EL NUEVO SUELDO DE RAJOY: HASTA 1,5 MILLONES ANUALES A REPARTIR ENTRE
LOS REGISTRADORES
La incorporación de Mariano Rajoy al Registro Mercantil de Madrid está
prevista para mediados de septiembre
El Registro Mercantil de Madrid da las últimas pinceladas para recibir
al nuevo miembro del equipo: Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno
ha tardado poco más de un mes en trasladar su puesto de trabajo en el
Registro Mercantil de Santa Pola (Alicante) hasta la capital.
Se estima que el sueldo de Mariano Rajoy oscilaría entre los 3.000 y los
15.000 euros netos, aunque desde el grupo parlamentario Izquierda Unida
se señala que el salario real se encuentra entre los 100.000 y el millón
y medio de euros anuales.
De cualquier modo, los salarios son gestionados en comunidad de bienes,
de tal manera que el volumen de beneficios generado por cada registro es
repartido de manera igualitaria entre el número de registradores que
operen en cada sede.
Según informa El Español, “los registradores tenemos estatuto de
funcionarios, dependemos el Ministerio de Justicia, pero operamos como
profesionales, fiscalmente pagamos como profesionales, eso quiere decir
que las oficinas las organizamos íntegramente nosotros, el personal lo
pagamos nosotros. Además, nosotros cobramos directamente del público de
acuerdo con el arancel y normas que establezca el Ministerio de
Justicia, que se aprueban por Decreto del Gobierno. En realidad, no
existe salario fijo, es variable en función del movimiento de trabajo
que haya, lo que provoca que haya demarcaciones más activas que otras”,
dice Jorge Salazar, director del Servicio de Coordinación de Registros
Mercantiles.
A partir de septiembre, Rajoy tomará posesión de uno de los despachos
ubicados en la segunda planta del edifico del Paseo de la Castellana 44;
a tan solo dos kilómetros de la sede del Partido Popular, la calle
Génova 13.
Respecto a la opinión que les merece su nuevo compañero de trabajo,
Salazar se muestra conforme con que el expresidente vuelva a su puesto
de trabajo. “Va a tener la ventaja de que somos 23 y va a estar más
arropado que en ningún sitio. Si tiene alguna duda podrá preguntar a
cualquier compañero y esa es la mejor garantía que tiene para trabajar y
estar a gusto”.
El nuevo horario de trabajo de Rajoy será de nueve de la mañana a cinco
de la tarde contando con dos horas para comer y trabajará junto a 22
registradores más. “El Registro Mercantil de Madrid es el más grande de
España y el que mayor volumen de trabajo genera”, explica Salazar.
Mariano Rajoy cuenta con 40 años de antigüedad desde que aprobó la
oposición en el año 1978, es uno de los más veteranos de España.
Actualmente ocupa el número 36 del escalafón de registradores y
posiblemente su traslado se deba a este motivo: ningún registrador con
tanta antigüedad solicitó el traslado.
“Rajoy tomará posesión de la plaza cuando el nombramiento sea oficial y
esto suele retrasarse, más teniendo en cuenta los meses de verano en los
que nos encontramos”, expone Salazar a El Español. Parece que en el
Registro se espera su llegada para mediados de septiembre porque el
nombramiento formal lo expide la Consejería de la Comunidad Autónoma
donde se encuentre el registrador en cuestión y la agilidad de la
burocracia no siempre es la deseable. A partir de dicho nombramiento,
Rajoy tendrá veinte días hábiles para trasladarse a su nuevo puesto de
trabajo.
El expresidente desempeñará las labores designadas para su cargo:
control de la documentación para gestionar inscripciones, así como el
examen jurídico de la documentación de las empresas para supervisar que
sea correcta y que coincide con los antecedentes inscritos en el
registro mercantil. Si es correcto, el registrador procede a la
inscripción de la empresa o sociedad, sino es así, se emite un juicio
explicando los defectos de ley, que es susceptible de recurso ante la
Dirección General de los Registros, o bien ante un juzgado de lo
mercantil. A esto se le añade el nombramiento de auditores y expertos
para determinadas operaciones mercantiles; de liquidadores o
interventores de sociedades y organizar la convocatoria de juntas
generales o de asambleas de accionistas, labor que se realiza desde el
año 2015.
Julio y abril son los meses con mayor volumen de trabajo para el sector,
con el depósito de cuentas y la legalización de libros de contabilidad.
“Todos los asuntos se reparten a partes iguales entre todos los
registradores y si hubiera alguna duda legal, el documento se somete al
criterio de todos, es decir, hay consenso entre los 23 registradores”.
Los oficiales y auxiliares que trabajan en el registro cobrarían de base
y al inicio de sus actividades entre los 1.050 y los 1.250 euros, según
el II Convenio colectivo de los registradores de la propiedad y
mercantiles y su personal auxiliar.
https://www.elplural.com/politica/el-nuevo-sueldo-de-rajoy-hasta-1-5-millones-anuales-a-repartir-entre-los-registradores_200991102
INCÓGNITAS Y CERTEZAS SOBRE LA NUEVA ETAPA DE RAJOY COMO REGISTRADOR DE
LA PROPIEDAD
La ley obliga al expresidente a residir en Santa Pola. ¿Se mudará al
municipio alicantino o pedirá un traslado rápido a Madrid?
Lo único seguro es que no tendrá que someterse a ningún periodo de
adaptación tras 28 años fuera de su plaza
Los expertos aseguran que su pertenencia a un "cuerpo nacional" le exime
de verse obligado a aprender valenciano, en contra de lo que sostiene la
vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra
Cinco días después de haber abandonado su escaño, Mariano Rajoy se
reincorporó este miércoles, 20 de junio, a su plaza como titular del
Registro de la Propiedad número 1 de Santa Pola (Alicante), que durante
los 28 años en que el hoy expresidente ha ocupado cargos públicos de
manera ininterrumpida permaneció regentado por un "registrador
accidental permanente", su amigo y compañero de profesión Francisco
Riquelme.
Por una vez, el todavía líder del PP ha renunciado al quietismo para
reingresar de inmediato en el cuerpo de registradores. Lo ha hecho mucho
antes de ver agotado el mes que la legislación española concede a
aquellos funcionarios que, previo cese voluntario o forzoso en el cargo
público que estuvieran ocupando, soliciten regresar a su plaza. La
celeridad de Rajoy ha sido tal en esta ocasión que el expresidente ha
vuelto a ese municipio de la costa alicantina con 31.137 empadronados
antes incluso de que el nuevo Ejecutivo haya tenido tiempo de confirmar
-o de relevar, como por lo general sucede cuando cambia el color
político- al director general de Registros y Notariados, Javier Gómez
Gálligo.
La nueva etapa del todavía líder del PP abre un ramillete de incógnitas
y algunas certezas. El primero de los interrogantes es el de si Rajoy se
mudará a Santa Pola o si -como anticipan algunas fuentes del sector-
permanecerá allí el tiempo imprescindible hasta que quede una plaza
libre en algún otro punto del país con el que posea vínculos más
sólidos: por ejemplo, Madrid.
Santa Pola no parece haber figurado nunca en su mapa de prioridades
personales. Y en esa dirección apunta su declaración de bienes de 2016.
Ese año, el presidente poseía dos viviendas en Madrid, una en Pontevedra
y el 25% de otra en Gran Canaria, su última adquisición y realizada en
2004.
Pero la legislación aplicable a los registradores de la propiedad les
impone la obligación de residir allí donde tienen su plaza. Así lo
preceptúa el artículo 548 del Reglamento Hipotecario, cuya redacción,
inequívoca en su artículo 548, rezuma un espíritu tan anticuado o si se
prefiere atemporal como la propia norma: "Los Registradores residirán en
la capital del registro, y sólo podrán ausentarse de ella en los días no
feriados y durante las horas de oficina, cuando hubieren obtenido
licencia de la Dirección, prórroga del Ministro de Justicia o
nombramiento para desempeñar alguna comisión o agregación de las
autorizadas por la Ley o por este Reglamento". La "capital del registro"
no es Alicante aunque los usos lingüísticos de 2018 induzcan a creerlo
así. La "capital" es Santa Pola.
Que un reglamento de 1947 continúe vigente hoy, con apenas cinco
revisiones efectuadas desde el año de su entrada en vigor, ilustra en sí
mismo por qué los expertos consultados por infoLibre entienden que el
expresidente no tendrá que someterse a ningún periodo de adaptación
antes de sumergirse en los cartapacios, las notas simples, los
historiales completos de cada una de las fincas situadas bajo su tutela
registral. A diferencia del asunto relativo a su lugar de residencia, el
salto desde Moncloa al Registro de Santa Pola podrá efectuarse sin
solución de continuidad constituye la principal certeza.
Entre noviembre de 1987 y el mismo mes de 1989, el único periodo en que
Rajoy no ostentó ningún cargo público desde que en 1981 había comenzado
a compaginar su carrera política con la plaza que entonces le
correspondía como registrador, la de Padrón. Pero en el bienio 1987-1989
Rajoy difícilmente pudo residir en Santa Pola a tenor de su ajetreada
agenda interna en la Alianza Popular (AP) gallega de la época, que había
sido desbancada de la Xunta y había quedado hecha añicos tras la moción
de censura que en septiembre de 1987 y con el apoyo de un sector de
exdirigentes del partido había aupado al PSOE al Gobierno regional.
El 21 de noviembre de 1987, ocho días antes de que solicitase al
Ministerio de Justicia su reincorporación al servicio activo como
registrador, comenzó el congreso provincial de AP que devolvió a Rajoy
la presidencia del partido en Pontevedra. Seis meses después, el 22 de
mayo de 1988, se convertía en secretario general de AP en Galicia, es
decir, en el número dos.
El precedente de los años ochenta
El cotejo de los textos legales con la formidable actividad política
desarrollada por Rajoy entre 1987 y 1989 presenta como una hipótesis
inverosímil la de que residió de forma permanente en Santa Pola, situada
a 1.052 kilómetros de Pontevedra. El 29 de noviembre de 1989, y ya con
un acta de diputado al Congreso que jamás volvió a perder hasta este 15
de junio, Rajoy pidió de nuevo excedencia por servicios especiales con
reserva de plaza.
Ni el expresidente ni el Ministerio de Justicia ni su partido han
accedido nunca en estos últimos años a responder sobre esa cuestión ni
sobre otras relacionadas con la trayectoria de Rajoy como registrador de
la propiedad. Por ejemplo, la de hasta cuándo simultaneó sus
retribuciones como cargo público con las que le fueron generando los
sucesivos registros de los que fue titular entre al menos 1981 y 1985.
Ese último año, pidió que lo declarasen en "servicios especiales" de
acuerdo con una ley aprobada 14 meses antes. Esa nueva ley había pasado
a prohibir a los cargos públicos cobrar también como funcionarios.
¿Hay más incógnitas en su camino inmediato? Depende. La vicepresidenta
de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, sostiene que Rajoy deberá
aprender valenciano porque para trabajar en Santa Pola por cuanto su
condición de funcionario en esa comunidad implica la obligatoriedad de
“conocer las dos lenguas oficiales”.
En cambio, expertos en la materia que son por completo ajenos al PP no
dudan en desmarcarse de cabo a rabo de la versión ofrecida por Oltra:
"El de registradores es un cuerpo nacional, así que lo que ha dicho la
vicepresidenta valenciana carece de sentido", dictamina una fuente que
goza de larga y extensa especialización en ese ámbito.
Aunque en la práctica ejercen como profesionales del sector privado en
régimen de monopolio, los registradores poseen la condición de
funcionario. Pero a diferencia de los restantes empleados públicos, no
cobran un salario predeterminado sino aranceles de los que el Estado no
recibe ningún porcentaje. Es decir, el registrador se embolsa íntegros
los ingresos que genere su registro a cambio de abonar el sueldo de la
plantilla y afrontar los gastos del local. Cuánto recauda el Registro
número 1 de Santa Pola es un dato que nunca ha trascendido. Hace un año,
cuando el Ejecutivo entonces presidido por Rajoy aprobó una nueva
demarcación registral que implicaba sacar a concurso el Registro número
2 de Santa Pola, hasta ese momento agrupado al número 1, infoLibre
contactó con su "registrador accidental permanente". Riquelme rehusó
facilitar cifras aproximadas de facturación
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/21/incognitas_certezas_sobre_rajoy_nueva_etapa_como_registrador_propiedad_84219_1012.html
RAJOY DEJA LA POLÍTICA Y REGRESA A UNA PLAZA DE REGISTRADOR QUE HA
MANTENIDO 28 AÑOS EN "SERVICIOS ESPECIALES"
El líder del PP decide no esperar a su sustitución en el congreso
extraordinario del partido y renuncia a su escaño
Solicita su reingreso al Cuerpo de Registradores de la Propiedad. Es
titular de una plaza en Santa Pola desde 1990, pero puede concursar a
las vacantes que queden libres en otras localidades
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es un gran aficionado al
fútbol. Y escogió este viernes, 15 de junio, pocas horas antes de que la
selección española se estrenase en el mundial de Rusia, para anunciar
que deja la política de forma definitiva. La noticia era esperada en las
filas conservadoras desde que hace poco más de una semana, tras la
moción de censura del PSOE que le apeó de la Presidencia del Gobierno,
decidió dejar el liderazgo del PP. Pero la opinión más extendida era que
esperaría a dejar pasar el congreso extraordinario en el que cederá las
riendas del partido los días 20 y 21 de julio. O, incluso, al nuevo
periodo de sesiones parlamentarias a la vuelta del verano.
Pero no. Fue este viernes. En una breve nota, el PP informó de la
renuncia de Rajoy a su escaño por Madrid y de que iba a solicitar su
reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad. El todavía
líder del PP es titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola
(Alicante) en situación de “servicios especiales” desde el 24 de marzo
de 1990. Es decir, durante estos últimos 28 años ha conservado la plaza,
pese a que se ha dedicado a la política. Ello es así porque la ley no
establece ningún límite temporal para mantenerse en "servicios
especiales", situación de aquellos funcionarios que ocupan determinados
cargos representativos.
Pérdida de aforamiento
Rajoy rechaza con esta decisión la incorporación al Consejo de Estado.
Esta opción, a disposición de los expresidentes del Gobierno en el
momento que la soliciten pero incompatible con otro tipo de ingresos, le
permitía estar aforado para el supuesto de ser imputado por los
tribunales. Lo mismo le ocurriría manteniéndose en el escaño.
Así, cuando se haga efectiva su baja como diputado, si tiene algún
problema con la Justicia, ya no será el Tribunal Supremo el encargado de
instruir la causa. Su forma de recuperar el aforamiento, en caso de que
quisiera, sería solicitando ingreso en el órgano consultivo.
Rajoy (Santiago de Compostela, 1955) se fue de la Moncloa tras perder la
moción de censura que le había planteado el socialista Pedro Sánchez
después de que la sentencia de la Gürtel estableciese que su partido se
había beneficiado de los delitos cometidos por esta trama corrupta.
Había llegado a la sede de la Presidencia del Gobierno tras las
generales de 2011. Pero no era ese su estreno en la política.
Puede decirse que Rajoy es un profesional de la política. Lleva subido
prácticamente desde el año 1981 en un coche oficial. A él siempre le
gusta recordar cuando se reúne con afiliados y militantes que empezó
desde la base, "pegando carteles electorales en Pontevedra", que fue
concejal, diputado autonómico, ministro, vicepresidente de los Gobiernos
de José María Aznar... Luego llegaría a la presidencia del Partido
Popular señalado por el dedo de su antecesor y acabaría como presidente
del Gobierno.
Su primer cargo público fue el de diputado en el Parlamento de Galicia
en 1981; el último, presidente del Gobierno (diciembre 2011-junio 2018).
Quienes le conocen bien dicen que empezaba a dar muestras de que no iba
a presentarse a más elecciones generales, pero que para él ha sido
inmensamente triste irse de esta manera, por los escándalos de
corrupción que había intentado esquivar, apuntando a que eran cosa del
pasado, desde febrero de 2009, cuando estalló el caso Gürtel.
Ahora, al contrario de lo que hizo Aznar, Rajoy ha abierto el proceso
para su sucesión sin señalar a nadie. Y destacando que, sea cual sea la
decisión que se tome, la acatará como un militante disciplinado, sin
incordiar. Su último discurso lo pronunciará en el XIX congreso
extraordinario. Será su despedida de los suyos. Y no se descarta que sea
proclamado presidente de honor, un puesto vacante desde diciembre de
2016 tras la renuncia de Aznar.
¿Tiene que regresar a Santa Pola? Es en esta localidad alicantina en la
que Rajoy es titular de la plaza. Y es, por tanto, la que se le
adjudicará de forma automática en cuanto se completen los trámites. Pero
en el partido creen que solicitará otra plaza, por ejemplo en Madrid,
donde estudian sus hijos. Varias veces al año salen a concurso los
registros –bien de la Propiedad o Mercantiles (a ambos puede optar)– que
están sin cubrir por fallecimientos, jubilaciones, excedencias o
situaciones de servicios especiales. Si Rajoy quisiera optar a otra
plaza, tendría que solicitarlo dentro del periodo de la convocatoria. Se
adjudican en función del escalafón, un listado en el que Rajoy, por su
antigüedad en el Cuerpo, está muy buen ubicado: entre los cuarenta
primeros de la lista. La adjudicación de plazas es automática: se nombra
titular del registro a quien tiene mayor antigüedad, no es un concurso
de méritos.
LA HISTORIA DEL REGISTRADOR RAJOY
La historia del registrador Mariano Rajoy es un caso único ya que 35 de
los 37 últimos años no ha ejercido su profesión al ser incompatible con
los sucesivos cargos públicos que ocupó desde 1981. En esas casi cuatro
décadas, sólo trabajó como registrador entre 1987 y 1989. Y, desde marzo
de 1990, es titular en servicios especiales del Registro de Santa Pola.
En una serie de informaciones publicadas en 2013, infoLibre desveló que,
al menos mientras se lo permitió la ley, Rajoy cobró por partida doble:
como político y como registrador. También descubrió que el Gobierno de
José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, escondió en 2001 en un
"archivo de seguridad" su expediente de registrador.
La historia del registrador Rajoy comenzó el 6 de noviembre de 1978,
cuando tomó posesión del registro de Villafranca del Bierzo (León). Poco
después, en marzo de 1980, ganó la plaza de titular del Registro de la
Propiedad de Padrón (A Coruña). Allí estaba cuando el 20 de octubre de
1981, Rajoy ganó un escaño en las primeras elecciones autonómicas
gallegas.
En aquella época, la ley permitía a Rajoy cobrar como diputado y como
registrador. Así lo establecía el artículo 541 del Reglamento
Hipotecario, un texto aprobado en la España franquista de 1947. Y, pese
a ello, Rajoy siempre se negó a ofrecer cualquier información sobre
aquella etapa.
"¿Siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Padrón cuando fue
elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981?", le preguntó por
escrito el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares el 11 de
febrero de 2013. Un mes después llegó la respuesta de Moncloa: "El
presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el
ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la
legislación vigente en materia de función pública, en materia de
incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros".
En septiembre de 2013, cuando infoLibre desveló que Rajoy se había
acogido al artículo 541 del Reglamento Hipotecario para cobrar por
partida doble, Llamazares denunció que el Gobierno le había "mentido" u
"ocultado" información y anunció que volvería a la carga con nuevas
preguntas para intentar conocer la verdad. No tuvo éxito.
En una reforma legal aprobada por el Gobierno socialista de Felipe
González en 1984, se estableció que los funcionarios públicos debían
pasar a la situación de "servicios especiales" cuando ocupasen un cargo
retribuido en una Asamblea autonómica o una entidad local. Además, dicho
artículo obligaba a los afectados a "recibir las retribuciones del
puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan
como funcionarios". El 29 de noviembre de 1985, Rajoy solicitó el pase a
"servicios especiales con reserva de plaza" por incompatibilidad con el
cargo de presidente de la Diputación de Pontevedra.
Para entonces, Rajoy no sólo había cambiado de cargo político, sino que
también había ido concursando como registrador. El 30 de octubre de 1982
tomó posesión de la plaza de Berga, en Barcelona, y el 26 de noviembre
de 1985 se hizo con el registro de Elche número 4. Y el año siguiente,
1986, Rajoy ganó la plaza de Santa Pola.
La carrera política de Rajoy seguía un ascenso fulgurante en Galicia y
el 5 de noviembre de 1986 fue nombrado vicepresidente de la Xunta.
Estuvo en ese cargo menos de un año porque el 26 de septiembre de 1987,
la entonces llamada Alianza Popular perdió la Xunta por una moción de
censura y Rajoy dejó de ser vicepresidente. Por primera vez en seis
años, se quedaba sin cargo público y tenía que volver al registro. Así
que el 29 de noviembre de 1987 pidió la reincorporación al servicio
activo como titular del Registro de Santa Pola, localidad situada a algo
más de mil kilómetros de su residencia en Galicia.
Dos años después, Rajoy dio el salto a la política nacional al ser
elegido diputado en Cortes en las elecciones del 29 de octubre de 1989.
Así que, de nuevo, solicitó pasar a la situación de “servicios
especiales”. En el BOE del 24 de marzo de 1990 se publicó la resolución
accediendo a la petición de Rajoy, quien queda como titular del Registro
de Santa Pola con reserva de plaza. Se nombra como interino a un viejo
amigo de Rajoy: Francisco Riquelme Rubira, ya entonces titular del
Registro de Elche-3. Una situación que se ha mantenido inalterable
durante 28 años.
Desde que ocupó su primer cargo público en 1981 hasta la actualidad han
transcurrido 37 años, de los que Mariano Rajoy ha estado 35 en servicios
especiales y sólo dos llevando efectivamente un registro. Pero durante
estas tres décadas largas siempre ha sido titular, sucesivamente, de los
registros de Padrón, Berga, Elche-4 y Santa Pola.
Al no pedir una excedencia, y mantenerse en servicios especiales, además
de acrecentar notablemente los ingresos de Riquelme, Rajoy ha logrado
conservar su plaza en propiedad. Y este viernes, 15 de junio de 2018, ha
anunciado que regresará a su profesión privada.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/16/rajoy_deja_politica_84042_1012.html
RAJOY DEJA DE SER DIPUTADO Y SOLICITA EL REINGRESO COMO REGISTRADOR DE
LA PROPIEDAD
El expresidente no ejercerá como líder de la oposición ni se medirá con
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Mariano Rajoy ha renunciado este viernes a su acta de diputado, por lo
que no ejercerá como líder de la oposición ni se medirá con el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al
Ejecutivo del próximo miércoles. Desde el triunfo de la moción de
censura del PSOE (1 de junio), el aún líder del PP había prescindido de
ir a la Cámara Baja, había convocado elecciones internas en la formación
conservadora para elegir a su sustituto y había dejado en el aire su
continuidad como parlamentario. Al renunciar a su acta en el Congreso,
Rajoy dejará de estar aforado, salvo que solicite su ingreso en el
Consejo de Estado. Todo apunta a que no será así, puesto que ha pedido
que se le vuelva a dar de alta en el cuerpo de registradores de la
propiedad.
En menos de un mes, Rajoy ha pasado del todo a la nada. El 24 de mayo,
el PNV dio su apoyo a los Presupuestos, y el líder del PP creyó
asegurada su continuidad en La Moncloa hasta 2020. El 25, sus consejeros
le vieron protagonizar un gesto de enfado al enterarse de que Pedro
Sánchez había registrado una moción de censura tras la sentencia del
caso Gürtel. Y, poco más de una semana después, el 1 de junio, el PNV
votó a favor de tumbar su Gobierno. Rajoy fue desalojado del poder. El
PP pasó a la oposición. Y su líder empezó a andar el camino que le
podría llevar hasta su registro de la propiedad en la localidad
alicantina de Santa Pola. Un terremoto político sin precedentes.
¿Santa Pola? A Rajoy le espera allí una plaza de registrador desde hace
casi 30 años. Tras ejercer en Villafranca (León) o Padrón (A Coruña), el
expresidente llegó a la villa en los años 80. Con 24 años, había sido el
registrador más joven de España. Venía de diez meses terribles en la
Xunta de Galicia, “con el veneno dentro”, dijo, por la escisión de una
parte de Alianza Popular que había ayudado a tumbar al Gobierno del que
era vicepresidente. Llegado a Santa Pola, Rajoy se alojó en la
habitación 2402 del hotel Gran Sol, un cuatro estrellas en la Rambla de
Alicante, según se recuerda en el libro Desde el vestíbulo de un hotel.
Instalado frente al mar, la vida de aquel veinteañero se dividió entre
las obligaciones profesionales —nunca ganó más dinero—, las aficiones
—especialmente la bicicleta— y la devoción política: por viajar a Madrid
a una conferencia renunció a una comida de amigos en la que se compró
lotería que luego fue premiada con el gordo.
Rajoy ejerció en Santa Pola entre 1987 y 1989. Luego, tentado por José
María Aznar, volvió a la política para llegar al Congreso como diputado.
Desde entonces, nunca dejó de pensar en retornar algún día a su plaza,
objeto de polémica durante sus años en Moncloa.
“Santa Pola, un pueblo en el que voluntariamente he ejercido como
registrador de la propiedad, en donde si Dios no lo impide volveré a
hacerlo tras el paréntesis que significa en mi vida la dedicación a los
asuntos públicos”, dijo en 2004, durante el pregón para las fiestas de
la localidad, donde le sustituye su compañero de promoción, Francisco
Riquelme, “registrador accidental permanente”, según definición propia.
Elija o no volver a esa plaza —tiene derecho a pedir el traslado o a
concursar, por ejemplo, para ejercer en Madrid—, la decisión de dejar el
acta supone el adiós definitivo de Rajoy a la política. Una vez que se
celebre el Congreso extraordinario del PP, convocado para el 20 y el 21
de julio, Rajoy volverá a la actividad privada. Hasta entonces, pretende
mantenerse en la neutralidad, para que ninguna de sus decisiones sea
interpretada en clave sucesoria. El PP se arriesga a una cruenta guerra
interna, y el objetivo del aún líder es actuar como juez de paz.
Con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la exvicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, aún dudando sobre si dan el paso o no para luchar
por el poder en el partido, la salida de Rajoy deja en manos de Rafael
Hernando toda la labor de oposición al Gobierno de Sánchez.
El portavoz parlamentario del PP es el único rostro reconocible que le
queda al partido con un puesto de relieve y sin implicación directa en
el pulso por la presidencia de la formación conservadora. De su mano, el
partido ejecutará una oposición dura, agresiva y llena de adjetivos,
como en los tiempos en los que el Ejecutivo lo encabezaba Felipe
González o José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo asegura Hernando, que
tiene previsto pedirle a Sánchez que explique en el Congreso los pactos
que le llevaron a ganar la moción de censura (el PSOE defiende que
PDeCAT, ERC, PNV y Podemos le apoyaron sin contrapartidas) o si son
ciertas las informaciones que vierten dudas sobre la veracidad de
algunos aspectos de su currículo.
Rajoy, de 63 años, no estará en la Cámara para verlo. Al contrario que
el expresidente González, que mantuvo el escaño sin acudir al Congreso
tras su derrota electoral, él dirá adiós inmediatamente. Tampoco se
marcha Rajoy como José María Aznar, un expresidente con una intensa
biografía fuera de la política: consejos de administración, empresas
internacionales, libros, conferencias, fundaciones, chalets... No.
Rajoy, que se ha pasado casi 40 años en política, ya vive en su vieja
casa del madrileño barrio de Aravaca. Intenta recuperar su antigua vida.
Y por eso piensa en el registro de Santa Pola.
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/15/actualidad/1529078397_433922.html
Rajoy 'privatizó' el registro de empresas destinado a la lucha contra el
blanqueo para entregarlo a los registradores
Por la puerta de atrás, y por medio de una mera Orden Ministerial, el
Gobierno de Mariano Rajoy otorgó de manera silenciosa la creación de un
registro de empresas destinado a la lucha contra el blanqueo de
capitales a sus compañeros de profesión, los registradores, cuando esta
base de datos ya existe desde el año 2014, es pública y recibe miles de
consultas por parte de las Fuerzas de Seguridad de Estado, los juzgados,
la Fiscalía, los inspectores de Hacienda y los bancos, entre otros
organismos.
La Orden entró en vigor el 22 de marzo pasado, pero sus efectos han
comenzado a notarse a partir de este 1 de junio, cuando las empresas han
comenzado a entregar sus cuentas anuales del 2017.
A partir de ahora, por arte del ministerio de Justicia del PP, las
empresas están obligadas a entregar la identidad de los titulares reales
de cada sociedad a los registradores para ser introducidas en una base
de datos de nuevo cuño, a pesar de que ya existe una base de datos
pública en el Consejo General del Notariado donde constan los titulares
reales en 115 millones de documentos y que es de uso diario por la
Policía, los juzgados y las Administraciones Públicas.
Con esta nueva medida, Mariano Rajoy redondeó el negocio de su gremio
semanas antes de su dimisión y justo ahora que tendría que regresar de
su excedencia al registro de Santa Pola (Alicante) una vez abandonada la
política.
Los registradores son funcionarios, pero gestionan la información por
medio de empresas privadas. Rajoy ya intentó entregarles el Registro
Civil, esto es, la gestión de la vida jurídica de los españoles
—nacimientos, matrimonios, defunciones…—, pero esta 'privatización' fue
impedida por los propios funcionarios y los letrados de la
Administración de Justicia. Aún está pendiente de resolverse este
conflicto.
El exministro de Justicia Rafael Catalá se despidió el pasado 7 de junio
de su cartera sin responder a una dura carta remitida el Consejo General
del Notariado, a la que ha tenido acceso Público, en la que denuncia la
aprobación de esta Orden cuando ni siquiera fueron consultados. La carta
pide la dimisión del actual Director General en funciones de los
Registros y del Notariado, Javier Gómez Gálligo, registrador de la
propiedad como Rajoy.
Los 17 notarios decanos denuncian en su carta que las consecuencias de
las decisiones de Gómez Gálligo “en pos de una pura defensa de intereses
corporativos, son gravemente atentatorias al interés general de España,
al perjudicar las actuaciones que se puedan desarrollar para luchar de
manera efectiva contra el blanqueo de capitales, la financiación del
terrorismo y la corrupción”.
Blanqueo, terrorismo, familiares y ‘mariachis’
Poca gente sabe que esta base de datos de titulares reales ya existe en
España. Está en Madrid, bunkerizada y por medio de un potente motor de
búsqueda cruza la información en tiempo real de sociedades, fundaciones,
políticos, familiares y allegados que se inscriben en las notarías.
Sirve para identificar operaciones de blanqueo, financiación del
terrorismo, tráfico de armas, drogas, tráfico de seres humanos o los
delitos de cuello blanco, como los casos de corrupción, prevaricación o
estafas.
Se llama Base de Datos de Titularidad Real, era de gestión notarial y
fue convertida en registro de acceso público en 2014 por el ministerio
de Economía (artículo 9.6 del Reglamento de prevención del blanqueo).
Actualmente depende del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
Contiene los titulares reales de 2 millones de sociedades limitadas, de
117.000 sociedades anónimas y de 195.000 personas jurídicas
(fundaciones, asociaciones, entidades, partidos políticos).
Además, dispone de un registro de 25.500 personas políticamente
expuestas. Esto es, de políticos, familiares, allegados y también los
allegados económicos que pueden actuar como ‘mariachis’ o testaferros en
una operación, conforme establece la normativa europea de prevención del
blanqueo de capitales.
Es un sistema de consulta diaria para los agentes de la Unidad de
Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía o los agentes
de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La titularidad
real de una sociedad se extrae en escasos segundos, y el cruce de
titularidades para localizar testaferros, por ejemplo, supone al sistema
una espera de unos 3 minutos.
La Orden de Justicia que vacía de contenido esta base de datos ha sido
recurrida por los notarios y la Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME) ante la Audiencia Nacional.
Los notarios han recusado al magistrado del caso, Francisco Díaz Fraile,
y piden que sea apartado de la causa porque es hermano de Juan María
Díaz Fraile, registrador y letrado de la Dirección General del Registro
y del Notariado, el órgano del que emanó la Orden (JUS/319/2018).
La polémica Orden traspone por la puerta de atrás un aspecto clave:
quién debe gestionar el registro de los titulares reales de las
compañías. Es una cláusula de la IV Directiva europea en materia de
blanqueo de capitales (2014/95/UE), cuando debía ser una ley la
encargada de integrar esta competencia en el derecho interno. Es más,
Justicia tenía elaborado un borrador de proyecto de ley, pero optó por
atajar con la Orden ministerial que entrega esta potestad a los
registradores.
Un negocio millonario en ciernes
De fondo se encuentra la expectativa de todo un negocio en ciernes
cuando entre en vigor la V Directiva que se ultima en la Unión Europea.
En ella, se abre el acceso a la base de datos de los titulares reales de
las sociedades a otros colectivos, y no sólo a los ‘sujetos obligados’ a
prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como
son las entidades financieras, los servicios postales, auditores,
promotores inmobiliarios, abogados, procuradores, fundaciones,
asociaciones o notarios. Esto es, la próxima Directiva abre la puerta al
negocio de las consultas de la información que contiene esta base de
datos.
En España existen 100 registradores mercantiles que manejan los datos de
los registros de las sociedades y 900 registradores de la propiedad. Sus
empresas son privadas. Ingresan una media estimada de 1,5 millones de
euros gracias a la llamada publicidad de las inscripciones, al dinero
que cobran en cada consulta, según fuentes jurídicas. Por un depósito de
cuentas pueden llegar a cobra 38 euros (sin IVA); por una declaración
complementaria de una sociedad, de 6 a 9 euros. Y por el gran negocio de
las notas simples, un mínimo de 9 euros.
Frente a ello, los gestores de la actual base de datos de los titulares
reales de las sociedades cobran un euro por cada consulta a las
entidades privadas y nada a las Administraciones Públicas, fuerzas de
Seguridad, Fiscalía y Juzgados. Está dirigida por un abogado del Estado
en excedencia y es gestionada por once exinspectores de Hacienda. Actúan
de manera independiente a los notarios.
Los notarios impulsaron el embrión de esta base de datos en el año 2005,
cuando comenzaron las primeras normas para prevenir el blanqueo. En el
año 2012 se creó la base de datos de los titulares reales de las
sociedades que inscribían para consulta de todos los notarios ya que
había entrado en vigor la obligatoriedad de prevenir estos delitos
económicos. A partir de 2014 esta base de datos fue convertida en
registro público por Economía y adscrita al SEPBLAC.
http://m.publico.es/politica/2048193/rajoy-privatizo-el-registro-de-empresas-destinado-a-la-lucha-contra-el-blanqueo-para-entregarlo-a-los-registradores
JUSTICIA PAGARÁ OTROS DOS MILLONES DE EUROS A LOS REGISTRADORES PARA QUE
DESATASQUEN LAS SOLICITUDES DE NACIONALIDAD
El ministerio renueva por cuarto año el encargo al Colegio de
Registradores, que ya le costó cuatro millones de euros en 2015
Persiste la falta de medios humanos y materiales en Justicia que
propició la encomienda a los registradores, y el retraso de años en la
tramitación de miles de solicitudes
CCOO pide a Rafael Catalá que aplace de nuevo la reforma del Registro
Civil y que no ceda sus competencias a notarios y secretarios judiciales
El Ministerio de Justicia ha renovado un año más la encomienda de
gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
para desatascar las solicitudes de nacionalidad española por residencia.
Ya es el cuarto acuerdo que el Gobierno firma con los registradores
desde 2012, cuando Alberto Ruiz-Gallardón suscribió el primero. Entonces
la tarea encomendada consistió en desbloquear una lista de espera de
400.000 expedientes acumulados. Pero si bien en los dos primeros años
los registradores cumplieron su cometido sin contraprestación económica
alguna, en 2015 cobraron cuatro millones de euros por despachar 150.000
expedientes y por los 75.000 del último encargo el ministerio les pagará
este año dos millones más.
Ésta es la primera vez que la encomienda –una especie de adjudicación
directa de una administración pública a otra, y el Colegio de
Registradores es una corporación de derecho público– la firma la
Dirección General de los Registros en lugar de la Subsecretaría de
Justicia. Esta dirección general la encabeza un registrador de la
propiedad, el último es Javier Gómez Gálligo. Una orden ministerial de
abril de 2015 faculta a la Dirección General de los Registros para
realizar encomiendas de gestión “en el ámbito de la modernización
tecnológica del Registro Civil”. Precisamente el área que ha incendiado
la controversia entre el ministerio y buena parte de los registradores
desde que se acometió la digitalización de los registros públicos y
salieron a concurso las plataformas informáticas necesarias.
Los motivos alegados por Justicia para repetir la encomienda con el
Colegio de Registradores son idénticos a los de años anteriores: “La
escasez de medios técnicos y humanos con los que cuenta el ministerio”.
Además, “el número de solicitudes presentadas anualmente para adquirir
la nacionalidad por residencia se mantiene”. Así que el retraso en la
tramitación de los expedientes había provocado el “colapso” tanto en la
Dirección General de los Registros y del Notariado como en el resto de
los departamentos de la Administración afectados, admite el ministerio
en la misma resolución del 14 de marzo pasado que publicó la encomienda
a los registradores. Desde octubre de 2012 éstos han tramitado más de
700.000 expedientes.
En cualquier caso, el retraso en la gestión de estas solicitudes
persiste, puesto que los 1.200 registradores que hay en España sólo se
ocuparán de las presentadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de
2015. Las que se cursaron partir de esa fecha quedarán en manos de la
Dirección General de los Registros y el Notariado, que a partir de esa
fecha debe asumir toda la instrucción de los expedientes, en virtud del
decreto de noviembre de 2015 que regula el procedimiento para adquirir
la nacionalidad. Para esa nueva tarea, el ministerio está “adaptando una
aplicación utilizada en Extranjería”, según CCOO.
Los funcionarios del Registro Civil se reivindican
Al menos hasta el 30 de junio de este año, las solicitudes pueden seguir
presentándose en papel en las 8.000 oficinas del Registro Civil
repartidas por toda España. Pero desde esa fecha sólo podrá hacerse
electrónicamente. CCOO ha remitido una carta al ministro de Justicia,
Rafael Catalá, en la que le pide que suprima ese límite temporal del 30
de junio, cuando en principio está previsto que finalice la vacatio
legis –periodo desde la publicación de una norma hasta su entrada en
vigor– de tres años y prorrogada por otros tantos, de la Ley del
Registro Civil de 2011.
También reclama para el Registro Civil la competencia exclusiva sobre la
tramitación de los expedientes de nacionalidad. Los funcionarios del
Registro temen que la entrada en vigor de la ley de 2011 signifique el
cierre de sus oficinas y el fin de la gratuidad de las gestiones que
hasta ahora se llevan a cabo en ellas. Además, CCOO exige a Catalá que
aclare las “discrepancias” entre sus declaraciones públicas a favor del
“carácter público y gratuito” del Registro Civil y el borrador del
anteproyecto de ley que lo va a reformar y que establece la clausura
gradual de las oficinas, de forma que sólo se mantenga una por comunidad
autónoma.
Según explica el sindicato en su larga carta al ministro, son numerosas
las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo por el retraso en la
resolución de los expedientes –hay solicitudes de 2010 sin concluir en
2016, por ejemplo–. Otras muchas han llegado a los tribunales de lo
contencioso en forma de demandas, puesto que el silencio administrativo,
transcurrido un año desde la solicitud de la nacionalidad, implica la
denegación de la solicitud. En muchos casos, asegura el sindicato, los
expedientes se resuelven de forma defectuosa, por lo que ahora también
se ha encargado a los registradores que los revisen. Una función ésta
que realizaban hasta ahora los funcionarios del Registro Civil y que, a
su juicio, “permite reducir el número de solicitudes incompletas que se
remiten a la Dirección General de los Registros y el Notariado [que
dicta resolución concediendo o denegando la nacionalidad]”.
En cumplimiento de las dos primeras encomiendas de gestión, los
registradores mercantiles y de la propiedad digitalizaban los documentos
necesarios para conseguir la nacionalidad, también pedían a las
comisarías los certificados de antecedentes penales y a los ministerios
de Interior y Presidencia –al CNI, el servicio de inteligencia– informes
que acreditaran el tiempo de residencia del solicitante así como su
“buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad
española”. Luego los remitían a la Dirección General de los Registros y
el Notariado para que ésta elevara al ministro su propuesta de
resolución.
Pero, desde 2014, con la tercera encomienda de gestión, los
registradores dejaron de digitalizar los documentos, que hasta ese
momento los funcionarios de los registros civiles de toda España debían
remitir al número 540 de la calle de Alcalá, sede de los Registros de la
Propiedad de Madrid. A partir de entonces, la Dirección General de los
Registros se encargó de escanear e indexar los documentos, lo que
ralentizó aún más la tramitación de las solicitudes. Los funcionarios
del Registro Civil piden que se les deje a ellos hacer esa tarea. Pero
en su lugar, protestan, el ministerio negocia con los colegios de
abogados, procuradores, gestores administrativos y graduados sociales
para que estos profesionales presenten directamente las solicitudes de
forma telemática. A diferencia del servicio que ofrece el Registro
Civil, abogados y gestores sí cobran por prestarlo, apunta CCOO. Y
obtener la nacionalidad tampoco es gratis. Cuesta entre 185 y 306 euros:
100 euros por la tasa que cobra el ministerio, 85 euros por el examen
sobre “valores históricos, constitucionales y socioculturales de España”
y 124 euros por el examen de castellano en el Instituto Cervantes.
Vaciamento de competencias
Los funcionarios de los registros se oponen igualmente a que su trabajo
lo lleven a cabo a partir de ahora los letrados de la Administración de
Justicia –antes secretarios judiciales–. La intención del ministerio es
que sean éstos quienes asuman las funciones en materia de matrimonios
civiles, ahora en manos de los jueces de paz y jueces de primera
instancia adscritos a los registros civiles . Además, a partir del
próximo 30 de junio, los notarios también podrán tramitar actas previas
a la celebración de los matrimonios civiles, otra de las competencias
que deja de ser exclusiva de los registros civiles y los juzgados de
paz.
El Ministerio de Justicia asegura que está negociando con los grupos
políticos cambios en la Ley del Registro Civil para adaptarla a las
exigencias de la era digital. “El Registro Civil debe ser digital,
centrado en el ciudadano, y debe ofrecer nuevas prestaciones acordes con
los servicios públicos del siglo XXI, con mayor accesibilidad –24 horas
al día los siete días de la semana–, ahorrar desplazamientos y facilitar
a las administraciones compartir información”, anunció Justicia tras su
última reunión con los sindicatos. Los funcionarios del Registro Civil
sospechan que, en el camino hacia el servicio digital, la pérdida de
atribuciones sea sólo el principio de la privatización.
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/04/22/justicia_pagara_dos_millones_euros_mas_los_registradores_para_que_desatasquen_las_solicitudes_nacionalidad_63981_1011.html
RAJOY ASEGURA QUE BAJO SU MANDATO “SE HA PERSEGUIDO LA CORRUPCIÓN”
El presidente pide
que se deje trabajar a los jueces y niega cualquier interferencia por
parte del Gobierno
Mariano Rajoy ha salido este miércoles en tromba para rebatir las
acusaciones de la oposición de que su Gobierno, a través de la Fiscalía
o de los ministerios de Justicia e Interior, obstaculiza las
investigaciones sobre la corrupción de su partido. "Nadie podrá decir
que bajo gobiernos del PP la justicia no ha actuado con total y absoluta
independencia", ha respondido Rajoy en una rueda de prensa en Montevideo
con el presidente uruguayo, Tavaré Vázquez. "Es ahora, bajo el Gobierno
del PP, cuando se está actuando, condenando y los jueces toman las
decisiones que ellos creen convenientes en defensa del interés general y
procurando siempre que se cumpla la ley", ha insistido.
Molesto de que se cuestione su respeto a la independencia de los
tribunales, Rajoy ha enfatizado que, "mientras sea presidente, se
respetará el Estado de Derecho y eso implica el sometimiento de todos,
sean quienes sean, sean Gobierno, sean diputados, sean de un partido
otro, a la ley", pero también "el respeto a la presunción de inocencia"
hasta que haya una decisión judicial.
Sin aludir a ninguna fuerza política, ha pedido que "se deje trabajar
con tranquilidad a los jueces" y "que nadie discuta sus decisiones, yo
desde luego no lo voy a hacer", ha apostillado. Tras enfatizar su "plena
confianza en la justicia" y su fe "en la separación de poderes", ha
asegurado que seguirá haciendo "todo lo posible para facilitar su labor"
y ha reiterado, como ya hizo el miércoles, que "quien la hace la paga".
Pero ha advertido de la necesidad de evitar generalizaciones, que a su
juicio son injustas.
Desde que inició en Brasil su primera gira latinoamericana de esta
legislatura, el pasado domingo, la sombra de la corrupción ha perseguido
a Rajoy, eclipsando su mensaje triunfalista sobre la recuperación
económica de España. A la detención del expresidente madrileño Ignacio
González siguió la dimisión de la también expresidenta madrileña
Esperanza Aguirre y las noticias sobre la entrevista del secretario de
Estado de Interior con el hermano de González o el SMS que envió a este
último el ministro de Justicia. La puntilla la ha dado el reconocimiento
por parte de la dirección del PP de que fue avisada de la existencia de
una cuenta de Ignacio González en Suiza o el intento del fiscal
anticorrupción, Manuel Moix, de limitar el alcance de la investigación,
en contra del criterio de los fiscales que llevan el caso Lezo.
El presidente, que tardó tres días en contestar a las preguntas de los
periodistas sobre este escándalo, no ha querido entrar en ninguno de
estos episodios, pero ha hecho una defensa cerrada de la colaboración
del Gobierno con la Justicia y su respeto a las decisiones judiciales.
Lo que no ha explicado es qué hará para disipar las sospechas de falta
de imparcialidad y recuperar la credibilidad en la lucha contra la
corrupción.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/26/actualidad/1493221342_128030.html
EL GOBIERNO DICE QUE RAJOY NO SE ABSTUVO EN UN DECRETO QUE ELIMINA 57
REGISTROS PORQUE "NO LE AFECTA"
Rajoy, registrador de la propiedad de Santa Pola en excedencia desde
hace 27 años, participó el pasado viernes en la deliberación y votación
en Consejo de Ministros de un real decreto que elimina 57 registros
La regulación general del decreto preceptúa la desaparición de una serie
de registros, como el segundo previsto en Santa Pola
Sin embargo, el Ministerio de Justicia indicó a infoLibre que
precisamente ese registro está exceptuado aunque no se indique en el
decreto
El presidente del Gobierno, registrador de la propiedad de Santa Pola
(Alicante) en excedencia desde hace 27 años, participó el pasado viernes
en la deliberación y posterior votación en Consejo de Ministros de un
Real Decreto que elimina 57 registros de la propiedad. Según indicó
Moncloa, a preguntas de infoLibre, Rajoy no se abstuvo porque la norma
"no le afecta". El recién aprobado decreto preceptúa la desaparición de
una serie de registros adicionales cuya creación ordenó el Ejecutivo en
2007 y que, pese a ello, jamás han funcionado de manera efectiva porque
no llegaron a ser ocupados por ningún registrador titular. Esa
circunstancia coincide milimétricamente con la del segundo registro
previsto para Santa Pola en virtud del citado decreto de 2007. De haber
abierto sus puertas, Santa Pola 2 habría entrado en competencia directa
con el de Santa Pola 1, el único que existe en el municipio y a cuyo
frente se encuentra desde 1990 un registrador "accidental permanente" en
sustitución de Rajoy. Fuentes oficiales aseguraron la noche de este
miércoles a infoLibre que el segundo registro de Santa Pola no
desaparecerá.
El artículo 2.1.º del decreto resulta inequívoco sobre las
características que deben reunir los registros abocados a la
desaparición. Pero va acompañado de un anexo nominal de las plazas
sujetas a liquidación. Y en ese anexo no figura el de Santa Pola 2.
Junto con otro ubicado en Sagunto (Valencia), el de Santa Pola 2 es el
único que, incluido entre los 55 que ya en 2013 quedaron incorporados a
una especie de lista negra oficial porque nunca habían sido ocupados por
un registrador titular, no aparece en ese anexo. En febrero de 2013,
Justicia decidió que la cobertura de esas 55 plazas, requisito
imprescindible para que la creación de los nuevos registros resultase
efectiva, quedase demorada. El aplazamiento se produjo primero hasta
2015. Y luego, hasta 2016.
¿Obedece la ausencia de Santa Pola 2 del anexo nominal a un error
material para cuya corrección, aseguran fuentes jurídicas, no hay plazo
legal establecido y que una vez insertada en el BOE habría asegurado la
desaparición efectiva del nonato registro? Según el Ministerio de
Justicia, no es así. El departamento de Rafael Catalá remitió a
infoLibre un texto explicativo en el que se señala que, junto con otras
dos plazas que quedaron finalmente vacantes tras haber recaído
inicialmente en un registrador titular –esos casos se regulan con un
apartado y un anexo diferentes–, el segundo registro de Santa Pola y el
tercero de Sagunto figuran entre las "excepciones" al artículo 2 del
Real Decreto aprobado el viernes. Y que como tales excepciones su
mantenimiento está asegurado. "En estos casos, una vez analizado el
volumen de asientos de los registros existentes o bien de los registros
matrices (aquellos que repartirían su carga de trabajo con los nuevos),
se consideró que se debían mantener para dar una respuesta eficiente a
las necesidades de la zona", asegura Justicia.
El Ministerio remarcó que el mantenimiento del segundo registro de Santa
Pola y del tercero de Sagunto, así como el de Zaragoza 4 y Gijón 6 –que
llegaron a tener registrador titular pero ahora están a cargo de un
interino–, "resulta desfavorable para los registros existentes ya que
estos verán disminuido su número de asuntos, que se reparte con los
cuatro mencionados". Los cuatro, asegura el ministerio, saldrán a
concurso.
Fuentes del departamento de Justicia dijeron, este miércoles por la
noche, no estar en condiciones de aclarar qué punto exacto del decreto
ampara el establecimiento de las excepciones invocadas y remitieron a
hoy jueves para una explicación.
La respuesta del Ministerio de Justicia llegó 36 horas después de que
este diario hubiese remitido a los servicios de prensa de Moncloa un
correo electrónico con dos preguntas: si el presidente se había
abstenido en la votación del decreto y por qué no figura el segundo
registro de Santa Pola, que nunca ha existido como tal, en el anexo
correspondiente pese a que la redacción del artículo 2.1º del decreto se
ajusta como un guante a las circunstancias que en esa plaza concurren.
El artículo 2.1º del decreto dice lo siguiente: "Los Registros de la
Propiedad que habiendo sido establecidos en virtud del Real Decreto
172/2007 (...) no han sido efectivamente creados al no haber sido nunca
desempeñados por ningún registrador titular se consideran como no
establecidos ni operativos, quedando integrados con carácter definitivo
en los registros matrices de los que procedían".
La versión de Riquelme
Un día antes de que Justicia enviara a infoLibre la versión oficial
sobre por qué Santa Pola 2 no figura en el anexo nominal correspondiente
al artículo 2.1º del decreto, el registrador accidental permanente de
Santa Pola 1 ya se la había adelantado a este diario. Francisco
Riquelme, que sustituye a Rajoy desde 1990 en el único registro abierto
en Santa Pola, aseguró que no había ningún error material en el anexo. Y
que la plaza de Santa Pola 2 seguirá viva, aunque expresó dudas sobre la
posibilidad real de que alguien opte a ella.
En una conversación telefónica con este periódico, Riquelme dijo lo
siguiente: "Usted se lee el Real Decreto y saca esa conclusión, que [la
plaza de Santa Pola 2] saldrá a concurso". ¿En qué punto abre el decreto
paso a esa opción? Riquelme se limitó aquí a instar una relectura del
texto completo. El registrador, que ocupa otra plaza, esta como titular,
en Elche, relató cómo nadie, ni siquiera del llamado cuerpo de
aspirantes –los registradores que acaban de aprobar la oposición– había
tenido nunca interés en ocupar el segundo registro que debía haberse
creado en Santa Pola. ¿Por qué? "Porque hay mejores oficinas". En otras
palabras, el negocio registral del municipio costero alicantino (31.000
habitantes) es más modesto, según Riquelme, que el de otras localidades.
El registrador no accedió a facilitar el dato aproximado de facturación
anual del registro que regenta. Pero aseguró que los trabajadores a su
cargo ya habían empezado a expresar su deseo de pedir un traslado al
enterarse de que el segundo registro de Santa Pola no desaparecerá y de
que, por tanto, habrá que repartir el negocio en el momento –incierto y
lejano, a tenor de su pronóstico– que quede ocupada la plaza por un
registrador titular.
Dos expertos conocedores del Real Decreto y a los que este diario pidió
asesoramiento para localizar el artículo exacto del decreto que prevé
las excepciones invocadas por el ministerio respondieron que tampoco
ellos lo habían encontrado. Ambos recalcaron su incapacidad para
resolver la aparente contradicción insalvable entre la redacción del
artículo 2.1º y la ausencia de Santa Pola 2 del listado nominal de
registros sujetos a supresión inmediata.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_gobierno_dice_que_rajoy_abstuvo_decreto_que_elimina_registros_porque_afecta_62254_1012.html
LOS REGISTRADORES INGRESAN DECENAS DE MILLONES GESTIONANDO IMPUESTOS
AUTONÓMICOS PESE A LAS DUDAS SOBRE SU LEGALIDAD
Trece comunidades autónomas pagan decenas de millones de euros a los
registradores de la Propiedad por gestionar y recaudar los impuestos
cedidos por el Estado
También gestionan para más de 250 ayuntamientos la plusvalía municipal a
cambio de un 10% de los ingresos
El Tribunal de la UE les obliga a cobrar el IVA por esta actividad
porque la considera propia de una “profesión liberal”, no de un
funcionario público
La Generalitat valenciana acaba de despedir a 37 inspectores de tributos
que se encargaban de la gestión de los impuestos cedidos por el Estado a
las comunidades autónomas: patrimonio, sucesiones y donaciones,
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y sobre el
juego. Pero, al tiempo, la Comunidad Valenciana se gasta millones de
euros cada año en pagar a los registradores de la Propiedad para que
hagan ese mismo trabajo. En 2014 fueron 12 millones. Los registradores
cobran un tanto por ciento del dinero que recaudan. En la Comunidad
Valenciana era un 4% hasta 2013, cuando el Gobierno de Alberto Fabra,
acuciado por las estrecheces económicas, recortó en un 24% las
retribuciones a los registradores. Pretendía así ahorrar un total de
17,2 millones hasta 2017.
Pero no es la valenciana la única comunidad autónoma que paga a los
registradores de la Propiedad y Mercantiles por gestionar los tributos
cedidos por el Estado. En realidad, lo hacen todas menos Asturias,
Baleares, Canarias y Murcia. Y desde hace mucho tiempo, desde 1959 al
menos, cuando se les encargó por decreto la recaudación del impuesto
sobre derechos reales, lo que ahora sería el impuesto de sucesiones.
Sólo que con la cesión a las comunidades autónomas de un puñado de
impuestos en 2001, cada una de ellas firmó su correspondiente convenio o
encomienda de gestión con el colegio de registradores respectivo. Como
queda dicho, se les paga un porcentaje de lo recaudado: el 5% en La
Rioja, por ejemplo, aunque en Canarias llegó a ser del 8%.
Así, la Comunidad de Madrid pagará 38,6 millones a los registradores
hasta 2019. Cataluña les compensó con 19,4 millones de euros en 2014, a
razón de un 1,9% por los primeros 6,89 millones ingresados; un 1,5%
hasta 13,8 millones, y el 1% por encima de esa cantidad. También se
quedan con el 20,6% de lo que recaudan en concepto de liquidaciones
complementarias y sanciones firmes. Andalucía llegó a pagarles 22,7
millones en 2010, aunque desde entonces ya les ha recortado en tres
ocasiones los honorarios, la última el pasado mes de enero. No obstante,
siguen llevándose el 5% de la recaudación.
infoLibre se puso en contacto con el Colegio de Registradores para
obtener su punto de vista y apreciaciones sobre la actividad liquidadora
que realizan. Sin embargo, no ha conseguido una contestación en la
última semana.
En resumen, ingresan cantidades considerables si se tiene en cuenta que,
en buena parte de las comunidades autónomas, las oficinas liquidadoras
de los tributos cedidos que gestionan los registradores son las
responsables de casi la mitad de la recaudación por este concepto. Según
los informes anuales que elabora el Ministerio de Hacienda sobre la
gestión de cada administración autonómica, en Andalucía recaudan el 43%
de la cantidad ingresada por esos tributos, que asciende a 1.618,4
millones de euros; en la Comunidad Valenciana, el 55% de 1.241,7
millones.
Asturias asumió en 2009 las funciones de estas oficinas; Baleares lo
hizo en 2010. Murcia y Canarias suprimieron sus convenios con los
registradores en 2013. En todos los casos, el trabajo lo asumieron
funcionarios de sus respectivas administraciones. No sin polémica en el
caso canario, puesto que los registradores recurrieron los decretos del
Gobierno de Paulino Rivero, que fueron anulados primero por el Tribunal
Superior de Justicia y, en 2015, por el Tribunal Supremo.
Funciones incompatibles
En realidad, que los registradores de la Propiedad ejerzan de
liquidadores de impuestos, además de resultar un trabajo caro, despierta
suspicacias legales. En 2009, UPyD presentó una proposición no de ley en
el Congreso en la que se instaba a reconocer la “incompatibilidad” entre
la función de registrador y de liquidador tributario. La Ley Hipotecaria
prohíbe a los registradores ejercer cualquier otro “cargo o empleo
público, en propiedad o por sustitución, esté o no retribuido con fondos
del Estado, de la provincia o del municipio”. Y si quieren realizar otra
actividad deben obtener un permiso del Ministerio de Presidencia para
que no se modifiquen ni la jornada de trabajo ni el horario de ambos
puestos, que se prestan de cara al público. Además, no pueden percibir
al mismo tiempo dos retribuciones, tal y como dispone la Ley de
Incompatibilidades de 1984. Y de sumarse ambas remuneraciones, en ningún
caso podrían ser superiores al sueldo de un director general.
Según explica la proposición no de ley, existe otro factor que convierte
en “manifiestamente ilegal” la figura del registrador/liquidador. Los
registradores cobran de los ciudadanos un arancel por registrar el
“valor comprobado” de los bienes, y luego, como liquidador tributario,
deben comprobar ese valor. Es decir, destaca UPyD, tienen un incentivo
que “pone en riesgo su imparcialidad”.
Finalmente, cada Registro de la Propiedad tiene una competencia
territorial exclusiva, por lo que, apunta la proposición parlamentaria,
su titular ejerce la actividad de liquidador “en régimen de monopolio”.
Lo que, a su vez, “desincentiva que los ciudadanos interpongan recursos
contra las comprobaciones de valor”. La proposición no de ley ni
siquiera llegó a ser debatida en la Cámara baja.
También ha resultado polémico el hecho de que las comunidades autónomas
hayan otorgado a los registradores/liquidadores la capacidad de proponer
sanciones, de las que, además, cobran un tanto por ciento. Y que el
personal de sus oficinas maneje información tributaria pese a no ser
funcionarios; son contratados por cada registrador, al que les une una
relación laboral de Derecho privado. Hay unos 12.000 empleados de
registros en toda España.
Deben cobrar el IVA cuando gestionan impuestos
Los registradores de la Propiedad son funcionarios públicos, pero poseen
características especiales. A diferencia de los segundos, no cobran sus
salarios de los Presupuestos Generales del Estado, sino que sus
remuneraciones proceden del arancel que cobran a los particulares.
Dependen del Ministerio de Justicia cuando funcionan como tales, pero
están integrados en su correspondiente administración tributaria
autonómica cuando ejercen como liquidadores de impuestos.
Las peculiaridades de su figura se evidenciaron, por ejemplo, cuando el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en noviembre
de 2009 que deben cobrar el IVA cuando ejerzan como liquidadores de
impuestos. Los jueces comunitarios fallaban así en contra del Gobierno
español, que sostenía que, como funcionarios públicos cuya actividad
como liquidadores tributarios no tiene “carácter económico”, no debían
estar sujetos al régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por el contrario, el TJUE dejó claro que las funciones de los
registradores como liquidadores son retribuidas, no sólo con una
compensación por las prestaciones que realizan, sino también con una
contrapartida económica por encima del gasto que soportan. “Los
registradores/liquidadores”, destaca el tribunal europeo, “no ejercen su
actividad liquidadora y recaudadora en calidad de órgano de Derecho
público, puesto que no están integrados en la organización de la
Administración pública, sino como una actividad realizada en el marco de
una profesión asimilada a una profesión liberal”.
El caso es que, apoyados en esa doble condición –funcionarios asimilados
a profesionales liberales–, los registradores no sólo gestionan tributos
autonómicos, sino también municipales. Llevan años firmando convenios
con ayuntamientos para liquidar y recaudar el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la
conocida como plusvalía municipal, que se paga en la compraventa de
inmuebles. A cambio, suelen cobrar un 10% de la recaudación. Más de 250
ayuntamientos han firmado convenios de este tipo con los registradores.
Otra fuente generosa de ingresos para el gremio.
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/07/04/los_registradores_propiedad_ingresan_decenas_millones_gestionando_impuestos_autonomicos_pese_las_dudas_sobre_legalidad_51990_1011.html
EL CONSTITUCIONAL DECLARA INCONSTITUCIONAL LA PRIVATIZACIÓN
ENCUBIERTA DEL REGISTRO CIVIL
El Gobierno de Rajoy pretendía poner este servicio público
en manos de los registradores de la propiedad, gremio al que
pertenece el presidente
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la
privatización por decreto-ley del Registro Civil que realizó
el Gobierno de Mariano Rajoy en julio de 2014. Da así la
razón al recurso presentado por el Grupo Socialista del
Congreso de los Diputados y al que después se unieron UPyD y
la Izquierda Plural.
En julio de 2014, el Gobierno decidió poner la gestión del
Registro Civil, que custodia información sensible de todos
los españoles, como sus nacimientos, muertes y matrimonios,
en manos de los registradores de la propiedad y los
mercantiles. Este gremio, al que pertenece el propio Rajoy,
regenta empresas privadas, mientras que los titulares del
registro son funcionarios por oposición.
La decisión del Gobierno se tomó además por decreto-ley, lo
que permitió al Ejecutivo evitar que la privatización pasase
por el Congreso y fuera debatida por la oposición, lo que
avivó aún más el malestar entre los sindicatos de
funcionarios y letrados, que protestaban por la falta de
diálogo con ellos.
La privatización se encubrió dentro del de Real Decreto-ley
8/2014 de 4 de julio, que era un macropaquete de “medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia”. El Tribunal Constitucional avala el uso de esta
medida para muchas de las medidas, pero no para dos casos:
la reforma del Registro Civil y otra dirigida a las empresas
de trabajo temporal.
El Tribunal estima que estas medidas concretas se debían
haber tramitado por el Congreso, ya que el Gobierno no ha
sido capaz de justificar las causas de “urgencia” necesarias
para aprobar semejante medida por un decreto-ley. La
sentencia subraya las exigencias que rigen dichos decretos
leyes, que se permiten al Gobierno “si el ejercicio de este
poder legislativo excepcional (…) está justificado por
razones de extraordinaria y urgente necesidad”.
http://www.elplural.com/2015/10/02/el-constitucional-declara-inconstitucional-la-privatizacion-encubierta-del-registro-civil/
JUSTICIA APLAZA LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL Y BUSCA
UNA ALTERNATIVA
El ministro Catalá abre la puerta a un modelo distinto al de
los registradores mercantiles
Protesta en la calle contra la privatización del Registro
Civil
El Registro Civil no pasará a manos de los registradores
mercantiles el próximo 15 de julio, tal y como había
anunciado el Gobierno. El Ministerio de Justicia ha decidido
aparcar la cesión de la gestión del organismo y está
dispuesto incluso a buscar un modelo distinto que no
consista en transferir estas funciones a los registradores
mercantiles y de la propiedad. El anuncio lo hizo este
viernes el ministro Rafael Catalá, que aseguró que el
Ejecutivo sacará el Registro Civil de los Juzgados, pero
quiere hacerlo “sin presión” y “con consenso”. “Sería
absurdo que el Gobierno se empeñase en una reforma que no
cuente con los apoyos necesarios”, admitió Catalá.
La decisión de frenar este traspaso supone una nueva
enmienda de Catalá sobre un proyecto promovido por su
antecesor al frente de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
como ya ocurrió con la reforma de la ley del Aborto, la ley
de Tasas, la Ley Orgánica des Poder Judicial o la reducción
del número de aforados. En el caso del Registro Civil, el
plan no contentaba ni a los profesionales del ámbito de la
justicia ni a los registradores mercantiles, que exigían
compensaciones económicas para asumir esta función.
Para los sindicatos y los partidos de la oposición, el
proyecto de Gallardón, que Catalá ha intentado salvar hasta
ayer, suponía una privatización encubierta de servicios como
la inscripción de los nacimientos, defunciones, matrimonios
y divorcios, unas gestiones que hasta ahora son gratuitas y
que el Gobierno se ha comprometido a que sigan siéndolo.
El ministro ha comunicado ya la paralización del plan al
decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y en la
próxima semana iniciará una ronda de contactos con los
sindicatos y los grupos políticos para intentar buscar otra
fórmula que genere menos rechazo. “No vamos a imponer un
modelo que no sea compartido por las Administraciones
Públicas, los trabajadores y los partidos políticos. Por eso
nos replanteamos el tiempo y nos replanteamos incluso el
modelo”, señaló Catalá. La opción de transferir la gestión a
los registradores mercantiles no está del todo descartada,
pero el ministro aseguró que escuchará “alternativas”.
Aunque el diálogo no va a ser sine die porque la decisión de
desjudicializar el Registro Civil, acordada en el Parlamento
en 2011, no está en cuestión.
Los sindicatos mayoritarios aplaudieron el anuncio de Catalá,
aunque se mostraron cautos a la espera de conocer si el
Gobierno descarta definitivamente el proyecto o simplemente
demora su puesta en marcha para sacarlo del debate
electoral. Los representantes de los trabajadores se
mostraron dispuestos a dialogar con Catalá, aunque
advirtieron que su alternativa pasará siempre por un modelo
que deje el Registro Civil en manos de funcionarios de
justicia.
Historia de un fracaso
El Ministerio de Justicia, entonces encabezado por Alberto
Ruiz-Gallardón, anunció en diciembre de 2012 su intención de
delegar en los registradores de la propiedad la gestión —no
la titularidad— del Registro Civil, llevado por jueces desde
el siglo XIX. Y abrió la puerta a que ciertos trámites
menores dejaran de ser gratuitos para el usuario.
En octubre de 2013, para frenar las protestas, Justicia
reculó y aseguró que todos los trámites del Registro Civil,
“sin excepción”, seguirían siendo gratuitos tras la cesión.
Se abrió entonces un conflicto entre el ministerio y el
Colegio de Registradores, que se negaba a asumir ese trabajo
sin cobrar nada a cambio.
En junio de 2014, Justicia rompió las negociaciones con el
Colegio y anunció que sería un pequeño grupo de
registradores mercantiles —no los de la propiedad, mucho más
numerosos— quienes llevarían el Registro Civil.
El 4 de julio el Gobierno aprobó por decreto el calendario
de cesión en varias fases, que se iniciaba en julio de 2015
y culminaría en enero de 2017. Ese es el calendario que
Justicia paralizó ayer.
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/24/actualidad/1429881309_943456.html
JUSTICIA PAGA A LOS REGISTRADORES POR GESTIONES QUE ANTES
HACÍAN GRATIS
El Gobierno da al Colegio cuatro millones por los
expedientes de nacionalidad
El Gobierno pagará cuatro millones de euros al Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que sigan
haciendo la gestión de los expedientes de nacionalidad que
ya tenían encomendada desde 2012, sin que hasta ahora
recibieran cantidad alguna. Esta resolución publicada el
martes en el Boletín Oficial del Estado se une a otras que
ha ido adoptando el Gobierno en esta legislatura para
incrementar los ingresos de los registradores de la
propiedad. Por ejemplo, creando nuevos aranceles y gestiones
obligadas en el registro para que incrementen sus ingresos.
El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
decidió encomendarles la gestión de los expedientes de
nacionalidad y del Registro Civil, pese a que no tenían nada
que ver con ello, y el actual, Rafael Catalá mantiene la
decisión. Su tesis es que son funcionarios y hubo compromiso
expreso de que esas gestiones no supusieran gasto para los
ciudadanos, ni para el presupuesto público. De hecho, según
admite Justicia, hasta ahora no habían recibido más dinero,
pese a que ya habían firmado dos acuerdos sucesivos para
realizar estas funciones para desatascar los expedientes de
nacionalidad. La versión oficial asegura que se trata de que
puedan hacer frente a inversiones para adaptar su capacidad
informática.
Estas decisiones han provocado protestas que se
materializarán el sábado en una manifestación en Madrid y en
iniciativas parlamentarias. Así, el diputado de IU Gaspar
Llamazares considera que se en la práctica se ha producido
una privatización del registro civil, que obliga a los
ciudadanos a pagar por gestiones que hasta hora eran
gratuitas y que, al tiempo, se compensa al cuerpo de
registradores por la pérdida de ingresos por la crisis.
Por eso, el diputado ha presentado en el registro del
Congreso preguntas para que el Gobierno explique el motivo
del pago de cuatro millones al Colegio de Registradores “por
la gestión de los expedientes de adquisición de la
nacionalidad que anteriormente no tenían coste adicional
alguno para el Estado”. Llamazares también pregunta por el
hecho de que el director general general de Registros y
Notarías, Javier Gómez Gálligo, que negocia este acuerdo con
el Colegio es, a su vez, registrador, con plaza en Las
Palmas de Gran Canaria.
El Congreso tramita la ley sobre el registro civil y el
Gobierno negocia con los registradores las enmiendas del PP
que establecen el pago por gestiones hasta ahora gratuitas.
De hecho, un documento de Justicia recogía exigencias y
aportaciones en ese sentido de los registradores.
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/08/actualidad/1428515633_780469.html
LOS CIUDADANOS PAGARÁN LA NUEVA GESTIÓN DEL REGISTRO CIVIL
El PP presenta enmiendas elaboradas por el colegio de
registradores mercantiles
El Gobierno aseguró que sería gratuito
El Gobierno está negociando con los registradores
mercantiles nuevos aranceles y nuevas gestiones por las que
los ciudadanos deben pagar para compensarles por asumir la
gestión del registro civil, según un documento interno del
Ministerio de Justicia. El Gobierno busca la forma de
retribuirles de forma encubierta a través de enmiendas al
proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil
que se tramita en este momento en el Congreso.
El anterior Gobierno promovió en 2011 un cambio legal que se
aprobó en el Congreso por unanimidad para desjudicializar el
registro civil. Dejó en el aire qué funcionarios asumirían
la gestión hasta que el anterior ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, decidió que serían los registradores
mercantiles los que asumieran esa función a pesar de que no
tienen nada que ver con ese cometido, con el compromiso de
no provocar encarecimiento o coste para los ciudadanos por
el uso de este servicio que ahora es gratuito.
Sin embargo, los registradores mercantiles exigieron
compensaciones que el actual titular de Justicia, Rafael
Catalá, busca cómo satisfacer. Son funcionarios, pero sin
salario público, con ingresos que dependen de sus gestiones
y, además, deben utilizar a más personal para hacerse cargo
de la gestión del registro civil. Por eso, las enmiendas que
estudia Justicia y que presentará el PP en los próximos días
han sido negociadas con el Colegio de Registradores, y en
los borradores se establecen nuevos cometidos que sí
costarán dinero a los ciudadanos. Por ejemplo, se establece
que los poderes y los registros de seguros deben ser
inscritos, trámite que hasta ahora no era necesario y por el
que cobrarán los registradores.
Fuentes de Justicia admiten que esas peticiones están
incluidas en un “documento interno de trabajo” que sirve de
borrador de las enmiendas y en el que se habla abiertamente
de mecanismos para que los ciudadanos paguen de forma
encubierta esa gestión del registro civil. Estas fuentes
aseguran que aún no hay nada decidido.
El borrador de enmiendas negociado con los registradores,
con membrete de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia,
contiene anotaciones como “hay que meter la vecindad civil
ya que puede ser una fuente de financiación”; “la
inscripción de poderes de las personas físicas y su
revocación es una posible fuente de financiación de la que
no se puede prescindir”; “se considera fundamental la
referencia a la constancia registral del domicilio registral
y la dirección a efectos y notificaciones ya que es una
posible fuente de financiación y por consiguiente
imprescindible para financiar el coste del registro civil” y
“el colegio considera fundamental la referencia al libro de
familia, por entender que es una posible fuente de
financiación y como tal irrenunciable”.
Es decir, se establecen gestiones nuevas referentes, por
ejemplo, a los libros de familia y a inscripciones no
existentes para que puedan tener más ingresos, a costa del
ciudadano que debe realizar esas gestiones. Otro ejemplo: se
obliga a inscribir el cese de los poderes notariales y el
año pasado, según datos oficiales, se firmaron casi un
millón en toda España.
En una de las enmiendas se especifica que “es fundamental”
el artículo que “da sanción legal a que reglamentariamente
puedan devengarse honorarios para aquellos asuntos de
carácter voluntario y que respondan al interés particular
del ciudadano (poderes, régimen económico, vencidad civil,
expedición libro de familia, expedientes de cambio de nombre
y apellidos de parejas de hecho). Es necesario buscar una
fuente de financiación”.
Para que quede claro, los registradores proponen añadir
entre las funciones del registro civil una más indeterminada
y abierta al futuro: “Cualesquiera otros hechos o actos
relativos a las personas físicas previstos en las leyes”. Y
añaden una disposición final: “Se habilita al ministro de
Justicia para aprobar en el plazo de tres meses desde la
publicación de esta ley en el BOE, los aranceles
correspondientes a la intervención de los registradores de
la propiedad y mercantiles respecto de los asuntos, actas,
escrituras públicas, expedientes, hechos y actos
inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo
dispuesto en esta ley”. Con ambos preceptos queda abierto
que puedan recibir más ingresos en los próximos años como
compensación.
Además, el Ministerio de Justicia ya ha dado pasos en los
últimos meses para lograr de forma discreta más fuentes de
ingresos para los registradores, coincidiendo con la
asunción de los registros civiles. Por ejemplo, una
instrucción publicada en el BOE el pasado 12 de febrero
obliga a registrar las actas y libros contables de las
empresas y un reglamento del registro mercantil con una
disposición transitoria que establece nuevas reglas
arancelarias.
Otro punto controvertido es que los registradores
mercantiles (120 en toda España) tendrán en su poder la
mayor base de datos de los ciudadanos que exista, porque
incluye residencia, situación familiar, propiedades,
hipotecas, etcétera. Es decir, será la mayor base de datos
unificada de España.
Los 120 registradores mercantiles, además, no tienen
implantación en toda España y, por tanto, el hecho de que
ellos asuman la gestión del registro civil generaría también
problemas en algunos lugares.
El Grupo Parlamentario Socialista registró el viernes la
petición de comparecencia del ministro de Justicia en el
Congreso, "para informar de los planes del Gobierno para
hacer exclusivos depositarios de la seguridad jurídica
preventiva en España al cuerpo de Registradores, así como la
forma en que tiene previsto financiar los servicios que cada
nueva Ley les encomienda, garantizar el mantenimiento de la
privacidad de datos muy sensibles incluidos en los diversos
registros y compatibilizar dicha exclusividad con los
derechos de los ciudadanos".
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/07/actualidad/1425749396_659282.html
EL COLEGIO DE REGISTRADORES PIDE A JUSTICIA QUE LE DEJE
COBRAR POR LOS LIBROS DE FAMILIA Y LOS TESTAMENTOS CUANDO
GESTIONE EL REGISTRO CIVIL
El ministerio mantiene que el servicio seguirá siendo
gratuito, pero aumentará los aranceles que ingresarán los
registradores mercantiles
El Colegio no quiere fijar turnos de guardia para los
fallecimientos y reclama que los notarios se encarguen de
las oficinas asesoras
El ministro Catalá (dcha.), con el decano del Colegio de
Registradores, Gonzalo Aguilera. El ministro Catalá (dcha.),
con el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo
Aguilera.
El Colegio de Registradores Mercantiles y de la Propiedad
lleva apenas un mes negociando con el Ministerio de Justicia
las condiciones en las que el primero se hará cargo de la
gestión del Registro Civil. Un asunto que hizo sacar los
cuchillos a los registradores y le costó el cargo al
anterior director general de los Registros y el Notariado,
Joaquín José Rodríguez. Fruto de esa negociación es un
borrador de las enmiendas que el PP va a presentar al
proyecto de ley de reforma del Registro Civil y que
contienen las propuestas formuladas por el Colegio de
Registradores.
Entre ellas, el cobro al ciudadano de algunos de los actos e
inscripciones en el Registro Civil que hasta ahora son
gratuitos. Así, el órgano colegiado pide a Justicia que le
deje cobrar por la expedición de libros de familia en
formato electrónico, por la inscripción y revocación de
poderes, por consignar la vecindad civil en los nacimientos
y por incluir el domicilio registral y la dirección para
recibir notificaciones o citaciones en procedimientos
judiciales.
Todos ellos son actos “voluntarios” a diferencia de
nacimientos o defunciones, por ejemplo, pero necesarios en
múltiples circunstancias legales o mercantiles. El Colegio
de Registradores, según deja claro en sus propuestas al
ministerio, los considera “irrenunciables” como “fuente de
financiación” del Registro Civil del que deberá hacerse
cargo como muy tarde el próximo 15 de julio.
También quiere el Colegio que se incluyan en el nuevo
Registro Civil dos registros más: los de actos de última
voluntad, donde se inscriben los testamentos, y los de
contratos de seguro de cobertura de fallecimiento. Ambos
dependen del Ministerio de Justicia. “El Colegio [de
Registradores] no puede renunciar a ellos, ya que serán uno
de los medios con que cuente para financiar el Registro
Civil”, explica el órgano en sus propuestas al ministerio.
“Parece”, añade el Colegio, “que está hablado con la
Subsecretaría [de Justicia] en la comisión mixta y está de
acuerdo (se mostró favorable al saber que esta incorporación
a la nueva plataforma estaba prevista en la Ley 18/2014
mediante orden del Ministerio de Justicia)”.
Esa ley ómnibus incluía, entre otras muchas y dispares
medidas, el traspaso de la gestión del Registro Civil a los
registradores de la propiedad y mercantiles. También
garantizaba que la prestación del servicio continuaría
siendo “gratuita, sin excepción de ningún tipo”. Y es ahí
donde vuelve a surgir la polémica.
“Engaño a la ciudadanía”
En abril de 2013 los registradores rechazaron en una
asamblea celebrada en Zaragoza –la tercera celebrada en toda
su historia– hacerse cargo del Registro Civil como era el
proyecto del anterior ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón. Desde luego, no lo querían si tenían que
financiarlo ellos de sus propios bolsillos: “Debe tener una
financiación suficiente y vinculada a la prestación de los
propios servicios del Registro Civil”. Los registradores,
aunque funcionarios, no cobran sus sueldos de los
Presupuestos del Estado, como el resto de los empleados
públicos, sino que viven de los aranceles que les pagan los
usuarios. El arancel, destacan, es la garantía de su
independencia de la Administración a la hora de calificar la
legalidad de los documentos.
Ese arancel, además, les supone unos ingresos cuantiosos.
Desde que se hizo público el proyecto de Ruiz-Gallardón, los
registradores han criticado que el ministerio ni siquiera
haya hecho un cálculo de los costes que supone gestionar el
Registro Civil, mientras insiste en su gratuidad. Algunos de
ellos consultados por infoLibre, no dudan en acusar a
Justicia de estar “engañando a la ciudadanía”. “Lo van a
pagar los usuarios”, aseguran.
Otros expresan su “desconcierto” ante las negociaciones que
está celebrando el Colegio con el ministerio. Le reprochan
su “falta de transparencia” y temen que haya cedido ante los
planteamientos del nuevo titular de Justicia. Rafael Catalá
echó abajo el proyecto inicial de su antecesor, hizo dimitir
al anterior director general de los Registros y dejó sin
efecto el concurso por el que ya se había adjudicado a Indra
y Telefónica el desarrollo de la plataforma electrónica
integral del nuevo Registro Civil. Pero sigue adelante con
su traspaso a los registradores mercantiles.
“No se va a aceptar ninguna propuesta de cobro”
Un portavoz del ministerio asegura a este periódico que las
propuestas del Colegio fueron discutidas en la comisión,
pero recalca que “no se va a aceptar ninguna que se aparte
del principio de gratuidad para el ciudadano”. Sólo van a
pasar el corte, continúa, “las relativas a la nueva
organización del Registro Civil”.
En cualquier caso, el Colegio de Registradores reconoce que
el cobro de los actos voluntarios “que respondan al interés
particular del ciudadano” le va a permitir obtener sólo “una
pequeña fuente de financiación”. Así que pide que se
determine posteriormente, en un reglamento, “la forma de
sufragar los costes de funcionamiento” del Registro Civil.
“Ya que no puede establecerse que el servicio sea sufragado
por el colectivo de los registradores vía colegio, por lo
menos hay que suministrarle a éste los medios para que se
mutualice el gasto entre todos los registradores”, y no sólo
entre aquellos a los que se encargue el Registro Civil. En
España hay un millar de registradores de la propiedad y un
centenar de mercantiles, todos ellos agrupados en un mismo
colegio. En principio, sólo estos últimos se van a encargar
del Registro Civil.
Independientemente de lo que finalmente decida Justicia
sobre el cobro de esos actos voluntarios, el proyecto de ley
habilita al ministro para que apruebe en tres meses nuevos
aranceles “correspondientes a la intervención de los
registradores de la propiedad y mercantiles respecto de los
asuntos, actas, escrituras públicas, expedientes, hechos y
actos inscribibles para los que resulten competentes
conforme a lo dispuesto en esta ley”.
Nacionalidad para los sefardíes
Aunque no será la única forma en que se va a sufragar el
coste del Registro Civil a cargo de los registradores. El
proyecto de ley para conceder la nacionalidad española a los
sefardíes incluye una tasa de 75 euros por tramitar cada
solicitud. Ese texto entró en el Congreso el pasado mes de
junio y se encuentra en trámite de ponencia y comisión. No
se refiere únicamente a los sefardíes que quieran ser
españoles, sino que regulará todos los procedimientos de
nacionalidad por residencia. Esos trámites se llevarán a
cabo a través de la misma plataforma electrónica con la que
gestionarán el Registro Civil los registradores mercantiles.
Sin embargo, Justicia explica que se ha eliminado la tasa de
75 euros. A cambio, los costes de tramitación se sufragarán
mediante aranceles. Según consta en una de las enmiendas
presentadas por el PP al proyecto de ley, el ministro fijará
su cuantía para calcular “los honorarios registrales
devengados por la tramitación de los expedientes y hechos
inscribibles previstos en esta ley”. Esos aranceles, sumados
los trámites notariales y los registrales, pueden superar
los 200 euros, calcula un registrador consultado por
infoLibre.
No quieren turnos de guardia, conflicto con los notarios
Queda por saber si el ministerio va a aceptar otras
reclamaciones formuladas por el Colegio. Por ejemplo, los
registradores rechazan el turno de guardia para inscribir
defunciones actualmente en funcionamiento en el Registro
Civil y se extiende a los 365 días del año. Quieren mantener
el mismo horario de apertura de los registros de la
propiedad hasta las cinco de la tarde de lunes a viernes .
“Hay que pensar que habrá bastantes registros de capital de
provincia servidos por un solo registrador que, por tanto,
no puede estar permanentemente vinculado a la oficina”, se
justifica el Colegio en su propuesta a Justicia.
También quiere que los notarios funcionen como “oficinas
colaboradoras”, a lo que estos profesionales se oponen. A
juicio de los registradores, las funciones asignadas a las
oficinas colaboradoras son “típicamente notariales: expedir
testimonios digitales de la documentación recibida para
remitirla a la oficina general [del Registro Civil]
competente y autorizar actas para documentar las
declaraciones de voluntad o de conocimiento en temas de
estado civil”. Además, destacan, la participación de las
notarías en el Registro Civil “ya está prevista a través de
la tramitación de los expedientes matrimoniales y de los
expedientes de nacionalidad de los sefardíes”. Y, concluyen,
“quedarse al margen de la nueva estructura del Registro
Civil supondría un criterio asimétrico en el que las
notarías participarían de los ingresos y no de los gastos”.
Pese a los cambios en el Ministerio de Justicia, los
registradores no las tienen todas consigo. El próximo lunes
la Asociación Francisco de Cárdenas, constituida en plena
guerra contra Ruiz-Gallardón, celebra una asamblea que se
prevé conflictiva. Esta asociación, que dio su “apoyo
crítico” al colegio el pasado diciembre, se encuentra ante
la tesitura de seguir respaldando a la actual junta de
gobierno o volver a las armas contra un modelo que, a su
juicio, no sólo “desnaturaliza” tanto el Registro Civil como
los registros mercantiles y de la propiedad, sino que
también “perjudica al interés público”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/26/los_registradores_piden_justicia_que_les_deje_cobrar_por_libros_familia_testamentos_cuando_gestione_registro_civil_28954_1012.html
RAJOY FAVORECE DE NUEVO A LOS REGISTRADORES AL APROBAR QUE
COBREN POR MÁS GESTIONES A EMPRESAS Y ASOCIACIONES
Las sociedades mercantiles deberán inscribir cada año sus
libros de comercio, en lugar de legalizar a priori “libros
en blanco” que 'rellenaban' durante varios ejercicios como
hasta ahora
El Gobierno proyecta aumentar más de 10 veces los aranceles
que cobran los registradores mercantiles
El Ministerio de Justicia sostiene que "no se encarecen los
procesos"
El Gobierno prepara un nuevo regalo para los registradores
mercantiles. Mientras negocia con el Colegio Oficial que
incluye a registradores mercantiles y de la propiedad el
polémico traspaso de la gestión del Registro Civil, hasta
ahora en manos de jueces y funcionarios judiciales, acaba de
aumentar el catálogo de actos por los que van a cobrar a los
ciudadanos. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, es
registrador de la propiedad en servicios especiales con
reserva de plaza desde hace 25 años.
Una instrucción del Ministerio de Justicia, con fecha del
pasado 12 de febrero, suprime los libros comerciales “en
blanco” que hasta ahora utilizaban las sociedades
mercantiles para “rellenar” con sus actos comerciales a lo
largo de los años. En su lugar, deberán inscribir, cada año
en los cuatro meses posteriores al cierrre del ejercicio,
“todas las actas de reuniones de los órganos colegiados,
incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único”.
La instrucción aplica el artículo 18 de la Ley de
Emprendedores, que obliga a las empresas a presentar todos
sus libros comerciales “telemáticamente” en el Registro
Mercantil en ese plazo. La norma también permite a las
sociedades “legalizar voluntariamente libros de detalle de
actas o grupos de actas formados con una periodicidad
inferior a la anual”.
Es decir, el Gobierno multiplica así el número de actos que
deberán inscribir las empresas y por los que los
registradores cobrarán a partir de ahora. Además, la
instrucción extiende la nueva “legalización de libros” a
“uniones temporales de empresas, fundaciones, asociaciones
de cualquier clase, comunidades de bienes y personas físicas
y jurídicas obligadas a llevar una contabilidad ajustada a
las prescripciones del Código de Comercio”. También amplía
el número de sujetos que acudirán a los registros.
El Ministerio de Justicia, por su parte, niega que la
instrucción “aumente los libros que deben legalizarse” o
amplíe los sujetos que deben legalizarlos. “Son los mismos
libros: los sociales (actas y socios) y los contables
(diario, inventario y cuentas anuales)”, explica, aunque
admite que desde ahora la legalización deberá ser “a
posteriori” y “al menos anual”. El departamento justifica
que se haya suprimido la legalización “a priori” de los
libros con hojas en blanco en que ésta “retrasaba la puesta
en marcha” de los nuevos negocios en 15 días. Asegura que
esa demora suponía un problema para la competitividad de la
economía española.
Además, el ministerio indica que las entidades que deben
presentar esos libros son ahora las mismas que antes: “Todas
las empresas que están sujetas al deber de contabilidad
establecido en el Título III del Libro I del Código de
Comercio”. Sin embargo, ese título sólo dice que “los
empresarios” deberán llevar una contabilidad “adecuada” y
las sociedades mercantiles, un libro o libros de actas. No
especifica más sobre los sujetos que deben acudir a los
registros mercantiles. Por ejemplo, las comunidades de
bienes carecen de personalidad jurídica y no hay obligación
de registrarlas. Pero ahora sí deben acudir al Registro
Mercantil para presentar sus libros, según la instrucción
del 12 de febrero.
Finalmente, Justicia rechaza que las nuevas medidas
encarezcan los procesos. Al eliminar el papel y la necesidad
de utilizar gestores, “los costes registrales son los del
antiguo arancel”.
Subida de aranceles
En todo caso, el Ejecutivo prepara una subida de los
aranceles que esos registradores mercantiles perciben por
sus notas y certificaciones. El proyecto de reglamento del
Registro Mercantil los equipara a los que cobran los
registradores de la Propiedad. La Ley de Emprendedores, en
vigor desde septiembre de 2013, también obligaba al Gobierno
a redactar ese reglamento en un plazo de seis meses, que ha
incumplido. Aún se encuentra “en fase de elaboración”,
explica el Ministerio de Justicia.
Según el borrador del proyecto, en cualquier caso, los
aranceles del Registro Mercantil suben. Y mucho. Por un
asiento de presentación, por ejemplo, se pasará de cobrar
0,3 euros a seis euros. Por las notas simples, de 0,6 a
nueve euros. Por las certificaciones, de 1,5 euros a 24. Por
los depósitos de cuentas el arancel se duplica, hasta los 72
euros. Según las fuentes consultadas, una sociedad mercantil
tiene que presentar una media de tres libros de comercio. Si
cada uno de ellos le supone un desembolso de 72 euros,
deberá pagar en el Registro Mercantil unos 226 euros. Hasta
ahora, bastaba con unos 20 euros.
En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de
Estadística, hay 3,12 millones de sociedades mercantiles.
Entre ellas, 1,13 millones de sociedades limitadas y 92.986
sociedades anónimas. También 111.771 comunidades de bienes
que, de acuerdo con la instrucción del 12 de febrero,
tendrán ahora que presentar sus libros en el Registro
Mercantil. En resumen, a razón de 226 euros por cada una de
ellas, los ingresos del centenar de registros mercantiles
que funcionan en España pueden aumentar unos 700 millones de
euros al año.
La guerra de los registradores
El traspaso del Registro Civil a los registradores
mercantiles y de la propiedad proyectado por el Gobierno
puso en pie de guerra a estos últimos, que se niegan a
gestionarlo si tienen que costear ellos su financiación. Su
rechazo frontal le costó el puesto el pasado mes de octubre
al anterior director general de los Registros y el
Notariado, Joaquín José Rodríguez, y a su equipo en el
Ministerio de Justicia. Pese a que tanto él como el resto de
los máximos responsables de la Dirección General son
registradores, el proyecto que elaboraron para reformar los
registros levantó ampollas entre sus colegas profesionales.
Éstos le reprochaban sus vínculos con Enrique Rajoy, hermano
del presidente del Gobierno y registrador de la Propiedad
como él mismo y su hermana Mercedes.
Los registradores también le acusaban de haber diseñado la
reforma para beneficiar a una empresa, Futuver Consulting,
mediante la adjudicación del sistema informático integrado.
A esa empresa la relacionaban de nuevo con Enrique Rajoy y
la asociación profesional de registradores Arbo. El concurso
no lo licitó el Ministerio de Justicia, sino el de Defensa,
a través de una empresa pública, Isdefe, en un procedimiento
negociado y sin publicidad.
Sin embargo, tras dimitir Alberto Ruiz-Gallardón, el actual
ministro de Justicia, Rafael Catalá, no tardó en anunciar
que renunciaba al proyecto de su antecesor para los
registros y que el Colegio de Registradores desarrollaría la
controvertida plataforma tecnológica. Poco después Joaquín
Rodríguez fue sustituido en la Dirección General por Javier
Gómez Gálligo, también registrador pero bien visto por el
Colegio.
Reforma a la medida
Desde entonces, una comisión mixta integrada por el
ministerio y el colegio negocian los términos en que los
registradores asumirán la gestión del Registro Civil. Fruto
de esas conversaciones son las47 enmiendas que el PP ha
presentado al proyecto de ley de reforma del registro civil.
En ellas se incluyen textualmente todas las reclamaciones y
matices que pide el Colegio de Registradores. Éstos siguen
sin querer el Registro Civil si asumirlo les supone un coste
adicional.
Justicia ha negado a infoLibre que se trate de las enmiendas
definitivas. “Son meras propuestas formuladas por el Colegio
de Registradores, que se han discutido en una comisión
interna del ministerio, pero que nada van a tener que ver
con las enmiendas definitivas que el propio ministerio vaya
a proponer al Grupo Parlamentario Popular”. Según añade, el
departamento “no va a aceptar ninguna de las propuestas que
se aparten del principio de gratuidad para el ciudadano
[...], salvo las relativas a la nueva organización del
Registro Civil”.
Los registradores, aunque funcionarios, no cobran de los
Presupuestos del Estado como el resto de los empleados
públicos, sino que viven de los aranceles que cobran a
ciudadanos y empresas por inscribir y certificar sus actos y
documentos. El Gobierno repite sin descanso que el Registro
Civil, una vez traspasado a los registradores mercantiles,
va a seguir siendo gratuito para los ciudadanos: ni va
cobrarles las inscripciones ni va a sustentarlo a través de
los Presupuestos Generales. Ahí es donde surge la incógnita
de cómo se va a financiar entonces un servicio que cuesta
120 millones de euros al año. Subir los aranceles que cobran
los registradores por su actividad “normal” sin duda
ayudaría a éstos a sufragar la tarea adicional que se les
quiere encomendar.
No es la primera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy
favorece a sus colegas de profesión. A través de la Ley de
Emprendedores ya les concedió 150 millones de euros en
nuevos ingresos. También les permitió dejar de trabajar los
sábados. Después, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, les
concedió, a ellos y a los notarios, funciones hasta entonces
reservadas a los jueces. Ahora pueden convocar la junta
general de las sociedades, constituir el sindicato de
obligacionistas y nombrar auditor para el examen de las
cuentas anuales. Cada una de esas nuevas competencias supone
un ingreso adicional para los registradores.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/24/el_gobierno_favorece_nuevo_los_registradores_ampliando_catalogo_gestiones_que_cobran_las_empresas_28798_1012.html
LOS REGISTRADORES REDACTARON LAS ENMIENDAS DEL PP POR LAS
QUE SE QUEDAN CON EL REGISTRO
La privatización de los registros civiles continúa adelante.
Y han sido los propios registradores que se beneficiarán del
cambio legal quienes han redactado las enmiendas del Grupo
Popular
¿Se pueden subcontratar las enmiendas que presenta un grupo
parlamentario a un proyecto de ley remitido por el Gobierno?
La respuesta es sí. Al menos, eso es lo que ha hecho el
Grupo Parlamentario popular a la hora de enmendar el llamado
proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el
ámbito de la Administración de la Justicia y del Registro
Civil, más conocido como el texto legal que pone en manos de
los registradores mercantiles y de la propiedad la gestión
de los registros civiles
¿Y quién ha elaborado las enmiendas? Pues ni más ni menos
que los propios beneficiarios: el Colegio de Registradores,
tal y como acredita un texto conocido por El Confidencial.
Lo paradójico es que esas enmiendas aparecen bajo un
documento oficial del Ministerio de Justicia. En concreto,
la Secretaría General Técnica, que es quien ha hecho llegar
al Grupo Parlamentario popular las enmiendas presentadas por
el Colegio de Registradores, y que ha asumido el Gobierno de
la a la z.
El documento tiene fecha del 12 de febrero, es decir, doce
días antes de que el próximo martes finalice el periodo de
enmiendas a un texto que ha tenido un tormentoso camino
legislativo con una veintena de ampliación del plazo para la
presentación de enmiendas, y que cuenta con la oposición no
sólo de todos los grupos parlamentarios o algunos Gobiernos
autonómicos, sino también de todo el ámbito de la justicia:
fiscales, jueces, notarios, secretarios judiciales y los
propios funcionarios de los registros civiles.
Pues bien, en la página 3 del bloque de enmiendas se puede
leer: “Se admite por el colegio la nueva redacción” (sic).
Otro párrafo anterior es igualmente ilustrativo sobre la
capacidad de influencia de los registradores a la hora
enmendar un texto legal.
El artículo 2 del proyecto de ley es el que establece la
existencia de un Registro de la Familia Real. Y lo que dice
la enmienda textualmente es que “se admite esta refundición
para incluir en el número cuatro el registro de la familia
real, pero el Colegio entiende que ha de suprimirse del
párrafo 2 del número 1 la palabra órdenes”.
El argumento que se da es que en el sistema anterior de
Registro Civil los encargados iban a ser funcionarios, pero
ahora, dice la enmienda enviada por Justicia al Grupo
Popular, “los registradores no nos relacionamos con la
administración mediante órdenes, ya que esto implica
dependencia jerárquica en la esfera administrativa, y lo que
se pretende es mantener el estatus del registrador dentro de
la Administración pública tal y como lo tiene actualmente
aunque ejerza las funciones de Encargado del Registro Civil.
Por tanto, sugiere, “la enmienda quedaría como sigue:…” Y a
continuación la especifica.
No acaba ahí el trabajo de los registradores. En total, son
103 folios de enmiendas elaboradas por el colegio bajo el
membrete del Ministerio de Justicia. Y en casi todas aparece
el mismo latiguillo: “Se admite por el Colegio….” Incluso en
alguna, como la que se refiere a la modificación del
artículo 7, se admite que “el colegio propone incorporar
íntegramente la enmienda” y que había sido suprimida
anteriormente. En otra enmienda lo que se dice es que “el
colegio considera muy importante suprimir del artículo 8.2
la palabra funcionarios. El argumento que se ofrece es que
“la palabra funcionario a secas podría permitir el acceso
ilimitado a ‘determinados funcionarios’ privados, lo cual
como ocurre con el Registro de la Propiedad no se considera
conveniente”. La enmienda, se dice, “quedaría en los
siguientes términos”... (sic).
Así hasta más de un centenar de modificaciones. En alguna de
ellas se habla de que “el colegio admite la modificación de
esta enmienda pero haciendo dos salvedades muy importantes”.
Mientras que otra se habla ya claramente de la necesidad de
su aprobación.
Se refiere al artículo 26 del proyecto de ley, y lo que dice
el texto es que “en opinión del colegio hay que meterlo sí o
sí”. Se argumenta que “no se puede admitir que las
instrucciones, resoluciones, etc. que dicte la Dirección
General tengan siempre carácter vinculante en todo caso”.
Información confidencial
La gestión por parte de los registradores mercantiles y de
la propiedad de la gestión del Registro Civil fue una
iniciativa del anterior ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, y el argumento que se da es que será más
eficaz. Según el Gobierno, la mitad de las quejas sobre el
funcionamiento de la justicia provienen del actual Registro
Civil, algo que rechazan de plano tanto los sindicatos de
Justicia como los grupos de la oposición, que consideran que
con su privatización este servicio público se convierte en
un negocio. Teniendo en cuenta, además, que gestiona
documento de carácter muy personal, como las últimas
voluntades.
El Registro Civil se encarga de inscribir los nacimientos,
matrimonios y defunciones. Igualmente, emite los siguientes
expedientes con un sistema de cita previa: nacionalidad y
vecindad, emancipación y la habilitación de edad,
modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o
declaración de éstas en concurso de acreedores,
declaraciones de ausencia o fallecimiento, y patria potestad
y tutela.
La tortuosa tramitación de la privatización de los registros
se manifiesta en el hecho de que en 2011 (con el anterior
Gobierno) se aprobó una ley que contó con el respaldo de los
grupos parlamentarios. Esa ley debía entrar en vigor tres
años después, pero al año el nuevo Gobierno la enmendó con
un Real Decreto Ley que es el que ahora quedará suprimido
con la nueva ley que tramita el Congreso.
Entre la ola de protestas contra la privatización se
encuentra el propio Consejo de Estado. El dictamen del
máximo órgano consultivo del Gobierno señaló que la
atribución a la citada Corporación de unas funciones y una
estructura típicamente colegiales, con aplicación supletoria
de la legislación de Colegios Profesionales, “supone una
lectura inconstitucional del mandato de la disposición
adicional vigesimoséptima del Real-Decreto-ley 8/2014, en
relación con el artículo 36 de la Constitución Española”. El
Consejo de Estado concluye que la normativa impulsada por el
Gobierno “se extralimita al pretender un ámbito de actividad
de la Corporación” al tiempo que denuncia la pretensión de
modificar normas legales de cara a la gestión integrada de
los registros civil y mercantil, tal y como pretende el
Ministerio de Justicia.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-22/los-registradores-redactaron-las-enmiendas-del-pp-por-las-que-se-quedan-con-el-registro_716252/
CC.OO DENUNCIA ANTE EL FISCAL GENERAL A RAJOY Y GALLARDÓN
POR NO INHIBIRSE EN LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS
CIVILES
El sindicato cree que
hay un conflicto de intereses porque el presidente y dos de
sus hermanos son registradores de la propiedad
También lo son la nuera y el cuñado del ministro de
Justicia, así como el director general de Registros
CCOO acusa a Justicia de beneficiar con un contrato a la
empresa de la que fue administrador otro registrador de la
propiedad
CCOO ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado al
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que éste dilucide si
ambos han cometido un delito al no inhibirse en el Consejo
de Ministros que aprobó encomendar los registros civiles a
los registradores de la propiedad y mercantiles. También ha
presentado una denuncia contra ambos en la Oficina de
Conflicto de Intereses, que depende del Ministerio de
Hacienda.
El sindicato considera que tanto Rajoy como Ruiz-Gallardón
han infringido la ley de 2006 que regula los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos
de la Administración. Ambos, asegura CCOO en su denuncia,
deberían haberse inhibido en la privatización de los
registros civiles porque la ley les obliga a hacerlo en los
asuntos “en cuyo despacho hubieran intervenido o que
interesen a empresas o sociedades en cuya dirección,
asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte
ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga
relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado
y en los dos años anteriores a su toma de posesión como
cargo público”.
Así, Mariano Rajoy es registrador de la Propiedad, en
situación de servicios especiales con reserva de plaza.
También lo son, y en activo, su hermana, María de las
Mercedes, y su hermano Enrique. Además, ejercen igualmente
como registradores de la Propiedad en Villalba (Lugo), la
nuera de Ruiz-Gallardón, María Teresa Touriñán Morandeira, y
en Las Palmas de Gran Canaria el cuñado del ministro, José
Antonio Utrera-Molina Gómez.
Además, el director general de los Registros y del
Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández, es registrador
de la propiedad en activo, así como titular del Registro
Mercantil de Zaragoza. Según destaca la denuncia de CCOO,
tanto el ministro de Justicia como el responsable de
Registros, han participado de forma “más que activa” en la
reforma que ha culminado con la privatización de los
registros civiles.
Actividades vedadas a funcionarios
No es éste el único delito que denuncia el sindicato.
También cree que Rodríguez Hernández y el registrador de la
propiedad de Lleida, Javier Angulo Rodríguez, han
intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos”
que la ley considera vedadas a funcionarios públicos. Se
refiere CCOO al hecho de que Angulo, que fue nombrado por
José Joaquín Rodríguez jefe del proyecto de gestión de
expedientes de nacionalidad en 2012, fue también en ese
tiempo administrador solidario de Futuver Rumania SRL. Esta
empresa es filial de Futuver Consulting SL, a la que
contrató el Colegio de Registradores la aplicación
informática que lleva a cabo la gestión de expedientes de
nacionalidad a cargo de Angulo Rodríguez.
El sindicato reproduce la información que reveló el pasado
mes de julio el diario digital 20minutos.es, según el cual
el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a
Futuver por la aplicación, que pretendía resolver un atasco
de casi medio millón de expedientes sin tramitar. Tras la
publicación, Javier Angulo envió una carta a dicho organismo
para que éste rectificara el relato del digital. Angulo
Rodríguez niega haber simultaneado su cargo en Futuver
Rumania y su puesto en la Dirección General de Registros.
Dice que no le nombró su responsable y que allí trabaja en
comisión de servicios. También asegura que su trabajo se
limita a “proponer medidas para modernizar los registros”. Y
que Futuver Rumanía, que se dedica a proyectos de turismo y
energías renovables, no es filial de Futuver Consulting:
“Sólo ostentó una participación minoritaria en su
constitución”. Además rebaja el precio de la aplicación
hasta los 600.000 euros.
El sindicato señala también que Javier Angulo es actualmente
socio y administrador único de la empresa Consultoría de
Análisis e Inversiones para Rumanía SL, “por lo que hay que
presumir que ha cesado como jefe de proyecto de gestión de
expedientes de nacionalidad”.
Confidencialidad en peligro
CCOO añade otro elemento de sospecha: tanto Rajoy como sus
familiares y los de Ruiz-Gallardón, además del director
general de los Registros, pueden resultar beneficiados de la
privatización decidida por el Gobierno. En el caso del
primero y del último, puede darse el caso de que regresen a
su plaza cuando abandonen sus cargos.
En la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, el
sindicato incluye un posible delito adicional: los empleados
de los registros de la propiedad y mercantiles no son
funcionarios –son contratados por los registradores– por lo
que “se corre el riesgo cierto de que los datos, altamente
sensibles, contenidos en el Registro Civil, sean manejados,
alterados, modificados y utilizados por personas de la
esfera privada”.
Todos en contra: desde los registradores hasta los
funcionarios
La privatización de los registros civiles ha constituido una
batalla larga –el anteproyecto fue aprobado por el Consejo
de Ministros a finales de 2012– y nada pacífica. La
iniciativa de Ruiz-Gallardón de ceder su gestión a los
registradores de la propiedad y mercantilesno fue del agrado
de ninguno de los implicados: ni siquiera de los propios
registradores, pero tampoco de los jueces, los secretarios
judiciales y los funcionarios de Justicia.
Los primeros no querían hacerse cargo, gratis, de un trabajo
adicional. Porque la intención del ministro era ahorrar 450
millones de euros y que los trámites siguieran siendo
gratuitos para los ciudadanos. Los registradores son
funcionarios porque acceden al puesto mediante oposición,
pero sus ingresos no proceden de los Presupuestos Generales
del Estado, sino que se financian con las tasas que cobran a
los usuarios de su servicio.
Tal fue la controversia que en las últimas elecciones a la
presidencia del Colegio de Registradores ganó la candidatura
que se oponía a hacerse cargo de los registros civiles. En
la lista perdedora se presentaba la nuera de Ruiz-Gallardón.
La votación no hizo más que reproducir el rechazo a la
medida que ya habían manifestado el 80% de los registradores
en una asamblea celebrada en 2013.
Los funcionarios, por su parte, clamaron desde el principio
contra la privatización de un servicio con el que se
pretendía compensar, decían, a los registradores por el
perjuicio que les va a ocasionar la liberalización de
actividades profesionales obligada por la Unión Europea, y
por la caída de ingresos que les ha causado el estallido de
la burbuja inmobiliaria. Además, temían por la
confidencialidad de los datos que manejan los registros y
por el futuro de los 2.500 interinos que trabajan en los
registros civiles.
Los secretarios judiciales, finalmente, se ofrecieron a
hacerse cargo de los registros, una posibilidad que Justicia
ni siquiera tomó en consideración.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/09/09/ccoo_denuncia_ante_fiscal_rajoy_gallardon_por_inhibirse_privatizacion_los_registros_civiles_21263_1012.html
“¿POR QUÉ DESDE 1990 D. MARIANO RAJOY BREY NO HA PEDIDO
NUNCA LA EXCEDENCIA DE SANTA POLA PARA QUE SU PLAZA SALIESE
A CONCURSO?”
Llamazares presenta una batería de preguntas en el Congreso
sobre la 'eternización' del Presidente como funcionario
registrador en excedencia, y el Gobierno responde, una vez
más, mirando para otro lado
“¿Considera el Gobierno que un funcionario que desde 1990
gestiona de forma ininterrumpida un Registro de la propiedad
sin ser titular del mismo, entra dentro de la definición de
“registrador accidental permanente” según el cuadro legal de
sustituciones de la Dirección General de Registros y del
Notariado?“. Esta es una de las diversas preguntas que, no
sin ironía, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar
Llamazares presentó hace ya seis meses en el Congreso
interesándose una vez más por la ‘peculiar’ situación
profesional del presidente del Gobierno, registrador de la
propiedad además de político. Y cuya contestación no le ha
llegado hasta ahora.
La incongruente figura de “registrador accidental
permanente”
En ELPLURAL.COM les hemos venido informando de las
interrogantes que desde siempre han venido planteándose
sobre la relación laboral de Mariano Rajoy con respecto a la
plaza que ocupa como registrador de Santa Pola en ‘situación
de servicios especiales’. Una relación de ‘excedencia’ que
ha tomado carácter de cuasi permanente, y que disfruta
gracias a una modificación de la ley que él mismo impulsó
cuando era ministro de Administraciones Públicas.
Gaspar Llamazares, que ya con anterioridad se había
interesado por este asunto, encabezó la batería de sus
preguntas dirigidas a la mesa del Congreso de los Diputados,
tachando de “incongruente la figura de “registrador
accidental permanente”" en la que vive Mariano Rajoy.
32 años de registrador, 30 en servicios especiales
En su escrito Llamazares enmarcaba la insólita situación:
“desde que D. Mariano Rajoy ocupó su primer cargo público en
1981 hasta hoy han transcurrido 32 años, de los que 30 ha
estado en servicios especiales y sólo dos llevando
efectivamente un registro”. Y recordaba cómo en esas tres
décadas largas, Rajoy pasó como titular, aunque no
ejerciente dada su dedicación política, por los registros de
Padrón, Berga, Elche-4 y Santa Pola.
En este último caso, como recuerda Llamazares, “desde 1990
con su titular en servicios especiales y que está gestionado
por una persona que a su vez acumula los puestos de
registrador titular en Elche y “registrador accidental
permanente” en Santa Pola”. Una situación que le llevó a
hacer preguntas como la ya apuntada, o estas otras: “¿Por
qué desde 1990 D. Mariano Rajoy Brey no ha pedido nunca la
excedencia como registrador de Santa Pola, de forma que su
plaza saliese a concurso?“, y también “Piensa el Gobierno
promover la reforma del Reglamento Hipotecario para acabar
con la incongruencia de que un nombramiento “accidental” sea
“permanente“?.
El Gobierno ha venido a decir, pregunta lo que quieras,
respondo lo que me da la gana
Como ‘re-fraseando’ aquel título absurdo de la película “No
me chilles, que no te veo”, el Gobierno ha respondido por
escrito, y a través de la mesa del Congreso, a Gaspar
Llamazares con una especie de “pregunta lo que quieras, que
yo responderé lo que me dé la gana”. Es decir, no contesto
tus preguntas.
La contestación, o la ‘no contestación’, del gabinete de
Moncloa se comenta por sí misma: “Don Mariano Rajoy se
encuentra desde la fecha señalada en la pregunta en
situación de servicios especiales, de conformidad con la
legislación aplicable al efecto. El motivo de ello es, o ha
sido, su elección como miembro de las Cortes Generales en su
condición de Diputado o su designación como miembro del
Gobierno…”.
Rajoy va a seguir perpetuándose como “registrador accidental
permanente”
Amablemente, la oficina de Llamazares en el Congreso hablar
de que “el Gobierno despacha con breves explicaciones las
preguntas que registró hace seis meses”. Pero lo cierto es
que, de la ‘no respuesta’, lo que se puede concluir es que
no parece que el Presidente del Gobierno tenga la más mínima
intención de seguir perpetuándose como “registrador
accidental permanente”, sin permitir que la plaza que ocupa
salga a concurso, y favoreciendo así que otro registrador
continúe sumando, lleva ya así 24 años, a su plaza en Elche,
la plaza de Santa Pola.
http://www.elplural.com/2014/04/08/por-que-desde-1990-d-mariano-rajoy-brey-no-ha-pedido-nunca-la-excedencia-de-santa-pola-para-que-su-plaza-saliese-a-concurso/
EL GOBIERNO ADMITE QUE NOMBRÓ CONSEJERO DE LA SAREB AL
REGISTRADOR QUE HEREDÓ LA PLAZA DE RAJOY
Justifica que el presidente no haya informado de su
situación respecto a su plaza de registrador en las
declaraciones de bienes que presenta en el Congreso porque
se trata de una "situación administrativa"
Sostiene que Rajoy no está "en excedencia" sino en situación
"de servicios especiales" y que no cobra por seguir siendo
titular del registro de Santa Pola
El Gobierno ha admitido que nombró consejero de la Sareb a
la persona que el ahora jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy,
eligió para sustituirle como interino en el Registro de la
Propiedad de Padrón (A Coruña), en 1982. Se trata de
Celestino Pardo quien, según subrayan desde Moncloa, cumplía
con los requisitos que establece la ley para convertirse en
consejero del conocido como banco malo.
Esta es una de las respuestas que ha remitido el Gobierno al
portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA),
Gaspar Llamazares, quien hace seis meses registró una
batería de preguntas sobre varios asuntos relativos a la
plaza que Rajoy conserva en el registro de Santa Pola
(Alicante).
Una de las cosas que preguntaba el diputado de IU era qué
méritos justificaron el nombramiento como consejero de la
Sareb de la misma persona que Rajoy propuso para sustituirle
en Padrón. El Ejecutivo le contesta que procedió al
nombramiento de Pardo para ese puesto porque se ajustaba a
los requisitos legales.
Según ha denunciado IU a través de una nota de prensa el
Gobierno ha "despachado" con "escuetas explicaciones" de
"uno o dos párrafos", casi todos de "un par de líneas", la
mayoría de las preguntas planteadas por Llamazares, pese a
que a tardado seis meses en contestarlas
El Gobierno, por ejemplo, responde que Rajoy "no tuvo en
ningún momento conocimiento del modo y lugar de custodia del
expediente relativo a su vida administrativa" a la pregunta
de si el presidente supo, cuando era ministro den 2001 que
el entonces jefe del Ejecutivo, José María Aznar, trasladó
esa documentación a un "archivo secreto".
Además, Moncloa hace varias aclaraciones a Llamazares. En
primer lugar que Rajoy no está "en excedencia" como el
diputado de IU afirmaba en sus escritos, sino en situación
"de servicios especiales", y que no cobra por seguir siendo
titular del registro de Santa Pola.
"En el caso del Registro de la Propiedad de Santa Pola, el
registrador titular se encuentra en situación de servicios
especiales con reserva de plaza. Al frente del mismo se
encuentra un registrador accidental permanente, sin que el
titular perciba retribución por este concepto, de acuerdo
con el Reglamento Hipotecario", argumenta textualmente el
Ejecutivo.
También justifica que Rajoy no haya especificado su
situación de servicios especiales en las declaraciones de
bienes que presenta en el Congreso desde que es diputado
porque se trata de una "situación administrativa y como tal"
no tenía por qué hacerlo.
Llamazares también preguntó si Rajoy había incumplido
preceptos legales al combinar su condición de registrador y
cargo político, como el que obligaba a los registradores a
residir en "la capital del registro" y ausentarse de ella
únicamente con autorización ministerial.
Desde el Ejecutivo se garantiza que el ahora presidente del
Gobierno "se ha ajustado siempre a la legislación aplicable
al efecto, tanto en lo relativo a su situación
administrativa por razón de puesto o cargo desempeñado en
cada momento, como en la percepción de la retribución
correspondiente".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/04/08/el_gobierno_admite_que_nombro_consejero_sareb_registrador_que_heredo_plaza_rajoy_15562_1012.html
LUZ VERDE A LA MOVILIZACIÓN CONTRA GALLARDÓN POR PRIVATIZAR
EL REGISTRO CIVIL
Los sindicatos aseguran que "no escatimarán ninguna medida
de presión" en toda España.
Piden a los registradores que rechacen la propuesta
unilateral de Justicia
Los sindicatos CSI-F, CCOO, UGT y STAJ han acordado esta
mañana dar luz verde a la "contestación social" y "medidas
de presión" contra la decisión del Ministerio de Justicia de
privatizar el Registro Civil al entregar su gestión al
Colegio de Registradores, tal y como anunció la semana
pasada el decano, Gonzalo Aguilera, al resto de colegiados
tras una reunión con el Departamento de Alberto
Ruiz-Gallardón.
Según las organizaciones, la privatización de los registros
supone un "despilfarro de medios materiales (más de 182
millones de euros), de experiencia y formación de los
funcionarios de Justicia o del potencial" de ese personal,
que además, alertan, se expone a que los "concursos de
traslados" se vean afectados, a "despidos de interinos y
movilidad forzosa de titulares, a amortización de plazas,
restricción de la promoción interna, devaluación de sus
funciones o pérdida de características esenciales".
El CSI-F (sindicato mayoritario en el sector de la Justicia)
ha informado en una nota sobre la reunión de las
organizaciones, que en un primer paso, ha hecho "hoy un
llamamiento al conjunto de los trabajadores del Registro
Civil para impedir in extremis que el Ministerio de Justicia
lleve al Consejo de Ministros la privatización del Registro
Civil". Además, los sindicatos pretenden "intensificar de
manera progresiva las medidas de presión a lo largo de los
próximos días", incluyendo concentraciones todos los jueves
frente a las puertas de los registros civiles de toda
España.
El CSI-F ha pedido una "reunión urgente" con los
responsables del Ministerio para abordar este asunto, aunque
aún no han obtenido respuesta. Mientras ésta no se produzca,
aseguran las organizaciones, las medidas se ejecutarán "con
toda la contundencia y la fuerza que nos da nuestra
representación entre los funcionarios de Justicia", porque
los empleados públicos, advierten, "no están dispuestos a
asistir como convidados de piedra a una nueva maniobra del
ministro de Justicia que supone la mercantilización de su
puesto de trabajo".
Llamamiento a la sociedad civil y a los registradores
Los sindicatos quieren hacer extensiva la protesta a la
sociedad civil, "en todos los ámbitos". Para ello, han
iniciado contactos con el conjunto de los operadores
judiciales (asociaciones de jueces, fiscales, abogados o
secretarios judiciales) y con los grupos parlamentarios. En
este sentido, el CSI-F engloba en su estrategia de
movilización la pregunta que mañana jueves, el PSOE
trasladará al ministro Ruiz-Gallardón, instándole a
responder "si le queda algún recorte por efectuar en los
derechos y libertades de los ciudadanos".
Los sindicatos quieren promover también la oposición de los
alcaldes al proyecto de Gallardón, a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el
PP en la persona del alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna. Las organizaciones recurren a los entes municipales
al entender que "esta privatización puede dejar a los
ciudadanos de los municipios más pequeños sin el servicio de
registro que se presta a través de los Juzgados de Paz". Una
campaña informativa y de concienciación dirigida a los
ciudadanos constituye otra pata de la movilización sindical.
Por último, el sindicato ha pedido en una carta al decano
del Colegio de Registradores que "rechace" el plan de
Gallardón porque la asunción de competencias está
condicionada a la "financiación pública, la existencia de
consenso parlamentario y consenso social sobre el nuevo
modelo", algo que, según las organizaciones, "no existe, en
gran parte, porque el Ministerio de Justicia no se ha
dignado a contestar a las propuestas alternativas
presentadas" presentadas por sindicatos y organizaciones.
http://www.publico.es/politica/502823/luz-verde-a-la-movilizacion-contra-gallardon-por-privatizar-el-registro-civil
EL COLEGIO DE REGISTRADORES INFORMA A SUS AFILIADOS QUE
GESTIONARÁ EL REGISTRO CIVIL
CSIF tacha el
cambio de "privatización" y Justicia asegura que los
trámites seguirán siendo gratis
El decano del Colegio de Registradores de la Propiedad,
Gonzalo Aguilera, remitió ayer una carta a todos sus
afiliados (un millar en toda España) en la que comunica que
el Ministerio de Justicia ha adoptado ya la decisión de
asignar a los registradores de la propiedad la gestión de
los registros civiles. Según apunta en la misiva, “esta
decisión se hace con plena capacidad auto-organizativa del
Colegio de registradores en los aspectos relativos a la
organización territorial, material y tecnológica del
Registro Civil”.
“Esta noticia nos fue comunicada la tarde del lunes”, indica
en su escrito Aguilera, quien ya ha mantenido una reunión en
el ministerio “para iniciar las conversaciones y
negociaciones relativas a todos los aspectos normativos,
materiales y organizativos para la asunción de esta nueva
competencia que tendremos los registradores”. El decano de
los registradores desvela además que la intención de
Justicia es la de "reconsiderar" la demarcación registral y
que presentarán una nueva propuesta . "Lo mismo cabe decir
respecto del tema del registro electrónico, que será
diseñado, desarrollado y gestionado íntegramente por el
Colegio de Registradores", añade.
Fuentes de Justicia han confirmado que existe un principio
de acuerdo aunque aún no está cerrado. E insistieron en que
no puede hablarse de privatización porque "todos los
trámites" que ahora realizan los funcionarios judiciales en
el Registro Civil seguirán siendo gratuitos, tanto los que
gestionan actualmente como los que les pudieran ser
asignados en un futuro.
Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),
el traspaso de competencias sí “supone la privatización de
un servicio público, financiado por los ciudadanos, que
lleva funcionando de manera eficaz desde 1870 y deja en el
aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de
toda España”. Por ello, CSIF está valorando medidas de
presión “para intentar frenar una medida injusta”. El
Ministerio de Justicia ha replicado que esos puestos de
trabajo están "garantizados" y que nadie será despedido.
El anuncio de Justicia de dejar en mano de los registradores
(un tipo de funcionario público pero con despacho privado y
tarifas) la inscripción de nacimientos, defunciones,
matrimonios y divorcios, entre otros, provocó una fuerte
polémica hace un año que el propio ministerio quiso atajar
asegurando que la gestión del Registro Civil seguiría siendo
pública” y que los trámites “obligatorios” para todos los
ciudadanos seguirían siendo gratuitos. El pasado octubre, y
tras mantener aparcado el anteproyecto durante meses,
Justicia explicó a este periódico que había renunciado
definitivamente a cualquier tarifa y que todos los servicios
del nuevo Registro Civil seguirán siendo gratuitos.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/13/actualidad/1392294016_848614.html
30.000 EUROS DE CONDENA POR OPINAR QUE RAJOY SE REPARTE LOS
INGRESOS DEL REGISTRO CON SU SUSTITUTO
El
abogado José Luis Mazón deberá pagar esa cantidad a
Francisco Riquelme, amigo del presidente del Gobierno que le
lleva el Registro de Santa Pola desde hace 13 años
La jueza considera irrelevante saber si realmente Rajoy
percibe algún ingreso del Registro. Por ello, no admitió
ninguna prueba de Mazón "para acreditar la veracidad de sus
opiniones"
Una jueza de Murcia ha condenado al abogado José Luis Mazón
a pagar 30.000 euros de multa por opinar que Mariano Rajoy y
su sustituto en el Registro de la Propiedad de Santa Pola
(Alicante) tienen un "apaño" para repartirse los ingresos.
La jueza no admitió ninguna de las pruebas presentadas por
Mazón "para acreditar la veracidad de sus opiniones".
Los hechos se remontan a enero de 2012, cuando José Luis
Mazón concedió dos entrevistas al periódico La Opinión de
Murcia y a la revista Atlántica XXII, hablando sobre las
relaciones entre Rajoy y su amigo Riquelme. En el primero
declaró su sospecha de que, "unidos por su amistad", ambos
"pudieron llegar a un acuerdo" para que Riquelme constase
como registrador pero Rajoy continuase "percibiendo parte de
su sueldo". En la segunda, Mazón manifestó lo siguiente: "Yo
creo que ha hecho algún apaño con Riquelme. ¿Rajoy le ha
regalado a su amigo toda la fortuna que le correspondía
durante todos estos años?".
José Luis Mazón se refería a la peculiar situación que tiene
el presidente del Gobierno, que es titular del Registro de
Santa Pola desde el año 1987, aunque desde marzo de 1990
ocupa la plaza Riquelme en calidad de sustituto. El pasado
mes de septiembre, infoLibre desveló el expediente que
permanecía oculto del registrador Rajoy.
Las declaraciones de Mazón llevaron a Riquelme a presentar
una demanda contra el abogado murciano en la que reclamaba
una indemnización de 100.000 euros por intromisión en su
derecho al honor.
LA ARGUMENTACIÓN DE LA JUEZA
La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 10 de
Murcia, Carmen Mérida Abril, explica en su sentencia que es
necesario distinguir entre información y opinión: a la
primera se le impone constitucionalmente la exigencia de
veracidad, requisito que no se pide a la segunda. Pues bien,
la jueza considera que las declaraciones de Mazón no
contienen "ningún elemento informativo", de forma que el
objeto del proceso "lo será exclusivamente la adecuación del
contenido de las opiniones emitidas por el demandado en el
ejercicio de la libertad de expresión, que no de
información, que al no quedar sometida al canon de veracidad
justificó la inadmisión de toda la prueba propuesta por el
Sr. Mazón preordinada a acreditar la veracidad de sus
opinions o juicios de valor".
En otras palabras: la jueza considera irrelevante saber si
realmente Rajoy percibe algún ingreso del Registro de Santa
Pola a la hora de decidir si las palabras de Mazón violan el
derecho al honor de Riquelme.
Una vez acotado el terreno de juego, la jueza concluye que
las opiniones de Mazón supusieron un "manifiesto descrédito"
para la "integridad personal y profesional" de Riquelme. "El
mensaje es claro –razona en la sentencia–. Amistad entre el
Sr. Rajoy y el actor, supuesta cesión de los derechos de la
titularidad de registro público a favor del amigo, acuerdo
privado entre partes para decidir sobre el destino de una
plaza pública e indebida percepción de sueldo por parte del
cedente".
La jueza da a entender que, si las palabras de Mazón se
hubiesen referido a Rajoy, el fallo hubiese sido otro. "Es
innegable que cualquier manifestación que afecte a la
actividad pública del presidente del Gobierno es de interés
general [...]. Pero resultan en todo punto innecesarias las
acusaciones vertidas frente al actor si lo que se quería era
criticar o poner en tela de juicio la situación
administrativa de don Mariano Rajoy".
En consecuencia, la jueza condena a Mazón al pago de 30.000
euros –frente a los 100.000 que pedía Riquelme– y a la
publicación del fallo en los dos medios donde realizó las
declaraciones. La sentencia es recurrible en apelación ante
la Audiencia Provincial de Murcia. Mazón confirmó ayer a
infoLibre que presentará el recurso en los próximos días.
EL REGISTRADOR RAJOY
El presidente del Gobierno se ha negado sistemáticamente a
aclarar su situación como registrador. Este periódico
desveló que, al menos entre 1981 y 1985, Rajoy cobró como
cargo público de la entonces Alianza Popular y como
registrador. Al conseguir su primer escaño, Rajoy tenía dos
opciones legales: pedir la excedencia como registrador, con
lo que su plaza saldría a concurso, o acogerse a la norma
que le permitía recibir una parte de los honorarios
registrales al tiempo que percibía retribuciones como
diputado. Y optó por la segunda opción.
En 1984 se aprobó la Ley de Reforma de la Función Pública,
que prohibía que un cargo público pudiese percibir también
cualquier retribución relacionada con el puesto como
funcionario que desempeñaba hasta su elección. Pero, en
realidad, hasta el año 1998 existió legislación contrapuesta
en el caso de los registradores. En esa fecha se retocó el
Reglamento Hipotecario para dejar claro que los
registradores interinos cobrarían "la totalidad de los
honorarios" de un registro, sin tener que ceder una parte de
sus ingresos a los titulares de la plaza ¿Recibió Rajoy
ingresos, entre 1990 y 1998, del Registro de Santa Pola
mientras cobraba como diputado en las Cortes? El presidente
del Gobierno siempre se ha negado a aclararlo, lo que
lógicamente ha incrementado las sospechas al respecto.
Pero no es el único aspecto llamativo sobre el registrador
Rajoy que descubrió infoLibre. En los últimos 32 años, Rajoy
sólo ha sido registrador en ejercicio durante dos, mientras
que en los otros 30 ha estado en servicios especiales pero
manteniendo su plaza de titular de un registro. Pues bien,
ese bienio, de 1987 a 1989, incumplió su obligación legal de
residir en la localidad donde estaba el registro. Rajoy
vivía en Galicia, donde desarrollaba una intensa vida
política, pero trabajaba oficialmente a más de mil
kilómetros, en la localidad alicantina de Santa Pola.
Una historia, la del registrador Rajoy, que también tiene
casualidades llamativas. En 1990, cuando había sido elegido
diputado, propuso que el sustituto en el Registro de Santa
Pola fuese su amigo Francisco Riquelme. Pues bien, el 20 de
febrero de aquel año, la víspera de que Rajoy pidiera al
Ministerio de Justicia que su amigo se quedase con el
registro de Santa Pola, Riquelme constituyó una empresa
denominada Inlimur. Con fincas en la localidad murciana de
Abanilla, ha multiplicado por 20 su capital social desde
entonces: pasó de 90.000 euros a 1,8 millones. Rajoy tampoco
ha aclarado si tiene o ha tenido algún vínculo, de forma
directa o indirecta, con dicha empresa.
Todo lo relacionado con la situación administrativa de Rajoy
ha estado marcado por la opacidad desde hace años. Y no sólo
porque el presidente del Gobierno se niegue a ofrecer
cualquier dato. En 2001, el Gobierno de José María Aznar dio
instrucciones a la Dirección General de los Registros y del
Notariado del Ministerio de Justicia para esconder en un
“archivo de seguridad” el expediente de Rajoy como
registrador de la propiedad.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/12/04/30_000_euros_condena_por_opinar_que_rajoy_reparte_los_ingresos_del_registro_con_sustituto_10584_1012.html
GALLARDÓN
CONCEDE A NOTARIOS Y REGISTRADORES EL NEGOCIO DE LAS BODAS
El ministro de
Justicia anuncia que los notarios podrán tramitar bodas y
divorcios de mutuo acuerdo a cambio de una tasa
Rajoy no se ha
inhibido en la discusión sobre la ampliación de funciones
para los registradores de la propiedad
El Gobierno ha
decidido ampliar el negocio de notarios y registradores de
la propiedad para que se ocupen de asuntos que hasta ahora
tramitaban los jueces y secretarios judiciales. El Consejo
de Ministros ha estudiado la propuesta para que algunos
asuntos de familia y de derecho civil y mercantil pasen a
manos de estos funcionarios. Según el titular de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, la única intención es "descargar a
la Justicia de trámites que quitan tiempo a los jueces" y no
abrir una puerta al beneficio económico de ningún colectivo.
Casarse ante
notario costará 95 euros, pero todavía no está claro cuánto
costará un divorcio, aunque tendrá que ser siempre de mutuo
acuerdo y cuando la pareja no tenga hijos menores.
El ministro de
Justicia ha defendido que los notarios "también son
funcionarios" y que, con estos cambios, "todo queda dentro
de lo público", por lo que no se puede hablar de la
privatización del servicio. Quien quiera casarse gratis en
el Registro Civil podrá seguir haciéndolo. En el caso de los
ayuntamientos, cada uno establece un precio y algunos lo
hacen de forma gratuita. El coste de 95 euros para los
matrimonios es "asumible", según Gallardón, quien precisó
que no es "un negocio jurídico que se practique mucho a lo
largo de la vida". Los notarios podrán desplazarse fuera de
sus oficinas para celebrar las bodas donde lo requieran los
contrayentes.
El hecho de que
la discusión afecte a la profesión de Mariano Rajoy, con
plaza como registrador de la propiedad, no ha provocado que
el presidente se haya abstenido en el Consejo de Ministros.
Para justificarlo, Gallardón ha afirmado que él no podría
seguir siendo ministro de Justicia si tuviera que abstenerse
en muchas ocasiones "por ser fiscal de carrera". La plaza de
registrador de Rajoy no comporta, según el ministro, que el
presidente pueda obtener "ningún beneficio personal" con
esta decisión.
Los
beneficiarios de la justicia gratuita también pagarán en
caso de necesitar a un notario o un registrador, aunque
tendrán un descuento del 80% del coste.
El informe
previo contempla que los registradores de la propiedad se
hagan cargo de trámites de expedientes registrales que hasta
ahora recaían en el ámbito del derecho civil y mercantil. El
anteproyecto pretende que a partir de esta reforma puedan
ocuparse de convocar juntas generales de sociedades o
nombrar auditores para el examen de las cuentas anuales,
entre otras atribuciones.
El precio de un
divorcio ante notario no está fijado de momento, aunque
fuentes de Justicia dan por hecho que saldrá mucho más
barato que hacerlo por el juzgado, ya que los cónyuges se
ahorrarán el pago de abogados y procuradores.
Además de esta
propuesta, Justicia también cambiará el Código Civil para
elevar la edad mínima para contraer matrimonio. Hasta ahora,
el límite de edad es de 14 años, pero el Gobierno quiere que
sea los 16 años.
www.diario.es 31.10.13
EL GOBIERNO DICE QUE RAJOY SIEMPRE HA SIDO “AJENO” A LO OCURRIDO CON
SU EXPEDIENTE COMO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
El Ejecutivo contesta a IU que el historial del presidente como
funcionario "ha obrado" en los archivos del Ministerio de Justicia
pero evita confirmar o desmentir su traslado en 2001 a un fichero de
seguridad
La respuesta oficial deja de nuevo en el aire hasta cuándo
simultaneó Rajoy sus ingresos como cargo público con los de los
registros que fue teniendo a su cargo y se limita a repetir que el
presidente "se ha ajustado en todo momento a la legislación
aplicable"
Las preguntas esenciales sobre cómo compaginó a partir de 1981
Mariano Rajoy sus cargos públicos con la titularidad de sucesivos
registros, preguntas cuya respuesta se localiza en su expediente
como registrador de la propiedad, seguirán sin respuesta. El
Gobierno contestó la semana pasada una pregunta de Izquierda Unida
(IU), pero logró cumplir el trámite sin responder a ni una sola de
las cuestiones planteadas. La primera de ellas, la de por qué el
Ejecutivo de José María Aznar ordenó en 2001 ocultar el expediente
como registrador del entonces ministro Mariano Rajoy, como ya
desveló infoLibre.
El pasado 11 de septiembre, el diputado de IU Gaspar Llamazares
registró una batería de preguntas en las que inquiría expresamente
por qué el Gobierno ordenó en 2001 trasladar el expediente a un
archivo de seguridad. El Gobierno, que respondió el día 21 de este
mes, elude la cuestión y se limita a exonerar a Rajoy, que -alega-
"ha sido siempre ajeno" al lugar exacto dónde se encuentra el
expediente y a la posibilidad de que su contenido pueda o no
divulgarse.
El historial "ha obrado" en el Ministerio de Justicia
Redactada como si cada sílaba y cada coma hubieran sido objeto de
medición previa, la respuesta del Gobierno utiliza el pretérito
perfecto y no el presente para responder dónde se localiza ese
expediente: "Ha obrado -dice el texto- en los archivos
correspondientes del Ministerio de Justicia, sin que conste que su
custodia haya impedido en ningún momento su conocimiento de acuerdo
cn las reglas de acceso aplicables al efecto, cuestión a la que en
todo caso ha sido siempre ajeno el señor Rajoy".
¿Significa lo anterior que el expediente "ha obrado" pero ya no en
los archivos del Ministerio de Justicia, del que depende la
Dirección General de los Registros y del Notariado? Y si sigue en
las dependencias de Justicia, ¿por qué la respuesta evita hablar en
presente? ¿Qué norma exacta regula la posibilidad de acceso al
expediente de un registrador que ocupa el máximo cargo del Gobierno?
Las preguntas, como ya viene sucediendo desde que en 2012 IU lanzó
la primera pregunta parlamentaria sobre la materia, continúan en el
aire.
Como en las ocasiones anteriores, IU volvió a preguntar en
septiembre si Rajoy percibió alguna vez dobles ingresos, como
registrador y político, en algún momento de su carrera. Ahora, el
Gobierno ha elegido una fórmula que nada aclara pero que tampoco
niega nada: "Don Mariano Rajoy se ha ajustado siempre y en todo
momento a la legislación aplicable al efecto, tanto en lo relativo a
su situación administrativa por razón del puesto o cargo desempeñado
en cada momento como en la percepción de la retribución
correspondiente".
En 1984, la ley de reforma de la función pública pasó a prohibir que
los funcionarios que accediesen a un cargo político obtuviesen doble
remuneración. De hecho, entre 1981 y hasta que en 1985 registró su
primera solicitud de pase a servicios especiales como funcionario
con cargo público, Rajoy recibió durante ese cuatrienio ingresos
como registrador y como cargo público: primero diputado gallego,
luego alto cargo de la Xunta y, finalmente, presidente de la
Diputación de Pontevedra. Fue ese último puesto, uno de los más
preciados para la hoy extinta Alianza Popular gallega, el que le
llevó a pedir servicios
Pero los registradores, que poseen rango de funcionario pese a que
operan como profesionales del sector privado en régimen de
monopolio, se rigen por una legislación específica: la Ley
Hipotecaria y el Reglamento Hipotecario, que en su artículo 541
autorizaba a los registradores que entraban en política a repartirse
con su sustituto los beneficios que reportase la plaza registral .
Hasta 1998, el Reglamento Hipotecario no prohibió la doble
percepción de retribuciones para los registradores que se
incorporasen a la vida pública, bien como parlamentarios, bien como
cargos de designación.
Tanto el PSOE como IU han pedido oficialmente al Gobierno que les
facilite el expediente de Rajoy. El Ejecutivo tiene dos opciones:
atender las peticiones de los dos grupos de oposición o denegarlas,
pero si elige esa segunda vía tendrá que explicar qué motivo impide
que el Parlamento sepa, por ejemplo, hasta cuándo compatibilizó
Rajoy los ingresos registrales con los de sus puestos de
representación o designación política. O cuántas solicitudes de
excedencia especial -la que, al menos hasta 1985, le permitía cobrar
de las dos fuentes, la registral y la del cargo público- solicitó
hasta su elección como presidente del Gobierno en 2011.
La batería de preguntas formulada en septiembre por Llamazares
incluía algunas de las otras incógnitas que el PP se ha negado a
resolver. Entre ellas, estas dos: por qué el presidente nunca ha
solicitado excedencia en sentido estricto -lo que habría forzado la
salida a concurso de su actual plaza, Santa Pola- pese a que en los
últimos 32 años solo ha ejercido dos años como registrador. Por qué
nunca, y en la casilla destinada a puestos públicos a los que ha
renunciado, reflejó Rajoy en su declaración de bienes el cargo de
registrador.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/10/29/el_gobierno_dice_que_rajoy_siempre_sido_quot_ajeno_quot_ocurrido_con_expediente_como_registrador_propiedad_9213_1012.html
LOS REGISTRADORES SON DUEÑOS DE UNA EMPRESA INMOBILIARIA CON 72
MILLONES DE EUROS DE CAPITAL
Fundada por el Colegio de Registradores en 2002, Inversiones
Inmobiliarias CRE SL dio entrada en 2008 a más de 250 registradores
a título individual
El Colegio, que se nutre con aranceles fijados por el Gobierno,
preparó así un trasvase de fondos a los funcionarios del cuerpo que
acudieron a la ampliación de capital
Los expertos creen que el carácter funcionarial de los registradores
les impide sumarse a empresas cuyo objeto social coincida con el de
las tareas que tienen encomendadas
Una sociedad inmobiliaria constituida en diciembre de 2002 por el
Colegio de Registradores, corporación de derecho público y por tanto
carente de ánimo de lucro, terminó cinco años y medio después
incorporando como accionistas privados a más de 250 registradores de
los más de 1.000 que operan en España. Como funcionarios, los nuevos
accionistas estaban y están sujetos a las incompatibilidades
previstas para el personal al servicio de la Administración Pública,
pero ni el Gobierno del PSOE tomó cartas en el asunto ni lo ha hecho
el del PP. La sociedad, bautizada Inversiones Inmobilarias CRE (IICRE
SL), nació con 8,4 millones. Ahora, su capital social supera los 72
millones.
El objetivo formal de la creación de IICRE fue la construcción de un
nuevo edificio como sede de los 55 registros de la propiedad de
Madrid. La operación IICRE, sostuvo en distintos ámbitos el anterior
presidente del Colegio, Alfonso Candau, resultó siendo "desastrosa"
por el coste -135 millones- de esa nueva sede, localizada en el
número 540 de la calle Alcalá e inaugurada en octubre de 2009, es
decir, ya en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En 2008, la
sociedad había repartido 300.000 euros en dividendos y enviado a
remanente otros tantos. El año pasado, la compañía arrojó pérdidas
por 11 millones de euros.
Entre quienes se distribuyeron los beneficios de 2008 figura el
Colegio, que controla 60 de los 72 millones del capital. Pero, sobre
todo, participaron en el reparto los más de 250 registradores que en
2008 se subieron al carro de IICRE con una ampliación que elevó
hasta 57,88 millones el capital. que en 2005 y con el Colegio como
socio único de la compañía se había marcado en 11,15 millones. Una
posterior ampliación en diciembre de 2009 elevó de nuevo el capital
hasta 72 millones.
Como funcionarios, los registradores solo pueden legalmente ingresar
los aranceles que cobran. Aunque no posee la condición plena de
impuesto ni de tasa, el arancel se mueve a caballo entre el ámbito
tributario y el de los honorarios privados:es el Gobierno el que
fija los aranceles y lo cobran los únicos funcionarios españoles
-registradores y notarios- que en la práctica ejercen como
profesionales del sector privado.
Este lunes, infoLibre contactó con Inversiones Inmobiliarias IICRE
para recabar la versión de sus directivos sobre por qué un colegio
profesional cuyos miembros no cobran honorarios privados sino
aranceles públicos permitió un trasvase de rentas al dar entrada a
funcionarios-accionistas. Nadie devolvió las llamadas.
Los expertos consultados por este diario coinciden en que la entrada
de registradores en el capital de IICRE a título personal no solo
vulnera la ley de incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración sino que convierte de facto al Colegio en accionista
principal de una compañía con ánimo de lucro. A esa compañía, y así
lo precisan sus estatutos, no puede pertenecer cualquier inversor.
Tan solo, aquellos que dispongan de dinero y sean registradores
mercantiles o de la propiedad.
Dado que la sociedad tiene como misión construir sedes registrales y
alquilarlas a sus usuarios, aquellos registradores que no
pertenezcan al accioniariado ven cómo su dinero no acaba en manos de
un arrendador cualquiera sino de una empresa integrada por el
Colegio y por parte de su compañeros registradores.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/10/15/los_registradores_son_duenos_una_empresa_inmobiliaria_con_millones_euros_capital_8638_1012.html
UN LETRADO PIDE SABER SI RAJOY ES "EL SOCIO OCULTO" DEL REGISTRO DE
SANTA POLA
El sustituto del presidente del Gobierno en dicha oficina reclama
100.000 euros al letrado por intromisión en su honor. Un Juzgado de
Murcia celebra hoy la audiencia previa del pleito. El demandado
sospecha que el demandante real es Rajoy
El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Murcia celebra este
martes la audiencia previa a juicio de la demanda que el registrador
sustituto de Santa Pola (Alicante), Francisco Riquelme, ha
interpuesto contra el abogado José Luis Mazón, por insinuar que
había llegado a un "apaño" para repartir ganancias con el titular de
ese Registro y amigo suyo, que es el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy.
Mazón ha anunciado que, en el trámite de hoy, pedirá como prueba en
el pleito el libro de socios y las cuentas de la empresa INLIMUR SL.
que, según señala el letrado, "curiosamente Riquelme creó justo el
dia anterior, en marzo de 1990, a que Rajoy tomara la situación de
servicios especiales por desempeño de cargo público (diputado)".
El objetivo de Mazón es "esclarecer si Rajoy es el socio oculto de
INLIMUR, cuyo apoderado es Riquelme, y administrador único la mujer
de Riquelme, y se han podido canalizar las posibles ganancias de la
sustitución en favor de Rajoy por esta acequia subterránea".
El registrador Riquelme pide una indemnización de 100.000 euros.
Considera que Mazón vulneró su honor por las siguientes afirmaciones
aparecidas en sendos diarios en enero de 2012: 'El fundador del
partido (Mazón) sospecha que "Rajoy y Riquelme, unidos por una
amistad, pudieron llegar a un acuerdo para que el abanillero conste
como registrador en Santa Pola pero el presidente del Gobierno siga
percibiendo parte de su sueldo'. Y esta otra: 'Yo creo que ha hecho
algún apaño con Riquelme. ¿Rajoy le ha regalado a su amigo toda la
fortuna que le correspondía durante todos estos años?'
En su contestación a la demanda, Mazón destaca que sus afirmaciones
entran dentro del derecho a la libertad de expresión, y subraya que
"por mucho amor y afecto" que Riquelme profese a Rajoy, "no le
valida para hacer una defensa interpuesta del honor ajeno", ya que
en su escrito denuncia una intromisión al honor, pero no en el suyo
sino en el del presidente del Gobierno. "Cabe la sospecha de que,
más que Riquelme, quien demanda es Rajoy", señala el letrado.
En el mismo escrito, Mazón dedica un capítulo a lo que llama "El
misterio de Santa Pola y las apariciones marianas", donde insiste en
sus preguntas sobre la compatibilidad de Rajoy como presidente del
Gobierno y registrador de Santa Pola, y acerca del destino de los
"millonarios ingresos" generados por esa plaza en los últimos 23
años, que es el periodo en que Riquelme ha ocupado la plaza de modo
interino o accidental.
"Mariano Rajoy, el fundador del misterio, sigue siendo hoy
presidente del Gobierno a la vez que titular de la plaza del
Registro de la Propiedad 1 de Santa Pola. Y Francisco Riquelme, el
registrador de Elche que ha capitalizado todo este tiempo la
sustitución, es amigo personal del titular", dice Mazón, para quien
"los valores democráticos de transparencia, rectitud e higiene
institucional se avienen muy mal con esta opacidad de enigmas que
los dos al unísono practican respecto de éste que nosotros
denominados 'nuevo misterio de Santa Pola'".
http://www.publico.es/473276/un-letrado-pide-saber-si-rajoy-es-el-socio-oculto-del-registro-de-santa-pola
IU PREGUNTA AL GOBIERNO SI RAJOY SIGUIÓ COBRANDO COMO REGISTRADOR
MIENTRAS ERA MINISTRO DE AZNAR
Llamazares lanza una batería de preguntas concretas para romper el
silencio del Gobierno y evitar que le dé de nuevo largas
La confusa y contradictoria legislación aplicable a los
registradores hasta la reforma del Reglamento Hipotecario en 1998
alimenta las dudas sobre si el hoy presidente siguió cobrando en los
años noventa
La ley de función pública aprobada en 1984 ya prohibía la doble
percepción de ingresos a los funcionarios que accediesen a un cargo
público, pero la norma específica de los registradores tardó 14 años
en adaptar su texto
El silencio del Gobierno sobre las circunstancias en que Mariano
Rajoy ejerció como registrador de la propiedad mientras ocupaba
sucesivos cargos públicos ha encontrado una nueva respuesta en la
oposición. Ayer, Izquierda Unida presentó en el Congreso una amplia
batería de preguntas entre las que figura una que busca respuesta
clara l interrogante de si Rajoy percibió alguna cantidad como
registrador en 1990-1998. Es decir, durante el periodo comprendido
entre el momento en que obtuvo su definitivo pase a servicios
especiales y aquel en que el Reglamento Hipotecario, el aplicable a
los registradores, prohibió ya taxativamente y sin los ambages
anteriores que quienes accedan a un cargo público puedan seguir
cobrando un solo euro de su registro. Aunque operan como
profesionales en régimen de monopolio, los registradores son
funcionarios.
En las elecciones de octubre de 1989, Rajoy consiguió un escaño al
Congreso que ya nunca ha perdido. En 1996 se incorporó al primer
Gobierno de José María Aznar como titular de Administraciones
Públicas. El firmante de la iniciativa, Gaspar Llamazares, sostiene
que esos dos cuatrienios permanecen bajo la “larga sombra” que rodea
la “doble carrera” de Rajoy como registrador y político. La
exposición de motivos del bloque de preguntas lo expresa así: “Hasta
ahora sabemos que un Gobierno del qué él [Rajoy] formaba parte, en
2001, escondió en un archivo de seguridad el expediente que
registraba su historial; y sabemos que cobró como político y como
registrador a un tiempo mientras la ley se lo permitió”.
Como desveló infoLibre, el expediente de Rajoy fue trasladado en
2001 por orden de la entonces directora general de Registros y no
regresó a los despachos del Servicio de Registradores hasta que el
PSOE descubrió en 2004 lo sucedido.
Es en ese expediente donde consta que el presidente se acogió a la
norma legal que le permitía cobrar como registrador y como cargo
público. Entre 1981 y 1985 compatibilizó ingresos dobles: como
registrador con aquellos otros que le fueron reportando sus
sucesivos cargos públicos: diputado en el Parlamento gallego, luego
director general de la Xunta y, finalmente, presidente de la
Diputación de Pontevedra.
Ese último cargo, el de la disputada corporación provincial
pontevedresa, es el que le llevó a pedir en noviembre de 1985 su
pase a servicios especiales, una variante de excedencia exclusiva
para los funcionarios.
Pidió servicios especiales, no obstante, con 15 meses de retraso.En
agosto de 1984, se había aprobado ya la Ley de Reforma de la Función
Pública, cuyo artículo 29 ya preveía la figura de servicios
especiales y prohibía la doble percepción como cargo público y como
funcionario . Ahora, Llamazares insta al Gobierno a confirmar cuánto
cobró de los registros por los que fue pasando entre 1981 y 1985 -el
coruñés de Padrón, el barcelonés de Berga y uno en la alicantina
Elche- y le requiere que explique cómo “justifica” la doble cobranza
del presidente.
Pero, sin duda, la almendra de esta batería de preguntas
parlamentarias se localiza en el lapso de tiempo transcurrido entre
marzo de 1990, cuando Rajoy pasó a servicios especiales, y
septiembre de 1998. Llamazares ya planteó en febrero una pregunta
sobre las retribuciones de Rajoy entre 1990 y 1998. Pero la
respuesta del Gobierno fue de nuevo inconcreta. El Ejecutivo
contestó invocando, sin citar la fecha, un cambio legal que no se
aprobó justamente hasta septiembre de 1998, con lo que en la
práctica dejaba un vacío de siete años y medio en su respuesta.
La reforma incorporó al Reglamento Hipotecario un nuevo artículo, el
552, que anulaba, ya sí de forma inequívoca, la prerrogativa que
hasta entonces contenía el Reglamento Hipotecario. Plasmado en el
artículo 541 del Reglamento, ese privilegio confería a los
registradores con cargo público la opción de repartirse los ingresos
de su registro con el sustituto encargado de su llevanza. Había una
segunda opción: pedir lisa y llanamente la excedencia y permitir así
que la plaza saliera a concurso. Desde que en 1987 aterrizó en el
registro de Santa Pola, Rajoy ha ocupado cargos públicos de forma
ininterrumpida salvo en el paréntesis 1987-1989. Nunca ha solicitado
la excedencia pese a que su trayectoria vital muestra que la
principal vinculación de Rajoy con Santa Pola es la amistad que le
une a quien desde marzo de 1990, hace 23 años, es su sustituto en
ese registro, Francisco Riquelme.
El Ejecutivo prescinde del calendario
Riquelme asumió la gestión del registro de Santa Pola en marzo de
1990 a propuesta de Rajoy, que pasó a servicios especiales. Pero, al
explicar ese episodio en su respuesta a la pregunta formulada por
Llamazares en febrero, el Gobierno se comió de un bocado nada menos
que los ocho años de limbo y contradicciones legales que
transcurrieron hasta que en 1998 se produjo la reforma del
Reglamento Hipotecario.
En marzo de 1990, dice aquella respuesta, la Dirección General de
Registros del Ministerio de Justicia nombró un registrador
accidental, “al que corresponden, de acuerdo con la normativa
hipotecaria, la totalidad de los beneficios que se devenguen”. El
entrecomillado pertenece a la respuesta del Gobierno a la pregunta
formulada por Llamazares en febrero.
Pero su afirmación solo es netamente válida para los años que
siguieron a la reforma de 1998. Hasta la publicación del reglamento
modificado, el 2 de septiembre de 1998 , caben al menos dudas sobre
si se mantuvo la distribución de beneficios entre el titular y el
interino. Expertos consultados por este diario sostienen que, en
caso de dilema entre la legislación general sobre incompatibilidades
y la específica sobre registradores, prima la específica.
A modo de apostilla tajante, el Ejecutivo concluyó entonces su
respuesta escrita reprendiendo a Llamazares por insistir sobre el
asunto: “Como ya se informó a su señoría en anterior pregunta, el
registrador titular que se encuentra en excedencia por servicios
especiales no puede recibir del mismo ninguna remuneración, como así
sucede”.
El uso del presente como tiempo verbal en la respuesta del Gobierno
deja otro rastro de duda. Porque, en efecto, ya en agosto de 1984
entró en vigor la nueva ley de función pública que en su artículo 29
prohibía a los funcionarios en servicios especiales cobrar
remuneración alguna de la plaza que habían aparcado para asumir un
cargo público.
Pero lo cierto es que el Reglamento Hipotecario, con rango de
legislación específica, no se modificó hasta 14 años más tarde. Qué
ocurrió en aquel largo intervalo en el que convivieron normas
legales contradictorias sigue siendo un misterio que tanto PSOE como
IU se proponen resolver.
El PSOE la semana pasada al Congreso una petición formal para que el
Gobierno aporte el expediente completo de Mariano Rajoy como
registrador.
Ahora, IU hurga en la llaga y acaba de solicitar también una parte
del expediente: la relativa al bienio 1987-1989, el primer y único
periodo desde 1981 y hasta ahora en que Rajoy no ostentó ningún
cargo público y se dedicó oficialmente a gestionar el registro de
Santa Pola.
Rajoy , entonces con una agitada vida orgánica en la organización
gallega de la extinta Alianza Popular, nunca residió en el municipio
alicantino. Además de reclamar el expediente de Rajoy, IU plantea
una pregunta específica sobre el bienio 1987-1989: Llamazares quiere
que el Gobierno valore el siguiente hecho: que el presidente “haya
incumplido” el artículo del Reglamento Hipotecario que le imponía
residir en la ciudad donde tuviese su sede el registro. Es decir, en
Santa Pola.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/30/iu_pregunta_gobierno_rajoy_siguio_cobrando_como_registrador_mientras_era_ministro_aznar_8212_1012.html
EL PSOE RECLAMA AL GOBIERNO EL EXPEDIENTE COMPLETO DE RAJOY COMO REGISTRADOR
Los socialistas requieren el documento "completo" y precisan que eso incluye
todos los datos relativos a la situación del presidente como registrador titular
de la alicantina Santa Pola y los ingresos reportados por esa plaza
Las revelaciones de 'infoLibre' sobre cómo Rajoy cobró al menos entre 1981 y
1985 como registrador y como político movilizan al primer partido de la
oposición
La iniciativa del PSOE, para cuya aceptación o denegación tiene 30 días el
Ejecutivo, se suma a las nuevas preguntas de IU sobre quién ordenó ocultar el
expediente oficial de Rajoy en 2001
Las revelaciones de infoLibre sobre cómo el expediente funcionarial de Mariano
Rajoy indica que al menos entre 1981 y 1985 cobró como registrador de la
propiedad y como cargo público han movilizado al principal partido de la
oposición. El miércoles, el PSOE presentó en el Congreso una petición para que
la Dirección General de los Registros y del Notariado le facilite el expediente
“completo” de Rajoy como registrador, el mismo cuyo traslado a un archivo
secreto ordenó el Gobierno de Aznar en 2001. La devolución del historial a las
dependencias del Servicio de Registradores del Ministerio, donde se custodian
los de todos los funcionarios de ese cuerpo, se produjo en 2004, cuando el
equipo del entonces nuevo ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar,
descubrió lo sucedido.
Firmada por el diputado por Alicante Gabriel Echávarri en nombre de su grupo, la
solicitud de documentos planteada por el PSOE se suma a las nuevas preguntas de
Izquierda Unida formuladas hace tres semanas y en las que Gaspar Llamazares
insta al Gobierno a explicar por qué ordenó ocultar el expediente de Rajoy.
Al requerir ahora el historial completo de Rajoy los socialistas cierran al
Gobierno todas las vías utilizadas hasta ahora para esquivar una respuesta que
definitivamente aclare el asunto. ¿Servirá la iniciativa para resolver pronto la
incógnita? No. El artículo 7 del Reglamento del Congreso, que es el invocado por
los socialistas, concede al Gobierno un plazo “no superior a 30 días” para
facilitar los documentos requeridos o manifestar “las razones fundadas en
derecho que lo impiden”. Y, pese a que la norma es inequívoca en cuanto a
plazos, las fuentes parlamentarias consultadas avisan de que el tiempo de espera
real puede convertirse en un largo limbo. En el último mes, Moncloa ha declinado
contestar a las preguntas que infoLibre le fue formulando por escrito antes de
publicar cada nueva información sobre el historial del presidente como
registrador y cargo público.
Pero, tarde lo que tarde ahora la respuesta, el requerimiento del PSOE no admite
lugar a dudas sobre qué documentos deben aportarse: “Expediente con todas las
incidencias, fecha de alta, fecha de baja, situaciones administrativas que se
han dado en la plaza de Santa Pola desde que el señor Rajoy adquirió la misma,
totalidad de los ingresos percibidos por el señor Rajoy como registrador de
Santa Pola desde que ocupó dicha plaza y finalmente actual situación
administrativa de la plaza de Santa Pola y actual situación de Mariano Rajoy
como registrador”.
Hasta la fecha, la compleja legislación vigente para los registradores hasta
1998 ha permitido hasta ahora al PP zafarse de las preguntas sobre esa materia.
Por ejemplo, en febrero de este año, el diputado de IU Gaspar Llamazares
preguntó por cómo había compaginado Rajoy entre 1981 y 1985 su plaza de
registrador con los sucesivos cargos públicos que durante ese periodo desempeñó
en Galicia. La respuesta fue la siguiente: “El presidente del Gobierno, a lo
largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido
sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función
pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de
registros”.
El Ejecutivo tenía otra opción: responder que, entre el otoño de 1981 y el de
1985, Mariano Rajoy había hecho uso de una excepcional prerrogativa que solo
beneficiaba entonces a uno de los cuerpos más raquíticos del funcionariado
español: los registradores, los únicos funcionarios que, junto con los notarios,
cobran aranceles y no salario y los únicos que operan como profesionales del
sector privado en régimen de monopolio.
Incrustada en el artículo 541 del Reglamento Hipotecario y solo anulada por otro
artículo de la misma norma en 1998, esa prerrogativa iba dirigida a los
registradores que accedieran a un cargo público. El articulo 541 les autorizaba
a repartirse con su sustituto las ganancias que deparase el registro. Para optar
a esos “beneficios”, debían formular una solicitud a la Dirección General de
Registros del Ministerio de Justicia en el plazo de un mes “a partir de la
aprobación del nombramiento por las Cortes Españolas o por el Organismo de que
se trate”. Si esa solicitud no se producía en los términos estipulados, la plaza
quedaría vacante y saldría a concurso. Rajoy tenía, por tanto, también una
segunda opción: haber pedido excedencia en Santa Pola, una ciudad en la que
nunca residió de modo estable pese a que la legislación le obligaba a ello y en
la que no se localiza ninguno de sus cinco inmuebles, adquiridos justamente a
partir de 1987, es decir, del año en que tomó posesión de la plaza alicantina.
El registro de Santa Pola, el único ahora en activo después de que el Ministerio
de Justicia congelase en febrero el segundo de la localidad, nunca ha quedado
vacante desde que Rajoy desembarcó en él en noviembre de 1987.
Antes, el líder conservador había ido compatibilizando el escaño en el
Parlamento gallego, el cargo como director general de Relaciones con el
Parlamento de la Xunta y la Presidencia de la Diputación de Pontevedra con la
titularidad sucesiva de otros tres registros: Padrón, en A Coruña; el barcelonés
Berga; y el alicantino de Elche. Cuando Rajoy logró destino en esa ciudad, ya
tenía allí plaza propia en otro registro Francisco Riquelme, quien en marzo de
1990 se convirtió en “registrador accidental permanente” –sustituto, en la
terminología del momento- del registro de Santa Pola.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/30/el_psoe_reclama_gobierno_expediente_completo_rajoy_como_registrador_8166_1012.html
EL GOBIERNO DE RAJOY BENEFICIA A LOS 1.200 REGISTRADORES CON 150 MILLONES DE
NUEVOS INGRESOS
Los autónomos que quieran proteger su vivienda habitual de posibles embargos por
deudas profesionales deberán inscribirse como "emprendedores de responsabilidad
limitada" en el registro
Justicia estima que el trámite supondrá un coste de 76 euros por persona
Fuentes del sector sostienen que la norma podría haber declarado directamente
inembargable la vivienda del emprendedor, de forma que éste se ahorraría el pago
de aranceles a los registradores
En el Gobierno dicen que esa posibilidad se descartó porque contravendría el
Código Civil
La nueva Ley de Emprendedores, aprobada definitivamente el pasado jueves con los
votos del PP y CiU, esconde un suculento regalo para los alrededor de 1.200
registradores mercantiles y de la propiedad que operan hoy en España. A partir
de la entrada en vigor de la ley, lo que se producirá antes de un mes, los
autónomos que pretendan proteger su vivienda habitual de posibles embargos por
deudas profesionales deberán inscribirse como “emprendedores de responsabilidad
limitada” en el registro mercantil y dejar constancia del blindaje del inmueble
en el registro de la propiedad. Esta norma protegerá a las viviendas valoradas
hasta 300.000 euros, o 400.000 si está situada en una ciudad de más de un millón
de habitantes.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, los trámites exigidos por la nueva
norma legal implicarán un coste de 76 euros por persona. El número de autónomos
registrados en la Seguridad Social ascendía a 3.031.000 en agosto, así que los
registradores tienen a su alcance hasta 236 millones si se produce una
utilización masiva del precepto destinado a dejar la vivienda fuera del saco de
bienes embargables. Pero dado que todos los emprendedores no tienen vivienda en
propiedad y otros quizá no recurran al registro, se puede realizar el siguiente
cálculo: sólo con que dos de cada tres emprendedores decidan proteger su
vivienda, se repartirán 152 millones los casi 1.200 registradores españoles. Y
si, como piden ya algunos registradores, el Gobierno modifica finalmente al alza
los aranceles registrales, la cantidad a distribuir se disparará de forma
automática.
Fuentes del sector explicaron a infoLibre que el Gobierno podría haber optado
por otra fórmula: declarar directamente en la norma que la vivienda habitual del
emprendedor es inembargable siempre que su valoración no supere el importe
fijado en la Ley de Emprendedores o que expresamente se haya aportado esa
vivienda como garantía para la consecución de un crédito profesional. En este
caso, no habría ninguna necesidad de acudir a los registros y los ciudadanos se
ahorrarían el pago de los aranceles.
Cuestionamiento limitado del artículo 1911 del Código Civil
¿Por qué ha optado el Gobierrno por forzar a los autónomos a acudir al registro
en lugar de estipular directamente en la ley que la vivienda habitual será
inembargable?
Las fuentes oficiales consultadas sostienen que, de hacerlo así, las entidades
financieras habrían endurecido aún más los requisitos para la concesión de
créditos. El segundo argumento es de índole jurídica: una redacción que por
definición ponga a salvo el domicilio del emprendedor contravendría el artículo
1911 del Código Civil, que dice esto: “Del cumplimiento de las obligaciones
responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”.
Pero, en realidad, el camino previsto por la ley conduce al mismo lugar: a poner
en solfa, aunque de manera limitada, la norma que obliga al deudor a responder
“con todos sus bienes”.
Reproche del Consejo Económico y Social
Pedro Saura, portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso, recuerda
que el Consejo Económico y Social (CES), cuyo dictamen posee carácter preceptivo
pero no vinculante, “hizo un durísimo reproche” al texto legal. El CES aconsejó
que, lejos de inscribirse la vivienda inembargable, se inscribiesen en el
Registro los bienes que quedan afectos a la actividad profesional del
emprendedor.
Sea como sea, lo cierto es que la lectura de la nueva norma desvela que la
inembargabilidad de la vivienda habitual lo es sólo en cuanto a acreedores
privados. En cambio, tanto la Seguridad Social como Hacienda estarán facultadas
para someterla a embargo en caso de deudas cuando “no se conozcan otros bienes
del deudor con valoración conjunta suficiente susceptibles de realización
inmediata en el procedimiento de apremio”.
La letra de la ley abre la puerta a nuevos costes adicionales aun si no se
modifican los actuales aranceles. En su artículo 8, aquel que regula la figura
del emprendedor de responsabilidad limitada, el texto dice lo siguiente: “Podrá
beneficiarse de la limitación de responsabilidad la vivienda habitual del deudor
siempre que su valor no supere los 300.000 euros, valorada conforme a lo
dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados en el momento de la inscripción en el Registro
Mercantil”. La introducción del término “valorada” apunta al concepto tasación.
Si, como temen fuentes del sector, un posterior decreto que desarrolle la ley
faculta a los registradores para efectuar ese nuevo trámite, “los costes
crecerán”.
Aunque en la práctica ejercen como profesionales del sector privado en régimen
de monopolio, los registradores poseen la condición de funcionario. A diferencia
de los restantes empleados públicos, no cobran un salario predeterminado sino
aranceles de los que el Estado no recibe ningún porcentaje. Es decir, el
registrador se embolsa íntegros los ingresos que genere su registro a cambio de
abonar el sueldo de la plantilla y afrontar los gastos del local.
Un misterio multimillonario
Aunque en la práctica ejercen como profesionales del sector privado en régimen
de monopolio, los registradores poseen la condición de funcionario. A diferencia
de los restantes empleados públicos, no cobran un salario predeterminado sino
aranceles de los que el Estado no recibe ningún porcentaje. Es decir, el
registrador se embolsa íntegros los ingresos que genere su registro a cambio de
abonar el sueldo de la plantilla y afrontar los gastos del local.
A cuánto ascienden los beneficios netos anuales del conjunto de los
registradores españoles constituye un misterio. Pero ese es, en todo caso, un
misterio multimillonario. El propio presidente del Gobierno, registrador en
servicios especiales, ha afirmado en distintas ocasiones que ganaría mucho más
si se dedicase a su plaza en lugar de a la actividad política.
Pese a ello, los registradores aducen que la “continua erosión arancelaria,
unida a la alarmante crisis económica, está haciendo ya inviables muchas
oficinas”. Así consta en una carta de su decano, Alfonso Candau, fechada el 5 de
agosto y dirigida a los colegiados. En su misiva, Candau lanza un alegato a
favor de una subida de precios en los servicios registrales: “Urge la aprobación
de un nuevo arancel que contemple globalmente la situación generada tras casi 25
años de aprobación del anterior”. El anterior al que se refiere Candau data de
1989. Y es ahí donde se establecen los aranceles que llevan al Gobierno a cifrar
en 76 euros el coste que para cada autónomo acarreará su inscripción como
“emprendedor de responsabilidad limitada”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/23/el_gobierno_asegura_los_200_registradores_hasta_230_millones_nuevos_ingresos_con_ley_emprendedores_7920_1012.html
EL SUSTITUTO DE RAJOY CREÓ UNA EMPRESA DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LA VÍSPERA DE
QUE RAJOY LO PROPUSIERA PARA EL PUESTO
Francisco Riquelme puso en marcha la empresa Inlimur el 20 de febrero de
1990, la víspera de que Rajoy pidiera a Justicia que fuera él quien asumiese la
llevanza del registro de Santa Pola
Inlimur, con fincas en la localidad murciana de Abanilla, ha multiplicado por 20
su capital social desde entonces: pasó de 90.000 euros a 1,8 millones
El jefe del Ejecutivo continúa como titular de la plaza pese a que dejó de
dirigirlo hace 23 años para ocupar ya ininterrumpidamente cargos públicos
Francisco Riquelme, sustituto “accidental” de Mariano Rajoy en el registro de la
propiedad de Santa Pola desde hace 23 años, constituyó una empresa de
inversiones inmobiliarias, Inlimur, un día antes de que el hoy presidente del
Gobierno le recomendase formalmente como interino para la cobertura de esa
plaza. La propuesta escrita de Rajoy, y así consta en su expediente como
registrador, entró en el Ministerio de Justicia el 21 de febrero de 1990. El
arranque de operaciones de Inlimur se había producido la víspera.
Muy poco después, el 7 de marzo de ese año la Dirección General de los Registros
y del Notariado accedió a la solicitud de servicios especiales planteada por
Rajoy y aprobó el nombramiento de Riquelme como sustituto.
Riquelme, que simultanea la gestión de la plaza de Santa Pola con la titularidad
de otro registro en Elche, formó la sociedad en compañía de su esposa con 15
millones de pesetas, es decir, la creó con 90.000 euros. Dos décadas después, y
tras 11 ampliaciones, el capital social de Inlimur asciende ahora a 1.819.948
euros. Desde el primer momento, su mujer, Ana Parra, ha figurado como
administradora única.
Inlimur tiene hoy su domicilio social en el mismo edificio donde hasta hace
varios años se localizaba el registro de la propiedad de Elche cuya titularidad
ostenta Riquelme, el número 1 de la localidad. En 2011, la empresa facturó
704.006 euros y declaró un beneficio neto de 187.983 euros.
InfoLibre preguntó ayer a los portavoces oficiales de la Presidencia del
Gobierno si Rajoy ha participado alguna vez, directa o indirectamente, en el
capital de Inlimur. Como en días anteriores, no hubo respuesta. En la
declaración de bienes y rentas presentada al Congreso en noviembre de 2011,
Rajoy anotó 313.781 euros junto a la leyenda "Fondos de inversión" y 143.182 en
concepto de "acciones en bolsa". Los resúmenes de las declaraciones anuales de
renta difundidas por el presidente no arrojan más luz sobre la materia.
Moncloa tampoco ha explicado las razones por las que el expediente de Rajoy como
registrador fue trasladado a un “archivo de seguridad” en 2001 ni por qué en
1985 tardó 15 meses en cumplir la ley que desde agosto del año anterior le
impedía percibir retribuciones como registrador a la vez que como cargo público.
Entre marzo de 1982 y diciembre de 1985, el Rajoy registrador y el Rajoy cargo
público se fundieron gracias a un artículo del Reglamento Hipotecario que
permitía cobrar por partida doble: como registrador, previo reparto con su
sustituto, y como cargo público. Aunque en la práctica operan como profesionales
del sector privado en régimen de monopolio, los registradores poseen la
condición de funcionario público.
Fincas en Murcia
Una de las ampliaciones de capital de Inlimur, efectuada en 2002, se cubrió
mediante la aportación de una vivienda de Elche propiedad de Riquelme y su
esposa.
Pero los principales activos de la empresa, y fueron aportados en su momento
como parte del capital social, son terrenos en Abanilla, un municipio murciano
de 6.569 habitantes situado a 32 kilómetros de la capital de la región y donde a
finales de la pasada década comenzó a desarrollarse una oferta de ocio
residencial dirigida a extranjeros.
En 2011, la cifra de jubilados británicos residentes en Murcia ya ascendía a
7.450. Al menos una de las fincas que explota Inlimur se dedica al cultivo de
cítricos.
En febrero de 2011, el diario La Verdad informó de que Inlimur había sido
expedientada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tras una
denuncia Ecologistas en Acción. Instado por el Ministerio de Medio Ambiente,
entonces bajo la batuta de la diputada socialista Rosa Aguilar, la orden
ministerial desvelada por el rotativo murciano aludía al “uso privativo de
45.425 metros cúbicos de agua del Trasvase Tajo-Segura para el riego de 24,24
hectáreas de terreno». Riquelme calificó entonces de “atropello” que los
ecologistas hubiesen filtrado la existencia del expediente.
Amigo de Mariano Rajoy desde que ambos preparaban oposiciones a registrador en
1977, Riquelme demandó en 2012 al abogado murciano José Luis Mazón, a quien
reclama 100.000 euros. La interposición de la demanda se produjo después de que
Mazón pidiese a la Oficina de Conflicto de Intereses él esclarecimiento de las
circunstancias en que Rajoy mantiene la titularidad del registro de Santa Pola.
En declaraciones públicas, Mazón se preguntó si Rajoy se había declarado en
situación de servicios especiales –la excedencia especial para funcionarios con
cargo público- para poder “seguir recibiendo rentas económicas” derivadas del
puesto. Riquelme consideró que Mazón estaba sugiriendo la existencia de un
“apaño” entre Rajoy y él mismo para repartirse los ingresos registrales.
Como ya ha publicado infoLibre, Rajoy no solicitó pasar a servicios especiales
hasta el 29 de noviembre de 1985. Es decir, 15 meses después de la aprobación de
la ley 30/1984, cuyo artículo 29 prohíbe a los cargos públicos recibir
retribuciones del puesto que como funcionario hubieran ocupado con anterioridad.
En noviembre de 1987, y tras abrir un paréntesis de dos años sin cargo público,
Rajoy solicitó su reincorporación al servicio activo como registrador. Pero
tampoco entonces cumplió la normativa que le obligaba a residir en la ciudad
donde tuviera su sede el registro del que era titular. El mismo mes de noviembre
de 1987, Rajoy fue nombrado presidente de Alianza Popular en Pontevedra. Al año
siguiente, se convirtió en el número dos de esa formación, luego refundada en el
actual PP.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/17/el_sustituto_rajoy_creo_una_empresa_inversion_inmobiliaria_vispera_que_rajoy_propusiera_para_puesto_7784_1012.html
RAJOY INCUMPLIÓ LA LEGISLACIÓN CUANDO EJERCIÓ DE REGISTRADOR EN SANTA POLA
Solo en dos de los 32 últimos años estuvo el presidente como registrador en
ejercicio y vulneró la norma que le obligaba a residir en el lugar de su plaza:
Santa Pola
Ese bienio, de 1987 a 1989, Rajoy desarrolló una intensa vida política en
Galicia, a mil kilómetros de la localidad alicantina
Rajoy era el presidente de Alianza Popular en Pontevedra y ascendió en 1988 a
secretario general de la AP gallega
En los últimos 32 años, solo hubo dos en los que Mariano Rajoy no simultaneó su
puesto de registrador titular de la propiedad con el desempeño de algún cargo
público. Ese bienio comenzó el 29 de noviembre de 1987 y expiró el mismo día de
1989. Y fue justamente en esos dos años cuando el hoy presidente del Gobierno
incumplió el artículo 548 del Reglamento Hipotecario, que obliga a los
registradores en ejercicio a vivir en la ciudad donde tengan su plaza. Y esa
ciudad es la alicantina Santa Pola, donde Rajoy mantiene bajo su mando desde
1987 el único registro que atiende a los casi 34.000 habitantes del municipio,
más del doble que los que allí vivían hace 26 años.
Para Santa Pola, se creó un segundo registro en 2007. Pero el Ministerio de
Justicia lo dejó en suspenso en febrero junto a otros 54 de todo el país, de
forma que el de Rajoy vuelve a ser el único que hasta 2015 gestionará todas las
escrituras, certificados, anotaciones de embargo y demás trámites registrales de
la localidad.
El presidente difícilmente pudo residir en Santa Pola a tenor de su ajetreada
agenda interna en la convulsa AP gallega de la época, defenestrada de la Xunta y
rota tras la moción de censura que en septiembre de 1987 y con el apoyo de un
sector de exdirigentes del partido había aupado al PSOE al Gobierno regional.
El 21 de noviembre de ese año, ocho días antes de que solicitase al Ministerio
de Justicia su reincorporación al servicio activo como registrador, comenzó el
congreso provincial de AP que devolvió a Rajoy la presidencia del partido en
Pontevedra. Seis meses después, el 22 de mayo de 1988, se convertía en
secretario general de AP en Galicia, es decir, en el número dos.
El cotejo de los textos legales con la intensa actividad política desarrollada
por Rajoy entre 1987 y 1989 presenta como una hipótesis hercúlea la de que
residió de forma permanente en Santa Pola, situada a 1.052 kilómetros de
Pontevedra. El 29 de noviembre de 1989, y ya con un acta de diputado al Congreso
que jamás volvió a perder –en 1986 obtuvo una pero la entregó a los pocos meses
para ser vicepresidente de la Xunta-, Rajoy pidió de nuevo excedencia por
servicios especiales con reserva de plaza.
Pese a que los hechos indican que Santa Pola fue solo estación de paso para
Rajoy, su “sustituto” desde 1990 se ha esforzado por demostrar lo contrario. En
una entrevista publicada por ABC el 14 de noviembre de 2011, Francisco Riquelme,
quien en marzo de 1990 se convirtió en “sustituto accidental permanente” de
Rajoy y así sigue 26 años después, explicó así por qué su amigo y líder del PP
eligió Santa Pola: a Rajoy “le atraía mucho el Mediterráneo”.
Bajo el titular “De Santa Pola a La Moncloa”, el rotativo había elegido el
siguiente subtítulo: “Durante su etapa como registrador de la propiedad, Rajoy
conoció de primera mano la realidad de Alicante”. De los cinco inmuebles que,
según su declaración de bienes, ha ido adquiriendo Rajoy justamente a partir de
1987, dos se localizan en Pontevedra, otros dos en Madrid y el quinto, en
Canarias. El Atlántico está presente por partida doble. El litoral Mediterráneo
ni aparece.
El 17 de febrero de este año, y de nuevo en otra entrevista publicada por el
mismo diario, Riquelme abundaba en la idea. “En Santa Pola, viviría mejor que en
Moncloa”. El “sustituto accidental permanente” ofrecía esta vez detalles sobre
el asentamiento de Rajoy en ese municipio, ubicado a 20 minutos de Alicante y
donde su población se multiplicó por 2,5 entre 1987 y 2012, al pasar de 13.347
habitantes a 33.965. “En aquellos años, cuentan, se alojaba en el hotel Gran Sol
de Alicante”.
Aquellos años eran el bienio 1987-1989. Y quien se alojaba en el hotel Gran Sol
era Rajoy. No se sabe quién lo cuenta, aunque el episodio aparece precedido por
el relato de Riquelme sobre cómo Rajoy y él se conocieron mientras preparaban
las oposiciones a registrador.
En esta ocasión, el subtítulo de la entrevista es un entrecomillado del
sustituto accidental Riquelme: «Cuando fue elegido diputado, pidió que se lo
arreglaran para que nunca pudieran sacarle los colores».
El sustituto de Rajoy se refiere a su elección para el Congreso en 1989, no a la
de octubre de 1981, cuando obtuvo un escaño en el Parlamento gallego y pidió de
inmediato acogerse al precepto que le permitía cobrar como cargo público y como
registrador. A partir de su toma de posesión como diputado autonómico en 1981,
el líder conservador continuó simultaneando retribuciones hasta que el 3 de
diciembre de 1985 pasó, esta vez sí, a servicios especiales. Esa es la
excedencia que posibilita a los funcionarios con cargo público mantener reserva
de plaza pero que les impide percibir dos sueldos.
SIN SANCIONES PARA EL INCUMPLIMIENTO
El artículo que impone la residencia forzosa en el lugar donde se ubica el
registro, el 548 del Reglamento Hipotecario, pertenece al mismo decreto que
permitió a Rajoy cobrar como registrador a la vez que como cargo público al
menos hasta finales de 1985. El artículo 548 resulta todo lo inequívoco que la
enrevesada y confusa legislación hipotecaria puede ser: “Los Registradores
residirán en la capital del registro, y sólo podrán ausentarse de ella en los
días no feriados y durante las horas de oficina, cuando hubieren obtenido
licencia de la Dirección, prórroga del Ministro de Justicia o nombramiento para
desempeñar alguna comisión o agregación de las autorizadas por la Ley o por este
Reglamento”.
Al utilizar el término “capital”, el precepto se refiere al municipio donde se
encuentre el registro, sea o no capital de provincia. El vocablo aparece, por
ejemplo, referido a la misma localidad de Santa Pola en el decreto de 2007 por
el que se creó el segundo registro del municipio, el número 2. Su existencia ha
sido más que efímera, sobre todo si se la compara con la longevidad del
Reglamento Hipotecario, aprobado en 1947, en pleno franquismo, y solo modificado
de manera parcial. El registro número 2 de Santa Pola se extinguió tras la orden
dictada el pasado 9 de febrero por el Ministerio de Justicia, cuyo titular es
Alberto Ruiz-Gallardón, y que hace desaparecer de un plumazo una cincuentena de
registros de la propiedad. Las zonas urbanas y rústicas que, por su situación
geográfica, correspondían al número 2 de Santa Pola quedan ahora bajo la batuta
del Registro número 1. Es decir, aquel cuya titularidad sigue perteneciendo a
Mariano Rajoy.
¿Entraña algún riesgo de sanción el incumplimiento del artículo que obliga al
registrador a residir en la ciudad sede del registro y le prohíbe ausentarse
salvo motivos tasados? Los expertos consultados por infoLibre no recuerdan ni un
solo expediente disciplinario por ese motivo. “Muchos viven en otra ciudad y van
dos o tres días para firmar”, explica una fuente. En la legislación hipotecaria
no hay una sola línea que hable de sanciones por incumplimiento de la obligación
de residir en la ciudad donde el registrador tiene plaza.
La Ley Hipotecaria, norma de la que emana el Reglamento Hipotecario, enumera las
razones por las que un registrador puede ausentarse de su plaza sin el riesgo de
incumplir lo legislado. En el listado de motivos de ausencia justificada no
consta el de atender las responsabilidades políticas contraídas por el
registrador.
Lo que dice el artículo 288 de la ley es que se les autoriza a abandonar la
plaza si deben entregar los fondos recaudados siempre que dejen al sustituto al
cuidado del registro. También se les permite irse si obtienen licencia,
susceptible de concesión “por el plazo máximo, en cada año, de dos meses”,
siempre que el presidente de la Audiencia –o sea, un juez- correspondiente
entienda que “media causa justa”.
Este incumplimiento legal por parte de Rajoy se suma a otros hechos desvelados
por infoLibre: que tardó más de 15 meses en adaptarse a la Ley 30/1984 que
modificó el régimen de la función pública; que según la documentación que figura
en su expediente cobró de forma irregular durante esos 15 meses del Registro de
Berga (Barcelona); que, al menos mientras la ley se lo permitió, decidió cobrar
por partida doble como político y registrador, y que el expediente con su
historial de registrador fue enviado a un "archivo de seguridad" secreto en
2001, por decisión del Gobierno de Aznar del que Rajoy formaba parte.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/16/rajoy_incumplio_norma_que_obligaba_vivir_santa_pola_mientras_ejercio_como_registrador_7667_1012.html
PSOE E IU PEDIRÁN EXPLICACIONES A RAJOY SOBRE SU SITUACIÓN COMO REGISTRADOR
Las dos formaciones de izquierda reclaman datos pormenorizados de en qué
condiciones ha ido compatibilizando el presidente su plaza como registrador y
los diferentes cargos públicos que ha ostentado desde 1981
La oposición reacciona tras conocer que el jefe del Ejecutivo cobró como
registrador titular y como político como mínimo durante cuatro años
Llamazares cree evidente que se saltó "al menos 14 meses" la ley que impedía a
los altos cargos recibir también ingresos como funcionarios
PSOE e IU pedirán explicaciones en el Congreso sobre la situación del presidente
Mariano Rajoy como registrador de la propiedad y el cumplimiento de las normas
legales sobre funcionariado e incompatibilidades aplicables a cargos públicos.
La decisión de las dos formaciones de izquierda se produce después de que
infoLibre publicase este jueves que, al menos en la primera mitad de los años
ochenta y mientras la ley se lo permitió, Rajoy cobró como registrador y como
cargo público.
El hoy jefe del Ejecutivo logró ya entonces un doble sueldo cuando, tras ser
elegido diputado al Parlamento gallego en octubre de 1981, se acogió a un
artículo del Reglamento Hipotecario, el 541, que le permitía repartirse con su
sustituto los ingresos del registro sin por ello renunciar a sus remuneraciones
como cargo público.
Que Rajoy ingresase dinero por dos vías no era una imposición legal. La
normativa hipotecaria le daba una segunda opción: una vez obtenido el escaño,
solicitar la excedencia como registrador, cargo de índole funcionarial aunque
quienes lo ostentan operen en la práctica como profesionales del sector privado
amparados por un régimen de monopolio.
Si hubiera pedido excedencia, su plaza habría salido a concurso y habría sido
cubierta por un nuevo registrador titular, pero el presidente eligió en todo
momento mantener la plaza. De hecho, el registro de Santa Pola del que es
titular desde noviembre de 1987, lleva 23 años en manos de un “sustituto
accidental”, Gaspar Riquelme.
Hasta el 29 de noviembre de 1985, cuando era presidente de la Diputación de
Pontevedra, no reclamó Rajoy pasar a servicios especiales, la excedencia
habilitada para los funcionarios que acceden a un cargo público y que no admite
la posibilidad de cobrar por partida doble. Es decir, no formuló su solicitud de
excedencia hasta 14 meses después de la entrada en vigor de la ley de Reforma de
la Función Pública, la 30/1984. Esa norma prohibió de forma taxativa que un
cargo público pudiese percibir también la retribución correspondiente al puesto
como funcionario que desempeñaba hasta su elección o designación.
El diputado de IU Gaspar Llamazares ya presentó a comienzos de semana una
pregunta sobre el traslado del expediente de Rajoy como registrador a un
“archivo de seguridad” en 2001 y por orden del Gobierno de Aznar. Ayer,
Llamazares confirmó a este diario que pedirá también explicaciones sobre el
periodo en que se le “mintió o negó" información concreta sobre
"incompatibilidad de sueldos en los distintos registros y cargos públicos”. El
parlamentario aludía así a la respuesta que el Gobierno le facilitó en febrero
de este año a una batería de preguntas en la que se inquiría contestación
expresa para la situación de Rajoy a partir de 1981, fecha de su entrada en
política.
En su respuesta, el Gobierno obvió toda mención al periodo 1981-1987 (año de
inicio de un breve paréntesis de dos años en los que Rajoy no desempeñó cargos
públicos) y se sacudió el asunto afirmando lo siguiente: “El presidente del
Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos,
se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de
función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en
materia de registros”.
Llamazares subrayó que, dado que Rajoy no solicitó pasar a servicios especiales
hasta el 29 de noviembre de 1985, “al menos durante catorce meses percibió las
dos retribuciones incompatibles”.
Mientras, fuentes del Grupo Parlamentario Socialista corroboraron a infoLibre
que, a falta de elegir la fórmula, el PSOE ya ha decidido “pedir explicaciones”
sobre los más de 31 años en los que, salvo el paréntesis comprendido entre1987 y
1989, Rajoy ha mantenido la titularidad de algún registro de la propiedad al
tiempo que desempeñaba uno o varios cargos públicos.
A la pregunta de si el PSOE también se interesará por los motivos que en 2001
llevaron a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio
de Justicia a trasladar a un archivo cerrado con llave el expediente de Mariano
Rajoy, las fuentes consultadas respondieron así: “Pediremos explicaciones sobre
todo lo relacionado con este asunto”.
Durante años, un velo de misterio ha rodeado las circunstancias exactas de cómo
Mariano Rajoy fue compatibilizando su condición de registrador de la propiedad
con los cargos públicos que antes de su llegada a Moncloa fue ostentando de
manera sucesiva: diputado autonómico, director general de la Xunta, presidente
de la Diputación de Pontevedra, vicepresidente del Gobierno gallego y diputado
al Congreso.
Ahora, infoLibre ha tenido acceso a la información que consta en su expediente
oficial, aquel que en 2001 fue ocultado en un supuesto “archivo de seguridad”
del Ministerio de Justicia que en realidad era un fichero con llave en el
despacho de la directora general de Registros y del Notariado.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/12/psoe_pediran_explicaciones_rajoy_sobre_situacion_como_registrador_7628_1012.html
RAJOY COBRÓ COMO
POLÍTICO Y COMO REGISTRADOR MIENTRAS SE LO PERMITIÓ
LA LEY
Rajoy cobró, al menos entre 1981 y 1985, como cargo
público y también como registrador
El presidente tenía dos opciones legales: pedir la
excedencia como registrador, con lo que su plaza
saldría a concurso, o compatibilizar ambos ingresos.
Y eligió la segunda opción.
En 1985, el presidente pidió que lo declarasen en
"servicios especiales" de acuerdo con una ley
aprobada 14 meses antes. Esta norma prohibía a los
cargos públicos cobrar también como funcionarios
Moncloa se niega a aclarar cualquier aspecto
relacionado con los ingresos o las condiciones de
registrador de Rajoy
Convertida por el PP en prueba máxima de la
honestidad de su jefe de filas, la idea de que
Mariano Rajoy renunció a mucho dinero al optar por
la política en detrimento de su plaza de registrador
lleva meses sobrevolando el debate abierto por los
papeles de Bárcenas y los suculentos sobresueldos
internos. En medio del terremoto provocado por la
publicación de la supuesta contabilidad B del PP, el
propio presidente lanzó en febrero una afirmación
que ahora cuestionan los datos de su expediente como
registrador. "Yo ganaba más dinero en mi profesión
que en la política", dijo ante la cúpula del PP para
agregar esto a renglón seguido: "No he venido a la
política a ganar dinero. Vine perdiendo dinero, pero
ocurre que para mí el dinero no es lo más importante
en esta vida".
Pero, según su expediente, el líder del PP cobró
entre 1981 y 1985 como cargo público y también como
registrador. Al conseguir su primer escaño, en
octubre de 1981, Rajoy tenía dos opciones legales:
pedir la excedencia como registrador, con lo que su
plaza saldría a concurso, o acogerse a la norma que
le permitía recibir una parte de los honorarios
registrales al tiempo que percibía retribuciones
como diputado. Y optó por la segunda opción. Solo
renunció a esos honorarios en noviembre de 1985, es
decir, 14 meses después de que hubiera entrado en
vigor la ley que pasó a prohibir la doble cobranza a
todos los funcionarios, incluidos los registradores.
LOS DATOS DEL EXPEDIENTE
Los datos a los que ha tenido acceso infoLibre y que
constan en el expediente oficial de Mariano Rajoy,
cuyo traslado a un “archivo de seguridad” bajo llave
del Ministerio de Justicia ordenó el Gobierno de
Aznar en 2001, señalan en una dirección distinta a
aquella de la que el PP ha hecho bandera. El hoy
presidente solo pidió excedencia por servicios
especiales el 29 de noviembre de 1985, cuando
llevaba cuatro años compatibilizando sus
prerrogativas como registrador con distintos cargos
públicos en Galicia. Al menos hasta esa fecha, cobró
por tanto como registrador no ejerciente pero
titular.
Cuando Rajoy solicitó el 29 de noviembre de 1985 su
pase a situación de servicios especiales, había
transcurrido un año y medio desde la promulgación de
la ley 30/1984 de Reforma de la Función Pública. Esa
norma prohibió de forma taxativa que un cargo
público pudiese percibir también la retribución
correspondiente al puesto como funcionario que
desempeñaba hasta su elección o designación.
Aunque operan como profesionales del sector privado
en régimen de monopolio, los registradores son
funcionarios, por lo el contenido de esa ley
afectaba al entonces diputado autonómico en Galicia
y presidente de la Diputación de Pontevedra, Mariano
Rajoy.
Expertos consultados por este diario sostienen que,
en realidad, el conflicto planteado por
legislaciones contrapuestas –la general de
incompatibilidades y la particular que rige en
materia hipotecaria– no se solucionó hasta
septiembre de 1998. En esa fecha, y ya con Rajoy
como ministro de Aznar, el Gobierno introdujo un
nuevo artículo, el 552, en el Reglamento
Hipotecario. El nuevo precepto atribuye de manera
explícita a los registradores interinos "la
totalidad de los honorarios" que devengue el
registro cuyo titular ha alcanzado un cargo público
incompatible. ¿Por qué el Ejecutivo modificó el
reglamento si ya la ley aprobada en 1984 se suponía
suficiente para impedir la doble percepción de
retribuciones por parte de registradores con escaño
o puesto político de designación? Hasta ahora, nadie
lo ha explicado.
HONORARIOS INCALCULABLES
El pasado mes de julio, y en plena polémica sobre
los papeles de Bárcenas y lo sobresueldos del PP, el
ministro José Manuel García Margallo extremó el
mensaje oficial sobre las virtudes cívicas de
Mariano Rajoy. Margallo definió como “incalculable”
lo que el presidente del Gobierno perdió “para
entregar su vida en servicio de España”.
En realidad, también hoy resulta imposible calcular
cuánto ingresó como registrador el hoy presidente
entre diciembre de 1981 y el mismo mes de 1985. Pero
si las ganancias de aquella época se presentan como
una incógnita, el hecho incuestionable es que, en el
cuatrienio 1981-1985 el presidente fue simultaneando
la titularidad sucesiva de tres registros –el
coruñés de Padrón, el barcelonés de Berga y el
alicantino de Elche- con varios cargos públicos:
diputado al Parlamento gallego tras el acta que
logró en las elecciones del 20 de octubre de 1981,
director general de Relaciones con el Parlamento de
la Xunta de Galicia y presidente de la entonces
codiciada Diputación de Pontevedra y del PP en esa
provincia.
Según la obra Treinta años del Parlamento Gallego,
editada en 2011 por esa Cámara, el sueldo asignado a
uno de sus diputados en 1982 ascendía a 60.000
pesetas, cifra a la que se sumaba 5.000 pesetas por
asistencia a cada sesión y 11 pesetas por kilómetro
recorrido. En aquella época, también gozaba ya de
remuneración estable la Presidencia de la Diputación
de Pontevedra, aunque las fuentes políticas
consultadas entre quienes ocuparon cargos en esa
institución no han podido precisar cantidades.
REPARTO DE LAS GANANCIAS CON EL SUSTITUTO
Rajoy cobró legalmente como registrador titular con
cargo público al inicio de su carrera política. Lo
hizo gracias al artículo 541 del Reglamento
Hipotecario, que en aquellos años permitía a los
registradores elegidos o designados para un cargo
público repartirse con su sustituto las ganancias
que deparase el registro. Para optar a esos
“beneficios”, debían formular una solicitud a la
Dirección General de Registros del Ministerio de
Justicia en el plazo de un mes “a partir de la
aprobación del nombramiento por las Cortes Españolas
o por el Organismo de que se trate”. Si esa
solicitud no se producía en los términos
estipulados, la plaza quedaría vacante y saldría a
concurso.
El artículo 541 del Reglamento Hipotecario, aquel
que utilizó Rajoy para su doble cobranza y cuya
vigencia, aunque difusa, se extendió hasta que la
norma incorporó un nuevo artículo en 1998, no
precisaba qué porcentaje correspondería al
registrador titular y cuál al registrador interino.
El precepto solo ofrecía una indicación genérica: si
el titular renunciaba a su parte, los ingresos que
le correspondieran irían a la Mutualidad Benéfica
del Colegio de Registradores. Fuentes del sector
aseguran que el porcentaje asignado a ese fin por el
Colegio de Registradores varía cada año, pero en
general no desciende del 25%.
Pero la ventajosa prerrogativa que el Reglamento
ofrecía a los registradores con escaño o cargo
ejecutivo público quedó teóricamente en papel mojado
tras el verano de 1984. El 2 de agosto de ese año,
la publicación de la Ley 30/84, de medidas para la
Reforma de la Función Pública, introdujo un cambio
drástico: a partir de ese momento, los cargos
públicos que fuesen funcionarios –y los
registradores lo son– quedaban sujetos a prohibición
expresa de percibir retribuciones por el puesto
funcionarial para el que hubiesen sido declarados en
excedencia, los llamados servicios especiales. El
artículo 29 de la ley expresaba la prohibición del
siguiente modo: “En todos los casos recibirán las
retribuciones del puesto o cargo efectivo que
desempeñen y no las que les correspondan como
funcionarios”. La ley entró en vigor a los 20 días
de su publicación en el BOE.
PRIMERA DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD EN 1982
El expediente oficial de Mariano Rajoy como
registrador aporta datos exactos sobre los permisos
que obtuvo para seguir recabando honorarios
registrales. La primera resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado que le
autorizó a reclamar los “beneficios” previstos en el
artículo 541 del Reglamento Hipotecario para los
registradores con escaño o cargo público de
designación lleva fecha del 15 de marzo de 1982.
Tras dejar el registro de Padrón en manos del
interino por él propuesto, Celestino Pardo, Rajoy
toma posesión el 30 de octubre de ese año de la
plaza de Berga. A renglón seguido, deja su llevanza
en manos de otro sustituto, Ramón Abelló Margalef.
Transcurridos tres años, Rajoy fue nombrado titular
del Registro de la Propiedad número 4 de Elche el 28
de octubre de 1985. Apenas un mes después, el 29 de
noviembre de aquel año y cuando la ley 30/1984
llevaba más de un año en vigor con su prohibición de
doble sueldo para los funcionarios con cargo
público, Rajoy elevó una solicitud al Ministerio de
Justicia: pedía excedencia especial de conformidad
con el artículo 29 de la citada ley 30/1984.
A tenor de la anterior secuencia de hechos, Rajoy
cobró como registrador al menos hasta diciembre de
1985. De nuevo, Moncloa ha declinado responder las
preguntas de infoLibre, por lo que resulta imposible
datar el momento exacto en que el presidente se
avino a percibir únicamente el sueldo de cargo
público así como a cuánto ascendieron sus ingresos
como registrador cuando ya estaba en política.
Pero, aun a falta de versión oficial, la información
recabada por este diario indica que Rajoy logró la
excedencia solicitada con velocidad meteórica: el 3
de diciembre de 1985, fecha en que la Dirección
General de los Registros y del Notariado dictó su
resolución aprobatoria y ordenó nombrar sustituto
para el registro del que Rajoy era titular, el de
Elche. El líder conservador quedó así en situación
de servicios especiales con reserva de plaza por
incompatibilidad con el cargo de presidente de la
Diputación de Pontevedra.
DE PONTEVEDRA A SANTA POLA
Los presidentes de Diputación eran el verdadero poder fáctico en
Galicia, única comunidad autónoma en aquella época donde gobernaba la Alianza
Popular luego refundada como PP y entonces nutrida por el voto rural. Lo
constata el siguiente hecho: el 9 de diciembre de 1985, es decir, una semana
después de que Rajoy hubiera pasado a servicios especiales en virtud de un
artículo que le prohibía percibir honorarios del Registro de Elche, el diario El
País informó de la guerra abierta entre Rajoy y el entonces secretario general
de la AP gallega, José Luis Barreiro, dispuesto a recuperar para sí el poder del
partido en Pontevedra con la ayuda de Manuel Fraga. Rajoy se negó a ceder el
puesto.
Tras aquella batalla, Rajoy terminó por ascender a la
Vicepresidencia de la Xunta el 4 de diciembre de 1986, momento en que solicitó
que se le confirmase en la situación de servicios especiales. De nuevo, su
petición fue concedida. Esta vez, el 22 de enero de 1987.
A finales de
aquel año y tras abandonar sus cargos públicos aunque no la presidencia de AP en
Pontevedra, Rajoy reclamó el 29 de noviembre de 1987 su reincorporación al
servicio activo como titular del Registro de Santa Pola. Oficialmente, solo
atendió aquel registro dos años: el 29 de noviembre de 1989, y una vez elegido
diputado al Congreso, pidió de nuevo su pase a servicios especiales. Esa fue su
última petición, dado que desde entonces ha conservado el escaño. El 24 de marzo
de 1990, el BOE publicaba el nombramiento de Gaspar Riquelme –la persona
propuesta por el propio Rajoy- como registrador interino de Santa Pola.
Veintitrés años después, Riquelme continúa ocupando la plaza del municipio
costero alicantino como registrador “accidental permanente”.
UN
AGUJERO NEGRO EN LAS RESPUESTAS PARLAMENTARIAS
Más allá de la
cuestión legal, los datos que el expediente de Mariano Rajoy entrañan para el
presidente un problema político. Máxime en un momento en que la existencia de
dobles sueldos entre los cargos públicos del PP cuestiona la eficacia de la
legislación sobre incompatibilidades.
Lo cierto es que el Gobierno ha
obviado explicar a la oposición el sistema de doble cobranza del que se
benefició Mariano Rajoy en los inicios de su carrera política. El paradigma lo
constituye la respuesta que el Ejecutivo dio a la segunda tanda de preguntas
parlamentarias que sobre este asunto planteó en febrero el diputado de IU Gaspar
Llamazares. El enunciado de la pregunta inquiría respuesta individual a lo
sucedido entre 1981 y 1985, cuatrienio en que el presidente era titular de los
registros de Padrón y, luego, de Berga, al tiempo que ocupaba de manera
simultánea sucesivos cargos públicos. El Gobierno despachó el trámite con una
respuesta vaga que impedía conocer lo realmente sucedido a menos que el autor de
la pregunta conociese los vericuetos del expediente oficial de Mariano Rajoy.
Sobre aquel periodo, el texto dice lo siguiente: “El presidente del Gobierno, a
lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido
sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función
pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de
registros”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/11/rajoy_cobro_como_politico_como_registrador_mientras_permitio_ley_7577_1012.html
LLAMAZARES
RECUERDA QUE IU HA INTENTADO EN OTRAS OCASIONES, SIN ÉXITO, QUE EL PP ACLARARA
CUÁNTO COBRÓ RAJOY COMO REGISTRADOR HASTA 1990
Reclamará a la
Comisión del Estatuto de los Diputados que pida al Gobierno que levante el
secreto sobre el expediente de registrador de Rajoy
El diputado de IU
quiere saber por qué Rajoy no ha solicitado nunca la excedencia como registrador
a pesar de que en las últimas tres décadas sólo ha ejercido dos años su
profesión privada
El diputado de IU Gaspar Llamazares presentó este
martes un escrito ante la Mesa del Congreso de los Diputados solicitando que el
Gobierno responda por escrito a una serie de preguntas encaminadas a aclarar por
qué, tal y como desveló infoLibre, el Ejecutivo de José María Aznar decidió
ocultar en un "archivo de seguridad" el expediente de registrador de la
propiedad de Mariano Rajoy. Se trata de un documento que contiene todo su
historial de funcionario público y cuyo conocimiento permitiría saber, entre
otros asuntos, en qué condiciones compatibilizó Rajoy sus cargos públicos y la
titularidad de los sucesivos registros.
Llamazares, que ya ha intentado
sin éxito en los últimos años en dos ocasiones que el Gobierno respondiese sobre
la trayectoria de Rajoy desde 1981, fecha de su primer cargo público, mantiene
en su escrito que la pregunta continúa "siendo la misma": "¿Percibió el Sr.
Rajoy de forma simultánea en algún momento algún ingreso como registrador y como
político?", inquiere el diputado nacional de IU.
En declaraciones a este
diario, el parlamentario insiste en reclamar al Gobierno explicaciones similares
a las demandadas en 2012 y a principios de este año. "A tenor de las información
de infoLibre, o el Gobierno eludió responder, o mintió. Ahora que hay datos
concretos, insistimos con una batería de preguntas", añade. "Dieron la callada
por respuesta y con evidentes contradiciones", insiste.
Además,
Llamazares avanzó su intención de reclamar a la Comisión del Estatuto de los
Diputados que solicite al Gobierno que levante el secreto de ese expediente de
Rajoy. "La Comisión del Estatuto de los Diputados estudia la compatibilidad, o
no, de sus percepciones. De acuerdo a la ley, no puede percibir otra percepción
que no sea la de diputado", recalca.
No pasa por alto que Rajoy, en su
declaración de actividades del Congreso, nunca hizo constar su renuncia a su
plaza de registrador. Ni que en los 32 años transcurridos desde que logró su
primer cargo político siempre ha mantenido la titularidad de sucesivos
registros.
En 2012, el Ejecutivo respondió a Llamazares que Rajoy se
encontraba en excedencia por su cargo público y que "no puede recibir del mismo
ninguna remuneración, como así sucede". El pasado febrero, preguntado el
Ejecutivo sobre el registro de Santa Pola, cuya titularidad ostenta el
presidente del Gobierno desde 1987, la respuesta fue la casi idéntica.
El
parlamentario también había reclamado sin éxito conocer cuánto cobró Rajoy como
registrador hasta 1990. En marzo de ese año, una resolución ministerial
determinó que el ahora líder del PP quedaba en situación de "servicios
especiales" con reserva de plaza. Esto ocurrió poco después de su elección como
diputado en 1989.
El documento remitido por el diputado de IU a la Mesa
del Congreso, el órgano rector y de representación de la Cámara que se encarga
de la organización del trabajo parlamentario, recoge la información publicada
por este diario, que apunta que en el año 2001 el Gobierno del conservador José
María Aznar dio instrucciones a la Dirección General de los Registros y del
Notariado del Ministerio de Justicia para esconder en un "archivo de seguridad"
el expediente que contiene todos los datos del actual presidente del Gobierno
como registrador de la propiedad.
Este expediente fue recuperado en 2004
una vez que José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno, pero los socialistas
nunca desvelaron lo ocurrido con el documento. Tampoco Moncloa, a preguntas de
este diario, ha respondido por qué el Gobierno de Aznar ocultó el historial de
funcionario público del actual presidente del Ejecutivo.
A continuación,
se reproducen las preguntas formuladas por Llamazares y remitidas a la Mesa del
Congreso. El documento lleva fecha de este martes 1o de septiembre:
1)
¿Por qué ordenó el Gobierno del PP en 2001 ocultar el historial legal de Mariano
Rajoy como registrador?
2) ¿Por qué no ha solicitado nunca el presidente
la excedencia como registrador a pesar de que, en el periodo de 32 años que va
de 1981 a 2013, sólo ha ejercicio dos años como tal (de 1987 a 1989)?
3)
¿Por qué nunca ha consignado en la declaración de rentas y bienes que presenta
en el Congreso el cargo de registrador como puesto público a cuyo ejercicio ha
renunciado por su condición de diputado?
4) ¿Percibió el Sr. Rajoy de
forma simultánea en algún momento algún ingreso como registrador y como
político?
5) ¿Tuvo conocimiento el Sr. Rajoy o participó de alguna forma
en la decisión de que su expediente se enviase a un “archivo de seguridad” el
año 2001?
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/11/iu_reclama_gobierno_que_explique_por_que_oculto_expediente_registrador_rajoy_7541_1012.html
EL GOBIERNO DE
AZNAR OCULTÓ EN UN “ARCHIVO DE SEGURIDAD” EL
EXPEDIENTE DE REGISTRADOR DE RAJOY
La Dirección General de los Registros y del
Notariado escondió en 2001 en un “archivo de
seguridad” el expediente de Rajoy como registrador
de la propiedad, donde figura todo su historial de
funcionario público
En los 32 años transcurridos desde que logró su
primer cargo político siempre ha mantenido la
titularidad de sucesivos registros
Moncloa se niega a aclarar aspectos fundamentales
relacionados con las condiciones en que Rajoy se
mantuvo como titular de registros desde 1981
El Gobierno de José María Aznar dio instrucciones en
2001 a la Dirección General de los Registros y del
Notariado del Ministerio de Justicia para esconder
en un “archivo de seguridad” el expediente de
Mariano Rajoy como registrador de la propiedad.
También envió a ese archivo, inexistente hasta
entonces, los expedientes de otros dos
registradores: Ignacio del Río, entonces concejal de
Urbanismo del PP en Madrid, y José Luis Benavides
del Rey, titular del Registro Mercantil Central. La
orden, escrita y de carácter interno, fue cursada
por la directora general de Registros y del
Notariado de aquel momento, Ana López-Monís Gallego.
A punto entonces de cumplir 11 años como registrador
en servicios especiales –la excedencia concedida a
los diputados–, Rajoy cesó el 27 de febrero de 2001
como ministro de Presidencia para asumir la valorada
cartera de Interior.
En conversación telefónica con infoLibre, Ana
López-Monís respondió desde su notaría madrileña que
no recuerda haber impartido la orden de trasladar
los expedientes de Rajoy, Del Río y Benavides a un
archivo de seguridad. “No me acuerdo de haber
firmado esa orden yo, la verdad”, dijo. “Ha pasado
mucho tiempo y no recuerdo haber hecho nada de eso,
así que siento no poderle ayudar”, añadió. Cuando
este diario subrayó a López-Monís lo peculiar de esa
directriz, la notaria asintió y convino en que,
efectivamente, los expedientes de los registradores
se archivan en el servicio de registradores y
recalcó que conoce a los tres registradores cuyos
expedientes se trasladaron. “Pero no recuerdo haber
dado ninguna de esas órdenes”, reiteró.
A renglón seguido, preguntó si es posible que la
orden fuese anterior a su llegada a la dirección
general, lo que ocurrió el 12 de mayo de 2000. A la
respuesta de que fue dictada por ella, la notaria
respondió ahora del siguiente modo: “Me extraña
muchísimo, pero si usted lo dice será así. Había
tantas cosas, que…, pero no, no lo recuerdo, no es
que quiera ocultarle nada”.
El expediente de Rajoy, sobre cuya doble situación
como registrador y cargo público desde 1981 nunca ha
accedido el PP a dar explicaciones, contenía lo que
todos los historiales de esa naturaleza: los
registros a cuya titularidad había ido accediendo
desde su entrada en este cuerpo de funcionarios en
1978 y las solicitudes de compatibilidad de cargo
público que sucesivamente elevó para mantener la
titularidad de cada registro en cuestión.
El expediente fue recuperado en 2004 una vez que
José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno. A
pesar de que importantes dirigentes del PSOE fueron
informados de este hecho, los socialistas nunca
desvelaron lo ocurrido.
OCULTOS EN UN FICHERO CON LLAVE
Los expedientes se ocultaron en un fichero con llave
localizado en el despacho de la directora general.
Tras la victoria del PSOE en las elecciones de 2004
fue nombrada nueva responsable de la Dirección
General de Registros y del Notariado Pilar Blanco,
quien cursó otra orden escrita que anulaba la
anterior y en la que impartía instrucciones para que
los expedientes de Rajoy, Del Río y Benavides fueran
depositados de nuevo en el servicio de
Registradores, donde se almacenan los historiales de
los casi 800 registradores de España. Pilar Blanco
se ha negado, en conversación con este periódico, a
realizar cualquier comentario sobre su etapa como
directora general en el Ministerio de Justicia.
El “archivo de seguridad” invocado por López-Monís
en su orden de 2001 jamás ha existido oficialmente
como tal. En la Dirección General de Registros y del
Notariado sí hay tres archivos reservados, pero
ninguno de ello relacionado con notarios o
registradores. En uno, se guarda el registro civil
de la Familia Real. En otro, los expedientes de
matrimonios secretos, por ejemplo, los celebrados
por testigos protegidos y que se preservan ocultos
como medida precautoria para su cónyuge. En el
tercer archivo se custodian los expedientes de
nacionalidad en los que, por razones de seguridad
del Estado, han intervenido los servicios de
inteligencia.
LA HISTORIA DEL REGISTRADOR RAJOY
¿Por qué ordenó el Gobierno del PP ocultar el
historial legal de Mariano Rajoy como registrador?
De momento, no hay respuesta para la pregunta. Como
no la hay para la forma en que el hoy presidente
compatibilizó a partir de 1981 sus cargos públicos
con el rango de titular de sucesivos registros de la
propiedad. Objeto de una controversia cíclica, el
doble estatus del presidente del Gobierno como cargo
público y registrador se presenta hoy como una
ecuación de varias incógnitas. Este diario ha
enviado diversas preguntas a Moncloa para conocer su
versión, pero el gabinete de comunicación del
presidente del Gobierno no ha respondido a ninguna
(ver La caja negra al final de este texto).
La primera duda y primordial es si alguna vez
percibió doble retribución. La segunda, menos
relevante pero no baladí, es la de por qué Mariano
Rajoy nunca hizo constar en su declaración de
actividades del Congreso la renuncia a su plaza de
registrador. El formulario de esa declaración,
durante años la única conocida hasta que las Cortes
dieron vía libre a la publicidad de la de bienes y
rentas, contiene una casilla expresamente reservada
a las actividades públicas a que ha renunciado el
diputado o senador por razón de su cargo. Numerosas
declaraciones de actividades reflejan en ese espacio
cómo el declarante aparcó al obtener su escaño el
puesto de profesor o de abogado del Estado o
cualquier otro de carácter funcionarial. La de Rajoy
aparece vacía, pese a que los registradores, aun con
su amplia y generosa gama de peculiaridades, son
funcionarios.
DOS AÑOS DE TRABAJO EN SANTA POLA
Cuando, el 19 de diciembre de 1981, el líder del PP
obtuvo su primer escaño –en el Parlamento de
Galicia–, aún tenía a su cargo el registro de la
propiedad de Padrón (A Coruña). Al año siguiente,
logró la plaza de Berga (Barcelona) y en 1985 obtuvo
el puesto de registrador de Elche número 4
(Alicante). En 1987 desembarcó finalmente en el
registro de la también alicantina localidad de Santa
Pola, cuya titularidad mantiene desde entonces.
En aquel momento se abrió un breve paréntesis en el
que Rajoy no ocupó cargos públicos, entre 1987 y
1989, y tuvo que atender el Registro de Santa Pola.
En los 32 años transcurridos desde que logró su
primer cargo hasta la actualidad, el presidente del
Gobierno sólo ha trabajado como registrador esos 25
meses de la década de los ochenta. Pero siempre ha
mantenido la titularidad de los diversos registros
que fue ganando en concurso. Así consta en el
escalafón oficial de los registradores que publica
anualmente el Ministerio de Justicia, al que ha
tenido acceso infoLibre (ver documentos adjuntos).
En mayo de 1983, y ya con el acta de diputado
gallego y otra de concejal de la extinta Alianza
Popular (AP) por Pontevedra, se convirtió en
presidente de la Diputación de esa provincia. En
junio de 1986, su carrera política experimentó un
salto al lograr su primer escaño en el Congreso,
donde permaneció apenas cinco meses antes de
ascender a la Vicepresidencia de la Xunta. Un año
más tarde, en septiembre de 1987, AP perdió el
Gobierno gallego y Rajoy enfilaba lo que en ese
momento parecía una retirada de la primera línea de
la vida política. Pero su apartamiento duró solo dos
años: el 29 de octubre de 1989, Rajoy regresaba al
Congreso de los Diputados y emprendía el camino que
terminó sentándole en la cúpula del PP y en la
Presidencia del Gobierno.
Poco después de su elección como diputado en 1989,
Rajoy solicitó a la Dirección General de Registros y
del Notariado que lo declarase en situación de
servicios especiales con reserva de plaza. La
resolución aceptando su petición lleva fecha de 7 de
marzo de 1990 y se publicó en el BOE el día 24 de
ese mes. Además, se nombra registrador interino de
Santa Pola a Francisco Riquelme Rubira, que era el
titular del registro de Elche número 3.
A la vista de los datos, la pregunta continúa, por
tanto, siendo la misma: ¿cobró Rajoy en algún
momento como registrador y como político? La
resolución de la incógnita se ve dificultada por la
brumosa legislación que afecta a los registradores,
los únicos funcionarios públicos junto a los
notarios que perciben honorarios y no un sueldo y
los únicos que en la práctica operan como
profesionales privados en régimen de monopolio.
RESPUESTAS A LLAMAZARES
Izquierda Unida ha intentado deshacer la madeja en
dos ocasiones. En ambas, con preguntas
parlamentarias cuya respuesta ha sorteado el
Gobierno, especialmente cuando la formación planteó
una batería de siete cuestiones que requerían
contestación para lo sucedido con Rajoy casi año por
año desde 1981, fecha de su primer cargo público.
Llamazares planteó sus preguntas el 11 de febrero de
2013. Lo hizo después de que, una semana antes y ya
en pleno escándalo por los papeles de Bárcenas,
Rajoy destacara ante la Ejecutiva del PP que como
registrador de la propiedad habría ganado más que
dedicándose a la política.
Llamazares hacía mención expresa al hecho de que la
declaración de Rajoy mostraba en blanco la casilla
reservada a aquellos puestos de “función pública” a
los que había renunciado el diputado. E inquiría
respuesta exacta para una pregunta muy concreta:
¿cuánto cobró como registrador hasta 1990?
El Ejecutivo dejó pasar dos meses antes de ofrecer
una respuesta. Y cuando la dio, obvió cualquier
mención a las preguntas concretas formuladas por el
diputado Gaspar Llamazares sobre cada uno de los
registros a los que, desde 1981 y sucesivamente, fue
incorporándose Rajoy mientras desempeñaba cargos
públicos.
El Gobierno se sacudió las preguntas relativas al
periodo comprendido entre 1981 y 1987, año en que
comenzó el paréntesis de dos años de alejamiento de
la política. Lo hizo acudiendo a una fórmula que
nada aclaraba: “El presidente del Gobierno, a lo
largo de su vida administrativa y en el ejercicio de
sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la
legislación vigente en materia de función pública,
en materia de incompatibilidades de cargos públicos
y en materia de registros”. Sobre el registro de
Santa Pola, aquel que originó en marzo de 1990 la
resolución ministerial que colocó a Rajoy en
situación de “servicios especiales”, el Gobierno
contestó de manera similar a la utilizada en 2012,
cuando Llamazares hurgó por primera vez en el
asunto. Y esa versión puede resumirse así: el
registrador titular, que es Rajoy, se encuentra en
excedencia por su cargo público, por lo cual “no
puede recibir del mismo ninguna remuneración, como
así sucede”. Hasta aquí, la versión oficial.
Este diario se puso por primera vez en contacto con
el Gabinete de Comunicación de Moncloa el pasado 28
de agosto. Desde entonces, no ha logrado una
contestación a las preguntas planteadas. Algunas de
las cuestiones que permanecen sin responder son las
siguientes:
1. ¿Por qué no ha solicitado nunca el presidente la
excedencia como registrador a pesar de que, en el
periodo de 32 años que va de 1981 a 2013, sólo ha
ejercicio dos años como tal (de 1987 a 1989)?
2. ¿Por qué nunca ha consignado en la declaración de
rentas y bienes que presenta en el Congreso el cargo
de registrador como puesto público a cuyo ejercicio
ha renunciado por su condición de diputado?
3. ¿Tuvo conocimiento Mariano Rajoy o participó de
alguna forma en la decisión de que su expediente se
enviase a un “archivo de seguridad” el año 2001?
www.infolibre.com
10.09.13
Rajoy ya
no cobra por su plaza de registrador en Santa Pola
El Gobierno ha aclarado al diputado de Izquierda
Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, que el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya no
percibe remuneración alguna por la plaza de
registrador de la propiedad que tiene en Santa Pola
(Alicante) y que atendió desde finales de 1987 hasta
comienzos de 1990.
Según explica al diputado en una respuesta a la que
ha tenido acceso Europa Press, Rajoy cobró por la
tarea que llevó a cabo en ese puesto durante el
tiempo que ocupó plaza "hasta su posterior pase a
servicios especiales". En ese periodo el ahora
presidente del Gobierno no desempeñó cargo público
alguno.
Una vez que pasa a la situación de servicios
especiales, se nombra para el registro de Santa Pola
a un "registrador accidental permanente" al que
corresponden, de acuerdo con la normativa
hipotecaria, "la totalidad de los beneficios que se
devenguen".
Llamazares había preguntado al Gobierno si Rajoy se
repartió con sus sustituto (hasta entonces titular
del Registro de Elche) los beneficios derivados de
su actividad al 50 por ciento. En su respuesta, el
Ejecutivo niega la mayor y remarca que el líder del
PP no recibió ninguna remuneración
"El registrador titular que se encuentra en
situación de excedencia por servicios especiales no
puede recibir del mismo ninguna remuneración", reza
el documento remitido por el Gobierno al diputado de
la federación de izquierdas.
Por otra parte, Moncloa garantiza que "a lo largo de
su vida administrativa y en el ejercicio de sus
cargos", Rajoy "se ha ido sujetando en cada momento
a la legislación vigente en materia de función
pública, en materia de incompatibilidades de cargos
públicos y en materia de registros".
http://www.elplural.com/2013/05/14/pero-entonces-rajoy-cobra-o-no-cobra-como-registrador-en-excedencia-y-por-que-no-sale-su-plaza-a-concurso/
¿Pero entonces… Rajoy
cobra o no cobra como registrador en excedencia…, y
por qué no sale su plaza a concurso?
