ALICIA CASTRO, DEL CLAN DE LA LA CONJURA DE LOS NECIOS
“Zapatero recababa información para dársela después a los terroristas........Alguien que comete un acto así sólo tiene un nombre: es un traidor ”
(Alicia Castro .Diputada PP.Gijón.23.05.07)
ALICIA CASTRO, DEL CLAN DE LA LA CONJURA DE LOS NECIOS
“Zapatero recababa información para dársela después a los terroristas........Alguien que comete un acto así sólo tiene un nombre: es un traidor ”
(Alicia Castro .Diputada PP.Gijón.23.05.07)
La susodicha escucha a un tal del Burgo. Tal para cual
"Habrá que esperar a que la justicia se pronuncie. Pero su suerte en términos políticos está unida a la decisión judicial. Si se confirma que hubo falsedad, usted mintió en un asunto de capital importancia y tendrá que asumir las responsabilidades políticas consecuentes"
(Dixit el tal Del Burgo refiriéndose ya no sabe ni el mismo a quien se refiere, sin descartar que esté hablando en Edu $ Zaplana.30.09.06)La gota desbordó el vaso parlamentario. El PP decidió abrir el curso político en el Congreso con una interpelación sobre el 11-M, en la que aireaba sus sospechas sobre la implicación de policías, guardias civiles, militantes socialistas o servicios de información en maniobras para no evitar la matanza, y ayer defendió una moción sobre el mismo asunto. La respuesta no tiene precedentes: todos los grupos parlamentarios plantaron a los populares en su intento de revivir teorías conspirativas sobre el mayor atentado de la historia de España. Los portavoces, desde sus escaños, sin subir a la tribuna, en un gesto de clara negativa a enredarse en las propuestas del PP, se limitaron a dar lectura a una enmienda de sustitución que habían firmado de forma conjunta frente a las pretensiones del PP.
Para ahondar aún más la soledad el PP, el resto de los grupos anunció que hoy, miércoles, celebran una conferencia de prensa conjunta para contestar a la moción que ayer defendió en el Pleno la diputada popular Alicia Castro. La parlamentaria calificó su propuesta (derrotada por 175 votos frente a los 135 de su grupo) como de petición de información. La moción solicitaba informes sobre los explosivos utilizados en el atentado; "contradicciones sobre la mochila de Vallecas"; "destrucción de pruebas", inspección de vehículos relacionados con el múltiple crimen y, en definitiva, los elementos que ha ido manejando El Mundo en sus informaciones y al que la diputada volvió a citar ayer en su intervención.
Castro fue mucho más allá de lo informativo y volvió a manejar las ideas de conspiración, aunque sin utilizar nunca esta palabra, salvo para volverla del revés: "Olvídense de delirantes conspiraciones en las que nunca hemos participado ni participaremos". Pero los tiros tenían una diana muy precisa: "El Gobierno es responsable de informes falsos, de ocultación de pruebas y de todo tipo de obstáculos a la actuación judicial". La extrema gravedad de estas acusaciones la completó la portavoz del PP asegurando que lo anterior "son hechos que están recogidos en el sumario y que, probablemente, son una de las causas que impiden que, dos años después, no sepamos aún quién atentó contra nuestra sociedad".La diputada Castro puso abiertamente en duda la autoría islamista del atentado y apuntó una vez más a la participación de ETA. Según dijo en la tribuna, el Gobierno se empeña en "dar credibilidad y validez a hechos que han quedado invalidados como pruebas en el sumario" y citó: "Son la mochila de Vallecas, la furgoneta Renault Kangoo o el Skoda Fabia (...), en los que ustedes se basan para asegurar que fueron los islamistas y no otros quienes cometieron los atentados. Intentan, además, hacer creer que el informe que relaciona a la banda terrorista ETA con el 11-M no existe, sin explicar por qué lo que un día existió hoy no existe o ha desaparecido". La diputada concluyó con una advertencia: el PP no está dispuesto a cejar en su empeño de poner en duda la autoría islamista del atentado. Castro aseguró: "Sepan que si no nos muestran la verdad, no les quepa la menor duda de que otros, mal que les pese, lo harán por ustedes".
Apoyo a los jueces
Frente a la pretensión del Grupo Popular, el resto de la Cámara firmó una enmienda de sustitución, rechazada por los populares, en la que se dice que el Congreso "manifiesta su pleno apoyo a las instituciones del Estado de derecho en relación con los atentados del 11 de marzo de 2004, y su total confianza en las investigaciones que están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".Un segundo punto establecía que la Cámara ofrece "su respaldo y respeto a la labor independiente de instrucción, investigación y enjuiciamiento que desarrollan la fiscalía y los jueces y tribunales, desde la convicción de que en nuestro Estado de derecho son estas instituciones las que tienen que esclarecer la verdad material y penal de los atentados del 11 de marzo".
Por fin, la enmienda planteaba que el Congreso manifiesta "su reiteración de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11 de marzo aprobadas por el Congreso de los Diputados, para mejorar la atención a las víctimas, prevenir nuevos atentados e incrementar las condiciones de seguridad".La sorpresa parlamentaria consistió en que los distintos portavoces se limitaron a levantarse en su escaño y dar lectura, casi literal, al texto anterior, con levísimos subrayados.
El más parco fue el socialista Antonio Hernando, que deslizó en su lectura la expresión de que ellos apoyaban "como el resto de los grupos de la Cámara excepto el PP"... cada uno de los tres puntos de la enmienda.
Uxue Barkos, de Nafarroa Bai (NB), pidió que no se hablase "del resto" de grupos sino de "todos" ante el PP.
Emilio Olabarria (PNV) puso la nota jurídica aduciendo el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos y, por tanto, su grupo, se atiene a lo dicho por la comisión de investigación.
Joan Puig (ERC) acabó con un "señor Acebes, señor Zaplana, señor Aznar: escuchen".
Gaspar Llamazares se dolió de que a estas alturas resulte "necesario luchar por lo que es evidente". Jordi Jane (CiU) también hizo una breve excursión para explicar que su grupo se atiene a la verdad judicial y que siempre ha sido contrario a mezclar las investigaciones parlamentarias con procesos judiciales en curso.
www.elpais.es 20.09.06
LOS NEGOCIOS DE LA CONCEJALA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
La teniente de alcalde y concejala delegada del área de urbanismo de Oviedo, Alicia Castro Masaveu, crea el 7 de julio de 1998 con un hermano suyo una sociedad para operar en el mercado del suelo. Castro, que también es diputada nacional, no inscribió esta sociedad en el registro obligatorio de intereses del Ayuntamiento de Oviedo ni en el del Congreso de los Diputados. La sociedad Volga Empresarial SL, participada por Alicia y Martín Castro Masaveu, se constituyó el 7 de julio de 1998, coincidiendo con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo. Alicia Castro es titular de la concejalía de Urbanismo desde el año 1995. Volga Empresarial SL se propone entre sus objetivos sociales "la parcelación y urbanización de terrenos", "la construcción o promoción de toda clase de edificaciones", "la actividad inmobiliaria", "el desarrollo como oficina técnica para el estudio y ejecución de proyectos de ingeniería, arquitectura y decoración, cálculos, estudios geológicos, levantamiento de planos, fotometría y banco de datos para la Administración del Estado y Comunidades", y "la adquisición, tenencia, disfrute, administración en general y enajenación de valores mobiliarios". La sociedad Volga Empresarial, de los hermanos Castro Masaveu, tiene también por objeto, entre otros fines, la realización de todo tipo de actividades ganaderas. Alicia Castro ya se vio envuelta con anterioridad en otras polémicas. El pasado mes de mayo Alicia Castro, propietaria de una tienda de casas de muñecas y miniaturas en Oviedo, viajó a Londres, con cargo al Ayuntamiento, para organizar en la ciudad una exposición y feria de casas de muñecas.
La concejala de Urbanismo es accionista y consejera de otra sociedad inmobiliaria que en dos años ha obtenido unos beneficios netos de 183 millones, con una inversión de 2,5: con un capital social de diez millones de pesetas, se invierten 2,5 millones y, en 24 meses y sin haber contratado a ningún trabajador, se obtienen unos beneficios de 183,7 millones. De hecho, de los 2,1 millones de capital del año 1995, la empresa pasó a tener un capital de 34,3 millones en 1996 y 47,7 en 1997. La sociedad distribuyó entre los socios dividendos a cuenta por un total de 138,5 millones de pesetas, de los que 84 millones corresponden a 1996 y los 54,5 restantes, a 1997. Los ingresos de la sociedad en el período aludido fueron de 191,9 millones de pesetas .La empresa, cuya propiedad comparte con varios familiares, se dedica a operaciones con bienes muebles e inmuebles. La empresa, llamada Masaveu Alonso del Campo, S. A., estaba registrada en el Ayuntamiento de Oviedo, pero no así en el Registro de Intereses del Congreso de los Diputados. De los siete socios que componen la citada empresa, sólo tres son consejeros de la sociedad, es decir, forman el consejo de administración, y uno de esos tres es la concejala de Urbanismo. Se da la circunstancia de que en el tiempo transcurrido desde la anterior denuncia pública Castro ha repetido hasta la saciedad que su único negocio era la tienda de casas de muñecas "Alicia ". Es más, llegó a escribir que la acusación era «una calumnia; es falso que tenga ningún negocio de ningún tipo, salvo la tienda de casas de muñecas. Me están acusando gravemente sin aportar pruebas». Una vez conocida su nueva actividad, la concejala y diputada ha emitido el siguiente comunicado: " Soy socia de Masaveu Alonso del Campo, S. A., como lo soy de otras muchas sociedades y cumplo rigurosa y escrupulosamente con mis obligaciones fiscales y tributarias "
LA POLÉMICA SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS .Tudela Veguín dio fondos al PP tras recibir ayudas .La empresa donó 36.000 euros tras recibir del ejecutivo de Aznar 5,7 millones.
La polémica sobre la financiación de los partidos políticos, recientemente reactivada a raíz del caso Montilla , también salpica a Asturias. El grupo cementero Tudela Veguín, propiedad de la familia Masaveu, a la que pertenece la diputada popular Alicia Castro, incumplió en el año 2002 la normativa vigente al donar 36.000 euros al Partido Popular tras beneficiarse en ejercicios anteriores de subvenciones otorgadas por el gobierno que encabezaba José María Aznar, según publicó el diario El País en su edición del pasado martes. Según esta versión, el PP recibió aportaciones económicas de empresas españolas a las que el Ejecutivo central, entonces en sus manos, concedió ayudas o a las que el partido facturó servicios electorales. El caso desvelado por el rotativo madrileño tiene que ver con la primera de esas dos posibilidades. La corporación cementera y minera habría resultado beneficiada en dos ocasiones por subvenciones emanadas de la administración popular, que entonces estaba encabezada por el propio Aznar. La primera de ellas, que se remonta a diciembre del año 1998, ascendió a un máximo de 4,7 millones de euros y estaba condicionada al cumplimiento de una serie de objetivos. El plazo para cumplir los requisitos marcados por el organismo otorgante, en este caso concreto el Ministerio de Economía y Hacienda, se amplió más tarde hasta el 1 de enero del 2002. En cuanto a la segunda ayuda, fechada el 9 de mayo del 2000, fue concedida a Tudela Veguín a través del Instituto Nacional del Carbón, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, por un valor de 1,05 millones de euros. Más tarde, el 3 de julio del año 2002, la empresa donó al PP 36.000 euros.
FACTURACION ELECTORAL El informe de El País también pone sobre la mesa el caso de empresas que no están relacionadas con el Principado pero que también habrían incurrido en distintas irregularidades. Es el caso de la sociedad Back RVS, que donó al PP 1.442 euros en el año 2002. Dicha corporación figura como uno de los proveedores electorales de la formación conservadora y, de acuerdo a esta versión, habría incumplido el deber de informar a la Cámara de Cuentas de Madrid tras la realización de varios trabajos durante las elecciones autonómicas de la comunidad, allá por el 26 de octubre del 2003. En concreto, la cantidad facturada por Back RVS al PP ascendía a 15.870 euros. http://www.lavozdeasturias.com/noticias/noticia.asp?pkid=238056 (24/11/2005)
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