LAS NOTICIAS, TAL CUAL
LA ALCALDESA DE SANXENXO
SALE DEL JUZGADO
IMPUTADA POR
PREVARICACIÓN Y COHECHO
Catalina González (PP)
sostiene que no tiene
"ninguna duda" sobre la
legalidad de sus actos
Excargos de urbanismo de
Sanxenxo se niegan a
declarar
La alcaldesa de Sanxenxo
(Pontevedra), Catalina
González (PP), ha salido
este mediodía de los
juzgados de Cambados
tras declarar ante el
juez que investiga un
caso de presunta
corrupción urbanística
con una imputación por
prevaricación, cohecho y
tráfico de influencias.
La regidora está
implicada en un sumario
en el que se investiga
la concesión de varias
licencias en el
municipio desde 2006 y
en el que también está
acusada la secretaria
general de Urbanismo de
la Xunta y exgerente de
Urbanismo de Sanxenxo,
Encarnación Rivas. Rivas
está imputada por
prevaricación
urbanística, aunque el
instructor ha advertido
que estudia añadir el
delito de cohecho.
González ha asegurado no
tener "ninguna duda" con
respecto a la legalidad
de sus actos, informa
Europa Press. La
regidora del PP ha
contestado durante tres
horas a las preguntas
que le ha realizado el
titular del Juzgado de
Instrucción número 2 de
Cambados que instruye la
causa. Tras prestar
declaración, la regidora
ha explicado que
contestó a todas las
preguntas realizadas por
el juez Juan Manuel
Hermo, "intentando
aclarar todas ellas
hasta donde yo tenía
conocimiento", ha
sostenido, para luego
manifestar que está
"tranquila y animada".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/29/galicia/1385738462_660298.html
EL JUEZ IMPUTA A LA JEFA DE URBANISMO PREVARICACIÓN “QUE PUEDE SER
COHECHO”
Rivas aprobó una
licencia que luego dio
pie a una orden judicial
de derribo
Excargos de urbanismo de
Sanxenxo se niegan a
declarar
La secretaria general de
Ordenación do Territorio
e Urbanismo de la Xunta,
Encarnación Rivas,
declaró ayer como
imputada por un presunto
delito de prevaricación
urbanística en la
supuesta trama de
corrupción en el
Ayuntamiento de Sanxenxo
en la que también están
implicadas otras 12
personas, entre ellas la
actual alcaldesa del
municipio pontevedrés,
la popular Catalina
González. Aunque Rivas
fue citada por una
presunta prevaricación
en su etapa de directora
de la Gerencia de
Urbanismo, entre 2004 y
2006, cuando era regidor
Telmo Martín, el
instructor ha advertido
que esta acusación
“podría dar lugar a un
delito de cohecho”,
según confirmaron
fuentes judiciales a
través del Tribunal
Superior de Xustiza de
Galicia (TSXG).
La posible ampliación de
la imputación de la que
fue máxima responsable
del urbanismo en
Sanxenxo a un delito de
cohecho viene a
complicar aún más el
caso que comenzó como
una de tantas
investigaciones que se
han abierto en los
juzgados de Cambados por
supuestas ilegalidades
urbanísticas contra
políticos y técnicos que
han desfilado por este
ayuntamiento. El
interrogatorio de la
secretaria general de
Urbanismo de la Xunta
duró tres horas para
aclarar, entre otras,
las irregularidades
apreciadas en la
licencia concedida a la
promotora Construcciones
Balboa y Chan, SL, que
levantó un bloque de
viviendas en la calle
Progreso de Sanxenxo y
que supuestamente contó
con todos los informes
favorables de Rivas.
El edificio se construyó
pero dio lugar a una
denuncia y orden de
derribo hace tres años
que todavía no se ha
ejecutado. La sentencia
firme del TSXG, que
confirmó una anterior de
un juzgado de primera
instancia de Pontevedra,
ordenó en 2010 la
demolición del edificio
desestimando todos los
recursos interpuestos
por la promotora para
intentar salvar el
inmueble.
La licencia se concedió
en 2006, meses antes de
que Rivas abandonara la
Gerencia de Urbanismo y
después de encajar
varias modificaciones
por las que se le
permitió a la promotora
construir un edificio de
dos bloques. Este
permiso se otorgó pese a
que uno de los inmuebles
carecía de vial de
acceso y el paso se
tenía que hacer a través
del otro bloque que da a
la calle Progreso. La
carencia y la posterior
solución técnica del
edificio fueron el
centro del litigio que
acabó en orden de
derribo, ya que, según
el fallo, incumplía las
normas urbanísticas
contempladas en el Plan
General de Ordenación de
Sanxenxo, cuya redacción
estuvo dirigida también
por Encarnación Rivas,
licenciada en
arquitectura.
La imputación de la
secretaria general de
Urbanismo sorprendió en
medios políticos y del
propio gobierno
municipal en Sanxenxo,
hacia el que se dirigían
las denuncias de al
menos cinco expedientes
presentados en la
Fiscalía y en los que se
pone el acento en las
presuntas
arbitrariedades que
presiden la concesión de
licencias. El presidente
de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, no dudó
ayer en expresar
públicamente su
confianza en su alto
cargo imputada, aunque
se afanó en puntualizar
que “los directores
generales no forman
parte del Gobierno sino
el presidente y los
conselleiros”. Feijóo
elogió la trayectoria de
su jefa de Urbanismo.
“Estaremos muy atentos a
esa llamada [judicial] a
la directora general, de
la que tenemos el mejor
concepto tanto en su
labor anterior como en
su actual etapa en el
Gobierno gallego”,
añadió el presidente.
Después de la secretaria
general le tocó el turno
en los juzgados a
Soledad Leiro, exasesora
jurídica de la Gerencia
de Urbanismo de Sanxenxo
que abandonó este
departamento municipal
el pasado año, junto a
otros cuatro técnicos
que fueron destituidos
por el Ayuntamiento por
falta de trabajo. Mañana
está previsto que
declare la alcaldesa,
Catalina González, en
relación a otros tres
expedientes urbanísticos
denunciados en el
juzgado de Cambados. La
regidora, del PP,
comparecerá ante el juez
Juan Manuel Hermo en
calidad de imputada por
tres delitos:
prevaricación, cohecho
impropio y tráfico de
influencias.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/28/galicia/1385664279_447781.html
EL SUPREMO INVESTIGA A
TELMO MARTÍN POR
RECALIFICAR UNA FINCA DE
SU EMPRESA
El tribunal decidirá si
el diputado del PP
delinquió cuando era
alcalde de Sanxenxo
La Sección Segunda del
Tribunal Supremo
investiga al diputado
popular en el Congreso
Telmo Martín por los
presuntos delitos de
negociaciones prohibidas
a funcionarios y tráfico
de influencias en la
recalificación de unos
terrenos cuando era
alcalde de Sanxenxo. La
parcela fue vendida
posteriormente por la
promotora Construcuatro,
de la que Martín era
accionista, a otra
empresa vinculada a la
familia del
exconselleiro José Cuiña
y en ella se levantó una
urbanización de
viviendas de lujo.
Lo que comenzó como una
denuncia presentada por
una asociación de
vecinos de Sanxenxo por
delito ecológico —la
urbanización ocupaba el
espacio de servidumbre
del regato de un río y
provocaba continuas
inundaciones— derivó
seis años después en
esta investigación.
Telmo Martín ya no era
regidor de Sanxenxo sino
diputado en el Congreso
y, por tanto, político
aforado, lo que ha
obligado a inhibirse al
juzgado instructor de
Cambados.
El caso que se incoó en
2006 estuvo salpicado
por una serie de
incidentes, como la
paralización de la
instrucción durante
varios años después de
que la Audiencia
Provincial de Pontevedra
revocase el auto de
archivo del juez de
Cambados y ordenara
ampliar las
investigaciones que
apuntaban al que fuera
regidor de Sanxenxo. En
aquel momento, Telmo
Martín era portavoz del
PP en el Ayuntamiento de
Pontevedra. Se tardó
tres años en reactivar
el caso y, cuando por
fin se hizo, las
diligencias judiciales
habían desaparecido del
juzgado de Cambados. En
mayo pasado, varios días
después de celebrarse el
auto de reconstrucción,
un funcionario encontró
los legajos en una
estantería del archivo
judicial donde se habían
buscado sin éxito. Para
entonces Telmo Martín ya
había tomado posesión de
su escaño en el Congreso
de los Diputados,
logrado en las
elecciones generales del
20 de noviembre de 2011.
El juzgado de Cambados
remitió la causa al
Tribunal Supremo después
de apreciar indicios de
la posible imputación
del político, que se
sustancian en un informe
preliminar del
Ministerio Fiscal. En
junio, después de la
reconstrucción de las
diligencias, el juzgado
solicitó varias pruebas
documentales, cumpliendo
así el auto de la
Audiencia Provincial de
Pontevedra. El Supremo
continuará ahora con la
investigación que afecta
al político aforado y en
la que intervendrá como
ponente el magistrado
Carlos Granados, según
indicaron fuentes
judiciales. Mientras, el
juzgado de Cambados
seguirá instruyendo la
causa por delito
medioambiental que se
abrió a instancias de la
Asociación de Vecinos
San Cristóbal de
Portonovo contra la
promotora Construziona
Galicia, SL, la firma de
la familia Cuiña que
edificó la urbanización
Illas Atlánticas.
El entonces juez de
Cambados había acordado
el archivo de la causa
ambiental en 2008 porque
los informes periciales
del Seprona no fueron
concluyentes para
imputar a la promotora
un delito contra los
recursos naturales o el
medio ambiente. En el
recurso contra el auto
de archivo, el abogado
de los vecinos había
denunciado la posible
vulneración de las
normas esenciales del
proceso, “alegando una
situación de
indefensión”, porque se
había acordado el
sobreseimiento sin que
les hubiesen dado
traslado de las últimas
diligencias practicadas
por el juzgado. El
letrado de los vecinos
también se quejó a la
Audiencia de que el
juzgado había hecho caso
omiso a un escrito con
fecha 14 de diciembre de
2007 en el que ponían en
conocimiento del
instructor “nuevos
hechos” de los que
tuvieron conocimiento a
través de las
diligencias practicadas
previamente y por ello
solicitaban nuevas
pruebas.
Los “nuevos hechos”
hacían referencia a las
posibles
responsabilidades
penales del entonces
alcalde Telmo Martín en
la venta de los terrenos
por parte de
Construcuatro (en la que
poseía el 33% de las
acciones) a Construziona
Galicia por 2,78
millones de euros, así
como en la previa
recalificación de la
parcela por el
Ayuntamiento que él
presidía. La propiedad
en cuestión era un
humedal al borde de una
duna, terrenos
adquiridos como rústicos
y luego recalificados en
primera línea de playa,
donde hoy se levanta la
urbanización de 96
viviendas. La parcela
está inventariada en al
catálogo de zonas
húmedas de Galicia
elaborado por la
Consellería de Medio
Ambiente.
La Sala, presidida por
el magistrado Xosé Xoán
Barreiro, estimó el
recurso del colectivo
vecinal y acordó la
nulidad de las
actuaciones a partir de
la providencia con fecha
26 de agosto de 2007, a
efecto de que el juzgado
le diese traslado a las
partes de las últimas
diligencias practicadas
para que pudieran
conocerlas. En el mismo
auto también ordenó que
se iniciara la
investigación que habían
solicitado los vecinos
“por si de las mismas
pudieran derivarse
responsabilidades
penales” de Telmo
Martín, hechos que se
remontan a 2004. Sin
embargo, desde el 9 de
junio de 2009, cuando se
dicta el auto, el
juzgado de Cambados no
practicó ninguna prueba
nueva para aclarar la
actuación del entonces
alcalde y luego se dio
por perdida la causa. El
fiscal del caso pidió su
reconstrucción pero el
proceso siguió
paralizado, coincidiendo
con el traslado del juez
y de que el abogado de
los vecinos fuese
elegido concejal por el
BNG en el Ayuntamiento
de Pontevedra y no
volviera a insistir en
sus reclamaciones
judiciales.
El Supremo se encargará
ahora de para aclarar si
Telmo Martín, que
acumula varias denuncias
por asuntos
urbanísticos, ha
incurrido en alguna
actuación delictiva o si
los hechos que se
investigan ya han
prescrito.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/galicia/1355503813_678733.html
LA
XUNTA SE ENREDA CON
TELMO MARTÍN
El
pleito por el ‘perdón’
de tres millones a
Construcuatro se basa en
que el edificio de
Silgar carece del
preceptivo permiso
sectorial del Gobierno
gallego
Los
únicos informes
conocidos de técnicos de
la Xunta sobre el
edificio de
Construcuatro en la
playa de Silgar, en
Sanxenxo, son los del
expediente sancionador,
y nadie ha cuestionado
su rigor. A la empresa
de Telmo Martín —alcalde
entonces de la
localidad—, según
concluyó, le
correspondía pagar una
sanción de tres y pico
millones de euros y
reponer la legalidad
urbanística. Luego
irrumpieron como en
comedia de enredo
Cristina Paz-Curbera y
Llovet, técnica de la
Demarcación de Costas de
Pontevedra, y Enrique
López Veiga, a la sazón
conselleiro de Pesca y
ahora senador. López
Veiga condonó aquella
sanción con el aval de
un informe de Paz-Curbera
y aun exponiendo en su
resolución que no era de
su competencia concluir
el expediente, que ya es
enredo. Tuvieron que
pasar cinco años para
que el Tribunal Supremo
lo desenredara.
En
una sentencia de medio
folio, el alto tribunal
dictaminó en junio de
2011 que, efectivamente,
por la cuantía de la
sanción, solo el
Consello de la Xunta
podía retirar la multa
al constructor y
dirigente del PP. El
expediente volvió, pues,
al momento en que sus
técnicos formularon la
propuesta de sanción. El
Consello de la Xunta de
Feijóo, sin embargo, con
nuevos "informes
técnicos" que hurta al
Parlamento, según afloró
en su último debate,
aprobó en septiembre
"convalidar" el
sobreseimiento que
resolvió López Veiga
—más enredo— y condonar
así la sanción a
Construcuatro.
"Fue
una carallada", sostiene
Paz-Curbera. Las
esquinas de la fachada
del edificio de
Construcuatro, en
primera línea de la
playa de Silgar, distan
18,20 y 17.81 metros
respectivamente de la
línea del dominio
público marítimo
terrestre. Tendrían que
estar a 20 metros, como
ordena la Ley de Costas
(1988) y lo hacían las
normas subsidiarias del
urbanismo local (1990).
Pero el edificio creció
sin que los vigilantes
de Costas, contra lo
habitual en otros casos,
realizaran ningún
informe sobre la obra,
pese a lo visible y
emblemático del lugar.
Hasta que la asociación
ecologista Salvemos
Pontevedra denunció la
infracción.
En
Sanxenxo gobernaba Telmo
Martín (1999-2007) y al
enredo se suman los dos
organismos hermanados
con competencias en la
disciplina urbanística
del litoral, la
Demarcación de Costas,
dependiente del
Ministerio de Medio
Ambiente, y el Servicio
de Usos do Litoral, de
la Consellería de Pesca.
El primero lo dirigía
José Antonio Rueda
Crespo, padre del actual
conselleiro de
Presidencia, Alfonso
Rueda, y su tía Paloma
era la delegada de Pesca
en Pontevedra. Esta
coincidencia cobra
relieve por el empeño
personal del conselleiro
Rueda en promover de
nuevo a Paz-Curbera para
la jefatura de Costas,
que ya desempeñó después
de su padre.
En la
Demarcación de Costas
Paz-Curbera es
responsable desde 1999
del servicio de Dominio
Público, cargo que
compatibilizó con la
jefatura provincial de
Costas (2004-2009) y en
el que no ha cesado tras
recuncar en esa jefatura
en abril pasado.
En
Sanxenxo el deslinde de
Costas comenzó en 1998 y
14 años después aún no
ha concluído, lo que
también contribuye a
enredos. En la
exposición inicial del
plan general aprobado
por el Ayuntamiento en
2003, por ejemplo, en
los planos de la
Dirección General de
Costas la línea de
protección partía en dos
el chalet de la propia
Paz-Curbera; en los
definitivos del plan,
sin embargo, lo salvan
con una extraña parábola
hasta el límite de la
piscina.
En
2005, en el "informe
aclaratorio" para López
Veiga sobre el edificio
de Silgar, Paz-Curbera
alude a las arduas
dificultades encontradas
para fijar la línea de
protección en la zona y
atribuye a un hipotético
"error de grafiado" de
los propios planos de
Costas la indución a la
infracción de
Construcuatro. Pero en
la tramitación del
expediente sancionador,
según técnicos de Costas
consultados, no existe
ningún acto ni
resolución
administrativa de Costas
o de Usos do Litoral
que, basándose en
supuestos planos
erróneos, determinara la
infracción de la
construcción. El "error"
que descubre Paz-Curbera
remite a que "en un
primer momento" la línea
se marcó, absurdamente,
a 19 metros, distancia
que, por lo demás,
también invade el
edificio.
Este
enredo, con todo, a día
de hoy se vuelve
irrelevante. El Tribunal
Superior de Xustiza ha
admitido a trámite el
contencioso de Salvemos
Pontevedra contra el
acuerdo de condonar la
sanción a Construcuatro
porque su edificio
invade la zona de
protección "careciendo
de la preceptiva
autorización sectorial
de la Xunta", el quid de
la cuestión, ya que
Construcuatro ni
siquiera llegó a
pedirla. Por esta "carallada",
en fin, "el pobre Telmo
Martín" está siendo
víctima de "una
canallada", según Paz-Curbera,
o de una "persecución
inadmisible" por parte
de la oposición, según
el conselleiro Agustín
Hernández. Para enredar
lo obvio.
Otra
vara de medir para un
vecino de Vigo
José
Ramón Quiroga, pequeño
empresario constructor,
decidió hacerse casa en
una parcela familiar de
San Miguel de Oia, en
Vigo, sin licencia
municipal, con solo unas
garantías de que el
terreno sería
recalificado por el plan
general de urbanismo,
cuya aprobación se hacía
en 2006 inminente. En
septiembre de ese año,
el Seprona le paralizó
la obra por encontrarse
a unos 50 metros del
mar, "dentro de la zona
de servidumbre de
Costas, que es de 100
metros". La denuncia se
tramitó al Servicio
Provincial de Costas,
que a su vez la remitió
en diciembre a la
Delegación Provincial de
Protección do Litoral de
la Xunta, en un
expediente sancionador
que paralizó la
instrucción penal
paralela por un delito
contra la ordenación del
territorio.
Después de más tres años
de calvario judicial,
Quiroga pactó una pena
rebajada con la
fiscalía: seis meses de
prisión, inhabilitación
profesional, multa,
demolición de lo
construido y devolución
del suelo a su estado
anterior, rasantes
incluidas. En enero de
2010 la sentencia estaba
plenamente ejecutada y,
un año después, en
febrero de 2011, el
Servicio de Costas de
Pontevedra comunicó a
Quiroga su
"rectificación de un
manifiesto error de
hecho": el linde de
protección en la zona de
marras, donde él se
hacía la casa, estaba a
20 metros del mar, y no
a 100 metros, por
haberlo aprobado así la
Dirección General de
Costas en enero de aquel
2006, ocho meses antes
de la denuncia del
Seprona. Cristina Paz-Curbera,
responsable de Dominio
Público y del propio
Servicio Provincial de
Costas, según parece, no
se enteró. Tampoco la
fiscalía.
Quiroga atribuye a
Costas, por error o
negligencia, la
responsabilidad de su
quebranto, que cifra en
194.636 euros y quiere
reclamar al Ministerio
de Medio Ambiente. Para
ello necesita el número
del expediente que le
abrió Paz-Curbera con la
denuncia del Seprona,
pero que esta, pidiendo
tiempo para su
aterrizaje en la
jefatura provincial, se
niega a facilitarle. El
"error" fue reconocido
de oficio por el
anterior jefe de Costas,
Cristóbal Fernández.
Pero Quiroga ya ha
tenido que recurrir al
juzgado para no perder,
por silencio
administrativo, los
derechos que reclama.
DESAPARECEN DEL JUZGADO
LAS DILIGENCIAS DE UN
CASO CONTRA TELMO MARTÍN
Todo el soporte en papel
de unas diligencias
abiertas en 2006 en el
juzgado número 2 de
Cambados se ha esfumado.
Son unos 200 folios de
instrucción en torno a
una denuncia de la
Asociación de Vecinos
San Cristóbal de
Portonovo, en Sanxenxo,
contra la construcción
de una urbanización de
pisos de lujo, Illas
Atlánticas, que promovió
la empresa Construziona
Galicia, SL y que
sustanció el Seprona en
un informe preliminar.
La denuncia se había
judicializado por un
supuesto delito contra
el medio ambiente por
parte de Construziona,
promotora vinculada a la
familia del
exconselleiro de
Política Territorial,
José Cuiña. Pero meses
después, la acusación
particular amplió la
denuncia por hechos que
aparecían en la misma
causa y que podrían
derivar en la imputación
del ahora diputado en el
Congreso del PP Telmo
Martín por presunto
delito de negociaciones
prohibidas a
funcionarios y/o tráfico
de influencias cuando
era alcalde de Sanxenxo.
En el punto de mira está
de nuevo la empresa
Construcuatro, de la que
Martín poseía el 33% de
las acciones, y que
vendió los terrenos a la
promotora Construziona
por 2,78 millones.
La Audiencia impidió en
2009 que el juez cerrara
el caso en falso
Desde junio de 2009 la
causa sufrió un colapso.
La absoluta paralización
de las diligencias
coincide en el tiempo
con un auto de la
Audiencia de Pontevedra
en el que se revoca el
archivo provisional que,
a petición del fiscal,
dictó el que fuera juez
instructor, Juan Carlos
Carballal y se le
requiere que siga
investigando, algo que
no se hizo.
Transcurridos tres años,
las diligencias
siguieron aparcadas,
desoyendo las
indicaciones de la
Audiencia, sin que se
hubiera registrado
ninguna nueva actuación
judicial. Pero lo más
llamativo es que tampoco
la parte denunciante
representada por el
abogado Vicente García
Legísima presentó queja
o reclamación por ello.
El letrado salió elegido
concejal por el BNG en
Pontevedra en las
pasadas elecciones.
Nadie sabe desde hace
cuánto tiempo estas
diligencias se
encuentran en paradero
desconocido. Hay
constancia de que el
fiscal del caso
encargado de los delitos
urbanísticos, David
Lafuente, advirtió el
extravío de la causa a
finales del pasado año.
Luego el juez Carballal
fue trasladado a Vigo en
marzo y tomó posesión el
nuevo titular, que fue
informado de lo que
estaba ocurriendo. Se
comprobó que ni un solo
papel de todo lo
instruido pudo ser
recuperado y que los
legajos,
sorprendentemente, están
perdidos.
El ahora diputado del PP
recalificó su terreno y
lo vendió por 2,78
millones
La desaparición del
procedimiento ha causado
perplejidad en medios
judiciales y de la
fiscalía de Pontevedra
consultados y nadie se
ha atrevido a dar una
explicación convincente
de por qué unos
documentos que tendrían
que estar custodiados en
el juzgado han acabado
en paradero desconocido.
Un hecho insólito que
cobra mayor relevancia
al tratarse de un caso
que podría salpicar a un
político y con un largo
historial por denuncias
urbanísticas, algunas
finalmente archivadas.
Pero, además, la deriva
que tomó el
procedimiento en la fase
de instrucción apunta a
un absoluto desinterés
de todas las partes pese
a las inequívocas
consignas que dio la
Audiencia de Pontevedra
para que a la
investigación no se le
diera carpetazo.
La denuncia que
presentaron en el
juzgado los vecinos
consideraba ilegal la
construcción el edificio
Illas Atlánticas porque
los terrenos ocupaban el
espacio de servidumbre
del río Baltar. El juez
llegó a paralizar las
obras dos meses a raíz
del informe del Seprona,
aunque en agosto de 2008
decidió archivar el caso
y desestimar la
apelación de los
vecinos.
La promoción, de lujo,
la ejecutó una empresa
de la familia de José
Cuiña
El juez instructor alegó
que “de lo actuado no
resultaba debidamente
justificada la
perpetración del delito
contra los recursos
naturales y el medio
ambiente que había dado
lugar a la formación de
la causa”, una
resolución que no
cuestionó la Audiencia.
Sin embargo, en su
recurso de reforma el
abogado de la acusación
se quejó ante la
Audiencia de que el
archivo se había
acordado sin que se les
hubiese dado traslado de
un informe de la Xunta y
del resultado del
exhorto remitido al
juzgado de Vigo en el
que se comunicaba que la
bióloga designada como
perito judicial no
aceptaba el cargo.
También alegó que el
auto del juez
desestimando el recurso
de apelación no entraba
a valorar un escrito
presentado el 14 de
diciembre de 2007 en el
que se ponían en
conocimiento del
instructor y de la
fiscalía “hechos nuevos
de los que se tuvo
noticia a través de las
diligencias de
instrucción que podrían
derivar en
responsabilidades
penales” contra Martín y
otras personas. Y ahí sí
les dio la razón la
Audiencia.
“Tiene razón la parte
apelante al considerar
que antes de dictarse el
auto de sobreseimiento
se le debió dar traslado
de las últimas
diligencias practicadas
para que pudiera
instruirse e interesar
lo que a su derecho le
conviniere, no
compartiendo los
argumentos de la
resolución \[del juez\]
debido a que la
notificación de ésta,
por fuerza, se tuvo que
producir al menos
simultáneamente a la del
auto”, esgrime el 5 de
junio de 2009 la Sección
Segunda que preside el
magistrado José Juan
Barreiro Prado. La Sala
considera que “se han
infringido normas
esenciales del
procedimiento,
derivándose de tal
infracción una situación
de indefensión para la
parte denunciante”, y
declara la nulidad de
todo lo actuado a partir
del auto de archivo del
juez.
Pero además, y en
relación al escrito
presentado en el que se
aportan nuevas pruebas,
la Audiencia le requiere
al juzgado que siga
investigando “por si de
los mismos se derivasen
responsabilidades
penales, delitos de
naturaleza distinta a
los que dieron lugar a
la incoación de las
diligencias y sobre las
que no se pronuncia el
juez instructor”.
Polémica recalificación
y venta de terrenos
Siendo alcalde de
Sanxenxo, Telmo Martín
recalificó un humedal al
borde de la duna de
Baltar, unos terrenos en
primera línea de playa
que su empresa adquirió
como rústicos y que pudo
revender luego como
urbanizables a la
empresa de la familia
Cuiña. En ellos se
levanta hoy la
urbanización Illas
Atlánticas, cuya
construcción motivó la
apertura de las
diligencias perdidas en
Cambados.
Por las fincas inscritas
como rústicas
Construcuatro pagó
595.000 euros. Una vez
calificadas como suelo
urbano, en 2004 la
empresa del alcalde las
vendió por 2,78 millones
de euros a la
constructora de Ramón y
Eladio Cuiña, hermanos
del exconselleiro, donde
construyeron 96
viviendas. La parcela
está inventariada en el
catálogo de zonas
húmedas de Galicia
elaborado por la
Consellería de Medio
Ambiente y linda con los
terrenos de la antigua
fábrica de Conservas
Peña, hoy también
propiedad de
Construziona y parte
fundamental del solar de
la urbanización.
La titularidad de los
terrenos de la
conservera Peña fue
reclamada sin éxito en
los tribunales por los
vecinos. La finca pasó a
manos de Conservas
Portonovo, que en los
noventa suscribió un
convenio con el
Ayuntamiento para
recalificar el solar a
condición de que
instalaran la factoría
en otra parcela y
recuperaran a los
trabajadores. Pero la
empresa nunca cumplió su
parte del trato.
En 1999 Telmo Martín
accedió a la alcaldía de
Sanxenxo y sucedió al
frente de la agrupación
local del PP a José
Manuel Otero. Se inició
la redacción del PXOM
que finalmente
recalificaría la
parcela. Paralelamente,
Construcuatro fue
adquiriendo fincas junto
a la conservera.
Entonces, Otero, el
antecesor de Martín al
frente del PP, entró en
el accionariado de la
fábrica, amplió el
objeto social de la
empresa a la promoción
inmobiliaria y se hizo
con más suelo del que
ahora ocupa la
urbanización Illas
Atlánticas. El asunto
provocó una encendida
pelea política que se
cortó de cuajo. El
entonces portavoz
socialista, Pepe Aguín,
presentó una moción para
revocar la licencia
municipal de Illas
Atlánticas pero terminó
retirándola para
trabajar como gerente de
Nauta, empresa municipal
creada por Martín y que
este presidió hasta que
dejó la alcaldía
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/11/galicia/1336759277_118671.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/21/galicia/1340308568_939838.html
EL
SUPREMO DECIDIRÁ SI MARTÍN
COMETIÓ DELITO CUANDO ERA
ALCALDE DE SANXENXO
El ahora diputado recalificó unos terrenos de su
promotora que la empresa vendió luego como urbanizables
El juzgado de Cambados y la fiscalía acordaron
remitir al Tribunal Supremo la causa incoada en 2006 por un delito
medioambiental contra los promotores del edificio Illas Atlánticas de
Sanxenxo y que podría derivar en la posible imputación del diputado
Telmo Martín, alcalde de la localidad pontevedresa cuando ocurrieron los
hechos. La investigación se refiere a la venta de parte de los terrenos
donde se levantó el inmueble por parte de la empresa Construcuatro, de
la que era accionista, y que habían sido recalificados antes por parte
del Ayuntamiento que presidía Martín.
La remisión de las diligencias al alto tribunal se
produce al ser el órgano competente para investigar y en su caso juzgar
al político, aforado desde que en las pasadas elecciones obtuviese un
escaño en el Congreso de los Diputados por la lista del PP en
Pontevedra. Martín abandonó recientemente el cargo de portavoz de la
oposición en el Ayuntamiento de Pontevedra, al que se incorporó tras
dejar la alcaldía de Sanxenxo. El Supremo proseguirá con la
investigación que afecta al diputado mientras en Cambados se continuará
instruyendo la causa por delito medioambiental. El caso se abrió a raíz
de una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo
contra la promotora Construziona Galicia, SL, ya que el edificio ocupó
el espacio de servidumbre de un regato del río Baltar, lo que originó
continuos desbordamientos y conllevó la paralización de las obras.
Sin embargo, y a petición del fiscal del caso, David
de Lafuente, el entonces juez de Cambados, Juan Carlos Carballal, había
acordado el archivo del caso en agosto de 2008 porque en los informes
periciales no se hallaron pruebas del delito contra los recursos
naturales o el medio ambiente, auto que, en fase de apelación de los
denunciantes, fue revocado por la Sección Segunda de la Audiencia de
Pontevedra un año después.
En el recurso, el abogado de los vecinos había
denunciado la posible vulneración de las normas esenciales del proceso,
"alegando una situación de indefensión" porque se había acordado el
sobreseimiento sin que les hubiesen dado traslado de las últimas
diligencias practicadas por el juzgado. Los denunciantes se quejaron a
la Audiencia de que el juzgado había hecho caso omiso a un escrito con
fecha de 14 de diciembre de 2007 en el que ponían en conocimiento del
instructor nuevos hechos de los que tuvieron conocimiento a través de
las diligencias practicadas previamente y solicitaban nuevas pruebas.
Causa reactivada en mayo
Casi tres años después de que la Audiencia de
Pontevedra ordenara la investigación sobre Martín, el pasado 9 de mayo
se celebraba en el juzgado número 2 de Cambados el acto de
reconstrucción de las diligencias en presencia del nuevo juez, el
fiscal, la secretaria y el abogado de la acusación particular. Pero una
semana después, buscando otros asuntos, un funcionario encontró los
legajos en un anaquel del archivo donde se había inspeccionado varias
veces. El inesperado hallazgo ha permitido reactivar el caso en tiempo
récord.
Aunque gracias a la aplicación informática Minerva
las diligencias estaban a salvo, la reconstrucción tendría que hacerse
folio a folio ya que solo el soporte en papel tiene validez en la
Administración de justicia. Una parte ya se había recuperado a través
del abogado de los vecinos de Portonovo.
Antes de dictar el auto de inhibición a favor del
Supremo, el nuevo juez instructor ordenó la práctica de nuevas
indagaciones, pruebas documentales que habían requerido los vecinos y
que no se llegaron a incorporar a la causa. También el fiscal ha
redactado su informe de conclusiones.
Se referían los vecinos a las posibles
responsabilidades penales del entonces alcalde Telmo Martín en la venta
de los terrenos por parte de Construcuatro (empresa de la que el ahora
diputado poseía el 33% de las acciones) a Construziona, promotora
vinculada a la familia del exconselleiro José Cuiña, por 2,78 millones
de euros, así como la recalificación previa de la parcela por parte del
Ayuntamiento que presidía Martín. La parcela en cuestión era un humedal
al borde de una duna, terrenos adquiridos como rústicos y luego
recalificados en primera línea de playa, donde hoy se levanta la
urbanización de 96 viviendas. La parcela está inventariado en al
catálogo de zonas húmedas de Galicia.
La Audiencia estimó el recurso interpuesto por el
representante legal de los vecinos y ordenó que se iniciaran la
investigación por si "pudieran derivarse responsabilidades penales" de
Martín, presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y
tráfico de influencias, hechos que se remontan a 2004. Pero desde el
auto de la Audiencia de Pontevedra el juzgado de Cambados no practicó
ninguna prueba nueva. La causa estuvo paralizada hasta que en noviembre
de 2011 se dio incluso por perdida al no aparecer los legajos en ninguna
de las dependencias judiciales. El fiscal del caso pidió su
reconstrucción, pero el caso ya había dado un giro, ya que Martín
accedió a un escaño en el Congreso en noviembre pasado y se convirtió en
aforado. El Supremo tendrá que retomar la investigación, resolver si
hubo una actuación delictiva y si ha prescrito dado el tiempo
transcurrido.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/12/galicia/1339529166_870103.html
HERNÁNDEZ ATRIBUYE A TÉCNICOS LA
CONDONACIÓN DE UNA MULTA A MARTÍN
El PSOE promete llevar al tema al próximo pleno, el BNG critica que se
aplique el urbanismo a la carta en el Gobierno gallego
El Gobierno gallego empezando por su presidente,
Alberto Núñez Feijóo, intenta hacer ver que cuando perdonó una multa de
tres millones de euros —el pasado 24 de septiembre en el Consello de la
Xunta y sin informar a la prensa— a la promotora que fundó su diputado y
exalcalde Telmo Martín solo sigue instrucciones del Tribunal Supremo.
Ayer, en el Parlamento, fue el conselleiro de Medio Ambiente y
Territorio, Agustín Hernández, quien se apuntó a esa tesis.
En realidad lo que dictaminó el Tribunal Supremo en
sentencia firme fue que el exconselleiro y desde ayer senador por
designación autonómica, Enrique López Veiga, no era competente para
dictar una resolución en 2005 que condonó una sanción de tres millones
de euros a la firma Construcuatro, participada por Telmo Martín y cuyas
acciones maneja ahora su esposa, por la construcción de un edificio que
invade el dominio público en primera línea de la playa de Silgar, en el
municipio pontevedrés.
El fallo del alto tribunal no prejuzga sobre si la
Xunta debía o no sancionar a la firma de Martín, sino que establece que,
en caso de adoptar esa decisión política, el órgano competente para
hacerlo debía ser el Consello de la Xunta. Y eso fue lo que le recordó
ayer a Hernández el diputado socialista Isamel Regó, quien le reprochó
que el Gobierno lleve semanas negándole a la Cámara el expediente de la
resolución.
Rego recordó que la propuesta del funcionario
instructor del expediente en 2005 proponía seguir adelante con la multa
y preguntó algo más: ¿Sobreseyó la Xunta solo la multa o también la
reposición de la legalidad urbanística? ¿Va a seguir disfrutando la
promotora de esos metros de más que se vendían a 6.000 euros el metro a
los pies de la playa de Sanxenxo? En su doble intervención ante el
Pleno, Hernández dejó esas dos incógnitas en el aire. Subrayó, como
repite el presidente Feijóo, que el perdón a la inmobiliaria de Martín
fue "a propuesta de la dirección de la Axencia de Protección da
Legalidade Urbanística [cuya directora fue nombrada por él mismo] y
previo informe de la asesoría jurídica para dar cumplimiento a la
sentencia y habló de una "persecución inadmisible a Martín". El PSOE
promete llevar al tema al próximo pleno, el BNG critica que se aplique
el urbanismo a la carta en el Gobierno gallego y el PP asegura que todo
es una cortina de humo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/galicia/1339617547_900287.html
AGUSTÍN HERNÁNDEZ VE INADMISIBLE LA
"PERSECUCIÓN" A TELMO MARTÍN
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas dice que la Xunta actuó conforme a derecho con
Construcuatro
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, Agustín Hernández, ha mantenido este miércoles que la
Xunta "actuó conforme a derecho" basándose en informes de la Axencia de
Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y de la Asesoría Xurídica
para sobreseer el expediente abierto contra Construcuatro por invadir el
dominio público marítimo-terrestre con una edificación en el paseo de
Silgar, en Sanxenxo (Pontevedra).
Dicho esto, interpelado por el diputado socialista
Ismael Rego en el pleno del Parlamento, ha considerado las críticas de
la oposición sobre el sobreseimiento del expediente abierto por Costas
del Estado y la correspondiente condonación de la multa (unos 3,5
millones de euros) al diputado popular Telmo Martín --uno de los
propietarios de Construcuatro-- "una persecución inadmisible".
Todo ello, después de que el veterano parlamentario
acusase de paso al PP de "premiar" al exconselleiro de Pesca Enrique
López Veiga con un puesto en el Senado por designación autonómica, ya
que "fue quien sobreseyó el expediente a sabiendas de que no tenía
competencia para hacerlo", sino que correspondía al Consello de la
Xunta. Lo ha dicho apoyándose en "una sentencia en firme" del Tribunal
Supremo, que remarca que el expediente fue "sobreseído indebidamente".
"Seguro que no tuvo agallas para llevárselo a Manuel Fraga", ha razonado
Rego, quien ha criticado que el actual Consello de la Xunta sí haya
optado por suspender este caso. "Llueve sobre mojado", ha lamento.
Finalmente, se ha interesado por el expediente de
reposición de la legalidad urbanística, aunque no obtuvo datos del
conselleiro a este respecto. En lo que sí ha hecho hincapié es que el
edificio levantado por Construcuatro se hizo conforme a una licencia "de
primera ocupación". "No pidió una licencia para un retejado y después
hizo un pazo", ha replicado, en relación con las acusaciones sobre la
vivienda del líder del PSdeG, Pachi Vázquez. Por su parte, la
representante del BNG en el debate, Carme da Silva, ha advertido de que
la sociedad "percibe" que las normas urbanísticas "se adaptan" para
ajustarse a las necesidades de quien tiene que aplicarlas o "se saltan".
"Se actúa en función de quién es el aludido", ha sostenido, poniendo
como ejemplo de este tipo de políticas el municipio lucense de
Barreiros.
"Hay que resolver y transparentar las normas
urbanísticas", ha defendido la nacionalista, quien ha recordado que la
jefa provincial de Costas del Estado en Pontevedra, Cristina Paz-Curbera
y Llovet, juzgó "una canallada" la sanción impuesta al "pobre Telmo"
Martín dado que existía "un error de grafiado" en los planos. "Será
pobre de espíritu", ha ironizado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/galicia/1339610644_755303.html
LA JEFA
DE COSTAS TACHA DE
"CANALLADA" UNA SANCIÓN A LA
EMPRESA DE TELMO MARTÍN
Paz
Curbera, reincorporada a su
cargo en abril tras
abandonarlo en 2009, se sumó
ayer a la tesis de la
constructora conforme la
cual el "pobre de Telmo" fue
perseguido por su afiliación
política
"Lo de
Construcuatro fue una
carallada, yo no quiero
hablar de esto, porque fue
una canallada", lanzó ayer
Cristina Paz Curbera, jefe
de la Demarcación de Costas
de Pontevedra, respecto al
proceso que llevó a la
constructora de la que Telmo
Martín es socio cerca de
tener que afrontar una multa
de tres millones de euros
por invadir el dominio
público con un edifico en
primera línea del paseo de
Silgar, en Sanxenxo. Pese a
que la Xunta del PP ha
intercedido en dos ocasiones
para evitar la sanción a la
empresa, Paz Curbera,
reincorporada a su cargo en
abril tras abandonarlo en
2009, se sumó ayer a la
tesis de la constructora
conforme la cual el "pobre
de Telmo" fue perseguido por
su afiliación política.
"Se
cebaron con él y no tenían
razón", insistió la jefa
provincial tras una visita a
la delegación de la Xunta en
Pontevedra. Allí ofreció una
nueva interpretación sobre
el origen del informe de
deslinde firmado por ella
tras el encargo del entonces
conselleiro Enrique López
Veiga para dar carpetazo
—sin tener competencia para
ello, como después rubricó
el Supremo— a la propuesta
de sanción de los técnicos
de su propio departamento,
los primeros en proponer la
multa de tres millones a
Construcuatro basándose en
los planos. "Nos dimos
cuenta por casualidad de que
la casa estaba a 19 metros y
no a 20. Metimos la pata los
de Costas, la empresa que
hizo el deslinde, que grafió
mal la protección, yo lo
tengo demostrado", aseguró.
La jefa
de Costas adujo que todo el
paseo de Silgar tiene el
mismo problema que el
edificio de Construcuatro,
"pero claro, como es Telmo,
todo el mundo contra el
pobre Telmo. O el que fuera,
da igual el alcalde que
fuera". Dice la jefa de
Costas que tal ilegalidad
colectiva tendría fácil
arreglo a través de un
"estudio para la
homogeneización de la
fachada marítima".
El
archivo decretado por López
Veiga en 2005 lo levantó
Salvemos Pontevedra en
sucesivas resoluciones del
Tribunal Superior de Xustiza
y el Supremo. Este último
remitió al Consello da Xunta
—el verdadero competente
para resolver— el
expediente. El Gobierno de
Feijóo reiteró el archivo el
pasado noviembre. La
asociación ecologista ha
recurrido la decisión.
También tiene pendiente otro
pleito contra la propia Paz
Curbera por una casa que
esta construyó en Sanxenxo.
La ONG entiende que está en
zona de protección. Ella lo
niega.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/05/galicia/1338929272_820317.html
TELMO MARTÍN: “ME SIENTO
PERSEGUIDO POR RAZONES QUE
SON MENTIRA”
El diputado asume la tesis de Louzán en su adiós
al Ayuntamiento de
Pontevedra
El exalcalde de Sanxenxo asegura que en los medios
“se habla mucho”
Tras dos intentos frustrados de alcanzar la
alcaldía, Telmo Martín
finalizó ayer formalmente su
etapa en la política local
de Pontevedra con la
renuncia a su acta de
concejal en el pleno
municipal. El exalcalde de
Sanxenxo pasará a desempeñar
en exclusiva su papel de
diputado en el Congreso por
el PP en medio de la
polémica por la benevolencia
de la Xunta con la empresa
constructora de la que hasta
el pasado diciembre fue
consejero. “Me siento
perseguido”, aseguró
respecto al asunto al
término de la sesión.
La tesis de la persecución a Martín la enunció la
semana pasada el presidente
de la Diputación, Rafael
Louzán, y a ella se ciñó el
edil saliente ante las
preguntas sobre el perdón de
la Xunta a la multa de tres
millones de euros a
Construcuatro por invadir el
dominio público en el
edificio de Sanxenxo, en el
que el propio Martín tiene
un piso. “Quiero ratificar
las palabras que dijo Louzán.
Me siento perseguido por
razones que son mentira,
pero no me preocupo. Lo
llevo dentro de lo que es la
labor política y no me
afecta”, apuntó, y dijo
confiar en que “en algún
momento todo quedará claro”.
Martín no dio detalles sobre
tales mentiras pero opuso,
como ya hiciera en el caso
de los cobros probados de
sobreprecios ilegales en las
viviendas de Construcuatro
en Navia (Vigo), que nunca
ha sido llamado a declarar
por ningún juzgado y que en
los medios “se habla
mucho”.
Lores y Louro agradecen a Martín su “trato
exquisito”
Su despedida en el pleno se desarrolló con
cordialidad. Los choques
entre Martín y el alcalde,
el nacionalista Miguel Anxo
Fernández Lores, habían sido
sonados en los cuatro años y
medio en que compartieron
asiento en la corporación,
con un estallido final en
enero del año pasado,
también en un pleno, en el
que el regidor le dedicó una
ristra de epítetos poco
amistosos: animal carroñero,
vengativo, ruin, falso,
cobarde y narcisista entre
ellos. Aunque Lores se
disculpó con posterioridad,
las relaciones nunca fueron
cordiales, hasta el punto de
que nacionalistas y
socialistas acordaron, hace
ahora un año, aprobar una
moción para reprobarlo como
líder de la oposición. A
pesar de eso, Martín se
despidió agradeciendo a su
rival político el “trato
exquisito que tuvo siempre,
al margen de los debates”.
“Le deseo el mayor éxito
como diputado y que sea
feliz”, contestó Lores. “Si
pone todas las mañas podrá
ser un diputado útil para la
provincia”, le espetó por su
parte el portavoz del PSOE,
Antón Louro.
Martín dijo sentirse orgulloso de su paso por la
ciudad. “Es un orgullo haber
contribuido desde 2007 a
enderezar el rumbo de
Pontevedra”, presumió, y
señaló su aterrizaje en la
ciudad del Lérez como un
antes y un después en la
política local. “La ciudad
vivía de espaldas al río, y
ahora se está viendo que
tiene que ser el epicentro”.
También señaló a su
sustituto en la corporación,
Jacobo Moreira. “El PP tiene
un grupo muy cohesionado con
un portavoz que lo va a
hacer maravillosamente
bien”, defendió.
Durante la etapa que ahora se cierra se operó
también el cambio de postura
del PP respecto a la
permanencia de la fábrica de
celulosas en la ría, que
pasó a rechazar, y el nuevo
hospital para la ciudad.
Este último tema ocupó parte
del pleno. El bipartito
local acordó llevar ante el
Tribunal Superior de Xustiza
el decreto de incidencia
supramunicipal de la obra, a
la que PSOE y BNG han
declarado la guerra por el
modelo de financiación
elegido para llevarla a
cabo, basado en el sistema
de colaboración
público-privada. El pleito
añadirá probablemente nuevos
retrasos a una
infraestructura estancada,
con una dotación
presupuestaria testimonial
en las cuentas de la Xunta
para 2012 y con el estudio
para las expropiaciones
todavía por presentar.
www.elpais.es 24.04.12
EL GOBIERNO ASCIENDE A LA FUNCIONARIA DEL INFORME
EXCULPATORIO A CONSTRUCUATRO
-
La nueva jefa de Costas
de Pontevedra posee un
chalé frente al mar en
zona protegida
-
Paz Curbera firmó el
plano que permitió
archivar una multa de
tres millones a
Construcuatro
Cristina Paz Curbera es, otra vez, jefa de Costas
en la provincia de
Pontevedra. El Gobierno de
Mariano Rajoy ha desoído el
fuerte rechazo que provocaba
su nombramiento y, aunque
con retraso, ha repuesto a
la funcionaria en un cargo
que ocupó entre 2005 y 2007.
Paz Curbera es la autora del
controvertido informe en el
que se basó en 2005 el
exconselleiro Enrique López
Veiga y, recientemente, la
Xunta de Feijóo, para
perdonaruna multa de tres
millones de euros a
Construcuatro, de la que en
aquel momento era socio y
consejero delegado el
diputado del PP Telmo
Martín.
Paz Curbera también es conocida por poseer un
chalé frente al mar en zona
de protección. La directora
de la demarcación de Costas
se construyó en 1999 la
casa, de 450 metros
cuadrados y sobre una finca
de 2.500, sobre unos
terrenos de Sanxenxo que las
normas urbanísticas de la
época calificaban de “suelo
no urbanizable”. Pero Telmo
Martín, a la sazón alcalde
de esa localidad, aprovechó
el Plan General de 2003 para
recalificarlos como
urbanizables y desplazar el
límite de servidumbre de
protección justo hasta la
fachada del chalé. Para
ello, obtuvo un informe
favorable de la demarcación
de Costas, en la que Paz ya
ejercía como jefa del
servicio de Gestión del
Dominio Público Marítimo
Terrestre.
Dos años después, la intervención del Servicio de
Costas resultó crucial para
resolver uno de los
principales problemas que se
encontró Telmo Martín
mientras compaginó la
alcaldía con la actividad
inmobiliaria. Un edificio
que Construcuatro, de la que
Martín poseía el 33%,
edificó en la selecta playa
de Silgar, en Sanxenxo,
invadía dos metros la zona
de servidumbre y contaba con
un piso más de los
permitidos. La Xunta le
abrió un expediente que el
entonces conselleiro de
Pesca, Enrique López Veiga,
archivó al aparecer un plano
distinto aportado por
Costas, en el que la
invasión se reducía a un
metro. La “discrepancia”
entre planos justificó al
archivo, lo que libró a la
inmobiliaria de Martín de la
demolición y de una multa de
tres millones.
www.elpais.es 24.04.12
FEIJÓO ‘PERDONA’ UNA MULTA
DE TRES MILLONES A LA FIRMA
DE TELMO MARTÍN
La Xunta revocó la sanción propuesta por el
técnico que instruyó el
expediente
El Consello da Xunta del pasado 24 de noviembre
acordó perdonar una sanción
de 3.055.841 euros a la
empresa Construcuatro, de la
que en aquel momento era
socio y consejero delegado
Telmo Martín, ahora diputado
del PP en el Congreso y
antes alcalde de Sanxenxo,
por la construcción en este
municipio de un edificio de
seis plantas que invade el
dominio público de la playa
de Silgar. La Xunta silenció
ese acuerdo en la referencia
pública de los adoptados en
esa sesión del Consello. La
decisión ignora la propuesta
de sanción de tres millones
del técnico que instruyó el
expediente, en 2005, y da
por bueno otro informe
solicitado a mayores de
Cristina Paz-Curbera y
Llovet, a la sazón jefa del
servicio de Gestión de
Dominio Público y luego de
la Demarcación de Costas de
Pontevedra, cargo al que
está previsto que vuelva la
próxima semana.
La Xunta, para oficializar el perdón de los más
tres millones de euros a la
constructora de la que fue
socio Telmo Martín hasta
hace unos meses, convalidó
en noviembre una resolución
del conselleiro de Pesca e
Asuntos Marítimos \[Enrique
López Veiga\] de 18 de
febrero de 2005, días antes
de que el PP perdiera las
elecciones autonómicas, y
que fue recurrida en los
tribunales. La resolución
del expediente abierto a
Construcuatro era
competencia del Consello de
la Xunta y no del
conselleiro, sentenció el
Tribunal Supremo en firme el
pasado mes de junio. El
conselleiro lo anticipaba ya
en los fundamentos de su
propia resolución, que no
obstante determinó el
sobreimiento “del expediente
sancionador”. El Gobierno
que preside Alberto Núñez
Feijóo acordó “convalidar la
resolución \[de López
Veiga\] y acordar así el
sobreseimiento del citado
expediente seguido contra
Construcuatro SA por la
realización de obras en la
zona de servidumbre de
protección marítima en
Sanxenxo”.
La obra es un edificio residencial de seis plantas
a pie de la glamurosa playa
de Silgar y en el que el
propio Telmo Martín se
reservó un piso con dos
terrazas. Invade entre uno y
2,69 metros el dominio
público desde la línea de
playa, que debería ser, como
establece la Ley de Costas,
de 20 metros. Fue denunciado
por la ONG Salvemos
Pontevedra y el instructor,
dependiente entonces de la
Consellería de Pesca que
presidía López Veiga,
formuló “los hechos
imputados, los preceptos
infringidos, los preceptos
sancionadores y la posible
sanción” que fueron
comunicadas a las partes.
Tras recibir sus
alegaciones, propuso la
sanción.
Pero López Veiga recabó un “informe aclaratorio”
de la Demarcación de Costas
de Pontevedra, que a la
sazón dirigía José Antonio
Rueda Crespo, exsenador del
PP y exvicepresidente de la
Diputación de Pontevedra,
fallecido el pasado mes de
enero. Era el padre del
actual conselleiro de
Presidencia y secretario
general del partido en
Galicia, Alfonso Rueda. El
trámite se realizó con
sorprendente celeridad.
El Gobierno gallego ocultó el acuerdo en la
referencia pública del
Consello
Paz-Curbera, subordinada de Rueda Crespo, realizó
el informe, atribuyendo la
invasión de Construcuatro
del dominio público a “un
error en el grafiado” de los
planos, ya que la
servidumbre de protección,
dice Paz-Curbera, “en un
primer momento se marcó a 19
metros cuando su correcta
medición en este tramo es de
20 metros”.
Pero no se entiende por qué se grafiaron 19 metros
en lugar de 20, cuando la
Ley de Costas es taxativa en
ese sentido. Además, según
fuentes consultadas por este
periódico, cuando se incoa
un deslinde, se facilita una
línea de dominio público y
una línea de servidumbre de
protección —20 metros en
zonas urbanas y 100 metros
en los demás casos— que se
comunican, entre otros
organismos, al Ayuntamiento
correspondiente y a la Xunta.
Esas líneas dan la plena
validez legal hasta que se
aprueba el deslinde
definitivo. Cualquier otro
plano que se utilice entre
la incoación y la aprobación
definitiva del deslinde
carece de validez legal,
nadie puede esgrimirlos como
planos de deslinde. Los de
Sanxenxo están aún sin
aprobar, aunque el deslinde
fue incoado ya en 1998.
Por lo demás, la línea de dominio público de la
playa de Silgar fue siempre
la misma. La constructora
pudo fácilmente medir sus
lindes y comprobar si
cumplían el mandato legal.
“Con o sin errores, con o
sin planos, las referencias
estaban claras y las
distancias también”,
aseguran los expertos. López
Veiga, sin embargo, a la
vista del informe de Paz-Curbera
y pese a reconocer que la
imposición de multas de más
de 601.000 euros
correspondía al Consello da
Xunta y no a él, sobreseyó
el expediente sancionador
“por presuntas obras
abusivas en la zona de
servidumbre de protección”.
Los sucesivos recursos de las partes,
contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia y de
casación ante el Tribunal
Supremo, confirmaron que el
órgano competente para
resolver el expediente
sancionador era el Consello
da Xunta, que lo oficializó
en noviembre como se dice, a
la chita callando y sin
pronunciarse sobre la
reposición de la legalidad
urbanística que también,
tras rebatir las alegaciones
de Construcuatro, requería
el instructor en su
propuesta de resolución:
imponer la sanción “y
ordenar la vuelta de los
terrenos donde se ejecutaron
las obras a su primitivo
estado”.
El edificio de seis plantas invade el dominio
público de la playa de
Silgar
Multa en Vigo y más enjuagues en Sanxenxo
La Xunta tiene pendiente de ejecutar otra sanción
a la empresa Construcuatro
de 3,7 millones de euros, de
los que 1,23 millones
corresponden a la devolución
de los sobreprecios que
cobró a compradores de pisos
protegidos en un edificio
que construyó en el polígono
vigués de Navia, y 2,47
millones, el doble de las
cantidades indebidamente
cobradas, por la sanción
mínima que procedía aplicar.
La empresa ha presentado
recurso de alzada y, cuando
la Xunta lo resuelva, si
confirma la sanción, aún le
queda la vía
contencioso-administrativa.
Telmo Martín fue consejero delegado de la
constructora hasta el 23 de
diciembre pasado, fecha en
la que le reemplazó en el
cargo, como en otras de sus
empresas, su mujer, María
Dolores Táboas Carballal. Él
ha abandonado la política
local —renunció a su acta de
concejal de Pontevedra— para
dedicarse intensamente al
Congreso, donde consiguió
escaño en las elecciones de
noviembre y figura como el
diputado más rico, con un
patrimonio declarado de 21,5
millones de euros.
www.elpais.es 15.04.12
TELMO MARTÍN RENUNCIA COMO
EDIL Y DEJARÁ DE LIDERAR EL
PP EN PONTEVEDRA
Se da un tiempo para seguir de presidente local
“hasta que el partido
mande”
El portavoz del PP de Pontevedra y dos veces
candidato a la alcaldía,
Telmo Martín, abandonará su
cargo en la corporación
municipal tras el próximo
pleno, según anunció ayer en
rueda de prensa. Le
sustituirá su número dos,
Jacobo Moreira, que
compatibilizará el puesto
con el de diputado en el
Parlamento autónomo. La
salida de Martín, que
continuará temporalmente
“hasta que el partido mande”
como líder oficial del PP
local, la había avanzado él
mismo la noche electoral del
22 de mayo de 2011, cuando
el recuento de votos
evidenció que el
desmoronamiento del PSOE no
le sería suficiente para
alcanzar la mayoría absoluta
que había rozado en 2007.
Desde entonces había ido
delegando funciones en sus
compañeros de grupo, hasta
llegar a ausentarse del
pleno de los presupuestos
para asistir al funeral de
un compañero de partido.
Tras asegurarse un puesto de salida en la lista de
los populares para el
Congreso por la provincia de
Pontevedra, Martín reconoció
ayer que ambos cargos “son
algo incompatibles”.
“Seguiré trabajando por
Pontevedra desde el
Congreso, aunque habrá que
esperar un poco por los
proyectos porque lo que más
preocupa a nivel nacional es
la crisis”, admitió. Dijo
sentirse “contento y
orgulloso” de su paso por la
ciudad del Lérez, de la que
destacó la apuesta “que no
tiene vuelta atrás” por la
construcción del hospital
único de Monte Carrasco, en
el limbo presupuestario. En
su haber está también el
giro de 180 grados en la
postura de los populares
respecto a la ubicación de
la fábrica de celulosas
junto a la ría, que antes
defendían y ahora repudian,
o la polémica por el cobro
de sobreprecios ilegales en
viviendas públicas por parte
de una constructora de la
que era socio.
Fichaje de Feijóo
En los últimos meses de campaña trató sin éxito de
reeditar a escala local la
estrategia de desgaste del
bipartito a cuenta de un
pretendido exceso en el
coste del mobiliario
municipal, y llevó al
juzgado a un concejal por
una concesión irregular de
obras en la que el juez vio
una chapuza, pero no un
delito. PSOE y BNG se
aliaron para reprobarlo
oficialmente en un pleno en
abril. El fichaje de Martín
fue una decisión personal
del líder del PP gallego y
hoy presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo. En el
verano de 2006, cansado de
las guerras intestinas de
los populares pontevedreses
se fue a buscar a Sanxenxo,
segunda residencia de
destacados militantes de la
ciudad, a un hombre hecho a
sí mismo que había ganado
reputación y contactos entre
los veraneantes más ilustres
de la villa.
El supuesto milagro económico de Sanxenxo propició
que Feijóo decidiera
ficharlo
Constructor y alcalde al mismo tiempo, Martín
disfrutaba de la bonanza
económica que el boom del
ladrillo dejaba en licencias
a las arcas municipales de
su Ayuntamiento y también en
la cuenta de resultados de
la promotora de la que era
socio y de su empresa de
materiales de construcción.
Fruto de esa época de las
vacas gordas revocó la
concesión del puerto
deportivo de Sanxenxo a una
empresa privada para que
volviese a propiedad
municipal. Aquel presunto
milagro económico avaló su
candidatura en Pontevedra
ante Feijóo, pero el sector
más tradicional de la ciudad
nunca dejó de ver en él a un
recién llegado. En su primer
intento le faltaron unos
cuantos centenares de votos
para la mayoría absoluta.
Cuatro años más tarde,
pinchada ya la burbuja
inmobiliaria, ni siquiera
fue ya primera fuerza en
mayo de 2011.
www.elpais.es
26.03.2012
EL SUPREMO DECLARA ILEGAL UN EDIFICIO DE LA PROMOTORA DE TELMO
MARTÍN
La creatividad
administrativa de Enrique
López Veiga, conselleiro de
Pesca en dos gobiernos de
Manuel Fraga, salvó a
Construcuatro en 2005 del
derribo de uno de sus
proyectos estrella en
Sanxenxo. La promotora de la
que es socio el entonces
alcalde popular de la
localidad, Telmo Martín, hoy
presidente del PP de
Pontevedra, había levantado
un lujoso edificio de seis
plantas junto a la playa de
Silgar, famosa por la
concentración de veraneantes
y el elevado precio de la
vivienda. Allí se reservó un
piso de dos terrazas el
propio Martín. El problema
es que la obra no respetó
los 20 metros legales de
separación mínima de la
costa. La ONG Salvemos
Pontevedra lo denunció y la
propia consellería empezó a
tramitar un expediente
sancionador, que propuso
imponer una multa de 3,05
millones de euros y la
demolición del inmueble.
El informe no llegó al
Consello de la Xunta,
competente para resolverlo,
porque López Veiga lo
paralizó. Salvemos
Pontevedra llevó el asunto
al Tribunal Superior de
Xustiza, que anuló el acto
del conselleiro en una
sentencia que ratifica ahora
el Supremo. El primer fallo
obligaba a retrotraer el
expediente al momento de la
propuesta de sanción, lo que
en la práctica significa que
la Xunta debe decidir qué
hacer con el inmueble. La
resolución del Supremo,
fechada el 22 de julio, hace
suyos los argumentos del
Superior.
López Veiga se extralimitó
en sus funciones al archivar
un expediente sobre el que
le correspondía responder al
Consello de la Xunta, para
lo que se refugió en una
supuesta contradicción en
los deslindes. Los técnicos
de su departamento
constataron que el inmueble
superaba en más de dos
metros la distancia legal
con la playa, pero el
conselleiro encargó otro
estudio al Servicio de
Costas del Ministerio de
Medio Ambiente. Este
determinó que la invasión de
la servidumbre era menor -en
torno a un metro- lo que
sirvió a López Veiga para
dar carpetazo al expediente.
La jefa de Costas era
entonces Cristina de Paz,
también con casa junto al
mar en Sanxenxo y contra la
que pleitea Salvemos
Pontevedra.
El Supremo rechaza los
argumentos de Construcuatro
para tumbar la resolución
del Superior. La supuesta
vulneración de las leyes
administrativas la despacha
como argumento
"artificioso". La empresa
alegaba que el acto del
conselleiro no era
radicalmente nulo sino
subsanable. El Supremo le
quita importancia y alega
que la sentencia previa no
se basa en esa distinción y
añade que en cualquier caso
el acto no se corrigió, y
"debe ser expulsado del
ordenamiento jurídico y
anulado".
SANXENXO GASTA 900.000 EUROS EN PLEITOS DESDE 2006
Un asesor de la Xunta y de infractores
urbanísticos cobró 345.000
euros
El desparramado crecimiento urbanístico de Sanxenxo ha dado
pie en los últimos años a
que al Ayuntamiento del
turístico municipio
pontevedrés haya tenido que
destinar una buena parte de
sus fondos a afrontar gastos
judiciales. Entre 2006 y
2009 las facturas
municipales por pleitos y
asesorías jurídicas
alcanzaron los 900.000
euros, de los cuales más de
la tercera parte
corresponden a los gastos
generados por la Xerencia de
Urbanismo.
-
El Ayuntamiento dice que los juicios vienen de la
época de Telmo Martín
-
El gran beneficiado es José Luis Narbón, ex
director de Urbanismo
Tan frenética actividad en los juzgados ha supuesto una
constante fuente de ingresos
para los despachos con los
que habitualmente colabora
el Gobierno local, según
datos de la intervención
municipal. Entre ellos,
destaca el bufete de José
Luis Narbón, ex director
general de Urbanismo entre
1990 y 1997 a las órdenes de
José Cuiña, a la sazón
conselleiro de Ordenación do
Territorio. Narbón, que ha
vuelto a tener un papel
destacado en el diseño de
los planes urbanísticos del
Gobierno autónomo tras la
vuelta del PP al poder en
2009, cobró unos 345.000
euros entre los pagos que
recibió a su nombre y los
que registró a través de su
bufete, Urbagalex.
Desde el Ayuntamiento de Sanxenxo, un portavoz asegura que la
hinchazón en las facturas es
consecuencia directa de los
pleitos suscitados a raíz de
la aprobación del Plan Xeral
de Ordenación Municipal (PXOM)
de la villa en 2003.
Entonces aún era alcalde el
constructor Telmo Martín,
que se prepara ahora para su
segundo asalto electoral al
Gobierno de la capital
provincial.
En los años a que se refieren los informes, los gastos
municipales aumentaron
progresivamente. En 2006
fueron 131.000 euros que
subieron ligeramente al año
siguiente hasta los 176.000,
para dispararse en 2008 a
los 327.000. El año pasado
la factura se redujo un
tanto, pero se mantuvo, con
267.000, por encima de los
dos primeros.
Narbón se distinguió, durante la etapa del bipartito, por
defender promociones
inmobiliarias en A Guarda y
Oia, siempre contra el
criterio de la Axencia de
Protección da Legalidade
Urbanística. Tras la llegada
de Agustín Hernández a la
Consellería de Territorio,
el departamento le encargó,
en cambio, un "estudio sobre
el panorama del derecho
urbanístico español" por el
que recibirá 67.000 euros
que la Xunta enmarca en los
"trabajos previos" a la
redacción de una nueva ley
gallega del suelo.
Los pagos del Ayuntamiento a Narbón, a título personal o a
través de su empresa,
arrojan una media de 86.500
euros al año entre 2006 y
2009. Se trata de una
cantidad muy similar a la
que recibirá este año
-84.600- a raíz de un
convenio firmado el pasado
marzo por la alcaldesa,
Catalina Gómez, según el
cual el abogado se
compromete a ejercer las
labores de asistencia
jurídica, emisión de
dictámenes y asesoría
general.
Desde el Gobierno local aseguran, por otra parte, que Narbón
fue contratado en 2007 por
un periodo de tres años como
asesor, un compromiso que se
ratificó de nuevo este año.
Este acuerdo, se limita a un
sueldo mensual de 700 euros
en su primera redacción y de
1.000 tras su renovación.
Todos los demás abonos,
insisten, son resultado de
los pleitos que Narbón le
llevó al Ayuntamiento.
www.elpais.es 20.12.10
LA XUNTA RETRASA LA SANCIÓN
A LA CONSTRUCTORA DE TELMO
MARTÍN
Medio Ambiente solicita
nuevas pruebas que pueden
cambiar el expediente
La ley obligó al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, Agustín
Hernández, a reabrir el
expediente a Construcuatro
por el cobro de sobreprecios
en viviendas protegidas en
Vigo, pero la sanción está
lejos de hacerse efectiva.
Según los anteriores
responsables de la
Consellería de Vivenda, que
abrió el proceso
administrativo contra la
promotora del líder del PP
de Pontevedra, Telmo Martín,
las diligencias se habían
agotado y la sanción estaba
lista para su ejecución.
Construcuatro tendría que
pagar una multa de un millón
de euros, devolver las
comisiones ilegales y quedar
inhabilitada para edificar
vivienda protegida durante
seis años. Pero no será así
de momento.
El Gobierno bipartito suspendió el expediente a Construcuatro
en abril de 2008, tras la
apertura por un juzgado de
Vigo de actuaciones
judiciales, incompatibles
legalmente con las
administrativas. Una vez
archivada la causa penal -en
la que se corroboró el pago
de sobreprecios, aunque no
se demostró la concurrencia
de delitos-, la Xunta
levantó la suspensión. Ahora
bien, el departamento que
dirige Agustín Hernández,
amigo personal de Telmo
Martín, ha decidido
solicitar nuevas pruebas,
que retrasarán e incluso
podrían modificar los
resultados del expediente.
El Instituto Galego de Vivenda e Solo determinó antes del
cambio de Gobierno en
Galicia la existencia de
infracción, consistente en
la percepción de
sobreprecios en un edificio
de la urbanización viguesa
de Navia, tipificada como
muy grave en la Lei de
Vivenda de Galicia. Según
los anteriores responsables
de la consellería, sólo
restaba comunicárselo a los
afectados y ejecutar la
sanción.
La hoja de ruta de Medio Ambiente es otra. De momento,
solicitará al juzgado el
informe pericial emitido por
el inspector de Hacienda,
así como los documentos de
contabilidad de la empresa,
en los que se recogen los
sobreprecios. Además,
volverá a remitir el acuerdo
de incoación del expediente,
que se remonta a octubre de
2007, a 11 de los 87
propietarios compradores
afectados, de los que no
cuenta con acuse de recibo.
Esta decisión supone la
apertura de otro período de
15 días para la aportación
de documentación, pero sobre
todo abre la posibilidad de
que se presenten nuevas
pruebas, y por lo tanto se
revise la existencia de la
infracción.
Pero no se terminan ahí las pruebas adicionales que la
Consellería de Medio
Ambiente, de la que depende
el IGVS, quiere estudiar, a
pesar de que el cobro de
"sobreprecio, prima o
cantidad en concepto de
compraventa o arrendamiento
en las viviendas de
protección oficial" está
tipificada en la ley como la
más grave de las posibles
infracciones. Después de la
aportación de documentos por
los 11 afectados que restan
por hacerlo, la Xunta
"abrirá período de prueba",
en el que incluirá las
declaraciones realizadas por
Construcuatro en el curso de
las acciones judiciales. La
consellería incorporará como
prueba "todo el documento
contenido en las actuaciones
judiciales que, si es el
caso, acredite el presunto
pago de sobreprecios".
Sólo después de examinar toda esta documentación, procederá
Medio Ambiente a redactar la
propuesta de resolución.
Según los anteriores
responsables de la
Consellería de Vivenda, se
trata de diligencias
innecesarias que demorarán e
incluso modificarán la
tipificación de la
infracción, con el objetivo
de evitar la sanción a
Construcuatro. La empresa,
de la que Telmo Martín posee
el 33%, cobró sobreprecios
al menos a 32 compradores,
que pagaron hasta 33.000
euros más para no perder los
pisos protegidos. Según el
informe policial que encargó
el juzgado, el dinero lo
repartía la empresa con un
intermediario.
A la espera de disculpas
Tanto en primera instancia como en la Audiencia
Provincial, las dos
sentencias sobre el caso
Construcuatro dan por
probada la existencia de
sobreprecios. La resolución
considera que no hubo
"coacción de relevancia
penal", por lo que absolvió
a los imputados. Lo
justificó así; "Todos los
afectados accedieron a la
entrega de las cantidades
solicitadas en el breve
período de tiempo que se les
daba para ello, alegando que
les interesaba adquirir las
viviendas a ese precio, tal
y como estaba el mercado".
De no acceder a pagar el
sobreprecio, los afectados
se quedaban sin las
viviendas protegidas, lo que
no impide a la sala que
juzgó el caso destacar la
inexistencia de "cualquier
tipo de fuerza o
intimidación".
Telmo Martín se sintió reforzado por la sentencia.
"Espero que aquellas
personas que con un interés
político intentaron
difamarme, manchar mi
nombre, ahora reconozcan que
yo no cometí ningún delito:
que lo digan", retó el
dirigente del PP. Lejos de
recibir disculpas, deberá
afrontar el expediente
administrativo, aunque
demorado. La sentencia de la
Audiencia Provincial
constató que los
sobreprecios, acordados como
"mejoras" no efectuadas, no
figuraban en la escritura
pública ni en el contrato de
compraventa, pero sí en los
libros de contabilidad.
www.elpais.es 29.03.10
HERNÁNDEZ REABRE EL
EXPEDIENTE A TELMO MARTÍN
POR SOBREPRECIOS EN VIGO
Al conselleiro de Medio
Ambiente, Agustín Hernández,
no le ha quedado otro
remedio que tomar una
decisión probablemente
dolorosa: expedientar a su
compañero de partido y amigo
personal, Telmo Martín, por
el presunto cobro de
sobreprecios en viviendas
sociales de Navia, en Vigo.
Una vez confirmado el
archivo de la causa
judicial, al no encontrar la
Audiencia Provincial de
Pontevedra materia penal en
el caso, la Xunta ha
levantado la suspensión de
la causa administrativa
contra Construcuatro, que
puede acabar en una multa de
un millón de euros, la
devolución de las comisiones
ilegales y la inhabilitación
para edificar vivienda
protegida durante seis
años.
Fue la Consellería de
Vivenda, entonces dirigida
por la nacionalista Teresa
Táboas, la que abrió en
septiembre de 2007 el
expediente a Construcuatro,
la inmobiliaria que
pertenece en un 33% al
presidente local del Partido
Popular de Pontevedra. La
razón era la investigación
abierta por un juzgado de
Vigo, basada en las
denuncias de 32 compradores
de viviendas que pagaron
hasta 33.000 euros de más
para hacerse con los pisos
protegidos. Pero las propias
indagaciones judiciales, que
pasaron después a la
Audiencia Provincial,
obligaron a Vivenda a
"suspender" el expediente en
julio de 2008.
A pesar de que el caso fue
archivado en primera
instancia, el anterior
Gobierno vio en la
investigación judicial un
respaldo a favor de aplicar
la máxima sanción a
Construcuatro. Esta opinión
se sustenta en que el auto
incluía entre los hechos
probados y avalados por las
pruebas practicadas el cobro
de sobreprecios, aunque
descarta delitos penales por
considerar que no medió
violencia, amenaza o
engaño.
También el auto que dictó
posteriormente la Audiencia
Provincial constató que,
aunque los sobreprecios,
acordados como "mejoras" no
efectuadas, no figuraban en
la escritura pública ni en
el contrato de compraventa,
sí aparecían en los libros
de contabilidad y facturas
de la constructora. Sin
embargo, la resolución reza:
"Todos los afectados
accedieron a la entrega de
las cantidades solicitadas
en el breve período de
tiempo que se les daba para
ello, alegando que les
interesaba adquirir las
viviendas a ese precio, tal
y como estaba el mercado". Y
descarta "cualquier tipo de
fuerza o intimidación que
haga considerar la
existencia de coacción de
relevancia penal".
Pero las consideraciones de
tipo penal tendrán poca
relevancia en el expediente
administrativo, que se basa
en si hubo o no
sobreprecios, tal y como se
desprende de la
investigación judicial. Así,
el informe policial
encargado por el juzgado de
instrucción señala que, de
las conversaciones grabadas,
"se deduce claramente que
esa cantidad de dinero negro
sería repartida entre el
intermediario, José García
Tilve, y Construcuatro, de
manera que la empresa se
llevaría unos 20.000 euros
por la venta de cada piso".
Esa cantidad, sumada a lo
recabado por el
intermediario, supondría un
20% del total del precio
oficial de los pisos de
Construcuatro en Navia,
ubicados en el número 25 de
la calle Teixugueira.
De concretarse las
propuestas de sanciones, no
sería la primera vez que la
Administración autonómica
multa a una inmobiliaria y
le impide construir vivienda
protegida. Ocurrió con la
sociedad Vigolar, que
también cobró sobreprecios
en el mismo polígono vigués
de Navia.
(www.elpais.com,
02/03/10)
CONSTRUCUATRO SE EXPONE A
UNA MULTA MILLONARIA Y A 6
AÑOS DE INHABILITACIÓN
El juez ha dictado que en el
cobro de sobreprecios en el
polígono de viviendas de San
Paio de Navia (Vigo) no
existió delito penal por
parte de Construcuatro, la
promotora en la que
participa como socio el ex
alcalde de Sanxenxo Telmo
Martín, pero en su sentencia
considera probado que
requirió a los denunciantes
pagos en dinero negro.
Vivenda entiende, en ese
sentido, que el fallo
bastará para resolver,
cuando se cierre la vía
judicial, el expediente
sancionador que abrió en
octubre del 2007 por las
denuncias de 21
propietarios. De acuerdo con
la ley en vigor, que
tipifica el caso como
infracción muy grave, la
firma del actual presidente
del PP en Pontevedra se
expone a una multa que
rondará los 2 millones de
euros (entre la sanción y la
devolución de las cantidades
indebidamente cobradas) y a
seis años de inhabilitación
para construir pisos
protegidos.
El importe de la sanción
procede de una estimación
realizada a partir de las
cantidades que Vivenda, y
ahora también el Juzgado de
Instrucción número 2 de
Vigo, considera
indebidamente cobradas a los
denunciantes. En principio,
el expediente de la
consellería afecta a 21
adjudicatarios, que pagaron
entre 12.000 y 42.000 euros
en dinero negro. Vivenda
calcula que la constructora
de Martín tendría que
devolver unos 600.000 euros,
que se sumarían a una
sanción por el doble de esa
cantidad (1,2 millones), con
lo que el importe total se
aproximaría a los 2 millones
de euros.
El departamento que dirige
la nacionalista Teresa
Táboas es consciente de que
la inmobiliaria agotará la
vía judicial, para defender
sus intereses y también para
ganar tiempo ante la
aplicación del expediente
sancionador por parte de
Vivenda.
La consellería sostiene que
este tipo de prácticas
fraudulentas en el mercado
de los pisos de precio
tasado ya no es posible
desde la puesta en marcha
del Rexistro de Demandantes
de Vivenda Protexida, porque
ahora es la propia
Administración la que le
comunica a las empresas
constructoras la lista de
adjudicatarios de las
viviendas, lo que les impide
exigir esos pagos.
Construcuatro se librará del
endurecimiento del régimen
sancionador que introducirá
la futura Lei de Vivenda,
que actualizará al marco en
vigor desde el 2002. El
proyecto de ley que la Xunta
aprobó en julio, y que se
encuentra en la recta final
de su tramitación
parlamentaria con la
previsión de Vivenda de que
la Cámara debata su
aprobación en diciembre,
eleva la sanción por
infracciones graves de
60.001 euros a un millón. Y,
en el caso concreto de «a
percepción de sobreprezos,
primas ou cantidades
distintas ao prezo na
transmisión ou arrendamento
de vivendas protexidas», la
nueva norma ampliará la
multa que ahora es el doble
de los pagos cobrados
indebidamente hasta cinco
veces ese importe.
En cambio, la próxima
legislación no regulará la
prohibición de que los
cargos municipales puedan
ejercer la promoción
inmobiliaria, como pretendía
la conselleira nacionalista
con la inclusión de un
artículo específico en el
borrador inicial del texto.
La propuesta de Táboas de
que los alcaldes no pudieran
compatibilizar esa función
con actividades
inmobiliarias en los
municipios que gobiernan,
una idea inspirada
precisamente por la
intención de evitar más
casos como el de la
promotora en la que
participa el ex regidor de
Sanxenxo, tuvo que ser
retirada a instancia de la
Consellería de Presidencia,
que dirige el socialista
Méndez Romeu, que alegó que
esa pretensión colisionaba
con la norma que regula la
Administración local. En el
texto enviado al Parlamento,
la restricción inicial dejó
paso a una cláusula
descafeinada que se limita a
incidir en el deber ético de
los alcaldes
(www.lavozdegalicia.es,
27/11/08)
UNA SENTENCIA ACTIVA EL
DERRIBO DE UN EDIFICIO DE
TELMO MARTÍN EN SANXENXO
La intervención directa del entonces conselleiro
de Pesca, Enrique López
Veiga, del PP, impidió en
febrero de 2005 que se
ejecutara una orden de
derribo y una multa de 3
millones de euros contra la
inmobiliaria Construcuatro
por invadir la zona de
servidumbre
marítimo-terrestre en
Sanxenxo. Tres años después,
el Tribunal Superior de
Xusticia de Galicia (TSXG)
ha anulado la resolución del
ex conselleiro y activado la
sanción contra la empresa de
la que posee el 33% Telmo
Martín, alcalde de Sanxenxo
cuando se construyó el
edificio y actual presidente
local del PP de Pontevedra.
La sentencia es consecuencia del recurso de una
asociación ecologista,
Salvemos Pontevedra, contra
el sobreseimiento del
expediente. La misma
organización había
denunciado a Pesca, entonces
con las competencias de
Costas, las obras abusivas
en la servidumbre de
protección en el paseo de
Silgar, donde Construcuatro
levantaba un edificio con
licencia para sótano, planta
baja, cuatro pisos y áticos.
En realidad, según figura en
el Registro de la Propiedad
y constataron funcionarios
de Pesca, el edificio cuenta
con una planta más de las
autorizadas por el
Ayuntamiento.
El expediente realizado por el Servicio de Usos
del Litoral de la
consellería dejaba poco
lugar a dudas. Consideraba
como hechos probados que el
edificio no respetaba los 20
metros preceptivos de zona
de servidumbre, sino una
distancia de "entre 17,81 y
18,20 metros de la ribera
del mar". También constataba
que las obras carecían de
autorización en materia de
Costas de la comunidad
autónoma. Como el valor de
lo construido ascendía a
12,2 millones de euros, se
le imponía una multa de 3,05
millones, con un recargo de
305.584 euros mensuales
mientras no se ejecutara la
demolición para devolver los
terrenos en los que se
ejecutaron las obras a su
primitivo estado.
El expediente de multa y demolición debería haber
sido trasladado al Consello
de la Xunta, que es el
órgano competente para
dictar una resolución de
esas características, según
confirma la sentencia del
tribunal gallego. En vez de
ello, el conselleiro acordó
de oficio, y "como medida
complementaria", solicitar
nuevos informes al Servicio
de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente. En esos
informes se estimaba que la
invasión de la servidumbre
no era de hasta 2,12 metros,
sino de un metro. Fue
suficiente para que López
Veiga apelara a la
existencia de "planos de
deslinde contradictorios"
para decretar el
sobreseimiento del
expediente.
El TSXG estima el recurso de Salvemos Pontevedra,
por considerar probado que
la resolución que impugna
había sido dictada "por un
órgano incompetente". La
sentencia precisa que la
instancia apropiada para
archivar el caso sólo podría
haber sido el Consello de la
Xunta, la única competente
para resoluciones en las que
la multa supere los 500.000
euros. "Parece clara la
necesidad de respetar la
atribución competencial
normativamente atribuida al
Consello de la Xunta",
precisa el fallo judicial.(www.elpais.com,
28/02/08)
Dos agentes inculpan ante la
juez a Construcuatro por
sobreprecios
La promotora de Telmo Martín
fijaba las cantidades y las
recogía el día del pago
Construcuatro, la
promotora
inmobiliaria de la
que es consejero
delegado el
dirigente del PP
Telmo Martín, fijaba
las cantidades (de
12.000 a 42.000
euros, en función de
la planta a que
perteneciera el piso
comprado) y el mismo
día en que era
pagado el
sobreprecio por el
comprador, otro
responsable de la
empresa, José Manuel
Torres, acudía a
Vigo para hacerse
con la cantidad que
los clientes habían
pagado en metálico,
sin recibir ningún
justificante.
Dos intermediarios,
José Luis Veiga y
Purificación Justo,
confirmaron lo
habitual de esa
práctica en su
declaración ante la
juez que instruye el
caso del cobro de
sobreprecios por
pisos protegidos
edificados por
Construcuatro en el
polígono vigués de
Navia. A otro
intermediario,
Fernando Silva, le
fue aplazada su
declaración tras
aducir el miércoles
su abogado que
acababa de llegar de
viaje y que no había
podido estudiar las
diligencias. Los
tres y José Tilve, a
quien se tomó
declaración hace un
año, habrían sido
los intermediarios
de Construcuatro en
el cobro de los
sobreprecios. Veiga
y Silva son agentes
inmobiliarios.
Purificación Justo
no está titulada,
aunque ha mantenido
relaciones
profesionales con
Construcuatro a
través de una
oficina propia que
no está catalogada
como inmobiliaria.
Tilve, que ha negado
sus tareas de
intermediario contra
notables evidencias,
es un empleado de
Citroën que creyó
encontrar una
oportunidad de
negocio en sus
gestiones para la
constructora.
Por el cobro de los
sobreprecios,
Purificación Justo
reconoció percibir
para sí 600 euros de
cada comprador. José
Luis Veiga, a quien
se permitió
abandonar las
dependencias del
juzgado hurtando la
presencia de
periodistas, declaró
no haber cobrado
nada por esa gestión
concreta, que
enmarcó en el
conjunto de otras
que su agencia
inmobiliaria
realizaba para
Construcuatro, en
Navia y en otras
promociones, por las
que percibiría un 2%
del precio de las
ventas.
Algunos de los
compradores
reclamaron un recibo
o una factura que
certificara su pago
en efectivo, ya que
la recuperación del
dinero se les señaló
inviable.
Construcuatro tenía
para ellos
respuesta.
"Que abandonen la
vivienda", era la
contestación que
Construcuatro
transmitía a los
intermediarios para
que se la hicieran
saber a los
compradores
mosqueados.
Tanto Veiga como
Justo declararon que
interpretaban los
sobreprecios
marcados por
Construcuatro como
el pago de mejoras
en los pisos, lo que
Antonio Salceda,
abogado de una
veintena de
afectados por los
pagos, desmintió.
"No sólo no se
realizaron esas
mejoras, sino que en
muchos casos tampoco
los materiales
empleados en la
construcción cumplen
la memoria de
calidad", afirmó
Salceda. "También se
ha dicho que las
mejoras no se
realizaban en el
interior de las
viviendas, sino en
el exterior, en las
fachadas, lo que
resulta aun más
absurdo", añadió.
Todos los
procedimientos de
cobro de los
sobreprecios por
parte de
Construcuatro están
sembrados de
advertencias contra
quienes los pagaron,
bien directamente en
sus oficinas de
Pontevedra o a los
intermediarios que
seguían sus
instrucciones. El
"recaudador" de
Construcuatro,
Torres, prevenido
sobre el momento en
que el comprador iba
a efectuar el pago,
solía esperar en una
cafetería hasta que
el comprador
abandonara las
oficinas de los
intermediarios,
momento en que él
acudía para recibir
la cantidad pagada y
cobrada siempre en
metálico.
La empresa
constructora ha
presentado
declaración en
Hacienda del ingreso
de los sobreprecios,
según cree el
abogado Antonio
Salceda, que aún no
ha podido
comprobarlo. "En
caso de que sea
así", afirmó ayer,
"la ha presentado
después de abrirse
el procedimiento
judicial, con lo que
evita incurrir en
delito fiscal. Pero
si tenemos en cuenta
que a quienes
reclamaban facturas
o recibís no
se les facilitaron,
es muy probable que
en esa misma gestión
se hayan destruido
pruebas sobre el
caso", añadió.
El 'caso
Construcuatro'
-
Sobreprecios
de entre
12.000 y
42.000
euros.
Treinta
clientes
de
Construcuatro
admitieron
haber
pagado
cantidades
de
dinero a
varios
intermediarios,
que
decían
actuar
en
nombre
de la
promotora,
para
acceder
a un
piso
protegido.
Fuentes
de la
investigación
cifran
el
fraude
en 3
millones
de
euros.-
Grabaciones
judiciales.
El
juzgado
de
Instrucción
número 2
de Vigo
tiene en
su poder
dos
grabaciones
de voz
que
prueban
el
chantaje
de un
intermediario
a dos
clientes.
La
investigación
de
momento
no ha
derivado
en
imputaciones
penales.-
Pagos en
Construcuatro.
Varios
compradores
en el
edificio
Castelao
de Navia
declararon
ante la
Consellería
de
Vivenda
haber
realizado
pagos en
las
oficinas
de la
constructora,
a la que
la Xunta
prevé
sancionar
con un
millón
de euros
de
multa.
www.elpais.es
11.01.08
