CRISTINA CIFUENTES CUENCAS : YO, MI, ME, CONMIGO
LAS
NOTICIAS
SOBRE LA SUSODICHA AÑO 2018 /2019 /2020
CRISTINA CIFUENTES SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS EN ENERO DE 2021
SUSPENDIDO EL JUICIO CONTRA CRISTINA CIFUENTES POR LA FALSIFICACIÓN DE SU MÁSTER
MULTA DE 150.000 EUROS A EROSKI POR NO PROTEGER EL VÍDEO DEL HURTO DE CIFUENTES
CRISTINA CIFUENTES LO DICE TODO CON LA FOTO QUE HA PUBLICADO MIENTRAS HABLABA
DÍAZ AYUSO
EL REPROCHE DE CRISTINA CIFUENTES A ISABEL DÍAZ AYUSO: "NO HAY QUE APAGAR LA LUZ
DEL OTRO PARA QUE BRILLE LA NUESTRA"
CRISTINA CIFUENTES ROMPE SU SILENCIO: “ESTOY PAGANDO POR NO BAILAR AL SON DE LOS
DEMÁS”
LA NUEVA VIDA DE CIFUENTES: LA AUTÓNOMA QUE TRABAJA EN
CASA ASESORANDO A EMPRESAS
Cristina Cifuentes y las claves de su nuevo trabajo: se queda en Madrid y con su marido
Cifuentes pide a la Complutense una excedencia de dos años
Cifuentes pide una excedencia de dos años en la Complutense
Cifuentes, último apoyo de Pablo Casado
EL JUEZ DE PÚNICA CREE QUE CIFUENTES DEBIÓ ABSTENERSE EN UN CONTRATO QUE ADJUDICÓ
CRISTINA CIFUENTES OBTUVO SU TÍTULO DE MÁSTER EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA CON
NOTAS FALSIFICADAS
LAS INVEROSÍMILES EXPLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD QUE LE HA REGALADO EL MÁSTER A
CIFUENTES
LA MISMA UNIVERSIDAD QUE REGALÓ UN MÁSTER A CIFUENTES CONTRATÓ COMO PROFESORA A
SU HERMANA DE MANERA ILEGAL
CIFUENTES SOBRE LA CAJA B DEL PP: NO SABÍA NADA, NO OYÓ NADA Y NO VIO NADA
TODAS LAS 'RANAS' DE CRISTINA
CIFUENTES
CIFUENTES SE HACE
LA RUBIA CON LAS CUENTAS DEL PP
CIFUENTES: "JAMÁS TUVE NADA QUE VER CON LA GESTIÓN NI CON LA ADMINISTRACIÓN NI
DEL PARTIDO NI DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES"
EL CONGRESO INTENTA VINCULAR A CIFUENTES CON EL PASADO MÁS NEGRO DEL PP DE
MADRID
LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP PERSIGUE A CIFUENTES EN SU MOMENTO POLÍTICO MÁS
DECISIVO
UN ERROR DE CIFUENTES AL VOTAR ACABA CON LA RETIRADA DE SU PROYECTO DE LEY DE
UNIVERSIDADES
IMPUTADOS POR PREVARICACIÓN EL VICECONSEJERO DE SANIDAD Y TRES ALTOS CARGOS
LA JUEZA APLAZA SIN FECHA LA DECLARACIÓN DE GRANADOS POR LA QUERELLA DE
CIFUENTES
LA
JUSTICIA DA DIEZ DÍAS A CIFUENTES PARA QUE EXPLIQUE POR QUÉ NEGÓ A LA OPOSICIÓN
DOCUMENTACIÓN DEL CANAL
CIFUENTES LAMENTA QUE LOS DIPUTADOS SIGAN EL JUEGO AL CORRUPTO: “GRANADOS TOCA Y
LA OPOSICIÓN BAILA”
EL CONGRESO CITA A CIFUENTES, AGUIRRE Y GONZÁLEZ POR LA FINANCIACIÓN DEL PP
EL PSOE Y UNIDOS PODEMOS PEDIRÁN LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES EN EL CONGRESO
ANTE LAS REVELACIONES DE GRANADOS
CIFUENTES ASEGURA QUE SÓLO TIENE 3.000€ EN EL BANCO PESE A COBRAR MAYOR SALARIO
QUE RAJOY
LA
PÚNICA YA SEÑALABA A CIFUENTES ANTES DE QUE GRANADOS HABLARA
CRISTINA CIFUENTES,
MARCADA POR SU PASADO
CIFUENTES
SE QUERELLARÁ CONTRA GRANADOS TRAS SU ACUSACIÓN
GRANADOS IMPLICA A CIFUENTES EN LA ESTRUCTURA PARALELA QUE AUPÓ A AGUIRRE CON
FINANCIACIÓN IRREGULAR
GRANADOS IMPLICA A CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
EL CINTURÓN DE HIERRO DE GONZÁLEZ: MANDABAN CIFUENTES, ISABEL GALLEGO, TABOADA Y
SARASOLA
GRANADOS IMPLICA A AGUIRRE Y A CIFUENTES EN LA CAJA B DEL PP MADRILEÑO
GRANADOS INVOLUCRA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP
UNA FUNCIONARIA DE LA ASAMBLEA PIDE IMPUTAR A CIFUENTES POR EL CONTRATO DE LA
CAFETERÍA
LA FISCAL SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES COMO 'EXPERTA' EN HOSTELERÍA: "¿NO HABÍA
MÁS GENTE?"
LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES SE VUELVE EN CONTRA DE CIFUENTES
EL PSOE NO DEVOLVERÁ LOS PAPELES RECIBIDOS EN LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN
PSOE Y PODEMOS PIDEN EXPLICACIONES AL JUEZ SOBRE EL AUTO DEL QUE PRESUME
CIFUENTES
LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DECIDEN APLAZAR LA COMPARECENCIA DE
CIFUENTES
EL JUEZ DEL CASO LEZO RECHAZA DAR DOCUMENTOS DEL SUMARIO A LA COMISIÓN DE
CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID
LA JUSTICIA DA AHORA LA RAZÓN A CIFUENTES E IMPIDE LA ENTREGA DE ACTAS DEL CANAL
A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
CIFUENTES COMPARECERÁ EN LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA
CIFUENTES PIDE UN INFORME JURÍDICO PARA ELUDIR LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN
LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN CITA A CRISTINA CIFUENTES EL 2 DE FEBRERO
EL PP DE CIFUENTES VUELVE AHORA A LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN QUE DESPRECIABA
HACE DOS SEMANAS
CIUDADANOS SALVA A CIFUENTES: NO TENDRÁ QUE EXPLICAR POR QUÉ OCULTÓ INFORMACIÓN
DEL CANAL
CIFUENTES TENDRÁ QUE VOLVER A
COMPARECER EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ASAMBLEA
EL MISTERIOSO FAX DE LAS ACTAS DEL CASO LEZO Y LOS CAPRICHOS DEL DESTINO
LOS DOCUMENTOS DE CIFUENTES LLEGAN A LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN TARDE Y MAL
LOS OTROS DOCUMENTOS "TRASPAPELADOS" POR EL GOBIERNO DE CIFUENTES: DE PÚNICA AL
CAMPUS DE LA JUSTICIA
PODEMOS ESTUDIA UNA QUERELLA POR LA VÍA PENAL CONTRA CIFUENTES POR MENTIR
LA COMUNIDAD CESA A SUBDIRECTOR POR UN ERROR EN ENTREGA DOCUMENTOS CASO LEZO
LOS DOCUMENTOS QUE HA OCULTADO CIFUENTES: DE LAS OPERACIONES DE GONZÁLEZ Y
GALLARDÓN A LOS PAGOS AL TESTAFERRO DE LEZO
CIFUENTES SE EXCUSA: LA RESPUESTA DEL JUEZ DE LA LEZO SE TRASPAPELÓ
CIFUENTES VETÓ A LA OPOSICIÓN INFORMACIÓN DEL CANAL QUE NO ESTABA BAJO
SECRETO DE SUMARIO
CIFUENTES TENÍA DESDE AGOSTO AUTORIZACIÓN DEL JUEZ PARA DAR LAS ACTAS DEL CANAL
A LA OPOSICIÓN Y LAS SIGUIÓ NEGANDO
LO QUE CRISTINA CIFUENTES NO QUIERE QUE SEPAS DEL CASO LEZO
DOS COLEGIOS CONCERTADOS DE MADRID RECOMIENDAN A LAS PROFESORAS VESTIR CON
“RECATO” Y “MODESTIA”
CRISTINA CIFUENTES: "NO ME VAN A IMPUTAR. ESO NO VA A OCURRIR"
CRISTINA CIFUENTES SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS EN ENERO DE 2021
La expresidenta de la Comunidad de Madrid se enfrenta a tres años y tres meses de prisión por inducir a falsificar un acta de la Universidad Rey Juan Carlos.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 18 de enero de 2021 acusada como inductora de la falsificación de un acta de la Universidad Rey Juan Carlos para demostrar que había cursado un máster que en realidad, y según la acusación, no había realizado.
Según confirman fuentes jurídicas a La Vanguardia, la Audiencia Provincial de Madrid ha fijado el juicio para varios días de enero, el 18, 22, 25 y 29 del primero mes del próximo año. La Sección 15 del tribunal había fijado inicialmente la vista oral para mayo pero quedó en suspenso tras el decreto del estado de alarma.
La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales tres años y tres meses de cárcel para Cristina Cifuentes por un presunto delito de falsedad documental. En su escrito de acusación el Ministerio Público considera que la expresidenta indujo a esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster que “jamás se produjo” y que exhibió en varios medios y redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.
Por este asunto, que fue investigado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, también estaba imputado Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Público, como coautor indirecto del delito, quien en plena investigación falleció.
Acta confeccionada
Según el escrito del fiscal, cuando eldiario.es publicó que Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas del máster, la expresidenta se puso en contacto con una profesora en la Rey Juan Carlos durante años y tenía una buena relación con profesores, el rector y el catedrático Álvarez Conde.
Cifuentes quería que María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC, hiciera las gestiones oportunas “con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado”, a lo que la ésta accedió, añade la Fiscalía.
Así,de acuerdo con Álvarez Conde, “y a sabiendas de que Cristina Cifuentes no había superado todas las asignaturas, no había hecho el trabajo fin de máster (TFM) y no había procedido a su defensa”, decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría “apariencia de verosimilitud”.
El objetivo era acreditar de cara a los medios de comunicación que la expresidenta había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente.
SUSPENDIDO EL JUICIO CONTRA CRISTINA CIFUENTES POR LA FALSIFICACIÓN DE SU MÁSTER
La Audiencia de Madrid aplaza la vista, en la que el fiscal pedía tres años de cárcel para la expresidenta de la comunidad autónoma, a consecuencia del coronavirus
La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido, debido a la situación sanitaria que atraviesa el país, el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, acusada de ser la inductora de la falsificación del acta que acredita que había defendido su máster, lo que jamás ocurrió.
Fuentes jurídicas han informado de la suspensión de la vista oral, que estaba prevista para los próximos días 11, 12, 13 y 14 de mayo. No obstante, no se ha fijado nueva fecha para su celebración. La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para Cristina Cifuentes por un presunto delito de falsedad documental así como para María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Solicita también 21 meses de prisión como autora de la falsificación del acta para Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes, una pena inferior a la de la expresidenta porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Rosado fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011-2012 por el Instituto de Derecho Público, asociado a la URJC.
En su escrito de acusación el Ministerio Público considera que Cifuentes indujo a esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster que «jamás se produjo» y que exhibió en varios medios y redes sociales «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».
Sin superar las asignaturas
Según el escrito del fiscal, cuando un medio de comunicación publicó que Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas del máster, la expresidenta se puso en contacto con Feito porque había sido profesora en la Rey Juan Carlos durante años y tenía una buena relación con profesores, el rector y el catedrático Enrique Álvarez Conde, que estaba acusado pero que falleció hace un año. Cifuentes quería que Feito hiciera las gestiones oportunas «con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado», a lo que esta accedió, añade la Fiscalía.
Así, de acuerdo con Álvarez Conde, «y a sabiendas de que Cristina Cifuentes no había superado todas las asignaturas, no había hecho el trabajo fin de máster (TFM) y no había procedido a su defensa», decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría «apariencia de verosimilitud».
Todo ello, continúa el fiscal, para acreditar de cara a los medios de comunicación que la expresidenta había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente.
La Fiscalía destaca que Rosado hizo constar «mendazmente» que «reunidos el tribunal de evaluación con fecha 2/07/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación global de notable (7,5)» y estampó en el acta su firma y otras dos imitando las de sendas profesoras. A continuación, creó un «e-mail» a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del rector, «que ignoraba las manipulaciones realizadas», según el Ministerio Público.
Ese mismo día, de forma «insistente» y «agobiante», María Teresa Feito llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Cecilia Rosado «indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que, en caso contrario, la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza».
MULTA DE 150.000 EUROS A EROSKI POR NO PROTEGER EL VÍDEO DEL HURTO DE CIFUENTES
La cadena de supermercados ha anunciado que recurrirá la sanción
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la cadena de supermercados Eroski una multa de 150.000 euros por la difusión en abril de 2018 de un vídeo que mostraba a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes junto a un vigilante de seguridad tras sustraer presuntamente unas cremas. El vídeo, grabado en 2011, fue el detonante de la dimisión de Cifuentes unos días después de que se filtrase, aunque también influyó su imputación por haber obtenido un máster en condiciones irregulares. Eroski ha anunciado en un comunicado que recurrirá la sanción, ya que, asegura, ha cumplido "escrupulosamente" su protocolo de seguridad.
La resolución, adelantada por El Independiente, impone 100.000 euros de multa a la cadena de distribución por no garantizar la seguridad de las imágenes, lo que supone una vulneración del artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Además, establece una sanción de otros 50.000 euros por infringir el artículo 4.1, ya que, según la agencia, se observa una "recopilación" de fotografías de forma "deliberada" con el fin de "ser expuestas para su visionado habitual". La directora de la AEPD acordó el 25 de abril de 2018 iniciar las actuaciones que han culminado con la multa a Eroski. Multa de 150.000 euros a Eroski por no proteger el vídeo del hurto de Cifuentes
https://elpais.com/politica/2019/10/02/actualidad/1570019740_720771.html
CRISTINA CIFUENTES LO DICE TODO CON LA FOTO QUE HA PUBLICADO MIENTRAS HABLABA DÍAZ AYUSO
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha sorprendido por la foto que ha publicado en Instagram justo mientras Isabel Díaz Ayuso pronunciaba su discurso de investidura en la Asamblea.
“No vivas en el pasado, no sueñes sobre el futuro, concentra tu mente en el momento presente”, ha escrito la exdirigente del PP, que ha añadido: “Os deseo a todos que paséis unas muy felices vacaciones”.
El post en sus cuentas personales de Instagram y Twitter fue publicado exactamente diez minutos antes de las 12, hora en la que comenzaba el pleno en el que la Asamblea de Madrid debía debatir la investidura de la candidata del PP, Díaz Ayuso.
La frase de la ex presidenta llega horas después de que Ayuso se desmarcara de ella tras la petición de imputación de la Fiscalía Anticorrupción
La ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes ha publicado una frase de Gandhi que dice "No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra", cita que reproduce en su cuenta de Twitter un día después de que la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desmarcara de ella tras la petición de imputación de la Fiscalía Anticorrupción.
El pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción pidió que el juez del caso Púnica imputase a las ex presidentas madrileñas del PP Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre por delitos de corrupción en la pieza separada que investiga una supuesta financiación irregular en el PP de Madrid.
En su cuenta de Twitter, Cifuentes ha escrito esta frase de Gandhi horas después de que Ayuso marcara distancia respecto a las ex presidentas.
"Soy otra persona, tengo otro perfil, otra etapa, otros proyectos", comentó en una rueda de prensa la candidata, después de que en enero dijera que le gustaría "tenerlas cerca y contar con ellas" porque "son un valor".
Ahora, Ayuso ha señalado que su nexo con Aguirre y Cifuentes es el mismo que el de "cualquier militante y afiliado del PP en las épocas en las que han sido presidentas", "ni más ni menos", y ha pedido "respetar la presunción de inocencia".
La candidata del PP, que previsiblemente será investida presidenta de la Comunidad de Madrid en el pleno del Parlamento madrileño del 13 y 14 de agosto, ejerció de viceconsejera de Presidencia y Justicia en el Gobierno de Cifuentes y previamente fue nombrada por Aguirre responsable de redes sociales del PP de Madrid.
https://www.elmundo.es/madrid/2019/08/07/5d4a7f18fc6c83115a8b46b2.html
CRISTINA CIFUENTES ROMPE SU SILENCIO: “ESTOY PAGANDO POR NO BAILAR AL SON DE LOS DEMÁS”
Dice que “la verdad prevalecerá” en cuanto a su vinculación con el caso Púnica
La semana pasada, la Fiscalía hacía pública su intención de imputar a Cristina Cifuentes y a Esperanza Aguirre por su implicación en el caso Púnica y ahora, la que renunciara a causa de varios escándalos como la veracidad de su máster o el robo de cremas, ha roto su silencio. “Estoy pagando por haber levantado determinadas alfombras y por no bailar el agua que algunos querían marcar”, ha dicho, pues insiste en que ella llegó al PP para limpiarlo de corrupción.
LA NUEVA VIDA DE CIFUENTES: LA AUTÓNOMA QUE TRABAJA EN
CASA ASESORANDO A EMPRESAS
La expresidenta madrileña vuelve al foco mediático tras
la petición de prisión de la Fiscalía. Apoyada por un
círculo pequeño e íntimo, está intentando consolidar una
especie de consultoría personal
Cristina Cifuentes ha vuelto al foco mediático. Alejada
forzosa y definitivamente de la política, el caso máster
sigue pesando como una losa sobre su futuro más
inmediato, el judicial. Este martes, la Fiscalía
Provincial de Madrid hizo público su escrito de
acusación, en el que solicita tres años y tres meses de
prisión para la expresidenta madrileña por un delito de
falsedad en documento oficial. El Ministerio Público
considera que Cifuentes indujo a la falsificación de un
acta "a sabiendas" de que con ese gesto estaba
acreditando la defensa de un trabajo, el de fin de
curso, "que jamás se produjo".
La exdirigente popular esperaba estos días el texto de
la Fiscalía, aunque no la contundencia del mismo. De
momento, no ha respondido en las redes sociales, los
canales que sigue utilizando (y mucho) para mantener
cierta conexión con la opinión pública. De hecho,
gestiona dos cuentas en Twitter, que suman 344.700
seguidores, y otra en Instagram, con 55.400. En ellas,
intenta evidenciar que ha rehecho su vida. No le queda
otra. Desterrada abruptamente de la primera línea de la
política, un polémico máster y un bochornoso vídeo
acabaron con una carrera que prometía grandes episodios.
Solo han pasado nueve meses entre la convención del PP
en Sevilla y la que se celebra este fin de semana. Nadie
podía imaginar todo lo que vendría después. Dimisiones y
marchas
Tras 27 años en la vida pública, Cifuentes se ha hecho
autónoma, intentando ejercer como abogada por cuenta
propia. Tras solicitar el pasado mes de septiembre una
excedencia voluntaria de dos años en la Universidad
Complutense, donde tiene una plaza de funcionaria, en
octubre se dio de alta en el Colegio de Abogados de
Madrid, ya que antes de que estallara el caso máster y
todo cambiara solo estaba registrada como no ejerciente.
Su círculo más íntimo guarda con celo su nueva vida
profesional, explicando con pocos detalles que intenta
ganarse la vida "asesorando a empresas".
"Es difícil", señala uno de sus amigos, con los que
mantiene un trato frecuente. "Tal y como están las
cosas, y teniendo en cuenta que el linchamiento judicial
seguirá un tiempo, pocos son los que se atreven a
contratar sus servicios". No hay que olvidar además las
restricciones que impone la Ley 14/1995, de 21 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de
Madrid, que prohíbe durante los dos años siguientes a la
fecha del cese realizar actividades privadas
relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado
resolución en el ejercicio del cargo. Lo que limita
muchos las posibilidades.
A pesar de ello, Cifuentes está intentando consolidar
una especie de consultoría personal, en la que ella es
su propia jefa. Como dice a sus allegados: "A estas
alturas me resultaría imposible recibir órdenes de
nadie". Algunas informaciones publicaron incluso que
estaba trabajando para una importante multinacional
francesa. Su entorno lo niega. Y la firma gala también
lo desmiente a El Confidencial. "No hemos tenido ninguna
relación contractual con ella. Solo es amiga de alguno
de nuestros directivos". De hecho, esta empresa reconoce
que sí invitó a Cifuentes a finales de septiembre a
París cuando la expresidenta madrileña publicó en su
cuenta de Instagram una espectacular foto en la "gala de
apertura de la temporada de danza en el Palacio Garnier".
Su hija Cristina sí trabaja para otra importante marca
francesa y la propia expresidenta regional ha sido vista
recibiendo clases de francés en el Instituto Francés que
hay en la calle Marqués de la Ensenada, junto al
Tribunal Supremo. Desde su entorno insisten. "Está
trabajando como autónoma. Pero ya no es un personaje
público. Y hay que respetar su intimidad". De todos
modos, las redes sociales, que sigue usando bastante,
sirven como escaparate para conocer que sus intereses se
mueven ahora en torno a la cultura (recomienda muchas
obras de teatro y películas), la lectura y su familia. Y
sus gatos. Tiene tres, que viven con ella y su marido,
un arquitecto, en un emblemático edificio del barrio de
Argüelles.
No obstante, todos los que la conocen muy bien aseguran
que lo vivido en 2018 (crisis política y dimisión) ha
ayudado a Cifuentes a consolidar la relación con su
marido (que la vida pública había desgastado) y para
conocer en realidad quiénes son los verdaderos amigos.
"Eso es lógico. Cuando era presidenta de la comunidad y
del partido en Madrid, tenía mucho poder y mucha gente
se arrimaba a ella buscando su favor. Ahora que todo ha
cambiado y ya no es nadie, los que antes la peloteaban
ahora ni la llaman y si me apuras ni mencionan su
nombre", señala un alto cargo del Gobierno regional que
trabajó con ella
También es cierto que Cifuentes ha mantenido las
distancias y solo ha tenido contacto con un círculo muy
íntimo. Hay gente que ha querido verla y solo ha podido
hablar con ella por teléfono o a través de mensajes. En
ese sentido, la exdirigente popular ha estrechado aún
más ese círculo y ha ido incorporando con cuentagotas
nuevos protagonistas ajenos a la política. De momento,
no quiere saber nada de su pasado público. Incluso ha
rechazado alguna oferta de la televisión. Otras fuentes
señalan que lo que sí ha hecho la expresidenta regional
es intentar buscar respuestas a ciertas preguntas de lo
sucedido en el último año.
Cifuentes recibió amenazas directas de un poderoso
empresario tras ampliar la denuncia del caso Lezo. Cree
saber con toda certeza de dónde viene el fuego amigo
Cifuentes ha intentando en este tiempo cuadrar el
círculo, es decir, intentar poner nombres y apellidos a
los causantes de sus males. Véase cómo acabó la
documentación sobre su máster en los medios y, sobre
todo, cómo el vídeo del presunto robo de un par de
cremas, grabado en mayo de 2011, terminó siete años
después con su carrera política. Ella tiene una
hipótesis, cimentada en las amenazas concretas que
recibió a principios de 2018. Una especie de teoría de
la conspiración. No obstante, el tiempo pasa. Y
Cifuentes ha decidido pasar página.
Como sus compañeros en la comunidad y en el partido.
Este martes, apenas hubo reacciones a la petición de la
Fiscalía, la de tres años y tres meses de cárcel. Para
Génova, es un asunto privado y la expresidenta madrileña
ya no tiene nada que ver con el PP que dirige Pablo
Casado. Coincidencias del destino, el Gobierno regional
aprobó este martes el acuerdo que autoriza la supresión
del Instituto Universitario de Derecho Público de la
Universidad Rey Juan Carlos, el mismo donde Cristina
Cifuentes cursó (en teoría) su máster
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-02-26/nueva-vida-cifuentes-autonoma-asesora-empresas_1849854/
Cristina Cifuentes y las claves de su nuevo trabajo: se
queda en Madrid y con su marido
Aunque se va a incorporar a una empresa francesa, no se
instalará en París. Cifuentes quiere seguir junto a su
marido, Francisco Javier Aguilar.
A pesar de que ya no se dedica a la política, Cristina
Cifuentes (54) recurrió este viernes 12 a Instagram para
estar presente en las celebraciones de la Fiesta
Nacional. "Recuerdo el inmenso honor que supuso ser
madrina de la bandera de España, entregada a la Guardia
Civil en Madrid. Orgullosa de ser española", publicó
ayer la ex presidenta de la Comunidad de Madrid junto a
una fotografía tomada en 2015, en la que aparece con
distintos miembros de la Benemérita. Esta imagen induce
a preguntarse qué habría sido de la ex popular tras la
moción de censura contra Mariano Rajoy, ejecutada en
junio, si no hubiese saltado tres meses antes el
escándalo del caso Máster. No obstante, ahora que las
investigaciones por delitos de prevaricación y cohecho
impropio acaban de ser archivadas por la jueza Carmen
Rodríguez Medel, aunque se mantenga su imputación por
falsedad documental, Cristina se encuentra expectante
por el comienzo de una nueva etapa profesional, que no
será como indican las informaciones recientemente
publicadas.
De primeras, no se mudará a París, tal y como se reveló
en un diario digital el pasado fin de semana, pese a que
Cifuentes sí acaba de fichar por una multinacional
francesa. La propia protagonista se resiste a confirmar
a LOC si su nueva ocupación está relacionada con el
sector de recursos humanos. "Yo ahora ya no soy un
personaje público", responde amablemente sin valorar
ningún otro dato vertido al respecto en los medios.Sin
embargo, fuentes próximas a la madrileña deslizan a este
suplemento que, aunque esté realizando un curso
intensivo para perfeccionar el idioma, no se instalará
en la capital gala. En cambio, al incorporarse a una
empresa francesa, necesitará viajar hasta allí con
cierta regularidad, sobre todo en los próximos meses.
Por otro lado, tampoco vive en París la mayor de los dos
hijos que tiene con el arquitecto Francisco Javier
Aguilar, que también se llama Cristina. La joven de 28
años trabaja en Loewe, dentro del departamento de
Collection Merchandising de nuestra capital. Aun así,
según matizan a LOC, Cristina hija suele visitar "más o
menos, una vez al mes" la ciudad del Sena. Por tanto, la
vida familiar de Cifuentes continuará como hasta ahora,
algo que es una prioridad para la ex política, que ha
visto cómo todos sus pilares se han visto reforzados
tras superar unos momentos tan convulsos.
Que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid no se
haya dejado ver con su esposo en estos últimos años, ya
que desde el PP comentan a este suplemento que nunca la
acompañaba Francisco Javier Aguilar -"ni a los actos
importantes del partido, en los que Rajoy iba con Viri,
que tampoco se dejaba ver mucho"-, ha generado todo tipo
de especulaciones.
De hecho, en la toma de posesión de Cifuentes como
presidenta de la CAM, acto que tuvo lugar el 25 de junio
de 2015, se tomaron las pocas fotografías que existen
del arquitecto en las agencias de noticias. Sin embargo,
Cristina y Francisco Javier mantienen una relación de
"matrimonio normal", tal y como desliza a LOC una
persona muy allegada a la familia. Por si acaso, otra
fuente de su entorno avisa que no se descartan tomar
acciones legales contra aquellos medios que publiquen
falsedades sobre su situación con Aguilar. Ante todo,
Cifuentes quiere proteger a los suyos, como venía
haciendo durante su dedicación política. "La familia al
margen", respondía hace dos años cuando este suplemento
le preguntaba por su marido, con el que lleva 30 años
casada. Aún así, sí que habló de él a principios de año
en una entrevista concedida a Bertín Osborne. "Cuando
Javier pasó dificultades económicas en algunos medios de
comunicación le machacaron. A mi hija la han llegado a
investigar en redes sociales, a mi hermano igual. A la
familia hay que protegerla de todo eso", explicó
Cristina Cifuentes, haciendo referencia a las
informaciones que salieron a la luz en 2013 sobre
impagos a antiguos empleados de la empresa constructora
de su esposo, que echó el cierre tras el estallido de la
burbuja inmobiliaria. Éste es el motivo por el que el
nombre del arquitecto salió publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid por encontrarse en
"ignorado paradero".
A pesar de que pasó unos meses apartado de su actividad
laboral, Francisco Javier Aguilar continúa trabajando en
el sector inmobiliario. Además de figurar en el registro
mercantil como administrador de Atreides S.L., junto al
también arquitecto Emilio Jesús Dahl Sánz de Santamaría,
es apoderado de AQT Gestión Proyectos Urbanos SL y de
Chavarri & Chavarri Asociados S.L. Estas dos empresas se
dedican a la "adquisición, explotación y enajenación de
solares y terrenos". Por otro lado, el marido de
Cifuentes cuenta con varias propiedades en la Comunidad
de Madrid. Tiene participaciones en dos grandes fincas
heredadas en la Urbanización Cotos del Rey,
perteneciente al municipio de Venturada, al norte de la
capital: un 4,16% de un terreno de 1.044 metros
cuadrados y otro 4,16% de otra parcela de 1.004 metros
cuadrados. Además, dispone de cuatro plazas de garaje en
Arroyomolinos y otra propiedad en Pozuelo de Alarcón de
naturaleza desconocida, ya que no se puede acceder a los
datos que guarda el Registro de la Propiedad.
Precisamente, todos estos bienes de Aguilar sufrieron un
embargo preventivo por las deudas a varios de los
trabajadores de su antigua empresa. En cualquier caso,
no figura ningún inmueble a nombre de la ex política.
Sin embargo, sí que tenía 26.392,05 euros en el banco
cuando el BOE publicó el pasado 28 de septiembre un
documento con los bienes de los altos cargos que han
trabajado en la Administración en estos últimos cuatro
años.
Cambio de sueldos
Junto a sus dos hijos y sus tres gatos, Cristina y su
marido viven de alquiler en un piso de 155 metros
cuadrados ubicado en el barrio de Argüelles. Por un
inmueble de similares características en esta zona tan
concurrida de la capital se piden mensualidades que
rondan los 2.500 euros. Esta cantidad la podía afrontar
Cifuentes sin problemas cuando era la presidenta de la
Comunidad de Madrid, cargo por el que percibía
109.238,57 euros al año, tal y como consta en su
Certificado de la declaración Anual del IRPF, con fecha
de septiembre de 2017, que compartía hasta hace bien
poco el Portal de la Transparencia que ella misma ordenó
lanzar. Ese salario era muy superior al que iba a
recibir Cristina en su puesto de funcionaria en la
Universidad Complutense de Madrid, a la que tenía
previsto volver nada más presentar su dimisión. Sin
embargo, a principios de septiembre, cuatro meses
después de solicitar su plaza, Cifuentes pidió una
excedencia de dos años. Así congeló su reincorporación a
la Gerencia del Rectorado de dicho centro, por el que
hubiera ganado aproximadamente 43.000 euros al año,
según publicó Europa Press antes del verano.
Pero lo que ha llevado a Cristina a aparcar
temporalmente su puesto de funcionaria y emprender un
nuevo camino profesional en una empresa privada francesa
no son unas mayores aspiraciones económicas.
"Principalmente, lo que buscaba era un trabajo en el que
no tuviera tanto contacto con el público", deslizan a
LOC. La antigua presidenta de la Comunidad de Madrid
quiere mantener ahora un perfil bajo y, para ello, pasa
página a su pasado político de una forma radical.
De hecho, Cristina ya tiene cortada casi toda
vinculación con los que eran sus compañeros dentro del
Partido Popular. Los pocos con los que conserva su
amistad son Marisa González Casado, la antigua directora
de Comunicación de su equipo, que fichó en mayo por la
Real Federación de Fútbol de España, y Jaime de los
Santos, que sigue como consejero de Cultura, Turismo y
Deporte de la CAM. A la primera, le dedicó unas emotivas
palabras en Instagram el pasado mes de agosto. "En este
año difícil, me quedo con tantas cosas buenas. Son las
que hacen que haya merecido la pena. Especialmente los
amigos, los de verdad. Los que siempre están ahí,
incluso en los peores momentos. Te quiero, Marisa". Así
le respondió la que era su máxima persona de confianza:
"Querida, Cris. ¡Qué buenos momentos! Te quiero un
montón y te echo de menos infinito. Eres la mejor jefa e
inmejorable amiga. Te has dejado la piel por tu partido
y por la Comunidad de Madrid. Lo sabemos muchos. El
tiempo pondrá las cosas en su sitio. Yo siempre estaré
contigo". La prueba de su lealtad hacia Cifuentes es que
tanto Marisa González Casado como Jaime de los Santos
guardan silencio a pesar de las constantes llamadas de
teléfono que vienen recibiendo de periodistas durante
todos estos meses.
La Otra Crónica
Las redes, el mejor escaparate de su vida familiar
A pesar de querer vivir ahora alejada del foco
mediático, Cifuentes no tiene reparos en compartir su
vida más familiar a través de su intensa actividad en
las redes. Sin ir más lejos, el pasado 18 de septiembre
felicitó a su benjamín, Javier, por su 26 cumpleaños,
con quien lo celebró en un asador de la zona madrileña
de Cuzco. Lo mismo que hizo el 1 de julio, que fue
cuando alcanzó los 28 su hija Cristina. La primogénita,
que cuenta con el doble grado en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, trabaja en
Loewe desde hace tres años. Por su parte, su hijo Javier
estudió la misma titulación que su hermana, aunque en la
Universidad Complutense de Madrid, y realizó también un
doble máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de la UE
en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente, el
benjamín forma parte del bufete Eversheds.
Además, Cifuentes viene compartiendo sus constantes
movimientos con sus seguidores de Instagram. De hecho,
nada más presentar su dimisión, realizó una escapada a
Europa con sus dos hijos, aunque fue LOC quien desveló
que el destino elegido para aquel Puente de Mayo era
Salzburgo (Austria) y que en ese viaje familiar también
se encontraba su discretísimo marido, el arquitecto
Francisco Javier Aguilar. Ya en agosto, la ex presidenta
de la Comunidad de Madrid voló a Menorca, donde pudo
disfrutar del mar por primera vez en años. "Cuando
estaba en la Delegación tampoco me cogía vacaciones",
confesaba ella en 2017, añadiendo que hacía "más de una
década" que no pisaba una playa.
Cristina tampoco bajó el ritmo después de su desconexión
balear, porque visitó Galicia en dos ocasiones, a
finales de agosto y hace un mes, para acudir a las bodas
de dos sobrinas. Pocos días después, se desplazó a París
para reunirse con los trabajadores de su nueva empresa.
Allí consiguió entradas para la gala de apertura de la
temporada de danza en el palacio Garnier, fiesta en la
que estuvieron presentes las actrices Marion Cotillard y
Keira Knightley. En Instagram hay constancia de su
asistencia al estreno del último espectáculo de ballet
de Víctor Ullate y al reciente estreno de la película
'El Reino', protagonizada por Antonio de la Torre, quien
defendió a Cifuentes recientemente en La Sexta. De quien
no hay rastro en las redes es del marido de la ex
popular, Francisco Javier Aguilar.
http://www.elmundo.es/loc/famosos/2018/10/13/5bc0cb04ca4741be588b45c7.html
Cifuentes pide a la Complutense una excedencia de dos
años
Tras disfrutar un permiso de tres meses, solicita
aplazar su reincorporación, pero conservar una plaza con
un sueldo de 43.000 euros
Cristina Cifuentes no está dispuesta a perder su plaza
de funcionaria en la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) ni su sueldo de más de 43.000 euros. La
expresidenta de la Comunidad de Madrid ha reclamado a la
Universidad que le conceda una excedencia de dos años,
cuando estaba a punto de caducar su permiso de tres
meses.
El pasado 25 de abril, Cifuentes dimitió como presidenta
de la Comunidad de Madrid después tras el escándalo de
su máster falso en la Universidad Rey Juan Carlos y
después de que se difundiese un vídeo de ella robando
cremas en un supermercado.
Poco después, el 9 de mayo, Cifuentes reclamó a la
Complutense volver a su puesto en la Universidad,
obtenido de manera un tanto sospechosa. Ese empleo es de
funcionario de nivel 24 en la categoría A1, lo que le da
derecho a un sueldo de 43.412,76 euros.
Su petición de volver a la Universidad tras sus
escándalos provocó que decenas de estudiantes
protagonizaran protestas en el centro de Madrid y ante
el Rectorado de la Complutense para rechazar su regreso.
En junio, Cifuentes pidió a la Universidad un permiso de
tres meses que estaba a punto de acabar. Pero según ha
confirmado la Universidad, la expresidenta madrileña
acaba de solicitar una excedencia de dos años que le
dejaría sin el sueldo público, pero sí conservaría el
puesto para un momento en el que el recuerdo de sus
polémicos ya se haya desvanecido.
https://www.elplural.com/politica/cristina-cifuentes-universidad-complutense-excedencia_202481102
Cifuentes pide una excedencia de dos años en la
Complutense
La expresidenta madrileña no ha llegado a volver a su
puesto en Administración y Servicios
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, ha solicitado a la Universidad Complutense de
Madrid, de la que es funcionaria, una "excedencia
voluntaria por interés particular". Registró la
solicitud el pasado agosto y se le concedió
automáticamente, según confirman fuentes universitarias.
Desde que dimitió como presidenta regional, Cifuentes no
ha vuelto a su puesto de Administración y Servicios tras
gozar de una excedencia por servicios especiales -se
otorga a todos los cargos políticos- desde los años 90,
aunque solicitó su readmisión como es preceptivo.
La vuelta de Cifuentes a la Complutense se había
convertido en un tema delicado. Asociones de alumnos
lamentaron en primavera el retorno de la expolítica que
está imputada en el caso máster. Se investiga la forma
en la que obtuvo el posgrado en 2012.
Cifuentes (Madrid, 1964) entró por "turno libre" como
técnico B de la administración ejerciendo como rector
Gustavo Villapalos, al que le unía una gran amistad
desde su época de estudiante de Derecho. En 1991 fue
elegida diputada nacional, pero siguió en el campus al
frente de un colegio mayor que admitía sólo a mujeres
(1995-1999).
En 2001, disfrutando ya de una excedencia, Cifuentes
ascendió a técnico A en unas oposiciones muy polémicas
porque estaba al frente Dionisio Ramos, del que la
expolítica había sido testigo de su boda, tal y como
contó Plural.com. Ramos fue curiosamente compañero de
Cifuentes en el máster de Derecho Autonómico que le ha
costado una imputación y el cargo de presidenta de
Madrid.
https://elpais.com/politica/2018/09/05/actualidad/1536136370_101620.html
Cifuentes, último apoyo de
Pablo Casado
La expresidenta de Madrid dice que Casado “representar la renovación, siempre ha
defendido nuestros valores y a nuestro partido”
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha sido la última
cara conocida del Partido Popular, aunque ahora caída en desgracia, que se ha
posicionado a favor de Pablo Casado como sucesor de Mariano Rajoy al frente del
partido.
A través de un mensaje en su perfil de Twitter, Cifuentes ha dicho que espera
que sus compañeros del PP “acierten este fin de semana” en el Congreso
extraordinario del partido y que salga elegido “que, además de representar la
renovación, siempre ha defendido nuestros valores y a nuestro partido”.
📣 Espero que mis compañeros del @PPopular acierten este fin de semana. Por el
bien de España y por quienes confían en nuestro proyecto. Ojalá salga elegido @pablocasado_
que, además de representar la renovación, siempre ha defendido nuestros valores
y a nuestro partido.🇪🇸
— Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 13:02 - 17 jul. 2018
Casado ha conseguido aunar a su favor a las dos últimas grandes líderes del PP
en Madrid, Esperanza Aguirre y ahora a Cristina Cifuentes, aunque no se sabe si
estas son buenas referencias para apoyar al candidato a la dirección del PP ya
que ambas han caído en los últimos tiempos en el ostracismo político.
Una cuando perdió las elecciones contra Manuela Carmena y dejó la primera línea
política señalada por los muchos casos de corrupción en los años en los que
estuvo al frente del PP y de la Comunidad de Madrid.
Otra, por las grandes dudas sobre su supuestos máster realizado en la
Universidad Rey Juan Carlos y que además ha salpicado y señalado también al
propio Casado, al haber realizado el mismo máster años antes y sobre el cual
también se han vertido dudas.
https://www.elplural.com/politica/cifuentes-ultimo-apoyo-de-pablo-casado_200230102
EL JUEZ DE PÚNICA CREE QUE CIFUENTES DEBIÓ ABSTENERSE EN UN CONTRATO QUE
ADJUDICÓ
El magistrado mantiene imputada a la jefa del servicio jurídico de la Asamblea
de Madrid por el contrato irregular al empresario Arturo Fernández que salpica a
la presidenta madrileña
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso
Púnica, considera que la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, debió
abstenerse de participar en la adjudicación, en el año 2009, del contrato de los
servicios de restauración de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, del
expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández. Así se desprende de un auto
del 6 de abril, en el que mantiene la imputación de Tatiana Recoder, jefa de los
servicios jurídicos de la Cámara autonómica, que también participó en aquel
concurso.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que tras la adjudicación a
Cantoblanco de aquel contrato se esconde una maniobra para financiar ilegalmente
al PP madrileño. Cifuentes participó en aquel concurso para la explotación del
comedor y la cafetería de la Asamblea cuando era vicepresidenta de la Cámara. La
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si el contrato fue
amañado a cambio de una comisión que el empresario hizo llegar a la supuesta
caja b del PP de Madrid camuflada como donación de 160.000 euros a Fundescam, la
fundación ligada al partido entonces liderado por Esperanza Aguirre y en cuyo
patronato figuraba la presidenta.
Recoder y Cifuentes formaban —junto con María Merino, jefa de protocolo del
Gabinete de la Presidencia regional, y el funcionario Isaac Arturo Zubiri— el
comité de expertos que realizó la licitación. Recoder, letrada de la Asamblea,
elaboró el informe jurídico de aprobación de los pliegos de condiciones
administrativas particulares del contrato público y asumió como tal que este
documento se ajustaba a la legalidad. Según la investigación, Cifuentes
intervino en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la mesa de contratación
de la Asamblea de Madrid que desembocaron en la adjudicación, en 2009, de la
gestión de los servicios de comedor de la Cámara al Grupo Cantoblanco.
En su declaración ante el juez, en noviembre, Recoder negó cualquier
irregularidad en la adjudicación del contrato y en la actuación de Cifuentes. El
pasado 31 de enero, presentó un escrito en el que solicitaba su sobreseimiento
en la causa. El auto del juez García-Castellón conocido ayer rechaza esta
pretensión y recalca que Recoder “no apreció, sin que pueda determinarse aún si
por ignorancia o con intencionalidad, la incompatibilidad de ser miembro de la
mesa de contratación y del comité de expertos de doña Cristina Cifuentes
Cuencas”.
Dos informes de UCO
La investigación sobre esta adjudicación se inició a principios de 2017, y
Cifuentes no ha sido imputada por ello. Dos informes de la UCO fechados en marzo
del año pasado apuntaban que la hoy presidenta madrileña —en un volcán político
por la falsedad del máster que le otorgó la Universidad Rey Juan Carlos— pudo
haber cometido delitos de prevaricación y cohecho por esta adjudicación. En su
segundo informe, la UCO destacaba que Recoder y los otros dos asesores cayeron
en “significativas y evidentes contradicciones” cuando fueron interrogados, lo
que consideraba un indicio de las irregularidades. También recalcaba que
Cifuentes, en cuyo despacho se celebró la reunión, estaba al tanto de todo ello.
Cuando ambos documentos policiales salieron a la luz dos meses después, la
política negó cualquier irregularidad y compareció en el Parlamento regional
para dar explicaciones. Desde su entorno se cargó entonces con dureza contra la
Guardia Civil. El silencio del juez instructor, Eloy Velasco, que estaba a punto
de abandonar su puesto, y de la Fiscalía Anticorrupción, comandada en aquel
momento por Manuel Moix, parecieron paralizar esta línea de investigación.
Tras la llegada de García Castellón al juzgado y el nombramiento del fiscal
Alejandro Luzón como nuevo responsable de Anticorrupción, las pesquisas se
reactivaron. Fuentes cercanas a la investigación siempre las han considerado
clave para probar la supuesta participación de Arturo Fernández en la
financiación irregular del PP, así como el papel jugado por Fundescam.
Una agenda, dos ‘pendrive’ y la caja b del pp
Las anotaciones manuscritas de la agenda intervenida a Francisco Granados en
octubre de 2014 fueron el arranque de la investigación que desembocó en los dos
informes de la UCO que salpican a Cifuentes. El entonces instructor Eloy Velasco
abrió una pieza separada para investigar la caja b en el PP de Madrid que le
permitió localizar en casa del exgerente del partido, Beltrán Gutiérrez, dos
pendrive con una supuesta contabilidad paralela. Esta revelaba que a través de
las cuentas de Fundescam se pagaban gastos electorales y que los fondos
provenían de empresarios que recibían adjudicaciones públicas. Uno de ellos era
Arturo Fernández, quien se hizo con la adjudicación del servicio de comedor en
la que participó Cifuentes.
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/12/actualidad/1523533146_090948.html
CRISTINA CIFUENTES OBTUVO SU TÍTULO DE MÁSTER EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA CON
NOTAS FALSIFICADAS
Se matriculó en 2011/2012 en el Máster en Derecho Autonómico de la universidad
pública Rey Juan Carlos, financiada por la Comunidad de Madrid, y le quedaron
pendientes dos asignaturas
La intranet de gestión de alumnos revela que una funcionaria de otro campus
entró en el sistema en 2014 y cambió los dos "No Presentado" a "Notable" dejando
rastro
La funcionaria dice que si lo cambió es porque se lo ordenó un profesor. La
Universidad sigue investigando. Cifuentes defiende que todo es legal y que
aprobó porque se examinó de nuevo en 2014, aunque no hay rastro en los registros
Las inverosímiles explicaciones de la universidad que le ha regalado el máster a
Cifuentes
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presume en su web
de tener cursados dos máster, uno de ellos "en Derecho Autonómico por la
Universidad Rey Juan Carlos" de Madrid. Tal y como demuestra eldiario.es con
documentación de la propia universidad pública, a Cifuentes, entonces delegada
de Gobierno en Madrid, le cambiaron la nota de "No presentado" a "Notable" dos
años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula. Lo hizo una
funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado ni siquiera en el mismo
campus donde se impartía.
La política del PP se matriculó en este máster en el curso 2011/2012 y pagó los
correspondientes 1.586,39 euros, como ha confirmado eldiario.es. Según su
expediente de notas, al que ha tenido acceso este medio, aprobó todo ese mismo
curso.
Sin embargo, un pantallazo del sistema de gestión de alumnos de la URJC (foto)
revela otra cosa. En 2011-12 aparecían como "No presentado" o "-", que es lo
mismo, dos materias: 'La financiación de las comunidades autónomas' y el
'Trabajo Fin de Máster'.
La explicación está en ese mismo pantallazo. En 2014, dos años después de la
matrícula oficial, el usuario que corresponde a la funcionaria Amalia Calonge
entra en el sistema informático y cambia la nota de "No presentado" a sendos
notables, concretamente 7,5, dejando rastro en el sistema. Días después de sus
notables, Cifuentes paga el título y cuando va a recogerlo se hace una sonriente
foto con la funcionaria Calonge, una imagen que estaba en el perfil de whatsapp
de esta última hasta este martes por la tarde. Esas dos asignaturas suman 27
créditos (24 el trabajo y 3 créditos la asignatura) de un total de 60 que tiene
el máster, es decir, suponen casi la mitad del posgrado.
En el registro se ve que Calonge está cambiando en el año 2014 las notas de
2011. En la columna de la izquierda se aprecia que la modificación se está
produciendo para las calificaciones del año académico 2011-12 (bajo el epígrafe
ANY_ANYACA). Ni la universidad, ni la funcionaria ni el profesor han explicado
por qué.
Curiosamente, fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid confirman que,
efectivamente, se dejó "2 ó 3 asignaturas" como dice el sistema interno, pero
que las aprobó en 2014, aunque no explican por qué entonces sus notas del
expediente académico oficial dicen que las aprobó todas en 2011-12.
La única manera en la que podría ser factible que Cifuentes apruebe dos años
después como ella defiende, es si se hubiera matriculado de nuevo, como marca la
ley, pero según el historial de Cifuentes en el registro de administración de la
URJC, no se matriculó de nada ese año, como ha podido confirmar eldiario.es
El único pago que aparece en 2014 de la alumna Cristina Cifuentes son 176,27
euros, lo que cuesta retirar el título, un pago que hizo 15 días después de esos
'notables fantasma'. Preguntadas por cómo sacó dos notables en 2014 sin mediar
matrícula, fuentes de Presidencia se aferran a que las abonó y que aprobó ese
año lo que le faltaba: "Pagó para volverse a presentar, debe de haber un error".
¿Lo ha confirmado la presidenta de Madrid, pagó en 2014 y se examinó de nuevo de
dos asignaturas? "No confirmo que fuera en 2014, no se acuerda del hecho de
haber pagado o no, pero pagó y se sacó las asignaturas que le faltaban y que no
había aprobado en primera instancia". La realidad es que no hay ningún registro
de pago de matrículas o examen en 2014 por parte de Cristina Cifuentes. Todo lo
aprobó y pagó en el curso 2011-2012, como revela la documentación oficial a la
que ha tenido acceso eldiario.es.
Por otra parte, según la propia normativa de la universidad, "para poder
realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster el alumno tendrá que haber
superado el resto de las asignaturas del Máster, para lo que deberá entregar la
justificación correspondiente". Según el expediente académico de Cifuentes,
entre la calificación de la asignatura que le quedaba pendiente y la
calificación del Trabajo Fin de Máster pasa un minuto, lo que tarda el usuario
Calonge en cambiar las notas. Tiempo insuficiente para presentar un
justificante, preparar un trabajo y defenderlo en público.
Por qué le cambiaron esas calificaciones dos años después es un misterio y ante
qué comisión presentó su trabajo y con qué tutor, también. La universidad
tampoco lo ha logrado explicar de momento. Fuentes cercanas a Cifuentes dicen
que lo explicarán todo este miércoles con documentación.
Amalia Calonge, como ella misma confirma por teléfono a eldiario.es, no tenía en
2014 ninguna responsabilidad sobre los máster de la URJC, una universidad
pública que depende de la financiación de la propia Comunidad de Madrid. En ese
momento trabajaba en otro campus, en Móstoles (hoy es jefa en el Rectorado): "Yo
no hago ni una sola rectificación de nada si no me lo ha pedido un profesor por
escrito", y añade que no puede dar ninguna explicación más "porque es
información amparada en la Ley de Protección de Datos".
¿Quién le pidió que cambiara la nota de un alumno de otro campus y otro
departamento dos años después de la matrícula para cambiar dos "no presentado"?
No se acuerda. "En aquel entonces era habitual que se hicieran matrículas y
gestiones aunque fueran de otro campus, ahora ya no", zanja, sin dar más
información. Preguntada sobre si es amiga de la presidenta y por su foto con
ella, prefiere no responder. Desde el entorno de Cifuentes aseguran que no la
conoce de nada.
El profesor en una de las asignaturas que aparece con Notable en 2014 fue Pablo
Chico de la Cámara. eldiario.es le ha preguntado telefónicamente por esta
célebre alumna, si fue a clase y por qué se le cambió la nota dos años después.
No niega nada y se limita a decir que "es una información reservada, me remito a
las autoridades de la universidad". Tampoco contesta si normalmente cambia las
notas a alumnos con dos años de diferencia y sin que se matriculen de nuevo. "Me
remito a lo que digan las autoridades".
El otro notable fantasma, el Trabajo Fin de Máster, supone casi la mitad de
créditos (24), para el que hay que tener un tutor y que se expone en público
ante una comisión evaluadora, como dice la normativa de la URJC. Tampoco nadie
en la universidad da un nombre ni ante quién se presentó.
Sorpresa por el cambio de notas
José María Álvarez Monzonzillo, vicerrector de tercer grado de la URJC, se
muestra sorprendido respecto al cambio de notas: "No sé ni quién es Amalia
Calonge. ¿Pero es profesora? Si no es profesora no lo puede cambiar", aunque en
una llamada posterior matiza que hace unos años una funcionaria de otro campus
sí podía cambiar notas, y que por eso puede aparecer cambiado por ella.
Monzonzillo cuenta que ha hecho varias gestiones para averiguar el nombre del
profesor de la asignatura, el tutor del trabajo y ante qué comisión se presentó
públicamente Cristina Cifuentes a defender su proyecto. Con poco éxito. Por el
momento, la sexta universidad madrileña no ha logrado averiguarlo y da
explicaciones vagas sobre lo que ha podido pasar.
Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, si se confirma que ha habido un
cambio de expediente ilegal, podríamos estar ante una presunta falsificación en
documento público, regulada por el artículo 390 del código penal y que prevé
penas de tres a seis años de cárcel para el funcionario que cometa la falsedad.
Desde el punto de vista académico, la URJC prevé sanciones por la "utilización
de medios fraudulentos, con el fin de obtener resultados no merecidos en pruebas
de evaluación, que conlleven la colaboración de agentes externos", según su
reglamento disciplinario y lo considera una falta grave.
Este escándalo se suma a otro en la familia de Cifuentes: su hermana, Margarita
Cifuentes es desde el 2016 profesora visitante en la misma universidad pública
pese a que no cumple ninguno de los requisitos de la LOU, el convenio y los
estatutos de la URJC. La hermana de la presidenta de Madrid fue personal de
administración hasta que el exrector Fernando Suárez le hizo un contrato
reservado a profesores de reconocido prestigio. Le dirigió personalmente la
tesis y después la contrató como profesora haciendo uso de esa figura
discrecional, que evita los concursos y controles.
La Rey Juan Carlos es la misma universidad que dirigía Fernando Suárez, rector
hasta 2017, cuando tuvo que convocar elecciones por el escándalo desvelado por
eldiario.es de la decena de plagios que había hecho antes y durante su
rectorado.
https://www.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-obtenido-publico-falseando-asignaturas_0_752075026.html
LAS INVEROSÍMILES EXPLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD QUE LE HA REGALADO EL MÁSTER A
CIFUENTES
El nuevo rector, Javier Ramos, sustituto del conocido como 'rector de los
plagios' intenta sortear su peor crisis institucional dejándola en manos de un
vicerrector y sin aportar datos
Las explicaciones sobre los inexplicables notables de la presidenta de la
Comunidad de Madrid van desde "no nos acordamos de su profesor" a "en aquel
entonces el Trabajo Fin de Máster era voluntario" o "no tenemos suficientes
papeles para contestar"
Cuando el nuevo rector de la universidad pública madrileña Rey Juan Carlos,
Javier Ramos, tomó posesión del cargo, dijo que con él se iniciaba una nueva
etapa. Heredaba una universidad, financiada por la Comunidad de Madrid con más
de 120 millones al año, en plena crisis porque el anterior rector, Fernando
Suárez, tuvo que dejar el cargo tras el peor escándalo de plagios de la
universidad española: más de 10 copia y pega acreditados. El resultado, una
querella y una denuncia que siguen su trámite judicial.
Ramos ha negado siempre ser el delfín de Suárez y se ha mostrado desconocedor de
los tejemanejes que pudieran haber en la etapa de su antecesor. Con el máster
'regalado' a Cristina Cifuentes, que pasó de dos "no presentado" a dos "notable"
en dos años sin mediar matrícula, se ha iniciado su primera gran crisis al
frente de la institución pública. "En el rector está el ánimo de decir lo que
hay", dice uno de sus portavoces.
Lo sorprendente es que ha dejado la gestión al vicerrector responsable de los
máster, José María Álvarez Monzonzillo, y no ha asumido desde Rectorado la
investigación de lo que pasó. Simplemente hay que acudir al sistema de gestión
de alumnos y matrículas para acceder a los mismos documentos que publica
eldiario.es y que muestran cómo en 2014 se cambiaron las notas de 2011 sin
explicación. La universidad responde que aún está mirándolo.
Cuando eldiario.es ha intentado recabar información y conocer los hechos, las
respuestas desde la universidad han sido variopintas. Por ejemplo, que antes
"era habitual que cualquier funcionario cambiara notas porque no existía la
escuela de máster". Puede ser que un funcionario cambie notas por orden de un
profesor, pero no tan habitual que lo haga un funcionario sin responsabilidad en
el área y de otro campus, como es el caso de Amalia Calonge. Tampoco es factible
cambiar notas con dos años de retraso.
"Había 30 profesores"
Además de eldiario.es, la universidad también le ha preguntado a Calonge por su
parte qué profesor le pidió que cambiara la nota: "No se acuerda y no está en el
puesto de trabajo, dice que mañana lo mirará en el mail", cuenta Monzonzillo,
que especifica que ni el rector ni el vicerrector tienen acceso directo a los
detalles de posgrado y es el propio director del máster el que tiene que
contestar. Es Enrique Álvarez Conde, que no recuerda quién fue el profesor de la
asignatura ni el tutor del trabajo de Cifuentes: "Había más de 30 profesores en
ese máster", ha relatado a la universidad. eldiario.es ha podido saber que el
profesor directo de una de las asignaturas aprobadas misteriosamente es Pablo
Chico de la Cámara, que no ha querido contestar y se remite a lo que diga la
universidad.
Otra de las justificaciones que aporta el campus es que no hubo ningún regalo de
nota porque "durante unos años el Trabajo Fin de Máster era voluntario" y no
contaba. Obviamente no lo era, lo tienen que presentar todos los alumnos si
quieren aprobar, y en el caso del posgrado de Cifuentes vale nada menos que 24
créditos, casi la mitad de los requeridos para aprobar (60), como consta en su
expediente de notas.
También han sugerido desde la Universidad Rey Juan Carlos a eldiario.es que
puede ser que la explicación sea que durante "un par de años" no había que
"defender en público el Trabajo Fin de Máster" y por eso no hay constancia de su
existencia, aunque las mismas fuentes reconocen que no saben si fue o no en ese
periodo.
El vicerrector, que está recopilando información, admite no tener "papeles
suficientes para contestar", nadie se acuerda de quién hizo de tutor del trabajo
de máster de Cifuentes y apostilla: "Ellos sabrán lo que han hecho, pero los
máster tienen autonomía y funcionan con sus propios responsables, espero poder
dar una respuesta pronto".
https://www.eldiario.es/sociedad/explicaciones-universidad-regalado-master-Cifuentes_0_752075537.html
LA MISMA UNIVERSIDAD QUE REGALÓ UN MÁSTER A CIFUENTES CONTRATÓ COMO PROFESORA A
SU HERMANA DE MANERA ILEGAL
La hermana de la presidenta de Madrid, Margarita Cifuentes, fue personal de
administración hasta que el exrector Fernando Suárez le hizo un contrato
reservado a profesores de reconocido prestigio
Margarita Cifuentes es desde 2016 profesora visitante en la universidad pública
pese a que no cumple ninguno de los requisitos de la LOU, el convenio y los
estatutos de la URJC
El exrector dirigió personalmente la tesis de la hermana de Cifuentes y después
la contrató como profesora haciendo uso de esa figura discrecional, que evita
los concursos y controles
La universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid– en la que Cristina Cifuentes
ha obtenido un máster sin presentarse a dos asignaturas, que aparecen con
notable misteriosamente dos años después– es la misma donde trabaja su hermana
Margarita Cifuentes. Antes como administrativa, ahora como docente.
Margarita Cifuentes ha sido durante toda su vida Personal de Administración y
Servicios (PAS), pero trabaja desde 2016 como profesora visitante en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el área de Historia
Contemporánea. Su contratación directa obvió el hecho de que no cumple ninguno
de los requisitos necesarios recogidos en la ley para acogerse a tal figura.
Su contrato como profesora visitante está por tanto fuera de la ley, al
incumplir la Ley Orgánica de Universidades (LOU, artículo 54) y el convenio
colectivo de personal docente e investigador con vinculación laboral de las
universidades públicas de la Comunidad de Madrid (artículo 10 punto 6). Además ,
los propios estatutos de la URJC dice que se elegirán entre "profesores e
investigadores de reconocido prestigio". También hay más de una sentencia que
especifica que para contratar a alguien como visitante tiene que provenir de
otro centro, y tampoco es el caso.
Ambos textos legales establecen con claridad los méritos exigibles a un
candidato a profesor visitante. Dice la LOU que "[este tipo de contrato] se
podrá celebrar con profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras
universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros"
(Cifuentes no lo es).
El punto b) añade: "La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas
docentes o investigadoras a través de las que se aporten los conocimientos y la
experiencia docente e investigadora de los indicados profesores a la
universidad" (no tiene experiencia docente alguna, al menos en la universidad).
El espíritu de esta figura es claro: contratar a profesionales de prestigio para
un área concreta que pueda estar huérfana de él o se le quiera dar un impulso.
Además, según el convenio madrileño, estos profesores o investigadores no pueden
estar más de dos años en el puesto.
La contratación de profesores visitantes depende exclusivamente del rector del
centro (en aquel momento Fernando Suárez), que puede utilizarla de manera
discrecional, sin convocar concursos públicos ni tener siquiera que publicar su
nombramiento en parte alguna.
Mientras en otras universidades los visitantes rondan el 1% (acorde al espíritu
excepcional de su figura) en la URJC son uno de cada cinco profesores (20%). A
alguno de ellos incluso le pagaban menos de lo que establece el convenio.
Esta contratación de Margarita Cifuentes se produce después de enero de 2016,
una vez leída la tesis, es decir, con Cristina Cifuentes siendo ya presidenta de
la Comunidad de Madrid, de la que depende esta universidad pública, que maneja
un presupuesto de 123 millones de euros al año que salen de las arcas públicas
madrileñas. Cuando eldiario.es publicó por primera vez esta información, en
2016, tanto la universidad como la presidenta de la Comunidad declinaron hacer
declaraciones a eldiario.es.
Ni un requisito
Margarita Cifuentes no cumple los requisitos. En primer lugar ya trabajaba en la
universidad que ahora "visita". Varias sentencias recogen que "este tipo de
contrato está pensado para profesores e investigadores de otras universidades" y
esos mismos fallos judiciales sostienen que aplicárselo a alguien que ya está en
el centro "se podría entender que es fraude de ley" literalmente.
Además, la hermana de la presidenta regional no fue docente hasta el propio
2016. Ha sido PAS toda su vida, desde que sacó una plaza en la Escala
Administrativa de la Universidad Complutense de Madrid en 1992, según recoge el
BOE. De nuevo el Boletín refleja que en 2002 mejoró su posición, todavía dentro
del mismo centro y todavía como PAS, y accedió al a Escala de Gestión
Universitaria (el mismo ámbito profesional del que proviene su hermana).
La profesora remitió un correo a eldiario.es cuando se publicó por primera esta
información en el que reivindicaba su experiencia investigadora: "En el año 2009
obtuve una beca de la Fundación Napoleón de París (...). Soy la primera española
que obtenía una beca de la prestigiosa Fundación parisina (...). Además he sido
becaria del Archivo Histórico Militar (Segovia) durante 3 años, en donde inicié
mi investigación".
En mayo de 2005, según su linkedin, pasa a la Universidad Rey Juan Carlos,
mediante traslado y aún como PAS. Allí ejerce como responsable de los convenios
de colaboración educativa de la URJC y pasa también por la biblioteca del campus
de Vicálvaro, según algunas fuentes de la universidad.
Licenciada en Geografía e Historia por la Complutense y con un Máster en
Ciencias Historiográficas, según su propio currículum, en algún momento decide
doctorarse. Y tiene premio gordo: el propio rector de la universidad, entonces
Fernando Suárez, dirige su tesis (es poco habitual que el máximo dirigente de
una universidad se dedique a esto), llamada "El Imperial Alejandro" y declarada
"apta" este mismo año 2016. La autora puntualiza que fue "sobresaliente cum
laude".
Con la tesis bajo el brazo, Margarita Cifuentes está preparada para dar el salto
a la docencia. En algún momento entre su lectura de tesis y antes de que
comience el curso universitario, el rector Suárez le firma un contrato de
profesor visitante. Para que aporte sus "conocimientos y la experiencia docente
e investigadora". Así figura en su web personal de la universidad. Lo que no
figura en esta página son sus proyectos de investigación o sus publicaciones:
ambos apartados están en blanco.
Margarita Cifuentes está encuadrada en el Departamento de Ciencias de la
Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Histórico-Jurídicas y
Humanísticas y Lenguas Modernas del área de Historia Contemporánea.
https://www.eldiario.es/sociedad/cifuentes-universidad-rey-juan-carlos-hermana-ilegal_0_752075580.html
UN ERROR DE CIFUENTES AL VOTAR ACABA CON LA RETIRADA DE SU PROYECTO DE LEY DE
UNIVERSIDADES
El frágil equilibrio entre las fuerzas parlamentarias de la Comunidad de Madrid
hace que un voto arriba o abajo sea vital para sacar adelante o no cualquier
propuesta. Una equivocación en ese contexto es fatal. Es lo que le ha ocurrido
hoy a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la votación en la que se
decidía si se admitía a trámite la enmienda a la totalidad de Podemos con texto
alternativo a la propuesta del PP sobre la Ley del Espacio Madrileño de
Educación Superior (Lemes). La presidenta no ha pulsado el botón y no ha votado,
lo que ha provocado que apareciera un sufragio menos en la pantalla (64 a favor
de admitir la enmienda de Podemos y PSOE y 63 en contra del PP y Ciudadanos, un
voto menos de lo esperado).
De esta forma, se ha admitido a trámite el texto de Podemos y se ha rechazado el
del PP, que era el que contaba con todas las papeletas ganadoras. Ese documento
debería haber sido la base para que los grupos políticos hubieran comenzado el
debate de la ley. Posteriormente, se presentarían las enmiendas, y el texto
definitivo volvería al pleno del Parlamento regional para ser aprobado.
Pero la alegría de Podemos no ha durado más que unas horas. La votación en la
que se ha producido el error de Cifuentes ha tenido lugar por la mañana y
alrededor de las 19.00 el Gobierno ha anunciado su decisión de retirar de la
Asamblea su proyecto de ley, una de las estrellas de la legislatura en la que
lleva dos años trabajando. "No vamos a consentir que una iniciativa del PP se
convierta en una de Podemos", ha indicado el portavoz del PP, Ángel Garrido. El
Gobierno sostiene que se ha tomado la decisión "conforme a la facultad que le
otorga el Reglamento de la Asamblea en su artículo 153". Ese punto le habilita a
retirar un proyecto de ley "en cualquier momento, siempre que no se haya
producido acuerdo final sobre el mismo".
"Se ha aprobado de forma torticera, aprovechando que una persona está de baja
por paternidad y la equivocación al votar", ha asegurado Garrido. A pesar de que
la norma deberá volver a pasar por los trámites parlamentarios, Garrido ha
indicado que todavía hay tiempo en esta legislatura para que salga adelante.
Para Podemos la situación no es tan clara. Eduardo Fernández Rubiño, diputado de
Podemos que ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo, ha manifestado
que el reglamento es claro: "El Gobierno lo puede retirar hasta que haya un
acuerdo firme, y aquí lo ha habido, ha salido adelante nuestra enmienda a la
totalidad", ha explicado. El diputado no entiende que el "Gobierno tenga miedo a
debatir nuestro texto, ya que cuenta con todas las herramientas para volver a
introducir en el documento sus enmiendas. El grupo ha puesto en manos de sus
servicios jurídicos la decisión del Gobierno, para comprobar la legalidad de la
medida.
La equivocación de Cifuentes se ha producido en la segunda ocasión que se
repetía la votación de la enmienda de Podemos. Como se había originado un empate
entre ambos bloques (PP-Ciudadanos y PSOE-Podemos) al no encontrarse en el pleno
el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, de baja por paternidad, los diputados
deben votar tres veces. Y si no se deshace la igualdad, la iniciativa decae.
Previamente se había rechazado otra enmienda a la ley del PSOE.
Los diputados deben presionar dos botones. El primero, que está a la izquierda,
es el de presencia, y el segundo el de la votación. Este último es el que no
debe haber dado la presidenta. Los servicios técnicos de la Cámara han
comprobado que no había existido ningún tipo de problema técnico, lo que ha
cerrado la posibillidad de repetir la votación.
El diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño que ha defendido la moción, ha
señalado que "el proyecto de Cifuentes no sirve para resolver ninguno de los
retos que tienen las universidades". Ha señalado también que, tras el resultado,
su texto debería someterse a un periodo de enmiendas para que los grupos puedan
presentar sus aportaciones "a las que están abiertos". En ese momento, el
parlamentario ha mostrado su desconfianza en que el PP no intentara cambiar el
resultado."Lamentablemente, Paloma Adrados (presidenta de la Asamblea) ha
actuado con un nivel de arbitrariedad en muchas ocasiones", ha puntualizado.
José Manuel Franco, portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento, ha indicado que
los madrileños no se merecen que "una ley tan importante como esta tenga que
pasar por estos episodios tan lamentables". Califica lo ocurrido como una "falta
de respeto a la Universidad". Ha resaltado, al mismo tiempo, que la decisión del
PP "sienta un mal precedente al no respetarse el resultado de las votaciones".
https://elpais.com/ccaa/2018/03/15/madrid/1521119573_921675.html
CIFUENTES SOBRE LA CAJA B DEL PP: NO SABÍA NADA, NO OYÓ NADA Y NO VIO NADA
La actual presidenta de la Comunidad de Madrid asegura desconocer las empresas
con las que contrató su propia campaña (2015): "Yo era candidata"
La presienta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha marcado un
Mariano Rajoy este martes ante la Comisión de Investigación de la caja B del
Partido Popular. En sede parlamentaria, ha asegurado que “no sabía anda de la
gestión o la administración del partido”. Cifuentes ha dicho que no ha tenido
nunca ninguna responsabilidad en las cuentas de la formación, ni siquiera en las
campañas electorales en las que participó en calidad de miembro del comité
electoral.
Cristina Cifuentes ha subrayado que, a pesar de formar parte de la dirección de
las campañas del 2007 y 2008, sus funciones se limitaban a la movilización de
los militantes: "Jamás tuve nada que ver, excepto a partir del momento en que me
nombraron presidenta del PP de Madrid hace un año, con la gestión ni con la
administración del partido ni, por supuesto, con la financiación de las campañas
electorales”. “Era secretaria de movilización territorial. Punto pelota, no
tenía ninguna otra responsabilidad". Eso sí, ha matizado que tampoco está al
tanto de con qué empresas se contrató en su campaña electoral, en 2015, cuando
ya era candidata: “La campaña de 2015 yo era la candidata, el PP nombró un
equipo de dirección y yo confío en su buen hacer. No era mi cometido. Mi
cometido era el ser candidata”, ha justificado.
Tal y como adelantó El Plural, uno de los temas en los que más iba a incidir los
diputados era el caso FUNDESCAM. Cristina Cifuentes presidió la Mesa de
Contratación y formaba parte del comité de expertos de la licitación de
explotación de la cafetería de la Asamblea de Madrid, contrato que recayó en el
Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández, donante confeso del PP. La actual
presidenta de la Comunidad de Madrid se ha escudado en que la decisión se tomó
por unanimidad.
En este sentido, el diputado del Grupo Mixto Óscar Matute (EH Bildu), ha
señalado que el hecho de que la licitación se adjudicara por unanimidad “no
alivia la responsabilidad, no le exime de esa negligencia”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en que su actuación siempre
se ha basado en la premisa de “tolerancia cero ante la corrupción”. Ante esto,
Matute, en tono irónico, le ha dicho que “no dudo de su voluntad de tolerancia
cero con la corrupción, porque no soy juez, pero si alguien ve esta comisión
puede pensar que voluntad bien, pero perspicacia…”.
Cifuentes asegura que no sabía nada, no oyó nada y no estaba al tanto de nada,
en consecuencia, Matute ha anunciado que se documentará sobre cuáles son las
funciones de un secretario general en el PP porque “el nombre suena muy
rimbombante” pero después “no saben nada”.
En cuanto a su relación con Francisco Granados, asegura que “siempre fue
correcta, no fuimos amigos”, y razona que el exconsejero le cuelga el muerto
porque “el señor Granados no digiere que algunos seamos tolerantes cero con la
corrupción”, y añade que “no le sentará muy bien que la Comunidad de Madrid
decidiera personarse en la trama Púnica, donde él es el principal imputado”.
"Todo esto obedece a una venganza del señor Granados", ha asegurado la
presidenta de la Comunidad de Madrid.
https://www.elplural.com/politica/2018/03/20/cifuentes-caja-b-PP-no-sabia-nada
TODAS LAS 'RANAS' DE CRISTINA
CIFUENTES
Todos los dimitidos e imputados que rodean a la flamante presidenta de la
Comunidad y del Partido Popular de Madrid
Con la frecuencia que aconseja la actualidad, a lo largo de los últimos meses,
hemos venido informando sobre algunos de los colaboradores más directos de
Cristina Cifuentes, tanto en su condición de presidenta del PP de Madrid como
Presidenta de la CM, gracias al apoyo de Ciudadanos.
Y hoy, sin animo exhaustivo, damos un nuevo paso informativo pasando a limpio y
juntado un listado de genoveses que han sido cesados o han dimitido. Al igual
que las tiene Aguirre, Cifuentes también tiene sus 'ranas'.
Diputados Grupo Parlamentario Popular
1. Josefa Aguado Del Olmo. Nº 39 en la lista encabezada por Cifuentes. Ha
presentado su dimisión el pasado 25 de mayo tras conocerse que el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia para
investigarla por los posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación en
relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a
empresas de la trama Gürtel.
2. Daniel Ortiz Espejo. Nº 42 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex alcalde
Mostoles. Dimite en julio 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le
atribuye cinco delitos relacionados con el Caso Púnica y el supuesto amañó de un
contrato para la Púnica de 73 millones a cambio de una mordida de 743.000 euros.
3. José Ignacio Echevarría Echaniz. Nº 14 en la lista encabezada por Cifuentes.
Expresidente de la Asamblea y ex Consejero de Transportes. Dimite en diciembre
2015 tras ser sancionado en un control de alcoholemia. Desde abril del 2017 está
siendo investigado en la PS 14 del Caso Púnica en su calidad de ex Tesorero
regional del PP y la financiación irregular del PP madrileño.
4. Borja Sarasola Jáudenes. Nº 12 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex
Consejero de Medio Ambiente. Dimite en julio 2015 tras ser citado como
investigado en el Caso Púnica. El 24 de febrero del 2017 la Unidad Central de la
Guardia Civil (UCO) remitió al juez Velasco un informe sobre la adjudicación de
la cafetería de la Vicepresidencia 1ª del Gobierno Regional al Grupo Cantoblanco
del investigado Arturo Fernández. En el citado informe además de certificar las
irregularidades de esa adjudicación cita expresamente a Sarasola como
responsable de la adjudicación durante su etapa como secretario General Técnico
y presidente de la Mesa de Contratación.
Altos cargos del gobierno de Cifuentes y del PP de Madrid
5. Miguel Ángel Ruiz López. Viceconsejero de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio. Ex Consejero de Arpegio entre 2008-2011. El
16 de mayo del 2017 presentó su dimisión tras ser conocerse que estaba siendo
investigado por el juez Velasco dentro del denominado Caso Púnica. Ese mismo día
agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habían
desplazado a la sede de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid para registrar su despacho oficial.
6. Miguel Garzón Andrés. Asesor del Gabinete de Cristina Cifuentes. Dimite tras
hacerse público que está siendo investigado por un juez de Getafe dentro del
denominado Caso Teatro Madrid durante la etapa de Juan Soler como alcalde
Getafe. Garzón pasó de ser jefe de gabinete de Soler en la alcaldía de Getafe a
gerente de la empresa municipal GISA, que aparece en los informes policiales del
caso como una sociedad central en los posibles amaños según los testimonios de
algunos de los implicados.
7. María Begoña Reyero. Asesora de Comunicación en el equipo de Cifuentes dentro
de la Consejería de Sanidad. Con anterioridad trabajó en asuntos de urbanismo
prensa en el Ayuntamiento cuyo alcalde era Juan Soler.
8. Carlos López Jimeno. Ex Director General de Industria, Energía y Minas.
Cesado/dimitido el 20 de octubre del 2016 después de que su nombre apareciera en
las investigaciones de la denominada trama Púnica de sobornos y amaño de
contratos públicos en la región. Se investiga a López Jimeno porque habría
intercedido para que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares le otorgara un
contrato a la multinacional francesa Cofely. Además, según la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil, López Jimeno poseía un 20% de la sociedad Alba
Ingenieros Consultores SL cuando, entre 2008 y 2012, ésta recibió algo más de
192.000 euros de una institución público-privada de la que él mismo era y sigue
siendo patrono, y de cuyas cuentas bancarias tiene incluso firma en
representación de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.
9. Edmundo Rodríguez Sobrino. Presidente de Inassa, filial del Canal de Isabel
II para Sudamérica. Cesado/dimitido en abril 2016. Está siendo investigado por
el Caso Lezo que se instruye en la Audiencia Nacional.
10. Beltrán Gutiérrez Moliner. Gerente del PP Madrid. Cesado en abril 2016. Está
siendo investigado en el Caso Púnica por financiación irregular del PP de
Madrid.
https://www.elplural.com/los-genoveses/2018/03/20/cristina-cifuentes-ranas-pp
CIFUENTES SE HACE
LA RUBIA CON LAS CUENTAS DEL PP
La presidenta de Madrid se presenta como víctima del “machismo” por ser
interrogada en el Congreso y se jacta de su fama de no ser corrupta
Cristina Cifuentes llegó este martes al Congreso arropada por pesos pesados del
PP y en la puerta lanzó un mensaje de inocencia: “No sé qué hago aquí”. Lo pensó
todo el rato. Es el primer cargo en activo del partido que comparece en la
comisión de investigación de la financiación del PP y lamentó que “baile al son
de Granados” y sea “altavoz” de sus acusaciones “sin pruebas”. En su óptica, iba
allí arrastrada por un “presunto delincuente”, Francisco Granados, a causa de
unas “declaraciones falsarias, miserables y tremendamente machistas” contra las
que se ha querellado. Se refiere a la mención que hizo el exdirigente popular de
una supuesta relación sentimental de Cifuentes con Ignacio González,
expresidente de la Comunidad de Madrid, razón por la que ella, presuntamente,
conocería irregularidades en las campañas del PP.
Cifuentes repitió la acusación de machismo varias veces, hasta que al final de
la sesión hizo una arenga en toda regla y llegó a reducir su presencia a eso:
“¿Estamos con las víctimas o con los verdugos? ¡Es que yo he sido objeto de un
ataque machista injustificado y absolutamente difamatorio, y el resultado de eso
es que me hacen a mí comparecer!”. Acabó diciendo que “ni en la vida ni en la
política vale todo”, aunque ayer a ella esgrimir el machismo le valió como
cortina de humo. Parecía que estaba allí por una conspiración y una tontería de
bar de Granados, y no por un informe de la UCO que habla de ella, un contrato
raro de una cafetería en la Asamblea de Madrid y su participación en Fundescam,
el extraño ente del PP sospechoso de ser una pieza de financación irregualr del
PP. Se hizo la tonta con las cuentas del PP y encima quedó como el portento del
partido, como una que ahí es famosa precisamente por ser implacable con la
corrupción.
El PSOE le recordó que la cita se fijó “en junio del año pasado” y además es que
en tres horas de comisión nunca se habló de los comentarios de Granados, sino de
lo que ella sabía del caso Púnica y otros. Sobre Granados, dijo que actúa por
“venganza”, porque la Comunidad de Madrid se sumó a la petición fiscal de que
siguiera en prisión.
En el plano político sucedió otra cosa interesante, su primer cara a cara con
Íñigo Errejón, probable candidato de Unidos Podemos en las próximas autonómicas.
En un diálogo correoso ensayaron la pelea. Errejón se lo preparó como unas
oposiciones y le mostró el organigrama de la dirección de campaña de 2007, donde
ella estaba, todo subrayado en rosa, con seis de trece miembros imputados.
“¿Cómo se hace campaña sin enterarse de que la mitad están implicados en actos
ilícitos?”, inquirió. “Pregúnteselo al director de esa campaña”. Que era Ignacio
González. Al final se dieron un beso y salieron juntos en la foto, porque
Errejón se acercó al estrado. Casi que buscaba el momento para ser consagrado
por ella como rival oficial, a la espera de su partido.
El PP también se tomó muy en serio la comparecencia, casi se personó en bloque.
Frente al perfil bajo de otros días, se sentaron por la sala hasta 20 diputados
y ejercieron de público entregado, mientras la líder del PP madrileño repetía
que en las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008, bajo
sospecha, solo era responsable de “movilización territorial”. Nada que ver con
el dinero: “Yo nunca jamás tuve nada que ver con la gestión ni financiación del
PP”. Negó “campañas b, ni en c, ni todas las letras del alfabeto”. Zanjó así el
tema: “Punto pelota”.
Informe de la UCO
El punto pelota no paró nada, le siguieron preguntando. Más que nada porque el
juez Manuel García Castellón continúa investigando. Cifuentes se defendió bien
—el PNV también la defendió bien, optó por no preguntar nada—, respondió a todo
sin despeinarse, y apeló constantemente a que ella es especial, como un bicho
raro en su partido por ser implacable con la corrupción: “Tengo el terrible
defecto de decir la verdad siempre”. Paradójicamente, esta defensa heroica de su
honradez tenía algo de peligroso para el PP: presentarse como excepción. También
la comitiva entusiasta de populares se movía en ese doble filo al exhibirla como
su joyita. Cifuentes abundó en esta cualidad suya hasta la extenuación. Se dijo
“abochornada” por los del PP que tienen cuentas en Suiza.
“¿No le extraña que la UCO concluyera que su actuación podía ser constitutiva de
prevaricación y cohecho?”, le apretó Artemi Rallo, del PSOE. Es la clave de la
cuestión, aún abierta, y uno de los pocos momentos en que se notó tocada a
Cifuentes. Sabe que es una sombra que aún no se ha despejado judicialmente,
aunque no esté imputada. De hecho, respondió con una fórmula familiar, maquinal
en estos casos: “Mire, ese asunto del que usted habla…”. Ahí, como que dejó de
ser especial, pero fue un momento. Al final todos los del PP se hicieron una
foto con ella.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/20/actualidad/1521535124_052205.html
CIFUENTES: "JAMÁS TUVE NADA QUE VER CON LA GESTIÓN NI CON LA ADMINISTRACIÓN NI
DEL PARTIDO NI DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES"
La presidenta madrileña es la primera dirigente conservadora en activo que
comparece en la comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP A pesar de
que estuvo en el patronato de Fundescam, usada para financiar ilegalmente al PP,
sostiene que ella se limitó a aceptar el cargo y a participar en una junta en la
que se aprobó una modificación de estatutos Niega responsabilidades en la
financiación de las campañas previas a su llegada a la presidencia del partido y
en la elección de candidatos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se convirtió este
martes en la primera dirigente del Partido Popular en activo en comparecer ante
la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal de los
conservadores en el Congreso de los Diputados.
Cifuentes, aunque no se puso al frente del partido hasta la dimisión de
Esperanza Aguirre, fue citada por la oposición después de que el exsecretario
general de la formación madrileña Francisco Granados la señalara como conocedora
de las campañas al margen de la contabilidad oficial que, según declaró ante el
juez instructor de la Púnica, se organizaron en 2007 y 2011 y en las que también
habría participado el expresidente regional Ignacio González. No obstante, el
Grupo Parlamentario Socialista ya la había incluido en la lista de
comparecientes cuando se constituyó la comisión el año pasado.
"Jamás tuve nada que ver con la gestión ni con la administración ni del partido
ni de las campañas electorales", insistió en varias ocasiones la dirigente
conservadora a las preguntas del socialistas Artemi Rallo.
Cifuentes sostuvo que no ingresó en la estructura orgánica del partido hasta
2004, como secretaria de política territorial. Que su papel en las campañas era
movilizar a militantes y dirigentes. Y que esa fue su competencia en la campaña
autonómica y municipal de 2007 y en las generales de 2008. "Como responsable de
territorial jamás tuve responsabilidad en la gestión ni en la financiación del
partido de ninguna de las maneras. Mi responsabilidad era exclusivamente la
movilización de los dirigentes. Punto pelota", añadió. La presidenta regional
lleva en el PP desde el año 1978 y más de una veintena de años en puestos
destacados.
Sobre su papel como patrona de Fundescam, sostuvo que, entre 2005 y 2008, su
participación en la organización "se limitó a aceptar el cargo y a participar en
una junta en la que se aprobó una modificación de estatutos".
Fundescam, ya extinguida y que dependía de la ejecutiva regional del PP, se
nutría de subvenciones y de donaciones de grandes contratistas públicos de la
Comunidad de Madrid. Oficialmente, el objeto social de Fundescam nada tenía que
ver con la financiación de campañas electorales, tarea que incluso la anterior
legislación sobre partidos ya prohibía. Pero, en la práctica, llevaba años
sufragando gastos electorales la formación conservadora en Madrid. Solo entre
2003-2004 recibió un millón en donaciones.
"Yo de eso sé probablemente lo mismo que lo que sabe usted de mayor caso de
corrupción que se ha producido en España, que es el caso de los ERE de
Andalucía: Nada", intentó zanjar.
El 'Tamayazo'
El portavoz socialista arrancó preguntando a Cristina Cifuentes por el Tamayazo,
el caso de transfuguismo de dos diputados madrileños del PSOE que abrió la
puerta al gobierno de Esperanza Aguirre en junio de 2003.
Rallo citó un documento manuscrito sobre este episodio en el que figuraba su
nombre, a lo que Cifuentes respondió acusando al socialista de recurrir a un
argumento "pueril" intentando vincularla con el Tamayazo por el hecho de que
apareciera mencionada en un papel.
🔴@RalloArtemi pregunta a @ccifuentes (tras su auto-alegato sobre su lucha
contra la corrupción) si prefiere que le lea la lista de “sus ranas”.
— PSOE Congreso (@gpscongreso) 12:39 - 20 mar. 2018 · Madrid, Spain
El socialista intentó trazar también una vinculación entre este caso de
transfuguismo y el ascenso de Cifuentes en el PP de Madrid, algo que la
presidenta negó de forma categórica.
Rallo sostuvo, y no faltó a la verdad, que la presidenta fue nombrada portavoz
adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea en 2003. Pero ya había
ocupado este puesto, como recordó Cifuentes, entre los años 95 y 99, en la etapa
de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid.
El primer cara a cara con Errejón
El momento más esperado de la jornada llegó tras el turno del socialista, cuando
el diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón tomó la palabra para interrogar a
Cifuentes. No es oficial. Pero Errejón está en todas las quinielas para
rivalizar con la dirigente conservadora por la Presidencia de la Comunidad de
Madrid para las próximas autonómicas.
El diputado de la formación morada quiso saber por qué Cifuentes, que era
presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid cuando se
descubrió la cuenta de Granados en Suiza y el episodio que quedó grabado en
vídeo de Ignacio González en Colombia, no abrió una investigación interna. Su
respuesta fue que hace años no se sospechaba de los comportamientos de ambos
exdirigentes conservadores. Pero que, en todo caso, ambos cargos entraban dentro
de las competencias del Comité Nacional de Derechos y Garantías. O sea, que era
cosa de la dirección nacional.
Cifuentes añadió que los asuntos que tienen que ver con el Canal de Isabel II
están denunciados porque el Gobierno que preside "lo puso en conocimientos de la
Fiscalía", algo que Errejón puntualizó al añadir que la Guardia Civil llevaba ya
"un año investigando".
El parlamentario de Unidos Podemos preguntó a Cifuentes si desde la Comunidad de
Madrid se está obstaculizando de alguna forma el trabajo de la Justicia en la
investigación de los escándalos de corrupción que afectan al PP de Madrid. "La
Fiscalía duda de la colaboración", añadió. La presidenta madrileña lo negó.
"Mire si estamos colaborando que nos han aceptado la personación en Gürtel, en
Púnica y en Lezo", destacó.
También negó Cifuentes haber tenido, en el pasado, responsabilidad a la hora de
elegir candidatos a las listas del PP de Madrid. Esa era una tarea, dijo, del
Comité Electoral Regional.
Ante la insistencia de Errejón en que aclarara por qué no se dio cuenta de las
irregularidades que cometían algunos de sus compañeros en el PP, la presidenta
sacó el caso de Pablo Echenique. "¿O usted conocía, por ejemplo, que el
responsable de Organización de su partido no pagaba la Seguridad Social de su
empleada? ¿A que no lo sabe?".
Cifuentes ha venido al Congreso a decirnos que no sabía nada, que no vio nada,
que solo pasaba por allí. La Fiscalía Anticorrupción dice que su Gobierno
obstaculiza las investigaciones de la Justicia. Le pregunto:
— Íñigo Errejón (@ierrejon) 13:30 - 20 mar. 2018
Como ha ocurrido en otras ocasiones en esta comisión, el Partido Nacionalista
Vasco (PNV), renunció a hacer uso del turno de palabra.
"Usted a mí me puede hacer todas las críticas políticas que quiera, pero no
puede poner en duda mi honestidad", dijo Cifuentes a Toni Cantó (Ciudadanos) en
uno de los momentos más tensos de la jornada. El parlamentario de la formación
naranja había acusado a la presidenta de mirar para otro lado en materia de
corrupción.
Según sostuvo la presidenta, ella, que practica "la tolerancia cero contra la
corrupción", saldrá de la política "con menos de lo que llegó". Y reprendiendo a
Cantó le advirtió de que, de no haber estado en sede parlamentaria, le habría
planteado una querella, como ha hecho con Granados.
Bronca PP-oposición
Pero el momento más tenso llegó al final con una bronca entre Beatriz Escudero,
una de las portavoces del PP en esta Comisión, los grupos de la oposición y el
propio presidente de este órgano, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.
Escudero, que también es vicepresidenta de la comisión, acusó a los partidos que
han citado a Cifuentes de hacerlo para "menoscabar su intachable reputación".
Pese a que Quevedo le pidió "un poquito de contención", Escudero transformó su
intervención en una especie de mitin y definió a su compañera de filas como "un
referente en la política española. A su juicio, la comisión de investigación de
este miércoles fue "el mundo al revés" porque se ha puesto "en tela de juicio" a
una de "las personas que más han prevenido y perseguido la corrupción" mientras
un "presunto delincuente" como Granados se ha convertido para la oposición en
"referencia de credibilidad".
Después, en un lapsus, se refirió al portavoz socialista como "señor Granados".
"Bueno, es casi igual", diría antes de pedir "perdón" por haber deslizado "un
chascarrillo". Además, se preguntó si Errejón había arrancado su "precampaña"
como candidato de la Presidencia de la Comunidad de Madrid con este
interrogatorio.
"Eviten este tipo de espectáculos", volvió a pedir Quevedo antes de exigir a
Escudero que hiciese una pregunta concreta. La parlamentaria conservadora
preguntó a su compañera por qué creía que había sido citada a comparecer justo
después de que Granados la implicara en las campañas paralelas que, según dijo
ante el juez, se hicieron para Aguirre en 2007 y 2011. Una cuestión que dio pie
a que la presidenta se quejara de que el Parlamento estaba haciendo de altavoz
de Granados.
Turno por alusiones
Tras la intervención de Escudero, PSOE y Unidos Podemos pidieron la palabra por
alusiones. Rallo destacó que el "deleznable presunto delincuente" con el que le
había comparado, en referencia a Granados, compartió décadas con Cifuentes en la
Asamblea y la dirección del PP madrileño.
Por su parte, Carolina Bescansa (Unidos Podemos), demandó que la Mesa de la
comisión estudie qué se puede hacer con los parlamentarios que han actuado de
"palmeros" de Cifuentes y se han dedicado a "abuchear y patalear" durante los
turnos de la oposición, informa Europa Press.
Antecedentes
Granados explicó en la comparecencia que ha llevado a la presidenta madrileña al
Congreso que Cifuentes formó parte del núcleo de esas campañas paralelas porque
tenía una supuesta "relación sentimental" con Ignacio González. La presidenta se
ha querellado contra él por esas afirmaciones. Así se lo recordó Cifuentes al
diputado de ERC Juan Tardà, atribuyendo su presencia este martes en el Congreso
a una venganza del ex hombre fuerte de los gobiernos de Aguirre por haberse
personado la Comunidad en el caso Púnica. Y por haberse opuesto a su salida de
prisión.
El miércoles 21 será el turno del constructor David Marjaliza, considerado
cabecilla de la trama. El exsocio de Granados tendría que haber comparecido el
pasado martes en la misma sesión que él, pero no lo hizo alegando padecer una
infección en las vías respiratorias.
Antes de Cifuentes estaba prevista la comparecencia del exgerente del PP de
Madrid Beltrán Gutiérrez, que no acudió a la comisión ya que no había recogido
la citación.
Próximas citas: Aguirre y González
La comisión continuará sus sesiones tras la Semana Santa. El 10 de abril están
programadas las comparecencias de González y Aguirre, los antecesores de
Cifuentes y que compartieron gobierno regional y responsabilidades en el partido
con Granados.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/20/cifuentes_comparecencia_comision_investigacion_financiacion_ilegal_pp_80843_1012.html
EL CONGRESO INTENTA VINCULAR A CIFUENTES CON EL PASADO MÁS NEGRO DEL PP DE
MADRID
PSOE, Podemos y Ciudadanos afloran los episodios más oscuros de los populares,
como el 'tamayazo', Gürtel, Púnica... para relacionarlos con la amplia
trayectoria de Cifuentes en el partido
Cifuentes ve "una vergüenza" que el congreso sea "altavoz de la difamación"
La estrategia de los grupos de la oposición era clara: intentar vincular a
Cristina Cifuentes con el pasado más negro del PP de Madrid. No era mala
estrategia. La hoy presidenta de la Comunidad de Madrid y de los populares
madrileños lleva 30 años ocupando cargos de responsabilidad en su partido. "Con
ese curriculum es usted la persona idónea para hablar de la presunta
financiación irregular del PP", empezaba el PSOE su intervención este martes en
la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que precisamente
intenta esclarecer si el PP se financió ilegalmente. 'El tamayazo', Fundescam,
los casos Gürtel y Púnica, todos los episodios más oscuros que rodean a los
populares salieron a relucir en la comparecencia de Cifuentes.
La presidenta regional fue clara en sus respuestas. "Nunca he participado ni en
la gestión económica ni en la financiación de las campañas. Como secretaria
territorial me dedicaba a la movilización de militantes y cargos públicos en los
actos de partido". Lo repitió hasta la saciedad. Y recalcó. "Mi política es
tolerancia cero con la corrupción. Por eso nos hemos personados como acusación
en los casos Gürtel, Púnica y Lezo". Un discurso que lleva manteniendo desde que
llegó al Ejecutivo autonómico.
Los agentes acudieron a sus domicilios, llamaron al timbre, pero nadie abrió la
puerta a pesar de que dentro había luces encendidas y movimiento
PSOE y Podemos intentaron disparar quizás al punto más débil que tiene
Cifuentes, que no puede huir de su pasado. Cifuentes ya era portavoz adjunta del
grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid en 1995 y según el diputado
Artemi Rallo el 'tamayazo' le catapultó a la dirección del partido en 2003. Los
socialistas empezaron rememorando precisamente unos de sus peores fantasmas, el
'tamayazo', la deserción de dos diputados socialistas que provocó la repetición
de las elecciones autonómicas de 2003 y el triunfo de Esperanza Aguirre.
"¿Recibió usted una llamada telefónica del señor Tamayo?", le preguntaron desde
la bancada socialista. "No. Intentar vincularme a mí con el 'tamayazo' es
pueril. No tengo ni idea de quien financió la campaña de 2003. Yo no participé",
le espetó Cifuentes.
La presidenta regional también fue patrona de Fundescam, una fundación del PP
que aparece en varios sumarios judiciales porque presuntamente sirvió para
financiar irregularmente al PP de Madrid. "Estuve en Fundescam entre febrero de
2005 y septiembre de 2008. No intervine en ninguna de las decisiones de la
fundación ni mucho menos en sus cuestiones económicas", repitió Cifuentes, que
señaló que solo ha participó en los comités de campaña de dos elecciones, las
autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. "Y como secretaria de
política territorial solo me encargaba de la movilización". "¿No vigilaba las
cuentas del patronato?", le preguntaron desde Podemos. "No", fue la respuesta.
Después llegó el turno de Iñigo Errejón, que en pocos meses será el rival del
Cifuentes en las elecciones autonómicas de 2019. El diputado de Podemos se
jugaba mucho y se preparó su intervención, aunque tuvo algún que otro lapsus al
presentar datos equivocados (que fueron corregidos por Cifuentes). Errejón
volvió al pasado de Cifuentes y empezó preguntando por sus competencias cuando
fue nombrada en 2008 presidenta del comité de garantías. "En febrero de 2014 los
medios publican las cuentas en Suiza de Granados. ¿Por qué no abrió una
investigación interna?". La pregunta fue directa. "El señor Granados era
entonces senador y no era competencia de PP de Madrid", señaló Cifuentes.
"Cuando se hizo público el viaje a Colombia de Ignacio González con bolsas de
basura llevando supuestamente dinero negro. ¿Por qué no le abrió un
expediente?", fue el siguiente dardo de Errejón. "No tenía conocimiento más allá
de lo que publicaban los medios. González no entraba en el ámbito del comité de
garantías madrileño, porque era miembro del comité ejecutivo nacional". En
definitiva, no eran responsabilidad suya.
Cifuentes tampoco sabía nada
La siguiente pregunta fue sobre José Luis Peñas, el ex concejal del PP de
Majadahonda que denunció la Gürtel con sus grabaciones. "¿Es verdad que usted le
dijo en una reunión que no denunciara, que se metiera en la nevera y no hiciera
ruido?", disparó de nuevo Errejón. "Jamás me he dirigido en esos términos al
señor Peñas. Tiene una imaginación...". Errejón basó toda su intervención
buceando en el pasado de Cifuentes. "Usted estuvo en el comité de campaña de las
elecciones de 2007. De los 13 miembros de ese comité hoy seis están imputados y
otros dos aparecen en sumarios. ¿Nunca sospechó nada?, ¿Le parece normal?". "Ni
es normal ni es conveniente. Yo llevaba la movilización de los afiliados",
repitió Cifuentes como un mantra. "¿Cómo se hace campaña electoral sin enterarse
de que la mitad están implicados en actos ilícitos?", insistió Errejón.
"Pregúnteselo al director de esa campaña". Es decir, a Ignacio Gonzalez.
Algunos en el PP aseguran que la presidenta regional no pasa por su mejor
momento; otros, que está mejor que nunca. Este martes evidenció un error de
principiante al equivocarse al votar su ley
Obviamente también salió a relucir el caso Púnica y el famoso informe de la UCO
que ha relacionado a Cifuentes con la adjudicación del contrato de la cafetería
de la Asamblea de Madrid al empresario y donante del PP Arturo Fernández. "Ese
asunto del que usted habla [señaló Cifuentes parafraseando a Rajoy] ya se trató
en la comisión de investigación de la Asamblea. Yo fue vicepresidenta primera y
como tal tenía que presidir las mesas de contratación. El 100% de las
adjudicaciones cuando yo presidía la mesa siempre se realizaron por unanimidad
de todos los miembros de la mesa y de todos los grupos políticos, y siempre
adjudicando la oferta que recomendaban los técnicos".
Esquerra le preguntó por las graves acusaciones que ha hecho Granados en sede
judicial, donde señaló que Aguirre tuvo "una campaña electoral de refuerzo" en
el año 2007 y que en ese núcleo de decisiones estuvo Cifuentes junto a Ignacio
González. La presidenta regional cree conocer qué está detrás de las
"difamaciones" de Granados. "Es una venganza porque la Abogacía de la Comunidad,
que está personada en el caso Púnica, se adhirió a la petición de la Fiscalía
para que Granados siguiera en prisión", señaló Granadas, que reiteró que sus
funciones en los comicios de 2007 se limitaron a la movilización de militantes
en los actos de partido. "Con todos los cargos que usted ha ocupado, sus
funciones más bien parecían las de un regidor de mítines", replicaron desde
Bildu.
Más desdibujada fue la intervención de Toni Cantó, el portavoz de Ciudadanos en
la comisión, aunque empezó su intervención con graves insinuaciones, preguntando
a Cifuentes si como actual presidenta del partido conocía cómo financió su
campaña de 2015 y si conocía el nombre de las empresas proveedoras que han
trabajado con los populares. "No. No me dedicaba a eso", respondió Cifuentes,
que amenazó con acciones legales, como ya ha hecho con Granados, contra quien
ponga en duda su honradez y honorabilidad.
"Sigo sin saber por qué estoy aquí. Porque el señor Granados, un presunto
delincuente, hizo unas declaraciones presuntamente machistas contra mi. Sin
aportar ninguna prueba", terminó Cifuentes su intervención. "La Justicia amapará
el derecho de una persona a no ser difamada. Yo creo que este dignísimo Congreso
no tenía que haber seguido al señor Granados, que toca y el Congreso baila. Yo
no estoy en ninguna investigación judicil. Se ha abierto un camino que no ayuda
a la democracia".
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-20/cifuentes-comision-congreso-financacion-pp_1538393/
LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP PERSIGUE A CIFUENTES EN SU MOMENTO POLÍTICO MÁS
DECISIVO
La presidenta de la Comunidad de Madrid se somete a las preguntas de los
diputados tras ser vinculada por Granados con la cúpula que conocía la caja B
Afronta el camino hacia 2019 con grandes anuncios, como la bajada de impuestos,
mientras intenta contener una posible fuga de votos a Ciudadanos
Para la mayoría del PP no hay duda de que sigue siendo "la mejor candidata".
Tampoco se ha planteado por el momento un plan B
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no pasa por su
mejor momento político a un año de la cita con las urnas. Pese a sus intentos de
separarse del PP de la Púnica y la Lezo, las acusaciones del exvicepresidente
Francisco Granados que la señalan como parte de la cúpula del partido que
avalaba métodos ilegales para financiar las campañas han vuelto a tejer el hilo
que la vincula con la corrupción del pasado. La foto de la dirigente
sometiéndose a las preguntas de diputados de la oposición en el Congreso sobre
la caja B del PP "hace daño" diga lo que diga y haga lo que haga, coinciden
fuentes populares.
La comparecencia, a la que la presidenta acude "tranquila, para dar las
explicaciones que haga falta" –dice su entorno–, es el colofón de unas semanas
en las que Cifuentes ha intentado contrarrestar la mala prensa a golpe judicial,
por un lado, con la querella presentada contra Granados por señalarla sin
pruebas; y, por otro, con grandes anuncios desde el Gobierno. Los más
importantes: una megarreforma del hospital público La Paz a diez años vista y
una batería de nuevas rebajas fiscales que empezarían a funcionar en año
electoral si Ciudadanos da su respaldo.
Las relaciones con el socio de investidura se mantienen, entre tanto, en calma
tensa. Estirando sin romperse y con las encuestas dando cancha a los de Rivera
frente a los populares, que son conscientes de que hay una parte de su
electorado que mira a Ciudadanos como opción posible en las urnas. El desagüe
está abierto porque la marca PP y sus siglas, asumen algunos en el partido,
"están manchadas".
Convencida de que no será imputada
Para salir de ese cerco, Cifuentes sigue siendo "la mejor opción" para el grueso
del partido y del Gobierno. "No hay duda, está a otro nivel", dicen fuentes del
PP, que no contemplan a día de hoy otra posible candidatura. No existe plan B
porque todos ponen la mano en el fuego por que la presidenta no será imputada.
Ni por las acusaciones de Granados ni tampoco por el contrato de la cafetería de
la Asamblea de Madrid que, presuntamente, sirvió para financiar al PP de Madrid.
Esa licitación se produjo con Cifuentes al frente de una mesa de contratación
cuyos integrantes, según la Guardia Civil, actuaron para "favorecer de manera
preconcebida" al empresario Arturo Fernández.
Los agentes de la UCO interrogaron a todos los miembros de esa mesa salvo a
Cifuentes, mientras que el juez, por ahora, solo ha tomado declaración a Tatiana
Recoder, jefa de los servicios jurídicos, que siempre ha defendido la legalidad
de esa adjudicación. Fue la primera vez que Púnica llamó directamente a la
puerta del despacho de la presidenta y el motivo que la llevó a pasar por las
preguntas de la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de
Madrid el pasado mes de junio. La oposición ha intentado sin éxito que vuelva a
este foro para responder por otro asunto: la "providencia traspapelada" que le
daba vía libre a entregar a los diputados documentación del Canal de Isabel II
relacionada con el caso Lezo.
Un error en un mal momento
En la última semana los grandes anuncios de Gobierno se han tropezado con un
error de la propia presidenta que ha terminado tumbando en la Asamblea de Madrid
su propia ley de universidades, uno de los proyectos estrella de la legislatura.
El texto tendrá que volver al punto de partida cuando el tiempo apremia después
de que se olvidara de pulsar un botón en la votación de la enmienda de Podemos,
que salió adelante y luego quedó anulada al retirar el Gobierno el proyecto. El
equilibrio actual de diputados, con la ausencia del portavoz de Ciudadanos
Ignacio Aguado, de baja de paternidad, es total: Podemos y PSOE suman los mismos
diputados que PP y Ciudadanos, lo que genera empates constantes en las
votaciones.
El PP asume, como el resto de partidos, que lo que pase en Madrid en las
autonómicas será el termómetro de las urnas de 2020. No revalidar la región, uno
de los grandes feudos populares, conllevaría un precio que no se puede permitir.
https://m.eldiario.es/madrid/Cifuentes-comparece-financiacion-irregular-PP_0_751724988.html
IMPUTADOS POR PREVARICACIÓN EL VICECONSEJERO DE SANIDAD Y TRES ALTOS CARGOS
El delito fue cometido, supuestamente, contra la empresa Ambulancias Alerta, a
la que habrían presionado para que abandonara un concurso
La empresa Ambulancias Alerta ha presentado una querella por prevaricación
administrativa, coacciones y amenazas contra la cúpula de la Consejería de
Sanidad de Madrid. Los querellados (antigua figura de imputado) son el
viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, Cesar Pascual, director general de
Coordinación de Asistencia Sanitaria, Luis Fernandez Abad, secretario general
técnico, y Santiago Cortés, director de Gestión del SUMMA.
La querella se basa en las grabaciones que realizaron en 2016 en las que los
altos cargos de Sanidad intentaban convencer a los dueños de la compañía de que
lo mejor para ellos era abandonar el contrato para el transporte urgente de
pacientes a los hospitales públicos de la capital porque no iban a poder cumplir
las condiciones con la oferta económica que habían realizado (que fue de 72,5
millones de euros).
En 2016 Ambulancias Alerta facturaba cerca de 1,2 millones de euros mensuales
por el transporte no urgente de pacientes a hospitales públicos, todo con
contratos con la Consejería de Sanidad. Actualmente factura 10.000 euros
mensuales con empresas privadas. "La querella la hemos puesto cuando lo hemos
perdido todo y ya no tenemos miedo a perder más", afirma Raúl López, director
general de la empresa, con 30 años de vida.
Desde la consejería insisten en que cuando la empresa Alerta ganó el concurso,
rebajando 10 millones de euros la oferta inicial, los querellados decidieron
exigirle un informe de viabilidad. “Se les pidió un informe para que
justificaran que por esa cuantía económica podían facilitar ese servicio, que no
entregaron”, afirma un portavoz de la Consejería.
"Nuestra oferta no era temeraria y no teníamos por que presentarla", afirma
López. "En cualquier caso, ¿por qué nos retienen las facturas desde febrero de
2016 a mayo de ese año por un total de cuatro millones de euros y no nos las
pagan hasta que finalmente, siguiendo sus indicaciones, renunciamos y 48 horas
recibimos el pago de tres millones pendientes?".
https://elpais.com/ccaa/2018/03/12/madrid/1520865151_850519.html
LA JUEZA APLAZA SIN FECHA LA DECLARACIÓN DE GRANADOS POR LA QUERELLA DE
CIFUENTES
La magistrada María Isabel Durántez Gil ha dictado una providencia y admite el
incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa del exsecretario
regional del PP hace unos días.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha aplazado sin fecha la
declaración como investigado del exconsejero madrileño Francisco Granados por la
querella que interpuso contra él la presidenta de esta comunidad, Cristina
Cifuentes, que estaba prevista para mañana, 21 de marzo.
Fuentes jurídicas han informado que la magistrada María Isabel Durántez Gil ha
dictado una providencia en la que acuerda admitir el incidente de nulidad de
actuaciones presentado por la defensa del exsecretario regional del PP hace unos
días.
En el escrito, el abogado de Granados, Javier Vasallo, considera que existe
"indefensión" porque supuestamente no se le había dado traslado del auto de
admisión a trámite de la querella pero sí de las citaciones para declarar en el
juzgado.
De esta forma, la magistrada ha acordado tramitar el incidente de nulidad y dar
traslado a la defensa de Granados del auto de admisión a trámite de la querella,
que podrá recurrir en reforma o en apelación.
Mientras se resuelve el hipotético recurso de Granados contra la admisión a
trámite de la querella, la juez ha decidido suspender la declaración del
exconsejero madrileño, que estaba citado mañana como investigado por la querella
que presentó contra él Cifuentes por injurias y calumnias tras su declaración
ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga la
trama Púnica.
Querella de Cifuentes
Cifuentes se querelló contra Granados después de que éste dijera al juez García
Castellón que la actual presidenta madrileña conocía una "caja B" con la que se
pagaron gastos de "refuerzo" de las campañas de Esperanza Aguirre en 2007 y
2011.
Según la querella de Cifuentes, las acusaciones de Granados no se basan en "el
legítimo ejercicio del derecho de defensa", sino que suponen "un espurio uso de
la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina
Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria".
También considera que encajan en el tipo penal de la calumnia al "pretender"
relacionar a Cifuentes "con actuaciones delictivas de financiación irregular,
agravándose la misma al haberse realizado con publicidad".
En sus declaraciones, Granados comentó que Cifuentes mantenía una estrecha
relación con el expresidente madrileño Ignacio González. Por ello, la querella
apunta a un posible delito contra la integridad moral al entender que ha habido
"un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que
supone una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cristina Cifuentes".
http://www.publico.es/politica/francisco-granados-jueza-aplaza-fecha-declaracion-granados-querella-cifuentes.html
LA JUSTICIA DA DIEZ DÍAS A CIFUENTES PARA QUE EXPLIQUE POR QUÉ NEGÓ A LA
OPOSICIÓN DOCUMENTACIÓN DEL CANAL
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid comunica al Gobierno que ya ha
transcurrido el plazo para que envíe el expediente que apoya su postura Podemos
recurrió a esta vía tras varias negativas del Ejecutivo a facilitar a la
oposición información relacionada con el caso Lezo El caso de las actas lleva
meses enfrentando al Gobierno con la oposición: que el juez dé la razón a una de
las partes será una victoria también política
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da diez días al Gobierno de Cristina
Cifuentes para que explique por qué negó a la oposición durante meses
documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo. Según la
notificación remitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo con fecha 14
de febrero, la Comunidad de Madrid ha dejado pasar el plazo ordinario para
facilitar un "expediente administrativo" con esta información, lo que ha
obligado a la justicia a reclamárselo de nuevo.
Fuentes del Gobierno regional aseguran que "se está preparando la documentación
y se remitirá en los próximos días". De ello se ha encargado, según las mismas
fuentes, la Dirección General de Relaciones con la Asamblea de Madrid.
El reclamo del TSJM responde a un recurso presentado por Podemos en noviembre y
que versa sobre la negativa del Gobierno regional a facilitar a la oposición las
actas del Canal y otros documentos. Sin que la Comunidad de Madrid aporte la
información que se le pide, Podemos no puede avanzar en esta vía. Dos meses
después de abrirse, el Gobierno empezó a entregar la documentación una vez que
un juez resolvió que no tenía nada que decir en ese proceso, pese a que estaba
dentro del caso Lezo.
A finales de enero hubo un nuevo pronunciamiento judicial de la Audiencia
Nacional –en respuesta a una consulta del Gobierno– que resolvía que el Poder
Judicial no está facultado para entregar a esta información a la oposición. El
Ejecutivo interpretó el auto del juez del caso Lezo comocomo victoria política
que respaldaba su postura e incluso pidió a los diputados que devolvieran los
documentos. El propio hermano de Pablo González esgrimió ese escrito en la
comisión que investiga la corrupción para no contestar a las preguntas de los
grupos. Fuentes del Gobierno regional concretan que este auto forma del glosario
de documentos que va a remitir al TSJM.
La oposición abrió en noviembre la vía administrativa porque contaba con algunos
precedentes favorables. En Valencia, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó
en un caso similar que el secreto de sumario afecta a "documentos que forman
parte del propio sumario y sólo de él", y en ningún caso puede aplicarse sobre
documentación que ya existía antes de iniciar la investigación y cuya
"naturaleza pública es previa".
El Supremo validó esta conclusión al asegurar que el secreto de sumario "no es
razón que justifique la negativa a facilitar datos de unos contratos
administrativos que nada dicen del proceso penal pues son previos a él y,
ciertamente, no tienen por sí mismos carácter secreto, sino todo lo contrario".
Para el alto tribunal la existencia de un proceso penal no es "obstáculo para
que las asambleas legislativas controlen la acción del Gobierno".
Con esas sentencias en la mano, Podemos busca que el TSJM les de la razón. Tanto
ellos como el PSOE quieren también que la Audiencia Nacional se pronuncie a su
favor, en lo que supone más una victoria política porque la oposición recibió la
mayoría de los documentos del Canal cuando eldiario.es desveló que la Comunidad
de Madrid tenía desde agosto autorización judicial para entregarlas. No lo hizo
hasta enero.
Podemos ha presentado un recurso de reforma para que el juez aclare el auto en
el que decía que él no podía entregar las actas, y el PSOE pidió al magistrado
algo más de tiempo para recabar argumentos antes de recurrir. Al igual que en la
vía administrativa abierta en el TSJM, la resolución supondrá una victoria
política para quien consiga que la justicia le de la razón en un caso que lleva
meses enfrentando a Cifuentes con la oposición.
http://www.eldiario.es/madrid/justicia-Cifuentes-oposicion-documentacion-Canal_0_742276643.html
CIFUENTES LAMENTA QUE LOS DIPUTADOS SIGAN EL JUEGO AL CORRUPTO: “GRANADOS TOCA Y
LA OPOSICIÓN BAILA”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este
martes tras la petición de su comparecencia en el Congreso de los Diputados a
cuenta de la presunta financiación irregular del PP que “los parlamentos no
deberían seguir el juego de un presunto corrupto“. “Granados toca y la oposición
baila”, ha lanzado, en referencia al exsecretario general del PP de Madrid.
Así lo ha expresado la presidenta regional en un ‘hilo’ de Twitter tras
conocerse que la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación
ilegal del PP la ha citado como nueva compareciente para el próximo 20 de marzo,
así como a sus antecesores en el cargo, Ignacio González y Esperanza Aguirre, a
los que se ha reservado fecha para el 10 de abril.
Estas citaciones han sido acordadas por los grupos de la oposición en una
reunión celebrada tras la comparecencia que ha protagonizado este martes Álvaro
Pérez, ‘El Bigotes’, responsable de ‘Orange Market’ que cumple condena por uno
de los sumarios de la trama Gürtel.
Por ello, Cifuentes ha reprochado a Ciudadanos, PSOE y Podemos que pongan la
Asamblea de Madrid y el Congreso “al servicio de los intereses de un presunto
delincuente, embustero, machista y sin escrúpulos”.
Además, Cristina Cifuentes ha asegurado a través de esta red social que las
declaraciones que vertió el exsecretario general del PP de Madrid Francisco
Granados en la Audiencia Nacional están “repletas de calumnias, injurias” y que
“atentan contra la dignidad”. “Sirven a la oposición para hacerme comparecer
ante dos Comisiones de Investigación simultáneamente”, ha señalado.
📣 Increíble, pero cierto: Ciudadanos, Podemos y PSOE están poniendo el @Congreso_Es
y la @asambleamadrid, al servicio de los intereses de un presunto delincuente,
embustero, machista y sin escrúpulos. Los parlamentos no deberían seguir el
juego de un presunto corrupto.
— Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 20:41 - 20 feb. 2018
Por otra parte, la presidenta regional ha recordado que “el Juzgado ha
rechazado, en dos ocasiones, la solicitud del presunto delincuente, que
pretendía que tuviera que ir a declarar ante los tribunales”. “También ha
alertado sobre los intereses espurios de este tipo de peticiones”, ha añadido.
En la misma línea, ha puesto de manifiesto que “el fiscal general del Estado
(Julián Sánchez Melgar) ha advertido que las declaraciones sin pruebas (como
ocurre en este caso) pueden suponer una difamación y no deberían ser tenidas en
cuenta”, y ha recordado que ha presentado “una querella criminal por injurias,
calumnias y atentado contra la dignidad”.
“Pero a Ciudadanos, Podemos y PSOE todo les da igual. No quieren que la realidad
les estropee un buen ‘linchamiento político’ en las Comisiones de
Investigación”, ha concluido.
https://okdiario.com/espana/2018/02/20/cristina-cifuentes-lamenta-diputados-sigan-juego-corrupto-granados-toca-oposicion-baila-1855889
EL CONGRESO CITA A CIFUENTES, AGUIRRE Y GONZÁLEZ POR LA FINANCIACIÓN DEL PP
La comisión que investiga las cuentas del PP convoca a la presidenta madrileña
el 20 de marzo y sus antecesores Esperanza Aguirre e Ignacio González el 10 de
abril. Unidos Podemos pide también la comparecencia del empresario Ignacio López
del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, tras las acusaciones vertidas
por Alvaro Pérez, "el Bigotes". El PSOE no descarta sumarse a la petición y
Ciudadanos no se opondrá
Las presuntas tramas de corrupción del PP en Valencia y Madrid protatonizarán en
las próximas semanas las sesiones de la comisión que investiga la financiación
del Partido Popular en el Congreso, con las comparecencias de toda la cúpula del
partido en ambas comunidades.
La comisión ha acordado este martes citar el próximo 20 de marzo a la actual
presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y el 10 de abril a sus antecesores en
el cargo, Esperanza Aguirre e Ignacio González. Todos comparecerán después de
que lo haga el ex secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, tras
las acusaciones vertidas contra ellos la semana pasada en sede judicial.
El listado de comparecencias podría ampliarse ya que hoy mismo Unidos Podemos ha
pedido también que el Congreso cite al empresario Ignacio López del Hierro, y
marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tras las
acusaciones emitidas por Álvaro Pérez "el Bigotes" en sede parlamentaria en las
que le señalaba como parte de la financiación en "b" del partido. Unas
declaraciones ante las que López del Hierro ha anunciado una querella. El PSOE
estudiará si solicita la comparecencia del empresario y Ciudadanos apunta que no
se opondrá si otros grupos lo demandan.
La comisión de investigación sobre la financiación del PP ha citado también el 6
de marzo al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, y al ex
secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, relacionados con la parte
valenciana de la trama Gürtel.
Las comparecencias se cerrarán el 17 de abril con el empresario considerado el
blanqueador de la trama Gürtel, Ramón Blanco Balín, comparecencia pendiente
desde el pasado día 2, cuando Blanco Balín pidió un aplazamiento para preparar
su declaración judicial.
http://cadenaser.com/ser/2018/02/20/politica/1519149832_415271.html
EL PSOE Y UNIDOS PODEMOS PEDIRÁN LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES EN EL CONGRESO
ANTE LAS REVELACIONES DE GRANADOS
Ambas formaciones reclamarán que Cristina Cifuentes acuda a la comisión de
investigación de la financiación del PP Francisco Granados asegura ante el juez
que la presidenta madrileña participaba en las decisiones de Ignacio González
Ambas formaciones reclamarán que Cristina Cifuentes acuda a la comisión de
investigación de la financiación del PP
El Grupo Socialista y el de Unidos Podemos quieren ver a la dirigente del PP madrileño desfilar por la comisión parlamentaria que investiga la financiación irregular del partido de Mariano Rajoy.
"Creemos que es conveniente llamarla a declarar", ha expresado el también diputado, que no ha querido entrar en si la presidenta madrileña será imputada tras el paso de Granados por el juzgado: "Respecto a su futuro judicial, no vamos a entrar", declarado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa.
Los socialistas también reclamarán explicaciones en esa comisión parlamentaria de Esperanza Aguirre e Ignacio González por su presunta participación en la financiación ilegal del PP madrileño.
"De confirmarse las acusaciones de Granados, Cifuentes llegó a la cima del PP de Madrid escalando una montaña de corrupción (Púnica, Gürtel...). Igual que Esperanza Aguirre e Ignacio González. Los madrileños y las madrileñas no nos merecemos esta vergüenza", ha escrito el diputado de Unidos Podemos y previsible candidato a la Comunidad de Madrid en las autonómicas de 2019, Íñigo Errejón, en un comentario publicado en su cuenta de Twitter
De confirmarse las acusaciones de Granados, Cifuentes llegó a la cima del PP de Madrid escalando una montaña de corrupción (Púnica, Gürtel...). Igual que Esperanza Aguirre e Ignacio González. Los madrileños y las madrileñas no nos merecemos esta vergüenza
— Íñigo Errejón (@ierrejon) 13:23 - 12 feb. 2018
Granados declara este lunes ante el juez de la Operación Púnica a petición propia con la intención de admitir parte de responsabilidad en la caja B que se usó para las elecciones de 2007 y 2011, además de señalar a Esperanza Aguirre e Ignacio González. En el marco de esa declaración, ha apuntado que Cifuentes era conocedora de las decisiones del segundo.
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Cifuentes-Francisco_Granados_0_739476281.html
CIFUENTES ASEGURA QUE SÓLO TIENE 3.000€ EN EL BANCO PESE A COBRAR MAYOR SALARIO
QUE RAJOY
La presidenta de la Comunidad de Madrid contesta a las acusaciones de Granados
sobre la Caja B del PP: "¿A quién van a creer, al que tenía un millón en el
altillo o a mí, que vivo alquilada y con 3.000 euros en la cuenta?" También
revela que Rajoy le llamó el lunes tras la declaración del imputado en la Púnica
para mostrarle "todo su cariño".
Cristina Cifuentes esgrimió ayer que vive de alquiler y sólo tiene 3.000 euros
en su cuenta corriente como argumento para negar cualquier relación con las
tramas de corrupción del Partido Popular. No obstante, su salario como
presidenta de la Comunidad de Madrid asciende a unos 90.000 euros brutos al año,
casi 11.000 euros más que el sueldo del propio presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy.
La presidenta madrileña es una de las responsables autonómicas mejor pagadas de
España –y sus consejeros también cobran bastante más que los ministros del
Ejecutivo del PP–, pero antes de alcanzar ese cargo ya ingresaba una cantidad
muy similar –incluso superior– como delegada del Gobierno en Madrid, puesto que
desempeñó desde enero de 2012 hasta que sucedió a Ignacio González al frente de
la comunidad autónoma en 2015.
Como respuesta a las acusaciones del ex secretario general del PP madrileño,
Francisco Granados, de que ella estaba al corriente de la Caja B del partido,
Cifuentes declaró, en una entrevista en La Sexta Noche: "¿A quién van a creer,
al que tenía un millón en el altillo o a mí, que vivo alquilada y con 3.000
euros en la cuenta?"
Esperanza Aguirre llegó a decir que era "pobre de pedir"
Una afirmación que llama la atención por parte de quien cobra un sueldo público
de 6.400 euros brutos al mes (por 14 pagas) y tiene gran parte de sus gastos
cotidianos pagados por el erario público. Por ejemplo, cuenta con tres chóferes,
cada uno de ellos con un salario de en torno a los 37.000 euros brutos al año.
Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos y ex condesa consorte de Murillo,
ya utilizó un argumento parecido en 2010, cuando ostentaba la presidencia de la
Comunidad de Madrid y aseguró que ella no tendría que pagar un nuevo impuesto
del PSOE sobre las grandes fortunas: "Yo soy pobre de pedir", dijo. Pocos días
después tuvo que pedir disculpas por su "comentario desafortunado", pero la Mesa
de la Asamblea de Madrid no admitió la petición del Grupo Parlamentario
Socialista de acceder a la declaración de bienes y patrimonio de la presidenta
regional.
Cifuentes: "La única relación que tuve con las cuentas del PP eran las cuentas
que he pagado yo como afiliada"
Por su parte, Cifuentes afirmó en la entrevista de este sábado en el programa de
televisión La Sexta Noche que jamás tuvo ni siquiera conocimiento de las cuentas
de su partido en Madrid: "La única relación que tuve con las cuentas del PP eran
las cuentas que he pagado yo como afiliada", declaró la actual presidenta del
Partido Popular madrileño, quien comenzó su carrera política con sólo 16 años
afiliándose a las Nuevas Generaciones de Alianza Popular y ha ostentado
numerosísimos cargos de responsabilidad en la formación conservadora.
En cuanto a las declaraciones de Granados –quien fue Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y salió recientemente en libertad
provisional como imputado en la trama Púnica–, Cifuentes explicó:
"Sentí muchísimo asco, me dio un asco horroroso. Creo que cuando a una persona
se la difama, se cometen delitos de injurias y calumnias y delitos contra el
honor, se tiene que pagar por ello. A sus muchísimas causas judiciales abiertas
se le va a sumar esta otra, porque creo que la difamación en la vida no puede
salir gratis. Una persona no puede difamar a otra de una manera tan tremenda.
Además, introduciendo temas personales. Me parece repugnante".
Además de acusarla de estar al tanto de la financiación ilegal del PP, Granados
hizo referencia a una presunta relación sentimental entre Cifuentes e Ignacio
González, su predecesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid y
actualmente en libertad bajo fianza como imputado en el caso Lezo sobre el
expolio del Canal Isabel II.
"Poner la mano en el fuego es una expresión medieval"
Por otra parte, Cifuentes, ha revelado este sábado que Rajoy le llamó el pasado
lunes para mostrarle "todo su cariño" tras las afirmaciones de Granados, tema
del que, en cambio, dijo no haber hablado con Aguirre.
Sobre si pondría "la mano en el fuego" por Aguirre y González en relación a la
financiación irregular del partido, Cifuentes ha aducido que a ella esta
expresión le parece "medieval" y que prefiere hablar de "confianza". Aunque ha
reconocido que, en vista de lo ocurrido con González, "mucha confianza,
sinceramente no" tiene ya en sus antecesores del PP madrileño.
Sin embargo, ha alegado que el caso de Aguirre es "diferente", porque –aun
admitiendo que no puede pronunciarse sobre sus labores en el partido por
desconocerlas– sí ha dicho creer que hizo "muchas cosas buenas e importantes"
por la Comunidad de Madrid. Y afirmó decirlo "de corazón". Entre esas cosas ha
destacado que "contribuyó a la transformación" de la Comunidad, con los nuevos
hospitales, los colegios bilingües o la ampliación del Metro.
A la pregunta de si dimitiría si resultase investigada, en aplicación del código
ético del PP de Madrid, Cifuentes ha asegurado que ni siquiera contempla la
posibilidad de una imputación porque "nunca" ha hecho "nada ilegal". Pero ha
agregado que ese código ético se lo aplican ahora "todos" los políticos del
partido, incluida ella, "porque estamos en una nueva etapa del PP de Madrid".
http://www.publico.es/politica/caja-b-pp-cifuentes-asegura-3000e-banco-pese-cobrar-mayor-salario-rajoy.html
LA
PÚNICA YA SEÑALABA A CIFUENTES ANTES DE QUE GRANADOS HABLARA
La UCO pidió que se la investigara por las concesiones a Arturo Fernández y
varios de sus colaboradores de más confianza están imputados
Cristina Cifuentes ha anunciado una querella contra Francisco Granados por las
acusaciones que vertió contra ella al vincularla con la presunta financiación
ilegal del PP. “No se puede ser más mentiroso, mezquino, miserable y machista”,
ha dicho la presidenta madrileña del antiguo número dos del PP regional también
en referencia a las palabras de su antiguo compañero en el PP, quien habló en su
declaración ante el instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, de una
supuesta relación sentimental con Ignacio González.
Pero no son solo las acusaciones de Granados las que comprometen a Cifuentes en
la supuesta financiación ilegal del PP, que instruye García Castellón y que
tiene dos vertientes: la pieza separada 14 la Púnica, denominada a la que se ha
sumado recientemente la pieza 4 del caso Lezo. Todo ello ya existía antes de que
Granados empezara a cantar. De hecho, no es la primera vez que el exnúmero dos
del PP madrileño vierte acusaciones contra ella.
Como recuerda nuestro colaborador Los Genoveses, la veterana militante de AP/PP
Cristina Cifuentes tiene dificultades para quitarse de en medio porque tenía
responsabilidades directas en la Ejecutiva que presidía Esperanza Aguirre.
En el caso Púnica también están señalados dos diputados de su grupo
parlamentario en la Asamblea y no son cualquiera. Se trata del exconsejero Jaime
García Taboada, a quien recolocó en el Senado, y Bartolomé González, el alcalde
de Alcalá de Henares, a quien e le relaciona con la presuntas comisiones que
pudo recibir por parte de la multinacional francesa Cofely (PS 6). .
El primero fue señalado por Granados como integrante del cinturón de hierro de
Ignacio González, junto a Cifuentes, Aguirre y Borja Sarasola. Está vinculado a
la PS 13 que investiga las irregularidades en la sociedad pública Arpegio.
Taboada aparece en el informe de la Fiscalía Anticorrupción del 11 de mayo [en
el que también se acusaba a Cifuentes de “ocultar información relevante” sobre
la Púnica], como objeto de investigación. En concreto, la Fiscalía reclama a la
Comunidad de Madrid las actas de Presidencia “por las que designó a Jaime
González Taboada (…) vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la
Mesa de contratación del Plan Prisma 2006-2007” y lo mismo, pero para “la Mesa
de contratación del Plan Prisma 2008-2011”.
Pero sin duda, uno de sus principales quebraderos de cabeza es la adjudicación
irregular de la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario y
donante del PP, Arturo Fernández. La Unidad Central Operativa de la Guardia
Civil reclamó que se la investigase por dos presuntos delitos: uno de cohecho y
otro de prevaricación.
Cifuentes presidió simultáneamente en 2009 y 2011 el Comité de Expertos -que es
el órgano que hace la propuesta técnica- y la Mesa de Contratación que
finalmente adjudicó los contratos. Y junto a estas dos responsabilidades,
incompatibles entre sí, reúne otras responsabilidades:
- Presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid bajo el mandato
de Esperanza Aguirre y el denostado Francisco Granados.
- Patrona de Fundescam, la fundación que recibe las donaciones de Arturo
Fernández y que está siendo investigada por el juzgado de García Castellón.
Además de las concesiones a Arturo Fernández, Cifuentes se ve salpicada por
Arpegio. El que fuera su viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Ruiz López, que se vio obligado a
dimitir el pasado 16 de mayo tras conocerse que estaba siendo investigado por el
juez Velasco dentro de la PS Arpegio, una de las 15 que forman el Caso Púnica.
La trayectoria de Ruiz López está estrechamente ligada a la de Jaime González
Taboada, del que ya hemos hablado.
Entre los afectados por los trapicheos de Arpegio de su Grupo Parlamentario
Popular están:
- Daniel Ortiz Espejo. Nº 42 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex alcalde
Móstoles. Dimite en julio 2016. El juez Velasco le atribuye cinco delitos por el
supuesto amañó de un contrato para Cofely de 73 millones a cambio de una mordida
de 743.000 euros.
- José Ignacio Echevarría Echaniz. Nº 14 en la lista encabezada por Cifuentes.
Ex Presidente de la Asamblea y ex Consejero de Transportes. Dimite en diciembre
2015 tras ser sancionado en un control del alcoholemia. Desde Abril del 2017
está siendo investigado en la PS 14 del Caso Púnica en su calidad de ex Tesorero
regional del PP por la financiación irregular del PP madrileño.
- Borja Sarasola Jáudenes. Señalado por Francisco Granados en su declaración
integrante del cinturón de hierro y número 12 en la lista encabezada por
Cifuentes. Exconsejero de Medio Ambiente. Dimite en julio 2015 tras ser citado
como investigado en el Caso Púnica. El 24 de febrero del 2017 la Unidad Central
de la Guardia Civil (UCO) remitió al juez Velasco un informe sobre la
adjudicación de la cafetería de la Vicepresidencia 1ª del Gobierno Regional al
Grupo Cantoblanco del investigado Arturo Fernández. En el citado informe además
de certificar las irregularidades de esa adjudicación cita expresamente a
Sarasola como responsable de la adjudicación durante su etapa como Secretario
General Técnico y Presidente de la Mesa de Contratación.
Todo esto, sin meternos en el caso Lezo en el que Cristina Cifuentes se ha
convertido en juez y parte. Mención aparte sus esfuerzos para ocultar a la
oposición documentos administrativos sobre los contratos bajo sospecha del Canal
de Isabel II, del que fue consejera. ¿Acaso tiene algo que ocultar?
https://www.elplural.com/politica/2018/02/13/la-punica-ya-senalaba-cifuentes-antes-de-que-granados-hablara
CRISTINA CIFUENTES, MARCADA
POR SU PASADO
Llegó a Alianza Popular con tan solo dieciséis años y se afilió a Nuevas
Generaciones. Desde entonces, Cristina Cifuentes tuvo una carrera meteórica en
el PP de Madrid, cuyas entretelas conoce como nadie. Es evidente que la actual
presidenta madrileña no llegó ayer a la formación que durante tantos años
gobernó con holgada mayoría absoluta esta Comunidad, pero también es cierto que
hasta la fecha nunca ha sido imputada en asuntos de corrupción.
El dardo envenenado de Francisco Granados ha sido enorme y coloca a Cifuentes en
una situación inesperada. Rodeada de un núcleo duro que la defiende con fervor,
otros en el partido denunciaban su ambición y algunas deslealtades. A pesar de
su pasado en Alianza Popular, siempre fue de moderna, agnóstica y abanderada de
causas «progres» como el matrimonio gay. Una especie de chica adelantada a su
tiempo, algo «rojilla» y sobrada, en opinión de sus críticos. Por el contrario,
para sus leales, era incluso la mejor situada para suceder a Mariano Rajoy.
En política, como en todo en la vida, es difícil borrar a los protectores del
pasado. Y Cifuentes tuvo tres de peso: Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González
y Esperanza Aguirre, quienes la auparon en diferentes momentos. Retirados
Gallardón y Aguirre de la vida política, defenestrado Ignacio González, ella no
tuvo reparos en renegar de algunas actuaciones y convertirse en el mayor azote
contra los asuntos turbios de su partido. Era una especie de guerrillera sin
freno, olvidando tal vez que en otros tiempos la ayudaron. Ello, desde luego, no
justifica en absoluto las diatribas de Paco Granados, claramente manchado en
aras de una huida hacia adelante para su defensa. Pero viene a demostrar que la
discreción y prudencia son a veces más rentables que el ataque a los antiguos
compañeros. Sabido es que no hay peor cuña que la de la misma madera.
Cifuentes se querella y está en su derecho, mientras su socio de gobierno,
Ciudadanos, que la sostiene por la mínima, la mira con lupa. Nadie duda de que
Francisco Granados es un hombre ferozmente dispuesto a atravesar líneas rojas.
Pero también dice un refrán que cuando todos se conocen, los riesgos a correr
deben ser mínimos.
Cristina fue intrépida, osada y valiente, sin atisbar que en esta fauna política
los lobos heridos quieren morder la presa. Unos la veneran como una lideresa
implacable contra la corrupción, otros la censuran haber olvidado pronto sus
apoyos de antaño y, además, pretender aparentar que era una neófita recién
llegada al partido. Su pasado, hasta ahora limpio, es el que es sin discusión.
Su presente y su futuro dependen de que las acusaciones de un bravucón se
conviertan en pruebas de rigor.
https://www.larazon.es/espana/cristina-cifuentes-marcada-por-su-pasado-CI17686765?sky=Sky-Febrero-2018#Ttt1GOV84ObFQFyb
CIFUENTES
SE QUERELLARÁ CONTRA GRANADOS TRAS SU ACUSACIÓN
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que va a presentar "de inmediato" una querella contra el exconsejero madrileño Francisco Granados por "un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen".
Según han explicado fuentes del Ejecutivo regional, Cifuentes ha tomado esta decisión tras conocer, "a través de los medios de comunicación", las declaraciones efectuadas este lunes por Granados ante el juez del caso Púnica.
Cifuentes ha anunciado que va a ejercer ante los tribunales "cuantas acciones civiles y penales le correspondan, por lo que constituye un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen".
Así, presentará "de inmediato" una querella criminal cuyo alcance y detalles está ultimando en estos momentos el abogado que la representará a título personal, ya que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
Francisco Granados ha declarado hoy a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al que ha asegurado que Cifuentes formaba parte del círculo de poder de Ignacio González.
Granados ha dicho sobre Cifuentes -de la que ha indicado que tenía una estrecha relación con González-, que cuando se celebraron las campañas electorales de las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, financiadas de forma supuestamente irregular, ella era secretaria de Política territorial del PP madrileño y conocía de estas prácticas.
Esta misma mañana Cifuentes ha afirmado que le daba "exactamente igual" lo que dijera el exconsejero, "un presunto delincuente" que en su estrategia de defensa "quiere involucrar a todo el mundo" con el fin de "poder librarse" de una condena.
"Lo único que quiero respecto a Francisco Granados o a cualquier otra persona de mi partido o de cualquier otro partido que haya estado o esté en un procedimiento de corrupción es que la Justicia actúe cuanto antes, con total contundencia y con rapidez para que se deriven las responsabilidades", ha asegurado.
La presidenta ha defendido su trayectoria política y personal, liderando la "tolerancia cero frente a la corrupción en el día a día". "Soy una persona transparente, mi declaración de bienes -de no bienes- está ahí, no tengo nada, vivo de una determinada manera y no tengo absolutamente nada que ocultar", ha dicho.
Además, ha insistido en que ella no había tenido responsabilidades de gestión, ni en el PP ni en ningún Ejecutivo, hasta hace dos años, porque a pesar de haber sido diputada "muchísimos años" no ha pertenecido "a ningún Gobierno: ni de Esperanza Aguirre ni de Ignacio González ni de Alberto Ruiz-Gallardón ni de nadie".
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/12/radio_madrid/1518441283_361291.html?int=masinfo
GRANADOS IMPLICA A CIFUENTES EN LA ESTRUCTURA PARALELA QUE AUPÓ A AGUIRRE CON
FINANCIACIÓN IRREGULAR
El exconsejero revela en la Audiencia Nacional que la actual presidenta de
Madrid formó parte del núcleo de poder en las elecciones de 2007 y 2011 dirigido
por Ignacio González “hasta que tuvieron la ruptura sentimental”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, formó parte de la
estructura paralela montada para reforzar la imagen de su antecesora Esperanza
Aguirre en las elecciones de 2007 y 2011 y que supuestamente fueron financias
con dinero irregular, según ha asegurado Francisco Granados en la Audiencia
Nacional.
Cifuentes integró esta estructura paralela, o núcleo de poder que dirigía
Ignacio González, “hasta que tuvieron la ruptura sentimental”, según ha afirmado
de pasada Granados en un momento de su declaración voluntaria ante el juez
central de instrucción 6, Manuel García Castellón, que investiga la trama
Púnica.
Esa financiación irregular de ambas campañas que Granados “intuye” que existía
era conocida por la propia Esperanza Aguirre y llevada a cabo por el
vicepresidente Ignacio González, ayudado por Cristina Cifuentes quien entonces
era la responsable regional del partido.
Cifuentes formó parte de la estructura paralela que dirigía Ignacio González,
“hasta que tuvieron la ruptura sentimental”, dijo Granados
Tanto la campaña de las elecciones locales y autonómicas de 2007 como las
generales de 2011 contaron con esta estructura paralela destinada a impulsar a
Esperanza Aguirre como política.
En el núcleo duro se encontraban Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina
Cifuentes, Borja Sarasola (diputado regional), Isabel Gallego (directora de
Comunicación de Aguirre) y Jaime González Taboada, número tres de la actual
presidenta de Madrid quien recientemente ha sido designado senador a pesar de
estar salpicado por el caso Púnica (lo que refuerza el aforamiento del juicio de
esta trama en el Supremo) y que en la época de Aguirre era director general de
Cooperación.
Granados cree que las campañas “paralelas de refuerzo” de Esperanza Aguirre se
pagaron en parte "a través de gastos de publicidad que se encargaban a empresas
del ámbito de la Comunidad de Madrid", según fuentes jurídicas presentes en su
declaración.
Desconoce cuánto dinero se desvió
El líder de la Púnica no ha podido evaluar el alcance de dinero público desviado
para la campaña personal de Aguirre. Ante el juez ha asegurado que sólo el Canal
de Isabel II gastaba en publicidad 15 millones y que, sumados a otras empresas
públicas, podría hablarse de "30, 40 ó 50 millones" pero sin poder concretar
cifra alguna, según las mismas fuentes presentes en su declaración.
En las dos campañas de 2007 y 2011, el PP manejó una caja B de cinco millones de
euros, según la investigación judicial.
A él no le comunicaban todas las decisiones sobre las campañas electorales, pese
a ser secretario general del PP de Madrid, porque era Ignacio González quien las
controlaba, ha insistido.
En todo caso, ni él, que dirigió la campaña de los comicios de 2011, ni Beltrán
Gutiérrez, el gerente, tenían acceso a esta supuesta caja B. Sólo conocían la
contabilidad legal, controlada por el Tribunal de Cuentas, según ha revelado en
su interrogatorio sin aportar prueba alguna. La campaña de 2007 fue dirigida por
Ignacio González.
Ahora bien, a la salida de su declaración ha proclamado que cree que Aguirre,
González, Cifuentes y demás integrantes del núcleo paralela actuaron de manera
“legal”. Basa su afirmación en “las pruebas” que existen del caso y que no le
llevan a cambiar de opinión.
En todo momento, Granados ha apuntado a Aguirre y a González como las personas
que decidían “todos los cargos de la Comunidad de Madrid y del PP regional”, así
como las empresas públicas. “Y no sé si en este orden”.
La declaración ha durado tres horas y será reanudada el próximo día 20 de
febrero.
Inauguraciones de las obras públicas
Interrogado por su abogado defensor, Ignacio Vasallo, Granados ha revelado
también que el sistema de gestión de Prisma (el Plan Regional de Inversiones y
Servicios) pasó a ser controlado por la Comunidad de Madrid porque Aguirre
estaba harta de dar dinero a los alcaldes, en especial del PSOE, y que luego no
le invitaran a las inauguraciones de las obras públicas.
Granados ha agregado que él se desentendió de la gestión de Arpegio porque
Aguirre delegó toda responsabilidad de esta empresa en el consejero delegado
Eduardo Larraz.
Granados se ha desmarcado de su exsocio David Marjaliza, quien lo señala al
frente de las irregularidades de la empresa pública Arpegio y de la consejería
de Transportes con las que se habrían financiado los populares de Madrid.
Marjaliza ha optado por colaborar con la Justicia y ha revelado los amaños de
contratos públicos y el cobro de comisiones del que se valió el líder de la
Púnica como alcalde de la localidad de Valdemoro (Madrid) y como consejero de la
Comunidad.
Granados ha asegurado ante el juez central de instrucción 6 que en las obras del
metro, al principio, se contrataba a las grandes constructoras porque eran las
que disponían de tuneladoras. Pero más adelante, y en otras obras como tranvía o
el metro ligero, se empezó a contratar a empresas medianas.
De esta manera ha justificado estas contrataciones y también una afirmación de
Marjaliza, quien sostiene que Granados reveló en una cena que había sido cesado
porque Florentino Pérez pidió su cabeza a Esperanza Aguirre después de que
intentara dar las obras a empresas medianas, como Albi, San José o Teconsa.
http://www.publico.es/politica/granados-implica-cifuentes-estructura-paralela-aupo-aguirre-financiacion-irregular.html
GRANADOS IMPLICA A CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
Afirma que Cifuentes formaba parte del "núcleo de hierro" liderado por Ignacio
González para “reforzar” con ingresos ilegales, las campañas de Aguirre en
Madrid, por la “relación sentimental” que mantuvo Cifuentes con el expresidente
madrileño
Un núcleo de hierro para la financiación ilegal que conocía Aguirre, según
Granados, y que estaba conformado por González, Cristina Cifuentes, Borja
Sarasola, Isabel Gallego, y José María de la Uz, entre los años 2007 y 2011.
Granados atribuye a Aguirre y González la financiación ilegal del PP en Madrid
El supuesto líder de la Púnica desvela a la SER el contenido de la declaración
voluntaria en la Audiencia Nacional. Sostiene que están implicados "el viejo y
el nuevo PP"
El exsecretario general del PP en Madrid sostiene que González ordenó que
empresas públicas como el Canal Isabel II, ICM, PromoMadrid, Imade y el
Consorcio de Turismo, contrataran servicios publicitarios fraudulentos a
empresas como Swat, que organizaban las campañas de Aguirre. Esa era la fórmula
de pagos irregulares con dinero público con el objetivo de financiar de forma
ilegal al PP.
Cifuentes era conocedora y formaba parte del núcleo duro de González, dice, por
la relación sentimental que mantenía con éste. Ante el juez, Granados ha dicho
que Cifuentes era “la mano derecha y la voz” de Ignacio González. El “brazo
ejecutor” del expresidente en el partido, durante el tiempo en el que según
dice, duró la relación sentimental de ambos, entre 2007 y 2011, cuando concluyó
como “la película Atracción Fatal”, según sus palabras al magistrado.
Granados no ha aportado prueba o documento alguno al respecto. Dice que ya están
en el sumario, en relación a los indicios recabados por los investigadores, y ha
instado a cruzar las facturas de publicidad de las empresas públicas mencionadas
para corroborar la veracidad de sus afirmaciones.
A su salida de los juzgados, Granados ha defendido que todo lo que ha dicho "se
puede comprobar" a pesar de no haber aportado documentos porque él no se va
llevando documentos de las administraciones ni de los partidos: "Yo salgo de los
sitios con lo puesto".
http://cadenaser.com/ser/2018/02/12/tribunales/1518423966_348745.html
EL CINTURÓN DE HIERRO DE GONZÁLEZ: MANDABAN CIFUENTES, ISABEL GALLEGO, TABOADA Y
SARASOLA
El núcleo de poder se desarma cuando la actual presidenta rompe su relación
sentimental con el expresidente, según Granados
La rana ha cantado cucú. El exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, ha
declarado este lunes ante el juez y ha apuntado alto. Granados ha involucrado a
Esperanza Aguirre y a Ignacio González en la financiación en B del PP madrileño
en las campañas de 2007 y 2011. Pero no se vayan, que aún hay más. El concierto
ha continuado y, al término de su declaración, Granados ha mentado a Cristina
Cifuentes, quien, según su relato, formaba parte del núcleo de control en la
estructura de poder.
Francisco Granados ha asegurado que todos los nombramientos los hacían González
y Aguirre y que, hasta el último de los departamentos de prensa, eran nombrados
por ellos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid despachaba cualquier
problema con una periodicidad semanal, según Granados, quien ha aseverado que
ellos mandaban en todo, incluso en ocasiones, tenía más poder y peso González
que la propia Aguirre.
González no mandaba solo. Tenía su particular guardia pretoriana, un cinturón de
hierro, un núcleo de control del poder. Sus integrantes eran Isabel Gallego,
exdirectora de Comunicación de Aguirre (ya imputada en la causa); Jaime González
Taboada, exnúmero tres de Cifuentes en el Ejecutivo regional y actual senador
del PP; el consejero Borja Sarasola y el premio gordo, Cristina Cifuentes.
Granados ha declarado que Cifuentes es nombrada en 2005 número tres del partido
y que se convirtió en la mano derecha de González: era sus ojos y sus oídos.
Acumuló mucho poder y responsabilidad. Incluso, el exconsejero ha apuntado que
en ocasiones Cifuentes se jactaba de que no mandaba González, sino ella. No
obstante, Granados no se ha limitado a detallar su estrecha relación
profesional, sino que también ha apuntado a una relación sentimental entre
Cifuentes y González.
El caso Púnica investiga la financiación irregular del PP en las campañas de
2007 y 2011, y en este sentido, Granados ha especificado que la campaña
electoral de 2007 la dirigen González y Cifuentes.
A la guardia pretoriana de poder articulada por Ignacio González habría que
sumarle un nombre más, Eduardo Larraz. Fue Aguirre quién delegó toda la
responsabilidad de la empresa Arpegio en Larraz, por aquel entonces, consejero
delegado.
El entramado de control de González se viene abajo por un romance. Según
Granados, el detonante de la fractura es producto de la ruptura de una presunta
relación sentimental entre Cifuentes y González.
https://www.elplural.com/politica/2018/02/12/caso-punica-granados-gonzalez-cifuentes-aguirre
EL PSOE Y UNIDOS PODEMOS PEDIRÁN LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES EN EL CONGRESO
ANTE LAS REVELACIONES DE GRANADOS
Ambas formaciones reclamarán que Cristina Cifuentes acuda a la comisión de
investigación de la financiación del PP Francisco Granados asegura ante el juez
que la presidenta madrileña participaba en las decisiones de Ignacio González
Ambas formaciones reclamarán que Cristina Cifuentes acuda a la comisión de
investigación de la financiación del PP
El PSOE y Podemos pedirá que Cristina Cifuentes comparezca en el Congreso para
rendir cuentas sobre las revelaciones de Francisco Granados ante el juez en las
que ha involucrado a la actual presidenta madrileña en las decisiones que tomaba
su antecesor, Ignacio González.
El Grupo Socialista y el de Unidos Podemos quieren ver a la dirigente del PP
madrileño desfilar por la comisión parlamentaria que investiga la financiación
irregular del partido de Mariano Rajoy.
"Creemos que es conveniente llamarla a declarar", ha expresado el también
diputado, que no ha querido entrar en si la presidenta madrileña será imputada
tras el paso de Granados por el juzgado: "Respecto a su futuro judicial, no
vamos a entrar", declarado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en
una rueda de prensa.
Los socialistas también reclamarán explicaciones en esa comisión parlamentaria
de Esperanza Aguirre e Ignacio González por su presunta participación en la
financiación ilegal del PP madrileño.
"De confirmarse las acusaciones de Granados, Cifuentes llegó a la cima del PP de
Madrid escalando una montaña de corrupción (Púnica, Gürtel...). Igual que
Esperanza Aguirre e Ignacio González. Los madrileños y las madrileñas no nos
merecemos esta vergüenza", ha escrito el diputado de Unidos Podemos y previsible
candidato a la Comunidad de Madrid en las autonómicas de 2019, Íñigo Errejón, en
un comentario publicado en su cuenta de Twitter
De confirmarse las acusaciones de Granados, Cifuentes llegó a la cima del PP de
Madrid escalando una montaña de corrupción (Púnica, Gürtel...). Igual que
Esperanza Aguirre e Ignacio González. Los madrileños y las madrileñas no nos
merecemos esta vergüenza
— Íñigo Errejón (@ierrejon) 13:23 - 12 feb. 2018
Granados declara este lunes ante el juez de la Operación Púnica a petición
propia con la intención de admitir parte de responsabilidad en la caja B que se
usó para las elecciones de 2007 y 2011, además de señalar a Esperanza Aguirre e
Ignacio González. En el marco de esa declaración, ha apuntado que Cifuentes era
conocedora de las decisiones del segundo.
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Cifuentes-Francisco_Granados_0_739476281.html
GRANADOS IMPLICA A AGUIRRE Y A CIFUENTES EN LA CAJA B DEL PP MADRILEÑO
Francisco Granados ha tirado de la manta, pero no tanto como para quedarse él
mismo descubierto. El ex secretario general del PP madrileño y principal
imputado del caso Púnica ha reconocido este lunes la financiación ilegal del
partido, y, por primera vez, ha implicado en ella a la expresidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, que hasta ahora había salido bien librada de todas
las causas de corrupción que cercan a la formación conservadora. Granados apuntó
básicamente contra la antigua cúpula del PP, encarnada en Aguirre y en su
antigua mano derecha, el expresidente madrileño Ignacio González.
También ha reservado un dardo contra la actual presidenta de la Comunidad,
Cristina Cifuentes. Según ha manifestado, Cifuentes estuvo en “el núcleo de
poder” que manejó la “campaña paralela” de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011 por
una supuesta “relación sentimental” con Ignacio González, afirman fuentes
presentes en la declaración. En esas dos campañas el partido en Madrid manejó
fondos opacos por valor de cinco millones de euros, según la investigación. “Me
da igual lo que diga este señor, es un delincuente”, ha respondido este lunes la
aludida Cristina Cifuentes.
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha
anunciado que presentará "de inmediato" una querella contra el exconsejero
madrileño Francisco Granados por "un cúmulo de falsedades y un grave atentado
contra su honor y su imagen".
Según el testimonio de Granados, en la empresa pública de suelo Arpegio, eje de
las prácticas corruptas, colocó como consejero delegado a Eduardo Larraz, por
indicación de Aguirre. Larraz está imputado por supuestamente cobrar comisiones
de constructores por adjudicaciones de grandes parcelas de suelo en diferentes
municipios para vivienda protegida y por las obras del llamado Plan Prisma. En
casa de este directivo la Guardia Civil encontró 146 lingotes de oro. Granados
ha afirmado también que en Plan Prisma, Aguirre exigió que los fondos dejaran de
entregarse a los ayuntamientos y que los trabajos los ejecutara directamente la
Comunidad de Madrid para poder obtener rédito político por ellos, apuntan
fuentes presentes en el interrogatorio.
En momento de la declaración, Granados ha contado ante el juez la existencia de
una supuesta "relación" de tipo "sentimental" entre Ignacio González y su
sucesora y actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, según varias fuentes
presentes en el interrogatorio. Esta es la causa por la que la hoy presidenta de
la Comunidad de Madrid tenía conocimiento de dicha caja b con la que, según
Granados, se pagó una campaña “paralela” en las elecciones municipales y
autonómicas de 2007 y 2011. Granados ha asegurado que en aquellos comicios él se
centró en los gastos de la campaña A, y que de la pagada con dinero negro estaba
bajo el control absoluto de Ignacio González.
Hasta que mantuvieron esta supuesta relación sentimental, Cifuentes se mantuvo
en “el núcleo de control” y en “la estructura de poder” de dicha campaña
paralela. En este núcleo también ha situado a Isabel Gallego -exdirectora de
Comunicación de Aguirre y ya imputada en la causa-, Jaime González Taboada -ex
número tres de Cifuentes en el Ejecutivo regional y actual senador del PP por
designación autonómica- y el exconsejero Borja Sarasola.
El exconsejero ha asegurado que los fondos de dicha caja B provenían
principalmente de falsos contratos de publicidad del Canal de Isabel II, del
Consorcio de Turismo de la Comunidad de Madrid y la empresa pública de
informática y comunicaciones (ICM). En esta trama jugaba un papel clave la
sociedad Swap, que ya había salido en la investigación del caso Púnica. Granados
–que no ha aportado documentación durante su comparecencia- ha desvinculado de
estas irregularidades a la dirección nacional del partido y al exgerente
regional, Beltrán Gutiérrez.
Así, ha afirmado que el que fuera tesorero del PP nacional, Álvaro Lapuerta
nunca le pidió que amañara ningún contrato, en contra de lo que aseguró Ignacio
González. Según Granados, él sólo recibió una llamada de Lapuerta en todo el
tiempo que estuvo al frente de la secretaría general del PP de Madrid y fue para
pedirle que indagara sobre el patrimonio de Ignacio González.
A la salida de su declaración, Granados ha asegurado a la prensa que todo lo que
había asegurado en su declaración ante el juez "se puede confirmar". El político
ha insistido ante los medios que existía una campaña "paralela" que estaba "a
las órdenes de Ignacio González" y que se financiaba "al margen del partido". El
juez le tomará de nuevo declaración el próximo 20 de febrero para que continúe
su declaración.
El cabecilla de la trama fue detenido en octubre de 2014 y salió de prisión el
pasado junio bajo fianza de 400.000 euros. A finales de enero solicitó al juez
instructor, Manuel García-Castellón, comparecer para una nueva declaración, la
tercera desde su arresto. En su anterior comparecencia, en diciembre de 2016,
también a petición propia, sus intentos de exculparse a toda costa pese a los
indicios contra él en el sumario, exasperaron al juez Eloy Velasco. Este lunes,
Granados venía dispuesto a “contar todo” lo que sea útil para la investigación.
Eso sí, sin complicar más su ya difícil situación.
El ex número dos del partido y antiguo consejero de Presidencia y Transportes de
la Comunidad de Madrid está directamente implicado en al menos siete de las 16
piezas de que consta el macrosumario Púnica. Este lunes, su abogado, Javier
Vasallo, le planteó una batería de 212 preguntas. Parte de ellas iban
encaminadas a desacreditar una de las mayores pruebas contra él: la libreta
Moleskine en la que supuestamente apuntó movimientos de la caja b del PP, con
entradas y salidas de fondos bajo los epígrafes in y out. En ella quedó
reflejado, entre otras anotaciones, cómo Granados se repartió con Javier López
Madrid, exconsejero de la empresa OHL, 500.000 euros de una partida de 2,1
millones que la constructora había destinado para financiar las elecciones
autonómicas de 2011.
Granados dedicó buena parte de su declaración a desacreditar a su antiguo amigo
el empresario David Marjaliza, otro de los cabecillas de la trama corrupta y que
desde abril de 2015 colabora con la investigación. Marjaliza, que empezó a
labrar su fortuna en Valdemoro (Madrid), municipio en el que Granados era
alcalde, fue el que puso nombre y apellidos a las iniciales anotadas en la
Moleskine por el expolítico. Más recientemente, ha aportado al juez documentos
sobre el supuesto cobro de una comisión ilegal de 3,6 millones de euros por la
adjudicación amañada de tres obras del Metro de Madrid, y que se repartió a
partes iguales con Granados y López Madrid.
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/12/actualidad/1518423314_789832.html
GRANADOS INVOLUCRA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP
El antiguo número dos del PP madrileño sostiene que hubo una financiación
"paralela" de las campañas de Madrid en 2007 y 2011 El principal imputado en
'Púnica', a quien los investigadores atribuyen corrupción a gran escala, dice
que la actual presidenta de la Comunidad se convirtió en "los ojos y los oídos"
de Ignacio González.
Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes se han convertido esta
mañana en el trípode sobre el que el antiguo número dos del PP madrileño,
Francisco Granados, ha sustentado esta mañana su declaración voluntaria en el
caso Púnica, para la que prometía novedosas revelaciones sobre la –presunta–
financiación ilegal del partido y que finalmente ha sido más difusa de lo
esperado. Granados, cuya declaración proseguirá el día 20 y que este lunes solo
ha respondido a su abogado, ya tiene respuesta de Cifuentes: "No tengo nada que
ocultar, me da exactamente igual lo que diga este presunto delincuente". La
presidenta madrileña presentará de inmediato una querella criminal cuyo alcance
y detalles está ultimando en estos momentos el abogado que la representará a
título personal, puesto que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la
Comunidad de Madrid.
En sus tres horas de comparecencia, Granados, ahora en libertad bajo fianza por
graves delitos de corrupción, ha asegurado que las campañas de Aguirre se
"reforzaban" con financiación "paralela" obtenida a través de empresas de
publicidad y a la que se declara por completo ajeno. Según Granados, esa campaña
paralela –ha eludido términos como ilegal o irregular– a la que desarrollaba la
estructura orgánica del PP madrileño y del nacional la llevaban González y
Cifuentes, así como otros cargos de menor rango. Granados ha declarado que
Cifuentes, cuyo nombramiento como "número 3" del PP madrileño en 2005 ha
recalcado, se convirtió en "los ojos y los oídos" de Ignacio González. Y que
ambos mantuvieron una relación sentimental.
Granados ha puesto especial énfasis en destacar el papel de Mariano Rajoy como
quien de verdad "destapó" la trama Gürtel al pedir a Esperanza Aguirre "en 2007
o 2008" que frenase la venta de una parcela de Arganda del Rey en la que el
grupo de Francisco Correa estaba implicado. Y ha llegado a asegurar que fue el
ahora presidente del Gobierno quien, una vez que Aguirre lo excluyó de su
gobierno, le convenció para que se presentase al Senado en 2011. Él, Granados,
no quería porque era poco trabajo –ha argumentado– pero el líder del partido se
lo pidió y finalmente accedió a ello.
Entre las empresas de publicidad que cree estaban implicadas en ese canal
paralelo de financiación ha citado a Swat, que ya estaba siendo investigada.
Esas empresas, ha dicho, contrataban con el Consorcio de Turismo, bajo la batuta
de la exsenadora Ana Isabel Mariño, y con el Imade, que dirigía Aurelio García
de Sola, "pariente de Esperanza Aguirre" y cuyo presupuesto para publicidad era
multimillonario. En el núcleo duro de Aguirre, Granados ha situado también a la
exdirectora de comunicación del Gobierno madrileño, Isabel Gallego, y al
exconsejero Jaime González Taboada. El igualmente exconsejero Borja Sarasola
pertenecía también al grupo director de las campañas.
La operativa reconocida por Granados coincide con la ya descrita por otro de los
investigados en Púnica, el empresario de publicidad Daniel Mercado. Pero
Granados, y así lo subrayan fuentes presentes en su declaración, no ha aportado
detalles y ha optado en todo momento por la sugerencia frente a la atribución
directa de hechos. Por ejemplo, al hablar sobre las fuentes de esa financiación
paralela ha mencionado el Canal de Isabel II, feudo de su ahora acérrimo enemigo
Ignacio González.
Pero lo ha hecho para decir que sabe que en efecto gastaba mucho en
publicidad pero que no puede asegurar nada. Y que cree que la empresa Licuas y
el empresario Joaquín Molpeceres tal vez ayudaban en la campaña por su relación
con el Canal, su relación con el marido de Cristina Cifuentes y por amistad con
Esperanza Aguirre. La "intuición", ha afirmado después, le dicta que los
gastos más importantes salían del Imade, uno de los organismos autónomos que más
fondos manejó en la pasada década y cuya extinción decretó Aguirre en diciembre
de 2010.
"El PP se dirigía desde la Puerta del Sol", ha dicho para ilustrar el poder de
Aguirre y su núcleo duro, del que él mismo se ha excluido para presentarse poco
menos que como un simple subordinado de Ignacio González. Granados ha relatado
cómo cuando en 2011 Aguirre lo descabalgó de la secretaría general del PP
madrileño para aupar a Ignacio González él mismo le dijo al entonces delfín que
por fin se había convertido formalmente en secretario general, que era lo que en
la práctica llevaba siendo desde hacía años.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/13/granados_acusa_aguirre_75161_1012.html
UNA FUNCIONARIA DE LA ASAMBLEA PIDE IMPUTAR A CIFUENTES POR EL CONTRATO DE LA
CAFETERÍA
Tatiana Recoder, exjefa del Servicio Jurídico, reconoció ante la
Fiscalía que ni ella ni la presidenta eran expertas en hostelería
La que fuera jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid,
Tatiana-Sonsoles Recoder, ha enviado al juzgado de Instrucción número 6 de la
Audiencia Nacional, que investiga el caso Púnica, que sobresea el procedimiento
sobre ella en relación con la adjudicación de la cafetería de la Cámara al
empresario Arturo Fernández, que la Guardia Civil considera ilegal y un pago por
sus donaciones al Partido Popular. De no hacerlo, solicita al juez Manuel García
Castellón que llame como imputada a la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes y a la jefa del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo
de la Asamblea, María Virtudes Merino [exmujer de José Luis Ayllón, nuevo jefe
de Gabinete de Mariano Rajoy], dado que junto a ella formaron el Comité de
Expertos que valoró positivamente la oferta de Fernández y su empresa, el Grupo
Cantoblanco.
La estrategia de Recoder pasa por presentarse como una cumplidora de órdenes de
sus superiores y, de hecho, en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso El
Plural, su abogado se pregunta –“¿por qué?”- se le achaca a ella la
responsabilidad por la “pretendida incompatibilidad de la señora Cifuentes”,
dado que estaba al mismo tiempo en el Comité de Expertos que valoró la oferta de
la cafetería y en la Mesa de Contratación que acabó adjudicando el servicio de
hostelería.
Una serie de coincidencias que, según la Guardia Civil, supondrían que Cifuentes
habría incurrido en los presuntos delitos de “prevaricación continuada y
cohecho”.
En su escrito, el abogado de la exjefa de Servicios Jurídicos dice que no se
“alcanza a comprender” por qué la Guardia Civil, la Fiscalía y el Juzgado
pregunta a su defendida por la incompatibilidad de Cifuentes y no han
“considerado oportuno citar a la interesada para recibirle declaración y pedirle
las pertinentes explicaciones”.
Sobre si Cifuentes tenía que haberse abstenido de entrar en el Comité de
Expertos, el escrito señala que “si se entiende que respecto de tal designación
cabía hacer algún reproche debería efectuárseles a ellos[a la Mesa de la
Asamblea, en la que también estaba Cifuentes], no a mi defendida]”. Y remacha:
“Pero en todo caso es evidente que de haber tenido que abstenerse, quien debería
haberlo considerado y hecho sería la propia interesada, la Ilma. Sra. Doña
Cristina Cifuentes Cuencas”.
Con estos argumentos, la defensa pide que se dicte “auto de sobreseimiento libre
y parcial” sobre la causa contra Tatiana-Sonsoles Recoder. Y, en caso de no
acceder, pide como prueba que se interrogue a Cristina Cifuentes y a Merino como
miembros del Comité de Expertos. Acto seguido, el abogado se cura en salud y
señala que dicho testimonio tiene que ser “en calidad de investigadas”, -antes
imputadas- “para salvaguardar sus derechos fundamentales” y que dicha petición
no se hace “porque se las considere como posibles responsables de cualquier
actuación delictiva”.
Además, otra de las pruebas que pide el escrito es que el juzgado se dirija al
Congreso de los Diputados, a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de
Economía y Hacienda y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
que remitan “todos los expedientes” con los que adjudicaron servicios de
hostelería a Arturo Fernández ente los años “2005 y 2009”.
Recoder vivió en noviembre un duro interrogatorio, antes del que se llegó a
especular que pudiera implicar a Cifuentes, aunque en esa ocasión acabó
exculpándola. Aunque sí que reconoció que ni la ahora presidenta, ni ella ni
Merino tenían experiencia “pura y dura” en hostelería y que su propio bagaje era
“como ama de casa”. Lo que provocó el enfado de la fiscal del caso, como se
puede escuchar en los audios que hoy revela El Español: "¿Y no podían encontrar
a nadie? Un comité de expertos tiene la finalidad que tiene...".
https://www.elplural.com/politica/2018/02/02/cristina-cifuentes-imputacion-punica-asamblea-madrid
LA FISCAL SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES COMO 'EXPERTA' EN HOSTELERÍA: "¿NO HABÍA
MÁS GENTE?"
La jefa del Servicio Jurídico, también en el comité sobre la cafetería de la
Asamblea, reconoce su experiencia en restauración era como "ama de casa".
"¿No había más gente? ¿Tenía que ser precisamente ella [Cristina Cifuentes] la
que estuviese en las dos mesas y encima en el comité de expertos? Eso es lo que
nos llama un poco la atención". La pregunta salió por boca de la fiscal en mitad
de la declaración judicial de Tania Sonsoles Recoder, exjefa del Servicio
Jurídico de la Asamblea de Madrid. La funcionaria estaba citada a declarar como
investigada por la concesión de la gestión de la cafetería de la Asamblea al
Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández.
Los informes de la Guardia Civil sobre la concesión de los contratos en 2009 y
2011 explican que los concursos pudieron estar manipulados para gratificar al
empresario por sus fuertes donaciones a Fundescam y que el comité de expertos
que valoró las ofertas, una terna en la que estaba Cristina Cifuentes, habría
mentido para favorecerle. Además, los fiscales se cuestionan el papel de la
actual presidenta de la Comunidad de Madrid en las adjudicaciónes, ya que además
de miembro del comité de expertos, era presidenta de la mesa de contratación.
En su declaración ante la Audiencia Nacional, la exresponsable de los Servicios
Jurídicos de la Asamblea de Madrid reconoce que ninguna de las tres personas que
formaron el comité de expertos tenía experiencia "pura y dura" en hostelería y
que en su caso, su bagaje en restauración se limita a sus labores como "como ama
de casa". La réplica de la fiscal no se hizo esperar: "¿Y no podían encontrar a
nadie? Un comité de expertos tiene la finalidad que tiene..."
Cifuentes no avisó
En la mayor parte de su declaración, la funcionaria de la Asamblea de Madrid
declinó cualquier responsabilidad sobre manipulación alguna en este contrato y
negó incluso que supiera la duplicidad de puestos de Cifuentes, que además de
formar parte del comité de expertos eramiembro de la mesa de contratación que
otorgó el contrato. "Yo no participaba en esas reuniones", zanjó Recoder. "A mi
únicamente se me comunica que yo he sido designada parte del comité de expertos
y que me tenggo que reunir con los otros dos miembros, y se me da por hecho
quienes son. Yo no tengo que tener conocimiento".
"¿Y usted no formuló ninguna reserva a que la señora Cristina Cifuentes
perteneciese también al comité de expertos?" preguntó la fiscal. "Yo no sabía
que la señora Cifuentes era miembro de la mesa de contratación porque eso son
partes estancas. Yo no tengo conocimiento de ese dato y creo recordar que [ella]
no puso de manifiesto que era miembro de la mesa de contratación". ¿Es decir,
que valoraron las ofertas y durante todo el proceso usted no era consciente y no
conocía si pertenecía la señora Cifuentes a la mesa de contratación?" incide la
fiscal.
"Han pasado nueve años y no le puedo decir a ciencia cierta o lo sabía o no,
porque yo no participo en ningún momento en el proceso de contratación [...]En
cuanto a las causas de abstención y recusación, como abstención tenía que
haberse abstenido Cristina Cifuentes. Yo no podía intervenir. Y para yo formular
una recusación tendría que ser interesada en el procedimiento administrativo". Y
no lo era.
https://www.elespanol.com/espana/20180202/fiscal-papel-cifuentes-experta-hosteleria-no-gente/281722967_0.html
LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES SE VUELVE EN CONTRA DE CIFUENTES
Empresas que gestionan centros de acogida para mujeres maltratadas, ayuda en
casa para dependientes o residencias renuncian porque no les "sale rentable"
Los concursos han quedado desiertos y la Comunidad de Madrid tendrá que elaborar
nuevos pliegos para atraer a las concesionarias
Esta situación tuvo consecuencias directas para los usuarios en el caso de las
residencias: centenares tuvieron que ser trasladados forzosamente
Las empresas que gestionan servicios sociales básicos en la Comunidad de Madrid
se están marchando porque el negocio ya no les sale a cuenta. Ha pasado con las
residencias de mayores, la ayuda a domicilio para dependientes y con algunas
casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. En el primer
caso, tuvo consecuencias directas para los usuarios de cuatro centros, que
tuvieron que ser trasladados a otros.
La Consejería de Políticas Sociales se ha encontrado en el último año con
concursos públicos desiertos a los que no se presenta nadie y se ha visto
obligada a rehacer los pliegos de condiciones para atraer a posibles
concesionarias.
La gestión indirecta no nació con el Gobierno de Cifuentes, pero el sistema, muy
arraigado en la Comunidad de Madrid, está mostrando ahora la otra cara: las
consecuencias de dejar la asistencia social en manos de empresas que, en última
instancia, buscan el lucro. Esta cara B ha salido a la luz cuando ha tocado
renovar las concesiones a empresas que han sufrido los recortes en los últimos
años y no están dispuestas a continuar así porque no llegan, según su propio
relato. Y eso que ha subido ligeramente el presupuesto, pero no lo suficiente
para recuperar el tijeretazo.
Con estos antecedentes, el Gobierno regional no se replantea un cambio en la
gestión de algunos servicios, confirman fuentes de la Consejería de Políticas
Sociales a eldiario.es. "Son servicios que siempre han sido de gestión
indirecta, como se hace en otras muchas administraciones". Las mismas fuentes
subrayan que, pese a esta situación, los servicios "están garantizados" y "no
hay preocupación" al respecto.
Ayuda a domicilio para dependientes
Ninguna empresa quiere hacerse cargo de ayudar en casa a las personas
dependientes de la Comunidad de Madrid. 10.000 dependientes tienen este servicio
en sus casas y el número de usuarios no hace más que crecer. Es el recurso más
demandado en la región.
El presupuesto que destina el Gobierno regional para él es de 132 millones de
euros, del que resulta un "precio por hora deficitario", aseguran fuentes del
sector a eldiario.es. En los últimos años, las cuantías han aumentado porque
cada vez más personas eran beneficiarias, "pero con lo que ofrecen va muy justo
para prestarlo. No es rentable", dicen las mismas fuentes, que hablan de un
tercer factor desfavorable para las empresas: la subida de salarios marcada por
convenio.
Por este motivo, los dos concursos quedaron desiertos en noviembre. La compañía
que tenía la concesión desde 2014, Quavitae, no ha vuelto a concurrir y tampoco
otra empresa, Seralia, que se encargó del servicio pero renunció a él en una de
las prórrogas hace unos meses y la primera lo asumió.
A las empresas no les sale a cuenta pese a que ha aumentado el precio por hora.
Según los pliegos, en 2014 era de 14 euros, mientras que en 2017 se ha fijado en
15,3 euros. Si es en festivo, se compensa mejor: con 16,9 euros frente a los
15,92 y 14,54 (según el lote) euros que fijó la Consejería de Políticas Sociales
hace tres años.
Como solución de emergencia se ha prorrogado durante cuatro meses extra la
concesión a Quavitae hasta que inicien un nuevo concurso.
Residencias de mayores
Cuatro residencias que tenían plazas subvencionadas por la Comunidad de Madrid
renunciaron en junio a seguir financiándose de este modo y desde entonces tienen
todas sus camas totalmente privadas. Otras empresas gestoras no abandonaron
todas, pero sí disminuyeron el número de plazas concertadas, lo que provocó el
traslado forzoso de centenares de ancianos que ya no tenía un hueco en sus
centros de referencia.
Según datos extraídos de los pliegos de oferta, las camas puestas a disposición
por las empresas gestoras a cambio de una subvención se redujeron de 13.000 en
2013 a 10.626 en 2017. "Les salimos tirados de precio y no cubrimos gastos con
lo que nos da la Comunidad. Tenemos que pagar a nuestros trabajadores. Por eso
no vamos a concursar. No somos una ONG", dicen fuentes próximas a la dirección
de uno de los centros privados que rebajaron su oferta de plazas.
Los pliegos de las residencias sí marcan un precio fijo por día y residente: 54
euros o 23 si es parcial. En las plazas públicas la misma Consejería invierte
81, según datos de las memorias económicas que maneja la Comunidad. De este
modelo de gestión dependen el 60% de las plazas públicas en residencias de
mayores y le reporta a la Consejería de Políticas Sociales un ahorro de casi
10.000 euros por residente al año.
Casas para víctimas de violencia machista
Las educadoras sociales de la empresa Intress, que gestiona varios centros de
acogida y emergencia de la Comunidad de Madrid, se niegan a seguir trabajando en
las condiciones que han tenido en los últimos cuatro años. Por eso, esta
compañía ha decidido no presentarse al concurso que salió a finales de 2017 pese
a que el presupuesto que ofrecía la Comunidad de Madrid (siempre modificable a
la baja por la competición de ofertas) era en principio más alto que en 2013.
Como consecuencia, hay una casa de acogida, un centro de emergencia y un centro
de día cuya gestión queda en tierra de nadie. Estos recursos atienden a 633
mujeres y uno de ellos es el primer lugar al que acuden las mujeres cuando
abandonan su casa. En los tres casos, la Consejería de Políticas Sociales
garantiza la atención prorrogando unos meses el contrato a las concesionarias
actuales mientras elabora unos pliegos nuevos.
Las trabajadores piden al Gobierno y a los partidos que acuerden eliminar el
criterio económico de los concursos de servicios sociales tan básicos y
reestablezcan el precio unitario. Es decir, que la Consejería fije un coste por
plaza blindado que impida las ofertas temerarias. En la etapa de Ignacio
González como presidente, estos servicios pasaron a adjudicarse con un criterio
único: el de la oferta más baja.
Este punto ha mejorado porque se ha introducido un mínimo peso en la puntuación
del proyecto (no más del 25%), pero la proporción aún no es suficiente para las
profesionales que atienden a las mujeres, que acusan años de "deterioro" del
servicio. Además, en los nuevos pliegos se han reducido las jornadas de las
trabajadoras sociales y de las psicólogas (de 20 a 6 horas, en algunos casos) y
se han eliminado figuras como las responsables de cocina o de administración.
"Ahora estamos una educadora sola por turno para atender a 20 víctimas. Y con
las condiciones de estos pliegos quedamos abocadas a hacer de todo menos la
intervención educativa, que es la herramienta para que las mujeres se empoderen
y puedan volver a empezar", explica Ángeles, trabajadora de uno de los centros
de acogida.
Según los cálculos de las trabajadoras, aunque ya no existe el precio fijo por
plaza, este quedaría en menos de 30 euros en 2018 frente a los 40 de 2008. Las
profesionales también denuncian precariedad laboral con trabajo a turnos y
salarios que no superan los 1.000 euros.
Servicios recuperados: del agua a los hospitales
Desde el año 2015 varias administraciones locales y regionales están intentando,
no sin dificultades, recuperar la gestión directa de servicios de áreas como la
sanidad o el abastecimiento de agua. La resistencia del Gobierno central y de
las concesionarias a revertir las privatizaciones han llevado estos planes
incluso a los tribunales, que están empezando a respaldar estas reversiones.
En Valencia los magistrados rechazaron hace menos de un mes suspender
provisionalmente la decisión de la Generalitat para retomar el control del área
de salud de La Ribera. En Valladolid, un juez ha mantenido el acuerdo del
Ayuntamiento para asumir el servicio de aguas. Y el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha reabrió la vía para remunicipalizar el
abastecimiento al estimar el recurso de una exconcejala de Alcázar de San Juan.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha vuelto a hacer municipal la
funeraria y también la red de bicicletas urbanas BiciMad, aunque este último
proceso le ha costado una demanda del PP en los tribunales que aún está por
resolver.
http://m.eldiario.es/madrid/privatizacion-servicios-sociales-vuelve-Cifuentes_0_734576764.html
EL PSOE NO DEVOLVERÁ LOS PAPELES RECIBIDOS EN LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN
La portavoz del PSOE en la comisión de corrupción política, Encarnación Moya, no
está dispuesta a devolver la documentación que ya les había enviado el Gobierno
regional sobre el Canal de Isabel II. Tampoco renuncian al resto de la
documentación solicitada, y anuncia que la mesa de la comisión (su órgano de
dirección) va a pedir el amparo a la mesa de la Asamblea para que les sea
remitido. La socialista responde así al portavoz del Gobierno regional, Ángel
Garrido, que ha asegurado esta mañana que dirigirá un documento a la Asamblea de
Madrid para retirar los documentos originales que habían remitido a los
diputados, para que "no hagan uso" de ellos.
La polémica se ha producido debido al auto del titular del Juzgado Central de
Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, conocido
ayer, que determina que "no ha lugar la entrega de la documentación requerida
por la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid" por
estar en fase de instrucción.
"Nosotros hemos recibido esos papeles de forma totalmente legal, porque
previamente lo había autorizado un juez, así que no sé que tiene que decir
Garrido al respecto", ha declarado a EL PAÍS Moya. La parlamentaria se refiere a
que la documentación les llegó, tras meses pidiéndola, tras una resolución
judicial del juez Fernando Andreu, que estaba temporalmente al frente del
Juzgado de Instrucción 6, dictada en agosto de 2017. Esta providencia daba vía
libre a la entrega de los papeles sobre el Canal de Isabel II a la comisión. Sin
embargo, Cifuentes no los entregó en agosto porque, según el Gobierno regional,
la providencia se había traspapelado. La oposición la acusó entonces de mentir.
Moya ha manifestado, además, que la Administración no puede ir en contra de sus
propios actos. "Nadie nos ha comunicado oficialmente a esta Asamblea la
existencia del auto y el juez no ha dado ninguna instrucción a la comisión", ha
añadido. Por otra parte, "Garrido no es juez, por lo tanto, que no se columpie
con sus declaraciones". Moya ha anunciado que la mesa de la comisión (el órgano
de dirección) va a pedir el amparo a la mesa de la Asamblea para que les sea
remitida el resto de los papeles.
Los diputados realizaron unas 76 peticiones de información al Ejecutivo de
Cifuentes, de las que les habían remitido 40. "Todo mezclado, cada documento en
un un formato diferente, como un puzle", explica Moya.
https://elpais.com/ccaa/2018/01/31/madrid/1517419080_158739.html
PSOE Y PODEMOS PIDEN EXPLICACIONES AL
JUEZ SOBRE EL AUTO DEL QUE PRESUME CIFUENTES
ADADE reclama que se suspenda el plazo para recurrir hasta estudiar, entre
otros, la consulta del consejero Garrido al presidente del Supremo
Nueva vuelta a la negativa de Cristina Cifuentes a facilitar documentos
relacionados con los contratos de la administración con empresas investigadas
por la justicia en el caso Lezo y otras causas. Si este miércoles desde el
Gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP difundía a bombo y platillo que el
juez les había dado “la razón” para no entregar estos documentos a la oposición,
PSOE y Podemos no lo tenían tan claro, como recogió El Plural.
Ahora, ambos partidos representados por la Asociación de Abogados Demócratas por
Europa (ADADE) han presentado un recurso al juzgado de instrucción nº6 de Madrid
en el que reclaman todos los documentos que llevaron a afirmar al juez Manuel
García Castellón a afirmar que “no ha lugar a la entrega de la documentación
requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política de la Asamblea
de Madrid relativa a este procedimiento judicial”.
En los escritos de ADADE a los que ha tenido acceso este periódico se reclama el
escrito presentado por el Consejero de Presidencia de Cifuentes, Ángel García
Garrido, el pasado 3 de enero, por el que se consultaba al Poder Judicial si se
podían o no entregar estos documentos. También se requiere el escrito presentado
por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
Carlos Lesmes, con el cual dio traslado de la cuestión al juez que lleva el
caso.
Y, por último, el informe redactado al efecto por el Fiscal Anticorrupción, el
cual también consideraba improcedente la entrega de los documentos solicitados.
Plazo para estudiarlos
Además de la documentación, PSOE y Podemos piden suspender el plazo de tres días
dado por el juez García Castellón para recurrir su decisión para así tener
tiempo de prepararla “dado que esta parte no dispone de los precedentes que
están en el origen de este Auto” y ahora ha requerido.
Dudas en la argumentación del juez
La solicitud de Garrido se refería sólo a documentos que tenían que ver con una
parte muy concreta del caso Lezo, que es la compra por parte del Canal de Isabel
II de empresas en Sudamérica. O lo que es lo mismo, los documentos que
clarifican la participación de Alberto Ruiz Gallardón y la propia Cristina
Cifuentes, que formó parte del Consejo de Administración del Canal, en estas
operaciones.
Por su parte, desde el PSOE defienden que la actuación de Garrido sólo buscaba
una coartada para no entregar los documentos ya que ellos “nunca hemos pedido
nada al juzgado sino al Gobierno de la Comunidad de Madrid y se trata en
cualquier caso de documentos administrativos”.
https://www.elplural.com/politica/2018/02/01/psoe-y-podemos-piden-explicaciones-al-juez-sobre-el-auto-del-que-presume
LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DECIDEN APLAZAR LA COMPARECENCIA DE
CIFUENTES
La Mesa de la comisión que investiga la corrupción ha acordado sacar la
comparecencia del orden del día de este viernes La oposición toma la decisión un
día después de que el juez del caso Lezo haya rechazado dar documentos del
sumario a la comisión Justifican que necesitan tiempo para "valorar el auto"
mientras el Ejecutivo les exige que pidan "perdón" por acusar a Cifuentes de
"ocultación"
La Mesa de la comisión de corrupción de investigación sobre corrupción política
ha acordado aplazar la comparecencia de la presidenta de la Comunidad, Cristina
Cifuentes, prevista para este viernes en la citada comisión después de que el
juez del caso Lezo dictara en un auto hace dos días que "no ha lugar a la
entrega de la documentación requerida" por los diputados de la Asamblea de
Madrid.
Los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la comisión (el PP ya no está
porque la abandonó) han decidido cancelar la comparecencia del orden del día del
viernes y fiar las explicaciones a otra fecha en el futuro. Justifican que
necesitan tiempo para "valorar el auto" del martes, explica el diputado de
Podemos Miguel Ongil. El portavoz de la formación en la comisión asegura que les
"faltan documentos" y no tienen "una imagen completa" de lo sucedido. A su
juicio, es intolerable el movimiento de ocultación que está haciendo el Gobierno
de Cifuentes". "Ha tenido cierto éxito en meter al poder Judicial en lo que
solamente es un conflicto entre el poder Legislativo y el poder Ejecutivo.
Tenemos todo el derecho a tener esta información", ha apostillado.
"Al final parece que Cifuentes se sale con la suya. Una vez que tengamos claro
todo el asunto. Cuando tengamos todo claro, podremos poner una fecha. El letrado
de la Mesa ha dicho que hay puntos que no se ven claro", ha valorado el portavoz
de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, a la salida de la reunión de la Mesa,
que ha dicho que para el PP "cualquier excusa, jurídica o política, es válida
para no dar las explicaciones que tienen que dar".
Desde el PSOE, la portavoz en la comisión, Encarnación Moya, ha sostenido que
han tomado esta decisión "por prudencia y respeto" al auto del juez, pese a no
tener aún conocimiento del oficial del mismo. "El auto hay que estudiarlo
detenidamente y ver las repercusiones que tiene a corto plazo o de manera
inmediata en las sesiones de la comisión, la primera era este viernes y por ello
hay que aplazarla", ha argumentado la diputada regional.
Moya ha insistido en que desde su grupo siguen manteniendo que pedirán a la Mesa
de la Asamblea la reconsideración de la comparecencia de Cifuentes y de diez
personas más por la pérdida de la providencia en el mes de agosto.
La presidenta regional había sido citada para dar explicaciones sobre su etapa
en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II en una comparecencia que
se pidió a raíz de que eldiario.es publicara que el Gobierno tenía desde agosto
una providencia judicial que le daba vía libre para entregar documentación del
Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo a la oposición.
Tras cambiar Ciudadanos su sentido del voto, decayeron las solicitudes ad hoc de
PSOE y Podemos para que Cifuentes hablara concretamente de la providencia
"traspapelada" y en su lugar salió adelante una petición genérica de los de
Aguado, registrada en abril, que ahora se ha cancelado. En todo caso, Cifuentes
no habría tenido que dar explicaciones sobre las acusaciones de "ocultación" de
documentación a la oposición porque no era el objeto de su comparecencia.
El pronunciamiento del magistrado Manuel García Castellón señala que un juzgado
no puede ceder "a terceros" documentos como intervenciones telefónicas,
registros o datos tributarios. Es una respuesta a una consulta del consejero de
Presidencia Ángel Garrido remitida al juzgado vía Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada por el Gobierno tras el
levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en diciembre.
Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de los consejos
de administración del Canal de Isabel II a la oposición. En la consulta, Garrido
hace referencia a 52 documentos que incluyen actas públicas del Canal de Isabel
II y otros documentos privados.
El Gobierno asume que el juez le respalda
Sobre estos papeles, el magistrado afirma que no está facultado para hacer
entrega de documentación a la Asamblea "sobre procedimientos que se están
conociendo por los jueces y tribunales". "La facultad de recabar información y
documentación que se concede a los integrantes de cualquier comisión de
investigación que se constituya en la Asamblea de Madrid se circunscribe a la
que precise del Gobierno y de la Administración, sin que en ningún momento se
les faculte para recabar información o documentación al Poder Judicial",
sostiene.
Una parte de esos documentos ya está en manos de los diputados y el consejero de
Presidencia ha pedido que se devuelvan. Los grupos han coincidido en que no
tienen notificación oficial de que deban devolverlas y que será al tener la
información pertinente cuando decidirán.
El Gobierno de Cifuentes interpreta que este auto les da la razón, una posición
que no tiene clara la oposición, y confirma el criterio de los informes de la
Abogacía de la Comunidad de Madrid, que justificaba que era necesario consultar
al juez habida cuenta de que los documentos estaban incorporados a una causa en
fase de instrucción. Con este argumento, consideran que la oposición debe "pedir
perdón" por acusar al Ejecutivo de "ocultar" la información.
"Nosotros obedecemos siempre las decisiones judiciales. No las comentamos. Hubo
una primera providencia y lo que ha habido después es un auto, que tiene un
rango superior y que está emitido por el juez titular que instruye la causa
Lezo. Y lo que nos dice es con toda claridad que lo que tenemos que hacer es no
entregar esa documentación", ha señalado el portavoz y consejero Ángel Garrido.
El número dos de Cifuentes explicado que ese auto "abunda" en explicaciones
"sobre lo que no debe ser" una comisión de investigación, indicando que "no debe
convertirse en un juicio paralelo", "ni provocar indefensión de los acusados".
http://www.eldiario.es/madrid/diputados-comision-corrupcion-comparecencia-Cifuentes_0_735277006.html
EL JUEZ DEL CASO LEZO RECHAZA DAR DOCUMENTOS DEL SUMARIO A LA COMISIÓN DE
CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID
El auto firmado por Manuel García Castellón resuelve que el Poder Judicial no
está facultado para entregar esta información a la comisión de corrupción
El magistrado no hace referencia explícita a si los documentos sobre los que se
pronuncia son las actas del Canal de Isabel II
El juez pone como ejemplo los datos fiscales de un investigado, pero añade que
los parlamentarios se los pueden requerir a la Agencia Tributaria
El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha dictado en un auto con fecha
29 de enero de 2018 que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida
por la comisión de investigación sobre la corrupción política" relativa a la
operación que instruye, según ha adelantado El País. Señala que un juzgado no
puede ceder "a terceros" documentos como intervenciones telefónicas, registros o
datos tributarios.
El pronunciamiento del magistrado, al que ha tenido acceso eldiario.es, es una
respuesta a una consulta del consejero de Presidencia remitida al juzgado vía
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada
por el Gobierno tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en
diciembre. Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de
los consejos de administración del Canal de Isabel II a la oposición. No
obstante, en el auto no se recoge el contenido de dicha consulta ni los
documentos concretos sobre los que versa.
El magistrado afirma que no está facultado para hacer entrega de documentación a
la Asamblea "sobre procedimientos que se están conociendo por los jueces y
tribunales". "La facultad de recabar información y documentación que se concede
a los integrantes de cualquier comisión de investigación que se constituya en la
Asamblea de Madrid se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la
Administración, sin que en ningún momento se les faculte para recabar
información o documentación al Poder Judicial", sostiene.
Una parte importante de esos documentos que el juzgado se niega a entregar ya
están en manos de los diputados de la Asamblea. El Ejecutivo de Cifuentes los
empezó a pasar hace unas semanas, después de publicar eldiario.es que una
providencia procedente del mismo juzgado pero firmada por el magistrado Andreu
(sustituto de García Castellón en vacaciones) resolvía que la justicia no puede
"dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no de
proporcionarla" porque la petición de información "se rige por disposiciones
administrativas".
Los diputados no pidieron documentos al juez
En este caso concreto, los diputados no se han dirigido al juez a solicitarle
información, sino que han acudido únicamente a la administración a solicitar
unos documentos que son de libre acceso para los parlamentarios.
Es un caso distinto al de la Comisión del Congreso que investiga la financiación
del PP, donde los jueces de Gürtel también se han negado a entregar documentos,
en este caso informes policiales que solo consta en el sumario. Los diputados sí
que hicieron la petición específica al Poder Judicial, que la rechazó.
"La consecuencia de lo anteriormente expuesto no puede ser otra que la de
entender que no procede la entrega de documentación de causas que se encuentren
en la fase de instrucción", añade el juez del caso Lezo, que apoya su decisión
en el "derecho a la presunción de inocencia de los acusados".
El juez pone ejemplos de algunos documentos que se incorporan a un sumario a
medida que se desarrolla una investigación: entradas y registros, intervenciones
telefónicas, comisiones rogatorias o información tributaria. En este punto,
señala que los datos fiscales, por ejemplo, "no pueden ser cedidos por el órgano
judicial a terceros, lo que no obsta a que la propia Comisión de Investigación
solicite a la AEAT -Agencia Tributaria- los que precise en el marco legalmente
establecido".
La primera providencia del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional, "traspapelada" por el Ejecutivo, respondía a una primera consulta de
la Comunidad de Madrid sobre si podía o no entregar la información a la
oposición, pese a que las actas son públicas y los diputados tienen derecho a
conocerlas. Entonces, Andreu le dio vía libre para hacerlo. El segundo auto,
firmado por García Castellón, es la respuesta a una segunda consulta emitida a
principios de enero.
http://www.eldiario.es/madrid/Lezo-niega-documentacion-Asamblea-Madrid_0_734927521.html
LA JUSTICIA DA AHORA LA RAZÓN A CIFUENTES E IMPIDE LA ENTREGA DE ACTAS DEL CANAL
A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 6 contradice a la
providencia emitida por el juez Fernando Andreu, que el pasado mes de agosto
autorizaba la entrega de documentación después de que el viceconsejero de
Presidencia de la Comunidad de entonces, Enrique Ruiz Escudero, se dirigiera al
juzgado planteando la misma cuestión.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha
dictado un auto en el que concluye que la Comunidad de Madrid no puede entregar
a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de
Isabel II, en el marco del caso Lezo, que le solicitaba la oposición, dando así
la razón al Gobierno de Cristina Cifuentes, que había pedido permiso al
magistrado para hacer entrega de las mismas y que había explicado que no las
daría hasta que la justicia se pronunciara al respecto.
En el auto, fechado a 29 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press, el
juez dice que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la
comisión de investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid
relativa a este procedimiento judicial", en referencia al caso Lezo. Cabe
recurso de reforma en el plazo de tres días.
Esta decisión da respuesta al escrito remitido el pasado 3 de enero por parte
del consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel
Garrido, al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que se
informara si el Ejecutivo madrileño podía entregar dichas actas.
En este caso, el juez dio traslado de este escrito a la Fiscalía Anticorrupción,
que emitió un informe "considerando que no resulta procedente entregar la
documentación solicitada" y, además, acude al reglamento de la comisión de
investigación para "comprobar si, entre sus facultades, se encuentra la de
recabar de los juzgados y tribunales documentos obrantes en procedimientos sub
iúdice".
Y todo ello "sin que en ningún momento se les faculte para recabar información o
documentación al Poder judicial sobre procedimientos que, como ocurre en estas
diligencias previas, se están conociendo por los jueces y tribunales".
De hecho, añade que esta es la referencia que la normativa contempla para poder
trasvasar información al Ministerio Fiscal, "de carácter unidireccional", pues
"únicamente ampara la posibilidad de remitir la información recabada por la
comisión y plasmada en sus conclusiones al Ministerio Fiscal para el ejercicio
de las acciones que correspondan".
En la misma línea, el juez abunda en la Ley de Enjuiciamiento criminal para
señalar que aunque haya juicio oral y "sean públicos todos los actos del
proceso", esto no implica la publicidad y entrega de documentos de dicho
proceso. Además, añade que las actuaciones judiciales "no son documentos" y que
"basta para ello comprobar su regulación en las leyes procesales sobre el lugar
de celebración, plazos, tiempos...".
Otra de las razones por la que el juez impide la entrega de documentos en
procedimientos sub iúdice deriva del derecho a la presunción de inocencia y
teniendo en cuenta que hasta que no hay una sentencia definitiva, el juez "puede
anular, por vulneración de derechos fundamentales, elementos probatorios que de
estar documentados, su entrega a terceros, en este caso, a la comisión, podrían
conducir a valoraciones y juicios paralelos contrarios a la decisión judicial y
a la presunción de inocencia de los acusados.
Contrario a la providencia de agosto
El juez se pronuncia de manera distinta a la providencia emitida por el juez
Fernando Andreu, que el pasado mes de agosto autorizaba la entrega de
documentación después de que el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de
entonces, Enrique Ruiz Escudero, se dirigiera al juzgado planteando la misma
cuestión.
En dicha providencia, fechada el 18 de agosto de 2017, el magistrado que se
encontraba en ese momento de forma temporal en el juzgado, indicó que "la
petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad no
están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones
administrativas sin que el juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni
mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación".
Precisamente, la polémica surgió hace unas semanas a raíz de conocerse dicha
providencia, que llegó a la Comunidad de Madrid el 21 de agosto y que, según
explicó el Gobierno regional, se traspapeló y no se tuvo conocimiento de su
existencia hasta el pasado 12 de enero. Entonces, el Ejecutivo de Cifuentes cesó
a un director y empezó a enviar la documentación a la Asamblea.
Hasta el momento, el Gobierno de la Comunidad se había escudado en unos informes
de la Abogacía General, en los que se argumentaba la improcedencia del envío de
documentos sobre asuntos que se estaban investigando por la vía penal.
Esta demora de cinco meses en la entrega de documentación provocó las críticas
de toda la oposición, que quería que fuera la propia Cifuentes la que explicara
en la comisión de investigación el motivo del retraso en la entrega, donde el PP
ha dejado de estar oficialmente desde este pasado lunes.
De hecho, tras varias semanas con vaivenes en las peticiones con la Mesa, tanto
de la comisión como de la Diputación Permanente, este viernes comparecerá pero
no se le podrá preguntar por esta cuestión porque el motivo de la petición de
comparecencia es el papel que tuvo la presidenta madrileña como consejera del
Canal durante unos años y para hablar del caso Lezo en términos generales.
http://www.publico.es/politica/caso-lezo-justicia-da-razon-cifuentes-e-impide-entrega-actas-canal-comision-investigacion.html
CIFUENTES COMPARECERÁ EN LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA
Un informe jurídico de la Asamblea sostiene que no se le podrá preguntar sobre
la "ocultación de información" sobre el Canal
El PP no ha conseguido parar la comparecencia de la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, ante la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid
el próximo 2 de febrero para declarar sobre el caso Lezo, en su época de vocal
en el consejo de administración del Canal de Isabel II entre los años 2012 y
2014. Así lo ha decidido esta mañana la Mesa y Junta de Portavoces de la
comisión después de estudiar el informe de los servicios jurídicos de la Cámara,
que encargó el PP al respecto al no estar de acuerdo con la petición de
comparecencia de su líder.
"Han pasado olímpicamente de las recomendaciones del informe jurídico", ha
manifestado a la salida de la reunión el portavoz del PP en la comisión, Alfonso
Serrano. "Prima más tratar de dañar a Cristina Cifuentes que respetar el
reglamento", ha añadido. En el caso de Podemos "es algo lógico" pero el PP
esperaba que "PSOE y Ciudadanos fueran consecuentes".
En cuanto a qué preguntas, tendrá que responder la presidenta, el informe de los
letrados (que no es vinculante) considera que solo se la podrá interrogar sobre
el "objeto de la comisión". "No sería asumible de ninguna manera" que se
introdujeran otras cuestiones, puntualizan. Por lo tanto, el informe excluye las
preguntas sobre la razón que llevó al Gobierno regional a retrasar durante meses
el envío de la documentación solicitada par la comisión sobre el Canal de Isabel
II. El Ejecutivo aseguró que la respuesta del juez, que les permitía ofrecer esa
información a los diputados, se les traspapeló. Tampoco se podría volver al "subtema
Canal-Latinoamérica Emissao". Para ello, sería necesario una "especial
motivación que justificara la excepcionalidad", concreta el informe.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, ha indicado a la salida
de la reunión que su grupo entiende "las recomendaciones del letrado" y que no
ve en ellas "ningún problema para continuar con la comparecencia". En cuanto a
las limitaciones en las preguntas que se le hagan a la presidenta, Zafra ha
manifestado que "hablará de su participación en el caso Lezo en el momento en
que ella era vocal del consejo de administración del Canal". Ha asegurado, que
van a ser "justos, ecuánimes y serios", porque Ciudadanos "no monta
espectáculos". El PP ha acusado a los grupos de la oposición de convertir las
sesiones de la comisión en un espectáculo de "linchamiento" al PP, por ese
motivo anunciaron que la abandonaban. En su opinión, la vía para que se hable de
las actas del Canal se debe abrir en la Mesa de Asamblea. "Es ahí donde se debe
decidir cómo se formula la petición, no en la comisión anticorrupción", ha
puntualizado.
Encarnación Moya, portavoz socialista en la comisión, ha explicado que su grupo
ha votado a favor, porque nunca se van a oponer a la petición de un grupo para
que comparezca cualquier persona en la comisión de investigación. Aún así, tiene
claro que la declaración de Cifuentes no aclarará ecalcado, la comparecencia de
Cifuentes no va a aclarar nada sobre la razón por la que se ha estado reteniendo
información sobre el caso Lezo, que es lo que "realmente nos interesa conocer".
Ese ocultamiento ha afectado "directamente a los trabajos de la comisión", ha
señalado Moya.
A Miguel Óngil le resulta "sorprendente" escuchar a la presidenta de la
comisión, del grupo Ciudadanos, explicar que "tendrá que intervenir para cortar
preguntas sobre las actas", y a la vez al portavoz del mismo grupo insinuar que
"vamos a poder hacerlo". Óngil les pide que dejen de "marear a la gente", porque
estos vaivenes solo benefician a la señora Cifuentes.
https://elpais.com/ccaa/2018/01/26/madrid/1516967859_714371.html
CIFUENTES PIDE UN INFORME JURÍDICO PARA ELUDIR LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN
El PP está intentando por todos los medios evitar que Cristina Cifuentes
comparezca ante la comisión de investigación de la corrupción, porque consideran
que la oposición está "retorciendo" el reglamento de la Cámara para conseguirlo.
Sería la segunda ocasión en la que acudiría. Sin embargo, hoy no ha logrado
parar la declaración de la presidenta regional prevista para el próximo 2 de
febrero. La Mesa de la comisión ha dado el visto bueno a la comparecencia,
aunque están a la espera de conocer el resultado del informe que ha pedido el PP
a los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid. El diputado de Ciudadanos y
portavoz en la comisión, César Zafra, ha reprochado hoy al PP que haya asistido
a la reunión de la mesa dado el 9 de enero anunciaron que abandonaban la
comisión de investigación.
Ciudadanos ha solicitado la comparecencia de la presidenta regional como
consejera del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014 para informar sobre el caso
Lezo. Podemos se ha sumado a la petición, con el objetivo de que aclara las
compras y adquisiciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica en su época de
vocal del consejo de administración de la entidad en 2013.
El portavoz del grupo parlamentario del PP, Enrique Ossorio, ha asegurado al
finalizar la reunión de la Mesa que Ciudadanos es un "partido oportunista que
miente". A la vista del resultado, Ossorio ha indicado que es una "comisión de
linchamiento, de inquisición" e incluso ha comentado que lo que se celebra en
las sesiones de los viernes son "aquelarres que no sirven para nada". Ha
comentado, además, lo absurdo" de llamar a Cifuentes para declarar sobre la
adquisición de Emissao, teniendo en cuenta que "fue ella quien lo puso en
conocimiento de la fiscalía".
También ha manifestado que es muy grave que los grupos se hayan apartado del
criterio del letrado que "les ha aconsejado por el prestigio de la comisión y su
seguridad jurídica que no tuviera lugar esa comparecencia". "Les ha dicho que se
rompía el principio de jerarquía cuando hay 15 o 20 miembros del consejo que
podrían comparecer", ha añadido.
Zafra ha manifestado al término de la reunión que respetarán lo que diga el
informe jurídico. Pero les sorprende "esa actitud de miedo a dar explicaciones".
En cuanto a lo que se preguntará a Cifuentes (uno de los argumentos del PP para
parar la comisión porque considera que se excede su objeto), "vamos a hablar de
todo lo que podamos y si es necesario que venga más veces pues la volveremos a
llamar". Finalmente, ha advertido al PP que las elecciones dejaron un
"parlamento nuevo, y pueden hacer todo el filibusterismo que quieran y pedir
todos los informes que quieran, pero la realidad es la que es".
El portavoz de Podemos en la comisión de corrupción, Miguel Ongil, ha indicado
que el letrado ha desaconsejado que se llame a la presidenta regional, por lo
que ha pedido a Ciudadanos que deje de "esconder decisiones políticas detrás de
opiniones jurídicas". Recordó que Cifuentes lleva ocho meses "ocultando"
información a la oposición sobre el Canal de IsabelII, pero el día 2 no se podrá
preguntar a la presidenta regional sobre ello.
La portavoz socialista en la comisión de corrupción, Encarnación Moya, se ha
referido a la aparición por sorpresa del PP. Moya tiene la impresión de que
“existe un acuerdo entre el PP y Ciudadanos para convertir esta comisión en un
auténtico circo y un esperpento porque cada cinco minutos esto está cambiando y
suceden cosas nuevas"
https://elpais.com/ccaa/2018/01/24/madrid/1516811111_517521.html
LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN CITA A CRISTINA CIFUENTES EL 2 DE FEBRERO
La comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid ha citado
hoy a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, el próximo 2 de febrero para
informar sobre el caso Lezo cuando era consejera del Canal de Isabel II entre
2012 y 2014, en contra del criterio del letrado.
Los grupos de la oposición, PSOE-M, Podemos y Ciudadanos, han aprobado esta
propuesta por la formación naranja en la reunión de la mesa y junta de
portavoces de la comisión de corrupción, que se volverá a reunir el próximo
viernes para analizar un informe jurídico sobre esta comparecencia solicitado
por el PP.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha acusado a los
dirigentes de Ciudadanos Albert Rivera, Ignacio Aguado y César Zafra de "mentir"
por afirmar que era "legal" que la presidenta madrileña compareciera en la
Asamblea para hablar del retraso en el envío de documentación a la oposición
sobre el Canal de Isabel II, pero ha quedado demostrado que eso es "falso".
Ciudadanos, según Ossorio, no ha podido plantear que este asunto se llevara a la
comisión de corrupción del 2 de febrero porque la mesa les ha dicho que es
"ilícito".
El portavoz del PP ha subrayado que Cristina Cifuentes "no tiene nada que
ocultar" sobre el asunto de Emissao porque fue ella quien lo puso en
conocimiento de la fiscalía, por lo que ha considerado que llamarla a esta
comisión de investigación es "una burla".
La formación naranja solamente quiere "una foto" de la presidenta regional en la
comisión de "linchamiento" e "inquisición" para "desprestigiarla" porque es "un
referente en materia de regeneración", ha asegurado.
Ossorio ha señalado que los grupos de la oposición se han apartado del criterio
del letrado, que les ha desaconsejado por el prestigio de la comisión y por la
seguridad jurídica que esta comparecencia tuviera lugar.
El letrado ha expuesto que se rompía el principio de jerarquía, llamando a la
presidenta regional cuando hay quince o veinte miembros del consejo de
administración que también podrían comparecer y que es "muy forzado" que esta
vez solamente comparezca una persona, ha detallado.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la comisión de corrupción, César
Zafra, ha explicado que Cifuentes acudirá a la Asamblea el 2 de febrero para
hablar sobre la operación Lezo, como ha propuesto Ciudadanos, con el apoyo de
PSOE-M y Podemos.
El PP ha vuelto a la comisión de investigación para intentar "pararla", en este
caso, pidiendo un informe jurídico al letrado, según Zafra, quien ha estimado
que el PP tiene miedo de dar explicaciones.
"El viernes día 2 se pueden escuchar muchas preguntas. El caso Lezo es muy
grande. Yo preguntaré lo que crea conveniente y la señora Cifuentes tendrá que
responder. Si no quiere responder a algo es un derecho que tienen todos los
comparecientes y que yo siempre he respetado", ha apuntado.
El portavoz de Podemos en la comisión de corrupción, Miguel Ongil, ha indicado
que el letrado ha dicho literalmente que desaconseja que se haga la
comparecencia de la presidenta regional, por lo que ha pedido a Ciudadanos que
deje de "esconder decisiones políticas detrás de opiniones jurídicas".
Ha recordado que se ha llegado hasta aquí porque Cifuentes lleva ocho meses
"ocultando" información a la oposición sobre el Canal de Isabel II, pero el día
2 no le podrá preguntar a la presidenta regional sobre este asunto, sino sobre
el caso Emissao.
El diputado de Podemos ha estimado que el Gobierno regional tiene que rendir
cuentas por las actas perdidas del Canal de Isabel II y por las "mentiras" de la
presidenta madrileña en este tema, pero ha reconocido que Cifuentes se está
librando de dar explicaciones por "la obstrucción del PP" y por "la postura de
Ciudadanos".
La portavoz socialista en la comisión de corrupción, Encarnación Moya, ha
precisado que, en principio, se ha aprobado el orden del día de la comisión del
2 de febrero, "condicionado" a que el viernes se emita un informe jurídico por
escrito.
Moya ha destacado la aparición del grupo popular por sorpresa en la mesa y junta
de portavoces, cuando hace unos días había presentado un papel diciendo que se
retiraba de la comisión de investigación.
En la reunión, el PP solicitó un informe jurídico y Ciudadanos "presionó" para
que se aprobara su solicitud de comparecencia, ha apuntado la diputada
socialista.
Ha mostrado su impresión de que "hay un acuerdo entre el PP y Ciudadanos para
convertir esta comisión en un auténtico circo y un esperpento porque cada cinco
minutos esto está cambiando y suceden cosas nuevas".
http://www.lavanguardia.com/politica/20180124/44259434227/la-comision-de-corrupcion-cita-a-cristina-cifuentes-el-2-de-febrero.html
EL PP DE CIFUENTES VUELVE AHORA A LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN QUE DESPRECIABA
HACE DOS SEMANAS
Primero pusieron trabas a la Comisión de Investigación sobre la Corrupción;
luego mostraron su desprecio por este espacio y lo abandonaron, y este miércoles
han vuelto a personarse en una de sus reuniones. El PP de Cristina Cifuentes ha
asistido hoy a la reunión de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre
Corrupción Política de la Asamblea de Madrid, la misma que abandonó hace algo
más de dos semanas -y a la que no consta que tengan previsto volver-.
Desde el grupo parlamentario de Podemos en la cámara autonómica explican que el
Partido Popular se ha personado en la reunión amparándose en que su renuncia a
participar en la misma no se ha calificado todavía. "El PP, que se ha salido de
la #ComisiónCorrupción, se quiere meter hoy a la reunión de mesa para
reventarla", denunciaba en Twitter Miguel Ongil, diputado morado en la comisión.
El PP, que se ha salido de la #ComisiónCorrupción, se quiere meter hoy a la
reunión de mesa para reventarla.
— Miguel Ongil (@Migs_Bru) 4:01 - 24 ene. 2018
Al término de esta reunión, en declaraciones a Público, Ongil ha denunciado que
entre el PP -"que ha venido a reventar la reunión"- y Ciudadanos -con su
"actitud"- "han conseguido que Cifuentes siga sin tener obligación de rendir
cuentas y sin dar explicaciones sobre sus mentiras a la oposición", en
referencia a las actas del Canal Isabel II que la presidenta regional no ha
entregado al resto de grupos -aunque se comprometió a hacerlo-.
Así, el PP da un giro de 180 grados con respecto a un espacio que hace dos
semanas suponía una "falta de respeto" a la institución. En una rueda de prensa
convocada de manera urgente, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio,
afirmaba incluso que su partido y algunos de los comparecientes sufrieron
”El respeto es esencial en la democracia y en esta comisión de investigación se
ha faltado el respeto a esta institución, a los miembros del PP y algunos de los
intervinientes. Este acoso y derribo nunca ha defendido la presunción de
inocencia”, dijo Ossorio.
La comparecencia de Cifuentes, en el aire
Este miércoles, tras abandonar la reunión de la Mesa, el diputado del PP Alfonso
Serrano ha incidido en que la renuncia del PP no será oficial hasta el lunes,
para después acusar al resto de grupos de "retorcer" el reglamento e incurrir en
un "fraude" para lograr que la presidenta del Gobierno regional comparezca en
esa comisión.
Después de que Ciudadanos volviese a girar y se posicionase en contra de la
comparecencia de Cifuentes por las actas del canal que no entregó a la
oposición, queda en el aire si la presidenta regional comparecerá finalmente, y
si podrán preguntarle por estos documentos, y no únicamente por su actuación
como consejera del Canal.
De hecho, Serrano ha querido curarse en salud y ha avisado de que no podrán
preguntarle por otros asuntos: "Si la presidenta comparece para hablar sobre
Emissao y los grupos pretenden que hable de un tema que no puede abordar,
evidentemente lo que están buscando es un circo mediático, la estigmatización y
el linchamiento político de la presidenta", ha afirmado en declaraciones
recogidas por la agencia EFE.
http://www.publico.es/politica/pp-cifuentes-girar-y-vuelve-comision-corrupcion-despreciaba-semanas.html
CIUDADANOS SALVA A CIFUENTES: NO TENDRÁ QUE EXPLICAR POR QUÉ OCULTÓ INFORMACIÓN
DEL CANAL
Cifuentes habría amenazado a Albert Rivera con romper el pacto de gobierno en la
Comunidad de Madrid si su formación no retiraba la petición
Aunque en un principio aseguraron que votarían a favor de la comparecencia de
Cristina Cifuentes, finalmente y tras posibles presiones, Ciudadanos se ha unido
al PP para evitar que Cifuentes tenga que volver a comparecer en la comisión de
la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción.
La presidenta de la Comunidad de Madrid tendría que haber explicado por qué le
ocultó información del Canal de Isabel II a la oposición para el desarrollo de
esta comisión de investigación. Se tarta de documentos sobre la compra de
Inassa.
Mientras que desde Ciudadanos aseguran y se escudan en que "ha habido un error
de formulación" en la petición por la que PSOE y Podemos exigieron la
comparecencia de Cifuentes para el próximo día 2 de febrero y que por eso "no se
ha podido admitir a trámite"; fuentes cercanas hablan de presiones directas.
Cifuentes habría amenazado a Albert Rivera con romper el pacto de gobierno en la
Comunidad de Madrid si su formación no se retiraba de la petición.
"Votar a favor supondría violar el criterio de los letrados del Parlamento
regional, tal y como han hecho los independentistas en el Parlament de
Cataluña", han explicado desde Ciudadanos para intentar aclarar su cambio de
postura.
PSOE y Podemos solicitaron la presencia de Cifuentes con la intención de que
explicara, el próximo 2 de febrero, por qué se negó a dar información sobre el
Canal de Isabel II en relación a la Caso Lezo.
Cifuentes ha mantenido que para poder dar esos documentos primero debía pedir
permiso al juez instructor del caso. Así lo hizo, pero, según explica, no se
enteró a tiempo de que el juez le había dado su beneplácito para que la
información llegara a la oposición. Por eso Cifuentes no facilitó dichos
documentos.
Para Cifuentes, que se “traspapelara” la providencia judicial con la que le
daban el “ok” a la entrega no fue más que un “fallo humano”.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/22/ciudadanos-salva-cifuentes-no-tendra-que-explicar-por-que-oculto-informacion-del
CIFUENTES TENDRÁ QUE VOLVER A COMPARECER EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
ASAMBLEA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tendrá que volver a
comparecer en la comisión de investigación sobre la corrupción política de la
Asamblea regional a instancias del PSOE y de Podemos. Así lo ha acordado este
jueves la Mesa de Portavoces de este organismo, del que el PP dejó de formar
parte la semana pasada. Según han confirmado fuentes parlamentarias a este
periódico, la jefa del Ejecutivo madrileño tendrá que dar explicaciones en la
sesión del próximo 2 de febrero sobre por qué se negó a dar información sobre el
Canal de Isabel II vinculada a la 'operación Lezo' cuando tenía permiso para
hacerlo del magistrado que instruye la causa desde el pasado mes de agosto.
El Gobierno regional ha atribuido a un "error humano" el hecho de que se
"traspapelara" la providencia judicial. Junto a Cifuentes, tendrá que comparecer
también con carácter obligatorio Sebastián Sánchez, ex subdirector general de
Régimen Jurídico y Desarrollo que fue cesado precisamente por el asunto del
papel extraviado. Además, han sido citados por el mismo asunto Carlos Moro,
abogado general de la Comunidad, y Fernando Luque, subdirector general de lo
Consultivo y Asuntos Constitucionales. La confirmación de la nueva comparecencia
de la presidenta regional se ha producido el mismo día en el que su partido ha
oficializado en la Asamblea las bajas de sus seis diputados que formaban parte
de la comisión de investigación. Según argumenta el PP, su grupo ha sufrido
"continuos insultos" por parte de la oposición y considera asimismo que ha
"quedado demostrada la completa ausencia de voluntad de los otros grupos
políticos de analizar los hechos de una manera objetiva en busca de la verdad".
Cifuentes fue la primera presidenta regional en activo en tener que declarar en
un organismo fiscalizador de este tipo en la Asamblea.
En aquella ocasión, el pasado mes de junio, tuvo que explicar cómo se
adjudicaron en 2009 y 2011 los contratos para la explotación de la cafetería del
Parlamento autonómico a la empresa de Arturo Fernández, un hecho que la UCO
investigó por presuntas irregularidades en el marco de la 'operación Púnica'.
http://www.elmundo.es/madrid/2018/01/18/5a60f52aca474116658b45b7.html
EL MISTERIOSO FAX DE LAS ACTAS DEL CASO LEZO Y LOS CAPRICHOS DEL DESTINO
La Comunidad de Madrid recibió en agosto, el mismo día, casi misma hora y en el
mismo fax, dos notificaciones del juez Andreu: una en la que aceptó su
personación en el caso Lezo y otra en la que aclaró que los documentos vetados a
la oposición nunca estuvieron bajo secreto de sumario. Pero, en agosto, el
Gobierno de Cifuentes solo comunicó la primera
El 18 de diciembre se levantó el secreto del sumario del caso Lezo. Desde ese
día, los abogados de la Comunidad podrían haber encontrado en el tomo 48 la
providencia del juez, donde les daba vía libre para entregar los documentos
reclamados por la Comisión de Investigación de la corrupción
En diciembre, solo 7 días después, los propios abogados de la Comunidad
realizaron un nuevo informe para justificar ese veto, pese a que desde agosto
esos mismo letrados tenían el escrito de la Audiencia Nacional en su poder
La fecha clave fue el viernes 18 de agosto. Ese día, los letrados la Comunidad
de Madrid recibieron por Fax, a las 13’55 y 13’57 horas dos notificaciones de la
Audiencia Nacional.
Primero, el auto del juez de Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional, Fernando Andreu en el que aceptaba la personación de la Comunidad como
acusación particular en el caso Lezo. El segundo, la providencia en la que
Andreu aclara al Gobierno de Cifuentes que ninguno de los documento del Canal de
Isabel II que vetó a la oposición “están bajo secreto de sumario”.
De esos dos documentos, que llegaron al mismo fax con un intervalo de solo dos
minutos, solo trascendió uno de ellos, y fue el propio Gobierno madrileño quien
se encargó de difundirlo. El 22 de agosto, es decir, cuatro días después de la
doble notificación por fax del Juzgado de Instrucción Número 6, fuentes del
Gobierno regional comunicaron que el juez del caso Lezo había aceptado la
personación de la Comunidad de Madrid. Pero, inexplicablemente, en ningún
momento, hicieron mención alguna de la providencia del Juez de la Audiencia
Nacional sobre las actas del Canal que, recordemos, llegó al mismo fax. Ese
documento fue descubierto por el Gobierno madrileño cinco meses después de que
lo hubiesen recibido los letrados de la Comunidad de Madrid, tal y como adelantó
eldiario.es.
La Comunidad dio el número de fax al juez
El Secretario del Juez, teóricamente, entregó en mano la providencia a los
abogados de la Comunidad de Madrid, de hecho, así lo pone por escrito, “en
presencia del Letrado de la Comunidad de Madrid le notifico mediante lectura
íntegra y entrega de copia literal de la resolución de la providencia”. Sin
embargo, en esa notificación no consta la firma del letrado, solo un número de
Fax. Fuentes de la Consejería de Presidencia aclaran a la SER que su abogado
nunca estuvo presente, por eso se aportó un número de fax para que les
remitiesen las notificaciones.
La Comunidad dio el 91 580 42 69. La SER ha comprobado que ese número de fax,
ubicado en la misma Puerta del Sol, lo comparten cuatro equipos de abogados de
la Comunidad, entre ellos, la letrada que tiene asignado el departamento del
Consejero de Presidencia, Ángel Garrido. Se trata del Servicio Jurídico en la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, un equipo de
abogados "independiente" del Gobierno, según aclaran desde la propia Consejería
de Ángel Garrido. Ese número de fax, también lo utiliza la Subdirección General
de lo Contencioso y Secretaría General, la Subdirección General de lo Consultivo
y Asuntos Constitucionales y la Unidad de Apoyo al Abogado General.
La Cadena SER ha intentado sin éxito conocer cuál de estas cuatro unidades
recibió el 18 de agosto esa providencia por Fax, y quién fue la primera persona
que lo recogió.
Apertura del secreto del sumario
Hasta el 12 de enero de 2018, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tuvo
conocimiento de la existencia de ese documento del juez Andreu, "traspapelaron
el documento durante esos cinco meses", según su versión. Sin embargo, los
propios abogados de la Comunidad de Madrid podrían haber tenido acceso a ese
escrito en el sumario, porque tal y como reconoce por escrito el Gobierno
madrileño en una respuesta parlamentaria: "El pasado 18 de diciembre se levantó
el secreto del sumario" de la trama Lezo. Es decir, desde ese día las partes
personadas en la causa podrían tener acceso. Como se apuntado anteriormente, la
Comunidad de Madrid lo es desde el 18 de agosto. Conclusión, los letrados de la
Comunidad de Madrid podrían haber encontrado en uno de los tomos públicos no
solo la providencia del juez Fernando Andreu – que el Gobierno de Cifuentes
supuestamente “traspapeló” durante cinco meses-, sino también el informe del
Fiscal, Carlos Yáñez.
Lejos de encontrar ese escrito en el sumario. Esos mismos letrados de la
Comunidad, el 26 de diciembre, culminaron un nuevo informe a petición del
Gobierno, que avalaba de nuevo la tesis de la Ejecutivo madrileño para no
remitir esa información a la oposición. Esos abogados, hicieron ese informe
teniendo en su poder el escrito del juez de la Audiencia Nacional, que apuntaba
en otra dirección, porque, recordemos, Fernando Andreu fue categórico: "La
petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad de
Madrid no están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones
administrativas".
http://cadenaser.com/emisora/2018/01/17/radio_madrid/1516204710_340547.html
LOS DOCUMENTOS DE CIFUENTES LLEGAN A LA
COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN TARDE Y MAL
Todavía no están todos y algunos de los que han llegado en realidad no están,
con la excusa de que los tienen que reclamar a otros organismos
La información que el Gobierno de Cristina Cifuentes ha estado ocultando durante
meses a la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid
está llegando por tandas e incompleta. La primera remesa llegó el mismo lunes,
en total 36 documentos aunque la mitad de ellos, en realidad no estaban. La
Comunidad de Madrid lo que responde es que tienen que solicitar dicha
información a sus filiales en Latinoamérica –Inassa fundamentalmente- en 17
casos. En otro más, argumenta que la información solicitada afecta a una empresa
privada con la que tiene cláusula de confidencialidad y tienen que pedir
autorización a la misma.
Este miércoles han llegado más documentos que a la oposición todavía no ha dado
tiempo a examinar pero, según ha podido saber El Plural, presentan el mismo
problema.
Encarnación Moya, portavoz socialista en la comisión de investigación, valora
que necesitarán días para poder examinarlo todo. Las Peticiones de Información
no sólo afectan al caso Inassa sino también a los cursos de formación (caso
Aneri) o la construcción del campo de entrenamiento de golf en el barrio de
Chamberí, en terrenos que eran propiedad del Canal de Isabel II.
Por si fuera poco, para dificultar su tarea, parte de la información les está
llegando a través de CD’s, que no pueden leer en los ordenadores portátiles que
la Asamblea de Madrid entrega a cada diputado porque no disponen de disquetera
de CD’s.
“No sé si se buscaba ralentizar o dificultar el trabajo de la comisión pero sí
demuestra una gran torpeza hacer así las cosas”, asegura la portavoz socialista
a preguntas de este periódico. Donde sí ve una “labor obstructiva reiterada por
parte del gobierno regional” es en la actitud que ha mantenido Cristina
Cifuentes durante todos estos meses negando de forma sistemática las peticiones
de información de la comisión apelando a que los documentos solicitados formaban
parte de la instrucción del caso Lezo y estaban afectados por el secreto del
sumario. La presidenta regional continuó defendiendo este argumento durante
meses apelando a que había hecho una petición al juez instructor para que la
autorizase a facilitar dichos papeles. La respondió el 18 de agosto diciendo que
los documentos NO formaban parte del sumario y que él no era quién para darle
permiso. Sin embargo, Cifuentes dice que no se ha enterado hasta ahora porque la
respuesta se traspapeló.
“Siendo muy bondadosos, suponiendo que no lo sabían, les interesaba que no
llegara la respuesta del juez porque se la imaginaban”, interpreta Moya,
convencida de que alguien en el ejecutivo regional ha “confundido
intencionadamente” las peticiones de la comisión. “Lo que nosotros pedíamos eran
documentos administrativos, no un informa de la investigación judicial”, aclara.
Los trabajos de la comisión deberían terminar en diciembre de este año. Ahora
teme que esta nueva carga de trabajo que supone examinar una documentación tan
exahustiva que posiblemente suponga más peticiones de comparecencias pueda
alargar ese tiempo. “No se trata de alargar nada porque sí, la comisión es la
primera interesada en que esto se resuelva cuanto antes, pero la situación y los
casos de corrupción que han saltado en la comunidad de Madrid son de tal calibre
que hacen necesarios esos plazos”.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/17/los-documentos-de-cifuentes-llegan-la-comision-de-la-corrupcion-tarde-y-mal
LOS OTROS DOCUMENTOS "TRASPAPELADOS" POR
EL GOBIERNO DE CIFUENTES: DE PÚNICA AL CAMPUS DE LA JUSTICIA
El caso de la providencia de la Audiencia Nacional sobre las actas del Canal se
suma a otros problemas con documentación judicial
El Ejecutivo regional ha enviado varios escritos al juez de Púnica asegurando
que no encontraba expedientes de adjudicaciones a empresas investigadas
El Gobierno de Cifuentes también tardó meses en encontrar las cuentas del Campus
de la Justicia y no localizó todos los contratos
Las grandes investigaciones sobre corrupción en Madrid han obligado a la
Audiencia Nacional a reclamar cientos de documentos al Gobierno de Cristina
Cifuentes. Los investigadores de los casos Púnica y Lezo se han encontrado en
varias ocasiones con que el Ejecutivo regional no era capaz de encontrar la
información que buscaban. Desde libros de cuentas hasta adjudicaciones a
empresas investigadas, la última providencia "traspapelada" es un capítulo más
de los problemas del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la documentación
judicial.
"Nadie puede pensar que estamos intentando ocultar algo", ha asegurado Cifuentes
este lunes, en su primera referencia a la información publicada por eldiario.es,
en la que se explica que su Gobierno tenía permiso desde agosto para entregar a
la oposición las actas del Canal de Isabel II y varios informes sobre los
pelotazos en Latinoamérica investigados en el caso Lezo. El Ejecutivo ha
destituido a un subdirector general, al que acusa de haber "traspapelado" la
providencia de la Audiencia Nacional. Esta explicación resulta "poco verosímil"
a la oposición, y PSOE y Podemos han pedido que comparezca en la Asamblea para
esclarecer lo ocurrido.
Durante los meses en los que ese papel dormía en un cajón, la Comunidad de
Madrid respondía a quien le preguntase que estaban esperando el permiso del juez
para entregar la documentación. Es más, aclaraban que interpretaban la falta de
respuesta como una negativa a facilitar a la oposición esa información.
El argumento es que la documentación sobre las compras de Emissao e Inassa por
parte de la empresa pública se había enviado al juez de Lezo, y por tanto se
encontraba protegida por el secreto de sumario. El Juzgado ha contestado que no
es así, y que no puede oponerse a que se facilite a los diputados de la Asamblea
de Madrid, que la tendrán por completo de forma "inminente", según el Ejecutivo.
Además, en un auto reciente, el juez Manuel García Castellón ha reclamado nueva
documentación sobre la compra de Inassa bajo la presidencia regional de Alberto
Ruiz Gallardón, porque el envío de la Comunidad de Madrid no contenía toda la
información sobre esa adquisición. Fuentes de la Comunidad de Madrid indicaron a
eldiario.es que ya se han enviado esos papeles; sin embargo, los jueces que
investigan la corrupción del PP en Madrid no siempre se han encontrado con la
misma diligencia en atender sus peticiones.
Papeles perdidos y destruidos en Púnica
Una de las ramas de la investigación de Púnica indaga en los delitos cometidos a
través de Arpegio, la empresa que gestionaba el suelo público de la Comunidad de
Madrid. Hubo adjudicaciones irregulares, enchufes de políticos del PP y pagos
sin justificación a cargos del partido. Un diputado nacional del PP, por
ejemplo, se llevó 12.000 euros por redactar un informe que no sobrepasaba las 30
páginas.
Los investigadores no han podido encontrar alguna de la documentación sobre
contratos bajo sospecha. Arpegio reconoció en un escrito enviado a la Audiencia
Nacional que no había localizado algunos documentos, después de que los agentes
se personasen hasta en dos ocasiones en la sede de la empresa para reclamarlos.
No hay causa conocida para esa desaparición, dijo la empresa pública dependiente
de la Comunidad de Madrid. En el escrito enviado a la Audiencia Nacional
aseguraron que estaban intentando localizarnos y que desconocía si no están en
su sitio por "causa voluntaria o involuntaria".
Esos documentos siguen perdidos, pero de otros se sabe que fueron destruidos.
Según publicó El Mundo, la Comunidad de Madrid había eliminado documentos
relacionados con una adjudicación investigada en Púnica, y que afectaba a Jaime
González Taboada, exconsejero de Cifuentes. Los papeles se hallaban en un
armario de la Dirección General de Administración Local y fueron destruidos,
aseguró la Comunidad de Madrid, como parte de la habitual eliminación de
documentos antiguos.
Documentos extraviados sobre la financiación ilegal
Entre los documentos que la Comunidad de Madrid ha traspapelado se encuentran
algunos relativos a su financiación ilegal, investigada en otra rama del caso
Púnica. La Consejería de Economía aseguró a la UCO que no disponía "físicamente"
de un expediente de adjudicación a una empresa de Daniel Mercado, el empresario
que reconoció ante el juez que había financiado ilegalmente al PP de Madrid.
Según el escrito, se debía a un problema con las empresas que debían custodiar
la documentación. La Consejería tenía los datos del contrato, pero no el
contrato en sí. Por tanto, no hay rastro de la adjudicación por un total de dos
millones de euros para que la empresa Over Marketing promocionara el programa de
autónomos de la Comunidad de Madrid, y que la Audiencia Nacional investiga si se
trató de una maniobra para pagar al empresario a cambio de sus trabajos en
campaña.
El Gobierno regional tampoco ha logrado encontrar otros contratos relacionados
con Over Marketing, en este caso relativos a las adjudicaciones del Campus de la
Justicia, el frustrado macroproyecto que pretendía aunar en un solo lugar todas
las sedes judiciales de la Comunidad.
En un escrito enviado a la Audiencia Nacional, el Ejecutivo de Cifuentes aseguró
que no había localizado "ninguno de los contratos" con empresas como Over
Marketing, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Link América, todas
relacionadas con Mercado. El empresario ingresó al menos 360.000 euros por
promocionar el proyecto.
Esa información sale del libro de cuentas del Campus de la Justicia, otro
documento extraviado que al Gobierno regional le costó meses encontrar. Llegaron
a darlo por perdido, para anunciar a los pocos días que lo habían encontrado.
Las cuentas, además de ser una radiografía del despilfarro de dinero público,
contenía referencias a los pagos a las empresas de Daniel Mercado.
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Cifuentes-traspapelado-Punica-Lezo_0_729677188.html
PODEMOS ESTUDIA UNA QUERELLA POR LA VÍA
PENAL CONTRA CIFUENTES POR MENTIR
La presidenta madrileña ya tiene una demanda ante el Tribunal Superior de
Justicia por negar a la oposición documentos del Canal de Isabel II y el caso
Lezo
“No es la primera vez que Cristina Cifuentes miente, pero sí la primera que
tenemos pruebas para demostrarlo”. Así de contundente se ha mostrado en
declaraciones a El Plural Miguel Ongil, portavoz de Podemos en la comisión de
investigación de la Asamblea de Madrid, tras saber que la presidenta madrileña
se ha estado escudando durante meses en el secreto de sumario para evitar
entregarles documentos sobre la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel
II.
Podemos se plantea incluso la posibilidad de interponer una querella por la vía
penal. Y es que no terminan de creerse la versión de la presidenta, que lleva
casi un año amparándose en el secreto sumarial para negar a Podemos información
relacionada con las actuaciones de la trama Lezo a través del Canal de Isabel
II.
El gobierno regional rechazó el pasado mes de abril dar respuesta a una Petición
de Información hecha por el diputado Eduardo Gutiérrez apoyándose en un informe
previo de la abogada jefe de la Consejería de Economía, que sostenía que no se
podía facilitar la información solicitada porque tenía carácter reservado al
estar afectada por el secreto de sumario.
Podemos solicitó amparo a la Mesa y amplió su petición de información a otras
cuestiones relacionadas con supuestas operaciones de la trama Lezo de las que
pudo tener conocimiento la Comunidad de Madrid. El Gobierno vuelve a contestar a
la comisión de la corrupción de la misma manera, esta vez adjuntando un informe
de la Abogacía General, de fecha de 23 de mayo, en el que amplía los argumentos
del informe previo. En total, la formación morada ha reclamado casi 80
documentos que han sido vetados de forma sistemática por el ejecutivo regional.
Entre otras cosas, han reclamado las actas de las reuniones del Consejo de
Administración del Canal de Isabel II y las deliberaciones del consejo de
gobierno que dieron luz verde a las operaciones en Sudamérica y el contrato de
compra de la sociedad colombiana Inassa, hecha a través de una empresa pantalla
radicada en Panamá.
En todos los casos el gobierno de Cifuentes ha justificado su cerrojazo a la
información apelando al carácter reservado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LECrim) otorga a la fase de instrucción de un proceso penal.
“En tanto no se decrete la apertura del juicio oral en los procedimientos
abiertos en la actualidad, no procede el envío a la Asamblea de informaciones
que consten en la fase de instrucción en atención al carácter reservado que a la
misma atribuye la LECrim en los términos previstos en el presente Dictamen”.
En paralelo, el Gobierno de Cristina Cifuentes se cubre las espaldas enviando el
1 de julio de 2017 al juez instructor del caso Lezo, Fernando Andreu, una
petición para que “recabar su autorización” y “solicitar su pronunciamiento
sobre la conveniencia o no” de facilitar la documentación a la Asamblea.
Tal y como explicó El Plural, el juez Andreu respondió el 18 de agosto con
claridad meridiana. Los documentos de los que hablaba Cifuentes NO forman parte
del sumario y, por tanto, él no podía “dictaminar, aconsejar ni mucho menos
ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”.
Pese a ello, Cifuentes continuó argumentando por escrito que estaba pendiente de
la decisión del juez. Lo hizo el 22 de noviembre de 2017 asegurando que “hasta
la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Juzgado de Instrucción número
6 a la carta enviada por el Gobierno”. Dos días más tarde el 24 de noviembre
volvía a insistir en el carácter reservado de estas informaciones, apelando al
criterio de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
Todo esto lo decía meses después de haber recibido la respuesta del juez Andreu.
Ahora argumenta que se traspapeló y culpa al subdirector general de Régimen
Jurídico, Sebastián Sánchez, a quien ya ha cesado. La argumentación de Cifuentes
ha dejado perplejos a Podemos y PSOE. Coinciden en considerarlo inverosímil.
¿Acaso nadie se molestó en mirar la documentación antes de contestar por escrito
con tal contundencia? Ambas formaciones ya han pedido su comparecencia en la
Asamblea y, en el caso de la formación morada, lo extienden también a la
comisión de investigación de la corrupción.
Demanda ante el TSJ
A falta de saber si finalmente interponen una querella penal, el Gobierno
regional sí tendrá que responder ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid por la demanda puesta por Podemos por este asunto y que fue
admitida a trámite el 4 de diciembre de 2017. El diputado Miguel Ongil, en
nombre de su Grupo Parlamentario, interpuso el recurso por la vía contenciosa
administrativa al entender que se estaban vulnerando los derechos fundamentales
de los diputados negándoles la información solicitada.
El procedimiento elegido es el mismo que siguió en Valencia Compromís cuando el
gobierno del PP se negó a facilitar contratos de la empresa pública Feria de
Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló en
contra del Consell y obligó a la administración a facilitar la documentación
solicitada. La formación valenciana acumula ya 14 sentencias del TSJ en este
sentido.
El Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid de Podemos está dispuesto a ir
hasta el final de este asunto y convencido de que la Justicia les dará la razón.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/15/caso-lezo-podemos-querella-penal-cifuentes-mentir
LA COMUNIDAD CESA A SUBDIRECTOR POR UN
ERROR EN ENTREGA DOCUMENTOS CASO LEZO
El Gobierno regional ha cesado al subdirector general de Régimen Jurídico,
Sebastián Sánchez, que depende de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, por "un error grave" que afecta a la entrega de documentación
relacionada con el caso Lezo a la oposición.
Según eldiario.es, el Ejecutivo madrileño recibió el pasado mes de agosto una
providencia del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo que le
daba vía libre para entregarle a la oposición las actas del Canal de Isabel II
relacionadas con el caso Lezo.
En declaraciones a Efe, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del
Gobierno regional, Ángel Garrido, ha recordado que el pasado 1 de agosto el
viceconsejero de Presidencia pidió por carta al juez del caso Lezo autorización
para entregar a la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de
Madrid 35 documentos que había solicitado la oposición.
El Gobierno regional no entregó estos documentos a la oposición porque un
informe de la Abogacía General decía que mientras estuvieran incluidos en un
proceso judicial tenían "un carácter reservado", ha apuntado Garrido.
El 18 de agosto el juez firmó una providencia que no se envió al viceconsejero,
sino a una Subdirección General de lo Contencioso, que está en Abogacía General;
y desde allí se envió el 21 de agosto a otra Subdirección General de Régimen
Jurídico, que depende de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia.
"Aquí está el problema", ha señalado Garrido, ya que en ese momento, el
subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, no vio el correo
electrónico con la providencia "por un fallo humano", ya que era "pleno mes de
agosto" y "se encontraba en periodo vacacional".
De esta forma, el secretario general técnico del Departamento de Presidencia no
sabía que esta providencia había llegado y no pudo dar la orden de que se
enviara la documentación a la oposición.
"Ni el secretario general técnico, ni yo, ni la presidenta tenemos conocimiento
de los escritos que llegan a las subdirecciones general si no nos lo elevan y no
lo hicieron", ha subrayado Garrido.
El pasado 3 de enero, el Gobierno regional envió otro escrito al presidente del
Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para solicitarle autorización
sobre la entrega a la oposición de 69 documentos (los 35 primeros y otros 34
más).
Garrido ha recordado que él mismo como presidente del Canal de Isabel II
denunció ante la Fiscalía el caso Lezo.
Además, ha subrayado que el Ejecutivo madrileño ha entregado a la oposición 720
peticiones de información relativas al Canal Isabel II y rehusó entregar 69 por
estar incluidas en un sumario, aunque, tras la autorización del juez del caso
Lezo, se remitirán a la oposición en la Asamblea de Madrid el próximo lunes.
También se ha referido a la petición de Podemos de comparecencia de la
presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en el Pleno y en la comisión de
corrupción de la Asamblea de Madrid por "ocultar" información y "mentir" a la
oposición en relación con el caso Lezo.
"Podemos no puede dar lecciones en asuntos de transparencia y corrupción porque
tiene dos imputados en el Ayuntamiento de Madrid y a otros cuatro en Alcalá de
Henares", ha señalado Garrido.
Ha argumentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede conocer los
escritos que llegan a las subdirecciones generales de la Comunidad de Madrid y
ha obrado "de buena fe" desconociendo la providencia del Juzgado.
http://www.lavanguardia.com/politica/20180113/434281599535/la-comunidad-cesa-a-subdirector-por-un-error-en-entrega-documentos-caso-lezo.html
LOS DOCUMENTOS QUE HA OCULTADO
CIFUENTES: DE LAS OPERACIONES DE GONZÁLEZ Y GALLARDÓN A LOS PAGOS AL TESTAFERRO
DE LEZO
La presidenta regional se ha negado a entregarlos a la oposición a pesar de que
tiene permiso del juez para hacerlo
Los documentos, que el Ejecutivo dice que facilitará de inmediato, versan sobre
el pelotazo en Brasil de González o la compra de Inassa de Gallardón
Entre los documentos hay un acta que prueba la participación activa de Cifuentes
en los plenos del Consejo de Administración del Canal
Son decenas de documentos relacionados con el caso Lezo, la investigación que
afecta a Alberto Ruiz Gallardón, que llevó a prisión provisional a Ignacio
González y que provocó la dimisión de Esperanza Aguirre. Los documentos del
Canal que Cristina Cifuentes niega a la oposición, aunque tiene autorización del
juez para entregárselas, recorren todas las irregularidades de la empresa
pública que han afectado a tres de los cuatro últimos presidentes de la
Comunidad de Madrid.
La oposición las ha pedido en repetidas ocasiones, pero la respuesta de la
Comunidad siempre ha sido que estaban protegidas por el secreto de sumario, y
que era el juez de Lezo quien tenía que dar autorización. Sin embargo, la
Audiencia Nacional dio autorización el pasado mes de agosto porque, argumentó,
esas actas no estaban sujetas al secreto de sumario. A pesar de ello, la
Comunidad ha seguido negándolas alegando que el juez no había contestado.
El Ejecutivo regional argumenta ahora que la providencia del juez se traspapeló
y ha cesado a la subdirectora general de régimen jurídico que la recibió. El
Gobierno de Cifuentes se compromete ahora a entregar esa información de
"inmediato", cinco meses después de que el juez le contestase que podía hacerlo.
Entre los documentos que reclaman los diputados de la Asamblea -en el marco de
la comisión que investiga la corrupción en Madrid- se encuentran los informes
sobre la compra de Emissao, el pelotazo en el que se acusa a González de haberse
llevado comisiones, o los detalles de la adquisición de Inassa, la operación que
que se realizó bajo la presidencia de Gallardón, y que ahora investiga la
Audiencia Nacional.
Pero también se reclaman documentos sobre los pagos abonados a Edmundo
Rodríguez, así como el respaldo documental de su ascenso a presidente de Inassa.
Entre las actas que Cifuentes ocultó se encuentra también una relativa a la
creación de Canal Isabel II Gestión, en un Consejo de Administración en el que
la propia presidenta regional intervino activamente para avalar el proceso y
zanjar las criticas de quienes tenían dudas.
El pelotazo de González en Brasil
En el listado de documentos que el juez autorizó a entregar aparece
repetidamente el nombre de la empresa Emissao. Los diputados reclaman, por
ejemplo, los informes internos en los que se basó la compra, la due diligente
sobre la operación o las actas de las reuniones en las que se aprobó que para el
proceso se utilizase una sociedad vehículo con sede en Paraguay. Se reclama
también la documentación relativa a pago que se hizo al dueño de Emissao,
Sabastiao Cristovam, así como todos los detalles de las transferencias para
cerrar la compra.
Esa operación está en el inicio del caso Lezo. El juez sostiene que se produjo
un sobreprecio en la compra de esta empresa brasileña que fue a parar a los
bolsillos de los principales implicados. Un arrepentido confesó que Ignacio
González se llevó 1,8 millones de euros, mientras que otros cuatro presuntos
implicados se llevaron 900.000 cada uno.
Entre ellos estaba Edmundo Rodríguez, testaferro de González, y la persona que
falseó datos ante el Consejo de Administración del Canal para justificar la
compra de Emissao. Entre otras cosas, omitió informes en los que se apuntaba que
la empresa brasileña conseguía contratos a cambio de sobornos. Además, articuló
la operación, preparada con cinco años de antelación, para que se cruzasen
empresas pantalla de sus socios y el dinero acabase en bancos suizos.
La expansión con Gallardón
La oposición también reclama documentos relativos a Inassa, la sociedad
colombiana que compró el Canal en 2001 por 73 millones de dólares, cuando
Gallardón era presidente regional. La operación, según Anticorrupción y el juez,
estuvo plagada de irregularidades pudo darse un sobreprecio, al igual que con la
compra de Emissao.
La adquisición de Inassa supuso el inicio de la expansión del Canal por América
Latina. Según Anticorrupción, Arturo Canalda, el gerente de la empresa pública,
preparó la compra meses antes de tener autorización del Consejo de Gobierno.
Además, esa autorización no incluía que Inassa se comprase a través de una
sociedad vehículo con sede fiscal en Panamá.
Todos los consejeros del Canal que votaron a favor están imputados. Algunos han
reconocido que manejaron valoraciones de Inassa muy por debajo de lo que se pagó
finalmente, y han dicho no saber nada de la sociedad Panameña. Para ahondar en
este asuntos, los diputados piden el acta de constitución de Canal Extensia, la
sociedad que luego compró Inassa, y la documentación completa que manejaron los
consejeros. Algunos han declarado que apenas tenían detalles y que se fiaron de
los informes de Canalda.
Los pagos a Edmundo Rodríguez
El Canal compró Inassa, y en ella acabó de presidente Edmundo Rodríguez Sobrino.
Se convirtió en el hombre de González para los negocios en latinoamérica y fue
quien comandó el pelotazo de Emissao. Ahora, arrepentido, ha confesado que
ingresó en Suiza la comisión que tanto él como el expresidente se llevaron de la
compra de Emissao.
Por esa razón, los diputados han reclamado documentación relativa a su ascenso a
la presidencia del Canal en 2006, ya con González en la vicepresidencia de la
Comunidad de Madrid. Además, Rodríguez Sobrino fue la persona que se vio con
José Manuel Serra Peris para tratar de averiguar si había una investigación
contra él y González.
Mientras gestaba las operaciones del Canal de las que luego se llevaba una
parte, Rodríguez Sobrino tenía un sueldo de 30.000 euros al mes, recibió pagos
de la empresa pública a su bufete de abogados, y pretendía llevarse 700.000
euros cuando le despidieron. La oposición ha reclamado toda la documentación
relativa a esos acuerdos económicos.
El apoyo de Cifuentes a Canal Isabel II Gestión
Los parlamentarios de la oposición han reclamado todas las actas del Canal entre
2007 y 2015. Hay una que afecta directamente a Cifuentes, porque intervino en un
Consejo de Administración como delegada del Gobierno, en la reunión que trató la
creación de Canal Isabel II Gestión, una sociedad proyectada en 2008 por
Esperanza Aguirre e ideada para atraer el capital privado a la empresa pública
de la gestión del agua.
El Consejo estuvo presidido por el entonces presidente regional, Ignacio
González, ahora en prisión provisional por presuntos delitos cometidos a través
del Canal. La batuta de la reunión la llevó el director gerente de la empresa,
Adrián Martín, y el consejero José Manuel Serra Peris, ambos imputados en Lezo.
Algunos consejeros protestaron porque la ingente documentación que tenían que
analizar la habían recibido tan solo un día antes del Consejo. Cifuentes
intervino para defender la transparencia del proceso: “En este Consejo ninguna
información se ha ocultado”. Volvió a intervenir ya al término de la reunión,
cuando tomó la palabra para reiterar su apoyo a la creación de esa nueva
sociedad.
http://www.eldiario.es/politica/Cifuentes-operaciones-Gonzalez-Gallardon-Lezo_0_728278044.html
CIFUENTES SE EXCUSA: LA RESPUESTA DEL
JUEZ DE LA LEZO SE TRASPAPELÓ
PSOE y Podemos han pedido su comparecencia en la Asamblea de Madrid para que
explique por qué negó a la oposición los documentos sobre la compra de Inassa
apelando al secreto de sumario
El pasado mes de agosto el juez instructor del caso Lezo respondió de forma
taxativa a la consulta de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina
Cifuentes sobre si podía entregar los papeles de la compra de Inassa a la
comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Durante
meses ha estado negando a la oposición estos documentos apelando a que formaban
parte del secreto de sumario. Sin embargo el juez le dijo muy claramente que no
tal y como reveló en primicia el pasado 28 de diciembre El Plural.
El juez Fernando Andreu, en una providencia con fecha del 18 de agosto dejó
claro que estos documentos "no están incluidos en el sumario”. “Su entrega se
rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción pueda
dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de
entregar esta documentación”, concluyó.
Sin embargo, la presidenta continuó negándolos a la Asamblea. Ahora dice que la
respuesta del juez se traspapeló y echa las culpas al subdirector general de
Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, que se encontraba de vacaciones. El hombre
ha sido cesado por una "negligencia administrativa grave", ha comunicado la
presidenta en un desayuno informativo organizado por Europa Press. "Hasta el
pasado viernes el Gobierno no tuvo conocimiento de que el juez había dado la
autorización", ha insistido Cifuentes [elplural.com lo publicó el 28 de
diciembre], que ha asegurado que "hoy mismo" se van a mandar los documentos a la
Asamblea para que puedan consultarlos los grupos de la oposición.
Cifuentes ha insistido en que actúa con total "transparencia" y que su Gobierno
está colaborando con la Justicia, "mandando la documentación de manera
permanente". "Pero entiendo que quieran agarrarse a cualquier cosa para
desgastar a mi Gobierno o a mí".
Ha afirmado que no tiene "problema" en ir a la Asamblea "o a donde sea" a dar
las explicaciones oportunas. Por el momento, el PSOE ya ha registrado una
petición de comparecencia de Cifuentes, entre otras acciones.
Podemos también ha registrado esta mañana también una petición para que Cristina
Cifuentes comparezca en el Pleno de la Asamblea y la comisión de Investigación
de la Corrupción Política. A esta última, también Podemos ha demandado que acuda
Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/15/cifuentes-caso-lezo-respuesta-juez-traspapelada
CIFUENTES VETÓ A LA OPOSICIÓN
INFORMACIÓN DEL CANAL QUE NO ESTABA BAJO SECRETO DE SUMARIO
El Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiso remitir documentos a la
oposición, pese a que durante cinco meses tuvo vía libre por parte de la
Audiencia Nacional para entregar esa información
La Comunidad niega "mala fe", asegura que tardaron cinco meses en percatarse de
la existencia de la comunicación del juez. No lo vieron antes "por un error
humano" cometido por un subdirector general que ha sido cesado por la gravedad
de los hechos
El Gobierno de Cifuentes tenía luz verde de la Audiencia Nacional para dar a la
oposición los 35 documentos sobre el Canal de Isabel II desde agosto; es decir,
durante cinco meses estuvo reteniendo, sin motivos, toda la información que la
Comunidad de Madrid ha denegado sistemáticamente a PSOE, Podemos y Cs.
Desde que la Comisión de Investigación de la Corrupción comenzase a tratar las
irregularidades que sobrevuelan a la empresa pública que gestiona el agua de
todos los madrileños, la oposición siempre se ha estrellado contra un muro. Lo
han intentado por todo tipo de vías, pero ninguno de los tres grupos de la
oposición, ni PSOE, ni Podemos ni Ciudadanos han conseguido que el Gobierno de
Cifuentes les remitiese, por ejemplo ni las actas del Consejo del Canal entre
2007 y 2015, ni las actas del nombramiento de Edmundo Rodríguez Sobrino, ni el
Informe de Due Diligence Financiero de KPMG sobre la ruinosa compra de Emissao,
ni las escrituras de la constitución de Canal Extensia.
El Gobierno de Cristina Cifuentes ha alegado siempre para no remitir esa
información que esos documentos estaban bajo secreto de sumario. Pero nunca
estuvo bajo la protección del secreto de sumario del Caso Lezo, según ha
adelantado eldiario.es. "La petición de documentos que realiza la Comisión
Anticorrupción de la Comunidad de Madrid no están incluidos en el sumario y su
entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción
pueda dictaminar, aconsejar, ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no
de entregar esta docuementación".
Esa es la contundente respuesta que dio el juez Fernando Andreu al Gobierno de
Madrid a través de en una providencia a la que ha tenido acceso la SER.
Ese escrito del juez llegó al Gobierno de Cifuentes el día 22 de agosto, pero
sorprendentemente no fue hasta el pasado viernes, es decir, cinco meses después,
cuando se percataron de la existencia de ese papel. Casualmente, la Cadena SER
consultó el pasado martes a la Consejería de Presidencia si el juez de la
Audiencia Nacional había respondido a la consulta que le hicieron en el mes de
julio, la respuesta fue un "no", de forma tajante.
En la Puerta del Sol niegan que se haya actuado "de mala fe", aseguran que todo
se trata de un "error humano" y señalan al subdirector general del Régimen
Jurídico de la Secretaría General Técnica de la Comunidad de Madrid "que fue
quien traspapeló la respuesta del juez". Ese alto cargo ha sido cesado, según
han confirmado a la SER desde el Gobierno madrileño, "ante la gravedad del error
cometido".
En el mes de octubre, Podemos decidió presentar un denuncia en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Comunidad de Madrid por su
cerrojazo informativo, Ciudadanos también amagó con hacer lo mismo. Todos los
grupos han criticado la opacidad de la Comunidad de Madrid y la falta de
colaboración a la hora de remitir esos documentos.
La decisión de negar parte de esa información a la oposición la ratificó el
pasado de 2 agosto, el viceconsejero de Presidencia, el ahora consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, amparándose un informe de la Abogacía General de
la Comunidad de Madrid, al que tuvo acceso la SER. Días antes, el 1 de julio, el
propio Ruiz Escudero envió una carta al juez del caso Lezo, Manuel
García-Castellón en la que le pedía autorización para que pudiesen dar respuesta
a todas las peticiones de información que habían recibido. En esa carta, la
Comunidad de Madrid aporta el informe de la Abogacía General contrario a que se
diese esa información.
http://cadenaser.com/emisora/2018/01/13/radio_madrid/1515861321_849513.html
CIFUENTES TENÍA DESDE AGOSTO
AUTORIZACIÓN DEL JUEZ PARA DAR LAS ACTAS DEL CANAL A LA OPOSICIÓN Y LAS SIGUIÓ
NEGANDO
La presidenta se ha excusado en que necesitaba un permiso del juez cuando éste
dictó hace cinco meses una providencia asegurando que no es así
La Comunidad de Madrid justifica que ha tenido conocimiento de la resolución
este viernes porque se "traspapeló" y cesa al subdirector general que la recibió
El Ejecutivo ha negado peticiones de información desde entonces con el argumento
de que no les había llegado y ahora asegura que enviará la documentación "de
inmediato" a la Asamblea de Madrid
El Gobierno de Cristina Cifuentes se ha quedado sin excusas para demorar la
entrega a la oposición de la documentación del Canal de Isabel II relacionada
con el caso Lezo. El Ejecutivo tenía desde agosto una resolución de la Audiencia
Nacional, a la que ha tenido acceso eldiario.es, que le daba vía libre para
hacerlo pero ha seguido negando la información a los diputados. Solo tras
preguntar este medio por dicha providencia, la Comunidad de Madrid confirma que
la notificación llegó pero se traspapeló y hasta este viernes no había tenido
conocimiento de ella, según su versión de los hechos.
La información, negada durante meses a la comisión parlamentaria que investiga
la corrupción, se hará llegar de "inmediato" a la Asamblea de Madrid, aseguran
fuentes de la Comunidad de Madrid. Entre los documentos se encuentran los
informes sobre la compra de Emissao, el pelotazo del Canal en Brasil en el que
un arrepentido declaró que el expresidente Ignacio González se llevó 1,8
millones de euros, o los detalles de la adquisición de Inassa, la operación que
se realizó bajo la presidencia de Gallardón a través de un paraíso fiscal. La
Audiencia Nacional la investiga porque ha visto en el proceso un "cúmulo de
irregularidades".
En la batería de documentos hay informes sobre los pagos a Edmundo Rodríguez,
testaferro de González, así como los documentos de cuando se aprobó su ascenso a
presidente de Inassa. Y también, entre las actas solicitadas, una relativa a la
creación de Canal Isabel II Gestión, en un Consejo de Administración en el que
la propia presidenta regional intervino activamente para avalar el proceso y
zanjar las criticas de quienes tenían dudas.
La consulta no tenía "base legal"
La providencia firmada por el juez Fernando Andreu, de guardia en agosto en el
Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, deja claro que la entrega
de documentos a los diputados de la oposición "se rige por disposiciones
administrativas sin que el juez pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos
ordenar sobre la conveniencia o no" de proporcionarla. Y añade que la consulta
del Ejecutivo regional "no tiene base legal en la medida en que es ajena a las
competencias que la LOPJ y la LECrim atribuyen al juez instructor de un
procedimiento".
Desde que la resolución se notificó a la Comunidad de Madrid, el Gobierno de
Cifuentes ha negado hasta en tres ocasiones que dispusiera de esa respuesta y ha
continuado ocultando la documentación a los diputados.
La primera, el pasado 2 de noviembre en sede parlamentaria ante una pregunta en
el pleno de la diputada de Podemos Lorena Ruiz-Huerta; la segunda, en una
contestación el 24 de noviembre a una petición de información acordada por la
Mesa de la comisión de investigación, esta vez por escrito. Además, fuentes de
la Comunidad de Madrid aseguraron a eldiario.es el 23 de noviembre que el
magistrado no había respondido y esa circunstancia se había interpretado como
una negativa a autorizar el envío de las actas.
Un "error humano", según la Comunidad de Madrid
Fuentes de la Comunidad de Madrid justifican que la providencia no se envío a la
persona que emitió la consulta del Ejecutivo al juzgado que instruye el caso
Lezo, en este caso Enrique Ruiz Escudero, entonces vicepresidente de la
Consejería de Presidencia y actual consejero de Sanidad. "Llegó por fax a una
subdirección general de la Abogacía en agosto, que lo remite al subdirector
general de régimen jurídico, que estaba de vacaciones. Y a la vuelta no la vio.
Como no tuvo conocimiento, no dio traslado a sus superiores. Todo se debe a un
error humano, no ha habido mala fe", explican las mismas fuentes. Este
"negligencia" se ha llevado por delante a este alto cargo, según ha podido saber
eldiario.es. La Comunidad de Madrid no ha querido aportar más información a
eldiario.es más información sobre el cese.
En la diligencia de notificación, a la que ha accedido este medio, el juez alude
a la presidencia del "letrado de la Comunidad de Madrid", extremo que no aclaran
las fuentes del Ejecutivo regional consultadas, que aseguran que solo llegó vía
fax.
En los últimos meses, el Gobierno de Cifuentes se había apoyado en un informe de
la Abogacía de la Comunidad de Madrid que ahora desmonta la resolución del juez.
El documento de los letrados, fechado en 23 de mayo, concluye que es ineludible
consultar al magistrado del caso Lezo, Manuel García Castellón, para entregar
los documentos del Canal de Isabel II a la oposición debido al carácter secreto
de la investigación. La premisa queda sin validez una vez conocido el escrito
del juez Andreu porque, además, el conjunto de papeles solicitados "no están
incluidos en el sumario", afirma el magistrado.
El juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que en un
escrito apuntó que el juez solo puede decidir sobre los documentos de un sumario
"a los que solo pueden tener acceso las partes personadas". Es el mismo criterio
que el expresado por los expertos consultados por eldiario.es, que apuntaron que
el secreto de sumario no puede afectar a documentos cuyo acceso es público.
En noviembre, la Mesa de la comisión de investigación sobre la corrupción
solicitó expresamente al Gobierno la copia de la respuesta del juzgado de
instrucción –que le había llegado en agosto– y obtuvo por respuesta que "hasta
la fecha" no se había "recibido respuesta a la carta enviada por el Gobierno",
según la contestación firmada por la directora general Blanca Pinedo Texidor, a
la que ha tenido acceso eldiario.es. El día 2 del mismo mes, la presidenta
Cristina Cifuentes reiteró en el pleno de la Asamblea de Madrid que había hecho
una consulta al juez instructor y que su gobierno haría "exactamente lo que nos
diga".
El Ejecutivo regional se parapeta para no dar información a la oposición en el
criterio de dos informes de la Abogacía de la Comunidad de Madrid. El primero,
fechado en 23 de mayo, repasa la doctrina del Tribunal Constitucional para
concluir que los diputados tienen derecho a reclamar esa información, pero
recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias de
investigación "serán reservadas y no tendrán carácter público hasta la fase de
juicio oral".
El segundo se solicitó a los letrados después de levantamiento del secreto de
sumario del caso para saber , según argumenta la Comunidad de Madrid, si esta
nueva circunstancia "afecta al deber del Consejo de Gobierno de facilitar la
información solicitada". El Ejecutivo lo pidió a los letrados pese a que el
juzgado ya se había pronunciado cuatro meses sobre que tenía vía libre para
hacerlo. El documento, al que ha accedido este medio, redunda en los argumentos
del primero y concluye que "la remisión de documentación obrante en un sumario
sometido a la reserva prevista en el artículo 301 de la LECrim queda
condicionada a la previa ponderación del órgano jurisdiccional que instruye la
causa".
El informe de la Abogacía aparece adjunto a la respuesta fechada en 26 de
diciembre a una nueva petición acordada por la comisión de investigación que
incluye más expedientes, informes y actas relacionadas con el Canal de Isabel
II. Esta fue la última vez que se negó información a la oposición.
Solo dos semanas después, el PP ha anunciado que sus diputados no seguirán
participando en la comisión parlamentaria que ha sentado en los dos últimos años
frente a los diputados de la Asamblea de Madrid a los cuatro presidentes que ha
tenido el PP en la Comunidad de Madrid: Ignacio González, Alberto
Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
La "huída" del PP, calificada así por la oposición, se produce en un momento
crítico para sus causas judiciales: todos los expresidentes aparecen en
investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el futuro judicial de los tres
últimos va a depender de los próximos informes de esta fiscalía para el juez de
los casos Púnica y Lezo.
La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el Gobierno de Cifuentes ha
puesto trabas a la investigación en la comisión ocultando los documentos que
pedían, extremo que siempre ha negado el Gobierno regional.
http://www.eldiario.es/madrid/Cifuentes-autorizacion-entregar-oposicion-Canal_0_728277358.html
LO QUE CRISTINA CIFUENTES NO QUIERE QUE
SEPAS DEL CASO LEZO
Aprovecha la personación de la Comunidad de Madrid en el proceso para defenderse
como presidenta del PP
La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, está personada en el
caso Lezo y, por tanto, goza de información en tiempo real sobre la instrucción.
Además, hay dos empresas públicas, también controladas por la administración
popular, que gozan de información privilegiada sobre los casos de corrupción en
los que se ha visto envuelto el PP madrileño. Es el caso del Canal de Isabel II
(personado en Lezo) y Arpegio (reconvertida en Nuevo Arpegio), en la Púnica.
Uno de los ejemplos de cómo está manejando la defensa de los intereses de su
partido utilizando el privilegio que le da esa personación es su negativa a
facilitar documentos sobre la compra de Inassa a la comisión de investigación de
la corrupción de la Asamblea de Madrid. Podemos hizo la solicitud y la
presidenta contestó con un rotundo no alegando que las actas solicitadas forman
parte de las diligencias del caso Lezo y que hasta que no se decrete la apertura
del juicio oral gozan de “carácter reservado”.
Sin embargo, su apelación a la ley de Enjuiciamiento Criminal es falaz y ella lo
sabe. Al menos desde el pasado 18 de agosto cuando un auto del juez Fernando
Andreu responde a una consulta de la propia Comunidad de Madrid en relación a si
debe entregar o no los documentos sobre la compra de Inassa y Emissao a la
comisión anticorrupción de la Asamblea.
Respuesta contundente del juez
El magistrado hace suyo el pronunciamiento del fiscal y deja en evidencia los
argumentos esgrimidos por Cifuentes. Aclara que su petición no tiene base legal
y que no le corresponde pronunciarse porque los documentos solicitados “no están
incluidos en el sumario”. “Su entrega se rige por disposiciones administrativas
sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos
ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”, concluye.
La presidenta madrileña optó por ignorar la postura del juez y ha seguido
manteniendo los documentos sólo a la vista de los que la interesaban. Se los
facilitó al propio Alberto Ruiz-Gallardón para preparar su comparecencia ante la
comisión, pero no a Podemos y el resto de grupos parlamentarios.
Podemos lleva ante la Justicia a Cifuentes
El partido de Pablo Iglesias, harto del boicot de Cifuentes, puso el pasado mes
de octubre un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
de Justicia de la Comunidad de Madrid por su negativa a facilitar los
documentos.
No sólo ha ignorado la orden del juez, sino que ha faltado a la verdad. Cuando
Íñigo Errejón le recriminó el pasado 23 de octubre su actitud, no dudó en
responder, a través de la cuenta oficial del PP de Madrid, que ella denunció la
trama Lezo y “somos los primeros interesados en conocer la verdad”. Para
demostrarlo se escuda en que han respondido a “más de 600 peticiones de
información de la Asamblea sobre el Canal”. Todo ello dos meses después de haber
recibido la respuesta del juez.
No solo el PP madrileño, también la Comunidad de Madrid mintió sobre este asunto
o, al menos, no contó toda la verdad. Ese mismo 23 de octubre varios medios
difundieron la explicación de que Cifuentes había consultado con el juez del
caso, Manuel García Castellón (a quien sustituyó Fernando Andreu por las
vacaciones de verano) la pertinencia de facilitar los documentos y que todavía
no había contestado. “El juez todavía no ha dado permiso”, explicaron
textualmente.
El juez también le pide los papeles
Pero el cerco a Cifuentes por el caso Lezo no queda ahí. El juez ha imputado
oficialmente a su protegido Arturo Canalda, hasta ahora presidente de la Cámara
de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que se ha visto obligado a dimitir.
Durante meses, y a pesar de las elevadas sospechas que pesaban sobre él,
Cristina Cifuentes lo mantuvo en su puesto. Entre otras cosas, tal y como reveló
El Plural, su papel en la compra de Inassa, una de la operaciones fraudulentas
que se investiga en la trama, no fue tan irrelevante como él se ha empeñado en
contar.
En el auto de imputación de Canalda y la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón el
magistrado reclama a la Comunidad los papeles que lleva meses negando a la
oposición. Los polémicos papeles los había reclamado la Fiscalía y ahora, el
juez requiere de "forma urgente" y en un plazo no superior a 10 días aporte las
actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad del 29 de noviebre de 2001 que dio
el visto bueno a la compra de Inassa y toda la documentación que se trasladó al
consejo para autorizarla, entre otros papeles. Alberto Ruiz Gallardón presidió
ese consejo y el juez condiciona la petición de la Fiscalía de que se le cite
como investigado al examen de los mismos.
https://www.elplural.com/politica/2017/12/28/lo-que-cristina-cifuentes-no-quiere-que-sepas-del-caso-lezo
DOS COLEGIOS CONCERTADOS DE MADRID
RECOMIENDAN A LAS PROFESORAS VESTIR CON “RECATO” Y “MODESTIA”
Una circular interna a los centros aconseja a las docentes evitar "escotes
pronunciados" o ropas "excesivamente ajustadas"
Un documento interno de los colegios concertados Juan Pablo II de Alcorcón y
Guadarrama (Madrid) pide que las docentes contemplen el "recato" y la "modestia"
en su atuendo y eviten "transparencias", "escotes pronunciados" o "hombros al
aire". La circular establece una serie de indicaciones de vestimenta para la
uniformidad de los alumnos que estudian en los centros y las características de
la ropa que tienen que llevar los docentes.
La nota, adelantada este martes por el eldiario.es, subraya que "no es
conveniente el uso de pantalones vaqueros, mallas o pantalones muy ajustados" y
agrega que es "preferible" evitar "camisetas de tiras o ropas excesivamente
ajustadas". También pone énfasis en cuidar los detalles "en cuanto a higiene y
estética". Se desaconsejan colores "chillones" y se pide "por favor" que se
eviten piercing y estridencias.
La circular sostiene que "la feminidad es una cualidad destacada en la mujer" y
que hay que potenciarla. El apartado dirigido a las profesoras asegura que el
"modo de ir vestidas importa mucho" y que es importante ir "cómodas, elegantes y
sencillas". El texto expone que al optar por el vestido o la falda es
conveniente que "como mínimo" la prenda baje hasta la rodilla, al igual que se
exige al alumnado femenino.
Con respecto a los docentes varones, la circular indica que deben utilizar traje
y corbata. En los meses de verano estará permitido llevar una camisa de manga
corta. Se requiere que los profesores eviten pelo largo, pendientes y piercing.
La Comunidad de Madrid indaga si el documento tiene algún tipo de repercusión
sobre la concesión de los conciertos, según fuentes de la Consejería de
Educación. El Gobierno regional no tiene competencia para intervenir en materia
de relaciones laborales entre los empleados y los centros, ya que estos son
privados, añaden las mismas fuentes.
Los dos colegios madrileños son gestionados por la Fundación Educatio Servanda,
que también administra otro centro en la capital, tres en Cádiz y uno en
Almería. Todos son concertados y por lo tanto reciben dinero de la
administración pública. Este periódico ha intentado sin éxito hablar con
responsables de la fundación y de los colegios de Alcorcón y Guadarrama.
Un centro educativo que generó polémicas
El colegio Juan Pablo II de Alcorcón se vio salpicado en 2016 por las polémicas
a raíz de una carta del director del centro que comparaba la Ley contra la
LGTBfobia de la Comunidad de Madrid con el "fanatismo terrorista", escrito que
le supuso una multa de unos 1.000 euros por parte del Gobierno regional.
En abril 2017 la cadena Ser informó de que en el mismo centro se impartían
talleres extraescolares diferentes para niños y para niñas. A ellos se les
ofrecían excursiones al estadio Santiago Bernabéu y a ellas cursos de ganchillo,
según denunciaba ese medio. El colegió se defendió asegurando que los talleres
eran abiertos a todos.
La Comunidad de Madrid abrió una investigación. Los inspectores instaron al
centro a que corrigiera aspectos formales, como los plazos en los que se
comunica a la administración pública qué actividades extraescolares se imparten
y que estas no coincidan con horarios de materias obligatorias, según la
Consejería de Educación. Las mismas fuentes afirman que no se concluyó que los
talleres se ofrecían según criterios sexistas.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/10/actualidad/1515587672_966261.html
CRISTINA CIFUENTES: "NO ME VAN A
IMPUTAR. ESO NO VA A OCURRIR"
La presidenta de la Comunidad de Madrid descarta que pueda ser citada como
investigada por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea. Cifuentes admite
que los casos de corrupción han dificultado su acción de gobierno y admite
abiertamente que quiere ser candidata del PP a la Comunidad en 2019
Cristina Cifuentes no teme que la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de
Madrid al empresario Arturo Fernández, cuando la actual presidenta era
vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, pueda terminar en imputación.
Cifuentes, en la tradicional entrevista de Año Nuevo en la SER ha sido tajante:
"Todo se hizo conforme a la legalidad en todo momento. Todas las adjudicaciones
se hicieron conforme a los informes técnicos y con la unanimidad de todos los
grupos políticos. Eso (la imputación) no va a ocurrir. Eso no puede ocurrir. Es
una hipótesis que yo ni me planteo".
Cifuentes ha remarcado otra vez que sus responsabilidades empiezan y acaban en
su acción de gobierno. "Yo nunca he participado en ningún gobierno ni de
Esperanza Aguirre, ni de Ignacio González ni de Gallardón. Cada uno se tiene que
responsabilizar de las cosas que hace". La presidenta reconoce que la corrupción
ha afectado a su acción de gobierno durante esta legislatura y evita, durante la
entrevista, pronunciarse sobre las dos operaciones del Canal de Isabel II que
investiga la justicia. Preguntada por si la operación de Inassa (el desembarco
de la empresa pública madrileña en Latinoamérica cuando Gallardón ocupaba la
presidencia de la Comunidad y por la que la justicia ha imputado a la cúpula de
la empresa pública) es similar a la compra de Emissao por parte de González,
Cifuentes evita decantarse por uno u otro y deja ese trabajo en manos de la
justicia. "La justicia hará lo que tenga que hacer".
Tanto el PP como el gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaron un código ético
que obliga a cualquier diputado o miembro del ejecutivo a abandonar su cargo en
caso de imputación. Cifuentes presume de su aprobación pero cuestiona si es una
medida justa en todos los casos en los que finalmente se demuestra que el cargo
investigado no cometió ningún delito. "Hay que hacer una reflexión conjunta a
nivel nacional en el Congreso y debería ser el Congreso de los Diputados el que
establezca las lineas rojas. A veces la mera sospecha acaba con la carrera de
una persona y eso es muy injusto".
Esperanza no me lo puso fácil
Cifuentes quiere ser la candidata del PP en las autonómicas de 2019. Se ve
preparada y con conocimiento sobrado de la gestión de la Comunidad. Entiende que
esos comicios serían un examen para su gestión durante estos años. "Cuando me
presenté la otra vez fue todo muy rápido. Esperanza Aguirre no me lo puso fácil
(en aquella campaña) y aprendimos que es posible hacer campañas con pocos
medios".
Preguntada por si teme que el vuelco de Ciudadanos en Cataluña se pudiera
producir en Madrid en las elecciones, Cifuentes cree que las situaciones no son
comparables y que en Madrid, el voto útil del centro-derecha lo representa el
Partido Popular.
Cuestión de Estado
La presidenta de la Comunidad de Madrid evita calificar de acertada o equivocada
la estrategia de Rajoy en Cataluña. Considera que Rajoy siguió la estrategia que
necesitaba España "y esta no era la estrategia que favorecía al Partido Popular.
Y eso tiene un coste electoral y para el Partido Popular lo ha tenido. Mariano
Rajoy hizo lo que tenía que hacer
Cifuentes espera seguir trabajando en 2018 para mejorar la calidad del empleo.
Destaca que Madrid ya ha recuperado todos los puestos que se destruyeron durante
la crisis pero que su gestión seguirá dirigida en los próximos meses a mejorar
la situación de los desempleados y fomentar las políticas sociales en la
Comunidad de Madrid.
http://cadenaser.com/emisora/2017/12/30/radio_madrid/1514637091_630827.html
