LAS NOTICIAS SOBRE EL SUSODICHO 2010

SOBRE SUS IMPLICACIONES EN EL CASO GÜRTEL  Y SALIDAS DE CORAZÓN PINCHA AQUÍ Y SIGUE SUS OCURRENCIAS 

CAMPS INSISTE EN SU POLÍTICA DE OPACIDAD SOBRE LA CORRUPCIÓN 

Preguntar por los presuntos casos de corrupción que debilitan la economía valenciana es, según Francisco Camps, un acto de deslealtad institucional. Es la idea que transmite jueves tras jueves en la sesión de control en las Corts valencianas.  

Para el Molt Honorable, una opinión es un insulto; una crítica, una traición. Bajo ese principio, el Gobierno valenciano niega sistemáticamente a la oposición todo tipo de documentos relacionados con las tramas corruptas que, de sur a norte, vertebran el territorio valenciano: Brugal en Alicante, Gürtel en Valencia y el caso Fabra en Castellón. 

Se trata de tres poderosos ejemplos de opacidad, pero no los únicos. Ayer, el grupo Compromís inquirió a Camps por el convenio que firmó en diciembre de 2005 con el Instiuto Nóos (en aquel entonces, en manos de Iñaki Urdangarín, yerno de Juan Carlos de Borbón) para promocionar la candidatura de Valencia a los Juegos Europeos de 2010, competición que jamás llegó a celebrarse. El acuerdo se cerró por tres millones, de los que ya se habría abonado 382.000 euros.  

"¿Qué actividades ha realizado Nóos? ¿Dónde están las facturas?", preguntó Enric Morera, portavoz de Compromís, quien amenazó con acudir a los juzgados si la Generalitat no muestra las cuentas. "Todo está debidamente documentado y fiscalizado", objetó Francisco Camps sin aportar ni un dato. La respuesta encendió a la diputada Mireia Mollá: "No quiere admitir que le han timado. Sería aceptar que es un presidente nefasto y que cualquier tramposo le llamaba, le regalaba palabras bonitas y le robaba nuestro dinero", espetó Mollá.  

El Instituto Nóos también cobró del Gobierno Valenciano 2,4 millones por organizar en 2005 y 2006 el Valencia Sunnit, congreso que analizó el impacto económico de grandes acontecimientos deportivos. Nóos está bajo el foco del juez instructor del caso Palma Arena, que investiga el supuesto incremento irregular del ex presidente de Balears, Jaume Matas, quien pagó a este instituto 1,2 millones de euros por la organización de otro foro sobre deporte y turismo. 

El de Camps con los diputados de Compromís no fue el único duelo que se vivió en la jornada de ayer en las Corts. El Molt Honorable la emprendió con Ángel Luna, el portavoz socialista, cuando este le preguntó por el caso Brugal y la supuesta implicación de consellers y familiares de consellers en la adjudicación a dedo de contratos públicos. "Si no existiera, habría que inventarlo", le arreó el president con desprecio. "Afortunadamente, se le adelantaron mis padres", contestó Luna, auténtica migraña política para Camps, quien cada jueves vive los reproches de la oposición como un vía crucis. 

"Si la Comunidad Valenciana fuera un Estado, en materia de política internacional se estaría debatiendo si somos un Estado fallido, ya que existe una corrupción extrema, hay una opacidad absoluta y existen poderes al margen de las instituciones", criticó Luna en referencia a la Gürtel y las acusaciones de soborno, fraude electoral y delito fiscal que irrigan al propio Camps y a la cúpula de su Gobierno.  

"Los empresarios, en privado, dicen que no les gustan estas prácticas, pero que es el sistema y el que no pasa por ahí no puede hacer negocios con las administraciones públicas", prosiguió Luna, quien censuró la intenciones de la Generalitat Valenciana de instalar un parque temático sobre Ferrari. "Eso es economía de la corrupción. Una estrategia basada en gastar mucho dinero público. Dinero opaco y sin control como en la Ciudad de la Artes y las Ciencias". 

La intervención del portavoz socialista alteró a Camps y puso en pie todos sus estados de ánimo. Primero, el del enojo: "esto sería algo así como ensalada de insultos, escena número 48". Acto seguido, el tremendismo mesiánico: "esa fosa séptica en la que ha ubicado las siglas del PSOE en la comunidad, que tardarán mucho tiempo en sacarlas de ahí". Y, como colofón, un lirismo de matices simbolistas: "La fase de la luna toca a su fin. Estamos en cuarto menguante. Dentro de nada desaparecerá y volverá a brillar el sol".  

(www.publico.es, 12/11/10) 

CAMPS DEFIENDE LOS GRANDES ACTOS PERO NO EXPLICA SU GESTIÓN 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, defendió ayer su política de grandes eventos en las Cortes valencianas pero se cerró en banda a dar cuenta de su gestión en esta materia. En la última sesión de control parlamentario del año, Camps no quiso explicar el coste de la visita del Papa a Valencia en 2006, de la que se benefició la trama Gürtel; ni cómo fue posible que las empresas que figuran en este sumario y en el del caso Brugal engordaran a cuenta del erario público. 

El jefe del Consell tampoco quiso explicar el dinero gastado en su sueño de albergar los primeros Juegos Olímpicos Europeos, ni desde cuándo está negociando la instalación en Valencia de un parque temático de Ferrari. 

Camps se limitó a rechazar lo que consideró como "una ensalada de insultos" de la oposición y a descalificar al portavoz socialista, Ángel Luna, del que se despidió hasta el año que viene. "Esta fase de la luna toca a su fin", prosiguió Camps en tono jocoso, "estamos en luna menguante y luego [tras las elecciones de mayo próximo] volverá a salir el sol". 

Para justificar su política de grandes eventos, el presidente de la Generalitat argumentó que la Comunidad Valenciana "tenía que ponerse en pie, tener proyección internacional, actuar sin complejos y ser una referencia en España y en Europa". 

Las explicaciones no convencieron al socialista Luna, que acusó a Camps de haber llevado la Comunidad Valenciana "a la economía de la corrupción". Tras recordar algunos de los episodios más sonrojantes del sumario del caso Brugal, en el que familiares de los consejeros hablan por teléfono sobre qué empresas se van a llevar determinadas concesiones del Gobierno valenciano y cuales no, Luna comparó la Generalitat con un Estado fallido, sumido en la corrupción y el oscurantismo. "Aquí existe una corrupción extrema, en la que hay una burocracia impenetrable. Aquí hay una opacidad absoluta, en la que existen poderes al margen de las instituciones políticas", señaló el socialista, que aseguró que esa estrategia permite a Camps "la discrecionalidad administrativa y gastar mucho dinero". 

Como ejemplo, Luna contrastó la actitud del Gobierno de Camps, que todavía no ha explicado los gastos de la visita del Papa en 2006 con la actitud del Ejecutivo gallego, del PP, que ha tardado 72 horas en pedir una comparecencia para explicarse. 

(www.elpais.com, 12/11/10)

LUNA PIDE QUE SE INCAPACITE A CAMPS POR NEGOCIAR UN 'PARQUE FERRARI' 

 "De confirmarse el hecho de que se esté negociando la posibilidad de instalar un parque temático de Ferrari en Valencia, habría que plantearse en serio algún procedimiento de incapacitación del presidente Camps". Con esta contundencia se expresó ayer el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, que criticó el viaje del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a la ciudad italiana de Maranello, donde la marca automovilística del caballito rampante tiene su fábrica, para negociar la posibilidad de instalar un parque temático de Ferrari en la Comunidad Valenciana. 

Luna considera que el presidente Camps, cuya Administración tiene graves problemas presupuestarios, vive "absolutamente fuera de la realidad". La visita, que se inició el martes y concluyó ayer, ha estado rodeada de secreto. Ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Valencia han dado explicación alguna de la misma. 

"Es surrealista pensar que, en la situación de grave bancarrota que padece la Generalitat, se puedan estar planteando, porque al señor Camps le guste Ferrari, gastarse el dinero público que no tienen en un parque temático de esa naturaleza", afirmó Luna. Añadió que Camps no está en condiciones de gestionar el dinero de los valencianos. 

(www.elpais.com, 11/11/10)

EL PSPV DENUNCIA AL FISCAL LA COMPRA DE PISOS CON FONDOS DE COOPERACIÓN 

La adquisición de inmuebles por parte de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) con cargo a dos proyectos de cooperación en Nicaragua subvencionados por el Gobierno de Francisco Camps, ha sido denunciada por los socialistas valencianos ante la fiscalía anticorrupción. La diputada del PSPV-PSOE Clara Tirado presentó la denuncia a mediodía de ayer. 

El caso se inscribe en el funcionamiento de una serie de organizaciones de reciente creación y empresas relacionadas que captan importantes subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida por el también portavoz parlamentario de Camps, Rafael Blasco. La fundación Cyes, regida por un ex presidente del Colegio de Enfermería de Castellón que fue inhabilitado por irregularidades y sin más experiencia previa que algunos cursos sobre cooperación, logró en 2008 dos proyectos para suministrar agua potable y promover la agricultura en Nicaragua por un total de 1,6 millones de euros, la cantidad más alta de las ayudas a "grandes proyectos" recibida ese año por una sola entidad. Cyes obtuvo además otras ayudas menores hasta 1,8 millones de euros. 

Socios locales de los proyectos, como la Federación para el Desarrollo Integral de los Campesinos (Fedicamp), entrevistados por la cadena SER, confirmaron que a Nicaragua apenas llegaron 70.000 dólares. 

Las subvenciones a los proyectos, que incluían la adquisición de locales como "oficina técnica" por más de 439.000 euros, se otorgaron el 22 de agosto de 2008. Pocos días después, el 19 de septiembre, dimitió como directora general de Cooperación Carmen Dolz, molesta con los criterios aplicados. Hicieron lo mismo el jefe de área, Sergio Aguado, y la jefa del servicio de gestión administrativa, Teresa Clemente.

A Carmen Dolz la sustituyó Pilar Collado, esposa del actual secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, mientras que Marc Llinares era nombrado jefe de área. Llinares, técnico de sistemas cuando Blasco fue consejero de Territorio, ocupó una jefatura de área en Sanidad cuando el consejero se hizo cargo de este departamento. Allí protagonizó una polémica al cambiar la evaluación de una adjudicación informática de su predecesor. 

Pilar Collado también dejó su cargo para convertirse en directora general de Turismo Interior el pasado abril. Asumió su área el director general de Inmigración, Josep Maria Felip, hombre de absoluta confianza de Blasco que cerró el expediente de las subvenciones en julio. 

(www.elpais.com, 08/10/10) 

UN EXPEDIENTE POLÉMICO 

- La Fundación Cyes incluyó en la documentación de los proyectos para Nicaragua un apartado titulado "motivación de la oficina técnica en Valencia" en el que aseguraba que había descartado la compra de locales en el centro de Valencia porque había encontrado otros "a un precio más asequible" cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

- En la justificación presentada a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, la fundación desglosó al detalle los gastos de adquisición y reforma de los dos locales. 

- En noviembre de 2009, la consejería advirtió de que los inmuebles adquiridos deben ser propiedad de los destinatarios locales (en Nicaragua) al menos durante 15 años. 

- En febrero, la Generalitat reclamó la devolución de 149.462 y 185.762 euros mal justificados. 

- El pasado julio, se dio por buena la subvención y por justificados los gastos. 

(www.elpais.com, 08/10/10)

EL GOBIERNO DE CAMPS DESTINA FONDOS DE COOPERACIÓN A COMPRAR PISOS 

Una buena parte del presupuesto de cooperación al desarrollo de la Generalitat Valenciana ha acabado invertido en pisos y plazas de garaje en Valencia o en caros asesoramientos informáticos. El Gobierno de Francisco Camps otorgó en 2008 subvenciones por más de 1,8 millones de euros a una fundación (de los cuales, 1,6 eran para proyectos en Nicaragua) que los destinó, en su mayor parte, a adquirir dos locales para su sede en Valencia, con garaje y alarma, y a pagar más de 200.000 euros por el asesoramiento de una empresa informática que, a su vez, ha constituido otra fundación que maneja subvenciones de la Generalitat también en materia de cooperación. 

El departamento de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige el también portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Camps, otorgó en 2008 dos "grandes proyectos" de cooperación, por valor de 833.409 euros cada uno, a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) que preside Marcial López López, inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y acusado de malversación y apropiación indebida a finales de los años noventa, cuando presidió el Colegio de Enfermería de Castellón. 

Los dos proyectos consistían en perforar dos pozos en Totogalpa (departamento de Madriz, en Nicaragua) para acercar el agua potable a 30 familias (unas 180 personas) y en ayudar a otras 40 familias (unas 203 personas) a diversificar cultivos y mejorar la comercialización de sus productos. También recibió la Fundación Cyes otras tres subvenciones para cursos de sensibilización y educación por 64.000, 64.000 y 33.020 euros. 

Del primero de los proyectos, solo han llegado a Nicaragua 23.500 euros y del segundo, unos 40.000 euros, mientras que más de 800.000 euros fueron destinados por la Fundación Cyes, con la excusa de crear una oficina técnica, a la adquisición en Valencia de sendos locales de 295 metros cuadrados con plaza de garaje. El consejero Blasco dijo ayer a este diario que "nadie podrá demostrar que las subvenciones han servido para comprar locales y garajes" porque en la tramitación del expediente se obligó a la fundación a retirar esa adquisición del proyecto porque se consideró "impropia". 

El expediente, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela lo contrario. La Generalitat advirtió a la Fundación Cyes en noviembre de 2009 de que los bienes inmuebles adquiridos deben ser propiedad de los destinatarios del proyecto o de alguno de sus socios locales (cuatro organizaciones nicaragüenses) al menos durante 15 años, pero el hecho es que los pisos están escriturados a nombre de la Fundación Cyes. 

El pasado mes de febrero, el subsecretario de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, Alexandre Català Bas, exigió la devolución de una parte de la subvención (149.462 euros en un proyecto y 185.762 euros en el otro) sin mencionar los inmuebles. Finalmente, el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Josep Maria Felip, certificó el pasado 12 de julio que la subvención había cumplido los fines que justificaron su concesión. 

Según las facturas presentadas por la Fundación Cyes ante la consejería que dirige Blasco, con el dinero de uno de los proyectos en Nicaragua se adquirió un entresuelo en el número 79 de la avenida de Ausiàs March, de Valencia, y una plaza de garaje por 439.668 euros; se reformó el inmueble y se instalaron alarma, teléfono y equipos informáticos por 22.194 euros; se destinaron 71.976 euros a "gastos de personal en la oficina técnica de Valencia" y 66.672 euros a "gastos administrativos de la entidad en España", y se pagaron 208.352 euros por asesoramiento a la empresa Gestiones e Iniciativas Arcmed, S. L., dedicada a la importación y exportación de equipos informáticos y a la consultoría técnica.  

Con cargo al segundo proyecto, casi un calco literal del primero, y con justificaciones de gastos similares, se adquirió el contiguo entresuelo del número 81 de la avenida de Ausiàs March. Arcmed es la promotora de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, que recibe subvenciones públicas, justifica gastos y evalúa proyectos de varias ONG. 

(www.elpais.com, 07/10/10)

UNA OSCURA TRAMA DE FUNDACIONES 

Arcmed y la firma Dinamiz-E Consultoría Creatividad y Desarrollos Tecnológicos, que comparten accionista, crearon en diciembre de 2008 la Fundación Solidaria Entre Pueblos (no confundir con la veterana ONG Entrepueblos), que ocupa un papel relevante para captar fondos de cooperación. La Fundación Entre Pueblos ha recibido por primera vez este año 415.000 euros de la Generalitat Valenciana, a través de una línea de concesión directa, y la consejería ha anunciado que participará en la gestión de un proyecto de 3,8 millones de euros para la construcción de un hospital en Haití, país que visitó este verano el consejero Rafael Blasco. 

Alrededor de Arcmed, Dinamiz-E y la Fundación Solidaria Entre Pueblos giran una serie de organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo (ONGD) de reciente creación que sostienen con facturas de estas empresas y de otras la justificación de los proyectos. Entre las organizaciones figuran Asa de África, Fundación para el Desarrollo Rural y la Salud (Fudersa-España), Esperanza sin Fronteras o la Agrupación Cívica Intercultural Hispano-guineana-Ceiba. Asa de África, sin experiencia previa a 2009, recibirá este año 663.378 euros para proyectos de soberanía alimentaria en Mauritania y Camerún.  

Fudersa, creada en 2004, acaparó en 2009 subvenciones por 1,3 millones de euros para cuatro proyectos de cooperación relacionados con el desarrollo agrícola y el empleo en la República Dominicana. Esperanza Sin Fronteras, que solo había recibido 38.092 euros para dos pequeños proyectos, recibe este año 570.000 euros para proyectos de desarrollo rural en Perú. A su vez, Ceiba recibe 680.000 euros para proyectos contra la violencia sexual y la explotación infantil y contra el sida en Guinea Ecuatorial. 

Para justificar sus proyectos, Fudersa aporta facturas pro forma de Arcmed, Dinamize-E y la Fundación Entre Pueblos, que vienen a ser lo mismo, y también una factura de Avance Abogados, participada por José Bollaín Pastor, secretario precisamente de la Fundación Entre Pueblos, que hace además la evaluación externa de los proyectos. Esperanza Sin Fronteras, cuyos proyectos son también evaluados externamente por Entre Pueblos, presenta una factura pro forma de Arcmed. A su vez, Ceiba presenta facturas pro forma de Dinamiz-E. 

(www.elpais.com, 07/10/10) 

EDUCACIÓN CEDE ANTE LA PRESIÓN DE LOS CONSERVADORES EN LA MORAL SEXUAL 

Los cursos de educación sexual que imparten técnicos de sanidad desde hace dos años, en la mayoría de los 400 institutos públicos y concertados, no solo están paralizados "temporalmente", sino que su reedición pende de las presiones de grupos ultra católicos dirigidas a modificar sus contenidos. Fiel a los valores morales de grupos católicos conservadores -Camino Neocatecumenal, conocidos como kikos por su fundador Francisco Argüello, o Valencia Educa en Libertad-, la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, propuso a la Consejería de Sanidad cambios en el Programa de Intervención en Educación Escolar (PIES) que se ofrecen a los adolescentes de 3º de ESO con la idea de centrar el temario "en la sexualidad en la familia", según apuntan fuentes sanitarias. 

Desde la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad se elaboró una contrapropuesta que mantenía, en esencia, el contenido "científico, de educación sexual basada en la evidencia" del programa original. De hecho, fue esta dirección general la autora del PIES, que contó con el aval de las principales sociedades científicas de sexualidad estatales y por la principal entidad de médicos de familia (Semfyc).  

Ante estas diferencias hay pendiente una reunión para definir el temario final de los materiales educativos, en caso de que -como ha matizado la Generalitat Valenciana- se impartan el año que viene."No tenemos nada que decir al respecto", se limitó a afirmar ayer la Consejería de Educación. No obstante, dejó la puerta abierta a futuros cambios en el temario, ante la pregunta reiterada de si se mantendría íntegro el contenido original de estos programas. 

La Consejería de Educación ha hecho oficial ya que los próximos cursos serán impartidos por "psicopedagogos y no por técnicos de sanidad [enfermeras o sexólogos]". La paralización temporal del PIES, según el mismo portavoz, obedece a la necesidad de hacer "ajustes que se han observado con los años de funcionamiento, como simplificar el lenguaje", sin precisar la orientación del cambio. 

La suspensión no ha sido notificada a los directores, ni a los departamentos de orientación de los institutos ni a los propios psicopedagogos o psicólogos que tienen que impartir la materia, confirman desde la Asociación Profesional de Directores de Secundaria. 

En primera línea de oposición al "polémico PIES" está la Federación Educación y Desarrollo en Libertad (Fedel) integrada por docentes católicos y adscrita a la plataforma estatal España Educa en Libertad a través de la filial Valencia Educa en Libertad (Vael). Esta entidad ha pedido a Educación que arbitre las medidas necesarias "para que los derechos de las familias queden salvaguardados siempre que se pretenda que nuestros hijos asistan a actividades extracurriculares y, especialmente, si tienen alguna implicación de carácter moral, como es el caso de los programas PIES". 

Juan Carlos Muñoz, portavoz de Fedel, comentó ayer a este diario que "la sexualidad está íntimamente relacionada con la afectividad y la moral" e insiste en que "los técnicos de la Consejería de Sanidad no son quienes para arrogarse la potestad de decir con qué criterios se educa a sus hijos". También los miembros del Camino Neocatecumenal (conocidos como kikos) han presionado en centros concertados para combatir los PIES e impartir clases de sexualidad desde el prisma de la moral católica conservadora. 

Estos mismos grupos ya se opusieron al capítulo del temario de Educación para la Ciudadanía, por considerar que el Gobierno socialista pretendía "adoctrinar" a los estudiantes. Entonces, el consejero Font de Mora y Concha Gómez, en otro guiño hacia esos grupos católicos, consintieron introducir la objeción de conciencia en la norma valenciana, que finalmente en julio de 2009 acabó tumbando el Tribunal Superior de Justicia valenciano. 

En el polo opuesto, la presidenta de la Confederación Gonzalo Anaya de la escuela pública, María José Navarro, considera "muy grave" la paralización de los PIES, ya que "han funcionado correctamente y han servido de orientación y ayuda a los alumnos de ESO". Además, recuerda que "la educación sexual es necesaria y no se puede paralizar, es un complemento de la tarea educativa de las familias". 

Los padres de la escuela laica sostienen que los PIES son programas que "son muy importantes para los alumnos de ESO, tanto para prevenir enfermedades de transmisión sexual, como para ayudarles a resolver dudas y darles nociones para vivir una sexualidad sana y positiva". Navarro solicitó a Educación que lleve a los órganos de consulta establecidos -como la Mesa de Padres- la adaptación de estos contenidos para poder valorarlos. 

También el Col·lectiu Lambda salió en defensa de una educación sexual que reconozca "la diversidad afectivo-sexual". 

La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, que alertó de la paralización de los PIES el martes, pidió ayer la comparencia de los consejeros de Educación y Sanidad "para que expliquen los motivos de la suspensión y los criterios para modificarlos". 

De lo contrario, se extenderían las "sospechas", dijo, de que la reelaboración de los contenidos que ha puesto en marcha la Generalitat pretende supeditarse "a los dictados del Arzobispado", que ha criticado el programa. 

(www.elpais.com, 07/10/10) 

DOS MODELOS DE EDUCACIÓN SEXUAL: INTEGRACIÓN FRENTE A CONTENCIÓN 

El PIE está elaborado por técnicos de Sanidad. Lleva dos años ofreciéndose a alumnos de 3º de ESO (14-15 años). Estos son sus objetivos: 

- Reconocer y facilitar el manejo de la intervención primaria en embarazos y en el contagio de infecciones de transmisión sexual. 

- Reconocer y situar la sexualidad desde una visión integradora de los distintos aspectos que engloba. 

- Reconocer y situar los comportamientos sexuales propios dentro de los aspectos controlados por la propia voluntad. 

- Reconocer y situar la diversidad de las opciones sexuales como un prinicipio de respeto y convivencia. 

- Reconocer la igualdad de mujeres y varones. 

- Potenciar la reflexión crítica sobre las desigualdades por razón de sexo en cualquier ámbito de la vida. 

El Arzobispado de Valencia considera que el PIES ofrece una visión "reduccionista del ser humano" y por ello encargó hace meses un programa alternativo al Instituto Valenciano de Fertilidad (Ivaf), una entidad vinculada al Opus Dei. El Ivaf es autor del curso Sabe Escolar, que está basado en "propuestas de continencia, en el respeto mutuo y la práctica de las virtudes". Cuenta con las siguientes unidades: 

- La fertilidad humana: su desarrollo y reconocimiento . 

- La familia humana: causa, razón y fin de la sexualidad. Tipos y modelos de funcionalidad y disfuncionalidad familiar. 

- La sexualidad responsable: virtudes y defectos. 

- Salud y sexualidad. 

- La representación de la sexualidad en el espacio público y la difusión en medios y redes. 

- La diferenciación sexual en la construcción social:equidad, diferencia, respeto y promoción. 

(www.elpais.com, 07/10/10)

El PP de Camps acumula más de 25 imputados

El presidente valenciano, su equipo y las cúpulas de Alicante y Castellón están afectados por la corrupción

El caso Brugal , una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en Alicante, ha terminado por convertir al PP de la Comunidad Valenciana en una formación dirigida por políticos imputados. A fecha de hoy, los populares valencianos tienen más de 25 cargos públicos imputados, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps , y los presidentes provinciales de Castellón, Carlos Fabra , y Alicante, José Joaquín Ripoll , a la cabeza.

El 'caso Fabra', el Gürtel y el Brugal condicionan la acción institucional

El presidente de la Diputación de Alicante es el último implicado

Esta cifra incluye diputados, alcaldes y cargos de la Administración local y autonómica del PP en activo, a los que, previsiblemente, se unirá alguno más a medida que avancen las investigaciones judiciales en curso. La gran mayoría de ellos están imputados por su vinculación a casos de corrupción, aunque la cifra también incluye algún imputado por delitos de otra naturaleza.

El caso Fabra , el caso Gürtel y el caso Brugal son los tres mojones que condicionan la actividad institucional del PP del norte al sur de la Comunidad Valenciana, pese a gobernar con amplias mayorías absolutas en la Generalitat, las tres diputaciones provinciales y las principales ciudades, incluidas las capitales.

Sin embargo, la sucesión de los escándalos que afectan al PP valenciano ha sido de tal magnitud en los últimos meses que ha hundido la moral de un partido que ha llegado a proyectar la película Invictus a sus diputados para insuflarles nuevos ánimos.

El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, José Joaquín Ripoll, ha sido el último de los altos cargos imputados. El juez que investiga el caso Brugal considera que hay indicios de que puede haber cometido los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. Junto a él, la secretaria provincial y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, otros dos alcaldes de pequeños municipios, seis concejales y varios ex concejales completan el paquete de cargos populares imputados. En esta investigación también está imputado Antonio Amorós, suspendido de militancia por el PSOE y apartado de sus competencias en la Corporación.

La imputación de la cúpula de Alicante ha tenido, además, otra consecuencia: ha hecho caer en el olvido las apelaciones de Ripoll al código ético del partido para afrontar el deterioro de imagen de los populares valencianos a raíz del caso Gürtel. Es más, el presidente de la Diputación de Alicante, enfrentado hasta su imputación a Francisco Camps, se guarece ahora bajo el mismo paraguas argumental que el resto de imputados del PP valenciano.

"Defendemos la presunción de inocencia. Los únicos capacitados para juzgar son los jueces. Ni los informes policiales, ni los políticos, ni los medios de comunicación", afirma la portavoz del Gobierno valenciano y directora de la campaña electoral del PP regional, Paula Sánchez de León, que añade: "Mientras no haya sentencia firme actuaremos con respeto a estos principios". Un argumento esgrimido sistemáticamente por la Generalitat y el PP regional, que se ha convertido en un mantra desde la imputación del presidente valenciano por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio -por recibir trajes regalados por la trama corrupta del caso Gürtel-.

Junto a Camps están imputados en la misma causa quien fue su mano derecha, el ex secretario regional y diputado autonómico Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

A Costa, que hasta la fecha ha sido la única víctima política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, le fue levantada la suspensión de militancia en el PP el pasado día 3. Y todo apunta a que el presidente del partido, Mariano Rajoy, no impedirá que los populares valencianos incluyan imputados en las listas electorales, a diferencia de lo decidido en Baleares. Aliviado por los buenos sondeos demoscópicos que mantiene el PP en la Comunidad Valenciana, Rajoy prefiere obviar los escándalos, aunque desde hace un año ha evitado coincidir con Camps, más allá de lo estrictamente imprescindible.

La situación de los populares valencianos corre el riesgo de agravarse con nuevos imputados si, finalmente, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consigue que el TSJ de Valencia se haga cargo de la investigación que afecta a otros aforados valencianos y que está relacionada con la supuesta financiación ilegal del PP. En su auto aparecen mencionados, entre otros, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, y el vicesecretario de Organización del PP, David Serra.

La situación en Castellón no es mucho mejor. El presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, está a las puertas de sentarse en el banquillo. Para Fabra -cuya influencia política en la Comunidad Valenciana convirtió el código ético del PP en papel mojado- las acusaciones piden hasta 20 años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales. La posición de su entorno también es mala. El vicepresidente segundo, Vicent Aparici, se sentará en el banquillo el 23 de noviembre por un delito de vertidos tóxicos y prevaricación ambiental por el que la fiscalía pide siete años de cárcel, y dos alcaldes de la provincia están pendientes también de la justicia.

Pese a todo, ninguno de los más de 25 cargos imputados ha querido renunciar a su responsabilidad política antes de acudir al juzgado.

Populares emplazados por la justicia en la Comunidad Valenciana

- ALICANTE

El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; los alcaldes Mónica Lorente (Orihuela), Antonio Lorenzo (Algorfa), Javier Pérez Trigueros (Callosa del Segura), José Arronis (Rafal), José Manuel Gálvez (Jacarilla), Pedro Ángel Hernández Mateo (Torrevieja) y Ana Kringe (Dénia); los concejales Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez (Orihuela), Francisco Lancharro (Pilar de la Horadada) Aurelio Murcia (Bigastro), Juan José Moragues (Xàbia), Juan Cano (Polop), Juan Roselló (Calp) y Andrés Llorens (Alicante) y Javier Bru (Albatera)

- CASTELLÓN

El presidente de la Diputación, Carlos Fabra; el vicepresidente de la Diputación Vicent Aparici y los alcaldes de Alcalà, Francisco Juan Mas, y de Borriol, Adelino Santamaria.

- VALENCIA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret por Gürtel. Y, por otro caso distinto, el edil Jorge Bellver (Valencia).

www.elpais.es 19.09.10

La corrupción en la Comunidad Valenciana 'CASO BRUGAL'

La mafia que controlaba votos, voluntades y toneladas de basura

En vísperas de la Navidad de 2007, dos personajes pasean por el puerto de Alicante. Son Enrique Ortiz, dueño de un imperio inmobiliario en Alicante y máximo accionista del Hércules, y Rafael Gregori, empresario de la automoción y ex presidente de la fundación del club alicantino. Hablan de repartir entre el propio Ortiz y Ángel Fenoll (que gestionaba la concesión a dedo del servicio de la basura) una contrata que todavía no se ha adjudicado. La policía, que les sigue los pasos, graba a Gregori cuando comenta el encuentro con Fenoll, cuyos intereses representa: "Le he visto en buena línea... Yo creo que eso es fácil, lo podemos arreglar".

Con acceso directo al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, Gregori hace de intermediario en una trama cuya investigación comenzó la primavera de 2006 porque Fenoll dejó entonces sobre la mesa del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, una bomba de relojería en forma de DVD con un supuesto soborno por la contrata de la basura de la ciudad de Orihuela. Fenoll pretendía reventar la concesión del concurso a otro adjudicatario, pero aquel DVD puso al fiscal y a la policía a revolver en los desechos de la comarca de la Vega Baja y, sobre todo, a seguir los pasos del propio Fenoll. Cuatro años después, la investigación ha dejado a la intemperie una trama político-empresarial que salpica al presidente de la Diputación de Alicante y a otros cargos del PP, e incluso al portavoz socialista en la institución provincial, expulsado de su partido hace unos días.

En la investigación han aflorado sobornos y pagos de favores (pisos, viajes de recreo a bordo de lujosos yates y entrega directa de dinero en sobres). Fenoll, verdadero corruptor de la Vega Baja y cosechador de votos para el PP desde que Luis Fernando Cartagena alcanzara la alcaldía con una moción de censura a finales de los años ochenta, pretendía quedarse con la contrata del Ayuntamiento de Orihuela (valorada en 190 millones de euros) y con la del plan zonal de La Vega Baja (valorada en 360 millones a lo largo de 20 años). Condenado en su día por comprar votos para el PP y por ayudar a Cartagena a falsificar una coartada cuando fue condenado y tuvo que dejar la política, Fenoll se movía en las entretelas del PP alicantino. Ortiz, a su vez, lo hacía en las del PP regional (es uno de los implicados en la supuesta financiación del partido de Francisco Camps en el caso Gürtel).

Fenoll gestiona la concesión a dedo del servicio de la basura en la playa de Orihuela y media docena de contratas menores, en este caso mediante concurso, en otros tantos municipios de La Vega Baja. El trabajo de la costa oriolana se lo adjudicó Cartagena cuando era alcalde, con el beneplácito del protector de Fenoll, Manuel Lorente, padre de Mónica Lorente, la actual alcaldesa de Orihuela, también imputada en el caso Brugal.

Pero el industrial, que de pequeño empujaba el carro de recogida de su padre, quería más. Quería ser el rey de la basura en toda la comarca. Comprar voluntades de políticos y técnicos llevó a que el 30 de mayo de 2007 fuera detenido con cinco miembros de su equipo por extorsión y cohecho. Era la primera fase de la Operación Brugal. Fenoll estuvo un mes en la cárcel y salió con una fianza de 100.000 euros. La investigación se incautó de centenares de grabaciones que destaparon su vocación extorsionadora. El industrial grababa las entregas de dinero a cargos del PP.

Tras el arresto y con el respaldo de su hijo Antonio Ángel, y el gerente del grupo, el edil del PP de Orihuela Javier Bru desplegó sus peones a dos bandas. Para la contrata de Orihuela, se aseguró el apoyo de tres concejales del PP de esa corporación (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez) y el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente. Los tres le asesoraron para comprar dos empresas tapadera "sanas" al tiempo que confeccionaban un pliego de condiciones a la medida de su oferta, en unión con la mercantil Sufi, que lograría el contrato el 28 de octubre de 2008.

Por otra parte, aunque la intención del presidente de la Diputación, Ripoll, era otorgársela a él, la contrata de la planta de basura del plan zonal de la Vega Baja cambió de rumbo a causa de su arresto y de la postura de la Generalitat, que prefería a Ortiz. Gregori, amigo personal de Ripoll y socio de Fenoll desde 2007, fue el encargado de la negociación. El plan era que el grupo ganador hiciera la planta en la finca La Pistola (en la pedanía oriolana de Torremendo) propiedad de Fenoll. Para ello se cambiaría la ubicación inicialmente propuesta.

Gregori desplegó una frenética labor de intermediación entre Ortiz y Fenoll en vísperas de la adjudicación. El contrato se otorgó el 3 de enero de 2008 como estaba previsto a una UTE integrada por Cespa y la empresa de Enrique Ortiz. Sin embargo, aún no había un pacto definitivo entre Ortiz y Fenoll y las presiones del entorno de Ripoll para cerrar el acuerdo eran constantes. El líder del PP tenía que tener contento a Fenoll, porque lo necesitaba para reflotar las precarias finanzas de dos televisiones locales controladas por los populares. La policía sostiene que el presidente de la Diputación recibió dos pisos o su equivalente en dinero, entre 800.000 y un millón de euros. Los corruptos financiarían la millonaria dádiva con el sobreprecio de la finca La Pistola y el aumento del canon a los usuarios de la futura planta comarcal de basura de la Vega Baja.

Tanta negociación estrechó lazos de amistad y Ripoll, Ortiz y Gregori coincidieron en una fiesta en la Feria de Sevilla y dos viajes (veranos de 2008 y 2009) a las Baleares a bordo del lujoso yate Elena, propiedad de Ortiz. Fenoll, que monopoliza el negocio de la basura en la Vega Baja, merced a un vertedero ilegal, estratégicamente ubicado en el límite entre las provincias de Alicante y Murcia, prefirió quedarse en Orihuela y seguir a lo suyo: repartir sobres.

www.elpais,es 19.09.10

El rey del suelo urbano en Alicante

Enrique Ortiz, promotor y dueño del Hércules, facturó 200 millones en 2009

El promotor Enrique Tomás Ortiz Selfa (Grañén, Huesca, 1960) ha armado en un cuarto de siglo un imperio económico que le ha catapultado a las primeras posiciones de la lista de empresarios más influyentes en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y el más popular en el territorio donde es casi hegemónico: Alicante.

El promotor posee directamente el 25% del suelo urbano en Alicante

"Estoy tranquilo. No he hecho nada malo", dice sobre la imputación judicial

En la capital alicantina, según fuentes municipales oficiales, controla directamente el 25% del suelo urbano, cifra que se dispara hasta el 70% si se suma el que posee en sociedad con otros mercantiles. Otro dato ilustrativo de su poderío, siempre según las mismas fuentes, es el volumen de facturación con el Ayuntamiento. Sus contratos suponen cerca del 10% del presupuesto del consistorio (260 millones en el ejercicio vigente). Según datos de su página web, el Grupo Cívica -integrado por una decena de firmas y comandado por Ortiz-, cerró 2009 con una facturación de 2000 millones de euros, un 40% más que en el ejercicio anterior.

El empresario comenzó su actividad en el sector inmobiliario, y especialmente en el apartado de comprador y gestor de suelo y promoción de viviendas. El buque insignia en este apartado es el plan Rabassa (programa urbanístico más ambicioso de Alicante, que prevé 13.505 casas en la periferia norte de la capital alicantina). Pero Ortiz también es el adjudicatario de grandes PAI en otros puntos del territorio valenciano, como por ejemplo Manises.

El negocio del promotor de origen maño, pero alicantino de espíritu según el mismo se califica, alcanzó un impulso definitivo en 1994 con la llegada de Luis Díaz Alperi, del PP, a la alcaldía de Alicante. En los 14 años de mandato del regidor, Ortiz sumó a sus negocios un sinfín de contratas municipales, la más destacada la recogida de la basura y limpieza de la ciudad, mediante la mercantil Inusa. Con esta firma también explota la planta de basuras de la capital, aunque en este caso la adjudicación le vino a través de la Generalitat Valenciana.

Las relaciones de Ortiz con los sectores campistas del PP, que lidera el presidente de la Generalitat Valenciana, han sido siempre cordiales. El promotor no dudó en salir al rescate del parque Terra Mítica de Benidorm, impulsado por el gobierno autonómico, cuando el complejo presentó suspensión de pagos. Ortiz compró la reserva de suelo del complejo por 85 millones de euros.

El último gran contrato ganado por el empresario ha sido la planta basura del plan zonal de La Vega Baja, adjudicado por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, heredero del sector zaplanista del PP valenciano.

El progresivo ascenso económico y social de Ortiz, este último derivado de su condición de máximo accionista del Hércules C. F., ha sufrido un serio revés en el último año. Ortiz ha saltado a las primeras páginas de los diarios por su implicación en las dos supuestas tramas corruptas más destacadas que han germinado en la Comunidad Valenciana: el caso Gürtel y el caso Brugal. En el segundo, está imputado por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias, derivados de una supuesta dádiva (dos pisos o su equivalente en metálico, entre 800.000 y un millón euros) al líder provincial del PP. El supuesto cohecho está con la mencionada contrata de basuras del plan zonal.

Ortiz ha coronado su implicación en supuestos escándalos con el caso de la compra de partidos para garantizar el ascenso del Hércules. Unas escuchas recogidas en el sumario del caso Brugal revelan que Ortiz dirigió en primera persona el amaño de al menos cuatro partidos. El caso fue archivado porque estos hechos no son delito -sí lo serán cuando entre en vigor la reciente reforma del código penal, el 22 de diciembre-.

El aluvión de supuestas irregularidades no ha arredrado al empresario y ha confeccionado un potente equipo para su retorno a Primera. El viernes, al ser preguntado por esta redacción sobre las cifras de sus negocios y su situación procesal dijo: "Los números, como comprenderás, no los tengo en la cabeza". Y añadió: "Sobre los casos judiciales, estoy muy tranquilo, porque estoy convencido de que no he hecho nada malo".

www.elpais,es 19.09.10

Camps inicia su curso más duro

El presidente, asediado por los escándalos, plantea una larga campaña electoral

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, abre hoy el último curso político de la legislatura. Un curso que va camino de ser el más duro de su carrera política. Asediado por los escándalos de corrupción y con su imagen deteriorada por el caso Gürtel, el presidente reactiva hoy al Consell tras las vacaciones, cuyas competencias se reorganizaron en la última reunión antes de las vacaciones, y celebra la tradicional cena de inicio de curso del PP, que tendrá lugar en el municipio alicantino de Teulada.

Sin embargo, Camps inicia su curso más duro en peores condiciones que el año pasado. A diferencia de lo que ocurrió en 2009, Camps ostenta ahora la condición de imputado en el sumario de los trajes regalados por la trama de Gürtel; la dirección nacional del PP -con excepción del valenciano Esteban González Pons- no acudirá a la cena de Teulada para apoyarle y las investigaciones judiciales sobre presuntos delitos relacionados con la corrupción, lejos de desvanecerse, han reafirmado los primeros indicios. Por si fuera poco, la paralización del Consell se ha agravado y las dificultades financieras de la Generalitat para asumir sus compromisos han puesto en pie de guerra a los más variados colectivos sociales, hartos de buenas palabras mientras el Consell demora el pago de los servicios contratados y las subvenciones prometidas.

Con este escenario, el margen de actuación del jefe del Consell se reduce a seguir pedaleando con la vista puesta en las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo mes de mayo y confiar en que la imputación por cohecho pasivo impropio, que instruye el juez José Flors del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no se concrete antes de los comicios.

Supeditado al objetivo de revalidarse en los próximos comicios, Camps ha reorganizado las competencias del Consell y ha delegado en otros departamentos la mayoría de las competencias que acumulaba la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, que ahora se centrará en las funciones de directora de la campaña electoral del PP.Pese a los ajustes realizados por Camps en el Gobierno y en el PP, el acto de inicio de curso político de los populares arrancó ayer envuelto en la polémica. Los socialistas salieron en tromba tras conocerse que el restaurante elegido para la cena del PP regional ya fue escenario de un acto organizado por Orange Market y su responsable Álvaro Pérez, El Bigotes, imputado por su participación en la trama del caso Gürtel.

El portavoz socialista, Ángel Luna, argumentó que "no es casual que el PP repita la conducta que le ha dado un resultado tan exitoso y tan alejado de la legalidad". La secretaria de Organización del PSPV, Elena Martín, tachó de ridículo que el PP eligiese entre los miles de restaurantes el que le permitió compartir "mesa y mantel con su amigo íntimo Álvaro Pérez".

La dirección regional del PP quitó hierro al hecho de que su presidente abra hoy el curso político en el restaurante Canor de Teulada, uno de los escenarios donde la trama Gürtel organizó hace más de tres años un mitin para Camps que cobró en dinero negro y sin mediar factura. "Es una anécdota" aseguró el secretario regional, Antonio Clemente. En la documentación incautada en las oficinas de Orange Market por la policía figura una entrada en dinero negro referida a un acto que tuvo lugar en Teulada en abril de 2007 y en el que Camps celebró un mitin organizado por Álvaro Pérez. La policía destaca la ausencia de facturas o de justificación de ingresos que la trama recibió por aquel acto y que sí aparecen reflejados en la Caja B de Orange Market.

En la documentación de la trama aparecía como contacto para la celebración de aquel mitin el nombre y el teléfono móvil de José Ciscar, entonces el alcalde del PP de Teulada. Ciscar fue nombrado delegado del Consell en la provincia de Alicante en marzo de 2009 y en noviembre se le nombró vicesecretario general del PP regional.

Antonio Clemente insistió en la legalidad de las cuentas del PP, "que están habilitadas en todos los órganos del partido". Clemente, que visitó el local de la cena ayer acompañado de Sánchez de León, Ciscar y el vicesecretario de Organización del PP, David Serra, añadió que "por aquel entonces el PP celebraba más de 500 actos al año en la Comunidad Valenciana y todo esto está ya muy hablado".

El PP insistió ayer en proclamar la fortaleza de una organización que hoy reunirá a cerca de 2.000 comensales y en el que se utilizarán nuevas tecnologías para seguir transmitiendo una imagen de partido moderno.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del PP por dejar de lado los escándalos de corrupción, la oposición insistió en seguir reclamando explicaciones. El portavoz del grupo de Compromís, Enric Morera, pidió a la Mesa de las Cortes que se reuna ya para tramitar las preguntas del caso Gürtel que el PP se negó a cursar, tal y como manda una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

www.elpais.es 27.08.10

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/08/26/rajoy-pp-contempla-camps-candidato/733971.html

RAJOY: ´EL PP SÓLO CONTEMPLA A CAMPS COMO CANDIDATO´

 

El presidente del PP confirma que Francisco Camps será candidato, aunque "no está previsto de momento hacer proclamaciones formales de candidatos"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha confirmado que el candidato del partido en las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana será Francisco Camps. "En este momento, el PP sólo trabaja con la hipótesis de que el candidato sea el señor Camps".

Así ha respondido el dirigente 'popular' en una entrevista con Europa Press al ser preguntado si Camps será candidato aunque la campaña electoral pueda coincidir con el proceso judicial de la rama valenciana del 'caso Gürtel', en el que está imputado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio.

En respuesta a qué le parecería la candidatura del dirigente valenciano a pesar de que pueda darse esta coincidencia, Rajoy respondió que "en este momento" su partido "sólo" contempla que Camps encabece la lista a la Generalitat, para zanjar a continuación el asunto asegurando que sin embargo "no está previsto de momento hacer proclamaciones formales de candidatos".

No quiso precisar así Mariano Rajoy cuándo será la presentación formal de esta candidatura. "Más adelante, igual que la de los demás", volvió a cerrar la cuestión.

CATÓLICO, ESPAÑOL Y PEREGRINO

Cientos de valencianos dan la bienvenida a Francisco Camps en Santiago

Es católico y español. Para no dejar lugar a dudas lo repitió varias veces ayer. También (o por eso) fue durante un par de días peregrino del Camino de Santiago. Aunque no iba vestido muy acorde. Poco le faltó para llevar traje y corbata. Se quedó en la americana, camisa, pantalón chino y zapatos. Así llegó ayer por la mañana el presidente de la Generalitat valenciana al Monte do Gozo, donde se encontró pasadas las diez de la mañana con un Alberto Núñez Feijóo mucho más propio, con un atuendo completamente caqui.

Casualmente, un minuto después de que Camps se dispusiese a recorrer la última etapa del camino con el presidente de la Xunta, apareció un grupo de cientos de peregrinos valencianos. "¡Ese Camps, cómo mola, se merece una ola!", le gritaron varias veces al presidente algunos chicos que llegaban a un encuentro católico de jóvenes que tiene atestada la ciudad.

La mayoría venía de Orihuela (Alicante) y formaba un numeroso grupo con ansias de fotografiarse con Camps. Junto a la ermita del Monte do Gozo, a menos de cuatro kilómetros de la sede de la Xunta, Feijóo parecía el foráneo.

- ¿Con quién va?

- Creo que ése es el presidente de Galicia.

Al presidente lo saludaron curas, señores que decían conocerle, familias -"hijo, es un orgullo tener un presidente como este", decía un padre en valenciano tras hacerse una foto con su chico- y, sobre todo, muchos jóvenes cristianos volcados con su causa: "¡Estas elecciones, las vamos a ganar!".

Pero Camps no respondió a los periodistas cuando se le preguntó si será el candidato en los próximos comicios autonómicos. Porque incluso sus más incondicionales saben que el presidente no pasa su mejor momento. "Suerte con los problemillas que tenemos pendientes", le decía un simpatizante mientras le abrazaba. "Me ha respondido: 'Que no son pocos", aseguraba después el peregrino con una amplia sonrisa.

Tras el baño de afectos en el monte, los dos presidentes se pusieron al cuello unos pañuelos con el logo del Xacobeo y emprendieron un camino a paso ligero cuesta abajo hacia la Praza do Obradoiro, que tenían que interrumpir con frecuencia para saludar y seguir fotografiándose. La popularidad de Feijóo crecía a medida que se acercaba a Compostela, pero la cantidad de valencianos que había por el camino hacía que Camps se sintiera como en casa.

No todos estaban por la labor de bailarle el agua al presidente y alguno recriminaba las corruptelas que le rodean en la Generalitat valenciana. Ya en el Obradoiro, hubo cánticos preguntándole: "¿Esos trajes, donde están?". Y antes, en el monte, algún peregrino farfullaba entre dientes su disconformidad con aquel homenaje al presidente valenciano. "Sí, con éste me voy a hacer yo una foto, vaya". Un sufrido caminante que llevaba recorridos cientos de kilómetros a pie desde Zaragoza reprochaba a gritos que fuese a ganar el jubileo después de sólo dos jornadas, la de ayer y la del día anterior, de 18 kilómetros. Tampoco parecía muy satisfecho con su gestión política. El vicepresidente tercero, Juan Cotino, se acercó a calmarlo, pero el peregrino, que no pareció conocerlo, no le hizo mucho caso. El tercer mandatario que completaba la expedición valenciana era Mario Flores, consejero de Infraestructuras y Transporte.

Todos juntos se dirigieron al Pazo de Raxoi, sede de la Xunta. Y, sin tiempo para una sola pregunta, al contrario que ha sucedido con otros presidentes que hicieron idéntico itinerario, se dirigieron a la catedral para que Camps pudiese hacer su ofrenda al apóstol.

Allí, como católico que es, hizo un discurso muy religioso: "Venerado apóstol, patrón de España, te pido por todos los españoles, especialmente por los que sufren, por los que no encuentran trabajo. Te pido por las intenciones del Papa, su trabajo y esfuerzo diario, y porque sea un éxito su visita a nuestro país y en especial aquí, a esta catedral en el año jubilar. Por el Rey y el Príncipe de Asturias y toda la familia real, por la Comunidad Valenciana, por su prosperidad y bienestar y por todas las personas que buscan consuelo invocando a la Virgen de los Desamparados, a la Mare de Déu dels Desamparats, a la Santa Faz, a la Mare de Déu del Lledó y a todas la evocaciones marianas y santos que protegen nuestra tierra, entre otros, Sant Vicent Ferrer. Y en especial te pido, venerado apóstol, que los hijos de mis nietos sigan abrazando la fe cristiana, igual que yo abracé la fe de mis mayores. Gracias señor".

Tras esto y unas actividades lúdicas en el Obradoiro, Camps dio por terminada su peregrinación, que en año santo sirve para conseguir el perdón de todos los pecados.

www.elpais.es 06.08.10

CAMPS COMUNICÓ A RAJOY SU INTENCIÓN DE LANZAR LA CAMPAÑA ELECTORAL

Sánchez de León, la nueva coordinadora, delega sus competencias de consejera

"El presidente, como siempre, ha tomado la decisión de acuerdo con el presidente del partido", dijo ayer la flamante coordinadora de la campaña electoral del PP valenciano, la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, que en el pleno de ayer delegó la mayor parte de sus competencias en otros consejeros de la Generalitat Valenciana. En su condición de portavoz del Consell, responsabilidad que conservará, Sánchez de León aseguró que el singular método empleado por el presidente valenciano, Francisco Camps, para designarla y lanzar la campaña de las próximas elecciones autonómicas, en un acto público del PP celebrado la noche del jueves, no se produjo a espaldas del líder del PP, Mariano Rajoy, ya que Camps se lo comunicó. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había advertido el pasado lunes de que las candidaturas en la Comunidad Valenciana tendrían que esperar a que se pronunciara la justicia.

Mediante la aplicación de un método hasta ahora inédito en la Generalitat, Sánchez de León delega "horizontalmente" la mayor parte de sus competencias para conservar la condición de portavoz y mantener las competencias sobre modernización de la Administración. Las relaciones con el Estado y la Unión Europea pasan al vicepresidente y consejero de Industria Vicente Rambla, mientras que el vicepresidente Económico Gerardo Camps asume las de Administraciones Públicas y Rafael Blasco, consejero de Solidaridad y Ciudadanía, las de Justicia. Aprovechando la centrifugación, las competencias sobre bandas de música y pilota valenciana pasan al consejero de Gobernación, Serafín Castellano.

Aparte del excepcional mecanismo de delegación provisional de competencias, mientras la estructura de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas se mantiene intacta, el lanzamiento de Sánchez de León, una figura hasta ahora de escaso relieve partidario, desaira a dirigentes y cargos públicos como el vicepresidente Rambla, que coordinó la campaña de 2007, o Blasco, que aspiraba a trasladar al partido su peso en el grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas. Nada tiene que ver que la anterior campaña electoral, en 2007, que coordinó Vicente Rambla, esté siendo investigada por supuesta financiación ilegal en el marco del caso Gürtel, para que Camps haya prescindido de él esta vez, dijo la nueva responsable electoral del PP. Sánchez de León argumentó que su nombramiento es coherente porque tanto Rambla como el actual consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, en las elecciones de 2003, fueron elegidos coordinadores electorales cuando ocupaban el cargo de portavoces del Consell. "Es lo que menos distorsión va a producir", argumentó Sánchez de León. Por lo que se refiere a Blasco, la nueva coordinadora evitó confirmar su declaración de hace unos días, cuando aseguró que Camps debería seguir aunque fuese condenado por el caso de los trajes regalados por la trama de corrupción, en avanzado estado de instrucción en el Tribunal Superior de Justicia. Sánchez de León se limitó a decir que confía en la "inocencia absoluta de Camps" y carece de sentido pronunciarse sobre "hipótesis muy poco probables".

El encargo a Serafín Castellano de las bandas de música, por otra parte, supone una desautorización de la consejera de Cultura, Trini Miró, y también del de Educación, Font Mora, tras el enfrentamiento con las sociedades musicales por los recortes presupuestarios que amenazan incluso la continuidad de las escuelas musicales. Pero no deja tampoco bien parado a Blasco, que en su condición de portavoz parlamentario del PP medió el pasado mes de marzo para reconducir la situación sin ningún éxito.

El pleno del Consell, por otra parte, aprobó ayer sendos anteproyectos de ley de cara al próximo período parlamentario. Castellano explicó el primero, que pretende regular la custodia compartida y que se ha denominado "de relaciones familiares de los hijos cuyos progenitores no conviven". El consejero explicó que se ha consensuado con diversas organizaciones sociales y espera que obtenga el consenso parlamentario. La consejera de Cultura, Trini Miró, no acompañó a Sánchez de León y Castellano para explicar el anteproyecto de ley del Deporte y la Actividad Física.

"Sólo le guía su interés personal"

La oposición arremetió ayer contra la maniobra de Francisco Camps que, para nombrar una sorprendente coordinadora de su campaña electoral, ha trastocado provisionalmente el organigrama de la Generalitat. "Está claro que en estos momentos a Camps sólo le guía su interés personal", señaló el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna. "Se siente acosado por la cantidad de errores que ha cometido a lo largo de toda su trayectoria como presidente de la Generalitat; se siente acosado por los procedimientos judiciales que tiene abiertos en estos momentos; se siente acosado porque no siente el respaldo de la dirección nacional de su partido. Y trata de desafiar a todo y a todos con un comportamiento más propio de un dictador de república bananera que de un gobernante democrático". El portavoz socialista, que se ha distinguido en la denuncia de los casos de corrupción que afectan al PP, añadió una reflexión: "Los valencianos hemos venido sufriendo a Camps mucho tiempo y ahora la sensación es que lo van a sufrir en su propio partido".

La coordinadora de Esquerra Unida y diputada autonómica, Marga Sanz, comentó que los cambios en el Consell "muestran una mezcla consciente del PP entre gobierno y partido". Según Sanz, Paula Sánchez de León "será sólo portavoz y estará haciendo tareas de partido, dedicada a la campaña electoral y liberada de responsabilidades gubernamentales, en una clara confusión entre partido y gobierno".

Por su parte, la coordinadora de Iniciativa del Poble Valencià y diputada de la Coalició Compromís, Mònica Oltra, señaló que "las ansias de poder están llevando a Francisco Camps a hacer el ridículo". En opinión de Oltra, "no puede ser más bochornosa la manera en que Camps dio por convocada la junta directiva y dio por aprobadas sus decisiones, una buena muestra de hasta qué punto los escándalos de corrupción están trastocando al PP".

Delegación de competencias

- La consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, se desprende provisionalmente de la mayor parte de sus competencias, aunque sigue de portavoz del Consell.

- Vicente Rambla asume las relaciones con el Estado y la UE.

- Gerardo Camps se hace cargo de Admistraciones Públicas.

- Rafael Blasco asume las competencias de Justicia.

- serafín Castellano asume bandas de música y 'pilota'

www.elpais.es 31.07.10

LUNA ACUSA AL PP DE "BANALIZAR LA CORRUPCIÓN" PARA SOSTENER A CAMPS 

Hizo una "lectura" sobre la estrategia del PP valenciano ante los casos de corrupción que afectan al presidente de la Generalitat y otros cargos públicos de cara al próximo curso político, en el que habrá elecciones municipales y autonómicas. Y se encomendó para ello a Hannah Arendt y su famosa idea sobre "la banalidad del mal", aquí un tanto traída por los pelos -o tal vez no, dado que viene a describir cómo la rutina de la máquina administrativa podía convertir en banales los actos más horrendos bajo el régimen nazi. 

Dilatar el procedimiento principal del caso Gürtel, poner la justicia en cuestión, "banalizar la corrupción" y pervertir la democracia son los cuatro aspectos que, en opinión del portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, caracterizarán la estrategia del PP "en los próximos meses y tal vez en lo que queda de legislatura".  

Luna se refirió ayer a las declaraciones del portavoz popular, Rafael Blasco, en las que dijo el martes que es partidario de que Camps siga en el cargo, aunque acabe siendo condenado por el caso de los trajes regalados por la trama de corrupción, y señaló que el PP intenta transmitir la impresión de que "tampoco tiene tanta importancia la corrupción porque lo que importa es la gestión". "¿Qué gestión?", se preguntó acto seguido el diputado socialista. "Para contraponer la poca importancia de la corrupción a la eficacia de la gestión de Camps ya hace falta tener cuajo". La intención de los populares valencianos, en opinión de Luna -y aquí tiene sentido la cita de Arendt-, es provocar el "hastío" de la opinión pública para que el asunto de la corrupción pase desapercibido. 

El portavoz socialista comentó el recurso de apelación del PP contra la inhibición del juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a favor del TSJ de la Comunidad Valenciana en lo que se refiere a la parte valenciana del caso Gürtel. Luna explicó que los socialistas son partidarios de que no se juzguen por separado el caso de los trajes y el sumario de Madrid. "Que se juzgue lo que ha pasado", reclamó, frente a la voluntad del PP de trocear la realidad. "Los regalos de trajes no se han producido en abstracto", recordó Luna. "Eran regalos de presuntos delincuentes que consiguieron contratos de las Administraciones dirigidas por aquellos a quienes regalaban trajes". "Como decía Hegel, la verdad es el todo", añadió con sarcasmo el portavoz socialista.  

Luna consideró grave la apelación de Blasco a que el presidente se debe fundamentalmente al voto de los electores, como si no existiera la responsabilidad política, recordó que la Constitución establece el principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y calificó de "bonapartismo" la estrategia popular, en la medida en que pretende legitimar con plebiscitos una "dictadura personal". El portavoz socialista, de todas maneras, apuntó que las pretensiones de Camps dependen del "dedo de Rajoy", y el presidente nacional del PP no ha ratificado a Camps como candidato ni tiene previsto asistir hoy al acto convocado por los populares valencianos. 

Por su parte, el portavoz popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, afirmó ayer en Castellón que su partido no tiene porqué actuar sobre sus cargos, estén imputados o condenados, mientras exista una posibilidad de recurso. De esta manera, sostuvo que no basta con una sentencia condenatoria de un juzgado, una audiencia o incluso el Tribunal Supremo ya que, a su entender, hasta que no haya un fallo "que no sea recurrible ante ningún organismo de ninguna institución", no se tiene porqué adoptar ninguna medida política. "Acabará en Estrasburgo o donde tenga que acabar", respondió Blasco a una pregunta en referencia al tribunal europeo hasta el que podrían llegar los recursos y, por tanto, prolongarse las causas durante años. 

El portavoz del PP afirmó que "la presunción de inocencia no acaba nunca" y reiteró que el veredicto que debe respetar Camps es "el de los ciudadanos". Del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, en camino de ser juzgado, dijo que es un "excelente político". 

(www.elpais.com, 29/07/10)

EL EQUIPO DE CAMPS AVISA DE QUE SEGUIRÁ SI ES "CONDENADO" 

Justo en el mismo día y, por poco, coinciden hasta en la hora. El portavoz del Grupo Popular en Les Corts valencianas, Rafael Blasco, afirmó este martes que Francisco Camps “debería continuar” en su cargo “aunque fuera condenado” por su implicación en el caso Gürtel. Y, mientras tanto, Mariano Rajoy decía a los suyos, reunidos en el último comité ejecutivo nacional del curso que celebraba su partido, que habrá que esperar a ver qué pasa con los procesos judiciales abiertos para adoptar cualquier decisión. 

“El president debería seguir en cualquier circunstancia”, dijo Blasco de forma rotunda durante un almuerzo con periodistas. Después resaltó que se trataba de su opinión personal y aseguró que, en cualquier caso, no pensaba que ese extremo llegara a producirse. “Creo que no va a ser condenado porque tengo una absoluta confianza en su inocencia como la inmensa mayoría de los valencianos”, matizó. 

En cualquier caso sus declaraciones ya habían causado estragos en el PP nacional. “¿Quién es Blasco?”, destacaban con sorna. Más de un dirigente conservador minusvaloró a su compañero de filas. Algunos llegaron incluso a decir que no se podían tener en cuenta sus palabras porque cuando Blasco habla “no se sabe si realmente dice lo que piensa”. En la sede del PP creen que tanto él como Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, han “malmetido” mucho contra el jefe del Consell. 

En la dirección nacional mantenían que ese podía ser “el pensamiento” del conseller pero se negaban a suscribirlo. Además insistían en que el líder del PP había dicho exactamente lo contrario. “Él ha pedido esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos”, señalaba un diputado. Otro lo recordaba así: “Ha dicho que con los temas de corrupción confiamos en la Justicia y que vamos a ver qué ocurre”. Cada uno lo expresaba a su manera pero en el fondo la idea era la misma: Camps permanece en cuarentena. “Todo está pendiente. No le hemos dado un sí rotundo e incondicional”, confesaban en el PP. 

En mayo, Rajoy derrapó en su cierre de filas con Camps. El líder del PP comentó en una entrevista que su barón iba a ser cabeza de lista en las próximas elecciones “diga la Justicia lo que quiera”. El Supremo se iba a pronunciar sobre el tema de los trajes y, con ello, Rajoy venía a decir que le daba igual que lo imputaran. 

El jefe de la oposición siempre se ha arrepentido de la expresión que empleó y unos días después incluso llegó a reconocerlo en público. En una reunión con los máximos dirigentes de su partido admitió que había sido “desafortunada” y sostuvo que no iba a volver a decir cosas que se pudiesen “malinterpretar”.  

Por lo visto ha aprendido la lección y ahora prefiere mantener la cautela. Por eso iniciará el curso político en Santiago de Compostela cuando el año pasado lo hizo en la Plaza de Toros de Valencia. Y, por eso mismo, ha pospuesto la designación de candidatos a la vuelta del verano esperando a que los tribunales se pronuncien. 

En rueda de prensa, le preguntaron a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por la situación que vive el partido en la Comunitat Valenciana donde cuentan, además de con Camps, con los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados. “Vamos a esperar y confiar en la actuación de la Justicia”, dijo repitiendo el estribillo de su jefe. 

Además tuvo que defender que el código ético se aplica “a todo el mundo por igual” cuando le preguntaron por qué se había suspendido de militancia al ex secretario general de los conservadores valencianos, Ricardo Costa, por atrincherarse en sus cargos y no se hacía nada contra Fabra, al borde del banquillo por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. “No tienen absolutamente nada que ver los dos casos aunque haya personas interesadas en mezclarlos”, defendió Cospedal. 

Por su parte, el portavoz del grupo Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, denunció que Fabra y su familia mantienen activa una empresa que se utilizaba para ocultar pagos, informa Toni García de Dios. El nombre de la empresa es Carmacas, creada por el presidente de la Diputación de Castellón en el año 2000 y que desde el año 2004, cuando se descubrió la presunta trama de blanqueo de dinero no obtiene beneficios. Una empresa sin actividad, pero que continúa dada de alta, con un capital cercano al millón de euros y una persona contratada a la que paga 36.000 euros al año, según la documentación a la que ha tenido acceso Mulet.  

La Fiscalía Anticorrupción cree que esta podría ser su tapadera. Según Mulet, en estos años “se está produciendo una descapitalización de Carmacas, se va distribuyendo el patrimonio que se ha ido consiguiendo en los años de bonanza, antes de que estallase el caso Fabra”. 

Además también se conoció que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado un recurso interpuesto por Fabra quien consideraba que diversas informaciones publicadas en la revista Interviú referentes a las investigaciones fiscales sobre su patrimonio constituían delitos de revelación de secretos oficiales e información privada. Pero la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que informar sobre el patrimonio de una “autoridad” no es delito.  

(www.publico.es, 28/07/10) 

BLASCO: ´CAMPS SEGUIRÁ AUNQUE LO CONDENEN, QUE NO LO HARÁN´  

El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, dio ayer un paso más en la defensa del presidente Francisco Camps y su candidatura para las autonómicas de 2011 al aseverar que, en su opinión "personal", Camps "debería continuar [en su cargo] en cualquiera de las circunstancias, aunque fuera condenado", si bien esta hipótesis, recalcó, no la contempla, "convencido de su inocencia". Blasco respondió así, durante un almuerzo con periodistas para hacer balance del curso parlamentario, al ser preguntado sobre la hipótesis de que el jefe del Consell pueda ser condenado por Gürtel 

Antes de manifestar su "absoluta confianza" en la inocencia de Camps, el conseller aseguró: "Mi opinión personal es que el presidente se debe fundamentalmente a los votos de los valencianos y ni siquiera hablando de un tema que no tiene ninguna trascendencia penal, y de lo que se le está acusando hasta ahora es una cosa menor que además no tiene ningún fundamento -dijo en referencia a la causa de los trajes-, creo que el presidente debería continuar en cualquiera de las circunstancias". "Aunque fuera condenado, pero creo que no va a ser condenado". 

Blasco matizó de inmediato sus palabras: "Yo no digo que si el presidente es condenado tiene que ser presidente; es que yo creo que no va a ser condenado porque tengo una absoluta confianza en su inocencia". El síndic del PP comentó sobre Camps que una persona que está gestionando los asuntos públicos "como ninguno los ha gestionado, no puede cuestionarse más que por el voto de los ciudadanos", ya que "la regla de oro de la democracia es que la última palabra la tienen los ciudadanos".  

Blasco, cuyas declaraciones van en línea opuesta al criterio de Génova de esperar a la Justicia para designar a los candidatos, indicó: "El criterio de Madrid es muy respetable, pero la autonomía del PPCV hay que defenderla y acrecentarla". 

Instó a esperar la decisión de la Justicia -a la que habrá que "darle la razón", dijo- pero defendió que los procesos judiciales "no son infalibles" y en España existen casos de personas que "condenadas de antemano" y cuando finalmente han sido absueltas "no han tenido oportunidad de recuperarse políticamente".  

Admitió que en la Comunitat "pasan cosas" pero de éstas a "derivar responsabilidades políticas es un tramo que hay que recorrer con mucha responsabilidad". Quizá por los acontecimientos judiciales, auguró que va a ser una precampaña y una campaña "épica", con unas situaciones con "dosis de leyenda y de epopeya". 

El conseller, que afirmó que todo el grupo popular "se ha ganado su puesto", auguró que la "división interna" en el PSPV "se va a agudizar en los próximos meses" con la "salida" del portavoz socialista, Ángel Luna, de la Cámara en la próxima legislatura y la marcha del portavoz adjunto, Joaquim Puig al Congreso. 

(www.levante-emv.com, 28/07/10) 

Luna acusa a Camps de "entorpecer" la instrucción del 'caso Gürtel'

La portavoz del Consell dice que el PP no alimenta ninguna "batalla campal"

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, acusó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "entorpecer" la instrucción del caso Gürtel que realiza el magistrado Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La consejera dice que sus informes tienen la misma validez que los otros

Luna compareció en la sede del PSPV para valorar el auto del juez Pedreira, que rechaza el recurso del PP contra la decisión de inhibirse en favor del TSJ de la Comunidad Valenciana en la mayoría de la instrucción del caso Gürtel que afecta a la Comunidad Valenciana. Pedreira considera que esta parte de la instrucción, en la que detectan indicios de varios supuestos delitos, incluida la financiación irregular del PP y delito electoral, está relacionada con el caso de los trajes por el que están imputados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

"El recurso presentado por el PP [contra la decisión de Pedreira] va a suponer un retraso de tres meses. No sabemos por qué, pero Camps está ganando tiempo antes de las elecciones", señaló Luna, que argumentó que el presidente de la Generalitat ha adoptado la estrategia del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. "Entorpecer, retrasar y confundir", remarcó Luna, que censuró la estrategia del presidente de la Generalitat de "manipular las instituciones valencianas para su defensa judicial".

El Consell remitió al juez Pedreira un informe de la Abogacía de la Generalitat en el que enumera un total de 226 cargos de la Administración valenciana que pudieron haber participado en la adjudicación de contratos a empresas de la trama corrupta de Gürtel y que excluye al jefe del Ejecutivo valenciano. Junto a este informe se emitió un dictamen del Consell Jurídic Consultiu con la misma tesis. Informes que el juez considera que tienen como objetivo deslegitimar los estudios periciales de la Agencia Tributaria y la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la policía.

Para el socialista, Camps ha impuesto a sus abogados la estrategia de que incriminen a cualquiera menos a él, aunque en opinión de Luna el juez Pedreira "señala la deslealtad del presidente de la Generalitat frente al resto de sus colaboradores" en su reciente auto judicial.

El PSPV está estudiando si recurre el auto de Pedreira para solicitar la exclusión del PP como acusación popular, ya que, si se concretan las acusaciones de financiación irregular y delito electoral, el partido de Mariano Rajoy podría ser responsable civil subsidiario.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, negó ayer que la "batalla campal" de informes y contrainformes a la que alude el auto del Pedreira la hubiese creado la Generalitat. La consejera no quiso valorar el contenido del auto del Tribunal Superior de Madrid pero defendió los informes de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu, "que tienen el mismo valor que los de otras instituciones, como la Agencia Tributaria". "Me llama la atención que nadie cuestione la validez de otros informes", dijo Sánchez de León.

Mònica Oltra, de Compromís, indicó que el auto deja en evidencia la intención del PP de "ensuciar la causa".

www.elpais.es 17.07.10

EL JUEZ ACUSA A CAMPS DE CONVERTIR EL PROCESO EN UNA BATALLA CAMPAL 

El juez Antonio Pedreira, que instruye el ''caso Gürtel'', ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por la representación del PP contra el auto de inhibición de Pedreira en favor del TSJ de Valencia de la parte de la causa que alcanza al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a otros dirigentes del PP valenciano. 

El magistrado desestima el recurso del PP porque su condición de juez le permite conocer cuando debe inhibirse en favor de otros órganos jurisdiccionales. Los populares mantienen que a estas alturas de la investigación no hay todavía datos suficientes que señalen a aforados valencianos como presuntos responsables de varios delitos. entre ellos prevaricación, por lo que no es necesario que el caso en su vertiente valenciana sea enviado a los juzgados de esa comunidad autónoma. 

En estas y otras alegaciones se comprueba claramente que los populares actúan mas como una defensa que como una acción popular que es la figura procesal por la que se han personado en la causa. Y en este sentido, Pedreira rechaza los informes realizados por la abogada de la Generalitat Valenciana afirmando que son contradictorios, que son inadmisibles y que en ningún caso debe ser introducidos en la causa. En definitiva, que son informes a instancia de parte. 

Sin entrar a imputar presuntos delitos, de lo que deben encargarse los órganos judiciales precisos, ya sea el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por los aforados de esa comunidad o el Tribunal Supremo por la aparición de diputados o senadores, Pedreira concluye que su capacidad como juez en la comunidad de Madrid le impide investigar este asunto si detecta aforados no madrileños. 

(www.elpais.com, 15/07/10)

LA FISCALÍA REVELA QUE EL TSJCV DECIDIÓ EXCLUIR LAS ESCUCHAS FAVORABLES A CAMPS  

Un escrito de la Fiscalía revela que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tuvo en su poder las grabaciones que favorecen al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pero decidió no incorporarlas a la causa de los trajes. El documento, que forma parte del sumario del caso Gürtel, lleva la firma del teniente fiscal del Tribunal Supremo y constata que las pruebas que el Consell considera exculpatorias para el jefe del Consell en la causa que se sigue contra él por un presunto delito de cohecho impropio formaban parte de la abultada documentación que el juez Garzón envió a Valencia en marzo de 2009.  

Las escuchas, que el pasado mes de marzo fueron declaradas ilegales por el Supremo, fueron realizadas por orden de Garzón a los cabecillas de la trama y a sus abogados en la prisión de Soto del Real. Entre las conversaciones intervenidas por la policía, figuran varias en las que tanto el líder de la trama, Francisco Correa, como su segundo de a bordo, Pablo Crespo, se refieren a los presuntos regalos en forma de trajes al jefe del Consell. Ambos, en conversaciones con los abogados, rechazan la hipótesis de que la empresa Orange Market, con la que la trama operaba en la Comunitat Valenciana, hubiera pagado las prendas que al jefe del Consell encargó a las tiendas de Milano y Forever Young.  

Estas grabaciones, sin embargo, no fueron incorporadas a la causa que instruyó el magistrado José Flors, por lo que ninguna de las partes personadas en el proceso -incluida la defensa del presidente- tuvo conocimiento de las mismas hasta que el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ordenó el primer levantamiento del sumario en octubre de 2009.  

En ese momento, la sala del TSJ de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, ya había archivado el auto de Flors en el que se abría el procedimiento del jurado al considerar que Camps no había demostrado que se pagó los trajes. Sin embargo, la causa fue reabierta por el Tribunal Supremo el pasado día 12 de mayo al aceptar el recurso presentado por el PSPV y la Fiscalía General del Estado.

El Consell y el propio Camps se han quejado en numerosas ocasiones de la indefensión que, en su opinión, supuso para el presidente no contar en su momento con estas grabaciones que consideran claves para su exculpación. Su propósito es incorporarlas en la causa como elementos probatorios cuando Flors reanude la instrucción.  

El escrito del fiscal del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso Levante-EMV da una nueva dimensión a la polémicas grabaciones en la cárcel, ya que revelan que fue decisión del TSJ de Valencia excluirlas de la causa. Así lo dejó dicho el fiscal del Supremo el pasado mes de marzo en su contestación a un recurso presentado por Ignacio Peláez Marqués, abogado del empresario José Luis Ulibarri (también imputado en el caso Gürtel), a cuenta de la querella contra Garzón por las escuchas ilegales.  

Peláez denunció irregularidades en la tramitación de la pieza de intervención de comunicaciones en la cárcel y acusó al juez de no haber enviado las escucha al TSJCV, un extremo que el fiscal estima "manifiestamente inveraz". Y da datos. Se remonta al auto del 5 de marzo del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional de inhibición a favor de los altos tribunales de Madrid y Valencia a los que se remitió "copia íntegra" de las diligencias previas "a fin de que pudieran seleccionar aquellas actuaciones que consideraran relevantes para la asunción de la competencia y la investigación de los hechos".  

La remisión de la documentación se hizo en dos fases; el 13 y el 20 de marzo. Con la segunda entrega llegó, según el fiscal, la copia de la pieza de la intervención de las comunicaciones, así como otros tomos. La documentación fue recibida por los dos tribunales el 20 de marzo, según consta en los oficios remisorios. El fiscal niega que el tomo de las escuchas se retuviera interesadamente, como afirmaba Peláez en su querella. "Fue, por tanto, -afirma el fiscal- decisión del TSJ de Valencia no incorporar las referidas transcripciones -los supuestos elementos exculpatorios-a las que posteriormente serían sus diligencias previas, igual que hizo con otras numerosas actuaciones". 

(www.levante-emv.com, 24/06/10)

PONS CITA AHORA A CAMPS COMO "EJEMPLO DE LAS POLÍTICAS DEL PP" 

Primero fueron Esperanza Aguirre y Alberto Núñez Feijóo y ahora le toca el turno a Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, no tiene ninguna duda: Camps es "un ejemplo de políticas del PP", después de que el lunes dijera lo mismo de Alberto Núñez Feijóo y de Esperanza Aguirre, a los que citó como "ejemplo de austeridad para otras comunidades autónomas". 

En declaraciones a Telecinco, Pons fue preguntado si la defensa que hizo sobre las políticas de austeridad aplicadas en Galicia y Madrid, la extiende también a otros barones como Francisco Camps. Argumentó que puso de ejemplo al presidente de la Xunta y la jefa de la Comunidad de Madrid porque fue por los que se le preguntó en rueda de prensa pero aseguró que Camps es "un ejemplo de políticas del PP exactamente igual que lo son Feijóo y Esperanza Aguirre". 

"Los diputados tenemos que tener recursos para poder trabajar, no tenemos que tener lujos superfluos"

Además, el portavoz del Partido Popular tildó de "impensable" presentarse como candidato a las elecciones autonómicas de la Comunitat Valenciana y aseguró que cuando cogió "el billete de ida hacia la política nacional" no llevó "billete de vuelta". 

Pons enfatizó que su partido esperará a la conclusión final del Tribunal de Cuentas antes de denunciar por qué los bancos han perdonado la deuda al PSOE. "Lo gordo del asunto es que se lo han perdonado cuando han llegado al Gobierno. A ningún español le han perdonado jamás una deuda los bancos", remarcó. 

Por último, al ser preguntado sobre la posibilidad de que los diputados reciban el nuevo iPhone 4, respondió no haber recibido noticias sobre este asunto aunque destacó que el material de trabajo no se debe "despreciar nunca". "Nosotros tenemos que tener recursos para poder trabajar, no tenemos que tener lujos superfluos y menos en ésta época", concluyó. 

(www.publico.es, 22/06/10)

CAMPS USARÁ A LOS ABOGADOS DE LA GENERALITAT PARA DENUNCIAR A LUNA  

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, amenazó ayer al síndic socialista Ángel Luna con llevarle a los tribunales si continúa acusándole de irregularidades en las sesiones de control de las Corts. Para parar los pies a quien se ha convertido en su azote político -jueves a jueves Luna pone al jefe del Consell frente al espejo del caso Gürtel- el presidente no dudó en afirmar desde su escaño que solicitará a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen la intervención del socialista por si pudieran ser constitutivas de delito. 

Ayer, una vez más el escándalo de la trama de Correa se coló en el hemiciclo, aunque Luna puso el acentó en otro tipo de contratación: la realizada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias que se ha saldado con un sobrecoste de 587 millones de euros, según la Sindicatura de Comptes.  

El portavoz socialista comparó el gasto "sin control" en el complejo de ocio c0n el caso del velódromo Palma Arena, el escándalo de corrupción que afecta al ex presidente de Baleares y embajador de la Comunitat Valenciana, Jaume Matas. Y se preguntó "cuántos gürtels caben en 600 millones de euros". Luna retó al presidente a ensañar a la oposición los expedientes de gestión de las obras dirigidas por el arquitecto Santiago Calatrava y recalcó que la diferencia de este asunto con Gürtel es que los expedientes de la trama "los hemos visto gracias a la intervención de los jueces". Ante el silencio del presidente y ya en los pasillos de las Corts, Luna insinuó que si la vía política falla el PSPV podría llegar a los tribunales para tener acceso a la documentación. 

En su intervención, Camps defendió la fiscalización de las cuentas de la Generalitat y acusó a Luna de tratar de "ensombrecer" a la Comunitat Valencana con sus manifestaciones. "Yo sí que voy a pedir a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha vuelto a llegar usted y espero que, alguna vez, algún fiscal, sus palabras o sus hechos, intenten dictaminarlo, porque detrás de cada una de sus palabras y cada una de sus insidias, estoy completamente convencido de que hay algún tipo de irregularidad", declaró Camps. 

(www.levante-emv.com, 11/06/10) 

EL PSPV ACUSA AL GOBIERNO DE CAMPS DE GASTAR 600 MILLONES SIN JUSTIFICACIÓN 

"100.000 millones de pesetas, 600 millones de euros, se ha gastado su Gobierno sin que quede justificado el por qué se realiza el gasto y sin que el organo competente haya aprobado nada". Son las acusaciones que el síndic del PSPV en las Cortes, Angel Luna, lanzó hoy a Francisco Camps.  

Luna recordó que en el caso Palma Arena "se ha puesto en la picota" al ex presidente balear Jaume Matas "por 50 millones de sobrecostes" y subrayó que CACSA en 2008 tenía 600 millones de sobrecoste "sin control sin aprobación, sin justificación de nadie, como dice la Sindicatura de Cuentas". 

De esta manera, le preguntó a Camps "si está dispuesto a enseñar" los expedientes de gestión de las obras y recalcó que la diferencia de este asunto con Gürtel es que los expedientes de la trama "los hemos visto gracias a la intervención de los jueces". 

Francisco Camps respondió asegurando que va a pedir a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen "hasta dónde ha vuelto a llegar" el portavoz del PSPV con sus declaraciones . Camps consideró que, con esta manifestación, se había cometido "algún tipo de irregularidad".  

El síndic socialista explicó que "más allá de Gürtel", les preocupa la gestión económica del Gobierno del PP y del "contexto que ha hecho posible el 'caso Gürtel' y puso como ejemplo la construcción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC), un proyecto que calificó de "megalómano", y cuyo presupuesto inicial era de 311 millones de euros y en 2008 el sobrecoste era del 188%. "100.000 millones de las antiguas pesetas", recalcó. 

Al respecto, señaló que la Sindicatura de Cuentas ha venido repitiendo desde 2004 que el sobrecoste ha tenido lugar "sin que se haya modificado contractualmente la modificación ejecutada". 

Las modificaciones de la obra, además, "no quedan justificadas" por el director de obra "junto con el proyecto modificado" y su "aprobación por el órgano competente". Luna anunció que pedirán de nuevo los expedientes de obras y en caso de que no se los dejen ver, no descartó llegar a los tribunales, dijo luego en los pasillos. 

Durante la discusión de la cuestión de CAC, el portavoz del PSPV acusó a Camps de "satisfacer los caprichos" del arquitecto Santiago Calatrava, "que llevan a los sobrecostes". Frente a esto, el presidente de la Generalitat quiso hacer saber "a todo el mundo" que Luna había llamado "caprichoso" a uno de los arquitectos que "más esplendor" ha dado a la Comunidad y "más reconocimiento" tiene en España. 

Camps, además, le respondió que "capricho" es lo que hizo Luna como alcalde de Alicante de poner "granito escandinavo" en los bordillos de las aceras de la ciudad, para, a continuación, decir: "por cierto, me enteré que se fue además de crucero por los Fiordos, para ver seguramente dónde estaban los minerales", añadió irónicamente. 

Luna en el pleno negó haber ido y en los pasillos explicó que no fue de crucero, sino en coche desde Alicante para ver a su hijo que estaba con una beca. 

(www.publico.es, 11/06/10)

PONS HABLA DE DOCUMENTOS QUE EXCULPAN A CAMPS SIN DAR PRUEBAS 

Sin ningún tipo de dudas, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha afirmado que existen documentos que prueban la inocencia de Francisco Camps, imputado por su relación con el caso Gürtel.   

Aunque no ha aclarado qué documentos son los que supuestamente exculpan a Camps, el conservador sí ha aprovechado su intervención en Los Desayunos de TVE para cargar contra "las fiscalas", acusándolas de ocultar dichas pruebas.  

"Yo sé, porque las he leído, que hay unas conversaciones grabadas en prisión que favorecen a la defensa de Camps, que eran conocidas por las fiscalas cuando el caso se instruyó en Valencia y que las fiscalas no las aportaron al sumario", ha aseverado.  

Pons se ha pronunciado en estos términos después de que este lunes la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, asegurara que su partido respeta la investigación del caso Gürtel.  

"Sabemos que hay documentos, que hay esas conversaciones a las que he hecho referencia anteriormente y conocemos a Camps lo suficiente como para confiar en él", ha continuado el conservador en su defensa a ultranza del imputado president de la Generalitat. Un Camps que seguirá de candidato a renovar su mandato porque el PP no tiene "ninguna razón" para no mantenerle como tal.   

(www.publico.es, 08/06/10)

ÁNGEL LUNA : "Hay un 'Gürtel', pero también un montón de 'gürtelitos'"

Ángel Luna. Portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts. Afirma que la política de adjudicaciones de Francisco Camps está "trufada de irregularidades" y resalta que "la opacidad facilita la trampa"

Cuando Ángel Luna (Madrid, 1952) se encarama sobre la tribuna, la bancada del PP contiene la respiración. Sucede en Les Corts cada jueves, único día que Francisco Camps (y no siempre) acude para dar cuentas de su actuación. Luna lleva meses preguntándole sobre la Gürtel, revelando datos y mostrando informes sobre las irregularidades. Algo que no le perdona el PP, que le ha reprobado en dos ocasiones durante esta legislatura. "Algunos diputados populares ni me saludan", asegura este abogado de oratoria afilada y largo recorrido político: senador, diputado en el Congreso, conseller de Sanitat y alcalde de Alicante. En la última sesión, mostró a Camps un ejemplar del Código Penal tras conocerse que el juez ha encontrado indicios de hasta siete delitos graves, entre ellos soborno y financiación ilegal.

El futuro de Francisco Camps, ¿está escrito en el Código Penal?

Está escrito en relación con el Código Penal. Hace un año le dije que tenía la convicción de que era penalmente responsable de una serie de actuaciones. Se montó un gran revuelo y me dijo que le insultaba. Conforme avanza el tiempo cada vez está más claro que su futuro tiene que ver con el Código Penal. Con problemas de inhabilitación e incluso de prisión.

¿Será el primer presidente de la Generalitat en ir a la cárcel?

No sé si llegará a pisar la cárcel, pero de momento será el primero que se siente en el banquillo. Si no en prisión, con condena, aunque no la cumpla por aquello de la libertad condicional y que no tenga antecedentes. Su futuro judicial es complejo.

¿Cómo ha quedado la senyera [la bandera valenciana] después que Camps se envolviera en ella para defenderse de la Gürtel'?

El valor simbólico de la senyera no se ve afectado por Camps.

El tono que emplea, entre grandilocuente y mesiánico, ¿es estrategia o debilidad?

Es la estrategia común de los populistas: vaciar el lenguaje político de contenido para ocultar la realidad. Apelar al vacío como expresión.

¿Alguna aportación de Camps a la historia del populismo?

Sus aportaciones a la dialéctica parlamentaria son exageradamente cutres. Un día trató de sorprendernos con un poema y resultó ser un fragmento de un manual de autoayuda.

¿Pueden las urnas enjugar la mancha de siete delitos graves?

Nunca. Es el recurso de los que no entienden qué es vivir en un Estado de derecho. Ganar las elecciones te da legitimidad para gobernar, pero respetando las leyes. De eso no le van a absolver las elecciones.

¿Por qué, pese a la Gürtel', da la sensación que el PP es imbatible?

Da la sensación. Otra cosa es que lo sea. Son muchos años de ocupar el espacio público, de invisibilizar a la oposición y parasitar los recursos de las administraciones públicas en beneficio de su imagen y propaganda. Con la Gürtel, además de una utilización sectaria de los medios de comunicación públicos, han dispuesto de sobrefinanciación para sus campañas. Pese a ello, el PP sufre una erosión importante y lo comprobaremos en las elecciones. La figura de Camps está muy deteriorada en la calle. Esto va calando a pesar de todos los trucos procesales que intentan.

Sin embargo, el PSPV no despega.

El voto tiene un componente emocional muy importante y es muy difícil, desde una posición de debilidad mediática como la nuestra, romper ese techo. El PP ha basado gran parte de su política en excitar el orgullo valenciano y tratar de asociar su política con acontecimientos como la Copa América o la Fórmula 1. Eso ha configurado un imaginario colectivo que coloca al PP en el éxito, el valencianismo y en la economía boyante. Y al Partido Socialista en la negación de la esencia de los valencianos. Creo que estamos trabajando en la buena dirección, con una alternativa de futuro, que es Jorge Alarte.

Usted es más conocido que Alarte. ¿Podría ser el candidato socialista a la Generalitat?

Radicalmente no. Mi candidato es Alarte. Y creo que el candidato del partido, sin ninguna duda, es Alarte.

El sumario permitió conocer los contratos del gobierno Valenciano con la Gürtel'. Aún así, se niegan a enseñarlos a la oposición. ¿A qué se debe ese empecinamiento?

Si los muestran una vez los van a tener que mostrar siempre. Su norma de funcionamiento es la opacidad más absoluta y la van a mantener.

Este tipo de contratos, ¿son la excepción o la norma de Camps?

Toda la política de adjudicación de Camps está trufada de irregularidades. La opacidad facilita la trampa. En el PP valenciano hay un Gürtel, pero también un montón de gürtelitos. Hay muchos temas que han salido y otros que no, pero que saldrán.

La querella que presentaron contra el PP incluye a cinco influyentes constructoras. ¿Se han enturbiado su relaciones con los empresarios?

No. Nos llegó un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales muy contundente. Con ese informe redactamos un querella donde metimos a todos los que aparecían.

Durante un tiempo de su vida trabajó para uno de ellos, Enrique Ortiz. Algo que el PP le echa en cara siempre que puede.

He sido y sigo siendo investigado hasta la saciedad. Incluso fuera de la Comunitat Valenciana. En mi época de abogado especialista en urbanismo he asesorado a empresas de fuera y me han llamado amigos que me han dicho: "Que sepas que en el ayuntamiento tal han venido y han planteado buscar expedientes en los que hayas participado"

¿Teme que puedan encontrarle alguna irregularidad?

Tengo la conciencia tranquila. Llevan tres años mirándome de arriba abajo. Empezaron nada más ser elegido portavoz. Cuando apareció la trama Gürtel y empecé a preguntar, se convirtió en obsesión. Y conforme van pasando los jueves, cada vez más. Es su estilo de funcionamiento: ver que pueden saber para chantajear en un momento determinado.

www.publico.es 06.06.10

RAJOY APOYA A CAMPS, PIDE RESPETO A LA JUSTICIA Y AVALA QUE EL PP LA ATAQUE

Caamaño y De la Vega exigen a los populares que no "alboroten" ni presionen

Mariano Rajoy apenas contesta a preguntas de la prensa. Por eso, el líder del PP, que habla casi todos los días pero sin preguntas, no había dicho una palabra sobre el caso Gürtel desde que cinco jueces del Tribunal Supremo decidieron por unanimidad, el 12 de mayo, que se siga investigando el caso de los trajes de Francisco Camps, y otro del Superior de Madrid firmó un auto el 26 de mayo en el que se apuntan hasta siete delitos cometidos supuestamente por la cúpula del PP valenciano.

"Mientras no se demuestre lo contrario, para mí Camps es inocente"

Rajoy rompió su silencio ayer en Almería, y lo hizo para respaldar a Camps. Aunque esta vez, más preparado, no llegó tan lejos como el pasado 6 de mayo, en Onda Cero. Rajoy dijo entonces: "Camps será el candidato en las próximas elecciones autonómicas. Que diga la justicia lo que quiera". La metedura de pata fue tan grande que él mismo pidió perdón en privado -ante su cúpula- y prometió: "No se volverá a repetir".

El líder del PP cumplió y midió ayer mucho más sus palabras, pero el mensaje de fondo es el mismo. "Yo esperaré a lo que digan los tribunales, pero vuelvo a decir que yo creo que Francisco Camps es inocente. Y mientras no se demuestre lo contrario, para mí, el señor Camps es inocente".

Algunos dirigentes del PP quisieron ver un ligero cambio en las palabras de Rajoy, ya que pone fecha de alguna manera a esa confianza en Camps. Claro que ese "mientras no se demuestre lo contrario" puede suponer el momento en que haya un auto de imputación, cuando se siente en el banquillo, cuando haya condena o sentencia firme, en función de la interpretación de Rajoy.

Esto es, no queda claro si el líder del PP respaldará a Camps para que sea candidato, esté o no imputado, o le apartará como reclaman en privado una auténtica marea de dirigentes nacionales y regionales, que creen que después de la sentencia del Supremo y el auto de Pedreira, el valenciano debería dejar paso.

Rajoy aprovechó para rectificar: "Respeto y acato lo que ha dicho el Tribunal Supremo, y respetaré y acataré lo que diga cualquier otro tribunal. Es bueno que lo hagamos todos porque ahí están las bases de las reglas de juego de nuestra democracia".

Sin embargo, este alegato a favor del respeto a la Justicia llega después de que Rajoy no haya desautorizado a Camps, que insiste en que todo es un "montaje" -incluida la sentencia del Supremo- y sobre todo haya avalado la estrategia de defensa de Federico Trillo, responsable de Justicia y hombre de confianza del líder, que insiste en atacar a jueces, fiscales, policías, funcionarios de Hacienda y casi cualquiera que haya tenido algo que ver con la investigación del caso Gürtel.

A esta estrategia contestaron ayer tanto el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, como la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "Es un intento descarado de salvar lo insalvable. Pediría menos alborotar intentando presionar, y más responsabilidad para dar ejemplo", dijo De la Vega. "El PP, cuando se ve acosado ante los tribunales, siempre tiende a cuestionar a los profesionales de la Justicia. El tiempo pone a cada uno en su sitio", auguró Caamaño.

Trillo, después de atacar a las fiscales por interpretar que el Supremo iba a investigarlas por su actuación en el caso Gürtel -algo que no ha sucedido-, evitó rectificar ayer y recuperó un asunto de los 90 para responder al Gobierno: "Todavía estoy esperando una aclaración sobre el caso de los papeles de Laos", le dijo a la agencia Efe, en referencia a la detención del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, en 1995.

Trillo no quiso atender a este periódico, por lo que no se le pudo preguntar por qué se reunió con Eduardo Hinojosa, el dueño de Forever Young, precisamente días antes de que se iniciara una campaña de descrédito contra el sastre de Camps, José Tomás, que insiste en que el presidente valenciano nunca pagó sus trajes. El PP no ha desmentido esa reunión.

Mientras, los campistas siguen echando balones fuera. Según la portavoz y consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, lo importante es que hay unas conversaciones que fueron anuladas, en las que un cabecilla de la trama corrupta le dice a su abogado que cree que Camps se pagó los trajes.

Sánchez de León restó importancia al hecho de que Camps hubiese proclamado su inocencia en base a una información errónea que apuntalaba la teoría de la conspiración. Y tampoco quiso opinar sobre las razones por las que Trillo se reunió con los propietarios de Forever Young tras las manifestaciones del sastre de Camps. "Son cuestiones que no hacen más que enredar".

La defensa del PP

- Recusación de Garzón. El PP ha atacado prácticamente a todos los que han tenido algo que ver con el caso Gürtel. Primero al juez Garzón, a quien Rajoy, después de haberlo aplaudido en los 90 por su instrucción del caso GAL, acusó de ser filosocialista. El PP lo recusó, sin éxito.

- Dimisión del ministro. La presión del PP logró la dimisión del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo por acudir a una cacería con Garzón.

- Ataques a la policía. Los populares se querellaron contra los agentes de la brigada contra el blanqueo que prepararon el informe más duro contra la cúpula de Camps. El PP dijo que contenía información falsa, pero la investigación sigue.

- La fiscalía, parcial. El centro de los ataques han sido los fiscales, que impulsan la investigación del caso.

- Desmentido a Flors. Cuando el juez Flors imputó y quiso sentar en el banquillo a Camps, Trillo se reunió con la prensa para tratar de desmentir su auto.

- Querella a Hacienda. Hasta el funcionario de la Agencia Tributaria que hizo un informe contra la cúpula de Camps ha sufrido una querella del PP, que aún no ha sido admitida a trámite.

www.elpais.es  05.06.10

CAMPS: "PAGUÉ LOS TRAJES EN METÁLICO" EL BIGOTES: "SE LOS PRESTAMOS PARA FOTOS"

Las pruebas contra el presidente valenciano son numerosas y concluyentes

El Partido Popular intenta desde hace meses anular el proceso judicial abierto a una trama de corrupción masiva que, según la investigación, contó con la ayuda interesada de alcaldes, consejeros, diputados, presidentes autonómicos, y el ex tesorero nacional de la formación conservadora.

Desde que estalló el escándalo, Federico Trillo, encargado de diseñar la estrategia para invalidar dos años de investigación policial y judicial, ha insultado a jueces, fiscales, policías, peritos de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado y a varios ministros del Gobierno. Trillo ha presentado recursos e interpuesto diversas querellas para impedir que continúe el proceso a la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político que se ha conocido en la historia reciente de España.

La investigación judicial ha desmontado los argumentos del PP a favor de la inocencia de sus altos cargos. El PP mantiene su batalla contra los tribunales a los que acusan de ocultar pruebas que favorecen a los imputados. Pero en el sumario, las pruebas contra los dirigentes de una decena de gobiernos del PP son numerosas y concluyentes.

www.elpais.es  05.06.10

PÉREZ A LA MUJER DE CAMPS "El regalo de tu hija es el más especial de todos"

Esta conversación no se remitió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y se conoció mucho tiempo después, cuando el juez Antonio Pedreira levantó el secreto sobre una parte del sumario. Como tampoco se remitieron otras conversaciones grabadas por orden judicial que tenían mucha más fuerza probatoria del cohecho impropio cometido supuestamente por Camps, como la mantenida por Álvaro Pérez, El Bigotes, con Isabel Bas, mujer del presidente valenciano el 5 de enero de 2009:

Álvaro Pérez: Te tengo que mandar un manual de instrucciones, que soy un llorón. Tú no me pongas mensajes ni hostias y menos tan bonitos, que no se puede.

Isabel: No te puedes imaginar la expectación que hay...

Á. P. Vale, vale.

I. Ha llegado a mediodía, y entonces los niños querían abrirlo, y no, que no estaba Paco, y entonces me he venido aquí y cuando ha llegado Paco, están como locos.

Á. P. No, no. Esta noche, esta noche es lo bonito.

I. Hay un ambiente y claro...

Á. P. Bien, bien.

I. La caja tiene una pinta...

Á. P. Ya me conoces.

I. Me va a tumbar los Reyes.

Á. P. Lo que más ilusión me ha hecho es lo de las chicas, o sea, el tuyo y el de tu hija.

I. ¿Sí?

Á. P. Vale, ¿y el de tu hija? Dile a tu hija que el de ella es el más especial de todos porque he hecho para la gente que quiero mucho, que son poquitos, he hecho, lo he diseñado yo... Pero el de tu hija es diferente a todos los demás, ¿vale? Por una razón que ya te explicaré, ¿vale? Pero está diseñado por mí, ¿vale?

I. Vale. Vale, pero de verdad te lo digo que el mensaje es cierto.

EL BIGOTES A CORREA "Compré trajes para sesiones de fotos a Camps y luego me los devolvió"

Otra conversación del 22 de enero de 2009 desmiente las afirmaciones de Pablo Crespo en la cárcel. Su jefe, Francisco Correa, y Álvaro Pérez, quien supuestamente hacía los regalos al PP valenciano, hablan de los trajes de Camps.

El Bigotes asegura que, en realidad, los trajes los paga la trama corrupta pero se los dejan al presidente valenciano para sesiones de fotos.

Á. P. No, con otra cosa más complicada, pero no hables por teléfono, tío, te lo pido por favor. Y entonces, nada, estoy un pelín preocupado.

F. C. ¿Y por qué crees tú que lo sabe el curita?

Á. P. No, no sabe el curita todavía.

F. C. Pero no tiene que ver con el trabajo, ¿o sí?

Á. P. No, tiene que ver con cosas que hemos hecho hace tiempo con el curita, pero es que es muy complicado. Por eso te digo que es muy complicado.

F. C. ¿Tiene que ver con Tomás [José, el director de ventas de Milano, primero, y Forever Young, después, donde la trama corrupta compraba ropa para políticos que les adjudicaban contratos, según declaró Isabel Jordán]?

Á. P. Sí. ¿Sabes quién es?

F. C. Sí, perfectamente. El que me presentaste un día.

(...)

Á. P. Yo no le he regalado ningún traje a ese hombre, al curita. Yo he comprado trajes a su medida porque cuando hemos hecho una sesión de fotos se lo ha puesto y luego me lo ha devuelto. [Camps declaró al juez que compró los trajes y pagó en metálico en la tienda, en ningún momento ha alegado que se los prestaran para unas fotos].

En su declaración ante el juez, Camps contradice la versión de Álvaro Pérez. Nunca recibió trajes de prestado de la trama corrupta para sesiones de fotos, sino que todos los trajes los pagó de su bolsillo, en metálico, con dinero que sacaba de la farmacia que tiene su mujer en Valencia. Pero las cajeras y los empleados de las tiendas de ropa han asegurado al juez que el presidente valenciano nunca pagó los trajes que se llevaba de Forever Young. Incluso otros empleados que han comparecido esta semana ante el juez Pedreira han insistido en que Camps nunca pagó nada en la tienda.

www.elpais.es  05.06.10

Un testigo revela al juez que Trillo se reunió con el jefe del sastre de Camps

El ex director de compras de Forever Young declara que el diputado del PP fue dos veces a las oficinas de Hinojosa tras las denuncias de José Tomás

Miguel Marqués, director de compras hasta su despido en agosto de 2009 de las empresas de Eduardo Hinojosa, propietario de Forever Young, manifestó ayer ante el juez del caso Gürtel , Antonio Pedreira, que el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo-Figueroa, apareció en escena al día siguiente de publicarse en EL PAÍS la entrevista en la que el sastre José Tomás explicaba cómo tomaba medidas al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Según la declaración de Marqués, Trillo apareció por las oficinas de Hinojosa justo antes de que comenzara una campaña de prensa contra José Tomás y de que Hinojosa ampliara una querella contra el sastre por unas supuestas facturas falsas .

• "Vi a Trillo en el despacho de mi jefe. Era a él al que había que dar fuego"

En conversación con EL PAÍS, Marqués relató que trabajaba en las oficinas que Eduardo Hinojosa tiene en Serrano 51, 1º D. El diputado del PP Trillo-Figueroa no había ido nunca por allí, pero nada más publicarse la entrevista del sastre (el 15 de marzo de 2009), despedido tras haber declarado ante el juez Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel, mantuvo al menos dos encuentros con Hinojosa en esas oficinas.

"Me enteré porque Eduardo Hinojosa estaba en su despacho y uno de sus hijos vino al mío a pedirme un mechero y un cenicero. Ante mi sorpresa, porque Hinojosa no fuma, pasé por el despacho de Eduardo y vi allí a Trillo-Figueroa despachando con él. Era Trillo al que había que darle fuego. Días después, Trillo también estuvo allí. En ambos casos era sobre la una de la tarde, más o menos", relató Marqués a este periódico.

"Tras marcharse Trillo, Hinojosa me comentó que José Tomás se había metido en un buen lío. También hizo referencia a que iba a recibir a una periodista de una cadena de radio, creo que la Cope. Hinojosa daba síntomas de alegría y se mostraba amistoso porque Tomás estaba en un buen lío 'del que se va a arrepentir'. Cuando Trillo estuvo en las oficinas se encontraban allí, además de Eduardo Hinojosa, su hijo y sus hijas Sandra y Silvia. Todos eran consejeros de la firma y supongo que se vieron con Trillo", prosiguió Marqués.

Marqués manifestó en su declaración ante el juez que no sabía para qué ni por qué Trillo se entrevistó con Hinojosa, ni de qué hablaron entre ambos.

Sin embargo, coincidiendo con aquella reunión, Trillo-Figueroa hizo unas durísimas declaraciones contra el sastre José Tomás en Onda Cero, en las que sostuvo que el sastre había sido denunciado por su empresa por falsificación de facturas, mientras que la empresa tenía una contabilidad "absolutamente férrea". Tales asertos de Trillo quedaron desmentidos después en el juicio por despido de Tomás, en el que se desechó que el sastre falsificase facturas, y en el que se condenó a Hinojosa a indemnizarle con 232.500 euros. La misma acusación tampoco fue aceptada por el juez valenciano José Flors.

Tras el primer encuentro con Trillo, Hinojosa reunió a todos los directivos en presencia de su abogado para que firmasen una carta bajo amenaza de despido, según Marqués. Firmaron Miguel Marqués, Ana Fernández, directora de la tienda de Forever Young en Concha Espina; Alfonso, un directivo que firmó sin su apellido y con su carné de identidad; Javier García Fernández, director de Forever Young en paseo de La Habana, y Mariano Estebaranz, director de The Taylor Outlet, en Serrano 25, así como Raquel Vázquez, auditora externa. "Firmamos todos, simplemente porque el que no firmase podía considerarse despedido", dijo Marqués.

"Con dicho documento se trataba de probar que José Tomás había mentido. Tras las firmas, el papel lo cogió el abogado, Jesús Maldonado, que estaba presente. Días después, Abc publicó una ampliación de la denuncia de Eduardo Hinojosa contra Tomás, avalada por las firmas de los directivos. Un par de días más tarde, el 17 o el 18, Trillo estuvo un par de horas en la sala de juntas al lado del despacho de Hinojosa", precisó Marqués.Según el ex director de compras, Hinojosa incluso le obligó a ir al programa El Gato al agua. "Tenía que decir que nosotros no vendíamos a crédito y que, en consecuencia, si Camps sacaba una prenda de la tienda, tenía que estar ya abonada. En la entrevista estuve yo con Ana Fernández, asintiendo con lo que yo digo, pero ella no participó en la conversación. Se hizo una grabación en Concha Espina número 8. El hijo de Eduardo Hinojosa era amigo del presentador. Después, hasta mi salida de la empresa, siguieron los comentarios despectivos hacia Tomás. Fue el tema único de conversación durante meses".

www.elpais.es 03.06.10

La cajera: "Camps nunca pagó en efectivo"

María Calero, cajera del establecimiento de Castellana 140, aseguró ante el juez Antonio Pedreira que los principales implicados en la trama Gürtel "jamás pagaban en caja", sino que hacían los abonos por transferencia. La cajera ratificó que, en particular, ni el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ni los demás altos cargos relacionados con la trama Gürtel, como Rafael Betoret, Ricardo Costa, Víctor Campos y Pedro García, de Canal 9, pagaron en caja alguna vez.

Su testimonio contradice el de Camps, quien siempre ha mantenido ante el juez que pagó sus trajes en efectivo y no guarda los recibos.

Los artículos que reservaban Pablo Crespo, Álvaro Pérez y sus amigos eran pagados mediante transferencia y, según el testimonio de Calero, era Javier García, el encargado de la contabilidad en Castellana 140, "el que ordenaba cancelar los pagos a cuenta con cargo a las facturas que él mismo realizaba".

Los tres testigos interrogados ayer por el juez instructor del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira declararon que el sastre José Tomás nunca hizo facturas y no ordenó introducir conceptos falsos.

Antonio del Fresno, ex director de Castellana 140, también despedido por Hinojosa, reconoció que él hizo dos facturas, en concepto de "metros de telas", siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa. Según dijo, el sastre José Tomás no intervino en esas facturas y si él introdujo esos conceptos fue porque Crespo o Álvaro Pérez eran clientes importantes. El resto de la facturación la hizo siempre el contable Javier García. Del Fresno aseguró que es falso que Tomás ordenara hacer ninguna factura.

www.elpais.es 03.06.10

Camps ocultó cien veces a Les Corts los contratos de la 'Gürtel'

La oposición lleva año y medio reclamando sin éxito las adjudicaciones a la trama

No. Es el monosílabo preferido del PP valenciano cuando la oposición le pide los expedientes de contratación con empresas de la Gürtel. Desde que en febrero de 2009 estalló la trama, el Partido Socialista ha exprimido todas las vías parlamentarias para llegar a la letra de las adjudicaciones. Los socialistas suman desde entonces más de un centenar de peticiones formales de documentación y 450 preguntas al Consell. Todas a la papelera bajo el argumento de que las empresas de la trama "carecen de trascendencia pública".

No es la primera vez que esto sucede. El PSPV-PSOE ya preguntó durante la pasada legislatura sobre algunas de las firmas de la red de Correa, entre ellas Orange Market, la franquicia de la trama en Valencia. El PP utilizó la mayoría absoluta para no admitirlas a trámite de manera sistemática.

El TC afeó en 2009 la falta de transparencia del Parlament

Esta práctica, habitual desde que gobiernan los conservadores, llevó al grupo l'Entesa (compuesto en su mayoría por diputados de Esquerra Unida) a presentar, en el 2005, un recurso de amparo ante el Constitucional, que el 8 de abril de 2009 emitió una sentencia contra la "falta de transparencia" en el parlament. "No ha servido de nada, el PP continua negando contratos", asegura Ángel Luna, portavoz socialista, y añade: "Hemos sabido lo que pasa gracias a la intervención de un juez, que tiene potestad para pinchar teléfonos y registrar despachos".

1.521 contratos

Tampoco ha tenido mejor suerte Compromís, el otro grupo en la oposición. En mayo de 2009 denunció que el PP ponía el candado a los 1.521 contratos que habían solicitado ver. "Nos dijeron que no los enseñaban porque estaban bajo secreto de sumario", explica su portavoz adjunta, Mònica Oltra. Casi un año después, cuando el magistrado Antonio Pedreira que instruye el caso Gürtel levantó buena parte de este secreto, Compromís volvió a la carga con los 1.521 expedientes. "Ni nos han respondido", critica Oltra.

El PP asegura que la documentación solicitada "carece de trascendencia"

La negativa del PP de dar explicaciones no es nueva, pero se ha multiplicado y perfeccionado desde que se conoce la trama. Un celo sobre la información, que según la dirigente de Compromís, ha llevado a los conservadores a despojarse de todo maquillaje institucional. "¿Qué por qué no? Porque tenemos mayoría absoluta y ya está", asegura Oltra que han llegado a contestar los conservadores en la Mesa de Les Corts o la Junta de Portavoces.

La obsesión del PP por los cerrojos ha derivado por momentos en burla y mofa hacia la oposición. El jueves pasado, Camps compareció en Les Corts y aseguró que su Gobierno es "el más transparente" y que por eso no tenía "miedo" a lo que pudiera venir de los tribunales. "Si es tan valiente, ¿por qué no pone encima de la mesa los contratos de la Gürtel?", le preguntó Ángel Luna momentos antes de acusarlo de vivir instalado en la opacidad. "¿Opaco? O Paco o Francisco", le soltó a Luna.

Desde el PSPV-PSOE aseguran que el bloqueo informativo del PP responde más a la "prepotencia y a su desprecio al parlamentarismo" que a lo que pueda salir. De hecho, buena parte de los expedientes ya son públicos y se pueden descargar de multitud de webs. Se trata de los "sólo 80 contratos" a los que, en tono despectivo, se refirió Camps este miércoles cuando trascendió que Pedreira se inhibía a favor del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) tras hallar indicios de siete delitos graves que afectarían al presidente valenciano y a su Gobierno.

Ochenta contratos que en realidad son 85 y que sumarían 7,2 millones de euros en adjudicaciones públicas a nueve empresas de la Gürtel. Una operación que aparece descrita en un informe de la Unidad de Auxilio Judicial, del 13 de abril, que denuncia un rosario de irregularidades: fraccionamientos para burlar a los órganos fiscalizadores, contrataciones a dedo, pagos por trabajos nunca realizados, pagos dobles, entre otros.

www.publico.es 29.05.10

CAMPS SE ENVUELVE EN LA 'SENYERA' PARA AFRONTAR GÜRTEL 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decidió ayer envolverse en la senyera valenciana para afrontar la grave situación en la que se halla, tras la decisión del juez Antonio Pedreira de enviar parte de la causa del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pedreira considera que existen múltiples indicios, -de hasta siete delitos diferentes, incluidos el cohecho, el delito electoral y la financiación ilegal- que implican al presidente valenciano y a la cúpula de su Gobierno y del PP regional. 

"Ustedes [los socialistas] se han acogido al Código Penal, yo a la senyera y a mis conciudadanos", afirmó ayer Camps en la sesión de control de las Cortes valencianas. El presidente de la Generalitat atribuyó todas sus penurias judiciales a un "envite de todo el aparato del Estado para generar una sombra de duda sobre un Gobierno democrático". Y, además, contrapuso el auto judicial "de corta y pega" elaborado por el juez Pedreira, y unos informes periciales que considera contaminados por la fiscalía y el Gobierno, con "los informes científicamente probados" de la Abogacía de la Generalitat y la dirección regional del PP. Una documentación que, según Camps, las instancias judiciales no le han permitido presentar hasta la fecha. 

El primero de los dos informes a los que se refiere Camps intenta contrarrestar el informe de la Unidad de Auxilio Judicial sobre las contrataciones irregulares de la Generalitat con la trama corrupta y ya fue remitido a primeros de mayo al TSJ de Madrid. El segundo es un somero informe, encargado por el PP regional a un auditor próximo a Camps, que cuestiona el informe de la Agencia Tributaria sobre la contabilidad de Orange Market que fue solicitado por el juez Pedreira. "Deje de envolverse en la bandera de los valencianos, cuente la verdad de una vez y apártese de un sillón que en este momento no está mereciendo", le dijo el portavoz socialista, Ángel Luna, a Camps. Luego, añadió: "Su megalomanía le enfrenta a su propio partido. ¿Cuánta arenga populista necesitará para tapar el olor a corrupción?". Luna advirtió al presidente valenciano de que su problema ya no es una carrera política "que está terminada", sino el Código Penal, que castiga el cohecho con penas de entre dos y seis años de cárcel. 

La tensión por la que atraviesan Camps y su entorno se tradujo, tras la sesión de control, en una reunión en los despachos de la Cámara entre el president, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; y los vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps, sobre la posibilidad de hacer algún cambio en el Gobierno para retomar la iniciativa. En la misma, Rambla se quejó de la falta de apoyo de Génova tras el auto de Pedreira, lo que le valió el reproche de Camps, que lleva más un año bajo el foco mediático. 

(www.elpais.com, 28/05/10) 

CAMPS Y SU GOBIERNO AFRONTAN HASTA SIETE DELITOS POR SU RELACIÓN CON LA TRAMA GÜRTEL 

No se trata exclusivamente de un delito de cohecho impropio por haber aceptado regalos de trajes de un contratista de la administración valenciana. La rama valenciana del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia, va mucho más allá de los regalos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los que ya estaba en camino de ser juzgado. Por la puerta que abrió la reciente sentencia del Supremo que volvió a imputar a Camps, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha decidido enviar el grueso de la causa valenciana al Tribunal Superior de esta comunidad autónoma. En esa causa figuran indicios de hasta siete delitos vinculados a la corrupción relacionados con el amaño de contratos a favor de la red Gürtel (prevaricación y tráfico de influencias); con la aceptación de regalos pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de la trama corrupta en Valencia, a dirigentes del PP (cohecho) y con la ocultación a Hacienda de gastos del partido en la campaña de 2007 (delito electoral). 

El juez recoge en su auto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que considera que Camps pudo incurrir en cohecho propio (recibir regalos a cambio de adjudicar contratos) en lugar del cohecho pasivo impropio que ahora se le imputa (recibir regalos por su condición de autoridad sin vinculación con la adjudicación de contratos). Otros delitos que se apuntan en el auto son los de falsedad en documento mercantil, cometida supuestamente para pagar de forma irregular facturas del PP; y blanqueo de capitales. La decisión de Pedreira de inhibirse en favor del Tribunal valenciano, que ya estableció en febrero pasado que los informes policiales sobre financiación ilegal del PP había que investigarlos aunque rechazó hacerlo por una cuestión de competencias en ese momento procesal, se produce a instancias de la fiscalía, que justifica la necesidad de tomar esta decisión ahora para "evitar la prescripción de los delitos electorales". Anticorrupción se basa en los informes de la Brigada Policial contra el Blanqueo de 31 de julio de 2009 y los de las unidades de auxilio judicial de la Intervención del Estado y de la Agencia Tributaria, de 13 de abril y 6 de mayo de este año. Según esos informes, hay dos grandes bloques de supuestos delitos que, de acuerdo con la fiscalía y el juez, aconsejan "su acumulación" al procedimiento que instruye el juez valenciano José Flors por "la conexidad" con los investigados en esa causa, consistentes en el "regalo de prendas de vestir a funcionarios públicos". 

Por una parte, Pedreira apunta los delitos de tráfico de influencias en la contratación de la empresa Orange Market con la Generalitat valenciana. El Gobierno de Camps adjudicó al menos 85 contratos entre 2004 y 2009 a la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, en su mayor parte de forma irregular, por un total de 7,2 millones de euros. "Por ello", señala el ministerio público, "el delito de cohecho que se investigaba en el Tribunal de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420", lo que implicaría que no sería objeto de juicio con jurado y la condena pasaría de una multa a la inhabilitación para ejercer cargo público. 

Por otra parte, están los supuestos delitos electorales, que implican a media docena de empresarios que habrían financiado irregularmente al PP valenciano a través de Orange Market y que, también de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, podrían determinar "una diferente valoración jurídica" de los regalos percibidos por Ricardo Costa. Según la Agencia Tributaria, el PP valenciano ocultó a Hacienda 2,5 millones en la campaña autonómica y local de 2007. Costa, que fue forzado a dimitir de su cargo de secretario general para convertirse en la única víctima política hasta el momento del caso Gürtel en el PP valenciano, ve esfumarse así las posibilidades de quedar apartado del procedimiento por cohecho pasivo impropio en el que está envuelto junto a Camps, al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. 

En relación con la supuesta financiación ilegal, el auto señala a Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, y Cristina Ibáñez, administradora del PP valenciano en 2007, como responsables. Y afirma que con ellos habrían cooperado el propio Costa, el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el diputado y vicesecretario del PP valenciano David Serra, y la ex tesorera y diputada autonómica Yolanda García. Y también dos personajes aún sin identificar, conocidos como El Cantante y El Príncipe, que efectuaron los pagos por cuenta del PP. 

(www.elpais.com, 27/05/10) 

CARGOS PÚBLICOS BAJO SOSPECHA DE CORRUPCIÓN 

- Francisco Camps. El presidente valenciano estaba hasta ahora imputado por supuesto cohecho pasivo impropio a causa de los trajes que le regaló la trama Gürtel. El auto del juez Pedreira vincula los regalos a adjudicaciones irregulares y financiación ilegal del PP, lo que apunta a responsabilidades más graves, y señala figuras de cohecho que implican condenas de inhabilitación. 

- Vicente Rambla. El vicepresidente de la Generalitat había sido aludido en las conversaciones grabadas por la policía a Álvaro Pérez, pero hasta ahora no le había señalado la investigación judicial de una manera expresa. 

- Ricardo Costa. Diputado autonómico, fue obligado por Rajoy a dimitir el pasado octubre de su cargo de secretario general del PP de la Comunidad Valenciana. Hasta ahora acariciaba la posibilidad de eludir el caso de los trajes dado que no desempeñó cargo alguno en la Generalitat. El auto de Pedreira apunta, sin embargo, que los regalos de trajes que recibió pueden adquirir "una diferente valoración jurídica" a la luz de los supuestos delitos electorales cometidos con participación de la empresa de la trama Orange Market. 

- David Serra. Diputado autonómico, también aparece en numerosas conversaciones grabadas por la policía a Álvaro Pérez, que habrían corroborado, según la Fiscalía Anticorrupción y el juez Pedreira, "su papel en la gestión de las finanzas del PP". La documentación intervenida a Orange Market revela que entregó 12.000 euros a la caja B para pagar gastos del PP. 

- Yolanda García. También diputada autonómica en las Cortes valencianas, fue tesorera del PP regional, según las conversaciones intervenidas, participó en 2008 en "el irregular pago de los servicios prestados al partido" junto a Ricardo Costa, Vicente Rambla y el propio David Serra. 

- Rafael Betoret. Actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia y ex jefe de gabinete la Consejería de Turismo, que adjudicó a Orange Market el pabellón valenciano en Fitur de 2005 a 2009, el auto señala que participó en esos expedientes. 

- Víctor Campos. Ex vicepresidente, está apartado de la política e imputado por los regalos de trajes. 

(www.elpais.com, 27/05/10) 

EL JUEZ DEL ‘CASO GÜRTEL’ VE INDICIOS DE MÁS DELITOS DE CAMPS Y SU CÚPULA  

En el argot tenístico sería un revés cruzado y con un efecto envenenado. El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, hizo público ayer un auto en el que admite haber hallado indicios de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y algunos de sus más estrechos colaboradores pueden haber cometido, además de cohecho impropio ligado al regalo de trajes, otros delitos de carácter electoral, contra la hacienda pública y de falsedad en documento mercantil, además de prevaricación.  

A estas conclusiones ha llegado el magistrado de Madrid siguiendo el hilo de la red corrupta que capitaneaba Francisco Correa. Pero para evitar la prescripción de algunos de estos delitos, y aprovechando que hace solo unos días, el Tribunal Supremo instó al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) a reabrir la causa de los citados trajes, Pedreira decidió inhibirse de la parte de su investigación que atañe a Valencia y pasársela a su colega José Flors, el juez valenciano encargado de reabrir el caso Camps. Flors deberá decidir ahora si, como se le reclama desde Madrid, se hace cargo también de estas nuevas amenazas para el futuro político del presidente de la Generalitat valenciana y sus adláteres.  

Las 20 páginas remitidas por el magistrado no hacen más que agrandar las dudas en torno a algunos miembros de la cúpula popular valenciana. Como Ricardo Costa (diputado y exsecretario general de los populares valencianos), Vicente Rambla (vicepresidente primero del Gobierno valenciano), David Serra (vicesecretario general) y Yolanda García Santos (tesorera). 

En su escrito, el instructor detalla las «irregularidades» en la contratación por parte de diversas conselleries de actos organizados por Orange Market, algunos de los cuales requerían la autorización del Gabinete del Presidente. «Por ello –prosigue–, 

el delito de cohecho que se investigaba en el TSJV podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420 del mismo texto». Es decir, se pasaría del cohecho impropio al cohecho puro y duro, que puede implicar incluso penas de prisión.  

El magistrado pide en este sentido que se investiguen los regalos recibidos por Costa y Camps y que se indague sobre la contratación de empresas vinculadas a Francisco Correa por parte de la Administración valenciana entre el 2004 y el 2009, puesto que un informe de la Unidad de Auxilio Judicial detectó indicios de prevaricación. A esta se añadirían los delitos de fraude fiscal y falsedad de documento mercantil cometidos por dirigentes del PP valenciano a raíz de varios actos organizados por Orange Market.  

Un capítulo aparte merecen los delitos relacionados con las autonómicas del 2007. El juez desvela que, de acuerdo con la documentación, un importante porcentaje de la deuda contraída por el PP valenciano con Orange Market por los servicios de la campaña electoral «se habría abonado de forma opaca, en efectivo» y sin declaración tributaria. Otra parte de la deuda se sospecha que fue pagada por varios empresarios con facturas que «reflejarían servicios inexistentes» elaboradas con el fin de «encubrir donaciones al PP valenciano».  

(www.elperiodico.com, 27/05/10) 

EL NUEVO 'CASO CAMPS' 

Toda la estrategia procesal y política de la defensa de Francisco Camps, apoyada por Federico Trillo, se basaba en un presupuesto leguleyo que la sentencia del Tribunal Supremo ha hecho saltar por los aires. ¿Cuál era? Que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que archivó la causa en julio de 2009 no podía ser recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. En su sentencia, el Supremo analiza precisamente dicho argumento nada más abordar los fundamentos de derecho.  

"Centran las defensas está impugnación formal, que a su entender habría tenido que conllevar la inadmisión de plano de los recursos [de la Fiscalía Anticorrupción y del Partido Socialista Valenciano], en que tal resolución incumpliría el presupuesto del último inciso del artículo 848.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; a saber, que alguien se hallare procesado como culpable de los mismos". ¿Y qué piensa de esto la Sala? Lo siguiente: "No obstante, una simple lectura del auto combatido [el del TSJ de Valencia] evidencia la concurrencia del mentado requisito al haber recaído imputación judicial equivalente al procesamiento".  

Es decir: al aceptar que el auto del TSJV era recurrible, el Supremo señala claramente que Camps y sus colegas estaban imputados. No es una interpretación. Bastaría con estas líneas para saberlo. ¡Es como si estuvieran procesados, nos dice la sentencia, porque la imputación es, en el procedimiento abreviado, el equivalente del procesamiento!  

Con todo, el magistrado ponente, Juan Saavedra, presidente a su vez de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ilustra todavía más éste punto: "El TSJ valenciano hace suyos, en primer lugar, cuantos elementos fácticos quedaron a su vez delimitados por el auto [del juez Flors], asunción que además reconoce la Sala [presidida entonces por el magistrado Juan Luis de la Rúa] cuando, bajo la rúbrica de "síntesis de los hechos", incorpora el pormenorizado "catálogo fáctico", según sus propias palabras, delimitado por el magistrado instructor. Asume igualmente el conjunto de personas sobre el que habría de girar la imputación. 

Saavedra concluye sobre estos temas procesales que el auto de instrucción fue "acogido en su estructura general por el TSJ valenciano, auto que "fijó con todo detalle los hechos justiciables, el precepto sustantivo en que pudieran incardinarse y las personas que, en línea de principio, habrían de resultar penalmente responsables de los mismos, en total equivalencia a los presupuestos exigibles para el procesamiento". 

El magistrado descarta una a una la jurisprudencia utilizada por Juan Luis de la Rúa y el otro magistrado que apoyó el archivo, hasta el punto de que cualquier parecido con el cohecho pasivo impropio debatido en esta causa, era pura coincidencia.  

Si uno hila fino, parecería que todos los casos que rechaza el Tribunal Supremo fueron utilizados por la sala del TSJV para dotar al auto de archivo de julio de 2009 de cierta verosimilitud jurídica seria, pero carente de la más elemental solidez. Si esto no fuera el caso, Saavedra no podría decir, en línea con el recurso de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que de seguirse la doctrina del TSJV, habría que borrar el delito de cohecho pasivo impropio del Código Penal.  

Ahora bien, si la ausencia de relación causal entre los trajes regalados y lo que Camps pudiera haber favorecido a la trama Gürtel, invocada por el TSJV para el archivo, no era requisito para el cohecho pasivo impropio, según sostiene Saavedra, no quiere ello afirmar la inexistencia de esos favores. Simplemente, en el momento en el que el juez Flors instruyó la causa, esos favores no eran objeto de esa investigación. 

Pero, mira por dónde, casi un año después del archivo, las indagaciones se han profundizado en el TSJ de Madrid por el juez Pedreira junto con la Fiscalía Anticorrupción. Y aquel informe policial que De la Rúa no quiso aceptar en el momento de decidir el archivo se ha multiplicado por varios nuevos documentos sobre la trama Gürtel en relación con la Generalitat Valenciana y los múltiples indicios delictivos. Esos informes pueden ahora incorporarse a la causa para que el juez Flors haga una valoración de los trajes en un nuevo contexto, que antes simplemente no existía. Camps representa para Rajoy la piedra que tenía que empujar Sísifo al verse condenado a subir la empinada ladera, según narra Homero en La Odisea.  

(www.publico.es, 21/05/10) 

CAMPS DICE QUE LE ATACAN PORQUE NO SE LE PUEDE GANAR EN LAS URNAS 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps (PP), aseguró ayer en las Cortes Valencianas que está dispuesto a llegar "hasta el final", pese a la sentencia del Tribunal Supremo que lo devuelve a la condición de imputado por haber recibido trajes regalados por la trama corrupta de Gürtel. 

"¡Yo estoy siendo atacado porque soy el presidente de la Generalitat, porque soy el presidente de una comunidad que se puso en pie, porque soy el presidente de una comunidad que ha ganado por dos mayorías absolutas y porque no hay manera de ganarme si no es fuera de las urnas!". 

Si el pasado martes, tras conocer la sentencia del Supremo, Camps aseguró sentirse "más feliz" que el día anterior, ayer se permitió el lujo de bromear en el Parlamento a cuenta de los regalos. Y lo hizo cuando el portavoz socialista, Ángel Luna, le preguntó si, además de la policía, los jueces y la Agencia Tributaria, también forman parte de la conspiración contra él los magistrados del Supremo que han reabierto el caso Camps. 

"Confío en los jueces y magistrados, pero si otra persona [la presidenta del Tribunal Constitucional], por un regalo de un valor diez veces superior, no sé si opaco o Francisco [risas], no tiene responsabilidad y otros sí, es como mínimo curioso, es como para pensárselo", alegó. 

"¿Y qué piensa hacer cuando le sienten en el banquillo, seguirá en este escaño?", insistió el portavoz socialista. "Si me comparo con el presidente del Gobierno [José Luis Rodríguez Zapatero], me siento con mucha más autoridad moral para seguir trabajando", afirmó Camps. 

El presidente de la Generalitat se mostró seguro de contar con el apoyo del grupo parlamentario, del PP regional y de la dirección nacional del partido, aunque no pronunció el nombre de Mariano Rajoy. Pero si en alguna cuestión puso énfasis fue en que las fuerzas para seguir adelante se las da "la gente de la calle", que le dice que no se amedrente "ante tanta mentira y tanta insidia". Tanto que, según el jefe del Gobierno valenciano, hay familias enteras que se han afiliado al PP por lo que le están haciendo. "Y me sostiene la verdad, y con eso se va a cualquier rincón del planeta", sentenció. 

El portavoz socialista, Ángel Luna, llegó a exasperarse con las respuestas de Camps. "En sus intervenciones sólo hay arengas a sus partidarios y desafíos a todas las instituciones", prosiguió. "Todo es una conspiración mundial contra usted. Ha conseguido abrir todos los informativos y, lo que es más preocupante, también todos los programas de humor", ironizó. 

(www.elpais.com, 21/05/10) 

LA OPOSICIÓN CONTRAPONE PINOCHO A JUAN SIN MIEDO 

Las Cortes Valencianas se convirtieron ayer en improvisado escenario para cuentacuentos. Y es que el portavoz del grupo de Compromís, Enric Morera, quiso contrastar la imagen que tiene de sí mismo el presidente valenciano con la visión de la oposición. 

"Dice que es Juan sin miedo", continuó Morera, "pero yo le hubiese puesto Pinocho, al que no le gustaba hacer los deberes, y así le iba". El diputado nacionalista le explicó a Camps que el proceso por los trajes regalados por Gürtel "no se abre por unas hienas bolcheviques [como dijo el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz], sino por un sastrecillo valiente que va a declarar". 

En este contexto, trufado de referencias a los cuentos infantiles, el parlamentario de Compromís contrapuso la felicidad del jefe del Consell de la Generalitat tras conocer la sentencia del Supremo que reabre el caso Camps con la tristeza de quienes respetan las instituciones valencianas. "Usted está muy feliz, pero es el día más triste para la Generalitat, porque su presidente está imputado y se puede sentar en el banquillo. Es gravísima la situación de las instituciones valencianas", insistió. 

Un terreno en el que Camps no quiso entrar ayer, pese a que Compromís insistió en explicarle también el cuento del traje nuevo del emperador. "El cuento les ha salido un poco largo", respondió Camps, "pero seguiremos trabajando pese a ustedes". 

(www.elpais.com, 21/05/10)

LOS CINCO FAVORES DE DE LA RÚA A SU AMIGO CAMPS 

La sentencia del Tribunal Supremo que ordena la reapertura del caso de los trajes ha anulado el cerrojazo en falso con que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tendió no las tablas de la ley sino la tabla de salvación al presidente de la Generalitat. El archivo fue posible gracias al voto del presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, el juez más que amigo de Francisco Camps. En los meses precedentes, el tribunal que dirige De la Rúa ya había pergeñado un marco jurídico favorable al líder valenciano. Los pasos fueron estos. 

1. Sólo los trajes. Admisión del caso 

El 21 de abril de 2009, la Sala de lo Penal del TSJCV, ante quien el primer instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, se había inhibido en lo relativo a Camps, se declaró de manera unánime competente para investigar. Pero sólo para investigar si Orange Market había regalado trajes al presidente valenciano y a otros tres altos cargos del PP.  

Garzón había alertado al TSJCV de que ya había indicios de financiación ilegal del PP, y reseñó datos concretos sobre el uso de dinero negro para pagar el congreso regional del partido celebrado en septiembre de 2002.  

El tribunal valenciano hizo caso omiso y encorsetó la investigación: sólo indagaría si Francisco Camps había cometido cohecho impropio, la modalidad más leve del delito de soborno y castigada sólo con multa. 

2. No se abstiene. Oídos sordos 

Aquel primer auto del 21 de abril ya contó con el voto de Juan Luis de la Rúa. Los demás de la Sala, también. El juez a quien Camps había definido como más que amigo, el que en la campaña para las autonómicas de 2007 había sido el invitado estrella en la presentación del programa de justicia del PP, ni se planteó la opción de abstenerse. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el PSOE, personado en la causa como acusación popular, recusaron a De la Rúa: no se le recusó, razonan personas cercanas al caso, podía imaginar que De la Rúa utilizaría su posición para sobreseer la imputación contra Camps el primer día de agosto de 2009.  

3. El parapeto. Ni un recurso aceptado 

A medida que la investigación del caso Gürtel avanzaba en Madrid y trascendían nuevos datos sobre la contabilidad secreta de Orange Market, la marca levantina de la red corrupta, la fiscalía y el PSOE redoblaron su presión sobre el TSJCV.  

Pretendían que el tribunal escrutara los contratos de Orange Market (14 millones de euros). Bajo la presidencia de De la Rúa, la Sala de lo Penal rechazó todos los recursos. El cénit llegó el 21 de julio de 2009, cuando el TSJCV dictó un auto en el que acusaba al PSOE de promover un proceso inquisitorial contra el PP: "Lo pretendido por la acusación popular es realizar una especie de batida de montería". El ponente fue Juan Montero, quien luego se opuso al sobreseimiento del caso. 

4. ¿Policía para qué? El informe despreciado 

El 31 de julio, cuando el TSJCV aún no había archivado el caso, la policía remitió al tribunal valenciano un informe que afianzaba las sospechas de financiación ilegal del PP al detallar los presuntos pagos opacos y cómo empresas que tradicionalmente habían recibido adjudicaciones de la Generalitat habían abonado supuestamente gastos del partido.  

El TSJCV despreció el informe y ni siquiera lo tuvo en cuenta para archivar el caso. Despreció igualmente la petición del juez madrileño Antonio Pedreira para que imputase a tres jefes de la trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Con cajas destempladas, el tribunal de De la Rúa denegó la petición. Y devolvió el informe alegando que nadie lo había solicitado. 

5. Cerrojazo al caso. Varapalo del Supremo 

El 1 de agosto, el TSJCV exoneró a Camps con un sobreseimiento definitivo que ahora le ha costado una ácida desautorización del Tribunal Supremo. Cuando el TSJCV dictó el auto, el mandato de De la Rúa ya había expirado. El juez no opta a la reelección.  

(www.publico.es, 20/05/10) 

CAMPS RECIBIÓ TRAJES "CON OPACIDAD Y DE FORMA REPETIDA", SEGÚN EL SUPREMO 

La sentencia del Tribunal Supremo que ha ordenado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia que prosiga las investigaciones sobre los regalos de la trama corrupta Gürtel al presidente Francisco Camps y otros altos cargos de la Generalitat valenciana apunta a que los trajes y demás prendas de vestir se entregaron "de forma repetida" y "con aparente opacidad", y sin que hasta el momento haya otra justificación que la función pública de los implicados. 

La sentencia del Supremo deja para el desguace la argumentación del tribunal presidido por Juan Luis de la Rúa, el magistrado "más que amigo" de Camps, según éste, y que suscribió el juez del mismo tribunal José Luis Ceres. Por el contrario, la Sala de lo Penal ha estimado el primer motivo de casación de la fiscalía, lo que es suficiente para no estudiar los demás. 

En síntesis, y de acuerdo con la tesis del fiscal, el Supremo ha estimado que la interpretación de De la Rúa dejaría "vacío de contenido" y "prácticamente haría desaparecer" el delito de cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal. 

La sentencia opone serias objeciones al auto de De la Rúa, que no aceptó que hubiese relación de causalidad entre los trajes regalados y la función pública desempeñada por los imputados. Para que se diese esa relación de causalidad era preciso "un acto del funcionario" en atención a la dádiva admitida. 

El recurso de la Fiscalía del Supremo entendía, por el contrario, que en el delito de cohecho impropio no es necesario un "acto" del funcionario que recibe el regalo, porque lo que pretende el que regala es "poner en nómina" al beneficiario, colocándole en una situación de absoluto agradecimiento a su benefactor, de tal forma que cuando se le pida un acto a favor del donante, no tenga posibilidades físicas o morales de negarse. 

La sentencia del Supremo explica que el delito de cohecho impropio exige una "conexión causal" entre la entrega de la dádiva o regalo y la "función" pública de la autoridad o funcionario. Por tanto, debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea "la condición de funcionario" de la persona cohechada. Es decir, que "sólo por la especial condición de poder que el cargo público desempeñado le otorga le ha sido ofrecida la dádiva objeto del delito". 

El Tribunal Supremo considera "cuestión distinta" la cuantía, proporcionalidad o dimensión de la dádiva o regalo y su adecuación a los usos sociales, que es un criterio "que debe servir para recoger desproporciones evidentes". 

Esta doctrina es aplicable al presidente Francisco Camps, al ex vicepresidente del Consell de la Generalidad, Víctor Campos Guinot, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, teniendo en cuenta sus respectivas funciones. 

El alto tribunal deja al instructor de la causa, el juez José Flors, la decisión sobre la inculpación del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa. Según la sentencia, el sobreseimiento provisional -no el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones respecto de Costa- no sería en principio "descartable", pero teniendo en cuenta el estado del proceso, debe devolverse este al instructor, "que aún podría practicar nuevas diligencias". Por tanto, la imputación de Costa será cuestión sobre la que tendrá que pronunciarse ahora el juez instructor José Flors. 

Al examinar las cuestiones planteadas con carácter previo por la defensa, el Supremo señala que en la causa contra Camps ha recaído una imputación judicial "equivalente al procesamiento". Según el alto tribunal, el TSJ de Valencia hace suyos los hechos fácticos delimitados en el auto del juez Flors, y asume igualmente el conjunto de personas sobre las que debería girar la imputación. 

(www.elpais.com, 19/05/10)

EL SUPREMO CONFIRMA QUE CAMPS COMETIÓ COHECHO AL ACEPTAR LOS TRAJES 

El auto con el que el Tribunal Supremo reabría la causa contra Francisco Camps y otros altos cargos del PP valenciano por un presunto cohecho impropio, relacionado con el caso Gürtel, deja muy tocado al presidente de la Generalitat, ya que confirma que para la comisión de este delito "basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función o cargo desempeñado". 

El Alto Tribunal asegura que "los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores". 

La resolución del alto tribunal advierte que la jurisprudencia citada por el propio auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) en el que se sobreseyó provisionalmente la causa "no abona la relación causal defendida" por este órgano (que es necesaria una acción de la autoridad pública consecuencia de la dádiva) "sin más bien lo contrario".  

El pasado miércoles día 12, la Sala de lo Penal del Supremo acordó por unanimidad admitir los recursos de la Fiscalía y los socialistas valencianos contra el sobreseimiento ordenado por el Tribunal TSJCV y reabrió la causa contra Francisco Camps por un presunto delito de cohecho pasivo al haber recibido supuestamente varios trajes de la trama corrupta encabezada por Francisco Correa. 

Este auto contó con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, que cuestionó la interpretación que sus dos compañeros (el presidente del Tribunal, Juan Luis de la Rúa y José Francisco Ceres) habían dado al artículo 426 del Código Penal (sobre el delito de cohecho impropio). 

Tanto el fiscal como el PSPV-PSOE basaron sus recursos en este argumento porque consideran que el TSJCV ha hecho una interpreación errónea del citado artículo. 

Según la Fiscalía, el citado artículo dice que comete cohecho impropio "la autoridad o funcionario público que admite dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente", y el TSJCV "prescinde" de la primera de las alternativas y sólo considera delito aceptar un regalo a cambio de un acto concreto.  

La decisión del Alto Tribunal devuelve "las actuaciones al magistrado instructor de la causa (José Flors) para que continúe su tramitación" en el Tribunal Superior de Justicia valenciano contra Camps; el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del gobierno valenciano Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la consellería de Turismo Rafael Betoret.  

Todos ellos aceptaron supuestamente prendas de vestir abonadas por Orange Market, una de las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. 

Respecto a Costa, el TS indica que no es una alternativa irrazonable la acogida por el TSJCV que sea su cargo en el PP lo que consideraron los donantes y no su condición de diputado, por lo que "el sobreseimiento no tendría que ser en principio descartable, si bien el provisional", aunque señala que tendrá que ser Flors el que decida al respecto. 

(www.publico.es, 18/05/10) 

EL TS DICE QUE CAMPS COMETIÓ COHECHO SI ACEPTÓ LOS TRAJES  

El Tribunal Supremo (TS) justifica su decisión de que se siga investigando la parte del "caso Gürtel" que afecta al president de la Generalitat, Francisco Camps, diciendo que para que haya delito de cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración al cargo. 

Así lo indica la Sala de lo Penal del TS en la sentencia, cuyo fallo se conoció el pasado día 12, en la que ordena al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que siga investigando a Camps y a otros altos cargos de la Administración y el PP valenciano por recibir regalos de la "trama Gürtel". 

El Supremo devuelve las actuaciones al magistrado instructor, José Flors, para que continúe su tramitación contra Camps; el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del gobierno valenciano Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la consellería de Turismo Rafael Betoret. 

Todos ellos aceptaron supuestamente prendas de vestir abonadas por Orange Market, una de las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. 

Respecto a Costa, el TS señala que el sobreseimiento de la causa abierta contra él "no tendría que ser en principio descartable", porque los donantes podrían haber considerado su cargo en el PP y no su condición de diputado, si bien tendrá que ser Flors el que decida al respecto. 

El TS estima el recurso del Ministerio Fiscal y el del PSPV-PSOE contra el auto del TSJCV que archivó esta causa al estimar que no había relación entre los "agasajos" que pudieron recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market. 

Al respecto, el Supremo, que ya adelantó el fallo de esta sentencia el pasado 12 de mayo, indica que la jurisprudencia del Alto Tribunal "no abona la relación causal defendida por la Sala de lo Civil y Penal (del TSJCV), sino más bien al contrario". 

(www.levante-emv.com, 18/05/10) 

AGUIRRE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR CAMPS 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que pone la mano en el fuego por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, a quien el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) investigará por presuntamente haber recibido unos trajes de una de las empresas vinculadas a la trama 'Gürtel', ya que es un hombre "honradísimo" que no ha utilizado su cargo para enriquecerse. 

"Creo que Camps es un hombre honradísimo cuyo patrimonio desde que está en política, que lleva muchos años, no se ha incrementado en absoluto. Sigue teniendo la mitad de su piso y un coche y por lo tanto se discute si pagó o no unos trajes", subrayó Aguirre. 

A su juicio, lo que los ciudadanos quieren saber es cuánto tenían los políticos cuando empiezan su actividad y cuando la dejaron y, si en ese tiempo se ha producido algún incremento patrimonial, tendrán que explicar "si les tocó la lotería, si han tenido alguna herencia o si hicieron alguna inversión verdaderamente muy rentable". "Lo que quieren saber los ciudadanos es si hemos utilizado el cargo para enriquecernos o no. El señor Camps es de los segundos", matizó. 

La jefa del Ejecutivo autonómico afirmó que con el caso de su homólogo valenciano ha descubierto que existe el delito de cohecho impropio, que supone "aceptar un regalo". En este sentido, dijo que ella ha cometido muchos delitos de este tipo porque hay un frutero que le regala cerezas y las monjas de las clarisas le dan pastas. "¿Cualquier regalo, cualquiera que sea su cuantía es cohecho impropio? Me parece que eso carece de sentido", zanjó. 

(www.levante-emv.com, 18/05/10)

FRAGA CRITICA A RAJOY POR SU APOYO A CAMPS 

La pretendida imagen de apoyo total a Camps promulgada por el PP en relación a una posible imputación por el caso Gürtel se resquebraja. Y lo hace por la punta de la pirámide del partido, su fundador Manuel Fraga, quien ha criticado severamente las palabras del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que dijo que apoyaría a Camps "diga la Justicia lo que quiera".  

Para Fraga, esta declaración fue "claramente improvisada" y "se podía mejorar". Así lo ha reconocido a los periodistas el ex ministro de Franco y fundador del PP a la entrada de la reunión mensual del Comité Ejecutivo Nacional del partido.  

Rajoy apuntó el pasado jueves en declaraciones a Onda Cero que "lo de los trajes", que relacionan al actual president de la Generalitat con la trama Gürtel, no se lo creía y que le apoyaría a pesar de la decisión que tomaran los jueces. 

El ruido provocado por Fraga contrasta con el silencio del resto de dirigentes políticos que han acudido al Comité, al que no han asistido ni el propio Francisco Camps ni la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 

Camps está pendiente de la decisión del Supremo sobre los supuestos regalos que recibió de la trama corrupta, algo que podría marcar su futuro político. De ser imputado, el president de la Generalitat valenciana podría verse apartado de su cargo. 

(www.elpais.com, 10/05/10)

RAJOY AGUANTARÁ A CAMPS LO QUE HAGA FALTA 

Algo ha cambiado en las últimas horas en la calle Génova, la sede central del PP. El lunes, en la reunión de maitines, donde en las últimas semanas siempre hay un apartado para tratar el caso Camps, los dirigentes lo veían muy negro. Las informaciones que les llegaban decían que el Tribunal Supremo, que el miércoles debe decidir si archiva definitivamente el caso de los trajes o fuerza la imputación del presidente valenciano, iba a fallar en contra de Camps. 

La sala que debe tomar esta decisión está compuesta por cinco jueces. Dos conservadores, dos progresistas y uno, el ponente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria. El PP temía un 3-2 en contra de Camps. 

El PP asume que los dos conservadores exculparán al presidente. De hecho, dentro del partido varias fuentes coinciden en que Federico Trillo, portavoz de Justicia y contacto del PP en el mundo judicial, ha transmitido esa idea con una seguridad prácticamente total. Más miedo le tienen al moderado, que haría el desempate en contra de Camps. 

El auto del juez Flors, que pidió mandar a juicio a Camps, y el voto particular del juez Montero, también del Superior de Valencia, pesarían en esta decisión. Y sobre todo la idea de que un archivo implicaría dejar sin efecto un artículo del Código Penal, el 426, el del cohecho impropio. 

Sin embargo, a mitad de la semana pasada llegó una información nueva, según varios dirigentes de la cúpula consultados. Parece que la presión que está ejerciendo el PP, que nadie niega en privado, habría hecho efecto y podría haber una resolución positiva para ellos. Fue esa información, que llegó directamente a Rajoy, la que le hizo mojarse el jueves en una entrevista en Onda Cero. "Camps será el candidato. Diga la justicia lo que quiera". 

Esta frase, que hasta los más marianistas consideran desafortunada, e incluso temen que influya negativamente en la decisión ya que puede enfadar a los jueces, tenía un significado, según portavoces de Rajoy: Camps será el candidato aunque lo imputen. 

El asunto, con la tranquilidad de saber que la derrota en la Comunidad Valenciana en 2011 es imposible y hay muchos sustitutos para Camps, insisten en Génova, ha sido tratado tanto en maitines como en reuniones de estrategia del líder con su equipo más cercano. Y la conclusión a la que llegan todos los que han escuchado a Rajoy es la misma: el líder del PP aguantará a Camps todo el tiempo que haga falta. En ningún caso le pedirá que se vaya. Eso sí, le dejaría marchar si él decidiera dimitir, algo que Rajoy considera probable si hay fallo negativo, según personas de su entorno. 

El líder del PP ha hecho lo mismo con todos los imputados de Gürtel, incluso con Luis Bárcenas, el tesorero. Rajoy no le pidió en ningún momento el escaño. Le apoyó públicamente, confió en que la presión pudiera con él, y al final, un año después de que apareciera implicado, Bárcenas se rindió y dejó la política. 

El caso de Camps, sin embargo, es muy diferente. Rajoy tiene un compromiso personal con él muy fuerte. Fue uno de sus grandes apoyos en los momentos difíciles, y con ninguno de los implicados en Gürtel se ha mojado tanto. Llegó incluso a abrir la temporada política con él en la plaza de toros de Valencia. 

Ahora, explican los marianistas, la situación es diferente. Rajoy, dicen, habla de Camps con preocupación por su estado anímico. Todos ironizan con los mensajes privados que manda el valenciano, siempre cargados de pasajes líricos o épicos, tanto que en Génova ya se le apoda "el poeta", y comentan con preocupación su insistencia en no ofrecer explicaciones claras del caso. 

Aun así, Rajoy está firmemente decidido a apoyar a Camps contra viento y marea, y esperar a que sea él quien decida qué hacer con su futuro. Todos los dirigentes asumen que Camps es lo que se define como un muerto político, pero aun así, si Rajoy y él quieren, podría llegar a las elecciones y ganar. "Sería como el Cid Campeador, que ganaba las batallas después de muerto", explica gráficamente uno de los miembros de la cúpula consultados. 

Para Rajoy, la decisión del miércoles es clave. Aunque se archiven los trajes, quedan escándalos mucho mayores, como el de la financiación ilegal, los contratos troceados o la visita del Papa. Pero los marianistas creen que si el Supremo archiva, la causa en Valencia irá disolviéndose como un azucarillo y Camps no será en ningún caso imputado de nuevo. Así podrá presentarse a las elecciones, ganarlas, y tal vez luego buscar alguna salida, confían en Génova. 

LOS APOYOS DE RAJOY A CAMPS 

- 19 de febrero de 2009. Acto en A Coruña. "Camps es un dirigente ejemplar, que cuenta con el pleno apoyo del PP". 

- 2 de julio de 2009. Plaza de Toros de Valencia. "Estoy a tu lado, detrás de ti, delante de ti o donde haga falta". 

- 15 de julio de 2009. Foro Abc de Málaga. "Yo creo que Camps ha pagado sus trajes. Es absurdo que un presidente de una comunidad autónoma pueda venderse por unos trajes". 

- 3 de agosto de 2009. Tras el archivo del caso Camps en Valencia. "¿Y ahora, qué digo yo? En realidad quien debería hablar es la Inquisición que hemos vivido aquí". 

- 6 de mayo de 2010. "Camps va a ser el candidato del PP en Valencia. Diga la justicia lo que quiera". 

(www.elpais.com, 10/05/10) 

EL BARÓN MENGUADO 

El 2 de junio del año pasado, en plena campaña de las elecciones europeas, la plaza de toros de Valencia reventaba de emoción arropando al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, al que el fiscal, cuatro meses antes, había implicado en la trama Gürtel. Todos los oradores compitieron por ser los campeones en el elogio hacia el compañero herido por lo que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, definió entonces como "una campaña vil y porcina". La palma se la llevó el ex ministro del Interior y número uno de la candidatura del PP al Parlamento Europeo. Jaime Mayor Oreja dijo: "Camps es el más honorable de todos los valencianos y de todos los españoles". Más circunspecto, el líder nacional de los populares, Mariano Rajoy, afirmó: "Querido Paco, yo creo en ti, siempre estaré detrás de ti, delante o al lado, me da igual". Tres meses después, en septiembre, con el caso ya archivado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pese a que los jueces habían concluido que los regalos de los trajes habían existido, Rajoy volvió a volcarse con Camps en otro acto en la plaza de toros de Valencia. 

El presidente del PP, en esas fechas, apostaba por la teoría de la persecución: "Los socialistas son los grandes derrotados, ni en política ni en la vida vale todo, y la gente se ha dado cuenta. Si vuelven a las andadas, daremos la batalla y las ganaremos". El caso Gürtel no era el resultado de las investigaciones de un juez, de la fiscalía ni de la policía, era una "cacería despreciable", en palabras de Rita Barberá, siempre tan tremendista en sus manifestaciones de afecto hacia Camps. 

Seis meses después, el cariño político de Rajoy se había reducido sensiblemente. En marzo de este año, en plena semana fallera, el PP eligió Valencia para celebrar su convención sobre el empleo. Camps y el presidente de los populares volvieron a coincidir, pero esta vez Rajoy no tuvo una palabra de elogio para el presidente valenciano. Un escueto "gracias, Paco, gracias" fue todo lo que se le escuchó. ¿Qué había pasado en ese lapso de tiempo? El TSJ valenciano había archivado el caso de los trajes; pero la trama Gürtel lo inundaba todo. La dirección nacional del PP exigía que Ricardo Costa, secretario general en la Comunidad Valenciana, asumiera la responsabilidad política; pero Camps defendió hasta el final al que era su número dos. Al final tuvo que ceder. Pero en el tira y afloja Rajoy se puso de perfil -ni al lado, ni detrás ni delante-, y las relaciones con la secretaria general, María Dolores de Cospedal, se enfriaron notablemente. El que fuera barón territorial rampante con notables posibilidades de dar el salto a la política nacional se había quedado en barón menguado. La estrella de Camps declinaba mientras que en Galicia se alzaba la de Núñez Feijóo. 

El próximo miércoles se decide buena parte del futuro político del presidente valenciano. Ese día el Tribunal Supremo decidirá si acepta los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y de los socialistas o si, siguiendo la tesis del Tribunal Superior de Valencia, exonera a Camps del delito de cohecho pasivo impropio. Los populares valencianos, oficialmente, apuestan por esta segunda posibilidad; pero el hecho es que desde hace tiempo vienen trabajando sobre la hipótesis de que se produzca la primera y, al final, su líder tenga que sentarse en el banquillo de los acusados, solo o en compañía de otros, frente a un jurado popular. El respaldo ilimitado que Rajoy ofreció a Camps el pasado jueves -"Diga la justicia lo que quiera. La justicia no va a condenar al señor Camps el día 12. Va a ser el candidato en las próximas elecciones en Valencia"- es visto con un cierto escepticismo en no pocos sectores del PP valenciano, que establecen un paralelismo con lo ocurrido con el ex tesorero Luis Bárcenas: "Rajoy no es de los que echan a la gente, prefiere que se vayan", afirma una fuente del partido, que se pregunta si el líder nacional será capaz de aguantar durante semanas las imágenes de un presidente de la Generalitat sentado en el banquillo acompañado, muy probablemente, por Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell. 

Las palabras de Rajoy actuaron como un bálsamo sobre el equipo más cercano al presidente valenciano, pero no despejan la incertidumbre sobre el futuro. Desde que estalló el "caso Gürtel", un vacío de poder se instaló en la Comunidad Valenciana. La propia portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, lo reconoció indirectamente al dar la referencia del pleno del gobierno autonómico el pasado viernes: "Me gustaría retomar el pulso y centrarnos en las cuestiones que interesan a los ciudadanos". Gürtel mantiene paralizado el Gobierno de una comunidad donde el paro alcanza el 23% de la población activa. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, lo dijo alto y claro el pasado miércoles, al lamentarse del "desconcierto social y la ausencia de un liderazgo robusto". 

La apariencia de normalidad que intentan presentar los portavoces del PP y de la Generalitat es pura ficción. La agenda del presidente este último año ha sido tan larga en sus viajes al extranjero como corta su presencia pública en la Comunidad Valenciana, donde se niega a responder sistemáticamente a los periodistas. La tensión con la que el PP vive estos días se comprueba en las decisiones que toma. En los últimos días ha vetado cinco iniciativas de la oposición para tratar cuestiones relacionadas con la Gürtel, alegando que contenían "juicios de valor", y ha presentado una proposición no de ley para reprobar al portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, por sus constantes denuncias sobre la corrupción. 

Pero lo que desató por completo los nervios del equipo presidencial fue un titular del periódico conservador Las Provincias en el que se afirmaba: "Génova pide a Rita Barberá que sea la sucesora de Camps si es imputado". Ese mismo día se tocó a rebato desde el palacio de la Generalitat. Alcaldes, diputados, senadores, concejales salieron en tromba a reivindicar la figura del presidente. Las presiones llegaron hasta el mismo Mariano Rajoy, cuyas declaraciones sirvieron para serenar los ánimos. 

La tensión no ha desaparecido. En el PP están convencidos de que, con independencia de lo que ocurra el próximo día 12, sus problemas no habrán concluido. La instrucción que lleva adelante el magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Pedreira, abarca tres procesos que afectan de lleno a los populares y al Consell: presunta financiación irregular del PP, las adjudicaciones a Orange Market de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur y las cuentas de la Fundación que gestionó la visita del Papa a Valencia. De las tres causas, esta última es la que más preocupa. 

Pero esta será una historia que seguirá al día 12. Ahora, el debate interno en el PP se centra en el posible sustituto de Camps si este, finalmente, resulta imputado por el Supremo. Descartada la alternativa de unas elecciones anticipadas, que sólo beneficiarían a los socialistas, el recambio del actual presidente hay que buscarlo entre los actuales diputados autonómicos. Y ahí aparecen tres nombres con fuerza: la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien, pese a negar sistemáticamente su condición de aspirante, es la que cuenta con más probabilidades; el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, que cuenta con apoyos en alguna provincia, y el vicepresidente económico, Gerardo Camps, que es persona muy valorada por Mariano Rajoy. 

La sucesión, si es que llega a producirse, no será fácil ni cómoda para el presidente nacional del PP. Camps no tiene la menor intención de dejar el cargo. Está tan convencido de su inocencia que no presentará fácilmente su dimisión. Rafael Blasco, consejero de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz del grupo parlamentario, lo ha dicho muy claramente: "A Camps no lo quitan ni con agua caliente". No lo va a tener fácil Rajoy si el Supremo reabre el caso de los trajes. 

(www.elpais.com, 10/05/10) 

EL PP LO FÍA TODO A QUE CAMPS DIMITA SI RESULTA IMPUTADO 

Los dirigentes del PP llevan una semana movilizándose en público por el president de la Generalitat, Francisco Camps. Han sido varias las voces que se han elevado para defender que repita como candidato en las próximas elecciones autonómicas de 2011. Entre ellas, la más poderosa, la de su jefe de filas, Mariano Rajoy. El presidente de los conservadores salió a su rescate, como en otras muchas ocasiones, pero esta vez fue más lejos que nunca en su aval: "Que diga la Justicia lo que quiera. No va a condenarlo el 12". Ese día el Tribunal Supremo decide si reabre o no la causa por los trajes contra Camps.

Pero si lo imputan, son muchos los dirigentes del PP que esperan que dimita de forma inmediata. Diputados, senadores, cargos territoriales e incluso algunos miembros del comité de dirección piensan que sería "la mejor salida". Es lo que se dice en privado. Un mensaje que esperan que le llegue a Camps, aunque nadie se lo va a decir a la cara. La consigna es otra: cierre de filas. Algo que se volverá a visualizar hoy en el comité ejecutivo nacional.  

En la formación conservadora consideran todos los escenarios posibles. Si finalmente no prosperan los recursos de la fiscalía y del PSOE valenciano, le aconsejan que convoque elecciones anticipadas o remodele su Consell. En la Comunitat Valenciana creen que debería acometer "una profunda limpieza" que le permitiera entrar en campaña aguantando los envites de la oposición.  

Pero si al final el alto tribunal lo imputa por un delito de cohecho impropio, Camps tiene dos caminos: o aguanta, adoptando alguna de las decisiones anteriormente mencionadas, o se va entre la presión mediática y la que ejerza la sede nacional. 

La mayoría preferiría que optara por esta última opción. Todo con tal de no tener que padecer el mismo calvario que soportaron con el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas. A nadie se le ha olvidado aún la agonía y el desgaste que sufrió el Partido Popular durante más de un año: desde que estalló el caso Gürtel hasta que el responsable de las cuentas rompió todas las correas que le mantenían atado a la formación de Rajoy. 

Los que conocen bien a Camps se muestran convencidos de que, si se reactiva el proceso, se aferrará al cargo como ha hecho durante todos estos meses. Piensan que seguirá proclamando su inocencia y defendiéndose en su cruzada contra el mundo. Pero todos saben que ha sufrido un desgaste personal importante. Le ven "tocado" y no descartan que, con su nombre copando de nuevo todos los titulares, acabe "hundido". 

Para protegerse, el presidente valenciano recurrirá al libro de estilo del PP. Para empezar, podrá recordar el caso de su compañero de filas, el líder del PP de Canarias, José Manuel Soria. El vicepresidente canario estuvo imputado durante más de medio año por el caso Salmón, un asunto que finalmente terminó siendo archivado. También puede poner en evidencia la situación del presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, que se ha visto implicado en numerosos delitos y nunca se la ha exigido el cargo. De hecho el próximo 21 de mayo tiene que ir a declarar para explicar el origen de los cerca de cinco millones de euros ingresados en metálico y en cheques en diferentes cuentas a su nombre y de su familia, según se desprende de un informe elaborado por Hacienda. 

Pero ninguno de los dos son el presidente de una comunidad autónoma. Y Camps olvida, además, que tiene otros asuntos pendientes en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: el informe policial en el que se habla de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano y de las relaciones de la Generalitat con la empresa Orange Market, en el que se incluyen las adjudicaciones de Fitur y todo lo relativo a la visita del Papa. Precisamente por este último tema también se podría ver salpicada una de las personas de las que siempre se habla cuando se estudia su posible recambio: la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya que el ayuntamiento es miembro de la fundación que organizó el evento. 

Para cubrir este flanco, Camps ya ha empezado a urdir su estrategia. En el último pleno de Les Corts, contraatacó diciendo que todo era "infundado" y que contaba con un informe de la Abogacía de la Generalitat que desmontaba "punto por punto" que los contratos con la trama de corrupción fueran irregulares.  

Para un Consell paralizado y herido, las palabras de Rajoy fueron un bálsamo. En el partido, sin embargo, no todo el mundo las comprendió. Les chocó que blindara de ese modo a Camps después de haberle oído decir en una reunión que no está dispuesto a tolerar ni conductas delictivas ni comportamientos reprochables. Pero los que rodean al líder del PP señalan que fue una respuesta para ganar tiempo e infundir tranquilidad a los suyos. Además, recuerdan que Rajoy también apoyó siempre a Bárcenas porque considera que su obligación es defender la presunción de inocencia. 

Hay quien sospecha que el presidente del PP maneja información privilegiada de que el Supremo dará carpetazo a toda esta historia. Si no, no se explican su contundencia, aunque sea por lealtad. Para la mayoría de cargos del PP sería "insostenible" que Camps fuera juzgado. "Un gran marrón", reconoce un diputado. 

El PP valenciano se ha movilizado por su presidente. Comunicados y manifestaciones de respaldo absoluto: "Totalmente con él", dice más de uno. Pero lo cierto es que todos, todos, no. Hay un sector que considera que Camps no debería repetir en ningún caso como candidato y van extendiendo la idea. Los conservadores observan que algunos de sus compañeros están "enredando", aprovechando la "debilidad" de la formación a nivel regional. Por lo visto, esta ha visto mermada su interlocución con la nacional y los tres presidentes provinciales Carlos Fabra (Castellón), Alfonso Rus (Valencia) y José Joaquín Ripoll (Alicante) aprovechan para velar por sus intereses. 

EL PP NIEGA OFICIALMENTE QUE BUSQUE UN SUSTITUTO PARA CAMPS  

El equipo de Mariano Rajoy decidió ayer salir públicamente en defensa del presidente valenciano, Francisco Camps, en vísperas de que el Tribunal Supremo decida si reabre la causa de los trajes ligada al caso Gürtel y justo cuando el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), está recabando datos sobre los supuestos contratos amañados del Gobierno autonómico con la red corrupta. La consigna oficial en el PP es repetir ante las cámaras y micrófonos –como ayer hicieron dirigentes como María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Ana Mato– que Camps cuenta «con todo el apoyo del partido y que es el mejor candidato a la Generalitat de Valencia». O sea, que no se le busca un sustituto para las autonómicas.  

Pero esa es una verdad a medias, puesto que ya hay políticos conservadores que, como hizo hace meses sin disimulo Manuel Fraga, apuestan por la alcaldesa Rita Barberá como posible recambio electoral. De hecho, Barberá se ha visto obligada a sostener varias veces en los últimos días que el relevo de Camps «no está planteado», a fin de intentar callar las habladurías en ese sentido.

Hay otros miembros del PP que miran hacia el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, como posible aspirante al Gobierno de la comunidad en caso de que Camps se vea envuelto en un proceso judicial en el Tribunal Supremo, que debe decidir la próxima semana sobre esta cuestión. «¿Y si el tribunal decide reabrir la causa el 12 de mayo?», se le preguntó ayer, en rueda de prensa, a la secretaria general del PP. «El 12 de mayo hablaremos. Lo digo con toda confianza y toda firmeza», respondió Cospedal. 

Pero el apoyo de la cúpula del PP a Camps pasa, además de por la vía política, por la vía judicial. Ayer, el responsable de la estrategia de este partido en los tribunales, Federico Trillo, interpuso un recurso contra la providencia del juez Pedreira en la que instaba al Gobierno de Valencia a identificar a los responsables de 17 departamentos diferentes de la Administración autonómica que firmaron contratos, al parecer de forma irregular, con la trama Gürtel. El objetivo es parar cuanto antes la investigación, ya que, según Trillo, los informes en los que está basada carecen de toda objetividad.  

(www.elperiodico.com, 04/05/10) 

RAJOY SONDEA AL PARTIDO EN VALENCIA PARA SUSTITUIR A CAMPS 

El 12 de mayo será clave en el futuro político de Fransico Camps. Si el Tribunal Supremo acepta el recurso contra el archivo de la causa de los trajes por parte del TSJ de Valencia, en el Partido Popular muchos ven a Camps fuera de la presidencia de la Generalitat. El propio Mariano Rajoy ya ha sondeado a los presidentes provinciales del partido en Valencia para nombrar un sustituto. 

En el Partido Popular cobra fuerza la idea de que el tiempo corre en su contra y que si bien ahora las encuestas les garantizan una victoria con cualquier candidato, si la crisis se produce dentro de un año, podrían complicarse las elecciones.  

Génova y algunos sectores del partido en la Comunidad Valenciana señalan tres candidatos si Camps se viera forzado a dejar la Generalitat: Rita Barberá, alcaldesa de valencia, Alberto Fabra, alcalde de Castellón, y Esteban González Pons, vicesecretario de comunicación del PP.  

González Pons y Baberá, en cualquier caso, presentan algunos inconvenientes, según señalan fuentes del partido. Pons no es diputado en Les Corts (algo imprescindible para ser nombrado presidente en Valencia), por lo que habría que elegir un "interino" hasta las elecciones. Alrededor de Barberá, según señalan desde Génova, existe la preocupación de que pudiera verlse salpicada por alguna nueva revelación de la caso Gürtel. Por ello, estas fuentes no creen que la alcaldesa de Valencia sea finalmente la candidata pero sí le reconocen un papel clave entre los otros dos "aspirantes". Su opinión, aseguran, decantaría la balanza entre Fabra (el preferido en Alicante) o González Pons (más cercano al propio Rajoy). 

(www.cadenaser.com, 04/05/10) 

MOVILIZACIÓN GENERAL EN DEFENSA DE FRANCISCO CAMPS 

El PP salió ayer en tromba a defender al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Fue toda una ola de respaldo para contrarrestar los rumores internos que apuntan a que no repetirá como candidato al estar pendiente de varios procesos judiciales por su vinculación con el caso Gürtel. 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fue más rotunda que nunca en los últimos meses: "Camps cuenta con todo el apoyo del partido y es el mejor candidato". La mano derecha de Rajoy insistió en que el presidente valenciano "no está imputado por nada" y se quejó de que no se le respete el derecho a la presunción de inocencia. Además negó las informaciones que apuntan hacia una posible financiación ilegal del PP en la Comunitat Valenciana y mantuvo que desde su formación siempre se han dado "muchas y cumplidas explicaciones" sobre temas que luego han quedado "en nada".  

Sobre lo que ocurrirá el próximo 12 de mayo fecha en la que el Supremo decide si reabre o no la causa por los trajes, no quiso hablar. En la sede del PP, la preocupación por el futuro de Camps es evidente y, para combatirla, han decidido lanzarse una ofensiva en toda regla. Así a lo largo del día de ayer se sucedieron las muestras de apoyo. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, repitió el guión: "Camps cuenta con todo el respaldo del PP y de la dirección nacional sin ningún tipo de excepción". Además, mantuvo que el líder de los conservadores valencianos cuenta "con el respeto y el afecto de todos" los suyos.  

También la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, rompió una lanza a su favor. La conservadora aseguró que "no está planteado" su relevo y se mostró convencida de que el PP valenciano ganará "con todavía más escaños de los que tenemos en este momento". 

También la responsable de organización del PP, Ana Mato, se sumó a la corriente publicando en su blog que "Camps es el mejor candidato". A su juicio, si la Comunitat es hoy "un referente económico y social", es por los valencianos con él "a la cabeza".  

(www.publico.es, 04/05/10)

FRANCISCO CAMPS, EN LA CUERDA FLOJA 

Seguirá en el cargo Francisco Camps si el Tribunal Supremo reabre el día 12 el caso de los trajes que archivó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el pasado agosto? La pregunta planea en las conversaciones entre políticos valencianos, no sólo de la oposición, sino del propio PP, partido en el que la inquietud y la angustia sobre la esperada decisión del Alto Tribunal mantiene en vilo a sus dirigentes. A decir verdad, en Valencia no se habla de otra cosa. En el peor de los escenarios, que el Supremo valore que se debe imputar al president y a otros altos cargos por un delito de cohecho pasivo al aceptar regalos de Orange Market, se advierte del inicio de una posible transición, que debería concluir con la sustitución del propio Camps. Pocos creen que el líder del PP valenciano, muy afectado en el terreno personal por el caso Gürtel, pueda soportar la presión política y mediática de una instrucción que le llevaría a un juicio con jurado popular. 

Sin embargo, desde el entorno del presidente se afirma que Francisco Camps "está dispuesto a llegar hasta el final". 

Es decir, que no piensa dimitir, "porque está convencido de su inocencia". Pero lo cierto es que el president lleva desde hace un año eludiendo a la prensa y su presencia en los actos públicos, una estrategia que se vería agravada en el caso de que tuviera que ser juzgado. El problema, añaden, es que desde la dirección nacional del PP se valore que Camps está amortizado una vez el Supremo reabra el caso y le inviten a una digna retirada antes de verlo sentado en el banquillo de los acusados. A partir de ahí, las hipótesis sobre una posible transición apuntan a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como la persona adecuada para relevar al president y ser la candidata del PP valenciano a las elecciones autonómicas del próximo año, a pesar de que ella lo niega. Otros perfiles como el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, o el conseller de Economia, Gerardo Camps, aparecen como posibles sustitutos.

Desde este partido afirman que quienes pueden pilotar la transición son los tres líderes provinciales –Carlos Fabra en Castellón, Alfonso Rús en Valencia y José Joaquín Ripoll en Alicante–, los consellers Rafael Blasco y Juan Cotino e, insisten, Rita Barberá, cuyo ascendente sobre el PP valenciano es enorme. Todo debería hacerse con el visto bueno de Mariano Rajoy. Fuentes del PP valenciano reconocen que en la calle Génova irrita que Camps no haya sido capaz de adoptar ninguna decisión contundente ante las muchas sospechas generadas por el caso Gürtel.

De lo que no hay dudas, en cambio, es de que si el Supremo confirma el archivo del caso, Francisco Camps seguirá en el cargo a expensas de lo que la instrucción del juez Antonio Pedreira sobre el caso Gürtel pueda deparar. En concreto, sigue inquietando en el PP valenciano todo lo referido a la presunta financiación irregular del partido, el sistema de contratación con las empresas de la trama corrupta y la operación de RTVV para el seguimiento de la visita del Papa en el 2006, que costó al erario público 11 millones de euros. 

(www.elperiodico.com, 03/05/10) 

EL PP APOYA EN PLENO A CAMPS DÍAS ANTES DE LA DECISIÓN DEL SUPREMO SOBRE GÜRTEL  

Buena parte de los líderes del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) salieron ayer en tromba para dar su apoyo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y avalar su candidatura para las elecciones autonómicas de 2011. El posicionamiento y los comunicados de respaldo se producen cuando arrecia de nuevo la tormenta Gürtel, a escasos diez días de que el Tribunal Supremo decida si ordena o no al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reabra el asunto de los trajes, escenario que pondría a Camps contra las cuerdas por la nueva imputación. Y también cuando el juez Pedreira, que instruye el caso en el TSJ de Madrid, ha comenzado a investigar la rama valenciana de Gürtel. 

Así, durante la tarde de ayer se sucedieron los comunicados de apoyo a Camps con dos mensajes: Camps es el mejor presidente y volverá a ser el candidato en 2011. Desde Castelló, el alcalde y coordinador general del PPCV, Alberto Fabra, afirmó que "Francisco Camps es el único candidato del PP para las próximas elecciones autonómicas". "El PPCV es un partido que tiene claro que su meta es revalidar y ampliar la ventaja de las pasadas elecciones autonómicas". 

En los mismos términos se pronunció la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a quien en múltiples ocasiones se ha señalado como sucesora del presidente ante un hipotético relevo motivado por el escándalo Gürtel. Ayer volvió a respaldar a Camps y a desmarcarse de la sucesión: "Francisco Camps es el mejor presidente que ha tenido nunca la Comunitat Valenciana y además cuenta con el apoyo y cariño mayoritario de los militantes del PP y del conjunto de los valencianos, como lo demuestran las sucesivas encuestas", afirmó Barberá. Y añadió: "El presidente Camps será mejor el candidato que podamos tener en el Partido Popular en las elecciones de 2011".
La secuencia se reprodujo con otros dirigentes como el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus. El también alcalde de Xàtiva señaló que "dentro del PP no existe debate alguno sobre la sucesión del presidente Camps. Tenemos las ideas muy claras y no nos cabe otro candidato para las elecciones de 2011 que no sea Francisco Camps". 

El vicesecretario general del PPCV, el alicantino José Císcar, o las coordinadoras del PPCV, Isabel Bonig y María José Catalá se sumaron al apoyo colectivo. 

Las palabras de respaldo también llegaron desde el grupo parlamentario popular, a través de su portavoz, Rafael Blasco: "Camps es el mejor presidente para los valencianos y volverá a serlo en 2011, con el mayor respaldo electoral que haya conseguido un presidente en la Comunitat". Incluso la presidentas de las Corts, Milagrosa Martínez, hizo pública su apuesta por la continuidad del presidente.Con todo, la salida en tromba organizada desde la dirección popular contó con alguna ausencia destacada, como la del presidente provincial en Alicante, José Joaquín Ripoll. El dirigente alicante no emitió ayer ningún comunicado aunque hace cinco días ya afirmó que el presidente "no está en cuestión".  

La sección sindical de UGT en Radiotelevisión Valenciana (RTVV) ha denunciado que Canal 9 "sólo" dedicó el 1,4% del tiempo de los informativos de la semana del 5 de abril al levantamiento del secreto de sumario del caso Gürtel. Se trata de un "dato escandaloso", según este sindicato, que también indica que las informaciones sobre ese caso no han aparecido en el sumario de inicio de los informativos. La UGT lamenta que nada ha cambiado en la política informativa de Canal 9 a pesar de la nueva dirección general de RTVV, ya que continúa dedicando "la mayor parte" del tiempo de los informativos a deportes, sucesos y sociedad, mientras que la política y la economía, "los asuntos que tienen incidencia real en la vida de las personas", quedan "reducidos" a tiempos "a veces simbólicos". Critica que la confrontación con el Gobierno central es "permanente" y advierte del descenso de la presencia de Camps y del Consell esta semana, lo que el sindicato interpreta como "no les interesa demasiado salir". 

(www.levante-emv.com, 03/05/10) 

CAMPS IMPIDE DEBATIR LA CORRUPCIÓN PARA EVITAR "JUICIOS DE VALOR" 

La Mesa de las Cortes Valencianas, con la aquiescencia de la Presidencia de la Generalitat, envió ayer a la papelera cinco iniciativas de la oposición que aludían al caso Gürtel y al fenómeno de la corrupción con el argumento de que incluían "juicios de valor". Se trataba de dos iniciativas de los socialistas y tres de Compromís pel País Valencià. Los socialistas solicitaban la comparecencia del director de Ràdio Televisió Valenciana, José López Jaraba, para explicar las contrataciones por la visita del Papa, "una vez levantado el secreto del sumario", y también una interpelación al vicepresidente Vicente Rambla para que explicara los viajes al extranjero del jefe del Consell, Francisco Camps. 

Compromís, por su parte, planteaba la creación de una comisión de investigación para aclarar las relaciones de Camps y otros altos cargos con empresas de la red de corrupción; preguntaba sobre un contrato en Canal 9 y presentaba una proposición no de ley para ampliar las competencias de la Sindicatura de Comptes para fiscalizar la Generalitat y sus fundaciones. 

El portavoz parlamentario del PP y consejero, Rafael Blasco, que horas antes declaró en Canal 9 que desde el PP "deberíamos haber dado alguna explicación más, y creo sinceramente que incluso debiéramos haber pedido disculpas por algunos errores que se han cometido", aseguró que su grupo no acepta que las Cortes sirvan "para que algunos emitan juicios de valor. No se puede confundir oposición con obstrucción". 

El portavoz socialista, Ángel Luna, advirtió de que no dejará de hablar del caso Gürtel y reveló nuevos contratos irregulares recogidos en el sumario. El portavoz de Compromís, Enric Morera, acusó al PP de hacer de las Cortes Valencianas el Parlamento "menos transparente de España". 

(www.elpais.com, 28/04/10) 

EL HORIZONTE JUDICIAL DE CAMPS "PREOCUPA" A LA DIRECCIÓN DEL PP 

Cuando mira hacia la Comunitat Valenciana, la dirección del PP contempla un horizonte muy negro. Se barrunta nueva tormenta del caso Gürtel. Después de la salida del ex tesorero Luis Bárcenas, ahora todos los ojos se vuelven hacia el president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.  

Los conservadores van descontando los días que quedan para el 12 de mayo. Entonces se sabrá si el Supremo reabre o no la causa por un delito de cohecho impropio. El alto tribunal decidió finalmente admitir a trámite los recursos que la fiscalía y el PSOE valenciano presentaron tras el cerrojazo que hace ocho meses echó el juez De la Rúa. 

Si resuelve seguir adelante, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se verá obligado a iniciar los trámites para que un jurado lo juzgue por haber recibido de la trama corrupta trajes por valor de más de 12.000 euros.  

Un escarnio público que, según varios dirigentes del PP, le llevaría a presentar automáticamente su dimisión. Consideran que la situación sería "insostenible" y la presión "brutal". "Si eso ocurre, está muerto políticamente", confirman varias voces desde la cúpula nacional. Reconocen que existe una gran "preocupación" por el futuro de Camps. "Sería un terrible problema institucional", admiten. Y confiesan que aún no saben muy bien cómo reaccionar si se tuercen las cosas: "No hay plan B". 

De momento, el PP mantiene su discurso sobre tres pilares: no hay nada nuevo, no hay imputados y el PSOE ha activado una "cacería". Pero en la sede nacional saben que todo está en el aire. Y así lo reconoció implícitamente la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando el lunes pasado le preguntaron si Camps era el mejor candidato. "Hoy por hoy lo es", dijo marcando los tiempos.  

Aunque para la mayoría el recambio perfecto sería la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, los colaboradores de Rajoy mantienen que en su mente no está la idea de buscarle sustituto de cara a 2011. 

En el partido confían en que el Supremo mantenga el archivo: "Hemos apostado muy fuerte y todo a la carta de que no ocurrirá nada". Pero aun si sus deseos se cumplen, algunos temen lo que se les puede venir encima más adelante. No olvidan que en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hay varios temas pendientes: el informe policial en el que se habla de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano y de las relaciones de la Generalitat con la empresa Orange Market, en el que se incluyen las adjudicaciones de Fitur y todo lo relativo a la visita del Papa.  

Hay a quien le inquieta que todo esto le "estalle a Camps en plena cara en cualquier momento". Dan por hecho que desde Madrid se reenviaría al TSJCV y que no podrían negarse a instruirlo porque sería "un escándalo". 

Muchos señalan que preferirían saber ahora a qué atenerse en lugar de que les pille desprevenidos con Camps reconfirmado como candidato o en plena campaña. Son conscientes de que los socialistas lo utilizarían para desgastar la imagen de toda la formación. 

Un diputado del PP apunta que lo más sencillo sería que él renunciara a repetir alegando que ha sufrido una persecución tremenda. Pero otro cree que eso supondría admitir su culpabilidad. En las filas conservadoras se ha abierto el debate. "Es algo que está en sus manos", dicen desde el círculo de Rajoy. Desde luego, esperan que, si lo imputan, abandone el cargo y la afiliación al PP sin que nadie se lo pida.  

Es el modus operandi del jefe de la oposición. Se vio con la suspensión de militancia del ex presidente del Govern balear Jaume Matas y con la renuncia de Bárcenas al acta de senador. Nadie duda de que con Camps se procedería igual. El equipo de Rajoy explica que este nunca presiona a nadie. La clave está en "convencer" a los afectados de que su marcha es lo mejor para ellos mismos y para el partido. Resultado: estos terminan por abandonar de forma voluntaria, y no forzada, sus cargos.  

Su partido, sin embargo, echa en falta mayor contundencia y a algunos les gustaría ver que de vez en cuando da un golpe de autoridad.  

En el PP valenciano esperan que todo esto no se llegue a plantear. La decisión del Supremo no les ha sorprendido porque estaba "en el guión" que se anunciara una fecha. Los conservadores valencianos afirman que ven a su jefe de filas menos "tocado" de lo que estuvo hace unos meses. Recuerdan que las encuestas que manejan les garantizan la mayoría absoluta y siguen equiparando un triunfo en las urnas con el perdón ciudadano.  

En la dirección nacional, sin embargo, no las tienen todas consigo. Nadie duda de que el PP arrolle en la Comunitat Valenciana pero muchos creen que lo lograrían igualmente "sin Camps". Eso sí, a nivel nacional comienzan a sonar las sirenas de alarma. Para algunos no se puede permitir que se sume otro caso de corrupción después de lo ocurrido con Matas y con el desgaste que llevan acumulado, a cuenta del caso Gürtel, durante más de un año.  

Fuentes conservadoras piden que, pase lo que pase, se acometa una limpieza importante del PPCV. Apelan a las palabras de Rajoy en un comité ejecutivo nacional en el que mantuvo que no estaba dispuesto a tolerar ni actos ilegales ni conductas reprochables. A la mayoría no se le han olvidado los regalos y comprometidas conversaciones que aparecieron de algunos dirigentes con Álvaro Pérez, El Bigotes.  

(www.publico.es, 26/04/10) 

EL PRESIDENTE VALENCIANO SIGUE SIN DAR EXPLICACIONES 

Evita a los periodistas, no responde a las preguntas de la oposición y no aclara nada. El pasado jueves, Camps negó que él hubiese dado instrucciones para que la Administración autonómica contratara con las empresas de la ‘trama Gürtel’. “Nunca jamás he impartido consigna alguna en mis 20 años de actividad pública”, aseguró. Fue su respuesta al portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, que le pidió una “explicación razonable” que pudiera justificar la concesión de numerosos contratos a dedo a Orange Market. Era la primera vez que hablaba desde que se levantó el grueso del secreto de sumario por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Habían pasado 16 días. El jefe del Consell sostuvo también que su Gobierno es el “más transparente de la historia democrática de la Comunitat Valenciana” a pesar de que por mucho que le reclaman los contratos él no los entrega para que se puedan comprobar. En el PP muchos consideran que el presidente de la Generalitat haría bien dando la cara. Así se lo pidió hace unos días el ex ministro de Ciencia con Aznar, Juan Costa. “Un político debe estar dispuesto a pronunciarse sobre su vida personal, situación patrimonial o responsabilidades políticas”, sentenció. 

(www.publico.es, 26/04/10) 

EL JUEZ PEDREIRA INVESTIGA A CAMPS Y BARBERÁ POR LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA 

Que los tentáculos de la trama Gürtel se extendieron por Valencia hasta tocar la visita del Papa en el Encuentro Mundial de las Familias ya era conocido, y el juez que instruye el caso en Madrid, Antonio Pedreira, está todavía investigando las relaciones de la trama corrupta con los organizadores del acto. Entre sus indagaciones, ha pedido información sobre los dirigentes que están aforados y que pudieron participar en la organización del evento, y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF) ha señalado directamente al presidente regional, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presidente y vicepresidenta de la fundación que gestionó la visita. 

El juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira está ultimando su investigación sobre las relaciones de las empresas de Francisco Correa con la visita del Papa a Valencia en 2006. El magistrado solicitó a la Policía una relación detallada de los contratos de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó y gestionó los actos para saber hasta qué grado tuvo contacto con las sociedades de la trama corrupta. Además pidió a la Brigada de Blanqueo de Capitales que concretase si alguno de los organizadores de la visita tiene la condición de aforado, o la tenía en el momento en que se produjo el encuentro.

Camps y Barberá 

Según informó el diario El Mundo, la UDEF trasladó esta información al magistrado a finales del pasado mes de marzo, y señaló varios nombres: en primer lugar, el del propio presidente valenciano, Francisco Camps, que era el presidente de honor de la Fundación encargada del evento, y que en los próximos días podría ver cómo se reabre la causa contra él por los supuestos regalos de trajes que le hizo la trama. Además, en el informe policial se señala también a Rita Barberá, que ocupaba la vicepresidencia de la Fundación. 

Fernando Giner y Víctor Campos

Otros aforados que participaron en la organización de la visita papal son Fernando Giner, entonces presidente de la Diputación de Valencia, y vocal de la Fundación. Tanto él como Barberá y Camps son diputados en Les Corts y, por tanto, aforados. Además se incluiría en la lista Víctor Campos, actualmente apartado de la política por su implicación en la trama, pero que en aquel momento era el número dos de Camps y ejercía como secretario de la Fundación.

Los vínculos con Teconsa 

Las pesquisas apuntan también a la televisión pública valenciana, y evidencian una vez más que una de las constructoras de la trama, Teconsa, sin experiencia en trabajos audiovisuales, actuó como empresa pantalla para gestionar la sonorización de los actos, una labor por la que la trama se embolsó más de un millón de euros en comisiones irregulares.

Reticencias del Govern y del Arzobispado 

El retraso en la investigación sobre la visita del Papa se debe a las reticencias del Ejecutivo de Camps y de la propia Fundación para remitir al juez los datos sobre el evento. El pasado mes de agosto la Policía pidió por fax y por correo certificado los contratos, pero tanto la Generalitat como el Arzobispado se acogieron a la Ley de Protección de Datos y exigieron órdenes judiciales para facilitar la documentación. El propio Pedreira tuvo que intervenir, a principios de noviembre, para exigir que se entregasen los datos requeridos “a la mayor brevedad”. 

(www.elplural.com, 20/04/10) 

CAMPS ACUSA A ZAPATERO DE BOICOTEAR LA VISITA DEL PAPA 

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, acusó ayer al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero de intentar "boicotear de la manera más deleznable la visita del Papa" a Valencia en julio de 2006. 

"Si el Gobierno de [José Luis Rodríguez] Zapatero hubiera sido leal con la Comunidad Valenciana como ha trabajado con otras comunidades autónomas, y como presumiblemente hará con las visitas de su santidad el Papa en los próximos meses a Barcelona, Madrid o Santiago, a la Comunidad Valenciana no le habría costado ni un solo euro", aseguró ayer Camps en las Cortes valencianas. 

La acusación de Camps se produjo al ser interpelado por el portavoz socialista, Ángel Luna, sobre el gasto realizado por el Gobierno valenciano con motivo de la visita de Benedicto XVI en 2006. Una cuestión que el Ejecutivo valenciano ha eludido reiteradamente en los últimos tres años y que ayer tampoco respondió el presidente valenciano, que llegó a decir que si fuese por Zapatero "la Comunidad Valenciana ni existiría". 

Luna interrogó también a Camps por los contratos realizados por Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana -que se quedó en exclusiva la retransmisión de la señal de televisión de la visita y excluyó a TVE-. Según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales del sumario del caso Gürtel, la trama corrupta que dirigía Francisco Correa logró cerca de un millón de euros en comisiones ilegales gracias a un contrato de Canal 9 con la empresa Teconsa por el montaje de pantallas de televisión y equipos de sonido durante la visita del Pontífice. "Exigimos transparencia en el dinero público y responsabilidades políticas", dijo Luna ante un Camps que tachó de "papanatismo" a los socialistas. 

(www.elpais.com, 25/03/10) 

CAMPS CREE UN "ESPERPENTO" QUE LE PREGUNTEN POR LOS GASTOS DEL PAPA 

Al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, le pareció ayer "un esperpento" que el portavoz socialista, Ángel Luna, le preguntase en las Cortes por los gastos de la visita del Papa a Valencia en 2006 y los escándalos en los que están envueltos los responsables de Ràdio Televisió Valenciana. Y como le pareció un esperpento, le echó la culpa al empedrado, que no es otro que el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. 

Casi cuatro años después de la visita de Benedicto XVI a Valencia, Camps evitó explicar cuánto dinero se gastó en el evento. Tampoco justificó por qué ha transferido en las últimas semanas dos millones de euros de los presupuestos de la Generalitat a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias que organizó la visita de Benedicto XVI. 

Por el contrario, Camps acusó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de intentar "boicotear de la manera más deleznable la visita del Papa". "Si el Gobierno hubiera sido leal a la Comunidad Valenciana no le habría costado ni un solo euro", aseguró el jefe del Consell. 

El portavoz socialista, Ángel Luna, consiguió ayer enervar de nuevo al presidente de la Generalitat y a su entorno más inmediato. Y lo hizo con dos líneas argumentales. Primero exhibió un documento, que aseguró que era un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, "que ha salido de un pendrive y que no va a ser anulado". Luna argumentó que de ese informe se infiere que la trama corrupta del caso Gürtel, que dirigía Francisco Correa, diseñó la operación de la visita del Papa y se reunió con el entonces director general de RTVV, Pedro García, y personas de la Fundación V Encuentro. "Y, además, sabemos que hay impagos, y reclamaciones en la fundación", sentenció el socialista. La exhibición del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales provocó una airada reacción del PP, que anunció que denunciará a Luna por hacer público un documento que está bajo secreto de sumario. La segunda línea argumental de Luna se basó en pedir explicaciones a Camps sobre los escándalos de Canal 9, cuyo director general, José López Jaraba, se ha negado a facilitar los contratos relacionados con la visita del Papa; ha incumplido sus obligaciones fiscales personales "hasta 28 veces" y del que los socialistas dudan que haya sabido abordar los escándalos sexuales de su número dos, Vicente Sanz. 

En la misma sesión de control, el portavoz de Compromís, Enric Morera, acusó a Camps de ser el presidente del paro y de no actuar frente a la crisis. 

(www.elpais.com, 25/03/10)

CAMPS DESTINA DOS MILLONES A CERRAR LA FUNDACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA 

El Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps, ha decidido liquidar la fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Y hacerlo ha costado dos millones de euros. 

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó ayer varias decenas de modificaciones presupuestarias aprobadas el pasado 18 de diciembre. En ellas se incluye una "aportación a la dotación del patrimonio fundacional de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia" por importe de dos millones de euros. 

Fuentes de la Consejería de Economía explicaron que con estos dos millones, procedentes de la partida de gastos diversos, la Generalitat realiza su aportación para liquidar las cuentas y extinguir la fundación que organizó la visita del Papa. Sin embargo, las mismas fuentes adujeron que, pese a la decisión, "no se ha producido ninguna transferencia de dinero". La Consejería de Economía no ofreció ninguna explicación adicional aunque, presumiblemente, la modificación de crédito tenga como objetivo enjugar una deuda de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia con algún organismo o empresa de la propia Generalitat. 

La decisión de liquidar la entidad que organizó la visita del Papa tiene lugar después de que el magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitara el pasado mes de noviembre información a la fundación y a Ràdio Televisió Valenciana en relación con la investigación del caso Gürtel. 

La fundación que organizó la visita del Papa -que tiene por patronos a la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el arzobispado de Valencia- se gastó un total de 12,2 millones de euros en 2006. Desde entonces ha ocultado sistemáticamente con qué empresas contrató, en qué condiciones y para realizar qué tareas. 

Esta entidad creada en 2005, cuyo secretario era el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos, decidió conceder en exclusiva la señal de televisión de la visita del Pontífice a Canal 9 y excluyó a RTVE. 

El TSJ de Madrid también investiga el contrato que Canal 9 formalizó con la empresa Teconsa para montar pantallas de televisión y equipos de sonido durante la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales, la trama corrupta que dirigía Francisco Correa logró más de un millón de euros en comisiones ilegales. 

Las cuentas y la actividad de la fundación que impulsó el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el arzobispado de Valencia se han convertido en ejemplo del oscurantismo y la falta de transparencia del Consell. 

Ninguno de los patronos ha facilitado las actas de las reuniones de la fundación V Encuentro, ni información clara sobre sus aportaciones monetarias o la participación de las empresas públicas de la Generalitat. 

El pasado mes de agosto abandonó su puesto como director general de RTVV Pedro García, uno de los cargos salpicados por los escándalos del caso Gürtel y relacionado con la organización de la visita del Papa. En diciembre pasado, también abandonó su puesto de alto cargo de la Administración valenciana Enrique Pérez Boada, hombre de confianza del vicepresidente tercero y destacado miembro del Opus Dei, Juan Cotino, que tuvo un papel activo en la organización del viaje del Papa a Valencia. 

(www.elpais.com, 25/02/10)

El TSJ de Valencia ve indicios de delito en la financiación del PP y dice que se investigue en Madrid

El tribunal se declara no competente para analizar la querella de los socialistas contra Camps y otras 16 personas por el 'caso Gürtel'

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano no investigará de momento la supuesta financiación ilegal del PP. La Sala de lo Civil y Penal ha decidido declararse no competente para investigar los hechos descritos en la querella presentada por el PSPV-PSOE contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, seis altos cargos de su gobierno y del partido, cinco presuntos miembros de la trama corrupta del caso Gürtel y cinco empresas constructoras. Los magistrados consideran que la denuncia, que se dirige contra un total de 17 personas por los delitos de falsedad, financiación ilegal de partido político, malversación, prevaricación y cohecho, no debe deslindarse de la causa que instruye el TSJ madrileño en relación con el caso, al menos mientras no afecte a un aforado valenciano. No obstante, los magistrados destacan que el informe policial en el que se apoya la querella contiene "hechos de posible significación delictiva" sobre la financiación del PP que "necesariamente se han de investigar".

Auto del TSJV en el que se declara no competente para analizar la querella de los socialistas contra Camps

DOCUMENTO (PDF - 865,45Kb) - 15-02-2010

Según señala el TSJ valenciano en una nota, los magistrados se han acogido a los argumentos de la Fiscalía, que consideró que no era el momento de investigar en Valencia la supuesta financiación ilegal del PP por la posible "duplicidad" con las pesquisas del juez del TSJ madrileño Antonio Pedreira. De hecho, el auto destaca párrafos del informe policial citado en la querella socialista que subrayan la necesidad de una "visión global" de las actividades imputadas a la organización delictiva que supuestamente encabezaba Francisco Correa, en prisión.

Los socialistas valencianos presentaron la querella el pasado noviembre a partir de un informe de la Brigada Policial de Blanqueo que recogía indicios de la supuesta financiación ilegal del PP con facturas de actos del partido que habrían pagado las empresas constructoras a través de Orange Market, filial valenciana de la trama. La empresa dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, se encargaba de la mayoría de actos del PP valenciano. La investigación policial también revela que la trama Gürtel cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales por la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Analizado el informe policial, la Sala de lo Civil y Penal concluye que contiene "hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar", pero también que el asunto debe quedar de momento en manos del tribunal madrileño para evitar la "duplicidad" de procedimientos sobre los mismos hechos, al menos hasta que se produzca una hipotética implicación de aforados valencianos. El auto califica de "cualificado" el informe policial, que el mismo TSJ ignoró cuando llegó a la sala a finales del pasado julio, justo en plena deliberación de las diligencias abiertas a Camps y otros altos cargos por supuesto cohecho pasivo impropio por aceptar trajes de la trama. Los magistrados archivaron la causa y no analizaron el informe policial, que ha vuelto a sus manos con la querella de los socialistas.

Tras presentarse el pasado noviembre la denuncia, la Sala de lo Civil y Penal pidió información a varias instituciones y al TSJ de Madrid antes de decidir su admisión a trámite. El tribunal madrileño respondió que no podía facilitar datos del caso porque aún está bajo secreto de sumario y podía frustrarse "el final legítimo" de la investigación que desarrolla. Tras esa respuesta, los magistrados valencianos se dirigieron a los socialistas y a la Fiscalía para que se pronunciaran sobre su competencia o no para instruir la querella. El PSPV considera que sí lo es, mientras que la Fiscalía mantiene que de momento la investigación corresponde al TSJ madrileño, posición en la que se han basado los magistrados para declararse no competentes para conocer la querella.

El PP ha comparecido poco después de conocerse la decisión del TSJ valenciano. Antonio Clemente, secretario general de los populares valencianos, ha afirmado que el auto "deja claro que no hay ningún aforado valenciano en ninguna trama". Clemente ha reconocido que sólo podía hacer una valoración política, ya que no conoce aún el contenido del auto. Aún así, el PP considera que el auto "condena de manera clara la estrategia socialista para hacer daño a personas inocentes". Clemente, que ha hecho estas declaraciones acompañado del portavoz del PP en las Cortes y consejero Rafael Blasco, ha pedido la dimisión del secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.

Frente a la interpretación del PP, el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, ha subrayado que el auto, "lejos de exculpar a nadie, resalta y destaca la gravedad de los hechos". La querella "es contundente porque los hechos son contundentes" y "la complejidad de la investigación aconseja mantenerla unida", ha afirmado Luna. La causa "puede afectar a aforados de otras comunidades", por lo que el caso puede acabar en el Tribunal Supremo y si éste no se hace cargo en el TSJ valenciano, ha advertido Luna.

www.elpais.es 15.02.10

Camps insta a hablar "menos de política" en el parlamento y la oposición recuerda que Franco también lo pedía

El Pleno de Les Corts valencianas de esta mañana ha sido movido. No solo porque Ricardo Costa, secretario general del PP portavoz de la Cámara hasta que el pasado 14 de octubre fue relegado de sus cargos por su vinculación con la trama de corrupción de la Operación Gürtel, ha reaparecido por primera vez para ocupar su nuevo asiento, en la última fila, sino también por las controvertidas declaraciones del presidente regional, Francisco Camps. El dirigente recomendó que en Las Cortes se hable “menos de política y más de economía”, algo que ha venido defendiendo durante los últimos días para evitar pronunciarse sobre los vínculos de su partido con la trama corrupta. El portavoz socialista, Ángel Luna, ironizó ante esta propuesta y recordó que ya “hubo alguien en este país que recomendaba no hablar de política, se llamaba Francisco Franco”.

Durante la sesión de control en el pleno de Les Corts, el presidente regional, Francisco Camps ha reclamado que “más economía y menos política” en las intervenciones de los grupos políticos, algo que ha sido recibido con sorna entre los representantes del PSPV. El portavoz socialista en la Cámara, Ángel Luna, replicó: “Sólo nos faltaba oír que no debemos hablar de política. Hubo alguien en este país que recomendaba no hablar de política, se llamaba Francisco Franco”.

"Más economía y menos política"
La petición de Camps de no hablar de política no es nueva: durante los últimos días ha defendido esta línea para evitar hablar de las vinculaciones de su partido con la trama Gürtel. Ayer mismo, durante la inauguración de un congreso de AECO, el dirigente llegó a pedir un “compromiso nacional” para “dejar de hablar de política y concentrarse en la economía”. En el pleno de hoy acusó a Luna de “insultar” mientras el PP sigue “trabajando”, e insistió: “Más economía y menos política. Menos hablar del aborto, de la memoria histórica y menos hablar de la destrucción de una España unida y fuerte. Mientras ustedes ponen en tela de juicio todo lo que ha conseguido la democracia, nosotros seguimos trabajando”.

Camps, "enajenado políticamente"
Por su parte, Luna apuntó que no se dirigía a Camps, “que está enajenado políticamente”, sino a los “barones provinciales que antes no existían y que ahora le han declarado incapaz, han rechazado los cambios que ha introducido en su grupo y han reprobado a su Gobierno”. “Los barones provinciales se han puesto nerviosos. Su equivocada actuación en todo lo relativo al caso Gürtel ha instalado la perplejidad en su propio partido (…). Su partido le ha retirado la condición de líder (…). Es usted un lastre para su partido y para toda la Comunidad Valenciana”, le advirtió.

Ricardo Costa, en su nuevo escaño
El pleno ya había comenzado cargado de tensión puesto que, hacia las 9:50 de la mañana, se ha presentado en la Cámara Ricardo Costa. Es la primera vez que ocupa su nuevo escaño en Les Corts, en la última fila, después de que a mediados de este mes la dirección nacional del PP le apartase de sus cargos como secretario general del partido en valencia y portavoz parlamentario por su vinculación con la trama Gürtel.

Abrazos al PP y mofa del PSOE
Su sustituto en la portavocía, Rafael Maluenda, y algunos consejeros como Alejandro Font de Mora y Manuel Cervera se desplazaron hasta su escaño para abrazarle, un gesto que la oposición ha recibido entre risas y aplausos, al grito de “Bienvenido” y “Qué bonito es el amor”. Posteriormente ha sido el propio Costa el que se ha acercado al asiento de Camps, a quien también ha abrazado, aunque de manera mucho más tímida y fría.

www.elplural.com 29.1.0.09

Los jueces tumban la ocurrencia de Camps de dar Ciudadanía en inglés

El TSJ valenciano anula la objeción de conciencia y el trabajo alternativo

La Generalitat valenciana ha perdido el pulso que sostenía contra la comunidad educativa, el Gobierno y el sentido común: Educación para la Ciudadanía no se puede impartir obligatoriamente en inglés. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha tumbado los pilares sobre los que el Gobierno que dirige Francisco Camps, del PP, cimentó su boicot a la asignatura. La sentencia, que recurrirá el Consell, anula la imposición de dar la materia en inglés, pero también la posibilidad de aprobar mediante la elaboración de un trabajo, así como la opción de que los alumnos puedan acogerse a la objeción de conciencia.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

DOCUMENTO (PDF - 232,65Kb) - 24-07-2009

Los magistrados revocan los artículos clave del boicoteo a la asignatura

La decisión avala las movilizaciones de la comunidad educativa

La sala no censura que se use el inglés, sino que se imponga el idioma

La Generalitat recurrirá la resolución al Tribunal Supremo

La resolución, planteada por CC OO y la abogacía del Estado, no puede ser más oportuna. Llega cuando Camps, después de recular hace unos meses por la presión de padres, alumnos, profesores y directores de centros, había reactivado para el próximo curso su planteamiento docente respecto a Ciudadanía.

La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ no entra en las motivaciones ideológicas por las que el PP valenciano recurrió al inglés y a ocurrencias como la de dar las clases con la doble figura del profesor y el traductor para obstaculizar una asignatura que, según el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, induce a los niños "a votar a los socialistas".

La sala, que firma la sentencia por unanimidad, sí aborda -y echa por tierra- los argumentos a los que se agarró el Ejecutivo valenciano para travestir su batalla política en una política de fomento del inglés en las aulas. Eso, dice la sala, está muy bien: "No se trata de destacar la importancia y necesidad de que los estudiantes adquieran destrezas en idiomas extranjeros, sino que tal finalidad se consiga en el marco curricular del sistema educativo". El problema es que la propia Generalitat no ha respetado su normativa, que contempla la posibilidad de dar asignaturas en inglés, pero siempre dentro del llamado programa de educación plurilingüe, una fórmula en la que "serían los centros educativos en cada caso, los que deberían solicitar la autorización correspondiente a la Consejería", apunta la sentencia. Es decir, "la imposición de impartir una asignatura curricular en lengua extranjera no puede ampararse" en la orden impugnada. Conclusión: la opción de dar la asignatura en inglés debería partir de los centros siempre que padres y profesores se acogieran voluntariamente a estos programas de educación plurilingüe en los que se puede dar Ciudadanía, pero también matemáticas o geografía en inglés. Ocurre que sólo tres centros de la Comunidad Valenciana desarrollan actualmente esa posibilidad.

Además de anular el artículo que obliga a dar la clase en inglés, el TSJ considera que la Consejería de Educación "no tiene competencia" para ofrecer una opción alternativa a la clase presencial "al ser una materia curricular y obligatoria, infringiendo la Ley Orgánica de la Educación". De esta forma, la sentencia se carga la posibilidad de esquivar las clases con un trabajo. Y reafirma esta decisión en "la doctrina reiterada del Tribunal Supremo" que desestima la declaración de objeción de conciencia y estima la obligación de cursar la asignatura y asistir a las clases.

El de ayer no es el primer varapalo judicial que recibe Camps en su cruzada contra la asignatura -y, por elevación, contra el Gobierno-, aunque sí el más serio. El TSJ ya se había pronunciado dos veces en sendas suspensiones cautelares contra la Citizenship del Gobierno valenciano. Es cierto que otra sentencia desestimó el recurso de un profesor que consideraba que el traductor atentaba contra la libertad de cátedra. Pero también es verdad que la resolución hecha pública ayer es la más contundente sobre la materia. Y que anula todo el andamiaje de instrucciones emitidas por la Consejería de Educación que da cuerpo a la orden anulada, entre ellas, la más famosa, la que se refiere a la presencia de los dos profesores.

La sentencia da la razón al nutrido movimiento ciudadano que se agrupó en torno a la Plataforma per l'Ensenyament Públic (formada por sindicatos, asociaciones de padres, de alumnos, de docentes y la Federació Escola Valenciana). En una exhibición de músculo sin precedentes contra el todopoderoso PP valenciano, la Plataforma sacó a la calle a 44.000 personas a finales de noviembre de 2008. Sólo las protestas contra la guerra de Irak han movilizado a la sociedad valenciana de esta forma en los últimos años.

Con esta exhibición de fuerza, la Plataforma consiguió una moratoria indefinida en la aplicación de la orden, así como la apertura de una negociación con la Generalitat. El fracaso de esos contactos llevó a una huelga general que vació las aulas el pasado mes de abril. Reforzado tras su victoria en las elecciones europeas, en junio la Generaliat volvió a poner en marcha el engranaje para resucitar sus intenciones iniciales de impartir la asignatura en inglés.

Pese a la decisión de la sala, el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, anunció ayer que su departamento presentará un recurso de casación en el Tribunal Supremo, lo que, previsiblemente, retrasará la aplicación de la sentencia. Una vez más, y a pesar de que el tribunal desmonta el argumento del fomento de la enseñanza del idioma, la Generalitat expresó su intención de que todos los alumnos "dominen el castellano, valenciano e inglés hablado y escrito al finalizar la educación secundaria". Font de Mora señaló que la sentencia "no tiene efectos prácticos" e insistió en el discurso oficial de que la moratoria dictada en diciembre sigue vigente y que "la asignatura se imparte de forma voluntaria".

Historia de una batalla perdida

- Abril de 2006. Se aprueba la Ley Orgánica de Educación que incluye Educación para la Ciudadanía en 5º y 6º de primaria (10 y 11 años)

- Junio y julio de 2006. La Conferencia Episcopal tacha Ciudadanía de "ataque a la familia" y el Foro Español de la Familia apela a la objeción.

- Septiembre de 2007. La asignatura empieza a impartirse en Cataluña, Navarra, Aragón, Extremadura, Asturias, Cantabria y Andalucía. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps anuncia que se dará en inglés.

- Marzo de 2008. La Generalitat confirma que se impartirá en inglés en el curso 2008-2009 y que se ofrecerá a los objetores la llamada opción B, que consiste en un trabajo escogido por la familia.

- Julio de 2008. El TSJ dicta la suspensión cautelar parcial de la orden y anula la opción B.

- Septiembre de 2008. El curso comienza con una orden para que haya un profesor de inglés y otro de filosofía.

- Octubre de 2008. Comienzan los encierros en centros educativos.

- Noviembre de 2008. Unas 44.000 personas salen a la calle en contra de la gestión educativa del Consell. Amenaza de huelga general en los centros docentes.

- Diciembre de 2008. Camps cede y autoriza que Ciudadanía se pueda estudiar en valenciano o en castellano. Se abre una mesa de negociación.

- Enero de 2009. El TSJ suspende cautelarmente la figura del traductor.

- Abril de 2009. Las conversaciones se rompen. Jornada con seguimiento masivo de aulas vacías en Secundaria.

- Junio de 2009. Camps reactiva Ciudadanía y Educación lo traslada a los directores de instituto.

- Julio de 2009. El TSJ anula la obligatoriedad de impartir la asignatura en inglés, la posibilidad de aprobar mediante un trabajo y la de acogerse a la objeción de conciencia.

www.elpais.es 25.07.09

Un grupo de asesores de élite proponen a Camps las estrategias de su éxito electoral

El presidente no está solo. Al margen de los tres pilares de su gobierno (Vicente Rambla, Juan Cotino y Gerardo Camps), Francisco Camps levanta el teléfono más de una vez para consultar a un reducido grupo de expertos. El sociólogo Narciso Michavila (hermano de Ana Michavila, jefa de gabinete y la persona más influyente del equipo directo del presidente), el abogado Manuel Broseta o el magistrado Juan Luis de la Rua se encuentran entre sus principales consejeros

Hasta altas horas de la madrugada, Francisco Camps ha pasado la última semana repasando sondeos de opinión, echando cuentas con los Presupuestos Generales del Estado de 2009 y repasando las funestas previsiones económicas que se prevén hasta 2010. Pero no estaba solo. Al margen de los miembros de su Consell, como Vicente Rambla, Gerardo Camps, Juan Cotino o el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, en este trabajo están siendo claves Ana Michavila, jefa de Gabinete del presidente; su hermano, el sociólogo Narciso Michavila; y el abogado Manuel Broseta, entre otros. Son su guardia de corps.

Discreta y eficaz. Así se define a Ana Michavila. "El presidente no toma ninguna decisión sin que Ana lo sepa, y ella no da un paso sin consultarle", se asegura en el entorno de Presidencia. Comparte con su jefe una concepción tradicional de la familia y su profunda fe católica. Lo mismo se puede decir de su capacidad de trabajo y sacrifico, sin obtener en el caso de Michavila ningún reconocimiento público por ello.

Su hermano, el militar en excedencia y sociólogo Narciso Michavila es otra de las piezas claves del entorno presidencial. Su llegada se produjo por mediación de Ana, pero logró deslumbrar por méritos propios al presidente. Es un ferviente defensor del arma de las encuestas para la fijación de programas y estrategias políticas.

Su propuesta no pasa por sondear iniciativas ideadas por sesudos think tanks, sino extraerlas de los públicos seleccionados. Aunque tiene una empresa de consultaría sobre la materia, Gabinete de Análisis Demoscópicos (GAD), su dedicación al presidente valenciano no es comercial, sino que mantiene un fuerte componente ideológico y de sintonía personal.

La influencia de este veterano de Kosovo -fue jefe del Puesto de Información Pública de la Brigada Italo-Española- en Camps ha borrado de un plumazo a colaboradores históricos, como Rafael Blasco o Josep María Felip. Incluso Mariano Vivancos, responsable del departamento de estudios de Presidencia y estrecho colaborador de Ana Michavila, ha salido del Palau y ejerce de subsecretario de la Conselleria de Bienestar, la de Cotino.

Los consejos del abogado Manuel Broseta, presidente del Grupo Broseta, se centran más en cuestiones legales y de tanteo de propuestas fiscales. Además, su contacto directo con algunos de los principales empresarios y hombres de negocios de la Comunitat le permite trasladar las impresiones de un colectivo dificilmente alcanzable a base de encuestas. También sabe trasladar las críticas sin comprometer a sus autores.

Otra relación claves es la que mantiene con Fernando de Rosa, ex conseller de Justicia, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y hombre de confianza política probada. Su relación es larga y fue precisamente De Rosa quien animó en su juventud a Camps a afiliarse al partido.

También hay quien incluye en este círculo jurídico y personal a Juan Luis de la Rua, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a ´amistad´ que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat", aseguraba el propio Camps en el acto de despedida de De Rosa.

Ya a la mesa del Consell, el vicepresidente Vicente Rambla, responsable de la estrategia política del Ejecutivo y ex conseller de Economía y Sanidad, propone recortes, ajustes y medidas, pero sobre todo, cómo venderlas. Su eficiencia en este aspecto ha sido demostrada en el Gobierno (es el portavoz del Consell) y fuera de él. No hay que olvidar que Rambla fue el director de campaña del PP en las últimas elecciones autonómicas, la mayor victoria de la formación en la Comunitat.

En aquella cita electoral fue cuando su partido puso a pleno rendimiento la estrategia de enfrentamiento con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta actitud perdura y, como ejemplo, vale la sentencia que ofreció Ricardo Costa tras analizar con su grupo parlamentario los últimos Presupuestos Generales del Estado: "El presidente Zapatero odia a la Comunitat Valenciana".

Además, en su paso por la Conselleria de Sanidad acometió la privatización de la gestión hospitalaria y, una vez dado este primer paso, pudo avalar con datos estadísticos la indiferencia mayoritaria de los ciudadanos hacia quién prestan el servicio (público o privado), con tal que sea satisfactorio. Este modelo se ha extendido a la educación y paulatinamente se ha ampliado a otros organismos, como Ferrocarrils de la Generalitat.

Haciendo cuentas

Gerardo Camps, vicepresidente económico, es el encargado de transformar las propuestas en números y José Manuel Vela, secretario autonómico de Presupuestos, el responsable de hacerlos cuadrar. Aunque son habituales los comentarios que apuntan a un alejamiento entre el conseller y el presidente, lo cierto es que mantiene una de las carteras fundamentales. En su gestión no ha detenido el crecimiento de la deuda, aunque sí ha tapados algunos de los ´pozos sin fondo´ heredados de los tiempos de Zaplana, como Terra Mítica o, en cierta medida, la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Además, Gerardo Camps es el interlocutor con el Gobierno y también con el propio PP en Madrid. En este último caso, es significativo el cambio de tornas que se ha producido entre Camps y Cristóbal Montoro, secretario de Economía del PP y ex ministro de Hacienda. Cuando Montoro estaba en el Ejecutivo, intentó poner en cintura las cuentas valencianas, un proyecto que después desarrollaría Solbes desde Economía. La dependencia que Rajoy tiene del apoyo de Francisco Camps dentro del partido le ha dado al valenciano carta blanca.

La función de Juan Cotino, vicepresidente social, al margen de reivindicar en estos días un trato presupuestario satisfactorio, ha centrado su trabajo en la aplicación de las políticas más conservadoras y de familia, uno de los pilares ideológicos de la formación. Aunque el PP no se define en sus estatutos como democristiano, sino de "centro reformista", en la Comunitat esta corriente es una de las más poderosas.

Soporte ideológico

Capitaneada por Cotino, esta tendencia dispone de su propio laboratorio de ideas, la Fundació Vives per l´Humanisme i la Solidaritat, creada cuando el vicepresidente era concejal del Ayuntamiento de Valencia en 1991. Aunque su presidente es Ramón Congost (director del Instituto Tecnológico de la Construcción), entre sus miembros se cuentan desde Enrique Pérez Boada, director del Instituto Valenciano de Finanzas, o Miguel Dominguez, concejal del Ayuntamiento de Valencia, pasando por Rafael Ripoll, secretario autonómico de Relaciones con Europa.

Además de organizar encuentros con destadas personalidades, como Rodrigo Rato, Federico Trillo o Jaime Caruana (cuando era gobernador del Banco de España) en su Foro Económico Financiero, la fundación está desarrollando su área de formación. El próximo seminario será en octubre y versará sobre ´Liderazgo y participación pública´, un curso dirigido a jóvenes que tengan "inquietudes en el ámbito de la vida pública, la política, el compromiso social, el voluntariado o la comunicación", apunta su programa.

El papel de Ricardo Costa es de ejecutor de las decisiones de partido que no pueden hacerse desde la presidencia. Además, su trabajo en las últimas fechas ha sido tener al presidente al corriente del pulso del partido en Castellón, teniendo en cuenta la revitalización del caso Fabra. También, ha tenido que reiterar su fidelidad al presidente en vísperas del Congreso Nacional del PP, cuando su hermano Juan se postuló como rival de Rajoy.

Ricardo Costa no sólo superó el envite, sino que lo logró con nota ante los ojos del presidente. Ninguna de estas relaciones significa una dejación de funciones por parte del presidente. "Él siempre tiene la última palabra", aseguran distintos conocedores de los entresijos del poder valenciano. El que manda, manda.

http://www.elboletin.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008100300_10_39351__Economia-grupo-asesores-elite-proponen-Camps-estrategias-desu-exito-electoral

Camps destina más de un millón de euros a una fundación dirigida por su cuñada que no tiene actividad

El PSOE valenciano (PSPV) denunció ayer que la Fundación de la Ciudad de las Artes Escénicas de Sagunt, dependiente de la Consejería de Cultura y dirigida por la cuñada del presidente valenciano Francisco Camps, recibe de la Generalitat más de un millón de euros de sus presupuestos, pese a que no tiene actividad desde hace cuatro años. La portavoz socialista de Cultura en Corts, Ana Noguera, lamentó que el dinero que el Govern destina a Cultura sirva, en última instancia, para “recolocar” asesores emparentados con los altos cargos del PP regional.

La portavoz parlamentaria del PSPV, Ana Noguera denunció ayer, durante la última sesión del debate de los Presupuestos de la Generalitat para 2009 que el Gobierno de Francisco Camps dedicará una partida de 1,2 millones de euros provenientes de Cultura a la Fundación de la Ciudad de las Artes Escénicas de Sagunt, pese a que la organización no realiza actividades desde 2004.

Sin objetivos pero con gastos
Noguera pidió explicaciones de por qué Gloria Bas, cuñada de Camps, dirige “una fundación que en estos momentos no tiene objetivos pero sí que tiene gastos”, y lamentó que la Conselleria de Cultura esté sirviendo para “mujeres de conseller que ganan plazas”, en alusión a la esposa del responsable de Economía, Gerardo Camps, que logró un puesto de trabajo en el Instituto de Restauración.

"Colocaciones" a dedo
La socialista insistió en que Gloria Bas dirige un organismo con un presupuesto de 1,2 millones, “y una inversión de cero euros”, ya que no desarrolla ninguna actividad. Por ello, lamentó que el aumento del 1 por ciento que tiene en los Presupuestos la partida destinada a Cultura este año “se lo come” el 24 por ciento que se ha incrementado el capítulo de la dirección general. A su juicio, la creación de la Conselleria de Cultura solo ha servido “para colocar a todo Alcoi de la mano de la consellera”.

Sin "varita mágica"
Por su parte, la diputada popular Alicia de Miguel defendió la creación de la nueva Consejería y argumentó que la Generalitat ha tenido que tener “una serie de gastos” para ponerla en funcionamiento, pues no tiene una “varita mágica” para crearla de la nada. Además, apuntó que su grupo rechaza las enmiendas presentadas por el PSOE para lograr un mayor control de las fundaciones alegando que esto ya lo hace la Sindicatura de Comptes.

No se fían ni de su partido
No obstante, Noguera recordó que este organismo ofrece las cuentas con dos años de retraso, algo de lo que no debería fiarse el PP, cuando tampoco se fía “de los resultados de sus propios congresos”, en referencia al cónclave celebrado en Alicante en el que los zaplanistas ganaron por la mínima a los campsistas.

www.elplural.com 19.12.08

CAMPS ENTIERRA SU OCURRENCIA DE CIUDADANÍA 

La amenaza de una huelga general en todo el sistema educativo público valenciano, mañana, ha acabado con la ocurrencia de Francisco Camps de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, con profesor-traductor incluido si fuera necesario. El boicot de la Generalitat a esta asignatura introducida por la Ley Orgánica de Educación (LOE) -que en España están cursando más de 600.000 alumnos con normalidad- no ha resistido tres meses. El presidente valenciano, de viaje en Estados Unidos, autorizó ayer, a través de su consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, a que esta materia de Derechos Humanos, que el PP objeta en toda España, se estudie el resto del curso como cualquier otra asignatura "en una de las dos lenguas cooficiales" de la Comunidad Valenciana. 

Una circular de Educación de tres páginas entierra de hecho la singular fórmula ideada por Camps de que el inglés sea obligatorio en las clases de Ciudadanía mediante traducción simultánea por parte de un segundo profesor. Y devuelve la normalidad a las aulas valencianas, al menos hasta el 15 de febrero, fecha límite impuesta a la Administración por las asociaciones de padres y alumnos y los sindicatos CC OO, STEPV y UGT, para "cerrar" una agenda de negociación más amplia que contiene 13 puntos, que abarcan desde la creación de 47.000 plazas públicas de Infantil en el curso 2011-2012 a la contratación de 300 profesores más de lengua extranjera el curso que viene o el diseño de un plan autonómico eficaz para combatir el alto índice de absentismo y fracaso escolar entre los jóvenes de 16 a 24 años sin título de ESO. 

El giro de la Administración de Camps en el tema del inglés obligatorio en Ciudadanía fue la tabla de salvación para superar lo que podría haber sido la primera huelga general en todas las etapas educativas no universitarias, que queda aplazada. 

Con esta rectificación, la consejería asume su propia debilidad legal para sostener la orden valenciana del 10 de junio que regulaba la obligación de dar las clases de Ciudadanía en inglés. Una orden sobre la que pesa un auto de suspensión cautelar parcial, que limitaba seriamente la extensión del inglés a través de esta materia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), antes de que acabe el curso, debe resolver los recursos presentados por los tres sindicatos mayoritarios del sector público y por el Gobierno. 

Desde la Plataforma per l'Ensenyament Públic, su portavoz, Gemma Piqué, aplaudió ayer esta "asunción de la imposibilidad de dar las clases en inglés" a través de una materia de contenidos filosóficos y valoró el acuerdo alcanzado anoche con el consejero Font de Mora como "un paso muy importante" hacia la normalización de las truncadas relaciones.La Plataforma es hoy por una amalgama de todos los actores con "capacidad legal para negociar con la Consejería de Educación" -desde padres y alumnos a sindicatos, directores, inspectores y la entidad Escola Valenciana- que se ha agrupado alrededor de la oposición a la norma. 

Este movimiento unitario se ha reproducido por ciudades y zonas educativas y ha ido sumando adscripciones a lo largo de todo el primer trimestre lectivo, provocando múltiples movilizaciones, encierros y pronunciamientos de la práctica totalidad de los claustros de los 1.600 colegios e institutos valencianos. La protesta se materializó durante la manifestación que reunió en Valencia a más de 44.000 ciudadanos "contra la política educativa de Camps" el pasado 29 de noviembre. 

La singular fórmula lanzada por Camps hace sólo un año -en la cumbre mundial de la educación de la OCDE- sólo sobrevivirá unos meses más en el puñado de institutos donde el profesor titular de la materia tenga la doble capacitación para enseñarla en inglés, siempre que así lo decida el centro, en función del nivel de comprensión del inglés que tengan sus estudiantes de 2º curso de Secundaria. 

El nivel de presión social, política y educativa sobre este "disparate administrativo y pedagógico" -como lo han tildado los 400 inspectores de la asociación profesional Adide en su congreso nacional- ha hecho que la Administración de Camps haya pasado de sostener que "el inglés es el punto de inflexión innegociable" a aceptar que no se dan las condiciones. 

Anoche, en un acto de contricción política, el consejero Font de Mora reconoció, en la mesa sectorial con los padres, "el momento tenso y duro" que se ha vivido recientemente. Y garantizó a los representantes de la Confederación Gonzalo Anaya "un cambio de actitud" y "un compromiso de trabajar conjuntamente en un modelo educativo plurilingüe". El primer compromiso adquirido fue inyectar al Presupuesto de la Generalitat de 2009 "un total de 7 millones de euros" para la aplicación de un plan de enseñanza multilingüe -castellano, valenciano e inglés- que se estrenaría el próximo curso 2009-2010 y contaría con 300 plazas más para profesores especialistas de inglés. 

"Las bases sentadas suponen un cambio completo y complejo del sistema educativo para que el que se requerirán muchas negociaciones y reuniones con los agentes educativos", puntualizó Encarna Salvador, de la confederación de padres Gonzalo Anaya, que destacó la voluntad mostrada por el consejero para enriquecer el documento "abierto a las alegaciones y aportaciones" que se trabajarán en las próximas mesas de trabajo y en el seno del Consell Escolar Valencià. 

La Federació Escola Valenciana, que la semana pasada presentó a la consejería unas directrices sobre cómo aplicar un modelo de enseñanza multilingüe a partir del valenciano y el castellano, se sentará por primera vez formalmente en aquellas mesas de negociación que aborden específicamente los temas del plurilingüismo.

El consejero mantuvo, en su ronda exprés de negociaciones, una reunión con la federación valenciana de alumnos Faavaem, a cuyos representantes pasó de ignorar como interlocutores válidos a sentarse a hablar con ellos "en un tono cordial". 

Finalmente, la maratoniana jornada negociadora de Font de Mora concluyó con la mesa con los tres sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública, STEPV, CC OO y UGT, que formalmente son los que habían convocado mañana a la huelga a los 54.000 profesores y al personal de apoyo dependiente de la Consejería de Educación. 

Los sindicatos fueron los que finalmente apretaron un poco más a Font de Mora para acotar los plazos del calendario de negociación y comprimir todas las mesas entre el 15 enero y el 15 de febrero de 2009. Mientras que la primera propuesta de la consejería había sido alargar la negociación hasta abril. 

Con este acuerdo se selló el aplazamiento de la huelga de mañana. Y se concede a la consejería "sólo un mes" para verificar su voluntad real de imprimir un giro a política educativa llevada hasta ahora. De lo contrario, la Plataforma advirtió que la huelga simplemente se trasladará a febrero. 

(www.elpais.com, 16/12/08) 

CRONOLOGÍA DE UN CONFLICTO

- 19 septiembre de 2007: El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anuncia que Educación para la Ciudadanía se dará en inglés "dentro del plan de extensión del trilingüismo". 

- 14 de marzo de 2008: El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, explica que se impartirá el curso 2008-2009 y que habrá una opción para "objetores". 

- 31 de marzo: Font de Mora presenta la opción B para los objetores, que consiste en un trabajo escogido por la familia. 

- 10 de junio: Educación publica la orden de Ciudadanía. 

- 13 de junio al 3 de julio: STEPV y UGT recurren la orden. El Gobierno y CC OO piden la suspensión cautelar. 

- 29 de julio: El TSJ dicta la suspensión cautelar parcial y anula la opción B. 

- 2 de septiembre al 28 de octubre: Educación elabora hasta cuatro "instrucciones". Sólo hay 11 "voluntarios" y 31 interinos para 2.120 aulas y 363 instituto 

- 24 de septiembre: Expediente a un instituto de Altea. 

- 1 de octubre. Los directores denuncian que no hay condiciones para dar Ciudadanía en inglés. 

- 16 de octubre: Comienzan las protestas y encierros en los centros de la Plataforma per l'Ensenyament Públic. 

- 18 de noviembre: Camps rectifica, anuncia una moratoria y negocia una salida. 

- 19 de noviembre: La Plataforma mantiene la manifestación del 29 de noviembre y la huelga del 17 de diciembre. 

- 24 de noviembre: Educación sigue sin aclarar en qué consiste su "moratoria" y pide "ideas" a los miembros de la Plataforma. 

- 25 de noviembre: La Plataforma pide el cese de los "insultos" y del "desprecio" por parte de altos cargos del Consell y del propio consejero Alejandro Font de Mora. 

- 26 de noviembre: Más de 500 centros educativos anuncian, en pronunciamientos individuales de los consejos escolares y las Ampa, que se suman a la manifestación del 29-N. 

- 29 de noviembre: Una marea ciudadana acude a la manifestación por la enseñanza pública en Valencia y protesta contra la política educativa de Camps. La Policía Nacional cifra en más de 44.000 los asistentes. 

- 1 de diciembre: Font de Mora asume las riendas de la negociación en vez de delegar en la secretaria autonómica, como pedía la Plataforma. 

- 2 de diciembre: Amnistía Internacional recuerda a la Generalitat que el boicot a Ciudadanía "vulnera" el programa de Derechos Humanos de la ONU. 

- 11 de enero: Educación intenta restringir el derecho de los alumnos a la huelga convocada formalmente para el 17 de diciembre.

- 15 de enero: El DOCV publica unos "servicios mínimos" que dejan al 40% del profesorado sin derecho a huelga. 

(www.elpais.com, 16/12/08) 

COMPROMISOS PARA LA NEGOCIACIÓN 

- Red pública infantil: 47.000 plazas más en 2011/12. 

- Profesores de inglés: 300 maestros para 4 y 5 años. 

- Mapa escolar: Que dé respuesta a las nuevas necesidades educativas. 

- Revisión de plantillas: Cambio del modelo para lograr destinos fijos. 

- Catalogación lingüística: En las plazas docentes de Secundaria en valenciano. 

- Distribución equitativa del alumnado: En la red pública y la concertada. 

- Plan de plurilingüismo: Culminar la Primaria con valenciano y castellano. 

- Plan contra el fracaso escolar: Diseño y evaluación de planes para que los jóvenes tengan título de ESO. 

- Bachillerato: Plan para el paso de los alumnos de ESO a Bachillerato. 

- Inspectores: Equidad en el concurso de méritos de inspectores. 

- Directores: Neutralidad en la elección. 

- Becas: Para transporte y comedor escolar en educación Infantil. 

(www.elpais.com, 16/12/08)

Marea contra la Ciudadanía de Camps

Decenas de miles de personas piden en Valencia la dimisión del consejero Font de Mora

Al grito de "amb aquesta educació, Font de Mora dimissió", ocupó anoche el centro de Valencia una marea humana como no se recordaba desde las grandes manifestaciones del año 2003 contra la guerra de Irak. La protesta contra la imposición de impartir la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, tras unos meses de protestas progresivas en los institutos, estalló ayer en una gigantesca demostración ciudadana que colapsó las calles del centro de Valencia para expresar el malestar de un amplio sector social con la política educativa del Consell que preside Francisco Camps. El intento, por parte de los populares valencianos, de boicotear la nueva asignatura forzando el sentido común en el funcionamiento de las aulas llevó ayer a decenas de miles de personas (entre 42.000 y 44.000 calcularon los expertos en cómputo de manifestantes de la policía nacional consultados por este periódico, aunque los organizadores cifraron la asistencia en unas 80.000 personas) a secundar el grito de "Font de Mora, fora, fora, fora", en referencia al consejero de Educación que ha protagonizado el esperpento de obligar a que un profesor traduzca a otro al inglés ante los estudiantes de segundo curso de Secundaria Obligatoria, cuyo nivel de idiomas es palmariamente insuficiente.

• Font de Mora alega que no busca desvirtuar Ciudadanía
• Efectos de la arrogancia
• "Decimos basta a los abusos en la enseñanza"
• "Lo sufre mi hija y lo sufre toda la familia"
• "Protesto por la situación de la enseñanza"
• "Nos preocupa que jueguen con la educación"
• "Llevamos años en barracones"

La manifestación convocada por la Plataforma per l'Ensenyament Públic, que partió a las seis de la tarde de la plaza de San Agustín, completó su recorrido de 2,3 kilómetros hasta el Palau de la Generalitat, a través de las calles de Xàtiva y Colón, de la plaza de Alfons el Magnànim, la calle de la Paz, la plaza de la Reina y la plaza de la Virgen, sin que la cola de la marcha hubiera abandonado todavía el punto de partida. Casi dos horas después de haberse iniciado la protesta, aún salían manifestantes de la plaza de San Agustín.

La protesta de ayer culmina una movilización de varios meses que el anuncio de la Generalitat de que estaba dispuesta a negociar una "moratoria" en la aplicación de la Ciudadanía en inglés no ha logrado frenar.

La Plataforma per l'Ensenyament Públic, integrada por los sindicatos de la enseñanza, STEPV, CC OO, UGT, las organizaciones de padres, las asociaciones de alumnos y de directores de instituto y la Federació Escola Valenciana, mantiene la exigencia de que la Consejería de Educación anule la orden de Ciudadanía y se siente a negociar una tabla de reivindicaciones concentrada en 10 puntos.

Ante el Palau de la Generalitat, mientras la manifestación llenaba todo el recorrido previsto, la portavoz de la plataforma, Gemma Piqué, leyó un manifiesto "contra la nefasta política de Camps"."El alto fracaso escolar en esta autonomía no es una casualidad. Es la consecuencia de una política educativa ineficaz, con un conseller y unos directores generales incompetentes que difícilmente pueden hacer una gestión correcta", dijo Josep, del IES Jérica de Viver pancarta en mano, a mitad de la calle de Colón, en Valencia. La arteria comercial del corazón de la capital se vio ayer inundada por una gran manifestación contra la "nefasta política educativa de Camps". Éste fue uno de los mensajes más repetidos por padres y madres, alumnos, profesores y directores de los más de 700 centros educativos de Primaria y Secundaria de medio millar de municipios en la protesta. "Queremos un cambio en la política educativa en este país, porque está en juego una enseñanza pública de calidad, y no vamos a parar hasta conseguirlo", resume Gemma Piqué. "Esto es la expresión social del malestar que hay en la sociedad por la gestión educativa. Lo que tiene que hacer Camps es retirar la orden de Ciudadanía en inglés y negociar todas las reivindicaciones para mejorar el sistema educativo", emplazó Diego Gómez, presidente de Escola Valenciana.

"Para salir del colapso, la solución pasa por la dimisión del consejero Font de Mora y la apertura de un proceso de negociación del documento que entregó la Plataforma per l'Ensenyament Públic tanto a Camps como a la consejería", señaló Vicent Mauri del STEPV.

La Plataforma es un movimiento que aglutina a todo el sector de la enseñanza pública que nació en 1996 con la llegada de la política "privatizadora" de Aznar, pero que desde hace 8 años no se había vuelto a poner en marcha con el énfasis y la fuerza que demostró ayer, cuando logró un respaldo social sin precedentes.

La plana mayor del PSPV-PSOE, con su secretario general, Jorge Alarte, la concejal de Valencia Carmen Alborch el diputado en el Congreso Ferran Bono, entre otros, desfilaron junto a todas las formaciones de izquierda. Mónica Oltra, coordinadora de Iniciativa del Poble Valencià; Carles Arnal, de Els Verds; Enric Morera y Pepa Chesa, del Bloc, y Glòria Marcos, de Esquerra Unida, mostraron su apoyo a los postulados de este movimiento educativo.

"Esos que el conseller llama unos radicales somos todos los señores de la educación que estamos aquí", explicó con satisfacción Ximo Carrión, secretario de la asociación profesional de Directores de Secundaria. "La Plataforma ha demostrado que es una voz única, y la Administración tendrá que escucharla". Para Teresa Sánchez, de los directores de Primaria: "Si el conseller sabe leer, tendrá que leer la cartilla". "La Plataforma ha sacado a 50.000 a alumnos y profesores de Ciudadanía a la calle. Queremos que la Generalitat dé un giro y no los tome como escudos contra el Gobierno central", remató Guillermo Martí, de UGT. Para Miguel Á. Vera, de CC OO, la movilización de ayer "es un éxito social de primer orden". "El Gobierno valenciano o cambia o tendrá que escuchar a la Plataforma".

Para el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, la manifestación fue "un éxito rotundo e incontestable" de los ciudadanos que obliga a Camps a "poner fin a este disparate". Encarna Salvador, de la confederación estatal de padres Ceapa, recordó a Camps que "ha ido más lejos que ninguna comunidad autónoma en su despropósito". Como pidió Vicent Baguetto, portavoz de la permanente que representa a 363 directores de Secundaria, "la Generalitat va a tener que reflexionar".

www.elpais.es 30.11.08

El viaje a ninguna parte de Ciudadanía en inglés

A una semana de la manifestación contra el proyecto más polémico de Camps, la Generalitat busca una salida

La apuesta personal del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de dar la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés se ha convertido en la última semana en un viaje a ninguna parte desde que su consejero, Alejandro Font de Mora, anunciara el pasado martes su disposición a abrir un "proceso de negociación" con todos los representantes legales del sector educativo para pactar una moratoria "parcial o total" de la orden antes del próximo sábado 29, fecha en que está convocada en Valencia una manifestación para protestar contra la gestión de la política educativa.

• "El inglés es la lengua vehicular del mundo", afirmó Camps al anunciarlo

• El Consell se enfrenta a la mayor revuelta educativa desde hace 8 años

El boicoteo por parte de la Generalitat a la asignatura de Ciudadanía, a la que considera un instrumento de "adoctrinamiento socialista", se ha transformado en la primera revuelta de todo el sector de la enseñanza pública contra la política educativa del PP. La primera vez fue hace 8 años. En esta ocasión existe un elemento diferencial respecto de aquella movilización: Esta vez la Administración educativa se ha agrietado por dentro: los directores e inspectores, sometidos al régimen del Estatuto del Funcionario, se han negado a llevar a delante lo que califican de "arbitrariedad administrativa".

Ahora, la mano tendida de Camps a la negociación aparece como un intento de ganar tiempo ante la movilización, que puede desembocar en una huelga el 17 de diciembre. La Generalitat quiere buscar una salida "consensuada" al interminable conflicto en que se ha enzarzado con todos los actores implicados en el desarrollo de la enseñanza pública.

Qué pretende Camps con esta oferta es algo que se desconoce. La única certeza es que con el anuncio de Font de Mora comienza el viaje final de lo que a ojos de todos los sectores educativos nunca dejó de ser una "ocurrencia" que ha acabado enfrentando a profesores, alumnos, directores y a parte de la inspección educativa con la Administración autonómica, tras casi tres meses de protestas.

Lejos parece ya el 19 de septiembre de 2007, cuando Camps aprovechó la cumbre mundial de la educación de la OCDE, para anunciar a bombo y platillo que la asignatura de "Educación para la Ciudadanía se impartirá en inglés porque es la primera lengua vehicular del mundo".

El anuncio dejó atónita a la ministra de Educación Mercedes Cabrera, presente también en la cumbre, quien se encargó de recordarle al presidente, con el secretario general de la OCDE de testigo, que "el inglés es una apuesta de la Ley Orgánica de Educación (LOE)" aprobada por el Gobierno con la oposición del PP. Cabrera subrayó ante Camps "el retraso acumulado por España en el aprendizaje de las lenguas extranjeras". Nada más. Pero tampoco nada nuevo.

Al tiempo que el presidente realizaba este anuncio, el consejero Font de Mora confirmaba que desde hacía tiempo el Con-sell estudiaba que Educación para la Ciudadanía se implantara "dentro del Plan de Extensión del Trilingüismo (Pextri)", del que participan 43.000 alumnos de 290 colegios. Un plan que, tras un año de análisis de los planes plurilingües, se ha demostrado otro fracaso en sí mismo. Ni todos los alumnos dan más inglés en los colegios de Primaria adscritos al Pextri (porque su desarrollo depende del voluntarismo del profesorado), ni los alumnos de Secundaria llegan más formados. Tres de cada 4 alumnos de 2º de ESO suspenden el inglés.

El hecho de que ni el profesorado encargado de impartir la asignatura, ni los alumnos que debían recibirla tuvieran la formación mínima en inglés para explicar y entender la asignatura no arredró a la consejería que, el pasado 16 de septiembre, decidió seguir adelante con todo. Font de Mora sólo encontró 11 profesores -de "apóstoles" los calificó- capaces de impartir en inglés Ciudadanía. Y el resultado entre el alumnado no pudo ser peor. En la primera prueba celebrada en 3 institutos de Alicante suspendieron 201. Sólo 2 estudiantes, ingleses, por cierto, superaron los exámenes. En el instituto Sos Baynat de Castellón hubo más suerte: Aprobaron 7 de los 150 alumnos que cursan la asignatura.

Un año antes, Font de Mora se había comprometido a "poner en marcha todos los mecanismos para que los profesores que han de impartir Ciudadanía tengan la capacidad suficiente como para explicar las clases en inglés". Y añadía: "Como responsable de la educación quiero, siguiendo las directrices del presidente, que el inglés tenga un desarrollo máximo". No se puede decir que haya alcanzado sus objetivos.

Pero la razón de fondo del conflicto se encuentra en el boicoteo del PP a la asignatura. Font de Mora ya advirtió en su día que si el PP ganaba las elecciones generales del pasado mes de marzo, derogarían la materia. Como las urnas les negaron el acceso a la Moncloa, los populares el pasado 22 de septiembre volvían a ratificarse en su decisión de prescindir de Ciudadanía "por su carácter doctrinario" si alcanzan el poder.

El PP no gobierna en España, pero sí en la Comunidad Valenciana y el Consell aplica la doctrina de su partido, disfrazada de promoción del inglés. El resultado es que directores de instituto, profesores, alumnos y las federaciones de padres han tachado esta fórmula de "disparate educativo" y acusado al consejero de "autoritario" y mal gestor, por lo que piden su dimisión.

Después de tres meses de caos en las aulas, todos los agentes educativos que rechazan la Ciudadanía de Camps se han aglutinado en la Plataforma per l'Ensenyament Públic que le ha plantado cara al Consell logrando que, en apenas dos semanas, la consejería pasara de declarar que "el inglés es el punto de inflexión innegociable" a anunciar una moratoria de su "innegociable" propuesta.

Pero el margen negociador de Font de Mora es muy estrecho por su actitud desafiante y tras años en que la enseñanza pública haya sufrido por problemas como el fracaso escolar, los barracones o la falta de profesores especializados, entre otros.

El frente educativo

- 22 de septiembre 2006. Los rectores de las universidades públicas rechazan la Universidad Internacional Valenciana (VIU en inglés) ante el presidente Camps, en la apertura de curso de la Jaume I de Castellón.

- 21 de febrero de 2007. Las universidades públicas y la privada CEU protestan porque el Consell dé Medicina a la Católica cuando las demás tienen prohibido solicitar nuevas carreras.

- 19 de septiembre. El presidente Francisco Camps anuncia en una reunión de la OCDE que Ciudadanía se impartirá en inglés.

- 27 de septiembre. Las pruebas diagnósticas de Educación concluyen que el 75% de alumnos suspende el inglés.

- 8 de febrero de 2008. Las universidades públicas denuncian la "desesperante" situación en que se hallan dado que la Generalitat les ha dejado sin marco de financiación.

- 10 de junio. Se publica la orden que obliga a traducir las clases al inglés con el rechazo de sindicatos y padres.

- Del 13 de junio al 1 de julio. STEPV, UGT y un instituto recurren la orden. CC OO y el Gobierno piden la suspensión cautelar de la opción objetora y del inglés.

- 29 de julio. Suspensión cautelar de la orden del TSJ.

- Del 2 de septiembre al 28 de octubre. Educación saca hasta 3 instrucciones y una "circular aclaratoria" sobre cómo dar las clases en inglés, ante el caos montado en los centros por la falta de especialistas (sólo "11 voluntarios") y la oposición declarada 90% de claustros.

- 24 de septiembre. La inspección abre expediente al IES Altaià de Altea. Se inicia una campaña de solidaridad.

- 29 de septiembre. Los inspectores rechazan ser "comisarios políticos".

- 1 de octubre. Directores denuncian que "no se dan las condiciones" para dar en inglés la asignatura de Ciudadanía.

- 12 de octubre. Comienzan las movilizaciones y encierros de la Plataforma per l'Ensenyament Públic en la mayoría de los 363 institutos y en 26 capitales comarcales.

- 24 de octubre. Las universidades alertan de un recorte del 25% de sus fondos. Font de Mora justifica el tijeretazo y más tarde es desautorizado por Hacienda.

- 18 de noviembre. Camps rectifica y negocia una salida.

- 19 de noviembre. La Plataforma no se fía de Camps y mantiene la manifestación del 29.

- 20 de noviembre. La mayor manifestación de universitarios en muchos años, contra el proceso de Bolonia, termina rodeando la sede del Palau de la Generalitat.

www.elpais.es 23.11.08

CAMPS SE PAVONEA ANUNCIANDO UNA UNIVERSIDAD PRIVADA POR INTERNET CON FINANCIACIÓN PÚBLICA 

Una de las reglas más elementales de la economía, con el sentido común de corolario, dice que ante una situación de crisis como la actual, se tienen que recortar preferentemente los gastos considerados superfluos. El gobierno valenciano del PP, que preside Francisco Camps, acaba de hacer todo lo contrario, anunciando la “puesta en marcha inminente” de una nueva universidad privada, pero con financiación pública. 

Sin conocerse cuáles serán las disciplinas de enseñanza, ni el grado de homologación académico que obtendrán los alumnos-internautas, los cursos se impartirán, sin excepción, por la red. Los únicos convenios alcanzados con otras universidades son dos y sólo dos: con la universidad católica del arzobispo García Gasco - sin reconocimiento de su plan de estudios de Medicina por el Ministerio de Educación – y con la también católica, CEU-San Pablo.

Anglomanía

Con la anglomanía predominante de los populares capitaneados por Camps y su polémico conseller de Educación, Alejandro Font de Mora (padre de la polémica idea para que se estudie Educación para la Ciudadanía exclusivamente en inglés), esta futura universidad virtual se ha bautizado ya oficialmente con el acrónimo “VIU” (Valencian International University).

Suspenso colectivo

Los cinco rectores de las universidades públicas valencianas - soportando los cerca de 900 millones de euros en números rojos, a base de créditos de bancos y cajas por falta de la financiación comprometida por la Generalitat del PP - han dado un “suspenso” colectivo a la iniciativa. Entre otras razones, porque en ningún momento el gobierno conservador del PP ha contado con sus pareceres y criterios académicos, ni se ha facilitado a los rectorados información suficiente sobre el contenido y desarrollo de la futura “VIU”.

Innecesaria, además

La diputada autonómica del PSPV, Ana Noguera, declara al respecto a El Plural que se trata de “una extravagancia más del PP”. Añade, en su comentario crítico, que “la estrafalaria VIU es tan superflua e innecesaria, como que nadie del mundo universitario valenciano la ha pedido, ni ningún sector de la sociedad valenciana tampoco”. Una universidad por internet en estos momentos, remata Noguera, “supone un gasto más inútil, justo cuando nuestras universidades públicas se tienen que endeudar con pólizas de crédito para mantener sus programas docentes”.

¿Cuánto costará?

No se sabe a ciencia cierta cuál será el coste real de la puesta en marcha y del posterior funcionamiento de la “VIU”. Pero el conseller de marras Font de Mora declaró hace pocos meses que “se invertirá en la VIU lo que sea necesario", en respuesta a una pregunta parlamentaria que le hacía en “Les Corts” la diputada Noguera, dándole a entender que el PP no se han fijado límites en este nuevo proyecto privatizador universitario. Una fundación gestionará la VIU, como única receptora de los fondos públicos para poder desarrollar su actividad académica.

Enormes cuantías

Portavoces de sindicatos de estudiantes valencianos recuerdan a El Plural que, en 2006, se habló de una inversión inicial de cerca de 12 millones de euros “solo para la compra de equipos informáticos”. Y previsiones de otros 2 millones más anuales, para cubrir los gastos de nóminas de profesores y administración. En el borrador de los presupuestos autonómicos de 2009, a falta de ser aprobados, figura una partida de 3,2 millones de euros para la VIU, sin especificar su destino concreto.

Un claustro en Castellón

Pese a tratarse de una universidad virtual, la “Valencian International University” tiene reservado un terreno de 11.000 metros cuadrados para su “claustro”, en pleno centro urbano de Castellón, territorio político del sospechoso preboste provincial del PP, Carlos Fabra.

Secretos

El diseño de esta sede se ha adjudicado, sin que mediaran más opciones, al arquitecto norteamericano, Frank Gehry, uno de los más caros actualmente del ingenio arquitectónico mundial. Su nómina y los compromisos adquiridos se guardan bajo el más estricto secreto, desde que en abril de este año, fuera en persona el conseller Font de Mora a visitarle para cerrar el trato al estado de California, donde reside el ínclito arquitecto.

Un rector “a dedo”

Desde el pasado 24 de octubre, se sabe quién es el primer “rector-virtual” de la VIU. El cargo, a dedo, ha recaído en un ex profesor universitario, José Sanmartín, que dejó la docencia universitaria por la política pura y dura, en 1995, de la mano de Eduardo Zaplana. Fue responsable del área de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer gobierno zaplanista, pero la gestión pública del ex profesor, Sanmartín, se truncó por cese fulminante, cuando no había cumplido ni siquiera dos años en el puesto.

Dudosa cualificación

Hay serias dudas de que el elegido Sanmartín pueda asumir, con capacidad suficiente, estas nuevas competencias, indican a El Plural desde áreas universitarias de las Nuevas Tecnologías. En el“curriculum” del ex-docente, reciclado en la política, no constan ni especialidades, ni conocimientos suficientes en tecnología informática del nivel que requiere el puesto.

¿Incompatibilidades?

No está del todo claro tampoco que el nombramiento del rector de la VIU sea compatible con el cargo de director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, cargo que actualmente desempeña José Sanmartín, con nómina pública a cargo de la Generalitat de Camps. Una portavoz autorizada del Centro Reina Sofía ha confirmado a El Plural que su director “campatibilizará perfectamente los dos cargos”, pero no pudo aclarar si por la doble función, Sanmartin cobrará doble nómina.  

(www.elplural.com, 03/11/08)

Revuelta del mundo académico contra la Ciudadanía de Camps

Profesores, directores, padres, alumnos e inspectores se movilizan

La imagen era insólita. Varios cientos de miembros de equipos directivos de los institutos públicos se concentraron a media tarde de ayer ante el Palau de la Generalitat Valenciana, tras una pancarta que rezaba "Treball en condicions" ("Trabajo en condiciones"), para protestar contra la orden de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés, la esperpéntica fórmula que el Gobierno de Francisco Camps ha encontrado para boicotear una materia contra la que se ha expresado el PP en reiteradas ocasiones. Apenas media hora después, fueron 3.000 profesores, de la enseñanza pública en Valencia, otros 3.000 en Alicante y un millar en Castellón los que se manifestaron, apoyados por padres y alumnos y convocados por una plataforma unitaria para reclamar la retirada de la orden y pedir la dimisión del consejero de Educación, Alejandro Font de Mora. En Valencia, una cadena rodeó cinco veces el Palau de la Generalitat. La Education for Citizenship ha puesto en pie de guerra a los institutos, que acogieron la noche del jueves encierros previos a las protestas de ayer.

• La propuesta bilingüe cuesta 8,5 millones de euros, según la consejería

• Una cadena humana rodeó cinco veces el Palau de la Generalitat

"Desde los años setenta, nunca los equipos directivos, que son parte fundamental de la administración educativa, se habían enfrentado a una Administración autonómica, como es el caso del Gobierno de Francisco Camps", señaló la Comisión Permanente de Directores de Secundaria, que representa a los equipos directivos de los 363 institutos públicos valencianos, después de que Camps mantuviera en el pleno de las Cortes, celebrado por la mañana, que su posición de dar Educación para la Ciudadanía en inglés es "coherente".

"Algunos llevamos trabajando más de 20 años en la educación pública y nunca desde la transición habíamos asistido a un proceso de involución política" como la ocurrida en Valencia con la "obstinación" del presidente de mantener a toda costa su singular versión de Ciudadanía bajo "el disfraz de que es un programa plurilingüístico", resumió Josep Lluis Peris, director del instituto Ravatxol, de Valencia.

"En una comunidad como la nuestra, donde en 20 años la Administración no ha sido capaz de garantizar el correcto bilingüismo en todas las etapas del sistema educativo, hablar de trilingüismo", en opinión de Vicent Baguetto, director del instituto Joan Fuster, de Sueca (Valencia), "es una trampa".

"Es como si yo quisiera mañana dar todas las clases de matemáticas de segundo curso de la ESO en inglés", añadió Ximo Carrión, del instituto Juan de Garay, de Valencia. "No digo que no implante el inglés. Pero si no tengo los medios, ni los profesores, ni sé si los alumnos me entenderán, no puedo dar la clase. Es absurdo. Los directores somos los más perjudicados por toda esta situación, porque estamos presionados por arriba por la propia administración educativa y por abajo por los claustros de profesores que no aceptan los cambios de normativa y el caos en los horarios".

La Consejería de Educación ha hecho desde junio cuatro "instrucciones" diferentes sobre cómo deben implantar los equipos directivos la Ciudadanía en inglés, pese a la suspensión cautelar parcial por parte del Tribunal Superior de Justicia, que rechazó la obligación de que la asignatura se evalúe en un idioma extranjero.

"Lo que no se puede hacer es usar a los alumnos para una batalla política y partidista contra el Gobierno central, porque la Administración autonómica no puede secuestrar a los alumnos de esta forma", concluyó Peris.

Nadie sabe aún cómo acabará el choque frontal que existe en este momento entre la Generalitat y los diversos estamentos de la comunidad educativa, incluido un sector importante de los inspectores que se han negado -a través de un manifiesto público difundido por la asociación profesional mayoritaria Adide- a ejercer de "comisarios políticos". Los 123 inspectores rechazan volver a entrar en las aulas de secundaria "como en los tiempos franquistas", en mitad de una clase, para interrogar al profesor delante de sus alumnos, cumpliendo con las "instrucciones" dadas por escrito.

La duplicidad de recursos movilizados por la Generalitat hacia Citizenship, para que un profesor de inglés traduzca al encargado de impartir la materia, tiene un coste estimado en documentos internos de la propia consejería de unos 8,5 millones de euros, mientras hay institutos donde faltan profesores de matemáticas o de música y no se cubren las bajas.

La amenaza de expedientes disciplinarios a quienes no se plieguen a las instrucciones por la Generalitat, que son la mayoría de los docentes, llevó a los profesores de Ciudadanía a declarar la guerra a Camps y amenazar desde concurridas asambleas con paralizar la enseñanza pública si se expedienta a alguien. Las protestas de ayer son las primeras de un calendario que proseguirá las próximas semanas.

Gemma Piqué, presidenta de la federación de padres y madres de alumnos, que leyó el manifiesto en la concentración de ayer ante la Generalitat, replicó a Camps y dijo que "la política educativa del PP no es precisamente un ejemplo de coherencia. El PP quiere disfrazar de programas plurilingües su propio fracaso normativo. Para ellos, es como si la comunidad educativa no existiera".

www.elpais.es 17.10.08

Camps, la Iglesia y Ciudadanía

"O son muy torpes y complican algo sencillo o intentan ocultar algo"

Las convicciones religiosas del presidente de la Generalitat flotaron sobre el intercambio que Francisco Camps mantuvo ayer ante el pleno de las Cortes con el portavoz socialista Ángel Luna sobre la decisión del Consell de enseñar la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés. Luna introdujo su pregunta con un pequeño ejercicio de memoria. El PP anunció que si Mariano Rajoy ganaba las elecciones generales, el Consell retiraría este mismo curso la nueva asignatura. "La jerarquía católica se opone a Educación para la Ciudadanía, usted hace bandera de esa oposición y cinco días después de perder las elecciones generales, en un acto de arrogancia, decide enseñar la nueva asignatura en inglés". Según Luna, hasta la fecha, el resultado de tal opción es el "caos", el "esperpento" y la oposición de toda la comunidad educativa. "Todo el mundo cree sinceramente que este problema lo ocasiona ni más ni menos que las vinculaciones de su conciencia", redondeó el portavoz socialista.

• Luna: "Siguen sin aceptar que hay una ética civil, son premodernos"

• Font de Mora: "Estamos ante un proceso inicial y complejo"

Camps revistió su réplica de un ánimo constructivo. "Quiero que los valencianos hablen valenciano en la Comunidad Valenciana, español en España e inglés en el mundo". El presidente de la Generalitat reiteró su apuesta por la educación trilingüe y aseguró que considera "coherente y responsable impartir una asignatura nueva en el idioma que más se habla en el mundo".

Camps atribuyó el origen del conflicto en torno a Educación para la Ciudadanía a "la arrogancia de un Gobierno que impulsa una nueva asignatura contra la mitad del Congreso" y quiso salvar su supuesta proximidad con la Iglesia católica con una broma. "Sobre mí no pesa ninguna jerarquía, entendería sus dudas si hubiera decidido que se impartiera en latín". Y optó por devolver el golpe: "Qué jerarquía ideológica le impulsa a usted para impedir que esta asignatura se dé en inglés".

El portavoz socialista no se arredró. "Me impulsan los niños. Dígale a la cara a los valencianos que esto es útil. Nosotros no nos oponemos a la educación en inglés, pero para implantar una asignatura en inglés hay que hacer algunas cosas: se contratan profesores, se enseña y se evalúa a los alumnos. No se genera este caos. O son ustedes muy torpes para gestionar y complican algo muy sencillo o intentan ocultar algo".

Luna recuperó el arranque de su intervención: "El problema es que ustedes siguen sin aceptar que hay una ética pública y civil porque no creen en un estado moderno, porque son ustedes premodernos".

Camps seguía tranquilo y no se salió un ápice de su discurso. "El Estado tiene sus competencias, la Comunidad Valenciana las suyas y entiende que el inglés es adecuado para la nueva asignatura. Al secretario general de la Unesco y a la propia ministra de Educación les parece excepcional que se enseñe Educación para la Ciudadanía en inglés. Los jóvenes valencianos cuentan con un gobierno moderno, sensato y responsable".

Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, mantuvo el mismo tono aparentemente conciliador en el breve intercambio posterior que mantuvo con el socialista Adolf Sanmartín. "La consejería solo persigue que la asignatura se imparta en las mejores condiciones, damos todas las facilidades".

El consejero también se puso la venda antes de la herida, según coincidieron en señalar algunos de los representantes sindicales que seguían el debate desde la tribuna de invitados, cuando dijo: "Estamos recabando información de los directores y equipos directivos para modificar y mejorar la orden".

El miércoles, también ante el pleno de las Cortes, Font de Mora acusó a quienes cuestionaban sus instrucciones sobre Educación para la Ciudadanía de ser "unos radicales". Ayer se mostró más conciliador. En respuesta a una pregunta del socialista Manuel Bueno sobre la implantación de Educación para la Ciudadanía en la escuela concertada, Font de Mora reiteró que el Consell optó por introducir Educación para la Ciudadanía en inglés porque los manuales usan "un lenguaje transversal y genérico"; aseguró que "la escuela concertada colabora lo mismo que la pública"; y asumió: "Puede haber problemas porque estamos ante un proceso inicial y complejo, intentamos subsanar los problemas que surgen cuando se implanta toda novedad".

www.elpais.es 17.10.08

El PP rechaza planes contra la crisis y congelar el sueldo a los altos cargos

Francisco Camps, presidente de la Generalitat, es amigo de los planes, pero ayer evitó asistir a la segunda jornada del debate sobre política general. El grupo parlamentario que le sostiene rechazó por dos veces consecutivas adoptar medidas de control del gasto administrativo, primero, y para combatir la crisis económica, después. El martes, sobre un total de setenta propuestas de futuro, Camps dedicó a la coyuntura económica apenas cuatro. Su grupo parlamentario, en sintonía con el presidente de la Generalitat, rechazó ayer todas las iniciativas dirigidas a diseñar planes contra la crisis o a racionalizar y recortar los gastos de su administración. De acuerdo con el guión, la culpa, toda la culpa de la crisis, es del Gobierno central.

Cristina Moreno, portavoz socialista de Economía, denunció cómo al PP "le encanta la crisis" para cargar las tintas contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero es incapaz de asumir su parte de responsabilidad, siquiera su capacidad para dar ejemplo. Moreno defendió una propuesta idéntica a la que Javier Arenas, secretario general del PP andaluz, presentó hace unos días ante el parlamento de la Junta de Andalucía. La iniciativa reclamaba congelar los salarios de los altos cargos de la Administración autonómica, racionalizar el gasto público y elevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta conjunta desde las Cortes Valencianas ante la negociación abierta para revisar el sistema de financiación autonómica.

Fernando Giner, por el PP, asumió el compromiso de alcanzar una propuesta conjunta sobre financiación autonómica supeditada a la solicitud de una reunión previa entre el ministerio y la consejería del ramo, pero rechazó cualquier otro gesto de austeridad. Si el PP fue capaz de rechazar en las Cortes Valencianas una propuesta que defendió con éxito su secretario general en Andalucía, minutos después, en la misma dirección, Enric Morera, portavoz adjunto de Compromís, planteó una iniciativa idéntica a otra que defendió ante el Congreso de los Diputados Convergència i Unió y que fue aprobada por unanimidad hace dos semanas. Morera planteó al Consell la necesidad de instar al Gobierno central para que proponga un plan contra la crisis económica cuando presente los presupuestos del Estado para 2008. El PP estaba dispuesto a apoyarle, lo mismo que hizo Mariano Rajoy en el Congreso. Pero la socialista Cristina Moreno, "muy ágil", según Morera, introdujo una enmienda. En paralelo, la Generalitat Valenciana presentará un plan de medidas contra la crisis cuando presente sus propios presupuestos un mes más tarde. Y se hundió cualquier posibilidad de acuerdo.

César Augusto Asencio, por el PP, se aferró a un punto adjetivo que instaba un recorte de altos cargos y personal asesor de la Generalitat. "Es el chocolate del loro", dijo, "junto a los socialistas nos piden que reduzcamos el chocolate del loro para purgar la responsabilidad de haber llevado al país a la peor crisis económica de su historia".

El conjunto del debate de las propuestas de resolución tras la declaración de política general de parte del presidente de la Generalitat rescató los asuntos que se abordaron en las Cortes a lo largo de la pasada legislatura. Con una excepción. La socialista Consuelo Catalá se hizo eco de una confusa frase que deslizó Francisco Camps en su declaración: "Promoveremos la adopción como alternativa para aquellas mujeres embarazadas que no pueden asumir la crianza de sus hijos".

Catalá defendió las "ayudas sociales" o cualquier otro tipo de ayuda para favorecer que cualquier madre "pueda criar a sus hijos". "Ustedes, sin embargo, proponen entregar en adopción a los niños cuyas madres no pueden atenderlos", añadió.

María Ángeles Barceló, del PP, deslizó que "ya existe un anteproyecto en marcha" para regular la adopción y sentenció: "Apuesto por la vida y prefiero que los niños sean entregados en adopción a que no nazcan".

Juan Cotino, consejero de Bienestar Social, se extendió sobre el mismo punto en los pasillos de las Cortes. Cotino anunció que el plan anunciado por Camps implica a cuatro departamentos del Consell que mantendrán hoy una primera reunión "con el fin de impulsar el plan de adopción, el plan de más vida".

Según Cotino, en la Comunidad Valenciana hay más de 300 familias que desean adoptar a un niño, "a ser posible de nacionalidad española", mientras que hay "unas 25 mujeres que quieren tramitar la adopción de su hijo". El vicepresidente tercero del Consell aseguró que el objetivo de la iniciativa es facilitar "que todas aquellas madres que quieren que su hijo nazca sepan que si ellas, por cualquier causa, no piensan tenerlo, educarlo y formarlo hay otras familias que sí que lo pueden hacer".

El debate también provocó alguna imagen peculiar, como el intercambio de papeles entre el vicepresidente Vicente Rambla y el socialista José Camarasa, un intercambio que mantiene congelado el nombramiento del Síndic de Greuges. www.elpais.es 25.09.09

Camps y el presidente del TSJ hacen alarde en público de su complicidad

"Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat".

Sánchez de León reclama una justicia rápida y con los medios necesarios

La toma de posesión de la nueva consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, sirvió para poner de manifiesto las relaciones de amistad y complicidad existentes entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa. Un Camps expansivo afirmó: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat".

Más discreto, tal vez por aquello de guardar las formas y porque la división de poderes todavía existe aunque sea en el plano teórico, el presidente del TSJ, al ser preguntado por la palabra que podría definir su relación con Camps, manifestó sentirse "feliz con esa excelente relación" que ha permitido una "colaboración perfecta" en la "lucha" para reclamar más órganos judiciales.

La nueva consejera, que juró su cargo en valenciano, pese a que raramente lo utiliza, reclamó en sus primeras declaraciones "una justicia rápida, con los instrumentos adecuados" como la mejor garantía para defender los derechos de los ciudadanos. Sánchez de León cree que este objetivo debe ser "la apuesta más eficaz" que pueda hacer el Consell en la que es su nueva responsabilidad. El presidente Camps subrayó que la nueva miembro de su gobierno estaba en "las mejores condiciones para continuar con la modernización de la Justicia",

Por otra parte, el pleno del Consell aprobó ayer la remodelación de la Consejería de Bienestar que Camps había anunciado el jueves. Los cambios, que buscan hacer frente a los problemas que surgen de la aplicación de la Ley de Dependencia consistieron en el nombramiento de Joaquín Martínez como secretario autonómico de Autonomía personal y Dependencia, mientras que David Calatayud se hará cargo de otra secretaría autonómica, la Familia y Coordinación Social.

En la consejería de Presidencia, Rafael Ripoll acumula a sus anteriores responsabilidades la de Cohesión Territorial, dejada vacante por Sánchez de León

En la referencia del pleno del Consell, el vicepresidente Vicente Rambla explicó que el hecho de que los valencianos puedan ver TV3 en analógico depende del Gobierno. Según Rambla, La reciprocidad de emisiones entre Canal 9 y la televisión pública catalana está pendiente de un decreto del Ministerio de Industria, que debe autorizar un tercer multiplex -banda con cuatro canales de TDT (televisión digital terrestre)- para que ambas comunidades autónomas puedan intercambiar sus señales de televisión. Las relaciones con el gobierno catalán son "buenas", dijo el portavoz descartando que el retraso se deba a una falta de entendimiento entre ambas administraciones. El trámite lleva parado desde hace meses.

Rambla consideró que con esta tercera banda se podrá normalizar la emisión de ambas televisiones públicas, si bien Canal 9 se ve desde este verano en el área metropolitana de Barcelona. La Comunidad Valenciana dispone en este momento de un multiplex en funcionamiento, con dos canales ocupados por RTVV y otros dos adjudicados a televisiones privadas.

El segundo multiplex, ya autorizado por el ministerio, reserva otros dos canales para el ente público -uno de ellos para un canal autonómico de 24 horas-, mientras los dos restantes se adjudicarán a televisiones privadas. El tercer multiplex se dedicará a los acuerdos de reciprocidad con televisiones públicas de comunidades vecinas. Desde ahí se emitiría TV3 y probablemente el canal de Murcia.

www.elpais.es 20.09.08

ESCOLARES UNIFORMADOS PARA CAMPS

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inauguró ayer el curso de Infantil y Primaria en el colegio Sanchis Yago de Castellón, el único centro, de los 14 que se acogieron a la propuesta de la Consejería de Educación de implantar los uniformes escolares, cuyos alumnos acudieron con la nueva vestimenta. El resto de los centros no tendrán sus uniformes hasta finales de este mes o primeros de octubre. El presidente defendió el sistema educativo valenciano, en el que se "habla en castellano, en valenciano y que queremos que también hable en inglés". El curso comenzó con falta de profesores en el 60% de los centros. La consejería quitó importancia a este dato.

www.elpais.es 09.09.08

Pujalte duda que González Pons vaya a ser portavoz del PP

Valencia agudiza el boicoteo a Ciudadanía al impartirla en inglés

CAMPS APOYA QUE RAJOY SIGA AL FRENTE DEL PP 

El presidente del PP en la Comunidad Valenciana (PPCV), Francisco Camps, ha dado hoy su "apoyo" al presidente del partido, Mariano Rajoy, al que ha pedido que "continúe" al frente de la formación y "consolide" su liderazgo. En el día siguiente a la derrota del PP en las generales, Camps ha destacado "el peso" de la ejecutiva regional valenciana a nivel nacional, donde los populares han asumido, en su opinión, "un discurso cien por cien" valenciano. 

Camps, presidente de la Generalitat valenciana, ha comparecido en una rueda de prensa tras reunirse una hora con la dirección del PPCV. El líder del PP valenciano ha anunciado que tenderá "cuatro puentes" al próximo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para que reconozca el millón más de personas que vive en la Comunidad, y reclamará la llegada de agua, del AVE y de más agentes policiales.

Tras analizar los resultados electorales, que han dado 19 escaños al PP en la Comunidad y 14 al PSOE para el Congreso de los Diputados, ha afirmado que su partido es el que "mejor representa los intereses" de los valencianos frente a otro que sigue "completamente descabezado" pese a "haber sido pilotado desde Madrid", ha indicado en alusión a los socialistas. (www.elpais.com, 10/03/08) 

RAJOY SITÚA A PUJALTE DE DOS POR MURCIA Y DEJA PUESTOS EN VALENCIA PARA LOS AFINES A CAMPS 

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, ocupará el segundo puesto de la candidatura de su partido por Murcia, según resolvió ayer el comité electoral regional. Martínez-Pujalte, considerado afín al portavoz popular Eduardo Zaplana, abandona así la circunscripción de Valencia, por la que ha sido parlamentario esta legislatura.  

Fuentes zaplanistas aseguran que el propio Martínez-Pujalte se había ofrecido a integrarse en la lista murciana. Nacido en Murcia, en esta autonomía donde mantiene estrechos lazos familiares. No obstante, el veterano diputado del PP tenía complicada su continuidad por Valencia (iba de cinco en 2004) pues el jefe del Consell, Francisco Camps, no lo considera persona de su confianza. MArtínez-Pujalte ha estado estos últimos años estrechamente ligado a Zaplana en su trabajo parlamentario. Es también uno de los responsables intelectuales de su libro El Acierto de España. Con todo, el diputado del PP cuenta con el favor de la dirección nacional instalada en la madrileña calle de Génova. El presidente del PP, Mariano Rajoy, le envió una carta para invitarlo a participar en el equipo redactor del programa electoral que coordina Juan Costa, junto con el consejero madrileño Manuel Lamela y la parlamentaria por Madrid Beatriz Rodríguez Salmones.

La salida de Martínez-Pujalte de la lista de Valencia deja libre un puesto más para que el jefe del Consell, Francisco Camps, coloque a personas de su confianza. Tras la designación de Esteban González Pons como cabeza de cartel, se da por seguro que José María Michavila repetirá como número dos y que Ignacio Gil Lázaro podría ser el cuarto. El número tres estaría reservado a una mujer de la confianza de Camps, al igual que el cinco. Algunas fuentes creen que "el anclaje" de la zaplanista Susana Camarero con Génova podría salvarla de caerse de la candidatura, aunque fuentes campsistas recuerdan que su relación con Camps quedó muy deteriorada cuando insinuó la pasada legislatura autonómica que el cargo de presidente le había tocado "en una tómbola". Lo mismo ocurre con Asunción Oltra, zaplanista y con escasas opciones de seguir.

Por lo que respecta a los puestos que quedan libres para hombres, la salida de Martínez-Pujalte, el pase de Joaquín Calomarde al grupo mixto y la casi segura exclusión del zaplanista Miguel Ramón Albiach abre abanico a Camps para situar a sus afines. Se da casi por segura la entrada de vicepresidente de la Diputación de Valencia, Vicente Ferrer, y no se descarta que José Luis Juan o José María Chiquillo pasen al Congreso. Uno de los dos deberá abandonar el Senado para que en la lista figure una mujer. El ex diputado autonómico Felipe del Baño también se ha ofrecido a ir a Madrid. Los nombres de las mujeres que se estrenarán en las candidaturas siguen siendo una incógnita. 

(www.elpais.com, 23/01/08)

Camps exige la dimisión de la defensora del pueblo por su informe de 2006

El Consell exigió la dimisión de la Síndic de Greuges en funciones (la defensora del pueblo autonómica), Emilia Caballero. La exigencia se produce un día después de que Emilia Caballero colgase en la página web de la institución el informe correspondiente a 2006. El documento recoge las quejas de los ciudadanos no atendidas por la Generalitat y un buen número de ayuntamientos valencianos, la mayoría del PP. Caballero cuestiona, fundamentalmente, la actuación del Gobierno valenciano en materia urbanística.

Rambla no ve contradicción en pedir que se vaya y votarla de adjunta
El informe, que pone de manifiesto la actitud hostil de ocho de las diez consejerías que se han negado a atender los requerimientos de la Síndic, fue entregado en las Cortes Valencianas el pasado octubre. Desde entonces, la presidenta del Parlamento, Milagrosa Martínez, ha retenido el documento y no ha querido recibir a la Síndic.

La ofensiva popular contra Emilia Caballero se produce, según fuentes del PP, a instancias del propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no oculta su enfado por la decisión de los socialistas de retrasar sine die la elección del diputado José Cholbi como nuevo Síndic de Greuges.

El vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, reclamó la dimisión inmediata de la Síndic de Greuges al difundirse el contenido del informe y arremetió contra los socialistas. El portavoz del Consell, que cuenta con mayoría absoluta, se quejó de la "indefensión" de su grupo ante la decisión socialista de retrasar la renovación del Síndic de Greuges. Rambla cargó contra el PSPV al que acusó de estar desnortado y sin capacidad para tomar decisiones. "El PSPV no existe y de eso se aprovecha la Síndic", remachó el vicepresidente del Gobierno valenciano.

La razón del PP para exigir la dimisión de Caballero es que ésta fue elegida como adjunta primera y preside la institución de forma excepcional desde que expiró el mandato del titular a mediados de 2006. "Hay que pedir a los socialistas un ejercicio de responsabilidad y a la Síndic que presente la dimisión", dijo Rambla, que hizo caso omiso del contenido del informe. "No lo he visto", sentenció.

Paradójicamente, populares y socialistas ya han pactado la elección de Cholbi -ahora vicepresidente de la Mesa de las Cortes- como nuevo Síndic de Greuges y de Emilia Caballero como primera adjunta. Pero el PSPV ya advirtió que no sellaría en votación el acuerdo hasta que el Consell no facilite acceso a varios documentos públicos de dos empresas de la Generalitat, una presidida por Vicente Rambla y otra por el vicepresidente económico, Gerardo Camps.

La exigencia de dimisión del Consell se arropó desde el grupo parlamentario popular. El portavoz adjunto Rafael Maluenda acusó a la Síndic de difundir el informe para calentar el mitin del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de mañana.

La socialista Carmen Ninet acusó al Consell de "presionar de manera intolerable" a la Síndic, institución que "debe ser independiente y respetada". La portavoz socialista apeló al Gobierno valenciano para que recupere "la cordura democrática perdida". La dirigente de Esquerra Unida, Glòria Marcos, acusó al Consell de querer silenciar todo lo que cuestione su gestión. www.elpais.es 12.01.08

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