CASO LEZO : UN POZO GENOVÉS SIN FONDO
CASO LEZO : UN POZO GENOVÉS SIN FONDO
En una primera fase ha sido instruido por Eloy Velasco del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. Desde finales de junio del 2017, tras reincorporarse su titular, Manuel García Castellón, la instrucción ha sido compartido con el juez de refuerzo Diego de Egea y Torrón que poco después solicitó su traslado al juzgado nº 43 de Madrid del que es titular alegando por razones personales tiempo (diciembre del 2018). El 14 de febrero del 2019 la Comisión Permanente del CGPJ acordó nombrar al juez Alejandro Abascal Junquera Juzgado en el que ya estuvo en comisión de refuerzo en la instrucción penal entre marzo y diciembre de 2016.
El sumario inicialmente fue dividido en 6 PS. En estos momentos son 4 las PS ya que se ha inhibido a favor de otras investigaciones ya en curso, la relativa a la financiación del PP de Madrid se ha acumulado a la PS 9 del Caso Púnica y la Pieza 6, contratos irregulares vinculados a Mercasa, el juez Velasco se inhibió a favor del Juzgado Central de Instrucción nº 5. El número de investigados supera el centenar.
Se investigan presuntos caso de corrupción que afectarían a la compra de empresas en Sudamérica (Colombia y Brasil) por el Canal de Isabel II; al cambio de uso del tercer depósito del CYII, la adjudicación de un contrato para la construcción y explotación de un tren a Navalcarnero y finalmente todo lo relativo a como se desvía el dinero, se blanquea y se elude pagar impuestos. Las PS son las siguientes:
Causa Principal y Pieza 1. Hechos referentes a la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II, con las adquisiciones con desvío de dinero público de INASSA (Colombia) y EMISSAO (Brasil).
Inassa. Por auto de 09.03.20, García Castellón acuerda la APERTURA DEL JUICIO ORAL, a celebrar ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, “por presuntos delitos de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 CP (según la redacción vigente al momento de comisión de los hechos) y delito de malversación de Caudales Públicos en concurso con un delito de Prevaricación del art. 404 del CP, contra Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez, Santiago García Benavides, José Antonio de Cachavera Sánchez, Juan Pablo López Heras, Arturo Canalda González, Pedro Calvo Poch, Juan Bravo Rivera, Ignacio López Galiacho Perona, Juan Mª del Álamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Francisco Díaz Latorre, Adriano García-Loygorri Ruíz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña Egido y Roberto Sanz Pinacho, como presuntos autores”. (Ver Anexo 1)
Emissao. Por auto de 05.03.20 García-Castellón acuerda la APERTURA DEL JUICIO ORAL, a celebrar ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de fraude a la Administración previsto y penado en el art. 436 del Código Penal, malversación de caudales públicos agravada previsto y penado en el artículo 432. 1 y 2 252, 295, 8.4ª del Código Penal (según redacción vigente en el momento de comisión de los hechos), con la aplicación del concurso medial previsto en el artículo 77 del Código Penal, contra Jaime Ignacio González González, Edmundo Rodríguez Sobrino, María Fernanda Richmond, Diego Fernando García Arias, Luis Vicente Moro Díaz, Ramón Navarro Pereira y Sebastiao Cristovam, como presuntos autores. (Ver Anexo 2)
Pieza 2. Adjudicación, explotación y gestión de Canal Golf vinculado al CYII. Por auto de 05.08.21, García-Castellón acuerda la APERTURA DEL JUICIO ORAL. Se han incorporado varios informes de la UCO en los que la Fiscalía se ha apoyado para considerar que desde su diseño hasta su gestión se han producido todo tipo de irregularidades. Acusa a Ignacio González y a varios de sus familiares más directos de haberse beneficiado de esa recalificación.
En su momento, la acusación popular solicitó la declaración como investigada de Esperanza Aguirre, lo que fue desestimado, al igual que los sucesivos recursos de reforma y apelación interpuestos, pese a que la ex Presidenta firma los acuerdos de Consejo de Gobierno y ha presumido ante la prensa y ante la propia Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que la idea era suya. El argumento utilizado es que el expediente ya ha sido declarado nulo en vía contencioso administrativa y no se derivan del mismo responsabilidades penales.
Pieza 3. Adjudicación del Tren de Móstoles-Navalcarnero. Por auto de 04.06.21, García-Castellón acuerda la APERTURA DEL JUICIO ORAL. Se investiga el contrato del tren Móstoles- Navalcarnero y las posibles comisiones abonadas. Según la UCO y el MF existen indicios sobre la adjudicación fraudulenta del contrato de obra y gestión de esta obra que involucrarían al empresario Javier López Madrid y a Jesús Trabada, ex director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y ex consejero delegado de la empresa pública Mintra. Además, se han hallado numerosas pruebas sobre el presunto pago de una comisión desde el entorno de la empresa OHL La donación al PP de Madrid se investiga en la PS 9 de Púnica.
Pieza 4. Financiación ilegal del PP Madrid. Se ha inhibido a favor de la PS 9 de Púnica.
Pieza 5. Blanqueo de capitales. Ha sido prorrogada instrucción hasta el 27 de septiembre 2021
Pieza 6. Contratos irregulares vinculados a Mercasa. Con fecha 24 de mayo 2017 el juez Velasco se inhibió a favor del Juzgado Central de Instrucción nº 5.
PS 8. Comisiones OHL. Se crea por Auto de 14.03.2018 a raíz de los hallazgos que se habían ido produciendo en las distintas entradas y registros ordenadas en la PS 3 de Lezo Tren de Navalcarnero, también adjudicado a OHL. Se ponen de manifiesto los pagos de comisiones a cambio de adjudicación de contratos de obra pública por lo que se decide investigar. Los distintos expedientes investigados abarcan desde 2004 hasta 2018. El hallazgo de un pen drive con conversaciones grabadas que abarcan desde 2004 a 2007 aconseja que de momento los esfuerzos se concentren en obras adjudicadas por el Ministerio de Fomento en estas fechas, fundamentalmente puertos (Cádiz, Tenerife, Lanzarote, Melilla) y carreteras (Extremadura y Andalucía). Hasta el momento y dada las competencias y estructura del Ministerio, las responsabilidades se restringen al ámbito autonómico, excepto en el caso de OHL que afectan a toda la estructura. La Pieza investiga lo que parece fue una práctica generalizada porque no sólo se adjudican a OHL, sino también a UTEs donde participan las principales constructoras del país.
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