en cuatro entregas repartidas entre el 7 de mayo de 2003 y el 16 de
marzo de 2004.
La concesión más sustanciosa tras la
del hospital de Vallecas, se otorgó mediante procedimiento negociado. A cambio
de un canon total de 2,781.862 euros, Grupo Cantoblanco logró en abril de 2006
la explotación por cuatro años del servicio de cafetería del Hospital Ramón y
Cajal, uno de los mayores de España. Cantoblanco ya gestionaba ese servicio
desde 2001 cuando, bajo el Gobierno de Aznar, ganó el concurso convocado por el
Insalud, que entonces gestionaba ese centro.
También mediante procedimiento
negociado obtuvo, el 2 de enero de 2004 y con canon cero, la gestión de la
cafetería interior para funcionarios del edificio anexo a Vicepresidencia. En
diciembre de 2007, volvió a recibir la adjudicación.
En la lista hay un cuarto contrato a
dedo otorgado por la Comunidad: el de la celebración del Día de la Constitución
en 2005, por el que Cantoblanco cobró 29.600 euros.
El gigante Siemens aparece en la
lista como uno de los nombres habituales en el apartado de adjudicaciones de la
Comunidad de Madrid. El Registro de Contratos contabiliza 151 otorgados a tres
empresas del grupo entre 2004 y 2007, por importe total de 112,8 millones de
euros (sólo uno de ellos, de importe inferior al millón de euros, lo obtuvo
mediante unión temporal con otra compañía)
Entre las grandes adjudicaciones
figura la otorgada en junio de 2006 para la informatización de siete nuevos
hospitales de Madrid, lo que reportó a Siemens 44,6 millones de euros y verse
ante los tribunales: en el concurso, convocado el 21 de septiembre de 2005,
Hewlett Packard resultó la compañía mejor puntuada. Pero la Consejería de Salud,
que había tardado ocho meses en resolver el concurso, adujo a última hora que el
certificado de contratista público de Hewlett Packard acababa de cadudar.
Conclusión: salió ganando Siemens. Su entonces recién cesado presidente en
España, Eduardo Montes, había donado 25.000 euros a Fundescam el 9 de mayo de
2003, dos semanas antes de las elecciones del tamayazo. Meses después de obtener
el contrato, Siemens fichó a un informático de la Consejería que había
participado en el proceso de adjudicación.
De los 119 contratos, 61 se
otorgaron mediante procedimiento negociado: es decir, sin concurso. De la
lectura del listado resulta imposible averiguar por qué el Gobierno optó por esa
fórmula para contratar suministros habituales como tiras reactivas de orina.
Bajo la presidencia de Marcelino
Oreja, ex ministro ucedista, candidato del PP al Parlamento europeo en 1989 y
tío de Jaime Mayor Oreja, la constructora FCC donó a Fundescan 60.000 euros el
21 de octubre de 2003, cinco días antes de las segundas elecciones autonómicas
de ese año en Madrid. El actual líder del sector en España, que en aquella época
ya acumulaba múltiples contratos públicos, alcanzó luego un papel preponderante
en la Comunidad de Madrid. El Registro de Contratos computa 29 adjudicaciones
otorgadas al grupo por un importe global de 143 millones de euros. Un tercio de
ese montante (45,8 millones) se corresponde con contratos otorgados mediante
procedimiento negociado y no a través de concurso o subasta.
Entre los grandes proyectos con que
se ha hecho FCC mediante concurso figuran dos nuevas autovías la M404 y la
M407que explotarán en régimen de peaje en sombra durante 30 años. Es decir, los
usuarios no tendrán que pagar en el momento de utilizar la vía, pero sí lo hará
el Gobierno regional con cargo al presupuesto anual público y en función del
tráfico que soporte la infraestructura.
En el caso de la M-404, FCC ganó el
concurso en alianza con Caja Madrid; en el segundo, con Sarrión. De momento, las
cifras que se conocen para la M404 son las del plazo de ejecución (18 meses
desde febrero de 2008),e inversión global prevista: nada menos que 453 millones
que FCC y Caja Madrid recuperarán mediante el cobro del canon anual al Ejecutivo
autonómico.
U. FENOSA. 120.000 EUROS DE
DONACIÓN Y DIEZ CONTRATOS
Bajo la presidencia de Antonio
Basagoiti, padre del líder del PP en el País Vasco, Unión Fenosa donó a la
fundación del PP madrileño 120.000 euros el23 de mayo de 2003. Tras esa fecha, y
siempre según el Registro de Contratos, la eléctrica ha obtenido por subasta
diez adjudicaciones de la Comunidad de Madrid por importe de 31,8 millones.
Manuel Moratiel, presidente del
Grupo Avanza, uno de los más potentes del sector del transporte por carretera,
logró en julio de 2005 una adjudicación de la Consejería de Educación por
importe de 226.173 euros para transporte escolar. Dos años antes, el 19 de mayo
de 2003, había donado a Fundescam 60.000 euros.
EL PSM PIDE A HACIENDA QUE
INVESTIGUE A FUNDESCAM POR IMPAGO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
El PSOE de la Asamblea de Madrid
quiere que Hacienda aclare si Fundescam, fundación que ha financiado de modo
presuntamente irregular las dos campañas del PP regional de 2003 y la de Mariano
Rajoy de 2004, ha evadido impuestos. El Grupo Parlamentario Socialista madrileño
ha solicitado esta mañana a la Inspección del Ministerio de Hacienda investigar
el presunto impago del Impuesto de Sociedades ya que la fundación derivó fondos
a un fin ajeno al propio, es decir, “el desarrollo económico y social de la
Comunidad de Madrid”. Ésta es la segunda medida que toma el grupo, que el martes
pasado ya presentó una reclamación ante la Junta Electoral Central.
La portavoz socialista en la
Asamblea madrileña, Maru Menéndez, se ha hecho eco de la información desvelada
por el diario Público y hoy ha denunciado que “presuntamente puede haberse
cometido un delito fiscal al no haberse tributado el Impuesto de Sociedades (IS)
por parte de Fundescam”, tal y como dice la ley.
Evasión del Impuesto de Sociedades
“Consideramos que, como esta
financiación puede haber ido destinada a sufragar esos gastos electorales,
debería haber tributado el IS, que es lo que plantea la norma”, apuntó,
explicando que los socialistas piden a los peritos de Hacienda que “comprueben y
verifiquen que efectivamente se han producido las correspondientes tributaciones
derivadas” de “una aportación , de una donación, para sufragar una actividad
electoral”. “Hacienda somos todos y Fundescam también”, ha sentenciado.
Hay indicios
Para Menéndez, “la información (de
Público) tiene indicios suficientes” para pensar en “una serie de
irregularidades que presuntamente podrían estar conduciendo a la financiación
ilegal de los procesos electorales de 2003 y 2004”, por lo que es su
“obligación” acudir a las instancias competentes.
Más medidas
La maratón socialista contra las
supuestas irregularidades en las campañas de Esperanza Aguirre proseguirá el
próximo martes, cuando presentarán una solicitud de investigación “por un
posible delito electoral” de “falsificación de documento mercantil” ante el
Tribunal de Cuentas, y concluirá el jueves, cuando solicitarán una investigación
ante la Fiscalía Anticorrupción “por delitos de prevaricación, cohecho, o
negociaciones prohibidas”.
El escándalo Fundescam
La Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid se creó en 2000 con fines educativos y divulgativos, sin
embargo, desde 2003, habría financiado las campañas electorales del PP gracias a
las donaciones de empresarios como
Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, quienes
posteriormente habrían sido recompensados con contratos del Gobierno Aguirre. La
Fundación en cuestión, además,
contrató a la trama corrupta de Francisco Correa para el montaje de actos
electorales que fueron facturados con un sistema doble
que ocultaba su “concepto real” -en vez de “acto
electoral” se registraba “montaje de curso”, por ejemplo-.
FUNDESCAM TAMBIÉN RECAUDÓ FONDOS
EN VÍSPERAS DEL 14-M
Fundescam, la misteriosa fundación del PP de Madrid
contra la que
Francisco Correa facturó gastos electorales de la
campaña de Esperanza Aguirre en 2003, también recaudó fondos de importantes
empresas y empresarios en las vísperas de las elecciones generales del 14-M, las
primeras que perdió Rajoy ante Zapatero. Según demuestran nuevos documentos de
su contabilidad interna a los que ha tenido acceso Público, el total recaudado
por Fundescam en marzo de 2004 fue de al menos 154.250 euros.
Entre las nuevas pruebas, destaca un
extracto de movimientos de la cuenta corriente de Fundescam con fecha 4 de marzo
de 2004, en plena campaña electoral de Mariano Rajoy. En él se detallan las
transferencias que han llegado durante esos días a la fundación.
Junto a cada anotación relevante,
alguien en el PP de Madrid escribió de su puño y letra el nombre de las
compañías responsables de cada transferencia. Aparecen tres nombres manuscritos,
que coinciden con otros documentos a los que ha tenido acceso Público: "Hotetur
Club" (12.000 euros), "Aerolíneas Baleares" (12.000 euros) y "Cantoblanco"
(12.000 euros).
Las dos primeras empresas, Hotetur y
Aerolíneas Baleares, están situadas en la órbita empresarial del entonces
presidente de la patronal madrileña, Gerardo Díaz Ferrán, y hoy presidente de la
CEOE. La tercera, Cantoblanco, es propiedad de su cuñado, Arturo Fernández, que
también fue su sucesor al frente de la patronal madrileña.
Los dos donantes, tal y como
acreditó Público la semana pasada, también aportaron, a través de otras
empresas, importantes sumas a Fundescam en los días previos a las campañas
electorales de Esperanza Aguirre del año 2003.
La misma persona desconocida que
detalló a mano en el extracto de movimientos a qué empresa pertenecía cada
transferencia también escribió, al pie del documento, el "total recibido hasta
la fecha", una cantidad muy superior a los 36.000 euros que suman las tres
transferencias acreditadas en ese extracto: "154.260 euros".
¿Quién aportó el resto del dinero?
Parte de la respuesta aparece en otros documentos de la contabilidad interna de
Fundescam. Además de otros donativos de Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández
en ese mismo mes, en la contabilidad de Fundescam de marzo de 2004 aparece la
eléctrica Unión Fenosa, con 36.000 euros, y también una empresa que hasta ahora
no había aflorado dentro de las cuentas de Fundescam: Iberia. La areolínea,
presidida entonces por Fernando Conte, ingresó 36.000 euros en la cuenta
corriente de la fundación del PP de Madrid el 1 de marzo de 2003, en plena
campaña.
La transferencia de Iberia aparece
registrada en otro de los nuevos documentos de la contabilidad de Fundescam: la
impresión en papel de una consulta, a través de Internet, de la cuenta corriente
de esta fundación en Caja Madrid.
En ella se detallan los "últimos 19
movimientos" de la cuenta, por lo que probablemente la consulta fue realizada en
los primeros días de marzo de 2004. La hoja cuenta también con anotaciones
manuscritas en los márgenes, una letra que parece salida de la misma mano que
señaló el "total recibido" en el extracto de movimientos de Fundescam.
El número de cuenta corriente que
aparece en ambos documentos es el 2038 1053 91 600736415. Es la misma cuenta que
está acreditada en otros extractos bancarios de la cuenta de Fundescam en Caja
Madrid a los que ha tenido acceso Público. La oficina 1053, la sucursal donde
está registrada esta cuenta, está situada en la calle Génova número 10, en la
acera de enfrente del cuartel general del partido. Fundescam, que depende
orgánicamente del PP de Madrid y está hoy presidida por Esperanza Aguirre, tiene
su sede en la primera planta de ese edificio.
Iberia, en la fecha en la que se
registró esta transferencia, ya había sido privatizada. La antigua arerolínea
pública salió a Bolsa en la primavera de 2001. Sin embargo, en marzo de 2004 el
Gobierno entonces presidido por José María Aznar aún mantenía la acción de oro,
que le daba derecho a veto en caso de que cambiasen los principales accionistas.
Según un portavoz de la compañía,
Iberia colabora con muchas instituciones y fundaciones y, entre las fundaciones
políticas, las hay "de todo tipo de ideologías".
En el mismo documento de Fundescam,
en esos útimos 19 movimientos de marzo de 2004, también aparecen registrados
varios pagos a través de cheques con destino desconocido. Entre ellos, el más
llamativo es uno de 45.679,43 euros con fecha 6 de febrero de 2004. Y también
figura un importante ingreso, por valor de 17.130 euros, realizado en cheques y
que la misma mano que señala la transferencia de Iberia anota en el margen como
"Desconocido".
Según aseguró ayer Maru Menéndez,
portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, algunas de las empresas que
donaron fondos a Fundescam han sido después adjudicatarias de contratos públicos
con la Comunidad de Madrid.
LA POLÉMICA FUNDESCAM TAMBIÉN
GESTIONÓ FONDOS PARA LA CAMPAÑA DE RAJOY EN LAS GENERALES DE 2004
Nuevos datos en el caso de
Fundescam, la fundación vinculada al PP de Madrid que habría subvencionado de
forma irregular la campaña electoral de Esperanza Aguirre en los comicios del
tamayazo. Según informa hoy Público, la misteriosa fundación también recaudó
fondos de importantes empresas y empresarios en plena campaña electoral de los
comicios de 2004, los primeros que Mariano Rajoy perdió contra José Luis
Rodríguez Zapatero. La cifra conseguida en donativos, según muestran notas
manuscritas en los documentos, asciende al menos a 154.260 euros y entre los
pagadores se incluyen firmas como Hotetur Club o Aerolíneas Baleares, vinculadas
al actual presidente de la CEOE; Unión Fenosa o Iberia.
Parece que Fundescam no solo
financió gastos de la campaña electoral del tamayazo, sino que también recaudó
fondos de importantes empresas y empresarios de cara a la campaña de las
elecciones generales de 2004, por valor de al menos 154.260 euros. Según informa
hoy Público, los extractos de Fundescam con fecha de 4 de marzo (diez días antes
de que se celebraran los comicios, en plena campaña) detallan transferencias que
habían llegado a la fundación en esas fechas e incluso incluyen anotaciones a
mano junto a las cifras más relevantes.
Aportaciones de Díaz Ferrán y Arturo
Fernández
Así, tras sendas aportaciones de
12.000 euros, aparecen los nombres de las empresas Hotetur Club, Aerolíneas
Baleares y Cantoblanco respectivamente. Las dos primeras firmas estaban en la
órbita empresarial del entonces presidente de la patronal madrileña y actual
presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. La tercera es propiedad de su cuñado
y sucesor al frente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Ambos donantes,
a través de otras empresas, también había aportado importantes cantidades a
Fundescam en los días previos a la campaña de Aguirre de 2003.
Los pagos de Iberia
En los recibos también hay una nota
manuscrita en la que se detalla que el “total recibido hasta la fecha” asciende
a 154.260 euros, una cifra a la que se llega a través de otras aportaciones como
la de la compañía eléctrica Unión Fenosa –acreditada en otra factura- , con un
pago de 36.000 euros, la misma cifra aportada por Iberia, una compañía cuyo
nombre aún no había sido vinculado con este escándalo. La compañía aérea ya
había sido privatizada en la fecha en la que realizó la donación, aunque en
marzo de 2004 el Gobierno de José María Aznar aún mantenía las acciones
necesarias para tener derecho de veto.
Cheques
En los mismos documentos de Fundescam se acreditan también varios pagos a través
de cheques con destino desconocido. El más llamativo de ellos es uno con valor
de 45.679 euros, fechado el 6 de febrero de 2004. También se incluye un ingreso
por valor de 17.130.000 euros con una anotación al margen que reza:
“desconocido”.
Denuncia del PSM
Los socialistas madrileños dieron
ayer el primer paso en el marco de las denuncias anunciadas por su secretario
general, Tomas Gómez. La portavoz del PSM, Maru Menéndez presentó la primera de
las cuatro actuaciones anunciadas, y pidió a la Junta Electoral que examine las
cuentas del PP, y reclamaron los balances de Fundescam para 2003 y 2004.
Menéndez apuntó que se podría “haber incurrido en un delito electoral”, y
aseguró que algunas de las empresas que donaron fondos a Fundescam han sido
después adjudicatarias de contratos públicos en la región.
EL PSOE DENUNCIA ANTE LA JUNTA
ELECTORAL LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DE AGUIRRE
El grupo socialista de la Asamblea de Madrid ha puesto
este martes en conocimiento de la Junta Electoral Central la "posible
financiación irregular"
de las campañas autonómicas y municipales del PP de Madrid de 2003 y 2007.
Los socialistas quieren que la Junta Electoral investigue
la contabilidad de la Fundación del PP Fundescam y de las empresas que aparecen
como
donantes y, a la vez,
reciben contratos de la Administración autonómica.
El escrito ante la Junta lo ha
presentado hoy la portavoz parlamentaria Maru Menéndez, acompañada de otros
cinco 5 miembros de la dirección del grupo.
Maru Menéndez ha reconocido que es
"muy probable" que la sucesión de querellas y denuncias en que están inmersos el
PSOE y el PP en Madrid pueda "hartar" a los ciudadanos, pero ha defendido que
los socialistas madrileños "no pueden mirar hacia otro lado" mientras "la
corrupción campa por sus anchas, sin ningún tipo de control".
Aguirre también negó que el PP madrileño se financiara con
donaciones de empresarios: "Desde luego que no". La 'lideresa' aseguró que
Fundescam tiene sus cuentas
"perfectamente presentadas y justificadas".
Lo que recalcó Aguirre es que el
líder del PSM, Tomás Gómez, "de ninguna manera puede quedar impune" de las
"injurias y calumnias" que ha vertido contra el PP de Madrid, pues eso sería
"como si yo le acuso a él, no sé de asesinar viejecitas", indicó.
Por ello, el PP presentó ayer una
querella contra el líder del PSM, por "injurias y calumnias".
Fundescam, que depende del PP de
Madrid, recaudó casi un millón de euros entre empresarios y financió también
gastos de las campañas de Esperanza Aguirre en el año del 'tamayazo'.
AGUIRRE NIEGA "ROTUNDAMENTE" LA
FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID
La presidenta de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha manifestado que Tomás Gómez no puede "ampararse" en la "impunidad"
que la da ser líder de los socialistas madrileños para acusar al PP de "delitos
falsos" y sacar beneficio electoral, porque eso es "como si yo le acuso a él de
asesinar viejecitas".
Al término de una visita la
Instituto Isabel La Católica de Madrid, la presidenta de la Comunidad ha negado
rotundamente esa acusación de Gómez y ha insistido en que el PSM les está
imputando un "delito falso".
Por esto mismo, el PP ha interpuesto
esta mañana una querella en los Juzgados para demandar a Gómez por "injurias y
calumnias".
Ha indicado que el Derecho les dan
la oportunidad de interponer esa querella para que el PP de Madrid puede
defenderse, pero ha añadido que "previamente" harán "un acto de conciliación"
para que Tomás Gómez "nos diga de dónde se ha sacado que hemos cometido esos
delitos".
Aguirre también ha negado que el PP
madrileño se financiara con donaciones de empresarios: "Desde luego que no".
La 'lideresa' ha asegurado que
Fundescam tiene sus cuentas "perfectamente presentadas y justificadas".
Lo que ha recalcado Aguirre es que
el líder del PSM "de ninguna manera puede quedar impune" de las "injurias y
calumnias" que ha vertido contra el PP de Madrid, pues eso sería "como si yo le
acuso a él, no sé de asesinar viejecitas", ha indicado.
La presidenta ha subrayado que ni el
secretario general de los socialistas madrileños ni nadie se puede amparar en la
"impunidad" de un cargo para verter acusaciones "falsas" con la creencia de que
de ese modo va a "ganar las elecciones".
EL PP PRESENTA UNA QUERELLA
CONTRA TOMÁS GÓMEZ POR "INJURIAS Y CALUMNIAS"
El secretario general del PP de Madrid, Francisco
Granados, ha presentado este lunes en los Juzgados de Plaza de Castilla una
querella por "injurias" y "calumnias" contra el líder de los socialistas
madrileños, Tomás Gómez, por haber acusado a su partido de "cohecho" y
"financiación ilegal" a través de la fundación
Fundescam, información revelada por Público.
Granados ha entrado al juzgado
acompañado del responsable de asuntos jurídico del PP madrileño, Salvador
Victoria, y del veterano abogado Juan Ramón Montero, experto en procesos de
corrupción contra el PSOE, como el 'caso Filesa', el 'caso Roldán' y el más
reciente 'caso Ciempozuelos'.
El PP pretende con esta querella que
"quede claro que en este país calumniar e injuriar sigue siendo un delito" y que
los conservadores no van a "consentir una sola calumnia más, ni un insulto, ni
una sola mentira ni insidia por parte del Partido Socialista".
Así lo ha manifestado Granados, en
la puerta de los juzgados, donde ha defendido que la financiación de Fundescam
es "absolutamente transparente".
Tras asegurar que la noticia de 'Público' sobre la financiación
irregular es "falsa", los Populares estudian demandar al
socialista Tomás Gómez por "injurias y calumnias"
El secretario de
Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, anunció hoy
que el Partido Popular está estudiando
presentar una querella
contra el secretario general del Partido Socialista de
Madrid (PSM), Tomás Gómez, por un delito de "injurias
y calumnias".
Este último
aseguró esta mañana que cada día hay más sospechas de "posibles
cohechos en la Comunidad de Madrid" y que existen
sospechas "para relacionar la financiación del PP con la
concesión de contratos a empresas que financiaron la campaña
electoral de 2003", entre otras acusaciones.
"La actividad de
la Fundación Fundescam es y
ha sido siempre absolutamente legal, las aportaciones
que se realizan se han hecho y se han gestionado de acuerdo
con la Ley de Fundaciones y los fondos siempre se han
dedicado a los fines de la fundación", explicó el secretario
de Comunicación, que añadió que éstos "nunca se han dedicado
a la financiación de campañas electorales".
Las donaciones al PP
reavivan las sospechas del 'tamayazo'
"Con esta información se abre el caso Aguirre de financiación
ilegal del PP y posible trato de favor", resumió el líder
socialista de Madrid
La noticia con la que ayer desveló
Público cómo el actual presidente de la patronal CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, financió al PP de
Madrid a través de la
desconocida fundación Fundescam
en 2003, el año del tamayazo, cayó ayer como un mazazo en
las filas de la izquierda, que exigió una investigación
inmediata y anunció acciones legales: "Con esta información
se abre el caso Aguirre de financiación ilegal del PP y
posible trato de favor",
resumió el líder socialista de Madrid, Tomás Gómez,
quien observa indicios de "cohecho" en el caso Fundescam y
lanza un aviso:
"Si se demuestra
que hay empresas amigas de Esperanza Aguirre que financian
al PP para que luego la Comunidad de Madrid les adjudique
obras y servicios, será motivo suficiente para que la
presidenta se largue a su casa". Desde el PP, fuentes muy
próximas a su presidente aseguraron que Mariano Rajoy
"ni siquiera conocía la
existencia de Fundescam", informa María Jesús Güemes.
Gómez aseguró
que su partido actuará en los tribunales contra los
conservadores por presunta financiación ilegal a través de
Fundescam, que depende orgánicamente del PP madrileño.
"Hoy tengo más sospechas que nunca", dijo en
referencia al ascenso de Esperanza Aguirre a la presidencia
de Madrid tras el tamayazo, la traición protagonizada por
los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa
Sáez, que el 10 de junio de 2003 impidieron con su voto la
proclamación de Rafael Simancas como presidente y forzaron
así la convocatoria de unas segundas elecciones autonómicas
que ganó el PP. Los socialistas madrileños precisarán
esta mañana qué tipo de acciones acometerán contra el PP.
Desde IU, la
portavoz de la federación en Madrid, Tania Sánchez,
exigió la dimisión de Aguirre y anticipó que su
organización estudiará hoy si acude a la Fiscalía. El
portavoz parlamentario de la formación, Gaspar
Llamazares, se preguntó
"a qué espera la Fiscalía Anticorrupción" para actuar de
oficio y acusó al PP de haber incurrido en
"flagrante ilegalidad".
"Hoy tengo más sospechas que nunca", dijo Gómez
en referencia a Aguirre
Llamazares no
cree que los 790.000 euros recaudados por Fundescam entre
una docena de empresas con Díaz Ferrán a la cabeza fueran
fruto de donaciones "gratis et amore" [por amor], sino que
los donantes "pagaban favores" y recibían luego "trato de
favor". Varios de los empresarios que donaron dinero a
Fundescam tenían adjudicados en 2003 y 2004 contratos
públicos de la Comunidad de Madrid. La ley de financiación
prohíbe a los partidos recibir "directa o indirectamente"
donaciones de personas físicas o jurídicas con
adjudicaciones de cualquier Administración pública. Gerardo
Díaz Ferrán tenía contratos públicos en 2003.
Luego, obtuvo más de la
Comunidad de Madrid.
Preguntada en un
acto oficial, Esperanza Aguirre se negó a responder sobre
Fundescam, fundación que ella misma preside y que depende
orgánicamente del PP de Madrid. También la dirección estatal
del partido calló oficialmente. Pero al subrayar que Rajoy
ignoraba la propia existencia de Fundescam, la cúpula
conservadora remarca su doble estrategia sobre la
corrupción: mientras que en
Valencia mantiene un apoyo cerrado al imputado Francisco
Camps, en Madrid Rajoy parece haber abandonado a su
suerte a su viaje enemiga Esperanza Aguirre.
CCOO pide
"limpiar Madrid"
El caso de
Fundescam, que no presenta cuentas desde 2002, "es la gota
que ha colmado el vaso", apostilló Tomás Gómez. Lo hizo
durante la clausura del congreso regional de UGT. Al cierre
del cónclave sindical no acudió Arturo Fernández,
que donó 57.000 euros a Fundescam en cuatro
entregas.
Frente a la
beligerancia del líder socialista madrileño, la
vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, se atrincheró en la cautela. De la Vega se limitó a
expresar su confianza en que todos los partidos se sitúen
"en el marco de la ley", y declinó pronunciarse sobre la
información difundida por Público.
El
secretario regional de CCOO, Javier López, tildó de
"extremadamente grave" lo ocurrido
No sólo PSOE
e IU exigieron responsabilidades. El secretario regional
de CCOO, Javier López, tildó de "extremadamente grave"
lo ocurrido, reclamó la unidad de los partidos para
"limpiar" Madrid de sospechas y expresó su preocupación
por "esa mezcolanza de la economía y la política, ese
doy para que me des".
Como informó
Público el martes, Special Events, pieza clave en la trama
del caso Gürtel, endosó en 2003 y 2004 a Fundescam facturas
de las campañas del PP madrileño por valor de 300.000 euros.
Esta estrategia de defensa
está
provocando nuevas divisiones entre los
dirigentes del PP. El que más
molesto está es Pío García Escudero, el
ex presidente del PP de Madrid y actual
portavoz en el Senado. Pío está que
trina por la única respuesta que, por el
momento, ha dado Aguirre ante las muchas
irregularidades en la financiación de
sus campañas electorales del año del
tamayazo. "En el 2003 yo no estaba [como
presidenta del PP de Madrid]. O sea, que
se lo pregunten a Pío, pío, pío",
contestó el martes Esperanza a un
periodista de La Sexta Noticias.
Aguirre llamó a Escudero para pactar
después del "Pío, pío, pío"
Al día siguiente, el miércoles,
Esperanza Aguirre llamó por teléfono a
Pío García Escudero para intentar
rebajar la tensión y pactar una
estrategia común ante los documentos
revelados por
Público.
No lo consiguió. Cuando colgó, Pío
estaba aún más enfadado que antes de su
llamada. Según aseguran fuentes del PP,
Aguirre intentó convencerle de que no
había pronunciado esas palabras, una
mentira ante la que Pío contestó que
sabía perfectamente lo que había dicho,
pues lo había visto con sus propio ojos
en La Sexta. Fuentes de su entorno
aseguran que
Escudero
se siente engañado y traicionado,
pues dicen que no tuvo nada que ver ni
con la financiación ni con las
donaciones de empresarios durante las
campañas de Aguirre del año 2003.
Vera: el jefe de campaña
Aunque Pío García
Escudero fue el presidente del PP de
Madrid hasta el año 2004,
el jefe
de las campañas electorales de Esperanza
Aguirre en 2003, cuyas cuentas
pronto pueden estar bajo la lupa de la
Justicia,
fue el
diputado Juan Carlos Vera, un habitual
en la maquinaria electoral de los años
de Aznar. Bajo sus órdenes
directas, trabajaron en las autonómicas
de Madrid dos de los aforados del PP que
han sido imputados por el
caso Gürtel:
el ex consejero de Deportes Alberto
López Viejo y el diputado autonómico
Alfonso Bosch.
Según fuentes del PP, fue Juan Carlos
Vera quien puso en contacto a Correa con
López Viejo, cuando era concejal de
Limpieza Urbana y Desarrollo
Medioambiental en el Ayuntamiento de
Madrid.
Vera
también es íntimo de otro de los
imputados, el ex alcalde de Pozuelo
Jesús Sepúlveda. Según fuentes de
esta localidad, la actual pareja
sentimental de Vera es Yolanda Estrada,
ex concejal de Obras Públicas de
Pozuelo. Su nombre aparece en los
sumarios del caso Gürtel. Según asegura
el juez Garzón en uno de sus autos,
Estrada era "la persona con la que
contactaban en Pozuelo" los dirigentes
de las empresas de Correa. Fuentes del
PP afirman que la ex concejal tenía una
relación muy estrecha con ellos y que
incluso veraneó, en agosto de 2004, en
la casa de Correa en Ibiza junto con
otra de las imputadas, Isabel Jordán.
Granados, tocado
Pero el "pío,
pío, que yo no he sido"
no sólo divide, como de costumbre, a los
partidarios de Rajoy de los seguidores
de Aguirre.
El escándalo
Fundescam
también
ha abierto nuevas brechas en las propias
filas de la lideresa. El equipo
del consejero de Interior, Francisco
Granados, está molesto porque la
respuesta de la gente de Ignacio
González sobre
Fundescam
fue decir
que eso
lo sabía mejor Granados. Sin
embargo, el vicepresidente de Madrid,
Ignacio González -al que algunos en el
equipo de Aguirre apodan "el estratega"-
tuvo la última palabra, por encima de
Juan Carlos Vera, sobre la mayoría de
las decisiones de las campañas ahora
cuestionadas. En las elecciones, a las
órdenes de González, también tuvo un
papel relevante el gerente del Canal de
Isabel II, Ildefonso de Miguel.
Ignacio González intentó pasar la
responsabilidad a Paco Granados
Las tensiones internas entre González y
Granados no son nuevas, pero han
aumentado en los últimos meses tras el
caso de los espías de Madrid. Fuentes
del PP creen que Granados teme que
Esperanza Aguirre entregue su cabeza si
los escándalos políticos arrecian de
nuevo.
Al igual que muchos otros
ajustes
de cuentas internos, el desenlace
dependerá de cómo evolucionen los demás
casos de corrupción que asedian al PP,
pero también del resultado de las
elecciones europeas: de la fuerza que
tenga Mariano Rajoy.
El PSM denunciará al
PP de Madrid ante Anticorrupción
"Hay una acumulación de sospechas de practicas irregulares del
PP que hacen que el PSM no pueda mirar hacia otro lado", dice
Gómez
El secretario general del PSM, Tomás
Gómez se mostró hoy muy duro con el PP por el caso de la
financiación irregular
desvelado esta semana por Público.
Gómez anunció que en las próximas semanas
se presentará una denuncia
ante la Fiscalía Anticorrupción contra el PP de Madrid
por un delito de cohecho que se habría cometido por
la financiación del Partido Popular a través de 'Fundescam',
fundación presidida por Esperanza Aguirre, que recibió
donaciones preelectorales a cargo del
presidente de la CEO,
Gerardo Díaz Ferrán, y de otros empresarios.
"Hay noticias de
que cada día hay más fundadas sospechas de posibles cohechos
en la Comunidad de Madrid. Hay sospechas para relacionar la
financiación del PP con la concesión de contratos a empresas
que han financiado la campaña electoral de 2003", aseveró
Gómez en una rueda de prensa para anunciar la batería de
acciones parlamentarias y judiciales que
se acometerán contra el PP.
Entre las
medidas parlamentarias
destaca la exigencia de comparecencia de la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, para dar las
explicaciones pertinentes y la solicitud de información
sobre los contratos sospechosos en esa legislatura y en la
actual por si hubiera posible trato de favor. Además, habrá
interpelaciones al respecto.
En este punto,
adelantó que si el Grupo Parlamentario Popular le niega al
PSM acceder a la información sobre la citada contratación,
podrían llevar esa denegación de datos ante el Tribunal
Constitucional y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM).
Acciones
judiciales
Entre las
acciones judiciales a emprender,
Gómez avanzó que a partir de
la próxima semana se solicitará a la Inspección de Hacienda
de Madrid que se investigue la contabilidad de las empresas
implicadas que se habrían beneficiado de adjudicaciones a
cambio de esas donaciones preelectorales por la posible
comisión de un delito fiscal.
Se
solicitará a la Inspección de Hacienda de Madrid que se
investigue la contabilidad de las empresas implicadas
Asimismo, se
interpondrá una denuncia ante la Junta Electoral por "utilización
de fondos no declarados para actos de campaña a través
de un delito electoral". También se presentará
una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por
falsificación de documento mercantil relacionado con la
posible financiación irregular del PP en un proceso
electoral.
Sobre la
decisión del PSM de llevar adelante estas acciones, Gómez
indició en que existe "una acumulación de sospechas de
practicas irregulares" que hacen que el partido "no pueda
mirar hacia otro lado". Recordó que cada día afloran
noticias que afectan al PP de Madrid, en alusión al caso de
espionaje y a su implicación en la trama de corrupción
masiva que tiene como epicentro tres ayuntamientos
gobernados por los populares, como Boadilla del Monte,
Pozuelo y Arganda del rey.
"La era
Aguirre, la era de la corrupción"
Por ello, el PSM
quiere que "la Justicia actúe e investigue los datos que
acrecientan las sospechas de que en 2003 la actividad del PP
estuvo viciada". "Ahora, tenemos más sospechas que nunca.
"En
2003, se abre la era Aguirre, la era de la
corrupción económica del PP de Madrid"
"En
2003, se abre la era Aguirre, la era de la
corrupción económica del PP de Madrid, al margen del
Estado de Derecho", aseveró Gómez.
"Hay más
sospechas de cómo llegó Aguirre a la Presidencia y de cómo
ha desarrollado su actividad", apostilló el socialista en
referencia al ascenso de la jefa del Ejecutivo regional a la
Comunidad tras el 'Tamayazo' en el que estuvieron implicados
los diputados tránsfugas del PSOE Eduardo Tamayo y María
Teresa Sáez, quienes impidieron con su voto que Rafael
Simancas accediera a la Presidencia de la Comunidad de
Madrid.
Tania Sánchez asegura que con los datos
aportados por Público hay "indicios más que
suficientes de una financiación irregular"
La portavoz de la
Presidencia de IU-Madrid, Tania Sánchez,
pidió hoy a la Fiscalía Anticorrupción
que actúe de
oficio en el
caso Fundescam,
ya que con los
datos aportados
por Público
hay "indicios
más que suficientes
de una financiación irregular"
del PP de Madrid desde las elecciones de
2003, que auparon a Esperanza Aguirre a
la Presidencia regional.
Sánchez, que
apuntó que en 2003 se produjeron "uno
de los hechos más graves de la
democracia española, que situaron
a la Comunidad de Madrid en una
situación de
excepcionalidad democrática",
afirmó que la Fiscalía debería
investigar la "posible conexión de estos
hechos con el 'Tamayazo', porque mucho
nos tememos que
a la
supuesta financiación ilegal se podría
sumar un delito electoral".
Dijo que, en un caso como éste, se
debería abrir una comisión de
investigación pero, "dado el uso y abuso
que el PP hace de su mayoría absoluta,
la vía parlamentaria ha quedado
inutilizada".
Lamenta que la Comunidad sea
"únicamente conocida por continuos
casos de escándalo y espionajes"
Explicó que lamenta que la Comunidad
de Madrid sea "únicamente
conocida por continuos casos de
escándalo, espionajes y
otros asuntos que tienen paralizado
al Gobierno regional" y destacó que
mientras las cifras de paro sitúan a
Madrid por encima de la media
nacional, el Gobierno de Aguirre "se
distrae en buscar un culpable sin
querer asumir ninguna
responsabilidad, por lo que Aguirre
está inhabilitada para la labor de
gobierno".
"Llegaron al poder en una situación de
excepcionalidad democrática, y tendrán
que salir antes de que lleguen las
próximas elecciones del año 2011",
concluyó.
Correa eludió justificar
facturas de la primera campaña de Aguirre
La
Cámara de Cuentas afirma que Rialgreen, SL, dejó 48.000 euros sin
aclarar
La empresa
Rialgreen, SL, ligada al empresario Francisco Correa, el
cabecilla del caso Gürtel, dejó sin justificar 48.080
euros de actividades facturadas al PP durante la campaña
electoral de mayo de 2003, la primera a la que Esperanza
Aguirre se presentó a la presidencia. Lo afirma el informe
de fiscalización de la contabilidad electoral de esos
comicios emitido por la Cámara de Cuentas.
"Es
un defecto achacable a las empresas", afirman en
el PP Special
Events trabajó con los populares en las
generales de 2004
"De los 16
proveedores que han facturado por importes superiores a
6.012 euros, no han remitido información al respecto, en
contra de lo establecido en el artículo 133.5 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General, un total de seis",
afirma el informe. En él se detallan las seis empresas y los
importes no justificados, 810.700 euros en total, y una de
ellas es Rialgreen.
"Es un defecto
achacable a las empresas", afirmó un portavoz del PP. La
obligación de los partidos, después de cada convocatoria
electoral, es entregar a la Cámara de Cuentas las facturas
de los actos que han contratado y los gastos generales.
Además, las empresas que prestan los servicios, siempre que
los contratos superen los 6.000 euros, están obligadas por
la ley electoral a aportar sus documentos a la
fiscalización. "Estas empresas no remitieron la información
a la Cámara, incumpliendo su obligación", explicó. "Pese a
que nosotros enviamos cartas a los proveedores, avisándoles
de que debían hacerlo".
Por otro lado,
varias facturas y documentos a los que ha tenido acceso este
periódico vinculan a Special Events con actos políticos del
PP celebrados en municipios de Madrid a lo largo de 2002 y
en la campaña de las generales de 2004. En esos actos
políticos se utilizaban fondos en los escenarios en los que
aparecían ligados los logos del PP y de la Fundación para el
Desarrollo Económico y Social (Fundescam), vinculada al PP
de Madrid y cuya presidenta actual es la propia Aguirre.
Después, Special Events hacía llegar la factura al PP. El
diario Público ha vinculado en la última semana esta
fundación con la financiación del PP a través de la donación
de hasta un millón de euros de empresarios madrileños a
Fundescam, que habrían servido después para pagar actos de
campaña. Entre ellos figura el presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán.
Fuentes del PP
resaltaron que no habría ningún problema en que el logo de
Fundescam figurara en los actos, siempre que no se trate de
una campaña electoral. Dos de las facturas corresponden a
actos celebrados en los comicios generales de 2004: un mitin
de Rodrigo Rato, el 4 de marzo, y el acto de cierre de
campaña en la plaza de Chamberí, el 9 de marzo.
Las mismas
fuentes recordaron que Correa demandó al PP en 2006 porque
no le habían pagado varias facturas. "Entre ellas había
actos que encargaron en pueblos, sobre todo del noroeste de
Madrid, que nos negamos a pagar", afirman. Eso ocurrió
cuando Esperanza Aguirre se hizo con el control del partido
en noviembre de 2004 y, entonces, se dejó de contratar a las
compañías de Correa, agregan las fuentes.
Así justifican,
por ejemplo, la factura de 28 de junio de 2005, en la que
Special Events incluye el "importe correspondiente al mitin
de Rodrigo Rato celebrado en el polideportivo de Entrepeñas
de Las Rozas el 4 de marzo", por valor de 22.504 euros. "Era
un acto de las generales [celebradas el 9 de marzo de 2004]
que nos facturaron a nosotros un año después y nos negamos a
pagar", puntualizan las mismas fuentes.
Mientras, la
vinculación de Fundescam a los empresarios madrileños
provocó ayer duras reacciones de la oposición. El secretario
general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez,
acusó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de
"realizar acciones presuntamente al margen de la ley, como
la financiación ilegal del PP, y todo parece apuntar a que
ha habido posibles cohechos, adjudicaciones a empresarios
que han financiado al PP", informa Efe. La dirección
socialista tiene previsto reunirse hoy para decidir si toman
acciones judiciales.
"Aguirre crea
una red clientelar, escondida bajo la defensa de un modelo
liberal, que sólo beneficia a los grandes empresarios", se
quejó también la portavoz de la presidencia de IU, Tania
Sánchez. "El PP trabajaba al servicio de los empresarios;
hemos descubierto que no era vocacional, sino contractual".
Además, el
secretario de CC OO, Javier López, denunció la "mezcolanza
de la economía y la política". El líder sindical consideró
que "la política no debe ser utilizada para ultimar un
consorcio de partidos, políticos y empresarios". Desde UGT,
José Ricardo Martínez recalcó que el presidente de la
patronal "debería ser consciente de su responsabilidad
social".
Arriba figuran los fondos utilizados en
dos actos del PP, donde figura también
el logo de Fundescam. Abajo, las
facturas presentadas por Special Events
al PP de Madrid. En la de la izquierda
se trata del documento presentado por el
Foro Zona Noroeste celebrado en
Torrelodones en julio de 2002. La de la
derecha corresponde al mismo Foro, esta
vez en Las Rozas, en septiembre de ese
año.
La admiración que siente Gerardo Díaz Ferrán por Esperanza
Aguirre está más que declarada.
"Es que es cojonuda", se le oyó decir al presidente de
la patronal española CEOE hace unas semanas ante un inesperado micrófono
abierto. Pero Díaz Ferrán no sólo paga a Esperanza con sonoros piropos. El
presidente de todos los empresarios también donó 192.200 euros al PP de Madrid
durante 2003, el año del tamayazo, y otros 54.000 en marzo de 2004.
Los 192.200 euros de 2003 se entregaron en tres
transferencias a
Fundescam, la desconocida fundación sin apenas
actividad pública que depende orgánicamente del PP de Madrid y que pagó a la
empresa Special Events, de Francisco Correa, parte de las facturas de las dos
campañas electorales de Esperanza Aguirre de ese mismo año. En total, el
empresario destinó 246.200 euros al PP madrileño a través de Fundescam en doce
meses.
El dinero siempre llegaba a la
fundación en plena campaña electoral. Las dos primeras donaciones de Díaz Ferrán,
una por valor de 72.000 euros y otra de 48.000 euros, aparecen anotadas en las
cuentas de Fundescam el 19 y el 20 de mayo, a pocos días de las primeras
elecciones autonómicas de Madrid, que se celebraron el 25 de mayo de 2003. La
tercera donación, otros 72.000 euros, entra en la cuenta corriente de Fundescam
el 25 de octubre de 2003, un día antes de que los madrileños votasen por segunda
vez en ese año tras la espantada de los diputados del PSOE Eduardo Tamayo y
María Teresa Sáez, que impidieron a Rafael Simancas ser presidente de Madrid.
Ayer y a través de un portavoz,
Gerardo Díaz Ferrán alegó que sus empresas hacen "donaciones a muchas
fundaciones" y que, aunque no recuerda las efectuadas a Fundescam en 2003 y
2004, "no le extraña que la información sea correcta". Como ejemplo de la
política de donaciones de Díaz Ferrán, su portavoz citó la de "500.000 euros a
ONUART" para la cúpula de Miquel Barceló en Ginebra y las aportadas a la
madrileña Fundación Síndrome de Down.
Las tres donaciones efectuadas en
2003 por Díaz Ferrán a Fundescam se canalizaron a través de Seguros Mercurio SL,
una de sus empresas. Las transferencias quedaron anotadas en varios certificados
de donación a Fundescam a los que ha tenido acceso Público y que llevan fecha de
entrega posterior a la que señala la contabilidad interna de la fundación.
Las dos primeras transferencias, las de mayo, fueron
certificadas unos meses después con fecha 10 y 11 de agosto por medio de un
contrato por escrito firmado personalmente por Díaz Ferrán y por el tesorero del
PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez. En ese documento se justifican los donativos en
concepto de colaboración y ayuda para el cumplimiento de sus fines
fundacionales. Sin embargo, Fundescam, usó parte de sus fondos procedentes de
subvenciones y donaciones para pagar varias de las facturas de las campañas de
Esperanza Aguirre a Special Events, la empresa de Francisco Correa que está
siendo ahora investigada dentro del
caso Gürtel.
Díaz Ferrán no sólo realizó
donativos en el año 2003. A través de otras empresas propiedad o participadas
por su grupo, también financió a Fundescam en los primeros días de marzo de
2004, de nuevo en las vísperas de otras elecciones: las primeras generales que
perdió Rajoy ante Zapatero. El 3 de marzo, Hotetur Club S.L.dona 12.000 euros;
el 4 de marzo, Transportes de Cercanías S.A. entrega 30.000 y Expacontra S.A.,
otros 12.000.
En total, 54.000 euros en tres
transferencias a través de tres sociedades distintas de Díaz Ferrán en sólo una
semana. Su socio Antonio Mata Ramayo también colaboró: su empresa Aerolíneas de
Baleares donó 12.000 euros a Fundescam el 11 de marzo de 2004.
Cuando Díaz Ferrán entregó a través
de sus empresas estas importantes sumas al PP, el entonces presidente de la
patronal madrileña ya había recibido contratos públicos, como el obtenido por
Trapsa en unión con otra empresa en febrero de 2001 para gestionar el servicio
de autobuses turísticos en Madrid. Pero la operación más sonada, y la que ha
terminado convirtiendo al empresario en imputado por presunto delito fiscal, fue
la adquisición de Aerolíneas Argentinas a través de Air Comet, filial de Marsans.
Propiedad de Iberia, Aerolíneas fue privatizada por el Gobierno de José María
Aznar en 2001 y Díaz Ferrán se la adjudicó por el precio simbólico de un dólar.
Ese mismo año, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) dio a
Marsans 300 millones de dólares para cancelar las deudas de la compañía. Parte
del dinero se utilizó supuestamente para otros fines. El caso está siendo
investigado por un juez de Madrid desde 2005. La ley de financiación prohíbe a
los partidos recibir "directa o indirectamente" donaciones de empresas que
tengan contratos vigentes con "alguna Administración Pública".
Aunque Díaz Ferrán es el empresario
que más dinero ingresó en la cuenta corriente de Fundescam durante los años 2003
y 2004, no es ni mucho menos el único. Su sucesor al frente de la patronal
madrileña, Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco, también realizó
cuatro donaciones entre el año 2003 y 2004. Las fechas son casi idénticas a las
de Díaz Ferrán, otra vez justo en las vísperas electorales. La primera, el 7 de
mayo de 2003, tres semanas antes de las primeras autonómicas, por valor de
18.030 euros. La segunda, un día antes de las elecciones forzadas por el
tamayazo, el 25 de octubre de 2003, por valor de 15.000 euros. La tercera y la
cuarta donación, ambas de 12.000 euros, llegan de nuevo en marzo de 2004: una el
3 y otra el 16. En total Arturo Fernández, que disfruta de varios contratos de
catering adjudicados por la Comunidad de Madrid, donó a la fundación del PP
madrileño 57.030 euros.
Fernández comparte con Díaz Ferrán
una de las adjudicaciones públicas otorgadas a sus respectivas empresas por el
Gobierno de Aguirre: Grupo Cantoblanco y Expacontra gestionan desde diciembre de
2006, junto con otras dos sociedades, el teatro-auditorio de San Lorenzo de El
Escorial. La adjudicación ascendió aquí a 6,8 millones de euros.
Otra de las grandes empresas que
pagó a Fundescam es Unión Fenosa. La eléctrica entregó dos generosos donativos:
el primero, de 120.000 euros, llegó a la cuenta de la fundación el 23 de mayo,
dos días antes de las primeras autonómicas. El segundo, de 36.000 euros, el 4 de
marzo de 2004, diez días antes de las generales. La primera transferencia está
certificada formalmente el 25 de julio de 2003 por el entonces presidente de la
eléctrica, Antonio Basagoiti, padre del actual líder del PP vasco.
En la cuenta de Fundescam también
está registrada una transferencia de la constructora FCC de 60.000 euros el 21
de octubre de 2003, de nuevo pocos días antes de las elecciones. La
constructora, entre otras muchas obras de la Comunidad de Madrid, se ocupó de la
reconstrucción del Palacio de los Deportes y también ganó la concesión de la
futura autopista de peaje M-404.
Otro de los empresarios que donó una
importante suma a Fundescam en vísperas de las elecciones autonómicas de mayo de
2003 es Manuel Moratiel, quien presidía entonces la empresa de autobuses Grupo
Avanza y entregó 60.000 euros. Y también Eduardo Montes, entonces presidente de
Siemens, que pagó 25.000 euros. Ayer, Montes aseguró a Público que "no tiene ni
idea" de qué es Fundescam. Cuando este periódico le envió copia del certificado
de donación, reconoció que es auténtico y prometió hacer indagaciones sobre la
donación.
Entre otros contratos adjudicados en
los años de gobierno de Aguirre, Siemens acaba de conseguir de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid una importante adjudicación, por 54 millones
de euros, para centralizar los historiales clínicos de los madrileños. En julio
de 2006, ya se había alzado con el concurso para poner en marcha los sistemas de
información de los nuevos hospitales de Madrid por 44,6 millones de euros.
Hewlett Packard (HP) obtuvo la mejor puntuación, pero la Comunidad alegó que su
certificación como contratista de servicios llevaba cuatro semanas caducada y
otorgó la concesión a Siemens. El asunto está en los tribunales.
En la contabilidad de Fundescam,
también aparecen como donantes Celso García, que aportó 60.000 euros en dos
transferencias; Salazar Simpson, de Ciuvasa; José Manuel de Riva, presidente del
grupo Gesfor; José Antonio López Casas; Carlos del Castillo, de la Inmobiliaria
COF; Germán López Madrid y el joyero Valentín López Pombo. Según la contabilidad
de Fundescam, el total recaudado entre empresarios fue de 790.230 euros.
Ni Arturo Fernández ni Antonio
Basagoiti ni FCC han querido dar su versión de los hechos. Tampoco el PP de
Madrid, que guarda silencio desde que Público reveló el martes los primeros
datos sobre Fundescam. Esperanza Aguirre sólo respondió, ante el micrófono de un
periodista "que se lo pregunten a pío, pío, pío".
Los empresarios "tenemos que
llevarnos bien con el Gobierno, cualquiera que sea su color político, y si no es
así, nunca será por nuestra culpa". Así de categórico se mostraba Gerardo Díaz
Ferrán, presidente de la patronal de las patronales, CEOE, en una entrevista
concedida hace un año a un diario económico. Pero, desde su llegada al cargo en
junio de 2007, los hechos han ido desmintiendo sus palabras.
La guinda la puso este mismo mes cuando en un acto público
culpó de la recesión a "los años de Zapatero", creyendo que el micrófono estaba
cerrado. En el mismo acto, organizado por la patronal madrileña CEIM, dejó
claras sus preferencias al
remachar con un "es cojonuda" el discurso de la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Nada extraño, por otra
parte, teniendo en cuenta que Díaz Ferrán, madrileño de 66 años, ha escalado en
CEOE, hasta lograr sustituir al histórico José María Cuevas con el aval de
Aguirre, que la ha ido apoyando en sus sucesivos cargos como presidente de CEIM
y de la Cámara de Comercio de Madrid.
Desde 2003, es además consejero de
Caja Madrid, elegido entonces a propuesta de la patronal madrileña, y ha
utilizado su voto como un escudero fiel en la guerra interna de la entidad, que
enfrenta a Aguirre con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
Su escasa habilidad diplomática le
ha hecho tropezar desde el principio en su relación con el Ejecutivo socialista.
Sin embargo, luego tuvo que ir a la Moncloa para que Zapatero intercediera por
el imperio turístico Marsans, que empezó a crear en los años sesenta con su
socio de toda la vida, Gonzalo Pascual, y que forma una amplia red de empresas,
desde la de autobuses Trapsa, en sus inicios, hasta Air Comet o Pull-mantur, y
antes Spanair, entre otras. Acudió a solicitar el auxilio del Gobierno cuando
Argentina, a finales de 2008, decidió expropiarle Aerolíneas Argentinas. Díaz
Ferrán y su socio se la adjudicaron en 2001 cuando la privatizó la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que luego inyectó dinero para
cancelar deudas de la aerolínea. Por el uso de estos fondos, están imputados
Díaz Ferrán y Pascual por presuntos delitos de desvío de fondos públicos, delito
fiscal y estafa procesal en un proceso judicial que lleva años abierto.
Tampoco se ha resuelto aún el
contencioso con Argentina, con lo que Díaz Ferrán quizá tenga que recurrir a
Zapatero de nuevo y quién sabe si ello influirá en el maltrecho Diálogo Social
con los sindicatos.
En este contexto, y desde que
arreció la crisis, Díaz Ferrán ha intensificado su reclamación de abaratar el
despido, de momento sin éxito.
Pero no sigue sus principios. El
ejemplo más clamoroso es la indemnización de 1,9 millones que pagó a Juan
Jiménez Aguilar (su incómodo número dos en CEOE y eterna mano derecha de Cuevas)
tras su salida de la patronal. La cifra está a años luz de los 35 días por año
trabajado que Díaz Ferrán quería pagar al 70% de los mil empleados afectados por
el expediente de regulación de empleo (ERE) en una de sus empresas, Newco
Airport Services.
Días antes, insistía en que los ERE
no tendrían que recibir el visto bueno de una administración. Recetas
empresariales contra el paro.
CANTOBLANCO, FCC, SIEMENS, UNIÓN
FENOSA… TODOS UNIDOS POR LA CAUSA ALTRUISTA DE FUNDESCAM
Por lo visto, Díaz Ferrán no es el
único que piensa que Aguirre “es cojonuda”. Así lo han demostrado, donaciones
mediante, un gran número de empresarios que también han aportado su granito (o
granazo) de arena a Fundescam, la Fundación que sirvió para financiar las
campañas electorales de la lideresa. Grupo Cantoblanco, Unión Fenosa, Siemens,
FCC, Grupo Avanza… y así hasta sumar la friolera de casi 800.000 euros.
Curiosamente, o no, el esquema se
repetía siempre igual. Una altruista donación a Fundescam en plena campaña
electoral primero. Después, una vez con Aguirre ya en el poder, las empresas
recibieron suculentos contratos públicos, según explican Ignacio Escolar y
Alicia Gutiérrez en Público.
De Fundescam a Bombay
Arturo Fernández es el presidente de
la patronal madrileña. No se sabe si comparte la opinión de que la lideresa “es
cojonuda”, pero sí que estaba junto a ella durante los atentados de Bombay. Su
complicidad venía de antes, de cuando aportó 57.030 euros a Fundescam a través
de su grupo Cantoblanco. Lo hizo, eso sí, en cuatro donaciones. 18.030 euros
tres semanas antes de las primeras elecciones de mayo. 15.000 euros un día antes
de la segunda vuelta post-tamayazo. Finalmente, dos más de 12.000 euros en marzo
de 2004, antes y después de las elecciones que ganó Zapatero por primera vez.
El teatro de El Escorial
Fernández tiene contratos de la
Comunidad de Madrid para servicios de cátering a lo largo y ancho de la región.
Aparte, con Díaz Ferrán, el jefe de la patronal y el empresario que más aportó a
la causa, gestiona, con otras dos sociedades, el teatro-auditorio de San Lorenzo
de El Escorial. Una adjudicación que asciende a 6’8 millones.
Unión Fenosa y aita Basagoiti
Unión Fenosa también se apuntó a la
causa altruista de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid. Lo hizo con 120.000 euros primero y con 36.000 euros
después. ¿Las fechas? La aportación más suculenta dos días antes de las primeras
elecciones de Aguirre. La segunda, el 4 de marzo de 2004, diez días antes de las
generales. La primera donación la firmó el que era entonces presidente de la
eléctrica. Antonio Basagoiti, padre del líder del PP vasco.
FCC y las autopistas
FCC donó 60.000 euros. Lo hizo
cuatro días antes de las elecciones de mayo de 2003. Después se encargó de la
reconstrucción del Palacio de los Deportes y ganó la concesión para construir la
futura autopista de peaje M-404.
Siemens y los hospitales
No menos curioso es el caso de
Siemens, que aportó 25.000 euros. Siemens se ha encargado de la informatización
de los nuevos hospitales de la Comunidad y ahora ha recibido una adjudicación
por 54 millones de euros para centralizar los historiales clínicos de los
madrileños. No obstante, el concurso de hace tres años, por nota, lo ganó HP,
pero la Comunidad aseguró que tenía la certificación de contratista caducada. El
caso ha sido llevado a los tribunales.
EL PSOE ESTUDIA LLEVAR A LA
FISCALÍA EL CASO FUNDESCAM
La noticia, desvelada ayer por Público, de cómo el PP
madrileño financió en 2003 parte de la campaña del tamayazo a
través de una fundación a la que una empresa de la trama Gürtel
endosó facturas electorales puso ayer en pie de guerra a la oposición. Tanto el
PSOE como IU sospechan que esa fundación, Fundescam, operó como un canal de
"financiación irregular" que no sólo ayudó supuestamente al PP a ocultar gastos
electorales sino que captó donaciones de importantes empresarios que lograron
contratos y concesiones públicas en Madrid.
El secretario general del PSOE
madrileño, Tomás Gómez, anunció que los servicios jurídicos de su partido
estudian la posibilidad de acudir a la Fiscalía, y garantizó una batería de
iniciativas parlamentarias para que el Gobierno de Esperanza Aguirre dé
explicaciones. La portavoz parlamentaria de IU en la Asamblea de Madrid, Inés
Sabanés, también prometió dar la batalla en la Cámara autonómica, donde el PP ha
hecho valer con reiteración su mayoría absoluta para bloquear los intentos de
desentrañar las conexiones entre el Ejecutivo de Aguirre y las empresas adscrita
a la trama corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa.
En opinión del líder socialista
madrileño, todo lo que rodea a Fundescam, "una fundación desconocida", resulta
sospechoso. "Pudo haber sostiene Tomás Gómez trato de favor a empresas que
estuvieron financiando una campaña electoral que todos recuerdan como el drama
de la democracia, la del tamayazo". Su partido estudia ahora "si es posible
emprender acciones jurídicas o llevar el caso a la Fiscalía", precisó.
En el ámbito parlamentario, los
socialistas reclamarán explicaciones al Gobierno de Aguirre, una dirigente,
subraya Gómez, "que llega a la Presidencia de la comunidad en 2003 apoyada por
una fundación que pudo haber dado prebendas a los empresarios que aportaron
donaciones". El de Fundescam, resume el dirigente del PSOE, "es un nuevo
episodio en la era Aguirre", caracterizada, en su opinión, por "la corrupción y
la mezcla de intereses públicos y privados".
Desde las filas de Izquierda Unida,
Inés Sabanés exhibió el repertorio de irregularidades en que pudieron incurrir
el PP y Fundescam, fundación de obediencia partidaria y cuyo patronato lo elige
el comité ejecutivo de los conservadores. "IU dijo su portavoz en la Asamblea de
Madrid considera que se ha podido vulnerar tanto la Ley Electoral como la Ley de
Financiación de Partidos y la Ley de Fundaciones". Su grupo pedirá todos los
contratos otorgados por la Comunidad de Madrid a Special Events y exigirá
respuesta a la pregunta de qué subvenciones públicas ha recibido Fudescam "a
pesar de no haber presentado sus cuentas desde 2003".
Falsificación de documentos
Special Events endosó a la Fundación
para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam)
facturas que en realidad se correspondían con trabajos realizados para el PP
madrileño durante su campaña para las autonómicas de mayo de 2003 y para las
europeas de junio de 2004. El falseamiento de facturas se encuadra en el delito
de falsificación de documentos públicos, penado por el Código Penal con hasta
seis años de cárcel en el caso de los funcionarios o cargos públicos, pero sólo
con un máximo de tres si se trata de particulares.
Sólo multa para la financiación
ilegal
En su artículo 4, tanto la Ley de
Financiación vigente desde 2007 como la anterior, de 1987, prohíben de forma
expresa que los partidos acepten donaciones de empresas privadas que, “mediante
contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones
Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público”.
Pero esa misma ley establece que los infractores recibirán, en todo caso, el
siguiente castigo: “Una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación
ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la
subvención anual para sus gastos de funcionamiento”. El Código Penal no dedica
ni una línea a la financiación ilegal.
Donaciones limitadas
La Ley de Financiación vigente en
2003 establecía para las donaciones privadas a partidos un límite de 10 millones
de pesetas al año (60.000 euros). Las facturas del PP pagadas por Fundescam,
fundación subvencionada por la Comunidad de Madrid y por Caja Madrid, superaron
ese límite. En total, ascendieron a 66.988 euros. En 2004, Special Events cargó
a la fundación 204.011 euros. Es decir, en sólo año y medio, desde junio de 2003
a noviembre de 2004, Fundescam abonó casi 50 millones de las antiguas pesetas
por trabajos hechos para el PP. La Ley de Fundaciones prohíbe “constituir
fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador
o a sus patronos”.
Más fiscalización desde 2007
El vacío de la financiación ilegal
persiste, pero la nueva ley de 2007 cerró uno de los grandes agujeros de la
norma precedente: la ausencia de control sobre las fundaciones ligadas a
partidos. Ahora, las donaciones que reciben ese tipo de fundaciones están
sujetas a la fiscalización y control del Tribunal de Cuentas y a las mismas
sanciones aplicables a las organizaciones políticas de que dependen. Ese
reforzamiento de controles fue la clave del choque de trenes que se produjo con
el PP durante la tramitación de la nueva ley.
AGUIRRE CULPA A ESCUDERO:
"PREGUNTEN A PÍO, PÍO, PÍO"
Esperanza Aguirre no sabe, Esperanza
Aguirre no contesta. La presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso
pronunciarse sobre la información publicada ayer por este periódico, que
revelaba que el PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, empleó una red de
financiación paralela en las dos elecciones autonómicas del año 2003, cuando
ella era la candidata.
Preguntada en dos ocasiones por los periodistas durante su
visita a la Universidad Carlos III de Getafe para una entrega de premios,
Aguirre no quiso entrar a precisar si la Comunidad de Madrid adjudicó contratos
a empresarios que previamente habían financiado a la fundación Fundescam,
dependiente del PP de Madrid.
Tampoco explicó la forma en la que se gestiona
Fundescam, una fundación de la que ahora es
presidenta, y por qué no rinde cuentas desde el año 2002. Las únicas palabras
que salieron de su boca al respecto es que en el año 2003 ella no era la
presidenta del PP de Madrid: "En el 2003 yo no estaba. O sea, que se lo
pregunten a Pío, pío, pío", fue lo único que dijo la presidenta en alusión a su
precedesor en el partido.
En su equipo recuerdan que Aguirre
no llegó a la primera planta del número 13 de la madrileña calle de Génova hasta
octubre de 2004, cuando fue escogida líder de los conservadores madrileños. En
fechas anteriores su responsable era Pío García Escudero, actual portavoz del PP
en el Senado. Es a él, según explican fuentes de la Comunidad de Madrid, a quien
habría que pedir explicaciones.
Pío García Escudero, por su parte,
tampoco ha querido responder directamente sobre el caso y sólo ha hablado en su
nombre un portavoz de su equipo: "Tiene la conciencia muy tranquila de que todo
se hizo bien mientras él estuvo [al frente de la fundación]".
Esperanza Aguirre tampoco aclaró
ayer por qué el PP de Madrid acordó pagar en 2006 a Special Events unas facturas
pendientes de la campaña electoral de 2003, después de que la empresa, propiedad
de Francisco Correa, les llevase a los tribunales.
Según la versión que ha defendido
desde que estalló el caso Gürtel, la presidenta de Madrid ordenó a su equipo en
el año 2004 que no pagasen nada a las empresas de Correa. Según esa versión,
sólo el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo había incumplido esa orden.
Sin embargo, López Viejo que también participó en la campaña electoral de
Aguirre del año 2003 en calidad de director adjunto no decidía sobre los pagos
del PP de Madrid en el año 2006.
EL PP PAGÓ FACTURAS ELECTORALES A CORREA A TRAVÉS DE UNA FUNDACIÓN
El PP de Madrid creó un sistema de financiación paralelo con el que recaudó cerca de un millón de euros de algunos importantes empresarios durante los años 2003 y 2004. Con esos fondos, según los documentos a los que ha tenido acceso Público, se pagaron facturas de las campañas para las dos elecciones autonómicas del año 2003 en Madrid: la del 25 de mayo y después, tras el tamayazo, la del 26 de octubre.
El sistema con el que el PP de Madrid obtuvo este dinero, que pagó después actos electorales de Esperanza Aguirre a la empresa de Francisco Correa Special Events, funcionaba a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam): una fundación del PP sin apenas actividad pública conocida que fue creada en el año 2000.
Fundescam recaudó fondos en forma de donaciones privadas de los empresarios con los que después abonó parte de las facturas de los actos de campaña. Algunos de estos empresarios, que participan de sectores tan dispares como la energía, la hostelería, la construcción o los seguros, fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid
Entre los proveedores que facturaron actos de la campaña electoral a Fundescam está Special Events, una de las empresas de Francisco Correa que está siendo investigada dentro del caso Gürtel. A finales de 2005, Special Events demandó al PP de Madrid porque parte de las facturas aún no habían sido abonadas. Antes de la primera audiencia del juicio, el ex secretario de organización del PP de Galicia y administrador único de Special Events, Pablo Crespo, entregó a dirigentes del PP de Madrid un comprometedor documento, que demuestra la existencia de ese canal paralelo de financiación.
Se trata de un listado de facturas emitidas por Special Events desde diciembre de 2002 hasta noviembre de 2004 a tres clientes: el PP nacional, el PP de Madrid y Fundescam. El listado distingue entre el "concepto real" de la factura elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004 y el congreso regional de 2004 y el "concepto factura", donde no se hace ninguna referencia a las elecciones. Según ese listado, Special Events cobró de Fundescam 258.253 euros en gastos electorales, aunque en las facturas aparecieron bajo otros conceptos como "montaje de cursos y seminarios" o "transporte, guía, manutención viajes".
Al pie del listado aparecen cuatro líneas más donde se detalla el día y la hora de la primera audiencia del juicio. El caso se cerró poco después de que Crespo hiciese llegar este documento al PP de Madrid: antes del juicio, ambas partes llegaron a un acuerdo. Según el auto del juez con el que se cerró la demanda, dictado el 18 de mayo de 2006, el PP de Madrid se comprometió a pagar la mayoría de las facturas que Special Events reclamaba; todas salvo una.
En el listado que entregó Pablo Crespo al PP de Madrid no figuran todas las facturas emitidas por Special Events por servicios contratados por el PP de Madrid o por Fundescam, sino solamente aquellas con "cambio de entidades y/o conceptos".
Los importes y facturas que cobró la empresa de Francisco Correa del PP madrileño son mucho mayores y Fundescam no fue la única fundación del PP que corrió con los gastos de parte de la campaña electoral. También FAES, la fundación que ahora preside José María Aznar, pagó a la empresa de Crespo y Correa por la campaña que llevó a Esperanza Aguirre al gobierno regional de Madrid, según otro documento de la tesorería regional al que ha tenido acceso Público.
En él se detalla que Special Events cobró 201.441,66 euros del PP de Madrid y otros 55.679,52 euros de la FAES, la fundación que preside José María Aznar, a cuenta de distintos actos para las elecciones autonómicas de Madrid del 26 de octubre de 2003 las que siguieron al tamayazo.
El dinero que pagó el PP de Madrid llegó a Special Events a través de cuatro cheques con la numeración 3.552.434-BPE (4.756 euros), 3.552.435-BPE (354,96 euros), 3.552.441-BPE (4.176 euros) y 3.552.450-BPE (192.154,70 euros). Sin embargo, según los datos que aparecen en este documento de la tesorería regional del PP de Madrid, aún figuraban como "pendiente de pago" a Special Events 233.489,31 euros por distintos actos de campaña: 216.785,31 euros los adeudaba el PP de Madrid y 16.704 euros los debía la FAES.
Fundescam depende orgánicamente del PP de Madrid. Su sede está en la primera planta del edificio del PP de la calle Génova 13, y, según sus estatutos, es el Comité Ejecutivo Regional quien nombra a los patronos de la fundación. Está presidida por la propia Esperanza Aguirre y su vice-presidente es el consejero de Interior de la comunidad, Francisco Granados. Ayer, una portavoz de este último subrayó que el equipo de Aguirre no se hizo cargo del patronato de la Fundación hasta noviembre de 2004, tras el congreso en que se produjo el relevo en la dirección del PP madrileño. De Fundescam en esa época hay que "preguntarle a Pío García Escudero", presidente del PP hasta noviembre de 2004, recomendó la citada portavoz.
En el patronato de Fundescam también aparecen otros dirigentes destacados del PP de Madrid, como el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, o la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Ana Botella. Ignacio González, vicepresidente de Madrid, también formó parte del patronato de Fundescam.
Los fines que declara la fundación son bastante laxos: "Elaborar trabajos, dictámenes y estudios sobre temas de carácter socioeconómico", "desarrollar programas de cooperación con instituciones y entidades" o también "organizar cursos, conferencias y similares" para fomentar "el progreso de la Comunidad de Madrid". Pese a ello, Fundescam no tiene página web el PP no se pronunció ayer sobre ese extremo y no hay constancia en Internet de un solo curso, una sola publicación, que haya promovido esta desconocida fundación, que ha recibido numerosas donaciones.
A la pregunta sobre cómo se financia Fundescam, la portavoz de Granados respondió que "con las subvenciones de la Comunidad de Madrid y de Caja Madrid". "Las cuentas están justificadas", alegó.
Pero, según la información oficial recabada por Público en el Registro de Fundaciones de Madrid, hasta la fecha de ayer Fundescam no había depositado las cuentas de 2003 justamente el año en que financió electoralmente al PP ni las de los siguientes ejercicios. La ley madrileña de fundaciones, que fue aprobada en el año 1998 bajo mandato del PP, obliga a presentar la memoria anual al Protectorado, ejercido aquí por la Consejería de Educación, para su posterior depósito en el Registro.
