CRISTINA CIFUENTES CUENCAS :  YO, MI, ME, CONMIGO

AQUÍ LAS NOTICIAS SOBRE LA SUSODICHA Y LA PÚNICA

LAS NOTICIAS SOBRE LA SUSODICHA AÑO 2018
 

LA JUSTICIA DA DIEZ DÍAS A CIFUENTES PARA QUE EXPLIQUE POR QUÉ NEGÓ A LA OPOSICIÓN DOCUMENTACIÓN DEL CANAL

CIFUENTES LAMENTA QUE LOS DIPUTADOS SIGAN EL JUEGO AL CORRUPTO: “GRANADOS TOCA Y LA OPOSICIÓN BAILA”

EL CONGRESO CITA A CIFUENTES, AGUIRRE Y GONZÁLEZ POR LA FINANCIACIÓN DEL PP

EL PSOE Y UNIDOS PODEMOS PEDIRÁN LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES EN EL CONGRESO ANTE LAS REVELACIONES DE GRANADOS

CIFUENTES ASEGURA QUE SÓLO TIENE 3.000€ EN EL BANCO PESE A COBRAR MAYOR SALARIO QUE RAJOY

LA PÚNICA YA SEÑALABA A CIFUENTES ANTES DE QUE GRANADOS HABLARA

CRISTINA CIFUENTES, MARCADA POR SU PASADO

CIFUENTES SE QUERELLARÁ CONTRA GRANADOS TRAS SU ACUSACIÓN

GRANADOS IMPLICA A CIFUENTES EN LA ESTRUCTURA PARALELA QUE AUPÓ A AGUIRRE CON FINANCIACIÓN IRREGULAR

GRANADOS IMPLICA A CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

EL CINTURÓN DE HIERRO DE GONZÁLEZ: MANDABAN CIFUENTES, ISABEL GALLEGO, TABOADA Y SARASOLA

GRANADOS IMPLICA A AGUIRRE Y A CIFUENTES EN LA CAJA B DEL PP MADRILEÑO

GRANADOS INVOLUCRA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

UNA FUNCIONARIA DE LA ASAMBLEA PIDE IMPUTAR A CIFUENTES POR EL CONTRATO DE LA CAFETERÍA

LA FISCAL SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES COMO 'EXPERTA' EN HOSTELERÍA: "¿NO HABÍA MÁS GENTE?"

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES SE VUELVE EN CONTRA DE CIFUENTES

EL PSOE NO DEVOLVERÁ LOS PAPELES RECIBIDOS EN LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN

PSOE Y PODEMOS PIDEN EXPLICACIONES AL JUEZ SOBRE EL AUTO DEL QUE PRESUME CIFUENTES

LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DECIDEN APLAZAR LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES

EL JUEZ DEL CASO LEZO RECHAZA DAR DOCUMENTOS DEL SUMARIO A LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID

LA JUSTICIA DA AHORA LA RAZÓN A CIFUENTES E IMPIDE LA ENTREGA DE ACTAS DEL CANAL A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

CIFUENTES COMPARECERÁ EN LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA

CIFUENTES PIDE UN INFORME JURÍDICO PARA ELUDIR LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN

LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN CITA A CRISTINA CIFUENTES EL 2 DE FEBRERO

EL PP DE CIFUENTES VUELVE AHORA A LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN QUE DESPRECIABA HACE DOS SEMANAS

CIUDADANOS SALVA A CIFUENTES: NO TENDRÁ QUE EXPLICAR POR QUÉ OCULTÓ INFORMACIÓN DEL CANAL

CIFUENTES TENDRÁ QUE VOLVER A COMPARECER EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ASAMBLEA

EL MISTERIOSO FAX DE LAS ACTAS DEL CASO LEZO Y LOS CAPRICHOS DEL DESTINO

LOS DOCUMENTOS DE CIFUENTES LLEGAN A LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN TARDE Y MAL

LOS OTROS DOCUMENTOS "TRASPAPELADOS" POR EL GOBIERNO DE CIFUENTES: DE PÚNICA AL CAMPUS DE LA JUSTICIA

PODEMOS ESTUDIA UNA QUERELLA POR LA VÍA PENAL CONTRA CIFUENTES POR MENTIR

LA COMUNIDAD CESA A SUBDIRECTOR POR UN ERROR EN ENTREGA DOCUMENTOS CASO LEZO

LOS DOCUMENTOS QUE HA OCULTADO CIFUENTES: DE LAS OPERACIONES DE GONZÁLEZ Y GALLARDÓN A LOS PAGOS AL TESTAFERRO DE LEZO

CIFUENTES SE EXCUSA: LA RESPUESTA DEL JUEZ DE LA LEZO SE TRASPAPELÓ

CIFUENTES VETÓ A LA OPOSICIÓN INFORMACIÓN DEL CANAL QUE NO ESTABA BAJO SECRETO DE SUMARIO

CIFUENTES TENÍA DESDE AGOSTO AUTORIZACIÓN DEL JUEZ PARA DAR LAS ACTAS DEL CANAL A LA OPOSICIÓN Y LAS SIGUIÓ NEGANDO

LO QUE CRISTINA CIFUENTES NO QUIERE QUE SEPAS DEL CASO LEZO

DOS COLEGIOS CONCERTADOS DE MADRID RECOMIENDAN A LAS PROFESORAS VESTIR CON “RECATO” Y “MODESTIA”

CRISTINA CIFUENTES: "NO ME VAN A IMPUTAR. ESO NO VA A OCURRIR"


LA JUSTICIA DA DIEZ DÍAS A CIFUENTES PARA QUE EXPLIQUE POR QUÉ NEGÓ A LA OPOSICIÓN DOCUMENTACIÓN DEL CANAL

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid comunica al Gobierno que ya ha transcurrido el plazo para que envíe el expediente que apoya su postura Podemos recurrió a esta vía tras varias negativas del Ejecutivo a facilitar a la oposición información relacionada con el caso Lezo El caso de las actas lleva meses enfrentando al Gobierno con la oposición: que el juez dé la razón a una de las partes será una victoria también política

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da diez días al Gobierno de Cristina Cifuentes para que explique por qué negó a la oposición durante meses documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo. Según la notificación remitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo con fecha 14 de febrero, la Comunidad de Madrid ha dejado pasar el plazo ordinario para facilitar un "expediente administrativo" con esta información, lo que ha obligado a la justicia a reclamárselo de nuevo.

Fuentes del Gobierno regional aseguran que "se está preparando la documentación y se remitirá en los próximos días". De ello se ha encargado, según las mismas fuentes, la Dirección General de Relaciones con la Asamblea de Madrid.

El reclamo del TSJM responde a un recurso presentado por Podemos en noviembre y que versa sobre la negativa del Gobierno regional a facilitar a la oposición las actas del Canal y otros documentos. Sin que la Comunidad de Madrid aporte la información que se le pide, Podemos no puede avanzar en esta vía. Dos meses después de abrirse, el Gobierno empezó a entregar la documentación una vez que un juez resolvió que no tenía nada que decir en ese proceso, pese a que estaba dentro del caso Lezo.

A finales de enero hubo un nuevo pronunciamiento judicial de la Audiencia Nacional –en respuesta a una consulta del Gobierno– que resolvía que el Poder Judicial no está facultado para entregar a esta información a la oposición. El Ejecutivo interpretó el auto del juez del caso Lezo comocomo victoria política que respaldaba su postura e incluso pidió a los diputados que devolvieran los documentos. El propio hermano de Pablo González esgrimió ese escrito en la comisión que investiga la corrupción para no contestar a las preguntas de los grupos. Fuentes del Gobierno regional concretan que este auto forma del glosario de documentos que va a remitir al TSJM.

La oposición abrió en noviembre la vía administrativa porque contaba con algunos precedentes favorables. En Valencia, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó en un caso similar que el secreto de sumario afecta a "documentos que forman parte del propio sumario y sólo de él", y en ningún caso puede aplicarse sobre documentación que ya existía antes de iniciar la investigación y cuya "naturaleza pública es previa".

El Supremo validó esta conclusión al asegurar que el secreto de sumario "no es razón que justifique la negativa a facilitar datos de unos contratos administrativos que nada dicen del proceso penal pues son previos a él y, ciertamente, no tienen por sí mismos carácter secreto, sino todo lo contrario". Para el alto tribunal la existencia de un proceso penal no es "obstáculo para que las asambleas legislativas controlen la acción del Gobierno".

Con esas sentencias en la mano, Podemos busca que el TSJM les de la razón. Tanto ellos como el PSOE quieren también que la Audiencia Nacional se pronuncie a su favor, en lo que supone más una victoria política porque la oposición recibió la mayoría de los documentos del Canal cuando eldiario.es desveló que la Comunidad de Madrid tenía desde agosto autorización judicial para entregarlas. No lo hizo hasta enero.

Podemos ha presentado un recurso de reforma para que el juez aclare el auto en el que decía que él no podía entregar las actas, y el PSOE pidió al magistrado algo más de tiempo para recabar argumentos antes de recurrir. Al igual que en la vía administrativa abierta en el TSJM, la resolución supondrá una victoria política para quien consiga que la justicia le de la razón en un caso que lleva meses enfrentando a Cifuentes con la oposición.

http://www.eldiario.es/madrid/justicia-Cifuentes-oposicion-documentacion-Canal_0_742276643.html

CIFUENTES LAMENTA QUE LOS DIPUTADOS SIGAN EL JUEGO AL CORRUPTO: “GRANADOS TOCA Y LA OPOSICIÓN BAILA”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este martes tras la petición de su comparecencia en el Congreso de los Diputados a cuenta de la presunta financiación irregular del PP que “los parlamentos no deberían seguir el juego de un presunto corrupto“. “Granados toca y la oposición baila”, ha lanzado, en referencia al exsecretario general del PP de Madrid.

Así lo ha expresado la presidenta regional en un ‘hilo’ de Twitter tras conocerse que la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP la ha citado como nueva compareciente para el próximo 20 de marzo, así como a sus antecesores en el cargo, Ignacio González y Esperanza Aguirre, a los que se ha reservado fecha para el 10 de abril.

Estas citaciones han sido acordadas por los grupos de la oposición en una reunión celebrada tras la comparecencia que ha protagonizado este martes Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, responsable de ‘Orange Market’ que cumple condena por uno de los sumarios de la trama Gürtel.

Por ello, Cifuentes ha reprochado a Ciudadanos, PSOE y Podemos que pongan la Asamblea de Madrid y el Congreso “al servicio de los intereses de un presunto delincuente, embustero, machista y sin escrúpulos”.

Además, Cristina Cifuentes ha asegurado a través de esta red social que las declaraciones que vertió el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados en la Audiencia Nacional están “repletas de calumnias, injurias” y que “atentan contra la dignidad”. “Sirven a la oposición para hacerme comparecer ante dos Comisiones de Investigación simultáneamente”, ha señalado.

📣 Increíble, pero cierto: Ciudadanos, Podemos y PSOE están poniendo el @Congreso_Es y la @asambleamadrid, al servicio de los intereses de un presunto delincuente, embustero, machista y sin escrúpulos. Los parlamentos no deberían seguir el juego de un presunto corrupto.

— Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 20:41 - 20 feb. 2018
Por otra parte, la presidenta regional ha recordado que “el Juzgado ha rechazado, en dos ocasiones, la solicitud del presunto delincuente, que pretendía que tuviera que ir a declarar ante los tribunales”. “También ha alertado sobre los intereses espurios de este tipo de peticiones”, ha añadido.

En la misma línea, ha puesto de manifiesto que “el fiscal general del Estado (Julián Sánchez Melgar) ha advertido que las declaraciones sin pruebas (como ocurre en este caso) pueden suponer una difamación y no deberían ser tenidas en cuenta”, y ha recordado que ha presentado “una querella criminal por injurias, calumnias y atentado contra la dignidad”.

“Pero a Ciudadanos, Podemos y PSOE todo les da igual. No quieren que la realidad les estropee un buen ‘linchamiento político’ en las Comisiones de Investigación”, ha concluido.

https://okdiario.com/espana/2018/02/20/cristina-cifuentes-lamenta-diputados-sigan-juego-corrupto-granados-toca-oposicion-baila-1855889


EL CONGRESO CITA A CIFUENTES, AGUIRRE Y GONZÁLEZ POR LA FINANCIACIÓN DEL PP

La comisión que investiga las cuentas del PP convoca a la presidenta madrileña el 20 de marzo y sus antecesores Esperanza Aguirre e Ignacio González el 10 de abril. Unidos Podemos pide también la comparecencia del empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, tras las acusaciones vertidas por Alvaro Pérez, "el Bigotes". El PSOE no descarta sumarse a la petición y Ciudadanos no se opondrá

Las presuntas tramas de corrupción del PP en Valencia y Madrid protatonizarán en las próximas semanas las sesiones de la comisión que investiga la financiación del Partido Popular en el Congreso, con las comparecencias de toda la cúpula del partido en ambas comunidades.

La comisión ha acordado este martes citar el próximo 20 de marzo a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y el 10 de abril a sus antecesores en el cargo, Esperanza Aguirre e Ignacio González. Todos comparecerán después de que lo haga el ex secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, tras las acusaciones vertidas contra ellos la semana pasada en sede judicial.

El listado de comparecencias podría ampliarse ya que hoy mismo Unidos Podemos ha pedido también que el Congreso cite al empresario Ignacio López del Hierro, y marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tras las acusaciones emitidas por Álvaro Pérez "el Bigotes" en sede parlamentaria en las que le señalaba como parte de la financiación en "b" del partido. Unas declaraciones ante las que López del Hierro ha anunciado una querella. El PSOE estudiará si solicita la comparecencia del empresario y Ciudadanos apunta que no se opondrá si otros grupos lo demandan.

La comisión de investigación sobre la financiación del PP ha citado también el 6 de marzo al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, y al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, relacionados con la parte valenciana de la trama Gürtel.

Las comparecencias se cerrarán el 17 de abril con el empresario considerado el blanqueador de la trama Gürtel, Ramón Blanco Balín, comparecencia pendiente desde el pasado día 2, cuando Blanco Balín pidió un aplazamiento para preparar su declaración judicial.

http://cadenaser.com/ser/2018/02/20/politica/1519149832_415271.html

EL PSOE Y UNIDOS PODEMOS PEDIRÁN LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES EN EL CONGRESO ANTE LAS REVELACIONES DE GRANADOS

Ambas formaciones reclamarán que Cristina Cifuentes acuda a la comisión de investigación de la financiación del PP Francisco Granados asegura ante el juez que la presidenta madrileña participaba en las decisiones de Ignacio González

Ambas formaciones reclamarán que Cristina Cifuentes acuda a la comisión de investigación de la financiación del PP

El PSOE y Podemos pedirá que Cristina Cifuentes comparezca en el Congreso para rendir cuentas sobre las revelaciones de Francisco Granados ante el juez en las que ha involucrado a la actual presidenta madrileña en las decisiones que tomaba su antecesor, Ignacio González.

El Grupo Socialista y el de Unidos Podemos quieren ver a la dirigente del PP madrileño desfilar por la comisión parlamentaria que investiga la financiación irregular del partido de Mariano Rajoy.

"Creemos que es conveniente llamarla a declarar", ha expresado el también diputado, que no ha querido entrar en si la presidenta madrileña será imputada tras el paso de Granados por el juzgado: "Respecto a su futuro judicial, no vamos a entrar", declarado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa.

Los socialistas también reclamarán explicaciones en esa comisión parlamentaria de Esperanza Aguirre e Ignacio González por su presunta participación en la financiación ilegal del PP madrileño.

"De confirmarse las acusaciones de Granados, Cifuentes llegó a la cima del PP de Madrid escalando una montaña de corrupción (Púnica, Gürtel...). Igual que Esperanza Aguirre e Ignacio González. Los madrileños y las madrileñas no nos merecemos esta vergüenza", ha escrito el diputado de Unidos Podemos y previsible candidato a la Comunidad de Madrid en las autonómicas de 2019, Íñigo Errejón, en un comentario publicado en su cuenta de Twitter

De confirmarse las acusaciones de Granados, Cifuentes llegó a la cima del PP de Madrid escalando una montaña de corrupción (Púnica, Gürtel...). Igual que Esperanza Aguirre e Ignacio González. Los madrileños y las madrileñas no nos merecemos esta vergüenza

— Íñigo Errejón (@ierrejon) 13:23 - 12 feb. 2018
Granados declara este lunes ante el juez de la Operación Púnica a petición propia con la intención de admitir parte de responsabilidad en la caja B que se usó para las elecciones de 2007 y 2011, además de señalar a Esperanza Aguirre e Ignacio González. En el marco de esa declaración, ha apuntado que Cifuentes era conocedora de las decisiones del segundo.

http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Cifuentes-Francisco_Granados_0_739476281.html

CIFUENTES ASEGURA QUE SÓLO TIENE 3.000€ EN EL BANCO PESE A COBRAR MAYOR SALARIO QUE RAJOY

La presidenta de la Comunidad de Madrid contesta a las acusaciones de Granados sobre la Caja B del PP: "¿A quién van a creer, al que tenía un millón en el altillo o a mí, que vivo alquilada y con 3.000 euros en la cuenta?" También revela que Rajoy le llamó el lunes tras la declaración del imputado en la Púnica para mostrarle "todo su cariño".

Cristina Cifuentes esgrimió ayer que vive de alquiler y sólo tiene 3.000 euros en su cuenta corriente como argumento para negar cualquier relación con las tramas de corrupción del Partido Popular. No obstante, su salario como presidenta de la Comunidad de Madrid asciende a unos 90.000 euros brutos al año, casi 11.000 euros más que el sueldo del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La presidenta madrileña es una de las responsables autonómicas mejor pagadas de España –y sus consejeros también cobran bastante más que los ministros del Ejecutivo del PP–, pero antes de alcanzar ese cargo ya ingresaba una cantidad muy similar –incluso superior– como delegada del Gobierno en Madrid, puesto que desempeñó desde enero de 2012 hasta que sucedió a Ignacio González al frente de la comunidad autónoma en 2015.

Como respuesta a las acusaciones del ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, de que ella estaba al corriente de la Caja B del partido, Cifuentes declaró, en una entrevista en La Sexta Noche: "¿A quién van a creer, al que tenía un millón en el altillo o a mí, que vivo alquilada y con 3.000 euros en la cuenta?"

Esperanza Aguirre llegó a decir que era "pobre de pedir"

Una afirmación que llama la atención por parte de quien cobra un sueldo público de 6.400 euros brutos al mes (por 14 pagas) y tiene gran parte de sus gastos cotidianos pagados por el erario público. Por ejemplo, cuenta con tres chóferes, cada uno de ellos con un salario de en torno a los 37.000 euros brutos al año.

Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos y ex condesa consorte de Murillo, ya utilizó un argumento parecido en 2010, cuando ostentaba la presidencia de la Comunidad de Madrid y aseguró que ella no tendría que pagar un nuevo impuesto del PSOE sobre las grandes fortunas: "Yo soy pobre de pedir", dijo. Pocos días después tuvo que pedir disculpas por su "comentario desafortunado", pero la Mesa de la Asamblea de Madrid no admitió la petición del Grupo Parlamentario Socialista de acceder a la declaración de bienes y patrimonio de la presidenta regional.

Cifuentes: "La única relación que tuve con las cuentas del PP eran las cuentas que he pagado yo como afiliada"

Por su parte, Cifuentes afirmó en la entrevista de este sábado en el programa de televisión La Sexta Noche que jamás tuvo ni siquiera conocimiento de las cuentas de su partido en Madrid: "La única relación que tuve con las cuentas del PP eran las cuentas que he pagado yo como afiliada", declaró la actual presidenta del Partido Popular madrileño, quien comenzó su carrera política con sólo 16 años afiliándose a las Nuevas Generaciones de Alianza Popular y ha ostentado numerosísimos cargos de responsabilidad en la formación conservadora.

En cuanto a las declaraciones de Granados –quien fue Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y salió recientemente en libertad provisional como imputado en la trama Púnica–, Cifuentes explicó:

"Sentí muchísimo asco, me dio un asco horroroso. Creo que cuando a una persona se la difama, se cometen delitos de injurias y calumnias y delitos contra el honor, se tiene que pagar por ello. A sus muchísimas causas judiciales abiertas se le va a sumar esta otra, porque creo que la difamación en la vida no puede salir gratis. Una persona no puede difamar a otra de una manera tan tremenda. Además, introduciendo temas personales. Me parece repugnante".

Además de acusarla de estar al tanto de la financiación ilegal del PP, Granados hizo referencia a una presunta relación sentimental entre Cifuentes e Ignacio González, su predecesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid y actualmente en libertad bajo fianza como imputado en el caso Lezo sobre el expolio del Canal Isabel II.

"Poner la mano en el fuego es una expresión medieval"

Por otra parte, Cifuentes, ha revelado este sábado que Rajoy le llamó el pasado lunes para mostrarle "todo su cariño" tras las afirmaciones de Granados, tema del que, en cambio, dijo no haber hablado con Aguirre.

Sobre si pondría "la mano en el fuego" por Aguirre y González en relación a la financiación irregular del partido, Cifuentes ha aducido que a ella esta expresión le parece "medieval" y que prefiere hablar de "confianza". Aunque ha reconocido que, en vista de lo ocurrido con González, "mucha confianza, sinceramente no" tiene ya en sus antecesores del PP madrileño.

Sin embargo, ha alegado que el caso de Aguirre es "diferente", porque –aun admitiendo que no puede pronunciarse sobre sus labores en el partido por desconocerlas– sí ha dicho creer que hizo "muchas cosas buenas e importantes" por la Comunidad de Madrid. Y afirmó decirlo "de corazón". Entre esas cosas ha destacado que "contribuyó a la transformación" de la Comunidad, con los nuevos hospitales, los colegios bilingües o la ampliación del Metro.

A la pregunta de si dimitiría si resultase investigada, en aplicación del código ético del PP de Madrid, Cifuentes ha asegurado que ni siquiera contempla la posibilidad de una imputación porque "nunca" ha hecho "nada ilegal". Pero ha agregado que ese código ético se lo aplican ahora "todos" los políticos del partido, incluida ella, "porque estamos en una nueva etapa del PP de Madrid".

http://www.publico.es/politica/caja-b-pp-cifuentes-asegura-3000e-banco-pese-cobrar-mayor-salario-rajoy.html

LA PÚNICA YA SEÑALABA A CIFUENTES ANTES DE QUE GRANADOS HABLARA

La UCO pidió que se la investigara por las concesiones a Arturo Fernández y varios de sus colaboradores de más confianza están imputados

Cristina Cifuentes ha anunciado una querella contra Francisco Granados por las acusaciones que vertió contra ella al vincularla con la presunta financiación ilegal del PP. “No se puede ser más mentiroso, mezquino, miserable y machista”, ha dicho la presidenta madrileña del antiguo número dos del PP regional también en referencia a las palabras de su antiguo compañero en el PP, quien habló en su declaración ante el instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, de una supuesta relación sentimental con Ignacio González.

Pero no son solo las acusaciones de Granados las que comprometen a Cifuentes en la supuesta financiación ilegal del PP, que instruye García Castellón y que tiene dos vertientes: la pieza separada 14 la Púnica, denominada a la que se ha sumado recientemente la pieza 4 del caso Lezo. Todo ello ya existía antes de que Granados empezara a cantar. De hecho, no es la primera vez que el exnúmero dos del PP madrileño vierte acusaciones contra ella.

Como recuerda nuestro colaborador Los Genoveses, la veterana militante de AP/PP Cristina Cifuentes tiene dificultades para quitarse de en medio porque tenía responsabilidades directas en la Ejecutiva que presidía Esperanza Aguirre.

En el caso Púnica también están señalados dos diputados de su grupo parlamentario en la Asamblea y no son cualquiera. Se trata del exconsejero Jaime García Taboada, a quien recolocó en el Senado, y Bartolomé González, el alcalde de Alcalá de Henares, a quien e le relaciona con la presuntas comisiones que pudo recibir por parte de la multinacional francesa Cofely (PS 6). .

El primero fue señalado por Granados como integrante del cinturón de hierro de Ignacio González, junto a Cifuentes, Aguirre y Borja Sarasola. Está vinculado a la PS 13 que investiga las irregularidades en la sociedad pública Arpegio. Taboada aparece en el informe de la Fiscalía Anticorrupción del 11 de mayo [en el que también se acusaba a Cifuentes de “ocultar información relevante” sobre la Púnica], como objeto de investigación. En concreto, la Fiscalía reclama a la Comunidad de Madrid las actas de Presidencia “por las que designó a Jaime González Taboada (…) vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la Mesa de contratación del Plan Prisma 2006-2007” y lo mismo, pero para “la Mesa de contratación del Plan Prisma 2008-2011”.

Pero sin duda, uno de sus principales quebraderos de cabeza es la adjudicación irregular de la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario y donante del PP, Arturo Fernández. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil reclamó que se la investigase por dos presuntos delitos: uno de cohecho y otro de prevaricación.

Cifuentes presidió simultáneamente en 2009 y 2011 el Comité de Expertos -que es el órgano que hace la propuesta técnica- y la Mesa de Contratación que finalmente adjudicó los contratos. Y junto a estas dos responsabilidades, incompatibles entre sí, reúne otras responsabilidades:

- Presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre y el denostado Francisco Granados.

- Patrona de Fundescam, la fundación que recibe las donaciones de Arturo Fernández y que está siendo investigada por el juzgado de García Castellón.

Además de las concesiones a Arturo Fernández, Cifuentes se ve salpicada por Arpegio. El que fuera su viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Ruiz López, que se vio obligado a dimitir el pasado 16 de mayo tras conocerse que estaba siendo investigado por el juez Velasco dentro de la PS Arpegio, una de las 15 que forman el Caso Púnica. La trayectoria de Ruiz López está estrechamente ligada a la de Jaime González Taboada, del que ya hemos hablado.

Entre los afectados por los trapicheos de Arpegio de su Grupo Parlamentario Popular están:

- Daniel Ortiz Espejo. Nº 42 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex alcalde Móstoles. Dimite en julio 2016. El juez Velasco le atribuye cinco delitos por el supuesto amañó de un contrato para Cofely de 73 millones a cambio de una mordida de 743.000 euros.

- José Ignacio Echevarría Echaniz. Nº 14 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex Presidente de la Asamblea y ex Consejero de Transportes. Dimite en diciembre 2015 tras ser sancionado en un control del alcoholemia. Desde Abril del 2017 está siendo investigado en la PS 14 del Caso Púnica en su calidad de ex Tesorero regional del PP por la financiación irregular del PP madrileño.

- Borja Sarasola Jáudenes. Señalado por Francisco Granados en su declaración integrante del cinturón de hierro y número 12 en la lista encabezada por Cifuentes. Exconsejero de Medio Ambiente. Dimite en julio 2015 tras ser citado como investigado en el Caso Púnica. El 24 de febrero del 2017 la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) remitió al juez Velasco un informe sobre la adjudicación de la cafetería de la Vicepresidencia 1ª del Gobierno Regional al Grupo Cantoblanco del investigado Arturo Fernández. En el citado informe además de certificar las irregularidades de esa adjudicación cita expresamente a Sarasola como responsable de la adjudicación durante su etapa como Secretario General Técnico y Presidente de la Mesa de Contratación.

Todo esto, sin meternos en el caso Lezo en el que Cristina Cifuentes se ha convertido en juez y parte. Mención aparte sus esfuerzos para ocultar a la oposición documentos administrativos sobre los contratos bajo sospecha del Canal de Isabel II, del que fue consejera. ¿Acaso tiene algo que ocultar?

https://www.elplural.com/politica/2018/02/13/la-punica-ya-senalaba-cifuentes-antes-de-que-granados-hablara

CRISTINA CIFUENTES, MARCADA POR SU PASADO

Llegó a Alianza Popular con tan solo dieciséis años y se afilió a Nuevas Generaciones. Desde entonces, Cristina Cifuentes tuvo una carrera meteórica en el PP de Madrid, cuyas entretelas conoce como nadie. Es evidente que la actual presidenta madrileña no llegó ayer a la formación que durante tantos años gobernó con holgada mayoría absoluta esta Comunidad, pero también es cierto que hasta la fecha nunca ha sido imputada en asuntos de corrupción.

El dardo envenenado de Francisco Granados ha sido enorme y coloca a Cifuentes en una situación inesperada. Rodeada de un núcleo duro que la defiende con fervor, otros en el partido denunciaban su ambición y algunas deslealtades. A pesar de su pasado en Alianza Popular, siempre fue de moderna, agnóstica y abanderada de causas «progres» como el matrimonio gay. Una especie de chica adelantada a su tiempo, algo «rojilla» y sobrada, en opinión de sus críticos. Por el contrario, para sus leales, era incluso la mejor situada para suceder a Mariano Rajoy.

En política, como en todo en la vida, es difícil borrar a los protectores del pasado. Y Cifuentes tuvo tres de peso: Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González y Esperanza Aguirre, quienes la auparon en diferentes momentos. Retirados Gallardón y Aguirre de la vida política, defenestrado Ignacio González, ella no tuvo reparos en renegar de algunas actuaciones y convertirse en el mayor azote contra los asuntos turbios de su partido. Era una especie de guerrillera sin freno, olvidando tal vez que en otros tiempos la ayudaron. Ello, desde luego, no justifica en absoluto las diatribas de Paco Granados, claramente manchado en aras de una huida hacia adelante para su defensa. Pero viene a demostrar que la discreción y prudencia son a veces más rentables que el ataque a los antiguos compañeros. Sabido es que no hay peor cuña que la de la misma madera.

Cifuentes se querella y está en su derecho, mientras su socio de gobierno, Ciudadanos, que la sostiene por la mínima, la mira con lupa. Nadie duda de que Francisco Granados es un hombre ferozmente dispuesto a atravesar líneas rojas. Pero también dice un refrán que cuando todos se conocen, los riesgos a correr deben ser mínimos.

Cristina fue intrépida, osada y valiente, sin atisbar que en esta fauna política los lobos heridos quieren morder la presa. Unos la veneran como una lideresa implacable contra la corrupción, otros la censuran haber olvidado pronto sus apoyos de antaño y, además, pretender aparentar que era una neófita recién llegada al partido. Su pasado, hasta ahora limpio, es el que es sin discusión. Su presente y su futuro dependen de que las acusaciones de un bravucón se conviertan en pruebas de rigor.

https://www.larazon.es/espana/cristina-cifuentes-marcada-por-su-pasado-CI17686765?sky=Sky-Febrero-2018#Ttt1GOV84ObFQFyb

CIFUENTES SE QUERELLARÁ CONTRA GRANADOS TRAS SU ACUSACIÓN

La presidenta de la Comunidad de Madrid responde que le da igual lo que diga Granados, "un presunto delincuente" y afirma que solo es responsable de su gestión

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que va a presentar "de inmediato" una querella contra el exconsejero madrileño Francisco Granados por "un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen".

Según han explicado fuentes del Ejecutivo regional, Cifuentes ha tomado esta decisión tras conocer, "a través de los medios de comunicación", las declaraciones efectuadas este lunes por Granados ante el juez del caso Púnica.

Cifuentes ha anunciado que va a ejercer ante los tribunales "cuantas acciones civiles y penales le correspondan, por lo que constituye un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen".

Así, presentará "de inmediato" una querella criminal cuyo alcance y detalles está ultimando en estos momentos el abogado que la representará a título personal, ya que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.

Francisco Granados ha declarado hoy a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al que ha asegurado que Cifuentes formaba parte del círculo de poder de Ignacio González.

Granados ha dicho sobre Cifuentes -de la que ha indicado que tenía una estrecha relación con González-, que cuando se celebraron las campañas electorales de las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, financiadas de forma supuestamente irregular, ella era secretaria de Política territorial del PP madrileño y conocía de estas prácticas.

Esta misma mañana Cifuentes ha afirmado que le daba "exactamente igual" lo que dijera el exconsejero, "un presunto delincuente" que en su estrategia de defensa "quiere involucrar a todo el mundo" con el fin de "poder librarse" de una condena.

"Lo único que quiero respecto a Francisco Granados o a cualquier otra persona de mi partido o de cualquier otro partido que haya estado o esté en un procedimiento de corrupción es que la Justicia actúe cuanto antes, con total contundencia y con rapidez para que se deriven las responsabilidades", ha asegurado.

La presidenta ha defendido su trayectoria política y personal, liderando la "tolerancia cero frente a la corrupción en el día a día". "Soy una persona transparente, mi declaración de bienes -de no bienes- está ahí, no tengo nada, vivo de una determinada manera y no tengo absolutamente nada que ocultar", ha dicho.

Además, ha insistido en que ella no había tenido responsabilidades de gestión, ni en el PP ni en ningún Ejecutivo, hasta hace dos años, porque a pesar de haber sido diputada "muchísimos años" no ha pertenecido "a ningún Gobierno: ni de Esperanza Aguirre ni de Ignacio González ni de Alberto Ruiz-Gallardón ni de nadie".

http://cadenaser.com/emisora/2018/02/12/radio_madrid/1518441283_361291.html?int=masinfo

GRANADOS IMPLICA A CIFUENTES EN LA ESTRUCTURA PARALELA QUE AUPÓ A AGUIRRE CON FINANCIACIÓN IRREGULAR

El exconsejero revela en la Audiencia Nacional que la actual presidenta de Madrid formó parte del núcleo de poder en las elecciones de 2007 y 2011 dirigido por Ignacio González “hasta que tuvieron la ruptura sentimental”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, formó parte de la estructura paralela montada para reforzar la imagen de su antecesora Esperanza Aguirre en las elecciones de 2007 y 2011 y que supuestamente fueron financias con dinero irregular, según ha asegurado Francisco Granados en la Audiencia Nacional.

Cifuentes integró esta estructura paralela, o núcleo de poder que dirigía Ignacio González, “hasta que tuvieron la ruptura sentimental”, según ha afirmado de pasada Granados en un momento de su declaración voluntaria ante el juez central de instrucción 6, Manuel García Castellón, que investiga la trama Púnica.

Esa financiación irregular de ambas campañas que Granados “intuye” que existía era conocida por la propia Esperanza Aguirre y llevada a cabo por el vicepresidente Ignacio González, ayudado por Cristina Cifuentes quien entonces era la responsable regional del partido.

Cifuentes formó parte de la estructura paralela que dirigía Ignacio González, “hasta que tuvieron la ruptura sentimental”, dijo Granados

Tanto la campaña de las elecciones locales y autonómicas de 2007 como las generales de 2011 contaron con esta estructura paralela destinada a impulsar a Esperanza Aguirre como política.

En el núcleo duro se encontraban Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Borja Sarasola (diputado regional), Isabel Gallego (directora de Comunicación de Aguirre) y Jaime González Taboada, número tres de la actual presidenta de Madrid quien recientemente ha sido designado senador a pesar de estar salpicado por el caso Púnica (lo que refuerza el aforamiento del juicio de esta trama en el Supremo) y que en la época de Aguirre era director general de Cooperación.

Granados cree que las campañas “paralelas de refuerzo” de Esperanza Aguirre se pagaron en parte "a través de gastos de publicidad que se encargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid", según fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Desconoce cuánto dinero se desvió

El líder de la Púnica no ha podido evaluar el alcance de dinero público desviado para la campaña personal de Aguirre. Ante el juez ha asegurado que sólo el Canal de Isabel II gastaba en publicidad 15 millones y que, sumados a otras empresas públicas, podría hablarse de "30, 40 ó 50 millones" pero sin poder concretar cifra alguna, según las mismas fuentes presentes en su declaración.

En las dos campañas de 2007 y 2011, el PP manejó una caja B de cinco millones de euros, según la investigación judicial.

A él no le comunicaban todas las decisiones sobre las campañas electorales, pese a ser secretario general del PP de Madrid, porque era Ignacio González quien las controlaba, ha insistido.

En todo caso, ni él, que dirigió la campaña de los comicios de 2011, ni Beltrán Gutiérrez, el gerente, tenían acceso a esta supuesta caja B. Sólo conocían la contabilidad legal, controlada por el Tribunal de Cuentas, según ha revelado en su interrogatorio sin aportar prueba alguna. La campaña de 2007 fue dirigida por Ignacio González.

Ahora bien, a la salida de su declaración ha proclamado que cree que Aguirre, González, Cifuentes y demás integrantes del núcleo paralela actuaron de manera “legal”. Basa su afirmación en “las pruebas” que existen del caso y que no le llevan a cambiar de opinión.

En todo momento, Granados ha apuntado a Aguirre y a González como las personas que decidían “todos los cargos de la Comunidad de Madrid y del PP regional”, así como las empresas públicas. “Y no sé si en este orden”.

La declaración ha durado tres horas y será reanudada el próximo día 20 de febrero.

Inauguraciones de las obras públicas

Interrogado por su abogado defensor, Ignacio Vasallo, Granados ha revelado también que el sistema de gestión de Prisma (el Plan Regional de Inversiones y Servicios) pasó a ser controlado por la Comunidad de Madrid porque Aguirre estaba harta de dar dinero a los alcaldes, en especial del PSOE, y que luego no le invitaran a las inauguraciones de las obras públicas.

Granados ha agregado que él se desentendió de la gestión de Arpegio porque Aguirre delegó toda responsabilidad de esta empresa en el consejero delegado Eduardo Larraz.

Granados se ha desmarcado de su exsocio David Marjaliza, quien lo señala al frente de las irregularidades de la empresa pública Arpegio y de la consejería de Transportes con las que se habrían financiado los populares de Madrid.

Marjaliza ha optado por colaborar con la Justicia y ha revelado los amaños de contratos públicos y el cobro de comisiones del que se valió el líder de la Púnica como alcalde de la localidad de Valdemoro (Madrid) y como consejero de la Comunidad.

Granados ha asegurado ante el juez central de instrucción 6 que en las obras del metro, al principio, se contrataba a las grandes constructoras porque eran las que disponían de tuneladoras. Pero más adelante, y en otras obras como tranvía o el metro ligero, se empezó a contratar a empresas medianas.

De esta manera ha justificado estas contrataciones y también una afirmación de Marjaliza, quien sostiene que Granados reveló en una cena que había sido cesado porque Florentino Pérez pidió su cabeza a Esperanza Aguirre después de que intentara dar las obras a empresas medianas, como Albi, San José o Teconsa.

http://www.publico.es/politica/granados-implica-cifuentes-estructura-paralela-aupo-aguirre-financiacion-irregular.html

GRANADOS IMPLICA A CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Afirma que Cifuentes formaba parte del "núcleo de hierro" liderado por Ignacio González para “reforzar” con ingresos ilegales, las campañas de Aguirre en Madrid, por la “relación sentimental” que mantuvo Cifuentes con el expresidente madrileño

Un núcleo de hierro para la financiación ilegal que conocía Aguirre, según Granados, y que estaba conformado por González, Cristina Cifuentes, Borja Sarasola, Isabel Gallego, y José María de la Uz, entre los años 2007 y 2011.

Granados atribuye a Aguirre y González la financiación ilegal del PP en Madrid

El supuesto líder de la Púnica desvela a la SER el contenido de la declaración voluntaria en la Audiencia Nacional. Sostiene que están implicados "el viejo y el nuevo PP"

El exsecretario general del PP en Madrid sostiene que González ordenó que empresas públicas como el Canal Isabel II, ICM, PromoMadrid, Imade y el Consorcio de Turismo, contrataran servicios publicitarios fraudulentos a empresas como Swat, que organizaban las campañas de Aguirre. Esa era la fórmula de pagos irregulares con dinero público con el objetivo de financiar de forma ilegal al PP.

Cifuentes era conocedora y formaba parte del núcleo duro de González, dice, por la relación sentimental que mantenía con éste. Ante el juez, Granados ha dicho que Cifuentes era “la mano derecha y la voz” de Ignacio González. El “brazo ejecutor” del expresidente en el partido, durante el tiempo en el que según dice, duró la relación sentimental de ambos, entre 2007 y 2011, cuando concluyó como “la película Atracción Fatal”, según sus palabras al magistrado.
Granados no ha aportado prueba o documento alguno al respecto. Dice que ya están en el sumario, en relación a los indicios recabados por los investigadores, y ha instado a cruzar las facturas de publicidad de las empresas públicas mencionadas para corroborar la veracidad de sus afirmaciones.

A su salida de los juzgados, Granados ha defendido que todo lo que ha dicho "se puede comprobar" a pesar de no haber aportado documentos porque él no se va llevando documentos de las administraciones ni de los partidos: "Yo salgo de los sitios con lo puesto".

http://cadenaser.com/ser/2018/02/12/tribunales/1518423966_348745.html

EL CINTURÓN DE HIERRO DE GONZÁLEZ: MANDABAN CIFUENTES, ISABEL GALLEGO, TABOADA Y SARASOLA

El núcleo de poder se desarma cuando la actual presidenta rompe su relación sentimental con el expresidente, según Granados

La rana ha cantado cucú. El exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, ha declarado este lunes ante el juez y ha apuntado alto. Granados ha involucrado a Esperanza Aguirre y a Ignacio González en la financiación en B del PP madrileño en las campañas de 2007 y 2011. Pero no se vayan, que aún hay más. El concierto ha continuado y, al término de su declaración, Granados ha mentado a Cristina Cifuentes, quien, según su relato, formaba parte del núcleo de control en la estructura de poder.

Francisco Granados ha asegurado que todos los nombramientos los hacían González y Aguirre y que, hasta el último de los departamentos de prensa, eran nombrados por ellos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid despachaba cualquier problema con una periodicidad semanal, según Granados, quien ha aseverado que ellos mandaban en todo, incluso en ocasiones, tenía más poder y peso González que la propia Aguirre.

González no mandaba solo. Tenía su particular guardia pretoriana, un cinturón de hierro, un núcleo de control del poder. Sus integrantes eran Isabel Gallego, exdirectora de Comunicación de Aguirre (ya imputada en la causa); Jaime González Taboada, exnúmero tres de Cifuentes en el Ejecutivo regional y actual senador del PP; el consejero Borja Sarasola y el premio gordo, Cristina Cifuentes.

Granados ha declarado que Cifuentes es nombrada en 2005 número tres del partido y que se convirtió en la mano derecha de González: era sus ojos y sus oídos. Acumuló mucho poder y responsabilidad. Incluso, el exconsejero ha apuntado que en ocasiones Cifuentes se jactaba de que no mandaba González, sino ella. No obstante, Granados no se ha limitado a detallar su estrecha relación profesional, sino que también ha apuntado a una relación sentimental entre Cifuentes y González.

El caso Púnica investiga la financiación irregular del PP en las campañas de 2007 y 2011, y en este sentido, Granados ha especificado que la campaña electoral de 2007 la dirigen González y Cifuentes.

A la guardia pretoriana de poder articulada por Ignacio González habría que sumarle un nombre más, Eduardo Larraz. Fue Aguirre quién delegó toda la responsabilidad de la empresa Arpegio en Larraz, por aquel entonces, consejero delegado.

El entramado de control de González se viene abajo por un romance. Según Granados, el detonante de la fractura es producto de la ruptura de una presunta relación sentimental entre Cifuentes y González.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/12/caso-punica-granados-gonzalez-cifuentes-aguirre

EL PSOE Y UNIDOS PODEMOS PEDIRÁN LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES EN EL CONGRESO ANTE LAS REVELACIONES DE GRANADOS

Ambas formaciones reclamarán que Cristina Cifuentes acuda a la comisión de investigación de la financiación del PP Francisco Granados asegura ante el juez que la presidenta madrileña participaba en las decisiones de Ignacio González

Ambas formaciones reclamarán que Cristina Cifuentes acuda a la comisión de investigación de la financiación del PP

El PSOE y Podemos pedirá que Cristina Cifuentes comparezca en el Congreso para rendir cuentas sobre las revelaciones de Francisco Granados ante el juez en las que ha involucrado a la actual presidenta madrileña en las decisiones que tomaba su antecesor, Ignacio González.

El Grupo Socialista y el de Unidos Podemos quieren ver a la dirigente del PP madrileño desfilar por la comisión parlamentaria que investiga la financiación irregular del partido de Mariano Rajoy.

"Creemos que es conveniente llamarla a declarar", ha expresado el también diputado, que no ha querido entrar en si la presidenta madrileña será imputada tras el paso de Granados por el juzgado: "Respecto a su futuro judicial, no vamos a entrar", declarado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa.

Los socialistas también reclamarán explicaciones en esa comisión parlamentaria de Esperanza Aguirre e Ignacio González por su presunta participación en la financiación ilegal del PP madrileño.

"De confirmarse las acusaciones de Granados, Cifuentes llegó a la cima del PP de Madrid escalando una montaña de corrupción (Púnica, Gürtel...). Igual que Esperanza Aguirre e Ignacio González. Los madrileños y las madrileñas no nos merecemos esta vergüenza", ha escrito el diputado de Unidos Podemos y previsible candidato a la Comunidad de Madrid en las autonómicas de 2019, Íñigo Errejón, en un comentario publicado en su cuenta de Twitter

De confirmarse las acusaciones de Granados, Cifuentes llegó a la cima del PP de Madrid escalando una montaña de corrupción (Púnica, Gürtel...). Igual que Esperanza Aguirre e Ignacio González. Los madrileños y las madrileñas no nos merecemos esta vergüenza

— Íñigo Errejón (@ierrejon) 13:23 - 12 feb. 2018

Granados declara este lunes ante el juez de la Operación Púnica a petición propia con la intención de admitir parte de responsabilidad en la caja B que se usó para las elecciones de 2007 y 2011, además de señalar a Esperanza Aguirre e Ignacio González. En el marco de esa declaración, ha apuntado que Cifuentes era conocedora de las decisiones del segundo.

http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Cifuentes-Francisco_Granados_0_739476281.html

GRANADOS IMPLICA A AGUIRRE Y A CIFUENTES EN LA CAJA B DEL PP MADRILEÑO

Francisco Granados ha tirado de la manta, pero no tanto como para quedarse él mismo descubierto. El ex secretario general del PP madrileño y principal imputado del caso Púnica ha reconocido este lunes la financiación ilegal del partido, y, por primera vez, ha implicado en ella a la expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que hasta ahora había salido bien librada de todas las causas de corrupción que cercan a la formación conservadora. Granados apuntó básicamente contra la antigua cúpula del PP, encarnada en Aguirre y en su antigua mano derecha, el expresidente madrileño Ignacio González.

También ha reservado un dardo contra la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. Según ha manifestado, Cifuentes estuvo en “el núcleo de poder” que manejó la “campaña paralela” de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011 por una supuesta “relación sentimental” con Ignacio González, afirman fuentes presentes en la declaración. En esas dos campañas el partido en Madrid manejó fondos opacos por valor de cinco millones de euros, según la investigación. “Me da igual lo que diga este señor, es un delincuente”, ha respondido este lunes la aludida Cristina Cifuentes.

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que presentará "de inmediato" una querella contra el exconsejero madrileño Francisco Granados por "un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen".

Según el testimonio de Granados, en la empresa pública de suelo Arpegio, eje de las prácticas corruptas, colocó como consejero delegado a Eduardo Larraz, por indicación de Aguirre. Larraz está imputado por supuestamente cobrar comisiones de constructores por adjudicaciones de grandes parcelas de suelo en diferentes municipios para vivienda protegida y por las obras del llamado Plan Prisma. En casa de este directivo la Guardia Civil encontró 146 lingotes de oro. Granados ha afirmado también que en Plan Prisma, Aguirre exigió que los fondos dejaran de entregarse a los ayuntamientos y que los trabajos los ejecutara directamente la Comunidad de Madrid para poder obtener rédito político por ellos, apuntan fuentes presentes en el interrogatorio.

En momento de la declaración, Granados ha contado ante el juez la existencia de una supuesta "relación" de tipo "sentimental" entre Ignacio González y su sucesora y actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, según varias fuentes presentes en el interrogatorio. Esta es la causa por la que la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid tenía conocimiento de dicha caja b con la que, según Granados, se pagó una campaña “paralela” en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011. Granados ha asegurado que en aquellos comicios él se centró en los gastos de la campaña A, y que de la pagada con dinero negro estaba bajo el control absoluto de Ignacio González.

Hasta que mantuvieron esta supuesta relación sentimental, Cifuentes se mantuvo en “el núcleo de control” y en “la estructura de poder” de dicha campaña paralela. En este núcleo también ha situado a Isabel Gallego -exdirectora de Comunicación de Aguirre y ya imputada en la causa-, Jaime González Taboada -ex número tres de Cifuentes en el Ejecutivo regional y actual senador del PP por designación autonómica- y el exconsejero Borja Sarasola.

El exconsejero ha asegurado que los fondos de dicha caja B provenían principalmente de falsos contratos de publicidad del Canal de Isabel II, del Consorcio de Turismo de la Comunidad de Madrid y la empresa pública de informática y comunicaciones (ICM). En esta trama jugaba un papel clave la sociedad Swap, que ya había salido en la investigación del caso Púnica. Granados –que no ha aportado documentación durante su comparecencia- ha desvinculado de estas irregularidades a la dirección nacional del partido y al exgerente regional, Beltrán Gutiérrez.

Así, ha afirmado que el que fuera tesorero del PP nacional, Álvaro Lapuerta nunca le pidió que amañara ningún contrato, en contra de lo que aseguró Ignacio González. Según Granados, él sólo recibió una llamada de Lapuerta en todo el tiempo que estuvo al frente de la secretaría general del PP de Madrid y fue para pedirle que indagara sobre el patrimonio de Ignacio González.

A la salida de su declaración, Granados ha asegurado a la prensa que todo lo que había asegurado en su declaración ante el juez "se puede confirmar". El político ha insistido ante los medios que existía una campaña "paralela" que estaba "a las órdenes de Ignacio González" y que se financiaba "al margen del partido". El juez le tomará de nuevo declaración el próximo 20 de febrero para que continúe su declaración.

El cabecilla de la trama fue detenido en octubre de 2014 y salió de prisión el pasado junio bajo fianza de 400.000 euros. A finales de enero solicitó al juez instructor, Manuel García-Castellón, comparecer para una nueva declaración, la tercera desde su arresto. En su anterior comparecencia, en diciembre de 2016, también a petición propia, sus intentos de exculparse a toda costa pese a los indicios contra él en el sumario, exasperaron al juez Eloy Velasco. Este lunes, Granados venía dispuesto a “contar todo” lo que sea útil para la investigación. Eso sí, sin complicar más su ya difícil situación.

El ex número dos del partido y antiguo consejero de Presidencia y Transportes de la Comunidad de Madrid está directamente implicado en al menos siete de las 16 piezas de que consta el macrosumario Púnica. Este lunes, su abogado, Javier Vasallo, le planteó una batería de 212 preguntas. Parte de ellas iban encaminadas a desacreditar una de las mayores pruebas contra él: la libreta Moleskine en la que supuestamente apuntó movimientos de la caja b del PP, con entradas y salidas de fondos bajo los epígrafes in y out. En ella quedó reflejado, entre otras anotaciones, cómo Granados se repartió con Javier López Madrid, exconsejero de la empresa OHL, 500.000 euros de una partida de 2,1 millones que la constructora había destinado para financiar las elecciones autonómicas de 2011.

Granados dedicó buena parte de su declaración a desacreditar a su antiguo amigo el empresario David Marjaliza, otro de los cabecillas de la trama corrupta y que desde abril de 2015 colabora con la investigación. Marjaliza, que empezó a labrar su fortuna en Valdemoro (Madrid), municipio en el que Granados era alcalde, fue el que puso nombre y apellidos a las iniciales anotadas en la Moleskine por el expolítico. Más recientemente, ha aportado al juez documentos sobre el supuesto cobro de una comisión ilegal de 3,6 millones de euros por la adjudicación amañada de tres obras del Metro de Madrid, y que se repartió a partes iguales con Granados y López Madrid.

https://politica.elpais.com/politica/2018/02/12/actualidad/1518423314_789832.html

GRANADOS INVOLUCRA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El antiguo número dos del PP madrileño sostiene que hubo una financiación "paralela" de las campañas de Madrid en 2007 y 2011 El principal imputado en 'Púnica', a quien los investigadores atribuyen corrupción a gran escala, dice que la actual presidenta de la Comunidad se convirtió en "los ojos y los oídos" de Ignacio González.

Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes se han convertido esta mañana en el trípode sobre el que el antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, ha sustentado esta mañana su declaración voluntaria en el caso Púnica, para la que prometía novedosas revelaciones sobre la –presunta– financiación ilegal del partido y que finalmente ha sido más difusa de lo esperado. Granados, cuya declaración proseguirá el día 20 y que este lunes solo ha respondido a su abogado, ya tiene respuesta de Cifuentes: "No tengo nada que ocultar, me da exactamente igual lo que diga este presunto delincuente". La presidenta madrileña presentará de inmediato una querella criminal cuyo alcance y detalles está ultimando en estos momentos el abogado que la representará a título personal, puesto que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.

En sus tres horas de comparecencia, Granados, ahora en libertad bajo fianza por graves delitos de corrupción, ha asegurado que las campañas de Aguirre se "reforzaban" con financiación "paralela" obtenida a través de empresas de publicidad y a la que se declara por completo ajeno. Según Granados, esa campaña paralela –ha eludido términos como ilegal o irregular– a la que desarrollaba la estructura orgánica del PP madrileño y del nacional la llevaban González y Cifuentes, así como otros cargos de menor rango. Granados ha declarado que Cifuentes, cuyo nombramiento como "número 3" del PP madrileño en 2005 ha recalcado, se convirtió en "los ojos y los oídos" de Ignacio González. Y que ambos mantuvieron una relación sentimental.

Granados ha puesto especial énfasis en destacar el papel de Mariano Rajoy como quien de verdad "destapó" la trama Gürtel al pedir a Esperanza Aguirre "en 2007 o 2008" que frenase la venta de una parcela de Arganda del Rey en la que el grupo de Francisco Correa estaba implicado. Y ha llegado a asegurar que fue el ahora presidente del Gobierno quien, una vez que Aguirre lo excluyó de su gobierno, le convenció para que se presentase al Senado en 2011. Él, Granados, no quería porque era poco trabajo –ha argumentado– pero el líder del partido se lo pidió y finalmente accedió a ello.

Entre las empresas de publicidad que cree estaban implicadas en ese canal paralelo de financiación ha citado a Swat, que ya estaba siendo investigada. Esas empresas, ha dicho, contrataban con el Consorcio de Turismo, bajo la batuta de la exsenadora Ana Isabel Mariño, y con el Imade, que dirigía Aurelio García de Sola, "pariente de Esperanza Aguirre" y cuyo presupuesto para publicidad era multimillonario. En el núcleo duro de Aguirre, Granados ha situado también a la exdirectora de comunicación del Gobierno madrileño, Isabel Gallego, y al exconsejero Jaime González Taboada. El igualmente exconsejero Borja Sarasola pertenecía también al grupo director de las campañas.

La operativa reconocida por Granados coincide con la ya descrita por otro de los investigados en Púnica, el empresario de publicidad Daniel Mercado. Pero Granados, y así lo subrayan fuentes presentes en su declaración, no ha aportado detalles y ha optado en todo momento por la sugerencia frente a la atribución directa de hechos. Por ejemplo, al hablar sobre las fuentes de esa financiación paralela ha mencionado el Canal de Isabel II, feudo de su ahora acérrimo enemigo Ignacio González.

Pero lo ha hecho para decir que sabe que en efecto gastaba mucho en publicidad pero que no puede asegurar nada. Y que cree que la empresa Licuas y el empresario Joaquín Molpeceres tal vez ayudaban en la campaña por su relación con el Canal, su relación con el marido de Cristina Cifuentes y por amistad con Esperanza Aguirre. La "intuición", ha afirmado después, le dicta que los gastos más importantes salían del Imade, uno de los organismos autónomos que más fondos manejó en la pasada década y cuya extinción decretó Aguirre en diciembre de 2010.

"El PP se dirigía desde la Puerta del Sol", ha dicho para ilustrar el poder de Aguirre y su núcleo duro, del que él mismo se ha excluido para presentarse poco menos que como un simple subordinado de Ignacio González. Granados ha relatado cómo cuando en 2011 Aguirre lo descabalgó de la secretaría general del PP madrileño para aupar a Ignacio González él mismo le dijo al entonces delfín que por fin se había convertido formalmente en secretario general, que era lo que en la práctica llevaba siendo desde hacía años.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/13/granados_acusa_aguirre_75161_1012.html

UNA FUNCIONARIA DE LA ASAMBLEA PIDE IMPUTAR A CIFUENTES POR EL CONTRATO DE LA CAFETERÍA

Tatiana Recoder, exjefa del Servicio Jurídico, reconoció ante la Fiscalía que ni ella ni la presidenta eran expertas en hostelería

La que fuera jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana-Sonsoles Recoder, ha enviado al juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Púnica, que sobresea el procedimiento sobre ella en relación con la adjudicación de la cafetería de la Cámara al empresario Arturo Fernández, que la Guardia Civil considera ilegal y un pago por sus donaciones al Partido Popular. De no hacerlo, solicita al juez Manuel García Castellón que llame como imputada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y a la jefa del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo de la Asamblea, María Virtudes Merino [exmujer de José Luis Ayllón, nuevo jefe de Gabinete de Mariano Rajoy], dado que junto a ella formaron el Comité de Expertos que valoró positivamente la oferta de Fernández y su empresa, el Grupo Cantoblanco.

La estrategia de Recoder pasa por presentarse como una cumplidora de órdenes de sus superiores y, de hecho, en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso El Plural, su abogado se pregunta –“¿por qué?”- se le achaca a ella la responsabilidad por la “pretendida incompatibilidad de la señora Cifuentes”, dado que estaba al mismo tiempo en el Comité de Expertos que valoró la oferta de la cafetería y en la Mesa de Contratación que acabó adjudicando el servicio de hostelería.

Una serie de coincidencias que, según la Guardia Civil, supondrían que Cifuentes habría incurrido en los presuntos delitos de “prevaricación continuada y cohecho”.

En su escrito, el abogado de la exjefa de Servicios Jurídicos dice que no se “alcanza a comprender” por qué la Guardia Civil, la Fiscalía y el Juzgado pregunta a su defendida por la incompatibilidad de Cifuentes y no han “considerado oportuno citar a la interesada para recibirle declaración y pedirle las pertinentes explicaciones”.

Sobre si Cifuentes tenía que haberse abstenido de entrar en el Comité de Expertos, el escrito señala que “si se entiende que respecto de tal designación cabía hacer algún reproche debería efectuárseles a ellos[a la Mesa de la Asamblea, en la que también estaba Cifuentes], no a mi defendida]”. Y remacha: “Pero en todo caso es evidente que de haber tenido que abstenerse, quien debería haberlo considerado y hecho sería la propia interesada, la Ilma. Sra. Doña Cristina Cifuentes Cuencas”.

Con estos argumentos, la defensa pide que se dicte “auto de sobreseimiento libre y parcial” sobre la causa contra Tatiana-Sonsoles Recoder. Y, en caso de no acceder, pide como prueba que se interrogue a Cristina Cifuentes y a Merino como miembros del Comité de Expertos. Acto seguido, el abogado se cura en salud y señala que dicho testimonio tiene que ser “en calidad de investigadas”, -antes imputadas- “para salvaguardar sus derechos fundamentales” y que dicha petición no se hace “porque se las considere como posibles responsables de cualquier actuación delictiva”.

Además, otra de las pruebas que pide el escrito es que el juzgado se dirija al Congreso de los Diputados, a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Economía y Hacienda y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que remitan “todos los expedientes” con los que adjudicaron servicios de hostelería a Arturo Fernández ente los años “2005 y 2009”.

Recoder vivió en noviembre un duro interrogatorio, antes del que se llegó a especular que pudiera implicar a Cifuentes, aunque en esa ocasión acabó exculpándola. Aunque sí que reconoció que ni la ahora presidenta, ni ella ni Merino tenían experiencia “pura y dura” en hostelería y que su propio bagaje era “como ama de casa”. Lo que provocó el enfado de la fiscal del caso, como se puede escuchar en los audios que hoy revela El Español: "¿Y no podían encontrar a nadie? Un comité de expertos tiene la finalidad que tiene...".

https://www.elplural.com/politica/2018/02/02/cristina-cifuentes-imputacion-punica-asamblea-madrid

LA FISCAL SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES COMO 'EXPERTA' EN HOSTELERÍA: "¿NO HABÍA MÁS GENTE?"

La jefa del Servicio Jurídico, también en el comité sobre la cafetería de la Asamblea, reconoce su experiencia en restauración era como "ama de casa".

"¿No había más gente? ¿Tenía que ser precisamente ella [Cristina Cifuentes] la que estuviese en las dos mesas y encima en el comité de expertos? Eso es lo que nos llama un poco la atención". La pregunta salió por boca de la fiscal en mitad de la declaración judicial de Tania Sonsoles Recoder, exjefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid. La funcionaria estaba citada a declarar como investigada por la concesión de la gestión de la cafetería de la Asamblea al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández.

Los informes de la Guardia Civil sobre la concesión de los contratos en 2009 y 2011 explican que los concursos pudieron estar manipulados para gratificar al empresario por sus fuertes donaciones a Fundescam y que el comité de expertos que valoró las ofertas, una terna en la que estaba Cristina Cifuentes, habría mentido para favorecerle. Además, los fiscales se cuestionan el papel de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid en las adjudicaciónes, ya que además de miembro del comité de expertos, era presidenta de la mesa de contratación.

En su declaración ante la Audiencia Nacional, la exresponsable de los Servicios Jurídicos de la Asamblea de Madrid reconoce que ninguna de las tres personas que formaron el comité de expertos tenía experiencia "pura y dura" en hostelería y que en su caso, su bagaje en restauración se limita a sus labores como "como ama de casa". La réplica de la fiscal no se hizo esperar: "¿Y no podían encontrar a nadie? Un comité de expertos tiene la finalidad que tiene..."

Cifuentes no avisó

En la mayor parte de su declaración, la funcionaria de la Asamblea de Madrid declinó cualquier responsabilidad sobre manipulación alguna en este contrato y negó incluso que supiera la duplicidad de puestos de Cifuentes, que además de formar parte del comité de expertos eramiembro de la mesa de contratación que otorgó el contrato. "Yo no participaba en esas reuniones", zanjó Recoder. "A mi únicamente se me comunica que yo he sido designada parte del comité de expertos y que me tenggo que reunir con los otros dos miembros, y se me da por hecho quienes son. Yo no tengo que tener conocimiento".

"¿Y usted no formuló ninguna reserva a que la señora Cristina Cifuentes perteneciese también al comité de expertos?" preguntó la fiscal. "Yo no sabía que la señora Cifuentes era miembro de la mesa de contratación porque eso son partes estancas. Yo no tengo conocimiento de ese dato y creo recordar que [ella] no puso de manifiesto que era miembro de la mesa de contratación". ¿Es decir, que valoraron las ofertas y durante todo el proceso usted no era consciente y no conocía si pertenecía la señora Cifuentes a la mesa de contratación?" incide la fiscal.

"Han pasado nueve años y no le puedo decir a ciencia cierta o lo sabía o no, porque yo no participo en ningún momento en el proceso de contratación [...]En cuanto a las causas de abstención y recusación, como abstención tenía que haberse abstenido Cristina Cifuentes. Yo no podía intervenir. Y para yo formular una recusación tendría que ser interesada en el procedimiento administrativo". Y no lo era.

https://www.elespanol.com/espana/20180202/fiscal-papel-cifuentes-experta-hosteleria-no-gente/281722967_0.html

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES SE VUELVE EN CONTRA DE CIFUENTES

Empresas que gestionan centros de acogida para mujeres maltratadas, ayuda en casa para dependientes o residencias renuncian porque no les "sale rentable"

Los concursos han quedado desiertos y la Comunidad de Madrid tendrá que elaborar nuevos pliegos para atraer a las concesionarias

Esta situación tuvo consecuencias directas para los usuarios en el caso de las residencias: centenares tuvieron que ser trasladados forzosamente

Las empresas que gestionan servicios sociales básicos en la Comunidad de Madrid se están marchando porque el negocio ya no les sale a cuenta. Ha pasado con las residencias de mayores, la ayuda a domicilio para dependientes y con algunas casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. En el primer caso, tuvo consecuencias directas para los usuarios de cuatro centros, que tuvieron que ser trasladados a otros.

La Consejería de Políticas Sociales se ha encontrado en el último año con concursos públicos desiertos a los que no se presenta nadie y se ha visto obligada a rehacer los pliegos de condiciones para atraer a posibles concesionarias.

La gestión indirecta no nació con el Gobierno de Cifuentes, pero el sistema, muy arraigado en la Comunidad de Madrid, está mostrando ahora la otra cara: las consecuencias de dejar la asistencia social en manos de empresas que, en última instancia, buscan el lucro. Esta cara B ha salido a la luz cuando ha tocado renovar las concesiones a empresas que han sufrido los recortes en los últimos años y no están dispuestas a continuar así porque no llegan, según su propio relato. Y eso que ha subido ligeramente el presupuesto, pero no lo suficiente para recuperar el tijeretazo.

Con estos antecedentes, el Gobierno regional no se replantea un cambio en la gestión de algunos servicios, confirman fuentes de la Consejería de Políticas Sociales a eldiario.es. "Son servicios que siempre han sido de gestión indirecta, como se hace en otras muchas administraciones". Las mismas fuentes subrayan que, pese a esta situación, los servicios "están garantizados" y "no hay preocupación" al respecto.

Ayuda a domicilio para dependientes

Ninguna empresa quiere hacerse cargo de ayudar en casa a las personas dependientes de la Comunidad de Madrid. 10.000 dependientes tienen este servicio en sus casas y el número de usuarios no hace más que crecer. Es el recurso más demandado en la región.

El presupuesto que destina el Gobierno regional para él es de 132 millones de euros, del que resulta un "precio por hora deficitario", aseguran fuentes del sector a eldiario.es. En los últimos años, las cuantías han aumentado porque cada vez más personas eran beneficiarias, "pero con lo que ofrecen va muy justo para prestarlo. No es rentable", dicen las mismas fuentes, que hablan de un tercer factor desfavorable para las empresas: la subida de salarios marcada por convenio.

Por este motivo, los dos concursos quedaron desiertos en noviembre. La compañía que tenía la concesión desde 2014, Quavitae, no ha vuelto a concurrir y tampoco otra empresa, Seralia, que se encargó del servicio pero renunció a él en una de las prórrogas hace unos meses y la primera lo asumió.

A las empresas no les sale a cuenta pese a que ha aumentado el precio por hora. Según los pliegos, en 2014 era de 14 euros, mientras que en 2017 se ha fijado en 15,3 euros. Si es en festivo, se compensa mejor: con 16,9 euros frente a los 15,92 y 14,54 (según el lote) euros que fijó la Consejería de Políticas Sociales hace tres años.

Como solución de emergencia se ha prorrogado durante cuatro meses extra la concesión a Quavitae hasta que inicien un nuevo concurso.

Residencias de mayores

Cuatro residencias que tenían plazas subvencionadas por la Comunidad de Madrid renunciaron en junio a seguir financiándose de este modo y desde entonces tienen todas sus camas totalmente privadas. Otras empresas gestoras no abandonaron todas, pero sí disminuyeron el número de plazas concertadas, lo que provocó el traslado forzoso de centenares de ancianos que ya no tenía un hueco en sus centros de referencia.

Según datos extraídos de los pliegos de oferta, las camas puestas a disposición por las empresas gestoras a cambio de una subvención se redujeron de 13.000 en 2013 a 10.626 en 2017. "Les salimos tirados de precio y no cubrimos gastos con lo que nos da la Comunidad. Tenemos que pagar a nuestros trabajadores. Por eso no vamos a concursar. No somos una ONG", dicen fuentes próximas a la dirección de uno de los centros privados que rebajaron su oferta de plazas.

Los pliegos de las residencias sí marcan un precio fijo por día y residente: 54 euros o 23 si es parcial. En las plazas públicas la misma Consejería invierte 81, según datos de las memorias económicas que maneja la Comunidad. De este modelo de gestión dependen el 60% de las plazas públicas en residencias de mayores y le reporta a la Consejería de Políticas Sociales un ahorro de casi 10.000 euros por residente al año.

Casas para víctimas de violencia machista

Las educadoras sociales de la empresa Intress, que gestiona varios centros de acogida y emergencia de la Comunidad de Madrid, se niegan a seguir trabajando en las condiciones que han tenido en los últimos cuatro años. Por eso, esta compañía ha decidido no presentarse al concurso que salió a finales de 2017 pese a que el presupuesto que ofrecía la Comunidad de Madrid (siempre modificable a la baja por la competición de ofertas) era en principio más alto que en 2013.

Como consecuencia, hay una casa de acogida, un centro de emergencia y un centro de día cuya gestión queda en tierra de nadie. Estos recursos atienden a 633 mujeres y uno de ellos es el primer lugar al que acuden las mujeres cuando abandonan su casa. En los tres casos, la Consejería de Políticas Sociales garantiza la atención prorrogando unos meses el contrato a las concesionarias actuales mientras elabora unos pliegos nuevos.

Las trabajadores piden al Gobierno y a los partidos que acuerden eliminar el criterio económico de los concursos de servicios sociales tan básicos y reestablezcan el precio unitario. Es decir, que la Consejería fije un coste por plaza blindado que impida las ofertas temerarias. En la etapa de Ignacio González como presidente, estos servicios pasaron a adjudicarse con un criterio único: el de la oferta más baja.

Este punto ha mejorado porque se ha introducido un mínimo peso en la puntuación del proyecto (no más del 25%), pero la proporción aún no es suficiente para las profesionales que atienden a las mujeres, que acusan años de "deterioro" del servicio. Además, en los nuevos pliegos se han reducido las jornadas de las trabajadoras sociales y de las psicólogas (de 20 a 6 horas, en algunos casos) y se han eliminado figuras como las responsables de cocina o de administración.

"Ahora estamos una educadora sola por turno para atender a 20 víctimas. Y con las condiciones de estos pliegos quedamos abocadas a hacer de todo menos la intervención educativa, que es la herramienta para que las mujeres se empoderen y puedan volver a empezar", explica Ángeles, trabajadora de uno de los centros de acogida.

Según los cálculos de las trabajadoras, aunque ya no existe el precio fijo por plaza, este quedaría en menos de 30 euros en 2018 frente a los 40 de 2008. Las profesionales también denuncian precariedad laboral con trabajo a turnos y salarios que no superan los 1.000 euros.

Servicios recuperados: del agua a los hospitales

Desde el año 2015 varias administraciones locales y regionales están intentando, no sin dificultades, recuperar la gestión directa de servicios de áreas como la sanidad o el abastecimiento de agua. La resistencia del Gobierno central y de las concesionarias a revertir las privatizaciones han llevado estos planes incluso a los tribunales, que están empezando a respaldar estas reversiones.

En Valencia los magistrados rechazaron hace menos de un mes suspender provisionalmente la decisión de la Generalitat para retomar el control del área de salud de La Ribera. En Valladolid, un juez ha mantenido el acuerdo del Ayuntamiento para asumir el servicio de aguas. Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reabrió la vía para remunicipalizar el abastecimiento al estimar el recurso de una exconcejala de Alcázar de San Juan.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha vuelto a hacer municipal la funeraria y también la red de bicicletas urbanas BiciMad, aunque este último proceso le ha costado una demanda del PP en los tribunales que aún está por resolver.

http://m.eldiario.es/madrid/privatizacion-servicios-sociales-vuelve-Cifuentes_0_734576764.html

EL PSOE NO DEVOLVERÁ LOS PAPELES RECIBIDOS EN LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN

La portavoz del PSOE en la comisión de corrupción política, Encarnación Moya, no está dispuesta a devolver la documentación que ya les había enviado el Gobierno regional sobre el Canal de Isabel II. Tampoco renuncian al resto de la documentación solicitada, y anuncia que la mesa de la comisión (su órgano de dirección) va a pedir el amparo a la mesa de la Asamblea para que les sea remitido. La socialista responde así al portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, que ha asegurado esta mañana que dirigirá un documento a la Asamblea de Madrid para retirar los documentos originales que habían remitido a los diputados, para que "no hagan uso" de ellos.

La polémica se ha producido debido al auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, conocido ayer, que determina que "no ha lugar la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid" por estar en fase de instrucción.

"Nosotros hemos recibido esos papeles de forma totalmente legal, porque previamente lo había autorizado un juez, así que no sé que tiene que decir Garrido al respecto", ha declarado a EL PAÍS Moya. La parlamentaria se refiere a que la documentación les llegó, tras meses pidiéndola, tras una resolución judicial del juez Fernando Andreu, que estaba temporalmente al frente del Juzgado de Instrucción 6, dictada en agosto de 2017. Esta providencia daba vía libre a la entrega de los papeles sobre el Canal de Isabel II a la comisión. Sin embargo, Cifuentes no los entregó en agosto porque, según el Gobierno regional, la providencia se había traspapelado. La oposición la acusó entonces de mentir.

Moya ha manifestado, además, que la Administración no puede ir en contra de sus propios actos. "Nadie nos ha comunicado oficialmente a esta Asamblea la existencia del auto y el juez no ha dado ninguna instrucción a la comisión", ha añadido. Por otra parte, "Garrido no es juez, por lo tanto, que no se columpie con sus declaraciones". Moya ha anunciado que la mesa de la comisión (el órgano de dirección) va a pedir el amparo a la mesa de la Asamblea para que les sea remitida el resto de los papeles.

Los diputados realizaron unas 76 peticiones de información al Ejecutivo de Cifuentes, de las que les habían remitido 40. "Todo mezclado, cada documento en un un formato diferente, como un puzle", explica Moya.

https://elpais.com/ccaa/2018/01/31/madrid/1517419080_158739.html

PSOE Y PODEMOS PIDEN EXPLICACIONES AL JUEZ SOBRE EL AUTO DEL QUE PRESUME CIFUENTES

ADADE reclama que se suspenda el plazo para recurrir hasta estudiar, entre otros, la consulta del consejero Garrido al presidente del Supremo

Nueva vuelta a la negativa de Cristina Cifuentes a facilitar documentos relacionados con los contratos de la administración con empresas investigadas por la justicia en el caso Lezo y otras causas. Si este miércoles desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP difundía a bombo y platillo que el juez les había dado “la razón” para no entregar estos documentos a la oposición, PSOE y Podemos no lo tenían tan claro, como recogió El Plural.

Ahora, ambos partidos representados por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) han presentado un recurso al juzgado de instrucción nº6 de Madrid en el que reclaman todos los documentos que llevaron a afirmar al juez Manuel García Castellón a afirmar que “no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid relativa a este procedimiento judicial”.

En los escritos de ADADE a los que ha tenido acceso este periódico se reclama el escrito presentado por el Consejero de Presidencia de Cifuentes, Ángel García Garrido, el pasado 3 de enero, por el que se consultaba al Poder Judicial si se podían o no entregar estos documentos. También se requiere el escrito presentado por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, con el cual dio traslado de la cuestión al juez que lleva el caso.

Y, por último, el informe redactado al efecto por el Fiscal Anticorrupción, el cual también consideraba improcedente la entrega de los documentos solicitados.

Plazo para estudiarlos

Además de la documentación, PSOE y Podemos piden suspender el plazo de tres días dado por el juez García Castellón para recurrir su decisión para así tener tiempo de prepararla “dado que esta parte no dispone de los precedentes que están en el origen de este Auto” y ahora ha requerido.

Dudas en la argumentación del juez

La solicitud de Garrido se refería sólo a documentos que tenían que ver con una parte muy concreta del caso Lezo, que es la compra por parte del Canal de Isabel II de empresas en Sudamérica. O lo que es lo mismo, los documentos que clarifican la participación de Alberto Ruiz Gallardón y la propia Cristina Cifuentes, que formó parte del Consejo de Administración del Canal, en estas operaciones.

Por su parte, desde el PSOE defienden que la actuación de Garrido sólo buscaba una coartada para no entregar los documentos ya que ellos “nunca hemos pedido nada al juzgado sino al Gobierno de la Comunidad de Madrid y se trata en cualquier caso de documentos administrativos”.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/01/psoe-y-podemos-piden-explicaciones-al-juez-sobre-el-auto-del-que-presume

LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DECIDEN APLAZAR LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES

La Mesa de la comisión que investiga la corrupción ha acordado sacar la comparecencia del orden del día de este viernes La oposición toma la decisión un día después de que el juez del caso Lezo haya rechazado dar documentos del sumario a la comisión Justifican que necesitan tiempo para "valorar el auto" mientras el Ejecutivo les exige que pidan "perdón" por acusar a Cifuentes de "ocultación"

La Mesa de la comisión de corrupción de investigación sobre corrupción política ha acordado aplazar la comparecencia de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, prevista para este viernes en la citada comisión después de que el juez del caso Lezo dictara en un auto hace dos días que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida" por los diputados de la Asamblea de Madrid.

Los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la comisión (el PP ya no está porque la abandonó) han decidido cancelar la comparecencia del orden del día del viernes y fiar las explicaciones a otra fecha en el futuro. Justifican que necesitan tiempo para "valorar el auto" del martes, explica el diputado de Podemos Miguel Ongil. El portavoz de la formación en la comisión asegura que les "faltan documentos" y no tienen "una imagen completa" de lo sucedido. A su juicio, es intolerable el movimiento de ocultación que está haciendo el Gobierno de Cifuentes". "Ha tenido cierto éxito en meter al poder Judicial en lo que solamente es un conflicto entre el poder Legislativo y el poder Ejecutivo. Tenemos todo el derecho a tener esta información", ha apostillado.

"Al final parece que Cifuentes se sale con la suya. Una vez que tengamos claro todo el asunto. Cuando tengamos todo claro, podremos poner una fecha. El letrado de la Mesa ha dicho que hay puntos que no se ven claro", ha valorado el portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, a la salida de la reunión de la Mesa, que ha dicho que para el PP "cualquier excusa, jurídica o política, es válida para no dar las explicaciones que tienen que dar".

Desde el PSOE, la portavoz en la comisión, Encarnación Moya, ha sostenido que han tomado esta decisión "por prudencia y respeto" al auto del juez, pese a no tener aún conocimiento del oficial del mismo. "El auto hay que estudiarlo detenidamente y ver las repercusiones que tiene a corto plazo o de manera inmediata en las sesiones de la comisión, la primera era este viernes y por ello hay que aplazarla", ha argumentado la diputada regional.

Moya ha insistido en que desde su grupo siguen manteniendo que pedirán a la Mesa de la Asamblea la reconsideración de la comparecencia de Cifuentes y de diez personas más por la pérdida de la providencia en el mes de agosto.

La presidenta regional había sido citada para dar explicaciones sobre su etapa en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II en una comparecencia que se pidió a raíz de que eldiario.es publicara que el Gobierno tenía desde agosto una providencia judicial que le daba vía libre para entregar documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo a la oposición.

Tras cambiar Ciudadanos su sentido del voto, decayeron las solicitudes ad hoc de PSOE y Podemos para que Cifuentes hablara concretamente de la providencia "traspapelada" y en su lugar salió adelante una petición genérica de los de Aguado, registrada en abril, que ahora se ha cancelado. En todo caso, Cifuentes no habría tenido que dar explicaciones sobre las acusaciones de "ocultación" de documentación a la oposición porque no era el objeto de su comparecencia.

El pronunciamiento del magistrado Manuel García Castellón señala que un juzgado no puede ceder "a terceros" documentos como intervenciones telefónicas, registros o datos tributarios. Es una respuesta a una consulta del consejero de Presidencia Ángel Garrido remitida al juzgado vía Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada por el Gobierno tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en diciembre.

Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de los consejos de administración del Canal de Isabel II a la oposición. En la consulta, Garrido hace referencia a 52 documentos que incluyen actas públicas del Canal de Isabel II y otros documentos privados.

El Gobierno asume que el juez le respalda

Sobre estos papeles, el magistrado afirma que no está facultado para hacer entrega de documentación a la Asamblea "sobre procedimientos que se están conociendo por los jueces y tribunales". "La facultad de recabar información y documentación que se concede a los integrantes de cualquier comisión de investigación que se constituya en la Asamblea de Madrid se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la Administración, sin que en ningún momento se les faculte para recabar información o documentación al Poder Judicial", sostiene.

Una parte de esos documentos ya está en manos de los diputados y el consejero de Presidencia ha pedido que se devuelvan. Los grupos han coincidido en que no tienen notificación oficial de que deban devolverlas y que será al tener la información pertinente cuando decidirán.

El Gobierno de Cifuentes interpreta que este auto les da la razón, una posición que no tiene clara la oposición, y confirma el criterio de los informes de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que justificaba que era necesario consultar al juez habida cuenta de que los documentos estaban incorporados a una causa en fase de instrucción. Con este argumento, consideran que la oposición debe "pedir perdón" por acusar al Ejecutivo de "ocultar" la información.

"Nosotros obedecemos siempre las decisiones judiciales. No las comentamos. Hubo una primera providencia y lo que ha habido después es un auto, que tiene un rango superior y que está emitido por el juez titular que instruye la causa Lezo. Y lo que nos dice es con toda claridad que lo que tenemos que hacer es no entregar esa documentación", ha señalado el portavoz y consejero Ángel Garrido.

El número dos de Cifuentes explicado que ese auto "abunda" en explicaciones "sobre lo que no debe ser" una comisión de investigación, indicando que "no debe convertirse en un juicio paralelo", "ni provocar indefensión de los acusados".

http://www.eldiario.es/madrid/diputados-comision-corrupcion-comparecencia-Cifuentes_0_735277006.html

EL JUEZ DEL CASO LEZO RECHAZA DAR DOCUMENTOS DEL SUMARIO A LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID

El auto firmado por Manuel García Castellón resuelve que el Poder Judicial no está facultado para entregar esta información a la comisión de corrupción

El magistrado no hace referencia explícita a si los documentos sobre los que se pronuncia son las actas del Canal de Isabel II

El juez pone como ejemplo los datos fiscales de un investigado, pero añade que los parlamentarios se los pueden requerir a la Agencia Tributaria

El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha dictado en un auto con fecha 29 de enero de 2018 que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación sobre la corrupción política" relativa a la operación que instruye, según ha adelantado El País. Señala que un juzgado no puede ceder "a terceros" documentos como intervenciones telefónicas, registros o datos tributarios.

El pronunciamiento del magistrado, al que ha tenido acceso eldiario.es, es una respuesta a una consulta del consejero de Presidencia remitida al juzgado vía Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada por el Gobierno tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en diciembre. Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de los consejos de administración del Canal de Isabel II a la oposición. No obstante, en el auto no se recoge el contenido de dicha consulta ni los documentos concretos sobre los que versa.

El magistrado afirma que no está facultado para hacer entrega de documentación a la Asamblea "sobre procedimientos que se están conociendo por los jueces y tribunales". "La facultad de recabar información y documentación que se concede a los integrantes de cualquier comisión de investigación que se constituya en la Asamblea de Madrid se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la Administración, sin que en ningún momento se les faculte para recabar información o documentación al Poder Judicial", sostiene.

Una parte importante de esos documentos que el juzgado se niega a entregar ya están en manos de los diputados de la Asamblea. El Ejecutivo de Cifuentes los empezó a pasar hace unas semanas, después de publicar eldiario.es que una providencia procedente del mismo juzgado pero firmada por el magistrado Andreu (sustituto de García Castellón en vacaciones) resolvía que la justicia no puede "dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no de proporcionarla" porque la petición de información "se rige por disposiciones administrativas".

Los diputados no pidieron documentos al juez

En este caso concreto, los diputados no se han dirigido al juez a solicitarle información, sino que han acudido únicamente a la administración a solicitar unos documentos que son de libre acceso para los parlamentarios.

Es un caso distinto al de la Comisión del Congreso que investiga la financiación del PP, donde los jueces de Gürtel también se han negado a entregar documentos, en este caso informes policiales que solo consta en el sumario. Los diputados sí que hicieron la petición específica al Poder Judicial, que la rechazó.

"La consecuencia de lo anteriormente expuesto no puede ser otra que la de entender que no procede la entrega de documentación de causas que se encuentren en la fase de instrucción", añade el juez del caso Lezo, que apoya su decisión en el "derecho a la presunción de inocencia de los acusados".

El juez pone ejemplos de algunos documentos que se incorporan a un sumario a medida que se desarrolla una investigación: entradas y registros, intervenciones telefónicas, comisiones rogatorias o información tributaria. En este punto, señala que los datos fiscales, por ejemplo, "no pueden ser cedidos por el órgano judicial a terceros, lo que no obsta a que la propia Comisión de Investigación solicite a la AEAT -Agencia Tributaria- los que precise en el marco legalmente establecido".

La primera providencia del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, "traspapelada" por el Ejecutivo, respondía a una primera consulta de la Comunidad de Madrid sobre si podía o no entregar la información a la oposición, pese a que las actas son públicas y los diputados tienen derecho a conocerlas. Entonces, Andreu le dio vía libre para hacerlo. El segundo auto, firmado por García Castellón, es la respuesta a una segunda consulta emitida a principios de enero.

http://www.eldiario.es/madrid/Lezo-niega-documentacion-Asamblea-Madrid_0_734927521.html

LA JUSTICIA DA AHORA LA RAZÓN A CIFUENTES E IMPIDE LA ENTREGA DE ACTAS DEL CANAL A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 6 contradice a la providencia emitida por el juez Fernando Andreu, que el pasado mes de agosto autorizaba la entrega de documentación después de que el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de entonces, Enrique Ruiz Escudero, se dirigiera al juzgado planteando la misma cuestión.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha dictado un auto en el que concluye que la Comunidad de Madrid no puede entregar a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de Isabel II, en el marco del caso Lezo, que le solicitaba la oposición, dando así la razón al Gobierno de Cristina Cifuentes, que había pedido permiso al magistrado para hacer entrega de las mismas y que había explicado que no las daría hasta que la justicia se pronunciara al respecto.

En el auto, fechado a 29 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez dice que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid relativa a este procedimiento judicial", en referencia al caso Lezo. Cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.

Esta decisión da respuesta al escrito remitido el pasado 3 de enero por parte del consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que se informara si el Ejecutivo madrileño podía entregar dichas actas.

En este caso, el juez dio traslado de este escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un informe "considerando que no resulta procedente entregar la documentación solicitada" y, además, acude al reglamento de la comisión de investigación para "comprobar si, entre sus facultades, se encuentra la de recabar de los juzgados y tribunales documentos obrantes en procedimientos sub iúdice".

Y todo ello "sin que en ningún momento se les faculte para recabar información o documentación al Poder judicial sobre procedimientos que, como ocurre en estas diligencias previas, se están conociendo por los jueces y tribunales".

De hecho, añade que esta es la referencia que la normativa contempla para poder trasvasar información al Ministerio Fiscal, "de carácter unidireccional", pues "únicamente ampara la posibilidad de remitir la información recabada por la comisión y plasmada en sus conclusiones al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones que correspondan".

En la misma línea, el juez abunda en la Ley de Enjuiciamiento criminal para señalar que aunque haya juicio oral y "sean públicos todos los actos del proceso", esto no implica la publicidad y entrega de documentos de dicho proceso. Además, añade que las actuaciones judiciales "no son documentos" y que "basta para ello comprobar su regulación en las leyes procesales sobre el lugar de celebración, plazos, tiempos...".

Otra de las razones por la que el juez impide la entrega de documentos en procedimientos sub iúdice deriva del derecho a la presunción de inocencia y teniendo en cuenta que hasta que no hay una sentencia definitiva, el juez "puede anular, por vulneración de derechos fundamentales, elementos probatorios que de estar documentados, su entrega a terceros, en este caso, a la comisión, podrían conducir a valoraciones y juicios paralelos contrarios a la decisión judicial y a la presunción de inocencia de los acusados.

Contrario a la providencia de agosto

El juez se pronuncia de manera distinta a la providencia emitida por el juez Fernando Andreu, que el pasado mes de agosto autorizaba la entrega de documentación después de que el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de entonces, Enrique Ruiz Escudero, se dirigiera al juzgado planteando la misma cuestión.

En dicha providencia, fechada el 18 de agosto de 2017, el magistrado que se encontraba en ese momento de forma temporal en el juzgado, indicó que "la petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad no están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación".

Precisamente, la polémica surgió hace unas semanas a raíz de conocerse dicha providencia, que llegó a la Comunidad de Madrid el 21 de agosto y que, según explicó el Gobierno regional, se traspapeló y no se tuvo conocimiento de su existencia hasta el pasado 12 de enero. Entonces, el Ejecutivo de Cifuentes cesó a un director y empezó a enviar la documentación a la Asamblea.

Hasta el momento, el Gobierno de la Comunidad se había escudado en unos informes de la Abogacía General, en los que se argumentaba la improcedencia del envío de documentos sobre asuntos que se estaban investigando por la vía penal.

Esta demora de cinco meses en la entrega de documentación provocó las críticas de toda la oposición, que quería que fuera la propia Cifuentes la que explicara en la comisión de investigación el motivo del retraso en la entrega, donde el PP ha dejado de estar oficialmente desde este pasado lunes.

De hecho, tras varias semanas con vaivenes en las peticiones con la Mesa, tanto de la comisión como de la Diputación Permanente, este viernes comparecerá pero no se le podrá preguntar por esta cuestión porque el motivo de la petición de comparecencia es el papel que tuvo la presidenta madrileña como consejera del Canal durante unos años y para hablar del caso Lezo en términos generales.

http://www.publico.es/politica/caso-lezo-justicia-da-razon-cifuentes-e-impide-entrega-actas-canal-comision-investigacion.html

CIFUENTES COMPARECERÁ EN LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA

Un informe jurídico de la Asamblea sostiene que no se le podrá preguntar sobre la "ocultación de información" sobre el Canal

El PP no ha conseguido parar la comparecencia de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ante la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid el próximo 2 de febrero para declarar sobre el caso Lezo, en su época de vocal en el consejo de administración del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014. Así lo ha decidido esta mañana la Mesa y Junta de Portavoces de la comisión después de estudiar el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que encargó el PP al respecto al no estar de acuerdo con la petición de comparecencia de su líder.

"Han pasado olímpicamente de las recomendaciones del informe jurídico", ha manifestado a la salida de la reunión el portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano. "Prima más tratar de dañar a Cristina Cifuentes que respetar el reglamento", ha añadido. En el caso de Podemos "es algo lógico" pero el PP esperaba que "PSOE y Ciudadanos fueran consecuentes".

En cuanto a qué preguntas, tendrá que responder la presidenta, el informe de los letrados (que no es vinculante) considera que solo se la podrá interrogar sobre el "objeto de la comisión". "No sería asumible de ninguna manera" que se introdujeran otras cuestiones, puntualizan. Por lo tanto, el informe excluye las preguntas sobre la razón que llevó al Gobierno regional a retrasar durante meses el envío de la documentación solicitada par la comisión sobre el Canal de Isabel II. El Ejecutivo aseguró que la respuesta del juez, que les permitía ofrecer esa información a los diputados, se les traspapeló. Tampoco se podría volver al "subtema Canal-Latinoamérica Emissao". Para ello, sería necesario una "especial motivación que justificara la excepcionalidad", concreta el informe.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, ha indicado a la salida de la reunión que su grupo entiende "las recomendaciones del letrado" y que no ve en ellas "ningún problema para continuar con la comparecencia". En cuanto a las limitaciones en las preguntas que se le hagan a la presidenta, Zafra ha manifestado que "hablará de su participación en el caso Lezo en el momento en que ella era vocal del consejo de administración del Canal". Ha asegurado, que van a ser "justos, ecuánimes y serios", porque Ciudadanos "no monta espectáculos". El PP ha acusado a los grupos de la oposición de convertir las sesiones de la comisión en un espectáculo de "linchamiento" al PP, por ese motivo anunciaron que la abandonaban. En su opinión, la vía para que se hable de las actas del Canal se debe abrir en la Mesa de Asamblea. "Es ahí donde se debe decidir cómo se formula la petición, no en la comisión anticorrupción", ha puntualizado.

Encarnación Moya, portavoz socialista en la comisión, ha explicado que su grupo ha votado a favor, porque nunca se van a oponer a la petición de un grupo para que comparezca cualquier persona en la comisión de investigación. Aún así, tiene claro que la declaración de Cifuentes no aclarará ecalcado, la comparecencia de Cifuentes no va a aclarar nada sobre la razón por la que se ha estado reteniendo información sobre el caso Lezo, que es lo que "realmente nos interesa conocer". Ese ocultamiento ha afectado "directamente a los trabajos de la comisión", ha señalado Moya.

A Miguel Óngil le resulta "sorprendente" escuchar a la presidenta de la comisión, del grupo Ciudadanos, explicar que "tendrá que intervenir para cortar preguntas sobre las actas", y a la vez al portavoz del mismo grupo insinuar que "vamos a poder hacerlo". Óngil les pide que dejen de "marear a la gente", porque estos vaivenes solo benefician a la señora Cifuentes.

https://elpais.com/ccaa/2018/01/26/madrid/1516967859_714371.html

CIFUENTES PIDE UN INFORME JURÍDICO PARA ELUDIR LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN

El PP está intentando por todos los medios evitar que Cristina Cifuentes comparezca ante la comisión de investigación de la corrupción, porque consideran que la oposición está "retorciendo" el reglamento de la Cámara para conseguirlo. Sería la segunda ocasión en la que acudiría. Sin embargo, hoy no ha logrado parar la declaración de la presidenta regional prevista para el próximo 2 de febrero. La Mesa de la comisión ha dado el visto bueno a la comparecencia, aunque están a la espera de conocer el resultado del informe que ha pedido el PP a los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid. El diputado de Ciudadanos y portavoz en la comisión, César Zafra, ha reprochado hoy al PP que haya asistido a la reunión de la mesa dado el 9 de enero anunciaron que abandonaban la comisión de investigación.

Ciudadanos ha solicitado la comparecencia de la presidenta regional como consejera del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014 para informar sobre el caso Lezo. Podemos se ha sumado a la petición, con el objetivo de que aclara las compras y adquisiciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica en su época de vocal del consejo de administración de la entidad en 2013.

El portavoz del grupo parlamentario del PP, Enrique Ossorio, ha asegurado al finalizar la reunión de la Mesa que Ciudadanos es un "partido oportunista que miente". A la vista del resultado, Ossorio ha indicado que es una "comisión de linchamiento, de inquisición" e incluso ha comentado que lo que se celebra en las sesiones de los viernes son "aquelarres que no sirven para nada". Ha comentado, además, lo absurdo" de llamar a Cifuentes para declarar sobre la adquisición de Emissao, teniendo en cuenta que "fue ella quien lo puso en conocimiento de la fiscalía".

También ha manifestado que es muy grave que los grupos se hayan apartado del criterio del letrado que "les ha aconsejado por el prestigio de la comisión y su seguridad jurídica que no tuviera lugar esa comparecencia". "Les ha dicho que se rompía el principio de jerarquía cuando hay 15 o 20 miembros del consejo que podrían comparecer", ha añadido.

Zafra ha manifestado al término de la reunión que respetarán lo que diga el informe jurídico. Pero les sorprende "esa actitud de miedo a dar explicaciones". En cuanto a lo que se preguntará a Cifuentes (uno de los argumentos del PP para parar la comisión porque considera que se excede su objeto), "vamos a hablar de todo lo que podamos y si es necesario que venga más veces pues la volveremos a llamar". Finalmente, ha advertido al PP que las elecciones dejaron un "parlamento nuevo, y pueden hacer todo el filibusterismo que quieran y pedir todos los informes que quieran, pero la realidad es la que es".

El portavoz de Podemos en la comisión de corrupción, Miguel Ongil, ha indicado que el letrado ha desaconsejado que se llame a la presidenta regional, por lo que ha pedido a Ciudadanos que deje de "esconder decisiones políticas detrás de opiniones jurídicas". Recordó que Cifuentes lleva ocho meses "ocultando" información a la oposición sobre el Canal de IsabelII, pero el día 2 no se podrá preguntar a la presidenta regional sobre ello.

La portavoz socialista en la comisión de corrupción, Encarnación Moya, se ha referido a la aparición por sorpresa del PP. Moya tiene la impresión de que “existe un acuerdo entre el PP y Ciudadanos para convertir esta comisión en un auténtico circo y un esperpento porque cada cinco minutos esto está cambiando y suceden cosas nuevas"

https://elpais.com/ccaa/2018/01/24/madrid/1516811111_517521.html

LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN CITA A CRISTINA CIFUENTES EL 2 DE FEBRERO

La comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid ha citado hoy a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, el próximo 2 de febrero para informar sobre el caso Lezo cuando era consejera del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014, en contra del criterio del letrado.

Los grupos de la oposición, PSOE-M, Podemos y Ciudadanos, han aprobado esta propuesta por la formación naranja en la reunión de la mesa y junta de portavoces de la comisión de corrupción, que se volverá a reunir el próximo viernes para analizar un informe jurídico sobre esta comparecencia solicitado por el PP.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha acusado a los dirigentes de Ciudadanos Albert Rivera, Ignacio Aguado y César Zafra de "mentir" por afirmar que era "legal" que la presidenta madrileña compareciera en la Asamblea para hablar del retraso en el envío de documentación a la oposición sobre el Canal de Isabel II, pero ha quedado demostrado que eso es "falso".

Ciudadanos, según Ossorio, no ha podido plantear que este asunto se llevara a la comisión de corrupción del 2 de febrero porque la mesa les ha dicho que es "ilícito".

El portavoz del PP ha subrayado que Cristina Cifuentes "no tiene nada que ocultar" sobre el asunto de Emissao porque fue ella quien lo puso en conocimiento de la fiscalía, por lo que ha considerado que llamarla a esta comisión de investigación es "una burla".

La formación naranja solamente quiere "una foto" de la presidenta regional en la comisión de "linchamiento" e "inquisición" para "desprestigiarla" porque es "un referente en materia de regeneración", ha asegurado.

Ossorio ha señalado que los grupos de la oposición se han apartado del criterio del letrado, que les ha desaconsejado por el prestigio de la comisión y por la seguridad jurídica que esta comparecencia tuviera lugar.

El letrado ha expuesto que se rompía el principio de jerarquía, llamando a la presidenta regional cuando hay quince o veinte miembros del consejo de administración que también podrían comparecer y que es "muy forzado" que esta vez solamente comparezca una persona, ha detallado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la comisión de corrupción, César Zafra, ha explicado que Cifuentes acudirá a la Asamblea el 2 de febrero para hablar sobre la operación Lezo, como ha propuesto Ciudadanos, con el apoyo de PSOE-M y Podemos.

El PP ha vuelto a la comisión de investigación para intentar "pararla", en este caso, pidiendo un informe jurídico al letrado, según Zafra, quien ha estimado que el PP tiene miedo de dar explicaciones.

"El viernes día 2 se pueden escuchar muchas preguntas. El caso Lezo es muy grande. Yo preguntaré lo que crea conveniente y la señora Cifuentes tendrá que responder. Si no quiere responder a algo es un derecho que tienen todos los comparecientes y que yo siempre he respetado", ha apuntado.

El portavoz de Podemos en la comisión de corrupción, Miguel Ongil, ha indicado que el letrado ha dicho literalmente que desaconseja que se haga la comparecencia de la presidenta regional, por lo que ha pedido a Ciudadanos que deje de "esconder decisiones políticas detrás de opiniones jurídicas".

Ha recordado que se ha llegado hasta aquí porque Cifuentes lleva ocho meses "ocultando" información a la oposición sobre el Canal de Isabel II, pero el día 2 no le podrá preguntar a la presidenta regional sobre este asunto, sino sobre el caso Emissao.

El diputado de Podemos ha estimado que el Gobierno regional tiene que rendir cuentas por las actas perdidas del Canal de Isabel II y por las "mentiras" de la presidenta madrileña en este tema, pero ha reconocido que Cifuentes se está librando de dar explicaciones por "la obstrucción del PP" y por "la postura de Ciudadanos".

La portavoz socialista en la comisión de corrupción, Encarnación Moya, ha precisado que, en principio, se ha aprobado el orden del día de la comisión del 2 de febrero, "condicionado" a que el viernes se emita un informe jurídico por escrito.

Moya ha destacado la aparición del grupo popular por sorpresa en la mesa y junta de portavoces, cuando hace unos días había presentado un papel diciendo que se retiraba de la comisión de investigación.

En la reunión, el PP solicitó un informe jurídico y Ciudadanos "presionó" para que se aprobara su solicitud de comparecencia, ha apuntado la diputada socialista.

Ha mostrado su impresión de que "hay un acuerdo entre el PP y Ciudadanos para convertir esta comisión en un auténtico circo y un esperpento porque cada cinco minutos esto está cambiando y suceden cosas nuevas".

http://www.lavanguardia.com/politica/20180124/44259434227/la-comision-de-corrupcion-cita-a-cristina-cifuentes-el-2-de-febrero.html

EL PP DE CIFUENTES VUELVE AHORA A LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN QUE DESPRECIABA HACE DOS SEMANAS

Primero pusieron trabas a la Comisión de Investigación sobre la Corrupción; luego mostraron su desprecio por este espacio y lo abandonaron, y este miércoles han vuelto a personarse en una de sus reuniones. El PP de Cristina Cifuentes ha asistido hoy a la reunión de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid, la misma que abandonó hace algo más de dos semanas -y a la que no consta que tengan previsto volver-.

Desde el grupo parlamentario de Podemos en la cámara autonómica explican que el Partido Popular se ha personado en la reunión amparándose en que su renuncia a participar en la misma no se ha calificado todavía. "El PP, que se ha salido de la #ComisiónCorrupción, se quiere meter hoy a la reunión de mesa para reventarla", denunciaba en Twitter Miguel Ongil, diputado morado en la comisión.

El PP, que se ha salido de la #ComisiónCorrupción, se quiere meter hoy a la reunión de mesa para reventarla.

— Miguel Ongil (@Migs_Bru) 4:01 - 24 ene. 2018

Al término de esta reunión, en declaraciones a Público, Ongil ha denunciado que entre el PP -"que ha venido a reventar la reunión"- y Ciudadanos -con su "actitud"- "han conseguido que Cifuentes siga sin tener obligación de rendir cuentas y sin dar explicaciones sobre sus mentiras a la oposición", en referencia a las actas del Canal Isabel II que la presidenta regional no ha entregado al resto de grupos -aunque se comprometió a hacerlo-.

Así, el PP da un giro de 180 grados con respecto a un espacio que hace dos semanas suponía una "falta de respeto" a la institución. En una rueda de prensa convocada de manera urgente, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, afirmaba incluso que su partido y algunos de los comparecientes sufrieron

”El respeto es esencial en la democracia y en esta comisión de investigación se ha faltado el respeto a esta institución, a los miembros del PP y algunos de los intervinientes. Este acoso y derribo nunca ha defendido la presunción de inocencia”, dijo Ossorio.

La comparecencia de Cifuentes, en el aire

Este miércoles, tras abandonar la reunión de la Mesa, el diputado del PP Alfonso Serrano ha incidido en que la renuncia del PP no será oficial hasta el lunes, para después acusar al resto de grupos de "retorcer" el reglamento e incurrir en un "fraude" para lograr que la presidenta del Gobierno regional comparezca en esa comisión.

Después de que Ciudadanos volviese a girar y se posicionase en contra de la comparecencia de Cifuentes por las actas del canal que no entregó a la oposición, queda en el aire si la presidenta regional comparecerá finalmente, y si podrán preguntarle por estos documentos, y no únicamente por su actuación como consejera del Canal.

De hecho, Serrano ha querido curarse en salud y ha avisado de que no podrán preguntarle por otros asuntos: "Si la presidenta comparece para hablar sobre Emissao y los grupos pretenden que hable de un tema que no puede abordar, evidentemente lo que están buscando es un circo mediático, la estigmatización y el linchamiento político de la presidenta", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

http://www.publico.es/politica/pp-cifuentes-girar-y-vuelve-comision-corrupcion-despreciaba-semanas.html

CIUDADANOS SALVA A CIFUENTES: NO TENDRÁ QUE EXPLICAR POR QUÉ OCULTÓ INFORMACIÓN DEL CANAL

Cifuentes habría amenazado a Albert Rivera con romper el pacto de gobierno en la Comunidad de Madrid si su formación no retiraba la petición

Aunque en un principio aseguraron que votarían a favor de la comparecencia de Cristina Cifuentes, finalmente y tras posibles presiones, Ciudadanos se ha unido al PP para evitar que Cifuentes tenga que volver a comparecer en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción.

La presidenta de la Comunidad de Madrid tendría que haber explicado por qué le ocultó información del Canal de Isabel II a la oposición para el desarrollo de esta comisión de investigación. Se tarta de documentos sobre la compra de Inassa.

Mientras que desde Ciudadanos aseguran y se escudan en que "ha habido un error de formulación" en la petición por la que PSOE y Podemos exigieron la comparecencia de Cifuentes para el próximo día 2 de febrero y que por eso "no se ha podido admitir a trámite"; fuentes cercanas hablan de presiones directas. Cifuentes habría amenazado a Albert Rivera con romper el pacto de gobierno en la Comunidad de Madrid si su formación no se retiraba de la petición.

"Votar a favor supondría violar el criterio de los letrados del Parlamento regional, tal y como han hecho los independentistas en el Parlament de Cataluña", han explicado desde Ciudadanos para intentar aclarar su cambio de postura.

PSOE y Podemos solicitaron la presencia de Cifuentes con la intención de que explicara, el próximo 2 de febrero, por qué se negó a dar información sobre el Canal de Isabel II en relación a la Caso Lezo.

Cifuentes ha mantenido que para poder dar esos documentos primero debía pedir permiso al juez instructor del caso. Así lo hizo, pero, según explica, no se enteró a tiempo de que el juez le había dado su beneplácito para que la información llegara a la oposición. Por eso Cifuentes no facilitó dichos documentos.

Para Cifuentes, que se “traspapelara” la providencia judicial con la que le daban el “ok” a la entrega no fue más que un “fallo humano”.

https://www.elplural.com/politica/2018/01/22/ciudadanos-salva-cifuentes-no-tendra-que-explicar-por-que-oculto-informacion-del

CIFUENTES TENDRÁ QUE VOLVER A COMPARECER EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ASAMBLEA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tendrá que volver a comparecer en la comisión de investigación sobre la corrupción política de la Asamblea regional a instancias del PSOE y de Podemos. Así lo ha acordado este jueves la Mesa de Portavoces de este organismo, del que el PP dejó de formar parte la semana pasada. Según han confirmado fuentes parlamentarias a este periódico, la jefa del Ejecutivo madrileño tendrá que dar explicaciones en la sesión del próximo 2 de febrero sobre por qué se negó a dar información sobre el Canal de Isabel II vinculada a la 'operación Lezo' cuando tenía permiso para hacerlo del magistrado que instruye la causa desde el pasado mes de agosto.

El Gobierno regional ha atribuido a un "error humano" el hecho de que se "traspapelara" la providencia judicial. Junto a Cifuentes, tendrá que comparecer también con carácter obligatorio Sebastián Sánchez, ex subdirector general de Régimen Jurídico y Desarrollo que fue cesado precisamente por el asunto del papel extraviado. Además, han sido citados por el mismo asunto Carlos Moro, abogado general de la Comunidad, y Fernando Luque, subdirector general de lo Consultivo y Asuntos Constitucionales. La confirmación de la nueva comparecencia de la presidenta regional se ha producido el mismo día en el que su partido ha oficializado en la Asamblea las bajas de sus seis diputados que formaban parte de la comisión de investigación. Según argumenta el PP, su grupo ha sufrido "continuos insultos" por parte de la oposición y considera asimismo que ha "quedado demostrada la completa ausencia de voluntad de los otros grupos políticos de analizar los hechos de una manera objetiva en busca de la verdad". Cifuentes fue la primera presidenta regional en activo en tener que declarar en un organismo fiscalizador de este tipo en la Asamblea.

En aquella ocasión, el pasado mes de junio, tuvo que explicar cómo se adjudicaron en 2009 y 2011 los contratos para la explotación de la cafetería del Parlamento autonómico a la empresa de Arturo Fernández, un hecho que la UCO investigó por presuntas irregularidades en el marco de la 'operación Púnica'.

http://www.elmundo.es/madrid/2018/01/18/5a60f52aca474116658b45b7.html

EL MISTERIOSO FAX DE LAS ACTAS DEL CASO LEZO Y LOS CAPRICHOS DEL DESTINO

La Comunidad de Madrid recibió en agosto, el mismo día, casi misma hora y en el mismo fax, dos notificaciones del juez Andreu: una en la que aceptó su personación en el caso Lezo y otra en la que aclaró que los documentos vetados a la oposición nunca estuvieron bajo secreto de sumario. Pero, en agosto, el Gobierno de Cifuentes solo comunicó la primera

El 18 de diciembre se levantó el secreto del sumario del caso Lezo. Desde ese día, los abogados de la Comunidad podrían haber encontrado en el tomo 48 la providencia del juez, donde les daba vía libre para entregar los documentos reclamados por la Comisión de Investigación de la corrupción

En diciembre, solo 7 días después, los propios abogados de la Comunidad realizaron un nuevo informe para justificar ese veto, pese a que desde agosto esos mismo letrados tenían el escrito de la Audiencia Nacional en su poder

La fecha clave fue el viernes 18 de agosto. Ese día, los letrados la Comunidad de Madrid recibieron por Fax, a las 13’55 y 13’57 horas dos notificaciones de la Audiencia Nacional.

Primero, el auto del juez de Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu en el que aceptaba la personación de la Comunidad como acusación particular en el caso Lezo. El segundo, la providencia en la que Andreu aclara al Gobierno de Cifuentes que ninguno de los documento del Canal de Isabel II que vetó a la oposición “están bajo secreto de sumario”.

De esos dos documentos, que llegaron al mismo fax con un intervalo de solo dos minutos, solo trascendió uno de ellos, y fue el propio Gobierno madrileño quien se encargó de difundirlo. El 22 de agosto, es decir, cuatro días después de la doble notificación por fax del Juzgado de Instrucción Número 6, fuentes del Gobierno regional comunicaron que el juez del caso Lezo había aceptado la personación de la Comunidad de Madrid. Pero, inexplicablemente, en ningún momento, hicieron mención alguna de la providencia del Juez de la Audiencia Nacional sobre las actas del Canal que, recordemos, llegó al mismo fax. Ese documento fue descubierto por el Gobierno madrileño cinco meses después de que lo hubiesen recibido los letrados de la Comunidad de Madrid, tal y como adelantó eldiario.es.

La Comunidad dio el número de fax al juez

El Secretario del Juez, teóricamente, entregó en mano la providencia a los abogados de la Comunidad de Madrid, de hecho, así lo pone por escrito, “en presencia del Letrado de la Comunidad de Madrid le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal de la resolución de la providencia”. Sin embargo, en esa notificación no consta la firma del letrado, solo un número de Fax. Fuentes de la Consejería de Presidencia aclaran a la SER que su abogado nunca estuvo presente, por eso se aportó un número de fax para que les remitiesen las notificaciones.

La Comunidad dio el 91 580 42 69. La SER ha comprobado que ese número de fax, ubicado en la misma Puerta del Sol, lo comparten cuatro equipos de abogados de la Comunidad, entre ellos, la letrada que tiene asignado el departamento del Consejero de Presidencia, Ángel Garrido. Se trata del Servicio Jurídico en la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, un equipo de abogados "independiente" del Gobierno, según aclaran desde la propia Consejería de Ángel Garrido. Ese número de fax, también lo utiliza la Subdirección General de lo Contencioso y Secretaría General, la Subdirección General de lo Consultivo y Asuntos Constitucionales y la Unidad de Apoyo al Abogado General.

La Cadena SER ha intentado sin éxito conocer cuál de estas cuatro unidades recibió el 18 de agosto esa providencia por Fax, y quién fue la primera persona que lo recogió.

Apertura del secreto del sumario

Hasta el 12 de enero de 2018, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tuvo conocimiento de la existencia de ese documento del juez Andreu, "traspapelaron el documento durante esos cinco meses", según su versión. Sin embargo, los propios abogados de la Comunidad de Madrid podrían haber tenido acceso a ese escrito en el sumario, porque tal y como reconoce por escrito el Gobierno madrileño en una respuesta parlamentaria: "El pasado 18 de diciembre se levantó el secreto del sumario" de la trama Lezo. Es decir, desde ese día las partes personadas en la causa podrían tener acceso. Como se apuntado anteriormente, la Comunidad de Madrid lo es desde el 18 de agosto. Conclusión, los letrados de la Comunidad de Madrid podrían haber encontrado en uno de los tomos públicos no solo la providencia del juez Fernando Andreu – que el Gobierno de Cifuentes supuestamente “traspapeló” durante cinco meses-, sino también el informe del Fiscal, Carlos Yáñez.

Lejos de encontrar ese escrito en el sumario. Esos mismos letrados de la Comunidad, el 26 de diciembre, culminaron un nuevo informe a petición del Gobierno, que avalaba de nuevo la tesis de la Ejecutivo madrileño para no remitir esa información a la oposición. Esos abogados, hicieron ese informe teniendo en su poder el escrito del juez de la Audiencia Nacional, que apuntaba en otra dirección, porque, recordemos, Fernando Andreu fue categórico: "La petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad de Madrid no están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones administrativas".

http://cadenaser.com/emisora/2018/01/17/radio_madrid/1516204710_340547.html

LOS DOCUMENTOS DE CIFUENTES LLEGAN A LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN TARDE Y MAL

Todavía no están todos y algunos de los que han llegado en realidad no están, con la excusa de que los tienen que reclamar a otros organismos

La información que el Gobierno de Cristina Cifuentes ha estado ocultando durante meses a la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid está llegando por tandas e incompleta. La primera remesa llegó el mismo lunes, en total 36 documentos aunque la mitad de ellos, en realidad no estaban. La Comunidad de Madrid lo que responde es que tienen que solicitar dicha información a sus filiales en Latinoamérica –Inassa fundamentalmente- en 17 casos. En otro más, argumenta que la información solicitada afecta a una empresa privada con la que tiene cláusula de confidencialidad y tienen que pedir autorización a la misma.

Este miércoles han llegado más documentos que a la oposición todavía no ha dado tiempo a examinar pero, según ha podido saber El Plural, presentan el mismo problema.

Encarnación Moya, portavoz socialista en la comisión de investigación, valora que necesitarán días para poder examinarlo todo. Las Peticiones de Información no sólo afectan al caso Inassa sino también a los cursos de formación (caso Aneri) o la construcción del campo de entrenamiento de golf en el barrio de Chamberí, en terrenos que eran propiedad del Canal de Isabel II.


Por si fuera poco, para dificultar su tarea, parte de la información les está llegando a través de CD’s, que no pueden leer en los ordenadores portátiles que la Asamblea de Madrid entrega a cada diputado porque no disponen de disquetera de CD’s.

“No sé si se buscaba ralentizar o dificultar el trabajo de la comisión pero sí demuestra una gran torpeza hacer así las cosas”, asegura la portavoz socialista a preguntas de este periódico. Donde sí ve una “labor obstructiva reiterada por parte del gobierno regional” es en la actitud que ha mantenido Cristina Cifuentes durante todos estos meses negando de forma sistemática las peticiones de información de la comisión apelando a que los documentos solicitados formaban parte de la instrucción del caso Lezo y estaban afectados por el secreto del sumario. La presidenta regional continuó defendiendo este argumento durante meses apelando a que había hecho una petición al juez instructor para que la autorizase a facilitar dichos papeles. La respondió el 18 de agosto diciendo que los documentos NO formaban parte del sumario y que él no era quién para darle permiso. Sin embargo, Cifuentes dice que no se ha enterado hasta ahora porque la respuesta se traspapeló.

“Siendo muy bondadosos, suponiendo que no lo sabían, les interesaba que no llegara la respuesta del juez porque se la imaginaban”, interpreta Moya, convencida de que alguien en el ejecutivo regional ha “confundido intencionadamente” las peticiones de la comisión. “Lo que nosotros pedíamos eran documentos administrativos, no un informa de la investigación judicial”, aclara.

Los trabajos de la comisión deberían terminar en diciembre de este año. Ahora teme que esta nueva carga de trabajo que supone examinar una documentación tan exahustiva que posiblemente suponga más peticiones de comparecencias pueda alargar ese tiempo. “No se trata de alargar nada porque sí, la comisión es la primera interesada en que esto se resuelva cuanto antes, pero la situación y los casos de corrupción que han saltado en la comunidad de Madrid son de tal calibre que hacen necesarios esos plazos”.

https://www.elplural.com/politica/2018/01/17/los-documentos-de-cifuentes-llegan-la-comision-de-la-corrupcion-tarde-y-mal

LOS OTROS DOCUMENTOS "TRASPAPELADOS" POR EL GOBIERNO DE CIFUENTES: DE PÚNICA AL CAMPUS DE LA JUSTICIA

El caso de la providencia de la Audiencia Nacional sobre las actas del Canal se suma a otros problemas con documentación judicial

El Ejecutivo regional ha enviado varios escritos al juez de Púnica asegurando que no encontraba expedientes de adjudicaciones a empresas investigadas

El Gobierno de Cifuentes también tardó meses en encontrar las cuentas del Campus de la Justicia y no localizó todos los contratos

Las grandes investigaciones sobre corrupción en Madrid han obligado a la Audiencia Nacional a reclamar cientos de documentos al Gobierno de Cristina Cifuentes. Los investigadores de los casos Púnica y Lezo se han encontrado en varias ocasiones con que el Ejecutivo regional no era capaz de encontrar la información que buscaban. Desde libros de cuentas hasta adjudicaciones a empresas investigadas, la última providencia "traspapelada" es un capítulo más de los problemas del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la documentación judicial.

"Nadie puede pensar que estamos intentando ocultar algo", ha asegurado Cifuentes este lunes, en su primera referencia a la información publicada por eldiario.es, en la que se explica que su Gobierno tenía permiso desde agosto para entregar a la oposición las actas del Canal de Isabel II y varios informes sobre los pelotazos en Latinoamérica investigados en el caso Lezo. El Ejecutivo ha destituido a un subdirector general, al que acusa de haber "traspapelado" la providencia de la Audiencia Nacional. Esta explicación resulta "poco verosímil" a la oposición, y PSOE y Podemos han pedido que comparezca en la Asamblea para esclarecer lo ocurrido.

Durante los meses en los que ese papel dormía en un cajón, la Comunidad de Madrid respondía a quien le preguntase que estaban esperando el permiso del juez para entregar la documentación. Es más, aclaraban que interpretaban la falta de respuesta como una negativa a facilitar a la oposición esa información.

El argumento es que la documentación sobre las compras de Emissao e Inassa por parte de la empresa pública se había enviado al juez de Lezo, y por tanto se encontraba protegida por el secreto de sumario. El Juzgado ha contestado que no es así, y que no puede oponerse a que se facilite a los diputados de la Asamblea de Madrid, que la tendrán por completo de forma "inminente", según el Ejecutivo.

Además, en un auto reciente, el juez Manuel García Castellón ha reclamado nueva documentación sobre la compra de Inassa bajo la presidencia regional de Alberto Ruiz Gallardón, porque el envío de la Comunidad de Madrid no contenía toda la información sobre esa adquisición. Fuentes de la Comunidad de Madrid indicaron a eldiario.es que ya se han enviado esos papeles; sin embargo, los jueces que investigan la corrupción del PP en Madrid no siempre se han encontrado con la misma diligencia en atender sus peticiones.

Papeles perdidos y destruidos en Púnica

Una de las ramas de la investigación de Púnica indaga en los delitos cometidos a través de Arpegio, la empresa que gestionaba el suelo público de la Comunidad de Madrid. Hubo adjudicaciones irregulares, enchufes de políticos del PP y pagos sin justificación a cargos del partido. Un diputado nacional del PP, por ejemplo, se llevó 12.000 euros por redactar un informe que no sobrepasaba las 30 páginas.

Los investigadores no han podido encontrar alguna de la documentación sobre contratos bajo sospecha. Arpegio reconoció en un escrito enviado a la Audiencia Nacional que no había localizado algunos documentos, después de que los agentes se personasen hasta en dos ocasiones en la sede de la empresa para reclamarlos.

No hay causa conocida para esa desaparición, dijo la empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid. En el escrito enviado a la Audiencia Nacional aseguraron que estaban intentando localizarnos y que desconocía si no están en su sitio por "causa voluntaria o involuntaria".

Esos documentos siguen perdidos, pero de otros se sabe que fueron destruidos. Según publicó El Mundo, la Comunidad de Madrid había eliminado documentos relacionados con una adjudicación investigada en Púnica, y que afectaba a Jaime González Taboada, exconsejero de Cifuentes. Los papeles se hallaban en un armario de la Dirección General de Administración Local y fueron destruidos, aseguró la Comunidad de Madrid, como parte de la habitual eliminación de documentos antiguos.

Documentos extraviados sobre la financiación ilegal

Entre los documentos que la Comunidad de Madrid ha traspapelado se encuentran algunos relativos a su financiación ilegal, investigada en otra rama del caso Púnica. La Consejería de Economía aseguró a la UCO que no disponía "físicamente" de un expediente de adjudicación a una empresa de Daniel Mercado, el empresario que reconoció ante el juez que había financiado ilegalmente al PP de Madrid.

Según el escrito, se debía a un problema con las empresas que debían custodiar la documentación. La Consejería tenía los datos del contrato, pero no el contrato en sí. Por tanto, no hay rastro de la adjudicación por un total de dos millones de euros para que la empresa Over Marketing promocionara el programa de autónomos de la Comunidad de Madrid, y que la Audiencia Nacional investiga si se trató de una maniobra para pagar al empresario a cambio de sus trabajos en campaña.

El Gobierno regional tampoco ha logrado encontrar otros contratos relacionados con Over Marketing, en este caso relativos a las adjudicaciones del Campus de la Justicia, el frustrado macroproyecto que pretendía aunar en un solo lugar todas las sedes judiciales de la Comunidad.

En un escrito enviado a la Audiencia Nacional, el Ejecutivo de Cifuentes aseguró que no había localizado "ninguno de los contratos" con empresas como Over Marketing, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Link América, todas relacionadas con Mercado. El empresario ingresó al menos 360.000 euros por promocionar el proyecto.

Esa información sale del libro de cuentas del Campus de la Justicia, otro documento extraviado que al Gobierno regional le costó meses encontrar. Llegaron a darlo por perdido, para anunciar a los pocos días que lo habían encontrado. Las cuentas, además de ser una radiografía del despilfarro de dinero público, contenía referencias a los pagos a las empresas de Daniel Mercado.

http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Cifuentes-traspapelado-Punica-Lezo_0_729677188.html

PODEMOS ESTUDIA UNA QUERELLA POR LA VÍA PENAL CONTRA CIFUENTES POR MENTIR

La presidenta madrileña ya tiene una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia por negar a la oposición documentos del Canal de Isabel II y el caso Lezo

“No es la primera vez que Cristina Cifuentes miente, pero sí la primera que tenemos pruebas para demostrarlo”. Así de contundente se ha mostrado en declaraciones a El Plural Miguel Ongil, portavoz de Podemos en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, tras saber que la presidenta madrileña se ha estado escudando durante meses en el secreto de sumario para evitar entregarles documentos sobre la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II.

Podemos se plantea incluso la posibilidad de interponer una querella por la vía penal. Y es que no terminan de creerse la versión de la presidenta, que lleva casi un año amparándose en el secreto sumarial para negar a Podemos información relacionada con las actuaciones de la trama Lezo a través del Canal de Isabel II.

El gobierno regional rechazó el pasado mes de abril dar respuesta a una Petición de Información hecha por el diputado Eduardo Gutiérrez apoyándose en un informe previo de la abogada jefe de la Consejería de Economía, que sostenía que no se podía facilitar la información solicitada porque tenía carácter reservado al estar afectada por el secreto de sumario.

Podemos solicitó amparo a la Mesa y amplió su petición de información a otras cuestiones relacionadas con supuestas operaciones de la trama Lezo de las que pudo tener conocimiento la Comunidad de Madrid. El Gobierno vuelve a contestar a la comisión de la corrupción de la misma manera, esta vez adjuntando un informe de la Abogacía General, de fecha de 23 de mayo, en el que amplía los argumentos del informe previo. En total, la formación morada ha reclamado casi 80 documentos que han sido vetados de forma sistemática por el ejecutivo regional. Entre otras cosas, han reclamado las actas de las reuniones del Consejo de Administración del Canal de Isabel II y las deliberaciones del consejo de gobierno que dieron luz verde a las operaciones en Sudamérica y el contrato de compra de la sociedad colombiana Inassa, hecha a través de una empresa pantalla radicada en Panamá.

En todos los casos el gobierno de Cifuentes ha justificado su cerrojazo a la información apelando al carácter reservado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) otorga a la fase de instrucción de un proceso penal.

“En tanto no se decrete la apertura del juicio oral en los procedimientos abiertos en la actualidad, no procede el envío a la Asamblea de informaciones que consten en la fase de instrucción en atención al carácter reservado que a la misma atribuye la LECrim en los términos previstos en el presente Dictamen”.

En paralelo, el Gobierno de Cristina Cifuentes se cubre las espaldas enviando el 1 de julio de 2017 al juez instructor del caso Lezo, Fernando Andreu, una petición para que “recabar su autorización” y “solicitar su pronunciamiento sobre la conveniencia o no” de facilitar la documentación a la Asamblea.

Tal y como explicó El Plural, el juez Andreu respondió el 18 de agosto con claridad meridiana. Los documentos de los que hablaba Cifuentes NO forman parte del sumario y, por tanto, él no podía “dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”.

Pese a ello, Cifuentes continuó argumentando por escrito que estaba pendiente de la decisión del juez. Lo hizo el 22 de noviembre de 2017 asegurando que “hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Juzgado de Instrucción número 6 a la carta enviada por el Gobierno”. Dos días más tarde el 24 de noviembre volvía a insistir en el carácter reservado de estas informaciones, apelando al criterio de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

Todo esto lo decía meses después de haber recibido la respuesta del juez Andreu. Ahora argumenta que se traspapeló y culpa al subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, a quien ya ha cesado. La argumentación de Cifuentes ha dejado perplejos a Podemos y PSOE. Coinciden en considerarlo inverosímil. ¿Acaso nadie se molestó en mirar la documentación antes de contestar por escrito con tal contundencia? Ambas formaciones ya han pedido su comparecencia en la Asamblea y, en el caso de la formación morada, lo extienden también a la comisión de investigación de la corrupción.

Demanda ante el TSJ

A falta de saber si finalmente interponen una querella penal, el Gobierno regional sí tendrá que responder ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid por la demanda puesta por Podemos por este asunto y que fue admitida a trámite el 4 de diciembre de 2017. El diputado Miguel Ongil, en nombre de su Grupo Parlamentario, interpuso el recurso por la vía contenciosa administrativa al entender que se estaban vulnerando los derechos fundamentales de los diputados negándoles la información solicitada.

El procedimiento elegido es el mismo que siguió en Valencia Compromís cuando el gobierno del PP se negó a facilitar contratos de la empresa pública Feria de Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló en contra del Consell y obligó a la administración a facilitar la documentación solicitada. La formación valenciana acumula ya 14 sentencias del TSJ en este sentido.

El Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid de Podemos está dispuesto a ir hasta el final de este asunto y convencido de que la Justicia les dará la razón.

https://www.elplural.com/politica/2018/01/15/caso-lezo-podemos-querella-penal-cifuentes-mentir

LA COMUNIDAD CESA A SUBDIRECTOR POR UN ERROR EN ENTREGA DOCUMENTOS CASO LEZO

El Gobierno regional ha cesado al subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, que depende de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, por "un error grave" que afecta a la entrega de documentación relacionada con el caso Lezo a la oposición.

Según eldiario.es, el Ejecutivo madrileño recibió el pasado mes de agosto una providencia del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo que le daba vía libre para entregarle a la oposición las actas del Canal de Isabel II relacionadas con el caso Lezo.

En declaraciones a Efe, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha recordado que el pasado 1 de agosto el viceconsejero de Presidencia pidió por carta al juez del caso Lezo autorización para entregar a la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid 35 documentos que había solicitado la oposición.

El Gobierno regional no entregó estos documentos a la oposición porque un informe de la Abogacía General decía que mientras estuvieran incluidos en un proceso judicial tenían "un carácter reservado", ha apuntado Garrido.

El 18 de agosto el juez firmó una providencia que no se envió al viceconsejero, sino a una Subdirección General de lo Contencioso, que está en Abogacía General; y desde allí se envió el 21 de agosto a otra Subdirección General de Régimen Jurídico, que depende de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia.

"Aquí está el problema", ha señalado Garrido, ya que en ese momento, el subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, no vio el correo electrónico con la providencia "por un fallo humano", ya que era "pleno mes de agosto" y "se encontraba en periodo vacacional".

De esta forma, el secretario general técnico del Departamento de Presidencia no sabía que esta providencia había llegado y no pudo dar la orden de que se enviara la documentación a la oposición.

"Ni el secretario general técnico, ni yo, ni la presidenta tenemos conocimiento de los escritos que llegan a las subdirecciones general si no nos lo elevan y no lo hicieron", ha subrayado Garrido.

El pasado 3 de enero, el Gobierno regional envió otro escrito al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para solicitarle autorización sobre la entrega a la oposición de 69 documentos (los 35 primeros y otros 34 más).

Garrido ha recordado que él mismo como presidente del Canal de Isabel II denunció ante la Fiscalía el caso Lezo.

Además, ha subrayado que el Ejecutivo madrileño ha entregado a la oposición 720 peticiones de información relativas al Canal Isabel II y rehusó entregar 69 por estar incluidas en un sumario, aunque, tras la autorización del juez del caso Lezo, se remitirán a la oposición en la Asamblea de Madrid el próximo lunes.

También se ha referido a la petición de Podemos de comparecencia de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en el Pleno y en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid por "ocultar" información y "mentir" a la oposición en relación con el caso Lezo.

"Podemos no puede dar lecciones en asuntos de transparencia y corrupción porque tiene dos imputados en el Ayuntamiento de Madrid y a otros cuatro en Alcalá de Henares", ha señalado Garrido.

Ha argumentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede conocer los escritos que llegan a las subdirecciones generales de la Comunidad de Madrid y ha obrado "de buena fe" desconociendo la providencia del Juzgado.

http://www.lavanguardia.com/politica/20180113/434281599535/la-comunidad-cesa-a-subdirector-por-un-error-en-entrega-documentos-caso-lezo.html

LOS DOCUMENTOS QUE HA OCULTADO CIFUENTES: DE LAS OPERACIONES DE GONZÁLEZ Y GALLARDÓN A LOS PAGOS AL TESTAFERRO DE LEZO

La presidenta regional se ha negado a entregarlos a la oposición a pesar de que tiene permiso del juez para hacerlo

Los documentos, que el Ejecutivo dice que facilitará de inmediato, versan sobre el pelotazo en Brasil de González o la compra de Inassa de Gallardón

Entre los documentos hay un acta que prueba la participación activa de Cifuentes en los plenos del Consejo de Administración del Canal

Son decenas de documentos relacionados con el caso Lezo, la investigación que afecta a Alberto Ruiz Gallardón, que llevó a prisión provisional a Ignacio González y que provocó la dimisión de Esperanza Aguirre. Los documentos del Canal que Cristina Cifuentes niega a la oposición, aunque tiene autorización del juez para entregárselas, recorren todas las irregularidades de la empresa pública que han afectado a tres de los cuatro últimos presidentes de la Comunidad de Madrid.

La oposición las ha pedido en repetidas ocasiones, pero la respuesta de la Comunidad siempre ha sido que estaban protegidas por el secreto de sumario, y que era el juez de Lezo quien tenía que dar autorización. Sin embargo, la Audiencia Nacional dio autorización el pasado mes de agosto porque, argumentó, esas actas no estaban sujetas al secreto de sumario. A pesar de ello, la Comunidad ha seguido negándolas alegando que el juez no había contestado.

El Ejecutivo regional argumenta ahora que la providencia del juez se traspapeló y ha cesado a la subdirectora general de régimen jurídico que la recibió. El Gobierno de Cifuentes se compromete ahora a entregar esa información de "inmediato", cinco meses después de que el juez le contestase que podía hacerlo.

Entre los documentos que reclaman los diputados de la Asamblea -en el marco de la comisión que investiga la corrupción en Madrid- se encuentran los informes sobre la compra de Emissao, el pelotazo en el que se acusa a González de haberse llevado comisiones, o los detalles de la adquisición de Inassa, la operación que que se realizó bajo la presidencia de Gallardón, y que ahora investiga la Audiencia Nacional.

Pero también se reclaman documentos sobre los pagos abonados a Edmundo Rodríguez, así como el respaldo documental de su ascenso a presidente de Inassa. Entre las actas que Cifuentes ocultó se encuentra también una relativa a la creación de Canal Isabel II Gestión, en un Consejo de Administración en el que la propia presidenta regional intervino activamente para avalar el proceso y zanjar las criticas de quienes tenían dudas.

El pelotazo de González en Brasil

En el listado de documentos que el juez autorizó a entregar aparece repetidamente el nombre de la empresa Emissao. Los diputados reclaman, por ejemplo, los informes internos en los que se basó la compra, la due diligente sobre la operación o las actas de las reuniones en las que se aprobó que para el proceso se utilizase una sociedad vehículo con sede en Paraguay. Se reclama también la documentación relativa a pago que se hizo al dueño de Emissao, Sabastiao Cristovam, así como todos los detalles de las transferencias para cerrar la compra.

Esa operación está en el inicio del caso Lezo. El juez sostiene que se produjo un sobreprecio en la compra de esta empresa brasileña que fue a parar a los bolsillos de los principales implicados. Un arrepentido confesó que Ignacio González se llevó 1,8 millones de euros, mientras que otros cuatro presuntos implicados se llevaron 900.000 cada uno.

Entre ellos estaba Edmundo Rodríguez, testaferro de González, y la persona que falseó datos ante el Consejo de Administración del Canal para justificar la compra de Emissao. Entre otras cosas, omitió informes en los que se apuntaba que la empresa brasileña conseguía contratos a cambio de sobornos. Además, articuló la operación, preparada con cinco años de antelación, para que se cruzasen empresas pantalla de sus socios y el dinero acabase en bancos suizos.

La expansión con Gallardón

La oposición también reclama documentos relativos a Inassa, la sociedad colombiana que compró el Canal en 2001 por 73 millones de dólares, cuando Gallardón era presidente regional. La operación, según Anticorrupción y el juez, estuvo plagada de irregularidades pudo darse un sobreprecio, al igual que con la compra de Emissao.

La adquisición de Inassa supuso el inicio de la expansión del Canal por América Latina. Según Anticorrupción, Arturo Canalda, el gerente de la empresa pública, preparó la compra meses antes de tener autorización del Consejo de Gobierno. Además, esa autorización no incluía que Inassa se comprase a través de una sociedad vehículo con sede fiscal en Panamá.

Todos los consejeros del Canal que votaron a favor están imputados. Algunos han reconocido que manejaron valoraciones de Inassa muy por debajo de lo que se pagó finalmente, y han dicho no saber nada de la sociedad Panameña. Para ahondar en este asuntos, los diputados piden el acta de constitución de Canal Extensia, la sociedad que luego compró Inassa, y la documentación completa que manejaron los consejeros. Algunos han declarado que apenas tenían detalles y que se fiaron de los informes de Canalda.

Los pagos a Edmundo Rodríguez

El Canal compró Inassa, y en ella acabó de presidente Edmundo Rodríguez Sobrino. Se convirtió en el hombre de González para los negocios en latinoamérica y fue quien comandó el pelotazo de Emissao. Ahora, arrepentido, ha confesado que ingresó en Suiza la comisión que tanto él como el expresidente se llevaron de la compra de Emissao.

Por esa razón, los diputados han reclamado documentación relativa a su ascenso a la presidencia del Canal en 2006, ya con González en la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. Además, Rodríguez Sobrino fue la persona que se vio con José Manuel Serra Peris para tratar de averiguar si había una investigación contra él y González.

Mientras gestaba las operaciones del Canal de las que luego se llevaba una parte, Rodríguez Sobrino tenía un sueldo de 30.000 euros al mes, recibió pagos de la empresa pública a su bufete de abogados, y pretendía llevarse 700.000 euros cuando le despidieron. La oposición ha reclamado toda la documentación relativa a esos acuerdos económicos.

El apoyo de Cifuentes a Canal Isabel II Gestión

Los parlamentarios de la oposición han reclamado todas las actas del Canal entre 2007 y 2015. Hay una que afecta directamente a Cifuentes, porque intervino en un Consejo de Administración como delegada del Gobierno, en la reunión que trató la creación de Canal Isabel II Gestión, una sociedad proyectada en 2008 por Esperanza Aguirre e ideada para atraer el capital privado a la empresa pública de la gestión del agua.

El Consejo estuvo presidido por el entonces presidente regional, Ignacio González, ahora en prisión provisional por presuntos delitos cometidos a través del Canal. La batuta de la reunión la llevó el director gerente de la empresa, Adrián Martín, y el consejero José Manuel Serra Peris, ambos imputados en Lezo.

Algunos consejeros protestaron porque la ingente documentación que tenían que analizar la habían recibido tan solo un día antes del Consejo. Cifuentes intervino para defender la transparencia del proceso: “En este Consejo ninguna información se ha ocultado”. Volvió a intervenir ya al término de la reunión, cuando tomó la palabra para reiterar su apoyo a la creación de esa nueva sociedad.

http://www.eldiario.es/politica/Cifuentes-operaciones-Gonzalez-Gallardon-Lezo_0_728278044.html

CIFUENTES SE EXCUSA: LA RESPUESTA DEL JUEZ DE LA LEZO SE TRASPAPELÓ

PSOE y Podemos han pedido su comparecencia en la Asamblea de Madrid para que explique por qué negó a la oposición los documentos sobre la compra de Inassa apelando al secreto de sumario

El pasado mes de agosto el juez instructor del caso Lezo respondió de forma taxativa a la consulta de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes sobre si podía entregar los papeles de la compra de Inassa a la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Durante meses ha estado negando a la oposición estos documentos apelando a que formaban parte del secreto de sumario. Sin embargo el juez le dijo muy claramente que no tal y como reveló en primicia el pasado 28 de diciembre El Plural.

El juez Fernando Andreu, en una providencia con fecha del 18 de agosto dejó claro que estos documentos "no están incluidos en el sumario”. “Su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”, concluyó.

Sin embargo, la presidenta continuó negándolos a la Asamblea. Ahora dice que la respuesta del juez se traspapeló y echa las culpas al subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, que se encontraba de vacaciones. El hombre ha sido cesado por una "negligencia administrativa grave", ha comunicado la presidenta en un desayuno informativo organizado por Europa Press. "Hasta el pasado viernes el Gobierno no tuvo conocimiento de que el juez había dado la autorización", ha insistido Cifuentes [elplural.com lo publicó el 28 de diciembre], que ha asegurado que "hoy mismo" se van a mandar los documentos a la Asamblea para que puedan consultarlos los grupos de la oposición.

Cifuentes ha insistido en que actúa con total "transparencia" y que su Gobierno está colaborando con la Justicia, "mandando la documentación de manera permanente". "Pero entiendo que quieran agarrarse a cualquier cosa para desgastar a mi Gobierno o a mí".

Ha afirmado que no tiene "problema" en ir a la Asamblea "o a donde sea" a dar las explicaciones oportunas. Por el momento, el PSOE ya ha registrado una petición de comparecencia de Cifuentes, entre otras acciones.

Podemos también ha registrado esta mañana también una petición para que Cristina Cifuentes comparezca en el Pleno de la Asamblea y la comisión de Investigación de la Corrupción Política. A esta última, también Podemos ha demandado que acuda Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

https://www.elplural.com/politica/2018/01/15/cifuentes-caso-lezo-respuesta-juez-traspapelada

CIFUENTES VETÓ A LA OPOSICIÓN INFORMACIÓN DEL CANAL QUE NO ESTABA BAJO SECRETO DE SUMARIO

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiso remitir documentos a la oposición, pese a que durante cinco meses tuvo vía libre por parte de la Audiencia Nacional para entregar esa información

La Comunidad niega "mala fe", asegura que tardaron cinco meses en percatarse de la existencia de la comunicación del juez. No lo vieron antes "por un error humano" cometido por un subdirector general que ha sido cesado por la gravedad de los hechos

El Gobierno de Cifuentes tenía luz verde de la Audiencia Nacional para dar a la oposición los 35 documentos sobre el Canal de Isabel II desde agosto; es decir, durante cinco meses estuvo reteniendo, sin motivos, toda la información que la Comunidad de Madrid ha denegado sistemáticamente a PSOE, Podemos y Cs.

Desde que la Comisión de Investigación de la Corrupción comenzase a tratar las irregularidades que sobrevuelan a la empresa pública que gestiona el agua de todos los madrileños, la oposición siempre se ha estrellado contra un muro. Lo han intentado por todo tipo de vías, pero ninguno de los tres grupos de la oposición, ni PSOE, ni Podemos ni Ciudadanos han conseguido que el Gobierno de Cifuentes les remitiese, por ejemplo ni las actas del Consejo del Canal entre 2007 y 2015, ni las actas del nombramiento de Edmundo Rodríguez Sobrino, ni el Informe de Due Diligence Financiero de KPMG sobre la ruinosa compra de Emissao, ni las escrituras de la constitución de Canal Extensia.

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha alegado siempre para no remitir esa información que esos documentos estaban bajo secreto de sumario. Pero nunca estuvo bajo la protección del secreto de sumario del Caso Lezo, según ha adelantado eldiario.es. "La petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad de Madrid no están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar, ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta docuementación".

Esa es la contundente respuesta que dio el juez Fernando Andreu al Gobierno de Madrid a través de en una providencia a la que ha tenido acceso la SER.

Ese escrito del juez llegó al Gobierno de Cifuentes el día 22 de agosto, pero sorprendentemente no fue hasta el pasado viernes, es decir, cinco meses después, cuando se percataron de la existencia de ese papel. Casualmente, la Cadena SER consultó el pasado martes a la Consejería de Presidencia si el juez de la Audiencia Nacional había respondido a la consulta que le hicieron en el mes de julio, la respuesta fue un "no", de forma tajante.

En la Puerta del Sol niegan que se haya actuado "de mala fe", aseguran que todo se trata de un "error humano" y señalan al subdirector general del Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica de la Comunidad de Madrid "que fue quien traspapeló la respuesta del juez". Ese alto cargo ha sido cesado, según han confirmado a la SER desde el Gobierno madrileño, "ante la gravedad del error cometido".

En el mes de octubre, Podemos decidió presentar un denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Comunidad de Madrid por su cerrojazo informativo, Ciudadanos también amagó con hacer lo mismo. Todos los grupos han criticado la opacidad de la Comunidad de Madrid y la falta de colaboración a la hora de remitir esos documentos.

La decisión de negar parte de esa información a la oposición la ratificó el pasado de 2 agosto, el viceconsejero de Presidencia, el ahora consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, amparándose un informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, al que tuvo acceso la SER. Días antes, el 1 de julio, el propio Ruiz Escudero envió una carta al juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón en la que le pedía autorización para que pudiesen dar respuesta a todas las peticiones de información que habían recibido. En esa carta, la Comunidad de Madrid aporta el informe de la Abogacía General contrario a que se diese esa información.

http://cadenaser.com/emisora/2018/01/13/radio_madrid/1515861321_849513.html

CIFUENTES TENÍA DESDE AGOSTO AUTORIZACIÓN DEL JUEZ PARA DAR LAS ACTAS DEL CANAL A LA OPOSICIÓN Y LAS SIGUIÓ NEGANDO

La presidenta se ha excusado en que necesitaba un permiso del juez cuando éste dictó hace cinco meses una providencia asegurando que no es así

La Comunidad de Madrid justifica que ha tenido conocimiento de la resolución este viernes porque se "traspapeló" y cesa al subdirector general que la recibió

El Ejecutivo ha negado peticiones de información desde entonces con el argumento de que no les había llegado y ahora asegura que enviará la documentación "de inmediato" a la Asamblea de Madrid

El Gobierno de Cristina Cifuentes se ha quedado sin excusas para demorar la entrega a la oposición de la documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo. El Ejecutivo tenía desde agosto una resolución de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso eldiario.es, que le daba vía libre para hacerlo pero ha seguido negando la información a los diputados. Solo tras preguntar este medio por dicha providencia, la Comunidad de Madrid confirma que la notificación llegó pero se traspapeló y hasta este viernes no había tenido conocimiento de ella, según su versión de los hechos.

La información, negada durante meses a la comisión parlamentaria que investiga la corrupción, se hará llegar de "inmediato" a la Asamblea de Madrid, aseguran fuentes de la Comunidad de Madrid. Entre los documentos se encuentran los informes sobre la compra de Emissao, el pelotazo del Canal en Brasil en el que un arrepentido declaró que el expresidente Ignacio González se llevó 1,8 millones de euros, o los detalles de la adquisición de Inassa, la operación que se realizó bajo la presidencia de Gallardón a través de un paraíso fiscal. La Audiencia Nacional la investiga porque ha visto en el proceso un "cúmulo de irregularidades".

En la batería de documentos hay informes sobre los pagos a Edmundo Rodríguez, testaferro de González, así como los documentos de cuando se aprobó su ascenso a presidente de Inassa. Y también, entre las actas solicitadas, una relativa a la creación de Canal Isabel II Gestión, en un Consejo de Administración en el que la propia presidenta regional intervino activamente para avalar el proceso y zanjar las criticas de quienes tenían dudas.

La consulta no tenía "base legal"

La providencia firmada por el juez Fernando Andreu, de guardia en agosto en el Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, deja claro que la entrega de documentos a los diputados de la oposición "se rige por disposiciones administrativas sin que el juez pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no" de proporcionarla. Y añade que la consulta del Ejecutivo regional "no tiene base legal en la medida en que es ajena a las competencias que la LOPJ y la LECrim atribuyen al juez instructor de un procedimiento".

Desde que la resolución se notificó a la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Cifuentes ha negado hasta en tres ocasiones que dispusiera de esa respuesta y ha continuado ocultando la documentación a los diputados.

La primera, el pasado 2 de noviembre en sede parlamentaria ante una pregunta en el pleno de la diputada de Podemos Lorena Ruiz-Huerta; la segunda, en una contestación el 24 de noviembre a una petición de información acordada por la Mesa de la comisión de investigación, esta vez por escrito. Además, fuentes de la Comunidad de Madrid aseguraron a eldiario.es el 23 de noviembre que el magistrado no había respondido y esa circunstancia se había interpretado como una negativa a autorizar el envío de las actas.

Un "error humano", según la Comunidad de Madrid

Fuentes de la Comunidad de Madrid justifican que la providencia no se envío a la persona que emitió la consulta del Ejecutivo al juzgado que instruye el caso Lezo, en este caso Enrique Ruiz Escudero, entonces vicepresidente de la Consejería de Presidencia y actual consejero de Sanidad. "Llegó por fax a una subdirección general de la Abogacía en agosto, que lo remite al subdirector general de régimen jurídico, que estaba de vacaciones. Y a la vuelta no la vio. Como no tuvo conocimiento, no dio traslado a sus superiores. Todo se debe a un error humano, no ha habido mala fe", explican las mismas fuentes. Este "negligencia" se ha llevado por delante a este alto cargo, según ha podido saber eldiario.es. La Comunidad de Madrid no ha querido aportar más información a eldiario.es más información sobre el cese.

En la diligencia de notificación, a la que ha accedido este medio, el juez alude a la presidencia del "letrado de la Comunidad de Madrid", extremo que no aclaran las fuentes del Ejecutivo regional consultadas, que aseguran que solo llegó vía fax.

En los últimos meses, el Gobierno de Cifuentes se había apoyado en un informe de la Abogacía de la Comunidad de Madrid que ahora desmonta la resolución del juez. El documento de los letrados, fechado en 23 de mayo, concluye que es ineludible consultar al magistrado del caso Lezo, Manuel García Castellón, para entregar los documentos del Canal de Isabel II a la oposición debido al carácter secreto de la investigación. La premisa queda sin validez una vez conocido el escrito del juez Andreu porque, además, el conjunto de papeles solicitados "no están incluidos en el sumario", afirma el magistrado.

El juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito apuntó que el juez solo puede decidir sobre los documentos de un sumario "a los que solo pueden tener acceso las partes personadas". Es el mismo criterio que el expresado por los expertos consultados por eldiario.es, que apuntaron que el secreto de sumario no puede afectar a documentos cuyo acceso es público.

En noviembre, la Mesa de la comisión de investigación sobre la corrupción solicitó expresamente al Gobierno la copia de la respuesta del juzgado de instrucción –que le había llegado en agosto– y obtuvo por respuesta que "hasta la fecha" no se había "recibido respuesta a la carta enviada por el Gobierno", según la contestación firmada por la directora general Blanca Pinedo Texidor, a la que ha tenido acceso eldiario.es. El día 2 del mismo mes, la presidenta Cristina Cifuentes reiteró en el pleno de la Asamblea de Madrid que había hecho una consulta al juez instructor y que su gobierno haría "exactamente lo que nos diga".

El Ejecutivo regional se parapeta para no dar información a la oposición en el criterio de dos informes de la Abogacía de la Comunidad de Madrid. El primero, fechado en 23 de mayo, repasa la doctrina del Tribunal Constitucional para concluir que los diputados tienen derecho a reclamar esa información, pero recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias de investigación "serán reservadas y no tendrán carácter público hasta la fase de juicio oral".

El segundo se solicitó a los letrados después de levantamiento del secreto de sumario del caso para saber , según argumenta la Comunidad de Madrid, si esta nueva circunstancia "afecta al deber del Consejo de Gobierno de facilitar la información solicitada". El Ejecutivo lo pidió a los letrados pese a que el juzgado ya se había pronunciado cuatro meses sobre que tenía vía libre para hacerlo. El documento, al que ha accedido este medio, redunda en los argumentos del primero y concluye que "la remisión de documentación obrante en un sumario sometido a la reserva prevista en el artículo 301 de la LECrim queda condicionada a la previa ponderación del órgano jurisdiccional que instruye la causa".

El informe de la Abogacía aparece adjunto a la respuesta fechada en 26 de diciembre a una nueva petición acordada por la comisión de investigación que incluye más expedientes, informes y actas relacionadas con el Canal de Isabel II. Esta fue la última vez que se negó información a la oposición.

Solo dos semanas después, el PP ha anunciado que sus diputados no seguirán participando en la comisión parlamentaria que ha sentado en los dos últimos años frente a los diputados de la Asamblea de Madrid a los cuatro presidentes que ha tenido el PP en la Comunidad de Madrid: Ignacio González, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

La "huída" del PP, calificada así por la oposición, se produce en un momento crítico para sus causas judiciales: todos los expresidentes aparecen en investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el futuro judicial de los tres últimos va a depender de los próximos informes de esta fiscalía para el juez de los casos Púnica y Lezo.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el Gobierno de Cifuentes ha puesto trabas a la investigación en la comisión ocultando los documentos que pedían, extremo que siempre ha negado el Gobierno regional.

http://www.eldiario.es/madrid/Cifuentes-autorizacion-entregar-oposicion-Canal_0_728277358.html

LO QUE CRISTINA CIFUENTES NO QUIERE QUE SEPAS DEL CASO LEZO

Aprovecha la personación de la Comunidad de Madrid en el proceso para defenderse como presidenta del PP

La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, está personada en el caso Lezo y, por tanto, goza de información en tiempo real sobre la instrucción. Además, hay dos empresas públicas, también controladas por la administración popular, que gozan de información privilegiada sobre los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PP madrileño. Es el caso del Canal de Isabel II (personado en Lezo) y Arpegio (reconvertida en Nuevo Arpegio), en la Púnica.

Uno de los ejemplos de cómo está manejando la defensa de los intereses de su partido utilizando el privilegio que le da esa personación es su negativa a facilitar documentos sobre la compra de Inassa a la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Podemos hizo la solicitud y la presidenta contestó con un rotundo no alegando que las actas solicitadas forman parte de las diligencias del caso Lezo y que hasta que no se decrete la apertura del juicio oral gozan de “carácter reservado”.

Sin embargo, su apelación a la ley de Enjuiciamiento Criminal es falaz y ella lo sabe. Al menos desde el pasado 18 de agosto cuando un auto del juez Fernando Andreu responde a una consulta de la propia Comunidad de Madrid en relación a si debe entregar o no los documentos sobre la compra de Inassa y Emissao a la comisión anticorrupción de la Asamblea.

Respuesta contundente del juez

El magistrado hace suyo el pronunciamiento del fiscal y deja en evidencia los argumentos esgrimidos por Cifuentes. Aclara que su petición no tiene base legal y que no le corresponde pronunciarse porque los documentos solicitados “no están incluidos en el sumario”. “Su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”, concluye.

La presidenta madrileña optó por ignorar la postura del juez y ha seguido manteniendo los documentos sólo a la vista de los que la interesaban. Se los facilitó al propio Alberto Ruiz-Gallardón para preparar su comparecencia ante la comisión, pero no a Podemos y el resto de grupos parlamentarios.

Podemos lleva ante la Justicia a Cifuentes

El partido de Pablo Iglesias, harto del boicot de Cifuentes, puso el pasado mes de octubre un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid por su negativa a facilitar los documentos.

No sólo ha ignorado la orden del juez, sino que ha faltado a la verdad. Cuando Íñigo Errejón le recriminó el pasado 23 de octubre su actitud, no dudó en responder, a través de la cuenta oficial del PP de Madrid, que ella denunció la trama Lezo y “somos los primeros interesados en conocer la verdad”. Para demostrarlo se escuda en que han respondido a “más de 600 peticiones de información de la Asamblea sobre el Canal”. Todo ello dos meses después de haber recibido la respuesta del juez.

No solo el PP madrileño, también la Comunidad de Madrid mintió sobre este asunto o, al menos, no contó toda la verdad. Ese mismo 23 de octubre varios medios difundieron la explicación de que Cifuentes había consultado con el juez del caso, Manuel García Castellón (a quien sustituyó Fernando Andreu por las vacaciones de verano) la pertinencia de facilitar los documentos y que todavía no había contestado. “El juez todavía no ha dado permiso”, explicaron textualmente.

El juez también le pide los papeles

Pero el cerco a Cifuentes por el caso Lezo no queda ahí. El juez ha imputado oficialmente a su protegido Arturo Canalda, hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que se ha visto obligado a dimitir. Durante meses, y a pesar de las elevadas sospechas que pesaban sobre él, Cristina Cifuentes lo mantuvo en su puesto. Entre otras cosas, tal y como reveló El Plural, su papel en la compra de Inassa, una de la operaciones fraudulentas que se investiga en la trama, no fue tan irrelevante como él se ha empeñado en contar.

En el auto de imputación de Canalda y la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón el magistrado reclama a la Comunidad los papeles que lleva meses negando a la oposición. Los polémicos papeles los había reclamado la Fiscalía y ahora, el juez requiere de "forma urgente" y en un plazo no superior a 10 días aporte las actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad del 29 de noviebre de 2001 que dio el visto bueno a la compra de Inassa y toda la documentación que se trasladó al consejo para autorizarla, entre otros papeles. Alberto Ruiz Gallardón presidió ese consejo y el juez condiciona la petición de la Fiscalía de que se le cite como investigado al examen de los mismos.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/28/lo-que-cristina-cifuentes-no-quiere-que-sepas-del-caso-lezo

DOS COLEGIOS CONCERTADOS DE MADRID RECOMIENDAN A LAS PROFESORAS VESTIR CON “RECATO” Y “MODESTIA”

Una circular interna a los centros aconseja a las docentes evitar "escotes pronunciados" o ropas "excesivamente ajustadas"

Un documento interno de los colegios concertados Juan Pablo II de Alcorcón y Guadarrama (Madrid) pide que las docentes contemplen el "recato" y la "modestia" en su atuendo y eviten "transparencias", "escotes pronunciados" o "hombros al aire". La circular establece una serie de indicaciones de vestimenta para la uniformidad de los alumnos que estudian en los centros y las características de la ropa que tienen que llevar los docentes.

La nota, adelantada este martes por el eldiario.es, subraya que "no es conveniente el uso de pantalones vaqueros, mallas o pantalones muy ajustados" y agrega que es "preferible" evitar "camisetas de tiras o ropas excesivamente ajustadas". También pone énfasis en cuidar los detalles "en cuanto a higiene y estética". Se desaconsejan colores "chillones" y se pide "por favor" que se eviten piercing y estridencias.

La circular sostiene que "la feminidad es una cualidad destacada en la mujer" y que hay que potenciarla. El apartado dirigido a las profesoras asegura que el "modo de ir vestidas importa mucho" y que es importante ir "cómodas, elegantes y sencillas". El texto expone que al optar por el vestido o la falda es conveniente que "como mínimo" la prenda baje hasta la rodilla, al igual que se exige al alumnado femenino.

Con respecto a los docentes varones, la circular indica que deben utilizar traje y corbata. En los meses de verano estará permitido llevar una camisa de manga corta. Se requiere que los profesores eviten pelo largo, pendientes y piercing.

La Comunidad de Madrid indaga si el documento tiene algún tipo de repercusión sobre la concesión de los conciertos, según fuentes de la Consejería de Educación. El Gobierno regional no tiene competencia para intervenir en materia de relaciones laborales entre los empleados y los centros, ya que estos son privados, añaden las mismas fuentes.

Los dos colegios madrileños son gestionados por la Fundación Educatio Servanda, que también administra otro centro en la capital, tres en Cádiz y uno en Almería. Todos son concertados y por lo tanto reciben dinero de la administración pública. Este periódico ha intentado sin éxito hablar con responsables de la fundación y de los colegios de Alcorcón y Guadarrama.

Un centro educativo que generó polémicas

El colegio Juan Pablo II de Alcorcón se vio salpicado en 2016 por las polémicas a raíz de una carta del director del centro que comparaba la Ley contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid con el "fanatismo terrorista", escrito que le supuso una multa de unos 1.000 euros por parte del Gobierno regional.

En abril 2017 la cadena Ser informó de que en el mismo centro se impartían talleres extraescolares diferentes para niños y para niñas. A ellos se les ofrecían excursiones al estadio Santiago Bernabéu y a ellas cursos de ganchillo, según denunciaba ese medio. El colegió se defendió asegurando que los talleres eran abiertos a todos.

La Comunidad de Madrid abrió una investigación. Los inspectores instaron al centro a que corrigiera aspectos formales, como los plazos en los que se comunica a la administración pública qué actividades extraescolares se imparten y que estas no coincidan con horarios de materias obligatorias, según la Consejería de Educación. Las mismas fuentes afirman que no se concluyó que los talleres se ofrecían según criterios sexistas.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/10/actualidad/1515587672_966261.html

CRISTINA CIFUENTES: "NO ME VAN A IMPUTAR. ESO NO VA A OCURRIR"

La presidenta de la Comunidad de Madrid descarta que pueda ser citada como investigada por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea. Cifuentes admite que los casos de corrupción han dificultado su acción de gobierno y admite abiertamente que quiere ser candidata del PP a la Comunidad en 2019

Cristina Cifuentes no teme que la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, cuando la actual presidenta era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, pueda terminar en imputación. Cifuentes, en la tradicional entrevista de Año Nuevo en la SER ha sido tajante: "Todo se hizo conforme a la legalidad en todo momento. Todas las adjudicaciones se hicieron conforme a los informes técnicos y con la unanimidad de todos los grupos políticos. Eso (la imputación) no va a ocurrir. Eso no puede ocurrir. Es una hipótesis que yo ni me planteo".

Cifuentes ha remarcado otra vez que sus responsabilidades empiezan y acaban en su acción de gobierno. "Yo nunca he participado en ningún gobierno ni de Esperanza Aguirre, ni de Ignacio González ni de Gallardón. Cada uno se tiene que responsabilizar de las cosas que hace". La presidenta reconoce que la corrupción ha afectado a su acción de gobierno durante esta legislatura y evita, durante la entrevista, pronunciarse sobre las dos operaciones del Canal de Isabel II que investiga la justicia. Preguntada por si la operación de Inassa (el desembarco de la empresa pública madrileña en Latinoamérica cuando Gallardón ocupaba la presidencia de la Comunidad y por la que la justicia ha imputado a la cúpula de la empresa pública) es similar a la compra de Emissao por parte de González, Cifuentes evita decantarse por uno u otro y deja ese trabajo en manos de la justicia. "La justicia hará lo que tenga que hacer".

Tanto el PP como el gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaron un código ético que obliga a cualquier diputado o miembro del ejecutivo a abandonar su cargo en caso de imputación. Cifuentes presume de su aprobación pero cuestiona si es una medida justa en todos los casos en los que finalmente se demuestra que el cargo investigado no cometió ningún delito. "Hay que hacer una reflexión conjunta a nivel nacional en el Congreso y debería ser el Congreso de los Diputados el que establezca las lineas rojas. A veces la mera sospecha acaba con la carrera de una persona y eso es muy injusto".

Esperanza no me lo puso fácil

Cifuentes quiere ser la candidata del PP en las autonómicas de 2019. Se ve preparada y con conocimiento sobrado de la gestión de la Comunidad. Entiende que esos comicios serían un examen para su gestión durante estos años. "Cuando me presenté la otra vez fue todo muy rápido. Esperanza Aguirre no me lo puso fácil (en aquella campaña) y aprendimos que es posible hacer campañas con pocos medios".

Preguntada por si teme que el vuelco de Ciudadanos en Cataluña se pudiera producir en Madrid en las elecciones, Cifuentes cree que las situaciones no son comparables y que en Madrid, el voto útil del centro-derecha lo representa el Partido Popular.

Cuestión de Estado
La presidenta de la Comunidad de Madrid evita calificar de acertada o equivocada la estrategia de Rajoy en Cataluña. Considera que Rajoy siguió la estrategia que necesitaba España "y esta no era la estrategia que favorecía al Partido Popular. Y eso tiene un coste electoral y para el Partido Popular lo ha tenido. Mariano Rajoy hizo lo que tenía que hacer

Cifuentes espera seguir trabajando en 2018 para mejorar la calidad del empleo. Destaca que Madrid ya ha recuperado todos los puestos que se destruyeron durante la crisis pero que su gestión seguirá dirigida en los próximos meses a mejorar la situación de los desempleados y fomentar las políticas sociales en la Comunidad de Madrid.

http://cadenaser.com/emisora/2017/12/30/radio_madrid/1514637091_630827.html

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