OPERACIÓN PÚNICA : UNA TRAMA GENOVESA SIN
FONDO
PIEZA SEPARADA 2. LEÓN
El 12 de junio 2018 García Castellón dictó LA APERTURA DEL JUICIO ORAL, a celebrar ante la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, por los presuntos delitos y hechos en la forma expresada por el Ministerio Fiscal y recogida en la presente resolución, contra Alejandro de Pedro Llorca, José Antonio Alonso Conesa, Martín Marcos Martínez Barazón, Pedro Vicente Sánchez García, Manuel Jesús López Sánchez y Guadalupe Carrascosa Caballero y las sociedades Eico On Line S.L y Madiva Editorial y Publicidad S.L. Decreto el sobreseimiento provisional y archivo (ex. Art. 783.1), por no constar elementos de su participación en los hechos, de Sara Gargallo y Adrián de Pedro.
Según el juez Eloy Velasco, el
expresidente genovés de la Diputación de León Martín Marcos Martínez, el alcalde
de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, y el empresario Alejandro de
Pedro, están acusados de un delito de fraude y malversación de caudales
públicos, por la adjudicación de la estación de esquí de San Isidro y los
trabajos de reputación on line y asesoramiento del presidente de la Diputación.
En su auto de transformación el juez explica que las empresas de De Pedro
llevaban años realizando trabajos de reputación en internet para autoridades y
cargos electos, a cambio de beneficios personales. Por ello, cuantifica en
90.000 euros los fondos públicos que recibieron estas sociedades de forma
irregular por los servicios de reputación online prestados y señala que
realizaba los trabajos para los fines personales del expresidente de la
Diputación, "alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las
arcas públicas". Velasco también acuerda continuar el procedimiento contra el ex
interventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez, el exalcalde de
Cartagena José Antonio Alonso Conesa, y a las empresas Eico Online, S.L. y
Madiva Ediorial y Publicidad. Según dice el juez, se instrumentalizó "una
secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias" por
las que entre enero de 2012 y septiembre de 2014 se aprobó un gasto "indebido",
sin que se formalizase ni aprobase ningún contrato o procedimiento negociado
"fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses".
El juicio oral comenzo el 10 de noviembre 2022 y estuvo presidido por el juez conservador Francisco Vieira Morante.
