LAS NOTICIAS IGNOMINIOSAS QUE GENERA EL SUSODICHO  2011/2012



 "Tiene todo el respaldo personal y político del Gobierno y del PP"
( Francisco Camps. Pte de la Generalitad valenciana.19.12.03 )

BÁJATE EN PDF TEXTO SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA NO PRESCRIPCIÓN DELITOS DEL ENTERADO DE FABRA Y EX SEÑORA

LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN REBAJA LA FIANZA A FABRA DE 4,2 A 3,2 MILLONES DE EUROS

El tribunal desoye a la fiscalía y a la abogacía del Estado y atiende la petición del dirigente del PP

La Audiencia de Castellón ha decidido contravenir también la decisión del titular del juzgado número 1 de Nules, que instruye el caso Fabra, sobre la fijación de la fianza impuesta al expresidente del PP y expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. La sección primera de la Audiencia ha decidido admitir el recurso presentado por el popular y rebajarla de 4,2 millones de euros a 3,2. Fabra está acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales ya que, según los peritos de Hacienda, el matrimonio Fabra defraudó 1,5 millones de euros.

En su auto, el tribunal reconoce que la fijación de las fianzas se establecen "con total libertad dentro de los límites establecidos en la ley, sin que exista algún requisito por el que dicha multa deba ser impuesta únicamente en el tanto de la cuantía defraudada". Sin embargo, sostiene que el juez de Nules realizó un cálculo haciendo un promedio de las valoraciones que se pedían las acusaciones "pero no dice cuáles son las cifras sobre las que se realiza el promedio". Y considera que la "discrecionalidad no motivada no puede ser suficiente cuando se está ante tan altas cantidades de dinero".

La Audiencia estima así la petición realizada por el expresidente del PP y pese a que tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado mostraron su desaprobación con una rebaja de la fianza. La Fiscalía Anticorrupción pide 13 años de prisión para Carlos Fabra, dos por cada uno de los cuatro fraudes, cuatro por el cohecho y uno por el tráfico de influencias. La acusación eleva su petición de cárcel hasta los 20 años. Sin embargo, aún está por determinar si Fabra será juzgado o no por cohecho, después de un polémico enfrentamiento entre la propia Audiencia y el juez de Nules, que acabó pidiendo amparo al Consejo General del Poder Judicial.

Esta misma sección de la Audiencia fue la que instó a archivar cuatro de los cinco delitos de los que se acusaba a Fabra, una decisión que fue rebatida por el Tribunal Supremo.

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/03/actualidad/1349267132_605126.html

EL PODER JUDICIAL APLAZA SU DECISIÓN SOBRE EL AMPARO AL JUEZ DEL ‘CASO FABRA’

Primero fue la petición de documentación a la Audiencia de Castellón. Ahora, el Poder Judicial ha decidido aplazar su decisión sobre si otorga el amparo o no al titular del juzgado número 1 de Castellón, Jacobo Pin, instructor del caso Fabra, que denunció el intento de la Audiencia de tratar “de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho”, uno de los tres de los que está acusado el ya expresidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, sobre el que también hay indicios de la comisión de tráfico de influencias y fraude fiscal.

La comisión permanente celebrada esta misma mañana ha acordado suspender la tramitación del procedimiento de amparo “hasta tanto se resuelvan por la Sala Segunda del Tribunal Supremo los recursos de casación” que, precisamente, se presentaron contra las resoluciones de la sección Primera de la Audiencia de Castellón y que llevaron a Pin a presentar la solicitud de amparo con el fin de que “deje de perturbar mi independencia”, tal como redactó el juez.

La decisión de la Sección Primera de la Audiencia, que fue adoptada de oficio, ha sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por la Abogacía del Estado. En ella, la Audiencia que preside Carlos Domínguez, decidió devolver la causa, tras más de ocho años de instrucción, al juzgado de Nules, en donde se inició la investigación después de que un empresario acusara a Fabra de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos.

http://politica.elpais.com/politica/2012/07/26/actualidad/1343306393_911416.html

EL ÚNICO AVIÓN EN EL AEROPUERTO DE FABRA, EL QUE CORONA SU ESCULTURA

La escultura ha costado 300.000 euros y flanquea la entrada al desierto recinto aeroportuario

El aeropuerto de Castellón aún está a la espera de abrir sus pistas a los aviones, pero este martes el artista Juan Ripollés remató con un avión de aluminio la colosal escultura en homenaje al expresidente del PP castellonense, Carlos Fabra, que este le encargó personalmente en 2010 con un presupuesto de 300.000 euros más IVA, a pagar por el Gobierno valenciano. Ripollés aseguró este martes, a los pies de la obra, que el coste total ha sido de casi medio millón. “Tengo que poner 127.000 euros de mi bolsillo”, dijo. El hombre avión, como el artista ha denominado su escultura, mide 24 metros de altura y 18 de ancho y pesa 33 toneladas.

El polémico pintor y escultor se pronunció sobre el coste de 300.000 euros que se pagarán de las arcas públicas y que dice aún no haber cobrado: “Terminar la obra supone dejar de vaciar los bolsillos de mis hijos”. “Yo invierto en lo privado porque las Administraciones no me pagan lo que yo les pido (…) Me dieron un presupuesto para una escultura de ocho metros y la he hecho de 24. Tengo que poner 127.000 de mi bolsillo”, indicó.

Fue el propio Carlos Fabra quien contrató la escultura en 2010 sin contar con la aprobación del consejo de administración de Aerocas y con deficiencias en la documentación. La Generalitat reconoció en su día que fue Fabra quien firmó con Ripollés, pero ya un año antes encargó a un despacho de abogados un informe “para determinar el método con el que se podría contratar a un artista de incuestionable prestigio, oriundo de Castellón, como Ripollés”. El artista aseguró que le serviría para honrar al impulsor del proyecto del aeropuerto. Sin embargo, este martes, trató en todo momento de desdecirse de sus declaraciones. “Ha habido tanta mala intención que cuando la obra no estaba casi empezada ya se publicó que era Carlos Fabra”, dijo.

“Quitaros de la cabeza que a mí me encargan obras las empresas públicas, Castellón me debe muchísimo dinero y el PP no me ha pagado ni una sola escultura”, dijo a los periodistas. Ripollés aseguró que la última pieza encargada por una institución o empresa pública fue hace años con la Diputación. “Ninguna más me ha comprado nada”, dijo y retó a dar casos. Pero al ser advertido por el hecho de que Aerocas es una empresa pública, el artista dijo: “Está encargada por el consorcio del aeropuerto y yo no sé si es pública o no, lo que sé es que me la encargaron”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/07/17/actualidad/1342524371_346937.html

EL CONSEJO INVESTIGARÁ LAS PRESIONES AL JUEZ DEL ‘CASO FABRA’

Las asociaciones de jueces han pedido al Consejo que estudiara el amparo al instructor 

El Consejo General del Poder Judicial incoará un expediente de investigación por la denuncia y la petición de amparo formuladas por el juez instructor del caso Fabra, Jacobo Pin, que ha acusado a la sección primera de la Audiencia de Castellón de perturbar su independencia, tratando de imponerle el archivo de parte de la causa contra el presidente del PP de Castellón. El pleno del órgano de gobierno de los jueces ha abordado la petición de amparo y ha concluido que se iniciará el expediente en cuanto la solicitud, que el juez firmó el martes, llegue al Consejo. 

La petición de amparo al Consejo General del Poder Judicial realizada por el titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, instructor del caso Fabra, destaca por ser inusual. Habitualmente, los jueces piden amparo a su órgano de gobierno ante injerencias o presiones externas. En este caso, el instructor de la causa contra el presidente del PP de Castellón lo ha hecho al ver perturbada su independencia con las resoluciones de otros jueces, los que forman la sección primera de la Audiencia provincial de Castellón. “Por considerarme inquietado o perturbado en mi independencia”, tal como señala en su escrito. Ningún magistrado de la sección primera de la Audiencia provincial ha querido valorar la denuncia formulada por Pin. Las asociaciones de jueces se han mostrado prudentes, aunque piden al Consejo que estudie el caso y se pronuncie, tal como es preceptivo. 

La libertad de criterio está sometida a los superiores pero solo en los casos que marca la ley

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, sostiene que el Consejo ha de estudiar y analizar la situación para determinar si ha habido “una actitud de sugerencia de resoluciones al instructor”, una extralimitación, algo que, a su juicio, “no será admisible”. Pin relata en su escrito cómo la sección primera “pretende imponer” el archivo de una parte del proceso contra el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra. Menciona la actitud de los magistrados de este tribunal “intentando imponerme una decisión que me corresponde exclusivamente a mí como Juez Instructor e impidiéndome culminar la Instrucción” de un procedimiento que lleva más de ocho años abierto. Bosch sostiene que será el Consejo el que tendrá que aclarar si las indicaciones de la Audiencia son puramente jurisdiccionales “que entraría en el marco de su competencia”. 

El portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, considera que el consejo debe estudiar el tema, aunque adelanta que su resolución se puede limitar a señalar que es una cuestión de jurisdiccionalidad. En cualquier caso, ha indicado que los jueces tienen una libertad de criterio que está sometida a sus superiores a través de la resolución de recursos, pero añade que esa imposición de criterio solo puede darse en los casos que la ley señala como revisables. Una de las resoluciones dictadas por la sección primera de la Audiencia hace referencia al auto de apertura de juicio oral que, según la norma, no es susceptible de recurso. 

Con cautela se ha pronunciado el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, a la que pertenece el presidente de la Audiencia y de la sección primera, Carlos Domínguez. José Luis González Armengol apunta desconocer las resoluciones en las que se basa el juez para solicitar el amparo y destaca, en cualquier caso, que “siempre hemos entendido que las presiones son externas”, por lo que considera de “difícil encaje” la petición de amparo de Pin. Aún así, considera que el Consejo debe estudiar el caso y dictar el preceptivo pronunciamiento. 

También el presidente del Consejo general de la Abogacía, Carlos Carnicer, se ha pronunciado sobre la petición de amparo y ha indicado que solo el hecho de la denuncia es “gravísimo”. Para Carnicer, un ataque a la independencia es “lo que más puede vulnerar la justicia”. El presidente de la Abogacía ha apuntado que en sus 40 años de profesión solo a conocido dos o tres asuntos en los que un juez haya denunciado injerencias de otros jueces, informa Lorena Ortega. Además, el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, considera que la sección primera de la Audiencia de Castellón "no ha estado a la altura de las circunstancias". 

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/28/actualidad/1340882837_564220.html 

PSOE E IU EXIGEN DE ROSA PARA QUE EXPLIQUE LAS PRESIONES

El diputado Ricardo Sixto pide la comparecencia del presidente del CGPJ en el Congreso 

El secretario de Política Institucional del PSOE, Antonio Hernando, ha emplazado al Consejo General del Poder Judicial (GCPJ) a investigar la "gravísima" denuncia del juez que instruye el caso Fabra, que ha pedido amparo al órgano de gobierno de los jueces denunciando presiones de sus superiores para que archive oarte del caso. "Creo que el CGPJ, si quiere recuperar su prestigio, tiene que hacer algo más que justificar sus gastos y actuar de forma decente, tiene que cumplir con su obligación, y su obligación es que si hay un miembro de la carrera judicial que está denunciando presiones para archivar un caso que afecta al PP tiene que investigarlo inmediatamente", ha declarado Hernando en los pasillos del Congreso. 

Para el PSOE, la denuncia es de la "máxima gravedad" y "sería un auténtico escándalo" si se demostrase que un juez "que investiga un caso de presunta corrupción estuviese recibiendo presiones de sus superiores jerárquicos" en un caso que afecta a un dirigente del PP y en el que, en palabras de Hernando, "el PP tiene que dar muchísimas explicaciones". 

"Quizás ahora empecemos a explicarnos por qué han sido tantos los jueces que han pasado por la instrucción del caso Fabra (un total de nueve) y por qué han sido tantos los que se han ido", ha remachado. Por eso, ha instado al CGPJ que investigue de forma inmediata quiénes están presionando al juez y desde cuándo, independientemente de la situación de "interinidad" que vive el Consejo y de que su actual presidente, que remplazó hace una semana a Carlos Dívar, Fernando de Rosa, haya sido "dirigente del PP y responsable de Justicia en la Comunidad Valenciana". 

También el diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto, ha solicitado la comparecencia del presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, en el Congreso para que explique las presiones que está recibiendo el instructor del caso Fabra. La diputada de EUPV en las Cortes, Marina Albiol, ha denunciado que "en Castellón también hay caciquismo judicial". Por ello, la formación de izquierdas quiere que De Rosa explique la denuncia y "qué medidas ha tomado el máximo órgano de gobierno de los jueces para asegurar la independencia del magistrado". Marina Albiol ha asegurado que esta petición de amparo "explica muchas cosas raras e inquietantes que han acompañado la instrucción del 'caso Fabra', sin ir más lejos, el brutal retraso". 

Llamazares pide a Gallardón que se implique y no se limite a hacer "política de marqueting"

Por su parte, el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, también ha emplazado al Consejo a estudiar las presiones denunciadas y ha subrayado que la principal tarea del CGPJ es garantizar la independencia de los jueces y que, por tanto, en su encuentro de hoy, "además de hablar de ellos mismos y de sus dietas", deberían abordar los problemas del Poder Judicial y, singularmente, el citado caso. "Creo que es un hecho gravísimo que cuestiona la independencia del Poder Judicial", ha manifestado Llamazares, antes de pedir explicaciones al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por un lado, y al CGPJ, por otro. "Algo tiene que decir el ministro de Justicia, que parece que sólo está para hacer política de marketing, y el CGPJ, que está enormemente débil y que parece que está dedicado únicamente a su procelosa vida interna", ha concluido. 

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/28/actualidad/1340879542_109888.html  

EL JUEZ DEL ‘CASO FABRA’ ACUSA A SUS JEFES DE “PERTURBAR” SU INDEPENDENCIA

Jacobo Pin afirma que la Audiencia de Castellón presiona para que cierre la causa por cohecho

Más de ocho años de investigación y nueve jueces  

Las presiones han acabado provocando el estallido. Y el Consejo General del Poder Judicial tiene ahora una patata caliente que habrá de resolver. Después de ver cómo la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón trataba de rebatir sus decisiones, el titular del juzgado número 1 de Nules, instructor del caso Fabra, ha decidido pedir amparo al órgano de gobierno de los jueces con el fin de que esa sección de la Audiencia, que preside el propio presidente del organismo, Carlos Domínguez, “deje de perturbar mi independencia”. 

El juez sostiene que esa sección está “tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho” del que está acusado el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra. La causa, de momento, está abierta por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. 

“Soy consciente de que puede parecer inusual que un miembro del Poder Judicial acuda en amparo ante el Consejo contra un órgano judicial superior, pero es evidente que la presente perturbación de mi independencia, que debe velar mi actuar, no es una mera cuestión jurisdiccional”, señala el juez en la providencia en la que reclama el amparo. 

Denuncia al Consejo del Poder Judicial maniobras de la sección primera

El juez, Jacobo Pin, que dirige la instrucción del caso Fabra desde hace tres años, relata en su escrito las últimas resoluciones de la sección primera de la Audiencia, que incluso han desdicho las señaladas por otra sección del mismo tribunal, la segunda, que ha sido la encargada de resolver los recursos durante los más de ocho años de instrucción. Pin indica que “aun a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no le otorga tal posibilidad”, la sección primera ha tratado de adoptar algunas medidas como la de declarar nulo el auto de apertura de juicio oral que ponía al presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, a un pie del banquillo de los acusados. 

En esa resolución, además, los magistrados apuntaron el sobreseimiento del delito de cohecho, insinuándolo pero no dictándolo expresamente, lo que, según el juez, “no pueden hacer en el estado actual del procedimiento”. La decisión de la Audiencia provocó que el propio juez pidiera una aclaración para que este tribunal dijera explícitamente si tenía que archivar la causa por cohecho. Pero la sección primera no lo ha hecho, quizá porque sería incurrir en una irregularidad aún mayor. “Consideré y considero que concurren indicios racionales de criminalidad constitutivos de un presunto delito de cohecho”, insiste el juez en su escrito. 

Jacobo Pin expone que ha sido instructor del caso Fabra durante tres de los ocho años que se dilata ya la causa, “controlando en todo momento la legalidad del cauce procedimiental a seguir (…), atendiendo a los hechos declarados punibles (…), supervisando la calificación jurídica”. Y afirma que “el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas impide demorar más la tramitación de la presente causa, cuya instrucción está concluida desde hace meses”. 

Desde que Pin se hizo cargo de la causa —el noveno juez a lo largo de estos más de ocho años—, la diligencia ha sido una norma en un procedimiento que se antojaba eterno. Sin embargo, las dilaciones en la resolución de recursos han impedido que el de Fabra sea ya un caso cerrado. 

“Consideré y considero que concurren indicios de cohecho”, insiste 

La causa se inició cuando Vicente Vilar, un fabricante de fitosanitarios y hasta entonces amigo de Fabra, le denunció por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. El entonces presidente de la Diputación de Castellón medió, según los indicios, ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para tratar de acelerar la autorización de esos productos. Además, la investigación de las maniobras y supuestos cobros ilegales destapó cuatro presuntos fraudes fiscales cometidos por Carlos Fabra junto a su entonces esposa, María Amparo Fernández, que dejaron de ingresar 1,2 millones en las arcas públicas. Por todo ello, la fiscalía pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra. 

El presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, que no ha firmado las últimas resoluciones de su sección, ha sido cuestionado por su amistad con Fabra. De hecho, esa relación fue uno de los motivos que se sopesaron a la hora de su reelección, en 2008, en la que contó con el apoyo del ahora presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Fernando De Rosa. El órgano de gobierno de los jueces no atendió las advertencias ni al hecho de que vulnerara las normas de reparto y resolviera un recurso del caso. Ahora será ese mismo Consejo, presidido por De Rosa, quien tendrá que resolver la petición de amparo del juez de Nules. 

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/27/actualidad/1340822654_467303.html

EL JUEZ SE NIEGA A REBAJAR LA FIANZA DE 4,2 MILLONES DE EUROS IMPUESTA A FABRA

La cantidad requerida al presidente del PP de Castellón no es desproporcionada, según el instructor

El titular del juzgado número 1 de Nules ha desestimado la solicitud del presidente provincial del PP, Carlos Fabra, de que se le redujera la fianza impuesta como garantía de que hará frente a su responsabilidad civil si es condenado por los presuntos delitos de tráficos de influencias, cohecho y fraude fiscal.

El juez mantiene la cantidad de 4,2 millones de euros para Fabra y 1,7 para su exesposa, María Amparo Fernández, ya que considera que "no resulta desproporcionada y se ajusta perfectamente a derecho". Además, en un auto con el que el juez contesta a la reclamación de la Audiencia para que revisara esas cantidades, esgrime que incluso es "una cifra inferior a lo interesado por la Abogacía del Estado y la acusación popular". Fabra y Fernández están acusado de defraudar 1,7 millones de euros a Hacienda.

El juez del caso Fabra, que lleva más de ocho años en instrucción, está respondiendo a todos y cada uno de los requerimientos realizados por la Audiencia Provincial, que cuestionó tanto la apertura de juicio oral con la inclusión del presunto delito de cohecho, como la fijación de la fianza. El juez ya ha reclamado a la Audiencia que defina, exactamente y a la mayor brevedad posible, si sus argumentos sobre la existencia o no de indicios para juzgar un presunto delito de cohecho se traducen en un sobreseimiento. Y aún sin apuntarlo, en el auto en el que mantiene la fianza expone su parecer, ya que esgrime que "las partes acusadoras son muy libres de determinar los márgenes penológicos que estimen oportunos, siempre, claro está, dentro de los límites legalmente fijados, como ocurre en el presente caso".

Pese a los retrasos para la fijación de fecha para el juicio, la Audiencia provincial, que preside Carlos Domínguez, vuelve a tener la pelota en su tejado y en sus manos la opción de demorar, aún más, la resolución del caso Fabra, iniciado después de que un empresario le acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/13/actualidad/1339582157_831330.html

EL JUEZ PIDE A LA AUDIENCIA QUE ACLARE SU INTERPRETACIÓN SOBRE EL ‘CASO FABRA’

El instructor de la investigación reclama una resolución "a la mayor brevedad"

El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha solicitado a la Sección Primera de la Audiencia de Castellón que aclare "expresamente" qué quiere hacer con el caso Fabra por el que se investiga al presidente del PP provincial y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, ante la posible comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Después de un auto dictado de oficio por esta sección, que preside el propio presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, el juez instructor quiere que este tribunal explique, claramente, cuál es su decisión sobre el caso. El auto desdecía otra decisión de la misma Audiencia e incluso admitía un recurso sobre una resolución que no es recurrible.

Por ello y puesto que planea una discusión sobre el tribunal competente para juzgar a Fabra, el juez pide que "a la mayor brevedad posible, aclare expresamente" si la Sección Primera "ha sobreseído la presente causa respecto de los delitos de cohecho calificados por las partes acusadoras", algo que la Sección Segunda, que es la que ha resuelto los recursos hasta ahora no había hecho. También reclama que "si por parte de dicho Tribunal se estima competente para el enjuiciamiento de la misma en el Juzgado de lo Penal correspondiente", es decir, si considera que el caso debe quedarse en Castellón, con una casi nula posibilidad de ser visto por el Supremo.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular han anunciado que recurrirán la polémica resolución de la Audiencia que, tras más de ocho años de investigación, pretende devolver la causa al juzgado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/06/valencia/1338974643_283887.html

LAS PARTICULARES INTERPRETACIONES DE LA AUDIENCIA EN EL ‘CASO FABRA’

El tribunal tiene versiones distintas de los hechos que demorarán la resolución

Anticorrupción recurre la exclusión del delito de cohecho en el ‘caso Fabra’

Carlos Fabra se muestra "satisfecho" por el traslado de su causa a Nules

Cuando estaba a punto de fijarse la fecha del juicio al presidente del PP provincial y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, la Audiencia de Castellón ha decidido devolver el caso al juzgado de Nules, que empezó a investigarlo hace más de ocho años y que, en principio, acabó mandando a Fabra al banquillo por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Ha sido la sección Primera de la Audiencia, la que preside el propio presidente del tribunal, Carlos Domínguez, y lo ha hecho a través de un auto dictado de oficio, sin que nadie se lo pidiese. Dictado no para resolver un recurso sino para desdecir el dictado por otra sección, la Segunda, que es la que ha elaborado, durante estos años, la mayoría de las resoluciones del caso Fabra.

La primera particularidad es que lo hace en base a una apelación ya resuelta por la sección Segunda, y que presentó Fabra contra la decisión del juzgado de iniciar la tramitación para celebrar el juicio. Una decisión que, según la ley, no es recurrible y así lo había entendido la sección Segunda. Sin embargo, la Primera, no solo la ha tramitado y resuelto favorablemente sino que lo ha hecho en sentido contrario a la propia Audiencia, desdiciéndose.

La segunda particularidad es que el auto de la sección Primera alega argumentos supuestamente esgrimidos por la sección Segunda, en cuanto a que el delito de cohecho que se le imputaba a Fabra no existe. Una de las resoluciones a las que hace referencia señala, efectivamente, que "ninguna de las iniciativas que se imputan a Carlos Fabra en forma de interesarse o mediar en Madrid ante las autoridades de las Cortes Generales o el Ministerio de Agricultura, en favor de los productos fitosanitarios del Sr. Vilar y la Sra. Plaja pendientes de aprobación, a cambio de ciertas cantidades de dinero, se pueden enmarcar en las actividades relativas al cargo de presidente de la Diputación". Sin embargo, en la misma resolución, en su parte dispositiva, que es en la que concluye y expone sus decisiones, ordena que siga la instrucción "por los hechos relativos a las supuestas influencias y los pagos y cobros supuestamente realizados", es decir, por el cohecho. La sección Segunda, que ha mantenido en varias ocasiones ese argumento de la posibilidad de que el cohecho no exista, nunca, en su parte dispositiva, limitó la decisión del juez instructor de señalar los presuntos delitos por los que debía ser juzgado. Y nunca cercenó el principio acusatorio. Ahora, la sección Primera la ha desdicho.

Es destacable, además, que una de las resoluciones que menciona la sección Primera en su argumentación es la que declaró prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales que se imputan a Fabra, una decisión que después fue tumbada por el Supremo.

La consecuencia de la decisión de esta sección se centra en el tribunal que juzgará a Fabra. Si se excluye el cohecho, la competencia recaerá en un juzgado penal y tendrá, como instancia de recurso, la propia Audiencia provincial. Es decir, el caso prácticamente no saldrá de Castellón porque la posibilidad de recurrir luego al Supremo es muy escasa. Si no se excluyera el cohecho, sería juzgado por la Audiencia pero la vista de un posible recurso fuera de Castellón sería más fácil.

Las interpretaciones de la Audiencia han merecido la rápida reacción de la Fiscalía Anticorrupción, que tardó horas en anunciar que la recurriría ante el Supremo. También lo hará la acusación popular, primero ante la propia Audiencia y luego ante el Supremo. La consecuencia última es que el caso Fabra cumplirá los nueve años de instrucción sin haber sido resuelto y con el principal imputado presidiendo aún el PP de Castellón

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/03/valencia/1338753751_860021.html

ANTICORRUPCIÓN RECURRE LA EXCLUSIÓN DEL DELITO DE COHECHO EN EL ‘CASO FABRA’

La Audiencia de Castellón devolvió la causa al juzgado para eliminar el delito

Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante la Audiencia de Castellón en el que anuncia la presentación de un recurso contra la decisión de este audiencia de excluir el delito de cohecho en el “caso Fabra”, en el que el presidente del PP provincial y expresidentes de la Diputación, Carlos Fabra, está acusado también de tráfico de influencias y cuatro fraudes fiscales.

Así lo ha anunciado la fiscalía en comunicado en el que explica que presentará el recurso de casación en las próximas semanas y que este será elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La Sección Primera de la Audiencia de Castellón, en una resolución realizadas de oficio, decidió devolver la causa, tras más de ocho años de instrucción, al juzgado de Nules, en donde se inició la investigación después de que un empresario acusara a Fabra de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos. La Audiencia se basó en otros escritos de la Sección Segunda para exigir al juez una rectificación sobre las acusaciones formuladas contra el dirigente del PP y requirió que se excluyera el delito de cohecho. Esta decisión ha provocado la reacción de la Fiscalía Anticorrupción, que recurrirá la exclusión de este delito y, por tanto la nulidad del auto de apertura de juicio oral, con el que Fabra se acercaba al banquillo de los acusados.

La Fiscalía y la acusación mantienen que utilizó su cargo de presidente de la Diputación de Castellón

Tanto la fiscalía como la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores UCE, alegaron que Carlos Fabra utilizó su cargo como presidente de la Diputación para mediar ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad con el fin de tratar de agilizar la fabricación de productos sanitarios reclamada por un, entonces, amigo. La acusación ha anunciado que también recurrirá la decisión de la Audiencia provincial.

En cualquier caso, recurso supondrá un nuevo retraso en la resolución de la causa, después de que el 20 de enero, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordara la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, al que impuso una fianza de 4,2 millones de euros por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida el pasado mes de diciembre la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003.

El Supremo rechaza otro recurso de Carlos Fabra por la filtración de sus datos fiscales

Mientras Carlos Fabra se mostraba ayer "satisfecho" y con "ganas de luchar" después de que la Audiencia Provincial descartara el delito de cohecho que se le imputaba, hoy, además de conocer la decisión de Anticorrupción de recurrirlo, se ha topado también con una resolución del Tribunal Supremo que desestima uno de sus recursos. En este caso, se mostró en contra de la decisión de la Agencia de protección de dato de no sancionar las filtraciones sobre el expediente fiscal en el que se le atribuyó, a él y a la entonces su esposa, un fraude de más de un millón de euros. El Supremo ha rechazado el recurso.

http://politica.elpais.com/politica/2012/05/24/actualidad/1337857759_435209.htm

LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN PARALIZA EL JUICIO A CARLOS FABRA Y DEVUELVE EL CASO A NULES

Está acusado de delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra hacienda

Fabra presentó un recurso por entender que no debía ser imputado por cohecho

La Audiencia Provincial de Castellón ha devuelto al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules la causa sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia, Carlos Fabra, porque no se considera competente para juzgarlo.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Sección Primera de la Audiencia Provincial alega en un auto que la Sección Segunda estimó recientemente un recurso Fabra descartando el delito de cohecho, lo que aleja la causa de este ámbito jurisdiccional.

El juzgado de Nules había remitido el caso a la Audiencia para que procediera a la apertura del juicio oral, pero sin el delito de cohecho, "el caso le corresponde a un juzgado de lo penal, no a una sala de la Audiencia", subrayan las citadas fuentes.

El pasado 20 de enero, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordó la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, al que impuso una fianza de 4,2 millones de euros por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

Fabra presentó un recurso de apelación contra esta decisión por entender que no debía ser imputado por cohecho, y la Sección Segunda de la Audiencia estimó su petición el pasado 4 de mayo, manteniendo, no obstante, que podría haber existido tráfico de influencias.

El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida el pasado mes de diciembre la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.

Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo Fernández, que eran amigas.

Según el auto, existen indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.

Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según ese auto.

Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del ex presidente y más de 580.000 por parte de su esposa.

www.efe.es 22.05.12

EL 'CASO FABRA' SALE DE NULES PARA SER JUZGADO EN LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN

La sala fijará la fecha del juicio, ocho años y medio después de iniciar la causa

Las diligencias del llamado "caso Fabra" se han cerrado y la instrucción ha salido ya del juzgado número 1 de Nules, camino de la Audiencia provincial de Castellón, donde ha de ser juzgado. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), cuando el sumario llegue a la Audiencia, la sala que se fije como competente en el caso tendrá que admitir la causa. Además, habrá que esperar a la resolución de dos recursos de apelación que aún están pendientes y, cuando estos se hayan resuelto, será cuando se señale la celebración de juicio.

Después de ocho años y medio, el caso Fabra abandona el juzgado de Nules ante el que Vicente Vilar, el empresario que acusó al entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, presentó la denuncia que dio lugar al caso.

Carlos Fabra está acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos fiscales, por los que la fiscalía pide 13 años de cárcel, que la acusación popular eleva a 20. Además, el juez ha fijado una fianza de 4,2 millones de euros como depósito que garantice la responsabilidad que se le atribuirá si es condenado por las acusaciones que, en el caso de fraude, según los peritos de Hacienda, ascendió a 1,2 millones de euros que el entonces matrimonio Fabra dejó de pagar a las arcas públicas.

www.elpais.es 19.04.12

EMBARGADOS LOS BIENES DE CARLOS FABRA

El juez de Nules inicia el embargo de bienes de Carlos Fabra

La justicia ha decidido poner en marcha el embargo de bienes del presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, que debía haber abonado una fianza de más de 4 millones de euros.

El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha iniciado el procedimiento de embargo de bienes al presidente provincial del PP, Carlos Fabra, y a su exesposa, María Amparo Fernández. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, Fabra y Fernández han presentado un listado de bienes susceptibles de ser embargados, por la fianza que les fijó el juez de Nules y que no pagaron en el primer plazo establecido. El juez inicia el embargo con la tasación de esos bienes y la comprobación de que cubren las cantidades exigidas, según la misma fuente.

La fianza impuesta a Carlos Fabra asciende a 4.2 millones de euros, y la de su exmujer es de 1.7 millones. El titular del juzgado de instrucción de Nules reclama esas garantías para asegurarse de que pagarán en el caso de ser condenados por los delitos por los que van a ser juzgados. Carlos Fabra está acusado de cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales, mientras que María Amparo Fernández habría cometido tres fraudes al fisco.

Según el último informe judicial de los peritos de Hacienda elaborado a instancias del juzgado instructor de Nules, Carlos Fabra y su exmujer, María Amparo Fernández, ingresaron entre 1999 y 2004 un total de 8.3 millones de euros en efectivo, cheques y transferencias bancarias, de los que no han podido justificar 3.3 millones. Un total de 1.9 millones corresponden a Fabra y 1.4 a María Amparo Fernández. Según los peritos, Fabra habría dejado de pagar a Hacienda una cuota de más de 900.000 euros y Fernández cercana a los 700.000.

www.cadenaser.com 06.02.12

LOS BANCOS CONCEDEN CRÉDITOS A CARLOS FABRA HASTA CASI LOS CIEN AÑOS

El líder del PP en Castellón, firmaba hipotecas para blanquear dinero según la acusación.

El presidente del PP en Castellón, Carlos Fabra, firmaba hipotecas que no podría pagar con su sueldo público, según el escrito de la acusación popular, como fórmula para blanquear dinero. Una de esas hipotecas, con Bancaja, vencería cuando Fabra tuviese 98 años.

Bancaja concedió una hipoteca a Carlos Fabra sobre su casa de Madrid hasta el 2045, fecha en la que el presidente del PP de Castellón tendría 98 años.

El líder del PP en Castellón compró un piso de 200 metros cuadrados en la exclusiva plaza de las Salesas de Madrid en el año 2002.

Años después, Fabra solicita una ampliación de la hipoteca original, que el banco le concede. En concreto -y según consta en el registro-, un crédito de 100.000 euros, que finalizaría en enero de 2045, escritura firmada ante notario el pasado 22 de diciembre de 2009, día de la lotería y en plena crisis financiera.

Según las condiciones concedidas por Bancaja al presidente del PP de Castellón, Fabra pidió el crédito a los 63 años, de manera que terminaría de pagar a los 98 años.

Práctica poco habitual

La concesión de ampliación de hipotecas en esos términos no es una práctica habitual. Fuentes de la entidad consultadas por la Cadena SER, aseguran que lo habitual es limitar la amortización a los 70 años y no 30 años más, como se hizo con Fabra.

Otras entidades se mueven en los mismos límites y, en todo caso, con clientes muy solventes. Esta vivienda podría ser una de las embargadas si Carlos Fabra no deposita la fianza de 4,2 millones que le exige el juzgado.

Hipotecas para el blanqueo

La acusación popular sostiene en su escrito de conclusiones enviado al juzgado de Nules que el líder del PP en Castellón firmaba hipotecas y créditos como una forma de blanquear dinero. Así, el dinero negro en billetes que supuestamente recibía - asociado a los delitos de cohecho que se le imputan -, servía para hacer frente al pago de las cuotas. Para realizar esta aseveración, la acusación popular se basa en el informe de los peritos de Hacienda presentado en 2010 al juzgado de Nules. Los peritos, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, detectaron que los bancos y cajas de ahorro habían concedido a la familia Fabra un total de 33 préstamos por más de 5 millones de euros entre 1995 y 2004, año en el que concluyeron las investigaciones.

La mayoría de estos créditos fueron concedidos a Carlos Fabra junto a su entonces esposa, María Amparo Fernández, por cantidades que en muchos casos superaban los 100.000 euros y en varias ocasiones los 500.000 y 600.000 euros. En algún caso, los técnicos detectaron la participación de los hijos. Según el informe, el matrimonio Fabra acumuló los pagos de muchos de estos préstamos a la vez, como los créditos por 2.3 millones de euros obtenidos entre 2002 y 2004. El matrimonio Fabra hacía frente a las cuotas con un salario declarado de unos 10.000 euros brutos al mes entre ambos cónyuges.

El pago de la fianza

Carlos Fabra ha presentado un recurso al juzgado de Nules en el que alega que no actuará hasta que no le notifiquen personalmente que debe pagar la fianza. La acusación popular se ha opuesto a ese recurso de Fabra. Dice que es suficiente con la notificación efectuada a través del procurador. La acusación interpreta que esta acción de Fabra es una maniobra dilatoria más en el proceso.

La fianza de 4.2 millones se la ha impuesto el juez de Nules para garantizar que pagará en caso de ser condenado por cohecho, tráfico de influencias y los cuatro delitos fiscales por los que será juzgado en Castellón.

www.cadenaser.com 06.02.12

LA HUIDA DEL AGUERRIDO CARLOS FABRA

El presidente del PP de Castellón evita contestar sobre su situación judicial

Hubo un tiempo en el que Carlos Fabra aceptaba todos los envites y alardeaba de valentía. Hubo un tiempo en el que el expresidente de la Diputación de Castellón y aún presidente provincial del PP, presa de su belicoso carácter, salía al paso ante cualquier información y blandía palabras como espadas. Hubo un tiempo en que no había capote que se le resistiese. Hubo un tiempo hasta ayer, cuando buscó las tablas. De un salto abandonó la sala de prensa dejando atónito a su compañero de atril. El motivo fue una pregunta incómoda: ¿Ha pagado la fianza señor Fabra?

Ayer expiró el plazo para que presentara la fianza que le exige el juez

Ayer expiraba el plazo concedido por el titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, para que hiciese efectivo el pago de la fianza de 4,2 millones de euros impuesta en concepto de responsabilidad civil, para garantizar que podrá pagar en caso de ser condenado por cohecho, tráfico de influencias y los cuatro delitos fiscales por los que será juzgado en unos meses en la Audiencia Provincial de Castellón.

Fabra convocó ayer una rueda de prensa en la Cámara de Comercio, donde ocupa la secretaría general, para explicar los planes de internacionalización de la institución, junto al jefe del área de comercio exterior, Juan José Martínez. La pequeña sala aguardaba atestada de medios de comunicación la comparecencia del presidente del PP y del aeropuerto de Castellón para que respondiera sobre la apertura del juicio oral, la imputación por tráfico de influencias en su misma causa del senador que él nombró, Miguel Prim, y por el pago de la millonaria garantía judicial. Pero como si no fuera con él la cosa y con un evidente gesto de enfado, Fabra respondió que estaba allí como secretario general de la Cámara de Comercio y que si tenían más preguntas que hacer sobre los planes de exportación de la cámara las contestaría. "Si no", agregó, "buenos días y adiós", y se levantó y huyó de la sala.

Atrás quedó el tiempo en el que Fabra respondía a cualquier pregunta. Cuando intentaba demostrar su poder con su célebre "aquí mando yo" o con un "quien paga manda" en referencia al respeto que debía guardarle la Universitat Jaume I de Castellón ya que su influencia llegaba hasta quien concedía a la institución las subvenciones. Tampoco fue parco en palabras para autocalificarse como "cacique" o al reconocer que cuando quería "colocar a alguien" lo colocaba "y punto".

Casi nunca ha tenido problemas para hablar de cualquier asunto, llegando incluso a contraprogramar recientemente al presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, durante la celebración del Día de la Provincia en la madrileña feria de turismo Fitur. El presidente provincial aprovechó esa jornada en Madrid para explicar las novedades y promocionar su opción política. Aquel día, Fabra aprovechó para realizar su primera comparecencia pública en Castellón desde que estallara la polémica por la ruptura del contrato con la concesionaria del aeropuerto. También lo hizo en la institución cameral y como secretario general de la misma, pero entonces no tuvo problemas para contestar a cualquier pregunta sobre el futuro de la infraestructura. Al día siguiente robó todo el protagonismo a Moliner en los medios. Su entorno asegura que estaba complacido.

Respecto a su fianza, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana manifestó que el juez de Nules verificará hoy si la ha abonado y actuará en consecuencia. Podría concederle unos días más u ordenar el embargo de sus bienes.

www.elpais.es 26.01.12

UN EXSENADOR DEL PP, NUEVO IMPUTADO EN EL 'CASO FABRA'

La Audiencia de Castellón ha decidido admitir la imputación de un nuevo dirigente del PP en el llamado caso Fabra. Se trata del exdiputado y exsenador Miguel Prim, sobre el que el tribunal sostiene que "pudo haber cometido comportamientos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, siquiera en grado de tentativa".

Con esta decisión, la Audiencia Provincial ha admitido, en parte, la solicitud de la acusación popular de ampliar el número de imputados a ex altos cargos de la Administración central en la época de Aznar, responsables de los ministerios de Agricultura y Sanidad, ante los que Fabra trató, supuestamente, de agilizar autorizaciones para los productos de su entonces amigo, el empresario Vicente Vilar, que acabó denunciándole por cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos.

Prim fue una de las personas a través de las que Fabra, supuestamente, realizó gestiones. Entre otras cosas, remitió un escrito al ministro Miguel Arias Cañete en el que le pedía que, "a la mayor brevedad posible", "se dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos que te he mencionado en este escrito", tal como indica el auto de la Audiencia. El documento enviado por Prim desembocó en la apertura de una investigación interna para determinar si había algún problema especial con los productos de Vilar.

La Fiscalía Anticorrupción pidió el archivo para estos dirigentes, en diciembre de 2010, pero la Audiencia ha decidido atender la solicitud de la acusación popular para que Prim sea también juzgado por tráfico de influencias.

Preparando la fianza

La resolución de la Audiencia, que ha tardado casi dos meses en resolver el recurso, no ha provocado la paralización de la apertura de juicio oral contra Fabra que dictó el viernes el titular del Juzgado número 1 de Nules, que señaló, además, la imposición de una fianza de 4,2 millones de euros para el presidente provincial del PP.

La hija del encausado y también diputada por Castellón, Andrea Fabra, ha afirmado que su padre todavía no la ha aportado "porque hasta ayer no se le había notificado el auto a las partes afectadas". Carlos Fabra se reunió ayer con su equipo jurídico para analizar la situación, según explicó su hija.

www.elpais.es 25.01.12

CARLOS FABRA ANUNCIA QUE RECURRIRÁ AL CONSTITUCIONAL

"Las sentencias no son firmes hasta el último estado", clamó el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, hace dos años. Lo hizo como anuncio de que su afán de recurrir las resoluciones judiciales no se iba a parar en el Tribunal Supremo. Y así lo mostró de nuevo ayer, cuando desveló que acudirá al Constitucional para tratar de revocar la decisión del Supremo de que sea juzgado por todos los delitos que se le imputan.

El titular del juzgado número 1 de Nules decretó el viernes la apertura de juicio oral contra el aún presidente provincial del PP, Carlos Fabra, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Además, le requirió el depósito de una fianza de 4,2 millones de euros como garantía de pago de su responsabilidad civil en el caso de que sea condenado por defraudar 1,2 millones de euros a la Hacienda pública, según los peritos, junto con su entonces esposa, María Amparo Fernández, que también está imputada. A ella también se le ha pedido una fianza de 800.000 euros.

Ayer, a través de un comunicado enviado a la agencia Efe explicó que ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, previo al recurso de amparo que planteará ante el Tribunal Constitucional, "en relación con la prescripción de los posibles delitos fiscales". Pero este recurso no paraliza la marcha de su juicio.

Defiende su inocencia

En su comunicado, Carlos Fabra reiteró su inocencia y su "firme convencimiento" de que será absuelto. Además, relató que el auto del juez de Nules también ha sido recurrido, en este caso ante la Audiencia Provincial de Castellón. En cualquier caso, estos recursos no paralizan la causa.

Fabra considera en su comunicado que "no existe delito de cohecho" y que la Audiencia Provincial de Castellón ya se "expresó en este sentido mediante una resolución anterior". Para Fabra y su equipo jurídico "tampoco ha habido tráfico de influencias alguno, porque nada se hizo para conseguir legalización o ventaja administrativa alguna". Además, afirma que "no existe delito fiscal alguno según se desprende del informe del perito fiscal nombrado al efecto". Según su versión no hay delitos pero el hecho es que lleva ocho años encausado.

www.elpais.es 24.01.12

LA AUDIENCIA AMPLÍA EL CASO FABRA A UN EXSENADOR DEL PP

Ve indicios de delito de tráfico de influencias contra Miguel Prim por pedir al ministro de Agricultura que diera luz verde a los productos fitosanitarios que vendía Fabra

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha revocado el pronunciamiento de sobreseimiento provisional en relación con el exdiputado y exsenador del PP Miguel Prim "por su posible intervención en un delito de tráfico de influencias" en el denominado caso Fabra.

El sobreseimiento fue dictado por el juzgado de Nules que investiga al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, entre otros, tras las querellas presentadas por el empresario Vicente Vilar, que acusó a Fabra de recibir dinero para agilizar el permiso administrativo de productos de una empresa de fitosanitarios.

Según el auto judicial, hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, "los indicios existentes contra Miguel Prim son suficientes como para justificar la continuación de las actuaciones".

En el auto se recuerda que "no se exige para la consumación del delito de tráfico de influencias que se produzca un beneficio para sí o para un tercero", sino que "el delito se consuma desde el momento en que se influye en el funcionario público o autoridad".

En este punto, se cita el contenido de una carta que remitió al ministro de Agricultura, entonces Miguel Arias Cañete, para pedirle que se diese "luz verde" a determinados productos que comercializaba una empresa participada por las mujeres de Fabra y Vicente Vilar.

El juez llama la atención sobre el hecho de que "no pide que se siga la tramitación administrativa que corresponda, sino que, 'a la mayor brevedad posible' se 'dé luz verde' a los citados productos".

Por otra parte, la Audiencia de Castelló ha confirmado el sobreseimiento provisional para Rafael Milán, Rubén Moreno y María Dolores Flores y se acuerda que éste sea definitivo en el caso de Pilar Máñez.

Pilar Máñez fue directora general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente; Rafael Milán fue director general del Ministerio de Agricultura; Rubén Moreno es actual diputado nacional del PP y exdirector del Centro Superior de Alta Tecnología Científica para la Investigación en Biomedicina y en Transplantes de Tejidos y Órganos de la Comunitat Valenciana; y María Dolores Flores fue directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.

Los magistrados han dado la razón a los abogados de Pilar Máñez, que defienden que el sobreseimiento debe ser libre y no provisional y afirmaban que "tras seis años de procedimiento no puede derivarse la comisión de ilícito penal alguno".

También han expuesto estos letrados que "la recurrente, al igual que otras personas, se limitó a atender las peticiones de información procedentes del resto de imputados, principalmente de Carlos Fabra, sin que recibiese contraprestación alguna".

www.levante-emv.com 24.01.12 

FABRA ANUNCIA UN RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL QUE NO PARALIZA EL JUICIO 

El expresidente de la Diputación de Castellón recurre así la decisión del Supremo, que ordenó que fuera juzgado por todos los delitos que se le imputan 

“Hasta Luxemburgo”, anunció el expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP de esta provincia, Carlos Fabra, que llegaría recurriendo y recurriendo en la causa que le llevará, en los próximos meses, a sentarle en el banquillo

Lo dijo hace varios años y hoy lo ha hecho visible a través de un comunicado remitido a la agencia Efe en el que explica que ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, previo al recurso de amparo que presentará ante el Tribunal Constitucional, "en relación con la prescripción de los posibles delitos fiscales" que contempla el auto de apertura de juicio oral. De esta manera, Fabra recurre la decisión del Supremo, que ordenó que fuera juzgado por todos los delitos que se le imputan que, además de tráfico de influencias y cohecho, son, sumando los imputados a su ex esposa, siete fraudes fiscales por no ingresar en las arcas públicas 1,2 millones de euros. 

El titular del juzgado número 1 de Nules decretó el viernes la apertura de juicio oral contra Fabra y le impuso una fianza de 4,2 millones de euros como garantía de que hará frente a las penas que se le impongan, en el caso de que sea condenado. Hoy, a través de la agencia de información, ha reiterado su inocencia y su “firme convencimiento” de que será absuelto. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia han indicado que Fabra aún no ha presentado la fianza, pero que está en plazo. 

En el comunicado, Carlos Fabra ha explicado que el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juez de Instrucción número 1 de Nules “se encuentra recurrido ante la Audiencia Provincial de Castellón”. En cualquier caso, estos recursos no paralizan la causa. 

Fabra asegura en su escrito que “no existe delito de cohecho” y que la Audiencia Provincial de Castellón ya se “expresó en este sentido mediante una resolución anterior”. Para Fabra y su equipo jurídico “tampoco ha habido tráfico de influencias alguno, porque nada se hizo para conseguir legalización o ventaja administrativa alguna”. Además, afirma que “no existe delito fiscal alguno según se desprende del informe del perito fiscal nombrado al efecto”.  

www.elpais.es 23.01.12 

FABRA, AL BANQUILLO CON UNA FIANZA RÉCORD PARA UN POLÍTICO 

El juez abre juicio oral al expresidente de Castellón, que debe depositar 4,2 millones de euros 

El político popular tiene de plazo hasta el lunes para pagar o se le embargarán los bienes 

Según el juez, Fabra defraudó a Hacienda cerca de 694.000 euros 

El expresidente de la Diputación de Castellón y aún líder del PP provincial, Carlos Fabra, se sentará en el banquillo, acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Así lo ha decidido el titular del Juzgado número 1 de Nules quien, en un auto, ha decretado la apertura de juicio oral contra Fabra, a quien ha impuesto una fianza de 4,2 millones. La fianza, en este caso, no es una medida para eludir la prisión, tal como ocurrió con el expresidente balear Jaume Matas. El juez la ha decretado como fórmula para que existan garantías de que el acusado, en el caso de que sea condenado, hará frente a su responsabilidad civil por el fraude y las multas que conllevan los otros delitos. Según los peritos de Hacienda, el entonces matrimonio Fabra defraudó 1,2 millones. 

En el auto, el juez dio al dirigente del PP un plazo de un día, que con el fin de semana en medio se cumple este lunes. Si no deposita el dinero, se procederá al embargo de sus bienes.

La fianza, en este caso, no es una medida para eludir la prisión 

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 13 años de prisión para Carlos Fabra, dos por cada uno de los cuatro fraudes, cuatro por el cohecho y uno por el tráfico de influencias. Por su parte, la acusación eleva su petición de prisión hasta los 20 años. 

En su auto de apertura de juicio oral, con el que se remitirá el caso a la Audiencia Provincial, donde ha de ser juzgado, el juez incluye a la exesposa de Fabra, María Amparo Fernández; al empresario que acusó a ambos, Vicente Vilar, y a la exesposa de este, Monserrat Vives. A la primera le exige una fianza de 1,7 millones y a Vilar y a Vives, 800.000. 

“No me van a poder juzgar de nada”, dijo Carlos Fabra en diciembre de 2010, después de que el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, se refiriera a él como “ciudadano y político ejemplar”. 

Con la remisión del caso Fabra a la Audiencia de Castellón, el procedimiento pasará por el trámite del reparto y, posteriormente recaerá en una sección, que será en la que se celebre el juicio y la responsable de señalar el día en el que comenzará la vista. Según las previsiones, podría celebrarse en el segundo semestre de este año. 

Parece probable que se nombre un tribunal mixto, con jueces de distintas secciones. Esto se debe a que los magistrados de la sección segunda han sido los encargados de resolver los recursos que han llegado a este tribunal durante los más de ocho años que ha durado la instrucción. Por ello están “contaminados” y no pueden juzgar el caso. Por un error de reparto, según se dijo, uno de los recursos recayó en la sección primera, que preside el también presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, por lo que tampoco los tres magistrados que participaron en la resolución de este recurso podrán formar parte del tribunal de magistrados. Un segundo recurso llegó a esta sección pero no llegó a resolverse. Aún así, es posible que los jueces que lo admitieron también sean rechazados. De esta manera, en las secciones primera y segunda no quedan jueces suficientes para formar el tribunal. 

El pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo ordenó que Fabra fuera juzgado por todos los delitos fiscales que se le imputaban y no solo por uno, revocando así una decisión de la Audiencia provincial de Castellón. Este tribunal acordó en diciembre de 2010 sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito. 

Tras esta decisión, el juez de Nules pidió a las partes que presentaran sus conclusiones y ni siquiera ha esperado a que la Audiencia resuelva otro recurso pendiente, y que está debatiendo desde hace más de un mes, sobre la ampliación del número de imputados en la causa, tal como solicitó la acusación popular. 

www.elpais.es 20.01.12

FABRA CONSIDERA "PAPARRUCHADAS" LAS CRÍTICAS A SU ESTATUA

El presidente de Aerocas defiende la escultura de Ripollés en el aeropuerto

Para Carlos Fabra, las críticas por instalar una estatua inspirada en su cara en el aeropuerto sin aviones de Castellón son "paparruchadas y bufonadas". "Como si en otros aeropuertos no hubiera esculturas como decoración", espetó incrédulo ante la dimensión que han alcanzado las sátiras, que incluso han traspasado fronteras, por gastar más de 300.000 euros del dinero público en el coloso de 30 toneladas y 24 metros de altura. En efecto, otros aeropuertos tienen estatuas, aunque en las democracias occidentales es extraño que se erijan en honor del gobernante de turno.

Asegura que tiene varias ofertas para comprar la infraestructura

El presidente de la promotora pública del aeropuerto de Castellón Aerocas realizó ayer su primera comparecencia pública desde que el pasado 30 de diciembre la Generalitat anunciase la ruptura unilateral del contrato con la empresa concesionaria de la explotación de la infraestructura porque el Consell no podía asumir las pérdidas durante los ocho primeros años de gestión. Un contrato que el propio Fabra calificó como "fantástico para el aeropuerto de Castellón" cuando lo firmó junto a representantes de la firma el pasado 23 de marzo con el beneplácito del Gobierno valenciano. Pero Fabra, durante la presentación de unos cursos en la Cámara de Comercio, donde es secretario general, aseguró ayer que "comparte" la decisión del Consell y deslizó críticas a la empresa concesionaria, que "no ha demostrado especial celo ni interés" en la gestión de aeropuertos, porque según le afeó, "no se ha presentado" a un concurso convocado "hace unos dos meses" por el Ejecutivo central para explotar distintos aeródromos, "lo que le hubiera permitido diversificar" riesgos.

Respecto al futuro de la infraestructura, añadió más incertidumbre al afirmar que se abrirá "cuando se pueda" y no descartó que fuera gestionada por Aerocas, la empresa pública que preside a pesar de que el 99% de las acciones son de la Generalitat, con la "externalización" de determinados servicios aeronáuticos. Pero también dejó caer que intentan la incorporación de AENA, el operador público del Ministerio de Fomento, e incluso que podrían vender el aeropuerto y en este sentido sostuvo que dispone de "ofertas de varias compañías". No dijo cuáles, pero insistió en este asunto al pedir celeridad al Gobierno central para la aprobación de los permisos de vuelo porque "un aeropuerto autorizado vale una fortuna" y uno sin permisos "no vale nada". Un empresario cercano al aeropuerto añadió con sorna que "lo que tiene valor es un aeropuerto con pasajeros". Precisamente lo que le falta desde que el 25 de mayo fuera inaugurado por Fabra y Francisco Camps.

www.elpais.es 19.01.12

EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN CUESTA 300.000 EUROS AL MES SIN FUNCIONAR

La promotora está en quiebra técnica, según los expertos

El aeropuerto de Castellón permanece sin aviones y su actividad sigue siendo nula, sobre todo desde que el Consell rescindiera el contrato con la empresa concesionaria. El único movimiento que se detecta en las instalaciones es el de la cuenta de gastos de la Generalitat, que a través de la sociedad promotora Aerocas afronta cada año unos desembolsos invariables cercanos a los cuatro millones de euros sin que el aeropuerto esté operativo, repartidos en sueldos, gastos de mantenimiento y conservación, y diversos capítulos como arrendamientos, cánones o costes financieros.

Más de 300.000 euros mensuales, según fuentes aeroportuarias, y sin incluir los gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas, que en 2010 superaron los siete millones de euros; la contratación de servicios profesionales independientes que en los dos últimos años han superado los 1,4 millones o el servicio de hurones y halcones para la instalación, con un precio de 90.000 euros más IVA.

El aeropuerto de Castellón, la obra impulsada por Carlos Fabra con el apoyo del Consell, carece de fecha de apertura, de permisos de vuelo y de operadora que contrate a las aerolíneas, pero ya acumula pérdidas por más de 31 millones de euros y la promotora pública Aerocas, según el último informe del Síndic de Comptes, cumple los supuestos de disolición, ya que su deuda supera a su capital. Es lo que expertos consultados por este periódico designan como quiebra técnica.

Los epígrafes del gasto invariable reflejados en el presupuesto son muy numerosos y suman cerca de tres millones de euros al año. Se trata del mantenimiento, conservación, agua, luz, contratos del personal de seguridad, arrendamientos y cánones, primas de seguro, suministros, amortizaciones, impuestos y gastos de funcionamiento. A ello hay que sumar los 1,2 millones en costes financieros anuales y los 382.000 euros en sueldos de las siete personas contratadas por la sociedad.

El portavoz socialista en la Diputación de Castellón, Francesc Colomer, pidió ayer la destitución de Carlos Fabra de la presidencia de Aerocas. Su homólogo en el Bloc, Enric Nomdedéu censuró por "escandaloso" el gasto.

www.elpais.es 011.01.12

UN COLOSO DE 20 TONELADAS INSPIRADO EN CARLOS FABRA

El líder de Castellón encargó la efigie de 300.000 euros para el aeropuerto

El aeropuerto sin aviones de Castellón tendrá pronto su particular guardián: un coloso de metal de más de 20 toneladas inspirado en la figura del presidente provincial del PP, Carlos Fabra, de cuya cabeza saldrá un avión. El artista valenciano Juan Ripollés está acabando de instalar la escultura de 24 metros de altura y 300.000 euros de coste que flanqueará la entrada al recinto aeroportuario.

Fabra: "[El escultor] se ga inspirado en mí, y creo que no inmerecidamente"

La obra ha sido objeto de polémica desde el principio tanto por su coste como por servir de homenaje a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación imputado por varios delitos fiscales y contra la Administración y todavía presidente de la empresa pública Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas), participada por la Generalitat y la Diputación.

Fue Carlos Fabra quien contrató en 2010 a Ripollés, un artista mimado por el PP de Castellón que tiene un gran número de esculturas repartidas por toda la ciudad y que ha asistido a cenas públicas de apoyo a Fabra en pleno proceso judicial. Ripollés aseguró, tras el encargo, que la escultura le serviría para honrar al impulsor del proyecto del aeropuerto. "Una figura a la que le saldrá de la cabeza un avión, ese es el germen y el esperma del nacimiento de la obra", declaró.

Una inspiración de la que se vanaglorió el propio Carlos Fabra: "Él [Ripollés] se ha inspirado en mí, y yo creo que no inmerecidamente, que he tenido mucho que ver con el aeropuerto, si se me permite la inmodestia". "Me parece maravilloso, si además inspirara a las musas ya sería perfecto", añadió Fabra.

Para la oposición, este encargo no es más que un nuevo ejemplo de "megalomanía" que costará 300.000 euros a las arcas públicas. El rostro de Carlos Fabra ya figura, junto a los de otros políticos, en el retablo de una ermita en Vall d'Alba, municipio del que es alcalde uno de los vicepresidentes de la Corporación Provincial, y en uno de los murales que decoran la Diputación.

La contratación de la gigantesca escultura, según desvela una auditoría reciente, se realizó en junio de 2010 sin contar con la aprobación del consejo de administración de Aerocas y con deficiencias en la documentación.

La Generalitat ha reconocido que fue Carlos Fabra quien firmó el contrato con Ripollés en julio de 2010, pero el pedido se fraguó un año antes. El Gobierno valenciano argumentó que Aerocas encargó a un despacho de abogados un informe jurídico "para determinar el método con el que se podría contratar a un artista de incuestionable prestigio, oriundo de Castellón, como Ripollés". A finales de 2009 el consejo de Aerocas vio una maqueta y un boceto de la obra, pero no fue hasta septiembre de 2011 cuando aprobó formalmente su contratación.

La Generalitat ha reservado 300.000 euros del presupuesto previsto para 2012 para pagar una escultura que, en su opinión, "tiene un coste muy inferior a la media de otras esculturas de aeropuertos provinciales, debido a que el artista ha renunciado a percibir ningún canon artístico".

www.elpais.es 09.01.12

EU EXIGE A CARLOS FABRA QUE PAGUE DE SU BOLSILLO SU MEGALOMANÍA EN EL AEROPUERTO

La diputada autonómica de Esquerra Unida (EU) Marina Albiol solicitó ayer que el presidente de la empresa pública Aerocas, Carlos Fabra, "pague de su bolsillo" los gastos millonarios del aeropuerto de Castellón, que fue inaugurado sin aviones y en el que se han gastado 30 millones de euros en publicidad desde 2003.

Albiol aseguró que este gasto publicitario "es una muestra más de la megalomanía" de Carlos Fabra, presidente provincial del PP de Castellón y "artífice de este proyecto exterminador de las arcas públicas y sin sentido, ya que continúa sin funcionar" casi nueve meses después de su inauguración.

Según la diputada de EU, Carlos Fabra, que fue presidente de la Diputación de Castellón hasta las elecciones municipales de 2011, tendría que hacerse cargo de estos gastos millonarios ya que no escuchó las advertencias realizadas por la Sindicatura de Comptes, el organismo que audita las cuentas de la Generalitat.

Marina Albiol pidió a Carlos Fabra que "evite a los castellonenses que paguen sus deseos personales en una época de recortes como la que estamos viviendo y de la que el PP ha hecho gala en los últimos días aplicándolos a sanidad y educación".

"La construcción del aeropuerto, incluida la escultura de Ripollés, en homenaje al propio Carlos Fabra, es una burla en la ciudadanía", prosiguió Marina Albiol, "el señor Carlos Fabra es el responsable último de esta barbaridad y tendría que responder con dinero de su propio bolsillo porque ha utilizado los fondos públicos para llevar a cabo un proyecto para satisfacer su ego y sin ninguna utilidad social".

Albiol anunció que su grupo exigirá explicaciones al Consell por el gasto desorbitado realizado por Aerocas.

www.elpais.es 09.01.12

EL AEROPUERTO SIN AVIONES DE CASTELLÓN HA GASTADO 30 MILLONES EN PUBLICIDAD

La firma Aerocas mantuvo el gasto en patrocinio pese a entrar en déficit

El aeropuerto de Castellón no ha comenzado a operar y su futuro es más incierto que nunca después de que la Generalitat haya roto el contrato con la concesionaria que debía hacerse cargo de su explotación. Pese a ello, desde que en el año 2003 se iniciaron los trámites para su construcción, la empresa Aeropuerto de Castellón (Aerocas S. L.), propiedad del Gobierno valenciano y de la Diputación de Castellón, ha gastado más de 30 millones de euros para darse a conocer a través de patrocinios deportivos, publicidad y ferias.

Un gasto que ha sido objeto de reproche continuo por la Sindicatura de Comptes [el Tribunal de Cuentas autonómico] que señala que todas las contrataciones se han realizado "sin acreditar la necesidad del gasto ni la determinación del precio del contrato" y sin analizar el posible beneficio para el aeropuerto. Aerocas admite que no puede determinar este retorno económico pero asegura que la publicidad era necesaria para atraer turistas y aerolíneas.

La pasada semana, el actual presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, anunció que este año no se promocionará el aeropuerto en Fitur porque hay que promocionar "lo que se tiene y no lo que se va a tener". Pero hasta la fecha, Aerocas ha gastado más de 30 millones en contratos para publicitar lo que aún no se ha puesto en marcha. Y tras la ruptura del contrato con la concesionaria, el inicio de los vuelos está más en el aire que nunca y la instalación se está dando a conocer por ser un aeropuerto sin aviones.

Aerocas se constituyó en enero de 2003 y ese año se hizo el primer desembolso: 62.800 euros en patrocinio de un torneo de golf y en la presentación del proyecto. El aeropuerto ni había comenzado a construirse. La inversión en publicidad creció rápidamente a partir de 2004 con los patrocinios deportivos del Villarreal CF y el CD Castellón.

A pesar de la mala marcha de Aerocas, que entró en 2006 en números rojos, los patrocinios se mantuvieron. Es más, este gasto se duplicó en 2008 y 2009 hasta llegar a los 7,75 millones de euros. En 2010, el último ejercicio auditado, Aerocas gastó 4,36 millones en patrocinio y cerró con un déficit de 31 millones.

En la actualidad, Aerocas mantiene la construcción, con un coste de 300.000 euros, de la escultura de bronce de 25 metros de altura y 20 toneladas inspirada, según el escultor Juan García Ripollés, en el impulsor del aeropuerto, el presidente provincial del PP Carlos Fabra, y ubicada en la rotonda de acceso al aeropuerto.

www.elpais.es 08.01.12

EL CONSELL SEÑALA A CARLOS FABRA COMO EL CONTRATISTA DE LA ESCULTURA DE RIPOLLÉS

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha reconocido que fue el presidente de la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), Carlos Fabra, quien firmó el contrato con el artista Ripollés para la instalación de la escultura de bronce de 25 metros de altura. La firma se produjo en julio de 2010 "mediante los poderes notariales que posee el presidente de Aerocas para este tipo de contrataciones", explicaron desde el departamento que dirige Lola Johnson.

El encargo al pintor y escultor castellonense se efectuó un año antes.

En 2009, un "reconocido despacho de abogados elaboró a petición de Aerocas", tal y como indicaron las citadas fuentes, "un informe jurídico para determinar el método con el que se podría contratar a un artista de incuestionable prestigio, oriundo de Castellón, como Ripollés".

Con este informe, y atendiendo a las características y cuantía de la licitación (300.000 euros), se consideró que el procedimiento era el negociado sin publicidad, de acuerdo con el apartado 2.1.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que así lo permite "cuando por razones técnicas, artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado".La Generalitat recoge en los presupuestos para el próximo año una partida de 300.000 euros destinados a pagar íntegramente la escultura que el artista Ripollés está levantando en la rotonda de entrada del aeropuerto de Castellón. Esto, a pesar de que la adjudicación se produjo sin la debida aprobación del consejo de administración de la empresa pública Aerocas formada por la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Generalitat (99,85%) y la Diputación de Castellón (0,15%). Desde la Consejería de Turismo alegaron que la escultura "tiene un coste muy inferior a la media de otras esculturas de aeropuertos provinciales, debido a que el artista ha renunciado a percibir ningún canon artístico y solo cubre parcialmente el coste de los materiales empleados en la obra".

La Consejería de Turismo explicó ayer que en el último consejo de administración de Aerocas del año 2009 se presentó un informe de contratación de la obra de Ripollés. Esto fue después de consultar a un gabinete de abogados en qué forma realizar la adjudicación. Los miembros del consejo pudieron ver entonces una maqueta y boceto de la obra, pero no se llevó a aprobación. "El 16 de julio de 2010 se firma con el artista mediante los poderes notariales que posee el presidente de Aerocas para este tipo de contrataciones", aseguraron las citadas fuentes.

El proceso continuó y el error no fue subsanado hasta que la Sindicatura de Comptes advirtió en su informe que esta adjudicación se produjo sin su debida aprobación y sin contar con la documentación de que el artista estaba al día de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El consejo ratificó el contrato en septiembre de este mismo año "de acuerdo con las recomendaciones de la Sindicatura" y para "una mayor seguridad jurídica de la contratación".

www.elpais.es 28.12.11

CARLOS FABRA LOGRA QUE NOMBREN VICEPRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN A SU NOVIA

La novia de Carlos Fabra cobrará 4.500 euros por 12 pagas

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, nombra vicepresidenta a la novia de Carlos Fabra. Moliner cede ante las presiones de Fabra, que quería en el puesto a su compañera sentimental.

Este martes ha renunciado a su escaño en la Diputación de Castellón el vicepresidente tercero, Vicent Aparici, porque se marcha al Senado. Quedaba por saber quién iba a ocupar la vicepresidencia vacante. El presidente, Javier Moliner, pretendía colocar en el puesto al alcalde de Nules, Mario García, pero el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, ha presionado para que ocupara el puesto su compañera sentimental y diputada provincial, Esther Pallardó.

Al final ha ganado Fabra, y Moliner ha nombrado vicepresidenta cuarta a Esther Pallardó, mientras que Miguel Barrachina deja la vicepresidencia cuarta por la tercera y se convierte en portavoz del grupo popular. El portavoz adjunto será Vicent Sales. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, que también tenía la opción de dejar la plaza vacante, ha realizado el anuncio a la finalización del pleno de la institución provincial.

Mario García asumirá las competencias de Medio Ambiente y Residuos que llevaba Aparici, y el sustituto de Vicent Aparici en la Diputación, que es el alcalde de la Vilavella, José Luis Jarque, asume el asesoramiento a ayuntamientos.

La novia de Carlos Fabra cobrará 4.500 euros por 12 pagas. En total percibirá 54.000 euros. Fabra gana 90.000 anuales como secretario general de la Cámara de Comercio. Conserva la presidencia provincial del PP y la del aeropuerto, y será juzgado en unos meses por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

www.cadenaser.com 27.12.11

LA ESCULTURA DE RIPOLLÉS DEDICADA A FABRA INCUMPLE LA LEY DE CONTRATOS

La documentación se presentó un año después de la adjudicación al escultor

La escultura que honra a Carlos Fabra en el aeropuerto de Castellón se adjudicó al artista Ripollés sin la correspondiente autorización del consejo de administración de la empresa que gestiona la instalación aeronáutica y sin tener la documentación acreditativa de que el adjudicatario está al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, requisito indispensable de la Ley de Contrataciones del Sector Público (LCSP). Esta documentación "se ha presentado con posterioridad a la adjudicación incumpliendo el artículo 130.1.c de la LCSP".

El informe de la Sindicatura de Comptes, que se ha hecho público recientemente, explica que el coste de la obra es de 300.000 euros, al tiempo que llama la atención sobre las irregularidades en la adjudicación de la escultura que pagará el Gobierno valenciano.

"Aunque el consejo de administración fue informado en fase previa y con anterioridad a la ejecución del contrato, no consta la aprobación expresa por parte del mismo que, de acuerdo con su importe, requiere la normativa interna, circunstancia susceptible de subsanación posterior", recoge el informe de la Sindicatura. En sus alegaciones, Aerocas se limita a informar de que "se ha dado cuenta del contrato en el consejo de administración del 28 de septiembre de 2011", un año después de la firma del contrato privado que se efectuó el 21 de junio de 2010, apenas unos meses antes de que Ripollés comenzara a levantar la escultura de bronce de 25 metros de altura y más de 20 toneladas en la rotonda de entrada del aeropuerto.

La Sindicatura también destaca que Aerocas tenía pendientes de pago 18,2 millones de euros a proveedores a fecha de 31 de diciembre de 2010 y apunta que la sociedad no informa de su cuantía ni de los retrasos en los pagos, pese a superar el plazo legal. En este sentido, la sociedad reconoce que acumula un aplazamiento superior al plazo legal, pero el Síndic recalca que este dato "no ha sido posible verificarlo al no disponerse de la información detallada suficiente".

La deuda a comienzos del pasado año era de 12,6 millones, por lo que se ha acumulado un 48% más a lo largo del ejercicio analizado. Junto al incumplimiento de informar sobre el periodo de pago, el informe destaca que "tampoco ha sido posible estimar los intereses devengados que deberían haber sido contabilizados por aplicación legal".

La Sindicatura constata que la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas) no ha aprobado el organigrama de su plantilla laboral a pesar de las reiteradas peticiones efectuadas en ese sentido. En el último informe vuelve a pedir su aprobación "a fin de clarificar las condiciones retributivas y laborales del personal al servicio de la sociedad". El pasado año el gasto en personal fue de 382.216 euros, casi lo mismo que en 2009. De este montante, 84.200 euros anuales corresponden al salario del director general: 42.100 euros por el desempeño del cargo de director general y otros 42.100 de complemento específico por dirigir la vigilancia y control de la obra, tal y como desvelaron las cuentas de la Generalitat aprobadas el pasado mes de septiembre. El resto se reparte entre otros seis empleados sin que conste más concreción en el informe.

Tras el requerimiento de la Sindicatura, Aerocas presentó alegaciones el pasado mes de octubre en las que asegura que ya puso a disposición del organismo fiscalizador una "plantilla definida, con un organigrama establecido y una asignación de funciones específicas para cada puesto de trabajo". Estudiada esta alegación, la Sindicatura reitera que su informe no indica que no haya una plantilla definida "sino que no consta su aprobación".

www.elpais.es 27.12.11

A Carlos Fabra le vuelve a tocar la Lotería

El expresidente de Castellón, agraciado de nuevo con una pedrea de 'el Gordo'.- El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, se lleva 625.000 euros del segundo premio de Navidad tras comprar lotería del PP de Manises

El expresidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esta provincia, Carlos Fabra, ha resultado agraciado este jueves nuevamente en el sorteo de la Lotería de Navidad, ya que contaba con varios décimos del PP de Vall d'Alba, premiados con una pedrea de 120 euros el décimo.

Así lo ha confirmado el alcalde de esta localidad y vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, quien ha afirmado que el PP local ha repartido 100.000 euros en este pueblo de la comarca de la Plana Alta.

El PP local jugaba al número 20.568, cuyas tres últimas cifras coinciden con el Gordo de la Lotería de Navidad. El número se ha vendido mediante décimos y participaciones en comercios, bares y diversos establecimientos del municipio.

Además, Carlos Fabra compró "unos cuantos décimos" en una cena comarcal del partido, según ha afirmado el alcalde.

Fabra, que ha ganado en la Lotería hasta en cuatro ocasiones, mostró este miércoles ante los periodistas su deseo de volver a verse afortunado en la Lotería de Navidad de este jueves y aseveró que le "encantaría" que le "tocara otra vez".

El Tribunal Supremo acordó en noviembre dejar sin efecto el archivo por prescripción decidido por la Audiencia Provincial de Castellón respecto de cuatro de los cinco delitos fiscales que un juzgado de Nules imputaba a Fabra, decisión que este ha recurrido ante el Constitucional.

Además, en octubre, un juzgado condenó al Bloc de Ontinyent a indemnizarle con 3.000 euros por haber utilizado su imagen en unas participaciones de lotería emitidas por este partido con el lema La Lotería que siempre toca.

En su sentencia la jueza consideraba que es "indudable" que el dirigente provincial ha sido acusado de diversos delitos y que en las investigaciones se ha puesto de manifiesto que, "al parecer, Fabra ha tenido la fortuna de verse agraciado con importantes sumas de dinero en distintos sorteos" de lotería.

Rus resulta agraciado con 625.000 euros del segundo premio de Navidad

El presidente de la Diputación de Valencia y del PP en esta provincia, Alfonso Rus, ha resultado este jueves agraciado con 625.000 euros del segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad tras haber comprado décimos de la lotería distribuida por el PP de Manises. Esta formación política ha vendido 796 décimos del 53.404, segundo premio de este año distribuido íntegramente en este municipio.

Rus adquirió la lotería a través de Enrique Crespo, uno de los vicepresidentes de la Diputación y alcalde ''popular'' de Manises, que llevó el número que ha distribuido el PP de esta población hasta la corporación provincial, según fuentes de esta institución.

Así, desde la Diputación de Valencia han comentado que Alfonso Rus compró cinco décimos del 53.404, por lo que le han tocado 625.000 euros, dado que cada décimo recibirá 125.000 euros con este segundo premio de Navidad.

Igualmente, han señalado que otros miembros del equipo de gobierno de la corporación provincial, así como personal de la institución, también han resultado agraciados al comprar los décimos que les hizo llegar Crespo.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/carlos-fabra-le-vuelve-tocar-loteria/csrcsrpor/20111222csrcsrnac_9/Tes

CARLOS FABRA SERÁ JUZGADO EN 2012 POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COHECHO Y FRAUDES FISCALES

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra será juzgado el próximo año por tráfico de influencias, cohecho y fraudes fiscales. El segundo semestre del año es el periodo que se calcula para la celebración del juicio, después de que el titular del Juzgado número 1 de Nules haya dado por concluida la instrucción sobre Fabra, aún líder del PP de Castellón, abierta en diciembre de 2003.

El conocido como caso Fabra estalló cuando Vicente Vilar, un empresario de productos fitosanitarios, le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

La investigación desembocó en la imputación al dirigente del Partido Popular por varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias y cohecho) y por fraude fiscal, tras detectar un incremento patrimonial no justificado.

El caso se estancó después de que la Audiencia de Castellón declarara prescritos cuatro de los cinco fraudes fiscales que se le imputaban. Sin embargo, hace apenas 20 días, el Tribunal Supremo sentenció que Fabra debía ser juzgado por todos los delitos de los que se le acusaba.

En el auto hecho público ayer, el titular del juzgado ha dado traslado a las partes para que en un plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento del caso o la práctica de diligencias complementarias. Después, el caso se remitirá a la Audiencia Provincial para que ponga fecha de celebración del juicio que, por el volumen de trabajo que tienen estos juzgados, podría fijarse en el segundo semestre de 2012.

En su auto, el juez describe las gestiones realizadas por Carlos Fabra ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para intentar agilizar las autorizaciones para los productos de su entonces amigo Vicente Vilar. Además, relata cómo obtuvo ganancias de este, por ejemplo, en concepto de pago de "unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregados". El juez afirma que "en parte" por las ganancias antes mencionadas, "y en parte por otras fuentes", Carlos Fabra Carreras y su entonces esposa, María Desamparados Fernández Blanes, "obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados".

Tras los dos informes de los peritos que cruzaron las cuentas y patrimonio de la pareja, el juez concluye que Fabra defraudó cerca de 694.000 euros, mientras que señala que Fernández dejó de ingresar en Hacienda casi 429.000 euros.

www.elpais.es 24.12.11

 A FALTA DE AVIONES, HALCONES PARA EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN

Aerocas estudia implantar una escuela de cetrería profesional aeroportuaria

La sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas) ha adjudicado a Arte Halcón el control de fauna de desalojo de aves, un servicio del que se hará cargo a partir de enero por algo más de 90.000 euros anuales más IVA frente a los 112.000 previstos en la licitación. El contrato se sitúa así por debajo del coste del resto de aeropuertos valencianos. Arte Halcón es uno de los mayores proveedores de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y actualmente la empresa que dirige el valenciano Fernando Olmos se hace cargo de cinco aeropuertos, entre ellos el de Manises. Pero es el control del aeródromo castellonense lo que podría llevar a Olmos a hacer realidad uno de sus sueños: crear la primera escuela de halconeros de aeropuertos profesionales de España.

Según la empresa Arte Halcón, Vilanova d'Alcolea sería "el lugar ideal"

En 2009 Olmos expresó su objetivo de crear una escuela para formar halconeros especialistas en el control de fauna de los aeropuertos y el contrato de la instalación castellonense le sitúa más cerca de conseguirlo. "Ya hemos presentado el proyecto a Aerocas, lo hemos hablado y lo están estudiando", explica. Según apunta, el aeródromo de Vilanova d'Alcolea sería "el lugar ideal" para esta especie de universidad de halconeros, puesto que no se puede llevar a cabo en zonas con muchos vuelos. Y el aeropuerto de Castellón aún no ha cerrado acuerdos con ninguna compañía.

El propósito es crear una titulación oficial y la empresa ya se ha dirigido al Gobierno para iniciar los trámites. "El Ministerio de Cultura estaría de acuerdo con esta titulación", asegura. De hecho, el delegado en cetrería del ministerio, Javier Ceballos, ha asegurado que "urge profesionalizar este servicio" porque la cetrería es el recurso "más barato, rápido, eficaz y ecológico" para erradicar las aves en las cercanías de los aeropuertos.

El método se utilizó por primera vez en 1968 cuando Félix Rodríguez de la Fuente usó halcones para alejar aves de la base aérea de Torrejón de Ardoz. Poco después, Barajas adoptó este servicio y en la actualidad son 33 los aeropuertos de AENA que utilizan a estas rapaces para espantar aves y evitar los temidos impactos contra los aviones.

En cuanto al control de la fauna en el aeropuerto de Castellón, Fernando Olmos destaca la particularidad del entorno. "Está rodeado por una zona de especial protección de aves (ZEPA) por la presencia del aguilucho cenizo y tendremos que actuar para evitar que se acerquen", explica. A ello se suma una elevada población de conejos que obliga a contratar, además, el servicio de huroneros. El pliego de licitación pedía tres halconeros y un huronero, con ocho ejemplares de cada especie.

A la empresa le queda poco tiempo para comenzar a operar. El pliego de condiciones fija en el próximo enero el inicio de los trabajos para el control de fauna. "Esto nos dará tres meses para limpiar la zona antes del inicio de los vuelos, que está previsto en abril", apunta. No obstante, el aeropuerto de Castellón aún está a la espera de recibir los permisos, contratar servicios imprescindibles como el de bomberos y cerrar acuerdos para que opere alguna compañía aérea.

www.elpais.es 09.12.11

RIPOLLÉS COMIENZA A MONTAR LA ESCULTURA INSPIRADA EN FABRA EN EL AEROPUERTO DE CASTELLÓ

El artista, también con paga del Consell, ha cobrado en 20 años 1,3 millones por encargos de instituciones castellonenses

Juan García Ripollés, uno de los veinte artistas que seguirá cobrando la paga vitalicia anual de 12.020 euros que otorga la Generalitat con la Distinción al Mérito Cultural, toda vez que la eliminación de la dotación económica que acompaña al premio no tendrá carácter retroactivo, ha comenzado a montar ya su última obra por encargo de las administraciones. Se trata de la escultura inspirada en el presidente del PPCV de Castelló y extitular de la diputación, Carlos Fabra, que decora la rotonda de entrada al aeropuerto y ha costado 300.000 euros.

Y es que los 12.020 euros no son los únicos ingresos procedentes de las arcas públicas que se embolsa el escultor. Desde hace años, Ripo es el artista oficial en la ciudad de Castelló, además de tener varias de sus obras en lugares públicos de Valencia y Alicante. Una de sus últimas y más polémica obras es la citada escultura del aeropuerto castellonense, de 25 metros de altura y más de 20 toneladas, en homenaje al líder provincial castellonense y gran amigo, Carlos Fabra. Los 300.000 euros los asumirá la sociedad pública Aerocas, presidida también por Fabra.

En cuanto al resto de las esculturas que ha hecho a petición de administraciones públicas, poco se sabe del importe desembolsado, aunque el propio Ripollés ha llegado a asegurar que con las obras públicas hechas en Castelló no gana "ni para un café". Es más, el artista asevera que las obras "siempre me cuestan mucho más dinero de mis ahorros porque me cuestan mucho más de lo que pone en el contrato, pero yo lo hago para darlo a la ciudad".

Con todo, y tomando como referencia el tamaño y presupuesto de la futura escultura del aeropuerto, se puede estimar que Juan Ripollés se habría embolsado 1,3 millones en 20 años, solamente con las obras públicas de Castelló, lo que supondría unos ingresos de 5.000 euros mensuales desde 1990. Además, Ripollés tiene otras dos esculturas en la Vall d'Alba donde gobierna el popular Francisco Martínez.

Ripollés empezó a colaborar de forma habitual con el Ayuntamiento de Castelló cuando el PP se hizo con la alcaldía, aunque una de sus primeras esculturas (ubicada en el Planetario del Grau) se construyó con el PSPV. Sus raíces ideológicas de izquierdas (él mismo ha contado alguna vez que participó en el Mayo francés) no han sido un impedimento para convertirse en el artista de cabecera del PP.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/12/09/ripolles-comienza-montar-escultura-inspirada-fabra-aeropuerto-castello/863450.html

Fabra vuelve a estar acusado por cinco delitos fiscales


Cuando la Audiencia Provincial de Castellón archivó por prescripción cuatro de los cinco delitos contra la Hacienda Pública por los que estaba acusado, el entonces presidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, lo presentó como una absolución y anunció que nunca le iban a "poder juzgar de nada".

Con esa peregrina teoría, el Tribunal Supremo debió dar ayer un gran disgusto al presidente del PP castellonense, porque no sólo revocó la prescripción de dichos delitos, sino que también hizo un severo repaso al tribunal provincial que había reducido su imputación a un único delito fiscal. El cohecho y el tráfico de influencias por los que también está acusado siempre se mantuvieron, pero Fabra lo obvió en sus manifestaciones tras conocer que la Audiencia le había dado la razón parcialmente.

La sentencia del Supremo implica que el político no se librará del banquillo

La sentencia del Alto Tribunal, de la que ha sido ponente Julián Sánchez Melgar, destaca "la contradicción en que incurre" la Audiencia de Castellón a la hora de decretar la prescripción de cuatro de los delitos fiscales imputados.

El tribunal de instancia argumentaba para ello que "no existe imputación", pero el Supremo le recuerda que,"sin embargo", él mismo "trata como imputados a los querellados", señala la resolución. El Alto Tribunal encuentra dicha "contradicción" en un auto que incluyó entre los delitos fiscales prescritos el correspondiente a 1999 "respecto a la imputada María Desamparados Fernández", que fue esposa de Fabra.

Pero es más, la sentencia destaca que ya el 28 de febrero de 2006, la propia Audiencia dirigió el procedimiento contra Fabra y su familia, lo que vetaría cualquier posibilidad de prescripción de los delitos imputados, que nadie discute que está fijado en cinco años.

Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Fabra y la acusación más de 20

Ese auto expresaba la necesidad de realizar "una prueba pericial" por un técnico de Hacienda que "determinará la naturaleza y origen del incremento patrimonial experimentado por Fabra, esposa e hijos durante los últimos cinco años (1999 a 2004) y su incidencia fiscal", un aspecto que tanto el instructor como las acusaciones consideraban "clave" para esclarecer los hechos investigados. Pese a esa mención expresa a la familia Fabra, la Audiencia provincial consideró después que faltaba una imputación formal contra ella y, por tanto, declaró prescritos cuatro delitos fiscales de los que estaban acusados.

Investigado desde hace años

El Supremo, tras repasar la jurisprudencia existente sobre prescripción incluida la del Constitucional, tribunal con el que ha discrepado en sonadas ocasiones en esta materia, señala que ese auto de 2006 de la Audiencia presenta un contenido acusatorio suficiente contra "personas determinadas nominativamente a las que imputa la presunta comisión de uno o varios delitos fiscales, en los ejercicios 2000 a 2003, por el IRPF o por el Impuesto de Sociedades, y consiguientemente ordena su investigación". Y eso significa que ese auto, que conllevaba la puesta en marcha de una investigación delictiva, "tiene capacidad para interrumpir la prescripción".

El president de la Generalitat se muestra confiado en su futura absolución

Con la decisión del Alto Tribunal, Fabra ya no se librará de sentarse en el banquillo de los acusados por delitos nada baladíes: cinco contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él 15 años de cárcel y la acusación que ejerce la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana eleva su petición a más de 20. Amén de importantes multas. La Fiscalía Especial la fija en 2,3 millones para el expresidente de la Diputación de Castellón, que tendrá, además, que devolver a Hacienda el dinero que presuntamente defraudó: 886.473 euros. Para su exmujer, el Ministerio Público solicita una pena de ocho años de cárcel y multa de 1,2 millones de euros por cuatro delitos contra la Hacienda Pública bajo la acusación de no haber declarado 586.369 euros entre 1999 y 2003.

Intermediación

Las acusaciones sostienen que en 1999 el empresario Vicente Vilar y su esposa, Montserrat Vives Plaja (que se enfrentan a sendas penas de cuatro años de cárcel y multa de 600.000 euros por cohecho), contactaron con Fabra. Querían que las empresas en las que el primero era administrador único, Naranjax y Arcavi (la sociedad que sintetizaba los productos fitosanitarios de la primera entidad), "intermediara y tratara de influir ante los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de sus productos".

Fabra, según las acusaciones, se reunió con los ministros y secretarios de Estado del ramo, y el 18 de octubre de 1999 se aprobó la licencia para la producción y comercialización del fitosanitario Abamec. Fabra, supuestamente, pidió 25 millones a los empresarios. El 28 de abril de 2000 creó la sociedad Carmacas, a través de cuya facturación ocultó los pagos que recibía de Vilar, con genéricos informes sobre seguridad en el trabajo.

El presidente de la Generalitat valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, se tomó la decisión del Supremo con deportividad. Pidió respeto para las decisiones de la Justicia y dijo "esperar y confiar en ella", para que finalmente "un compañero pueda ser absuelto", informa Europa Press.

Con semejantes acusaciones contra Fabra, el juez sólo puede abrir juicio oral en cuanto cumpla el trámite de transformar las diligencias en procedimiento abreviado

www.publico.es 02.12.11

EL SUPREMO ORDENA QUE CARLOS FABRA SEA JUZGADO POR CINCO DELITOS DE FRAUDE FISCAL 

El presidente del PP de Castellón está también acusado de tráfico de influencias y cohecho 

La sala segunda del Tribunal Supremo ha decidido rechazar la prescripción de cuatro de los cinco delitos fiscales de los que se acusaba al expresidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra. En un auto hecho público hoy, la sala ha admitido los recursos presentados por la fiscalía, la acusación popular y la abogacía del Estado contra la prescripción que determinó la sección segunda de la Audiencia de Castellón. Así, ordena que Fabra sea juzgado por los cinco delitos fiscales de los que había sido acusado. Además está imputado por tráfico de influencias y cohecho. 

La audiencia consideró, en diciembre de 2010, que el hecho de que esta propia sala dictara el inicio de la investigación sobre el incremento patrimonial del dirigente del PP no implicaba el acto jurídico suficiente para paralizar los plazos de prescripción. Fue entonces cuando Carlos Fabra comparó la prescripción con la absolución. Sin embargo, el Supremo considera ahora que las actuaciones practicadas, la decisión de admitir o rechazar pruebas, así como la resolución del señalamiento del juicio oral “tienen virtualidad interruptora” del plazo. Y todas estas prácticas se dieron durante los cinco años que pasaron desde que se inició la investigación hasta que se detectaron los delitos fiscales. 

Según los peritos judiciales, que son inspectores de Hacienda, Fabra defraudó, junto con su entonces esposa, María Amparo Fernández, un total de 1,5 millones de euros durante cinco ejercicios fiscales. El fraude a la Hacienda pública se produjo, según los peritos, tras el ingreso de más de 3 millones de euros de origen no justificado. Tras varios meses, Fabra solo logró aclarar el origen de 332.565 euros, es decir, el 9% del total de 3,7 millones que los peritos judiciales le imputaron inicialmente como ingresos no justificados en sus cuentas. 

El titular del juzgado número 1 de Nules consideró que el plazo de prescripción de los delitos, supuestamente cometidos entre 1999 y 2004, se había interrumpido con la investigación. Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón resolvió un recurso a favor de Fabra y dictó que los cinco años de investigación de dichos delitos no suponían el acto jurídico necesario para paralizar el plazo. Tras la resolución de la Audiencia, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular decidieron recurrir y ahora el Supremo les ha dado la razón. 

Tras las conclusiones de los informes periciales, la Fiscalía pidió 15 años de cárcel para el ahora expresidente de la Diputación de Castellón, mientras que la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, elevó la petición de pena a 20 años y nueve meses de prisión. 

Carlos Fabra está también imputado ante la posible comisión de tráfico de influencias y cohecho desde hace más de siete años, cuando fue denunciado por un empresario, Vicente Vilar, hasta entonces amigo suyo, que le acusó de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de “favores políticos”. 

Tras conocer la resolución, el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, ha pedido respeto a las decisiones de la justicia. Ha dicho que hay que "esperar y confiar en ella", para que finalmente "un compañero pueda ser absuelto". Fabra no ha querido valorar la decisión del Supremo pero sí ha negado que vaya a solicitar la suspensión de militancia del presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra. 

www.elpais.es 01.12.11 

CARLOS FABRA SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO TRAS OCHO AÑOS DE INVESTIGACIÓN 

El todavía líder del PP en Castellón se enfrenta a una petición de condena de hasta 20 años de cárcel y una indemnización de más de 2 millones de euros  

Según el último informe judicial de los peritos de Hacienda elaborado a instancias del juzgado instructor de Nules, Carlos Fabra y su exmujer, María Amparo Fernández, ingresaron entre 1999 y 2004 un total de 8,3 millones de euros en efectivo, cheques y transferencias bancarias, de los que no han podido justificar 3,3 millones. Un total de 1,9 millones corresponden a Fabra y 1,4 a María Amparo Fernández. La sentencia del Supremo también revoca la decisión de la Audiencia de Castellón en lo concerniente a la expareja de Fabra, que fue exculpada por el tribunal provincial. Por lo tanto, sigue acusada por cuatro delitos fiscales. 

La causa regresará ahora a la Audiencia Provincial de Castellón y según fuentes del caso, se iniciará el procedimiento para que el presidente provincial del PP sea juzgado por un tribunal ordinario. 

Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra y una multa de 2.3 millones de euros, mientras que la Unión de Consumidores de España, acusación popular en el caso, eleva a 20 años la petición de condena. Su defensa solicita la libre absolución. 

El caso Fabra se remonta al 18 diciembre de 2003, cuando el programa 'Hora 25' de la Cadena SER informó sobre las dos querellas interpuestas por un empresario de Artana, Vicente Vilar, contra el presidente del PP y de la Diputación de Castellón, porque supuestamente, le cobraba comisiones a cambio de su gestión ante los ministerios de Aznar para aprobar los fitosanitarios que ambos fabricaban. 

Un mes más tarde, el juzgado número 1 de Nules ordenaba que Carlos Fabra fuera investigado por supuestos delitos contra la Administración Pública, que contempla el cohecho, el tráfico de influencias, y las negociaciones prohibidas entre otros, al observar indicios de delitos.

La titular del juzgado imputó por esos supuestos delitos al presidente provincial, a su esposa, María Amparo Fernández, a Vicente Vilar, y a su ex mujer, Montserrat Vives. 

Los 4 pasaron por el juzgado y de sus declaraciones se dio a conocer un supuesto entramado de empresas para beneficiarse del negocio de aquellos productos. 

Pagos en bolsas de plástico 

Según la declaración de Vilar, Carlos Fabra cobraba desde 1999 a veces en negro, en bolsas de plástico, y otras a través de su empresa Carmacás, por mediar ante los ministerios para conseguir la autorización de los fitosanitarios. Estos productos, eran vendidos a través de la empresa Artemis 2000, que Vilar y Fabra pusieron a nombre de sus esposas, consiguiendo también por esa vía, cuantiosos beneficios. 

Incremento patrimonial y un Picasso 

El incremento patrimonial de Carlos Fabra durante esos años, con un sueldo de 6.000 euros al mes de la Diputación, fue sorprendente, según sus propias declaraciones de bienes. Multiplicó por siete el valor de su patrimonio y por once el número de sus acciones en bolsa. A partir de 1999 adquiere cinco nuevas viviendas, varias de ellas de lujo soportando hipotecas por más de 500.000 euros, coches de alta gama como un Jaguar o un Mercedes, diversas parcelas, y obras de arte de gran valor, incluido un grabado de Picasso. 

Con el cambio de Gobierno en marzo de 2004, el nuevo Fiscal General del Estado sustituyó a Javier Arias como representante del ministerio público en el proceso, y la fiscalía anticorrupción se hizo cargo de la investigación. 

La primera consecuencia fue la apertura de otra investigación penal contra Fabra por un supuesto delito fiscal. La Agencia Tributaria le acusó por no haber declarado más de 600.000 euros ingresados en efectivo en un centenar de cuentas bancarias en 1999, y casi 300.000 euros más en cheques.El representante legal de Fabra se reunió en más de 20 ocasiones con los inspectores de Hacienda pero no pudo explicar de dónde venía ese dinero. 

Un informe pericial de la Agencia Tributaria a instancias del propio juzgado reveló que entre 2000 y 2004 habría cometido cuatro delitos fiscales más. Fabra aseguró que todo lo que tenía que decir al respecto lo diría ante la justicia. Sin embargo, la juez le citó de nuevo a declarar, y Fabra no quiso contestar a sus preguntas. El presidente de la Diputación negó que hubiera cobrado por mediar ante los ministerios. 

Decenas de personas han pasado por los juzgados de Nules desde que hace casi 8 años se iniciaron los trámites de investigación. Entre las declaraciones, las de cuatro ex ministros de Aznar. Uno de ellos, el ex ministro de Agricultura, Jesús Posada, reconoció que Carlos Fabra, Juan Costa, y otros parlamentarios del PP de Castellón se reunieron con él en la sede del ministerio en Madrid y le pidieron agilidad en los trámites de aprobación de los fitosanitarios de Vilar. Un interés que el propio ex ministro calificó de inusual. Todos los ex ministros, a excepción de Costa, admitieron contactos o reuniones para aprobar esos productos. Además, una ex directora general del Ministerio de Sanidad reconoció que el ministerio informó a Fabra sobre cómo iban los trámites de legalización de los fitosanitarios. 

En el plano político, el Partido Popular ha cerrado filas en torno a Fabra desde la apertura de la investigación, aun cuando incumplía su propio código ético. Personalidades relevantes como Aznar o Rato eludieron en su día pronunciarse al respecto; Mariano Rajoy llegó a calificar a Carlos Fabra como "ciudadano y político ejemplar". 

www.cadenaser.com 01.12.11

El Gobierno valenciano y la Diputación de Castellón se gastan 3,5 millones en el torneo de golf de Carlos Fabra

El Consell dobla el presupuesto del torneo mientras recorta en Sanidad y Educación

Hasta el próximo domingo se celebra en el campo de golf La Coma de Borriol (Castellón), que preside Carlos Fabra, la cuarta edición del Castellón Masters. Un torneo de élite, al que acuden como invitadas distintas personalidades y famosos.

Hasta ahora, la Generalitat gastaba cada año 1,7 millones de euros, según las respuestas parlamentarias escritas del Consell a la diputada de Iniciativa Mireia Mollà, mientras que la Diputación ponía 300.000.

Sin embargo, este año, según figura en la cuenta general del Consell Valencià d'Esport, que depende de la consellera Lola Johnson, el gasto previsto es de 3.136.028 euros, mientras que la Diputación aportará 364.000 En total, 3,5 millones de euros en el torneo que se juega en el campo presidido por Carlos Fabra.

La diputada autonómica de Esquerra Unida por Castellón, Marina Albiol, considera escandaloso el gasto. Critica que el Consell casi lo duplique, mientras recorta en "Sanidad, Educación, no paga lo comprometido por la Ley de Dependencia ni a los proveedores". Marina Albiol solicitará la comparecencia en Les Corts de la consellera de deportes, Lola Johnson, para que explique el asunto.

El Castellón Masters de golf fue aprobado por Francisco Camps desde la presidencia del Gobierno valenciano, para desagraviar a Carlos Fabra, después de que en Valencia organizasen la Fórmula 1 y la Copa del América, y en Alicante la Volvo Ocean Race.

www.cadenaser.com 21.10.11

EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN, SIN AVIONES PERO CON HALCONES

La administración valenciana licita el control de la fauna y el desalojo de aves

El choque de un ave con un avión se sitúa en el puesto 29, de los 33 principales riesgos que pueden causar un accidente aéreo. Para evitarlo, en muchos aeropuertos se utiliza la cetrería, el vuelo de grandes halcones adiestrados para espantar o cazar otras aves. En Castellón también se va a hacer aunque el riesgo, de momento, sea nulo, ya que puede haber aves pero lo que no hay son aviones.

La sociedad pública Aeropuerto de Castellón (formada por la Diputación provincial y la Generalitat Valenciana) ha sacado a licitación el servicio de “control de fauna, desalojo de aves y de fauna terrestre” por un coste total de más de 450.000 euros. La sociedad ya sabe que en 2012 se gastará 112.000 euros en este servicio, aunque aún no tiene ni un contrato firmado con aerolíneas para volar desde o hasta el aeropuerto de Castellón.

Por los cielos de las instalaciones volarán ocho halcones adiestrados. Y por los suelos, por los que tampoco se puede ya pasear, pese a que ese era el objetivo para inaugurar el aeropuerto antes de tener los permisos de vuelo, ocho hurones “perfectamente legalizados y registrados”. Sin embargo, el paseo de estos 16 animales quizá se convierta en el nuevo atractivo del aeropuerto.

El control de la fauna que rodea los aeropuertos españoles comenzó a finales de los 60, cuando los norteamericanos de la base aérea de Torrejón de Ardoz dieron la voz de alarma ante las graves interferencias que provocaban las bandadas de sisones. Fue Félix Rodríguez de la Fuente quien propuso la solución de los halcones y, desde entonces, los aeropuertos los han utilizado como método para evitar el peligro del cruce entre estos y el vuelo de aeronaves.

La normativa internacional recomienda el uso de procedimientos acústicos, aunque contempla también el empleo de la cetrería.

Pese a que, según los expertos, las hembras, por su mayor anatomía, cumplen la tarea con más efectividad que los machos, el pliego de condiciones para el servicio del aeropuerto de Castellón no recoge ningún condicionante a este respecto. Como tampoco incluye ninguna cláusula que prevea qué pasará con el concurso si la puesta en marcha de las instalaciones, con aviones, se demora aún más.

De momento, el aeropuerto sigue sin tener los permisos de vuelo, aunque ya los ha solicitado. Y pese al anuncio de negociaciones con varias compañías, solo Air Nostrum ha mostrado un interés real por operar en Castellón. Aún así, su consejero delegado, Carlos Bertomeu, declaró hace unas semanas que "con la que está cayendo, no es época de sembrar y añadió que “operar en el aeropuerto de Castellón evidentemente es una siembra porque cualquier aeropuerto nuevo implica perder dinero y las siembras ahora son menos apetecibles que antes”.

www.elpais.es 19.10.11

EL ADIÓS DE CARLOS FABRA

El mandatario popular agota sus últimos días al frente de la diputación. Durante 16 años, el controvertido político ha imprimido su particular huella a una institución desde la que ha dirigido con puño de hierro los destinos de la provincia.

En una entrevista concedida a este diario, el que fue conseller y presidente de la diputación Joaquín Farnós recordó la conversación que mantuvo en 1995 con Carlos Fabra en el transcurso de una cena de celebración de la victoria electoral del PP. Farnós se dirigió al nuevo presidente de la diputación en los siguientes términos: «Nunca nadie en la provincia ha tenido el poder que tú vas a tener, ni siquiera en la dictadura con los gobernadores civiles, ni tampoco tu padre».

Fabra abandonará en unos días la diputación y, echando la mirada atrás, se puede concluir que aquella frase lapidaria pronunciada por Farnós hace 16 años fue certera. Presume en su despedida de los ininterrumpidos éxitos electorales y del inquebrantable apoyo que le ha brindado el partido desde que ganó la diputación. Sin embargo, no siempre fue así, ya que el político se forjó en el bando de los perdedores.

Antes de ocupar el sillón presidencial, pasó ocho años (de 1987 a 1995) en el banquillo de la oposición. Algo parecido le había pasado unos años antes con la presidencia del PP. Falló en sus dos primeros intentos contra José María Escuín y, en 1990, al tercer intento, consiguió un cetro que aún no ha soltado.

Con el mando del partido y la diputación, confundiendo continuamente los ámbitos orgánico e institucional, se convirtió en el hombre más poderoso de la provincia. Tal como había pronosticado Farnós aquella noche electoral de 1995.

Irrupción en la diputación

La entrada de Fabra en la diputación supuso una auténtica revolución. Se marcó como reto convertir una entidad anacrónica y anquilosada en motor de desarrollo de la provincia. Las limitaciones presupuestarias no fueron obstáculo y las superó a base de préstamos para financiar las inversiones. Su predecesor en el cargo, el socialista Francisco Solsona, dejó las arcas provinciales con una deuda de 19,2 millones de euros. En la primera etapa de Fabra, la cifra se disparó por encima de los 100 millones. A partir del segundo mandato se estancó la tendencia al alza, debido en buena medida a la entrada de un nuevo equipo de intervención que embridó la deuda.

Los ocho primeros años de Carlos Fabra en la diputación coincidieron con su etapa de esplendor político. Fue la época de los veraneos de José María Aznar en Platgetes, cuando la corte popular se trasladaba de vacaciones a Orpesa y Fabra ejercía de anfitrión, codeándose con la plana mayor del PP.

Uno de los principales méritos de Fabra fue reglar los planes provinciales de obras y servicios, que se han convertido en la principal herramienta inversora para los municipios castellonenses. A través de estos planes se han impulsado en los últimos 16 años más de 3.000 obras por un importe cercano a a los 200 millones de euros. Más arbitrario ha sido en la firma de convenios singulares, en los que los municipios gobernados por el PP han salido claramente beneficiados.
El aún presidente suele decir que el Hospital Provincial es el logro del que se siente más orgulloso. Recuerda que cuando entró en la diputación, el hospital estaba casi en ruinas y hoy en día es un moderno centro que cuenta con dos importantes fundaciones: una de oncología y otra de oftalmología. Y cómo no el aeropuerto, inaugurado hace un par de meses aunque sin aviones. Nada más asumir la presidencia, Fabra se marcó el objetivo de conseguir que Castelló dejara de ser la única provincia del arco mediterráneo sin conexión aérea. Promovió el proyecto desde la diputación, una institución sin competencias en la materia. No consiguió embarcar al Gobierno de Aznar –reacio al proyecto– pero sí a la Generalitat con la creación de la empresa Aerocas, que él mismo preside. Tras recorrer un camino tortuoso, el aeropuerto es una realidad, a la espera de que lleguen los aviones. Su viabilidad es una incógnita.
En cambio, Fabra no ha conseguido cumplir otro de sus sueños: Mundo Ilusión. En 1999 presentó su propuesta de un parque de ocio dedicado al circo y la magia que albergaría la sede europea del Circo del Sol. Como en el aeropuerto, implicó a la Generalitat, que, sin embargo, acabó enterrando el proyecto tras dilapidar cientos de miles de euros.

El clientelismo ha sido una de las características del mandato de Carlos Fabra. Llamativa es la amplia nómina de asesores (casi 40), en la que tienen cabida políticos semirretirados, cargos del PP e incluso familiares de miembros del partido. Lo proclamó él mismo en un pleno: «Cuando quiero colocar a alguien lo nombro asesor. Y punto». Esta plantilla de asesores, unida a los diputados liberados, conforman una red de políticos profesionales al servicio de Fabra y del PP. El socialista Francesc Colomer acuñó el término «colocódromo» para definir la política de contrataciones en la diputación.

La personalidad de Carlos Fabra –locuaz, temperamental, carismático– ha dado a la diputación una dimensión inusual. Todos coinciden en que su marcha y la entrada de Javier Moliner rebajarán la repercusión de una institución gris por naturaleza. Fabra ha utilizado la entidad provincial como plataforma reivindicativa y no se ha mordido la lengua a la hora de criticar al Consell de Francisco Camps por el maltrato a Castelló.

Pese a su actitud anárquica y políticamente incorrecta, Fabra tiene muy interiorizada la disciplina del partido. Fue clave en el ascenso de Zaplana y luego ha sido uno de los principales sustentos de Camps. Sus aspiraciones políticas no han traspasado las fronteras de la provincia, cuyo destino ha dirigido con puño de hierro en los últimos tres lustros. En alguna ocasión ha bromeado con la idea de la segregación y la constitución de la comunidad autónoma de Castelló. La cosas empezaron a torcerse para el presidente a finales de 2003, cuando un empresario químico de Artana, que había sido amigo suyo, se querelló contra él dando lugar al conocido como «caso Fabra». La victoria del PSOE en las generales de 2004 supuso la personación en la causa de la Fiscalía Anticorrupción, que puso contra las cuerdas a Fabra. Sin embargo, aguantó el chaparrón, atrincherado en la diputación, rodeado de sus incondicionales.

Trasplante de hígado

Pero la prueba más dura la ha tenido que superar al final de su mandato. En marzo de 2010, delegó de manera indefinida la presidencia de la diputación y se marchó a Madrid para someterse a un trasplante de hígado. La operación fue un éxito y, tras varios meses de baja, regresó triunfante a la diputación para recorrer el tramo final de su reinado.
En estos 16 años, el presidente provincial ha visto pasar por la bancada de la oposición a tres portavoces del PSOE: Ximo Puig, Enrique Navarro y Francesc Colomer. La enemistad hacia el alcalde de Morella es manifiesta y una de las frustraciones de Fabra es no haber podido desbancar a Puig de la alcaldía. Y eso que puso todo el empeño, hasta el punto de arrebatar al ayuntamiento la gestión del patrimonio.

Con Enrique Navarro coincidió durante ocho años y ambos mantuvieron (y mantienen) una relación cordial. El exalcalde de Onda hizo una oposición tibia y rehuyó en todo momento el «caso Fabra». La enemistad hacia Puig se eleva a la categoría de animadversión en el caso de Francesc Colomer. La crispación ha alcanzado niveles sin precedentes en el último mandato y Colomer ha conseguido que el presidente de la diputación perdiera los papeles en varias ocasiones, sobre todo con su insistencia en el «caso Fabra». En el pleno del pasado martes, el mandatario provincial se despidió del portavoz socialista con un «hasta nunca».

Despedida a medias

La marcha de la diputación no implica la retirada de Fabra de la política. Seguirá al frente del PP hasta las generales y presidirá el aeropuerto hasta que lleguen los aviones. Próximamente ingresará en la Cámara de Comercio hasta la jubilación.

www.levante-emv.com 05.06.11

C. VALENCIANA: EL HOMBRE QUE LO QUERÍA TODO

Fabra se resiste a dejar el poder tras 24 años en la Diputación de Castellón

Si tres cosas hay en la vida, las tres se concentran en Carlos Fabra. Más otras dos: fortuna y poder. Limitado, pero poder. Y será por aquello de la erótica de, pero se resiste a soltarlo.

Mantendrá su cargo en el PP hasta elaborar las listas de las generales

No quiere lidiar con apreturas, recortes, ni con la reducción de asesores

A punto de cumplir 65 años, habiendo superado un trasplante de hígado, con un sueldo de 90.000 euros anuales, coche oficial, chófer y escolta y su vida personal estabilizada, Fabra confía en que le siga tocando la lotería. Así, se ha despedido de la vida institucional, del púlpito público, aunque no del todo. Carlos Fabra dice que se va, se ha despedido de sus críticos con un "adiós, hasta nunca", pero sus palabras demuestran que está aún muy alejado de la jubilación o de un retiro.

Tras haber anunciado que dejaría de ser presidente de la Diputación, realizó vanos intentos por mantener un cargo institucional. Como no iba a ir mendigando, pasó a hablar de una asesoría pública, pero también topó con negativas. Fueron las primeras, y prácticamente las únicas, muestras de los límites que le van a marcar sus descendientes políticos, que, durante la campaña, incluso le invitaron a no acudir a actos públicos para evitar que acaparara los focos de las cámaras dado que no figuraba en ninguna candidatura.

Carlos Fabra no se va del todo. Antes de irse ha dejado prácticamente conformado el nuevo Grupo Popular en la Diputación. Y quienes siguen, agradecidos, le mantendrán informado de lo que se cuece en la plaza de Las Aulas. Seguirá como presidente del PP provincial, desde donde aún podrá seguir manejando los contactos con los pueblos y, por supuesto, las listas para las próximas elecciones. Será el que decida quién figura en las candidaturas que aspiran a los suculentos cargos de diputado y senador. Y se mantendrá, según anunció, como presidente de Aerocas, la sociedad pública promotora del aeropuerto, aunque esto signifique cambiar los estatutos de la mercantil desde la que, de momento, prácticamente solo se reparten patrocinios. Se trataría de una cuestión más personal que política, si ambas no confluyeran con tanta intensidad como lo hacen en su persona. Pero es que no quiere ser recordado como el que inauguró el aeropuerto sin aviones, algo que ha merecido la sorna de todo el país.

Todo ello le permitirá, además, que se le pueda seguir llamando presidente, apelativo del que no se desacostumbrará fácilmente, cuando deje realmente de serlo, que algún día llegará.

Y mientras, aún se permite llamar a capítulo a su sucesor, Javier Moliner, o al alcalde de Castellón, Alberto Fabra (que el viernes pasó por el despacho del aún presidente de la Diputación) para tratar de dogmatizar sobre las líneas a seguir, porque sabe que estos quieren volar solos cuando es él quien mejor conoce el partido, la provincia, las instituciones, a los alcaldes, los afiliados y sus simpatizantes, sus virtudes y defectos y, claro, sus flaquezas. "No sé a cuánta gente habré colocado", se le oyó decir en una grabación hurtada. Y, ni antes ni después, se le ha oído una reflexión sobre la diferencia entre el respeto y el miedo.

Lo que sí tiene en su haber es el haber marcado, en dos tramos diferentes, la senda por la que le ha seguido el presidente de la Generalitat y presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. La primera, al recordarle la necesidad que tuvo de su apoyo para lograr la dirección del PPCV y, posteriormente, mantenerse en ella, tal como luego Camps le espetó al líder nacional, Mariano Rajoy, respecto a los votos valencianos para llegar a la Moncloa. La segunda, al demostrar que era factible estar imputado y, sin apenas dar explicaciones públicas, mantenerse en el cargo hasta creerse absuelto después de que el PP revalidara su triunfo. Él, supuestamente, por enriquecerse haciendo favores políticos y, además, no declararlos a Hacienda y su "jefe", al parecer, por recibir dádivas de una trama corrupta cuyo engrandecimiento ha supuesto una merma en las arcas públicas, entre otras cosas.

Bien es cierto que a Carlos Fabra no le han echado los votantes, ni su partido, ni, de momento, la justicia, que sí ha encontrado "indicios racionales de criminalidad" en sus prácticas. "Me voy cuando he querido", ha dicho. "Yo he marcado mi propia hoja de ruta", ha insistido. Lo cierto es que le pesa el desgaste después de 24 años en la Diputación, 16 de ellos en el Gobierno.

Se medio va porque solo sobrelleva eso de que le eludan en las fotos, que no le atiendan en los despachos del Gobierno valenciano, que se haga evidente su falta de poder, más allá de Almenara. Porque es consciente de haber "dirigido" la provincia durante los mejores años, en pleno boom económico, cuando decenas de pueblos confiaron en sus gestiones para sacar adelante programas urbanísticos y campos de golf que podrían ser el futuro de una provincia que ha saltado, sin red, de la agricultura a ese turismo, panacea del progreso vociferado en la Comunidad Valenciana. Y ninguno de esos grandes proyectos se ha ejecutado.

Se medio va, después de haber desplegado una inimaginable red de instalaciones deportivas y piscinas climatizadas que salpican hasta los más recónditos lugares de la provincia y cuyo mantenimiento sufren ahora los Ayuntamientos con agonía.

Se medio va ahora, de las instituciones públicas, cuando habrá que lidiar con recortes y apreturas, esas que no permitirán agasajar ni conceder subvenciones a toda aquella asociación que lo requiera, y cuando habrá que reducir asesores.

Carlos Fabra dice que se va pero no se quiere ir porque quiere mantener todo lo que ha tenido en la vida. No ha logrado, como hicieron sus antecesores, marcar en su familia a su "heredero". Aunque una de sus hijas se dedique a la política, no es a la política provincial, que es la circunscripción en la que podría mantener su poder.

Frecuentemente rodeado de mediocres, Carlos Fabra asoma a su lado como un "animal político", incapaz de ceder el "trono" en quienes no confía. Solo se medio va, quizá, resistiéndose a emular a aquel primer Fabra, el agüelo Pantorrilles, que llegó a la Diputación en 1874 y que la abandonó solo un año antes de morir, después de ocupar, durante 18, el sillón de presidente.

www.elpais.es 05.06.11

CARLOS FABRA COBRARÁ 90.000 EUROS ANUALES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN

Deja la Diputación por la institución económica pero conservará el sueldo, coche oficial, chófer y guardaespaldas

Carlos Fabra no se ha presentado a las elecciones y no ha podido repetir como presidente de la Diputación de Castellón. A sus 66 años y con "un hijo en paro" según sus palabras, se marcha a la secretaría general de la Cámara de Comercio, donde mantendrá su actual sueldo y la mayor parte de sus privilegios.

Según ha reconocido la institución cameral a la Cadena SER, en su nuevo puesto Carlos Fabra cobrará 6.000 euros al mes por 15 pagas, lo que hace un total de 90.000 euros al año. La misma cantidad que percibió en 2010 como presidente de la Diputación de Castellón, según su declaración de bienes.

La Cámara de Comercio no es una empresa privada. Se define jurídicamente como una corporación de derecho público, con financiación público-privada, y depende orgánicamente de la Conselleria de Industria de la Generalitat valenciana.

Como secretario general de la Cámara de Comercio, un puesto que conserva en excedencia desde 1992, será el director de todos los servicios de la institución, dará fe en los plenos y comités, se encargará de la promoción exterior, y de la jefatura de personal.

Carlos Fabra mantendrá en la Cámara de Comercio el coche oficial y el chófer, pagados por esta corporación, y los guardaespaldas que según sus palabras, correrán a cuenta del Partido Popular. Fabra también seguirá siendo el presidente de la empresa gestora del aeropuerto sin aviones Aerocas, sin sueldo ni dietas, pero manejará subvenciones públicas, contratos millonarios e influencias.

www.cadenaser.com 27.05.11

ROBAN TRES MANOS Y UN BRAZO DE LA ESCULTURA DE RIPOLLÉS INSPIRADA EN FABRA

El material sustraído de su taller, la mayoría de cobre, pesa dos toneladas e integra la colosal obra de 24 metros de altura para el aeropuerto

El artista Juan Ripollés denunció ayer ante la Guardia Civil el robo de varias piezas de la colosal escultura que está realizando para decorar la rotonda de acceso al aeropuerto de Castelló. Se trata de la obra que desató polémica hace unos meses porque el autor confesó haberse inspirado en la figura de Carlos Fabra.

Ripollés explicó a este diario que el robo se produjo en torno a las siete de la tarde del domingo. Se basa en el relato de un testigo que, al parecer, vio a esa hora un camión estacionado frente al taller del artista en Burriana y a tres individuos sacando material del interior de la nave y cargándolo en el vehículo. Según Ripollés, el testigo "no pensaba que estas personas estaban robando" y por eso no denunció los hechos.

Fue ayer por la mañana cuando los colaboradores del escultor acudieron a trabajar al taller y encontraron la puerta forzada y abierta. Al acceder al interior, comprobaron que faltaban varios fragmentos de la obra. En concreto, un brazo de 4,5 metros y tres manos de 1,5 metros cada una, fabricados en latón y cobre. También se llevaron varias piezas de plancha virgen, cable de soldar y una bobina de cobre. El material tenía un peso aproximado de dos toneladas y un coste de entre 35.000 y 40.000 euros. Ripollés manifestó su convencimiento de que los atracadores sabían a lo que iban, ya que "es una nave que está siempre cerrada o con una lona delante de la puerta, muy discreta y sin ninguna identificación, y anteriormente era una carpintería".

El grueso de la obra está a salvo

Lamentó que las piezas robadas le han llevado tres meses de trabajo, por lo que la entrega de la obra se va a retrasar. El polifacético artista tenía prevista finalizar la escultura en dos meses, pero ahora los plazos se verán alterados. "Tendré que empezar de cero las partes que han robado", se quejó. Afortunadamente, no todas las piezas estaban en ese almacén y el grueso de la escultura está a salvo. La cabeza, por ejemplo, está a buen recaudo. Se trata de una parte fundamental de la obra porque simboliza la idea de Fabra de construir un aeropuerto.

El artista admitió hace unos meses haberse inspirado en el presidente de la diputación para esta colosal escultura, que tendrá 18 metros de diámetros y 24 metros de altura. Según explicó en su día, "no es un retrato de Carlos Fabra, pero se inspira en él y en esa ilusión para concebir un aeropuerto". La obra tiene un presupuesto de 300.000 euros y corre a cargo de la sociedad pública Aerocas, presidida por el propio Fabra.

www.levante-emv.com 10.05.11

LA ESCASA IRONÍA DE FABRA

El presidente de la Diputación de Castellón denunció al Bloc por reproducir su cara en billetes de lotería

A Carlos Fabra, presidente de la Diputación y del PP de Castellón no le gustó un pelo que el Bloc de Ontinyent (Valencia) reprodujera su rostro como reclama para la venta de participaciones del sorteo de El Niño, bajo el lema "la lotería que siempre toca", habida cuenta de la increíble suerte que acompaña al dirigente popular en los sorteos. Tan poco le gustó que demandó a los nacionalistas por un supuesto delito de agresión a su derecho al honor por la utilización de su imagen. Denuncia que ayer se vio en el juzgado de Primera Instancia número 6 de Castellón.

El juez sobre Fabra: "No sabemos si le toca o no

La abogada del Bloc negó que existiera tal afrenta y para sostener su aseveración presentó al juez las imágenes de tres fallas en las que aparecía representada la imagen Fabra, con alusiones a los premios con los que ha sido agraciado.

En la vista previa el juez rechazó que se incluyera, como documentación, el informe realizado por los peritos judiciales, a raíz de la investigación ante la posible comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, en el que se recogen los ingresos de Fabra procedentes de Loterías del Estado.

El juez consideró que la cuestión de este procedimiento "no es si le toca mucho o poco". "Desconocemos si le toca o no, pero sí tiene fama de que le toca", añadió, aunque determinó que la causa tiene que ver con la utilización de su imagen y no con los premios. Así, el informe no se podrá utilizar como prueba en el juicio que se celebrará el próximo 27 de septiembre, tal como quedó fijado en la vista previa, en la que la defensa de Fabra se opuso a la admisión de este informe "que pretende extender la intromisión en el honor sobre unos hechos por los que ya se sigue la causa penal correspondiente".

El juez sí admitió la declaración del portavoz del Bloc en Ontinyent, Josep Francés Esteve, y del concejal de este partido en el mismo municipio, Josep Pla.

Las papeletas con la cara de Fabra fueron retiradas, por orden judicial, cuando este presentó la demanda. El juez entendió que la medida estaba directamente dirigida a garantizar la protección de la imagen del demandante. En la misma decisión, el juez rechazó otra medida, reclamada por Fabra, que exigía la intervención y depósito de los beneficios obtenidos en la venta de la lotería.

Las papeletas, participaciones de cuatro euros en dos números, fueron agraciadas con un reintegro y un premio de la pedrea, por lo que se pagaron 14 euros por cada papeleta.

www.elpais.es 19.04.11

FABRA: "COSTA ES UN VALOR SEGURO Y YA HABLARÁN LOS TRIBUNALES"

"Yo no conozco ningún inconveniente por el que Ricardo Costa no pueda formar parte de la lista". Así se expresó ayer el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, al ser preguntado por las reacciones a la inclusión de uno de los imputados en el caso Gürtel en la candidatura autonómica por Castellón. "Está supuestamente implicado y sobre eso ya hablarán los tribunales", sentenció Fabra, quien defendió a Costa como "un valor seguro".

El presidente provincial del PP castellonense aseguró que no se plantea la posibilidad de que el comité nacional modifique la lista, que fue ratificada ayer mismo por el regional, y en la que también figura Vicente Rambla, para el que la fiscalía pide que se le imputen dos delitos electorales. En cualquier caso, Fabra, que dijo ser "disciplinado", señaló que acatará las decisiones de los órganos superiores del partido. Aún así, mantuvo: "Quién mejor que nosotros para saber quiénes son los que mejor representan a la provincia". Las palabras de Fabra fueron avaladas por Carlos Floriano, que es miembro del comité electoral nacional y que dijo que "si el comité provincial y regional consideran que las listas deben ser así, ellos asumen su responsabilidad en un sentido u otro".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, manifestó que el aplazamiento en la aprobación de las listas del PP evidencia las "graves tensiones internas que se están produciendo en la confección de las mismas". Luna sostuvo que "el problema del PP de Camps es su intención de incluir a todos los imputados en las listas para que gocen de aforamiento y ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia".

www.elpais.es 09.04.11

 

FABRA Y CAMPS INAUGURAN EL AEROPUERTO SIN AVIONES

 

El president elogia al líder del PP castellonense como "visionario y autor intelectual" del proyecto, que "ha sufrido mucho para explicar lo necesario que era"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha asegurado este viernes que el aeropuerto de Castellón es "la combinación de una visión, de un sueño, de una forma de ser y de una forma de mirar el futuro", y ha añadido que esta infraestructura ha tenido que solventar "todo tipo de problemas", por lo que ha considerado que es "el mejor aeropuerto posible".

Camps ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del aeropuerto de Castellón, ubicado entre las localidades de Vilanova d'Alcolea y Benlloch y que todavía no ha entrado en funcionamiento, un acto al que, además de otras autoridades, han asistido más de 1.000 personas.

Tras cortar la cinta inaugural y después de que el obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López, bendijese las instalaciones, el jefe del Consell ha apuntado que los valencianos "siempre hemos creído en la visión, en los proyectos y en el trabajo, y así hemos hechos cosas como el aeropuerto", y ha añadido que a pesar del "problema de la crisis" y de la situación financiera "no hemos querido parar porque queremos seguir construyendo futuro".

Camps se ha referido a los "obstáculos" que ha tenido que sortear el aeropuerto y, dirigiéndose al presidente de Aerocas, Carlos Fabra, ha recordado que éste ha sufrido "mucho" porque "no es fácil explicar lo necesario que es un proyecto como éste, pero ha valido la pena".

"No hay nada que se ponga en marcha sin sufrimiento y sin obstáculos, y yo lo prefiero así porque lo que se debate, se reflexiona y se comenta es lo que vale la pena", ha apuntado Camps, quien ha agregado que "si este aeropuerto hubiera sido fácil e impuesto no sería lo que queríamos, pero ha solventado todo tipo de problemas, por eso es el mejor aeropuerto posible".

Según ha dicho, el aeropuerto es "una nueva puerta abierta a industriales" de la Comunitat Valenciana", y ha destacado que "desde el primer minuto creí que la Comunitat es un todo homogéneo en el interior y el litoral, por lo que había que vertebrar el territorio, ya que cualquier ciudadano tiene que tener las mismas expectativas, y hoy cualquier ciudadano se siente más fuerte, igual, libre y capaz con infraestructuras como ésta".

"Estoy muy feliz porque han valido la pena estos ocho de Presidencia en los que se han inaugurado centros de salud, autovías, equipamientos e infraestructuras como el aeropuerto de Castellón", ha señalado, y ha recalcado que espera "muchas más inauguraciones".

El presidente de la Generalitat ha apuntado que "es verdad que pasamos un mal momento económico", pero --ha aclarado-- "en estos momentos es cuando se nota la fuerza y el valor, pues el miedo es para otros, ya que tenemos que planificar con más fuerza y ganas la salida de la crisis".

"UN ANTES Y UN DESPUÉS"

Por su parte, el presidente de la Diputación y de Aerocas, Carlos Fabra, ha dado las gracias a Camps por "hacer posible" este aeropuerto que, según ha dicho, es del jefe del Consell. "Hoy marca un antes y un después. Es la hora de Castellón, el día en que dejamos de ser la única provincia del Mediterráneo sin aeropuerto, en el que inauguramos la mayor infraestructura civil jamás construida en la provincia y en el que el sector turístico despegó para siempre", ha apuntado.

Durante su intervención, Fabra ha querido compartir la "sensación" de que "comienza la gran transformación socioeconómica de las comarcas de Castellón porque este aeropuerto será lo que queramos que sea, y necesitamos que lo defendáis para hacerlo aún más grande entre todos porque es nuestra herencia y nos pertenece".

"Esta nave no la vamos a abandonar frente a los que la quieren derribar y desean a diario su fracaso, pero no vamos a fracasar porque ésta no es tierra de fracasos", ha manifestado Fabra, quien ha dicho que "algunos dicen que el aeropuerto nace en el peor momento posible, con la crisis, pero eso puede valer como excusa para otros, no para nosotros, ya que en esta tierra la crisis significa oportunidades y nos crecemos ante las adversidades".

A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS

También ha criticado que "hay quienes dicen maliciosamente que hemos hecho el aeropuerto con el corazón y no con la cabeza, y ahí tengo que darles la razón porque las cosas que merecen la pena se hacen con el corazón", así como -ha dicho- "que estamos locos porque lo inauguramos sin aviones", pero ha aclarado que éstos "no han entendido nada, pues es un aeropuerto para personas, por y para Castellón, y a partir de hoy cualquier ciudadanos podrá visitarlo".

"Lo que no les deja dormir y les preocupa es que lo hemos hecho, por lo que me siento feliz, orgulloso y emocionado porque hace un año la salud me hizo pensar que no me permitiría estar aquí, por saber de lo que es capaz de hacer el ser humano y por la respuesta de la gente"

Fabra ha continuado resaltando el "respaldo absoluto" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al aeropuerto, por lo que --ha afirmado-- "jamás lo olvidaremos", y ha añadido que "nunca un gobierno valenciano hizo tanto por Castellón".

Finamente, ha dicho que "ha llegado el momento de devolverle a la provincia de Castellón lo que tantas veces ha dado solidariamente a otras provincia, y este esfuerzo titánico no hubiese sido posible sin un sacrificio igual de grande", y ha concluido en tono de broma que a él le ha costado un hígado, a Camps una hernia y al director de Aerocas, Juan García Salas, un riñón.

CARACTERÍSTICAS

El aeropuerto inaugurado este viernes consta de una pista de 2.700 metros de longitud y 45 de anchura, edificios terminales de carga, pasajeros, aviación general y torre de control. Es apto para operar aviones de clase 4D y 4C, es decir, la práctica totalidad de los aviones que actualmente usan las líneas aéreas, especialmente los de tipo turístico y bajo coste.

Dispone de un edificio terminal de pasajeros de 10.000 metros cuadrados con capacidad inicial para atender a más de 1,5 millones de personas al año. La plataforma de estacionamiento de aeronaves es de 70.000 metros cuadrados ampliables en función de la demanda. La capacidad de operación máxima es de 18 operaciones por hora.

IMPACTO DE 70 MILLONES

Durante su construcción se han creado o mantenido 2.072 puestos de trabajo, con un impacto sobre la renta derivado de la construcción de más de 70 millones de euros, según datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

Según ha informado Carlos Fabra, el aeropuerto ha supuesto una inversión de 140 millones de euros, "incluidos los 18 millones de más pagados por la paralización de las obras durante seis meses por parte de Fomento".

Botella lamenta que la "fiebre inauguradora"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, ha advertido este viernes que la "fiebre inauguradora" del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, "le ha llevado a inaugurar un aeropuerto sin aviones", y ha criticado que haya cursado "un ágape o una invitación" para 1.000 personas.

Botella, en la rueda de prensa tras analizar las actuaciones del Gobierno central en la Comunitat Valenciana, ha afirmado que las "prioridades" de Fabra sitúan "por encima de todo, la comunicación a su público", frente al "interés general".

Asimismo, ha indicado que el PP se mueve "entre lo público y lo privado, en una transferencia de intereses cuanto menos curiosa" y ha señalado que "se supone que esto es una iniciativa pública, porque nacía de la Diputación Provincial, pero para ser gestionado privadamente".

También ha recordado que "se dijo en un primer momento que no iba a costar un euro a nadie, y de momento, creo que ahora todo lo que se debe, lo va a deber la Generalitat Valenciana", porque Fabra "se ha encargado, no sabemos bajo qué criterios o bajo qué artes, de conseguir que la Generalitat asuma toda esa deuda".

SIN "NINGUNA OBLIGACION"

Ha indicado que el Gobierno hace un plan de viabilidad técnica, presupuestaria o institucional para cualquier proyecto que se tenga que poner en marcha "y en este caso, nosotros, hasta dónde llegamos, no tenemos ninguna obligación con este proyecto". También ha afirmado que "nosotros, primero terminamos las obras, pagamos lo que se debe y luego, inauguramos".

También ha desvelado que recibió la invitación para asistir al acto "ayer mismo", con lo que "el margen de maniobra y el trabajo que tenemos en marcha nos hace imposible atender a esa invitación".

Botella también ha aprovechado para informar sobre la inversión del Gobierno Central en los aeropuertos valencianos y ha destacado que en el periodo de gobierno del PP de 1996 a 2003, en el de Alicante se invirtieron 24 millones de euros, mientras que desde 2004, con el PSOE, se han alcanzado los 702 millones de euros.

En lo que se refiere al de Manises, ha informado de que de 1996 a 2003 se inviertieron 18 millones y de 2004 a 2011, un total de 302 millones, lo que supone un "resultado apabullante".

www.levante-ev.com 25.03.11

EL ESTADO RECURRE CONTRA FABRA FUERA DE PLAZO

La Abogacía del Estado, que ha de velar por los intereses del Estado y, por tanto, de la Hacienda Pública, ha recurrido fuera de plazo la prescripción de los delitos fiscales atribuidos al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Así, la acusación que representa al Estado no podrá esgrimir ante el Tribunal Supremo los argumentos por los que considera que dichos delitos no deberían considerarse como caducados y no podrá seguir reclamando la devolución de las cuotas presuntamente defraudadas, ni el pago de la multa que se impondría si los delitos acabaran considerándose cometidos.

Como mucho, la Abogacía del Estado podrá adherirse al recurso de la Fiscalía Anticorrupción o al de la acusación popular, que sí los han presentado en los plazos previstos y que reclaman que se siga el procedimiento también por estos hechos. Ambas partes entienden que el tiempo de prescripción se paralizó durante las diligencias practicadas en el llamado caso Fabra, que se iniciaron hace más de siete años. Por los escritos presentados por estas partes, será el Tribunal Supremo el que revisara los plazos de prescripción.

La Audiencia provincial de Castellón decidió, en diciembre, declarar prescritos cuatro de los cinco delitos imputados a Carlos Fabra, así como otros cuatro de los que se señalaba como responsable a su exesposa, María Amparo Fernández. Los ocho fraudes fiscales fueron detectados tras el análisis de las cuentas y patrimonio de la entonces pareja, entre 2000 y 2004, en un informe pericial realizado por inspectores de Hacienda. El documento fijaba en 1,7 millones la cantidad defraudada a la Hacienda Pública por ambos.La Abogacía del Estado está personada en el caso Fabra desde que la Agencia Tributaria presentó una denuncia ante la posible comisión de un fraude fiscal en la declaración de la renta del ejercicio correspondiente a 1999. Su personación estuvo justificada en la necesidad de la defensa de los intereses del Estado, de la Hacienda Pública.

Aquella denuncia por delito fiscal llevó a la elaboración de una investigación que destapó la posible comisión de otros cuatro delitos fiscales cometidos por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y otro cuatro por su entonces esposa, María Amparo Fernández.

Una vez concluidas las diligencias y después de que a Fabra se le imputaran otros cuatro delitos fiscales, cometidos entre 2000 y 2003, la Abogacía del Estado pidió, en su escrito de acusación, la imposición de una multa de 2,6 millones de euros. La cantidad iba en proporción a la cuantía supuestamente defraudada por Fabra, cerca de 900.000 euros, mientras que a su entonces esposa se le atribuyeron cerca de 600.000 que debería haber ingresado en la Hacienda Pública, por los que la representación del Estado reclamaba una sanción de 1,6 millones.

La petición de la multa por fraude se cuantifica multiplicando la cantidad defraudada hasta por seis. En el caso de la Abogacía del Estado, la reclamación triplicaba el supuesto fraude, mientras que la Fiscalía Anticorrupción pidió, como multa, el doble de lo defraudado. Solo la acusación popular exigió el máximo permitido, es decir, cerca de cinco millones de euros. En cuanto a las penas de cárcel, las dos acusaciones públicas reclamaron 15 años de prisión para el presidente de la Diputación, que sigue imputado por tráfico de influencias, cohecho y un delito fiscal. En el caso de la acusación popular, la petición de cárcel se elevó a 20 años.

El auto por el que la Audiencia provincial de Castellón decidió, en diciembre, que cuatro de los cinco delitos atribuidos a Fabra habían prescrito sostenía que ante esta decisión no cabía ningún recurso. Sin embargo, tanto la fiscalía como la acusación popular presentaron sendos escritos para rebatir la argumentación de la Audiencia que, finalmente, cambió de criterio y admitió que sea el Tribunal Supremo el que decida si los delitos fiscales han caducado o no. La representación del Estado no planteó esta posibilidad y solo después de que la Audiencia variara su criterio y permitiera el acceso al Supremo presentó un escrito alegando su deseo de recurrir, al igual que las otras partes. "Lo que expresara la resolución en materia de recursos posibles, no tenía porqué ser acatado o seguido por las partes, tal como no hicieron el fiscal y la UCE [acusación popular]", reprocha la propia Audiencia como contestación a la intención manifestada, fuera de plazo, por la Abogacía del Estado de recurrir la prescripción.

El mismo auto señala que la decisión inicial de la Audiencia de no admitir recursos a la prescripción "había aquietado a la defensa estatal", cosa que no ocurrió con las otras dos acusaciones.

Otro de los argumentos esgrimido por la representación del Estado al solicitar la aceptación de su recurso ha sido el que su rechazo "generaría efectiva indefensión" pero, a la vez, sostiene que no existiría fraude procesal, ya que le cabría la posibilidad de adherirse a los recursos ya preparados por las otras acusaciones. Con estas bases, la Audiencia hace suyo el propio argumento de la Abogacía del Estado e indica que la posibilidad legal de adherirse a los otros recursos, opción "que no pasa desapercibida" para esta parte, "evitaría cualquier atisbo de indefensión".

www.elpais.es 09.03.11

EL PSPV PIDE LA DESTITUCIÓN DE LA ABOGADA DEL ESTADO EN EL 'CASO FABRA'

Recurrió fuera de plazo la prescripción de delitos fiscales

El secretario general del PSPV de Castellón, Pep Grau, instó ayer a la Subdelegación del Gobierno a solicitar la destitución de la abogada del Estado jefa en Castellón, Bárbara Aranda, por la "falta de diligencia" en el caso Fabra. La Abogacía del Estado presentó, fuera de plazo, el recurso contra la prescripción de cuatro de los cinco delitos fiscales de los que acusa al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cuando es la que representa a la Hacienda Pública, máxima perjudicada por el supuesto fraude cometido por Fabra y su exesposa, María Amparo Fernández, que asciende a 1,7 millones de euros.

Según Grau, "los funcionarios públicos deben asumir la responsabilidad por los fallos de su gestión" por lo que exige que se "depuren las responsabilidades pertinentes". "La consecuencia más grave es la repercusión que estos sucesos tiene en la opinión pública, que acaba considerando que la Justicia no es igual para todos", señaló Pep Grau, quien considera que es "inaceptable" que un personaje público "de la catadura moral de Fabra se esté aprovechando de los errores o negligencias de la Administración de Justicia para intentar salir indemne de las graves acusaciones de corrupción que se le imputan".

Averiguaciones

Sin embargo, fuentes de la dirección provincial se pronunciaron de manera más sutil y arguyeron, sin entrar a valorar la petición de destitución, que "deben realizarse las averiguaciones pertinentes para conocer cómo se han gestionado los plazos y el recurso". Y de la misma manera se manifestaron fuentes de la dirección autonómica del PSPV.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Antoni Lorenzo, defendió que, en cualquier caso, "la defensa de los intereses del Estado estará presente en ante el Tribunal Supremo", que es ante el que sí han presentado sus escritos, y en plazo, la fiscalía y la acusación popular. Los argumentos de la Abogacía del Estado pueden incluirse, como alegaciones, cuando esta se adhiera al recurso de la fiscalía, que es la única fórmula con la que cuenta para defender que se mantenga el procesamiento sobre esos cuatro supuestos fraudes.

www.elpais.es 11.03.11

LA PENÚLTIMA DE FABRA

El presidente del PP de Castellón divide la comarca de Els Ports, que no controla, en dos mancomunidades

Pocas son las comarcas de Castellón que el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, no cree tener atadas y bien atadas. Pero, sin duda, una de las que escapa a su control es la comarca de Els Ports, poblada de pequeñas localidades y en la que el PSPV gobierna en los dos municipios de mayor tamaño, Morella y Vilafranca.

Mientras la crisis aconseja reducir la burocracia, su maniobra la duplica

Como la unión hace la fuerza, las poblaciones, desde 1994, han estado agrupadas en una mancomunidad desde la que han defendido los problemas comunes y se han prestado y explotado servicios, sobre todo, sociales. Pero Fabra no la controla. Y ¿qué ha hecho para atraerla hacia su órbita? Trocearla y, por tanto, dividir a la comarca.

Para que no quedara ninguna duda de que se trata de una cuestión política y que él está detrás de la maniobra, acompañó ayer a los ocho alcaldes del PP a presentar su baja a la sede de la mancomunidad de la comarca de Els Ports. Así, Todolella, Portell, La Mata, Ares, Castellfort, Palanques, Sorita y Herbés ya no forman parte de esta entidad que, tras el abandono, queda formada por los Ayuntamientos socialistas de Villores, Forcall, Olocau del Rey, Cinctorres, Vilafranca, Vallibona, Morella, Castell de Cabres y La Pobla de Benifassà, gobernada por un independiente.

Con su visita, Fabra pudo controlar que ninguno de sus alcaldes se saliera del redil y eludiera presentar la baja de la mancomunidad, ya que algunos municipios habían mostrado algunas reticencias ante esta decisión. Finalmente, todos a una, dejaron la mancomunidad.

El objetivo no es dejar que cada pueblo funcione y se defienda por separado, sino crear otro ente. Así, mientras todas las Administraciones propugnan modelos de reducción de gastos y de burocracia, Fabra los duplica. Y, obviamente, también habrá que dotar a la nueva entidad, que actualmente recibe ayudas de la propia Diputación de Castellón, así como de varias consejerías, para que luego esta reparta entre los pueblos. Fabra se irá de la Diputación pero su intención de mantenerse en el partido lleva implícita su decisión de extender su aparato y tratar de controlar hasta el último punto de la provincia.

En el documento en el que cada uno de los ocho municipios del PP solicitan la baja no aparece ningún argumento que justifique su decisión. Sin embargo, horas después, los alcaldes de Todolella, Ares y Portell sí remitieron comunicados explicando su postura.

El alcalde de Todolella, Alfredo Querol, criticó el "reparto de los fondos y proyectos que ha llevado a cabo el PSOE", que preside la mancomunidad, y señaló que en la nueva Mancomunitat de Pobles Menuts cada pueblo tendrá un voto, sin tener en cuenta criterios poblacionales. Para el alcalde de Ares, Francesc Fuentes, el objetivo es el de "tener una representación más equitativa". "Defender nuestros intereses y no estar sometidos a decisiones partidistas", añadió, mientras que para el de Portell, Álvaro Ferrer, el origen de la decisión es otro: "Nos sentimos discriminados". Aunque la idea es la misma, las palabras en todos ellos se repiten sobre otra cuestión: "Invitamos a los pueblos gobernados por el PSOE a que se integren también en esta nueva mancomunidad", coinciden los tres.

www.elpais.es 11.03.11

LOS PERITOS CONSTATAN QUE LOS FABRA DEFRAUDARON 1,5 MILLONES

Solo logran acreditar el 9% de sus ingresos no justificados

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su entonces esposa, María Amparo Fernández, defraudaron a Hacienda 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004. Al menos así lo constatan los peritos judiciales en un segundo informe presentado ante el juzgado número 1 de Nules, en el que se instruye el caso Fabra.

El presidente del PP de Castellón ingresó 3,3 millones de origen desconocido

Fabra ha aclarado solo el origen de 332.565 euros, es decir, el 9% del total de 3,7 millones que los peritos judiciales, que son inspectores de Hacienda, le imputaban como ingresos no justificados en sus cuentas.

La documentación presentada por el dirigente del PP sobre algunos de sus ingresos ha llevado a que los peritos modifiquen las cantidades que, a su juicio, fueron defraudadas por Fabra y su exesposa. En su informe, determinan que Fabra dejó de ingresar algo más de 890.000 euros, en lugar de los 980.000 de los que le acusaron en principio, mientras que en el caso de María Amparo Fernández, las arcas públicas dejaron de percibir poco más de 685.000 y no los más de 750.000 que le atribuyeron en un principio. Es decir, entre ambos, el supuesto fraude es de 1,5 millones de euros y no de 1,7, como se cifró al principio.

Tras las conclusiones de aquel primer informe pericial, la Fiscalía Anticorrupción pidió 15 años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, mientras que la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, elevó la petición de pena a 20 años y nueve meses de prisión.

En diciembre, cuando tras siete años de instrucción el titular del juzgado que instruye la causa quería dar por cerradas las diligencias, Fabra presentó ante el juzgado dos informes, realizados por un auditor, que considera justificados todos los ingresos, a la vez que niega que se trate de dinero de procedencia no justificada, sino que, según indica, son movimientos entre las cuentas de los titulares investigados.

Además, el también presidente del PP de Castellón presentó varios documentos "que se han conseguido en el breve plazo conferido", tal como indicó en su comunicación al juzgado. El juez remitió a los mismos peritos la información y les otorgó un plazo de dos meses para que "procedan a hacer las modificaciones y rectificaciones oportunas", tal como han realizado ahora.Los ingresos de origen no justificado del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su omisión en las declaraciones tributarias supusieron un fraude a la Hacienda Pública concretado en cuatro delitos fiscales. Así concluyen los peritos judiciales que ya han presentado ante el juzgado número 1 de Nules su segundo informe, tras modificar el primero una vez estudiada la información aportada por el propio Fabra.

Los peritos han rebajado de cinco a cuatro estos delitos imputables a Fabra, una vez considerada la documentación presentada por el presidente de la Diputación de Castellón para rebatir las acusaciones de fraude cometido entre 1999 y 2003.

El primer informe pericial destapó la comisión de cinco presuntos fraudes fiscales atribuibles a Fabra, mientras que señaló a su ahora exesposa, María Amparo Fernández, como responsable de otros cuatro delitos, cometidos en 1999, 2000, 2001 y 2003. En el segundo informe, los peritos rectifican sus acusaciones e indican que la documentación aportada hace descartar, para ambos, la acusación sobre el ejercicio de 2001.

Los documentos aportados han hecho variar, según el informe, las cantidades consideradas como omitidas en las declaraciones tributarias durante todos los años de investigación, entre 1999 y 2004, excepto en uno, 2002. Así, en el caso de Fabra, los peritos indican que la información aportada por el presidente de la Diputación de Castellón rebaja de 253.000 a 231.000 la cantidad defraudada en 1999. Para el ejercicio de 2000, el supuesto fraude fue de 124.000 y no de 158.000, mientras que en 2004 Hacienda dejó de ingresar 85.000 euros (que no constituye delito) y no los 94.000 inicialmente calculados. Sin embargo, el estudio de la información que Fabra llevó al juzgado ha hecho que los peritos aumenten la cantidad supuestamente defraudada en 2003 ya que, en el primer informe se le atribuía un fraude de 158.000 euros mientras que ahora lo han elevado a 163.000.

Tal como explican en el documento, los peritos han realizado el informe, que sustituye al anterior, considerado la información que contenían los "contrainformes" presentados por el auditor de Fabra, la documentación aportada posteriormente, los errores detectados y "la depuración de inexactitudes apreciadas".

En cualquier caso, aún no se ha determinado si las acusaciones de fraude fiscal sostenidas por los peritos llevarán al juzgado a Fabra, también acusado de tráfico de influencias y cohecho. Tras la imputación de los delitos fiscales, la Audiencia Provincial de Castellón consideró que estos habían prescrito, a excepción del supuestamente cometido en 1999 porque, en este caso, existió una denuncia previa de la Agencia Tributaria. La diferencia con el resto estriba en que los otros fraudes fueron detectados tras la investigación pericial realizada sobre las cuentas y patrimonio del presidente de la Diputación de Castellón, a raíz, precisamente, de las otras imputaciones judiciales, iniciadas después de que el empresario Vicente Vilar acusara a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

Tanto la fiscalía como la acusación popular recurrieron la decisión de la Audiencia de Castellón de declarar prescritos los delitos fiscales posteriores al de 1999 y ahora es el Tribunal Supremo el que ha de decidir si Fabra puede ser juzgado por ellos o no.

La Abogacía del Estado consideró que la decisión de la Audiencia no era recurrible y, tras comprobar que los de las otras partes sí eran admitidos, presentó uno, fuera de plazo. Esta actuación provocó numerosas críticas a las que se respondió alegando que los intereses de la Hacienda Pública estarían igualmente representados con la adhesión al recurso del fiscal.

Ahora, la Asociación de Abogados del Estado ha defendido la actuación de su compañera en Castellón y considera que "no cabe atribuir negligencia alguna en la decisión de no interponer el recurso de casación".

Las claves del caso

- Favores políticos. El caso Fabra se inició en 2003 tras la acusación de un empresario de que el presidente del PP de Castellón había cobrado cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

- Imputación. El juez imputó al presidente de la Diputación de Castellón los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

- Cruce de datos. Una investigación judicial cruzó los datos de sus ingresos en cuentas y su patrimonio con los bienes declarados entre 1999 y 2004.

- Origen no justificado. Carlos Fabra presentó documentación para rebatir la acusación de haber ingresado más de tres millones de euros sin origen justificado.

- Siete delitos. Los peritos judiciales han concluido que Fabra y su exesposa cometieron siete delitos fiscales y defraudaron más de 1,5 millones de euros.

www.elpais.es 30.03.11

EL ESTADO RECURRE CONTRA FABRA FUERA DE PLAZO

La Abogacía del Estado, que ha de velar por los intereses del Estado y, por tanto, de la Hacienda Pública, ha recurrido fuera de plazo la prescripción de los delitos fiscales atribuidos al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Así, la acusación que representa al Estado no podrá esgrimir ante el Tribunal Supremo los argumentos por los que considera que dichos delitos no deberían considerarse como caducados y no podrá seguir reclamando la devolución de las cuotas presuntamente defraudadas, ni el pago de la multa que se impondría si los delitos acabaran considerándose cometidos.

Como mucho, la Abogacía del Estado podrá adherirse al recurso de la Fiscalía Anticorrupción o al de la acusación popular, que sí los han presentado en los plazos previstos y que reclaman que se siga el procedimiento también por estos hechos. Ambas partes entienden que el tiempo de prescripción se paralizó durante las diligencias practicadas en el llamado caso Fabra, que se iniciaron hace más de siete años. Por los escritos presentados por estas partes, será el Tribunal Supremo el que revisara los plazos de prescripción.

La Audiencia provincial de Castellón decidió, en diciembre, declarar prescritos cuatro de los cinco delitos imputados a Carlos Fabra, así como otros cuatro de los que se señalaba como responsable a su exesposa, María Amparo Fernández. Los ocho fraudes fiscales fueron detectados tras el análisis de las cuentas y patrimonio de la entonces pareja, entre 2000 y 2004, en un informe pericial realizado por inspectores de Hacienda. El documento fijaba en 1,7 millones la cantidad defraudada a la Hacienda Pública por ambos.La Abogacía del Estado está personada en el caso Fabra desde que la Agencia Tributaria presentó una denuncia ante la posible comisión de un fraude fiscal en la declaración de la renta del ejercicio correspondiente a 1999. Su personación estuvo justificada en la necesidad de la defensa de los intereses del Estado, de la Hacienda Pública.

Aquella denuncia por delito fiscal llevó a la elaboración de una investigación que destapó la posible comisión de otros cuatro delitos fiscales cometidos por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y otro cuatro por su entonces esposa, María Amparo Fernández.

Una vez concluidas las diligencias y después de que a Fabra se le imputaran otros cuatro delitos fiscales, cometidos entre 2000 y 2003, la Abogacía del Estado pidió, en su escrito de acusación, la imposición de una multa de 2,6 millones de euros. La cantidad iba en proporción a la cuantía supuestamente defraudada por Fabra, cerca de 900.000 euros, mientras que a su entonces esposa se le atribuyeron cerca de 600.000 que debería haber ingresado en la Hacienda Pública, por los que la representación del Estado reclamaba una sanción de 1,6 millones.

La petición de la multa por fraude se cuantifica multiplicando la cantidad defraudada hasta por seis. En el caso de la Abogacía del Estado, la reclamación triplicaba el supuesto fraude, mientras que la Fiscalía Anticorrupción pidió, como multa, el doble de lo defraudado. Solo la acusación popular exigió el máximo permitido, es decir, cerca de cinco millones de euros. En cuanto a las penas de cárcel, las dos acusaciones públicas reclamaron 15 años de prisión para el presidente de la Diputación, que sigue imputado por tráfico de influencias, cohecho y un delito fiscal. En el caso de la acusación popular, la petición de cárcel se elevó a 20 años.

El auto por el que la Audiencia provincial de Castellón decidió, en diciembre, que cuatro de los cinco delitos atribuidos a Fabra habían prescrito sostenía que ante esta decisión no cabía ningún recurso. Sin embargo, tanto la fiscalía como la acusación popular presentaron sendos escritos para rebatir la argumentación de la Audiencia que, finalmente, cambió de criterio y admitió que sea el Tribunal Supremo el que decida si los delitos fiscales han caducado o no. La representación del Estado no planteó esta posibilidad y solo después de que la Audiencia variara su criterio y permitiera el acceso al Supremo presentó un escrito alegando su deseo de recurrir, al igual que las otras partes. "Lo que expresara la resolución en materia de recursos posibles, no tenía porqué ser acatado o seguido por las partes, tal como no hicieron el fiscal y la UCE [acusación popular]", reprocha la propia Audiencia como contestación a la intención manifestada, fuera de plazo, por la Abogacía del Estado de recurrir la prescripción.

El mismo auto señala que la decisión inicial de la Audiencia de no admitir recursos a la prescripción "había aquietado a la defensa estatal", cosa que no ocurrió con las otras dos acusaciones.

Otro de los argumentos esgrimido por la representación del Estado al solicitar la aceptación de su recurso ha sido el que su rechazo "generaría efectiva indefensión" pero, a la vez, sostiene que no existiría fraude procesal, ya que le cabría la posibilidad de adherirse a los recursos ya preparados por las otras acusaciones. Con estas bases, la Audiencia hace suyo el propio argumento de la Abogacía del Estado e indica que la posibilidad legal de adherirse a los otros recursos, opción "que no pasa desapercibida" para esta parte, "evitaría cualquier atisbo de indefensión".

www.elpais.es 09.03.11

LA ACUSACIÓN REBATE LA PRESCRIPCIÓN DE CUATRO DELITOS FISCALES DE FABRA

El recurso ante el Supremo desvela contradicciones en el auto de la Audiencia

El plazo de prescripción de cuatro de los cinco delitos fiscales que se le imputaban al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se interrumpió hasta en tres actos jurídicos. Al menos así lo entiende la Unión de Consumidores de España (UCE), representada como acusación popular en el llamado caso Fabra, que ayer presentó ante el Tribunal Supremo el recurso de casación contra la decisión de la Audiencia provincial de Castellón que declaró prescritos los fraudes fiscales imputados a Fabra por los ejercicios de 2000, 2001, 2002 y 2003.

La UCE sostiene que el plazo se interrumpió hasta en tres actos jurídicos

La Audiencia determinó, el pasado mes de diciembre, que no había existido un acto jurídico que paralizara los plazos de prescripción de esos delitos, que es de cinco años. Sin embargo, la acusación sostiene que en el argumentario de esta decisión hay contradicciones y considera que la prescripción quedó paralizada, por primera vez, en el momento en el que se admitió la personación de esta parte como acusación, en 2004, ya que en su relato de hechos hacía referencia al supuesto incremento patrimonial del dirigente del PP.

Además, en 2005, después de que la Agencia Tributaria presentara contra Fabra una denuncia por fraude por el ejercicio fiscal de 1999, los tribunales decidieron que este delito debía ser investigado junto a los de tráfico de influencias y cohecho, por los que también estaba imputado el presidente de la Diputación de Castellón. Por ello, la acusación apunta que la "conexividad" hallada entre todos los delitos, es decir, la relación de unos con otros, que se acumularon en una sola causa, fue otra decisión jurídica que, igualmente, debe ser considerada como paralizadora de los plazos de prescripción.

Posteriormente, en 2006, la misma Audiencia determinó la necesidad de investigar las cuentas y patrimonio de Fabra y de su familia y su "incidencia fiscal", así como la elaboración de un informe pericial que concluyera si hubo un enriquecimiento ilícito. Este auto, según indica el recurso, también tendría efectos paralizadores.

La imputación por la presunta comisión de cinco delitos fiscales surgió de un informe pericial, realizado por inspectores de Hacienda, que detectó ingresos no justificados en las cuentas de Carlos Fabra y de su entonces esposa, María Amparo Fernández, por valor de 3,6 millones de euros y un fraude a Hacienda de 1,7 millones de euros. Al trasladar las conclusiones de esta prueba, la Fiscalía Anticorrupción pidió 15 años de cárcel para Fabra.

La Audiencia de Castellón declaró prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales imputados al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, basándose, entre otras, en una sentencia que marca como requisito para el fraude fiscal su inicio a partir de una denuncia de la Agencia Tributaria. Sin embargo, "obviamente, no es ese el único modo de perseguir los delitos contra la Hacienda Pública", según señala el recurso presentado ante el Tribunal Supremo por la acusación popular del caso Fabra. El texto sostiene que no es la "Agencia Tributaria la única que puede dar noticia acerca de un posible ilícito tributario que dé lugar a una investigación e imputación penal". De hecho, apunta que esta metodología "es inoperante cuando el rastro indiciario nace en el seno de una procedimiento jurisdiccional en cuyo curso instructor se ordenan diligencias tendentes a la averiguación del delito".

La Audiencia decidió que, además de que los fraudes supuestamente cometidos por Fabra entre 2000 y 2003 no fueron denunciados por la Agencia Tributaria, el hecho de haber ordenado la investigación de sus cuentas y patrimonio durante esos años no era suficiente. "Que la autorización de aquella prueba pericial acordada al albur de comprobar las concretas imputaciones ya existentes, signifique el acto de interposición que interrumpa la prescripción para cualquier hallazgo delictual de tipo tributario, no es en modo alguno posible ni aceptable", señaló la Audiencia.

Paralización

Por el contrario, en el recurso, la acusación popular indica, haciendo referencia a varias sentencias del propio Supremo, que la doctrina dicta que la paralización de los plazos de prescripción se da "en todas las diligencias indispensables que se encaminan a preparar la celebración de las sesiones de la vista oral". Al igual que otro fallo que sostiene que "no solo tienen virtualidad interruptora de la prescripción las actuaciones practicadas con fines de investigación sumarial sino también las de admisión o rechazo de pruebas".

El auto de la Audiencia criticaba además el retraso en la realización del informe pericial, que tardó cinco años en concluirse, a lo que la acusación popular responde que "no resulta razonable" dados los múltiples avatares con los que se encontraron los peritos para la recopilación de los datos para realizar el informe, de los que la Audiencia "es perfectamente conocedora".

www.elpais.es 26.02.11

FABRA PRETENDE MANTENER EL CONTROL SOBRE EL PP DE CASTELLÓN

El presidente de la Diputación no tendrá cargo público, pero quiere mandar

Se va, pero no del todo. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, anunció hace tres años que no se volvería a presentar a las elecciones. Lo dijo al mismo tiempo que el PP provincial elegía, instruido por el propio Fabra, a Javier Moliner como adjunto a la presidencia, en el congreso celebrado en Peñíscola en 2008. En esa difuminada frontera entre el espacio institucional y el orgánico, nada dijo de abandonar la dirección del partido, aunque el escenario escogido para su anuncio así lo hiciera parecer.

El dirigente popular nunca ha dicho nada sobre dejar su cargo en el partido

Desde entonces, Carlos Fabra ha insistido en varias ocasiones en que no se volverá a presentar a ningún cargo público. La última fue esta semana, después de que desde su propio entorno se lanzara la posibilidad de que figurara, de nuevo, en la candidatura municipal de la capital de La Plana. Fue un globo sonda lanzado para ver qué pasaba; de hecho, la tensión interna apenas existió durante unos días, hasta que fue evidente que la sugerencia, más allá de sus incondicionales, no despertaba demasiadas ilusiones en el resto del partido.

Fabra, visto el escaso entusiasmo que despertaba su presunta candidatura, subrayó su ya conocida decisión de no presentarse. Más aún, atribuyó la existencia del globo sonda lanzado por sus conmilitones a una "paja mental" (sic) del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, quien se había limitado a comentar las informaciones recogidas en varios medios de comunicación.

Pero Carlos Fabra nunca ha dicho nada de dejar la dirección del partido. Algunos miembros del PP consideran que lo lógico sería que, dado que ya ha habido una etapa de protectorado con Javier Moliner, este se hiciera cargo del PP provincial tras las elecciones, en las que están convencidos de obtener la alcaldía de un centenar de los 135 municipios de la provincia y la presidencia de la Diputación. Sin embargo, otros, más numerosos que los anteriores, opinan que Fabra no solo no dejará la dirección del PP de Castellón sino que podría mantenerla incluso más allá de 2012, cuando, teóricamente, debería celebrarse el congreso ordinario de elección de los cargos orgánicos. "No, no, del congreso no se habla nada", indica un militante de rango que vaticina que el cónclave de los populares castellonenses no se celebrará hasta que Carlos Fabra quiera.

Y es que, tras el último intento, pocos son los que piensan que vaya a abandonar realmente la política, la institucional y la orgánica, y avalan su consideración en que, pese a reiterar que no formará parte de ninguna candidatura, sí ha planteado la posibilidad de ser nombrado concejal no electo o asesor. De esta manera, mantendría el control dentro del partido, en la elaboración de listas y en el contacto con las agrupaciones locales de la provincia, e incluso formaría parte de alguna institución, desde la que poder mantenerse cercano al poder.

www.elpais.es 14.02.11

EL PP FRENA EL INTENTO DE FABRA DE PRESENTARSE A LAS ELECCIONES

El presidente provincial encuentra escaso apoyo y se le considera un lastre

"No me voy a presentar". Una semana después de que se comenzara a plantear la posibilidad, el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, fue ayer por fin claro respecto a su futuro ante las próximas elecciones municipales y autonómicas. "No me presento, lo he dicho por activa y por pasiva, y me voy porque quiero", añadió como justificación, aunque nadie se la había pedido.

Sin embargo, Fabra y su entorno han estado alimentando la posibilidad de que el presidente provincial repitiese en la lista municipal de la capital de La Plana, pese a que hace más de dos años anunció que no se volvería a presentar. Según fuentes del PP, su intención era tantear la reacción, sobre todo en la agrupación local, ante esa eventualidad. Finalmente, la trayectoria de ese globo sonda lanzado le ha llevado a descartar la opción. Fabra no ha encontrado esta vez en el PP la "satisfacción" de sus compañeros por que forme parte de una candidatura. Pensó que, bastante recuperado de su trasplante de hígado y cuando la justicia ha reducido, por ahora, de siete a tres los delitos que se le imputan, podría volver a formar parte de las listas, nutrido además por las consideraciones de sus más incondicionales de que debía mantenerse en primera línea política

Pero ni el presidente del PP local y alcalde de Castellón, Alberto Fabra, ni el adjunto a la presidencia del PP provincial, Javier Moliner, a quien el propio Fabra ha designado como su sucesor en la Diputación, han demostrado ningún interés por mantenerlo en una lista electoral. Otras fuentes aseguran que incluso le han expresado claramente que lo mejor es que no repita puesto que esta decisión que lastraría la imagen de renovación que pretende dar el PP de Castellón para los próximos comicios.Tras despejar su futuro, Carlos Fabra se centró en el presente y se despachó contra la justicia. "Según la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, los políticos no tenemos honor. Nos pueden pisotear sistemáticamente". De esta manera, arremetió ayer el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, tras conocer un auto que desestima su intención de que se condenara por calumnias al portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Juan María Calles.

Fabra no quiso criticar la decisión de la sección segunda de la Audiencia de Castellón, que es la misma que resuelve los recursos del caso Fabra, en el que está imputado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, y atribuyó el sentido del auto a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS). "No hace nada más que seguir la línea del Constitucional y del Supremo, que dice que los políticos no tenemos honor" y que "en el ejercicio" de un cargo público "prevalece siempre el derecho a la libertad de expresión sobre el del honor a las personas", según dijo.

Sin embargo, la resolución del tribunal va más allá y sostiene que una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Castellón es el lugar en el que, a juicio de la Audiencia provincial, debe debatirse la responsabilidad política de Carlos Fabra. Así lo refleja en el auto en el que desestima el recurso planteado por el propio Fabra ante la decisión de descartar la comisión de los delitos de calumnias e injurias por parte de Calles. "Es el lugar y momento -y no otros-, en el que deben llevarse a cabo los debates públicos que afectan a intereses públicos y que, sin duda, revisten un elevado interés para la población del municipio".

Además, el tribunal entiende que la resolución estima que "las declaraciones fueron referidas a un concejal de otro partido político, y las declaraciones de Calles no van referidas al señor Fabra como ciudadano particular, sino a su condición como concejal y a la, en su opinión, incompatibilidad del ejercicio de cargo público con su situación de imputado por diversos delitos" y que, por lo tanto, se encuentran "dentro de la crítica política amparada por la libertad de expresión".

El socialista se dirigió al alcalde de la capital de La Plana, Alberto Fabra, en un pleno de 2009, al que, en un ruego, reclamó que no siguiera "encubriendo a un imputado por delito fiscal contra la Hacienda Pública" y al que preguntó si las acusaciones "no constituyen razones suficientes para que cese a Carlos Fabra del puesto de concejal". Tras conocerse la decisión de la Audiencia, el portavoz socialista manifestó que "la democracia gana" cada vez que el presidente de la Diputación de Castellón "pierde en los tribunales".

www.elpais.es 08.02.11

EL SUPREMO REVISARÁ LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS DE FABRA

La Audiencia de Castellón admite ahora que su auto sea recurrido

La Sección Segunda de la Audiencia de Castellón declaró prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales por los que estaba imputado el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. En el mismo auto, dictado hace poco más de un mes, la Audiencia Provincial señaló que su decisión no era susceptible de recurso y, por tanto, la acusación quedaba archivada. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular anunciaron su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo esta decisión. Ahora, la Audiencia de Castellón ha corregido su criterio y, ante los argumentos de ambas acusaciones, ha admitido la posibilidad de que sea el Tribunal Supremo el que decida sobre la prescripción de los presuntos delitos fiscales cometidos por el dirigente del PP. Así, será el alto tribunal el que revisará la prescripción de dichos delitos y decidirá sobre la misma, solicitada por el propio Fabra.

El auto sostiene que existen "dudas que no deben cercenar la posibilidad del recurso, cuando el propio Tribunal Supremo podrá verificar previamente la susceptibilidad de la casación", ya que este mismo tribunal deberá ahora decidir si admite ambos recursos o no. La clave para el cambio de criterio de la Audiencia de Castellón ha sido el que haya tomado en consideración el hecho de que el caso Fabra se instruyó con el procedimiento del tribunal de jurado y, pese a que la propia Audiencia descartó esta posibilidad y señaló que debía ser un tribunal de magistrados quienes lo juzgaran, de momento, el caso no se ha transformado.

La imputación por estos cuatro delitos surgió del informe elaborado, durante cinco años, por dos inspectores de Hacienda que trabajan como peritos judiciales. El documento destapó que en las cuentas del presidente de la Diputación y de su familia se ingresaron, entre 2000 y 2004, 3,6 millones de euros de procedencia no justificada. Por ello, los peritos detectaron un fraude a la Hacienda pública de 1,7 millones de euros y la presunta comisión de nueve presuntos delitos cometidos por Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández.

Lo que desvela el nuevo auto del caso Fabra es además que la Agencia Tributaria, que está representada por la Abogacía del Estado, no presentó recurso a la decisión de la prescripción cuando es esta parte la que ha de velar por los intereses del Estado.

www.elpais.es 03.02.11

UN DIRIGENTE DE IU, EN EL BANQUILLO POR LLAMAR "CORRUPTO" A FABRA

Su escolta policial denunció a Víctor Tormo por criticarle en una calle de Castellón

Cuidado con llamar "corrupto" a Carlos Fabra, porque puedes acabar en el banquillo. Eso es, al menos, lo que le ha sucedido a Víctor Tormo, número dos de IU en Castellón, que ayer fue juzgado por una falta de injurias. Se le acusa de haber dañado el honor de Fabra, presidente de la Diputación Provincial e imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, en una instrucción que dura ya siete años, ha sufrido ocho cambios de juez y cuatro de fiscal y ha generado sólidos indicios de culpabilidad ampliamente aireados.

Fabra se presentó ayer en el juzgado para acusar a Tormo de haberle ofendido. "Pasó el denunciado a mi lado y me llamó corrupto", narró el presidente ante la juez. Los hechos se remontan al 25 de octubre. En medio de una visita a un hospital y rodeado por la cúpula directiva del centro, el líder conservador se cruzó con Tormo. Este, sin pararse pero sin dejar de mirarlo, le soltó un "corrupto" alto y claro. La situación se repitió el 3 de noviembre, esta vez en la calle Mayor de Castellón, una vía céntrica y siempre concurrida.

La denuncia no partió, sin embargo, del propio presidente. Fueron sus escoltas, policías locales asignados por el Ayuntamiento de Castellón, los que actuaron de oficio. Su celo en el cuidado del presidente les llevó a dar traslado a sus superiores de la imprecación de un ciudadano. Y fue la propia Policía Local la que puso la denuncia. Así las cosas, ayer Fabra sólo tuvo que ratificar la denuncia de sus escoltas.

El abogado de Fabra defendió que los cargos públicos también tienen derecho al honor. "Hemos caído en la cultura del todo vale", se lamentó. La abogada de Tormo argumentó que la libertad de expresión es un bien superior cuando se trata de criticar a un político. "Yo soy un ciudadano comprometido con el lugar en el que vivo y, cuando lo vi, sentí que tenía que hacer algo", explicó el acusado en su alegato final.

"Lo único que lamento es no haber añadido la palabra supuesto, nada más", concluyó Tormo. La jueza contuvo un fugaz atisbo de sonrisa.

www.publico.es 02.02.11

FABRA DECLARA BIENES POR VALOR DE 3,9 MILLONES E INGRESOS DE 158.000 EUROS

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, asegura tener bienes por un valor de 3,9 millones de euros, de los cuales sólo 600.000 euros corresponden a bienes inmuebles valorados de acuerdo con el catastro. El Boletín Oficial de la Provincia de Castellón publicó ayer el resumen de la declaración de bienes y actividades de los diputados provinciales de acuerdo con el decreto del Gobierno valenciano que obliga a publicar, por vez primera, las declaraciones de los miembros de las corporaciones locales. En el resumen publicado de su declaración, Fabra, que está imputado por cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal, afirma tener bienes no inmuebles valorados en 3,3 millones de euros, aunque no especifica si se trata de dinero, acciones u otra clase de activos.

En la misma declaración, el presidente de la Diputación de Castellón afirma tener créditos pendientes por valor de 1,7 millones de euros. En el mismo resumen publicado, Fabra declara unos ingresos anuales de 158.092 euros, una cantidad muy superior a los del resto de miembros de la Corporación provincial, que no superan los 60.000 euros. El portavoz socialista y alcalde de Benicàssim, Francesc Colomer, declara 57.000 euros de ingresos anuales.

La difusión de la declaración de Fabra provocó la reacción del PSPV-PSOE, cuya portavoz Carmen Ninet, lamentó que haya personas como Carlos Fabra al frente de las instituciones valencianas, "que no sólo no dan explicaciones sobre su patrimonio ni el destino del dinero público, sino que se mofan de los ciudadanos al mentir sin pudor en las declaraciones de sus bienes".

Ninet ironizó sobre el hecho de que Fabra tenga tantas deudas "con la de veces que le ha tocado la lotería" e instó a Rajoy a "explicar por qué avala a este tipo de personas".

www.elpais.es 23.01.11

EL JUZGADO RETIRA LOS BOLETOS CON LA IMAGEN DE FABRA

El Juzgado de Primera Instancia número seis de Castellón ordenó el pasado día 30 el cese inmediato de la venta de las participaciones para el sorteo especial de la Lotería del Niño en las que figura la imagen del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Es la respuesta del juez a la petición realizada por Carlos Fabra tras presentar una demanda contra el Bloc (formación política que tuvo la idea en Ontinyent) de tutela del derecho al honor, intimidad y propia imagen. Fabra pidió la adopción de medidas cautelares y ha logrado que algunas prosperaran, como que no se vendan más papeletas con su imagen, y que se depositen las que falten por vender. También pidió que se depositaran los beneficios obtenidos por la venta de boletos.

El juez aclaró en su auto que el depósito ahora exigido se refiere exclusivamente a las papeletas pendientes de venta y no las que hayan sido ya vendidas o repartidas por el depositario o titular del billete de lotería. "La pérdida de valor a la que se refiere el auto lo es exclusivamente al soporte papel en el que figura la imagen del demandado y que sea objeto de depósito judicial, de modo que no se extiende de ninguna manera a la lotería emitido por Loterías y Apuestas del Estado", concreta.

La decisión no significa que el Bloc, que tuvo una demanda extraordinaria desde que sacara participaciones con Fabra como reclamo de la buena suerte, ya que el presidente de la Diputación ha justificado algunos de sus ingresos con la buena fortuna, no pueda vender participaciones. "La demandada podrá emitir otras sustituyendo a las que son objeto de depósito judicial", recoge el juez en su auto.

El juez estima que concurren los requisitos necesarios para adoptar la medida cautelar dictada, entre otros, por utilizar la imagen del demandado para la venta de participaciones de lotería.

www.elpais.es 04.01.11

LA EX MUJER DE FABRA PREGUNTA SI SU FRAUDE FISCAL TAMBIÉN HA PRESCRITO

El auto de la sección segunda de la Audiencia de Castellón no argumentó su decisión de dictar como prescritos los cuatro delitos fiscales de los que se acusaba a María Amparo Fernández, la ex esposa del presidente de la Diputación, Carlos Fabra. Al menos así lo entiende el letrado que defiende tanto a Fabra como a Fernández que ha pedido a la sala que aclare si los argumentos jurídicos para dictar la caducidad de los presuntos delitos son los mismos para los dos y se extienden no sólo entre 2000 y 2003, sino también para el año 99, en el caso de Fernández.

La Audiencia provincial de Castellón dictó en diciembre un auto por el que declaraba prescritos los cinco delitos fiscales de los que se acusaba a Fabra. La sala entendió que el encargo del informe pericial que cotejara sus cuentas y patrimonio no era un acto jurídico suficiente para paralizar el plazo de prescripción de estos delitos, que es de cinco años.

"Tal petición de prueba (que aceptó la misma sala) no generó ni se tuvo nunca como una ampliación de denuncia o de querella de los anteriores "hechos objeto de denuncia", sino para investigar los mismos", indica el auto. Y argumenta que las imputaciones no se extendieron más allá de la denuncia presentada por la Agencia Tributaria contra Fabra por un presunto fraude fiscal cometido en 1999.

www.elpais.es 13.01.11

LA LOTERÍA DE FABRA, AGRACIADA CON UNA PEDREA

 

Las participaciones del Bloc-Compromís con la imagen de Carlos Fabra se han llevado un reintegro y las dos cifras finales del 70013

Una parte del número 11833, que ha resultado agraciado con el segundo premio del sorteo de El Niño celebrado en Madrid, se ha vendido en Alboraia y en la ciudad de Valencia.

El organismo Loterías y Apuestas del Estado (LAE) no ha facilitado datos sobre las series del número 11.833 vendidas en las dos administraciones valencianas, por lo que se desconoce el dinero que han repartido.

En Alboraya, los décimos del segundo premio fueron vendidos por la administración situada en el interior del centro comercial Alcampo, que hoy permanecía cerrado por ser festivo.

En la ciudad de Valencia, una parte del 11833 fue vendido por la administración nº 11, conocida como casa Bello, situada en la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana.

Juan Carlos Bello, responsable de la administración, no ha querido revelar las series vendidas y se ha limitado a afirmar que "está muy repartido", ya que la administración "está en el mismo centro de Valencia y es un lugar de paso de mucha gente".

Ha comentado que, al ser festivo, la administración estaba cerrada y sólo al conocer que había vendido una parte del segundo premio ha abierto el establecimiento.

"Estaba en casa celebrando los regalos de Reyes cuando he oído por la radio el número premiado, he dejado plantada a la familia y he venido a abrir la administración", ha afirmado.

La anécdota de este sorteo en la Comunitat Valenciana ha sido la pedrea con la que han sido agraciadas las participaciones vendidas por el partido político Bloc-Compromís de Ontinyent con la imagen de Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Valencia y del PP en Castellón investigado por un juzgado de Nules presuntos delitos contra la hacienda pública.

Las papeletas eran participaciones de cuatro euros en dos números, el 03413 y el 99128, y llevaban una leyenda con la frase "la lotería que siempre toca".

En el sorteo, el número 03413 ha sido premiado con el reintegro (3) y las dos cifras finales del primer premio (13), por lo que se pagarán 14 euros por cada papeleta.

El pasado 3 de enero, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Castellón ordenó el cese inmediato de la venta y la intervención de participaciones para la Lotería del Niño emitidas por el Bloc de Ontinyent en las que figura la imagen del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

No obstante, el juez no oponía reparos a las papeletas vendidas con anterioridad ni a que se pudieran seguir comercializando pero sin la imagen de Carlos Fabra.

Tras conocer el resultado del sorteo, el secretario general del BLOC, Enric Morera, ha asegurado que la diosa fortuna "nos ha absuelto" porque la lotería del Niño vendida por el Bloc d'Ontinyent, conocida como "lotería de Fabra", ha "tocado como se aseguraba en la participación".

Morera ha comentado también que la suerte "está muy repartida, porque también le ha tocado a la alcaldesa de Ontinyent (del Partido Popular) y a algunos concejales del PP que compraron algunas participaciones".

Aunque las ventas del sorteo de El Niño han aumentado un 0,11% respecto al 2010, en la Comunitat Valenciana han registrado un retroceso del 2,24, ya que se han vendido décimos por valor de 96.353.300 euros, lo que supone una media de 19,77 euros por habitante.

Por provincias, en Valencia se han vendido décimos por importe de 53.640.580 euros, en Alicante por 33.619.300 euros y en Castellón por 9.093.420 euros.

www.levante-emv.com 05.01.11

ANTICORRUPCIÓN RECURRE LA PRESCRIPCIÓN DE DELITOS FISCALES EN EL 'CASO FABRA'

La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer el recurso anunciado contra la decisión de la sección segunda de la Audiencia de Castellón de archivar cuatro de los cinco delitos fiscales que se imputaban al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, por entender que estaban prescritos.

Esos delitos archivados se habrían cometido entre los años 2000 y 2003. Al contrario que la Audiencia, el ministerio público considera que los plazos de prescripción no se han consumido. La fiscalía contabiliza un plazo de cinco años porque la pena aparejada al delito fiscal puede ser de más de tres años de cárcel. En esa línea, considera que estas imputaciones aún estaban vivas cuando se inició la investigación judicial, por lo que rechaza la prescripción y considera que la decisión de la Audiencia de Castellón no se ajusta a Derecho y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

La decisión de la Audiencia de Castellón, hecha pública el pasado 27 de diciembre, fue la respuesta a un recurso presentado por el también presidente provincial del PP en el que solicitaba el archivo de la causa. El tribunal, no obstante, ha mantenido la acusación por tráfico de influencias y por cohecho, y uno de los delitos fiscales que imputa a Fabra el ministerio público, el correspondiente al ejercicio 1999, ya que entonces la Agencia Tributaria sí presentó una denuncia formal.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules imputó a Carlos Fabra por la supuesta comisión de cinco presunto delitos fiscales después de que los peritos del caso detectaran en las cuentas del entonces matrimonio Fabra 3,6 millones de euros cuyo origen no estaba justificado, entre 1999 y 2003. Los peritos apuntaron, además, a un fraude a las arcas públicas de 1,7 millones de euros. Hace un mes, Fabra pidió más tiempo para aportar nueva documentación a una investigación que dura ya siete años y por la que han pasado nueve jueces y cuatro fiscales.

Además de la fiscalía, ha anunciado recurso contra el archivo la acusación popular, la Unión de Consumidores. Los recursos ante el Tribunal Supremo retrasarán hasta un año un posible juicio a Fabra. El presidente de la Diputación de Castellón, tras conocer el fallo de la Audiencia, afirmó que la prescripción de cuatro de los cinco delitos fiscales "es tanto como la absolución". También culpó al juzgado de Nules y a Anticorrupción de la prescripción por no haber hecho "los deberes" a tiempo.

www.elpais.es 05.01.11

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