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LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRIVATIZA LA AUDITORÍA DE LAS MUTUAS
Empleo sostiene que existe una insuficiencia de medios de la Intervención General de la Seguridad Social para cumplir con alguna de las auditorías previstas para 2017
También se autoriza la contratación con auditoras privadas por un plazo superior a un año
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dictado una Orden por la que declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Seguridad Social para cumplir con alguna de las auditorías previstas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para 2017 y autoriza al organismo a recabar la ayuda de empresas privadas de auditoría para realizar esta tarea.
En concreto, en la Orden, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se explica que la Intervención General de la Seguridad Social, como en años anteriores, "carece de efectivos suficientes" para hacer frente, en el plazo previsto, a alguna de las auditorías previstas en el Plan Parcial de Auditorías que ha elaborado para 2017 la Intervención General de la Administración del Estado.
Por este motivo, y amparándose en razones "de eficiencia técnica y organizativa" para cumplir con los objetivos de ejecución de dicho plan y, sobre todo, en razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa, Empleo justifica la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control, dado que la Intervención de la Seguridad Social no puede asumir en su integridad con sus efectivos actuales.
La Ley General Presupuestaria establece la obligación de realizar anualmente la auditoría de las cuentas de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, entre otras entidades del sector público estatal, tarea de la que se encarga la Intervención General de la Seguridad Social.
En caso de que exista insuficiencia de medios, la Ley General de la Seguridad Social permite recabar la colaboración de empresas privadas para ejecutar el plan de auditorías, siendo necesaria una Orden del Ministerio de Empleo para ello cuando la financiación de dicha colaboración se realice con cargo a créditos de los presupuestos de las entidades y servicios de la Seguridad Social adscritos a dicho departamento.
En la Orden publicada este viernes, en vigor a partir de mañana, Empleo autoriza a la Intervención General de la Seguridad Social, "dentro de sus disponibilidades presupuestarias", a recabar la colaboración de empresas privadas para realizar las auditorías de las cuentas anuales de las mutuas.
Asimismo, se autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con auditoras privadas por un plazo de vigencia superior a un año "debido a que estos trabajos de control o auditoría tienen carácter periódico y recurrente".
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/08/12/la_intervencion_general_seguridad_social_contratara_empresas_privadas_para_auditar_las_mutuas_53525_1011.html
LA ÚLTIMA AYUDA A PARADOS FRACASA Y CONSUME SOLO EL 15% DEL FONDO PREVISTO
A falta de dos semanas para finalizar el plan, de los 1.200 millones presupuestados solo se han gastado 182 millones y apenas reciben el subsidio el 25% de los beneficiarios previstos
Se mire por donde se mire, la última ayuda a parados puesta en marcha por el Gobierno es un fracaso. Se está quedando lejísimos de sus objetivos. Si se observa por el lado de los desempleados a los que ha llegado la ayuda, apenas la han cobrado o la cobran poco más del 25% de los beneficiarios potenciales calculados (105.500 de 400.000). Si se analiza por el lado del presupuesto, la distancia es aún mayor: de los 1.200 millones de euros consignados solo se han gastado 182 millones, a falta de que el programa venza el próximo 15 de abril, según datos del Ministerio de Empleo.
El Plan de Activación del Empleo ha sido el único gran acuerdo social de la legislatura. Los sindicatos UGT y CC OO, las patronales CEOE y Cepyme y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, firmaron el pacto en diciembre de 2014 en La Moncloa bajo la mirada del presidente Mariano Rajoy. Era, en teoría, el primer paso de algo más ambicioso: la elaboración de un mapa de prestaciones estatales, autonómicas y locales que permitiera reordenar las diferentes ayudas que hay en España para afrontar con más eficacia las consecuencia de la crisis. El objetivo de este primer paso era dar una ayuda de 426 euros mensuales durante seis meses a unos 400.000 desempleados de larga duración (más de un año de trabajo). Esto supondría elevar en unos 10 puntos porcentuales la tasa de cobertura oficial frente al paro, entonces en el 57,6%.
Esa tasa es otra prueba de que a falta de apenas dos semanas para que el plan venza, se extendía entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016, sus objetivos se incumplirán por mucho. En este tiempo no solo no ha aumentado la cobertura sino que ha caído, al 55,7%. Un dato más que se suma al bajísimo grado de ejecución presupuestaria: apenas se ha gastado el 15% de lo previsto, lo que ha provocado que sobre más de 1.000 millones de lo destinado inicialmente. Esta cantidad probablemente bajará algo en los próximos meses. Aunque el plazo de solicitud de la ayuda acaba en dos semanas, los beneficiarios pueden cobrarla durante medio año, hasta octubre en los últimos casos.
A estos datos hay que sumar las cifras de beneficiarios. Los 105.544 que tienen la ayuda reconocida hasta febrero están lejos, incluso, de los 270.000 beneficiarios que pensaba Empleo que cumplían con los requisitos de la ayuda cuando echó a andar (a estos se sumarían unos 130.000 en los meses siguientes). Y hay otro número más: solo 14.000 de los participantes en el plan se han reincorporado al mundo laboral.
El programa encontró problemas casi desde el primer momento. En una orden interna, los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) restringieron el acceso a la ayuda a todos aquellos parados que cumpliendo las condiciones, hubieran pasado previamente por todas las otras que tiene el Ministerio de Empleo (prestación contributiva, subsidio, renta activa de Inserción, plan Prepara). Con lo que quedaba limitada a un salvavidas de último recurso. Los sindicatos protestaron y la Administración rectificó. No obstante, todavía ahora se aprecian las consecuencias de aquella restricción inicial: de un total de 52.135 solicitudes rechazadas, más de 10.586 (el 20%) lo son por ese motivo, la primera causa.
“La única explicación que encuentro es que [el Gobierno] tenía interés en no consumir el crédito asignado”, explica Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas de CC OO. Es decir, falta de voluntad política. La misma causa señala su nueva homóloga en UGT, Mari Carmen Barrera: “Es el resultado de una política. Si el primer paso que tomó este Gobierno fue despedir a los 2.000 orientadores laborales que había contratado el Ejecutivo anterior [lo hizo en los recortes de 2012], es que no se cree en este tipo de medidas”.
Una prueba de la falta de voluntad que ambos citan es que Empleo nunca les ha hecho caso en una de sus demandas: enviar una carta a los beneficiarios potenciales del plan diciéndoles que existía la nueva ayuda. Hace dos semanas, ante el próximo vencimiento del plan, ambas centrales reclamaron en público la prórroga del plan y una reunión con el Gobierno para evaluarlo. De momento solo han conseguido la segunda parte, ya han recibido la llamada de Empleo para verse. “En un par de semanas”, apuntan fuentes oficiales del Ejecutivo.
Por su parte, el Ministerio no ofrece explicaciones de por qué esta ayuda ha quedado tan lejos de los objetivos anunciados por todas las partes pese a que sigue habiendo un número ingente de parados que no percibe ayuda alguna, casi dos millones si se atiende a los datos del SEPE y 3,5 millones con los datos de la EPA. Sí que apuntan que ya han puesto en marcha la evaluación y han pedido a las comunidades autónomas –responsables de las políticas activas de empleo- su propio examen de cómo ha ido la medida.
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/26/actualidad/1458992660_108004.html
PARADOS SIN PROTECCIÓN
La caída del paro registrado en un 6% desde 2011 no se traduce en un aumento del empleo, mientras los contratos más precarios se disparan un 42%
La cifra de parados que cobran una prestación se desploma un 23%, multiplicando por cuatro la reducción del desempleo
Rajoy insiste en subvencionar contratos, algo que suprimió en 2012 porque no crea empleo
Mariano Rajoy pondrá fin a sus cuatro años de gobierno con 271.164 parados menos de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registraba cuando ganó las elecciones en noviembre de 2011. Una reducción del 6%. Pero también con menos ocupados, contados como afiliados a la Seguridad Social, de los que había entonces. Exactamente 25.444 menos. Para explicar la discrepancia de las cifras y calificar el resultado de la legislatura en materia de empleo, se puede acudir al ejemplo que proporcionan los datos del paro registrado en noviembre, publicados este miércoles. El SEPE cuenta ahora 27.071 desempleados menos, pero la Seguridad Social registra sólo 1.620 cotizantes más, después de que en la hostelería se dieran de baja nada menos que 85.884 trabajadores.
La diferencia entre ambas estadísticas suele atribuirse a diferentes factores: el descenso de la población activa, por un lado, y la huida hacia la economía sumergida de muchos trabajadores. Detrás de ambos fenómenos se encuentra el efecto desánimo –es tan difícil encontrar empleo que dejo de buscar, vuelvo a estudiar, acepto trabajos en negro o emigro–. Aunque la disparidad también se explica por las características del mercado laboral español que persisten cuatro años después pese a las “reformas estructurales” aplicadas por el Gobierno el cambio de ciclo económico.
Así, como demuestran las cifras de noviembre, el empleo sigue atado al patrón estacional: aumentan los contratos en la temporada alta del turismo y la hostelería, se resienten con el otoño y hasta que llega la Semana Santa. Ocurre así porque es el sector servicios el que crea el empleo: 388.497 cotizantes más en cuatro años. Por el contrario, la industria ha perdido 209.336 afiliados y la construcción, aún convaleciente del estallido de la burbuja inmobiliaria, otros 242.975.
Las cifras de la Seguridad Social también revelan que en estos cuatro años han desaparecido 182.646 asalariados, mientras crece el número de autónomos en 87.820 personas. La falta de oportunidades de empleo y la intensa campaña del Gobierno a favor del “emprendimiento” han empujado a muchos a trabajar por cuenta propia.
El temporal sigue siendo el rey, el parcial se dispara
Además, no siempre son términos equiparables contrato, afiliación y empleo. La razón es el predominio del trabajo temporal en España. Pese a que era uno de los objetivos declarados de la reforma laboral de 2012, en estos cuatro años la llamada dualidad laboral no se ha movido un milímetro. La brecha que separa a los trabajadores temporales y precarios de los indefinidos y protegidos continúa siendo formidable. El 91,72% de los contratos firmados el pasado noviembre eran temporales; hace cuatro años eran el 93,1%. La cifra apenas se ha reducido 1,4 puntos. Si la reforma laboral por sí sola –abaratando el coste del despido de los indefinidos– no ha conseguido levantar el número de contratos fijos, tampoco subvencionar a los empresarios para que elijan este tipo de empleo –las tarifas planas de cotizaciones– ha cambiado no ya la preferencia de éstos por los contratos temporales, sino el abuso que hacen de ellos.
Por el contrario, la reforma laboral sí que ha cambiado el papel secundario que hasta ahora tenía el empleo a tiempo parcial en España. De hecho, los contratos por horas crecen un 37,75% desde 2011. Los indefinidos a tiempo parcial baten todos los récords, con un aumento del 75%. Y los temporales con jornada parcial, la fórmula de empleo más precaria, suben un 42%, casi el doble que los temporales a tiempo completo –24,4%–. Además, su porcentaje dentro de la contratación global ha crecido tres puntos en estos cuatro años: los más precarios son ya un tercio de los que se firman cada mes. También se ha estimulado la oferta de contratos de prácticas y formación, hasta el punto de que su número se ha multiplicado por tres.
Rajoy termina sus cuatro años en el Gobierno con 4,15 millones de parados en las oficinas del SEPE, menos de los registrados en 2011, pero entre ellos hay 35.899 mujeres más que entonces. Suman 2,27 millones de desempleadas. Con la crisis aumentó el número de mujeres que decidieron o se vieron forzadas a buscar trabajo. El problema es que, al reactivarse la economía, son los hombres los primeros que están encontrando empleo. Por acudir sólo a las cifras más recientes, las del pasado noviembre, el número de parados ha bajado seis veces más que el de desempleadas.
La protección pública para los parados se desploma
Otra de las herencias que dejará el Gobierno del PP es la caída de la protección pública a los parados. La lenta recuperación del empleo, partiendo además de cifras récord de paro, ha convertido a muchos en desempleados de muy larga duración que agotan el catálogo de prestaciones. La contributiva, la de mayor cuantía, se puede cobrar por un máximo de dos años. Si, además, el Ejecutivo aprueba requisitos cada vez más restrictivos para cobrar los subsidios –426 euros–, el número de parados que perciben ayudas públicas se reduce. Un 23,26% desde 2011. De los 4,15 millones de desempleados registrados, dos millones no cobran ninguna prestación. La cobertura de las ayudas públicas se ha desplomado estos cuatro años 13,34 puntos porcentuales. Para hacerse una idea del descenso, basta con compararlo con la reducción del paro desde 2011: el número de los desempleados que perciben ayudas públicas ha caído cuatro veces más.
Y las prestaciones que más disminuyen son las contributivas, casi un 40%, mucho más que los subsidios, que se reducen un 14,7%. Por el contrario, han crecido un 16,56% los beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (RAI) –parados de larga duración mayores de 45 años que han agotado el resto de las prestaciones–. En total, el número de quienes cobran subsidios ha aumentado en casi 10 puntos.
Finalmente, los parados que perciben una prestación cobran cada vez menos. La devaluación de los salarios, por un lado, y los recortes en la cuantía de la ayuda contributiva aprobados en julio de 2012 por el Gobierno –a partir del séptimo mes reciben el 50% de la base reguladora, en lugar del 60%–, por otro, han obrado el cambio. El Estado se gasta ahora en cada parado 780 euros al mes, un 14% menos que en 2011. Así que en la factura mensual –1,63 millones de euros–se ahorra casi un 34% respecto a la de hace cuatro años. El número de parados, hay que recordarlo otra vez, ha bajado sólo un 6% en ese tiempo, casi seis veces menos.
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2015/12/03/rajoy_deja_menos_ocupados_mas_trabajadores_precarios_mas_parados_sin_proteccion_41616_1011.html
EL SUELDO MEDIO DECLARADO A HACIENDA CAE AL NIVEL MÁS BAJO DESDE 2007
El descenso se debe más a la incorporación de empleos con salarios bajos que a rebajas de sueldo de los existentes
La fotografía salarial que ofrecen los datos tributarios muestra que el sueldo medio de los trabajadores declarado a Hacienda por las empresas ha caído a 18.420 euros anuales (equivalente a 14 pagas de 1.315 euros), el mínimo desde 2007, según los datos de Hacienda. El salario medio resistió bastante bien la crisis hasta 2011. En 2012, el año de la reforma laboral, cayó con fuerza. Y el descenso ha continuado en 2013 y 2014, según los datos publicados ayer. En cambio, el salario medio del grupo de los más privilegiados, los que cobran más de 10 veces el salario medio interprofesional (SMI), no ha parado de subir en toda la crisis.
La estadística de Hacienda apunta a desigualdad y precariedad, por un lado, pero también a creación de empleo, por otro. Por primera vez desde que comenzó la crisis, aumenta el número de asalariados incluidos en la información sobre Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias, cuyos datos de 2014 fueron publicados ayer por Hacienda. El total sube a 16.899.024 personas, 217.000 más que en 2013.
El volumen de salarios declarados también repunta ligeramente y alcanza los 311.279 millones de euros, unos 2.600 millones más que el año anterior. Es el primer ascenso tras cinco años de caída, pero las cifras siguen muy lejos de los 366.819 millones de 2008. La crisis, en forma de pérdidas de empleo y rebajas salariales, ha pasado factura a las retribuciones de los trabajadores.
La información de Hacienda sobre salarios es una fotografía muy rica y realista de las retribuciones anuales que las empresas pagan a sus empleados en España. Las estadísticas que se basan en declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tienen el problema de que muchos están exentos de declarar. En cambio, estos son datos de retenciones y salarios de las empresas, que es obligatorio declarar desde el primer euro.
Sesgo a la baja
Al tiempo, dado que es un resumen de retribuciones anuales, hay que analizarlo con cautela. Las cifras incluyen datos de pensionistas que hayan realizado algún trabajo durante el año, de trabajadores temporales o a tiempo parcial, de trabajos de verano o esporádicos que, al ser agregados y expresados en términos anuales, podrían dar a entender equivocadamente que en España hay más de un tercio de trabajos en los que el sueldo es inferior al SMI (que asciende a 9.034,2 euros anuales o 14 pagas de 645 euros). Hacienda advierte expresamente que hay un sesgo a la baja del salario medio frente a otras estadísticas y que “no se puede interpretar el número de perceptores en la cola baja de la distribución salarial (por debajo de un SMI) como personas que perciben un salario inferior al salario mínimo”.
Con todas esas cautelas por delante, el sueldo medio declarado cayó a 18.420 euros, que es el nivel más bajo desde el año 2007 y se sitúa un 3,6% por debajo del nivel que alcanzó en 2010. La impresión es que, a diferencia del año de la reforma laboral, la caída del salario medio de 2014 no se debió a rebajas de sueldo propiamente dichas sino más bien a que casi todos los trabajadores que se incorporan lo hacen en los grupos de sueldos más bajos. Eso parece ser consecuencia de la mayor precariedad y temporalidad en el empleo que ponen de manifiesto las estadísticas laborales.
Curiosamente, mientras que el sueldo medio ha caído con fuerza, el del grupo más privilegiado, el de aquellos con salarios que suponen más de 10 veces el salario mínimo, es decir, aquellos a los que las empresas declaran pagar más de 90.342 euros al año o más de 6.450 euros al mes (en 14 pagas), no ha parado de crecer. En 2014, el sueldo medio de ese grupo, en el que se incluyen 127.706 personas, aumentó un 1%, hasta 148.824 euros.
Por comunidades, el sueldo medio más alto es el de Madrid (24.576 euros) y el más bajo, el de Extremadura (13.559 euros).
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/17/actualidad/1447782510_551814.html
EL NUEVO SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO ACREDITA UN ÚNICO AÑO DE TRABAJO EN LA EMPRESA PRIVADA
La cúpula del ministerio de Empleo, ministra, y secretarios de Estado, carece de experiencia laboral acreditada, ni profesión reconocida y tampoco son funcionarios
El secretario de Estado de la Seguridad Social dijo que era médico cuando no había acabado los estudios
Juan Pablo Riesgo, nuevo secretario de Estado de Empleo, era hasta ahora era el jefe de gabinete de la ministra Fátima Báñez y el que asume ahora el cargo (Matías de Jove) se ha formado en bolsa y mercados
Tras la salida de Engracia Hidalgo para formar parte del nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha nombrado a Juan Pablo Riesgo (35 años) como nuevo secretario de Estado de Empleo. A pesar de que el Ministerio de Empleo asegura que Riesgo "ha desarrollado parte de su carrera profesional en el sector de la banca" en la nota de prensa remitida a los medios, su experiencia en la empresa privada es fugaz. Según consta en su currículum publicado en el portal de transparencia, Riesgo estuvo un año en el Banco Santander y otro en Banesto. Su estancia en el Santander, sin embargo, fue en calidad de becario ya que aún cursaba sus estudios, según ha confirmado el Ministerio a eldiario.es.
Riesgo era hasta ahora el jefe de gabinete de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, desde que tomó posesión a finales de 2011. Su beca en el Banco Santander data del año 2002-2003, cuando aún estudiaba Económicas en la universidad Complutense. Fue en 2003 cuando se licenció. Entre 2004 y 2005 trabajó en Banesto y tenía un contrato indefinido, según asegura el Ministerio de Empleo.
Desde 2006 hasta 2011 trabajó como asesor en el Grupo Parlamentario Popular del Congreso y fue jefe del equipo económico. En su trabajo en la oposición en el hemiciclo tuvo la oportunidad sin duda de congeniar con su jefa y con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ya que compartían el mismo ámbito de trabajo. En su currículum figura también que Riesgo cuenta con un Executive MBA por la escuela de negocios IESE, que cursó entre 2010 y 2012, y que amplió sus estudios en la Universidad de Georgetown.
Aunque también cuenta con un máster en Gestión Internacional de Empresas por el Centro de Estudios Económicos y comerciales (CECO) becado por el Icex, no logró que se le asignara un destino para la beca, ya que esas plazas solo se reparten entre los alumnos más destacados del curso.
Se da la circunstancia de que su jefa, Fátima Báñez, también ha sido muy criticada por su falta de experiencia en el ámbito privado. En el último currículo publicado en el portal de la transparencia asegura que "de 1993 a 1997 desarrolla su actividad profesional en el sector privado", aunque se desconoce donde la pudo realizar (la ministra se había licenciado un año antes en ICADE). Desde 1997 ha desempeñado todo tipo de cargos orgánicos en el Partido Popular, primero en Andalucía y luego en Madrid y también como diputada por Huelva.
Para redondear la cúpula del ministerio, el otro secretario de Estado, en este caso de la Seguridad Social, Tomás Burgos, falseó su currículo durante años diciendo que era médico, cuando no había finalizado sus estudios. A Burgo tampoco se le conoce paso por el sector privado ya que con 25 años pasó a ser ya procurador de las Cortes de Castilla y León y de ahí enlazó uno tras otros cargos en el Partido Popular.
Así pues, los tres principales responsables del ministerio de Empleo (que tutelan políticas activas, impulso a los autónomos, diálogo social, o pensiones entre otras cuestiones) no son tampoco funcionarios de carrera ni tienen profesión conocida fuera del ámbito político.
El primer alto cargo que se encuentra con una profesión es el subsecretario es Pedro Llorente, que es Administrador Civil del Estado (una de los cuerpos más altos del Estado). El otro alto cargo que conforma la cúpula de empleo es el jefe de gabinete de la ministra, que ha sido nombrado hoy en sustitución de Juan Pablo Riesgo.
En la nota que acompaña al nombramiento de Matías de Jove, no se indica edad y se resume con: "asesor en el ministerio de Empleo, pasará a ocupar el puesto de director de Gabinete de la ministra de Empleo y Seguridad Social. Matías de Jove es licenciado en Derecho por la UCM y doctor en Ciencias de la Información por la misma Universidad, posee además un Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. Ha compaginado la actividad docente con la consultoría estratégica en comunicación".
En teoría política se entiende que el ministro es un gestor que debe defender la cartera con independencia a su grado de formación o profesión, pero que para ello se apoya precisamente en sus secretarios de Estado y en el jefe de gabinete que tienen un perfil técnico y son los estrategas del ministerio. Tanto es así que cuando se nombra a un secretario de Estado se renuncia al acta de diputado por imposibilidad de ejercer al mismo tiempo los cargos.
El secretario de Estado es un viceministro y representa a España en ausencia del ministro.
http://www.eldiario.es/economia/secretario-Empleo-acredita-empresa-privada_0_402810203.html
MÁS DE 2,5 MILLONES DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN NO PERCIBEN PRESTACIÓN
La EPA detecta que solo 1,6 millones de parados reciben ayudas
La protección a los parados cae al nivel más bajo desde 2001
CC OO y UGT piden una renta mínima para dos millones de personas
El mercado laboral se recupera, pero el paro sigue siendo muy elevado. Ya hace casi cinco que la tasa de paro está por encima del 20%. Eso se nota en las ayudas que reciben los desempleados, que en la mayoría de los casos hace tiempo dejaron de percibirlas. En el primer trimestre del año 3,8 millones de parados no cobraban ningún tipo de prestación o subsidio, de estos más de 2,5 millones llevan más de un año sin trabajo, según los microdatos de la encuesta de población activa (EPA) facilitados por el INE.
La falta de ofertas de trabajo durante años, la configuración del seguro de desempleo (vinculado a un periodo limitado de tiempo en la mayor parte de modalidades) y el hecho de que cuanto más tiempo pasa un desocupado sin trabajo más difícil es su vuelta al mercado laboral explican que sean los parados de larga duración —un año o más sin empleo— los que más sufren la falta de las ayudas. Así, siempre según la EPA, mientras un 35,7% de los desempleados que llevan menos de un año sin trabajo percibía ayudas; el porcentaje cae hasta el 25,6% en quienes llevan más tiempo sin trabajar. La media conjunto es del 29,4%.
Esta tasa de protección es muy inferior a la del Ministerio de Empleo, cuya tasa de cobertura se situaba en el 55,7% en febrero. La discrepancia entre un dato y otro se debe, en primer lugar, a que ambos miden colectivos distintos. Los microdatos del INE recogidos por el investigador Enrique Negueruela para la Fundación Primero de Mayo, vinculada a CC OO, parten de los parados de la EPA (5,4 millones en el primer trimestre), a los que se les pregunta expresamente si perciben algún tipo de ayuda por desempleo: 1.599.767 responden que sí.
Las cifras del Ministerio, en cambio, parten del paro registrado (4,5 millones en febrero, último mes con datos sobre prestaciones). En ellas se contempla que hay 2.372.615 de beneficiarios. Entre un dato y otro hay casi 800.000 personas de diferencia. Esto se debe a que las cifras de Empleo contienen a los prejubilados (colectivo que la EPA no considera como parados), a los afectados por regulaciones de Empleo en que se reducen la jornada y perciben ayudas entre tanto, y a quienes trabajan a tiempo parcial y lo compatibilizan con el cobro de la prestación por el resto de jornada que no trabajan para completar el sueldo.
A pesar de las discrepancias entre ambas tasas, tanto en una como en otra se observa que la duración de la crisis ha erosionado la protección a parados. A comienzos de 2013, el porcentaje extraído de la EPA se situaba en el 35,1%, casi seis puntos porcentuales más que ahora. En el mismo periodo, la cobertura medida por el Gobierno, que llegó a superar el 80% en 2010, ha caído casi ocho puntos. En 2013 se situaba en el 63,2%, ahora en el 55,7%
Esta última evolución explica que en los últimos dos años el gasto por desempleo, que se situó en torno a los 30.000 millones o más de 2009 a 2013, haya caído mucho en 2014 y siga la misma tendencia en 2015 (en los dos primeros meses del año el gasto agregado ha caído un 17,7%).
Para revertir esta situación e incrementar la protección, los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, presentaron el martes pasado una iniciativa legislativa en el Congreso y van a recoger firmas para crear una nueva ayuda que protegería a unos dos millones de personas y supondría unos 11.000 millones de gasto anual. Esta se sumaría a la que entró en vigor en enero, que en febrero solo recibían 8.500 parados.
http://economia.elpais.com/economia/2015/04/26/actualidad/1430074259_121275.html
LA ROTACIÓN EN EL EMPLEO INDEFINIDO AUMENTA TRAS LA REFORMA LABORAL
El número de contratos fijos para crear un puesto de trabajo neto se dispara. Un estudio de CC OO apunta que la causa es el abaratamiento del despido
La inestabilidad en el empleo aumenta incluso entre quienes acaban de firmar un contrato indefinido. La rotación en los puestos de trabajo fijos recién creados crece de forma significativa desde 2012. En 2014 para que se creara un nuevo puesto de trabajo fijo hizo falta que se firmaran 1,42 contratos indefinidos, bastantes más que tres años antes, en 2011 cuando eran necesarios 1,15 o incluso en 2006, en los años finales de la burbuja (1,23), según un estudio del gabinete económico de CC OO que toma el dato de los contratos indefinidos que se firman cada año y el número de empleos asalariados fijos creados en el mismo ejercicio.
La duración media de los contratos temporales bajó a 53,2 días en 2014
Este salto en la rotación, del 23% en tres años, se debe, según explica el propio estudio, a varios de los cambios que implantó la reforma laboral y que buscaban abaratar el despido. En 2012 el Gobierno rebajó la indemnización a pagar en caso de despido no justificado de 45 a 33 días por año trabajado. También facilitó las rescisiones motivadas —las más bajas, que se compensan con 20 días por año trabajado— al incluir entre las causas de justificación la caída de facturación anual durante tres trimestres seguidos sin necesidad de que haya pérdidas o de que se prevea que las haya, este último aspecto ya había sido incluido en la legislación por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Hay un tercer motivo, explica Carlos Martín, responsable del gabinete económico del sindicato, relacionado con las novedades de la reforma laboral: el nuevo contrato de emprendedores. Este compromiso permite a las empresas con menos de 50 trabajadores firmar un contrato indefinido con un periodo de prueba de un año de duración, durante este tiempo es posible despedir sin indemnización.
El último motivo está vinculado a la devaluación salarial, algo que han notado mucho más quienes perdían su empleo y encontraban uno nuevo. Según los cálculos del economista Marcel Jansen, de Fedea, esta reducción entre 2008 y 2013 fue de un 13% para las mujeres y de un 17% para los hombres. Esto también contribuye a reducir los costes de despido, ya que mengua la base sobre la que se calcula la indemnización.
El objetivo último de todas estas medidas era hacer más atractiva la contratación indefinida para reducir el peso de los temporales, tan extendidos en el mercado laboral español. Al abaratar las indemnizaciones por despido de los empleados fijos se acercan el coste de la rescisión de contrato al de los temporales y, según la teoría, los empresarios perderían el miedo a suscribir compromisos laborales estables.
Pero la teoría no se acaba de cumplir. El número de contratos indefinidos que se firma cada mes sigue siendo obstinadamente bajo. En 2014, cuando comenzó la recuperación laboral apenas el 8% de los 16,7 millones de todos los contratos firmados eran fijos, un porcentaje apenas ligeramente mejor que los de 2011, 2012 y 2013, años de recesión.
En los últimos meses se ha observado un importante aumento de las contrataciones indefinidas. Pero, a falta de estudios y datos concluyentes, viendo la secuencia cronológica, parece más ligada a las bonificaciones creadas para estimular este tipo de contratos que a los cambios introducidos por la reforma laboral. Por ejemplo, el 25 de febrero del año pasado el Ejecutivo aprobó la tarifa plana en las cotizaciones. Ese mes las contrataciones fijas respecto al año anterior crecían al 6,8%, al siguiente aumentaron un 15,7% y desde entonces todos los meses posteriores han registrado tasas de crecimiento incluso superiores.
Los datos de rotación laboral entre los asalariados apuntan que la precariedad también aumenta por una nueva vía. Hasta ahora se observaba un incremento sustancial, frenado en los últimos meses, en el empleo a tiempo parcial, que se había sumado a la vía más habitual del mercado laboral español: la contratación temporal. Ahora también se suma la rotación.
A pesar del incremento de la inestabilidad en el empleo indefinido, la mayor incertidumbre, lógicamente, sigue dándose entre los temporales y esta ha aumentado mucho durante la crisis. Esto se puede observar con claridad viendo la duración de los contratos temporales desde que ha comenzado la crisis. En 2007, tenían una vida media de 78,5 días; el año pasado había disminuido hasta los 53,2 días.
Esta reducción llega, sobre todo, porque los dos tipos de contratos temporales más utilizados, el de obra o servicio y el eventual por circunstancias de la producción (el que suele utilizarse para atender a aumentos puntuales de actividad en una empresa), han visto como se reducía su vida media considerablemente.
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/04/actualidad/1423077183_428000.html
EL SUPREMO RECHAZA LA MITAD DE LOS ERE PRESENTADOS DESDE 2013
La Sala de lo Social ha emitido sentencias por 58 causas de despidos colectivos de los que 27 han sido anulados o no se ajustan a derecho
El Tribunal Supremo ha hecho público un comunicado en el que repasa la litigiosidad que ha provocado la reforma laboral en su aspecto más discutido: los expedientes de regulación de empleo. Y los datos reflejan que La Sala de Lo Social se ha enfrentado desde Marzo de 2013 – cuando se publicó la primera sentencia de este tipo- a casi 60 causas por despidos colectivos regulados.
En concreto, de los cincuenta ocho procedimientos ya sentenciados, veintisiete han sido declarados nulos o que no que no se ajustan a derecho. Se trata casi de la mitad de las causas lo que hace ver que un número muy elevado estaban fuera de la legalidad.
En efecto, de los dieciocho expedientes anulados por el Supremo, cinco de ellos lo han sido por fraude de ley. Es decir un intento de manipulación de la norma para adaptarla a los intereses de las empresas. Otros dos lo han sido por vulneración de derechos fundamentales -huelga y libertad sindical-. Son ejemplos paradigmáticos de unas decisiones judiciales que obligan a las compañías a la readmisión de los trabajadores sin opción empresarial a la indemnización.
En cuanto a la cifra de sentencias que han sido ajustadas a derecho se han publicado un total de 31 fallos. En la mayoría se trata de confirmaciones de sentencias ya dictadas por la Audiencia Nacional o Tribunales Superiores de Justicia.
http://cadenaser.com/ser/2014/12/30/tribunales/1419940314_501023.html
EL TRIBUNAL SUPREMO TUMBA LA CADUCIDAD DE LOS CONVENIOS IMPUESTA POR LA REFORMA LABORAL
El Alto Tribunal dictamina que las condiciones del contrato de trabajo permanecen vigentes aunque expiren los convenios
Patronal y sindicatos pactan sortear la caducidad de los convenios impuesta por la reforma laboral
El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo, por mayoría de sus miembros, ha dictaminado que los derechos laborales pactados en un convenio colectivo se mantienen pese a expirar su vigencia, pues entiende que pasan a convertirse en derechos individuales de los trabajadores. La sentencia, que se esperaba desde principios de año, es un varapalo a la reforma laboral.
El Supremo se pronuncia así por primera vez sobre la llamada ultraactividad de los convenios introducida por la Ley 3/2012, que limitó a un año la prórroga automática de un convenio en ausencia de uno nuevo. Una vez pasado ese año, el convenio decaía y se aplicaba el convenio colectivo de ámbito superior, en caso de que lo hubiere, en lugar de prorrogarse indefinidamente la vigencia del convenio. Si no existe un convenio superior, no queda otro marco legal que el Estatuto de los Trabajadores por el que regirse. Y en materia salarial, la referencia pasa a ser el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 645,30 euros. La ultraactividad fue motivo constante de conflicto durante 2013 entre sindicatos y patronales.
El supuesto que ha resuelto el Supremo afecta a una empresa balear, Atese, que entendió que, transcurrido el año de prórroga establecido en la reforma laboral sin haberse suscrito un nuevo convenio, el anterior quedaba sin efecto y, al no existir convenio de ámbito superior, aplicó desde ese momento a la plantilla el Estatuto de los Trabajadores.
No obstante, tras analizar el caso, el Supremo asegura que esta decisión empresarial es "jurídicamente incorrecta", porque las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, "tienen naturaleza jurídica contractual y por ello siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia".
Dichas condiciones laborales pueden ser modificadas, precisa el Supremo, si concurren circunstancias económicas, técnicas, organizativas o productivas, sin perjuicio de que continúe la obligación de negociar un nuevo convenio.
Al entender como decaído el convenio, la empresa balear objeto de esta sentencia abonó a los trabajadores la nómina de julio en dos cuantías diferentes: un periodo a razón del salario anterior, según en el convenio finalizado, y otra cuantía inferior por el periodo restante, con arreglo ya al Estatuto de los Trabajadores.
Esta decisión de la empresa fue recurrida por USO, CCOO, UGT y CSI-F ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que declaró no ajustada a derecho la conducta empresarial. La compañía interpuso entonces recurso de casación, que ha sido desestimado por el Tribunal Supremo.
"Es una reforma que está funcionando", se ha limitado a responder la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cuando se le ha preguntado por la sentencia, que da al traste con una de las principales medidas incluidas en la Ley 3/2012, elaborada por su departamento. Por el contrato, los sindicatos y la oposición han saludado la sentencia como un triunfo de los trabajadores. "Echa por tierra una de las piezas esenciales de la reforma laboral del PP", ha destacado la secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez. Para UGT, el fallo "confirma la validez e importancia que tiene la negociación colectiva en la regulación de las condiciones de trabajo". "El Supremo garantiza los derechos de los trabajadores a pesar de la caducidad de los convenios y las limitaciones que promueve la reforma laboral", resume USO.
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2014/12/19/el_supremo_tumba_caducidad_los_convenios_impuesta_por_reforma_laboral_25601_1011.html
ESPAÑA, EL PAÍS DESARROLLADO EN QUE MÁS SUBE LA DESIGUALDAD POR EL PARO
La OIT cifra la pérdida de poder adquisitivo en un 17%
España sufre la crisis más desigual
La concentración del aumento del desempleo en las rentas más bajas ha convertido a España en el país entre las economías desarrolladas donde más ha aumentado la desigualdad a lo largo de la crisis económica. Según el Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó este viernes en Madrid, la brecha que separa la parte más rica de la parte más pobre de la población se ha incrementado entre un 40% y un 50%, y ha transformado España en el segundo país más desigual —después de Estados Unidos— en el conjunto que incluye la Unión Europea y el gigante norteamericano.
La agencia de Naciones Unidas se ha basado en datos de 2010 que ya habían sido subrayados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero ha introducido un elemento de novedad al identificar el desempleo como principal causa de la ampliación de la desigualdad. La OIT destaca que la reducción del poder adquisitivo asciende en España a un 17%. El hecho de que la pérdida de empleo —y en menor medida la rebaja de los salarios— se concentra en el 10% más pobre de la población, ha determinado que este grupo sufra el 43% de la disminución de esta capacidad de compra. “Este dato, teniendo en cuenta que la reducción de poder adquisitivo del 10% más adinerado de la población no va más allá del 3% o 4%, es el principal motivo del aumento de la brecha de desigualdad”, explicó ayer Rosalía Álvarez, una de la autoras del informe.
La investigadora de la OIT subrayó además que estas dinámicas no se reprodujeron en países como Portugal, Grecia y Rumanía, donde ocurrió más bien lo contrario: el poder adquisitivo de la parte más acomodada de la población disminuyó más que el de la parte más pobre, y determinó un “efecto aplanamiento” de las rentas que ha reducido la diferencia entre ellas.
Álvarez destacó también la caída del 1,3% de los salarios españoles en 2013, mientras en 2007 crecían un 1,1%. Su peso en la capacidad de compra, además, se ha reducido en 10 puntos (suponía el 70% en 2006 y el 60% en 2013).
Se trata de una tendencia que ha sido más marcada que en otros países desarrollados, donde también se registra una reducción. En cambio, en las economías emergentes el sueldo medio creció y eso está determinando una convergencia de los niveles salariales globales.
El informe evidencia también un crecimiento de la productividad laboral —el valor de bienes y servicios producidos por cada trabajador— entre 1999 y 2013. La diferencia respecto a los salarios ha sido del 10% entre 1999 y 2013 y del 5% entre 2009 y 2013. “Existe margen para subir salarios, tanto como lo permita la productividad”, declaró el director general de la OIT en España, Joaquín Nieto, a la hora de comentar los resultados del informe. Insistió en que las causas de la situación actual son “tanto estructurales como políticas”, y remarcó: “La pregunta no es si deben subir los salarios, sino cuánto deben subir”.
http://economia.elpais.com/economia/2014/12/05/actualidad/1417770534_603645.html
EL GOBIERNO SE PLIEGA AL SECTOR FINANCIERO PARA FAVORECER COMPLEMENTOS A LA PENSIÓN PÚBLICA
El Gobierno, el Banco de España y la CNMV alientan la inversión en productos que complementan las pensiones públicas
Adicae advierte de que los productos financieros de renta vitalicia son "complejos" y tienen inconvenientes
Hacienda anuncia más ventajas para los planes privados de pensiones
Los fondos de pensiones tuvieron una rentabilidad media inferior a la deuda pública en el periodo 1998-2013, según estudios del IESE
Enhorabuena a las aseguradoras y enhorabuena a sus aliados y socios, los bancos. Sus peticiones han sido escuchadas. El Gobierno ha decidido favorecer más la contratación de productos financieros privados que complementen las pensiones públicas. El anuncio lo hizo el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, en un acto organizado por El Economista: los mayores de 65 años que vendan cualquier tipo de activo, no sólo inmuebles, sino también acciones u objetos de valor, para dedicarlo a una renta vitalicia que complemente su pensión no tributarán en el IRPF por la plusvalía generada en dicha venta.
El anuncio fue muy bien acogido por la patronal del seguro, Unespa. "Desde el punto de vista de Unespa", señaló un portavoz, "es una noticia muy positiva". No es para menos. El anuncio de Ferre se ajusta a la petición que las aseguradoras elevaron al Ministerio con motivo de la reforma fiscal. El documento Propuestas de Unespa ante la reforma fiscal de fecha 2 de junio ya reclamaba incentivos fiscales para las rentas vitalicias, de las que señala que "son el instrumento que mayor grado de complementariedad presenta con las prestaciones de la Seguridad Social". "En la actualidad", proseguía el documento, "el cobro de forma de renta vitalicia de estos Sistemas de Previsión Social no goza de ningún incentivo fiscal, tributando las rentas percibidas como rendimientos del trabajo, al tipo marginal".
Deseo de los bancos
Ahora ya hay incentivo para que aumente, como desean bancos y aseguradoras, el ahorro estable –hay quienes lo califican de cautivo– destinado a complementar las pensiones públicas. Los documentos de la patronal Unespa ponen números al negocio que se pretende ensanchar. A marzo de 2014, las "rentas vitalicias y temporales" incluidas en el epígrafe "Seguros de Ahorro/Jubilación" se elevaban a 80.828 millones de euros, con 2.563.426 beneficiarios. Poca cosa para el potencial de negocio que atisba la patronal aseguradora.
La mayoría de la banca española, según señalan estudios de organizaciones de consumidores, vende o ha vendido seguros de renta vitalicia. Entre los productos usados para calcular la rentabilidad se encuentra el bono español a 10 años. Son la base para comercializar productos con nombres llamativos como renta de fábula.
El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, José María Mollinedo, cree que la medida anunciada por Ferre cumple un doble propósito, "tranquilizar a inversores de perfil bajo y pequeños ahorradores –menos beneficiados que los grandes ahorradores en la anunciada reforma fiscal– y apoyar a la banca, aumentando la fidelización de la clientela".
Ahorrador de más de 65 años
La gran pregunta para el ahorrador de más de 65 años es qué le ofrece la llamada renta vitalicia frente a otros productos de ahorro y si es un producto seguro. La asociación de usuarios de banca y servicios Adicae abordó la cuestión hace un año y llegó a conclusiones rotundas: "Estamos ante un producto complejo y con el que no podremos disfrutar, durante un largo periodo de tiempo, de nuestros ahorros invertidos... si sobrevivimos a la fecha de vencimiento", explicó en un trabajo de análisis sobre un producto empujado por la banca.
Adicae destacaba uno de los problemas del producto las dificultades para convertirlo en dinero contante y sonante en caso de necesidad. "Estos productos dejan los ahorros atrapados un largo periodo de tiempo, normalmente durante más de diez años", explica Adicae; "si el consumidor sobrevive a la fecha de caducidad del producto –vencimiento–, recuperará el dinero invertido inicialmente. Si no lo hace, serán los beneficiarios los que recuperen el dinero". "Los problemas surgen", concluye la asociación, "cuando el asegurado quiere rescatar sus ahorros anticipadamente. En ocasiones pueden darse problemas de liquidez, puesto que rescatarlos puede resultar muy costoso".
Los sindicatos critican la apuesta del Gobierno por colocar puntales privados a las pensiones públicas. Al término de la entrevista que mantuvieron con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en La Moncloa, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez y de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, calificaron la medida adelantada por Hacienda de simple "parche". "La solución no está en que la gente se busque la vida, hay que buscar salidas colectivas, que es donde está la solidaridad y la justicia social", aseguró Toxo. Méndez, por su parte, consideró el anuncio como prueba de que "va a caer la capacidad adquisitiva de las pensiones".
Promoción de lo privado
Para el Gobierno, ningún recelo está justificado. La promoción de sistemas privados de pensiones continúa. El secretario de Estado Ferre, en el mismo acto en el que a anunció el espaldarazo a la renta vitalicia para mayores, aprovechó para animar la contratación de planes de pensiones individuales. Según adelantó, el proyecto ley de reforma fiscal rebajará la exigencia del tiempo de permanencia de los planes de pensiones individuales de 10 a 5 años. La razón es que el Ejecutivo ha comprobado que estos planes están creciendo y "merece la pena seguir potenciándolos". "Se da un paso más en el fomento del ahorro", dijo Ferre tras añadir que el tratamiento fiscal es beneficioso en un plazo razonable de 5 años.
El empujón gubernamental a las pensiones privadas choca, no obstante, con la realidad de los datos. Un estudio elaborado por tres profesores del IESE (Pablo Fernández, Pablo Linares y Pablo Fernández Acín) muestra que en el periodo diciembre de 1998-diciembre de 2013, la rentabilidad media anual del Ibex 35 fue del 4%, la de los bonos del Estado a 15 años fue del 4,4% y la de los fondos de pensiones, con 7,5 millones de partícipes, fue del 1,53%.
Peor aún, entre los 257 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo cuatro superaron la rentabilidad del Ibex 35 y sólo tres superaron la rentabilidad de los bonos del Estado a 10 años. Como remate, 25 fondos, en torno al 10% del total, tuvieron rentabilidad promedio negativa. Los datos del estudio son el resultado de restar las comisiones –entre las más elevadas de la UE, según la OCDE– que aplican los gestores de los fondos.
El Banco de España empuja
Además del Gobierno, también el Banco de España ha animado a estimular el ahorro enfocado a la contratación de complementos privados de una pensión pública que, según admite en sus publicaciones, será en el futuro menor para las próximas generaciones que alcancen la edad de retiro.
El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a instancias del Gobierno, han puesto en marcha un Plan de Educación Financiera para el periodo 2013-2017 que incluye como objetivo "concienciar" a los ciudadanos de la necesidad de contratar planes privados y seguros privados. Como objetivo concreto, el plan apunta a "la necesidad de previsión de la jubilación y fomentar la cultura aseguradora para gestionar los riesgos que se plantean a lo largo del ciclo vital",
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2014/07/29/el_gobierno_pliega_sector_financiero_para_favorecer_complementos_pension_publica_20079_1011.html
MÁS DE 77.000 TRABAJADORES AFECTADOS POR ERE EN LOS CINCO PRIMEROS MESES DEL AÑO
Dos de cada tres se vieron inmersos en procedimientos donde la causa alegada por la empresa era económica. La mayoría trabajaban en la industria, los servicios y la construcción.
El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas ascendió hasta sumar 77.298 afectados en los cinco primeros meses del año, según datos provisionales del Ministerio de Empleo. Siete de cada diez afectados (71,4%) por los procedimientos registrados hasta mayo eran varones y el 28,6% restante, mujeres.
De los 77.298 trabajadores afectados por ERE hasta mayo, casi dos de cada tres, 47.232 trabajadores, se vieron envueltos en un procedimiento por causas económicas.
Las empresas de 50 a 249 empleados fueron las que realizaron más despidos mediante ERE Dentro de este apartado, los procesos en los que las empresas alegaron pérdidas actuales afectaron a 27.167 trabajadores, mientras que la disminución del nivel de ingresos o de las ventas afectó a 9.846 empleados. La previsión de pérdidas utilizada por las empresas para justificar un ERE afectó a 442 trabajadores. Por otro lado, los trabajadores afectados por ERE de causas técnicas sumaron 888 hasta mayo, los afectados por causas organizativas totalizaron 6.949, los de producción ascendieron a 21.545 y los de fuerza mayor, a 684.
La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario. No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.
La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.
De los 77.298 trabajadores afectados por un ERE en los cinco primeros meses del año, 23.603 proceden de empresas de 50 a 249 empleados, 12.895 forman parte de plantillas de entre 10 y 24 trabajadores, y 11.412 son de empresas de 1 a 9 trabajadores. En las empresas de 25 a 49 trabajadores se registraron 10.533 trabajadores afectados, y en las de 1.000 a 4.999 hubo 4.895 empleados inmersos en un ERE. En las de más de 5.000 trabajadores en plantilla, los ERE registrados hasta mayo afectaron a 2.668 trabajadores.
Industria y servicios, los sectores con más afectados
La mayor parte de los trabajadores afectados por ERE autorizados/comunicados hasta mayo provenían de la industria (34.853), con un descenso del 62,2% respecto al año anterior, y de los servicios, que recortaron un 54,6% la cifra de trabajadores afectados, hasta sumar 33.032. En la construcción, los afectados totalizaron 8.965 (-53,5%) y en la agricultura, 448 (-62,1%).
Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo hasta mayo fueron Catalunya, con 10.409 trabajadores implicados (-62,6%); País Vasco, con 10.052 afectados (-54,8%); Madrid, con 9.696 implicados (-59%), y Andalucía, con 8.245 trabajadores afectados (-38,1%). En términos relativos, las regiones donde más descendieron los trabajadores afectados por ERE fueron Canarias (-71,8%), Asturias (-71,4%) y Cantabria (-64,6%). En todas las comunidades se registraron hasta mayo menos afectados por ERE que en el mismo periodo de 2013.
Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos descendió hasta mayo un 53,5% en tasa interanual, hasta sumar 16.634 trabajadores. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada afectaron a 43.739 trabajadores, un 60,8% menos, en tanto que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 55,4%, hasta los 16.925 trabajadores.
Del total de procedimientos registrados hasta mayo, 6.621 contaban con acuerdo entre las partes, un 52% menos que en los cinco primeros meses de 2013, mientras que 457 se efectuaron sin acuerdo, un 52,9% menos.
http://www.publico.es/espana/536161/mas-de-77-000-trabajadores-afectados-por-ere-en-los-cinco-primeros-meses-del-ano
LAS MUTUAS PODRÁN CONTROLAR LAS BAJAS DE LOS TRABAJADORES DESDE EL PRIMER DÍA
El Gobierno aprueba hoy el proyecto de ley que regula el sector
Las mutuas van a ganar margen de maniobra a la hora de decidir cómo gestionar las bajas y altas médicas de los trabajadores enfermos. Estas asociaciones de empresarios formalmente sin ánimo de lucro ya gestionan el 80% de los procesos de incapacidad temporal por enfermedad común o de un accidente no laboral. Si hasta ahora solo podían intervenir a partir del día 16 de la baja, por ejemplo para pedir una revisión al enfermo, la Ley de Mutuas, cuyo anteproyecto irá previsiblemente hoy al Consejo de Ministros, les permite controlar el proceso desde el primer momento.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin embargo, ha dado marcha atrás a la controvertida “alta presunta”, según el último borrador del texto legal. En anteriores borradores figuraba la posibilidad de que la mutua diera de alta a un trabajador de forma automática por silencio administrativo, es decir, si el médico no respondía en un plazo de cinco días a la propuesta. Según el último texto, si la mutua considera que el trabajador “podría no estar impedido para el trabajo”, formulará la propuesta de alta a la inspección médica de los servicios de salud, que tendrá que responder en cinco días hábiles. Si no la acepta, la mutua recurrirá a los inspectores del Insituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
El proyecto de ley ha levantado la oposición de las asociaciones médicas y los sindicatos. Estos últimos reclamaron en una reunión el lunes detener la reforma hasta aclarar la situación de varias mutuas con casos abiertos en los juzgados (Umivale, Mutua Universal o MAZ) o reclamaciones de la Seguridad Social, Fremap tiene varias pendientes que ascienden a más de 43 millones. Lo que, a la luz de lo previsto para hoy, ha sido descartado.
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/17/actualidad/1405625402_372611.html
ESPAÑA ESTÁ ENTRE LOS PAÍSES QUE MÁS RECORTA LA COBERTURA SOCIAL A LOS PARADOS
En los últimos cinco años, el porcentaje de desempleados que reciben prestaciones ha caído del 73,9 % al 46,9%, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo
La OIT ha presentado un estudio con las tendencias en materias de seguridad social de todo el mundo. En esa radiografía mundial España y sus políticas fiscales no salen bien paradas. "Los recortes a los empleos del sector público, la introducción del nuevo impuesto a la renta, el aumento del IVA al 21 por ciento, los recortes en las pensiones públicas", según la OIT "esas políticas afectan negativamente al sistema de protección social".
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado este martes en Ginebra su "Informe mundial sobre la protección social 2014/2015", en el que defiende que "la protección social es una herramienta política fundamental para reducir la pobreza y las desigualdades al mismo tiempo que estimular el crecimiento inclusivo al mejorar la salud".
Sin embargo, no todos los países respetan esa tendencia, "en 2014, 122 gobiernos están reduciendo el gasto público en prestaciones sociales", alerta Isabel Ortiz, directora del departamento de Protección Social de la OIT.
Durante las 358 páginas del informe, se cita en numerosas ocasiones a España y no precisamente para ponerla como un buen ejemplo. De hecho, la OIT dedica un apartado bajo el título 'Desde la expansión a la consolidación fiscal: Los ejemplos de Eslovenia y España'.
En ese capítulo se detallan como a raíz de la crisis España "ha disminuido el nivel de las prestaciones por desempleo contributivas". Para la OIT los recortes a los empleos del sector público, la introducción del nuevo impuesto a la renta, el aumento del IVA al 21 por ciento, los recortes en las pensiones públicas "esas políticas afectan negativamente al sistema de protección social", según ha explicado a la SER Helmut Schwarzer, técnico de protección social de la Organización Internacional del Trabajo.
Cada vez se ayuda a menos parados
Los técnicos de la OIT han medido por ejemplo los 'indicadores de cobertura eficaz', es decir, el porcentaje real de los parados que reciben algún tipo de prestación. En 2007, recibían esas ayudas el 73,9% de los parados. Sin embargo, solo cinco años después ese porcentaje se desplomó hasta el 46,9% (27 puntos porcentuales menos).
Otro de los aspectos negativos hace referencia al 'gasto público en protecciones sociales relacionadas con prestaciones familiares'. En ese ranking, España ocupa el puesto 26 entre los países con más ingresos, está por detrás de otros como Chipre, Eslovaquia, Alemania, Italia, Grecia, Malta, Portugal o Irlanda. (España apenas pasa al 1% del PIB, cuando la media europea llega al 2,2).
Con datos como este a la OIT le preocupa especialmente la situación de la infancia, y aquí de nuevo sale el nombre de España. "En el último año, más de un cuarto de niños en Bulgaria, Grecia, Italia, Rumania y España vivía en riesgo de pobreza. Este aumento de la pobreza infantil ha dado lugar a la preocupación por los efectos negativos a largo plazo en relación con el empleo y con las perspectivas de futuro de los niños", alerta la OIT.
En el estudio sobre protección social no se olvida que España recortó en 5 puntos porcentuales los salarios de los trabajadores de la sanidad, un recorte con consecuencias. "El Centro Europeo para el Control de Enfermedades advirtió que los riesgos graves de salud están surgiendo a causa de las medidas de consolidación fiscal introducidas desde 2.008. En concreto, en países como España, Portugal o Grecia donde el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud pública se ha visto seriamente limitada, por lo que se han reportado aumentos en la mortalidad y la morbilidad".
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/espana-paises-recorta-cobertura-social-parados/csrcsrpor/20140603csrcsrsoc_7/Tes
AUMENTO SIN PRECEDENTES DE LA POBREZA, LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA DESIGUALDAD
El Consejo Económico y Social teme que esta situación se haga crónica
El alargamiento de la crisis y los ajustes en el gasto social han provocado en España un aumento de los niveles de pobreza, exclusión social y desigualdad, según el Consejo Económico y Social (CES), hasta el punto de que advierte del riesgo de que la pobreza se convierta en nuestro país en una situación crónica.
Estas son algunas de las conclusiones de la Memoria de 2013, aprobada por el Consejo Económico y Social, el órgano consultivo del Gobierno en la materia. En ella se explica cómo a partir del comienzo de la crisis los sistemas de protección social españoles fueron paliando los efectos sobre la población desocupada o con menos recursos. Sin embargo, el alargamiento de la crisis y la reducción del dinero público para los gastos sociales, ha provocado, dice el CES, "un aumento sin precedentes de los niveles de pobreza, exclusión social y desigualdad" en nuestro país. El riesgo de pobreza y exclusión social afectaba ya en 2012 al 28% de la población. En ese momento el indicador de pobreza y exclusión, publicado por Eurostat, reflejaba un incremento en España de 5 puntos respecto al momento previo a la crisis. España es así el tercer país de la Unión Europea en aumento durante la crisis, detrás de Grecia e Italia.
La pobreza infantil se presenta como la más grave. En 2012 afectaba al 30% de los niños. Nuestro país es el segundo de la Unión Europea, con mayor pobreza infantil, detrás de Rumanía. Era una lacra ya importante antes de la crisis, pero que durante la misma se ha acentuado. Hasta ahora, las situaciones de pobreza son coyunturales en nuestro país, según el CES, pero la crisis puede hacer que se convierta en una pobreza crónica.
A su vez España es el país de la Unión Europea con mayores diferencias entre los que más ganan y los que menos. Esto se concreta en que, por término medio el segmento con mayores ingresos gana siete veces más que el que obtiene menos. Además, España es el cuarto país de la zona euro donde los ingresos por persona son más bajos, en relación a su poder de compra. En este panorama, los dispositivos con que cuentan los servicios sociales, no solo no son suficientes, sino que están disminuyendo.
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/aumento-precedentes-pobreza-exclusion-social-desigualdad/csrcsrpor/20140604csrcsreco_3/Tes
LAS FAMILIAS QUE COBRAN RENTAS DE INSERCIÓN SE DUPLICAN DESDE 2007
Las entidades sociales piden actualizar la prestación a la nueva realidad de la crisis
Un año antes de que explotara la crisis, en 2007, 103.071 familias en España recibían una renta básica de inserción, el último salvavidas destinado a aquellas personas que no tienen ningún otro ingreso y están en riesgo de exclusión por no poder cubrir sus gastos más apremiantes. Este número se ha duplicado en cinco años, llegando a las 217.358 registradas en 2012, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. que conceden las comunidades autónomas y cambia de nombre y dotación según el territorio, para adaptarla a la nueva realidad, la precariedad laboral y la pobreza sobrevenida.
La distribución geográfica de la ayuda está lejos de ser uniforme, lo que altera la interpretación de su alcance. La mayor tasa por cada 1.000 habitantes está en País Vasco, donde su Renta de Garantía de Ingreso (658 euros al mes) llega a 69.976 titulares. Al otro lado de la lista está Murcia, donde 1.876 personas recibieron la Renta Básica de Inserción en 2012, unos 300 euros al mes. El 61% de los receptores de estas ayudas son mujeres, según precisa Pilar Aguilar, técnica de la Fundación Instituto de Reinserción Social, ubicada en Cataluña. “Este tipo de prestación es eminentemente femenina”, explica.
El número de beneficiarios de la prestación no había parado de crecer en toda España desde 2002. Pero en 2012, por primera vez, se redujo el número de titulares de la ayuda en el recuento interanual, casi unos 6.600 menos, aunque el desglose territorial revela diferencias entre comunidades. Entre 2011 y 2012, 12 de ellas aumentaron el número de receptores. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se dobló, llegando a los 12.282, mientras que en el País Vasco bajó un 20% y se quedó en 69.976.
A falta de conocer los datos de 2013, algunos expertos creen que el descenso es un síntoma de que la ayuda está llegando al límite de su capacidad. “El incremento de beneficiarios se está frenando desde el 2009, pero esta moderación no se corresponde con el deterioro de las condiciones de vida actuales que reflejan los datos disponibles”, explica Guillermo Fernández, del equipo de estudios de Cáritas Española.
Desde 2011, debido a los recortes presupuestarios, varias comunidades modificaron los requisitos y la duración de la recepción de la ayuda. Las cantidades asignadas también están prácticamente congeladas. La media en 2012 fue de 420 euros, pero una vez más el desglose territorial muestra un desequilibrio. En Navarra es de 641 euros, mientras que en Murcia es de 300.
“En muchos casos las reformas de la prestación buscaban excluir a personas en situación de pobreza sobrevenida por la pérdida del empleo o la precariedad laboral, y hacían necesario demostrar una problemática social añadida”, explica el investigador Ernest Gutiérrez, autor del estudio Nueva Pobreza y Renta Mínima de Inserción, encargado por la mesa catalana de entidades del tercer sector. También se endurecieron las revisiones de la renta, para evitar la complementariedad con otras ayudas. O dejó de ser un derecho subjetivo para depender exclusivamente de las posibilidades presupuestarias.
“Los datos nos muestran que unas 800.000 familias deberían poder acceder a las rentas mínimas y el sistema solo está llegando a 200.000. Se pone mucho énfasis en la precarización de las clases medias, pero las que lo están pasando peor son las familias que ya venían con problemáticas de exclusión”, puntualiza Fernández.
El otro reto es que la prestación, en algunos, se vincula con procesos de inserción laboral. Pero la precarización del mercado de trabajo hace que en muchos casos aceptar un trabajo temporal implique poner en riesgo la recepción de la ayuda y tener que volver a iniciar el proceso, explica Aguilar. “Es necesario clarificar el papel de las rentas y reconceptualizar las contraprestaciones del beneficiario, pues el mercado laboral es incapaz de absorber esta población y eso genera una sensación frecuente de frustración”, dice Gutiérrez.
La inversión que realizan los Gobiernos autónomos también es muy desigual. Gutiérrez subraya que, a pesar del aumento en el presupuesto, la renta en Cataluña solo representa el 0,5% del gasto público de la Generalitat, entre cuatro y 10 veces menos que en Navarra y el País Vasco. Asturias triplica la cobertura de Castilla y León o Andalucía.
Desde Cáritas abogan por un complemento estatal que permita un mayor equilibrio entre territorios, vía el sistema de Seguridad Social, como se intentó con la extensión de las prestaciones de desempleo. “A medio plazo nos va a costar mucho mantener la exclusión”, explica Fernández. Desde la Mesa del Tercer Sector catalana creen que la apuesta debe ser por una renta mínima garantizada (que ya ha sido propuesta por los sindicatos a nivel nacional) y un programa de complementos de renta, orientados hacia los asalariados que están por debajo de la línea de pobreza.
“Las personas que reciben las prestaciones no se convierten en vagos”, apuntan con vehemencia desde Cáritas. “La gente quiere buscar trabajo, el resto es mitología neoliberal”, apostilla Guillermo Fernández.
“Yo no estoy así porque quiera”
Maite tiene 52 años. Está desempleada desde hace tres y solo ha logrado trabajos precarios como cocinera o fregando pisos por días, sin ningún tipo de estabilidad. Después de un ERE en una empresa en Barcelona, donde trabajaba como telefonista, no ha podido dar con un trabajo fijo. “¿Quién me va a contratar a mí, con esta edad?”, se queja.
Los 450 euros que recibe cada mes, como receptora de la renta mínima de inserción (RMI) catalana, están estrictamente controlados. Comparte piso con tres personas. “Si alguno tiene un problema con el dinero del alquiler, nos quedamos sin casa”, explica. Los recibos, la comida, la ropa, ayudar a su madre enferma… “Cualquier imprevisto se vuelve una tragedia”, apunta. Hace dos meses se le quebraron sus gafas. Una vecina le regaló una montura y otra la ayudó para los lentes. “Te desesperas. Quieres valerte por ti misma pero siempre estás al borde del precipicio”, asegura.
Una vez agotada la prestación de desempleo y con una enfermedad renal, los servicios sociales del Ayuntamiento le ayudaron a tramitar la ayuda. Desde entonces su vida es un carrusel entre los programas de formación de la Generalitat y las entrevistas de trabajo. Ha participado en algunas prácticas en hostelería, siempre sin remunerar. “Sientes que buscan mano de obra gratis, no que te quieran ayudar a integrarte laboralmente", se queja.
Como receptora de la RMI, Maite se enfrentó en 2011 a la revisión a gran escala que hizo la Generalitat, con la excusa de acabar con el supuesto fraude y optimizar el sistema. Miles de personas dejaron de recibir la ayuda sin previo aviso en pleno verano. “Vivir así no es vida. Que hagan las investigaciones que quieran, pero yo no estoy así porque quiera”, finaliza.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/06/actualidad/1402071875_822892.html
LOS PARADOS QUE YA NO BUSCAN EMPLEO CRECEN UN 21% DESDE 2011
El colectivo de desanimados sube a casi 500.000 trabajadores
Otro síntoma de que la duración de la crisis hace mella: el número de personas que ha dejado de buscar empleo porque creen que ya no van a encontrarlo ha subido de menos de 400.000 a comienzos de 2011 a 483.000 este año, un 21% más, según el estudio divulgado este miércoles por el INE sobre la evolución de la población activa. El incremento de los desanimados —así llaman los estudiosos del mercado laboral a este colectivo— sería todavía mayor si la muestra incluyera a quienes el desánimo les llevó incluso a salir de España. En el mismo trienio, 633.300 extranjeros en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) se han ido ante la imposibilidad de tener empleo.
En una sociedad que envejece como la española, y ya no recibe inmigración, un tercer factor que contribuye decisivamente al descenso de la población activa es el aumento de jubilados. En concreto, según la encuesta de población activa, desde 2011 hay 355.300 trabajadores retirados más, hasta los 5,9 millones.
El análisis por edad del aumento de los desanimados pone de relieve uno de los problemas más graves del mercado laboral español: las escasas oportunidades de volver a encontrar trabajo que tienen los parados de más edad. De hecho, son los mayores de 45 años los que acaparan casi todo el incremento del colectivo de desanimados. En cambio, entre quienes tienen menos de 35 años el número se mantiene bastante estable.
Por sexo, el desánimo laboral se ceba mucho más con las mujeres que lo hace con los hombres. De los casi 500.000, el 70% son mujeres.
Al comienzo del periodo analizado por el INE, la población activa todavía estaba creciendo. A pesar de que la segunda recesión de esta crisis golpeaba con dureza, la población activa aumentaba, entre otras cosas porque el fenómeno de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha tardado en frenarse pese a las dificultades económicas. No obstante, desde el tercer trimestre que marcó un máximo histórico (23,491 millones de personas en edad y disposición de trabajar que tienen o buscan empleo) la población activa ha caído en picado. En este momento la cifra ha retrocedido hasta los 22,889 millones.
El desplome de la población activa —una caída del 2,5% en poco más de año y medio es una magnitud considerable en este campo— ha evitado que pese a que España siga destruyendo empleo, al menos lo hacía durante el primer trimestre, el número de parados no supere la simbólica cifra de seis millones o que la tasa de desempleo no supere el 26%. También este fenómeno explica el hundimiento del paro registrado —el que solo cuenta, y no a todos, a los desempleados que se inscriben en las oficinas del antiguo INEM.
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/22/actualidad/1400786797_651324.html
LOS SALARIOS SIGUEN PERDIENDO PESO EN LA ECONOMÍA A FAVOR DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS
El último dato del primer trimestre de 2014 agudiza la tendencia de caída de la participación de las rentas del trabajo en la actividad económica
Los entresijos de la contabilidad nacional muestran sombríos hallazgos en la tendencia de una economía que no acaba de encontrar su punto de inflexión. Además de los inexplicables comportamientos del gasto público, que en el primer trimestre del año creció a su mayor tasa desde 1995, o de constatar que el único sector económico que sube es la agricultura, también se puede ver cómo la crisis continúa ampliando la brecha entre los trabajadores y los empresarios.
Así, en los tres primeros meses del año la remuneración de los asalariados cayó otro 0,6%. A este movimiento, palpable en la calle, se suma un incremento del 1,1% en la partida que comúnmente se conoce como beneficios y que se engloba en el excedente bruto de explotación (y que también incluye la inversión y las rentas de los autónomos). Así las cosas, los trabajadores ganaron menos en su conjunto y las empresas, más.
Estos dos datos puntuales del arranque del supuesto ejercicio de la recuperación apuntalan una evolución que ya se viene gestando desde el inico de la crisis. Con excepciones en algún trimestre, lo cierto es que la remuneración de los asalariados ha caído de forma consistente frente al refuerzo de los beneficios empresariales.
La consecuencia directa de estos dos movimientos ha sido el recorte, histórico, de la participación de la renta de los asalariados en la economía. En estos tres primeros meses del año, los trabajadores asalariados solo supusieron el 45,13% de la riqueza del país, prácticamente lo mismo que la riqueza que suponen los beneficios empresariales, y su nivel más bajo desde los registros que llegan a 1995. Cabe recordar que estas dos proporciones (a las que habría que sumar el casi 10% de lo que suponen los impuestos) no se dividen por igual. Hay menos de 14 millones de asalariados frente a los tres millones de empresas y tres millones de autónomos (muchos de estos coinciden al ser micropymes).
En el arranque de la crisis, los asalariados suponían más del 50% de la riqueza nacional frente el 42% que se llevaban las empresas. Así, mientras los trabajadores han perdido en estos cinco años cinco puntos de participación en la riqueza del país, los empresarios los han ganado. Los beneficios le han dado un buen mordisco a las nóminas.
Los datos detallados que proporciona el INE permiten conocer además qué actividades son las que han perdido más relevancia en la economía. Los trabajadores de la industria, que a principios de la década pasada llegaron a participar de más de un 10% de la riqueza nacional, ahora apenas reúnen el 7%. Los trabajadores de la construcción, que en su cénit allá por 2007 lograron hacerse con casi un 7% de la actividad económica, apenas suponen ahora un 2,61%.
Paradójicamente, y gracias al subidón del gasto público en el primer trimestre del año, los empleados públicos son los únicos que mejoran su peso en el PIB. Sin embargo, la evolución de sus remuneraciones está en línea con los fenómenos extraños que se dan en la partida de gasto público. Así, sus remuneraciones han crecido en este trimestre un 2,5% frente al anterior, pese a que en este no han cobrado la extra de Navidad. En este sentido, el trimestre que cobraron la extra, supuestamente su participación en la economía no varió, pese a suponer un chute de más de 5.000 millones de euros en nóminas. Inexplicable.
La tendencia española se enmarca dentro de un escenario global. En EEUU, la participación en la renta de los trabajadores también está en sus mínimos de los últimos 65 años, frente a los máximos de los beneficios empresariales. En total, los asalariados estadounidenses apenas sumaron en 2013 el 42,5% de la riqueza de Estados Unidos.
http://www.eldiario.es/economia/salarios-perdiendo-economia-beneficios-empresas_0_265274269.html
LA UE EXIGE A ESPAÑA REDUCIR EL NÚMERO DE CONTRATOS
La Comisión reclama que se vinculen más la búsqueda activa de empleo
Bruselas vuelve a poner deberes a España para afrontar una “elevadísima” tasa de paro. Y comienza por recomendar reducir la “segmentación del de trabajo en aras de la calidad y sostenibilidad del empleo”. Es decir, reducir las diferencias entre temporales y fijos. Para ello la Comisión le pide al Gobierno que reduzca “el número de tipos de contrato”.
Esta recomendación es la primera de los consejos que da Bruselas para solucionar los múltiples problemas de un mercado laboral con una tasa de paro cercana al 26%. El menú prosigue con la recomendación de continuar con las evaluaciones de las reformas laborales y pedir que se vigile “por que la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo”. Una forma, esta última, de reclamar que los sueldos no suban mucho hasta que no se anime el mercado laboral. También reclama Bruselas que España vincule más la percepción de prestaciones por desempleo a la búsqueda activa.
Guindos responde a Bruselas que España creará más empleo que la media europea
La lista no acaba aquí y retoma otras recomendaciones de años anteriores que España todavía no ha seguido: la reforma de las políticas activas, la vinculación entre las políticas de formación y educación a las necesidades del mercado laboral o la modernización de los servicios públicos de empleo.
La exigencia de una reforma laboral es una constante de la Comisión Europea. Ya no reclama cambios en la negociación colectiva -los hubo en la reforma de 2012- pero continúa exigiendo que se reduzca la segmentación entre temporales y fijos, lo que es una forma no expresa de reclamar que haya menos diferencia entre las indemnizaciones por fin de contrato de los trabajadores temporales y los despidos procedentes: 11 días por año trabajado (el año que viene serán 12) en el primer caso por 20 de los indefinidos. Pero el Ejecutivo ya rechazado en diversas ocasiones en los últimos meses este tipo de recomendaciones, la última vez la semana pasada ante un consejo similar del FMI.
En este campo, este Gobierno más bien ha caminado en dirección contraria, pues en la reforma laboral dee 2012 lo que hizo fue crear un nuevo tipo de contrato. A comienzos de año lo que hizo el Gobierno fue simplificar el número de formularios que existían para tramitar las contrataciones ante la Administración, pero rechazó reducir el número de contratos. "La simplificación de los modelos de contratos, introducida en enero de 201434, podría aumentar más la transparencia de la información acerca de las opciones de contratación para los empleadores. Sin embargo esta simplificación administrativa no viene acompañada de una simplificación del elevado número de disposiciones contractuales", analiza la Comisión en un documento de trabajo.
En este mismo documento, Bruselas vuelve a poner en duda la eficacia de la tarifa plana. "Existe el riesgo de que pueda acarrear un considerable coste fiscal en relación con sus efectos sobre la creación de empleo neto", explica.
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/02/actualidad/1401719325_362677.html
LA OIT REPROCHA AL GOBIERNO QUE NO NEGOCIARA LA REFORMA
LABORAL
El Comité de Libertad Sindical de la Organización
Internacional del Trabajo dice también que aspectos de esa
norma debilitan la libertad sindical
El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha publicado un
informe en el que critica la manera en que el Gobierno
acometió la reforma laboral de comienzos de 2012, así como
el decreto de julio de ese año que, entre otras cosas,
eliminó la paga extra de Navidad para los empleados
públicos. El organismo internacional entiende que el
Gobierno no negoció con los agentes sociales, no respetó los
acuerdos alcanzados antes entre empresarios y sindicatos,
que algunas de las disposiciones de la reforma debilitan la
negociación colectiva y merman la libertad sindical e invita
al Ejecutivo a negociar sobre esa norma con patronales y
representantes de los trabajadores. El informe no tiene
consecuencias prácticas para el Gobierno (es decir, no le
obliga a nada), más allá del revés que suponen las críticas
de una organización internacional a su comportamiento.
El informe es consecuencia de la queja ante la OIT contra la
reforma que pusieron en 2012 Comisiones Obreras, UGT y otras
organizaciones sindicales. El texto examina lo alegado por
los querellantes y las explicaciones del Gobierno, y sus
conclusiones son negativas para este último, en tres
frentes: no negociar con los agentes sociales, no respetar
los acuerdos previos y minorar la libertad sindical. Así, el
Comité "constata que en el proceso de elaboración [de la
reforma laboral], las organizaciones sindicales más
representativas no fueron consultadas sobre el texto", por
lo que recuerda al Gobierno "la importancia de consultas
detalladas y de que las partes tengan suficiente tiempo para
preparar y expresar sus puntos de vista, y discutirlos en
profundidad". Por eso "El Comité espera firmemente que en
adelante se respeten plenamente estos principios en materia
de consultas".
El Comité también lamenta que la reforma laboral aprobada en
febrero de 2012 alterase los contenidos del acuerdo
alcanzado poco antes (el 25 de enero) por sindicatos y
empresarios sobre mercado laboral, y "recuerda el principio
de que el respeto mutuo de los compromisos asumidos en los
acuerdos colectivos es un elemento importante del derecho de
negociación colectiva y debería ser salvaguardado para
establecer relaciones laborales sobre una base sólida y
estable". Y el Comité entra también en el contenido de la
reforma, al afirmar que "la elaboración de procedimientos
que favorecen de manera sistemática la negociación
descentralizada de disposiciones derogatorias menos
favorables que las disposiciones de nivel superior puede
desestabilizar globalmente los mecanismos de negociación
colectiva [...] y debilita la libertad sindical y la
negociación colectiva en violación de los principios
consagrados en los Convenios núms. 87 y 98 [de la OIT]".
Para los sindicatos, una victoria
UGT y CCOO han celebrado el informe del Comité que, aunque
no obliga a nada al Gobierno, le emplaza a que "promueva un
diálogo tripartito" sobre la reforma laboral y le recuerda
"la importancia de que las reglas esenciales del sistema de
relaciones laborales [...] sean compartidas en la mayor
medida de lo posible por las organizaciones de trabajadores
y de empleadores más representativas". "El Gobierno debería
reconsiderar su reforma", dice Toni Ferrer, Secretario de
Acción Sindical de UGT, "y sobre todo sacar una enseñanza:
que por la vía de la imposición no se avanza hacia
soluciones que sean efectivas". "El informe viene a darnos
la razón contra el decreto de reforma laboral", apunta Ramón
Górriz, Secretario de Acción Sindical de CCOO, que añade:
"el Gobierno debería razonar y debería derogar los aspectos
que plantea el Comité de Libertad Sindical".
Fuentes del ministerio de Empleo, por su parte, dicen que
están en desacuerdo con las valoraciones del informe y
sostienen que ha habido diálogo social y que lo sigue
habiendo; como ejemplo, señalan a la reciente reunión entre
Gobierno y líderes sindicales y empresariales en La Moncloa.
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/oit-reprocha-gobierno-negociara-reforma-laboral/csrcsrpor/20140327csrcsreco_5/Tes
LA SEGURIDAD SOCIAL DEJARÁ DE INGRESAR 2.750 MILLONES POR LA
TARIFA PLANA
Un estudio de CC OO calcula que 530.000 contratos podrán
acogerse a la cotización mensual de 100 euros
El Gobierno defendió que tendrá un impacto “neutro”
El Gobierno parece el único convencido de que la tarifa
plana de 100 euros mensuales para las contrataciones
indefinidas no tendrá impacto alguno en las cuentas de la
Seguridad Social. Dejó clara su hipótesis en la memoria
económica que acompañaba al decreto aprobado en febrero. No
obstante, primero fueron los economistas de la Fedea los que
desmontaron esta suposición en un rápido análisis. Ahora han
sido los de CC OO, los que en un completo estudio plagado de
datos y teniendo en cuenta todas las condiciones que dan
acceso a la ayuda han calculado que la Seguridad Social
dejará de ingresar 2.758 millones entre 2014 y 2016, los
tres años durante los que se extenderá la ayuda.
En el pasado debate sobre el estado de la nación, el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció una tarifa
plana de 100 euros en contingencias comunes (básicamente,
pensiones) para los contratos indefinidos que supusieran la
creación de empleo neto. Cuando la medida llegó al BOE a
comienzos de marzo, esta condición quedó muy entredicho.
Sobre el papel está escrita, pero el mismo decreto deja
abierta muchas grietas para no cumplirla.
Pocos días después, la medida llegó al Congreso para su
ratificación, y en la memoria económica el Ejecutivo afirmó
que “el impacto presupuestario anual resultaría neutral”
porque generaría un círculo virtuoso que acabaría por
estimular el empleo y compensar lo perdido por la rebaja de
cotizaciones. Con el refranero en la mano: lo comido por lo
servido.
Los economistas de CC OO discrepan. Su punto de partida,
como los de la Fundación de Economía Aplicada (Fedea), es
una teoría muy contrastada ya en la literatura económica:
“El mecanismo de bonificar la contratación es muy
cuestionado por su discutible eficacia para incrementar el
nivel y calidad de la contratación laboral y la permanencia
de dichos contratos una vez finalizado el periodo marcado
para percibir la subvención”. También tienen presente algo
que admite el propio Ministerio de Empleo en su documento
económico, que muchas de las contrataciones indefinidas se
hubieran suscrito, aunque no existiera la ayuda.
A partir de aquí comienzan los cálculos. Tomando la encuesta
de población activa (EPA) de 2013, calculan que casi 530.000
contrataciones indefinidas firmadas entre marzo y diciembre
pueden sobrevivir, al menos, durante tres años. La ventana
temporal de 10 meses se debe a que el periodo en que los
nuevos contratos indefinidos pueden acogerse a la medida
está abierto entre el 25 de febrero y el 31 diciembre. La
duración de, al menos, un trienio se debe a que una
condición para que las empresas puedan beneficiarse de la
ayuda es que mantengan la contratación durante al menos ese
tiempo.
A continuación, utilizan los datos de la Muestra Continua de
Vidas Laborales de la Seguridad Social para calcular el
salario medio de las nuevas contrataciones. Con ello estiman
una retribución bruta anual media de unos 14.684 euros para
los nuevos contratos indefinidos.
Estos datos les llevan a calcular que en 2014 y en 2015, la
Seguridad Social dejará de ingresar 1.260 millones cada año.
Para 2016, y puesto que para el tercer año la ayuda se
reduce al 50% de la cotización, la recaudación menguará en
238 millones. En total, 2.758 millones.
Vistos estos cómputos, hay un elemento que lleva a pensar
que el impacto en la caja del instituto público podría ser
mayor. En lo que va de año, la contratación se está
animando, por lo que las cifras de 2013 se quedan cortas.
La estimación de CC OO es más conservadora que la de los
economistas de Fedea. Estos últimos utilizaron los datos de
contratos de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) y,
también, las Muestra Continua de Vidas Laborales de la
Seguridad Social. Y su conclusión fue que sería de unos
2.500 millones al año. La diferencia entre una estimación y
otra se explica, principalmente, porque el estudio de la
Fedea parte de los datos de contratación del SEPE, y con en
ellos no se puede calcular cuántos compromisos llegan o
superan los tres años de vida. Los mismos autores de este
estudio advierten, en el blog Nada es gratis, que esto puede
haberles llevado a sobreestimar el impacto.
El análisis de CC OO concluye que la medida no busca tanto
estimular el empleo y la contratación indefinida como
compensar a los empresarios del aumento indirecto de cuotas
decretado antes de Navidad, cuando se incluyeron en las
bases de cotización las retribuciones en impuestos (vales de
comida, planes colectivos de pensiones, seguros médicos,
ayudas de guardería). “El peso muerto [nombre técnico con el
que se conoce al impacto en la recaudación de la medida
sobre contrataciones ya previstas] de la tarifa plana
durante sus tres años de vigencia coincide con la previsión
de recaudación adicional derivada de la nueva cotización de
las retribuciones en especie y que se estima en 900 millones
anuales (2.700 millones en tres años)”, subrayan en negrita
en el estudio los técnicos sindicales.
http://economia.elpais.com/economia/2014/04/11/actualidad/1397247439_569780.html
LAS EMPRESAS PODRÁN APROVECHAR LA ‘TARIFA PLANA’ SIN CREAR
EMPLEO NUEVO
El Gobierno permite que las empresas contraten nuevos
trabajadores con menor cotización mientras despiden a los
antiguos por causas económicas
Las exigencias para que las empresas puedan pagar apenas 100
euros de cotización a la Seguridad Social cuando firmen
contratos indefinidos, la llamada tarifa plana, se han ido
relajando conforme pasaba la semana. Tanto es así, que la
principal de ellas, la exigencia de creación de nuevos
puestos de trabajo, queda muy en entredicho, según se
aprecia en el decreto publicado ayer en el BOE. El Gobierno,
pese a que al anunciar la medida aseguró que estaba
destinada a aumentar empleo neto, deja la puerta abierta a
que las empresas aprovechen la ayuda para sustituir unos
empleados (los antiguos, por los que hay que pagar la
cotización íntegra) por otros (los nuevos, cuya cotización
será menor). También deja un hueco que permite la conversión
de contratos temporales en fijos sin incrementar la
plantilla.
La tarifa plana establece que los contratos indefinidos que
se firmen entre el 25 de febrero y el 31 de diciembre
contarán con una reducción muy importante de la cotización
en la parte correspondiente a las contingencias comunes
(léase pensiones) que pagan los empresarios. Sea cual sea la
base de cotización del trabajador pagarán 100 euros al mes
durante dos años. A ellos habrá que sumar el resto de
cotizaciones (seguro de desempleo, formación y Fogasa), algo
que en el caso de los sueldos más bajos eleva la factura
hasta los 147,4 euros por empleado, y en el de los más
altos, hasta los 315,7 euros.
Pero, en principio, para acceder a esta ayuda hay que
cumplir unos requisitos. El principal —“que se trate de
creación de empleo neta”, en palabras del presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy— se va diluyendo conforme llega la
letra pequeña. Para medir si una empresa incrementa su
plantilla, la Seguridad Social tendrá en cuenta el número de
trabajadores de la empresa durante los 30 días anteriores al
nuevo contrato.
Con esta redacción, el Ejecutivo deja la puerta abierta a
que una empresa en una mala situación despida por causas
económicas a un trabajador o a varios. Y poco más de un mes
después contratar a otros empleados acogiéndose a la ayuda.
La misma lógica se puede aplicar para convertir empleo
temporal en indefinido sin que haya “creación neta de
empleo”. Basta con que la empresa mande al trabajador al
paro un poco más de un mes, y tras ese tiempo, vuelva a
contratarlo.
Posteriormente el decreto detalla que para que una empresa
pueda beneficiarse de la tarifa plana debe, al menos,
mantener “tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel
de empleo total alcanzado, al menos, con dicha contratación”
durante tres años. Y a continuación, sin embargo, concreta
cómo “examinar el nivel de empleo”: deja fuera del cómputo a
los despidos individuales por causas objetivas (económicas,
organizativas, técnicas), una vía que se facilitó mucho en
la reforma laboral de 2012. Con lo que también podrá haber
despidos y reducciones del empleo neto tras los nuevos
contratos sin perder las ayudas.
Hay otro lunar. El Gobierno hará un examen anual para
asegurarse de que durante tres años se mantiene el nivel de
empleo. Comprobará que cada 12 meses la plantilla tiene el
mismo número de empleados fijos y temporales. No obstante,
el decreto nada dice de lo sucedido a lo largo de ese año,
si el número de trabajadores temporales fluctúa.
La relajación de las exigencias que Rajoy había anunciado ya
se apreció el viernes. Si en principio todas las empresas
que hubieran hecho despidos improcedentes quedaban durante
seis meses excluidas de usar la nueva ayuda, anteayer la
ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó que para este
requisito el contador se ponía en marcha desde el 25 de
febrero. Es decir, que los despidos improcedentes anteriores
al día del anuncio no cuentan. Y además, hay un detalle
técnico importante: la improcedencia debe ser sancionada por
el juez. Si a este punto se llega por un acuerdo a través de
un mediador o árbitro, tampoco será tenido en cuenta.
Al decreto de medidas urgentes para el fomento del empleo y
la contratación indefinida, nombre oficial de la llamada
tarifa plana, también podrán acogerse los contratos
indefinidos a tiempo parcial. El pago de 100 euros mensuales
quedarán en 75 euros si la jornada firmada es un 75% o más;
y caen hasta 50 euros, si la jornada se sitúa entre el 50% y
el 75%.
Entre los detalles que ya había adelantado Báñez y que
pueden leerse en el BOE, está la extensión de la ayuda para
las empresas menos de 10 trabajadores y los autónomos. En
estos casos, una vez pasados los dos años de tarifa plana,
habrá un tercero en que las contingencias comunes se reducen
al 50%. También había anunciado la ministra que la
devolución de las ayudas —si la empresa incumple las
condiciones— será gradual, en función del tiempo
transcurrido: el 100% si el incumplimiento se produce el
primer año; el 50% si se da en el segundo año y el 33% se es
en el tercero.
Sobre la eficacia de este tipo de ayudas generalizadas hay
bastante literatura económica, que concluye en que no
contribuyen a la creación de empleo. Tal vez en este caso,
al abrirse una ventana temporal hasta fin de año, se
adelante la firma de contratos indefinidos ya previstos.
Otra cosa es el estímulo que pueda darse a la contratación
fija. Teniendo en cuenta la gran diferencia de precio que va
a haber entre el empleo fijo y el temporal, cabe suponer que
se estimulará la contratación estable
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/01/actualidad/1393706276_735988.html
EL GOBIERNO DARÁ 6.000 MILLONES DE EUROS A EMPRESAS QUE
HUBIERAN CONTRATADO DE TODAS FORMAS
Muchos expertos alertan del efecto "peso muerto" de la
tarifa plana de 100 euros para indefinidos, que en realidad
premia la contratación que se hubiera efectuado igualmente
El Gobierno aprobó ayer la medida estrella que anunció Rajoy
en su discurso en el debate sobre el estado de la nación: la
tarifa plana de 100 euros a la Seguridad Social para las
empresas que hagan un contrato indefinido durante este año.
Aunque la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró el
viernes que el proyecto se ha aprobado sin contar aún con
una memoria económica, un cálculo rápido permite estimar el
coste aproximado que tendrá: si se hacen 842.000 contratos
indefinidos (la misma cifra que se registró en 2013 de marzo
a diciembre), supondrá al menos 6.000 millones de euros en
dos años.
En 2013 se registraron 1.134.949 contratos indefinidos, una
cifra parecida a la de otros años de crisis. Puede parecer
sorprendente en términos de destrucción de empleo, pero lo
cierto es que el mercado de trabajo crea y destruye millones
de contratos diferentes en un solo ejercicio.
De ese millón y pico de contratos, 842.147 se registraron
entre marzo y diciembre, que será el periodo de 2014 en el
que esté en vigor la nueva medida. Según Empleo, el ahorro
medio de cada empresa o, dicho de otro modo, lo que dejará
de ingresar la Seguridad Social por cada contrato, será de
3.520 euros anuales. Es decir, que el coste anual de la
medida sería de 2.964 millones anuales, una cifra que hay
que multiplicar por dos, ya que las empresas tendrán la
cuota bonificada durante dos años. En total: 6.000 millones
de euros.
A partir de este número de contratos que se efectúan de
forma habitual en la economía, se podría empezar a sentir un
cierto impacto de esta disposición. En este sentido, muchos
expertos alertan del llamado "efecto ganga" o "peso muerto"
de esta medida, es decir, que más que animar la nueva
contratación premia la que se iba a hacer igualmente.
"Son contratos que se hubieran hecho de todas formas. Es una
medida absolutamente publicitaria de escasos efectos. Este
tipo de reducciones se deben limitar a colectivos
específicos, como trabajadores de edad avanzada que hayan
sido despedidos o jóvenes con baja cualificación", señala
Ignacio Pérez Infante, que fue director general de Empleo y
es miembro de Economistas Frente a la Crisis.
Se puede dar además la circunstancia de que las empresas que
paguen sueldos de 26.000 euros o superiores abonen menos por
las contingencias comunes a la Seguridad Social que esos
mismos trabajadores. En el caso de los sueldos de 26.000
euros, esta reducción haría que la empresa pagara 1.200
euros por este concepto, mientras que el trabajador abonará
una cantidad similar. En sueldos superiores, por supuesto,
el trabajador pagaría más que la empresa por su seguro
social. Esta ausencia de discriminación hace que empresas
con beneficios millonarios, como un banco o una eléctrica,
que se beneficien de una medida así, lleguen a pagar menos
por la cotización que sus empleados.
También los sindicatos han sido muy críticos en este
sentido, porque consideran que una política de
bonificaciones y reducciones de cuotas generalizadas no crea
empleo. No así la patronal, que ve la medida con buenos ojos
y que lleva mucho tiempo reclamando una bajada de cuotas a
la Seguridad Social.
Más reducciones
La medida es una reducción de las cuotas a la Seguridad
Social y, como tal, implica que las arcas públicas dejan de
ingresar ese dinero. Es, por tanto, diferente a lo que
sucede con las bonificaciones: en este caso, el Servicio
Público de Empleo es el que se hace cargo de la parte de las
cuotas que se bonifican, de forma que ese dinero sí se
ingresa, aunque proceda de los Presupuestos Generales y no
de las empresas.
No obstante, Empleo espera que la medida anime la
contratación y que la llegada de nuevos cotizantes compense
a largo plazo lo que la Seguridad Social deja de ingresar
ahora. En cualquier caso, se ha optado por la reducción
porque desde el Ministerio de Hacienda se ha cortado
radicalmente el grifo para nutrir cualquier tipo de
estímulo.
Actualmente ya existen al menos 17 reducciones a la
contratación, algunas aprobadas desde la última reforma
laboral. Una de las más recientes es la reducción del 100%
de la cuota por contingencias comunes para las empresas de
menos de 250 empleados que hagan contratos a tiempo parcial
con vinculación formativa a menores de 30 años.
Las empresas pueden beneficiarse de ella durante dos años
como máximo y la medida estará en vigor hasta que el paro
baje del 15%, algo que no sucederá en años. Pero hay muchas
otras; por ejemplo, para que los autónomos y microempresas
contraten indefinidamente a jóvenes, o para los contratos en
prácticas.
http://www.eldiario.es/economia/exito-tarifa-plana-agujero-pensiones_0_233077446.html
CONTINÚA EL
AJUSTE DE PLANTILLA EL GOBIERNO ALECCIONARÁ A LOS CIUDADANOS PARA QUE CONTRATEN
FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS EMPLEO INFORMARÁ A LOS MAYORES DE 50 AÑOS DE SU
EXPECTATIVA DE PENSIÓN PARA QUE "TOMEN SUS DECISIONES" LA REFORMA DEVALUARÁ EN UNOS 1.500 EUROS ANUALES LA PENSIÓN MEDIA CC OO CALCULA QUE EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES BAJARÁ EL 28% EN 15 AÑOS EL GOBIERNO FACILITA LOS ERE AL INTRODUCIR RETOQUES A LA REFORMA LABORAL EMPLEO CREA UN BUZÓN ANÓNIMO PARA DENUNCIAR CASOS DE FRAUDE LABORAL
14 compañías del Ibex redujeron su número de trabajadores el
pasado año
Las principales cotizadas cerraron el año con una fuerza
laboral un 7,5% menor que en 2012
La necesidad de mantener los costes a raya, junto con una
legislación más favorable para ajustar la plantilla según
sean las necesidades económicas de las empresas, explican
que los grupos del Ibex 35 sigan reduciendo el número de
trabajadores por segundo año consecutivo. Las principales
compañías cotizadas españolas (sin incluir a ArcelorMittal)
cerraron el ejercicio 2013 con una fuerza laboral de 1,35
millones de personas, un 7,5% menos que un año antes. Hay
que tener en cuenta, sin embargo, que esta comparación se ve
afectada porque Telefónica ya no cuenta los trabajadores de
su antigua filial de atención al cliente, Atento. En
cualquier caso, las políticas de reducción de plantillas
siguen siendo una tónica bastante extendida ya que hasta 14
compañías lo hicieron el pasado año.
Sin tener en cuenta a Telefónica, la empresa que más recortó
su fuerza laboral en 2013 en términos absolutos fue FCC. La
plantilla media de la constructora bajó en 6.391
trabajadores. Tras la empresa de Esther Koplowitz se
situaron dos entidades financieras: Bankia (2.493 empleados
menos) y Banco Santander (2.262). Por el contrario, las
compañías que más aumentaron su plantilla medida durante
2013 fueron, por este orden, Ferrovial, Inditex (datos de su
primer semestre) y Abertis.
Por géneros, la caída del número de empleados fue más
acusada entre las mujeres. El número total de hombres en
nómina de los grupos del Ibex 35 a cierre de 2013 era de
787.533, lo que representa el 58,13% del total. En cambio,
hace un año el peso de los varones en esas mismas empresas
era solo del 56%. Las empresas con mayor presencia de
mujeres en su plantilla son Inditex (78% del total), DIA
(65,8%) y Banco Santander (55%).
En el índice selectivo hay cinco compañías que superan los
100.000 trabajadores: Banco Santander (189.373), ACS
(164.750), Telefónica (129.893), Inditex (121.319) y BBVA
(112.588).
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/28/actualidad/1393621471_692114.html
El Ejecutivo admite en una respuesta a IU que el programa
que impulsa el Banco de España y la CNMV incluye como
objetivo "concienciar" a los ciudadanos de la necesidad de
contratar planes privados y seguros
Cayo Lara, en rueda de prensa en la sede federal de IU el
pasado 7 de enero de 2014. EFE Cayo Lara, en rueda de prensa
en la sede federal de IU el pasado 7 de enero de 2014. EFE
El Gobierno admite que el Plan de Educación Financiera
puesto en marcha por el Banco de España y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el periodo
2013-2017 incluye como objetivo "concienciar" a los
ciudadanos de la necesidad de contratar planes privados y
seguros privados.
En una respuesta al presidente de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA),
Cayo Lara, que recoge Europa Press, el Ejecutivo apunta que
el objetivo del plan es "mejorar la cultura financiera de la
población, a fin de que los ciudadanos adopten decisiones
financieras ajustadas a sus características personales y
familiares, y a sus necesidades y expectativas, propiciando
una mejor gestión de los riesgos y una mayor estabilidad del
sistema financiero".
Y, como objetivo concreto, apunta a "la necesidad de
previsión de la jubilación y fomentar la cultura aseguradora
para gestionar los riesgos que se plantean a lo largo del
ciclo vital", una afirmación tras la que Lara ve la
intención de concienciar a los españoles de que deben
contratar pensiones privadas, y todo "sin hacer mención
alguna a los recortes ya ejecutados por el propio Gobierno
de Mariano Rajoy en las pensiones públicas de cara al
futuro".
"Las cosas no se producen por casualidad y, si relacionamos
este Plan con la carta informativa que el Ministerio de
Empleo ha decidido enviar a los cotizantes mayores de 50
años sobre la expectativa de pensión de jubilación, queda
claro que el objetivo final de todas estas casualidades es
que contratemos planes privados de pensiones, que es a lo
que el Gobierno cuando habla textualmente de 'decisiones
financieras ajustadas'. Acabáramos", ironiza el coordinador
de IU.
Además, el diputado considera "sorprendente y hasta cínico"
que el Gobierno de Mariano Rajoy vea necesario mejorar la
cultura financiera de los españoles para dar más estabilidad
al sistema financiero. "Demuestra que a quienes nos
gobiernan no se les ha encendido ninguna alarma ante un
mundo financiero crecientemente agresivo y ante las secuelas
que han dejado los productos tóxicos. Quienes sedujeron con
las hipotecas basura y unas preferentes delictivas
difícilmente van a ser capaces ahora de vacunar a nuestros
hijos contra esos males. Los pirómanos no pueden actuar a la
vez de bomberos", reprocha.
Por otra parte, el Gobierno indica en su respuesta que el
plan de educación financiera también se marca como objetivo
introducir estos temas en el sistema educativo obligatorio,
para que los niños conozcan "en fases tempranas" conceptos
como ahorro, endeudamiento o planificación de la inversión.
"El público infantil constituye uno de los segmentos de
población a los que se dirige toda una serie de actividades
en el marco del Plan de Educación Financiera, con el fin de
formar, desde el punto de vista financiero, a los futuros
adultos", insiste el Ejecutivo. Y, para ello, se marcan como
estrategia la difusión de las herramientas educativas
puestas en marcha en el programa, el fomento de la red de
colaboradores y el impulso de los convenios "para conseguir
llegar al mayor público posible".
"De niño me enseñaron que el saber no ocupa lugar, pero no
creo que vaya en esa línea una iniciativa interesada como
ésta y diseñada para inocular en nuestros escolares el
discurso único del capital", cree Lara, que acusa al
Gobierno de tener "una obsesión por controlar la mente de
los ciudadanos para convertirles en meros consumidores",
acusa Lara.
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2014/01/17/el_plan_educacion_financiera_del_gobierno_promovera_los_fondo_pensiones_privados_12439_1011.html
El ministerio lanzará en 2014 una campaña que meterá el
miedo en el cuerpo a muchos mayores de 50 años cuando se les
comunique la estimación sobre la cuantía de sus futuras
pensiones. El Ministerio dice que se limita a informar a los
trabajadores.
El ministerio de Empleo y Seguridad social quiere informar a
los trabajadores mayores de 50 años sobre su expectativa de
pensión que le quedara cuando se jubile. Este plan se pondrá
en marcha en 2014, presumiblemente a finales de año. El
ministerio prevé que en tres años esta medida se extienda a
todos los trabajadores.
Cada trabajador de más de 50 años recibirá una carta en la
que se le informará de la pensión que recibirá al jubilarse
de mantener sus bases de cotización y bajo la hipótesis de
que siga trabajando hasta la jubilación. El objetivo es que
cada ciudadano conozca con antelación suficiente el importe
estimado de su pensión una vez finalice su carrera
profesional, por lo que la información referente a la
pensión pública procedente de las entidades gestoras de la
Seguridad Social —Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) e Instituto Social de la Marina (ISM)— se debe
completar, según Empleo, con la que aporten las gestoras de
planes y fondos de pensiones y las mutuas de previsión.
Desde Empleo ponen como ejemplo de esta necesidad de
informar el caso de los autónomos: "Muchos de ellos cotizan
por lo mínimo y algunos no lo saben. Cuando vean su
expectativa de pensión tendrán más información para tomar
las medidas que crean más oportunas".
Aunque en la nota de prensa del propio ministerio, emitida
tras dar cuenta a los sindicatos y patronal de sus
intenciones, se hace en hincapié en que esta medida se toma
en virtud de lo contemplado en "la renovación del Pacto de
Toledo en 2011 y de acuerdo con la previsión sobre
obligaciones de la Administración de la Seguridad Social
contenida en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de
actualización, adecuación y modernización del sistema de la
Seguridad Social", es inevitable pensar o inferir que este
plan tiene una clara relación causa-efecto: meter en el
miedo en el cuerpo de los trabajadores al comprobar sobre el
papel que su pensión pública será bastante inferior a lo que
esperaban, lo que animará a muchos de ellos —a los que
puedan permitírselo— a contratar un plan de pensiones.
La presidenta de la patronal aseguradora, Pilar González de
Frutos, satisfecha, se ofreció este mismo lunes para ayudar
en todo lo que pueda
Empleo niega esta relación causa-efecto: "Nosotros lo que
hacemos es mejorar la información e informar a los
ciudadanos. Luego serán ellos los que tomen sus propias
decisiones. Nosotros sólo informamos de la pensión pública",
señaló un portavoz de Empleo a Público. Pero sería de
ingenuos pensar que este plan no supone echar una mano a los
fondos de pensiones de bancos y aseguradoras.
De hecho, la presidenta de la patronal aseguradora (Unespa),
Pilar González de Frutos, ofreció este mismo lunes en
paralelo su compromiso de mantener el mayor nivel de
información y ayudar en todo lo que pueda: señaló que las
aseguradoras pueden compartir con la Administración
elementos técnicos y otros criterios. Empleo, insiste, en
todo caso, en que su medida no tiene el propósito de
beneficiar a las gestoras privadas de fondos de pensiones.
Hay otra cuestión que también llama la atención: ¿Por qué de
momento sólo se informa a los mayores de 50 años, edad en
torno a la cual más planes de pensiones contratan, según las
estadísticas?
"Empezamos con los trabajadores de esta franja de edad
porque no se puede hacer una previsión de pensión fiable con
una carrera corta de cotización. Estos trabajadores ya
tienen unos cuantos años cotizados", aseguró el portavoz.
Sin embargo, también reconoció que hay ciertas decisiones
"que se toman a los 50 años y no a los 30 o 40", en clara
referencia, aunque sin citarlo expresamente, a la
posibilidad de contratar un plan de pensiones para
complementar una pensión pública que con las reformas del
PSOE y, sobre todo, la del PP, sufrirán un recorte
importante en el futuro.
En cuanto al coste económico, la campaña, que se pondrá en
marcha a lo largo de este año y también en principio
incluirá a los trabajadores en paro, no tiene aún un
presupuesto asignado: el portavoz del ministerio no ofreció
ninguna cifra concreta del dinero que se destinará a este
plan y se limitó a decir que ese dato se conocerá cuando se
desarrolle el Real Decreto que regulará esta medida.
http://www.publico.es/dinero/494907/empleo-informara-a-los-mayores-de-50-anos-de-su-expectativa-de-pension-para-que-tomen-sus-decisiones
La pérdida de poder adquisitivo acumulada en seis años por los pensionistas será de más de un 10% si la inflación se sitúa en torno al 2% de media anual
El Gobierno calcula un ahorro de 30.000 millones en nueve años
El Gobierno se ha quedado muy corto al evaluar cuánto reducirá el gasto en pensiones con la reforma que acaba de plantear. En el anteproyecto, difundido este lunes, el Ministerio de Empleo calcula que se ahorrará unos 33.000 millones en nueve años. Pero, para llegar a esa estimación, la Seguridad Social supone que la inflación solo será del 1% anual en ese periodo, una hipótesis que contrasta con la realidad de los últimos años. Con parámetros más ajustados, la cuenta se eleva de forma notable: si se toma una inflación del 2%, la utilizada por el Banco Central Europeo en toda la zona euro, el recorte entre 2014 y 2022 rondaría los 70.000 millones, más del doble que la estimación oficial. Y si en los cálculos del Ejecutivo se sustituye el 1% anual de inflación por el 3%, que ha sido el promedio de IPC en España desde el arranque de la zona euro, la reducción sobrepasaría de largo los 110.000 millones.
Este ahorro para las arcas de la Seguridad Social se traducirá en un recorte del poder adquisitivo de los pensionistas. La prestación media de un jubilado, según el último dato publicado, asciende a 13.746,88 euros al año, repartida en 14 pagas de 981,92 euros. Con la estimación del Gobierno (inflación del 1%), la pensión de 2019 será 638 euros inferior a lo que sería si no se aplica la reforma. Si la inflación en los próximos seis años se situara en el 2% anual, la devaluación acumulada en el mismo periodo equivaldría a 109 euros mensuales, unos 1.527 euros en todo el año. Con el 3% de inflación, lo perdido por los pensionistas llegaría a 2.460 euros, más de 175 euros en cada paga.
El recorte real del gasto puede duplicar la estimación oficial
La reforma que plantea el Gobierno tiene dos patas: cambiar la fórmula de actualización anual de las pensiones, ligada ahora al IPC, y relacionar la cuantía de la pensión con un nueva variable, la esperanza de vida a los 67 años. Ambas propuestas confluyen en el mismo objetivo, frenar el aumento del gasto en pensiones. Sin embargo, solo el primero, que entraría en vigor el próximo año —el parámetro ligado a la esperanza de vida no se incorporará hasta 2019— es el que influye en el recorte estimado hasta 2022.
Desde 1998, para actualizar las pensiones, se aprobaba cada año una subida anual, equivalente a la inflación esperada, anclada al 2% anual. Y si, en noviembre del ejercicio en curso, el IPC superaba ese porcentaje, se compensaba a los pensionistas. Las excepciones han llegado en los últimos años, cuando la crisis empezó a hacer estragos en las cuentas de la Seguridad Social. En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las congeló. Para 2012, Rajoy limitó la subida al 1% anual y se saltó la compensación por la inflación en noviembre. Para este año, el incremento inicial quedó en el 2% para los que cobran menos de 1.000 euros al mes (el 70% de los pensionistas) y el 1% para el resto.
Los años de bonanza no servirán para recuperar todo lo perdido
La reforma plantea sustituir el sistema vigente por una fórmula, elaborada por un comité de expertos, que vincula las subidas de las pensiones a los ingresos (cotizaciones) y gastos (pensiones) del sistema. A ese índice el Gobierno ha incorporado dos topes: un suelo (una subida del 0,25%) en el caso de que la fórmula refleje que los ingresos no son suficientes para financiar los gastos; y un techo (inflación más 0,25%), para cuando el sistema arroje superávit.
Las cuentas del Gobierno dan por hecho que el índice de revalorización reflejará una situación de déficit hasta, al menos, 2018. Es una estimación coherente con una economía que refleja tasas de paro superiores al 20% desde 2009, un desempleo que, según la previsión del propio Ejecutivo, no bajará del 25% hasta 2018. Y, en paralelo al descenso de cotizaciones, el número de pensionistas no dejará de crecer. Solo en 2022, según Empleo, la fórmula empezará a reflejar mejores ingresos.
Ese escenario lleva al Ejecutivo a aplicar el límite inferior de revalorización previsto (un incremento del 0,25%, poco más que una congelación de pensiones), o una cifra muy similar, en seis de los nueve años previstos. Es en ese periodo (2014-2019), donde se concentra el grueso de la reducción, que el Gobierno calcula por comparación con lo que subirían las pensiones “en ausencia” de los cambios introducidos. Es aquí donde Empleo da por hecho que, sin la reforma, las pensiones subirían un 1%. Y que el recorte viene dado por ese 0,75% de diferencia que se dejarían de aumentar las pensiones. Sobre el gasto total en pensiones, esa menor subida se traduciría en un ahorro de 809 millones en 2014, que se iría acumulando en ejercicios posteriores (incide también el aumento de pensionistas) hasta alcanzar los 33.000 millones hasta 2022.
La elección de ese incremento teórico del 1% para calcular cuánto ahorrará con la reforma se basa en que esa ha sido la subida aprobada por el Ejecutivo del PP para la mayoría de pensiones en los dos últimos ejercicios. En 2012, esa decisión llevó a una notable pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas (la inflación de noviembre fue del 2,9%). Este año, es muy probable que la inflación ronde ese 1%, pero será consecuencia de una combinación de factores (tasa de paro en máximos, actividad económica muy débil, subidas de impuestos como la del IVA dejan de pesar en el IPC) muy difícil de repetir. De hecho, en los últimos 14 años, solo en un mes de noviembre, el de 2009 (el año de la Gran Recesión), el IPC español se situó por debajo del 1%. El promedio de inflación en ese periodo es del 2,9% anual. Ni siquiera en la zona euro, habitualmente menos inflacionista que España, ese 1% es habitual: el promedio en el mes de noviembre desde 1999 se sitúa en el 2,1%.
Además los topes incorporados por el Gobierno a la fórmula que elaboraron los expertos dificultan la recuperación de poder adquisitivo perdido. Si la diferencia entre inflación y subida de la pensión es del 0,75%, como plantea el Gobierno (un IPC del 1% en comparación con tope mínimo del 0,25%), la pérdida de poder adquisitivo de un año malo solo se recupera cuando se suceden tres años buenos, pues lo máximo que puede subir la pensión es la inflación más 0,25%.
Con una estimación del IPC más cercana a lo ocurrido en los últimos años, el tiempo para recuperar el poder adquisitivo que pierden los pensionistas se eterniza. Una merma del 1,75% (inflación del 2%, tope mínimo del 0,25%) en un solo año malo requiere siete años buenos para compensar lo perdido. Si esa merma es del 2,75% (inflación del 3%), harían falta 11 ejercicios con superávit de ingresos para compensar un solo año malo. Las pérdidas de poder adquisitivo que anticipa el Gobierno hasta 2019 con la aplicación de su reforma exigirían entre 18 años (con una inflación del 1% hasta 2022) y 71 años (si el IPC es del 3%) consecutivos de superávit de ingresos en el sistema de pensiones. Otra evidencia más de que la simple aplicación de esta reforma, sin propuestas adicionales, lograría el objetivo de frenar el gasto en pensiones a expensas del poder adquisitivo de los jubilados.
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/17/actualidad/1379446937_982105.html
El sindicato denuncia que las prestaciones dependen de decisiones del Gobierno
El Gobierno estudia este viernes la reforma de las pensiones
El Gobierno defiende que su propuesta de reforma de pensiones no va a castigar el poder adquisitivo de los pensionistas. Los sindicatos y la oposición piensan lo contrario, y CC OO le ha puesto cifras. Según esta central, la aplicación de la doble fórmula de ajuste que el Ministerio de Empleo ha puesto sobre la mesa supondrá una devaluación de las pensiones de entre el 15% y el 28% en 15 años.
Empleo propone que las pensiones dejen de actualizarse año a año según el IPC. En su lugar, apuestan porque lo hagan con una fórmula que tenga presente la salud de las cuentas de la Seguridad Social a la que le pone un suelo (0,25%) y un techo (IPC más 0,25%). La responsable del ministerio, Fátima Báñez, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, afirman que de esta forma las pensiones nunca se congelarán —algo que hizo el PSOE en 2011— y se garantiza el poder adquisitivo a largo plazo.
Según los cálculos de CC OO esto no es cierto ya que la devaluación puede llegar hasta el 28,3% en 15 años. Y además, si estos vaticinios se cumplieran y a partir del año decimosexto la situación de la Seguridad Social permitiera subidas por encima del IPC —con un límite del 0,25%— serían necesarios 113 años para recuperar la caída, un plazo que se antoja muy largo para un pensionista.
Además, según denuncia Comisiones en el informe, no es verdad que la reforma planteada y que este viernes estudiará el Consejo de Ministros "aísle las pensiones del debate electoral, ya que la mayoría de datos utilizados en la fórmula dependerán de decisiones anuales del Gobierno".
El sindicato aprovechará una reunión convocada para esta mañana con representantes del Ministerio de Empleo para proponer al Gobierno una alternativa. "CC OO va a trasladar a la mesa de negociación, además de su discrepancia con los plazos y procedimientos con que se quiere abordar esta nueva reforma del sistema de pensiones; una batería de medidas alternativas para actuar sobre el sistema en el corto, medio y largo plazo", añade el texto.
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/13/actualidad/1379067490_192615.html
• El nuevo decreto ley limita las demandas individuales y las causas de nulidad
• Dice buscar más "celeridad" y "seguridad jurídica"
Los retoques a la reforma laboral ya han comenzado. El decreto ley sobre pensiones para trabajadores a tiempo parcial modifica también varios artículos del Estatuto de los Trabajadores cuya redacción actual era fruto de la reforma laboral. Los cambios introducidos son limitados, pero en su mayoría tienen un denominador común: facilitan los expedientes de regulación de empleo (ERE) de las empresas.
En la nueva norma, entre otras cosas, se acota el tamaño de las comisiones negociadoras de los ERE, se limita a una sola mesa la negociación aunque haya varios centros de trabajo, se exime a las multinacionales extranjeras de presentar sus cuentas consolidadas, se tasan las causas de nulidad y se entorpecen las reclamaciones a través de demandas individuales.
El decreto ley insiste en varias ocasiones en que trata de reforzar la seguridad jurídica. “Es crucial tanto para las empresas como para los trabajadores”, dice la exposición de motivos. La aplicación de la reforma laboral por parte de los tribunales ha sido desigual y el Gobierno echa en parte la culpa a eso de que no haya desplegado todos sus efectos. Con todo, el Gobierno la considera todo un éxito pese a que se hayan perdido un millón de puestos de trabajo en año y medio, contando el trimestre en que entró en vigor.
Ahora, llega una vuelta de tuerca. El Gobierno señala que se trata de “mejoras técnicas” en los ERE “para evitar la litigiosidad y la saturación de los órganos jurisdiccionales del orden social, cumplir con el principio de celeridad consagrado legalmente y propiciar una mayor seguridad jurídica”.
Lo primero, se clarifica cómo se negociarán los ERE, suspensiones de contrato, medidas de movilidad geográfica o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Habrá una única mesa negociadora, con lo que desaparece la posibilidad de que la consulta se realice de forma separada por centros de trabajo. Además, se prevé que la comisión negociadora esté integrada por un máximo de 13 miembros en representación de cada parte, saliendo al paso de algunos problemas provocados hasta ahora por la falta de límites.
Junto con eso, en la nueva norma se establece que aunque la comisión de los trabajadores debe quedar constituida antes del inicio del periodo de consultas, su falta de constitución no impide ni la apertura ni el transcurso de las consultas. La empresa deberá comunicar “de manera fehaciente” a los trabajadores que va a realizar un ERE. Desde entonces, se da un plazo de siete días para constituir esa comisión (ampliable a 15 en algunos supuestos), momento a partir del cual empieza a contar el plazo del periodo de consultas.
Las multinacionales extranjeras también lo tendrán más fácil, pues la necesidad de presentar cuentas consolidadas cuando el despido colectivo sea en una empresa perteneciente a un grupo se restringe a los casos en que la “sociedad dominante tenga su domicilio en España”.
Las multinacionales extranjeras también lo tendrán más fácil para los despidos colectivos
Asimismo, el decreto ley cambia la regulación procesal de los despidos colectivos y restringe las posibles causas de nulidad de los ERE (que conlleva la reincorporación de los trabajadores a sus puestos) “únicamente” a los casos en que no se haya realizado el periodo de consultas, entregado la documentación requerida y cumplidos los demás trámites del procedimiento o se hayan vulnerado los derechos fundamentales y libertades públicas. Así, podrán declararse improcedentes ERE que no cumplan con el fondo (las circunstancias económicas), pero no podrán ser declarados nulos si la empresa cumple los trámites. Esta norma no tendrá efectos retroactivos sobre ERE ya realizados.
Se limita, también sin carácter retroactivo, la posibilidad de las demandas individuales contra los despidos colectivos. Se precisa que tendrán efecto de cosa juzgada tanto la sentencia en la demanda colectiva como el acuerdo de conciliación judicial. Por ello, las demandas individuales quedarán limitadas a “aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda” colectiva.
http://economia.elpais.com/economia/2013/08/04/empleo/1375642090_052601.html
La página web del ministerio permitirá notificar en secreto incumplimientos laborales y de Seguridad Social
Para la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “el Estado de bienestar español y las conquistas sociales alcanzadas” están en peligro. Y no, la crisis no tiene la culpa. La gran amenaza se llama fraude laboral y, ante tamaño desafío, la ministra ha recurrido a un arma inesperada: el chivatazo ciudadano. Si sabe usted de una tienda que contrata a gente sin contrato, de un vecino que trabaja en negro o de alguien que cobra el paro de forma irregular, el Ministerio le invita a entrar en su página web y rellenar un formulario de forma anónima. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) tomará el relevo y, en su caso, investigará las presuntas "conductas fraudulentas e insolidarias".
Báñez ha anunciado este lunes, en una carta abierta a los medios, esta medida que completará el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que su departamento puso en marcha hace año y medio. El Ministerio llama así a cualquier persona que conozca incumplimientos de la normativa, "ya sea laboral, de Seguridad Social o de prevención de riesgos", a informar a la ITSS sin necesidad de aportar ningún dato personal.“Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude”, defiende la ministra.
"El buzón solo recogerá información sobre las presuntas irregularidades de las que se tenga conocimiento", explica Empleo, que pide que los datos sean lo más detallados posible para que, si lo considera oportuno, pueda planificar las actuaciones "de la forma más adecuada".
Por otra parte, cuando el denunciante quiera ser considerado parte o interesado en el procedimiento deberá presentar una denuncia formal en la que tendrá que aportar todos sus datos personales y "utilizar las diferentes vías para el registro formal de la denuncia".
Más de 60.000 prestaciones de desempleo retiradas por fraude
En la misma carta, la ministra ha comunicado que, en el primer semestre de 2013, se retiró la prestación de desempleo a 60.004 personas que la cobraban de forma indebida, un 14,8% más que en el mismo periodo del año pasado. Los infractores carecían de "disponibilidad para el empleo" o incumplían "los requisitos de acceso y de mantenimiento" de la prestación. La medida ha supuesto un ahorro de 915,2 millones de euros, 119 millones más que en los seis primeros meses de 2012.
Báñez también ha resaltado que se han aumentado en un 30,5% las infracciones de empresarios que emplearon a gente que cobraba el paro o que facilitaron indebidamente el acceso a las prestaciones por desempleo.
El ministerio ha detectado, asimismo, a 5.833 trabajadores que compatibilizaban de forma fraudulenta las prestaciones con el trabajo, o que las han obtenido irregularmente, un 28,88 % más que en el mismo periodo del año pasado.
Báñez ha reconocido que queda "aún mucho trabajo por hacer" para acabar con un problema que, según ella, "ataca el corazón de nuestro Estado de Bienestar y las conquistas sociales alcanzadas con el esfuerzo de todos".
http://economia.elpais.com/economia/2013/08/05/actualidad/1375719332_798011.html
EL HERMANO DE BÁÑEZ DICE QUE TENÍA UN AVISADOR PARA IR A TODOS LOS SUELOS DE ANDALUCÍA
Reconoce ante la jueza Alaya que se esforzó poco en la oferta por Mercasevilla y que sabía que tenía pocas probabilidades de ganar el concurso para la enajenación de los terrenos.
El juzgado afirma que Construcciones Juan Robles no presentó ni oferta técnica, ni oferta social, ni cláusula de revalorización y que ni siquiera en la oferta económica de 105 millones enunció cantidades distintas de los mínimos reflejados en el pliego de condiciones.
Tanto Eduardo Báñez como el resto de empresarios imputados niegan ante la jueza Alaya la existencia de un concierto para que el concurso fuera finalmente concedido a Sanma.
Eduardo Báñez García, hermano de la ministra Fátima Báñez, consejero delegado de Construcciones Juan Robles, ha reconocido ante el juzgado que investiga las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla que se esforzó poco en la oferta presentada por su empresa y que sabía que tenía pocas probabilidades de ganar, por lo que fue al mínimo esfuerzo y al mínimo gasto, añadiendo que iba a todos los suelos de Andalucía porque tenía un avisador para ello, y que ya había acudido en Sevilla a varios concursos.
El otro hermano que comparecía ante Alaya, también como imputado, Juan Nicolás Báñez García, ha asegurado que no tuvo participación alguna en el concurso puesto que dejó de trabajar para las empresas de su familia en septiembre de 2005 y que nunca ha trabajado para Construcciones Juan de Robles, formando su propia empresa a partir de esa fecha para realizar proyectos y pequeñas reformas, ya que es arquitecto.
El juzgado instructor que dirige Mercedes Alaya, que investiga este causa, ha señalado antes de tomarles declaración que ambos imputados, en connivencia con Sanma, con Mercasevilla y con el resto de las empresas licitadoras, favorecieron con sus raquíticas ofertas, que tanto por su contenido como por su apariencia se asemejaban a ofertas de relleno, a que la oferta ganadora fuera la de Sanma, pues todas salvo ésta incumplían intencionadamente algunas de las prescripciones del pliego, hechos que pudieran podrían ser constitutivos de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.
Según consta en la declaración de Eduardo Báñez García este viernes ante Alaya, a la que tuvo acceso eldiario.es/andalucia, la estrategia de su empresa ha sido siempre la de comprar suelo barato, como ocurría en el presente caso, ya que era barato el precio de salida, según ha dicho en respuesta a la pregunta de la jueza respecto a por qué realizó su empresa la oferta que se le exhibe tan alejada de las prescripciones del pliego. Eduardo Báñez ha añadido que como su empresa no tenía derecho sobre los terrenos de Mercasevilla, por eso se esforzó poco en la oferta (en concreto, el coste de presentarse a este concurso fue de 300 euros, según fuentes cercanas al caso).
La jueza entiende que no presentó ni oferta técnica, ni oferta social, ni cláusula de revalorización y ni siquiera en la oferta económica (de 105 millones) enunció cantidades distintas de los mínimos reflejados en el pliego de condiciones. El imputado ha negado que algunas de los participantes, ya fuera Sanma u otras, o Mercasevilla, le indicara que presentara ese tipo de oferta, o que alguien le ofreciera algo a cambio de que hiciera esa oferta tan poco ventajosa para su empresa, así como que el concurso iba a ser dirigido para que lo ganara Sando.
Eduardo Báñez ha reconocido que tenía pocas probabilidades de ganar pero que, aunque las posibilidades fueran bajas, había acudido a algunos concursos en los que había quedado segundo y por no haber conseguido el primero financiación, se lo adjudicaron a él. En este sentido, ha añadido que, como tenía pocas posibilidades de ganar no quiso invertir en realizar ningún proyecto técnico, porque tenía pocas probabilidades de quedárselo, pero no ninguna.
El hermano de Fátima Báñez ha indicado ante Alaya que su empresa tenía unos fondos propios de 4 millones de euros y, preguntado si iba a tener capacidad suficiente para adquirir una financiación por 105 millones de euros, ha manifestado que ha habido otras empresas que han tenido menos fondos propios y que han hecho inversiones más grandes.
El procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, que ofertó 106 millones pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga, ascendente a 158 millones, por lo que la jueza deduce que hubo "un posible concierto" entre Mercasevilla y Sanma.
Alaya también le ha cuestionado a Báñez sobre que la finca se describiera en el pliego como libre de cargas y gravámenes y luego se otorgara la máxima puntuación por el derecho de superficie a Sando, manifestando Báñez que efectivamente le sorprende, que el pliego de Condiciones no es correcto y que, si se le hubiese adjudicado el terreno, hubiera reclamado y exigido que le quitaran la carga.
Todos niegan el concierto
El total de siete empresarios han negado este viernes la existencia de un concierto para que el concurso para la adjudicación de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla fuera finalmente concedido a Sanma.
El primero empresario en declarar fue Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de RealiaBussiness, que señaló que la firma de la oferta para comprar los suelos de Mercasevilla no pasó por el Consejo de Administración de la empresa ya que era un asunto que dependía del departamento de Promociones, añadiendo incluso que en el momento de la firma para el concurso, suscrita en Sevilla, él se encontraba en Madrid.
José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa, ha señalado igualmente a la jueza Alaya que desconocía que su firma había ofertado por dichos suelos, según fuentes del caso, que "no esperaba ganar" el concurso y que se presentó al mismo "como quien se presenta a un examen sin haber estudiado".
En tercer lugar, y según informa Europa Press, ha comparecido Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de administración de Sociedad Azucarera Larios, que ha explicado que contaba con un consejero delegado que "se encargaba de todo" y que hasta la presentación de la oferta para pujar por los suelos de Mercasevilla su empresa "no había hecho nada" en Sevilla.
Por su parte, Martín Eugenio Sánchez-Ramade, presidente de Edamar (empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007), ha reconocido "no saber mucho" del concurso, añadiendo que disponía de un equipo técnico que le asesoraba.
Asimismo, Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario, ha reconocido que trabaja como comercial y que le dieron la propuesta de oferta ya hecha y con un poder, por lo que se limitó a presentarla sin ni siquiera mirársela.
La juez también tomó declaración a Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense. En esta causa, y además de los citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.
http://www.eldiario.es/andalucia/hermano-Banez-avisador-suelos-Andalucia_0_143136538.html
MÁS DE SEIS MILLONES DE PARADOS
La EPA cifra en 6.202.700 el número de desempleados y la tasa de paro en el 27,16%
Nunca antes en España había habido tantas personas sin trabajo
El número de ocupados también empeora y retrocede a niveles de hace una década
Mientras los mercados alivian la presión, el paro no da tregua. La prima de riesgo ha caído y se ha alejado de las zonas críticas que habitaba el verano pasado. En cambio, España ya cuenta con más parados que nunca, 6,2 millones, la tasa de desempleo supera el 27% —entre los jóvenes el 57%— y el mercado laboral apenas afloja el ritmo de destrucción de empleo: 322.300 puestos de trabajo menos en un trimestre que hay que sumar a los 3,5 millones que ya se habían destruido previamente, según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2013. Los síntomas de agotamiento en el mercado laboral se agolpan y el horizonte de mejora todavía queda lejos.
La segunda recesión de esta ya larga crisis, que comenzó a mitad de 2011, deja hasta ahora un balance distinto al de la primera. El perfil del empleo que se está destruyendo es muy distinto del que se evaporó a comienzos de la crisis. En 2008 y 2009, básicamente perdieron su trabajo jóvenes menores de 35 años poco formados que tenían contratos temporales y trabajaban en la construcción o en la industria afín. Ahora, sin que haya cesado la sangría por esta vía, la destrucción de puestos de trabajo ya no hace discriminación alguna por edades, también se ceba quienes tienen contratos fijos y erosiona sectores hasta ahora inmunes, como los empleados públicos y los cualificados.
“Todavía quedan varios trimestres, posiblemente un año para que volvamos a una situación similar a la de la primera mitad de 2011”, de tímida mejora del empleo, pronostica el catedrático de Economía Josep Oliver, en línea con lo que apuntan los servicios de estudios privados o los organismos internacionales. “Desde este punto de vista, lo que va a hacer mañana [por este viernes] Rajoy, es crítico”. Para entender lo que está pasando en el mercado laboral, Oliver cree esencial señalar que hay un antes y un después del verano de 2011 y la crisis de confianza en el euro que se desató entonces. Para ello da un dato, el 43% de todo el empleo destruido durante la crisis ha llegado después de ese hito y España suma un año completo con tasas de destrucción de empleo superiores al 4,5%. Por eso, para él es fundamental lo que vaya a hacer este viernes el Gobierno o lo que suceda en Italia con la formación del nuevo Gobierno, precisamente la confianza en la supervivencia del euro se resquebrajó hace ya casi dos años por lo que sucedió en Roma con Berlusconi en el Ejecutivo.
Para combatir esa crisis de confianza, Europa optó por recetarse a sí misma una dieta rigurosa de austeridad. Y eso, si se analiza el mercado laboral, se ha traducido directamente en la caída del empleo público. Más aún en España, donde la reforma laboral aprobada en febrero del año pasado contenía varios cambios dirigidos a facilitar el despido en este colectivo. La consecuencia en el último año ha sido la destrucción de 260.000 empleos en la Administración, sobre todo en las comunidades autónomas. Esta caída, sin embargo, no se ha notado en las empresas públicas, que en el último año han aumentado su plantilla agregada en 11.600 personas, casi 160.000. Y eso, pese a que el Ejecutivo anunció que iba a reducir el número de empresas públicas.
El alivio de Semana Santa no llegó
La jibarización de la Administración agudiza el batacazo del sector servicios, que en el primer semestre perdió 170.500 empleos. Ni la Semana Santa, que este año cayó en marzo, evitó el golpe. También perdió efectivos la industria. La caída de los servicios públicos y del sector secundario se traslada directamente a la rescisión de contratos fijos, que en el último año ha perdido 384.500 empleos indefinidos.
También el trabajo temporal ha sufrido la dureza de la recesión en el último año, 414.000 eventuales se han quedado en paro. Esto explica la caída de la tasa de temporalidad a un históricamente bajo 22%. La lucha contra los contratos eventuales ha sido una batalla que ha ocupado a todos los Gobiernos, de cualquier color político. Lo triste es que la reducción de la llamada dualidad del mercado de trabajo llega por la destrucción de empleo y no por el éxito de las políticas de empleo.
Desde que la crisis comenzó a hacer mella en el empleo ya han pasado cinco años y medio. Los momentos de alivio han sido breves y escasos y eso se aprecia en datos como el paro de larga duración. En este tiempo, el número de parados que lleva más de un año sin trabajo casi se ha multiplicado por ocho, hasta sumar casi 3,4 millones de personas.
La peor cara de este dato es que la mayoría de ellos no perciben ingreso alguno. Los servicios públicos de empleo cuentan que hay poco más de tres millones de parados que reciben prestación o subsidio. Pero atendiendo a la norma —un parado puede cobrar el seguro de paro durante un máximo dos años y luego un subsidio— es lógico pensar que muchos de ellos ya han perdido esa ayuda.
También la población activa muestra los síntomas de la duración de la crisis y las dos recesiones que arrastra España. Entre enero y marzo, el número de personas en edad y disposición de trabajar encadenó cuatro trimestres a la baja por primera vez. Perdió 234.000 efectivos y quedó en 22,8 millones.
El desánimo laboral explica este comportamiento que se ha traducido en el último año en la salida de España de decenas de miles de extranjeros, que ante la falta de expectativas laborales —la tasa de paro entre los no españoles es del 39,2%— deciden regresar a sus hogares.
Hay otro punto en el que se nota, el número de inactivos que han pasado a este colectivo porque han perdido la esperanza de encontrar un empleo ha crecido en el último año y ha pasado a ser de 476.000 personas. En solo un año este colectivo ha pasado del 1,4% al 2,7% del conjunto de inactivos.
"Que no ciegue el mal dato"
Con estas cifras sobre la mesa, el Gobierno ha optado por dejar las valoraciones en manos de los segundas espadas del Ministerio de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y de Empleo, Engracia Hidalgo. Ni Rajoy ni la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ni los responsables de carteras económicas hicieron valoración pública alguna. Jiménez Latorre optó por un análisis técnico al afirmar que el mal dato se debía a “a la profundidad y la duración de recesión”.
En el PP, las valoraciones quedaron en manos del portavoz oficial, Carlos Floriano, que pidió “que no ciegue ese mal dato para comprobar cómo la política económica está dando buenos resultados a nivel macroeconómico”. Por el PSOE, en cambio, sí que habló su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque lo hizo por Facebook: “Nadie duda de que su reforma laboral [en referencia a Rajoy] y su desastrosa política económica solo producen sufrimientos estériles”.
Sí que hizo una valoración pública el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo: “Es un día negro porque viene a constatar las peores previsiones que alguien pudiera haber realizado, es una situación dramática, ya no valen paños calientes o lamentarse con que nos imponen políticas desde la Unión Europea”, informa Mercè Pérez. UGT, por su parte, exigió al Gobierno un gran pacto por el empleo porque el dato “refleja de forma palmaria que el principal déficit es el de empleo”.
A la hora del análisis, CEOE optó por destacar la desaceleración de la destrucción de empleo, que en términos anuales era del 4,78% a finales de 2012 y del 4,58% en el primer trimestre. “Es necesario seguir apostando por medidas de flexibilidad en el mercado laboral”, defendió en el capítulo de propuestas.
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/25/actualidad/1366872244_350515.html
A LA MINISTRA DE LOS 6 MILLONES DE PARADOS SÓLO LE HA DADO TRABAJO EL PP
Báñez, licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, sólo ha tenido cargos políticos vinculados al PP. Incumple la máxima que Floriano trasladó ayer a los cachorros del partido: que lleguen "cotizados" y no se conviertan en "profesionales de la política". En el Ministerio aseguran que Báñez trabajó en las empresas de su familia.
La ministra de Empleo y Seguridad Social ha vuelto a la actualidad tras publicarse ayer los pésimos datos de paro, que superan los 6,2 millones de parados y la tasa del 27%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) Cada mes que pasa, Fátima Báñez debe enfrentarse a los reproches que le recuerdan, además, que junto a estos datos que contradicen las promesas y previsiones del Gobierno y según todos los currículos publicados tanto de forma oficial como en las distintas webs, ella no tiene más experiencia laboral que sus cargos políticos, desde consejera de Radio y Televisión de Andalucía (1997-2000) hasta su cargo actual en la mesa del Consejo de Ministros, pasando por su escaño en el Congreso de los Diputados (2000 hasta hoy) o sus responsabilidades en el PP andaluz. Un portavoz del Ministerio, sin embargo, ha aclarado a Público que Báñez sí tiene experiencia en el sector privado y, antes de dedicarse de lleno a la actividad política, trabajó en las empresas de su familia conforme a sus estudios superiores. Si no figura en los currículos más que su experiencia en política es por expreso deseo de la ministra.
Conforme a estos datos publicados, Báñez sería una representante de lo que su compañero y número tres del partido, Carlos Floriano, llama "profesional de la política", figura que el propio vicesecretario general del PP denostó ayer con vehemencia en su discurso ante los jóvenes de las Nuevas Generaciones (NNGG) durante la clausura del Foro Regeneración Democrática. "Creo que a la política debéis venir cotizados, es decir, haber trabajado en otra cosa antes y no ser profesionales de la política", recomendó Floriano, además, pidiéndoles que acaben sus estudios para aportar "más riqueza" a la actividad política.
Precisamente, Floriano y Báñez son de la misma edad (1967), ambos estudiaron Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas, aunque el número tres del PP -recoge Wikipedia- es doctor en Derecho (con sobresaliente cum laude) y profesor titular (por concurso) de "Economía Aplicada del Departamento de Economía Aplicada y Organización de Empresas de la Universidad de Extremadura, actualmente en situación de servicios especiales por su condición de diputado a Cortes". Además, ha publicado el manual Economía y Derecho: Una aproximación al análisis económico del Derecho. Con todo, Floriano empezó también pronto a dedicarse a la política, pues fue presidente de NNGG entre 1990 y 1995 y visecretario regional del PP de Extremadura entre 1993 y 1996. En 1995 fue elegido diputado autonómico hasta 2008; senador por Extremadura desde 2003 hasta 2008, y diputado en el Congreso desde 2008 hasta ahora.
Estrella en Twitter
La ministra de Empleo ha sido estrella de Twitter en varias ocasiones por sus polémicas declaraciones, primero, por anunciar su récord en el conocido juego de móvil BubbleShooter. Cuando la ministra publicó un entusiasta "¡Obtuve 5390 puntos en BubbleShooterAdventures!" logró eclipsar ese día, incluso, las informaciones sobre Rajoy, aunque ella explicó posteriormente que su hijo fue el responsable del tuit al jugar con su teléfono. Ayer mismo, Báñez volvió a convertirse en trendingtopic en Twitter gracias a los comentarios irónicos sobre la ocasión en que la titular de Empleo salió en todos los medios encomendando a la Virgen del Rocío la creación de puestos de trabajo
http://www.publico.es/454360/a-la-ministra-de-los-6-millones-de-parados-solo-le-ha-dado-trabajo-el-pp
NUEVA FÓRMULA PARA REVISAR LAS PENSIONES
• Un informe remitido por Empleo aboga por retrasar la edad de retiro
• También propone subir el tiempo para cobrar la pensión máxima y cambiar el vínculo con el IPC
• Las medidas entran en las posibles consecuencias de la revisión del factor de sostenibilidad
El Gobierno ha creado un grupo de expertos para que le ayude a definir la gran reforma de pensiones que se avecina: la creación del factor de sostenibilidad. Pero más allá de lo que digan esta docena de sabios, el Ejecutivo tiene claros varios conceptos. Primero pretende que afecte a todos los jubilados, presentes y futuros; segundo, sabe los cambios que quiere y su dirección: aumentar la edad de jubilación —plantea la posibilidad de que vaya más allá de los 67 años después de 2027—, desligar la marcha de las pensiones del IPC y exigir más tiempo cotizado para cobrar la totalidad de la pensión. Pocas opciones más caben cuando se habla de crear una fórmula automática que ajuste los parámetros básicos de un sistema de pensiones, el llamado factor de sostenibilidad. Tal vez una, subir los ingresos, es decir, más cotizaciones. Pero el mismo documento de la Seguridad Social que apunta las líneas a seguir descarta esta última.
El grupo de 12 expertos se reunió por primera vez el pasado miércoles. Dos días después sus componentes recibieron una memoria, de 51 páginas, titulada Informe sobre el factor de sostenibilidad, en el que la Seguridad Social señala la dirección partiendo de lo que han hecho otros países de la Unión Europea. El informe no plantea un catálogo de reforma cerrado. Pone sobre la mesa los parámetros a modificar y señala diversas opciones para cada caso. Pero sí deja un punto muy claro: quiere que esta vez la reforma afecte a pensionistas presentes y futuros. “El factor de sostenibilidad debería afectar a las pensiones iniciales y a las existentes”, apunta en la página 14.
Esta frase no es baladí. Si la reforma afectara solo a los jubilados futuros, el ahorro que procediera de ella se notaría muy poco al comienzo. En cambio, si ya lo notan los jubilados actuales aumenta su potencial de ahorro desde el principio.
Báñez dice a los sindicatos que este viernes no se tocarán ni las pensiones ni el paro
En la misma oración, el documento matiza: “Las modificaciones aprobadas hasta la fecha en la UE inciden de manera más específica sobre las pensiones iniciales”. Pero no cierra el párrafo sin dejar claro incluso por donde puede afectar la reforma a los pensionistas actuales: “Existen mecanismos de modificación de los sistemas de indexación”. Es decir, que el Gobierno quiere acabar con la relación directa que hay entre la marcha del IPC y la actualización anual de las pensiones.
“La revalorización de pensiones supone un coste muy importante para los sistemas de Seguridad Social”, continúa el documento. Para demostrarlo, pone cifras: de los casi 100.000 millones de euros que se gastaron en pensiones contributivas en 2011, 26.860 procedían de las revalorizaciones anuales.
¿Y qué propone el Ejecutivo para aliviar la carga? Apunta dos posibilidades. La primera toma como ejemplo lo que sucede en Alemania, donde además de los precios se tiene en cuenta la relación entre cotizantes y pensiones. La segunda plantea que se tenga en consideración la marcha del PIB, los ingresos y la ratio cotizantes/pensiones, lo que se traduce en “una posible propuesta” de usar una relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. En el ejercicio de simulación que hace el documento, se muestra que cualquiera de las dos fórmulas se hubiera traducido en los últimos años en incrementos menores que el IPC.
Cambiar el mecanismo de actualización anual atañe solo a un parámetro. Pero hay dos más que probablemente acabarán cambiándose con el factor de sostenibilidad. Uno de ellos es la edad de jubilación, que el Ejecutivo plantea que vaya más allá de la edad legal de jubilación a los 67 años después de 2027, cuando acaba el periodo transitorio que ha comenzado este año y que irá elevando la edad de retiro paulatinamente de 65 años a 67. Sería ya en 2028, cinco años antes de lo que contemplaba la reforma de pensiones de 2011. En ella se recogía la obligación de crear el factor de sostenibilidad en 2027, que actuaría por primera vez en 2032.
No es la única posibilidad que plantea este documento sobre cambios en la edad de jubilación. El Gobierno también abre la puerta a no mover los 67 años como edad legal, pero compensándolo con la opción de acabar con la excepción que permite retirarse a los 65 años cuando un trabajador acumula una carrera de cotización larga (38,5 años).
Por último, la Seguridad Social propone exigir más de 37 años para tener derecho a cobrar la pensión completa. De hecho, el informe hace referencia a que en Europa el listón suele estar en 40 años.
Todas estas propuestas acabarán se van a analizar por el comité de expertos, que elaborará su propio informe a finales de mayo. De ahí pasará al Congreso, donde el Gobierno puede sacar adelante sus propuestas asentado en su mayoría parlamentaria.
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/24/actualidad/1366805584_486344.html
BÁÑEZ LLAMA “MOVILIDAD EXTERIOR” A LA FUGA MASIVA DE JÓVENES DEL PAÍS
La ministra destaca que su departamento trabaja para que el "talento huido por la crisis" vuelva
Asegura que buscan dar soluciones al "más de un millón de ni-nis" que hay en España
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este miércoles que su departamento trabaja para conseguir que los jóvenes que quieran buscar oportunidades fuera de España puedan hacerlo, porque "a eso se le llama movilidad exterior", pero también permitiendo que "el talento huido por la crisis" pueda volver y encontrar oportunidades laborales en su país, y ha instado a los socialistas a contribuir a este objetivo.
La tasa de paro entre los jóvenes cerró 2012 sobre el 55%. Esto es, que más de uno de cada dos españoles de menos de 25 años que quiere trabajar no tiene empleo, lo que les convierte en el colectivo más afectado por la crisis junto a los mayores de 55 años. Ante la falta de salidas que les ofrece el mercado laboral español, la opción que escogen muchos de ellos al acabar los estudios es dejar el país, tal y como demuestran los datos de la EPA. Según la última de estas encuestas publicadas, correspondiente al último trimestre de 2012, el número de jóvenes en condición de trabajar cayó en 133.000 a lo largo del pasado año.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, la diputada del PSOE María González Veracruz ha preguntado a la ministra por las medidas que está adoptando ante la "tragedia cada día mayor" que constituye el "exilio económico" que sufren los jóvenes españoles ante la falta de empleos aquí.
"Es verdad que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, han salido de España en busca de oportunidades por la crisis; eso se llama movilidad exterior. Pero esa realidad no empezó ayer: 50.000 jóvenes emigraron con el anterior Gobierno socialista", ha recordado Báñez, que ha apuntado además que esa idea de movilidad lleva aparejado el concepto de "intercambio" y destacando que también hay ciudadanos europeos que viven en nuestro país.
"Trabajamos para que quien quiera salir, salga, pero que el talento huido por la crisis vuelva cuanto antes. Este Gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos para que, tras quince meses de reformas sin descanso, el país pueda volver a crecer y a crear empleo. Y en ese conjunto de reformas hemos dado atención prioritaria a la situación de los jóvenes, porque son un colectivo con menos oportunidades, dado que uno de cada dos no tiene empleo", ha destacado.
Mala situación incluso en época de bonanza
Por este motivo, Bánez ha señalado que el Gobierno lleva meses trabajando con los agentes sociales para acordar una Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven que recoge un centenar de medidas que "dan respuesta a las diferentes situaciones" posibles: para el "más de un millón de ni-nis", para quienes están preparados pero nunca han tenido una primera experiencia laboral, para los que se han quedado en paro por la crisis o para quienes prefieran optar por el autoempleo.
Según ha recordado Báñez, esta estrategia se materializará en más de dos millones de acciones y beneficiará a un millón de jóvenes en los próximos cuatro años. "Es una estrategia abierta, porque ésta no es una cuestión de un Gobierno ni de un partido ni de un sindicato ni de una organización empresarial. La cuestión de la empleabilidad y el empleo de los jóvenes es cuestión de todos", ha zanjado, animando a la oposición a contribuir con sus propuestas durante la tramitación parlamentaria del decreto de apoyo a los emprendedores como proyecto de ley, que ya se ha iniciado.
No obstante, la ministra también ha recordado que el colectivo juvenil sufre una situación laboral precaria "incluso en tiempos de bonanza" porque hasta con crecimientos económicos positivo su tasa de paro se situaba en cotas "demasiado elevadas" del 18%. "La situación de los jóvenes nunca ha sido satisfactoria", ha insistido.
González Veracruz ha aceptado el guante lanzado por la ministra y ha asegurado que su grupo ya trabaja en las aportaciones que harán a la Estrategia. "Esperamos que acepten algo, y no como suelen hacer", ha matizado a renglón seguido. Además, la diputada ha asegurado que esta "tragedia insostenible" que supone el "exilio" juvenil al extranjero en busca de un empleo "se podía haber evitado" y aún "se puede parar". "Es su dedo el que invita a demasiados jóvenes a coger su maleta e irse lejos de su tierra, como tuvieron que hacer sus padres y sus abuelos. Y si abandonar nuestro hogar es duro, más duro es que sea por medio del engaño, porque muchos jóvenes confiaron en que ustedes iban a generar miles de empleos", ha espetado.
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/17/actualidad/1366187892_058898.html
BÁÑEZ DICE QUE LA REFORMA LABORAL HA CUMPLIDO SU OBJETIVO
Toda la oposición carga contra las medidas de recortes que han incrementado el paro
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha afirmado hoy que la reforma laboral ha cumplido en su primer año el objetivo de “moderar la destrucción de empleo y el incremento del paro”. Durante su comparecencia ante la comisión de empleo del Congreso de los Diputados, Báñez ha ensalzado las ventajas de esta reforma que, según sus datos, ha provocado una caída de los expedientes de regulación de empleo (ERE) del 19,3% al 15,4%. En su opinión el mejor balance de la reforma es que “ha alejado la sombra del rescate”.
Además, ha afirmado que la nueva estrategia de empleo podrá incentivar la creación de 400.000 contrataciones para jóvenes menores de 30 años, especialmente los que no tienen experiencia laboral o son desempleados de larga duración.
Ante este análisis todos los grupos de la oposición le han recordado que en el 2012 se han destruido 823.000 empleos y que la previsión realizada hoy por el Banco de España es que la tasa de paro alcance este año el 27,1%, lo que supondría una cifra cercana a los 7 millones de desempleados.
La ministra ha presentado una batería de estadísticas para intentar demostrar que la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP que han sido refutadas con otros datos por parte de la oposición. Pero Báñez ha enfatizado que “ninguna economía es capaz de crear empleo neto con esta situación”, lo que ha sido apostillado por la oposición en el sentido de que, efectivamente, con los recortes de todo tipo y la “obsesiva” estrategia de reducción del déficit solo se ha conseguido una “caída libre” de las rentas del trabajo, en palabras de la portavoz el PSOE, Concha Caballero.
“Si su objetivo era el empleo, su gestión no puede calificarse más que de fracaso”, resumió el diputado de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, que ha responsabilizado del deterioro del mercado de trabajo a los “ajustes suicidas” aprobados por el Gobierno.
El diputado de CiU, Carles Campuzano, ha aprovechado la ocasión para pedir al Gobierno que relaje las previsiones de cumplimiento del déficit a las comunidades autónomas. “No se les puede pedir a las autonomías al borde del colapso que se hagan cargo de las ayudas a las personas que expulsa el sistema por los recortes”, ha dicho Campuzano.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/banez-reforma-laboral-desempleo-contratacion-2349558
26.03.13LOS COSTES DEL DESPIDO PARA LAS EMPRESAS BAJAN UN 23% CON LA REFORMA LABORAL
Los costes salariales por trabajador sufren su mayor descenso en 17 años con un 3,6%· El descenso medio de lo que cuesta reducir plantilla coge fuerza en el cuarto trimestre
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España es el país de la UE donde más bajan los salariosLa entrada en vigor de la reforma laboral el pasado febrero ha permitido a las empresas reducir con fuerza el dinero que se gastan en despidos. Según los datos que ha publicado este viernes el INE, el coste medio por trabajador de los despidos ha bajado un 23% en el cuarto trimestre de 2012 con respecto al mismo periodo de 2011. El descenso es el más acusado registrado desde el inicio de la crisis y confirma que cada vez es más barato despedir.
La reforma laboral, que empezó a funcionar en el segundo trimestre, generalizó el contrato con una indemnización de 33 días por año trabajado, facilitó los expedientes de regulación de empleo con 20 días por año y abrió la puerta a los despidos colectivos en la Administración. En los tres primeros meses de aplicación, el descenso en los costes por ajustar plantilla fueron del 12%. En el tercer trimestre, la caída se agudizó hasta el 17% y, en el tramo final de 2012, alcanzó el 23%.
La evolución a la baja en los costes del despido ha tenido lugar al mismo tiempo que se seguía destruyendo empleo en España, que va ya por su sexto año consecutivo de aumento del paro. Sin embargo, mientras los ajustes de plantilla realizados al inicio de los problemas se cebaron en los temporales, más baratos para las empresas en caso de despido, la persistencia de la crisis ha acabado por llevarse por delante también a un buen número de indefinidos. A este respecto es destacable que el mayor descenso de los costes por despido haya tenido lugar mientras los que salían de las empresas eran los que tenían contrato fijo, lo que confirma que el primer efecto de la reforma laboral ha sido el de abaratar el despido pese a que fue concebida para atajar el paro y animar la creación de empleo.
Además del coste medio por trabajador que las empresas destinan a los despidos, también bajan con fuerza las percepciones no salariales, que registran un descenso del 15,6%. Este recorte se explica, añade el INE "por el descenso de las indemnizaciones" y de otras percepciones no salariales como pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo o selección de personal.
Fuera del apartado de los despidos, el dinero que las empresas destinan a pagar el salario de sus trabajadores desciende un 3,6% a cierre de 2012 con respecto a un año antes, lo que equivale al mayor recorte de los sueldos en 17 años. La media, según la encuesta del INE, baja a 1.946 euros. Si a esta cantidad se le suman las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que ascienden a 569 euros, el coste laboral también cae, un 3,2%, hasta los 2.598 euros de media.
En cuanto a las horas trabajadas, la jornada laboral se reduce un 1%, con lo que el coste laboral por hora desciende en un 2,2%.
http://economia.elpais.com/economia/2013/03/15/actualidad/1363348216_230959.html
Un año después de su aprobación, la ley no ha servido ni para crear empleo ni para detener el paro, los objetivos con que fue concebida
El tiempo no pasa en balde, y aquellos propósitos con que nacía la reforma laboral hace un año parecen ahora ciencia ficción. "La reforma propuesta trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social. Esta es una reforma en la que todos ganan, empresarios y trabajadores, y que pretende satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos", dice el texto aprobado por el Gobierno del PP en febrero de 2012.
El resultado: la tasa de paro ha aumentado un 13,2%, el número de ocupados se ha reducido en 850.000 personas, el despido por causas objetivas (indemnizado con 20 días por año) se ha incrementado un 49%, los expedientes de regulación de empleo han aumentado un 66%, y los sueldos han perdido poder adquisitivo a medida que pasaban los meses y los descuelgues salariales promovidos por las empresas hacían acto de presencia. Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha habido 30.000 trabajadores afectados por la inaplicación de los convenios.
A la vista de estos efectos, hasta quienes apoyaban la nueva legislación ahora se muestran mucho más cautos que hace un año. E incluso se plantean repetir la frase que incluye la exposición de motivos de la ley, eso sí, referida a anteriores reformas del PSOE: aunque bienintencionada, ha sido fallida.
"El balance del primer año de la reforma es que ha sido desequilibrada e incompleta. Por el lado positivo, ha facilitado la flexibilidad interna y, en consecuencia, ha permitido que en muchos casos en lugar de recurrir a despidos se hayan ajustado las condiciones (horas, salarios) para evitarlos y hacer frente a la situación adversa. Sin embargo, dado el momento de crisis en que estamos, también ha facilitado mucho la flexibilidad externa (despido por causa objetiva) y se ha producido una verdadera sangría de puestos de trabajo. Esta medida no debiera haberse tomado en situación de crisis económica, sino más tarde. Tampoco ha evitado de ningún modo la dualidad contractual. Se siguen haciendo contratos temporales a pesar de las reformas introducidas, y por tanto para esto tampoco ha servido", sostiene Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora de Fedea.
El paro aumenta un 13% en el último año y los despidos baratos un 49%
Para los sindicatos mayoritarios, los efectos del primer año de la ley no han podido ser más adversos. "La reforma laboral impuesta por el PP ha confirmado nuestros peores presagios. Ha incumplido sus objetivos, puesto que no ha creado empleo ni reducido el paro. La contratación ha caído con carácter general un 3,6%, la ocupación ha bajado el 5% y el paro ha aumentado el 13%. Lo que demuestra el fracaso de las políticas basadas en los recortes y en la reducción de los derechos de los trabajadores", afirma Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT.
"La legislación no ha servido para generar trabajo, sino para duplicar el ritmo de destrucción de empleo y para que los salarios bajen en términos nominales. Ha desequilibrado la posición de los trabajadores en relación con los empresarios, que han abusado de ella para destruir puestos de trabajo", afirma el responsable del gabinete económico de CC OO, Miguel Ángel García. En 2009, por cada punto de descenso PIB (que bajó un 3,6%) se destruyeron 470.000 empleos en el sector privado, en tanto que en 2012 se han destruido 500.000 por cada punto de caída, a pesar de que el retroceso de la riqueza nacional haya sido del 1,3% en vez del 3,6%, añade.
Claro que el Gobierno no está de acuerdo. Xabier Thibault, director general de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hace "una valoración positiva de la reforma. Como también acaba de comunicarnos el Fondo Monetario Internacional. Pretendíamos sustituir flexibilidad externa por flexibilidad interna para evitar una mayor destrucción de empleo y así ha sido. Las empresas están reduciendo las condiciones de trabajo de sus plantillas en vez recortar el empleo". En su opinión, si no se hubiera puesto en marcha, la pérdida de puestos de trabajo hubiera sido muy superior a la actual. Aunque el ministerio no ofrece datos sobre la aplicación de las medidas alternativas al despido, Thibault asegura que las congelaciones y rebajas de sueldos han permitido salvar los 30.000 empleos que se han visto afectados por los acuerdos de descuelgue.
La flexibilidad interna empieza a dar frutos en algunas empresas, como así corrobora el responsable de recursos humanos de Logista, Ramón Cuellas, que ha utilizado la reducción de la jornada para esquivar los despidos. Según Cuellas, la reforma laboral ha facilitado el ajuste de la economía que no se podía hacer devaluando la moneda y que en el futuro sí contribuirá a que se cree empleo.
Las medidas de flexibilidad evitan 30.000 extinciones, según Empleo
Aunque esta estrategia no es precisamente la más extendida, según aseguran algunos de los directores de recursos humanos que se han encargado de implementar las medidas que incorpora la nueva regulación. "Las empresas nos hemos lanzado a prescindir de personal de mucha antigüedad en este primer año y no hemos aprovechado las medidas de flexibilidad interna que reclamábamos", indica la responsable de personal de una multinacional que pide anonimato y que "ha aplicado la reforma laboral para abaratar costes de despido, gracias a indemnizaciones de 33 días en vez de 45".
"Sabíamos que el primer efecto de la reforma iba a ser la destrucción de empleo, pues muchas compañías estaban esperando la regulación para despedir, que es lo que han hecho. Y ello, junto a la contención de los salarios, ha permitido que la productividad de las empresas aumente. Si se hubiera aprobado la legislación en otro escenario económico menos adverso, no se habría destruido empleo", sostiene la profesora de IE Business School Gayle Allard, quien confía en que, una vez que crezca la economía a finales de este año, esta normativa ayude a generar puestos de trabajo. Algo que también comparte David Díaz, socio del despacho de abogados Baker & McKenzie, quien cree que a la recuperación le queda más tiempo.
"Pensar que con una legislación se puede arreglar la situación del mercado laboral español es engañarnos. Y en todo caso, hasta que no se produzca la expansión económica, la ley no podrá mostrar sus efectos positivos", mantiene Miguel Ángel Malo, profesor de economía de la Universidad de Salamanca. En su opinión, es difícil valorar qué parte del deterioro del mercado de trabajo se debe a la reforma y qué parte al empeoramiento económico, agudizado tras el verano.
Malo considera que en lo que más se aprecia la introducción de la ley es en la redistribución de los tipos de despido, ya que ha eliminado el despido exprés y llevado las indemnizaciones de 45 días por año trabajado hacia 20 días; y en el deterioro de la calidad del empleo.
Rebaja salarial y cambios de jornada y turnos, las medidas más usadas
El magistrado José Ángel Folguera lo tiene claro. En los juzgados madrileños ahora entran unas 18.000 demandas de despidos al mes, en vez de las 12.000 mensuales del año pasado. Y las cantidades que reciben los afectados tras la conciliación han pasado de 33 días por año trabajado a unos 25. "La reforma ha reducido el coste del despido y no ha generado puestos de trabajo alternativos", sostiene. El juez aprecia que las empresas empiezan a usar la movilidad geográfica y funcional, "pero sin comparación con el despido, que es por donde han tirado los empresarios, aunque acarree mayores gastos públicos en prestaciones por desempleo".
Entre las medidas de flexibilidad interna, Malo apunta al ajuste salarial y de horas de trabajo como las más utilizadas por las empresas. No hay datos para avalar esa percepción. Solo se exhiben en el caso de las regulaciones de empleo, donde la estadística oficial indica que las suspensiones temporales de empleo o de reducción de jornada son el 80% de los despidos colectivos.
El contrato estrella de la reforma se salda con 83.400 beneficiados
Entre los beneficiarios de las prestaciones por desempleo las resoluciones de contratos con motivo de la aplicación de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo han aumentado un 93% y las provocadas por movilidad geográfica lo han hecho un 54%. Aunque, sin duda, han sido mucho más numerosas las resoluciones de contratos voluntarias que, en opinión de los sindicatos mayoritarios, responden a la presión de los empresarios por modificar las condiciones de trabajo de sus empleados unilateralmente y, en caso de no aceptar, desprenderse de ellos.
Thibault aprecia movimientos en la negociación colectiva. "Los negociadores por fin interiorizan que es mejor reducir condiciones laborales para salvar el empleo. Y si en los primeros meses de aplicación de la reforma laboral se recurría al descuelgue en algo más de 30 convenios colectivos al mes, en enero ya ha ocurrido en más de un centenar. Y esa es la flexibilidad interna que persigue la ley".
Una ley cuyos mayores defensores, además del Gobierno, son los trabajadores autónomos, a falta del balance de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que ha rechazado pronunciarse. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) asegura que la reforma laboral ha servido para que 42.000 autónomos más se conviertan en empleadores y generar 74.000 empleos netos. El ministerio señala que el contrato estrella de la reforma, el denominado contrato de apoyo a emprendedores, ha funcionado, con unos 77.000 trabajadores dados de alta entre febrero y diciembre, lo que para UGT apenas representa un 7,6% del total de los contratos indefinidos. Hasta enero, Empleo asegura que se han sellado 83.371 contratos.
Si hay una crítica generalizada que se le hace a la aplicación de la reforma laboral, esa es que no haya avanzado nada en el terreno de las políticas activas de empleo. "Clama la ausencia de desarrollo de las políticas activas. A la ley le ha fallado esta pata y está desequilibrada", sostiene Miguel Ángel Malo. "Falta que se agilicen los convenios entre las agencias de colocación privadas y los servicios públicos de empleo para que de verdad ambos funcionen como agencias de colocación. Y tomarse muy en serio la reforma de los cursos de formación de desempleados, que no funcionan", apoya Sara de la Rica.
Sin el fondo a la vista
Desde que empezó la crisis económica los asalariados han perdido 55.000 millones de euros de participación en la renta nacional. Esa renta se ha trasvasado a los empresarios, afirma el economista de CC OO Carlos Martín, "que la han utilizado para enjugar sus deudas. El factor trabajo se ha usado como un banco indirecto ante la falta de financiación", dice.
"Se han dedicado muchos esfuerzos a la reforma laboral y muy poco a la creación de empresas y tejido productivo. Y los efectos de la ley han sido pocos o nulos porque las herramientas de flexibilidad no han ido acompañadas de medidas de mejora de la competitividad", sostiene Joan Torrent, director de la UOC Business School. Torrent añade que en EE UU se ha demostrado que las legislaciones flexibles no han creado puestos de trabajo una vez que ha llegado la recuperación económica.
En España la mayor parte de las previsiones indican que el despegue económico se trasladará a 2014 y, entonces, se podría comenzar a crear empleo. Pero, entre tanto, los expertos consultados creen que el Gobierno debería impulsar un plan de choque para que los desempleados sin cualificación no se enquisten en el paro estructural. Atacar solo el paro juvenil, como prevé el Ejecutivo, siguiendo los mandatos de Bruselas, no es la solución, aseguran. Hace falta rebajar las cotizaciones sociales para animar la contratación de este colectivo. Poner el acento en las políticas activas de empleo en lugar de las pasivas para que se cumpla la estimación optimista de la profesora Gayle Allard de que a finales de este año se empiece a crear empleo porque, con el descenso de la población activa, solo hace falta un alza del PIB del 0,8%.
El ministerio dice que lo tiene previsto a corto plazo, igual que hace un año. "Estábamos y estamos expectantes de que se firmen los convenios de colaboración público-privados para trabajar en la reducción del desempleo y, por tanto, el coste para las arcas públicas de las prestaciones, pero no se ha hecho nada", mantiene Enrique Sánchez, presidente de Adecco, quien también considera que con la intervención de las empresas de trabajo temporal se reduciría la dualidad laboral, tal y como propugna la reforma y no ha hecho.
Desde el despacho de abogados Uría Menéndez se destaca como positivo el hecho de que la ley aprobada por el PP haya rebajado considerablemente el absentismo laboral, sobre todo en el sector público. Otra pequeña mejoras es que se ha incrementado la contratación a tiempo parcial.
Si hay algo destacable en medio de un año de crisis y en el que la conflictividad ha aumentado mucho con motivo de la reforma, tal y como señala la consejera delegada de ING en España, Carina Spzilka —que se apresta a señalar que su empresa no ha aplicado la ley porque no ha despedido trabajadores, sino al contrario—, es que en el exterior se aprecia que España ha ganado competitividad.
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BÁÑEZ SE OLVIDA DE LA FUGA DE TALENTO PARA DESTACAR EL DESCENSO DEL PARO JUVENIL
El desempleo entre los menores de 25 años ha caído en 40.000 personas en el cuarto trimestre
Sin embargo, el dato está condicionado por el desplome de los activos en este colectivo
El número de jóvenes en disposición de trabajar se reduce en 166.000 en el tramo final de 2012
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha destacado este viernes que, pese a que el balance de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre que deja el número de parados en España al borde de los seis millones es malo, sí ofrece algunos elementos positivos. Entre ellos, Báñez ha destacado el descenso del desempleo entre los jóvenes, que según los datos del INE ha bajado en 40.000 personas. Sin embargo, lo que la ministra no ha comentado es que este recorte, el primero registrado desde finales de 2011, ha estado muy condicionado por la salida de España de miles de jóvenes que tratan de buscar en el extranjero la oportunidad que no les ofrece el mercado laboral del país.
Según los mismos datos de la EPA, el número de personas de menos de 25 años que está en disposición de trabajar se ha desplomado en 166.000 en el cuarto trimestre de 2012, un descenso sin precedentes a lo largo de todo el año, lo que denota que el fenómeno de la fuga de talento se está acelerando. Para las estadísticas del INE, este conjunto de jóvenes que ha dejado de contar como población activa también desaparece del cómputo sobre desempleados.
Además, otro dato que deja en evidencia el presunto descenso del paro entre los jóvenes es que la tasa de paro del colectivo ha vuelto a aumentar entre octubre y diciembre, hasta alcanzar al 55% del total, siete punto más que al cierre de 2011.
Con estos mimbres y frente a 2011, los jóvenes desempleados han aumentado en 46.000 a lo largo de 2012, lo que supone su mayor aumento desde 2009, cuando España también estaba en recesión. A finales del ejercicio, 930.200 menores de 25 años en edad y disposición de trabajar no tenían trabajo. Asimismo, el hecho de que vaya ya por su sexto año consecutivo de subidas deja cada vez menos margen para que siga aumentando.
Pese a esto, Báñez ha dedicado una parte de su exposición a los esfuerzos emprendidos por el Gobierno frenar el desempleo entre los jóvenes. Al respecto, ha apuntado que, según el último balance, en 2012 se firmaron 82.238 nuevos contratos de emprendedores, que es el que permite despedir sin indemnización durante el primer año. Del total, la mitad se han suscrito con jóvenes, lo que, en su opinión, pone de manifiesto que esta fórmula "está funcionando". No obstante, esas rúbricas no impulsaron los compromisos fijos, que hasta noviembre habían caído en unos 25.000 con respecto a 2011, hasta quedarse en 1.085.637.
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EL PARO AHONDA LAS HERIDAS SOCIALES
El número de desempleados roza los seis millones a finales de 2012
La tasa de paro llega a los 26,02% La población activa cae en 176.300 personas en tres meses
La gangrena del mercado laboral español se agrava día a día. Tras cinco años y medio de deterioro, la destrucción de empleo y el aumento de paro son la prueba más evidente, lo que se aprecia a simple vista. En 2012 han desaparecido 850.500 puestos de trabajo; el empleo se ha hundido al nivel de hace una década; al año se cerró con 5.965.400 parados y la tasa de desempleo se encaramó al 26,02%, datos sin parangón en las series estadísticas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero la larga duración y la profundidad de la debable ponen de relive otras cifras que muestran la gravedad de la situación: caída significativa de la población activa, emigración entre jóvenes y extranjeros o aumento del paro de larga y muy larga duración.
Ayer era un día esperado por el Gobierno. El discurso de Mariano Rajoy al final del año pasado, especialmente lúgubre, tenía una explicación: sabían que llegaría esta EPA rozando los seis millones de parados. Desde entonces, el Ejecutivo venía preparándose. En Moncloa buscaban algo con lo que frenar la EPA de enero, una bomba en la línea de flotación de Rajoy, que prometió que con él bajaría el paro y que hizo una durísima reforma laboral que de momento lejos de ayudar a la creación de empleo ni siquiera ha impedido que se siga destruyendo.
Más bien al contrario, el año pasado la caída del empleo entró en su fase más dañina, más incluso que durante la Gran Recesión. Basta una comparación: en 2009 el número de puestos de trabajo destruidos por cada punto que caía el producto interior bruto quedó lejos de superar en ningún trimestre el medio millón; este año ha ido más allá de los 600.000.
En 2012 la caída del empleo entró en su fase más dañina, más incluso que durante la Gran Recesión
Hay otro elemento que agrava socialmente lo que sucede durante esta recesión en el mercado laboral español cuando se compara con la que comenzó hace más de cuatro años. Entonces el punto de partida eran 2,5 millones de parados y un desempleo del 10,5%; esta vez en la casilla de salida se situaban 5,2 millones de parados y una tasa de casi el 23%.
Cuando las crisis se prolongan —y esta lleva camino de cumplir seis años en julio— cae el empleo, cunde el desánimo y se nota en la llamada población activa, la gente que está en edad y disposición de trabajar, y que lo busca si no lo consigue. Hace una semana la mayoría de previsiones apuntaban que España superaría por poco los seis millones de parados al acabar 2012. Se apoyaban básicamente en la caída de afiliación a la Seguridad Social, aunque asumían la cautela habitual: “Dependerá de la población activa”.
La cautela se ha cumplido. Algo apuntaba el dato de paro registrado de diciembre, la caída de desempleados no tenía ninguna correspondencia con la afiliación. Un dato y otro no tienen por qué tener una evolución paralela, aunque esta vez la discordancia era excesiva. Faltaba la confimación del INE que llegó ayer. La población activa bajó en 176.300 personas entre octubre y diciembre, la mayor caída en un trimestre de la última década. Quedó en 22,922 millones.
Hay otros datos que muestran la extenuación social y laboral a la que está llegando la sociedad española. Varios apuntalan y explican la caída de la población activa. Por ejemplo, el aumento de jubilados y prejubilados (17.400 en el cuarto trimestre), gente que en los últimos años de su vida laboral ante la escasas posibilidades de encontrar un empleo optan por el retiro, o el regreso de muchos estudiantes a las aulas tras el final de verano (más de 200.000). Pero hay datos mucho más significativos y novedosos que afectan sobre todo a los colectivos que más sufren el hundimiento laboral: los jóvenes (55% de paro) y los inmigrantes (36,5%).
La población activa bajó en 176.300 personas entre octubre y diciembre, la mayor caída de la última década. Quedó en 22,922 millones
La encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2012 ha mostrado que España pierde población entre estos dos colectivos. En tres meses salieron a otros países 125.500 personas entre 20 y 35 años —unos a buscar trabajo, otros a seguir formándose ante la falta de alternativas laborales. En el mismo periodo, 87.000 extranjeros, probablemente inmigrantes sin empleo, ha vuelto a migrar. De estos dos datos, hay que tener en cuenta una salvedad: no pueden sumarse ya que hay casos que pueden solaparse.
Pero entre los parados son una abrumadura mayoría quienes no pueden buscar salidas en el extranjero y no encuentran empleo. Muchos de ellos son parados de larga duración, 3,5 millones. Este dato tiene una doble consecuencia negativa. Por un lado, cuanto más tiempo pasa un desempleado sin trabajo, más difícil tiene salir de esta situación. Por otro, conforme pasan los meses consume su derecho de prestación y subsidio contra el paro y corre un riesgo mayor de perder esta protección. De hecho, en este momento 1,9 millones de los parados que integran este colectivo lleva más de dos años en esta situación, por lo que están entre los que ya no tienen derecho a percibir una prestación contributiva (la parte del seguro de desempleo más cuantiosa), un colectivo que incluye a muchos otros parados.
Esta letanía de datos —y secuelas socioeconómicas— acabaron ayer por imponerse a las dudas que tenía el Gobierno para prorrogar el plan Prepara por el coste que tiene. Rajoy anunció ayer en Lima que hoy el Consejo de Ministros lo volverá a prorrogar. No se quedó aquí, afirmó que la ayuda mensual de 400 euros a los parados a los que se les acaba la prestación se renovará automáticamente, como reclamaba en los últimos días el PSOE, mientras el paro supere el 20%. Y tampoco se cambiarán las condiciones para limitar el acceso, como pasó en la última renovación de agosto, según fuentes del Gobierno. “Creo que 2013 será mejor que 2012, pero los datos de la EPA no son buenos. Vamos a seguir esforzándonos para darle la vuelta a esta situación. El momento es duro, pero creo que es el más duro de todos”, señaló Rajoy, que anunció que el Gobierno también aprobará hoy otras reformas, como la ley de Unidad de Mercado.
“Creo que 2013 será mejor que 2012, pero los datos de la EPA no son buenos", admitió Rajoy
No acaban las heridas socioeconómicas de los cinco años y medio de bajada laboral. Hay otras: el trimestre pasado aumentó en 14.800 los trabajadores independientes o empresarios sin autónomos. A primera vista, esto puede parecer una buena noticia, pero la verdad es que esta suele ser la alternativa de quien no tiene más salida que buscarse la vida por su cuenta por la necesidad y la falta de empleo, ya que tampoco tienen la obligación de darse de alta como autónomos en la Seguridad Social si sus ingresos mensuales no superan el salario mínimo interprofesional (752,85 euros al mes contando pagas extras).
Cierra este triste capítulo el aumento de hogares en los que ningún miembro activo tiene empleo, 95.800 más, hasta los 1,8 millones, por primera vez más del 10% del total.
“Es imprescindible aumentar los niveles de protección social especialmente para las personas en situación de desempleo que carecen de cualquier tipo de cobertura económica”, declaró ayer el secretario general de CC OO, atendiendo a estas heridas. En la misma línea apuntó Cándido Méndez, líder de UGT, tras criticar con dureza la reforma laboral: “La reforma laboral no ha hecho más que agravar el problema. Es una máquina de destruir empleo”. En la dirección opuesta se movió Juan Rosell, presidente de CEOE. “Es preciso seguir apostando por medidas de flexibilidad laboral para que se pueda volver a generar empleo lo antes posible cuando se inicie la recuperación”.
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LA REFORMA ACELERA LA CAÍDA DEL EMPLEO
La recesión actual es más dañina para el mercado laboral que la de 2009
El año pasado, por cada punto perdido de PIB se destruyeron 531.000 trabajos
Ninguna reforma del mercado de trabajo crea empleo en plena recesión. Este axioma se comparte en todo el orbe laboral. En cambio, sí se le exige a una norma de ese calibre que frene la caída. Eso buscaba la promulgada en febrero de 2012. Casi 12 meses después, se concluye que no lo ha logrado. El paro ha pasado del 22,8% al 26%. Incluso cuando se compara lo sucedido durante el último año con lo que pasó en 2009, otro año nefasto para el empleo como consecuencia de una recesión, se observa que el desplome se ha acelerado. Y esto sucede en un mercado laboral que no ha dejado de caer en el último lustro.
Hace cuatro años se trituraron 1,2 millones de empleos, en 2012 han sido 850.000. En cambio, mientras en 2009 la economía española cayó a una media del 3,7%, el año pasado lo hizo al 1,3%. Lo mismo sucede si el foco se centra solo en los asalariados, el colectivo al que afecta la reforma laboral: en el peor trimestre de la Gran Recesión la caída llegó a 406.000 empleos por cada punto que se perdía de PIB; ahora, en el trimestre menos malo el trompazo ha sido de 531.000 por punto de PIB. La diferencia se agudiza cuando la comparación se realiza teniendo en cuenta solo a los asalariados que tienen trabajo fijo.
"Estos cambios tienen que hacerse cuando hay crecimiento", recalca el profesor Dolado
La reforma laboral tenía por misión corregir un mal endémico de España: la gran cantidad de empleo que destruye cada vez que llega una recesión. Para eso facilitó a las empresas bajadas de sueldo unilaterales, traslados o reducciones de jornada. Se pretendía que esa, la llamada flexibilidad interna, fuera la primera opción ante los problemas económicos. Pero en la misma ley se facilitó y abarató el despido. “Este tipo de reformas tienen que hacerse en época de crecimiento. Entonces se crea empleo. Ahora su efecto inmediato es más destrucción, aunque a medio plazo tendrá efectos positivos”, analiza Juan José Dolado, profesor de Economía de la Universidad Carlos III, partidario de profundos cambios en la legislación laboral.
“Puedo estar de acuerdo con algunos elementos de la reforma, pero desde luego no con el momento en que se aplicó”, añade Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho Laboral. “Las reformas laborales tienen que acompañar al ciclo económico y puede hacer más suave o más intensa la destrucción de empleo. Y esta la ha hecho más intensa”, añade.
Menos temporales
La temporalidad ha caído al 23% del empleo asalariado en 2012, un dato históricamente bajo. La reforma quiso atajar “el cáncer del mercado laboral español”, como define el profesor Dolado el gran peso de los contratos temporales en España. Pero esta caída no ha llegado por la acción legislativa, sino por la destrucción de empleo.
La no renovación de contratos fue la vía por la que se evaporaron casi medio millón de empleos en 2012, no el nuevo contrato creado en la reforma que permite despedir sin indemnización durante el primer año. Esa figura no ha supuesto un repunte en la contratación indefinida, que cayó un 2,2%. Solo sustituyó a otras figuras existentes, explica el laboralista Cruz Villalón.
Las recetas para acabar con esta enfermedad varían mucho según el médico. Dolado defiende que se imponga un contrato único sin distinción entre fijos y temporales que tenga una indemnización creciente que, según sus estudios, hubiera evitado el 40% del desempleo durante esta crisis. Miguel Ángel García, de CC OO, defiende que la solución no está en los cambios normativos, sino en el control de los abusos en la utilización de los contratos temporales.
Para Santiago Soler, de Adecco, falta protagonismo de las empresas de trabajo temporal. “Puede parecer una paradoja, pero en los países de Europa donde más presencia tienen las empresas de trabajo temporal (ETT), menos temporalidad hay. Deberíamos poder hacer contratos de formación o recurrir el nuevo cuando nuestro cliente sea una pyme”, expone. Otra queja de Soler está en la falta de desarrollo de las políticas activas. Está satisfecho con que la reforma haya permitido a las ETT intermediar en el mercado laboral, “pero todavía no se ha firmado ni un acuerdo de colaboración con autonomías o con Empleo. Falta acción, no otra reforma”.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, discrepa. El viernes opuso que “estaba comenzando a frenarse la destrucción de empleo”. Recurrió a varios datos, entre ellos el paro registrado, una estadística administrativa de mucho menos valor científico que la encuesta de población activa, advierten los economistas. Es cierto que el trimestre más dañino para el empleo medido en relación a la marcha de la economía es el primero de 2012, un periodo en el que la reforma acaba de echar a andar y sus efectos apenas se notan. Pero también es verdad que cada uno de los tres trimestresposteriores es peor que cualquiera de la Gran Recesión, sea cual sea el criterio que se use: ocupación total, población asalariada, trabajadores fijos o empleados públicos.
“Los datos son tozudos. La reforma está produciendo efectos en otros aspectos, pero no en el empleo. Buscaba que la flexibilidad interna sea una alternativa, pero es cierto que esto todavía no llega”, admite el secretario general de Adecco, Santiago Soler, cuya opinión conjunta de la reforma es positiva.
La visión se endurece cuando se le pregunta a Antonio González, miembro de Economistas frente a la crisis. “La aceleración no tiene que ver con el PIB, sino con otra cosa. ¿Con qué? Con la reforma laboral, con el cambio normativo. Es la única novedad respecto a 2009”, analiza el ex jefe de gabinete de Valeriano Gómez, último ministro de Trabajo socialista. González expone un cálculo muy preocupante: la destrucción de empleo sin tener en cuenta la construcción crece trimestre a trimestre, sobre todo en los últimos meses.
Cuesta entender la dimensión de la destrucción de empleo si se tiene en cuenta que la alternativa de la flexibilidad interna sí que está funcionando. Los salarios en convenios se están conteniendo, muchos despidos colectivos van acompañados de reducciones de sueldo para los que no pierden su empleo y los descuelgues de convenios se han multiplicado. Y los precios suben al 2,9%.
Pese a la reforma, o gracias a ella, en esta recesión se está dando el ajuste laboral por una doble vía: destrucción de puestos de trabajo y contención salarial. “La flexibilidad interna no está siendo alternativa al despido. La moderación no se debe a la reforma. Ya en 2010 y 2011 hay moderación de costes laborales. Y ahora la destrucción de empleo por cada punto de PIB ha sido el doble que en 2009”, expone Miguel Ángel García, jefe del gabinete de estudios de CC OO.
Ahora, el ajuste laboral combina despidos masivos con descensos de salarios
En contra de esto, Báñez recurrió el viernes a las estadísticas de regulaciones de empleo y descuelgues de convenio para decir que solo en el 16% de las medidas colectivas de ajuste que se aplican en las empresas se recurre al despido. Pero este es un dato muy parcial y, en consecuencia, muy distorsionado. El grueso de las rescisiones de contrato en España llega por la vía individual, el 88% del total.
En línea con la postura de Báñez, está Salvador del Rey, abogado laboralista de Cuatrecasas: “Mi experiencia me dice que la caída se debe al contexto económico. No hay evidencias de que se haya abaratado o facilitado el despido con las sentencias dictadas [en referencia a la veintena larga de sentencias de nulidad o improcedencia de otros tantos despidos colectivos]. Lo que veo es que en las regulaciones que se destruyen puestos de trabajo si no hubiera bajadas de salario, habría más rescisiones”.
No obstante, Del Rey, también catedrático de Derecho Laboral, advierte de que sus observaciones se circunscriben al ámbito privado, y admite que en el público sí que se destruye mucho empleo y eso lo facilitó el Gobierno con el decreto de febrero. “La reforma da seguridad jurídica a los ERE en la Administración, eso es así”.
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LA EMPRESA FAMILIAR DE LA MINISTRA DE TRABAJO NO PAGA DESDE HACE UN AÑO A LOS TRABAJADORES
CCOO denuncia "prácticas ilegales" en el negocio propiedad del padre y hermanos de Fátima Báñez
Encomendarse a la Virgen del Rocío para solucionar la crisis no solo no ha servido para los españoles sino que parece que tampoco le ha inspirado valores solidarios y de justicia a la familia de la ministra de Empleo. Según denuncia CCOO de Huelva, la empresa familiar de la ministra de Empleo, Carnes Bañez SA, no paga a los trabajadores y trabajadoras desde hace más de un año. La central sindical ha anunciado que “ante esta situación insostenible y desesperante”, los trabajadores se concentrarán todos los días a partir del 9 de enero frente a las instalaciones de la empresa “hasta que la empresa asuma sus responsabilidades para con los trabajadores y se ponga fin a las situaciones realmente dramáticas que están viviendo estas 7 familias que llevan esperando recibir sus sueldos desde hace más de un año”.
Prácticas ilegales
Manuel Salas, secretario general del sindicato provincial de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO Huelva ha manifiestadoque su sindicato ha denunciado “las prácticas ilegales puestas en marcha por la empresa propiedad de la familia de la ministra, al estar más de 12 meses sin abonar las nóminas de sus trabajadores”.
Un año sin cobrar
CCOO ha denunciado “las prácticas ilegales de la empresa propiedad de la familia de la ministra de Empleo Fátima Báñez, Carnes Báñez SA, al estar más de 12 meses sin abonar las nóminas de sus trabajadores”. En este sentido, el secretario general del sindicato provincial de Comercio, Hostelería y Turismo, Manuel Salas ha explicado que “no esperábamos una actitud ejemplar por ser la empresa de la familia de la ministra, simplemente le pedimos que cumplan con la normativa legal vigente, tal y como la mayoría de los empresarios, y paguen a los trabajadores y trabajadoras los sueldos que se les deben”, ha recalcado.
Concentraciones todos los días
Ante esta situación, los trabajadores y trabajadoras han decidido concentrarse frente a las puertas de la empresa “todos los días” a partir del 9 de enero para exigir el pago de los salarios que llevan esperando cobrar hace más de un año. Las reivindicaciones de los trabajadores se centran en la deuda que la empresa adquirió con ellos cuando dejó de pagar los salarios para un año después iniciar un concurso de acreedores, que provocaría la extinción del contrato de toda la plantilla, pero sin haber asumido la deuda correspondiente.
Maniobras para dilatar el proceso
Según ha explicado Salas, “desde entonces, Carnes Bañez SA ha hecho todo lo posible por dilatar el proceso, hasta el punto que el juicio, señalado para el 11 diciembre de 2012, se tuvo que suspender por no haber comunicado la empresa al juzgado correspondiente la existencia de un administrador concursal, lo cual unido a otras maniobras está dilatando de forma inusual un proceso que debería estar resuelto hace mucho tiempo”.
Hacen uso del despacho de abogados de Garrigues
En ese sentido, para los trabajadores resulta muy frustrante que “se contrate al Despacho de Abogados Garrigues, uno de los más caros de todo el país, y que con sus prácticas esté dilatando el procedimiento”, ha afirmado Salas.
Propiedad de los padres y hermanos de la ministra
Carnes Bañez SA es una empresa emblemática en la localidad de origen de la ministra, San Juan del Puerto, propiedad de los padres y hermanos de la ministra por lo que los trabajadores esperaban que la empresa cumpliera con la legalidad vigente, y “lo que nos hemos encontrado es que la empresa propiedad de la familia de la ministra de Empleo no cumple con la normativa y no paga a sus trabajadores”. “Nuestras familias están viviendo situaciones realmente desesperadas después de haber estado un año sin cobrar y trabajando, confiando en que la dirección de la empresa alcanzaría una solución, pero la solución ha sido despedirnos a todos y no pagarnos los salarios que nos deben desde hace más de un año” han finalizado.
FÁTIMA BÁÑEZ HA FALTADO A TODAS LAS CUMBRES DE EMPLEO DESDE QUE ES MINISTRA
La ministra causó baja en las dos reuniones formales, en enero y diciembre, y en la informal de abril
La ministra Fátima Báñez no ha asistido a ninguna de las cumbres europeas de ministros de Empleo. Tal y como contó eldiario.es este martes, Báñez faltó a la cumbre de empleo del pasado 6 de diciembre para poder asistir al cóctel del día de la Constitución. En aquella ocasión, la ministra envió a Bruselas a su número dos en el Ministerio, María Engracia Hidalgo. Una práctica que no es nueva porque la máxima autoridad española en materia de empleo ha faltado a todas las convocatorias de ministros europeos a las que ha sido llamada.
La primera vez que Báñez fue convocada a una cumbre europea de empleo fue el pasado mes de enero. En aquel momento, la ministra española no asistitió por coincidir la convocatoria europea con la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó la reforma laboral. Báñez se quedó en Madrid y esa ha sido la tónica dominante hasta la fecha. Fuentes del departamento de la ministra consultadas por eldiario.es insisten en que España está correctamente representada en las cumbres europeas a través de los secretarios de Estado. A lo largo de la administración de Mariano Rajoy, ha habido tres cumbres europeas de empleo: dos con carácter formal (enero y diciembre) y una informal, celebrada en abril. Fátima Bañez no ha asistido a ninguna de ellas.
Las cumbres de ministros europeos son el foro en el que se decide la política comunitaria. Las de finanzas (Ecofin) o las de agricultura son las más importantes, ya que tocan temas de regulación en donde Europa es la que marca las normas.
En el caso de las reuniones de ministros de Empleo, sin revestir la trascendencia de las anteriores, se abordan cuestiones muy relevantes para España, como el reparto de fondos estructurales o el fondo social europeo. Además, las cumbres europeas de empleo son el foro en donde se producen los grandes debates sobre las directivas comunitarias en la materia. En el caso de las políticas laborales, en ese tipo de encuentros se decide, por ejemplo, la dirección de documentos tan importantes como la directiva de tiempo de trabajo, que fija las horas máximas de trabajo semanal permitidas en los países del euro.
Según el exministro socialista de Empleo Valeriano Gómez, "hay que ir a las cumbres". En declaraciones a eldiario.es, Gómez señala que el comportamiento de la ministra Bañez no es comprendido en Europa: "Esto no lo hace ningún país europeo. Cuando alguien lo hace, a ese país se le mira mal".
http://www.eldiario.es/politica/Empleo_0_78742294.htmlBáñez faltó al Consejo Europeo de ministros de Empleo para ir al cóctel de la Constitución
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A pesar de que España es el país europeo con más paro, fue de los pocos que no envió a ningún ministro a la cumbre europea sobre el empleo
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Alemania pidió un encuentro bilateral con España, pero la ministra no estaba y se realizó una breve reunión entre la ministra alemana y la secretaria de Estado española
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En la reunión se discutían los fondos de ayudas contra el desempleo. Italia mandó dos ministros. Francia, tres. Suecia, a cuatro
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, causó baja en el último Consejo Europeo de ministros de Empleo en Bruselas. La cita, al más alto nivel, fijada para los pasados 6 y 7 de diciembre, tenía previsto abordar cuestiones como un paquete de empleo, que en la práctica supondría la puesta en marcha de fondos europeos para los países con mayores tasas de paro. En la agenda de esa reunión, en la que Báñez hizo novillos, se incluía un debate sobre el fondo de globalización, una partida de la que España es máximo beneficiario con repercusiones directas en sectores como el automóvil, el textil o la industria del juguete. Las últimas estadísticas sitúan a España a la cabeza, junto a Grecia, en tasa de desempleo de la zona euro con un 25% de paro.
Sin embargo, la máxima autoridad del Gobierno español en materia de empleo prefirió reservar sitio en su agenda para los dos discursos seguidos de cava y canapés que se ofrecieron en el Senado con motivo del día de la Constitución. Según fuentes del Ministerio de Empleo consultadas por eldiario.es, Báñez no desatendió sus deberes porque "unos días antes de esa cumbre se reunió en Madrid con el comisario europeo de Empleo [László Andor]" durante la celebración de un desayuno informativo.
Según fuentes comunitarias, la ausencia de Báñez tuvo consecuencias relevantes porque Alemania solicitó, durante el encuentro, la celebración de una reunión bilateral con nuestro país. Alemania, uno de los principales mercados laborales para los jóvenes españoles que deciden buscar suerte fuera, se quedó sin la cita solicitada. El problema con los alemanes era explicarles que la ministra española ni estaba ni se la esperaba.
Para solventar la petición germana, nuestra delegación ofreció a la secretaria de Estado, María Engracia Hidalgo, como interlocutora de la ministra alemana, Ursula Von der Leyen. Según fuentes del Gobierno español, la ministra alemana y la número dos del Ministerio español hablaron durante un instante y fijaron "el compromiso de seguir manteniendo más contactos para analizar las cuestiones que se estaban tratando allí".
Según el Ministerio de Empleo, la petición de reunión con la ministra alemana "se refería a la posibilidad de avanzar en grupos de estudio sobre servicios de empleo público a nivel europeo". El Ministerio reconoce que la bilateral no pudo celebrarse "por motivos de agenda de la parte alemana", no por la incomparecencia de Báñez pero aclara que hubo un encuentro posterior "en el que se acordó ulteriores conversaciones a nivel técnico sobre la cuestión". Un portavoz del Ministerio de Bañez ha aclarado a eldiario.es que la ministra de Sanidad, Ana Mato, también estaba invitada a la cumbre y tampoco asistió.
España es de los pocos países que no envió ministros al encuentro de Bruselas. Para esa reunión estaban convocados los titulares de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo. Para tomar medida de la dimensión que al encuentro le dieron otros socios comunitarios basta comprobar la información que ofrece la web del consejo europeo en la que se anunciaba la presencia de un ministro alemán, tres ministros franceses, dos ministros italianos, dos ministros griegos, un ministro austriaco, un ministro portugués y hasta cuatro ministros enviados por Suecia.
Frente a esto España envió a dos secretarias de Estado (la citada Hidalgo, de Empleo, y Pilar Farjas, de Sanidad y Consumo), y desde el departamento de Bañez ni se molestaron en emitir una simple nota de prensa anunciando los acuerdos adoptados
http://www.eldiario.es/politica/Fatima-Consejo-Europeo-Empleo-Constitucion_0_78392552.html
BÁÑEZ SE METE EN TODOS LOS CHARCOS
Los deslices y las consignas de la ministra de Empleo disparan la crítica de la oposición
La noche del 25 de marzo fue una de las más amargas del PP andaluz. Contra todo pronóstico, no logró la mayoría absoluta. En el balcón de la sede del partido, en Sevilla, el líder popular, Javier Arenas, lanzó un discurso emotivo. A su derecha, el ministro de Hacienda, un circunspecto Cristóbal Montoro. A su izquierda, Fátima Báñez hacía suya la máxima de que cualquier noche electoral es un éxito: con una amplia sonrisa, jaleaba a unos 300 simpatizantes del PP hasta el límite del desconcierto. No sería la primera vez, ni la última, que la ministra de Empleo estiraría las consignas hasta despegarse de la realidad.
La última ha sido esta misma semana, en el Congreso: “Estoy convencida de que los pensionistas van a valorar de forma positiva el esfuerzo y el ejercicio de responsabilidad del Gobierno”, dijo sobre la decisión del Ejecutivo de no actualizar las pensiones al desvío de la inflación. Lo que Báñez reclamaba es que los jubilados aprecien que se subirán las pensiones entre un 1% y un 2% en 2013. Pero, también, que olviden que acaba de anular una revalorización del 1% al 2,9%, una pérdida de poder adquisitivo que se perpetuará en los próximos años.
Las palabras de la ministra inflamaron a la oposición, varios portavoces pidieron su dimisión. La ministra encajó como pudo, culpó de todo a la gestión del anterior Ejecutivo socialista y llegó a decir que la reforma laboral del PP había permitido “ralentizar la destrucción de empleo”.
Báñez ya hizo gala de optimismo irredento en el arranque de su mandato, cuando el recién llegado Gobierno del PP anunciaba otra recesión. “2012 debe ser el año de la esperanza en el empleo”, afirmó a la semana de ser nombrada. Lo decía tras un año que cerró con 5,3 millones de desempleados y una tasa de paro del 23%. 2012 acabará con seis millones de parados y una tasa cercana al 26%.
“Siempre preferiré un acuerdo, aunque sea parcial, a una reforma por decreto”, dijo también aquellos días. La afirmación encajaba con los adjetivos de dialogante y trabajadora que se había ganado tras 11 años como diputada popular por Huelva en el Congreso. Su nombramiento como ministra fue una sorpresa relativa: pertenecía al equipo de Soraya Sáenz de Santamaría y había trabajado mano a mano con Montoro. Pero Báñez, licenciada en Economía y Derecho, nunca había desempeñado cargo de gestión alguno, ni se le conoce actividad profesional más allá de la que desempeñara en el grupo empresarial familiar.
La reforma laboral acabó siendo por decreto. Y del supuesto diálogo con los sindicatos dan cuenta dos huelgas generales en menos de un año. O que los líderes de CC OO y UGT se enteraran de que no iban a actualizarse las pensiones apenas media hora antes del anuncio oficial.
Báñez está siempre entre los ministros peor valorados en los sondeos. Que sea la cara de la reforma laboral, o que acabe de mermar el poder adquisitivo de los pensionistas, no ayuda. Pero lo que la ha convertido en un blanco más fácil para la oposición es un combinado de frases inoportunas, decisiones en las que se confunde la ministra con la militante, optimismo imposible y noticias sorprendentes.
Apenas dos días antes de las elecciones andaluzas, la Junta Electoral Central obligó a retirar un vídeo de Empleo vendiendo los supuestos logros de la reforma laboral, muy similar a los mensajes de campaña del PP andaluz. Más evidente resultó la filtración, desde el correo electrónico de la ministra, de datos del ERE que acababa de presentar el PSOE al diario La Razón.
De su afición a forzar el argumentario del partido es buena muestra esta declaración de octubre, tres días después de que se informara del peor trimestre para el empleo fijo: “Estamos saliendo de la crisis, vemos señales muy esperanzadoras”. En alguna ocasión, las palabras se le han vuelto como un bumerán. Báñez acaparó el rédito político de prorrogar la ayuda de los 400 euros. Pero el ejemplo que puso para explicar los nuevos límites de la ayuda —aseguró que antes la recibían los hijos de familias que cobraban 8.000 euros al mes— fue tan alejado de la realidad, que desvió la atención. Cosechó un efecto similar cuando declaró que “para el Gobierno, son también personas aquellas que se van al paro en el sector público”. Las contradicciones también dan juego. A Iberia le ha pedido “sensibilidad” en la aplicación de la reforma laboral para “evitar el despido” de 4.500 empleados.
La ministra pareció olvidar que era ministra cuando su cuenta de Twitter difundió un mensaje con el resultado de un popular juego, en junio, apenas un día después del rescate a la banca. “Fue una travesura infantil”, aseguró. Las críticas en las redes sociales arreciaron, se popularizó la expresión “hacerse un #FátimaBáñez”. O cuando agradeció, emocionada, el “capote” que acababa de echar la Virgen del Rocío a los onubenses “en la salida de la crisis”, tras la decisión del Gobierno de dar desgravaciones fiscales a las empresas que participaran en la celebración. Una anécdota en palabras de un dirigente local, una noticia en palabras de una ministra.
Y, si queda algún charco por pisar, otros miembros de su departamento se ponen las botas de agua. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, falseó su currículo para decir que era médico. José Manuel Castelao, nombrado por Báñez presidente del Consejo de Ciudadanía en el Exterior, dimitió tras decir: “Las leyes son como las mujeres están para violarlas”. A la ministra se le atribuye incluso que relacionara la salida de jóvenes al extranjero para buscar trabajo con “el impulso aventurero de la juventud”, una expresión de su secretaria general de Emigración, Marina del Corral.
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/08/actualidad/1354997656_387849.html
LA CAÍDA DEL EMPLEO A NIVEL DE 2003 SECA LAS ARCAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La ocupación sufre hasta noviembre su peor balance desde 2009 por los recortes y la recesión·
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El número de personas con trabajo y pagando sus cotizaciones retrocede a niveles de 2003·
El desplome de la afiliación obliga a usar otros 3.500 millones del fondo de reservaLa fatídica combinación de los recortes públicos y recesión ha devuelto al mercado laboral español a niveles de 2003 en cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social. Según los datos que ha publicado este martes el departamento que dirige Fátima Báñez, el número de inscritos bajó en 205.679 personas en noviembre, hasta dejar la media del mes en 16,5 millones. Nunca en estos nueve años había habido en España tan pocos inscritos con un trabajo y pagando sus cotizaciones, lo que ha tenido un duro impacto en las arcas de la Seguridad Social, que por el otro lado ha tenido que seguir aumentando la partida destinada a pensiones y prestaciones por paro. Ante este descuadre de las cuentas, desajuste que el Gobierno ha vuelto a echar mano del fondo de reserva de las pensiones, de donde ayer sacó 3.530 millones para pagar la extra de navidad, según ha revelado esta mañana el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.
Con ello, el Ejecutivo ya ha usado más de 6.500 millones en lo que va de año de la conocida como la hucha de las pensiones, que empezó el año con 69.200 millones. No obstante, si el objetivo con el que se creó fue el de hacer frente a largo plazo del envejecimiento de la población, la crisis ha obligado a recurrir a él para solucionar un eventual problema de liquidez del sistema.
Según ha justificado Burgos, la "insuficiencia" para afrontar el pago de diciembre es la causa que ha motivado esta decisión. Y por si hubiera que volver a echar mano de la hucha, también se ha suprimido el tope que limitaba la cantidad máxima de dinero que cada año se podía extraer de este instrumento.
Además de recurrir al fondo de reserva, el deterioro de las finanzas públicas también ha llevado al Gobierno a no pagar a los pensionistas por la desviación de la inflación en 2012, decisión que se traduce en dejar de recibir 436 euros de media por cada perceptor.
Pese a las medidas de ahorro y a que también ha recurrido al sobrante de la gestión de las mutuas, la Seguridad Social volverá a cerrar en 2012 su segundo año consecutivo en déficit, aunque el desfase de este año multiplicará por 15 el del pasado ejercicio y no tiene precedentes, según las previsiones del Ministerio de Empleo. El departamento de Fátima Bánez espera acabar el año con un agujero de 10.500 millones. Fruto de ello, la relación entre trabajadores y pensionistas sigue menguando y ya está en 2 ocupados por cada perceptor de una prestación, muy lejos de los niveles que se consideran mínimamente sostenibles y en cotas desconocidas en 10 años.
El origen de este fuerte deterioro está en una caída de la afiliación también de órdago y que ha superado las previsiones del Gobierno. De hecho, la destrucción de puestos de trabajo aumentó hasta los 717.482 empleos en noviembre frente al mismo mes de 2011, según los datos de la Seguridad Social. La cifra es la peor desde 2009, cuando en el mismo periodo se dieron de baja del sistema 873.718 personas, aunque el Ejecutivo matiza que el dato está condicionado por la baja de 85.223 cuidadores de familiares que hasta ahora cotizaban pero que han salido del sistema víctima de los recortes en las prestaciones por dependencia.
La estadística, en cualquier caso, no hace sino reflejar lo que mucha gente sufre en su día a día a la hora de buscar un trabajo y que se resume en que el mercado laboral español se está comportando igual de mal que lo hizo en la anterior recesión. Lo peor es que ahora llueve sobre mojado y los nuevos parados se suman a los desempleados de entonces, uno de cada dos no ha logrado volver a trabajar, según la otra fuente que sirve para medir el desempleo y que es la Encuesta de Población Activa del INE.
Pese a que la recaída de la actividad y el impacto de los recortes en el gasto público, ajustes que han dejado sin empleo a 192.000 personas vinculadas a la administración, la educación y la sanidad, han devuelto la situación que había en la peor fase de la crisis, el Gobierno defiende que el paro no está aumentando tanto como en 2011, aunque sí admite que está en niveles de máximos históricos.
"La lectura (de los datos de paro) debe realizarse al calor de este acontecimiento puntual (de los cuidadores) y de la coyuntura económica", ha señalado la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo. Según ha añadido, el ritmo de crecimiento del paro rondaría el 10% interanual en noviembre, en línea con los últimos meses, si se descontase este efecto estadístico, frente al 12,5% que se alcanzó en mayo de este mismo año. "Esta tendencia es coherente con el hecho de que en los últimos meses el paro se está comportando en el cómputo global mejor que en 2011", ha añadido. No obstante, el ritmo de crecimiento del paro en 2011 no superó en ningún mes el 8%, que es el mínimo que se ha alcanzado en este 2012.
El gasto en prestaciones aumenta un 6% hasta octubre
El gasto en prestaciones por desempleo supuso en octubre el desembolso de 2.642 millones de euros, con lo que el saldo acumulado en los 10 primeros meses del año aumentó hasta los 26.339 millones. Esta cifra supera en un 6% al gasto realizado en el mismo periodo de 2011 y confirma lo desajustado de las previsiones del Gobierno, que estimaba un recorte del 5,5% para el conjunto del ejercicio.
Además, a tres meses de final de año, ya que el Ministerio de Empleo da los datos sobre prestaciones con un mes de retraso, el desembolso total se queda a apenas 2.500 millones del máximo previsto para todo el ejercicio. Para paliar la insuficiencia de los servicios públicos de empleo para financiarse con las aportaciones sociales de empresarios y trabajadores, el Gobierno inyectó 13.306 millones a este organismo para pagar el paro, pero el persistente auge del desempleo ha hecho insuficiente esta aportación.
Para reducir el gasto en prestaciones, el Ejecutivo endureció los requisitos para beneficiarse de la renta activa de inserción y recortó la cuantía que se abona a los parados que lleven más de medio año apuntados al antiguo Inem. No obstante, confía en que el efecto de estas medidas, aprobadas en julio, se note más en 2013. Para el próximo año prevé gastar un 6,3% menos. Esto es, 26.696 millones, prácticamente lo mismo que ha abonado hasta octubre. Y eso que reconoce que se seguirá destruyendo empleo y que la tasa de paro apenas se reducirá unas décimas, proyecciones que no comparten la mayoría de analistas privados y organismos internacionales.
http://economia.elpais.com/economia/2012/12/04/actualidad/1354622667_262187.html
LA SALIDA DE LOS CUIDADORES PROVOCA EL PEOR NOVIEMBRE EN EL EMPLEO DESDE 2001
La afiliación cae en 205.678 ocupados condicionada por los recortes en la ley de dependencia·
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El paro registrado aumenta por cuarto mes consecutivo y repunta en 74.296 desocupados·
El total de personas apuntadas al antiguo Inem marca un nuevo récord históricoLos cambios en la ley de dependencia, modificaciones que han motivado la salida del sistema de 150.000 semiprofesionales que antes cotizaban, han provocado el peor mes de noviembre para el empleo de toda la serie histórica, que arranca en 2001, según los datos que ha publicado este martes el Ministerio de Empleo con medias mensuales. Durante el pasado mes se dieron de baja de la Seguridad Social 205.678 personas, lo que sitúa la cifra global de ocupados en 16.531.048, el nivel más bajo desde marzo de 2003. Del total, 85.233 corresponden a los cuidadores de personas en situación de dependencia con lo que, aun teniendo en cuenta esto y restando sus bajas, el dato se sitúa como el segundo más malo para un mes de noviembre de todo este periodo por detrás del de 2008.
Frente al conjunto de la serie histórica, el dato representa el séptimo más malo para el empleo del total y solo se ve superado por algunos meses de enero y agosto de estos años de crisis.
El hecho de que las estadísticas oficiales recojan solo 85.223 bajas asociadas a los cuidadores cuando en realidad la salida total de personas apuntadas en este sector de actividad fue prácticamente el doble se explica porque el Ministerio ofrece medias mensuales de afiliación y la fecha en la que se formalizó la medida fue el 15 de noviembre, con lo que solo se computa a la mitad de los afectados.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha justificado los resultados de noviembre en que “reflejan la corrección estadística derivada de la afiliación de cuidadores no profesionales de la Dependencia". Además, ha destacado que este colectivo "no solo no incorporaba recursos al sistema, sino que trajo aparejada un coste de 1.034 millones desde 2008 hasta ahora”.
Por su parte, el paro registrado en los servicios públicos de empleo aumentó en 74.296 personas en noviembre, un mes que junto a agosto y enero es el tradicionalmente más malo para el empleo en España, pero no tanto. Tras este repunte, que representa el cuarto mes consecutivo de subidas, el número de personas apuntadas al antiguo Inem asciende a 4,9 millones. Nunca antes había habido tantos desocupados en la lista del paro.
El balance mensual del paro registrado también está condicionado por la extinción de los convenios especiales de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Sin contar con este cambio, el desempleo habría aumentado en 36.313 desocupados.
Por su parte, los datos de la Seguridad Social y los servicios públicos de empleo limpios de polvo y paja, esto es, corregidos de efectos estacionales, también arrojan resultados negativos. Del lado de la ocupación, la afiliación cae en 144.337 personas y, en cuanto al paro, aumenta en 49.450 desocupados.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha reconocido que "sin duda un mal dato" aunque ha reiterado que el Gobierno trabaja “cada día para darle la vuelta a esa situación”. Según ha declarado, el paro es "el rostro de la crisis" y también la razón para “no tirar la toalla”. Asimismo, ha asegurado que la reforma laboral "está ayudando a frenar la destrucción de empleo" y "facilitará que cuando volvamos a crecer se cree empleo establece y de calidad".
Por sectores, el paro aumenta principalmente en los servicios, que acapara el 85% de los nuevos desempleados con 63.166. Por detrás, la agricultura aporta 5.777 parados más y, la industria, 4.670. Mientras, en el colectivo de personas sin empleo anterior aumenta en 2.954 Y entre los jóvenes menores de 25 años baja en 1.014 personas.
En el lado opuesto, el desempleo entre los trabajadores procedentes de la construcción disminuye en 2.271 personas. Por sexo, el desempleo sube más entre las mujeres, ya que la gran mayoría de afectados por la extinción de los convenios por dependencia eran cuidadoras.
Por comunidades, el paro registrado solo desciende en la Comunidad Valenciana en 3.101 personas y sube en el resto, sobre todo en Andalucía (23.553) y en las Islas Baleares (9.226).
http://economia.elpais.com/economia/2012/12/04/actualidad/1354608185_622034.html
EL PARO SUBE 74.296 PERSONAS EN NOVIEMBRE Y REBASA LOS 4,9 MILLONES
El total de desempleados registrados en las oficinas de empleo sube por cuarto mes consecutivo y bate un nuevo récord. La afiliación cae en 205.678 personas.
Los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social durante el mes pasado publicados este martes vuelven a esbozar un panorama laboral sombrío con más de 4,9 millones de personas apuntadas a los Servicios Públicos de Empleo. Además, mientras el desempleo creció en 74.296 personas -un 1,5% más que el mes anterior-, las afiliaciones cayeron en 205.678 ocupados.
Esta cifra ha sido mayor que la de hace un año, cuando 59.536 personas se sumaron a las listas del paro este mes. Noviembre marca un nuevo un récord histórico global, al situarse por primera vez por encima de los 4,9 millones. El desempleo alcanzó, por tanto, al cierre de noviembre, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, según informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, informa Europa Press.
La subida del desempleo en noviembre, mes en el que históricamente suele aumentar el paro, es la cuarta consecutiva tras la de agosto, septiembre y octubre y el segundo peor registro en este mes dentro de la serie tras el de noviembre de 2008.
No obstante, el Ministerio ha explicado que el registro del mes de noviembre se ha visto alterado por la extinción de los convenios especiales obligatorios de la Seguridad Social para cuidadores no profesionales de personas dependientes. Empleo ha encontrado en la decisión del Gobierno de recortar las prestaciones destinadas a las personas dependientes la coartada perfecta para explicar un nuevo mal dato laboral.
Se trata de un "efecto puntual", que ha traspasado a la listas del desempleo a 37.983 personas más en el mes de noviembre, han explicado desde el departamento que dirige Fátima Báñez. Éstas se encontraban dadas de alta como demandantes de empleo, pero no computaban hasta ahora en el paro registrado en virtud de su convenio especial. Así, Empleo precisa que, sin este efecto, el paro habría aumentado en noviembre en 36.313 personas, un 0,7% respecto al mes de octubre, lo que habría llevado el total de desempleados a 4.869.834 personas.
Báñez, por su parte, ha reconocido que la subida del desempleo es un "mal dato" y ha insistido en que el Gobierno "no tira la toalla" ante lo que ha calificado como "drama social". Sin embargo, los recortes de las administraciones públicas y el parón de la economía española siguen fomentando la destrucción de empleo y hacen muy complicada la recuperación del panorama laboral.
El parón de la contratación es otra mala señal para el mercado de trabajo. En noviembre se registraron un total de 1.151.771 contratos, un 5,4% menos que en noviembre de 2011. De ellos, 100.179 eran indefinidos, cifra equivalente al 8,7% del total y un 19,4% superior a la del mismo mes de 2011.
El desempleo creció en todos los sectores, excepto en la construcción. De nuevo los servicios los que concentraron el 85% de la subida del paro de noviembre, con 63.166 desempleados más. En términos interanuales, todos los sectores aumentan su desempleo. La afiliación muestra que las actividades sanitarias y los servicios sociales siguen destruyendo fuertemente empleo, probablemente afectados por los recortes en este sector.
En cuanto a las comunidades, sólo el País Valencià redujo su paro. En el lado opuesto, Andalucía e Illes Balears lideran la subida con 23.553 y 9.226 parados más, respectivamente
http://www.publico.es/446836/el-paro-sube-74-296-personas-en-noviembre-y-rebasa-los-4-9-millones
CIENTOS DE MILES DE MANIFESTANTES CIERRAN LA PROTESTA DE LA HUELGA GENERAL DEL 14-N
Cientos de miles de personas se han manifestado en la tarde de este miércoles en las principales ciudades del país como colofón a una jornada de huelga general, la octava en democracia y la segunda en lo que va de año, que se ha zanjado con un seguimiento del 76,7%, según los sindicatos convocantes, o del 12%, según la patronal. Según el Ministerio del Interior, se han producido 142 detenciones, frente a las 196 registradas durante el paro del 29 de marzo. Hay 74 heridos (43 de ellos, agentes de policía), frente a los 84 (56 agentes) de marzo. Después de la manifestación de Madrid, se han producido incidentes violentos en la plaza de Neptuno, donde la policía se había desplegado para evitar protestas junto al Congreso de los Diputados.
En Madrid y Barcelona, las manifestaciones colapsaron las avenidas por las que debía discurrir la protesta. Según la guardia urbana, hasta 110.000 personas se han reunido en el paseo de Gràcia de la capital catalana, la mitad según la Delegación del Gobierno. En Valencia, 35.000, según la policía local. En Madrid, también 35.000 personas, según la Delegación del Gobierno.
La Delegación del Gobierno había prohibido manifestarse en la plaza de Neptuno, por su cercanía al Congreso de los Diputados. El itinerario de la marcha convocada por Comisiones Obreras y UGT pasaba por esa plaza, donde un fuerte dispositivo policial impedía acceder a la carrera de San Jerónimo. La delegada, Cristina Cifuentes, había advertido que la actuación policial dependería de la actitud de los participantes en la protesta, añadiendo que "aplicaría la ley con todo su rigor" en caso de no respetarse la prohibición de concentrarse en las inmediaciones del Congreso.
A partir de las siete y media de la tarde había convocada una vigilia, hasta las nueve de la mañana del día siguiente, en esa zona. Unas 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han secundado la protesta, organizada por el Movimiento 15-M y la Coordinadora 25-S, sin mezclarse con la manifestación sindical. La Unidad de Intervención Policial ha dispersado a las 19.45 a un grupo de manifestantes encapuchados que zarandearon las vallas en Neptuno, gritando, lanzando objetos e insultando a los agentes antidisturbios. Los policías amagaron con una carga, y ampliaron el perímetro de seguridad 10 metros.
A las nueve de la noche se ha disparado la tensión de nuevo, con carreras, gritos y amagos de cargas policiales. Los agentes han lanzado botes de humo y salvas de advertencia, mientras grupos de manifestantes arrojaban botellas y otros objetos, provocaban un pequeño incendio y tumbaban las vallas de protección alrededor de la fuente. Decenas de personas se han sentado luego el suelo, frente a los agentes antidisturbios, mientras muchos más se colocaban detrás, extendiendo las palmas de las manos. La actuación policial ha dispersado la multitud alrededor del dispositivo que protege la entrada a la carrera de San Jerónimo. Se han producido después incidentes por la zona de Atocha, mientras en Neptuno continuaba la sentada.
El Gobierno había destacado en su última comparecencia, a las siete y media de la tarde, la "ausencia de problemas graves de orden público". Según Cristina Díaz, directora general de Política Interior, "se han cumplido los servicios mínimos en todos los sectores". Pese a los "incidentes aislados en el centro de algunas ciudades", "tanto los ciudadanos que han secundado la huelga como los que no han podido ejercer sus derechos con plenas garantías", ha añadido Díaz.
El Gobierno ha evitado cuantificar el seguimiento de la huelga, aunque ha aportado algunos datos. En el transporte de larga distancia y mercancías, la incidencia ha sido "baja"; en el urbano, "desigual". Las grandes superficies comerciales, así como Mercamadrid y Mercabarna, "han abierto con normalidad". "Ha habido incidentes en Valencia y Granada, y un mayor seguimiento en Zaragoza, Sevilla y Asturias. Se han paralizado las plantas de automoción de Cataluña, Galicia, Aragón y Castilla-La Mancha; y el seguimiento en la Administración General del Estado ha sido regular", ha añadido.
Según los sindicatos convocantes, sobre un total de 14,23 millones de asalariados han hecho huelga 9,19 millones; otros 2,26 millones han participado en los servicios mínimos. Así, solo 2,79 millones de personas habrían acudido a sus puestos de trabajo como en un día normal. El seguimiento habría ascendido al 76,7%. En el anterior paro, el 29 de marzo, hicieron huelga 10,47 millones de trabajadores, es decir, un 12,2% más. Sin embargo, el porcentaje global fue similar, del 77%; esto se explica por la distinta cifra de población activa y de servicios mínimos.
Por sectores, y siempre según los sindicatos, la participación habría sido del 96% en agricultura, ganadería y construcción; de entre el 90% y el 95% en los transportes y la recogida de basura; del 68% en el comercio; y del 55% en los medios de comunicación. La mayor incidencia se ha registrado en la industria. También se ha dejado sentir en la cultura. En la Administración, oscilaría entre el 52% entre los trabajadores públicos del Estado, el 56% en la Sanidad y los servicios sociales, el 62% en las autonomías, y el 75% en la Educación y los Ayuntamientos. CSIF, el principal sindicato de la función pública, no se ha sumado a la protesta.
Por regiones, la mayor participación se registraría, también según los sindicatos, en Cataluña, Asturias y Galicia (85%), seguidas de Andalucía (80%), Cantabria (79%), Madrid (78%) y la Comunidad Valenciana (78%). La menor, en Ceuta (30%) y Melilla (48%), y en el País Vasco (51%); en el resto, no habría bajado del 68% (Canarias y Baleares).
El consumo de energía, un termómetro para cifrar el seguimiento pese a que el cálculo de la demanda es complejo, apunta que la huelga ha tenido menor poder de convocatoria que la de hace ocho meses. Según datos de Red Eléctrica Española, la demanda a las ocho y media de la noche era un 11% inferior a la prevista, siendo esta misma cifra del 15,7% en la huelga del 29 de marzo y del 13,9% en la de 2010.
"Estamos profundamente agradecidos a los trabajadores que han seguido la huelga, en una situación tan difícil, con casi seis millones de parados. Exigimos un cambio rotundo de las políticas del Gobierno, si no nos llevarán al precipicio", ha valorado el secretario general de UGT, Cándido Méndez.
"Frente a políticas que sumen al país en la recesión, deteriorando la convivencia y condenando al paro a seis millones de personas, hay alternativas. Las alternativas van a surgir de la presión de la ciudadanía, como han surgido en la lucha contra los desahucios", ha recalcado el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Ignacio Fernández Toxo, que no descarta "más huelgas generales en los próximos meses". "Eso está en la mano del Gobierno", ha advertido.
Ambos han enfatizado en su discurso tras la manifestación que la huelga "ha cumplido los objetivos" por los que se había convocado. "Qué gran día para la democracia ha sido el 14-N. Ha habido un gran paro general en toda España y una gran demostración cívica", ha dicho Méndez. "Ha sido una magnífica noche en Madrid. Es histórica por lo que está llamada a representar en el futuro, el día de hoy no es la estación término de nada", ha exclamado Toxo.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha criticado que "la huelga es un torpedo contra la recuperación".
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reclamado al Gobierno "que cambie su política económica para no dejar a mucha gente en la cuneta". El ministro de Economía, Luis de Guindos (Partido Popular), ha señalado que la huelga "no es el camino adecuado para reducir la incertidumbre". "Somos conscientes de la dificultades de la sociedad pero la hoja de ruta del Gobierno es la única alternativa posible", ha añadido. El Partido Popular ha equiparado económicamente este día de paro al 80% de los desahucios.
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/13/actualidad/1352838703_548795.html14-N: INDIGNACIÓN GENERAL CONTRA EL GOBIERNO
El inconmensurable malestar social provocado por el grave empeoramiento de la calidad de vida en España descargó ayer su indignación contra el Gobierno de Mariano Rajoy. La política económica del Ejecutivo tuvo que soportar ruidosas protestas en todo el país, donde estalló la octava huelga general en 36 años de democracia, la segunda convocada en menos de ocho meses, un negro récord que el PP encajó sin pestañear.
Zarandeado por esta protesta general ciudadana contra el año escaso de gestión popular, el presidente Rajoy ha decidido mantenerse firme en su apuesta por el drástico recorte del gasto público para cumplir con la reducción del déficit como principal bálsamo contra la crisis.
"El plan del Gobierno es la única alternativa posible", proclamó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, para ahuyentar cualquier posibilidad de rectificación y rechazar de plano las reivindicaciones de los huelguistas. Los sindicatos avisaron de que seguir aplicando esa "alternativa única" sin cambios traerá más protesta en las calles.
Esta enorme fractura entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores vivió ayer un capítulo especial. Mientras que miles de piquetes —mucho más numerosos que en anteriores paros, según los sindicatos— agitaban con sus gritos las zonas comerciales y los polígonos industriales de toda España, los diputados del PP bendecían con su mayoría absoluta en el Congreso el ajuste presupuestario más duro de la historia sin hacer caso a las 3.600 enmiendas de los grupos de la oposición.
El seguimiento de la huelga general, a la que estaban convocados los 17,3 millones de trabajadores que hay en España —hace solo cuatro años había 20,4 millones—, fue notable aunque no masivo. Los principales servicios públicos —hospitales, colegios, transportes— funcionaron con la anormalidad de una jornada de servicios mínimos aceptados por los sindicatos y que dos millones de trabajadores cumplieron a rajatabla; la industria, vigilada por pelotones de piquetes en los polígonos más grandes, apenas tuvo actividad; el comercio abrió, protegido en ocasiones por batallones de policías, en una jornada complicada para el consumo.
Hubo 74 heridos (43 de ellos policías) y 118 detenidos durante enfrentamientos esporádicos entre agentes y manifestantes que se registraron en distintas ciudades antes de las marchas callejeras de la tarde.
La indignación de numerosos colectivos por las políticas del Gobierno encontró en el 14-N el eco perfecto para su mensaje de protesta. Un grupo de actores tomó el Teatro Español en Madrid para censurar las reformas culturales del Gobierno y pedir la dimisión del ministro Wert; alumnos, profesores y padres denunciaron vestidos de verde los recortes educativos en los centros; los vestíbulos de algunos hospitales públicos se llenaron de batas blancas para defender reivindicaciones similares; 80 jueces comunicaron al Consejo General del Poder Judicial que incumplían la ley para hacer huelga.
El Gobierno se aferró al dato de la demanda de energía eléctrica en tiempo real para restar importancia a la protesta. Aunque el consumo cayó casi un 12,7% respecto a la previsión de un día normal, el descenso fue inferior al registrado en la huelga general del 29 de marzo (por encima del 16%).
Los sindicatos, que presumieron de un "éxito total" en la huelga, replicaron con sus propias cifras, basadas en los cálculos del colectivo denominado Economistas Frente a la Crisis, quienes evaluaron en un 66% el seguimiento del paro en los sectores productivos del país.
Cándido Méndez (UGT) calificó la huelga de "legítima autodefensa general de la dignidad del pueblo español"; el jefe de la patronal CEOE, Juan Rosell, replicó que el paro era "un torpedo contra la recuperación económica". El PP añadió más leña al fuego al comparar en su argumentario el coste de un día de huelga general —supuestamente 4.000 millones de euros— con el dinero que haría falta para evitar el 80% de los desahucios —esos mismos 4.000 millones de euros—.
La actividad política se mantuvo a medio gas durante una jornada atípica que logró paralizar la campaña electoral catalana, en la que solo dos partidos, PP y Ciutadans, mantuvieron su agenda de mítines.
Con España al borde del rescate por sus tremendas dificultades financieras; con el Estado del bienestar sometido a un acelerado régimen de adelgazamiento; con los ciudadanos atemorizados por el paro incesante —en los tres primeros trimestres de gestión del nuevo Gobierno hay 500.000 desempleados más, según la Encuesta de Población Activa— y acobardados por una reforma laboral que facilita los despidos baratos; con una pesada cadena de decretos para subir impuestos, recortar gastos, eliminar prestaciones sociales e imponer sacrificios insólitos, el país vivió ayer una "marea democrática de rechazo a las políticas del Gobierno", según la definió el líder de CC OO, Juan Ignacio Toxo.
Las mareas de piquetes que recorrieron por la mañana las calles de las grandes ciudades para impedir la apertura de comercios se convirtieron por la tarde en mareas de manifestantes que atascaron el centro de las capitales. Cientos de miles de españoles protestaron contra las medidas del Gobierno en marchas multitudinarias.
Pero una vez más, la protesta seguida por millones de trabajadores que secundaron la huelga o se manifestaron ayer en España no tendrá efectos inmediatos ni rectificaciones próximas.
El Ejecutivo del PP asistió a la movilización sin mover un músculo que permita atisbar un cambio de rumbo en su política. "La jornada ha transcurrido con normalidad", leyó a última hora de la tarde la portavoz del Ministerio del Interior para la huelga general.
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/15/actualidad/1352943822_572072.htmlEL PARO REGISTRADO SUBE EN OCTUBRE EN 128.242 PERSONAS HASTA LOS 4,8 MILLONES
· El número de personas apuntadas al antiguo Inem avanza por tercer mes consecutivo
· El empleo se reduce en 73.077 afiliados, hasta los 16,7 millones
El mercado laboral español sigue sin dar señales de recuperación. En octubre, el número de personas apuntados a las oficinas de los servicios públicos de empleo avanzó en 128.242, un 2,73% con respecto a agosto, hasta marcar un nuevo récord sobre los 4,8 millones. Con este repunte, el paro registrado acumula su tercer mes consecutivo al alza. Del lado del empleo, la Seguridad Social perdió 73.077 afiliados, hasta los 16,7 millones, lo que equivale a un retroceso del 0,43% mensual. Con ello, en el último año han salido del sistema 623.586 trabajadores, un 3,59%, según los datos que ha publicado este lunes el departamento que dirige Fátima Báñez.
El fin de la temporada turística y el persistente efecto de los ajustes y recortes del gasto público siguen haciendo estragos en el empleo. El aumento de los desempleados al antiguo Inem de octubre, un mes tradicionalmente malo en el mercado laboral, está en línea con el balance de hace un año, cuando el paro registrado aumentó en 134.182 personas.
El sector servicios aporta tres de cada cuatro nuevos desempleados registrados en este mes con un incremento de 97.610 parados, lo que equivale a un avance del 3,4%, como consecuencia de un número considerable de empleos de carácter estacional. En cuanto al resto, el paro también sube en la agricultura en 24.401 personas (15,18%), en industria aumenta en 8.888 (1,69%) y en el colectivo sin empleo anterior crece en 1.013 personas (0,27%). Por el contrario, baja en la construcción, donde se reduce en 3.670 personas (-0,48%).
La restricción de los contratos temporales para verano también pasa factura entre los jóvenes. Así, entre los jóvenes menores de 25 años el desempleo aumenta en 20.604 personas (4,41%) respecto al mes anterior.
Por comunidades, el paro registrado solo baja en dos, Canarias, con apenas 993 desempleados menos, y en la Comunidad Valenciana, con 867. Sube, en cambio, en las otras 15, sobre todo en Andalucía, con 32.139 parados más, y Castilla-La Mancha, con 16.791.
Junto a los datos de paro registrado, hace dos semanas se conoció la Encuesta de Población Activa del INE, que arrojó un avance del número de personas sin trabajo hasta los 5,7 millones. Este nivel de desempleo arroja que, por primera vez en la historia, la tasa de paro ha superado el 25%, lo que se traduce en que uno de cada cuatro residentes en España en edad y disposición de trabajar no encuentra un empleo.
http://economia.elpais.com/economia/2012/11/05/actualidad/1352102400_298035.html
FÁTIMA BÁÑEZ ASEGURA QUE ESPAÑA “ESTÁ SALIENDO DE LA CRISIS”
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La ministra se muestra muy optimista tres días después de conocerse el récord de paro
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La respondable de Empleo justifica que el Gobierno está tomando decisiones "responsables"
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Afirma que la reforma laboral "está ayudando a muchas empresas a superar la crisis"
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado este lunes que España está "saliendo de la crisis", a lo que ha añadido que "no es un optimismo vacío", puesto que en España "se están viendo ya señales esperanzadoras". La titular de Empleo realiza estas declaraciones tres días después de que saliesen los datos del paro referentes al tercer trimestre de 2012, que confirmaron que uno de cada cuatro trabajadores está en el paro y que el desempleo sigue batiendo todos sus récords. "Tenemos futuro y vamos a salir fortalecidos" de la crisis, ha insistido la ministra durante la presentación del número 100 de la revista del Ministerio de Empleo.
La ministra de Empleo, que achacó este optimismo a las decisiones "responsables" del Gobierno y a las reformas que se están adoptando "desde la confianza en nosotros mismos", aseguró que España cuenta con fortalezas como una economía internacionalizada y diversificada, un sector turístico puntero y una juventud muy bien formada. Asimismo, aseguró que la reforma laboral "está ayudando a muchas empresas a superar la crisis", gracias a una mayor flexibilidad interna. Los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa conocidos el viernes reflejan una fuerte caída del empleo fijo desde la puesta en marcha de la norma.
No es un optimismo vacío, ya se están viendo señales esperanzadoras en la economía"
Por otro lado, Báñez realizó también una llamada a la "responsabilidad" de todos los agentes económicos, políticos y sociales para impulsar la recuperación. A su juicio, "el empleo no se crea derrochando dinero público", sino transmitiendo confianza. En este punto, se refirió por ejemplo a la responabilidad de los empresarios como impulsores de la salida de la crisis a través de la generación de riqueza y la creación de empleo, así como de los funcionarios, a través de su "vocación de servicio".
Minutos antes de pronunciar estas palabras, medio centenar de trabajadores del Ministerio se concentraban a las puertas de la sala donde iba a intervenir Báñez, portando carteles y pitos, y pidiendo a gritos la dimisión de la ministra. Así, se podían leer mensajes como No hay pan para tanto chorizo y cánticos como El próximo recorte que sea en las Cortes o No es una crisis, es una estafa.
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/29/actualidad/1351520497_933013.html
FÁTIMA BÁNEZ: "PARA EL GOBIERNO SON TAMBIÉN PERSONAS AQUELLAS QUE SE VAN AL PARO EN EL SECTOR PÚBLICO"
La ministra de Empleo y Seguridad Social ha afirmado este viernes que los trabajadores de la Administración pública "son también personas" y "preocupan igual" al Gobierno. Aun así, recuerda que "se está produciendo el ajuste en el sector público necesario para que nuestra economía vuelva a crecer y sea competitiva".
EL PARO EN ESPAÑA SUPERA EL 25% POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA
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La Encuesta de Población Activa arroja un aumento de 85.000 personas, hasta los 5.778.100
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España destruye 96.900 puestos de trabajo durante el verano
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El paro supera el 30% en 16 provincias y llega al 41% en Ceuta
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La mayor destrucción de empleo se concentra en el sector público
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El número de familias con todos sus miembros en paro continúa al alza
Uno de cada cuatro trabajadores está en paro. El dato es redondo, contundente, frío. Muy frío. Y, en cambio, también es muy elocuente. Habla por sí mismo de cual es el principal problema que padece España. Eso se corroboró este viernes, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer que el desempleo siguió subiendo en verano. Llegó al 25,02%. Un nuevo hito histórico de la crisis, como los 5,778 millones de parados. Este dato, otro lado de un prisma muy complejo, no es tan frío, está lleno de caras.
El combinado de recesión más abaratamiento del despido y recortes ha logrado algo que parecía imposible: agravar la enfermedad que sufre el mercado laboral español. Desde que comenzaron a notarse los primeros síntomas de la recaída en la segunda mitad del año pasado se han destruido 835.900 empleos y el número de parados ha crecido en 799.700 personas.
Y ahora comienza el invierno, la peor época para buscar trabajo. Se ha acabado la temporada alta turística: el buen tiempo ya no protege las obras ni las campañas agrícolas; y el resto de sectores ya no tienen que sustituir a los empleados que se van en las vacaciones estivales. Dice la lógica y la costumbre —agravadas por la recesión— que ahora se recrudece la destrucción de empleo y el aumento del paro. Dicho de otra forma, más pronto que tarde España marcará otro trágico hito laboral: superará los seis millones de parados.
La magnitud de estas cifras es de tal calibre que por sí mismos bastan para hacerse una idea del tamaño del desastre. Pero si a esta cifra se añade una lista de países con los que España comparte este grave problema la idea se puede transformar en pesadilla. Grecia, Serbia, Bosnia, Armenia, Suráfrica... Estados casi fallidos o países que todavía se recuperan de traumas históricos muy recientes.
"Nunca la subida del paro es una buena noticia", admitió la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Hecha esta declaración de principios, Báñez trató a continuación de resaltar algunos datos que ella considera esperanzadores. Resaltó que "en los dos últimos trimestres se ha moderado la destrucción de empleo" o que ha aumentado el número de autónomos.
12.000 personas menos dispuestas a trabajar
La ministra no mencionó la caída de la población activa. El número de personas y disposición de trabajar se redujo en 12.000 personas entre julio y septiembre y evitó una subida mayor del número de parados y de la tasa de desempleo. Esta reducción se debe exclusivamente a la salida de España de los trabajadores extranjeros.
Tanto la titular de Empleo como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, pusieron énfasis en destacar que la destrucción de empleo se debe en buena medida a los despidos en la Administración. Solo en el último año el sector público cuenta con 230.000 empleados menos; en el trimestre 49.400, 200 menos que en el sector privado.
Si algo diferencia a esta nueva recesión de la anterior, es que en esta ocasión el ajuste está haciendo mella en el empleo público. En la contracción de 2008 y 2009, el desplome del mercado laboral procedía exclusivamente del sector privado. A pesar del déficit y las múltiples voces que advertían de esto, las Administraciones siguieron creando empleo y evitaron un desplome mayor.
En cambio, ahora sí que hay un rasgo constante común con la anterior recesión y que ha permanecido inmutable durante los cinco años de crisis: el hundimiento de la construcción. A pesar de ser verano, entre julio y septiembre desaparecieron 56.100 empleos en este sector. Fue el que más perdió.
La crisis ha arrastrado 3,2 millones de puestos de trabajo (tantos como habitantes tiene Madrid). De ellos, unos 2,2 millones se relacionan de forma directa con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria: proceden de la construcción y de industrias y servicios afines como la fabricación de muebles, la venta de viviendas, o arquitectos, ingenieros y jardineros.
Después de la construcción, el sector más castigado en verano fueron los servicios. Que sean estas dos ramas las más golpeadas en los meses de verano es una prueba irrefutable de la gravedad de la situación actual. En concreto, los últimos tres meses vieron como los servicios empleaban a 32.700 personas menos.
La gran importancia de este sector en España —el que da trabajo a más gente con mucha diferencia sobre el segundo, la industria— marca el ritmo del deterioro laboral. Los servicios han sufrido la nueva recesión con fuerza y eso explica, por sí mismo, más de la mitad del empleo que se ha perdido en el último año.
En la encuesta de población activa (EPA), la mejor herramienta para conocer al mercado laboral, también pueden observarse los lados más dramáticos del desempleo. Uno de ellos son los parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año en paro y quienes, según la teoría económica, tienen más problemas para salir de esa situación. En el tercer trimestre, este colectivo contó más de tres millones por primera vez. Otro es el número de hogares en el que todos sus miembros están en paro. Aunque la cifra apenas varió de junio a septiembre, sigue siendo igual de elocuente: 1.737.900.
Cuando la crisis ya camina hacia su sexto año, en la EPA proliferan preocupantes síntomas de agotamiento. Para observar esto hay dos elementos. Por un lado, el número de personas que deja de buscar empleo y tira la toalla, cerca ya del medio millón. Por otro, el incremento de los autónomos. Solo en un trimestre han recurrido al autoempleo 65.100 trabajadores. Esto que para la ministra de Empleo es un síntoma esperanzador, para muchos expertos no es más que una prueba de desesperación por parte de los parados, que ante la evidencia de que no encuentran un empleo acaban intentándolo por su cuenta.
Conocidos los datos, oposición y sindicatos se lanzaron contra el Gobierno. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, señaló que eran "malos sin paliativos". Ignacio Fernández Toxo, que dirige una organización que ha convocado una huelga general para el próximo 14 de noviembre, puso el acento sobre la caída de la población activa afirmó que la EPA "en goteo persistente". UGT, otra de las centrales convocantes del paro del próximo mes, volvió a reclamar al Gobierno un cambio en su política para insuflar aire en el mercado laboral. Es tradicional en la organización que lidera Cándido Méndez que con cada mal dato sobre empleo reclame al Ejecutivo un cambio de rumbo.
También la patronal CEOE recurrió a su manual en esta ocasiones y aprovechó la publicación de la EPA con datos "desfavorables" para reclamar más "medidas de flexibilidad en el mercado laboral".
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/26/actualidad/1351234757_130837.htmlLOS TRABAJADORES DESPEDIDOS POR ERE AUMENTAN EN AGOSTO HASTA EL 27% DEL TOTAL
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Los llamados expedientes de extinción afectan a 7.504 personas
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El total de afectados por expedientes asciende a 299.021 trabajadores desde enero
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La cifra es un 53% más alta que en el mismo periodo de 2011
Los expedientes de regulación de empleo crecen de forma incesante desde que se aprobó la reforma laboral y con ellos el número de trabajadores afectados.Hasta agosto, último mes con datos disponibles, los empleados que han sufrido un ERE ha subido hasta casi los 300.000, un 53% más que el año anterior. La combinación de la reforma laboral y el regreso de la recesión siguen haciendo mella en el ya muy deteriorado mercado laboral español.
El Gobierno sigue valorando de forma positiva el cambio normativo del cambio normativo de febrero. Según defendió ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la reforma ha sido muy beneficiosa en la medida en que ha permitido a las empresas transformarse en más "saludables". La ministra se basa en el peso relativo de los despidos colectivos en el total de expedientes. Los 50.841 trabajadores afectados suponen el 17% del total. No obstante, en agosto este porcentaje subió hasta el 27,6%, el dato más alto desde mayo del año pasado. En total, fueron 7.504. Además, el número de despidos colectivos no ha dejado de crecer en los últimos meses y ya supera con holgura los efectuados en el mismo periodo del año anterior.
Otra cosa a tener en cuenta a la hora de analizar los ERE es que tanto los de suspensión de empleo -los más utilizados hasta ahora- como los de reducción de jornada cuentan con ayudas públicas desde marzo de 2009 (a los trabajadores se les repone los derechos de protección frente al desempleo y los empresarios cuentan con bonificaciones). Estas ayudas desparecerán para los nuevos a partir de enero, según contemplan los presupuestos del año que viene, por lo que es de prever que el peso relativo de los despidos colectivos crecerá en 2013.
También se deja sentir en los expedientes la desaparición de la autorización adminitrativa decretada en la reforma, sobre todo entre los despidos colectivos. Ha aumentado su peso. En los primeros ocho meses de 2011, los ERE de este tipo sin pacto afectados afectaron a un 12% de los empleados que perdieron su empleo en una regulación de empleo. Este porcentaje ha aumentado hasta el 23% en 2012.
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/25/actualidad/1351155984_731712.htmlEL PSOE PIDE POR CARTA A BÁÑEZ PLANES DE EMPLEO COMO EL DE SU LOCALIDAD PARA TODA LA PROVINCIA GRANADINA
El secretario de Política Municipal del PSOE Granada, Noel López, ha avanzado este sábado que su formación pedirá por carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, planes de empleo como el que ha puesto en marcha en su localidad, San Juan del Puerto (Huelva), para todos los municipios de la provincia granadina.
El secretario de Política Municipal del PSOE Granada, Noel López, ha avanzado este sábado que su formación pedirá por carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, planes de empleo como el que ha puesto en marcha en su localidad, San Juan del Puerto (Huelva), para todos los municipios de la provincia granadina.
El representante socialista instará a la ministra a través de la misiva a que extienda esta medida "en condiciones de equidad y equilibrio social" a todos los municipios de la provincia de Granada y de toda la comunidad autónoma que, según ha señalado, "también necesitan y son merecedores de planes específicos de empleo".
"Entiendo que lo que es bueno para San Juan del Puerto, es bueno para el resto", afirma el secretario de Política Municipal en la carta, donde no rechaza que este municipio disponga de la iniciativa, si bien incide en que la situación económica de esta población "será similar a la que atravesamos en la provincia de Granada".
López ha recordado a Báñez que es ministra "de todos los españoles", por lo que "no debe de mostrar únicamente compromiso y capacidad de gestión para su municipio y olvidarse del resto". "En Andalucía hay 771 municipios, 48 entidades locales menores y ocho diputaciones, que merecen el mismo trato", ha indicado López, quien ha lamentado "que para Fátima Báñez haya ciudadanos de primera y de segunda".
El representante socialista ha incidido además en los "patinazos y en la acumulación de hitos negativos" que, según ha destacado, evidencian una gestión "nefasta" de la ministra del PP. "Una persona que se encomienda a la Virgen para crear empleo, que tiene como referencia de familia media en España la que ingresa 8.000 euros mensuales o que filtra datos personales de trabajadores afectados por un ERE a la prensa, demuestra su nulo contacto con la realidad y con el drama que sufren miles de ciudadanos como es el desempleo", ha criticado.
"No entendemos que la ministra de Empleo se reúna únicamente con una delegación de su pueblo natal y se olvide de plantear un plan de empleo específico para toda Andalucía dada la difícil situación que padece toda la comunidad", ha agregado López.
El secretario socialista de Política Municipal ha acusado además al Partido Popular de "castigar" a los andaluces por no dar al PP su respaldo en las urnas y de gobernar de manera "sectaria", lo que, según ha manifestado, supone "un desprecio para miles de ciudadanos que viven en Andalucía".
López reclama además en la carta al Gobierno Central que destine a Andalucía la financiación necesaria para garantizar las políticas activas de empleo. "El Ministerio de Empleo ha recortado en 300 millones de euros estas políticas, con lo que numerosos programas para los jóvenes andaluces y para los ciudadanos en general están en riesgo, como la contratación de los agentes locales de empleo (Alpes), las casas de oficio o las escuelas taller", ha concluido.
http://www.20minutos.es/noticia/1616380/0/
SAN JUAN DESTACA "EL APOYO" DE BÁÑEZ PARA CREAR EMPLEO EN EL MUNICIPIO AL IMPULSAR 'ACCIÓN EMPLEO'
La ministra de Empleo y Seguridad social, Fátima Báñez, ha recibido este martes el proyecto 'Acción Empleo' de manos del primer teniente alcalde del Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva), Duarte (PP), y de la concejal de desarrollo local, Carmen Rocío Rebollo, los cuales han destacado "el apoyo" de la ministra, que será la encargada, a través del ministerio que preside, de impulsar este plan con el que se pretende dinamizar los sectores económicos y fomentar la creación de empleo en el municipio.
La ministra de Empleo y Seguridad social, Fátima Báñez, ha recibido este martes el proyecto 'Acción Empleo' de manos del primer teniente alcalde del Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva), Duarte (PP), y de la concejal de desarrollo local, Carmen Rocío Rebollo, los cuales han destacado "el apoyo" de la ministra, que será la encargada, a través del ministerio que preside, de impulsar este plan con el que se pretende dinamizar los sectores económicos y fomentar la creación de empleo en el municipio.
El primer teniente alcalde se ha mostrado orgulloso del trato que San Juan "siempre ha recibido de la ministra, que ha demostrado una gran sensibilidad con su pueblo y va a prestar toda la ayuda posible para combatir el paro", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Se trata de una iniciativa que pretende dar respuesta a "la necesidad urgente" de creación de puestos de trabajo en el municipio. Para la realización de este plan se han seguido varias premisas: la apuesta por un empleo basado en el desarrollo sostenible, el aprovechamiento de recursos que siempre han sido menospreciados o la regeneración de espacios naturales, entre otros.
"Podremos mejorar la calidad de vida de los sanjuaneros y ofrecer un futuro de oportunidades para todos, modernizando las infraestructuras y los servicios municipales, así como impulsando la creación de empresas estables", ha afirmado Duarte.
Por su parte, la concejal del ramo ha comentado que "hoy es un día muy importante para San Juan, ya que nuestro trabajo y la colaboración de la ministra harán que la prosperidad llegue cuanto antes a esta localidad, pronto empezaremos a ver los resultados".
Las líneas de actuación que se van a impulsar son la formación y tutorización orientada a conseguir un empleo, promoción del turismo, nuevas tecnologías y comunicación, regeneración de espacios naturales y aprovechamiento de residuos y valorización de recursos ociosos para líneas de frío y calor industrial.
El primer teniente alcalde ha asegurado que el proyecto que hoy se ha presentado es el resultado de "un gran esfuerzo" realizado por el equipo de gobierno y los técnicos municipales competentes durante mucho tiempo y "el motivo no es otro que la obsesión de este grupo por la creación de empleo en nuestra localidad". Por otra parte, el edil ha instado al grupo socialista de la localidad a que "arrime el hombro para combatir el paro en San Juan del Puerto".
Desde el ayuntamiento, no sólo se pretende llevar este ambicioso plan al Ministerio, sino que también se presentará en otras administraciones públicas como el Gobierno o la Junta de Andalucía
http://www.20minutos.es/noticia/1591777/0/
LA MINISTRA DE EMPLEO VE “INJUSTIFICABLES” LAS DECLARACIONES DE CASTELAO BRAGAÑA
Fátima Báñez ve “lamentable” el comentario del alto cargo del PP que dijo que "las leyes son como las mujeres, están para violarlas" pero critica al PSOE por tomarlas para una “batalla política”
Tras días de silencio, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha pronunciado esta mañana sobre lo ocurrido el martes pasado cuando el presidente del Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior --uno de los órganos consultivos y asesores de su departamento—, José Manuel Castelao Bragaña, afirmó en una reunión de trabajo que “las leyes son como las mujeres, están para violarlas". Báñez ha declarado que el comentario le parece “lamentable” e “injustificable”, pero ha criticado al PSOE por hacer de este asunto un “tema partidista”. La oposición y las organizaciones de mujeres habían reclamado a Báñez y al Gobierno una disculpa pública por el nombramiento de Castelao Bragaña, que dimitió el viernes tras difundirse sus palabras.
"Las faltas de respeto a la ley y las actuaciones personales y declaraciones de una persona en el ejercicio de su responsabilidad no justifican que se quiera hacer por parte de algunos un tema partidista. Se trata simplemente de un tema de principios, de principios constitucionales, y de falta de respeto", ha señalado Báñez en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado que ha recogido Europa Press, donde ha afirmado que Castelao tomó una buena decisión al dimitir.
La ministra de Empleo ha insistido en que “se equivocan profundamente los que quieren hacer una batalla política de un tema que no es una batalla política, sino una batalla de principios”. “Son los principios constitucionales y el respeto a la ley lo que debe primar en este caso”, ha recalcado.
Báñez intenta acallar así las críticas y contestar a la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, que ha presentado esta mañana una denuncia contra Castelao Bragaña ante la Fiscalía General del Estado por entender que sus palabras pueden incitar a la violencia.
Ayer, el presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, también alabó la rápida dimisión de Castelao Bragaña por un comentario que cdefinió como “imperdonable”. No obstante, Feijóo destacó ayer en Santiago que el exresponsable de Ciudadanía Exterior dimitió “a las horas” de hacer ese “imperdonable comentario” mientras que “otros” –en alusión a cargos del PSOE— “se pasean por los mítines imputados o procesados”.
José Manuel Castelao, abogado gallego de 71 años afincado en Buenos Aires, pronunció ese comentario el martes en una reunión de trabajo del Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior en Santiago de Compostela, a una de las comisiones de este organismo, la de Educación, a la que le faltaba un voto para formalizar el acta. “No pasa nada. ¿Hay nueve votos? Poned diez… Las leyes son como las mujeres, están para violarlas”, dijo, según han explicado varias de las personas que estuvieron en la reunión, tal y como publicó EL PAÍS el viernes. La frase, por la que después se disculpó, despertó fuertes críticas entre los miembros del consejo. El viernes, poco después de que se difundiera lo ocurrido Castelao —que admitió haber hecho ese comentario aunque argumentó que se había “malinterpretado”— dimitía. Una renuncia, dijo sin embargo, que nada tenía que ver con lo sucedido.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/09/actualidad/1349794633_864351.html
LA EMPRESA FAMILIAR DE BÁÑEZ DEBE AL BBVA Y A OTROS TRES BANCOS MÁS DE 20 MILLONES DE EUROS
Construcciones Juan de Robles S. A., una de las firmas del grupo empresarial propiedad de la familia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, adeuda más de 20 millones de euros al BBVA, Banco Santander, Banco Popular y La Caixa. La situación de asfixia financiera ha empujado a los responsables del holding familiar, del que Báñez es accionista, a negociar con Anida -la división inmobiliaria del BBVA- la venta de gran parte de sus activos inmobiliarios, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al grupo.
De los 20,8 millones de euros que la constructora del Grupo Báñez García adeuda en créditos bancarios, el BBVA tiene pendientes de cobro 11,5 millones. El resto -9,3 millones- se reparte entre Santander, Popular y La Caixa, por ese orden. El consorcio empresarial onubense fue fundado por Eduardo Báñez González, padre de la ministra, y en sus orígenes fue una firma agrícola y ganadera hasta que, a partir de la década de los 70, diversificó su actividad hacia la construcción y más tarde a las energías renovables.
Para saldar su deuda, Construcciones Juan de Robles está negociando con la división inmobiliaria del banco presidido por Francisco González la liquidación de sus activos inmobiliarios, desde naves industriales a suelo urbanizable, pasando por viviendas, fincas rústicas, locales comerciales, almacenes, garajes y trasteros. La mayor parte de esos activos se localiza en las localidades de San Juan del Puerto, Islantilla, Ayamonte, Almonte y Jabugo, todas ellas en la provincia de Huelva.
Los problemas para la constructora de la familia Báñez no acaban ahí. La firma está a punto de presentar un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que afectará a la mitad de la plantilla, según las fuentes consultadas, con recortes de jornada y salario del 50% para los afectados. Además, Construcciones Juan de Robles tenía a finales del pasado año una deuda pendiente con Hacienda de 915.000 euros, cantidad que, tras el aplazamiento y fraccionamiento solicitados a la Agencia Tributaria, ascendía el pasado mes de agosto a casi 750.000 euros.
Subvenciones y retrasos
Pese a su acreditada falta de solvencia financiera, la constructora del Grupo Báñez García obtuvo el pasado mes de diciembre una subvención de 432.000 euros de la Junta de Andalucía. La finalidad de la ayuda, concedida por la Consejería de Obras Públicas, es "fomentar la urbanización de suelos destinados a viviendas protegidas", y se enmarca en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 impulsado por el Ejecutivo andaluz.
Según las fuentes consultadas, Construcciones Juan de Robles incumple sistemáticamente la Ley de Morosidad, que entró en vigor en 2010 y cuya aplicación definitiva será efectiva en 2013. Esa ley obliga a las empresas privadas a pagar a sus proveedores en un máximo de 75 días durante 2012, plazo que el próximo año se recortará hasta los 60 días. La constructora del Grupo Báñez García, sin embargo, está pagando a sus proveedores a más de 120 días. Además, añaden las mismas fuentes, la empresa no abona a los subcontratistas desde hace más de tres años las retenciones de garantía del 5%, que está obligada a devolver un año después de finalizada una obra.
La semana pasada, el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil interrogó a varios directivos de la constructora por el presunto amaño de un concurso público para la adjudicación de terrenos en Mercasevilla. La investigación, que afecta también a otras cuatro empresas que pujaron por ese suelo, ha sido ordenada por la juez Mercedes Alaya, instructora del sumario de los ERE fraudulentos en Andalucía. Ni Construcciones Juan de Robles ni la ministra Báñez han respondido a las llamadas de este diario.
EL GOBIERNO GASTÓ 3,2 MILLONES DE EUROS EN LAS CARTAS DE AUTOBOMBO A LOS PENSIONISTAS
Considera que "era preciso" informar a los jubilados de que sus pensiones se revalorizaban. En una de las misivas, se destacaba la premura de Rajoy al aprobar la medida
El Gobierno gastó 3,2 millones de euros en el envío de dos cartas a principios de este año a los más de 8 millones de pensionistas para informarles de la revalorización de sus pensiones, por un lado, y del incremento del IRPF de sus prestaciones, por otro. El Ejecutivo justifica la correspondencia, donde se subrayaba que Mariano Rajoy era el responsable de la medida de revalorización, en que era "preciso" que los afectados conociesen que, tras la congelación de las pensiones en 2011, en 2012 volvían a mantener su poder adquisitivo y eran objeto de revalorización. Además, asegura que en 2011, con el PSOE en el Gobierno, se gastaron en dos campañas informativas similares 395.000 euros más.
En la primera de las cartas, firmada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se destacaba que la medida era un compromiso de Mariano Rajoy y que se había aprobado "nada más comenzar la legislatura". En la segunda, se informaba de la subida del IRPF en los años 2012 y 2013 acordada por el Ejecutivo el 30 de diciembre de 2011 para reducir el déficit público, lo que obligaba a recalcular el montante de la pensión. Esta última misiva ya no iba firmada por Báñez ni mencionaba a Mariano Rajoy, sino que estaba rubricada por la directa general de la Seguridad Social, María Eugenia Martin Mendizábal, quien por cierto accedió al cargo después de la subida impositiva.
El coste de los envíos, remitidos a primeros de 2012, se recoge en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado del PSOE Luis Carlos Sahuquillo, quien preguntó al Ejecutivo por qué razones había mandado lo que consideraba "cartas de propaganda política", con un coste total de 7,2 millones de euros (3,6 millones por cada una), cuando hasta ahora este tipo de comunicaciones, según el parlamentario, eran de "carácter institucional y desprovistas de contenidos políticos".
El parlamentario se quejaba además de que se atribuyese expresamente en una de las cartas al presidente del Gobierno la decisión de la subida, calificándola como un compromiso de Mariano Rajoy aprobado nada más comenzar la legislatura, "cuando es un mandato legal derivado del Pacto de Toledo".
En su contestación, a la que ha tenido acceso Público, el Gobierno detalla que el coste total de la comunicación de la revalorización de las pensiones ascendió a 1.516.987,37 euros, mientras que el envío de la segunda carta costó 1.751.903,92 euros. Esta última misiva la justifica el Gobierno en que "es obligación del Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicar a los pensionistas cualquier variación económica que pueda producirse en el importe de la pensión que vienen percibiendo".
El Ejecutiva asegura que estas dos campañas informativas del Instituto de Seguridad Social tuvieron un coste inferior al desembolsado en 2011, con el último de Gobierno de Rodríguez Zapatero, por otras dos campañas con objetivos similares. En concreto, en la campaña de revalorización de las pensiones dice que se gastó 238.898 euros menos que el año anterior (un 13,61% de reducción) y en la segunda carta, de la subida del IRPF, 156.076 euros menos (un 8,21%).
El cruce de cartas fue motivo de enfrentamiento político el pasado mes de marzo entre el PSOE y el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Entonces, desde el Ministerio de Empleo se habló de que el coste total del envío de las dos cartas fue de 1,6 millones de euros, pero finalmente, según las cifras oficiales remitidas a la Cámara Baja por el propio Gobierno, la cuantía es exactamente del doble.
En relacion a la carta más polémica, en el que se destacaba el compromiso de Rajoy con la subida de las pensiones, el Ejecutivo indica que tuvo "como objetivo fundamental el de acompañar a la notificación de las nuevas cuantías de pensión de una explicación del porcentaje en que éstas se aumentan para el nuevo ejercicio y el númerode pensionistas que se verán beneficiados por dicho aumento, así como el coste que ello supone para la Seguridad Social, con el fin de proporcionar una información lo más transparente posible a los pensionistas".
Por otro lado, añade la respuesta, dado que en el ejercicio inmediatamente anterior se suspendió en algunos la revalorización de las pensiones (exceptuando las mínimas), "con mayor motivo se hacía preciso informar a los pensionistas de que en el año 2012 se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y de que nuevamente las pensiones son objeto de revalorización. Asimismo, la congelación de las pensiones con carácter general del año anterior, requería de una explicación acerca de qué pensionistas tendrán derecho a percibir una paga única por la desviación de inflación registrada en 2011, ya que no corresponde a la totalidad de los pensionistas, sino únicamente a aquellos que no se vieron afectados por la citada congelación".
LA EMPRESA FAMILIAR DE BÁÑEZ DEBE AL BBVA Y A OTROS TRES BANCOS MÁS DE 20 MILLONES DE EUROS
Construcciones Juan de Robles S. A., una de las firmas del grupo empresarial propiedad de la familia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, adeuda más de 20 millones de euros al BBVA, Banco Santander, Banco Popular y La Caixa. La situación de asfixia financiera ha empujado a los responsables del holding familiar, del que Báñez es accionista, a negociar con Anida -la división inmobiliaria del BBVA- la venta de gran parte de sus activos inmobiliarios, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al grupo.
De los 20,8 millones de euros que la constructora del Grupo Báñez García adeuda en créditos bancarios, el BBVA tiene pendientes de cobro 11,5 millones. El resto -9,3 millones- se reparte entre Santander, Popular y La Caixa, por ese orden. El consorcio empresarial onubense fue fundado por Eduardo Báñez González, padre de la ministra, y en sus orígenes fue una firma agrícola y ganadera hasta que, a partir de la década de los 70, diversificó su actividad hacia la construcción y más tarde a las energías renovables.
Para saldar su deuda, Construcciones Juan de Robles está negociando con la división inmobiliaria del banco presidido por Francisco González la liquidación de sus activos inmobiliarios, desde naves industriales a suelo urbanizable, pasando por viviendas, fincas rústicas, locales comerciales, almacenes, garajes y trasteros. La mayor parte de esos activos se localiza en las localidades de San Juan del Puerto, Islantilla, Ayamonte, Almonte y Jabugo, todas ellas en la provincia de Huelva.
Los problemas para la constructora de la familia Báñez no acaban ahí. La firma está a punto de presentar un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que afectará a la mitad de la plantilla, según las fuentes consultadas, con recortes de jornada y salario del 50% para los afectados. Además, Construcciones Juan de Robles tenía a finales del pasado año una deuda pendiente con Hacienda de 915.000 euros, cantidad que, tras el aplazamiento y fraccionamiento solicitados a la Agencia Tributaria, ascendía el pasado mes de agosto a casi 750.000 euros.
Subvenciones y retrasos
Pese a su acreditada falta de solvencia financiera, la constructora del Grupo Báñez García obtuvo el pasado mes de diciembre una subvención de 432.000 euros de la Junta de Andalucía. La finalidad de la ayuda, concedida por la Consejería de Obras Públicas, es "fomentar la urbanización de suelos destinados a viviendas protegidas", y se enmarca en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 impulsado por el Ejecutivo andaluz.
Según las fuentes consultadas, Construcciones Juan de Robles incumple sistemáticamente la Ley de Morosidad, que entró en vigor en 2010 y cuya aplicación definitiva será efectiva en 2013. Esa ley obliga a las empresas privadas a pagar a sus proveedores en un máximo de 75 días durante 2012, plazo que el próximo año se recortará hasta los 60 días. La constructora del Grupo Báñez García, sin embargo, está pagando a sus proveedores a más de 120 días. Además, añaden las mismas fuentes, la empresa no abona a los subcontratistas desde hace más de tres años las retenciones de garantía del 5%, que está obligada a devolver un año después de finalizada una obra.
La semana pasada, el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil interrogó a varios directivos de la constructora por el presunto amaño de un concurso público para la adjudicación de terrenos en Mercasevilla. La investigación, que afecta también a otras cuatro empresas que pujaron por ese suelo, ha sido ordenada por la juez Mercedes Alaya, instructora del sumario de los ERE fraudulentos en Andalucía. Ni Construcciones Juan de Robles ni la ministra Báñez han respondido a las llamadas de este diario.
El
presidente
busca la
indulgencia
Rajoy acude a Almonte, localidad que celebra el Rocío Chico en el año
jubilar
El
presidente
del
Gobierno,
Mariano
Rajoy,
visitó
ayer
desde su
descanso
en
Doñana a
Almonte
(Huelva),
localidad
que este
fin de
semana
celebra
el Rocío
Chico.
Esta
semana
ha
comenzado
el año
jubilar,
durante
el que
los
cristianos
que
acudan
al Rocío
alcanzarán
indulgencia
plenaria
sobre
sus
pecados.
“A veces
estamos
pensando
siempre
en lo
material,
y al
final
los
seres
humanos
somos
sobre
todo
personas,
con alma
y con
sentimientos,
y esto
es muy
bonito y
me
reconforta
mucho”,
aseguró
ayer
Rajoy,
que
estuvo
acompañado
de la
ministra
de
Empleo,
Fátima
Báñez, y
el
alcalde
de
Sevilla,
Juan
Ignacio
Zoido.
La
Virgen
del
Rocío
regresa
mañana a
Almonte,
una
visita
que solo
hace
cada
siete
años y
que
ahora
coincide
con la
conmemoración
del
bicentenario
del
Rocío
Chico
(1813-2013),
además
del año
jubilar
mariano
para la
aldea
almonteña.
El año
jubilar,
otorgado
por el
papa
Benedicto
XVI, fue
declarado
acontecimiento
de
excepcional
interés
turístico,
lo que
supone
la
aplicación
de
rebajas
fiscales
para las
empresas
que
colaboren
en la
celebración.
Una
concesión
fiscal
resaltada
el
pasado
junio
por
Báñez,
quien se
encomendó
a la
Virgen
del
Rocío
para
salir de
la
crisis
durante
su
anterior
visita a
Almonte,
y en la
que se
mostró
“muy
emocionada”.
Ayer, la
ministra
subrayó
que
Almonte
está
preparado
para
recibir
a su
patrona
y a
miles de
peregrinos
de todo
el
mundo.
Para el
recorrido
de la
virgen
por el
Rocío y
Almonte
esta
semana
se
espera
una
afluencia
de
peregrinos
en torno
a las
700.000
personas.
Durante
su
visita,
Rajoy se
colocó
la
pulsera
del
Traslado
2012 e
inició
un
recorrido
que le
llevó al
Consistorio
almonteño
y a la
catedral
instalada
por el
Ayuntamiento
en la
plaza
Virgen
del
Rocío.
La
hermandad
matriz
agradeció
asimismo
la
visita
de Rajoy
a la
localidad,
lo que
supone
un
“espaldarazo”
a las
celebraciones
de estos
días,
informó
Efe.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/18/andalucia/1345316441_583203.html
LOS ERE SIN ACUERDO SE DISPARAN TRAS LA REFORMA LABORAL
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Los expedientes que acaban sin pacto suponen el 68% del total en mayo
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Más de 176.000 personas resultan afectadas por ERE en los cinco primeros meses del año
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En mayo hubo más expedientes sin pactar que en todo 2011
Los expedientes de regulación de empleo (ERE) sin acuerdo entre empresarios y trabajadores se han disparado tras la reforma laboral. En mayo de este año el 68% de los ERE que salieron adelante acabó sin pacto alguno; el mismo mes del año pasado fueron el 10%. Solo en un mes hubo más expedientes sin pactar (2.047) de los que se registraron en todo 2009, 2010 o 2011, según el Ministerio de Empleo.Tras esta diferencia abismal está la reforma laboral.
Antes del decreto de febrero que cambió de arriba a abajo el Estatuto de los Trabajadores, una empresa no podía llevar a cabo un ERE, fuera del tipo que fuera (despidos colectivos, suspensión temporal de empleo o reducción de jornada) sin el permiso de la autoridad laboral. A su vez, está última no podía negar la autorización si el expediente llegaba a sus manos con un pacto entre el empresario y los representantes de los trabajadores. Este escenario legal obligaba a las dos partes, sobre todo a la patronal, a negociar y llegar a un acuerdo para asegurarse de que el ERE salía adelante.
Los expedientes por causas económicas se disparan un 102,7%
La reforma laboral suprimió ese permiso. Lo sustituyó por una simple comunicación a la autoridad laboral (Ministerio de Empleo o comunidad autónoma, según la implantación de la empresa) y la obligación de que hubiera un periodo de negociación, sin que este tenga que acabar necesariamente en un pacto. El cambio —y el deterioro de la situación económica— ha supuesto, por un lado, el aumento de los ERE de febrero (mes en que se aprobó la reforma) y, por otro, el gran incremento de los expedientes que han acabado sin pacto, que en mayo se multiplicaron por 14.
El aumento de los ERE sin pacto se viene observando desde febrero. Mes a mes, han aumentado incesantemente: en febrero, 254 (el 10% del total); en marzo, 900 (el 29%); en abril, 1.543 (el 56%); y en mayo, 2.047 (68%).
En consonancia con estas cifras, también aumenta el número de trabajadores afectados por ERE sin pactar. Los más de 30.000 asalariados que en mayo sufrieron algún tipo de regulación de empleo suponen un 76% del total, cuando en enero, justo el mes anterior a la aprobación de la reforma laboral, representaban un escaso 7%.
Esta serie de datos ilustra con claridad cómo la reforma laboral ha restado poder de negociación en los ERE a los representantes de los trabajadores. Hay otro dato que puede probar esto. La indemnización media de los despidos colectivos. No obstante, las estadísticas de empleo no recojen esta cifra que, con total probabilidad, habrá bajado tras los últimos cambios normativos.
En los cinco primeros meses del año también resulta destacable el aumento del 66,7% de los ERE. Asimismo, aumenta el número de trabajadores afectados, pero en menor porcentaje. Hasta mayo son 176.085, un 53,2% más respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Empleo.
Los expedientes que se acogían a causas económicas (problemas de tesorería o financiación, restricción de contratos, quiebra, deuda o suspensión de pagos, baja productividad o aplicación de medidas económicas) se dispararon un 102,7%, es decir un 70% sobre un total de 13.518 ERE.
http://economia.elpais.com/economia/2012/07/25/actualidad/1343212200_149331.html
