CARLOS FABRA OBTIENE PERMISO PARA SALIR DE LA CÁRCEL DE ARANJUEZ

El expresidente de la Diputación de Castellón entró en prisión por delitos fiscales

El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ha obtenido este viernes un permiso penitenciario. Se trata de su primera salida de la cárcel de Aranjuez (Madrid), donde entró hace casi un año, el 30 de noviembre de 2014, por delitos contra la Hacienda Pública. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 3 de Madrid ha concedido dicho permiso.

Once años después de que estallara el caso Fabra, el expresidente de la Diputación ingresó en prisión, en cumplimiento de la sentencia que le condenó, en noviembre de 2013, a una pena de cuatro años de cárcel por otros tantos delitos fiscales. Fabra fue declarado culpable de haber defraudado cerca de 700.000 euros a Hacienda, en los ejercicios fiscales de 1999 a 2003.

Fabra entró en la cárcel por no haber declarado 3,3 millones de euros cuyo origen no pudo justificar ni en sus cuentas ni en las de su entonces esposa, María Amparo Fernández, que también fue condenada por un delito fiscal que no la llevará a prisión. La condena le obligó, además, a abonar casi 1,4 millones de multa e indemnización que aún no ha pagado.

Durante el juicio, un perito de Hacienda calificó la forma de operar del matrimonio Fabra-Fernández como "la primera que se incluye en los manuales de estudio de afloración de dinero negro". El caso Fabra comenzó con la denuncia del empresario Vicente Vilar, que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Los tribunales consideraron no probados los delitos de tráfico de influencias y cohecho, de los que también estaba acusado.

Fabra saldrá de permiso después de que el pasado 30 de agosto cumpliese una cuarta parte de la pena (9 meses), que la Audiencia Provincial de Castellón estableció, tras realizar una liquidación de condena, en tres años de acuerdo con el artículo 76 del Código Penal.

Según este artículo, Fabra, sentenciado a un año de cárcel por cada uno de los cuatro delitos probados, solo está obligado a cumplir el triple de la pena máxima impuesta, que es un año; es decir, tres años en lugar de los cuatro a los que fue condenado.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/16/actualidad/1445002294_412985.html

CARLOS FABRA INGRESA EN LA PRISIÓN DE ARANJUEZ POR FRAUDE FISCAL

El expresidente de la Diputación de Castellón ha de cumplir una pena de cuatro años

Once años después de que estallara el caso Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ingresó ayer en prisión. Lo hizo en el centro penitenciario de Aranjuez (Madrid), en cumplimiento de la sentencia que le condenó, en noviembre de 2013, a una pena de cuatro años de cárcel por otros tantos delitos fiscales. Fabra fue declarado culpable de haber defraudado cerca de 700.000 euros a Hacienda, en los ejercicios fiscales de 1999 a 2003.

Fabra entró en la cárcel por no haber declarado 3,3 millones de euros cuyo origen no pudo justificar ni en sus cuentas ni en las de su entonces esposa, María Amparo Fernández, que también fue condenada por un delito fiscal que no la llevará a prisión.

La condena le obligó, además, a abonar casi 1,4 millones de multa e indemnización que aún no ha pagado.

El, en otro tiempo, todopoderoso Fabra apuró el plazo de cinco días otorgado por la Audiencia de Castellón, el tribunal que le condenó, para que ingresara de forma voluntaria en prisión. Aprovechó el fin de semana para despedirse de amigos y familiares antes de viajar a Aranjuez, una cárcel cercana al domicilio de sus hijos.

Al conocer el cumplimiento de la orden de entrada en la cárcel, el presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, quien apoyó al ahora preso hasta que él mismo decidió dejar la política, habló de “sentimientos contrapuestos”. “Le conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos lo que ha trabajado y lo que ha hecho por Castellón. A nadie nos hubiera gustado verlo en esta situación, pero al final se demuestra que la justicia llega a todas las personas”, apuntó el presidente.

Por la tarde, en apenas dos horas, alrededor de 200 personas se concentraron frente al edificio de la Diputación de Castellón para celebrar el ingreso en prisión de Carlos Fabra. La cita, con cava incluido, se convocó por las redes sociales pero tuvo escasa difusión. “Hemos visto hoy que la justicia ha comenzado a funcionar, a pesar del retraso. Es un día grande para la libertad y la democracia en Castellón”, dijo Paco, un miembro del colectivo de los yayoflautas que acudió a la cita con una imagen de Fabra dentro de una “jaula dorada”. La celebración prosiguió durante algo más de una hora con mascletàs y gritos de “nos ha tocado el Gordo”.

La forma de operar del matrimonio Fabra-Fernández fue calificada en el juicio por un perito de Hacienda como “la primera que se incluye en los manuales de estudio de afloración de dinero negro”. El caso Fabra comenzó con la denuncia del empresario Vicente Vilar, que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Los tribunales consideraron no probados ni el tráfico de influencias ni el cohecho de los que también estaba acusado.

En nueve meses, Fabra podrá comenzar a pedir permisos, pero debería cumplir en prisión, al menos, tres de los cuatro años a los que fue condenado (uno por cada fraude cometido).

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/01/actualidad/1417421424_144619.html

LA AUDIENCIA DE SEVILLA DA UN REVÉS A ALAYA EN EL ‘CASO MERCASEVILLA’

El tribunal anula el auto de la juez en el que procesaba a Rodrigo Torrijos

Nuevo varapalo de la Audiencia Provincial de Sevilla a la juez Mercedes Alaya. En esta ocasión, por su instrucción de la venta de suelos en la empresa pública Mercasevilla. Tras estimar un recurso de la fiscalía, la Sección Primera ha anulado el auto en el que la magistrada procesaba por este supuesto fraude a 16 personas, entre ellas, el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y al exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño. En su resolución, la Audiencia ordena que se “retrotraigan las actuaciones al trámite anterior del auto del 20 de diciembre de 2013”, en el que la juez daba por concluida la instrucción y convertía las diligencias previas en procedimiento abreviado. Este revés supone un nuevo retraso en una instrucción que acumula ya cinco años.

La decisión de la Audiencia deriva del recurso presentado por la fiscalía contra la decisión de la magistrada de sumar al caso, el pasado febrero, documentación aportada por dos imputadas y ordenar nuevas diligencias. En ese escrito, la fiscalía solicitaba la anulación del auto de procesamiento al considerar que se ve privada “al igual que las demás partes, del examen de la documental aportada y de la valoración de las pruebas que con la misma se solicitaron, lo que pudiera, una vez practicadas, tener efectos en el oportuno recurso y en la concreción de cada una de las posibles imputaciones”. Asimismo, alegaba que “no resulta procedente” que se ordenaran nuevas actuaciones “pues la fase de instrucción estaba concluida”. De ser “pertinentes”, apunta, Alaya debía haber anulado la resolución del pasado diciembre.

En dicho escrito, la juez Alaya acusaba a estas 16 personas de los delitos de prevaricación, prevaricación contra la ordenación del territorio y falsedad por, entre otras cosas, amañar supuestamente un concurso público para favorecer a Sanma, una filial de la constructora Sando.

Ahora la Audiencia apoya la tesis de la Fiscalía de Sevilla y anula dicho auto. Los magistrados creen que la actuación de la fiscalía se habría “visto limitada” al ser incorporadas a posteriori dichas pruebas. “La fase de preparación del juicio oral en el procedimiento abreviado no responde a la finalidad de completar la fase de instrucción previa”, exponen los jueces en su resolución, al aludir a otras sentencias del Tribunal Constitucional. Además, recuerdan que una vez abierto el procedimiento abreviado le corresponde al ministerio público y a las partes acusadas “valorar las diligencias de prueba que se practiquen”. Pese a ordenar que se retrotraigan las actuaciones, el tribunal declara “la validez de las diligencias de investigación practicadas con posterioridad”, en referencias a otras declaraciones tomadas por Alaya.

En su argumentación, la Audiencia también atiende la alegación presentada por una de las dos imputadas que aportó nueva documentación con posterioridad al cierre de la investigación. Según la acusada, con esta información, “el auto de procedimiento abreviado habría sido esencialmente distinto en lo que se refiere a la situación procesal de alguna de las partes”.

Este no es el único reparo que la fiscalía ha puesto a Alaya en la fase final de la instrucción de esta rama del caso Mercasevilla. Ya en diciembre, el fiscal tuvo que advertir a la juez de que no podía transformar las diligencias previas en sumario, dada la entidad de los delitos y las penas que acarreaban. Tras rectificar, Alaya convirtió las diligencias previas en procedimiento abreviado.

La decisión de la Audiencia se conoce dos semanas después de que la propia fiscalía pidiera para Torrijos y otros nueve procesados dos años de prisión, entre ellos, el ex director general de la lonja Fernando Mellet y el exconcejal del PSOE Gonzalo Crespo. El fiscal, que excluye a los otros seis procesados, les acusa de un delito de fraude y exenciones fiscales por su presunta implicación en el amaño del concurso público. La fiscalía solicitó también para el exportavoz de IU, quien dejó el cargo a finales del año pasado, ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. Asimismo, el ministerio público reclamó que se declare nulo el procedimiento. A la petición de dos años se sumó a los pocos días la representación letrada de la lonja.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/05/andalucia/1417806012_619335.html

LA AUDIENCIA DE CASTELLÓ RATIFICA LA SUSPENSIÓN DEL INGRESO DE FABRA EN LA CÁRCEL

El tribunal rechaza los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castelló se reafirma en su posición y mantiene en libertad a Carlos Fabra hasta que el Gobierno resuelva la petición de indulto, desestimando los recursos de súplica de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que reclamaban el ingreso inmediato en prisión del exdirigente popular. La Sala coincide con la defensa de Fabra al señalar que el criterio de la Audiencia de denegar suspensiones de condenas no es vinculante y, además, no es aplicable a este caso. Los magistrados defienden su independencia y desoyen al presidente de la institución judicial, José Manuel Marco, quien se mostró crítico la semana pasada y manifestó que apartarse de la doctrina de la Audiencia daña el prestigio de la entidad. El tribunal ratifica su decisión de congelar el ingreso en prisión mientras se tramita el indulto. En esta ocasión, sin embargo, se emplea a fondo para explicar por qué no aplica a Fabra el acuerdo unánime de la Audiencia de rechazar suspensiones de condena por tramitación de indulto cuando la pena sea de tres o más años.

Los tres jueces admiten que cuando paralizaron la ejecución de la condena no hicieron ninguna referencia al acuerdo interno, al considerar que era «irrelevante». Dicen que este tipo de pactos «no son jurídicamente vinculantes», por lo que «difícilmente puede alegarse infracción». «Tienen naturaleza de 'meras recomendaciones', no siendo obligatorias».

El tribunal hace suya la tesis del abogado de Fabra al afirmar que éste no podrá cumplir más de tres años en prisión (no se puede exceder el triple de la pena correspondiente a la infracción más grave, que es de un año), por lo que la suspensión de la condena no vulnera el criterio de la Audiencia Provincial. Por último, la Sala niega haber beneficiado a Fabra por rebajarle la pena(de 8 a 4 años) y ahora por esta suspensión.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/10/04/audiencia-castello-ratifica-suspension-ingreso/1170254.html

CARLOS FABRA PIDE EL INDULTO AL GOBIERNO

El expresidente del PP de Castellón solicita la medida para evitar su ingreso en prisión

La Audiencia provincial le citó el 3 de septiembre para comunicar el inicio de la condena

El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha presentado ya su petición de indulto ante el Ministerio de Justicia después de que el Tribunal Supremo confirmara a finales de julio la pena de cuatro años de cárcel por cuatro fraudes fiscales cometidos entre 1999 y 2003. Fabra, que un día después de conocer la primera sentencia dictada por la Audiencia provincial aseguró que no recurría a esta medida, cambió de opinión tras la ratificación del fallo por el alto tribunal.

El Ministerio de Justicia ha confirmado este viernes que la petición llegó durante el mes de agosto y que ya ha comenzado los trámites para resolverla. El pasado 19 de agosto, el Ministerio reclamó el informe pertinente al tribunal que le condenó para que se pronuncie sobre la petición. La Audiencia provincial, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia valenciano, todavía no tiene conocimiento de la petición realizada durante periodo vacacional. El tribunal de Castellón también deberá dar parte a la fiscalía para que se pronuncie sobre la petición de indulto.

Carlos Fabra está citado el próximo miércoles 3 de septiembre por la Audiencia de Castellón. Allí se le comunicará el inicio de la ejecución de su sentencia para comenzar a cumplir su condena por el fraude de casi 700.000 euros a Hacienda. La solicitud de indulto puede paralizar, no obstante, su entrada en prisión si el expresidente pide al tribunal que lo deje en suspenso hasta que Justicia resuelva si le indulta o no.

Aunque el exmandatario popular aseguró en su día que no acudiría a esta medida, pocos días después de que el Tribunal Supremo confirmara la pena y la condena fuera firme, fue su entorno más cercano el que empezó una campaña de recogida de firmas para pedir el indulto. En la carta alegaban que Fabra “es una persona honesta y trabajadora, que ha cumplido con sus compromisos, personales, sociales y laborales”. El propio Fabra confirmó en la prensa local que había cambiado de opinión y que iba a pedir la medida de gracia. Desde el Ministerio de Justicia no han concretado si la solicitud la ha hecho directamente el expresidente de la diputación o ha sido a través de sus fieles. Tampoco han informado de las causas alegadas para reclamar el indulto.

La iniciativa no cuenta con el respaldo del PP de Castellón. El sucesor de Fabra, Javier Moliner, hizo un llamamiento a filas al partido para que nadie firmara la carta de petición de amnistía en un momento en el que se estaba relacionando a gente del partido, los todavía fieles al exmandatario, con la campaña de firmas. “Evidentemente no firmaré esa petición ni tampoco lo hará ningún dirigente del PP de Castellón, ningún diputado nacional, ningún senador, ningún diputado autonómico, provincial ni ningún alcalde del PP”, dijo. Moliner criticó además la figura del indulto para políticos al afirmar no entender que los políticos pudieran indultar a políticos

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/29/valencia/1409311275_159090.html

EL SUPREMO CONFIRMA LA PENA DE CUATRO AÑOS DE CÁRCEL A CARLOS FABRA

El alto tribunal rechaza los recursos contra la condena por fraude fiscal

El exdirigente popular ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional

El ministerio público pedía elevar la prisión al expresidente del PP de Castellón

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cuatro años de cárcel por cuatro fraudes fiscales cometidos entre 1999 y 2003 por Carlos Fabra, expresidente del PP de Castellón y de la diputación provincial. En el recurso contra la sentencia, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado reclamaron elevar la pena contra el dirigente popular. El Supremo ha desestimado sus recursos, así como el del propio Fabra, y ratificado el fallo de la Audiencia de Castellón que constató que el expolítico ingresó cerca de dos millones de euros en sus cuentas sin que pudiera explicar su origen y sin declararlos a Hacienda. Dejó de pagar 700.000 euros en impuestos. La condena le obligaba además a abonar casi 1,4 millones de multa e indemnización.

El expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha afirmado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional como ya anunció en caso de que el alto tribunal desestimase su recurso. El exmandatario del Partido Popular ha declinado realizar declaraciones sobre la sentencia puesto que todavía no ha podido valorar su contenido junto a su abogado. No obstante, ha asegurado que aunque los jueces le hubiesen rebajado la condena en dos años habría recurrido igualmente ante el Constitucional porque mantiene que "los hechos estaban prescritos".

Los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, a los que se unió el de la Unión de Consumidores que actuó como acusación popular, reclamaban ampliar a ocho años la pena por los delitos fiscales. El Tribunal de Castellón tuvo en cuenta dilaciones indebidas como atenuante y dejó la sentencia en cuatro años, cuando la Fiscalía pedía 13 años. Ninguna de las partes recurrió la absolución de los delitos de tráfico de influencias y cohecho de los que también se le acusaba. Fabra, por su parte, había pedido la absolución. El Supremo ha desestimado todos los recursos.

El abogado del Estado reclamó que no se premiara "al delincuente más listo, al que trata de ocultar el delito que ha cometido y que menos colabora". La defensa de Fabra le mostró, por el contrario, como una persona indefensa ante una causa "engrosada mediática y artificialmente".

La sentencia del Tribunal Supremo rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que solicitaron no aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. Y lo rechaza, pese a admitir que el tiempo de tramitación de la causa es "realmente extraordinario", por considerar "excesivo" los cuatro años para emitir el informe pericial de las cuentas de Carlos Fabra. También porque el tribunal considera que la tardanza no se puede imputar exclusivamente a un "comportamiento obstaculizador de los investigados".

Sobre la equidad de la condena impuesta por la Audiencia, el Supremo recuerda que es ajeno a este juicio siempre que el fallo exprese las razones de la decisión y la pena no infrinja ninguna norma penal.

El Supremo también ha rechazado punto por punto todas las alegaciones de Carlos Fabra (hasta 11). El expresidente de la Diputación recurrió, entre otras cosas, al considerar que tres de los delitos habían prescrito (algo ya juzgado y negado anteriormente por el Supremo), porque los peritos judiciales no eran "imparciales" (algo que el Supremo tilda de "inaceptable"), por errores en la valoración de sus cuentas y al considerar la cuasi prescripción de los delitos.

El Supremo reitera que solo "fuentes ocultas" explican "razonablemente" las ganancias de Fabra

Carlos Fabra ha tratado, con este recurso, de intentar justificar sus ingresos alegando que se deben, en parte, a movimientos entre sus cuentas. Algo rechazado por la Audiencia y que el Supremo ratifica: "Tales prácticas, en esa frecuencia y envergadura (599 ingresos de más de tres millones), se compadece más con pretensiones de ocultación del origen de las rentas, antes que con cualquier exótica costumbre o modo de actuación de un usuario de banca".

También recalca la "singular desproporción" entre la renta declarada y sus ingresos. Cita el caso de 1999, con una renta declarada en torno a los 60.000 euros se realizó ingresos por 774.000. "O cuando se llegan a efectuar ingresos en número de 18 por importe que no supera las 500.000 pesetas, tope de indudable trascendencia en cuanto al control fiscal bancario".

El Supremo reitera que solo "fuentes ocultas" explican "razonablemente" las ganancias no justificadas de Carlos Fabra.

Se refiere también el tribunal a los ingresos en efectivos realizados por sus hijos (entre ellos la diputada nacional Andrea Fabra), con los que el expolítico quiso justificar algunos importes. La sentencia falla que también estos ingresos son "de origen no justificado".

El Tribunal Supremo hace finalmente una valoración de la condena de cuatro años: "Ni cabe hablar de desproporción, ni que esta, por el tiempo de su ejecución, no vaya a lograr los fines para los que fue establecida, dadas las circunstancias personales del penado".

El fallo sí estima parcialmente el recurso de la exmujer de Carlos Fabra, condenada a dos años de prisión por la Audiencia Provincial de Castellón, que verá reducida su pena al ser absuelta del delito fiscal de 2000.

Carlos Fabra estuvo más de diez años imputado por diversos delitos de corrupción. Durante ese tiempo, su partido le apoyó y le mantuvo al frente de la Diputación Provincial de Castellón. Cuando conoció su condena, en noviembre de 2013, Fabra declaró: “Espero que la cárcel no me espere, pero si me espera, que sea una temporada larga” y anunció su intención de recurrirla ante el Supremo y, de ser necesario, ante el Constitucional aunque también explicó que no tenía miedo de ir a la cárcel y que no iba a solicitar el indulto. Ocho meses después, el ex presidente de la Diputación Provincial está a un paso de vivir preso con 68 años de edad. En caso de que Carlos Fabra solicite el indulto, el tribunal que le condenó decidirá si se suspende la pena hasta que se pronuncie el Consejo de Ministros sobre la medida de gracia o si ordena su ingreso inmediato en la cárcel. Lo acostumbrado en este tipo de casos es la suspensión de la entrada en prisión cuando la condena de la persona que solicita el indulto es inferior a dos años, como ocurrió en el caso del ex presidente balear Jaume Matas. Pero no hay reglas respecto a esta circunstancia.

Tras conocer la condena de la Audiencia Provincial en noviembre de 2013, Fabra anunció su intención de recurrirla ante el Supremo y, de ser necesario, ante el Constitucional, aunque también explicó que no tiene "miedo a ir a la cárcel" y que no iba a solicitar el indulto.

Carlos Fabra aseguró entonces que no posee el dinero para hacer frente a las sanciones económicas de la sentencia, que le impuso una indemnización a la Hacienda Pública de 693.074 euros y una multa por la misma cuantía.

http://politica.elpais.com/politica/2014/07/23/actualidad/1406110720_505332.html

FABRA MANTIENE UN CARGO PÚBLICO EN EL PUERTO DE CASTELLÓN PESE A LA CONDENA

La Cámara de Comercio refrenda al expresidente provincial del PP como secretario general porque los delitos por los que ha sido condenado son “de su ámbito particular”

Carlos Fabra no ve razones para dimitir de sus puestos como miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Castellón tras su condena de cuatro años de cárcel por defraudar casi 700.000 euros a Hacienda entre 1999 y 2003. Ni tampoco considera que eso sea óbice para dejar la secretaría general de la Cámara de Comercio de Castellón, cargo que abandonó en 1975 para dedicarse a la política y en el que se recluyó tras dejar en 2011 la presidencia de la Diputación castellonense.

Fabra compareció ayer en rueda de prensa en el hotel Doña Lola. Allí dijo que “por supuesto” iba a continuar como secretario general y como miembro del consejo de administración del puerto. “Allí estoy por la Cámara y no por la Administración”, se defendió. Sin embargo, fuentes de la Autoridad Portuaria de Castellón aseguran que el consejo sí tiene una silla reservada a alguien propuesto por la institución empresarial y designado y aprobado por el Gobierno valenciano. “Es el Consell el que debería destituirle”, dijeron. El puerto aseguró que mientras la Generalitat valenciana no decida lo contrario, Fabra seguirá ocupando el puesto, que no tiene retribución pero por el que sí cobra unos 300 euros netos por reunión.

Desde el Gobierno valenciano aseguraron que se limitan a tramitar la petición que hace la Cámara de Comercio y que no tienen autoridad para destituir.

El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, exigió al presidente del Gobierno valenciano que “cese” con carácter inmediato a Carlos Fabra del consejo de administración del puerto y recalcó sentir “vergüenza” ante las manifestaciones del presidente de la Generalitat en las que asegura que “ya no tiene ningún cargo orgánico ni institucional”.

La diputada de Esquerra Unida Marina Albiol también pidió a la Cámara de Comercio que retire a Fabra del consejo de administración del puerto. “Tendrán que ser los empresarios los que deberán decir si Carlos Fabra se ajusta a la imagen que quieren dar del empresariado castellonense y si el fraude fiscal tiene que ser una de las cartas de presentación de la Cámara de Comercio”, declaró. La diputada aseguró que “no es tolerable” que “un delincuente condenado ocupe un asiento en el máximo órgano de decisión del puerto. Supone denigrar a esta entidad”.

Si Fabra no encuentra motivos tras la condena a cárcel por defraudar a Hacienda para seguir en la Cámara de Comercio, tampoco los ve la presidenta de la institución, Dolores Guillamón, propietaria del hotel en el que compareció Fabra, que ayer le defendió durante un pleno ordinario que sirvió para refrendar su cargo. “Los delitos fiscales son un asunto que se refiere al ámbito de su economía particular, en una época en la que no trabajaba en la Cámara y que no ha afectado a la actividad de la misma”, dijo Guillamón nada más comenzar el pleno y advirtiendo de que “asume la relevancia de su imagen pública [la de Fabra]” en lo que pueda afectar a la institución. La presidenta hizo un respaldo sin fisuras. Recordó que Fabra tiene “la plaza en propiedad” y que el reglamento reconoce que el puesto de secretario general es “permanente e inamovible”, salvo destitución por ineptitud o falta grave en el ejercicio de sus funciones. Algo que ni la presidenta ni los empresarios ven.

Al pleno tan solo acudieron una quincena de los más de 60 miembros que pueden participar, y nadie utilizó el turno de ruegos y preguntas para hablar de la situación de quien ha asumido todo el protagonismo de la Cámara de Comercio desde que abandonó su cargo en la Diputación. Ni siquiera el presidente de la patronal castellonense, José Roca: “No entramos en ese tema, no es responsabilidad nuestra y la justicia ha dicho que no es incompatible con su puesto”. Según dijo, no es contraproducente que un condenado por cuatro fraudes fiscales asuma un puesto representativo del empresariado castellonense. Y tampoco que sea él quien se ha atribuido éxitos como lograr ayudas millonarias de la Generalitat valenciana. Nada más llegar a la Cámara, Fabra consiguió que el Consell destinara por primera vez dos millones de euros de su presupuesto a la institución. “El secretario general de la Cámara se sabe ganar los garbanzos”, dijo de sí mismo.

Fabra minimizó ayer su condena por cuatro delitos contra la Hacienda Pública reiterando su inocencia pese a la sentencia, que, como recordó en varias ocasiones, no es firme. El expolítico acudirá al Tribunal Supremo y, “si fuera necesario”, ante el Tribunal Constitucional para insistir en la prescripción de los cuatro delitos fiscales. Pero descartó la petición de indulto, como han hecho otros miembros del partido. “Mi equipo de defensa y nosotros mismos hemos luchado por defender nuestra inocencia, en la que seguimos creyendo firmemente, pero el tema no era fácil y no lo hemos conseguido momentáneamente”, dijo. Tampoco dejó pasar la oportunidad de volver a arremeter contra los delitos fiscales, a pesar de que los magistrados han respaldado su “completo, minucioso y detallado informe”. Para Fabra, una inspección que debió durar 365 días “duró 1.053”, y eso le perjudicó. Nada dijo, sin embargo, de los 20 recursos presentados por su defensa y que también la sentencia detalló como una de las causas de la dilación del proceso.

Fabra dijo sentirse “fuerte” tras soportar “diez años de infundios”, porque la sentencia ha puesto punto y final a una “etapa dolorosa” de su vida, en la que, admitió ayer, llegó a plantearse abandonar la política. No lo hizo hasta que el proceso estuvo ya muy avanzado y sin que nadie del PP le instara a abandonar la Diputación o la presidencia del partido a nivel provincial. “Después de leer la sentencia, quiero resaltar que manifiesta que mi actuación política fue correcta, no hubo corrupción, ni cohecho, ni tráfico de influencias”, dijo. Y añadió: “Nada enturbia, pues, esa etapa de mi vida política, que se caracterizó por un afán por ganar cotas de prosperidad para esta provincia”.

Una etapa política a la que dio el último portazo poco después de conocer la sentencia. A las diez de la mañana del lunes, remitió una nota a la secretaria general del PP de Castellón y consejera del Gobierno valenciano, Isabel Bonig, para comunicar su baja “dolorosa” como militante. “Son muchos años de militancia y muchas vivencias”, añadió.

Pero ayer le faltaron muchos de quienes le apoyaron a medida que avanzaba su proceso judicial. Nadie le respaldó con su presencia en la rueda de prensa. Ni recibió la llamada de Alberto Fabra, ni de Javier Moliner (su delfín en la Diputación de Castellón). Pese a ello, aseguró que había recibido más de 700 llamadas y correos y que sigue teniendo el “apoyo” de “mucha gente del partido”. En el comunicado que leyó, también recordó el “enorme apoyo recibido en cada una de las citas electorales” que han “refrendado” su trabajo. De hecho, recomendó a los votantes del PP que sigan confiando en él porque la condena no es firme y espera ganar el recurso. “En cualquier caso, digo que si a cualquiera de ustedes [en referencia a los periodistas] la inspección fiscal les hace más de cien inspecciones personales en un año, seguro que les encontrarán algo”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/27/actualidad/1385510469_206189.html

CUATRO AÑOS DE CÁRCEL PARA FABRA POR DEFRAUDAR 700.000 EUROS A HACIENDA

La sentencia dice que cometió “repetidos delitos fiscales en cantidad de notoria gravedad”

El expresidente de la Diputación de Castellón deberá pagar 1,3 millones de euros de multa

El político del PP dice estar "muy satisfecho" por la absolución de cohecho y tráfico de influencias

El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ha sido condenado a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda casi 700.000 euros entre 1999 y 2003. La Audiencia de Castellón lo ha condenado por cuatro fraudes fiscales al estimar que no existe ninguna explicación lógica por la cual ingresó casi dos millones de euros en sus cuentas sin declararlos. Al tribunal que le ha juzgado no le salen las cuentas y ha concluido que los ingresos detectados (unos 3,3 millones contando lo no declarado por su exmujer, María Amparo Fernández) no se corresponden con su patrimonio y constituyen una “fuente oculta” de dinero. El matrimonio defraudó a las arcas públicas casi un millón de euros. El fallo le obliga a pagar casi 1,4 millones de multa e indemnización. Su exmujer, condenada a dos años por otros dos delitos fiscales, deberá desembolsar otros 540.000 euros.

La condena al expresidente del PP de Castellón Carlos Fabra le ha llegado como efecto colateral a la denuncia que presentó el empresario Vicente Vilar en diciembre de 2003. En ella le acusaba de pedirle grandes cantidades de dinero para interceder ante varias Administraciones a favor de sus productos (las pesquisas de sus cuentas llegaron después). De su denuncia derivaron las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho, de las que ha sido absuelto. La Audiencia considera que Fabra no cometió tráfico de influencias porque no hubo ningún funcionario o alto cargo “influenciado”, pese a estimar que se pudo interesar por los productos.

En cuanto a la percepción de dádivas, la Sala considera que no hay pruebas suficientes que acrediten que recibió dinero del empresario, ya que los testigos se basaron “únicamente” en rumores y el principal acusador se desdijo en el juicio. El tribunal, no obstante, admite que Carmacas (firma administrada por Fabra) recibió 180.000 euros de empresas del denunciante, que tienen un origen no acreditado suficientemente y que esto hace “sospechosa la conducta de los acusados de cohecho”. Sospecha agrandada por el hecho de ser un pago que, según Fabra, era por “honorarios profesionales” y que, según el fallo, es una cuantía demasiado elevada para que así sea.

La condena al exbarón del PP castellonense llega casi diez años después de que Vicente Vilar, un empresario que fue su amigo, le denunciara por cobrarle cantidades millonarias a cambio de agilizar los productos fitosanitarios que comercializaba. La denuncia acabó sentando en el banquillo a cinco acusados en un juicio celebrado en octubre, tras un proceloso proceso por el que han pasado nueve jueces y cuatro fiscales. El matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del PP Miguel Prim han sido absueltos por el tribunal de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La Audiencia considera así que no ha quedado probado que Fabra cometiera los delitos más identificados con la corrupción: tráfico de influencias y cohecho. El fiscal Anticorrupción reclamó 13 años de cárcel por los seis delitos. Finalmente, solo ha sido condenado por cuatro fraudes a Hacienda. Y la condena ha sido rebajada a la mitad de lo que pedía el ministerio público (dos años por cada fraude), al estimar la atenuante de dilaciones en el tiempo y a pesar de que la propia sentencia considera que la causa era lo suficientemente compleja para demorarse.

De hecho, el fallo destaca que esta dilación fue causada también por la actitud de la defensa de Fabra, que llegó a presentar hasta 20 recursos que eternizaron el proceso. Pero para el tribunal son “actuaciones de parte nada favorecedoras de la celeridad y la progresión procedimental”.

El exdirigente dice estar “muy satisfecho” y anuncia un recurso
 

Por ello, la Audiencia ha impuesto un año de prisión, y no dos, por cada delito contra Hacienda. Pero asume la tesis de Anticorrupción de que Fabra “no era un defraudador cualquiera”, ya que era presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial y cometió “repetidos delitos fiscales en cantidad de notoria gravedad”.

El tribunal, el mismo que ya intentó retirar la acusación de cohecho en la fase de la instrucción, destaca ahora la “abundante prueba documental” y el “completo, minucioso y detallado” informe pericial. Es el informe que la defensa de Fabra intentó tumbar desde el principio al acusar a los peritos de no ser independientes. La Audiencia no solo da toda la credibilidad a sus informes, sino que critica con dureza los argumentos que Fabra utilizó para justificar sus ingresos.

“Es indiscutible que si se comparan, por ejemplo, los 60.000 euros de renta declarada (1999) con los 774.000 euros ingresados en efectivo durante ese año, las cuentas no salen”, recoge el fallo. La Sala tampoco encuentra explicación a por qué se realizaron varios ingresos el mismo día y en una misma cuenta de pagos fraccionados. Hasta 18 ingresos por idéntico importe de 3.005 euros en tres días. Tampoco se ha creído el juez la existencia de una caja familiar o el modus operandi que los peritos tacharon de “manual de blanqueo de dinero negro”, por el cual los Fabra amortizaban en efectivo los créditos que pedían. Para los magistrados, la versión de Fabra es “ilógica”, “absurda” e “inverosímil”.

La Audiencia reduce la pena por las dilaciones del proceso
 

En definitiva, la sentencia concluye que es incuestionable que el ahora secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, y promotor del famoso aeropuerto local todavía por estrenar un vuelo, “era cabal y perfecto conocedor” de sus cuentas, así como de su obligación de declarar sus ingresos. Y añade: “Que tal omisión no se debió a una simple ignorancia o descuido es algo tan evidente por incompatible con la actividad profesional desplegada por el acusado que es una hipótesis plenamente descartable”.

Fabra abandonó este lunes apresuradamente la Cámara de Comercio tras hacerse pública la sentencia. Solo a Efe anunció que la recurrirá, que se da de baja del PP y que se siente “satisfecho”, porque no ha sido condenado por cohecho ni tráfico de influencias.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/25/valencia/1385380883_196537.html

FABRA PIDE LA BAJA DEL PP ANTES DE QUE LE ABRAN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO TRAS EL FALLO

Quien fue el todopoderoso presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, ha solicitado hoy la baja de su partido tras difundirse el fallo de la Audiencia Provincial que lo condena a cuatro años de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública. La petición de baja del PP la ha dado a conocer el actual presidente de la Diputación y del PP provincial de Castellón, Javier Moliner, que ha mostrado su "más absoluto respeto" al fallo.

La baja de Carlos Fabra se produce después de que el pasado viernes el Comité de Derechos y Garantías del PP valenciano instase al exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo a marcharse del partido tras descubrirse que seguía como militante pese a estar condenado a tres años de prisión por amañar una contrata de basuras.

Carlos Fabra, que ya ha anunciado que recurrirá el fallo de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo (y si es necesario ante el Constitucional), ha insistido hoy en su inocencia y ha mostrado su "satisfacción" por haber sido absuelto de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La sentencia pone punto y final a la carrera de un político que ha dirigido la provincia de Castellón con mano de hierro. Bien dotado para las relaciones públicas, Carlos Fabra logró intimar a finales de los noventa con el entonces presidente del Gobierno José María Aznar, que durante años pasó sus vacaciones de verano en una exclusiva urbanización, Les Platgetes, de Benicàssim. Allí, Carlos Fabra ejerció de anfitrión de la familia de José María Aznar y la hoy alcaldesa de Madrid, Ana Botella, lo que le permitió conectar con distintos altos cargos del Gobierno popular.

Durante años, su influencia también fue decisiva para consolidar las holgadas mayorías de Eduardo Zaplana, primero, y de Francisco Camps, después, al frente de la Generalitat y del PP valenciano. El poder acumulado permitió a Carlos Fabra, cuando ya estaba procesado, organizar su sucesión. La presidencia provincial del PP y la Diputación de Castellón las dejó en manos de Javier Moliner, una de sus personas de confianza.

Además, la dimisión de Francisco Camps en 2011, tras decretarse la apertura de juicio oral en el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, propició el nombramiento de Alberto Fabra como presidente de la Generalitat y del PP regional. Alberto Fabra tuvo que renunciar para ello a la alcaldía de Castellón, un puesto al que llegó de la mano de Carlos Fabra. Quizá por eso, el presidente valenciano le permitió organizar su retirada. Primero abandonó la presidencia de la Diputación, luego la del partido y, por último, la presidencia de Aerocas, la empresa de la Generalitat que gestiona el aeropuerto de Castellón, un icono del despilfarro que Carlos Fabra deja en herencia a sus vecinos.

En Madrid, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha subrayado su "total respeto" al fallo, aunque ha recordado que "no está dictada la última sentencia" sobre este caso porque cabe recurso. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Cospedal ha recordado también que "hace ya tiempo" que Carlos Fabra no tiene ninguna responsabilidad orgánica en el partido, del que no le faltó el apoyo en los años de investigación judicial.

El mismo argumento ha utilizado Alberto Fabra, quien dio su apoyo "personal" al exdirigente justo antes del juicio, para intentar minimizar el impacto de la condena al en otros tiempos todopoderoso líder del PP de Castellón, que controló durante 16 años la provincia desde la Diputación: "Esta persona que ya no ocupa ningún cargo, ni dentro de la Administración ni dentro del partido por lo que difícilmente puede tener ninguna responsabilidad política".

El presidente de la Generalitat, preguntado sobre el fallo, ha afirmado: "Las sentencias judiciales no son más esperables o menos, hay que acatarlas y ya está". El jefe del Gobierno valenciano ha negado esta mañana que hubiese hablado con Carlos Fabra tras difundirse el fallo.

Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes valencianas, Jorge Bellver, ha asegurado que ni el grupo parlamentario, ni el partido, van a solicitar "ningún indulto" para el exdirigente popular de Castellón, tras la polémica recogida de firmas entre los diputados populares de las Cortes en favor de un indulto al exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/25/valencia/1385401144_741718.html

LAS CLAVES DE LA SENTENCIA

El fallo admite que Carlos Fabra realizó gestiones para beneficiar a un amigo

El tribunal considera sin embargo que dichas actuaciones no lograron su objetivo

Los magistrados descartan la existencia de cohecho porque no está documentado

La sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que condena al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra a cuatro años de cárcel por otros tantos fraudes fiscales admite las gestiones que hizo el dirigente del PP interesándose por el trámite de aprobación de los productos de su entonces amigo, el empresario Vicente Vilar. Pero descarta la existencia de tráfico de influencias porque no ha quedado probado que estas influyeran en la autorización de dichos productos. El fallo también rechaza el cohecho al considerar que los testimonios que hablaron del pago de dádivas se basan en rumores. Y, pese a que el tribunal admite la existencia de cuantiosos ingresos no justificados y de origen no determinado, no vincula estos al cohecho. “Las afirmaciones sobre entregas de dinero millonarias no son respaldadas por ningún documento”, señala la sentencia.

Los principales argumentos de los tres delitos que se le imputaban a Fabra son los siguientes:

Tráfico de influencias

El fallo admite que en el origen de la relación entre el empresario que denunció a Fabra, Vicente Vilar, con el político del PP existió una connivencia. “Se planteó que Fabra valiéndose de los contactos que le otorgaba su condición de presidente de la Diputación de Castellón y del PP en la provincia, pudiera interesarse, con ocasión de los múltiples desplazamientos que realizaba a Madrid en la referida condición, por la situación en que se encontraba la tramitación de dichos expedientes”.

La sentencia califica las gestiones y recomendaciones tal y como las ejercía Fabra de “práctica habitual” y sostiene, en su argumentación para mantener la absolución del delito de tráfico de influencias que “no se trata de penalizar la recomendación (…) que, como indica la doctrina científica, por inmoral y rechazable que parezca, no afecta directamente, o no tiene por qué afectar a la decisión que se adopte”.

En repetidas ocasiones, la resolución del tribunal reconoce las múltiples reuniones pero considera que “no ha quedado probado en el juicio que la autorización y registro de la abamectina y otros productos de las empresas del grupo Naranjax (la sociedad de Vicente Vilar) fuera debido a las denunciadas influencias o presiones de los acusados”.

Cohecho

El tribunal que ha absuelto a Carlos Fabra de cohecho es el mismo que, hace más de un año, intentó que el dirigente del PP no fuera siquiera juzgado por este delito. El Tribunal Supremo intervino para descartar la injerencia de la Audiencia Provincial. En la sentencia, descarta la existencia del cohecho porque “las afirmaciones sobre entregas de dinero millonarias no son respaldadas por ningún documento”. “No existen, en definitiva, elementos corroboradores que puedan avalar la veracidad de la versión incriminatoria”, apunta.

Sin embargo, sí existen unas facturas presentadas por Fabra al empresario que acabó denunciándole y acusándole de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Sobre estas, que se presentaron alegando la elaboración de unos informes, la Audiencia de Castellón califica de “sospechosa” la conducta “por tratarse de una elevada cuantía para ser considerados por la defensa como simples honorarios profesionales, pero esa sospecha no alcanza la certeza que requiere el pronunciamiento penal condenatorio para declarar probado que se pagó y se recibió dinero”. Así, concluye que no se ha podido probar si las cantidades cobradas por Fabra “respondían a verdaderos asesoramientos profesionales a recompensas o cualquier otro tipo de remuneración, repartos de beneficios o cualesquiera otros conceptos”.

Fraude fiscal

599 ingresos en efectivo, 217 ingresos en cheques y 110 ingresos por transferencia son descritos por la sentencia como un “elevado número de operaciones bancarias tales como ingresos en efectivo, mayoritariamente, así como ingresos mediante cheque o transferencia, cobros en efectivo de cheques y otros pagos en efectivo que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados y que fueron ocultados a Hacienda”.

“No estamos hablando de un solo ingreso, o de unos importes pequeños que puedan encontrar cómoda explicación en errores bancarios o en ofrecimiento de favor para su ocultación fiscal o a terceros, pues se trata de 599 ingresos por la suma de 3,2 millones de euros, de los que 2,9 millones corresponden a los ingresos no justificados y 3,3 millones la suma total incluidos cheques, transferencias y otros pagos”, expone el fallo.

Solo los ingresos en metálico ascendieron, entre 1999 y 2004, a 1.680.719 euros

Pese al volumen de esos ingresos injustificados, el tribunal ni siquiera se pregunta su procedencia ya que afirma que “como eficacia probatoria, es suficiente su mero descubrimiento sin determinar el origen de la misma”. Y alega, para fijar la culpabilidad de Carlos Fabra que •s incuestionable que era cabal y perfecto conocedor de todos los hechos narrados, de los ingresos que tenía y de todos los ingresos bancarios realizados personalmente o por terceros, así como de su obligación de incluir esas cantidades en la declaración de la renta”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/26/actualidad/1385468920_411855.html

CARLOS FABRA PIDE SER ABSUELTO DE LOS SEIS DELITOS QUE SE LE IMPUTAN

“Quiero dar gracias a la Sala y asumo todo lo que ha dicho mi defensa”. El juicio al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha quedado visto para sentencia este miércoles. Al término de las exposiciones realizadas por las defensas de los cinco acusados en el conocido como caso Fabra, el exdirigente del PP ha tomado la palabra para recalcar la tesis expuesta por su defensa, que insiste en la prescripción de los cuatro fraudes fiscales de los que se le acusa, y en pedir la absolución de las imputaciones de cohecho y tráfico de influencias.

El fiscal Anticorrupción ha reclamado al tribunal que deberá dictar sentencia una condena de 13 años de prisión por los seis presuntos delitos y concluyó que no se han justificado los ingresos de 3,3 millones del matrimonio que provocaron, al no ser declarados, delitos a la Hacienda Pública por más de un millón.

La décima y última jornada del juicio que se sigue en sala de la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha iniciado con las conclusiones de la defensa de la exmujer de Fabra, María Amparo Fernández. La letrada ha realizado una exposición con el mismo enfoque al realizado este martes por la defensa del expolítico y ha insistido en que los tres presuntos fraudes que se le imputan, y por los que Anticorrupción pide seis años, han prescrito. “Ni aceptando el criterio del Supremo, puede entenderse que no sea así”, ha dicho. Cabe recordar que este tribunal revocó la decisión de la Audiencia que había declarado prescritos todos los supuestos delitos contra la Hacienda Pública salvo el de 1999 en el caso de Fabra.

No obstante, ha manifestado que las acusaciones no han acreditado debidamente la carga de este delito y que prevalece la presunción de inocencia. Además apunta a que desde los años ochenta era Carlos Fabra quien tenía plenos poderes sobre sus cuentas.

La defensa ha atacado en sus conclusiones a la Abogacía del Estado, que habló de la obstrucción a la justicia del matrimonio porque, dijo, en ningún momento aportaron la información reclamada para justificar el origen de sus ingresos millonarios. “Falta a la veracidad”, ha dicho. También (al igual que este martes hizo la defensa de Carlos Fabra) arremetió duramente contra los peritos judiciales que analizaron las cuentas del matrimonio. “Se quiere hacer ver que son peritos judiciales, pero se pudo ver con qué tono y actitud se contestaba a las preguntas de la acusación y a las de la defensa, parecía que les ofendíamos”, ha apuntado.

El martes Javier Boix, que defiende a Fabra, habló de “deseo incriminador” y del “juicio paralelo” abierto por ellos. También hoy se ha citado este aparente doble juicio que los peritos provocaron, asegura la letrada, al hablar del manual de blanqueo de dinero negro.

En todo caso, la abogada defiende que, en contra del informe y las manifestaciones de los peritos judiciales (asumidas por todas las acusaciones) sobre que no hay forma de justificar sus ingresos, ha afirmado: “Hay hasta tres explicaciones acreditadas”. Entre ellas, que debe tenerse en cuenta una “visión global” del patrimonio de los Fabra y no solo de los años investigados y que hubo una inspección de la Agencia Tributaria que no vio delito fiscal. “Los números acreditan que con los préstamos recibidos por el matrimonio, más las ventas de inmuebles hay dinero suficiente para hacer frente a todos los pagos y todas las adquisiciones”, ha insistido.

También ha reclamado que, si hay condena, se tenga en cuenta la atenuante de dilación indebida porque, además, tuvo “consecuencias” para la ex mujer de Fabra porque provocó que no pudiera obtener documentación bancaria que hubiera sido determinante.

Este martes, el fiscal Anticorrupción defendió una sentencia condenatoria del matrimonio Fabra y que, en el caso del expresidente de la Diputación, fuese acorde al cargo que ocupaba. “No era un defraudador cualquiera”, dijo.

También han pedido hoy la absolución las defensas del resto de acusados (el empresario que destapó el caso Fabra, Vicente Vilar, su exmujer Montserrat Vives y el exsenador Miguel Prim). En el caso del empresario, su defensa ha recordado que en el juicio se retractó de su denuncia y ha dicho que con ello “no estaba buscando una exculpación” del delito de cohecho que le reclama el fiscal.

El juicio ha quedado visto para sentencia después de diez jornadas celebradas en la Audiencia de Castellón a lo largo del mes de octubre. Al salir del juicio Fabra ha dicho a sus allegados: “Esto ya se ha acabado”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/30/valencia/1383138349_043276.html

EL FISCAL DESTACA QUE FABRA DEFRAUDABA A HACIENDA MIENTRAS RECAUDABA IMPUESTOS

«No era un defraudador cualquiera», proclama el reprentante de Anticorrupción Cree que las gestiones del político no se regían por el bien general sino por intereses particulares - Dice que Fabra no ha justificado de forma razonable de dónde sacaba tanto dinero

Las acusaciones del juicio del «caso Fabra» expusieron ayer sus conclusiones finales, en las que mantienen las peticiones de pena contra el expresidente provincial del PP y de la diputación, Carlos Fabra, y el resto de imputados. El fiscal Anticorrupción Luis Pastor rechazó las atenuantes que solicita el abogado del político y proclamó que Carlos Fabra «no era un defraudador cualquiera», ya que al tiempo que «recaudaba impuestos» a los ciudadanos desde la diputación «defraudaba a la Hacienda Pública». El proceso quedará hoy visto para sentencia.

El fiscal arrancó su intervención aludiendo al cambio de relato de Vicente Vilar, quien en su declaración del pasado 3 de octubre exculpó a Carlos Fabra con el propósito de exculparse a sí mismo y evitar así una nueva condena por cohecho. El fiscal incidió en esta clave y manifestó que «es comprensible» que Vilar cambie de versión, «acogiéndose a su derecho a no declarar contra sí mismo», dado que hay una petición de cárcel de cuatro años por cohecho. «No va a tirar piedras contra su propio tejado», apostilló Luis Pastor.

A continuación, reparó en las gestiones que realizó Fabra a favor de la empresa Naranjax de Vilar. Según dijo, estas acciones del político no se movían por el bien general de la provincia, sino por intereses particulares. El representante del ministerio público mantuvo que hubo cohecho (soborno) porque «las únicas gestiones acreditadas» de Fabra en favor de Naranjax son las que hizo en los ministerios. Excepto un asesoramiento que hizo para la instalación de una fábrica de azulejos, «lo único que consta que hizo para Vilar» son las reuniones en los ministerios, añadió. «Las gestiones por las que cobra Carlos Fabra no son otras que las actuaciones en los ministerios, que son incompatibles con su condición de presidente de la diputación», aseveró. Según dijo, el informe sobre prevención de riesgos laborales que elaboró la consultora de Fabra (Carmacas) era un mero «corta y pega».

El fiscal también mantuvo la acusación de tráfico de influencias. Sostuvo que para que exista este delito no es necesario que la autorización de los productos fitosanitarios fuera ilícita. «Simplemente se está tratando de saltar unos trámites, de utilizar unas influencias y una supuesta prevalencia sobre otras personas para lograr lo pretendido respecto a unos intereses económicos de un particular», explicó.

Sobre los delitos fiscales, Luis Pastor manifestó que Fabra y su exmujer no han aportado una justificación plausible sobre el origen de sus ingresos. «No se ha explicado de forma razonable de dónde saca tanto dinero. Cualquier explicación ha quedado desvirtuada por los peritos del juzgado de instrucción», aseguró.

El fiscal también aludió a las tesis «extravagantes y disparatadas» de la defensa de Fabra, como la que plantea que no hay que investigar cada uno de los ingresos sino hacer un cómputo anual para determinar si el patrimonio aumenta o disminuye. «Todo vale a afectos de justificar esos ingresos», afirmó Pastor, quien añadió que con las rentas declaradas por Fabra y su exmujer «no se podían atender los pagos que tenían». «Es imposible que con 70.000 u 80.000 euros se mantenga ese nivel de vida y de gastos», dijo.

El fiscal incidió en que Fabra movió 1,7 millones de euros con sus tarjetas bancarias en seis años. Y subrayó que la mayor parte de las operaciones corresponde a gastos y no a provisiones de fondos para luego hacer ingresos, como sostiene el abogado del acusado. «No se puede defender esta argumentación de que la tarjeta fuera fuente de financiación de la fantasmagórica caja familiar», afirmó. El uso principal, según dijo, era pagar compras, restaurantes y casinos. Los cargos por este último concepto ascendieron a 486.924 euros. «Igual le tocaban premios en el casino», añadió.

El fiscal hizo suyas las declaraciones del perito de Hacienda cuando aseguró que «una forma de blanquear dinero negro es la obtención de préstamos» que se amortizan con dinero en efectivo «obtenido de actividades no debidamente declaradas por el contribuyente». A su juicio, las «pretendidas justificaciones» de Fabra «son absurdas». También mantuvo sus acusaciones sobre la exmujer del político, María Amparo Fernández, quien «tenía pleno conocimiento» de los hechos.

Rechaza rebajar penas

El representante del ministerio público rechazó las atenuantes planteadas por el abogado de Fabra: la de dilaciones indebidas y la de cuasi prescripción. Sobre la dilación, destacó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que se puede aplicar siempre y cuando el retraso no guarde relación con la complejidad del caso y no sea atribuible a la conducta del imputado. Según dijo, en sus 24 años de carrera profesional no se ha encontrado un proceso tan enrevesado como éste. Respecto a la responsabilidad del imputado en el retraso de la causa, señaló que el abogado de Fabra ha presentado cerca de 20 recursos, demorando la causa.

El fiscal concluyó que la pena impuesta a Carlos Fabra «no puede ser la mínima» en lo relativo a las causas fiscales. Según dijo, el expresidente provincial «no era un defraudador cualquiera», ya que era presidente de la diputación, una entidad que recaudaba tributos. De manera que, por una lado, estaba exigiendo impuestos a los ciudadanos y, « por detrás», estaba «defraudando a la Hacienda Pública».

http://www.levante-emv.com/castello/2013/10/30/fiscal-destaca-fabra-defraudaba-hacienda/1046226.html

 GONZÁLEZ PONS: “FABRA ERA MUY IMPORTANTE, PODÍA ACUDIR A LOS MINISTROS”

Hacienda habla de la "mínima colaboración" de Fabra al investigar sus cuentas

El ex ministro Costa niega el interés del ex presidente de la Diputación por los fitosanitarios

"Fabra era entonces una persona muy importante en el PP y no necesitaba dirigirse a mí, podía hablar directamente con los ministros". El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha negado este miércoles que el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, le pidiera gestiones para agilizar los productos fitosanitarios de Vicente Vilar, el empresario que le denunció, ni para incluir enmiendas en la ley de sanidad vegetal que reclamaba Vicente Vilar y la patronal de los fitosanitarios.

A preguntas de la fiscal Anticorrupción, quien fuera portavoz popular en el Senado durante aquella época, ha negado en todo momento la posible intermediación de Fabra. "Él tenía acceso a los ministros si lo solicitaba", ha indicado. Preguntado de nuevo sobre si hizo alguna gestión para interceder por Naranjax, la empresa de Vilar, ha dicho: "No, pero tampoco habría sido nada raro porque tras muchos años de parlamentario, cada vez que se tramita una ley los presidentes provinciales y otros colectivos hacen gestiones para intentar influir y es libertad de la Cámara aceptar enmiendas o no". "Todos intentan beneficiar a empresas de su región", ha añadido.

Pons ha dicho no recordar, no obstante, el fax que Juan José Ortiz, entonces diputado popular, envió a Vicente Vilar en el que decía que Pons se pondría en contacto con Carlos Fabra para informarle de las últimas noticias sobre las enmiendas a la ley de sanidad vegetal. "No lo recuerdo, no era una ley que me inquietara".

El ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, también ha desvinculado a Fabra de cualquier mediación. "De ninguna manera", ha dicho a preguntas del abogado del ex dirigente. Costa, que ha empezado a declarar recalcando su "respeto profesional y personal" por Fabra, ha hablado de la reunión de 1999 en el Ministerio de Agricultura a la que acudió también el ex presiente de la Diputación. "Fue una reunión amplia y fundamentalmente institucional", ha declarado. Costa ha dicho que el tema de los fitosanitarios de Naranjax sí salió en la reunión pero que el motivo principal fue el de la creación de un punto de inspección fronteriza en el puerto de Castellón.

En la sexta sesión del juicio por el caso Fabra también ha declarado el ex inspector de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana, Florentino Pellejero, a propuesta del abogado de Fabra. Este testigo ha destacado la "mínima colaboración" del expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, en un proceso de investigación administrativo sobre su patrimonio y ejercicio fiscal abierto a instancias de una queja de la delegación de Tarragona. En este sentido, Pellejero ha asegurado que se remitió a la Fiscalía el ejercicio de 1999 de Carlos Fabra porque se concluyó que había "posibles indicios de delito".

Esta investigación fiscal de las cuentas de Fabra y de su exmujer se realizó de forma paralela a la investigación judicial abierta por el llamado caso Fabra y a raíz de la denuncia del empresario Vicente Vilar. El ex inspector de Hacienda ha destacado que se investigaron años posteriores pero que o bien no se superó el límite de 120.000 euros o no se hallaron indicios de delito. No obstante, y a preguntas de la fiscal y de la abogada del Estado, este testigo aseguró que Carlos Fabra tuvo una "colaboración mínima" en esta investigación y que "no se aportó con carácter general una explicación razonable de los múltiples ingresos en efectivo" registrados en 1999 (que la abogada del Estado ha cifrado en 146).

Este testigo ha apuntado que "evidentemente" podrían haber concluido otra cosa si hubieran tenido acceso a otros documentos o pruebas como sí pudo tener la investigación penal abierta y por la que se han estimado, tal y como consta en el escrito del fiscal Anticorrupción, ingresos no declarados de Fabra por 1,9 millones.

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/16/actualidad/1381923525_727058.html

EL CHÓFER DE FABRA: “ME DABA UN SOBRE Y ME DECÍA: ‘INGRESA ESTO EN MI CUENTA”

Cinco trabajadores de bancos afirman que era habitual que el conductor llevara dinero

Lo metía en cuentas del ex presidente de la Diputación y del PP provincial

“Fabra me daba un sobre y me decía: ingresa esto en mi cuenta”. José Salvador Campo, chófer del ex presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, ha admitido este viernes, en la cuarta sesión de juicio por el caso Fabra, que iba a hacer ingresos a varias oficinas bancarias a las cuentas del ex dirigente popular cuando éste se lo mandaba. “No era habitual, iba de vez en cuando”, ha afirmado a preguntas del fiscal Anticorrupción. Otros cinco testigos, trabajadores de diversas oficinas bancarias de Castellón, han corroborado que el conductor solía acudir a las oficinas a realizar ingresos en las cuentas de Fabra. Uno de ellos ha concretado que lo hacía “en cheques o en efectivo”.
La cuarta sesión del juicio en el que Carlos Fabra (que hoy ha sido apoyado por la presencia de Víctor Campos, condenado por cohecho impropio en la causa de los trajes por recibir regalos de Gürtel) se enfrenta a trece años de cárcel por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales se ha centrado en determinar la frecuencia y cuantía de los ingresos en las cuentas del ex presidente de la Diputación. El fiscal Anticorrupción estima que tuvo ingresos no declarados de 1,9 millones (junto a otros 1,5 millones más de su ex esposa), por los que se defraudó más de un millón de euros entre ambos. Los empleados bancarios han corroborado los ingresos del conductor de Fabra, pero ninguno ha concretado la frecuencia ni importe.

El fiscal ha buscado aclarar los ingresos que, según un informe pericial, se realizaban en las cuentas del ex presidente de la Diputación. El documento señala, entre otros muchos, diez ingresos diferentes, de 3.000 euros en efectivo, realizados en solo dos días y sobre una misma cuenta. Pero no se ha preguntado en ningún momento, ni siquiera al propio chófer, si acudió varias veces en un mismo día a realizar ingresos. “Era de vez en cuando”, se ha limitado a decir. Preguntado sobre si estaba dentro de sus funciones realizar estos ingresos, Campo ha manifestado que “no entraba” pero que Fabra se lo pedía y él lo hacía. “Yo hacía lo que él me mandaba”.

Campo, a preguntas de la defensa de Fabra, ha asegurado que “nunca” vio al empresario Vicente Vilar o a su exmujer realizar alguna entrega de dinero dirigida al ex político o a su mujer a cambio, supuestamente de agilizar la tramitación de los productos fitosanitarios.

Otro testigo, el empresario Antonio Bonet, quien ha admitido que Carlos Fabra es uno de sus mejores amigos, ha asegurado que le avaló un crédito por 400.000 euros y que tuvo que pagarlos él. Durante un tiempo le reclamó la deuda al dirigente del PP pero llegó un día en que dejó de hacerlo, ha dicho. Aun así, siguen siendo amigos.

Por la sesión de este viernes han desfilado también ex altos cargos de los Ministerios de Sanidad, Agricultura y de la Consejería de Medio Ambiente que mantuvieron reuniones o contactos en referencia a los productos fitosanitarios que el empresario Vicente Vilar intentaba conseguir y por los que, según denunció (aunque se desdijo en el juicio) tuvo la mediación de Fabra y pagó “cantidades millonarias” por sus gestiones.

Una de ellas ha sido Pilar Máñez, quien fuera directora general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. Ha admitido que mantuvo una reunión con los representantes de Naranjax con la presencia de Carlos Fabra. “Estuvo presente como presidente de la Diputación, que yo sepa no tenía ningún tipo de competencia pero era habitual que se reciba a empresas acompañadas por alcaldes o representantes como el presidente de la Diputación”, ha afirmado. No obstante, preguntada por cuántas veces más vio a Fabra en su departamento ha dicho: “Ninguna más”. Tras esta reunión, Máñez ha indicado que se le otorgó una autorización provisional (nunca llegó a ser definitiva) pero ha negado en todo momento que recibiera presiones para ello.

Una de las declaraciones más importantes de la jornada era la de María Dolores Flores, que ocupó la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad en 2001 y 2002. Según consta en la instrucción, Flores redactó un escrito que llegó a Fabra y que éste remitió a Vilar (como prueba de sus supuestas gestiones) en el que detallaba los nombres de los productos a los que se había dado salida el ministerio. “En unos días espero que puedan salir la mayoría”, dijo en ese escrito. Sin embargo, ni el fiscal ni la acusación le han preguntado expresamente por ese fax y por su contenido.

Flores ha declarado que recibió una carta del ex senador Miguel Prim. “Yo le contesté que no se podía agilizar más”, ha manifestado. Pese a ello, ha asegurado que “en ningún momento se alteró el orden de registro de entrada de los productos y se aprobaron cuando reunían todos los requisitos” y cuando “les tocaba en el número de procedimiento”, por lo que no sintió la carta como una medida de presión. El fiscal considera que Carlos Fabra intermedió para agilizar estos productos y que, para ello, se valió de sus relaciones con el ex senador Prim.

También quien fuera la directora de gabinete del ministro de Agricultura en el año 2000, Catalina de Miguel, ha hablado de una carta del ex senador. “Quería saber si tenía algún problema esa empresa y yo le dije que los mismos que otras”, ha recalcado sin atribuir tampoco a presiones los contactos para interesarse por los productos fitosanitarios

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/11/actualidad/1381488123_275182.html

UN EX ALTO CARGO RATIFICA EL INTERÉS DE FABRA POR LOS FITOSANITARIOS DE SU AMIGO

Directores de bancos constatan que pedía préstamos que amortizaba con pagos en efectivo

Un ex alto cargo del Ministerio de Agricultura ha manifestado este martes, en la quinta sesión del juicio del caso Fabra que el ex presidente de la Diputación de Castellón se interesó por el estado de los fitosanitarios que comercializaba el empresario que le denunció (Vicente Vilar) y por los que, supuestamente, medió a cambio de “cantidades millonarias”.

El subdirector general de Medios de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura, Juan José Guitián, ha hablado de las llamadas y reuniones que mantuvo con el ex senador Miguel Prim y con el entonces subdelegado del Gobierno de Castellón, el fallecido Vicente Sánchez-Peral, interesándose por el estado de las autorizaciones, pero también lo que en su día calificó como “presiones” de Carlos Fabra. Guitián, que ha realizado su relato con una memoria prodigiosa, ha tratado en un principio de no vincular al ex presidente con estas gestiones, pero tras la insistencia de la fiscal y del abogado de la acusación (leyendo incluso una nota que redactó antes de que Fabra se reuniera en 1999 con el ministro de Agricultura Jesús Posada y la declaración que hizo en fase de instrucción) ha admitido el interés del político por estos productos.

“Hay una nota que se encabeza diciendo que Fabra se interesa por la gestión del estado de los fitosanitarios de Naranjax, entiendo que usted tenía conocimiento del interés de Fabra antes de la reunión en el Ministerio”, le ha preguntado la fiscal Anticorrupción. “Rectifico, ahora que me lo ha recordado, efectivamente esa nota la hice yo”, ha declarado. El abogado de la acusación popular que ejerce la UCE le ha preguntado por otra nota en la que escribió: “En el momento actual las anteriores presiones políticas de parlamentarios y del presidente de la Diputación por Naranjax continúan”. En este caso, Guitián ha negado el escrito. Preguntado de nuevo por su declaración en fase de instrucción en la que también habló de presiones de Fabra, apuntó: “Si está en mi declaración, vale, pero yo no recuerdo”. Ha recalcado en varias ocasiones que ni conocía a Fabra ni tuvo “el menor contacto” con él.

Otro testigo, el ex director general del Ministerio de Agricultura, Rafael Milán, ha declarado además que fue él, de “motu propio”, quien elaboró un informe sobre el estado de los productos de Naranjax, la empresa de Vicente Vilar, para la reunión con el ministro Jesús Posada a la que acudieron Fabra y parlamentarios como Prim, entre otros. Milán ha asegurado que el objetivo “oficial” del encuentro era hablar de un punto de inspección fronteriza en el puerto de Castellón pero que él incluyó el tema de los fitosanitarios sin que nadie se lo ordenara “porque Naranjax estaba todos los días en prensa” e “imaginaba que iba a surgir el tema”. Esta reunión se celebró en julio de 1999 y el caso Fabra no saltó a los periódicos hasta diciembre de 2003, aunque el empresario sí habría mostrado su rechazo por los retrasos en la prensa local en alguna ocasión. Este testigo ha asegurado que le llamaron para que informara de estos productos en la citada reunión. Poco después se aprobó uno de los principales productos de las empresas de Vicente Vilar.

Amortización de préstamos en efectivo

Durante la quinta sesión del juicio también han declarado ocho directores de diferentes bancos de Castellón que han constatado que el ex presidente de la Diputación pedía créditos que amortizaba con pagos en efectivo días antes del vencimiento. Sin embargo, ninguno de ellos ha dicho recordar si se hacían pagos de más de 3.000 en el mismo día.

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/15/actualidad/1381851189_775972.html

ANTICIPÉ 66.000 EUROS PARA QUE FABRA AGILIZASE REGISTROS

El empresario Manuel Domingo Ruiz Fuente ha asegurado hoy ante el tribunal que en 2001 entregó 66.000 euros destinados a pagar a Carlos Fabra por agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Ruiz ha señalado que Vicente Vilar, entonces amigo de Carlos Fabra, le pidió un anticipo en metálico para que el dirigente del PP "agilizase los registros de algunos productos". "Me dijo que eran para el señor Carlos Fabra", ha afirmado el testigo que, sin embargo, ha precisado que no estuvo presente en la entrega. "Solo conozco a Fabra y a su señora de haberlos visto en los pasillos de la fábrica y yo nunca le he ha entregado dinero ni he visto que se lo entregaran", ha añadido.

El testigo, que ha declarado en la tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Castellón contra el ex presiente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, ha mantenido que dos o tres meses después Vilar le devolvió el dinero en mercancía.

Por su parte, otro empresario, Ginés Márquez, ha situado a Carlos Fabra en el encuentro que se celebró en la fábrica de Vilar con motivo de la venta de unos registros a otra firma comercializadora. Márquez ha dicho desconocer en calidad de qué se encontraba Fabra "porque cuando se organizó Vilar en ningún momento nos dijo que vendría nadie más y cuando llegamos a las instalaciones de Narajax me dijo que vendía Fabra", según ha afirmado.

Finalmente, otro testigo que realizó en la universidad análisis de productos que querían registrar Vilar ha señalado que en una visita que hizo a la Dirección General de Medio Ambiente para realizar una gestión del empresario estaba "por ahí" Carlos Fabra, aunque ha añadido que no le sorprendió su presencia "puesto que era un tema de medio ambiente y me constaba la amistad de Fabra y Vilar ““Anticipé 66.000 euros para que Fabra agilizase registros”

El empresario Manuel Domingo Ruiz Fuente ha asegurado hoy ante el tribunal que en 2001 entregó 66.000 euros destinados a pagar a Carlos Fabra por agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Ruiz ha señalado que Vicente Vilar, entonces amigo de Carlos Fabra, le pidió un anticipo en metálico para que el dirigente del PP "agilizase los registros de algunos productos". "Me dijo que eran para el señor Carlos Fabra", ha afirmado el testigo que, sin embargo, ha precisado que no estuvo presente en la entrega. "Solo conozco a Fabra y a su señora de haberlos visto en los pasillos de la fábrica y yo nunca le he ha entregado dinero ni he visto que se lo entregaran", ha añadido.

El testigo, que ha declarado en la tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Castellón contra el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, ha mantenido que dos o tres meses después Vilar le devolvió el dinero en mercancía.

Por su parte, otro empresario, Ginés Márquez, ha situado a Carlos Fabra en el encuentro que se celebró en la fábrica de Vilar con motivo de la venta de unos registros a otra firma comercializadora. Márquez ha dicho desconocer en calidad de qué se encontraba Fabra "porque cuando se organizó Vilar en ningún momento nos dijo que vendría nadie más y cuando llegamos a las instalaciones de Narajax me dijo que vendía Fabra", según ha afirmado.

Finalmente, otro testigo que realizó en la universidad análisis de productos que querían registrar Vilar ha señalado que en una visita que hizo a la Dirección General de Medio Ambiente para realizar una gestión del empresario estaba "por ahí" Carlos Fabra, aunque ha añadido que no le sorprendió su presencia "puesto que era un tema de medio ambiente y me constaba la amistad de Fabra y Vilar

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DOS EXMINISTROS CONFIRMAN QUE SE VIERON CON FABRA PARA HABLAR DE FITOSANITARIOS

Los testigos se han acogido a su derecho de responder por escrito en lugar de acudir al juzgado

Jesús Posada y Celia Villalobos, ex ministros de Agricultura y Sanidad del Gobierno de José María Aznar, han ratificado haber mantenido reuniones en las que estuvo presente el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y en las que se trató la tramitación de los productos fitosanitarios que fabricaba Vicente Vilar, entonces amigo del dirigente del PP.

El secretario judicial de la sección Primera de la Audiencia de Castellón ha leído las declaraciones de ambos ex ministros, llamados a declarar en el caso Fabra. En sus manifestaciones han reconocido haber mantenido encuentros en los que se abordaron las dificultades de Vilar para lograr las autorizaciones de sus productos. Sin embargo, ambos han asegurado también que, desde su cargo de ministros, ni hicieron ni tenían capacidad de influir en dichas autorizaciones.

"Se rigen por criterios objetivos sin que existan ningún elemento discrecional, lo que excluye cualquier intervención por mi parte", ha afirmado Posada en su declaración.

"Fue Carlos Fabra el que me presentó a Vilar y tras la reunión, no tuve intervención alguna ni hice ninguna gestión para intervenir en tramitación administrativa", ha sostenido Villalobos.

También ha declarado el sucesor de Posada al frente de Agricultura, Miguel Arias Cañete, como testigo y por escrito en el caso Fabra, en el que se juzga al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra por los supuestos delitos de tráficos de influencias, cohecho y fraude fiscal. Los tres se acogieron a su derecho de responder a las preguntas de las partes por escrito y las respuestas serán leídas hoy por el secretario judicial en la tercera sesión de la vista oral.

Cañete únicamente se ha ratificado en su anterior declaración pero el tribunal no ha considerado la necesidad de leer su testimonio. Entonces, en 2004, el ministro desveló cómo el senador Miguel Prim, que también está imputado, se dirigió a él para hacerle saber las "dificultades" en la tramitación de autorizaciones para dichas empresas. En su contestación, Arias Cañete le indicó que la evaluación de los productos concernía a la Dirección General de Salud Pública y subrayó: "Debes entender que se trata de aspectos sobre los que no me corresponde emitir opiniones ni juicios".

Celia Villalobos ya admitió la celebración de una reunión en 2002 en la que Carlos Fabra se interesó por la tramitación que en el Ministerio de Sanidad llevaban los productos fitosanitarios. También reconoció conocer el nombre de Vilar pero justificó las gestiones de Fabra en que “como otros políticos de cualquier partido, se interesaba por los problemas de su provincia”.

“Se está empeñando en obtener sus autorizaciones por influencias políticas, y este es un sistema nada deseable, puesto que no se podía pedir un comportamiento digno a unos funcionarios a quienes se les presionase a emitir dictámenes, firmados por ellos mismos, para favorecer a quienes tienen acceso a personalidades influyentes en política”, escribió la jefa de gabinete al ministro Cañete cuando este le preguntó por la tramitación de los productos del amigo de Fabra.

Jesús Posada fue otro de los exministros que reconoció haberse reunido con Fabra, en julio de 1999, en la que se habló de uno de los productos que fabricaba Vicente Vilar y que fue autorizado poco después.

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