NOTICIAS DE CARDENAL Y OTROS COLEGAS DE LA FISCALÍA
(Octubre 1998- Diciembre 2003)
LA FISCAL DEL CASO TOMEY Y EL CONSEJO FISCAL
Las propuestas de elección de nuevos Fiscales para el Tribunal Supremo llevada a cabo por el Consejo Fiscal rompen con una " tradición ": por vez primera se rechaza por amplia mayoría, solo un voto a favor, que una Fiscal jefe de una Audiencia Provincial, que ha solicitado una plaza para la fiscalía del Tribunal Supremo, le sea denegada por el citado Consejo Fiscal. La novedad es que la Fiscal que había solicitado el nuevo destino es casualmente María Angeles García, autora del informe sobre el denominado Caso Marey. Pura casualidad. (Octubre 1998)
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y LOS FISCALES ANTICORRUPCIÓN
Los fiscales anticorrupción critican al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por su falta de apoyo ante los ataques de que están siendo objeto "por actuaciones realizadas en estricto cumplimiento de sus obligaciones profesionales" y le han recordado que tienen derecho a que les "otorgue públicamente amparo". El acuerdo fue tomado por unanimidad de la Junta Extraordinaria de la Fiscalía Anticorrupción el pasado 27 de enero. El fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, ha trasladado el acuerdo a Cardenal con el detalle de los casos en los que ha permanecido pasivo ante las críticas. El documento remitido a Jesús Cardenal señala que cada vez con mayor frecuencia los acusados o imputados, "en defensa extrajudicial de sus intereses", transmiten a la opinión pública "informaciones u opiniones que tienden directamente a obstaculizar la investigación o el proceso penal, a desacreditar a las personas encargadas de la misma o a apartarlas del conocimiento del asunto". Entre los casos recientes, los fiscales exponen los siguientes:
Los ataques recibidos por el fiscal jefe de Lugo por investigar la financiación del PP
Las acusaciones y los ataques incluso contra la vida privada de la fiscal jefe de Guadalajara por su investigación del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Tomey
Las informaciones sobre un supuesto interés personal del fiscal jefe y una fiscal de Tarragona en la investigación de un tráfico de influencias contra el alcalde de esa ciudad, Joan Miquel Nadal, de CiU
Las acusaciones de Javier de la Rosa contra los fiscales encargados del caso KIO
Ante esta situación, los fiscales anticorrupción recuerdan que el fiscal general del Estado puede legalmente "responder institucionalmente a los ataques de que son objeto sin fundamento funcionarios del Ministerio Fiscal, otorgándoles el amparo frente a aquellos que, además de perjudicar individualmente a los fiscales afectados, suponen, cuando quedan sin respuesta, el descrédito general de la institución". Incluso advierten de que Cardenal ha tomado tal iniciativa en algunos casos, lo cual significa un doble rasero, por lo que piden un trato igual. Entre los casos de amparo de Cardenal figuran:
El apoyo prestado a los llamados fiscales indomables de la Audiencia Nacional
La actitud respecto a la competencia española para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras de Chile y Argentina. ( Febrero 1999)
LAS OPINIONES DE FUNGAIRIÑO SOBRE PINOCHET Y LA TREGUA UNILATERAL DE ETA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la defensa del general Pinochet coinciden en los argumentos jurídicos. El fiscal Ignacio Peláez pide, en un recurso presentado contra el auto del juez Baltasar Garzón del 30 de abril, que se plantee un nuevo proceso de extradición contra el dictador chileno, a la vez que afirma que la ampliación de casos pedida por Garzón no se ajusta a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Idéntico argumento aporta la defensa de Pinochet en el recurso que presentará en Londres. El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez estima que Garzón ha tramitado mal la extradición y que ha tratado de camuflar como complementos informativos, lo que son ampliaciones de extradición, que requieren la repetición estricta de todo el proceso. Ello llevaría a un nuevo pronunciamiento del Consejo de Ministros sobre lo procedente o no de la extradición de Pinochet por delito de torturas. Y es ahí donde tanto la Fiscalía española como la defensa de Pinochet utilizan la inexistencia de españoles en los casos de tortura a partir del 8 de diciembre de 1988: "España no tiene competencia para reclamar la extradición de personas inculpadas por delito de tortura cometido fuera de España y contra ciudadanos no españoles". Con ello se pretende impedir, por parte de la Fiscalía, que el Consejo de Ministros español autorice una nueva petición de extradición. Estos argumentos han sido utilizados ya en tres recursos presentados por la Fiscalía, de los cuales sólo a uno de ellos, contra la ampliación de una querella contra Pinochet, se ha dado curso hasta el momento. Otro ha sido rechazado de plano y el tercero está pendiente de resolución.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, considera poco probable que la actividad terrorista de ETA acabe de una manera definitiva. Así lo indica en la Memoria de la Fiscalía que dirige el propio Fungairiño. En su opinión, la tregua que ETA declaró en septiembre no tiene sentido si no va acompañada «del abandono total y definitivo de las actividades terroristas en todos los ámbitos, con entrega del armamento, con señalamiento específico del lugar donde se encuentran los depósitos de explosivos, con la devolución de las cantidades dinerarias obtenidas mediante la extorsión y con la indemnización de las muertes y lesiones durante tanto tiempo producidas, sin que tuvieran que ser asumidas por el Estado». Sólo en esas condiciones, según la Memoria, sería posible estudiar medidas de gracia individuales (indultos) para los etarras que hubiesen colaborado a la terminación de las actividades terroristas. «Si no es así», precisa el fiscal, «la llamada tregua constituye un descanso o repliegue táctico para el terrorista que, repuestas las fuerzas y si no ha perdido el hábito, (puede darse un "proceso de oxidación"), puede volver a asesinar. El fiscal jefe afirma que sí ha habido tregua durante los últimos meses en lo referente a los asesinatos, pero que no ha existido en lo que se refiere a los actos de aprovisionamiento y preparación de la organización terrorista, así como en el terrorismo urbano y callejero. «Nos repudia la denominación de "baja intensidad". Mucho más repudia al que tiene que abandonar la vivienda, porque entran los humos provocados por el incendio del cajero automático de la planta baja», añade, en referencia a los atentados contra entidades bancarias que obligan a desalojar a los vecinos que viven en los pisos superiores. En este tipo de actividad terrorista el problema principal, para los fiscales, es recopilar las pruebas necesarias para acusar a un detenido que niega su intervención en los hechos. «Quizá la vigilancia por videocámaras o la utilización de la técnica del "agente encubierto"», apunta Fungairiño, como solución a estudiar, «pueda proporcionar en el futuro elementos probatorios suficientes». Entre enero y septiembre de 1998, hasta que ETA decretó la tregua, hubo 32 atentados terroristas con un total de seis muertos (cinco de ellos, miembros del Partido Popular) y siete heridos. Esas cifras representan una «drástica disminución» en el número de víctimas mortales respecto al año anterior, según la Memoria. Pero, pese a ello, y a la desarticulación de varios comandos durante los dos últimos años, el fiscal Fungairiño afirma que «no cabe el optimismo, sino el realismo». Explica que en Francia hay entre 30 y 40 personas pertenecientes a comandos de reserva, que podrían cometer muchos atentados. (Mayo 1999)
CARDENAL, VILLAREJO Y LA AUTISTA MINISTRA DE JUSTICIA
La Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), censura la "pasividad e inactividad" del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, ante los ataques verbales que está recibiendo en los últimos días el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, del alcalde de Marbella, Jesús Gil, a raíz de las actuaciones del ministerio público en el caso Atlético. Los fiscales catalanes afirmaron que "produce sorpresa y preocupación" que Cardenal no salga en defensa de Villarejo y de Carlos Castresana, el fiscal encargado del caso, dos personas caracterizadas por su "prestigio, honradez y rectitud humana y profesional sobradamente conocidos y puestos de manifiesto durante su destino en Cataluña". En una reunión ordinaria la Junta de Fiscales acordó por 86 votos a favor, dos en contra y 11 abstenciones, mostrar "su más firme apoyo" a estos dos fiscales "ante las reiteradas e infundadas manifestaciones de descrédito personal que han soportado recientemente". Teresa Comte, en representación de la Junta de Fiscales del TSJC, explicó que nunca se había producido en España un ataque similar a la fiscalía y calificó la situación de "muy grave". En su opinión, lo más preocupante es que los fiscales afectados no pueden defenderse de los insultos que reciben y emprender acciones contra Gil por sus improperios. "Si lo hicieran sería motivo de recusación y eso podría provocar la consiguiente abstención del caso", afirmó. En opinión de Comte, los ataques a Jiménez Villarejo y Castresana se explican por el cargo que ocupan, aunque precisó que ellos tienen "la fortaleza y la soledad del corredor de fondo". La portavoz de los fiscales catalanes recordó que la Fiscalía Anticorrupción se creó para defender "la limpieza e integridad de cualquier operación" y reclamó más medios materiales y humanos. Según Comte, "la Fiscalía Anticorrupción y la justicia en general son las grandes olvidadas" del poder político, por lo que solicitó la "revisión a fondo" de su sistema de gestión y medios. (Julio 1999)
EL CASO PINOCHET Y LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
En un recurso firmado a finales del pasado mes de Julio, el fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira argumenta que Pinochet -jefe de Estado de Chile entre 1973 y 1990 y, en la actualidad, senador vitalicio- es persona aforada en España como el Rey, es decir, no está sujeto a responsabilidad penal y, por consiguiente. no puede ser perseguido por los delitos de torturas que le imputa el magistrado Baltasar Garzón.
En el recurso, presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 29 de julio pasado, el fiscal argumenta que "este dilatado transcurso de tiempo sin que se hayan resuelto (los recursos contra la orden de prisión) vulnera el artículo 17 de la Constitución Española", que establece el derecho a la libertad personal. En sus alegaciones, el representante del Ministerio Público afirma que el ex gobernante chileno no puede ser imputado porque fue jefe de Estado y se apoya en una resolución de la Sala de lo Penal, en la que se resolvía una denuncia presentada contra el presidente de Cuba, Fidel Castro.
En ese auto, dictado el 4 de marzo pasado y en el que el tribunal se declaró no competente para juzgar a Castro, se señalaba que "el carácter de jefe de Estado de Fidel Castro no ofrece duda a la luz del cargo que ostenta", refiriéndose a que sigue siendo la máxima autoridad de Cuba. Añadía que la Constitución española proclama la "inviolabilidad del Rey", en el articulo 53.3, y recoge asímismo la "inmunidad de carácter general" de los Jefes de Estado extranjeros. La misma Sala agregó que "innecesario es decir que la solución anterior en nada contradice una reciente resolución de este mismo Pleno (en la que se declaró competente para juzgar los crímenes cometidos en Chile) en el que el querellado era Augusto Pinochet, dado que no se trataba de un jefe de Estado extranjero, al haber cesado en dicho cargo". En el recurso se dice también que, una vez excluidas por los Lores británicos las acusaciones por genocidio y terrorismo, no es aplicable a Pinochet la de tortura, porque el tipo delictivo que regía en la época en la que estos supuestos delitos fueron cometidos no entra en lo que prevé el Convenio contra la Tortura.
La explicación, según Rubira, es que el artículo 204 bis del antiguo Código Penal español sólo contemplaba el delito de torturas cometido por "autoridad o funcionario público" y el fiscal dice que "tiene dudas de que un jefe de Estado sea autoridad". Además, la Fiscalía considera que las torturas sólo pueden ser perseguidas por nuestra legislación cuando se cometen "con el fin de obtener una confesión o testimonio".
Para Rubira, las torturas cometidas por el régimen de Pinochet tenían "la finalidad, no de investigar hechos, sino para originar el terror en la ciudadanía chilena o para obtener informaciones de otras personas; pero tampoco estos casos están tipificados en nuestro ordenamiento jurídico como delito de torturas, al recogerse sólo y exclusivamente las torturas como fin de obtener una confesión o testimonio que afectaban a la persona torturada".Con respecto a este nuevo recurso de la Ficalía, el abogado Joan Garcés, que ejerce la acusación particular en el "caso Pinochet", aseguró que "los argumentos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional hacen sonrojar a quien los lee". Garcés calificó de "barbaridad" la pretensión de la Fiscalía de que el juez Garzón revoque la orden de prisión dictada contra Pinochet y recordó que éste "no se encuentra bajo la jurisdicción" del magistrado español, "sino en libertad provisional en el Reino Unido". "El fiscal pide la libertad de Pinochet como si éste estuviera detenido" en una cárcel española, añadió. Sobre la pretensión del Ministerio Público de aplicar a Pinochet los beneficios que la Constitución Española prevé para el jefe del Estado, Garcés dijo que el fiscal ha hecho "una amalgama" de los argumentos empleados por la Sala de lo Penal al declarar la no competencia de la Justicia española para juzgar a Castro. El letrado también descalificó el argumento de que Pinochet no era en Chile "autoridad" y que, por tanto, no puede ser acusado de torturas y el de que éstas se practicaban sólo para causar terror y no para obtener información. "Todo el mundo sabe", dijo Garcés, "que en Chile se torturaba primero para obtener datos y luego para crear el terror entre la población". "Rubira y los demás fiscales -dijo Garcés- no han asistido a una sóla diligencia de prueba e ignoran totalmente el caso, así que luego redactan recursos que hacen sonrojar a quien los lee".
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) calificó como «un auténtico disparate» la comparación entre Pinochet y el Rey de España. La Asociación Jueces para la Democracia la tildó de «deplorable». La Asociación de Fiscales, de «desafortunada» Su portavoz, Miguel Colmenero señaló que " estar replanteando constantemente estas cuestiones da la sensación de oponerse a la marcha del proceso».
En esta misma línea, la Fiscalía recurre la decisión del juez Baltasar Garzón de solicitar explicaciones al ministro de Exteriores Abel Matutes sobre un posible arbitraje con Chile para resolver extrajudicialmente la demanda de extradición del ex dictador Augusto Pinochet. El fiscal Pedro Rubira, que firma el recurso, considera "inútil e innecesaria" la providencia formulada por Garzón y afirma, sin manifestarlo expresamente, que el magistrado se inmiscuye en el ámbito diplomático y, por consiguiente, en el político. La Fiscalía entiende que un arbitrio amistoso hispano-chileno en nada afectaría al procedimiento judicial que se sigue contra el ahora senador vitalicio chileno, al no estar contemplada esa figura en nuestro ordenamiento jurídico. Para el representante del ministerio público, este arbitraje no es un asunto «jurisdiccional, ni por supuesto afecta a la independencia judicial». Rubira estima que incluso existe un «defecto de forma», ya que las solicitudes de información al Gobierno o a la Administración deben hacerse a través de una «exposición razonada» y no mediante una providencia. (Agosto 1999)
CASO PINOCHET (Continuación)
El fiscal Ignacio Peláez solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que suspenda la ejecución de los requerimientos hechos por el juez Baltasar Garzón al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, el 3 de agosto y el 4 de Septiembre en relación con un posible arbitraje sobre el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Garzón había preguntado al ministro si era cierto que había pasado información al Gobierno chileno sobre el proceso que el magistrado español instruye contra Pinochet por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, según había declarado el propio Matutes. El juez le recordaba que el proceso en cuestión es secreto para todos aquellos que no sean parte en el mismo. Garzón preguntaba también si se había recibido alguna comunicación del Gobierno chileno sobre la eventual celebración de un arbitraje para conseguir la anulación de la demanda de extradición y, en caso afirmativo, solicitaba una copia de la misma. También preguntaba si alguna autoridad española había solicitado dictamen del Consejo de Estado sobre el arbitraje. Matutes no ha contestado a los requerimientos del juez, y el fiscal, aunque ya había recurrido, ha pedido ahora a la sala que se suspendan hasta que se resuelva sobre el fondo de la cuestión. (Septiembre 1999)
DECLARACIONES VARIOPINTAS DEL DICHARACHERO Y LOCUAZ FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Sobre la tregua unilateral de ETA
El fiscal general del Estado subraya en su discurso institucional con motivo de la apertura del Año Judicial, que la tregua de ETA "ha abierto en nuestra sociedad una puerta a la esperanza y al deseo que todos albergamos de convivir de manera definitiva en paz". Cardenal destacó el importante descenso del número de atentados de ETA en el año 1998, al que va referida la Memoria de la fiscalía, y añade en ella que el "incesante" trabajo policial forzó a ETA a declarar la tregua. La Memoria de la Fiscalía señala que el "incesante trabajo de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Ertzaintza, con la continua desarticulación de comandos y con las investigaciones en Francia y en otros países, han puesto a la banda terrorista ETA en situación tan difícil como para tener que plantear una tregua". El informe también alude a las actuaciones judiciales contra el entramado financiero de la organización terrorista.
Sobre los debates estériles o bizantinos:
" La sociedad demanda eficacia en la persecución del delito, agilidad en la administración de justicia y garantías plenas de los derechos ciudadanos. Hacia esas miras deben ir los esfuerzos del Ministerio Fiscal por encima de estériles o bizantinas discusiones doctrinales".
Sobre la evolución de las estadísticas más favorables:
"En lo que respecta a la evolución general de la delincuencia, en 1998 se incoaron 3.227.757 diligencias previas, 140.090 más que el año anterior, lo que supone un incremento de 4,54%, lo que de todos modos resulta inferior a la media que se ha venido dando en la última década".
Sobre el magistrado Gómez de Liaño y el Tribunal Supremo
En unas declaraciones a la revista Época, dirigida por Jaime Campmany, denunciante del llamado caso Sogecable, afirma que "Gómez de Liaño es inocente". La Fiscalía presume que no hay materia como para generar responsabilidad penal, aunque en el primer escrito sobre el caso ya dijimos que la actitud de Gómez de Liaño quizá fuera susceptible de algún tipo de reproche. Desde luego los autos del caso no son ejemplares, pero no parece que haya motivo suficiente para configurar el delito de prevaricación". (Septiembre 1999)
GOMEZ DE LIAÑO, FUNGAIRIÑO Y EL EXFISCAL GENERAL DEL ESTADO
El ex fiscal general del Estado Juan Ortiz Úrculo, testigo en el juicio que se sigue contra el juez Javier Gómez de Liaño por tres delitos de prevaricación, contradijo en su declaración ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo los testimonios del fiscal del caso Sogecable, Ignacio Gordillo, y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Ortiz Úrculo confirmó que dio cuenta personalmente a Gordillo de un informe del que se desprendía la inexistencia de delito en el caso Sogecable. Fungairiño, por su parte, dijo que Úrculo siempre les había negado la existencia de ese informe. La segunda jornada del juicio discurrió entre los testimonios contradictorios del ex fiscal general del Estado Juan Ortiz Úrculo y el actual fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Éste, que declaró que su "gran amistad" con Liaño no le impediría decir la verdad, ratificó que todas las actuaciones del juez procesado tuvieron el respaldo de la fiscalía. Sin embargo, Ortiz Úrculo, nombrado en septiembre de 1996 por el Gobierno del PP, y actualmente jefe de la Fiscalía Antidroga, opuso a ese respaldo bastantes irregularidades por parte del fiscal del caso, Ignacio Gordillo. En realidad, Ortiz Úrculo dio a entender palmariamente que Gordillo había desobedecido sus órdenes: "No sé si debo entrar en una valoración...", se excusó cuando el presidente del tribunal, Gregorio García Ancos, se lo preguntó directamente, "pero lo único que puedo hacer es poner de manifiesto los hechos: le di unas órdenes y no sé si no las supo interpretar o, como él dice, no me localizó...". A preguntas del abogado de la acusación Antonio González-Cuéllar, el ex fiscal del Estado ratificó punto por punto la versión del fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Eduardo Torres-Dulce, sobre el documento de trabajo aprobado por unanimidad por los fiscales técnicos sobre la inexistencia de delito en el caso Sogecable: "Lo asumí como documento de trabajo porque me convenció. Todos sus extremos eran razonables, por lo que llegué a la misma conclusión. Efectivamente, se llamó al fiscal Gordillo y mantuvimos una reunión con los tres fiscales de la Secretaría Técnica. Transmití el contenido a Gordillo y le dije que ésa era la visión del fiscal general del Estado". (Septiembre 1999)
EL LOCUAZ FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y SU JUSTO INCREMENTO SALARIAL
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, considera que el aumento de sus retribuciones anuales de 11 a 20 millones de pesetas obedece a "razones de justicia o legales", ya que el Estatuto del Ministerio Fiscal prevé la equiparación de su sueldo al del presidente del Tribunal Supremo. Esta igualdad, que tiene su origen en una normativa de 1981, según explicó el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, no se había aplicado hasta ahora. El fiscal general Cardenal, aclaró en el Congreso, que él no ha promovido la subida de sus retribuciones anuales desde los 11 hasta los 20 millones de pesetas, brutas, y matizó refiriéndose a sí mismo como si fuera una tercera persona: "No se trata de subir el sueldo a Jesús Cardenal, sino a la institución del fiscal general del Estado". Reconoció, sin embargo, la "inoportunidad" de que el asunto se haya planteado ahora, en medio de la polémica desatada por las demandas retributivas de jueces y fiscales. Asimisnmo, indicó que la subida aún no se ha producido y que irá en la ley de presupuestos del año que viene, "y en ella saldrá lo que salga". El fiscal general aseguró que desconocía si el aumento era de 9 millones: "No he sido yo quien lo ha pedido. No he hecho el cálculo y no me he molestado en mirar el BOE". Por su parte, según una "nota aclaratoria" de Justicia distribuida, el sueldo actual del presidente del Tribunal Supremo es de 20.022.272 pesetas brutas, en tanto que el del fiscal general es de 11.074. 968. La equiparación de emolumentos, prevista en el artículo 31.2. del Estatuto del Ministerio Fiscal de 1981, elevará, por tanto, en nueve millones de pesetas el salario de Cardenal. La nota agrega que el pasado 8 de julio el subsecretario de Justicia dirigió un oficio a Economía en el que le propone tomar en consideración la equiparación de sueldos en la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos para el año 2000. Los jueces y fiscales están equiparados a efectos retributivos. Los fiscales de ingreso ganan alrededor de 290.000 pesetas netas al mes: los destinados en juzgados de instrucción de pequeñas localidades, un promedio de 350.000; los de juzgados de Madrid o Barcelona, alrededor de 450.000; los de las Audiencias de Madrid y Barcelona, 520.000, y los de algunos tribunales superiores, unas 625.000. Los fiscales de Sala perciben algo más de 750.000.
Algunas reacciones criticas:
Miguel Colmenero, de la Asociación de Fiscales: "Que ahora se plantee una subida de ese calibre para el fiscal del Estado puede parecer algo así como una burla para todos los demás".
Adrián Salazar, de la Unión Progresista de Fiscales: "¿Cómo el Ejecutivo es tan reticente o cicatero a las subidas a determinados colectivos y con otros, generalmente los políticos, no tiene ese mismo rasero?"
José Luis Requero, de la Asociación Profesional de la Magistratura: "Se nos dijo que nuestras peticiones eran inoportunas cuando llevamos dos años planteándolas y 14 esperándolas. Esa subida en este momento la considero casi un insulto a los jueces y fiscales".
Ricardo Bodas, de Jueces para la Democracia: "El Gobierno se preocupa exclusivamente de aumentar las retribuciones de las élites".
Federaciones de Justicia de UGT y CC OO: La subida es "irresponsable, insolidaria e impresentable". (Septiembre 1999)
AZNAR Y LA REFORMA DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
El Gobierno sufre una severa derrota en el Congreso al no conseguir el apoyo necesario para sacar adelante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Partido Popular se quedó solo con sus 154 diputados y el proyecto fue remitido a la Comisión de Justicia para que envíe un nuevo texto en el plazo de un mes. El Ejecutivo logró en cambio la aprobación del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha pasado ahora al Senado, pero su aplicación resulta casi imposible ya que va estrechamente vinculada a las reformas orgánicas que precisamente no lograron el respaldo requerido en la Cámara baja. (Septiembre 1999)
EL LOCUAZ FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y EL SENTIDO COMÚN
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, manifiesta que considera de sentido común evitar el juicio en España al general chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres. Cardenal dijo que "desde el punto de vista del sentido común es perfectamente admisible que si una persona se encuentra gravemente enferma y no va a poder estar presente ni asistir a las sesiones del juicio oral, en definitiva que no se le va a poder juzgar, entonces, por razones humanitarias, se debería evitar el juicio". Cardenal hizo estas declaraciones a Radio España, según un comunicado de esta emisora, y señaló desconocer los términos en los que el ministro de Exteriores, Abel Matutes, se expresó sobre el regreso de Pinochet a Chile por razones humanitarias y por eso no sabía en qué términos había que ponderar sus palabras "salvo que haya una consideración especial a este respecto en la legislación del Reino Unido". Al fiscal general le "parece muy bien que quien ha cometido delitos o crímenes tan execrables como los que ha cometido Pinochet, sea juzgado y se le impongan las penas y las sanciones que correspondan". "Otra cosa es", señaló, "si es procedente o no que lo juzguen los tribunales españoles, porque la fiscalía viene manteniendo por mayoría que los tribunales españoles no son competentes para juzgar estos hechos, lo que no quiere decir que no haya que juzgar y condenar a las personas que han cometido delitos tan execrables como los que se cometieron en Chile bajo el régimen de Pinochet". (Octubre 1999)
JESUS CARDENAL CONTINÚA OPINANDO: ESTA SEMANA SOBRE LA PENA DE MUERTE
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se desmarca del clamor de la sociedad española en favor de Joaquín José Martínez, condenado a morir en la silla eléctrica por un tribunal de Florida (EE UU), al afirmar que "cada Estado es soberano para decidir lo que sea" sobre la pena capital. En su opinión, criticar la pena de muerte sería "una intromisión imperdonable". El fiscal general del Estado, que acudió a Valladolid para pronunciar una conferencia en la Universidad, fue preguntado por los periodistas sobre el caso de Joaquín José Martínez, de 25 años, el primer español condenado a muerte en EE UU, a quien se acusa de un doble asesinato cometido en 1995 en el Estado de Florida. "Me cogen ustedes un poco a contrapié, porque conozco de ello lo que han publicado los medios de comunicación, pero no tengo un conocimiento más próximo. Aquí nos planteamos un poco la razón de ser, si tiene alguna, de la pena de muerte, que ya es un problema no de esta persona o de la otra. Esta persona nos afecta a nosotros porque es un español, es un nacional nuestro y demás. Aquí, del hecho aislado, concreto, determinado, nos elevamos un poco al terreno de los principios. ¿Es procedente o no mantener la pena de muerte?. Cada Estado es soberano para decidir lo que sea. Aquí, en España, hace años que se suprimió, por tanto aquí no se hubiera planteado ese problema. Pero, evidentemente, sería una intromisión imperdonable que yo viniera a decirle qué tiene que hacer cada Estado. Cada Estado es soberano para decidir lo que sea procedente", concluyó. (Octubre-Nov. 1999)
LA FISCALIA . GARZON Y LAS JUNTAS MILITARES EN ARGENTINA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el procesamiento y la orden internacional de busca y captura de los 98 militares argentinos decretados por el juez Baltasar Garzón, al que ha pedido que archive la causa por falta de competencia de la jurisdicción española. La Fiscalía reitera su posición de que los delitos cometidos por las juntas militares entre 1976 y 1983 no pueden encuadrarse como delitos de genocidio, terrorismo y torturas, por más que se trate de crímenes contra la humanidad. El fiscal pide a Garzón que levante las imputaciones y medidas cautelares dictadas. El fiscal aduce que la resolución de Garzón contradice el principio de "cosa juzgada", ya que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y la Cámara Federal condenaron a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti y, posteriormente, a militares de menor rango, lo que dio lugar a la promulgación de la Ley de Punto Final en 1986 y la de Obediencia Debida -ambas actualmente derogadas-, seguidas de una serie de indultos firmados por el presidente de la República. Según la tesis de la fiscalía, se trata de "una serie de medidas jurídicas internas argentinas, adoptadas por un Parlamento elegido democráticamente para extinguir la responsabilidad criminal para la mayoría de los crímenes cometidos durante el periodo de las juntas militares". Sobre el delito de genocidio, la fiscalía reitera que "los destinatarios de aquella inaceptable actuación encaminada a la eliminación de cualquier forma de disidencia, pertenecían a todos los estratos sociales, participaban de muy variada ideología y tampoco tenían en común una única etnia o la misma creencia religiosa". "Esta destrucción cívica es un crimen contra la humanidad, pero no un delito de genocidio", agrega el fiscal. Respecto al delito de terrorismo, indica que tampoco se puede aplicar retroactivamente, ya que antes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 no figuraba entre los delitos de persecución universal.
Por su parte, el Gobierno, por boca de su secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando Villalonga, expresa, con una rotundidad poco habitual, su malestar por la última iniciativa legal del magistrado Baltasar Garzón contra los militares argentinos acusados de genocidio. La orden de busca y captura emitida por el juez supone "una factor de distorsión" para la Cumbre Iberoamericana de La Habana, declaró Villalonga a la agencia Efe, aunque consideró "casual" que esta última decisión, como la que tomó hace un año al ordenar la detención del ex general Augusto Pinochet, coincidan con cumbres iberoamericanas. Para el secretario de Estado, la decisión de Garzón, "desde el punto de vista político es bastante dañina para la imagen de España ". (Octubre-Nov. 1999)
EL LOCUAZ FISCAL CARDENAL CONFÍA EN UNO DE LOS SUYOS PARA OCUPAR LA FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, propondrá al fiscal Juan José Barrenechea de Castro como nuevo fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, según acordó el Consejo Fiscal. Juan José Barrenechea, fiscal de talante fuertemente conservador, fue director general de Instituciones Penitenciarias en 1974, con el último gobierno de Francisco Franco, siendo presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro. Barrenechea fue propuesto en enero de 1995 para el cargo de teniente fiscal ante el Tribunal Constitucional pero el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, bloqueó su nombramiento durante meses. Seis meses después de la propuesta, el entonces presidente de la Asociación de Fiscales, Juan Ortiz Úrculo, anunció que recurrirían en vía contenciosa el retraso en el nombramiento de Barrenechea. Al año siguiente, en octubre de 1996, el propio Ortiz Úrculo, ya como nuevo fiscal del Estado, procedió a materializar el nombramiento. (Nov. – Dic. 99)
ITALIA RESPONSABILIZA AL FISCAL FUNGAIRIÑO DE ANULAR MIL DETENCIONES DE MAFIOSOS. EL FISCAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL AFIRMA QUE SE LIMITA A DAR SU OPINIÓN A LA POLICÍA
El Ministerio de Justicia italiano responsabiliza a Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, de la anulación en España de centenares de órdenes de detención de mafiosos condenados en ausencia en ese país y reclamados por la justicia de Italia para su extradición. A fecha 2 de Junio, las detenciones anuladas por la policía española a los jueces italianos eran 1.089. Ciento veinticuatro de ellos están en la lista de los 210 mafiosos más peligrosos de Italia. Cinco figuran en el cartel de los 27 criminales más buscados de ese país. La Fiscalía Antimafia italiana alertó a Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional, de un plan para comprar a jueces y liberar al capo Paviglianiti. El pasado 15 de febrero, Giovanni de Donato, responsable de la Oficina de Extradiciones de la Dirección General de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia italiano, remitió una carta a Madrid para protestar por la anulación de las órdenes para detener y extraditar a lo más granado de la Mafia italiana, algunos de cuyos significados miembros se cobijan bajo el sol español. La misiva iba dirigida a Jesús Alarcón, subdirector general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, y a Rubén Jiménez-Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambos, puntos de enlace de la Red Judicial Europea, organismo dependiente de la Unión Europea.De Donato, que anteriormente ejerció como juez y fiscal, criticaba la anulación de todas las reclamaciones de los jueces italianos y decía: "Le recuerdo a propósito de eso que, caso único en Europa, el fiscal del Reino de España ante la Audiencia Nacional sugirió a la Oficina Sirene española que pusieran el flag a cualquier petición de detención preventiva con fines de extradición basada en una condena definitiva aunque no resultara haber sido infligida en contumacia. Bastaba con que no constara lo contrario".
Al responsable de las extradiciones en Italia no le faltaba razón para señalar a Fungairiño. En las últimas reuniones internacionales del área Schengen, -acuerdo de libre circulación de personas firmado por todos los países de la UE, salvo el Reino Unido e Irlanda- los responsables policiales españoles se habían excusado ante él y le habían asegurado que no podían arreglar el problema si el señor Fungairiño "no estaba de acuerdo". Según señalan fuentes italianas, funcionarios de la policía española manifestaron en esos encuentros que se limitaban a seguir los consejos y pautas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, contraria a la concesión de extradición de italianos sentenciados en rebeldía. El fiscal les advertía de que, si no anulaban esas órdenes de detención, podían ser responsables de una actuación irregular.
Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional insiste en que no da órdenes ni puede darlas a la policía española, que, según él, actúa bajo su propia responsabilidad. "Cuando preguntan por escrito yo les contesto la postura que tiene la Fiscalía sobre este asunto: que no informamos favorablemente la extradición de italianos juzgados y condenados en rebeldía", explica Fungairiño. Y añade : "Se les contesta la opinión de la Fiscalía sobre la prosperabilidad de los casos. El consultar criterios no es imponer criterios. Quieren saber cuál es el nuestro, pero eso no significa que demos órdenes. La Audiencia Nacional cambió su criterio en 1996 sobre estos casos. Nosotros no cambiamos, seguimos estando contra esas extradiciones". Los jueces de la Audiencia Nacional mantienen una postura contraria a la Fiscalía que dirige Fungairiño y son favorables a conceder la extradición de los condenados en rebeldía por Italia. Estiman que se han garantizado sus derechos mínimos de defensa (Junio 2000).
LAS NUEVAS " SUGERENCIAS " DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO AL LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DERROTADAS POR LOS FISCALES DE SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO
La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo acordó , por mayoría, que el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, no tenga que informar al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de las diligencias de investigación o informativas que tenga abiertas. La Junta de Fiscales de Sala echó abajo un escrito de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General que proponía que Villarejo diese cuenta a Cardenal de "todas y cada una" de sus investigaciones, e incluso le aleccionaba sobre la forma de hacerlo. Votaron en contra del documento el Teniente Fiscal, José María Luzón; el fiscal Inspector, Juan José Martínez Zato; el fiscal ante el Tribunal Constitucional, Eduardo Ortiz Úrculo; el fiscal de la Sala de lo Civil, Jesús Bernal; el del Tribunal de Cuentas, Juan José Barrenechea; el fiscal de la Sala de lo Social, Juan José Martín Casallo; el de lo Militar, José María Íscar; el Fiscal Togado, José Carrillo Colmenero; el fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño y el fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. A favor del documento votaron el jefe de la Secretaría Técnica, Fernando Herrrero Tejedor; el fiscal de Sala de lo Penal Eduardo Torres-Dulce y el de la Sala de lo Contencioso, Rogelio Gómez Guillamón. El fiscal jefe de lo Penal, José Aranda, no asistió por estar de baja.
Como se recordará en la última Memoria de la Fiscalía Anticorrupción, Villarejo se quejó de que Cardenal intensificaba el control sobre Anticorrupción cuando esta fiscalía "se enfrenta a la delincuencia del poder público y económico". La Memoria añadía que ese control es especialmente significativo debido a la falta de garantías sobre la independencia del fiscal general respecto del Gobierno (Septiembre 2000).
UN FISCAL PIDE QUE CARDENAL EXPLIQUE SUS CRITERIOS SOBRE NOMBRAMIENTOS
El número dos de la Fiscalía de Alicante, Miguel Gutiérrez Carbonell, ha pedido al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que explique los motivos en los que fundamenta sus propuestas de nombramientos. En concreto, solicita que le envíe copia del informe-propuesta que dirija Cardenal al ministro de Justicia para la designación de Guillermo Sena Medina como fiscal jefe de Murcia, puesto que fue solicitado por Gutiérrez Carbonell. El veterano teniente fiscal de Alicante, uno de los fundadores de Justicia Democrática durante el franquismo, alegó que 43 de sus 76 años estuvieron dedicados a la Administración de Justicia -28 de ellos como fiscal -; expuso su actividad docente en Derecho Penal y Civil, sus seis libros sobre estas materias y los numerosos artículos publicados y conferencias impartidas en decenas de cursos y congresos. Al no resultar propuesto para fiscal jefe de Murcia, tras obtener sólo cinco votos del Consejo Fiscal, frente a seis para Sena, autor de varias obras poéticas, Gutiérrez Carbonell pide también a Cardenal que le indique los criterios valorativos de los vocales del consejo que preside. Gutiérrez Carbonell señala que el conocimiento de tales criterios le servirá para esforzarse en aumentar sus méritos y que también le "servirá de acicate conocer los del compañero propuesto". Insiste en la necesidad de saber si los criterios son profesionales "o tal vez, como barrunto", dice, "el perfil ideológico de los concursantes". En cuanto a la importancia que Cardenal da a los votos de los consejeros, Gutiérrez Carbonell le recuerda que en 1997 propuso a Eduardo Fungairiño para fiscal jefe de la Audiencia Nacional a pesar del informe adverso del Consejo Fiscal, y fundamentó su propuesta "en el historial profesional" del candidato. Gutiérrez Carbonell pide a Cardenal que le remita los seguramente "meditados y razonados informes" de los miembros del Consejo Fiscal "para el ejercicio de las acciones impugnatorias que pudiera utilizar". Y le comunica que informará de estas peticiones a la Unión Progresista de Fiscales, asociación a la que pertenece (Octubre 2000).
EL FISCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID DENUNCIA ANTE CARDENAL LA FALTA DE MEDIOS PARA APLICAR LA LEY DEL MENOR
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ha dirigido una carta al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en la que le informa de que la Ley del Menor, que entrará en vigor el próximo 13 de enero, es inaplicable por "la más absoluta inexistencia de medios, fruto de la desidia e improvisación de los responsables de suministrarlos". En la carta, el fiscal jefe de Madrid acusa recibo de las instrucciones remitidas por el fiscal del Estado en las que urgía a todas las fiscalías de España a aplicar cuanto antes la ley del Menor y a que no haya ningún menor de 18 años preso en cárceles de adultos el día de la entrada en vigor de la Ley. Fernández Bermejo le indica a Cardenal: "Las previsiones a que VE se refiere van a tener que ser afrontadas sin estar disponibles ni uno solo de los medios tardía y precipitadamente previstos". Y le enumera: "A día de hoy, el edificio que habrá de albergar a la Sección de Menores se encuentra en obras, lo que hace imposible poner en funcionamiento medida alguna, en especial la petición a Gerencia de los más de 40 funcionarios colaboradores y casi otros tantos miembros de Equipos Técnicos que físicamente no pueden ser albergados en nuestras actuales instalaciones. Carecemos igualmente de la instalación que permita la puesta en marcha de la aplicación informática, obviamente desconocida por los inexistentes funcionarios que habrán de utilizarla". Finalmente, el fiscal de Madrid concluye: "Tan oscuro panorama resulta especialmente desesperante para todos los que hemos de afrontar la aplicación de una buena ley con la más absoluta inexistencia de medios, fruto de la desidia e improvisación de los responsables de suministrarlos" (Enero 2001).
EL REAPARECIDO Y PREDISPUESTO CARDENAL SE OPONE A QUE EL CONSEJO FISCAL HABLE CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, muestra su oposición a que el Consejo Fiscal, como institución, intercambie impresiones sobre la reforma de la justicia con los distintos representantes de los grupos parlamentarios, aunque no vio inconveniente en que lo hiciera con el Ministerio de Justicia. Ante la postura de Cardenal, los vocales electos, a los que se sumó el inspector fiscal, decidieron que hablarán individualmente con los parlamentarios, al margen del fiscal general del Estado.El incidente surgió a propósito de una propuesta presentada por el vocal Eduardo Torres-Dulce, integrante de la conservadora Asociación de Fiscales, en la que se decía que el Consejo Fiscal miraba con la mayor atención la reforma impulsada por el ministerio y estaba dispuesto a brindar su colaboración en los proyectos que presentasen tanto el departamento de Justicia como los distintos grupos parlamentarios.Cardenal aprobó que el Consejo Fiscal, como institución, hiciese llegar su opinión al Ministerio de Justicia, pero, se opuso a que lo hiciese con los grupos parlamentarios, ya que ésa no es una función del Consejo que esté contemplada en el Estatuto del Ministerio Fiscal.
Ante la actitud de Cardenal, los vocales acordaron nombrar a un representante de cada una de las dos asociaciones para seguir de cerca la reforma del Ministerio de Justicia. Al margen de Cardenal y de la institución, pero en su calidad de consejeros fiscales, los once fiscales electos, a los que se sumó el inspector fiscal, Juan José Martínez Zato, acordaron entablar contacto con los grupos parlamentarios sobre la reforma de la justicia.
El Consejo Fiscal también se opuso a la propuesta del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para condecorar con la Cruz de San Raimundo de Peñafort al fiscal Pedro Rubira. El jefe de la Inspección, Martínez Zato, indicó que aunque Rubira ya ha cumplido la sanción que le fue impuesta por permitir que alumnos de un centro privado realizasen calificaciones fiscales en causas por terrorismo pendientes de celebración, no había pasado tiempo suficiente como para no producir una impresión negativa en la carrera. El teniente fiscal, José María Luzón, también informó en términos muy duros en contra de la propuesta y la vocal Teresa Comte apuntó que no había gustado nada la actitud de inhibición de Rubira en el caso Pinochet. El Consejo Fiscal acordó finalmente rechazar la propuesta de condecoración (Marzo 2001).
LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN ACUSA AL FISCAL DEL ESTADO DE ENTORPECER SU TRABAJO
La Fiscalía Anticorrupción ofreció a la comisión de expertos designada por el Consejo de Europa para evaluar la política anticorrupción de los países de la UE una versión muy crítica de la colaboración entre el Gobierno -a través de la Fiscalía General del Estado y su titular, Jesús Cardenal- y aquella institución. El malestar generado en los últimos meses entre la Fiscalía Especial Anticorrupción -una institución creada en 1995 a instancias del último Gobierno de Felipe González y refrendada en el Congreso por unanimidad- y la Fiscalía General del Estado, que dirige Cardenal, fue trasmitido por el fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, al representante del Ministerio de Justicia y a los expertos que el Consejo de Europa designó en 1998 para evaluar los mecanismos de persecución de la corrupción en los países miembros de la Unión Europea. Estos expertos visitaron España durante los años 1999 y 2000 y mantuvieron contactos con representantes de la Audiencia Nacional, el Tesoro Público, el Banco de España y la Fiscalía Anticorrupción (Junio 2001).EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO ABRE DILIGENCIAS A JIMÉNEZ VILLAREJO
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha ordenado la apertura de diligencias informativas para aclarar si el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha podido incurrir en infracción disciplinaria en sus posibles críticas al Gobierno y al propio Cardenal. Las diligencias serán practicadas por el Servicio de Inspección de la Fiscalía, que dirige Juan José Martínez Zato, y consistirán en consultar a Anticorrupción si las opiniones atribuidas a Jiménez Villarejo contra el Gobierno y contra Cardenal, al primero por su actitud frente a la corrupción y al segundo por interferir la labor de su Fiscalía, son asumidas por el fiscal jefe Anticorrupción o no. El fiscal general sostuvo que la apertura de las diligencias informativas sólo tiene como objetivo «ver qué ha pasado y dónde están los malentendidos» (Junio 2001).
EL CONSEJO DE EUROPA CRITICA LA ESCASA AUTONOMÍA DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
El plenario del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa considera que el principal problema de la lucha de España contra la corrupción es la escasa independencia de la Fiscalía General del Estado con respecto al Gobierno. Así lo recogen las resoluciones aprobadas en Estrasburgo tras cinco días de reuniones a puerta cerrada en las que expertos europeos han evaluado la eficacia de los mecanismos españoles y de otros seis países para combatir los delitos económicos. El informe final del Consejo de Europa critica también al Ejecutivo de Aznar por negarse a suscribir la Convención Penal sobre la Corrupción suscrito en noviembre de 1998 por 39 países, entre ellos casi todos los del GRECO. Los altos cargos del Ministerio de Justicia español no han permitido que el documento se haga público. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, en su informe final, reconoció la preparación de los profesionales de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional en la persecución de los delitos económicos y, a la vez, criticó la falta de medios de ambas instituciones y, muy especialmente, ante la independencia 'comprometida' del fiscal general del Estado con respecto al Gobierno, que es quien lo nombra y destituye.
El otro reproche importante del Consejo de Europa se refiere a la negativa de España a firmar la Convención Penal sobre la Corrupción, suscrita en noviembre de 1998 por 39 estados. España es el único país del grupo GRECO que no ha refrendado dicha convención. Tampoco lo han hecho Turquía, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Liechtenstein y San Marino (Junio 2001).
JESÚS CARDENAL Y SUS RETRIBUCIONES
El Gobierno fracasa en su intento de colar por la puerta trasera del debate de enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, en el Senado, una subida de casi el 60% del sueldo del fiscal general del Estado (de 11,5 a 18 millones de pesetas). El PP se inventó a última hora una transación a una de sus propias enmiendas, la relativa a un incentivo salarial destinado a funcionarios judiciales en Euskadi, para plantear un incremento de 6,5 millones específicamente para Jesús Cardenal. El rechazo explícito del PSOE e implícito del resto de grupos forzó la retirada de esa iniciativa. La enmienda número 1.126 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado no había causado en principio ninguna alarma en la oposición. Tan sólo establecía un incremento presupuestario de 2.884.000 euros (casi 500 millones de pesetas) justificado 'para atender a las circunstancias singulares de determinados destinos en las carreras judicial, fiscal y cuerpo de secretarios judiciales, cuya provisión es de especial dificultad'. Pero la sorpresa saltó cuando el PP presentó una enmienda transaccional a su propia enmienda 1.126, para elevar la retribución del fiscal general del Estado hasta 'la cuantía de 108.874,32 euros [18 millones de pesetas] a percibir en doce mensualidades sin derecho a pagas extraordinarias'. Jesús Cardenal, que ahora cobra unos 11,5 millones brutos al año, incrementaba esa nómina en 6,5 millones de pesetas brutas al año, un 58%, es decir algo más de medio millón de pesetas mensuales. El PP justificó el sentido de su transacción a su propia enmienda apuntando como argumento recurrente que hace tiempo que busca equiparar la retribución del fiscal general del Estado a las del presidente del Tribunal Supremo, a las de los 14 fiscales de sala e incluso a la de su propio jefe de gabinete, que perciben por encima de los 17 millones de pesetas brutas al año. El PP esgrimió, en ese sentido, lo acordado en el artículo 31 de la ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El PP optó por retirar esa enmienda (Diciembre 2001).
ANTICORRUPCIÓN EXIGE AUTONOMÍA REAL ANTE EL INTERVENCIONISMO DE CARDENAL: LA FISCALÍA CRITICA QUE LOS EDILES PUEDAN TENER NEGOCIOS INMOBILIARIOS
La memoria de la Fiscalía Anticorrupción correspondiente al pasado ejercicio reclama una 'autonomía real y efectiva, situando en sus justos límites las actuales del fiscal general del Estado', Jesús Cardenal. La memoria considera 'excesivas' las competencias de la Fiscalía General del Estado que, con su 'intervencionismo limita la autonomía funcional de Anticorrupción'. El último choque de la Fiscalía Anticorrupción con la Fiscalía General del Estado ha impedido la presentación de una querella por parte de la primera institución judicial contra las petroleras Cepsa y Repsol por un supuesto acuerdo previo para la fijación de precios contrario a las leyes de la libre competencia. Cardenal bloqueó la presentación de la querella defendida por Anticorrupción. Esta institución pide ahora una ley específica que la permita actuar con 'autonomía real y efectiva' sin depender orgánicamente del fiscal general del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción tiene una plantilla de 71 personas y en sus seis años de vida ha iniciado procedimientos que ya han dado lugar a 24 sentencias de las que 21 fueron condenatorias, según la memoria del organismo judicial. La Fiscalía se lamenta de que la legislación actual permita que un alcalde o un concejal con competencias en urbanismo puedan desarrollar una actividad económica privada de promoción inmobiliaria en el mismo municipio donde ostenta el cargo. Anticorrupción advierte del 'suave régimen de incompatibilidades' que tienen los cargos públicos municipales respecto a los de la Administración central. 'No parece muy lógico que la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, que quizás sea la competencia más importante de los municipios, no genere ningún tipo de incompatibilidad para los concejales y alcaldes', señala (Junio 2002).
CARDENAL PROPONE PARA BALEARES A UN JEFE CON POCO APOYO DEL CONSEJO FISCAL
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, propone al Ministerio de Justicia el nombramiento de Bartolomé Barceló Oliver, fiscal destinado actualmente en Palma de Mallorca, como nuevo fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, pese a que no fue el candidato más votado en el último Consejo Fiscal. En las deliberaciones del caso sobre el supuesto espionaje electrónico al PSOE, que atañe al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, Barceló fue uno de los dos fiscales que votó contra la petición de imputación al dirigente popular ante el Supremo que apoyaron los 26 fiscales restantes. En este asunto, Cardenal dio libertad de actuación al fiscal de Baleares. Por el contrario, Barceló votó con todo el resto de fiscales insulares a favor de la petición de imputación de Matas en el caso Formentera, de supuesta compra de votos en las elecciones autonómicas de 1999. La imputación del ministro en ambos asuntos está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo. Cardenal, según una nota del Supremo, 'ha tomado la decisión [de proponer a Barceló] tras estudiar las especiales circunstancias por las que se procedió a la remoción del anterior fiscal jefe, y valorando de forma positiva los méritos del otro candidato, Juan Carlos López Caballero, fiscal que ejerce sus funciones en Málaga'. El Consejo Fiscal apoyó mayoritariamente a López Caballero, con seis votos, mientras que Barceló sólo logró tres votos (Julio 2002).
EL SALARIO DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO CRECERÁ UN 57% EN 2003
En los Presupuestos Generales del Estado hay subidas salariales que crecen más allá de la inflación, tanto la prevista (2%) como la real (3,6% en agosto). El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, cobrará el año que viene un 57,21% más que este año. El incremento obedece a un ajuste de la retribución que se realizó hace tres años en el poder judicial y del que había quedado descolgado el fiscal general. El Ejecutivo elevó también casi un 60% los sueldos de los magistrados del Tribunal Supremo y de los fiscales de sala. Luego quiso equiparar al fiscal general en la Ley de Acompañamiento, pero no pudo por un defecto de forma.Con el aumento reflejado en las cuentas públicas para el año próximo, Cardenal pasará a percibir 111.051,84 euros anuales, frente a los 70.636,20 de 2002. El salario del fiscal general se distribuye en 12 pagas sin derecho a extraordinarias, por lo que la retribución mensual queda en 9.254,32 euros (Septiembre 2002).
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN CRITICA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
El fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo reitera sus críticas al fiscal general del Estado por 'llevar al ministerio fiscal a un clima de oscurantismo y falta de transparencia'. Jiménez Villarejo achacó a Jesús Cardenal el 'ejercer un control sofocante, hasta el último detalle de aquellos asuntos que puedan tener repercusión política'. Según el fiscal jefe Anticorrupción, es necesario que en la reforma del estatuto del Ministerio Fiscal 'se regule la relación entre los fiscales jefes de los tribunales superiores de cada comunidad y los correspondientes parlamentos' (Octubre 2002).
EL GOBIERNO APRUEBA EL NUEVO ESTATUTO FISCAL Y EXCLUYE A CARDENAL DE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS
El Consejo de Ministros aprueba el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que mantiene y refuerza las competencias del fiscal general del Estado sobre los nombramientos de los cargos de la carrera. La reforma excluye al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de la limitación temporal de su mandato, mientras que fija en cinco años el de los fiscales jefe, que habrán de ser confirmados o relevados cuando entre vigor de la ley.
El nuevo Estatuto mantendrá el poder del fiscal general en los nombramientos, pese a que la Junta de Fiscales de Sala -la cúpula de la carrera fiscal- había propuesto limitar la discrecionalidad de éste exigiendo un informe vinculante del Consejo Fiscal para los ascensos a fiscal de sala y un mínimo de votos favorables del dicho organismo para el nombramiento o cese de un fiscal jefe (Noviembre 2002).
LA FISCALÍA DEL ESTADO ABRE DILIGENCIAS AL FISCAL JEFE DE MADRID
La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias informativas al fiscal jefe deMadrid, Mariano Fernández Bermejo, por sus declaraciones sobre la puesta en funcionamiento de los juicios rápidos en Madrid.Jesús Cardenal. El pasado día 15, la Junta de Fiscales de Madrid, presidida por Fernández Bermejo e integrada por 175 fiscales, hizo público un comunicado en el que advertía que la ley que regula los juicios rápidos y que entrará en funcionamiento el 28 de abril, será un "fracaso" porque el Ministerio de Justicia no la ha dotado de los medios necesarios para su aplicación.
En el escrito, los fiscales de la Comunidad de Madrid arremetían contra "la intolerable rebaja de las garantías procesales" de la nueva ley y denunciaban que parte de su contenido es "inconstitucional". También criticaron que el "tan cacareado Pacto por la Justicia, suscrito por PP y PSOE, desemboque en tamañas soluciones". El fiscal jefe, Mariano Fernández Bermejo, manifestó además que para aplicar esta ley, Madrid necesita al menos otros 69 fiscales, es decir, al menos un fiscal por cada juzgado.Por su parte, los secretariados de la Unión Progresita de Fiscales (UPF) y de Jueces para la Democracia calificaron de "intolerable" la medida adoptada contra Fernández Bermejo por "exponer públicamente" el contenido del acuerdo alcanzado por la junta de fiscales de Madrid. De los 175 fiscales que integran esta junta, sólo dos votaron en contra del documento difundido y dos se abstuvieron. A Antonio Camacho, portavoz de la UPF, le parece "absolutamente asombroso" que se haya abierto expediente a un fiscal por denunciar las carencias de la justicia. "Es un aviso para navegantes", sospecha.
Pedro Martínez, teniente fiscal de Madrid, señaló: "Pese a quien le pese, dicho documento fue aprobado en junta general tras un amplio debate, y en él se expresa la voluntad de los fiscales de Madrid; y precisamente porque no es una opinión particular sino de la fiscalía, no se comprende la decisisón de expedientar al fiscal jefe".
Al juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, le extrañó la medida, ya que, subrayó, "todos los colectivos profesionales [de la justicia] vienen denunciado desde hace tiempo la carencia de medios personales y materiales, así como la falta de infraestructuras, para que los juicios rápidos puedan implantarse con eficacia". También se mostró crítico con la decisión de Cardenal José Antonio Alonso, vocal progresista del Poder Judicial: "No ha cometido ningún acto de indisciplina y ha cumplido con su deber como fiscal jefe". Según Alonso, esta medida pone de manifiesto "el nerviosismo del Gobierno del PP", que, tras el fracaso en su lucha contra la delincuencia, "ha vinculado la seguridad ciudana a los juicios rápidos, y teme que éstos también le salgan mal". El también vocal del Poder Judicial Félix Pantoja opina que la decisión del fiscal general "es absolutamente injusta".
La medida adoptada por Cardenal es apoyada, en cambio, por los vocales conservadores Carlos Ríos y Fernando Fernández. Aseguran que la fiscalía de Madrid "cuenta con medios materiales y 209 fiscales, más otras tres plazas de fiscales de nueva creación, para la entrada en vigor" de la citada ley ( Marzo-Abril 03 )
FISCALES DE MADRID APOYAN A SU JEFE Y SE REBELAN CONTRA CARDENAL
La Junta de Fiscales de Madrid cerró filas en torno a su jefe, Mariano Fernández Bermejo, y valoró las diligencias informativas abiertas contra éste como "un ataque a la libertad de expresión" por parte del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. La Junta ratificó por unanimidad las críticas al Ministerio de Justicia por la falta de medios materiales y personales para poner en marcha los juicios rápidos.
La Junta de Fiscales de Madrid, a la que asistieron alrededor de un centenar de los 184 integrantes de la plantilla, ratificó por unanimidad un comunicado en el que, "en ejercicio de su responsabilidad colectiva", ratifica y asume en su integridad su acuerdo del 14 de marzo pasado en el que vaticinaba el "fracaso" de la ley de juicios rápidos por falta de medios materiales y personales para su entrada en vigor.
Los fiscales indicaron en otro punto de su acuerdo que las diligencias abiertas al fiscal jefe de Madrid por la Fiscalía del Estado, a propósito del anterior comunicado, "suponen un ataque a la libertad de expresión de la Junta". El teniente fiscal o número 2 de la Fiscalía de Madrid, Pedro Martínez, aseguró que la Junta, por unanimidad, asumió la responsabilidad colectiva de las declaraciones realizadas por su jefe, Mariano Fernández Bermejo, por lo que "se les debería haber abierto diligencia a todos" los fiscales. Según el teniente fiscal, las diligencias abiertas a Fernández Bermejo suponen "un ataque a la libertad de expresión colectiva de la Junta".
Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales -asociación a la que pertenece Fernández Bermejo-, consideró que la apertura de diligencias fue un "acto de censura" a las Juntas de Fiscales y añadió que se ha utilizado la vía disciplinaria "para fines distintos a los previstos en el Estatuto del Ministerio Fiscal".
El acuerdo por el que le fueron abiertas diligencias al fiscal jefe de Madrid decía que la ley plantea problemas desde el punto de vista de garantías para los intervinientes (perjudicados, procesados, etcétera) y desde el punto de vista de la constitucionalidad, "aunque este es un juicio técnico de la Junta", precisó Camacho. "Si sigue la situación actual de falta de medios en la Fiscalía de Madrid, con unas plantilla extremadamente cortas, la ley de juicios rápidos es inasumible y habrá que suspender o inasistir a otra serie de actos", agregó el portavoz de la UPF (Abril 2003).
EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN ASEGURA QUE LA REFORMA DEL ESTATUTO FISCAL ROMPE EL PACTO DE LA JUSTICIA
El fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, aseguró que la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal ha tenido un primer resultado "patente", como es la ruptura del Pacto de la Justicia, del que dijo que "ha saltado por los aires en la medida en que afecta a una pieza esencial de la Administración de Justicia". En igual sentido se pronunció el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, quien censuró con dureza dicha reforma. La reforma del Estatuto, actualmente en trámite en el Senado, limita a seis meses el periodo de investigación cuando la fiscalía abra diligencias para perseguir un presunto delito. A juicio de Villarejo, "nos encontramos en un clima de ruptura del Pacto de la Justicia que tiene como núcleo la diferente concepción que existe en España sobre el Ministerio Fiscal, vinculado al Ejecutivo, o un Ministerio Fiscal en la línea del Estatuto de 1981; un Ministerio Fiscal con ciertas garantías de objetividad, de independencia y de imparcialidad".
En declaraciones a la Cadena SER, el fiscal Anticorrupción reclamó "una mayor autonomía e independencia" del Ministerio Fiscal e insistió en que "hoy, en 2003, creo que tenemos derecho a exigir un modelo de Ministerio Fiscal más avanzado que el de 1981, más autónomo y más independiente, que es lo que exige el servicio al interés público y los ciudadanos". Jiménez Villarejo añadió que no cree que estos sean sus últimos días de mandato a pesar de la reforma impulsada por el PP. Recordó que el Estatuto establece un plazo de cinco años de mandato para los fiscales jefe, que él apoya, y dijo que "lo único que echamos de menos es que cuando se firmó el Pacto de la Justicia se decía que esa temporalidad iba a estar asociada a la valoración de criterios objetivos". "En el camino de ese proyecto de ley esos criterios objetivos han desaparecido y queda al mero arbitrio del Gobierno", agregó el fiscal Anticorrupción (Abril 2003).
VOCALES DEL PODER JUDICIAL DEFIENDEN AL FISCAL DE MADRID ANTE CARDENAL
Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial plantean en la reunión del pleno de este organismo una defensa del Fiscal Jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, a quien el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, podría sancionar por sus declaraciones sobre las dificultades en la aplicación de los juicios rápidos en Madrid.
Los vocales firmantes de un escrito son José Antonio Alonso y Félix Pantoja, quienes se manifiestan sorprendidos ante la reacción que dos vocales conservadores, Carlos Ríos y Fernando Fernández, ambos elegidos a propuesta del PP, han tenido ante las críticas de Bermejo a la falta de medios materiales y personales de la Fiscalía de Madrid para afrontar los juicios rápidos.
Ríos y Fernández remitieron al fiscal general del Estado un escrito, "con el membrete del Consejo General del Poder Judicial en el que solicita que se adopten [contra Bermejo] las medidas organizativas o disciplinarias que pudieran proceder", según explican en el escrito Alonso y Pantoja.
Los dos vocales progresistas quieren que el Pleno del Poder Judicial deje claro que ni el Consejo a través de sus órganos internos "ni mucho menos vocales que individualmente carecen de cualquier capacidad de representación de este organismo pueden realizar denuncias" como las formuladas por los citados vocales conservadores.
"Simplemente no existe capacidad constitucional o legal que permita [denunciar al fiscal Bermejo]. Por añadidura, propiciar o entrar en cuestiones y peleas completamente ajenas al Consejo General del Poder Judicial sólo puede crear quebraderos de cabeza para esta institución", señalan Alonso y Pantoja. Los dos vocales solicitan al pleno del Poder Judicial que indique al fiscal general del Estado que el Consejo no ha denunciado al fiscal jefe de Madrid; y que recuerde a los vocales conservadores que denunciaron a Bermejo que carecen de representación alguna para hacerlo. Tanto Alonso como Pantoja entienden que Fernández Bermejo "se limitó a cumplir con su obligación como Fiscal Jefe de Madrid al trasladar a la opinión pública el parecer de la junta de fiscales de Madrid celebrada el 18 de marzo" sobre las carencias existentes en su departamento y "ejercicio un derecho/deber indudable a transmitir preocupaciones directamente vinculadas con su cargo (Abril 2003).
CARDENAL DEFIENDE QUE NO ERA NECESARIA LA QUERELLA DEL FISCAL CONTRA ALIERTA
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, defendió ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso que en ningún momento fue necesaria la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de Telefónica, César Alierta, por un supuesto delito de abuso de información privilegiada. Cardenal explicó, con pormenores, toda la tramitación de las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción ante el supuesto enriquecimiento ilícito de un sobrino de Alierta con la compra y venta posterior de acciones de Tabacalera cuando Alierta presidía esta compañía. Según Cardenal, la existencia de una querella presentada por la Asociación de Usuarios de Banca y Bolsa (Ausbanc) hacía innecesaria la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, aunque la Fiscalía General autorizó al fiscal Anticorrupción para que se adhiriese a esa querella y para enviar al juez que tramitó la querella de Ausbanc toda la investigación que Anticorrupción había llevado a cabo. Cardenal se apoyó en el criterio del juez de Madrid que archivó la causa y concluyó que el asunto está recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid y que "si la Audiencia dice que hay que admitir la querella, pues todos tan contentos" (Abril 2003).
LOS FISCALES QUIEREN DEBATIR EL 'CASO BERMEJO' EN EL CONSEJO FISCAL
La Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han pedido al fiscal del Estado, Jesús Cardenal, que convoque al Consejo Fiscal para debatir, entre otros puntos, las acusaciones del ministro de Justicia, José María Michavila, al fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, acerca de que éste último trató de boicotaer la puesta en funcionamiento de los juicios rápidos. Además, una subsección de lo Penal del Supremo y fiscales de Ávila y de otras localidades han expresado su apoyo al fiscal jefe de Madrid frente a las declaraciones del ministro.
Los representantes de la UPF en el Consejo Fiscal, Javier Zaragoza y Teresa Comte, propusieron la convocatoria de este órgano consultivo del fiscal del Estado para debatir el caso Bermejo, es decir las acusaciones al fiscal jefe y el comunicado de la Junta de Fiscales de Madrid que criticaron la puesta en marcha de los juicios rápidos. Además, pidieron estudiar las modificaciones introducidas en el Estatuto del Ministerio Fiscal durante su tramitación parlamentaria.
Dado que los representantes de la UPF necesitaban algún voto para la convocatoria del pleno, los vocales de la Asociación de Fiscales apoyaron la petición y añadieron a la convocatoria la situación de la Fiscalía Anticorrupción, en la que la plaza de teniente fiscal lleva vacante desde mediados del pasado año.
Por otra parte, la subsección de la fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo mandada por el fiscal de sala Antonio Torres-Dulce acordó, a propuesta del fiscal Bartolomé Vargas, expresar su apoyo a Fernández Bermejo.
Vargas, antiguo responsable del sumario del caso Ercros, del que fue apartado por Cardenal por su decisión de imputar al ministro Josep Piqué, propuso una declaración de apoyo a los fiscales de Madrid, en el sentido de que no están boicoteando la ley de juicios rápidos y recahzar las declaraciones del ministro en sentido contrario. Los 12 fiscales de la seeción se mostraron de acuerdo.
Por otra parte, el fiscal jefe de Toledo, José Antonio Martín-Caro, portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, declaró que los problemas informáticos de los juicios rápidos han surgido en el propio Ministeiro de Justicia: "Los fallos no dependen del fiscal de Madrid ni de ningún otro, porque lo son por cuestiones que dependen del Ministerio", dijo. Martín Caro dijo que comparte el fondo de las críticas hehcas por Bermejo pero no los términos empleados por éste.
Siete fiscales de Ávila también han aprobado un escrito solidarizándose con sus compañeros de Madrid y haciendo suyas sus críticas a la falta de medios.
"Los fiscales de Madrid y los de Barcelona no somos unos vagos. Somos trabajadores dignos que no merecemos ninguna tacha". Con expresiones como ésta el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, salió asimismo en defensa de su homólogo de Madrid (Mayo 2003).
EL FISCAL DE MADRID DENUNCIA A MICHAVILA ANTE EL SUPREMO POR ACUSARLE DE ACTUAR EN REBELDÍA
El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ha cumplido su amenaza de denunciar al ministro de Justicia, José María Michavila, quien le acusó de actuar en rebeldía y boicotear la entrada en vigor de la Ley de juicios rápidos : el fiscal ha presentado su denuncia ante el Tribunal Supremo.
Mariano Fernández Bermejo cree que con sus declaraciones, el ministro ha dañado su buen nombre y le reclama una indemnización de 60.000 euros. El fiscal, que se había mostrado crítico con el sistema de juicios rápidos por la falta de medios humanos y técnicos, ya respondió a las acusaciones de Michavila y aseguró que sopesaría la posibilidad de ejercer acciones legales.
En la demanda se acusa al ministro de Justicia de "dañar tanto el buen nombre como la reputación profesional y profesional de un fiscal con casi 30 años de experiencia". Fernández Bermejo asegura que una cosa es hacer una crítica y otra muy distinta, dañar el buen nombre y la reputación de una persona con unas declaraciones.
Si el Tribunal Supremo lo considera conveniente, el dinero de la financiación sería invertido en programas de mejora de la administración de Justicia. La demanda también exige que el ministro pague de su bolsillo la publicación de la sentencia en tres periódicos de tirada nacional (Mayo 2003).
LOS FISCALES DE VALENCIA CALIFICAN DE PENOSAS LAS CONDICIONES EN LAS QUE TRABAJAN
Un nutrido grupo de fiscales de Valencia ha suscrito un documento de siete puntos para poner en conocimiento de Enrique Beltrán, fiscal jefe, las condiciones "penosas" en las que consideran que están realizando su trabajo desde que el pasado 28 de abril entrara en vigor la ley de juicios rápidos. El aumento de guardia y de presencia en juicios entienden que está perjudicando seriamente su dedicación a otros temas que no son juicios rápidos. Además, resaltan la falta de medios materiales e inciden en las dificultades causadas por el nuevo sistema de reparto de juicios y guardias.
Con fecha 14 de mayo y en siete puntos, un nutrido grupo de fiscales, de los casi 80 de la provincia de Valencia, ha suscrito un documento que retrata la situación que se ha generado para los representantes públicos desde la aplicación de la ley de juicios rápidos el pasado 28 de abril. El documento tiene por objetivo trasladar al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Beltrán, las deficiencias en el trabajo.
Los fiscales inician el repaso por las incidencias haciendo constar que la entrada en vigor de la ley de juicios rápidos "ha supuesto un aumento considerable de trabajo para los fiscales de esta Fiscalía, que hemos pasado de necesitar para toda la provincia de cuatro fiscales diarios de guardia a trece". Según consta en el documento, esa nueva situación "ha redundado en la actividad general de asistencia a juicios, como fácilmente puede comprenderse, pues el fiscal que atiende la guardia no puede prestar otro servicio". Consideran que "el aumento ha afectado al despacho de papel por la menor cantidad de tiempo disponible, no sólo por la mañana, sino también del que ya venía dedicándose por las tardes e incluso por las noches". Añaden que "debe hacerse notar que ese aumento es acumulativo al de años pasados generado por otros factores, entre ellos, como más destacable, el aumento de la delincuencia" (Mayo 2003).
ADMITIDA LA DEMANDA DEL FISCAL JEFE DE MADRID CONTRA EL MINISTRO MICHAVILA
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda de protección del derecho al honor plantada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, contra el ministro de Justicia, José María Michavila, quien le acusó de haber boicoteado la puesta en marcha de los juicios rápidos.
Bermejo presentó la demanda contra Michavila a finales del pasado mes de mayo, después de que el ministro atribuyese las dificultades surgidas en la fiscalía de Madrid durante la puesta en marcha de los juicios rápidos, el pasado 28 de abril, a que Fernández Bermejo estaba a "en rebeldía" contra la ley.
Días antes, el fiscal Bermejo había convocado una rueda de prensa en la que hizo público un comunicado en el que advertía de que la ley de juicios rápidos iba a ser un "fracaso" porque el Ministerio de Justicia no la había dotado de los medios necesarios para su aplicación, además de que era "inconstitucional". Según el demandante, el ministro atacó de forma "injustificada y gravísima" a un fiscal con casi 30 años de experiencia, al acusarle de boicotear la entrada en vigor de la ley de los juicios rápidos.
Fernández Bermejo reclama a Michavila para reparar su honor una indemnización de 60.000 euros (10 millones de pesetas), que, según dice en la demanda, destinará a "programas para mejorar la Administración de Justicia". El auto del Supremo que admite a trámite al demanda ordena dar traslado de la misma al ministro de Justicia para que la conteste en el plazo de 20 días (Junio 2003).
LA FISCALÍA COMUNICA AL JEFE ANTICORRUPCIÓN Y AL INSPECTOR FISCAL QUE NO SERÁN RENOVADOS
El Inspector Fiscal, Juan José Martínez Zato, y el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, no serán renovados en sus respectivos cargos, según les ha hecho saber ya la Fiscalía General del Estado. En la renovación de las jefaturas de la carrera fiscal se da por descontado el cese de Mariano Fernández Bermejo como jefe de Madrid y el cambio del jefe de la Secretaría Técnica, Fernando Herrero Tejedor. El Ministerio de Justicia está encontrando dificultades para cubrir las plazas de Anticorrupción y la de Madrid, en tanto que puede haber overbooking de candidatos a la Inspección.
El Inspector Fiscal, Juan José Martínez Zato, pedirá una de las tres nuevas plazas de fiscal de Sala creadas por real-decreto que aprobará en el Consejo de Ministros del viernes y que informado favorablemente por el Consejo Fiscal. Se trata de tres plazas creadas ex profeso para acomodar a los fiscales depurados o removidos de sus puestos o atraer a otros con los que Justicia desea contar (Junio 2003).
JUECES Y FISCALES PROGRESISTAS DENUNCIAN EL DETERIORO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES EN ESPAÑA
Más de 200 jueces y fiscales progresistas debaten en Castellón el actual estado de la justicia en nuestro el país. Los asistentes a este encuentro consideran que el Ejecutivo de José María Aznar se ha apropiado de la administración de justicia y la utiliza en su propio beneficio.
El objetivo de la reunión es analizar cuestiones como el nuevo régimen de la prisión provisional, el tratamiento penitenciario, la eficacia de los juicios rápidos y el sometimiento a la legalidad internacional de la intervención de España en la guerra de Irak.
El programa del encuentro, que se celebra bajo el lema "Crisis de la legalidad democrática. La fuerza de los derechos", incluye un análisis sobre la situación actual del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia y el estudio de las últimas reformas legislativas y de lo que JpD y UPF denominan "crisis del derecho internacional y constitucional de la guerra" (Junio 2003).
LOS FISCALES PROGRESISTAS RECURREN LA ORDEN DE PEDIR PLAZAS VACANTES AL MINISTRO
El Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha acordado por unanimidad presentar un recurso contencioso-administrativo contra una orden del Ministerio de Justicia, del pasado día 13, que establece que las solicitudes para cubrir tres plazas en el Ministerio Fiscal deben dirigirse al ministro de Justicia, José María Michavila, y no al fiscal general del Estado, lo que entienden que es un intento de control de la institución por parte del Gobierno.
El pasado 14 de Junio, el BOE publicó una orden que establece que aquellos que quieran optar a dos plazas vacantes de fiscales de Sala y una tercera a la Fiscalía del Tribunal Superior de Castilla y León, deberán dirigir sus solicitudes al ministro de Justicia. Según el portavoz de la UPF, Antonio Camacho, la novedad de la orden ministerial es que, por primera vez, se señala que las solicitudes deben dirigirse al ministro de Justicia, en vez de al fiscal general del Estado o al Consejo Fiscal, lo que "rompe una tradición de la carrera fiscal y el espíritu de su Estatuto".
Se trata de "una injerencia absoluta" del Ministerio en esta materia, añadió Camacho, quien consideró que esta orden es "el inicio de la gubernamentalización del Ministerio Fiscal".
Según la Unión Progresista de Fiscales, al imponer que las instancias de solicitud de plazas se dirijan al ministro, "el sistema se rompe", porque "el ministro no tiene por qué conocer las instancias ni hacer ningún tipo de selección".
Según Justicia, la orden ministerial se ajusta al real decreto 545, de 9 de febrero de 1983, cuyo artículo 8.3 establece literalmente que "las instancias irán dirigidas al ministro de Justicia". Las fuentes ministeriales indicaron que la única novedad estriba en que en vez de una convocatoria interna por parte de la Fiscalía, esta vez se ha hecho públicamente en el BOE, de acuerdo con lo establecido en el citado real decreto. "En vez de ir dirigida la instancia al fiscal general del Estado, va dirigida al ministro, que es quien convoca las plazas, pero el resto del procedimiento se mantiene exactamente igual: el fiscal general del Estado propone los nombramientos al Gobierno, previo informe del Consejo Fiscal. Los nombramientos son acordados después por el Consejo de Ministros" (Junio 2003).
CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO - FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN: "PUEDO INVESTIGAR SI SE QUERELLA EL PP, PERO NO SI LO HACE EL PSOE"
Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, envió el pasado martes 17 de junio un escrito de once folios al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en el que le solicitaba autorización para iniciar diligencias de investigación en la trama político-inmobiliaria de la Comunidad de Madrid. El documento analizaba datos públicos y jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cardenal no le respondió. Sin embargo, tanto el fiscal general del Estado como el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, han descartado, en declaraciones públicas, una intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el tema. Jiménez Villarejo dice en una entrevista que Cardenal le ordena investigar cuando se trata de querellas que presentan políticos del Partido Popular, pero no si el querellante es el Partido Socialista Obrero Español. He aquí el diálogo.
Pregunta. ¿Tan claro es?
Respuesta. Lo digo porque es así. A comienzos de la semana pasada, después de analizar la crisis en la Comunidad de Madrid y examinar la información pública decidimos solicitar autorización al fiscal general del Estado para investigar el caso. ¿Para qué estamos si no es para asuntos como éstos? Se trata de un caso de presunta corrupción que ha tenido consecuencias institucionales tremendas. Unos días antes el fiscal general me había enviado varias querellas, siete si mal no recuerdo, todas inspiradas por gente del PP, relacionadas con el Ayuntamiento de Calvià, en Mallorca. Están dirigidas contra la ex alcaldesa socialista Margarita Nájera. Bien. Le sugerí al fiscal general del Estado que se nombrara a alguien de la fiscalía de Mallorca para llevar el tema y él estuvo de acuerdo. Tengo en mis oficinas al fiscal Joan Carrau, que está trabajando activamente en el caso. Ahora, entonces te preguntas: ¿Sólo hay que investigar cuando la denuncia la presenta el PP? Y no ha sido el único ejemplo. Está el de Susana Bermúdez, la diputada tránsfuga del PSOE en Ceuta, en septiembre de 1999, cuatro meses después de las elecciones locales de junio de aquel año.
P. El fiscal general del Estado hizo declaraciones el pasado viernes. No se pronunciará sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción hasta que se resuelva en el Tribunal de Justicia de Madrid sobre la admisión a trámite de la querella presentada por el PSOE.
R. He leído las declaraciones. Lo que no entiendo es por qué razón no me envía un oficio de respuesta a mi propuesta. Le diré también que siempre los altos cargos del Gobierno solían decir, al preguntárseles por resoluciones judiciales o de la fiscalía, que esto era un asunto de los tribunales. Ahora ya no es así. Actúan a cara descubierta.
P. ¿A qué se refiere?
R. El vicepresidente segundo, Mariano Rajoy, dijo el pasado viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, que no existían fundamentos jurídicos para una investigación del caso de la Comunidad de Madrid por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El vicepresidente explicaba lo que debía decir una querella por el delito de cohecho y lo que no decía la que había presentado el Partido Socialista. En otras palabras, el fiscal general del Estado y el vicepresidente me daban, de hecho, una respuesta al oficio en el que yo proponía abrir un expediente para investigar. Cosas así no habían ocurrido nunca.
P. ¿Usted cree que la Fiscalía Anticorrupción debería estar presente aun en el caso de que prospere la querella presentada por la Fiscalía de Madrid?
R. Me parece que es obvio. La Fiscalía Anticorrupción tiene como objetivo este tipo de delitos, como el cohecho o las negociaciones prohibidas por la naturaleza de los cargos públicos. Mi pregunta es más sencilla: si éste no es un caso para esta fiscalía, ¿entonces cuáles son los casos que debería investigar? Lo que ocurre es que el poder no quiere. Está, de hecho, anticipando sus planes.
P. ¿Se refiere a que usted y otros fiscales jefes serán apartados de sus puestos en las próximas semanas?
R. En efecto. Como es bien sabido -porque se ha hecho una crónica anticipada de ello-, el ministro de Justicia ha firmado una orden ministerial que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el sábado 14 en la cual se convoca concurso para ocupar dos plazas de fiscales jefe. Es ilegal. Hay otros fiscales de Sala como Eduardo Torres-Dulce, Jesús Bernal y Martín Cazallo, que han escrito al fiscal general del Estado por este asunto. Ellos estiman que el Consejo Fiscal del 1 de julio debe considerar la legalidad de esa convocatoria de plaza y proceder a anularla si es, como yo creo, y como los colegas citados parecen estimar, una medida completamente ilegal. El fiscal general, por su parte, ya ha cursado dos oficios en los que justifica la citada orden ministerial.
P. ¿Y cree que hay algún camino para frenar esta ofensiva?
R. Vamos a intentarlo. Desde luego, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) va recurrir por la vía contencioso administrativa. Y creo que los tribunales les darán la razón. Yo mismo pienso presentarme a la plaza para cubrir la vacante de fiscal jefe Anticorrupción. No voy a dejar que un trabajo de largos años quede en el aire. En otros términos, tendrán que impedir que pueda conseguir esa plaza a cara de perro, sin ambages.
P. ¿Cree que sus hombres podrían avanzar rápidamente en esta trama, suponiendo que exista?
R. Ha pasado más de una semana desde que envié el oficio a la Fiscalía General del Estado. En ocho días, nosotros podíamos haber analizado los indicios existentes y practicado algunas diligencias e interrogatorios. Una semana es mucho tiempo. Pero nadie ha querido que metamos la nariz. Eso me parece evidente. Insisto en una cosa: nunca antes nos habían ignorado y pasado por encima como estos días (Junio 2003).
EL FISCAL JEFE DE MADRID BERMEJO COMPARA AL GOBIERNO CON PRIMO DE RIVERA
Bermejo, que acaba de dejarsu puesto al frente de los fiscales madrileños por la aplicación de la nueva ley que fija en cinco años la permanencia en un puesto, aseguró que el abandono de su cargo le produce una sensación de “liberación y de irritación, porque no parece que tenga nada que ver este cese y algunos otros que vendrán con las finalidades que se han predicado de la ley”.
El fiscal jefe de Madrid está convencido de que la razón de su cese no es la necesidad de renovar el Ministerio Fiscal: “Resulta que el que más necesita que le pongan un plazo y no precisamente para asegurar la transitoriedad, sino para asegurar su autonomía que es el Fiscal General del Estado, pues precisamente es el único que se queda sin plazo. Y para aquellos en los que la inexistencia de plazo jugaba como una garantía de autonomía, a esos se les pone un plazo y además un plazo riguroso en el que se cesa por ley y no tiene que ser explicado".
Sobre la presunta trama de corrupción inmobiliaria y la traición de los dos diputados socialistas en la Asamblea de Madrid, Bermejo insistió en que la querella presentada contra ocho personas, entre ellas el ex alcalde popular de Alcorcón Pablo Zúñiga y el promotor inmobiliario Francisco Bravo no está basada en otra presentada por el PSOE ni está archivada. “No se puede seguir insistiendo en dos mentiras que intentan distraer de que existe una querella en la Fiscalía de Madrid por hechos muy graves que ponen de relieve una trama de especulación urbanística delictiva”. Además, Mariano Fernández Bermejo no ha respondido a las acusaciones de Juan José Güemes, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. “No se quien es ese señor que está participando de una estrategia colectiva de distracción” al decir que desde la Fiscalía hizo llamadas a la sede del PSOE antes y después de las elecciones (Junio 2003).
MARTÍN PALLÍN DENUNCIA LA MERMA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES
La gratuidad de la educación infantil es una reivindicación histórica de la red concertada, y las organizaciones que la representan se han indignado al no verla incluida en el borrador de la Ley de Calidad. Del Castillo aclaró que, en cualquier caso, esta etapa educativa seguirá teniendo 'carácter voluntario'. Algunas comunidades ya han concertado centros de infantil, pero mediante convenios de un tiempo limitado, ya que la ley en vigor señala que los conciertos serán exclusivos de las etapas obligatorias. Actualmente están concertadas la primaria y la ESO. A pesar del anuncio de la ministra, el presidente de la patronal de los centros educativos católicos EyG, Néstor Ferrera, pidió al Gobierno de SE que responda con 'hechos y no con mensajes de tranquilidad' y reiteró que no descartan protestas. Por su parte, la presidenta de la confederación laica de padres (Ceapa), una tal Eulalia Vaquero, dijo que extender la gratuidad a la etapa infantil es una 'deslealtad' con la escuela pública y con la demanda social que se dirige a estos centros. 'Es en la red pública donde se están rechazando todos los años muchos miles de solicitudes al no haber plazas', añadió Vaquero. Más del 90% de los niños de entre 3 y 6 años están escolarizados.
9. REVOLUCIONARIO PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL ( VARIOS ) :
MILES DE PERSONAS OCIOSAS Y MALEANTES SE CONCENTRAN CONTRA EL TRASVASE DEL EBRO: Varios miles de personas se concentran en Ejea de los Caballeros en un acto reivindicativo organizado por el Ayuntamiento en contra del trasvase de agua del Ebro a otras cuencas y a favor del recrecimiento del embalse de Yesa y de las obras del Pacto del Agua. La manifestación, llevada a cabo dentro de la tradicional Fiesta del Agua, congregó a miles de vecinos de Ejea y de otras localidades de la comarca. Entre los asistentes estuvo el presidente de Aragón, el tal Marcelino Iglesias
GREENPEACE AFIRMA QUE CON EL TRASVASE DEL EBRO SE REGARÁN 66 CAMPOS DE GOLF : Greenpeace denuncia que el agua que transportará el trasvase del Ebro que integra el Plan Hidrológico Nacional (PHN) será utilizada en el mantenimiento de los múltiples campos de golf que se proyectan en las cuencas deficitarias que recibirán el agua. Los ecologistas han contado hasta 66 nuevos proyectos, 'la mayoría rodeados de complejos hoteleros y residenciales'. Según sus cuentas, hay planes para construir 34 campos golf en la provincia de Murcia, 24 en Alicante, 5 en Valencia y 3 en la de Castellón, todas destinatarias del trasvase, diseñado para trasladar 1.050 hectómetros anuales desde el río hasta Cataluña y las cuencas del Júcar, del Segura y del Sur. Según Greenpeace, sólo el césped de esos 66 campos de golf supondrá un consumo de casi 50 hectómetros al año, cifra a la que hay que sumar el consumo de las decenas de complejos hoteleros y residenciales que 'que duplicarán la población' en muchos municipios costeros, según Greenpeace. El presidente de la Generalitat, Edu $ Zaplana, rechazó que el destino del agua del Ebro sea los campos de golf ya que, según afirmó, éstos tienen sus propios planes de autoabastecimiento. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Juan Cánovas, dijo que las denuncias de Greenpeace son 'especulaciones gratuitas'.
10. GRACIAS A NUESTRO TESÓN, ESTAMOS POR DEBAJO DE LA MEDIA DE LA OCDE EN USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
La implantación de tecnologías de la información en las empresas españolas está aún lejos de la media de los países de la OCDE, que agrupa a los Estados más industrializados del mundo, según se desprende de un estudio realizado por la consultora DRM y la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información (Sedisi). En 2001, el 70% de las compañías españolas estaba conectada a Internet, lo que supone un aumento de 20 puntos en relación con el año anterior. El porcentaje queda lejos del 90% que presenta como media la OCDE, y Estados como Irlanda (90%) o Italia (92%) superan ampliamente el nivel español. El 85% de las compañías españolas utilizaba ordenadores en 2001, lo que supone un aumento de tan sólo el 1,5% con respecto al año anterior, frente a la media de los países más industrializados, que se sitúa en el 96%.
11. ENCIERRO DE LOS CONCEJALES Y DE LOS TRABAJADORES DE ROTA
La corporación municipal y el Comité de Empresa de la base de Rota inician un encierro en el Ayuntamiento de esa localidad para protestar por la exclusión de sus reivindicaciones del nuevo convenio con EE UU, que el empresario y ministro de Exteriores a tiempo parcial , Josep $ Piqué, y el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, han firmado recientemente en Madrid.
Los 1.200 civiles que trabajan para EE UU en Rota acusan al Gobierno de SE de haber incumplido su promesa de no iniciar la negociación del convenio hasta resolver el conflicto laboral derivado de la supresión de las exenciones fiscales que tenían los empleados españoles, que han perdido alrededor del 30% de su poder adquisitivo.
El nuevo convenio prevé que este asunto se discuta en una comisión mixta en los próximos seis meses, pero Julio Malvido, presidente del Comité de Empresa, no cree que se resuelva en ese plazo lo que no se ha arreglado en más de dos años. Por su parte, el Ayuntamiento reclama tres millones de euros anuales de impuestos que no paga la base. El encierro fue aprobado por todos los concejales, incluidos los siete del PARTIDO.
12. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ : EL CASO DE NUESTRO CONCEJAL PLURIEMPLEADO
El teniente alcalde de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz, Fernando Sicre, puede estar incurriendo en una posible incompatibilidad legal por algunas funciones que desempeña en el mismo ámbito y al mismo tiempo en su doble condición de concejal de una corporación local y como inspector de trabajo en activo. Este edil, fichaje estrella de nuestra pintoresca alcaldesa Teófila Martínez en las pasadas elecciones, simultanea ambas actividades y está negociando como edil, según propia confesión, con las mismas empresas del Campo de Gibraltar que inspecciona laboralmente.
En su papel de impulsor del Fomento en la provincia de Cádiz, Sicre negocia habitualmente con empresas campogibraltareñas para que reciban transferencia tecnológica y formación en el Centro Suratlántico de Tecnología (CENTI), un proyecto del PARTIDO por el que Sicre ha recibido numerosas críticas, debido a la inactividad de este equipamiento público que costó 2.100 millones de pesetas.
Como inspector de trabajo, Sicre inspecciona, entre otras empresas, a las entidades pertenecientes al sector petroquímico y del acero que están agrupadas en la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI). Firmas tales como Cepsa, Acerinox, Eastman Chemical, Pétreas, Interquisa, Cepsa Petrosur, Torras Papel, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y Maersk. Con estas mismas empresas, a las que Sicre afirma conocer como inspector de trabajo al igual que a sus directivos, ha mantenido contactos y negociaciones para que vengan al CENTI. '” Hemos mantenido una serie de reuniones con la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Yo personalmente he acudido a las dos primeras (...) Yo he llevado directamente las negociaciones con estas empresas (...) Las conozco perfectamente en mi condición de inspector de trabajo (...) mi zona de inspección son todas las grandes industrias de esta provincia y todas las empresas contratistas y subcontratistas de las mismas, tanto de la Bahía de Cádiz, en el marco de Jerez y en la Bahía de Algeciras', afirmó Sicre, quien suma además a estas obligaciones la de profesor universitario.
La Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas permite esta doble condición de concejal y funcionario si practica la docencia a tiempo parcial o si por la actividad política no se perciben retribuciones fijas o periódicas. Con todo, varios juristas han detallado que Sicre podría infringir dos leyes y el Estatuto jurídico de la Inspección de Trabajo. Asimismo existe jurisprudencia. La norma que más vincula a Sicre es el Real Decreto 138/2000 de 4 de febrero sobre el Estatuto Jurídico de la Inspección de Trabajo, cuyo artículo 11 dice textualmente: 'En razón a su función, los inspectores o subinspectores no podrán tener interés directo ni indirecto en empresas o grupos de empresas objeto de su actuación (...) se abstendrán en todo asunto en que concurra interés...'. Sicre ha afirmado que tiene el interés de traer estas empresas al CENTI. Incide también sobre la abstención la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común que detalla, en el artículo 28 del capítulo III, que 'el personal al servicio de las administraciones se abstendrán de intervenir en el procedimiento de su ámbito de responsabilidad (...) si tiene interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir la de aquel'. Según los mismos juristas consultados, en Sicre se da el interés al querer que estas empresas vengan al CENTI.
13. EL DETECTIVE CONTRA EL QUE SE QUERELLÓ CONTRA EL TAL CHAVES ADMITE QUE TODO FUE UN MONTAJE
Antonio Castellano, el falso detective del que se llegó a decir que espiaba por encargo del PSOE andaluz al ex presidente de Caja San Fernando Juan Manuel López Benjumea, aseguró ante el juez que es víctima de un "montaje" urdido por "una persona de la caja". Castellano declaró ante el juez por la querella por injurias que interpusieron contra él el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el secretario de organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, después de que, supuestamente, el falso detective afirmara en una conversación grabada en vídeo que ambos le habían encargado seguir a Benjumea.
Meses antes, Benjumea había presentado ante la policía una denuncia sobre el supuesto seguimiento al que estaba siendo sometido y sus escoltas grabaron un vídeo en el que Castellano, presuntamente, confesaba que espiaba al entonces presidente de la entidad por orden de Chaves y Pizarro. Un juez ordenó archivar esta causa y concluyó que no hubo seguimiento a López Benjumea y apuntó que el vídeo, probablemente, había sido manipulado. Ahora, Castellano se desentendió del caso en su declaración ante el juzgado que está investigando la querella de Chaves contra él. "Está claro que a alguien le interesaba montar esto", dijo.
- Duración de los procesos judiciales. La duración de los procesos sigue siendo el gran lastre de la justicia, según la encuesta. Cuatro de cada diez ciudadanos piensan que la justicia "funciona mal o muy mal" y casi seis de cada diez la consideran "regular, bien o muy bien". La mayoría de los ciudadanos están convencidos de que la justicia es lenta. El 82% de los españoles en el año 2000, y el 81% en 2002, mostraba su acuerdo con la siguiente afirmación: "La Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella". En 2003, el 64% de los asuntos vivos en los juzgados de primera instancia celebraron el juicio en menos de un año, y el 45%, casi la mitad, en un plazo de seis meses o menos. Desde 1997, la evolución de las demoras de más de dos años ha sido claramente a la baja. Los asuntos penales y los civiles, los mas retrasados.
- La culpa de los retrasos. El 57% de los ciudadanos que han padecido en sus carnes retrasos de más de dos años responsabilizan "a la Administración de Justicia" [al Gobierno y a las comunidades] de los retrasos en la tramitación de sus causas. Curiosamente, sólo el 2% de los encuestados culpó de tales retrasos a los jueces, un criterio que choca con el de los expertos. Éstos aseguran, siempre según la encuesta, "que habría menos retrasos si los jueces cumpliesen a fondo con su deber". "Debería llamar la atención que sólo un 2% de los usuarios afectados por demoras consideren a los jueces como causa de los retrasos", se indica en el estudio y se añade: "Éstos tienen una percepción muy alejada de la que mantienen la mayoría de los expertos, que opinan que haciendo trabajar más a los jueces se resolverían las demoras". En el 13% de los casos, los ciudadanos responsabilizan de los retrasos "a las leyes procesales", y en el 10% a las triquiñuelas de "la parte contraria" para dilatar el proceso.
- Puntualidad. El descontento ciudadano por la impuntualidad de los jueces en las citaciones es patente. En este aspecto la Administración de Justicia ha empeorado. En una encuesta similar que encargó el Consejo en 2001, un 47% de los entrevistados expresó su malestar por este aspecto; ahora, el malestar llega al 56%. Los jueces de Familia y los de lo Contencioso son los más puntuales; y los menos, los que llevan asuntos penales y los del ámbito laboral. El 36% de los usuarios que se quejaron de impuntualidad indicaron que tuvieron que esperar, sobre el horario de la citación, entre 30 minutos y una hora a que el juez les atendiese. El 8% esperó más de dos horas, y un 7% se quejó también de la espera pese a que ésta no llegó a los 15 minutos.
- Trato recibido. El porcentaje de usuarios que declara haber sido tratado bien al ir al juzgado es claramente mayoritario en el año 2003. Un 79% de ellos declaran que han sido tratados bien por los funcionarios, un 73% dicen lo mismo respecto a los secretarios y un 75% admite que los jueces les ofrecieron un trato correcto. No obstante, estos buenos datos son peores que los obtenidos en 2001, cuando el porcentaje de usuarios que se sintieron bien tratados era superior al 90%. Preocupa, aunque el porcentaje no llega al 3%, quienes manifiestan haber sido tratados "muy mal y mal" (Septiembre 2003).
ESPAÑA RETROCEDE EN EL 'RANKING' DE LOS PAÍSES CON MENOS CORRUPCIÓN
Pese a que los responsables gubernamentales sostienen que la corrupción ha dejado de ser un problema, o tal vez por ello, la imagen exterior de España en este aspecto ha empeorado en el último año. España ha pasado del puesto 22 al 24 en el ranking mundial de la corrupción, que encabeza Finlandia, considerado el país menos corrupto, y cierra Bangladesh, con el número 133.
Dicho ranking lo elabora anualmente Transparency Internacional (TI), una prestigiosa organización no gubernamental dedicada a la lucha contra la corrupción con sede en Londres, sobre la base de encuestas a empresarios, académicos y analistas.
La nota otorgada a España en la clasificación difundida es de 6,9 en una escala de 0 a 10, donde la cifra aumenta a medida que disminuye la corrupción. Sin embargo, España ha perdido dos décimas con relación al año pasado, cuando obtuvo una puntuación de 7,1 y ha sido adelantada por Francia e Irlanda. Los países de la Unión Europea peor clasificados son Italia y Grecia, con 5,3 y 4,3 de nota, respectivamente.
TI promueve un código de conducta para las compañías que se comprometan a no pagar sobornos y aboga por la aplicación de la Convención de la OCDE contra la Corrupción (Octubre 2003).
UNOS 300 JURISTAS DESAGRAVIAN CON UN HOMENAJE AL FISCAL DESTITUIDO
El magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín lamentó, durante la cena homenaje que unos 300 juristas, en su mayoría fiscales y magistrados, ofrecieron a Carlos Jiménez Villarejo, ex jefe de la Fiscalía Anticorrupción recientemente destituido por el Gobierno, que "a un magnífico profesional le haya tocado vivir rodeado de extravagantes políticos, primero con la dictadura y luego con la democracia".
En el acto, presentado por la periodista Concha García-Campoy, intervino el magistrado del Supremo Carlos Granados, que en 1995, como fiscal general del Estado, propuso al Gobierno a Jiménez Villarejo para dirigir la Fiscalía Anticorrupción. José María Mena, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, glosó la personalidad de su compañero y amigo y calificó de "profunda e indignante injusticia lo sucedido con Villarejo.
Intervinieron también Salvador Viada, en su momento propuesto para número dos de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido otro destino; Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía; Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho, y el magistrado José Jiménez Villarejo, hermano del homenajeado. Salvador Viada calificó de "intolerables" los comentarios peyorativos de Cardenal sobre le Fiscalía Anticorrupción. "No es de extrañar", señaló Carlos Jiménez Villarejo, "que la misma autoridad que lo ha hecho [en referencia a Cardenal], hable de que el Ministerio Fiscal es una estructura vertical, al igual que el nacional sindicalismo. Es posible que conciba el Ministerio Fiscal como al de los sindicatos verticales" (Octubre 2003).
CARDENAL IMPIDE AL FISCAL RECURRIR LA EXCULPACIÓN DE PIQUÉ EN EL 'CASO ERCROS'
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha dado instrucciones a la Fiscalía Anticorrupción para que no se recurra el auto de la juez Teresa Palacios por el que se archiva el caso de la venta de la petrolera Ertoil, que supone la exculpación del presidente del PP de Cataluña, ex portavoz del Gobierno y ex ministro de Asuntos Exteriores, de Industria y de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué. La decisión de la Fiscalía de no recurrir la decisión de la juez se ha producido a pesar de que el fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, había solicitado a la magistrada la declaración, en calidad de imputado, de Alain Guillon, directivo de la petrolera francesa Elf, compradora de Ertoil, para completar las investigaciones al respecto. La magistrada decidió denegar la prueba mencionada por entender que "se carece de indicio o dato alguno que haga vislumbrar que la referida diligencia [el testimonio de Guillon] vaya a revelar hechos distintos a los ya obrantes" en la causa. La juez Palacios agregaba que sobre ese particular ya se libró una comisión rogatoria a Francia, aunque finalmente la declaración se realizó en España y precisaba que aunque afectaba a otra persona distinta, "no parece que se vaya a producir giro alguno de entidad tal que aconseje llevar a efecto la declaración pedida por el Ministerio Fiscal". La resolución de Teresa Palacios, sin embargo, sí será previsiblemente recurrida por el letrado de la acción popular José María Caparrós, que representa al partido Nueva Izquierda, que considera que todavía faltan aspectos por investigar en la causa. El auto de Teresa Palacios decretó el archivo del caso abierto por la venta de Ertoil, por entender que "de las diligencias practicadas en averiguación de los hechos que fueron en su día denunciados (...) no han logrado desvelar la presunta comisión de delito alguno" (Enero 2004)
CARDENAL INTENTA NOMBRAR 14 ALTOS CARGOS EN FISCALÍAS ANTES DEL CAMBIO DE GOBIERNO
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha convocado al Consejo Fiscal para el próximo 30 de marzo a fin de cubrir 14 plazas, entre ellas dos vacantes de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, cuatro de fiscal jefe de tribunales superiores y tres jefaturas de fiscalía de audiencias provinciales. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido que no se celebre el Consejo o, en su caso, que no se nombren fiscales para no condicionar al nuevo Gobierno (Marzo 2004).
Cardenal obliga a los fiscales a denunciar al juez las concentraciones ante sedes del PP
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó a los fiscales jefes de tribunales superiores y audiencias provinciales remitir a los juzgados de instrucción de guardia las denuncias sobre manifestaciones celebradas ante las sedes del PP el 13 de marzo, víspera de las elecciones generales y por tanto jornada de reflexión. La orden de Cardenal obliga a abrir multitud de procedimientos penales por hechos que, en su caso, podrían no ser delito o constituir una simple infracción administrativa. La iniciativa de Cardenal fue tildada de "escandalosa" e "injustificable" por representantes de partidos e instituciones. El oficio de Jesús Cardenal fue remitido por fax a todas las fiscalías, ordenando a los fiscales jefes que "judicialicen las denuncias sobre concentraciones de ciudadanos, poniéndolas en conocimiento del juzgado de instrucción competente".
Según fuentes de la Fiscalía General, el motivo de la orden procede del expediente que la Junta Electoral Central (JEC)remitió a la Fiscalía General del Estado el mismo día 13, dando cuenta de que el PP había denunciado una manifestación no autorizada de varios miles de ciudadanos ante su sede central en Madrid. Sin embargo, el fiscal Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y que ha tramitado denuncias sobre infracciones a la ley electoral en anteriores comicios, explicó que, ante la multitud de denuncias que remiten las juntas electorales de zona y la JEC, la práctica habitual de las fiscalías consiste en examinar si los hechos son o no constitutivos de delito o, en su caso, de infracción administrativa. "Si se aprecia delito se envía al juzgado de guardia; si se considera infracción administrativa se remite a la autoridad administrativa y si no es delito ni infracción se archiva".
"La orden de Cardenal de judicializar las denuncias lo que en realidad implica es que el Ministerio Fiscal considera que todos los hechos denunciados por el PP o por sus simpatizantes son constitutivos de delito, ya que se impide a los fiscales su archivo o su remisión a las autoridades administrativas", explicó el fiscal de la UPF. "Con eso, lo que se pretende es que se abran multitud de procesos penales", agregó.
Además, es la primera vez que la Fiscalía del Estado imparte una "orden general" de cómo proceder con las denuncias llegadas a las fiscalías. En convocatorias electorales anteriores, la fiscalía general asumía la función de "repartidora" de las denuncias que le llegaban, enviándolas al fiscal competente para que éste, "con libertad de criterio", según la fórmula al uso, "realice las investigaciones oportunas".
"Entre los fiscales la iniciativa ha causado sorpresa porque una orden de carácter general no se había producido nunca", añadió Camacho.
La instrucción de Cardenal fue cumplida de inmediato por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, -nombrado por Cardenal tras remover al anterior jefe, Mariano Fernández Bermejo- quien remitió las denuncias de PP o de ciudadanos particulares al juzgado de guardia. Otras fiscalías, entre ellas la de Valladolid, elevaron consultas al fiscal del Estado, sobre cómo proceder en determinados supuestos. En todos los casos se les ordenó que remitiesen las actuaciones al juez de guardia para que fuese éste, y no el fiscal jefe, el que decidiese si había o no delito y, en su caso, de qué tipo. En otras fiscalías, como la de Baleares, el fiscal jefe, Bartolomé Barceló, había ordenado ya el archivo de las denuncias formuladas por el delegado del Gobierno, Miguel Ramis, al no apreciar delito en una concentración de ciudadanos delante del Gobierno Civil. Según fuentes fiscales, esos hechos ya no podrían remitirse al juzgado de guardia
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