IGNACIO DEL RÍO GARCÍA DE SOLA : UN GENOVÉS DE AMPLIOS REGISTROS Y COMPATIBLES
Nace en Madrid, el 4 de marzo de 1956.Abogado y Registrador de la Propiedad desde 1980 en Arcos de la Frontera y San Fernando ( Cádiz ) . Ha sido asesor jurídico de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado del Partido Popular en los años 1986 a 1992.Diputado de la Asamblea de Madrid ,1991-1995 y Portavoz de Política Territorial, Urbanismo y Transportes. Secretario General del Partido Popular de Madrid para el mandato del Congreso periodo 1993-1995.
Teniente Alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid 1995-2003. Durante su mandato se aprobó el PGOU de Madrid de 1997 y se formalizó la candidatura olímpica Madrid 2012, de la que fue Consejero Delegado hasta el año 2003.Ha colaborado en diversos medios como ABC, El Independiente, La Estrella Digital, El Mundo y Expansión y en programas de radio. Actualmente participa de tertuliano primero con Carles Francino y en la actualidad con Pepa Bueno en Hoy por Hoy en la Cadena SER y en La Ventana de Madrid..
NOTICIAS SOBRE EL SUSODICHO
Ignacio del Río se pasa al negocio inmobiliario
La constructora Vemusa ha fichado como consejero independiente al ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid Ignacio del Río, del PP, que entrará en su Consejo de Administración. Del Río fue edil dos legislaturas, con José María Álvarez del Manzano como alcalde. La primera, entre 1995 y 1999. En la segunda, de 1999 a 2003, repitió como concejal de Urbanismo y fue nombrado consejero delegado de la sociedad Madrid 2012.
No existen incompatibilidades que impidan el camino seguido por Del Río. También lo hicieron Sigfrido Herráez, edil de Vivienda en el primer mandato de Gallardón, que dejó el cargo en 2005 para entrar en el grupo inmobiliario Rayet. También Luis Eduardo Cortés abandonó la Consejería de Obras Públicas para presidir Vallehermoso Inmobiliaria. El Gobierno central quiere reformar la ley para que los ex ediles no puedan trabajar en empresas relacionadas con su área hasta dos años después de dejar el cargo.
www.elpais.es 27.10.07
El fichaje de un ex concejal por una constructora vulnera la ley
El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y miembro del comité electoral del PP regional Ignacio del Río vulnera la legislación al compatibilizar su función como registrador de la propiedad en San Fernando (Cádiz) y su puesto como consejero independiente en el grupo constructor Vemusa, del que forma parte desde esta misma semana.
Registradores y notarios están sometidos a una "incompatibilidad absoluta en el desempeño de funciones públicas y actividades privadas", según la sentencia 68/1990 del Tribunal Constitucional, que estudió un recurso contra la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. El recurso fue presentado por otro registrador que quería ejercer como abogado. Las únicas excepciones que contempla la ley son la docencia universitaria y la pertenencia a empresas familiares.
La opción que Del Río tenía para cumplir la ley, según los registradores de la propiedad consultados, era solicitar la excedencia al Ministerio de Justicia. Fuentes de este departamento confirmaron que "el señor Del Río no ha solicitado la excedencia". El registro de San Fernando seguía ayer funcionando con normalidad, según comprobó este diario.
Del Río tampoco abandonó su función como registrador cuando ocupó el cargo de concejal de Urbanismo entre 1995 y 2003, lo que ya fue denunciado en su momento por el PSOE.
Un portavoz del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España mostró su "sorpresa" por la nueva actividad privada de Del Río, aunque rehusó valorar el caso: "El Colegio no opina sobre las actividades extrarregistrales de sus colegiados. Las cuestiones sobre posibles situaciones de incompatibilidad corresponden al Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado".
Preguntado sobre el desempeño de su nuevo cargo, Del Río afirmó que "la ley es interpretable y contempla excepciones", y añadió que "hay otros registradores que forman parte de consejos de administración". El fallo del Constitucional, sin embargo, establece con rotundidad que los "funcionarios públicos retribuidos con arancel" -notarios y registradores- están sometidos al régimen más estricto de incompatibilidades entre las limitaciones existentes para los funcionarios.
Ignacio del Río, madrileño de 51 años y licenciado en Derecho, fue tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en los mandatos de José María Álvarez del Manzano como alcalde de Madrid. Del Río gestionó como edil operaciones que afectaban a 12.500 hectáreas y 100.000 viviendas, además de la ampliación del aeropuerto de Barajas y la construcción de los cuatro rascacielos en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.
El Grupo Vemusa tiene negocios en la promoción inmobiliaria, la hostelería y los campos de golf en España y Polonia. Entre ellos destacan dos promociones de viviendas situadas en las calles de Embajadores y en Méndez Álvaro.
El tesorero del PP presionó para lograr contratos de la Comunidad
El actual tesorero y miembro de la Ejecutiva nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, hizo gestiones ante la Comunidad de Madrid en favor de la empresa de seguridad Serygur para que fuera adjudicataria de concursos públicos. Así lo han confirmado a EL MUNDO tanto en el Ejecutivo regional como en Serygur.
Al conocer su intervención en favor de Serygur, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, telefoneó a Bárcenas para que aclarara cuál era su interés en la sociedad. Este negó al lugarteniente de Aguirre que tuviera acciones de Serygur o algún interés económico. Justificó su gestión por su relación personal con los gestores de la empresa, que son el ex concejal de Madrid Ignacio del Río y, sobre todo, el ex director de Innovación Tecnológica del PP Alvaro de la Cruz.
El hecho se remonta a diciembre de 2007, cuando Bárcenas pidió al entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, que adjudicara a Serygur la seguridad de la nueva Ciudad de la Justicia en la capital, un contrato valorado en 700.000 euros. Serygur fue finalmente la ganadora.
La actuación de Bárcenas pudo ser fácilmente interpretada en el Ejecutivo regional como una presión, puesto que era de facto el máximo responsable de finanzas de su propio partido político.
Bárcenas aún no había reemplazado en el cargo de tesorero a Alvaro Lapuerta, el octogenario responsable entonces de la gestión económica del PP, pero era su mano derecha. "El presidente del PP no tiene la más remota idea", afirmó ayer un portavoz del partido preguntado por la gestión de Bárcenas.
"Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur.Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar al consejero Prada. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", explicó ayer a este diario Alvaro de la Cruz.
Además, subraya que el contrato obtenido fue finalmente de 400.000 euros porque había una parte del servicio que no podía suministrar Serygur.
En febrero de 2007, Serygur, que cuenta con 400 empleados, se encuentra con que había una decena de empresas, las más importantes del sector, que también pretendían encargarse de la importante vigilancia del edificio de la Puerta del Sol.
Las presiones de distintas empresas se sucedieron y, en coincidencia con este proceso, la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, recibió un anónimo. En él se le advertía de las relaciones entre la empresa que el sector considerada favorita, Segurisa, y el ex secretario de Estado de Comunicación y suegro de Sarasola, Pedro Antonio Martín Marín.
La adjudicataria final del contrato de la Puerta del Sol fue finalmente Segur Ibérica por decisión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2008. Logró el contrato para la vigilancia de Sol, las dependencias del Boletín Oficial regional y el Museo de la Plaza de Toros por 2,6 millones de euros.
"Bárcenas reaccionó con malestar al no resultar ganadora Serygur, pero no era la mejor oferta", aseguran fuentes de la Comunidad.Segur Ibérica está participada por distintos fondos extranjeros de capital riesgo y cuenta, como secretaria del consejo, con Marta Gil de Biedma, prima de Aguirre. "Gil de Biedma no ocupa ningún puesto ejecutivo en Segur Ibérica ni es accionista de esta sociedad", explican en el Gobierno, que niega irregularidades.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/28/espana/1233141444.htmlImputado el edil de Urbanismo por una polémica recalificación
El empresario Lorenzo Sanz también está encausado
El juez que investiga supuestas irregularidades urbanísticas en Arroyo del Fresno, Fernando Grande-Marlaska, ha citado como imputados para el próximo 17 de junio al concejal de Urbanismo de Madrid, Ignacio del Río, y al gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada. Este juez, recientemente incorporado al Juzgado 36, también ha citado como imputado en esta operación al ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz.
Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde, y Luis Armada firmaron un convenio urbanístico en 1997 con el también imputado en esta causa Carlos Pinilla, y presidente de la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno. Mediante ese convenio, los responsables de Urbanismo recalificaban como suelo residencial una zona destinada en el Plan General de Ordenación Urbana a equipamientos. Además, se aumentó la edificabilidad de la zona con 539 nuevas viviendas. Varios informes de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que obra en poder del juez, revelan que en esta operación se infringió el ordenamiento urbanístico, ya que se obvió el procedimiento legal adecuado: la modificación puntual del plan general.
En relación con estos informes, el juez también ha citado a declarar, el 9 de junio, en calidad de testigos, a Íñigo Sáenz de Pipaón, director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, así como a los funcionarios de su departamento Beatriz Lobón y Ángel Dolla, autores de los informes antes citados. Éstos declararán el 19 de mayo como testigos. También ha sido citado a declarar un mes más tarde, el 19 de junio, y es la segunda vez, pero ahora en calidad de imputado, el promotor inmobiliario y ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. En su primera declaración, en octubre de 2002, Sanz manifestó que la ganancia en un solo día de 1,08 millones de euros en la compraventa de una parcela destinada inicialmente a construir 64 vivienda sociales "era producto de la especulación" del suelo.
Según fuentes jurídicas, Sanz y Pinilla tenían firmado entre ellos un acuerdo, anterior al convenio que suscribieron Del Río, Armada y Pinilla, mediante el cual ambos convinieron en repartirse tres de las citadas seis parcelas. Pinilla edificó 231 viviendas en una de ellas y Sanz levantó 140 en otra. En la tercera, una cooperativa presidida por Pinilla construyó 64 viviendas de protección oficial. Esta parcela se la compró a Sanz la cooperativa que gestionaba Pinilla, por 1,08 millones más de lo que el Ayuntamiento había recibido por ella al venderla a la cooperativa. Las licencias de estas seis parcelas recalificadas las otorgó el gerente de Urbanismo mediante un decreto que anteponía las estipulaciones del citado convenio al planeamiento urbanístico.
Los informes de la Comunidad de Madrid indican que ese decreto del gerente "incumple lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana. Tres de las seis parcelas recalificadas por el convenio eran de propiedad municipal y estaban destinadas a equipamientos. El gobierno municipal las cedió por adjudicación directa, sin concurso ni subasta, a los promotores de la Junta de Compensación", según fuentes de las partes. La acusación particular en este proceso sostiene, además, que los responsables de Urbanismo fijaron para las parcelas un precio muy inferior a su precio de mercado, lo que generó un beneficio especulativo para las sociedades de Pinilla y Sanz superior a los 8,1millones de euros (1.350 millones de pesetas). También figura como imputada en estas diligencias la directora de Servicios para la Gestión Privada de Gerencia, Ana Perpiñá Carrera, que declarará el 10 de junio.
Perpiñá avaló supuestamente con varios informes el convenio y las licencias. En esta operación figura también como sexto imputado el funcionario de Gerencia de Urbanismo Julio César Santos. Éste firmó la licencia de ocupación de una de las parcelas, la número 42, en la que se levantó un edificio y él adquirió uno de los pisos a una sociedad de Pinilla por un precio supuestamente inferior al del mercado.
La citación del concejal de Urbanismo como imputado por las supuestas irregularidades habidas en la recalificación de terrenos en Arroyo del Fresno se produce en un momento especialmente delicado para Ignacio del Río: una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado 28 desarrollos urbanos previstos en el Plan General sobre suelo protegido. Pero el edil de Urbanismo, que ha recurrido la sentencia ante el Supremo, tiene previsto presentar hoy en el pleno municipal un decreto, firmado por Luis Armada, para consolidar esos desarrollos urbanos antes de que se pronuncie el Supremo. Una actuación por la que que, según PSOE e IU, podría incurrir en responsabilidades penales. Del Río rechazó ayer que la decisión del titular del Juzgado número 36 suponga un nuevo revés para su departamento. "Estoy tranquilo. Hay informes técnicos que avalan la recali-ficación de las parcelas en Arroyo del Fresno", argumentó.
www.elpais.es 30.04.03
El ex edil Del Río declara hoy como imputado por presunto delito urbanístico en Arroyo del Fresno
El juez Fernando Grande-Marlaska Gómez, del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid, interrogará hoy en calidad de imputados, en relación con unas supuestas irregularidades urbanísticas en el barrio de Arroyo del Fresno, al ex concejal de Urbanismo y actual consejero delegado de Madrid 2012, Ignacio del Río, así como al ex gerente municipal de Urbanismo Luis Armada.
Ambos firmaron en diciembre de 1997 con el también imputado en este proceso Carlos Pinilla, presidente de la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno, un convenio urbanístico que permitió reclasificar como residencial seis parcelas de equipamiento y uso terciario. El convenio permitió levantar 539 nuevas viviendas que carecían de aval en el vigente Plan General de Urbanismo de Madrid.
Este juez tomó declaración el pasado 19 de mayo, en calidad de testigos, a dos técnicos de la Comunidad de Madrid, quienes se ratificaron en el contenido de los informes que emitieron en mayo y junio del 2000, y en los que concluyen que las licencias otorgadas en las seis parcelas afectadas por ese convenio urbanístico infringían el Plan General, dado que se eludió el procedimiento de realizar previamente una modificación puntual del Plan General.
Para el próximo jueves, día 19, también ha sido citado a declarar, y ya es la segunda vez, pero ahora en calidad de imputado, el promotor inmobiliario y ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. En su primera declaración, en octubre de 2002, Sanz manifestó que la ganancia en un solo día de 1,08 millones de euros en la compraventa de una parcela municipal de esa zona destinada inicialmente a construir 64 vivienda sociales "era producto de la especulación" del suelo.
En estas pesquisas ha declarado ya el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Íñigo Sáenz de Pipaón, quien ha reconocido que tuvo conocimiento en 2000 de las denuncias y de los informes de su departamento que revelaban supuestas infracciones urbanísticas en varias parcelas de este barrio de Madrid. La acusación particular ha pedido que sea imputado.
www.elpais.es 17/06/2003
EL PP MANTIENE ANTE EL FISCAL EL PROYECTO DE 'GRAN ARAVACA' QUE RECHAZAN 4.000 VECINOS
Urbanismo permite construir 14.000 viviendas en un barrio donde ahora sólo hay 4.000
El Gran Aravaca previsto por el PP -se cuadruplica el número de viviendas ahora existentes, pasando de 4.000 a 18.000- tiene 4.000 enemigos, los mismos que han firmado alegaciones en contra del plan. Lo hicieron durante el periodo de información pública, cerrado hace seis meses. Los opositores al Gran Aravaca, agrupados en 14 asociaciones, no han recibido contestación. Además, el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, advirtió el jueves al fiscal que le interrogó por las denuncias vecinales que acusaban al consistorio de especulación, que no hay marcha atrás.
Del Río entregó el jueves al fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, un informe que concluye que las posibilidades de reducir el crecimiento de Aravaca eran "muy estrechas" al estar aprobados los planes de expansión con carácter defini tivo. Una copia de este informe, redactado por la Oficina Municipal que diseña la ciudad del futuro, llegó a la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca. Su presidente, Alfredo Timermans (PP), repartió fotocopias el viernes pasado entre las asociaciones de vecinos. Y éstos reventaron: "No nos dejan otra vía que la querella criminal", señaló Juan Manuel de Lorenzo, portavoz de todas las asociaciones afectadas por el Gran Aravaca. "El 70% [10.000 viviendas] de la ampliación salvaje de Aravaca llega a través de modificaciones del Plan General de 1985. Al no incluirse en el nuevo Plan General [que se aprobará este año], no podemos hacer nada", remacha.
Valdemarín Oeste. A ambos lados de la M-40 -en construcción- crecerán bloques de 12 pisos en parcelas de 2.500 metros cuadrados. Antes sólo podía edificarse un chalé de 750 metros cuadrados en cada una de ellas. "Donde existe terreno para 250 casas, se podrán levantar 3.000. ¡Es una pasada!", dice Juan Manuel de Lázaro. La modificación permite a los propietarios mejorar las posibilidades de venta de sus fincas. Vender una parcela donde sólo se puede levantar un chalé de 750 metros cuadrados es más difícil que un terreno donde se pueden construir 12 viviendas. Según Urbanismo, el cambio obedece a la necesidad del Ayuntamiento de "obtener suelo para el trazado definitivo de la M-40" y una "adecuada recalificación urbanística de los bordes". Entre los beneficiarios, según denuncian los vecinos, se encuentra el marido de la diputada nacional del PP Isabel Tocino, que compró una parcela en la zona dos meses antes de que el Ayuntamiento iniciara el cambio urbanístico. Tocino niega la existencia de trato de favor o información privilegiada. El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río (PP), asegura que las denuncias vecinales fueron "guerra sucia" electoral.
Camino del barrial. Grandes eriales que ahora son las afueras de Aravaca se convertirán en un nuevo barrio: habrá 2.300 viviendas, más de la mitad de las que ahora tiene este barrio. "Carecía de sentido mantener el suelo como no urbanizable en una zona totalmente rodeada de suelos urbanos de Madrid y Pozuelo", dice Urbanismo. Con este nuevo suelo residencial también se han pagado parte de las expropiaciones necesarias para hacer la M-40. Pese a que aquí van a vivir cerca de 7.000 nuevos vecinos, nada se dice de nuevos colegios, centros de salud, institutos, etcétera.
Altos del Hipódromo. El PP ha legalizado un atropello urbanístico. Autorizó en los Altos del Hipódromo la construcción de varios bloques de apartamentos turísticos, pero los promotores intentaron venderlos como vivienda. Cuando el Gobierno municipal, tras las denuncias de la oposición, se dio cuenta, inició los trámites para subsanar el error y firmó un convenio "sospechoso", según los vecinos, por el que la propiedad se compromete a pagar 500 millones al Ayuntamiento a cambio de poder vender su construcción como vivienda. En total, 274 pisos con vistas a la sede del CESID.
Villa Adriana. En el centro histórico de Aravaca crece un vergel con dos palacios: Villa Adriana y Villa Gaviota. El Ayuntamiento ha autorizado allí 109 viviendas.
Cerro de Valdecahonde. En una finca de uso industrial, de donde ha empezado a manar agua en los últimos meses, el Ayuntamiento permitirá 1.243 viviendas. Al principio, los arquitectos municipales impulsados por los dirigentes del PP diseñaron edificios de ocho alturas (en Aravaca, las edificaciones tienen un máximo de cuatro). "En estos momentos", dice Urbanismo, "se trabaja sobre la hipótesis de seis alturas en la zona privada y cinco en la pública".
La Cárcava de Aravaca. Aquí se levantarán 226 viviendas. El tren pasará cerca. La finca está ocupada ahora por unos talleres de reparación de trenes tipo Talgo.
Mina del cazador. Esta operación está pendiente de aprobación en el plan general. Estarán prohibidas las edificaciones superiores a cuatro alturas. Hay 1.439 casas previstas. Los vecinos consienten 750.
Regulación urbanística de Valdemarín. También aquí el Gobierno municipal pretende atender las demandas vecinales. De momento, ha previsto 1.100 viviendas en una zona donde predominan los chalés unifamiliares.
Además de todas estas operaciones, hay pequeñas recalificaciones en el casco (bulevar Arroyo de los Pinos, El Disco, Colonia Tamarines, Cerro Belmonte ... ) que añadirán otras 4.000 viviendas al barrio, según los vecinos.
Infracciones urbanísticas
La Gerencia de Urbanismo tiene hasta 40 expedientes abiertos por infracciones urbanísticas en Aravaca. Algunas llevan adosados importantes beneficios económicos. El caso de Altos del Hipódromo así lo demuestra. El Ayuntamiento concede licencia para apartamentos turísticos, pero los promotores los venden como viviendas. Al no conseguirlo, pactan con el Ayuntamiento y se comprometen a pagarle 500 millones. "¿Cuánto van a ganar a cambio?", se pregunta el portavoz vecinal Juan Manuel de Lázaro.No es la única irregularidad urbanística grave. Los vecinos apuntan otra en El Prado de Valdemarín. El Ayuntamiento concedió licencia para construir 15 apartamentos turísticos junto al arroyo (seco) de Valdemarín. La promotora intentó vender la edificación como vivienda colectiva. El pleno paralizó las licencias de primera ocupación. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha abierto un expediente. Otra denuncia más, en el Mirador Real. Junto a un club de tenis y el arroyo de Valdemarín, crecieron 45 apartamentos turísticos. Para construirlos se talaron 300 pinos y, según los vecinos, sólo fueron reemplazados por 50 pequeños. Se intentó vender como vivienda colectiva y el municipio paralizó las licencias de primera ocupación.
http://elpais.com/diario/1996/04/05/madrid/828703467_850215.html
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